El abogado Gregorio Dalbón presentó este lunes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, por hechos que podrían configurar causales de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Según la presentación, el magistrado habría mantenido “contactos y conversaciones extraprocesales” con funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco de la causa judicial vinculada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y les habría sugerido “la conveniencia de ampliar o reformular denuncias penales ya existentes, incorporando nuevas hipótesis delictivas y agravando el alcance de las imputaciones” dirigidas contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La denuncia del letrado sostiene que, de corroborarse esos hechos, el juez habría “abandonado su posición constitucional de tercero imparcial para asumir un rol materialmente asimilable al de colaborador o asesor informal de la acusación”, lo que excedería “ampliamente el marco de una actividad jurisdiccional legítima”.

Dalbón encuadró los hechos en las causales previstas en los artículos 24 y siguientes de la Ley 24.937 -incumplimiento de normas constitucionales y legales, negligencia grave en el ejercicio del cargo y actos de manifiesta arbitrariedad- y solicitó al Consejo que disponga la apertura de un procedimiento disciplinario y que, eventualmente, promueva la suspensión y acusación del magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Consultado por este medio, el denunciante afirmó que “la gravedad institucional de los hechos denunciados no reside únicamente en una eventual irregularidad procesal aislada, sino en la posible afectación de uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: la imparcialidad judicial. Un magistrado de la Nación no puede, bajo ningún concepto, abandonar su rol constitucional de tercero neutral para transformarse -aunque sea informalmente- en un articulador de estrategias acusatorias junto a organismos estatales”.

El expediente que rodea la denuncia está vinculado a Tapia y Toviggino, quienes resultaron procesados junto a Cristian Malaspina, actual secretario general de la AFA, y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones a la seguridad social por 19.300 millones de pesos correspondientes a los años 2024 y 2025.

La AFA como persona jurídica también fue alcanzada: sus bienes fueron embargados por 350 millones de pesos. Al dictar los procesamientos en la causa, el juez Amarante consideró que el delito se consolida en el momento en que las obligaciones no son depositadas dentro del plazo de 30 días desde su retención, y advirtió que en todos los meses con vencimientos se registraron transferencias de sponsors hacia cuentas de la entidad, lo que evidenciaba disponibilidad de fondos para cumplir con el fisco.

Esa decisión está apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en manos de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos. Los procesados en primera instancia reclaman el sobreseimiento, mientras que los acusadores piden agravar los cargos.

La semana pasada, el mismo proceso sumó otro capítulo. Amarante rechazó un planteo de la defensa de Toviggino que buscaba apartar a ARCA de su condición de querellante. En una resolución de 15 páginas, el magistrado señaló que la actuación de la entidad impositiva “se encuentra expresamente autorizada por el ordenamiento vigente y ha sido reiteradamente admitida por la jurisprudencia del fuero”, que la ley de Inocencia Fiscal “no resulta aplicable a esta instancia procesal” por tratarse de una causa ya en pleno trámite, y que “la facultad del organismo recaudador para intervenir como parte querellante en procesos de esta naturaleza no se encuentra condicionada a la existencia actual de una deuda pendiente, sino a la presunta comisión de hechos tipificados en el Régimen Penal Tributario”.

Es ese presunto vínculo mantenido entre el juez y el organismo recaudador el que la denuncia pone ahora bajo otra luz. La presentación tiene, por lo demás, su origen en una nota publicada el 7 de mayo por el portal Data Clave y replicada por otros medios, titulada “El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a la AFA nuevamente para complicar a Tapia y a Toviggino”.

Dalbón aclaró que su presentación “no persigue cuestionar el contenido de resoluciones jurisdiccionales revisables por las vías procesales ordinarias”, sino “determinar si existieron conductas extraprocesales incompatibles con los deberes de objetividad, neutralidad e independencia que la Constitución Nacional y los tratados internacionales imponen a todo magistrado”.

La denuncia en cuestión, dirigida al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, cita el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y fallos de la Corte Interamericana para sostener que la garantía de imparcialidad “no se agota en la ausencia de interés subjetivo del magistrado”, sino que también exige “condiciones objetivas capaces de despejar dudas razonables acerca de su neutralidad”. Bajo esos parámetros, argumenta la presentación, “la eventual existencia de comunicaciones informales y coordinaciones extraprocesales entre el juez denunciado y el organismo acusador reviste una gravedad institucional evidente”.

Para respaldar los hechos denunciados, Dalbón ofreció un conjunto de medidas probatorias: solicitó la remisión íntegra de las actuaciones del Juzgado N° 5 vinculadas a la AFA, un oficio a ARCA para que aporte copia de denuncias, ampliaciones y registros internos de comunicaciones con el magistrado, informes sobre accesos al juzgado por parte de funcionarios del organismo, y la citación a declarar de quienes hubieran participado en las actuaciones vinculadas a la entidad futbolística.

“La sociedad no espera jueces militantes, operadores ni funcionarios comprometidos con intereses sectoriales. Espera magistrados independientes. Cuando la apariencia de imparcialidad se quiebra, el daño excede cualquier expediente y erosiona directamente la confianza pública en la administración de justicia. Por eso corresponde que el Consejo de la Magistratura investigue con máxima profundidad y seriedad los hechos denunciados”, cerró Dalbón.

La denuncia quedará en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación, que deberá resolver si hay mérito suficiente para avanzar en una investigación disciplinaria contra el juez denunciado.

Las dos causas penales que tienen en vilo a la dirigencia del fútbol argentino entraron desde este lunes en etapa de definición. Por un lado, un fiscal ratificó que la investigación que intenta determinar si la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y a nombre de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe volver a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires y dejar el federal de Campana, donde tramita hasta ahora.

Por otro, la Cámara en lo Penal Económico ya quedó en condiciones de resolver si confirma los procesamientos por supuesta retención indebida de aportes al presidente de AFA, Claudio Tapia, al tesorero, Pablo Toviggino, y a los demás implicados: venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar por escrito los fundamentos de sus apelaciones.

La casaquinta de Pilar

La sala I de la Cámara Federal de Casación tiene que definir dónde se seguirá investigando el caso: una opción es derivar esa decisión a otro tribunal, la Cámara en lo Penal Económico, con lo cual el tema seguiría a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay hasta que haya una nueva definición. Esta fue la tercera opción que postuló en su dictamen el fiscal ante Casación Mario Villar, quien este lunes ratificó que el caso debe volver al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, donde comenzó a investigarse.

Como segunda posibilidad postuló que retome el expediente el juzgado en lo penal económico que lo llevó luego, actualmente a cargo como subrogante de la jueza Verónica Straccia.

En ese contexto, “la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado”.

Villar ratificó el contenido de un dictamen que había entregado el 30 de marzo pasado, cuando se convocó en Casación a una primera audiencia ante los camaristas que integraron para este caso la sala I: Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky.

La defensa de los dos imputados postula que la causa debe seguir en Campana, donde ellos pidieron que se vaya la investigación en primer lugar mediante un correo electrónico que enviaron al juzgado de González Charvay, reclamando que pidiera la inhibitoria a su colega en lo penal económico Marcelo Aguisnky, algo que hizo.

Se argumentó que tanto la casaquinta como otras propiedades en la mira judicial están en Pilar, jurisdicción de Campana. El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de San Martín, cuyo juez de feria Alberto Lugones zanjó el conflicto en enero pasado y le dio la razón a González Charvay.

Esta decisión fue resistida por todos los fiscales que tomaron contacto con el caso y así llegó hasta Casación, el máximo tribunal penal federal del país. La fiscalía ante esa instancia ratificó este lunes que la investigación debe volver a la órbita del juez federal Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

La cuestión “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas. Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

A la hora de pasar en limpio de qué se trata la investigación que vincula a dirigentes de AFA como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino a la quinta de Pilar, el fiscal remarcó que se trata de la supuesta “existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante un complejo circuito financiero”.

Estos fondos “bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

Los ingresos de AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Se trata del tramo de la investigación que involucra a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni. Los fondos habrían sido “desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay. Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, agregó la fiscalía ante Casación.

La retención de aportes

En cuanto a la investigación en la que Tapia y Toviggino ya están procesados por supuesta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por 19.000 millones de pesos, la Cámara en lo Penal Económico ya puede resolver si confirma, modifica o revoca el fallo del juez de primera instancia de ese fuero, Diego Amarante. Este lunes también venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar los argumentos en reclamo de revocar los procesamientos, algo que hicieron por escrito. Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos ya pueden resolver.

Los dirigentes de AFA enfrentan el riesgo de ver confirmados sus procesamientos y de hecho, también de ver agravada su situación: el fiscal ante la Cámara Gabriel Pérez Barberá reclamó sumar delitos que fueron dejados de lado en el procesamiento. Se trata de un tramo relativo a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social“, y que representa el 77 por ciento del monto total denunciado.

Se trata del llamado “subconcepto 551″ y en la mayoría de los periodos objeto de reclamo entre 2024 y 2025 suma “un porcentaje significativo del total de fondos que debían ser ingresados al sistema de la seguridad social”, advirtió el fiscal en su dictamen.

La Cámara Federal de Casación Penal resolverá una disputa clave que puede cambiar otra vez de manos la investigación sobre la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. El expediente llega a esta definición en medio de un nuevo reemplazo de juez en uno de los juzgados que podría volver a intervenir y está vacante.

Desde el 18 de marzo, cuando la Sala I de Casación reabrió la discusión por la competencia entre el juez federal de Campana Adrián González Charvay y el penal económico Marcelo Aguisnky, hubo modificaciones en la subrogancia del juzgado de CABA que tenía la causa: terminó la suplencia de este último magistrado y asumió por un año la jueza Verónica Straccia.

De este juzgado partió el expediente hacia el fuero federal de Campana en plena feria judicial durante enero pasado, por decisión del juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín. Y fue el origen de un conflicto pendiente de resolución desde ese entonces.

La decisión fue apelada por el fiscal ante la Cámara de San Martín, Carlos Cearras y llegó en queja al máximo tribunal penal federal del país. Para entonces el caso ya estaba en Campana, en donde el juez González Charvay acaba de ordenar una batería de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos y se construyó un helipuerto. Está escriturada a nombre de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, sospechados de ser testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino.

Cuando el caso estuvo a cargo de Aguinsky se comprobó que Pantano usaba una tarjeta de crédito corporativa de AFA, donde se cargaban los telepases de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos que están en la mira judicial. Por su parte, el primer juez del caso. Daniel Rafecas. allanó el lugar y mandó tasar todo. Allí se estableció que los bienes rondan los 20 millones de dólares, casaquinta incluida. La sociedad de los Pantano escrituró por 1.8 millones de dólares.

Solo la parcela principal del lote fue tasada en 5.600.000 dólares, siempre según la pericia incorporada a la causa. El valor de la casa principal se ubicó en unos 2.385.000, mientras que el domicilio secundario alcanzó una cotización de 1.230.000 en moneda estadounidense.

González Charvay, por su parte, ordenó peritajes contables y tasaciones de bienes, y dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la AFA, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, para determinar si el dinero para la quinta pudo haber salido de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde que se abrió esta investigación penal en la que los únicos imputados hasta el momento son Pantano y su madre, Tapia y Toviggino fueron procesados en otra causa por retención indebida de aportes y además un fiscal de Santiago del Estero los imputó y llegó a reclamar detenerlos por supuesto lavado de activos y defraudación a la AFA.

Una tercera solución

Sobre el futuro de la causa por la casaquinta de Pilar, su valiosa flota de autos, helipuerto y demás amenities, el fiscal ante Casación, Mario Villar, introdujo una tercera alternativa para destrabar el conflicto: que el expediente vuelva directamente al juzgado federal de Rafecas, donde se inició la investigación a partir de la denuncia presentada por Elisa Carrió.

Villar sostuvo que la pesquisa por el origen del dinero utilizado para comprar la mansión de Pilar y una flota de autos de lujo vinculada a la AFA debe regresar “a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires”.

El fiscal presentó su dictamen de manera previa a una audiencia que luego se dejó sin efecto, por lo cual este lunes deberá ratificarlo. La defensa de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte —investigados como supuestos testaferros— reclaman que el expediente permanezca en el juzgado federal de Campana.

Según Villar, las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

El fiscal sostuvo que el expediente “debe ser resuelto, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal” de la Ciudad de Buenos Aires.

Como alternativa subsidiaria, Villar postuló que, si no vuelve a Rafecas, el expediente regrese al fuero penal económico porteño, ahora bajo intervención de Straccia. Y agregó una tercera posibilidad: que el conflicto sea resuelto por la Cámara en lo Penal Económico y no por la Cámara Federal de San Martín.

Uno de los puntos centrales del dictamen apunta al origen mismo de la inhibitoria promovida por Charvay. Villar remarcó que el expediente en Campana se inició a partir de un correo electrónico enviado por la defensa de Pantano el mismo día en que debía declarar ante Aguinsky. “No es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sostuvo el fiscal.

Según el dictamen fiscal, se investiga “la existencia de una red internacional de intermediarios financieros” que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fuera del sistema bancario argentino fondos obtenidos por la AFA a partir de derechos comerciales, auspiciantes y transmisiones televisivas.

Esos fondos, sostuvo la fiscalía, habrían sido desviados mediante sociedades radicadas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, algunas de ellas presuntamente constituidas como pantallas.

En ese contexto, la compra de la quinta de Pilar, departamentos en Ayres Plaza, vehículos de lujo y caballos de carrera aparece como una posible maniobra posterior de lavado.

La Sala I de Casación —integrada por Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky— escuchará el lunes a las partes y luego podrá decidir.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encabezado por Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.

La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Esa causa previa había colocado bajo análisis el manejo financiero de la entidad que conduce Tapia y derivó en una serie de medidas judiciales y requerimientos de información sobre los movimientos económicos de la asociación.

En este nuevo escrito la que accedió Infobae de fuentes del caso, ARCA amplió el alcance de la investigación y agregó una hipótesis todavía más grave: la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios mediante facturación falsa.

La ampliación de denuncia, incorporada al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025 y sostiene que la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. Según el documento al que tuvo acceso Infobae, el organismo detectó un patrón de utilización sistemática de proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera y operativa”, que habrían sido utilizados para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía ser determinado.

En la denuncia, ARCA sostiene que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y afirma que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa.

El escrito identifica específicamente a Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los dirigentes más cercanos al titular de la asociación, como parte de la estructura investigada. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La ampliación de denuncia fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.

Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.

La investigación avanzó luego sobre un segundo grupo de compañías detectadas a partir de cruces de facturación electrónica. Allí aparecen Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según ARCA, muchas de esas sociedades integraban la base de contribuyentes “no confiables”.

El organismo sostiene que esas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y emitir comprobantes sin respaldo económico real. La denuncia describe sociedades sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera compatible con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También menciona la detección de estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.

Según la reconstrucción efectuada por ARCA, la maniobra funcionaba a través de varias etapas coordinadas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, esas firmas emitían facturas electrónicas que permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos eran realizados mediante transferencias y, sobre todo, cheques que circulaban a través de múltiples endosos sucesivos.

La denuncia considera que ese último tramo del circuito financiero era central para ocultar el recorrido real del dinero. ARCA sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. Según el organismo, esa modalidad permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.

El expediente describe que muchos de los cheques emitidos por la AFA fueron endosados múltiples veces y terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales. Para reconstruir esos movimientos, ARCA solicitó información a distintas entidades financieras y a compañías privadas que habían recibido instrumentos originalmente vinculados a proveedores de la AFA.

En ese contexto, BLD SA informó que cheques emitidos originalmente a favor de Construcciones Far West SRL terminaron siendo utilizados para cancelar operaciones comerciales relacionadas con la compra de hacienda. También aparece mencionado Frigorífico Rioplatense, que declaró haber recibido cheques provenientes de proveedores vinculados a la AFA para cancelar ventas de carne vacuna.

Según ARCA, esos movimientos constituyen una “ruptura de la cadena de pagos” y representan un patrón típico de maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de los fondos. El organismo sostiene que el mecanismo utilizado impidió individualizar a los beneficiarios finales del dinero y permitió desdibujar completamente el origen de las operaciones.

La presentación judicial también describe inconsistencias severas en la actividad declarada por las firmas investigadas. Según el expediente, algunas sociedades emitían facturación por obras o servicios para los cuales no tenían infraestructura mínima ni capacidad operativa. Otras presentaban actividades económicas incompatibles con los montos facturados o directamente no registraban movimientos acordes con las operaciones declaradas.

ARCA concluyó que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”. El escrito sostiene que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos y encubrir a los verdaderos destinatarios de los pagos efectuados por la AFA.

La denuncia incluye además un detalle de los montos atribuidos a cada período fiscal. Entre los registros más elevados aparecen marzo de 2024 con $14.540.664,95; abril de 2024 con $11.930.157,82; mayo de 2024 con $13.396.603,51; junio de 2024 con $17.878.991,20; agosto de 2024 con $19.517.361,40; septiembre de 2024 con $15.612.972,69; octubre de 2024 con $16.268.997,80; noviembre de 2024 con $20.624.491,27; diciembre de 2024 con $17.343.321,94; enero de 2025 con $18.310.185,25; febrero de 2025 con $18.767.960,19 y marzo de 2025 con $19.237.147,44.

Para ARCA, esos montos superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de facturas falsas. El organismo sostiene que la conducta encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime la utilización de comprobantes apócrifos para ocultar operaciones y evadir tributos.

Sin embargo, la ampliación de denuncia incorpora un elemento todavía más delicado para la conducción de la AFA: el pedido formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. Según pudo saber Infobae, el escrito sostiene que la maniobra habría tenido continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.

ARCA sostiene que las operaciones investigadas se extendieron durante varios ejercicios fiscales consecutivos y que la utilización de facturación apócrifa no constituyó un hecho aislado sino un mecanismo permanente dentro de la estructura económica analizada. El organismo remarca además que el delito de asociación ilícita fiscal puede configurarse aun cuando algunos de los delitos tributarios proyectados no lleguen a consumarse completamente, siempre que exista una organización estable orientada a cometerlos.

En ese contexto, el organismo encabezado por Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un planteo del tesorero de la AFA Pablo Toviggino para apartar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa por retención indebida de aportes en la que está procesado con prohibición de salida del país.

Durante su declaración indagatoria en marzo pasado, la defensa de Toviggino planteó que el organismo recaudador “carece de las facultades para perseguir en el ámbito penal este tipo de hechos en los que la deuda se origina de una controversia administrativa acerca del momento oportuno del pago de la obligación”.

El planteo fue acompañado luego por la defensa de otro de los imputados, que argumentó que ARCA ya no podía seguir actuando como querellante porque la AFA había cancelado la deuda e intereses reclamados. Se investiga la retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. También está procesado el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

Negativa judicial

El juez Amarante rechazó apartar a ARCA de la querella y ratificó la legitimidad del organismo recaudador para intervenir en el expediente como parte acusadora. En una resolución de 15 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, sostuvo que la actuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero “se encuentra expresamente autorizada por el ordenamiento vigente y ha sido reiteradamente admitida por la jurisprudencia del fuero”.

Además, afirmó que la ley de “Inocencia Fiscal”, invocada por la defensa, “no resulta aplicable a esta instancia procesal”, porque no puede afectar una causa penal ya iniciada. “El presente proceso —a la fecha de la promulgación de la norma en cuestión— se encontraba ya en pleno trámite”, remarcó el juez.

Amarante también descartó que el pago posterior de las obligaciones fiscales elimine el interés de ARCA en el expediente. Según explicó, “la facultad del organismo recaudador para intervenir como parte querellante en procesos de esta naturaleza no se encuentra condicionada a la existencia actual de una deuda pendiente, sino a la presunta comisión de hechos tipificados en el Régimen Penal Tributario”.

En otro tramo del fallo, advirtió que aceptar la postura de las defensas “vaciaría de contenido el reproche penal previsto para tales conductas y debilitaría la tutela del bien jurídico comprometido”.El magistrado subrayó además que los delitos tributarios investigados no afectan solo un interés patrimonial del Estado sino “intereses supraindividuales” vinculados con la Hacienda Pública.

Una decisión clave

Tapia y Toviggino están procesados por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones a la seguridad social por 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025. Esa decisión está ahora a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, apelada tanto por los acusados como por la fiscalía y ARCA. Los procesados reclaman ser sobreseídos y los acusadores piden agravar los cargos.

La decisión será de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos. También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general de AFA) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

Además se embargaron los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”.

Cuando dictó los procesamientos, Amarante sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco.

Así lo informó la entidad madre del fútbol nacional, que detalló que el pedido fue realizado por Claudio Tapia, su presidente. El respaldo del máximo mandatario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez (CONMEBOL), también fue presentado ante el Bureau, tanto por el defensor argentino como por el jugador ecuatoriano Moisés Caicedo, de acuerdo con la misma comunicación oficial.

Otamendi fue expulsado a los 30 minutos del encuentro ante Ecuador en Guayaquil, el 9 de septiembre de 2025. La infracción ocurrió tras un pase largo de Moisés Caicedo que habilitó a Enner Valencia, quien superó a Leonardo Balerdi y se dirigía al arco defendido por Dibu Martínez. El defensor argentino detuvo la jugada con una falta, lo que el árbitro Wilmar Roldán sancionó con tarjeta roja, considerando que evitó una ocasión manifiesta de gol.

En el mismo juego, Caicedo también se fue a las duchas antes de tiempo. Según el reglamento, ambos futbolistas deberían cumplir con la suspensión en el próximo compromiso oficial, en este caso el debut mundialista de ambos seleccionados, situación que se busca evitar con la ya mencionada gestión.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL”, indicó la entidad en su comunicado publicado en sus canales oficiales.

“Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo”, concluyó.

El primer encuentro de Argentina será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City a las 22. La segunda presentación está marcada para el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium a las 14. Cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27, también en Dallas, a las 23. La zona la completan esos tres rivales y corresponde al Grupo J del torneo.

En caso de finalizar como primero de su zona, la selección argentina enfrentará en dieciseisavos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, el viernes 3 de julio en el Miami Stadium.

Para el caso en que el equipo dirigido por Scaloni finalice la zona de grupos en el segundo puesto, el adversario surgirá del puntero del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos, enfrentándose el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

Por su parte, la agenda ecuatoriana en la fase de grupos del Mundial 2026 comenzará el domingo 14 de junio frente a Costa de Marfil en Houston. Luego, tendrá su segundo partido ante la debutante Curazao en Kansas City y cerrará la etapa el jueves 25 de junio ante Alemania en Philadelphia.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles, por unanimidad, el recurso de la Fundación Apolo Bases para el Cambio, que pretendía constituirse como querellante en la causa que investiga a Sur Finanzas PSP S.A. por presunta evasión tributaria agravada y lavado de activos. Para decidir de esa forma, el máximo tribunal penal del país entendió que la entidad civil no llegó a acreditar ningún perjuicio concreto y diferenciado del que podría invocar cualquier otro ciudadano.

La causa en la que intentó incorporarse es la iniciada por denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, que apunta a una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y a operaciones sospechosas por $818.000 millones, canalizadas a través de Sur Finanzas mediante personas sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen ilícito. El juzgado de primera instancia hecho lugar inicialmente a la pretensión de la fundación, pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión el 30 de diciembre de 2025. El legislador porteño Yamil Santoro, fundador de la asociación, recurrió ante la Sala IV de la máxima instancia penal federal, que admitió examinar el recurso.

En ese marco, el camarista Gustavo Hornos, cuyo voto encabezó el acuerdo de este miércoles, trazó el límite con precisión: “los hechos denunciados se refieren, en lo sustancial, a supuestas maniobras que habrían afectado el orden económico y financiero -más precisamente los delitos de evasión tributaria agravada y lavado de activos-, cuya protección incumbe al Estado y que, por sí mismos, no justifican la habilitación de la intervención de una fundación en el carácter procesal pretendido”.

También sostuvo que “de las presentaciones realizadas por el pretenso querellante no se desprenden argumentos concretos que permitan sostener que su objeto social tuviera una estrecha vinculación con las conductas oportunamente denunciadas por el ARCA (ex AFIP); como una especificidad con la materia a investigar en la presente y tampoco que vele por intereses específicos de una parte de la comunidad específica y diferenciada particularmente, que permitiera considerar que su aporte a la investigación podría complementar la función constitucional asignada a los representantes del Ministerio Público Fiscal”.

Para Hornos, esas circunstancias son “dirimentes para determinar, en esta incipiente etapa de la investigación, que su intención de intervenir en el proceso no diferiría de otras que podrían existir por parte de otras asociaciones civiles que presenten un objeto social tan amplio, como el aquí pretenso querellante”.

Luego subrayó que “la mera intención genérica de intervenir como acusador privado en representación de la comunidad toda, sin desarrollar fundadamente los motivos que justificarían su participación en estas actuaciones, no resulta suficiente para refutar lo resuelto por los magistrados de la instancia anterior” y concluyó que “el recurrente no ha logrado acreditar que el suceso investigado hubiera provocado una afectación particular a intereses que represente, distinta de aquella que, en caso de acreditarse, pudiera irrogarle a la sociedad toda”.

El juez Mariano Borinsky compartió “en lo sustancial” las consideraciones de su colega y consideró que la resolución de la Cámara de La Plata “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, a la vez que no presenta fisuras de logicidad y resulta una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias de autos”. Javier Carbajo, presidente de la Sala, completó la unanimidad al adherir a sus colegas.

La Fundación Apolo Bases para el Cambio, representada por Santoro, había esgrimido ante el tribunal que los delitos investigados afectaban bienes jurídicos de incidencia colectiva -el sistema tributario y la estabilidad del mercado financiero- y que su objeto social la habilitaba a actuar como acusadora privada. También había dicho que su interés excedía la mera lucha contra la corrupción y la defensa de la ética pública para abarcar el cumplimiento de normas básicas necesarias para la vida en sociedad.

Casación no lo entendió así: los camaristas señalaron que estos delitos no guardaban relación, por el momento, con hechos de corrupción en la gestión pública, núcleo estatutario de la fundación, y que el Ministerio Público Fiscal tenía la aptitud suficiente para representar los intereses comprometidos.

Quién es Vallejo y qué se investiga

Sur Finanzas es una empresa de servicios de pago cuyo dueño, Ariel Vallejo, construyó su inserción en el fútbol argentino de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien facilitó su acceso al circuito financiero de los clubes y avaló que la Liga Profesional de Fútbol depositara fondos de televisión en cuentas de la firma. La investigación judicial se despliega en tres frentes ante dos juzgados federales de Lomas de Zamora y uno de Comodoro Py.

Además de la causa Villena, el juez del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, instruye una presunta asociación ilícita destinada a lavar fondos provenientes de clubes de fútbol, estimada en más de USD 108 millones. La maniobra habría combinado préstamos en efectivo sin trazabilidad bancaria, descuento de cheques con tasas abusivas y contratos de sponsoreo simulados. Los allanamientos en la sede permitieron secuestrar biblioratos identificados como “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, con registros de operaciones vinculadas a al menos 16 entidades deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo y Banfield.

El magistrado convocó a indagatoria a Vallejo y otros 13 imputados entre mayo y junio, y citó a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield, encabezados por su presidente Eduardo Spinosa, imputado por asociación ilícita como jefe, administración fraudulenta y lavado agravado. A todos se les fijaron cautelares: prohibición de salida del país e inmovilización de cuentas.

En Comodoro Py, la jueza federal María Servini investiga la compra de dólares al tipo de cambio oficial para su venta en el mercado informal -el “rulo cambiario”-, con un volumen estimado en más de USD 1.400 millones durante el gobierno de Alberto Fernández, a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera. La acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados colaboren vía ley del arrepentido acercan la pesquisa a la cúpula de la AFA y a la figura de Tapia.

A los expedientes judiciales se suman dos frentes administrativos. ARCA amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas por apropiación indebida de aportes previsionales y de obra social descontados a empleados y no depositados: $46.511.222,65 en siete períodos fiscales entre junio de 2024 y noviembre de 2025. El Banco Central, por su parte, sancionó a ARS Cambios SAS -otra firma del entramado Vallejo- con una multa de más de $18.000 millones y la revocación de su autorización para operar, tras detectar operaciones de compraventa de divisas sin destino genuino que aprovecharon una brecha cambiaria promedio del 102%.

Allí Ariel Vallejo recibió una inhabilitación personal de cinco años; su madre Graciela, de seis.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles unificar las dos investigaciones al financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella.

El máximo tribunal penal federal del país dispuso que de manera inmediata se envíe la causa contra Sur Finanzas que estuvo hasta ahora a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena a su par Armella, al hacer lugar a una apelación de la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona.

Por unanimidad, la sala IV de Casación dispuso el “inmediato cumplimiento” de su decisión y el envío del caso que hasta ahora tramitó Villena al juzgado federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Armella.

Con esto hizo lugar a una queja de la fiscalía en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a Sur Finanzas PSP S.A, del empresario Ariel Vallejo, con fuerte inserción en el negocio del fútbol y cercano a Tapia.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes revocaron un fallo anterior de la Cámara Federal de La Plata que había rechazado el planteo fiscal.

Los fundamentos

Para Casación, ambas investigaciones están conectadas y en el juzgado a cargo de Armella tramita una causa más amplia sobre maniobras de estafa y lavado vinculadas a clubes de fútbol.

“La separación de las investigaciones corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que, en su propia lógica de funcionamiento, aparece como integrado”, advirtió en su voto el camarista Hornos. Esa fragmentación “comporta riesgos evidentes, tales como la duplicación de medidas probatorias, la posibilidad de decisiones contradictorias y la pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo”, enumeró.

En el mismo sentido, Borinsky advirtió que la decisión de mantener separadas las dos causas fue arbitraria “por contener una motivación tan solo aparente -equiparable a la ausencia de fundamentación suficiente-, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo de Casación reconstruyó cómo ambos expedientes, aunque nacieron por separado, terminaron apuntando al mismo entramado de personas involucradas y delitos posibles.

Se investiga un entramado de operatorias con clubes, fideicomisos y sociedades como parte de un esquema masivo de supuesta evasión y lavado de dinero en el que estaría involucrada Sur Finanzas.

En ese sentido, los jueces advirtieron que “se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, existen relaciones contractuales y financieras cruzadas y en ese contexto Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos”.

Al pedir la inhibición del juez Villena, la fiscal del caso Cecilia Incardona planteó que la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas que le tocó por sorteo tenía conexidad con una anterior que tramitaba Armella. Pero Villena rechazó dejar el caso y consideró prematuro considerar que ambas investigaciones eran conexas.

El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de La Plata, que dio la razón a este último magistrado, pero ahora Casación, al hacer lugar a una queja de la fiscalía de primera instancia, sostenida por el Ministerio Público Fiscal de La Plata, consideró lo contrario y ordenó unificar ambas pesquisas en el juzgado de Armella. Este magistrado citó ya a declaración indagatoria a Vallejo y otros acusados. El financista no se presentó a una primera cita y fue vuelto a convocar para el 26 de mayo bajo advertencia de quedar detenido si no se presenta.

La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con “el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero”.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pidió revocar una decisión de la Cámara en lo Penal Económico que le impidió seguir defendiéndose en la causa donde está procesado por no depositar en el plazo legal 19.000 millones de pesos en aportes retenidos y advirtió que se trata de una resolución basada en una “ficción procesal” que vulnera garantías constitucionales.

A través de lo que se conoce como un “recurso de reposición”, el abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de Tapia, Luis Charro, sostuvo que el tribunal aplicó una sanción por no concurrir a una audiencia que, en los hechos, ya no existía.

Apelación “desierta”

La semana pasada, la Cámara declaró “desierto” el recurso de apelación de Tapia y cerró la puerta a que su defensa presente más argumentos contra el procesamiento, embargo y prohibición de salida del país que le dictó el juez en lo penal económico Diego Amarante.

“El fundamento esencial de la sanción es la incomparecencia a una audiencia oral que no se celebra materialmente”, planteó la defensa, y remarcó que la decisión “se apoya en una ficción: la ausencia a una audiencia inexistente”, subrayaron.

El planteo apuntó a la aplicación del artículo 454 del Código Procesal Penal, que prevé que un recurso puede declararse desierto si quien lo interpuso no sostiene sus argumentos en una audiencia oral. Sin embargo, según recordó la defensa, ese esquema fue modificado durante la pandemia de Covid 19 y reemplazado por la opción a presentar escritos.

En ese contexto, sostuvo que “no resulta jurídicamente admisible conservar las consecuencias propias del régimen anterior sobre una estructura procesal que ya no existe en los hechos”.

La resolución cuestionada consideró que la defensa no cumplió con esa instancia y, por lo tanto, tuvo por abandonada la apelación contra el procesamiento y las medidas cautelares dictadas en la causa. Pero para el abogado de Tapia, esa conclusión implica un “exceso de rigor formal” que termina frustrando el derecho a defensa.

La apelación “ya había sido válidamente interpuesta, fundada y concedida”, por lo que su subsistencia no puede depender de una presentación complementaria, agregó el abogado.

Error de interpretación

Además, sostuvo que no hubo desinterés ni abandono del planteo, sino en todo caso “un error de interpretación” en medio de una secuencia procesal confusa, con audiencias reprogramadas y múltiples imputados.

En esa línea, advirtió que la sanción aplicada resulta desproporcionada porque “no existe afectación alguna al trámite del proceso ni perjuicio para las restantes partes”, mientras que sí implica la pérdida de una instancia de revisión judicial.

El escrito también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que cuestiona el “ritualismo excesivo” cuando se traduce en la frustración de derechos de jerarquía constitucional, y sostiene que, ante cualquier duda, debe prevalecer la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de defensa.

Ahora, la Cámara deberá decidir si revoca su propia resolución y habilita el tratamiento del recurso de apelación de Tapia y la AFA.

La audiencia, que había sido fijada para el 24 de abril, buscaba escuchar los argumentos en persona o por escrito, pero la defensa se presentó recién el 28 de abril, fuera del plazo legal, según la resolución firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

“El cumplimiento de los términos constituye una garantía para las partes y al exigirse estrictamente el respeto de aquellos se garantiza el principio de bilateralidad que forma parte de la garantía del debido proceso, se asegura a los litigantes el derecho de defensa en juicio establecido por la Constitución Nacional.”, argumentaron los camaristas al declarar desierto el recurso de Tapia y de la AFA como persona jurídica.

En ese sentido, el abogado defensor de la Asociación del Fútbol Argentino y de Tapia “no invocó razones por las cuales no presentó el memorial respectivo en forma previa, cuanto menos, al momento de la audiencia dispuesta, ni efectuó un pedido de postergación de aquel acto con anterioridad al mismo”, se explicó en ese fallo judicial.

El futuro de la dirigencia de AFA

Los procesamientos de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y los otros tres dirigentes futbolísticos acusados están bajo revisión de la Cámara que reprogramó una vez más la audiencia, esta vez para el 11 de mayo. Las defensas reclamaron que se revoquen y se dicten sobreseimientos.

Tanto el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial como la querella de ARCA fueron a la Cámara para cuestionar la decisión de excluir de la acusación delitos vinculados a la falta de pago en término de retenciones por publicidad a los clubes de fútbol. Pidieron agravar la acusación en ese aspecto y elevar los embargos. La postura fue ya respaldada por el fiscal ante esa instancia, Gabriel Pérez Barberá.

Con estos planteos sobre la mesa, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma los procesamientos, los agrava o hace lugar a los recursos y revoca —total o parcialmente— la decisión. El fallo será clave para determinar si la investigación avanza hacia un juicio oral o si, por el contrario, se desmorona la acusación contra los principales dirigentes del fútbol argentino.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.

La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.

El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

La resolución, dictada el 5 de mayo, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.

Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.

El rechazo de la Cámara

La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril pasado, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.

La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.

El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.

La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.

Nuevos imputados en la causa

En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).

Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.

Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.

Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.

La maniobra que investiga el juez Armella

La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.

El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.

El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.

Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.

El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.

Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.

La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.

El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.

La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.

La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una serie de peritajes contables y tasaciones de bienes en el marco de la investigación que busca determinar si se desviaron fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para comprar una mansión en Pilar y otros activos. Todas las operaciones financieras de la entidad deportiva, desde el año 2019, serán analizadas por peritos de la Corte Suprema de Justicia.

La propiedad en cuestión está registrada a nombre de la empresa Real Central SRL, del dirigente deportivo Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados en la causa como presuntos testaferros del tesorero Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Cabe recordar que el próximo lunes habrá una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para definir la competencia del expediente, que puede permanecer en Campana o bien volver a Comodoro Py o al fuero Penal Económico.

A partir de las pruebas que hay en la causa, el juez González Charvay dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la entidad, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, incluyendo la obtenida en la sede de la AFA a fines de marzo.

El peritaje contable estará a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando esta misma causa tramitaba en Comodoro Py, el juez federal Daniel Rafecas ordenó una tasación que reveló que la mansión, con los vehículos de lujo incluidos, valía más de 20 millones de dólares. Ahora el magistrado de Campana no solo quiere tener esa “foto actual” de la propiedad, sino remontarse a reconstruir todo desde un comienzo.

Entre los puntos clave que deberán dilucidar los peritos se encuentra la revisión de todas las operaciones realizadas con una tarjeta corporativa American Express de la AFA, emitida a nombre de Luciano Nicolás Pantano, con el objetivo de identificar a qué correspondieron los gastos, quién los abonó y si se reflejaron adecuadamente en los estados contables de la Asociación.

Otro eje del peritaje es la relación de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Es la firma que intermediaba en los contratos de la entidad en el exterior y cobraba comisiones del 30%.

El juez González Charvay encargó determinar si la contratación de esta compañía cumplió con el estatuto de la AFA, cómo fue el proceso interno que llevó a su contratación (licitación, oferta, negociaciones) y la pertinencia, legalidad y conveniencia de dicho acuerdo.

Los peritos también deberán establecer los montos que TourProdEnter LLC percibió como contraprestación y los ingresos que la AFA obtuvo a raíz de los contratos y adendas celebrados con su intervención, detallando la forma de ingreso al patrimonio y su reflejo en los estados contables.

Particularmente, se analizará si el porcentaje del 30% acordado como comisión para TourProdEnter LLC se encuentra dentro de los valores de mercado usuales para este tipo de servicios. Además, se compararán las condiciones acordadas en contratos históricos de la AFA con otras personas o agentes de cobro y pago.

La Justicia también tiene en carpeta la relación comercial entre la AFA y Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), la empresa detrás de la mansión de Pilar a la que la Asociación le transfirió millones de pesos durante los últimos cuatro años.

Se investigará si las transferencias de dinero de la AFA a esta empresa tuvieron respaldo contractual y, de no ser así, si existe documentación que justifique los pagos. Se evaluará si la contratación fue o no irregular y si efectivamente existió algún servicio por el cual se realizaron los pagos. Finalmente, el juez pidió verificar si estas transacciones constan en los estados contables de la AFA.

En un sentido más amplio, el peritaje contable deberá informar si los montos efectivamente ingresados a las arcas de la AFA desde 2019 se corresponden con lo recaudado por la totalidad de los contratos celebrados, y si las ganancias obtenidas desde entonces se encuentran acreditadas y reflejadas en sus estados contables y balances.

Nuevas tasaciones

Paralelamente a los peritajes contables, el Juzgado Federal de Campana ordenó la tasación de diversos bienes: dos propiedades del “Chiqui” Tapia en un country de Campana; dos propiedades en el Barrio Privado Ayres Plaza; dos inmuebles en Pilar y otros tres ubicados en CABA, todos estos últimos escriturados a nombre de Real Central.

El Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte será el encargado de determinar el valor de mercado de estos activos en las fechas de sus respectivas operaciones de compraventa.

También se volverá a tasar la colección de vehículos de lujo y clásicos que había en la mansión de Pilar, con autos y motos de alta gama de marcas como Porsche, Audi, BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Volkswagen, Harley Davidson, Honda, Kawasaki y Triumph, entre otras tantas. Ahora, para cada uno de estos vehículos, se deberá determinar su valor de mercado en la fecha de su adquisición por parte de Central Park Drinks SRL o Real Central SRL.

El juez Charvay solicitó una valuación pecuniaria de pinturas y esculturas que no habían sido revisadas en el primer estudio.

El juzgado también requirió información a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre el pago del Impuesto Patente Automotor de las personas físicas y jurídicas vinculadas a la investigación, incluyendo detalles como dominio, marca, modelo, domicilios, base imponible anual, impuesto anual y método de pago.

Esta batería de medidas judiciales apunta a reconstruir el circuito completo de los fondos vinculados a la AFA, con el objetivo de precisar su origen y destino y establecer si se registraron irregularidades en la adquisición de bienes por parte de las personas y empresas bajo investigación. En ese marco, la hipótesis central de la pesquisa sostiene que, ante un eventual desvío de dinero de las arcas del fútbol, esos fondos habrían sido canalizados con la finalidad de otorgarles apariencia de legalidad mediante la compra de propiedades, vehículos y otros lujos.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, reclamó que la causa que impulsó contra los dirigentes de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino siga en esa provincia y que se ordene la apertura de la investigación en la que había pedido detener a ambos. En una apelación que presentó ante la Cámara Federal de Tucumán, el fiscal solicitó además que se de intervención al Consejo de la Magistratura de la Nación para analizar la conducta del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien desestimó su dictamen y envió el caso al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Decisión “arbitraria” y “dogmática”

Al apelar la decisión que desestimó la investigación por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Toviggino, su presidente Tapia y otros 23 implicados, el fiscal entendió que la resolución del magistrado fue “arbitraria”, “dogmática” y carente de fundamentación válida. Argibay se reincorporó de una licencia el 21 de abril —un día antes de lo previsto— y en menos de una hora rechazó un requerimiento de instrucción de 181 páginas, declaró la incompetencia territorial del juzgado y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Campana, enumeró la fiscalía sobre lo sucedido, según el texto al que tuvo acceso Infobae.

Menos de una hora después, la Cámara Federal de Tucumán aceptó un planteo para apartar al juez del caso por supuestos vínculos comerciales con un familiar de Toviggino. El fiscal sostuvo que esa velocidad de resolución “sólo permite concluir que el juez quiso desestimar el requerimiento de instrucción y lo hizo sin siquiera analizarlo”.

La investigación a la AFA

La causa tiene como eje central una red de sociedades supuestamente vinculadas a Toviggino —tesorero de la AFA y presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol— a través de las cuales, según la Fiscalía, se habría canalizado dinero proveniente de la entidad rectora del fútbol argentino. El requerimiento de instrucción detalla transferencias de la AFA a empresas como Servicios Neurus S.A., SOMA S.R.L., Carbello S.R.L. y Servicios Lindor S.A., por un total de $3.633.013.825,80 pesos. Varias de esas firmas figuran en la base de contribuyentes apócrifos (e-APOC) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se remarcó en ese dictamen.

El juez federal de Santiago del Estero rechazó el requerimiento con tres argumentos centrales: que el objeto de investigación no fue definido con precisión, que el ilícito precedente no estaba determinado y que no se podía afirmar la existencia de facturas falsas.

Sobre el primer argumento, el fiscal señaló que la resolución “se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas” y omite analizar prueba como escrituras de compraventa de inmuebles; transferencias bancarias y adquisición de vehículos de alta gama —entre ellos Audi Q8, BMW M5 y Porsche— por parte de las sociedades investigadas.

En su reclamo para impulsar el caso, la fiscalía apuntó a una posible defraudación en perjuicio de la AFA, evasión tributaria mediante facturas que serían falsas e infracciones al régimen penal cambiario. El fiscal también cuestionó que el juez haya desestimado la causa sin aguardar la respuesta a oficios enviados a ARCA el 9 de abril pasado, que hubiesen permitido completar el circuito financiero. “El juez renunció a la búsqueda de la verdad”, afirmó el fiscal Simón.

Además en la apelación advirtió que presentó evidencias que debían analizarse en conjunto, como el hecho de que Servicios Lindor S.A. contrató servicios a SOMA SRL por más de USD 1.000.000.000 cuando la empresa recién se constituía, o que Servicios Neurus S.A. —creada en 2025— registró una facturación inicial de $3.826.426.568,44, con escasos empleados y sin infraestructura, y con la mayoría de sus comprobantes emitidos a la AFA. También cuestionó la declaración de incompetencia territorial. El juez de Santiago del Estero remitió las actuaciones a Campana al considerar que la AFA tiene domicilio en Pilar.

Al respecto recordó que el juzgado de Campana las devolvió porque entendió que le fueron enviadas sin esperar el tiempo necesario para que quede firme esa decisión.

“¿Existe una defraudación o no? Si existe, ¿por qué dijo que no se describió la maniobra defraudatoria? Si no existe, ¿por qué remite por incompetencia una causa en donde no habría un delito?”, concluyó el fiscal sobre la decisión del juez.

Mañana se iniciará la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 y empezarán a definirse algunos cruces de los octavos de final. Este fin de semana, desde el sábado al lunes, se disputará la novena fecha que había quedado pendiente y aparecen varios encuentros que resultarán muy atractivos para propios y ajenos. Mientras algunos elencos disputan copas internacionales, estos mismos y otros pretenden avanzar en el ámbito doméstico.

Hasta el momento hay pocas certezas, pero vale la pena repasarlas. Independiente Rivadavia, de brillante presente en Copa Libertadores, se aseguró el primer lugar de la Zona B y recibirá en octavos al octavo de la A (hoy Unión de Santa Fe). A la Lepra mendocina se les sumaron como clasificados que actuarán de local en el mata-mata River, Argentinos Juniors y Rosario Central. En el otro grupo ya concretaron su localía Estudiantes, Boca y Vélez, mientras que el cuarto puesto se lo disputarán Talleres y Lanús (San Lorenzo tiene una remota chance también).

Vale remarcar que, de cara a los octavos de final, se implementarán 30 minutos de alargue en caso de haber empate en tiempo reglamentario (de persistir, penales). Los octavos se llevarán a cabo el próximo fin de semana del domingo 10 de mayo. Los cuartos serán entre semana, en la del miércoles 14/5. Las semifinales el fin de semana del domingo 17/5. La final el domingo 24 de mayo, con sede neutral a definir (hasta semifinales se beneficiará con la localía el equipo mejor ubicado en la fase regular).

Un dato a tener en cuenta es que si Boca y River culminan en los respectivos segundos puestos de sus zonas como hasta ahora, solamente podrán cruzarse en una hipotética final. Esto se modificará si el Xeneize termina como líder en su grupo y el Millonario segundo, ya que ahí se podrían ver las caras en las semis en la Bombonera. Los otros cruces clásicos que podrían registrarse en los playoffs son Independiente-Racing, San Lorenzo-Huracán, Estudiantes-Gimnasia y Talleres-Belgrano.

Los clubes que se quedaron sin chances de clasificación son Deportivo Riestra, Newell’s, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia de Mendoza, Platense (Zona A), Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, Atlético Tucumán y Banfield (Zona B). Vale mencionar que los puntos disputados en los playoffs no se contarán para la Tabla Anual ni la de promedios. A fin de año descenderán dos equipos a la Primera Nacional: uno por promedios (hoy Estudiantes de Río Cuarto) y otro por la Anual (hoy Aldosivi).

En cuanto a la clasificación a las copas internacionales de 2027, a la Libertadores irán el campeón del Apertura, el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Tabla Anual (el tercero competirá en Fase 2). A la Sudamericana entrarán desde el cuarto al noveno lugar de la general (a partir de la siguiente temporada, el noveno de la Anual se clasificará a la Fase 2 de la Libertadores y del tercero al octavo irán a Sudamericana).

CRONOGRAMA DE LA FECHA 9 DEL TORNEO APERTURA

• Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central-Banfield

14.30 Lanús-Deportivo Riestra

16.15 Central Córdoba-Boca Juniors

18.45 San Lorenzo-Independiente

18.45 Unión-Talleres

21.15 Platense-Estudiantes de La Plata

• Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi-Independiente Rivadavia

16.00 Rosario Central-Tigre

16.00 Racing-Huracán

16.00 Gimnasia La Plata-Argentinos Juniors

16.00 Belgrano-Sarmiento

18.30 River-Atlético Tucumán

• Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia de Mendoza-Defensa y Justicia

19.15 Vélez-Newell’s

21.30 Estudiantes de Río Cuarto-Instituto

TABLAS DE POSICIONES

Así serían hoy los cruces de octavos de final:

• Estudiantes de La Plata-Barracas Central
• Boca Juniors-Huracán
• Vélez-Gimnasia La Plata
• Talleres-Belgrano
• Rosario Central-Lanús
• Argentinos Juniors-San Lorenzo
• River-Independiente
• Independiente Rivadavia-Unión

A poco más de 40 días del inicio del Mundial 2026, el ritual de coleccionar el álbum de figuritas de Panini se ve atravesado por un dato contundente: el costo de adquirirlo se multiplicó por 20 en apenas cuatro años, mientras los fanáticos argentinos lo esperan como en cada edición.

El nuevo álbum estará disponible en el país entre el 30 de abril y el 4 de mayo, y tanto su precio como el de los sobres de figuritas marcan cifras inéditas. El ejemplar se venderá a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas costará $2.000, cuando en la edición anterior valía 150 pesos.

Este salto supera ampliamente cualquier ajuste de años previos y eleva el gasto necesario para completar la colección respecto a la Copa del Mundo Qatar 2022. La inflación quedó reflejada en un producto que, históricamente, acompañó a varias generaciones y que ahora exige una inversión muy superior para quienes desean tenerlo.

La comparación con las ediciones anteriores muestra el impacto de este aumento. En el Mundial de Rusia 2018, el álbum tenía un precio de $50 y el sobre de figuritas costaba 15 pesos. Para Qatar 2022, esos valores pasaron a $750 y $171 respectivamente. En 2026, el salto es aún más marcado: el álbum subió a $15.000 y el sobre a 2.000 pesos. El incremento en el precio del álbum es del orden del 1.900% respecto de la última edición. Los paquetes de figuritas, por su parte, se multiplicaron por 13.

Otra dimensión relevante es la relación entre el precio de las figuritas y el salario mínimo. Cuando el salario mínimo era de $10.000 en 2018, podían comprarse 200 álbumes o 666 sobres. Cuatro años después, con el salario mínimo en $54.550, la cantidad bajó a 73 álbumes o 319 sobres. En la actualidad, con el salario mínimo en $357.800, ese monto permite adquirir solo 23 álbumes o 178 sobres. La diferencia en el poder de compra es un reflejo de cómo la inflación erosionó la capacidad de acceso a este tipo de productos, incluso cuando se trata de un objeto de colección masivo.

Un álbum más grande y con récord de figuritas

La editorial Panini, con sede en Módena y distribuidora en más de 150 países, explicó que los aumentos responden, en parte, a la magnitud inédita de la Copa Mundial 2026. Por primera vez, participarán 48 selecciones nacionales y el álbum tendrá 112 páginas, con espacio para 980 figuritas, la cifra más alta desde que existe la colección. Además, se lanzaron portadas diferenciadas para América, México y una edición global, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

El precio de cada sobre también refleja una nueva realidad. Tradicionalmente, el costo equivalía a “medio dólar”, pero en esta edición supera los USD 1,70 según la cotización informal, es decir, triplica el valor internacional registrado en los dos mundiales anteriores. Esta diferencia se explica tanto por la inflación local como por la evolución del tipo de cambio y el encarecimiento de los insumos importados.

El Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, impulsó una mayor demanda de figuritas especiales. Las imágenes no solo incluyen futbolistas, sino también secciones dedicadas a los países anfitriones, la pelota oficial, el trofeo y la mascota del torneo. En el caso de la selección argentina, el álbum incorpora a 16 futbolistas, entre ellos Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi en defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz y Franco Mastantuono en el mediocampo; y Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Giuliano Simeone y Lionel Messi en la delantera, quien aparece por última vez tras una presencia ininterrumpida desde Alemania 2006.

No todos los protagonistas de los últimos años forman parte de la nueva edición. Futbolistas como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Thiago Almada quedaron fuera de la nómina, pese a su reciente trayectoria en la selección nacional.

Otra novedad es la incorporación de la versión digital del álbum. Panini puso a disposición una plataforma online y una aplicación oficial que permite a los usuarios avanzar en la colección de manera virtual. Cada persona recibe dos sobres digitales diarios, con cinco figuritas cada uno. Si bien la cantidad es menor a la de los sobres físicos, la propuesta digital apunta a captar la atención de los jóvenes y adaptarse a nuevos hábitos de consumo. El intercambio y la búsqueda de las figuritas faltantes siguen siendo parte esencial del esquema, tanto en la versión física como en la digital.

La Liga Profesional de Fútbol definió cómo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura, la jornada postergada por el paro de la AFA y que definirá los últimos clasificados a los playoffs y cómo quedará el cuatro de octavos de final del certamen.

Con cinco puestos todavía por definirse de los 16 clasificados, habrá actividad sábado, domingo y lunes. En el primer día del fin de semana, el duelo más prometedor será el que protagonizarán San Lorenzo-Independiente a las 18.45 en el Nuevo Gasómetro: ambos equipos no están clasificados, aunque un empate les aseguraría meterse entre los ocho de la Zona A. En la previa a ese duelo, Boca Juniors visitará Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba (16.15) y buscará una victoria para lograr el primer lugar del grupo, que hoy está en poder de Estudiantes de La Plata. El Pincha cerrará el día ante Platense en Vicente López (21.15). El otro conjunto que todavía puede acceder al primer lugar, lo que significaría definir como local hasta la final, es Vélez. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto recién disputarán su partido el lunes ante Newell’s.

Por el lado de la Zona B, Racing y Huracán disputarán una final anticipada el próximo domingo a las 16 en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas necesita ganarle al Globo para avanzar a los octavos de final. Barracas Central, que hoy está en la octava y última posición, jugará el sábado a las 14 ante Banfield en su estadio. River Plate, que intentará asegurar la segunda colocación, porque Independiente Rivadavia se aseguró el 1° lugar del grupo, recibirá a Atlético Tucumán a las 18.30. Tigre, que en el incio del Apertura fue gran protagonista del torneo, con su goleada al Millonario en el Monumental (4-1), hoy está fuera de la zona de clasificación y necesita vencer a Rosario Central como visitante y esperar otros resultados para soñar con el pase a octavos: que Huracán y Barracas pierdan sus encuentros.

Así se jugará la última fecha del Torneo Apertura:

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

Estos son hoy los cruces del playoffs:

• Estudiantes (1º A) vs. Barracas Central (8º B)
• Rosario Central (4°B) vs. Lanús (5°A)
• River Plate (2º B) vs. Independiente (7º A)
• Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B)
• Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A)
• Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B)
• Boca Juniors (2° A) vs. Huracán (7° B)

Posiciones del Torneo Apertura:

Faltan 45 días para el comienzo del Mundial 2026. Como en cada previa de una nueva edición de la mayor competencia deportiva del planeta, la editorial italiana Panini lanzará en estos días su histórico álbum de figuritas en la Argentina.

El precio de los característicos sobres se multiplicó por 13 en los últimos cuatro años, lo que eleva el costo de completar el álbum. Esta cifra cuadruplica el gasto necesario en la edición anterior y refleja el efecto de la inflación sobre una de las tradiciones más arraigadas entre los fanáticos del fútbol en el país.

El nuevo ejemplar, que, según pudo saber Infobae, estará disponible en el país entre este jueves 30 de abril y el próximo lunes 4 de mayo, se comercializará a $15.000 por unidad, mientras que los sobres de siete figuritas tendrán un precio de $2.000 cada uno, cuando hace cuatro años costaban 150 pesos.

El impacto inflacionario resulta visible en la evolución de los precios: el álbum costaba $50 en Rusia 2018, subió a $750 en Qatar 2022 y ahora llega a $15.000, lo que representa un aumento de 1.900% respecto de la edición anterior. El precio del sobre de figuritas, que tradicionalmente equivalía a “medio dólar”, también superó esa referencia. De acuerdo con la cotización informal, cada sobre de siete figuritas supera los USD 1,70, triplicando el valor internacional registrado en los dos mundiales previos.

En tanto, si se compara con la capacidad de compra del Salario Mínimo Vital y Movil, que en 2018 era de $10.000, se podían comprar 200 álbumes o 666 sobres -el álbum costaba $50 y el sobre $15-. Para Qatar 2022, el salario mínimo subió a $54.550, el álbum pasó a $750 y el sobre a $171, lo que permitía adquirir 73 álbumes o 319 sobres. Hoy, con un salario mínimo de $357.800, el álbum cuesta $15.000 y el sobre $2.000: alcanza apenas para 23 álbumes o 178 sobres.

Un álbum más grande y con récord de figuritas

La editorial Panini, con sede en Módena y presencia en 150 países, justificó los aumentos en la expansión del formato: la Copa Mundial 2026 será la primera en contar con 48 selecciones nacionales y el álbum batió su propio récord, con 112 páginas y espacio para 980 figuritas, la mayor cantidad desde el inicio de la colección. Además, la editorial lanzó portadas diferenciadas para América, México y una edición global, fortaleciendo el carácter internacional del evento.

