Un arma de fuego fue localizada la mañana del viernes 23 de octubre en el casillero de un estudiante de 14 años de la secundaria Gustavo Alberto Vázquez Montes, en Tecomán, Colima. El caso movilizó a corporaciones de seguridad y quedó bajo investigación para determinar cómo llegó el objeto al plantel y en qué circunstancias fue ingresado.

No hubo personas lesionadas ni incidentes relacionados con el uso del arma dentro de las instalaciones escolares. Tampoco se difundieron detalles sobre las características del objeto asegurado ni se confirmó oficialmente la situación jurídica del adolescente.

La alerta comenzó durante la noche del jueves 22 de octubre, cuando una persona informó a autoridades escolares que había visto a un alumno con lo que aparentemente era un arma de fuego al salir de la secundaria.

A la mañana siguiente, personal del plantel revisó la mochila del menor, sin localizar algún objeto que representara un riesgo. De acuerdo con la información recabada, el estudiante habría dicho al director que guardaba un arma en su casillero.

El estudiante habría señalado dónde estaba guardada el arma

Tras la declaración del adolescente, las autoridades localizaron el arma en el casillero señalado. El hecho motivó la presencia de elementos de Seguridad Pública en la escuela, ubicada en el callejón Valle Querido, frente a los terrenos de la Feria, en la zona norte del municipio.

Los agentes retiraron el objeto del plantel y lo trasladaron en una caja para su resguardo. La movilización también generó preocupación entre madres y padres de familia, quienes permanecieron en los alrededores de la secundaria a la espera de información sobre lo ocurrido.

El menor habría sido puesto a disposición de la autoridad ministerial competente para esclarecer la procedencia del arma, la forma en que llegó a sus manos y las circunstancias de su ingreso al centro educativo. Sus padres estuvieron presentes durante las actuaciones relacionadas con el caso.

Por tratarse de una persona menor de edad, se mantuvo la reserva sobre los datos que podrían permitir su identificación. La investigación también debía desarrollarse bajo el principio de presunción de inocencia.

Las clases continuaron mientras se atendía el caso

Las autoridades escolares activaron los protocolos de seguridad y notificaron la situación a las instancias educativas y policiales. Las actividades en la secundaria continuaron con normalidad mientras se atendía el hallazgo.

Hasta ese momento, el Ayuntamiento de Tecomán y las autoridades educativas municipales no habían emitido un comunicado que precisara las circunstancias en que fue localizada el arma, las personas involucradas o las medidas posteriores al incidente.

La información preliminar también mencionó que un docente habría detectado nerviosismo en el alumno antes de la revisión. Esa versión indicó que el objeto fue encontrado en la mochila del estudiante, aunque otros datos señalaron que fue localizado en su casillero tras la conversación con el director.

Las autoridades competentes debían determinar cuál de las versiones correspondía con las actuaciones realizadas dentro del plantel. También quedaba pendiente establecer si el arma estaba en condiciones de ser utilizada y si existieron responsabilidades adicionales.

El caso quedó bajo resguardo de las instancias correspondientes, mientras continuaban las indagatorias sobre el ingreso del objeto a la secundaria.

Segundo caso en este año

El 17 de junio de 2026 se registró otro incidente en la Secundaria Técnica Manuel Sandoval Vallarta en Colima, cuando un estudiante ingresó con un objeto prohibido al plantel:

• La denuncia: Un alumno de tercer grado advirtió a los docentes que un compañero llevaba un arma en el interior de su mochila.

• Activación de protocolos: Las autoridades escolares aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia escolar, coordinándose con fuerzas policiales estatales y federales.

• El objeto asegurado: Tras la revisión, se confirmó que se trataba de una réplica de arma de fuego (de color azul), asegurada sin que se reportaran personas heridas o lesionadas.

• Situación legal: La Secretaría de Educación y Cultura del estado informó que las autoridades competentes determinarían la situación jurídica tanto del estudiante como del objeto incautado.

El jueves pasado, un tiroteo sacudió la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, cuando un adolescente armado irrumpió en un aula de educación especial y abrió fuego contra alumnos y docentes.

El ataque se convirtió en una de las masacres escolares más impactantes de los últimos años en Estados Unidos.

Esta semana, Becky Drury, la docente de 54 años que sobrevivió al ataque con heridas de gravedad, emitió un comunicado público para relatar su experiencia y desmentir versiones inexactas que circularon en medios de comunicación sobre sus acciones durante la tragedia.

Algunos informes aseguraron que la maestra se habría arrojado sobre un estudiante para protegerlo con su cuerpo, algo que ella negó de forma directa.

“Sé que ha habido informes contradictorios sobre mis acciones ese día, pero la verdad es que me dispararon antes de que tuviera oportunidad de actuar”, afirmó Drury en su declaración, recogida por ABC News.

Lo que vivió Becky Drury en los primeros segundos del ataque

Drury relató que, al escuchar los primeros disparos, corrió hacia el pasillo para ver qué ocurría, pero al divisar al atacante volvió de inmediato a su salón. “Me di vuelta para cerrar la puerta detrás de mí, pero el tirador ya estaba ahí”, señaló. “Antes de que pudiera hacer algo más, me disparó a corta distancia y caí al suelo”.

El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad. Su mano izquierda quedó “casi completamente cercenada”, mientras que su brazo derecho resultó seriamente lastimado, de acuerdo con su testimonio.

“Así que hice lo único que podía hacer: fingir estar muerta con la esperanza de que no me disparara de nuevo”, aseguró la educadora.

Cómo se desarrolló el tiroteo y quiénes intervinieron para frenarlo

El presunto agresor era un adolescente de 16 años que portaba una escopeta calibre 12. Según la policía de Bend, el joven primero disparó contra una camioneta estacionada en el exterior del edificio y luego forzó las puertas para ingresar al establecimiento.

Las víctimas fatales fueron tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra de 25 años, según las autoridades locales.

El tirador fue abatido por Kaylub Giamanco, el padre de dos alumnas de Silver Rail que, al presenciar los disparos contra el vehículo, decidió seguir al adolescente al interior de la escuela y lo enfrentó con un arma de fuego, tal como confirmó el departamento policial.

Otra maestra que se encontraba en el salón al momento del ataque también protagonizó un acto de resistencia.

La docente le arrojó su teléfono celular al agresor, lo derribó al piso y trató de quitarle la escopeta, según el relato recogido por ABC News. Esa maestra no resultó herida.

El estado de la investigación y el regreso a clases en Bend

En una actualización difundida el miércoles, las autoridades indicaron que ejecutaron órdenes de allanamiento en el domicilio del sospechoso y en sus dispositivos electrónicos y cuentas de redes sociales. La investigación permanece abierta.

El departamento policial también confirmó que el arma utilizada en el ataque fue adquirida de manera legal, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre la escopeta ni sobre quién realizó la compra, de acuerdo con ABC News.

Las escuelas del distrito reabrieron sus puertas el miércoles por primera vez desde la tragedia. Decenas de oficiales se desplegaron en cada establecimiento para recibir a los estudiantes, según informó la policía local.

“Es probable que vean un aumento en la presencia policial en nuestras escuelas y sus alrededores en los próximos días y semanas. Eso se debe a que queremos que los estudiantes y el personal se sientan lo más cómodos posible durante un momento difícil y emotivo”, sostuvo el Departamento de Policía de Bend en un comunicado.

Drury cerró su declaración con un mensaje dirigido a la comunidad. “Lo que pasó en esa aula fue inimaginable, y como tantos en esta comunidad, tengo el corazón roto por todos los afectados por esta tragedia”, expresó la maestra, quien agregó que sus pensamientos están con las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Bend.

Las autoridades judiciales tramitan cuatro casos distintos: una investigación por maltrato contra una adolescente, una condena por delitos sexuales contra una menor, una pesquisa por homicidio y una causa por violencia doméstica.

Estos casos generaron detenciones provisionales, una pena de prisión de 17 años y diligencias de allanamiento.

De esta manera, la Operación Kraken concluyó con la aprehensión de un hombre investigado por homicidio y con el decomiso de teléfonos celulares y un busito blanco que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizado en el hecho.

La Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana coordinó el operativo junto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP).

Las diligencias se realizaron en varios sectores de la ciudad capital, entre ellos el corregimiento de Pedregal. Allí fue detenido un hombre por su presunta relación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 19 de julio de 2026 en el sector de Villas de Andalucía, corregimiento de Don Bosco.

Según la pesquisa, un menor de edad salía de una fiesta cuando varios sujetos que se movilizaban en un vehículo blanco tipo busito lo interceptaron.

Tras un forcejeo, los agresores le dispararon a quemarropa. El ataque causó la muerte de la víctima.

Mientras, la Personería Municipal de Dolega, adscrita a la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, logró que un hombre de 32 años quedara bajo detención provisional por una investigación por maltrato al menor en perjuicio de su hija de 13 años.

La Fiscalía presentó ante un Tribunal de Garantías los elementos de convicción reunidos con el apoyo de los estamentos de seguridad.

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación del cargo penal y ordenó la medida cautelar durante el plazo de la investigación.

La decisión tomó en cuenta las implicaciones del caso y el riesgo señalado para la adolescente.

Según las autoridades la causa se refiere a episodios ocurridos entre abril y mayo de 2026, que se agravaron el 12 de octubre en la vivienda que ambos compartían en el corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega.

La investigación sostiene que el acusado golpeó a la menor con un objeto contundente y que también incurrió en otros maltratos físicos. Las lesiones provocaron una incapacidad superior a 10 días.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación obtuvo una condena de 17 años de prisión contra un hombre declarado responsable de dos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

Como sanción adicional, el Tribunal de Juicio impuso dos años de inhabilitación para ejercer funciones en parques, parvularios, centros educativos y otros espacios donde se reúnan menores para actividades de desarrollo.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó al menos 20 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales.

El conjunto de elementos permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado por violación sexual agravada y actos libidinosos. El tribunal emitió un veredicto unánime contra el hombre.

Otro hombre, esta vez de 37 años también recibió la medida cautelar de detención provisional tras ser imputado por violencia doméstica y quebrantamiento de una medida de protección en perjuicio de su pareja sentimental.

Ante un Tribunal de Garantías la Fiscalía presentó elementos de convicción sobre las conductas investigadas y la presunta vinculación del acusado.

La autoridad judicial legalizó la aprehensión, admitió los cargos y ordenó la detención durante el término de la investigación.

El caso ocurrió durante la madrugada del 11 de octubre de 2026 en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La investigación indica que el presunto agresor utilizó violencia e intimidación contra la mujer y le ocasionó golpes y heridas con un arma blanca. La víctima recibió atención médica para estabilizarla.

El joven de 18 años, ciudadano estadounidense de ascendencia somalí, había expresado su deseo de asesinar a personas no musulmanas en el mayor centro comercial de Estados Unidos, informó AP News.

El plan de Mohamud apuntaba al 24 de octubre, fecha en la que estaba programada una celebración artística de la comunidad Hmong, el mayor grupo étnico asiático de Minnesota.

En los mensajes citados en la denuncia penal, el acusado estimó que podría matar entre 30 y 60 personas.

Lo que dijo la fiscalía durante la audiencia

Durante la audiencia, el fiscal adjunto Benjamin Bejar sostuvo que “estuvo tan cerca de cometer un ataque terrorista como era posible” y que actuó en nombre del Estado Islámico (ISIS), de acuerdo con U.S. News & World Report.

El arresto se produjo el 6 de octubre en un parque público de Richfield, un suburbio de Minneapolis.

Mohamud pagó USD 600 por el rifle, 200 cartuchos y cuatro cargadores de 30 balas a un empleado del FBI que se hacía pasar por miembro de la organización terrorista. La detención se produjo en el acto, apenas completada la transacción.

Pese a que el informante confidencial le advirtió sobre la gravedad de lo que planeaba y le ofreció la posibilidad de desistir, la respuesta fue contundente: “Sí, estoy seguro”, y añadió: “Ya me habría echado atrás si no lo estuviera”, de acuerdo con el expediente judicial.

Cómo llegó el joven al radar de las autoridades federales

Las autoridades federales habían puesto la mira sobre Mohamud en diciembre de 2024, cuando comenzó a intercambiar mensajes con un informante confidencial. En aquel momento tenía apenas 16 años.

A lo largo de esos intercambios, expresó su admiración por ataques terroristas recientes y manifestó su intención de viajar a Somalia para unirse a la milicia al-Shabab.

Para mayo de 2025, la preocupación del FBI era tal que agentes se presentaron en su domicilio. La madre del joven les dijo que aún no había regresado de la escuela, mientras que el padre se negó a hablar con ellos y aseguró que derivaría el contacto a su abogado, tal como consta en la denuncia judicial.

Con el paso de los meses, Mohamud abandonó la idea de viajar al extranjero porque no contaba con los recursos económicos necesarios. Fue entonces cuando decidió ejecutar un ataque en suelo estadounidense, según el expediente del caso al que tuvo acceso AP News.

El fiscal federal Daniel Rosen había calificado al acusado como “un joven radicalizado que necesitaba ser vigilado” tras el arresto. Los agentes, afirmó, “pudieron detectar la amenaza y desactivarla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar”.

La estrategia de la defensa y el debate sobre los métodos del FBI

La abogada defensora Manny Atwal planteó un argumento que avivó el debate sobre las tácticas de la agencia federal: Mohamud tenía solo 16 años cuando el informante confidencial comenzó a contactarlo, y su único acceso a armamento fue el que le proporcionó el propio FBI.

Atwal había solicitado que fuera trasladado a una casa de medio camino con monitoreo por GPS y sin acceso a internet, pero la jueza Foster rechazó el pedido.

El agente especial Keegan Rupenthal declaró ante el tribunal que, al momento de su detención, Mohamud juró lealtad al líder del Estado Islámico.

Mohamud había comparecido por primera vez ante la justicia federal en St. Paul el 7 de octubre, vestido con un uniforme amarillo de prisión. Le dijo al juez que no tenía empleo, casa, automóvil ni dinero en el banco.

La adolescente uruguaya de 15 años cuya desaparición había activado una Alerta Amber en Uruguay y el Alerta Sofía en Argentina fue hallada con vida y en buenas condiciones en una vivienda del partido bonaerense de Campana, donde permanecía junto a un hombre de 37 años que había sido señalado como responsable de su traslado desde Paysandú. La Dirección de Enlace Interpol de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado confirmó el operativo este domingo.

Según la información policial, la menor de edad habría cruzado la frontera el viernes 16 de octubre junto a Claudio Andrés Barrere Molinari, de 37 años, con documento uruguayo y DNI argentino. El traslado se habría realizado en una camioneta Peugeot Partner de color gris, vehículo que las fuerzas de seguridad lograron ubicar dentro de una vivienda en un paraje del partido de Campana durante las tareas de rastrillaje.

Un allanamiento con resultado positivo en Campana

Tras localizar el rodado, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio del barrio Los Pioneros, en Campana. El operativo se ejecutó este domingo con efectivos de la Delegación de la Policía Federal Argentina en esa localidad y personal del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, según el parte firmado por el comisario mayor Cristian De Santiago, a cargo de la Dirección de Enlace Interpol.

El resultado del allanamiento fue positivo: tanto Barrere Molinari como la adolescente fueron hallados en esa vivienda. Sobre el hombre pesa una orden de detención y se libró además una notificación roja de Interpol, el máximo nivel de alerta que emite el organismo para la búsqueda y captura de prófugos a nivel internacional.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal

Del caso intervienen la Fiscalía Letrada de Paysandú, de segundo turno, en Uruguay, y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. La causa se tramita como un pedido de cooperación internacional entre ambos países, en coordinación con la Estación de Policía Departamental de Campana y la Oficina Central Nacional de Interpol en Buenos Aires.

Hasta el momento, la investigación no difundió precisiones sobre el vínculo entre la adolescente y el detenido ni sobre los motivos por los que ambos habrían cruzado la frontera. Las autoridades adelantaron que ampliarán la información a medida que avance la causa.

Cómo había comenzado la búsqueda

La joven había sido vista por última vez la mañana del viernes 16 de octubre en inmediaciones de la calle José Pedro Varela, en Paysandú, ciudad ubicada frente a Colón, en la provincia de Entre Ríos. Según relató su padre, la menor se encontraba en su habitación durante las primeras horas de la mañana y la ausencia fue advertida entre las 6:30 y las 7:30. Su madre había expresado preocupación porque, según dijo, la adolescente no acostumbraba a salir sola.

El sábado, un día después de la desaparición, las autoridades uruguayas activaron una Alerta Amber para intentar dar con su paradero. Ante la posibilidad de que hubiera cruzado a la Argentina, el Ministerio del Interior uruguayo solicitó formalmente la intervención argentina, lo que derivó en la emisión del Alerta Sofía por parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). En Argentina, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había difundido el pedido de colaboración ciudadana a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación y del número de emergencias 911.

Quiénes participaron del operativo de rastrillaje

La coordinación internacional convocó a distintos organismos de seguridad a ambos lados de la frontera. Participaron fuerzas federales argentinas, la oficina de Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, esta última movilizada por la cercanía geográfica entre Paysandú y Colón, ciudades separadas por el puente internacional que une ambos países. El Ministerio del Interior de Uruguay había atribuido el hallazgo a la cooperación sostenida entre las policías de ambos países desde el inicio de la búsqueda.

Qué es el Programa Alerta Sofía y cómo opera

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para informar desapariciones de menores de edad que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física o biopsicosocial, según explicó Fiscales.gob.ar. El mecanismo apunta a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos mediante la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Lleva el nombre de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, aplicado también en Uruguay para este caso.

La coordinación del programa está a cargo del SIFEBU. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se incorporó a la iniciativa a partir de un convenio de cooperación firmado por la Procuración General de la Nación el 25 de noviembre de 2019, mediante la Resolución PGN 101/2019. En ese marco, el organismo integra el Comité Nacional Interinstitucional y la Coordinación Operativa Nacional del programa, mientras que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) gestiona las alertas y coordina la interrelación entre las fiscalías intervinientes.

Un adolescente fue localizado y rescatado tras recorrer aproximadamente 70 kilómetros oculto debajo de un autobús de pasajeros que viajaba de Cadereyta de Montes a Querétaro capital. El menor se resguardó en la estructura destinada a la llanta de refacción de la unidad.

El trayecto habría durado cerca de 45 minutos, periodo durante el cual el joven permaneció debajo del vehículo mientras el autobús avanzaba hacia la capital queretana.

Un automovilista que circulaba detrás de la unidad detectó la presencia de una persona en la parte inferior del autobús. El conductor alertó al chofer del transporte sobre el riesgo.

El operador detuvo la marcha para revisar el vehículo. Al inspeccionar la parte baja, se confirmó que se trataba de un adolescente con uniforme de una escuela secundaria.

Las autoridades no informaron por qué el menor abordó el autobús

Las autoridades no dieron a conocer las razones por las que el estudiante se ocultó debajo del autobús ni las circunstancias previas a su recorrido desde Cadereyta de Montes.

El caso mostró el peligro al que estuvo expuesto el adolescente, debido a que viajaba en una zona exterior de la unidad y cerca de sus componentes mecánicos. Un frenado, un bache o una maniobra brusca pudieron haber provocado un accidente.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observó al joven debajo del autobús, en el espacio relacionado con la llanta de refacción. El video circuló entre usuarios de las plataformas digitales.

La información disponible señaló que el adolescente habría salido de Cadereyta de Montes y que portaba el uniforme escolar cuando fue descubierto. No se informaron detalles sobre su identidad ni sobre su condición después del rescate.

Accidentes con autos aumentan 31%

Los accidentes viales en México siguen en aumento y en la última década ya registraron un alza de 31%, de acuerdo con organizaciones como México Previene, por lo que se ha sumado a los esfuerzos para impulsar la seguridad vial.

Areli Gal Villaseñor Ortega, quien Directora General de la organización, apuntó que el crecimiento obedece básicamente un mayor parque vehicular que comprende más motociclistas, ciclistas o vehículos motorizados; aunado a la falta de cumplimiento de regulación y la mala calidad de infraestructura.

”No podemos llamarlos a todos accidentes porque son evitables, son siniestros viales que se vuelven en estadística pero que son vidas humanas”, expuso la ejecutiva.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, indican que, de enero a agosto de 2026, se reportaron ante el Ministerio Público 28 mil 921 accidentes viales, un incremento de 31% respecto a los 22 mil 074 reportados en el mismo lapso de 2016.

Respecto a un año antes, las cifras indican una reducción de 14.4% en los siniestros reportados ante el Ministerio Público.

”Sabemos que ahora tenemos una crisis también de información en cuanto a las autoridades porque no se está reportando exactamente lo que está sucediendo”, señaló Villaseñor Ortega.

Mencionó que, aunque hace cuatro años se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establecía cuáles eran las acciones a realizar por estados para prevenir siniestros viales, y fijaba que en menos de tres años se tenían que armonizar todos los estados, no ha sucedido.

Una adulta mayor fue asesinada el sábado 10 de octubre en la barriada La Siesta, en el corregimiento de Tocumen, después de que presuntamente le llamara la atención a un joven por fumar marihuana cerca de su residencia. El reclamo habría provocado una discusión que terminó en un ataque armado contra la mujer, cuyo crimen es investigado como femicidio.

La víctima fue identificada en reportes periodísticos como Leslie Elibeth Mendoza De Gracia, de 56 años. La mujer recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en el portal de su vivienda, en calle Colón. Sus familiares la trasladaron al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde falleció a consecuencia de las heridas.

La Procuraduría General de la Nación informó que un adolescente de 17 años fue imputado por femicidio y posesión ilícita de arma de fuego. Durante la audiencia, la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes presentó los elementos de convicción recopilados y solicitó la detención provisional, medida que fue ordenada por el Juzgado de Garantías.

El Ministerio Público anunció la decisión el 13 de octubre, tres días después del asesinato. El adolescente permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. La imputación comprende delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra la seguridad colectiva por la posesión ilícita de un arma de fuego.

La detención se producen mientras las fiscalías de adolescentes acumulan 3,514 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, según estadísticas preliminares del Ministerio Público. Panamá concentró 899 registros y Panamá Oeste otros 591, las dos áreas con mayor cantidad de denuncias durante ese periodo.

Por tipo de delito, 740 denuncias correspondieron a hechos contra la vida y la integridad personal, mientras 1,209 estuvieron relacionadas con la libertad e integridad sexual. También se contabilizaron 608 denuncias contra el patrimonio económico y 543 vinculadas con delitos contra la seguridad colectiva, entre otras categorías investigadas por las fiscalías especializadas.

El informe registra además 198 detenciones provisionales aplicadas a adolescentes durante los primeros ocho meses del año, junto con otras 170 medidas cautelares distintas al encarcelamiento. En ese periodo se realizaron 5,761 audiencias, incluidas 631 formulaciones de imputación, lo que refleja el volumen de actuaciones procesales de esta jurisdicción.

El crimen de Tocumen coincide con otras actuaciones judiciales relacionadas con homicidios y ataques armados en la provincia de Panamá. La Fiscalía Metropolitana consiguió la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado y robo agravado, en un expediente relacionado con el asesinato de un taxista ocurrido en octubre de 2024.

El hecho se registró la noche del 27 de octubre de 2024, en Altos del Lirio, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Tres personas interceptaron a un taxista y a su pasajera para despojarlos de sus pertenencias. Durante el asalto, los atacantes dispararon contra el conductor, quien murió como consecuencia de la agresión.

El Juzgado de Garantías legalizó la aprehensión del nuevo imputado y ordenó su detención provisional por el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas. La Fiscalía también sustentó su solicitud en la gravedad del hecho y el peligro para los familiares de la víctima. Otra persona permanece imputada y detenida por este mismo crimen.

En San Miguelito, otro proceso concluyó con una condena de 20 años de prisión contra un hombre por tentativa de homicidio. El ataque ocurrió el 5 de junio de 2024, en el sector de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando la víctima conversaba con un vecino en una vereda.

De acuerdo con la investigación, el agresor disparó desde un vehículo e hirió a la víctima en distintas partes del cuerpo, poniendo en riesgo su vida. La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales durante el juicio oral. Un jurado de conciencia emitió el veredicto de culpabilidad, que permitió imponer la pena máxima de 20 años.

Las investigaciones por el asesinato de la adulta mayor y del taxista continúan en distintas etapas del proceso penal, mientras el caso de San Miguelito ya cuenta con una sentencia condenatoria. En Tocumen, la Fiscalía deberá completar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del adolescente acusado de femicidio.

El desenlace judicial de un homicidio cometido hace cinco años en el corregimiento de Calidonia, en la capital panameña, llegó esta semana a su fin.

Un Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá condenó a Dinat Aron Castañeda, de 23 años, a 30 años de prisión, la pena más alta que contempla la justicia panameña, por el homicidio de Vicente Valencia.

El hecho había ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en el corregimiento de Calidonia y la sentencia llegó recién cinco años después, tras la acusación presentada por la Sección de Homicidios y Femicidio Metropolitana.

La noche del crimen, Valencia regresaba a su apartamento, ubicado en uno de los edificios del área. Al subir las escaleras, varios sujetos le salieron al paso y lo persiguieron mientras le disparaban.

Una vez logrado su objetivo, los atacantes se dieron a la fuga y dejaron a Valencia agonizando en el lugar, según relató el diario Critica. Con la condena dictada contra Castañeda, el caso ocurrido en el corregimiento de Calidonia quedó cerrado en la sede judicial.

El hoy sentenciado pasó al sistema carcelario panameño para cumplir la totalidad de la pena impuesta por el tribunal.

En otro caso reseñado por los medios impresos, un menor de edad quedó detenido luego del asesinato a tiros de un hombre frente a un minisúper, en el corregimiento de Alcalde Díaz, en las afueras de la ciudad capital.

El crimen ocurrió la tarde de este martes y, hasta el momento, no existe versión oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre el móvil del ataque, de acuerdo con la versión recogida por el diario Crítica.

Según los primeros informes, un grupo de sujetos encapuchados llegó hasta el domicilio de la víctima y disparó varias veces contra él.

El hombre, que vestía una camiseta negra y un pantalón de jean azul, quedó tendido boca arriba frente a la entrada del inmueble, donde además funcionaba un minisúper.

Las versiones preliminares señalan que el ataque fue veloz. Los atacantes no pronunciaron palabra, sacaron sus armas y dispararon sin darle al hombre tiempo de correr.

Tras cometer el homicidio, los pistoleros escaparon del lugar. De acuerdo con datos extraoficiales, un menor de edad fue retenido horas después y quedó vinculado con la investigación del crimen.

Los dos episodios documentados por la prensa local comparten un mismo esquema: atacantes que llegan de improviso, disparan contra sus víctimas y escapan sin dejar rastro inmediato.

En el caso de Calidonia, ese patrón se sostuvo durante cinco años hasta que la Justicia logró identificar y juzgar al responsable.

En el episodio de Alcalde Díaz, en cambio, la investigación recién comienza. La detención de un menor vinculado al ataque constituye, por ahora, el único avance conocido en la causa.

Ninguna autoridad judicial ha confirmado todavía si existe relación entre ambos casos ocurridos en estos corregimientos de la capital panameña, más allá de la modalidad violenta del ataque.

Tampoco se ha establecido si los episodios forman parte de disputas vinculadas al crimen organizado que opera en la ciudad.

La Sección de Homicidios y Femicidio Metropolitana, que impulsó la acusación contra Castañeda, es la misma dependencia encargada de investigar los homicidios ocurridos en la capital panameña.

Su intervención en el caso de Calidonia derivó en la pena máxima prevista por la legislación del país.

El crimen de Alcalde Díaz, en tanto, sigue sin un móvil establecido. La falta de identificación de la víctima dificulta, por el momento, avanzar en una línea de investigación definida sobre el ataque armado ocurrido frente al minisúper.

Un hombre de 55 años fue imputado en Salta por el presunto rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades contra una adolescente de 16 años. Este martes, se dispuso la prisión preventiva del acusado, que continuará detenido mientras avanza la causa.

El hecho investigado ocurrió a fines de agosto de 2026, cuando la joven se dirigía al Club Gimnasia y Tiro. La adolescente había conocido al hombre meses antes, en una parada de colectivos. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado la interceptó en las inmediaciones del club, la tomó del brazo y la obligó a ingresar a un vehículo.

Luego, la habría trasladado a un gimnasio ubicado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo. Según la denuncia, el acusado la condujo hasta una habitación del establecimiento y, pese a la resistencia de la adolescente, habría cometido dos hechos de abuso sexual.

El juez Diego Rodríguez Pipino aceptó el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, por lo que el imputado permanecerá detenido mientras se reúnen nuevas pruebas y se desarrollan las medidas previstas en la causa.

La investigación está a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3 (UDIS 3). En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal fue representado por la auxiliar fiscal Celeste Morales, quien actuó por disposición de la fiscal penal interina María Luján Sodero Calvet.

La imputación provisoria comprende los delitos de rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades, en concurso real. Esta calificación supone, en esta etapa inicial del proceso, que la Fiscalía investiga hechos diferenciados que habrían sido cometidos por la misma persona.

Uno de los elementos centrales de la causa es la declaración de la adolescente, que fue recibida mediante el dispositivo de Cámara Gesell. Según el relato aportado por la víctima, durante la agresión intentó pedir auxilio, sin embargo, el acusado habría evitado que se fuera del lugar.

La denuncia también menciona que, antes de retirarse, el hombre la habría intimidado para evitar que recurriera a las autoridades. La adolescente indicó que el hombre afirmó tener contactos con integrantes de la Policía.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el padre de la joven en la Comisaría 3 de Tres Cerritos. A partir de esa intervención, la Fiscalía activó las actuaciones correspondientes y ordenó distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas, se realizó el examen médico legal, efectuado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los agentes del CIF llevaron adelante diligencias destinadas a establecer el paradero del sospechoso, identificar los lugares señalados en la denuncia y reunir información que resultara útil para la pesquisa.

Esas tareas permitieron que las autoridades localizaran al hombre en Aunor antes de que pudiera abandonar la provincia, según informó el Ministerio Público Fiscal. Luego de la detención, se realizó la audiencia de imputación, durante la cual se debatió la necesidad de mantener la medida cautelar que había solicitado la acusación.

En las próximas etapas, el expediente deberá avanzar con el análisis de las pruebas ya incorporadas, posibles nuevas pericias y otras medidas que permitan precisar la secuencia de los hechos denunciados. De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, los elementos incorporados hasta el momento permiten sostener de manera preliminar la existencia de los hechos denunciados.

Cada hecho de abuso sexual con acceso carnal prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión, mientras que el rapto tiene una escala de 1 a 4 años. La pena definitiva dependerá de la valoración de las pruebas y de la decisión judicial. La investigación continuará para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Dariana, adolescente de 15 años, murió por asfixia por estrangulamiento tras ser atacada en un inmueble abandonado de Teziutlán. La joven también presentó traumatismo facial y craneoencefálico, mientras un adolescente fue detenido por su probable participación y quedó bajo internamiento preventivo.

Dariana desapareció la tarde del lunes 5 de octubre, después de asistir a clases en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac. La madrugada del martes 6 fue localizada sin vida en un inmueble abandonado del barrio de Xoloco.

La adolescente, originaria de San Juan Xiutetelco, salió de su casa con el uniforme deportivo de la institución: una sudadera blanca con detalles verdes y negros. Su familia perdió contacto con ella por la tarde e inició una campaña de búsqueda en redes sociales, a la que se sumaron amigos, vecinos y autoridades.

Familiares, conocidos y personal de seguridad recorrieron las inmediaciones de la secundaria y los trayectos que Dariana acostumbraba utilizar para volver a su hogar. La búsqueda concluyó durante la madrugada, cuando fue reportado el hallazgo del cuerpo en la comunidad.

Las indagatorias de la Fiscalía establecieron que la víctima habría sido citada por un menor identificado con las iniciales A. M. G., quien presuntamente la llevó al inmueble abandonado. Una vez ahí, la habría sometido y atado de las muñecas por la espalda con un cable.

La Fiscalía atribuyó la muerte a asfixia por estrangulamiento

La FGE señaló que el adolescente habría golpeado a Dariana con los puños y un bloque, lo que le ocasionó diversas lesiones. Como parte de la agresión, presuntamente utilizó una corbata escolar para estrangularla y le provocó lesiones en el pecho con unas tijeras.

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para los estudios correspondientes. La información disponible también indicó que la joven presentaba heridas por arma blanca y que habría sido apuñalada en repetidas ocasiones antes de morir.

Agentes de la policía local resguardaron el perímetro donde fue localizado el cuerpo, al que acudieron familiares de la adolescente para reconocerla. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El 7 de octubre se cumplimentó una orden de aprehensión contra A. M. G. por su probable participación en el delito de feminicidio. Al día siguiente se realizó la audiencia inicial, durante la cual se formuló la imputación y se solicitó su vinculación a proceso.

Por tratarse de un adolescente, la autoridad judicial impuso como medida cautelar el internamiento preventivo. Su responsabilidad deberá determinarse en el proceso ante un juez especializado en justicia para adolescentes.

El caso aún no fue clasificado oficialmente como feminicidio

Los familiares de Dariana señalaron que el detenido pertenecía a la misma secundaria que la víctima. También indicaron que cámaras de vigilancia habrían captado a la joven mientras caminaba acompañada por un adolescente de 17 años, quien presuntamente entró con ella al inmueble y salió después sin la menor.

El Ayuntamiento de Teziutlán emitió un comunicado para reprobar el crimen y pidió que las autoridades competentes investigaran conforme a derecho, además de garantizar el acceso a la justicia para la familia. El gobierno municipal también quedó a disposición de la Fiscalía estatal para colaborar en las diligencias.

La administración municipal precisó que la clasificación jurídica final de los hechos correspondía a la FGE. La Fiscalía aún no había clasificado oficialmente la muerte de Dariana como feminicidio.

El caso se conoció en un contexto en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó tres feminicidios en Puebla durante el primer trimestre de 2026. Con ese registro, la entidad ocupó el lugar 17 nacional; Sinaloa encabezó la lista con 15 casos y Chiapas registró 13.

Durante el primer semestre de 2026, el SESNSP registró cinco feminicidios en Puebla, cifra que colocó al estado en el sitio 21 del país. El Gobierno de Puebla informó una reducción de 66.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque la Fiscalía reconoció que hasta junio solo había iniciado cinco carpetas de investigación por ese delito.

El informe mensual sobre violencia contra las mujeres ubicó a Puebla en el lugar 11 nacional por homicidio doloso contra mujeres durante junio, con 36 víctimas. La entidad también ocupó el noveno sitio por violencia familiar y el octavo por violación simple y equiparada.

El 8 de septiembre de 2026, poco antes de las 8:30 de la mañana, el comedor de la Benson Polytechnic High School de Portland, Oregón, se convirtió en el escenario de un ataque premeditado.

Según informó Fox News, un estudiante de 15 años llevó productos químicos desde su casa y los mezcló en el comedor durante el horario regular de clases.

El gas liberado intoxicó a compañeros y personal escolar, y dejó al propio autor hospitalizado en estado crítico.

El incidente no terminó ahí. Cuatro semanas después, la fiscalía presentó una acusación que los investigadores califican como una de las más graves en la historia reciente del sistema escolar de Oregón: 19 cargos penales que incluyen terrorismo doméstico e intento de asesinato en múltiples grados.

Al menos siete personas requirieron atención médica y más de 100 fueron evacuadas del establecimiento.

Los cargos y la postura de la fiscalía

Nathan Vasquez, fiscal de distrito del Condado de Multnomah, detalló los cargos durante una conferencia de prensa celebrada el 2 de octubre.

La lista incluye 10 cargos de intento de asesinato agravado, uno de intento de asesinato en primer grado y uno en segundo grado, además de terrorismo doméstico en primer y segundo grado.

Se suman cargos por fabricación y posesión ilegal de un dispositivo destructivo, portación de arma en un edificio público, uso ilegal de un arma y puesta en peligro imprudente de terceros.

“La seguridad en nuestras escuelas no es algo que pueda negociarse”, afirmó Vasquez en declaraciones recogidas por Fox News. “Esa violencia, o la amenaza de violencia en una escuela, no se queda dentro del edificio. Llega a los hogares de las familias. Se sienta con ellos en la mesa”.

Lo que encontraron los investigadores

Antes del incidente, investigadores de la Oficina de Policía de Portland ya habían identificado “comportamientos y declaraciones preocupantes” en el adolescente.

El gerente de información pública Mike Benner explicó, en la misma conferencia, que entre esos indicios figuraban un interés por agentes peligrosos, explosivos y violencia.

El sargento Jim DeFrain, supervisor de la investigación y de la Unidad Metropolitana de Eliminación de Explosivos, confirmó la presencia de sulfuro de hidrógeno como agente tóxico liberado.

Un equipo de la Guardia Nacional de Oregón coincidió con esa evaluación. El FBI incautó equipos electrónicos del menor y envió muestras del gas a su laboratorio para análisis adicionales.

El rol del personal del colegio

Fueron los docentes, los directivos y la enfermera quienes alejaron a los estudiantes del lugar e iniciaron la atención al adolescente antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El comandante asistente de investigaciones Franz Schoening señaló ante Fox News que “esos primeros momentos fueron decisivos para prevenir más daños y la pérdida de vidas”.

El debate sobre el sistema judicial juvenil

Vasquez aprovechó la conferencia para señalar una falla estructural en la legislación del estado: el sistema juvenil de Oregón deja de tener jurisdicción sobre una persona a los 25 años, aunque la persona aún pueda representar un riesgo para la sociedad.

“Creo que eso está mal”, sostuvo el fiscal ante Fox News, y aseguró que evalúa la peligrosidad de la conducta y lo que considera seguro para la comunidad a largo plazo.

Los abogados del menor negaron todos los cargos y confirmaron, tal como recogió The New York Times, que el adolescente se encuentra internado en una unidad de salud mental.

La investigación permanece abierta luego de la conferencia. Vasquez advirtió que cualquier otra persona con participación criminal en los hechos también podría enfrentar cargos.

Un adolescente de 17 años murió este sábado en un choque entre una moto y un auto en Viedma, provincia de Río Negro. El hecho ocurrió en el cruce de Castelli y la Ruta Provincial 1, una intersección con semáforos situada entre los barrios Castello y Álvarez Guerrero.

La víctima fue identificada como Octavio Marcelo Oliva Razzari y conducía una motocicleta Honda. El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa. El joven murió en el lugar a causa de las heridas sufridas.

Ahroa, la investigación se centra en determinar cómo se produjo la colisión y establecer si alguno de los vehículos avanzó pese a tener la señal roja. La fiscal Paula Rodríguez Frandsen, integrante del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, quedó a cargo de las actuaciones para reconstruir la secuencia.

Se desplegó un operativo en la zona con personal policial, equipos de salud y especialistas de Criminalística. También participaron agentes del Cuerpo de Investigación Judicial y de la Oficina de Atención a la Víctima, de acuerdo con la información publicada por El Cordillerano.

Los investigadores realizaron pericias sobre la calzada y tomaron testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del choque. Además, buscaron registros de cámaras de seguridad que puedan aportar elementos para precisar el recorrido de ambos vehículos, la velocidad a la que circulaban y la señalización vigente en el cruce.

Como parte de las medidas dispuestas en la investigación, la moto Honda y el Chevrolet Corsa fueron secuestrados. Los vehículos serán analizados en el marco del expediente judicial para obtener información técnica que ayude a esclarecer la mecánica del impacto.

El procedimiento se llevó adelante en un tramo ubicado a unos 30 metros de la esquina entre Castelli y la Ruta Provincial 1. La circulación en el sector se vio afectada mientras trabajaban los equipos convocados para realizar las diligencias iniciales.

La identidad de la víctima fue confirmada por familiares y por la empresa de servicios funerarios Casa Rey. Tras las actuaciones correspondientes, el cuerpo de Oliva Razzari fue entregado a sus allegados y sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Viedma.

La noticia generó mensajes de pesar entre vecinos, conocidos y organizaciones de la ciudad. El Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la seccional Viedma expresó sus condolencias a la familia del adolescente y mencionó a su padre, Marcelo Oliva, y a su tío, Oscar Oliva.

“En este momento de inmenso dolor queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo fraterno”, señaló la organización en un mensaje difundido luego de conocerse el fallecimiento. La entidad manifestó su acompañamiento a la familia Oliva-Razzari.

El caso se conoció un día después de que ocurriera el choque y se sumó a otros hechos viales con consecuencias fatales en la capital rionegrina. Las autoridades judiciales aún no informaron conclusiones sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre la situación del conductor del automóvil.

La muerte de Oliva Razzari fue el segundo fallecimiento de un motociclista registrado en Viedma en el lapso de una semana. El 28 de septiembre, una joven de 19 años murió tras un choque entre dos motos en la intersección de las calles 20 y 23.

Ante la sucesión de siniestros, la Fundación Estrellas de Río Negro difundió un mensaje en el que expresó su preocupación por la seguridad vial en la ciudad. La entidad pidió que la problemática tenga una atención sostenida y no quede limitada a los días posteriores a cada accidente.

La causa por el choque del sábado continuará con el análisis de los vehículos, las imágenes que puedan recuperarse de cámaras cercanas y las declaraciones de testigos. Esas medidas serán claves para establecer qué ocurrió en el cruce semaforizado de Castelli y la Ruta Provincial 1.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Alicante, España, por su presunta participación en KillSec, una red de ciberestafas de la que habría sido el principal administrador y a la que se atribuyen 1.000 intentos de ciberataques en distintos países.

La operación internacional permitió a las autoridades tomar el control de la infraestructura del grupo criminal, incluida su página de filtraciones, según Europol. La red habría logrado acceder a unos 500 sistemas y provocado más de 280 víctimas. Algunas pagaron rescates cercanos a 500.000 euros en criptomonedas para evitar la difusión de información robada.

KillSec operaba desde aproximadamente 2024 mediante ransomware, un programa de secuestro de datos que cifra los aparatos informáticos y bloquea el acceso a sus archivos. A la par, sus integrantes utilizaban malware, programas maliciosos destinados a infiltrarse en sistemas y extraer información.

De qué forma los ciberdelincuentes cometían delitos

El grupo de ciberdelincuentes entraba a los sistemas de organizaciones al explotar fallas de seguridad, con especial atención a espacios de almacenamiento en la nube. Una vez dentro, copiaba información interna sensible y la trasladaba a infraestructura que controlaba.

Las víctimas eran expuestas en un sitio de filtraciones de la darkweb, la internet oscura. Allí recibían amenazas de publicación de los datos sustraídos si no abonaban el rescate exigido; cuando no pagaban, los archivos podían quedar disponibles para su descarga gratuita.

La exposición de datos privados de empresas es un problema que puede afectar su reputación y operación. Se han visto casos donde grandes compañías deben cerrar porque les es más rentable que pagar el rescate o recuperarse.

Qué información robada por los ciberdelincuentes fue recuperada

La intervención permitió asegurar al menos 110 terabytes de datos, poner bajo control policial cinco servidores centrales e intervenir dominios empleados por la organización delictiva. Las autoridades actuaron sobre pruebas, activos y posibles ganancias derivadas de la actividad criminal, incluidas criptomonedas.

