La disputa pública entre José Ramón Fernández y David Faitelson sumó un nuevo capítulo que ha encendido las redes sociales y el debate mediático. Lo que inició como un intercambio de declaraciones ahora se ha trasladado a un terreno más delicado, luego de que comenzaran a circular versiones sobre la presunta identidad de una mujer mencionada en el libro El Protagonista.

En las últimas horas, distintos usuarios en plataformas digitales han señalado que la persona referida en dicha publicación podría ser Rocío Boliver, también conocida como “La Congelada de Uva”. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial ni evidencia pública que respalde de manera concluyente esta versión, por lo que el tema permanece en el terreno de la especulación.

La conversación digital tomó fuerza a partir de interpretaciones hechas por internautas, quienes vincularon el testimonio incluido en el libro con la figura de la artista. A pesar del impacto que ha generado esta hipótesis, es importante subrayar que no ha sido validada por autoridades ni por las personas directamente involucradas en la polémica.

El caso ha escalado rápidamente debido al peso mediático de los nombres que aparecen en la discusión, así como por la relevancia histórica de ambos comunicadores dentro de la televisión deportiva en México. Este contexto ha provocado que cualquier nueva mención o teoría sea amplificada de forma inmediata.

Por su parte, Rocío Boliver es una figura conocida dentro del ámbito artístico y contracultural. Nacida en la Ciudad de México en 1956, ha desarrollado una carrera como actriz, escritora y performer, caracterizada por propuestas que abordan temas como la opresión de género, el cuerpo y el dolor emocional. Su trabajo, muchas veces considerado provocador, la ha colocado como una voz polémica dentro de distintos círculos culturales.

De acuerdo con lo que se ha difundido en redes, algunos usuarios han retomado una supuesta coincidencia entre Boliver y el equipo de TV Azteca durante una etapa en la que participó en el programa “La Polaca”. Este elemento ha sido utilizado como base para construir teorías alrededor del caso, aunque no existe evidencia verificable que confirme una relación directa con los hechos mencionados.

La magnitud del tema refleja cómo la viralidad puede impulsar versiones no confirmadas y generar un ambiente de incertidumbre. Por ahora, la situación continúa sin claridad oficial, mientras el debate sigue creciendo en el espacio público digital.

Una exempleada del popular creador de contenido MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, identificada como Lorrayne Mavromatis, presentó una demanda en la que alega haber sufrido “angustia emocional intencional” por acoso en la empresa encargada de la producción del contenido del youtuber.

Según el documento, le pidieron trabajar durante su licencia de maternidad y fue despedida pocas semanas después de su regreso.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Distrito Este de Carolina del Norte, también sostiene que Mavromatis y otras empleadas fueron humilladas por compañeros varones, quienes mantenían un ambiente laboral tóxico y discriminatorio.

En la demanda se lee que Donaldson le pedía que abandonara reuniones donde el resto de los asistentes eran hombres. De acuerdo con Mavromatis, en una reunión de equipo, un colega masculino le indicó que “se callara” o “dejara de hablar” cuando expresaba su opinión.

Asimsimo, Mavromatis afirma que fue víctima de acoso sexual y comentarios sobre su apariencia, incluso por parte del ex director ejecutivo, James Warren, primo de MrBeast.

“Durante su empleo, la demandante experimentó y observó que otras empleadas sufrían acoso sexual que era tolerado o incluso perpetuado por sus supervisores”, se lee en el documento.

“Por ejemplo, el ex director ejecutivo de la empresa, James Warren, sometió a la demandante a acoso sexual al obligarla a mantener reuniones privadas en su casa mientras hacía comentarios sobre cómo lucía con su ropa”, agregan.

En el texto también se indica que Mavromatis reportó el acoso y el ambiente hostil a la entonces jefa de Recursos Humanos, Sue Parisher, madre de Jimmy Donaldson. Sus quejas fueron calificadas de “infundadas”.

Cabe señalar que la demanda recoge que:

“Según la información disponible, durante el periodo laboral de la demandante, MrBeast no contaba con un manual de empleados que estableciera políticas y prácticas laborales estándar. En su lugar, MrBeast entregaba a los empleados un manual titulado “Cómo tener éxito en la producción de MrBeast”, que incluía apartados como “Está bien que los chicos sean infantiles”, entre otros".

En 2024, Donaldson enfrentó una demanda presentada por ex participantes de su programa de telerrealidad Beast Games, quienes aseguran haber sido víctimas de “maltrato crónico”, negligencia y acoso sexual.

MrBeast no ha realizado declaraciones referente a la reciente demanda.

Qué pide la exempleada de MrBeast

La exempleada de MrBeast solicita en su demanda que el tribunal declare que los demandados violaron la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) y la política pública de Carolina del Norte.

Además, pide el pago de salarios y beneficios perdidos, una indemnización adicional conforme a la FMLA, y la reincorporación a su antiguo cargo como directora de operaciones o, en su defecto, una compensación por salario futuro.

También solicita daños compensatorios y punitivos bajo la ley estatal, el pago de honorarios legales, intereses previos y posteriores al fallo, y cualquier otra medida que el tribunal considere adecuada.

Qué empresas tiene MrBeast

MrBeast ha construido un imperio empresarial a partir de su éxito como creador de contenido en YouTube. Su empresa principal es MrBeast Productions, la productora responsable de sus populares videos y proyectos virales.

Además, Donaldson diversificó sus negocios con el lanzamiento de Beast Burger, una cadena de restaurantes virtuales que opera bajo el modelo de “cocinas fantasmas” en asociación con locales de comida rápida en Estados Unidos y otros países.

Otro emprendimiento es Feastables, una marca de snacks y chocolates que apuesta por ingredientes de calidad y estrategias de marketing ligadas a los retos y sorteos característicos de MrBeast.

También ha impulsado proyectos de impacto social como Team Trees y Team Seas, iniciativas globales para la reforestación y la limpieza de océanos, respectivamente, gestionadas en colaboración con otras personalidades y organizaciones.

Además de sus empresas principales, MrBeast ha colaborado con marcas y ha invertido en startups tecnológicas y plataformas de medios digitales.

Una extrabajadora infantil del medio artístico denunció que, durante su paso por Televisa, fue víctima de acoso sexual por parte de un empleado cuando aún era menor de edad.

Frida Urbina, reconocida por su participación en realities como Survivor México y La venganza de los ex, relató en entrevista para Pietro TV que un asistente de talentos la tocó de forma indebida durante una grabación, episodio que mantuvo en silencio hasta que su madre confrontó la situación y exigió respuestas a la televisora.

Frida Urbina relató acoso de un asistente de talentos de Televisa

Frida Urbina narró que se encontraba en una grabación cuando un asistente de talentos le pidió hablar sobre sus líneas y vestuario.

“Me lleva atrás de las camionetas de vestuario de Televisa y me hace así entre las bubis para tocarme los pezones y me dice: ‘Es que tenemos que hacer algo con esto’”, contó la exconcursante de Survivor.

La actriz reconoció que, en ese momento, no entendía la gravedad de lo ocurrido:

“No sabía, hasta como después de dos veces que lo hizo, como que entendí que era acoso. Al principio pensé: ‘Tienen que ver que me quede la playera’”, expresó en la charla difundida por Pietro TV.

La actriz confesó que, debido al miedo y la confusión, no contó lo sucedido a su madre de inmediato.

“Yo no le dije a mi mamá, estaba muy callada. Me decían: ‘Oye, tienes que ir a Televisa’, y yo decía: ‘Es que no quiero ir’”, relató.

Fue hasta que su madre notó su rechazo constante que la confrontó y logró conocer la situación: “A las dos y media mi mamá ya estaba fuera de Televisa haciendo un desmadre impresionante. Fue como de las primeras veces que sentí que alguien intercedía por mí”, recordó Urbina en la entrevista.

¿Quién es Frida Urbina?

Frida Urbina es actriz, creadora de contenido y participante de realities en televisión mexicana. Se hizo conocida por su paso en programas como La venganza de los ex y, especialmente, Survivor México, donde fue eliminada el 13 de junio de 2025.

Tras su salida de Survivor, Urbina enfrentó polémicas personales, entre ellas la ruptura con Abel Robles, con quien se casó en 2024 y cuya relación fue mediática.

En redes sociales, Frida compartió mensajes sobre su proceso personal después de la ruptura que habría sido por una presunta infidelidad de él:

“Tengo mucha fe en que las cosas pasan por algo. Nunca dejaría de ser la persona que soy porque alguien no me supo valorar”.

El episodio de acoso narrado por Urbina en Pietro TV se hizo público años después de su experiencia en Televisa.

Ella sostuvo: “No sabía que era acoso hasta tiempo después. En ese momento tu cabeza piensa lo mejor para no pensar lo peor”.

En una operación relámpago ejecutada la mañana de este viernes 17 de abril, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Delegación Regional de Heredia lograron la detención de un hombre de apellido Navarrete Madrigal, vinculado con una serie de agresiones sexuales que habían sembrado el temor entre las mujeres que realizan actividad física en el cantón de Santo Domingo y sus alrededores.

La captura es el resultado de un proceso de inteligencia que se extendió por casi seis meses. Según los reportes oficiales, el sospechoso, vecino de San Pablo de Heredia y trabajador de una empresa de construcción de carreteras, fue interceptado mientras las autoridades custodiaban la zona.

Al momento de su detención, Navarrete se encontraba dentro de un vehículo del OIJ mientras los oficiales procedían con la revisión de sus pertenencias y el decomiso de artículos de interés para la causa.

El “modus operandi”: ataques en movimiento

La investigación se activó en noviembre de 2025, tras recibir las primeras denuncias de mujeres que reportaban incidentes similares. El patrón era constante: los ataques ocurrían entre las 05:45 y las 07:30 de la mañana, aprovechando la baja afluencia de vehículos y el momento en que muchas ciudadanas salen a correr o a practicar ciclismo.

El sujeto utilizaba una bicimoto para desplazarse con agilidad y silencio. Su técnica consistía en aproximarse a las víctimas mientras estas se encontraban en movimiento, realizar tocamientos indebidos en la zona de los glúteos y huir rápidamente del sitio. A la fecha, el OIJ ha contabilizado al menos siete víctimas distintas, aunque no se descarta que existan más casos no denunciados.

Pruebas en video han sido fundamentales para sostener la acusación. En uno de los clips captados por cámaras de seguridad, se observa cómo el sujeto agrede a una mujer que corría por la vía pública; en otro, se aprecia la maniobra que realizaba para tocar a una ciclista sin perder el equilibrio de su vehículo.

¿Bajo qué tipo de delito podría ser enjuiciado en Costa Rica?

Aunque el término coloquial utilizado para estos actos suele ser “acoso”, el marco jurídico costarricense ha evolucionado para castigar con severidad estas conductas. Dependiendo de la valoración que realice el Ministerio Público, el sospechoso podría enfrentar cargos bajo dos figuras principales:

1. Acoso Sexual Callejero (Ley n.º 9877):

Desde la promulgación de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, actos como el “nalgueo” o los tocamientos corporales en espacios públicos tienen una tipificación específica.

• Artículo 170 bis: Establece que quien realice tocamientos con fines sexuales a otra persona, sin su consentimiento, en lugares públicos o de acceso público, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión.

2. Abuso Sexual (Código Penal):

Si la fiscalía considera que la gravedad del tocamiento o la intención del sujeto trasciende el acoso callejero, podría procesarse bajo la figura de Abuso Sexual (Artículo 161 del Código Penal). Este delito conlleva penas que van de los dos a los cuatro años de prisión cuando el acto se realiza sin el consentimiento de la víctima.

El presunto acosador ha sido puesto a las órdenes de la fiscalía local, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Por ahora, el decomiso de su bicimoto y la evidencia digital en video constituyen los pilares de un caso que busca sentar un precedente sobre el respeto a la integridad de las mujeres en los espacios públicos costarricenses.

Ante la gravedad de la situación se pronunció el alcalde Dumek Turbay que utilizó sus plataformas digitales para expresar su rechazo al episodio y pidió disculpas públicas a la ciudadana afectada, al mismo tiempo que anunció la puesta en marcha de medidas destinadas a erradicar prácticas que considera coercitivas y nocivas para el turismo.

Este caso cobró notoriedad luego de que un video se viralizara en plataformas como X, donde se observa cómo la turista intenta alejarse en repetidas ocasiones, mientras los jóvenes la siguen, insisten con sus rimas y le exigen dinero extendiendo sus gorras para que ella pudiera depositarlo allí.

Los internautas señalaron en redes sociales que este tipo de acoso no es aislado, sino una práctica frecuente en sectores turísticos de la ciudad, donde algunos visitantes, presionados por la insistencia, terminan cediendo a las demandas económicas, tal como ocurrió con la ciudadana afectada en esta ocasión.

El comunicado del alcalde Turbay, difundido el 16 de abril de 2026, condena el suceso y califica el accionar de los involucrados como una “coerción disfrazada de expresión cultural”. Según el mandatario, esta no es la primera vez: “Ya lo habíamos hablado con varios grupos. Incumplieron. Conducta reiterada”, asegurando que se está trabajando por evitar que los turistas nacionales e internacionales se vean afectados.

El mandatario de la ciudad agregó que las autoridades, en coordinación con la Policía Metropolitana, ya iniciaron la identificación de los sujetos que participaron en el hecho, con el objetivo de aplicar las sanciones correspondientes, y reiteró lo siguiente: “Este hecho vergonzoso NO lo dejaremos pasar, habrá consecuencias. Y no es persecución, es autoridad”.

El episodio reavivó el debate sobre la delgada línea entre el arte urbano y situaciones de acoso disfrazadas de manifestación cultural, ya que varios usuarios de redes sociales catalogaron este tipo de presión como una “extorsión” que se aprovecha de la falta de familiaridad de los turistas con el entorno local para exigirles la entrega de dinero.

El Distrito trabaja por evitar situaciones de este tipo con músicos en espacio público turístico

Como respuesta institucional, la Alcaldía de Cartagena dispuso la creación de una mesa de trabajo junto a entidades distritales como la Gerencia de Espacio Público, la Oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el IPCC y la Secretaría de Turismo.

El objetivo, según detalló Turbay en su comunicado, será establecer límites concretos, mecanismos de control y compromisos obligatorios para los artistas urbanos que intervienen en zonas frecuentadas por visitantes. Se contemplan consecuencias severas para aquellos que se atrevan a faltar a lo pactado en dicha mesa.

Una vez concluido este proceso de concertación, la gerencia de Espacio Público será responsable de monitorear el cumplimiento de las medidas que, según Turbay, “Serán socializadas a la opinión pública una vez culmine la mesa de trabajo”.

El alcalde reiteró las disculpas en nombre de la ciudad y prometió que se tomarán acciones eficaces para prevenir que hechos similares vuelvan a presentarse, reforzando el enfoque de un turismo responsable, seguro y sostenible para Cartagena.

El video que originó la intervención oficial circula en redes sociales y evidencia la presión a la que fue sometida la visitante, situación que se convirtió en ejemplo de una problemática preexistente respecto al uso del espacio público para actividades que, si bien pueden presentarse como manifestaciones culturales, terminan afectando la percepción de seguridad y hospitalidad de la ciudad para quienes la visitan por las acciones de algunos pocos.

Un grupo de 75 organizaciones de derechos civiles ha solicitado a Meta que interrumpa la introducción de tecnologías de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley, argumentando que esta funcionalidad, conocida internamente como ‘Name Tag’, representa una amenaza para los derechos fundamentales y la privacidad, sobre todo de colectivos vulnerables.

De acuerdo con la carta conjunta enviada a la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, la integración de este sistema en productos de uso cotidiano podría facilitar la identificación de personas sin su consentimiento y sin su conocimiento, lo que, según las organizaciones, marcaría un punto de inflexión negativo para la sociedad.

Qué preocupaciones hay alrededor del reconocimiento facial en gafas

En 2024, un estudio de la Universidad de Harvard demostró la magnitud del riesgo: alumnos lograron, usando gafas inteligentes con reconocimiento facial, extraer en tiempo real desde la vía pública datos como el nombre, la dirección, perfiles en redes sociales y los vínculos familiares de individuos reconocidos.

La información obtenida se transmitía instantáneamente al teléfono del usuario, confirmando la preocupante capacidad de estos dispositivos para vulnerar la privacidad. Además, según la carta dirigida a Meta, la objeción central no se limita al temor abstracto a la vigilancia.

El escrito detalla cómo la disponibilidad de gafas discretas equipadas con inteligencia artificial expone a potenciales víctimas de violencia o discriminación, como quienes han sufrido acoso, las minorías religiosas o los colectivos marginados históricamente, a un riesgo mayor, pues la identificación puede ocurrir sin notificación ni consentimiento en espacios públicos.

Por qué las medidas tomadas por Meta no son suficientemente seguras

El documento subraya que las modificaciones de diseño propuestas por Meta para la función ‘Name Tag’, como limitar el reconocimiento facial a personas conectadas en plataformas de la empresa, como Instagram o Facebook, o a cuentas públicas, resultan insuficientes.

Una de las preocupaciones clave expuestas es que “los planes de introducir tecnología de reconocimiento facial en productos de consumo ampliamente disponibles constituyen una línea roja que la sociedad no debe cruzar” para evitar poner en peligro una “sociedad libre”.

Los firmantes advierten sobre las posibles consecuencias: “Las personas deberían poder llevar su vida cotidiana sin temor a que acosadores, estafadores, maltratadores, agentes federales y activistas de todo el espectro político estén verificando, de forma silenciosa e invisible, sus identidades”.

Las organizaciones afirman expresamente que las preocupaciones de seguridad de esta tecnología “no pueden resolverse mediante cambios en el diseño del producto, mecanismos de exclusión voluntaria o medidas de seguridad incrementales”, porque los afectados no disponen de ningún mecanismo para prestar o denegar su consentimiento antes de ser identificados.

A qué otros productos de Meta se pide que Meta no aplique reconocimiento facial

La petición remitida a Meta no se limita a las gafas Ray-Ban y Oakley: solicita la retirada total de cualquier función de reconocimiento facial en todos los dispositivos ‘wearables’ de la empresa, presente o futura.

Asimismo, las organizaciones exigen que Meta haga público cualquier caso del uso de sus dispositivos de realidad aumentada en situaciones de acoso, hostigamiento o violencia doméstica y sexual, detallando las medidas adoptadas tras esos episodios.

El requerimiento insta a la empresa a revelar cualquier intercambio, colaboración o consulta con organismos de seguridad y aplicación de la ley de Estados Unidos, incluido el ICE, respecto al uso de dispositivos wearables para tareas de vigilancia o identificación por agentes estatales, según la carta.

De acuerdo con la posición de las organizaciones, la integración de funciones biométricas de reconocimiento facial no debe evaluarse en función de medidas de seguridad accesorias, sino que requiere, en todo caso, un compromiso previo de la empresa para consultar con la sociedad civil, comunidades afectadas y expertos independientes en privacidad,

La carta cierra con una advertencia: “Un enfoque tecnológico que privatiza los beneficios y socializa los perjuicios conlleva consecuencias irreversibles para la seguridad, la libertad y los derechos civiles de las personas”.

En medio del revuelo nacional provocado por las denuncias de acoso sexual que surgieron en Caracol Televisión y derivaron en la salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, el Ministerio de Trabajo dio a conocer los primeros resultados de sus inspecciones.

Mediante el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, la autoridad laboral dispuso acciones dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en el medio de comunicación.

Esto, debido a que se reportó el hallazgo de “presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados, subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales; falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador; y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos”.

Mientras la investigación prosigue, el colectivo “No Al Pacto De Silencio” emitió un comunicado difundido por el portal Cuestión Pública, donde celebró la decisión de Caracol Televisión de finalizar la relación laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, “así como la apuesta en marcha de una investigación independiente realizada por una comisión externa liderada por la reconocida abogada Catalina Botero Marino”.

El documento, firmado por 82 mujeres periodistas, remarcó la importancia de que la política de prevención y atención del acoso sexual del canal no solo se aplique en tiempo y forma, sino que garantice la protección efectiva de las víctimas y la transformación de la cultura interna. “Es fundamental que el canal brinde información clara sobre algunos antecedentes y sobre el manejo institucional de estas y otras denuncias de violencias basadas en género”, señaló el texto.

En respuesta a los recientes acontecimientos, el colectivo formula trece preguntas clave dirigidas a la empresa, con el objetivo de esclarecer los alcances reales de las acciones emprendidas. Entre las interrogantes se incluye: "¿En qué fecha fue creado y puesto en marcha el protocolo denominado ‘Política de prevención y atención del acoso sexual’ (actualizado en noviembre de 2025)?" y "¿En qué fecha se radicó o presentó la primera denuncia por presunto acoso sexual en el canal? ¿Cómo se tramitó?“.

El documento exigió claridad sobre cuántas denuncias han sido presentadas, cómo han sido tramitadas, cuántas involucran a Orrego y Vargas, y cuándo se recibieron las primeras acusaciones contra cada uno. Además, se solicitó información acerca del tipo de acompañamiento —legal y psicológico— recibido por las denunciantes, así como las medidas adoptadas para evitar su revictimización: "¿Qué tipo de acompañamiento -legal, psicológico- están recibiendo las denunciantes en este momento?... ¿Qué acciones ha llevado a cabo el canal para proteger a las mujeres que han presentado las denuncias contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas para no revictimizarlas?"

Las preguntas también abordan si las denuncias han sido llevadas ante la Fiscalía General de la Nación y si las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) están cumpliendo con su papel de apoyo frente a estas denuncias.

Por otra parte, el colectivo pidió detalles sobre el alcance de la investigación externa liderada por Catalina Botero Marino, preguntando si se limitará a hechos ocurridos en un periodo específico, y qué acciones se prevé según los resultados obtenidos.

El comunicado demandó transparencia sobre las acciones de difusión, sensibilización y pedagogía implementadas en el canal para transformar la cultura institucional frente a las violencias basadas en género. Finalmente, planteó: “Después de haber hecho públicas las denuncias contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, ¿el canal ha recibido nuevas denuncias por presunto acoso sexual contra otros periodistas?"

El documento cerró aclarando que no tiene intención de poner en duda las decisiones ya tomadas por Caracol Televisión, “sino contribuir a que este momento se convierta en un precedente positivo para toda la industria mediática. La transparencia, el acceso a la información y el reconocimiento de los silencios en el manejo de la información son indispensables para que los procesos de rendición de cuentas se gestionen de manera efectiva y oportuna”.

Hanna Bernal, una joven creadora de contenido denunció estar siendo hostigada por un sujeto desconocido que la sigue en redes sociales. En el pódcast Conducta Delictiva, relató que lleva bastante tiempo trabajando como influenciadora y haciendo pautas publicitarias.

Su trabajo también lo realiza a través de TikTok. En esa red social, empezó a enlazar personas para que contaran historias sobre distintos temas que abordaba, como por ejemplo, relaciones sentimentales. En una ocasión, apareció la persona que, según afirma, la persigue. “Él dijo que él quería participar y yo lo enlacé. Nos comentó su historia”, detalló.

Tiempo después, el hombre empezó a escribirle por redes sociales, insistiendo en que quería entregarle un detalle por su cumpleaños. “Me mencionaba mucho unos aretes”, precisó.

Para la creadora de contenido, ese sujeto ya no era un completo desconocido, porque había notado que solía reaccionar a sus publicaciones y en varias oportunidades respondió a sus historias con mensajes enviados al interno refiriéndose a su físico y pidiendo que se vieran, pero ella siempre se negó. “Yo lo tenía referenciado. Ya sabía quién era”, indicó.

Un día, estando con su hijo cerca de su casa, mientras despinchaba una bicicleta, apareció el sujeto. “Me dijo: ‘Yo soy Diego. Ya te dejé los aretes en la papelería’. Él me dijo eso y yo sentí un vacío. Lo miré, monté al niño en la bicicleta y nos fuimos”, detalló.

La papelería en la que entregó los aretes es familiar. La tía de la creadora de contenido los recibió pensando que era un pedido más que había hecho. “Esa noche me conecté al en vivo, y el tipo empezó a escribir: ‘¿Sí recibiste los aretes? ¿Los recibiste? ¿Los recibiste? ¿Los recibiste?’ Estaba como tan fastidioso, tan insistente, que yo llegué y le dije como: ‘Sí, gracias. Ya’”.

Días después, el hombre volvió a aparecer cuando la joven y una compañera de la papelería estaban llevando una caja para una bodega. El sujeto ofreció su ayuda de manera insistente, pero la víctima se negó. Y, al notar que en redes sociales tampoco la dejaba en paz, lo bloqueó. Entonces, el sujeto se hizo pasar por un amigo suyo, buscó a su mamá y le pidió su número de teléfono; ella no se lo dio.

“Ella me dijo como: ‘El tipo no está bien, o sea, se le nota. Al primer contacto que uno tiene con él se nota que mentalmente no está muy bien’”, precisó.

A los 15 días, el hombre regresó a la papelería y Hanna lo confrontó: “Le dije: ‘Es incómodo para mí que estés acá porque yo no te conozco y este es mi espacio y lo estás invadiendo. No me gusta’”. El hombre afirmó que estaba interesado en hacer negocios con ella y, tras insistir por mucho tiempo, afirmó que no volvería a buscarla.

La creadora de contenido decidió denunciar los perfiles del sujeto en redes sociales e instauró una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, el hombre continuó buscándola. “Si iba por ahí unas tres, cuatro veces a la semana, era poquito. Mi mamá muchas veces se enfrentó a él diciéndole que me dejara en paz”, dijo.

También contactó a las personas con las que la joven trabaja en redes sociales y les pedía que le escribieran porque lo tenía bloqueado en redes. “Decía que él necesitaba contactarse conmigo porque me habían llenado la cabeza de cucarachas”.

Días después, el hombre regresó a la papelería e ingresó. Ella y una compañera salieron corriendo y buscaron ayuda de la Policía en un CAI. Cuando volvieron con las autoridades, el sujeto actuó con normalidad, afirmó conocerla y, cuando se le informó que la influenciadora interpondría una denuncia formal en su contra, respondió: “Sí, dale, que lo haga”.

Su respuesta fue parecida cuando la joven dijo que lo denunciaría en redes. “Y el tipo supernormal me dijo como: “Sí, dale, hazla”. Y yo grabándolo y todo".

El acoso continuó. “Él entraba a la papelería y preguntaba por mí. Y en otras ocasiones simplemente pasaba o se paraba literalmente en el andén de mi casa a mirar mi apartamento. O se quedaba en la puerta y timbraba en todos los timbres”, contó.

También suele dejarle en la entrada de su casa dulces y regalos, los cuales terminaban siempre en la basura. En una ocasión, dejó una bolsa roja llena de tornillos, facturas, luces LED y una caja.

Tras hacer una denuncia pública, el hombre empezó a publicar videos en redes negando las acusaciones y asegurando que la víctima estaba siendo extorsionada por alguien que supuestamente tenía fotos de ella.

A la fecha, el hombre sigue acosándola. Ella solicitó una medida de protección a las autoridades, la cual se está tramitando y debe pasar por exámenes psicológicos debido a las afectaciones a su salud mental derivadas de la situación de hostigamiento.

“Mi hijo está enterado de la situación y me rompe mucho el corazón. La última vez me dijo: ‘Déjame y yo bajo y hablo con él y que te deje en paz porque está invadiendo tu espacio’”, reveló.

Debido al acoso, dejó de trabajar en la papelería familiar y ya no monetiza en TikTok.

La crisis institucional que enfrenta Caracol Televisión tras las denuncias de conductas inapropiadas que involucran a dos de sus periodistas más reconocidos impulsó la creación de un comité especial interno con el propósito de atender estos casos y salvaguardar la reputación del canal. Esta decisión surgió después de que la compañía reconociera públicamente las acusaciones, mientras la atención nacional se concentra en el impacto social y profesional de los hechos denunciados.

Del mismo modo, varios periodistas famosos han dado su opinión sobre lo ocurrido y durante el 5 de abril de 2026 se publicó una columna en El Espectador a nombre de Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, que se refirió al debate sobre el acoso sexual en Colombia a partir del caso que involucra a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

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Zuleta sostuvo que la línea que separa el coqueteo legítimo del acoso sexual es sumamente compleja, ya que el primero requiere cierto grado de “permisividad” por parte de la persona cortejada, mientras que el acoso implica una ausencia total de aceptación, dejando a las víctimas en situaciones “difíciles y de vulnerabilidad”.

“Así como hay hombres acosadores, hay mujeres que han ‘permitido’ este abuso por diferentes razones. Las víctimas, todas, sin excepción, deben ser protegidas y su intimidad resguardada, para no revictimizarlas, y por supuesto, para garantizarles el resultado que están exigiendo: el castigo severo para quienes las han acosado aprovechando su posición de poder o autoridad”, escribió el reconocido periodista.

Zuleta enfatizó que los criterios culturales sobre el coqueteo y el trato en los lugares de trabajo han cambiado de manera radical durante las últimas décadas: “Hace 40 años, no era inusual ni indebido decirle a una colega, por ejemplo, ‘mi amor, esta nota está mal enfocada o redactada’. Eso ya no se puede decir, ni siquiera en broma”.

Sin embargo, Zuleta manifestó su escepticismo frente a la posibilidad de que figuras como Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego hayan obligado a alguien a realizar “favores sexuales”.

El columnista señaló expresamente que desconoce tanto los expedientes como los detalles de la investigación independiente a cargo de Catalina Botero para Caracol Televisión, encomendada por el presidente del canal, Gonzalo Córdoba, y se refirió la importancia de esperar las conclusiones de la Fiscalía, donde los acusados podrán ejercer su derecho a la defensa.

Respecto a las repercusiones, Zuleta indicó que la decisión de Caracol de desvincular a los periodistas constituye un precedente relevante en el tratamiento institucional del acoso en los medios: “Sin lugar a duda, el caso de Jorge Alfredo y Ricardo y las correspondientes decisiones de Caracol Televisión abren la caja de Pandora que, no tengo la menor duda, se ha debido abrir hace muchos años, no sólo en Caracol (...), sino en todos los medios de comunicación”.

Avances institucionales y reconocimiento del cambio cultural

Para afrontar la actual coyuntura, Caracol Televisión instrumentó una investigación independiente y formalizó la constitución de un comité especial, que tiene el objetivo de esclarecer los hechos y tomar acciones en defensa de la integridad de las víctimas y de la transparencia institucional.

Ante estas acciones Zuleta elogió la actitud de las directivas tanto de Caracol Televisión como del diario El Espectador: “La gallardía y honestidad de Gonzalo y Fidel me hacen sentir orgulloso de trabajar en estas casas periodísticas”.

El tratamiento del acoso sexual en los medios colombianos expone aún las profundas transformaciones sociales que transitan en los entornos laborales. La presencia de comités internos, el avance de las investigaciones independientes y la consolidación de nuevos estándares de protección a las víctimas marcan una etapa inédita en la prensa nacional, según la perspectiva de Zuleta en su publicación en El Espectador.

El legendario guitarrista y vocalista Lindsey Buckingham, figura icónica de la banda de rock Fleetwood Mac, fue atacado el miércoles en el área de Santa Mónica, en Los Ángeles, cuando una mujer le arrojó una sustancia no identificada al momento de llegar a una cita, informaron múltiples fuentes policiales.

El músico de 76 años, ganador de dos premios Grammy, no resultó herido durante el incidente.

Según las mismas fuentes citadas por NBC4 Los Ángeles, la atacante, descrita por las autoridades como una sospechosa de acoso, huyó del lugar tras el ataque.

La policía ya identificó a la mujer y se espera que sea detenida en los próximos días.

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría averiguado con anticipación la hora y el lugar de la cita de Buckingham para presentarse en el sitio.

Tanto la Policía de Santa Mónica como el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) trabajan de forma conjunta en el caso. Los representantes del artista no han emitido declaraciones públicas hasta el momento.

La agresión se produjo más de un año después de que Lindsey Buckingham obtuviera una orden de alejamiento permanente contra una acosadora identificada como Michelle, de 53 años.

No obstante, las autoridades no han confirmado públicamente que se trate de la misma persona que protagonizó el ataque del miércoles.

Según documentos judiciales recogidos por el Daily Mail, en una audiencia celebrada el 20 de diciembre de 2024, Buckingham presentó ante un juez fotografías tomadas por Michelle frente a su domicilio, así como una grabación de audio sin identificar.

Como resultado, el magistrado extendió una orden de restricción temporal previa y concedió al artista cinco años de protección.

La medida estipulaba que Michelle debía mantenerse a un mínimo de 100 metros de Lindsey Buckingham, su esposa Kristen, de 56 años, y su hijo William, de 27 años, además de abstenerse de amenazarlo, acosarlo o contactarlo de cualquier forma.

En su testimonio, el cantante de Fleetwood Mac relató que la acosadora obtuvo el número de teléfono comercial de su esposa y comenzó a llamarla en 2021.

Según declaró el músico ante el tribunal, Michelle dejaba “mensajes largos y elaborados que incluían la afirmación de que era mi hija y amenazas de matarme a mí y a mi familia”.

Buckingham negó categóricamente ser el padre de Michelle y afirmó no conocerla personalmente.

Asimismo, alegó que la acosadora “me culpaba por deformidades faciales que aparentemente sufrió de niña y exigía dinero”.

Tras recibir una advertencia policial en 2022 para que cesara todo contacto, Michelle habría retomado el hostigamiento en 2024, dejando un collage frente a la casa del músico con fotografías de su propio rostro mezcladas con imágenes del artista.

El episodio más grave previo al ataque del miércoles ocurrió cuando la policía llegó al domicilio de Buckingham, lo sacó esposado de su hogar en respuesta a una llamada al 911 que alertaba de que su hijo William pretendía hacerse daño y que “la persona que llamó había escuchado disparos”.

Tras 20 minutos de búsqueda en la propiedad, los agentes constataron que se trataba de una falsa alarma y liberaron al músico.

“Ahora sé que la llamada al 911 fue rastreada al teléfono de [Michelle] y fue la más reciente de un patrón ininterrumpido de acoso y actos amenazantes contra mi familia y contra mí“, declaró Buckingham durante la audiencia del 20 de diciembre de 2024, según documentos judiciales recogidos por el Daily Mail.

Nacido en Palo Alto, California, en 1949, Lindsey Buckingham se incorporó a Fleetwood Mac en 1975 e integró a su entonces pareja sentimental Stevie Nicks a la banda.

Juntos formaron parte de la etapa más productiva del grupo, que dio lugar a álbumes como Rumours, ganador del Grammy al Álbum del Año, y canciones como “Go Your Own Way”, “Tusk” y “Big Love”.

Buckingham fue separado de la agrupación en 2018 luego de que su vínculo profesional con Nicks llegara a un punto de quiebre.

Un año antes, en 2017, había publicado un álbum grabado en conjunto con su excompañera de banda Christine McVie.

Las denuncias en contra de los comunicadores generaron una ola de comentarios en redes sociales por parte de otras periodistas que pasaron por situaciones similares en otros medios de comunicación, así como en otros entornos.

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Ante la repercusión pública, en redes sociales surgió el interrogante sobre la salida de la periodista Tatiana Gordillo, que también dejó la empresa meses antes de que estallara el escándalo, por lo que decidió aclarar en sus redes sociales, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, los verdaderos motivos de su retiro.

Gordillo, que durante más de diez años fue parte del noticiero y llegó a liderar la sección La Biciperiodista, negó cualquier relación entre su salida y las denuncias por acoso.

“No, absolutamente no, yo me fui porque quise, no porque tuviera algún tipo de problema de convivencia ni de acoso sexual, para nada”, afirmó Gordillo en un mensaje directo a sus seguidores.

La reportera explicó que su decisión estuvo motivada por una nueva oportunidad laboral, que actualmente desempeña en la Alcaldía de Bogotá.

Señaló que tomar la decisión de dejar Caracol no fue sencillo, dado el tiempo y el cariño por su labor, pero que hoy se siente “muy feliz y muy afortunada” en su nueva etapa profesional.

Así, la periodista buscó despejar rumores y dejar en claro que su salida del medio no tuvo relación con las recientes controversias dentro de la empresa.

Rápidamente, los internautas dejaron mensajes en la publicación replicada en otras cuentas informativas, señalando que no siempre todas las salidas del canal se debieron a ese tipo de situaciones: “No hay que satanizar una salida”; “qué necesidad de estar relacionando todo con el escándalo, se buscan nuevos horizontes y ya2, entre otros.

El canal de denuncias que activó la Fiscalía

El anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la habilitación de un canal específico para denuncias de acoso sexual laboral marca un cambio en la gestión de estos casos en los medios de comunicación colombianos.

La medida fue adoptada después de que surgieran nuevos testimonios que involucran a periodistas y presentadores de Caracol Televisión, lo que ha ampliado el alcance de las investigaciones a otras cadenas y exdirectivos.

La nueva vía de denuncia, disponible en el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, está dirigida tanto a víctimas como a testigos, quienes podrán aportar información relevante para los procesos en curso. El organismo aseguró que el procedimiento será gestionado con un enfoque de género y con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas, evitando cualquier forma de revictimización.

Según la comunicación oficial publicada el lunes 24 de marzo de 2026, la Fiscalía señaló que la apertura de este canal responde a la necesidad urgente de fortalecer las garantías de protección y representa una respuesta concreta tras el inicio de indagaciones motivadas por reportes internos del canal.

El contexto en el que se activa esta herramienta coincide con una crisis institucional dentro de la cadena televisiva, motivada por la aparición de relatos sobre presuntos casos de acoso laboral y sexual que, según la información conocida, se remontan a 2017.

Las pesquisas ya no se limitan a empleados actuales, sino que se extienden a exdirectivos y figuras de otras empresas del sector.

La decisión de la Fiscalía busca ofrecer un entorno seguro para quienes decidan denunciar, promoviendo la confianza en los mecanismos oficiales y favoreciendo la recopilación de datos que permitan avanzar en las investigaciones.

Prenell Rousseau, de 30 años, el hombre que en 2020 fue arrestado por acosar a la cantante Billie Eilish, murió el pasado miércoles tras ser arrollado por un tren de Long Island Rail Road (LIRR) en Westbury, Nueva York, según informaron autoridades y fuentes citadas por el New York Post.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:38 de la mañana. Según una fuente del servicio local de aplicación de la ley consultada por el medio, Rousseau trotaba “sobre o cerca” de las vías ferroviarias al momento del impacto.

La muerte fue catalogada como aparentemente accidental. Como consecuencia del siniestro, alrededor de 100 pasajeros que viajaban en el convoy debieron transbordar a otro tren de la misma línea para continuar su trayecto.

Rousseau, oriundo de Farmingville, en el estado de Nueva York, había sido identificado en 2020 como el hombre que se presentó de forma reiterada ante el domicilio de Eilish en Los Ángeles, lo que llevó a la cantante y a su familia a obtener una orden de alejamiento en su contra.

¿Qué hizo el acosador de Billie Eilish?

Los hechos que motivaron la medida judicial se remontan a los días 4 y 5 de mayo de 2020, cuando Prenell Rousseau —quien en ese entonces tenía 24 años y residía en Long Island— se presentó hasta en siete oportunidades ante la vivienda que Billie Eilish compartía con sus padres en Los Ángeles.

De acuerdo a documentos judiciales, en su primera visita Rousseau tocó el timbre e interrogó al padre de la artista a través de la cámara de vigilancia para saber si Eilish vivía allí.

Pese a que el padre le indicó que se había equivocado de domicilio, Rousseau insistió y regresó más tarde esa misma noche, lo que obligó a la familia a llamar a seguridad privada.

La propia Eilish describió la situación en los documentos presentados ante el tribunal y recogidos por el New York Post.

“Mientras esperábamos al personal de seguridad, el señor Rousseau permaneció en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro, al mismo tiempo que continuaba con un monólogo periódico”, describió. “Mi padre le pidió repetidamente que se fuera, pero él se negó”.

Rousseau fue finalmente detenido por allanamiento de morada.

La situación resultó especialmente alarmante para la familia por el contexto sanitario de aquel momento: en cinco de sus siete apariciones, no llevaba mascarilla —en plena pandemia de COVID-19— y tocó el pomo de la puerta y el timbre sin guantes.

En sus redes sociales, Rousseau había publicado contenido inquietante, entre ellas lo que parecía ser una versión ilustrada de Billie Eilish acompañada de un mensaje.

“De todas formas, te amo, B… eso es todo”, se leía en la publicación, de acuerdo con el New York Post.

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles le concedió a Eilish una orden de alejamiento temporal que, tras la audiencia del 18 de junio de 2020 —celebrada bajo las restricciones impuestas por la pandemia y a la que la cantante asistió de forma remota sin intervenir verbalmente—, fue extendida por tres años.

La medida prohibía a Prenell Rousseau intentar contactar a Eilish o a sus padres, así como aproximarse a menos de 100 metros de cualquiera de ellos.

Billie Eilish, quien tenía 18 años al momento de los hechos y hoy cuenta con 24, es una de las figuras más reconocidas de la música pop mundial.

Ha encabezado las listas de álbumes en Estados Unidos y Reino Unido y acumula diez premios Grammy y dos premios Oscar, el más reciente en 2024 por la canción “What Was I Made For?”.

Con el lanzamiento de ReConectate, la Fundación Red por la Infancia impulsa una plataforma digital pionera para prevenir y abordar los riesgos y violencias en entornos digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa propone un modelo integral, multisectorial y con respaldo internacional, orientado a fortalecer la protección y el bienestar digital desde la primera infancia.

El evento de presentación se realizó en la Residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires, con el apoyo institucional de la representación diplomática del Reino Unido y la presencia del embajador David Cairns, junto a especialistas, funcionarios y referentes de la protección de las infancias.

En Argentina, la exposición a dispositivos digitales comienza, en promedio, entre los 9 y 10 años, lo que deja a niños y adolescentes especialmente vulnerables a amenazas como el grooming, la sextorsión, el ciberbullying y la difusión no consentida de material íntimo.

De acuerdo con la Virtual Global Taskforce (VGT), desde 2020 más de 400 millones de menores fueron víctimas de explotación o abuso sexual en línea, mientras que el uso de inteligencia artificial agravó la circulación de imágenes de abuso, con un crecimiento del 6.300% en el último año.

La falsa sensación de seguridad que otorga el entorno doméstico suele dificultar la prevención y detección temprana de estas situaciones.

“Para nosotros es muy difícil poder proteger a los chicos de los riesgos que desconocemos”, advirtió en diálogo con Infobae la fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Wachter, a cargo de la iniciativa.

Por este motivo, especialistas coinciden en que la intervención activa del mundo adulto y la elaboración de nuevas estrategias resultan imprescindibles para garantizar la seguridad y el bienestar de las infancias.

ReConectate: una respuesta integral y pionera

La plataforma ReConectate convierte a Argentina en el primer país del mundo en implementar los lineamientos de educación preventiva de la Virtual Global Taskforce, una alianza internacional que nuclea a quince agencias de seguridad, entre ellas la National Crime Agency del Reino Unido, el FBI, Interpol y Europol.

Desarrollada por la Fundación Red por la Infancia, la iniciativa articula recursos educativos, programas de sensibilización en escuelas y comunidades, monitoreo y generación de evidencia en conjunto con la Universidad Austral, y acciones de incidencia legislativa a nivel federal.

Los contenidos de la plataforma fueron elaborados en colaboración con organismos globales como el National Center for Missing & Exploited Children, la Organización Mundial de la Salud y la Unesco, y adaptados al contexto local con la participación activa de adolescentes, sobrevivientes y expertos de distintas disciplinas.

Herramientas concretas para familias, educadores y comunidades

ReConectate se organiza en módulos diferenciados para niñas y niños de 4 a 7 años, preadolescentes de 8 a 13 y adolescentes de 13 a 17, además de secciones específicas para madres, padres, cuidadores y docentes.

Los materiales abordan la alfabetización digital, el autocuidado, la configuración segura de dispositivos, el acompañamiento emocional y la activación de rutas claras de respuesta ante incidentes digitales.

“Muchos adultos sienten que carecen de herramientas para proteger a los chicos de riesgos que desconocen”, explicó Wachter. Por ello, la plataforma apuesta a la formación y al diálogo intergeneracional, con recursos prácticos y un enfoque preventivo que incluye guías para configurar la privacidad y la seguridad en las principales aplicaciones utilizadas por los menores.

“Hay una sección que te enseña plataforma por plataforma cómo configurarla adecuadamente para la edad de tu hijo” -detalló la directora ejecutiva-. La plataforma fue pensada para brindar de forma gratuita y simple, información sobre todo, para que los adultos puedan dimensionar qué se esconde atrás de una pantalla”.

El abordaje es integral: la plataforma digital gratuita se complementa con programas educativos para escuelas y espacios comunitarios, intervenciones lúdicas en lugares de ocio, capacitación para docentes y referentes institucionales, y una línea de monitoreo y replicabilidad desarrollada junto a la universidad.

Voces de quienes habitan los entornos digitales

El Consejo Participativo Federal de Adolescentes, cocreador de los contenidos para jóvenes, destacó la importancia de incluir la perspectiva juvenil en el proceso de prevención. “Pudimos sentir que lo que decíamos tenía un valor y que no éramos solo una imagen institucional; sino que también éramos parte de un propósito en común. Logramos transformar nuestras experiencias en algo concreto: una herramienta que logre ayudar a otros”, afirmó Jimena Zurschmitten, integrante del grupo durante la presentación.

En el evento en la Embajada Británica también se hicieron presentes testimonios de sobrevivientes de violencia digital y de especialistas como Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas y miembro de Cepasi; Daniela Dupuy, fiscal coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Roxana Morduchowicz, asesora principal de la Unesco en Ciudadanía Digital. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la cooperación global y la intervención preventiva, alertando que la mayoría de los chicos expuestos a situaciones de riesgo no pide ayuda por temor, vergüenza o desconocimiento.

La brecha entre el avance tecnológico y la protección efectiva

El crecimiento exponencial de los riesgos digitales supera la capacidad de respuesta de las instituciones y de los marcos normativos tradicionales.

Muchos adultos creen que los riesgos digitales solo afectan a quienes “andan en cosas raras” o que basta con estar atentos para evitar problemas, pero la evidencia muestra lo contrario.“Ningún chico está exento de estar en una situación de riesgo”, advirtió Wachter, para subrayar la necesidad de involucrarse activamente y no minimizar el alcance de las amenazas en línea.

“Tenemos emociones del Paleolítico, instituciones del medioevo y tecnología del Olimpo”, advirtió Wachter, para remarcar la necesidad de “nuevas estrategias para poder cerrar estas brechas y minimizar el impacto que esto está teniendo en la salud y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes”.

La plataforma ReConectate, gratuita y de acceso abierto, busca instalar la prevención desde la primera infancia y promover políticas públicas federales que garanticen el bienestar integral de las infancias en la era digital. La colaboración con organismos internacionales, la participación activa de los propios adolescentes y el enfoque en la capacitación del mundo adulto son, según la Fundación Red por la Infancia, los pilares para responder a un desafío sin precedentes que exige el compromiso de toda la sociedad.

“Tenemos que empezar a involucrarnos en la vida digital de los chicos, y así como no los dejaríamos jamás hacer un programa con desconocidos es clave dimensionar que cuando están conectados en su cuarto, en un dispositivo, sin ningún tipo de charla o de supervisión, eso equivale a estar en una habitación literalmente con desconocidos”, concluyó Wachter.

Las conversaciones digitales en Colombia tuvieron un giro significativo en los últimos días de marzo.

De acuerdo con datos de Google Trends, las búsquedas relacionadas con la palabra “acoso” registraron un aumento notable, impulsadas por un hecho puntual que puso el tema en el centro del debate público: las denuncias de presunto acoso sexual en Caracol Televisión y el anuncio de investigaciones internas en el canal.