El Mundial, que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, impulsó también una mayor demanda de figuritas especiales. Cada sobre incluye, además de los futbolistas, secciones específicas para los países anfitriones, la pelota oficial, el trofeo y la mascota.

Además, cada selección nacional aparece con 16 jugadores. El álbum del último campeón del mundo reúne nombres como Emiliano Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi en defensa. En el mediocampo se suman Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, junto a las incorporaciones de Nico Paz y Franco Mastantuono. En delantera figuran Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Giuliano Simeone y el capitán Lionel Messi, quien integra la colección por última vez tras una presencia ininterrumpida desde Alemania 2006.

Algunos futbolistas de peso en ciclos anteriores, como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Thiago Almada, quedaron excluidos de la edición 2026, a pesar de su trayectoria reciente en la selección.

La edición actual del álbum introduce novedades tecnológicas. Panini lanzó una versión digital que permite a los usuarios completar la colección en línea mediante la página web y la aplicación oficial. Cada usuario recibe dos sobres virtuales diarios, con cinco figuritas cada uno, aunque la cantidad es menor a los sobres físicos. La propuesta digital busca mantener el interés de los más jóvenes y adaptarse a nuevos hábitos de consumo, al tiempo que reproduce el esquema tradicional del coleccionismo: el intercambio de figuritas y la búsqueda de las piezas más difíciles siguen siendo parte central de la experiencia.

Pese a la irrupción de la tecnología, la edición física conserva un fuerte valor simbólico y emocional para los fanáticos argentinos. El ritual de buscar la figurita que falta adquiere un nuevo significado en el contexto actual, donde el precio de la nostalgia se mide en billetes y la ilusión de completar el álbum se transforma en un desafío económico para miles de hogares.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó este viernes un nuevo intento del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino para cerrar la causa penal por retención indebida de aportes, en la que ambos están procesados y tienen prohibido salir del país. Ambos dirigentes pretendían que se les concediera una “reparación integral del daño” porque la deuda reclamada por el fisco ya fue saldada.

El magistrado no hizo lugar al planteo de “excepción por falta de acción”, con lo cual la causa seguirá adelante. Se encamina a una definición en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que tiene bajo análisis los procesamientos de los dirigentes futbolísticos y fijó audiencia para el 5 de mayo.

Al rechazar lo postulado por la defensa de Toviggino, a quien luego se sumaron los demás acusados, el juez Amarante advirtió que hay “imposibilidad de acordar esta clase de beneficios en los casos de delitos de apropiación de tributos y de recursos de la seguridad social”.

Conceder ese beneficio cuando se cumplió de “manera extemporánea” con las obligaciones de pago sería “contrariar la política criminal que subyace a la tipificación de estos delitos, orientada precisamente a reprimir la conducta del agente de retención o percepción que desvía para fines ajenos los importes que obran en su poder y que debían ser ingresados al Fisco”.

El planteo defensista sostuvo que la cancelación de las obligaciones reclamadas por el fisco —incluidos los intereses resarcitorios— debía ser equiparada a una reparación total del perjuicio económico, lo que habilitaría el cierre del proceso penal.

Pero Amarante advirtió que el “desvalor” de esas conductas “se proyecta sobre intereses de mayor amplitud y contenido social que trascienden el perjuicio estrictamente pecuniario”.

El “simple pago” no alcanza

El fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, había dictaminado ya por rechazar el pedido y continuar adelante con la causa penal que investiga presuntas irregularidades por la retención indebida de aportes al IVA e Impuesto a las Ganancias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el acusador, el pago de la deuda no constituye una “reparación integral” del daño causado. El fiscal argumentó que “el simple pago del monto adeudado no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral” exigido por la ley, ya que no contempla “el daño global ocasionado al sistema tributario y de la seguridad social”.

En particular, se remarcó que la AFA actuaba como agente de retención, es decir, como representante del Estado en la recaudación, “lo que agrava la responsabilidad por la falta de ingreso de los fondos en tiempo y forma”.

El fiscal también advirtió que aceptar ese criterio implicaría “hacer entrar por la ventana conductas no contempladas” dentro de este mecanismo excepcional de extinción de la acción penal. En esa línea, subrayó que “una verdadera reparación integral debe incluir no solo el capital omitido, sino también una evaluación más amplia del perjuicio: el impacto sobre los trabajadores y beneficiarios del sistema, el daño al equilibrio previsional y los costos generados para los organismos de control y el sistema judicial”.

Además, el dictamen puso el acento en el efecto disuasivo que deben tener este tipo de acuerdos. El monto tiene que ser tal que deje en claro la gravedad de lo sucedido, tanto para quien paga como para la sociedad en general, a fin de evitar la reiteración de conductas similares, enfatizó la fiscalía. Tapia y Toviggino están procesados con embargos por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país.

La Cámara en lo Penal Económico ratificó este viernes al juez Diego Amarante al frente de la investigación por supuesta evasión en la que procesó al presidente de AFA Carlos “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

Significó otro revés para la estrategia defensiva del tesorero de la AFA, quien había reclamado sacar al magistrado del caso. El Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación porque no hay pruebas de enemistad ni de pérdida de imparcialidad, concluyó.

“Por ninguna de las circunstancias invocadas se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad” del juez hacia el tesorero, advirtió el camarista Roberto Hornos. También recordó que la recusación es un mecanismo excepcional y que no puede utilizarse para cuestionar decisiones procesales ni para intentar cambiar al juez natural de la causa. “No basta la mala opinión o malquerencia”, sino que debe acreditarse una “mutua animosidad, real y notoria”, algo que no se verificó en el caso.

Respecto de los hechos concretos, descartó que la organización de la salida del edificio o el operativo policial del día de la declaración indagatoria de Toviggino tengan relevancia para acreditar parcialidad porque se trata de cuestiones ajenas al proceso.

También descartó un trato discriminatorio del juez Amarante hacia el tesorero por mantener su prohibición de salida del país mientras que a otros procesados se les levantó esta restricción. Además, Hornos negó que la falta de producción de ciertas pruebas pedidas por la defensa implique parcialidad: “Los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas”, ya que esa evaluación forma parte de su “discrecionalidad”, advirtió el camarista.

En cuanto a un supuesto prejuzgamiento, concluyó que “no se encuentra acreditado que el juez haya divulgado a los medios de comunicación información” antes de resolver, y las publicaciones periodísticas sobre el futuro del caso fueron sólo “estimaciones”.

Finalmente, descartó que la elaboración previa de la resolución que dictó los procesamientos implique alguna irregularidad como postuló Toviggino. “Elaborar un proyecto de resolución no es prejuzgar, sino trabajar en la decisión”, concluyó la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La Cámara rechazó así la recusación y ratificó a Amarante como juez de la causa.

Esto se sumó a un planteo de la fiscalía ante el Tribunal de Apelaciones que reclamó este viernes agravar la acusación por la que están procesados Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes acusados.

Los argumentos del tesorero

La defensa de Toviggino había intentado apartar al juez por supuesta “enemistad manifiesta” y riesgo de pérdida de imparcialidad basada en una serie de episodios que a su criterio ocurrieron durante la investigación.

Entre esos argumentos, sostuvo que durante su declaración indagatoria el juez rechazó que pudiera retirarse por una salida alternativa del edificio, lo que —según planteó— buscaba exponerlo mediáticamente. Según la recusación, esa decisión formaba parte de un “plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal”.

También cuestionó un supuesto trato desigual respecto de otros imputados. Señaló que, mientras a él se le mantuvo la prohibición de salida del país, a otros coimputados en una situación similar se les levantó esa restricción, lo que —a su criterio— violaba el principio de igualdad ante la ley.

Otro de los ejes fue la falta de producción de prueba solicitada por la defensa. Toviggino argumentó que el juez dictó su procesamiento sin haber ordenado un peritaje contable clave que había sido requerido, lo que interpretó como una muestra de “animosidad manifiesta”.

Además, planteó un supuesto escenario de prejuzgamiento. Sostuvo que algunos medios de comunicación anticipaban decisiones judiciales antes de que fueran firmadas, lo que —según su postura— evidenciaba que el magistrado ya tenía definido el resultado del expediente con anterioridad.

En esa línea, también cuestionó la rapidez con la que se dictó el procesamiento, al señalar que el juez habría tenido la resolución “redactada con anterioridad y absoluta prescindencia” de sus dichos.

El Tribunal descartó todos los argumentos y ratificó al magistrado. Los procesamientos están apelados, la fiscalía reclamó agravar la acusación y las defensas que sean revocados. Se fijó una audiencia para el 5 de mayo próximo y luego se conocerá la decisión.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá reclamó este viernes agravar la acusación contra el presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por supuesta retención indebida de aportes. Pidió sumar a los delitos una parte de la acusación que fue dejada de lado en el procesamiento y que representa el 77 por ciento del monto total denunciado.

En un dictamen entregado al Tribunal de Apelaciones, Pérez Barberá mantuvo la apelación al respecto de su colega de primera instancia Claudio Navas Rial porque en el procesamiento se excluyó el tramo relativo a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social", explicó en el escrito al que accedió Infobae.

Se trata del llamado “subconcepto 551″ y que representa, en la mayoría de los periodos objeto de reclamo entre 2024 y 2025 “un porcentaje significativo del total de fondos que debían ser ingresados al sistema de la seguridad social” y en términos globales, el 77 por ciento del monto denunciado.

El dictamen fue presentado ante los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deben resolver si confirman los procesamientos que dictó el juez en lo penal económico Diego Amarante. El Tribunal no tomará ninguna decisión hasta mayo porque hubo defensas que pidieron una prórroga de la audiencia que estaba fijada para este viernes y se reprogramó en su caso para el 5 del mes próximo.

La acusación fiscal

En una postura unificada del Ministerio Público Fiscal, Pérez Barberá mantuvo la apelación de primera instancia y amplió los fundamentos. En ese marco advirtió que los montos dejados fuera de la acusación son “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema”.

El 30 de marzo pasado, el juez en lo penal económico Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y a los dirigentes Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. También a la AFA como persona jurídica por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social agravadas. Se consideró que no depositaron dentro de los 30 días que prevé la ley lo retenido en concepto de IVA e Impuesto a las Ganancias. En la decisión judicial se descartó la acusación hecha por la querella de ARCA vinculada a los importes autorretenidos en el rubro contribuciones de la Seguridad Social proveniente de ingresos publicitarios.

El magistrado de primera instancia entendió que esos importes no podían ser incluidos dentro de la figura penal que tipifica la omisión de depósito de las retenciones porque el régimen aplicable los califica como “supuestos de autorretención y no de retención o percepción”.

En esa línea, “consideró que su equiparación a estos últimos implicaría una extensión analógica del tipo penal en perjuicio de los imputados, violatoria del principio de legalidad, por lo que correspondía excluirlos del objeto de la imputación”, recordó ahora Pérez Barberá. Esta parte de la resolución fue apelada por la fiscalía y también por ARCA.

El fiscal ante la Cámara resaltó al respecto que esas sumas autorretenidas están destinadas a clubes y trabajadores vinculados a la actividad futbolística y la AFA es una “intermediaria” de esos fondos que no le pertenecen.

Esta autorretención se remonta al Decreto 510/2023 dictado para “dotar de mayor eficacia, control y previsibilidad el cumplimiento de las obligaciones previsionales en el ámbito del fútbol profesional, procurando a su vez brindar seguridad jurídica a los trabajadores dependientes de las instituciones nucleadas en la AFA”, remarcó la fiscalía.

Hay una frase que conviene leer dos veces. La dijo Ramiro Sánchez, CMO de Google Latin America, y sintetiza la apuesta más grande de la compañía para los próximos dos años en la región: “Esta es la primera Copa del Mundo donde hay inteligencia artificial”.

El acuerdo entre Google y la Asociación del Fútbol Argentino se firmó el 5 de marzo y convierte a Gemini en patrocinador principal global de todas las selecciones nacionales durante 2026 y 2027. No es solo la mayor. Es la sub-13, la sub-15, la sub-17, la femenina, la de futsal y la de fútbol playa. Todas visten la IA de Google en la ropa de entrenamiento.

La categoría que estrena Google en AFA es doble: inteligencia artificial y motor de búsqueda. Dos casilleros que no existían hasta ahora en la arquitectura comercial de la Selección.

Hablé con tres de los protagonistas del acuerdo: Sánchez; Florencia Sabatini, directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica; y Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la AFA. Lo que sigue no es el anuncio. Es lo que hay detrás.

Argentina no entraba en el criterio estándar de Google

El dato más jugoso de la conversación lo puso Sánchez sobre la mesa sin que se lo pidiera. Google, como empresa global, suele pensar sus asociaciones deportivas por volumen de mercado: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Alemania, Japón, México. Argentina no estaba en esa lista.

“Argentina no es el país más grande”, reconoció Sánchez. “Las asociaciones naturales surgen normalmente por los más grandes. Pero Argentina no entraba en eso.”

¿Qué cambió? Tres variables. La Selección es campeona del mundo vigente. Messi sigue siendo una de las figuras con mayor peso en la conversación global sobre fútbol. Y hay un dato que pocos conocen: aproximadamente un tercio de la conversación global sobre fútbol en redes sociales gira alrededor de la Selección Argentina.

“Paren, acá hay que pensar la cosa de otra manera”, fue la frase que Sánchez se dijo a sí mismo y después llevó internamente en Google. Argentina pasó de no calificar por volumen a ser la primera pieza de una estrategia global que ya incluye a Francia y Brasil, con más selecciones por anunciarse en las próximas semanas.

La jugada de Google: entrar al Mundial por las selecciones, no por el torneo

Google no patrocina al Mundial como evento. Patrocina equipos. Es una decisión estratégica. Sánchez la explica desde el terreno que mejor maneja, el marketing cultural.

“La manera de conectar con la cultura es a través de las emociones, y para entrar en esa vena de los fanáticos no hay mejor manera que hacerlo a través de sus equipos.”

La lógica es sencilla y poderosa. El torneo dura un mes. La Selección acompaña al hincha todo el año, en cada partido de eliminatoria, en cada gira internacional, en cada entrenamiento que se filma. La camiseta de entrenamiento con Gemini se ve cientos de veces antes del primer partido del Mundial.

Sabatini llevó ese razonamiento un paso más allá. Para Google, el patrocinio no es vitrina: es una plataforma pedagógica. “La gran oportunidad de Latinoamérica, que se está preguntando qué va a pasar con el trabajo y todo esto, es la educación. La tecnología es la herramienta que puede igualar muchas oportunidades”, dijo. Y puso un ejemplo concreto: una pyme sin presupuesto para una agencia puede, con IA, diseñar, ejecutar y medir una campaña al nivel de una corporación. “Eso es equilibrar la cancha.”

La apuesta, en sus palabras: que la pasión por la Selección funcione como puerta de entrada para que millones de usuarios que nunca probaron IA la usen por primera vez para hacer un meme, armar una canción de cancha con Lyria o restaurar una foto familiar de 1978 con Nano Banana. Y que después sigan usándola para el trabajo, el estudio o la vida diaria.

Lo que el hincha va a poder hacer que antes no podía

Acá es donde el acuerdo deja de ser un anuncio y empieza a tener contenido concreto. Sánchez identifica tres usos que, según Google, van a transformar cómo se vive el Mundial 2026.

El primero es el análisis. Con el modo IA de Google y Gemini en modo deep dive, cualquier persona mirando el partido en casa puede hacer preguntas que antes solo respondían analistas. Sánchez puso un ejemplo que vale recordar: un jugador tiene que patear un penal contra un arquero determinado, en una ciudad como Ciudad de México, con altitud y clima seco. Se le pide a Gemini que cruce esas variables con el histórico y que diga qué jugador del plantel tiene mejores chances de convertir. La conversación familiar del domingo pasa a tener datos que antes eran patrimonio de cuerpos técnicos.

El segundo es creativo. Nano Banana para memes, fotomontajes y contenido de rivalidad deportiva en redes. Acá Google juega su fortaleza: la cultura del hincha argentino, con sus cantitos, sus murales y sus memes, es ya un terreno donde la creatividad abunda. La IA agrega velocidad.

El tercero es música. Sánchez contó una anécdota que vale como ejemplo y como dato. Esa misma mañana, de camino a la entrevista, le pidió a Lyria, la herramienta musical dentro de Gemini, que le armara una canción para alentar a Argentina rumbo a la cuarta estrella. “En treinta segundos me creó una canción.”

Lo que pasa puertas adentro: el cuerpo técnico, Matías Manna y Roberto Ayala

El dato más fresco del acuerdo, y el que todavía no circuló por los medios, lo confirmó Petersen: Gemini va a entrar a trabajar dentro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El nombre clave es Matías Manna, analista de datos del cuerpo técnico. Figura poco conocida fuera del ambiente, pero mencionada por Scaloni en conferencias como pieza fundamental del trabajo táctico. “Esa figura de Matías como analista de datos de la Selección va a estar vinculada con Gemini y le va a sacar un jugo impresionante”, afirmó Petersen.

En el evento de presentación del acuerdo estuvo Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico y uno de los asistentes principales de Scaloni. Petersen lo enmarcó como un gesto deliberado: mostrar que el área deportiva y la comercial se mueven juntas. Que la IA no es solo un logo para el hincha, sino una herramienta de trabajo para quienes arman el equipo.

Las aplicaciones concretas que mencionó Petersen: análisis de rivales, análisis predictivo de partidos, logística de la Selección, cruce de variables tácticas en segundos. Y una autocrítica que en boca de un director de marketing de AFA no es habitual: “Estamos atrás de otros deportes que ya nos sacaron ventaja con la tecnología, como la NFL, la NBA, la Fórmula 1.”

El fútbol, dice, todavía no dio el salto que ya dieron otras disciplinas. Este acuerdo, para él, es el primer paso para cerrar esa distancia.

Una cartera de 115 patrocinadores y un lugar nuevo

Petersen, que lleva ocho años al frente del área comercial de AFA, puso el acuerdo en perspectiva histórica. Cuando empezó, AFA tenía seis patrocinadores y ninguna marca global. Hoy tiene 115 en la Selección, 26 más en la Liga Profesional, cinco sitios de comercio electrónico regionales (Estados Unidos, Argentina, India, China y resto de Asia) y tres mercados principales: Estados Unidos, India y China.

En ese mapa, Google ocupa un casillero que antes no existía. “La AFA hoy es una marca multinacional sólida. No hay ninguna federación en el mundo que haya hecho lo que hizo AFA fuera del campo”, afirmó.

El Mundial como el mayor evento cultural del año

Una cifra cierra el círculo. La final de Qatar 2022, Argentina contra Francia, registró el mayor volumen de búsquedas de la historia de Google en sus 25 años de existencia. Según datos de FIFA, la vieron cerca de 1.500 millones de personas en todo el mundo.

Para Google, el Mundial 2026 es el primer Mundial donde su producto estrella no es el buscador, sino la IA generativa. Y la apuesta es que el evento funcione como pista de lanzamiento masiva, no solo en Argentina, sino en todos los países donde hay hinchas de la Selección. Incluidos India y China, que para AFA ya son mercados clave.

“En Argentina el fútbol es cultura, y este Mundial será el mayor evento cultural del año”, resumió Sánchez. La frase es de marketing. Los datos detrás la sostienen.

La camiseta de entrenamiento es la fachada. El negocio real es que el próximo meme de la Selección lo haga un hincha en Rosario con Gemini, y que el lunes siguiente lo abra de nuevo para armar el presupuesto de su pyme.

Y lo hicieron en un terreno que hasta ese momento no estaba abierto: el de la interna con su compañero de terna. Porque Paletta, sin decirlo con todas las letras, dejó a Darío Herrera expuesto por partida doble, y eso puertas adentro del arbitraje de la AFA no suele pasar inadvertido.

El primer golpe llegó cuando lo consultaron por otra jugada caliente del final: la falta que Herrera cobró de Maximiliano Salas sobre Ayrton Costa, que invalidó un ataque peligroso de River minutos antes del empujón reclamado. Paletta no lo respaldó. “Por coherencia, ninguna de las dos son infracción en el fútbol, que es un deporte de contacto”, deslizó, y hasta admitió que si el cabezazo de Salas hubiera terminado en gol, él habría invitado a Herrera a revisar la jugada.

El segundo problema es más fino, pero todavía más incómodo. Para defender su propia decisión de no llamar a Herrera por el empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta, Paletta definió la acción como “una jugada gris, para la mitad de la biblioteca es penal y para la otra no”. Y ahí se abre la contradicción: si el propio encargado del VAR reconoce que la jugada es gris, dudosa, divisible en interpretaciones, eso es exactamente lo que el VAR está diseñado para resolver. La herramienta no existe para confirmar lo obvio, sino para ayudar al árbitro principal a mirar de nuevo aquello que en tiempo real no se puede definir con claridad. Decir “era gris pero no lo llamé” es, en los hechos, admitir que no usó el VAR para lo que el VAR está.

Después, se amparó en su “filosofía” de no intervenir salvo error claro y obvio. Esa “filosofía” que Paletta repitió varias veces es, además, la parte más política del descargo. Explicó que su criterio es “respaldar las decisiones de campo, de los que están transpirando la camiseta”. Lo dijo como una defensa, pero funciona como otra cosa: una forma de correrse del centro de la escena y dejar que el peso de la decisión recaiga sobre Herrera. Si el árbitro de campo acierta, Paletta lo acompañó. Si erró, la responsabilidad, según su propia lógica, es del que estaba abajo. Es una línea de razonamiento cómoda para el VAR, pero deja a Herrera vendido en los dos frentes: en el penal que no se cobró porque Paletta eligió no intervenir, y en la falta de Salas que Paletta, encima, cree que no era.

El propio Herrera ya había quedado señalado desde adentro del campo, cuando Martínez Quarta le recriminó cara a cara “me extraña de vos, vas al Mundial, es penal”. Ahora, lejos de recibir el paraguas del compañero de terna, se queda con un señalamiento público adicional.

El descargo tuvo además un costado personal. Paletta denunció que le filtraron el teléfono, que tuvo que mantenerlo apagado tres días y que recibió amenazas por llamados y WhatsApp. También intentó desactivar la acusación de parcialidad que arrastraba desde la previa por una vieja declaración de su hermano Gabriel, ex Boca, que dijoque toda la familia era xeneize. “No soy fanático de ningún club. Somos cuatro hermanos varones, uno es de River y otro de Boca. Cuando fui el VAR del Superclásico en el que le anulamos el gol con la mano a Milton Giménez y ganó River, de esa declaración nadie habló“, se defendió.

Puertas adentro del arbitraje de Claudio Tapia, la foto que queda es incómoda. Paletta salió a bancar lo suyo y, en el mismo movimiento, dejó a Herrera solo: le cuestionó una decisión y se amparó en una “filosofía” que traslada la responsabilidad hacia el árbitro de campo. La AFA, por ahora, los ratificó a los dos para la fecha 16 del Apertura, pero River ya pidió que Paletta no vuelva a dirigirlos. La interna, como el partido del domingo, todavía tiene jugadas pendientes de revisión.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial pidió rechazar un nuevo intento del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino para cerrar la causa penal por retención indebida de aportes en la que ambos están procesados y tienen prohibido salir del país. Las defensas argumentan que como se pagó la deuda hubo una “reparación integral del daño”. Ahora, la decisión será del juez en lo penal económico Diego Amarante.

La querella de ARCA también se pronunció por el rechazo del pedido.

El primer planteo partió de la defensa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y luego adhirieron las de Tapia y los demás acusados: reclamaron la extinción de la acción penal por reparación integral con el argumento de haber saldado la totalidad de lo reclamado por el fisco.

Para la fiscalía “el simple pago no alcanza”

En un duro dictamen, el fiscal Navas Rial pidió rechazar el planteo y continuar adelante con la causa penal que investiga presuntas irregularidades por la retención indebida de aportes al IVA e Impuesto a las Ganancias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para el acusador, el pago de la deuda no constituye una “reparación integral” del daño causado.

El planteo defensivo sostuvo que la cancelación de las obligaciones reclamadas por el fisco —incluidos los intereses resarcitorios— debía ser equiparada a una reparación total del perjuicio económico, lo que habilitaría el cierre del proceso penal.

El fiscal argumentó que “el simple pago del monto adeudado no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral” exigido por la ley, ya que no contempla el daño global ocasionado al sistema tributario y de la seguridad social. En particular, se remarcó que la AFA actuaba como agente de retención, es decir, como representante del Estado en la recaudación, lo que agrava la responsabilidad por la falta de ingreso de los fondos en tiempo y forma.

El fiscal también advirtió que aceptar ese criterio implicaría “hacer entrar por la ventana conductas no contempladas” dentro de este mecanismo excepcional de extinción de la acción penal.

En esa línea, subrayó que “una verdadera reparación integral debe incluir no solo el capital omitido, sino también una evaluación más amplia del perjuicio: el impacto sobre los trabajadores y beneficiarios del sistema, el daño al equilibrio previsional y los costos generados para los organismos de control y el sistema judicial”.

Además, el dictamen puso el acento en el efecto disuasivo que deben tener este tipo de acuerdos. El monto tiene que ser tal que deje en claro la gravedad de lo sucedido, tanto para quien paga como para la sociedad en general, a fin de evitar la reiteración de conductas similares, enfatizó.

Por último, se aclaró que este planteo no puede confundirse con la extinción de la acción penal por pago prevista en el Régimen Penal Tributario, ya que se trata de figuras distintas con requisitos y alcances diferentes.

Con estos argumentos, la fiscalía concluyó que no se cumplen las condiciones para aplicar la reparación integral y solicitó al juzgado que rechace el pedido de las defensas y continúe la investigación.

Audiencia clave

Tras los procesamientos que alcanzaron al presidente de la AFA Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados resueltos el 30 de marzo, la causa penal entró en una etapa de decisiones clave ante la Cámara Penal Económico.

El próximo 5 de mayo habrá una audiencia donde los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibirán los argumentos de las defensas que reclaman revocar los procesamientos y los de la fiscalía y AFIP que postularon, por el contrario, agravar la acusación y elevar el monto de los embargos.

Una vez cumplida esta instancia que podrá ser escrita u oral, quedarán en condiciones de resolver sobre las apelaciones a lo decidido por el juez Amarante. Además, el Tribunal tiene pendiente decidir un planteo de Toviggino para apartar al juez del caso por presunta “enemistad manifiesta”, algo que rechazó el magistrado.

La investigación se abrió ante una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos a raíz de la omisión de depósito dentro de los plazos legales de impuestos y contribuciones entre 2024 y 2025.

El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido del fiscal Pedro Simón con el que pidió detener al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. El magistrado había sido apartado de la causa horas antes por la Cámara Federal de Tucumán.

El juez Argibay, además, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Según fuentes del caso, cuando se firmó el fallo de Sebastián Argibay su juzgado “no había sido notificado formalmente” de la recusación que lo apartó de la causa este mismo martes.

El fiscal federal Pedro Simón -quien además recusó al juez- había solicitado al magistrado impulsar la acción penal contra las autoridades de la AFA y su círculo más cercano por supuestas maniobras de lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación a la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.

Para el juez Argibay, el requerimiento fiscal no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal.

En una resolución de 39 páginas a la que tuvo acceso Infobae, el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero advirtió una “ausencia de un hecho concreto y específico” que pudiera ser investigado.

El fiscal Simón había expuesto en su dictamen una reconstrucción de elementos económicos y societarios, como la conformación de estructuras empresariales, vínculos entre sus integrantes, flujos de fondos y operaciones inter-empresariales, incluyendo la emisión de facturación cruzada.

A partir de estos datos, se atribuyó la existencia de una maniobra compleja de lavado de dinero que saldría de pagos de la AFA a empresas vinculadas a Toviggino que no prestaban los servicios remunerados, maniobras con el dólar y evasión de impuestos.

Sin embargo, estas referencias se presentaron de forma “genérica y abierta”, según el juez, sin identificar los contornos fácticos de ninguno de esos ilícitos. La indeterminación del delito precedente fue otro aspecto crucial para la desestimación del requerimiento.

Así, el Juzgado N° 2 concluyó que esta hipótesis “alternativa y difusa” del delito precedente impedía afirmar la existencia de bienes provenientes de un ilícito.

El fiscal Pedro Simón advirtió en su pedido de recusación que “Pablo Ariel Toviggino recibiría dinero espurio que distribuyó entre distintas personas, principalmente a su hermano Darío Fabian Toviggino y que a través de ellos logró poner el dinero en circulación en el mercado ya transformado en bienes, dándole de esta forma origen lícito”, y que “Darío Fabián Toviggino y Rosalía Argañaraz adquirieron el Lote “W-1”, que pertenecía a María del Pilar Argibay Lapalma, hija del juez federal interviniente en la causa”.

La Cámara Federal de Tucumán validó que la hija del juez participó de un negocio inmobiliario que constituiría un objeto de investigación en la presunta comisión del delito de lavado de activos, y en base a eso apartó a Argibay de la causa.

Aún no está claro si el fallo de primera instancia que desestimó las detenciones de Tapia y Toviggino se firmó antes o después de su apartamiento, aunque las fuentes consultadas insisten en que en el Juzgado no había sido informado de la decisión de sus superiores.

Con apenas 29 años, Mateo Caride se transformó en uno de los realizadores audiovisuales más solicitados por marcas, productoras y artistas internacionales. Su historia no sigue una línea recta ni responde al guion clásico del éxito prematuro: lo suyo fue un proceso de búsqueda, cambio de rumbo y una vocación que se fue construyendo en base a prueba y error.

En su casa de la zona norte del conurbano bonaerense, la fotografía formaba parte del día a día. Su padre, Fernando, registraba momentos cotidianos con una cámara analógica y revelaba fotos en talleres, aunque nunca pensó en eso como una salida laboral. Creció observando ese entusiasmo, pero durante años no imaginó que podía convertirlo en una profesión.

Al terminar el colegio en 2014, la incertidumbre adolescente lo llevó a probar varias carreras hasta que finalmente se decidió por Comunicación Social. Con la llegada de Instagram, compró una cámara y comenzó a hacer fotos y videos para conocidos.

“Al principio, lo hacía para ganar experiencia y armar mi portfolio. No sabía que se podía vivir de esto”, recuerda. El primer pago llegó por filmar el lanzamiento de unas hamburguesas en una carnicería premium, un gesto pequeño que marcó el inicio de su recorrido profesional.

De los primeros pasos al salto internacional

El tránsito del hobby al trabajo profesional requirió adaptarse a las expectativas de los clientes y a la presión de cumplir con altos estándares. Ese punto de inflexión se dio en 2019, cuando una productora lo convocó para cubrir el festival Lollapalooza para Sedal, una de las principales marcas de la gigante Unilever.

Durante tres días, registró a celebrities y figuras con pautas muy estrictas, lo que supuso un gran desafío y lo obligó a profesionalizar aún más su enfoque. “El paso más difícil fue empezar a cobrar por lo que hacía. De repente, tenía que cumplir con las expectativas de una marca y eso te exige mucho más”, cuenta.

Desde entonces, la proactividad se transformó en su sello. Buscar oportunidades, proponer ideas y tocar puertas le permitió trabajar con productoras internacionales y participar en eventos de magnitud. Un ejemplo de ese espíritu fue la presentación de una línea de zapatillas Adidas en México, donde debió aprender técnicas nuevas.

Una vuelta al mundo junto a grandes figuras del deporte

Llegó 2020 y la pandemia lo obligó a reinventarse. Con viajes cancelados y proyectos en pausa, aprovechó sus equipos para producir contenido desde casa. Las marcas, en busca de alternativas, empezaron a enviarle productos para fotografiar y filmar, lo que le permitió seguir activo y vigente durante el parate generalizado.

El salto internacional más importante llegó tiempo después, con el Trophy Tour de la FIFA, la gira mundial de la Copa del Mundo impulsada por Coca-Cola. Durante varias semanas, Mateo formó parte de un equipo que recorrió decenas de países: registró el paso del trofeo, realizó entrevistas a leyendas del fútbol como David Trezeguet y retrató la esencia de cada ciudad.

La experiencia le permitió observar diferencias culturales en la manera de encarar los proyectos y valorar la creatividad local en contextos globales. “En tres días en cada ciudad, ves un tráiler de otra cultura y forma de trabajar; eso te abre mucho la cabeza”, resume.

Creatividad, tecnología y desafíos en la era digital

Trabajar para artistas como Tini Stoessel y figuras deportivas se volvió parte de la rutina. En los últimos tiempos, Mateo filmó la campaña de la nueva bebida energizante de Rodrigo De Paul y la última producción de cuidado personal con Enzo Fernández.

En 2024, además, se puso al hombro una serie de cápsulas para TikTok junto a la selección argentina de fútbol, en el predio de AFA. En estos proyectos, la confianza y la recomendación de colegas resultan fundamentales. “Muchas veces, un buen trabajo en un proyecto te abre la puerta al siguiente”, señala Mateo.

Su filosofía combina pasión creativa y una mirada práctica sobre las herramientas actuales. Prefiere editar personalmente los trabajos artísticos o más libres, pero delega la edición en proyectos más operativos, siempre supervisando el resultado.

A pesar de las sugerencias para montar una productora, prefiere mantenerse freelance. Considera que la flexibilidad de trabajar por proyecto le permite elegir desafíos en distintos países y centrarse en lo artístico, mientras deja abierta la posibilidad de armar una empresa propia en el futuro.

Con base en Buenos Aires, pero siempre preparado para el próximo viaje, Mateo Caride representa una nueva generación de creadores que mezcla talento, resiliencia y frescura en el universo audiovisual. Su historia demuestra que, a veces, el motor principal es la búsqueda permanente de nuevos desafíos. “Siempre trato de encontrar algo que me divierta y me desafíe. Siento que la clave es estar en movimiento, animarse a cambiar y no perder la curiosidad”.

El sorteo del Torneo Promocional Amateur 2026 definió este martes en el predio de AFA en Ezeiza la conformación de zonas y el cronograma de partidos para la competencia que otorga un ascenso directo a Primera C. El evento contó con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y autoridades de la divisional, informaron desde el sitio oficial de la AFA.

La tercera edición del torneo, creado en 2024 para reemplazar la antigua Primera D, reunirá a 17 equipos divididos en dos zonas: el Grupo A con ocho participantes y el Grupo B con nueve. El campeonato comenzará el 23 de mayo y se disputará en dos ruedas. El ganador del Apertura ascenderá directamente a la Primera C, mientras que el campeón del Clausura deberá disputar una promoción frente a uno de los últimos equipos de la divisional superior.

El formato incluye una final por el ascenso directo entre los líderes de cada zona al término de la fase inicial. Los equipos que ocupen el segundo, tercer y cuarto lugar en cada grupo clasificarán a un reducido. El vencedor de ese reducido tendrá la oportunidad de enfrentar a un equipo de la Primera C por un lugar en la categoría, según detalló la web de AFA.

Entre las novedades de esta edición figuran la incorporación de clubes como Control Orientado de Benavídez, Buenos Aires City, Las Mandarinas de Brandsen, Alumni de Los Hornos y Uribelarrea FC. Este último llega como reciente campeón de la Liga Lobense.

La Zona A quedó conformada por Náutico Hacoaj, Estrella de Berisso, Provincial de Lobos, Atlético Pilar, Defensores de Glew, SAT, Juventud de Bernal y Deportivo Metalúrgico. Por su parte, la Zona B agrupa a Control Orientado, Everton (La Plata), Las Mandarinas, Belgrano (Zárate), Alumni (Los Hornos), Barrancas FC, Buenos Aires City, Ezeiza FC y Uribelarrea FC.

El fixture difundido por la web oficial de la AFA prevé que tras las primeras siete fechas se invertirán las localías, completando así el calendario regular. Una de las particularidades del torneo es que el campeón del Apertura no necesitará disputar repechaje para lograr el ascenso, mientras que el del Clausura sí deberá jugar una serie de promoción.

El Promocional Amateur reemplazó desde 2024 a la Primera D y, en sus ediciones anteriores, permitió el ascenso de Camioneros en 2024 y de Deportivo Metalúrgico en 2025, aunque en ese caso el club debió enfrentar un repechaje ante Puerto Nuevo, equipo de la Primera C. La edición 2026 marcará el debut de equipos provenientes de distintas ligas regionales, incrementando la diversidad de participantes.

El sorteo y la organización del torneo tienen como escenarios principales la sede social de la AFA en Mercedes 1366, Pilar, y el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO PROMOCIONAL AMATEUR 2026

Zona A

Náutico Hacoaj

Estrella de Berisso

Provincial de Lobos

Atlético Pilar

Defensores de Glew

SAT

Juventud de Bernal

Deportivo Metalurgico

Zona B

Control Orientado

Everton (LP)

Las Mandarinas

Belgrano (Zarate)

Alumni (Los Hornos)

Barrancas FC

Buenos Aires City

Ezeiza FC

Uribelarrea FC

Zona A

Fecha 1

Atlético Pilar - Nautico Hacoaj

Defensores de Glew - Atlético Pilar

Provincial de Lobos - SAT

Estrella de Berisso - Deportivo Metalúrgico

Fecha 2

Estrella de Berisso - Atlético Pilar

Deportivo Metalúrgico - Provincial de Lobos

SAT - Defensores de Glew

Juventud de Bernal - Nautico Hacoaj

Fecha 3

Atlético Pilar - Juventud de Bernal

Náutico Hacoaj - SAT

Defensores de Glew - Deportivo Metalúrgico

Provincial de Lobos - Estrella de Berisso

Fecha 4

Provincial de Lobos - Atlético Pilar

Estrella de Berisso - Defensores de Glew

Deportivo Metalúrgico - Nautico Hacoaj

SAT - Juventud de Bernal

Fecha 5

Atlético Pilar - SAT

Juventud de Bernal - Deportivo Metalúrgico

Náutico Hacoaj - Estrella de Berisso

Defensores de Glew - Provincial de Lobos

Fecha 6

Defensores de Glew - Atlético Pilar

Provincial de Lobos - Nautico Hacoaj

Estrella de Berisso - Juventud de Bernal

Deportivo Metalúrgico - SAT

Zona B

Fecha 1

Alumni (Los Hornos) - Belgrano (Zárate)

Las Mandarinas - Control Orientado

Everton (LP) - Buenos Aires City

Ezeiza FC - Barrancas FC

Libre: Uribelarrea FC

Fecha 2

Barrancas FC - Everton (LP)

Buenos Aires City - Las Mandarinas

Control Orientado - Alumni (Los Hornos)

Belgrano (Zarate) - Uribelarrea FC

Libre: Ezeiza FC

Fecha 3

Uribelarrea FC - Control Orientado

Alumni (Los Hornos) - Buenos Aires City

Las Mandarinas - Barrancas FC

Everton (LP) - Ezeiza FC

Libre: Belgrano (Zarate)

Fecha 4

Ezeiza FC - Las Mandarinas

Barrancas FC - Alumni (Los Hornos)

Buenos Aires City - Uribelarrea FC

Control Orientado - Belgrano (Zárate)

Libre: Everton (LP)

Fecha 5

Belgrano (Zárate) - Buenos Aires City

Uribelarrea FC - Barrancas FC

Alumni - Ezeiza FC

Las Mandarinas - Everton (LP)

Libre: Control Orientado

Fecha 6

Everton (LP) - Alumni (Los Hornos)

Ezeiza FC - Uribelarrea FC

Barrancas FC - Belgrano (Zárate)

Buenos Aires City - Control Orientado

Libre: Las Mandarinas

Fecha 7

Control Orientado - Barrancas FC

Belgrano (Zárate) - Ezeiza FC

Uribelarrea FC - Everton (LP)

Alumni (Los Hornos) - Las Mandarinas

Libre: Buenos Aires City.

*Luego de la fecha 7 se invierten las localías.

Luego de algún fallo rutilante en un partido, la Dirección Nacional de Arbitraje suele “parar” al árbitro implicado. Es el equivalente a un tipo de sanción del organismo dependiente de la AFA que dirige Federico Beligoy. Pues bien, la Liga Profesional dio a conocer las ternas para los partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura. Y tanto Darío Herrera como Héctor Paletta fueron designados luego del escándalo que se generó en el triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental.

El conflicto fue provocado por la última jugada del encuentro: a los 48 minutos, tras un pelotazo largo de Marcos Acuña, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área y todo el estadio pidió penal. Herrera no lo advirtió y Paletta, quien estaba a cargo de la tecnología, no lo llamó a revisar.

Tal fue el revuelo generado que River solicitó no volver a tener en el VAR a Paletta por tiempo indeterminado. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino nominó a ambos para diferentes encuentros en la próxima jornada, lo que confirma que las autoridades arbitrales juzgaron como positiva su actuación, a pesar de la catarata de críticas.

Paletta, principal apuntado por la Banda, manejará el VAR en Atlético Tucumán-Banfield, que se disputará el próximo domingo a las 20. Allí, oficiará como respaldo de Álvaro Carreras, autoridad de campo.

Herrera, por su parte, dirigirá Estudiantes de Río Cuarto-Rosario Central, duelo programado para el viernes desde las 19.15 en Córdoba.

También fue elegido Sebastián Habib, quien tuvo el rol de AVAR en el Superclásico y también quedó bajo los focos: repetirá función el viernes en Deportivo Riestra-Independiente.

Por su parte, River Plate, que el sábado recibirá a Aldosivi en su estadio, tendrá la conducción de Nicolás Ramírez, de los jueces con mejor concepto general entre los dirigentes de los clubes de Primera, aunque no integra la delegación arbitral argentina para el Mundial (sí Facundo Tello, el mencionado Herrera y Yael Falcón Pérez). Y en el VAR estará Nicolás Lamolina.

La escena del empujón a Martínez Quarta fue analizada con rigor en redes sociales por el exárbitro internacional Javier Castrilli, quien fue categórico: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”, escribió en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Su juicio, alineado con la protesta de jugadores de River como Maximiliano Salas y del propio Martínez Quarta, introduce un dato que, más allá del resultado, define la polémica: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.

Paletta es hermano de Gabriela, ex jugador de Boca Juniors, quien, más allá de su compromiso profesional entre 2007 y 2010 (ganó dos títulos en La Ribera). supo declarar: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Esa vinculación y varios antecedentes polémicos, incluso en Superclásicos, del encargado del VAR, habían creado un clima incómodo a su alrededor. Y su decisión el domingo en el Monumental empeoró todo.

A pesar del escándalo que se generó en el partido, fue respaldado con una nueva designación.

Los árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Julio Fernández

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa en la que se reclamó detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Ante esta decisión, el futuro del expediente aún es incierto. El otro juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, está de licencia por cuestiones de salud. La Cámara Federal de Tucumán interviene también como instancia de apelación en esa provincia y en Catamarca. En este nuevo escenario, la definición sobre el nuevo magistrado que quedará a cargo del expediente debería resolverse por sorteo y la causa podría quedar en alguna de estas provincias, explicaron a Infobae fuentes del caso.

Los motivos

La decisión se tomó tras hacer lugar a una recusación presentada por el fiscal del caso, Pedro Simón, en medio de cuestionamientos sobre supuesta pérdida de imparcialidad del juez de Santiago del Estero. Según surge del expediente, Argibay habría tenido un vínculo previo con Toviggino a partir de una operación inmobiliaria: la venta de una finca valuada en torno a los $200 millones que fue escriturada por un monto significativamente menor, cercano a los $20 millones.

Ese antecedente fue considerado un elemento clave para justificar su apartamiento. El expediente se centra en supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA y en una presunta red de empresas y operaciones financieras asociadas al entorno de Toviggino, con base de manera principal en Santiago del Estero.

La investigación incluye análisis de movimientos millonarios, estructuras societarias y transferencias que habrían generado reportes de operaciones sospechosas ante organismos de control.

El dictamen fiscal

La fiscalía emitió un dictamen en el que reclamó detener a Tapia, Toviggino y una veintena de imputados señalados como supuestos testaferros o prestanombres para las sociedades por las que habría pasado el dinero espurio. Al tesorero de AFA lo imputó como supuesto jefe de asociación ilícita.

Según surgió del dictamen fiscal, el gobierno de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. La firma ganó en junio de 2024 una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Pero las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto: $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025.La investigación, en efecto, se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025 en la que se señalaba que el gobernador Gerardo Zamora habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.

El análisis de los extractos bancarios de SEGON en el Banco de Santiago del Estero es uno de los elementos centrales de la hipótesis fiscal. Según el dictamen, el dinero que ingresaba a esa cuenta rara vez permanecía más de 48 horas. “La cuenta del Banco Santiago del Estero funciona como una ‘cuenta puente’ ya que recibe fondos públicos y de la AFA, que rara vez permanece más de 48 horas en la cuenta y el 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a SEGON SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, escribió Simón.

El dinero no provenía únicamente del gobierno provincial. La Municipalidad de Frías también figura como fuente de ingresos para SEGON. La propia AFA transfirió fondos directamente a la empresa: 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos de entre $36 millones y $62 millones por operación. En total, la AFA giró a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero “$1.328.266.369,20, discriminadas en el año 2024: $653.622.369,20 y en el 2025: $674.644.000,00”, según consignó el fiscal.

El gobierno de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. La firma ganó en junio de 2024 una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Pero las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto: $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025, según surge del requerimiento de instrucción firmado la semanada pasada por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón.

Ese documento, de 181 páginas, identifica a SEGON como el eje de una maniobra de lavado de activos que el fiscal atribuye al círculo íntimo de Toviggino. El requerimiento fue presentado ante el juez federal Sebastián Argibay, a quien el propio Simón le pidió que se aparte de la causa.

La investigación, en efecto, se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025 en la que se señalaba que el gobernador Gerardo Zamora habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.

La cuenta que se vaciaba en menos de dos días

El análisis de los extractos bancarios de SEGON en el Banco de Santiago del Estero es uno de los elementos centrales de la hipótesis fiscal. Según el dictamen, el dinero que ingresaba a esa cuenta rara vez permanecía más de 48 horas. “La cuenta del Banco Santiago del Estero funciona como una ‘cuenta puente’ ya que recibe fondos públicos y de la AFA, que rara vez permanece más de 48 horas en la cuenta y el 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a SEGON SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, escribió Simón.

El dinero no provenía únicamente del gobierno provincial. La Municipalidad de Frías también figura como fuente de ingresos para SEGON. La propia AFA transfirió fondos directamente a la empresa: 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos de entre $36 millones y $62 millones por operación. En total, la AFA giró a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero “$1.328.266.369,20, discriminadas en el año 2024: $653.622.369,20 y en el 2025: $674.644.000,00”, según consignó el fiscal.

El crecimiento de la firma es otro dato que el requerimiento subraya. SEGON no registró actividad entre 2010 y 2021. En 2012, sus acreditaciones bancarias anuales sumaban $11.592. En 2024 esa cifra fue de $5.806.148.962. “Esto representa un crecimiento del 54.363.113%, lo que quiere decir que las acreditaciones bancarias son más de 543.000 veces mayores que en 2012”, calculó Simón. La empresa declaró empleados por primera vez recién en 2025: 134 en enero, número que cayó a 69 en noviembre. Los únicos vehículos registrados a su nombre son un camión Volvo y un semirremolque.

El objeto social de SEGON también llamó la atención del Ministerio Público. La empresa empezó en 2022 con las actividades de “venta al por mayor de combustibles y lubricantes”, “servicios de alojamiento en hoteles” y “servicios de sistemas de seguridad”, pero en 2025 sumó rubros como “pompas fúnebres y servicios conexos”, “extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos”, “explotación de minas y canteras” y “servicios de peluquería”, entre otros.

SOMA SRL: el vínculo con Toviggino

La conexión entre SEGON y el tesorero de la AFA no aparece en los registros societarios de manera directa. Está mediada por SOMA SRL, la firma que en diciembre de 2025 adquirió el 94% del capital de SEGON. El requerimiento describe esa operación como el punto de llegada de una cadena de transferencias societarias que el fiscal atribuye al mismo núcleo de control.

SOMA fue constituida en 2015. Pablo Toviggino fue uno de sus socios originales junto a María Julia del Castillo Orellana. Ese mismo año cedió formalmente sus cuotas a Gabriel Leonardo Gorosito, iniciando un ciclo de cambios de titularidad que el fiscal describe como un mecanismo para mantener el control sin que el nombre del tesorero figure en los registros. “El 03 de agosto del 2023, Peña cede sus cuotas sociales a favor de Darío Fabián Toviggino, quedando la sociedad a cargo de él, de López y de Mauro Paz como gerente”, consignó el requerimiento. Desde entonces, Darío Fabián Toviggino -hermano de Pablo- controla el 90% de SOMA. El 10% restante corresponde a Orlando Martín López, quien aparece como socio o autorizado en varias de las firmas investigadas. Mauro Javier Paz figura como gerente.

Fue precisamente SOMA quien adquirió las cuotas de SEGON en diciembre de 2025. Pero la vinculación entre ambas firmas es anterior a esa compra formal. El requerimiento detectó que “el 11 de julio del año 2022, SOMA SRL le transfirió a SEGON SRL la suma de $1.200.863,4” y que en febrero de 2023 SOMA le emitió a SEGON “una factura a favor de SEGON SRL por $284.350.000,00”. Las transferencias cruzadas entre ambas se repiten a lo largo de 2024 y 2025, con SOMA girando fondos a SEGON y SEGON devolviendo facturas a SOMA en sentido inverso.

A eso se suma que los mismos nombres aparecen como autorizados en las cuentas bancarias de las dos firmas en el Banco Coinag. Según el requerimiento, en SOMA figuran como socios gerentes Orlando Martín López y Mauro Javier Paz, con María Florencia Sartirana como apoderada. La misma tríada aparece en las cuentas de MALTE y CARBELLO, otras firmas del entramado.

María Florencia Sartirana es identificada en el requerimiento como “ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino”. Figura como apoderada en las cuentas del Banco Coinag de MALTE SRL, SOMA SRL, CARBELLO SRL y SERVICIOS LINDOR SA.

El propio crecimiento de SOMA replica el patrón de SEGON. La empresa “recién empezó a facturar en el año 2022 por un total de $45.547.600,76 pero en el año 2023 facturó un total de $1.223.836.010,99, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 2.587%, (más de 25 veces la facturación original), que evidencia una expansión muy agresiva, mientras que en el año 2024 facturó un total de $3.483.552.687,13 (crecimiento del 184,6%) y en el año 2025 $5.822.716.162,66 (crecimiento del 67,2%), lo que refleja un crecimiento total del 12.684%”, describió el fiscal. Entre sus activos registra una aeronave -la LV-FUT- y un parque automotor que incluye un Audi Q8, dos vehículos Polaris utilitarios y varios modelos BMW.

Los que figuran y los que mandan

Una de las características que el fiscal identifica como típica del esquema es la utilización de personas que figuran formalmente como titulares durante períodos acotados para luego devolver esa posición al círculo original. En el caso de SEGON, los socios formales durante gran parte del período investigado fueron Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaraz -pareja de Darío Fabián Toviggino, hermano de Pablo-, quienes en diciembre de 2025 vendieron sus cuotas a SOMA y a López.

Sobre Taborda Magallanes, el dictamen es preciso: “su rol se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después, dándole una apariencia de operación entre terceros.”

El fiscal extiende esa lógica al conjunto de la estructura. “Este entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, sostuvo el requerimiento. Y agregó: “existe una repetición y rotación de los mismos socios en todas las estructuras, que permiten afirmar que Pablo Toviggino ejecuta el verdadero comando de las empresas".

El requerimiento también señala que “SOMA S.R.L., controlada por Darío Toviggino y Orlando Martín López, adquirió MALTE, CARBELLO, LINDOR, SEGON, NORTE ARGENTINO y, en tales oportunidades, designó como gerente a Mauro Javier Paz, persona de íntima confianza de Toviggino, con lo cual se creó una unidad de gestión bajo nombres jurídicos distintos".

ARCA incluyó a varias de las firmas en su base de contribuyentes apócrifos. “La calificación como contribuyentes sin capacidad económica de parte del Fisco Nacional constituye un indicio objetivo y calificado de inexistencia de actividad económica real”, concluyó Simón.

La AFA, Tapia y el resto del esquema

El requerimiento plantea que la AFA transfirió al conjunto de empresas investigadas al menos $4.961.280.195 entre 2022 y 2025, pagos que habrían sido justificados con facturas por servicios que el fiscal presume nunca prestados. Todas son del tipo destinado a pequeñas y medianas empresas, aunque ninguna de las firmas califica como tal dado el volumen de sus operaciones. En total, “entre SOMA SRL, CARBELLO SRL, SERVICIOS LINDOR SA, SERVICIOS NEURUS SA Y SERVICIOS LINDOR SA, emitieron facturas a la AFA por un total de $15.011.490.769,97 y USD 2.675.740.461,35, montos inconcebibles para una ‘PYME’ como se auto-declararon las firmas”, expresó el fiscal.

En ese marco, el dictamen atribuye al presidente de la asociación, Claudio Tapia -también imputado-, haber “convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero.”

El Banco Central instruyó además un sumario administrativo contra Toviggino por no liquidar divisas durante su gestión como tesorero. La infracción fue cuantificada en USD 54.514.026,44 y Euros 80.000.000.

Simón solicitó la apertura de una investigación penal por lavado de activos agravado y asociación ilícita agravada contra 25 personas. Toviggino es imputado como jefe de la organización. La pena mínima del concurso entre ambos delitos, según el propio dictamen, es de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

El 11 de marzo pasado, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino se sentó frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y le dijo que gana 5 millones de pesos al mes y que esa suma le alcanza para “subsistir”.

“Preguntado respecto de sus condiciones personales de vida, contestó: ‘Vivo en el domicilio indicado precedentemente, en Pilar. Es un domicilio alquilado. Vivo solo. No tengo nadie a cargo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo $5.000.000 como consta en mi declaración jurada ante ARCA. Me alcanza para subsistir’”. La información quedó asentada en el acta de su indagatoria en la causa por retención indebida de aportes a la que accedió Infobae. Ese día se negó a declarar y entregó un escrito de descargo, pero no pudo evitar dar sus datos personales, entre ellos informar su modo de vida.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió el viernes pasado detenerlo junto a Claudio “Chiqui” Tapia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, acusado de montar a través de testaferros -prestanombres- un entramado de empresas para defraudar a la AFA y disimular el origen ilícito de millones de dólares. Pablo Toviggino “ejecuta el verdadero comando de las empresas”, sostuvo esa acusación.

Procesamiento y audiencia clave

El 30 de marzo el tesorero de AFA quedó procesado junto a Tapia y otros tres acusados en la investigación por la falta de depósito en los plazos legales de retenciones impositivas por al menos 19.300 millones de pesos, una decisión que está ahora bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico. Se fijó una audiencia el próximo 5 de mayo en la cual los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos escucharán argumentos de las partes.

Antes, el próximo miércoles, el Tribunal de Apelaciones convocó a la defensa de Toviggino para abordar otro asunto, su recusación y pedido de apartamiento del juez Amarante.

Pero los 5 millones de ingresos por mes que aseveró ganar el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino contrastan con la acusación en su contra que hizo el viernes último el fiscal de Santiago del Estero Simón.

En ese documento —de más de 100 páginas— se describe la adquisición de bienes de alto valor, como una avioneta (LV-FUT) comprada a través de una de las sociedades investigadas SOMA S.R.L., además de una flota de vehículos y el uso reiterado de vuelos privados, tanto en aeronaves con matrícula nacional como extranjera, con destinos como Brasil, México, Países Bajos y el Caribe por parte de Toviggino y sus familiares.

“El dinero obtenido también fue aprovechado mediante bienes de consumo, en particular viajes. Así, se constató que Pablo Toviggino registra vuelos privados” en más de diez avionetas, sostuvo la fiscalía.

Se mencionan supuestos viajes de Toviggino, sus hijos y otros imputados a “Brasil, Cabo Verde, México, Holanda, Antigua y Barbuda, Uruguay, Paraguay” que “fueron concretados en aeronaves con matrícula extranjera”.

El dictamen también señala como parte de un entramado de testaferros la existencia de emprendimientos considerados de lujo, como la bodega La Vigilia en Mendoza, el local “Neurus by La Vigilia” en Santiago del Estero y hasta un centro de estética “La Fleur de Sartí” en la Ciudad de Buenos Aires. Todo estaría, según la acusación, a nombre de presuntos prestanombres de Toviggino.

Se describe una operatoria financiera basada en una red de sociedades —entre ellas SOMA S.R.L., HT S.R.L. y otras firmas vinculadas— que habrían registrado un crecimiento patrimonial exponencial. Según el dictamen fiscal, algunas de estas empresas multiplicaron sus ingresos y activos en porcentajes extraordinarios en pocos años.

El análisis también menciona la circulación de fondos entre compañías vinculadas, emisión de facturación considerada sin respaldo económico y la utilización de personas interpuestas, testaferros, para la conformación de sociedades.

“El entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, agregó el dictamen.

A esta circunstancia “se adiciona el hecho de que existe una repetición y rotación de los mismos socios en todas las estructuras, que permiten afirmar que Pablo Toviggino ejecuta el verdadero comando de las empresas”.

