San Juan, 3 ene (EFE).- La nueva gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó este viernes mediante carta al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, la declaración de un estado de emergencia energética para la isla tras el apagón general ocurrido hace tres días.

Este llamado busca priorizar la atención federal para resolver esta crisis que afecta tanto a los ciudadanos como a los sectores industriales de la isla, un Estado Libre Asociado a EE.UU., según el comunicado.

Puerto Rico sufrió un apagón masivo en vísperas de Año Nuevo debido a una avería en una línea soterrada y, aunque se ha restablecido el servicio eléctrico, en los últimos días se han registrado interrupciones temporales debido a la falta de generación.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada tras el paso del huracán María en 2017 y, para su reconstrucción, el Gobierno estadounidense ha aprobado millonarios fondos federales.

González, quien asumió ayer el cargo de gobernadora, también firmó una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a optimizar los procesos de permisos y atender la situación crítica de infraestructura vial en la isla.

Estas medidas buscan simplificar trámites, agilizar proyectos federales y atender deslizamientos que afectan a las carreteras tras los huracanes de los últimos años, según el comunicado.

La primera orden ejecutiva establece la creación de un grupo de trabajo para identificar procesos innecesarios y recomendar la derogación de leyes que no se alineen con la política pública.

Este equipo, que tiene un plazo de 60 días para presentar sus recomendaciones, también tiene como objetivo proponer un nuevo reglamento de permisos y agilizar las aprobaciones relacionadas con proyectos financiados con fondos federales.

La segunda orden ejecutiva busca poner en vigor disposiciones de las leyes 118-2024,119-2024y 131-2024 y disponer de procesos para agilizar permisos de proyectos financiados con fondos federales, proyectos designados como críticos o estratégicos y proyectos de emergencia.

En cuanto a la tercera, esta declara un estado de emergencia ante la condición crítica de la infraestructura vial y los deslizamientos ocurridos en diversas carreteras.

Esta medida busca implementar acciones inmediatas para garantizar la seguridad pública, la continuidad del tránsito y la conectividad vial.

Durante el periodo de vigencia de esta declaración, se activará un proceso expedito que exime al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y otras agencias gubernamentales de cumplir con requisitos ordinarios relacionados con permisos y consultas.

Esta exención incluye permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

"Estas acciones son necesarias para atender de manera efectiva las emergencias que comprometen la seguridad y el bienestar de nuestra población", concluyó la gobernadora. EFE

Sídney (Australia), 7 nov (EFE).- El Gobierno de Nueva Zelanda presentó este jueves una polémica propuesta de ley para reinterpretar el Tratado de Waitangi, firmado en 1840 para regular las relaciones entre la Corona británica y los maoríes, que se teme podría restar derechos a los indígenas en medio de protestas que denuncian su "lento genocidio".

El ministro adjunto de Justicia de Nueva Zelanda, David Seymour, del Partido ultraliberal ACT, promotor de la medida, explicó hoy en un comunicado que la propuesta aborda el "concepto de los principios del Tratado" que fueron introducidos por el Parlamento de Nueva Zelanda en 1975 sin definirlos.

ACT forma parte de la coalición gubernamental del primer ministro neozelandés, el conservador Christopher Luxon, y considera que los maoríes han obtenido privilegios y diferentes derechos políticos y legales por el modo en el que dicho tratado ha sido interpretado.

Seymour argumentó que la falta de claridad de los principios del Tratado ha provocado que el Tribunal de Waitangi, que aborda entre otros reclamos sobre la violación de este documento fundacional, adopte "acciones contrarias al principio de igualdad de derechos".

Según el ministro, estos problemas se refieren a la co-gobernanza en la prestación de servicios públicos y las cuotas étnicas en las instituciones públicas de Nueva Zelanda, una democracia parlamentaria que aún tiene al rey Carlos III como su jefe de Estado.

Su propuesta desató hoy protestas frente al Parlamento en Wellington y la ciudad de Auckland, la más poblada de Nueva Zelanda.

El proyecto legislativo, que será debatido el próximo jueves y que de ser aprobado por el Parlamento neozelandés supondría la convocatoria de un referendo, propone que el Ejecutivo y el Parlamento tengan plenos poderes para dictar leyes.

"Creo que el Gobierno de la Coalición está totalmente en el camino equivocado y creo que está complaciendo con un lento genocidio de los maoríes", denunció una manifestante a Radio New Zealand en Auckland, donde decenas de personas portaban banderas maoríes y carteles criticando la medida.

El Tratado de Waitangi fue firmado el 6 de febrero de 1840, poco antes de que Nueva Zelanda pasara a formar parte del imperio británico, y regula las relaciones del Estado con los maoríes, que conforman el 20 % de la población neozelandesa de más de 5 millones de habitantes.

Esta minoría sigue experimentando discriminación institucional, así como tasas desproporcionadamente altas de pobreza, encarcelamiento, enfermedades, abusos domésticos y suicidios, entre otros problemas.EFE

Bangkok, 27 ago (EFE).- Miles de trabajadores se manifestaron este martes en las principales ciudades de Australia para mostrar su apoyo a un poderoso sindicato, después de que el fiscal general ordenara que su rama de construcción fuera puesta en administración judicial mientras se investigan presuntos delitos de corrupción.

"Recupera tu derecho a la huelga" o "las leyes malas están para ser vulneradas", apuntan algunos de los carteles que los asistentes desplegaron durante la marcha en Sídney, una de las más numerosas de hoy junto a las que transcurrieron por otras urbes como Melbourne, Brisbane, Cairns, Camberra y Perth.

Con unos 120.000 miembros, el Sindicato de los Empleados de Construcción, Silvicultura y Marítimo (CFMEU, siglas en inglés), es una de las organizaciones de trabajadores más influyentes de Australia.

Vestidos con camisas negras y hondeando banderas del sindicato y de Australia, los participantes bloquearon el trafico del centro de las principales ciudades en marchas que discurrieron sin violencia.

El viernes, el fiscal general, Mark Dreyfus, ordenó que todas las oficinas del brazo de construcción del CFMEU quedaran, por un mínimo de tres años, bajo la administración judicial tras las acusaciones de que el sindicato ha participado en actos de intimidación, corrupción e infiltración criminal.

En ese sentido, el primer ministro, Anthony Albanese, señaló que quería acabar con la corrupción en el sector de la construcción.

"El Gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás, ni tampoco el público australiano: quieren que se sanee esta industria. Quieren ver buenos sindicatos y buenas empresas que sigan adelante con su trabajo", argumento el viernes el mandatario.

Por su parte, algunos de los participantes de las manifestaciones de hoy indicaron al canal público ABC que sienten que se está tratando "de manera injusta" al CFMEU y que la medida tomada por el Gobierno puede crear un "peligroso precedente".

La rama de la construcción del CFMEU está en el punto de mira después de que a mediados de junio se publicaran investigaciones en medios australianos que apuntaban que las pandillas de moteros y organizaciones criminales actuaban como delegados de este sindicato.

Esta supuesta infiltración en puestos influyentes les habría permitido ganar cientos de miles de dólares por la adjudicación de megaproyectos de construcción financiados por los Gobiernos regionales y el central, así como realizar sobornos y prácticas intimidatorias, entre otras irregularidades.