La detenida, originaria de Orica, Francisco Morazán, fue localizada tras varios días de vigilancia y seguimiento en el mismo sector donde residía en la capital. Las autoridades la señalan como presunta responsable del delito de homicidio en perjuicio de Florinda Bernarda Ramírez Bejarano, caso que ahora se encuentra bajo proceso judicial.

Captura tras orden de aprehensión

De acuerdo con el expediente investigativo, la mujer contaba con una orden de captura pendiente emitida el 6 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, lo que permitió a los agentes intensificar las labores de búsqueda hasta lograr su ubicación.

La captura en la colonia Torocagua se ejecutó luego de un trabajo de inteligencia policial que incluyó vigilancia en la zona, donde finalmente fue requerida por agentes de la DPI para ser puesta a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional indicó que la detención forma parte de los esfuerzos para dar respuesta a casos de violencia homicida registrados en el país, especialmente aquellos que permanecían en investigación.

Así habrían ocurrido los hechos

Las investigaciones detallan que el crimen ocurrió a finales de febrero de este año, cuando la víctima salió de su vivienda el 28 de febrero con el objetivo de dirigirse a la casa de conocidos para realizar el cobro de una deuda pendiente.

Según el informe policial, al momento de exigir el pago del dinero prestado, se habría generado una discusión que escaló a un hecho violento, en el que la víctima fue atacada con un arma blanca tipo machete, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, durante la madrugada del 1 de marzo, los presuntos implicados habrían trasladado el cuerpo hacia un solar baldío con la intención de incinerarlo y destruir evidencia, según el expediente investigativo.

El hallazgo del cadáver se produjo esa misma mañana, cuando familiares de la víctima alertaron a las autoridades, lo que permitió iniciar de inmediato las diligencias policiales y forenses.

Declaraciones de la detenida

Durante su traslado a las instalaciones de la DPI, la mujer negó los señalamientos en su contra y aseguró ser inocente de los hechos que se le imputan.

“No fui yo, la verdad que me están echando la culpa a mí y no fui yo, me siento limpia y con mi cara levantada”, declaró ante medios de comunicación.

La detenida también afirmó que el día del hecho se encontraba realizando otras actividades fuera del lugar donde ocurrió el crimen, insistiendo en que no tuvo participación en el homicidio.

“Supuestamente dicen que en mi casa fue, y no fue porque ese día que estaba muerta yo me vine a firmar a Talanga, sí la conocía, pero no fui yo”, agregó durante su declaración.

Las autoridades informaron que la mujer enfrentará el proceso judicial correspondiente mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Violencia contra mujeres en Honduras

El caso se suma a las cifras de violencia que afectan al país. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, más de 140 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2026, lo que refleja la persistencia de este problema en el territorio nacional.

Las autoridades policiales han reiterado que continúan los esfuerzos para reducir los índices de homicidios y fortalecer las investigaciones en casos donde las víctimas son mujeres, especialmente en hechos relacionados con conflictos personales o situaciones de violencia interpersonal.

Una mujer acusada de intentar facilitar droga fue sobreseída tras cumplir durante un año con la entrega de 60 bizcochuelos a un centro comunitario, en el marco de un acuerdo judicial homologado en septiembre de 2024.

El 12 de septiembre de 2024, la mujer alcanzó un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, figura prevista por el Código Procesal Penal Federal, que fue homologado por el juez federal de Garantías, Alberto Daniel Carelli.

Este acuerdo, conocido como “probation”, posibilita el cese de la persecución penal siempre que el imputado cumpla durante un periodo determinado un conjunto de obligaciones, que en este caso incluían controles periódicos, abstinencia de drogas y la entrega periódica de productos caseros a una institución barrial.

Entre las condiciones impuestas desde el acuerdo se estableció que A. M. G. debía mantener un domicilio fijo, informar cualquier cambio a las autoridades, someterse a controles mensuales por parte de la Dirección de Control y Asistencia en la Ejecución Penal (DCAEP) y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

El aspecto destacado del acuerdo fue la obligación de entregar durante 12 meses, a razón de 5 unidades por mes, bizcochuelos elaborados por ella misma al Centro Integrador Red Puentes, ubicado en Mendoza.

La imputada debía hacerse cargo de los insumos y realizar la producción en su domicilio, ya que atravesaba una prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.