También se incorporó un informe del Banco Central que da cuenta de una imputación en sede administrativa por presuntas infracciones al régimen penal cambiario, con montos que superan los USD 54 millones y €80 millones.

Con esos elementos, la fiscalía de Santiago del Estero concluyó que existiría una estructura organizada destinada a la captación, circulación y posterior inserción en el mercado formal de fondos de origen presuntamente ilícito, mediante la simulación de operaciones comerciales y el uso de sociedades y que el jefe de esa asociación ilícita sería Toviggino, quien ante la Justicia de la ciudad de Buenos Aires afirmó en marzo pasado que vive con cinco millones de pesos por mes y que le alcanza para “subsistir”.

En virtud de advertir que sus operaciones pueden ser irregulares, una entidad financiera decidió cerrar las cuentas bancarias de las empresas Servicios Lindor y Servicios Neurus, ligadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino y a su pareja María Florencia Sartirana, que recibieron millonarios depósitos durante 2025.

El Banco Coinag, cuya principal actividad financiera se desarrolla en Rosario, confirmó que cerró las cuentas pertenecientes a ambas compañías y que formuló los reportes de operaciones sospechosas, siguiendo la normativa del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). Toda la información, además, ya se encuentra en manos de la fiscalía Federal de Santiago del Estero que investiga a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la causa penal abierta en esa provincia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero.

Fuentes del Banco Coinag señalaron que las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus “solamente operaron durante el año 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre de 2025″. Agregaron que “los depósitos que tenían en Coinag fueron transferidos a cuentas de dichas empresas en Banco Credicoop”.

“Algunos de los movimientos indicados generaron reportes del banco hacia la autoridad regulatoria”, es decir, el Banco Central, señalaron desde Coinag.

Al mismo tiempo, aclararon que la entidad no es sujeto de ninguna investigación. “Banco Coinag tiene estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial alineada con los estándares del mercado bancario y en estricto cumplimiento con las normativas establecidas por el BCRA. En virtud de las normativas vigentes y del análisis detallado de las operaciones de sus clientes, el Banco Coinag, como sujeto obligado realiza un monitoreo de debida diligencia sobre las mismas”, explicaron. En virtud de ese monitoreo, decidió cerrar las cuentas e informar de esas operaciones a las autoridades.

La investigación

El cierre de las cuentas de las empresas vinculadas a Toviggino por parte del Banco Coinag es un elemento más bajo análisis en la investigación del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, en la que la semana pasada pidió detener tanto a Tapia como a su tesorero y mano derecha.

En un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae y ya está a estudio del juez del caso, el fiscal sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. Entre esas empresas, aparecen las dos cuestionadas por Banco Coinag, al punto que decidió cerrar sus cuentas.

La fiscalía acusó a ambos dirigentes futbolísticos por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. También imputó a sus familiares y otros allegados. En total reclamó detener a 24 acusados y sólo dejó fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.

Según la acusación, muchos de los acusados habrían actuado como testaferros “asumiendo la titularidad de bienes” que serían de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.

El dictamen da cuenta de que la AFA “transfirió un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS”, las empresas investigadas, todas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su núcleo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, continuó el dictamen.

“Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”, agregó.

Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, " emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero". Pidió medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.

Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol entre la selección de Colombia vs. la selección de Argentina, en la edición 2026 desarrollada en Paraguay.

El partido, programado para las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en la cancha Conmebol de Luque, Paraguay, permitió que por segunda vez en su historia la Tricolor levantara una nueva estrella. La selección argentina finalizó con nueve jugadores tras las expulsiones que marcaron su paso por el Campeonato Sudamericano Sub 17.

Minuto 90: Colombia Campeón. La selección logró su segunda estrella del campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

Minuto 88 : dos rojas para Argentina. La Albiceleste terminó el encuentro con 9 hombres. Tras un saque de banda a favor de la Tricolor, Simón Escobar y Alan Alcaraz recibieron tarjeta roja por provocación.

Minuto 85: cambios en Colombia. Entran: Gilberto Saavedra y Carlos Rodríguez Salen: Samuel Martínez y Éider Carrillo

Minuto 83: GOL de Colombia. Llega el cuarto tanto tras un contragolpe bien ejecutado. José Escorcia, que ya había asistido en los goles anteriores, anota su propio gol.

Minuto 76: oportunidad clara para Colombia. Con el arco vacío, Maturana falló lo que pudo ser el cuarto gol para la selección.

Minuto 75: cambios en Colombia. Salen Miguel Agámez y Adrián Mosquera; y entran: Simón Rojas, Jean Rojas.

Minuto 73: tarjeta roja para Argentina. Mendizabal fue expulsado por una fuerte falta sobre Anderson Murillo.

Minuto 67: contrataque fallido de Colombia. Adrián Mosquera amarró el balón y se perdió la opción de extender el marcador a 4.

Minuto 65: Luigi Ortiz evitó el gol de la selección argentina al atajar un disparo que tenía destino de red.

Minuto 62: segunda tarjeta amarilla para la selección argentina. Marcos Ortiz recibió la amonestación tras golpear en el rostro a Miguel Agámez.

Minuto 59: cambio en Colombia. Sale Luis Maturana y entra Matías Caicedo

Minuto 58: gol de Colombia. Miguel Agámez marcó de cabeza tras un centro de José Escorcia, tras superar con talento y gambeta la marca del lateral argentino. La selección sueña con el titulo tras 33 años.

Minuto 54: Gol de Colombia. Llega el segundo gol para la selección colombiana. Matías Caicedo cabeceó tras un centro al área. El arquero argentino no pudo reaccionar y su arco volvió a ser vulnerado. La jugada fue similar a la anotación lograda ante Paraguay.

Minuto 47: tarjeta amarilla para Miguel Agámez. La segunda en la selección cafetera.

Minuto 46: primera llegada de la selección argentina. El balón se va lejos del arco defendido por Luigi Ortiz.

Minuto 45 del segundo tiempo: comienza la etapa complementaria entre Colombia y Argentina, en busca del nuevo campeón del Sudamericano Sub 17.

Minuto 45+20: finaliza el primer tiempo. Colombia se va al descanso con ventaja mínima y mantiene la ilusión del título.

Minuto 45+19: gol de Colombia. Abre el marcador tras una jugada de Martínez que finalizó Miguel Agámez con un remate que superó al arquero argentino.

Minuto 45+17: tiro de esquina a favor de Colombia. La jugada preparada no funcionó.

Minuto 45+12: Despierta la selección cafetera. Remate de Samuel Martínez. Colombia llegó sobre el final del primer tiempo. El balón terminó en tiro de esquina tras una jugada destacada de Adrián Mosquera.

Minuto 45+11: remate del capitán de Argentina, Escobar, que estrelló el balón en el travesaño, luego de una solitaria jugada. La selección albiceleste genera las mejores oportunidades.

Minuto 45: 15 minutos añadidos por el tiempo perdido en el apagón

Minuto 43. Se salvó la selección cafetera: primer aviso en la portería de Colombia. El balón pasó muy cerca del arco.

Minuto 42: se reanuda el encuentro tas el apagón en el estadio Conmebol de Luque, Paraguay.

Minuto 31: se detiene el encuentro por un apagón en el estadio Conmebol de Luque, Paraguay.

Minuto 29: no se ha registrado jugadas de peligro en ninguna de las porterías. Si persiste el empate, el encuentro se definirá por penales.

Minuto 24: tiro libre a favor de Argentina. El equipo albiceleste busca abrir el marcador.

Minuto 18: primera modificación en Argentina. Cardozo (17) sale por lesión e ingresa Guich con el dorsal número 2. Además, hay tarjeta amarilla para el jugador colombiano Éider Carrillo.

Minuto 11: el partido está detenido por una lesión leve del jugador argentino Cardozo.

Minuto 9: Primera llegada de Colombia con un pase entre líneas. Matías Caicedo (15) remató, pero el arquero bloqueó el balón. La jugada fue invalidada por posición adelantada.

Minuto 7: Argentina controla el balón. Colombia se mantiene en un bloque bajo y busca transiciones de defensa a ataque, pero no logra recuperar la posesión.

Minuto 3: segunda llegada de Argentina. El remate fue controlado sin dificultad por el arquero colombiano Luigi Ortiz. El seleccionado argentino intenta constantemente la media distancia.

Minuto 1: primera llegada de Argentina. Baroni remata y el balón pasa por encima de la portería.

Inició el encuentro

Todo está preparado en el estadio Conmebol de Luque, Paraguay, para el encuentro entre Colombia y Argentina que definirá al nuevo campeón del Sudamericano Sub 17. Suenan los himnos nacionales de ambos países.

Listo los once iniciales de Colombia

Esta es la formación titular de la Selección Colombia Sub 17 para enfrentar a Argentina en la Final del Conmebol Sub 17:

• Luigi Ortiz
• Edwin Estrella
• Juan Fori
• Santiago Vallecilla
• Anderson Murillo
• Éider Carrillo
• Samuel Martínez
• Miguel Agámez
• José Escorcia
• Matías Caicedo

En caunto a la selección Argentina, estos son los 11 seleccionados:

1. Reigia
2. Pérez
3. Coria
4. Mendizabal
5. Cardozo
6. Ortiz
7. Machuca
8. S. Escobar (capitán)
9. Baroni
10. Goytia
11. F. Salinas

Previa de Colombia vs. Argentina de la final del Sudamericano Sub17

La gran final del Sudamericano Sub-17 en Paraguay enfrentará a Colombia y Argentina en un duelo que podría romper una sequía de 33 años para la Tricolor. El partido, que se disputará a las 5:30 p. m., del domingo 19 de abril en la Cancha Conmbol de Luque, reúne a dos selecciones que ya aseguraron su plaza en el Mundial de la categoría en Catar, pero que tienen objetivos mayores: levantar el trofeo y dejar huella en el continente.

Colombia arriba a la definición tras una actuación contundente en semifinales, donde goleó 3-0 a Brasil y mostró una versión de jerarquía bajo la conducción de Fredy Hurtado. El conjunto cafetero, que tuvo un inicio discreto en el torneo, fue creciendo en funcionamiento y confianza, con José Escorcia y Samuel Martínez como protagonistas en el mediocampo y el ataque.

Escorcia, autor de un doblete ante los brasileños, y el capitán Martínez lideran a un grupo que busca superar el fantasma de la “eterna promesa” y conquistar su segundo título sudamericano, algo que no logra desde 1993.

Durante la fase de grupos, Colombia experimentó altibajos, pero consiguió la clasificación a las semifinales y, desde entonces, elevó su nivel colectivo e individual. El equipo aseguró su cupo al Mundial Sub-17 de Catar al eliminar al último campeón y llega al partido decisivo con la confianza en alza. La principal carta ofensiva de la Tricolor está en el desequilibrio de Escorcia y la solidez de Martínez como eje del mediocampo.

Enfrente estará Argentina, que bajo la dirección de Diego Placente también firmó una campaña de crecimiento. La Albiceleste superó 3-1 a Ecuador en la otra semifinal y demostró solidez en los duelos de eliminación directa, luego de una fase de grupos irregular.

Con su clasificación al Mundial ya asegurada, el seleccionado argentino busca sumar su quinto título sudamericano y consolidar su hegemonía en la categoría. El equipo cuenta con el portero Valentín Reigia, una defensa liderada por Thiago Pérez y un tridente ofensivo encabezado por Tobías Goytia.

El partido será dirigido por el árbitro David Ojeda, de Paraguay, y marcará el cierre de un campeonato donde tanto Colombia como Argentina evidenciaron evolución táctica y mental. Ambos combinados llegan sin bajas sensibles, con planteles completos y la ambición intacta. El duelo entre Escorcia y la zaga argentina puede ser determinante para el desarrollo del juego.

Las posibles alineaciones destacan equilibrio y talento en ambos bandos.

• Por Colombia: Luigi Ortiz sería el arquero; en defensa estarían Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla y Anderson Murillo; en el mediocampo se ubicarían Eider Carrillo, Miguel Agámez y Samuel Martínez; mientras que en ofensiva aparecen nombres Andrés Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo.
• Por Argentina: Valentín Reigia custodiaría el arco; la línea defensiva la integrarían Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria y Alex Cardozo; en la mitad estarían Marcos Ortiz, Matheo Machuca y Giovanni Baroni; el ataque sería para Tobías Goytia, Simón Escobar y Facundo Salinas.

Ficha técnica del encuentro:

• Competición: Sudamericano Sub-17 Paraguay 2026
• Estadio: Cancha Conmebol, Luque, Paraguay
• Árbitro: David Ojeda (Paraguay)
• Transmisión: Caracol, RCN y Directv Sports

Estos son los jugadores de Argentina que enfrentarán a la selección Colombia en el Sudamericano Sub17

• Thiago Parga - Huracan
• Valentimi Ung - Argentinos Juniors
• Macundo Ortellado - Banfield
• Thiago Perez - Huracan
• Benjamín Salinas - Boca Juniors
• Mateo Mendizabal - Banfield
• Alvaro Guich - Rosario Central
• Julio Coria - Boca Juniors
• Felipe Echenique - Lanus
• Simón Escobar - Velez Sarsfield
• Alex Cardozo - Lanus
• Matheo Machuca - Independiente
• Santino Mambrin - Lanus
• Galo Escobar - River Plate
• Marcos Ortiz - Belgrano
• Thiago Dominguez - Lanus
• Giovanni Baroni - Talleres
• Alan Alcaraz - Argentinos Juniors
• Facundo Salinas - Vélez Sarsfield
• Benjamín Tapia - Belgrano
• Emiliano Barrionuevo - Boca Juniors
• Tobias Goytia - River Plate
• Juan Policella - Velez Sarsfield

Palmarés de títulos en el Campeonato Sudamericano Sub17: Colombia va por su segunda conquista

• Argentina (1985): Argentina
• Perú (1986): Bolivia
• Ecuador (1988): Brasil
• Paraguay (1991): Brasil
• Colombia (1993): Colombia
• Perú (1995): Brasil
• Paraguay (1997): Brasil
• Uruguay (1999): Brasil
• Perú (2001): Brasil
• Bolivia (2003): Argentina
• Venezuela (2005): Brasil
• Ecuador (2007): Brasil
• Chile (2009): Brasil
• Ecuador (2011): Brasil
• Argentina (2013): Argentina
• Paraguay (2015): Brasil
• Chile (2017): Brasil
• Perú (2019): Argentina
• Ecuador (2021): Cancelado por COVID-19
• Ecuador (2023): Brasil
• Colombia (2025): Brasil

Estos son los jugadores de la selección Colombia en el Sudamericano Sub17

• Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
• Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca 
• Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín 
• Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali 
• Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza 
• Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil 
• John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira 
• Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional 
• Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional 
• José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
• Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo 
• Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil 
• Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
• Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios 
• Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
• Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
• Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp 
• Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar 
• Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C 
• Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C 
• Álex Gómez – Red Bull Ny (USA)
• Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif 
• Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C 

Estas son las selecciones clasificadas a la Copa Mundial Sub17 de la FIFA junto a Colombia

• Argentina
• Bélgica
• Brasil
• Catar
• Colombia
• Costa Rica
• Croacia
• Cuba
• Dinamarca
• Ecuador
• España
• Estados Unidos
• Fiyi
• Francia
• Grecia
• Haiti
• Honduras
• Irlanda
• Italia
• Jamaica
• México
• Montenegro
• Nueva Caledonia
• Nueva Zelanda
• Panamá
• Rumania
• Serbia

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Así fue la victoria de Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Sub17

La Selección Colombia Sub-17 accedió a la final del Sudamericano Sub-17 tras vencer a Brasil por 3-0 en el estadio Defensores del Chaco. El primer gol llegó a los 51 minutos con un remate de Mosquera que impactó el travesaño y picó sobre la línea, sin que la tecnología del VAR estuviera disponible. El árbitro validó el tanto pese a los reclamos de Brasil, aunque las repeticiones evidenciaron que el balón no ingresó por completo.

El segundo tanto fue marcado por Escorcia a los 67 minutos, quien definió frente al arco brasileño engañando al portero. Ya en la última jugada del encuentro, el mismo Escorcia logró su doblete con un tiro libre que superó a Godoy.

Ficha del partido

• Colombia vs. Argentina - Final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol 2026.
• Lugar: estadio Conmebol - Luque, Paraguay.
• Fecha y hora: domingo 19 de abril - 5:30 a. m. (Hora de Colombia).
• Transmisión: DSports, DGO, Caracol TV, Ditu, RCN Televisión, App RCN.

La Sala 5 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo inhibitorio del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había solicitado el traslado a su juzgado de la causa que tramita en la justicia nacional de Capital Federal.

En la misma resolución, el tribunal elevó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que defina quién se queda con el caso, es decir si debe ocuparse Charbay o el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

El fiscal Ricardo Sáenz había dictaminado a favor de mantener la causa en el Juzgado Nacional porque al momento en que se habrían cometido los delitos, la sede social de la AFA estaba en la Ciudad de Buenos Aires.

El Código Penal establece que la Corte Suprema debe intervenir en cuestiones de competencia cuando, como en esta situación, la discusión se da entre dos fueros distintos.

El expediente que reclama el magistrado de Campana se inició con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni sobre el presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasma creadas en Miami. Los imputados son Javier Faroni, su esposa Érica Gillette, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

A todo esto, la Cámara Federal de Casación tiene que resolver otro conflicto de competencia en relación a la pesquisa en marcha sobre las supuestas irregularidades detectadas en la mansión de Pilar, que habría sido comprada mediante testaferros y que se les atribuye a los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Por su parte, el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió de seguir a cargo de la causa por el presunto desvío de más de 300 millones de dólares.

Pedido de detención

El fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tras acusarlos de integrar una asociación ilícita.

Según la imputación, ambos ejecutaron “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino, que habría operado entre el 2018 y el 2026″.

Como los delitos que les atribuye tienen una expectativa de una pena mínima de ocho años de prisión evaluó que “existen peligros procesales de fuga y entorpecimiento”.

En su dictamen argumentó que habrían usado varias empresas para emitir facturas a favor de la AFA, con el fin de justificar el motivo del envío de fondos a pesar de haber prestado los servicios declarados en las facturas.

El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía y a partir de allí se abrió una investigación preliminar.

Los procesamientos

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos en la causa que tiene a cargo el juez en lo penal económico, Diego Amarante.

La imputación en su contra es por la presunta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

La causa será revisada por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán analizar los planteos junto con el resto de los recursos presentados.

También apelaron sus procesamientos Cristian Malaspina (actual secretario general de la AFA) y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo, considerados responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social.

Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa penal abierta en esa provincia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero.

En un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae y ahora está a estudio del juez del caso, el fiscal Pedro Simón sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino.

La fiscalía acusó a ambos dirigentes futbolísticos por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. También imputó a sus familiares y otros allegados. En total reclamó detener a 24 acusados y sólo dejó fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.

Testaferros de Toviggino

Según la acusación, muchos de los acusados habrían actuado como testaferros “asumiendo la titularidad de bienes” que serían de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.

El fiscal acusó por a todos por “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino” en el marco de “una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026″.

El dictamen da cuenta de que la AFA “transfirió un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS”, las empresas investigadas, todas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su núcleo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, continuó el dictamen.

“Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.

Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, " emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero". Pidió medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.

El tesorero, presunto jefe

Al tesorero de la AFA lo consideró “jefe” de la asociación ilícita. En cuanto a Tapia advirtió que “en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”.

La fiscalía remarcó que Toviggino es el tesorero de la AFA, “fue y es, actualmente, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y de la Asociación Mutual Acceda Ya de la Provincia de Santiago del Estero”.

“Se vincula directamente con Claudio Fabián Tapia, quien es el presidente de la AFA y con María Florencia Sartirana, ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino”, recordó.

Entre ellos y otros imputados se formó una asociación ilícita que “montó una estructura societaria” con emisión de facturas por servicios no prestados a la AFA.

Las sociedades emitían facturas entre ellas para dificultar el rastreo del dinero y “habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar fondos, simular operaciones y disimular su origen ilícito”.

En ese marco, acusó al tesorero de adquirir "bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo" y así “disimular la procedencia real”. Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.

El fiscal aludió a la presunta “existencia de una organización estable y coordinada orientada a la captación y disposición de fondos de origen ilícito”.

En el dictamen aparecen sociedades como Malte que, según el fiscal, integran una red. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía y a partir de allí se abrió una investigación preliminar.

Entre las medidas de prueba reclamó allanamientos y peritajes. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Peligro de fuga

El fiscal reclamó que todos sean detenidos para ser indagados ante riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseen una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. “Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento”, aseguró.

El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.

Ahora se suma la acusación de Santiago del Estero vinculada según el dictamen fiscal a estancias, casas y lotes, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.

El reciente pedido de detención formulado por un fiscal de Santiago del Estero contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino no constituye una condena, ni un procesamiento, ni siquiera una imputación formal en los términos del debido proceso. Es, jurídicamente, lo que es: una solicitud. Y entre una solicitud fiscal y una decisión jurisdiccional media una distancia que el rigor constitucional no permite acortar por vía mediática.

Sin embargo, algunos titulares optaron por suprimir esa diferencia esencial. No es un error: es una construcción. Instalar en la opinión pública la idea de una detención inminente cuando no existe decisión judicial alguna no es informar; es inducir. Y cuando esa inducción afecta derechos y reputaciones, deja de ser periodismo para convertirse en una operación.

El derecho procesal penal argentino no admite ambigüedades en este punto: el fiscal requiere; el juez decide. Solo el juez, en el marco de las garantías constitucionales, puede disponer una medida de coerción personal, y únicamente si se verifican extremos concretos —riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación—. Sin esos presupuestos, toda restricción a la libertad resulta ilegítima.

En el caso, ni siquiera se ha alcanzado ese estadio. No existe notificación formal a los involucrados, no ha habido declaración indagatoria y no se advierte, al menos hasta el momento, la configuración típica de un ilícito que habilite medidas de esa naturaleza. Lo que sí aparece con nitidez es un patrón conocido: exposición mediática anticipada, construcción de sospecha y erosión reputacional sin sustento jurisdiccional.

Ese fenómeno tiene nombre en la doctrina contemporánea: lawfare. No se trata de una categoría retórica, sino de una práctica verificable: la utilización coordinada de resortes judiciales y mediáticos para producir efectos políticos o disciplinadores. No hay sentencia, pero hay condena social. No hay prueba, pero hay relato. Y el daño —siempre— es inmediato.

Resulta, además, metodológicamente impropio analizar este episodio de manera aislada del contexto en el que emerge. La aparición de esta “novedad” judicial coincide con una agenda pública atravesada por tensiones económicas, cuestionamientos institucionales y causas de alta sensibilidad que comprometen a actores relevantes del escenario político y empresarial. En ese marco, la irrupción de la AFA en el centro del debate público difícilmente pueda leerse como un hecho inocuo o desvinculado de otras necesidades de agenda.

Pero incluso prescindiendo de toda consideración contextual, el núcleo del problema es estrictamente jurídico: la banalización del estándar constitucional. La presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa no son fórmulas declamativas; son garantías operativas que delimitan el ejercicio del poder punitivo. Cuando esas garantías se erosionan —sea por acción judicial o por presión mediática— lo que se debilita no es la posición de una persona en particular, sino la calidad misma del Estado de Derecho.

Tras más de tres décadas en el ejercicio de la abogacía penal y en la defensa de los derechos humanos, he observado este tipo de dinámicas en múltiples ocasiones. Siempre responden a una misma lógica: primero se instala el hecho; luego se construye la sospecha; finalmente, se pretende que la justicia convalide lo que la opinión pública ya ha sido inducida a creer.

Frente a ello, la respuesta debe ser una sola: rigor jurídico. Mientras no exista una resolución judicial fundada que disponga lo contrario, Claudio Tapia y Pablo Toviggino conservan intacto su estado de inocencia. No por concesión, sino por mandato constitucional.

Porque en una república, las decisiones no se toman en los titulares. Se adoptan en los tribunales. Y la Constitución —afortunadamente— no se negocia.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó a la Asociación del Fútbol Argentino a reemplazar con un seguro de caución el embargo por 350 millones de pesos que se le fijó el 30 de marzo pasado, cuando fue procesada como persona jurídica por retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos.

La AFA optó por esta solución y fue aceptada por el magistrado que entendió que el seguro “resulta suficiente para garantizar el pago de las contingencias... (pena pecuniaria, indemnización civil y costas).”

Con ello se sustituyó el monto del embargo por la póliza de seguro de caución, un mecanismo habitual, contemplado para que el deudor pueda optar por una medida cautelar que le resulte menos perjudicial “siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor”, recordó el juez en la resolución donde aceptó la medida.

“Corresponde hacer lugar a lo requerido por la defensa de la A.F.A., autorizando que el embargo decretado a su respecto sea cumplido en la forma de un seguro de caución” por $350.000.000, se explicó en la decisión judicial.

A la espera de decisiones clave

Tras los procesamientos que alcanzaron al presidente de la AFA Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados resueltos el 30 de marzo, la causa penal entró en una etapa de decisiones clave ante la Cámara Penal Económico.

El próximo viernes 24 de abril habrá una audiencia donde los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibirán los argumentos de las defensas que reclaman revocar los procesamientos y los de la fiscalía y AFIP que postularon, por el contrario, agravar la acusación y elevar el monto de los embargos.

Una vez cumplida esta instancia que podrá ser escrita u oral, quedarán en condiciones de resolver sobre las apelaciones a lo decidido por el juez Amarante. Además, el Tribunal tiene pendiente decidir un planteo de Toviggino para apartar al juez del caso por presunta “enemistad manifiesta”, algo que rechazó el magistrado.

La investigación se abrió ante una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos a raíz de la omisión de depósito dentro de los plazos legales de impuestos y contribuciones entre 2024 y 2025.

A los acusados se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada reiterada en otras 17.

Si bien la deuda se encuentra regularizada o en vías de estarlo, el delito se configura igualmente cuando no se cumple con el pago en tiempo y forma, es decir, dentro de los 30 días posteriores a la retención de las obligaciones, sostuvo el procesamiento.

Además, el magistrado destacó que durante todos los meses en los que se registraron vencimientos hubo “significativas transferencias” de sponsors a cuentas bancarias de la AFA, lo que evidenciaba una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir con el fisco en los plazos legales.

Al salir al cruce de la acusación en su contra, la defensa de Tapia sostuvo en su apelación que “no hay un solo dato que le asigne injerencia personal en los hechos” ni se encontró “una sola instrucción concreta” de su parte vinculada al presunto incumplimiento. Tanto el presidente de AFA como el tesorero Toviggino siguen con prohibición de salida del país y deben pedir autorización para cada viaje al exterior.

La directiva del Real Madrid ha iniciado el proceso para elegir a un nuevo entrenador, dado que todo indica que Álvaro Arbeloa no continuará más allá de junio tras su última derrota ante el Bayern. Según recoge el diario El Mundo, el club considera una lista internacional de candidatos donde Lionel Scaloni, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, figura junto a otros técnicos de prestigio.

El club evalúa varios nombres: Jürgen Klopp (director de fútbol en Red Bull y ex Liverpool), Mauricio Pochettino (seleccionador nacional de Estados Unidos), Didier Deschamps (a cargo del combinado de Francia), Scaloni (Argentina), José Mourinho (técnico del Benfica) y Zinedine Zidane (opción prácticamente descartada por su posible vínculo con la selección francesa tras el Mundial). Estos perfiles, de acuerdo con El Mundo, responden a la exigencia de experiencia y éxito internacional que busca la entidad.

Scaloni resalta por sus títulos con Argentina y su capacidad de gestión en vestuarios de primer orden. Estará al frente de la Albiceleste en la búsqueda de revalidar el título logrado en Qatar 2022 y su contrato finaliza a fin de año, sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino ya advirtió que pretende renovarle hasta el Mundial de 2030 y ya hubo contactos con su representante. ¿Modificará algo el interés de un gigante como el Merengue? Vale recordar que el Gringo, de 47 años, reside en España, más precisamente en Mallorca, con su familia.

Ante los rumores de salida, Arbeloa reconoció tras la eliminación europea: “Entenderé cualquier decisión del club. Yo he venido aquí a ayudar”.

Al Real Madrid le restan siete partidos por disputar en la Liga antes de cerrar la campaña. Se encuentra a nueve puntos del Barcelona, lo que deja el campeonato virtualmente decidido y sin opciones en otras competiciones.

Tras el golpe ante el Bayern Múnich, el presidente, Florentino Pérez, bajó al vestuario para hablar con los futbolistas y el cuerpo técnico. “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores el Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, soltó como una bomba.

Sus palabras fueron un termómetro del clima interno, lo mismo que los roces entre los propios futbolistas durante el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Champions. Por ejemplo, entre Vinicius Junior y Jude Bellingham. En una jugada, el inglés reclamó porque su compañero no le cedió el balón: lo hizo con gestos ampulosos. Y el brasileño reaccionó. “¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca, caralho”, expresó el brasileño, dando lugar a una escena que se viralizó en redes sociales.

Perfil requerido por el Real Madrid

La entidad exige un perfil de entrenador “de peso, con fama internacional y antecedentes comprobados de éxito”, según indicó El Mundo. El objetivo es elegir a alguien capaz de gestionar la presión interna y los egos de una plantilla de alto nivel.

Han quedado descartados por valoración interna candidatos jóvenes como Julian Nagelsmann (seleccionador de Alemania) y la revelación de la Serie A, Cesc Fàbregas (Como).

Tras los ciclos de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y el de Arbeloa, que está en sus últimos encuentros, la prioridad es un técnico que pueda sacar el máximo rendimiento de una plantilla con nombres de clase mundial, como Courtois, Bellingham, Vinicius y Mbappé; y juveniles de proyección que aún no consiguieron su mejor versión, como Arda Güler y Franco Mastantuono.

La decisión final supone encontrar no solo un nombre de renombre, sino la figura que logre cohesionar a un grupo enfrentado a máximas exigencias, en la próxima etapa del Real Madrid. ¿Se tentará Scaloni con la posibilidad?

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya eligió al segundo veedor para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y planea comenzar con el proceso de supervisión, en el marco de las denuncias contra la máxima autoridad de ese organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

Si bien todavía no se anunció oficialmente, el funcionario tuvo el miércoles por la noche una reunión en la Casa Rosada con miembros de la cúpula libertaria en la que les habría acercado el nombre de Diego Coste para ese cargo.

Se trata de un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad del CEMA, con más de veinticinco años de ejercicio profesional en derecho societario, conflictos corporativos y arbitraje comercial.

Hasta el momento se desempeñaba como presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, puesto al que accedió por concurso, y en abril de 2025 fundó el estudio Moriondo & Coste Abogados, con sede en Mar del Plata.

Además, Coste es docente de posgrado en más de quince programas universitarios a nivel nacional, entre ellos la Universidad Austral, de San Andrés y la Nacional de Mar del Plata. Es autor de un libro sobre derecho de separación del socio editado por Hammurabi y de más de veinte artículos publicados en revistas jurídicas especializadas como La Ley, El Derecho y Abeledo Perrot.

El letrado viene a reemplazar a su colega Agustín Ortiz de Marco, quien había sido seleccionado a principios de este año por el ahora ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo.

Con la llegada de Mahiques al Ministerio, se hizo un recambio de las principales áreas de esa cartera y de todos los organismos que están dentro de su órbita, por lo que se le pidió la renuncia a Vitolo.

No obstante, respecto de los veedores de la AFA se optó por mantener a los mismos que ya estaban en carpeta, según explicaron fuentes del Gobierno, para evitar entorpecer la investigación que ya estaba abierta.

El 16 de marzo, las autoridades nacionales confirmaron en ese cargo al contador Rubén Miguel Pappacena y a Ortíz de Marco, pero este último terminó dimitiendo a los pocos días, lo que generó sospechas.

De acuerdo con lo que aseguraron a Infobae personas cercanas a Mahiques, es falso que se le haya pedido que diera un paso al costado, sino que fue el propio abogado el que declinó el trabajo, luego de varias idas y vueltas.

Al respecto, fuentes al tanto de lo ocurrido relataron que, en un primer momento, el letrado pidió unos días de descanso antes de asumir, debido a que tenía que someterse a una intervención quirúrguca que ya tenía programada.

El ministro se lo concedió y esperó una semana, pero Ortíz de Marco se ausentó en dos oportunidades cuando tuvo que recibir la cédula que lo acreditaba como veedor de la AFA y, finalmente, el 10 de abril último renunció formalmente a través de un mail, alegando que tenía “mucho trabajo”.

“Quiero expresar mi agradecimiento por la designación, sin embargo, me encuentro imposibilitado de aceptarla. Motivan esta decisión, cuestiones profesionales y personales que, me impiden asumir dicha responsabilidad”, escribió.

Una de las figuras importantes que advierte sobre la posibilidad de que la investigación sobre los estados contables de la entidad deportiva se esté demorando fue el propio Vitolo, quien consideró que “está clarisimo” que fue desplazado por su actuación en esta causa.

El ex titular de la IGJ, que controla a los veedores, sostuvo en una reciente entrevista que no tiene “ninguna esperanza de que el nuevo ministro de Justicia tenga interés de avanzar con esto”.

“Hay que explicar 500 millones de dólares en manejos de la Superliga. Esa es una auditoría que hice yo en mis últimos días de gestión y el expediente estaba listo para subir y la información que yo tengo es que el expediente quedó cajoneado”, remarcó.

En el entorno de Mahiques, en tanto, subrayan que no van “a responder públicamente” a estas acusaciones, pero destacan que el viernes pasado Pappacena, “que sí se quedó”, firmó un documento en el que se comprometió a revisar las cuentas no solo de la AFA, sino también del campeonato local, porque “es una de las sociedades” de la casa matriz del fútbol.

Los vínculos del ministro con el mundo del deporte

Por otra parte, Vitolo también apuntó contra la relación que el flamante jefe de la cartera de Justicia tenía desde hace tiempo con diferentes actores involucrados en la causa, como Toviggino, y su rol dentro de organismos sospechados.

En este sentido, el ex funcionario opinó que “es dificil que tenga interés en investigar” a la Universidad de la AFA, que se cree que manejó dinero a pesar de que nunca prestó servicios reales, debido a que “él fue su vicerrector”.

Sobre este punto, en el Gobierno se defienden argumentando que, en realidad, Mahiques nunca asumió fomalmente en ese puesto, que le fue ofrecido por Alberto Barbieri, que sí quedó al frente de la casa de estudios.

Según esta versión, fue el mencionado contador, a quien conoce desde hace años, quien lo llamó en noviembre del 2025 para pedirle que se sumara al proyecto, pero el entonces fiscal de la ciudad de Buenos Aires le dijo que le interesaba y que lo iba a pensar, sin darle una respuesta concreta en ese momento.

“Al día siguiente, la AFA sacó un comunicado en el que lo pusieron como vicerrecto de forma totalmente unilateral y sin su concentimiento. Cuando él se enteró, lo primero que hizo fue comunicarse con Barbieri, que le pidió disculpas e inmediatamente modificó el texto. Nunca funcionó de manera tan eficiente la carga de datos", ironizó una persona cercana al funcionario. Actualmente, en el link en cuestión aparece un espacio vacío donde antes estaba su nombre.

En cuanto a sus deberes como parte del cuerpo de la comisión de ética de la Conmebol, entidad que agrupa a las asociaciones de fútbol de América del sur, las autoridades nacionales reconocieron que nunca renunció.

Sin embargo, aclararon que recientemente acordó con la cúpula de ese organismo, y siguiendo el reglamento interno, que “no va a intervenir cuando se trate de una denuncia contra alguna autoriad deportiva de su propio país”.

Esto se terminó arreglando en diciembre del año pasado, cuando la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó una acusación ante ese cuerpo contra Tapia y Toviggino por presuntas maniobras fraudulentas y graves violaciones al Código establecido por la propia Conmebol.

“Nos dirigimos a ustedes para abordar un tema relevante en nuestro fútbol que, en teoría, genera impactos negativos en nuestro deporte. Esto se debe a una conducta específica que ha provocado disrupciones en el entorno de juego. Esta práctica, que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional”, remarcó el comunicado de la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje.

“Consiste que un jugador salte sobre el balón con ambos pies, con la intención de provocar al equipo contrario. Esta acción, además de riesgo de lesión para el propio jugador, genera grandes trastornos en los partidos”, argumentó el organismo.

“Por lo tanto, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje anuncia que dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego, tal como se estipula en el reglamento. Regla VII: Faltas y conducta incorrecta. Medidas disciplinarias. Amonestaciones por conductas antideportivas. Existen diferentes circunstancias en las que un jugador debe ser amonestado con tarjeta amarilla por conducta antideportiva, entre ellas: mostrar falta de respeto al espíritu del fútbol”, continuó.

“Por consiguiente, la Gerencia Técnica instruye a los árbitros que, al identificar una conducta antideportiva tal, la sancionen con un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario, que se ejecutará en el lugar de la infracción, y amonesten al infractor con tarjeta amarilla”, cerró el comunicado.

En la Copa Libertadores de 2023, Valentín Barco (hoy en Racing de Estrasburgo y con chances de jugar el Mundial 2026 con la selección argentina) se paró arriba de la pelota en la semifinal contra Palmeiras en Brasil y abrió el debate sobre si se trataba de una picardía o una burla.

Justamente en tierras de la Verdeamarela, el venezolano Jefferson Soteldo había realizado el mismo movimiento y desató una batalla campal en un choque entre el Santos y el Vasco da Gama en 2021. En 2025 sucedió lo mismo con el neerlandés Memphis Depay en un empate 0-0 entre Palmeiras y Corinthians por el Campeonato Paulista. La trifulca posterior a la escena terminó con dos expulsados.

A partir de esa secuencia, la Confederación Brasileña de Fútbol tomó la decisión de prohibir la jugada, tal como lo hizo la AFA ahora. En su comunicación, la CBF señaló que se trata de “una falta de respeto al fútbol”. Tal como en Argentina, los árbitros deben mostrarle el acrílico amarillo a los infractores y sancionar un tiro libre indirecto para el conjunto adversario.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó los argumentos del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, quien busca apartarlo de la causa penal por una multimillonaria retención de aportes, descartó tener “enemistad manifiesta” o falta de imparcialidad y adjudicó los planteos a la disconformidad del procesado con la marcha de una investigación “que no es de su agrado”.

El planteo de Toviggino para recusar al magistrado está en estudio de la Cámara en lo Penal Económico. Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones citó a las partes para el 24 de abril próximo para escuchar argumentos sobre las apelaciones a los procesamientos que resolvió Amarante el 30 de marzo pasado, en la investigación por la presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos, donde es querellante ARCA.

Un planteo inadmisible

Toviggino pidió apartar a Amarante por supuesta “enemistad manifiesta” y se definió víctima de un “complot administrativo, mediático y judicial”.

En un extenso informe elevado a la Cámara en lo Penal Económico, Amarante descartó la existencia de “enemistad manifiesta” o pérdida de imparcialidad, y consideró que el planteo responde a una “manifiesta discrepancia y disconformidad” del imputado con el avance de una investigación “que no es de su agrado”.

Amarante calificó el intento de apartarlo como “inadmisible” y sostuvo que los argumentos no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. “No denota una arbitrariedad ni una falta de imparcialidad del suscripto”, afirmó.

“No se observa de modo alguno que el actuar de este magistrado haya sido irrazonablemente tardío, desmedido o haya menoscabado arbitrariamente las garantías de la parte; tampoco de la actividad procesal cumplida puede avizorarse que la misma haya provenido de una enemistad manifiesta con quien resulta investigado”, concluyó en el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Hechos graves y complejos

El juez remarcó que todas las medidas adoptadas en el expediente fueron debidamente fundadas en las constancias del sumario, en la necesidad de profundizar la investigación de hechos que describió como “graves y sumamente complejos”, y dentro de los límites de legalidad y razonabilidad. En ese sentido, rechazó que su actuación haya sido “tardía, desmedida” o violatoria de garantías.

También negó cualquier trato desigual o discriminatorio hacia Toviggino y sostuvo que la actividad procesal desplegada “no proviene de una enemistad manifiesta” ni evidencia pérdida de imparcialidad o mal desempeño.

Uno de los ejes de la recusación giró en torno a las condiciones de seguridad durante la declaración indagatoria del dirigente futbolístico, realizada el 11 de marzo. Sobre ese punto, Amarante explicó que las medidas adoptadas —incluida la presencia reforzada de la Policía Federal— respondieron a un pedido expreso de la propia defensa, que había advertido sobre posibles riesgos, incluso la eventual presencia de barras.

Según el magistrado, fueron temores que “la realidad se ocupó de desmentir”, ya que no se registraron incidentes y las audiencias se desarrollaron con normalidad.También cuestionó la intención de la defensa de utilizar accesos no habilitados para el ingreso o egreso del imputado, lo que —según indicó— hubiera generado riesgos de seguridad y alterado el funcionamiento del edificio judicial.

Amarante sugirió que detrás de algunos planteos podría haber existido un intento de obtener un trato diferencial respecto del resto de los justiciables.Incluso citó expresiones del propio Toviggino en las que manifestaba su intención de evitar aparecer en imágenes a la salida de los tribunales.

Sobre la forma en que se realizó la indagatoria al tesorero, el juez remarcó que ingresó “a la sede judicial sin mayores inconvenientes” y en un marco de “absoluta tranquilidad” al igual que las declaraciones a otros imputados en días previos.

“Lejos de configurarse la enemistad alegada por el señor Toviggino en su presentación y pese a no recaer en cabeza de esta judicatura la superintendencia del edificio, se arbitraron oportunamente las medidas necesarias a fin de garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo, en general, de los actos procesales en cuestión, y en el particular, de la declaración indagatoria de Pablo Ariel Toviggino”.

No hubo en esos días “ningún episodio que pusiera en riesgo la seguridad o la integridad física o moral de los participantes”, agregó y al respecto mencionó la actitud del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia quien el día de su indagatoria manifestó su deseo de salir por la puerta principal donde lo aguardaba la prensa porque no quería “ningún trato privilegiado”.

El juez recordó que Toviggino había pedido sin éxito declarar por videoconferencia.“Medió una permanente intencionalidad de obtener un tratamiento diferenciado al que corresponde al común de los justiciables”.

Todo indicaría, resaltó, que lo que en verdad procuraba evitarse “es -en palabras del propio recusante- “mi foto en la primera plana de todos los medios gráficos y digitales de la República Argentina saliendo de los Tribunales”.

En el planteo para apartarlo también se aludió a la información del caso publicada en medios periodísticos. El juez rechazó que ello implique prejuzgamiento y advirtió sobre el riesgo de afectar el principio de juez natural si se admitieran recusaciones basadas en la repercusión pública de las causas. Subrayó que se trata de una investigación que involucra a la máxima entidad del fútbol argentino, lo que justifica el interés público.

Por otra parte, defendió otro de los planteos para recusarlo, la vigencia de la prohibición de salida del país dictada contra Toviggino, al considerar que es una medida idónea para garantizar su sujeción al proceso. Señaló que su rol dentro de la AFA, su intervención en la administración de recursos y la existencia de otros procesos judiciales en trámite constituyen indicadores relevantes para evaluar el riesgo procesal.

Los procesamientos

Las defensas del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos dictados en su contra por la presunta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

La causa será revisada por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán analizar los planteos junto con el resto de los recursos presentados.

También apelaron sus procesamientos Cristian Malaspina (actual secretario general de la AFA) y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Además, se dispuso el embargo de bienes de la AFA por 350 millones de pesos, al considerarla responsable como persona jurídica por el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada reiterada en 17 oportunidades.

Al dictar los procesamientos, Amarante sostuvo que, si bien la deuda —calculada en unos 19.300 millones de pesos— se encuentra regularizada o en vías de estarlo, el delito se configura igualmente cuando no se cumple con el pago en tiempo y forma, es decir, dentro de los 30 días posteriores a la retención de las obligaciones.

Además, el magistrado destacó que durante todos los meses en los que se registraron vencimientos hubo “significativas transferencias” de sponsors a cuentas bancarias de la AFA, lo que evidenciaba una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir con el fisco en los plazos legales.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, busca apartar al juez en lo penal económico Diego Amarante de la investigación por presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos: argumenta “enemistad manifiesta” y sostiene que hay un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra. El planteo ya fue rechazado por el magistrado que lo procesó, la defensa apeló y el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, explicaron a Infobae fuentes del caso.

El Tribunal de Apelaciones sólo tiene dos de sus seis vacantes cubiertas con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y debe también decidir si confirma los procesamientos que dictó Amarante a Toviggino, al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a otros tres acusados el 30 de marzo pasado.

“El objetivo: la foto del reo en tribunales”

Toviggino recusó al magistrado por presunta “enemistad manifiesta” pero en el escrito dio por anticipado que el planteo “más que seguro” sería rechazado.

“Va de suyo que en el marco del complot administrativo, mediático y judicial que existente en mi contra, este planteo más que seguro habrá de ser rechazado, pero no puedo seguir simulando distracción y no puedo callar por segunda vez, debiendo actuar en resguardo de las garantías que me asisten”, advirtió en la presentación que hizo junto a su abogado Marcelo Rocchetti.

A la hora de enumerar motivos para reclamar que se aparte a Amarante del caso recordó por ejemplo que el día de su declaración indagatoria en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 el juez se negó a dejarlo salir por una puerta trasera para evitar el acoso periodístico. Esa, dijo, fue la “primera exteriorización de enemistad manifiesta”.

“Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva, que vengo sufriendo: la foto del reo en Tribunales”, criticó, algo “absolutamente innecesario y evitable, pero claramente una de las etapas del plan”.

También apuntó que el 30 de marzo pasado cuando lo procesó, Amarante ratificó al igual que para el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia la prohibición de salida del país pero se las revocó a los otros tres acusados, Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo “sin dar argumentos válidos que lleven a continuar con dicha medida”.

Entre los motivos mencionó además presuntas filtraciones de información judicial a medios de comunicación lo que constituye, dijo, “una de las formas más graves de quebrantamiento de la imparcialidad”.

Las apelaciones

La defensa de Toviggino apeló ya el procesamiento y reclamó el sobreseimiento. “En la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Además del tesorero apelaron los otros cuatro procesados pero también el fiscal Claudio Navas Rial y la querella de ARCA. Estos dos últimos reclaman agravar la acusación y subir el monto de embargos porque sostienen que se dejó afuera uno de los delitos vinculado a la falta de pago en tiempo y forma de retenciones por publicidad en los clubes de fútbol.

Los dirigentes fueron procesados por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.

La suerte judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros tres procesados por presunta retención indebida de aportes y tributos empezó a definirse en la Cámara en lo Penal Económico. Las cinco defensas desplegaron una batería de cuestionamientos que apuntan tanto a la falta de pruebas como a la supuesta construcción “forzada” de responsabilidades por el solo hecho de ocupar cargos directivos.

Así, apuntaron contra la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante en un intento por lograr que se revoquen los procesamientos y embargos por 350 millones de pesos dispuestos por el magistrado. En los casos de Tapia y Toviggino también esperan que quede sin efecto la prohibición de salida del país, que los obliga a pedir permiso al juez cada vez que quieren viajar al exterior.

Tapia: “No hay un solo dato” que lo vincule

Las apelaciones coincidieron en un eje central: el fallo de primera instancia carece de sustento. En el caso de Tapia, su defensa sostuvo que el procesamiento “exhibe fundamento aparente” y responde a “un fuerte preconcepto”, al tiempo que remarcó que “no hay un solo dato que le asigne injerencia personal en los hechos” ni “una sola instrucción concreta” vinculada al presunto incumplimiento calculado en 19.300 millones de pesos, según la denuncia de ARCA.

El abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Luis Charró, sostuvo que el fallo “no menciona un correo, una orden, una nota o una decisión puntual” atribuible al dirigente, y que las conclusiones “no son sino consecuencia formal del cargo que ocupa”.

Sobre la deuda, reiteró que fue “cancelada íntegramente antes de tomar conocimiento de la causa” y que no está probado “en modo alguno” que diferir ese pago haya redundado en un beneficio económico para la Asociación, como sostuvo el juez. “La idea de ‘financiarse con el fisco’ hubiera sido un acto ruinoso”, agregó la defensa, según el recurso al que accedió Infobae.

Otro eje de las apelaciones apunta a la supuesta imputación automática por el rol institucional dentro de la AFA. En ese sentido, la defensa de Tapia denunció que se pretende “sustentar responsabilidad penal objetiva derivada exclusivamente del cargo”. Sobre el embargo millonario, calificó la medida como de “extrema magnitud” y “desprovista de fundamento suficiente”.

La defensa del tesorero Toviggino, por su parte, reclamó el sobreseimiento porque “en la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Una decisión clave

En su apelación, el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, advirtió que “tener un cargo no implica responsabilidad penal automática” y que para imputar “se debe demostrar participación directa, conocimiento y dolo”. Los abogados Lucio Simonetti y Carlos Villar afirmaron que la resolución parte de “una interpretación incorrecta del estatuto de la AFA” y de una equivocada postura “sobre la acreditación material de los hechos”.

“No se puede someter a una persona a un proceso penal bajo la premisa de ‘investigar para ver cuánto debe’”, agregaron.

Los otros dos procesados que apelaron y pidieron que se revoque la decisión de Amarante son los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

Tanto el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial como la querella de ARCA fueron a la Cámara para cuestionar la decisión de excluir de la acusación delitos vinculados a la falta de pago en término de retenciones por publicidad a los clubes de fútbol. Pidieron agravar la acusación en ese aspecto y elevar los embargos.

Con estos planteos sobre la mesa, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma los procesamientos o hace lugar a los recursos y revoca —total o parcialmente— la decisión. El fallo será clave para determinar si la investigación avanza hacia un juicio oral o si, por el contrario, se desmorona la acusación contra los principales dirigentes del fútbol argentino.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes apartar a la jueza Angela Ledesma de la causa que investiga cómo se compró y quiénes son los verdaderos dueños de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA. Con esa decisión dio así un paso clave antes de resolver si el expediente sigue en Campana o vuelve a la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky desestimaron una recusación presentada por Elisa Carrió, denunciante en la causa, para apartar a la magistrada por falta de fundamentos concretos y por apoyarse en “hipótesis conjeturales” sin respaldo objetivo.

De esta manera la sala I de Casación, a cargo de resolver si la investigación sigue en el juzgado federal de Adrián González Charvay en Campana o cambia de juez y vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, quedó integrada por estos dos magistrados más Ledesma y en condiciones de decidir al respecto.

Conjeturas

Al rechazar la recusación, los jueces advirtieron que “los motivos en los que se ha sustentado el pedido de apartamiento de la magistrada están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje alguno en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado”, advirtieron Carbajo y Borinsky.

La recusación fue presentada por Carrió, quien argumentó que la trayectoria profesional y vínculos académicos de Ledesma en Santiago del Estero podían afectar su imparcialidad en relación a que en el caso es investigado el tesorero de AFA Pablo Toviggino, oriundo de esa provincia.

Sin embargo, la propia jueza al rechazar inhibirse negó cualquier relación con personas o hechos investigados y sostuvo que no mantiene vínculos actuales que comprometan su actuación.

Campana o CABA

La investigación por la quinta de Villa Rosa y otras propiedades en Pilar, está en la actualidad a cargo del juez de Campana González Charvay, a pedido del imputado y supuesto testaferro Luciano Pantano.

Esta decisión por razón de territorio que tomó en enero último el juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín fue apelada por el fiscal ante esa instancia Carlos Cearras, llegó en queja a Casación y el Tribunal abrió el recurso para tratarlo.

El fiscal ante Casación Mario Villar pidió ya que el expediente vuelva adonde tramitó en los inicios en CABA, el juzgado federal de Daniel Rafecas o en todo caso al del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el segundo magistrado que intervino antes del pase al ámbito de Campana.

En su dictamen advirtió que se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025 y que el delito excede el ámbito territorial de Pilar, fundamento para derivar el caso a Campana.

La investigación apunta contra la cúpula de la AFA y su entorno, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, su hermano Darío Toviggino, el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon, la ex tesorera y pareja de Toviggino Florencia Sartirana y los responsables de la intermediaria TourProdEnter: quien figura como su titular Erika Gillette y su esposo Javier Faroni, entre otros, enumeró en su escrito ante Casación.

En CABA “se halló documentación relevante vinculada a los sucesos denunciados”, mencionó la fiscalía, incluidos contratos con intermediarios financieros como TroudProdCenter. También llegaba a la sede central de AFA el resumen de la tarjeta de crédito corporativa a nombre de Pantano con la que se pagaban los peajes de los vehículos y llegó a tener consumos mensuales por 50 millones de pesos.

A su entender, las pruebas reunidas muestran que no sólo las decisiones, sino también las maniobras de presunto blanqueo de dinero, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. “Es posible sostener que en este ámbito capitalino se habrían realizado actos jurídicos que habrían implicado el desvío y el posterior ingreso de parte de esos fondos al sistema económico legal con la intención de otorgarles una apariencia de origen lícito”, afirmó.

La maniobra se habría cometido a través de una red de empresas locales e internacionales. En la investigación —aún en etapa preliminar— se menciona a Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, además de sociedades consideradas “pantalla” como Velp LLC, Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. También aparecen firmas como Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, Servicios Lindor SA, Mendoza Wines SA, Malte SRL y Soma SRL, entre otras.

La fiscalía resalta que gran parte de estas firmas y personas tiene domicilio en CABA, incluida la sociedad Real Central de Pantano y su madre, que figura como compradora de la casaquinta de Pilar que dio origen a la investigación.

La estrategia del Gobierno para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino sufrió su primer cortocircuito interno antes incluso de ponerse en marcha. El abogado Agustín Ortiz de Marco, designado como uno de los veedores que debían supervisar los balances y contratos de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, presentó su renuncia antes de asumir formalmente sus funciones.

La dimisión se produjo en las últimas horas, cuando el letrado fue convocado para iniciar tareas en el marco de la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, declinó el cargo y alegó motivos personales, lo que obligará al ministro Juan Bautista Mahiques a definir un reemplazo en un esquema que todavía no había comenzado a operar.

“Quiero expresar mi agradecimiento por la designación, sin embargo, me encuentro imposibilitado de aceptarla. Motivan esta decisión, cuestiones profesionales y personales que, me impiden asumir dicha responsabilidad (...) reiterando mi agradecimiento, solicito tenga por declinada la aceptación del cargo de veedor y, en la oportunidad factible, se designe a un nuevo profesional para dar cumplimiento a lo solicitado en la resolución citada precedentemente”, estableció su carta de renuncia a la que accedió Infobae.

Lo cierto es que la carta de renuncia que se presentó en las últimas horas ocurrió después de una serie de comunicaciones, citaciones e intercambio de correos electrónicos en los que el abogado convocado para la tarea de veeduría de la AFA demoró una respuesta. Entre marzo y hasta la semana pasada, hubo presentaciones formales de la IGJ solicitando que asumiera el cargo para el que había sido convocado y que, al principio, había aceptado.

La veeduría en la AFA

La “declinación” introduce una señal de fragilidad en un dispositivo que se había sido diseñado como uno de los ejes de supervisión sobre el negocio del fútbol argentino. La salida de Ortiz de Marco no sólo deja incompleta la estructura de supervisión, sino que reabre interrogantes sobre el futuro de esa medida que había sido impulsada por la gestión anterior de la Inspección General de Justicia.

Según pudo saber Infobae, la renuncia se produjo antes de cualquier intervención efectiva sobre la documentación de la AFA. Es decir, el abogado nunca llegó a ejercer el rol para el que había sido designado, en un contexto donde la auditoría todavía se encuentra en fase preliminar.

La designación de Ortiz de Marco no había sido casual. Su nombre integraba la nómina de veedores propuesta por la gestión anterior de la IGJ, encabezada por Daniel Vítolo, en el tramo final de su administración. Ese esquema había sido concebido como parte de una estrategia institucional para revisar en profundidad los estados contables, contratos y circuitos de ingresos de la AFA.

Ortiz de Marco es un abogado con trayectoria en derecho societario y actuación en procesos de fiscalización vinculados a la órbita de la Inspección General de Justicia, mientras que Rubén Miguel Pappacena es contador público y fue propuesto como veedor por su perfil técnico para el análisis de estados contables. Ambos habían sido seleccionados por la gestión de Vítolo al frente de la IGJ como parte del esquema de supervisión sobre la AFA, con roles complementarios: uno enfocado en los aspectos jurídicos y el otro en la revisión económica y financiera.

Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, tras el recambio en la cúpula del área, tomó una decisión política relevante: sostener los nombres impulsados por Vítolo. El objetivo fue garantizar la continuidad del proceso de supervisión sobre la AFA, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la calidad de la información contable presentada por la entidad.

“Para evitar cualquier tipo de suspicacia”, explicó públicamente el propio ministro al justificar la continuidad de los veedores designados por la gestión anterior.

De ese modo, el Gobierno optó por preservar el esquema original y avanzar con los nombres definidos por la IGJ. La idea era sostener el impulso de supervisión sobre la AFA, en un momento en que la entidad se encuentra bajo cuestionamiento por la falta de detalle en sus balances y por sospechas sobre el destino de los fondos.

