La estrategia legal del Distrito Sur de Nueva York contra altos funcionarios de Sinaloa no solo busca penas de prisión, sino el desmantelamiento total de su estructura financiera. Según el documento judicial de la acusación formal del Departamento de Justicia, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido notificaciones de decomiso que afectan directamente al gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios.

El rastreo de las “ganancias del fentanilo”

El eje central de la ofensiva financiera se detalla en el apartado de “Notificaciones de Decomiso” del expediente. El Gran Jurado determinó que, tras cometer los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, los acusados deberán ceder a favor de los Estados Unidos todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente de estas actividades.

Esta medida alcanza no solo al gobernador Rocha Moya, sino también a figuras de alto nivel como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra. El documento subraya que el decomiso incluye cualquier propiedad utilizada, o que se haya intentado utilizar, para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

Persecución de bienes sustitutos: Sin lugar donde esconder la fortuna

Uno de los puntos más agresivos de la acusación es la “Disposición sobre bienes sustitutos”. El gobierno de EE. UU. advierte que, si los bienes sujetos a decomiso no pueden ser localizados tras un ejercicio de debida diligencia, han sido transferidos a terceros, vendidos, o han disminuido sustancialmente de valor, la justicia estadounidense buscará el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta cubrir el valor total de la deuda criminal.

Esta cláusula impide que los señalados puedan proteger su patrimonio mediante la transferencia de activos a familiares o prestanombres, permitiendo al tribunal neoyorquino perseguir propiedades legalmente registradas que originalmente no estuvieran vinculadas al delito.

Incautación de armamento y activos específicos

El decomiso no se limita a dinero en efectivo o cuentas bancarias. Por los cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, el tribunal exige que los acusados entreguen todas las armas de fuego y municiones involucradas en la comisión de los delitos. El expediente menciona el uso constante de camiones blindados, lanzagranadas, bazucas y fusiles AK-47 y AR-15 para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.

En el caso particular de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la orden de decomiso es aún más específica. Debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, Millán deberá ceder todo bien mueble e inmueble derivado de las ganancias de dichos delitos, incluyendo sumas de dinero en moneda estadounidense que representen el importe total de las ganancias atribuibles a estos actos de violencia.

El costo de la impunidad operativa

La magnitud del decomiso se sustenta en la evidencia de sobornos sistemáticos que el cártel pagaba a los funcionarios. El documento revela que jefes policiales y fiscales recibían pagos mensuales que oscilaban entre los 5 mil 450 y los 16 mil 670 dólares a cambio de protección y filtración de información sensible. Ahora, la justicia de los Estados Unidos busca recuperar cada dólar de esa red de corrupción que permitió la expansión de la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa y el resto del mundo.

Una embarcación con 19 migrantes zarpó desde la playa de Popotla, en Baja California, la noche del 4 de mayo de 2025. Dos mexicanos eran los responsables de dirigir la lancha para que pudiera llegar a los Estados Unidos, pero una falla en el motor provocó que tuvieran que nadar para salvar sus vidas; cuatro de ellos no lograron sobrevivir.

Por estos hechos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Jesús Iván Rodríguez Leyva, de 37 años de edad, así como a Julio César Zúñiga Luna, de 31, quienes se declararon culpables este martes 14 de abril al admitir su participación en este y otros hechos similares para ingresar migrantes ilegales a ese país.

Ambos mexicanos también aceptaron su responsabilidad en una red de contrabando que operaba desde México. De acuerdo con los documentos judiciales, la organización proporcionó la embarcación y coordinó la operación con la expectativa de que, al arribar a suelo estadounidense, los migrantes serían trasladados en vehículos hacia su destino final.

Así fue el hundimiento de la lancha que dejó cuatro migrantes muertos

El accidente se produjo cuando el motor de la lancha, que transportaba a 19 personas en condiciones de sobrecarga y sin equipo de seguridad adecuado, falló a escasos 200 metros de la playa de California. Al volcarse, todos los ocupantes cayeron al mar.

Numerosos sobrevivientes relataron que los capitanes les ordenaron quitarse los chalecos salvavidas antes de acercarse a tierra, esto con el objetivo de facilitar la huida hacia los vehículos de apoyo.

Las autoridades estadounidenses desplegaron un operativo de rescate e investigación tras el naufragio, lo que permitió detener a los responsables e identificar a las víctimas.

Las cuatro personas que murieron fueron identificadas como Gorgonio Placido Diaz, Marcos Lozada Juárez, un adolescente de 14 años, así como otro menor de 10 años, de quien solo se recuperó un pie en la playa estatal de Torrey Pines, el cual fue identificado semanas después mediante pruebas de ADN.

Las autoridades estadounidenses detallaron que cada migrante había pagado alrededor de 13.500 dólares para ser trasladado desde México hacia EEUU, una suma que no garantizó protección ni condiciones mínimas de seguridad.

Procesos judiciales y culpabilidad de los implicados

Los dos mexicanos comparecieron ante un tribunal federal en San Diego y se declararon culpables de intento de introducir inmigrantes ilegales que resulta en muerte, así como de trasladar inmigrantes con fines de lucro. Según la acusación, las acciones de ambos constituyeron una conspiración, en la que se coordinaron con otros individuos para planear y ejecutar la travesía.

La ley federal contempla para este tipo de delito la posibilidad de pena de muerte o cadena perpetua, además de multas de hasta 250 mil dólares. Por el cargo de traer inmigrantes con fines de lucro, la pena máxima es de diez años de prisión, con un mínimo obligatorio de tres años y una multa equivalente.

Otros tres individuos fueron procesados de manera separada por su participación en la logística del transporte terrestre de los migrantes tras el desembarco. Todos ellos se declararon culpables y recibieron sentencia en relación con los mismos hechos acontecidos en mayo de 2025.

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Álvaro Leyva ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema por el presunto delito de prevaricato. Esto ocurrió luego de que el exfuncionario declarara desierta la licitación para la expedición de pasaportes en septiembre de 2023 y finalizara el contrato vigente con Thomas Greg & Sons.

La magistrada Blanca Nélida Barreto Ardilla asumió el expediente y fijó la fecha para la audiencia de formulación de acusación el 23 de abril a las 3:00 p. m., según la información oficial transmitida por los órganos judiciales.

Entre las causas alegadas, el ente investigativo sostuvo que el exministro de Relaciones Exteriores actuó “caprichosa, tozuda y arbitrariamente” al inadmitir el recurso de reposición presentado por la empresa. Esto ocurrió a pesar de que los conceptos técnicos le recomendaban adjudicar el contrato y le advertían sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales como la libre movilidad de los colombianos.

La Procuraduría General de la Nación también sancionó a Leyva con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, fallo ratificado en segunda instancia bajo la firma del procurador general Gregorio Eljach. En el mismo órgano de control existen investigaciones disciplinarias abiertas contra Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo.

Cabe recordar que la acusación de la Fiscalía se fundamenta en la supuesta utilización indebida del poder conferido a Leyva, que habría emitido actos administrativos “contrarios a derecho” con su intervención en el proceso de licitación pública para la prestación del servicio de pasaportes, una competencia que, por orden directa del presidente de la Reública, Gustavo Petro, el Gobierno nacional decidió no adjudicar a Thomas Greg & Sons, empresa que durante años gestionó estos documentos para el Ejecutivo.

El expediente cita que, mediante acto administrativo, Leyva vulneró “el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”, actuando de manera autónoma y con abuso de poder, según la acusación formal.

“Con el acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio con desviación y abuso de poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo”.

La actuación del excanciller en la licitación alteró el procedimiento y el modelo de expedición de pasaportes

La controversia se originó cuando el gobierno presidido por Gustavo Petro decidió no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ejerció durante años como proveedora principal del sistema de pasaportes en el país. Según explicó Petro en declaraciones recogidas por Semana, el objetivo era expandir la competencia y evitar que el control del negocio, de alto valor económico, permaneciera en una sola compañía. El proceso enfrentó demoras y problemas operativos que afectaron directamente a los ciudadanos que requerían el documento.

Una de las principales modificaciones llevó la firma de Álvaro Leyva, entonces a cargo de la Cancillería, que propuso trasladar la expedición de pasaportes a la Imprenta Nacional con la cooperación técnica de otro país.

En la exposición de cargos, Sandra Portilla sostuvo que Leyva “actuó de manera caprichosa al momento de tomar las riendas de la licitación de los pasaportes”, y explicó que el exfuncionario habría vulnerado el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

“Con el administrativo, doctor Leyva, usted vulneró el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio con desviación y abuso de poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo”, explicó Portilla a la sala.

La fiscal especificó que tuvo lugar una “desviación de poder”, Leyva reasumió la dirección del proceso de licitación pública “con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato”. Portilla agregó que la responsabilidad principal de dirigir dichos procesos y el fondo rotatorio recaía en el secretario general del ministerio, que había advertido sobre el curso correcto del proceso licitatorio. Sin embargo, luego de la exposición de cargos realizada el 9 de diciembre de 2025, Leyva se declaró inocente.

Desde la Fiscalía General de la Nación radicaron ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El escrito de acusación incluyó los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en medio de supuestas redes políticas y administrativas que los funcionarios habrían operado cuando hacían parte del Ejecutivo.

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Al respecto, el apoderado del exministro Bonilla, Alejandro Carranza, también conocido como “el abogado de Petro”, comentó en sus redes sociales que, con su equipo, solicitaron “la libertad por vencimiento de términos para el profesor Ricardo Bonilla, a quien después de cuatro meses no le resuelven la apelación —a la formulación de imputación en contra del exministro de Hacienda—”.

Según el jurista, la acusación emitida desde el ente de control durante la mañana del martes 7 de abril de 2026 estaría vencida debido a que no la Fiscalía no respondió al recurso que se tramitó desde la defensa de Bonilla en diciembre de 2025. De hecho, Carranza cuestionó una posible “estrategia” por parte de los investigadores de la Fiscalía.

“Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputación, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la @FiscaliaCol procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla. ¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?“, escribió el abogado en sus redes sociales.

Incluso, expuso que en la Procuraduría General de la Nación también “piden libertad para el profesor Bonilla en la audiencia de libertad por vencimiento de términos”, y citó el artículo 317 No. 4 Código de Procedimiento Penal, que establece las medidas de aseguramiento pierden vigencia “cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión”.

En mensajes posteriores, el abogado afirmó que la acusación significó una vulneración a las garantías de Ricardo Bonilla, cuyo objetivo es “desdibujar” y “criminalizar” al exfuncionario del Gobierno Petro.

“El maestro Bonilla ha enfrentado una falta de garantías ante la Fiscalía General de la Nación, los jueces y los medios de comunicación. A pesar de ser un hombre al que se le han desdibujado sus deberes como ministro para criminalizarlo, la Magistrada Rosero le incrementó y agravó la medida que había solicitado la Fiscalía inicialmente. (Es como si la magistrada hubiese hecho, sustentado y decidido su propia solicitud de medida de aseguramiento”.

El jurista alegó que la acusación fue radicada “de afán”, ya que “después de cuatro meses, la Sala Penal aún no le resuelve la apelación que formularon (...) Además, hoy, la @FiscaliaCol solo le radica la acusación de afán, en medio de una audiencia, cuando se ve contra las cuerdas por dejar vencer los términos”.

La estrategia de la Fiscalía a la que se refirió Carranza estaría asociada con la posible intención de dar reversa a la Reforma Laboral, ya aprobada y que, según él, en la Fiscalía “quieren dejar a los viejos u viejas con las pensiones de hambre, al que no pudo cotizar sin auxilios; para eso es que quieren criminalizar a un inocente. Para decir que todo lo que es del interés común y de los más débiles, era corrupto. (...) Nosotros lucharemos y venceremos para demostrar su inocencia y asegurar su libertad”, concluyó.

El ciudadano ucraniano capturado en la región rusa de Bélgorod admitió, de acuerdo con las autoridades rusas, que recibió pagos por facilitar información sobre las fuerzas rusas a contactos relacionados con Kiev. Según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), el detenido, nacido en 1990, enfrenta acusaciones de colaborar con la Inteligencia ucraniana y entregar datos precisos sobre la ubicación de soldados y equipamiento militar ruso. El FSB detalló que la información proporcionada habría sido utilizada para ejecutar ataques con misiles contra posiciones rusas.

El FSB, institución responsable de la seguridad en Rusia, comunicó que descubrió y detuvo la actividad de este individuo en la región de Bélgorod. El organismo ruso especificó que el ciudadano ucraniano mantenía comunicación directa con un contacto, quien posteriormente transmitía los datos recabados a autoridades en Kiev. Las autoridades añadieron que el objetivo principal de la operación consistía en encontrar y transmitir la ubicación exacta de grupos y material militar ruso desplegados en la zona.

Tal como publicó el FSB mediante un comunicado, la acusación se fundamenta en la sospecha de que el detenido operaba como agente encubierto para la Inteligencia de Ucrania. Las autoridades rusas atribuyen a la información transmitida el facilitar ataques con misiles, que presuntamente habrían afectado las posiciones ocupadas por las fuerzas rusas en Bélgorod.

Durante los interrogatorios, el implicado habría respondido afirmativamente a las preguntas centradas en la verificación de la magnitud de los daños causados por los ataques. Según consignó el FSB, Kiev habría solicitado al acusado la confirmación del número de bajas o heridos resultantes de las ofensivas, así como otros detalles relevantes para la elaboración de informes militares.

El medio que resultó en la divulgación de estos hechos, citado por el FSB, indicó que las autoridades federales rusas actuaron ante la sospecha de filtración de información militar estratégica, apuntando a la coordinación de esfuerzos entre las partes involucradas para causar daños en territorio ruso. La detención del ciudadano ucraniano en Bélgorod representa, para los servicios de seguridad rusos, una acción orientada a neutralizar operaciones de espionaje dirigidas desde Ucrania.

Según reportó el propio FSB, el supuesto agente confesó haber recibido compensaciones económicas a cambio de datos sobre el despliegue y los movimientos de las fuerzas rusas. Además, se le atribuye la responsabilidad de haber participado de forma voluntaria en la transmisión de estas informaciones para ser utilizadas por la parte ucraniana con objetivos militares.

La detención del ciudadano ucraniano ocurre en un contexto de creciente tensión y enfrentamientos en las zonas limítrofes entre Rusia y Ucrania, donde la circulación y protección de información sobre fuerzas militares adquiere un valor estratégico para las operaciones de ambos países. Los detalles presentados por el FSB, según recogió el comunicado oficial, incluyen la secuencia de transmisión de la información desde el acusado al vínculo operativo ucraniano, y posteriormente a las instancias gubernamentales en Kiev, atribuyéndole a estos datos un papel relevante en los ataques reportados por la parte rusa.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia programó para el 20 de abril de 2026 a las 8:00 a. m. la audiencia de formulación de acusación contra el almirante retirado de la Armada Nacional Guillermo Enrique Barrera Hurtado.

La diligencia se realizará dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por su presunta participación en un montaje judicial contra el también almirante retirado Gabriel Ernesto Arango Bacci.

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La decisión quedó consignada en un auto fechado el 5 de marzo de 2026, firmado por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila y el secretario Rodrigo Ernesto Ortega Sánchez, mediante el cual se fijó la fecha para el desarrollo de la diligencia judicial.

Según lo dispuesto por la Sala Especial, la audiencia se realizará de manera virtual. En el mismo auto se ordenó a la Secretaría enviar a las partes el instructivo correspondiente para el desarrollo de la diligencia y efectuar las adecuaciones técnicas necesarias para garantizar su realización.

Presunto montaje judicial

El proceso penal tiene origen en una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que en septiembre de 2025 imputó cargos contra Barrera Hurtado. Durante la diligencia de imputación, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia expuso los hechos jurídicamente relevantes del caso y le atribuyó al exoficial los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y fraude procesal, en calidad de coautor y a título de dolo.

La Fiscalía sustentó la imputación en un documento fechado el 8 de noviembre de 2007, que habría sido utilizado como elemento probatorio dentro del proceso penal adelantado en su momento contra Arango Bacci.

“Este documento, el acabado de referir, fue utilizado como prueba dentro del proceso penal que se siguiera a su turno contra el almirante de la Armada Nacional, Gabriel Ernesto Arango Bacci. En este documento se consagró información que se tildó de falsa”, explicó la fiscal delegada durante la audiencia de imputación.

De acuerdo con la investigación, el documento fue presentado bajo la denominación de “análisis operacional” y habría contenido información que posteriormente fue cuestionada dentro del proceso judicial. Las presuntas falsedades consignadas en ese documento fueron consideradas en decisiones adoptadas por la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal que se adelantaba contra Arango Bacci.

Como resultado de esas actuaciones judiciales, el 19 de junio de 2008 se ordenó una medida de aseguramiento que derivó en la privación de la libertad del oficial de la Armada, quien en ese momento era investigado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.

En ese proceso se sostenía que el uniformado habría favorecido a organizaciones narcotraficantes permitiéndoles evadir controles oficiales. Sin embargo, el caso tomó un rumbo distinto tras el avance de las investigaciones judiciales.

Absolución de Arango Bacci y condena al Estado

El 3 de diciembre de 2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al almirante Gabriel Ernesto Arango Bacci de los cargos que le habían sido imputados y ordenó su libertad. A partir de ese momento surgieron cuestionamientos sobre las actuaciones que dieron origen a la investigación y a las decisiones judiciales que condujeron a su detención.

En la imputación presentada en 2025, la Fiscalía sostuvo que Barrera Hurtado habría buscado influir en el curso del proceso judicial mediante la incorporación del documento mencionado dentro del expediente. “Al momento de la comisión de la conducta, contaba el señor almirante Barrera con la capacidad de comprender sus actos, la ilicitud de sus actos y determinarse conforme a esa comprensión. Además, tenía la competencia, el conocimiento para poder dar una respuesta ajustada a derecho a la Fiscalía. Sin embargo, optó por hacerlo en sentido contrario”, señaló la fiscal durante la diligencia.

La funcionaria también indicó que, según la investigación del ente acusador, el almirante retirado no habría actuado bajo presión o bajo circunstancias que limitaran su capacidad de decisión.

El caso también tuvo repercusiones en la jurisdicción contencioso administrativa; pues en octubre de 2020, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la privación injusta de la libertad del almirante Arango Bacci.

En la sentencia, el Consejo de Estado indicó que el oficial fue sometido a una privación de la libertad sin que posteriormente se demostrara su responsabilidad penal. “Además de sufrir un daño que no estaba en el deber de soportar, cual fue el haber perdido su libertad sin que se demostrara su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaron, el almirante (r) sufrió la afectación de su derecho a la honra y buen nombre, en la medida en que fue señalado ante la sociedad de haber cometido delitos en los cuales no tenía responsabilidad alguna”, señaló la corporación en su decisión.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o alias El Costeño, por su participación en el atentado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El aspirante recibió tres impactos de bala; al menos uno de ellos se alojó en su cabeza, por lo que permaneció en la UCI durante dos meses en la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025.

De acuerdo con el ente acusador, entre los elementos que sustentan la acusación, se señala que Arteaga Hernández habría sido responsable de entregar el arma de fuego al adolescente (alias Tianz) que finalmente disparó contra Uribe Turbay y de monitorear directamente la ejecución del ataque.