Según el informe final remitido por la DCAEP, la obligación se cumplió en los plazos estipulados y la institución comunitaria recibió los 60 bizcochuelos previstos, de acuerdo con la información elevada al Ministerio Público Fiscal.

La acusada, según informó el portal del diario Los Andes, mantuvo residencia en el Barrio Pedro Molina, según reflejan los registros oficiales. Los controles mensuales de la DCAEP no reportaron incumplimientos ni incidentes que implicaran el uso de estupefacientes o abuso de alcohol, conforme a los antecedentes penales verificados hasta la fecha.

El Código Procesal Penal Federal prevé en estos casos que si, durante el periodo fijado por el tribunal, el imputado no comete delitos, repara el daño en la forma convenida y cumple las reglas fijadas, procede la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo, según lo solicitado por la fiscal interviniente y corroborado por el Ministerio Público Fiscal.

En el pedido de sobreseimiento aclaró que, aunque la procesada había recibido con anterioridad una condena a 6 años de prisión efectiva por transporte de estupefacientes —fijada por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1—, ese delito fue cometido previamente a los hechos tratados en el acuerdo de suspensión de proceso a prueba.

Por este motivo, la situación penal de la imputada resultó compatible con la figura del acuerdo, ya que el Código Procesal Penal Federal autoriza la aplicación de la “probation” cuando los hechos no superan determinado umbral de gravedad, no existen antecedentes penales por delitos posteriores y los compromisos asumidos fueron cumplidos.

Tal como refirió la fiscal en su solicitud, “el sobreseimiento procede si se ha aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del proceso a prueba, y se han cumplido las condiciones previstas en el Código Penal”.

Recibidas las evaluaciones y los informes de cumplimiento, el juez federal Alberto Daniel Carelli declaró extinguida la acción penal respecto de A. M. G. Por lo tanto, la acusada quedó sobreseída por la presunta tentativa de facilitación de estupefacientes con el agravante previsto por ley.

El martes, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, comenzó el juicio oral en la sala 10 contra Antonela Celeste Ortiz, oficial policial de 35 años, acusada de asesinar a su vecino Maximiliano Lucero, de 33 años, después de una discusión ocurrida en septiembre de 2022 en el barrio Nuevo Alberdi.

La familia de la víctima reclama una condena que siente precedente, mientras que la Fiscalía solicitó una pena de 22 años de prisión para Ortiz. El tribunal encargado está integrado por los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva.

Según la acusación presentada por el fiscal Lisandro Artacho, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencia Altamente Lesivas, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2022 a las 12.15 en la calle Matheu al 3400, en Nuevo Alberdi. Lucero, vecino de la imputada y trabajador de una hamburguesería, se acercó a la vivienda para reclamar una deuda pendiente por una garrafa.

Durante el intercambio se produjo una discusión y, de acuerdo con la Fiscalía, Lucero arrojó una piedra a la puerta sin causar daños físicos. En ese momento, Ortiz, quien se encontraba con carpeta médica pero conservaba en su poder el arma reglamentaria, salió de la casa y efectuó un disparo con una pistola Taurus calibre 9 milímetros. El proyectil impactó en la zona frontal del cráneo de Lucero, provocando su muerte en el lugar, según informó el portal El Ciudadano.

La oficial llevaba doce años en la fuerza. Luego del hecho, intentó desviar la investigación acusando inicialmente a su pareja, Damián Solís, como responsable del disparo. Sin embargo, la pesquisa judicial y los peritajes permitieron establecer su autoría material en el homicidio.

Durante la primera jornada del juicio, el fiscal Artacho describió los indicios en contra de Ortiz, subrayando la existencia de pruebas y testimonios que refuerzan la versión de la familia Lucero. El Ministerio Público de la Acusación busca una condena firme de 22 años de prisión para la oficial.

La madre de Lucero, Luisa Pourpour, fue una de las voces protagonistas tras el crimen. Relató que llegó al lugar cuando su hijo aún agonizaba en plena calle tras el disparo. En declaraciones a medios locales expresó su indignación por la reacción de los agentes llegados al lugar: “Los milicos se reían. Ahí, todos esos que estaban ahí: «Déjalo, que se muera total, es un negro de la villa». ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué tanto odio?”, cuestionó.

Pourpour insistió también en que su hijo no era un delincuente, sino un trabajador que aún conservaba el uniforme de la hamburguesería donde se desempeñaba al momento del ataque.