El análisis de las gráficas muestra un comportamiento claro, pues durante los últimos siete días evaluados, el término mantuvo un volumen de búsquedas superior frente a “acoso en caracol”, lo que evidencia que el interés de los usuarios no se limitó a un caso específico, sino que se expandió hacia una preocupación más amplia sobre este tipo de conductas.

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Sin embargo, ambas tendencias presentan un punto de inflexión similar: a partir del 21 de marzo, las consultas comenzaron a incrementarse de forma sostenida, alcanzando picos importantes hacia el 23 de marzo.

Aunque “acoso en caracol” nunca superó en volumen al término general, sí replicó su comportamiento, lo que sugiere que el caso puntual funcionó como detonante para que los usuarios profundizaran en el tema. En otras palabras, el escándalo mediático no solo generó interés por los hechos concretos, sino que amplió la conversación hacia el fenómeno del acoso en distintos escenarios.

El incremento en las búsquedas coincide con el anuncio realizado por Caracol Televisión sobre la apertura de investigaciones relacionadas con denuncias de acoso sexual que involucran a dos de sus presentadores y periodistas.

La noticia, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación, provocó una reacción inmediata en la audiencia digital, que acudió a Google para informarse, contrastar versiones y entender el alcance de las acusaciones.

Este tipo de comportamientos no es nuevo en el ecosistema digital, pero sí resulta revelador, pues las tendencias de búsqueda suelen actuar como un termómetro social que refleja las preocupaciones, intereses y emociones de la ciudadanía en tiempo real, pero en este caso, el aumento en consultas relacionadas con “acoso” deja en evidencia que el tema trasciende el ámbito mediático y conecta con una problemática estructural que genera inquietud en la sociedad.

Además, el hecho de que el término general supere ampliamente al específico indica que los usuarios no solo buscan información sobre un caso puntual, también intentan comprender el fenómeno en un contexto más amplio: qué es el acoso, cómo se manifiesta y cuáles son sus implicaciones legales y sociales.

El impacto de estas búsquedas también pone de relieve el papel de los medios de comunicación y las figuras públicas en la construcción de agenda. Cuando una denuncia involucra a personajes reconocidos o a empresas de alto perfil, el interés se multiplica y se convierte en un tema de conversación nacional y en este caso, la visibilidad del medio como uno de los canales más importantes del país amplificó el alcance de la noticia.

En paralelo, el debate público se ha trasladado a redes sociales, donde usuarios, periodistas y líderes de opinión han expresado posturas diversas, desde llamados a la prudencia y al respeto por el debido proceso, hasta exigencias de transparencia y sanciones ejemplares en caso de comprobarse los hechos.

Qué es acoso, las acciones que hacen parte del fenómeno y sus implacaciones

El acoso es una conducta repetitiva y no deseada que busca intimidar, humillar o afectar a una persona, ya sea en entornos laborales, educativos, sociales o digitales.

Puede manifestarse de distintas formas, como comentarios inapropiados, insinuaciones sexuales, persecución, amenazas, presión psicológica o abuso de poder, generando un ambiente hostil para la víctima.

En Colombia, estas conductas pueden tener implicaciones legales, especialmente cuando se configuran como acoso laboral o acoso sexual, delitos que pueden acarrear sanciones penales y disciplinarias. A nivel social, el acoso impacta la salud mental, la dignidad y el bienestar de las personas, además de evidenciar problemáticas estructurales relacionadas con el abuso de poder y la falta de entornos seguros.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la sección de la conferencia mañanera ‘El detector de mentiras’, explicó en qué consiste la Ley Valeria, tras las críticas en contra de la iniciativa que sanciona el delito de acecho.

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, mostró los videos de usuarios de redes sociales, entre ellos ‘El Temach’, quienes afirman que con la Ley Valeria “mirar a una mujer ya es considerado un delito”.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, se explicó que la ley tipifica como un delito el acecho, lo cual se traduce en “conductas reiteradas y persistentes de hostigamiento o persecución, como vigilar o seguir, que afectan la seguridad y estabilidad e una persona”.

Es decir, esto NO significa que los hombres serán arrestados por hablarle a las mujeres de forma arbitraria, a menos que durante la interacción haya conductas de acoso o intimidación contra ella.

“La reforma al Código Penal Federal no sanciona hablarle a las mujeres de forma arbitraria, sino las conductas reiteradas y persistentes de hostigamiento o persecución, como vigilar o seguir, que afectan la seguridad y estabilidad e una persona, hablarle a una mujer no es delito, el acoso y la intimidación sistemática sí lo son”, dijo en Palacio Nacional.

¿Qué es la Ley Valeria?

La Ley Valeria, llamada así por Valeria Macías, víctima de acecho durante años, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de México este mes y tipifica el acecho como delito federal, incorporándolo como delito autónomo en el Código Penal.

Esta ley sanciona con una pena de uno a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa a quien vigile, persiga o intente comunicarse sin consentimiento y de forma reiterada con otra persona, alterando su vida cotidiana y seguridad.

La reforma responde a demandas sociales y busca cerrar vacíos legales que permitían la impunidad de conductas de acoso persistente, incluso cuando estas derivaban en violencias mayores.

El acecho, según la ley, abarca vigilancia, seguimiento, espionaje, intentos reiterados de contacto presencial o digital, y cualquier conducta repetitiva que genere miedo, ansiedad o altere la vida cotidiana de la víctima.

Principalmente afecta a mujeres y representa un avance en el reconocimiento y sanción de formas de violencia que antes no contaban con protección legal suficiente.

La iniciativa también fortalece penas para acoso y abuso sexual, y establece mecanismos de protección más claros para las víctimas.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol y de Sala de Prensa Blu, se pronunció en la emisión de Blu Radio el 22 de marzo de 2026 sobre las denuncias de acoso sexual que involucran a dos periodistas del reconocido medio de comunicación; el video fue posteriormente publicado en las redes sociales de la empresa.

Inicialmente, el comunicador indicó que es un hecho que lamenta que se esté presentando: “Para mí, como director, es un hecho triste, pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor”.

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Reacción de Noticias Caracol ante denuncias de acoso sexual

En su mensaje, Vargas habló a nombre propio y de la alta dirección de Caracol Televisión, incluidos el presidente Gonzalo Córdoba y la vicepresidenta de Noticias, y enfatizó que la situación afecta no solo a los directivos, sino a todo el equipo humano:

“Lo más importante de todo, una empresa conformada por seres humanos y por personas decentes y por personas que han construido su carrera y que lo único que hacen, hace muchísimos años y décadas, es venir a trabajar todos los días aquí a Noticias Caracol y a Blu Radio”.

El directivo se refirió así al comunicado emitido por el canal sobre las denuncias de acoso sexual presentadas por trabajadoras contra dos presentadores y periodistas.

Según dijo el periodista durante la transmisión, la compañía activó protocolos laborales y legales estrictos:

“Ante esta denuncia se tomaron las medidas de rigor, que implican unos protocolos laborales y legales muy estrictos, muy rigurosos, en los que aquí no hay duda de que Noticias Caracol, Caracol Televisión y todas las compañías que hacen parte de esta empresa tomarán las decisiones que haya que tomar”.

El canal remarcó que está del lado de las víctimas y sus familias, y que la transparencia y la dignidad son principios innegociables para la organización.

Investigación interna y compromiso institucional

La declaración oficial de Juan Roberto señala que la investigación busca esclarecer los hechos y tomar decisiones a la mayor brevedad posible. El canal reafirmó: “Caracol Televisión reitera su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso”.

El comunicado, emitido a través de diferentes canales, hace hincapié en que la empresa decidió abordar el caso de manera pública y colectiva: “Hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados, tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad, pero también observando las plenas garantías de todos, especialmente de las víctimas”.

Insistió en que el propósito es asumir el tema con firmeza y buscar soluciones inmediatas, sin convertirse en jueces, pero tampoco en espectadores.

El directivo concluyó que la cultura organizacional de Caracol Televisión exige enfrentar este tipo de situaciones con transparencia.

“Lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad. Y por eso mismo hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados, tomar este caso para cortarlo de raíz”, concluye el comunicado del director del noticiero.

Qué dijo el ministro de Trabajo Antonio Sanguino

El ministro Antonio Sanguino intervino públicamente para advertir que ninguna organización puede limitarse a sus propios protocolos cuando se trata de este tipo de señalamientos. En su mensaje, dirigido a Caracol Televisión, recordó que existen compromisos internacionales que obligan a actuar con mayor rigor.

“Como Ministro del Trabajo, estoy en la obligación de recordarle a @CaracolTV que los procesos internos de ninguna manera eximen a la empresa de responder bajo el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, que garantiza un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”, expresó el funcionario.

Mónica Rodríguez reaccionó las declaraciones de Juan Roberto Vargas

A través de su cuenta de X, la reconocida presentadora se volvió a pronunciar respecto a las recientes declaraciones del director de Noticias Caracol. De acuerdo con la presentadora, durante años los directivos “si fueron espectadores” de las denuncias quehasta hoy prestan atención.

Y agregó: “Es obvio que ahora no pudieron ocultarlo. Ahora bien, qué bueno que por fin estén tomando el toro por los cachos y que Juan Roberto Vargas se pronuncie”.

Antes de terminar su crítica, la comunicadora lanzó una última crítica: “Pero ¿y el presidente del canal, Gonzalo Córdoba, por qué tan callado? ¿no debería él también salir a poner la cara? ¿no debióél, como cabeza principal de la empresa, firmar el comunicado?“.

Barry Keoghan reveló que el acoso en internet relacionado con su apariencia física lo ha llevado a evitar apariciones públicas y a replantearse su carrera artística.

En una entrevista con el programa The Morning Mash Up de SiriusXM, el actor irlandés habló con inusual franqueza sobre el impacto psicológico que le genera la violencia verbal que recibe en plataformas digitales.

“Hay mucho odio en internet. Hay mucho abuso sobre cómo me veo, y ya ha pasado el punto de... ya saben, todos pasan por eso... pero me ha hecho retraerme. Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a lugares, no querer salir”, afirmó Keoghan.

Y añadió: “Les digo esto siendo absoluta y puramente honesto. Se está convirtiendo en un problema”.

El artista, conocido por su participación en Dunkerque y Saltburn, explicó que decidió desactivar su cuenta de Instagram en 2024 como parte de un alejamiento deliberado de las redes sociales.

Sin embargo, reconoció que la curiosidad a veces lo lleva a buscar las reacciones del público tras sus apariciones en eventos.

“Sigo siendo un ser humano curioso que quiere entrar en internet”, dijo. “Y si asisto a un evento o voy a algún lugar, quieres ver cómo es recibido. Y no es agradable”.

Consultado sobre si encuentra espacios de tranquilidad en su vida privada, Barry Keoghan fue contundente: “No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo. En realidad no voy a lugares por estas cosas”.

Lo que más preocupa al intérprete es la posibilidad de que este malestar afecte directamente su trabajo.

“Cuando eso empieza a filtrarse en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya no quieres ni aparecer en pantalla”, señaló.

Keoghan también expresó su inquietud por las consecuencias que esta situación podría tener sobre su hijo Brando, nacido en 2022 de su relación con Alyson Sandro.

“Es decepcionante para los fans, pero también es decepcionante que mi pequeño tenga que leer todas esas cosas cuando sea mayor”, declaró.

A pesar del tono sombrío de buena parte de sus declaraciones, el actor nominado al Oscar se mostró agradecido con quienes lo apoyan.

“He tenido la suerte de contar con una base de fanáticos increíble, y la gente ahí fuera es muy amable”, aseguró. “Es muy bonito cuando haces preguntas y respuestas, hablas con la gente, puedes estar con ellos y responder sus preguntas y darte del todo. Eso es el lado bueno”.

Cabe destacar que el actor también estuvo vinculado sentimentalmente a la cantante Sabrina Carpenter, quien le ha dedicado algunas indirectas en canciones como “Manchild”, “Nobody’s Son”, “My Man on Willpower” y “Please, Please, Please”; para esta última Barry apareció en el video musical ya que aún eran pareja en ese entonces.

En el plano profesional, Barry Keoghan atraviesa un momento de alta demanda en la industria.

Su proyecto más reciente es Peaky Blinders: El hombre inmortal, el largometraje derivado de la exitosa serie policial protagonizada por Cillian Murphy, disponible actualmente en Netflix.

Además, participó recientemente en Crime 101, junto a Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Halle Berry.

Keoghan se encuentra en este momento rodando una tetralogía de biopics sobre Los Beatles, dirigida por Sam Mendes, realizador de Belleza americana.

En estos filmes, Keoghan dará vida a Ringo Starr, mientras que Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Paul Mescal a Paul McCartney y Joseph Quinn a George Harrison.

El estreno de las cuatro películas en cines está previsto para abril de 2028. Por el momento, no se han revelado mayores detalles o material promocional como imágenes o un tráiler oficial.

Rolando Sánchez Quintero, periodista indígena Me’phaa e integrante del medio “Júma Indígena”, originario de la comunidad de Portezuelo de Santa Cruz, municipio de Malinaltepec, Guerrero, denunció que recientemente sufrió intimidación en su domicilio, situación que ha encendido las alertas de la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica sobre su seguridad y riesgo.

Durante una entrevista con el colectivo, Sánchez Quintero relató que el 28 de febrero de 2026 por la noche, personas desconocidas intentaron ingresar a su casa cuando él no se encontraba.

Su hija notó que intentaban abrir y forzar la puerta. Al escuchar ruidos, los individuos preguntaron si había alguien presente; por temor, la menor no respondió. Posteriormente, los sujetos lanzaron piedras al techo de lámina y se marcharon.

El 17 de marzo, dos personas distintas permanecieron afuera de la vivienda del periodista por un lapso aproximado de una hora, entre las 20:30 y 21:30, según advirtió un vecino, quien sugirió a Sánchez Quintero no salir y extremar precauciones.

La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica subrayó que estos incidentes se producen en un contexto de alto riesgo relacionado con el trabajo informativo del periodista, quien recientemente cubrió la desaparición y asesinato de Ramiro Sánchez Cortés, comisariado suplente de Portezuelo de la Cruz, siendo uno de los primeros reporteros en informar sobre el caso.

De acuerdo con ARTICLE 19, Rolando Sánchez cuenta con medidas de protección tanto del mecanismo federal como del local para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, la organización advierte que la protección se ha debilitado con el tiempo, lo que incrementa la vulnerabilidad del comunicador y su familia frente a nuevas agresiones.

En este contexto, recordó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas obliga al Estado a garantizar la salvaguarda efectiva de quienes ejercen el periodismo, así como a dictar medidas urgentes cuando el riesgo es inminente.

La organización señala que cualquier retraso u omisión en la adopción de acciones protectoras puede acarrear responsabilidades para las autoridades competentes, sobre todo cuando existen antecedentes de amenazas o ataques vinculados al ejercicio periodístico.

Ante estos hechos, ARTICLE 19 y Rolando Sánchez demandan al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y al mecanismo estatal que revisen el análisis de riesgo del periodista en la próxima reunión de sus juntas de gobierno, evaluando la ampliación o renovación del plan de protección a la luz de los hechos recientes.

Además, solicitan la implementación de medidas urgentes de seguridad, conforme lo establece el Artículo 26 de la Ley de Protección, y una coordinación efectiva entre los mecanismos federal y estatal, así como el gobierno de Guerrero, para garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en comunidades indígenas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que un profesor identificado como Enrique “N”, de 52 años, fue detenido este miércoles en la preparatoria Colegio del Valle, ubicada en la calle Mier y Pesado de la colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, luego de ser señalado por varias alumnas de grabarlas con su teléfono celular.

El arresto se realizó tras la denuncia presentada por la familia de una estudiante afectada, que solicitó la intervención de las autoridades. Elementos de la SSC acudieron al plantel y trasladaron al maestro al Ministerio Público, donde se inició la investigación correspondiente y se determinará su situación jurídica. Durante la detención, el docente fue informado de sus derechos constitucionales.

La agresión fue grabada por estudiantes

El hecho fue captado en video por los propios alumnos en el momento en que el profesor utilizaba su celular para grabar por debajo de la falda de una de las estudiantes que se acercó a su escritorio. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, generando indignación y exigiendo sanciones inmediatas contra el docente.

La dirección de la escuela colaboró con las autoridades para documentar los hechos y facilitar la investigación. La SSC subrayó que la intervención se realizó a petición del representante legal del plantel, en respuesta a los señalamientos de las alumnas.

El video que documenta la agresión del profesor contra la alumna fue difundido en redes sociales y rápidamente generó debate. Los comentarios están centrados en la gravedad del acoso y cuestionamientos sobre el comportamiento del profesor. Algunos usuarios insistieron en la necesidad de que las autoridades y la escuela implementen medidas preventivas para evitar situaciones similares.

Este caso refleja la importancia de la vigilancia y respuesta institucional ante presuntos actos de acoso en entornos educativos. La Fiscalía continuará con la indagatoria para recabar evidencia, verificar los hechos y definir la responsabilidad legal del maestro, quien permanecerá bajo investigación mientras se determina si enfrenta cargos formales por violación a las leyes de protección a menores y acoso sexual.

La periodista deportiva Inés Sainz volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir un episodio delicado que vivió durante su carrera profesional, evidenciando los riesgos a los que se enfrentan las mujeres en el ejercicio del periodismo deportivo.

Durante una charla con Jorge Van Rankin, la integrante de TV Azteca relató una experiencia incómoda que ocurrió mientras buscaba entrevistar a un futbolista brasileño que recientemente había sido fichado por el AC Milan. Aunque decidió no revelar la identidad del jugador, aclaró que se trataba de un elemento ofensivo y no de un guardameta.

La comunicadora explicó que, tras enterarse de la llegada del futbolista al club italiano, gestionó una entrevista directamente con la institución. Luego de obtener la aprobación, viajó a Milán para concretar la conversación, sin imaginar el momento que enfrentaría.

“Él accede (a dar la entrevista). Se estaba quedando en un hotel frente a la Gran Estación de Milán y dice “Le puedo dar la entrevista en el hotel”. Eso es común. Entonces yo voy con mi camarógrafa, entramos y nos dijeron que la entrevista iba a ser en la salita de su suite”.

De acuerdo con su testimonio, la situación cambió de manera repentina cuando el entorno dejó de ser seguro. Según narró, el representante del jugador intervino para que su acompañante saliera del lugar, lo que provocó que ella quedara sola dentro de la habitación con el futbolista.

Fue en ese momento cuando, según su relato, el jugador comenzó a invadir su espacio personal de forma insistente. “Él se empieza a acercar, se empieza a acercar. A quererte abrazar, a quererte besar. Terrible el momento. Soy taekwondoin, así que saque todo lo que tenía y le di una patada (en la zona de sus genitales) con todo”, rememoró.

La periodista detalló que la situación la obligó a reaccionar de inmediato para protegerse, haciendo uso de sus conocimientos en artes marciales. Su testimonio generó sorpresa entre los espectadores de la entrevista, quienes cuestionaron el comportamiento del futbolista.

Durante la conversación, el conductor profundizó en lo ocurrido al preguntarle directamente si el jugador llegó a tener contacto físico con ella. “¿Te llegó a tocar?”, cuestionó. Ante esto, Sainz fue contundente: “Sí, se acercó a abrazarme y quería forzarme a besarlo”, dijo.

El caso ha reavivado la discusión sobre el acoso en el ámbito deportivo y la vulnerabilidad que pueden enfrentar las periodistas durante coberturas internacionales. Aunque no se ha revelado la identidad del implicado, el testimonio de Sainz pone sobre la mesa la importancia de reforzar protocolos de seguridad y respeto en este tipo de entornos laborales.

El tribunal ha puesto de relieve que los informes médicos recabados recogen que la víctima requirió asistencia por episodios de ansiedad en cuatro ocasiones y recibió tratamiento psicológico específico para víctimas de violencia de género en 2022, 2024 y 2025. Sobre la base de esta documentación y de las declaraciones de testigos, la Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado el recurso presentado por un hombre condenado a un año y medio de prisión por coacciones y acoso a su expareja. De acuerdo con lo publicado por la Audiencia, la víctima deberá además ser indemnizada con 3.000 euros por daños morales.

Según detalló la Audiencia Provincial de Baleares, la relación entre el acusado y la denunciante, madre de su hijo, se extendió durante 19 años, culminando en una separación en febrero de 2021. Desde ese momento, el tribunal señala que el acusado adoptó conductas de vigilancia y hostigamiento, intentando restablecer la relación y sin aceptar el final del vínculo sentimental. Entre los hechos acreditados, según consignó el tribunal, se encuentra la insistente presencia del condenado en el domicilio de la mujer bajo el argumento de visitar a su hijo, así como su asistencia frecuente a lugares que solía frecuentar la denunciante, como el polideportivo donde jugaba al fútbol.

En uno de los episodios descritos en la sentencia, el hombre vigiló a su expareja mientras permanecía oculto tras un automóvil, aprovechando que la mujer se encontraba junto a su actual pareja sentimental. Después de que ambos se marcharon juntos en su vehículo, fueron seguidos durante un trayecto de unos quince minutos por el acusado, según recoge la resolución judicial citada por la Audiencia Provincial de Baleares.

El medio tribunal expuso que estas circunstancias generaron en la víctima una sensación de desasosiego y temor, afectando su capacidad para desenvolverse con normalidad en sus actividades cotidianas. El tribunal argumentó que el miedo a un encuentro con el acusado impedía a la mujer mantener hábitos y rutinas habituales, lo que se tradujo en serios perjuicios para su bienestar.

La Audiencia Provincial de Baleares advirtió que la declaración de la víctima fue considerada "persistente" y que la veracidad de su testimonio se vio reforzada por la información recabada de varios testigos y por documentación aportada durante el proceso. "La coartada defensiva que esgrime el acusado se ve desmentida por la prueba de cargo", recogió textualmente el tribunal en la sentencia.

Además, la institución judicial valoró la actuación de la jueza que dictó la sentencia inicial, al considerar que la descripción de los hechos y la calificación jurídica realizada se ajustan a las pruebas practicadas durante el juicio oral. Según reportó el tribunal, la inferencia realizada por la jueza resultó lógica y racional, por lo que la decisión de condenar al acusado se mantiene y su recurso queda desestimado.

En lo que respecta a la situación clínica de la víctima, el tribunal subrayó que los cuadros de ansiedad diagnosticados y la participación reiterada en el Servicio de Atención Psicológica para víctimas de violencia de género constituyen elementos claves que refuerzan la gravedad de la situación vivida por la denunciante. De acuerdo con los datos incluidos en la resolución, estas circunstancias médicas y psicológicas derivan directamente del patrón de hostigamiento que siguió el acusado tras la ruptura sentimental.

Según reiteró la Audiencia Provincial de Baleares en la resolución, la sentencia no ha adquirido firmeza y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la pena impuesta al hombre condenado por acoso y control hacia su expareja seguirá vigente con los términos estipulados por el tribunal, según consta en la resolución judicial.

La sentencia resulta significativa al poner de manifiesto la importancia de los informes médicos y psicológicos y la consideración de elementos probatorios como el testimonio de la víctima y de los testigos. El tribunal incorporó a su razonamiento el impacto documentado en la salud mental de la afectada, aspecto que determinó, junto con el resto de las pruebas, la ratificación de la condena. Según informó la Audiencia Provincial de Baleares, la posibilidad de recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo permanece abierta.

Según declaraciones hechas por Manuel Carbonell, responsable de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba, no se ha valorado debidamente la existencia de pruebas materiales esenciales relativas a la denuncia interpuesta contra el exalcalde Diego Manuel Agüera. En un comunicado dirigido a Europa Press, Carbonell manifestó su decisión de emprender acciones legales tras conocer el cierre judicial del caso por presunto acoso a un menor, y afirmó que la resolución responde a un “archivo técnico por falta de prueba pericial”, lo que, a su juicio, no exime de responsabilidad ni certifica inocencia alguna.

De acuerdo con Europa Press, Carbonell había presentado una denuncia formal en la Fiscalía donde señalaba a Agüera por acoso hacia un alumno menor del centro educativo taurino. La semana anterior, un juzgado de La Algaba decretó el sobreseimiento provisional del caso al estimar que no existía justificación suficiente que acreditara la comisión del delito investigado. Esta resolución coincidió con la información de que Carbonell también ha sufrido “difamación continuada” y se dispone a presentar una nueva denuncia penal, esta vez por “acoso continuado y hostigamiento”.

El comunicado emitido por Carbonell agrega que, aunque acata la decisión judicial, no ha tenido oportunidad de comparecer ante el juez para ratificar el material probatorio presentado, y remarca que el archivo se debió a “déficit de carga probatoria penal”. Europa Press consigna que Carbonell insiste en la existencia material de los mensajes en los teléfonos móviles, subrayando que la inexistencia de sentencia no elimina los hechos ni ampara supuestos actos de difamación a su persona.

En el mismo documento remitido a Europa Press, Carbonell expone que también ha sido acusado en medios de comunicación en relación con un presunto robo de sillas en la Plaza de Toros, suceso que terminó con el cierre de la escuela taurina. Asegura que esta acusación pública se utilizó para “denigrar” su entorno profesional y que, en torno a ella, detectó una “campaña de desinformación”. Según su versión, todo responde a estrategias destinadas a desacreditarlo y generar una “cortina de humo” basada en hechos que califica como “absolutamente falsos”, ya que, al día de hoy, no hay ninguna denuncia policial ni judicial relativa a tal robo.

En palabras de Carbonell, recogidas por Europa Press, el cierre de la escuela y la controversia laboral surgieron cuando se supo que él disponía de capturas de pantalla enviadas por el menor afectado, material que habría puesto en conocimiento de la Fiscalía y que, según afirma, también fue objeto de denuncia por parte de los padres del menor. Además, Carbonell plantea en el comunicado una pregunta respecto a la credibilidad de los padres de la supuesta víctima, cuestionando si se insinúa que ellos también estarían mintiendo acerca de los mensajes recibidos en el teléfono de su hijo.

El responsable de la escuela taurina sostiene, según publicó Europa Press, que la supuesta intención política esgrimida por la defensa de Agüera no encaja con la naturaleza de su denuncia. Argumenta que no existe trasfondo de venganza laboral y que la acusación está fundada en hechos concretos y documentos aportados.

El archivo de la causa contra Agüera fue confirmado judicialmente, según recogió Europa Press, apuntando que el juzgado no halló las pruebas suficientes para mantener abierta la investigación. El exalcalde había renunciado a su cargo el pasado 23 de febrero después de la denuncia presentada por un trabajador municipal que acusaba de acoso a un menor. En declaraciones previas, Agüera señaló públicamente que su dimisión tenía como propósito centrarse en su defensa e indicó que el denunciante “malignamente interpretó una conversación”.

A lo largo de la controversia, según detalló Europa Press, las posiciones enfrentadas han mantenido visible el caso en el ámbito local y regional, y la ofensiva judicial anunciada por Carbonell abre un nuevo capítulo en el conflicto, basado en la defensa de supuestos derechos vulnerados y la existencia de pruebas materiales aún no consideradas en sede judicial.

Una pareja de Carolina del Sur fue condenada a penas de prisión tras ejecutar un plan de acoso y extorsión que, según la fiscalía federal, llevó al suicidio a un empleado de Chick-fil-A con discapacidad intelectual.

La justicia federal les impuso sentencias y ello generó conmoción entre familiares y amigos de la víctima, además de abrir un debate sobre la protección jurídica de personas vulnerables.

Los condenados deberán pagar USD 26.700 de indemnización y enfrentar supervisión tras dejar la prisión

Además de las condenas de 3 años y 5 meses para Trysten Anthony Cullon y 2 años y 3 meses para Jade Ashlynn Stone, ambos de 27 años, el tribunal federal de distrito estableció la obligación de cumplir tres años bajo libertad supervisada al finalizar la prisión, así como abonar USD 26.700 en concepto de restitución.

Según consignó el medio Daily Mail, el fallo emitido el 14 de marzo de 2026 estuvo a cargo del juez federal Max O. Cogburn Jr. Cullon y Stone admitieron haber tramado el plan en septiembre de 2024, aprovechando la confianza de Christopher John Tsoulos, de 37 años, quien tenía discapacidad intelectual y trabajaba de anfitrión en el local de Chick-fil-A, en Charlotte, Carolina del Norte.

El incidente desencadenante ocurrió el 5 de septiembre, cuando Cullon ingresó al restaurante y solicitó el teléfono móvil de Tsoulos “por un acto de bondad” del empleado, relataron los familiares y la fiscalía federal a Daily Mail.

Al obtener acceso al aparato, la pareja intentó intervenir las cuentas bancarias y aplicaciones de pago de Tsoulos, como Cash App y PayPal, pero ante la imposibilidad de apropiarse del dinero directamente recurrieron al acoso virtual.

Descargaron su lista de contactos y procedieron a enviar mensajes amenazantes a familiares, en los que acusaban falsamente a Tsoulos de conducta sexual inapropiada y advertían que revelarían la calumnia a la empresa si no recibían dinero.

Fiscales y la familia sostienen que estas amenazas devastaron el ánimo de Tsoulos, quien terminó quitándose la vida el 8 de septiembre, bajo la creencia infundada de que perdería el empleo o sería encarcelado.

A lo largo de la investigación, la fiscalía federal presentó ante el tribunal mensajes donde los extorsionadores reclamaban USD 300 a cambio de no difundir falsas acusaciones, sumando transferencias desde las cuentas de la víctima que rotulaban como alquiler, gasolina y pago de automóvil.

El padre de Tsoulos, Michael Tsoulos, expresó en su declaración que su hijo no podía comprender la falsedad de los ataques, dada su discapacidad, y dependía de su familia para tareas cotidianas como la gestión económica. La madre, Patricia Buckingham, contó durante la audiencia que el joven aguardaba con ilusión un viaje familiar a Grecia y era aficionado a los entrenamientos de béisbol, situaciones que ilustran su carácter infantil y bondadoso.

Un acoso de tres días tuvo consecuencias irreversibles para la víctima

La campaña de hostigamiento y falsas imputaciones, que duró apenas del 5 al 8 de septiembre de 2024, resultó letal para Tsoulos.

Los mensajes enviados a su madre y hermano lo acusaban de acoso y consumo de prostitución, denuncias que la familia le mostró para advertirle del chantaje y que devastaron su capacidad de discernimiento.

El fallecimiento de Tsoulos, producto de un disparo en el porche de su vivienda, fue descubierto por su padre a la mañana siguiente. El juez Cogburn describió la agresión como “especialmente grave por haber conducido a la víctima al suicidio”.

Durante la audiencia, ambos condenados leyeron cartas de disculpa, mientras la familia del fallecido recordó la personalidad generosa de Christopher, quien también había trabajado en el restaurante familiar John’s Family Restaurant y era valorado por su trato afectuoso con clientes. Su necrológica lo describió como “una luz brillante en la vida de todos los que lo conocieron”, destacó Daily Mail.

La sala estuvo repleta de más de sesenta amigos y parientes, según consignó el medio Charlotte Observer. Algunos asistentes debieron quedarse fuera por falta de espacio. El padre de la víctima agradeció en redes sociales el apoyo y el reconocimiento del tribunal al daño causado, señalando que “la justicia fue servida en parte“.

El fiscal federal Russ Ferguson condenó la acción de la pareja y afirmó: “Cullon y Stone recurrieron a explotar a los más vulnerables para alimentar su adicción a las drogas“.

El agente especial Reid Davis, del FBI, sumó: ”Esta pareja atormentó deliberadamente a un joven con una discapacidad intelectual por beneficio personal“.

Las condenas contrastan con el máximo legal de 45 años y ponen el foco en la protección judicial de personas con discapacidad intelectual

De acuerdo con Daily Mail, Cullon y Stone enfrentaban inicialmente hasta 45 años de prisión por cargos de conspiración para fraude electrónico, extorsión y acoso cibernético. La declaración de culpabilidad por conspirar para cometer ciberacoso redujo el castigo a los 3 años y 5 meses para Cullon y 2 años y 3 meses para Stone.

Christopher John Tsoulos, de 37 años, era un hombre con discapacidad intelectual severa. Trabajaba como anfitrión en un restaurante de Chick-fil-A en Charlotte, dependía de la asistencia familiar para sus actividades cotidianas y era recordado por su amabilidad.

El acoso y la extorsión digitados por Cullon y Stone entre el 5 y el 8 de septiembre de 2024 causaron su suicidio. La sentencia incluye prisión, libertad supervisada y el pago conjunto de USD 26.700 en indemnización, aunque los acusados enfrentaron cargos con penas mucho más graves.

Daily Mail destaca que el caso dejó en evidencia la vulnerabilidad estructural de personas con discapacidad intelectual frente a esquemas de acoso y chantaje, y demostró la respuesta judicial ante delitos cuyo resultado es irreversible.

El avance tecnológico abrió nuevas posibilidades para que las mujeres aprendan, trabajen, se comuniquen, interactúen e incluso participen en protestas sociales. Sin embargo, estos mismos espacios digitales también se han convertido en escenarios donde se reproducen expresiones de violencia machista, sexista y misógina que persisten en la sociedad.

De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 10.6 millones de mujeres de 12 años o más fueron víctimas de acoso en línea. La cifra refleja la magnitud de un problema que ocurre en plataformas digitales y que puede tener consecuencias significativas en la vida cotidiana de quienes lo padecen.

Ante este panorama, especialistas señalan la importancia de contar con herramientas que permitan prevenir la violencia digital, actuar cuando ocurre y brindar apoyo a quienes la experimentan.

Para Luz María Garay Cruz, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional, abordar este fenómeno implica visibilizarlo, problematizarlo y comprender su materialidad, es decir, reconocer cómo impacta directamente en el cuerpo y en la vida de las mexicanas.

¿Qué es la violencia digital?

La académica explica que la violencia digital —también conocida como violencia cibernética— es un concepto relativamente reciente que busca nombrar prácticas que ocurren en internet y que reproducen las dinámicas de agresión estructural que existen fuera del entorno en línea. Estos hostigamientos colocan a las mujeres en situaciones de humillación, sumisión o vergüenza únicamente por su condición de género.

Garay Cruz subraya que lo importante no es únicamente definir o clasificar estas conductas, sino comprender que se trata de experiencias reales que afectan la salud y el bienestar.

Entre los testimonios de mujeres que han sufrido este tipo de maltratos se reportan síntomas físicos y emocionales como náuseas, dolores de cabeza, ataques de ansiedad o depresión.

En algunos casos, las víctimas han tomado decisiones drásticas para alejarse de la violencia, como cambiar de casa o modificar su turno escolar. En situaciones extremas, particularmente entre jóvenes y adolescentes, el impacto ha sido tan severo que han atentado contra su vida.

Según los datos del MOCIBA 2024, en el país 18.9 millones de personas usuarias de internet mayores de 12 años experimentaron ciberacoso. De ese total, 10.6 millones correspondieron a mujeres, con una alta incidencia entre los grupos de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29.

Cómo identificar la violencia digital

Las experiencias reportadas por las mujeres muestran que este tipo de agresión adopta distintas formas. Entre las más frecuentes se encuentran el envío de insinuaciones o propuestas sexuales no solicitadas.

También se registran amenazas de divulgar información personal, audios o videos con fines de extorsión. Otras prácticas incluyen el rastreo de cuentas o sitios web, llamadas ofensivas, provocaciones para generar reacciones negativas y la publicación o incluso venta de imágenes o videos con contenido sexual.

Garay Cruz señala que, aunque cualquier persona puede enfrentar situaciones como la suplantación de identidad, los datos evidencian una fuerte presencia de violencia machista, misógina y sexual dirigida contra la jóvenes y adultas.

Un ejemplo es el grooming, práctica facilitada por el anonimato en redes sociales mediante la cual hombres adultos se hacen pasar por personas de corta edad para establecer contacto con niñas o adolescentes.

A través de estas interacciones buscan obtener información personal o fotografías íntimas, o envían imágenes sexuales sin consentimiento para posteriormente amenazar con difundirlas.

Prevención y autocuidado digital

Frente a este fenómeno, especialistas destacan la importancia de fortalecer las capacidades digitales de las personas. Garay Cruz explica que el acceso a la información y la comunicación constituye un derecho humano, por lo que es necesario desarrollar habilidades en tres niveles.

El primero es el nivel instrumental, que implica aprender a utilizar la tecnología y aprovechar sus ventajas. El segundo corresponde al ámbito cognitivo-crítico, enfocado en comprender la información, identificar sesgos de género, discursos de odio y reconocer situaciones de violencia. Finalmente, el nivel digital-comunicativo permite conocer los lenguajes de los entornos digitales y producir contenidos propios.

En paralelo, el autocuidado en internet es una medida fundamental. Entre las recomendaciones se encuentra utilizar contraseñas seguras que combinen caracteres, letras mayúsculas, minúsculas y números, además de evitar repetirlas en distintos dispositivos o cuentas.

Asimismo, se aconseja revisar las cookies de los sitios web y rechazar aquellas que generen dudas, emplear plataformas alternativas o con cifrado de seguridad, configurar perfiles privados si se desea y conocer las normas comunitarias de cada plataforma. También es posible bloquear rastreadores para proteger la información personal.

Para la académica, visibilizar la violencia digital y fortalecer la educación en seguridad tecnológica son pasos clave para que las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a participar en los espacios digitales sin enfrentar agresiones.

¿Hablarle a una mujer es delito?

Ayer, 11 de marzo de 2026, en la sección del “Detector de Mentiras”, se exhibió un pequeño fragmento donde El Temach afirma: “Si ya te quejaste, si ya metiste una ley para que los hombres no te puedan ni voltear a ver porque se van a la cárcel, entonces un poquito de congruencia”. Motivo por el que fue desmentido.

Cabe destacar que junto a otros creadores de contenido, este influencer difunde material digital con información confusa o errónea de manera constante, incluso, ha sido señalado por minimizar la violencia contra las mujeres. Su discurso ha tomado relevancia en los últimos años entre hombres jóvenes, para quiénes sus palabras retumban como una especie de manual, sin mayor cuestionamiento.

En la conferencia de la presidenta se desmintió uno de los dichos del influencer, reiterando como mentira lo referido en el clip:

“. La ley sanciona el acecho, definido como un patrón de conducta reiterado, persistente y no deseado, como vigilar, seguir u hostigar, lo que genera temor fundado o afecta la estabilidad emocional de la víctima. Hablar a una mujer no es delito. El acoso y la intimidación sistemática sí lo son”.

Ley Valeria, una lucha de casi 10 años

Valeria Macías, activista social, teatrista, escritora y profesora de la universidad de Nuevo León, ha sido la impulsora de esta ley que lleva su nombre. En 2017 un exalumno la acecho, su agresor la veía fijamente, mandaba mensajes de manera masiva por distintas vías, las llamadas telefónicas no se hicieron esperar, bloquearlo no sirvió.

Cuando intentó presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la fiscalía de Nuevo León, las autoridades restaron importancia a su denuncia. También se topó con que la agresión que sufría no coincidía con las figuras de acoso, hostigamiento o abuso sexual definidas en la ley, ni estaba reconocida como delito, Macías decidió impulsar una reforma tanto en el ámbito estatal como federal para que ese tipo de violencia fuera incluido en la legislación mexicana.

Sin embargo, las prioridades legislativas dejaron en la congeladora la iniciativa hasta el 17 de febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para tipificar como delito el acecho.

Esto es lo que aprobó la Cámara de Diputados

La Ley Valeria fue aprobada en los siguientes términos:

• Se modifica el nombre del Capítulo I, Título Decimoctavo, que ahora se llamará “Acecho, Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal”.
• Se agrega el artículo 281 Bis, que establece penas de dos a cuatro años de prisión y hasta cuatrocientos días de multa para quien:
• • Reitere actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado.
  • Intimide o se entrometa de cualquier forma sin consentimiento ni autorización legítima.
  • Provoque daño en la salud psíquica de la persona ofendida o altere su vida cotidiana.
• La pena aumentará hasta en una mitad si la víctima es menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
• El delito se perseguirá solo si la parte ofendida lo solicita.

Aunque la ley Valeria todavía no ha sido aprobada por el Senado a nivel federal y, por tanto, no ha comenzado a regir, las instancias competentes cuentan con la obligación de intervenir.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por acosar a través de mensajes privados de Instagram a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Las autoridades están investigando una causa por amenazas y ciberacoso contra la líder del partido y exministra del Gobierno.

Como ha confirmado EFE, las detenciones tuvieron lugar en febrero. Una de ellos, un hombre de 49 años sin atecedentes, fue detenido en Toledo, mientras que el segundo de ellos, de 30 años fue arrestado en el municipio valenciano de Xirivella, este sin antecedentes.

Según ha señalado la Policía, uno de ellos habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante.

Belarra, pero también Montero y Rita Maestre

Belarra es la segunda dirigente de Podemos que denuncia acoso en los últimos días. Este domingo 8 de marzo, la exministra de Igualdad y actual eurodiputada Irene Montero, aseguró haber recibido amenazas de muerte atribuidas al grupo 764, una organización neonazi que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI consideran terrorista. Pero como informó Podemos, las amenazas señala su domicilio, donde también residen sus tres hijos, y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Por este motivo, solicitó protección al Ministro de Interior.

Por si fuera poco, la semana pasada la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, denunciaba en sus redes sociales que lleva un año sufiriendo acoso. “Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

Esta situación provocó que, según su testimonio, varios hombres aparezcan en la puerta de su casa, a cualquier hora del día. “Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas”, explicó.

El pasado martes 3 de marzo, el Ministerio de Igualdad presentó un informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres, revelando que siete de cada diez denuncias recibidas por canales especializados corresponden a agresiones en este entorno. Las afectadas son especialmente mujeres con presencia pública, como es el caso de políticas, periodistas y activistas.

Este miércoles, en la conferencia mañanera, el Gobierno de México, anunció un hecho sin precedentes: Google, Meta y TikTok firmaron junto con la Secretaría de las Mujeres el primer acuerdo voluntario de colaboración para combatir la violencia digital en el país. Tres de las plataformas más usadas por los mexicanos se comprometieron a trabajar de la mano con las autoridades para que internet sea un espacio más seguro, especialmente para las mujeres.

El problema que lo hizo urgente: casi 19 millones de víctimas

Los números son contundentes. En 2024, 18.9 millones de personas sufrieron ciberacoso en México, casi 3 millones más que en 2020. Las mujeres son las más afectadas: 10.6 millones fueron víctimas, frente a 8.3 millones de hombres. Y lo más alarmante es quiénes son ellas: el 57.7% tenía menos de 29 años, incluyendo 2.8 millones de niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años.

No es el mismo acoso para hombres y para mujeres

El ciberacoso no se vive igual según el sexo. Las mujeres reciben principalmente insinuaciones sexuales (29%), contenido sexual no deseado (27.5%) y suplantación de identidad (20.5%). Los hombres, en cambio, enfrentan sobre todo mensajes ofensivos (25.9%) y provocaciones. Además, cuando las mujeres son víctimas, el impacto emocional es más severo: reportan el doble de miedo que los hombres (34.5% vs 16%) y mayores niveles de inseguridad, estrés y desconfianza.

X: convocada, pero ausente

Hay una plataforma que brilla por su ausencia en la firma: X, antes Twitter. La Secretaría de las Mujeres confirmó que fue convocada al proceso de diálogo, pero la red social de Elon Musk argumentó no tener oficina en México y no se presentó a ninguna de las reuniones. Esto no es un dato menor: según las autoridades, X es una de las redes donde más se expresan el odio y la violencia contra las mujeres, incluida la propia Presidenta de la República, y donde existe un negocio documentado detrás de la compra de cuentas usadas para campañas de acoso. El gobierno dejó claro que no quitará el dedo del renglón en ese tema.

¿Qué se comprometieron a hacer las plataformas?

El acuerdo se divide en dos grandes ejes.

1. En prevención: Google, Meta y TikTok lanzarán campañas educativas, reforzarán sus normas comunitarias y publicarán una Cartilla de Seguridad Digital.
2. En atención: Se establecerán canales directos entre las empresas y las Fiscalías y Policías Cibernéticas del país, se facilitará el retiro de contenido íntimo no consentido y se habilitará la Línea 079, opción 1, para primeros auxilios emocionales a víctimas de violencia digital.

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, denunció ser víctima de una campaña de ciberacoso en redes sociales luego de que su partido manifestara su rechazo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora aseguró que los ataques no solo provienen de la oposición, sino también de perfiles vinculados al propio movimiento político al que pertenece.

Durante su intervención en tribuna en la Cámara de Diputados, Aguilar afirmó que en los últimos días ha recibido múltiples insultos relacionados con su aspecto físico y su postura política, los cuales se han difundido de forma constante en plataformas digitales.

Entre los calificativos que mencionó se encuentran “chueca”, “Cuasimodo”, “la chueca del bienestar” y “traidora”.

La diputada señaló que estos ataques comenzaron después de que el PT expresó críticas hacia la propuesta de reforma electoral que actualmente se discute en el Congreso, lo que, según dijo, generó una reacción hostil dentro del propio bloque político.

Ciberacoso contra Lilia Aguilar tras postura del PT sobre reforma electoral

La legisladora explicó que los ataques se intensificaron durante los últimos siete días, justo antes de la discusión legislativa de la reforma electoral. Desde la tribuna, aseguró que el hostigamiento digital ha buscado desacreditarla y presionarla políticamente por la posición adoptada por su partido.

Aunque reconoció que no es la primera vez que enfrenta violencia digital, expresó preocupación porque esta vez provenga también de sectores cercanos al movimiento político que integra Morena, el PT y el PVEM.

Aguilar consideró que este tipo de prácticas debilitan la discusión democrática y afectan la posibilidad de construir consensos dentro del bloque oficialista.

Diputada presenta iniciativa contra el ciberacoso en el Código Penal

En el mismo contexto, la legisladora recordó que presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de sancionar el ciberacoso.

La propuesta busca establecer disposiciones específicas para combatir la violencia digital, un fenómeno que —afirmó— ha aumentado en el ámbito político.

Durante su discurso, subrayó que la experiencia personal que ha vivido en los últimos días refleja la urgencia de contar con herramientas legales para frenar este tipo de agresiones en internet.

Lilia Aguilar defiende su patrimonio ante señalamientos

La diputada también respondió a cuestionamientos sobre su patrimonio, luego de que se difundieran versiones sobre el valor de algunas de sus propiedades.

Aguilar aseguró que todos sus bienes están debidamente declarados y que no tiene nada que ocultar.

Incluso, desde la tribuna afirmó que su vivienda —cuyo valor se ha estimado entre 16 y 24 millones de pesos— fue adquirida con recursos lícitos, por lo que rechazó que estos señalamientos se utilicen para desacreditar su postura política.

Llamado a la unidad dentro del movimiento de la 4T

En su intervención, Aguilar hizo un llamado a la unidad entre las fuerzas que integran la llamada Cuarta Transformación, al advertir que la intolerancia interna puede debilitar el proyecto político.

Recordó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el riesgo de que los movimientos políticos se fracturen desde dentro, y advirtió que los desacuerdos no deben convertirse en ataques personales.

A pesar de la polémica, la legisladora aseguró que el PT mantendrá su postura frente a la reforma electoral y continuará defendiendo la pluralidad dentro del movimiento.

Insultos que denunció la diputada Lilia Aguilar

Durante su discurso, la legisladora enumeró algunos de los mensajes que ha recibido en redes sociales:

• “Chueca”
• “Cuasimodo”
• “Popeye”
• “La chueca del bienestar”
• “Traidora”

Aguilar sostuvo que este tipo de expresiones reflejan un intento de descalificación personal que, lejos de fortalecer el debate político, contribuye a polarizar el ambiente dentro del oficialismo.

Finalmente, reiteró que su partido no retrocederá en su posición y defendió el derecho a disentir dentro del bloque político que gobierna el país.