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La investigación hasta el momento adelantada indica que al acusado se le atribuye la organización del plan criminal, la definición de los roles de los otros implicados y la coordinación de reuniones que se llevaron a cabo el 4 de junio de 2025 y en fechas posteriores. Los encuentros, centrados en la planeación del atentado, tuvieron lugar en la localidad de Bosa y en otros sectores de la ciudad.

Alias Chipi también habría participado en las labores de vigilancia a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar del atentado, que fue perpetrado en el parque El Golfito, donde el precandidato presidencial del Centro Democrático lideró un evento político.

Así las cosas, Arteaga Hernández deberá enfrentar un juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Una sanción y una condena: los avances en el caso de Miguel Uribe

Además de alias Chipi, otras personas están respondiendo ante la justicia por el el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado en total a nueve personas al proceso y una de ellas ya fue sancionada. Se trata del adolescente que disparó contra el precandidato, que asumió su proceso bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa).

Un juez de conocimiento del Srpa decidió sancionarlo con siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada. Esto, debido a que se comprobó que el menor aceptó hacer parte del plan de atentar contra el precandidato, el cual ejecutó a cabalidad.

“El joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El joven aceptó haber cometido los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Para el momento de la acusación (4 de agosto de 2025), el senador permanecía vivo y bajo estricta observación médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá, por lo que el delito de homicidio se manejó con el grado de tentativo. Sin embargo, siete días después, falleció.

Al igual que el menor de edad, otra persona implicada en el caso ya fue condenada: Katherine Andrea Martínez Martínez. La mujer fue contactada por alias Chipi para que se involucrara en el plan criminal. Su tarea fue ir hasta la localidad de Suba para recoger el arma que fue utilizada en el atentado.

“Martínez Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito; y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima”, detalló la Fiscalía.

Martínez Martínez fue condenada a 21 años y dos meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Durante la audiencia de acusación, que se llevó a cabo el 29 de enero de 2026, el exfuncionario aseguró que los señalamientos en su contra carecen de sustento. En la acusación se le señala como responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

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“Obviamente, para mí no es clara (la acusación). Para mí hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación y yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida y estamos aquí frente a una incriminación real”, aseveró el exdirector del Dapre.

En su intervención, cuestionó el hecho de que el ente acusador, a su juicio, lo haya mostrado como el principal responsable de los hechos de corrupción que se presentaron en la Ungrd, que involucró el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

“Por arte de… yo fui el autor intelectual de todo, pues, de todo, absolutamente todo. Entonces, a mí sí me parece que yo no puedo aceptar”, precisó.

La magistrada que lleva el caso interrumpió al hoy acusado para aclarar que sus declaraciones debían centrarse en explicar si fue clara o no para él la acusación de la Fiscalía. El espacio no estaba dado para que cuestionara lo expuesto por el ente acusador.

“Este momento no es para alegar, señor Carlos Ramón. Su defensa será ejercida a lo largo del juicio, pero en este momento le estoy haciendo una precisión, le estoy haciendo una pregunta (…), le estoy preguntando es si la acusación ha sido clara”, señaló.

El procesado respondió: “Para mí no es una acusación clara, porque está llena de vacíos y de falsedades”.

¿De qué acusan a Carlos Ramón González?

De acuerdo con el exdirector de la Ungrd Olmedo López, que confirmó haber participado en el entramado de corrupción, Carlos Ramón González le ordenó entregar coimas a los expresidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. Esos recursos servirían como soborno para que los excongresistas impulsaran los proyectos sociales del Gobierno nacional en el legislativo.

López aseguró que Name recibió $3.000 millones y que Calle obtuvo $1.000 millones, para un total de $4.000 millones desviados para el pago de esas coimas. “Se habló inicialmente de $60.000 millones dirigidos a Iván Name y $10.000 millones, aproximadamente, al doctor Calle, pero en la misma reunión también se cambia la decisión por los $4.000 millones”, contó el exdirector de la Unidad en conversación con la revista Semana.

De acuerdo con su declaración, para entonces (entre septiembre y octubre de 2023, según la Fiscalía), Carlos Ramón González tenía un amplio poder en el Ejecutivo. En ese sentido, optó por obedecer sus instrucciones y se abstuvo de revelar lo que estaba pasando al presidente Gustavo Petro.

“(González Merchán) avalaba y el determinante de las decisiones (…). Sandra (Ortiz) –exconsejera presidencial para las Regiones– era emisaria con el doctor Name y a mí me tocaba con el doctor Calle”, detalló Olmedo López al medio de comunicación citado.

La Fiscalía confirmó esta teoría, mientras que el exdirector del Dapre niega las acusaciones en su contra. No obstante, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo declaró formalmente acusado por estos hechos.

“Se declara formalmente acusado al señor Carlos Ramón González Merchán, en su anterior condición de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, indicó la magistrada.

Elisa Mouliaá sostuvo que, tras recibir el más reciente escrito de la Fiscalía solicitando la absolución de Íñigo Errejón por considerar que existió consentimiento, decidió revertir la retirada de su acusación y continuar con el proceso judicial. De acuerdo con el medio La Razón, Mouliaá informó al juez su decisión de seguir adelante con la denuncia, a pesar de las dificultades personales y el ambiente adverso que percibe en torno al caso.

La Razón detalló que la actriz, a principio de la semana anterior, había manifestado su intención de abandonar el caso, pero la petición de la Fiscalía para exculpar al exdiputado generó que reconsiderara su postura. Según el medio, Mouliaá compareció en los Juzgados de Plaza de Castilla para comunicar formalmente su cambio de posición, tras una noche marcada por la incertidumbre y el malestar. Mouliaá hizo pública su determinación: “Después de una noche muy revuelta, reflexionando muchísimo, he decidido que voy a continuar con el procedimiento porque me ha parecido deleznable que la Fiscalía, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución, diciendo además que sí que hubo consentimiento, algo que me parece muy ruin porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento”.

Antes de ingresar a los juzgados, en declaraciones recogidas por La Razón, Mouliaá manifestó su frustración ante las reacciones institucionales y la cobertura mediática en torno a su denuncia. Según sostuvo, “es un sistema que realmente te debilita y te hace querer tirar la toalla, porque es muy difícil luchar realmente con unas instituciones que no ayudan y con un sistema mediático que te hunde, que saca bulos, que te desacredita”. Esta situación, aclaró, le ha generado importantes consecuencias personales, como tener que acudir al hospital recientemente tras experimentar un ataque de ansiedad.

Mouliaá argumentó ante periodistas y cámaras que la Fiscalía, al solicitar la absolución de Errejón tras su retirada inicial, facilita que se dude de la veracidad de su testimonio e, incluso, que puedan acusarla de haber presentado declaraciones falsas. Recalcó: “Se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de Fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final”.

El medio La Razón reportó que durante su intervención pública, Mouliaá insistió en que, durante aproximadamente diez meses, aportó mensajes y pruebas elaboradas el día de los hechos que, según sus palabras, daban cuenta de acoso y humillación. Afirmó que existe documentación pericial y escritos psicológicos que respaldan el impacto que el presunto delito habría tenido en su salud mental, incluyendo un diagnóstico de estrés postraumático.

En su declaración también hizo referencia a la dinámica mediática que considera adversa. Indicó que percibe descrédito y difusión de bulos respecto a su versión, mientras, a su juicio, cualquier victoria judicial suya se silencia y las de la contraparte adquieren gran notoriedad pública. “Cualquier cosa, cualquier victoria judicial, se ha silenciado. En cambio, las suyas se han hecho tremendamente ruidosas y el odio que tiene que soportar una víctima es horrible y es normal que no se atrevan a dar el paso”, sostuvo según señaló La Razón.

Además, Mouliaá apeló a las demás víctimas que han presentado denuncias, pidiendo colaboración y testimonio, aunque sea de forma anónima. Lo expresó diciendo: “Desde aquí pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que por favor, si no quieren testificar, si no quieren personarse ante la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se han revelado sus nombres, pero que al menos se personen y testifiquen porque eso es una prueba”. Solicitó también la ayuda de Cristina Fallarás, quien habría presentado elementos relevantes para la causa.

La Razón informó que, tras comparecer ante el juez Adolfo Carretero, Mouliaá se mostró más serena y reiteró que el motivo principal de su decisión residió en el escrito de la Fiscalía que abogaba por la absolución de Errejón. Subrayó lo que consideró una incoherencia dentro del proceso: “Me parece todo muy incongruente y que realmente el juez le ha imputado y está procesado, y eso solo pasa después de una fase de instrucción con unas pruebas sólidas. Y que después de todo esto la Fiscalía le quiera absolver, pues mira, sinceramente es que me parece deleznable. Deleznable y totalmente hipócrita e incongruente con el discurso que llevan y con la protección de las víctimas en este país. Así que ya está”.

Durante sus declaraciones, vertidas en distintos momentos ante los medios y confirmadas por La Razón, insistió en que el juez le ha dado credibilidad, que el proceso sigue adelante porque existen pruebas en la causa y que espera que la opinión pública tome en cuenta los hechos. Expresó: “Es vergonzoso, estoy con la conciencia tranquila. Y el juez me cree. Y el juez le ha procesado y quiere ir hasta el final. Y esto es lo que yo quiero que la gente vea. Ya está”.

La Razón consignó que Íñigo Errejón no se presentó en los juzgados para retirar la notificación de apertura de juicio oral, un acto procesal que estaba pendiente tras la decisión del juez de procesarlo. Mouliaá señaló que mantendrá la acusación particular, y su propósito es agotar todas las vías judiciales pese al clima de hostilidad que declara haber vivido desde el inicio del caso.

Elisa Mouliaá, quien previamente mantuvo una acusación por presunto abuso sexual contra Íñigo Errejón, expresó que optó por retirar el proceso judicial debido a la falta de acompañamiento de otras posibles víctimas y su deseo de establecer límites personales. Mouliaá, actriz española, comunicó a través de sus redes sociales que su decisión no significa una retractación, sino el establecimiento de un límite personal, según recogió el medio. Ante este contexto, la formación política Sumar expresó su "total respeto" a la decisión de Mouliaá, tal como informó la organización política, y reiteró la importancia del apoyo brindado a la actriz durante el proceso.

De acuerdo con el reporte difundido por Sumar y citado por la prensa, la organización aseguró que, desde el momento en que surgieron las denuncias públicas respecto a la conducta de Errejón, adoptaron medidas inmediatas, como el ofrecimiento de apoyo a las víctimas y la aportación de ayuda económica en el caso de Mouliaá, en línea con el respaldo solicitado por la propia actriz en aquel momento. El grupo político, con el que Errejón había mantenido nexos como exportavoz parlamentario, subrayó que su actuación pretendió ser coherente y responsable en el ámbito político al atender de forma directa los señalamientos surgidos en redes sociales sobre la conducta del exdiputado hacia mujeres.

El medio recogió también que la propia Mouliaá detalló públicamente las razones que la llevaron a retirar la acusación. Argumentó en sus publicaciones que “ninguna otra víctima ha dado el paso” y que, en consecuencia, se sentía sola al sostener el proceso judicial. “No es una retractación, es un límite”, sentenció la actriz en uno de sus mensajes difundidos este miércoles, marcando una diferencia respecto a posibles interpretaciones en torno a su decisión.

Según reportó Sumar, una vez hicieron públicas las denuncias contra Errejón, pusieron en marcha una investigación interna. A raíz de ello, el partido solicitó a Errejón la renuncia a todos sus cargos, exigiendo medidas ante lo que consideró un escándalo originado a raíz de las acusaciones compartidas en redes sociales. En respuesta a los requerimientos de las víctimas, Sumar insistió en que ofreció toda la asistencia que se demandó en aquel contexto, incluyendo ayuda económica y personal.

La ayuda económica, que Mouliaá recientemente reconoció haber recibido de Sumar durante el procedimiento judicial, fue descrita por la formación política como un acto de responsabilidad ante los hechos denunciados. El medio también remarcó que este respaldo buscaba atender de forma adecuada el impacto que la situación tuvo tanto en la vida de la actriz como en la dinámica del partido.

Sumar recordó que desde el inicio del caso adoptaron una posición firme al abrir una investigación y separarse del exdiputado, con el objetivo de cuidar la integridad del grupo y responder a las expectativas de transparencia y responsabilidad que exige la sociedad ante este tipo de denuncias. El partido reiteró su respeto a la decisión de Mouliaá y defendió la actuación desarrollada desde la aparición de los primeros señalamientos hacia Errejón.

Como contextualizó el medio, Íñigo Errejón fue señalado públicamente por diversas mujeres en redes sociales por supuestas conductas impropias, lo que llevó a que la formación Sumar tomara medidas internas para investigar los hechos y solicitar la dimisión del exdiputado mientras se resolvía la situación.

Mouliaá, al argumentar el retiro de la acusación, insistió en el sentimiento de soledad que percibió a lo largo del proceso, precisando que ninguna persona más decidió acompañarla en una denuncia formal. El caso destacó en el ambiente político y mediático, pues provocó tanto respuestas institucionales como debates sobre los protocolos de apoyo a víctimas y la gestión de denuncias en el ámbito público, según el relato detallado por el medio.

Sumar finalizó reiterando el respeto hacia la determinación de la actriz y la disposición de la formación para atender estas situaciones con rigor, mientras que la declaración pública de Mouliaá reflejó un punto de inflexión personal tras meses de procedimiento judicial y exposición pública, según reflejó el informe divulgado.

Durante la audiencia de acusación que se adelantó el 29 de enero de 2026, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González fue formalmente acusado por hechos de corrupción ocurridos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Se declara formalmente acusado al señor Carlos Ramón González Merchán, en su anterior condición de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, indicó la magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

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El exfuncionario, señalado de haber estado detrás de la entrega de recursos públicos de la Ungrd a dos excongresistas para que estos impulsaran los proyectos del Gobierno en el Legislativo, es investigado por los siguientes delitos:

• Cohecho por dar u ofrecer
• Peculado por apropiación agravado
• Lavado de activos

A juicio de la Fiscalía General de la Nación, González Merchán habría sido el responsable de ordenar la entrega de los recursos, allegados a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. El primero recibió $3.000 millones y el segundo $1.000 millones.

Según el ente acusador, la persona que recibió la instrucción del exdirector del Dapre fue el exdirector de la Unidad Olmedo López, que confesó su participación en el entramado y que expuso los nombres de algunas personas involucradas en los hechos, entre ellos Carlos Ramón González.

“El exfuncionario, entre septiembre y octubre de 2023, habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez, para pagar coimas a los entonces presidentes del Congreso del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez; y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, con dineros provenientes de la contratación de la entidad”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

Los $3.000 millones para Name fueron entregados por la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República Sandra Liliana Ortiz Nova, mientras que los $1.000 millones para Calle fueron enviados por el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, que también admitió haber estado involucrado en los hechos.

Este dinero salió de un contrato que fue suscrito por la Ungrd para la adquisición de 40 carrotanques de suministro de agua que, supuestamente, prestarían servicio en la Alta Guajira, donde viven comunidades indígenas que requieren de agua potable. El medio de comunicación W Radio reveló que los carrotanques estaban guardados y que no se estaba prestando ningún servicio a la comunidad; la divulgación de esta información derivó en la exposición del entramado de corrupción.

Carlos Ramón González aseguró que es inocente

Desde el primer momento en que se supo sobre las acusaciones que surgieron en contra de Carlos Ramón González, este se pronunció, asegurando que no estuvo relacionado con el entramado. “Me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, indicó el exfuncionario en un comunicado.

Aseguró que a lo largo de su carrera profesional ha buscado el cambio, el progreso y la equidad en el país y que estos principios continuarían en su accionar. Además, informó que se pondría en contacto con la Fiscalía y con su equipo de abogados para el desarrollo del proceso judicial en su contra.

“Estoy presto a acatar, en el momento que se requiera, el llamado de la justicia para dar todas las explicaciones del caso y preservar mi buen nombre”, indicó en su momento.

Hoy, la Fiscalía lo señala como responsable de tres delitos, por los cuales fue formalmente acusado y por los cuales deberá defenderse en la etapa de juzgamiento.

En Colombia se han registrado varios casos de personas que pasaron tiempo en prisión por crímenes que no cometieron, un ejemplo de ello fue el protagonizado por Alberto Júbiz Hazbún tras el asesinato de Luis Carlos Galán.

Tras el magnicidio del candidato presidencial, Júbiz fue capturado y estuvo preso durante cuatro años, a pesar de que había pruebas de que no tenía nada que ver con el hecho registrado en el municipio de Soacha.

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A pesar de que han pasado más de 30 años de ese caso, en el país se siguen registrando hechos de esa índole y uno de ellos fue expuesto en Testigo Directo.

Mujer estuvo 14 años en prisión por acusación de su expareja

En el informe fue narrada la historia de Ingrid Contreras, bogotana que se enamoró de Álvaro Rojas, un funcionario de la fiscalía 20 años mayor que ella, con el que tuvo dos hijos y con el que pensó en un principio que tendría una vida feliz.

“Así fue, yo quede viviendo con mis hijos, él me compró todo nuevo, empezó a cortejarme, me daba rosas, flores”, declaró la mujer al medio citado.

El individuo también se encargó de convencer a los familiares de Ingrid Contreras de que él era el hombre perfecto para la joven, con la que sostuvo una relación durante varios meses.

“Lo empecé a distinguir por Ingrid, yo pensé que era un buen personaje. Llego aquí diciendo que era fiscal, que era una persona muy prestigiosa, pero después me di cuenta de que el corazón del hombre era perverso”, fueron las palabras de Jairo Contreras, padre de Ingrid.

Después de que Ingrid Contreras decidió dejar al funcionario, comenzó a recibir llamadas de otras mujeres, todas afirmaban ser la esposa de Rojas y le pedían alejarse del sujeto; sin embargo, al mismo tiempo, este le pedía volver a estar juntos.

“Él empezó a ser muy agresivo, a pegarme. Yo tomé la determinación de no vivir más así. Todas las señoras me llamaban”, indicó Contreras, que en noviembre de 2011 fue capturada por una denuncia de abuso sexual.

La mujer explicó que le informaron que estaba siendo acusada del crimen mencionado por su expareja, que aseguraba que ella violentaba a sus dos hijos de cinco y seis años.

De nada sirvieron los trámites que hicieron sus familiares, las diferentes entidades no escucharon los pedidos de ayuda e Ingrid estuvo presa durante 14 años, en los que fue trasladada en tres ocasiones.

Debido a que estaba procesada por abuso sexual, Ingrid fue víctima de ataques constantes en las cárceles, mientras tanto, su expareja se hizo cargo de sus hijos hasta que falleció durante la pandemia.

Contreras tuvo que pagar su condena y en la actualidad busca recuperar el tiempo que perdió con sus hijos por una acusación falsa, que ellos afirman no recordar en su totalidad, sino solo por la versión que les contó su padre.

“Muchas veces vi morir compañeras, muchas se ahorcaron. Él (Álvaro Rojas) me llamó, después me pidió que lo perdonara, que los hijos ya tenían 12 y 13 años, que no podía ocultar más la verdad y no tenía argumentos para contar una historia diferente”, narró Contreras, que recibió un beneficio de reducción de condena por su buen comportamiento.

