Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y candidato presidencial por firmas, rompió el silencio ante las acusaciones de acceso carnal y acoso sexual que surgieron en su contra, y que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el político expresó su versión de los hechos y cuestionó la veracidad de las denuncias que han circulado en medios nacionales.

El líder de Fuerza Ciudadana aseguró que la aparición de los señalamientos coincide con la formalización de su candidatura y atribuyó el episodio a estrategias de desestabilización política.

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“No es casualidad que, tras aprobarse las firmas, reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia. Goebbels lo enseñó con claridad: calumnia, calumnia, que algo queda”, escribió Caicedo en la plataforma.

En su mensaje, Caicedo recordó que enfrenta acusaciones previas y que, según él, siempre resultaron infundadas: “Con ese libreto me encarcelaron cinco años (absuelto), me acusaron 20 años de homicidios (preclusión 2023) y archivaron más de 400 procesos. Soy el único candidato presidencial declarado víctima de persecución política por la JEP”.

El exgobernador no se limitó a rechazar las acusaciones; también anunció medidas legales contra los medios que han divulgado los testimonios.

“Por eso denunciaré ante la Fiscalía al periodista de La FM que persigue a la izquierda, para que revele fuentes y la justicia desmonte este burdo montaje de chats falsos. La automática réplica es además evidencia de un plan de medios”, escribió en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Caicedo vinculó las denuncias con tácticas políticas que, según él, imitan métodos de manipulación histórica: “Es la misma táctica nazi que hoy usa la derecha y la falsa izquierda. Si algo nos ha enseñado la vida es a defendernos y eso haremos”.

Denuncias de exfuncionarias revelan presunto patrón de abuso sistemático del exgobernador de Magdalena

Las denuncias contra Caicedo señalan presuntos hechos ocurridos entre 2020 y 2023, periodo en el que ocupó la Gobernación de Magdalena. Testimonios recogidos por medios nacionales relatan situaciones de acoso y presiones vinculadas al ascenso laboral y al otorgamiento de beneficios dentro del movimiento Fuerza Ciudadana.

Entre los casos mencionados, se incluyen relatos de funcionarias, contratistas y aspirantes a cargos que habrían recibido propuestas sexuales condicionadas a su desarrollo profesional.

Pues el 21 de enero de 2026, Julián Quintana, el abogado y exdirector del CTI, presentó un documento, según lo refleja la copia oficial, en el que se ve reflejada una denuncia ante la Fiscalía contra Caicedo, por los dos delitos mencionados previamente.

Una de las denuncias más destacadas proviene de María Alejandra Rojas, que aseguró que un colaborador del movimiento la habría drogado y abusado durante una actividad política en Bogotá. Según la mujer para la cadena radial La FM, sus reportes no fueron atendidos y los presuntos responsables continuaron ocupando cargos relevantes en la administración.

Los documentos presentados por los medios incluyen supuestos mensajes atribuidos a Caicedo con insinuaciones sexuales, como: “Conmigo se escala rápido si me complace” y “ven, sube a la habitación”, frases que las denunciantes relacionan con exigencias para acceder a beneficios laborales.

Las acusaciones apuntan además a un patrón sistemático en el que otros funcionarios de alto rango podrían haber participado, lo que generó un ambiente de miedo y silencio.

De acuerdo con los distintos testimonios confidenciales, los posibles casos de abuso no habrían sido responsabilidad únicamente del exgobernador, sino que podrían implicar a asesores y altos funcionarios, dentro de una organización marcada por el silencio y el miedo a represalias en Fuerza Ciudadana.

Cabe destacar que el historial público de Carlos Caicedo incluye su paso por la Alcaldía de Santa Marta y la rectoría de una universidad, antes de ejercer como gobernador del Magdalena hasta octubre de 2023. Su inscripción como candidato presidencial reactivó la atención mediática sobre su figura y, ahora, las denuncias por acoso y acceso carnal provocaron un intenso debate sobre ética y poder dentro de la política regional.

Un hombre de 36 años fue arrestado en la ciudad santafecina de Granadero Baigorria luego de un allanamiento realizado por una causa de abuso sexual. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a una mujer con visibles golpes en su cara, quien manifestó estar secuestrada.