Ortiz fue detenida inmediatamente tras el hecho y permanece bajo prisión preventiva desde ese día. La causa avanza bajo la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla penas severas en el Código Penal. La defensa planteó inicialmente una estrategia para desviar la responsabilidad hacia Solís, pero la investigación recogió elementos que refutaron esa versión.

El juicio, que se prevé concluirá este viernes 8 de agosto, enfrenta distintas expectativas dentro y fuera de la sala.

El desarrollo de las audiencias y la presentación de pruebas serán determinantes para la resolución del tribunal. La familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos sostienen que el fallo marcará un precedente para casos similares que, aseguran, persisten en distintas jurisdicciones del país.

El Tribunal Supremo de Wisconsin ha decidido suspender temporalmente a la jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee, quien enfrenta acusaciones federales relacionadas con la supuesta ayuda a un hombre para evadir a las autoridades de inmigración.

Según informó The Associated Press, la decisión busca preservar la confianza pública en el sistema judicial del estado mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

La jueza Dugan fue detenida el pasado viernes por agentes del FBI en el juzgado del condado de Milwaukee.

Las acusaciones en contra de la jueza Hannah Dugan

Las acusaciones en su contra incluyen ocultar a una persona para evitar su arresto y obstruir un procedimiento oficial.

De acuerdo con documentos judiciales, Dugan habría escoltado al hombre, identificado como Eduardo Flores Ruiz, y a su abogado a través de una puerta no pública del tribunal tras ser alertada de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el edificio. Flores Ruiz fue finalmente detenido fuera del tribunal tras una persecución a pie.

En una orden de dos páginas emitida por el tribunal, se especifica que la suspensión de Dugan se aplicará de manera indefinida y que la decisión fue tomada de oficio, sin que mediara una solicitud formal.

El documento señala que la medida es necesaria para proteger la integridad del sistema judicial. Los jueces liberales, que tienen mayoría en el tribunal por un margen de 4 a 3, respaldaron la decisión.

“Se ordena que la jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah C. Dugan, tiene prohibido temporalmente ejercer los poderes de una jueza de circuito en el estado de Wisconsin, a partir de la fecha de esta orden y hasta nueva orden del tribunal”, señalaron los jueces en un texto.

El incidente que desencadeno en la detención de la jueza

El incidente, que desencadenó las acusaciones, ocurrió la semana pasada cuando Dugan fue informada por su secretario de que agentes del ICE estaban en el edificio buscando arrestar a Flores Ruiz.

Según una declaración jurada del FBI, la jueza reaccionó con visible enojo, calificando la situación como “absurda”. Posteriormente, habría confrontado a los agentes junto con otro juez, exigiendo que hablaran con el juez principal antes de escoltarlos fuera de la sala del tribunal.

La declaración jurada también detalla que, tras este intercambio, Dugan regresó a la sala y, según testigos, le dijo a Flores Ruiz y a su abogado “espera, ven conmigo”, antes de guiarlos a través de una puerta reservada para jurados, personal del tribunal y acusados bajo custodia.

Este acceso, según los documentos, no suele ser utilizado por abogados defensores ni por acusados que no están bajo custodia, lo que hace que la acción de Dugan sea considerada inusual.

Reacciones políticas y sociales después de las acusaciones

El caso ha generado una fuerte reacción política. Según reportó The Associated Press, el arresto de Dugan ha provocado indignación entre sectores demócratas, quienes han acusado al gobierno federal de intentar socavar la independencia del poder judicial.

El sábado, manifestantes se congregaron frente a la oficina local del FBI en Milwaukee para expresar su rechazo a la detención de la jueza.

La defensa legal de la jueza acusada

En cuanto a su defensa legal, Dugan cuenta con un equipo de abogados que incluye a Craig Mastantuono, Paul Clement y Steve Biskupic.

Clement es un reconocido abogado conservador, mientras que Biskupic es un exfiscal federal del Distrito Este de Wisconsin, designado durante la administración de George W. Bush. Hasta el momento, Mastantuono no ha emitido comentarios sobre el caso.

Un juez suplente asumió las funciones de Dugan el lunes, mientras se espera que la jueza comparezca ante el tribunal para la lectura de cargos el próximo 15 de mayo.