Los investigadores rastrean ahora los dispositivos y archivos incautados para localizar a otras posibles víctimas, identificar nuevos ataques y determinar si hubo más personas involucradas. La investigación busca reconstruir el recorrido de los fondos obtenidos mediante las extorsiones.

La operación internacional, denominada KillSwitch, derivó en tres detenciones provisionales y ocho registros en Grecia, Rumanía, España y el Reino Unido. Participaron fuerzas de seguridad de diez países junto con Europol y Eurojust.

En qué momento inició la investigación de las autoridades

La pesquisa en España comenzó en 2025 a partir de la colaboración entre la Guardia Civil y el FBI de San Juan, Puerto Rico, para identificar a posibles integrantes de KillSec que residieran en territorio español. La investigación nacional recibió el nombre de Operación ROTOMA, de acuerdo con la Guardia Civil.

Los Mossos d’Esquadra iniciaron una pesquisa paralela tras un ciberataque atribuido presuntamente al grupo contra una entidad catalana ese mismo año. Los atacantes habrían accedido a los sistemas de la empresa, sustraído información sensible e intentado extorsionarla, con un perjuicio económico cercano a un millón de euros.

El grupo conjunto de ambos cuerpos identificó al adolescente, localizó su residencia en la provincia de Alicante y le atribuyó el papel de administrador y operador principal de la organización. Las autoridades investigan su posible vinculación con el ataque cometido en Cataluña.

En España se realizaron dos entradas y registros: uno en un domicilio y otro en una oficina situada en un establecimiento hotelero de la provincia. Aparte del adolescente, las autoridades identificaron a un desarrollador de 18 años que era menor de edad cuando se habrían cometido algunos de los delitos.

La operación fue coordinada por la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hamburgo y la Fiscalía de Hamburgo, con la participación de autoridades de Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, los Países Bajos, Rumanía, España, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos.

El Ministerio Público imputó a un adolescente por homicidio doloso agravado y logró que un juez decretara su detención provisional, tras la muerte de un hombre baleado por varios sujetos en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la medida a través de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, luego de una audiencia ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

El juez admitió todas las solicitudes de la Fiscalía, la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la medida cautelar contra el menor.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, barrio Nuevo Progreso. La víctima fue atacada con arma de fuego en la parte trasera de una iglesia por varios sujetos y murió en el hospital.

De igual manera, una mujer fue capturada en Curundú por apuñalar a otra en plena calle

En un operativo distinto, la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer señalada de intentar matar a otra con un arma blanca.

El procedimiento, denominado operación “Filo”, se ejecutó mediante un allanamiento en los Edificios Nueva Vida, Torre 1, en el corregimiento de Curundú, distrito de Panamá.

La diligencia se realizó en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y respondió a una resolución de aprehensión, la número 84 del 29 de septiembre, por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las autoridades, una mujer regresaba a su residencia tras comprar un desayuno cuando fue sorprendida por la agresora, quien sacó un arma blanca y le propinó múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. La víctima necesitó atención médica de urgencia y sobrevivió al ataque.

En otro caso, un hombre de 21 años quedó detenido en Coclé por amenazar a su expareja e hijos

Al hombre se le acusa de lesiones psicológicas y de quebrantar medidas de protección en perjuicio de su expareja.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados en la investigación. También argumentó los riesgos procesales que justificaban la detención del imputado.

Según el ente investigador, la víctima y sus hijos eran amenazados por el ahora detenido, quien además había incumplido las medidas de protección vigentes en su contra. Esa situación representaba un riesgo para la integridad de las personas afectadas, según la Fiscalía.

Los hechos se registraron el 28 de septiembre en la comunidad de Pozo Azul, distrito de Aguadulce.

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de la provincia de Veraguas, también bajo la órbita de la Procuraduría General de la Nación, logró la detención provisional de un hombre de 28 años. Se le investiga por hurto agravado en perjuicio del colegio José Santos Puga, en el distrito de Santiago.

Un Juez de Garantías valoró la denuncia, las entrevistas, el informe de investigación de campo, el informe de inspección ocular y el informe de fijación de imágenes presentados por la Fiscalía. Con esas pruebas, legalizó la aprehensión, formuló la imputación e impuso la medida cautelar.

Los hechos se registraron durante la noche del 18 de septiembre, cuando el imputado, junto a un grupo de personas aún por identificar, habría ingresado al plantel educativo y causado daños en la infraestructura.

Dentro del colegio, los responsables se apoderaron de $3.012 correspondientes a ahorros del personal administrativo y de $47 producto de la recaudación de la Asociación de Padres de Familia.

La Fiscalía investiga además la sustracción de equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares de estudiantes, así como los daños ocasionados a las instalaciones del plantel.

La investigación por el homicidio de Gustavo Ferreyra, el adolescente de 16 años que fue hallado el domingo dentro de un canal de Las Lajitas, en Salta, mantiene detenidos a dos hermanos. No obstante, la familia de la víctima reclama que se esclarezca cómo llegó al lugar y pide una condena para los responsables.

Después de que se presentara en la Fiscalía, la madre del joven, Eva Gómez, confirmó que los dos sospechosos, identificados como N. S. (21) y M. S. (25), continúan detenidos mientras avanza la causa. Si bien los familiares los vinculan con el asesinato, la Justicia deberá determinar su responsabilidad y la participación de cada uno.

Gustavo había cumplido 16 años el 15 de septiembre. Según el relato de su madre, los dos sospechosos habían recuperado la libertad el 18 de este mes, después de permanecer detenidos por una causa previa. No obstante, nueve días más tarde, el adolescente fue encontrado sin vida.

Uno de los interrogantes centrales de la causa es cómo llegó el adolescente al canal donde fue hallado. De acuerdo con El Tribuno, Gómez indicó que todavía no recibió precisiones sobre ese punto y que aguarda los resultados de las medidas ordenadas por la Fiscalía.

“Eso es lo que nosotros estamos esperando, porque toda investigación sigue su curso y tenemos que seguir esperando”, afirmó la madre en declaraciones a La Mañana de Fabián Leiva. Asimismo, señaló que el cuerpo presentaba lesiones y sostuvo que el joven pudo haber sido atacado con un machete.

De esta manera, Gómez contó que la familia no pudo realizar un velatorio a cajón abierto por las condiciones en que fue encontrado su hijo. “Solo estuvimos unos segundos, estaba irreconocible”, expresó. Sin embargo, esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser confirmada o descartada mediante las actuaciones judiciales y los informes periciales.

Frente a esto, la mujer pidió una respuesta judicial contundente. “Yo lo único que pido es justicia, porque esto tiene que ser una condena perpetua, que no salga nunca más”, sostuvo. “Nada justifica arrebatarle la vida a una criatura inocente”, añadió Gómez.

Por su parte, el tío de Gustavo afirmó que los dos detenidos habían estado privados de su libertad junto a un tercer hombre por un episodio anterior. Según su versión, él había sufrido un ataque con arma de fuego y señaló a D. S. como presunto autor del disparo.

“Es un momento muy duro. Toda nuestra familia está destruida, estamos atravesando por un dolor inmenso. Pedimos justicia por lo que le pasó a mi sobrino”, manifestó el tío del adolescente asesinado.

Asimismo, los familiares de Ferreyra expusieron los antecedentes que los hermanos detenidos tenían previo al crimen. En este sentido, también les atribuyeron causas por robos, lesiones graves, amenazas e intentos de homicidio. No obstante, esos señalamientos deberán ser corroborados en el expediente judicial.

Así fue la detención de los sospechosos y el hallazgo del cuerpo

Los dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Las Lajitas por el crimen del adolescente. La Fiscalía anticipó que los sospechosos serán imputados de forma provisoria por homicidio criminis causa.

Desde el minuto cero, la causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien acudió al lugar del hallazgo y dispuso medidas para determinar la secuencia de los hechos e identificar a todos los posibles involucrados.

En línea con esto, informaron que la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta realizó allanamientos en distintos domicilios luego del hallazgo del cuerpo. En el marco de esos operativos fueron arrestados los dos sospechosos.

Durante las medidas se secuestraron objetos que podrían aportar elementos para el esclarecimiento del caso, según informó El Tribuno. Sin embargo, el material será sometido a pericias y cotejos junto con otras pruebas reunidas por los investigadores.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta indicó que los detenidos enfrentarán, de manera provisoria, una acusación por homicidio criminis causa. La figura se aplica cuando la muerte se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad de sus autores o partícipes.

A pesar de esto, la situación procesal de los dos hombres quedará sujeta a las resoluciones que adopte la Justicia en las próximas etapas de la causa. Tras el procedimiento inicial en la propiedad rural de Las Lajitas, el cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

Allí se realizó la autopsia dispuesta dentro del expediente. El resultado de ese estudio forense será una de las pruebas centrales para establecer las circunstancias de la muerte.

Tres personas resultaron heridas por disparos en Valle de Monterrico, corregimiento de La 24 de Diciembre, Panamá Este. Una de ellas, una adolescente de 14 años, murió horas después en el hospital.

La menor se encontraba dentro de su propia vivienda cuando comenzó la balacera en los alrededores. Un proyectil atravesó la estructura de la casa y la alcanzó.

Fue trasladada al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde falleció mientras recibía atención médica.

La bala que mató a la adolescente no fue disparada dentro de su casa: el proyectil perforó la pared antes de impactarla, según el relato de los hechos recogido por los medios de comunicación.

Un joven de 24 años recibió un disparo en el cuello durante el mismo incidente. Otra menor de edad sufrió una herida de bala en un pie.

Las tres víctimas se encontraban en la zona cuando se desató la balacera. Hasta el momento no se detallaron las circunstancias que originaron los disparos ni se identificó a los responsables del ataque.

La adolescente fallecida permanecía en su vivienda cuando el proyectil la alcanzó, un dato que ilustra el riesgo que corren los residentes de zonas afectadas por hechos de violencia armada, incluso sin estar directamente involucrados en el conflicto.

En tanto, una mujer fue aprehendida por el homicidio de un tatuador hallado sin vida en las afueras de la ciudad capital.

El padre de Alfonso Antonio Pérez Correa encontró el cuerpo de su hijo sin vida en el portal de la vivienda familiar, alrededor de las 7:20 de la mañana. Pérez Correa, de 30 años, se dedicaba a realizar tatuajes y presentaba una herida en la cabeza.

El hallazgo se produjo en Altos de Naranjal, corregimiento de Pedregal, Panamá Este, tras el homicidio ocurrido el 23 de septiembre.

La mujer presuntamente vinculada con el homicidio de Pérez Correa fue aprehendida este 29 de septiembre. El procedimiento se realizó en las instalaciones de la Fiscalía Metropolitana, en Ancón.

La mujer deberá comparecer ante un juez de garantías, quien determinará las medidas cautelares a partir de las solicitudes presentadas por los fiscales.

Versiones policiales indican que Pérez Correa recibió a tres mujeres en su residencia de Altos de Naranjal para realizarles un trabajo de tatuaje el 23 de septiembre.

Horas más tarde, los vecinos del sector escucharon una detonación y observaron a las tres mujeres abandonar el lugar a pie. Después el joven fue hallado muerto con una herida en la cabeza.

Como parte de las diligencias, las autoridades analizan también imágenes de un sistema de videovigilancia instalado en un inmueble cercano. El video, que circula en redes sociales, muestra a las tres mujeres transitando por el área donde ocurrió el hecho, aproximadamente a la hora del ataque.

Una de ellas manifiesta preocupación por una situación que, según la información disponible, estaría relacionada con la muerte de Pérez Correa.

Ese material forma parte de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por otra parte, un profesor fue agredido en el Centro de Educación Básica General José María Barranco, en La Chorrera, a donde había sido trasladado meses atrás procedente desde el Instituto Rubiano, en la ciudad capital.

La dirección del plantel confirmó que ese traslado se produjo luego de que el docente supuestamente amenazó con golpear a la directora de aquel centro escolar.

El mismo profesor, que imparte las materias de inglés y educación física, fue atacado esta vez con un bate de béisbol por la madre de un estudiante, a las afueras de la escuela y en horas de la tarde.

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Las Lajitas, provincia de Salta, en el marco de la investigación por el homicidio de un adolescente, cuyo cuerpo fue hallado el domingo pasado en una propiedad rural de la localidad salteña. La Fiscalía informó que los sospechosos serán imputados de manera provisoria por homicidio criminis causa.

El caso quedó bajo la intervención del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien se presentó en el lugar donde fue localizado el cuerpo y ordenó medidas para reconstruir lo ocurrido.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y reúne peritajes, declaraciones y el análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos. Mientras avanzan esas diligencias, las autoridades mantienen distintas hipótesis de trabajo para determinar la secuencia del hecho y establecer las responsabilidades penales.

La Fiscalía Penal 2 de Anta confirmó que la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta realizó allanamientos en varios domicilios como parte de las actuaciones dispuestas tras el hallazgo. En ese contexto, fueron arrestados dos hombres mayores de edad, considerados sospechosos de haber intervenido en la muerte del adolescente.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, ambos serán imputados provisoriamente por el delito de homicidio criminis causa. Esta calificación está prevista para los homicidios cometidos con el propósito de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad de sus autores o partícipes.

La figura contempla una pena de prisión perpetua. Sin embargo, la imputación tiene carácter provisorio y podrá modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas a la causa. La situación procesal de los detenidos dependerá de las medidas que se adopten en las próximas etapas de la investigación.

Durante los allanamientos y de acuerdo a lo informado por el portal del diario El Tribuno, los investigadores incautaron distintos elementos que podrían aportar información para el esclarecimiento del caso. Esos objetos serán sometidos a pericias y cotejos, junto con el resto del material reunido por los equipos especializados.

Tras el procedimiento inicial en el predio rural, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Allí, se practicó la autopsia ordenada dentro del expediente judicial.

El estudio forense forma parte de las medidas centrales para determinar las circunstancias de la muerte, la posible mecánica del hecho y otros aspectos relevantes para la pesquisa.

En el sitio trabajaron profesionales de Criminalística y efectivos de la Brigada de Investigaciones. Las tareas incluyeron el relevamiento de la propiedad y la búsqueda de elementos que puedan establecer qué ocurrió antes de que el adolescente fuera encontrado sin vida.

La información difundida presenta una diferencia respecto de la edad de la víctima. La comunicación oficial de la Fiscalía refiere a un adolescente de 16 años, mientras que una versión preliminar indicó que tenía 15. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que el joven ya fue identificado, pero no difundieron públicamente su nombre.

La Fiscalía no difundió detalles sobre el vínculo que podrían tener los detenidos con la víctima ni sobre el contenido de los elementos incautados. Tampoco se informaron resultados de las pericias forenses ni la fecha en la que se formalizará la imputación ante la Justicia.

Los familiares que se encontraban en el lugar recibieron asistencia de una licenciada en Trabajo Social e integrante de la Guardia Psicosocial del CIF. La intervención tuvo como objetivo brindar contención a las personas allegadas al adolescente durante las primeras medidas realizadas en el predio.

El expediente continuará con el análisis de los resultados de la autopsia, las pruebas obtenidas en los allanamientos y las demás diligencias que disponga la Fiscalía. Esas medidas serán determinantes para establecer la acusación definitiva y reconstruir el hecho investigado en Las Lajitas.

Un adolescente de solo 16 años, de nacionalidad extranjera, fue secuestrado y ajusticiado de tres balazos este domingo en un descampado ubicado en la comuna santiaguina de Buin. Un segundo joven, de 19 años, salió providencialmente con vida y ahora es el principal testigo para dar con el paradero de los responsables.

El hecho ocurrió de madrugada, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos los secuestró desde una casa particular ubicada en la comuna de Puente Alto. Una vez arriba del auto, fueron trasladados hasta un sitio eriazo ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Autopista Acceso Sur.

Allí, los asesinos obligaron a los muchachos a bajarse y los conminaron a correr, disparando en al menos tres oportunidades contra el menor extranjero, quien falleció en el lugar.

Los hechos

La fiscal Marcela Adasme, del equipo ECOH Metropolitano, señaló que el secuestro y crimen de ambos jóvenes ocurrió cuando los jóvenes participaban de una fiesta en Puente Alto. “Se encontraban allá y fueron abordados por algunos sujetos quienes los trajeron a la fuerza en un vehículo acá a la comuna de Buin, procediendo a disparar al menos en tres oportunidades en contra de la víctima”, según consignó BioBíoChile.

El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló por su parte que los secuestradores, “en contra de su voluntad, los suben al vehículo. Estos sujetos mantenían armas de fuego y los trasladan hasta la comuna de Buin, donde los hacen descender y correr en un sitio eriazo al costado de la carretera, propinándole diversos disparos”.

Sin embargo, ninguno de esos disparos dio en el joven chileno de 19 años, quien resultó ileso y ahora es pieza clave de la investigación.

“Se logró establecer que efectivamente la víctima mantiene tres impactos balísticos que entran por la parte posterior del cuerpo, específicamente por su espalda”, agregó el policía civil.

La víctima no portaba documentación alguna, por lo que la policía trabaja con su ficha necrodactilar “con el propósito de lograr su individualización de forma científica, pero de acuerdo a los antecedentes preliminares sería un sujeto extranjero menor de edad, específicamente de 16 años“, complementó.

Debido a las características del asesinato, el subprefecto Dapremont aseguró que no se descarta un ajuste de cuentas.

“Efectivamente podría haber algún tipo de ilícito o podría haber algún tema de crimen organizado respecto a las circunstancias en las cuales se dan los hechos, tomando en consideración que es un hecho de gravedad, con armas de fuego, un secuestro y personas fallecidas”, remató.

Alejandro González Trejo, adolescente de 16 años, murió tras la explosión de pirotecnia que era transportada en un automóvil particular durante una procesión por las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex). El joven fue llevado con heridas y quemaduras graves al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, Naucalpan, donde fue reportado como fallecido.

El estallido ocurrió la tarde del jueves 24 de septiembre de 2026, cuando el recorrido religioso avanzaba sobre la calle Aldama. La pirotecnia viajaba en un vehículo que circulaba cerca de los asistentes y, en un momento no precisado por las autoridades, se incendió y detonó.

La explosión dejó daños en la carrocería, puertas, techo y ventanas del auto, además de escombros en el suelo. Videos difundidos en redes sociales mostraron que quienes participaban en la procesión se alejaron del vehículo después de la detonación.

El saldo fue de 11 personas lesionadas, entre menores de edad y adultos. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli informó en un primer corte que seis de los heridos eran menores y cinco eran adultos; una actualización posterior señaló que había siete personas menores de edad dentro del grupo afectado.

La explosión alcanzó a menores y adultos durante la procesión

Entre las personas lesionadas había seis mujeres y cinco hombres. Otra actualización indicó que ocho menores y dos adultos habían resultado heridos, por lo que las cifras sobre la edad de los afectados variaron en los reportes emitidos después de la emergencia.

El rastreo hospitalario incluyó a Isabel Blancas Hernández, de 65 años; Rosalba Pánfilo Emiliano, de 49; Aurora Barrales Ángeles, de 37; Marta Flores Licona, de 36; A.G.T., de 15, y A.G.H.A., de 14 años.

También fueron registradas R.E.C.R., de 10 años; B.E.F.L., de 11; V.M.G.B., de nueve; G.G.M., de siete, y Á.G.G.B., de siete años. Luis Alonso Enríquez Cota, de 41 años, fue dado de alta tras recibir atención.

Los heridos con lesiones de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes. Ambulancias de Tepotzotlán y Nicolás Romero apoyaron a los servicios de emergencia de Cuautitlán Izcalli para atender y llevar a los afectados a hospitales de la región.

Alejandro era acólito y estudiaba en la EPOEM 272

Alejandro González Trejo formaba parte de una comunidad de jóvenes de San Francisco Tepojaco, era acólito y le gustaba el futbol.

El joven fue velado en el Comedor de la Caridad, detrás de la parroquia de San Francisco de Asís. Sus familiares, amistades y vecinos se prepararon para acompañarlo al Panteón La Soledad, donde sería sepultado el domingo posterior al accidente.

La comunidad estudiantil de la Preparatoria Oficial del Estado de México 272 expresó sus condolencias y solidaridad con la familia. La celebración patronal, que reunía a habitantes de la localidad, terminó con una persona fallecida y varios menores bajo atención médica.

Entre los reportes posteriores al estallido se indicó que una niña perdió un brazo y que otros menores permanecían hospitalizados. Protección Civil y Bomberos, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y los servicios de emergencia mantuvieron labores en la zona tras la detonación.

La procesión no estaba incluida en el trámite de las festividades

El gobierno de Cuautitlán Izcalli indicó que la procesión no estaba contemplada en el trámite que la delegación de San Francisco Tepojaco mantenía en curso para las festividades programadas a partir del 2 de octubre. La autoridad municipal no había precisado en su primera tarjeta informativa qué provocó el incendio de la pirotecnia dentro o junto al automóvil.

El caso ocurrió días después de otra explosión relacionada con pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, donde murieron 10 personas y más de 60 resultaron heridas. Una de las víctimas de aquel hecho fue trasladada a un hospital especializado en Houston, Texas, por las quemaduras sufridas.

Las autoridades debían determinar las circunstancias de la detonación y las condiciones en que era transportado el material pirotécnico durante la procesión.

Un juez de control vinculó a proceso a Mariana “N” por el delito de homicidio calificado de Erick Leonardo, adolescente de 13 años que murió el 25 de abril de 2025 durante un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” en Felipe Neri, municipio de Tlalnepantla, Morelos. La imputada quedó bajo prisión preventiva mientras la Fiscalía Regional Oriente completaba la investigación sobre las agresiones que, de acuerdo con la carpeta, habrían provocado el fallecimiento.

La audiencia se realizó el viernes 25 de septiembre de 2026 en la Ciudad Judicial de Cuautla. El juzgador consideró que había elementos para sujetar a proceso a Mariana “N” y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante ese periodo, el Ministerio Público debía integrar pruebas y realizar las diligencias pendientes dentro de la carpeta por la muerte del menor. La resolución mantuvo a la mujer privada de la libertad mientras enfrentaba el proceso penal.

Mariana “N” fue la tercera persona detenida por el caso. La Fiscalía Regional Oriente obtuvo una orden de aprehensión en su contra y agentes de la Policía de Investigación la cumplimentaron el 19 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.

La Fiscalía investigó golpes recibidos durante el campamento

Erick Leonardo acudió al campamento organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” en la comunidad de Felipe Neri, ubicada en la zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el adolescente habría sido golpeado durante las actividades.

Las lesiones habrían derivado en un colapso de los órganos internos y posteriormente en la muerte del menor. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó en mayo de 2025 que la necropsia estableció esa causa de fallecimiento.

La madre de Erick, Erika Lucía, denunció que una teniente de la academia le llamó el día de los hechos para avisarle que su hijo había sido trasladado a un hospital por una disminución en sus signos vitales. De acuerdo con su testimonio, la mujer le aseguró que el estado del adolescente “no parecía grave”.

Erika Lucía sostuvo que, cuando llegó al centro médico, su hijo ya había muerto. La madre afirmó que el menor ingresó al hospital con “nulos signos vitales”.

Dos directivos ya enfrentaban proceso penal en Cuautla

Antes de la detención de Mariana “N”, Angélica “N” y Juan Carlos “N” fueron capturados en mayo de 2025 por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Erick. Ambos fueron identificados como directivos de la academia.

Los dos imputados ya habían sido vinculados a proceso y permanecían internados en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla. Con la tercera captura, la investigación reunió a tres personas detenidas por la muerte del adolescente.

Erika Lucía también denunció que alumnos de la institución eran sometidos a tratos crueles. Entre las prácticas que señaló estuvieron amarrarlos, arrastrarlos y privarlos de alimentos pese a que las familias enviaban comida.

“Les daban latas de atún y se la tiraban al piso para que ellos se lo comieran”, relató la madre durante una conferencia realizada en mayo de 2025. Sus acusaciones apuntaron a que esos actos habrían ocurrido dentro de la academia.

La alcaldesa Rojo de la Vega indicó que el caso abrió nuevas denuncias de estudiantes y familias contra el plantel. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó el 2 de mayo de 2025 que existían ocho denuncias relacionadas con arrestos, castigos y otros abusos físicos.

Las denuncias incluyeron presuntas irregularidades escolares

Para el 12 de mayo de 2025, Rojo de la Vega señaló que había 19 denuncias relacionadas con violencia contra menores, además de cuatro pendientes. La alcaldesa afirmó que los denunciantes eran compañeros de Erick o familiares de estudiantes afectados.

“Tenemos 19 denuncias y 4 pendientes que se suman a esta atrocidad, todos compañeros de Erick”, declaró la alcaldesa durante aquella conferencia. Las acusaciones incluyeron presuntas agresiones físicas dentro de la institución.

Padres de familia también denunciaron irregularidades en la inscripción escolar de alumnos de preescolar y primaria. Según sus testimonios, sus hijos recibieron boletas de calificaciones expedidas por la academia, pero no contaban con matrícula formal ante la SEP.

Una madre identificada como Elizabeth afirmó que descubrió la falta de registro cuando intentó cambiar a sus hijos de escuela. Expuso que la SEP le confirmó que las boletas carecían de validez oficial porque eran documentos internos de la academia.

“Mis hijos no tiene matrícula, no están registrados ante la SEP y aún la academia tiene el cinismo de exigir la colegiatura hasta el mes de mayo”, denunció Elizabeth. La institución contaba con registro ante la SEP desde 2022.

Una niña de 2 años fue atacada por un perro pitbull de su familia y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital del Niño Jesus, en San Miguel de Tucumán.

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves en una vivienda de la calle Bernabé Aráoz. La menor estaba al cuidado de su abuela cuando llegó una tía al domicilio. En el patio se encontraba Bruno, el animal de la familia, y la niña se habría acercado hasta el lugar donde estaba el perro.

En un descuido de pocos minutos la menor tocó al animal, que reaccionó y la mordió en la cara. Familiares lograron apartarla y buscaron ayuda de inmediato para trasladarla a un centro de salud.

La niña fue atendida inicialmente de urgencia y, por la gravedad de las lesiones, quedó internada en el hospital pediátrico. El cuadro incluye heridas en el rostro, fracturas en los maxilares superior e inferior y una lesión que compromete su ojo izquierdo. La evolución de esa lesión todavía no podía determinarse debido al proceso inflamatorio.

La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, explicó que la niña fue intubada apenas ingresó al establecimiento. Luego de los primeros estudios, fue derivada a terapia intensiva para recibir atención especializada.

La intervención inicial estuvo a cargo de profesionales de cirugía general, cirugía plástica y cirugía maxilofacial. “Es una paciente grave”, sostuvo Gramajo.

El caso permanece bajo seguimiento de un grupo interdisciplinario integrado por pediatras, oftalmólogos y especialistas en cirugía maxilofacial. La prioridad, de acuerdo con la información hospitalaria, es controlar las heridas, prevenir infecciones y sostener la recuperación clínica de la niña.

Durante la misma jornada en San Miguel de Tucumán, un adolescente de 13 años fue mordido por un perro en el barrio El Ángel. La víctima fue identificada como C.P.D. y fue agredido cerca de las 19 en inmediaciones de su casa.

Como consecuencia del ataque, sufrió una herida cortante en la pierna derecha. Recibió atención médica y su caso no presentó gravedad.

Ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia y volvieron a poner el foco en la supervisión de niños frente a animales de gran porte. Gramajo pidió a las familias extremar las precauciones en esos contextos, al advertir que los chicos pequeños no siempre pueden identificar situaciones de riesgo durante el contacto con una mascota.

El proyecto nacional para perros potencialmente peligrosos

La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley nacional orientado a reforzar los controles sobre la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos. La iniciativa es impulsada por la diputada Alejandra Torres y plantea modificaciones penales y administrativas para los propietarios que incumplan medidas de prevención.

La propuesta incorpora la figura del “peligro abstracto”, que habilitaría la intervención de fuerzas de seguridad o autoridades municipales cuando un perro de gran porte circule suelto o sin bozal, incluso si no atacó a una persona. El texto también prevé sanciones ante lesiones u homicidios culposos vinculados con la tenencia irresponsable de animales.

Entre los requisitos contemplados se encuentran un seguro obligatorio de responsabilidad civil, la identificación de los perros y un registro de licencias para tenedores, con evaluación psicotécnica previa.

Según explicó Torres, el objetivo no es prohibir razas como los pitbulls o los dogos, sino establecer obligaciones y responsabilidades para quienes los tienen a su cargo. “Un vecino podrá llamar a las autoridades para poner en resguardo al perro y sancionar al propietario por el solo hecho de exponer a terceros a un riesgo innecesario”, afirmó la legisladora.

La eventual aplicación de esa norma requeriría la adhesión de provincias y municipios, que tendrían a cargo las tareas de fiscalización y control.

Dos días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del lugar. Desde entonces, su familia sostiene que las circunstancias de su muerte nunca fueron investigadas con rigor.

El lunes, un gran jurado del estado cerró el proceso penal sin recomendar cargos contra nadie.

Lejos de aceptar ese resultado, los padres del joven y su equipo legal anunciaron para el jueves la difusión pública del peritaje forense del teléfono celular de Wells y exigieron que el Departamento de Justicia (DOJ) abra una investigación independiente, informó AP News.

El gran jurado no encontró pruebas de conducta criminal

El panel, conformado por 23 personas, se reunió entre el 14 y el 18 de septiembre. Emitió 132 citaciones, escuchó a 43 testigos y analizó pruebas físicas y digitales que incluyeron datos de GPS, registros telefónicos, fotografías, videos y un informe de 261 páginas sobre las conversaciones de Wells en Snapchat.

El jurado concluyó que no existían pruebas suficientes para imputar a nadie.

En su informe, el panel afirmó que “la posición, el estado, el momento del hallazgo y la ubicación” del cuerpo eran “consistentes con un ahogamiento”. También descartó de forma explícita que el incidente tuviera motivación racial y sostuvo que no hubo pelea ni altercado alguno el día que Wells desapareció.

La fiscal del condado de Jackson, Angel Myers McIlrath, acompañó la publicación del informe con un video en el que fue directa: “No existe absolutamente ninguna prueba que respalde las afirmaciones de que la desaparición y la muerte de Nolan tuvieron motivación racial”.

Añadió que los amigos de Wells —todos blancos— lo querían, y que la decisión del joven de quedarse en la isla ese día no tiene “ni un ápice de prueba que la contradiga”.

La causa de muerte sigue sin determinarse y la familia cuestiona las conclusiones del jurado

El punto central del desacuerdo entre la familia y las autoridades es la causa de la muerte. Tanto el médico examinador jefe del estado como el doctor Roger A. Mitchell Jr., perito contratado por la familia, concluyeron que la causa y la manera de la muerte son “indeterminadas” y que el ahogamiento “es un diagnóstico de exclusión”.

Ninguno de los dos descartó el ahogamiento accidental, pero tampoco lo confirmó.

Christine Wonsley, madre de Wells, cuestionó en una conferencia de prensa que el jurado hablara de ahogamiento pese a esa ambigüedad. “¿Cómo puede un jurado llegar a la conclusión de ahogamiento sabiendo que hubo trauma en el cuerpo?”, preguntó.

La autopsia independiente de Mitchell documentó traumatismos por impacto sin explicación en la nuca y en zonas de la espalda del joven. “Hasta hoy, nadie ha explicado cómo llegaron allí”, aseguró el abogado de derechos civiles Ben Crump.

Wonsley también rechazó la forma en que se enteró del veredicto. McIlrath le envió un mensaje de texto a las 7:54 de la noche del lunes, minutos antes de que el informe se hiciera público. “Esa acción demuestra una falta de empatía”, dijo ante los medios.

El informe del gran jurado reconoció la existencia del golpe en la cabeza, pero lo clasificó como “no fatal”.

Según ABC News, un testigo declaró ante el panel haber visto a Wells resbalar del costado de una embarcación alrededor de las 3:30 de la tarde del 4 de julio; aclaró que no pudo confirmar si el joven se golpeó la cabeza, pero que continuó socializando sin señales de haber sido herido.

La familia exige transparencia sobre el celular y reclama intervención federal

Uno de los focos de mayor tensión en el caso es el teléfono de Wells. El dispositivo viajó de regreso al continente en la misma embarcación que sus amigos el 4 de julio; ellos afirmaron que el joven lo había olvidado por accidente.

Sus padres rechazaron esa versión: argumentaron que ningún adolescente dejaría su celular atrás de forma voluntaria.

Además, señalaron que en el teléfono no había registros ni mensajes de las horas previas a su última aparición en las redes sociales que, según la familia, usaba con frecuencia.

La fiscal respondió a esas sospechas con los propios datos forenses del equipo de Crump. El análisis realizado por Garrett Discovery Inc., firma contratada por la familia, confirmó que nada había sido borrado del teléfono desde que Wells lo usó por última vez.

McIlrath también aclaró que el informe del gran jurado registró que ese día era habitual que los visitantes de la isla regresaran en botes distintos a los que los llevaron, y que el celular de Wells no fue el único que viajó sin su dueño.

El contraste, sin embargo, no pasó inadvertido. Tal como informó ABC News, los propios abogados de la familia le comunicaron a McIlrath que su investigación privada no había encontrado “testigos adicionales ni pruebas que pudieran ser relevantes para una posible actividad criminal”.

El gran jurado tuvo acceso a esa comunicación. Crump y los padres de Wells exigen públicamente más investigación, pero su equipo reconoció ante la fiscalía que tampoco ellos hallaron pruebas de un delito.

Los datos completos del celular, que el gran jurado vio en parte, se harán públicos el jueves

Crump anunció que el jueves, en un acto en Orlando, Florida, peritos digitales presentarán en vivo los resultados completos del análisis del dispositivo.

La firma había entregado al gran jurado un informe preliminar de 21 páginas antes de que este cerrara su deliberación, pero los detalles de ese documento no se hicieron públicos.

La familia pide intervención del Departamento de Justicia y advierte que el caso puede reabrirse

En la conferencia de prensa del martes, Wonsley, Crump y representantes de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) pidieron que las autoridades federales asuman el caso, de acuerdo con NBC News.

El informe del gran jurado admitió que agentes federales participaron de algún modo en la investigación, aunque no precisó el alcance de esa intervención.

“Nunca vamos a parar”, advirtió Crump, y fue más lejos: “No sabemos cómo murió Nolan, y el estado de Misisipi tampoco lo sabe. Misisipi debe continuar investigando, y si no lo hace, el Departamento de Justicia debería intervenir”.

El reverendo Al Sharpton, que acompañó a la familia durante el proceso, advirtió en un comunicado que la historia del estado justifica la desconfianza de los padres: “La historia de Misisipi nos enseña dolorosamente por qué las familias nunca deben verse obligadas a aceptar preguntas sin respuesta sobre la muerte de un joven negro”, tal como recogió el canal estadounidense.

El informe del gran jurado incluyó una salvedad relevante. En Misisipi no existe prescripción para los delitos de homicidio, y el panel recomendó que, si en el futuro aparecen pruebas que sugieran que la muerte no fue accidental, el caso sea presentado nuevamente ante el gran jurado del condado de Jackson, de acuerdo con AP News.

Wonsley cerró la conferencia con una frase que resumió la postura de la familia: “Nolan merecía vivir. Al final del día, hay una sola víctima, y es nuestro hijo, Nolan Xavier Wells”.

Un cuidacoches fue baleado durante un ataque ocurrido durante la madrugada del miércoles en el cruce de bulevar Oroño y Brown, en la zona céntrica de Rosario. El hombre herido fue identificado como Juan Manuel B., de 39 años, quien recibió asistencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

El episodio se registró poco después de la 1 de la madrugada, en un sector que conecta el corredor de Oroño con el barrio Pichincha y que suele concentrar movimiento nocturno. Como consecuencia, el hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado bajo custodia policial.

Según informó Rosario3, uno de los proyectiles atravesó el tobillo de la víctima. A raíz de esa agresión, sufrió una fractura expuesta tanto de tibia como de peroné. Actualmente, el estado de salud de Juan Manuel B. se encuentra fuera de peligro.

Las primeras reconstrucciones indican que el hombre fue baleado por personas que circulaban en un automóvil y una motocicleta. De acuerdo con la información recogida por los investigadores, desde uno de esos vehículos habría descendido al menos un atacante antes de que se efectuaran los disparos.

En el lugar trabajaron peritos que levantaron cinco vainas servidas calibre .380, un elemento que quedó incorporado a la investigación para determinar la mecánica del hecho e identificar el arma utilizada. También se revisaron registros de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

El análisis de esas imágenes habría permitido orientar la búsqueda hacia distintos puntos del centro y de Pichincha. La intervención policial se desplegó durante la madrugada, luego de la alerta por el ataque y del traslado del herido al hospital.

La víctima permanecerá a disposición de los médicos hasta que evolucione su cuadro clínico. La custodia dispuesta durante la internación se vincula con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Córdoba en el marco de otra causa. Esa situación es independiente de la pesquisa abierta por la balacera en Oroño y Brown.

La Brigada Motorizada detuvo a un adolescente de 15 años y a un hombre de 58 como presuntos involucrados en el ataque. El menor fue interceptado en inmediaciones de Catamarca y Suipacha, mientras que el otro sospechoso fue localizado en Pueyrredón y Güemes, ambos puntos situados a pocas cuadras de la escena.

En el contexto de un operativo cerrojo, se concretaron los arrestos. Los agentes también secuestraron un Renault Logan, vehículo del que habría bajado el tirador o que los agresores habrían utilizado para escapar.

La participación de los detenidos y la eventual intervención de otras personas deberán ser establecidas por la investigación judicial. El material balístico, el automóvil secuestrado y las grabaciones de las cámaras forman parte de las medidas que pueden aportar precisiones sobre el recorrido de los sospechosos y la secuencia previa a los disparos.

La causa busca determinar el móvil del ataque y establecer cuántas personas participaron. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre una discusión previa, amenazas u otras circunstancias que permitan explicar por qué el cuidacoches fue baleado en plena vía pública.

La presencia de un adolescente entre los aprehendidos implica que su situación procesal debe tramitarse bajo el Régimen Penal Juvenil, con las garantías específicas previstas para menores de edad. El hombre de 58 años, en cambio, quedó a disposición de la Justicia ordinaria.

El procedimiento continuará con las pericias sobre las vainas encontradas, la revisión de las imágenes de seguridad y las declaraciones que puedan reunirse una vez que la víctima esté en condiciones de brindar su testimonio. La evolución médica del herido también será relevante para la calificación legal definitiva que adopte la fiscalía.

La Fiscalía de Puebla confirmó mediante pruebas de ADN que los restos localizados el 10 de julio dentro de un tambo en Tehuacán correspondieron a Yasmín Altamirano Adán, adolescente indígena de 15 años, madre de un bebé y reportada como desaparecida desde el 21 de junio de 2026. La identificación permitió entregar el cuerpo a su familia, mientras la investigación continuó bajo el protocolo de feminicidio y sin que hubiera una detención oficial por el crimen.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:50 horas en la calle 9 Norte, esquina con 52 Oriente, en la colonia Observatorio, al norte de Tehuacán. El cuerpo estaba dentro de un tambo de plástico, envuelto en bolsas negras de basura, con las piernas atadas con un mecate y señales de violencia.

La condición de los restos impidió que los familiares hicieran un reconocimiento visual. La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó estudios de genética forense durante varias semanas hasta confirmar que se trataba de Yasmín a finales de septiembre.

La adolescente desapareció el 21 de junio en la colonia Tepeyac

Yasmín fue vista por última vez en la colonia Tepeyac de Tehuacán el 21 de junio. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió la ficha CBP-429/2026 para solicitar información que ayudara a localizarla.

El documento describía a la adolescente como una joven de aproximadamente 1.40 metros de estatura, complexión delgada y tez morena clara. También señalaba una cicatriz de cesárea como seña particular.

Al momento de su desaparición vestía pantalón deportivo, blusa negra y tenis blancos. Tras la confirmación genética, la ficha fue actualizada con la leyenda “localizada”, sin precisar que había sido encontrada sin vida.

La adolescente tenía una discapacidad intelectual, de acuerdo con los testimonios recabados durante su búsqueda. Comerciantes señalaron que esa condición no le impedía trabajar de manera informal en las inmediaciones del centro de Tehuacán para obtener recursos para ella y su hijo.

Locatarios del Mercado 16 de Marzo y del Mercado-Tianguis La Purísima dijeron que dejaron de verla desde mayo, antes de que se formalizara el reporte de desaparición. También participaron en recorridos por distintos puntos de la ciudad y reunieron información para apoyar en su localización.

Los comerciantes sospecharon que los restos hallados en la colonia Observatorio podían corresponder a Yasmín debido a su ausencia. Posteriormente contactaron a una familiar de la adolescente que vivía en el municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra de Puebla.

La mujer acudió acompañada al anfiteatro municipal para intentar identificar el cuerpo. La descomposición avanzada de los restos hizo imposible el reconocimiento directo y obligó a esperar los resultados de las pruebas científicas.

La familia trasladó el cuerpo a Vicente Guerrero para el funeral

Luego de que la Fiscalía confirmó la identidad, los restos fueron entregados a los familiares de Yasmín. La familia previó trasladarlos a su comunidad de origen en Vicente Guerrero, donde serían velados antes de su sepultura.

Yasmín dejó a un bebé de ocho meses bajo el cuidado de familiares. Su madre había muerto y su padre se encontraba en Estados Unidos; además, se indicó que la adolescente presuntamente vivía con una tía en la colonia Tepeyac.

Comerciantes de Tehuacán exigieron a las autoridades esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar quiénes serían responsables. Las locatarias recordaron que Yasmín era menor de edad y pidieron que la investigación avanzara hasta identificar a los involucrados.

Los testimonios de personas cercanas señalaron que la adolescente habría sufrido agresiones físicas y abusos sexuales por parte de hombres que presuntamente se aprovechaban de su condición de vulnerabilidad. Estas acusaciones formaron parte de los señalamientos expuestos durante la búsqueda, pero no se informó de personas detenidas por esos hechos.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la carpeta de investigación para establecer qué ocurrió antes de que Yasmín fuera localizada sin vida. El caso quedó bajo el protocolo de feminicidio debido a las condiciones en que fue hallado el cuerpo y a las señales de violencia que presentaba.

La muerte de Yasmín fue incluida en un conteo hemerográfico que registró 36 presuntos feminicidios en Puebla durante 2026. Entre los casos enlistados había víctimas localizadas en municipios como Huauchinango, Cuautlancingo, Venustiano Carranza, Chiautla de Tapia, Tlatlauquitepec, Tehuacán, Quecholac, Cuetzalan y la capital poblana.

Una falsa oferta de trabajo como guardia de seguridad publicada en TikTok fue el método que utilizó un grupo de la delincuencia organizada para captar a un adolescente de Oaxaca y mantenerlo casi un mes privado de la libertad en Puerto Vallarta, Jalisco.

Luego de que su familia denunció la desaparición del joven, identificado como A.L.J. desde el pasado 22 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigación correspondiente para rastrearlo.

Las acciones permitieron ubicarlo en Puerto Vallarta, Jalisco, donde el adolescente era obligado a realizar trabajos para un grupo criminal y sufría maltrato físico. Casi un mes después, fue rescatado y trasladado de vuelta a Oaxaca con su familia.