La veeduría había sido dispuesta por un plazo de 180 días y no implicaba una intervención directa sobre la conducción de la AFA, pero sí habilitaba el acceso a documentación clave: estados contables, contratos comerciales y registros administrativos. El objetivo formal era la elaboración de un informe técnico sobre la situación económica e institucional de la entidad.

Ese proceso se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, atravesado por investigaciones judiciales, disputas políticas y el volumen de recursos que maneja la AFA.

En ese marco, la continuidad de los veedores designados por la gestión anterior había sido interpretada como una señal de continuidad institucional por parte de Mahiques. Pero la renuncia de Ortiz de Marco introduce ahora un elemento de incertidumbre en esa estrategia.

El abogado era considerado una de las piezas dentro del esquema de supervisión diseñado por la IGJ. Su salida obliga ahora al Ministerio de Justicia a redefinir la integración del equipo que deberá avanzar con la auditoría.

Fuentes consultadas señalan que Mahiques deberá ahora evaluar cómo cubrir la vacante para sostener el esquema de supervisión previsto. La decisión no es menor: implica definir si se mantiene el criterio original de continuidad con los nombres impulsados por la gestión anterior o si se introduce un cambio en la integración del equipo.

La supervisión sobre la AFA se ha convertido en uno de los frentes sensibles dentro de la agenda del Gobierno, en paralelo a investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el manejo de fondos dentro de la entidad. En ese escenario, el rol de los veedores aparece como una herramienta clave para acceder a información contable y contractual.

Por ahora, el esquema quedó incompleto antes de empezar a operar. Y la primera definición que deberá tomar el Ministerio de Justicia será cómo recomponer la veeduría para avanzar con un proceso que, desde su origen, ya estaba atravesado por tensiones políticas e institucionales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó el regreso de público visitante en dos partidos del Ascenso: se trata de los encuentros entre Quilmes y Nueva Chicago, y Colegiales frente a Temperley. Ambos cotejos, correspondientes a la fecha 10 de la Primera Nacional, se disputarán con hinchas de los dos equipos respectivamente en el Estadio Centenario y en Munro, en lo que será una prueba piloto.

El objetivo de esta medida es evaluar el impacto de la presencia de público visitante en partidos de alto perfil del Ascenso. La entidad agradeció el apoyo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y del titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila, organismos cuya coordinación fue determinante para autorizar este paso.

En el mensaje oficial, la AFA solicitó “a los hinchas de las cuatro instituciones que disfruten del espectáculo entendiéndolo como una verdadera fiesta del deporte más lindo de todos”.

Y agregó: “Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más”.

El origen de la prohibición al público visitante en el Ascenso argentino remite a 2007, cuando, tras episodios de violencia en la Promoción entre Nueva Chicago y Tigre, se estableció una veda que con los años se consolidó casi sin excepciones. Este antecedente diferenciaba al Ascenso de la Primera División, que prolongó un poco más la habilitación para las dos parcialidades antes de adherir a la misma norma.

Tiempo después, en junio de 2013, otro hecho determinante modificó el panorama nacional. Un asesinato cometido en la previa de un encuentro entre Estudiantes y Lanús llevó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires a vetar la entrada de hinchas visitantes. Días más tarde, la AFA extendió la restricción a todas las categorías y provincias, cortando así una tradición de competencia animada por las dos parcialidades.

“Este paso es fruto del trabajo conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente Claudio Tapia, y los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a quienes agradecemos por el acompañamiento y las gestiones realizadas”, sostuvo el Cervecero en sus redes sociales.

Luego, remarcó la voluntad de los dirigientes del Torito de Mataderos: “Asimismo, destacamos la buena predisposición y el diálogo permanente con la Comisión Directiva del Club Atlético Nueva Chicago para llevar adelante esta iniciativa. Los esperamos en Quilmes para recibirlos como corresponde, en una jornada que esperamos sea una verdadera fiesta del fútbol”.

“Convocamos a todos a acompañar esta experiencia con responsabilidad y respeto, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un fútbol cada vez mejor”, concluyó Quilmes.

El Tricolor de Munro también se expresó en canales oficiales y le hizo un pedido a su hinchada: “Este encuentro forma parte de los primeros partidos del fútbol del ascenso que volverán a disputarse con ambas parcialidades luego de varios años sin público visitante. Por eso, le pedimos a toda la familia de Colegiales que acompañe esta jornada con responsabilidad y respeto”.

El encuentro entre Colegiales y Temperley tendrá lugar el domingo 19 de abril, en el Libertarios Unidos de Munro, pactado para las 15. Quilmes-Chicago, por su parte, se disputará ese mismo día desde las 16.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes y en la que ya fueron procesados el presidente de la AFA Claudio Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. Presentó una apelación porque se dejaron de lado delitos, sostuvo.

En concreto, al apelar lo resuelto por el juez Diego Amarante, el fiscal advirtió que hubo un recorte de la acusación original y se dejó afuera un componente central del caso, vinculado a retenciones por publicidad en clubes de fútbol. Por eso pidió ampliar los procesamientos y elevar el monto de los embargos que se fijaron en 350 millones de pesos para Tapia y Toviggino.

Patrocinio de torneos

La presentación a la que tuvo acceso Infobae apunta contra la decisión de excluir de la acusación el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Según el fiscal, ese punto no es accesorio sino “parte inescindible” de la maniobra investigada, ya que concentra los montos más significativos.

“El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados”, advirtió Navas Rial, al cuestionar que el juez haya delimitado de manera “arbitrariamente restrictiva” el alcance del caso.

El corazón del conflicto

La causa gira en torno a presuntas retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social calculadas en 19.000 millones de pesos. En ese esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos para destinarlos a aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal.

El punto en discusión es que el juez dejó afuera del procesamiento el dinero proveniente del patrocinio comercial —publicidad de los torneos— que, según el fiscal, debía incluirse dentro de esas obligaciones.

Ese concepto implica la aplicación de una alícuota del 7,5% sobre ingresos millonarios, que luego deben imputarse a cargas previsionales. Para Navas Rial, esos fondos “nunca integraron el patrimonio disponible del agente”, sino que pertenecen a terceros desde el momento en que se generan.

“Un cierre anticipado del proceso”

En su apelación, el fiscal advirtió que la decisión judicial no es una diferencia menor de criterio sino que afecta la estructura misma del caso. “Esta forma de resolver importa un cierre anticipado del proceso”, advirtió. Y agregó: “No se cuestiona el procesamiento sino su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra”.

Según su planteo, al excluir el subconcepto 551 se reduce el monto total investigado, se achican los embargos y se limita la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos. “No se debe simplificar en sólo ‘bajar el monto’, sino en una reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”, afirmó.

Tanto la apelación del fiscal como la de los cinco procesados y la de la AFA como Asociación serán analizadas por la sala A de la Cámara en lo Penal Económico integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Estos magistrados ya convalidaron la decisión del juez Amarante relativa a la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino y también rechazó esta semana un planteo de inexistencia de delito que habían hecho las defensas. Los acusados reclamaron que se revoque el procesamiento por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó el juez Amarante en su resolución.

Las defensas del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

Los escritos fueron presentados ante el juez Diego Amarante, quien los derivará a la Cámara en lo Penal Económico. Además, el magistrado autorizó a Tapia a viajar a Paraguay, Ecuador y Canadá.

En el caso de Toviggino su defensa recusó además al juez Amarante y pidió que se lo aparte de la investigación. La causa será revisada ahora por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes tienen pendiente de resolución otro planteo previo por inexistencia de delito hecho por las defensas.

También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Las defensas reclamaron revocar la decisión del juez Amarante.

Los procesamientos

A todos se los consideró responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

El plazo para presentar las apelaciones venció este martes a primera hora de la mañana. “Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.

Además se embargaron los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”.

Cuando dictó los procesamientos, Amarante sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco

Los viajes de Tapia

Por otra parte, Tapia fue autorizado por Amarante a salir del país rumbo a la ciudad de Luque, República del Paraguay, entre el 8 y 9 de abril; a la ciudad de Quito, República del Ecuador, entre los días 23 y 26; y a la ciudad de Vancouver, Canadá, del 29 de abril al 1° de mayo.

Los dos primeros viajes responden a invitaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para participar de la reunión de trabajo vinculada a los “Fondos Evolución” y del Congreso Ordinario 82 de dicha confederación, respectivamente. El tercer viaje es por invitación de la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) para participar del 76° Congreso de dicho organismo.

La autorización se concedió limitada a esas fechas de manera estricta y cualquier “modificación, desvío o apartamiento de las condiciones” establecidas se considerará “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso” y derivará en la “inmediata” revocación de los beneficios y ejecución del dinero depositado como caución, advirtió el juez.

Tapia está procesado sin prisión preventiva desde el 30 de marzo pasado como supuesto coautor de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades. Se lo embargó por 350 millones de pesos.

Tiene prohibición de salida del país ratificada por la Cámara en lo Penal Económico y debe pedir autorización para cada viaje.

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de incorporar como patrocinador oficial a una marca de yerba mate brasileña, en vísperas del Mundial 2026, provocó un intenso malestar en la provincia de Misiones y reavivó el debate sobre la defensa de la producción nacional.

A fines de marzo, la AFA presentó a Baldo, yerba de origen brasileño producida en Rio Grande Do Sul, como el sponsor oficial de la Selección campeona del Mundo. Esta alianza, que se difundió tanto en redes sociales, como en publicidad en la vía pública, generó malestar en la industria yerbatera basada principalmente en Misiones y Corrientes.

La controversia escaló hasta el ámbito político. El diputado provincial -y reconocido productor yerbatero- Juan José Szychowski solicitó que el Gobierno Nacional intervenga y gestione ante la AFA una revisión del acuerdo con la empresa brasileña.

Cabe destacar que el acuerdo faculta a la yerba Baldo para declararse públicamente como la infusión elegida por figuras emblemáticas de la selección, como Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Emiliano “Dibu” Martínez, a la vez que implica presencia en la camiseta de la Selección Nacional y en la imagen pública del equipo nacional, vigente campeón mundial de fútbol.

#Institucional La Asociación del Fútbol Argentino presenta a Baldo, la yerba de estándar brasileño, como nuevo Sponsor Oficial.https://t.co/Z7bQveLPYO pic.twitter.com/LH8XwchzI0

— AFA (@afa) March 21, 2026

Malestar en origen

La iniciativa firmada por Szychowski, quien también es extitular del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), detalla que la ley nacional 26.871 confiere al mate el estatus de “Infusión Nacional” y obliga a promover su consumo en eventos oficiales.

El legislador recalca que, si bien Baldo era consumida por algunos jugadores durante el Mundial de Qatar 2022 y en anteriores concentraciones, “la oficialización del patrocinio generó cuestionamientos por su origen”. Para Misiones, principal región productora, el patrocinio de una yerba brasileña se percibe, aseguran los productores locales, como un desplazamiento de la producción local y una amenaza a los esfuerzos de posicionamiento internacional de la yerba argentina.

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Szychowski remarcó que la yerba mate es parte de la identidad nacional y que la AFA “tendría que haber considerado a empresas nacionales antes de tomar una decisión de esa envergadura”. Según el legislador, la promoción institucional de un producto extranjero contrasta con las campañas desarrolladas por el INYM y el sector exportador, que permitieron vender “en más de 50 países del mundo” la yerba local, pese a los obstáculos del contexto económico.

La reacción política incluyó la presentación de un Proyecto de Comunicación en la legislatura misionera, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la gestión ante la AFA para revisar el acuerdo con Baldo.

Exportaciones récord y caída del consumo interno

El trasfondo económico del sector confiere mayor tenor al reclamo. Pese a que el INYM reportó un crecimiento interanual del 7,3% en el despacho total de yerba mate durante 2025 —alcanzando los 324.769.423 kilos, el mejor desempeño registrado, según datos del ente—, la coyuntura es adversa para los productores.

Por un lado, el año cerró pasado con exportaciones históricas: unos 57.980.911 kilos de envíos al exterior, un 32,2% más que en 2024. Así, el año pasado la Argentina superó a Brasil y se convirtió en el principal exportador de yerba mate del mundo. Las ventas externas sumaron unos USD 117 millones y fueron récord, tanto en volumen como en valor. Siria concentró más del 60% de los envíos, seguida por Chile y España.

El interés internacional por la yerba mate se da en un contexto muy favorable a la infusión. A la tendencia mundial de consumir productos más naturales, se le suma el conocido "efecto Messi". Se trata la influencia del 10 argentino alrededor del mundo, que también termina impactando en la popularidad de la tradicional bebida argentina. Marcas internacionales como la francesa Perrier -célebre por su agua mineral- lanzaron en su momento bebidas energizantes en base a yerba mate.

Pero esa situación no se corresponde con el consumo interno ni con la realidad de los productores locales. Según datos del INYM, el consumo interno tuvo una caída del 9% interanual en febrero de 2026, el peor dato de los últimos cinco años.

El impacto es aún más fuerte en la base de la cadena. El precio del kilo de hoja verde, que en el secadero se ubica entre $350 y $380 según el INYM, no alcanza para cubrir el aumento de costos de los últimos dos años, una presión que golpea especialmente a las economías regionales.

A esto se suman los cambios en la normativa y la desregulación del Instituto, formalizada el 18 de noviembre de 2025 con el Decreto 812/2025, que eliminó la facultad del organismo de fijar precios mínimos para la materia prima —hoja verde y yerba canchada— y limitó su capacidad de intervención en el mercado. El objetivo fue liberar la formación de precios y fomentar la competencia, para que bajen los valores al consumidor. En la práctica, eso profundizó la pérdida de referencias y sumó presión sobre la rentabilidad del sector.

El ranking de las marcas nacionales

Más allá del ruido por el patrocinio, el negocio de la yerba en la Argentina sigue dominado por actores locales con fuerte presencia en góndola.

De hecho el liderazgo en ventas lo mantiene la cooperativa Playadito, con 56,7 millones de kilos comercializados, seguida por el grupo Las Marías —productora de Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita—, que distribuyó 49 millones de kilos, de acuerdo con el ranking elaborado por Plan B Misiones sobre datos oficiales del INYM.

Le siguieron CBSé, con 24,5 millones de kilos; La Cachuera (Amanda), con 19,9 millones; y Cordeiro (Verdeflor), con 15,5 millones de kilos. La sexta posición fue para Rosamonte, que comercializó 14,3 millones de kilos. A partir del séptimo puesto, los volúmenes bajan de manera considerable, destacándose Nobleza Gaucha-Cruz de Malta, Aguantadora-Pampa-Sinceridad, La Tranquera, Piporé y otras empresas regionales.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, llevará adelante la causa en la que se investiga el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que se llevaba un 40% de comisión por las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior.

Así quedó definido este miércoles, luego de que el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibiera de seguir a cargo de un expediente que también estaba detrás del presunto desvío de más de 300 millones de dólares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 a cargo de Paula Petazzi, una tercera magistrada que también seguía el caso, ya había tomado la misma decisión el martes pasado, al entender que existía una “conexidad” en los objetos procesales.

El juez González Charvay también está a cargo de la causa por la mansión de Pilar que habría sido comprada mediante testaferros y que se les atribuye a los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Esa investigación también se encuentra en disputa. Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal suspendió la audiencia en la que se iba a definir quién se queda con el caso, que puede seguir en Campana o bien regresar al fuero Penal Económico o a Comodoro Py, donde se había iniciado la instrucción.

El caso TourProdEnter

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora investigaba a la empresa de Faroni y Gillette que está radicada en los Estados Unidos como una ramificación del caso “Sur Finanzas”, por el que el juez Armella viene de ordenar una serie de medidas y llamados a indagatorias.

Sucede que TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina.

Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.

La empresa del exdiputado provincial y su esposa se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. La investigación apunta a esclarecer si ese dinero terminaba en “sociedades fantasmas” constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marnasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, de las cuales algunas estarían vinculadas al tesorero de la AFA.

Al pedir la inhibición de los jueces Armella y Petazzi, el Juzgado Federal de Campana remarcó que “surge que el delito de administración fraudulenta investigado habría afectado intereses federales, en particular, se desprende la posible afectación al sistema tributario argentino”.

En su fallo de este miércoles, el juez de Lomas de Zamora también se desprendió de las averiguaciones secundarias que mantenía sobre los involucrados en torno a la mansión de Pilar.

Se inhibió de investigar “los hechos pesquisados sobre los presuntos pagos realizados por la AFA a Real Central S.R.L. y el entramado empresarial en el que intervendrían los directivos de esa empresa, Luciano Nicolás Pantano, Ana María Conte y personas jurídicas y físicas vinculadas, y finalmente a las presuntas operatorias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con las firmas Soma S.R.L., Malte S.R.L y Nuevo Holding, Bilbao S.A.”, según plasmó en la resolución a la que accedió Infobae.

El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó este lunes por retención indebida de aportes a las máximas autoridades del la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y en su resolución de 140 páginas realizó un exhaustivo análisis de los movimientos financieros de la organización, que revelaron una holgada capacidad económica para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales.

Según acusó el juez, la entidad comandada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino habría incumplido deliberadamente con los pagos al fisco, además de acceder a planes de facilidades de pago no por una necesidad financiera genuina, sino como un “mecanismo de refinanciamiento” para postergar el ingreso de tributos y disponer de fondos públicos.

La evidencia muestra incluso que solamente con los intereses que percibían por plazos fijos, en determinados períodos podrían haber saldado el total de las deudas con el ARCA.

El juez Amarante expuso en su fallo cómo la AFA gestionó sumas multimillonarias a través de transferencias entre sus propias cuentas, ingresos del exterior, operaciones de compra y venta de dólar MEP y la recepción de créditos.

Todo esto, para la Justicia, exhibe un marco en el que la Asociación contaba con una “sobrada capacidad” económica para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales, además de una holgada liquidez que contradice cualquier argumento de imposibilidad de pago.

Operaciones en la Argentina y el exterior

El Juzgado en lo Penal Económico N° 5 identificó cuentas bancarias en al menos cuatro entidades financieras, con un flujo de activos significativo. Las cuentas del Banco Credicoop, en particular la N° 191.218.000001.6 y N° 191.218.004435.7, fueron señaladas como las de mayor volumen de operaciones y utilizadas para el cumplimiento de obligaciones.

La AFA realizó operaciones de compra y venta de dólar MEP y títulos valores, generando ingresos millonarios. Por ejemplo, el 30 de abril de 2024, se registró un crédito de más de $1.443 millones en una cuenta del Banco de Servicios y Transacciones (BST), proveniente de la comercialización de instrumentos financieros radicados en el exterior. Este movimiento, que incluyó el cobro de una comisión por comercio exterior, cubrió un saldo negativo superior a $500 millones.

El 2 de mayo de 2024, un nuevo crédito por el mismo concepto sumó más de $975 millones. En la misma fecha, se realizaron dos débitos por $1.400 millones y $950 millones, respectivamente, que correspondían a transferencias a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop, mediante operaciones con dólar MEP.

Esta operatoria de fondeo de cuentas a través de activos del exterior se repitió al menos 13 veces en mayo de 2024, sumando un total de $12.374 millones, según estableció el juez Amarante.

En septiembre de 2024, se registraron otros tres créditos en el Banco de Servicios y Transacciones por más de $902 millones, $852 millones y $480 millones, también por comercialización de instrumentos financieros. Estos ingresos cubrieron un saldo negativo superior a $1.500 millones.

Simultáneamente, hubo otras cuatro recepciones de transferencias mediante operaciones con dólar MEP por más de $2.582 millones, siempre a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop. Esta operatoria se corroboró al menos cinco veces en septiembre de 2024, sumando $2.893 millones.

En junio de 2025, se observaron ocho créditos consecutivos por un total de $4.165 millones en el Banco de Servicios y Transacciones, provenientes de la venta de divisas radicadas en el extranjero. Estos fondos cubrieron un saldo negativo superior a $700 millones. Un débito de más de $4.093 millones se registró el mismo día, correspondiente a una transferencia a otra cuenta de la AFA en el Banco Credicoop. Esta operatoria se repitió en otras cuatro ocasiones durante el mismo mes, por un total de $5.880 millones.

En septiembre de 2025, se registraron seis créditos consecutivos por un total de $6.890 millones en el BST, nuevamente provenientes de la venta de divisas del exterior, que cubrieron un saldo negativo superior a $400 millones. Dos débitos por más de $5.709 millones y $1.013 millones se registraron el mismo día, otra vez correspondientes a transferencias a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop.

Esta modalidad se reiteró otras cuatro veces en septiembre, sumando $10.435 millones.

“Tales extremos evidencian, una vez más, la magnitud del flujo de fondos administrado por la Asociación del Fútbol Argentino durante el período bajo análisis. En ese contexto, los valores consignados permiten concluir que la entidad contaba con una capacidad económica suficiente y sostenida para afrontar en tiempo y forma las obligaciones tributarias aquí imputadas”, determinó el juez.

Los pagos a los clubes

La AFA realizó erogaciones significativas a clubes afiliados. En abril de 2025, la cuenta N° 191.218.000001.6 del Banco Credicoop registró ingresos por más de $65.205 millones, principalmente de dos transferencias del Banco Comafi por más de $17.816 millones y $17.592 millones.

El 5 de mayo de 2025, la AFA transfirió $1.000 millones a 23 clubes de primera división. Un día después realizó transferencias por $21.875.000 a 26 equipos de la B Nacional, $6.640.625 a otros 17 clubes, y $3.515.625 a otros 57 clubes del ascenso.

También se registró una transferencia de $1.050 millones a una cuenta propia de la AFA y aparte figuran otras tres transferencias de $1.000 millones a Talleres, Gimnasia y Esgrima La Plata y Belgrano.

Ingresos por patrocinios

La AFA recibió ingresos sustanciales de distintos acuerdos comerciales.

La firma The Walt Disney Company Argentina S.A. transfirió más de $25.831 millones entre marzo de 2024 y noviembre de 2025 a la cuenta N° 191.218.008653.1 del Banco Credicoop. En agosto de 2024, hubo otra por $1.034 millones, y operaciones similares se verificaron en febrero, marzo, mayo y junio de 2025.

YPF transfirió un total de $2.345 millones a la AFA entre noviembre y diciembre de 2024, y abril, junio, julio y agosto de 2025.

Adidas Argentina S.A. efectuó pagos por un total de $14.035 millones en noviembre y diciembre de 2024, y marzo y mayo de 2025.

A modo ilustrativo, el juez Amarante resaltó en su fallo que solamente en mayo de 2025 la AFA percibió más de $1.376 millones de parte de Adidas y Disney, mientras que sus obligaciones tributarias vencidas con el ARCA en ese período sumaban $529 millones.

Plazos fijos

La AFA mantuvo una gran suma de dinero invertida en 24 plazos fijos con el Banco Credicoop.

En pesos argentinos, se depositaron más de $31.999 millones, generando intereses por más de $5.638 millones entre abril de 2024 y julio de 2025.

En dólares estadounidenses, las colocaciones alcanzaron los U$S 7.400.000, generando intereses por U$S 48.835,57 entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025.

En algunos casos, los intereses generados por los plazos fijos habrían sido suficientes para cubrir las obligaciones tributarias adeudadas. Por ejemplo, en marzo de 2024, los intereses devengados por un plazo fijo superaron en un 14,71% la deuda total imputada por el organismo recaudador, según consta en el procesamiento.

El fallo del juez Amarante será apelado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico por las defensas de Tapia, Toviggino y el resto de los imputados: Cristian Ariel Malaspina, secretario general de AFA y presidente de Argentinos Juniors; Víctor Blanco, ex secretario general de la entidad y ex presidente de Racing Club; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la entidad deportiva.

A todos les atribuyen los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y reiterado, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino, en el marco de una causa en la que esta semana fueron procesados por retención indebida de aportes.

La medida, ordenada en febrero por el juez Diego Amarante y ratificada ahora por la Sala A del tribunal, consideró que la restricción es razonable para asegurar la sujeción de los imputados al proceso judicial.

El fallo podría ser un obstáculo para la presencia de Tapia y Toviggino en el Mundial de Fútbol 2026, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Si la prohibición se mantiene hasta entonces, el presidente y el tesorero de la AFA dependerán de la autorización del juez Amarante para viajar.

Una prohibición “no absoluta”

Las defensas de Tapia y Toviggino argumentaron que la prohibición que les impuso el juez Amarante carecía de fundamentación y era arbitraria.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Cámara en lo Penal Económico, concluyeron tras analizar las apelaciones que la decisión de primera instancia se apoya en razones válidas y no tiene contradicciones con el estado de la causa.

Las defensas plantearon una mera “discrepancia con los criterios” del juez de grado, resolvieron los camaristas.

Un aspecto relevante en la consideración de la Cámara fue, precisamente, el procesamiento sin prisión preventiva a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que Amarante firmó el último lunes.

El presidente y el tesorero de la AFA fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.

La Cámara en lo Penal Económico, sin emitir una opinión sobre el fondo de la decisión de procesamiento -que aún no está firme y será objeto de una apelación paralela-, evaluó la situación procesal actual de Tapia y Toviggino y concluyó que la medida de prohibición de salida del país, en las condiciones particulares del caso, es razonable para garantizar que los imputados permanezcan a disposición del proceso judicial.

El tribunal aclaró que esta medida no constituye una prohibición absoluta de salida del país. Lo que implica es que los imputados deben solicitar autorizaciones específicas al Juzgado en lo Penal Económico N° 5 para ausentarse del territorio nacional, una disposición que busca asegurar la comparecencia de los imputados cuando su presencia sea requerida por el juez.

Noticia en desarrollo

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, advirtió que el intento de la AFA por mudarse a Pilar y el uso de ese hecho como argumento para que la causa que investiga si hubo testaferros en la compra de una casaquinta valuada en 17 millones de dólares se investigue en Campana, no altera el lugar donde se habrían cometido delitos previos como lavado de activos, su sede histórica de la calle Viamonte en CABA.

Lo hizo en el escrito en el que esta semana reclamó que el caso regrese a la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, una definición que ahora deberá tomar la Cámara Federal de Casación.

Villar pidió que el expediente vuelva adonde tramitó en los inicios, el juzgado federal de Daniel Rafecas o en todo caso al del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el segundo magistrado que intervino antes del pase al ámbito de Campana.

Pero para fundamentarlo, el fiscal pasó en limpio de qué se trata la causa que se lleva ahora en el juzgado del juez Adrián González Charvay en ese partido bonaerense: remarcó que en la calle Viamonte 1366 en CABA funcionó la sede central de negocios, administrativa y comercial de AFA “en la época de los hechos y hasta la actualidad”, y que allí “se habrían llevado a cabo los actos de gobierno de la entidad, de disposición y administración de los fondos”. También de toda aquella actividad “marginal que habría implicado el desvío” de esos fondos.

Sede real para delitos reales

En ese contexto, Villar advirtió que “la intención de formalizar un cambio de sede social no modifica las consideraciones efectuadas en cuanto al lugar real” en el que se habrían llevado a cabo los delitos que se investigan: presunto lavado de activos y administración fraudulenta.

Se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, recordó Villar, al describir en detalle el circuito mediante el cual se habrían canalizado fondos de la AFA fuera del sistema bancario local.

El fiscal también destacó que la sede de la AFA en la calle Viamonte fue allanada en varias oportunidades, incluso por González Charvay, quien se quedó con la causa cuando le pidió la inhibitoria a su colega Aguinsky, por decisión de la Cámara Federal de San Martín y en base a un pedido inicial del imputado como supuesto testaferro Luciano Pantano.

“El cambio de domicilio que pretende la AFA habría sido resuelto supuestamente por sus asociados en asamblea extraordinaria el 17/10/2024 y asentado de manera unilateral en el registro de personas jurídicas de la Pcia de Buenos Aires el 15/11/2024.”

Este acto se encuentra cuestionado por la IGJ, pero para la fiscalía lo determinante “no es el domicilio que figura en la documentación o páginas institucionales de AFA sino el lugar donde realmente funcionó y funciona en los hechos la sede principal de gobierno, administrativa, contable y comercial”.

En el nuevo domicilio en la calle Néstor Kirchner (ex Mercedes) 1366 de Pilar “no existían hasta el 18/01/2026 oficinas en las cuales se haya podido llevar a cabo la actividad propia de la institución”. Por ejemplo, en los boletines de la Asociación hasta el 26 de enero pasado figura la calle Viamonte como sede de una reunión del Comité Ejecutivo y también ese es el domicilio fijado para presentar ofertas para la adjudicación de los derechos de televisación de los partidos de los Campeonatos del Ascenso, “se especifica en el segundo piso, Oficina de Secretaría”, calle Viamonte.

En CABA “se halló documentación relevante vinculada a los sucesos denunciados”, mencionó la fiscalía, incluidos contratos con intermediarios financieros como TroudProdCenter. También llegaba a la sede central de AFA el resumen de la tarjeta de crédito corporativa a nombre de Pantano con la que se pagaban los peajes de los vehículos y llegó a tener consumos mensuales por 50 millones de pesos.

A su entender, las pruebas reunidas muestran que no sólo las decisiones, sino también las maniobras de presunto blanqueo de dinero, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. “Es posible sostener que en este ámbito capitalino se habrían realizado actos jurídicos que habrían implicado el desvío y el posterior ingreso de parte de esos fondos al sistema económico legal con la intención de otorgarles una apariencia de origen lícito”, afirmó.

Entre esos indicios mencionó operaciones con financieras de la avenida Corrientes, movimientos de efectivo en domicilios de la Ciudad y registros periodísticos con “videos y fotos de personas contando dinero en efectivo”, que —dijo— deben ser profundizados judicialmente.

En la misma línea, subrayó que el supuesto nuevo domicilio en Pilar carece de actividad real: “No existían oficinas en las cuales se haya podido llevar a cabo la actividad propia de la institución”, y recordó que incluso la IGJ rechazó la inscripción del cambio de sede.

Con ese planteo, el fiscal pidió que la causa vuelva a tramitar en el fuero federal porteño, al sostener que “en este ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción en la cual se habrían llevado a cabo la mayoría de los actos constitutivos del delito de lavado”.

Qué y a quiénes se investiga

La investigación apunta contra la cúpula de la AFA y su entorno, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, su hermano Darío Toviggino, el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon, la ex tesorera y pareja de Toviggino Florencia Sartirana y los responsables de la intermediaria TourProdEnter: quien figura como su titular Erika Gillette y su esposo Javier Faroni, entre otros, enumeró en su escrito ante Casación.

La maniobra se habría cometido a través de una red de empresas locales e internacionales. En la investigación —aún en etapa preliminar— se menciona a Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, además de sociedades consideradas “pantalla” como Velp LLC, Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. También aparecen firmas como Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, Servicios Lindor SA, Mendoza Wines SA, Malte SRL y Soma SRL, entre otras.

La fiscalía resalta que gran parte de estas firmas y personas tiene domicilio en CABA, incluida la sociedad Real Central de los Pantano, que figura como compradora de la casaquinta de Pilar que dio origen a la investigación.

La última palabra ahora la tiene la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si hace lugar al planteo del fiscal o confirma el traslado del expediente fuera de CABA.

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y a otros 13 presuntos cómplices que integraban la estructura acusada de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.

Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio del corriente año. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El caso

En diciembre del año pasado, el juez Armella ordenó una ola de allanamientos a la Asociación del Fútbol Argentino, sedes de distintos clubes y domicilios vinculados a Sur Finanzas. Todo surgió a partir de una denuncia por estafa y lavado de Auriga League S.A., una empresa que le habría otorgado a Banfield un préstamo de dos millones de euros que supuestamente no fue devuelto.

Entonces comenzó a desentramarse el vínculo entre Sur Finanzas, Banfield y el resto de los clubes con los que se detectaron vínculos sospechosos: San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y el Club Atlético Temperley, entre otros.

La investigación de la fiscal Incardona detalla que la financiera habría generado ganancias ilícitas a costa de los clubes mediante un conjunto de prácticas financieras abusivas y fraudulentas, que se detallan a continuación.

• Condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques: Sur Finanzas habría aplicado tasas y términos excesivos al descontar cheques de los clubes, aprovechándose de su necesidad de liquidez. Esto generaba un perjuicio económico para las entidades deportivas y un beneficio desproporcionado para Sur Finanzas.
• Suscripción de mutuos usurarios: Se habrían celebrado contratos de préstamo con los clubes bajo condiciones de usura, es decir, con intereses extremadamente altos que superaban los límites legales o éticos. Esto resultaría en una carga financiera insostenible para los clubes y un enriquecimiento ilícito para la organización.
• Obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma: Los clubes habrían sido forzados a emplear un sistema de pago específico ofrecido por Sur Finanzas.
• Contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real: Se habrían firmado acuerdos de patrocinio con los clubes que, en realidad, no tenían una contraprestación efectiva o eran meras fachadas para transferir fondos. Estos contratos simulados permitirían justificar movimientos de dinero que, en esencia, eran parte de la obtención de ganancias ilícitas, dándoles una apariencia de legalidad.

La supuesta asociación ilícita liderada por Ariel Vallejo habría operado desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2025, época en la que el empresario fue construyendo su influencia dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, de la mano de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Entre los ilícitos detectados por la fiscal Incardona también se encuentra la retención indebida de aportes a la Seguridad Social por parte de Sur Finanzas Group S.A., que habría retenido y no depositado más de 46 millones de pesos en impuestos.

En cuanto al lavado de activos, la acusadora pública ubicó el negocio en un monto superior a 108 millones de dólares.

Esos fondos tendrían su origen en infracciones al Régimen Penal Cambiario y operaciones de intermediación financiera no autorizada, a través de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., donde Vallejo, su madre y su exsuegra actuaron como socios gerentes.

Además, este capital ilícito habría servido para la posterior constitución de otras sociedades que conformaron el holding Sur Finanzas.

La lista de imputados y más medidas

Maximiliano Vallejo fue citado por asociación ilícita y lavado de activos agravado. Su madre Graciela Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Sena Argis y Maite Lorenzo -pareja de Vallejo- también fueron convocadas por los mismos delitos, en calidad de miembros y coautoras de lavado de activos.

Gerardo Carrozza enfrentará cargos por asociación ilícita como miembro y lavado de activos como partícipe primario. Juan Ramón Cervín, Sergio Da Silveira, Rolando Soloaga y Daniela Sánchez fueron citados por asociación ilícita y lavado de activos como partícipes secundarios.

Finalmente, las empleadas Micaela Sánchez, Susana Hoffmann y Nahiara Gamarra fueron llamadas a indagatoria por asociación ilícita.

Además de las personas físicas, los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. deberán presentarse a declarar por lavado de activos.

Como parte de las medidas cautelares, se impusieron a los imputados la obligación de presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, la prohibición de salir del país sin autorización previa y la prohibición de contactarse con otros investigados en la causa, salvo familiares.

En el ámbito patrimonial, el juez Armella ordenó el secuestro de diez vehículos, en su mayoría de alta gama. Entre ellos, un Audi Q2 a nombre de Ariel Vallejo; un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-LINE y un Alfa Romeo Stelvio Veloce, ambos registrados a nombre de Graciela Beatriz Vallejo.

Los siete vehículos restantes, que incluyen modelos Toyota SW4, Citroën C3, Volkswagen Vento, Peugeot 208 y BMW 320 I, figuran a nombre de Sur Finanzas Group.

Asimismo, se decretó la inhibición general de bienes para las 15 personas involucradas y para 16 empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso también la prohibición de innovar y la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales para los principales imputados, así como el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y de la Unidad de Información Financiera.

Esta medida busca profundizar el análisis de su situación tributaria, patrimonial y financiera desde 2022 hasta la fecha, incluyendo datos del ARCA, ARBA, AGIP, la CNV y una larga lista de registros y bases de datos públicas y privadas.

Finalmente, se encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) la elaboración de un informe patrimonial exhaustivo sobre las personas a indagar, para graficar sus posibles vínculos con las ganancias ilícitas del holding Sur Finanzas y analizar la justificación de su evolución patrimonial.

Más causas

En paralelo, también está en curso una segunda causa -iniciada por una denuncia de ARCA- a cargo de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora.

En esa investigación se detectó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas de $818.000 millones.

La acusación sostiene que Sur Finanzas habría hecho operar en el mercado a personas sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen ilícito.

La fiscal Incardona impulsó, hasta ahora sin éxito, el traslado de ese expediente al Juzgado que subroga Armella. La cuestión se definirá en la Cámara Federal de Casación Penal, que ayer habilitó la discusión sobre el recurso del Ministerio Público.

La implementación del VAR en el fútbol argentino entra en una nueva etapa. La AFA dispuso una serie de ajustes en su aplicación con un objetivo operativo concreto: agilizar los tiempos de decisión y mejorar la claridad de los fallos arbitrales.

Las medidas fueron definidas por la Dirección Nacional de Arbitraje que encabeza Federico Beligoy, y desde el miércoles pasado comenzaron a comunicarse a los equipos arbitrales.

Comunicación en vivo de las decisiones

Uno de los cambios centrales es la incorporación de un sistema mediante el cual el árbitro deberá explicar por audio en el estadio las decisiones adoptadas tras una revisión del VAR. Con el mayor poder de síntesis y con los detalles técnicos, acorde al protocolo enviado por FIFA.

El mecanismo busca que la resolución sea inmediata también para el público, evitando tiempos adicionales de interpretación externa.

Ajustes para sostener el ritmo de juego

En paralelo, se dispusieron medidas complementarias vinculadas al desarrollo del partido. Entre ellas, la implementación del sistema de múltiples pelotas distribuidas alrededor del campo, que permite acelerar las reanudaciones y reducir interrupciones. Que se les explique claramente a los capitanes y a los alcanzapelotas cuáles son estrictamente las medidas que se adoptarán.

Estas modificaciones se articulan con el funcionamiento del VAR en tanto apuntan a evitar pausas prolongadas durante el juego.

Criterios técnicos: intervención y tiempos

Los ejes principales de las medidas fueron:

• Intervención acotada

El VAR deberá actuar únicamente en situaciones de error claro, evitando revisiones extensivas o interpretaciones amplias.

• Decisiones en menor tiempo

Se indicó reducir la duración de los chequeos para evitar demoras innecesarias en el desarrollo del partido.

• Sostener la decisión de campo

En acciones que no presenten evidencia concluyente, se prioriza la decisión original del árbitro.

Penal: parámetros más definidos

Otro de los puntos abordados fue el criterio en jugadas dentro del área. Se estableció que:

• El contacto por sí solo no determina infracción

• La sanción debe basarse en acciones claras y comprobables

• El VAR no debe intervenir en situaciones interpretativas sin

evidencia suficiente

Un enfoque centrado en la fluidez y la claridad

Las modificaciones introducidas por la AFA configuran un esquema en el que el VAR mantiene su rol como herramienta de corrección, pero con límites operativos más definidos.

El énfasis está puesto en:

• Reducir tiempos de revisión

• Evitar interrupciones prolongadas

• Y clarificar las decisiones en tiempo real

En ese marco, el objetivo es ordenar la aplicación del sistema dentro de los parámetros reglamentarios y del desarrollo dinámico del juego.

Este replanteo del uso del VAR, que vuelve a las fuentes, comenzará a regir en los próximos compromisos. Este martes se medirán Aldosivi y Argentinos Juniors, por la fecha 7 del Torneo Apertura, mientras que el miércoles se iniciará la jornada 13, que cuenta como plato fuerte con el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, el sábado desde las 17.30. Además, el Talleres de Carlos Tevez recibirá el jueves a Boca Juniors y River Plate será local ante Belgrano el domingo desde las 18.

El abogado Gregorio Dalbón, defensor de la Asociación del Fútbol Argentino, salió al cruce del procesamiento dictado este lunes por el juez penal económico Diego Amarante contra la cúpula directiva de la entidad y anticipó que lo apelará. “El procesamiento de la AFA es una pieza jurídica condenada a caer”, expresó, y enumeró seis argumentos por los que considera que la resolución no resistirá el control de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

El fallo de 140 páginas procesó sin prisión preventiva al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, al secretario general Cristian Malaspina y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. La AFA, en tanto, fue procesada como persona jurídica por apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 oportunidades, en concurso real con apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades. Los bienes de la entidad y los de Tapia y Toviggino fueron embargados por $350 millones cada uno. Ambos tienen prohibición de salida del país y deberán pedir autorización judicial para ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas. En los casos de los otros tres acusados se fijaron diferentes montos de embargo y se les levantó la prohibición de salida del país.

El argumento central de Dalbón apunta a una contradicción que, según la defensa, surge del fallo, donde “el propio juez Amarante reconoce que la deuda tributaria está íntegramente cancelada. Cero pesos de deuda con el fisco. Eso está en el fallo, con esas palabras”, afirmó. Y preguntó: “Si no hay perjuicio fiscal permanente, si todo fue pagado con intereses, si el Estado no perdió un peso, la pregunta es elemental: ¿dónde está el delito?”. Para Dalbón, lo que se está procesando es “el hecho de haber pagado tarde”, aunque advirtió que “pagar tarde no es apropiación indebida cuando el propio Estado suspendió la ejecutoriedad de esas deudas”.

Amarante, sin embargo, sostuvo en su resolución que el delito se concreta en el momento en que no se paga en término -dentro de los 30 días de retenidas las obligaciones- y que en los meses con vencimientos hubo “significativas transferencias de sponsors” a cuentas de la AFA, lo que evidenciaba “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir con el fisco. Sobre el rol de Tapia, el magistrado afirmó que el presidente de la AFA “detenta la representación legal de la entidad” y tiene “una posición central en la estructura de toma de decisiones”, que “magnifica su responsabilidad”. Sobre Toviggino, destacó que su firma apareció en la totalidad de los cheques de la AFA y que tenía “un control efectivo sobre los movimientos financieros”.

Sobre la exigibilidad de las obligaciones, Dalbón argumentó que la AFA se amparó en cinco resoluciones del Ministerio de Economía -números 17/2024, 617/2024, 1445/2024, 1066/2025 y 2109/2025- y en las consecuentes resoluciones generales de ARCA, que suspendieron la ejecutoriedad de las deudas fiscales de entidades sin fines de lucro, avaladas por un dictamen contable profesional. “Si la obligación no era exigible porque el propio Estado la suspendió, no hay situación generadora del deber de actuar. Sin ese primer elemento, toda la construcción del tipo objetivo se derrumba”, dijo. Y agregó: “Usar un plan de pago que el propio Estado ofrece prueba exactamente lo contrario: colaboración con el fisco, no intención criminal”.

El tercer argumento de la defensa apunta a lo que Dalbón calificó como “el error más grave”. De acuerdo a su explicación, el propio juez Amarante reconoció que respecto del subconcepto N° 551, la AFA actúa como “agente de autorretención” y que la ley penal no contempla esa figura, por lo que incluirla en el tipo penal violaría el principio de legalidad. “Tiene razón. Y por eso excluye esos montos. Pero si ese razonamiento constitucional es correcto para el subconcepto 551, ¿por qué no se extiende a todo el universo de hechos vinculados al sistema especial del Decreto 510/2023? El principio de legalidad no funciona a la carta”, cuestionó.

Sobre la construcción del dolo, el defensor cuestionó que el juez haya inferido la intencionalidad a partir del cargo de cada imputado y no de prueba concreta de conducta. “Para procesar por un delito doloso hay que acreditar que cada imputado conoció la situación típica y quiso no cumplir. Eso no se presume. No se infiere del cargo. Debe surgir de la prueba”, afirmó. Señaló además que las propias empleadas del área contable de la AFA declararon que no tenían trato con Víctor Blanco Rodríguez ni conocían sus funciones, que no operaba la clave fiscal, no daba órdenes de pago ni autorizaba Volantes Electrónicos de Pago, y que la gerenta de Administración y Control declaró que todas las instrucciones de pago provenían del tesorero. “La firma protocolar de un balance no es dolo penal. Si lo fuera, deberíamos procesar a todos los secretarios generales de todas las asociaciones civiles de Argentina que alguna vez tuvieron atrasos tributarios. Eso no es derecho: es terror institucional”, remató.

El último argumento apunta a la ley 27.799, que establece que el organismo recaudador no debe formular denuncia penal cuando el retraso obedece a diferencias de criterio sobre la interpretación normativa. Dalbón pidió su aplicación retroactiva como ley más benigna, en virtud del artículo 2° del Código Penal y los tratados constitucionales, pero el juez la rechazó calificándola de norma “procesal-administrativa”. “Es una distinción endeble”, consideró el abogado. Y cerró: “Apelaremos el procesamiento. Tenemos seis flancos jurídicos sólidos. Tenemos el derecho. Y tenemos la certeza de que la Cámara encontrará lo mismo que encontré yo: una resolución con más voluntad que sustento”.

El procesamiento puede ser recurrido ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. De quedar confirmado, podría iniciar el camino hacia el juicio oral.

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una queja interpuesta por la fiscalía y habilitó el análisis de la competencia en la causa que investiga a por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a Sur Finanzas PSP S.A, una financiera perteneciente al empresario Ariel Vallejo, con fuerte inserción en el negocio del fútbol y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declaró este lunes erróneamente denegado el recurso de casación y ordenó que la cuestión sea resuelta por esa instancia. La decisión, en efecto, forma parte del último capítulo de un conflicto de competencia que desde fines de 2025 enfrenta a varios juzgados federales en torno a una causa políticamente sensible, y que hasta ahora había impedido que la investigación avanzara de manera unificada.

Sur Finanzas acumula investigaciones en distintos fueros y jurisdicciones. En Lomas de Zamora, el juez Luis Armella instruyó una causa por evasión y lavado en la que ordenó catorce allanamientos en oficinas, domicilios, depósitos y un parador en Pinamar, con intervención de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. Los operativos permitieron incautar dispositivos electrónicos, documentación contable y dinero en efectivo.

El análisis de los teléfonos y computadoras reveló mensajes con instrucciones para ocultar pruebas, retirar equipos y borrar registros informáticos. A raíz de eso, la fiscal Cecilia Incardona imputó por encubrimiento y destrucción de pruebas a cuatro empleados de la firma: Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga. Para avanzar en la investigación, Armella les ofreció acogerse a la ley del arrepentido a cambio de información relevante sobre el funcionamiento del esquema.

En paralelo, una segunda causa -iniciada por una denuncia de ARCA- quedó radicada por sorteo en el juzgado del juez Federico Villena. Esa investigación detectó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas de $818.000 millones. La acusación sostiene que Sur Finanzas habría permitido operar a sujetos sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen presuntamente ilícito, eludiendo los controles del sistema bancario.

La investigación apunta además a un entramado societario complejo que excede a la firma en cuestión. Entre los investigados figuran Silvia Torrado y Graciela Vallejo -madre de Ariel Vallejo-, con participaciones en firmas como Centro de Inversiones Concordia SRL. La causa también incluye referencias a estructuras asociativas del ámbito futbolístico, entre ellas la propia AFA, lo que le otorga una dimensión que trasciende el universo estrictamente financiero.

Con dos jueces investigando a la misma empresa desde ángulos distintos, Incardona intentó acumular ambas causas argumentando conexidad objetiva y subjetiva: hechos similares e imputados en común que justificarían una investigación unificada. Villena rechazó el pedido en diciembre de 2025, sosteniendo que las hipótesis delictivas y los imputados de cada expediente eran distintos. En enero de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó esa decisión y descartó la conexidad de causas.

La fiscalía no se resignó. Primero interpuso un recurso de casación, que también fue rechazado. Ante esa segunda negativa, presentó una queja directamente ante la Sala IV de Casación. El tribunal consideró este lunes que los agravios de la fiscalía lucen “razonablemente fundados” y que el Ministerio Público Fiscal -titular de la acción pública- reclama una hipótesis de investigación conjunta con sustento en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que consagra su autonomía funcional.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, los camaristas habilitaron la instancia y ordenaron el sorteo del legajo para su tratamiento definitivo.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar sostuvo este lunes que la investigación por el origen del dinero con que se compró la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a la AFA debe volver a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

“La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no sólo es equivocada sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad”, sostuvo Villar en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Pese a que el fiscal presentó su escrito, Casación suspendió luego la audiencia ante una recusación que presentó la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió para que se aparte del caso AFA la jueza Angela Ledesma, designada para resolver el tema, con lo cual se dilatará una decisión clave para el futuro del caso penal.

Sus colegas Mariano Borinsky y Javier Carbajo tienen que resolver si confirman a Ledesma o se debe sortear otra vez un tercer integrante para zanjar el conflicto de competencia.

Carrió pidió que Ledesma se aparte por vínculos que atribuye a la magistrada con sectores judiciales de Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo el tesorero de AFA Pablo Toviggino. “Las conexiones políticas de la Dra. podrían coincidir con los del Sr. Toviggino, aunque ello no implique denuncia alguna o duda respecto de la solvencia de la Dra. Ledesma”, sostuvo la dirigente de la Coalición Cívica, denunciante en la causa.

Lavado de activos

A la hora de postular que el caso vuelva a Rafecas, Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

El fiscal postuló ante la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que la causa no debe seguir investigándose en el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay y debe revocarse una decisión de la Cámara Federal de San Martín que envió el expediente a ese distrito. Villar apoyó así un recurso de queja del fiscal de ese distrito, Carlos Cearras.

La defensa de los dos imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte reclama que todo siga a cargo de González Charvay.

La casaquinta de los 17 millones

Se trata del futuro del caso por la casaquinta de Pilar que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más una flota de autos de lujo que se encontró en un galpón. Además, tiene helipuerto y caballerizas.

Rafecas fue el primer juez que intervino en la investigación, pero luego se declaró incompetente y giró el expediente al fuero penal económico porteño, con lo cual quedó a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Este último magistrado tuvo que enviar el expediente a González Charvay en enero último, a raíz de una decisión del juez de feria de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones, quien respaldó el planteo de inhibitoria que le había cursado el juez de Campana.

Cuando el caso estuvo en el juzgado de Rafecas se ordenaron los allanamientos a la casaquinta, se dispuso custodia permanente y se encomendó la pericia que arrojó el valor real de la propiedad, que había sido escriturada en 1.8 millones de dólares.

El origen del conflicto: un mail

Villar dictaminó ahora que la cuestión de competencia “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas.

Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

Sobre el inicio del episodio que derivó en el planteo de inhibitoria cursado por el juez de Campana, el fiscal advirtió que se trató de un correo electrónico enviado al juzgado por parte de la defensa del imputado Pantano, el día en que debía presentarse a declarar ante el juez que por entonces tenía el caso, Aguinsky. Charvay le reclamó la causa y esa declaración quedó sin efecto.

Villar advirtió que en Campana no existía una causa previa a ese correo electrónico. “No es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, cuestionó. La situación, esta “apariencia de causa”, afecta “necesariamente los demás argumentos acerca de la competencia”.

La garantía del juez natural “no sólo impide el juzgamiento por comisiones especiales, sino una alteración direccionada de las reglas de competencia territorial”, acotó y recordó que la sede central de la AFA al momento de los hechos investigados es la de la calle Viamonte, en CABA.

Qué se investiga

A la hora de pasar en limpio de qué se trata la investigación que vincula a dirigentes de AFA como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino a la quinta de Pilar, el fiscal remarcó que se trata de la supuesta “ existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante un complejo circuito financiero”.

Estos fondos “bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

Los ingresos de AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Se trata del tramo de la investigación que involucra a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni.

Los fondos habrían sido “desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay. Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, agregó la fiscalía ante Casación.

En ese contexto, la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los Pantano habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza en Pilar y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado.

En medio de una semana clave para dos de los máximos referentes de la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por dos causas judiciales, la investigación sobre presuntos arreglos arbitrales sigue tras la difusión periodística de chats entre dirigentes y varios réferis. En las charlas surgen indicios de maniobras concertadas para influir en partidos clave.

En el centro de la causa figuran los nombres de cuatro jueces: Luis Lobo Medina, Fernando Espinoza, Adrián Franklin y Jorge Nelson Sosa. Las conversaciones que están bajo su análisis no solo dejarían en evidencia acuerdos para beneficiar a determinados equipos, sino que también revelan una trama en la que se cruzan intereses de peso dentro de la AFA.

Uno de los episodios más señalados involucra a Lobo Medina, denunciado penalmente por el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Juan Facundo del Gaiso, quien lo acusa de haber manipulado el resultado del partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021 en la Primera B Nacional. La denuncia, que se fundamenta en la filtración de chats donde se habría acordado un pago de $400.000 a cambio de favorecer a Tigre, solicita que la Justicia investigue posibles delitos de estafa y otras defraudaciones, anticipando consecuencias institucionales para el arbitraje argentino.

La presentación judicial de Del Gaiso fue motivada por la reciente difusión de mensajes en el programa ¿La Ves? de TN, situación que llegó hasta a motivar un pedido formal por parte del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra) para que el colegiado sea reemplazado para el duelo entre Banfield y Tigre por la fecha 21 del Torneo Apertura, que se jugó el pasado viernes 20 de marzo y terminó con victoria por 1-0 del Taladro.

La acusación presentada por Facundo del Gaiso ante la Justicia alcanza tanto a Lobo Medina como a Juan Pablo Beacon, ex asesor del Consejo Federal de la AFA. Según la denuncia, basada en el análisis de conversaciones de WhatsApp difundidas por el programa mencionado, ambos habrían acordado la manipulación del partido Tigre-Mitre de 2021 con el objetivo de beneficiar al equipo de Victoria en perjuicio de Mitre de Santiago del Estero. En los mensajes exhibidos en el programa, se observa una secuencia donde, tras el empate 3-3 en cancha de Tigre, el árbitro habría enviado a Beacon: “Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, obteniendo como respuesta: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

El partido señalado como foco del escándalo tuvo dos jugadas clave que, tras la filtración de los chats, refuerzan las sospechas. Primero, la expulsión de Santiago Corda, defensor de Mitre, quien recibió la primera tarjeta amarilla a los 3 minutos por una falta contra Cristian Zabala y la segunda a los 26 minutos tras infracción sobre Lucas Menossi. Además de eso, la sanción de un penal dudoso a favor del Matador a los 29 del segundo tiempo, que cambió por gol Lucas Magnín para el empate final, es mencionada por Del Gaiso en su presentación como uno de los momentos motivadores de la acusación.

El empate bajo sospecha entre Tigre y Mitre tuvo un efecto directo en la definición del torneo de la Primera B Nacional 2021. Tigre finalizó la Zona A en el primer puesto con 60 puntos, apenas un punto encima de Quilmes (59), lo que le permitió disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Allí, el equipo venció por 1-0 a Barracas Central y logró su regreso a la élite del fútbol argentino. El Guapo luego obtuvo el segundo ascenso tras vencer en penales a Quilmes en la final del Reducido.

El episodio benefició también profesionalmente a Luis Lobo Medina, oriundo de Tucumán y con 41 años, ya que éste fue designado como parte del plantel de árbitros internacionales de la Argentina en 2025, un logro al que él mismo calificó como “un sueño cumplido” en una entrevista que dio al diario La Gaceta de Tucumán. El árbitro, que también fue cuarto oficial en la Liga Saudí el 17 de octubre de 2025 en el partido entre Al-Ahli y Al-Shabab, mantiene su presencia en el ámbito internacional.

Otro de los casos involucra a un reconocido juez de la Primera División del fútbol argentino. Una conversación por la app de mensajería a la que accedió LN+, entre el ex asesor Juan Pablo Beacon y el árbitro Fernando Espinoza, el polémico réferi expresó su preocupación por posibles consecuencias tras el partido que Racing Club perdió 2-1 ante Arsenal de Sarandí en abril de 2021, mismo año del chat que vincula a Lobo Medina.

En una de las capturas, con fecha del 19 de abril de 2021, un día después del triunfo del Viaducto sobre la Academia, Espinoza habría enviado a Beacon este mensaje: “Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”. A este le siguió “A disfrutar”, así como otras respuestas a lo largo del chat donde se menciona a protagonistas directos del encuentro, entre ellos Sergio Rondina conocido como el Huevo, entonces entrenador de Arsenal, y a Julio Grondona hijo, en ese momento presidente del club local.

La referencia central del diálogo gira en torno a la jugada polémica del segundo gol de los locales, marcado de cabeza tras un córner, que generó debate por su legitimidad y que motivó la posterior aclaración de Espinoza mediante un video: “No es tiro de esquina”. El duelo que se jugó en Sarandí, correspondiente a la décima fecha de la Copa de la Liga en 2021, quedó marcado no sólo por el 2-1 con goles de Jhontan Candia y Gastón Suso entre los minutos 23 y 27, y un posterior descuento de Tomás Chancalay, sino especialmente por la expulsión de Juan Antonio Pizzi, DT de Racing. Ante la consulta del programa Paso a Paso de TyC Sports, el ex delantero expresó su desconcierto por la decisión: “La verdad, yo tampoco”, al ser preguntado por las razones de la tarjeta roja.

Hay que recordar que Arsenal finalizó anteúltimo de la Zona A, sólo por delante de Aldosivi, pero la suspensión de los descensos decretada tras la pandemia evitó que el club sufriera consecuencias en la categoría. Racing alcanzó la final y cayó 3-0 con Colón de Santa Fe en San Juan.