Actualmente, el objetivo de Contreras es recuperar su relación con sus hijos, que han afirmado que saben que ella estuvo en prisión, pero aún se debaten entre las versiones que conocieron de los hechos.

“Yo les digo que los amo, que me den la oportunidad de ser esa mamá, como ser humano, tengo errores y fallas, pero quiero avanzar, que me den la oportunidad de amarlos y ser la mamá que anhelaron, pero que no pudieron tener”.

La Corte Suprema de Justicia confirmó que Arturo Char deberá enfrentar un juicio por su presunta participación en un esquema de compra de votos ocurrido en el departamento del Atlántico en 2017.

La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción el jueves 4 de diciembre, tras determinar que existen elementos suficientes para formular acusación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

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El proceso contra el expresidente del Senado se origina en la misma investigación por la cual la excongresista Aída Merlano fue condenada por la Corte Suprema, luego de que se identificara un supuesto entramado electoral que operaba desde la sede política conocida como Casa Blanca. La Corte indicó que la decisión puede ser recurrida por la defensa.

Llamamiento a juicio

El llamado a juicio representa un avance en un expediente que ha tenido múltiples desarrollos en los últimos meses. El 6 de septiembre, la Sala Especial de Instrucción dictó una orden de captura internacional contra Char, con el fin de garantizar su comparecencia ante el proceso. Esa medida se dio en el marco de la resolución de su situación jurídica dentro del expediente.

En esa ocasión, la Corte Suprema impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural al exsenador, tras considerar que los elementos recaudados permitían justificar la adopción de esa decisión. El alto tribunal señaló que se trataba de una medida necesaria para evitar riesgos procesales y asegurar que el investigado se presentara ante la justicia.

Dentro de esa misma providencia, la Sala Especial de Instrucción determinó solicitar una circular roja ante la Secretaría General de Interpol. La Corte recordó que la solicitud se fundamentó en que Arturo Char fijó su lugar de residencia en los Estados Unidos, país del que también tiene nacionalidad.

Según la Corte, dicho acuerdo delictivo se habría materializado en octubre de 2017 y habría involucrado a varias personas, entre ellas Arturo Char Chaljub y Aída Merlano Rebolledo, esta última ya condenada en primera y segunda instancia por los mismos hechos.

De acuerdo con los documentos del proceso, la estructura que operaba en Atlántico habría tenido como propósito favorecer la elección al Senado de Aída Merlano, la elección a la Cámara de Representantes de Lilibeth Llinás Delgado y la reelección del propio Arturo Char. Para ello, según la indagación judicial, se habrían ejecutado conductas que vulneran los mecanismos de participación democrática mediante la compra de votos, acciones que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido coordinadas y financiadas por varias personas vinculadas al proceso.

La Corte precisó que “las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta es idónea, necesaria y urgente”. El alto tribunal indicó que no hay lugar a sustituirla por detención domiciliaria ni por medidas no privativas de la libertad.

Lo que sigue en el proceso

Entre los criterios que sustentan la decisión, la Sala Especial de Instrucción destacó aspectos relacionados con el comportamiento procesal del investigado, al considerar que existen elementos que ponen en duda su comparecencia normal al proceso. Además, señaló la existencia de riesgos identificados en el desarrollo de la actividad investigativa y la práctica de pruebas.

La acusación anunciada el 4 de noviembre marca el inicio formal de la fase de juzgamiento en este expediente. De acuerdo con lo establecido por la Corte, el proceso continuará con los trámites correspondientes para ser enviado a la Sala de Juzgamiento, una vez se surtan los recursos a los que haya lugar.

El 4 de febrero de 1997, una llamada al 911 realizada por la joven Louise Woodward alertó a los servicios de emergencia en Boston, Massachusetts, sobre la grave situación de salud de un bebé bajo su cuidado que había dejado de respirar. Esta intervención marcó el inicio de uno de los juicios más notorios de la década, donde la figura central sería una niñera (au pair) británica de 19 años, procedente de Elton, Cheshire, y la víctima Matthew Eappen, un niño de 18 meses.

Luego de la llamada de emergencia de Louise Woodward, el pequeño Matthew fue trasladado de inmediato al Boston’s Children’s Hospital con un severo sangrado cerebral. El diagnóstico inicial sugería un caso compatible con el síndrome del bebé sacudido. Woodward fue acusada formalmente de asalto y agresión, enfrentando después cargos de asesinato cuando, cinco días más tarde, Matthew falleció en el hospital. La niñera británica fue detenida en febrero y el juicio comenzó meses después, en octubre de 1997.

La dinámica del juicio giró en torno a interpretaciones radicalmente diferentes de los hechos y las evidencias médicas. La fiscalía, por un lado, sostenía que Woodward había sacudido violentamente a Matthew y luego le había golpeado la cabeza contra una superficie dura, causándole una lesión fatal. A nivel forense, la acusación se apoyaba en la opinión de especialistas como Patrick D. Barns, jefe de neurorradiología del Children’s Hospital, quien sostuvo que las hemorragias cerebrales detectadas tenían una causa clara. Barns no pudo precisar cuántas veces había sido sacudido el niño o si sufrió múltiples impactos, pero afirmó: “Este es un patrón clásico de hemorragia para un trauma de sacudida e impacto en el cerebro”.

Durante el proceso, el jurado escuchó testimonios que mostraron diversas facetas de la vida de Louise Woodward en la casa de los Eappen, padres de Matthew y Brendan, otro niño de dos años. La fiscalía calificó a Woodward como una joven con más interés en la vida nocturna de Boston que en el cuidado responsable de los niños. Alegó además que la acusada rechazaba la imposición de un toque de queda a medianoche y estaba insatisfecha por tener que cuidar de Matthew a pesar de sus frecuentes episodios de irritabilidad. Tanto Sunil como Deborah Eappen testificaron y manifestaron su descontento con los hábitos de Louise; declararon que la niñera solía negarse a salir de su habitación en las mañanas cuando Deborah debía iniciar su jornada laboral, y que una semana antes del incidente le habían dado un ultimátum para que mejorara su rendimiento.

La policía recogió una declaración inicial en la que, según los investigadores, Woodward habría admitido haber sido “un poco brusca” con Matthew, aunque ella negó haber hecho tal confesión.

Un detalle lingüístico contribuyó a la confusión: Woodward mencionó que había “popped the baby on the bed”, una expresión que en inglés británico significa colocar suavemente al bebé sobre la cama, pero que en inglés estadounidense la palabra “popped” podría interpretarse como “golpear”.

El testimonio de Louise Woodward, presentado ante el jurado con lágrimas y evidentes muestras de angustia, fue central para su defensa. Declaró que jamás había lastimado a Matthew y relató que el día del incidente el bebé simplemente estaba somnoliento y malhumorado hasta que, tras una siesta, lo encontró jadeando y prácticamente sin respuesta. “Él estaba allí, con los ojos medio cerrados, y jadeaba para respirar”, explicó. Frente a la falta de reacción del niño, afirmó que únicamente lo sacudió brevemente en un intento de reanimación, mostrando con sus manos el escaso movimiento realizado, y que de inmediato realizó el llamado de urgencia y contactó al padre del bebé, médico de profesión.

La defensa, liderada por el abogado Andrew Good y el mediático Barry Scheck, construyó una estrategia centrada en evidencias forenses alternativas y las dificultades en la labor de Louise. Good preguntó directamente en sala: “¿Alguna vez golpeaste a Matthew en la cabeza?”, a lo que Louise respondió: “No”. El abogado insistió: “¿Hiciste algo para dañar a Matthew Eappen?”, y la respuesta fue tajante: “No”.

A nivel médico, la versión defensiva fue sustentada por expertos como el neuropatólogo forense Jan E. Leestma, quien argumentó que la lesión cerebral mortal de Matthew debía remontarse a varias semanas previas a su ingreso en el hospital.

Leestma encontró una tercera capa de membrana sobre la duramadre, indicio de un proceso de curación de al menos tres o cuatro semanas. Según su dictamen, “Estoy diciendo que es una lesión de semanas de antigüedad. En el orden de tres a cuatro semanas”. Ese especialista además descartó la teoría de un traumatismo reciente e intenso, ya que no se detectaron lesiones típicas concomitantes como daños en la médula espinal, cuello o marcas de violencia en la espalda o costillas.

Umberto De Girolmi, el patólogo que realizó la autopsia, reforzó la duda sobre el mecanismo del supuesto maltrato fatal. Aclaró ante el jurado que la ausencia de hemorragia en los músculos del cuello y la falta de moretones en la espalda o costados de Matthew impedían corroborar la hipótesis fiscal de sacudidas violentas. “No había daño suficiente para probar ese tipo de agresión”, había dicho.

El juicio, que se extendió por tres semanas, se concentró también en la dinámica familiar, rutinas y estructura laboral de los Eappen. Woodward admitió en su declaración que las exigencias laborales le generaban frustración y que sus jornadas eran mucho más extensas de lo que le habían informado antes de llegar a Estados Unidos. Indicó que, pese al descontento con el toque de queda impuesto, no aceptó una restricción similar en su trabajo anterior, lo que la llevó a dejar ese puesto. Al preguntarle si alguna vez fue negligente con Matthew, afirmó que no y reiteró que jamás le había causado daño alguno al menor.

Las pruebas médicas se volvieron el epicentro de debates y largas sesiones de análisis y revisión por parte del jurado. Analizaron escáneres cerebrales, informes de autopsia, y la opinión de varios especialistas, tanto de la acusación como de la defensa. Hubo incluso expertos convocados por la fiscalía que admitieron que la hemorragia cerebral de Matthew podía haber ocurrido antes de que ingresara al hospital. El abogado de la defensa, Barry Scheck, logró que el testigo de la acusación, Barns, reconociera que su evaluación se basaba únicamente en el análisis de tomografías, sin acceso a los archivos médicos completos del bebé.

La decisión final del jurado llegó tras 27 horas de deliberación distribuidas en tres días diferentes. Decidieron condenar a Louise Woodward por asesinato en segundo grado, cargo que implicaba una condena de por vida con posibilidad de libertad condicional después de 15 años.

Al conocer el fallo, la joven rompió en llanto y expresó: “¿Por qué me hicieron esto? Yo no hice nada”. Al día siguiente, el 30 de octubre de 1997, hace 28 años, el tribunal formalizó la sentencia: vida en prisión sin opción a libertad condicional antes de 15 años. En declaraciones posteriores la madre de Matthew subrayó: “Siento que Louise tiene que ser responsable por lo que le pasó a Matthew... Apenas puedo describir lo que ha significado para mi familia. Daría cualquier cosa a cambio de tener a Matthew de vuelta”.

El impacto mediático del caso fue inmediato y global. La cobertura de la prensa internacional puso a debate tanto la culpabilidad de la acusada como el funcionamiento del sistema de jurados, la transparencia de la justicia estadounidense y los modelos de cuidado infantil vigentes. El juicio fue transmitido en vivo y analizado continuamente en televisión y periódicos. Durante las deliberaciones, el jurado solicitó revisar dos días de testimonios médicos, pero el juez Hiller Zobel denegó el pedido por lo complejo que resultaba reproducir integralmente toda esa parte del proceso.

En una decisión sorpresiva tomada el 10 de noviembre de 1997, apenas semanas después de la condena, el juez Zobel revisó el fallo y lo redujo de asesinato en segundo grado a homicidio involuntario. Esa decisión se basó en que el elemento de malicia, indispensable para sostener el delito mayor, no pudo ser demostrado. El magistrado explicó: “Considero que las acciones de Woodward estuvieron marcadas por confusión, inexperiencia, frustración, inmadurez y cierta rabia, pero no malicia”. Acto seguido, sentenció a Woodward a los 279 días que había cumplido desde su arresto en febrero, lo que equivalía a su liberación inmediata.

De regreso en el Reino Unido, Louise Woodward completó estudios de derecho en la London South Bank University, contrajo matrimonio y formó una familia, alejándose del interés mediático que la había asediado durante el proceso. No obstante, el caso siguió generando especulaciones sobre lo que realmente causó la muerte de Matthew Eappen. Persistieron interrogantes en torno a una posible lesión previa, quién podría haberla infringido y las condiciones en las que se produjo el desenlace. En una entrevista concedida a la BBC, Woodward manifestó: “Si los padres no lo hicieron, ¿entonces quién? Había la sensación de que alguien debía pagar y ese alguien tenía que ser yo”.

Una mujer de 51 años, de nacionalidad china, ha sido acusada en Lille (norte de Francia) de organizar actividades de prostitución en su salón de masajes, ubicado en la comuna de Marcq-en-Barœul, en la región de Nord. El caso, que ha despertado una gran atención mediática en la zona, comenzó a investigarse tras varias denuncias de esposas de clientes habituales del establecimiento.

Las denuncias iniciales se registraron en marzo de 2025. Una de las mujeres afectadas declaró ante la policía, según informó el medio francés La Dépêche: “Mi marido frecuenta el salón de masajes Naturôzen, donde gasta mucho dinero. Tiene relaciones sexuales con una mujer china llamada Lili. Paga 200 euros cada vez. Ahora no llego a fin de mes”.

A raíz de estas múltiples quejas, las autoridades iniciaron una investigación discreta y decidieron vigilar los movimientos del salón. En las semanas siguientes, interceptaron a varios clientes a la salida del establecimiento y les preguntaron sobre los servicios recibidos.

Uno de los hombres interrogados aseguró haber recibido un masaje convencional. Sin embargo, otro cliente confesó que la masajista le había ofrecido un “servicio adicional”: “Al final del masaje, se ofreció a masajearme el pene, a lo que respondí favorablemente”, relató durante su declaración.

Las grabaciones telefónicas obtenidas por los investigadores confirmaron aún más las sospechas. De acuerdo con el expediente, los clientes habituales solicitaban distintos tipos de servicios, entre ellos “masaje prostático”, “tántrico”, “naturista con final manual” o “real”. El pago, según el informe policial, se realizaba en dos partes: una mediante tarjeta para cubrir el masaje tradicional, y otra en efectivo para abonar la parte sexual del servicio.

La defensa lo niega todo

Ante el tribunal, la gerente del salón negó de manera tajante todas las acusaciones recibidas. Aseguró que no entendía con claridad el idioma francés y que desconocía el contenido de las conversaciones que la incriminaban. “No entiendo muy bien el francés, no sabía de qué hablaban”, dijo rotundamente durante la audiencia.

La fiscalía, sin embargo, considera que existían indicios claros de organización y reiteración de los hechos. Por ello, solicitó una pena de ocho meses de prisión condicional, además de la aplicación de una orden de expulsión del territorio francés (OQTF) que ya estaba vigente en su contra.

Sentencia pendiente

El tribunal de Lille decidió aplazar la sentencia hasta el próximo 6 de noviembre, mientras se revisan las pruebas complementarias y se determina el grado de responsabilidad penal de la acusada.

El caso ha reavivado en Francia el debate sobre los límites entre los servicios de bienestar y las prácticas sexuales encubiertas, especialmente en los locales de masajes y terapias alternativas. Se trata de un sector bajo la lupa de las autoridades por su creciente vinculación con casos de explotación y prostitución irregular.

En marzo de 2025, el Gobierno francés anunció el cierre de los falsos salones de masajes donde se ejerce la prostitución encubierta, una práctica que, según la ministra de Igualdad, Aurore Bergé, “se está extendiendo por toda Francia”, como informa La Voz de Galicia. La medida busca poner fin a un fenómeno en expansión y ofrecer mayores garantías de seguridad y transparencia en un ámbito cada vez más cuestionado.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exmagistrada Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, del Tribunal Administrativo de Bolívar, como presunta responsable de prevaricato por acción en concurso heterogéneo y sucesivo y peculado por apropiación en concurso homogéneo.

El ente acusador determinó que, durante su gestión en ese alto tribunal, Jiménez Méndez ordenó el pago de 3.217 millones de pesos a empleados de Ecopetrol que, según la investigación, no cumplían con los requisitos para recibir tales beneficios salariales.

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De acuerdo con la Fiscalía, entre el 7 de mayo y el 30 de julio de 2010, la entonces magistrada emitió ocho fallos de tutela en los que, de acuerdo con los elementos probatorios recabados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, reconoció de manera indebida factores salariales a 407 trabajadores de la estatal petrolera.

Estas decisiones judiciales obligaron a Ecopetrol a desembolsar la millonaria suma a empleados que, según la acusación, no reunían las condiciones necesarias para acceder a reajustes y pagos complementarios derivados de su relación laboral.

La investigación sostiene que las resoluciones de tutela dictadas por Jiménez Méndez desconocieron los principios de inmediatez, subsidiariedad y cosa juzgada que rigen las acciones constitucionales.

Además, los fallos pasaron por alto los pronunciamientos previos de los jueces de primera instancia, que habían negado el amparo solicitado por los trabajadores de Ecopetrol en atención a una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 31 de marzo de 2004.

Dejan en firme condena a exmagistrado que se dejó sobornar de un exparamilitar

En abril de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia desestimó una solicitud de libertad condicional presentada el 19 de octubre de 2024 por el exmagistrado del Tribunal de Justicia y Paz, Eduardo Castellanos Roso.

Esa decisión se sumó a la condena de 8 años y 4 meses de prisión que pesa sobre Castellanos Roso por su responsabilidad en un esquema de corrupción que incluyó cohecho propio y soborno en actuación penal.

La sentencia, ratificada en su totalidad por la Corte, estableció que Castellanos Roso intervino de manera ilícita en el proceso judicial de Miguel Ángel Mejía Múnera, conocido como El Mellizo, ex jefe paramilitar.

Según los documentos del caso, el exmagistrado aceptó sobornos por un total de 50.000 dólares entre 2013 y 2016, entregados por el abogado defensor de Mejía Múnera, Marco Tulio Quintero Cano. A cambio, Castellanos Roso favoreció los intereses del exjefe paramilitar en el marco del programa de Justicia y Paz, orientado a la reintegración de excombatientes bajo condiciones legales específicas.

El fallo de la Corte Suprema, emitido en enero de 2023, subraya que el exmagistrado no solo dilató el proceso de exclusión de Mejía Múnera del programa, sino que también filtró información confidencial relacionada con el caso.

Las pruebas presentadas incluyeron mensajes de texto y grabaciones de encuentros en distintas ciudades del país, que evidenciaron la conducta ilícita de Castellanos Roso. El tribunal señaló que el exmagistrado “priorizó y privilegió intereses particulares del postulado, poniéndole precio a la loable misión de administrar justicia”, según consta en la sentencia.

La defensa de Castellanos Roso argumentó que el exmagistrado había cumplido las tres quintas partes de su condena, lo que le otorgaba el derecho a solicitar la libertad condicional. No obstante, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, encargado de leer el fallo, destacó que la naturaleza de los delitos exigía un tratamiento más estricto de la pena, con el objetivo de garantizar la rehabilitación del condenado y mantener la integridad del sistema judicial.

La Corte Suprema de Justicia dispuso el cumplimiento íntegro de la sentencia, conforme a la normativa vigente, y ordenó que se informara a las partes e intervinientes que contra esta determinación no proceden recursos

La situación financiera de Pedro González, ampliamente reconocido en Colombia como Don Jediondo, generó una ola de reacciones en el panorama nacional, tras conocerse el inicio del proceso de liquidación de su cadena de restaurantes.