El Gobierno de Puebla informó que iniciará una investigación contra funcionarios señalados públicamente por presunto acoso y violencia de género durante las movilizaciones del 8 de marzo de 2026, luego de que sus fotografías y nombres aparecieran en tendederos de denuncia colocados por manifestantes durante las protestas del Día Internacional de la Mujer (8M).

La información fue confirmada por el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, quien señaló que las autoridades tomaron nota de las denuncias públicas realizadas por mujeres durante las marchas y que se revisarán los señalamientos para determinar si existen responsabilidades.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno analizará los casos que surgieron durante las protestas para esclarecer si los trabajadores públicos incurrieron en conductas indebidas o en algún tipo de violencia contra mujeres.

¿Quiénes son los funcionarios ‘doxeados’?

Durante las movilizaciones del 8M en la ciudad de Puebla y municipios cercanos, colectivas y manifestantes instalaron tendederos de denuncia, espacios donde se colocan fotografías o nombres de presuntos agresores para visibilizar casos de violencia y acoso.

En uno de estos espacios apareció la fotografía de Arturo Solano, delegado de Bienestar de la Región 21 en Atlixco, quien fue señalado públicamente por presuntamente acosar a mujeres que trabajan en su área. Su imagen fue colocada en el Palacio Municipal con señalamientos y apodos utilizados por las manifestantes para denunciar el presunto comportamiento.

Además, durante las protestas también se mencionó a Marco Antonio P. S., quien fue señalado como supuesto director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal. Sin embargo, el gobierno aclaró que la información es incorrecta, ya que la titular de esa área es Fanny Susana Bautista Cruz.

A pesar de ello, las autoridades indicaron que revisarán todas las expresiones y acusaciones públicas surgidas durante las movilizaciones.

Testimonios y denuncias marcaron las protestas

Las movilizaciones del 8M en Puebla incluyeron diversas actividades de denuncia pública, entre ellas un micrófono abierto organizado en la marcha denominada “Latido Común”, donde mujeres compartieron testimonios de violencia y exigieron mayor atención institucional.

En estos espacios participaron víctimas de violencia vicaria, estudiantes, docentes y funcionarias públicas, quienes expusieron distintas formas de violencia que han vivido en ámbitos laborales, familiares e institucionales.

También se sumaron madres de familia que denunciaron situaciones de violencia relacionadas con estereotipos y presiones sociales vinculadas con la maternidad.

Tendederos durante el 8M

Los tendederos de denuncia se han convertido en una práctica recurrente durante las movilizaciones feministas en México. En ellos, mujeres colocan fotografías, nombres o testimonios para señalar a presuntos agresores y visibilizar casos que, en muchos casos, no han sido denunciados formalmente.

Estos espacios suelen incluir señalamientos contra docentes, funcionarios públicos, políticos, integrantes de medios de comunicación y otras figuras señaladas por violencia de género.

De acuerdo con colectivos feministas, la intención es romper el silencio y presionar a las autoridades para investigar las acusaciones, especialmente cuando las víctimas consideran que no han obtenido justicia por vías institucionales.

En una decisión histórica para la justicia y la protección de las mujeres en México, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la denominada Ley Valeria, una reforma al Código Penal Federal que tipifica el acecho como delito en México.

La reforma legislativa, aprobada el pasado 18 de febrero de 2026, representa un avance significativo para combatir conductas de seguimiento, vigilancia e intimidación reiterada que hasta ahora quedaban en un vacío legal, dejando a las víctimas sin una vía eficaz de sanción.

La llamada ley Valeria, bautizada así en honor a Valeria Macías —quien fue víctima de acecho durante años sin que existiera una figura legal que lo sancionara— incorpora este tipo de violencia persistente como delito autónomo. Con su aprobación en la Cámara Baja, quien vigile, persiga o intente comunicarse sin consentimiento de forma reiterada con otra persona, alterando su vida cotidiana y seguridad, podrá ser sancionado con penas de uno a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa.

La iniciativa fue impulsada por legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas, con especial énfasis de la diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano. Ésta responde a un reclamo social de años para cerrar un vacío legal que permitía la impunidad de conductas obsesivas y peligrosas, incluso cuando estas derivan en violencias mayores.

Además de tipificar el acecho, las reformas aprobadas buscan fortalecer el marco contra la violencia hacia las mujeres, incluyendo penas más severas para el acoso y el abuso sexual, así como mecanismos legales más claros para y adjudicación de medidas de protección para las víctimas. El dictamen ahora se turnará al Senado de la República para su discusión final antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Organizaciones civiles y especialistas han destacado que el avance no solo brinda herramientas jurídicas, sino que también envía un mensaje de que el Estado reconoce la gravedad de estas conductas y la necesidad de proteger a las mujeres contra formas de violencia que antes no eran castigadas eficazmente.

¿Qué es el acecho?

El acecho es una forma de violencia persistente que consiste en vigilar, seguir, perseguir, espiar o intentar comunicarse de manera reiterada con una persona sin su consentimiento, generando miedo, angustia, intimidación o alteraciones en su vida cotidiana. Este comportamiento puede presentarse tanto de manera presencial como a través de medios digitales.

De acuerdo con lo aprobado en la Ley Valeria, el acecho se configura cuando estas conductas son recurrentes y afectan la libertad, seguridad, privacidad o integridad emocional de la víctima, aun sin contacto físico directo.

Características del acecho

• Seguimiento constante de la víctima en espacios públicos o privados.
• Vigilancia o espionaje de rutinas, domicilio, trabajo o actividades cotidianas.
• Intentos reiterados de contacto mediante llamadas, mensajes, correos o redes sociales.
• Uso de medios digitales para monitorear, hostigar o intimidar.
• Comunicación no deseada, incluso a través de terceras personas.
• Conductas repetitivas y persistentes, no hechos aislados.
• Generación de miedo, ansiedad o sensación de peligro en la víctima.
• Alteración de la vida cotidiana, como cambios de rutas, horarios o actividades.

Con su tipificación como delito federal, el acecho deja de ser minimizado y pasa a ser reconocido como una conducta grave, permitiendo la investigación, sanción y aplicación de medidas de protección para las víctimas, principalmente mujeres, quienes son las más afectadas por este tipo de violencia.

Fernanda Redondo, esposa de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, expuso en redes sociales una nueva denuncia.

La joven afirmó que, tras hacer públicas sus acusaciones de violencia doméstica contra el músico, ha sido acosada por el padre del cantante.

En un video difundido en TikTok, Redondo aseguró: “Me ha estado acosando, me ha estado mandando mensajes. Evidentemente ya los borró porque no quiere que la gente vea lo que él me pone, pero me ha insultado, me ha dicho que soy una... pues no lo quiero decir aquí en TikTok, pero una pu..., una cu..., una interesada”.

Fernanda Redondo acusa acoso de su suegro

A través de un video en su cuenta de TikTok, Fernanda Redondo mostró capturas de pantalla de un chat de WhatsApp donde se observan mensajes eliminados.

Según relató, los mensajes provinieron del papá de Rafa González, quien la habría insultado y hostigado tras la denuncia pública contra su hijo.

“Solamente quiero dejar esta evidencia para que estén atentos y cualquier cosa que llegue a pasar, aquí está la prueba”, concluyó Redondo en la grabación.

La publicación ha generado reacciones entre seguidores de la agrupación y usuarios de redes sociales, quienes han pedido a las autoridades atender la situación y garantizar la seguridad de la denunciante.

Denuncia contra Rafa González y respuesta de la familia

El conflicto familiar tomó notoriedad después de que Fernanda Redondo hiciera pública una denuncia por violencia de género contra Rafa González, integrante de Los Recoditos.

La mujer compartió en TikTok videos donde mostró heridas y aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas a lo largo de 12 años de relación. Redondo relató que el episodio más reciente ocurrió tras negarse a organizar una reunión en su casa, situación que derivó en un ataque violento.

En entrevista para Imagen Noticias, Redondo afirmó que su esposo la agredió frente a sus hijos y utilizó un cuchillo durante el altercado.

“Se puso agresivo, me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa”, declaró.

Según su testimonio, la falta de apoyo institucional ha dificultado su búsqueda de justicia. “Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”, señaló sobre su intento de presentar una denuncia formal en la Procuraduría de Sinaloa.

La denunciante también expresó que durante años recibió presiones de su pareja para no denunciar.

Fernanda Redondo responsabilizó al cantante y a su círculo cercano de cualquier situación violenta que pudiera ocurrir en su contra.

La agrupación Los Recoditos, originaria de Mazatlán, se fundó en 1989 y desde entonces ha tenido relevancia en el género regional mexicano. Rafa González se integró al grupo en enero de 2024.

Tras casi cinco años de batalla legal, la actriz Vanessa Bauche obtuvo una sentencia histórica en la industria audiovisual mexicana. Un juez condenó al actor Pascacio López a un año de prisión y al pago de una compensación económica, tras hallarlo culpable de violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabación.

La resolución marca un precedente sin antecedentes en el país, al tratarse de la primera condena penal contra un actor profesional por hechos ocurridos durante una producción televisiva.

Un precedente histórico en la industria audiovisual

La propia Bauche confirmó la sentencia a través de un comunicado, en el que subrayó el alcance del fallo: “Por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones”.

La actriz calificó el resultado como una doble victoria, al tratarse no solo de una sanción penal, sino de un mensaje claro contra la normalización de la violencia en espacios laborales del medio artístico.

El origen de la denuncia contra Pascacio López

En 2020, Vanessa Bauche presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco, luego de trabajar con López en la serie Guerra de vecinos. La acusación incluyó violencia, acoso, hostigamiento y calumnias, en un contexto que —según la actriz— se agravó por la pandemia.

Bauche relató que atravesó el proceso “lejos de la familia y bajo condiciones que incluyeron acoso, humillación, difamación y riesgo sanitario”, al asegurar que fue besada fuera del guion por el actor, quien además era positivo a COVID-19.

De manera paralela, en 2022 la actriz interpuso una demanda civil por daño moral en la Ciudad de México. “Presenté una demanda civil por daño moral en la CDMX, derivada de una campaña difamatoria, revictimizante y misógina”, explicó.

En 2024, esa demanda también le fue favorable, al reconocerse daños psicológicos, patrimoniales, a su imagen pública y a su salud integral.

Opinión pública y efecto disuasivo

Durante un análisis en televisión, los conductores Ricardo Casares y Flor Rubio coincidieron en que el caso ya es “cosa juzgada” y representa un triunfo legal para Bauche.

Rubio subrayó que la actriz fue “tachada de loca y mentirosa” en su momento, pero que hoy “es la ley quien le está dando la razón”. Casares añadió que este tipo de sentencias hacen que “el próximo acosador se lo piense”, al existir consecuencias reales.

Más allá de lo personal, la resolución se perfila como un parteaguas para el medio artístico, al establecer que la violencia dentro de un set sí puede y debe tener consecuencias penales.

El Ministerio de Ciencia solicitará este viernes el cese del gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, tras conocerse la denuncia presentada por la entonces secretaria general del organismo, Laura Muñoz, por un presunto caso de acoso. El departamento que dirige Diana Morant ha condenado “de forma rotunda” unos hechos que considera impropios de una institución científica de referencia y elevará la petición al Patronato del centro.

Fuentes ministeriales han explicado a Europa Press que la decisión se adopta tras conocer el contenido de la denuncia y las informaciones publicadas sobre el caso. “Tras las informaciones publicadas y tras conocer los hechos descritos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO”, han señalado desde el departamento. La solicitud formal de cese se presentará en la reunión prevista del Patronato.

La denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2025 ante el área de Recursos Humanos del centro. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, Laura Muñoz exponía su situación laboral y pedía amparo ante posibles represalias, subrayando que no pretendía generar conflicto ni promover actuaciones disciplinarias. “Lo único que pretendo es solicitar amparo en caso de que, al tratar de normalizar mi situación laboral o marcar límites razonables, se produzcan consecuencias negativas”, señalaba.

Deterioro progresivo de su situación laboral

Muñoz había trabajado durante doce años en el CNIO como secretaria ejecutiva de gerencia a través de una empresa externa y pasó a integrarse en la plantilla de la fundación el 26 de febrero de 2025 como secretaria general. Según su relato, que recoge ABC, la situación cambió pocos meses después, tras la incorporación de José Manuel Bernabé como gerente el 1 de septiembre de ese mismo año.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso el citado diario, la entonces secretaria general describía un progresivo deterioro de su situación laboral. Según explicaba, tras la llegada del nuevo gerente se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal que calificaba de poco habitual, lo que con el paso de las semanas le hizo sentirse cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

Muñoz relataba que, como el resto del personal, disfrutaba de un horario flexible de entrada entre las siete y las diez de la mañana. Sin embargo, aseguraba que el gerente mostró su desacuerdo con este sistema y le transmitió que necesitaba trabajar “codo con codo” con ella y poder despachar de manera constante. Aunque modificó su horario para coincidir con la jornada del responsable —llegando incluso antes que él—, sostenía que la situación no mejoró y que no le constaba que se hubiera aplicado el mismo criterio a otros trabajadores.

Paralelamente, afirmaba haber sido apartada de reuniones y de información organizativa relevante, lo que interpretaba como una pérdida progresiva de funciones. Según el escrito, mientras su papel profesional disminuía, aumentaban las comunicaciones personales con el gerente, una circunstancia que describía como generadora de ansiedad y de un clima de incertidumbre permanente.

Desde el CNIO señalaron en su momento que cualquier queja presentada ante Recursos Humanos se tramita con la máxima confidencialidad y exige preservar el anonimato hasta que la investigación permite llegar a conclusiones.

Temor a represalias

Uno de los aspectos centrales de la denuncia se refiere a los mensajes intercambiados a través de WhatsApp entre Bernabé y Muñoz. Según la entonces secretaria general, el canal comenzó utilizándose para cuestiones estrictamente laborales, pero con el tiempo derivó hacia conversaciones de carácter personal que consideraba inapropiadas dentro de una relación jerárquica.

En su escrito explicaba que el gerente le enviaba con frecuencia fotografías, vídeos y comentarios relacionados con su vida privada. Entre otros ejemplos, mencionaba mensajes enviados desde el gimnasio acompañados de imágenes o referencias a sus relaciones sentimentales. En una conversación, el gerente hablaba de una serie de televisión y del número de relaciones que había mantenido tras una ruptura, comentarios que la denunciante calificaba de incómodos.

Muñoz señalaba que respondía con rapidez y cordialidad por prudencia y por temor a que el silencio pudiera interpretarse como descortesía. Según explicaba, intentaba mantener un tono neutral y recurría en ocasiones al humor o a menciones a su marido para marcar distancia. Aseguraba que no se veía en disposición de contrariarle, especialmente en un contexto en el que percibía cambios en sus funciones y condiciones laborales.

La denunciante relataba también que llegó a consultar de manera informal con algunos compañeros si recibían mensajes similares del gerente. Según indicaba, estos le respondieron que apenas mantenían comunicaciones con él fuera de cuestiones laborales.

En el escrito señalaba haber llegado a sentirse desconcertada e incluso asustada por el contraste entre la aparente normalidad de las conversaciones profesionales y el contenido personal de algunos mensajes o correos electrónicos enviados sin causa aparente.

La situación fue puesta también en conocimiento del Patronato del CNIO, cuya presidenta de honor es la ministra de Ciencia. Según fuentes consultadas por ABC, el expediente interno se aceleró tras esta comunicación y el siguiente paso previsto era una entrevista con la denunciante, que finalmente no se produjo porque no se encontraba en condiciones para comparecer.

Unas dos semanas después de presentar la queja, Muñoz fue despedida del CNIO en paralelo a otra denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por un exdirectivo del organismo sobre contratos por valor de 25 millones de euros. El denunciante señalaba a antiguos responsables de la gerencia y situaba a la ex secretaria general entre las personas de su confianza.

El Congreso de Nuevo León recibió la iniciativa de Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, también conocida como ‘Ley Therian’.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo Flores, quien planteó la urgencia de establecer normas claras y específicas que protegan a los jóvenes en un ámbito escolar.

Durante la presentación de la propuesta, Mauricio Castillo acudió acompañado de Luis, un joven de 28 años de edad que se identifica como un caballo, quien compartió que desde muy temprana edad comenzó a identificarse con un caballo.

¿Qué propone la Ley Therian?

De acuerdo a las declaraciones del abogado Mauricio Castillo, la propuesta que será evaluada en el Congreso de Nuevo León, propone lo siguiente:

• Establecer lineamientos para evitar violencia, discriminación u hostigamiento por identidad o expresión personal. Se busca que esto aplique tanto en escuelas públicas como privadas de Nuevo León.
• Implementación de protocolos de convivencia y protección para estudiantes.
• Creación de programas escolares que vigilen la integridad física de los alumnos.
• Orientación a los maestros para saber cómo actuar en casos de riesgo.
• Desarrollar protocolos de seguridad en las escuelas para prevenir situaciones de violencia, daños a terceros o bullying.
• Brindar acompañamiento psicológico a jóvenes Therian.

¿Por qué legislar sobre los therians?

El abogado resaltó la importancia de legislar sobre el tema, considerando la situación actual en Nuevo León.

Explicó que existen al menos 100 jóvenes que se identifican dentro de la comunidad Therian, un grupo que experimenta una conexión profunda con ciertos animales y adopta comportamientos asociados a ellos.

Sin embargo, destacó que estos jóvenes enfrentan obstáculos para expresarse libremente, debido a que sufren hostigamiento y discriminación en diversos espacios, sobre todo escolares.

Añadió que la falta de protección legal agrava la situación, ya que no existen mecanismos claros que garanticen el respeto a la diversidad de expresiones e identidades no convencionales.

Luis, uno de los integrantes de la comunidad Therian, compartió su experiencia: “Yo desearía que nos ayudara la Ley porque me miran en la calle, me miran en mi casa, me tratan como un bicho raro”, expresó.

También realizó algunas demostraciones de sus relinchos, simulando el comportamiento de un caballo, como parte de su forma de identificarse.

Caminar por la calle puede resultar una experiencia muy distinta según el país y la cultura. Sobre todo si eres mujer. Laurent Vargas, colombiana viviendo en España, publicó en su red social de TikTok (@lau.vargas64) un vídeo que reabre cuestiones sobre el machismo o la normalización de patrones machistas en el día a día, como en ese caso el acoso callejero.

Para muchas mujeres, los espacios públicos son escenario de acoso constante, desde comentarios invasivos, hasta tocamientos y persecuciones. Sin embargo, en otros contextos la sensación de seguridad y respeto cambia por completo.

Laurent Vargas, colombiana viviendo en Madrid, relató su experiencia: “Al principio se sentía raro que nadie te dijera absolutamente nada. Ni en el metro, ni en la calle. Pensaba que en este país no gustaba ni era el prototipo de nadie. Sin embargo, cuando conocí más la cultura, me di cuenta de que se trataba de una cuestión de respeto. Es muy cómodo poder vestirme como quiera sin que nadie me esté mirando de manera morbosa”, agregó.

Aunque le haya costado un tiempo, la joven colombiana ya distingue los piropos del acoso sistemático y callejero que sufren las mujeres por cuestión exclusivamente de género. “En Colombia, es supercomún que cuando vas por la calle te digan cosas cómo ‘ay, que linda’, seas quien seas. Entonces, no estamos hablando de belleza, sino de género“.

El acoso callejero en Colombia, que incluye tocamientos, persecuciones y vigilancia en espacios públicos, es un problema muy grave ya que afecta desgraciadamente a casi toda la población femenina. Según un estudio de la Revista RAYA, el 97% de mujeres colombianas han sufrido acoso callejero. Aunque se han aprobado algunas leyes, como la Ley 1257 de 2008, el acoso sigue sin estar completamente estandarizado como delito autónomo, lo que dificulta su sanción y lleva al archivo de muchas denuncias.

Vargas contó una realidad que, desgraciadamente, ocurre más de lo que se piensa. “Me pasó desde muy chiquita, con catorce o quince años. Recuerdo ir caminando sola por la calle y que un tipo en moto o bicicleta me agarró la nalga y se fue. Te sientes tan mal, es horrible y asqueroso”. Una encuesta de la Universidad ECESI y el Observatorio de Equidad de Género de Cali encontró que 1 de cada 4 mujeres colombianas ha sido manoseada en la calle.

Una realidad diferente

Mudarse a Madrid ha permitido a Laurent Vargas ver una realidad diferente. La ausencia de comentarios invasivos o gestos sexuales protegen su integridad física y le permiten desplazarse, vestirse y expresarse sin miedo. “Hay días que me levanto más extrovertida, más sensual o más coqueta. Puedo ponerme esa blusa con escote y no que me pase nada. O si estamos en verano con mucho calor, ponerme un vestido más ceñido o fresco y que no me morboseen en la calle”.

Para Laurent, la diferencia no trata de sentirse ignorada, sino de una sensación de libertad enorme. “No estoy diciendo que nunca vaya a pasar aquí o que aquí no ocurra, pero si te sientes más segura. Y es un acto de libertad. En cómo vestirte y en todo lo demás. Me parece liberador y espectacular”, concluyó.

Tengo dos hijas y mi mayor temor es que su seguridad se vea vulnerada fuera del control que puedo ejercer como padre. Y recientemente, sentí muy cercana esa posibilidad cuando estaba navegando por Facebook y de repente me apareció publicidad de una aplicación que ofrecía un servicio para generar contenido de mujeres desnudas, a partir de fotos reales procesadas con inteligencia artificial.

La situación no se presentó una o dos o tres veces. Al quedar impactado por lo directo que era el anuncio, interactúe con la publicación y el algoritmo empezó a recomendarme muchas más aplicaciones similares, incluso en Instagram.

Todo este sacudón se hizo más fuerte cuando quise realizar una prueba para entender cómo funcionaban estas apps y al agregar una foto de dos menores, generada previamente con IA, el resultado fue una imagen detallada de nos niñas desnudas y con un contenido en el que se notaba que la aplicación entendía que los cuerpos que yo le estaba presentando eran de dos menores.

Esto lo hice en segundos, interactuando con la publicidad de Facebook, que me llevó a una tienda digital de aplicacion para descargarla (donde se mostraba como una plataforma de moda) y sin tener que pagar nada para generar la imagen, que luego descargue en mi teléfono.

Así de sencillo es vulnerar los derechos de los niños, de los jóvenes y de cualquier mujer o persona, que sube una foto en redes sociales y puede ser tomada por alguien para generar un contenido de abuso y acoso. Una facilidad que impacta aún más cuando, según el Instituto Global de Seguridad Infantil Childlight, más de 300 millones de niños al año en el mundo son víctimas de explotación y abuso sexual facilitados por la tecnología. Algo que sucede cada 10 segundos.

Cómo son estas aplicaciones de IA que se promocionan en Facebook

DopaMax, WonderViz, VipClip, PlayAI, ViYou Lite, Selfyz AI, AI Girls, Aureel, Photo Lab… Todas estas aplicaciones están siendo promocionadas en Facebook, sin ningún tipo de censura, ofreciendo la posibilidad de generar contenidos explícitos de manera gratuita.

Estos nombres también aparecen luego en las tiendas de aplicaciones para su descarga sin restricciones, escondiéndose en fachadas de aplicaciones de moda, para probar ropa o como editores de fotos con IA, pero que al ingresar dan la posibilidad de desnudar personas, crear videos para adultos o animaciones de dos personas besándose.

“Hay un montón. Vemos foros de Reddit con el top 10 de mejores aplicaciones para desnudarse, es decir, es algo que no está oculto. Esto lo vemos todos los días, desde lo relacionado con lo erótico, hasta casos de bullying. Y estamos en una desregulación total, porque esto funciona y no hay quien esté controlando y cada vez es más perfecto el contenido”, aseguró a Infobae, Fabiana Ramírez, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.

El funcionamiento de estas aplicaciones es muy sencillo. Descargarlas no tiene restricciones, porque están disponibles en la tienda de Android y su límite de edad es de +13 años.

La mayoría de las apps ofrecen un par de solicitudes gratuitas para después empezar a cobrar por más servicios y opciones de contenido, como videos o cambios de rostro en diseños preestablecidos.

Y, en general, las imágenes generadas suelen ser muy parecidas: toma el rostro de la persona y lo lleva a un cuerpo delgado, desnudo y con un tono de piel similar. Pero con los niños suelen entender que el tipo de cuerpo es diferente y se adapta a lo que sería una menor desnuda con esa edad.

Los riesgos a los que están expuestos los menores en estas aplicaciones

Esta no es una realidad nueva. Los deepfakes son una tendencia desde hace años y la IA los ha perfeccionado. En Colombia, Red PaPaz, organización enfocada en la protección de los derechos de los menores en internet, tiene reportes de múltiples casos en los que los mismos compañeros en colegios generan imágenes para acosar a niñas.

“En un colegio, niños de 13 años, crearon imágenes con IA de niñas mayores, que tenían 15 años, simplemente por gusto y placer. Encontraron la manera fácil de hacerlo por una aplicación gratuita. Luego las empezaron a mover por grupos de jóvenes, que tenían en redes sociales y WhatsApp. Después hubo uno de ese grupo de adolescentes que se lo pasó a otro y así entre otros. La cadena más o menos se demoró 40 minutos en expandirse”, contó Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro - Viguías de Red PaPaz.

Un caso en el que el gusto y el placer fue el motivo, pero hay reportes de acoso o extorsión bajo este formato de imágenes falsas generadas con IA. Como lo que sucedió con una menor de 12 años en 2023 en Almendralejo, en España, a quien le estaban exigiendo dinero para evitar la publicación del contenido. Una denuncia que luego destapó 20 casos similares en esa región.

Además de la exposición a otros, quienes usan estas aplicaciones también corren riesgos de ciberseguridad. Fabiana Ramírez contó que, de las aplicaciones promocionadas en Facebook, la mayoría no tenía datos encriptados, lo que implica que si la plataforma es vulnerada, toda la información compartida por el usuario queda expuesta, incluyendo los datos de pago.

Qué dicen Facebook y Google ante este panorama

Aquí es donde la magnitud de las redes sociales y las tiendas digitales entra en juego. Si bien Facebook y las tiendas de aplicaciones cuentan con sistemas de restricción, sanción y eliminación contra este tipo de aplicaciones, claramente las cerca de 10 apps encontradas por Infobae lograron sobrepasar esos filtros, siendo promocionadas en la plataforma de Meta y luego pudiéndose descargar en la tienda de Android.

Desde Meta aseguran que además de “eliminar estos anuncios y bloquear los enlaces a los sitios que las alojan”, han desarrollado nuevas medidas para combatirlos, una de ellas es “demandar a una empresa que infringió nuestras reglas reiteradas veces al intentar publicar este tipo de anuncios”.

En el caso de Google, la respuesta oficial fue un enlace al reglamento de contenido inapropiado que no está permitido en la tienda: “aplicaciones que incluyan o promuevan contenido sexual”, “aplicaciones que distribuyan contenido sexual sin consentimiento”, entre otros. Opciones que estaban en las apps probadas, pero que en la tienda no eran mostradas, sino ocultas bajo la fachada de otro tipo de servicio, como cambiar la ropa de una foto.

Una serie de limitaciones y reglamentos que no apagan el temor inicial: nuestras hijas, hermanas, esposas, mamás, novias, amigas, compañeras de trabajo o estudio están expuestas a que su rostro esté en una imagen falsa generada con IA y que se difunda en internet sin mayores restricciones.

En la denuncia presentada, el político relató que mientras mostraba una valla con imágenes de figuras que han colaborado con el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, y, en su opinión, “por los que no se debería votar”, se generaron reacciones adversas que escalaron en las vías públicas de Santander.

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El episodio inicial sucedió en Bucaramanga, cuando, en el puente peatonal de la diagonal 15 con 58, según relató Matri, se le acercó Ferley Sierra, conocido como el profe Ferley, junto con un grupo de colaboradores. El candidato sostiene que fue blanco de insultos y acusaciones como “criminal” y “bandido”, y que le impidieron continuar sus actividades proselitistas. El testimonio subraya que la intervención de la Policía evitó que la confrontación escalara.

Horas después, Matri describió un segundo incidente en el puente de Floridablanca. Indicó que los señores Luis Ferley Sierra, Cristián Avendaño, Carlos Parra y Wilson Danovis encabezaron junto a otras personas un nuevo acto de agresión. Dijo que fue objeto nuevamente de insultos, empujones y calumnias, y agregó que “inclusive, una de estas personas tenía un arma blanca en la mano, quien nos rodeaba y nos amenazaba”. Según el relato, las autoridades intervinieron nuevamente para restablecer el orden.

Matri expuso ante el ente acusador que estos hechos constituyen amenazas, hostigamiento y constreñimiento al proselitismo político, una situación que eleva la preocupación sobre la seguridad de los candidatos en el desarrollo de las campañas en Santander.

“Esta tarde en el municipio de Floridablanca (Santander) en el puente que comunica al centro comercial Parque Caracolí con el Centro Comercial Cañaveral mientras adelantaba actividades políticas fui victima de un atentado donde simpatizantes de un candidato del partido verde dispararon contra mi desde la multitud y amenazaron con cuchillos al equipo de mi campaña del centro democrático a la Camara por Santander #104 (sic)”, escribió en sus redes sociales.

Y agregó: “Esto se da en el gobierno del cambio, orquestado por un presidente que siempre ha incitado al odio y eso es lo que demuestran sus simpatizantes de la primera línea y grupos guerrilleros. Responsabilizo a @petrogustavo a la @PoliciaBmanga a la @FiscaliaCol y la UNP por lo que me pase a mi, a mi familia y a mi equipo de trabajo..”.

Entre los pronunciamientos más destacados posteriores al hecho, la candidata presidencial Vicky Dávila describió el ataque como una muestra de la violencia que sufren algunos sectores de la sociedad: “Mauricio Matri resistió el ataque de los extremistas de izquierda. Aquí todos estamos en peligro en manos de esta gente violenta. Un abrazo, Mauricio, y bendiciones”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Andrés Forero, aspirante al Senado, exigió garantías para la integridad del candidato y el ejercicio democrático: “Total rechazo a los graves actos de violencia de los que ha sido objeto nuestro candidato a la Cámara en Santander. Le exigimos al Gobierno nacional garantías de seguridad para poder hacer campaña. Hacer política no puede costar la vida”, expuso en la misma plataforma.

La respuesta de la Alianza Verde a las denuncias contra sus militantes

En reacción a la denuncia de Mauricio Matri, los aspirantes a la Cámara de Representantes, Carlos Parra, y al Senado, Cristian Avendaño, publicaron un video que muestra al militante del Centro Democrático arrestado por la Policía Nacional.

Según relataron, el motivo por el que comenzó la discusión fue por presuntas irregularidades en contratos que le habrían sido entregados.

“Así se confronta a los bandidos boquisucios. Con argumentos, porque no tuvo nada que decir cuando le destapamos todos los contratos que le dio el clan Aguilar”.

Un caso de violencia en contra de la mujer dejó como víctima a la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández.

El caso se denunció a través de un video que fue replicado por diversas cuentas en redes sociales después de lo que fue la celebración de La Guacherna.

La participación de la reina se vio empañada durante el desfile de La Guacherna, cuando un hombre la besó sin su consentimiento mientras accedía a tomarse fotografías con los asistentes, destacó El Universal.

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Lo que eran risas y baile resultó en lágrimas por parte de Char, que debido a lo repudiable del acto, lloró de forma desconsolada ante la vista de los demás asistentes, y se alejó corriendo del punto escoltada.

El caso generó el rechazo por parte de los usuarios en las redes sociales al conocerse el video,

Michelle Char Fernández compartió el clip en sus cuentas oficiales y, en la grabación, se le escucha decir: “Oigan, me besaron en la boca”, antes de que las imágenes la muestren llorando por el impacto del momento.

Usuarios en múltiples plataformas digitales expresaron su rechazo a lo ocurrido, pese a que circuló la versión de que todo había sido producto de un accidente.

Comentarios como “eso no es cariño, es agresión” y “nadie tiene derecho a invadir el espacio de otra persona”, dieron cuenta de las muestras de apoyo hacia la reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

El caso abrió el debate dada la proximidad con el público es parte de la labor festiva de las reinas y hacedores del Carnaval, y se mencionó que no deberían quedar expuestos a actos que vulneren sus límites personales.

En un comentario que dejó Char en redes ella mencionó: “Oigan he visto muchos comentarios que hablan sobre el beso de la guacherna y están buscando el usuario del muchacho que lo hizo”.

Seguido a esto la soberana recalcó: “Yo no sé si fue con culpa o si fue sin culpa, en realidad era un momento de euforia, yo estaba abrazando, me le estaba tirando encima a la gente, tal vez me jaló, tal vez fue una mala pasada y quedamos no sé… simplemente todo se salió pues de control pero no debemos fomentar odio".

Al final de su mensaje, Char puntualizó: “Si para mí yo estoy bien, lo último que quiero yo es fomentar rabia y odio contra él que no sé quién es, no lo conozco, pero igual estoy segura que no lo hizo de mala intención y ya pasó. Por favor, no odio”.

Algunas conductas que pueden ser consideradas acoso hacia mujeres en contextos cotidianos incluyen, por ejemplo:

• Comentarios sexuales o insinuaciones no solicitadas, tanto en persona como por mensajes.
• Miradas persistentes o gestos sugestivos de carácter sexual.
• Contacto físico no consentido, como tocamientos, abrazos o rozamientos.
• Seguimientos en la calle, en el transporte público o en espacios cerrados.
• Difusión de rumores o comentarios sobre la vida íntima o apariencia física.
• Envío de imágenes, videos o mensajes de contenido sexual sin consentimiento.

• Propuestas insistentes para salir, a pesar de una negativa clara.
• Obstaculizar el paso o bloquear el camino de manera intimidante.
• Burlas, humillaciones o descalificaciones relacionadas con el género.
• Fotografiar o grabar a una mujer sin su permiso, especialmente en contextos privados.

Estas conductas pueden darse en espacios laborales, educativos, familiares, en la vía pública, en redes sociales o en entornos digitales.

Todas ellas afectan la libertad, la seguridad y la dignidad de las mujeres, dejando el debate abierto en redes, una vez más, acerca de los riesgos que corren las ciudadanas solo por su condición.

El exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt fue víctima de un acto de acoso cuando caminaba por el centro histórico de la capital del departamento de Bolívar.

En un video que fue publicado en las redes sociales, se muestra a un hombre acercándose en forma reiterada para tocar las partes íntimas del exmandatario local, lo que provocó la inmediata reacción del exmandatario.

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En un momento, el exgobernante de la heroica, mientras se encontraba en inmediaciones a la alcaldía de Cartagena al notar la presencia de este sujeto, intentó golpear al sujeto pero huyo de la escena, pero generó que Dau Chamatt lanzara ofensas contra el mismo.

El propio exmandatario manifestó en sus redes sociales que este comportamiento podría haber sido planificado con la intención de ridiculizarlo públicamente, ya que mientras ocurría el incidente, otra persona grababa la escena.

Incluso, no descartó que detrás del lamentable episodio estaría involucrado el actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

“Seguro que es uno de los pullones que tiene Dumek Turbay, porque el tipo es bisexual. Un marica vino a agarrarme las nalgas y salió corriendo, y otro le estaba filmando. Esos son los malparidos que como no tienen la manera de desvirtuar los actos de corrupción que yo digo, vienen y dicen: ‘ay qué marica’ (sic). 73 años de vida y todavía no me he vuelto marica. El marica es el man que tiene su oficina ahí atrás (sic)”, expresó William Dau Chamatt.

A su vez, el exmandatario cartagenero reveló la identificación del supuesto agresor.

“El man resulta ser Jaime Herrera, conocido como el Rasky o Rasquiña, que desde el 13 de noviembre del año 2018, Wilmer Martínez, que me contó de todos los cheques que cambiaron para Dumek Turbay, para financiar la campaña de Lidio García (...) es el mensajero principal y de confianza de los negocios oscuros, que conoce muchos negocios oscuros de Dumek”, precisó.

Adicionalmente, publicó varias imágenes que evidenciarían el vinculo entre Herrera y Turbay. “Hay uno que parece que estuvieron como viajando juntos al Coliseo Romano (...) y ese era el primero de la lista que yo tengo de supuestos maridos de Dumek. Sigan buscándome la lengua y soltaré más. Yo no me quiero meter en la vida privada de la gente, pero si se meten conmigo, yo reacciono también”, puntualizó.

La indignación generada entre los usuarios de internet se ha traducido en múltiples reacciones tras la viralización del video. Por el momento, el alcalde Dumek Turbay no se ha pronunciado frente a la denuncia de William Dau.

Lo que dice la ley sobre el acoso

El acoso sexual callejero en Colombia ha dejado de ser una simple conducta socialmente tolerada para ingresar de lleno al ámbito penal y contravencional, al tiempo que el país avanza hacia un marco legal más robusto y específico.

El núcleo de la protección penal se encuentra en el artículo 210-A del Código Penal Colombiano, que sanciona con penas privativas de la libertad de 1 a 3 años a quien, en su beneficio o el de un tercero, hostigue, persiga o asedie física o verbalmente a otra persona con fines sexuales no consentidos, valiéndose de relaciones de superioridad o autoridad.

Cuando las conductas no configuran un delito, pero afectan la convivencia y la tranquilidad, entra en vigor la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

Este marco legal permite sancionar piropos hostiles, silbidos, gestos obscenos o exhibicionismo sexual en espacios públicos mediante multas tipo 4 y la obligación de asistir a programas de carácter comunitario o pedagógico.

En cuanto al ámbito institucional, la Ley 2365 de 2024 ha reforzado el principio de que toda víctima de acoso sexual —en especial en los entornos laboral y educativo— debe gozar efectivamente del derecho a una vida libre de violencia, y ha impuesto a las autoridades el deber de garantizar rutas de atención integral.

Alejandra Ávalos recordó un episodio de violencia verbal que, aseguró, marcó su vida personal y profesional. En un reciente encuentro con medios de comunicación, la cantante habló de un momento ocurrido hace aproximadamente 20 años, cuando dos colegas del espectáculo acudieron a uno de sus shows y la agredieron verbalmente desde el público.

¿Qué contó Alejandra Ávalos sobre el episodio de bullying?

La intérprete relató que Laura Flores y Érika Buenfil asistieron a una de sus presentaciones y, desde una mesa ubicada cerca del escenario, comenzaron a gritarle comentarios ofensivos relacionados con su físico. De acuerdo con Ávalos, la situación se prolongó durante gran parte del espectáculo.

“Ellas me gritaban, estaban sentadas en la mesa central, pegadas al público, me veían ellas hacia arriba y me gritaban: ‘panzona, celulítica, no te has visto en un espejo, estás horrible’. Yo decía: ‘me lo están diciendo de broma’”,

Pensó que era una broma y las presentó como amigas

Alejandra Ávalos explicó que, en un inicio, creyó que los comentarios formaban parte de una broma entre colegas, ya que consideraba a ambas actrices como amigas. Incluso, decidió presentarlas públicamente durante su show, sin imaginar que los gritos continuarían.

“Las voy a presentar, aquí tengo dos amigas que vinieron a verme, muchas gracias por su asistencia, Laura Flores y Érika Buenfil. Y de repente termina el show, la gente les aplaude y seguían gritándome en las dos horas de show”, añadió.

Un recuerdo que sigue presente

La cantante aseguró que, aunque han pasado dos décadas desde lo ocurrido, el episodio permanece vivo en su memoria. También señaló que, hasta ahora, ambas actrices niegan haberla agredido, lo que ha generado una sensación de incomprensión y dolor.

“Ellas que están desmemoriadas, pero yo que siempre lo he hablado, fue una situación de bullying que viví en mi vida. Claro que fue con ellas, pero claro que en ese momento no tuve las agallas de sacarlas”, expresó Ávalos.

Un proyecto en puerta y una conversación pendiente

El tema cobró mayor relevancia luego de que Alejandra Ávalos confirmara que próximamente compartirá un proyecto profesional con Laura Flores. La cantante adelantó que busca abordar este episodio de manera directa, con la intención de confrontar lo sucedido. “Un día me la voy a agarrar, le voy a decir: ‘a ver Laura, ¿es cierto que no te acuerdas?, a ver qué me dice’”.

La reacción de Laura Flores y Erika Buenfil

No es la primera vez que Alejandra Ávalos expone el tema. En 20220, en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, la cantante abordó por primera vez la situación.

En ese entonces, Buenfil y Flores negaron categóricamente los señalamientos. “Estoy mandando este mensaje en particular a mi amiga Alejandra Ávalos. Tengo recuerdos superlindos de cuando empezábamos nuestra carrera... siempre he tenido un respeto enorme como actriz y no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie”, señaló Laura Flores en un video difundido en sus redes sociales.

En el mismo canal, Buenfil rechazó las acusaciones y lamentó la decisión de Alejandra Ávalos de involucrarla: “Me da mucha tristeza. Lo único que sé es que es una mentira porque soy una mujer que ha trabajado toda la vida para salir siempre adelante”.

El fallo de la Audiencia Nacional señala la falta de pruebas sobre supuestos pagos entre Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, aspecto central para determinar si existió o no encargo formal para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto. Esta conclusión coincide con la solicitud planteada por la Fiscalía, que no presentó acusación alguna durante el proceso, al considerar que no se logró acreditar el pago ni la relación directa entre los implicados y el encargo investigado, tal como detalló Europa Press.

La sentencia, que ha alcanzado notoriedad tras su difusión por Europa Press, absuelve tanto a José Manuel Villarejo como a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid. En el documento judicial, el tribunal explica que no ha podido determinarse que Villarejo o su grupo empresarial, CENYT, hayan solicitado o recibido una compensación económica por parte de López Madrid en relación a la supuesta encomienda de acosar a Pinto. Esta valoración se convierte en uno de los fundamentos principales de la decisión judicial.

Durante el juicio, la letrada que representa a Elisa Pinto sostuvo en su escrito de acusación que López Madrid habría acudido en repetidas ocasiones a las oficinas de CENYT, el conglomerado vinculado a Villarejo. Según declaró la abogada, en diciembre de 2013, el empresario, acompañado de Rafael Redondo —en calidad de abogado, conforme asegura la acusación particular—, se habría presentado directamente en la consulta de la dermatóloga.

La representante legal de Pinto relaciona este encuentro con el supuesto hostigamiento alegado, remarcando que la visita generó temor en la doctora, quien se sintió amenazada porque en ese momento no constaba denuncia alguna, situación que agravó el impacto psicológico del episodio en cuestión. El medio Europa Press informó que la abogada insistió en la intencionalidad de ese acto, aunque la Sala de lo Penal consideró que no se logró establecer la existencia de un acuerdo económico ni de una instrucción formal para incurrir en el acoso denunciado.

Durante las actuaciones, la Fiscalía reclamó la absolución de los acusados, argumentando la falta de indicios sólidos sobre el pago o la existencia de una relación contractual entre López Madrid y Villarejo. Según publicó Europa Press, en el informe final presentado por la parte acusadora, se argumentó la ausencia de pruebas fehacientes para sustentar la vinculación directa de los acusados con el supuesto encargo.

El fallo de la Audiencia Nacional ha generado reacciones en las partes implicadas y pone de relieve la dificultad de acreditar los elementos materiales requeridos para una condena en el contexto de las relaciones entre particulares y presuntos actos de acoso organizados, según lo observado en el desarrollo del caso y detallado por Europa Press. Esta resolución refuerza la relevancia de contar con pruebas claras y directas en procesos penales relacionados con encargos de presunto hostigamiento, especialmente cuando existen declaraciones enfrentadas y los elementos objetivos resultan insuficientes para acreditar la versión de la acusación.

Durante una entrevista transmitida en 'La 1', Margarita Robles, ministra de Defensa, enfatizó que cualquier víctima de hostigamiento merece respaldo y acompañamiento social, al tiempo que alentó a quienes viven situaciones similares a no guardar silencio. El pronunciamiento de la ministra se produjo tras la denuncia de una exconcejala del Partido Popular de Móstoles, quien acusó al alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, de haberla acosado. Según información de Europa Press, Robles subrayó la necesidad de que las mujeres accedan a apoyo institucional y social cuando atraviesan episodios de acoso en cualquier ámbito, sin importar el entorno específico en el que se encuentren.

De acuerdo con Europa Press, Robles expresó su solidaridad con la exedil, destacando que situaciones como la relatada no deberían quedar sin respuesta ni acompañamiento. La ministra realizó un llamado para que las mujeres que se encuentren en circunstancias similares se sientan capacitadas y respaldadas para denunciar, haciendo hincapié en que “todo mi apoyo a cualquier mujer que en este momento tiene miedo a denunciar”. La ministra lamentó en la entrevista que persista la exposición de las mujeres a conductas machistas de forma generalizada en distintas áreas, incluida la política.

Durante la entrevista, Robles manifestó que el acompañamiento institucional es fundamental y extendió un mensaje dirigido especialmente a aquellas mujeres que puedan sentirse solas, desprotegidas o inseguras respecto a dar el paso de realizar una denuncia. “Cada vez que una mujer, en cualquier sitio, es objeto de un acoso, lo somos todos”, afirmó la titular de Defensa, añadiendo su respaldo a cualquier mujer que esté enfrentando tales circunstancias, y muy especialmente a quienes no denuncian por temor o falta de compañía.

Tal como consignó Europa Press, el mensaje de Robles se inscribe en el contexto de la reciente denuncia hecha pública por la exconcejala del Partido Popular de Móstoles, quien señaló haber sufrido acoso por parte del actual alcalde, Manuel Bautista. La denunciante relató que padeció hostigamiento durante su desempeño en el ayuntamiento, lo cual contribuyó a visibilizar una problemática recurrente en diferentes espacios públicos y de gestión municipal.

La ministra recalcó que en el ámbito político persisten comportamientos de carácter machista que afectan especialmente a las mujeres, una situación que a su juicio debe abordarse desde la acción colectiva y el apoyo institucional. Según recopiló Europa Press, Robles exhortó a que se rompa la tendencia al silencio cuando se enfrentan episodios de acoso, recordando la importancia de que las víctimas encuentren acompañamiento y apoyo tanto en instancias formales como en el entorno social.

En el transcurso de la conversación en ‘La 1’, Robles insistió en el mensaje de que las mujeres no deben sentirse desamparadas, ni en política ni en ningún otro lugar, y reiteró que la denuncia es un paso necesario para frenar este tipo de conductas. Según recogió Europa Press, la posición de la ministra busca fomentar el empoderamiento y la protección de las mujeres que atraviesan experiencias de acoso, sobre todo en aquellos contextos donde la exposición pública o la presión política pueden incrementar la sensación de vulnerabilidad.

El caso de la exconcejala mostoleña y el respaldo expresado por Robles reflejan la relevancia del acompañamiento institucional ante el acoso en el ámbito público. El medio Europa Press reportó además que la ministra reiteró su solidaridad “con cualquier mujer que en cualquier momento está sufriendo esto, y sobre todo con aquellas que tienen miedo, o que no se sienten acompañadas, y que por eso no dan el paso de denunciar”.

El mensaje de Robles, dado a conocer por Europa Press, constituye un llamado desde el Gobierno para que quienes sean víctimas de acoso encuentren apoyos tanto sociales como formales, y que ninguna mujer se vea forzada a enfrentar sola una situación de hostigamiento. Además, remarcó la importancia de la denuncia como elemento clave para combatir la perpetuación de conductas machistas, especialmente en esferas institucionales y políticas.

Chicago Stars anunció a la ex futbolista de Tigres Aaliyah Farmer como su nuevo refuerzo para la National Women´s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos.

En medio de múltiples rumores sobre los motivos de su salida del club, el DT de las Amazonas, Pedro Martínez Llosa, rompió el silencio este miércoles en conferencia de prensa:

“Hubo una circunstancia que en este caso decidimos abrirnos y apoyarla y a partir de ahí tenemos la frustración de que se inventen otras versiones, ninguna mujer se debe sentir intimidada, abusada y acosada”, comentó el entrenador.