El nombre de Fernando Espinoza se mantuvo frecuentemente ligado a polémicas arbitrales luego de ese caso que salió a luz en los medios. En 2023, fue centro de críticas por un incidente en el que empujó al futbolista Gustavo Canto de Central Córdoba de Santiago del Estero en pleno partido, además de su intervención discutida en el duelo entre San Lorenzo y Atlético Tucumán que incluyó cuatro expulsiones y la convalidación de un gol controvertido.

A estos dos casos ya emblemáticos, hay que mencionar más. Uno es el de Adrián Franklin, recordado por la final en 2019 para el ascenso al Federal A que protagonizaron Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán en la que los jugadores del equipo visitante hicieron una sentada como protesta contra las decisiones arbitrales, ya que sufrieron dos expulsiones en el primer tiempo. Eso generó que a poco del inicio del segundo tiempo, el duelo fuera suspendido en el estadio Minella de la ciudad balnearia.

En noviembre de 2021, se produjo un cruce de mensajes entre Beacon, que lo contactó: “Si yo te hablo, ya sabés de dónde viene”. Franklin respondió: “Sí, hermano”, y aseguró estar “siempre al pie del cañón”, escribió el árbitro según el chat al que accedió LN+.

Actualmente, Franklin suele aparecer en las nóminas de cada semana como encargado del VAR en la Primera División y fue protagonista excluyente del partido entre Barracas Central y Huracán. En esa oportunidad, sugirió al árbitro Tello que una mano en el área por parte de Damián Martínez debía considerarse “un movimiento natural” y omitió llamarlo para revisar un codazo de Facundo Bruera a Fabio Pereyra.

*El polémico partido entre Barracas Central y Huracán

Entre los elementos incorporados recientemente a la investigación aparece la supuesta entrega de dinero al árbitro Sosa para favorecer a Barracas Central contra Belgrano en la B Nacional 2020. Durante la jornada del 12 de diciembre, uno de los mensajes analizados por el juzgado a cargo del juez federal Luis Armella muestra cómo un contacto guardado como “Tovi II” (sería Pablo Toviggino), instruyó a Beacon para que entregara $300.000 (2.000 dólares de la época) a Nelson “Chino” Sosa. El destino del pago habría sido con el objetivo de influir en el mencionado enfrentamiento.

La secuencia de hechos durante el partido en cuestión alimentó la controversia: tras un primer tiempo sin incidentes, Sosa expulsó a dos futbolistas de Belgrano casi de manera consecutiva, situación que desató protestas y culminó con la tarjeta roja para el entrenador Ricardo Caruso Lombardi en tiempo de descuento. El gol que selló la victoria de Barracas Central, en la última jugada del partido, quedó bajo sospecha por una presunta posición adelantada, potenciando las dudas sobre la transparencia del arbitraje.

Uno de los datos más comprometedores que investiga la Justicia son los registros horarios de las conversaciones que mostró el programa de TN ¿La Ves?: el intercambio comenzó antes del mediodía y se extendió hasta las 22:15, momento en que Beacon avisó la supuesta entrega del dinero. La suma se completó con una combinación de 1.500 dólares estadounidenses y $75.000 en efectivo. El mensaje que Beacon envió a “Tovi II” tras la entrega fue: “Quedó satisfecho”, a lo que la respuesta fue un escueto “Qué grande, hermano”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrentará una semana de definiciones judiciales cruciales, con dos causas que involucran a sus máximos dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino: la investigación sobre la mansión en Pilar y el caso de la retención de 19.000 millones de pesos de aportes patronales.

Sobre ese último expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante decidirá si procesa o sobresee al presidente y al tesorero de la Asociación, que están imputados junto con otros dos dirigentes: Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, su par de Argentinos Juniors.

Los cuatro fueron imputados por no haber abonado en tiempo y forma 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. La defensa argumentó que la deuda finalmente se saldó, pero esta justificación podría no ser suficiente para evitar el procesamiento de algunos de los involucrados.

El juez Amarante viene de tener una serie de cruces con Tapia por sus intenciones de salir del país, algo que tiene prohibido. Es que el presidente de la AFA había pedido permiso para ir a Venezuela, casualmente, en la fecha donde fue rescatado el gendarme Nahuel Gallo. El magistrado plasmó en resoluciones posteriores esa suspicacia, y de parte de la defensa del “Chiqui” llovieron las críticas hacia el Juzgado.

La mansión de Pilar

La causa sobre la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, se encuentra en disputa entre distintos Juzgados. Se trata de una mansión que está a nombre de Real Central S.A., una firma del monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.

Hasta ahora no apareció una explicación económica de cómo hicieron estas dos personas para adquirir la mansión, que cuenta con helipuerto, un haras, un galpón con decenas de vehículos de alta gama y otros tantos lujos. Por eso se los señaló como presuntos testaferros.

La Cámara Federal de Casación Penal recibirá este lunes a las partes involucradas para decidir quién debe llevar adelante la investigación.

Inicialmente, el caso estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas, quien luego le pasó el caso a su par del fuero penal económico Marcelo Aguinsky. Sin embargo, tras una maniobra judicial de Pantano, la causa pasó a manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

No obstante, el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, solicitó que la causa saliera del juzgado de Charvay y regresara al de Aguinsky.

La definición está en manos de la Sala I del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en calidad de denunciante, pidió que la jueza Ángela Ledesma se apartara del caso. La acusó de estar relacionada con el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Gerardo Zamora, quien tendría un vínculo estrecho con Toviggino en los negocios del fútbol en esa provincia.

A la vez, Carrió pidió que el camarista Carlos “Coco” Mahiques, quien supuestamente celebró su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggino -por lo que se apartó de la Sala I-, se presentara a declarar como testigo en la causa.

Se trata del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La causa penal por la presunta retención indebida de aportes por más de $19.000 millones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará esta semana en un tramo decisivo. Tras la última indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia el 12 de marzo pasado, el juez en lo penal económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cinco imputados, mientras la Cámara del fuero debe definir un planteo clave que podría cambiar el rumbo del expediente.

Indagatorias cerradas y cuenta regresiva

El 12 de marzo declaró el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la última de las indagatorias. A partir de ese momento, comenzaron a correr los plazos procesales —diez días hábiles— para que el magistrado defina si procesa, dicta falta de mérito o sobresee a los acusados.

Tapia, al igual que el tesorero Pablo Toviggino y los demás dirigentes imputados —Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina—, presentó un escrito, negó los cargos y evitó responder preguntas. En su defensa, sostuvo que no existió delito ni responsabilidad personal ni institucional, cuestionó la difusión mediática del caso y pidió medidas de prueba.

Sin embargo, todos debieron escuchar la lectura completa de la imputación. Se detallaron 51 hechos, uno por cada período fiscal en el que se habrían retenido y no depositado aportes al fisco entre 2024 y 2025. Además, se expuso un informe de 15 carillas con la prueba acumulada desde la denuncia de ARCA.

Dos frentes abiertos

El expediente avanza en paralelo en dos planos. Por un lado, el juez Amarante ya puede definir la situación de los imputados. Por otro, la Cámara en lo Penal Económico debe resolver si hay delito o si corresponde cerrar la causa por inexistencia de acción.

Este último punto es central. La Sala A, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos, tiene pendiente decidir sobre el planteo de las defensas. Aunque se había previsto una audiencia, las partes presentaron memoriales escritos, el último de ellos la semana pasada. Los magistrados ya están en condiciones de resolver.

El dictamen fiscal: la causa debe seguir

El fiscal general ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó al respecto que los pedidos de sobreseimiento deben ser rechazados y que la investigación debe continuar. Sostuvo que si la AFA retuvo fondos que no le pertenecían y no los depositó en término, el delito se configura, más allá de cualquier medida administrativa.

“La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, sostuvo.

El fiscal también rechazó el principal argumento de la defensa, que sostiene que la suspensión de ejecuciones fiscales dispuesta por el Ministerio de Economía volvió inexigible la deuda. “La exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos de ejecución”, advirtió.

Además, remarcó un punto clave: no se trata de impuestos propios, sino de dinero retenido a terceros que debía ser transferido al Estado, lo que implica un deber jurídico particularmente intenso.

El núcleo de la discusión

El caso gira sobre una discusión jurídica de fondo: cuándo se configura el delito tributario.

Para la fiscalía, se trata de un delito omisivo que se consuma cuando vence el plazo y no se deposita lo retenido. En esa línea, considera que las decisiones administrativas sobre cómo cobrar la deuda no alteran esa obligación.

Para las defensas, en cambio, no hay delito sin una obligación exigible. Sostienen que la suspensión de ejecuciones implicó, en los hechos, una postergación de los vencimientos y que, si no hay deuda exigible, no puede haber incumplimiento penal.

En esa línea, plantearon la atipicidad de la conducta y afirmaron que el tipo penal no se configura por la mera existencia de una deuda tributaria, sino por el transcurso de treinta días desde el vencimiento del plazo de ingreso.

También sostuvieron que si el propio ordenamiento jurídico había postergado el vencimiento del plazo de ingreso, no puede sostenerse que se haya configurado el delito.

Los próximos pasos

Con las indagatorias cerradas, el juez Amarante está en condiciones de resolver en cualquier momento. En paralelo, la Cámara debe pronunciarse sobre la validez misma de la acusación.

El escenario abre tres posibles caminos: procesamientos que en caso de ser confirmados en la etapa de apelación impulsen la causa hacia el juicio oral, una falta de mérito que lleve a seguir con la investigación y postergue definiciones o sobreseimientos si prospera la tesis de inexistencia de delito.

Mientras tanto, los dirigentes continúan con prohibición de salida del país, una medida que también está bajo revisión. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Tapia pidió sin éxito que se le otorgue un permiso para entrar y salir de Argentina sin tener que pedir autorización en cada ocasión durante 60 días.

Lionel Scaloni palpitó sobre lo que serán los amistosos contra Mauritania y Zambia en La Bombonera, puntualizó en el caso de Lionel Messi y la importancia de su presencia en el Mundial y habló sobre cómo está trabajando el cuerpo técnico en la conformación de la lista de convocados.

Dónde posiciona la lista del Mundial y cómo les comunicará la noticia a los jugadores

“Es la más importante porque es la que viene. Sin dudas que la de Qatar fue mi primera, pero más allá de las dos Copas Américas, dar una lista para un Mundial no es lo mismo. Le das un montón de vueltas. Aparte, tuvo sus dificultades con las bajas de los chicos al final”.

“Al futbolista es muy difícil decirle que no va a estar en un Mundial. En principio, nosotros, el día que damos la lista, no vamos a llamar a los jugadores para decirles que no. No creo que sea justo. Daremos la lista pensando en lo mejor para el equipo y sabiendo lo doloroso que es para un jugador quedarse afuera de un Mundial”.

Qué aspecto de juego buscará darle importancia en los amistosos

“Siempre priorizamos lo que vemos a través de la pelota. Creo que tenemos que trabajar los momentos en los que no tenemos. Es algo para trabajar y seguir fortaleciendo. Hay que seguir mejorando en eso. En cuanto al ataque, es fortalecer lo que hace el equipo. Es muy difícil cambiar algo que ya venimos haciendo bien. Nos llevó mucho tiempo jugar bien. Cambiar cuatro meses antes del Mundial sería complicado para acertar”.

Si habló con Luis de la Fuente, entrenador de España

“Con Luis hablé el miércoles de esa semana. Habíamos quedado que íbamos a hacer algunas cosas juntos que al final no se dio por la suspensión. Hablamos algunas cosas respecto a lo que sucedió y estamos igual, sin saber lo que pasaba. Con respecto al morbo, Argentina con España siempre será un partido importante. Si le quieres echar más leña al fuego, como en un Argentina-Brasil, son partidos que de por sí son importantes”

El episodio de Gianluca Prestianni y cómo lo ve

“De lo que sucedió ni hablamos. Porque no creo que sea nadie yo para hablar de eso con él. Lo veo bien. Está jugando por derecha cuando antes lo hacía por izquierda; es una buena variante. Le daremos chances para que pueda jugar y pueda demostrar lo válido que es. La primera herramienta para convocarlo es que lo conocemos. Alguno que no pasó por las juveniles es más complicado conocerlo. Es lógico que es mejor que haya pasado por acá”.

La actitud de los jóvenes en la convocatoria

“Los chicos jóvenes traen una gran ilusión por poder estar. A veces demasiada, porque hacen todo rapidísimo. Van a aprender con el paso del tiempo a bajar un cambio y ver a sus compañeros. Las ganas les pueden y es mejor así. Estamos muy contentos con todos”.

La base de Argentina en Kansas y el calor en Estados Unidos

“Al final, el calor será para todos igual. Sí creo que es verdad que jugamos la final en Miami de la Copa América y hacía mucho calor, pero el rival también lo sufre. Para el espectáculo no va a estar bueno. Los parates de tres minutos que la FIFA... se hace para que el jugador tenga un descanso entre tanto bochorno de calor. Lo vimos en el último Mundial de Clubes. Es impresionante el calor. Lo que más me preocupa son los horarios. Me acuerdo que fue Diego se peleaba por eso. ¿Y qué pasó? Nada. Es lo único que se podría mejorar, pero hay muchos partidos”.

“El lugar es muy bonito. No fui yo, me lo mostraron por fotos. Buscamos estar cómodos y que los chicos sientan que están en el predio. ”

La irrupción de Tomás Aranda en Boca

“Este chico Aranda lo hemos traído a entrenador porque vemos lo que ven ustedes. Es una linda aparición. No empecemos con que puede ir al Mundial, porque es muy joven. Tiene la edad de Franco, vuelvo a repetir. Eso indica el futuro que tiene por delante. Tiene ganas, desparpajo, uno contra uno; es un jugador muy interesante. Juega en Boca, estos chicos cuando juegan en clubes tan grandes como Boca y River es porque tienen algo diferente. Ha entrenado, lo pusimos en un reducido y está bueno que las selecciones juveniles tengan este tipo de jugadores. Y que vean que sus ídolos son como ellos”.

Sobre que va a ser el entrenador en sacar campeón y el último que dirige a Messi

“No voy a llorar esta vez. Ya te había visto de reojo. Ojalá que lo dirija”.

Cuántas selecciones llegarán en buena forma al Mundial

“No menos de diez pueden ganar el Mundial. No me las voy a poner a enumerar. Hay no menos de diez que pueden ganar el Mundial, no tengo dudas. Tienen un nivel altísimo y tienen jugadores de gran nivel. Ganará el que mejor lo haga y tenga esa dosis de suerte en algún momento”.

Cómo volverán a la convocatoria los lesionados

“En el caso de Lisando, Lo Celso y Lautaro, creemos que son chicos que han tenido lesiones y pueden volver a competir a gran nivel. En principio, van a estar bien y es lo que todos pensamos”.

Por qué Argentina no aceptó jugar en Italia la Finalissima y la jerarquía de los amistosos

“La única ventana que posiblemente hubiéramos tenido para jugar con un rival europeo fue en noviembre, que fuimos a Angola e íbamos a jugar en India. Era la única porque los europeos se liberaban de la Nations League. El resto de las ventanas... siempre hemos tenido que tirar de rivales africanos o de América. Es eso. No hay otra verdad”.

“Respecto al 27. El tema es que todo se retrasó, no sabíamos si llegábamos o no. Si la opción era España. El tema logístico ya no era lo mismo; tuvimos que cancelar todos los viajes. Yo iba a viajar el lunes a Doha. Se canceló el viaje. Toda la utilería y su gente viajan de acá, no viajan dos horas y media. No es fácil. Tomarse esos dos o tres días era importante. La realidad es esa. Para viajar de acá para allá hay que planearlo. Son 70/80 personas las que viajan con la delegación. No es tan fácil como parece, es la realidad”.

Sobre si Argentina va a ser una desilusión

“Como está el que dice que va a ir bien, está el que dice que le va a ir mal. No sé qué decir a eso. No me expongo. Es algo normal, uno dirá bien y otro mal. El Mundial es muy complicado. Es terriblemente complicado. Estamos bien, con ganas. Somos conscientes de que los rivales nos van a jugar diferente por ser el último campeón. Lo importante es que vamos a estar. Después es fútbol y todo puede pasar. No soy de mirar mucho las redes. No es un tema de redes. Son estadísticas y pensamientos de la gente. Todos opinan. Por suerte, juegan los jugadores”.

Cómo está Messi y si va a jugar el Mundial

“Esa es una pregunta que es más para él. De mi parte ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Por el bien del fútbol Messi debería estar en el Mundial. Pero es decisión de él y de su cabeza, de su estado físico. Es difícil, porque no solo los argentinos queremos verlo, son todos. Después está la disyuntiva de nosotros como entrenadores si está para jugar todos los partidos, pero yo quiero que esté. Yo no me voy a poner acá a decir si veo si lo pongo. Es él, se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. Nosotros no tenemos ningún apuro. Sabemos que lo que decida será lo mejor”.

Dónde pretende utilizar a Valentín Colo Barco

“Él puede jugar de lateral izquierdo. Tenerlo en una posible lista te da la variante en algún momento de que si tiene que jugar de tres, lo puede hacer. Lógicamente, hoy no es su posición. Hoy lo está haciendo muy bien de centrocampista. Puede jugar en las tres posiciones del centro del campo. Es una muy buena apuesta. Ha dado el paso que se le pedía. El equipo prácticamente juega a lo que él quiere y estamos contentos. Le daremos la oportunidad de jugar estos partidos para que demuestre lo que vale”.

El presente de Leandro Paredes en Boca Juniors

“Hemos hablado con él antes del inicio de la temporada para comentarle algunas cosas. Ya sabemos lo que es con la pelota y lo que jerarquiza a su equipo y al fútbol argentino. Las cosas que hemos hablado, buenas y malas, me las guardo. Lo conozco de sobra. Sabe muy bien lo que pretendemos de él”.

Un mensaje para la ilusión de los fanáticos

“Para los partidos me alegra que estén ilusionados, que disfruten. Lo otro es muy difícil. Prometer o hablar de un Mundial es algo increíble. Pensar que se puede repetir es algo impensado. Sobre todo por la dificultad que tiene. Lo que garantizamos es lo que ya se ve del equipo. El máximo compromiso, no poner las cosas fáciles entre compañeros y ni hablar de los rivales. Creo que Argentina sí que ganó merecidamente el último Mundial. Pero hay muchísimos mundiales que no gana el que lo merece, eso habla de la dificultad que tiene. A mí me basta con que la gente se sienta identificada. Todos queremos llegar a lo máximo. Pero seguir con esta convicción y que la gente se sienta identificada es lo máximo”.

Su futuro en la selección y su renovación

“Mati está hablando con el presidente. No digo que no me preocupe, pero mi foco está en el Mundial. El resto no dependerá de mí. Ya veremos qué pasa en un futuro. Por ahora es solo el Mundial”.

El equipo que va a jugar contra Mauritania y los minutos de Lionel Messi

“En principio, vamos a poner un mix de chicos que queremos ver. Queremos recuperar algunos rendimientos, no viene al caso decir quién. Se los dije a ellos. Leo va a jugar, no sé si de entrada, pero va a jugar los dos. No sé cuántos minutos. De yapa, tener al argentino dos partidos más. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha y disfruten”.

La preparación para el Mundial y los posibles amistosos en la ventana de junio

“En principio, esta fecha no fue como se sabía después del Mundial. Nos enteramos de la Finalissima después del Mundial y cuando fui al sorteo, todavía no estaba oficializada. A partir de ahí, planificamos jugar con España y Qatar. Después de los partidos de junio, tengo entendido que uno va a ser Serbia. Lo hemos pedido gracias a que en el cuerpo técnico de Serbia está Garcés. Hemos preguntado si se puede jugar. El otro estamos pendientes. La planificación va más allá de esta fecha que ha cambiado por algo ajeno a lo nuestro. Lo más importante es que todos lleguen bien. Al final, todos queremos jugar con las buenas selecciones, y los equipos quieren jugar con los mejores equipos”.

“Recuerdo que hace un tiempo Menotti nos dijo: ‘Qué bueno tener 20 días en el predio para entrenar’. Eso no existía. Hoy tenemos 10 días y parece que no es interesante. Y para nosotros es superinteresante jugar con Mauritania, el sábado un partido con los chicos de la Sub 20 y después el martes. No te garantiza nada jugar con los mejores y no te garantiza nada esto. Eso es más que evidente. Hay que afrontar lo que venga y ser positivo. Después, el resultado dirá si acertaste o no. Intentaremos hacer lo mejor posible”.

El presente de Franco Mastantuono y su convocatoria tardía

“La convocatoria es muy simple. Íbamos a jugar un solo partido, no nos podíamos llenar de jugadores. Era inútil. No era solo él, había otros. Cuando nos avisaron que había un segundo partido, lo convocamos. Valoro las ganas de querer estar. A veces, no digo que esté mal, pero se bajan del avión y le preguntan a los chicos: ‘¿Qué te parece que te haya convocado después?’ Menos mal que ellos son grandes de verdad. La realidad es que se los convocó después porque había solo un partido. Estamos contentos con él. Es un chico que siempre lo dije, tiene 18 años. Sin ir más lejos, el chico que está jugando en Boca ahora, Tomás Aranda, ha venido a entrenar con nosotros y tiene la misma edad de Franco. Con esto quiero decir que Franco es chico, Aranda es chico. Hay que darle tiempo. Está en un club muy exigente. El más exigente del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención y sepa que hay que ir poco a poco. Su carrera recién empieza”.

Los rumores sobre la convocatoria de Ángel Di María y si habló con él

“No sé el ruido. Tengo la mejor relación con él. De hecho, me escribió hoy. Yo lo saludé para Navidad y Año Nuevo. Mejor dicho, me felicitó y yo a él. Es un tema un poco más de todos en el ambiente que de él. Él lo dejó claro y, desde ese punto de vista, nosotros también lo tuvimos claro cuando hablamos con él. Hoy él no está. Yo estoy feliz por su presente; se lo nota feliz. Eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que está terminada, o al menos así nosotros lo entendimos. Hemos virado para otro lado y hay jóvenes empujando desde atrás que quieren estar. La mejor relación tengo con él y ojalá siga jugando como hasta ahora”.

El porcentaje de la lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo

“En principio, son estos. Pero estamos abiertos a ver jugadores como el caso de los chicos que han venido ahora. Son chicos que lo están haciendo bien y tienen oportunidades. Porque no pensar que en estos últimos meses pueda pasar. Hay chicos que no han venido, que los estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo lleguen y estén. Va más allá de las lesiones; es importante que lleguen bien en todos los aspectos y lo más cercano a su potencial. A ellos ya se los dijimos, lo dejamos en claro en la charla del día lunes. Son conscientes de lo que se juegan. Acá con los que nos han hecho ganar, estamos eternamente agradecidos, pero lamentablemente hay que afrontar otro Mundial. Necesitamos gente que esté bien”.

Cómo vivió la previa de los amistosos y la postergación de la Finalissima

“Cómo lo tomamos, es como ustedes. Íbamos siguiendo las noticias que venían desde Qatar y no eran muy alentadoras. Con tiempo empezábamos a decir que se estaba complicando y buscábamos alternativas. Todo se retrasó, como bien saben, hasta el día domingo antes de empezar. De hecho, el lunes íbamos a viajar a Qatar, y el domingo no sabíamos si se jugaba. Se retrasó todo. No es culpa de nadie. El fútbol está en un lugar secundario”.

“A partir de ahí empezó un tira y afloja. Esta semana fue bastante difícil. Nosotros queríamos que se resolviera lo antes posible. No se llegó a un acuerdo, pero que el partido se tenía que jugar el 27 en Qatar era clarísimo. Entonces, todo lo otro es una polémica que no tiene mucho sentido. A partir de ahí empezamos a buscar rivales porque no teníamos nada concreto. Eso da la pauta de que no teníamos nada pensado. El predio no estaba preparado para que viniéramos. Es lo que ha pasado, más allá de toda la polémica”.

“Al final, es bueno que estemos acá. Que los chicos vengan y estén con su familia, que puedan estar libres. Pudimos hacer entrenamientos interesantes. Hay que sacar lo positivo, y esto es positivo. Tenemos dos partidos amistosos en los cuales hay que respetar a los rivales. Son partidos para jugar y ver a los chicos que merecen una oportunidad. Y, porqué no ganarse un sitio o pelearlo para el Mundial”.

¡Arrancó la conferencia de prensa de Lionel Scaloni!

Los amistosos de la selección argentina en la fecha FIFA de marzo

• Mauritania - Viernes 27/3 desde las 20:15 | La Bombonera
• Zambia - Martes 31/3 a las 20:15 | La Bombonera

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¡Bienvenidos a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni!

El entrenador de la selección argentina hablará ante los medios en la previa del encuentro amistoso contra Mauritania en La Bombonera, que se jugará el viernes a partir de las 20:15.

La captura de la conversación en WhatsApp, que según LN+ se dieron entre Espinoza y Beacon, tiene como fecha el 19 de abril del 2021, el día posterior al triunfo de Arsenal sobre Racing en Sarandí por la 10ª fecha de la Copa de la Liga.

“Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”, es el supuesto mensaje del juez a Beacon que se dio a conocer. “A disfrutar”, agrega. En otro tramo de esa captura se muestra que le responde a un mensaje que, si bien se mostró incompleto, se llega a leer el teórico pedido de Beacon: “Amigo ayudame a que no sigan viendo fantasmas el Huevo y Julito... Jajaja! Obvio que si te llama mi amigo..”. El perfil atribuido al árbitro responde allí: “Que disfruten Grondona y el Huevo”, antes de mandarle un video del partido para aclararle “no es tiro de esquina”.

La referencia está vinculada al partido que tuvo el triunfo 2-1 de Arsenal, dirigido por el Huevo Sergio Rondina, por sobre la Academia que era liderada por Juan Antonio Pizzi. Jhontan Candia y Gastón Suso anotaron para el dueño de casa entre los 23 y los 27 minutos de la primera etapa para marcar el camino, que no pudo doblegar el descuento de Tomás Chancalay a los 40 de esa parte inicial. El segundo gol de Arsenal fue con un cabezazo tras un córner que generó debate.

En aquel juego, Espinoza sacó tres amarillas a jugadores del Viaducto y dos a los de la Academia, aunque el foco de los protagonistas quedó en la expulsión al técnico de Racing.

La expulsión de Pizzi fue uno de los temas destacados de la jornada en el Viaducto. “¿Qué pasó con la expulsión, con Espinoza, porque no se entendió?“, le preguntó el cronista de Paso a Paso, programa de TyC Sports, a Pizzi tras el encuentro en el informe sobre ese partido. “La verdad, yo tampoco”, fue la contundente respuesta del DT.

“La verdad que una pena, porque se lo dije cuando fueron a buscar las cosas al vestuario. Tiene que comerse algo que no hizo, dejar el partido porque la verdad que avisé tres veces. Cuando nosotros no podemos observar quién es el que protesta, tenemos que amonestar al técnico que es el responsable, el jefe de equipo. Espero que no esté enojado conmigo... Debe estar muy enojado conmigo. Pero bueno. Si uno va, lo dice dos veces, a la tercera vez ya está”, se defendió en ese mismo programa Espinoza.

Rondina, entrenador de Arsenal, también habló sobre el tema: “Pasa... En cancha de San Lorenzo, Espinoza en su momento me lo había advertido, porque si él no distingue de quién es el grito se va el técnico. Y en cancha de San Lorenzo, el cuarto árbitro lo vio a Gareca y lo expulsó a Gareca. Es una reglamentación que más quedó expuesta con esto de jugar sin gente (NdR: fue en pandemia), que advierte. Si sale un grito del banco, sea de un colaborador o jugador, y el árbitro no distingue de quién es, el técnico se va a las duchas”.

Espinoza es un árbitro de perfil controversial y que había sido también objeto de críticas en 2023 tras una inesperada reacción con el jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Canto, a quien empujó en pleno partido. Previamente, había tenido una polémica actuación con cuatro expulsiones, un gol mal cobrado y enojo con un policía en un duelo entre San Lorenzo y Atlético Tucumán. En 2022

Aquel año, Racing llegó a la final del certamen y perdió 3-0 contra Colón de Santa Fe en San Juan. Arsenal, por su parte, quedó anteúltimo de la Zona A apenas por delante de Aldosivi y luego último en la Tabla General que se confeccionó luego del Campeonato de la segunda parte del año. Sin embargo, no perdió la categoría porque se habían suspendidos los descensos en esa temporada.

El tema de los chats difundidos están asociados a otra filtración que se desarrolló días atrás y decantó en una denuncia penal por “delitos de estafas y otras defraudaciones” del legislador porteño Juan Facundo del Gaiso contra el árbitro Luis Lobo Medina. También se habían difundido supuestas conversaciones atribuidas a Federico Beligoy con el juez Luciano Julio en el foco.

EL OTRO CHAT VINCULADO A LOS ARBITRAJES

En el informe que realizó LN+, también difundieron capturas de un supuesto chat entre el dirigente Beacon y Gustavo Bassi, ex árbitro que actualmente es presidente del Departamento Arbitral del Consejo Federal. Allí consulta sobre quién dirigiría un duelo entre Liniers de Bahía Blanca y Sol de Mayo de Viedma y existe un pedido asociado al juez Sergio Testa.

“¿Quién va a Liniers vs. Sol?“, le pregunta el perfil atribuido a Beacon. ”Tu pollo", es la supuesta respuesta de Bassi en un diálogo que continúa con cierta complicidad. “Cagué”, le remarca con emojis de risas. “Naaa, tranqui. Le estoy dando continuidad. ¿Viste? Tres de cuatro jugó. Es muy buen pibe", le contesta. “¿A Testa cuándo me lo mandas?“, indaga del otro lado. ”El próximo de local si queres. ¿Con quién juegan?“, le pregunta el director arbitral al dirigente vinculado al club de Río Negro. ”Jajaja.. Se tiene que reivindicar conmigo no sé con quién jugamos, ya te digo", le contesta.

Un fallo judicial reconoció el derecho a recibir una compensación económica a una institución deportiva de Mendoza por la formación de un jugador profesional que actualmente integra el plantel de un club porteño de primera división. Según la sentencia, la entidad educativa, dedicada al desarrollo amateur de jóvenes futbolistas, demostró haber formado al jugador durante parte de su infancia y adolescencia, período clave para la adquisición de habilidades deportivas.

El litigio se inició en marzo de 2024, cuando la institución mendocina, conformada como asociación civil sin fines de lucro y afiliada a la liga regional y a la Asociación del Fútbol Argentino, promovió una demanda contra el club de la Ciudad de Buenos Aires. En la presentación, el apoderado de la entidad reclamó el pago de una compensación por la formación del futbolista, que fue registrado en la institución desde los siete hasta los quince años.

La parte accionante sostuvo que el sistema oficial de registro de la Asociación del Fútbol Argentino validó el vínculo federativo del jugador con la entidad mendocina durante casi ocho años completos. Se apoyó en la vigencia de la ley nacional que reconoce el derecho de los clubes formadores a recibir un porcentaje de las remuneraciones profesionales que perciben los futbolistas que desarrollaron, cuando estos firman su primer contrato profesional o cuando suscriben nuevos acuerdos laborales.

El club demandado reconoció que en febrero de 2022 firmó el primer contrato profesional con el futbolista, con una remuneración mensual pactada. También afirmó que la relación laboral con el jugador continuó vigente hasta la fecha de la contestación de la demanda y que, desde entonces, ambas partes celebraron nuevos contratos, el último de ellos en marzo de 2023.

La institución porteña negó que las renovaciones contractuales generen nuevos derechos de compensación para el club formador, argumentando que el marco normativo argentino solo contempla el pago de la compensación en el primer contrato profesional o cuando se produce una transferencia federativa a otra entidad. Según la defensa, los sucesivos contratos con el mismo club no implican una nueva relación federativa ni un cambio de institución que justifique el reclamo.

Durante el proceso, el tribunal analizó la documentación presentada por ambas partes. El certificado expedido por la liga de Mendoza acreditó que el jugador fue inscripto en la entidad educativa en marzo de 2011 y transferido a la institución de Buenos Aires en 2016. La Asociación del Fútbol Argentino aportó el pasaporte deportivo, donde consta la trayectoria del futbolista desde su registro en Mendoza hasta su llegada al club porteño.

La sentencia revisó la constitucionalidad de los artículos de la ley nacional que regulan el derecho de formación deportiva. El juzgado consideró que la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere una contradicción manifiesta e irreconciliable con la Constitución, lo que no se verificó en este caso. La parte demandada no logró demostrar de qué modo concreto la aplicación de la ley vulneraba derechos constitucionales.

El fallo también abordó el sentido y alcance de la ley de formación deportiva. Según la resolución, la normativa busca garantizar que las entidades que dedican recursos a la formación de atletas reciban una compensación económica cuando estos atletas se convierten en profesionales y generan valor para otras instituciones.

Respecto a la interpretación de los artículos discutidos, el tribunal señaló que existen posturas divergentes en la jurisprudencia. Una corriente sostiene que el derecho de formación debe pagarse cada vez que se celebra un nuevo contrato, incluso con el mismo club. Otra, a la que adhirió el juzgado, entiende que la compensación solo corresponde cuando el futbolista firma su primer contrato profesional o cuando se transfiere a otra entidad, ya que las renovaciones no generan un nuevo vínculo federativo.

La resolución indicó que las modificaciones en la remuneración pactada durante la vigencia del primer contrato, motivadas por la inflación, deben considerarse como ajustes y no como nuevos contratos a los efectos del cálculo de la compensación.

El tribunal determinó que la entidad mendocina acreditó haber formado al futbolista durante el período comprendido entre los nueve y dieciocho años, tal como exige la ley. Por este motivo, reconoció el derecho a percibir un porcentaje de la remuneración bruta total pactada por el jugador con el club porteño, correspondiente al primer contrato profesional y sus actualizaciones.

La sentencia estableció que el porcentaje aplicable para calcular la compensación asciende a 2,63 %, tomando como punto de partida el año de inscripción del jugador en la institución formadora y como fin la fecha de su transferencia al club de Buenos Aires.

En cuanto a los intereses, el fallo dispuso que se aplique la tasa activa del Banco de la Nación Argentina sobre el capital reconocido, desde los treinta días posteriores al nacimiento del derecho hasta el efectivo pago.

Las costas (gastos) del proceso fueron impuestas al club demandado, conforme al criterio de que quien resulta vencido en el litigio debe hacerse cargo de los gastos judiciales. Además, la regulación de honorarios profesionales quedó diferida para cuando se practique la liquidación definitiva y esta adquiera firmeza.

El fallo ordenó que el club porteño abone la suma resultante de la liquidación, más intereses y costas, dentro de los diez días de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución.

La resolución sienta un precedente sobre la interpretación de la ley de formación deportiva, al precisar que las renovaciones contractuales con el mismo club no generan nuevos derechos de compensación para las instituciones formadoras.

El caso puso en debate la función social de los clubes de base y el reconocimiento económico a su tarea educativa y de promoción del deporte amateur.

La disputa judicial tuvo su origen en la voluntad de la entidad mendocina de sostener sus actividades de formación a partir del acceso a recursos provenientes del profesionalismo de sus exjugadores.

La sentencia subrayó el valor de la documentación federativa oficial como prueba del paso del futbolista por la institución actora.

Los clubes del fútbol argentino tendrán parte de su atención puesta esta temporada en la Copa Argentina, el certamen doméstico que entregará un boleto a la Copa Libertadores 2027 para su campeón y otorgará este año un cheque de $200.000.000 (cerca de 150 mil dólares al valor actual) para el que levante el trofeo.

Entre otras resoluciones que emitió la mesa directiva del Comité Ejecutivo de la AFA el pasado 20 de marzo en el Boletín N°6850, dio a conocer los premios que se repartirán durante la actual edición en curso de la Copa Argentina según sus diferentes fases.

De base, cada club clasificado recibió unos 12 millones de pesos si es de la Liga Profesional ó 9 millones de pesos si es parte del Ascenso. A partir de allí, se entregarán 18 millones de pesos a cada ganador de 32avos de final, 39 millones a los que pasen los 16avos, 53 millones para los que avancen de octavos de final, 66 millones a los vencedores de cuartos de final y 106 millones a los que saquen el pasaje a la final. El campeón tendrá otro cheque de 200 millones de pesos.

Es decir que si el próximo dueño del trofeo de la Copa Argentina es de Primera División sumará $496.600.000 (unos 360 mil dólares al valor actual), mientras que si es del Ascenso se quedará con $493.900.000.

En la edición 2026, hasta ahora ya se clasificaron 17 equipos para los 16avos de final: San Lorenzo, Deportivo Riestra, Deportivo Morón, Midland, Gimnasia de Jujuy, Boca Juniors, River Plate, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia, Tigre, Talleres de Córdoba, Platense, San Martín de San Juan, Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Barracas Central.

Hay que recordar que, en la temporada 2025, se repartió un cheque de 500 mil dólares para el campeón del Torneo Apertura (Platense) y otro de 500 mil dólares para el vencedor del Clausura (Estudiantes de La Plata) junto con el 70 % de la recaudación correspondiente a la final que se realizó en estadios neutrales y con ambas parcialidades. Además, durante el año pasado la AFA entregó al campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia de Mendoza) una cifra superior a los 365 millones de pesos (más de 151 millones corresponden por ganar el título), según se detalló en el boletín N°6607 publicado en enero del 2025.

Los mencionados tres campeones del fútbol argentino sacan el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde este año se le dará 1 millón de dólares a cada equipo que dispute esa etapa y se le sumarán 340 mil dólares por partido ganado. Es decir, que pueden acumular potencialmente otros 2 millones de dólares si triunfan en los seis encuentros de su zona en esta primera parte del máximo certamen continental de Sudamérica.

LA ESCALA DE PREMIOS DE LA COPA ARGENTINA 2026

• Por participación (Clubes de Primera División): $12.100.000,00

• Por participación (Clubes del Ascenso): $9.400.000,00

• 32avos. de Final: $18.200.000,00

• 16avos. de Final: $39.900.000,00

• Octavos de Final: $53.300.000,00

• Cuartos de Final: $66.600.000,00

• Semifinal: $106.500.000,00

• Final: $200.000.000,00

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó hoy un pedido de salida del país por 60 días con carácter “general”, es decir sin tener que pedir autorización en cada ocasión, que presentó el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes.

La defensa de Tapia argumentó que la actividad pública del dirigente “resulta incompatible con los tiempos que demanda la tramitación de autorizaciones individuales”.

Tapia ya fue indagado en la causa, se le dictó prohibición de salida del país y debe pedir permiso para cada viaje al exterior. Amarante tiene que resolver su situación procesal así como la de los otros cuatro imputados en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos denunciada por ARCA, entre ellos el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Evitar “burocracia excesiva”

Tapia ya obtuvo con anterioridad permisos para viajar al exterior pero en una ocasión Amarante rechazó un requerimiento para ir a Venezuela, por inconsistencias en la información suministrada sobre el propósito de ese viaje y ahora este fue uno de los argumentos en base a los cuales negó el pedido genérico para irse al exterior sin restricciones durante dos meses.

La solicitud buscaba reemplazar el esquema de permisos individuales por una habilitación general que permitiera a Tapia viajar sin requerir autorización previa en cada caso. Según argumentó la defensa, la medida “no importa en modo alguno la supresión de la medida cautelar oportunamente dispuesta, sino únicamente una modalidad de instrumentación más razonable, eficaz y menos gravosa”.

En esa línea, sostuvo que “toda limitación a la libertad ambulatoria debe aplicarse con criterio restrictivo y proporcional” y remarcó que, ante la ausencia de antecedentes penales, “una eventual condena sería de ejecución condicional, lo que desvanece cualquier pronóstico de fuga”. También invocó el “sólido arraigo institucional, familiar y laboral” de Tapia y cuestionó la “carga burocrática excesiva” que implicaría gestionar autorizaciones caso por caso.

La defensa incluso ofreció medidas alternativas para mitigar riesgos, como comparecencias periódicas, informes de viaje y el compromiso de regresar al país en un plazo de 48 horas ante cualquier requerimiento judicial.

El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, adoptó una postura favorable a la flexibilización. En su dictamen, consideró que el tribunal “puede hacer lugar a una autorización extendida por el plazo requerido”, aunque aclaró que debía articularse con “medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes”.

Inconducta y falta de precisiones

Sin embargo, el juez Amarante desestimó el planteo. En su resolución, advirtió que el pedido “se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados” otorgados previamente y sostuvo que una autorización de ese tipo “requiere una observancia rigurosa de las pautas de conducta, exigencia que no se verifica” en el caso de Tapia.

El magistrado recordó que en una oportunidad anterior, tras recibir autorización para viajar a destinos específicos, “pretendió modificar su itinerario de forma unilateral”, una conducta que calificó como un “indicio de riesgo procesal”.

Se trata del viaje a Venezuela en el que regresó al país el gendarme Nahuel Gallo, en un vuelo privado de AFA y al que se negó permiso de viaje a Tapia.

El dirigente de AFA había primero intentado ir directo a ese país desde otro destino y luego pidió autorización que le fue negada e informó que el objetivo de ese viaje era participar de la inauguración de obras de un centro de alto rendimiento deportivo en Venezuela.

Amarante cuestionó que no se hubieran informado todas las circunstancias relevantes de esos viajes, lo que —según señaló— impide confiar en una autorización sin control previo.

En ese contexto, concluyó que otorgar un permiso amplio “diluiría el control jurisdiccional efectivo y necesario para asegurar los fines del proceso”.

Otro de los ejes del rechazo fue la falta de precisión en la solicitud. El juez remarcó que “la indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado” y descartó que el análisis de cada viaje implique un desgaste innecesario para el tribunal: “no debe ser interpretado como un dispendio administrativo, sino como el mecanismo para garantizar la función cautelar”.

Además, consideró que la documentación presentada por la defensa no acreditó la urgencia. Señaló, por ejemplo, que uno de los eventos mencionados ya había sido suspendido -la Finalissima- y que otras invitaciones fueron informadas con demora, lo que debilitó el argumento de la imprevisibilidad de los compromisos.

El fallo también incluyó una referencia llamativa a la propia declaración indagatoria de Tapia, quien había señalado que pasó 141 días fuera del país en 2024 y 139 en 2025. Para el juez, ese dato demuestra que “su ausencia física en el territorio nacional no ha resultado un impedimento para el ejercicio de los cargos”.

En la causa ya fueron indagados todos los acusados y está pendiente de resolución sus situaciones procesales. Además la Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene que decidir sobre un planteo de inexistencia de delito hecho por las defensas.

El fútbol se unió a esta consigna una vez más. La gran mayoría de los clubes de la Liga Profesional –y también del ascenso– difundieron distintos mensajes para remarcar su firme postura contra ese proceso que se inició un 24 de marzo de 1976 y dio paso a uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.

Entre las producciones especiales para esta fecha, se destacaron las que realizaron Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Banfield, Newell’s y Platense. El Pincha desarrolló una animación para repasar el caso de Ricardo Luis Dakuyaku Kaneshiro, un hincha que fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977 a los 23 años. Sus hermanos, Elena y Marcelo, “jamás dejaron de ir a la cancha y buscarlo”. El fanático, de raíces familiares japonesas, era el socio 77224. “A 50 años del Golpe Cívico Militar, el Club Estudiantes de La Plata NO OLVIDA. Agradecemos a la Familia Dakuyaku por contarnos su historia. Y a Identidad Pincharrata por la investigación”, escribieron en la cuenta oficial del club.

San Lorenzo también compartió un video que se extendió por más de 4 minutos con familiares de hinchas del Ciclón desaparecidos. “Están presentes. En el corazón de sus seres queridos. En los sueños que no claudican. Y en cada gol de su amado San Lorenzo, ese abrazo que se multiplica hasta el infinito. A 50 años del último Golpe Cívico-Militar, los familiares de Osvaldo Balbi, Carlos Horacio Vivas, José Orlando y Luis Zukerfeld, todos hinchas de San Lorenzo desaparecidos durante esos años oscuros y sangrientos, gritaron “¡presente!” en un lugar muy especial: la tribuna que los une para siempre. ¡Gracias por compartirlo! Memoria, Verdad y Justicia“, detallaron desde Boedo.

Platense también eligió el método de la animación para contar una historia vinculada a los fanáticos de la entidad desaparecidos: “Historia basada en hechos reales, extracto del libro “El Regreso y otros cuentos” de Jorge Mario Ramón. A 50 años del último golpe cívico militar recordamos a los calamares desaparecidos. Porque la memoria es compromiso activo con el presente y el futuro. Para seguir construyendo espacios donde la identidad, la solidaridad y los derechos humanos sean bandera. Memoria, Verdad y Justicia. Nunca más".

“A 50 años del último golpe de estado cívico-militar, Banfield tiene memoria y dice Nunca Más”, se sumó el Taladro con otra filmación que repasó a los fanáticos del club desaparecidos con un sector especial de la tribuna que durante el último partido los recordó. “Hoy, como siempre y más que nunca, desde Banfield gritamos nunca más. Tenemos club, tenemos memoria”, fue el mensaje que eligieron.

“24 de marzo | A 50 años. Desde el Club Atlético Newell’s Old Boys sostenemos, como siempre, nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Porque en nuestra historia no hubo complicidad, y no habrá jamás olvido ni silencio”, se unió Newell’s con un video que repasó el caso del socio Eduardo José Toniolli, detenido-desaparecido el 12 de enero de 1977.

Más allá de estos casos puntuales, en el “Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, una gran porción de los clubes del fútbol argentino eligieron distintos mecanismos para mostrar su postura en esta fecha. “A 50 años del inicio de la última dictadura militar, River no olvida y reafirma su compromiso histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En homenaje a los 30 mil desaparecidos. Nunca Más”, difundieron desde la cuenta oficial de River Plate. “Boca Juniors ratifica su compromiso por mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina. A 50 años del golpe cívico-militar, decimos Nunca Más”, fue el mensaje desde el Xeneize.

En Avellaneda, Independiente abrió un canal para colaborar con la búsqueda de desaparecidos: “A 50 años del Golpe Cívico-Militar, Independiente dice Nunca Más. Si tenés familiares o conocidos desaparecidos que hayan sido socios/as de Independiente, comunicate a memoriacai@clubaindependiente.com.ar. Vamos a estar restituyéndoles sus carnets”.

“Ese agujero en la tribuna. Y este otro. Y aquel de más allá. El dolor de las ausencias porque nos faltan Roberto y Lucía y Alberto y Silvia y Jacobo y tantos socios y tantos hinchas que son parte de nuestra historia, de nuestro Racing. Las heridas que ningún medio siglo cura porque hay cuerpos de los que todavía nada se sabe y hay nietos y nietas que aún no recuperaron su identidad y hay delitos de lesa humanidad que continuar juzgando y hay una memoria que seguir edificando para que Nunca Más sea realmente Nunca Más. Un club no puede entenderse sin la vida de su gente y Racing, una asociación civil sin fines de lucro, es también la huella de quienes, con el corazón tatuado de celeste y blanco, fueron arrancados de sus casas, de sus trabajos, de sus universidades y de sus calles. Por eso esos rostros nos miran. Por eso esos ojos alientan. Por eso, en este día y cada día, decimos presentes, presentes, presentes”, comunicaron desde Racing.

LOS MENSAJES DE LOS CLUBES

Lionel Scaloni debió hacer otro llamado de último momento para la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026: sumó al lateral Agustín Giay ante la lesión de Gonzalo Montiel que lo marginó del plantel que enfrentará a Zambia y Mauritania en la Bombonera.

“El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”, confirmó este martes la cuenta oficial del combinado nacional. En su palmarés, el santafesino de 22 años tiene el Torneo de L’Alcúdia que Argentina ganó en 2022 con Javier Mascherano como DT (anotó un gol en la final con goleada 4-0 ante Uruguay) y el Campeonato Paulista 2026 con el Verdao. Giay disputó 12 de los 20 encuentros que afrontó Palmeiras en lo que va del año, incluidos el certamen estadual y el Brasileirao. Completó los 90 minutos de forma consecutiva en los últimos tres (triunfos contra Mirassol, Botafogo y San Pablo).

Giay se convertirá en el apellido número 30 de una lista que tras su primera difusión sufrió varias modificaciones con las bajas del mencionado Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones, además de las incorporaciones de Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

El lateral derecho de 22 años surgió de San Lorenzo de Almagro y fue el capitán de la selección argentina Sub 20 que jugó el Mundial en el país en 2023. Emigró al Palmeiras de Brasil y estuvo en la órbita de Scaloni en llamados anteriores, aunque esta será su primera vez con el plantel mayor. Con Nahuel Molina como primera opción, hay que recordar que, en el carril derecho de la defensa, el DT debió prescindir de Juan Foyth por una grave lesión que lo hará perderse el Mundial y tuvo la reciente baja de Montiel. En tanto, declinó otras opciones como Kevin Mac Allister (Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica), quien debutó contra Angola en el amistoso que se disputó en noviembre de 2025.

Con Lionel Messi a la cabeza, los futbolistas albicelestes fueron llegando al predio de la AFA en Ezeiza en las últimas horas. El cronograma orquestado por el cuerpo técnico de Scaloni indica que esta tarde habrá entrenamiento a puertas cerradas (desde las 17), mientras que mañana y el jueves también realizarán tareas en turno vespertino, con horario a confirmar. El entrenador brindará una conferencia de prensa previa al amistoso contra Mauritania de este viernes en la Bombonera (comenzará a las 20:15).

Hay que destacar que Scaloni tendrá tiempo hasta el 11 de mayo para presentar una lista preliminar que constará de entre 30 y 35 nombres antes del corte definitivo. A más tarde, el 1° de junio, quedará confirmada la nómina con los 26 apellidos que iniciarán la defensa del título mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A la espera de conocer más detalles sobre cómo serán los pasos de la selección argentina en Estados Unidos en la antesala al comienzo de la Copa del Mundo, momento en que disputará uno o dos amistosos más, se sabe que usarán el predio de la franquicia de Kansas City como base durante el certamen. El fixture del Grupo J del Mundial tendrá el debut del seleccionado el martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) con Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo partido tendrá lugar el lunes 22 de junio, a partir de las 14, en el Dallas Stadium ante Austria. La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio, a las 23, otra vez en Dallas, contra Jordania.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

*Desafectados por lesión: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia) y Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina).

La selección argentina se prepara para afrontar la última Fecha FIFA antes de dar a conocer la lista definitiva del plantel que defender la corona en el Mundial 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, los jugadores citados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Zambia y Mauritania comenzaron a desembarcar al país para trasladarse inmediatamente al predio de entrenamiento en Ezeiza. El capitán Lionel Messi llegó por la mañana del martes al centro de práctica que lleva su nombre y fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia.

“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió el Chiqui en sus redes sociales, junto con distintas fotos que lo mostraron dialogando con el futbolista de 38 años que viene de alcanzar los 900 goles en su carrera y el fin de semana anotó un tanto de tiro libre en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City por la MLS.

Lionel Scaloni llamó a 30 jugadores después de los últimos movimientos que realizó tras la primera difusión de la lista oficial. El DT decidió sumar también a Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Agustín Giay (Palmeiras), pero debió prescindir de los defensores Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones.

Tras la cancelación de la Finalíssima ante España y el posterior amistoso contra Qatar, Argentina no logró consensuar con los europeos una nueva sede para el duelo entre el campeón de América y el de Europa. En ese contexto, se debieron armar partidos de preparación de emergencia. En primera instancia, se coordinó con la Selección de Guatemala, pero ese choque terminó siendo cancelado por las normativas FIFA que impedían al elenco centroamericano viajar a Sudamérica luego de jugar en Italia contra Argelia.

Finalmente, se anunció que el campeón del mundo en 2022 jugará sus últimos encuentros antes de viajar a la preparación mundialista contra Mauritana el próximo viernes 27 de marzo y ante Zambia el siguiente martes 31. Ambos duelos comenzará a las 20.15 y se realizarán en La Bombonera.

“La ilusión intacta. Otra vez juntos”, escribió el capitán Messi en sus redes sociales tras compartir tres fotos de su llegada al predio. Luego de estas dos jornadas en la cancha de Boca Juniors, Argentina tendrá la chance de concertar otros amistoso pero ya con la lista mundialista definida. La FIFA estableció una ventana de preparación del 1 al 9 de junio, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se inaugurará formalmente el 11 de junio y la Albiceleste hará su debut el 16.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

Las entradas generales para el amistoso que disputará la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera se agotaron este lunes a las pocas horas de que comenzó el expendio vía online.

El encuentro, programado para el viernes 27 de marzo a las 20:15, forma parte de la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la Copa Mundial 2026. Las plateas, que presentaron valores entre 150.000 y 490.000 pesos, continuaron disponibles unas horas más hasta que la organización informó que ya no hay más localidades. Las populares contaron con precios de 90.000 pesos para adultos y 25.000 para menores de hasta 10 años.

La venta online de los tickets comenzó a las 10:00 y, pasado el mediodía, ya se habían agotado todas las entradas generales. El expendio de plateas mantuvo un ritmo más pausado, aunque por la tarde el estadio alcanzó el aforo completo para el encuentro. La demanda, aunque no igualó el frenesí de otras ocasiones, respondió al atractivo especial que representa la última presentación del seleccionado nacional en el país antes del viaje a Estados Unidos.

El partido ante Mauritania será el primero de una doble jornada en La Bombonera, ya que el martes 31 de marzo la Selección Argentina enfrentará a Zambia en el mismo escenario, también desde las 20:15. La venta de entradas para ese segundo amistoso aún no fue habilitada, aunque se estima que el mecanismo será similar y que los valores se mantendrán.

Como parte de la propuesta para el público, la jornada del 27 de marzo incluirá un show pospartido con la presentación de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, y Mala Fama. Damas Gratis es una de las bandas más reconocidas de la cumbia villera, con una trayectoria de más de dos décadas y presencia asegurada en festivales y eventos masivos en Argentina y América Latina. Su fundador, Pablo Lescano, es referente indiscutible del género y ha impulsado una discografía que supera los 10 álbumes, con clásicos como “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante”.

Por su parte, Mala Fama se consolidó como otro de los nombres emblemáticos de la movida tropical, con un repertorio que incluye temas como “La marca de la gorra” y “Made in Argentina”. El grupo, liderado por Hernán Coronel, fusiona cumbia, cuarteto y otros estilos populares, y mantiene una agenda activa de presentaciones en todo el país.

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni citó de urgencia a Lucas Martínez Quarta para cubrir la baja de Leonardo Balerdi. El entrenador ultima detalles para la lista definitiva de convocados, con la mirada puesta en la preparación para el certamen mundialista.

En el transcurso de la jornada, las redes de la Selección también anunciaron la baja de Gonzalo Montiel de cara a los amistosos. El lateral derecho de River salió con una molestia muscular luego del triunfo del Millonario ante Estudiantes en Río Cuarto y también se perderá los duelos ante Mauritania y Zambia. A la espera del parte oficial, Cachete tendría un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El canje de entradas físicas se realizará en el Estadio de Huracán (Amancio Alcorta y Av. Colonia), requisito indispensable para el acceso al estadio.

Cronograma de entrega de entradas

📍 Boleterías de C. A. Huracán

Martes 24/03 de 9:00 a 15:00

Miércoles 25/03 de 9:00 a 15:00

Jueves 26/03 de 9:00 a 15:00

PRESENTAR SIN EXCEPCIÓN PARA EL RETIRO DE TICKETS:

-Código de canje que se recibe al confirmar la compra

-Tarjeta que haya utilizado para abonar

-DNI físico (tarjeta) del titular del medio de pago.

*ACLARACIÓN: Cada entrada que se compra en los sectores de Palcos equivale a un asiento. El número del Palco es el número de fila.

La presentación ante la Justicia, que difundió el propio del Gaiso en sus redes sociales, pone bajo investigación al árbitro Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon, ex asesor del Consejo Federal de la AFA.

“Luis Lobo Medina, árbitro de fútbol, designado por la Asociación de Fútbol Argentino para dirigir distintos partidos en la Primera Nacional, que es la segunda división del fútbol local, habría manipulado el resultado del partido que dirigió el 12 de octubre de 2021 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero”, se indica en la denuncia.

Las conversaciones de Whatsapp en las que se basa el legislador porteño fueron difundidas en las últimas horas por el programa ¿La Ves?, que se emite por la señal TN. Allí se mostraron capturas de supuestos chats entre perfiles de mensajería identificados como los de Beacon y Lobo Medina.

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires subraya a partir de estos mensajes: “El accionar arbitral habría sido un acuerdo entre él y Juan Pablo Beacon a los fines de beneficiar a Tigre en detrimento de Mitre de Santiago del Estero”. Al mismo tiempo, remarca que en este informe periodístico se advierte que “Juan Pablo Beacon habría acordado el pago de cuatrocientos mil pesos ($400.000) al árbitro Luis Lobo Medina, con el fin de otorgar un resultado favorable a Tigre”.