El icónico humorista, que ha sido figura constante en la radio y la televisión del país, afronta ahora una crisis que pone en jaque no solo su emprendimiento gastronómico, sino el sustento de varios trabajadores.

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El escenario se tornó crítico una vez que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de la empresa, una red compuesta por 32 establecimientos y apoyada por 183 empleados. Esta decisión se concretó después de que la compañía incurriera en múltiples incumplimientos de los pactos de pago que fueron estipulados para su reorganización tres años atrás. Las deudas acumuladas superan los 25.580 millones de pesos, una cifra que revela tanto la magnitud del proyecto como la profundidad de la crisis.

El giro mediático no tardó en direccionar las miradas hacia otros personajes del ámbito del entretenimiento nacional. En esta ocasión, la atención recayó sobre Hernán Orjuela, recordado presentador, locutor y productor, compañero de Don Jediondo en espacios como Sábados Felices. El vínculo profesional entre ambos, que durante años pareció ser solo motivo de anécdotas artísticas, se reactivó a raíz de las especulaciones sobre la responsabilidad de Orjuela en la debacle económica de los restaurantes.

Comentarios que acusan a Hernán Orjuela

A través de redes sociales, en particular mediante publicaciones en la red X, surgieron comentarios que atribuyen parte de la crisis a la presunta conducta de Orjuela durante la gestión conjunta del negocio. Según narró una usuaria, un conocido suyo relató que Orjuela tenía fama de “tramposo”, y se asoció con Don Jediondo para lanzar las franquicias mientras ambos estaban en el elenco de Sábados Felices.

El hilo continuó explicando que, con la llegada de la pandemia, Orjuela habría sustraído dinero de la empresa y solicitado préstamos a nombre del restaurante, lo que, según estas versiones, habría profundizado los problemas financieros hasta abocar a la cadena a la quiebra. La publicación, que tuvo amplia circulación, afirmaba: “A Hernán lo catalogan como un ser ávaro que utilizó a varios de sus compañeros de Sábados Felices y entre esos, don jediondo. El restaurante quedó así por culpa de él, ya que nunca respondió”.

Así respondió el presentador

La controversia escaló a tal punto que llegó a oídos del propio Hernán Orjuela. El presentador, conocido por su larga trayectoria en la televisión, respondió directamente en la misma plataforma digital para rechazar enérgicamente las acusaciones.

Orjuela desestimó las afirmaciones, en el que señaló que el esposo de la usuaria era un “gran mentiroso” y sugirió que la única persona con autoridad para confirmar o desmentir tales rumores era el propio Don Jediondo. Este fue el mensaje que escribió el presentador: “Te cuento que el cliente de tu esposo es un gran mentiroso y un mal sujeto. Que Pedro directamente te lo corrobore. Saludo cordial”.

Cabe destacar que anteriormente, el presentador ya se había manifestado al respecto de la difícil coyuntura del humorista, transmitiéndole un mensaje de solidaridad: “Una lástima de verdad. Solidaridad en esta época difícil”, puntualizó Orjuela, desligándose así de cualquier supuesta implicación negativa.

El impacto del colapso de la cadena de restaurantes “Don Jediondo” va más allá de una disputa personal. El cierre afecta directamente a 183 trabajadores y expone la vulnerabilidad de los emprendimientos en la industria restaurantera, un sector fuertemente golpeado por los efectos económicos de la pandemia y por los desafíos inherentes a la administración de grandes establecimientos.

La conversación generada alrededor de la supuesta participación de Orjuela, aunque no cuenta con respaldo formal o declaraciones oficiales por parte de Don Jediondo, revela cómo las redes sociales tienen un rol crucial en la formación de percepciones sobre la responsabilidad y el manejo de crisis entre figuras reconocidas.

"Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano", dijo el fiscal general, Tarek William Saab, al leer un comunicado suscrito por las tres instituciones.

Asimismo, consideran que Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas "propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global".

"Esta acción forma parte de la guerra híbrida contra Venezuela y está diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana que apuestan por la violencia tras haber sido derrotados en el terreno democrático", añadieron en el comunicado.

A juicio de los integrantes del Poder Ciudadano, pretender vincular a Maduro con "estructuras criminales", no es "solo una calumnia infame, sino un intento de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico".

"Frente a esta narrativa falsa y malintencionada hay una verdad irrebatible, el Estado venezolano bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y en coordinación con los órganos del sistema de Justicia, ha impulsado una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia transnacional", añadieron.

Ante esto, denunciaron esta campaña como una "operación ilegítima, que atenta contra los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos".

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitió más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y desplegó a más de 5.000 efectivos militares en la frontera sur y el Caribe, según datos oficiales.

El miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de 700 millones de dólares en bienes que vinculó con Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, un señalamiento que rechaza el chavismo.EFE

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En medio de las investigaciones que se adelantan por el atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, se fijó la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de acusación contra el sicario que disparó.

De acuerdo con información revelada por RCN Radio, la diligencia tendrá lugar el 4 de agosto de 2025 y está programada para iniciar a las 9:00 a. m.

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El adolescente de 15 años fue capturado por las autoridades el 7 de junio de 2025, día del atentado, tras ser identificado como la persona que atacó al congresista. En distintas grabaciones se le ve adentrándose en el grupo de ciudadanos que rodeaban a Miguel Uribe, mientras lo escuchaban hablar sobre su campaña electoral, y disparar en varias oportunidades.

“Los elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes permitieron establecer que habría aprovechado la multitud para disparar contra el senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático. En medio de su intento de fuga, el adolescente resultó herido en una de sus extremidades y fue aprehendido en situación de flagrancia cerca del lugar de los hechos”, detalló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

El sicario permanece privado de la libertad, afrontando un proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su familia, por otro lado, fue incluida en el Programa de Protección a Testigos.

Revelaciones del sexto capturado por el atentado

Cristian Camilo González Ardila, un hombre que habría actuado como “campanero” el día del ataque, reveló información a la Fiscalía sobre cómo se integró al plan para atentar contra Miguel Uribe y la recompensa que se le prometió. De acuerdo con sus declaraciones, su trabajo se centró en esperar a que el sicario adolescente cumpliera con su parte –disparar contra el precandidato– para escapar juntos en una motocicleta. Sin embargo, la estrategia no sirvió, porque el menor de edad fue detenido por las autoridades.

Según expuso González, Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, fue el que lo contactó para ejecutar el ataque, por el cual recibió $10 millones. No obstante, aclaró que no estaba enterado de quién sería la víctima; aseguró que, de haberlo sabido, habría exigido más dinero como pago.

“Yo hablé de la vuelta (homicidio) con “Chipi” y “Junior” por primera vez el día 2 de junio de 2025, eso fue por videollamada”, contó el sujeto al ente investigador en una diligencia judicial conocida por Caracol Radio.

Según su relato, alias El Costeño se puso en contacto nuevamente un día antes del atentado y en la fecha del ataque, el criminal le envió la ubicación del parque El Golfito, donde el congresista llegó a hacer campaña política y donde, finalmente, fue víctima del sicario.

“Yo era el que iba a sacar supuestamente al man que iba a matar a la persona en el parque El Golfito, pero llegué tarde, por eso llegué cuando el chino le disparaba al senador”, detalló, de acuerdo con información a la que tuvo acceso la revista Semana.

El estado de salud de Miguel Uribe: respuestas favorables

Tres balas impactaron el cuerpo del congresista de la oposición; dos de ellas afectaron su cabeza y, desde entonces, ha estado internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Su estado de salud llegó a ser extremadamente crítico, pero ha ido respondiendo favorablemente a los procedimientos. No obstante, su pronóstico neurológico es reservado.

“El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio”, precisó el hospital en el último parte médico emitido, con fecha del 14 de julio de 2025.

La exministra de Deporte María Isabel Urrutia se presentó ante la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de acusación por presuntos actos de corrupción. En la diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria, por presuntas irregularidades en varios procesos de contratación.

De acuerdo con el fiscal del caso, entre el 2 y 6 de marzo de 2023, se identificaron al menos 104 contratos suscritos de manera anómala, los cuales eran de prestación de servicio profesional o de apoyo a la gestión en forma anticipada. Esto, justo después de que se dieran por finalizados otros 104 contratos.

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La defensa de la exministra de Deporte, por su parte, anunció que no presentará ningún recurso al escrito de acusación. “Frente a solicitudes de incompetencia, nulidad, impedimento, recusación, esta defensa no hará ningún tipo de solicitud al respecto, pues no advierte la observancia de ninguna de estas causales”, indicó el abogado Héctor Castro Portillo en la audiencia.

En consecuencia, la exfuncionaria fue acusada formalmente por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “La Sala declara formalmente acusada a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró, como probable autora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo descrito en el artículo 410 del Código Penal”, indicó el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, asignado al caso.

Así las cosas, el togado instó a las partes intervinientes a preparar un escrito para agilizar el desarrollo de las audiencias preparatorias de juicio que se surtirán en contra de la ex jefa de cartera. En el documento debe constar la entrega material de los elementos de prueba descubiertos.

“Las audiencias preparatorias de juicio comenzarán en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Los detalles de la investigación contra María Isabel Urrutia

El 14 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a la exministra del Deporte por su presunta responsabilidad en la celebración de los contratos. Presuntamente, la exfuncionaria, que fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2023, habría suscrito los 104 contratos, desconociendo normas y principios de la contratación pública.

La investigación del ente acusador señala que, tras la solicitud de renuncia a la exministra, que hizo públicamente el presidente Petro el 27 de febrero, Urrutia habría ordenado la terminación anticipada de 104 contratos, que estaban vigentes por cuatro meses. Los contratistas firmaron actas de terminación argumentando motivos personales que supuestamente impedían dar continuidad a los mismos.

Sin embargo, días después, por instrucción de la ex jefa de cartera, estas mismas personas fueron contratadas nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2023. Para ello, entre el 2 y el 6 de marzo de ese año, se suscribieron los 104 nuevos contratos sin cumplir varios requisitos legales.

Según detalló la Fiscalía, no se habría certificado la insuficiencia de personal de planta, ni se justificó la necesidad de recurrir a la prestación de servicios. También se habrían utilizado certificaciones desactualizadas de aportes al Sistema de Seguridad Social.

El ente investigador indicó que las actuaciones de Urrutia tenían como fin garantizar la continuidad laboral de personas afines a la ella, evitando que sus contratos concluyeran con su salida.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Urrutia el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual no fue aceptado por la procesada. Dos años después, la exfuncionaria fue acusada formalmente por el mismo delito.

Previo a que se hiciera la acusación formal, la exministra de Deporte se puso a disposición de la Corte e informó que asumiría la decisión que se tomara sobre su situación jurídica. “Estoy dispuesta a lo que esta Sala determine y vamos a trabajar en el tema”, dijo.

Fuentes del caso han informado a EFE de que los recurrentes, que discrepan de lo dictado por el Juzgado de lo Penal 12 de Sevilla, consideran que los hechos -puñetazo a un agente- serían constitutivos de un delito de atentado y no de resistencia conforme a los requisitos del mismo y a la jurisprudencia.

También se refieren a un delito de resistencia por la supuesta desobediencia grave al principio de autoridad, después de que fuera requerida para acompañar a los agentes a la jefatura para su identificación, ante lo que habría hecho caso omiso, huyendo del patrullero, han añadido las fuentes.

Por su parte, la actriz se ha mostrado tácitamente conforme a su condena inicial, al no haber recurrido dentro de plazo la sentencia del Juzgado de lo Penal 12, según avanza este martes Diario de Sevilla.

De acuerdo a la sentencia recurrida ante la Audiencia, notificada a finales de marzo, a la que tuvo acceso EFE y de la que informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, León fue absuelta del delito de desobediencia por el que fue enjuiciada el pasado día 14 de marzo.

En la sentencia, el juzgado condenó a la acusada al pago de una multa de 4.800 euros por un delito de resistencia y al abono de una multa de 900 euros por un delito leve de lesiones, con la circunstancia atenuante de reparación del daño.

El juzgado absolvió a los otros dos acusados que fueron enjuiciados junto a la actriz por los delitos de atentado, resistencia y desobediencia.

En el juicio, la Fiscalía pidió para la acusada un año y nueve meses de cárcel por un delito de atentado y el pago de una multa de 720 euros por un delito leve de lesiones, así como que indemnizara a la policía lesionada con cien euros. EFE

La exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen será acusada formalmente por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por su presunta participación en un caso de corrupción que involucra a la multinacional brasileña Odebrecht. La exfuncionaria, que ejerció como líder de cartera durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, habría actuado irregularmente para favorecer a la empresa, que integraba entonces la concesionaria Ruta del Sol.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia programó la audiencia de acusación en su contra para el 13 de agosto de 2025, a las 8:15 a. m. Esto, después de más de un año de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación (octubre de 2023).

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De acuerdo con el ente acusador, Álvarez, que fungió como ministra entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, habría sido responsable de viabilizar la ejecución irregular de dos otrosíes dentro del contrato Ruta del Sol II: el 3 y el 6. Por medio de ellos, el proyecto vial tuvo como añadidura el tramo Ocaña (Norte de Santander)-Gamarra (Cesar). Esto supuso una violación de la normativa vigente en Colombia en términos contractuales y de jurisprudencia.

Además, según la Fiscalía, la exfuncionaria desconoció un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado al permitir la ejecución de los otrosíes.

“La exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”, detalló el ente investigador en un comunicado.

Falta de estudios e incumplimientos de la normativa

Esas adiciones que la exministra avaló no contaban con los estudios técnicos requeridos para hacer parte del proyecto vial y tampoco contaban con la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Adicionalmente, el tramo que se agregó a la obra en realidad no tenía ninguna relación con el objeto del contrato, que era conectar la Costa Caribe colombiana con el centro del país. Su orientación era de oriente a occidente, por lo que no había justificación para añadirlo. Si se quería adelantar la construcción del tramo Ocaña-Gamarra, debía hacerse un nuevo proceso de contratación, abriendo un proceso de licitación pública y permitiendo la participación de múltiples oferentes.

“La Fiscalía determinó que, para intentar subsanar algunas de estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al Conpes para declarar importancia estratégica la autopista Ruta del Sol y modificar el plan de inversión”, indicó el ente acusador.

Por otro lado, la exfuncionaria emitió una resolución el 22 de julio de 2014 con el fin de cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes que se añadieron al contrato. Por medio de ese documento, dio el aval para la instalación de dos nuevas estaciones de peaje y para el incremento de las tarifas en otros cinco peajes que ya estaban operando. Esta estrategia también sirvió para garantizar la financiación a la concesionaria Ruta del Sol.

Fue así como Álvarez favoreció a la concesionaria, al mismo tiempo que benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que contemplaba el funcionamiento de una terminal en Gamarra. Su vía de acceso sería, justamente, el tramo que se adicionó al proyecto vial inicial.

“La señora Álvarez Correa-Glen tendría intereses particulares y no podía intervenir en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos y eran accionistas varios familiares de su pareja”, indicó la Fiscalía.

La Procuraduría General recibió una queja disciplinaria en contra de la canciller Laura Sarabia, quien, presuntamente, habría utilizado los recursos, instalaciones y equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores con fines que no corresponden estrictamente a su cargo.

La denuncia, que fue presentada el 2 de mayo de 2025 por la abogada Inés Elena Camargo, solicita que se inicie una investigación formal para determinar si Sarabia incurrió en una falta gravísima, señalando el posible uso indebido de recursos públicos para tratar un asunto personal.

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El caso hace alusión a una rueda de prensa organizada por Sarabia el pasado 30 de abril, en la que, además de informar sobre los resultados de su agenda en el aniversario de la Alianza del Pacífico, abordó un tema relacionado con su disputa judicial con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La abogada Camargo destacó que la canciller habría utilizado elementos oficiales del ministerio, como el atril y otros recursos, para referirse a este caso en términos personales. Según el documento presentado ante la Procuraduría, sus acciones constituyen un claro abuso de poder y desvío de recursos públicos para fines privados:

“Una vez ya iniciada la rueda de prensa, la ministra, en primer lugar, dedicó un tiempo a dar declaraciones públicas en relación con un tema estrictamente privado y personal, alegando que por el hecho de que ella fuese un agente gubernamental no perdía su derecho a la defensa y expuso a los comunicadores presentes todos sus planes personales e iniciativas tendientes a llevar felizmente a cabo esta actividad privada, relacionada con actuaciones judiciales que solamente a ella le competen en su condición de persona natural, no con su calidad de funcionaria pública, y que no tienen ninguna relación con sus funciones legales y reglamentarias”.

Y agregó: “Las actividades descritas se han llevado a cabo en jornada laboral ordinaria, lo que implica una utilización indebida del tiempo de servicio, desnaturalizando la función pública. Las declaraciones sobre su actividad privada se hicieron previamente a entrar en el tema central de la rueda de prensa, de manera libre y espontánea, sin apremio alguno. Es decir, de manera deliberada, planificada y calculando sus efectos”.

Durante la rueda de prensa, Sarabia defendió sus declaraciones asegurando que no se trataba de un asunto privado, sino de una cuestión de justicia y coherencia con su actuar. “La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia. Y a propósito que vengo de Roma y del funeral del papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de defender lo que es justo”, manifestó la canciller.

En la ponencia se observó a colaboradores de Sarabia portando siete carpetas con documentos dirigidos a la Fiscalía General, rotuladas como “Caso penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer y otros delitos.” Las carpetas fueron utilizadas como evidencia para reforzar las declaraciones de la canciller en torno al caso judicial que enfrenta el ministro del Interior.

Sin embargo, Camargo sostuvo que “las actividades descritas se han llevado a cabo en jornada laboral ordinaria, lo que implica una utilización indebida del tiempo de servicio, desnaturalizando la función pública. Las declaraciones sobre su actividad privada se hicieron previamente a entrar en el tema central de la rueda de prensa, de manera libre y espontánea, sin apremio alguno. Es decir, de manera deliberada, planificada y calculando sus efectos”.

El recurso disciplinario solicita a la Procuraduría General, actualmente liderada por Gregorio Eljach, que admita la queja, ordene una investigación disciplinaria y practique pruebas que permitan determinar la existencia de dolo en las acciones de Sarabia. En dicho contexto, Camargo enfatizó la necesidad de investigar si los actos de la canciller representan un desvío de sus funciones según lo establecido en el marco legal aplicable.

Aunque Sarabia justificó su posición argumentando la transparencia de sus acciones, las críticas hacia el aparente uso de recursos públicos para asuntos que no serían parte de su agenda oficial podrían derivar en consecuencias significativas si se comprueba alguna responsabilidad.

Terry Baralt, de 85 años, tía de Lyle y Erik Menéndez, se encuentra en estado crítico en un hospital de Nueva Jersey tras haber sido hallada inconsciente, según un comunicado emitido por la familia Menéndez y citado por ABC News.

La familia atribuye su condición a la angustia provocada por la presentación de imágenes gráficas de la escena del crimen durante una audiencia judicial en Los Ángeles. De acuerdo con lo informado por la familia, estas imágenes mostraban el cuerpo sin vida de José Menéndez, hermano de Baralt y padre de los hermanos Menéndez, sin previo aviso.