El modus operandi del reclutamiento vía TikTok: un salario alto sin contar con experiencia

De acuerdo con la carpeta de investigación, A.L.J. fue visto por última vez el 22 de agosto en inmediaciones de Santa María Atzompa, en Oaxaca, antes de ser reportado como no localizado.

Las pesquisas determinaron que el adolescente había buscado una oportunidad laboral a través de la plataforma TikTok, red social donde fue contactado por una persona que le ofreció empleo como guardia de seguridad.

La propuesta incluía un salario de 4 mil pesos semanales y no exigía experiencia, por lo que al estar convencido por la oferta, el menor aceptó trasladarse al estado de Jalisco para realizar las funciones para las que supuestamente había sido contratado.

A llegar a Guadalajara, el adolescente fue trasladado a Puerto Vallarta, donde quedó privado de la libertad y obligado a realizar trabajos para el grupo de la delincuencia organizada que lo captó, además de ser víctima de maltrato físico durante el tiempo que permaneció retenido.

Autoridades lo ubicaron y lograron su rescate: ya está de vuelta con su familia

Tras recibir la denuncia por la desaparición del adolescente, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos y activó los protocolos de búsqueda y localización.

En el proceso participó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), que desarrolló acciones de rastreo, investigación y vigilancia para establecer el paradero de A.L.J.

Las labores y la coordinación entre distintas instancias permitieron establecer la ubicación exacta del adolescente en Puerto Vallarta. Con esa información, la Fiscalía del Estado coordinó acciones con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Jalisco para ejecutar el rescate y garantizar la protección del menor.

La intervención conjunta entre las tres instituciones resultó en la localización con vida del adolescente, cerca de un mes después de haber sido reportado como no localizado.

Una vez concretado el rescate, el adolescente fue trasladado de regreso al estado de Oaxaca, donde se llevan a cabo las acciones correspondientes para garantizar su atención integral.

Las autoridades informaron que trabajan en la restitución de sus derechos y en su reintegración al núcleo familiar, bajo una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes orientada a evitar cualquier forma de revictimización.

Siete de cada 10 menores reclutados por el narco mueren o terminan con una lesión

El rescate del adolescente se da un contexto en el que el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales creció un 155% en Oaxaca en el último año, de acuerdo con datos de la propia Fiscalía estatal.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal del estado, advirtió el pasado 12 de agosto que este incremento lo detectaron a partir de las detenciones de menores de edad en el último año por delitos relacionados con el narcomenudeo y la delincuencia organizada.

Ante un contexto en el que también han detectado los esquemas de captación, entre los que predominan el contacto a través de redes sociales, el fiscal también advirtió que han podido identificar que 7 de cada 10 adolescentes que son reclutados por el narco terminan muertos, en prisión o con alguna discapacidad derivada de agresiones antes de cumplir 6 años en sus filas.

Además, explicó que entre los métodos de captación también se encuentran las personas ya conocidas por los adolescentes y que van acercándolos al grupo delictivo de manera gradual. Otra es ofrecerles droga de manera gratuita para generarles dependencia, provocando su posterior incorporación como distribuidores y consumidores de narcóticos.

Entre las plataformas y aplicaciones de mensajería detectados para el reclutamiento de menores de edad también se encuentran TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Signal, Roblox y Free Fire.

El ataque ocurrió a las 8 de la mañana -hora local- frente al Instituto Vocacional y Técnico Anatólico Inci Uzmez, en el distrito de Turgutlu. El sospechoso, alumno de noveno grado cuya identidad no fue divulgada por ser menor de edad, disparó de manera indiscriminada contra sus compañeros cuando llegaban al colegio. Once de ellos fueron trasladados a hospitales de la zona.

El menor tomó el arma de la casa de sus abuelos y su familia fue detenida

Según informó el canal turco HaberTürk, citado por AP, el joven llegó al lugar con un rifle de caza que tomó de la vivienda de su abuelo y disparó al azar antes de intentar escapar. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, confirmó en un comunicado en X, que la madre, el padre y el abuelo del sospechoso fueron arrestados por haber conocido la existencia del arma.

Gürlek designó dos fiscales jefes para el caso e informó que la investigación busca establecer cómo el menor accedió al rifle, en qué condiciones estaba guardado y si los padres cumplieron con su deber de supervisión. El ministro aclaró que el móvil del ataque no está establecido. Las autoridades también analizan si el joven era víctima de acoso escolar, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

Por su parte, el vicepresidente turco Cevdet Yılmaz confirmó la gravedad del hecho en una declaración recogida por HaberTürk. “Nuestros ministros de Educación e Interior se están trasladando al lugar. Se inició todo tipo de investigación judicial y administrativa. Tenemos dos heridos graves”, precisó.

Mientras los equipos policiales y sanitarios acordonaban el área, padres y familiares de los alumnos se congregaron frente al instituto. Según consignó AP, se produjeron enfrentamientos entre algunos de ellos y los efectivos que impedían el acceso al edificio. Las autoridades investigan además a nombre de quién estaba registrado el arma utilizada en el ataque.

El tiroteo ocurrió un día después de que el gobierno anunciara un protocolo de seguridad escolar

El ataque en Manisa se produjo apenas 24 horas después de que el ministro de Educación, Yusuf Tekin, y el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, firmaran un protocolo de seguridad para el ciclo lectivo 2026-2027, iniciado el 14 de septiembre. En ese marco, el gobierno desplegó por primera vez 31.000 supervisores en patios de escuelas de todo el país.

Las medidas también incluyeron la asignación de efectivos policiales permanentes en establecimientos de mayor riesgo, controles reforzados en buses escolares y revisión de edificios abandonados cerca de los colegios. El Ministerio de Educación anunció el envío de tres inspectores nacionales a Manisa y suspendió las clases en el instituto afectado.

En paralelo, el organismo regulador de medios turco, el Consejo de Radio y Televisión (RTÜK), impuso una prohibición de difusión sobre el caso por orden judicial, con el argumento de proteger la integridad de la investigación en curso.

Es el tercer tiroteo escolar en Turquía durante 2026

El episodio en Manisa es el tercer ataque armado en un colegio turco durante 2026, según AP. El 14 de abril, un joven de 19 años abrió fuego en una escuela secundaria en Siverek, provincia de Şanlıurfa, y disparó contra estudiantes, con un saldo de 16 heridos antes de quitarse la vida. Al día siguiente, en Kahramanmaraş, un alumno de 14 años mató a un docente y nueve estudiantes de entre 10 y 11 años; el atacante murió en el lugar.

Tras esos hechos, el presidente Recep Tayyip Erdoğan destituyó a un viceministro de Educación y prometió controles más estrictos sobre la tenencia de armas, informó la agencia de noticias.

El país cuenta con legislación que exige licencias, evaluaciones psiquiátricas y antecedentes penales para portar armas, pero parlamentarios de la oposición advirtieron que más de 32 millones de armas circulan sin registro. El ataque del martes se produjo en la primera semana plena del nuevo año escolar, el mismo período en que las autoridades desplegaron las medidas prometidas tras los atentados de abril.

Un adolescente de 14 años fue asesinado de un disparo en el extremo sur de Rosario durante la mañana del sábado. La víctima, identificada como Ian Guevera, tenía una herida de bala en el sector izquierdo del tórax cuando fue hallado.

El brutal epsodio ocurrió en una calle ubicada cerca de la avenida San Martín al 7000 y su cuerpo fue encontrado en Crotone al 800, entre Ulises y Pineda, a poco más de 100 metros de las vías ferroviarias que conectan la ciudad con Retiro.

La Policía llegó tras una llamada al 911 y a partir de las indicaciones de vecinos que señalaron el lugar donde se encontraba el adolescente. En la escena, los peritos secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros, un cartucho intacto calibre .22 y un celular con la pantalla dañada.

Los elementos serán analizados dentro de la investigación que intenta determinar la mecánica del homicidio e identificar a la persona que efectuó el disparo. La causa quedó en manos de la fiscal Anabel Cerutti, con intervención de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, no trascendieron detenidos ni una hipótesis oficial sobre el móvil del ataque. Los investigadores prevén tomar testimonios y revisar registros de cámaras que puedan aportar datos sobre los minutos previos al crimen.

El asesinato de Ian Guevera se produjo en un una noche donde también sucedieron otros hechos violentos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado hubo dos hombres baleados sobre las vías del ferrocarril Mitre.

El primero de esos episodios ocurrió cerca de las 20:00 del viernes en Guatemala al 1700, en el barrio Belgrano Sur. Agentes del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar luego de recibir avisos por detonaciones y encontraron a dos hombres heridos sobre las vías.

De acuerdo con el relato de un testigo citado por Rosario3, el atacante llevaba capucha y circulaba en una bicicleta playera. Tras disparar, escapó hacia el norte. En ese sector, los peritos hallaron cuatro vainas servidas y preservaron la escena para las tareas posteriores de la PDI.

Uno de los heridos, de 18 años, sufrió un impacto de bala en el muslo izquierdo que le provocó una fractura, además de una lesión superficial en el antebrazo derecho. El segundo, de 36 años, recibió disparos en la zona de la ingle y en la columna. Ambos fueron asistidos y trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde la evaluación médica inicial indicó que estaban fuera de peligro.

Más tarde, alrededor de las 23.30, un adolescente de 15 años fue atacado con una tijera dentro de una vivienda situada en Pablo VI e Iriondo, en Villa Gobernador Gálvez. El herido fue llevado al hospital Gamen con lesiones en el pecho y el cuello.

Según la reconstrucción inicial, el joven discutió con la pareja de su hermana, también de 15 años, y fue atacado durante ese enfrentamiento. El presunto agresor escapó tras la agresión. La víctima quedó fuera de peligro y se aguardaba su eventual traslado a Rosario para realizar estudios de mayor complejidad. La Fiscalía de Menores tomó intervención en el caso.

Cerca de la medianoche, otro ataque a tiros tuvo lugar en Cafayate y French, en el barrio Empalme Graneros. Un hombre identificado como Fernando Ariel B., de 46 años, fue trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al HECA con múltiples heridas de arma de fuego.

Durante el procedimiento por ese hecho, las fuerzas de seguridad secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros y detuvieron a cinco personas. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 16ª tras las tareas realizadas por la PDI.

La menor había viajado desde Ocosingo a la capital chiapaneca para pasar los días festivos con sus familiares. Se hospedaba en la casa de una tía, a unos 100 metros de la vivienda donde residía su hermana con el adolescente señalado por el crimen.

Jazmín salió alrededor de las 20:00 horas del miércoles y ya no regresó. Sus familiares iniciaron una búsqueda después de perder contacto con ella y la localizaron tirada, sin signos vitales, en un terreno baldío.

Los primeros informes indicaron que el joven merodeaba la vivienda de la tía antes de que la niña saliera. Las cámaras de vigilancia permitieron ubicar al probable responsable, quien fue detenido por las autoridades.

La Fiscalía indaga agresión sexual, golpes y estrangulamiento

El cuerpo de la víctima presentaba signos de agresión sexual, múltiples lesiones y marcas de estrangulamiento, de acuerdo con las autoridades que acudieron al sitio donde fue localizada. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió las indagatorias para esclarecer el asesinato.

Una versión inicial del caso identificó a la menor como Lizbeth, también de 12 años, y señaló a Agustín “N”, esposo de su hermana, como el agresor. La información posterior la nombró como Jazmín Alejandra y ubicó al probable responsable como un adolescente de 17 años.

La discrepancia en el nombre de la víctima y la identidad del detenido no había sido aclarada oficialmente. La Fiscalía tampoco había informado la imputación concreta ni los avances periciales sobre el caso.

De confirmarse la responsabilidad penal del adolescente, el proceso quedaría sujeto al sistema especializado para personas menores de edad. Las primeras versiones señalaron que podría enfrentar una pena de hasta 100 años de prisión, aunque la autoridad no había confirmado esa posible sanción.

Dos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en Chiapas

El asesinato de Jazmín Alejandra ocurrió durante un periodo en el que también fue localizada sin vida Elizabeth “N”, una joven originaria del barrio Santa Lucía, en el municipio de El Bosque. Ambos casos se registraron en menos de 24 horas durante los festejos por el Grito de Independencia.

Elizabeth salió de su casa para participar en las celebraciones, pero no regresó. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del panteón municipal con lesiones en distintas partes del cuerpo y señales de una presunta agresión sexual.

La Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas condenó los dos asesinatos y los calificó como parte de una “ola de violencia feminicida” en la entidad. La agrupación exigió justicia expedita y que los responsables no queden impunes.

La colectiva informó que, de enero a la fecha de los hechos, contabilizaba 29 feminicidios en Chiapas. La cifra incluye casos registrados antes del hallazgo de Jazmín Alejandra y Elizabeth.

Chiapas registró 27 casos de feminicidio hasta el 1 de septiembre

Durante todo 2025, la fiscalía chiapaneca abrió 31 carpetas de investigación por 32 víctimas de feminicidio. Tuxtla Gutiérrez concentró el mayor número de casos ese año, con cuatro mujeres asesinadas.

Entre enero y el 1 de septiembre de 2026, la misma dependencia registró 27 casos. Tapachula acumuló cinco víctimas en ese periodo, la cifra más alta entre los municipios del estado.

Con cuatro meses aún por transcurrir en el año, los registros de 2026 se acercaban a los contabilizados durante todo el año anterior. Los asesinatos de la niña en Tuxtla Gutiérrez y de la joven en El Bosque ocurrieron después del corte estadístico del 1 de septiembre.

Hasta ese momento, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no había esclarecido oficialmente ninguno de los dos asesinatos ni emitido un pronunciamiento público con los resultados de las investigaciones.

Alejandro De Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, explicó en Infobae al Regreso qué permitió establecer hasta ahora la pesquisa y qué resta determinar.

Qué encontró la Justicia durante el allanamiento

Luego de las tareas de inteligencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento al juez de garantías una vez que confirmó que detrás de las consultas había un adolescente de 15 años.

El procedimiento permitió secuestrar dos teléfonos celulares: uno de uso personal y otro que, según describió De Mena, era utilizado “a modo de computadora”.

También se encontró una máscara que aparecía en una imagen vinculada con el joven. No obstante, el operativo no permitió localizar armas de fuego ni otros elementos que demostraran una preparación material inmediata para llevar adelante un ataque. “Por suerte no se encontró armas de fuego ni nada que tenga que ver con la posibilidad de llevarlo a cabo”, señaló De Mena.

Los teléfonos quedaron secuestrados y serán sometidos a peritajes. La Fiscalía busca determinar quién realizó las consultas, si hubo participación de otras personas y si en los dispositivos aparecen conversaciones, archivos u otros elementos vinculados con el expediente.

“Más que nada es para descartar que no haya terceras personas accionándolo, que no haya nada más aparte de lo que estamos investigando, que no haya otros delitos”, explicó el auxiliar letrado.

Qué había consultado el adolescente y qué pudo establecer la Fiscalía

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el adolescente había consultado inicialmente sobre la posibilidad de realizar un ataque en su escuela en 2027 y luego volvió a preguntar para concretarlo en septiembre de ese año.

“Fue en los actos de preparación”, definió De Mena al describir el momento en que intervino la Justicia. La Fiscalía tampoco pudo establecer hasta entonces cuál era el motivo que habría llevado al adolescente a pensar en un ataque ni si existía un conflicto particular dentro de la escuela.

El funcionario explicó además que no se habían detectado vínculos con foros o contenidos relacionados con otros ataques escolares. La investigación tampoco había llegado a identificar una acción concreta dentro del establecimiento educativo.

Para De Mena, el momento de la intervención fue determinante. “Muchas veces estamos atrás del delito y nunca podemos adelantarnos a cometerlo. En este caso creo que nos adelantamos a que se pueda llegar a ejecutar”, sostuvo.

El expediente fue encuadrado bajo la figura de intimidación pública y continúa con el análisis de los elementos secuestrados.

El adolescente no tenía causas previas y es inimputable

El joven no registraba causas previas y nunca había estado detenido. Tenía 15 años al momento de los hechos, una circunstancia que resulta determinante para su situación procesal. Consultado sobre la continuidad del expediente, De Mena fue categórico: “Es inimputable. Aparte, tenía 15 años”.

El funcionario explicó que el caso quedó alcanzado por el régimen de responsabilidad penal juvenil aplicable al momento de los hechos y que la situación habría sido diferente si el adolescente hubiera tenido 17 años. En ese supuesto, el expediente habría continuado bajo un proceso penal juvenil.

La defensa oficial ya intervino y el adolescente tiene derecho a ser oído durante las actuaciones. De Mena anticipó que, por su edad, la causa será cerrada por inimputabilidad.

Qué busca determinar ahora la Justicia

La principal medida pendiente es el análisis de los dos teléfonos secuestrados. La Fiscalía procura establecer si las consultas fueron realizadas exclusivamente por el adolescente, si existió intervención de terceros y si el contenido de los dispositivos aporta nuevos elementos sobre el caso.

Los peritajes también permitirán determinar si aparecen conversaciones, archivos u otra información relacionada con eventuales delitos que todavía no hayan sido detectados.

Mientras avanza ese análisis, la situación procesal del adolescente ya está condicionada por su edad. La defensa oficial intervino en el expediente y, según anticipó De Mena, las actuaciones serán cerradas por inimputabilidad.

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Una adolescente de 15 años fue aprehendida en Bahía Blanca tras haber ingresado a la vivienda de dos jubilados a los que amenazó con arma para robarles.

El hecho ocurrió este martes en una casa de la calle Borlenghi al 700, a donde la menor entró por la puerta principal y apuntó a la pareja con una pistola calibre 22 largo.

En un momento de descuido, los propietarios lograron escapar y alertar a los efectivos de la Comisaría Primera, que se trasladaron hasta el lugar. Los agentes hallaron a la menor cuando todavía estaba en el interior y procedieron a desarmarla y reducirla.

En el operativo se secuestró un revólver calibre .22 largo con nueve municiones intactas, precintos, guantes, una billetera y $21.000 pertenecientes a las víctimas.

Según precisó el portal La Nueva, la adolescente, conocida como “La Picante” tiene antecedentes en hechos delictivos de similar naturaleza y es considerada de alta peligrosidad.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y la instrucción del expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3.

Un episodio de similares características se registró este fin de semana en Mar del Plata, donde un adolescente de la misma edad fue identificado y detenido tras asaltar a mano armada a un hombre dentro de un galpón.

El menor fue arrestado este sábado en Mar del Plata tras ser identificado a través del análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona. El operativo lo llevó adelante la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que intervino luego de que la víctima alertara al 911.

El asalto ocurrió en un predio ubicado en la intersección de Arana y Goiri, donde un hombre de 42 años limpiaba su camioneta dentro del depósito. Dos jóvenes aprovecharon que el portón estaba abierto, sorprendieron al propietario y, según la denuncia, lo amenazaron con un arma de fuego para sustraerle distintos objetos.

Tras concretar el robo, los sospechosos huyeron en la Volkswagen Amarok blanca de la víctima. La pesquisa de las imágenes registradas por los dispositivos del sector fue clave para establecer la identidad de uno de los presuntos autores.

El vehículo fue localizado poco después en la zona de Grecia y Rawson, junto con parte de los bienes denunciados como robados. Según informó el medio marplatense 0223, entre los objetos recuperados se contaban herramientas de trabajo, tarjetas bancarias, un teléfono celular Motorola G22, $389.000 en efectivo y 281 dólares. Las fuentes también confirmaron que el propietario no sufrió lesiones durante el episodio.

Por disposición judicial, la camioneta y la totalidad de los objetos recuperados fueron devueltos a su dueño. El menor, en tanto, quedó a disposición de la Justicia tras su aprehensión. La causa fue radicada en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del juez Yanes Urrutia, quien ordenó notificar al adolescente por el delito de robo agravado en poblado y en banda.

El magistrado también dispuso el traslado del joven al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y el avance de las diligencias procesales correspondientes. La investigación continúa abierta para determinar el rol del segundo sospechoso que habría participado en el asalto y que permanece sin identificar ni aprehendido.

Una niña murió ahogada en una quebrada de Bugaba, Chiriquí, después de que la corriente la arrastrara en el sector de La Quinta, comunidad de Saratí.

El caso generó reacciones en redes sociales y llamados a no juzgar a sus padres.

La menor fue identificada como Lisbeth C. Palacios R., estudiante de tercer grado de la Escuela Mata de Bugaba, ubicada en el corregimiento de La Concepción.

Sus familiares localizaron el cuerpo en el cauce, pero los equipos de emergencia no lograron reanimarla.

De acuerdo con una versión difundida por una internauta, según el diario Critica, Lisbeth tenía autismo y se habría escapado de sus padres.

La mujer sostuvo que la niña pudo ingresar accidentalmente al río sin medir el peligro, aunque esa explicación no ha sido confirmada oficialmente y también circula entre residentes del distrito.

Cuando sus padres advirtieron lo ocurrido, la corriente ya arrastraba a la niña. Los familiares iniciaron la búsqueda y lograron ubicarla en el cauce de la quebrada.

Las unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Sistema Único de Manejo de Emergencias acudieron al lugar. Los socorristas le practicaron reanimación cardiopulmonar, pero Lisbeth no respondió y fue declarada muerta.

Familiares y amigos pidieron a la población evitar señalamientos contra los padres. Según allegados, ambos atraviesan una profunda afectación por la pérdida, especialmente la madre, a quien describieron como una mujer luchadora.

La Dirección Regional de Educación de la provincia de Chiriquí también expresó su pesar por el fallecimiento de la estudiante. En un comunicado, señaló que Lisbeth cursaba el tercer grado y extendió sus condolencias a sus familiares, compañeros, docentes y a la comunidad educativa.

La entidad aseguró que acompaña “en oración a su familia” y manifestó sus “más sinceras condolencias” a los seres queridos de la menor.

En otro caso ocurrido en la ciudad de Panamá, las autoridades continuaron este lunes con el operativo para localizar a un adolescente de 15 años arrastrado por una fuerte corriente en el sector 18 de Veranillo, en San Miguelito.

Después de más de 72 horas de búsqueda, los equipos de emergencia no lograron ubicarlo. El operativo incluyó recorridos por varios puentes y puntos de la ciudad, además de inspecciones en el mar.

Los rescatistas realizaron barridos en los puentes de Puente Rojo, en Samaria; el puente de la Cárcel de Mujeres; el puente de Los Gemelos, en Chanis; el puente de Campo Limberg, en Juan Díaz, y el puente de Costa del Este.

La búsqueda marítima contó con la lancha Niña Isis y una embarcación del Servicio Nacional Aeronaval. Una de las hipótesis de las autoridades es que la fuerza de la corriente pudo llevar al adolescente mar afuera.

Con la suspensión momentánea de las labores operativas, el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público. Los familiares y las autoridades mantienen la expectativa de obtener información sobre su paradero.

Las autoridades solicitaron a pescadores, tripulantes de embarcaciones y ciudadanos informar de inmediato cualquier posible avistamiento relacionado con el adolescente.

A principios de agosto, un niño de cuatro años murió ahogado en el río de la comunidad Igandi-Aguas Claras, en la comarca Guna de Madugandí.

Según los informes preliminares, el menor acudió al río con su madre para bañarse alrededor de las 5:00 p. m. El niño se alejó nadando de la orilla y la mujer intentó rescatarlo cuando advirtió que se estaba ahogando, pero no pudo salvarlo.

El hecho provocó consternación entre los habitantes de Igandi, donde los residentes suelen acudir al río para bañarse. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las precauciones cerca de ríos y quebradas. También recomendaron no perder de vista a los menores durante este tipo de actividades.

La adolescente Danna Yeudiel desapareció en Tecamachalco, Estado de México (Edomex) la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga. El caso derivó en bloqueos sobre la autopista Puebla-Orizaba, una denuncia formal por desaparición levantada este lunes y una línea de investigación que apuntó a que su padrastro se la habría llevado.

La búsqueda también movilizó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que mantuvieron recorridos, intervenciones y acopio de información en puntos de interés. En paralelo, la protesta de familiares y habitantes cerró por horas la vialidad a la altura del kilómetro 183 en Quecholac y dejó filas de vehículos varados durante la noche del lunes 24 de agosto.

Danna Yeudiel Santos Hernández tenía 13 años y fue vista por última vez en el Parque Juárez de Tecamachalco, después de que sus familiares la dejaron ahí alrededor de las 17:30 horas del sábado. Esa fue la última ocasión en que la vieron directamente.

De acuerdo con el relato de su familia, la menor dijo que acudiría con una amiga. Más tarde, esa misma amiga, que también era menor de edad, les dijo que la versión no era cierta y que Danna planeaba irse con un hombre adulto identificado como Antonio “N”.

La principal línea de investigación apuntó al entorno familiar

El padre de la adolescente declaró ante las autoridades que se había separado de la madre de sus hijos un par de meses antes. También señaló que ella mantenía una relación sentimental con Antonio “N”, a quien la familia ubicó como la persona que habría buscado a la menor con insistencia.

Según esa misma declaración, pocos días antes de la desaparición Antonio “N” habría intentado acercarse a Danna con la intención de establecer una relación con ella. Ese señalamiento abrió una línea de investigación por posible captación de una menor por parte de un adulto cercano a su entorno familiar.

Hasta ese momento, las autoridades solo contaban con el testimonio del padre y con la versión aportada por la amiga de la adolescente. El reporte de desaparición o no localización indicó además que Danna no contaba con teléfono celular, un elemento que complicó su rastreo.

La respuesta directa al caso fue esa: la adolescente no salió de su casa sin contexto ni se perdió en el trayecto, sino que, según las versiones recabadas, habría dado información falsa sobre su destino para reunirse con un adulto del círculo familiar de su madre. Esa hipótesis concentró la búsqueda y las indagatorias iniciales.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía comunicar cualquier dato sobre el paradero de Danna Yeudiel Santos Hernández a la FGE de Puebla o al número de emergencias 911. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que mantuvo contacto con los familiares para comunicarles las acciones en curso y brindarles acompañamiento.

El cierre de la autopista escaló la presión para su localización

Tras la desaparición, familiares, amigos y habitantes del municipio de Quecholac realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba para exigir la localización de la menor. La protesta se instaló a la altura de ese tramo con barricadas de piedras y llantas encendidas, lo que interrumpió por completo la circulación.

Durante la manifestación, los asistentes corearon: “Queremos a Danna”. La exigencia se centró en acelerar la búsqueda de la adolescente, cuyo caso ya había generado preocupación por la posibilidad de que hubiera sido enganchada por un adulto.

La Guardia Nacional división carreteras confirmó el cierre total de la autopista y recomendó usar rutas alternas por la carretera libre Puebla-Tehuacán. La interrupción en la vía provocó una fila de varios kilómetros de vehículos detenidos durante la noche del lunes 24 de agosto.

En el plano institucional, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla informó que mantuvo un operativo de localización como parte de sus acciones permanentes para la búsqueda de personas. En coordinación con la FGE, personal especializado realizó recorridos e intervenciones en distintos puntos y recabó información para fortalecer las líneas de investigación ya abiertas.

El gobierno estatal sostuvo que las labores de búsqueda continuaron de manera coordinada y con el compromiso de agotar las acciones necesarias para contribuir a la localización de la menor. Esa actuación incluyó comunicación continua con la familia de Danna y seguimiento sobre los avances del operativo.

• Danna Yeudiel Santos Hernández, de 13 años, desapareció en Tecamachalco después de decir que iría con una amiga, pero después surgió la versión de que planeaba reunirse con Antonio “N”.
• El padre declaró que Antonio “N”, pareja actual de la madre, habría buscado a la menor días antes para intentar establecer una relación con ella, lo que abrió una línea de investigación.
• Familiares y pobladores bloquearon la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 183 en Quecholac, mientras la FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda mantuvieron operativos y recorridos.

En internación provisoria quedó este martes una adolescente de solo 14 años que confesó haber matado a su madre a martillazos luego de una discusión que ambas tuvieron al mediodía del domingo pasado.

El crimen ocurrió en el departamento que ambas compartían en la comuna santiaguina de San Joaquín. Según ha trascendido, tras asesinar a su progenitora, la menor salió esa tarde con su padre y más tarde durmió con el cuerpo de su madre tendido en el living. Al día siguiente fue a clases y por la tarde se entregó en la 3ª Comisaría de Santiago.

“Lo que tenemos es una persona de sexo femenino de 48 años de edad que es víctima del delito de parricidio, la cual presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”, señaló el subprefecto Robert Briones.

Internación provisoria

Este martes, durante el control de audiencia, la Fiscalía logró acreditar el crimen y, debido a que el tribunal desechó que hubiese alguna denuncia de violencia intrafamiliar previa, decretó la internación provisoria de la menor durante los 100 días establecidos para la investigación.

Ariel Cancino, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló al término de la formalización que la acusada “le ocasionó la muerte a su madre el día domingo. Posteriormente, ella habría salido con su padre durante la tarde. Al día siguiente habría ido hasta su colegio, un día de clase normal. A la salida del dicho establecimiento educacional, ella habría concurrido hasta una comisaría a realizar una autodenuncia respecto de este hecho”.

De acuerdo al persecutor, la investigación “logró acreditar en este caso, por lo menos en esta instancia procesal inicial, que la imputada tuvo participación punible en los hechos en materia de esta investigación. Fue formalizada, como se explicó anteriormente, por el ilícito de parricidio consumado”.

Finalmente, tocante a supuestos hechos de violencia intrafamiliar argumentados por la defensa, el fiscal Cancino sostuvo que “revisados los antecedentes que constan en carpeta investigativa, referente tanto al padre de la imputada como también a la víctima de este caso, no consta ninguna denuncia de dicho carácter”.

Una madre en Culiacán, Sinaloa, denunció que elementos militares sometieron a su hija de 16 años a una revisión corporal que consideró indebida, luego de que los uniformados argumentaron que la adolescente “se veía sospechosa”. La mujer, de nombre Helen Ortega, relató que el hecho ocurrió mientras ambas esperaban en la vía pública a que llegara su Uber, pues se dirigían al gimnasio.

La mujer compartió en redes sociales un video del momento de la revisión y describió que el hecho incluyó tocamientos que consideró indebidos, realizados por mujeres militares. Aseguró que la explicación que recibió fue que tanto ella como su hija “se veían sospechosas”, sin que se le informara de un motivo específico ni de alguna alerta previa que justificara el procedimiento.

Revisión a menor de edad ocurre sin explicación clara

Según el testimonio, la madre se encontraba a unos pasos de su hija cuando los militares se aproximaron directamente a la adolescente. Ortega cuestionó por qué los elementos no se dirigieron primero a ella, a pesar de que estaba cerca y era evidente que era la madre de la menor. “Le preguntaron a ella a dónde iba y posteriormente le dijeron que la iban a revisar”, señaló Ortega.

Al interpelar a los militares sobre el motivo de la revisión, la madre recibió la respuesta: “porque se ven sospechosas”. Ortega indicó que pidió a su hija abrir la mochila, momento en el que una de las militares le preguntó sorprendida si era la madre de la joven.

La madre enfatizó: “Tengo video de lo ocurrido y lo comparto porque considero importante que se conozcan nuestros derechos y que, especialmente tratándose de una menor de edad, se respete su dignidad”.

Luego de la revisión a la adolescente, los elementos también realizaron una inspección corporal a la madre. Ortega manifestó su inquietud sobre la legalidad y justificación de la actuación militar. “No sé cuáles eran sus intenciones al acercarse directamente a mi hija, y precisamente por eso me preocupa y quiero que se aclare lo sucedido”, expuso en su testimonio.

Ortega afirmó que no acusa a nadie de una conducta específica, pero llamó la atención sobre la necesidad de saber si la actuación de los militares fue ajustada a derecho. “Estoy contando lo que vivimos y preguntando si este procedimiento fue realmente correcto y conforme a la ley”, subrayó.

Solicitud de orientación legal y llamado a la sociedad

La madre solicitó orientación a personas expertas en temas legales o a quienes hayan vivido situaciones similares. Expresó que su intención al hacer público el caso es prevenir que hechos de este tipo se repitan, sobre todo cuando involucran a menores de edad.

“¿Por qué llegaron directamente con una joven de 16 años que estaba sola a unos pasos de su mamá? ¿Por qué la primera explicación para revisarla fue que ‘se veía sospechosa’? ¿Y por qué pareció sorprenderles saber que yo era su mamá?”, cuestionó Ortega al describir su experiencia.

El caso ha generado reacciones en redes sociales y plantea interrogantes sobre la actuación de autoridades en revisiones a menores, así como la necesidad de que los procedimientos respeten los derechos y la dignidad de las personas involucradas.

Un adolescente de 15 años asesinó a Eduardo tras interceptarlo cuando circulaba en motocicleta por calles de la colonia Héroes de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX). El menor intentó escapar junto con su cómplice, pero el seguimiento a través de cámaras de vigilancia permitió que policías los ubicaran y detuvieran.

El ataque ocurrió en el cruce de Sur 19 y Atanasio G. Sarabia, donde cámaras del C2 registraron el momento en que los agresores le cerraron el paso a la víctima. Luego de obligarlo a frenar, el adolescente descendió de la moto y le disparó.

De acuerdo con lo ocurrido en el lugar, Eduardo avanzaba en una motocicleta cuando fue seguido por una segunda unidad en la que viajaban Kevin Joshua, menor de edad, y José Ricardo. Los dos lo mantuvieron bajo persecución hasta alcanzarlo en la esquina donde quedó grabada la agresión.

Tras los disparos, los responsables huyeron a bordo de la motocicleta hacia la Unidad Habitacional Fuerte Loreto. La salida del sitio no detuvo el operativo: policías que llegaron tras el llamado de auxilio revisaron las imágenes de videovigilancia y ubicaron la ruta de escape.

Con esa información, los elementos localizaron dentro de la unidad habitacional el vehículo estacionado y a los dos hombres señalados por el homicidio. En ese punto fueron aprehendidos, según la secuencia descrita del operativo.

Mientras se realizaba la detención, una mujer identificada como familiar del lesionado llegó para auxiliar a Eduardo. Al observar la gravedad de las heridas y ante la demora de los paramédicos, decidió trasladarlo por su cuenta en un auto a un hospital.

Dos horas después del ataque, la mujer se enteró de que Eduardo había muerto. La víctima recibió impactos de bala en la ingle, el abdomen y la nariz, lesiones que resultaron fatales.

• El ataque ocurrió en Sur 19 y Atanasio G. Sarabia, en Héroes de Churubusco, Iztapalapa.
• Cámaras del C2 permitieron ubicar a los agresores en la Unidad Habitacional Fuerte Loreto.
• Eduardo murió por disparos en la ingle, el abdomen y la nariz, según el relato del caso.

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX

La semana pasada, el 10 de agosto, un adolescente de 17 años fue asesinado en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después agentes de la SSC detuvieron a un hombre de 24 años señalado como probable responsable, cuya captura abrió la investigación ministerial por el homicidio y por la presunta posesión de droga.

El arresto ocurrió luego del seguimiento realizado con cámaras de videovigilancia y un cerco virtual. Al detenido le aseguraron 25 bolsitas de marihuana y 500 gramos de la misma planta, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Toltecas y Peñón. Los primeros reportes indicaron que el joven recibió disparos de arma de fuego durante un ataque directo.

Paramédicos que llegaron al punto confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Otra versión del caso precisó que el disparo fue en la cabeza y que los vecinos alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar detonaciones.

El seguimiento con cámaras llevó a la detención en la misma colonia

La revisión de las cámaras instaladas en la zona permitió identificar a un hombre que se alejó del lugar después del ataque. Ese seguimiento se concentró en calles de la misma colonia Morelos, donde operadores del C2 Centro informaron a los oficiales en campo sobre la ruta del sospechoso.

Infografía detalla el asesinato de Lizeth Yuridia Juárez, alias “La Chofis”, y el alcance del grupo criminal La Unión Tepito en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes lo ubicaron en el cruce de Fray Bartolomé de las Casas y Toltecas. Cuando notó la presencia policial, el señalado intentó huir, pero fue interceptado metros después.

La autoridad capitalina informó que el detenido tenía 24 años. Tras la revisión preventiva, los uniformados hallaron las dosis y el resto de la hierba seca con las características de la marihuana.

Ese aseguramiento hizo que el caso avanzara en dos líneas: la investigación por el asesinato del menor y la puesta a disposición por la probable comisión de delitos contra la salud. El Ministerio Público quedó a cargo de definir su situación jurídica y de profundizar en la indagatoria.

La agresión fue investigada como un ataque directo

La información inicial del caso sostuvo que no se trató de un hecho fortuito, sino de una agresión directa contra el adolescente. El ataque ocurrió en una zona de la alcaldía Cuauhtémoc identificada de manera frecuente con el barrio de Tepito, dentro del perímetro de la colonia Morelos.

Los reportes también señalaron que el probable agresor habría escapado a pie y vestido de negro antes de ser ubicado por el monitoreo urbano. Esa descripción formó parte de los datos revisados por las autoridades para cerrar el cerco en calles cercanas.

La víctima fue localizada por policías capitalinos con una herida de bala en el cráneo. Esa lesión coincidió con la valoración de los cuerpos de emergencia, que confirmaron la muerte en el lugar de los hechos.

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Xavier y Saúl fueron vinculados a proceso tras comprobarse su participación en un secuestro exprés de transportistas, se les vincula con la Unión Tepito Foto: SSC CDMX

La intervención de la Fiscalía de la CDMX incluyó los peritajes y la recolección de indicios para esclarecer el móvil del homicidio. Hasta ese momento, la autoridad no había informado detenciones adicionales ni una línea concluyente sobre la causa de la agresión.

La captura del hombre de 24 años se dio en la misma zona donde ocurrió el crimen. Ese dato reforzó la secuencia reconstruida por los monitoristas y por los policías que participaron en el operativo de búsqueda.

El caso quedó asentado como el asesinato de un menor de edad en vía pública o al interior de un inmueble, según las distintas versiones incluidas en los reportes iniciales. En ambos relatos coincidieron el sitio general, la edad de la víctima, el uso de arma de fuego y la intervención posterior de policías, paramédicos y autoridades ministeriales.

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La investigación siguió abierta para determinar con precisión cómo ocurrió la agresión, establecer el móvil y confirmar la responsabilidad penal del detenido.

24 muertos en lo que va de 2026 en la zona

En las colonias Centro y Morelos ha cobrado al menos 10 personas asesinadas desde finales de junio y principios de agosto de 2026, acumulando 24 homicidios vinculados a esta guerra criminal en lo que va del año.

Contexto de la Violencia

La disputa territorial involucra ataques directos por el control de la extorsión, cobro de piso y venta de drogas.

Julio se registró como el mes más violento del periodo con múltiples ejecuciones a plenas luz del día. Se han reportado operativos intensos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que han dejado más de 50 detenidos de ambos grupos rivales.

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Van 55 detenidos en poco más de un mes

Autoridades arrestan a “El Cuauh“, presunto operador de ”La Unión Tepito" en Iztapalapa. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 55 presuntos integrantes de las organizaciones delictivas La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, según reportes oficiales.

Las acciones, ejecutadas por la Subsecretaría de Operación Policial y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, respondieron a una estrategia para combatir los delitos de alto impacto en la Zona Centro de la capital, donde ambas células generan violencia de forma sistemática.

Con elo, los 54 detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público en ese mismo periodo. A continuación, se detallan los operativos por zona.

La escena se produjo en las inmediaciones de las calles Obligado y Santa Catalina del partio de La Matanza, e involucró a un efectivo de la fuerza policial de la Ciudad. Según pudo saber Infobae de fuentes vinculadas a la investigación, el oficial de 21 años viajaba en su motocicleta Corven Mirage junto a otro joven de 19. En ese momento, los asaltantes se les acercaron y, tras identificarse como policía para evitar el robo, comenzó el enfrentamiento. Los delincuentes emprendieron la fuga con la motocicleta del agente, aunque uno de ellos quedó tendido en el lugar con una herida de arma de fuego.

Inmediatamente las autoridades acudieron al llamado y en el lugar constataron que el joven herido, identificado posteriormente por un familiar, como L.G.H. de 15 años, había muerto. Junto al cuerpo se halló una motocicleta Honda GLH sin patente visible. Las primeras pericias del caso quedaron a cargo de fuerzas federales, conforme lo dispuso el Dr. Fornaro de la UFI Homicidios.

Poco después del tiroteo, las autoridades tomaron conocimiento de que en el Hospital Balestrini había ingresado otro joven con herida de arma de fuego en el hombro derecho, identificado como B.A.H. (15). En paralelo, en el Hospital Kirchner fue atendido B.N.A. (17) con una lesión similar en el brazo derecho, quien posteriormente fue derivado al Hospital Simplemente Evita.

Las cámaras de seguridad del área resultaron clave para la investigación. El análisis de las imágenes permitió determinar que B.A.H., quien inicialmente declaró haber sido víctima de un intento de robo, en realidad había participado del asalto. Lo descubrieron deido a la vestimenta, la misma utilizada durante el hecho.

Fuentes de la investigación aseguraron a este meio que cuatro personas permanecen aprehendidas por el caso. Además, se confirmó que la motocicleta del policía fue secuestrada como parte de las diligencias judiciales. Uno de los sospechosos logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Volpicina de la UFI Menores, quien caratuló la causa como homicidio criminis causa, dado que los motochorros habrían actuado con la intención de matar. El fiscal también dispuso la aprehensión de los menores involucrados y ordenó el cumplimiento de las pericias correspondientes por parte de fuerzas federales.

Entraron a robar a un departamento y los detuvieron

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ciudadanos chilenos que ingresaron por el balcón a un departamento del barrio porteño de Balvanera para robar en la madrugada del domingo. El operativo se desencadenó tras la denuncia de una joven de 19 años, también de nacionalidad chilena, que alertó sobre la presencia de los intrusos en su vivienda de la calle José Evaristo Uriburu al 700. Los delincuentes, de 28, 30 y 33 años, se llevaron un bolso, una notebook con su cargador, una campera, un morral y una pinza metálica antes de escapar.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C coordinaron el rastreo con el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyas cámaras permitieron reconstruir la ruta de escape. Uno de los sospechosos fue hallado oculto debajo de un container de basura en Lavalle al 2300, donde también se recuperaron parte de los objetos descartados. Los otros dos fueron interceptados en la avenida Corrientes al 2400. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 dispuso su detención bajo la carátula de hurto agravado por escalamiento y el secuestro de los elementos recuperados.

El episodio no fue el único del fin de semana. El sábado, cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos tras ingresar también por un balcón al departamento de una pareja colombiana en la avenida Álvarez Thomas al 800, en el límite entre Colegiales y Chacarita. Los sospechosos sorprendieron a las víctimas mientras dormían y las amenazaron para apoderarse de sus pertenencias. La policía los halló ocultos en la terraza de un edificio vecino y recuperó una consola de videojuegos, varios relojes y otros objetos. Dos de los detenidos, de 17 años, ya registraban antecedentes por robo de automóvil y robo a mano armada respectivamente.

Mientras muchos adolescentes aprovechan las vacaciones de verano para descansar o pasar tiempo con sus amigos, en Estados Unidos hay un joven de 13 años que decidió dedicar las suyas a un proyecto muy diferente. Zac Waters quiso invertir alrededor de 300 horas en diseñar, imprimir, probar y ensamblar una silla de ruedas personalizada para una niña de tan solo 21 meses.