El encuentro que quedó en el centro de la polémica se desarrolló el 12 de octubre del 2021 en el Estadio José Dellagiovanna, casa del Matador de Victoria. El duelo, correspondiente a la 29ª fecha de la Primera B Nacional, terminó con un empate 3-3 y tuvo especialmente dos jugadas que alimentaron la denuncia tras la difusión de estos teóricos cruces de mensajes: “La expulsión de Santiago Corda, de Mitre de Santiago del Estero, por dos amarillas casi que consecutivas y un penal mal sancionado a favor de Tigre”.

Corda, lateral izquierdo del elenco de Santiago del Estero, fue el primer amonestado del partido a los 3 minutos de juego por una falta sobre Cristian Zabala. A los 26 minutos de esa primera parte vio la segunda amonestación que le costó la expulsión tras una infracción que Lobo Medina pitó sobre Lucas Menossi.

Con tantos de Lucas Blondel a los 29 minutos y de Sebastián Prieto a los 32, el Matador logró pasar al frente del marcador por 2-0. Sin embargo, se fue al entretiempo con una diferencia mínima porque Nicolás Goitea alcanzó a descontar con un cabezazo a los 35 minutos.

En el complemento, el combinado que por entonces dirigía Gabriel Schürrer dio vuelta el juego con una ráfaga: Facundo Juárez y el propio Goitea anotaron para Mitre a los 9 y los 12 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, los que estaban bajo la esfera de Diego Martínez alcanzaron a nivelar las acciones gracias a un polémico penal a los 29 minutos que Lucas Magnín cambió por gol para firmar el definitivo 3-3.

Lobo Medina sancionó una supuesta infracción de Ezequiel Cérica sobre Ijiel Priotti dentro del área y luego expulsó al entrenador Schürrer por realizar gestos golpeando su puño cerrado sobre su palma abierta con una clara alusión.

En su denuncia, del Gaiso remarca que hubo mensajes difundidos por el programa televisivo luego de la igualdad en Victoria. “Tras el partido, el árbitro le escribe a Beacon: “Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”. Beacon lo tranquiliza: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”“, indica la presentación judicial.

El legislador remarca que estos sucesos podrían tratarse de “una estafa y otras defraudaciones”, por lo que solicita la “apertura de una investigación a fin de dilucidar los sucesos manifestados en la presente denuncia” para dilucidar si se encuadraron delitos determinados en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal de la Nación.

“En conclusión, el accionar objeto de la presente denuncia resulta prima facie constitutivo de los delitos de estafas y otras defraudaciones por los cuales Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon deberán responder como autores penalmente responsables”, remarcó en su presentación.

Tigre terminó aquel torneo como primero de la Zona A con 60 puntos, apenas por delante de Quilmes (59). Eso le permitió jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, donde venció 1-0 a Barracas Central –líder del Grupo B– para firmar su retorno a la máxima categoría del fútbol nacional. El Guapo, luego, llegó a la definición del Reducido y obtuvo el segundo ascenso a Primera División luego de imponerse por penales ante Quilmes.

Lobo Medina, nacido en Tucumán hace 41 años, está designado para dirigir este mismo viernes por la noche el duelo entre Banfield y Tigre en el Estadio Florencio Sola en la apertura de la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Según difundió el denunciante en sus redes sociales, el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra) envió una carta a la AFA con la firma de su Secretario General, Guillermo Marconi, pidiendo el “urgente cambio” por “motivos obvios” tras la difusión de estos chats.

El juez fue designado en 2025 como parte del plantel de árbitros internacionales del país. “Es un logro y un sueño cumplido haber llegado a ser FIFA. Uno fue quemando etapas. Dirigí todas las categorías del fútbol argentino, empezando en Tucumán en infantiles e inferiores. En este año 2025 me llegó la posibilidad de ser internacional. Estoy muy contento y trabajando duro para poder seguir estando en la élite, dentro de los árbitros top del fútbol argentino”, declaró en una entrevista con el diario La Gaceta de Tucumán meses atrás.

Cuando le preguntaron en esa nota por las críticas que recibe, afirmó: “Es difícil. Es como que aprendés a convivir con eso. Dijiste en la presentación que soy un árbitro muy criticado y uno convive”. Y agregó: “El arbitraje argentino es uno de los mejores del mundo. Siempre un árbitro argentino dirige la final de la Copa Libertadores, la mayoría de las veces. Nosotros también somos convocados a jugar afuera, en Arabia. Entonces, si ustedes miran las designaciones de afuera, el árbitro argentino es muy respeto y tiene muchas posibilidades de jugar afuera que antes no pasaba. Acá es un poco cultural que se critica al árbitro”. La referencia al certamen árabe estuvo vinculada a que Lobo Medina fue cuarto árbitro del duelo de la Liga Saudí entre Al-Ahli y Al-Shabab del 17 de octubre del 2025 que tuvo al argentino Nicolás Ramírez como juez principal.

Horas después de conocerse la denuncia, Luis Lobo Medina volvió a dirigir un encuentro de Primera División. El viernes impartió justicia en la victoria por 1-0 de Banfield ante Tigre por el Torneo Apertura.

El gran y reconocido periodista Ernesto Cherquis Bialo escribió hoy a las 21.56 el punto final de su página de vida. Tenía 85 años y padecía leucemia.

Ya el año pasado debió ser internado en el hospital Alemán de Buenos Aires a causa de ese mal. La gravedad de su cuadro motivó pedidos públicos de donantes de sangre y generó una ola de apoyos y oraciones entre colegas y seguidores.

Pero esa vez, su fortaleza y su ánimo hicieron un milagro. Él mismo relató las palabras que le dijo la médica que lo trató: "‘No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar’”

Sin embargo, el propio Cherquis logró salir adelante por unos meses más. Y en esa ocasión, contó lo que, finalmente, le ganó la pulseada: “Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó, este, con una, una neumonía bilateral. La neumonía bilateral me produjo la falta absoluta de defensas y la falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia”.

Esta vez, el milagro no sucedió. Y toca decir adiós.

El periodismo

Marzo de 1963. Un joven Ernesto Cherquis Bialo llega hasta Azopardo 579 (esquina México, casi San Telmo), la placa de bronce lustrado indicaba Editorial Atlántida, y apenas ingresa, en el mostrador de la entrada Ranea, el portero, siempre atento y enfundado en su uniforme gris franela, le indicó: “Tome el ascensor hasta el tercer piso y espere en el hall que el señor Fontanarrosa lo mandará a buscar”.

Carlos Fontanarrosa dirigía El Gráfico, la principal revista de deportes no sólo del país sino del continente. El medio escrito en el que cualquier periodista deportivo soñaba con ver su firma.

“Fontanarrosa me hizo sentir tan cómodo en aquella primera entrevista, tan cálidamente tratado que desbarató mi discurso formal de compromiso futuro. En persona era tan agradable como en la tele cuando conducía Polémica en el Fútbol por el Canal 13″, evocaba Cherquis en una de sus memorables notas dominicales aquí, en Infobae. “La charla duró unos pocos minutos. Los suficientes como para saber que la revista vendía 78.000 ejemplares de los históricos 165.000, que había que recuperarlos, que estaba en un proceso de cambio abierta a nuevas ideas, que no se hacía para los amigos ni mucho menos para los enemigos, que debían convivir en sus páginas héroes y villanos y que lo más importante, la Ley 1 digamos, era el respeto por sus lectores. Imposible no entenderlo para siempre".

Piri García, el coordinador de la revista, le blanqueó el panorama, cómo venía la mano: “Vos entrás a prueba por 28 días; si andás bien, quedás como colaborador –última categoría gremial- y cobrarás 1.500 pesos (un poco menos de 10 dólares de la época) por nota”. Y agregó: “Lo mismo que te pagaremos por si te quedas a corregir los domingos (se refería a la corrección de estilo o datos sobre todos los textos de cada autor) o si tenés que venir a la madrugada a ver vidrios”, la última revisión con las páginas desplegadas en planchas transparentes que permitían visualizar títulos, textos, fotografías e ilustraciones antes de enviar todo el material a imprenta.

Más porteño que uruguayo

Tanguero (habitué por años al Viejo Almacén o Caño 14), futbolero (fana de San Lorenzo) y amante del box, claro (el Luna Pak fue su segundo hogar y la oficina de Tito Lectoure, gran amigo, siempre estuvo abierta para él), era tan porteño como el Obelisco menos en el DNI. Es que sus padres -inmigrantes polacos y rusos- llegaron a Montevideo, Uruguay, donde Ernesto nació el 30 de septiembre de 1940. La montevideana calle Yi pasaría a ser un recuerdo cuando la familia decidió mudarse a Buenos aires, donde vivió en varios conventillos (Corrientes y Yatay, y después Potosí y Rawson), estudió y paralelamente ingresó al Club Desarrollo como boxeador; allí llegó a entrenar con el gran Luis Ángel Firpo ya retirado.

Luego de un breve paso como pasante en Clarín, en 1962, un año más tarde llega a El Gráfico para esa entrevista inicial con Fontanarrosa. A través de sus páginas, la revista fundada por Constancio C. Vigil en 1919, va a transformarse con el paso de los años en la auténtica historia oficial del deporte. Con un linaje de plumas históricas que fueron marcando la narrativa deportiva, empezando por el fútbol, el automovilismo y el boxeo, las tres disciplinas más populares, hasta que a mediados de los ‘70, a partir del boom Vilas, el tenis se sumará seguido a sus tapas. De hecho, hasta que en los ‘80 la televisión impone su poderío en cada fecha dominical, salir en la tapa de El Gráfico significaba llegar. Un sueño, una meta, un logro en sí mismo.

Ese pacto de fidelidad semanal con los lectores sólo fue posible a través de grandes plumas y grandes fotógrafos (cómo no). Así, Ernesto Cherquis Bialo se incorporó a un linaje que en El Gráfico iniciarán Borocotó y Frascara, y luego continuarán -según pasan los años- El Veco, Juvenal, Dante Panzeri, Osvaldo Ardizzone, Carlos Ares, Luis Hernández, Carlos Irusta, José Luis Barrio y Daniel Arcucci, por citar sólo algunas de las grandes firmas que dejaron su marca en la revista. “El Gráfico adoptó una personalidad coloquial, de encuentro con sus lectores, haciendo una simbiosis entre el que escribe y el que lee”, explicaba Cherquis, quien fue escalando en el staff, desde cronista principiante hasta convertirse en director (en reemplazo de Héctor Vega Onesime), cargo que ocupó desde 1984 hasta 1990 (lo sucede Aldo Proietto).

Realizó múltiples coberturas. Pero ante todo, la firma de Cherquis Bialo es sinónimo de box. En 1968, el popular vino Peñaflor empezó a auspiciar las transmisiones de boxeo en radio Splendid. “Me hicieron una oferta que no pude rechazar”, le gustaba decir en modo Marlon Brando en El Padrino. Por esa razón, hasta su regreso definitivo a la revista, durante años firmó como Robinson (el seudónimo que utilizó por su admiración a Ray Sugar Robinson)) dado que la revista exigía exclusividad.

Consultado por El País de Uruguay, de esta manera hacía un compendio del box argentino: “Carlos Monzón fue el campeón mundial más grande que tuvo la Argentina, claramente. Ringo Bonavena fue un titán en una época de enormes campeones del mundo como ya no hay en los pesos pesados. Víctor Galíndez fue un grande, con una epopeya inolvidable ante Richie Kates en Sudáfrica. Santos Laciar, Horacio Accavallo fueron grandes también, lo mismo que Uby Sacco, aunque este duró lo que la luz de un fósforo porque su vida no fue fácil. El boxeo era el deporte número dos, en discusión con el automovilismo. Y las tapas de El Gráfico lo reflejaban”.

De puño y letra

Ninguna crónica sobre la vida de Cherquis Bialo podría ser mejor que su propia pluma. En septiembre de 2016 comenzó a publicar en Infobae. Estos extractos de un puñado de sus textos, de lectura imprescindible, lo comprueban:

Zaire

“The Rumble in the Jungle” (”La pelea en la selva”), tal como se ha inmortalizado ocurrió, pasó, fue un hecho cierto. Podemos dar fe de ello 700 periodistas enviados especiales de todo el mundo –dos de medios argentinos: Emilio Ferés por el diario La Nación y yo que firmaba como Robinson por El Gráfico-, más cientos de millones de espectadores del planeta que pudieron verla por televisión a través de la CBS de los Estados Unidos. Fue hasta aquí el único acontecimiento que cumplió con la premisa de la eternidad. Eso de “la pelea del siglo” –que siempre es por un tiempito– esta vez resultó cierto.

Todo aquello, lo del Zaire, lo recuerdo por haberlo escrito para El Gráfico. Y también partes de aquella nota. Por ejemplo:

-A las cuatro menos cuarto de la mañana me di cuenta que todo era cierto. Que las 40.000 personas existían y palpitaban, que lo frenético del baile lingalo me ubicaba en África, que la transpiración que nos bañaba simbolizaba el clima de este misterio tropical, que Cassius estaba en el ring esperando a su rival y la expectativa del mundo entraba en su período de agonía. Cuando apoyó la espalda sobre las cuerdas en las que yo clavaba mis ojos, sentí miedo. Temí que semejante prodigio se desplomara ante la fuerza bruta de Big George. Y preparé por las dudas la frase póstuma: ‘Esta noche, el boxeo se quedó sin Clay, pobre boxeo’.

El último viaje de Grondona

Ese martes 29 de julio de 2014, Grondona abandonaría su oficina por última vez a las 21.05. Bajó por el ascensor chico, el privado, quejándose de un dolor en las cervicales. Había sido un día largo. Difícil. En la puerta, del lado de adentro, lo esperaban cuatro periodistas del grupo de los acreditados en AFA (CEPA). Los miró con severidad, como siempre. Y no dijo una palabra, como nunca. Se abrió paso sin dificultades y se subió al asiento delantero de la camioneta Amarok que la Volkswagen –sponsor de la Selección Argentina- le había cedido gratuitamente para su uso personal .

–“¿Adonde vamos Don Julio?”, le preguntó su chofer, Alejandro Rodríguez, a quien también le llamó la atención que esa noche, precisamente esa noche, Grondona se vaya a su casa solo, sin nadie de la AFA que compartiera su cena.

-”¿ Y adónde querés que vaya?… A casa, vamos a casa, me duele mucho acá, en la espalda”-, respondió Grondona.

Alejandro prendió las luces y se puso en marcha por Viamonte hacia el bajo. Iba a Puerto Madero en lo que sería, sin imaginarlo, el viaje póstumo con su ilustre jefe a bordo.

El día que le cortaron las piernas

Hoy, 30 años después, tiene vigencia la pregunta inicial de todo un misterioso entramado:

– ¿Por qué a Maradona -cosa que no había ocurrido jamás con ningún otro jugador- lo fue a buscar una señora vestida de enfermera al campo de juego para llevarlo al control antidoping?

La historia vivida e investigada es simple. Y es ésta:

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo Sue Carpenter, una asistente contratada como “enfermera” por la organización, se acercó hasta la boca del túnel donde se hallaba el segundo médico de la delegación argentina, el prestigioso cardiólogo Roberto Maximino Peidró.

En tales circunstancias se produjo el siguiente diálogo que la historia retrotrae:

-Yo estuve casada con un argentino-, le confiesa Sue, la rubia que luego se iría tomando la mano de Maradona al antidoping.

-¿Ah, sí?, ¿en dónde?-, preguntó el doctor Peidró.

-Aquí, en los Estados Unidos.-

-¿ Y de dónde es él?-, se interesó el médico para continuar el diálogo cordial mientras el partido continuaba.

-De Congreso. Nunca pude ir y me quedé con las ganas de conocer —contestó la señora quien jamás había sido enfermera y que por entonces ya estaba separada de aquel argentino, de apellido Rodríguez.

-¿Congreso? Yo vivo en Congreso —le respondió Peidró.

-No lo puedo creer. ¿Qué significa Congreso?-

Peidró le explicó entonces que el Palacio Legislativo le daba el nombre al barrio. Ya estaba por terminar el partido y el médico pronunció la frase por la cual se desató el histórico malentendido del doping más célebre del fútbol.

—Andá a buscar a Maradona así salís en la tapa de todos los diarios y te ve tu ex marido en Buenos Aires; vení que le digo a Diego que le tocó el doping.-

Todo resultaba ingenuo, común, de rutina, bajo el imperio de la absoluta normalidad.

“Me llaman Ringo, Chicken”

Bonavena era todo eso y mucho más. Gran señor de la noche desde Sunset hasta Mau Mau y un ídolo indiscutible del boxeo argentino que aún sostiene el récord de público en el Luna Park: 25.236 personas vieron su triunfo ante Goyo Peralta en septiembre de 1965. Pero sobre todas las cosas el Titi, el Zurdo, Oscar o Ringo era un gran hincha de Huracán, su club de pertenencia. Había que ver cada llegada de Ringo al Ducó cuando las tribunas, las populares se levantaban y empezaban a cantar “somos del barrio/ del barrio de la Quema/… somos del barrio de Ringo Bonavena”. Lo cantaban todos y lo siguen cantando ahora 53 años después, porque este es un símbolo que quedó registrado en Patricios para siempre. Más aún podría decirse que Bonavena no le perteneció al barrio sino que el barrio le perteneció a él… Esta era la criatura que ya cansado de fajarse con todos se había ofrecido para pelearle al maravilloso Muhammad Alí sabiendo que por primera vez en su carrera sería eximido de la obligación de ganar. Todo cuanto debía hacer era pelear con dignidad, dejar todo sobre el ring, aguantar, intentar y meter su nombre en la historia.

Recuerdo que después de una hora y media en la que Ringo tuvo las manos dentro de un balde colmado de hielo, salimos a la calle para regresar al hotel. Había que cruzar la 7.ª Avenida. Nevaba en Nueva York y 20 argentinos con su banderita lo esperaban para felicitarlo, para sacarse una foto o pedirle un autógrafo. Detrás de unos lentes negros quedaba un rostro congestionado, lleno de heridas y hematomas. Costó muchísimo cruzar esa avenida llevándolo en vilo entre 4 que nos alternábamos pues su cuerpo, exhausto, pesaba más. Subir los escalones hasta la puerta del Statler Hilton Hotel fue realmente una proeza. Al llegar por fin al lobby y arrastrarlo hasta el ascensor logramos abrir la puerta de su habitación. Se tiró en la cama sin quitarse los lentes repitiendo una y otra vez. “Guapié, ¿no?”. Todo cuanto le interesaba luego de haber tenido en vilo a la Argentina era el esdrújulo consuelo de la dignidad.

Hoy, al evocarlo retomo la fina copa de champagne, la elevo, vuelvo a mirarlo a los ojos y brindo: salud Ringo, aquella noche fuiste más grande que nunca…

“Mi primera notita”

Vuelvo: ese año de 1963 escribí mi primera notita después de que el director de la Cárcel de Caseros, Don Roberto Amalric nos invitara a un partido en el patio del penal entre jugadores de la Primera de San Lorenzo y un combinado de reclusos. Al término del mismo nos ofreció un tentempié. Y junto a Coco Rossi, el Mono Irusta, Facundo, el Bambino Veira entre tantos cracks del amado club, un mozo gentil y atento no permitió que nos faltara nada. “Buen muchacho el mozo”, le señalé a Amalric. Y su respuesta me paralizó: “Sí, buen muchacho, tiene perpetua por haber matado a la madre y descuartizarla para cobrar la herencia… pero atiende bien, es atento”, me respondió.

La primera pelea

Y la primera pelea que comenté fue la que protagonizaron en el Luna Park, Ignacio Basilio Magallanes y Héctor Mora por el título argentino vacante de peso mediano. Fue en abril del 63 lo reemplacé a Piri quien se hallaba cubriendo los Panamericanos de San Pablo, el evento en el cual Bonavena le mordió la tetilla al norteamericano Lee Carr y lo sancionaron obligándolo a hacerse rápidamente profesional. A partir de ese combate firmé – con mi nombre o como Robinson- por casi 30 años las notas, comentarios y entrevistas de boxeo en la revista El Gráfico.

Spassky vs. Fischer

En 1972 fui a cubrir para El Gráfico la pelea que Carlos Monzón le ganó por KO en el 5° round al danés Tom Bogs. Estaba en Copenhague, Dinamarca. Algo menos de una hora de vuelo hasta Reikiavik, Islandia. Después del match, en el vuelo Copenhague-Nueva York, en la compañía Loftleidir, escribí con mi máquina portátil Lettera 22 de Olivetti, apoyada en la mesita de la fila de a tres de la clase turista del avión, la nota que ofrecemos a continuación , cuyo título fue: “Las cosas que vi y escuché de Fischer y Spassky” (Agosto de 1972).

Ya estaban frente a frente Fischer y Spassky en la partida 17. Algo más que un tablero los separaba: una verdadera batalla. Acaso la de mejor nivel técnico después de la Segunda Guerra Mundial y sin duda la más histórica, promocionada y fantástica.

Durante la primera media hora me quedé en el asiento. Un asiento cualquiera, pues no hay numeración. Y es lógico: la gente entra y sale. Y son más los que viven el match fuera del recinto que los que ocupan los asientos. Porque adentro hay una gran pantalla en la parte superior del escenario que va mostrando cada movimiento. En el exterior hay pequeñas pantallas del tamaño de televisores que están ubicadas en todos lados y también dan la imagen simultánea. La diferencia está en que que desde afuera se puede hacer de todo mientras Fischer y Spassky fatigan sus cerebros; en cambio adentro sólo se permite respirar. Y afortunadamente Fischer no se ha opuesto a que ello ocurra. Pero además de lograr que la primera fila esté a 15 metros, que no haya cámaras de televisión, flashes y filmadoras, Fischer ha solicitado que no se permita la entrada a menores de 10 años y que los chicos sean revisados antes de ingresar para que les saquen los chocolates envueltos en papel de aluminio. Luego de una sonrisa, el presidente de la Federación islandesa ha prometido estudiar el requerimiento. (…).

Su top ten

Los 10 mejores pesos pesados de la historia según Cherquis:

1°) Muhammad Ali (Cassius Clay), 2°) Joe Louis, 3°) Rocky Marciano (Rocco Francis Marchegiano), 4°) Mike Tyson, 5°) Jack Johnson, 6°) Jack Dempsey, 7°) George Foreman, 8°) Joe Frazier, 9°) Larry Holmes y 10°) Evander Holyfield.

Los 10 mejores boxeadores peso por peso:

1°) Muhammad Alí, 2°) Sugar Ray Robinson, 3°) Joe Louis, 4°) Julio César Chávez, 5°) Archie Moore, 6°) Sugar Ray Leonard, 7°) Carlos Monzón, 8°) Alexis Argüello, 9°) Floyd Mayweather y 10°) Roberto “Mano de Piedra” Durán.

Dos recuerdos personales

Guillermo Vilas no podía saberlo, claro, pero justo en el momento en que llamó a El Gráfico para quejarse por la nota que yo acababa de hacerle -varias páginas, tras permitirle acompañarlo durante una semana, incluyendo la primicia de mostrar por primera vez fotos de su padre, Roque el Cholo Vilas, en plena fase de recuperación tras ser operado por un tumor cerebral-, casualmente Cherquis me estaba felicitando. Al otro lado de su escritorio vi cómo Cherquis cambiaba la cara y le decía: “Bueno, Guillermo, si es cierto lo que decís, Litvak dejará de trabajar en El Gráfico, pero no porque vos lo pidas, sino porque en El Gráfico sabemos respetar un off the récord. Ahora, si lo que te molesta tiene que ver con alguna observación o declaración que hiciste, Litvak hizo bien su trabajo”. Pasó lo segundo. Ese era Cherquis. Aun frente a una figura totémica para la revista, como era Vilas, lo que mandaba era el rigor periodístico.

Pasaron ya más de cuatro décadas, pero no me olvido más de mi primer encuentro mano a mano con Cherquis. Y no puedo olvidarlo porque fue él quien me tomó la primera entrevista de trabajo. Diciembre de 1983, a pocas horas de la asunción de Alfonsín presidente, éxtasis total por el regreso de la democracia luego de la noche oscura de la dictadura militar. Yo estudiaba periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos y, como cualquiera que soñaba con esta profesión, llegar a El Gráfico era lo más.

Después de sondear con amabilidad mis conocimientos generales del deporte local e internacional, Cherquis me miró fijo y me preguntó: “¿Y qué estás dispuesto a hacer para trabajar en El Gráfico?“ ”Mire, yo no aporto en mi casa, pero en mi casa no pueden aportarme. Así y todo, estoy dispuesto a renunciar hoy mismo como cadete de la imprenta donde trabajo. No se me ocurre mejor lugar que El Gráfico donde aprender el oficio.“ ”Bien, te vamos a tomar una prueba (rentada), y al cabo de un mes veremos si Litvak se pone la camiseta de El Gráfico o se tiene que buscar otro equipo".

Y acá estoy, recordándolo, Maestro. Fue un placer, Cherquis.

La selección argentina jugará su segundo partido amistoso de la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026 ante Zambia el próximo martes 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus canales oficiales.

El ente que rige el fútbol a nivel nacional también expresó su agradecimiento a la Federación de Fútbol de Guatemala por su disposición a competir en el país, pese a las limitaciones reglamentarias impuestas por la FIFA.

De este modo, este amistoso se suma al ya anunciado ante la selección de Mauritania y el elenco que dirige Lionel Scaloni tendrá dos pruebas ante equipos africanos, las que serán las últimas posibilidades para el DT ajustar la lista de convocados y realizar pruebas antes de definir el plantel que defenderá la corona obtenida en Qatar.

La reprogramación responde a la reciente suspensión de la Finalíssima contra España y del amistoso ante Qatar, que obligó a la AFA a modificar por completo la preparación de la Albiceleste.

El calendario original contemplaba dos encuentros de nivel europeos en sedes neutrales, pero las negociaciones no prosperaron y tanto la Finalíssima como el duelo contra Qatar fueron cancelados. Esta situación, explicó Claudio Tapia, presidente de la AFA, durante una entrevista en Fox Sports: “Estamos trabajando para que el 27 y el 31 nuestra selección y nuestro capitán, el mejor jugador del mundo, se pueda despedir del país como tiene que ser”.

La última semana de marzo será crucial para Scaloni, ya que estos encuentros serán los últimos antes de definir la lista definitiva que viajará a Estados Unidos, México y Canadá para participar en el Mundial que se inaugurará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. En ese sentido, la FIFA habilitó una ventana adicional de amistosos entre el 1 y el 9 de junio, pensada ya para planteles cerrados.

Durante la preparación, Scaloni sorprendió al incluir a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) en la convocatoria, sumados a la nómina que había difundido dos días antes y que también presentó novedades locales, como Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing Club). Se quedaron al margen por lesión Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, mientras que Mastantuono, Alejandro Garnacho y Panichelli inicialmente no habían sido tenidos en cuenta por decisión técnica. Entre los jugadores que llegan desde el exterior destacan Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), quienes aspiran a integrar la nómina final para el Mundial.

El cronograma de Argentina para el Grupo J del Mundial 2026 quedó definido: debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina), tendrá su segundo partido ante Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23.00, también en Dallas.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

El juez de Campana Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en las dos sedes más importantes de la AFA, ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Ezeiza, donde está ubicado el predio Lionel Andrés Messi.

Durante los operativos, realizados por Prefectura, las autoridades buscaron los contratos firmados entre la entidad rectora del fútbol argentino y la compañía TourProdEnter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete, que ostenta la representación de los negocios de la Selección en el exterior.

Además, se busca la documentación administrativa contable vinculada a los delitos precedentes investigados, es decir, de dónde salió la plata para comprar la quinta de Pilar, ya que se sospecha que es a partir de esos contratos.

A través de un comunicado, la AFA aseguró que no se trató de allanamientos sino de una requisitoria de información. Textualmetne, la entidad señaló: “Se trató de una requisitoria de información en el marco de actuaciones legales en curso”.

González Charvay también es el magistrado que está al frente del expediente por la quinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habrían adquirido a través de testaferros.

La AFA y TourProdEnter

TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina. Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.

La firma se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. Según una denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe en Campana, existiría una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado por fuera del circuito bancario argentino más de 300 millones de dólares.

En la documentación bancaria aportada por la Justicia de los Estados Unidos también hay indicios de que existieron transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Por el presunto desvío de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, también en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

A criterio del juez González Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios. De hecho, en las próximas semanas debería haber una definición de Casación sobre el futuro del expediente.

La definición sobre la competencia

La disputa judicial por la propiedad de la mansión de Pilar está ahora en manos de la Cámara de Casación Penal, que en las próximas semanas definirá si la investigación continuará bajo jurisdicción del juzgado federal de Campana o si retornará al juzgado en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La audiencia para escuchar los argumentos de las partes fue fijada para el 30 de marzo a las 11.30.

El máximo tribunal penal federal aceptó la queja de la fiscalía y revisará la decisión que sacó la investigación por la quinta de Pilar de la órbita del juez Marcelo Aguinsky.

La investigación se centra en la adquisición de la propiedad de grandes dimensiones ubicada en Pilar, atribuida a la firma Real Central SRL, propiedad de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como imputados en la causa.

De acuerdo con la denuncia, la sociedad no podría justificar el origen de los fondos destinados a la operación inmobiliaria, lo que plantearía la sospecha de que actuó como pantalla para ocultar a los verdaderos titulares: presuntos dirigentes de la AFA. El caso gira así en torno al análisis de la trazabilidad financiera de la operación, en un contexto de posibles vínculos con actividades del fútbol profesional.

El expediente fue remitido a la órbita del juzgado federal de Campana por decisión de Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín. Esta resolución, basada en la ubicación física del inmueble, suscitó la oposición de Aguinsky, juez penal económico de CABA, así como de los fiscales intervinientes, en particular Carlos Cearras, fiscal de San Martín. Cearras elevó la queja ante la Casación al considerar que la decisión carecía de una fundamentación adecuada respecto a la competencia judicial y no respetaba los criterios básicos establecidos para estos casos.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, admitió el recurso de casación y declaró que el mismo había sido “erróneamente denegado”, habilitando así su tratamiento, según Infobae. El tribunal no adelantó una opinión sobre la cuestión de fondo —la competencia—, pero consideró que existen elementos excepcionales que ameritan su intervención temprana, entre ellos la discusión sobre garantías constitucionales como el debido proceso y el principio del juez natural.

La Cámara Federal de Casación Penal reabrió este miércoles la disputa por la competencia en la causa que investiga si una valiosa casaquinta ubicada en Pilar pertenece a testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y fijó una audiencia clave para escuchar los argumentos.

El máximo tribunal penal federal del país decidirá si el caso se sigue investigando en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, o vuelve al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, en la Ciudad de Buenos Aires.

El expediente, que tiene como imputados a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre, se envió a Campana por decisión del juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, quien zanjó un conflicto basado en que las propiedades investigadas están en Pilar, jurisdicción del juzgado de Charvay.

Pero esta decisión fue resistida por Aguinsky y por los diferentes fiscales del caso, incluído el fiscal de San Martín Carlos Cearras, quien llegó en queja a Casación.

Su planteo fue admitido ahora por la Sala I de ese Tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Declararon “erróneamente denegado” el recurso de casación y habilitaron su tratamiento, sin adelantar opinión sobre el fondo del conflicto.

Como próximo paso, los jueces fijaron una audiencia para el 30 de marzo a las 11.30. Allí, escucharán a las partes antes de resolver qué juzgado debe investigar el expediente.

Una causa con ramificaciones múltiples

La investigación gira en torno a la compra de una propiedad de grandes dimensiones en Pilar, atribuida a la firma Real Central SRL, de los Pantano. Según la denuncia, la empresa no podría justificar el origen de los fondos y habría actuado como pantalla de sus verdaderos titulares, quienes, según se sospecha, serían dirigentes de la AFA, como su tesorero, Pablo Toviggino.

La investigación menciona a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte como intermediarios y pone bajo análisis la trazabilidad del dinero utilizado en la operación, en un contexto de posibles vínculos con el mundo del fútbol profesional.

El eje del litigio no es aún el fondo del caso, sino qué juez debe investigarlo.

El juez federal de Campana reclamó la causa por la ubicación del inmueble, mientras que el juzgado penal económico porteño sostuvo su intervención. La Cámara Federal de San Martín resolvió que el expediente debía tramitar en Campana.

Sin embargo, el fiscal cuestionó esa decisión al considerar que fue adoptada con una “fundamentación solo aparente” y sin respetar reglas básicas de competencia.

También advirtió que se trata de una maniobra compleja y extendida en distintas jurisdicciones y que la sede de la AFA se ubica en CABA, en la calle Viamonte. Allí llegaba por ejemplo un resumen de tarjeta de crédito corporativa emitida a favor de Pantano, con la que se pagaban gastos vinculados a la quinta y a la flota de autos de lujo que se encontró en el lugar.

“Nos encontraríamos ante complejas maniobras de lavado de dinero que se habrían cometido en múltiples jurisdicciones”, advirtió la fiscalía.

En esa línea, sostuvo que reducir el caso a la ubicación del inmueble implica ignorar la verdadera dimensión del expediente, que incluiría operaciones societarias y financieras en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos de la provincia.

Garantías en juego

Para la Casación, aunque las cuestiones de competencia no suelen habilitar este tipo de recursos, en este caso hay elementos suficientes para hacer una excepción.

El tribunal entendió que están en discusión garantías constitucionales como el debido proceso y el juez natural, lo que justifica su intervención temprana: se encuentran involucradas “cuestiones de neta índole federal” que habilitan la revisión, sostuvo.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que deben rechazarse los pedidos de sobreseimiento por inexistencia de delito del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino, y de los demás imputados por una multimillonaria retención indebida de aportes.

“Si la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo depositó en las fechas legales –que es lo que está bajo investigación–, entonces eso no ‘desaparece’ por obra de una mera tregua administrativa: no si la deuda es exigible, si el plazo venció y si, como consecuencia de ello, el dinero en cuestión no llegó al Estado en el tiempo exigido por ley“, advirtió.

La fiscalía sostuvo que la causa por la deuda impositiva iniciada por denuncia de ARCA debe seguir adelante y reclamó que se confirme la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante, quien se negó a dictar los sobreseimientos por inexistencia de delito.

“La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, agregó en relación a cuándo hay delito.

Pérez Barberá advirtió que “la exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos procesales de ejecución, sino de la existencia de un deber jurídico de cumplimiento cuyo vencimiento habilita al acreedor a reclamar su satisfacción”, afirmó.

La sala A del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Económico integrada por la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos había fijado una audiencia este miércoles para escuchar los argumentos, pero todos presentaron memoriales escritos. De todas maneras, no habrá una decisión antes del 25 de marzo, porque uno de los acusados pidió prórroga y le fue concedida.

Los cinco acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino fueron ya indagados por el juez Amarante. En todos los casos entregaron escritos, reclamaron ser sobreseídos y no respondieron preguntas. El magistrado ya está en condiciones de decidir si procesa, dicta falta de mérito o los desvincula.

Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones tiene pendiente esta resolución sobre el planteo de inexistencia de delito en el marco del cual la fiscalía reclamó ahora que la pesquisa siga adelante.

La discusión de fondo

La causa se originó por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de depósito de sumas retenidas por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y aportes de la seguridad social entre 2024 y 2025, calculada en 19.000 millones de pesos.

La defensa intentó frenar el avance del caso con una excepción de falta de acción. Sostuvo que, como el Ministerio de Economía suspendió las ejecuciones fiscales contra ciertas entidades —entre ellas asociaciones civiles—, la deuda no podía considerarse vencida ni exigible.

El fiscal ante la Cámara rechazó lo planteado. “La argumentación de la defensa parte de una premisa incorrecta al equiparar la suspensión de la ejecución fiscal con la inexigibilidad de la obligación tributaria”.

En la misma línea, remarcó que “la defensa confunde la exigibilidad de la obligación tributaria con la ejecutabilidad de la deuda por vía de la ejecución fiscal”.

Sin prórroga, con deuda vigente

Uno de los ejes del dictamen es que nunca hubo una prórroga real de los vencimientos. “La normativa en cuestión no dispuso prórroga alguna de los plazos de ingreso” sino que “se limitó a regular el ejercicio de determinadas facultades administrativas del organismo recaudador”, explicó. “Los vencimientos de las obligaciones no sufrieron modificación alguna”, advirtió la fiscalía.

“Aceptar la interpretación propuesta” implicaría “desnaturalizar el régimen jurídico de las obligaciones tributarias”, concluyó.

Pérez Barberá también se detuvo en la cuestión penal. Recordó que los delitos tributarios investigados son omisivos: se configuran cuando no se paga lo retenido dentro del plazo legal. “La consumación se produce cuando, vencido el plazo el obligado omite efectuar su depósito”, sostuvo.

Y aclaró que las decisiones del Estado sobre cómo cobrar no cambian esa situación: “Las decisiones administrativas relativas al ejercicio de las acciones de ejecución no alteran la existencia del deber jurídico ni el incumplimiento”.

El dictamen puso énfasis en la naturaleza del dinero involucrado. “No se trata del pago de una obligación tributaria propia, sino de la transferencia al Estado de fondos retenidos a terceros”, explicó el fiscal. Por eso, advirtió que “el deber jurídico de ingreso de esas sumas reviste un carácter particularmente intenso”.

“Que el Estado suspenda temporalmente los procedimientos para cobrar deudas fiscales no significa que la obligación de pagar haya desaparecido”, concluyó.

Con estos argumentos, el Ministerio Público pidió que se confirme la resolución de primera instancia y que la investigación continúe.

Los dirigentes de AFA tienen prohibida la salida del país, una decisión que también está bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

La cancelación de la Finalíssima que la selección argentina iba a disputar con España el viernes 27 de marzo en Qatar obligó a una rápida reprogramación del cronograma de actividades del equipo de Lionel Scaloni en lo que será la última ventana de Fecha FIFA antes del inicio del proceso del Mundial 2026.

En ese contexto, la Albiceleste anunció que realizará una semana de entrenamientos en el país en ese período que la FIFA planteó en la agenda como preparación para la Copa del Mundo y enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo en horario y estadio a definir.

“Luego de la cancelación de la Finalíssima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, detalló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado emitido en las últimas horas.

El seleccionado que defenderá el título en el Mundial 2026 iba a enfrentar a La Roja por la Finalíssima y cuatro días más tarde tenía un amistoso pautado con Qatar (31 de marzo). Sin embargo, la situación bélica en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede. Las federaciones negociaron un nuevo estadio para el partido entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa, pero no llegaron a un acuerdo por lo que se suspendió ese encuentro que iba a entregar un título.

Mientras tanto, España confirmó que enfrentará a Serbia y Egipto en dos amistosos para esa jornada preparatoria. El calendario de partidos de FIFA establece que la ventana se extenderá del 23 al 31 de marzo, marcando la última posibilidad formal de pruebas para la Copa del Mundo 2026. Del 1 al 9 de junio se podrán jugar otros amistosos en la última Fecha FIFA, pero serán en el marco de los detalles finales para disputar el Mundial que se abrirá el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca.

Argentina será parte del Grupo J e iniciará su actividad el martes 16 de junio contra Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14hs) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).

Hay que recordar que, en la previa a la histórica conquista de la tercera estrella en el Mundial de Qatar, el equipo de Lionel Scaloni no disputó un partido despedida en el país y sí lo hizo en Medio Oriente: en Abu Dhabi, superó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Para volver a un enfrentamiento en suelo argentino hay que posicionarse en la previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando la Selección superó a Haití por 4-0 en La Bombonera. El encuentro funcionó como un estímulo anímico y deportivo, tras la abultada derrota 6-1 sufrida meses antes contra España, una prueba que había sembrado inquietud entre los hinchas. Durante aquella jornada, que incluyó homenajes a los campeones mundiales de 1978 y 1986 y una distinción a Javier Mascherano por sus 143 partidos internacionales, Messi fue la figura central al anotar tres goles, mientras que Sergio Agüero completó la goleada en el segundo tiempo.

Para el Mundial 2014, el adversario en la despedida fue Eslovenia, en el estadio Ciudad de La Plata, ocho días antes del debut contra Bosnia y Herzegovina. El por entonces técnico Alejandro Sabella dispuso mayoría de suplentes para evitar lesiones, aunque una molestia dejó fuera a Lucas Biglia y obligó al DT a protestar por la dureza del rival. A pesar de eso, el público pudo ver en acción durante la segunda mitad a figuras como Messi, Agüero y Ángel Di María con un 2-0 a favor con goles de Ricky Álvarez y el propio capitán argentino.

En la memoria reciente, el adiós de la Albiceleste de cara a Sudáfrica 2010 se celebró en el Estadio Monumental con una victoria de 5-0 sobre Canadá. Con Diego Maradona en el banco, la selección vivió una jornada con homenajes musicales a cargo de Ratones Paranoicos, y una interpretación del himno nacional por Andrés Ciro Martínez, líder de Los Piojos. En aquella ocasión el público pidió por el ingreso de Martín Palermo y celebró con un despliegue en ataque con dos goles de Maxi Rodríguez, más los tantos de Di María, Carlos Tevez y Agüero. Esa presentación ocurrió a 19 días del debut ante Nigeria.

En 2006, la despedida local de Argentina consistió en un inédito cruce entre el seleccionado mayor y el Sub 20 bajo el título “El partido de los argentinos”, donde los titulares dominaron por 4-0. En ese cotejo, Messi tuvo minutos antes de su estreno mundialista. Días después, el plantel principal viajó a Italia y allí superó a Angola por 2-0, con goles de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín.

El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad, y profundiza un conflicto institucional con fuerte impacto político.

El gobierno nacional formalizó la intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.

De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante el período de veeduría, los interventores designados tendrán la facultad de examinar los estados contables, analizar operaciones con empresas privadas e indagar en la creación de la Universidad de la AFA. Según la IGJ, la ausencia de documentación respaldatoria y la falta de respuestas a requerimientos previos motivaron la medida. El informe final orientará los próximos pasos, desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.

El origen del conflicto: “graves irregularidades” detectadas por la IGJ

El expediente que derivó en la intervención comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la AFA.

Según la documentación oficial y reportes de prensa, el organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad no entregó. Se señalaron demoras en la presentación de balances, insuficiencia en el detalle de los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos.

El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no fue acompañado —según la IGJ— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.

La preocupación del organismo incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos principales del sistema.

Qué implica la intervención en grado de veeduría

La medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades de la AFA, sino una figura más restringida: la veeduría.

En términos jurídicos, la veeduría consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional de una entidad. Se trata de un mecanismo de control reforzado.

En este caso, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán amplias facultades para acceder a libros contables, documentos administrativos y registros financieros. Su tarea será reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y determinar si se ajusta a las normas legales y estatutarias.

Entre sus tareas principales figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar relaciones comerciales y financieras con empresas y actores privados, y verificar la existencia de posibles actos contrarios a la ley o al estatuto.

El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, aunque los veedores podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.

Los puntos críticos bajo investigación

La intervención se apoya en una serie de observaciones que, en conjunto, configuran un cuadro de irregularidades administrativas y contables.

Uno de los ejes centrales es la falta de presentación adecuada de balances. La IGJ sostiene que la AFA no respondió en tiempo y forma a las vistas sobre los estados contables de varios ejercicios y que la información suministrada no cumple con los estándares requeridos para una asociación civil de esa magnitud.

Otro foco relevante es la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto institucional para expandir la estructura del fútbol hacia el ámbito educativo. La auditoría deberá analizar su creación formal, la trazabilidad de los fondos utilizados, contrataciones realizadas y convenios firmados con terceros.

Uno de los aspectos más sensibles involucra las relaciones comerciales con empresas privadas. La IGJ examinó acuerdos con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, así como la participación de intermediarios en la gestión de derechos y flujos financieros internacionales.

El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero, desde la generación de ingresos hasta su distribución y eventual remisión al exterior.

La disputa por la jurisdicción de control

Además de las cuestiones contables, un aspecto central del conflicto es la discusión sobre la competencia para fiscalizar a la AFA.

La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que la fiscalización debería corresponder a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

La IGJ rechaza ese argumento. Según el organismo, el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y la AFA continúa teniendo su sede real en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sigue bajo su órbita.

Este punto es crucial: si la AFA lograra consolidar el cambio de jurisdicción, el control estatal quedaría en manos de la provincia de Buenos Aires, lo que modificaría el equilibrio de poder en el sistema.

La disputa, además, posee un componente político. La postura de la AFA cuenta con el respaldo del gobierno bonaerense, mientras que la IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, generando tensiones entre niveles de gobierno.

El rol del Ministerio de Justicia y la decisión política

La intervención en grado de veeduría no es una decisión automática de la IGJ. La normativa vigente establece que debe ser dispuesta por el Ministerio de Justicia, lo que introduce un componente político en el proceso.

En este caso, la resolución fue adoptada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien heredó el expediente de la gestión anterior y resolvió avanzar con la medida al inicio de su mandato.

El propio funcionario había anticipado que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”, intentando desvincular la decisión de una lógica de confrontación política. No obstante, la intervención se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional y con impacto directo en uno de los espacios de mayor visibilidad pública del país.

Mahiques optó por mantener a los veedores propuestos por la gestión anterior, con el objetivo de preservar la continuidad del proceso y evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la auditoría.

La veeduría es, en principio, una medida intermedia. No implica sanciones ni intervención directa en la conducción de la AFA, pero puede derivar en decisiones más drásticas si se confirman irregularidades.

Según los resultados del informe final, la IGJ podría requerir nueva documentación, aplicar sanciones administrativas, impugnar actos de la entidad o solicitar una intervención más profunda.

Paralelamente, la AFA podría optar por judicializar la medida, cuestionando la competencia de la IGJ o la legalidad de la intervención.

Ese escenario trasladaría la disputa al ámbito judicial.

El trasfondo económico: el negocio del fútbol argentino

Detrás de la discusión jurídica subyace el control de los recursos del fútbol argentino.

En los últimos años, la AFA consolidó un crecimiento significativo de ingresos, impulsado por el éxito deportivo de la selección nacional y la expansión de contratos comerciales y derechos audiovisuales.

Ese volumen de recursos —incluidos acuerdos internacionales, sponsoreo, comercialización de imagen y derechos televisivos— posiciona a la entidad como un actor económico relevante en el país.

La IGJ procura determinar si ese crecimiento estuvo acompañado de mecanismos adecuados de control interno, transparencia y rendición de cuentas.

La investigación alcanza también la estructura institucional del fútbol argentino, donde conviven entidades como la AFA, la Liga Profesional y la residual Superliga, con funciones que en algunos casos se superponen.

Un conflicto con impacto político y proyección incierta

La intervención de la AFA se inscribe en un contexto político donde el Gobierno promueve controles institucionales en diversos frentes.

El fútbol, por su peso simbólico y económico, constituye un terreno de sensibilidad especial. La relación entre el Estado y la AFA ha sido históricamente compleja, atravesada por intereses políticos, económicos y sociales.

En la etapa inmediata, los veedores comenzarán el análisis documental y operativo de la AFA. Si el informe confirma irregularidades, el Gobierno podría profundizar el control; si la auditoría no detecta inconsistencias, la AFA podría fortalecer su posición institucional.

La intervención marca un punto de inflexión: por primera vez en años, el Estado implementa un control directo sobre la principal entidad del fútbol argentino, en un escenario donde el poder económico del sistema alcanza niveles inéditos.

Mientras todos los flashes apuntaban a Claudio “Chiqui” Tapia por su indagatoria en la causa por retención indebida de aportes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el jueves de la semana pasada una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con el fin de anular una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) y destrabar así su mudanza a la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la Resolución 140, firmada el pasado 18 de febrero por el entonces inspector general Daniel Vítolo. El exfuncionario rechazó el pedido de la entidad para trasladar su domicilio legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la calle Mercedes 1366, en el partido bonaerense de Pilar, y dar de baja la inscripción vigente en el Registro Público a cargo del organismo nacional. La historia comenzó el 17 de octubre de 2024. Ese día, los directivos aprobaron la mudanza mediante una asamblea ordinaria. Menos de un mes después, el 15 de noviembre, las autoridades bonaerenses validaron el traslado. La Provincia inscribió a la institución bajo la matrícula 50275, mediante la Resolución 9000.

La apelación de la AFA lleva la firma del abogado Federico Helfer, socio del estudio que representa a la entidad en este expediente, y exige declarar la nulidad absoluta e insanable de la resolución. También acusa a la IGJ de actuar con una clara desviación de poder. El texto denuncia que el organismo "se arroga facultades que corresponden exclusiva y excluyentemente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, invadiendo así la esfera competencial de otro organismo público“.

El escrito de 100 páginas, al que Infobae tuvo acceso, denuncia la existencia de múltiples vicios procesales. Según la apelación, los inspectores estatales constataron el nuevo domicilio institucional sin notificar a la parte interesada y ello habría impedido a los abogados controlar los informes oficiales a tiempo.

El acceso al expediente también motivó quejas. En el recurso, la AFA sostuvo que "para poder conocer su contenido esta parte debió esperar más de una semana y abonar la suma de $ 36.000 en concepto de copias" para acceder a datos que "ya habían sido filtrados y comentados en distintos medios“.

La apelación dedica un apartado extenso a cuestionar el “raid mediático” protagonizado por Vítolo. El documento enumera más de 20 entrevistas donde el ahora exfuncionario anticipó el rechazo al traslado semanas antes de la conclusión del trámite. La presentación destaca que el entonces inspector general calificó el cambio de jurisdicción como "una mudanza ficticia" y preanunció el resultado del expediente al afirmar en público: "Hoy, para la Inspección General de Justicia, la única jurisdicción es la Capital Federal y su sede social es la calle Viamonte. No caben dudas“.

El escrito denuncia también presuntas irregularidades procesales, como expedientes físicos con la orden expresa de “no foliar” y requerimientos contables firmados por empleados transitorios sin designación legal. Al tiempo que califica de contradictorio el principal argumento de la IGJ para frenar la mudanza: la supuesta existencia de balances pendientes de evaluación entre 2017 y 2024.

El recurso destaca que el organismo emitió un certificado el 7 de noviembre de 2024 donde dejó constancia oficial de que la entidad estaba "al día con la presentación de los estados contables“, acusando a la administración de utilizar demoras burocráticas propias como pretexto.

La provincia de Buenos Aires respalda la postura de la AFA. El escrito cita una resolución dictada el pasado 25 de febrero por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que dictaminó la pérdida de todas las funciones de poder de policía de la IGJ sobre la asociación desde el momento de la nueva inscripción. La dependencia provincial consideró un hecho inadmisible la pretensión de ejecutar un doble control de legalidad sobre un mismo acto corporativo.

Por último, la AFA solicitó que el expediente recaiga en la Sala D de la Cámara Civil. La entidad deportiva argumenta que ese tribunal debe intervenir por conexidad, ya que tramitó una disputa previa vinculada a esta misma asamblea. En aquel antecedente, los jueces fallaron a favor de la institución y anularon una medida del organismo de control. La apelación exige admitir el recurso con efecto suspensivo y ordenar la inscripción definitiva del traslado a la jurisdicción bonaerense. Como advertencia final, y para dejar en claro hasta dónde está dispuesta a llevar el conflicto, la asociación avisó en el escrito que acudirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el fallo resultara adverso.

El comunicado oficial emitido por la CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indica que, después de recibir el 14 de marzo la propuesta de cambiar la sede para el enfrentamiento entre Argentina y España a un territorio neutral, específicamente Italia, ambas instituciones accedieron a la localización sugerida, aunque mantuvieron reservas sobre la fecha establecida. Esta situación motivó una serie de nuevas negociaciones que, al no llegar a un consenso entre las partes implicadas, derivaron en la suspensión definitiva del partido, según consignó el medio.

De acuerdo con la información difundida, la Finalissima estaba inicialmente planeada para el 27 de marzo en Catar, pero tras descartar esa opción, la UEFA insistió en trasladar el encuentro a Madrid. La CONMEBOL y la AFA sostuvieron que una sede neutral era esencial para garantizar la equidad deportiva, descartando así la capital española. Según informó el comunicado, las federaciones sudamericanas aceptaron la alternativa de jugar el partido en Italia, siempre que se reconsiderara el día del partido.

El medio detalló que el punto de mayor fricción entre las entidades organizadoras giró en torno a la fecha del encuentro. Mientras que la UEFA mantenía el 27 de marzo como única alternativa viable, la parte argentina solicitó reprogramar el enfrentamiento para el 31 de marzo, cuatro días después del plan inicial. La UEFA comunicó que realizar el partido en esa fecha no resultaba posible, lo que llevó a la cancelación definitiva del evento, según consta en la versión oficial de los hechos.

En el comunicado conjunto, la CONMEBOL y la AFA destacaron que desde el primer momento manifestaron su disposición para disputar la Finalissima en un país neutral y agradecieron la colaboración de Catar, país originalmente designado como sede, así como el esfuerzo de la UEFA y de la Real Federación Española de Fútbol para intentar concretar el partido. “La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”, afirmaron las instituciones sudamericanas.

La suspensión de la Finalissima, cuya realización podía haber enfrentado a Argentina y España por el título en una nueva edición de este partido intercontinental, se definió oficialmente luego de que las partes no lograran acercar posiciones sobre el calendario. El medio consignó que la CONMEBOL y la AFA comunicaron públicamente su pesar por la imposibilidad de llevar a cabo el evento tras varios intentos de conciliación y múltiples propuestas alternativas evaluadas en coordinación con la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol.

En el documento difundido, ambas entidades expresaron: “Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido”. A su vez, remarcaron que, a pesar de aceptar la sede propuesta tras un persistente esfuerzo de la UEFA para trasladar el evento a Madrid, el desenlace de las tratativas estuvo marcado por la falta de acuerdo temporal.

El cronograma inicial contemplaba la realización de la Finalissima en fecha FIFA, lo cual otorgaba a los equipos involucrados garantías sobre la disponibilidad de jugadores y la logística asociada a desplazamientos internacionales. Sin embargo, según publicó la fuente, los plazos ajustados y la imposibilidad de modificar el calendario por parte de la UEFA imposibilitaron reprogramar el encuentro para la fecha solicitada por la delegación argentina, lo que dejó sin efecto la disputa por el título.

El antecedente inmediato de este tipo de partidos es la Finalissima que en el pasado reunió a campeones continentales, establecida mediante acuerdos de colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, entidades responsables de la organización del fútbol europeo y sudamericano. La suspensión de este enfrentamiento entre la albiceleste y la selección española deja sin anfitrión a un evento que generaba expectativas deportivas y mediáticas, según detalló el medio especializado en deportes.

La información recopilada deja constancia de los reiterados intentos de las organizaciones sudamericanas y europeas por llegar a un consenso sobre los aspectos fundamentales para la realización del partido, privilegiando el principio de equidad en la selección de la sede y buscando alternativas viables ante la imposibilidad de utilizar Catar o Madrid. Ante la intransigencia con respecto a la fecha, las negociaciones se agotaron sin resultados positivos y así quedó oficialmente suspendido el evento.

La cancelación oficial de la Finalíssima 2026 entre Argentina y España modificó los planes de ambas selecciones a tres meses del Mundial. El partido, previsto originalmente para el 27 de marzo en Doha, fue suspendido por la inestabilidad en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Conmebol, la UEFA y las federaciones sobre la sede.

El encuentro fue cancelado porque los representantes de Sudamérica y Europa no lograron consensuar un lugar y una fecha, luego de que la situación política en la región obligara a descartar Qatar como sede. Tampoco prosperaron alternativas como Madrid, Buenos Aires, Roma, Lisboa o el aplazamiento posterior al Mundial. La decisión deja a las dos selecciones sin una prueba clave antes de la Copa del Mundo y obliga a replantear sus últimos compromisos de preparación.

Negociaciones fallidas y propuestas de sede alternativas

En primer término, Doha aparecía como la ubicación acordada por la capacidad organizativa de Qatar y su neutralidad. Sin embargo, el deterioro del contexto regional hizo inviable ese plan.

La UEFA quiso imponer entonces organizar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que convertiría a España en local. Esta opción fue rechazada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol, por no considerarla una sede neutral. Claudio Tapia, presidente de la AFA, propuso como alternativa el Estadio Monumental de Buenos Aires, opción que tampoco prosperó.

Se planteó la posibilidad de una serie a doble partido —uno en Madrid y otro en Buenos Aires— con reparto equitativo de la recaudación. Finalmente, tampoco hubo acuerdo. Otras propuestas incluyeron Roma y Lisboa, aceptadas por Argentina como sedes neutrales, sin resultado por cuestiones de fechas.

Postura de la Conmebol y la AFA por la equidad deportiva

En su comunicado, la Conmebol enfatizó su voluntad de disputar la Finalíssima en sede neutra. La AFA pidió aplazar el partido al 31 de marzo, pero la UEFA descartó esa fecha por falta de tiempo, lo que condujo a la cancelación definitiva.

La Conmebol y la AFA defendieron que jugar fuera de Madrid respondía al principio de “equidad deportiva”.

“El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”, reza el escrito de la entidad sudamericana.