Según detalló la familia Menéndez, el incidente ocurrió la semana pasada en el tribunal, cuando los fiscales del condado de Los Ángeles, liderados por Nathan Hochman, presentaron las fotografías como parte de las pruebas del caso. En un comunicado, la familia expresó su indignación, calificando la exhibición de las imágenes como “traumatizante” y “completamente evitable”.

Terry Baralt, una voz de apoyo para los hermanos Menéndez

Bryan Freedman, abogado de la familia, señaló que los procuradores violaron la Ley de Marsy, la cual exige empatía hacia las víctimas.

En su declaración, la familia criticó duramente la falta de sensibilidad por parte de la Fiscalía. “Nadie nos preparó. No hubo advertencia, ni humanidad, solo conmoción y dolor infligido a personas que ya han soportado décadas de sufrimiento”, afirmaron. También acusaron a Hochman de actuar con agresión y desdén hacia ellos, asegurando que lo responsabilizarán por las consecuencias de sus acciones.

La familia expresó su preocupación por el estado de salud de Baralt, quien, según indicaron, podría no recuperarse de este episodio.

“Nuestra familia está dolida. Puede que Terry no se recupere de lo que le hicieron, y a todos nosotros, en ese tribunal. Nos merecemos algo mejor. Creemos firmemente que si la oficina del fiscal hubiera mostrado siquiera una pizca de consideración hacia nosotros, como víctimas, ahora mismo no estaríamos deseando pasar un día más con Terry”, añadieron en su comunicado.

Antes de este incidente, Baralt había mostrado públicamente su apoyo a sus sobrinos, quienes cumplen una condena de cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, ocurrido en 1989. En una entrevista reciente con Matt Gutman, de ABC, Baralt defendió a los hermanos, afirmando que ya habían pagado por sus acciones tras pasar 35 años en prisión.

“Fue una época loca para esos chicos, y lo que hicieron ya estaba hecho, pero ahora están arrepentidos. Han pagado 35 años de cárcel, créanme, pagan”, declaró.

La respuesta de la Fiscalía tras el comunicado de la familia Menéndez

En respuesta a las críticas, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles emitió un comunicado el domingo por la tarde, en el que lamentaron cualquier angustia causada a los familiares presentes en la audiencia.

“Nunca pretendemos causar dolor a las personas que asisten a una audiencia judicial. Entendemos que la naturaleza de las pruebas de estos atroces asesinatos dobles era profundamente emocional”, señalaron.

La Fiscalía explicó que las audiencias estaban concebidas para que la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera, “salga a la luz”. “Esa verdad comienza con la brutalidad abyecta y la premeditación de los propios asesinos”, dijo la fiscalía en el comunicado citado por ABC News.

“En la medida en que la representación fotográfica de esta conducta molestó a cualquiera de los miembros de la familia Menéndez presentes en el tribunal, pedimos disculpas por no haber advertido previamente de que la conducta se describiría en detalle no solo con palabras, sino también a través de una foto de la escena del crimen”, subrayó la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles.

Madrid, 16 ene (EFE).- El exdiputado Íñigo Errejón ha afirmado que sí hubo consentimiento en la relación que tuvo en 2021 con la actriz Elisa Mouliaá y ha negado rotundamente la acusación de la denunciante.

Fuentes jurídicas han informado de que Errejón ha declarado ante el juez Adolfo Carretero que sí estuvo con la actriz en una fiesta y luego en su casa, y que lo que hicieron fue consentido, en contra de lo que ha asegurado ella.

Además, ha negado rotundamente lo denunciado y ha asegurado que ella no estaba tan bebida como ha declarado.

Ha añadido que hay varios testigos que puede corroborar lo que él dice.

Tras la declaración, se ha limitado a decir a la prensa que salía "contento" y "con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia". EFE

El fiscal Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, pidió elevar a juicio oral las actuaciones que involucran a tres mujeres y dos hombres acusados de integrar una banda dedicada a captar víctimas a través de aplicaciones de citas para luego drogarlas y robarles sus pertenencias.

Se trata de Karen Almada (34), Yamila Paola Jabiera Aramayo (30), Natalia Belén Morinigo Roa (29), Leandro Iván Lavia (28) y Néstor Daniel González (23), quienes para la acusación habrían actuado entre enero y noviembre de 2023 en diferentes barrios porteños y de la provincia de Buenos Aires.

Todos enfrentan cargos como coautores de los delitos de asociación ilícita y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, suministro a título gratuito y ocasional de estupefacientes, agravado por haberse cometido subrepticiamente o con engaño y por haber intervenido tres personas organizadas para cometerlos y para facilitar o ejecutar otro delito, según informó este miércoles el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En función de los elementos recogidos durante la instrucción penal, el grupo funcionaba con una estructura estable y con roles establecidos. Las mujeres habrían utilizado perfiles falsos en aplicaciones como Tinder, You Love y Wapog para contactar a hombres mayores y pactar encuentros en sus domicilios. Una vez allí, llevaban a cabo una modalidad conocida como “viuda negra”, donde las acusadas les ofrecían bebidas adulteradas con sedantes para dormirlos. Mientras las víctimas permanecían inconscientes, los hombres accedían a las viviendas y se llevaban objetos de valor y dinero.

Uno de los casos denunciados se produjo el 16 de enero de 2023 en un departamento ubicado en Manuel Montes de Oca al 1600, en el barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires. En ese lugar, un hombre perdió el conocimiento tras compartir unos tragos con dos mujeres que había conocido en Tinder -identificadas luego como Aramayo y Almada-. Al despertar desorientado al mediodía del día siguiente, notó que le faltaban cosas de valor como un celular, una notebook, una consola de videojuegos, perfumes, relojes, tarjetas bancarias, auriculares, una camiseta autografiada por jugadores de River Plate, documentación, llaves y una suma de 150.000 pesos y 500.000 dólares.

Otro hecho similar ocurrió el 12 de septiembre en la localidad bonaerense de Don Orione, partido de Almirante Brown. La víctima declaró haber conocido a una mujer que se hizo llamar “Melanie” -después señalada como Aramayo- y acordó encontrarse con ella. La modalidad fue la misma: tras consumir bebidas en su domicilio, perdió el conocimiento y despertó casi 16 horas más tarde con la casa toda revuelta. Según detallaría el damnificado en su denuncia, le habían robado una notebook, dos consolas mezcladoras, un micrófono, auriculares, dinero en efectivo, su billetera con documentos personales, 35 mil pesos y 600 dólares, entre otras pertenencias.

A partir de estos episodios, la fiscalía procedió a analizar una serie de escuchas telefónicas. Así se detectó que el 17 de septiembre de 2023 Aramayo tenía fijada otra cita, bajo el nombre de “Cata”, con una posible nueva víctima que había conocido en la aplicación You Love. Ese encuentro no llegó a concretarse por intervención de personal policial, que se comunicó con el hombre para alertarlo de la situación, relató la página web del MPF.

A través de las escuchas y de otras diligencias, ordenadas en virtud de las denuncias, el fiscal Gómez Barbella logró detectar a los cinco involucrados, quienes luego sufrieron una tanda de allanamientos en sus respectivos domicilios, donde se hallaron capsulas somníferas, el auto que utilizaban las mujeres para transportarse a los encuentros y algunos de los bienes robados en los hechos denunciados.

Así las cosas, el representante del Ministerio Público solicitó llevar a todos los acusados a juicio oral. En su presentación, afirmó que las mujeres eran responsables de seleccionar a las víctimas -por lo general “adultos mayores”-, establecer contacto y presentarse en sus casas. Una vez que conseguían dormirlos, los hombres de la asociación ilícita ingresaban al lugar para sustraer objetos de distinto valor. En esa línea, el fiscal determinó que Lavia y González cumplían funciones logísticas, como el traslado de las mujeres y la carga de lo robado tras la huida.

Para el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°32 porteña, los miembros de la banda conformaban “una organización criminal, mantenida en el tiempo y suficientemente organizada, que reunía información y concebía sus planes delictivos, en miras a su ejecución indeterminada, sólo sujeto a que las circunstancias se presentaran propicias”.

También subrayó que las tres mujeres “contactaban” a las víctimas a través de aplicaciones para citas bajo otra identidad y que después ”acordaban un encuentro en sus domicilios, donde ingerían bebidas, a las que les colocaban sustancias que provocaban que se quedaran dormidas o perdieran el conocimiento, y aprovechaban ese estado para hacerse de dinero y otros elementos de valor y luego huir”.

La acusación precisó que los delitos no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica criminal que exigía coordinación constante, distribución de tareas y una “voluntad común”. Además, mencionó intercambios posteriores entre los imputados donde conversaban sobre maniobras ilícitas vinculadas incluso con armas de fuego, lo que reforzaría, según el fiscal, “la estrecha relación” y el carácter de “permanencia” necesario para encuadrar el caso bajo el delito de asociación ilícita.

Tras el requerimiento del fiscal Gómez Barbella, los cinco acusados quedaron a un paso de enfrentar cargos frente a un tribunal oral en audiencia pública.

Desde 2023, la exfiscal Angélica Monsalve es investigada por presuntamente haber solicitado dinero a través de intermediarios para archivar una investigación en contra de Martín Ricardo Manjarrés, uno de los procesados en el denominado “carrusel de carros blindados” de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La exfiscal Monsalve ejerció como fiscal 414 ante los jueces penales del Circuito de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá desde 2020. Fue en 2021 cuando inició la investigación sobre irregularidades en procesos de contratación de vehículos blindados para entidades oficiales.

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En octubre de ese año, Monsalve habría solicitado la captura de Manjarrés, petición que fue denegada por el Juzgado 33 Penal Municipal debido a la falta de inferencia de autoría o participación en la conducta delictiva y la falta de urgencia de la medida. No obstante, esa no es la razón por la que actualmente enfrenta un proceso penal.

La acusación y pruebas en poder de la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía señala que el 13 de junio de 2022, el hijo de Manjarrés, Martín Camilo, recibió una llamada de un conocido, quien le indicó que alguien quería contactar a su padre para discutir el caso que enfrentaba en la fiscalía 414 anticorrupción. Posteriormente, Manjarrés recibió una citación para una reunión el 15 de junio en el Centro Comercial Gran Estación.

En ese encuentro, Manjarrés, su hijo y Juan José Escobar se reunieron con un hombre identificado como Jimmy Forero, que aseguró actuar en nombre de la fiscal Monsalve. “En ese encuentro, en el que Juan José Escobar y el hijo de Martín se mantienen retirados, Jimmy le manifiesta a Martín que viene de parte de la fiscal Angélica María Monsalve, su amiga y compañera de especialización, que le ofrece arreglarle el problema del proceso en su contra, le evita la imputación, permitiéndole salvar la empresa y no ir a la cárcel porque, le señala, él, Martín, es el articulador de varios delitos”, reza la acusación de la Fiscalía.

Días después, el 21 de junio, en un nuevo encuentro en un hotel, Forero le habría solicitado $500 millones a Manjarrés a cambio del archivo del proceso, asegurándole que debía realizar el pago de inmediato.

Ante la negativa de Manjarrés, Forero insistió nuevamente el 22 de junio en una reunión en el Juan Valdez del Hotel Marriott en Ciudad Salitre. Para demostrar la seriedad de la solicitud, supuestamente llamó a la fiscal Monsalve con el teléfono en altavoz.

Posteriormente, el 26 de julio, en un nuevo encuentro en un Pan Pa’ Ya de la calle 138 con Avenida Boyacá, Forero reiteró la exigencia de dinero, advirtiendo que si el pago no se realizaba, la fiscal radicaría la solicitud de imputación de cargos. Finalmente, el 16 de agosto de 2022, Manjarrés denunció a Monsalve ante la Fiscalía.

En ese sentido, durante la audiencia de acusación celebrada el miércoles 2 de abril de 2025, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas que refuerzan su teoría del caso. Entre los elementos en cadena de custodia se encuentran:

• Un video de una reunión en Pan Pa’ Ya, entregado por el denunciante.
• Una grabación de la reunión realizada en el establecimiento Juan Valdez.
• Intercepciones de líneas telefónicas de los implicados.
• Un CD con grabaciones de dos reuniones de Manjarrés con la fiscal.
• Una memoria USB con información adicional.
• Testimonios jurados de Manjarrés y su esposa, Gabriela Montes.

Estos elementos servirían para demostrar la existencia de la exigencia de dinero y la vinculación de la exfiscal en la solicitud de soborno.

La defensa de Angélica Monsalve

Durante la diligencia, la defensa de Monsalve solicitó la nulidad del caso. El abogado Miguel Ángel del Río argumentó: “¿De qué tendría que defenderse Angélica Monsalve, su señoría, si dentro de los hechos jurídicamente relevantes, no hay una sola intervención de ella que revista las condiciones o características propias de una conducta delictiva? Todos los eventos que se han narrado en el escrito de acusación se relacionan con las presuntas intervenciones del abogado Jimmy Forero”.

No obstante, la parte acusadora refutó estos argumentos y aseguró que las pruebas presentadas son suficientes para continuar con el proceso judicial. Por el momento, la Fiscalía aún no ha tomado una decisión respecto a la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la exfiscal Monsalve, mientras que la investigación sigue en curso y se espera que el proceso avance en las próximas audiencias.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un hombre que fue denunciado por presuntos tocamientos a la hija adolescente de su pareja sentimental al no ver acreditado suficientemente los hechos a partir de las versiones de las denunciantes.

El alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación de la acusación particular y de la Fiscalía para confirmar el pronunciamiento absolutorio que dictó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ante la "inconsistencia" del relato de la denunciante y su madre, de cuyas declaraciones se desprendía cierta "animadversión" hacia el denunciado.

Así, el tribunal de origen no dio "credibilidad" a la menor al sospechar de un "origen torcido" de la denuncia, puesto que ésta no quería que el acusado conviviera con ella y con su madre, quien también denunció una semana antes por violencia de género al acusado.

"Tanto la menor y su madre como el acusado coincidieron en sus respectivas declaraciones en juicio en este sentimiento de rechazo de la menor por el acusado", puesto que la adolescente "deseaba que el acusado no viviese en su casa", expone en la sentencia en la que examina "con extrema cautela" sus declaraciones.

Así, considera que el testimonio de la menor está "huérfano de corroboraciones periféricas" que contribuyan a afianzar su credibilidad ante los supuestos tocamientos, puesto que incluso se observaron cierta discrepancias en las versiones dadas por la menor y su madre sobre los supuestos tocamientos.

Del mismo modo apunta que si bien la psicóloga detectó en la menor algunos síntomas de malestar "compatibles" con las vivencias denunciadas, el tribunal apoya el criterio de la Audiencia al entender que "no se pueden tildar de arbitrarias o irracionales las alternativas" al origen de esos síntomas, como fue la ruptura de los padres de la menor o los problemas de convivencia entre su madre y el acusado e incluso y como "la más plausible, los trastornos de adaptación propios de la adolescencia en la que acababa de ingresar la menor", según el TSJA.

"Tampoco entendemos la campechana referencia del recurso al popular lema "sólo sí es sí, y lo demás es agresión" como motivo de impugnación, por el hecho de que el acusado admitiera haber dado a la menor algún cachete en las nalgas pero en un contexto de juego y sin ánimo lascivo, pues ese hecho poca o ninguna relación guarda con las conductas imputadas de auténtica agresión sexual por tocamientos en pechos y nalgas en el dormitorio", han añadido.

La Sala ratifica así que únicamente se puede dar por probado que el acusado, de 42 años, convivió en 2019 con su pareja sentimental y la hija de esta, que por entonces contaba con 14 años, en el domicilio de ambas situado en Huércal de Almería.

En este sentido, no ve prueba suficiente que acredite que el hombre, a lo largo de ese año y "guiado por un ánimo libidinoso" se aprovechara de la menor cuando la madre no estaba en el domicilio y la sometiera a tocamientos por encima de la ropa.

La acusaciones han mantenido invariable la calificación sobre David M.L, autor, a su juicio, del doble asesinato de su entonces pareja, Paloma, y de la hija de ésta, India, de 8 años, así como la petición de 25 años de cárcel por la primera muerte y de prisión permanente revisable por la de la pequeña.

En la intervención que abría la cuarta y última jornada del juicio con jurado iniciado la pasada semana en la Audiencia de Valladolid, el fiscal considera que la prueba ha permitido reconstruir todo lo que ocurrió la madrugada del 23 de enero de 2023 y ha llevado a las acusaciones a encajar las piezas del "puzzle" de lo que consideran como un doble asesinato.

El acusador público, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha remontado a la tarde en la que el acusado tomó unas copas con unos amigos en La Cistérniga y en Valladolid para luego, de madrugada, plantarse ante la puerta del edificio del Paseo de Zorrilla donde residía con Paloma, su entonces compañera sentimental, y la hija de ésta.

Tras franquearle la entrada Paloma, se produjo una discusión y en la cocina el acusado, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, comenzó a darle de cuchillladas "de forma indiscriminada", hasta quince, cuando ella se hallaba en un plano infferior caída en el suelo. Eran mortales porque le alcanzaron el corazón y los pulmones. Incluso le tapa la boca para tratar de acallar sus gritos.

La niña, que oyó la escena, corrió a la habitación donde sabía que había un móvil de la madre y lo cogió para llamar al 112 desde el sofá, donde David la agredió de cinco cuchilladas, "una de ellas brutal, mortal de necesidad", porque le atraviesa el cráneo y "el resto gratuitas", en alusión a las otras tres recibidas en la espalda y otra entre las mamas.

Tras dar muerte a las víctimas, David M.L. trata de contactar con sus dos hermanas, y es una de ellas la que le coge el teléfono. "¡He matado a Paloma e India!", es lo que la hermana puso en boca del acusado y lo que llevó al cuñado a dar parte de lo ocurrido al 112.

Los agentes de la Policía Nacional y los facultativos que asistieron a David en los primeros instantes y le condujeron hasta la ambulancia fueron unánimes al apuntar que el acusado era plenamente consciente de la que había "liado", como él mismo advirtió a la enfermera que acudió en la ambulancia.

"El móvil nunca lo sabremos. Aparece una maleta en la puerta y posiblemente la víctima le dijera que al día siguiente se fuera de casa, pero eso es algo irrelevante", ha advertido el fiscal al jurado, al que también ha recordado que la autoría la ha reconocido el propio David, tras diez meses de silencio aumentando el "sufrimiento atroz" de la familia de las dos fallecidas.

El fiscal ve probado que ambas muertes se produjeron "de forma alevosa" ya que ninguna de las víctimas pudo defenderse, sobre todo la pequeña, de especial "vulnerabilidad", a lo que ha sumado la "vulnerabilidad sorpresiva porque la ataca estando ella de espaldas". En el presente caso, se da también la "alevosía convivencial" que llevó a las víctimas a bajar o relajar las "barreras de protección" y otra alevosía derivada, a juicio del acusador público, del reducido espacio, la cocina, en la que David acabó con la vida de Paloma.

En su alocución, el fiscal entiende que concurre la agravante de parentesco y, "lo más importante", que "en absoluto el acusado tenía alteradas sus facultades mentales a causa de una enfermedad mental", y tampoco que estuviera afectado por la ingesta de alcohol y cocaína.

Incluso el acusado, que "carece de cualquier credibilidad porque ha mentido a todos", sostiene que uno de los amigos con los que estuvo de copas le echó algo, presumiblemente fentanilo, sin saberlo él y que a partir de ahí no recuerda nada, hasta despertarse en el hospital y pensar que había tenido un accidente de tráfico. "Su propio amigo ha venido a juicio y lo ha negado todo", ha añadido el fiscal.