Este no es el primer caso en que una jugadora se ve obligada a abandonar la Liga MX Femenil debido a problemas de acoso en México, pues lo mismo sucedió con Scarlett Camberos en 2023.

Palabras de Losa sobre las expresiones machistas hacia las mujeres

El entrenador de Tigres Femenil se mostró en contra de las expresiones machistas que algunos usuarios comparten en sus redes sociales hacia las mujeres, manifestando que no es justo que existan ese tipo de comentarios ni para ellos ni tampoco para los mismos hombres:

“Las medidas son de la sociedad, nosotros como club la hemos apoyado hasta donde hemos podido. La sociedad tiene que dejar de tolerar comentarios de redes sociales, micromachismos, situaciones que a las mujeres y hombres no nos hacen sentir cómodos”, declaró el timonel de las felinas.

Además añadió que es momento que las futbolistas alcen la voz y que los periodistas pongan de su parte para hacer que esto cambie, ya que ninguna persona sin importar su género debería ser tratado de esa manera.

“Les invito a que se den una vuelta por las redes sociales y se van a encontrar este tipo de escenarios. La solución es acción inmediata, tolerancia cero, hay líneas rojas que no nos puede pasar nadie.”, concluyó.

Caso de Scarlett Camberos

Tras recibir amenazas y acoso constante en redes sociales, la jugadora del América decidió emigrar a Estados Unidos para unirse al Angel City de la NWSL en 2023.

La futbolista denunció públicamente el hostigamiento, que escaló hasta poner en riesgo su seguridad personal y la de su familia.

Este caso generó un debate nacional sobre la protección a las futbolistas, impulsando campañas contra la violencia de género en el deporte y recordatorios de que el acoso no es solo verbal, sino una amenaza real que frena carreras prometedoras.

Después de algunos meses fuera de México, Scarlett Camberos decidió regresar a las Águilas del América para el Apertura 2024, demostrando resiliencia frente a la violencia de género que aún persigue al fútbol femenil mexicano, y sirvió como inspiración para otras jugadoras que enfrentan hostigamiento día con día.

Presentación de Farmer con Chicago Stars

El Chicago Stars FC anunció este martes, a través de sus redes sociales, el fichaje de la seleccionada mexicana Aaliyah Farmer con un contrato de tres años que la mantendrá en la NWSL hasta la temporada 2028.

Por su parte, Tigres Femenil confirmó la salida de la defensora con un emotivo mensaje:

“Tu garra y perfil Tigre quedaron demostrados dentro y fuera de la cancha, donde fuiste Campeona de Liga MX Femenil... ¡Gracias por todo, Aaliyah!”.

A pesar de los problemas personales, Farmer declaró sentirse feliz con la llegada a su nuevo equipo: “Estoy increíblemente emocionada de unirme a Chicago Stars. Es un honor formar parte de un club tan fuerte que está construyendo algo especial, y estoy emocionada por lo que nos espera”.

Este miércoles 4 de enero las autoridades de Ecatepec informaron que elementos de la policía municipal lograron impedir un linchamiento en la colonia Jardines de Morelos contra un presunto agresor sexual identificado como David “N”, quien fue identificado con antecedentes penales.

La actuación de los agentes se activó tras recibir una alerta vecinal sobre la retención y golpiza a un hombre en la calle Laguna Superior.

Al llegar al sitio, los efectivos encontraron a un grupo de vecinos que mantenían sometido al individuo, acusado de haber cometido actos de agresión sexual y acoso.

La intervención policial permitió que el señalado fuera rescatado de la multitud y puesto bajo custodia oficial, evitando así daños mayores.

Según reportes de las autoridades, la respuesta de la policía fue clave para restablecer el orden y garantizar que el proceso legal siguiera su cauce, sin que la situación desembocara en consecuencias más graves para las personas involucradas.

Acusaciones de agresión sexual y acoso contra el detenido, David “N”

El hombre identificado como David “N” enfrenta serios señalamientos por parte de los habitantes de Jardines de Morelos.

De acuerdo con los reportes, una joven de 22 años indicó que el sujeto la siguió durante varios minutos en la vía pública.

Según la denuncia, el agresor no solo la persiguió, sino que también le hizo insinuaciones verbales y, en un momento, realizó tocamientos sin su consentimiento.

La situación escaló aún más cuando, posteriormente, David “N” exhibió sus genitales ante la víctima.

Los actos denunciados no se limitaron a una sola persona. El individuo también habría intentado agredir a una menor de 14 años. Este último hecho provocó la intervención directa de los vecinos, quienes decidieron retenerlo y llamar a las autoridades.

Los testimonios recabados detallan un patrón de conducta que motivó la acción comunitaria y la posterior llegada de la policía municipal.

Las autoridades refirieron que las víctimas de David “N” recibieron apoyo psicológico y jurídico por parte de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas.

Antecedentes penales del detenido y hallazgo del brazalete penitenciario

Durante la intervención policial en la colonia Jardines de Morelos, los agentes realizaron una revisión al hombre detenido, identificado como David “N”. En ese momento, constataron que portaba un brazalete del sistema penitenciario.

La presencia de este dispositivo evidenció que el individuo ya había sido procesado con anterioridad. De acuerdo con la información recabada, el motivo de su proceso previo fue el delito de robo con violencia.

El hallazgo del brazalete resultó relevante para las autoridades, ya que permitió confirmar los antecedentes penales del sospechoso y establecer su situación jurídica al momento de la detención.

Tras la intervención de la Policía Municipal de Ecatepec y la detención de David “N”, el individuo fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

El pasado 1 de febrero, la periodista Frida Guerrera denunció en redes sociales una amenaza directa que ponía en peligro su integridad.

Según el relato, al revisar su cuenta personal de Facebook, encontró un mensaje enviado el 14 de enero por un perfil identificado como “Hugo Lozoya”, el cual la amenazó con que sería su “próxima víctima de feminicidio” y describió actos de violencia sexual.

Declaraciones de la víctima relacionan estas amenazas con un mediático caso expuesto por ella, el feminicidio de Victoria Pamela, del cual sería culpable el skater Mario Sáenz.

Según relatos de la periodista, reconocida por su trabajo independiente en la cobertura de feminicidios y violencia de género, esta no es la primera vez que sufre este tipo de amenazas.

Tras el suceso, este miércoles 4 de febrero, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, expuso el caso y condenó los hechos, solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) que de manera urgente investigue las amenazas.

Amenazas de muerte y violencia sexual

Tras las amenazas, la periodista realizó una denuncia publica en la red social Facebook, la cual fue eliminada de la plataforma y además de le impusieron restricciones.

Ante tal hecho, decidió realizar la publicación en otras redes sociales para exponer el caso.

Según una captura publicada el pasado 1 de febrero en su Instagram, la amenaza contenía cinco mensajes con amenazas directas, señalando que seguía ella, e identificándola como la “próxima víctima de feminicidio”.

Además, la periodista recibió graves amenazas sexuales, entre las que se puede leer que el agresor le dice que será lastimada hasta quitarle la vida.

Por otra parte, en otras publicaciones, Guerrera denuncia que curiosamente las amenazas regresaron tras la reposición de un caso expuesto por ella.

Se trata del feminicidio de Victoria Pamela, el cual habría sido cometido por su ex pareja, identificado como Mario Sáenz.

“Curioso, empezamos la reposición del proceso de Mario Sáenz y regresan los mensajes que en 2019 recibimos. No, nos van a callar”, se lee en una publicación realizada por la comunicadora.

El caso volvió a cobrar relevancia hace apenas unos días, cuando fue oficializado que Sáenz recibió un amparo para la reposición de su proceso.

Mediante Facebook, la cuenta oficial del Podcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, confirmó la noticia y celebró la decisión judicial, afirmando que seguirá de cerca el caso junto a la defensa de Mario Sáenz.

Antecedentes de amenazas, agresiones y campañas de desprestigio

Según reportes realizador por Artículo 19, el caso reciente no es un hecho aislado en la trayectoria de Frida Guerrera.

A lo largo de los años, la periodista ha sido blanco de amenazas reiteradas y diversas formas de agresión, principalmente por su cobertura de temas relacionados con feminicidio, pornografía y análisis político.

Desde 2018, Frida Guerrera fue víctima de otra amenaza de muerte, lo que marcó el inicio de un patrón de hostigamiento sostenido.

Además de las intimidaciones directas, ha enfrentado campañas de desprestigio orientadas a desacreditar su labor y dañar su reputación profesional.

Estas acciones han tenido un impacto significativo en su desempeño periodístico y en su vida personal, generando un entorno de constante riesgo. La persistencia de las agresiones evidencia la vulnerabilidad de quienes abordan temas de violencia de género y derechos humanos en México.

Medidas de protección

Ante el riesgo constante que enfrenta, desde 2019 Frida Guerrera cuenta con medidas de protección proporcionadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Estas acciones buscan resguardar su seguridad ante la serie de amenazas y agresiones sufridas en el ejercicio de su labor.

Sin embargo, reportes indican que la esta estrategia, adoptada por temor a nuevas represalias, ha limitado su capacidad para difundir información crucial sobre feminicidios y violencia de género.

Frente a estos hechos, Artículo 19 hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso de manera urgente, solicitando que se adopte una perspectiva de género e intersecciones en el proceso.

La organización enfatizó la necesidad de que las autoridades prioricen la protección de personas defensoras de derechos humanos y garanticen el derecho a la libertad de expresión.

La experiencia de Frida Guerrera ilustra las consecuencias que la violencia digital y las agresiones físicas generan en el ejercicio periodístico, especialmente en contextos donde la denuncia pública puede derivar en sanciones o restricciones adicionales, incluso desde las propias plataformas digitales.

Durante el Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, celebrado en Córdoba bajo el lema ‘Andalucía frente al acoso’, Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular (PP), se refirió a la preocupación del partido frente a lo que considera deficiencias en las políticas del gobierno central respecto a la protección de menores y a los retos actuales en el ámbito educativo. Según declaraciones recogidas por el medio, De los Santos remarcó la necesidad de articular medidas concretas y efectivas para hacer frente a los desafíos que enfrenta el sector educativo en España.

Según informó la prensa, De los Santos destacó la relevancia del congreso como espacio de encuentro para especialistas, docentes, fiscales de menores y psicólogos, con el objetivo de escuchar sus propuestas y experiencias. En este contexto, subrayó la importancia de que los legisladores y responsables políticos atiendan las demandas de la comunidad educativa, recogiendo testimonios directos para fortalecer la elaboración de propuestas que respondan a las necesidades reales del sistema de protección a la infancia.

El dirigente del PP reiteró el compromiso de su formación en la lucha contra el acoso escolar, a la que se refirió como “una lacra que nos interpela a todos y que debemos combatir”, según publicó el medio. De los Santos hizo hincapié en la necesidad de que las iniciativas legislativas y administrativas incluyan la voz de los expertos y los profesionales de la educación, a fin de implementar cambios sustanciales que aborden el acoso en las aulas y en las plataformas digitales.

En sus declaraciones, consignó el medio, De los Santos censuró al Ejecutivo nacional dirigido por Pedro Sánchez y cuestionó la gestión de Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación. Según De los Santos, el actual gobierno “no ha sido capaz de hacer nada en favor de los alumnos ni de la educación”, un señalamiento que enmarca en la falta de políticas eficaces para la protección de los menores y la ausencia de avances tangibles en la gestión educativa.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP también se refirió a las aspiraciones políticas de la ministra Pilar Alegría en la campaña electoral de Aragón, expresando escepticismo sobre el conocimiento que, según él, tiene la ministra acerca del sistema universitario de la comunidad. En palabras difundidas por la prensa, De los Santos señaló que “Pilar Alegría es la mejor vocera que podía tener Sánchez” y criticó el intento de la ministra por presentarse como experta en educación sin, según sus palabras, conocer la red universitaria de la región.

De acuerdo con los detalles aportados por los medios presentes, el evento reunió a profesionales de distintas áreas vinculadas al sector educativo y la protección de menores, creando un espacio para el intercambio de experiencias y la presentación de propuestas dirigidas a erradicar el acoso, tanto en entornos escolares como en el ámbito digital. El intercambio entre especialistas fue presentado como clave para diseñar estrategias y protocolos más eficaces capaces de adaptarse a los retos actuales que plantea la convivencia en la era digital.

El medio detalló que, durante el desarrollo del encuentro, los representantes del PP manifestaron su intención de recoger las iniciativas y recomendaciones surgidas de las distintas mesas de trabajo, para trasladarlas tanto a sus programas electorales como a las iniciativas parlamentarias. En este sentido, De los Santos subrayó el propósito de su formación de avanzar en la defensa de la infancia y la adolescencia, señalando la necesidad de reforzar las políticas de prevención, intervención y acompañamiento para los menores afectados por situaciones de acoso.

En el marco del congreso, el PP enfatizó la importancia de contar con instrumentos legislativos y educativos que permitan a los colegios y otras instituciones actuar con mayor eficacia, contando con la colaboración de expertos en psicología, derecho y pedagogía. Según publicó la prensa, De los Santos insistió en que todas las decisiones deben orientarse al bienestar de los alumnos y a generar entornos seguros y respetuosos.

El medio reportó que la temática del acoso escolar y digital continúa ocupando un lugar prioritario en la agenda política y social, debido al impacto que tiene sobre la salud mental y el desarrollo de los menores. Los participantes del encuentro, según recogieron fuentes informativas, coincidieron en la urgencia de actualizar los protocolos existentes y de establecer mecanismos de detección y respuesta más rápidos, lo que requiere tanto recursos materiales como la formación continua del profesorado y el personal de los centros educativos.

En conclusión, la intervención de Jaime de los Santos en Córdoba, según lo consignado por el medio, sumó un nuevo capítulo al debate sobre la eficacia de las políticas gubernamentales en materia de educación y protección de menores, al poner el acento en la necesidad de medidas más resolutivas y en la responsabilidad compartida de combatir el acoso en todos los ámbitos.

Un video difundido en redes sociales volvió a colocar en el centro del debate la delgada línea entre la amabilidad y la percepción de coqueteo durante un servicio de transporte por aplicación. El protagonista del material es Gellert Sampop, conductor y creador de contenido en TikTok, quien decidió exhibir un momento incómodo vivido con una pasajera tras finalizar un viaje nocturno.

De acuerdo con lo mostrado en la grabación, el incidente ocurrió al concluir el traslado, cuando el chofer se despide de manera habitual. “Listo, señorita. Ya quedó”, expresa el conductor, a lo que la usuaria agradece el servicio. Acto seguido, él añade: “Sí, hasta luego, bonita noche”.

Lo que parecía un intercambio cordial se transformó rápidamente en una confrontación. La pasajera reaccionó molesta y acusó al conductor de intentar ligar con ella. “Parece que estás intentado ligarme”, le reclamó de forma directa. Ante el señalamiento, el chofer respondió de inmediato: “No, solo le estoy deseando bonita noche”.

La tensión escaló cuando la mujer respondió con un tono agresivo y lanzó un insulto. “Pues fíjate como hablas porque pareciera, pinche mono”, expresó. El conductor, visiblemente sorprendido, intentó aclarar la situación y mantener la calma: “Sólo estoy siendo amable y educado”.

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. La pasajera continuó con los reproches y elevó el nivel de los insultos al decir: “Pues no, no seas así, pinche mugroso”. En ese momento, el conductor perdió la paciencia y respondió con molestia: “Ok, entonces que tenga la peor noche de su vida, ya bajese, vive en chuchuapa y todavia se siente”.

El video fue compartido por el propio Sampop en su cuenta de TikTok y rápidamente se volvió viral, generando miles de reproducciones y comentarios. Las reacciones de los usuarios fueron diversas, con opiniones que oscilaron entre la burla y la crítica hacia la pasajera, así como mensajes de apoyo al conductor.

Entre los comentarios destacados se leyeron frases como: “no todas somos asi, sigue siendo amable porfis”, “jajajaja jajajaja entonces tenga la peor noche jajaja”, “La inalcanzable” y “Pobre mujer nunca habían sido atenta con ella”.

El caso reabrió la discusión en redes sociales sobre los límites de la cortesía, la percepción del acoso y la manera en que situaciones cotidianas pueden escalar hasta convertirse en fenómenos virales.

El testimonio presentado ante el Tribunal Supremo indica que los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes anteriormente conformaron parte de la lista electoral encabezada por Luis 'Alvise' Pérez para los comicios europeos, denunciaron una serie de hechos que, según lo consignado por Europa Press, alteraron sus rutinas y pusieron en duda su seguridad personal y la de sus familias. Ambos dirigentes relataron al magistrado instructor cómo comenzaron a recibir una cantidad significativa de mensajes ofensivos y amenazas tras la difusión de sus direcciones de correo electrónico, números telefónicos y perfiles en redes sociales, hechos que atribuyen a la publicación de información personal por parte de 'Alvise' en un canal de Telegram y en su pódcast.

De acuerdo con Europa Press, Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF), compareció este lunes ante el Tribunal Supremo, donde reconoció la existencia de mensajes relacionados con los dos querellantes, pero negó que su objetivo haya sido acosarles. La comparecencia ante el magistrado Manuel Marchena se realizó a petición de Pérez, quien manifestó su disposición a declarar de forma voluntaria antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el posible levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Tras finalizar su declaración ante el tribunal, Pérez expresó ante los medios: “Estoy súper convencido de mi inocencia, porque soy yo mismo el que sabe todo lo que pasó, creo que va a archivarse”.

El Tribunal Supremo admitió a trámite la denuncia penal que Solier y Junco presentaron en junio contra el líder de SALF. Según expusieron estos eurodiputados ante el instructor, ambos sufrieron una campaña persistente de hostigamiento en redes sociales a raíz de las publicaciones de 'Alvise', tanto en un pódcast como en el mencionado canal de la aplicación Telegram. Los demandantes sostienen que la divulgación de datos personales derivó no solo en una gran cantidad de mensajes amenazantes, sino también en el desarrollo de un temor real por su integridad física al revelarse públicamente los lugares que frecuentaban o sus próximos desplazamientos.

El medio Europa Press detalló que los eurodiputados se vieron impulsados a modificar su vida cotidiana y restringir su actividad pública debido a la exposición de información confidencial. Para prevenir nuevos incidentes, ambos cerraron algunas de sus redes sociales, restringieron comentarios en otras y dejaron de contestar llamadas de números desconocidos. Manifestaron que con posterioridad a la filtración experimentaron una avalancha de correos electrónicos, cifrada en “miles”, la mayoría de ellos con insultos y amenazas. Esta situación, según relataron a la Sala de lo Penal del Supremo, llegó a dificultar de manera notable tanto su labor parlamentaria como su vida familiar, a lo que se sumó “el constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido”.

Tras abandonar la formación de 'Alvise', Solier y Junco optaron por incorporarse al grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, alineado con el partido Hermanos de Italia de la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. Europa Press precisó que ambos respaldaron al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de la Fundación Atenea. En el contexto de esta transición política, los eurodiputados hicieron énfasis en la exposición hostil de la que reconocieron ser objeto tras su salida del partido, lo que, a su entender, fue alentado explícitamente por 'Alvise' ante su audiencia.

El Tribunal Supremo evaluó que la conducta de Pérez podría adecuarse a posibles delitos de acoso y de revelación de secretos, ya que, según se subrayó en el auto, existieron llamamientos concretos—tanto en el pódcast como en Telegram—para que un grupo amplio de seguidores expresase una actitud reiteradamente hostil hacia los denunciantes. El tribunal puntualizó que, a través de estos canales, 'Alvise' facilitó y divulgó asuntos personales e identificativos de los afectados y que esas acciones continuaron pese a que muchos de sus seguidores ya habían manifestado de forma explícita intenciones de alterar el normal desarrollo de vida de Solier y Junco. El auto recoge también que el líder de SALF persistió en sus exhortaciones a sus seguidores para que increparan a ambos eurodiputados como reacción a su posicionamiento político.

Europa Press reprodujo algunas de las frases pronunciadas por 'Alvise' el pasado 20 de abril en un pódcast, donde llegó a declarar: “Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado”.

El caso que enfrenta 'Alvise' Pérez no es el único abierto contra él en el Tribunal Supremo. Según el medio, existen otras tres investigaciones en curso: una por la difusión de una supuesta PCR falsa atribuida a Salvador Illa, actual presidente de Cataluña y exministro de Sanidad; otra relacionada con el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y una más acerca de la posible financiación ilegal de SALF, con base en la recepción de 100.000 euros por parte del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.

El desarrollo del proceso, según Europa Press, continúa pendiente de la autorización parlamentaria sobre la inmunidad de Pérez, aunque la voluntad de comparecencia anticipada del eurodiputado propició su declaración formal ante el instructor. La resolución final dependerá de la valoración judicial de las pruebas aportadas y de la interpretación de las conductas reportadas como posibles infracciones penales, considerando el impacto que las acciones atribuidas han tenido sobre la vida profesional y personal de los denunciantes.

El magistrado instructor Manuel Marchena mantuvo una comunicación clave con Luis 'Alvise' Pérez antes de que el Parlamento Europeo pudiera intervenir en su inmunidad parlamentaria. De acuerdo con lo que reportó Europa Press, el líder del partido Se Acabó la Fiesta (SALF) fue citado a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo este lunes, tras la denuncia de los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes formaron parte de su lista en las recientes elecciones europeas y que aseguran haber sido objeto de presunto acoso.

Según detalló Europa Press, el Tribunal Supremo aceptó a trámite la querella interpuesta en junio por Solier y Junco, quienes después se ratificaron ante el instructor reafirmando la denuncia contra el dirigente. Ambos eurodiputados argumentan que resultaron víctimas de una campaña continua de hostigamiento coordinada por Pérez mediante publicaciones en redes sociales, podcasts y su canal de Telegram. Relataron haber sufrido la exposición de datos personales como sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono, lo que derivó en la recepción de miles de mensajes ofensivos y amenazas. Esta situación, explicaron, alcanzó un punto en que llegaron a temer por su integridad física, al haberse difundido públicamente información relacionada con su ubicación.

Europa Press reveló que la repercusión directa sobre la vida de los denunciantes no se redujo solo al ámbito profesional, ya que describieron sentirse obligados a modificar su día a día. Manifestaron que cerraron algunas de sus redes sociales, limitaron comentarios de terceros en otras plataformas y dejaron de responder llamadas de números desconocidos. A raíz del clima generado, aseguraron que el volumen de correos electrónicos amenazantes y de contenido intimidatorio afectó su labor parlamentaria y el desarrollo ordinario de su vida familiar, incrementando la sensación de inseguridad y el miedo a ser interceptados por extraños.

Ambos eurodiputados abandonaron posteriormente el partido liderado por Pérez y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, que encabeza el partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni. Según informó Europa Press, Solier y Junco también expresaron su apoyo al exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la presentación de la Fundación Atenea. En la denuncia presentada, los parlamentarios mencionaron que las publicaciones presuntamente dirigidas por Pérez incitaban a sus seguidores a adoptar una postura hostil contra ellos, lo que acrecentó las agresiones digitales y el aislamiento social hacia los querellantes.

El Tribunal Supremo, tal como recogió Europa Press, consideró que la conducta atribuida a Pérez podría ajustarse a posibles delitos de acoso y revelación de secretos. Los magistrados describieron que en sus plataformas digitales, el dirigente habría realizado llamadas explícitas a su audiencia para desplegar acciones hostiles contra los afectados. El análisis del Supremo sostiene que, para cumplir su objetivo, Pérez pudo difundir públicamente aspectos personales e identificativos de los querellantes, sin modificar su actitud pese a las muestras, por parte de algunos seguidores, de interés en alterar su rutina cotidiana.

La Sala Penal del Supremo hizo referencia a una intervención de Pérez en su 'podcast', fechada el 20 de abril, en la que exhortó abiertamente a sus seguidores: "Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado". Según detalló el Tribunal, frases como estas alimentarían la sospecha de una intención consciente de comprometer la vida cotidiana de las víctimas, dado el efecto multiplicador de su red de seguidores y la reiteración de los llamamientos al hostigamiento ante el rechazo a la postura política de Solier y Junco.

Además de esta causa, Europa Press indicó que el líder de Se Acabó la Fiesta enfrenta otras tres investigaciones abiertas en el Supremo: la difusión de un resultado falso de PCR relativo a Salvador Illa, presidente de Cataluña y exministro de Sanidad; el presunto acoso digital a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por supuesta financiación ilegal de su partido vinculada a un ingreso de 100.000 euros realizado por el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.

La instrucción del caso continúa, y el auto de admisión a trámite pone el foco en que la actividad de Pérez trascendió el debate político y se tradujo en una reiterada exposición a situaciones de temor y afectaciones en la vida personal y profesional de los querellantes. El sumario recoge que la persistencia de mensajes hostiles o intimidatorios, auspiciados desde cuentas vinculadas al propio Pérez, creó un ambiente de hostilidad permanente para Solier y Junco.

Según documentó el propio Supremo, la investigación contempla no solo la publicación sistemática de mensajes, sino la presunta revelación deliberada de información sensible de las víctimas y la incitación pública a terceros para que participaran en dinámicas de hostigamiento, lo que habría impulsado una reacción colectiva de acoso tanto en el entorno digital como en espacios de la vida cotidiana de los eurodiputados.

Los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco confirmaron ante el juez las denuncias que iniciaron contra Luis 'Alvise' Pérez, acusando al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) de orquestar un hostigamiento continuado y de difundir datos privados que les hicieron temer por su seguridad física. Según información de Europa Press, el Tribunal Supremo ha citado a Pérez para que comparezca voluntariamente el próximo 26 de enero, dando lugar así a una causa que implica acusaciones de acoso y revelación de secretos después de que ambos excompañeros abandonasen el partido y se sumasen al grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por el partido Hermanos de Italia.

Europa Press detalló que los magistrados del Supremo admitieron a trámite la querella presentada por Solier y Junco el 27 de junio. El juzgado actúa en línea con el dictamen de la Fiscalía y responde a los hechos expuestos por las víctimas, quienes atribuyen al dirigente de SALF la responsabilidad de divulgar información identificativa y personal a través de sus canales, lo que generó efecto inmediato en su vida privada y profesional. El instructor de la causa, Manuel Marchena, acordó la comparecencia de Pérez después de que este manifestase su disposición para hacerlo antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre un eventual suplicatorio.

Los eurodiputados relataron una serie de situaciones que, según reportó el medio, afectaron el desarrollo normal tanto de sus actividades parlamentarias como de su vida cotidiana y familiar. Tras la publicación de mensajes sobre ellos en un 'podcast' y en un canal de Telegram gestionado por 'Alvise', se produjo la filtración de sus correos electrónicos, teléfonos y datos de redes sociales. Esta exposición provocó una ola de comunicaciones ofensivas y amenazantes hacia ambos, quienes recibieron miles de correos electrónicos y mensajes y se vieron obligados a modificar su forma habitual de interactuar en el entorno digital. Como consecuencia, limitaron la interacción en redes, cerraron algunas cuentas, restringieron comentarios de terceros y dejaron de responder llamadas provenientes de números desconocidos.

El Tribunal Supremo subraya que el miedo y la inseguridad generados por esta campaña continuada de hostigamiento tuvieron impacto significativo en la capacidad de los diputados para ejercer sus funciones y mantener su rutina familiar. Además, el constante temor a agresiones en la vía pública por desconocidos afectó su tranquilidad. Según Europa Press, el propio tribunal evaluó que, en el contexto digital y a través de distintos medios de comunicación gestionados directamente o indirectamente por Pérez, se habrían instado acciones hostiles de parte de numerosos seguidores, situación que se vio agravada por la no cesación de tales conductas incluso tras constatarse el efecto dañino que provocaban.

Entre los hechos investigados figuran mensajes en los que el líder de SALF alentó explícitamente a sus seguidores a realizar interpelaciones y protestas directas contra Junco y Solier. Europa Press recoge como Pérez expresó en abril en el pódcast 'Eclécticos Worldwide' la frase: "Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado". El Supremo consideró este llamado como una potencial incitación a la hostilidad colectiva.

Los querellantes comunicaron que los hechos denunciados les llevaron a temer por su integridad física, una preocupación acentuada por la difusión pública de sus trayectos y ubicaciones, lo que reforzó su sensación de inseguridad personal, según reportó el medio Europa Press. La situación, indicaron, les impidió llevar a cabo su actividad parlamentaria con normalidad y alteró sustancialmente las dinámicas de su entorno personal y familiar.

Esta investigación se suma a otras causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra Pérez. Europa Press detalló que entre ellas se encuentran la difusión de una prueba PCR considerada falsa relacionada con el exministro Salvador Illa —actual presidente de Cataluña—, el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, así como una supuesta financiación ilegal de SALF por 100.000 euros recibidos del empresario identificado como 'CryptoSpain'.

Por lo que respecta a la posición política y la trayectoria posterior de Solier y Junco, ambos eurodiputados dejaron la formación de SALF tras la escalada de tensiones y la presentación de la querella, integrándose en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También han mostrado públicamente su apoyo a Iván Espinosa de los Monteros en actos relacionados con la Fundación Atenea, según detalló Europa Press.

El Supremo explicó que las acciones investigadas podrían enmarcarse como delitos de acoso y de revelación de secretos, ya que la conducta atribuida a 'Alvise' habría supuesto una injerencia intencionada en la privacidad y el desarrollo de la vida de los afectados, involucrando a su vez la divulgación de información personal con la finalidad de movilizar hostilidad entre sus seguidores.

La citación a Pérez para el 26 de enero permite que el líder de SALF declare ante la Sala de lo Penal del Supremo por iniciativa propia, a la espera de que el Parlamento Europeo resuelva sobre un eventual permiso para el desarrollo del proceso penal correspondiente, según detalló el magistrado instructor Manuel Marchena en la providencia recogida por Europa Press.

Según la providencia dictada por el juez instructor Manuel Marchena y recogida por Europa Press, Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y dirigente de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF), manifestó su disposición para acudir voluntariamente ante el Tribunal Supremo, donde deberá declarar el próximo 26 de enero. La citación responde a la denuncia presentada por los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes lo acusan de acoso y de revelar información confidencial durante la campaña electoral en la que ambos integraron la lista de SALF. El juez Marchena solicitó a Pérez su opinión sobre una eventual comparecencia voluntaria antes de que el Parlamento Europeo decida si otorga el permiso necesario para que el proceso judicial pueda seguir su curso ordinario contra un eurodiputado, tal como detalló Europa Press en el documento oficial.

El origen de la actuación judicial se encuentra en la querella presentada por Solier y Junco ante el Tribunal Supremo, motivados por conductas que, a su juicio, constituirían delitos de hostigamiento y divulgación de secretos. Según informó Europa Press, ambos europarlamentarios aseguran que las acciones de Luis 'Alvise' Pérez tuvieron lugar cuando aún formaban parte de la candidatura de Se Acabó la Fiesta en los pasados comicios europeos. Los dos reclamaron amparo a la justicia tras exponer que, tras integrarse en la lista, experimentaron presionas y que sus datos confidenciales habrían resultado expuestos sin su consentimiento por parte del dirigente de SALF.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el magistrado Marchena dio validez a la solicitud de comparecencia voluntaria formulada por Pérez, un procedimiento excepcional que busca adelantar la toma de declaración antes de que la Eurocámara resuelva sobre el suplicatorio o petición formal que suele requerirse para investigar judicialmente a miembros del Parlamento Europeo. Esta medida obedece tanto a la disposición manifestada por Pérez como a la necesidad de avanzar en las diligencias previas a la espera de la eventual autorización de la institución comunitaria.

El Tribunal Supremo abordará en esta comparecencia los hechos que motivaron la denuncia presentada por Diego Solier y Nora Junco, según consignó Europa Press. Los eurodiputados argumentan que durante el proceso interno de la formación y la campaña electoral recibieron presiones indebidas y que determinados datos privados se habrían divulgado, hechos que atribuyen directamente a la actuación de Pérez en su calidad de líder del partido. La revelación de secretos, según la descripción de la denuncia recogida por Europa Press, incluiría la publicación o difusión de información sensible relacionada con los propios denunciantes.

Esta citación marca el inicio formal de las diligencias judiciales en el alto tribunal, donde el magistrado instructor analizará tanto la existencia de posibles presiones como la eventual difusión de datos considerados confidenciales. El procedimiento se encuentra sujeto al régimen especial que se aplica a los eurodiputados españoles, quienes gozan de inmunidad parlamentaria y solo pueden enfrentarse a un proceso penal tras la autorización expresa del Parlamento Europeo. Europa Press detalló que el juez Marchena optó por consultar primero la voluntad de comparecencia del propio Pérez, un paso previo inusual que busca evitar dilaciones mientras se tramita el suplicatorio correspondiente.

El caso involucra, por tanto, distintos aspectos del derecho parlamentario europeo y nacional, así como la delimitación de competencias entre la justicia española y los órganos de la Unión Europea. Según destacó Europa Press al dar cuenta de la resolución, la petición de declaración voluntaria alude a criterios de excepcionalidad, reservados para situaciones en las que el encausado acepta someterse a la autoridad judicial antes de la intervención formal de la cámara parlamentaria europea.

La comparecencia prevista para el 26 de enero servirá para que el dirigente de Se Acabó la Fiesta exponga su versión de los hechos y para que el Tribunal Supremo evalúe los elementos aportados tanto por los denunciantes como por el propio investigado. El desarrollo de este proceso aparece condicionado a la decisión que finalmente adopte el Parlamento Europeo respecto al levantamiento de la inmunidad de Pérez, una exigencia legal que, salvo excepción como la presente, bloquea el avance de procedimientos penales contra los eurodiputados españoles. Según la información atribuida a Europa Press, las próximas actuaciones judiciales y parlamentarias dependerán tanto del contenido de la declaración voluntaria como del curso que siga el trámite ante la Eurocámara.

Europa Press subrayó en su cobertura que la causa abierta en el Supremo explora los límites del comportamiento permisible en el marco de las listas electorales y la gestión interna de los partidos que concurren a elecciones europeas en España. El tribunal habrá de establecer si existen indicios relevantes de los delitos imputados y si procede solicitar el levantamiento formal de la inmunidad, paso necesario para continuar con la instrucción ordinaria en caso de que la Eurocámara no lo conceda de manera inmediata. La resolución judicial y política de este caso podría sentar precedente en la relación entre representantes electos y partidos en el contexto europeo señalada por la querella.

La Procuraduría General de la Nación ratificó la inhabilidad por 16 años para ejercer cargos públicos al capitán de fragata Conrado Andrés Jiménez Montealagre, que ocupaba un cargo en la Armada Nacional.

El oficial fue sancionado después de que se confirmara su responsabilidad en un caso de acoso sexual contra una practicante de medicina.

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Los hechos ocurrieron cuando Jiménez Montealagre actuaba como médico otorrinolaringólogo y docente en el Hospital Militar Central durante el año 2023.

Según el fallo, el capitán “vulneró gravemente los deberes de respeto, corrección, dignidad y probidad que gobiernan el ejercicio de la función pública, al desplegar conductas de contenido sexual no consentido frente a una médica residente en proceso de formación”.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 había emitido inicialmente la sanción el 31 de julio de 2025, responsabilizando disciplinariamente al oficial por acoso sexual. Posteriormente, tras la apelación interpuesta por la defensa, la Sala Disciplinaria ordinaria de Juzgamiento revisó nuevamente el expediente y, con enfoque de género en el análisis del material probatorio, ratificó la decisión adoptada en primera instancia.

“Inicialmente, el oficial de la Armada Nacional fue hallado responsable de haber acosado sexualmente a una practicante de medicina cuando se encontraba en comisión en el Hospital Militar Central como médico otorrinolaringólogo, en el año 2023, sanción proferida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 el 31 de julio del 2025″, señaló el comunicado del Ministerio Público.

La Procuraduría fundamentó la sanción en la necesidad de evitar la repetición de este tipo de conductas, reforzar el compromiso institucional frente a la tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia sexual y garantizar la debida diligencia que corresponde al Estado colombiano en casos de esta naturaleza.

El proceso disciplinario se llevó a cabo aplicando criterios ajustados a la legislación vigente y considerando la protección de los derechos de las víctimas.

“La sanción impuesta responde, entonces, a la necesidad de prevenir la reiteración de este tipo de comportamientos, reafirmar el compromiso institucional con la tolerancia cero frente a la violencia sexual y cumplir los deberes reforzados de debida diligencia que pesan sobre el Estado colombiano en estos escenarios. La conducta fue calificada como falta gravísima a título de dolo”, aseveró la procuraduría.

Condena en Colombia por acoso sexual

Las condenas por acoso sexual en Colombia han experimentado cambios recientes tras la aprobación de nuevas normas orientadas a la protección de las víctimas y a la sanción efectiva de los agresores.

Según la Ley 2365 de 2024, el acoso sexual se define como cualquier acto de persecución, hostigamiento o asedio de naturaleza sexual, manifestado por dinámicas de poder tanto verticales como horizontales. Esta ley aplica en ámbitos laborales y educativos, estableciendo obligaciones claras para empleadores e instituciones educativas al momento de prevenir, investigar y sancionar estos comportamientos.

El Decreto 405 de 2025, que reglamenta la Ley 2365, prohíbe que las personas que denuncien acoso sexual sean despedidas o destituidas durante los seis meses posteriores a la presentación de la queja. En caso de incumplimiento, los despidos carecen de efecto jurídico y pueden derivar en sanciones económicas para los empleadores.

En el ámbito judicial, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido lineamientos específicos para garantizar la investigación exhaustiva y la protección de las víctimas.

En la Sentencia T-262 de 2025, la Corte ordenó reabrir una investigación archivada, indicando que los Comités de Convivencia Laboral deben valorar con rigor todas las pruebas y testimonios. La Sentencia T-104 de 2025 reitera la obligación de promover ambientes laborales libres de violencia y discriminación, y subraya la importancia de actuar con celeridad ante cualquier denuncia.

Las penas por acoso sexual pueden incluir sanciones de tipo disciplinario, despido con justa causa y multas económicas, además de las consecuencias penales establecidas en el Código Penal colombiano. El Estado colombiano mantiene canales de denuncia y seguimiento tanto en la Procuraduría General de la Nación como en la Fiscalía General de la Nación.

El Supremo señaló que la denuncia presentada contra Luis 'Alvise' Pérez por los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, antiguos miembros de Se Acabó La Fiesta (SALF), incluye episodios donde los denunciantes manifestaron temor por su seguridad tras la difusión de sus datos personales y la publicación de mensajes que consideraron como acoso. Ambos políticos, quienes tras abandonar SALF se incorporaron al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, describieron ante el tribunal la intensidad y el impacto de esas acciones, además de los cambios en sus rutinas y emociones que aseguran haber experimentado. Este contexto de las acusaciones forma parte de la investigación que dirige actualmente el magistrado Manuel Marchena, quien aceptó la querella y abrió diligencias previas con el objetivo de esclarecer los hechos, detalló Europa Press.

Según informó el medio, la Sala de lo Penal convocó este lunes a los querellantes para recoger sus declaraciones en el marco de las diligencias relacionadas con presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. El juez Marchena solicitó también a 'Alvise' que indique si pretende declarar de manera voluntaria antes de que el Parlamento Europeo resuelva la autorización para proceder judicialmente contra él y, simultáneamente, inició los trámites formales para solicitar ese permiso parlamentario.

El medio Europa Press detalló que la querella fue admitida por el Tribunal Supremo el 27 de junio, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal. La causa es la cuarta que involucra al dirigente de SALF ante el Supremo. Previamente, el tribunal había abierto procedimientos contra Pérez por difundir, presuntamente, una prueba PCR falsa atribuida al exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; por el supuesto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la supuesta financiación irregular del partido, relacionada con la recepción de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, según publicó Europa Press.

En su denuncia, los eurodiputados relataban que la campaña sostenida de mensajes publicados por ‘Alvise’, tanto en un pódcast como en su canal de Telegram, promovió un acoso continuado en línea y facilitó la divulgación de información privada sobre ellos, como correos electrónicos, teléfonos y perfiles en redes sociales. Esta exposición provocó una oleada de mensajes ofensivos o amenazantes que, según los denunciantes, les llevó a una situación persistente de inseguridad y la necesidad de alterar hábitos personales, como cerrar perfiles en redes, restringir la interacción en otras plataformas y dejar de responder llamadas de remitentes desconocidos. Destacaron también la llegada de miles de correos electrónicos de contenido hostil que, a su juicio, obstruían de manera significativa su labor parlamentaria y afectaban su vida familiar, sumándose al miedo de ser abordados en espacios públicos, según la información de Europa Press.

Europa Press consignó que el Tribunal Supremo observa indicios de que el líder de SALF realizó llamamientos públicos, tanto en pódcast como en Telegram, para que sus seguidores manifestaran actitudes hostiles y persiguieran de manera reiterada a los políticos querellantes. El auto judicial sostiene que, a pesar de la recepción masiva de mensajes señalando que tales acciones perjudicaban a los eurodiputados, ‘Alvise’ habría continuado incentivando el acoso, al punto de incitar a terceros para alterar el desarrollo normal de la vida de Solier y Junco. Según el Supremo, “aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales, y para llevar a término su inicial propósito”, ‘Alvise’ “pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas”.

El tribunal aportó como ejemplo declaraciones del investigado en su pódcast ‘Eclécticos Worldwide’, fechado el 20 de abril: “Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado”. La resolución judicial apunta que los llamamientos de ‘Alvise’ inducían a sus seguidores a ejercer presión directa, incentivando la hostilidad y la intromisión en la vida diaria de los denunciantes.

Europa Press subrayó que la investigación del Supremo se centra en determinar si la conducta de ‘Alvise’ encaja en los tipos penales de acoso y revelación de secretos. El auto del magistrado Marchena recoge el análisis de la posible “intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas”, enfatizando la cantidad de personas potencialmente movilizadas por los mensajes lanzados desde las plataformas digitales que administra el líder de SALF.

Además de dictar la citación a los querellantes para la toma de declaración, el magistrado instructor estableció los pasos procesales para requerir la autorización de la Eurocámara, debido a la condición de eurodiputado tanto de los denunciantes como del propio investigado. El proceso sigue incorporando información relevante sobre la actuación de ‘Alvise’ y los efectos que, según la denuncia, habría tenido sobre la vida personal y profesional de Solier y Junco, conforme difundió Europa Press.

Las recientes denuncias contra Julio Iglesias han reactivado testimonios de figuras del espectáculo mexicano, como Olga Breeskin, Verónica Castro y Thalía, quienes relataron experiencias incómodas o de acoso con el cantante español.

Olga Breeskin, un episodio a los 14 años

Olga Breeskin relató que, siendo adolescente, vivió un episodio que la marcó. “Me dio una nalgada y me corrió de la habitación con todo y violín”, afirmó la vedette mexicana sobre su encuentro con Julio Iglesias cuando tenía 14 años.

Breeskin explicó que el cantante la invitó a su habitación tras pedirle un autógrafo. Una vez dentro, Iglesias la habría tocado y, al notar su sorpresa, la despidió abruptamente.

La artista añadió que el cantante solía tener la costumbre de saludar tocando los senos de las mujeres, como parte de una actitud “juguetona” que ella misma describió en el contexto de las nuevas acusaciones.

Estas declaraciones surgieron después de las denuncias públicas de dos exempleadas, quienes en enero de 2026 acusaron a Iglesias de acoso sexual y laboral.

Según la vedette, el comportamiento del cantante era conocido en el medio, aunque muchas veces se interpretaba como parte del ambiente de la farándula de la época. “Siempre saludaba tomándote el seno. Ahí dependía de nosotras si le seguíamos el juego y nos hacíamos las chistosas o lo tomábamos en serio”, afirmó Breeskin.

Verónica Castro y los incidentes en televisión con Julio Iglesias

Verónica Castro, actriz y presentadora mexicana, también rememoró situaciones incómodas con el intérprete español.

En una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, Castro narró dos episodios. El primero sucedió en los años 80, durante una entrega de premios, cuando Iglesias la tocó indebidamente en el escenario. “Me agarró la nalga y le dije que no lo volviera a hacer”, relató Castro. La presentadora contó que el cantante justificó su actitud diciendo que actuaba así en público porque no se lo permitía en privado.

El segundo incidente ocurrió durante una entrevista televisiva. Castro accedió a dialogar con Iglesias y él la besó en los labios frente a cámaras, sin su consentimiento.

Según la actriz, Iglesias bromeó sobre la situación, argumentando que al no poder hacerlo fuera del aire, lo haría en vivo. Estos testimonios resurgieron tras las recientes acusaciones, aportando contexto a los señalamientos contra el cantante.

Thalía y los videos virales cuando Julio Iglesias la besó sin su consentimiento

Los hechos recientes también provocaron la viralización de videos antiguos en redes sociales, donde Thalía aparece junto a Julio Iglesias en una presentación en “Siempre en Domingo”.

Durante esa transmisión, el cantante besó a la artista mexicana en los labios sin su consentimiento. Las imágenes muestran a Thalía sorprendida y visiblemente incómoda, aunque continuó con la actuación.

Otros fragmentos de programas televisivos han circulado en plataformas digitales, mostrando situaciones similares con otras figuras del espectáculo. En el caso de Thalía, el episodio se volvió un referente de los límites difusos del consentimiento en el ambiente artístico de décadas anteriores.

Contexto actual y respuesta de Julio Iglesias

Las denuncias públicas de las tres figuras mexicanas han surgido tras el testimonio de dos exempleadas de Julio Iglesias en enero de 2026, quienes lo señalaron por presunto acoso sexual y laboral, según reportó Infobae. El cantante negó categóricamente todas las acusaciones y calificó de “falsas” las versiones sobre su conducta.

Las experiencias compartidas por Olga Breeskin, Verónica Castro y Thalía se suman a una conversación más amplia sobre el trato hacia las mujeres en la industria del entretenimiento, mientras el caso sigue generando reacciones en México y España.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, manifestó su deseo de que los representantes políticos mantengan la misma rapidez y contundencia en su reacción ante todas las denuncias mediáticas, sin distinción de las personas implicadas. Según García Martín, el tratamiento de los casos recientes en los que se ha visto involucrado el cantante Julio Iglesias exige cautela, ya que, como remarcó, hasta el momento no existe una resolución judicial expresa que aclare la situación legal del artista ni un conocimiento detallado del fondo de las denuncias. “Que nadie busque polémica, estamos diciendo exactamente lo mismo y lo que pedimos sobre todo es más prudencia a determinadas personas que en otras ocasiones se callan la boca”, señaló García Martín, de acuerdo con el reporte de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con lo publicado por la Comunidad de Madrid, el consejero insistió en que el ejecutivo autonómico no participará en acciones que contribuyan al descrédito de Julio Iglesias u otros ciudadanos en ausencia de fallos judiciales contundentes. García Martín enfatizó que esta postura responde a la necesidad de garantizar el principio de presunción de inocencia y a la importancia de evitar juicios mediáticos que puedan generar daños irreparables a la reputación de personas que aún no han sido investigadas o juzgadas formalmente.

El medio oficial de la Comunidad de Madrid detalló que García Martín criticó las diferencias en la reacción pública ante diversos casos de denuncias y señaló de manera específica a representantes de la izquierda política. El portavoz del Gobierno autonómico expresó que le hubiera gustado encontrar la misma contundencia y celeridad en la respuesta ante otras situaciones, como los episodios de presunto acoso atribuidos al socialista Paco Salazar o el conocido ‘caso Errejón’. El consejero sostuvo que en estos casos anteriores no se percibió una reacción pública tan rápida, lo que, según sus palabras, evidencia un tratamiento desigual de situaciones similares dependiendo del rol o la tendencia política del implicado.