Minutos después de la comunicación de la Conmebol, Claudio Tapia, presidente de la AFA, dio su versión de los hechos en su cuenta de X (antes Twitter).

“Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España”, prologó su postura.

“Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva. La propuesta inicial de disputarlo en Madrid —de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación— no respetaba ese principio", enfatizó.

“Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo. La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado”, continuó.

“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, concluyó.

Impacto en la preparación mundialista de Argentina y España

La suspensión del encuentro privó a ambos seleccionados de una cita prevista como preparación clave antes del Mundial. En el caso de Argentina, el entrenador Lionel Scaloni tiene un plan: quiere aprovechar la fecha FIFA- va a haber otra del 1° al 9 de junio, pero el plantel ya va a estar en Estados Unidos- para juntar a toda la tropa del 23 al 31 de marzo, sumar horas de convivencia y de trabajo.

Su deseo es que Argentina se entrene en el complejo de Ezeiza y que el 31 juegue un amistoso para despedirse del público argentino antes de la Copa del Mundo. No obstante, el partido no podrá jugarse en el Monumental, porque el 23, el 27 y el 31 toca AC/DC en River Plate. En consecuencia, deberá disputarse o en el Interior o en el estadio de Boca Juniors.

España debutará en el Mundial el 15 de junio en Atlanta ante Cabo Verde, en un grupo que también integran Arabia Saudita y Uruguay. Argentina se estrenará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia, para luego jugar contra Austria y Jordania.

Así, no habrá duelo entre dos de los combinados más poderosos de la actualidad, salvo que se enfrenten en la Copa del Mundo. Las catorce confrontaciones previas entre Argentina y España muestran seis victorias para cada uno y dos empates. El último encuentro fue en Madrid antes del Mundial de Rusia 2018, con triunfo español 6-1. La edición más reciente de la Finalíssima, en 2022, terminó con victoria argentina por 3-0 ante Italia en Wembley.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino se sentaron esta semana frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y respondieron con un “no” tajante cuando se les consultó si estaban dispuestos a contestar preguntas. Ambos se remitieron a los escritos de descargo que presentaron en su declaración indagatoria, con los fundamentos para reclamar el cierre del caso y el sobreseimiento.

Sin embargo, no pudieron evitar escuchar la lectura de cada uno de los cargos y de la prueba que se acumuló en el expediente desde que ARCA presentó la denuncia penal por supuesta retención indebida de aportes por 19.300 millones de pesos, entre 2024 y 2025.

Pruebas y definiciones

“A continuación, se le exhiben e informan la totalidad de pruebas y constancias acumuladas en la presente causa”, reza el acta de las declaraciones indagatorias a la que tuvo acceso Infobae. Se trató de la lectura de 15 carillas con un detalle de la evidencia. Antes se les exhibió un cuadro con 51 hechos, uno por cada período de aportes de cada impuesto retenido y no depositado al fisco en tiempo y forma, que forman parte de la acusación.

La causa entró en etapa de definiciones con dos frentes abiertos: por un lado, el juez en lo penal económico Diego Amarante cerró con Tapia el jueves la ronda de declaraciones indagatorias y quedó en condiciones de definir las situaciones procesales de los cinco imputados: Tapia, Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina. El magistrado podría procesarlos, dictar falta de mérito o sobreseerlos, como reclamaron todos.

De manera paralela la Cámara en lo Penal Económico citó para el próximo miércoles a una audiencia previa a resolver sobre el planteo de inexistencia de delito hecho por la defensa de Tapia y al que adhirieron los demás acusados. Se basa en la existencia de una normativa que según sus argumentos, permitía a la AFA diferir esos pagos al fisco.

El juez rechazó el planteo y avanzó con la investigación e indagatorias. La defensa apeló y la decisión está en manos de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos.

Además, el jueves pasado, mientras la atención mediática estaba puesta en la indagatoria de Tapia en el edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, los jueces del Tribunal de Apelaciones recibieron escritos que pidieron revocar la prohibición de salida del país de los dirigentes, algo sobre lo cual también tienen que decidir.

La acusación del juzgado

A los dirigentes de AFA se les leyeron cargos atribuidos a la presunta omisión de depósito, dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de los plazos legales, de sumas retenidas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social.

La Asociación y sus dirigentes sostuvieron que ya regularizaron esos pagos.

La causa reúne una importante cantidad de documentación incorporada durante los últimos meses. Entre las pruebas que se les leyeron figuran informes del Banco Credicoop, que detallan las cuentas que la AFA mantiene en esa entidad, los movimientos registrados, las personas autorizadas a operar fondos, formularios de apertura de cuentas, registros de firmas e incluso imágenes del frente y dorso de cheques librados y presentados al cobro.

También se sumaron datos sobre transferencias realizadas para el pago de haberes, además de información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas comitentes, tarjetas de crédito, créditos otorgados y depósitos a plazo fijo vinculados tanto a la AFA como a algunos de los directivos mencionados en la investigación.

A pedido de la Justicia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitió además un informe con el detalle de pagos efectuados por AFA, eventuales planes de facilidades solicitados para cancelar obligaciones impositivas y previsionales, y datos técnicos como las direcciones IP desde las cuales se habrían realizado operaciones vinculadas a esas cancelaciones.

El expediente también incorporó documentación institucional remitida por la Inspección General de Justicia y por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, entre ella el estado contable de la AFA cerrado el 30 de junio de 2025, el informe de auditoría independiente y el dictamen de la comisión fiscalizadora.

Entre los elementos analizados por los investigadores aparecen además planillas con el detalle de las retenciones vinculadas a contribuciones de la seguridad social correspondientes a los períodos fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, junto con registros de intimaciones y notificaciones de deuda cursadas a la entidad.

A ese material se sumó también un oficio remitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 con certificaciones de una causa por presunta administración fraudulenta, en la que se investigan hechos vinculados a la gestión de fondos, en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.

Qué le contaron los dirigentes al juez

Al inicio del trámite y como ocurre en todas las declaraciones indagatorias, el juzgado preguntó por datos personales sobre los cuales hay obligación de responder más allá de que luego haya una negativa a hablar o a contestar preguntas sobre la imputación.

Tapia dijo ser “empleado y a su vez dirigente deportivo, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino”. Cuando lo interrogaron sobre si sabía de anteriores procesamientos contra la Asociación del Fútbol Argentino, respondió: “la verdad no sé si procesada. Sé que cuando asumí pague los aportes de dos gestiones anteriores que se debían, Luis Segura y Armando Pérez, que fueron los de la Comisión Normalizadora”.

Un día antes, Toviggino también se había negado a contestar preguntas y sólo contó que estudia abogacía en la Universidad de Morón, que es Presidente Ejecutivo del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino y cuando le preguntaron recordó que estuvo procesado en una causa similar a la que ahora se investiga. “Fui finalmente sobreseído por la Corte Suprema en el año 2025. Lo que recuerdo es que la denunciante había sido la AFIP contra la Asociación del Fútbol Argentino. Fui procesado en primera instancia, sobreseído en la Cámara, sobreseído en Casación y sobreseído en la Corte Suprema”, enumeró.

Se trata de dos definiciones relevantes para un Ministerio que enfrenta una agenda cargada desde el inicio. Por un lado, el Gobierno busca empezar a descomprimir un sistema judicial que arrastra más de 300 cargos vacantes entre jueces, fiscales y defensores, una situación que afecta el funcionamiento de distintos fueros en todo el país. Por otro, deberá resolver un expediente administrativo iniciado en la gestión anterior del ministerio, en el marco de la investigación sobre los manejos contables en la AFA.

Según explicó el funcionario, la decisión de avanzar con los pliegos responde a una instrucción directa del presidente Javier Milei, con quien habló sobre el funcionamiento del sistema judicial el mismo día de su jura. “Milei quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo”, afirmó Mahiques.

En esa conversación, agregó, también abordaron otros temas de la agenda judicial que interesan particularmente al jefe de Estado, entre ellos, el impulso al juicio por jurados en el ámbito federal, una figura prevista en la Constitución desde 1853 pero que todavía no fue implementada en ese nivel.

Respecto del envío de pliegos al Senado, el ministro explicó que el Ministerio de Justicia está terminando de actualizar la información administrativa y los antecedentes de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. Una vez completado ese proceso, comenzará a enviar una primera tanda de nominaciones para avanzar con las designaciones.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

La otra decisión concreta que dejó la entrevista tiene que ver con la AFA. El ministro confirmó que entre mañana y el martes firmará la designación de los veedores propuestos durante la gestión anterior, quienes deberán revisar los balances de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según explicó, al llegar al ministerio pidió el expediente —que tiene cerca de 400 fojas—, lo analizó personalmente y concluyó que no presentaba irregularidades administrativas. Por eso, está prevista la inminente designación de Rubén Miguel Pappacena, un contador que integra el cuerpo de peritos de la Corte; y del abogado Agustín Ortiz de Marco, experto en derecho civil y comercial.

El funcionario detalló que el trámite ya inició el circuito interno previo a su firma, que incluye la intervención del nuevo titular de la Inspección General de Justicia. Una vez completado ese paso, señaló, firmará la resolución para formalizar la designación de los veedores.

Durante la entrevista con Infobae, Mahiques también detalló otras prioridades de su gestión. Entre ellas, mencionó la implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones donde todavía no rige, el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno y la apertura de un diálogo institucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre el sistema acusatorio, sostuvo que el proceso de implementación debe continuar, aunque advirtió que su aplicación requiere que estén dadas determinadas condiciones institucionales y operativas. Según planteó, para que el modelo funcione es necesario contar con fiscales suficientes, infraestructura, capacitación, recursos humanos y herramientas tecnológicas adecuadas.

En ese contexto, adelantó además que ya solicitó una reunión formal con los integrantes de la Corte Suprema. Según explicó, uno de los principales temas que espera abordar con el máximo tribunal será la cobertura de vacantes judiciales, una preocupación que el máximo tribunal viene señalando desde hace tiempo.

El ministro también se refirió al proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno presentó el año pasado y que incluye un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Según explicó, antes de enviarlo al Congreso quiere que especialistas vinculados a los jueces de la Corte puedan revisar el texto y emitir una opinión técnica sobre el trabajo realizado.

“Es una deuda histórica”, sostuvo el funcionario al referirse a la necesidad de actualizar el Código Penal, que tiene más de cien años de vigencia. En ese sentido, señaló que el proyecto tiene más de 900 artículos y que su intención es terminar de estudiarlo junto con expertos antes de avanzar con el envío al Parlamento.

En el tramo final de la entrevista, Mahiques rechazó las especulaciones políticas que surgieron en las últimas semanas sobre su llegada al ministerio en medio de las discusiones que rodean al fútbol argentino. “No vengo a salvar ni a perseguir a la AFA”, afirmó.

LA ENTREVISTA A JUAN BAUTISTA MAHIQUES

—Primero quiero que me cuente cómo fue el desembarco en el Ministerio y cuáles son las prioridades sobre las que está trabajando hoy.

—Fue un desembarco lindo. Yo conozco este ministerio, ya trabajé acá entre 2015 y 2019. Así que llegué y conocía a mucha gente.

—¿Lo encontró cambiado el Ministerio?

—No, poco. Pero llegar como ministro… la vez pasada que estuve lo había imaginado, en algún momento lo había soñado. Así que llegar como ministro fue muy emotivo, muy fuerte. Un lindo desembarco y un lindo desafío.

—La propuesta para llegar a ser ministro la explicó varias veces, pero quiero que la reconstruya. Concretamente, ¿fue una convocatoria de Karina Milei, de Santiago Viola? ¿Cómo fue el contacto para que usted termine tomando este compromiso?

—Fue la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien me lo ofreció formalmente. Lógicamente lo había hablado con el Presidente de la Nación. Pero quien me lo ofreció formalmente fue ella. Inmediatamente lo acepté porque es algo que me interesa muchísimo y me gusta. La verdad es que en esta semana que llevo estoy muy contento y feliz de estar acá.

—Hay muchos temas para hablar: las ternas de candidatos a jueces, la definición del Código Penal, qué va a pasar con la Corte Suprema. También quiero hablar sobre la AFA, pero primero quiero meterme en el tema de los jueces, porque el propio presidente Javier Milei planteó que era una de sus prioridades para este año legislativo. ¿Cómo están trabajando y qué se puede esperar para los próximos días o semanas?

—Sí, el Presidente lo tiene como un objetivo prioritario. Quiere que haya una Justicia ágil, rápida, cercana a la gente. Y si hay una justicia sin jueces y sin fiscales, esa velocidad, esa agilidad y esa cercanía no se pueden dar. Entonces la prioridad —o una de las prioridades— es esa. Lo hablamos con el Presidente el día que asumí. Estamos actualizando todos los datos y todos los expedientes de los candidatos de las ternas y, en breve -cuando estemos en condiciones administrativas de mandar los candidatos- los mandaremos.

—Quiero hacerle una pregunta técnica. Durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, tal vez con otro ministro, con Mariano Cúneo Libarona, se hablaba sobre la definición de las ternas y el tema de completar la Justicia. Con todos esos expedientes que estaban tramitados, ¿qué van a hacer? ¿Van a revisar, van a proponer otros? ¿Cómo va a ser operativamente esa definición?

—El procedimiento para la designación de un magistrado es muy complejo, porque intervienen todos los poderes del Estado…

—Porque son trescientos cargos, más o menos. ¿O más?

—Hasta donde tengo entendido, 313.

—Entre jueces, camaristas y fiscales.

—Entre jueces, defensores y fiscales de distintas instancias. La designación de un magistrado es un proceso muy complejo en el que intervienen todos los poderes del Estado. Una vez que llega al Ministerio de Justicia, después de todo ese proceso —salvo excepciones, que las hay—, el Consejo de la Magistratura ya hizo un trabajo previo. Ese organismo es el encargado de evaluar, sancionar o incluso remover a aquellos magistrados que no tengan las capacidades o la idoneidad necesarias.

Una vez que alguien está en una terna es porque, en principio, demostró capacidad, idoneidad y valores. Pasó exámenes escritos, orales y audiencias en el Consejo de la Magistratura. Es decir, todos los que llegan a una terna son personas capacitadas para ejercer la magistratura.

Después, el Presidente tiene la facultad de elegir uno de esos tres candidatos y mandar ese pliego al Senado. ¿Qué ha pasado estos dos años? O más, porque en realidad el gobierno anterior tampoco cubrió vacantes. Yo desconozco cuál fue el motivo por el cual no se mandaron pliegos. Yo llego y tengo claro que es una prioridad, que es una deuda que hay que saldar y, lo más importante, que el Presidente quiere hacerlo. Entonces elegiremos de esa terna un candidato, evaluando sus antecedentes, y lo mandaremos al Senado.

—Usted publicó la semana pasada que iban a revisar la situación impositiva y los antecedentes de cada uno de esos ternados. ¿Por qué había que hacer eso? ¿No se había hecho antes?

—Sí, pero es un trámite administrativo que se tiene que actualizar. En el medio hay concursos que vienen desde 2017 o 2018. Yo, estando en el Consejo de la Magistratura como representante del Ejecutivo, aprobé concursos que todavía están acá.

—Claro, volvió a encontrarse con esos expedientes de antes.

—Sí. En ese transcurso se actualizaron varias veces los antecedentes y las condiciones impositivas. Pero en el medio esa situación puede haber variado esa situación. Entonces, antes de mandarlos hay que volver a actualizarlos y asegurarse de que esté todo en orden.

Lo mismo pasa con los conjueces. Hay una lista amplia que aprobó el Consejo de la Magistratura y que también hay que actualizar, en cuanto a antecedentes y condiciones impositivas para poder mandarla al Senado y que el Senado pueda aprobarla. Hoy no tienen acuerdo del Senado y esa es otra de las razones por las cuales hay vacantes que terminan siendo subrogadas por jueces, que incluso están en otra provincia, a 400 kilómetros de distancia.

—Respecto de esas listas y de esa definición, ¿el Presidente o usted como ministro tienen alguna prioridad sobre qué cubrir primero? Porque en algún momento trascendió que iban a ser los camaristas. También está la cuestión de Comodoro Py, donde hay cuatro vacantes de jueces y eso hace muy complejo el funcionamiento de ese fuero. ¿Hay alguna prioridad?

—Sí. Puntualmente en el caso de Comodoro Py, los concursos todavía están en trámite en el Consejo de la Magistratura.

—Siguen todavía.

—Sí. La de los jueces y la de los fiscales, en la Procuración General. Se llamó a concurso hace poco, así que es un trámite que todavía falta y no hay ninguna vacante para cubrir que esté acá en el Ejecutivo: ni los juzgados de primera instancia, ni de la Cámara de Casación, ni de la Cámara Federal. No hay nada acá en el Ejecutivo.

—Bien.

—En cuanto a las prioridades, desde mi punto de vista, son los fueros que están colapsados. Hay fueros que están realmente colapsados. El fuero de familia está colapsado, el fuero civil está colapsado. El fuero penal ordinario de instrucción de la Capital Federal está con la mitad de sus miembros. La Cámara Civil.

—Cámara Penal Económica.

—La Cámara Penal Económica tiene cuatro vacantes de seis. Esos son los lugares que necesariamente hay que cubrir con urgencia, porque no dan abasto. Los jueces no dan abasto, tienen mucho trabajo. La justicia civil, la justicia penal ordinaria, la justicia de familia… hay mucho trabajo y hay mucha vacancia. Entonces creo que esas son, por lo menos desde mi punto de vista, las prioridades.

—Porque uno piensa en la Justicia y en las vacantes de los tribunales y lo primero que piensa es si va a haber alguna prioridad, entre comillas, política sobre esas coberturas. ¿Hay algún criterio que no sea de funcionamiento? ¿Se entiende la pregunta?

—No hay una prioridad política. Hoy la prioridad para cubrir las vacantes de la Justicia es que la Justicia funcione bien, para que dé la respuesta que tiene que dar. Y la Justicia del día a día, la Justicia cercana a la gente, es la justicia penal de instrucción, civil, de familia, comercial.

—La semana pasada trascendió —y pudimos confirmar— que hubo varias reuniones, tanto acá en el Ministerio como en la Casa Rosada, para tratar este tema. ¿Hubo alguna definición? ¿Hablaron sobre la cuestión política de los apoyos legislativos que pueden tener estas propuestas? Y le pregunto también: ¿hay alguna fecha concreta de cuándo van a elevar esos pliegos?

—Estos pliegos los vamos a elevar en cuanto estemos en condiciones administrativas de hacerlo.

—¿Fecha?

—En breve. Estoy esperando que me traigan los expedientes con las actualizaciones e inmediatamente mando algunos pliegos, una tanda de pliegos. Esos pliegos no debieran tener inconvenientes.

—¿Podría ser en marzo?

—Sí, mi idea es que sea en marzo.

—En semanas entonces.

—Si es por mí, en días. Pero no quiero decir algo porque estoy esperando las condiciones administrativas para mandarlos.

—Le quiero hacer una pregunta antes. ¿Qué le dijo el Presidente? Porque usted no lo conocía personalmente.

—No, lo conocí el día de mi jura.

—Es atípico que eso ocurra.

—Evidentemente confía en el criterio de la Secretaría General de la Presidencia.

—Digo, que un presidente tome la decisión de nombrar a un ministro al que no había conocido antes es singular, o al menos atípico.

—Puede ser que no sea habitual.

—¿Y en esa primera charla de qué hablaron? ¿Qué le dijo el Presidente?

—Me dio tranquilidad, me manifestó su apoyo y su confianza en mi desempeño. Y me dijo lo que quería.

—Lo que se pueda contar, ¿qué le dijo?

—Quiere una justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, porque los tiempos no son lo que la sociedad pretende. Tampoco necesariamente tienen que ser los tiempos de la Justicia lo que la sociedad pretende; son tiempos diferentes. Pero está claro que hay una deuda y el Presidente quiere saldarla, y ese es su objetivo. Después, puntualmente, hablamos de temas que a él le interesan, como el juicio por jurados.

—A ver.

—Es una deuda de la Constitución del 1853 que el presidente tiene claro. La idea es que haya una injerencia popular en las decisiones judiciales, que se instaure de una vez por todas el juicio por jurados. Es un tema que vamos a estudiar y proyectar para que, de una vez por todas, en el ámbito federal se puedan dar y podamos tener juicios por jurado.

—Retomamos el tema de la política. El gran problema que tuvieron este gobierno y gobiernos anteriores es la falta de acuerdo político para que esos jueces sean nombrados. ¿Ustedes tienen una estrategia para eso? ¿Cree que van a tener los votos? ¿Qué rol puede tener el kirchnerismo en esa discusión?

—Yo creo que no debería haber problema, porque ese problema existió para acuerdos que requerían mayorías agravadas. En el caso de un magistrado de primera instancia, de Cámara o de tribunales inferiores —que no sean la Corte Suprema, la Procuración o la Defensoría General— la mayoría es simple. Hoy el Gobierno, con sus aliados y con senadores que entienden que es necesario cubrir las vacantes del sistema judicial, entiendo que no debería haber problema.

Es lo lógico que pase en un sistema democrático, que pasó siempre. Y en este proceso ni siquiera se intentó, porque no es que se mandaron los acuerdos y se rechazaron. Hubo un rechazo a acuerdos que requerían mayoría agravada. Con mayoría simple no hubo ningún rechazo.

—Entre esas listas de primeros magistrados van a haber de provincia, me imagino.

—¿Juzgados federales de provincia?

—Juzgados federales de provincia.

—Probablemente sí, probablemente haya alguno. Hay un montón de vacantes: tribunales orales, cámaras.

—Algunos con competencia electoral incluso.

—Sí, hay algunos con competencia electoral.

—Vinculado a este tema, a partir de la aprobación de la reforma laboral está la eliminación —o la disolución paulatina— de la Justicia Nacional del Trabajo. Hubo recursos judiciales y amparos contra esa decisión. ¿Cuál va a ser el trabajo que va a hacer el Gobierno sobre ese tema?

—Ya hubo un rechazo de una medida cautelar que presentó la CGT. Es una causa que está en trámite. Sobre el tema no tengo mucho más para decir.

La Justicia Laboral es una justicia que también está diezmada por las vacantes. La Cámara laboral, si mal no recuerdo, tiene la mitad de sus integrantes y la otra mitad está vacante. En ese sentido, ese traspaso a la Justicia local —o que quede como una Justicia de transición para ocuparse de los temas que hoy existen en la Justicia Nacional del Trabajo— pareciera ser menos conflictivo, porque hay muchísimas vacantes.

Ahora, también hay que evaluar si parte de la Justicia Laboral tiene algún tipo de injerencia a nivel federal. Hay temas que pueden considerarse federales, temas gremiales y demás. Es un tema que hay que estudiar.

—No es que le van a bajar la persiana y de un día para el otro desaparece la Justicia Nacional del Trabajo.

—No. De un día para el otro no puede desaparecer una estructura como la Justicia Laboral. Sí hay una ley y hay que tener en cuenta que la Justicia local de la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una Justicia Laboral, como la tienen todas las provincias. Después hay que evaluar si hay temas de la justicia laboral que pueden ser de competencia federal o no. Eso es algo que hay que estudiar. Lo que sí está claro es que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una justicia local del trabajo y de todos los fueros.

LA CORTE Y EL RÉGIMEN ACUSATORIO

—Otro de los temas vinculados con las vacantes es la Corte Suprema y también la Procuración, que requieren mayorías agravadas en el Senado de dos tercios. ¿Qué definición hay? Porque el Presidente planteó que no iban a pactar con el kirchnerismo para esas designaciones.

—No hay mucha más definición, ya lo dijo el Presidente.

—Está claro, pero la Corte que piensa usted, ¿es una Corte para completar vacantes como la actual o podría tener otra fisonomía distinta a la de cinco miembros?

—Yo ya lo dije en varias oportunidades: la Corte hoy funciona muy bien. Incluso, según las estadísticas, está dando respuesta a más expedientes de los que podía resolver teniendo la integración completa.

Hoy no es el momento para discutir la integración de la Corte. Lo dijo el Presidente: no están dadas las mayorías. Cuando se entienda que se puede acceder a un diálogo y llegar a los dos tercios para completar la Corte, la Procuración y la Defensoría General —que también está vacante— se hará. Hoy no están dadas las condiciones. No es una necesidad principal, ni una prioridad del Gobierno cubrir esa vacante.

—¿La Procuración tampoco?

—No, tampoco. Hasta que no haya una posibilidad de acuerdo razonable para llegar a los dos tercios…

—Se lo pregunto porque está en plena aplicación el sistema acusatorio, donde el rol del procurador general va a tener una relevancia mayor que la que tiene ahora. ¿Piensan que podría ser parte del mismo paquete, jueces de la Corte y procurador, o es una definición que todavía no está?

—No, para mí es una definición que no está: que sea jueces de la Corte y procurador al mismo tiempo, no lo sé. Lo que sí sé es que para implementar el sistema acusatorio hay que estar en condiciones. Implementarlo por implementarlo, por decir “lo implementamos en tal o cual lugar”, para mí es un error, es destinarlo al fracaso si no están dadas las condiciones.

¿Cuáles son las condiciones? Tener magistrados, infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación. Si no está todo eso, implementarlo para mí es un error. Eso lo tengo claro, muy claro.

—¿Esa es una definición que usted compartió con el Presidente?

—Sí.

—Porque la gestión anterior quería acelerar ese proceso, independientemente de todo esto que está contando usted. ¿Para usted es mejor “parar la pelota” hasta que estén dadas todas las condiciones y después aplicarlo?

—Yo creo que hay que implementarlo. El Presidente cree que hay que implementarlo. No hay duda de que hay que implementarlo. De hecho, es hasta extraño que en parte del país se aplique y en parte no. Tan extraño que hoy la Cámara Federal de Casación tiene que resolver expedientes de provincias con sistema acusatorio y de provincias con sistema mixto.

Que hay que implementarlo, no hay duda. Ahora, la gestión anterior habrá entendido que en los lugares donde se implementó estaban dadas las condiciones, y está bien. Pero ahora hay que evaluar si en los lugares donde queda implementarse están dadas esas condiciones.

—Ahora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires —que tal vez fue más tema de agenda por su lugar en la agenda pública— tienen dudas y están planteando que faltan recursos, funcionarios y capacitación. ¿Usted comparte ese análisis que hicieron, por ejemplo, asociaciones de magistrados?

—Sí. La provincia de Buenos Aires ya tiene algunas jurisdicciones donde se aplica. Las próximas jurisdicciones, si mal no recuerdo, eran La Plata y San Martín. Yo llegué hace una semana, pero estamos viendo. Sí sé, porque vengo del sistema, que hay lugares donde faltan un montón de fiscales. Entonces me parece que es sentido común.

—La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo.

—Me parece que es sentido común. Si faltan fiscales, que son los encargados, a partir de la implementación del sistema acusatorio, de llevar adelante la investigación, pareciera que el sentido común indica que hasta que esos lugares no se cubran —o por lo menos en un porcentaje alto— no tiene sentido aplicarlo.

Eso es un detalle, pero otro es capacitarlos. Hay que capacitarlos, ponerles recursos humanos, tecnología y estructuras edilicias.

—Sí, computadoras, sillas, todo. Y eso no está todavía garantizado.

—En algunos lugares sí y en otros no.

—Hablo, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires…

—Bueno, la ciudad de Buenos Aires, seguro. Es evidente: le faltan cuatro fiscales de doce.

—Imposible aplicarlo…

—Difícil.

EL DEBATE POR EL NUEVO CÓDIGO PENAL

—Hay otro tema que quedó pendiente de la gestión anterior: el nuevo Código Penal que se había presentado. De hecho, el propio Presidente lo presentó con el anterior ministro y con Patricia Bullrich en su condición de ministra. ¿Qué va a pasar con ese Código Penal, que establecía un endurecimiento de las penas y sumaba tipos penales? Era un trabajo muy grande. ¿Qué va a pasar con ese proyecto?

—Un gran trabajo: 913 artículos, si mal no recuerdo. Lo estoy leyendo, pero quiero que tenga un visto por parte de la Corte Suprema, obviamente por los expertos, así como participaron muchos profesores y magistrados.

—Yo lo escuché decir que quería que lo vea la Corte. ¿La Corte no había visto ese proyecto?

—No, la Corte no estaba convocada, no fue parte. Entonces, así como participaron un montón de profesores y magistrados, me parece bueno y saludable que los expertos que la Corte designe para este tema lo vean y emitan su opinión, siempre académica. Después de eso, sí mandarlo. A ver: es una deuda pendiente, histórica. El Código Penal tiene más de cien años.

—Una de las leyes que se aprobó, además de la reforma laboral —que incluía el capítulo de la justicia laboral— fue la baja de la imputabilidad. ¿El Ministerio tiene alguna tarea para la aplicación de esa ley, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años?

—Sí. Es una tarea que se tiene que llevar adelante entrelazando el Ministerio.

—Porque los diputados y senadores levantaron la mano y aprobaron, pero después hay que empezar a implementar eso, que implica un montón de cosas.

—Un desafío enorme.

—Por eso le pregunto.

—Un desafío enorme, donde la última opción es la pena privativa de la libertad. Pero en el medio hay que hacer un trabajo intensísimo entre distintos ministerios del Gobierno: el Ministerio de Seguridad, de quien hoy depende el Servicio Penitenciario; todos los organismos o áreas de las que dependen las medidas alternativas a la pena.

El tema de las tobilleras electrónicas; el Ministerio de Capital Humano, que también tiene que aportar en todo lo que es contención. Es un trabajo enorme, dificilísimo, que se va a empezar a llevar a cabo ahora. De hecho, ya me reuní con la ministra de Seguridad para hablar, entre otras cosas, de este tema.

—Vamos a entrar ya en el tramo final del reportaje, sobre el tema AFA. No sé si queda algún tema relevante de los que está trabajando desde el Ministerio que no hayamos tocado y que quiera mencionar.

—No, a grandes rasgos es lo que hablamos. Mis prioridades son la cobertura de vacantes, la implementación del Código Procesal Penal, el envío del Código Penal y la implementación del juicio por jurados. Después hay muchísimos temas.

EL VÍNCULO CON LA CORTE SUPREMA

—Con el tema de la Corte, ¿usted se va a reunir con los jueces del máximo tribunal?

—Sí, ya le pedí una reunión formal a la Corte.

—¿Y tiene fecha?

—Todavía no tuve respuesta, pero será en breve.

—Fuentes de la Corte dicen que recibieron bien su designación. ¿Usted tiene alguna relación con los ministros de la Corte?

—No sé cómo lo recibieron. Sí conozco a los ministros de la Corte, por supuesto. Tengo la mejor imagen de ellos. Muy buena relación institucional, así que entiendo que será en breve la reunión. Es una presentación formal, protocolar.

—¿Tiene algún tema específico para hablar con ellos, además del Código?

—La Corte está preocupadísima por la cobertura de vacantes. Hace mucho tiempo que está exhortando a que se cubran. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es también el presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, hay una necesidad explícita de la Corte respecto de la cobertura de vacantes. Ese va a ser, entiendo, el primer y principal tema.

LA AFA Y EL GOBIERNO

—Pasemos al tema de la AFA. Uno de los temas relevantes que tiene que definir -y que tiene cierta urgencia o cierta prioridad- es la designación de veedores. Quería saber cómo está ese trámite, porque hasta donde sabíamos, o lo que había trascendido públicamente, el trámite había terminado y estaba a la espera de su firma. ¿Cómo está ese tema?

—Es un tema administrativo. Cuando llegué, pedí el expediente, lo miré el fin de semana. Son cerca de cuatrocientas fojas. Quería ver que no hubiera ninguna irregularidad en la propuesta de los veedores de la gestión anterior.

—Lo que había trascendido era que el expediente estaba arriba del escritorio del ministro esperando la firma. ¿Eso cómo está?

—No, eso no es así. Primero porque no existe expediente físico como para que esté arriba de un escritorio. Es todo digital. Cuando llegué el expediente estaba en guarda, entonces pedí que lo saquen para que me lo impriman y poder verlo.

Lo vi, lo estudié y confirmé que el trámite no tenía problemas administrativos ni ninguna irregularidad. Entonces pedí que empiece el camino para que me llegue a la firma. En ese proceso interno de los trámites administrativos tenía que pasar primero por el nuevo titular de la IGJ.

—Alejandro Ramírez.

—Alejandro Ramírez, que hoy salió su designación. Así que él lo estará firmando hoy o mañana y me lo elevarán a mí. A más tardar entre lunes y martes estaré firmando la designación.

—¿Y van a ser las mismas personas que había propuesto la gestión anterior?

—Las mismas personas que propuso el anterior inspector General de Justicia.

—Porque una de las sorpresas cuando usted llegó fue que se fue el anterior titular de la IGJ, que había tenido un perfil muy alto, Daniel Vítolo. También se fue el titular de la UIF y varios funcionarios que trabajaban con Cúneo Libarona. ¿Por qué tomó esa decisión?

—No entiendo por qué causó sorpresa. Si quieren ponerle “purga”, pónganle el nombre que quieran, pero es lo que hacen todos los ministros cuando llegan. Es la lógica: llega un ministro y llega con su gente de confianza para cada una de las áreas.

Yo llegué y, como es habitual, pedí la renuncia a todos los funcionarios políticos. En este caso puntual, por el perfil que había tenido el anterior inspector General de Justicia, se generó todo un revuelo cuando en realidad no debería haberse generado.

Elegí a una persona intachable, con antecedentes en la materia. Después ustedes se hicieron eco de algunas particularidades, como que había litigado contra la AFA o que estaba a favor de las sociedades anónimas deportivas, cosas que yo ni siquiera había visto ni tenido en cuenta. Lo que sí tuve en cuenta es que es una persona intachable y por eso lo puse en el lugar que ocupaba el doctor Vítolo.

—Queda la Secretaría de Derechos Humanos y también la Oficina Anticorrupción. ¿Ya tiene definidos esos cargos?

—Sí, la Oficina Anticorrupción ya tiene nombre. Es una jueza de la ciudad de Buenos Aires que además es consejera de la Magistratura, con más de 27 años en la Justicia.

—¿Quién es?

—Gabriela Zangaro.

—¿Todavía no está definido el subsecretario de Derechos Humanos?

—No, todavía estamos evaluando perfiles. También designamos al titular de la UIF, otra persona intachable, Matías Álvarez.

—Fiscal, ¿no?

—Fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Narcotráfico. Trabajó en temas de narcotráfico y lavado de dinero, estaba trabajando en Rosario. Personas de carrera, sin ningún alineamiento político. La verdad que estoy muy contento con el equipo que estamos armando.

—Esta semana estuvieron ante la Justicia Pablo Toviggino, como tesorero, y Claudio Tapia, como presidente de la AFA, por una de las causas presentadas por ARCA. ARCA es un organismo del Gobierno, la IGJ también. ¿Cómo ve usted este tema desde su lugar de ministro? La AFA plantea que es víctima de una persecución política.

—En mi rol de ministro no tengo nada que decir sobre causas en trámite. Hay muchas causas en trámite, esta es una de ellas. Hay otras en distintas jurisdicciones y en distintas instancias. Todo está muy atravesado y mezclado.

Como ministro de Justicia, me parece imprudente hablar para un lado o para el otro. Lo único que puedo decir es que es un tema que me es ajeno, que no tengo absolutamente nada que ver y lo miro desde otro lugar.

—Se lo pregunto porque técnicamente usted va a poner la firma sobre una decisión que afecta a la AFA.

—No sé si afecta o no. Es lo que corresponde. Hay una investigación y sospechas de que algunos balances por ahí no fueron como dicen. Un organismo del Gobierno propuso que vayan veedores para ver si eso es así o no, y yo seguí con esa lógica.

—Se lo pregunto también porque surgieron muchas especulaciones sobre si su llegada al ministerio tenía que ver con encontrar algún tipo de acuerdo con la AFA. El presidente lo dijo que con su designación no iban a “salvar” a Tapia y Toviggino.

—En primer lugar, ratificarlo: yo, ni nadie viene a salvar a nadie. A nadie. No es nuestra función, no es mi función. Nadie me lo pidió. No vengo a salvar ni a perseguir a nadie. Yo tengo otra función. Mis facultades no son salvar o ayudar o perseguir a alguien. Me generó sorpresa tanto revuelo que se armó por si yo conocía o no a alguien en mi vida privada anterior a ser ministro y cómo se le dio tanta trascendencia.

—Y la última pregunta tiene que ver con su padre. En el Congreso está el pliego para extender la función judicial de Carlos Mahiques, que está próximo a cumplir 75 años. También trascendió un supuesto cumpleaños en una propiedad atribuida a Pablo Toviggino. ¿Su padre o usted estuvo allí?

—Yo vi esas imágenes que pasaron hasta el cansancio, donde decían que había una fiesta con karaokes, con casinos y que nosotros estábamos. Todo falso. Jamás participamos de una fiesta así.

Mi padre está transitando el proceso para que el Senado —si Dios quiere— le dé acuerdo para seguir cinco años más. Mi padre hace 52 años que está en la Justicia y para mí es un ejemplo.

—¿Por qué?

—Por la vocación que tiene. Yo nací y mi padre ya era juez. Tenía tres o cuatro años y mi padre era juez. En mi casa había amenazas, el teléfono sonaba a cualquier hora. Yo me crié con eso, vi y viví toda mi vida la pasión con la que se desempeñaba en cada función: primero como juez provincial, después como camarista, como fiscal, como juez nacional, hasta llegar a donde está hoy. Obviamente está en un lugar que genera muchas cosas. En el medio hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere.

—¿Usted se reconoce como parte de la “familia judicial”?

—Sí. Soy de una familia en la que hay varios integrantes que son o fueron magistrados.

—¿Eso es una virtud o un defecto para este cargo?

—Ni virtud ni defecto. Soy alguien que conoce el sistema. Vengo de adentro de la Justicia. Toda mi vida estuve en la Justicia. Tengo 45 años y estoy desde los 19. Nunca estuve del otro lado. Conocer el sistema, con sus falencias y sus virtudes, creo que es una virtud para ocupar un lugar desde el que se puede ayudar, redireccionar cosas que no están bien y corregir. Yo lo vería como una virtud.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este jueves al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar a Paraguay entre el 18 y el 20 de marzo. El magistrado permitió la salida del país para que asista a los sorteos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tras imponerle una caución real de $ 30.000.000. La resolución se firmó horas después de que el dirigente presentara un escrito en su indagatoria por una presunta retención indebida de aportes de $ 19.350 millones.

Durante su presentación en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, Tapia se negó a responder preguntas y reclamó la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal por considerarla más benigna. Acompañado por su abogado Luis Charró, el dirigente pidió su sobreseimiento por inexistencia de delito.

“Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino”, afirmó Tapia en el documento que entregó al juez. Además, definió su rol en la institución como protocolar y aseguró que sus constantes viajes al exterior tornan “materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna”.

La investigación se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En su defensa, el titular de la AFA criticó con dureza al organismo recaudador, acusándolo de tener un “accionar oscuro y contradictorio” por omitir informarle al juzgado sobre normativas que amparaban los pagos realizados. Según su postura, no existió un perjuicio fiscal porque las deudas se regularizaron con sus correspondientes intereses resarcitorios.

Tapia también dedicó un tramo de su descargo a cuestionar la atención mediática sobre su caso, comparándola con conflictos internacionales. “No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión”, señaló.

Bajo condiciones

Para conceder el viaje a Asunción, Amarante valoró que el imputado ya cumplió con el llamado a indagatoria. La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 dictaminó a favor de la salida, sujeta a que el dirigente detalle su itinerario y el medio de transporte a utilizar. El juez recordó un episodio anterior para justificar el monto de la fianza. En un viaje previo a Colombia y Brasil, la defensa informó la intención de sumar un tercer país cuando Tapia ya estaba en el exterior. El tribunal reprochó esa actitud, aunque reconoció que el dirigente regresó sin concretar ese desvío. Ahora, Tapia deberá alojarse en el hotel estipulado en Asunción y reportar su regreso dentro de las 48 horas de su arribo a la Argentina.

Para cubrir la fianza exigida, el dirigente utilizará $ 5.000.000 depositados en el Banco de la Nación Argentina por el permiso anterior y transferirá los $ 25.000.000 restantes. El fallo advierte que cualquier alteración del destino o de las fechas provocará la inmediata revocación del beneficio y la orden de captura. Con la ronda de indagatorias concluida, el magistrado dispone de 10 días hábiles para definir si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de los acusados. El próximo 18 de marzo, la Cámara en lo Penal Económico analizará un planteo de inexistencia de delito formulado por las defensas.

El juez comercial Javier Cosentino concedió un recurso de apelación presentado por el empresario Guillermo Tofoni, quien busca revertir en el tribunal de alzada el reciente rechazo al embargo sobre las cuentas internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), solicitado el pasado 2 de marzo.

La apelación fue formalizada por los representantes legales de Tofoni. Los abogados cuestionaron el rechazo dictado por el juez de primera instancia el lunes 9 de marzo. Esa decisión denegó la retención preventiva del 30% de los ingresos de la entidad deportiva. Según el escrito apelatorio, la negativa judicial causa un “gravamen irreparable” a su cliente.

Al conceder el recurso, el magistrado ordenó la formación de un incidente de medida cautelar. A su vez, los abogados de Tofoni solicitaron que el trámite se mantenga oculto en el sistema informático del juzgado. El objetivo de esta petición es evitar que la AFA acceda al expediente y observe los movimientos hasta que se logre retener el dinero. El pedido se fundamentó en el carácter “inaudita parte” propio de la naturaleza de estas medidas.

El conflicto original entre las partes, en rigor, remite a un contrato de exclusividad firmado el 4 de mayo de 2021. Ese documento le otorgaba a Tofoni y a su empresa, World Eleven, el derecho a organizar los partidos del equipo nacional a cambio del 30% del producido neto.

La institución presidida por Claudio Tapia desconoció la validez legal del acuerdo. El expediente incorporó luego una pericia caligráfica. El 29 de diciembre de 2025, la perito oficial Liliana Quintana dictaminó que las firmas estampadas en el contrato son auténticas y pertenecen tanto a Tapia como a Pablo Toviggino, actual tesorero de la entidad.

Pese a este peritaje, el juez Cosentino desestimó el embargo inicial el lunes pasado. El magistrado argumentó que el expediente se encuentra en plena etapa de prueba y consideró prematuro dar por válido el derecho reclamado. Concluyó que no existen elementos suficientes que demuestren un peligro en la demora. Recordó que el resultado de la pericia caligráfica fue cuestionado por la defensa de la AFA. Para el magistrado, además, el temor a un daño debe ser actual, y la demora lógica de un juicio no conduce necesariamente a la inejecutabilidad de una sentencia futura.

El pedido de embargo -que ahora tratará Cámara de Apelaciones en lo Comercial porteña- hace hincapié en la actuación de Tourprodenter LLC. Esta firma de Estados Unidos funciona como agente de cobro en el extranjero y está a cargo de Erica Gillette, esposa del empresario teatral Javier Faroni.

El escrito señala que Tourprodenter figura en el último balance oficial como el mayor deudor de la AFA, con un saldo a favor de la asociación que asciende a $ 13.296.000.000. Para ilustrar el circuito financiero, la presentación citó un contrato con una empresa de origen chino que fijó un pago de USD 7.000.000. El documento ordenó transferir ese monto a una cuenta de Tourprodenter en el banco Synovus. La demanda expuso además que la agencia giró USD 142.893 para pagar el alquiler de un yate utilizado por Tapia en Mónaco.

El caso suma antecedentes sobre otras firmas intermediarias. Las empresas Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group, manejadas por Marcelo Saracco, canalizaron ingresos por más de USD 50.000.000 a través de cuentas en Europa.

A esto se suman las alertas de la Inspección General de Justicia (IGJ). El 25 de febrero de 2026, el ex titular del organismo, Daniel Vítolo, solicitó la intervención administrativa de la AFA para investigar la falta de balances y auditar las operaciones con el matrimonio Faroni-Gillette.

Mientras la Selección Argentina se prepara para el amistoso del 31 de marzo en el estadio Lusail, el futuro de los fondos quedará en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Este tribunal revisará la decisión de primera instancia y definirá si corresponde aplicar las retenciones exigidas.

El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia se defendió por escrito este jueves en su declaración indagatoria por la supuesta retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos: afirmó que no hubo delito ni a nivel personal ni desde la Asociación del Fútbol Argentino, cuestionó la difusión mediática del caso y pidió medidas de prueba.

El dirigente del fútbol reclamó además al juez en lo penal económico Diego Amarante que se aplique la ley de Inocencia Fiscal y si esto no prospera, pidió ser sobreseído por inexistencia de delito.

Difusión pública que responde a “intereses”

El titular de la AFA aludió a la cantidad de notas que le dedicaron las portadas de los medios en los últimos meses y las comparó incluso con las de la guerra en Irán.

El escrito comenzó con una crítica a la difusión mediática de las acusaciones en su contra. “No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión”, dijo Tapia.

Cuestionó la “abrumadora difusión pública que ha tenido este caso, difusión que, además, no ha estado exenta de valoraciones anticipadas e infundadas”.

Inocencia Fiscal

Tapia coincidió con la defensa de Pablo Toviggino a la hora de pedir la aplicación la Ley 27.799 (de Inocencia Fiscal) “por resultar más benigna”, argumentó.

En base a ello “esta causa debe concluir de forma inmediata por cuanto, insisto, no puede ser promovida conforme al nuevo texto legal”, agregó en el descargo al que tuvo acceso Infobae.

Recurrió al mismo argumento usado ayer en su indagatoria por el tesorero y de hecho, remitió a ese escrito a la hora de invocar cuestiones técnicas.

“Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino”, sostuvo Tapia.

También rechazó “haber tenido intervención, injerencia o decisión personal alguna sobre la materia objeto de cuestionamiento“, afirmó en el escrito entregado al juez durante su declaración indagatoria en Tribunales.

La AFA “en su carácter de contribuyente no sólo no ha actuado anti-jurídicamente, sino que exteriorizó en tiempo y forma sus declaraciones juradas, exhibiendo la totalidad de las obligaciones que eventualmente correspondía abonar, sin distorsiones ni ocultamientos. Tan es así que esas declaraciones no fueron objeto de impugnación alguna", remarcó.

Asesorado por su abogado Luis Charro, Tapia sostuvo que la acusación “no puede jurídicamente mantenerse”.

Más allá de eso, aclaró que “es imperativo reiterar desde estos albores que más allá del cargo institucional que desempeño, no tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa”.

“La actividad del Presidente -al menos desde que yo ejerzo el cargo y del mismo modo ocurría con anterioridad- torna materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna”, agregó.

El dirigente aludió a sus viajes al exterior que lo mantienen fuera del país gran parte del año y definió su rol como “protocolar”.

Críticas a ARCA

Además, incluyó cuestionamientos al rol de ARCA, denunciante y querellante en el caso. Para Tapia, el organismo recaudador tuvo en este casi particular un “accionar oscuro y contradictorio”.

“Pese al accionar oscuro y contradictorio que en el caso particular ha exhibido la ARCA estamos ante una situación que, en rigor, no difiere mucho de aquella habitualmente presentada cuando el pago de un servicio contiene primer y segundo vencimiento”, ejemplificó.

Según el descargo del dirigente futbolístico, ARCA " no informó al Tribunal la existencia del acto administrativo de alcance general (MECON Res 17/24 y sus prórrogas) al presentar la denuncia, lo cual constituye una evidencia del oscuro accionar del ente recaudador en la actuación ante la justicia".

“Se trata de una situación de hecho especialmente significativa, que a causa del indebido accionar estatal descripto, se exhibe a una reprochable “prisión por deudas”, incompatible con los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico", agregó y dirigiéndose al juez le pidió no convalidar " semejante violación de las garantías constitucionales".

No hubo “perjuicio fiscal material consolidado, en tanto las obligaciones fueron abonadas y regularizadas con sus correspondientes intereses resarcitorios (no punitorios)”.

La AFA “es imputada como sospechosa de una conducta dolosa respecto de obligaciones que nunca ocultó, nunca disimuló y que además regularizó sin haber conocido aún la existencia de la causa”

“Y lo más grave que la ARCA ocultó y muy probablemente motivó que V.S. de forma inmediata hiciera lugar a su pedido de convocatorias, es que el accionar reprochado fue cumplido amparado por una norma expresa que lo permite. Es decir, no hubo acción antijurídica ni indebida. Solo una conducta permitida", remató.

Su defensa pidió medidas al juez: que requiera a ARCA que informe si en los pagos efectuados y en los planes de facilidades “por la totalidad de las obligaciones aquí cuestionadas se han incluido intereses y en su caso, si se trata de resarcitorios impuestos como accesorios del capital”.

También requirió que detalle al juzgado si Tapia aparece como “autor material” de la generación de volantes de pago y presentación de declaraciones juradas.

Amarante concluyó la ronda de declaraciones indagatorias y tiene diez días hábiles para resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de Tapia y los demás integrantes de la comisión directiva de AFA. Para el 18 de marzo se espera una audiencia clave en la Cámara en lo Penal Económico que debe resolver un planteo de inexistencia de delito hecho por la defensa de los acusados.

“Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, señaló el Chiqui tras ser indagado por presunta retención indebida de aportes en la AFA.

La frase del mandatario de la AFA se dio tras salir del edificio de la justicia en lo Penal Económico en Avenida De los Inmigrantes 1950 luego de ser indagado en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. En este contexto, aprovechó para mandar un mensaje futbolístico en medio de las versiones que nacieron desde España y aseguraron que la Finalíssima sería trasladada a Madrid ante la chance concreta de cancelar la programación en el Lusail Stadium de Qatar por la situación en Medio Oriente.

Apenas se conoció este dato, el periodista Diego Monroig, periodista de ESPN que sigue la actividad de la selección argentina, había dado a conocer la firme postura de AFA ante estos rumores: “La AFA no dio el ok para jugar en España y la AFA no va a dar el ok para jugar en España. Estoy en condiciones de decir que la AFA nunca y en ningún momento dio el ok para jugar en España. La postura de AFA es que nunca dio el ok para jugar en España y realmente lo sorprende la noticia que comienza a tomar fuera allí en Europa”.

El encuentro entre el campeón de la última Copa América y de la Eurocopa estaba inicialmente programado para disputarse en el Lusail Stadium que fue sede de la final de la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, el duelo que debería disputarse el viernes 27 de marzo en el marco de la Fecha FIFA posiblemente será trasladado a otra sede en las próximas horas.

Argentina y España afrontan negociaciones decisivas para definir la sede donde disputarán la próxima edición de la Finalíssima dado que la incertidumbre sobre el Lusail Stadium de Doha ha obligado a considerar alternativas en Europa por la tensión política en Medio Oriente. La disputa entre ambos seleccionados ha cobrado especial urgencia.

El dato más relevante es la firme candidatura del Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, como lugar predilecto para recibir el encuentro, posición reiterada por medios españoles. El diario AS publicó que “la UEFA considera que Madrid y el Bernabéu son las mejores alternativas europeas”, por delante de otras capitales como Roma o Lisboa. Sumado a esto, ese mismo viernes 27 de marzo, Madrid albergará otro enfrentamiento de Fecha FIFA entre Marruecos y Ecuador en el Metropolitano, situado a unos 12 kilómetros. Según el propio diario, las autoridades de seguridad españolas deberán consensuar la organización de ambos eventos, aunque recalcaron que “la capital de España es capaz de soportar dos eventos de esta magnitud en un mismo día”. Como antecedente de éxito, recordaron la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors, que se jugó en el Bernabéu con escaso margen de tiempo y fue considerado un “éxito organizativo”.

A pesar de la preferencia española, la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impone un obstáculo considerable. Sin embargo, el periodista Diego Monroig reconoció que, pese a esta postura, la chance de reprogramar el duelo en el Viejo Continente es la más viable porque favorecería al traslado de los futbolistas, ya que la mayoría milita en ligas europeas. Por su parte, Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina que lidera Lionel Scaloni, subrayó la importancia de garantizar la seguridad de los jugadores y el público frente a la crisis en Medio Oriente: “No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Es una muy linda medida”, declaró Aimar.

La prisa por definir la sede responde a que en los próximos días deben empezar a enviarse las citaciones de jugadores para esta doble Fecha FIFA, la última antes de que comience el proceso preparatorio del Mundial 2026. Además, desde ESPN remarcaron que este viernes es “el nuevo límite” autoimpuesto para alcanzar un acuerdo definitivo, aunque reconocieron que “ya hubo varios días claves que no terminaron siendo tal”.

El último antecedente de un Argentina-España en el Estadio Monumental de Núñez data de septiembre del 2010, cuando el seleccionado europeo vino como campeón defensor de la Copa del Mundo a disputar un amistoso al país: la Albiceleste se impuso por 4-1 con tantos de Sergio Agüero, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi.

El historial entre argentinos y españoles contabiliza en total 14 cruces con 6 victorias por lado y 2 empates. La última vez que se vieron las caras fue en un encuentro preparatorio para Rusia 2018 con un contundente triunfo español por 6-1 en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético Madrid.

En total, hubo cuatro duelos en el Monumental a lo largo de la historia con tres victorias (1-0 en 1953, 2-0 en 1960 y 4-1 en 2010) y un empate (1-1 en 1974). Además, se desarrollaron otros dos choques entre españoles y argentinos en el Bernabéu con un triunfo por lado: 1-0 en 1952 para la Albiceleste y 1-0 para la Roja en 1972.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentó un escrito y no respondió preguntas al ser indagado este jueves en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por $ 19.000 millones.

“Cumplimos con lo que quería el juez”, afirmó al retirarse de los tribunales, en medio del tumulto de la guardia periodística ubicada en la Avenida de los Inmigrantes 1950. Además, acotó: “y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.

El dirigente llegó a la sede de la Justicia en lo Penal Económico a bordo de una camioneta blanca. Saludó a la prensa, pidió que no se agolparan y se dirigió al segundo piso del edificio. Allí lo aguardaba el juez Diego Amarante. Según indicaron fuentes judiciales, la audiencia se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad.

El descargo de Tapia y el comunicado de la AFA

Tras la indagatoria, Tapia publicó un mensaje en la red social X. El dirigente aseguró que la institución actuó “dentro del marco de la legalidad” e hizo uso de “derechos reconocidos por el Estado”. Explicó que presentaron todas las declaraciones y pagos tributarios “sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”.

Frente a la “difusión de información distorsionada”, el presidente puso a la entidad a disposición de la Justicia. Remarcó que los pagos se realizaron “con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas”. Ratificó al abogado Luis Charró como único representante legal en el expediente. Destacó su enfoque en el trabajo para los clubes y la preparación nacional para “la Finalissima y el Mundial”.

A continuación, la AFA publicó un texto oficial. La institución ratificó que “no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado”. El escrito precisó que presentaron todas las declaraciones juradas y detalló que los montos retenidos “en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.

La asociación apuntó contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), querellante en la causa. El comunicado acusó al organismo de promover la denuncia y de omitir la información al juez de que la norma estatal sobre los plazos de pago “es vigente y aplicable”. La AFA definió esta acción como el punto inicial del “irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución”.

La entidad remarcó que la denunciante aceptó la totalidad de los pagos y planes de deuda con la sola aplicación de intereses resarcitorios y “sin aplicar sanción punitiva alguna”. Por este motivo, le solicitaron al magistrado “la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida”.

La llegada a tribunales

Tapia llegó a la sede de la justicia en lo Penal Económico en Avenida De los Inmigrantes 1950 a bordo de una camioneta Toyota SW4 blanca, y saludó a la guardia periodística que lo esperaba con un “buenos días” y un pedido de “no nos agolpemos”, pero no pudo evitar el tumulto en su ingreso al edificio.

De inmediato se dirigió a uno de los tres ascensores del hall central y subió al segundo piso, donde fue indagado por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Para la citación se montó un fuerte operativo de seguridad policial

Su indagatoria cerró la ronda de declaraciones ordenada en la investigación y Amarante quedará en condiciones de resolver las situaciones procesales de todos los acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación, entre ellos Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Su defensor Luis Charró asumió la semana pasada a horas de la citación original, ya que el presidente de AFA debía abrir la ronda de declaraciones, pero el cambio de abogado le permitió pedir prórroga y quedó último en el listado.

Su primer defensor fue el abogado Lucio Simonetti, quien presentó un recurso por inexistencia de delito y reclamó el sobreseimiento. El juez Amarante lo rechazó y siguió adelante con las indagatorias y ahora el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, que convocó a una audiencia el 18 de marzo próximo.

El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social.

En su indagatoria de ayer y por escrito el tesorero Toviggino pidió ser sobreseído porque sostuvo que no hubo delito y, en caso de serle rechazado este planteo, reclamó quedar comprendido dentro de la ley de Inocencia Fiscal. AFA regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante, mencionó en su descargo.

El delito por el que se imputó a Tapia prevé penas de dos a seis años de prisión. El presidente de AFA está mencionado e investigado en otras causas penales pero quedó imputado formalmente por primera vez en esta investigación por retención de impuestos iniciada por denuncia de ARCA, querellante en el caso.