También el representante del ministerio público se ha detenido en los rasgos de personalidad del acusado, un hombre "controlador, celoso en extremo, mentiroso, narcisista,machista, impulsivo" y es en ese retrato robot de David, que ha vuelto a permanecer este lunes en sala dando la espalda al público, donde ha incluido su condición de "actor de libro", pues solo ha llorado, pese a las brutales imágenes de los cadáveres, cuando su amigo de infancia tumbó su versión exculpatoria.

En la misma línea se posicionaban a posteriori el resto de las partes acusadoras, entre ellas el letrado que representa a la madre y las dos hermanas de Paloma, a su vez abuela y tías de India.

"CRIMEN MACHISTA DE LIBRO"

"Por supuesto que las mató, sin defensa. Es escalofriante cómo mató a la niña, pero es que a su madre la ocasiona hasta veintisiete lesiones. Tiene heridas en colgajo en las manos al agarrar ella el cuchillo para evitar el acometimiento", ha recordado el acusador, quien, al igual que el resto, a excepción del fiscal, mantiene la agravante de ensañamiento convencido de que David quiso infligir a Paloma un "sufrimiento gratuito e innecesario".

A mayores, los acusadores imputan la agravante de género al tratarse de un "crimen machista de libro" producto de una "dominación total". "La maté porque era mía", como luego diría el representante de la acusación popular Clara Campoamor.

Y como muestra de que David era plenamente consciente, los acusadores han incidido en que tras ejecutar a ésta y su hija "se fumó un puro", con un par, para luego "teatralizar o impostar" el escenario del doble crimen a la espera de la llegada de la policía.

VOZ ENTRECORTADA DE UN ACUSADOR

Por su parte, el abogado del padre biológico de India, el mismo que el pasado viernes, en unidad de acción con otros dos familiares, se tiró a por el acusado en medio de la vista para tratar de lincharle, ha tomado la palabra para pedir al jurado que "honre la memoria" de las dos víctimas. Su alocución ha sido la más breve, sobre todo porque el letrado, cuñado de su cliente y por ello tio de la niña, no ha podido reprimir su emoción y, con la voz entrecortada, tan solo ha articulado unas pocas frases sobre la brutalidad de los hechos.

Expuestos luego los informes de la tercera acusación particular, ejercida por la Junta, y la popular, a cargo de Clara Campoamor, en la misma línea de los anteriores, la defensa de David M.L. ha porfiado en que ambas muertes son homicidios y pide un total de 25 años, doce por la muerte de Paloma y trece por la niña.

El defensor ha apelado a la objetividad del jurado para sustraerse de ese entendible "espíritu de revancha" de la familia de las víctimas y le ha pedido que valore al posible móvil, y es ahí donde ha enarbolado la bandera del consumo de alcohol y drogas de su cliente y sus violentas reacciones cuando consumía, acrecentadas por su especial personalidad. A este respecto, ha reprochado que no se le sometiera a un análisis toxicológico.

RESARCIMIENTO CON UNA INDEMNIZACIÓN

Al hilo de ese consumo, ha rechazado la alevosía al entender que no había capacidad cognitiva ni volitiva del acusado por esa ingesta, al tiempo que ha negado el ensañamiento porque los forenses han indicado que la causa de la muerte fueron todas las lesiones,

En el turno para pronunciar unas últimas palabras, el propio acusado ha expresado sus "condolencias" a los familiares de las fallecidas. "Expresar mi dolor y arrepentimiento, yo nunca he hecho daño a nadie y menos a las personas que quiero", ha indicado David, quien ha insistido en que aquel día un amigo de la infancia, Julio S, le dio fentanilo y le causó una enajenación mental que le llevó a matar a lo que más quería, a cuya familia ha ofrecido responder al menos resarcir con una responsabilidad civil.

Concluida la fase de informes, la previsión es que este miércoles el jurado reciba el objeto del veredicto para que pueda pronunciarse sobre la culpabilidad de David M.L.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa al juicio contra un hombre, español y de 25 años, acusado de agredir sexualmente y amenazar a su madre. La Fiscalía pide para el acusado ocho años de cárcel.

Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2023 cuando el acusado se encontraba en el domicilio que compartía con su madre y entró en la habitación de ésta para pedirle tabaco y 200 euros, a lo que la mujer se negó.

El Ministerio Público sostiene que el procesado se abalanzó sobre ella y la agredió sexualmente. La víctima, para intentar que desistiera de su actitud, según el escrito de acusación, le dijo al joven que le pagaría una prostituta en Palma. El fiscal relata que la víctima llevó a su hijo con el coche a la plaza de España de Palma y que al irse, el acusado amenazó con matarla si contaba lo ocurrido.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración y otro de amenazas leves y pide para el acusado ocho años de prisión y la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella durante diez años.

También solicita que el acusado indemnice a la víctima con 18.000 euros y, por el delito de amenazas leves, una multa de 720 euros.

El PSOE señala que en el 'caso Koldo' también hay indicios "que apuntarían a la posible implicación de responsables del Partido Popular" en la causa y defiende su personación explicando que su objetivo es colaborar con la justicia y que el hecho de que haya militantes socialistas investigados justifica más "su interés en llegar al fondo del asunto".

En el escrito de alegaciones del PSOE, al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado rebate así los recursos de hasta cuatro acusaciones populares --Liberum, Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox-- que pedían que el juez expulsara a los socialistas de la causa ante el riesgo de politización.

Ante esto, el PSOE explica que "el único interés (...) es colaborar con la justicia y la posibilidad --hipotética-- de que algún militante del PSOE esté implicado en hechos delictivos hace aún más justificado su interés en llegar al fondo del asunto". Advierte de que, desde luego, esta posibilidad no le priva de legitimación para personarse ejerciendo la acción popular.

Tras esto, señala que "existen líneas de investigación en la presente causa que apuntarían a la posible implicación de responsables del Partido Popular". Y recalca que si bien "el futuro ya mostrará lo fundado o infundado de estas sospechas (...) estos indicios no cuestionan la legitimidad del PP para ejercer de acusación".

Al hilo, recuerda que, por lo que ha conocido a través de medios de comunicación, en los informes policiales que obran en la causa se recogen citas que podrían hacer alusión a responsables 'populares'. Se refiere a un informe en el que se recoge que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, comunicó por teléfono a Juan Carlos Cueto --empresario investigado también-- que "se reuniría con Miguel (se entiende que Miguel TELLADO) y 'Alberto' (no especifica) para tratar de que la administración balear, en manos del PP, desistiera de una reclamación a la empresa Soluciones de Gestión".

"En otra llamada, Koldo García reitera al Sr. Cueto que 'he quedado a las 10:15 en Génova' para tratar el tema, cuando pudiera estar refiriéndose según los investigadores a la sede del Partido Popular. En efecto, el Sr. Cueto confirma este extremo en otra conversación, al decir que Koldo iba a estar con ellos en la sede del partido a ver si le confirmaban", añade el PSOE.

Tras esto, el PSOE insiste en que no valora estos indicios contra el PP, "ni siquiera elucubrará con la identidad del tal 'Alberto'", pero resalta que "la eventual participación de afiliados o responsables de un partido en actos delictivos no priva a dicho partido del derecho a activar la acción penal".

CARMEN PANO Y FERRAZ

Por otro lado, dice que no tiene recorrido que se le quiera apartar de la acción penal porque exista el testimonio de una persona, Carmen Pano, que sostiene haber llevado dinero en metálico a la sede del PSOE en Ferraz.

"Dejando aparte de que se pretende traer a la causa como testigo a una persona que habría reconocido, según estas noticias publicadas, su implicación en un delito de cohecho (cosa harto discutible), todo apunta a que esta declaración se enmarca en una estrategia defensiva de más alcance que, a fuerza de inconsistente, ha sido cuestionada y negada por otros miembros de la trama", añade.

Explica que, en cualquier caso, nada de lo sostenido por Pano implicaría al PSOE en la comisión de delito alguno porque "no existe ni un solo indicio que apunte a una implicación de las estructuras orgánicas del partido en la comisión de algún acto ilícito, como sería por ejemplo en la eventual llevanza de una contabilidad en paralelo".

Y resalta que esa hipótesis --la contabilidad paralela-- sí que cuestionaría la legitimidad del partido en actuar como acusación, "como bien recuerda algún recurrente al traer a colación el Auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de 7 de junio de 2013, que impidió al Partido Popular ser acusación por unos hechos por los cuales fue finalmente condenado".

Por otro lado, califica de "sinsentido no exento de candor" el argumento de las acusaciones que dicen que el PSOE "pretende personarse para así tener conocimiento de lo actuado". Recuerda que los medios de comunicación ofrecen a diario "un seguimiento bastante razonable de las actuaciones, de las que se filtran cotidianamente escritos, iniciativas e incluso las declaraciones grabadas de los investigados".

Madrid, 11 dic (EFE).- El PSOE asegura en un escrito ante el juez que "el único interés" en personarse como acusación en el caso Koldo es "llegar al fondo del asunto" sin que la eventual participación de afiliados en los hechos le prive de ese derecho, y recuerda que el sumario también apunta a una "posible implicación de responsables" del PP.

Los socialistas han impugnado los recursos que interpusieron cuatro acusaciones populares -la organización ultracatólica Hazteoír, la asociación Liberum, y los partidos Iustitia Europa y Vox- contra la decisión del juez de aceptarles también como acusación en este procedimiento.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el partido argumenta que "la eventual participación de afiliados o responsables de un partido en actos delictivos no priva a dicho partido del derecho a activar la acción penal", más bien al contrario.

Porque, subraya, "la posibilidad -hipotética- de que algún militante del PSOE esté implicado en hechos delictivos hace aún más justificado el interés" en "llegar al fondo del asunto".

Y en este punto recuerda que el PP está personado como acusación popular cuando "existen líneas de investigación en la presente causa que apuntarían a la posible implicación" de sus responsables, y añade que estos indicios "no cuestionan la legitimidad del Partido Popular para ejercer de acusación".

Entre esos indicios menciona conversaciones del sumario incluidas en un informe policial en las que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, habría dicho a un empresario de la trama que al día siguiente se reuniría con "Miguel (se entiende que Miguel TELLADO) y ‘Alberto’ (no especifica)" para tratar de que la Administración balear, en manos del PP, desistiera de una reclamación a la empresa Soluciones de Gestión, presuntamente.

En su escrito, el PSOE también se desvincula totalmente de la acusación por parte de una empresaria de haber recibido dinero en metálico en su sede, y asegura que "no existe ni un solo indicio que apunte a una implicación de las estructuras orgánicas del partido en la comisión de algún acto ilícito, como sería por ejemplo en la eventual llevanza de una contabilidad en paralelo".

"En esta hipótesis sí que se vería cuestionada, hemos de reconocerlo, la legitimidad del partido en actuar como acusación, como bien recuerda algún recurrente al traer a colación el Auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de 7 de junio de 2013, que impidió al Partido Popular mostrarse acusación por unos hechos por los cuales fue finalmente condenado", añade.

Y enfatiza que el ejercicio de la acusación también "impone como carga la lucha por impugnar y desmentir los argumentos falsos de descargo" con los que los "responsables del delito pretenden exculparse o buscar el cobijo de terceros".

La entrada del PSOE en el procedimiento coincide con la petición del juez a las ocho acusaciones populares para unificarse en una sola y agilizar el procedimiento; una pugna complicada de resolver, dada su diferente naturaleza. Por el momento, tienen hasta el día 20 para ponerse de acuerdo. EFE

El exgobernador del Cauca Temístocles Ortega, que fue designado para ocupar una curul de Cambio Radical en el Senado, enfrenta graves acusaciones ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato de más de 2.590 millones de pesos para la ampliación de la pista del aeropuerto de López de Micay.

El alto tribunal formalizó la acusación contra Ortega por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento privado.

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Según la Fiscalía, Ortega habría celebrado el Contrato No. 1040 de 2014 sin observar varios requisitos legales esenciales en el proceso precontractual. Uno de los principales cargos es que, “no se realizaron los estudios de suelo correspondientes”, y que los documentos presentados como supuestos estudios de suelo “pueden afirmarse con probabilidad de verdad que son falsos”. Además, se le acusa de no haber presentado las memorias de cálculo estructural necesarias para el box culvert requerido para la obra, y de no contar con la licencia ambiental exigida para contratar la obra.

“Los planos de diseños del box coulvert y el plano de estructura del pavimento, también fueron falseados para dar apariencia de legalidad a la etapa precontractual”, agrega la acusación.

El ente acusador también señaló que el cumplimiento de estos requisitos fue respaldado por un documento que “puede afirmarse con probabilidad de verdad que es falso”. Esta serie de presuntas irregularidades pone en duda la legalidad de la contratación y coloca al exgobernador en una situación comprometida ante las autoridades.

“Se ocasionó un detrimento patrimonial que, conforme al Informe Final de Auditoría de junio 2018, se fijó en cuantía de 2.509.356.409 pesos, representada en el valor del contrato de obra, derivado de las acciones y omisiones en el proceso contractual”, concluyó la Fiscalía.

La acusación llega en un momento en que Ortega estaba listo para asumir su curul en el Senado, luego de la renuncia de David Luna para preparar su candidatura presidencial. Aunque Ortega no había logrado los votos suficientes en las elecciones parlamentarias de 2022, su nombre fue el siguiente en la lista del partido Cambio Radical. Además, había sido designado por el presidente Gustavo Petro como embajador de Colombia en Chile, un cargo que desempeñó hasta su regreso a la arena política.

Temístocles Ortega reveló sus planes para el Senado y criticó la postura de Cambio Radical

En declaraciones a Semana, Temístocles Ortega destacó que, en su visión, es crucial abrir un debate interno dentro de Cambio Radical sobre varios aspectos fundamentales del país y del gobierno. “Hay que dar un debate interno en el partido sobre diferentes temas de país y de gobierno. Tenemos la oportunidad de cambiar algunos puntos de vista, que puedan ser considerados, para asumir posiciones como partido (...) Me propongo que eso sea posible”, afirmó.

El excongresista también expresó su cercanía con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien lidera la colectividad, resaltando que mantiene una relación “cordial” con él, a pesar de algunas diferencias políticas. “Es un hombre competente. Conoce del Estado como ningún otro”, señaló, subrayando la importancia de debatir en conjunto con Vargas Lleras y el resto del partido para definir la estrategia respecto a una posible candidatura presidencial del exministro de Vivienda.

Sin embargo, Ortega no dudó en criticar la falta de una postura oficial del partido en las elecciones presidenciales de 2022, cuando Gustavo Petro salió vencedor frente a Rodolfo Hernández. “El partido, en la pasada elección, no tomó posición frente a los candidatos de la segunda vuelta. No hubo posición oficial, ni por Rodolfo Hernández, ni por Gustavo Petro”, concluyó, mostrando su disconformidad con la actitud tomada por Cambio Radical en ese proceso electoral.

El acusado de atropellar mortalmente con un tractor a un anciano de 85 años en Andújar (Jaén) ha pedido declarar el último en la primera jornada del juicio con jurado que desde este lunes se sigue en la Audiencia de Jaén.

Mientras que el Ministerio Fiscal no ejerce la acusación por entender que "no han podido determinarse la forma y circunstancias en que se produjeron las lesiones que determinaron la muerte" del anciano, la acusación particular, que representa a la viuda y a los cinco hijos del fallecido, reclama inicialmente que se le condene como autor de un delito de asesinato por el que le reclama 25 años de prisión.

Por su parte, la defensa aboga por la libre absolución por considerar que no se puede mantener una acusación "basada en suposiciones, conjeturas y sospechas".

Para Fiscalía no hay prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y por eso ha indicado al jurado que se no puede condenar basándose en que "posiblemente lo hiciera" o porque "cabe la posibilidad de que lo hiciera".

En este sentido, la representante del Ministerio Público se ha dirigido a las siete mujeres y dos hombres que conforman el jurado para indicarles que en caso de duda tienen que fallar siempre a favor del acusado.

Desde la acusación particular se sostiene que su acusación la basan en el "gran" trabajo realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que incluyó la recopilación de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad próximas al lugar donde tuvo lugar el atropello y que han llevando a sentar en el banquillo al acusado, un hombre de 40 años.

Para la abogada de la familia de la víctima, el acusado "deliberadamente asesinó" al acusado por las enemistades que mantenían las familias. La acusación sostiene que en el transcurso del juicio podrán exponer toda las pruebas que hay contra el acusado y ha pedido al jurado que no permitan que "este asesinato quede impune".

En la primera jornada ha declarado el hijo del fallecido, la persona a la que su padre llamó con el móvil desde el lugar del suceso para decirle que le había dado "un golpe un tractor".

Los hechos se remontan al 18 de abril de 2020 cuando sobre las 7,37 horas fue descubierto el cuerpo de este anciano, de 85 años, en las inmediaciones de una casa de campo de su propiedad situada en un camino conocido como Vereda del Medio, a las afueras de la localidad de Andújar.

El anciano pudo ser trasladado con vida hasta el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar pero falleció al día siguiente "como consecuencia de lesiones compatibles con atropello" que presentaba.

El hijo del fallecido ha manifestado que lo único que quiere su familia es que se esclarezca lo ocurrido y que la persona que sea responsable de la muerte de su hijo "lo pague".

El juicio proseguirá ya este martes con declaraciones de testigos.

La fiscal ha mantenido su acusación contra Pau Rigo y ha considerado que en el juicio ha quedado probado que, al disparar a uno de los ladrones que entró a robar en su casa de Porreres (Mallorca) en febrero de 2018, no estaba defendiendo su vida sino que decidió "salir a por ellos" para evitar que robaran cerca de 15.000 euros.

Lo ha expresado este viernes ante el tribunal del jurado popular en la Audiencia Provincial de Palma, en un informe final en el que ha tratado de desmontar alguna de los detalles ofrecidos por el anciano "para quedar menos mal", como que disparó su escopeta contra el asaltante porque éste intentó golpearle en la cabeza con una pata de cabra.

"Voy a hacer matemáticas básicas", ha dicho la fiscal antes de recordar que, según los especialistas de balística de la Guardia Civil, el disparo se produjo a una distancia de entre 1,5 y dos metros, a la que habría que sumarle los 1,13 metros que mide el cañón del arma. "Salvo que el ladrón tuviera un brazo de cuatro metros, eso es imposible que ocurriera. A mi no me dan las cuentas", ha ironizado.

La representante del Ministerio Público tampoco ha considerado que haya quedado acreditado que, durante el robo, Rigo y su exmujer --con quien entonces convivía-- fueran víctimas de una violencia física "extrema" antes del disparo. Así lo dijo la mujer, ha recordado, quien compareció como testigo y, por lo tanto, bajo promesa o juramento de decir verdad.

La anciana también aseguró que, en un momento de descuido de los ladrones, ambos decidieron que Rigo cogiera una de las escopetas que tenían, cargadas, tras la puerta de su dormitorio. La tenían, según la mujer, "como un seguro" tras haber sufrido un robo violento meses antes.