La hazaña de Zac comenzó como una simple afición porque había aprendido los fundamentos de la impresión 3D gracias a un vídeo que veía en YouTube y quiso probar. Por ello, lo que inicialmente era una forma de aprender y experimentar con una tecnología cada vez más accesible terminó convirtiéndose en un proyecto solidario cuando conoció el trabajo de MakeGood, una organización sin ánimo de lucro dedicada a fabricar dispositivos de asistencia para personas con discapacidad.

La iniciativa permitió al adolescente poner sus conocimientos al servicio de una necesidad muy concreta. El reto no consistía simplemente en imprimir unas piezas, sino en crear una silla de ruedas adaptada a las características de una niña pequeña y que pudiera acompañarla durante su crecimiento. Para conseguirlo, Zac tuvo que pasar meses trabajando en el diseño, fabricación de diferentes partes, comprobando su funcionamiento y realizando los ajustes necesarios.

Una silla de ruedas diseñada para una niña pequeña

Con este trabajo se logró un resultado perfecto: una silla de ruedas diseñada específicamente para la pequeña. Entre sus características se encuentran un portavasos extraíble y una bandera que puede usarse como mesa, además de un respaldo que incorpora un espacio pensado para transportar equipos médicos de mayor tamaño. Las correas de sujeción están fabricadas con un material flexible para mejorar la comodidad, mientras que tanto el reposapiés como el reposacabezas pueden regularse para adaptarse al crecimiento de la niña.

En el diseño también se encontraba presente un componente personal: los colores. En este caso, fueron elegidos teniendo en cuenta las preferencias de la niña, mientras que los distintos elementos fueron pensados para facilitar su uso cotidiano.

Para el joven Zac, el proyecto reunía dos de sus grandes intereses: la impresión 3D y la posibilidad de ayudar a otras personas. Esta combinación fue lo que le llevó a dedicar buena parte de su tiempo vacacional a una tarea exigente llena de paciencia, aprendizaje y numerosas pruebas.

Su familia también desarrolló un papel importante durante el proceso. Su abuela Charlotte ha destacado que la edad no determina la capacidad de una persona para generar un impacto positivo. Para ella, lo más importante es el carácter y la voluntad de utilizar las propias capacidades para mejorar la vida de los demás.

La utilidad de la impresión 3D

El caso de Zac demuestra una de las posibilidades más interesantes al usar la impresión 3D: la capacidad de fabricar objetos personalizados. Frente a los productos fabricados en serie, esta tecnología permite modificar un diseño digital para adaptarlo a las necesidades concretas de cada usuario. En cuanto a la discapacidad, esa flexibilidad puede resultar especialmente valiosa cuando se necesitan dispositivos hechos a medida o que puedan modificarse con el tiempo.

Sin embargo, el proyecto también pone de manifiesto que detrás de una impresión 3D hay mucho más que una máquina. Una silla de ruedas como esta requiere tener en cuenta aspectos como la estabilidad, la resistencia, la ergonomía, la comodidad y la seguridad. Por eso, la colaboración con organizaciones especializadas resulta fundamental.

Tras este proyecto, el joven de 13 años ya piensa en el futuro y está dispuesto a continuar formándose en un ámbito técnico para seguir aprendiendo sobre impresión 3D con la intención de utilizar estos conocimientos para ayudar a más personas.

Familiares de Melanie Estrella realizaron un bloqueo en Avenida Central la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en Ecatepec para exigir celeridad en su búsqueda. Amigos, vecinos y padres de la adolescente de 17 años cerraron la vialidad a la altura de la estación Río de los Remedios para exigir su localización con vida y avances en la investigación por su desaparición, ocurrida desde el 3 de agosto.

La protesta duró más de tres horas y mantuvo cerrados todos los carriles con dirección a Periférico desde cerca de las 19:30 hasta alrededor de las 22:30 horas, cuando la circulación se reanudó de forma normal. En ese lapso, la fila de automovilistas alcanzó varios kilómetros y el tránsito quedó colapsado hacia Ciudad Azteca y Periférico Río de los Remedios.

El cierre se realizó en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl, frente a la estación Río de los Remedios de la Línea B del Metro. Ahí se concentró un grupo de aproximadamente 50 personas, que llevó pancartas y lonas para pedir que las autoridades aceleraran la búsqueda de la menor.

Melanie Estrella Enríquez Escamilla fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en el municipio de Ecatepec de Morelos. Desde esa fecha, sus familiares dijeron que desconocían su paradero.

La familia reclamó avances en la carpeta de investigación

La exigencia central de la protesta fue una: que la FGJEM informara qué avances tenía la carpeta iniciada por la desaparición de la adolescente. Sus familiares señalaron que ya habían acudido a presentar la denuncia, pero aseguraron que hasta ese momento no habían recibido información sobre el curso de la investigación.

Los manifestantes también pidieron que se intensificaran los trabajos de búsqueda. Incluso advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta obtener información sobre el caso, aunque finalmente se retiraron del lugar de forma pacífica.

Durante la noche acudieron autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y elementos de la fiscalía mexiquense para dialogar con los inconformes. Después de ese intercambio no quedó claro qué acuerdos alcanzaron las partes para liberar la vialidad.

La movilización respondió a la desaparición de una menor cuya búsqueda seguía activa 11 días después de que fue vista por última vez. Esa ausencia detonó el cierre de una de las vías más transitadas de la zona oriente del Valle de México.

La ficha de búsqueda difundió rasgos físicos y el último rastro conocido

La ficha de búsqueda de Alerta Amber México indicó que Melanie tenía cabello lacio rojizo, ojos castaños oscuros, brackets y una perforación en el ombligo. También precisó que medía 1.53 metros, era de complexión delgada y de tez blanca.

De acuerdo con sus padres, la adolescente salió de su domicilio en Ecatepec el 3 de agosto con rumbo desconocido. Otra versión sobre su último trayecto señaló que fue vista al salir de su casa y abordar un vehículo durante la madrugada, según cámaras de seguridad instaladas en la calle Gobernador Francisco Murguía, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Desde entonces no había tenido contacto con sus padres, ni con otros familiares o amigos. Ese fue el punto que sostuvo la protesta: la familia pidió su reaparición con vida y una respuesta concreta de las autoridades sobre las diligencias realizadas.

El bloqueo provocó afectaciones para miles de automovilistas que quedaron varados sobre Avenida Central. La circulación permaneció detenida en dirección a Ecatepec y Periférico mientras continuó la manifestación frente al Metro.

Al final de la jornada, familiares, amigos y vecinos liberaron la avenida después de poco más de tres horas de cierre, sin que se informara públicamente el contenido de los acuerdos alcanzados con las autoridades.

• Melanie Estrella Enríquez Escamilla, de 17 años, fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en Ecatepec.

• Sus familiares y vecinos bloquearon Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios, durante más de tres horas para exigir avances en la búsqueda.

• La protesta terminó alrededor de las 22:30 horas, tras un diálogo con autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y de la FGJEM.

La Guardia de Proximidad de Apodaca detuvo el 13 de agosto de 2026 a Diego, un adolescente de 14 años, en la colonia Gaspar Castaño tras detectarlo en actitud sospechosa junto a una camioneta Jeep Grand Cherokee. Los elementos le encontraron 11 bolsas con sustancias presuntamente ilícitas, y la Unidad de Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad lo vincula con al menos 20 robos con violencia a tiendas de conveniencia cometidos entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 en los municipios de Apodaca y Guadalupe, Nuevo León.

La detención ocurrió durante un patrullaje de rutina en el cruce de la avenida Gaspar Castaño y la calle Oro. Los policías observaron al menor cuando presuntamente alteraba el orden público junto al vehículo.

La detención de Diego en la colonia Gaspar Castaño

En el lugar también se encontraba una mujer de 28 años, quien se identificó como conductora de la camioneta. La revisión policial al adolescente arrojó el hallazgo de 5 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, y 6 bolsas con una sustancia similar al cristal.

La mujer no presentó licencia de conducir ni documentación que acreditara la procedencia del vehículo. Por esa razón, las autoridades aseguraron la camioneta Jeep Grand Cherokee.

Diego enfrentará un proceso penal por los delitos de robo con violencia y delitos contra la salud. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca lo puso a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en Menores, instancia que determinará su situación jurídica.

Los 20 robos investigados en Apodaca y Guadalupe entre 2025 y 2026

La Unidad de Análisis de la corporación municipal cuenta con videos, gráficas y otros registros que presuntamente ubican al adolescente en los atracos. Los datos recopilados abarcan un periodo de más de ocho meses: del 20 de noviembre de 2025 al 6 de agosto de 2026.

De la veintena de robos documentados, 18 se habrían cometido dentro del municipio de Apodaca y 2 en Guadalupe. Los establecimientos afectados fueron principalmente tiendas de conveniencia y farmacias.

Las colonias apodaquenses donde se registraron los atracos son Hacienda Las Margaritas, Misión Las Flores, La Encarnación, San Miguel, Valle de San Miguel y Real de San Miguel. La colonia Hacienda Las Margaritas concentra el mayor número de incidentes, con 4 asaltos contabilizados.

En Misión Las Flores se tienen registrados 2 robos atribuidos presuntamente al grupo. Los 2 atracos en Guadalupe ocurrieron en establecimientos de la colonia Nueva Linda Vista.

La banda investigada y el papel de Diego

Las autoridades señalan que el adolescente no habría actuado solo en ninguno de los hechos. La Unidad de Análisis investiga la identidad y el grado de responsabilidad de otros posibles integrantes del grupo.

Los registros policiales indican que Diego habría operado en compañía de cómplices en cada uno de los asaltos documentados. Las indagatorias continúan para determinar si el menor participó en la totalidad de los hechos señalados.

La corporación no ha precisado cuántas personas integran la presunta banda ni si existen otras detenciones relacionadas con los mismos robos. El caso permanece en investigación activa por parte de las autoridades municipales.

El Ministerio Público especializado en Menores define la situación jurídica

Por su minoría de edad, Diego no enfrenta el sistema penal para adultos, sino el procedimiento establecido por la legislación especializada en adolescentes. El Agente del Ministerio Público para Menores tiene la facultad de determinar las medidas aplicables conforme al resultado de las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca no ha informado si la mujer de 28 años detenida junto al menor enfrenta cargos relacionados con los robos. Su situación jurídica, hasta el momento, se vincula únicamente con el aseguramiento del vehículo.

Las autoridades no descartaron la posibilidad de que las indagatorias deriven en más detenciones. El expediente del caso incluye el material audiovisual recopilado por la Unidad de Análisis a lo largo de los ocho meses de actividad delictiva documentada.

La acumulación de evidencia digital, como videos de cámaras de seguridad, fue el elemento que permitió vincular al adolescente con la serie de atracos. Ese mismo material servirá de base para el proceso que el Ministerio Público especializado conduzca en las próximas semanas.

La plataforma de mensajería Discord enfrenta una suspensión de sus transmisiones en vivo en Brasil tras la muerte de una adolescente, un hecho que puso en el centro del debate la seguridad de los menores en entornos digitales. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), responde a supuestas fallas en la protección de usuarios jóvenes, luego de que una chica de 13 años fuera incitada a quitarse la vida durante una transmisión en directo en la red social.

Discord en Brasil: suspensión de transmisiones en vivo por protección a menores

La decisión de suspender los ‘lives’ en Discord surge tras un episodio ampliamente difundido en medios brasileños, ocurrido en julio de 2026, donde una adolescente habría sido alentada por otros usuarios a autolesionarse y a acabar con su vida, todo frente a una audiencia digital.

Este caso, definido por la policía local como un “verdadero espectáculo de horror”, motivó la intervención de la ANPD, que exigió a la empresa estadounidense cesar temporalmente sus transmisiones en directo en el país.

Las autoridades brasileñas atribuyeron la gravedad de lo sucedido a la falta de mecanismos eficaces para prevenir y mitigar riesgos relacionados con menores de edad. Según la ANPD, existen “evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos” para niños y adolescentes. La agencia otorgó un plazo de tres días hábiles para que Discord cumpliera con la suspensión.

Discord, por su parte, manifestó su decepción ante la decisión y aseguró estar revisando la orden emitida por la ANPD. En una comunicación a la AFP, la empresa rechazó la interpretación de las autoridades brasileñas sobre el funcionamiento de su plataforma. Según la compañía, tras conocer el caso, “investigamos rápidamente y eliminamos la comunidad privada, accesible solo por invitación, involucrada en el caso”.

Caso de incitación y reacción de las autoridades brasileñas

El caso que impulsó la suspensión tuvo lugar en una pequeña ciudad del centro-oeste de Brasil. Durante una transmisión en vivo de 45 minutos en Discord, una menor de 13 años habría sido instigada por otros usuarios a autolesionarse.

La policía detuvo a cinco adolescentes y a un adulto relacionados con la incitación, y en el marco del operativo también salvó a otra joven que estaba a punto de quitarse la vida durante una transmisión en línea.

La conmoción generada por el incidente fue tal que Rosangela ‘Janja’ da Silva, esposa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exigió públicamente la desactivación de Discord en el país. La presión política y social creció rápidamente, intensificando el escrutinio sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de menores.

Uso de Discord para prácticas de violencia y medidas regulatorias

La Agencia Nacional de Protección de Datos señaló que las transmisiones en vivo de Discord se han empleado “de forma recurrente” para prácticas que incluyen violencia, acoso, incitación a la autolesión, particularmente en perjuicio de menores. Las autoridades consideran que la empresa no ha implementado medidas suficientes para enfrentar estos riesgos, lo que llevó a la intervención regulatoria.

En respuesta a estos hechos, Brasil ha endurecido sus regulaciones sobre el uso de plataformas digitales por menores de edad. Actualmente, la ley establece que las cuentas de usuarios menores de 16 años deben estar vinculadas a las de sus padres, además de requerir la verificación obligatoria de edad para acceder a los servicios.

La suspensión de las transmisiones en vivo en Discord representa una de las respuestas más contundentes adoptadas por un país latinoamericano ante la problemática de la seguridad digital infantil en redes sociales y plataformas de mensajería.

Una adolescente de 16 años fue localizada sin vida dentro del centro de rehabilitación Filipenses 4:13 en Tapachula, Chiapas, y el caso derivó en la detención de 13 personas mientras la Fiscalía estatal mantuvo abierta una investigación para establecer la causa del fallecimiento y posibles responsabilidades.

La alerta se activó este lunes 3 de agosto de 2026 a las 12:36 horas, cuando se solicitó auxilio médico para atender a la menor en el ejido Álvaro Obregón. Cuando los paramédicos llegaron al inmueble, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

El caso quedó bajo revisión ministerial y pericial. Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían informado qué provocó la muerte, cuánto tiempo llevaba internada la adolescente ni si el centro sería clausurado.

El operativo dejó 12 hombres y una mujer detenidos

Después del reporte, al sitio acudieron policías, agentes ministeriales y peritos para realizar las primeras diligencias. En ese despliegue fueron detenidas 13 personas: 12 hombres y una mujer, entre encargados e internos del anexo.

Las detenciones se realizaron por su probable responsabilidad en el delito de resistencia de particulares. Las autoridades tampoco precisaron con claridad cuál habría sido la participación individual de cada una de las personas arrestadas dentro de los hechos que se investigaban.

Los detenidos fueron identificados de manera preliminar como José “N”, Carlos “N”, Esvin “N”, Marco “N”, Francisco “N”, Yerzon “N”, Olver “N”, Juana “N”, Elvin “N”, Juan “N”, Jhosep “N”, Josué “N” e Ismael “N”. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público.

La intervención oficial ocurrió en el anexo ubicado cerca de las vías del tren, en el ejido Álvaro Obregón, una comunidad del municipio de Tapachula. El reporte inicial fue emitido por el C5 Escudo Pakal, lo que movilizó a corporaciones estatales, federales y municipales.

La necropsia debía determinar la causa del deceso

La respuesta inmediata a la pregunta central del caso fue esta: la causa de muerte de la adolescente no había sido establecida públicamente. Esa definición quedó sujeta a la necropsia de ley y a los dictámenes periciales practicados por el Servicio Médico Forense.

El cuerpo fue trasladado al Semefo después de las diligencias en el inmueble. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el deceso y determinar si existía alguna responsabilidad penal adicional a las detenciones por resistencia.

De forma preliminar, la víctima fue identificada como Renata “N”, y también trascendió que habría sido originaria de Huixtla. Esa información, sin embargo, todavía debía ser confirmada de manera oficial.

En versiones iniciales del caso surgieron señalamientos sobre un posible deterioro en el estado de salud de la menor antes de su muerte. También se mencionó que, durante la inspección del cuerpo, se habrían detectado lesiones que podrían ser compatibles con agresiones físicas, aunque esa línea todavía no contaba con confirmación oficial.

Esa parte de la investigación resultó especialmente sensible porque podía modificar el alcance del caso. Si los peritajes confirmaban signos de violencia, la indagatoria dejaría de centrarse solo en las condiciones del fallecimiento dentro del centro y avanzaría hacia la posible comisión de otros delitos.

Hasta ese momento no había información oficial sobre lo ocurrido dentro del anexo antes de la llegada de los servicios de emergencia. Tampoco se había precisado quién solicitó el apoyo médico ni en qué momento la adolescente comenzó a presentar complicaciones.

La falta de datos oficiales dejó abiertas varias preguntas sobre la operación del centro, el tipo de supervisión que tenía y las condiciones en que se encontraba internada la menor. Ninguna de esas dudas había sido respondida por la autoridad ministerial al momento del cierre.

Lo que sí quedó confirmado fue la secuencia básica de los hechos: una llamada de emergencia movilizó a paramédicos, la joven fue hallada sin signos vitales, el inmueble quedó bajo resguardo y después se realizaron diligencias que terminaron con 13 personas arrestadas.

• Una adolescente de 16 años fue hallada sin vida dentro del centro de rehabilitación Filipenses 4:13, en el ejido Álvaro Obregón de Tapachula.
• Las autoridades detuvieron a 13 personas por probable resistencia de particulares: 12 hombres y una mujer, entre encargados e internos.
• La Fiscalía estatal mantuvo abierta la investigación y la necropsia de ley quedó a cargo de determinar la causa del fallecimiento.

El adolescente, identificado como N. M., habría ingresado al mar cerca de las 2:00 p. m., cuando se encontraba junto a sus familiares en el distrito de Grocio Prado. Según los primeros reportes, una corriente lo llevó hacia una zona más profunda y sus acompañantes perdieron de vista al menor.

Desde ese momento, familiares, vecinos y equipos de rescate participan en la búsqueda del menor desaparecido en la playa Las Totoritas de Chincha. El operativo cuenta con la presencia de personal de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional y apoyo de drones para ampliar el área de rastreo en el litoral.

Menor fue arrastrado por el mar mientras se encontraba cerca de la orilla

La emergencia ocurrió durante una jornada familiar en la playa Las Totoritas, ubicada en la provincia de Chincha, región Ica. Testigos indicaron que el adolescente habría sido sorprendido por la fuerza del mar cuando permanecía cerca de la orilla.

Tras advertir su desaparición, sus familiares alertaron a las autoridades y comenzaron las labores iniciales de búsqueda. La zona fue recorrida por rescatistas que inspeccionaron distintos puntos del litoral con el objetivo de ubicar al adolescente.

La desaparición generó momentos de angustia entre los familiares del menor, quienes permanecieron en la zona durante las horas posteriores al incidente a la espera de información sobre su ubicación.

Familiares piden apoyo con equipos especializados para reforzar la búsqueda

La desesperación aumentó con el paso de las horas. La abuela del adolescente pidió ayuda a las autoridades y solicitó la presencia de equipos especializados para reforzar el operativo de rescate.

“Mi nieto hace más de una hora que se lo ha llevado la ola”, expresó entre lágrimas, mientras reclamaba apoyo con una moto acuática para ampliar la búsqueda en el mar.

La familia también pidió la intervención de la Capitanía de Puerto, la Policía y otras instituciones para sumar recursos que permitan continuar con el rastreo. En medio de la espera, la madre del menor lanzó flores al océano mientras realizaba oraciones por el regreso de su hijo.

Operativo continúa con drones y personal de Salvataje de la PNP

Las labores para encontrar al adolescente desaparecido en Chincha continúan con la participación de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional y personal de Serenazgo. Además, se utilizaron drones para cubrir una mayor extensión de la zona marítima.

Hasta el cierre de este informe, el menor aún no había sido ubicado. Los equipos de rescate mantienen las acciones de búsqueda mientras los familiares permanecen en los alrededores de la playa Las Totoritas.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar las zonas seguras de baño y evitar ingresar al mar bajo condiciones que puedan representar un riesgo. Asimismo, pidieron comunicar cualquier información que pueda contribuir a encontrar al adolescente.

Un adolescente de 14 años identificado como Cristian fue hallado sin vida dentro del baño de un local de venta de pollos en la Central de Abasto de Toluca, ubicada en la delegación de San José Guadalupe Otzacatipan. Sus compañeros lo encontraron inconsciente y, aunque pidieron apoyo médico, personal de emergencias confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El sitio quedó bajo resguardo para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizara las diligencias, ordenara el levantamiento del cuerpo e iniciara una carpeta de investigación. La autoridad buscó establecer la causa del fallecimiento y definir si el caso debía turnarse al área especializada en homicidios.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, el menor trabajaba en un establecimiento y entró al sanitario; al pasar varios minutos sin responder, otros empleados ingresaron para revisar qué ocurría. Al verlo inconsciente, solicitaron una ambulancia y también lo auxiliaron para sacarlo del baño, según lo que narraron testigos.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) arribaron al inmueble y valoraron al adolescente. Tras la revisión, confirmaron su muerte en el lugar, sin que se informara en ese momento una causa oficial.

En paralelo, surgieron versiones que apuntaron a una posible discusión previa entre el menor y otro trabajador del mismo punto de venta. Esa información quedó incorporada como una de las líneas que se revisaron durante las primeras indagatorias, sin que se determinara de inmediato una relación directa con el deceso.

Policías municipales y estatales resguardaron el local con razón social Laya, con el objetivo de preservar el área mientras se realizaban los trabajos periciales. El aseguramiento permitió el ingreso del personal ministerial para documentar el sitio, recabar indicios y dar paso al procedimiento correspondiente.

En otro reporte sobre un caso similar, se informó de la muerte de un menor de 14 años que fue localizado inconsciente en los baños de una pollería en la zona de venta de aves de la misma Central de Abasto, durante la mañana de este martes. En ese hecho, se señaló que sus compañeros entraron a revisar después de que no respondiera y pidieron apoyo de servicios de emergencia.

Personal de la Fiscalía estatal también realizó diligencias y ordenó el levantamiento del cuerpo para continuar con la investigación.

Hasta ese momento, no se reportaron personas detenidas por el caso del adolescente localizado en el baño del local de venta de pollos. Tampoco se confirmó de manera oficial la causa del fallecimiento, a la espera de los resultados que arrojara el procedimiento legal correspondiente.

• Fue localizado sin vida un adolescente de 14 años en un baño de un local de pollos en la Central de Abasto de Toluca.
• Paramédicos del SUEM confirmaron que ya no tenía signos vitales y policías resguardaron el local Laya.
• La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación para determinar la causa y definir si el caso iba al área de homicidios.

Se mantiene el asesinato de niños y jóvenes en el Estado de México

El asesinato de menores de edad en el Estado de México (Edomex) ha estado marcado por casos de alta incidencia pública y una tendencia general de reducción en la estadística de homicidios dolosos a nivel estatal durante este periodo.

Contexto y Cifras Generales

Estadísticas nacionales: de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), los delitos e homicidios dolosos contra personas de 0 a 17 años a nivel nacional han mostrado una baja general en la comparación anual entre 2025 y 2026.

Incidencia en Edomex: el gobierno federal y estatal reportaron hacia mediados de 2026 una reducción general histórica cercana al 58% en homicidios dolosos en la entidad en comparación con años anteriores, alcanzando los niveles más bajos de la última década y media, aunque los delitos específicos contra la infancia siguen generando alerta en activistas y autoridades.

Casos Relevantes y Reacción Social

Caso Fernandito (2025): en agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó a proceso a tres personas por el homicidio de un niño de 5 años, un caso que conmocionó a la opinión pública por las condiciones de violencia y el móvil del crimen.

Pronunciamientos oficiales (2025-2026): diversas organizaciones civiles y la propia gubernatura del estado han manifestado preocupación por la vulnerabilidad de la infancia ante la violencia familiar y social, exigiendo reforzar las acciones de protección y investigación pronta en delitos que involucran a menores.

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en Valle de Santiago, Guanajuato, después de que un grupo armado irrumpió por la fuerza en su vivienda de la colonia Morelos. Los agresores dispararon y huyeron.

El ataque ocurrió cerca de las 5:00 horas, en una casa ubicada en la calle Solidaridad de la colonia Morelos, conocida como “La Choricera”. Una adolescente de 17 años sobrevivió y pidió ayuda a gritos, lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron al Sistema de Emergencias 911 para solicitar apoyo policial y una ambulancia.

Las víctimas fueron Yael, de 25 años; su padre Julio Raúl, de 60 años; una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años, quienes presentaron impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. En el lugar, las corporaciones de seguridad localizaron a tres personas sin vida y a una mujer adulta mayor herida por proyectil de arma de fuego.

La mujer lesionada fue trasladada a un hospital cercano, donde más tarde murió a causa de las heridas. El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, que también reportó el inicio de las diligencias ministeriales para esclarecer el caso.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, varios sujetos armados habrían sorprendido a la familia mientras dormía y dispararon contra los moradores. La menor que sobrevivió declaró a los policías que los atacantes entraron por la fuerza y abrieron fuego contra sus familiares.

Las primeras respuestas incluyeron un despliegue de seguridad en el sector, mientras la zona permaneció acordonada para permitir el trabajo de los peritos. En el interior del domicilio, el personal especializado recabó indicios y aseguró el área para integrar la carpeta de investigación.

La Fiscalía informó que peritos levantaron los cuerpos para la necropsia y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Guanajuato. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios quedó a cargo de las pesquisas para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga.

Entre las víctimas, Julio Raúl y Yael se desempeñaban como Servidores de la Nación en la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el multihomicidio ni sobre un posible móvil.

En el recuento de hechos violentos registrado en la entidad, este caso se sumó a otros homicidios reportados durante el mismo miércoles, con un total de 11 casos en poco más de 24 horas, según el conteo referido en el reporte de los acontecimientos.

• Un grupo armado irrumpió en una casa de la colonia Morelos y asesinó a cuatro familiares; una adolescente de 17 años sobrevivió.
• Las víctimas fueron un hombre de 60 años, un joven de 25 años, una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años; la herida murió después en el hospital.
• La Fiscalía General del Estado abrió una investigación y la Unidad de Homicidios buscó a los responsables, quienes escaparon.

Ya van 20 muertos en esta semana

Una jornada de violencia dejó otras 16 personas muertas en municipios de Guanajuato, con ataques armados, hallazgos de cuerpos y un presunto feminicidio durante un intento de robo; en ninguno de los casos hubo detenidos y la fiscalía también abrió líneas de investigación por otros tres homicidios ocurridos en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.

El recuento incluyó hechos en Celaya, Salamanca, León, Acámbaro, Valle de Santiago y San Francisco del Rincón. Entre los casos más graves estuvieron el asesinato de una mujer de 87 años dentro de su casa, el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas y un ataque contra el conductor de una unidad de transporte público de la Ruta diez.

En Celaya, una mujer de 87 años fue localizada sin vida en una vivienda de la calle Antonio Rábago, entre la avenida Mutualismo y la calle 10 de Mayo, en la colonia La Suiza. Policías municipales confirmaron que la víctima fue estrangulada en lo que habría sido un intento de robo.

Horas después, cerca de la medianoche, un hombre de 35 años fue asesinado a balazos mientras caminaba junto a su esposa en la colonia León I. El ataque ocurrió en el cruce de Ramón Ramírez y Rodrigo Moreno Zermeño, y los agresores escaparon en una motocicleta sin que fueran localizados.

Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al 911. Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Bomberos, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya había muerto por las heridas de bala.

En Salamanca hubo cinco asesinatos en distintos ataques

En Salamanca se concentró la mayor parte de los hechos reportados. En la colonia Benito Juárez, sobre la calle Sol, hombres armados atacaron a un hombre de aproximadamente 35 años, quien quedó sin vida en la vía pública.

Otro ataque ocurrió en la colonia Rinconada San Javier, en las inmediaciones del Rastro Viejo. Ahí fueron localizados un hombre y una mujer con heridas por proyectil de arma de fuego; paramédicos confirmaron la muerte del hombre en el lugar y la mujer fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde después falleció.

Después del mediodía se registró otro homicidio en la colonia Las Misiones, donde un hombre murió tras un ataque armado contra una unidad de transporte público. El conductor de la Ruta diez, unidad económica SA-0301, fue encontrado lesionado dentro del camión y personal de Cruz Roja confirmó que ya no tenía signos vitales.

Versiones de vecinos indicaron que sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad por el costado derecho y dispararon por lo menos en cuatro ocasiones contra el conductor. El ataque lo mató casi de manera instantánea.

Durante la noche, en la colonia Reforma, otro hombre fue asesinado en la vía pública. Con ese caso, Salamanca acumuló cinco víctimas mortales en una sola secuencia de hechos.

Hallaron cuerpos en León, Acámbaro y Valle de Santiago

En la colonia San Sebastián de León, trabajadores de un taller mecánico encontraron el cadáver de un hombre dentro de la cajuela de un automóvil abandonado. El vehículo, un Chevrolet Beat negro, estaba estacionado desde temprana hora sobre la calle Quetzal esquina con Pavorreal.

Fue cerca de las 2:00 de la tarde cuando decidieron revisar la unidad. Observaron lo que parecía ser sangre en una de las puertas y, al inspeccionar la cajuela, localizaron el cuerpo.

También fue localizado otro cuerpo sin vida en los límites de León y Salamanca. El reporte no precisó la identidad de la víctima ni las circunstancias del hallazgo.

En Acámbaro, finalmente, fue encontrado el cuerpo de una persona en la comunidad de Tócuaro. El cadáver presentaba señales de violencia.

En Valle de Santiago, minutos después de la medianoche, autoridades localizaron dentro de bolsas los restos de un hombre y una mujer que horas antes habían sido reportados como secuestrados. Los cuerpos fueron hallados en la salida del municipio, sobre la carretera que va a Jaral del Progreso.

Agentes de la fiscalía investigaban si ese caso tenía relación con una organización dedicada a los préstamos gota a gota y si alguna de las víctimas era extranjera. Mientras tanto, ambos permanecían sin identificar en el Servicio Médico Forense.

San Francisco del Rincón reportó una mujer muerta y dos hombres heridos

En San Francisco del Rincón, una mujer murió y dos hombres resultaron lesionados en un ataque directo ocurrido la tarde de este miércoles sobre la calle Ignacio Allende, en la zona centro. Hombres armados a bordo de un vehículo llegaron y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública.

En otro hecho dentro del mismo municipio, un hombre fue asesinado frente a su hijo de cuatro años en la comunidad de El Pedregal, en los límites con Romita. Al menor le perdonaron la vida y después pudo avisar lo que había ocurrido.

Testigos informaron que primero detectaron al niño llorando y en estado de shock. Cuando logró calmarse, explicó que habían atacado a su padre, y vecinos confirmaron el hecho al encontrar al hombre en un terreno de cultivo.

La fiscalía también informó que investigaba la muerte de tres hombres registrada en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.

Una adolescente de 17 años había sido reportada como desaparecida el viernes pasado en Paraguay. Tras un operativo coordinado en ambos países, logró ser rescatada este lunes. El episodio derivó en la detención de un ciudadano argentino y, ya en la etapa judicial, la fiscalía formalizó cargos.

El comisario Humberto Aquino, del Departamento contra la Trata de Personas de Paraguay, confirmó a Infobae: “El ciudadano argentino fue imputado por la fiscalía por coacción grave a menor de edad y posesión de drogas. Está preso”. La causa quedó a cargo de la fiscal especializada en trata de personas Isabel Arnold. La fiscalía solicitó su prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga.

Según ABC Paraguay, la adolescente, oriunda de San Pedro, llegó a la capital paraguaya para visitar la Expo de Mariano Roque Alonso. Allí habría sido abordada por el argentino, Ariel Morán, de 56 años. El comisario Pedro Lesme, del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó que la menor logró enviar su ubicación desde un teléfono. Esto permitió a los agentes localizarla en un vehículo y rescatarla en la Costanera Norte de Asunción.

Según la policía, la menor declaró que estuvo retenida, con los ojos vendados y bajo amenazas. En el automóvil Toyota Hilux con patente argentina, los agentes policiales incautaron: medicamentos, bebidas alcohólicas, ropa de mujer, una cámara filmadora, teléfonos celulares y varios envoltorios con un total de 20 gramos de cocaína. Estos hallazgos fueron reportados tanto por las autoridades policiales como por el Ministerio Público y constituyen parte de la prueba incorporada a la investigación.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en una vivienda alquilada por Morán en San Bernardino que permitió secuestrar equipos electrónicos, ropa de adolescentes y más drogas. En ese marco, la investigación descartó, de momento, la hipótesis inicial de trata de personas y abuso sexual, aunque la causa podría ampliarse en función del avance de las pericias.

Según la reconstrucción, ambos habrían permanecido en una vivienda alquilada por el argentino en San Bernardino, localidad ubicada detrás del anfiteatro José Asunción Flores y con vista al lago Ypacaraí, desde el viernes hasta el lunes.

Según explicó el comisario Juan Pereira a ABC Paraguay, en la casa también encontraron una cama grande con artefactos para realizar filmaciones. Pereira señaló que, debido al tipo de evidencias reunidas, la policía no descarta la posibilidad de que se trate de un caso de trata de personas.

“Estas filmaciones posteriormente son comercializadas por un alto valor en grandes ciudades, en Europa especialmente, que son vendidos en clandestinidad. Eso es una presunción, eso se tiene que comprobar aún, pero por toda la evidencia que se está incautando, ya podemos apuntar a un caso de trata de personas”, describió el comisario.

En conversación con la prensa, el acusado negó todas las acusaciones. Morán afirmó que el contacto inicial no fue directo sino que habría conoció a una mujer llamada Andrea en Tinder. Ella le comentó que una amiga suya había visto su foto y quería conocerlo, por lo que acordaron un encuentro en la Expo.

Según su relato, tanto la adolescente como la amiga en común aseguraron que tenía 19 años y que estudiaba Ingeniería Comercial. El hombre sostuvo: “Me tomaron de boludo”.

Por otro lado, rechazó haberla mantenido privada de su libertad y afirmó que ella tenía acceso libre a su teléfono celular en todo momento. También negó haber enviado amenazas a la familia de la adolescente y aseguró tener cámaras de seguridad y conversaciones que, según él, demostrarían que la joven se presentó siempre como mayor de edad.

“Le compré un oso de peluche de un metro veinte y fuimos a comprar una milanesa a un puestito. Después fuimos al parque de diversiones a andar en una rueda”, detalló el argentino de 56 años detenido por coerción.

Un hombre de 33 años, identificado por las iniciales G.A.P., permanece en prisión preventiva tras ser acusado de abuso sexual contra una adolescente en la localidad de San Gregorio, ubicada en el departamento General López en la provincia de Santa Fe.

La resolución fue adoptada por la jueza Lorena Garini, en respuesta a la solicitud de la fiscal Rafaela Florit, durante una audiencia celebrada en los tribunales de Rufino. El caso ha generado preocupación en la comunidad, dada la gravedad de los hechos y la cercanía entre el imputado y la víctima.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la fiscal Florit subrayó la importancia de la decisión judicial, remarcando que, a pesar de la oposición del abogado defensor del acusado, la magistrada consideró los argumentos presentados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los factores determinantes para dictar la prisión preventiva, se destacó la necesidad de proteger la recolección de pruebas, dado que aún resta entrevistar a la víctima en cámara Gesell, un procedimiento clave en casos de abuso sexual que involucran a menores.

El episodio investigado tuvo lugar el viernes 10 de este mes en curso, alrededor de las 13:00, en una vivienda de San Gregorio que había sido prestada al imputado por un amigo. Según la información aportada por la Fiscalía, el propietario del inmueble no se hallaba presente en ese momento. G.A.P. se encontraba solo con la víctima —una adolescente que cursa la primera parte de la educación secundaria— y con un bebé familiar de ambos.

De acuerdo con lo expuesto por Florit, el imputado se aprovechó de la situación de confianza, ya que tenía a su cargo el cuidado de la adolescente y del bebé. Fue en ese contexto en el que, según la investigación, se produjo el abuso sexual.

Instantes después del hecho, la víctima logró contactar a una mujer de su confianza a través de un mensaje, solicitando ayuda. Esta persona, al recibir la alerta, informó a otra persona del entorno cercano, quien logró que el acusado trasladara tanto a la adolescente como al bebé a otro lugar. Este accionar permitió que la víctima saliera del ámbito en el que ocurrió el delito.

Durante el trayecto fuera de la vivienda, el hombre investigado reiteró amenazas verbales a la víctima, advirtiéndole que no debía contar lo sucedido, bajo el argumento de que, de hacerlo, él sería encarcelado. Según la fiscal, estas manifestaciones constituyeron un intento de intimidación y posible entorpecimiento de la investigación, motivo por el cual se solicitó la prisión preventiva para evitar la interferencia en la obtención de pruebas testimoniales.

Con estos datos, el hombre quedó imputado como autor de abuso sexual simple, agravado por la guarda, conforme a la calificación penal establecida por la fiscalía.

La investigación se mantiene en curso, con la expectativa de que las próximas actuaciones permitan avanzar en la recolección de pruebas y testimonios clave. El Ministerio Público de la Acusación reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la víctima y la búsqueda de justicia en un caso que puso en alerta a la localidad de San Gregorio.

Un nuevo estudio de la Clínica Universidad de Navarra, publicado en la revista Clinical Neurophysiology, volvió a poner sobre la mesa un dato que la ciencia del sueño viene consolidando desde hace más de dos décadas, los adolescentes no rinden tan bien a primeras horas de la mañana.

La investigación, que incluyó 419 participantes de entre 1 y 18 años sometidos a polisomnografías (el estudio de sueño más riguroso que existe, con electrodos y registro nocturno completo), confirma que el tiempo total de sueño disminuye con la edad y que los adolescentes presentan más dificultad para conciliar el sueño y más microdespertares nocturnos.

Ese hallazgo no es un dato aislado a la hora de pensar las jornadas escolares y se inscribe en un debate que cruzó fronteras y que, en varios países, dejó de ser una discusión académica para convertirse en política pública con fuerza de ley.

Un reloj biológico que no negocia

La razón por la que este debate tuvo repercusión internacional tiene un nombre técnico y es conocido como el retraso de fase circadiana adolescente. Durante la pubertad, el reloj biológico se atrasa naturalmente unas dos horas respecto a la infancia, lo que hace que los adolescentes no logren conciliar el sueño antes de las 23 horas, incluso queriendo hacerlo.

Si a eso se le suma un horario de entrada a clase temprano, el resultado es una privación crónica de sueño que se acumula día tras día. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) fue una de las primeras instituciones médicas en tomar postura formal y no dudó en recomendar que las escuelas secundarias no comiencen antes de las 8:30 de la mañana.

Según datos que la propia AAP difundió, en Estados Unidos- donde más del 40% de las escuelas secundarias públicas comienza antes de las 8- alrededor del 87% de los estudiantes de secundaria duerme, en promedio, menos de siete horas por noche.

California: el primer estado que lo convirtió en ley

El caso más citado a nivel internacional es el de California, que en 2019 aprobó la SB 328, impulsada por el senador Anthony Portantino, convirtiéndose en el primer estado de EE.UU. en obligar por ley un horario mínimo de inicio de clases: las escuelas medias no pueden comenzar antes de las 8:00 y las secundarias no antes de las 8:30. La ley entró en vigencia en el ciclo lectivo 2022-2023 y afectó a unos 2,6 millones de estudiantes.

Actualmente Massachusetts discute una propuesta similar a nivel estatal. Algunas localidades ya se adelantaron, como en Westwood donde el horario de entrada a la secundaria se retrasó 50 minutos, de las 7:25 a las 8:15.

Defensores del cambio destacan que empezar las clases muy temprano perjudica la salud física y mental de los adolescentes, además del rendimiento académico. Aunque estos cambios también impactan en las familias alterando la rutina que choca con los horarios laborales del mundo adulto.

Colombia: “Estudio sin madrugón”

En América Latina, Colombia tiene actualmente un proyecto de ley que busca retrasar el horario de inicio de la jornada escolar en todo el país, además de ajustar el horario académico a sesiones de 45 minutos.

Los autores del proyecto argumentan que los “madrugones extremos” (muchos estudiantes deben levantarse a las 4:30 o 5:00 de la mañana en zonas urbanas con largos tiempos de traslado) afectan la salud, el rendimiento académico y el bienestar emocional.

El proyecto ya cuenta con respaldo de varios congresistas y de la Federación Nacional de Padres de Familia, aunque todavía debe superar más instancias de debate antes de su aprobación definitiva.

Gran parte de Europa occidental nunca adoptó la costumbre, muy extendida en Estados Unidos y América Latina, de arrancar la secundaria a las 7:30 u 8:00, lo que explica por qué el debate tiene allí menos urgencia legislativa.

En España, muchas escuelas secundarias ya comienzan entre las 9:00 y las 9:30. En Francia e Italia, el inicio suele ubicarse alrededor de las 8:30 o 9:00 por lo que la mirada sobre el impacto del sueño adolescente tiene otras aristas que van más allá de la hora en la que se ingresa a clases.

La evidencia experimental: no es solo teoría

Una investigación financiada por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD, parte de los NIH de Estados Unidos) siguió a estudiantes de secundaria de dos escuelas del área de Minneapolis y St. Paul que retrasaron su horario de entrada de 7:30 y 7:45 a 8:20 y 8:50 respectivamente.

El resultado marcó que los estudiantes durmieron en promedio 43 minutos más por noche que sus pares de escuelas vecinas que no cambiaron el horario. A pesar de esta evidencia, los propios NIH señalan que menos del 15% de las escuelas secundarias estadounidenses cumple con la recomendación de comenzar a las 8:30 o después, mientras que el 42% todavía comienza a las 8:00 o antes.

En Argentina el debate resurge aunque todavía no existe un consenso concreto sobre el cambio de horario de ingreso, aunque sí sobre la importancia de la jornada extendida en todos los niveles.

La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por la muerte de Dafne Zapata Quintos y un juez le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció internada en el CEDES de Altamira mientras seguía el proceso penal y se definirá si será vinculada a proceso a principios de la semana siguiente.

La audiencia inicial se prolongó por más de 13 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira. Comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves y concluyó a las 04:05 del viernes.

La imputada, de 18 años, rechazó al defensor de oficio al inicio de la diligencia y designó a un abogado particular, quien pidió tiempo para preparar la estrategia de defensa. Por ese cambio, la audiencia fue suspendida de manera momentánea y después continuó en privado.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 horas. En ese lapso, la jueza debía valorar los datos de prueba presentados por ambas partes antes de resolver si existían elementos suficientes para vincularla o no a proceso.

