La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia advirtió que, si no recibe un pago significativo antes de finalizar 2025, suspenderá desde el 1 de enero de 2026 los servicios de salud no urgentes para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en el occidente antioqueño.

Esta decisión responde a una deuda acumulada de $1.084 millones que el Fomag mantiene con el hospital, situación que compromete la estabilidad financiera de la institución y la continuidad de la atención a la comunidad educativa, según informó el hospital en un comunicado oficial.

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“En el presente momento FOMAG únicamente adeuda los $1.860.948.197 y en lo que respecta a servicios de hospitalización y cirugías, los pacientes que se encontraban programados para las fechas de la terminación del contrato, fueron atendidos con total diligencia”, dice el comunicado del hospital.

En el último pronunciamiento, la dirección del Hospital San Juan de Dios subrayó que la medida afectará exclusivamente los procedimientos no urgentes, mientras que la atención de urgencias y emergencias se mantendrá para los docentes y sus beneficiarios.

La entidad enfatizó: “Nos veremos obligados a suspender los servicios de salud no urgentes para maestros y beneficiarios de Fomag en esta región”, reiterando su disposición a negociar y evitar la suspensión si se logra un acuerdo de pago antes de diciembre de 2025.

El hospital detalló que la deuda corresponde a servicios prestados desde la firma del contrato con el Fomag y que, hasta la fecha, no existen giros programados para saldar la cartera vencida.

Además, la institución denunció dificultades técnicas con la plataforma del Fomag, lo que ha impedido la radicación efectiva de facturas y ha complicado el proceso de conciliación de cartera. Las directivas señalaron: “Presentamos dificultades con la plataforma de la entidad responsable de pago para la radicación de las facturas, problemática no subsanada por parte de Fomag”.

A pesar de reconocer problemas administrativos en la conciliación de glosas, el hospital consideró que estas dificultades no justifican la suspensión de los pagos. En palabras de la entidad: “Esta situación no puede ser motivo para suspender el giro de recursos, máxime cuando la plataforma de la entidad no permite la radicación”.

La preocupación entre los docentes y sus familias se ha intensificado, recordando que en 2024 los hospitales públicos de Antioquia anunciaron la suspensión de servicios no urgentes para más de 96.000 profesores y sus beneficiarios inscritos en el Fomag, como medida de presión para exigir el pago de servicios prestados entre mayo y junio de ese año.

“La ESE hospital San Juan de Dios garantiza la prestación de servicios de salud a toda la población afiliada al régimen subsidiado y contributivo, asegurando el acceso oportuno de los pacientes, priorizando la humanización, seguridad del paciente, ética, honestidad, responsabilidad, amabilidad y buena relación médico paciente”, se agrega en el documento.

Hasta el momento, el Fomag no ha emitido una respuesta pública ante el anuncio del hospital, y tampoco se ha pronunciado la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), principal sindicato de los maestros, pese a reuniones recientes entre sus directivos y el vicepresidente del Fondo.

El comunicado del hospital reiteró su compromiso con la prestación de servicios de salud para los maestros y sus familias, asegurando que hasta el 6 de diciembre de este año los servicios ambulatorios y de urgencias funcionaron con normalidad.

“De manera especial informamos al público hasta el día seis de diciembre de este año estuvieron en funcionamiento normalmente los servicios ambulatorios y de urgencias en nuestra institución, cumpliéndose el compromiso ante la comunidad”, dice el comunicado del centro hospitalario.

Además, la entidad garantizó la atención a los pacientes programados para hospitalización y cirugías en las fechas cercanas a la terminación del contrato, y afirmó que continuará priorizando la humanización, seguridad del paciente, ética y responsabilidad en la atención a la población afiliada al régimen subsidiado y contributivo.

Las autoridades locales y de salud permanecen vigilantes ante la evolución de la situación y esperan que el Fomag gestione los recursos necesarios para evitar la afectación de los derechos de los docentes a recibir atención médica adecuada en el occidente antioqueño. El hospital solicitó a la comunidad mantenerse informada sobre las novedades y avances en las gestiones para resolver la crisis financiera.