Así, ha proseguido la fiscal, Rigo se plantó frente a la puerta de la habitación y esperó a que los ladrones aparecieran. "Y al primero que llegó, pum, tiro, pum, desplomado, sin ningún ataque previo", ha escenificado. "Pau, con gafas, experto cazador, dice que dispara a bulto, pero le dispara en el abdomen, que no es un pie", ha proseguido.

"Yo creo que eso no es defender tu vida, eso es salir a por ellos", ha sentenciado la fiscal, quien inicialmente pedía una pena de cuatro años de prisión para el anciano y que, tras incluir la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en sus conclusiones definitivas, podría verse ligeramente rebajada.

También le ha reprochado que Rigo, como declaró el guardia civil que transcribió las llamadas, no alertara al 112 --con el que esa mañana habló tres veces-- de que había disparado a una persona, sino que montó una "película" para hacerles creer que los asaltantes seguían en su casa.

La fiscal, además, ha contestado a la pregunta que el anciano, en su declaración, lanzó al tribunal acerca de qué se suponía que debía haber hecho. "Si tenían una habitación con tres escopetas, munición, el botón de la alarma y les habían han dejado solos... se podrían haber encerrado allí. Esa misma historia que vendió cuando llamó al 112", ha zanjado.

Por último, se ha referido a los acusados de planificar el robo, dos vecinos de Campos que ya cumplen condena por el primer asalto a la casa de Rigo. "La que liasteis. Cogisteis a dos pringados, les vendisteis que iba a ser facilísimo, que solo iba a ser entrar, robar y salir", ha dicho. Tras su confesión en el juicio, ambos podrían ver reducida su condena por estos hechos a tres años de prisión.

"NO MERECÍA MORIR COMO UNA PIEZA DE CAZA MÁS"

En la misma línea, el letrado de la acusación particular, que representa a la familia del fallecido --hermano gemelo del acusado de perpetrar el robo--- y que pide para Rigo una pena de diez años de prisión, ha criticado las "contradicciones e inexactitudes" del relato del anciano.

"El señor Rigo no es un héroe, aunque lo vitoreen por la calle o en las redes sociales. Todo lo contrario, no ha salvado a nadie. Decidió dar su merecido a la siguiente persona que accediera a su vivienda, tenía las armas preparadas", ha sostenido.

También ha rechazado la idea de que el anciano actuara en legítima defensa y ha remarcado que, pese a que ha quedado acreditado que el miedo que sentía le menoscabó sus facultades intelectivas y volitivas, era consciente de lo que estaba haciendo en todo momento.

"Aunque fuera un delincuente, la víctima no merecía morir de esta manera, como una pieza de caza más. El disparo se pudo evitar, y el único que podía evitarlo era el señor Rigo", ha sentenciado.

La misma idea ha esgrimido el letrado defensor del asaltante que conservó la vida, quien ha señalado que, lejos de disparar en el abdomen, el anciano podría haber disparado a una zona no vital. "Pero esa decisión no la toma, dispara con desprecio de su vida, porque era muy fácil evitar el fallecimiento", ha considerado.

En cualquier caso, después del tiro, ha admitido que su defendido agredió a Rigo para tratar de arrebatarle la escopeta ante el temor de que también pudiera dispararle a él. Es por ello, "porque actuó con la intención de salvar su vida", por lo que ha pedido al jurado que considere la atenuante de legítima defensa en el delito de lesiones que se le imputa.

Para finalizar su informe, el abogado ha instado a los miembros del jurado popular a actuar con imparcialidad y objetividad y no dejarse llevar por la empatía que, ha asegurado, es normal que sientan por Rigo y no por los otros tres acusados. "La sociedad les exige un esfuerzo, el de ser conscientes de que van a tener esta tendencia y que puede ser que hagan una lectura de la prueba practicada basada en esa empatía", ha dicho.

REPROCHES DE LA DEFENSA DE RIGO A LA FISCALÍA

"Esto no es una historia de pistoleros o una película inventada, una ficción creada por el señor Rigo y su esposa", ha dicho para arrancar su turno de palabra, el abogado que representa al anciano, quien ha lanzado numerosos reproches a la Fiscalía y a la acusación particular por sus "mendacidades y falsedades".

Su letrado ha insistido, "no tenía intención de matar a nadie". "Se puso frente al marco de la puerta de la habitación con la escopeta, les dijo '¡fuera!' y en lugar se irse se dirigieron hacia él. ¿A pedirle un café? No, a agredirle con la pata de cabra, porque solo tenían 15.000 euros y estaban buscando 200.000", ha refutado a la fiscal.

Acerca de la posibilidad de que el anciano hubiera disparado a una zona no vital, el letrado ha dicho, con ironía, que podría haber apuntado "al meñique". "Ni sabía dónde había ido el disparo", ha asegurado antes de exponer que, de no haberlo hecho, los asaltantes le hubieran matado a él.

"Ya se que esto no es Chicago, que es Porreres", ha dicho, también irónico, refiriéndose a la expresión que el abogado de la acusación particular ha empleado a lo largo del juicio. "Pero tenemos derecho a defendernos. Aquí, en Chicago y en Sebastopol", ha exclamado.

Además, ha pedido al tribunal del jurado que, a la hora de dictaminar la culpabilidad de Rigo, tengan en cuenta que los asaltantes violaron su domicilio --"que es sagrado", ha apostillado-- y su integridad física. "Le humillan, le pegan, le roban... Y le intentan quitar la vida a él y a su esposa", ha relatado.

Los tres acusados del robo han empleado su derecho a la última palabra para pedir perdón a Rigo, a su exmujer y a su familia por algo, han coincidido, "que nunca debería haber pasado". Rigo, visiblemente emocionado, ha asegurado que no estaba en condiciones de hablar.

Está previsto que el próximo miércoles la presidenta del tribunal haga entrega del objetivo del veredicto a los nueve miembros del jurado popular, quienes deberán determinar la culpabilidad o no de los cuatro acusados de los hechos que se les imputan.

El caso de los padres de Adelaida, Australia, acusados de fingir que su hijo de 6 años padecía cáncer para recaudar dinero, conmocionó a la comunidad local y puso en evidencia la extrema crueldad de este tipo de fraudes. Todo comenzó cuando la madre del niño publicó en redes sociales que su hijo estaba recibiendo tratamiento para un supuesto cáncer ocular. Poco después, la pareja, ambos de 44 años, abrió una página de crowdfunding para recaudar fondos para el tratamiento del niño. Sin embargo, las autoridades pronto descubrieron que toda la situación era una mentira, y que el niño jamás había recibido tratamiento alguno.

Este engaño, que implicó el uso de las redes sociales para pedir donaciones y la manipulación física del niño para hacer que pareciera enfermo, generó una respuesta rápida de la policía, que desde el 26 de noviembre inició una investigación. La pareja, seg{un detalla The Guardian, está ahora enfrentando acusaciones graves, incluidos dos cargos de negligencia criminal y fraude, después de que se descubriera que el dinero recaudado, aproximadamente USD 60.000, nunca fue destinado a un tratamiento médico real.

El engaño: ¿cómo fingieron el cáncer?

Según la información proporcionada por la policía, el plan de la pareja para hacer creer que su hijo tenía cáncer fue meticulosamente ejecutado. La madre, que trabaja como peluquera en el oeste de Adelaida, pidió la ayuda de una colega para afeitarle la cabeza y las cejas al niño. Este acto fue parte de un intento por simular los efectos secundarios típicos de un tratamiento de radioterapia, como la pérdida del cabello. Luego, colocaron al niño en una silla de ruedas y lo envolvieron en vendajes, para dar la impresión de que estaba recibiendo tratamientos médicos como la radioterapia estereotáctica, que es una técnica precisa y especializada para tratar ciertos tipos de cáncer.

A través de sus redes sociales, la madre compartió información sobre el supuesto diagnóstico de cáncer ocular del niño y su tratamiento. A partir de ahí, la pareja logró recaudar dinero de amigos, familiares y hasta de la escuela privada del niño, quienes, conmovidos por el relato, donaron dinero con la esperanza de ayudar a costear los cuidados médicos.

Sin embargo, la policía descubrió rápidamente que el niño nunca había sido diagnosticado ni tratado por cáncer. La investigación policial reveló que toda la historia era un engaño, y que el niño estaba completamente sano. Esta estafa involucró un abuso físico y psicológico, ya que el niño fue manipulado para que creyera que estaba gravemente enfermo.

La reacción de las autoridades: un abuso inhumano

Las autoridades locales, encabezadas por el comisionado adjunto John DeCandia, expresaron su indignación ante el engaño. DeCandia calificó el plan de los padres como “uno de los más depravados y crueles que uno pueda imaginar”, subrayando que este tipo de fraude afecta a las personas que fueron estafadas y a las familias que realmente luchan contra enfermedades como el cáncer. Según DeCandia, las personas que orquestan estos fraudes están aprovechando una de las condiciones más devastadoras, que afecta a miles de familias, para obtener ganancias personales.

La policía también destacó los daños psicológicos que este engaño estaba causando al niño y a su hermano. El niño, al ser manipulado para creer que padecía una enfermedad terminal, sufrió un grave impacto emocional. Además, su hermano también está siendo tratado para superar los efectos de vivir en un hogar marcado por semejante fraude. Como medida preventiva, ambos niños fueron retirados de la custodia de los padres y puestos al cuidado de un familiar, mientras que las autoridades continúan trabajando con los Servicios de Protección Infantil para proporcionar apoyo psicológico a los menores.

El proceso judicial: cargos y enfrentamiento en los tribunales

La pareja fue detenida poco después de que se destapara el fraude. Ambos enfrentan cargos por negligencia criminal y por engañar a otros para beneficiarse personalmente, específicamente por haber recaudado una cantidad importante de dinero de manera fraudulenta. La madre, además, enfrenta una acusación adicional de interferir en la investigación, ya que las autoridades temen que pueda obstaculizar las indagaciones en curso. Debido a estos temores, la madre fue denegada la libertad bajo fianza y permanecerá en prisión hasta el próximo mes, cuando podrá solicitar una revisión de su situación para una posible liberación con detención domiciliaria.

Por otro lado, el padre, que según los informes jugó un papel menos activo en la estafa, presentó una solicitud de fianza que aún está siendo evaluada. La corte solicitó un informe sobre la viabilidad de imponerle detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial. Ambos padres comparecieron en la Corte de Magistrados de Port Adelaide a través de videollamada, donde negaron los cargos en su contra.

El exembajador ante la FAO y actual asesor de la Presidencia de la República, Armando Benedetti, enfrenta un avanzado proceso por el delito de injuria agravada. Comentarios que hizo en sus redes sociales en contra de la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Lina Arbeláez, lo pusieron en aprietos.

En 2022, el funcionario aseguró que la exdirectora habría incurrido en irregularidades que afectaron a la entidad: “ICBF fue robado por la anterior directora. Lo vengo denunciando hace más de dos años. ¡Hoy gracias al PH (Pacto Histórico) se sabe toda la verdad!”, escribió en su momento en su cuenta de X.

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Luego de haberse ausentado en una audiencia de conciliación que tenía programada con Arbeláez para junio de 2023 y de haber informado posteriormente que no tenía ánimo conciliatorio, no continuaron los intentos por arreglar el problema entre las partes mediante el diálogo y los acuerdos.

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación alistó un escrito de acusación en contra de Benedetti, debido a declaraciones deshonrosas que hizo en contra de la exfuncionaria, indicando que hubo actos de corrupción, de robo y de saqueo en los que estuvo presuntamente involucrada. El documento, revelado por El Tiempo, tiene fecha y hora: 11 de diciembre de 2024 a las 2:00 p. m., y va dirigido a un juez municipal o promiscuo.

En la audiencia llevada a cabo el 11 de diciembre, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por el delito de injuria agravada, pero el exfuncionario no se allanó a los cargos, a pesar de que implica una reducción de pena: “No, señor fiscal, muchas gracias”, dijo.

El lío del Icbf que tiene en problemas a Armado Benedetti

En 2022, meses antes de que el presidente Gustavo Petro llegara a la Presidencia de Colombia, desde el Pacto Histórico señalaron a la exdirectora del Icbf de haber incurrido en irregularidades que terminaron en un gasto de dinero presuntamente inexplicable en apenas seis meses. Además, se registró un déficit de más de $400.000 millones durante su dirección, según reportó en su momento El Espectador.

Durante varios meses, el exembajador utilizó su cuenta de X para señalar a la exfuncionaria de actos de corrupción que perjudicaron a los niños, niñas y adolescentes del país:

• Publicación del 23 de abril de 2022: “Esa directora del Icbf es un desastre y sospechosa de cualquier robo”.
• Publicación del 17 de julio de 2022: “En el Icbf es donde más voraz ha sido y es la corrupción. Desde hace dos años he venido probado como Lina Arbeláez ha saqueado la entidad. Espero demanda por calumnia e injuria para acelerar las investigaciones”.
• Publicación del 4 de agosto de 2022: “Los niños nunca antes estuvieron tan desprotegidos como en estos 4 años con Lina Arbeláez al frente del Icbf. Solo hoy los niños del Quindío se quedaron sin alimentos porque dejaron podrir los alimentos del PAE, según El Espectador”.

Posteriormente, Arbeláez anunció que tomaría acciones legales en contra de Benedetti. En respuesta, el asesor de la Presidencia aseguró que tendría todo el material probatorio para corroborar que habría estado involucrada en un mal manejo de los recursos públicos y que, además, habría recurrido a influencias en el Congreso para contar con el dinero.

“Bienvenida la demanda de Lina Arbeláez. Podré obtener grabaciones delicadas de ella por Zoom hablando con parlamentarios, y demostrar cómo Víctor Muñoz puso a su secretario general para apropiarse del tema de alimentación y transporte”, escribió el exfuncionario.

En conversación con la revista Semana, la exdirectora afirmó que todos los movimientos de dinero fueron transparentes y que, como la cabeza de la entidad, buscó darse “la pela” para garantizar que tanto el Ministerio de Hacienda como el Congreso de la República dieran su aval para incrementar los recursos destinados al Icbf, teniendo en cuenta que los consideraba insuficientes.

“El manejo del ICBF fue impecable y de lucha frontal contra la corrupción. Todo el presupuesto del Icbf, el 70 % es primera Infancia. Son como $5 billones. Eso toda la vida se contrata en los primeros meses del año para garantizar la cobertura anual”, explicó.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 7 nov (EFE).- El cantaor Diego el Cigala ha negado este jueves ante el Juzgado de lo Penal 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz) haber maltratado a la que fuera su mujer, y ha atribuido su denuncia a los supuestos celos que ella tenía.

“Nunca le he puesto una mano (encima) a ninguna mujer, en la vida”, ha asegurado el artista, acusado de delitos de maltrato y vejaciones por los que se enfrenta a una petición provisional de la Fiscalía de 5 años de prisión.

El cantaor ha dicho que su exmujer llegó incluso a amenazarlo con denunciarlo por malos tratos, con que iba a arruinar su carrera si no llegaban a un acuerdo de tipo económico, aspecto este último por el que incluso llegó a haber “negociaciones”.

Diego el Cigala ha explicado durante la vista oral que tuvo una relación sentimental con la denunciante -con la que tiene dos hijos menores- durante unos seis años, los primeros “súper bonitos” y los últimos “un pequeño infierno”.

A preguntas de la Fiscalía, ha negado además haber insultado o amenazado con expresiones despectivas o humillantes a su ya expareja, a la que suministraba dinero para la gestión de la vivienda, o que la hubiera echado de casa.

También ha añadido que nunca ha consumido sustancias estupefacientes en su casa delante de sus hijos.

“Podemos mandarnos a la mierda pero somos personas civilizadas”, ha admitido no obstante el cantaor, quien se ha definido como alguien “muy educado”.

El acusado ha atribuido la denuncia por maltrato de su exmujer a los celos que ella tenía, y ha relatado varios episodios en los que ella, supuestamente, le “formó espectáculo” o le “lió el pollo”.

Durante la vista, la jueza ha tenido que pedir al cantante que no se refiriera a la fiscal o la abogada de la acusación particular, tuteándolas o con expresiones como “cariño” o “corazón mío”. “Yo le trato de usted”, ha replicado la representante del ministerio público. EFE

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La acusación que ejerce Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, que se abstenga de ejercer como fiscal del caso en el que se investiga a su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

En un escrito presentado este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de González Amador se dirige a la Sala de Gobierno del TS para que dé traslado de su solicitud a Sánchez Conde a fin de que la 'número dos' del Ministerio Público "se pronuncie sobre si se abstiene de intervenir" en este caso.

El abogado esgrime que, aunque lo normal es que esta petición se haga al superior jerárquico del fiscal en cuestión, "en este caso resulta imposible pues conduce a tener que acudir al investigado", de ahí que se dirija a la Sala de Gobierno del TS, donde se investigan los hechos.

La representación letrada observa hasta cuatro causas de abstención en Sánchez Conde: tener "amistad íntima" con cualquiera de las partes; haber participado "directa o indirectamente" en el asunto; haber "emitido dictamen" sobre el mismo; y "tener interés directo o indirecto" en el caso.

En este sentido detalla que Sánchez Conde redactó el informe del pasado 30 de septiembre donde la Fiscalía solicitaba al TS que no abriera causa a García Ortiz y que estuvo presente en el registro efectuado un mes después, el 30 de octubre, en el despacho del fiscal general del Estado.

Recuerda también que participó en la Junta de Fiscales de Sala del pasado abril para que la entonces fiscal del caso, María de la O Silva, se opusiera a la admisión de las querellas contra García Ortiz, en contra de la voluntad de ésta; y en la que tuvo lugar el 17 de octubre y en el Consejo Fiscal posterior, para que el jefe del Ministerio Público explicara su decisión de mantenerse en el cargo pese a estar imputado; posicionándose siempre del lado del fiscal general.

Apunta asimismo que la actividad profesional y el cargo de Sánchez Conde están "directamente vinculados" a la permanencia de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, así como que se encuentra "indirectamente condicionada" a las decisiones de éste en relación a "sus ascensos y nombramientos, sus destinos, sus permisos, sus sanciones o sus complementos salariales".

PODRÍA SER CITADA COMO TESTIGO

Al margen de "la plena apariencia de parcialidad", indica que Sánchez Conde "puede tener, además --y al menos--, la condición de testigo en relación a los hechos que nos ocupan, por poder con su testimonio y aportaciones incorporar al sumario la información y soportes --físicos o digitales-- de los que disponga que acerquen al descubrimiento de la verdad, y sin que exista en el ordenamiento jurídico excepción alguna que le relevara de dicha obligación constitucional".

El escrito recalca que "Sánchez Conde mantiene --todo al mismo tiempo-- acceso a las actuaciones judiciales declaradas secretas, dependencia jerárquica con el investigado y el deber de poner en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que, por su importancia o trascendencia, la misma considere o él mismo quiera conocer".

Al hilo, sostiene que el cumplimiento de los deberes impuestos a Sánchez Conde por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) --informar a García Ortiz y recibir instrucciones del mismo-- "resultaría, en este caso, constitutivo de delito", ya que el secreto declarado impide a la teniente fiscal del TS informar a su jefe por tratarse del principal investigado.

NO INFORMARÁ AL FISCAL GENERAL

La petición de González Amador al Supremo llega el mismo día que la Fiscalía ha informado en una comunicación interna a la carrera fiscal de que García Ortiz ha extendido al alto tribunal la abstención que ya acordó para este caso cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid.