La joven fue la primera detenida por la muerte de Dafne

Danna Yanina “N” se convirtió en la primera persona detenida dentro de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió el 16 de julio dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

La joven fue aprehendida el jueves 23 de julio de 2026, después de acudir voluntariamente a rendir declaración ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. Al salir de la institución, agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Después fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero y más tarde presentada ante la autoridad judicial en Altamira. Tras el cierre de la audiencia, fue llevada al Centro de Ejecución de Sanciones, donde quedó bajo resguardo mientras continuaba el proceso.

Las investigaciones señalaron que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar e instructora en la academia militarizada. También trascendió que había sido alumna del plantel, donde cursó la preparatoria y acababa de concluir el bachillerato.

La investigación se centró en presuntas agresiones en la academia

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Dafne habría muerto a consecuencia de las presuntas agresiones sufridas durante un campamento de verano en la academia, a la que se había incorporado apenas cuatro días antes de fallecer. El caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio.

El certificado de defunción clasificó la muerte de la menor como homicidio y estableció como causa la asfixia por sumersión. Esa conclusión se volvió una de las bases centrales de la investigación abierta por las autoridades.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las indagatorias siguieron en curso y que no se descartó la posible participación de más personas. Esa línea también coincidió con la exigencia de familiares y colectivos, que reclamaron sanciones para todos los involucrados en lo ocurrido dentro de la institución.

La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el sábado 25 de julio. En esa etapa, la autoridad judicial revisaría los elementos reunidos por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

La defensa sostuvo que la imputada también habría sido víctima

Al terminar la audiencia, los abogados defensores y el padre de la joven sostuvieron que Danna Yanina “N” era inocente. También afirmaron que existían elementos para demostrar que ella misma habría sido víctima de las circunstancias ocurridas dentro de la academia y adelantaron que buscarían acreditar esa postura durante el proceso.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, rechazó esa versión. En redes sociales aseguró: “Ella era mayor, 18 años. Ya no estudiaba ahí, solo le daban asilo y ella veía y participaba por voluntad propia ahí en la Academia Militarizada Doentiz”.

Quintos pidió que la joven fuera castigada con todo el peso de la ley, pero también exigió la detención de instructores y de todas las personas que habrían participado en el feminicidio de su hija. La muerte de la adolescente provocó indignación social y una amplia demanda de justicia en Tamaulipas y en otras partes del país.

Durante la detención, la imputada apareció con el rostro cubierto, la cabeza agachada, pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y blusa del mismo color. Al ingresar al inmueble ministerial fue enviada al área médica para certificar su estado de salud, mientras en el exterior permanecían su padre y su abogado.

• La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por feminicidio y una jueza le dictó prisión preventiva.
• La audiencia inicial duró más de 13 horas y la defensa pidió la ampliación del plazo constitucional de 72 horas.
• Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió el 16 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz; la causa registrada fue asfixia por sumersión.

Una mujer identificada como Brenda Gabriela González recibió una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallada culpable de un robo agravado de una motocicleta, cometido junto a un adolescente y utilizando un arma de utilería. El hecho se produjo en la ciudad de Santa Fe el 23 de mayo de 2025, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La sentencia fue dictada por el juez Sebastián Szeifert tras un juicio abreviado en los tribunales de la capital provincial, donde también se le impuso una inhabilitación absoluta por seis años. Esto significa que la persona condenada no puede ejercer funciones públicas, acceder a cargos en la administración, votar ni ser elegida para cargos electivos, entre otras restricciones legales.

El fiscal Ignacio Orio brindó detalles sobre los hechos que ocurrieron aquel viernes de mayo durante la tarde. De acuerdo con el relato, Brenda Gabriela González y un adolescente interceptaron a una mujer y a su hija menor de edad en la calle Javier de la Rosa 3300. “Minutos antes de las 19:00 del viernes 23 de mayo de 2025, González y un adolescente abordaron a la víctima y a su hija menor de edad, quienes estaban arriba de la moto en la vereda de calle Javier de la Rosa al 3.300”, datalló el funcionario.

Según la acusación, el adolescente apuntó a la menor con una pistola de utilería: “Mientras el menor de edad involucrado en el ilícito exhibía una réplica plástica de un arma de fuego tipo pistola y le exigía a la mujer que entregue su moto, la condenada tomó del cabello a la niña, le exigió que no grite y le provocó lesiones”.

A pesar de que la madre manifestó su voluntad de entregar la moto, González la empujó, provocando su caída y quedando atrapada bajo el vehículo. Tras la violenta situación, la víctima sufrió lesiones y contusiones en varias parte del cuerpo, incluida una fractura en la tibia derecha, de acuerdo con el informe brindado por el fiscal durante la audiencia.

Luego de concretar el robo, la mujer condenada y el adolescente huyeron en la motocicleta. Un operativo policial permitió localizarlos en la intersección de Don Guanella y Estrada. Allí, los agentes de la Brigada Motorizada vieron a las dos personas descartando la réplica del arma utilizada en el episodio.

El adolescente fue aprehendido en inmediaciones de Jesús Misericordioso y Florencio Sánchez, mientras que González fue detenida a pocos metros. La intervención policial posibilitó recuperar el vehículo robado momentos antes. Según la Ley Nacional 22.278, en Argentina los menores de 16 años son inimputables, por lo que no pueden ser sometidos a un proceso penal ni recibir sanciones privativas de libertad. Para los adolescentes de 16 y 17 años, la ley permite el inicio de un proceso penal únicamente en casos de delitos graves, y la imposición de penas privativas de libertad solo es posible si la condena supera los dos años.

El caso se resolvió en un juicio abreviado -procedimiento que permite acelerar la tramitación de determinadas causas penales- ya que González reconoció su responsabilidad penal como coautora de robo triplemente agravado, por la intervención de un menor, por haber causado lesiones graves y por el uso de un arma de utilería.

Tanto Brenda Gabriela González como su abogado aceptaron la calificación legal atribuida, la modalidad de juicio y la pena acordada en el marco del proceso. De este modo, la imputada recibió una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y una inhabilitación absoluta por igual período. La víctima fue informada sobre el contenido de la resolución judicial y expresó su conformidad con la decisión adoptada por el tribunal.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec, un caso que se investigó desde el 17 de julio tras el testimonio de una adolescente que sobrevivió al ataque al permanecer escondida durante 36 horas dentro de la vivienda.

El detenido no había alcanzado la mayoría de edad legal y sería puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definiría su situación jurídica. La captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Blumenkron Escobar atribuyó el avance del caso a los trabajos de colaboración de las instituciones que integraban la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos. También señaló la participación de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Morelos, la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina.

La agresión había ocurrido en la colonia La Capilla, en el municipio de Jonacatepec, durante la noche del miércoles 17 de julio. En ese ataque con arma blanca murieron tres mujeres y un hombre dentro de una casa ubicada sobre la calle Morelos.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como los padres de familia y dos de sus hijas: una adolescente de 17 años y una niña de seis. La única sobreviviente fue otra menor, quien logró ocultarse en una parte del domicilio mientras los agresores atacaban a los ocupantes.

La sobreviviente salió herida de la casa y condujo a las autoridades hasta los cuerpos

La adolescente permaneció escondida durante cerca de día y medio dentro de la vivienda. Tenía heridas en el abdomen y en un brazo, pero no salió sino hasta la mañana del viernes, cuando pidió auxilio a vecinos de la comunidad.

Los habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia después de verla lesionada y en estado grave. Paramédicos la estabilizaron y la trasladaron bajo resguardo policiaco a un hospital de la región, donde su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado.

Elementos de la Policía Morelos acudieron al domicilio luego de recibir el reporte de una persona herida por arma blanca. Al llegar encontraron a la menor, quien les dijo que dentro de la casa estaban sus familiares inmóviles.

Después de ese señalamiento, policías y peritos ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de los cuatro cuerpos. Todos presentaban múltiples heridas de arma blanca y ya estaban en estado de descomposición cuando fueron localizados.

La adolescente relató que varios hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda durante la noche del ataque. Según su versión inicial, los agresores entraron al domicilio y atacaron con armas punzocortantes a todos los presentes.

La menor también fue apuñalada en el abdomen, pero sobrevivió porque los agresores la habrían creído muerta. Ese dato explicó por qué pudo seguir con vida dentro del inmueble hasta encontrar el momento para salir y pedir ayuda.

La Fiscalía abrió una investigación por multihomicidio y mantuvo abierto el móvil

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó desde las primeras diligencias la muerte de tres mujeres y un hombre. La dependencia abrió la carpeta de investigación correspondiente y activó los protocolos legales para el procesamiento de la escena y el análisis de los cuerpos.

Los procedimientos técnico-legales quedaron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales. El Ejército Mexicano y la Policía Morelos resguardaron la zona mientras el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres.

La autoridad estatal indicó que el caso sería investigado como multihomicidio. También sostuvo que las indagatorias se desarrollarían conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género, lo que implicaba revisar todas las circunstancias del ataque sin limitarse a una sola hipótesis inicial.

Entre los primeros reportes apareció la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un presunto asalto perpetrado por hombres armados. Ese posible móvil no quedó confirmado y la causa de los hechos permanecería sujeta al avance de las diligencias ministeriales.

Lo que sí quedó establecido desde las primeras actuaciones fue la mecánica básica del crimen: un grupo de hombres entró al domicilio y agredió con arma blanca a quienes estaban adentro. La única persona que sobrevivió fue la adolescente que consiguió esconderse.

La casa familiar se ubicaba en una comunidad de la zona oriente de Morelos y permaneció bajo resguardo durante las diligencias iniciales. El caso concentró la atención de las corporaciones estatales por tratarse de un mismo núcleo familiar con víctimas adultas y menores de edad.

Blumenkron Escobar afirmó que las indagatorias se desarrollaron de manera oportuna gracias al trabajo interinstitucional. Añadió que la Fiscalía de Morelos reafirmó su compromiso de garantizar justicia a mujeres, adolescentes, niñas y niños que fueran víctimas de algún delito.

Hasta antes de la detención anunciada por el fiscal, las autoridades no habían informado capturas ni difundido la identidad de los agresores. Tampoco habían dado a conocer públicamente los nombres de las víctimas durante el cierre de las primeras diligencias.

• Fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec.
• Una adolescente sobrevivió al ataque, permaneció escondida durante 36 horas y su testimonio permitió localizar los cuerpos.
• La Fiscalía de Morelos investigó el caso como multihomicidio y mantuvo abiertas todas las líneas de investigación sobre el móvil.

La muerte de Dafne Zapata Quintos por asfixia en una academia militar de Tamaulipas fue investigada como presunto feminicidio, después de que la adolescente de 13 años fuera entregada sin vida a su madre y surgieran testimonios sobre miedo previo, lesiones visibles y una despedida que cobró un nuevo peso tras el hallazgo.

Eran 11 alumnos en total en el campamento: seis internos y cinco de entrada por salida. Dafne y otra menor eran las únicas mujeres del grupo, una condición que, según el relato de una madre de familia, las llevó a mantenerse juntas y a protegerse entre sí durante su estancia.

El fiscal estatal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que la causa de muerte había sido asfixia. También precisó que la indagatoria se llevaba con presunción de feminicidio, mientras continuaban los estudios forenses y las pruebas periciales para reconstruir las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento el jueves.

Una madre identificada como Betzaida sostuvo que su hija convivió con Dafne durante el campamento de verano en la academia militar Marina Doenit. Aseguró que, desde el martes previo a la muerte, la adolescente había mostrado conductas que le parecieron inusuales: no quería ir sola por agua ni al baño y pedía compañía de manera constante.

Dafne había mostrado miedo desde el martes, según el testimonio de una madre

De acuerdo con ese testimonio, el lunes Dafne se encontraba bien, pero a partir del día siguiente cambió su comportamiento. La madre dijo que la menor esperaba con ilusión la llegada del sábado para volver a ver a su mamá y que repetía que faltaban pocos días para ese encuentro.

La misma mujer relató que su hija quedó afectada psicológicamente después de lo ocurrido y que ya no dormía sola. También afirmó que la cercanía entre ambas adolescentes se había fortalecido en pocos días, precisamente porque eran las únicas mujeres del grupo y se defendían una a la otra.

Uno de los pasajes que más impactó a la familia ocurrió el miércoles 15 de julio. Ese día, antes de seguir con sus actividades, Dafne abrazó a su compañera y le dijo: “Cuídate mucho”.

Esa frase fue, según la madre de la testigo, la última vez que ambas hablaron. La despedida ocurrió sin que ninguna de las dos supiera que horas después la menor ya no volvería con vida.

Una testigo dijo que vio a Dafne con golpes antes de que se la llevaran

Otra parte del relato señaló que una alumna alcanzó a ver a Dafne con lesiones visibles poco antes de que personal del plantel la retirara del lugar. La madre de esa menor explicó que a su hija le habían pedido esperar a Dafne en una escalera de la academia.

Cuando la vio, dijo, presentaba “el rostro, boca reventada, nariz raspada, un ojito medio cerrado”. La mujer agregó que su hija intentó preguntarle qué le había pasado, pero Dafne no alcanzó a responder.

Según esa versión, un comandante intervino en ese momento y dos sargentos se llevaron a la adolescente. Ese testimonio forma parte de la información que debía ser corroborada por las autoridades dentro de la investigación.

La misma madre negó la versión de que Dafne hubiera estado en esa zona a las 10:30 de la noche. Sostuvo que desde las 10:00 el área ya permanecía cerrada para los alumnos, por lo que cuestionó esa referencia horaria.

El caso también expuso el entorno en el que se desarrolló el campamento militarizado. Betzaida afirmó que el hecho de que su hija fuera de entrada por salida y de que ella permaneciera pendiente afuera del plantel pudo haber influido en que la menor regresara con vida a su casa.

En su reclamo de justicia, la mujer sostuvo que ningún niño merecía terminar así y que las familias buscaban apoyo en ese tipo de instituciones para encauzar a sus hijos, no para recibirlos muertos. También dijo que su hija seguía durmiendo con ella por el impacto emocional que le dejó la muerte de su compañera.

La respuesta central de la investigación, hasta ese momento, era esta: Dafne Zapata Quinto murió por asfixia dentro de una academia militar de Tamaulipas, y la fiscalía estatal trató el caso como presunto feminicidio mientras analizaba peritajes, estudios forenses y los testimonios sobre su estado físico y emocional en los días previos.

La muerte ocurrió después de una serie de señales que, en los relatos de madres de alumnas, dibujaron un cuadro de temor, aislamiento y posible violencia. La adolescente había pedido compañía para actividades básicas, esperaba ver a su madre el sábado y se despidió de su única compañera cercana con una frase que luego quedó ligada a sus últimas horas.

• Dafne Zapata Quinto, de 13 años, murió por asfixia en una academia militar de Tamaulipas y el caso fue investigado como presunto feminicidio.
• Testimonios de madres de alumnas señalaron que la menor mostró miedo desde el martes y que antes de morir fue vista con lesiones en el rostro.
• Sus últimas palabras a su compañera, la otra única mujer del grupo, fueron: “Cuídate mucho”.

Una adolescente sobrevivió 36 horas oculta dentro de su casa en Jonacatepec, Morelos, después de un ataque con arma blanca en el que fueron asesinados cuatro integrantes de su familia, y su testimonio permitió a las autoridades localizar los cuerpos y abrir una investigación por multihomicidio. La agresión ocurrió la noche del miércoles en la colonia La Capilla, en Morelos, y la menor salió hasta la mañana del viernes para pedir auxilio con heridas en el abdomen y en un brazo.

Cuando policías y paramédicos entraron al inmueble ubicado sobre la calle Morelos encontraron a cuatro personas sin vida: tres mujeres y un hombre, todos con múltiples heridas de arma blanca y ya en estado de descomposición. De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como los padres de familia y dos de sus hijas, una de 17 años y otra de seis.

La sobreviviente relató que varios hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda durante la noche del miércoles y atacaron a todos los ocupantes con armas punzocortantes. Ella consiguió esconderse en una parte del domicilio y permaneció ahí durante día y medio para salvar la vida.

La mañana del viernes, la menor burló el cerco de peligro, salió a la vía pública y pidió ayuda a vecinos de la comunidad de La Capilla. Los habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia tras verla lesionada y en condiciones graves.

Paramédicos locales la estabilizaron y la trasladaron bajo resguardo policíaco a un hospital de la región. Su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado.

La adolescente guió a las autoridades hasta el interior de la vivienda

Elementos de la Policía Morelos acudieron al domicilio tras recibir el reporte sobre una persona lesionada por arma blanca. Al llegar encontraron a la adolescente herida, quien les dijo que dentro de la casa estaban sus familiares inmóviles.

Después del señalamiento de la menor, policías y peritos ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de los cuerpos. La escena quedó acordonada para permitir el trabajo de agentes de investigación y especialistas forenses.

El Ejército Mexicano y la Policía Morelos resguardaron la zona mientras el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres. La Fiscalía mantuvo en reserva las identidades y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

La autoridad estatal informó que activó los protocolos legales para el procesamiento de la escena y para el análisis de los cuerpos. Los procedimientos técnico-legales quedaron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales.

La Fiscalía investigó el caso como multihomicidio y mantuvo abierto el móvil

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la muerte de tres mujeres y un hombre dentro de la vivienda de Jonacatepec. También señaló que las indagatorias se desarrollarían conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género.

Esa determinación implicó que el caso no se limitara a una sola hipótesis inicial y que se revisaran todas las circunstancias del ataque. La dependencia sostuvo que agotaría todas las líneas de investigación para identificar y detener a los responsables.

Entre los primeros reportes apareció la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un presunto asalto perpetrado por hombres armados. Ese posible móvil no quedó confirmado y sería la autoridad ministerial la que determinaría la causa de los hechos conforme avanzaran las diligencias.

Lo que sí quedó establecido desde las primeras actuaciones fue la mecánica básica del ataque: un grupo de hombres entró al domicilio y agredió con arma blanca a quienes se encontraban adentro. La única persona que sobrevivió fue la adolescente que logró ocultarse.

El caso concentró la atención de las corporaciones estatales por la combinación de víctimas adultas y menores de edad dentro de un mismo núcleo familiar. De forma preliminar, entre las personas asesinadas estaban dos hijas de la pareja, además del padre y la madre.

La casa familiar se ubicó en la colonia La Capilla, una comunidad del municipio de Jonacatepec, en la zona oriente de Morelos. Ahí permanecieron desplegados los servicios de emergencia y seguridad mientras concluían las diligencias iniciales.

La adolescente fue la pieza central para reconstruir las primeras horas del crimen, porque su relato fijó el momento del ataque en la noche del miércoles y explicó por qué las autoridades no habían intervenido antes. Su escondite dentro del inmueble le permitió evitar a los agresores, pero también la dejó encerrada con sus familiares asesinados durante cerca de día y medio.

Cuando finalmente salió a pedir ayuda, presentaba lesiones punzocortantes en el abdomen y en un brazo. Esa condición obligó a su atención inmediata antes de ampliar su declaración ministerial.

Las autoridades no informaron detenciones ni difundieron la identidad de los agresores. Tampoco dieron a conocer los nombres de las víctimas al cierre de las primeras diligencias.

• Una adolescente sobrevivió herida y permaneció oculta durante 36 horas tras un ataque con arma blanca contra su familia en Jonacatepec.

• Dentro de la vivienda fueron hallados los cuerpos de cuatro personas: tres mujeres y un hombre, entre ellos dos menores de edad.

• La Fiscalía de Morelos abrió una investigación por multihomicidio y mantuvo abiertas todas las líneas para definir el móvil e identificar a los responsables.

Un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna durante la noche del miércoles en La Paz, Entre Ríos, en un episodio que la justicia investiga como presunto abuso de armas. El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, sector habitualmente transitado de la ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se originó tras un intercambio verbal entre dos grupos de jóvenes. La situación escaló hasta que uno de los participantes, de 16 años, efectuó un disparo que impactó en la pierna izquierda del adolescente de 15 años. El ataque sucedió en plena vía pública, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona, detalló Uno Entre Ríos.

El agresor huyó rápidamente del lugar acompañado por otro joven en una motocicleta. El personal de la Comisaría Primera de La Paz iniciaron un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien fue localizado en las horas posteriores. La policía informó que, por tratarse de un menor de edad, se siguieron los protocolos legales.

El joven fue examinado con dermotest para buscar rastros de pólvora o residuos de disparos en las manos del sospechoso y verificar si manipuló o disparó un arma de fuego. Además, como es menor de edad y no puede ser detenido, la policía lo entregó a sus padres o tutores luego de constatar su identidad y realizar las pruebas.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital 9 de Julio donde la médica de guardia constató una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pantorrilla izquierda. La intervención policial y el rápido traslado del herido permitieron evitar complicaciones médicas. Tras los estudios realizados, se descartaron lesiones óseas o daños de mayor gravedad y el adolescente recibió el alta médica horas después de la agresión.

El violento episodio motivó la apertura de una causa judicial bajo la carátula de “presunto abuso de armas”. La investigación está a cargo de la autoridad judicial competente, que busca determinar la procedencia del arma utilizada, la secuencia exacta de los acontecimientos y la eventual participación de otros jóvenes en el altercado.

En la Argentina, rige la Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años son inimputables. Es decir, un adolescente de 15 años no puede ser sometido a proceso penal ni recibir condena, más allá de la gravedad del hecho. A partir de septiembre de 2026, entra en vigor la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.

En el caso de Entre Ríos, la intervención judicial es de tipo tutelar: el juez puede disponer medidas de protección, que pueden incluir la internación en un instituto especializado hasta los 21 años, aunque no con carácter de pena. La inimputabilidad es absoluta y no admite excepciones en la ley vigente.

Voceros policiales señalaron que las primeras actuaciones apuntan a un enfrentamiento que escaló tras una discusión verbal, aunque no se descartan antecedentes previos entre los involucrados. La justicia evalúa las imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recaba testimonios de vecinos y testigos presenciales.

La información oficial continúa siendo limitada, ya que la causa judicial se encuentra en etapa de instrucción y bajo secreto de sumario. Esta reserva responde a la necesidad de proteger el proceso investigativo, evitar posibles interferencias que puedan entorpecer el esclarecimiento de los hechos, además busca evitar la exposición pública de los adolescentes.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la violencia entre adolescentes en la región y la preocupación creciente por la presencia y el uso de armas de fuego por parte de menores de edad. Tanto la justicia como la policía de La Paz mantienen abiertas distintas líneas de investigación y no descartan la adopción de nuevas medidas.

Una adolescente de 14 años murió al caer de un departamento en Tlalnepantla la mañana de este miércoles, en la Unidad Habitacional El Rosario, y la Fiscalía del Estado de México inició una investigación para determinar las causas del hecho mientras la zona permaneció acordonada.

Los primeros reportes ubicaron la caída cerca de las 7:00 horas. La menor habría caído desde el cuarto piso del edificio Samuel Ramos, sobre la calle Cazadores, desde una altura de al menos 8 metros, por lo que paramédicos ya no pudieron salvarle la vida cuando llegaron al sitio.

La alcaldía informó que elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana recibieron el reporte del fallecimiento de una menor en la zona limítrofe con la CDMX. Al lugar también llegaron cuerpos de seguridad pública, personal de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de seguridad capitalinos.

En el punto, autoridades entablaron diálogo con una mujer que identificó a la adolescente como su hija. La propia alcaldía indicó que, ante la gravedad del caso, solicitó de manera prioritaria los servicios de emergencia para atender a la víctima.

Minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Tras hacer la valoración médica, el personal técnico en urgencias determinó que la joven ya no contaba con signos vitales.

La menor vivía en el mismo conjunto habitacional

De acuerdo con reportes policiacos, la adolescente residía en ese mismo conjunto habitacional junto con su madre, su abuela y una hermana. Vecinos señalaron que solía quedarse sola en el departamento debido a que sus familiares salían a trabajar.

Ese martes, según esas mismas versiones, sus familiares se encontraban en la vivienda al momento de los hechos. La menor vestía su uniforme escolar cuando ocurrió la caída.

Habitantes de la zona relataron que una vecina activó el botón de emergencia después de escuchar el golpe. Esa alerta movilizó a los servicios de auxilio, aunque cuando los paramédicos llegaron la menor ya había muerto.

El caso ocurrió el mismo día en que miles de estudiantes concluían el ciclo escolar y recibían documentos de fin de cursos en secundarias y preparatorias. Para muchas familias esa fecha representaba una jornada de celebración; en este caso, quedó marcada por la muerte de una adolescente.

El Ministerio Público quedó a cargo del esclarecimiento

La policía mantuvo asegurado el lugar mientras se notificó a la Fiscalía del Estado de México para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes. La alcaldía precisó que el Ministerio Público quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Personal ministerial realizó las actuaciones de ley en la unidad habitacional. Después ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para continuar con la indagatoria.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado una causa definitiva sobre la caída. La investigación seguía abierta para establecer cómo ocurrió el hecho y deslindar responsabilidades en caso de que existieran.

• La adolescente de 14 años murió tras caer de un edificio de departamentos en la Unidad Habitacional El Rosario, en Tlalnepantla.
• Los reportes iniciales indicaron que la caída habría sido desde el cuarto piso, desde una altura de al menos 8 metros, alrededor de las 7:00 horas.
• La Fiscalía del Estado de México y el Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias y del esclarecimiento de las causas del caso.

Un hombre permanece bajo prisión preventiva por orden judicial tras ser acusado de abusar sexualmente de una adolescente en la ciudad de Avellaneda, ubicada en el departamento General Obligado, provincia de Santa Fe. El detenido fue identificado como C.A.M.

El imputado enfrentó cargos por dos hechos distintos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la misma víctima, quien forma parte de su entorno familiar. La medida fue adoptada por la jueza Claudia Bressán, luego de una audiencia celebrada en los tribunales de Reconquista y a partir de la solicitud presentada por el fiscal Valentín Hereñú, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal Hereñú sostuvo ante la jueza que la prisión preventiva resultaba necesaria para resguardar a la adolescente, dado que persistían riesgos procesales concretos. A pesar de la oposición de la defensa, la jueza hizo lugar al pedido de la fiscalía.

Según consta en el reporte oficial, los hechos investigados ocurrieron en el domicilio en el que residía la víctima. El fiscal aclaró que “ese inmueble está ubicado muy cerca del lugar en el que él vivía al momento de los hechos”. Además, se precisó que los ataques sucedieron en dos oportunidades distintas, cuando la adolescente se encontraba sola con C.A.M.

El fiscal declaró en la audiencia, según consigna el comunicado del MPA: “Para procurar su impunidad, el hombre investigado concretó los ilícitos en oportunidades en las que estuvo a solas con la víctima y luego la amenazó para que no hablara con nadie sobre sus padecimientos”.

La denuncia que dio inicio a la causa penal fue presentada por una mujer del círculo familiar de ambos, quien tomó conocimiento de los hechos de manera directa. Esta intervención permitió activar la actuación de la fiscalía y derivó en la imputación formal de C.A.M por dos delitos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, según detalló el Ministerio Público.

El proceso judicial continuará con la investigación penal preparatoria, en la que la fiscalía buscará profundizar la recolección de pruebas y testimonios. La calificación legal atribuida por el fiscal a los hechos es la de abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades.

El abuso sexual con acceso carnal está tipificado en el artículo 119 del Código Penal argentino y contempla una pena de seis a quince años de prisión cuando media violencia, amenazas, abuso de poder o la víctima no pudo consentir por cualquier causa. Sin embargo, la pena puede agravarse hasta veinte años si existen condiciones especiales, como el vínculo familiar, convivencia previa, uso de armas, o participación de más de una persona.

Por otro lado, las víctimas de delitos contra la integridad sexual tienen derecho a recibir asistencia integral gratuita, incluyendo: atención médica, psicológica, asesoramiento legal y protección efectiva frente a posibles represalias.

Pueden prestar testimonio bajo condiciones de resguardo, recibir información sobre el estado de la causa y acceder a programas específicos de protección si su integridad o la de su familia está en riesgo. Además, la ley garantiza el respeto a la identidad, la intimidad y la reinserción educativa y social, en especial si se trata de menores.

Personas afectadas por delitos sexuales pueden acceder a orientación, asesoramiento y acompañamiento a través de las siguientes líneas oficiales, gratuitas y confidenciales: La atención nacional para víctimas de violencia familiar y sexual está disponible las 24 horas, todo el año (línea 137). El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos para asesoramiento jurídico, médico y psicológico (línea 149). Servicio especializado para niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulneración de derechos (línea 102). Orientación y asistencia ante situaciones de violencia de género (línea 144).

Un adolescente de 16 años fue herido de bala en una zona rural del departamento Machagai el pasado 10 de julio. El incidente tuvo lugar en el lote 40, situado a unos 30 kilómetros de la planta urbana, en jurisdicción de Colonia Aborigen. La víctima sufrió una lesión en una de sus piernas, según informó la Policía del Chaco.

La denuncia fue presentada por una mujer de 32 años, tía del adolescente, quien identificó a un joven de 25 años como presunto responsable del ataque. Tras recibir la denuncia, las fuerzas de seguridad iniciaron tareas investigativas que permitieron dar con el sospechoso.

El adolescente herido fue asistido por personal médico y, según el parte policial, se encuentra fuera de peligro. La lesión fue catalogada como leve, aunque la investigación sigue su curso para determinar las circunstancias exactas del episodio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría de Colonia Aborigen, el hecho se desencadenó en horas de la tarde del 10 de julio. Vecinos del lote 40 dieron aviso a las autoridades tras escuchar detonaciones y observar la presencia de personas alteradas en la zona.

La denunciante relató que el joven de 25 años fue visto en las inmediaciones momentos antes de que se produjera el disparo. Los efectivos policiales tomaron testimonios y recolectaron pruebas en el lugar, para luego informar a la Fiscalía de Investigación Penal N°1 de Sáenz Peña, que dispuso la detención preventiva del señalado como presunto autor.

El sospechoso, según informó el portal del Diario Chaco, fue hallado en las cercanías y trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su aprehensión en el marco de una causa caratulada como “supuestas lesiones leves con arma de fuego”.

La Fiscalía ordenó la continuidad de las diligencias, con el objetivo de esclarecer el contexto y la posible intencionalidad del disparo. Fuentes policiales indicaron que se tomaron muestras en el sitio y se convocó a peritos balísticos para analizar los elementos recolectados.

Hasta el momento, el joven detenido permanece a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado formalmente. Se informó que la víctima evoluciona favorablemente, aunque deberá continuar con controles médicos para descartar secuelas.

Un adolescente resultó herido cuando huía de la Policía junto a dos cómplices en La Plata

A mediados del mes pasado, un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.

Tres jóvenes fueron detenidos este sábado por la brutal golpiza a Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que permanece internado en grave estado tras ser atacado en pleno centro de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. El hecho ocurrió en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral en la noche del jueves, cuando lo interceptó otro grupo de jóvenes.

Los arrestos fueron concretados en las últimas horas por la policía de Córdoba luego de que identificaran a los presuntos responsables del episodio. Según supo Infobae, hay dos que son menores de edad.

La madre de la víctima, María Laura, considera que se trató de un ataque planificado y sorpresivo. “No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató.

Aunque todavía no estarían esclarecidos los detalles de cómo fue la golpiza, la mamá del menor contó que había intentado huir, pero que le fue imposible porque uno de los agresores le habría arrojado una botella de vidrio que lo hirió en la cabeza.

“Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, aseguró la mujer. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, tras ser socorrido, Herrero fue asistido primero en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de las lesiones.

Actualmente, el estado de salud del adolescente sería delicado, ya que tuvo que ser operado durante la madrugada del viernes producto del grave traumatismo de cráneo que le detectaron. Según relató la familia, uno de los golpes le generó un hundimiento del hueso craneal de tal profundidad que llegó a dañar una parte del cerebro.

“El hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”, explicó la madre. Incluso, apuntó que habían creído que la lesión se trataba de un chichón, pero luego descubrieron que, en realidad, tenía el cráneo hundido.

En línea con esto, la mujer contó que “los amigos se impresionaron primero por el ruido que hizo el golpe y después porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco”. Aunque la operación tuvo un resultado favorable, los médicos advirtieron que las primeras 48 horas tras la intervención son las más críticas.

“Tenemos que esperar hasta el domingo. Yo sé que Santi es fuerte y va a salir adelante”, expresó su madre. Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen una cadena de oración a la espera de la evolución del adolescente.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz.

Un adolescente de 15 años permanece internado en grave estado tras sufrir una golpiza en pleno centro de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. El joven, identificado como Santiago Herrero, fue atacado brutalmente en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral la noche del jueves por otro grupo de jóvenes.

“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató la madre de la víctima, María Laura, que consideró que se había tratado de un ataque planificado y sorpresivo.

Aunque todavía no estarían esclarecidos los detalles de cómo fue la golpiza, la mamá del menor contó que había intentado huir, pero que le fue imposible porque uno de los agresores le habría arrojado una botella de vidrio que lo hirió en la cabeza.

“Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, aseguró la mujer. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, tras ser socorrido, Herrero fue asistido primero en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de las lesiones.

Actualmente, el estado de salud del adolescente sería delicado, ya que tuvo que ser operado durante la madrugada del viernes producto del grave traumatismo de cráneo que le detectaron. Según relató la familia, uno de los golpes le generó un hundimiento del hueso craneal de tal profundidad que llegó a dañar una parte del cerebro.

“El hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”, explicó la madre. Incluso, apuntó que habían creído que la lesión se trataba de un chichón, pero luego descubrieron que, en realidad, tenía el cráneo hundido.

En línea con esto, la mujer contó que “los amigos se impresionaron primero por el ruido que hizo el golpe y después porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco”. Aunque la operación tuvo un resultado favorable, los médicos advirtieron que las primeras 48 horas tras la intervención son las más críticas.

“Tenemos que esperar hasta el domingo. Yo sé que Santi es fuerte y va a salir adelante”, expresó su madre. Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen una cadena de oración a la espera de la evolución del adolescente.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que se encuentra enfocada en identificar a los agresores. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre los responsables del ataque.

La brutal agresión a una adolescente de 14 años en Vedia: tres chicas la golpearon y la humillaron

En Vedia, un pueblo de unos 10 mil habitantes ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, un violento ataque a una adolescente de 14 años generó conmoción y movilizó a la justicia local. El hecho ocurrió el sábado 27 de junio en el patio de una vivienda, donde la menor fue agredida por otras adolescentes, todas conocidas entre sí, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La víctima convivía con su abuela, quien presentó la denuncia ese mismo sábado tras conocer lo sucedido. La joven fue atendida en el hospital local, donde le constataron diversas lesiones. Asimismo, el Área de Asistencia a la Víctima le brindó contención psicológica.

El video de casi dos minutos que circuló en la comunidad permitió a los investigadores contextualizar la agresión y avanzar en la causa, que quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial Junín, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven.

A raíz de esto, las autoridades realizaron tres allanamientos en domicilios de las sospechosas, donde secuestraron el palo utilizado en la agresión y teléfonos celulares que serán peritados. La causa, caratulada por el momento como lesiones leves, no descartaría la incorporación de otros delitos vinculados, ya que los investigadores también analizan si ocurrió un robo durante el episodio.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, una de las hipótesis señaló que la agresión podría estar relacionada con una disputa sentimental, aunque ese móvil aún es materia de investigación. No obstante, el video muestra a las agresoras incitando a una de ellas a golpear a la víctima, mientras la increpan con frases como: “Dale un bife por hablar al pedo”, “Pegale” y “Sacale el buzo”.

En diálogo con Infobae, la abuela de la víctima relató que la adolescente fue invitada a tomar mate por las agresoras y que ella misma la había acompañado hasta la vivienda. La reunión estaba pactada para cerca del mediodía, pero la abuela nunca volvió a ver a su nieta en ese lugar.

Esto se debió a que la adolescente salió del domicilio en ropa interior tras la golpiza y fue auxiliada por otra joven y una conocida, quienes la ayudaron a regresar a su casa. . “Está muy angustiada porque nunca esperó que le pasara esto. Fue a compartir un mate y terminó así”, expresó la mujer.

Según detalló la abuela de la víctima, las adolescentes la habrían agredido por dos motivos. Uno de ellos sería por supuestamente hablar mal del padre de una de ellas, mientras que el otro sería por haber dado “me gusta” en Instagram al novio de otra.

Tras la denuncia en la comisaría, la víctima sufrió una descompensación y debió ser trasladada al hospital, donde recibió atención médica por dolores de cabeza y piernas, lesiones que se hicieron más evidentes con el paso de las horas.

Una adolescente de 15 años atravesó una experiencia de extrema tensión el sábado pasado en Lisandro Olmos, La Plata, al quedar completamente sola frente a tres delincuentes que ingresaron a su vivienda utilizando una llave presuntamente sustraída de un vehículo familiar.

El episodio tuvo lugar cerca de las 19, en una casa situada en la calle 44 entre 171 y 171 bis, mientras la madre de la joven y su pareja se encontraban realizando compras, de acuerdo a lo informado por el portal 0221.

La víctima, que se encontraba sola en el domicilio, fue sorprendida por los asaltantes, quienes ingresaron encapuchados y sin forzar la puerta de acceso. Apenas entraron, ordenaron a la adolescente mantener la cabeza agachada y permanecer en una habitación, mientras uno de los ladrones la amenazaba de manera constante.

Durante aproximadamente 20 minutos, dos de los intrusos recorrieron cada ambiente de la vivienda, revisando cajones, placares y distintos muebles en busca de dinero, cajas fuertes u otros objetos de valor. El tercer delincuente se mantuvo junto a la joven en todo momento, impidiéndole cualquier intento de huida o de pedir ayuda. Incluso, según el relato de la víctima, le retiró el teléfono celular durante parte del asalto, aunque se mantuvo en comunicación permanente con sus cómplices mediante llamadas telefónicas para coordinar el robo.

Las autoridades informaron que los asaltantes no ejercieron violencia física sobre la puerta, lo que refuerza la hipótesis de que la llave utilizada fue sustraída previamente. Los investigadores analizan cómo fue posible acceder a la vivienda sin generar ruidos ni señales de alarma y consideran relevante el hecho de que la familia notó la ausencia de la llave tras el asalto. La principal línea de investigación apunta a que los delincuentes conocían detalles de los movimientos de la casa y que el robo fue planeado con antelación.

Los ladrones estuvieron alrededor de 20 minutos dentro de la vivienda. Se llevaron dos cadenas de oro, dos alianzas, aproximadamente 300 dólares, una billetera y documentación personal de la familia.

Al irse, entregaron el celular a la adolescente, quien de inmediato llamó a su madre para alertarla sobre lo sucedido. La familia regresó rápidamente y, al comprobar el estado de la casa —especialmente el dormitorio principal, que fue hallado completamente revuelto—, tomaron la decisión de cambiar todas las cerraduras antes de dar aviso a la Policía Bonaerense.

Además, se formalizó la denuncia ante la Policía Bonaerense, que tomó intervención inmediata y levantó pruebas en el lugar.

La familia afectada se encuentra a la espera de avances en la investigación y ha solicitado colaboración a los vecinos para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el hecho. Las autoridades insisten en la importancia de extremar precauciones de seguridad y no dejar objetos de valor ni llaves a la vista en vehículos o espacios comunes.

El hecho generó preocupación en el barrio de Lisandro Olmos, donde los vecinos expresaron temor ante la posibilidad de que existan bandas organizadas con acceso a información sobre los domicilios y sus rutinas. Según se informó, la investigación se centra en determinar el modo en que los delincuentes obtuvieron la llave y si contaban con datos previos sobre la familia y su vivienda.

Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y acercar los servicios del Estado a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) realizó en Piura una Feria Educativa, Multiservicios y de Acompañamiento al Cobro de la asistencia económica destinada a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

La jornada reunió a cerca de 2.000 familias y contó con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales, además de representantes de diversas instituciones públicas y de educación superior. La actividad fue encabezada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, y la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro.

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de brindar a los beneficiarios herramientas que les permitan construir un proyecto de vida sostenible. En ese sentido, la ministra señaló que el compromiso del Estado no solo consiste en otorgar un apoyo económico, sino también en facilitar el acceso a oportunidades de formación y desarrollo personal.

Adolescentes reciben orientación para continuar estudios superiores

Uno de los principales objetivos de la feria fue orientar a los adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad sobre las opciones disponibles para acceder a la educación superior. Para ello, especialistas brindaron información sobre las alternativas académicas existentes en la región y resolvieron las consultas de los participantes.

Asimismo, el personal del programa explicó el procedimiento para solicitar la continuidad de la asistencia económica que reciben los beneficiarios al cumplir 18 años, conforme a lo establecido en la Ley N.° 31405, norma que promueve la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

La actividad también permitió que los jóvenes conocieran de manera directa las distintas opciones educativas disponibles, con el propósito de facilitar su transición hacia estudios técnicos o universitarios y favorecer su inserción en el sistema educativo superior.

Universidades e institutos acercan su oferta académica

Como parte de la jornada, diversas universidades, institutos y centros de formación técnica de Piura instalaron módulos informativos para presentar su oferta educativa. Los asistentes pudieron conversar con asesores especializados, conocer los requisitos de admisión y recibir información sobre programas de becas y otras oportunidades de financiamiento.

Esta interacción permitió que los adolescentes resolvieran dudas relacionadas con las carreras disponibles, los procesos de ingreso y las alternativas para continuar su formación académica una vez concluida la educación escolar.

De esta manera, la feria buscó acercar las instituciones de educación superior a una población que, en muchos casos, enfrenta barreras económicas y sociales para acceder a estudios posteriores.

Más de 100 mil beneficiarios reciben apoyo del programa

Actualmente, el Inabif, a través de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento, otorga este beneficio de manera bimestral a 100.255 beneficiarios en situación de orfandad en todo el país. En la región Piura, el programa alcanza a 9.767 niñas, niños y adolescentes distribuidos en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

De ese total, 1.085 adolescentes están próximos a cumplir 18 años, motivo por el cual la feria fue concebida como un espacio para garantizar que puedan continuar sus estudios sin perder el acceso al beneficio económico contemplado por la legislación vigente.

Según el Inabif, esta iniciativa forma parte de la política de descentralización y acompañamiento social impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, orientada a fortalecer el ejercicio de derechos y generar mayores oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió que un adolescente fuera condenado a 16 años de prisión por tentativa de robo y homicidio contra un comerciante asiático en la provincia panameña de Chiriquí, por un ataque ocurrido el 25 de noviembre de 2023 en Potrerillos Abajo.

Según la Procuraduría General de la Nación, el caso se remontó a un asalto frustrado en el que varias personas llegaron al local de la víctima con la intención de robar y le causaron la muerte tras herirlo con un arma de fuego.

La condena se dictó después de que la Fiscalía presentara pruebas materiales, documentales, testimoniales y periciales, y la juez penal de adolescentes estableciera su responsabilidad.

Dos personas adultas ya habían sido condenadas por el mismo expediente y, de acuerdo con el Ministerio Público, ya cumplen su pena en un centro penitenciario.

Ese dato ubicó el fallo contra el menor dentro de una causa en la que la investigación alcanzó a varios implicados.

La sentencia respondió a un hecho concreto: un grupo atacó a un comerciante en su negocio en Potrerillos Abajo, en Chiriquí, y el comerciante murió por una herida de arma de fuego.

La consecuencia judicial inmediata fue la imposición de 16 años de cárcel al adolescente hallado culpable en el juicio oral.