En un caso que ha generado indignación en entornos educativos de Antioquia, el coordinador académico de la Institución Educativa Bernardo Arango Macías, en La Estrella, Valle de Aburrá, está en delicado estado de salud, luego de ser agredido por un estudiante y su acudiente.

El coordinador académico tuvo que ser remitido a cirugía tras recibir una golpiza descomunal propinada, al parecer, por un estudiante de séptimo grado y el acudiente del menor.

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El hecho se presentó el viernes 18 de julio de 2025 y solo hasta el 23 de julio se han conocido más detalles acerca de los motivos que generaron este escenario.

El ataque se habría dado durante una reunión convocada por el coordinador en respuesta a antecedentes de mal comportamiento del alumno, y que días antes habría intentado agredir a otra docente.

Lo que más polémica ha causado esta presunta agresión cometida por el menor de edad, apoyado en su familiar, es que al coordinador académico lo golpearon a mansalva dentro de la sede Manuela Beltrán, en presencia de estudiantes de primaria.

Agresión a coordinador académico en Antioquia: un reflejo de los valores que se inculcan desde casa

El docente fue identificado como Óscar Javier Contreras Villamil, y resultó con varias lesiones, incluida una fractura doble de rodilla, que requirió traslado a un hospital y posterior intervención quirúrgica.

El sindicato de educadores de Antioquia (Adida —Asociación de Institutores de Antioquia—), calificó el hecho como una vulneración grave a los derechos del docente y a las normas de convivencia escolar.

La administración municipal también expresó su rechazo a la agresión y manifestó apoyo a la comunidad académica, y destacó además en un mensaje que la atención al caso involucra a la institución, el sindicato y la Secretaría de Educación, en cumplimiento de la normatividad y el debido proceso.

Por el momento no se conoce avance de medidas judiciales contra los agresores, y las autoridades han hecho un llamado al respeto y la tolerancia para resolver conflictos en el entorno escolar.

A su vez, el alcalde Carlos Mario Gutiérrez informó que tras un acuerdo entre el sindicato y la Secretaría de Educación, se evitarán pronunciamientos adicionales sobre el caso. No obstante, el sindicato reiteró su pedido de investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido.

“Desde la Asociación de Institutores de Antioquia manifestamos nuestra profunda preocupación frente a los hechos de violencia que siguen afectando a nuestros maestros en el ejercicio de su labor educativa”, indicó el sindicato en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook. “La reciente agresión contra un docente en La Estrella representa un ataque directo a la escuela como territorio de paz”, sigue el mensaje.

De igual forma y más adelante, la misiva resaltó: “No podemos naturalizar la violencia contra quienes dedican su vida a formar generaciones. Por eso, seguimos trabajando desde nuestros espacios sindicales y de derechos humanos para exigir justicia, protección y garantías para toda la comunidad educativa.

Esto indicó el reporte de las autoridades: el motivo de la agresión al coordinador académico

De acuerdo con un reporte que conoció Teleantioquia Noticias, los hechos se conocieron alrededor de las 10:45 a. m., momento en el que los agentes que estaban de turno aquel viernes se dirigieron hasta el plantel educativo.

En palabras del mismo coordinador académico (Contreras Villamil), el ataque se habría originado por una decisión que se tomó con el estudiante de grado séptimo (y cuyo acudiente había sido citado por una agresión a otra profesora), y fue por ir en contra de lo que reza en el manual de convivencia.

La reunión se dio en la sede de primaria (pero el joven ya está en bachillerato). Allí Contreras Villamil le explicó al responsable del menor que la reacción del alumno se dio porque la educadora le llamó la atención por haberle tocado las piernas a una de sus compañeras, agregó el mismo medio local. Por tal motivo lo cambiarían de jornada, y esto provocó la reacción energúmena.