París, 23 abr (EFE).- La Justicia francesa quiere que la Audiencia Nacional española le aclare varios puntos de su demanda contra la etarra Iratxe Sorzábal para juzgarla por el asesinato del ertzaina Montxo Doral en 1996, y en particular sobre si se investigó y cómo la denuncia de la etarra de haber sido torturada al confesar en 2001.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París pidió este miércoles un complemento de información a la Justicia española antes de pronunciarse sobre esa demanda, que es la condición para que Sorzábal pueda sentarse en el banquillo por esos hechos, y deja el caso en suspenso hasta el 4 de junio.

El presidente de la sala precisó que ese complemento de información es para que se comuniquen los procedimientos que hubo cuando la etarra afirma haber sido torturada durante los cinco días que pasó en manos de la Guardia Civil en Madrid al ser arrestada en marzo de 2001.

Se trata de saber si se formalizó la denuncia, qué se investigó y cuáles fueron las consecuencias.

Los jueces franceses quieren también que la Audiencia Nacional les precise si hay otros elementos de acusación contra ella en el sumario por el asesinato de Doral el 4 de marzo de 1996 en Irún, más allá de la propia confesión y cuáles son las infracciones que se le imputan.

Todas estas reservas de la sala de instrucción llegan después de que el pasado día 4 Sorzábal fuera absuelta por la propia Audiencia Nacional en el juicio por otro atentado de ETA en julio de 1995 por la colocación de una bomba en el aeropuerto de Alicante que pudo ser desactivada antes de explotar.

El tribunal justificó esa absolución por la falta de pruebas directas de su implicación en esa acción y por considerar que no era suficiente la "kantada" que se atribuía a esta etarra pero cuya autoría ella ha negado.

En esa "kantada", que es un documento hecho para uso interno de la organización terrorista que fue requisado por las fuerzas del orden, se presentaba un listado de hechos perpetrados por la banda que los investigadores consideraban que era una forma de reconocimiento por parte de quien lo había redactado.

En la audiencia celebrada el pasado 29 de enero en París para examinar la euroorden española contra Sorzábal por el asesinato del suboficial de la Ertzaintza, la defensa pidió que se rechazara por considerar que la acusación estaba viciada por las torturas que alega haber sufrido en marzo de 2001.

La abogada, Xantiana Cachenaut, hizo hincapié entonces ante la sala de instrucción en que los jueces españoles no habían dado credibilidad a las confesiones que hizo su clienta ante la Guardia Civil sobre su presunta implicación en "no menos de una decena de atentados" puesto que la dejaron en libertad en septiembre de ese mismo año sin ser imputada.

Iraxte Sorzábal, que había cumplido una primera pena en Francia a finales de los años 1990 por su actividad en ETA fue entregada en 2001 a España pese a que lo intentó evitar con una huelga de hambre que justificó por el riesgo que decía que había a que fuera maltratada por las fuerzas del orden españolas.

Una vez en libertad en septiembre de 2001, volvió a integrarse en la organización terrorista y fue capturada en 2015 junto a David Pla, otro de los que en ese momento era considerado por la policía, como ella, uno de los miembros de la dirección de ETA.

Como ese arresto se produjo en Francia, España tiene que obtener luz verde de la Justicia francesa para poderla sentar en el banquillo por cada uno de los hechos por las que ha sido inculpada.

El Tribunal de Apelación de París ya ha dado su autorización en otras causas, lo que ha permitido que se la juzgue varias veces y que haya recibido, en particular, una condena en 2022 a 24 años de cárcel por un doble atentado en Gijón en noviembre de 1996. La etarra, de hecho, cumple condena en la cárcel alavesa de Zaballa.

Un caso que ha generado gran atención en Florida involucra a Kymberlee Schopper, una mujer de 52 años que ha sido acusada de comerciar ilegalmente con restos humanos.

Según informó el Departamento de Policía de Orange City, Schopper utilizaba tanto su tienda de curiosidades, llamada “Wicked Wonderland”, como la plataforma Facebook Marketplace para vender fragmentos óseos, lo que ha derivado en cargos por tráfico de tejidos humanos.

De acuerdo con el reporte policial, la investigación comenzó en diciembre de 2023, cuando un residente local denunció que la tienda publicitaba la venta de huesos humanos en su página de Facebook.

Entre los artículos ofrecidos se encontraban fragmentos de cráneo, costillas, vértebras, una clavícula y un omóplato, además de un cráneo parcial. Los precios de estos restos oscilaban entre 35 y 850 dólares.