En el día de la fecha, se publicó en el Boletín Oficial la aceptación a la renuncia presentada por Daniel Vítolo. El doctor mantenía su puesto como Inspector General de Justicia (IGJ) y el 6 de marzo fue su último día. Además, el Gobierno presentó quién será el reemplazo tras el cambio de titular.

El presidente de la Nación Argentina dispuso mediante el Decreto número 14417/26 publicado el 12 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, aceptar la renuncia del doctor Daniel Roque Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia.

El cambio de titularidad ya es vigente y se designó a el doctor Alejandro Horacio Ramírez como nuevo inspector general de Justicia según lo establecido en la resolución oficial comunicada por la Secretaría de Justicia, dependencia del Ministerio de Justicia, ambos organismos del gobierno nacional. La medida, firmada por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, incluye un agradecimiento a los servicios prestados por el funcionario saliente.

Vítolo, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires, había llegado a la IGJ tras ser designado por el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Reconocido por su perfil técnico y académico, participó en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2014 y en reformas de leyes clave como la de quiebras. Al frente de la IGJ priorizó el control sobre entidades de alta visibilidad pública, entre las que la AFA ocupaba un lugar central.

La renuncia de Vítolo

La gestión de Vítolo se caracterizó por avanzar con observaciones a los balances de la AFA, intimaciones por la ausencia de documentación durante años y solicitudes formales para designar veedores externos que fiscalicen la estructura económica del fútbol profesional. El alcance de sus investigaciones incluía también a la Superliga, la entidad que manejó cerca de USD 348 millones en derechos audiovisuales entre 2020 y 2024.

Antes de presentar su renuncia a la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores encargados de auditar nuevos negocios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La solicitud se enfoca en la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. La resolución fue el último acto de Vítolo en el cargo, quien fue reemplazado por Alejandro Ramírez.

El expediente, enviado al Ministerio de Justicia el jueves cuando Vítolo aún estaba en funciones, traslada la decisión final sobre la designación de veedores al nuevo titular de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

La renuncia se formalizó el viernes 6 de marzo de 2026 ante el presidente Milei, luego del pedido del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien había asumido recién el día anterior y empezó a impulsar cambios en organismos relevantes del área. En su carta de dimisión, Vítolo expresó su orgullo por la gestión realizada, aunque lamentó no haber llegado a completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, una alusión interpretada como un mensaje sobre el poder del fútbol argentino.

El reemplazo de Vítolo en la IGJ recae ahora sobre Alejandro H. Ramírez y plantea nuevas incógnitas sobre la continuidad y profundidad de las investigaciones sobre cuentas, balances y contratos de las Sociedades Anónimas Deportivas que atraviesan el corazón económico del deporte más popular del país.

La resolución de la IGJ amplía el marco de investigación sobre la administración del fútbol argentino. Previamente, la IGJ ya había solicitado la designación de veedores en la AFA por presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y la existencia de vínculos económicos con empresas privadas. Ahora, la medida se extiende hacia la Superliga, cuya figura jurídica sigue vigente pese al nuevo esquema organizativo del fútbol profesional.

El nuevo pedido de la IGJ solicita la intervención de la Superliga en grado de veeduría por 180 días. Según el documento, la función de los veedores será recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional, sin desplazar a las actuales autoridades.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declarará este jueves a las 11 ante la Justicia por la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con su presentación, quedará clausurada la ronda de indagatorias dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante.

Un fuerte operativo de seguridad resguardará los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950. La escena repetirá el contexto vivido este miércoles con la declaración del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La ronda de citaciones quedó formalmente inaugurada el viernes pasado con la presentación del director general de la AFA, Gustavo Lorenzo. El directivo entregó un escrito y se negó a contestar preguntas. La misma postura adoptaron el lunes el exsecretario general Víctor Blanco y su sucesor en el cargo, Cristian Malaspina. Toviggino repitió la estrategia.

La defensa de Tapia en este expediente está a cargo de Luis Fernando Charró. El letrado asumió la semana pasada a horas de la citación original. El cambio de abogados le permitió al presidente de la AFA postergar su indagatoria una semana. Pasó así de ser el primero en declarar al último.

Los números del reclamo y la defensa

El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social. La ley penal tributaria sanciona esta conducta con penas de dos a seis años de prisión.

La AFA regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante. Los dirigentes enmarcan el caso dentro de una persecución política. Remarcan que la entidad resulta la única asociación civil sin fines de lucro denunciada ante los tribunales bajo estas condiciones.

La estrategia de los acusados se apoya en normativas vigentes del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Afirman que esas reglas impiden ejecutar deudas fiscales a entidades de bien público. Basados en esa premisa, deducen que una deuda inexigible no configura un delito penal.

El recorrido judicial y las expectativas

El camino hacia esta declaración incluyó una disputa legal previa. Las defensas interpusieron un incidente de nulidad absoluta contra las convocatorias. Argumentaron que el juzgado carecía de facultades para avanzar. Explicaron que un tribunal de alzada revisa actualmente un recurso previo para cerrar el proceso por inexistencia de delito.

Amarante rechazó todos los cuestionamientos mediante un fallo firmado el lunes. El magistrado precisó que una apelación no frena el curso de una investigación principal. El juez subrayó que la indagatoria constituye el acto de defensa material por excelencia para conocer la acusación y dar explicaciones.

El fiscal Claudio Navas Rial, en representación del Ministerio Público Fiscal, respaldó al juez al afirmar que el llamado a declarar no provoca un perjuicio real para los acusados.

En la AFA dan por hecho que todos los implicados serán procesados. Finalizada la audiencia de Tapia, el juez Amarante dispondrá de un plazo de 10 días para definir la situación procesal de los directivos. La prohibición para salir del país que rige sobre ellos será evaluada este mismo jueves por los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos en una audiencia fijada para las 12.

El próximo 18 de marzo, el tribunal de alzada convocó a las partes a un debate oral decisivo para analizar el pedido de la defensa para cerrar la investigación.

El cierre del proceso judicial que investigó el presunto desvío de los fondos estatales destinados a la televisación de los partidos de fútbol se definió por la invalidez del planteo de la fiscalía. El Tribunal Oral Federal N° 1 publicó hoy los fundamentos de la sentencia absolutoria del caso Fútbol para Todos. Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico explicaron que el alegato del fiscal resultó nulo. Sin una acusación válida, la ley impide dictar condenas.

La decisión exculpó a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto al ex coordinador del programa, Juan Mariotto. El fallo liberó de cargos a los ex dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura, Miguel Silva y Rubén Raposo. De igual modo, la absolución alcanzó a las autoridades de Futbolistas Argentinos Agremiados y de la Fundación “El Futbolista” -Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone, Raúl Pagano y Sergio Marchi-, al directivo de la firma automotriz IVECO Argentina S.A. Natale Rigano y a los empresarios financieros Eduardo Amirante, Jorge Galitis y Carlos Dávola.

El expediente investigó el recorrido de los pagos realizados por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a la AFA entre los años 2009 y 2015. La denuncia original sostenía que el dinero no cumplió el objetivo de sanear la economía de los clubes. La investigación detalló el cambio de cheques de pago diferido en las entidades financieras Amigal y Climafin, con altas tasas de descuento que perjudicaban a las instituciones deportivas.

La causa abarcó el giro del 2% de los ingresos brutos a la Fundación “El Futbolista”. La instrucción precisó que parte de ese dinero estatal terminó atesorado en cajas de seguridad de los bancos Santander Río y HSBC. El secuestro judicial arrojó, a su vez, un total de U$S 2.191.811. Los investigadores detectaron saldos millonarios en cuentas corrientes del Banco Ciudad y plazos fijos. Otra porción de los fondos se utilizó para adquirir un inmueble en la calle Bernardo de Irigoyen por USD 1.040.000. La operatoria contempló diversos acuerdos de publicidad con IVECO, mediante los cuales la AFA cobró $ 4.000.000 al margen de las licitaciones estatales.

En la etapa de los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio, pidió condenas para Fernández, Capitanich, Segura, Rigano, Pandolfi y Monteleone. Solicitó tres años de prisión condicional para Fernández, ocho meses de prisión condicional para Capitanich, dos años para Segura y Rigano, y un año para Pandolfi y Monteleone. Exigió además el decomiso de los activos incautados y la restitución de los montos millonarios a la asociación deportiva. Al mismo tiempo, requirió absolver a los otros ocho involucrados por considerar que no había pruebas suficientes para sostener la acusación en su contra.

Las defensas cuestionaron la exposición de la fiscalía. El abogado de Capitanich, Luis Sánchez, exigió la nulidad del alegato. Argumentó incongruencia entre los hechos originales y la conclusión. Afirmó que su defendido no podía comprender de qué se lo acusaba.

Los magistrados dedicaron el texto de la sentencia a detallar las fallas del acusador. El fallo indica que el fiscal valoró la prueba de manera fragmentaria y sesgada. Los jueces advirtieron que el Ministerio Público ignoró elementos de descargo y modificó la base fáctica de los hechos imputados.

Uno de los cambios principales señalados en la resolución apuntó a la naturaleza del dinero. El fiscal sostuvo en el debate que los fondos transferidos perdían su carácter público al ingresar a las cuentas de la AFA. Esa premisa alteró de raíz la imputación original y suprimió la base para exigir a los exfuncionarios el control del destino final de los pagos. Los jueces remarcaron que el fiscal cambió a la víctima del delito a lo largo de su exposición. Pasó de considerar damnificado al Estado Nacional a ubicar en ese lugar a los clubes de fútbol de la Primera División.

“El alegato del Ministerio Público Fiscal en el debate oral y público, con su repetida introducción de modificaciones sustanciales a la base fáctica oportunamente delimitada en la etapa crítica de la instrucción, torna que su acusación resulte inválida”, dictaminaron los magistrados. Explicaron que esas alteraciones impidieron el ejercicio de la defensa.

Ante la invalidez de la acusación, el tribunal declaró su nulidad absoluta. Los jueces precisaron que resultaba imposible retrotraer el proceso a instancias anteriores, ya que obligar a los imputados a soportar un nuevo juicio afectaría la prohibición constitucional del doble juzgamiento.

Como decisión final frente a las absoluciones, los magistrados ordenaron el levantamiento inmediato de los embargos preventivos trabados sobre los bienes de los distintos acusados. En la misma línea, rechazaron los pedidos de decomiso y restitución de fondos dirigidos contra la Fundación “El Futbolista”, la AFA y la empresa automotriz. El tribunal oral cerró el documento tomando nota formal de las reservas presentadas por las partes durante los alegatos.

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino reclamó este miércoles ser sobreseído por inexistencia de delito, al ser indagado en la causa por presunta retención indebida de aportes calculada en la menos 19.000 millones de pesos.

“La denuncia de ARCA, y la imputación formulada en este proceso, es un ejemplo latente de una persecución penal arbitraria e irrazonable”, advirtió el dirigente del fútbol en el escrito entregado al juez en lo penal económico Diego Amarante, al que tuvo acceso Infobae.

Toviggino entregó el escrito sin responder preguntas en la causa penal por presunta retención indebida de aportes. También está acusado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citado para mañana jueves a las 11.

En su descargo, el tesorero de AFA detalló que “la omisión del pago en forma de los tributos de esta causa encuentra una explicación, la que, como ya se dijo, se ve reforzada a partir de que no hubo de parte del organismo recaudador ninguna intimación o acción tendiente al cobro de esas deudas que difiriera de aquellas que automáticamente realiza el sistema informático”.

Además al salir al cruce de la denuncia de ARCA, querellante en el caso, sostuvo que la AFA “efectuó pagos correspondientes a los períodos fiscales investigados, tanto con anterioridad como con posterioridad a la denuncia del 12/12/2025 y su ampliación del 18/12/2025. conforme lo expuesto respecto de la inexigibilidad de las obligaciones tributarias y previsionales”.

El rol de la AFA

En su descargo, Toviggino defendió el rol de la Asociación del Fútbol Argentino como “ente rector del fútbol nacional”, el “deporte más popular de la República Argentina”.

“Sus funciones más conocidas, que todos ven, consisten en gestionar las Selecciones Nacionales y organizar los campeonatos entre los distintos clubes de todas las categorías. Pero su verdadera misión es desarrollar y fomentar el deporte como herramienta de inclusión, que forma la base de la pirámide social de nuestra patria”, se explayó.

Y aunque se suele " ver a la AFA a través de la pantalla y los grandes estadios, su función social es el cimiento de su estructura. En Argentina, el fútbol no es sólo un deporte, es un tejido que mantiene unidas a las comunidades" y la Asociación, resaltó, sostiene a clubes “humildes del ascenso y del interior”, muchos de los cuales “reciben subsidios o apoyo logístico”, otros tienen colegios y centros médicos “también subsidiados” por AFA.

“La AFA saca a los chicos de la calle y les ofrece una vida sana en comunidad”, remarcó.

Voluntad de pago

A la hora de volver a referirse a la denuncia que motivó su indagatoria reclamó ser sobreseído. “Nada dice el denunciante -que no ignora tal circunstancia- acerca de que AFA por una resolución del propio Ministerio de Economía de la Nación tenía, y todavía tiene, plazo hasta el 31 de julio de 2026, para el depósito de tales tributos. Tampoco dice nada respecto de que ya se ha producido el pago de parte de esas obligaciones; lo que demuestra la voluntad de pago que siempre tuvo la entidad”.

“La decisión de no depositar aún parte de las obligaciones adeudadas, lejos de constituir un delito es una herramienta financiera válida que el propio Poder Ejecutivo promueve y tolera en el marco de la política de Estado actual de alivio fiscal, tolerancia, inclusión”, agregó.

Ante ello aseguró que no puede haber delito " en la conducta atribuida en tanto todavía no ha ocurrido el plazo de exigibilidad de acuerdo a la citada resolución en la que el Ministerio de Economía le ha quitado a ARCA la potestad de reclamar las deudas generadas por entidades sin fines de lucro, como lo es la Asociación del Fútbol Argentino".

Seguridad reforzada

El trámite se cumplió en medio de un fuerte operativo de seguridad que rodeó la llegada del dirigente futbolístico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

El dirigente de AFA ingresó a las 11.05 los tribunales para cumplir con el trámite judicial asesorado por su abogado Marcelo Rocchetti y se dirigió al segundo piso, sede del juzgado en lo penal económico del juez que lleva el caso, Amarante. La indagatoria concluyó pasadas las 12.

Antes de retirarse la defensa pidió al juez que instruyera a la Policía Federal para que el tesorero pudiera irse de la sede judicial por una puerta trasera y evitar así “tumultos y caídas” producto de la guardia periodística, como según dijo había ocurrido al ingresar al edificio. El fiscal presente en la audiencia, Claudio Navas Rial, accedió al pedido pero el magistrado lo denegó y Toviggino tuvo que irse por el mismo lugar por el que llegó, el ingreso principal de los tribunales.

El tesorero evitó hacer declaraciones a la prensa en medio de un fuerte tumulto y se subió a una camioneta Jeep gris sin patente que lo estaba esperando.

El despliegue de policías resultó inusual para esa sede judicial. También se reservó desde media hora antes uno de los tres ascensores destinados al público en el hall central.

Quienes intentaron usarlo en ese lapso fueron derivados a otros elevadores ubicados en un área diferente del edificio. Se les informaba que el ascensor que finalmente utilizó Toviggino para llegar hasta el segundo piso estaba “parado”. El operativo incluyó también policías apostados a metros del acceso a la zona del juzgado.

Toviggino había pedido declarar por videoconferencia por razones de seguridad pero el juez se negó al planteo y esa decisión quedó confirmada luego en la Cámara en lo Penal Económico.

La defensa quería que declare por Zoom para evitar una “innecesaria exposición” y preservar su “tranquilidad al declarar” sin ser "acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez…”. Además argumentó que “la comparecencia personal en este caso representa un factor de riesgo, debiéndose preservar también su integridad física”.

El pedido fue rechazado y el trámite finalmente se cumplió este miércoles con normalidad.

Posteo en X

Antes de declarar, el tesorero de AFA recurrió a la red social X para compartir una frase vinculada al Papa Francisco, asociando el gesto a valores como la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su perfil en X, destacó una cita que atribuyó al Papa Francisco como preámbulo a su comparecencia judicial. La difusión tuvo lugar antes de ingresar al tribunal.

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, citó en el posteo.

Qué se investiga

La investigación se abrió por denuncia de ARCA, querellante en el caso, por un delito que prevé penas de dos a seis años de cárcel vinculado a la falta de pago de la multimillonaria suma en concepto de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para mañana está citado Tapia y luego el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.

Además, Dalbón aseguró que la embestida contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de “quedarse” con la entidad madre del fútbol.

“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, lanzó.

Al ser consultado por su acusación, Dalbón amplió: “Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”.

Las declaraciones del abogado se dieron en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

A los pocos minutos de que se conocieran las declaraciones de Dalbón, Karina Milei utilizó las redes sociales para responder: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”.

Seguido al posteo de la secretaria general de la Presidencia, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se expresó sobre las declaraciones de Dalbón y afirmó que "el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos“.

Toviggino fue indagado este miércoles por el juez en lo penal económico Diego Amarante, en medio de un fuerte operativo de seguridad que rodeó la llegada del dirigente futbolístico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

Según pudo saber Infobae, entregó un escrito sin responder preguntas en una causa penal por presunta retención indebida de aportes calculada en al menos 19.000 millones de pesos. También está acusado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citado para mañana jueves a las 12.

El dirigente de AFA ingresó a las 11.05 a los tribunales para cumplir con el trámite judicial asesorado por su abogado Marcelo Rochetti y se dirigió al segundo piso, sede del juzgado en lo penal económico del juez que lleva el caso, Amarante. La indagatoria concluyó pasadas las 12. Enseguida, Toviggino abandonó los tribunales por el acceso principal y, tras evitar hacer declaraciones a la prensa en medio de un fuerte tumulto, se subió a una Jeep gris sin patente que lo estaba esperando.

Antes de declarar, Toviggino recurrió a la red social X para compartir una frase vinculada al Papa Francisco, asociando el gesto a valores como la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su perfil en X, el tesorero de AFA destacó una cita que atribuyó al Papa Francisco como preámbulo a su comparecencia judicial. La difusión tuvo lugar antes de ingresar al tribunal.

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, citó en el posteo.

Qué se investiga

La investigación se abrió por denuncia de ARCA, querellante en el caso, por un delito que prevé penas de dos a seis años de cárcel vinculado a la falta de pago de la multimillonaria suma en concepto de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para mañana está citado Tapia y luego el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.

La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, contestó ese miércoles de forma contundente al abogado de la AFA Gregorio Dalbón, quien la acusó de tramar una maniobra para “quedarse” con la entidad del fútbol argentino. “Está en manos de la Justicia”, dijo la hermana del Presidente.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, respondió Karina Milei en sus redes sociales al conocer la denuncia de Dalbón. Se trata de una actitud llamativa en la funcionaria ya que no suele utilizar su cuenta de X para este tipo de cruces.

Seguido al posteo de la secretaria general de la Presidencia, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se expresó sobre las declaraciones de Dalbón y afirmó que "el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos“.

"Dicho marco jurídico prohíbe expresamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales, precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes. Este gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto, y seguirá poniendo, toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho“, completó.

Las declaraciones de Milei llegaron luego de que Dalbón asegurara que la embestida contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de “quedarse” con la entidad madre del fútbol.

“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, lanzó.

Al ser consultado por su acusación, Dalbón amplió: “Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”.

El abogado habló en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

Toviggino fue indagado este miércoles por el juez en lo penal económico Diego Amarante, en medio de un fuerte operativo de seguridad que rodeó la llegada del dirigente futbolístico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

Según pudo saber Infobae, entregó un escrito sin responder preguntas en una causa penal por presunta retención indebida de aportes calculada en al menos 19.000 millones de pesos. También está acusado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citado para mañana jueves a las 12.

El dirigente de AFA ingresó a las 11.05 a los tribunales para cumplir con el trámite judicial asesorado por su abogado Marcelo Rochetti y se dirigió al segundo piso, sede del juzgado en lo penal económico del juez que lleva el caso, Amarante. La indagatoria concluyó pasadas las 12. Enseguida, Toviggino abandonó los tribunales por el acceso principal y, tras evitar hacer declaraciones a la prensa en medio de un fuerte tumulto, se subió a una Jeep gris sin patente que lo estaba esperando.

Antes de declarar, Toviggino recurrió a la red social X para compartir una frase vinculada al Papa Francisco, asociando el gesto a valores como la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su perfil en X, el tesorero de AFA destacó una cita que atribuyó al Papa Francisco como preámbulo a su comparecencia judicial. La difusión tuvo lugar antes de ingresar al tribunal.

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, citó en el posteo.

Qué se investiga

La investigación se abrió por denuncia de ARCA, querellante en el caso, por un delito que prevé penas de dos a seis años de cárcel vinculado a la falta de pago de la multimillonaria suma en concepto de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para mañana está citado Tapia y luego el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó que la federación está organizando el traslado de 180 personas, principalmente entrenadores y sus familiares, desde Arabia Saudí hasta España. El operativo incluye un equipo de más de ocho personas, y el trayecto requiere cruzar varias fronteras antes de llegar al país. Louzán indicó que espera que todos los repatriados se encuentren en España en las próximas horas. Esta gestión surge en el contexto de una situación de conflicto en Oriente Próximo, que está impactando de modo directo a equipos y eventos deportivos internacionales programados en la región.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Louzán detalló que el equipo de la RFEF trabaja desde el inicio de la crisis, que estalló el sábado pasado en la zona. La federación se ha ocupado de monitorear los acontecimientos, empleando un grupo propio para realizar el seguimiento constante de la evolución de la situación. Estas tareas buscan anticipar posibles consecuencias que el conflicto pueda tener sobre los compromisos deportivos previstos, entre ellos la disputa de la ‘Finalissima’ entre España y Argentina, agendada para el 27 de marzo en Catar.

Durante una intervención en la presentación del primer convenio con el colectivo arbitral, Louzán recalcó que representantes de distintas instituciones, como la propia RFEF, la UEFA, así como la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se mantienen en contacto permanente en busca de una solución definitiva ante la incertidumbre creada por el conflicto. Según Louzán, en las próximas 48 horas podría tomarse una resolución acerca de si el partido se jugará o si habrá modificaciones, ya que el tiempo apremia y la planificación de los partidos resulta fundamental en el proceso de preparación para el Mundial.

El dirigente recordó que existe un acuerdo firmado con la UEFA y una empresa subcontratada para disputar seis encuentros en la región de Oriente Próximo. Louzán subrayó la importancia de dos de estos partidos para la fase de preparación del equipo nacional, además de otorgar especial relevancia a la final ante Argentina, la cual califica como un evento esperado tanto por los jugadores como por los aficionados. La definición acerca de la celebración o no del partido depende de la evolución del contexto regional y de la valoración conjunta entre las partes, añadió, según publicó el mismo medio.

Consultado sobre la situación de otros clubes españoles comprometidos en eventos deportivos en la región, Louzán mencionó el viaje planeado por el Rayo Vallecano a Turquía. El equipo tiene previsto disputar el partido de ida de los octavos de final de la Conference League este jueves. Respecto a este desplazamiento, el presidente de la RFEF indicó que ha mantenido varias conversaciones con el presidente del club madrileño, Raúl Martín Presa, y recordó su propia experiencia reciente al acompañar a la selección femenina a la ciudad de Antalya, Turquía, para un enfrentamiento ante Ucrania.

Louzán relató que en esa ocasión se llevaron a cabo diversas gestiones previas y que el ambiente durante el viaje resultó seguro, gracias también a la colaboración de la embajadora de España en Turquía, quien asistió al grupo desde el inicio de su estancia. No obstante, reconoció que la situación ha cambiado desde entonces y se volvió complicada, lo que obliga a la federación a trabajar con cautela y a reevaluar constantemente los desplazamientos y la seguridad de los equipos españoles que participan en competiciones internacionales en la zona.

Además, de acuerdo con lo reportado en la cobertura, la RFEF no descarta que cualquier decisión respecto a eventos en países periféricos al conflicto, como Turquía, pueda influir en otras situaciones similares. Louzán abogó por la solidaridad hacia estos países, remarcando que Turquía se encuentra actualmente fuera del foco del conflicto, aunque cualquier medida que se tome podrá tener impacto o establecer precedentes en la toma de decisiones posteriores por parte de organismos nacionales e internacionales.

El presidente de la RFEF enfatizó que la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas —jugadores, entrenadores, personal técnico y familias— constituyen la prioridad absoluta ante cualquier consideración deportiva o logística. El trabajo coordinado entre las diferentes federaciones, organismos internacionales y gobiernos diplomáticos intenta reducir los riesgos asociados y garantizar el regreso seguro de los ciudadanos españoles situados en Oriente Próximo.

Por otro lado, Louzán subrayó la complejidad que enfrenta la federación al tomar decisiones con la rapidez que exigen las circunstancias, apuntando que la preparación para competiciones como el Mundial requiere definir con prontitud aspectos clave del calendario y las sedes. El entorno cambiante obliga a un monitoreo continuo y a la elaboración de diversos planes de contingencia para afrontar posibles escenarios adversos.

Tal como publicó la fuente, el conjunto de medidas adoptadas por la RFEF incluye tanto la evaluación diaria del contexto internacional como la activación de protocolos para la repatriación segura y la reprogramación de encuentros si resulta necesario. Louzán concluyó señalando que la colaboración entre federaciones deportivas y autoridades nacionales e internacionales representa un elemento decisivo a la hora de afrontar crisis de escala regional, como la que atraviesa actualmente Oriente Próximo, que incide directamente sobre la dinámica del deporte profesional y los desplazamientos de sus protagonistas.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declarará este miércoles a las 11 en la causa por presunta retención indebida de aportes que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulsó contra la casa madre del fútbol argentino. Su presentación llega luego de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazara un planteo de los imputados para anular las indagatorias.

El camino hacia esta declaración incluyó una fuerte disputa legal. Las defensas de la cúpula de la AFA interpusieron un incidente de nulidad absoluta contra las convocatorias. Los abogados argumentaron que el juzgado carecía de facultades para avanzar con el trámite. Explicaron que actualmente el tribunal de alzada revisa un recurso previo donde solicitaron el cierre definitivo del proceso por atipicidad manifiesta.

Los representantes legales consideraron que obligar a los directivos a declarar consolida una imputación formal de manera anticipada. Sostuvieron que la habilitación misma de la acción penal se encuentra cuestionada. Sumaron un reclamo adicional al indicar que el fiscal del caso no pidió las citaciones. Expresaron que la medida resultó impulsada de forma exclusiva por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en su rol de querellante.

Los argumentos del juez

Amarante rechazó todos los cuestionamientos mediante un fallo firmado el lunes. El magistrado precisó que la ley procesal ordena tramitar las excepciones legales por vía separada. Explicó que la interposición de un recurso de apelación no frena el curso de una investigación principal. El juez subrayó que la indagatoria constituye el acto de defensa material por excelencia. Detalló que representa el momento exacto donde la persona toma conocimiento de la acusación y ejerce su derecho a dar explicaciones.

El fallo también abordó la queja sobre el rol de las partes. El tribunal dictaminó que convocar a un acusado resulta una facultad exclusiva de la jurisdicción. La medida se dispone al existir estado de sospecha, sin importar si la petición provino de la querella o del fiscal. Claudio Navas Rial, en representación del Ministerio Público Fiscal, respaldó al juez al afirmar que el llamado a declarar no provoca un perjuicio real ni concreto para los acusados.

Previamente, el dirigente intentó eludir su traslado físico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950. Su abogado, Marcelo Rocchetti, solicitó que la audiencia se concrete por videoconferencia para “evitar una innecesaria exposición”. El defensor detalló por escrito que el tesorero necesitaba “tranquilidad al declarar, la que sin ninguna duda perderá de verse acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez”.

Amarante desestimó esa petición al considerar que las audiencias exigen la presencia física de los acusados y ordenó un operativo especial de seguridad en la zona para prevenir incidentes. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico avaló esa determinación.

La ronda de indagatorias y el futuro del caso

La ronda de indagatorias quedó formalmente inaugurada el pasado viernes con la presentación del director general Gustavo Lorenzo, quien entregó un escrito y se negó a contestar preguntas. Misma postura adoptaron este lunes el exsecretario general Víctor Blanco y quien lo sucedió en el cargo, Cristian Malaspina.

El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social. La ley penal tributaria sanciona esta conducta con penas de dos a seis años de prisión.

La institución del fútbol regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante. Los dirigentes enmarcan el caso dentro de una persecución política. Remarcan que la entidad resulta la única asociación civil sin fines de lucro denunciada ante los tribunales bajo estas condiciones.

La estrategia de los acusados se apoya en normativas vigentes del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Afirman que esas reglas impiden ejecutar deudas fiscales a entidades de bien público. Basados en esa premisa, deducen que una deuda inexigible no configura un delito penal.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, declarará este jueves 12 de marzo a las 11 para concluir el cronograma. Finalizada esa audiencia, el juez Amarante dispondrá de un plazo de 10 días para definir la situación procesal de todos los implicados.

Ese mismo jueves, los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos evaluarán en una audiencia las apelaciones presentadas contra la prohibición de salida del país que pesa sobre los directivos. Para el próximo 18 de marzo, el tribunal de alzada convocó a las partes a un debate oral decisivo. En esa fecha analizarán el pedido de la defensa para cerrar la investigación por inexistencia de delito.

¿Cuánto impactará a la inflación el aumento del petróleo? ¿Cómo seguirá la tasa de interés si hay suba en los Estados Unidos? ¿Qué margen de financiamiento externo tendrá el país en caso de que la guerra en Medio Oriente se extienda? ¿El plan de acumulación de reservas puede complicarse? ¿Qué pasará con las inversiones extranjeras en un clima de incertidumbre? Muchas preguntas se acumularon en los últimos días en espacios de poder. Sobre todo luego de las idas y vueltas -una vez más- discursivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mensajes que no se condicen con lo que sucede en el territorio. De manera directa o indirecta ya son 23 países los que se involucraron en la guerra que dejó de ser algo exclusivo de una región.

En ese contexto, el presidente Javier Milei dijo que “ganaremos la guerra” con un inclusivo que generó sorpresas. El martes fue más allá. Tomó el micrófono y volvió a arremeter contra los empresarios Paolo Rocca y Madanes Quintanilla. Los trató de corruptos y los criticó por igual. Al primero por haberse quejado por haber quedado afuera de una licitación al primero (con Techint) y al segundo haber cerrado FATE. “Corruptos y extorsionadores”, sentenció. Lo dijo frente a posibles inversores extranjeros que especulan, por estos tiempos, si la Argentina es previsible para invertir. Curiosa estrategia.

Junto al Presidente viajó, además de una nutrida comitiva, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. “Un ministro de Justicia, no un operador judicial”, soltó el fin de semana para mostrar su enojo al leer a los principales columnistas de los distintos medios que mencionaban la llegada de Juan Bautista Mahiques como parte de una interna de la hermana del Presidente con Santiago Caputo y -además- como un hombre de la familia judicial capaz de mostrar resultados con las dos causas que más preocupan a Casa Rosada: ANDIS y Libra.

En Balcarce 50 aseguran que se trata de operaciones mediáticas que “solo buscan lastimar el vínculo de ellos dos”, como dijo a Infobae un funcionario que tiene trato con ambos, más allá de discusiones políticas. Para uno u otro lado, lo concreto es que Mahiques llegó con fuerza y fue recibido con alfombra roja por parte del Gobierno que ahora espera avanzar sin pausa con las más de 200 vacantes de jueces y fiscales de la justicia nacional y federal. Según consignó este medio, se trata del 36,5% de los cargos y que, de no resolverse, subiría a 42% a mitad de año. Algo que no se mencionó y que el Ejecutivo espera que Mahiques pueda desenredar es el acompañamiento judicial a lo aprobado por la reforma laboral. “Fue una prueba de amor para con la Justicia. Ahora esperan una respuesta”, resumieron a este cronista.

El aspecto laboral es crucial con los números de la Economía que crujen en áreas clave como la industria y el comercio. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el comparativo interanual de febrero del 2026 las ventas minoristas del sector pyme comercial cayeron 5,6% respecto de igual mes del año pasado. Las bajas más fuertes se dieron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual. En paralelo, el dato de la inflación porteña fue del 2,6%. Mientras el Gobierno destacaba que hubo una leve baja respecto del índice de enero (3,1%) la expectativa está puesta en lo que suceda el jueves cuando se anuncie el índice nacional. Sin embargo, el problema es que el número se estabilizó cerca del 3%, lo cual trae aparejado problemas extras. ¿El primero? Comienza a surgir el pedido de reapertura de paritarias por parte de algunos gremios. El segundo es que el consumo no presenta posibilidades de crecer con esta perspectiva de corto y mediano plazo.

Lo cierto es que la herida a Caputo no se va a cerrar. Es más, todo indica que Karina seguirá sumando lugares de poder en detrimento de los laderos del asesor. En provincia de Buenos Aires se da un ejemplo concreto. Si bien Caputo insiste con la figura de Agustín Romo, su alfil violeta en la legislatura bonaerense, Karina mantiene a Sebastián Pareja como su figura central. En ese inabarcable territorio es que la conversación entre este último y el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzarán en breve para ordenar el 2027. ¿Quién será el candidato para enfrentar al peronismo? Aún es imposible saber para qué lugar caerá la moneda. “El que sea candidato no pondrá tanto intendente y viceversa. Se van a poner de acuerdo”, aventuró un armador amarillo que ya tiene el caparzón de color libertario. ¿Tendrá que ver esto con el freno que impuso Karina a la llegada de Diego Valenzuela al ministerio de Seguridad? Patricia Bullrich había adelantado en noviembre que el ahora senador bonaerense iría al Ejecutivo nacional. Quedó todo freezado.

Internas y disputas que no son algo que sea exclusivo del gobierno nacional. El PJ vive un momento de descomposición como pocas veces se vio. Dos ejemplos de las últimas horas para graficarlo. En San Miguel se conformaron tres listas para disputar el control del partido. Enfrenta a dos aliados “hacia arriba” que son Gabriel Katopodis y Andrés Larroque. En Tigre, en cambio, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa lograron que la justicia electoral voltee la lista de Mario Zamora, hermano del intendente. ¿Disputar una interna? Mejor ir a la Justicia. Por último, la novedad gremial vino del lado de SUTEBA. Roberto Baradel anunció a sus íntimos en las últimas horas que no irá por una nueva reelección en el sindicato cuando haya elecciones en mayo. La candidata de la lista oficialista será María Laura Torre. El histórico gremialista dejará el cargo. “Hay que renovarnos”, dijeron a Infobae.

Ya sin ocultarse ni quedarse callada ante embates que vienen desde Casa de Gobierno, la vicepresidente Victoria Villarruel sigue de gira por el país. El fin de semana estuvo por Mendoza y buscó cerrar el escándalo tuitero con el diputado Luis Petri. Sin embargo, no se guardó nada cuando habló de la Argentina y realizó un tiro por elevación al Presidente: “Es muy difícil gobernar un país si no lo conoces”. Decidida a generarle un dolor de cabeza a las encuestadoras que trabajan con el oficialismo, está decidida a pisar cada provincia argentina de acá al 2027. ¿Será candidata? Alguien que así lo desea lo planteó así: “Le pegan y ella sale a caminar. Cuando se den cuenta, quizás sean los tres puntos que le faltaron a (Sergio) Massa para ganar en primera vuelta”. Los enemigos que van recolectando los hermanos Milei empiezan a levantar la cabeza.

Donde se disputa el poder y el dinero como quizás ningún otro negocio en el país es en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras el paro del fin de semana decidido por Claudio Tapia (ni siquiera dejó que los clubes tengan amistosos a puertas cerradas), ahora es la Justicia quien debe avanzar en las causas contra el dueño del fútbol y su socio, Pablo Toviggino. El portazo de River Plate no cayó para nada bien en el círculo de Tapia. Y así se lo hicieron saber algunos asesores a dirigentes del club de Núñez con algunos mensajes de WhatsApp dejando en claro que ahora estaban en “veredas opuestas”. Un ex futbolista devenido en político analizó el escenario junto a Infobae y sentenció: “El fútbol es peor que la política. Mueve más plata con menos manos”.

Por las dudas, Mahiques dijo que no tenía “ninguna intención” de salvar a la AFA. Tapia confía en que lo haya dicho por obligación pero que en la práctica suceda todo lo contrario.

La Cámara Nacional en lo Penal Económico convocó a una audiencia clave el próximo 18 de marzo para escuchar los argumentos de las defensas que buscan cerrar por inexistencia de delito el caso por supuesta multimillonaria retención indebida de aportes contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y los demás acusados.

Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos fijaron en realidad dos audiencias: la primera será este jueves 12 de marzo, el mismo día en el cual el juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia. Se tratarán las apelaciones a las prohibiciones de salida del país.

Para el 18 de marzo se citó otra vez a las partes, esta vez para debatir el planteo de fondo: el pedido de cierre de la investigación por inexistencia de delito. Una vez escuchados los argumentos, los camaristas quedarán en condiciones de resolver.

En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Qué está en juego

En la audiencia del jueves próximo se analizarán las apelaciones que se presentaron contra la prohibición de salida del país que dispuso el juez para todos los imputados.

Esta decisión obligó a pedir permiso para viajes al exterior como fue el caso de Tapia, a quien se le concedió autorización para ir a Brasil pero se le negó para un viaje a Venezuela. El presidente de AFA no estuvo presente en la vuelta al país del gendarme Nahuel Gallo a bordo de un avión privado contratado por la Asociación.

Todas las defensas apelaron la restricción impuesta por el juez.

Pero la cita clave será el 18 de marzo. Los jueces del Tribunal fijaron para ese día las exposiciones de los abogados que buscan cerrar la causa por inexistencia de delito. Este planteo ya fue rechazado por Amarante y llegó en apelación a la Cámara.

Para ese momento el juez ya habrá indagado a todos los acusados. El tesorero Toviggino está citado para mañana miércoles 11 y Tapia para el jueves 12, en el final de la ronda de declaraciones.

Hasta el momento se presentaron otros tres dirigentes futbolísticos, quienes entregaron escritos sin responder preguntas y en todos los casos rechazaron las acusaciones con reclamos de sobreseimiento.

Uno de quienes declaró, el secretario general de AFA, Cristian Malaspina planteó en su escrito que cumplía con ese trámite, pese a que aún no está resuelto el planteo que definirá si la causa sigue o no adelante.

“Antes de ingresar al análisis de los hechos que se me intiman en este acto como imputación, corresponde señalar que al momento de la presente audiencia se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, una cuestión que incide directamente en la habilitación misma del ejercicio de la acción penal en estas actuaciones”, sostuvo en su escrito, al presentarse con su abogado Lucio Simonetti.

Los detalles del planteo

El planteo de “excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta” llegó en apelación a la sala A de la Cámara del fuero Penal Económico y fue presentado por el primer abogado que tuvo Tapia en el caso, Simonetti. Ahora cambió su defensa.

El juez Amarante ratificó la vigencia de la causa penal que investiga la falta de pago en término de las retenciones. Tapia insiste en ser sobreseído.

En el planteo se sostuvo que la denuncia de ARCA debe cerrarse por inexistencia de delito a raíz de resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron las ejecuciones fiscales contra clubes, de las cuales derivaría la imposibilidad del Estado para exigir el cobro por la vía penal.

En concreto se mencionó la Resolución 17/2024 y sus prórrogas (que extienden beneficios hasta julio de 2026), mediante las cuales el Gobierno ordenó a ARCA (ex AFIP) suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal contra asociaciones civiles sin fines de lucro.

Para la defensa, si el Estado no puede ejecutar la deuda civil, entonces el contribuyente tendría “derecho” a no ingresarla y no hay delito.

La fiscalía y la querella de ARCA se opusieron y el juez les dio la razón. “La circunstancia de que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales (...) no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, sentenció el magistrado.

Para el juez, la prueba de que la deuda era exigible es que la propia normativa de alivio fiscal prevé el cobro de intereses resarcitorios. “El interés resarcitorio (...) no tiene otra génesis que la circunstancia que esa misma parte pretende desconocer: que las obligaciones habían vencido”, explicó.

Los delitos tributarios son definidos por el Congreso de la Nación y una resolución del Ministerio de Economía no puede “desincriminar” una conducta ni modificar el Código Penal, agregó. “Admitir que resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo puedan incidir sobre la vigencia o alcance de una norma penal tributaria importaría una afectación directa al principio de legalidad”.

Además, recordó la naturaleza del delito imputado (artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario): lo que se castiga no es tener una deuda, sino quedarse con dinero de terceros. La AFA actuó como agente de retención: descontó dinero a sus empleados y proveedores en concepto de Ganancias, IVA y Seguridad Social, pero no lo depositó en las arcas públicas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, según la denuncia.

Todo esto entró ahora a revisión en el Tribunal de Apelaciones del fuero que convocó a una audiencia luego de la cual quedará en condiciones de resolver.

A pocas semanas del amistoso que la Selección Argentina tiene previsto jugar con Qatar, el juez comercial Javier Cosentino rechazó este lunes un pedido de embargo preventivo sobre el 30% de los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La solicitud había sido presentada por el empresario Guillermo Tofoni en el marco de la causa por incumplimiento de contrato iniciada a la entidad presidida por Claudio Tapia.

La resolución judicial -a la que Infobae tuvo acceso- desestimó además la designación de un interventor informante que el agente FIFA y CEO de World Eleven había solicitado para fiscalizar los registros contables vinculados a los encuentros internacionales. El magistrado concluyó que no existen elementos suficientes que demuestren un “peligro en la demora” o un riesgo real de que el demandante no pueda cobrar un eventual crédito en el futuro.

En su resolución, Cosentino sostuvo que el expediente se encuentra en plena etapa de prueba. El juez consideró prematuro dar por válido el derecho reclamado y recordó que incluso el resultado de la pericia caligráfica oficial fue fuertemente cuestionado por la defensa de la AFA. Según el fallo, el temor a un daño inminente debe ser “actual”, y la demora lógica de un juicio ordinario no conduce necesariamente a la inejecutabilidad de una sentencia futura.

El conflicto central remite a un contrato de exclusividad firmado el 4 de mayo de 2021. El documento le otorgaba a Tofoni el derecho a organizar y comercializar los amistosos del equipo nacional a cambio del 30% del producido neto de cada evento. Aunque la AFA desconoció la validez del acuerdo, el 29 de diciembre de 2025 la perito oficial Liliana Quintana dictaminó que las firmas en el contrato son auténticas y pertenecen a Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la institución.

El pedido de embargo ahora rechazado hacía hincapié en la actuación de la firma Tourprodenter LLC, que funciona como “agente de cobro” de la AFA en el extranjero. Esta sociedad está a cargo de Erica Gillette, esposa del empresario teatral Javier Faroni. Según la presentación de Tofoni, esta firma recibe fondos millonarios que no ingresarían formalmente a las cuentas argentinas. El escrito señalaba, además, que Tourprodenter figura en el último balance oficial como el mayor deudor de la AFA, con un saldo a favor de la asociación de $ 13.296.000.000.

Para ilustrar el circuito del dinero, la presentación citó un contrato firmado con una empresa de origen chino. El acuerdo fijó el pago de USD 7.000.000 por un evento deportivo. El documento ordenó transferir ese monto de forma directa a una cuenta bancaria a nombre de Tourprodenter en el banco Synovus de Estados Unidos. La demanda expuso que la agencia norteamericana giró USD 142.893 para pagar el alquiler de un yate utilizado por Tapia en Mónaco.

El expediente judicial suma antecedentes sobre otras firmas operativas antes de la llegada de la actual agencia. Según esas presentaciones, un grupo de sociedades manejadas por Marcelo Saracco funcionaron como intermediarias financieras. Las empresas Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group cobraron comisiones y canalizaron ingresos por más de USD 50.000.000 a través de cuentas ubicadas en Europa.

La demanda también incorporó supuestas irregularidades detectadas por la Inspección General de Justicia (IGJ). El 25 de febrero de 2026, el organismo solicitó la intervención administrativa de la AFA para investigar la falta de balances y auditar las operaciones con el matrimonio Faroni-Gillette. Dicha resolución fue firmada por el ex titular de la IGJ, Daniel Vítolo, recientemente reemplazado en su cargo.

La Selección Argentina se medirá ante Qatar el próximo 31 de marzo en el estadio Lusail. Tras la decisión del juez Cosentino, la entidad deportiva podrá disponer de la totalidad de los ingresos generados por dicho compromiso sin sufrir retenciones preventivas dictadas en este expediente.

Ya formalmente instalado en el nuevo cargo, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanza con la renovación en su área y dispuso nombrar a un fiscal especializado en criminología al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque su nombramiento formal podría demorar unos meses.

Se trata del abogado Matías Gabriel Álvarez, formado en la persecución de delitos complejos y con amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Graduado con honores por la Universidad de Buenos Aires y actual doctorando en Criminología, el letrado se desempeña desde diciembre de 2023 como Fiscal Federal Coadyuvante de la Procunar, donde coordina las investigaciones dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Su perfil combina la experiencia operativa en el terreno con una representación internacional, destacándose su rol como Co-Coordinador Adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP) desde 2017.

En el ámbito académico y consultivo, Álvarez tuvo una carrera como docente de Derecho Penal y coordinador de posgrados especializados en delincuencia organizada.

Asimismo, ha colaborado activamente como experto para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), participando en la redacción de legislación modelo contra el crimen organizado y guías de buenas prácticas regionales.

Además, es autor de diversos artículos doctrinarios sobre derecho penal económico y lavado de activos, por lo que su designación apunta a aportar un enfoque técnico centrado en la persecución de estructuras financieras criminales y el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional.

La UIF, donde asumirá si es que supera todas las etapas protocolares, se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año.

La designación del titular de este organismo no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

“Básicamente desde el Ministerio se debe oficializar una postulación y posteriormente convocar a una audiencia pública. Todo esto puede llevar al menos un mes”, explicaron fuentes consultadas.

Días atrás, poco después de incorporarse al Gabinete, Mahiques dio de baja el proceso que ya estaba abierto para designar a Ernesto Gaspari.

El contador público y licenciado en Administracióna era la persona que había sido elegida para suceder a Starc cuando todavía al frente de Justicia estaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, este último, uno de los dirigentes que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Con el cambio de mando en la cartera y la llegada de figuras más cercanas a la secretaria general, Karina Milei, se canceló la audiencia pública que había sido convocada para el 6 de marzo pasado con el objetivo de analizar la propuesta de Gaspari para conducir la UIF.

Ahora que el nuevo ministro definió postular a Álvarez, se debe comunicar mediante una Resolución en el Boletín Oficial sobre la apertura del proceso para la designación, precisando algunos detalles sobre el patrimonio y la carrera de quien se promueve para cumplir ese rol.

“Esa persona debe presentar una serie de declaraciones juradas. Después, hay un tiempo para que el Gobierno reciba adhesiones y objeciones a esa candidatura y, recién pasado ese proceso y evaluadas las observaciones, se oficializa, también por Boletín Oficial, la designación”, precisaron las fuentes consultadas.

Por otra parte, el ministro anunció que optó por mantener a los veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habían impulsado Cúneo Libarona y Amerio.

Según anticiparon a Infobae fuentes al tanto de la situación, la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene previsto informar a la brevedad -posiblemente este martes- quiénes serán las personas que deberán revisar los balances y contratos realizados por la institución deportiva.

Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de dar de baja esta decisión, debido a posibles irregularidades en los trámites administrativos, finalmente todo seguirá como estaba previsto.

De acuerdo con lo que precisaron algunas de las personas involucradas en el caso, el funcionario revisó el expediente en cuestión y no detectó ninguna observación relevante, por lo que se confirmó que “pronto habrá novedades”.

De esta manera, en las próximas horas se comunicarían los nombres de los dos veedores de la AFA, lo cual ocurrirá en paralelo al avance de las denuncias contra la entidad por presuntos desvíos de fondos: “Serán los mismos que ya estaban”, anticiparon fuentes antes de que el ministro lo confirmara.

En una reciente entrevista televisiva, el propio presidente Javier Milei defendió el rol de su ministro, negó que tuviera vínculos con la asociación que rige el fútbol local y aseguró que los magistrados tienen libertad para actuar.

“Mahiques llegó para que la Justicia funcione mejor, no peor. Y si los señores (Claudio ‘Chiqui’) Tapia y su tesorero, (Pablo) Toviggino son culpables, que paguen con todo el peso de la ley”, sostuvo el mandatario nacional.

Tal como anticipó este medio, apenas fue nombrado en el Gabinete, Mahiques les pidió la renuncia a los presidentes de la UIF y de la IGJ, pero también del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y de la Oficina Anticorrupción, de la la Oficina de Bienes Recuperados.

Hasta el momento, solamente se confirmó oficialmente al reemplazante de Daniel Roque Vítolo en la IGJ, que será el abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Alejandro Ramírez.

Antes de los movimientos administrativos, se reiteró el pedido ante la Justicia de enviar veedores para la AFA, con la misión de revisar los vínculos de esta institución com diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, Ariel Vallejo y, sobre todo, lo relativo a la creación de la Universidad “UNAFA”.

Los profesionales, que no llevarán adelante una intervención, ya que no tomarán posesión del organismo, tendrán que auditar e informar a las autoridades judiciales sobre operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de inmuebles y bienes muebles, contratación de personal directivo y autoridades, y convenios celebrados con terceros.

La aparición pública de Tapia coincidió con la previa de su declaración indagatoria, programada para el jueves 12 de marzo ante el juez federal Diego Amarante, en una causa donde también está involucrado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ambos están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco, con un monto que, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), supera los 19.000 millones de pesos. Tapia logró aplazar su citación judicial tras registrar un cambio de abogado, pero el juez Amarante rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas.

En el lanzamiento de la plataforma, Tapia hizo referencia a la importancia de este avance tecnológico para el fútbol argentino, destacando la federalización de las transmisiones y la inclusión del fútbol femenino y de ascenso. “Hoy es un momento muy importante para el fútbol argentino, es un hito más, esto es un antes y un después”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que la AFA comenzó con un canal de streaming y que este proyecto busca que el fútbol vuelva a pertenecer a los clubes. “El fútbol no pasa solo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasa por todo el país. Somos una dirigencia que dijo: vamos a hacer un fútbol federal. Lo defendemos y representamos”, agregó Tapia.

La plataforma LPF Play alcanzó en sus primeros días 455.000 usuarios únicos, 3.300.000 visualizaciones de video y 90% de partidos en vivo, cifras que, según Tapia, evidencian el interés y la demanda por contenidos federales. “En más de 150 países se vio. Se transmitieron 175 partidos en vivo”, detalló el presidente de la AFA. “Lo hicimos poniendo las cosas donde las teníamos que poner”, enfatizó.

El contexto institucional también estuvo atravesado por el reciente paro del fútbol argentino, que impidió la disputa de partidos de todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida fue adoptada tras una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, en respuesta a lo que calificaron como “embates del ARCA y el juez Diego Amarante contra la AFA”. Por esa razón, la fecha 9 del Torneo Apertura no se disputó.

Durante su intervención, Tapia defendió el trabajo de los clubes, el cuerpo técnico y los campeones del mundo presentes en el acto. “Hay que ser respetuosos de quienes vistieron nuestra camiseta, nos representaron, los campeones del mundo que están presentes, del 78 y 86, cuerpo técnico de nuestras selecciones juveniles, que por ahí estaban Pablo Aimar, Placente, Cesana...”, enumeró. También destacó el avance del fútbol femenino, que hasta hace cinco años no era profesional en Argentina.

El acto de lanzamiento de LPF Play se realizó en la previa de la declaración judicial de Tapia, quien reiteró su confianza en el proyecto y en la transparencia del accionar dirigencial. “Lo hicimos poniendo las cosas donde las teníamos que poner”, manifestó el presidente de la AFA.

Otras frases destacadas de Claudio Tapia:

“A los miembros del Comité ejecutivo, a todos los que trabajaron en LPF Play, a Sergio Marchi, al secretario general de los técnicos, a los árbitros, a las árbitras, a los jugadores”

“Nosotros, con mucha hombría, pero con mucha capacidad, empezamos a soñar hace mucho tiempo. No solo para que en LPF Play se vieran los torneos de Proyección, el fútbol femenino, sino que se pudiera ver todo nuestro fútbol. Y la AFA comenzó con un canal de streaming, con nuestra plataforma, silenciosamente, pero con mucha convicción. Esto es el futuro y para construirlo había que tomar las decisiones que había que tomar, para que el fútbol fuera para los verdaderos dueños, los clubes de fútbol”.

“Nuestros técnicos, formadores, tienen la capacidad de darles a los chicos las herramientas para perfeccionarse. Somos líderes. En la mayoría de los equipos del mundo, nuestros campeones son capitanes. Nuestras jugadoras de la Selección son capitanas. Tenemos eso que no tienen muchos, somos ganadores. Porque somos ganadores trajimos la tercera, salimos bicampeones de América después de mucho tiempo. Confiamos en un técnico en el que no muchos confiaban, que decían no tiene experiencia. Porque confiamos, creemos en los proyectos. Y este es el gran proyecto del fútbol argentino”.

“Tener al fútbol dentro del fútbol, que podamos ver a nuestros equipos del Ascenso. Hasta el año pasado no lo podían ver, siempre pasaba algo, se cortaba la señal en la plataforma anterior. Hoy sí se pueden ver. 11 partidos en simultáneo en horario nocturno, 12 juegos del fútbol femenino”.

“Muchos equipos inauguran iluminación, inauguran vestuarios y hasta hace cinco años no había fútbol femenino. Y hoy es profesional. Faltan muchas cosas más”.

“Hoy es el gran día, un día histórico, el fútbol vuelve a ser del fútbol”.

En diálogo con LN+, el titular de la cartera judicial explicó: “Llegué y le pedí la renuncia a todos los funcionarios políticos porque yo traigo mi equipo. Ahora, para evitar cualquier tipo de suspicacia, yo he decidido hoy mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de Justicia”.

Justamente, se trata de una decisión que se terminó de firmar el último jueves, en el cierre de la gestión de Mariano Cuneo Libarona. Allí se definió que los encargados de auditar a la AFA sean el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el decreto que designa a los nombres todavía no está firmado, pero se espera que en las próximas horas el flamante ministro rubrique el documento

En la entrevista con el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul, Mahiques remarcó la importancia de preservar la objetividad en una auditoría que revisará balances, contratos y movimientos económicos de la principal entidad del fútbol nacional. Esta decisión ocurre tras semanas de especulaciones sobre posibles cambios en el equipo de veedores y refuerza la idea de continuidad institucional en la fiscalización sobre la AFA.

Según informaron fuentes oficiales, la presencia de Pappacena y Ortiz de Marco se originó en dos resoluciones sucesivas de la IGJ, por iniciativa de Daniel Vítolo antes de dejar el cargo. En la última semana de su gestión, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar no solo la administración central de la AFA, sino también otras unidades de negocio vinculadas al fútbol profesional y amateur. La auditoría buscará examinar la transparencia de los balances y contratos económicos, ante reiteradas observaciones sobre la gestión financiera de la entidad.

En el mismo reportaje, Mahiques confirmó el nombre del nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF): Matías Álvarez, fiscal federal coadyuvante de la PROCUNAR y con desempeño reciente en Rosario. “Se lo ofrecí formalmente en el día de la fecha. Es una persona intachable. No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer”, aseguró el ministro. El perfil de Álvarez, con experiencia en la lucha contra el narcotráfico y delitos económicos, fue ponderado como garantía de continuidad en la UIF, un área estratégica para la persecución de lavado de activos y financiamiento ilícito.

Por otra parte, Mahiques anticipó que revisará los nombres de todos los candidatos a jueces propuestos por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para cubrir las numerosas vacantes existentes en el Poder Judicial. Los pliegos serán remitidos al Senado luego del aval de la Secretaría General y de la supervisión de los principales referentes del Ejecutivo. El ministro explicó: “El presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna. Ese pliego va al Senado, y la Cámara alta tiene que dar o dar el acuerdo. El toma y daca no debiera ocurrir”.

Actualmente, el sistema judicial enfrenta un nivel históricamente alto de vacancias, con 313 magistrados pendientes de designación, lo que representa el 37% de los cargos. Mahiques señaló que la última vez que se nombraron jueces en Comodoro Py fue en 2017 y advirtió que la Justicia no puede funcionar correctamente si persiste este nivel de vacancia. “Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto”, explicó, detallando la sobrecarga de trabajo y la lentitud en las causas.

Al ser consultado sobre la prioridad para cubrir los cargos, el titular de Justicia indicó que se privilegiarán los fueros con mayor déficit de magistrados. Reconoció que los plazos judiciales no siempre se corresponden con la urgencia de la sociedad: “Para poder agilizar esos tiempos, hay que hacer un montón de cosas. Hay que cubrir las vacancias e instaurar el sistema acusatorio, una gestión que tengo que hacer yo”, afirmó.