La intervención de García Martín también incluyó una advertencia sobre el riesgo de que declaraciones públicas precipitadas puedan fomentar polémicas infundadas. Según reportó el gobierno de la Comunidad de Madrid, el funcionario consideró “impropio” que se desacredite a una persona de manera pública antes de que la justicia se pronuncie, citando como ejemplo la situación actual de Julio Iglesias. Remarcó que la propia Audiencia Nacional ni siquiera ha iniciado una investigación sobre el caso en cuestión, por lo que llamó a la prudencia, en especial a quienes, según él, se han abstenido de pronunciarse en otros expedientes similares.

La Comunidad de Madrid, según consignó su portavoz, mantiene como postura fundamental el respeto a la presunción de inocencia y la prevención del descrédito mediático prematuro mientras no haya pronunciamiento judicial. Esta posición se hace aún más enfática en casos de figuras públicas, como es el de Julio Iglesias, artista cuya trayectoria es reconocida en España y en el extranjero, situación que, en palabras de García Martín, obliga a actuar con especial responsabilidad para garantizar que el escrutinio público no sustituya al proceso judicial establecido.

El ejecutivo autonómico, de acuerdo con las declaraciones vertidas y recogidas por la Comunidad de Madrid, hace un llamado general a la ciudadanía y a los medios de comunicación para evitar pronunciamientos y especulaciones sin base jurídica solvente. García Martín reiteró que la actuación institucional se guiará exclusivamente por el respeto a la legalidad vigente, la salvaguarda de los derechos fundamentales y la objetividad en las comunicaciones relacionadas con denuncias públicas. Pidió además que, frente a cualquier acusación mediática, se actúe con la misma seriedad y exigencia, independientemente de la filiación política de los involucrados, para evitar que determinados casos sean utilizados como arma arrojadiza en el debate público.

Las declaraciones de García Martín se enmarcan en un contexto de creciente atención mediática hacia casos de denuncias que involucran a personalidades públicas y políticos, lo que, según reportes del gobierno regional, obliga a las autoridades a reforzar los mensajes de prudencia y responsabilidad en la comunicación institucional y mediática.

La muerte de Gabriel Alonso, un adolescente de 12 años que perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida en un ataque vinculado al crimen organizado el pasado 6 de enero, sigue generando indignación social y reclamos de justicia.

Lejos de encontrar respaldo institucional, su madre, Beatriz Herrera, denunció que ha sido hostigada por autoridades, situación que agrava el dolor de una familia golpeada por la violencia y la impunidad.

La tragedia se hizo presente este lunes en la Secundaria José Vasconcelos, donde la comunidad educativa realizó un homenaje póstumo en memoria del joven.

Entre globos blancos, lágrimas y silencio, docentes, alumnos y padres de familia participaron en un último pase de lista, acto simbólico que reflejó el duelo colectivo y el temor que persiste en una región marcada por hechos violentos de manera constante.

Homenaje marcado por el dolor y la exigencia de seguridad

Durante la ceremonia, el ambiente estuvo cargado de tristeza, pero también de reclamo. Familias y maestros coincidieron en que la muerte de Gabriel Alonso no es un hecho aislado, sino parte de una crisis de inseguridad que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes, incluso dentro de espacios que deberían ser seguros como las escuelas.

Desde el ámbito educativo, Sandra Piña, docente del grupo Primero “B”, recordó públicamente la personalidad del estudiante. Destacó su energía, compañerismo y amor por el deporte.“Su alegría y pasión por el futbol contagiaban a todos”, expresó la maestra durante el homenaje, palabras que provocaron aplausos y llanto entre los asistentes, quienes reconocieron el impacto positivo que Gabriel tenía entre sus compañeros.

Denuncia de hostigamiento y abandono institucional

Tras el acto escolar, Beatriz Herrera, madre del adolescente, tomó la palabra para dirigir un mensaje directo tanto a la sociedad como a las autoridades. Con voz entrecortada, rechazó que la muerte de su hijo sea justificada como un designio divino.

“Dios no se llevó a mi hijo, no fue la voluntad de Dios; me lo arrancó la maldad y Dios lo acogió”, declaró.

Herrera denunció que, además del dolor irreparable por la pérdida, enfrenta un vacío institucional. Aseguró que no ha recibido apoyo psicológico, legal ni social por parte del Estado y que, por el contrario, ha sido objeto de presiones y hostigamiento, sin que se le garantice justicia ni protección.

La madre también describió el clima de miedo permanente que vive la población, donde la violencia ha obligado a limitar actividades cotidianas, reducir el turismo y modificar rutinas básicas por temor a nuevos ataques armados.

Violencia que alcanza a las infancias

El caso de Gabriel Alonso ha reavivado el debate sobre las víctimas colaterales del crimen organizado, particularmente menores de edad que quedan atrapados en disputas ajenas. Organizaciones civiles y miembros de la comunidad escolar señalaron que la inseguridad ya no distingue horarios ni espacios, y que las infancias se han convertido en las más vulnerables.

Beatriz Herrera insistió en la falta de garantías legales y en la impunidad que suele rodear este tipo de crímenes. Aun así, afirmó que conserva una fortaleza íntima: el amor por su hijo.

“Me queda la certeza de que lo amé y de que él lo sabía”, dijo, arrancando muestras de solidaridad entre los presentes.

La exigencia es clara: justicia para Gabriel Alonso y seguridad para las comunidades, antes de que más vidas jóvenes queden truncadas por la violencia.

En uno de los momentos más tensos de su comparecencia, la dermatóloga Elisa Pinto relató ante la Audiencia Nacional que las llamadas que empezó a recibir, a raíz de sus acusaciones, se tornaron amenazantes con mensajes como: “Te vamos a matar, tienes unos niños muy pequeños, tus hijos son muy frágiles”. Según consignó Europa Press, Pinto aseguró que el empresario Javier López Madrid recurrió al comisario jubilado José Manuel Villarejo para “hundir cualquier denuncia” por las amenazas que ella refería y, según su testimonio, este encargo pretendía obstruir las investigaciones judiciales. La declaración de la médica tuvo lugar durante la tercera sesión del juicio en el que tanto López Madrid como Villarejo y Rafael Redondo, socio de este último, enfrentan cargos por presunto cohecho.

De acuerdo con el medio Europa Press, Pinto explicó que se sintió “obligada” a mantener comunicación con el empresario, a pesar de que era algo que “no quería tener”. Las interacciones incluyeron llamadas telefónicas, mensajes y visitas tanto a su domicilio como a su consulta médica. “En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que además era experto en poner en su sitio ‘a las chulas’ como yo”, manifestó Pinto en su comparecencia, según reportó Europa Press. La dermatóloga insistió en que no grabó ninguna de estas conversaciones porque nunca le pareció habitual hacerlo: “Yo me dedico a la medicina, a llevar una vida tranquila, no hago negocios, no tengo complicaciones vitales y sigo sin grabar a nadie. Igual es una mala costumbre, pero no grabo a la gente”, expresó ante el tribunal.

Pinto narró también un episodio singular en su consulta, donde, según declaró, la situación estuvo bajo el control total de López Madrid: “Él me dijo ‘siéntate’. Y yo me senté. Y se sentó su acompañante a la derecha. Tapaba la pantalla del ordenador. Colocaron una cartera encima de la mesa y empezó a decirme que dejara de hacer llamadas, que se estaban haciendo llamadas desde mi casa y desde mi consulta”. Tras la reunión, la médico informó tanto a un experto informático como a su abogado, preocupado por las acusaciones de llamadas a través de tarjetas prepago. Después de ese incidente, Pinto sostuvo que las amenazas se intensificaron telefónicamente y que el temor por su seguridad personal y la de su familia aumentó.

En el desarrollo de la sesión, la magistrada presidenta, Teresa Palacios, ofreció a Pinto la posibilidad de suspender su declaración ante el estado emocional en el que se encontraba, a lo cual la testigo respondió que prefería continuar con su testimonio. En varias ocasiones, la médica hizo referencia al poder e influencia que, según alega, ostentaba López Madrid para afectar su situación personal y profesional, señalando sus contactos con centros hospitalarios y su relación con pacientes de la consulta.

La acusación particular, presentó un escrito que, siempre según Europa Press, señala que López Madrid mantenía una estrecha relación con el inspector de Policía encargado de la investigación, Alberto Carba. El documento sostiene que este funcionario policial habría remitido varios mensajes electrónicos al empresario con información sobre el estado de la investigación, llegando a advertirle acerca de la finalización del secreto de sumario. Interrogado al respecto, Carba negó haber vulnerado su deber de reserva, explicando que sus comunicaciones estaban amparadas por el Estatuto de la Víctima y que su objetivo era calmar una crisis emocional del empresario. “Ernando una intervención como negociador de la Policía que era para reducir su ansiedad, para calmarle, para que no se arrojase”, declaró Carba; añadió que nunca reveló detalles específicos de las diligencias, y que frases como “este partido lo vamos a ganar” pretendían simplemente animar al destinatario a confiar en la investigación policial.

Durante la vista, la abogada defensora de Elisa Pinto solicitó que Villarejo se retirara del lugar reservado para los acusados durante la declaración de la denunciante, para que ésta se sintiera más cómoda. Según consignó Europa Press, la magistrada argumentó que no podía obligar al comisario jubilado a abandonar su sitio en tanto era abogado y tenía derecho a permanecer junto a su representante legal. Villarejo tomó la palabra para negar cualquier relación previa con Pinto y calificó la acusación como parte de un montaje: “No he visto a esta señora en mi vida, jamás he tenido ninguna relación con ella. Digo que todo forma parte de su show y, por lo tanto, si me permite, yo me niego a esta jugada”.

La acusación particular solicita penas de 6 años de prisión tanto para Villarejo como para López Madrid, señalándolos como presuntos autores de un delito de cohecho, y pide 4 años para Rafael Redondo al considerarlo cómplice en las supuestas maniobras para obstaculizar la investigación, según detalló Europa Press. La Fiscalía, por su parte, ha expresado que no presentará acusación y se muestra partidaria de la absolución de los acusados.

El relato presentado por Pinto, según publicó Europa Press, también incluye referencias a supuestos contactos del empresario con CENYT, la estructura empresarial de Villarejo, y detalla una visita en diciembre de 2013 a la consulta de la dermatóloga, donde López Madrid apareció acompañado de Redondo, identificado como su abogado. Según la letrada de Pinto, ese encuentro tuvo como fin ejercer presión sobre la médica, a lo que se sumaron nuevos actos tras la denuncia presentada por ella en 2014. Posteriormente, siempre según la misma fuente, Villarejo habría accedido de forma no autorizada a información privada de la doctora y solicitado la colaboración de funcionarios policiales para retrasar diligencias judiciales, entre ellas una rueda de reconocimiento.

Las sesiones del juicio, de acuerdo con Europa Press, han estado marcadas por la exposición de las versiones contrapuestas de las partes y por el relato de Pinto sobre la supuesta estrategia de intimidación diseñada para desacreditar sus denuncias. El tribunal deberá determinar la veracidad de las acusaciones y la posible existencia de una colaboración para obstaculizar el avance de las investigaciones relativas a los supuestos hechos de acoso y amenazas.

Un juez de control de la Ciudad de México resolvió no acumular las carpetas de investigación abiertas contra Uriel “N”, señalado por presuntos actos de acoso y abuso sexual cometidos el mismo día en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y de una joven de 25 años.

La decisión judicial mantiene los procesos por separado y ocurre en un contexto de alta atención pública, debido a la gravedad de los hechos y al debate nacional sobre la violencia de género.

Juez niega acumular investigaciones por acoso sexual

Durante la audiencia celebrada este martes, el juez determinó que las carpetas deben continuar de manera independiente, al considerar que, aunque los hechos ocurrieron en una misma fecha y zona, existen víctimas distintas, circunstancias específicas y pruebas diferenciadas.

Con ello, rechazó la solicitud de acumular los expedientes en una sola causa penal.

Uriel “N” permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la cual fue ratificada por el juzgador mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

Así se llevó a cabo la audiencia de hoy

La jornada judicial inició alrededor de las 9:30 horas con la audiencia relacionada con la denuncia presentada por una joven de 25 años, quien acusó a Uriel “N” de abuso sexual ocurrido en la vía pública.

En esta diligencia, el juez concedió una ampliación de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, a fin de que las partes fortalezcan sus pruebas.

Posteriormente, se programó una segunda audiencia, prevista para el mediodía, correspondiente a la acusación promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este caso, la defensa solicitó la ampliación del plazo de investigación, petición que será clave para definir los siguientes pasos del proceso. Ambas causas continuarán su curso legal de forma paralela.

Qué ocurrió durante el acoso a Claudia Sheinbaum

Los hechos que detonaron el caso ocurrieron el 4 de noviembre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum caminaba por calles del Centro Histórico rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con su testimonio, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó por detrás e intentó abrazarla y besarla en el cuello, vulnerando su espacio personal.

La mandataria señaló que en un primer momento no se percató de lo sucedido, sino hasta que integrantes de su equipo de seguridad le informaron y revisaron los videos del incidente, mismos que circularon ampliamente en redes sociales.

Tras la difusión de las imágenes, Sheinbaum presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al referirse públicamente al hecho, la presidenta enfatizó que el acoso no debe normalizarse y habló no solo como jefa del Ejecutivo, sino como mujer.

Además, reiteró que no modificará su forma de acercarse a la ciudadanía, aunque contará con el apoyo de su equipo de seguridad.

Contexto del caso y acusaciones contra Uriel “N”

Horas antes del incidente con la presidenta, una joven de 25 años denunció haber sido agredida sexualmente en la vía pública por el mismo individuo, lo que derivó en su detención ese mismo día y en el inicio de las investigaciones penales.

Uriel “N” es acusado de:

• Abuso sexual en perjuicio de una joven de 25 años.
• Presunto acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
• Realizar actos de connotación sexual sin consentimiento en la vía pública.
• Aproximarse a las víctimas de manera sorpresiva y violenta.
• Vulnerar el espacio personal de las personas afectadas.

Violencia de género, un problema estructural

El caso se da en un contexto alarmante: según datos del Inegi, más del 70% de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia, y más del 90% de los casos de acoso no se denuncian.

Sheinbaum ha señalado que su gobierno revisará la tipificación del acoso como delito en todo el país y lanzará una campaña nacional para fomentar el respeto hacia las mujeres.

El proceso judicial continuará en los próximos meses, mientras las autoridades definen responsabilidades y avanzan las investigaciones en ambos casos.

En el transcurso de una vista celebrada en la plaza tres de la sección penal de Vigo, R.C.F. reconoció su responsabilidad por delitos como injurias, acoso, amenazas graves, lesiones y daños continuados cometidos contra jueces, abogados y policías en la ciudad gallega. De acuerdo con lo informado por el medio de comunicación, la jueza dictó sentencia firme después de que el acusado admitiera los hechos y aceptara las condiciones de una negociación judicial que rebajó significativamente la petición de condena inicial.

Según publicó la fuente, la pena total a la que se enfrenta R.C.F. asciende a casi 11 años de prisión, junto con multas que suman 9.000 euros. El tribunal dispuso también el abono de indemnizaciones superiores a 6.000 euros. Estas compensaciones corresponden a lesiones infligidas, daños materiales, perjuicios morales y desperfectos provocados en despachos vinculados a parte de las víctimas y en otros inmuebles relacionados. La sentencia incorpora, además, la prohibición expresa de que el acusado contacte o se aproxime a los perjudicados durante un plazo de 5 años.

El proceso judicial, detalló la fuente, comenzó después de que el ministerio público presentara un escrito en el que atribuía al procesado una conducta reiterada y compulsiva que se extendió desde noviembre de 2022 hasta julio de 2023. Durante ese periodo, el acusado remitió en repetidas ocasiones cientos de correos electrónicos a diversas cuentas oficiales y corporativas. En ellos, quedaba patente un ataque directo al honor y la dignidad de varios miembros del poder judicial y de la fiscalía responsables en causas abiertas contra su persona.

La acusación pública planteó que esos mensajes iban acompañados de amenazas graves de muerte, profiriendo insultos e injurias de especial gravedad contra abogados que ejercían su defensa y miembros de la junta del Colegio de Abogados de Vigo. Se trataba de expresiones de gran hostilidad que, según el ministerio público, buscaban menoscabar la labor jurisdiccional de las autoridades afectadas. A raíz del volumen y la naturaleza de estas comunicaciones, el juzgado de instrucción de Vigo impuso la prohibición al encausado de establecer contacto, bajo cualquier medio, con órganos judiciales del partido judicial de Vigo, salvo en los casos en que la propia autoridad acordara su intervención puntual.

Además, informó la fuente, el acoso no se limitó a las comunicaciones electrónicas. Dentro de esta línea de hostigamiento, el ministerio público recogió en su escrito que R.C.F. materializó una agresión física el 19 de julio a uno de los abogados implicados en su defensa. El ataque se produjo a las puertas de los juzgados de Vigo, adonde el acusado propinó un golpe en la cara al profesional, derribándolo al suelo. Los incidentes violentos incluyeron la causación de daños en el edificio donde se sitúa el despacho de la víctima, así como en otro inmueble en el que mantiene su bufete otro letrado involucrado en la causa.

Posteriormente, la Policía localizó al acusado en una terraza de la Plaza de Compostela. La fuente relató que, durante la detención, R.C.F. mostró una fuerte resistencia ante los agentes y, ya en dependencias policiales, ocasionó deterioros en las instalaciones y profirió amenazas hacia los funcionarios encargados de su custodia. El juzgado dictó entonces su ingreso en prisión provisional. Una vez en los juzgados, cuando se le comunicó la resolución, insultó a la jueza de guardia y dañó el mobiliario de la sala de declaraciones, añadió el medio.

De acuerdo con el relato del escrito fiscal recogido por la fuente, la campaña de acoso y amenazas encabezada por el encausado generó un clima de temor y angustia entre los destinatarios, quienes declararon sentir inquietud no solo por su seguridad personal, sino también por la de sus familiares cercanos. La Fiscalía calificó estas acciones como parte de una estrategia de hostigamiento continuo hacia profesionales vinculados a los ámbitos judicial y policial de Vigo.

La vista celebrada permite la reducción de la petición inicial de condena, que ascendía a 25 años de cárcel, gracias al acuerdo alcanzado entre las partes y la admisión completa de los hechos por parte de R.C.F. Entre las medidas adoptadas por el tribunal, además de la prisión y las indemnizaciones, figuran las restricciones de contacto que limitan de forma estricta cualquier tipo de acercamiento o comunicación del acusado con los afectados, detalló la fuente.

Durante la asamblea del Comité Nacional del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), las intervenciones se centraron en el abordaje de los recientes casos investigados y en las respuestas adoptadas por la dirección ante las denuncias, mientras se abordaron críticas relacionadas con la gestión del liderazgo. El partido dio por concluida la crisis interna vinculada a los señalamientos por acoso, según detalló Europa Press, tras un foro en el que cerca de 40 militantes tomaron la palabra y la asistencia total alcanzó las 203 personas acreditadas de las 350 que integran el órgano.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cerró la asamblea apelando a la unidad interna y advirtió sobre los riesgos de priorizar los enfrentamientos internos sobre los objetivos políticos de la organización. Textualmente, en la intervención final transmitida por Europa Press, Besteiro sostuvo: “Cuando el ruido se impone al debate sereno, cuando las luchas internas pesan más que los objetivos políticos, perdemos todos”. El dirigente socialista afirmó que las dificultades enfrentadas durante las últimas semanas no reflejan debilidad alguna, sino que las situó en el contexto de la firme conciencia feminista que, según él, caracteriza al partido.

Durante el repaso de los casos gestionados por la dirección gallega, Besteiro relató el proceder en el caso del exsecretario provincial del PSOE de Lugo y expresidente de la Diputación, José Tomé, quien fue suspendido de militancia y apartado de la presidencia provincial tras la denuncia por presunto acoso sexual. También mencionó el caso que implicó al exalcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, quien resultó apartado de la formación luego de ser señalado por supuesto acoso laboral contra una edil, que a su vez había denunciado previamente a otro concejal por acoso sexual.

En contraste, no hubo alusión por parte de Besteiro a las acusaciones contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage, quienes fueron denunciados por supuesta conducta de acoso laboral por parte de dos exconcejales que no repitieron en las listas electorales. Europa Press especificó que Inés Rey, quien además integra la ejecutiva estatal del PSOE, no está bajo la resolución directa del PSdeG: la competencia sobre esa denuncia corresponde a la dirección federal del partido.

La cuestión del feminismo dominó el debate durante el comité, de acuerdo con la crónica de Europa Press. Si bien las intervenciones no ocultaron críticas a cómo se gestionaron las controversias, la mayoría mostró disposición para apoyar al secretario general. El propio Besteiro manifestó su satisfacción al percibir que ningún participante reprochó de forma explícita las decisiones tomadas en los casos de Lugo y Barbadás.

Otras voces del partido aportaron detalles sobre la gestión de estas denuncias. El secretario general de Ourense, Álvaro Vila, compartió su punto de vista sobre el caso del alcalde de Barbadás. La exsecretaria de Organización de Lugo, Pilar García Porto, se refirió a los procedimientos seguidos tras la denuncia contra Tomé. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el secretario general de A Coruña, Bernardo Fernández; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, intervinieron públicamente para apoyar la posición de Besteiro.

La sesión también contó con la presencia de Carmela Silva, presidenta del PSdeG, y de militantes vinculados a sectores internos tradicionales, pese a la ausencia de figuras como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el exsecretario general Gonzalo Caballero. Según consignó Europa Press, algunos simpatizantes de este último, como el exdiputado Martín Seco, sí estuvieron presentes.

En el transcurso del comité, Inés Rey participó y centró su intervención en la defensa de una activa política feminista en el partido, señalando que “el feminismo debe practicarse y no solo predicarse”. En su discurso, criticó la destitución de María Rivas, exsubdelegada del Gobierno en A Coruña, y reclamó que la decisión se hubiera adoptado sin consultar a alcaldes y alcaldesas de la provincia. El alcalde de Ames, Blas García, compartió percepciones críticas respecto a la forma en que se produjeron ciertos relevos, como el ingreso de Aitor Bouza en el Parlamento de Galicia.

Rey enfatizó que su primer respaldo fue para Besteiro y defendió la importancia de estructurar un proyecto centrado en Galicia, a la vez que puso en valor el trabajo de la exsecretaria de Igualdade, Silvia Fraga, quien había dimitido mostrando disconformidad con la gestión de las denuncias. Diversos militantes, incluida Carmela Silva, reconocieron la contribución de Fraga en materia de igualdad.

En la asamblea, solamente una militante, Begoña Aldao, próxima al exsecretario general Gonzalo Caballero, planteó la cuestión de las denuncias contra Inés Rey y José Manuel Lage, y criticó que no se les hubiera pedido asumir responsabilidades. El intercambio provocó una respuesta por parte de la alcaldesa de A Coruña desde su escaño.

Al cierre de las intervenciones, José Manuel Lage recalcó que el PSdeG debe orientarse a la fraternidad, al desarrollo de su proyecto político y a la dedicación de sus miembros. Planteó que el comité nacional debería funcionar como un punto de inflexión para que el partido se alinee tras la dirección y su secretario general, especialmente de cara al ciclo municipal. Lage sugirió programar una conferencia municipal en el segundo semestre de 2026, con vistas a preparar las próximas elecciones locales de 2027.

El protagonismo de las juventudes socialistas se manifestó en intervenciones reiteradas en las que subrayaron la relevancia del feminismo como principio esencial del partido. Reclamaron que las denuncias por estos casos se lleven directamente a la justicia y no a canales internos que consideraron “nefastos”. Según su mensaje, transmitido por Europa Press, la lealtad está con las siglas por encima de divisiones internas, y llamaron a recuperar la capacidad de ilusionar a la militancia: "La juventud está ilusionada, que no la combustionen". El secretario general de las Xuventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval, anunció que antes del verano se celebrará un congreso nacional ordinario en la organización juvenil, indicando que no optará a la reelección tras cuatro años de mandato.

Entre los temas tratados también se adoptó una posición respecto al contexto de la financiación de los servicios municipales. La directiva del PSdeG presentó y aprobó una propuesta específica en la que el partido se compromete a apoyar las reclamaciones judiciales de los municipios contra la Xunta de Galicia por lo que consideran un déficit en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar. Además, el encuentro abordó las cuentas previstas para 2025 y la elaboración del presupuesto del partido para 2026.

Durante la asamblea, el debate interno, la defensa de la unidad y el enfoque en cuestiones feministas y de política local dominaron la discusión, según relató Europa Press. El PSdeG, por medio de su secretario general y otros actores clave, finalizó la reunión con el mensaje de que la crisis derivada de las recientes denuncias internas puede considerarse superada, mientras se recomienda centrar el trabajo político en los retos futuros del partido.

La violencia sexual contra los hombres en México es una problemática existente pero escasamente discutida en el espacio público. A diferencia de la violencia sexual contra las mujeres —que ha logrado mayor visibilidad social y mediática—, las agresiones sexuales hacia varones suelen permanecer ocultas, en gran medida por estigmas culturales y estereotipos de género profundamente arraigados. Sin embargo, los datos oficiales revelan que se trata de un fenómeno significativo que requiere atención urgente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el último semestre de 2022, un millón 836 mil 843 hombres mayores de 18 años enfrentaron algún tipo de violencia sexual. Estas cifras incluyen conductas como acoso, intimidación, piropos ofensivos, tocamientos sin consentimiento, exhibicionismo, intentos de violación y violación. Tan solo entre julio y diciembre de ese año, se estima que diariamente 10 mil 204 hombres fueron víctimas de agresiones sexuales, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

En el primer semestre de 2024, la ENSU reportó que 8.5 % de los hombres de 18 años y más en zonas urbanas sufrió algún tipo de violencia sexual o acoso en espacios públicos. Esta cifra representa un aumento con respecto al segundo semestre de 2023, cuando se registró un 7.8 %, lo que evidencia una tendencia al alza.

Aunque el porcentaje es menor al pico alcanzado en 2019 (10.1 %), especialistas y activistas advierten que la reducción no necesariamente implica menos violencia, sino que muchos casos continúan sin denunciarse.

La invisibilidad de la violencia sexual contra los hombres tiene múltiples causas. En primer lugar, la construcción social de la masculinidad asocia al varón con la fortaleza, el control y la virilidad, lo que provoca que muchos hombres sientan vergüenza, miedo o culpa al reconocerse como víctimas.

A ello se suma la falta de educación sexual integral y de campañas de sensibilización que incluyan explícitamente a los hombres como posibles víctimas. Los estereotipos de género, la homofobia y la normalización de ciertas agresiones también contribuyen a que estas experiencias se minimicen o se perciban como “parte de la vida cotidiana”.

Las consecuencias de la violencia sexual en los hombres pueden ser profundas. Diversos estudios y testimonios señalan efectos emocionales y psicológicos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, aislamiento social y dificultades para establecer relaciones personales. La falta de denuncia y de atención especializada perpetúa el ciclo de violencia y agrava los daños, al no permitir que las víctimas accedan a apoyo psicológico, médico y legal oportuno.

De acuerdo con una publicación de la Gaceta CCH de la UNAM, organizaciones civiles como Corazones Mágicos y Hombres por la Equidad han trabajado para visibilizar esta problemática y ofrecer acompañamiento a hombres que han sufrido violencia sexual. Estas iniciativas buscan romper el silencio, cuestionar los mandatos tradicionales de la masculinidad y promover una cultura de denuncia y apoyo.

Por su parte, el gobierno mexicano ha implementado planes y protocolos para prevenir y atender la violencia sexual, así como campañas de concientización; no obstante, especialistas coinciden en que aún falta incorporar de manera explícita a los hombres en las políticas públicas de atención.

Académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han subrayado que la violencia sexual no es exclusiva de las mujeres y que los hombres también padecen este tipo de agresiones, muchas veces ejercidas por otros hombres.

Señalan que en espacios como universidades es indispensable fortalecer la reflexión, la atención psicológica y la orientación educativa, especialmente entre jóvenes que enfrentan depresión y ansiedad y no siempre cuentan con herramientas para identificar o expresar su malestar.

Reconocer la violencia sexual contra los hombres no implica restar importancia a la violencia que viven las mujeres, sino ampliar la comprensión del problema y avanzar hacia una atención integral. Visibilizar, educar y generar espacios seguros de apoyo es un paso fundamental para romper el silencio y garantizar el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia.

Un video compartido en TikTok desató una fuerte conversación en redes sociales luego de mostrar el momento en que una pasajera acusó injustamente a un taxista de aplicación de acoso, tras interpretar como coqueteo un simple gesto de cortesía.

El intercambio ocurrió al finalizar un viaje nocturno y rápidamente se volvió viral, generando una ola de reacciones a favor del conductor.

De acuerdo con el clip difundido, todo comenzó cuando el chofer concluyó el traslado y, como parte de una despedida habitual, se dirigió a la usuaria con un saludo amable. Sin embargo, la pasajera reaccionó de manera inesperada y confrontó al conductor, provocando un diálogo que fue grabado y posteriormente compartido en plataformas digitales.

La conversación quedó registrada de la siguiente manera:

Taxista: Listo, buenas noches, señorita.

Pasajera: Oye, ¿me estás ligando?.

Taxista: No, para nada, disculpe.

Pasajera: Ok, porque está del nabo que hagas eso.

Taxista: Disculpe pues.

Pasajera: No, pero oye está muy mal porque las chavas tenemos odio a veces.

Taxista: Ok, entonces que tenga la peor noche de su vida, entonces que le dé parálisis facial o que se le suba el muerto.

Tras la difusión del video, usuarios de TikTok, X y Facebook reaccionaron de inmediato, cuestionando la actitud de la pasajera y señalando que el saludo del conductor no representaba ninguna insinuación. Para muchos internautas, el caso reflejó cómo la amabilidad cotidiana puede ser malinterpretada en ciertos contextos.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran mensajes como: “Me hiciste el día carnal, espero que también estés teniendo un gran día”, “No confundas mi amabilidad, con coqueteo”, “jajajajajajaja lptm, háganme volver cuando se haga mas viral”, “Creo que nunca la han tratado bien en su vida”, “Bro me hiciste el día con lo último jajaja espero estés teniendo buenos viajes con buena remuneración” y “ese muchacho me llena de orgullo”.

Un concejal de la localidad Olegario V. Andrade, provincia de Misiones, fue suspendido por tres meses de sus funciones, luego de que interpusiera una denuncia penal en su contra por acoso a dos adolescentes de 16 y 14 años. Se trata de R. K., quien fue acusado de haberles ofrecido un terreno, a cambio de tomar un helado con él.

Según confirmó la Municipalidad de Andrade, la decisión se produjo tras la apertura del expediente judicial. El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción N° 5 de Alem. A pesar de esto, la familia de las denunciantes recriminaron la falta de protección formal hacia las menores.

“No hubo ninguna medida de protección, solo algo que fue firmado por la Policía de acá, pero nada con la firma del juez”, expuso Sergio, el padre de las adolescentes, tras haber radicado la denuncia en la comisaría local, dependiente de la Unidad Regional VI.

De acuerdo con el medio local El Territorio, el episodio ocurrió el 3 de enero, cuando las jóvenes se dirigían a comprar a una carnicería de la zona. En ese momento, el concejal las habría abordado y les habría dicho: “Están muy hermosas”. A partir de ese primer contacto, les habría insistido para que fueran a tomar un helado. Una invitación que la mayor de ellas rechazó.

“Les empezó a decir cosas, las invitó a ir a Cerro Azul a tomar un helado y hasta les ofreció un terreno. Les dijo que era concejal y futuro intendente”, aseguró el padre de las menores de edad. Asimismo, indicó que no habría sido la primera vez que realizaba esa clase de comentarios, debido a que se lo habrían cruzado en otras oportunidades. “Es un pueblo chiquito”, manifestó.

En línea con esto, el hombre reiteró la sensación de desprotección que sienten las denunciantes, puesto que, en un primer momento, las autoridades se habrían negado a atenderlas. “Primero no nos quisieron tomar la denuncia, hicieron solo una exposición. ¿Cómo van a hacer una exposición por algo así? Esto no es que se perdió una gallina, para mí es algo gravísimo”, acusó.

“No me importa si es concejal o no. Y aunque fuera contra una persona adulta, es algo grave. Acá mucho más, porque fue hacia menores de edad”, resaltó el padre de las adolescentes al repudiar la actitud del concejal suspendido. Asimismo, criticó que solo la Policía otorgó una perimetral de 300 metros.

Y profundizó: “No tiene firma de un juez, solo del comisario. Y una perimetral por 300 metros, en un pueblo chico, esos 300 metros no sirven de nada”. Asimismo, afirmó: “Yo no estoy en condiciones de alquilar algo en otro lugar para poder llevar a mi hija, porque este señor hace lo que hace”.

Frente a este panorama, el hombre indicó que sus hijas se encontraban en una difícil situación. “Están acorraladas, no quieren salir”, explicó al contar que ambas comenzaron a recibir asistencia psicológica, pero perteneciente a un servicio privado, ya que las autoridades no habría ofrecido ningún tipo de contención.

“Uno podría hacer justicia por mano propia, pero no es el caso. Para eso está la Justicia”, afirmó Sergio, tras remarcar la indignación que generaba en la familia lo sucedido. En línea con esto, reiteró que “lo único que quiero es que esto no pase a mayores, ni con mis hijas ni con nadie”.

Hasta el momento, el acusado evitó manifestarse respecto a las acusaciones en su contra. Aunque el medio local mencionado habría intentado ponerse en contacto con él, este solo habría contestado que la causa permanece bajo reserva y que la defensa aún no habría tenido acceso al expediente.

A finales de noviembre, cuando los feligreses judíos y otras personas ingresaron a la Sinagoga Park East, en el Upper East Side de Manhattan, para asistir a un evento organizado por el grupo Nefesh B’Nefesh, se encontraron con cánticos de “¡Globalizar la intifada!” y “¡Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel!”.

Las organizaciones judías respondieron con comprensible alarma. Sin embargo, lo que inquietó aún más a muchos neoyorquinos fue la respuesta posterior de la oficina del asambleísta del estado de Nueva York, Zohran Mamdani, quien sugirió que el propio evento de la sinagoga había hecho un uso indebido de un “espacio sagrado” y violado el derecho internacional.

Esta narrativa es importante; señala cómo los líderes cívicos interpretan y responden a la intimidación antisemita.

Mamdani juró como alcalde el 1 de enero. Los neoyorquinos judíos escucharán atentamente tales declaraciones.

Si esto aún no resonara entre los neoyorquinos, tras el tiroteo masivo ocurrido durante un evento de Janucá el 14 de diciembre en la playa Bondi de Sídney, el encuadre mencionado debería inquietar a todo aquel neoyorquino que valore el pluralismo y la libertad religiosa.

Ya vimos hacia dónde conducen, cuando no se las cuestiona, las pautas de confusión moral y un umbral reducido para la violencia. Este es un momento en el que nuestros líderes locales deberían considerar cuidadosamente cómo evitar recorrer ese camino en casa.

En Australia, como en muchos lugares donde estalló la violencia antisemita, la comunidad judía observó con creciente alarma cómo las amenazas y la violencia antisemitas se intensificaban mientras que la retórica de la oficina del primer ministro estigmatizaba a Israel, normalizaba el antisemitismo y reducía el umbral para la violencia contra los judíos.

Todas las democracias enfrentan pruebas en cuanto a cómo sus líderes establecen, o no, normas sociales claras. En Nueva York, donde seguimos viendo un repunte del odio hacia los judíos y de los ataques, existen numerosas oportunidades para dejar esas normas absolutamente claras.

La democracia depende del debate civil, la disidencia y la expresión de agravios. Pero existe una línea moral y, en ocasiones, legal que distingue la protesta de la persecución. Cuando las personas son objeto de persecución por ingresar en un lugar de culto o por celebrar públicamente su religión o identidad, la falta de protección de las libertades básicas y de las normas cívicas enseña que el acoso puede reemplazar el debate.

Los líderes cívicos hacen más que gestionar políticas; modelan cómo una sociedad diversa puede discrepar sin deshumanizar. Los ciudadanos, entre ellos los jóvenes, observan no solo lo que dicen los líderes, sino también cómo responden cuando se cruzan los límites. Ven cómo los adultos discuten, escuchan, discrepan y resuelven problemas, y cómo se inspiran en nosotros.

Cuando los líderes reducen cuestiones complejas a políticas de identidad, insinuando que se debe desconfiar de las instituciones judías simplemente por ser instituciones judías, enseñan a los estudiantes una lección equivocada sobre el pluralismo y el desacuerdo en una democracia. Lo que es incompatible con la democracia es la retórica que trata a las instituciones judías como inherentemente sospechosas o que implica que las reuniones judías deben superar una prueba ideológica para ser consideradas legítimas.

Y todos sabemos adónde conduce esa lógica.

A través del Museo de la Tolerancia, el equipo educativo del Centro Simon Wiesenthal trabaja con estudiantes de diversos orígenes para enseñar un modelo diferente: cómo sostener la complejidad sin generar confusión moral. Enseñamos que el desacuerdo no requiere deshumanización, que las políticas pueden cuestionarse sin atacar a las personas y que el lenguaje importa porque moldea el comportamiento. Este enfoque funciona porque se basa en hechos, empatía y límites claros.

Esos límites importan ahora. Cuando los cánticos antisemitas se minimizan como meras “expresiones”, mientras que las instituciones judías se escudriñan simplemente por existir, los espacios sagrados pierden su protección y los jóvenes aprenden la lección equivocada: que la intimidación es solo otra forma de expresión.

Mamdani y otros líderes cívicos tienen la oportunidad de modelar un camino diferente, uno basado en la escucha, el aprendizaje y la claridad moral. Podemos centrarnos en el discurso abierto, la empatía y la comprensión real en lugar de la virulencia, condenando toda retórica que invoque la violencia. Podemos establecer límites para la protesta que no lleguen a intimidar a todo un grupo identitario. Podemos insistir en que la disidencia política no resulte en una vulneración de la seguridad ni de los derechos de las personas. Podemos exigir que lo que es inaceptable en un contexto sea inaceptable en todos los contextos.

Y si aplicamos estas pautas, quizás podamos prevenir la próxima oleada de odio y violencia.

Los neoyorquinos pueden añadir complejidad y matices a nuestro discurso. Cuando ocurrió la protesta frente a la Sinagoga Park East, la discusión se redujo a declaraciones simplistas, desprovistas de contexto y comprensión.

Las reuniones judías a menudo incluyen debates sobre Israel y la identidad de un pueblo: temas arraigados en siglos de historia judía, memoria colectiva, práctica religiosa, exilio, retorno y supervivencia. Cuando el discurso público aborda estas conversaciones como si fueran actividades políticas opcionales en lugar de expresiones centrales de identidad y continuidad y, cuando los líderes encargados de dar forma a las normas cívicas presentan esas conversaciones como provocativas o ilegítimas, la exclusión está a la vista.

Los estudiantes también son capaces de comprender la complejidad y merecen líderes que confíen en ellos y les ofrezcan la historia completa, no solo consignas. Participar en la vida cívica no se trata de tomar partido. Se trata de elegir la humanidad, la humanidad compartida y tener claro dónde empieza la intimidación y dónde termina la dignidad.

A finales de noviembre, cuando los feligreses judíos y otras personas ingresaron a la Sinagoga Park East, en el Upper East Side de Manhattan, para asistir a un evento organizado por el grupo Nefesh B’Nefesh, se encontraron con cánticos de “¡Globalizar la intifada!” y “¡Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel!”.

Las organizaciones judías respondieron con comprensible alarma. Sin embargo, lo que inquietó aún más a muchos neoyorquinos fue la respuesta posterior de la oficina del asambleísta del estado de Nueva York, Zohran Mamdani, quien sugirió que el propio evento de la sinagoga había hecho un uso indebido de un “espacio sagrado” y violado el derecho internacional.

Esta narrativa es importante; señala cómo los líderes cívicos interpretan y responden a la intimidación antisemita.

Mamdani juró como alcalde el 1 de enero. Los neoyorquinos judíos escucharán atentamente tales declaraciones.

Si esto aún no resonara entre los neoyorquinos, tras el tiroteo masivo ocurrido durante un evento de Janucá el 14 de diciembre en la playa Bondi de Sídney, el encuadre mencionado debería inquietar a todo aquel neoyorquino que valore el pluralismo y la libertad religiosa.

Ya vimos hacia dónde conducen, cuando no se las cuestiona, las pautas de confusión moral y un umbral reducido para la violencia. Este es un momento en el que nuestros líderes locales deberían considerar cuidadosamente cómo evitar recorrer ese camino en casa.

En Australia, como en muchos lugares donde estalló la violencia antisemita, la comunidad judía observó con creciente alarma cómo las amenazas y la violencia antisemitas se intensificaban mientras que la retórica de la oficina del primer ministro estigmatizaba a Israel, normalizaba el antisemitismo y reducía el umbral para la violencia contra los judíos.

Todas las democracias enfrentan pruebas en cuanto a cómo sus líderes establecen, o no, normas sociales claras. En Nueva York, donde seguimos viendo un repunte del odio hacia los judíos y de los ataques, existen numerosas oportunidades para dejar esas normas absolutamente claras.

La democracia depende del debate civil, la disidencia y la expresión de agravios. Pero existe una línea moral y, en ocasiones, legal que distingue la protesta de la persecución. Cuando las personas son objeto de persecución por ingresar en un lugar de culto o por celebrar públicamente su religión o identidad, la falta de protección de las libertades básicas y de las normas cívicas enseña que el acoso puede reemplazar el debate.

Los líderes cívicos hacen más que gestionar políticas; modelan cómo una sociedad diversa puede discrepar sin deshumanizar. Los ciudadanos, entre ellos los jóvenes, observan no solo lo que dicen los líderes, sino también cómo responden cuando se cruzan los límites. Ven cómo los adultos discuten, escuchan, discrepan y resuelven problemas, y cómo se inspiran en nosotros.

Cuando los líderes reducen cuestiones complejas a políticas de identidad, insinuando que se debe desconfiar de las instituciones judías simplemente por ser instituciones judías, enseñan a los estudiantes una lección equivocada sobre el pluralismo y el desacuerdo en una democracia. Lo que es incompatible con la democracia es la retórica que trata a las instituciones judías como inherentemente sospechosas o que implica que las reuniones judías deben superar una prueba ideológica para ser consideradas legítimas.

Y todos sabemos adónde conduce esa lógica.

A través del Museo de la Tolerancia, el equipo educativo del Centro Simon Wiesenthal trabaja con estudiantes de diversos orígenes para enseñar un modelo diferente: cómo sostener la complejidad sin generar confusión moral. Enseñamos que el desacuerdo no requiere deshumanización, que las políticas pueden cuestionarse sin atacar a las personas y que el lenguaje importa porque moldea el comportamiento. Este enfoque funciona porque se basa en hechos, empatía y límites claros.

Esos límites importan ahora. Cuando los cánticos antisemitas se minimizan como meras “expresiones”, mientras que las instituciones judías se escudriñan simplemente por existir, los espacios sagrados pierden su protección y los jóvenes aprenden la lección equivocada: que la intimidación es solo otra forma de expresión.

Mamdani y otros líderes cívicos tienen la oportunidad de modelar un camino diferente, uno basado en la escucha, el aprendizaje y la claridad moral. Podemos centrarnos en el discurso abierto, la empatía y la comprensión real en lugar de la virulencia, condenando toda retórica que invoque la violencia. Podemos establecer límites para la protesta que no lleguen a intimidar a todo un grupo identitario. Podemos insistir en que la disidencia política no resulte en una vulneración de la seguridad ni de los derechos de las personas. Podemos exigir que lo que es inaceptable en un contexto sea inaceptable en todos los contextos.

Y si aplicamos estas pautas, quizás podamos prevenir la próxima oleada de odio y violencia.

Los neoyorquinos pueden añadir complejidad y matices a nuestro discurso. Cuando ocurrió la protesta frente a la Sinagoga Park East, la discusión se redujo a declaraciones simplistas, desprovistas de contexto y comprensión.

Las reuniones judías a menudo incluyen debates sobre Israel y la identidad de un pueblo: temas arraigados en siglos de historia judía, memoria colectiva, práctica religiosa, exilio, retorno y supervivencia. Cuando el discurso público aborda estas conversaciones como si fueran actividades políticas opcionales en lugar de expresiones centrales de identidad y continuidad y, cuando los líderes encargados de dar forma a las normas cívicas presentan esas conversaciones como provocativas o ilegítimas, la exclusión está a la vista.

Los estudiantes también son capaces de comprender la complejidad y merecen líderes que confíen en ellos y les ofrezcan la historia completa, no solo consignas. Participar en la vida cívica no se trata de tomar partido. Se trata de elegir la humanidad, la humanidad compartida y tener claro dónde empieza la intimidación y dónde termina la dignidad.

*La autora de este artículo es Vicepresidenta Ejecutiva para el Noreste del Centro Simon Wiesenthal

Ángel de Brito contó el grave episodio que vivió la actriz, justo en el regreso a los escenarios tras denunciar por violencia a su expareja, Luis Cavanagh. “Vi a Belén sentada en primera fila y no pude continuar con normalidad. Sentí que no tenía fuerzas para reaccionar y solo quise que la situación terminara rápido”, le relató la actriz al periodista. Aunque cuenta con un botón antipánico, el episodio reavivó su temor y evidenció la dificultad de hacer cumplir las medidas cautelares.

En LAM (América TV) dieron detalles de quién es la mujer que Gaetani denunció: la acosadora, nacida en 1994, comenzó a acercarse a la actriz como fan, asistiendo con frecuencia al teatro y a funciones donde la artista se presentaba. “Es una fan que se acerca, que va al teatro muy seguido a verla... Pero después empezó con una actitud invasiva que le empezó a incomodar”, detalló Pilar Smith al reconstruir el testimonio de la actriz. En su denuncia Gaetani contó las actitudes que encendió su alarma: “Por ejemplo, se mete al teatro y después me agarra fuerte del brazo, se quiere meter en mi auto cuando yo me estoy yendo”.

El hostigamiento trascendió el entorno profesional. La mujer apareció en reuniones sociales que Gaetani había compartido en redes y en una muestra de arte en Belgrano, donde la actriz tuvo que salir rápidamente hacia su auto mientras era perseguida. “En la denuncia, Gaetani dijo que la mujer se presentaba constantemente, llegando a acontecer situaciones en las cuales ha ingresado o ha querido ingresar al teatro, siendo retirada por el personal”, señalaron quienes conocen el caso.

La denuncia por acoso y hostigamiento, presentada ante la justicia hace un año, derivó en la entrega de un botón antipánico a la actriz y la imposición de una restricción perimetral. Sin embargo, la insistencia de esta mujer resulta difícil de frenar, ya que sigue presentándose tanto en el teatro como en distintos espacios privados de Gaetani.

A través de mensajes, regalos, ramos de flores y publicaciones en redes sociales, la acosadora intentó mantener el contacto. Hubo una carta acompañando un ramo de flores: “Cada día que pasa me doy cuenta de que te llevo en el corazón. Me encantaría que sigamos en contacto. Te dejo mi Instagram y número”. Gaetani expresó que debió aclararle varias veces que “las mujeres no son mi elección sexual” y que estaba en pareja cuando comenzaron los incidentes.

El informe judicial y los testimonios confirmaron que hubo intentos reiterados de ingreso a funciones de teatro, presencia a la salida de eventos y la necesidad de intervención policial cuando la actriz activó el botón antipánico. “Por suerte, esta chica no la interceptó. Romina pudo irse del Konex, pero es toda una situación que fue poniéndose más complicada una y otra vez”, añadió Smith.

Gaetani describió que siempre intentó mantener un trato cordial con la denunciada, incluso después de saber que padecía una condición psiquiátrica no especificada. “Siempre fue un trato superamable, sobre todo después de que me refiriera que tiene un padecimiento psiquiátrico. Pero la insistencia superó todos los límites”, remarcó la actriz.