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que el conjunto de evidencias permitió confirmar tanto la comisión del delito como la culpabilidad del acusado. Esa base probatoria abrió paso a la condena por robo en grado de tentativa y homicidio.

En la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, las autoridades también obtuvieron detención provisional para un hombre investigado por presunta violencia doméstica contra su expareja y madre de su hija.

En la audiencia, la Fiscalía acreditó los cuatro riesgos procesales y el Tribunal de Apelaciones en pleno confirmó la medida cautelar.

Ese caso correspondió a hechos de mayo de 2026 en la comunidad de Bella Vista, distrito de Garachiné, donde el imputado hostigó y agredió a la víctima en distintas partes del cuerpo. Medicatura Forense le otorgó seis días de incapacidad.

Las autoridades además lograron detención provisional para tres ciudadanos en causas vinculadas con presunta violencia psicológica.

Uno de los expedientes surgió de una audiencia de apelación en la que el Ministerio Público se opuso al cambio de la medida por otra menos rigurosa, con el argumento de que persistía el peligro para la víctima, a quien el imputado amenazó de muerte y agredió con un arma de fuego. Ese caso ocurrió el 17 y 18 de julio de 2025 en un supermercado de Don Bosco, Veranillo, en el corregimiento de Belisario Porras.

En otro expediente, un hombre quedó detenido por un hecho del 30 de mayo de 2026 en Don Bosco, Veranillo, y por una nueva agresión perpetrada el 31 de mayo.

Un tercer ciudadano compareció ante el Juzgado de Garantías por un hecho registrado el 8 de mayo de 2026 en el sector El Papa, en Pan de Azúcar, corregimiento de Amelia Denis de Icaza. También fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento.

Un adolescente de 13 años sufrió una herida de bala en el antebrazo izquierdo durante una clase en el CPEM 6 de Cutral Co, en la provincia de Neuquén. El menor de edad permanece internado bajo observación médica y según el parte oficial del Ministerio de Salud de Neuquén, se encuentra en estado clínicamente estable y lúcido.

El incidente ocurrió durante la tarde del martes 30 de junio, cuando otro alumno ingresó al aula portando un arma de fuego que se disparó accidentalmente e hirió a su compañero. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud, la lesión implicó sólo compromiso de piel y partes blandas, sin afectación ósea.

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que el paciente permanece internado en el hospital de complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul, donde recibe atención interdisciplinaria. El esquema de tratamiento incluye antibióticos y antiinflamatorios para evitar infecciones y controlar el dolor.

El paciente fue sometido a estudios radiológicos que descartaron fracturas. Según detalló LM Neuquén, el adolescente se encuentra bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución neurológica y la recuperación de la fuerza motora.

El parte oficial advirtió que, en caso de complicaciones, se recurriría a una exploración quirúrgica de la zona afectada para limitar posibles daños. Hasta el momento, la evolución del adolescente es estable y no se detectaron lesiones que comprometan su vida.

El episodio tuvo lugar en horario de clases, dentro de las instalaciones del Consejo Provincial de Educación 6. De acuerdo con lo comunicado por el CPEM, la situación se originó cuando un estudiante ingresó con un arma de fuego al aula y, tras manipularla, se produjo el disparo que lesionó a su compañero.

Las autoridades escolares intervinieron rápidamente, trasladando al menor herido para recibir atención médica y aislando al alumno portador del arma en otro sector del edificio. “La institución fue evacuada en forma inmediata, de manera preventiva, y se llevan adelante ahora los protocolos periciales de rigor”, señala el comunicado del CPE.

La comunidad educativa y los equipos docentes, de apoyo pedagógico y de conducción participaron en la asistencia inicial y coordinaron la aplicación de los protocolos junto a las fuerzas de seguridad. El hecho generó preocupación entre las familias y el personal escolar, dada la gravedad del incidente y el contexto en el que ocurrió.

El incidente activó los protocolos de seguridad y peritaje en el establecimiento escolar: el Consejo Provincial de Educación confirmó que los equipos de gobierno y conducción del CPEM 6 colaboran con las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. La evacuación preventiva y la intervención de los equipos interdisciplinarios buscaron garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.

Según LM Neuquén, el caso será objeto de seguimiento por parte de los organismos competentes, que evalúan tanto la dimensión judicial como la contención psicosocial de los involucrados. “La prioridad es la recuperación del adolescente y el acompañamiento de su familia”, señalaron fuentes sanitarias. La comunidad educativa de Cutral Co permanece atenta a la evolución del paciente y a los avances de la investigación.

Por su parte, familiares del menor herido relataron el impacto emocional del episodio. “Él estaba sentado en el banco, atrás había más chicos sentados, escuchan una explosión, él siente que le arde el brazo y yo vengo y lo encuentro todo lleno de sangre. Él se encuentra estable, va a quedar internado, por suerte fue con orificio de entrada y salida”, contó la tía del adolescente en diálogo con La Voz de Neuquén.

El caso abre el debate sobre el acceso de menores a armas de fuego y pone en jaque los protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. Luego del caso, que generó conmoción en la comunidad de Cutral Co, padres y docentes manifestaron su inquietud por la seguridad escolar y la necesidad de reforzar estas medidas de prevención en los establecimientos educativos.

Perla Areli Mendoza Moreno, de 17 años, fue asesinada a balazos el domingo 28 de junio en el centro de Santa María Huatulco, un crimen que elevó a 37 las muertes violentas de mujeres registradas en Oaxaca en lo que iba de 2026 y a cinco los casos ocurridos solo durante junio.

La víctima fue atacada en un bar de la cabecera municipal, en la región Costa. Versiones de vecinos señalaron que se escucharon al menos dos disparos antes de que la adolescente fuera hallada sin vida.

Perla era originaria de Barrio Nuevo en Huatulco y trabajaba como empleada de un centro comunitario de la localidad. Tras una confusión inicial sobre su identidad, autoridades y habitantes confirmaron que se trataba de la joven de 17 años, a quien también identificaban como Arisleydi.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar, pero al llegar solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Después, la zona quedó acordonada para permitir las diligencias ministeriales.

Junio acumuló cinco asesinatos de mujeres en Oaxaca

Con el asesinato de la adolescente, junio cerró con cinco muertes violentas de mujeres en Oaxaca. La región Costa concentró la mayor cantidad de casos de ese mes.

El registro de 2026 llegó a 37 mujeres asesinadas entre enero y junio. Las regiones señaladas con mayor violencia contra las mujeres fueron el Istmo de Tehuantepec, la Costa y los Valles Centrales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley. También intervinieron la Vicefiscalía Regional y especialistas del área de género, quienes recabaron indicios, entrevistaron a posibles testigos y comenzaron la reconstrucción de los hechos.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la investigación y hasta ese momento no informó sobre personas detenidas por el homicidio. Tampoco dio a conocer el móvil del ataque.

Habitantes de la zona dijeron que la agresión ocurrió sin que mediara palabra y que los responsables huyeron con rumbo desconocido. Otra versión local refirió múltiples detonaciones antes de que la menor fuera localizada.

El cuerpo fue entregado a sus familiares al concluir las actuaciones ministeriales. El duelo se llevaba a cabo en su domicilio, en Barrio Nuevo, cerca de la alberca El Árbol, para después darle sepultura.

Los otros cuatro casos de junio seguían sin detenidos

La muerte de Perla se sumó a otros cuatro asesinatos de mujeres ocurridos en Oaxaca durante junio. En ninguno de esos casos se había informado de personas detenidas.

En Putla Villa de Guerrero fue asesinada Eloina, de 66 años, quien trabajaba en la farmacia Segura. Hombres armados ingresaron al negocio, le colocaron una bolsa en la cabeza y cintas adhesivas en la boca, y murió por asfixia a unos metros del parque central del municipio.

Dos días después, en Tehuantepec, fue localizada sin vida la maestra María de Jesús Olivera Hernández, asesinada con arma blanca. La información disponible indicó que dejó a una niña en la orfandad.

El 13 de junio fue asesinada Isela Lizeth González López, militante del PRD en la Costa. El 18 de junio fue localizada otra mujer sin vida en las riberas del río Atoyac, en Santa Lucía del Camino, en la zona centro del estado.

Familiares, amistades, activistas y habitantes de Huatulco exigieron que el caso de Perla se esclareciera y que se castigara a los responsables. También demandaron garantías de seguridad para las mujeres oaxaqueñas y una investigación exhaustiva para evitar que el crimen quedara impune.

• Perla Areli Mendoza Moreno, de 17 años, fue asesinada a balazos el 28 de junio en Santa María Huatulco.
• El caso elevó a 37 las muertes violentas de mujeres en Oaxaca en 2026 y a cinco las registradas en junio.
• Hasta ese momento no había personas detenidas por este crimen ni por los otros cuatro asesinatos de mujeres ocurridos ese mes.

El lunes por la noche, la familia de J. G. recuperó una parte de la tranquilidad perdida. El adolescente de 15 años, quien permaneció internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras el trágico episodio ocurrido en el skatepark de Mar del Plata, recibió el alta médica y fue trasladado en ambulancia hasta su domicilio, donde continuará la recuperación.

El 22 de junio, un colectivo de la línea 532 se subió a la vereda del skatepark y arrolló a decenas de jóvenes que se encontraban en el lugar. El menor fue una de las personas que resultaron gravemente heridas, con lesiones en el rostro y resto del cuerpo. Cuando despertó, tuvo que enfrentar la noticia de la muerte de su novia, Guadalupe Merlos, quien perdió la vida en el acto.

En ese mismo episodio, J.G. fue víctima de un segundo hecho doloroso. Mientras convulsionaba en el suelo junto a Guadalupe, un hombre se acercó simulando prestar ayuda, pero en realidad aprovechó la confusión para robarle el celular, la campera y las zapatillas. El teléfono contenía recuerdos de la pareja, lo que llevó a la familia a realizar un pedido público para intentar recuperarlo. La Fiscalía identificó rápidamente al sospechoso y ordenó un allanamiento en su domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, la recuperación del adolescente estuvo acompañada de muestras de apoyo de familiares, amigos y vecinos. Durante los días de internación, el equipo médico del Higa monitoreó la evolución de las lesiones y su estado emocional, teniendo en cuenta las circunstancias traumáticas vividas.

El alta médica fue confirmada por su prima, Lourdes, quien expresó: “Queda una larga recuperación, pero ya tenemos al flaco en casa de nuevo”. Según los médicos, J. G. continuará el tratamiento en su hogar, donde recibirá contención psicológica además de los controles clínicos habituales.

El caso de Julián es uno de los más emblemáticos de la tragedia ocurrida el 22 de junio en Mar del Plata. La noticia de su regreso a casa representa un alivio parcial en un contexto todavía atravesado por la incertidumbre y el dolor.

Otra de las víctimas del siniestro fue trasladada en vuelo sanitario a Berazategui, su ciudad de origen, para continuar la rehabilitación en compañía de sus familiares. En tanto, tres personas permanecen internadas en terapia intensiva en clínicas locales, con pronóstico reservado. La situación sanitaria de los heridos sigue siendo motivo de seguimiento por parte de los equipos médicos.

La tragedia del skatepark generó un fuerte impacto en la comunidad marplatense, que sigue de cerca el estado de salud de las víctimas y la evolución de las investigaciones judiciales. El accidente, que ocurrió cuando un colectivo perdió el control y se subió a la vereda, es objeto de múltiples peritajes para determinar las responsabilidades penales tanto del conductor como de la empresa de transporte.

La investigación judicial, a cargo del fiscal Carlos Russo, avanza con el análisis de las cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de los presentes. El objetivo es reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si existieron fallas mecánicas o negligencia en la conducción del vehículo.

En paralelo a la causa principal, la Justicia investiga el robo que sufrió el adolescente. El sospechoso, de 23 años, fue identificado y su vivienda allanada el domingo por la mañana. En el operativo, la Policía secuestró dos teléfonos celulares y la ropa que habría usado el día del hecho, según las imágenes de las cámaras de seguridad.

El joven acusado fue citado a declarar en tribunales, pero se negó a dar su versión de los hechos ante el fiscal Russo y seguirá en libertad mientras se desarrolla el proceso. Fuentes judiciales confirmaron que el imputado fue asesorado por la defensa oficial antes de tomar la decisión de no declarar. La causa sigue bajo la carátula de hurto calamitoso.

Por ofrecer a su hija de 12 años a un hombre a cambio de 25 mil pesos en Chiapas, Andrés “N” fue detenido, en lo que la Fiscalía General del Estado calificó como el primer caso procesado bajo el delito de cohabitación forzada en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el paraje Tres Puentes, en el municipio de San Andrés Larráinzar, luego de que Andrés “N” obligó a la menor —cuya identidad se mantiene en reserva— a vivir con un hombre adulto, quien también enfrentará cargos ante la justicia.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima. La Fiscalía integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Primer caso bajo el nuevo tipo penal de cohabitación forzada

El tipo penal de cohabitación forzada fue tipificado por el Congreso del Estado de Chiapas en febrero de este año, por lo que se trata del primer caso de este delito que se lleva ante los tribunales en la entidad.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, informó que la judicialización del primer caso marca un precedente en materia penal debido a que no harán caso omiso a los delitos cometidos bajo los sistemas de usos y costumbres.

“Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”, aseguró.

Hasta 30 años de prisión por el agravante en comunidad indígena

La Fiscalía solicitará la pena máxima de 30 años de prisión contra Andrés “N” luego de que obligó a su hija adolescente a vivir con un hombre adulto a cambio de dinero. El fiscal precisó que el delito contempla un agravante cuando se comete en pueblos indígenas, circunstancia que aplica en este caso dado el contexto territorial de San Andrés Larráinzar.

Cabe señalar que solo entre enero y mayo de este año, la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió 91 carpetas de investigación por delitos cometidos en el municipio de Chiapa de Corzo, en el que la pederastia se colocó como el de mayor incidencia. Aunque, de acuerdo con datos del Heraldo de Chiapas, esto representa una reducción de 32 casos frente a las 123 registradas en el mismo lapso de 2025, este delito es uno de los más frecuentes en la entidad.

Otros municipios y localidades del estado también han presentado denuncias y arrestos relacionados con pederastia, tal y como sucedió este miércoles con los arrestos de dos hombres. Uno de ellos fue Julián “N”, por pederastia agravada por hechos ocurridos el 27 de enero de 2026 en Tuxtla Gutiérrez, mientras que el segundo fue Ricardo “N”, por hechos ocurridos el 22 de abril de 2023 en el ejido Buenos Aires del municipio de Mazatlán.

Esta situación ha motivado diversas modificaciones legales por parte del Congreso de Chiapas para, como fue la aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes el pasado 30 de octubre de 2025 que garantiza el acceso a un procedimiento médico seguro y gratuito para menores que hayan sido víctimas de violación.

Con esto, las instituciones del Sistema de Salud Estatal debe brindar el servicio de interrupción legal del embarazo a las menores víctimas de abuso sexual, así como avisar a las autoridades para que se inicien las investigaciones.

Una joven de 26 años denunció haber sido agredida y amenazada por su expareja, un adolescente de 17 años, durante una reunión familiar en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, en la provincia de Santiago del Estero. El episodio, que ocurrió la noche del 21 de junio, derivó en la intervención de la Justicia y la posterior detención del sospechoso.

La víctima aseguró que las agresiones físicas y las amenazas ocurrieron en presencia de familiares y que requirió ayuda para resguardar su integridad. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía de Santiago del Estero, la joven relató que se encontraba en la vivienda del abuelo del adolescente cuando una discusión entre el acusado y uno de sus hermanos escaló hasta transformarse en una situación violenta.

La mujer explicó que su expareja la golpeó con los puños en el rostro y le propinó patadas en las piernas, provocando que cayera al suelo. Además, afirmó que, al intentar retirarse para descansar, el adolescente continuó con insultos y amenazas. En ese momento, el joven le impidió salir de la vivienda, por lo que familiares de la víctima debieron intervenir para permitirle abandonar el lugar con seguridad.

Según detalló Diario Panorama, la víctima también denunció que después del incidente recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp que, según su sospecha, habrían sido enviados por el padre del acusado. Estos elementos fueron incorporados a la investigación y forman parte de la causa que tramita en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo.

La joven señaló a la Policía que los hechos violentos no serían nuevos, ya que durante los aproximadamente seis meses que duró la relación habría sufrido episodios similares de violencia por parte del adolescente. La denuncia motivó la intervención de la fiscal de turno de Las Termas de Río Hondo, Daiana Pérez Vicens, quien dispuso la activación del Botón Antipánico a favor de la víctima y ordenó la aprehensión del sospechoso.

El procedimiento de detención fue concretado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 53, quienes localizaron al adolescente y lo pusieron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por supuestas lesiones y amenazas. Las actuaciones policiales fueron remitidas al Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo, desde donde se iniciaron gestiones para el traslado del acusado al Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente (CATRA).

Explicaron que la investigación continuará en los próximos días, con la recepción de nuevos testimonios y la incorporación de otras medidas probatorias a fin de establecer con precisión la mecánica de los hechos y las responsabilidades penales. La causa, caratulada como supuestas lesiones y amenazas, sigue su curso bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.

En el marco de la investigación, las autoridades judiciales confirmaron la vigencia de medidas de protección para la joven denunciante, incluyendo la restricción de acercamiento y la asistencia de dispositivos de alerta. La intervención del CATRA busca garantizar la contención y el abordaje integral del adolescente acusado, en línea con los protocolos que regulan la responsabilidad penal juvenil en la provincia de Santiago del Estero.

El caso de El Bobadal no constituye un hecho aislado en la provincia. El 12 de junio, una mujer de 29 años denunció a su pareja por violencia de género en la localidad de La Aurora en Santiago del Estero. Según consta en la causa, la mujer relató ante la Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia que el acusado, Carlos Iván Morales, de 28 años, la agredió físicamente tras una discusión. Además, intentó asfixiar a uno de sus hijos, de 4 años, con una almohada.

La víctima declaró que las agresiones y amenazas se venían repitiendo desde hacía aproximadamente un año. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Yagüe, ordenó la inmediata detención de Morales, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. Tanto en el caso de La Aurora como en el de El Bobadal, las víctimas señalaron que ya existía un patrón previo de violencia.

La madrugada del 19 de junio, el barrio Confluencia de Neuquén fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad local. La víctima, Francisco Peuchot, un adolescente de 16 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza.

El ataque ocurrió poco después de las 22, cuando un joven de la misma edad se presentó en la vivienda ubicada en la intersección de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso. Al arribar, el agresor encontró a Peuchot en el exterior de la casa, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales resultó fatal.

De acuerdo con los primeros informes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía provincial, el hecho quedó registrado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La autopsia preliminar, elaborada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y remitida a la fiscalía de Delitos Juveniles, confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego.

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Germán Martín, quien en la mañana del día siguiente presentó cargos contra el presunto autor, también de 16 años.

Por tratarse de una persona menor de edad, la audiencia se realizó en el marco de la Ley provincial 2302, que regula la responsabilidad penal juvenil en Neuquén. El fiscal detalló que el adolescente fue imputado en calidad de autor por homicidio agravado y solicitó la aplicación de una medida cautelar de arresto excepcional, argumentando que “el delito atribuido supera los 10 años de prisión, se ha constatado la plena existencia del hecho y la probable participación del adolescente en el mismo, en su calidad de autor”. Martín sostuvo que “no resultan viables otras medidas” para garantizar el proceso judicial.

La audiencia tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Neuquén y fue presidida por el juez de garantías Lisandro Borgonovo. El magistrado avaló tanto la apertura de la investigación penal como el pedido del MPF, fijando un plazo de dos meses para la finalización de las pesquisas.

En el mismo acto, el fiscal Martín enumeró las medidas de prueba aún pendientes: relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho, entrevistas con testigos y análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados tras el crimen. La investigación busca esclarecer la motivación del ataque, el origen del arma utilizada y el contexto previo al homicidio.

En respuesta a la consulta sobre las razones del arresto excepcional, el MPF fundamentó que el adolescente imputado presenta riesgo procesal y que no existen alternativas viables que garanticen el cumplimiento de las etapas judiciales sin la privación de su libertad. El fiscal argumentó que, ante la gravedad del delito y la contundencia inicial de las pruebas, resulta necesario proteger tanto la investigación como la seguridad pública.

En línea con la información oficial, la apertura de la investigación fue avalada por el juez Borgonovo, quien estableció el plazo de dos meses para que el MPF complete las diligencias y defina la situación procesal del imputado. Durante la audiencia, se remarcó la importancia de resguardar la integridad de las partes involucradas y garantizar el cumplimiento estricto del debido proceso.

Un adolescente de 16 años de edad fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de extorsión agravada en contra de dos hombres, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano en la capital.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que los hechos por los que se le investiga ocurrieron a principios de este mes de junio, cuando presuntamente se vio involucrado en la entrega de un sobre y un teléfono celular a un conductor en calles de la alcaldía Iztapalapa con el objetivo de que fuera intimidado por un sujeto, quien se identificó como integrante de La Unión Tepito.

El esquema delictivo incluyó una intercepción armada en la que habría participado otro hombre. De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 6 de junio, cuando dos hermanos que viajaban en un vehículo fueron interceptados por el adolescente y otro hombre, ambos armados y desplazándose en motocicleta.

Tanto el menor de edad como su acompañante los obligaron a recibir un sobre que contenía un teléfono celular con una llamada en curso. Al contestar, una voz masculina se identificó como integrante de “La Unión” y exigió 4 millones de pesos a cambio de no atentar contra su familia.

Un sobre como herramienta de intimidación

El contenido del sobre reveló el nivel de seguimiento previo a las víctimas: además del teléfono, incluía fotografías impresas de su domicilio, negocios, vehículos y familiares. El material demostraba que los extorsionadores habían recabado información detallada antes del abordaje, lo que formaba parte del mecanismo de presión para garantizar el pago.

En los días siguientes al primer contacto, las víctimas continuaron recibiendo mensajes y llamadas intimidatorias. Fue entonces cuando presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México, específicamente el 9 de junio (tres días después de los hechos), lo que activó las diligencias ministeriales y periciales que sustentarían la posterior detención.

Así fue capturado el adolescente

Luego de recibir la denuncia, la Fiscalía de Ciudad de México implementó un operativo táctico de entrega vigilada, realizado el 16 de junio debido a que era la fecha acordada para la entrega del dinero exigido.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en flagrancia al adolescente, quien portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.

En la audiencia del 18 de junio, el Ministerio Público presentó entrevistas, dictámenes periciales en balística y fotografía, y resultados de labores de seguimiento técnico e identificación de personas. Con ese cúmulo de pruebas, un juez especializado dictó la vinculación a proceso, impuso internamiento preventivo como medida cautelar y fijó 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

Capturan a “El Virus” en Hidalgo, exaliado de Los Malportados y ligado a homicidios en CDMX

Otra reciente detención fue la de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco y considerado objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México.

Las indagatorias lo vinculan con un feminicidio y al menos cinco homicidios, además con delitos de extorsión, robo y narcomenudeo. De acuerdo con datos obtenidos, la célula que encabezaría se dedica principalmente al robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos y homicidio, con actividad en Azcapotzalco.

Su detención ocurrió tras labores de investigación y vigilancia por disparos de arma de fuego y homicidios en la zona poniente de la capital. Su ubicación se logró luego de que las autoridades identificaron que se trasladó al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en Hidalgo, donde fue arrestado.

De acuerdo con la información recabada, la organización de “El Virus” mantuvo durante años una alianza con “Los Malportados”, relación que después se rompió y derivó en una disputa por el control de actividades delictivas en la misma alcaldía. “Los Mal Portados” son señalados como ligados al Cártel Nuevo Imperio.

La adolescente fue trasladada por personal del SAMU al Hospital Regional del IMSS en “código amarillo”, con diversas contusiones y un edema en el tercio medio del fémur. El ataque ocurrió alrededor de las 1:42 p.m., cuando la estudiante salía del plantel ubicado en la colonia San Miguel.

En un video difundido en redes sociales se observó que la menor todavía llevaba el uniforme escolar cuando una mujer adulta la sometió y la golpeó sobre el pavimento. Segundos después, una camioneta Nissan Frontier roja avanzó y pasó sobre las piernas de la estudiante cuando ella seguía en el suelo.

Las autoridades y testigos señalaron que las personas involucradas no pertenecían al plantel educativo. Esa precisión marcó una de las primeras líneas de la indagatoria, debido a que en redes sociales circularon versiones sobre una presunta participación de personal escolar en la agresión.

La agresión quedó registrada por cámaras y derivó en una carpeta de investigación

La Fiscalía estatal confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que agentes del Ministerio Público realizaron diligencias para esclarecer lo ocurrido. El objetivo fue determinar cómo participó cada una de las personas involucradas y establecer las responsabilidades correspondientes por la golpiza y el atropellamiento.

El director de la Secundaria Técnica 127 Gonzalo Ramírez González informó que las cámaras de vigilancia de la escuela registraron parte de los hechos y que ese material fue entregado a la autoridad ministerial para fortalecer las pesquisas. También sostuvo que la agresión ocurrió fuera del plantel.

“Aquí llegó una niña que fue agredida afuera y la metieron a la escuela”, dijo el director. Con esa declaración, el plantel se deslindó de lo ocurrido dentro de sus instalaciones y rechazó las versiones que apuntaban a una intervención de docentes.

La secuencia descrita en los reportes indicó que una mujer comenzó a golpear a la estudiante y la azotó en repetidas ocasiones contra el piso frente a varios alumnos. Después, otra mujer habría conducido la camioneta roja que atropelló de manera intencional a la menor.

Ese es el punto central del caso: una alumna menor de edad fue golpeada por una adulta y luego atropellada al salir de su escuela en Lagos de Moreno. Por esa razón, la Fiscalía estatal inició la investigación y buscó identificar y localizar a las responsables.

El caso reavivó la discusión sobre el acoso escolar entre adolescentes

Lo ocurrido fue colocado en el contexto del bullying y del acoso escolar entre adolescentes de 12 a 17 años. De acuerdo con datos del Inegi, ese problema afectó hasta al 28% de la población juvenil en ese rango de edad.

Las cifras también señalaron que siete de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria, cerca de 18 millones de niños, fueron víctimas de acoso escolar. Aunque la agresión en Lagos de Moreno ocurrió fuera del plantel y habría sido cometida por personas ajenas a la escuela, el caso se insertó en esa discusión por tratarse de una estudiante atacada a la salida de clases.

La menor permaneció hospitalizada tras el ataque. El informe médico preliminar reportó diversas contusiones y un edema en el tercio medio del fémur, lesiones que obligaron a su atención inmediata en el hospital.

Las circunstancias del ataque quedaron bajo investigación para establecer si las responsables enfrentaban cargos por la agresión física y por el atropellamiento. La indagatoria también buscó esclarecer la mecánica de los hechos, la participación de cada mujer y el grado de intencionalidad en el uso del vehículo.

• La agresión ocurrió el martes 16 de junio afuera de la Secundaria Técnica 127, en Lagos de Moreno, cuando una alumna fue golpeada y luego atropellada por una camioneta roja.
• La menor fue llevada por el SAMU al Hospital Regional del IMSS en código amarillo, con contusiones y edema en el tercio medio del fémur.
• La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y recibió videos de cámaras escolares para identificar a las dos mujeres involucradas.

Un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

El episodio, que involucró a tres jóvenes a bordo de una motocicleta, se desató el miércoles último pero recién trascendió ayer.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, según informó el portal del diario El Día, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

El detenido, pese a su corta edad, ya cuenta con varios antecedentes computados.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.

Ahora, el adolescente detenido permanece bajo custodia policial en el hospital, mientras se evalúa su estado de salud y se define su situación judicial. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dadas las pruebas recolectadas en el lugar y los antecedentes del aprehendido.

En el barrio San Carlos y las zonas aledañas, el episodio reavivó el debate sobre la seguridad y la incidencia de menores en delitos graves. Las fuerzas policiales reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para brindar información que permita esclarecer el caso y prevenir futuros episodios similares.

La madrugada del lunes, agentes de la Policía y preventores municipales detuvieron a un hombre y su hijo menor de edad tras confirmar que ambos habían realizado un robo en un local de celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca en el centro de la ciudad de Mendoza. El caso se inició cuando la alarma del comercio alertó sobre la presencia de personas dentro del local.

De acuerdo con Diario Mendoza Today, los sospechosos violentaron la persiana metálica para acceder al comercio. Una alarma de seguridad se activó mientras ambos permanecían dentro del local, lo que alertó de inmediato a las autoridades. El seguimiento policial se facilitó gracias a la intervención del Centro de Operaciones y Videovigilancia, cuyos operadores lograron detectar a dos personas con las características de los presuntos autores.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo los involucrados caminaron por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Posteriormente, se subieron a un taxi en la calle Godoy Cruz. Con esa información, personal policial y preventores municipales iniciaron un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos a pocas cuadras del lugar.

Personal policial y preventores municipales realizaron el operativo coordinado que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo. Una vez identificados, se confirmó que se trataba de un padre y su hijo menor de edad. El hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición del Polo Judicial, a la espera de que un familiar acudiera a retirarlo.

Las autoridades destacaron que el accionar del sistema de videovigilancia resultó clave para el seguimiento y detención de los implicados. Además, el caso generó comentarios en redes sociales por la relación familiar de los detenidos y el hecho de que un menor estuviera involucrado en el delito. La causa quedó bajo investigación para determinar la participación precisa de cada uno de los detenidos y para establecer si existieron otros posibles involucrados en el hecho.

Robo a una farmacia en Mendoza

La encargada de una farmacia ubicada en la intersección de Alem y Olascoaga, en San Rafael, descubrió durante la mañana del lunes un robo que afectó al comercio. Según describió Mendoza Post, al llegar a su lugar de trabajo, la empleada notó la falta de una suma de dinero, medicamentos y diversos daños en la estructura del local.

De acuerdo con el reporte policial, los autores del hecho lograron acceder al establecimiento tras forzar un ventiluz ubicado en el subsuelo. En el lugar, personal de la Comisaría 8ª verificó el ingreso y constató la sustracción de aproximadamente 30 mil pesos en efectivo y una cantidad no precisada de medicamentos, junto a otros efectos personales.

Durante la inspección, los agentes hallaron un ladrillo cerca del ventiluz, lo que indica el punto de acceso utilizado por los delincuentes. Además, se supo que los involucrados intentaron abrir la caja fuerte mediante el uso de una amoladora, aunque no consiguieron su objetivo. La denuncia del episodio fue formalizada en la comisaría jurisdiccional, y la causa quedó a cargo del ayudante fiscal de turno.

La investigación se orienta ahora a la recolección de pruebas y al análisis de posibles registros de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El caso se suma a una serie de hechos delictivos recientes que han generado preocupación en el sector comercial de San Rafael, donde el robo de medicamentos y dinero afecta a la seguridad del barrio. El hecho permanece bajo pesquisa judicial y policial aunque aún no hay novedades sobre los autores al cierre del reporte.

Un encuentro recreativo entre amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, tuvo un desenlace fatal este martes por la tarde tras la muerte de un adolescente de 15 años. El joven perdió la vida debido a un golpe en el pecho durante un partido de fútbol.

Según las primeras informaciones, el joven recibió un pelotazo en la zona del tórax y segundos después se descompensó. Quienes estaban presentes intentaron asistirlo de inmediato, al mismo tiempo que solicitaban ayuda médica. Pero debido a la gravedad del cuadro, el adolescente —identificado como Valentín D.— fue trasladado en un vehículo particular al Centro Integral de Salud (CIS), donde ingresó sin signos vitales. A pesar del trabajo de los profesionales de guardia, no lograron reanimarlo.

De acuerdo con lo informado por Diario Panorama, la causa exacta del fallecimiento aún no fue confirmada de manera oficial. Las autoridades trabajan para determinar si el impacto recibido tuvo relación directa con el desenlace, y se aguardan los resultados de la autopsia ordenada en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, junto con las autoridades policiales de la jurisdicción.

Tal como indicó el Nuevodiarioweb, el menor jugaba en las inferiores del Club Sarmiento de La Banda, desde donde emitieron un mensaje de despedida. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria. QEPD Valentín”, señalaron desde las redes de la institución.

Le dispararon en un partido de fútbol infantil

A fines de abril, un violento episodio tuvo lugar en un encuentro de fútbol para niños. El agresor, padre de uno de los menores que jugaba, disparó contra otro papá en el Parque Gazzano de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El episodio ocurrió cerca de las 19:20 del viernes 24 de abril y fue registrado en video por un testigo presente en el lugar, al término del encuentro recreativo.

La víctima, identificada como M. J. M., de 32 años, jugaba en la cancha del parque cuando un hombre con remera amarilla, acompañado de una mujer, se le acercó y comenzó a reclamarle que supuestamente había agredido a su hijo.

Según el relato que M. J. M. brindó a las autoridades, la discusión escaló y él respondió con un golpe de puño. En ese momento, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna izquierda. Tras esto, el hombre se retiró del lugar. El ataque quedó registrado en un video. En las imágenes se ve el momento del enfrentamiento y la secuencia del ataque.

“¿Por qué le pegaste al nene?”, le dijo el agresor a la víctima antes de que la situación derivara en el disparo. De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el trasfondo del incidente habría sido una pelea previa entre los hijos de ambos hombres, dos niños de 10 años.

El hombre herido de bala fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y fue dado de alta. “Se le realizaron estudios, no presentó lesiones de gravedad, se le coloca antitetánica y antibiótico”, precisaron fuentes médicas a este medio. El personal de la División Homicidios llegó al lugar para recopilar testimonios y se solicitó la intervención de la Policía Científica.

En el marco de la investigación, los efectivos relevaron registros y localizaron el domicilio del hijo del agresor. Al entrevistarse con la madre del menor, la mujer indicó que había sido ella quien alertó al padre sobre lo ocurrido en el parque. El hombre, identificado como J.G., no estaba en su vivienda al momento del operativo.

Según los datos recabados, reside en el barrio Consejo y tiene una verdulería llamada Thiaguito Onur sobre la calle Ameghino, en el barrio San Agustín.

Un hombre de 27 años, identificado como Ramón Alberto Romero, fue sentenciado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual y grooming contra una adolescente en una localidad del departamento de Vera, provincia de Santa Fe.

El fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero durante un juicio oral celebrado en los tribunales verenses, en una causa que expuso la gravedad de los delitos cometidos a través de medios digitales y el impacto sobre las víctimas menores de edad.

La resolución judicial marcó un punto de inflexión en la investigación que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por la fiscal Elizabet Aguirre. Según la información oficial difundida, el acusado mantuvo reiterados contactos con la víctima entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Durante ese período, utilizó WhatsApp como canal para establecer una relación de confianza con la joven, vulnerando su integridad y aprovechando la diferencia de edad y madurez.

La fiscal Aguirre destacó la valoración del tribunal respecto a la prueba presentada: “El magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”. El fallo, que condena a Romero por abuso sexual y grooming, fue recibido como un respaldo a la labor de quienes investigaron el caso y a la voz de la víctima, que denunció los hechos gracias a la intervención de su madre.

Según la acusación, Romero inició los contactos a través de mensajes de WhatsApp, valiéndose de la inmadurez sexual de la adolescente y la asimetría de poder para convencerla de que le enviara fotografías íntimas. La fiscalía subrayó que estas acciones fueron reiteradas durante varios meses, configurando el delito de contacto telemático con fines sexuales, conocido como grooming.

La situación se agravó el 21 de febrero de 2024, cuando durante la madrugada Romero contactó nuevamente a la joven y acordó un encuentro. De acuerdo con la investigación, se dirigió hasta el domicilio de la víctima, la esperó afuera y posteriormente ambos se trasladaron a la vivienda de Romero, donde se concretó el abuso sexual.

La secuencia delictiva fue descubierta por la madre de la adolescente, quien encontró en el celular de su hija mensajes, fotos y videos que daban cuenta de la relación mantenida con el imputado. La mujer realizó la denuncia de inmediato, lo que permitió la intervención del MPA y el inicio de la causa judicial.

Durante el juicio oral, la fiscal Aguirre expuso en detalle las pruebas reunidas y el modo en que Romero se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima. El tribunal entendió que la evidencia era suficiente para acreditar la autoría de los delitos de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual y grooming, por lo que dictó una condena a cinco años de prisión.

En el desarrollo del debate, la representante del MPA solicitó además la prisión preventiva del condenado a la espera de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez, lo que significa que Romero aguardará en libertad hasta que la condena quede firme.

En los últimos años, el delito de grooming ha cobrado mayor visibilidad en Argentina, a partir de la proliferación de casos donde adultos contactan a menores de edad a través de plataformas digitales con fines sexuales.

El Ministerio Público de la Acusación ha sostenido que la detección temprana y la denuncia por parte de las familias resultan fundamentales para la persecución penal de estos delitos.

La noche del lunes y del martes dejó tres ataques armados o con arma blanca contra adolescentes y una mujer en Guadalajara y su zona metropolitana, con un saldo de un menor muerto, dos jóvenes heridos y una víctima lesionada durante intentos de robo registrados en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y un caso más narrado en Villa G. Gálvez, donde los agresores escaparon y no había detenidos hasta el cierre de la información.

El caso más grave ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, donde un adolescente de 16 años murió después de recibir un disparo en la cabeza durante un intento de robo de motocicleta. En ese mismo ataque, otro menor de 15 años resultó herido en un brazo.

La agresión se reportó alrededor de las 21:51 horas en la zona de Periférico y Las Vías. En otra referencia del mismo hecho, el punto fue ubicado en el cruce de Periférico Sur y avenida López Mateos, en la colonia Las Liebres, después de que los jóvenes habrían sido perseguidos desde calles de la colonia San Martín de las Flores de Abajo.

El ataque en Tlaquepaque dejó un adolescente muerto y otro lesionado

La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó que los policías fueron alertados vía radio sobre una agresión armada. Al llegar, localizaron a dos jóvenes con heridas por proyectil de arma de fuego: uno inconsciente, con lesión en el cráneo, y el otro con una herida en uno de los brazos.

Paramédicos les dieron atención prehospitalaria y después los trasladaron a la Cruz Verde Marcos Montero para atención especializada. Horas más tarde, el menor herido en el cráneo murió en la Cruz Verde Ruiz Sánchez de Guadalajara.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los adolescentes circulaban en motocicleta cuando varios sujetos armados intentaron despojarlos de la unidad. Los jóvenes aceleraron para escapar, pero sus agresores los alcanzaron y les dispararon al menos tres veces, sin mediar palabra.

Tras la agresión, los responsables escaparon hacia la colonia El Órgano. Hasta ese momento no se reportaban personas detenidas.

En un hecho distinto ocurrido en Guadalajara, una mujer de 29 años sufrió heridas en el abdomen y en un brazo durante un intento de robo en la colonia Cuauhtémoc. El agresor tampoco logró llevarse el vehículo.

El ataque ocurrió este 10 de junio de 2026 en el cruce de las calles Fez y Santo Tomás. Un hombre que viajaba en motocicleta interceptó a la víctima e intentó quitarle sus pertenencias, lo que derivó en un forcejeo.

La mujer herida en la colonia Cuauhtémoc fue reportada estable

Durante el enfrentamiento, el agresor usó un arma blanca y lesionó a la mujer en el brazo y en el abdomen. Después huyó del lugar sin que se informara su captura.

La víctima fue llevada de urgencia a la Cruz Verde Ignacio Allende. El personal médico confirmó que su estado de salud era estable y precisó que las heridas no fueron consideradas penetrantes.

Ese dato reducía el riesgo inmediato para su integridad física. Las autoridades mantenían abierta la investigación para ubicar al responsable.

El tercer episodio referido en la información ocurrió en Villa G. Gálvez la noche del lunes, cerca de las 22:10 horas, en una vivienda de la calle San Nicolás al 2100. Ahí, un adolescente de 16 años, identificado como J. C., fue herido de bala en la mano izquierda tras resistirse a un asalto en la puerta de su casa.

Según los primeros datos, el menor estaba en la banqueta de su domicilio e intentaba vender una visera cuando fue interceptado por dos delincuentes armados. La resistencia provocó un forcejeo y uno de los atacantes disparó antes de escapar.

El joven fue trasladado primero al Hospital Gamen por una ambulancia del SIES. Debido a la complejidad de la lesión, después fue enviado al Hospital Provincial de Rosario, acompañado por su madre, Analí M., de 46 años.

En ese hospital le diagnosticaron fractura expuesta en la mano izquierda por herida de arma de fuego. Quedó bajo evaluación del servicio de traumatología.

En la escena colaboraron elementos de la Comisaría 26 y el equipo de Policía Motorizada. Tampoco había detenidos por ese ataque y se revisaban cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

Los tres hechos tienen un patrón común: las víctimas fueron atacadas durante intentos de robo, hubo resistencia o intento de escape y los agresores huyeron. En dos de los casos las víctimas fueron menores de edad y en todos seguían abiertas las investigaciones.

• Un adolescente de 16 años murió en San Pedro Tlaquepaque tras un intento de robo de motocicleta; otro menor de 15 años quedó herido.

• Una mujer de 29 años fue lesionada con arma blanca en la colonia Cuauhtémoc, en Guadalajara, durante un intento de robo; su estado de salud fue reportado como estable.

• En Villa G. Gálvez, otro adolescente de 16 años sufrió una fractura expuesta en la mano izquierda por disparo de arma de fuego tras resistirse a un asalto en la puerta de su casa.

Un hombre murió en la noche del martes pasado tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió cerca de las 23:15, cuando una persona alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito a la altura del domicilio 261 de esa arteria. La víctima, que aún no ha sido identificada oficialmente, quedó tendida sobre la calzada con heridas de extrema gravedad. Al llegar al lugar, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento del hombre debido a las lesiones sufridas durante el impacto, que incluyeron múltiples fracturas, según los primeros informes médicos.

El conductor se dio a la fuga inmediatamente después del hecho. Tras el aviso, la Policía de Jujuy desplegó un operativo cerrojo en la zona para localizar el vehículo involucrado, mientras se preservaban las pruebas en el sitio del siniestro y se realizaban relevamientos de evidencias. El operativo incluyó tareas de investigación y pericias destinadas a reconstruir la mecánica del episodio, con la colaboración de peritos y efectivos de diferentes unidades.

La víctima, de quien solo trascendió que tendría entre 50 y 60 años, fue trasladada a la Morgue Judicial para la realización de los estudios forenses correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima, a la espera de la notificación formal y la confirmación de la identidad por parte de sus familiares o allegados.

Y mientras avanzaban las tareas de búsqueda para dar con el responsable, se produjo un giro inesperado en la investigación. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa a las que pudo acceder el medio Todo Jujuy, un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó de manera voluntaria en la Seccional 23 acompañado por su hijo de 16 años y un asesor legal. Durante la declaración, informaron que el adolescente habría sido quien conducía la camioneta que embistió al peatón.

La presentación espontánea se produjo varias horas después del accidente. Según lo informado, el menor reconoció su participación en el hecho y señaló que el vehículo implicado era una Toyota Corolla Cross de color bordó, que permanecía en el domicilio de su padre. Ante estos datos, la Ayudante Fiscal interviniente dispuso el secuestro inmediato de la camioneta y de las prendas de vestir del adolescente, consideradas elementos de interés para la causa.