El comercio de curiosidades y su conexión con restos humanos

El caso de Schopper ha puesto bajo el foco a las llamadas tiendas de curiosidades, establecimientos que se especializan en la venta de objetos inusuales, antiguos o raros.

Según explicó el medio Newsweek, estos negocios suelen ofrecer artículos que van desde taxidermia vintage y especímenes naturales hasta instrumentos médicos antiguos y artefactos históricos.

Sin embargo, la venta de restos humanos auténticos, como los que se encontraron en Wicked Wonderland, está regulada estrictamente por las leyes estatales.

La tienda de Schopper se promocionaba como un espacio para coleccionistas y entusiastas de lo peculiar, pero las autoridades descubrieron que algunos de los artículos en venta violaban las normativas de Florida.

Detalles de la investigación y las declaraciones de los implicados

La investigación, que se extendió por 15 meses, reveló que los restos humanos en posesión de Schopper y su socio comercial, Ashley Lelesi, habían sido adquiridos de particulares.

Según el informe policial citado por FOX 35 Orlando, Lelesi admitió haber estado vendiendo huesos humanos durante varios años, aunque afirmó desconocer que esta práctica era ilegal en el estado.

Por su parte, Schopper defendió que los restos eran “modelos educativos” y que, por lo tanto, estaban protegidos por la ley estatal. Sin embargo, las autoridades determinaron que varios de los fragmentos óseos eran auténticos y de origen arqueológico.

Un examen médico concluyó que algunos de los restos tenían más de 100 años, mientras que otros superaban los 500 años de antigüedad.

El capitán Sherif El-Shami, del Departamento de Policía de Orange City, expresó al Daytona Beach News-Journal: «No todos los días se encuentran huesos humanos auténticos en línea. Sí, es ilegal vender restos humanos en Florida. Me alegra que haya terminado».

Implicaciones legales y cierre de la tienda

Tras su arresto, Schopper fue liberada de la Cárcel del Condado de Volusia bajo una fianza de 7.500 dólares, aunque aún enfrenta cargos relacionados con el tráfico de tejidos humanos. Mientras tanto, su socio comercial, Lelesi, también podría ser arrestado por cargos similares.

En respuesta a los acontecimientos, Wicked Wonderland publicó en su página de Facebook que la tienda permanecería cerrada y que su horario de fin de semana podría variar respecto al habitual. Este anuncio parece confirmar el impacto inmediato que el caso ha tenido en el negocio.

El comercio de restos humanos y el debate ético

Según declaraciones previas del psicólogo Aaron Surtees a Newsweek, la venta de partes del cuerpo en el mercado negro es una práctica lucrativa pero completamente antiética. Surtees señaló que, aunque algunos compradores puedan justificar estas adquisiciones como una forma de satisfacer impulsos oscuros sin recurrir a la violencia, el comercio de restos humanos sigue siendo inmoral y perjudicial.

Este caso plantea preguntas importantes sobre cómo las plataformas en línea, como Facebook Marketplace, pueden facilitar transacciones ilegales y sobre la necesidad de reforzar las leyes que protegen los restos humanos.

Carla O’Brien, residente de Pensilvania y esposa de un teniente de la policía de Pittsburgh, ha sido acusada de sustraer aproximadamente USD $147,408 de la Asociación de Béisbol y Softbol de Fox Chapel (FCABSA), según reportaron medios locales como WPXI, The Bridgeville Signal Item y The Pittsburgh Post-Gazette.

Según informó People, los fondos, que estaban destinados a apoyar las actividades deportivas de niños y jóvenes, habrían sido utilizados para gastos personales en tiendas minoristas, restaurantes y otros establecimientos.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Allegheny, los cargos presentados contra O’Brien incluyen robo, recepción de propiedad robada, fraude de dispositivo de acceso y uso indebido de propiedad confiada.

La acusación se formalizó el pasado 27 de marzo, tras una investigación que comenzó en octubre de 2024, cuando la junta directiva de la FCABSA denunció el presunto desfalco.

Una confesión inicial y el inicio de la investigación

El caso salió a la luz después de que Carla O’Brien, quien asumió el cargo de tesorera de la FCABSA en 2019, admitiera ante un miembro de la junta que había tomado dinero de la organización.

Según detalló WPXI, la confesión ocurrió en septiembre de 2024, cuando O’Brien reconoció haber cometido un “grave error”. En ese momento, estimó que la cantidad sustraída oscilaba entre USD $20,000 y $30,000, aunque las investigaciones posteriores revelaron que el monto total ascendía a casi USD $150,000.