Consultada sobre el proceso judicial que enfrenta con su expareja por violencia de género, el conductor habló de la charla que tuvo con la intérprete: “Yo hablé con Romina y me confirmó todo esto que está denunciado. También me confirmó los episodios de violencia con su expareja y me dijo que se sentía rota”.

También reprodujo la charla que tuvo con ella: “Ángel, pedile disculpas a la prensa porque no puedo hablar. Me siento muy mal porque es una persona a la que yo amé mucho. Todavía tengo sentimientos hacia esta persona, porque después de un episodio de violencia no se corta el amor de un día para el otro. Lo estoy tratando con los profesionales. También quiero mucho a sus dos hijos, porque tuvimos momentos muy felices. Entonces, está en ese proceso de asimilar la violencia que, que denunció”

Una fanática extranjera fue arrestada en Seúl luego de acudir de manera reiterada a la residencia del cantante Jungkook, integrante de la boyband BTS.

Según informó la Comisaría de Policía de Yongsan, en el centro de Seúl, la detención se produjo el 4 de enero de 2026, alrededor de las 2:50 de la tarde, cuando la mujer —identificada como ciudadana brasileña de unos 30 años—se presentó nuevamente en el domicilio del artista.

De acuerdo con el reporte policial, la sospechosa fue arrestada en el lugar de los hechos por presunta violación de la ley anti-acoso de Corea del Sur.

Las autoridades confirmaron que la mujer había acudido en al menos dos ocasiones previas durante el mes de diciembre a la residencia de Jungkook, lo que permitió establecer un patrón de comportamiento reiterado.

Durante la última visita, la policía señaló que la sospechosa provocó disturbios frente a la vivienda, como lanzar correspondencia hacia la propiedad.

Tras su arresto, la policía de Yongsan indicó que Jungkook y su entorno habían solicitado previamente una orden de no contacto, medida que fue considerada en el marco de la investigación.

Jungkook, cantante de kpop de 28 años, ha enfrentado múltiples intentos de invasión a su privacidad en los últimos años, varios de los cuales han terminado con la intervención de la policía. En Corea del Sur, se denomina a las fans acosadoras como sasaengs para diferenciarlas de los aficionados regulares de un grupo idol.

De acuerdo con los registros de la prensa, una mujer china de unos 30 años fue arrestada en junio de 2025 tras intentar ingresar a la vivienda del cantante, coincidiendo con la fecha de su salida del servicio militar obligatorio.

La mujer habría intentado reiteradamente introducir el código de la puerta, y posteriormente recibió una acusación suspendida.

Meses después, en octubre de 2025, una mujer surcoreana de unos 40 años fue remitida a la fiscalía bajo sospecha de violar la propiedad privada, luego de ingresar sin autorización al estacionamiento del edificio donde reside Jungkook. En noviembre, otro incidente involucró a una mujer japonesa de unos 50 años, quien fue acusada de intentar forzar la cerradura de la residencia del artista.

Tras uno de estos episodios, el intérprete de “Seven ”decidió pronunciarse públicamente. El cantante realizó una transmisión en vivo en la que relató que había observado en tiempo real, a través de las cámaras de seguridad (CCTV) de su hogar, cómo se producía una de las intrusiones.

“Tengo que dejarlo claro: apoyar es una cosa, pero lo que está mal, está mal”, expresó el artista en ese momento. Jungkook también lanzó una advertencia directa a los llamados sasaeng: “Si vienen, los encerraré. Todo está grabado como evidencia y serán llevados por la policía. Si entran a mi estacionamiento sin permiso, quedarán atrapados hasta que yo abra la puerta”.

La lucha del cantante por guardar la calma en su domicilio responde a la impresionante fama que alcanzó junto a BTS, boyband que se convirtió en un fenómeno global desde 2018.

Antes de ingresar al servicio militar, Jungkook comenzó a explorar su carrera como solista con el álbum “Golden”, lanzado en 2023.

Tres años más tarde, la boyband completa prepara su regreso histórico. El sello que representa al grupo masculino confirmó que lanzarán su quinto álbum de estudio el 20 de marzo de 2026, su primera producción con la alineación completa de integrantes en casi cuatro años.

El disco contará con 14 canciones y ha sido descrito como un proyecto cargado de mensajes honestos y de agradecimiento hacia ARMY, su club de fans oficial.

Las preórdenes del álbum comenzarán el 16 de enero, mientras que los detalles de la gira mundial asociada al lanzamiento se anunciarán el 14 de enero.

El incidente ocurrió en el contexto de su gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour, que ha concentrado la atención de seguidores de diferentes países, no solo por el éxito de su último álbum, también por episodios polémicos que han marcado algunos de sus conciertos, según información publicada originalmente por el medio fuente.

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La artista colombiana reunió a cientos de asistentes en el evento denominado Shakira Up Close & Personal, ofreciendo un repertorio de sus canciones que gozan de gran reconocimiento y propiciando una atmósfera de cercanía con el público.

En medio de esta interacción, un hombre ubicado en la primera fila se acercó de manera inesperada a la cantante, la abrazó por detrás y besó su cuello mientras compartía el micrófono con ella.

La reacción de incomodidad por parte de la barranquillera fue visible, ya que se apartó rápidamente para continuar la actuación. Además, el gesto su cara fue de visible incomodidad, pero el show debía continuar.

Aunque la intérprete no se dirigió verbalmente al espectador ni realizó declaraciones públicas al respecto, la situación generó tensión entre los presentes y motivó la grabación y difusión de videos en redes sociales.

El debate en plataformas digitales se centró en el respeto que debe existir hacia los artistas durante sus presentaciones, recordando que la interacción con los fans no justifica traspasar los límites de la confianza establecidos por la figura pública.

Hasta el momento, ni Shakira ni su equipo han ofrecido comentarios o comunicados adicionales sobre lo sucedido.

Sin embargo, la repercusión en redes ha sido considerable, con múltiples usuarios solicitando que la cantante evite bajar del escenario para interactuar directamente con el público, ante el riesgo de episodios similares en el futuro.

El hecho ha puesto en discusión las medidas de seguridad y el comportamiento adecuado del público en grandes espectáculos: “Creo que se notó la incomodidad de Shaki”; “por más que seas fan, debes tener en cuenta que son seres humanos y esto pasa los límites de todo”, entre otros.

Esta no es la primera vez en que Shakira se ve envuelta en una polémica durante su gira, pues han sido varios los episodios que han marcado sus presentaciones a lo largo del continente americano.

Cancelaciones y reprogramaciones

• Cancelación del concierto en Lima, Perú, debido a la hospitalización de Shakira por un cuadro abdominal.
• Cancelación en Medellín, Colombia, por daños estructurales en el techo del escenario que representaban un riesgo de seguridad.
• Cancelaciones en Santiago de Chile, Chile, por inconvenientes técnicos relacionados con la estabilidad del escenario.
• Reprogramación del concierto en Santo Domingo, República Dominicana, por problemas operativos ajenos a la artista.

Incidentes durante presentaciones

• En Orlando, Estados Unidos, Shakira tuvo un problema con el vestuario cuando la falda se abrió por la parte trasera durante la interpretación de “Waka Waka”.
• En Montreal, Canadá, Shakira sufrió una caída en el escenario durante “Whenever, Wherever” y continuó el show tras levantarse.
• Otro de los problemas fue cuando uno de sus bailarines excedió la fuerza y jaló más de la cuenta el cabello de la barranquillera.
• También se conoció el bloqueo que habría hecho a su imitadora Shakibecca durante su segunda gira en Colombia.

Otros incidentes

• En Lima, Perú, una clínica fue multada por divulgar información médica de Shakira sin autorización.

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El Tribunal Correccional de París ha condenado este lunes a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia. Los acusados han sido condenados por “perjudicar a la denunciante”, usando términos “maliciosos, degradantes e insultantes” y por querer dañarla acusándola de pedofilia, según detalla el presidente del tribunal, Thierry Donnard, y recoge el diario francés Le Monde.

Además, todos tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Los condenados, que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, así como comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés, tienen edades comprendidas entres 41 y 65 años, y profesiones muy dispares, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un escritor o un galerista.

La primera dama francesa presentó una denuncia en 2024 después de que circularan en redes sociales mensajes y fotografías que sugerían que ella era una mujer transgénero nacida con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el de su hermano mayor. Los rumores cobraron fuerza en Estados Unidos el año pasado, después de que la comentarista conservadora Candace Owens, una influencer con millones de seguidores, los repitiera. En julio, los Macron presentaron una demanda por difamación contra Owens en el estado de Delaware.

*Con información elaborada por EFE.

El acoso que enfrentan figuras públicas masculinas suele pasar desapercibido, teniendo en cuenta que es un tema del que no se habla lo suficiente, pese a la evolución de la sociedad.

Y es que el impacto de estas experiencias va mucho más allá del momento, debido a que los hombres denuncian la pérdida de intimidad, espacios y tranquilidad, en un contexto social que tiende a minimizar o trivializar este tipo de agresiones cuando las víctimas son varones.

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Ante este panorama, el programa de entretenimiento La red recolectó testimonios de algunas de las caras más reconocidas en la televisión colombiana. Uno de los entrevistados, el humorista Jhovanoty, que relató una experiencia en la que, en medio de una foto con un grupo de mujeres, una de ellas lo tocó de forma inapropiada sin su consentimiento.

Jhovanoty explicó a La red: “En el momento que dijeron tres, dos, uno, la señora me mandó la mano a las gónadas. Todas: ‘Ja, ja, ja’. Y yo: ‘Ja, ja, muchas gracias’. Pero después caí en cuenta que esa situación, si hubiera sido al contrario, hubiera sido mucho más grave”.

El humorista se refirió a la doble vara con la que suelen ser juzgados estos episodios en función del género de la víctima y expresó que cuando este tipo de situaciones afectan a los hombres, el entorno suele restarles importancia.

Por su parte, el actor Andrés Sandoval, también fue consultado por el famoso programa de farándula y aprovechó su aparición allí para compartir la dificultad de establecer límites claros frente a situaciones de acoso: “Uno pierde su intimidad, uno pierde muchos espacios, uno pierde la tranquilidad. Hay gente que realmente se obsesiona”, refiriéndose a su vida como famoso.

Del mismo modo, reconoció que al ser una persona pública intenta mantener apertura y respeto hacia sus seguidores, pero afirmó la necesidad de cortar el contacto cuando identifica desproporción emocional o psicológica: “Llega un punto en donde hasta aquí, ¿no? Sobre todo cuando uno ve que hay una desproporcionalidad en el aspecto emocional o psicológico”.

Ganador de ‘Yo me llamo’ fue acosado digitalmente

El imitador de Rafael Orozco, participante de Yo Me Llamo y ganador de la primera temporada del famoso reality también fue consultado por el medio y describió a detalle la intensificación de estos comportamientos a través de redes sociales.

El cantante explicó cómo una seguidora comenzó mostrando su interés a través de múltiples plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Posteriormente le escribía insistentemente mensajes privados de contenido cada vez más personal.

Según su testimonio, la situación escaló a tal grado que tuvo que bloquear a la persona al sentir que las insinuaciones y el acoso digital comprometían su bienestar.

Finalmente, el actor argentino Juan Guilera aportó una perspectiva sobre las formas en que el acoso puede manifestarse en espacios públicos. Consultado sobre sus experiencias, afirmó a La red que llegó a ser víctima de toqueteos y situaciones incómodas por parte de desconocidas.

Guilera detalló, entre otras vivencias, un episodio en un centro comercial donde una mujer se le prendió del cuello, en un gesto sorpresivo que inicialmente interpretó como un ataque. En su análisis, atribuyó este tipo de conductas, en ocasiones, a la falta de límites y a cuestiones de educación.

El factor común en los relatos es la dificultad para reconocer y denunciar estos hechos, debido a la percepción social que los invisibiliza o los transforma en fuente de bromas, por lo que el cambio de actitud social frente a estas formas de acoso resulta necesario para garantizar que las denuncias reciban la misma seriedad, independientemente del género de la víctima.

La Fiscalía del Estado obtuvo la vinculación a proceso de 34 personas acusadas de agresiones contra mujeres en el estado de Jalisco, en una operación que abarcó seis municipios y se desarrolló entre el pasado 11 y el 20 de diciembre de 2025.

Según informó la Fiscalía del Estado (FGE), esta acción se realizó tras denuncias presentadas ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La institución precisó que las investigaciones incluyeron múlñtiples delitos entre los que figuran la violencia familiar, violación, feminicidio, tentativa de feminicidio y acoso sexual.

Detenciones por ataques contra mujeres

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Jalisco, los procedimientos se llevaron a cabo en los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Puerto Vallarta. La institución destacó que cada carpeta de investigación se integró bajo estándares de debida diligencia y con perspectiva de género.

Durante el operativo, ocho personas fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión vigentes ejecutadas por la Policía de Investigación, mientras que 23 individuos recibieron notificaciones y citaciones del Juez de Control para comparecer a audiencias de imputación.

Además, dos personas fueron arrestadas en flagrancia, lo que permitió activar de inmediato las medidas judiciales correspondientes. Una persona adicional fue vinculada a proceso tras la reposición de un procedimiento previo.

La Fiscalía del Estado explicó que, tras ser presentados ante el Órgano Jurisdiccional y al desahogar los datos de prueba pertinentes, se dictó la vinculación a proceso de los imputados.

Sanciones impuestas a los agresores en Jalisco

Para quienes representaban un riesgo inmediato, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, la medida cautelar más estricta establecida en el sistema judicial mexicano. En otros casos, se determinaron medidas cautelares diversas bajo estricta vigilancia; donde la ley lo permite y el perfil criminal lo justifica, se concedió la suspensión condicional del proceso, sujeta a condiciones de conducta y reparación.

La Fiscalía del Estado detalló que mantiene activa la investigación y advirtió que las diligencias continuarán hasta obtener sentencias para quienes resulten culpables de agresiones contra mujeres.

Según la dependencia, esta labor busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones responsables de procurar justicia y reafirmar el compromiso con la restitución de derechos de las víctimas de violencia de género.

Entre los datos relevantes del caso se encuentran:

• La vinculación a proceso de 34 personas en menos de diez días
• La cobertura de seis municipios del estado
• La intervención de diferentes áreas especializadas en la investigación de delitos de género

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su postura de mantener la persecución penal en todos los casos donde se formalicen denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, utilizando todos los recursos legales y de inteligencia disponibles hasta lograr sanciones para los responsables.

Durante su concierto más reciente, Ana del Castillo, reconocida cantante de vallenato originaria de Valledupar, invitó a un fanático a subir a la tarima para tomarse una fotografía. La artista accedió a posar con el seguidor y compartió el momento con los asistentes, en un ambiente de cercanía habitual en sus presentaciones.

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La situación cambió abruptamente cuando el hombre, bajo los efectos del alcohol según testigos, tocó de manera inapropiada a la cantante. El seguidor intentó tocar las partes íntimas de la artista sin su consentimiento, lo que fue considerado por muchos presentes como un acto de acoso.

Ana del Castillo detuvo el espectáculo de inmediato y expresó su descontento frente al público. En sus palabras: “¿Por qué si yo voy con amor a regalarle la foto me vas a agarrar el cul** si yo ni tengo, no joda, viste, ¿se dan cuenta?, no abusen”. Su reacción fue registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios de apoyo y rechazo en igual medida.

Repercusiones y debate en redes sociales

La difusión del video provocó un intenso intercambio de opiniones en plataformas como Instagram y TikTok. Algunos usuarios condenaron el comportamiento del fan y respaldaron la reacción de Ana del Castillo, mientras otros cuestionaron la magnitud de la respuesta. Diversos comentarios reflejaron preocupación por la seguridad de los artistas y la necesidad de establecer límites claros en la interacción con los asistentes a los conciertos.

En el mismo evento, varios asistentes manifestaron sorpresa y señalaron que la tranquilidad del espectáculo se vio alterada por la situación. Otros afirmaron no haber presenciado el momento exacto del incidente, lo que generó aún más debate sobre la interpretación de los hechos y el impacto en la experiencia de los espectadores.

Reacciones tras el incidente

Hasta el momento, Ana del Castillo y su equipo no han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido. La cantante reiteró ante los presentes que no permitirá comportamientos irrespetuosos en sus presentaciones y recordó la importancia de mantener el respeto mutuo, tanto para los artistas como para los asistentes.

El perfil de Ana del Castillo

Ana del Castillo, nacida el 9 de abril de 1999 en Valledupar, se ha consolidado como una de las voces femeninas más influyentes en el género vallenato. Dentro de su repertorio figuran canciones como “La cachera”, “El favor de Dios”, “Te amo y te amo”, “Pacto” y “El que la hace la paga”. Su estilo se caracteriza por una potente capacidad vocal y una presencia escénica que ha captado la atención tanto de públicos jóvenes como de expertos en el folclor caribeño.

A lo largo de su carrera, Ana del Castillo ha sido reconocida por su personalidad directa y su manera frontal de abordar situaciones complejas.

Contexto reciente y participación en eventos

Días antes del incidente, Ana del Castillo participó en el Carnaval Comunal de Magangué, en compañía de la influenciadora Andrea Valdiri. Ambas recorrieron el evento en una carroza y recibieron atención por sus atuendos y la energía que proyectaron ante los asistentes. En estos espacios, la artista mantiene una interacción cercana con su público, lo que ha fortalecido su imagen de autenticidad y carisma.

La exposición constante en escenarios multitudinarios ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan las figuras públicas durante sus presentaciones. A pesar de los desafíos, Ana del Castillo ha mantenido su determinación y continúa consolidando su carrera, colaborando con otros exponentes destacados del vallenato.

El público mundial ha coreado por décadas su pegadizo estribillo, ignorando en la mayoría de los casos el episodio inquietante y personal que inspiró a Debbie Harry para escribirla.

Blondie: pioneros de la nueva ola en Nueva York

Blondie emergió en una época dorada para la música en Nueva York, fusionando punk, pop, new wave y disco bajo la icónica voz de Debbie Harry. Junto a Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Gary Valentine y Frank Infante, la banda consolidó un estilo irrepetible. Sus canciones, marcadas por bases rítmicas pegadizas y melodías audaces, irrumpieron en las radios y pistas de baile de todo el mundo, convirtiendo a temas como “Heart of Glass" y “Call Me" en himnos de una generación.

Dentro de esta etapa explosiva, Parallel Lines se posicionó como uno de los discos esenciales tanto en la carrera de Blondie como en la historia de la música contemporánea, vendiendo millones de copias y catapultando su fama internacional.

La génesis de “One Way or Another”

El sencillo “One Way or Another” destaca por un ritmo acelerado y un aire desenfadado. Sin embargo, la inspiración detrás de su letra dista mucho de ese ambiente festivo.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Harry reveló el verdadero origen: la canción relata su experiencia con un exnovio que no aceptó la ruptura y comenzó a acosarla de manera persistente. La situación se volvió tan insostenible que decidió mudarse de Nueva Jersey a Nueva York para poner distancia y recuperar cierta tranquilidad.

La compositora abordó esa vivencia con honestidad: “Traté de inyectarle un poco de ligereza para hacerlo más liviano”. Según Harry, transformar la angustia en ironía y energía no solo fue un recurso creativo, sino también un mecanismo de supervivencia.

“Creo que, de alguna forma, eso es un mecanismo de supervivencia normal. Ya sabes, sacártelo de encima, decir ‘One way or another’ (‘de una forma u otra’), y seguir con tu vida. Todos pueden identificarse con eso y creo que esa es la belleza de la canción”, explicó a Entertainment Weekly.

Éxito, legado y resignificación

A pesar de la oscuridad de su origen, “One Way or Another” se catapultó como uno de los mayores éxitos de la banda. El sencillo alcanzó el puesto número 24 en el Billboard Hot 100, consolidando aún más la presencia de Blondie en la música estadounidense. Desde entonces, la canción se ha transformado en un clásico, reinterpretado por múltiples artistas y utilizado en publicidades, películas y campañas alrededor del planeta.

Aunque estuvo lejos de aparecer dentro del “top 10″, la canción dejó en evidencia cómo la música puede resignificar el dolor y la vulnerabilidad personales en una obra colectiva capaz de resonar con audiencias masivas.

Harry supo condensar en su experiencia personal una narrativa universal sobre la amenaza y el deseo de superación. El contraste entre la melodía frenética y la historia sombría detrás de “One Way or Another” da cuenta de la complejidad de Blondie y su vocalista principal: la capacidad de convertir una vivencia traumática en una invitación al empoderamiento.

“Todos pueden identificarse con eso y creo que esa es la belleza de la canción”, sentenció Harry.

Ante la reciente aprobación por unanimidad en el Consejo Autonómico de Juventudes Socialistas de Asturias, la agrupación juvenil avaló formalmente la petición de que el PSOE convoque de urgencia un Congreso Federal Extraordinario. Según informó el medio, esta iniciativa responde a la acumulación de denuncias por casos de acoso y abuso de poder dentro de la estructura partidista, lo que ha derivado en una fractura de confianza tanto interna como social que, según los representantes juveniles, no puede resolverse mediante acciones simbólicas.

La carta remitida por Juventudes Socialistas de Asturias a la Secretaría General del PSOE, detalló el medio, subraya el daño sufrido por la organización tras la reiteración de episodios de conductas inapropiadas, abogando por una reforma profunda de los mecanismos internos de prevención y actuación. Como consignó el medio, los dirigentes juveniles insisten en que este desafío afecta a la legitimidad y credibilidad de la formación, obligando a adoptar medidas de alcance estructural que vayan más allá de la condena pública.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la propuesta presentada se apoya en el respaldo integral del Consejo Autonómico, que agrupa a la Comisión Ejecutiva Autonómica, los secretarios generales de las agrupaciones locales y los responsables juveniles. Tras la ratificación, la intención es implicar a la Federación Socialista Asturiana, con el propósito de que la demanda por cambios estructurales alcance tanto a las instancias territoriales como a la dirección estatal a través de Juventudes Socialistas de España.

El medio consignó que la agrupación asturiana coloca el feminismo en el centro de la estrategia institucional y recalca que todas las decisiones deben alinearse con este principio, especialmente respecto a aquellas actitudes contrarias a la igualdad y los valores socialistas. La misiva enviada por los dirigentes juveniles estipula la necesidad de revisión integral de los protocolos internos para que la relación entre la militancia, la dirección del partido y la ciudadanía se recupere tras la crisis generada por los casos recientes de acoso.

“En el PSOE no puede haber lugar para acosadores, puteros y machistas. Caiga quien caiga”, es una de las declaraciones incluidas en la comunicación, según citó el medio, subrayando la política de tolerancia cero alentada por la agrupación. La autocrítica ocupa un lugar central en este proceso, tal como indica el texto remitido a la dirección del PSOE y que el medio ha difundido: “Cuando una mujer no se siente segura en nuestros espacios, hemos fallado.”

El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, mencionó, según publicó el medio, que “la responsabilidad política implica respuestas concretas”. Llera añadió que las reformas propuestas no buscan alterar el liderazgo de Pedro Sánchez ni sustituir el programa político vigente, sino contribuir a robustecerlos y reafirmar los valores fundacionales de la organización.

En el análisis realizado por los autores de la carta, que recoge el medio, se destaca la necesidad de fortalecer tanto los protocolos preventivos como los mecanismos disciplinarios para enfrentar las conductas inapropiadas y generar así espacios seguros para mujeres y militantes de todas las condiciones. El texto vincula la inseguridad de las mujeres dentro del partido con las denuncias recientes, señalando la urgencia de intervenir en los puntos críticos del funcionamiento interno.

Tal como reportó el medio, el objetivo de Juventudes Socialistas de Asturias es proyectar una exigencia de reformas que transcienda lo territorial y alcance una escala nacional, de modo que la respuesta a los casos denunciados no quede limitada a soluciones puntuales. El proceso de adhesión de apoyos dentro de la Federación Socialista Asturiana y de Juventudes Socialistas de España busca garantizar que la respuesta organizativa adquiera transversalidad y eficacia.

El medio detalló que la postura de la agrupación asturiana considera la autocrítica y la revisión de procedimientos no como una amenaza interna, sino como una vía para reforzar la integridad institucional. Se propugna que la política partidaria incorpore la autocrítica como instrumento de regeneración y que la cultura organizativa promueva activamente la igualdad y la eliminación del acoso.

El planteamiento institucional que recoge el medio señala que la transformación que reclaman los jóvenes socialistas no se limita a la implementación de condenas públicas, sino a la necesidad de modificar profundamente las bases del funcionamiento operacional y disciplinario del partido. Según la agrupación, este enfoque resulta imprescindible para restablecer tanto la confianza pública como la interna que, de acuerdo con lo reflejado en la carta y en las valoraciones recogidas por el medio, se ha visto deteriorada en las últimas semanas.

La solicitud elevada al PSOE insiste en que una reforma profunda servirá para renovar la confianza y fortalecer la legitimidad perdida. El medio puso de manifiesto que los portavoces de Juventudes Socialistas de Asturias consideran esta crisis una oportunidad para actualizar el compromiso con la igualdad y la justicia social, y restablecer el vínculo con la ciudadanía a través de un proceso de autocrítica real y la puesta en marcha de protocolos eficaces.

El proceso planteado por la agrupación juvenil, según el medio, pasa por una revisión sistemática de los procedimientos internos y el diseño de nuevas herramientas que permitan anticipar, detectar y corregir conductas que vulneren los principios éticos y democráticos proclamados por el partido. Tal como recalcan los dirigentes citados por la publicación, solo la implementación de reformas sustantivas proporcionará una respuesta adecuada frente al escrutinio social y la exigencia de transparencia y ejemplaridad.

La agrupación asturiana, reportó el medio, recalca que la iniciativa presentada no pretende generar divisiones ni reevaluar liderazgos, sino que persigue la cohesión y la fortaleza institucional mediante el refuerzo de los valores originales del socialismo. El mensaje a la dirección del PSOE exige que la respuesta a la crisis no se limite a la imagen pública, sino que se traduzca en cambios que aseguren un ambiente seguro y confiable para la militancia y para la sociedad consecuencia de las últimas denuncias.

Según el medio, las Juventudes Socialistas de Asturias consideran imprescindible la convocatoria del Congreso Federal Extraordinario para que la reforma adquiera un carácter oficial y vinculante dentro del PSOE. La agrupación entiende que esta iniciativa es vital para restaurar la integridad, representatividad y legitimidad del partido en el escenario nacional.

Diversos manifiestos internos y una campaña activa por parte de las Xuventudes Socialistas de Galicia marcan el actual ambiente del PSdeG, que enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de denuncias por acoso en sus filas. La organización juvenil expresó, mediante redes sociales, la necesidad de respuestas transparentes y de evitar la dependencia de la exposición mediática, instando a que la convocatoria del Comité Nacional se convierta en el canal para abordar públicamente la crisis. El proceso de recogida de firmas iniciado por las Xuventudes representa una de las respuestas a la creciente presión interna para que el partido revise sus procedimientos y brinde explicaciones sobre las recientes denuncias y la gestión interna de las mismas.

Según informó el medio, la dirección ejecutiva del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG) tiene previsto reunirse el lunes 22 de diciembre en la sede gallega del partido. La cita se ha programado a las 17:00 horas en primera convocatoria, o a las 17:30 si fuese necesario, y tiene como objetivo formalizar la convocatoria del Comité Nacional. Este órgano representa la máxima instancia de decisión interna del partido entre congresos y su reunión se anuncia en medio de una crisis desatada por denuncias de acoso contra representantes destacados de la formación.

De acuerdo con la información difundida, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, encabezará el encuentro y tiene previsto informar a la dirección sobre distintas cuestiones de actualidad política y de funcionamiento interno, siendo el seguimiento de las investigaciones y la reacción del partido ante las denuncias de acoso uno de los asuntos centrales. Tal como detalló el medio, la cita buscará responder a la situación política agudizada por la acusación de acoso sexual presentada contra José Tomé, todavía alcalde de Monforte y ex presidente de la Diputación de Lugo.

La denuncia contra Tomé, reveló el PSdeG, ingresó a través del canal interno antiacoso del partido. Tras conocerse públicamente la queja por presunto acoso sexual, Tomé presentó su dimisión como presidente de la Diputación lucense y fue suspendido de militancia en el partido. No obstante, se mantiene en el cargo de alcalde y conserva su acta como diputado provincial, ahora como no adscrito. El manejo de este caso generó divisiones internas y provocó la difusión de diferentes manifiestos críticos hacia la dirección del PSdeG y hacia el propio Besteiro.

La reacción de varios sectores a la gestión del caso Tomé se materializó principalmente en un manifiesto impulsado por diversas mujeres socialistas, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que recabó el apoyo de alrededor de 500 personas según consignó el medio. El texto criticaba la tardanza y la actitud de la dirección, considerando que la falta de actuación diligente podía alentar el encubrimiento o la percepción de complicidad ante presuntas conductas inapropiadas.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, realizó una comparecencia pública el pasado viernes para explicar la actuación ante la denuncia contra Tomé. En sus declaraciones, detalló que tanto la dirección del partido como él mismo tuvieron conocimiento de los hechos a través de una "tercera persona" en octubre y que “animaron a denunciar” a la presunta víctima. Besteiro justificó que el partido no trasladó la denuncia a la justicia al entender que, según el código penal, solo puede impulsarse mediante la declaración de voluntad de la propia víctima.

Sumado al caso Tomé, el medio reportó que el lunes por la tarde el PSdeG recibió otra denuncia a través del canal interno, esta vez por presunto acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel. La denuncia se vincula a una supuesta represalia por parte del regidor tras la denuncia de acoso sexual contra un exedil presentada previamente por la persona afectada. Según explicó Besteiro, la dirección provincial del PSdeG en Ourense atendió personalmente a la denunciante, que formalizó su denuncia también mediante un documento escrito.

Por estos hechos, José Ramón Gómez Besteiro trasladó a Valcárcel la petición de que entregase sus actas como alcalde y como diputado provincial, además de comunicarle la suspensión de militancia. Ante esta solicitud, Valcárcel rechazó ceder sus cargos y, a su vez, exigió la dimisión de Besteiro, a quien señaló de maniobrar para evitar aceptar responsabilidad ante la gestión del caso Tomé. El propio Valcárcel apoyó otro de los manifiestos críticos, en el que se denunciaba que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones" de acoso "se convierte en cómplice y debe asumir responsabilidad y dejar todos los cargos".

El PSdeG ha enmarcado la próxima reunión del lunes en la necesidad de monitorizar la actividad interna y de analizar el contexto político, ahora marcado por la crisis generada a raíz de las mencionadas denuncias. Tal como reportó el medio, la presión sobre la dirección partidaria no solo proviene de los sectores críticos adultos, sino también por el movimiento de las juventudes socialistas, que han optado por un activismo visible y la recogida interna de firmas para presionar por la convocatoria del Comité Nacional.

El mensaje público de las Xuventudes Socialistas de Galicia, difundido en la red social 'X', insistía en que el Comité Nacional representa el canal idóneo para “frenar el ruido”, aportar explicaciones ante la afiliación y garantizar la transparencia interna, minimizando la exposición ante la llamada prensa amarilla.

En contexto, tanto la gestión de las denuncias como la respuesta institucional del PSdeG se encuentran bajo la atención de múltiples sectores del partido y de la opinión pública. Las acciones que adopte la ejecutiva en la reunión convocada y las resoluciones del futuro Comité Nacional serán claves para determinar el rumbo interno del partido y su capacidad de respuesta frente a las exigencias de un marco político sujeto a tensiones crecientes y cuestionamientos sobre los procedimientos de atención y protocolo frente a denuncias internas.

Itziar González, especialista en nutrición deportiva con una trayectoria amplia y reconocida, ha denunciado en una detallada entrevista con Marca la serie de dificultades y situaciones de hostilidad que afirma haber vivido durante su experiencia en el Real Madrid. Además, ha decidido llevar su caso a juicio. La profesional ha afirmado que su llegada al club no fue un proceso sencillo ni exento de dudas. Inicialmente, recibió la propuesta después de malas experiencias en otros clubes, lo que la llevó a rechazar la oferta. Sin embargo, su negativa no fue aceptada fácilmente: “Tras malas experiencias con los servicios médicos de otros equipos, al Madrid le digo que no, pero me insisten y voy porque me dicen que lo pide el presidente”.

Ya en su primera temporada, González identificó una falta de apoyo evidente. Describe que solo dos jugadores, Dani Carvajal y Rodrygo, mostraron disposición a trabajar con ella. Al mismo tiempo, detectó que otros deportistas tenían interés en sumarse al programa nutricional, pero se vieron desalentados por directrices procedentes del área médica: “Hay algún otro jugador que me dice que le gustaría empezar a trabajar conmigo, pero los médicos les dicen que ‘ni se les ocurra’”.

El problema persistió durante la siguiente etapa. González cuenta que en noviembre de 2023 volvió a ser contactada para trabajar específicamente con Carvajal y Arda Güler a lo largo de esa temporada. Nuevamente, los médicos recomendaron no seguir sus planes y desestimaron el valor de su trabajo: “Los médicos les dicen que no lo hagan y me dicen que mi trabajo no sirve para nada”. Tras una nueva lesión de Carvajal, la nutricionista recibió el encargo de reincorporarse a su puesto por pedido del presidente, aunque se le permitió un modelo de trabajo flexible para no estar presente toda la semana: “Accedo porque me dicen que es una petición personal del presidente y que él va a conseguir que los médicos me dejen trabajar”.

A pesar de las garantías iniciales, González advierte que el ambiente laboral no mejoró y que la hostilidad fue abrumadora desde el primer momento: “Los Servicios Médicos crean un ambiente hostil desde el minuto uno. El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle y que hace todo lo que ellos quieren, y que van a manipularle para convencerle de que estoy loca y que me eche. No me presentan, no me saludan, no me hablan. Tampoco me contestan los correos electrónicos ni los mensajes” relata en la entrevista con Marca.

En medio de ese clima adverso, González relata una acusación grave: “La primera semana me acusan de robar un lote entero de suplementos y consigo demostrar que yo no he sido, pero me entra miedo y, a partir de entonces, me comunico siempre por escrito”. Señala también que era víctima frecuente de descalificaciones y aislamiento; solo le dirigían la palabra para criticar su abordaje profesional. “Solo me hablan a veces cuando se cruzan conmigo por los pasillos para decirme que lo hago todo mal y que dice el presidente que no hable con nadie, que no salga de un habitáculo lúgubre que me ponen, que no hable con los jugadores, que no haga nada, que la gente no me quiere ahí, que a los jugadores les doy asco”.

La alimentación de los futbolistas se convirtió en otro foco de conflicto, como detalla González: “En el bufé ponen los alimentos que desaconsejo; la camarera se ríe de mí y les dice continuamente a los jugadores que no me hagan caso, que no tengo ni idea; el cocinero no pone lo que le pido y pone lo que le parece, como bollería prepartido; el gerente no compra lo que aconsejo; el chico que tiene que preparar los suplementos pone suplementos diferentes a los que yo digo; los médicos y fisios les dicen a los jugadores que no sigan mis indicaciones, no me dan información de cómo están… Se ríen constantemente de mí, se burlan en los grupos de WhatsApp...”.

Pese al clima hostil, la nutricionista subraya que los resultados positivos comenzaron a notarse: “Hay jugadores que mejoran notoriamente y lo comentan en el vestuario. Uno deja de tener el dolor que llevaba meses; otro deja de tener calambres que siempre tenía; otro comenta que nunca está cansado; otro que está más ágil y rápido; y, sobre todo, varios comentan que no se cansan y que podrían seguir jugando después de los 90 minutos sin problema”. Dos de ellos, incluso, trasladaron estos avances directamente al presidente, lo que, según González, habría intensificado las tensiones en el entorno del cuerpo médico.

Desde la dirección le pidieron que resistiera

A pesar de la hostilidad, la dirección la instó, en más de una ocasión, a resistir: “Se me dice desde Dirección que los jugadores y el presidente quieren que esté y que aguante, que ellos lo van a solucionar todo”. Sin embargo, la situación personal de González se agravó hasta afectar su salud mental: “Tengo miedo, ansiedad, no puedo dormir, lloro todo el tiempo, pido ayuda a Dirección y me dicen que aguante”. A raíz de varios episodios críticos, entre ellos uno posterior a un partido contra el Girona en que el presidente recibió informaciones distorsionadas sobre su desempeño, volvió a solicitar la rescisión del contrato, una petición denegada en primera instancia.

Finalmente, el club comunicó a González que daba por cancelado el Servicio de Nutrición. “Me llama el director de Recursos Humanos para agradecerme el trabajo y para decirme que no han podido con los médicos y que queda anulado el Servicio de Nutrición. Me dicen que he hecho un trabajo excepcional, que lo he hecho todo bien y me pagan todo el contrato que me faltaba”. Sin embargo, su deseo de que los jugadores y el presidente conocieran los hechos no fue atendido y ante las advertencias de que una denuncia traería consecuencias negativas, González decide llevar su caso a los tribunales: “Pongo una denuncia a pesar de que me ‘aconsejan’ que no lo haga y me dicen que no tengo ninguna posibilidad de ganar, y que, además, me van a arruinar la vida”.

Acerca de su silencio hasta ahora, González concluye: “Porque todo el mundo -gente de dentro, gente que no tenía ni idea, familia, amigos, conocidos, periodistas- me decía que el Real Madrid tiene mucho poder e iban a sacar la información tergiversada en mi contra, e iban a hacerme daño físicamente y a mi nombre y reputación. Pero aún tengo pesadillas cada noche. Quiero cerrar este capítulo para siempre y siento que hasta que no lo cuente no lo voy a poder cerrarlo”.

La Fiscalía de Jalisco investiga al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, tras la denuncia de dos regidoras y una activista que lo acusan de acoso, violencia política de género, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones.

El caso, que quedó registrado en la carpeta de investigación 2809/2025-DX, se desarrolla en un contexto de señalamientos más amplios contra el ayuntamiento, incluyendo presuntas extorsiones a empresas como José Cuervo, que denunció cobros de impuestos hasta veinte veces superiores a lo legal y una multa de más de 60 millones de pesos.

El gobernador Pablo Lemus Navarro aseguró que la investigación se realizará sin criterios políticos ni partidistas, y que la Fiscalía de Jalisco tendrá plena autonomía para indagar tanto las denuncias de las regidoras como las de las empresas afectadas.

Lemus Navarro detalló que el gobierno estatal tiene conocimiento de al menos diez casos en los que empresas, entre ellas tequileras y hoteles, han presentado quejas por cobros irregulares, aunque afirmó desconocer si existen más denuncias formales además de las ya reportadas.

Denuncian hostigamiento

Las regidoras Alondra Romero Cordero y Luz Elena Aguirre Sandoval, pertenecientes al PRI y a Morena respectivamente, junto con la activista Maribel Flores Salazar, presentaron su denuncia el diez de diciembre ante la Vicefiscalía de Investigación Regional.

En sus declaraciones, las tres mujeres describieron un patrón de hostigamiento y un ambiente de riesgo para su integridad. Romero Cordero afirmó que desde octubre de 2024 el alcalde le negó el uso de la voz en sesiones de cabildo y le retuvo su salario durante cinco quincenas consecutivas.

Además, desde marzo de este año se le prohibió el acceso físico a la sala de regidores. En su testimonio ante las autoridades, expresó: “Temo por mi integridad”.

La denuncia también consigna que, como consecuencia de la violencia que dice padecer, un familiar de Romero recibió mensajes de texto con amenazas directas, en los que le advirtieron que debía “calmarla” o ella podría sufrir un “levantón” o “amanecer colgada”.

La regidora sostuvo en el documento que teme por su vida y que considera que el presidente municipal “sí es capaz de cumplir con sus amenazas”.

Segunda regidora bloqueada

Por su parte, Luz Elena Aguirre denunció que fue eliminada de los grupos oficiales de comunicación del ayuntamiento y bloqueada del teléfono personal del alcalde, lo que, según su declaración, le impide cualquier comunicación institucional.

Aguirre relató que, tras votar en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos, su escuela de idiomas fue clausurada sin justificación, se le cortó el servicio de agua y comenzó a sufrir hostigamiento en la recolección de basura.

Además, afirmó que ha enfrentado ataques en redes sociales que atribuye al presidente municipal y a su equipo. Ambas regidoras aseguraron haber recibido mensajes de texto anónimos en los que se les advirtió que debían “bajarle” o podrían sufrir un “levantón”.

En la denuncia se precisa que la amenaza hace referencia directa al secuestro y agresión de Guillermo Cordero, tío de Alondra Romero, ocurrido en 2021.

Activista también denunció acoso

En el mismo expediente, la activista Maribel Flores Salazar declaró que fue amenazada en al menos cuatro ocasiones por sujetos que, según su testimonio, actuaban “de parte de Don Diego” y le exigieron dejar de apoyar a regidoras y empresarios del municipio.

Flores relató que en uno de los episodios recibió una llamada de un número desconocido, en la que una voz masculina le describió con exactitud su vestimenta y le advirtió que debía “bajarle” a una de las personas con las que iba.

El fiscal estatal Salvador González de los Santos confirmó que en la denuncia presentada por José Cuervo se advierten posibles conductas constitutivas del delito de extorsión.

La querella fue recibida por la Fiscalía de Jalisco, que abrió una carpeta de investigación en contra del presidente municipal y otros funcionarios.

La configuración del relevo en la portavocía del Gobierno ha cobrado especial significado en el contexto de las próximas elecciones autonómicas en Aragón y de la intensificación de tensiones internas en el PSOE motivadas por denuncias de acoso y dimisiones recientes. Según detalló El País, el presidente Pedro Sánchez comunicó que el puesto que deja Pilar Alegría será ocupado también por una mujer, aunque aún no se ha dado a conocer el nombre de la elegida. Sánchez compartió esta información durante el tradicional encuentro navideño con periodistas en La Moncloa, sin precisar si la nueva portavoz ya forma parte del actual Gobierno o si se incorporará al Ejecutivo con esta designación.

De acuerdo con lo publicado por El País, la salida de Alegría responde a su candidatura en las elecciones anticipadas de Aragón, estipuladas para el 8 de febrero y en las que encabezará la lista socialista en competencia con el actual presidente regional Jorge Azcón. Esta situación emplaza al presidente del Gobierno a designar una sustituta en la portavocía, puesto responsable de trasladar a la ciudadanía las decisiones e intervenciones del Ejecutivo tras cada Consejo de Ministros. La decisión de Sánchez mantiene la línea de continuidad en la política de denominaciones del PSOE, optando solamente por mujeres para el puesto desde el comienzo de su mandato.

El medio subraya que Pilar Alegría había simultaneado sus funciones como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes con el rol de portavoz, fortaleciendo así su perfil dentro del gabinete. El relevo en la portavocía no sólo atiende a las necesidades inmediatas surgidas por el calendario electoral, sino que marca una respuesta táctica a los desafíos que atraviesa el Partido Socialista en su estructura interna, asociados a recientes casos de acoso y la dimisión de dirigentes, hechos que han repercutido en la imagen y cohesión de la formación.

El País reportó que Pedro Sánchez no reveló si la persona seleccionada forma parte del círculo ministerial actual, lo que abre la posibilidad de que el reemplazo provenga de fuera del Gabinete. En ese caso, la decisión conllevaría una reorganización dentro del Ejecutivo y una posible reasignación de carteras ministeriales. Tradicionalmente, el papel de portavoz ha estado vinculado a figuras con experiencia política y alto perfil comunicativo.

La tradición de encargar la portavocía a mujeres se ha mantenido firme durante el mandato de Sánchez. El País reseñó que Isabel Celáa fue la primera en ocupar la portavocía en este periodo y que, tras su paso, el cargo recayó en María Jesús Montero, actualmente vicepresidenta primera, seguida de Isabel Rodríguez, hoy ministra de Vivienda, y Pilar Alegría. Estas designaciones obedecen, según el reporte, a un criterio de paridad, así como a la búsqueda de personas con habilidades de comunicación y presencia política consolidada.

El contexto político que rodea esta decisión refleja la necesidad de que el Gobierno proyecte una imagen de cohesión y modernización institucional, tanto ante la ciudadanía como en el mapa político nacional. El País subraya que este cambio se enmarca en un momento en el que el PSOE se prepara para unas elecciones autonómicas cruciales y afronta la presión de las recientes polémicas internas. También recalca el papel clave de la portavoz como intermediaria entre el Ejecutivo y la opinión pública, tarea que resulta central en contextos de crisis política o de alta competencia electoral.

La inmediatez de la comunicación oficial sobre el nombramiento fue confirmada por el propio Sánchez, según ha informado El País, quien aseguró que en los próximos días anunciará el nombre de la persona elegida tras tomar la decisión definitiva. La importancia práctica y simbólica de este relevo se relaciona tanto con la continuidad de la estrategia de paridad de género del partido como con la necesidad de mantener una narrativa coherente y unificada desde el Gobierno, especialmente en momentos en los que la agenda pública se ve inflamada por la confrontación política y la demanda de respuestas ante situaciones internas.

El País puntualizó que las titulares de la portavocía en los últimos años han atravesado etapas de gestión política tanto ordinaria como marcada por crisis, desempeñando un papel fundamental en la comunicación del Gobierno en coyunturas sensibles. La persona que asuma esta responsabilidad ahora deberá abordar una etapa caracterizada por retos internos derivados de las últimas denuncias en el partido, así como por desafíos asociados al inminente proceso electoral en Aragón, donde la atención se centrará en la candidatura de Pilar Alegría, en las capacidades de gestión del Partido Socialista y en la proyección de unidad del Gobierno.

Eva LaRue y su hija Kaya Callahan enfrentaron uno de los casos de acoso más prolongados y peligrosos en Estados Unidos. El hostigamiento comenzó en marzo de 2007 en California, cuando la actriz recibía cartas amenazantes de un desconocido. Las intimidaciones se intensificaron durante 12 años y alteraron profundamente la vida de ambas víctimas.

LaRue, nacida en Long Beach y famosa por sus papeles en CSI: Miami y All My Children, denunció amenazas de violación, secuestro y asesinato. El acosador también dirigió mensajes a Kaya, su hija, quien tenía solo cinco años al recibir las primeras intimidaciones. El caso se extendió hasta 2019, cuando la policía identificó al responsable y detuvo al hostigador.

El agresor, disfrazado en sus mensajes como el personaje ficticio Freddy Krueger, utilizó variaciones de cartas manuscritas y mecanografiadas. La situación empeoró cuando el acosador contactó directamente con la escuela de Kaya, haciéndose pasar por su padre. Estas acciones forzaron a la familia a adoptar medidas extremas para proteger su seguridad.

La investigación y las pruebas genéticas claves para detener al responsable

Según Crime Investigation, entre 2007 y 2015, Eva LaRue recibió 37 cartas con amenazas explícitas. El acosador no solo adoptó un seudónimo intimidante, sino que también persiguió nuevos métodos para ocasionar daño psicológico y temor constante. La policía intensificó el esfuerzo cuando el hostigador empezó a enfocarse directamente en la hija de la actriz.

De acuerdo con la misma fuente, el acoso incluyó llamadas telefónicas a la escuela de Kaya en 2019. En uno de los mensajes, el sujeto fingió ser familiar directo e intentó acercarse a la menor. Al mes siguiente, dejó un mensaje de voz donde amenazó con actos violentos graves. La investigación tomó un giro crucial tras recuperar ADN de los sobres enviados durante los años de acoso.

La utilización de genealogía genética permitió a la policía comparar el material biológico con bases de datos familiares. Los investigadores recolectaron una muestra de ADN de una pajilla utilizada por el sospechoso en un restaurante. Este procedimiento facilitó la identificación positiva de James David Rogers, un asistente de enfermería de Ohio.