Las autoridades confirmaron que el adolescente compareció acompañado de su padre y de un asesor legal. La investigación se encuentra en curso para determinar si el menor conducía bajo algún tipo de influencia o si incurrió en conductas agravantes, como el exceso de velocidad o la omisión de auxilio a la víctima.

Tras la presentación, la Fiscalía ordenó una serie de medidas para preservar todos los elementos vinculados al caso. Se secuestraron los objetos hallados en la escena del accidente, entre ellos fragmentos de vidrio, restos de pintura y material vehicular, así como prendas de vestir relacionadas con el conductor.

La causa permanece bajo investigación judicial, mientras se aguarda el resultado de las pericias y la toma de declaración a testigos que puedan aportar datos relevantes sobre el momento del impacto y el accionar posterior del conductor.

La Fiscalía evalúa las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal y determinará la eventual imputación del adolescente. El hecho de que el conductor se haya retirado del lugar sin prestar ayuda podría agravar la situación judicial del menor. La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recepción de testimonios de vecinos o transeúntes que presenciaron el hecho.

La causa está caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito, aunque la calificación podría modificarse según el avance de las pericias y la declaración de los involucrados.

Un joven de 17 años quedó aprehendido en las primeras horas de este domingo en Guaymallén, Mendoza, tras ser sorprendido durante un operativo policial. Llevaba encima cocaína fraccionada, presuntamente lista para ser vendida, y una importante suma de dinero.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 8.30 en la intersección de las calles Virgen de las Nieves y San Ramón, a partir de un llamado telefónico al 911 que señaló que el adolescente se desplazaba por la zona en actitud sospechosa.

De acuerdo a la información constatada por Mendozatoday, los efectivos de la Comisaría 31 se trasladaron hacia el lugar donde identificaron a un joven cuyas características físicas coincidían con la descripción aportada en el aviso. Ante la presencia policial, el adolescente intentó escapar a pie, pero enseguida lo atraparon.

Durante la inspección detectaron que en el morral que llevaba había 24 envoltorios tipo glasé de distintos colores con cocaína en su interior, otros 11 gramos de la misma sustancia y $431.000 en efectivo. Por la presentación en la que el joven trasladaba la droga los investigadores se inclinaron por una presunta comercialización de la droga en la zona.

Dado que el aprehendido es menor de edad, en el hecho tomaron intervención el Juzgado Contravencional y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismos con competencia específica para actuar en situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley.

Circulaba por Tucumán con casi media tonelada de cocaína

Un conductor de 60 años quedó detenido sobre una ruta de Tucumán, durante un operativo de control de la Gendarmería Nacional. Los efectivos descubrieron que llevaba en la caja de su camioneta 470 kilos y 470 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 449 paquetes.

El procedimiento comenzó como una verificación de rutina de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71, sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. El hombre declaró que circulaba entre las localidades tucumanas de Famaillá y Atahona, pero sus respuestas sobre la carga que transportaba resultaron contradictorias y despertaron la atención de los gendarmes.

Ante las inconsistencias se dirigieron hacia la parte de atrás del vehículo y encontraron en la caja bidones con combustible y, detrás de ellos, bolsas de arpillera verde. Las sospechas crecieron rápidamente ante la presencia de un método frecuente utilizado para enmascarar olores. Al abrirlas vieron que contenían paquetes con una sustancia blancuzca. Por orden del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, el vehículo fue trasladado al escuadrón “Aguilares” para completar la inspección y allí, en presencia de testigos, se pesó el cargamento y se determinó que se trataba de cocaína.

El juzgado dispuso el secuestro de la droga, la camioneta y todos los elementos vinculados a la causa, mientras que el conductor quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Al relevar sus antecedentes, las fuerzas federales detectaron numerosos movimientos migratorios a países limítrofes, dato que sumó una línea de investigación sobre el origen del cargamento. Una de las hipótesis apunta a que la droga pudo haber sido descargada desde una aeronave en otra provincia para continuar su traslado por vía terrestre.

Además, en los paquetes encontraron impreso el sello del delfín, asociado históricamente a Reinaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, quien cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza. No obstante, fuentes judiciales advirtieron que los paquetes probablemente no pertenezcan al narco salteño, ya que habría cedido parte del negocio a terceros, una especie de franquicia del narcotráfico.

La banda narco del “Patrón del Norte” es una estructura criminal integrada, además, por personas de nacionalidad colombiana y peruana, acusada de suministrar y distribuir cocaína de alta pureza.

Un adolescente fue hallado sin vida este domingo en una zona rural del paraje El Durazno, en el departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero.

La tragedia ocurrió en horas de la mañana, cuando el joven participaba de una jornada de caza junto a dos amigos. Las autoridades detuvieron a ambos acompañantes mientras avanza la investigación judicial para determinar cómo se produjo el hecho.

El episodio comenzó alrededor de las siete, cuando Rojas, la víctima, salió de su vivienda para dirigirse a un sector rural cercano acompañado de dos jóvenes de 20 y 24 años, ambos domiciliados en Córdoba. Según informaron fuentes policiales, el grupo tenía previsto recorrer la zona en busca de animales silvestres, en un contexto de clima húmedo y terreno rocoso.

Según informó el portal del Diario Panorama, horas más tarde, uno de los acompañantes regresó solo a la vivienda de la familia del adolescente para alertar sobre un grave incidente ocurrido durante la expedición. El aviso movilizó a personal policial y sanitario, quienes acudieron de inmediato al lugar señalado por los jóvenes.

Cuando los efectivos arribaron a la zona rural de El Durazno, constataron que el adolescente no presentaba signos vitales. Personal policial, junto con equipos de salud, preservó la escena para evitar la alteración de pruebas y facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la víctima habría intentado descender por unas piedras húmedas para acercarse a una cueva donde presuntamente se encontraba un animal. En ese momento, se habría producido un disparo accidental con una escopeta calibre 12, cuyo proyectil impactó en el rostro del adolescente. Estas hipótesis forman parte de la reconstrucción inicial aportada por los testigos y los primeros indicios hallados en el lugar.

Por disposición de la fiscal de turno, los dos jóvenes que acompañaban a la víctima fueron aprehendidos en el marco de la investigación preliminar. Ambos, de 20 y 24 años, quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras se llevan a cabo las averiguaciones.

Se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los aprehendidos, así como las prendas de vestir que usaban durante la jornada y el arma de fuego involucrada en el episodio. El objetivo es analizar toda la evidencia disponible para reconstruir detalladamente lo sucedido y descartar la intervención de terceros o una posible manipulación del arma.

El Ministerio Público Fiscal mantiene abierto el expediente y la causa sigue bajo secreto de sumario mientras se esperan los resultados de las pericias técnicas. Personal especializado de Criminalística realizó tareas en la escena para precisar la trayectoria del disparo y las condiciones en que ocurrió el accidente.

La investigación se encuentra bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si se trató efectivamente de un accidente o si existen otras circunstancias relevantes que deban ser incluidas en la causa. En casos de muertes ocurridas en contextos de caza, la justicia suele poner especial atención en la manipulación de armas de fuego y las medidas de seguridad adoptadas por los participantes.

Según fuentes policiales, “el disparo se habría producido de manera accidental” mientras la víctima descendía por un sector de difícil acceso, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

En las próximas horas se espera la declaración formal de los testigos y los informes periciales que permitirán avanzar en la causa. La comunidad permanece atenta a las novedades oficiales, mientras la familia de la víctima recibe asistencia psicológica y contención por parte de equipos municipales.

Jesús Yadiel Montes Curiel, adolescente de 15 años que vendía galletas y donas en Tecate para ayudar a su abuela, fue localizado sin vida con huellas de tortura y disparos de arma de fuego en la carretera libre Tecate-Ensenada; el caso mantiene abierta una investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California y ocurre en una semana en la que ya se documentó otro asesinato de un menor en ese municipio.

Según testimonios que lo conocieron el joven quería traer dinero a casa de sus abuelos ya que ellos lo cuidaban, presuntamente su madre se los dejó ya que su nueva pareja no habría permitido que viviera con ellos.

La localización del cuerpo fue reportada a las 07:02 horas del 30 de mayo en el kilómetro 27, a la altura de Valle de las Palmas, en los límites con Tijuana. En ese punto, de acuerdo con la información oficial incluida en el texto fuente, el menor estaba atado de pies y manos con cuerda y cinta adhesiva.

La Fiscalía General del Estado confirmó su identidad después de las pruebas periciales. La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California también confirmó que se trataba del joven que tenía ficha de búsqueda desde el 25 de mayo.

Jesús Yadiel era conocido en su comunidad porque recorría calles, cruceros y zonas concurridas de Tecate para vender productos elaborados en casa por su abuela. Con esa actividad apoyaba los gastos del hogar y realizaba de forma habitual sus recorridos de venta por la vía pública.

El cuerpo fue hallado con signos de tortura y siete casquillos calibre 7.62

De acuerdo con los primeros reportes citados en el texto fuente, el cuerpo presentaba signos de violencia, lesiones compatibles con tortura y múltiples impactos de arma de fuego. En la escena también fueron localizados siete casquillos calibre 7.62 x 39, un indicio que apunta al uso de armas de alto calibre.

Entre los elementos asegurados por peritos había objetos personales y otros materiales que forman parte de la investigación. Las autoridades también analizan la posición en la que fue encontrado el cuerpo para reconstruir la secuencia de los hechos.

El texto fuente añade que en el lugar había una cartulina con un mensaje amenazante y el dibujo de un cerdo con el número “300”, además de una alcancía con forma de puerquito. También refiere que, según reportes nacionales mencionados en ese mismo material, en escenas del crimen de Sinaloa han aparecido peluches de ese tipo como posible firma, sin explicación oficial hasta ahora.

La Comisión Local de Búsqueda difundió que el adolescente medía entre 1.65 y 1.70 metros y era de complexión delgada. El texto fuente también señala que solía pedir aventones para trasladarse a distintos puntos donde ofrecía galletas y donas preparadas por familiares.

La desaparición activó una búsqueda y el caso es el segundo de un menor asesinado en menos de una semana

Jesús Yadiel fue visto por última vez mientras hacía su recorrido habitual de ventas. Días después, su familia presentó el reporte de desaparición ante las autoridades, lo que activó la búsqueda en distintas zonas del estado y en áreas cercanas a la carretera libre Tecate-Ensenada.

La respuesta directa al caso es esta: la investigación sigue abierta y la Fiscalía busca establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento, el texto fuente no menciona detenciones ni una hipótesis oficial definitiva sobre lo ocurrido.

El asesinato del adolescente es el segundo caso de un menor localizado sin vida y con huellas de violencia en menos de una semana en Tecate. El antecedente referido ocurrió el miércoles 3 de junio, cuando un niño de cinco años fue hallado calcinado dentro de una maleta en el camino vecinal hacia la colonia Nueva Hindú; hasta ese momento no se había dado a conocer su identidad.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habló el 4 de junio sobre ese primer caso y sostuvo que no contaban con más información. También dijo que, según lo que le informó la titular de la fiscalía estatal la noche anterior, no había reporte de búsqueda de un menor con esas características.

El texto atribuye a la mandataria la siguiente declaración: “No tenemos más información sobre este caso: se me informó del hallazgo. Es un hecho terrible, doloroso. En las investigaciones preliminares aún no se ha obtenido información suficiente. Todavía ayer por la noche la fiscal no me había dado más información. Estamos a la espera... por lo que me dijo la fiscal ayer, no había reporte de búsqueda de algún menor con esas características”.

El caso de Jesús Yadiel ha generado indignación entre vecinos y conocidos del municipio, de acuerdo con el texto fuente. Las personas que lo conocían lo identificaban como un joven que salía todos los días a trabajar para ayudar a su abuela y ahora exigen a las autoridades seguridad y justicia para su familia.

Este caso ha causado profunda indignación en la sociedad, especialmente porque ocurre apenas unos días después de otro hecho que conmocionó a Baja California: el hallazgo de un niño de cinco años sin vida en el mismo municipio.

Segundo cerdito rosa en Tecate

Un cerdito de peluche rosa apareció el sábado 30 de mayo junto al cuerpo de un joven asesinado sobre la carretera Tecate-Ensenada, en Baja California.

El símbolo, que desde el 15 de mayo se repite en al menos cuatro escenas del crimen en Culiacán,Sinaloa, se traslada así por primera vez a territorio bajacaliforniano, donde grupos criminales libran una disputa territorial que ya dejó narcomensajes firmados por un grupo que se identifica como“Los Cabezones”.

• Jesús Yadiel Montes Curiel, de 15 años, desapareció en Tecate y fue localizado sin vida el 30 de mayo en Valle de las Palmas.
• El cuerpo presentaba huellas de tortura, disparos de arma de fuego y en el lugar fueron encontrados siete casquillos calibre 7.62 x 39.
• Es el segundo caso de un menor asesinado con signos de violencia en menos de una semana en Tecate.

El juez Pablo Vega condenó hoy a 2 años y 6 meses de prisión efectiva a Christian Mauricio Gilardenghi por haberle suministrado cocaína a una adolescente de 17 años. El hecho, por el que la joven falleció minutos después dentro de la vivienda, ocurrió en la casa del hombre en Villa Ortúzar en noviembre de 2021 según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 también rechazó los planteos de prescripción del caso y la inconstitucionalidad de la calificación penal presentada por la defensa. El juez ordenó además que, una vez firme la sentencia, se proceda a la detención de Christian Mauricio Gilardenghi.

Gilardenghi, de 49 años, fue considerado responsable del delito de “suministro de estupefacientes a título gratuito para uso de la persona que lo recepta”, agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de edad. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 25 de junio.

En el juicio intervino la fiscal María Luz Castany, de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. En su alegato, la fiscalía había pedido 3 años y 6 meses de prisión al sostener que el acusado también era responsable del delito de homicidio culposo, según el Ministerio Público Fiscal.

La reconstrucción del hecho

La fiscal explicó en su alegato que el 16 de noviembre de 2021 la adolescente dejó a una nena a la que cuidaba, saludó a su novio desde lejos y tomó un colectivo de la línea 111 para ir a la casa del imputado, ubicada en Mariano Acha al 1000. Castany sostuvo que la victima solía comprarle marihuana y que el acusado había sido pareja de una amiga de su madre.

Su llegada al domicilio fue aproximadamente a las 20:13, de acuerdo con la reconstrucción expuesta por la fiscal. Poco más de media hora después, a las 20:46, Gilardenghi llamó al 911 y dijo que una amiga suya estaba convulsionando, y diez minutos después volvió a comunicarse para pedir una ambulancia. Casi al mismo tiempo llegó un móvil del Hospital Tornú, situado a unas tres cuadras de la vivienda.

Los médicos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvar a la adolescente, que murió a las 21:15, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal. La autopsia determinó que la muerte se produjo por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico provocado por una sobredosis de cocaína. Ese dato fijó el cuadro médico que se discutió durante el debate oral.

La fiscal agregó que, de acuerdo con los registros y testimonios reunidos, el imputado le había ofrecido en varias ocasiones estupefacientes y dinero a cambio de mantener relaciones con él, algo a lo que la adolescente no accedió. La fiscal también recordó que varios testigos dijeron que el hombre le regalaba cocaína desde hacía varios meses porque la joven no tenía dinero para comprarla. Según esos testimonios, la adolescente incluso les había dicho a sus amigas que era “un vicio que no quería tener”.

“No solo le facilitó la cocaína al regalársela sino que la inició en ese consumo”, afirmó Castany en el juicio, según el Ministerio Público Fiscal. En la misma exposición sostuvo: “La inició en el consumo, le vendió drogas desde sus 16 años, él era una persona adulta, le llevaba 28 años”.

La representante añadió que Gilardenghi se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. “El imputado sedujo a la víctima para consumir la cocaína dentro del domicilio, sabiendo el perjuicio que es para la salud, dándosela gratis”, afirmó Castany.

La familia de Michelle Itzayana confirmó su localización sin vida este martes 2 de junio, después de que autoridades hallaran el cuerpo de una mujer durante el operativo de búsqueda en Morelos; el caso mantiene en alerta a la comunidad la rama de Bachillerato del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma de Morelosde (UAEM).

La adolescente de 15 años desapareció el 24 de mayo, cuando salió por una cartulina para una tarea, según sus familiares y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Michelle es la tercera estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desaparecida y hallada sin vida en lo que va de 2026. Junto a los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, desaparecida el 20 de febrero, y Karol Toledo Gómez, desaparecida el 2 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el hallazgo ocurrió en uno de los polígonos de intervención en las inmediaciones de Tepoztlán, durante un operativo interinstitucional en el municipio de Yautepec y zonas aledañas. La institución precisó que el cuerpo corresponde a una mujer, pero en ese momento no confirmó públicamente la identidad.

El hallazgo ocurrió durante el operativo interinstitucional en Yautepec y Tepoztlán

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, la búsqueda de este martes 2 de junio fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, SSPC Morelos, Guardia Nacional, Defensa, Marina y la Unidad de Búsqueda de Jiutepec.

La misma fiscalía señaló que personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales realizó los servicios pertinentes para determinar causa de muerte, temporalidad del fallecimiento y la etiología del hecho. Los restos fueron trasladados al Semefo para continuar con los estudios conforme a los protocolos científicos.

La autoridad ministerial también indicó que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio continúa con el desahogo de pruebas para esclarecer el caso.

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la UAEM, desapareció desde el 24 de mayo y su familia confirmó en redes sociales que ya fue localizada sin vida, después del hallazgo de un cuerpo de mujer durante las jornadas oficiales de búsqueda en Morelos.

La desaparición movilizó a la comunidad universitaria de Morelos

Michelle Itzayana Fuentes Calderón tenía 15 años y fue vista por última vez el 24 de mayo de 2026, después de que la estudiante de 15 años salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. El caso abrió una investigación formal y detonó movilizaciones estudiantiles porque la menor forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La última vez que Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista, salió de su vivienda alrededor de las 12:50 horas para comprar material escolar. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y comenzó la localización por parte de sus familiares.

Kim, hermana de la adolescente, informó que el último contacto con Michelle ocurrió el mismo día de la desaparición, cuando salió a comprar una cartulina para hacer una tarea. Después de eso, dijo, ya no volvieron a saber de ella.

La UAEM confirmó que mantiene contacto permanente con la familia y con las instancias encargadas del caso. En un comunicado institucional, la universidad expresó solidaridad con los familiares y aseguró que da seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

El joven, identificado por su familia como Joey Rodriguez, sufrió lesiones catastróficas la noche del 28 de mayo en la cuadra 300 de West Dickson Avenue, cerca de Southwest Military Drive, en San Antonio, según reportó Fox News y confirmó San Antonio Express-News.

El accidente: una noche de festejos terminó en tragedia

La noche del accidente, miles de seguidores de San Antonio Spurs salieron a las calles a celebrar la victoria que extendía la serie ante los Thunder a un séptimo partido.

En ese contexto, Joey Rodriguez viajaba en un vehículo junto a otros jóvenes cuando, de acuerdo con declaraciones familiares recogidas por Fox News, el automóvil golpeó un borde de la vereda y el adolescente cayó, impactando violentamente su cabeza contra el pavimento.

Testigos y allegados relataron que estuvo alrededor de ocho minutos sin signos vitales hasta que fue reanimado por personal médico en el lugar.

Según información publicada por San Antonio Express-News, el incidente ocurrió cerca de las 22:30, y la policía local fue alertada poco después.

El adolescente fue trasladado con urgencia a una sala de emergencias y, debido a la gravedad de sus heridas, derivado a un hospital especializado, donde los médicos constataron un cuadro de edema cerebral severo.

“Los médicos han realizado varios estudios para determinar si aún presenta actividad cerebral”, explicó un miembro de la familia a Fox News. “El corazón sigue latiendo por sí solo, pero los especialistas advirtieron que el daño neurológico es irreversible”.

Diagnóstico y repercusiones médicas

El diagnóstico de muerte cerebral fue confirmado por el equipo médico y ratificado por fuentes policiales consultadas tanto por Fox News como por San Antonio Express-News.

El adolescente permanece conectado a soporte vital, pero los profesionales de la salud señalaron que no se espera una recuperación.

La familia, en tanto, solicitó que se mantenga el soporte mientras persistan los latidos cardíacos. “No queremos que los médicos se rindan”, expresó uno de los allegados en diálogo con Fox News.

La policía de San Antonio informó que la investigación sobre las circunstancias exactas del accidente continúa abierta. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni sanciones relacionadas con el hecho. “Extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos afectados por este trágico y prevenible incidente”, indicó el Departamento de Policía de San Antonio en un comunicado reproducido por San Antonio Express-News.

La institución insistió en la importancia de que quienes celebren victorias deportivas lo hagan respetando las leyes de tránsito y permanezcan dentro de los vehículos.

La familia identificó al joven como Joey Rodriguez y explicó que el accidente sobrevino cuando el grupo de amigos con el que circulaba celebraba tocando bocina y recorriendo la ciudad.

Celebraciones y advertencias de las autoridades

San Antonio tiene una tradición de festejos callejeros tras los triunfos de los Spurs, lo que llevó a las autoridades a reforzar campañas de concientización sobre la seguridad vial durante esas jornadas. El accidente renovó los llamados a la responsabilidad en el espacio público, especialmente entre los jóvenes.

La policía y medios como Fox News y San Antonio Express-News subrayaron que el incidente se produjo en medio de una multitud y que la vigilancia policial se había incrementado ante el clima festivo.

La ciudad volvió a ser epicentro de celebraciones masivas después de que San Antonio Spurs se impusiera ante Oklahoma City Thunder en el séptimo partido, logrando el pase a las Finales de la NBA y asegurando un nuevo enfrentamiento con New York Knicks.

Las autoridades reiteraron que la seguridad pública es una responsabilidad compartida y enfatizaron la necesidad de acatar las indicaciones de los agentes durante los festejos.

El caso de Joey Rodriguez generó impacto tanto en la comunidad local como en la opinión pública estadounidense. Medios nacionales documentaron el episodio, recogieron testimonios de la familia y reflejaron la preocupación de las autoridades por evitar más tragedias de este tipo asociadas a celebraciones deportivas.

La muerte de Dulce Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, generó conmoción en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, tras confirmarse mediante autopsia que la joven fue víctima de homicidio por asfixia mecánica. Su cuerpo fue hallado el 28 de mayo en una obra en construcción, después de dos semanas de búsqueda ininterrumpida. El caso movilizó a la comunidad y expuso graves cuestionamientos sobre la atención estatal y la seguridad en la zona.

La investigación, a cargo de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones, tomó impulso luego de que se conocieran los primeros resultados forenses. De acuerdo con fuentes vinculadas a la pesquisa, no se identificaron elementos con los que se hubiera cometido el ataque ni se secuestraron objetos en la escena. El Territorio indicó que los especialistas avanzan en la reconstrucción de las horas previas al hallazgo y analizan evidencias recolectadas en el lugar.

El hallazgo se produjo cerca de las 19 del jueves 28 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron a una construcción abandonada en el barrio El Tucán, tras recibir una alerta sobre la presencia de un cuerpo. Al llegar, preservaron la escena y dieron aviso a la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien coordinó las tareas periciales junto a personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Eldorado que colaboraron en la extracción del cuerpo.

Según el informe preliminar del médico policial, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Por esta razón, la magistrada ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la autopsia. La identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por parte de un familiar directo, lo que permitió confirmar que se trataba de la joven buscada desde el 17 de mayo, fecha en la que desapareció de su domicilio en el barrio Avanti, a pocas cuadras del sitio donde fue encontrada sin vida.

La noticia provocó una reacción inmediata entre los vecinos, quienes denunciaron inacción policial y ausencia de respuesta institucional. “Ya se había hecho la denuncia a Niñez por esas niñas”, remarcó una residente de Eldorado. La misma persona criticó la falta de difusión de la desaparición: “Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”. Estas declaraciones reflejan el descontento de la comunidad ante la respuesta oficial.

Vecinos del Kilómetro 4 profundizaron las críticas sobre la situación de vulnerabilidad en la que vivía Dulce Beatriz Candia. “Estaba en la calle día y noche, jamás hicieron nada acá”, sostuvo una fuente consultada por El Territorio. Además, señalaron la falta de seguridad en la zona: “En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”. La conmoción en Eldorado y el reclamo de justicia por Dulce Beatriz Candia mantienen el tema en el centro de la discusión social.

Ante la gravedad del hecho, la Jefatura de Policía reforzó la investigación y solicitó colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita avanzar en el esclarecimiento del caso. Las autoridades continúan recabando testimonios y pericias, mientras buscan establecer una cronología precisa de los acontecimientos previos a la muerte de la adolescente.

Por disposición de la jueza María Laura Rodríguez, se continuará relizando tareas de investigación para la reconstrucción del crimen de la adolescente en Misiones. Hasta el momento, no se descarta la posibilidad de que se sumen agravantes por cuestiones de género en la causa. La magistrada interviniente dispuso la continuidad de las diligencias periciales necesarias para avanzar en la identificación de los responsables del homicidio.

El rostro de Claudio Gabriel Barrelier aparece en la secuencia de cámaras que marcan el último registro de Agostina Vega, la adolescente que hoy apareció asesinada en Córdoba y estaba desaparecida desde hace siete días. Su nombre resuena en los partes oficiales, pero también en los archivos de la Justicia, donde cuenta con antecedentes por secuestro y privación ilegítima de la libertad.

Desde el miércoles pasado, Barrelier es el único detenido por el femicidio de la chica de 14 años.

El acusado está contratado por la Municipalidad de Córdoba, a través de una firma tercerizada. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés. Antes pasó por el rubro fruti-hortícola, en la empresa Tanus Jalil e Hijos SRL.

Según pudo saber Infobae, su rutina cambió el 6 de mayo de 2025, cuando fue detenido por una denuncia de su expareja. La acusación: privación ilegítima de la libertad calificada, un secuestro que lo mantuvo 20 días en prisión. La Justicia lo liberó con fianza y medidas restrictivas. Debía presentarse una vez al mes en la fiscalía, trámite que sostuvo hasta mayo de este año. El expediente no avanzó en profundidad sobre la prueba, pero el antecedente quedó asentado. Barrelier podía transitar el resto del proceso fuera de la cárcel.

J., un comerciante que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive el sospechoso, asegura haber presenciado la escena que derivó en la causa judicial por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier.

Según contó a Infobae, Barrelier salió a la vereda y dejó abierto el portón de la vivienda. Segundos después ocurrió algo que todavía recuerda con precisión. “De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, contó.

Las mentiras de Barrelier

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22.30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

La noche en que Agostina Vega dejó su hogar, Barrelier fue la última persona registrada junto a ella, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, del barrio Cofico. Las cámaras de seguridad lo muestran en compañía de la adolescente, lo que desmonta parte de la versión que él mismo intentó instalar sobre el ingreso de su hija a su domicilio.

Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso y el hombre abonó el viaje del remís. Ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y hasta dónde llega la participación del acusado.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, reconstruyó el seguimiento técnico de las cámaras y afirmó que el acusado “no puede explicar” por qué aparece con la víctima en el registro fílmico. Barrelier dijo que quien aparecía en las imágenes era su hija.

“Ha mentido claramente en sus declaraciones, ha mentido porque él ha cambiado tres o cuatro veces ya a las versiones. Primero, plantea que la chica con la que se le ve entrando a su domicilio es su propia hija. La propia madre biológica de esa nena dice que no es. Los padres reconocen a Agostina. Después reconoció que efectivamente era Agostina, pero que estuvo solamente una hora y después se fue”, expuso Quinteros esta mañana.

La secuencia de contradicciones continuó, según Quinteros, ante la aparición de la evidencia. El acusado había declarado en su primera versión que “él simplemente había hecho un nexo para que se subiera a otro vehículo con otra persona”. “Eso lo pudimos rebatir muy rápidamente. Ahí tuvo que reconocer y ahí reconoció que entró” a la casa, explicó.

El abogado Jorge Sánchez Del Bianco —quien posteriormente renunció a la defensa— dijo que Agostina habría llamado a Barrelier para pedirle ayuda con el pago del remís. Según su testimonio, la acompañó dos cuadras, ella le pidió que la llevara a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, un vehículo apareció y la adolescente le dijo que se iba con esa persona. De acuerdo a la versión del acusado, no vio más a la menor y negó cualquier vínculo con la posterior desaparición.

Un hincha con actitud altiva

Barrelier se muestra desafiante en sus cuentas de redes social. En Instagram, su biografía reza: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”.

En Facebook, el acusado comparte imágenes con camisetas de Instituto de Córdoba y postales en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Se expone como un fanático de “La Gloria”.

Desde el primer momento, la fiscalía a cargo de Raúl Garzón dispuso el secreto de sumario en la causa y ordenó 19 allanamientos en simultáneo. El domicilio del sospechoso fue allanado por la Policía y peritos, quienes realizaron peritajes sobre la vivienda, ropa y objetos personales. En su casa vive con su pareja e hija.

De acuerdo con el relato del conductor del remís que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 30 años. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo, según deslizó el propio detenido. Es una versión que tiene poca fuerza.

Desde ese contacto, las familiares de Agostina aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes y su teléfono comenzó a dar apagado.

Este sábado, la joven fue encontrada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde las autoridades policiales realizaban rastrillajes. “Hoy estamos frente a un homicidio”, definió el fiscal Garzón.

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, adolescente de 15 años que desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida un día después; la investigación sigue abierta porque las autoridades tienen datos sobre la posible participación de más personas en el asesinato.

El caso ocurre mientras el gobierno estatal sostiene que en Michoacán hubo una reducción de 41.5% en feminicidio y homicidio doloso contra mujeres entre 2015 y 2025. Aun así, de acuerdo con las cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se registraron nueve feminicidios en la entidad, lo que equivale a al menos una víctima cada 15 días.

La detención fue dada a conocer este viernes por la Fiscalía General del Estado. El arresto ocurrió en la cabecera municipal de Tacámbaro, como parte de un operativo en el que participaron agentes de la Policía de Investigación y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Valeria fue vista por última vez la mañana del 25 de mayo, alrededor de las 11:30 horas, en la colonia 3 de Agosto, en Morelia. Después de perder contacto con ella, su familia presentó la denuncia ese mismo día, y por la noche se emitió la ficha de búsqueda junto con la activación de la Alerta Amber.

La víctima fue localizada con huellas de violencia en la zona norte de Morelia

El cuerpo de la adolescente fue localizado al día siguiente en una brecha de la periferia norte y oriente de la capital michoacana, en una zona cercana a La Nopalera, entre las inmediaciones de las colonias Lomas de la Aldea y Buenos Aires. También se informó que fue hallada entre la maleza y con visibles huellas de violencia.

Según la información del caso, la víctima estaba maniatada con cinta adhesiva color café y tenía el rostro completamente cubierto con el mismo material. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía inició las investigaciones y las autoridades municipales informaron que revisaban cámaras de vigilancia, registros telefónicos y otros indicios.

Uno de los datos bajo análisis fue que el teléfono celular de Valeria seguía registrando actividad después de que su cuerpo ya había sido localizado. Ese elemento abrió nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido y sobre la posible intervención de otras personas.

Carlos Torres, fiscal de Michoacán, informó que Alexander “N” fue la última persona con la que estuvo Valeria, según cámaras. También señaló que el joven ya habría aceptado su responsabilidad.

La Fiscalía precisó que las indagatorias continúan porque existen datos para establecer que en el asesinato habrían participado más personas. El crimen, según la información difundida, ocurrió en una zona marginada con alto consumo de drogas y narcomenudeo.

La familia denuncia que el celular habría sido usado para pedir dinero

Los padres y familiares de Valeria tenían previsto emitir un mensaje para pedir respeto a la memoria de su hija. También informaron que el detenido habría permanecido en posesión del teléfono de la adolescente para exigirles fuertes cantidades de dinero.

La captura de Alexander “N” no cerró el caso para familiares, activistas y colectivas feministas. La exigencia pública se mantiene centrada en que el delito no quede impune y en que se esclarezca si hubo más responsables.

Para este sábado 30 de mayo, organizaciones feministas, activistas defensores de derechos humanos y familiares convocaron a una marcha en la capital michoacana. La movilización saldrá a las 17:00 horas de la Plaza José María Morelos con dirección a Palacio de Gobierno.

La protesta busca exigir justicia para Valeria y presionar a las autoridades para que el crimen se investigue a fondo. La convocatoria surge en medio de la indignación que ha generado el asesinato de la adolescente en el estado.

• La Fiscalía de Michoacán detuvo en Tacámbaro a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, de 15 años.
• Valeria desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida al día siguiente, maniatada y con huellas visibles de violencia.
• La investigación sigue abierta por la posible participación de más personas y este sábado 30 de mayo habrá una marcha para exigir justicia.

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes UAEM el 24 de mayo mantiene en búsqueda a su familia, a la comunidad universitaria de Morelos y a las autoridades, después de que la estudiante de 15 años salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. El caso abrió una investigación formal y detonó movilizaciones estudiantiles porque la menor forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

A varios días de los hechos, la familia mantiene una búsqueda propia en la colonia Álvaro Leonel, en el municipio de Yautepec, mientras las autoridades ya difundieron una ficha de búsqueda con los datos de identificación de la adolescente. La exigencia central de sus allegados es que la Fiscalía de Morelos agilice las indagatorias para establecer qué ocurrió y reconstruir sus últimos movimientos.

La última vez que Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista, salió de su vivienda alrededor de las 12:50 horas para comprar material escolar. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y comenzó la localización por parte de sus familiares.

Kimberly Calderón Montero, hermana de la adolescente, informó que el último contacto con Michelle ocurrió el mismo día de la desaparición, cuando salió a comprar una cartulina para hacer una tarea. Después de eso, dijo, ya no volvieron a saber de ella.

La familia y la UAEM mantienen seguimiento del caso

La desaparición fue denunciada ante las autoridades correspondientes, que iniciaron una investigación para tratar de establecer qué pasó con la estudiante. Las diligencias buscan reconstruir sus desplazamientos antes de que se perdiera el contacto.

Uno de los datos que más inquieta a la familia es que, según lo dicho por su hermana, Michelle no tenía experiencia usando transporte público. Ese elemento es considerado relevante dentro de las investigaciones, aunque hasta ahora no se ha informado de manera pública sobre indicios concluyentes de su paradero.

La UAEM confirmó que mantiene contacto permanente con la familia y con las instancias encargadas del caso. En un comunicado institucional, la universidad expresó solidaridad con los familiares y aseguró que da seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

La institución también indicó que continuará acompañando a la comunidad universitaria mientras avanzan las diligencias. Ese respaldo adquirió una dimensión adicional porque la madre de Michelle, Yéssica Calderón Segura, es académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la propia universidad.

Las protestas se extendieron en Cuernavaca y Yautepec

La desaparición de la estudiante provocó muestras de apoyo de alumnos, docentes y trabajadores universitarios, que han difundido la ficha de búsqueda y participado en actividades para mantener visible el caso. La presión pública creció ante la falta de información sobre su ubicación.

La secretaria general de la universidad, María Delia Adame Arcos, reiteró la postura institucional de respeto al desarrollo de las investigaciones y señaló que la universidad seguirá colaborando dentro del ámbito que le corresponde. La línea oficial ha sido acompañar a la familia y respaldar los esfuerzos dirigidos a localizar a la menor.

Estudiantes de la universidad realizaron movilizaciones para exigir avances en la búsqueda. Las protestas y recorridos se llevaron a cabo en Cuernavaca y Yautepec, con participación de compañeros de la adolescente, familiares y ciudadanos.

El caso sacudió a la comunidad universitaria no solo por la edad de la menor, 15 años, sino por su vínculo directo con el sistema educativo de la universidad y con una docente de la misma institución. Esa combinación convirtió la desaparición en un asunto de alta visibilidad dentro del entorno académico de Morelos.

La solicitud de apoyo ciudadano sigue vigente para aportar cualquier información que pueda ayudar a su localización. Hasta el momento, la búsqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón continúa sin que se haya informado públicamente de un resultado concluyente.

• Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de 15 años, desapareció el 24 de mayo de 2026 tras salir de su casa en Yautepec para comprar una cartulina.
• La Fiscalía de Morelos abrió una investigación, emitió una ficha de búsqueda y la familia realiza recorridos propios en la colonia Álvaro Leonel.
• La UAEM mantiene contacto con la familia, mientras estudiantes y ciudadanos se movilizan en Cuernavaca y Yautepec para exigir avances.

En el marco de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón por la desaparición de Agostina Vega, la chica de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, este miércoles personal de la Policía provincial detuvo a Claudio Gabriel Barrelier, apuntado como la última persona que habría visto a la menor.

Según pudo saber Infobae, Barrelier, de 33 años, está contratado por la Municipalidad de Córdoba. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés.

Anteriormente, Barrelier trabajó para Tanus Jalil e Hijos SRL, una compañía dedicada a la importación y comercialización de productos fruti-hortícolas.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que Barrelier posee antecedentes penales. Se trata de una denuncia por violencia de género presentada en 2025. En este contexto, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina fue detenido el 6 de mayo del año pasado e imputado por privación ilegítima de la libertad calificada, debido a que secuestró a su expareja.

Tras permanecer 20 días en prisión mientras se tramitaban distintas medidas probatorias, Barrelier fue liberdo. No obstante, el juez de turno le impuso una fianza y varias condiciones, entre ellas la de comparecer en la fiscalía una vez al mes, lo cual cumplió todos los meses hasta mayo de este año.

A pesar de que al disponer su liberación no se hizo una valoración de la prueba acerca del hecho, sí se analizó que, en virtud de la calificación legal y la ausencia de antecedentes penales computables, Barrelier podía transitar el resto del proceso fuera de la cárcel.

En sus redes sociales, Barrelier se muestra desafiante ante las cámaras. “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”, reza la leyenda con la que se presenta en su biografía de Instagram.

En su perfil de Facebook, en tanto, Barrelier da cuenta de su fanatismo por Instituto de Córdoba. De hecho, se muestra con camisetas de “La Gloria” y comparte postales desde el Monumental de Alta Córdoba.

El domicilio de Barrelier —donde vive con su pareja e hija— fue allanado durante la tarde del miércoles. En el operativo participaron agentes de la Policía de Córdoba y peritos del Ministerio Público Fiscal. En ese momento había varias personas en la vivienda. Se realizaron análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, en la investigación se indica que la última persona en contacto con Agostina fue Barrelier. Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí abonó el viaje y ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y si el sospechoso tuvo participación.

Uno de los elementos clave es la versión sobre la aparición de un Volkswagen Gol rojo, al que supuestamente Agostina habría subido. Para la fiscalía, esa información parte del propio detenido y la cámara que los capta juntos permite descartar, al menos en parte, esa hipótesis y refuerza la sospecha sobre el detenido, que sigue con la misma postura: niega toda relación con el hecho.

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco, contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente. Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

La causa está a cargo del fiscal Garzón, quien ordenó secreto de sumario. En el marco de la investigación, ya se ordenaron más allanamientos que se realizarán durante las próximas horas.

La desaparición de Agostina

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero. La última vez que su familia la vio fue cuando la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 30 años, quien abonó el viaje. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo.

Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes. Su teléfono comenzó a dar apagado. En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía.

En declaraciones a la prensa, la abuela de la menor aseguró que, antes de desaparecer, su nieta le envió un audio de WhatsApp a una amiga en el que le decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, lo que alimenta la sospecha de la mujer de que la niña habría sido engañada por el detenido.

El sospechoso habría asegurado ante las autoridades que no vio a la menor y negó cualquier vínculo con su desaparición. En este momento se llevan a cabo 19 allanamientos.

La familia reclamó demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.

Un hombre de 33 años fue detenido este miércoles como sospechoso de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intesamente en Córdoba desde el fin de semana.

Según confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad de la provincia a Infobae, el arrestado es la persona que recibió a la chica cuando se bajó del remís al que se la vio subir por última vez. Sería conocido de la familia.

Él, además, habría pagado el viaje, de acuerdo a los testimonios recopilados.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó secreto de sumario. En el marco de la investigación, ya se ordenaron más allanamientos que se realizarán en las próximas horas.

La desaparición de Agostina

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero. La última vez que su familia la vio fue cuando la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años, quien abonó el viaje. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo.

Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes. Su teléfono comenzó a dar apagado. En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía.

En declaraciones a la prensa, la abuela de la menor aseguró que, antes de desaparecer, su nieta le envió un audio de WhatsApp a una amiga en el que le decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, lo que alimenta la sospecha de la mujer de que la niña habría sido engañada por el detenido.

El sospechoso habría asegurado ante las autoridades que no vio a la menor y negó cualquier vínculo con su desaparición. En este momento se llevan a cabo 19 allanamientos.

La familia reclamó demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.

Desde hace 72 horas, una adolescente de 14 años es intensamente buscada en Córdoba. Se trata de Agostina Vega, quien salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas y, desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

La última vez que su familia la vio fue la noche del sábado 23 de mayo, cuando indicaron que la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. Sería en este punto donde pudo ser ubicada.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años, quien abonó el viaje. Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes.

Según la información recopilada por El Doce.tv, el hombre que la recibió en Cofico aseguró que la menor habría caminado una cuadra por Juan del Campillo. En ese momento, indicó haberla visto subir a un Volkswagen Gol rojo entre Avellaneda y Urquiza.

Esta versión es investigada por la Fiscalía a cargo del caso y constituye la principal hipótesis sobre el destino inmediato de la adolescente. Hasta el momento, no existe información certera sobre su paradero, por lo que los familiares de la menor expresaron malestar por la lentitud de la investigación. Asimismo, señalaron que aún no accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

En línea con este reclamo, la familia denunció demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Durante la protesta, solicitaron la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y exigieron la activación del protocolo de la Alerta Sofía para casos de desaparición de menores. El objetivo de la movilización fue visibilizar el caso y presionar para que se aceleren las tareas de búsqueda.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.

La familia de Delicia Mamani exige que el caso sea investigado como trata de personas

La desaparición de Delicia Mamani Mamani mantiene en vilo a su entorno desde hace más de seis meses. La joven, estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y residente en el paraje Punta de Agua, en Malagueño, fue vista por última vez el 21 de noviembre del año pasado en Córdoba, cuando salió de su casa sin despedirse y sin llevar dinero.

Este jueves, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa realizaron una concentración frente a los Tribunales Federales de Córdoba, exigiendo la aparición de Delicia y reclamando que la causa sea investigada bajo la carátula de trata de personas en el fuero federal, según indicó Cba24n.

La movilización se desarrolló entre las 10:30 y las 13:30 en la avenida Concepción Arenal y Wenceslao Paunero, en el barrio Rogelio Martínez. Participaron docentes, allegados y la madre de la joven, María Mamani Mamani, de origen boliviano y hablante de quechua, quien asumió el rol de querellante particular tras enfrentar dificultades en el acceso a la justicia.

La familia de Delicia denunció públicamente que sufrió un trato inadecuado en varias dependencias judiciales, incluyendo largas esperas y negativas para iniciar el expediente. La defensora Natalia Lescano señaló que, como víctima de un delito, Delicia tiene derecho a una tutela judicial efectiva y protección integral conforme a las 100 Reglas de Brasilia.

De la misma manera, la querella expresó preocupación porque el expediente permanece bajo estricto secreto de sumario y no existen imputados formales, lo que limita el acceso de la familia a información sobre el avance del caso.