Esto supone que Sánchez Conde estará exenta de recibir órdenes de García Ortiz y de rendirle cuentas en lo relativo a este caso, garantizando así la independencia de la teniente fiscal en la toma de decisiones en este procedimiento judicial.

Cabe recordar que dos acusaciones populares --las ejercidas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias-- han solicitado a Hurtado que suspenda cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, precisamente, por la dependencia jerárquica de Sánchez Conde.

El Supremo abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas, entre otros, por González Amador, y a la exposición razonada del TSJM.

La pareja de Díaz Ayuso llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y Salto para negociar un acuerdo.

El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.

París, 16 oct (EFE).- La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen pasó a la ofensiva este miércoles en el tercer día de interrogatorios en el juicio por presunta financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo (PE), en el que aseguró estar siendo acusada "sin pruebas".

Después de que ninguno de los tres asistentes parlamentarios que tuvo en sus años como diputada en Bruselas y que figuran en la acusación pudiera dar muestras claras de su trabajo, Le Pen consideró "contrario al derecho de la defensa verse obligada a demostrar que se es inocente".

"Es la acusación la que debería aportar la prueba del delito que nos reprocha, yo no puedo aportar la prueba de que soy inocente", dijo Le Pen ante el tribunal, en el que mantuvo un intenso debate con la presidenta, Bénédicte de Perthuis.

La líder de la extrema derecha gala, que afronta penas que podrían llegar a los diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación,  lo que comprometería su ambición presidencial en 2027, retomó su línea inicial de defensa, según la cual está siendo objeto de un proceso político por sus posiciones críticas en Bruselas.

"¿Cómo pueden pedirme documentos de hace tantos años?. De 2009. Yo no guardo nada, tendría que construirme un castillo si lo guardara todo. No veo el interés", aseguró la política después de que se le pidieran muestras del trabajo parlamentario de Guillaume L'Huillier.

El propio acusado aseguró que no las tiene, igual que la víspera hicieron su exjefa de gabinete Catherine Griset y el lunes su guardaespaldas Thierry Légier.

Para el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, la ausencia de todo documento es una prueba en sí misma de que no existió trabajo para la Eurocámara. "En realidad, trabajaban para el partido", reiteró el letrado de la acusación particular.

La misma tesis que sostiene la Fiscalía, que acorraló en el estrado a Guillaume L'Huillier, cuyo caso fue abordado este miércoles en el tribunal.

L'Huillier cobró durante años como asistente parlamentario de varios eurodiputados del Frente Nacional, rebautizado ahora como Agrupación Nacional, al tiempo que fue director de gabinete de Jean-Marie Le Pen.

Esa doble función constituye para la acusación otro indicio de que apenas trabajó en la Eurocámara, pese a que era quien le remuneraba.

Fue el tercero de los asistentes de Marine Le Pen que compareció estos últimos días.

 El abogado de la líder ultraderechista, Rodolphe Bosselut, señaló que todos estos testimonios "dejan patente la debilidad de la acusación" y "ponen de manifiesto que no hay una acusación sólida".

"Hay un problema de fondo, la acusación no está fundada sobre elementos factuales, no está fundamentada en nada. Y por eso es una presunción de culpabilidad", reiteró ante los medios Le Pen, que consideró que se está "haciendo un juicio a la política".

"¿Está prohibido ser asistente parlamentario y tener un compromiso político?", se preguntó Le Pen, que desde el primer día del juicio ha tratado de describir a sus asistentes como peones de un ideal que no se circunscriben a un trabajo parlamentario.

La triple candidata al Elíseo, finalista de las dos últimas presidenciales, cree que tras la acusación hay "un proceso a la libertad parlamentaria".

El abogado del Parlamento Europeo no lo ve de la misma manera y espera que en los próximos días se vean las pruebas de que la ultraderecha francesa orquestó un sistema en el que los trabajadores del partido eran pagados con dinero de Bruselas.

"No hay nada que muestre que fueron asistentes parlamentarios porque en realidad trabajaban para el partido", reiteró Maisonneuve, quien agregó que "en los próximos días llegarán otras pruebas en el terreno de la complicidad, de la organización y de la centralización" del sistema.

El proceso, que todavía tiene un mes por delante, entra ahora en una fase más técnica y menos espectacular que, posiblemente, acarree menos atención mediática. EFE

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La diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi fue indagada por el presunto delito de alentar o incitar a la persecución o el odio de la comunidad judía por una serie de mensajes en la red social X -ex Twitter- que publicó en noviembre del 2023 y enero pasado, según la acusación que le hizo el fiscal federal Eduardo Taiano.

“Para mí, esta acusación no es cualquier acusación, me parece un agravio. Quiero introducir como veo yo las cosas y los daños que me está produciendo a una persona que milita hace 30 años en contra del antisemitismo, en contra de promover el racismo”, sostuvo Biasi en su indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas al negar las acusaciones.

Biasi fue acusada de violar el segundo párrafo del artículo tres de la ley de actos discriminatorios que castiga con un mes a tres años de prisión a la persona que “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

A la diputada nacional se le atribuyó ese delito por ocho mensajes en su cuenta de X. “Miles sufriendo porque Emily había sido asesinada y finalmente todo era una construcción de la narrativa sionista a la que poco le importa la vida de la gente y su sufrimiento”, dijo en uno de ellos sobre lo que ocurre en Palestina. En otro señaló que “el Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.

Y continuó posteando: “Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”, sostuvo en otro de los posteos que la justicia le leyó en su indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.

Tras la lectura de la acusación, Biasi declaró: “Mi vida es hace 30 años ser militante socialista, militando por los derechos humanos y en contra del genocidio en Argentina, tratando de reflexionar de estos hechos absolutamente destructivos para la Humanidad. Entonces realmente me siento afectada por la acusación”, se defendió la legisladora de izquierda.

Señaló también que la acusación es un “cercenamiento de mi derecho a poder hablar” y que la justicia federal de Comodoro Py es incompetente para intervenir en el caso y que debería actuar la Justicia porteña.

“Una persona que impulsa un exterminio de un pueblo entero en la Argentina no merece ningún tipo de comentario siquiera por parte del Poder Judicial, a una persona que denuncia un genocidio que se está cometiendo en Gaza, le inician una acción penal. Yo no soy nadie en esta vida. Ninguno de los tweets que me leyeron me pertenecen en términos de originalidad, de cómo se lee lo que está ocurriendo Gaza y Medio Oriente”, agregó y dijo que “esto debe estar en el terreno del debate político y no judicial”

Y cerró su mensaje de la siguiente forma: “Quiero dejar en claro, para sumar datos, que si yo estuviera en Tel Aviv, nadie me llevaría presa, si dijera esto. Incluso el atropello es mayor porque en Argentina se intenta procesar y llevar adelante juicios, en cambio, si yo estuviera allí, eso no pasaría. La masacre que está ocurriendo en Gaza, en Cisjordania, en Yemen, la barbarie que ocurre en Afganistán con el (régimen) talibán, hay muchas realidades que son terribles y yo desde mi corriente política la considero un horror”, sostuvo en otro tramo de su declaración.

Ciudad de México, 26 sep (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que el exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012) Genaro García Luna "aceptó su culpabilidad" en los casos de narcotráfico porque su defensa ha pedido la mínima sentencia ante la justicia de Estados Unidos.

"Si su abogado está planteando 20 años (de prisión), está aceptando que sí hay culpabilidad", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano reaccionó a la petición de los abogados de García Luna, quien lideró la 'guerra contra el narco' en México y el 9 de octubre recibirá su condena después de que un jurado lo declaró culpable en febrero de cargos por narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.

La defensa del exfuncionario pidió la pena menor, pero la semana pasada la fiscalía del distrito Este de Nueva York argumentó que merece una pena de cadena perpetua y una multa mínima de 5 millones de dólares.

El asunto ha causado controversia en México porque García Luna era uno de los secretarios con más poder del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), el mayor rival político de López Obrador.

El actual presidente opinó ahora que Calderón aún debe responder cómo conoció a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad, si sabía de sus antecedentes, y si conocía de sus relaciones con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa.

También tachó de "hipócrita" a Calderón, quien ha acusado a López Obrador de tener nexos con dicho grupo delictivo.

"(Este) es un Gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón", manifestó.

“La custodia hace normalmente lo que el custodiado le dice que haga. Sería insólito que la custodia hiciera algo en contra de lo que yo le dije”. Así lo dejó en claro Cristina Kirchner cuando declaró el miércoles pasado en el juicio oral en donde se juzga a los acusados de haber querido matarla: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como coautores de homicidio agravado en grado de tentativa; y a Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos señalado como un partícipe secundario de ese plan.

Durante una hora y media, la ex vicepresidenta expuso sus críticas a la investigación judicial y reclamó que faltaba investigar a los autores intelectuales detrás de ese ataque. Apuntó hacia el fiscal Diego Luciani, que había pedido su condena en el juicio Vialidad (pese a que -según la fiscalía- el plan para matarla se inició en abril del 2022, antes de su alegato), señaló el clima de violencia generada y criticó que la pista sobre Gerardo Milman y el tramo de Revolución Federal no sean parte de este debate.

Cuando le preguntaron que vinculación le atribuía en el ataque del ministro de Economía, Luis Caputo, la testigo solo dijo “la que plantea mi querella”. En la instrucción, el fiscal Carlos Rívolo aclaró que no se encontraron pruebas que demuestren que el grupo tuvo una “financiación” para llevar adelante el intento de homicidio.

El foco en este juicio, no obstante, está en determinar en qué contexto se quiso asesinar a la vicepresidenta. “A solicitud de los secretarios de Cristina y de la mandataria no se nos permite realizar el diagrama de cobertura de 360 grados debido a que ella solicita el contacto con la militancia constantemente”, admitió uno de los policías de la custodia vicepresidencial cuando le tocó declarar como testigo y que deberá presentarse en el juicio.

Durante el juicio oral, la defensa de Uliarte, a cargo de Alejandro Cipolla, le preguntó a Cristina Kirchner sobre su custodia y quien daba las órdenes sobre su seguridad. Ella había admitido momentos antes que “había un chico, un nuevo que se ponía frente a la gente” cuando ella llegaba a saludarlos. “Cumplía con su función -admitió- y yo le dije ´correte´ porque no podía tocar a la gente que venía a verme”. Eso que dijo fue una de las cosas que cambió tras el ataque y la afectó.

Un detalle llamó la atención: el juez Ignacio Fornari -quien junto a sus colegas Sabrina Namer y Adrián Grümberg deberán dar un veredicto cuando llegue el momento- quiso saber si se le habían dado instrucciones a su custodia sobre las personas que hacían un cordón humano. “No, hay una práctica de la militancia desde siempre y que fueron los militantes los que impidieron lo que pasó... Cuando dejás el cargo publico, la organización está en la militancia”, respondió.

Precisamente, uno de los ejes claves será establecer si estaba en estado de indefensión. La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo así lo entendió cuando hizo su acusación y elevó la causa: “Las condiciones que se generaron en ese momento y en ese lugar determinados fueron deliberadamente aprovechadas por Sabag Montiel, dado el estado de indefensión de la víctima quien se encontraba rodeada de sus seguidores, constituyeron el marco ideal para llevar cabo el designio criminal que se habían planteado los imputados, quienes lograron sacar provecho de ello y actuaron conscientes y amparados por tal situación”, sostuvo el fiscal.

Cuando acusó, Rívolo encuadró la calificación como un “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Sin embargo, la querella solo acusó por el agravante de la participación de dos o más personas, sin aludir a ese estado de indefensión. Es precisamente porque allí se pondría en jaque el rol de la custodia.

“¿Y si se cae al momento de las pruebas y los alegatos contra alguno de los tres acusados? En esa estrategia, entonces tampoco podría ponerse en juego la acusación de la participación de dos o más personas”, señalaba ante Infobae uno de los seguidores de la causa.

Es por eso que, desde esa óptica, se mira la insistencia en apuntar contra el agravante de violencia de género, que resaltó la propia Cristina Kirchner en su declaración y que la fiscal Gabriela Baigún dejó expresado públicamente, al inicio del debate, que iba a trabajar sobre esa hipótesis.

Esa mirada fue analiza en instrucción y descartada. En la primera parte de la investigación, Rívolo evaluó acusar a Sabag Montiel por “femicidio en grado de tentativa, mediando violencia de género en la modalidad de violencia política, agravado por haber sido cometido con alevosía y por el uso de arma de fuego”. Entendió inicialmente que “la intimidación social en un espacio público o el ataque físico hacia una mujer política, constituyen formas de manifestar violencia contra el género, cuando ellas ocupan cargos públicos o posiciones de liderazgo, como un modo de conseguir su sometimiento o su subordinación”.

Sin embargo, las pruebas recolectadas en la causa no permitieron sustentar esa hipótesis: no la atacaron por ser mujer pero sí hubo una extrema violencia política. “Ha primado en el accionar de los imputados, y de lo cual trata largamente esta elevación a juicio, una extrema violencia política que se ha manifestado en sus diálogos en relación a la víctima y otros referentes de la vida política argentina, y en los hechos, inequívocamente, hacia Cristina E. Fernández de Kirchner, y que no necesariamente ha sido ejercida por razón de género”, escribió Rívolo.

La fiscal Baigún, que lleva la acusación en el debate, ya alertó que no coincide y irá en busca de probar esa línea. La querella irá también por esa vía. “Cuando era presidenta, entre los dos períodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica. Todos saben que no soy feminista, y nunca nadie dijo que me estaban agrediendo en mi condición de mujer”, afirmó CFK en el debate.

La firma de abogados Hollman Ibáñez Abogados, en colaboración con Ariel Quiroga Vides & Abogados, se dirigieron a la opinión pública para expresar su rechazo a la reciente actuación de la Fiscalía General de la Nación en el caso que involucra a la reconocida empresaria Socorro Oliveros de Hernández y a su esposo, el exsenador, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Esta desaprobación se fundamenta en la difusión innecesaria y sensacionalista de información sobre el proceso penal que enfrenta la pareja, de acuerdo con los defensores.

Este comunicado surge a raíz de la acusación formal presentada por la Fiscalía contra el exalcalde de Bucaramanga y su esposa, en relación con una presunta financiación irregular durante la campaña presidencial del exfuncionario. Según el ente acusador, el supuesto aporte de fondos no permitidos habría ocurrido en el contexto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

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En ese período, la esposa del exalcalde se desempeñó como gerente de su campaña. Según el ente acusador, una investigación realizada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción reveló que la gerente de la campaña permitió que el excandidato presidencial hiciera aportes monetarios a su propia campaña, a pesar de que fue acusado penalmente en mayo de 2021.

El monto que supuestamente se habría aportado irregularmente a la campaña asciende a $127 millones, sumados directamente por el candidato, que está clasificado como una fuente prohibida para estos fines. Debido a estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes no permitidas. Además, Rodolfo Hernández enfrenta una acusación por el delito de interés indebido en la adjudicación de contratos.

En el escrito de la entidad judicial, se informa sobre la próxima audiencia de formulación de acusación en contra de los mencionados empresarios. Así, ambos enfrentan cargos por el mismo delito: financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Según el Código Penal, esta conducta puede conllevar una pena de prisión de cuatro a ocho años, una multa de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Desde la perspectiva de la defensa, esta acción resulta ser no solo es innecesaria, sino también una vulneración a la integridad personal de los implicados, que merecen el respeto pleno a la presunción de inocencia que les asiste por ley.

“Haber emitido un comunicado informando a la opinión pública sobre la celebración de la audiencia de formulación de acusación en contra de los ciudadanos ya mencionados, resulta totalmente innecesario y violatorio de la dignidad humana de quienes ostentan incólume la presunción de inocencia, además de resultar una actuación poco humanitaria contra quienes hacen parte de un grupo poblacional de especial protección como lo son los adultos mayores, sumado a que uno de ellos, se encuentra en un estado de salud sumamente delicado”, se lee en el comunicado de los abogados.

El documento emitido por la firma legal destacó que, aunque se respeta el derecho del ente acusador a informar sobre procesos penales en el interés general, la reciente divulgación pública de la audiencia de formulación de acusación contra los acusados resultó, según su opinión, innecesaria y violatoria de la dignidad humana.

“El morbo inhumano e innecesario que se pretende imprimir a este proceso por parte del ente acusador es inaceptable”, se lee. Además, se criticó las debilidades dogmáticas y probatorias que, según la defensa, afectan la acusación presentada por la Fiscalía.

La defensa de Oliveros de Hernández y Hernández Suárez subrayó su compromiso ético y profesional para probar la inocencia de sus clientes. “Reiteramos nuestro compromiso moral, ético y profesional para demostrar a la justicia y al país que la inocencia de los esposos Hernández-Oliveros no debe ser puesta en duda”, afirmaron.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa, Socorro Oliveros, por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial del exfuncionario. De acuerdo con el ente acusador, el posible aporte de recursos indebido se hizo de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

Para entonces, la esposa del exalcalde fungió como su gerente de campaña. “La investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que la gerente de la campaña permitió que el excandidato presidencial realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021″, precisó el ente acusador en un comunicado.

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El dinero que habría ingresado a la campaña de manera irregular corresponde a $127 millones, aportados directamente por el candidato, siendo él una fuente prohibida para dicho fin. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los procesados el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Por su parte, Rodolfo Hernández fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú se refirió a la decisión de la Fiscalía de acusar formalmente a Hernández y Oliveros, instando a políticos a que se pronuncien al respecto, así como lo han hecho en varias ocasiones por las dudas que hay sobre la transparencia de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. “Ya quiero ver a los políticos que apoyaron a Rodolfo, con el mismo ahínco que se pronuncian sobre la financiación de la campaña del Presidente @petrogustavo. Los leo”, sostuvo.

La campaña presidencial del primer mandatario también está en el ojo del huracán por la presunta violación de topes y por el posible ingreso de dineros ilícitos. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está investigando el jefe de Estado por estos hechos, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) indaga la campaña en general. Los hallazgos evidenciarían que hubo una violación de topes de más de $5.300 millones, de los cuales, $3.709 millones se utilizaron en la primera vuelta y $1.646 millones, en la segunda.

La condena contra Rodolfo Hernández

El excandidato presidencial afronta otro proceso penal por el caso Vitalogic, por el cual ya fue condenado. El exalcalde fue acusado de haber cometido el delito de interés indebido en la celebración de contratos y, en consecuencia, sentenciado a una pena de más de cinco años de casa por cárcel. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 88 meses.

“Toda vez que Rodolfo es una persona mayor de 79 años y se le concede el beneficio de detención domiciliaria con la pena de 64 meses y una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes”, explicó el juez durante la audiencia.

Hernández presentó un recurso de apelación por la sentencia condenatoria, al considerar que la pena establecida en su contra es equivocada, pues, desde el inicio ha ratificado su inocencia públicamente. En un video publicado en su cuenta de YouTube criticó la decisión tomada por el juez, poniendo en duda su criterio.

“Me condenan no por ladrón, ni por haberme robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, explicó el excandidato presidencial.

En una audiencia previa, Hernández informó que, además, padece un cáncer terminal, a pesar de haber luchado contra la enfermedad sometiéndose a cirugías y quimioterapias.