Rogers fue arrestado y afrontó cargos federales en septiembre de 2022. El proceso judicial concluyó con una sentencia de 40 meses de prisión. El hombre se declaró culpable de amenazas por comunicaciones interestatales, envío de correspondencia intimidatoria y acoso. El involucrado admitió la autoría de los hechos tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Un episodio de miedo permanente y resiliencia familiar

Durante los años de acoso, Eva LaRue y su hija vivieron bajo estrictas medidas de precaución. Según declaraciones recogidas por CNN, la actriz vendió su casa y se trasladó temporalmente a Italia. LaRue buscó anonimato y seguridad, pero la situación volvió a complicarse cuando las cartas continuaron llegando incluso a su nuevo domicilio en California. Optó por adquirir la propiedad bajo una sociedad anónima y no bajo su nombre real.

Ambas víctimas establecieron rutinas defensivas y dormían con armas cerca para sentirse protegidas. Emma y Kaya planificaron rutas seguras para movilizarse cada día y diseñaron estrategias en caso de que Rogers volviera a encontrarlas. El temor por la integridad física y mental no desapareció con la detención del acosador, aunque la condena aportó algo de tranquilidad.

La situación de Eva LaRue constituye un ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan figuras públicas, incluso en países con recursos avanzados para investigar delitos. La importancia del ADN y la cooperación interinstitucional quedó demostrada en la resolución del caso.

Aunque Eva LaRue y su familia buscan reconstruirse tras el trauma, reconocen que las secuelas psicológicas persisten. El episodio marcó un cambio radical en la vida cotidiana de la actriz, quien sigue alerta frente a posibles nuevas amenazas. La condena de Rogers ofrece alivio, pero no borra el miedo acumulado tras más de una década de vigilancia y hostigamiento.

El caso de LaRue permitió exponer la gravedad y alcance de los delitos de acoso en el siglo XXI. El precedente destaca la necesidad de avanzar en herramientas de protección y asistencia a víctimas. La visibilidad pública del caso contribuye a generar debate y concientización sobre el impacto de la persecución en la vida privada y profesional de las personas atacadas.

Toni González ha comunicado su salida de todos los cargos internos dentro del Partido Socialista, pero mantendrá su puesto como alcalde de Almussafes, en la provincia de Valencia, mientras se resuelve el proceso disciplinario abierto en su contra. Según informó Europa Press, el PSOE ha iniciado un expediente de suspensión de militancia contra González al recibir denuncias por acoso sexual y laboral. Esta medida se concreta tras una reclamación oficial presentada por una mujer, con identificación completa, tanto a través del canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa de la organización, detalló Europa Press.

El partido socialista, en coordinación con la dirección del PSPV-PSOE, estableció la apertura del expediente y adelantó en un comunicado que procederá a la creación de una Comisión Gestora para el municipio de Almussafes, tal como publicó Europa Press. Esta decisión surge para mantener la gobernabilidad y la gestión partidaria local durante el proceso de investigación. La organización también señaló que el PSOE es la primera formación política en España en abordar estos casos de forma transparente y directa, y especificó que mantendrá una actuación firme ante todas las situaciones relacionadas con acoso que sean detectadas internamente. En palabras de la agrupación citadas por Europa Press: “Está actuando y actuará con contundencia contra todos los casos de acoso que se detecten. Contundencia, responsabilidad y acción”.

Al hacer pública su decisión, González explicó en sus redes sociales que renuncia a sus cargos dentro del partido y solicita la suspensión de su militancia para poder defenderse de las acusaciones, pero aclaró que continuará desarrollando sus labores como primer edil del municipio desde el grupo mixto municipal. Justificó esta determinación, según publica Europa Press, mediante el siguiente mensaje: “Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón”.

Las denuncias contra González fueron presentadas, según información de Europa Press, tanto en los canales internos del partido como en su departamento de Cumplimiento de Normativa. Los supuestos incidentes, según Europa Press, ocurrieron en el ámbito del Ayuntamiento de Almussafes. El edil niega la veracidad de los hechos que se le imputan y reitera su intención de “defender su honorabilidad” fuera de cualquier responsabilidad interna dentro del PSOE, argumentando que de ese modo evita dañar la imagen de la formación a la que pertenece desde hace años.

El PSOE ha subrayado, de acuerdo con el comunicado difundido y citado por Europa Press, que la problemática del acoso no puede limitarse a una única organización política, sino que se trata de una cuestión estructural que afecta a toda la sociedad. La dirección nacional del partido ha insistido en que la respuesta ante estos hechos seguirá la línea de máxima responsabilidad y transparencia.

La investigación interna comenzó apenas un día antes de la renuncia de González a sus cargos internos, hecho que también fue adelantado por el medio eldiario.es y confirmado a Europa Press por fuentes del partido. Con la formación de la Comisión Gestora y la suspensión de la militancia, el PSOE busca garantizar la imparcialidad del proceso y preservar el funcionamiento institucional en Almussafes a la espera de que se esclarezcan las acusaciones interpuestas.

Durante el transcurso del proceso, González permanecerá al frente del ayuntamiento ejerciendo sus funciones desde el grupo mixto, subrayando que actúa así “por los vecinos y vecinas” del municipio, tal como remarcó en sus publicaciones en redes sociales y reflejó Europa Press. La dirección del PSOE ha reiterado, en el marco de las actuaciones informadas, que la aplicación del protocolo antiacoso seguirá pormenorizadamente y que sus órganos competentes supervisan el desarrollo del expediente de investigación para esclarecer los hechos denunciados.

En octubre, José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, supo por intermediación de una tercera persona de unos hechos atribuidos a José Tomé, por entonces presidente de la Diputación de Lugo, que describían presuntas conductas de acoso y comportamientos machistas que afectaban a una trabajadora. Esta comunicación no se realizó directamente por la posible víctima, sino a través de alguien que solicitó ser escuchado y transmitió esas acusaciones sin actuar en nombre propio. Así lo manifestó Besteiro este viernes, según informó el medio de comunicación.

De acuerdo con lo publicado, Besteiro relató que, en aquel momento, no existía una denuncia formal registrada. Explicó que decidió entrevistarse directamente con esa persona intermediaria porque consideró necesario atender el testimonio recibido. Durante la conversación, la persona detalló supuestos episodios graves relacionados con Tomé. Ante ello, Besteiro indicó que su principal recomendación fue instar a la supuesta víctima a recurrir a los cauces formales de denuncia y acudir a vías institucionales. Añadió que, tras escuchar este primer relato, se puso en contacto con el propio José Tomé para pedirle explicaciones. Tomé negó de manera categórica los hechos y rechazó las imputaciones.

En los días siguientes a este primer contacto en octubre, la dirección del partido mantuvo más encuentros con la persona que había presentado la información. En concreto, según consignó el medio, la responsable de Organización, Lara Méndez, recibió a esta intermediaria en una ocasión, mientras que la secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Lugo, Pilar García Porto, la atendió en dos ocasiones adicionales. Besteiro subrayó que, en total, la persona fue escuchada cuatro veces durante las semanas posteriores a la comunicación inicial, con la intención de comprender la situación y dar una respuesta adecuada dentro del partido.

El medio detalló que, hasta ese momento, el PSdeG no contaba con ningún documento formalizado ni denuncia presentada por canales internos o externos. Esta situación cambió cuando, durante la presente semana, se registró una denuncia en el canal antiacoso habilitado por el PSOE. Ante la recepción oficial del caso, la dirección gallega del partido aseguró haber actuado "inmediatamente y con absoluta contundencia”, tal como sostuvo Besteiro.

Tal como informó el medio, el dirigente socialista mostró cautela al precisar que no podía confirmar si la información recibida en octubre coincidía exactamente con la denuncia presentada de forma oficial. Expresó que el hecho de que la comunicación inicial llegara a través de un tercero generaba dudas sobre la identidad de la supuesta víctima y sobre si se trataba del mismo caso ahora bajo investigación interna.

Sobre la actuación del partido, Besteiro indicó que desde el momento en que se tuvo constancia de la denuncia formal, las estructuras del PSOE activaron los protocolos previstos. Enfatizó que la respuesta de la organización fue inmediata y exhaustiva, remitiendo el caso a los órganos internos competentes para su tramitación y tomando las medidas cautelares que establece el reglamento.

El ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se encuentra en el centro de la investigación a raíz de estas acusaciones. Desde la dirección gallega aclararon, según consignó el medio, que el abordaje del caso sigue los procedimientos regulares establecidos para situaciones de esta índole dentro del partido, buscando transparencia y rigor.

La intervención directa de Besteiro y la colaboración de responsables orgánicos como Lara Méndez y Pilar García Porto evidencian los pasos internos que el PSdeG siguió antes de la formalización de la denuncia. El secretario xeral insistió en que la prioridad fue escuchar a la persona que transmitió la información y ofrecer acompañamiento para orientar la denuncia a través de los canales adecuados.

El caso permanece en análisis dentro del PSOE, que ha puesto en marcha las herramientas previstas para episodios de presunto acoso recogidos por el cauce habilitado. La formación se mantiene a la espera de los avances en la investigación interna para determinar el alcance de los hechos y la posible adopción de nuevas medidas disciplinarias o institucionales frente a lo denunciado.

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, sostiene que las denuncias que pesan en su contra persiguen fines políticos, acusando al PSOE de actuar por "puro oportunismo político" y de intentar aprovechar una situación interna de vulnerabilidad en su partido para impulsar acusaciones, citó Europa Press. Este contexto de denuncia motivó recientemente su decisión de suspender de forma temporal su militancia en el Partido Popular.

Según informó Europa Press, el Partido Popular decidió que Landaluce, quien desde 2016 formaba parte del Grupo Popular en el Senado, deje de integrar dicha bancada en la Cámara Alta tras la presentación de una denuncia judicial por presunta malversación y acoso o abuso sexual. Las fuentes del partido consultadas por Europa Press indicaron que la decisión sobre si Landaluce mantiene o no su escaño como senador corresponde únicamente a él, de acuerdo con la legislación vigente.

A raíz de esta situación, Landaluce comunicó públicamente a través de un comunicado que renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupaba dentro del Partido Popular, aunque mantiene sus responsabilidades institucionales como alcalde de Algeciras y senador. El propio político justificó su suspensión temporal de militancia con el objetivo de "defender su honor" frente a la denuncia presentada en su contra por el PSOE ante el Tribunal Supremo, que lo acusa de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

En el Senado, Landaluce ejercía hasta ahora como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y desempeñaba además el rol de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias, de acuerdo con los datos recogidos por Europa Press. Su papel en estas comisiones se ve afectado tras la decisión tomada por el Grupo Popular, que ya oficializó su baja mediante los procedimientos internos correspondientes.

El Partido Popular registró formalmente la baja de Landaluce en el Grupo Popular del Senado, lo que supone la salida efectiva del alcalde de Algeciras de este colectivo, según detalló Europa Press. A pesar de la presión ejercida por el partido sobre el senador y alcalde, las mismas fuentes insistieron en que no existe una obligación legal que le impida mantener su acta de senador o su cargo electo como alcalde; ambas decisiones quedan a su entera disposición.

Las acusaciones que enfrenta Landaluce fueron presentadas por el PSOE ante el Tribunal Supremo, acusándolo de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El alcalde, por su parte, rechaza tajantemente las imputaciones e insiste en que estas denuncias carecen de fundamento y persiguen desestabilizar al actual gobierno municipal, según reiteró en la nota difundida y citada por Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Landaluce interpreta la actuación del PSOE como un intento de desgaste hacia su gestión municipal y enmarca la denuncia en una estrategia de aprovechamiento político. Señaló que el movimiento responde a la búsqueda de perjudicar al equipo de gobierno local en un momento considerado de "vulnerabilidad interna" para el Partido Popular.

La evolución del caso queda pendiente de la decisión que adopte José Ignacio Landaluce sobre la permanencia en su escaño en la Cámara Alta, y de eventuales procesos judiciales que podrá afrontar en el Tribunal Supremo tras la denuncia promovida por el PSOE. El desarrollo de estos hechos influyó en la dinámica interna del Partido Popular tanto en el ámbito parlamentario como orgánico, como describió Europa Press en su reporte.

En vísperas de una reunión clave convocada por la Secretaría de Organización y la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Natalia González, secretaria de Igualdad del PSOE de Asturias, ha reclamado de forma pública que se den a conocer los detalles completos acerca de la investigación interna relacionada con las denuncias de acoso contra Francisco Salazar. González ha manifestado su intención de solicitar que los casos lleguen a la Fiscalía si se confirma que las declaraciones de las denunciantes presentan verosimilitud, según informó Europa Press.

La dirigente socialista asturiana se ha pronunciado al respecto a las puertas de la sede nacional del partido, subrayando que la federación de Asturias mantiene su posición de trasladar a instancias judiciales cualquier denuncia que resulte fundamentada. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, González recalcó: “Si las denuncias son verosímiles, como parece, seguiremos insistiendo para que se hagan llegar a la Fiscalía”. Esta postura contrasta con la decisión de la dirección nacional, que, tras la investigación interna sobre el comportamiento de Francisco Salazar—exasesor de Pedro Sánchez—, no prevé presentar el caso ante la justicia.

Durante la reunión, la secretaria de Igualdad del PSOE de Asturias y las responsables de Igualdad de diversas federaciones solicitaron detalles precisos de la investigación interna al equipo encabezado por Rebeca Torró, secretaria de Organización, y Pilar Bernabé, responsable del área de Igualdad en la Ejecutiva Federal. Natalia González reiteró que, si la información sustenta la gravedad de los hechos denunciados, insistirá en que el partido actúe “con contundencia”. Además, señaló que el protocolo del PSOE contempla expresamente la vía judicial, abriendo la puerta a acudir a la Fiscalía cuando existan motivos suficientes, según resaltó Europa Press.

El medio expuso también que la reunión presencial fue convocada para las 16 horas de ese viernes, con apenas 24 horas de antelación. Han asistido las responsables de Igualdad de las federaciones de Castilla-La Mancha, Aragón, Euskadi y Baleares, además de la portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados.

Europa Press detalló que estas deliberaciones se producen tras la rueda de prensa ofrecida por Rebeca Torró al mediodía del mismo día, en la que hizo públicas las conclusiones del informe elaborado tras la investigación interna. El documento califica la conducta de Francisco Salazar como una “falta grave”, permitiéndole la opción de volver a afiliarse al partido, en tanto que se abrirán expedientes disciplinarios a Antonio Hernández—número dos de Salazar—por presunto encubrimiento, y a Javier Izquierdo, hasta ahora miembro de la Ejecutiva Federal.

Torró puntualizó que las decisiones adoptadas hasta el momento se limitan al ámbito orgánico del partido. Según Europa Press, desde la dirección nacional se remarcó que no planean trasladar los casos ante la Fiscalía, argumentando que algunas de las denunciantes han optado por no judicializar la cuestión. De acuerdo con lo expuesto en la comparecencia, el PSOE mantiene la disposición de ofrecer apoyo y asistencia psicológica a las mujeres que opten por presentar sus denuncias ante los tribunales.

Las diferentes posturas reflejan un debate interno en el PSOE en torno a la gestión del caso y el futuro de los procedimientos. Mientras que la dirección nacional del partido ha optado por abordar la situación mediante sanciones internas y prestación de apoyo a las víctimas, la federación asturiana, a través de González, sigue exigiendo que se valoren los hechos en el ámbito judicial si las denuncias demuestran consistencia suficiente. Europa Press reportó que este contraste ha provocado conversaciones y discrepancias visibles entre las responsables socialistas de las distintas comunidades autónomas y la estructura nacional.

En el transcurso de las deliberaciones, el PSOE ha señalado tanto la disposición para activar el protocolo interno como la asistencia a aquellas denunciantes que prefieran recurrir a la vía judicial. Sin embargo, la actuación oficial del partido se mantiene dentro del esquema disciplinario interno, al menos hasta el desarrollo de nuevas actuaciones. Todas las decisoras presentes en la citada reunión subrayaron la importancia de recibir información detallada acerca del informe y de las medidas previstas, en especial para garantizar una actuación que cumpla con los preceptos del protocolo de Igualdad y salvaguarde los derechos de las presuntas víctimas, según recogió Europa Press.

La ausencia del informe interno referente a las denuncias contra Francisco Salazar, exresponsable socialista en Moncloa y Ferraz, ha motivado críticas que ponen en primer plano la demanda de transparencia por parte de la dirección del PSOE en la gestión de supuestos casos de acoso. Esta situación pone de relieve un complejo escenario en el que, según informó el medio que cubre la noticia, la organización socialista mantiene su decisión de no remitir estos casos a la Fiscalía sin el consentimiento expreso de las mujeres afectadas, priorizando su derecho a la confidencialidad y autonomía.

El medio detalló que la mayoría de los testimonios recogidos desde julio apuntan a dos figuras clave del partido: Francisco Salazar y José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, quien presentó su renuncia tras acumularse diversas denuncias en su contra. La directiva socialista, presidida por Cristina Narbona, enfrenta intensas presiones tanto externas como internas mientras el debate institucional sobre la respuesta adecuada a este tipo de acusaciones permanece abierto. De acuerdo con la información publicada, el servicio jurídico del PSOE se encuentra revisando de manera exhaustiva los protocolos internos, con especial atención a definir el alcance y la eficacia de las medidas adoptadas ante denuncias de acoso en el seno del partido.

Durante una comparecencia ante la prensa en el Congreso, Cristina Narbona destacó que cualquier traslación de los casos a instancias judiciales depende de la autorización expresa de las mujeres denunciantes. "Tienen que ser las denunciantes quienes estén de acuerdo con ello", según citó el medio informativo. Narbona sostuvo que la estrategia del partido busca ante todo proteger el anonimato de las afectadas mediante un canal de comunicación específico, establecido en la sede socialista de Ferraz. La presidenta enfatizó que el PSOE considera la confidencialidad y la autonomía de las presuntas víctimas como principios rectores de su gestión frente a estas situaciones.

Según consignó el medio, este enfoque ha dado lugar a reproches relacionados tanto con la falta de contundencia como con la lentitud en la respuesta administrativa. Hasta la fecha, la dirección socialista ha evitado proporcionar información pública sobre avances concretos en la resolución de los casos y ha subrayado que todo avance en los procedimientos requerirá la conformidad expresa de las personas afectadas. El análisis periodístico remarca que la presión sobre la cúpula del PSOE se ha intensificado, especialmente ante la ausencia de decisiones visibles y la persistencia de un clima de expectativa sobre los próximos pasos de la organización.

El debate sobre cómo equilibrar la protección de las mujeres que han presentado denuncias con la necesidad de ofrecer explicaciones claras al conjunto de la sociedad se mantiene entre las prioridades de la directiva. Según informó el medio, este dilema se enmarca en una doble obligación: por un lado, respetar el derecho de las presuntas víctimas a decidir sobre el curso de las denuncias; por otro, responder con la celeridad y transparencia que exige una institución pública. Narbona también expresó el compromiso del partido con una respuesta ajustada "a la gravedad de los hechos denunciados", reafirmando la decisión de respetar siempre la voluntad de las denunciantes respecto a posibles acciones legales.

El canal anónimo habilitado por el PSOE figura como instrumento clave de protección para las mujeres que deciden informar posibles comportamientos inapropiados. Narbona, según publicó el medio, valoró positivamente estos mecanismos internos y reconoció el papel de figuras como Elena Valenciano, exdirigente socialista, quien difundió una carta invitando a los hombres del partido a posicionarse activamente frente a actitudes machistas. La intervención de Valenciano ha sido interpretada dentro del partido como un llamado a modificar el enfoque institucional, dirigiéndose hacia una política más efectiva en la erradicación del acoso.

El servicio jurídico continúa con el análisis de la gestión realizada hasta ahora y, conforme detalló el medio de comunicación, en los próximos días se podrían producir novedades tanto en la publicación del informe relativo a las denuncias contra Salazar como en la introducción de eventuales ajustes o mejoras en los protocolos internos. La discusión se desarrolla con atención tanto a las demandas de protección efectiva de las mujeres denunciantes como a la necesidad de que la respuesta institucional esté en sintonía con la gravedad de las acusaciones presentadas.

El seguimiento público y mediático sobre este asunto ha aumentado la relevancia del análisis interno, mientras continúa el debate sobre cuáles deben ser los límites entre confidencialidad y transparencia en las actuaciones del partido. Según consignó el medio, la dirección socialista afronta el reto de asegurar una gestión que no vulnere los derechos de las posibles víctimas pero que, al mismo tiempo, cumpla con las exigencias de información y respuesta ante la opinión pública. Las acciones y declaraciones venideras determinarán en qué medida el PSOE logra conciliar ambas demandas sin menoscabar ni la autonomía de las afectadas ni la reputación institucional.

El posicionamiento de la portavoz de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, respecto a la gestión de las denuncias internas, resalta la creciente presión para reformar los protocolos de actuación ante comportamientos considerados machistas. En declaraciones recogidas por Europa Press, Fernández subrayó que la respuesta al caso de acoso atribuido a José Tomé no debía limitarse a dimisiones parciales y que la única opción válida habría sido la renuncia completa a todos los cargos institucionales y partidarios. Esta postura se presenta en medio del debate propiciado por la decisión de Tomé, quien tras la denuncia renunció a la Presidencia de la Diputación de Lugo y a la secretaría provincial, aunque mantuvo la alcaldía de Monforte de Lemos y su acta de diputado provincial.

La controversia se ha intensificado dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya que sectores vinculados a Igualdad exigen una revisión profunda de los protocolos internos de prevención y gestión de situaciones discriminatorias, detalló Europa Press. A raíz del caso y otras denuncias recientes, la dirección nacional del partido trasladó formalmente a Tomé la exigencia de abandonar cualquier responsabilidad pública y de partido. Voces internas han advertido sobre los efectos que decisiones poco contundentes pueden provocar en la confianza depositada tanto por la militancia como por la ciudadanía.

Europa Press informó que Fernández insistió en la necesidad de transparencia, rigor y explicaciones claras sobre cada paso que el partido decida adoptar frente a este tipo de situaciones. La diputada consideró que resulta prioritario que los procedimientos internos aseguren explicaciones precisas y públicas, que eviten la percepción de encubrimiento o respuestas exclusivamente burocráticas. “La cuestión debe asumirse con absoluta seriedad”, expresó, remarcando que los testimonios, incluso si estos se presentan de forma anónima, deben recibir un tratamiento acorde a la gravedad de las acusaciones.

En este contexto, el debate sobre la actuación del PSOE ante comportamientos considerados machistas se ha visto reactivado, no solo por el caso Tomé, sino también por denuncias recientes dirigidas contra otros miembros de la organización, entre ellos Francisco Salazar, ex dirigente con cargos en Moncloa y en Ferraz, según publicó Europa Press. Fernández reiteró la exigencia de explicaciones detalladas y directrices claras provenientes de la dirección nacional, destacando la importancia de criterios homogéneos basados en el principio de igualdad. A raíz del seguimiento mediático y la presión social, diferentes corrientes dentro del partido han reivindicado la actualización y mejora de las estrategias institucionales para la prevención, atención y resolución de incidentes relacionados con discriminación.

Frente a esta situación, la portavoz de Igualdad del PSOE descartó cualquier sospecha de ocultamiento intencionado por parte del partido. En referencias recogidas por Europa Press, afirmó: “En ningún caso quiero creer eso, quiero pensar que mi partido ha actuado bajo criterios basados en los principios de igualdad que defendemos.” Con estas palabras, Fernández intentó distanciar la actuación del PSOE de cualquier hipótesis de protección institucional a integrantes señalados por comportamientos inadecuados, en un contexto en el que la opinión pública y los medios analizan minuciosamente la postura oficial y las acciones emprendidas.

Europa Press especificó que, ante la proliferación de denuncias, diferentes sectores del PSOE han reclamado una renovación profunda de los protocolos internos y el refuerzo de mecanismos que garanticen la protección de las víctimas, así como la recuperación de la credibilidad organizacional. Las voces que demandan cambios resaltan que la recurrencia de estas situaciones refleja carencias en la capacidad de prevención y respuesta, lo que ha motivado llamadas a actualizar los procedimientos y a asegurar que las medidas sean efectivas y acordes a los valores declarados por el partido.

El debate no se limita a la esfera interna del PSOE. Europa Press mencionó que el pronunciamiento de Fernández ha servido para amplificar la discusión sobre la responsabilidad individual y colectiva respecto a la gestión de denuncias, abriendo el espacio a propuestas de transformación estructural orientadas a garantizar mayor protección y legitimidad institucional. La portavoz de Igualdad también se refirió a la carta difundida públicamente por Elena Valenciano, ex dirigente del partido, en la que se apela a la militancia masculina a desempeñar un papel más activo en la erradicación del machismo. Fernández calificó el documento como un llamamiento fundamental para fortalecer la implicación y el compromiso de los hombres afiliados en la cultura de igualdad del PSOE, respaldando plenamente la iniciativa.

Según consignó Europa Press, la dirección nacional intervino de forma inmediata a raíz de la denuncia presentada contra José Tomé, exigiendo su dimisión en todos los puestos públicos y de partido. Sin embargo, la decisión de Tomé de seguir ostentando cargos locales ha suscitado críticas entre distintos sectores, que ven en este hecho una señal de las limitaciones que todavía presentan los mecanismos internos. La falta de una renuncia completa fue interpretada como evidencia de vacíos en los instrumentos diseñados para gestionar denuncias de acoso o discriminación.

A estas reacciones se suman las demandas de la militancia y de colectivos sociales, que, de acuerdo con Europa Press, observan con atención el tratamiento y la posible implementación de reformas en materia de igualdad. El seguimiento continuo del caso Tomé por parte de la sociedad civil y los medios ha acentuado la necesidad de respuestas claras y concluyentes ante cualquier reiteración de comportamientos o actitudes machistas en el seno del partido.

El contexto descrito por Europa Press sitúa las aspiraciones de transparencia y rigor en el centro del debate socialista, a la vez que expone los desafíos que enfrentan las organizaciones políticas para implementar medidas eficaces y restaurar la confianza ciudadana. Intervenciones públicas como las de Andrea Fernández y Elena Valenciano han contribuido a instalar la discusión sobre la conveniencia de impulsar transformaciones profundas en la cultura institucional y los procedimientos de actuación ante casos de acoso y discriminación, en línea con los principios de igualdad inscritos en los estatutos del partido. Las decisiones y declaraciones del PSOE continúan bajo la atenta vigilancia de la militancia y la sociedad, ante las expectativas generadas en torno a potenciales reformas y su aplicación efectiva.

La Comisión Gestora creada para dirigir la organización provincial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Lugo se encontraba pendiente de iniciar su funcionamiento según las próximas decisiones vinculadas a la investigación disciplinaria sobre José Tomé. Esta estructura transitoria, surgida de la coordinación entre la cúpula nacional y la gallega, tenía como finalidad preservar la regularidad operativa del partido y asegurar la objetividad en las actuaciones internas. El medio consignó que este dispositivo administrativo se diseñó para actuar mientras avanzan tanto las diligencias internas como las resoluciones relativas al expediente abierto en torno a Tomé.

Después de que se formalizaran las denuncias por presunto acoso, la Secretaría de Organización del PSOE activó el protocolo interno contemplado en la normativa de la formación, detalló el medio. En concreto, este protocolo contempló la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia para Tomé. El procedimiento tuvo su origen en la recepción de una denuncia formal acompañada por declaraciones de testigos que fueron remitidos a la Oficina contra el Acoso del partido, ubicada en Ferraz. Esta oficina, responsable de este tipo de tramitaciones, sumó los testimonios al expediente, subrayando la intervención inmediata de la dirección federal encabezada por Rebeca Torró y la Federación Gallega del PSOE.

La dirección federal del PSOE exigió expresamente la renuncia de Tomé a todas sus responsabilidades institucionales. Esta petición incluía la dimisión de la alcaldía de Monforte de Lemos, así como la entrega del acta de diputado provincial, en cumplimiento del mandato federal, según informó el medio. Aunque otros integrantes del partido habían solicitado la suspensión cautelar de militancia, Ferraz subrayó que la medida debía extenderse a todas las funciones de representación pública, sin limitarse únicamente a los cargos internos o partidarios. La advertencia de la cúpula socialista se comunicó antes de que Tomé hiciera efectiva su renuncia como secretario provincial del PSOE en Lugo y presidente de la Diputación, dos de los puestos principales que ostentaba.

José Tomé oficializó su decisión de abandonar esos dos cargos el miércoles posterior a la recepción de las denuncias, explicó el medio. No obstante, expresó que su intención pasaba por conservar su puesto de alcalde en Monforte de Lemos, así como su acta en la corporación provincial. Ante este escenario, la dirección federal reiteró que el expediente disciplinario seguía su curso y que tanto la suspensión cautelar como la investigación disciplinaria forman parte de medidas preventivas dentro del marco estatutario socialista. La organización consideró indispensabe afirmar que ni la apertura del procedimiento ni la suspensión implican de manera inmediata el reconocimiento de responsabilidad; Tomé mantiene su derecho a la presunción de inocencia, recalcó el PSOE, según publicó el medio.

La Secretaría de Organización provincial también solicitó agilidad en el proceso y remarcó la necesidad de respetar los procedimientos internos. Estas circunstancias motivaron desde el lunes anterior a la renuncia de Tomé la reorganización administrativa de la dirección provincial. La intervención de la gestora provincial responde, según lo expuesto por el medio, a la necesidad de mantener la normalidad y transparencia en el día a día de la organización socialista en Lugo mientras se resuelve el expediente.

Ferraz, por su parte, subrayó que no respaldará en puestos de responsabilidad a quienes estén sujetos a una investigación por presuntas conductas de acoso. Esta postura institucional incluye un rechazo claro a cualquier intento de trivializar o restar valor a los hechos que dieron motivo a la denuncia. La cúpula federal afirmó que el objetivo de la suspensión cautelar es doble: por un lado, proteger a las personas que presentaron las denuncias y, por otro, garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento institucional de la formación mientras se esclarecen los hechos.

La Oficina contra el Acoso del partido continúa gestionando tanto la denuncia principal como el resto de los testimonios ingresados en el expediente de Tomé, y lo hace bajo la supervisión tanto de la Secretaría de Organización federal como de las estructuras gallegas del PSOE. El medio explicó que el proceso de reorganización interna será completado en función de la evolución del procedimiento disciplinario y de las resoluciones que se adopten a nivel federal y regional. La conclusión del despliegue administrativo y la normalización orgánica de la dirección local dependerán exclusivamente de esos desarrollos internos.

El seguimiento de las posibles consecuencias políticas de este caso en la provincia de Lugo ocupa la atención tanto de la estructura nacional como de la gallega del PSOE, indicó la fuente. Los órganos federal y autonómico supervisan el cumplimiento estricto del protocolo establecido para situaciones de esta naturaleza, así como la garantía de que se respeten los derechos y garantías de todas las partes comprometidas. Esta vigilancia persigue mantener tanto la cohesión interna como la estabilidad en acciones políticas y representativas dentro de la región afectada.

Según publicó el medio, la dirección federal ratificó que la suspensión y el expediente disciplinario permanecerán abiertos por el tiempo que la cúpula juzgue necesario en función del desarrollo de las actuaciones internas y de lo estipulado en los estatutos de la organización. La permanencia del expediente y las actuaciones en curso buscan asegurar la máxima transparencia, el respeto de los derechos procesales y de las garantías fundamentales durante toda la investigación.

La constitución de una comisión gestora en la federación socialista de Lugo marca una nueva etapa tras la suspensión provisional de militancia de José Tomé, quien ya había dejado la presidencia de la Diputación de Lugo y la secretaría provincial del Partido Socialista. Según publicó el medio, esta decisión responde a la presentación de una denuncia de acoso ante la Oficina contra el Acoso de Ferraz y a la apertura de un expediente disciplinario que sigue en curso. El PSOE exige a Tomé que abandone la alcaldía de Monforte de Lemos y su acta de diputado autonómico, reclamando el cese en todos los cargos públicos e institucionales mientras se desarrolla la investigación interna.

De acuerdo con la información de la fuente, la dimisión previa de Tomé de sus responsabilidades provinciales buscaba, según sus propias declaraciones, facilitar la tramitación de la investigación y evitar que su continuidad pudiera condicionar el desarrollo del debate interno del partido. Sin embargo, tanto la dirección nacional como la gallega del PSOE han considerado estos pasos insuficientes, motivando la adopción de medidas complementarias de prevención, con la argumentación de preservar la integridad del proceso y la protección de todas las partes implicadas.

El medio consignó que la Secretaría de Organización del PSOE, liderada por Rebeca Torró, oficializó la suspensión de militancia como una acción de carácter preventivo, apoyada en la gravedad de las acusaciones y conforme a los estatutos y protocolos internos del partido. Esta suspensión, recalca Ferraz según la fuente, no representa un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Tomé, ni prejuzga el resultado de la investigación en curso. La instrucción del expediente, abierta a partir de la recepción de la denuncia y la documentación asociada por la Oficina contra el Acoso ubicada en la sede nacional del PSOE en Madrid, se concentra en el examen de las pruebas y testimonios relevantes.

Según lo detallado, la comisión gestora tiene entre sus cometidos la tutela provisional de la federación provincial del partido, la garantía del funcionamiento cotidiano y la observancia estricta de la legalidad interna mientras Tomé permanece apartado de la dirección. El mandato de la gestora, respaldado por la Secretaría de Organización nacional y por la ejecutiva gallega, incluye la salvaguarda de la representación socialista de Lugo en los órganos internos y la prevención de cualquier vacío de poder o parálisis institucional. Ambas direcciones han insistido, según reportó el medio, en que la estrategia adoptada pretende anticipar posibles interferencias y asegurar el cumplimiento puntual de las decisiones de los órganos del partido.

El PSOE ha recalcado, tal como transmite el medio, su política de tolerancia cero frente a conductas de acoso, resaltando públicamente la frase: “No protegeremos jamás a quienes las practican”. Esta expresión, incluida en el comunicado oficial del partido reproducido por la fuente, subraya la determinación de la dirección socialista de no amparar a ningún militante denunciado por estas prácticas, independientemente del cargo que ocupe. El partido ha garantizado igualmente que José Tomé conserva plenamente la presunción de inocencia y todas las garantías jurídicas y procesales recogidas en los reglamentos internos durante la investigación.

La apertura del expediente disciplinario, según informaron fuentes de Organización y recogió el medio, coincide con la implementación de protocolos de actuación diseñados para asegurar la transparencia, la protección de las partes afectadas y la coordinación entre los órganos nacionales y autonómicos del partido. El PSOE ha remarcado que la duración de la suspensión de militancia y su eventual prórroga dependen exclusivamente de los plazos y resultados que determine la Oficina contra el Acoso, que sigue recopilando información y valorando las pruebas hasta la finalización del proceso.

El medio señaló que Ferraz ha puesto especial atención en la necesidad de mantener la separación entre el ámbito de la instrucción interna y la vida política local, tratando de evitar que el expediente disciplinario altere el funcionamiento ordinario del ayuntamiento de Monforte de Lemos o del Parlamento gallego. Las acciones adoptadas incluyen, además de la suspensión de militancia, la vigilancia de la correcta aplicación de las garantías estatutarias y la supervisión constante del desarrollo de las diligencias por parte de la dirección socialista.

El desarrollo del expediente disciplinario contempla distintas fases, según publicó el medio: desde la recopilación de pruebas hasta su valoración por los órganos internos relevantes, la deliberación y la eventual publicación de las decisiones finales. En cada etapa, el partido ha reiterado que se respeta el marco normativo interno y la transparencia comprometida por la dirección socialista en casos de esta naturaleza.

Estas actuaciones se inscriben, de acuerdo con la información difundida, en la política interna del PSOE de actuar de inmediato y de acuerdo con el reglamento ante denuncias de acoso, evitando cualquier tipo de protección interna, y defendiendo tanto los derechos procesales de los implicados como los principios estatutarios y democráticos del partido. Durante todo el proceso, la Oficina contra el Acoso centraliza la instrucción del caso, asegurando que tanto el análisis documental como la recepción de testimonios respondan a los estándares fijados por los protocolos socialistas vigentes.

La salida efectiva de Tomé de la presidencia de la Diputación de Lugo y de la dirección provincial ha permitido la constitución y entrada en funciones de la gestora, que se ocupará de preservar la ordenación política de la estructura socialista lucense y de garantizar el funcionamiento ordinario sin interrupciones ni injerencias en tanto se sustancia la pesquisa. La dirección del partido recuerda que la gestión de este tipo de denuncias responde a pautas uniformes para todo el territorio y que la transparencia y el respeto a los derechos de todas las partes resultan prioritarios.

Ferraz, según puntualizó el medio, mantiene su compromiso de seguir el procedimiento hasta el desenlace final, que establecerá si José Tomé puede reincorporarse o si, por el contrario, se formaliza su exclusión definitiva del partido y de cualquier función pública bajo sus siglas. La gestión integral del caso Tomé implica una coordinación permanente entre los órganos nacionales, gallegos y provinciales, en busca de un desenlace ajustado tanto a los reglamentos internos como a las exigencias de convivencia política dentro del Partido Socialista.

La ministra María Jesús Montero hizo referencia al caso del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, subrayando que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había puesto en marcha su protocolo interno antes de que la denuncia correspondiente llegase a los medios de comunicación, y antes del desenlace administrativo, siguiendo así procedimientos autónomos frente a conductas presuntamente irregulares. Según consignó el medio original, la funcionaria defendió desde Bruselas la independencia de la comisión antiacoso del partido, destacando que estos mecanismos cuentan con recursos propios y operan con total confidencialidad, garantizando tanto la protección de las víctimas como los derechos de las personas implicadas.

El medio informó que Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, remarcó la política de “tolerancia cero” ante cualquier caso de acoso o violencia interna. Montero explicó que la respuesta del PSOE se fundamenta en la inmediatez y que la activación de los protocolos no depende de la difusión pública ni de resoluciones externas. De acuerdo con la cobertura periodística, los sistemas del partido habilitan tanto la confidencialidad como el anonimato, permitiendo a quienes deseen denunciar sentirse respaldadas y protegidas en todas las etapas. Además, el medio detalló la importancia que la dirigente atribuye al resguardo de las partes involucradas frente a la exposición pública prematura.

Tal como publicó la fuente original, la ministra defendió el funcionamiento de la comisión antiacoso, señalando que esta actúa con autonomía plena en la valoración de los hechos y la determinación de la gravedad y veracidad de cada denuncia interna, siempre bajo un procedimiento estandarizado. Los protocolos, precisó Montero según el medio, persiguen fomentar la confianza entre los afiliados, de manera que ninguna persona quede desprotegida a causa del temor a la falta de respaldo institucional.

El medio reportó que la ministra consideró la confidencialidad del proceso como un aspecto esencial e insustituible. Afirmó que de este modo se evita el daño a la dignidad y privacidad de quienes intervienen en las investigaciones, minimizando el riesgo de filtraciones o juicios mediáticos sin fundamento. En sus declaraciones recogidas por el medio, Montero reiteró que el diseño de los protocolos tiene la finalidad de evitar cualquier discriminación, así como asegurar la apertura inmediata de investigaciones en cuanto existan sospechas fundadas.

En las declaraciones difundidas desde Bruselas, la ministra defendió la proactividad como eje central de la gestión socialista frente a estas situaciones. Según el medio, la dirigente consideró que el partido refuerza su credibilidad institucional al actuar antes de que los procesos administrativos o jurídicos concluyan. Sostuvo, según la nota informativa, que el rigor y la transparencia en la valoración de los hechos refuerzan la confianza de la sociedad y de la militancia respecto al compromiso del PSOE con la integridad interna.

El medio detalló que, además de detallar el funcionamiento de los protocolos socialistas, Montero criticó la posición del Partido Popular (PP) frente a casos equivalentes en su propia organización. Acusó al PP de “hipocresía”, según la cobertura, al exigir responsabilidades al PSOE pero no aplicar procedimientos análogos en su seno. Como ejemplo, la ministra hizo referencia a la situación del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien fue objeto de acusaciones sin que el PP activase mecanismos institucionales, según explicó Montero y reprodujo el medio. Asimismo, la ministra llamó la atención sobre la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ausencia de colaboración manifestada por su frase: “nadie me coge el teléfono al otro lado”, que, de acuerdo con el informe periodístico, representa la falta de respuesta ante la exigencia de asumir responsabilidades ante hechos denunciados.

En otro tramo de su intervención recogida por el medio, Montero señaló que sectores del PP han mostrado desconfianza hacia los dispositivos de atención a las víctimas de acoso y violencia de género, refiriéndose a la existencia de críticas hacia estos organismos que algunos miembros han tildado de “chiringuitos”. Según la ministra y la cobertura periodística, estas manifestaciones evidenciarían su rechazo institucional a los sistemas de protección y acompañamiento vigentes.

De acuerdo con la fuente, Montero remarcó la necesidad de que todo caso sea sometido a valoración objetiva por una comisión independiente, antes de derivar en responsabilidades políticas, defendiendo así la integridad del proceso. El medio relató que la ministra reiteró en varias ocasiones el principio de “tolerancia cero” como dogma de actuación, señalando que la protección de las personas denunciantes y la búsqueda de pruebas concluyentes rigen la actuación del partido en este ámbito.

La ministra insistió a lo largo de su intervención en que el partido busca sostener un entorno en el que las denuncias puedan presentarse sin temor a repercusiones y donde los análisis rigurosos de cada situación se realicen con la mayor reserva posible. El medio consignó que Montero expresó la confianza de la dirección socialista en la imparcialidad de los órganos internos del partido y en su capacidad para gestionar, con rigor y respeto institucional, cualquier circunstancia que afecte a sus miembros.

Durante una intervención ante periodistas en Monforte, Tomé rechazó categóricamente las denuncias de supuesto acoso a mujeres, calificándolas como "falsas", y aseguró que hasta la fecha no ha recibido notificación formal sobre ninguna acusación, ya sea por parte de instancias judiciales o del Partido Socialista. Según consignó Europa Press, el también secretario general del PSOE en Lugo insistió en la ausencia de pruebas que respalden las acusaciones y en que no considera haber incurrido en ninguna conducta inadecuada durante el desempeño de sus cargos institucionales.

Europa Press detalló que, a juicio del dirigente socialista, será la justicia la encargada de esclarecer los hechos, por lo que reclamó que el proceso garantice los derechos de defensa, así como la aplicación estricta de todas las garantías procesales. Tomé manifestó su disposición total a colaborar con las investigaciones, con el propósito de lograr el esclarecimiento de los acontecimientos y la protección de su imagen pública.

Al responder preguntas sobre el itinerario que planea seguir, el presidente de la Diputación de Lugo explicó que sus abogados valoran las alternativas legales más pertinentes y recordó que la vía judicial es el cauce adecuado para la resolución de la situación. Atribuyó a la difusión mediática de las denuncias un daño reputacional que considera difícil de revertir, un hecho que ilustró con la frase: "Por mucho que sea mentira, algo queda", citada por Europa Press. Tomé reafirmó la inexistencia, hasta el momento, de información oficial sobre el contenido específico de las acusaciones, señalando que no ha recibido ninguna notificación formal acerca de los hechos que se le atribuyen.

Según reportó Europa Press, Tomé insistió en su inocencia y reiteró su confianza en los tribunales para esclarecer lo sucedido. Remarcó la necesidad de que cualquier persona tenga acceso a un proceso con las debidas garantías legales, y describió su actitud ante los hechos como serena, manteniendo su esperanza en que la verdad se conozca pronto y le permita reparar su imagen.

Europa Press informó que, durante las declaraciones a los medios, Tomé indicó que el conjunto de organismos públicos bajo su responsabilidad mantiene su funcionamiento con total normalidad. Declaró que no habrá cambios en la gestión administrativa ni en las líneas de trabajo institucionales mientras se prolonguen las investigaciones. Así, insistió en que su prioridad, además de la defensa de su honor, es la normalidad en el desempeño de sus tareas tanto al frente de la Diputación como en la jefatura del PSOE provincial.

El dirigente subrayó —según lo recogido por Europa Press— que ni contemplará variar ninguna de sus obligaciones institucionales ni abandonará el servicio público en Lugo, ya que considera que la respuesta judicial constituye el mecanismo adecuado para la resolución del caso. Manifestó que la continuidad de su labor responde tanto a la confianza en el sistema judicial como a la responsabilidad institucional derivada de su mandato.

Para Tomé, tal como mencionó Europa Press, la transparencia y el respeto estricto de la legalidad serán los principios que guiarán sus actuaciones mientras dure el proceso judicial. Aseguró que el restablecimiento de su honor personal y la respuesta ante los señalamientos públicos configuran los ejes principales de su estrategia, sin por ello alterar sus funciones como representante público.

Desde la publicación de las denuncias, el presidente de la Diputación de Lugo ha subrayado en sucesivas intervenciones su intención de que la verdad prevalezca cuanto antes y se produzca la reparación íntegra de su imagen personal y profesional. Reiteró en cada ocasión, según la cobertura de Europa Press, su confianza en que los órganos judiciales, y solo ellos, deben determinar cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos en cuestión, desmarcándose de toda irregularidad en su trayectoria política y en el manejo administrativo durante su periodo al frente de la Diputación.

A lo largo de su comparecencia, Tomé transmitió que el impacto de las denuncias alcanza tanto a su actividad política como a su entorno personal, un aspecto sobre el que hizo énfasis al referirse a las consecuencias del señalamiento público en el ámbito mediático. Reiteró que afronta la situación con entereza y pone su esperanza en el restablecimiento del prestigio que, a su entender, se dañó en virtud de la viralización de acusaciones en las que, hasta ahora, no identifica pruebas ni conoce su formulación oficial.

Según el relato de Europa Press, en todo momento el presidente de la Diputación insistió en que no hay constancia formal de los hechos por los que se le atribuye responsabilidad ni en la justicia ni en los órganos de su partido, y que tampoco existe comunicación oficial sobre investigaciones en marcha. Advirtió que cualquier información sobre su implicación en hechos reprobables carece de fundamentación y que únicamente defenderá su posición en las instancias jurídicas si los procedimientos avanzan hasta ese punto.

En opinión de Tomé, la gestión pública bajo su cargo se mantiene sin alteraciones, y su equipo jurídico se encuentra centrado en evaluar todas las alternativas legales físicas para preservar su honor y para posibilitar la restitución de una imagen que considera mancillada por denuncias infundadas. El presidente de la Diputación reiteró su compromiso con el funcionamiento institucional ordinario y con la transparencia en los procedimientos, sin dejar de lado su objetivo de que la verdad sea esclarecida de forma rigurosa por el ámbito judicial.

Durante su intervención en Bruselas, Óscar López expresó su confianza en que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aplicará sus mecanismos internos establecidos para tratar las denuncias presentadas contra Francisco Salazar. Según publicó el medio, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública remarcó que el partido dispone de "protocolos" claros que deben ejecutarse en casos como este, asegurando que ningún tipo de conducta denunciada quedará sin la debida atención dentro de la organización.

Según informó el medio, López también negó que el PSOE hubiera tomado alguna medida para proteger a Salazar de las denuncias anónimas de acoso. El secretario general del PSOE-M, al ser cuestionado por la prensa, respondió de forma tajante que no existe encubrimiento y que el partido actúa conforme a sus normativas internas en este tipo de situaciones. López enfatizó que, a diferencia “de otros partidos que ni siquiera tienen esos protocolos” o en los que se “aplaude” a consejeros luego de denuncias judicializadas, el PSOE mantiene estructuras específicas y una respuesta activa ante las denuncias. De acuerdo con sus declaraciones, “lo que hemos leído de las denuncias es verdaderamente intolerable”, frase que pronunció ante los medios durante su participación en la reunión de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea en la capital belga.