En diciembre de 2025, la abogada Lescano presentó ante la Fiscalía de Córdoba una denuncia formal para que se investigara a un hombre del entorno cercano, identificado como el yerno de María Mamani Mamani. Se entregaron pruebas como capturas de conversaciones en TikTok y WhatsApp, además de imágenes y videos. La causa, en ese momento, ya articulaba una investigación conjunta entre las justicias de Jujuy y Córdoba.

En los meses previos a su desaparición, Delicia había manifestado dificultades emocionales y, según sus compañeras de estudio, habría mantenido contacto por redes sociales con un hombre mayor al que nunca conoció personalmente. Este dato generó alarma sobre una posible captación vinculada a redes criminales.

Por este motivo, la defensora Lescano subrayó el riesgo de captación por redes de trata de personas y solicitó la activación de todos los protocolos de investigación en la Unidad Judicial 2 de Córdoba. Asimismo, los docentes de Delicia denunciaron que en los primeros días posteriores a la desaparición, en Malagueño no se notificó a ninguna unidad judicial, lo que provocó la pérdida de tiempo clave.

“La familia vive en absoluta precariedad y la mamá casi no habla español. Cuando intentó denunciar, en Malagueño no avisaron a ninguna unidad judicial. Se perdieron días claves, días vitales”, relató una docente. De hecho, la búsqueda se intensificó recién diez días después de la desaparición.

Seis meses después de la desaparición de Delicia Mamani Mamani, su familia y allegados continúan exigiendo respuestas. El teléfono móvil y las redes sociales de la joven no registraron actividad desde el 21 de noviembre, fecha en la que también se dieron de baja sus cuentas.

Las autoridades de Yucatán investigan un feminicidio y una agresión contra una adolescente de 14 años dentro de una vivienda del fraccionamiento Real Montejo en Mérida, un caso en el que una mujer murió, el presunto agresor también falleció y la carpeta 95/2026 se integra en la unidad especializada en este delito porque la indagatoria apunta a violencia intrafamiliar y a un posible intento de abuso.

Dentro del domicilio también estaban dos menores: una niña de siete años herida y su hermana de 14 que tenía lesiones más graves.

De acuerdo con la información recabada. La casa, propiedad de Alberto S. T., de 55 años, permanece asegurada por elementos de la SSP mientras continúan las diligencias.

El caso ocurrió este domingo 24 de mayo en una zona residencial del norte de Mérida y provocó consternación entre vecinos, quienes reportaron gritos al 911. La propia adolescente lesionada también logró pedir ayuda al número de emergencias, según la información obtenida.

La carpeta 95/2026 se integra por feminicidio y tentativa

La investigación está radicada en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Feminicidio. De acuerdo con los primeros datos, el propietario del inmueble habría asesinado a su pareja sentimental, una mujer de aproximadamente 40 años, y después habría atacado a la menor de 14 años, en hechos que se investigan como feminicidio en grado de tentativa.

La adolescente permanece hospitalizada, al parecer por una lesión en la zona del tórax. La mujer falleció por una herida con arma blanca en los pulmones, según lo que ha trascendido hasta la tarde de este lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública informó de manera preliminar que las primeras indagatorias apuntarían a que la pareja habría tenido una discusión relacionada con un presunto intento de abuso contra la adolescente. Esa línea también forma parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro del predio asegurado.

En la vivienda fueron localizados dos adultos sin vida cuando llegaron las autoridades. Las corporaciones de seguridad confirmaron además que dos menores lesionadas recibieron atención de emergencia.

La versión preliminar apunta a una agresión seguida de suicidio

La información recabada señala que la madre de la adolescente habría encarado a su pareja después de enterarse del supuesto abuso. Después se habría producido una confrontación violenta en la que la mujer perdió la vida y el hombre presuntamente se autoinfligió las heridas que le causaron la muerte.

Esa hipótesis coincide con otra línea de investigación según la cual, si se confirma que una de las personas fallecidas fue quien cometió la agresión, las autoridades ministeriales cerrarían la carpeta. Hasta ahora no se ha emitido un posicionamiento oficial más amplio sobre esa posibilidad.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación realizan las diligencias en el inmueble. Las autoridades estatales indicaron que, por tratarse de una investigación en curso, por el momento no es posible proporcionar más información.

Vecinos de Real Montejo dijeron que no era la primera vez que había episodios de violencia en ese domicilio. También señalaron que en ocasiones anteriores la policía acudió al lugar, aunque no pudo intervenir porque la víctima no permitía el ingreso de los agentes.

La vigilancia policiaca continúa en la zona residencial mientras se desahogan peritajes y entrevistas. El inmueble sigue asegurado por la SSP y bajo resguardo ministerial.

El caso dejó al menos dos adultos sin vida y dos menores lesionadas dentro de la misma vivienda. La adolescente de 14 años fue quien alcanzó a alertar a los servicios de emergencia sobre la agresión.

• Las autoridades de Yucatán investigan el caso como feminicidio y feminicidio en grado de tentativa dentro del fraccionamiento Real Montejo, en Mérida.
• Una mujer murió, el presunto agresor también falleció y dos menores resultaron lesionadas; una de ellas, de 14 años, llamó al 911.
• La carpeta 95/2026 está en integración y la vivienda de Alberto S. T., de 55 años, permanece asegurada por la SSP.

Un estudiante menor de edad muere apuñalado en Querétaro tras una riña en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General “Ezequiel Montes”, en el municipio de Ezequiel Montes. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que el presunto agresor, también adolescente y compañero de plantel, ya está detenido por el delito de homicidio.

El pasado miércoles, familiares del estudiante Jovani reportan ante la Policía Municipal su desaparición. La mañana del jueves 21 de mayo, autoridades localizan el cuerpo en un terreno baldío cercano a la escuela, en la periferia de la comunidad de La Queretana, todavía con el uniforme puesto y con aparentes heridas provocadas por un arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se origina por una pelea física entre alumnos del plantel. Durante el altercado, uno de los adolescentes presuntamente saca un arma blanca u “objeto metálico con filo” y hiere de gravedad a su compañero.

La Fiscalía estatal implementa un operativo tras la agresión y logra ubicar y detener al señalado como probable responsable. El caso, por tratarse de un menor de edad, se procesa bajo los criterios del sistema de justicia para adolescentes, con reserva de datos personales.

El fiscal general de Querétaro Víctor de Jesús Hernández sostiene que, por la edad del imputado, la autoridad debe proteger información clave del caso: “Saben que al tratarse de una persona menor de edad, la persona que está siendo señalada como probable responsable de la comisión del delito de homicidio, pues específicamente nosotros tenemos que salvaguardar, no solamente los datos de su identidad, sino algunos detalles correspondientes hasta en tanto se defina la situación jurídica por parte de la autoridad competente”.

Hernández también afirma que el adolescente detenido será presentado ante la autoridad judicial para que defina su situación jurídica. “Ya está la persona menor de edad detenida, será puesta a disposición en este momento de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica, el hecho que se le está imputando es propiamente el homicidio”, declara.

Testigos señalan que la pelea ocurre fuera del horario escolar, en las inmediaciones del plantel. En esa confrontación, uno de los involucrados habría usado un objeto punzocortante que causa las lesiones mortales.

El Poder Judicial de Querétaro definirá la situación legal del menor detenido, conforme a la legislación aplicable en materia de justicia para adolescentes, mientras continúan las investigaciones sobre cómo se dio la agresión y el contexto previo a la riña.

El hecho genera molestia y preocupación en el municipio de Ezequiel Montes, donde padres de familia y habitantes exigen medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad en los alrededores de las escuelas, además de acciones preventivas para atender la violencia entre estudiantes.

• Un estudiante menor de edad muere apuñalado cerca de la Secundaria General “Ezequiel Montes”, en Ezequiel Montes, Querétaro.
• La Fiscalía de Querétaro detiene a un adolescente, compañero de la víctima, por el delito de homicidio.
• El cuerpo de Jovani es localizado el jueves 21 de mayo en un terreno baldío, con el uniforme puesto y aparentes heridas de arma blanca.

Carmen Becerra enfrenta una nueva disputa judicial después del feminicidio de su hija de 15 años Leyla Monserrat por parte de sus “amigas”, de 13 y 15 años: otra de las personas que, según su testimonio, participó en las agresiones previas contra su hija la denunció, en un caso que vuelve a exhibir la distancia entre las sanciones impuestas a las responsables y la exigencia de justicia de la familia.

La madre de la adolescente asesinada en Sonoyta, Sonora, sostiene que la denuncia en su contra avanzó con rapidez mientras ella esperó semanas para que las autoridades atendieran las alertas relacionadas con la desaparición y el crimen de su hija. Según su relato a Infobae México, policías acudieron a notificarle el recurso legal y le advirtieron sobre sus declaraciones públicas.

El expediente se da en medio de la inconformidad por las sentencias ya dictadas: la menor de 13 años recibió 11 meses de libertad asistida, sin ingreso a un centro de internamiento, mientras su cómplice de 15 años fue sentenciada a 2 años y 10 meses de internamiento. La reparación del daño quedó fijada en $5,657, una cifra que, de acuerdo con Carmen Becerra, no cubre ni los gastos funerarios, que superaron los $30 mil.

Leyla Monserrat Lares Becerra tenía 15 años y era originaria del municipio de General Plutarco Elías Calles, en Sonora. Carmen Becerra ha dicho que su hija desapareció el 25 de septiembre de 2025 y que su cuerpo fue hallado el 2 de octubre, enterrado en el patio de una vivienda vinculada con una de las adolescentes implicadas.

La denuncia contra la madre reabre el conflicto alrededor del caso

Carmen Becerra dijo a Infobae México que la mujer que la denunció comienza con la letra Y, a quien señaló como la persona que agredió a su hija un día antes del asesinato. La madre sostuvo que esa joven ya es mayor de edad y que el recurso legal en su contra se presentó bajo el señalamiento de presuntas amenazas.

“Ella fue la que me demandó, que porque según yo la ando amenazando de muerte, pero ni siquiera he estado aquí. Pues le digo: ‘¿En qué momento?’”, relató Carmen Becerra a este medio. También describió que la medida habría incluido restricciones de acercamiento: “Dice que yo no me puedo acercar. Le dije: ‘Si ni siquiera me he acercado a ella, ¿qué voy a acercarme a ella?’”.

Detalló que fue ella quien un dpía antes del asesinato de su hija la acompañó a su casa y convivió con ella, incluso que le sacó una fotografía que le mandó a las jóvenes que la asfixiaron para burlarse del tono de su piel.

De acuerdo con su testimonio, la denuncia le abrió un nuevo frente legal cuando todavía busca revertir la sentencia dictada contra las menores. Carmen Becerra explicó a Infobae México que su abogado esperaba conocer si habría careos, presentación de pruebas u otras diligencias derivadas del procedimiento.

“Los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”.

La madre también afirmó que esta nueva controversia le afectó en su agenda y en sus actividades de protesta. Según el texto fuente, esa situación incluso le impidió viajar a la Ciudad de México para participar en una marcha el pasado 10 de mayo.

Carmen Becerra acusa que Y. hostigó a Leyla antes del crimen

En la entrevista con Infobae México, Carmen Becerra describió la implicación de esta joven mayor de edad en hechos previos al feminicidio. Según su versión, la joven acudió a su casa un día antes de que asesinaran a Leyla, llevó consigo a la menor de 15 años sentenciada y ambas entraron al patio.

“Fue a la casa, llevó a la de quince años y se metieron al patio de mi casa, quemaron llantas y todo”, dijo Carmen Becerra. Añadió que, pese a esos señalamientos, “a esa no le hicieron nada”.

La madre de Leyla afirmó además que Yamileth se burló del color de piel de su hija y que incluso la fotografió sin consentimiento para compartir la imagen. “Le tomó una foto a mi hija cuando iba a la tienda y se la mandó a la de quince años, burlándose del color de piel de mi hija”, declaró Carmen Becerra a Infobae México.

Ese señalamiento forma parte de la secuencia de agresiones que, según la madre, antecedieron al asesinato. Carmen Becerra sostuvo que expuso esos antecedentes ante el Ministerio Público, pero aseguró que la autoridad no procedió pese a la información que ella entregó sobre amenazas, hostigamiento y la cercanía de las personas implicadas.

La menor de 13 años sacó a Leyla con engaños

Uno de los puntos centrales del caso, según el testimonio de Carmen Becerra, es la participación de la menor de 13 años ya sentenciada. La madre afirmó que esa adolescente fue quien convenció a Leyla de salir de su casa con el argumento de que le tenían una sorpresa.

“Ella la sacó de la casa con mentiras”, dijo Carmen Becerra a Infobae México al referirse a la menor de 13 años. Luego detalló: “Fue y la metió a la casa de la de quince años. Allí entre las dos acabaron con la vida de mi hija”.

La descripción de la madre coincide con la versión incluida en el texto fuente: horas después de sacar a Leyla de su casa, la víctima fue inmovilizada, asfixiada y enterrada en el patio de una vivienda. Carmen Becerra insistió en que la conducta posterior de las adolescentes muestra frialdad frente al crimen.

“Yo duré seis días para poder encontrar a mi hija y ellas como si no hubieran hecho nada”, expresó Carmen Becerra a Infobae México. Sobre la adolescente de 15 años, agregó: “Hasta dormía en su casa sabiendo que mi hija estaba enterrada ahí”.

La madre también cuestionó el tratamiento judicial de la menor de 13 años. “La de trece años, según que víctima, pero esa joven va a salir muy pronto y ya sabe matar, qué se espera de una joven así”, dijo a Infobae México, en rechazo a cualquier intento de minimizar su responsabilidad en los hechos.

La madre de la menor de 13 años también habría tenido conocimiento, según el testimonio

Carmen Becerra sostuvo que la madre de la menor de 13 años también tuvo información sobre lo ocurrido antes y después del feminicidio. En la entrevista con Infobae México, la identificó como Karina y dijo que, a su juicio, debió ser investigada por lo que sabía desde un principio.

“Estoy segura que Karina sí. ¿Por qué? Porque ella fue y recogió a su hija ese día y ella sí supo desde un principio lo que su hija le hizo a la mía, pero prefirió callarse”, declaró Carmen Becerra a Infobae México. La madre de Leyla añadió que, para ella, guardar silencio frente a esos hechos equivale a encubrir.

“Al momento que tú sabes lo que hizo tu hijo y prefieres quedarte callado, te convierte prácticamente en cómplice”, afirmó Carmen Becerra a Infobae México. También sostuvo que las autoridades no han querido proceder contra esa mujer.

El caso volvió a provocar discusión sobre el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, porque la familia de la víctima impulsa amparos para revocar la sentencia abreviada firmada el 23 de febrero de 2026. Carmen Becerra explicó a Infobae México que aceptaron ese procedimiento bajo presión, porque les dijeron que, si no firmaban, las responsables prácticamente saldrían libres.

“Sacaron un abreviado y que si no firmábamos, las chamacas prácticamente salían libres. Fue la presión que ellos usaron”, relató Carmen Becerra a Infobae México. La madre dijo que ahora espera que esos recursos permitan revisar tanto las condenas como la actuación de las personas adultas que, según su versión, conocieron el contexto previo y posterior al feminicidio.

Por otro lado, se encuentran en riesgo "elevado" de incendio más de una treintena de municipios ubicados entre las regiones del Alentejo (colindante con el Algarve) y de Trás-os-Montes e Alto Douro (norte de Portugal, fronterizo con España).

Estos avisos fueron emitidos en la web del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), que precisó que esos tres municipios del Algarve registrarán hoy máximas que rondarán los 28 ºC y mínimas de 17ºC.

Entre las capitales de los distritos portugueses, Évora (35ºC), Setúbal (34ºC), Santarém (34ºC) y Beja (34ºC) son las ciudades que registrarán los mayores valores máximos.

En Lisboa, este jueves espera que la máxima alcance los 33ºC, con la mínima en 17ºC.

De acuerdo al IPMA, se espera un aumento generalizado de las temperaturas en la región peninsular del país a partir de este jueves, con valores por encima de la media, que deberán mantenerse al menos hasta el cierre del mes de mayo.

Se trata de un video registrado por una cámara de seguridad, al que accedió Infobae, en el que se observa el instante en que el martes de la semana pasada, en la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana, el Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años, chocó contra la Honda XR 150 en la que iban la víctima y S.M.,otro menor de 17, quien era el que manejaba el vehículo.

El video es impactante. En él se ve cómo la moto -que tenía pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo- circula a una gran velocidad hasta que impacta contra el auto y hace que los dos menores salgan despedidos por el aire.

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, dada a conocer ayer por este medio, la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”. Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

El resultado del examen forense toma particular relevancia porque según se pudo establecer, la víctima no llevaba casco. Lo que resta es el resultado de la pericia accidentológica y las imágenes reunidas en la causa para reconstruir la mecánica del choque y determinar cómo se produjeron las lesiones que derivaron en su muerte.

Después de esta secuencia, la historia tomó un giro inesperado. Fue cuando Leandro Edgardo Marzzellino, un vecino de 50 años, se acercó aparentemente para asistir a las víctimas y de repente comenzó a golpear brutalmente en la cabeza a Kevin mientras estaba en el piso herido tras el accidente.

La agresión fue filmada por un testigo, cuyas imágenes fueron aportadas a la Justicia por la familia de Kevin después de que se confirmó su muerte en el sanatorio porteño al que había sido trasladado tras el accidente.

En el video se observa cómo Marzellino comenzó a golpearlo en cabeza delante de los médicos, la Policía y otros vecinos. El motivo de la agresión todavía no está claro.

Por ahora, la única persona imputada en la causa es la conductora de 25 años que manejaba el vehículo involucrado en el choque.

Está acusada de homicidio culposo. En cambio, la situación procesal de Marzzellino todavía no fue definida: según fuentes del caso consultadas por Infobae, en principio podría ser imputado por lesiones, aunque restan pericias anatomopatológicas, médicas y otros estudios complementarios antes de que la fiscal del caso, Daniela María Bertoletti Tramuja, adopte una calificación definitiva.

El hombre, con domicilio registrado a escasos metros del lugar del accidente, tiene un frondoso historial de antecedentes penales. Como contó este medio, aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves, uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

“La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso. Es claro, son contundentes las imágenes”, aseguró el abogado de los familiares, José Equiza.

Los Martínez sostienen que la golpiza posterior al choque tuvo incidencia en el desenlace y reclaman el no accionar de la policía. En diálogo con TN, su abuela cuestionó la falta de intervención de quienes estaban en el lugar y resumió su reclamo con una frase: "Nadie hizo nada para evitar que le peguen”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N”, acusado de los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de una estudiante de secundaria de 14 años de edad, en hechos ocurridos en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la denuncia fue presentada el pasado 18 de febrero de 2026 por la madre de la víctima, luego de que la menor ingresó a un hospital y reveló haber sido víctima de diversas agresiones sexuales presuntamente cometidas por uno de sus profesores.

Las investigaciones fueron encabezadas por agentes de la Fiscalía capitalina, quienes realizaron entrevistas, así como dictámenes médicos y psicológicos para fortalecer la carpeta de investigación y determinar la posible responsabilidad del imputado.

Según la información oficial, el Ministerio Público reunió los datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra del docente, identificado como Eduardo “N”.

Fiscalía logra detención

La orden fue concedida por un juez de control y ejecutada el pasado 14 de mayo por elementos de investigación.

Tras su captura, el acusado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Durante la audiencia inicial celebrada el 15 de mayo, el juez analizó los elementos presentados por la representación social y determinó vincular a proceso al imputado por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado.

Además, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Eduardo “N” permanecerá interno mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

El juez también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas y testimonios relacionados con el caso.

La Fiscalía de la Ciudad de México reiteró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar acceso a la justicia para la víctima y su familia.

El caso ha generado preocupación entre padres de familia y la comunidad escolar debido a la gravedad de las acusaciones y al contexto en el que presuntamente ocurrieron los hechos, dentro de un entorno educativo.

En México, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son considerados graves y pueden alcanzar penas severas, especialmente cuando existe una relación de confianza o autoridad entre el agresor y la víctima, como ocurre en casos donde los imputados son docentes o responsables del cuidado de adolescentes.

El joven de 19 años, Benjamín Scerra, que era buscado desde el sábado en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, fue hallado sin vida y desencadenó nuevas diligencias judiciales que involucran un homicidio y la búsqueda de un prófugo.

El cuerpo se hallaba semidesnudo, cubierto con una chapa y presentaba múltiples puñaladas, especialmente en el cuello.

A pesar de los primeros rastrillajes infructuosos realizados por efectivos de la Comisaría 24ª y el Comando Radioeléctrico durante la semana, el resultado llegó cuando el cadáver fue localizado en un sector de difícil acceso cubierto con un chapón. La localización del joven activó un despliegue policial motivado por una pista clave.

Encontraron el cadáver este jueves cerca de las 22 horas en una vivienda situada en la calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo de Capitán Bermúdez, según confirmó el Ministerio de Seguridad.

La víctima había desaparecido tras salir de su casa con un amigo durante la madrugada del 8 de mayo, hecho denunciado por su padre, Félix Scerra, en la comisaría local. El joven había salido sin dinero y llevaba únicamente un atado de cigarrillos y su celular. Según detalló a las autoridades, Benjamín tenía antecedentes de depresión y problemas de consumo.

Durante la pesquisa, los investigadores realizaron entrevistas a familiares, amigos y conocidos, además de analizar cámaras de seguridad, consultar hospitales y registros penitenciarios, y trabajar en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El caso está a cargo del fiscal de San Lorenzo, Aquiles Balbis, quien tomó intervención luego de que se hallara el cuerpo en su jurisdicción. En declaraciones a los medios, el funcionario sostuvo que los forenses corroboraron más de 20 puñaladas. Las heridas fatales se concentran en el cuello.

“La escena donde fue relevado el cuerpo no es la escena primaria, el cuerpo ha sido colocado en el lugar”, confirmó. Y es que el cuerpo del joven cuenta con heridas de arrastre post mortem que demuestran que fue trasladado por su asesino hasta el lugar del hallazgo.

Hasta el momento, la investigación ubica la muerte de Benjamín en las primeras horas de la mañana del sábado y se cree que el cadáver fue sometido a algún método de preservación —posiblemente en un lugar refrigerado— antes de ser descartado.

“(Lo mataron) en un contexto de una reunión privada, personal, con consumo de bebidas, que ameritó justamente conflictos interpersonales en donde se habrían agredido”, reconstruyó, respecto a la motivación del crimen. Uno de los involucrados en esa reunión, ahora prófugo, es señalado como autor del homicidio. También hay un detenido por el altercado violento, no directamente ligado al crimen.

Y siguió: “Esto dio lugar a una primera agresión entre los dos hermanos que se encontraban en el lugar y posteriormente motivó una agresión de uno de ellos, concretamente el que se encuentra profugado”. Las dos casas en donde habrían ocurrido los conflictos previos al asesinato fueron incineradas por manifestantes.

El hallazgo

La secuencia de hechos que precedió al hallazgo del cuerpo de Benjamín Scerra comenzó con una denuncia recibida por el 911 sobre la posible presencia del joven en un rancho cercano al monte Celulosa la madrugada del viernes, acompañado por el agresor. El hallazgo del cuerpo y la gravedad del caso dio intervención a la fiscal Agustina Eiris, jefa de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

La pista condujo a las autoridades a desplegar un operativo en viviendas precarias sobre el límite con Capitán Bermúdez, poco después de las 20 horas.

Según Rosario3, más temprano durante el día, la jornada se vio marcada por violentos disturbios en el barrio El Espinillo donde pedían justicia por Benjamín. El clima de tensión escaló durante la tarde y desembocó en graves incidentes. Se registraron agresiones, lanzamiento de piedras e incluso el incendio de un automóvil en la vía pública.

Medios locales reconstruyeron que los móviles de televisión de Rosario que llegaron a la zona fueron recibidos con hostilidad. Un cronista de Telefé Rosario y su camarógrafo, por ejemplo, fueron agredidos por un grupo de personas, mientras que el equipo de El Tres sufrió el pinchazo de dos ruedas de su vehículo.

En ese contexto, los periodistas aseguraron que debieron retirarse del lugar luego de que la Policía se replegara rápidamente, con la situación todavía fuera de control. El Sindicato de Prensa Rosario repudió los ataques.

En tanto, las autoridades se concentran en determinar si existieron cómplices o facilitadores y reconstruir lo sucedido durante el final de Benjamín Scerra.

En el Valle de Lerma, provincia de Salta, una menor de edad con discapacidad intelectual denunció haber sido víctima de explotación sexual facilitada por su entorno. Declaró que fue entregada por una mujer y cuatro hombres abusaron sexualmente de ella. Tras la detención de la acusada que oficializaba como nexo y que entregó a la adolescente a cambio de dinero, la fiscalía logró identificar a los hombres involucrados. El caso continúa bajo investigación judicial, mientras se espera avances en el esclarecimiento y sanción de los hechos denunciados.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal interina Verónica Simesen de Bielke, identificó a los cuatro hombres mayores de edad señalados como responsables del abuso. La fiscal detalló que la mujer, también adulta, habría promovido y facilitado la prostitución agravada de la menor, coaccionando a la adolescente para que mantuviera relaciones sexuales a cambio de una suma de dinero.

Las detenciones se realizaron tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro. Personal de la Unidad de Investigación UDIS ejecutó los operativos en distintos domicilios del Valle de Lerma, donde incautó teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a peritajes para obtener evidencia digital que podría resultar clave para el proceso penal.

Según la reconstrucción de los hechos, la mujer detenida habría contactado a los hombres y recibido una contraprestación económica por permitir el acceso carnal a la adolescente, quien padece una discapacidad intelectual. El Tribuno informó que la investigación busca determinar el tiempo durante el cual ocurrió la explotación de la menor y si existieron episodios previos.

Operativos y detalles de la investigación

La menor logró denunciar la situación ante las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de protección y avanzar con la investigación. Estos procedimientos se rigen por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y los códigos procesales penales provinciales. La fiscalía mantiene abiertas varias líneas de pesquisa para determinar si existen más personas involucradas o si la modalidad se replicó en otros casos similares en la región.

La fiscalía solicitó que, conforme a lo previsto en el artículo 306 del nuevo Código Procesal Penal, los detenidos fueran sometidos a la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en un plazo de 24 horas. Durante la audiencia, la fiscal Simesen de Bielke comunicó a los acusados el hecho que se les atribuye, la calificación legal y el grado de participación, exponiendo además los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

Además, se investiga si los acusados formaban parte de una estructura organizada o si actuaron de manera individual bajo la intermediación de la mujer detenida. Mientras avanza la causa, los imputados permanecen privados de libertad y a disposición de la justicia. Las autoridades no descartan nuevas detenciones o imputaciones en caso de que surjan pruebas adicionales durante el análisis de los elementos recolectados en los procedimientos recientes.

La fiscal Simesen de Bielke insistió en la reserva de identidad tanto de la adolescente como de los acusados, en resguardo del proceso y de la integridad de la víctima. Además reiteró que el caso se trata con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en línea con los protocolos vigentes para la protección de víctimas de delitos sexuales. La causa permanece en etapa de instrucción, con medidas de protección reforzadas para la menor, y el seguimiento de organizaciones especializadas que brindan acompañamiento psicológico y legal.

Un adolescente de 14 años fue hospitalizado este viernes tras resultar herido de arma de fuego. El hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre dos grupos que mantenía conficto en las cercanías del Puente Laprida, en Paraná.

El menor fue víctima de un disparo en la zona derecha de la espalda y tuvo que ser atendido de urgencia para recibir atención médica. Tras la balacera, fue asistido en el barrio Humito para luego ser derivado al Centro de Salud Carrillo y, finalmente trasladado de urgencia al hospital San Roque debido a la gravedad de la lesión, según detalló Reporte100.7.

De acuerdo con fuentes de la investigación, los implicados pertenecerían a bandas rivales con antecedentes de conflicto. Sin embargo, la situación sigue siendo evaluada para determinar responsabilidades y las circunstancias exactas del ataque.

El episodio, ocurrido a las 16:30 en una zona transitada de la capital entrerriana, causó preocupación entre los vecinos por haberse producido en plena tarde y en un sector con habitual circulación de personas y vehículos. Personal policial realizó un operativo especial en el área para intentar identificar a los presuntos autores y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Muchas de estas disputas se relacionan con el narcomenudeo y el control territorial. Las investigaciones señalan que algunos de los enfrentamientos más graves involucran a grupos familiares con antecedentes en la venta de drogas, que mantienen rivalidades históricas o que buscan consolidarse en el negocio.

Otro adolescente herido

Otro adolescente fue herido el mismo viernes cuando el menor de 16 años intentó robar una distribuidora ubicada en Castelli y pasaje Paraná, al norte de la ciudad de Santa Fe. El joven, acompañado por otro sujeto y ambos munidos con escopetas, irrumpió en el local, donde enfrentaron la resistencia del dueño, hombre de 57 años, y su hija, de 27.

La situación escaló cuando, tras un forcejeo dentro del comercio, la joven logró desarmar al adolescente, produciéndose un disparo que lo hirió con su propia arma. La llegada de efectivos de las comisarías 9ª y 10ª junto al Comando Radioeléctrico permitió la detención del menor y el secuestro de una escopeta calibre 16 y otra 12/70.

Vecinos alertaron al 911 por los gritos y disparos escuchados durante el asalto, lo que facilitó el rápido operativo policial. Según la reconstrucción oficial, el propietario del comercio no sufrió heridas, aunque la hija padeció lesiones menores al forcejear con los asaltantes.

El adolescente herido fue trasladado al hospital Cullen bajo custodia. El hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I y tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA), involucrando a fiscales de Homicidios y de Menores.

De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal de Homicidios decidió no tomar medidas contra la mujer al interpretar que actuó bajo legítima defensa. La situación procesal del menor será definida en las próximas horas. Por disposición judicial, personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes en la distribuidora.

El comerciante relató que en los días previos ya había sufrido varios robos: “Ya me habían sacado un montón de mercadería y cigarrillos; prácticamente me vaciaban las estanterías”, sostuvo en diálogo con el medio Sin Mordaza.

El Ministerio Público de la Acusación evalúa los antecedentes del adolescente y de su acompañante, mientras se intenta determinar si están vinculados a otros hechos delictivos recientes en el barrio. La secuencia del asalto y la reacción de la joven reavivaron el debate sobre la inseguridad en la zona norte de la ciudad y las dificultades que enfrentan los comerciantes ante la reiteración de hechos violentos.

Ambos sucesos reflejan la preocupación creciente por la participación de menores en situaciones de violencia armada y delictiva, un fenómeno que inquieta a vecinos y autoridades en distintas ciudades del litoral argentino.

Un adolescente de 17 años fue detenido este último miércoles por la noche en la localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, acusado de agredir a su madre con una tabla de madera, en un episodio que activó el protocolo de intervención policial y judicial en casos de violencia familiar.

El incidente se registró alrededor de las 22:20 en el domicilio de la víctima. Efectivos de seguridad llegaron rápidamente al lugar luego de que la propia víctima llamara a las autoridades y concretaron la aprehensión del menor, quien, de acuerdo con el reporte oficial, habría atacado físicamente a su madre y le provocó lesiones leves.

Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la agresión se produjo en el interior del domicilio familiar, y la víctima fue asistida en el lugar.

La información oficial brindada por el portal El Doce.tv, señala que el episodio fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para determinar los pasos a seguir en el proceso.

El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación en función de la investigación y las pruebas recabadas. Se informó que la madre de la víctima fue asistida y que presenta lesiones consideradas leves.

En situaciones de violencia familiar en las que el presunto agresor es menor de edad, la ley prevé la intervención de organismos especializados y equipos interdisciplinarios para evaluar tanto el contexto familiar como las eventuales medidas de protección para la víctima. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre eventuales antecedentes o situaciones previas que involucren al joven.

Un hombre apuñaló a su pareja frente a sus hijos

A finales de abril, un hombre intentó asesinar a su pareja frente a sus hijos en Salta y luego trató de quitarse la vida. El episodio se produjo alrededor de las 18 del martes 21 de abril, según informaron fuentes policiales, y dejó a la víctima en grave estado tras recibir tres puñaladas.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de los hijos del matrimonio, y de inmediato, avisaron a las autoridades. Los niños, presentes en la casa al momento del ataque, lograron salir y pedir ayuda desesperadamente.

La Policía acudió rápidamente al domicilio. Mientras los efectivos aseguraban la escena, la mujer fue trasladada de urgencia primero a la salita barrial y luego derivada al hospital San Bernardo, donde se encuentra internada en estado crítico. Fuentes consultadas por El Tribuno señalaron que la intervención médica fue crucial para estabilizar a la víctima ante la magnitud de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, todo comenzó con una discusión entre la pareja que escaló rápidamente. El agresor, cuya identidad se mantiene bajo reserva en esta etapa de la investigación, huyó del lugar luego del ataque. Sin embargo, tras una breve búsqueda en la zona, los efectivos lograron localizar al agresor en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del hecho.

Al verse rodeado por la Policía, el agresor intentó quitarse la vida, provocándose lesiones leves que requirieron atención médica. Fue derivado al hospital más cercano, donde se constató que su vida no corría peligro. Tras la revisión médica, quedó detenido y fue puesto a disposición de la justicia, en donde podría quedar imputado por intento de femicidio.

La diseñadora británica explicó a Hello! Magazine que Harper Beckham, de solo 14 años, necesitó la intervención de un dermatólogo. “He pasado por ese viaje yo misma”, dijo la excantante.

Explicó que fue debido al uso de productos inadecuados, un hecho que ha generado alarma entre padres y especialistas sobre los riesgos de estos artículos para la salud juvenil.

Harper Beckham acudió al especialista después de experimentar brotes cutáneos atribuibles al uso excesivo de cosméticos no recomendados para su tipo de piel. Esta situación no solo motivó el apoyo familiar, sino que impulsó a Harper a interesarse por crear alternativas de cuidado facial seguras para jóvenes, según detalló Victoria Beckham al medio citado.

Victoria Beckham recordó que su hija Harper Beckham tenía una piel “hermosa” antes de caer bajo la influencia de marcas de belleza y probar numerosos productos inadecuados. Como resultado, la adolescencia de Harper se vio marcada por el deterioro de su piel, lo que requirió una consulta profesional y motivó una reflexión familiar sobre el uso responsable de los cosméticos.

La experiencia de Victoria Beckham con el acné

No es la primera vez que la familia encara retos dermatológicos. Victoria Beckham confesó al medio que ella también padeció acné en distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta.

“He pasado por ese viaje yo misma. Sufrí acné en la infancia, acné juvenil y acné en adultos”, señaló.

La diseñadora bromeó diciendo que ha vivido “todo tipo de acné”, lo que le permitió conectar mejor con las dificultades de su hija. La experiencia compartida entre madre e hija iluminó la importancia de una orientación profesional ante complicaciones en la piel.

El interés empresarial de Harper Beckham en el cuidado de la piel

Después de enfrentar sus propios desafíos dermatológicos, Harper Beckham mostró un temprano interés por el emprendimiento centrado en el bienestar juvenil. Victoria Beckham reveló a Hello! Magazine que su hija preparó una presentación para proponer la creación de una línea de cuidado de la piel dirigida a adolescentes.

Victoria destacó el entusiasmo de Harper, quien estructuró su propuesta con el objetivo de ofrecer soluciones seguras y efectivas para otras jóvenes que enfrentan dificultades similares.

Este impulso emprendedor surgió directamente de su experiencia personal con los problemas cutáneos y el deseo de mejorar el cuidado facial en su generación.

En el entorno familiar, Harper también elaboró otra propuesta para convencer a su madre de dejarle cambiar su estilo de peinado, aunque esa petición quedó pendiente. La posibilidad de un futuro lanzamiento de una marca específica para adolescentes se mantiene como una aspiración presente.

Dinámica familiar e impacto emocional según la psicología

En el plano emocional, la relación entre madre e hija ha ganado fuerza a través de la solidaridad ante las dificultades cutáneas. Victoria Beckham ha descrito el vínculo con Harper como “sumamente estrecho”, lo que ha facilitado afrontar juntas los desafíos propios de la adolescencia.

La psicoterapeuta Anna Mathur explicó a Hello! Magazine que las madres de adolescentes suelen experimentar una combinación de “orgullo, instinto protector, tristeza y entusiasmo” mientras acompañan a sus hijas durante esta etapa de transición.

Mathur también señala que, al observar el florecimiento de la juventud de sus hijas, algunas madres pueden verse influenciadas en su percepción de la propia imagen.

La exposición en redes sociales, que suele resaltar el parecido entre Victoria y Harper Beckham, añade una dimensión de presión sobre la autoestima y la construcción de los estándares de belleza en jóvenes.

Harper Beckham, lejos de permanecer pasiva, ha transformado su aprendizaje en un compromiso por fomentar el bienestar de otras adolescentes. Su objetivo es que ninguna joven atraviese los mismos retos que ella ha enfrentado, promoviendo el cuidado adecuado y la prevención desde una perspectiva generacional.

Luego de denunciaran que un compañero había difundido un video íntimo que involucraba a una adolescente de 17 años, la Justicia de Neuquén emitió una inédita resolución judicial que obliga a toda la comunidad educativa a capacitarse en el uso responsable de redes sociales. Así, los docentes, alumnos y padres de una escuela secundaria de Centenario deberán aprender sobre los tipos de violencia digital.

La medida fue dispuesta por la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia Adriana Luna, a cargo del Juzgado N° 6 de la I Circunscripción, tras la denuncia presentada por una estudiante de cuarto año. Según consta en el expediente, la joven acusó a un compañero de haber grabado y difundido contenido íntimo sin su consentimiento.

Ante esta situación, la magistrada argumentó que se trataba de una conducta tipificada como violencia digital, según lo establecido en la Ley Olimpia N° 27.736 y la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Por este motivo, resolvió implementar un Plan de Capacitación y Abordaje Integral sobre Violencia Digital y de Género, de aplicación “obligatoria e inmediata” en la institución.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el colegio deberá organizar talleres y jornadas de reflexión donde se aborde el uso responsable de redes sociales, la difusión no consentida de contenido íntimo, los vínculos saludables, la empatía y el consentimiento durante la adolescencia. Además, la participación será obligatoria para los estudiantes del curso involucrado, el cuerpo docente, los directivos y las familias.

En línea con esto, la jueza Luna sostuvo que el objetivo es “fortalecer la corresponsabilidad en la prevención de estas conductas y evitar la reedición de hechos como los acontecidos”. De la misma manera, en la resolución judicial subrayó que la medida busca dar una respuesta integral que involucre a toda la comunidad escolar y no se limite al castigo individual.

Previo a darse a conocer el fallo, la magistrada mantuvo audiencias individuales con los adolescentes involucrados en el caso. Asimismo, remarcó que la intervención judicial en procesos que involucran adolescentes debe regirse por los principios de interés superior del niño, oportunidad y eficacia, buscando acciones que protejan, eduquen y generen corresponsabilidad.

Por medio de un análisis del informe psicológico sobre el estado de la denunciante, determinó que el hecho generó en la menor de edad un cuadro depresivo, angustia y temor constante ante la posibilidad de exposición pública en el ámbito escolar.

A raíz de este diagnóstico, la jueza agregó una serie de medidas cautelares que incluyen la prohibición de intimidación, hostigamiento o perturbación por parte del acusado hacia la alumna denunciante.

Por último, el fallo indicó que la institución educativa tendrá un plazo de 30 días hábiles para fijar la primera jornada de capacitación, presentar un cronograma detallado de actividades y, al finalizar el proceso, elevar un informe sobre resultados, nivel de participación e impacto en la comunidad escolar. Las actividades estarán a cargo de profesionales en género, ciudadanía digital y psicología adolescente, con la intervención de equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación.

Condenaron a un preso por abusar sexualmente sin contacto físico de una menor de edad

El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón dictó una sentencia considerada de alto impacto al condenar a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una niña durante más de tres años mediante redes sociales, mensajería instantánea y videollamadas. Los hechos ocurrieron entre enero de 2020 y febrero de 2023 en Ituzaingó y Hurlingham.

La resolución, firmada por Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, reconoció que puede existir abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y a través de medios digitales, un criterio sin precedentes según las fuentes judiciales a las que tuvo acceso Infobae.

De acuerdo a la investigación, Novillo manipuló a la víctima desde que tenía 12 años, empleando identidades falsas en Instagram y WhatsApp para ocultar su verdadera condición de adulto. Fue así que el acusado ejerció dominio psicológico, amenazas y coacción, obligando a la niña a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo y sometiéndola a un esquema de intimidación constante y amenazas de difusión de material íntimo.

El fallo judicial estableció que los hechos constituyeron un caso de abuso sexual con acceso carnal cometido íntegramente a través de medios digitales. En línea con esto, los jueces consideraron probado que el sometimiento fue real y profundo, equiparable al abuso físico, y remarcaron que la violencia digital puede generar un cautiverio psicológico de igual intensidad.

Durante el juicio se acreditó que Novillo utilizó usuarios falsos para ganarse la confianza de la menor, simulando ser un adolescente. Inició el requerimiento de imágenes íntimas en enero de 2020, bajo el pretexto de una supuesta campaña de modelaje.

Posteriormente, la violencia escaló, debido a que comenzó a exigir fotos y videos desnudos. También realizaba videollamadas en las que la víctima era obligada a exhibirse y realizar actos sexuales bajo amenazas de divulgación de material íntimo.

“Mucho tiempo fue esto de fotos y videos, después fueron más videollamadas, que él me pedía... todo en contra de mi voluntad. Yo no quería”, declaró la víctima en Cámara Gesell. Además del abuso sexual, Novillo extorsionó económicamente a la familia de la víctima.

Según constató la investigación, Novillo obligó a la niña a enviar imágenes de tarjetas de crédito y débito de sus padres, lo que permitió realizar operaciones ilegales. Fue así que la familia denunció una pérdida estimada en $350.000, además de la reposición de 48 plásticos y transferencias a billeteras virtuales.

Entre las pruebas más contundentes, se rastrearon operaciones realizadas a través de Pago Fácil y Rapipago, redirigidas a una billetera digital “Prex Card” creada a nombre de Johanna Agüero, pero controlada por Novillo desde su lugar de detención.

Por otro lado, en el teléfono del condenado se hallaron 719 archivos con contenido de abuso sexual infantil. El informe psicológico oficial, realizado a los 15 años de la víctima, describió síntomas de trauma psíquico severo, baja autoestima, perturbaciones en el sueño y tendencia autodestructiva. “Las primeras noches después de contarlo dormí con un cuchillo al lado o con mis papás”, reconoció la joven.

El perfil del agresor reveló antecedentes por hechos similares, con condenas en 2008, 2012 y 2017. Por este motivo, el tribunal lo halló culpable de abuso sexual con acceso carnal, producción y tenencia de imágenes de abuso infantil, promoción de la corrupción de menores, extorsión y defraudación mediante tarjetas de crédito.

Finalmente, desde el Ministerio Público destacaron que la sentencia marca un precedente en la adaptación del Derecho penal a nuevas formas de violencia digital, y enfatizaron: “El fallo deja un mensaje claro: la violencia también se ejerce a través de entornos digitales y marca un camino para la adaptación del Derecho penal a nuevas formas de violencia en la era digital.”