El silencio en el municipio por parte de las directivas ha hecho que el sindicato pida en uno de sus comunicados que la agresión al coordinador sea difundida para que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

Hay polémica en el departamento de Antioquia, después de que se conocieran dos casos de presunto acoso laboral que se estarían presentando dentro de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), el sindicato que reúne a gran parte de los maestros y maestras de la región.

Según una denuncia revelada por el medio regional El Colombiano, Elizabeth Sierra y Ana María García, dos trabajadoras con más de 26 años de servicio en Adida, han presentado denuncias por presunto acoso laboral contra la directiva actual de la organización.

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Ambas empleadas aseguran que han sido víctimas de persecución y discriminación en sus puestos de trabajo, especialmente por parte de la presidenta Lida Yasmín Morales y la fiscal del sindicato, Sandra Roldán.

Elizabeth Sierra, de 55 años, comenzó a trabajar en Adida a los 27 años, pero relata que su situación laboral se complicó con la llegada de la nueva junta directiva. En una carta dirigida a la presidenta de Adida, Lida Yasmín Morales, Sierra manifestó que sus derechos laborales han sido vulnerados, y que ha sido relegada a tareas que no corresponden a su cargo original, mientras que su salud física y mental se ha deteriorado debido a esas condiciones laborales.

“Debo manifestar que desde la llegada de Usted a la presidencia de Adida, presuntamente se vienen vulnerando mis derechos laborales, primero quitándome mis funciones como secretaria auxiliar en varias dependencias de este ente sindical, y para terminar arrinconada en un espacio que nada tiene que ver con las funciones y cargo contratado, propiciándose con ello que mi salud física y mental se esté deteriorando cada día más”, se lee en el documento enviado por Sierra a la junta directiva de Adida el pasado 26 de agosto y conocido por el medio regional.

Además, Sierra presentó una queja ante el comité de convivencia de Adida, detallando varios incidentes de trato discriminatorio por parte de Morales y la fiscal Sandra Roldán. Entre los episodios mencionados, Sierra destacó que se le negó permiso para ausentarse del trabajo por motivos de salud y que fue obligada a trabajar en días en que sus compañeros recibieron permiso para no asistir.

Incluso, la secretaria auxiliar de Adida fue relegada de sus funciones y desplazada a una vieja biblioteca del sindicato. En su momento, las directivas le indicaron que ya no debía apoyar a las diferentes dependencias de la asociación y que ahora se tenía que dedicar a rotular y organizar libros, según reveló El Colombiano.

Por su parte, Ana María García, ingeniera de sistemas y vicepresidenta de Sintraongs, enfrenta una demanda interpuesta por Adida ante el Juzgado 4 Laboral, solicitando que se le retire el fuero sindical. García, quien ingresó a Adida a través de una empresa contratista y luego fue contratada directamente, asegura que ha sido discriminada al ser reasignada a tareas de secretaria, a pesar de haber sido contratada como ingeniera de sistemas.

En noviembre de 2021, Adida solicitó el levantamiento del fuero sindical de García, argumentando conductas irregulares, como no reportar incapacidades a tiempo. García refuta estas acusaciones y señala a la fiscal Roldán como la principal responsable de la demanda en su contra.

Además, García afirma que Adida está ignorando su condición de retén social, que le otorga protección especial por ser cabeza de hogar y estar próxima a la jubilación. “No me bajaron el sueldo, pero no se trata de eso sino de la discriminación; si yo entré contratada como ingeniera de sistemas, cómo es que al cabo de 22 años de servicios deciden cambiarme mi profesión”, señaló la ingeniera de sistemas al medio regional.

El presidente de Sintraongs, John Mario Londoño, expresó su apoyo a Sierra y García, criticando a Adida por comportarse como “los peores patrones” después de tantos años de servicio de las trabajadoras. Londoño criticó que ambas empleadas han dedicado gran parte de su vida a la organización y ahora enfrentan condiciones laborales adversas.

“Son compañeras que llevan más de 26 años al servicio de Adida y como ya no les sirven después de que se gastaron su vida con ellos y que han generado enfermedades, se comportan como los peores patrones”, comentó Londoño.