El funcionario subrayó que el PSOE está actuando y pronunciándose de manera constante sobre el caso desde que las acusaciones salieron a la luz, según consignó el medio. Afirmó: “Estoy absolutamente convencido de que lo van a aplicar”, en referencia a los protocolos internos de actuación ya establecidos dentro del partido. Al ser preguntado si opina que la actuación debería elevarse a la Fiscalía, evitó dar una respuesta concreta, argumentando que no conoce el caso “en primera persona”.

Sobre la posibilidad de que los protocolos partidarios hayan fallado en algún momento o si se debería proceder directamente a la Fiscalía, López prefirió no posicionarse. Detalló, siempre de acuerdo con el medio, que no dispone de información directa ni responsabilidad sobre el expediente en cuestión y señaló: “No conozco el expediente, no es mi responsabilidad. Yo insisto en que confío plenamente en quién tiene que hacerlo para tomar las decisiones que tenga que tomar”.

El ministro también fue preguntado acerca de si Salazar continuó colaborando como asesor del PSOE durante el tiempo en el que la investigación respecto a las denuncias experimentó retrasos. López afirmó tajantemente que no le consta tal hecho y explicó que no tiene ninguna información sobre que Salazar haya seguido vinculad al partido en ese periodo, reportó el medio.

De igual modo, el ministro contestó “no” de forma rotunda al ser indagado sobre si el PSOE protegió de alguna manera a su exalto cargo, según la información publicada. Frente a las insistencias periodísticas sobre la gestión y el seguimiento del caso, López reiteró su confianza en los organismos internos habilitados para la revisión y toma de decisiones dentro del propio partido. También remarcó las diferencias entre la actuación del PSOE y la de otras formaciones políticas, insistiendo en la existencia y cumplimiento de protocolos internos.

Al margen de las responsabilidades específicas, López recalcó que no figura entre sus competencias personales el manejo del expediente ni el conocimiento directo sobre los pormenores de la denuncia, informó el medio. Volvió a reafirmar su confianza en quienes llevan estos asuntos dentro del PSOE, puntualizando que serán ellos quienes determinen los próximos pasos en concordancia con la normativa interna vigente.

La polémica en torno al caso de Salazar ha despertado cuestionamientos sobre la efectividad de los procedimientos internos en la gestión de denuncias. Según los datos publicados, el PSOE sostiene una postura de aplicación estricta de sus procesos internos y niega cualquier forma de protección al exalto cargo en cuestión.

Esta situación sucedió cuando la mandataria se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la mandataria se encontraba saludando a la ciudadanía y tomándose algunas fotos cuando el hombre se acerca.

En la grabación se aprecia como el sujeto intenta besar en el cuello a la presidenta y al mismo tiempo la abraza por la espalda, haciendo contacto físico en todo momento.

Se escucha a una mujer alertando sobre la situación, por lo que, al parecer, personal de seguridad de la presidenta lo separa, pero resalta la insistencia del hombre.

Sheinbaum toma distancia cuando el hombre intenta abrazarla de nuevo, ya con intervención de un hombre de traje, lo comienzan a alejar al tiempo que la presidenta le dice: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”.

En un último intento, el hombre vuelve a acercarse a la mandataria, sin que se logre entender su dicho, debido a que se nota en estado inconveniente. El momento fue previo a la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior en la capital del país.

Hasta el momento, ni presidencia ni la Secretaría de las Mujeres o su titular, Citlalli Hernández Mora, se han pronunciado por lo ocurrido la tarde de este sábado.

Critican en redes sociales acoso a la presidenta: “¡La pusieron en riesgo!”

El grabación de apenas unos segundos ha generado diversos cuestionamientos sobre el personal de seguridad de la presidenta y la cercanía que tienen algunos ciudadanos cuando asiste a eventos públicos.

Entre los comentarios que destacan es uno donde se pide no revictimizar a Sheinbaum por la situación:

“Pero no creo pertinente incentivar la crítica a ella por una circunstancia donde ella no tenía el control Sin embargo, es de resaltar que su equipo de seguridad no actuó de forma adecuada”.

La abogada feminista Marce Torres, quien hace videos acerca de “Te explico legalmente”, opinó sobre el tema, del que dijo:

“Aquí e donde duele, darte cuenta que vivimos en un México donde se lo pueden hacer a una mujer que va rodeada de cámaras, de poder, de seguridad. Muchas veces no sabemos cómo reaccionar, sonreímos por inercia y no porque nos guste, porque nos educaron para callar, para no hacer escándalo”.

Brett Dadig, un influencer de Pensilvania, podría enfrentar hasta 70 años de prisión y una multa de 3,5 millones de dólares por una serie de acusaciones de acoso y amenazas contra 11 mujeres en cinco estados de Estados Unidos.

La acusación formal, presentada el 2 de diciembre, detalla una conducta que, según las autoridades, se extendió durante el verano y el otoño de 2025, y que incluyó el uso sistemático de redes sociales, podcasts y llamadas telefónicas para intimidar a sus víctimas.

La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Pensilvania informó que Dadig, de 31 años, fue acusado por un gran jurado federal en Pittsburgh de 14 cargos, entre ellos acoso cibernético, acoso interestatal y amenazas interestatales.

Dadig ignoró ordenes de allanamiento y de protección contra el abuso

El primer fiscal federal adjunto, Troy Rivetti, declaró: “Como se imputa en la acusación formal, Dadig acechó y acosó a más de 10 mujeres utilizando tecnología moderna como arma y cruzando las fronteras estatales, y a través de una conducta implacable, hizo que sus víctimas temieran por su seguridad y sufrieran una angustia emocional considerable”, según el comunicado oficial.

Rivetti añadió que el acusado ignoró órdenes de allanamiento y de protección contra el abuso, y subrayó el compromiso de las autoridades para proteger a la comunidad de individuos considerados amenazantes.

El influencer publicó en sus redes sociales su deseo de conseguir esposa en línea

La acusación sostiene que Dadig documentó públicamente su deseo de encontrar una esposa en línea, y que, tras contactar a mujeres a través de redes sociales y gimnasios, procedió a intimidarlas mediante publicaciones en sus cuentas, episodios de su podcast y llamadas telefónicas.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de siete mil seguidores, compartía contenido sobre atletismo, religión y su vida sentimental. Parte de su estrategia para conocer mujeres incluyó el uso de un chatbot de inteligencia artificial en gimnasios, según la acusación.

El documento judicial detalla que el acoso se extendió a víctimas en Pensilvania, Ohio, Florida, Iowa y Nueva York. Las acciones atribuidas a Dadig incluyen presentarse sin previo aviso en domicilios y lugares de trabajo, seguir a algunas mujeres desde sus empleos, intentar que fueran despedidas, tomarles fotografías y publicarlas en línea sin su consentimiento, así como divulgar información privada, como nombres y ubicaciones.

Dadig compartía retórica violenta y en al menos una ocasión fue acusado de someter a una mujer

Además, la acusación describe que Dadig compartía regularmente retórica violenta y despectiva en línea, con referencias a estrangular personas, romper mandíbulas y dedos, y amenazas como “ser el asesino de Dios” o que sus víctimas “se pudrirían en el infierno y sufrirían el día del juicio”.

En al menos un caso, se le atribuye haber sometido a una mujer a contactos sexuales no deseados. Su comportamiento llevó a que se le prohibiera la entrada a varios gimnasios en el área de Pittsburgh, y dos de sus víctimas en esa ciudad obtuvieron órdenes de Protección contra el Abuso (PFA), que Dadig habría violado tanto en línea como en persona. Cuando era vetado de gimnasios o denunciado a la policía en una ciudad, se trasladaba a otra para continuar con su conducta, según la acusación.

El 7 de noviembre, Dadig fue acusado inicialmente de tres cargos de acoso cibernético

Ese mismo día, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reconoció que su “comportamiento en las redes sociales” no había sido “apreciado por algunas personas”. En ese mensaje, Dadig expresó: “Me disculpo si he incomodado a alguien”, y mencionó varios gimnasios donde, según reportes, fue vetado. Añadió: “Este caos me sigue afectando, y simplemente lo afronto y aguanto los golpes”.

La ley federal establece una sentencia mínima de doce meses por cada cargo relacionado con la violación de órdenes de protección, y una pena máxima total de setenta años de prisión y una multa de hasta 3,5 millones de dólares. La sentencia final dependerá de la gravedad de los delitos y de los antecedentes penales del acusado, si los hubiera, conforme a las Pautas de Sentencia federales.

Actualmente, Dadig permanece detenido a la espera de una audiencia de detención programada para el 15 de diciembre de 2025, tras haberse prorrogado a petición de la defensa. La fiscal federal adjunta Nicole Vásquez Schmitt está a cargo del caso en representación del gobierno. La investigación que condujo a la acusación formal fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con la colaboración de varios departamentos de policía locales de Pittsburgh y de otras jurisdicciones del país.

En Arequipa, el Poder Judicial dictó cuatro años de prisión suspendida contra Juan Dávila D., quien fue hallado responsable del delito de acoso en agravio de su exenamorada. El fallo fue emitido por el 5to Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la jueza Crisley Herrera Claure, tras concluirse que el imputado ejerció una conducta persistente de hostigamiento mediante el uso de plataformas digitales.

Según la investigación fiscal, el procesado recurrió de manera reiterada a distintos medios tecnológicos para mantener contacto con la víctima, pese a que esta había terminado la relación y bloqueado toda comunicación por llamadas y mensajería instantánea. Ante esas restricciones, Dávila buscó una nueva vía: la billetera digital Yape. Desde ese aplicativo enviaba montos mínimos —como transferencias de apenas 10 céntimos— acompañados de mensajes insistentes para retomar el vínculo sentimental.

Uso indebido de Yape y hostigamiento

El Ministerio Público detalló que estas transferencias se prolongaron durante un periodo suficiente para configurar un patrón de acoso digital que afectó la tranquilidad y seguridad de la agraviada. La jueza Herrera Claure determinó que el acusado utilizó deliberadamente la plataforma de pagos para eludir las medidas de protección que la víctima había intentado establecer al bloquearlo de otros canales.

Durante el juicio, la contundencia de los elementos probatorios llevó al imputado a admitir los hechos y acogerse a la conclusión anticipada del proceso. Esta decisión permitió acelerar la sentencia y evitó extender un litigio que, según el juzgado, ya evidenciaba un perjuicio emocional sostenido para la víctima.

S/1.000 de reparación civil

Como parte de la sentencia conformada, el juzgado dispuso que Dávila cumpla diversas reglas de conducta durante el periodo de suspensión. Entre ellas, destaca la obligación de asistir a terapias psicológicas y evitar cualquier tipo de contacto con la agraviada.

Además, el tribunal ordenó el pago de S/1.000 por concepto de reparación civil, monto destinado a resarcir el daño ocasionado por los actos de acoso. La magistrada advirtió que, en caso de incumplir una sola de estas disposiciones, el sentenciado será internado de inmediato en el establecimiento penitenciario que determine el INPE para cumplir de manera efectiva la pena de cuatro años.

Precedente sobre acoso digital

El fallo fue destacado como un precedente en relación con el uso indebido de herramientas digitales para hostigar a una persona, especialmente en contextos de ruptura sentimental. Para el juzgado, el caso evidencia cómo plataformas financieras pueden convertirse en mecanismos de hostigamiento cuando otros canales han sido bloqueados.

Asimismo, la resolución reafirma la necesidad de fortalecer la protección frente a nuevas modalidades de violencia que surgen en el entorno digital y que pueden vulnerar la integridad emocional y la tranquilidad de las víctimas con la misma gravedad que otras formas tradicionales de acoso.

¿Cómo se condena el acoso en Perú?

En el Perú, el delito de acoso sexual está penado con entre 3 y 5 años de prisión, de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Justicia. Esta sanción se aplica a toda persona que, sin consentimiento, vigile, persiga, hostigue o acose a otra con fines de naturaleza sexual. La ley contempla estas conductas como una vulneración directa a la libertad e integridad de la víctima, y establece mecanismos para su sanción penal aun cuando no exista contacto físico.

Cuando concurren circunstancias agravantes, la pena puede elevarse a entre 3 y 8 años de cárcel. Entre estos factores se consideran situaciones en las que hay una relación laboral, educativa o formativa entre las partes, así como casos en los que la víctima sea menor de edad —mayor de 14 y menor de 18— o exista o haya existido un vínculo sentimental con el agresor. La normativa también clasifica como agravante el hecho de que el acosador comparta domicilio con la víctima, lo que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de esta última.

Además de la pena privativa de libertad, los jueces pueden imponer medidas complementarias como inhabilitación, cuya aplicación depende de las particularidades del caso. Esta puede restringir al sentenciado del ejercicio de determinadas funciones o profesiones, especialmente en aquellos casos en los que la conducta se produjo en contextos laborales o formativos.

Las imágenes de la conducta del entrenador Kim Wan-gi tras la llegada de la atleta Lee Su-min en el Maratón Internacional de Incheon 2025 se viralizaron en las redes sociales luego de la deportista coreana afirmara que experimentó dolor físico y que no recibió disculpa alguna por parte del hombre de 57 años.

El incidente ocurrió el pasado 23 de noviembre en el distrito de Songdo, Incheon, donde Lee (27 años), representante del equipo del Ayuntamiento de Samcheok, se consagró como la primera en cruzar la meta en la división femenina nacional, con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 41 segundos. Al finalizar la carrera, Kim se acercó e intentó cubrirla con una toalla, una práctica habitual para evitar la hipotermia en los atletas. Sin embargo, las imágenes que difundió KBS Sports revelaron que la mujer, visiblemente incómoda, apartó el brazo de su entrenador mientras este persistía en su intento de cubrirla, lo que intensificó la polémica.

Luego de la difusión del video en medios como The Korea Herald, algunos usuarios se expresaron con diversos comentarios, en su mayoría cuestionando al hombre. “Miren las manos del entrenador...”, sugirió un internauta. “¿Protegerla de qué? Dejenlá cruzar la meta", “La persona que corre sabe lo que quiere, respétenla” y “El entrenador debe saber que está exhausta y debe recuperar su aliento”, fueron otras opiniones.

En una declaración publicada en Instagram el 25 de noviembre, Lee Su-min aclaró que nunca calificó el episodio como “acoso sexual”, a diferencia de los comentarios de los usuarios que sí habían advertido esa conducta. Según palabras de la atleta, “el problema central no es si hubo o no intención sexual”, sino que “experimenté un dolor intenso debido a un contacto físico repentino y fuerte justo después de terminar la carrera”.

Lee relató a continuación que en ese momento se encontraba desorientada y con dificultad para respirar, y que “de repente sentí un tirón muy fuerte en el costado de mi cuerpo”. Y agregó en su testimonio: “En ese instante, sentí un dolor agudo en el pecho y el plexo solar, y aunque intenté resistirme, la presión sobre mi brazo dificultaba que pudiera zafarme”.

Lee también expresó su descontento porque no hubo una disculpa directa por parte de su entrenador. La deportista amateur explicó que solo después del incidente supo que había sido Kim quien la había sujetado y que, al comunicarle que había sentido dolor, “no hubo una disculpa concreta ni reconocimiento de que hubiera actuado mal. En cambio, desvió la conversación”.

Además, criticó que su entrenador hiciera declaraciones públicas justificando su accionar antes de hablar con ella: “Fue impactante verlo declarar que no había hecho nada malo sin haber conversado conmigo previamente. Que alguien responsable de proteger a los atletas emita explicaciones públicas sin antes hablar conmigo fue angustiante y confuso”, afirmó en la declaración que publicó el portal The Korea Times.

La atleta coreana señaló que, incluso cuando la controversia se amplificó en internet, Kim Wan-gi no intentó resolver la situación ni se comunicó con ella. Lee manifestó que decidió hacer pública su versión para evitar que hechos similares se repitan: “Tengo miedo de las posibles consecuencias, pero consideré necesario describir con claridad lo que sentí y experimenté para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

Finalmente, Lee Su-min ofreció las disculpas pertinentes a los espectadores y seguidores por el episodio que atravesó en la maratón: “Lamento que un evento que debía ser una fiesta haya quedado opacado por este suceso. Y pido sinceras disculpas a todos los que me apoyaron por haber mostrado una escena tan incómoda”.

El descargo del entrenador tras la controversia

Luego de las imágenes que recorrieron el mundo y las declaraciones de la maratonista, Kim Wan-gi dio su versión de los hechos. “Fue un malentendido causado cuando su plexosolar golpeó mi brazo”, expresó el entrenador principal del equipo de atletismo del Ayuntamiento de Samcheok, quien negó un contacto físico inapropiado.

“Las maratones son muy exigentes. Muchas atletas se desploman o se desmayan nada más cruzar la meta. Si no las apoyamos de inmediato, pueden caerse y lesionarse. Incluso, en la Maratón de Chuncheon, una de nuestras corredoras casi se desmaya. La sostuve, pero estaba tan débil que terminó con moretones en las rodillas”, dijo en una entrevista con News1 que replicó Korea Times.

Al describir el momento en el que abrazó a la deportista con su toalla, el entrenador aclaró lo que habló con ella: “Me dijo: ‘Entré a toda velocidad y mi plexo solar te golpeó el brazo. Me dolió tanto que instintivamente me aparté’. Se disculpó, diciendo que el momento se mostró en televisión. Le dije que se había esforzado mucho”.

Kim reconoció más tarde que las imágenes podrían haber sido inquietantes para los espectadores y que podrían generar un debate sobre su accionar. “Desde la perspectiva de un espectador, ver a un entrenador sujetar a un atleta y luego este empujarlo podría parecer inapropiado. Pero en el atletismo, esto sucede constantemente. Todos los entrenadores apoyan a sus atletas al cruzar la línea de meta”, remató.

El acoso telefónico es una realidad que viven muchas mujeres. Un estudio reciente en Colombia puso en evidencia esa situación, siendo una visión de lo que puede suceder en otros lugares y dejando claro cuáles son los días en los que ellas son más vulnerables.

La investigación fue realizada por Truecaller, aplicación de gestión de llamadas, y encontró que nueve de cada diez mujeres en el país ya han sido víctimas de este tipo de intimidación, recibiendo llamadas o mensajes con contenido sexual o inapropiado sin haberlo solicitado.

Cuáles son los días y horarios de mayor acoso telefónico en Colombia

Los datos recopilados revelan que el acoso telefónico hacia mujeres muestra patrones temporales claros y preocupantes. Los viernes y sábados se destacan como los días más críticos, concentrando el mayor porcentaje de incidentes: un 28% de los casos ocurre los viernes y un 35% los sábados.

Este incremento cercano al fin de semana puede estar relacionado con la mayor actividad social y el uso más extendido del teléfono móvil durante esos días, aunque el estudio no ahonda en motivaciones específicas.

En cuanto a los horarios, el acoso se intensifica por la noche. El 47% de las llamadas o mensajes con contenido no deseado tienen lugar entre las 20:00 y la medianoche, lo que coincide con el tiempo de descanso y ocio de muchas personas.

La tarde, específicamente entre las 15:00 y las 20:00, representa el segundo periodo de mayor riesgo, con un 22% de los incidentes reportados. Estos momentos, tradicionalmente asociados a espacios personales y familiares, se ven interrumpidos con frecuencia por comunicaciones perturbadoras que alteran la tranquilidad cotidiana.

Otra característica sobresaliente es el origen de las llamadas y mensajes. El 64% proviene de números desconocidos, lo cual dificulta la identificación y denuncia de los responsables. Además, para un 24% de las víctimas, el acoso no es un evento aislado sino un patrón recurrente, con episodios que se repiten varias veces al mes.

Cuál es el impacto de estas llamadas de acoso

Más allá de la invasión a la privacidad, el acoso telefónico deja huellas profundas en el bienestar emocional de las mujeres colombianas que lo padecen. El 50% de las afectadas expresa sentir rabia como primera reacción a estas llamadas y mensajes, mientras que un 42% afirma experimentar miedo.

Este temor lleva a conductas de autoprotección, como evitar responder números desconocidos, que a la larga pueden restringir la comunicación legítima y el acceso a oportunidades laborales o personales.

El estado de alerta permanente, la incertidumbre sobre la identidad del remitente y la posibilidad de futuras agresiones convierten el acoso telefónico en una forma de violencia persistente. Como subraya la investigación, el problema no solo está presente en el entorno virtual, sino que también repercute fuertemente en la vida fuera de la pantalla.

Cómo protegerse de llamadas spam

Ante la magnitud de este fenómeno, las soluciones tecnológicas han ido evolucionando. Uno de los recursos más valorados es el bloqueo de números y la identificación automática de llamadas maliciosas, integrados de manera nativa en muchas aplicaciones modernas.

En dispositivos Android, la app Teléfono de Google incorpora un sistema avanzado basado en la inteligencia artificial y en una vasta base de datos que se actualiza con reportes de usuarios de todo el mundo.

Esta funcionalidad permite detectar posibles llamadas de spam o números sospechosos incluso cuando el número no figura entre los contactos del usuario. El teléfono muestra una advertencia en pantalla antes de que el usuario responda la llamada, disminuyendo así la probabilidad de entablar comunicación con un potencial acosador o estafador.

Otra opción es Truecaller, una aplicación con más de 450 millones de usuarios activos en el mundo. Esta app identifica posibles llamadas de spam y permite bloquearlas de manera automática y reportar incidentes, contribuyendo a alimentar su base de datos colectiva.

No obstante, las herramientas tecnológicas no reemplazan la necesidad de precaución y sentido común. La recomendación es no responder llamadas de números desconocidos o sospechosos, pues contestar puede llevar a que el número de la persona quede registrado como “activo” en los sistemas automáticos de los spammers y estafadores. Esto, lejos de frenar el problema, tiende a incrementarlo.

En casos en que el número molesto logra pasar los filtros automáticos, Android brinda la opción de marcar manualmente el número como spam, bloqueándolo para futuras comunicaciones.

La Fiscalía relató que tanto la víctima como el procesado contrajeron matrimonio en el año 2017. Posteriormente, en 2024, iniciaron los trámites judiciales para el divorcio. En ese contexto, la acusación identificó un patrón de acoso que se agudizó cuando la mujer inició una nueva relación. Según detalló el escrito fiscal difundido por el medio, el acusado persistió en el contacto de manera insistente, recurriendo de manera repetida tanto a llamadas telefónicas como a mensajes de audio, en los que exigía conocer constantemente la situación y los movimientos de la víctima.

Uno de los episodios relevantes recogidos en la acusación corresponde al día 31 de enero de 2024, fecha en la que el hombre realizó hasta ocho comunicaciones telefónicas en una sola jornada. En otra ocasión, esa cifra ascendió a más de cuarenta llamadas en menos de veinticuatro horas, según la información aportada por la Fiscalía y referida por el medio. La presión ejercida a través de estos medios de contacto formó parte de un esquema que la acusación considera constitutivo de un delito de coacciones leves y de hostigamiento continuado.

De acuerdo con el relato fiscal, el patrón de comportamiento presuntamente delictivo incluyó un evento adicional de mayor gravedad: el acusado habría efectuado un tocamiento no consentido al agarrar las nalgas de su expareja, lo que la Fiscalía tipifica como un delito contra la libertad sexual. Este hecho, sumado al acoso sistemático, fundamenta la solicitud de tres años de prisión por el delito contra la libertad sexual y de un año por el de coacciones leves, cifras que el Ministerio Público solicita ejecutar de forma acumulada.

La acusación argumentó que el acusado no aceptó el fin de la relación y que sus acciones buscaron perturbar gravemente la estabilidad emocional de la víctima, demandando de ella información constante sobre sus actividades cotidianas. Este control ejercido a través de la presión digital y telefónica se intensificó, en opinión de la Fiscalía, tras la noticia de la nueva pareja de la exmujer, lo que se tradujo en un incremento de las conductas de acoso.

La causa, elevada desde el Tribunal de Instancia de A Estrada, será juzgada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra el próximo día 27. Según informó el medio, la Audiencia examinará los cargos a partir de los hechos valorados inicialmente por el tribunal precedente. El procedimiento judicial permitirá establecer la responsabilidad penal del acusado sobre los delitos imputados y fijar, si corresponde, las sanciones propuestas en el proceso.

Por otro lado, además de la condena de prisión, el Ministerio Público pidió que el acusado indemnice económicamente a la víctima con la suma de 6.000 euros. Esta cantidad busca compensar los daños y perjuicios físicos y psicológicos que, según la Fiscalía, se derivan tanto del acoso como de las agresiones denunciadas y que serán objeto de valoración en sede judicial.

El juicio se presenta como un proceso relevante en cuanto a la tipificación de los actos denunciados, encuadrados dentro de la violencia de género y de los delitos contra la libertad sexual, ámbitos de especial atención judicial y social. El desarrollo del proceso permitirá determinar no solo la veracidad de las acusaciones, sino también la respuesta penal frente a patrones de conducta que afectan directamente la seguridad y la libertad personal de las víctimas. Como consignó el medio, el debate en la Audiencia Provincial de Pontevedra girará en torno a la interpretación de los hechos a la luz de la prueba practicada y los criterios legales pertinentes.

La provincia de Mendoza registró su primer caso de condena por grooming en la plataforma de videojuegos Roblox, luego de que un hombre admitiera haber acosado a una adolescente de trece años. El proceso judicial culminó con un acuerdo de juicio abreviado, en el que el acusado, Benjamín Elías Marín Mendoza, reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta.

El juez Marco Martinelli, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de Tunuyán, validó el acuerdo alcanzado entre Marín Mendoza y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’amore, que estableció una condena de tres años de prisión para el imputado. La sentencia recayó sobre el delito de distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil, según consta en la resolución judicial.

La investigación determinó que Marín Mendoza utilizó la plataforma Roblox para iniciar contacto con la víctima, simulando una relación de amistad. Una vez que logró obtener el número de WhatsApp de la menor, le exigió el envío de fotografías íntimas, según publicó NA. Durante un periodo prolongado, el acusado recibió contenido de la adolescente, hasta que la madre de la víctima accedió a las conversaciones y descubrió la situación, lo que permitió identificar el caso como grooming y presentar la denuncia correspondiente.

El acuerdo judicial se concretó tras la confesión del acusado, quien admitió haberse comunicado con la menor a través de Roblox y, mediante engaños, haber conseguido su número de teléfono para solicitarle imágenes privadas. Este caso marca un precedente en Mendoza, que se suma así a otras provincias argentinas donde ya se han dictado condenas por grooming en entornos de videojuegos.

Un elemento relevante en la causa es el antecedente de Marín Mendoza, quien en 2021 ya había sido acusado de difundir fotografías de menores a través de una plataforma vinculada a Google. Esta información fue aportada por la organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que colabora en la detección y denuncia de delitos de explotación sexual infantil.

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió bloquear el acceso a Roblox en las escuelas públicas de todos los niveles educativos tras una denuncia presentada por una familia que alertó sobre un presunto caso de grooming ocurrido fuera del horario escolar, pero que involucró a estudiantes de una institución estatal. La medida, implementada por la Gerencia de Educación Digital, se inscribe en una política más amplia que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de situaciones de exposición a contenidos inapropiados y dinámicas virtuales de riesgo.

El videojuego Roblox, con 380 millones de usuarios activos mensuales, es una de las plataformas digitales más utilizadas por menores de edad en todo el mundo. Según informó el Ministerio de Educación porteño, la restricción afecta a todos los dispositivos conectados a las redes informáticas escolares y tiene carácter preventivo. “Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”, expresó la ministra Mercedes Miguel en declaraciones públicas.

Diseñado originalmente bajo inspiración de bloques al estilo Lego, Roblox permite a los usuarios —en su mayoría, chicos de entre 6 y 16 años— crear sus propios juegos o experiencias sin necesidad de contar con conocimientos técnicos avanzados.

Esa característica lo convirtió en un espacio atractivo para desarrollar entornos lúdicos y sociales, pero también despertó múltiples cuestionamientos vinculados a la seguridad infantil, las microtransacciones y la exposición a contenidos problemáticos.

A través del diseño de “experiencias”, los jóvenes usuarios publican sus creaciones en la plataforma y acceden a una pequeña compensación económica basada en la compra de la moneda virtual Robux. Sin embargo, los mecanismos de monetización han sido objeto de críticas. De acuerdo con una investigación realizada por BaityBait, un creador de contenido español, los desarrolladores reciben apenas el 24,5% de las ganancias, mientras que el 75,5% restante queda en manos de Roblox Corporation.

Además, retirar esas ganancias resulta un proceso engorroso que muchos menores no logran completar, lo que genera frustración entre quienes esperan obtener una retribución por el contenido que producen.

El mismo informe expone que, entre 2018 y 2024, la plataforma ha permitido la proliferación de casinos virtuales y sistemas “pay-to-win”, donde los usuarios pueden gastar dinero real para obtener ventajas dentro del juego. En ese contexto, un jugador puede llegar a invertir 1.000 dólares para adquirir 100.000 Robux, mientras que ese mismo monto solo equivale a 350 dólares si se obtiene como ganancia por parte de un desarrollador.

El temor se instaló en la vida de una familia chilena después de que la influencer Belén Castillo denunciara que su hermana menor, Mabel, de dieciséis años, es víctima de un acoso intenso y cada vez más amenazante por parte de un hombre identificado como César Alejandro Vivas Becerra, venezolano que ya habría protagonizado situaciones similares en Colombia.

Todo empezó con flores y chocolates, pero esa situación fue escalando y ahora la adolescente prácticamente no puede salir tranquila ni a estudiar.

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En los últimos meses, la familia ha notado que el acosador se ha vuelto más agresivo y peligroso. Según han contado, el hombre intentó hacerse pasar por los papás de la menor para retirarla del colegio, se ha acercado a la casa familiar, le ha mandado regalos sin consentimiento y hasta creó decenas de cuentas falsas en redes sociales solo para molestar a Mabel.

En varios audios enviados a la familia, el sujeto deja claro que no piensa dejar de seguirla ni un solo día, y ha dicho cosas como que cualquier día se la puede cruzar sola.

Esta situación tiene muy asustados no solo a Mabel, sino a toda la familia. El hombre incluso ha amenazado directamente al papá y a la pareja de la joven, generando muchísimo miedo en la casa. Según relata Belén, el acosador también envió fotos afuera del colegio y ha hecho llamadas haciéndose pasar por los papás para obtener información de la adolescente, reveló el medio T13 en Chile.

La familia ha pedido ayuda a las autoridades chilenas, pero sienten que la respuesta no ha sido suficiente. Dicen que han puesto la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), pero hasta el momento ningún fiscal le ha dado trámite y ya llevan más de dos meses esperando que alguien actúe. Mientras tanto, el acoso y las amenazas van en aumento. Incluso han llegado a enviarles fotos mostrando objetos que supuestamente usaría para hacerles daño.

“Yo creo que les va a tocar estar todos los días con ella pa’ arriba y pa’ abajo. Ayer no pude porque su papá se puso agresivo. Igual en cualquier momento la veo por ahí sola”, dice uno de los audios que envió el sujeto.

El hombre ya había sido señalado de acosar a mujeres en Bogotá y una lo denunció

El caso ha llamado la atención en Chile, pero lo que más preocupa es que este hombre ya arrastraba antecedentes desde Colombia. Las historias recopiladas allá muestran que Vivas Becerra repite el mismo patrón: se dedica a seguir, acosar y hostigar durante meses (o años), empezando con detalles como flores y chocolates, pero luego pasa a mensajes, perfiles falsos y presiones constantes tanto a la víctima como a las personas cercanas.

En Colombia, una de las víctimas terminó por renunciar al trabajo, cerrar sus cuentas en redes y cambiar de número de celular varias veces, solo por evitarlo. Incluso después de ser despedido del trabajo donde la conoció, el hombre siguió buscándola en distintos horarios e incluso la abordó en público.

Otras denuncias señalan que no solo usa cuentas falsas para comunicarse con las víctimas, sino que recurre a amenazas directas y mensajes intimidantes, e involucra a familiares, amigos y parejas, afirmando que “nadie la va a dejar en paz” y responsabilizándola por todo lo que le sucede.

Algunas personas cercanas al acusado reconocen que no es la primera vez: habría tenido un episodio similar hace más de diez años con otra joven. Se sabe que el hombre salió de Colombia a finales de 2022, pasó por Perú y luego llegó a Chile, pero nadie sabe con certeza dónde está en este momento. Ese recorrido permite ver que el problema ya no solo es local, sino que ha saltado fronteras.

El historial de acoso de César Alejandro Vivas Becerra tampoco se limita a esos casos. En Bogotá, otra mujer identificada como Lina Rezk lo denunció por amenazas y hostigamiento: decía que era su “pareja”, publicó imágenes de la víctima, difundió rumores de embarazo y llegó a ofrecer recompensas en redes sociales por información sobre su paradero. A pesar de que la justicia colombiana emitió medidas de protección para ella y su familia, el caso fue archivado, dejándola completamente desprotegida y forzada a encerrarse durante más de un año.

El impacto de esta situación no solo afecta a las víctimas directas, sino que se extiende a amigos y familiares, que también han sido hostigados a través de perfiles falsos y llamadas diarias, lo que hace muy difícil bloquear al acosador.

En un video publicado en sus redes sociales aseguró que la situación de amedrentamiento es tal que teme por su vida y señaló como responsable a Molina si algo llega a sucederle. “Si me matan: la culpable es Natalia Molina”, indicó en X.

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“Me siento amedrentada, me siento perseguida y siento que corro peligro y que si a mí me llega a suceder algo porque ya he sido amenazada en varias oportunidades por esta persona”, precisó la funcionaria del consulado.

¿Cómo surgió la situación de hostigamiento?

De acuerdo con la explicación que bridó Pardo sobre los hechos, conoció a Natalia Molina poco después de asumir su cargo en junio de 2024, cuando la mujer se presentó en el consulado exigiendo participar en un evento privado de la comunidad colombiana en Santiago, que era ajeno a la organización consular.

La funcionaria indicó que, pese a que el consulado no tenía injerencia en ese evento, intercedió ante los organizadores para que Molina fuera incluida como artista y emprendedora, dado que su familia comercializaba productos gastronómicos.

“Me la presentaron como una líder social, como una activista y como una emprendedora. Yo desconocía quién era la persona (…), efectivamente intercedí por ella para que la incluyeran en la celebración, siendo que el evento no era mío”, detalló.

A lo largo de los meses siguientes, Molina fue invitada a diversas actividades y reuniones del consulado en calidad de líder social y activista. Según Pardo, la situación se tornó extraña con la llegada del proyecto Casa Colombia, una iniciativa impulsada por la Cancillería en siete consulados del mundo, entre ellos el de Santiago, para fortalecer la integración y el apoyo a la comunidad migrante.

La cónsul detalló que, desde que Molina tuvo conocimiento del proyecto, mostró un interés particular en la gestión de los recursos y la selección de proveedores, llegando a solicitar a la entonces encargada del programa “Colombia nos une” que se retirara a los cónsules de la administración de Casa Colombia y se entregara el manejo a representantes de la sociedad civil. Para entonces, la mujer había sido elegida como delegada de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones.

Durante la fase de socialización del proyecto, el consulado recibió propuestas de migrantes por un total de 1,2 millones de dólares, cifra que superaba ampliamente el presupuesto disponible para Casa Colombia en Chile.

“De la señora Natalia Molina recibimos dos proyectos, uno por 73.000 dólares y otro por 50.000 dólares. O sea, nada más ella quería quedarse con 130.000 dólares y los proyectos eran entre 5.000 y 10.000 dólares. Entonces, ahí pueden ver el tipo de ambiciones económicas que tenía la señora en cuestión”, explicó la cónsul.

La presunta campaña de desprestigio en contra del consulado: “Implacable”

Pardo precisó que la situación escaló cuando Molina inició una campaña de desprestigio y difamación, recurriendo a antiguos detractores de la cónsul tanto de derecha como de izquierda, y contactando a medios de comunicación e influenciadores, entre ellos Beto Coral. “Ha sido delirante, ha sido demencial y ha sido implacable”, dijo.

Según la cónsul, Molina difundió acusaciones de corrupción en torno a Casa Colombia Chile, afirmando que se estaban apropiando de fondos desde febrero de 2025. Pardo desmintió estas afirmaciones, asegurando que el proyecto fue presentado a la Cancillería el 21 de julio de 2025 y aprobado el 13 de agosto de ese año, por lo que consideró imposible que existieran irregularidades antes de esas fechas.

En respuesta a la situación, Pardo afirmó haber realizado numerosos videos informativos para explicar a la comunidad migrante el funcionamiento y la transparencia de Casa Colombia, así como los mecanismos de participación y los beneficios ofrecidos, que incluyen capacitaciones certificadas, talleres y campañas de salud oral.

“Inició su campaña de desprestigio y no ha hecho más, no ha parado ni un minuto de perseguirnos, de acosarnos. No importa lo mucho que trabajemos, porque realmente en el Consulado de Colombia en Santiago trabajamos mucho. Los funcionarios estamos hasta las 8:00 p. m. o 9:00 p. m. y no hay sábado, domingo y festivo que no trabajemos”, detalló.

Posteriormente, se enteró de algunos antecedentes penales que tiene la mujer en cuestión. De acuerdo con su explicación, Pardo Molina se encuentra actualmente solicitada en extradición por los delitos de fuga de presos y narcotráfico, fue detenida por las autoridades chilenas y permanece bajo arresto domiciliario. A pesar de ello, la funcionaria denunció que Molina continúa acosando y difamando al consulado y que recientemente se presentó en la sede diplomática para intimidar a los funcionarios.

“Reitero que si algo me pasa a mí, la señora Natalia Molina es la culpable”, concluyó.

“Es una derivada casi natural de este proceso especulativo y salvaje que está asolando todas las ciudades de nuestro país”. Así resume la abogada y politóloga Alejandra Jacinto el auge del acoso inmobiliario: un conjunto de prácticas destinadas a expulsar a los inquilinos de sus viviendas sin necesidad de pasar por un desahucio judicial.

Lo que antes parecía un fenómeno marginal es ahora una estrategia habitual entre fondos de inversión, socimis, promotoras y también algunos propietarios particulares —especialmente en zonas tensionadas— cuyo objetivo es maximizar sus beneficios, según explican el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (Cooperativa CAES) y el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Mientras las administraciones tardan en reaccionar y no existen datos oficiales registrados sobre esta práctica, los afectados denuncian métodos cada vez más agresivos y perfeccionados para “no dejar pruebas”, señala Jacinto. El resultado son abandonos forzados que no figuran en ninguna estadística.

¿Qué es el acoso inmobiliario y cómo se perpetra?

El Sindicato de Inquilinas de Madrid define el acoso inmobiliario como “toda conducta reiterada destinada a forzar a una inquilina a irse de su casa”. Entre las prácticas más frecuentes, describen subidas repentinas del alquiler, cortes de suministros, negativa a reparar averías esenciales, burofaxes intimidatorios o visitas sin previo aviso. “Consideramos estas prácticas violencia económica y psicológica para expulsarnos de nuestras casas”, señalan.

En los últimos años, estas tácticas se han multiplicado y diversificado en toda España. En Madrid, los vecinos de Tribulete 7 denunciaron que, tras la compra del edificio por un fondo, comenzaron obras constantes, derrumbes de techos, inundaciones y daños nunca reparados. En Valencia, casos como Sogueros 2 o el de Amanda Orozco han expuesto otros métodos frecuentes: cortes de luz, interrupciones del agua, obras sin licencia que generan polvo, ruido y vibraciones, o la aparición de empresas como Desokupa que intimidan a los inquilinos.

Asimismo, en Pamplona, en el edificio de Mercaderes 18, los vecinos han denunciado una estrategia basada en la dejadez deliberada: ascensores averiados durante semanas, acumulación de escombros o ausencia de agua caliente coincidiendo con la intención del propietario de transformar el inmueble en apartamentos turísticos.

El abogado Javier Rubio, experto en vivienda de la Cooperativa CAES, confirma este patrón: “Se pueden bloquear ascensores temporalmente; generar grietas o goteras; provocar muchísimas molestias por la propia obra; rotura del portal; bloqueo de escaleras, suciedad constante y horarios intempestivos”. En este sentido, el experto subraya que actuar de este modo es ilegal: “Las obras deben acometerse dentro de unos horarios razonables, procurando causar la menor molestia posible”.

A ello se suma la intervención de empresas de desokupación. Jacinto advierte: “Recibir visitas de estas empresas es coactivo y amenazante en sí mismo y puede suponer la comisión de un delito de coacción”. El Sindicato de Inquilinas coincide: “Hemos llegado a ver cortes de suministros y pegamento en las cerraduras como prácticas habituales de grupos de desokupación”.

Un fenómeno en expansión

El acoso inmobiliario está directamente vinculado a los intereses económicos del mercado del alquiler. Según el Sindicato de Inquilinas, “donde sube la rentabilidad esperada, crece el acoso inmobiliario”. Rubio también constata esta tendencia: “Se está dando muchísimo actualmente en todas las zonas tensionadas”, impulsado por un “movimiento general de muchos oportunistas por acaparar viviendas para explotarlas” en regímenes de alquiler turístico, subarrendamiento de habitaciones o alquileres de corta duración.

Desde la Cooperativa CAES, observan un incremento constante: “En el último año, todos los meses viene alguien al despacho diciendo que está sufriendo acoso inmobiliario”, explica Jacinto, y matiza que en muchos casos las víctimas no identifican lo que les ocurre como acoso, pero describen prácticas que encajan plenamente en la categoría penal.

Violencia económica, material y directa

Reconocer cómo puede desarrollarse el acoso inmobiliario es clave para que las víctimas puedan reaccionar:

• Violencia económica: subidas abusivas del alquiler, retención injustificada de fianzas, burofaxes intimidatorios o amenazas de no renovar el contrato.
• Violencia material: dejar que el edificio se degrade, permitir plagas, provocar daños durante obras o bloquear zonas comunes.
• Violencia directa: insultos, amenazas, persecución y presencia de empresas de desokupación que intimidan a personas mayores, familias o personas en situación vulnerable.

El objetivo del que ejerce esta violencia es “tomarse la justicia por su mano”, destaca Jacinto, y quebrantar la voluntad de quien habita la vivienda para evitar un desahucio judicial largo, fiscalizado y que se puede recurrir.

¿Por qué el acoso inmobiliario funciona?

Javier Rubio destaca que recopilar pruebas suficientes es imprescindible para que un juzgado reconozca el acoso como un delito: “Hay que hacer acopio de toda la documentación, conversaciones, testimonios y daños”, pero añade que esto “es complicado a nivel probatorio”.

Su compañera, Alejandra Jacinto insiste en que “la gente no sabe si es legal o no es legal” esta práctica, o “si tiene que soportarlo”, y señala que “está instalado —en el imaginario popular— que el propietario siempre tiene la razón”, lo que congela al inquilino, que cree no tener herramientas para reaccionar.

Además, la abogada explica que “hay juzgados a los que les cuesta mucho” actuar ante estos casos por falta de sensibilización y formación. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas denuncia que “los juzgados no están siendo capaces de responder” y que muchos casos quedan impunes.

Sin embargo, cada vez son más las víctimas que se informan, “cambian el miedo de lado” y responden, como han hecho los vecinos de Tribulete 7 en Madrid, que presentaron este verano la primera querella penal colectiva contra un fondo de inversión por acoso inmobiliario.

Nadia, una masajista deportiva de 34 años residente en Glasgow, Escocia, conoció a Christopher Harkins, de 38 años, a través de la aplicación de citas Tinder en 2017. La primera vez que se vieron fue tras varias semanas de intercambio de mensajes, cuando ambos decidieron cenar juntos. Apenas 20 minutos después de llegar al departamento de Harkins, Nadia decidió retirarse al percibir diversas señales de alerta.

Según contó Nadia a BBC, en esa cita, Harkins abrió la puerta vestido de manera informal y expresó que no tenía energía para salir. Sugirió quedarse en el departamento y pidió comida para los dos. Al entrar, Nadia notó que el sitio estaba vacío, salvo por un televisor sobre unas cajas. Al rechazar un trago de vodka y servirse una bebida sin alcohol, observó un cambio abrupto de actitud en Harkins: su semblante se transformó y sus gestos se volvieron hostiles.

Nadia derramó parte de su bebida y fue agredida verbalmente por Harkins, quien la acusó de no respetar su propiedad y la insultó con frases despectivas. Ante el aumento de tensión y el comportamiento agresivo, Nadia optó por marcharse. Harkins la despidió con insultos y amenazas apenas ocultas, lo que generó miedo y angustia en la víctima.

Una espiral de amenazas y acoso tras el rechazo

Tras abandonar el apartamento, Nadia creyó que el incidente había concluido; sin embargo, el acoso se intensificó de inmediato. Christopher Harkins comenzó a enviarle mensajes y a llamarla reiteradamente.

El contenido de los mensajes estaba cargado de insultos y amenazas explícitas. Harkins le escribió frases como: “¿Cómo te atreves a irte de una cita conmigo?”, y amenazó con arrojar una bomba incendiaria a su casa, matarla y atacar a su padre.

El hostigamiento se extendió durante toda la noche, con mensajes que atacaban la autoestima y el físico de Nadia de manera despiadada. Harkins la llamó “impostora”, la insultó por su peso y la menospreció a través de reiteradas descalificaciones personales. La mujer relató a BBC que la situación la llevó a llorar hasta la madrugada y que el impacto en su salud mental fue devastador.

Ante la escalada de amenazas, Nadia recurrió a la policía al día siguiente. Llevó como prueba una grabación donde Harkins afirmaba que acudiría a casa de su padre para agredirlo físicamente. Sin embargo, los agentes no tomaron declaración formal ni iniciaron medidas, argumentando que no existía “amenaza directa” y recomendando avisar únicamente si ocurría un ataque.

La situación de Nadia empeoró en los meses siguientes. A pesar de bloquear el número de Harkins, él continuó acosándola por redes sociales y llegó a contactar a personas de su entorno para mantener el hostigamiento. Nadia reconoció que el daño psicológico la afectó de manera profunda y confesó haber pensado en quitarse la vida, aunque el cuidado de su hija funcionó como sostén.

Según la investigación de BBC, el caso de Nadia formó parte de un patrón de conductas violentas, estafas y amenazas perpetradas por Harkins entre 2012 y 2024 en Escocia y Londres. Otras mujeres denunciaron agresiones físicas, fraudes económicos y acoso sexual.

Las víctimas intentaron alertar a la policía en distintas ocasiones, pero las denuncias se consideraron “asuntos financieros” tratados de forma aislada. La investigación policial sobre Harkins solo comenzó formalmente en 2019, luego de que otra mujer recurriera a los medios para visibilizar los delitos.

En 2024, un tribunal encontró culpable a Christopher Harkins de 19 delitos contra 10 mujeres, entre los que se incluyen abuso físico, violencia sexual y fraudes por más de USD 282.000. La condena alcanzó 12 años de prisión.

Investigación y reclamo de las víctimas

De acuerdo con declaraciones a BBC, varias de las víctimas manifestaron que la policía escocesa debió actuar con mayor rapidez y ofrecieron disculpas a quienes intentaron denunciar sin recibir respuesta. Nadia opinó que, si las autoridades hubiesen intervenido antes, algunas víctimas podrían haberse salvado de los abusos sufridos.

La inspectora jefa Lyndsay Laird, responsable de la investigación, reconoció que, en su momento, las denuncias se tramitaron en diferentes divisiones y que inicialmente se trató el caso como conflictos civiles relacionados con fraude financiero. Afirmó que la policía implementó cambios significativos para evitar que situaciones similares se repitan.

Nadia, tras varios años de lucha, logró recuperar su estabilidad y autoestima. Consideró que el testimonio de las mujeres que lograron condenar a Harkins demostró “una fuerza extraordinaria”. Insistió en que nunca volverá a ignorar señales de alerta, y en que el sistema debe responder de manera más eficaz frente a denuncias de violencia y acoso.