Tras esta confesión inicial, el miembro de la junta informó al presidente de la organización, quien confrontó a O’Brien. Durante esta conversación, la acusada devolvió una parte del dinero, específicamente USD $3,500, una fracción mínima del total presuntamente robado.

Destino de los fondos sustraídos

Según las investigaciones policiales, los fondos desviados por O’Brien fueron utilizados para cubrir gastos personales en una amplia variedad de establecimientos. Entre los comercios mencionados se encuentran Sephora, Amazon, Target, TJ Maxx, Nike y Kohls, además de pagos a State Farm Insurance.

También se identificaron transacciones en restaurantes, farmacias, salas de conciertos y tiendas de artículos para mascotas.

Un aspecto relevante del caso es que parte del dinero habría sido destinado al pago de tarjetas de crédito que O’Brien mantenía en secreto, incluso de su esposo, según consignaron WPXI y The Pittsburgh Post-Gazette.

Impacto en la comunidad deportiva juvenil

La Asociación de Béisbol y Softbol de Fox Chapel es una organización que beneficia a aproximadamente 750 niños y jóvenes de entre 6 y 14 años, quienes participan en equipos de béisbol y sóftbol.

A pesar del impacto financiero que este presunto robo podría haber tenido, la junta directiva de la FCABSA aseguró que la situación no afectará las actividades deportivas ni la calidad de la experiencia que ofrecen a los participantes.

En una declaración obtenida por WPXI y The Pittsburgh Post-Gazette, la junta expresó: “Nuestra organización ha cooperado y seguirá cooperando con las autoridades en este asunto. Respetamos el proceso legal y confiamos en que las autoridades manejarán el asunto adecuadamente. Dado que este proceso está en curso, no podemos ofrecer más comentarios y seguiremos atentos a las novedades de la Fiscalía”.

Próxima audiencia preliminar para O´Brien

Carla O’Brien fue puesta en libertad tras la presentación de los cargos, y se ha programado una audiencia preliminar para el próximo 23 de abril. Su abogado, Phil DiLucente, manifestó a los medios que esperan resolver el caso “más temprano que tarde”.

Por el momento, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Allegheny no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso, según informó PEOPLE.

La resolución del proceso legal será clave para determinar las consecuencias de este incidente y el impacto en la comunidad juvenil afectada.

Yakarta, 18 ago (EFE).- La indonesia Jessica Wongso, conocida como "la asesina del café con cianuro" en un suceso llevado a la pantalla por Netflix, salió este domingo en libertad condicional de la cárcel de Yakarta donde cumplía una condena de 20 años por asesinato premeditado.

Saludando con la mano, Wongso abandonó a primeras horas del día la prisión de Pondok Bambu, en el este de Yakarta, en medio de una alta expectación mediática.

En un comunicado emitido hoy, el departamento de Correccionales indonesio apuntó que Wongso, que cumple condena desde junio de 2016, tuvo un "buen comportamiento" durante su encarcelamiento y completó la regulación requerida para solicitar la libertad condicional.

El organismo apunta que la reclusa no obtendrá la libertad completa hasta marzo de 2032 y tendrá que personarse periódicamente hasta entonces en el penal capitalino.

El 6 de enero de 2016, Wongso, entonces con 28 años, envenenó a su compatriota y amiga Wayan Mirna, de 27 años, en una cafetería de Yakarta al echar cianuro en el café que pidió la víctima.

La Policía interrogó a Wongso y la consideró como la principal sospechosa de suceso hasta que finalmente la detuvo de manera provisional a finales de enero de 2016.

Durante el juicio, que atrajo un gran seguimiento mediático y social, el tribunal consideró probado que la acusada cometió asesinato premeditado de una forma "vil" y "sádica".

La decisión estima que Wongso arrastraba problemas personales, laborales y sociales, y cuando se reunió con Mirna en diciembre de 2015 y la vio tan felizmente casada, algo sucedió en su cerebro para decidir matarla.

El caso fue llevado a la pequeña pantalla por Netflix a través del documental basado en crímenes reales: "Frío como el hielo: asesinato, café y Jessica Wongso", emitido en septiembre de 2023.

La medida de gracia se produce en el contexto del indulto que benefició a más de 175.000 presos del país con motivo de la celebración este sábado del día de la Independencia de Indonesia.