En el procedimiento trabajó personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes asistieron inmediatamente a la víctima, de 33 años. De acuerdo con la información oficial, tenía un hematoma en el ojo izquierdo y refirió haber sido agredida por el hombre el último domingo.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves en una vivienda ubicada en Catriel al 600 del barrio Martín Fierro, según consignó el medio local Rosario3, a partir de una orden emitida por la fiscal Georgina Cherara, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Los agentes se presentaron en el domicilio y, tras no obtener respuesta al llamado en la puerta, irrumpieron utilizando un ariete. En el interior de la vivienda localizaron a C. V., quien era buscado por una investigación de abuso sexual con acceso carnal. Además, secuestraron dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.

Por su parte, la mujer secuestrada en el inmueble relató que el sospechoso le había clonado su dispositivo móvil y que desde entonces no había podido volver a salir, ni tampoco comunicarse con su familia, aunque no se informó desde cuándo estaba secuestrada. En su declaración ante los agentes, aseguró que estaba bajo amenazas de muerte.

El acusado fue trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones relacionadas con la investigación inicial de abuso sexual y la nueva causa que podría sumarse por lesiones y violencia de género.

Lo detuvieron por abuso y encontraron que tenía otra víctima en su casa

A fines de agosto, un caso con tintes similares se dio en la ciudad de Mar del Plata. Un hombre de 41 años fue detenido en el marco de una causa por explotación sexual y privación ilegítima de la libertad, y durante el operativo realizado en el Complejo SOIP, agentes de la policía bonaerense hallaron en el domicilio a una joven de 23 años que se encontraba cautiva y era una de las principales víctimas del sospechoso.

La mujer fue rescatada y quedó bajo resguardo sanitario, tras relatar que el detenido la había obligado a prostituirse, grabado imágenes de cuando era sometida, y le tatuó las iniciales de su propio nombre en distintas partes del cuerpo. La investigación comenzó en julio de este año a partir de denuncias de vecinos, quienes alertaron por la presunta retención de mujeres en el domicilio del imputado.

A raíz de estos informes, la Justicia dispuso tareas de vigilancia y observación encubierta, que permitieron constatar que el investigado, identificado como U. F., ejercía violencia física, profería amenazas y utilizaba drogas para someter a las mujeres. Los seguimientos comprobaron además que el sospechoso trasladaba a las víctimas en una camioneta Volkswagen Amarok a distintos domicilios, donde las obligaba a ejercer la prostitución y se quedaba con parte de las ganancias, detallaron voceros judiciales.

Bajo la coordinación del fiscal Emiliano Fortunato, y con las pruebas reunidas, la Justicia libró dos órdenes de allanamiento y una de detención. Durante el operativo, encabezado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y de la Dirección contra el Crimen Organizado, el imputado fue encontrado en el domicilio con la víctima. También se secuestraron elementos vinculados a la causa, como un teléfono celular, dos balanzas de precisión, una notebook, un objeto de estimulación sexual, una máquina de tatuar con numerosas agujas y un cuadro adaptado para ocultar una cámara.

Incluso hallaron un dispositivo de almacenamiento digital, que fue examinado días después, arrojando datos estremecedores. Se trataba de un pendrive que se encontraba conectado a un televisor de 75 pulgadas, el cual permitió detectar la existencia de más de 200 archivos de abuso sexual infantil.

Según el testimonio de una de las víctimas y los datos recopilados por el Ministerio de Justicia bonaerense, el detenido ejercía control y sometimiento físico y psicológico sobre al menos tres mujeres adultas. La joven rescatada declaró que la marcó con tatuajes forzados: la letra “F” en la zona pélvica y las iniciales “F” y “U” en los glúteos, asociadas al nombre del agresor. El imputado, con antecedentes penales por robo, abuso sexual agravado y lesiones, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En un caso que generó conmoción a nivel local, el Tribunal de la jurisdicción correntina de Goya condenó a un docente de 40 años a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal por medio de amenazas. Los hechos ocurrieron durante dos años, entre 2021 y 2023, y tuvieron como víctima a un joven de 18 años. El docente condenado utilizó un video íntimo y fotografías privadas tomadas en un motel de la misma localidad como herramientas de coacción para obligar al joven a seguir su voluntad. “El acusado utilizó amenazas para someter a la víctima, afectando gravemente su integridad y dignidad. Este tipo de delitos, cometidos de manera continuada, merecen una sanción ejemplar que refleje la gravedad del daño infligido”, afirmó la representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio que dio cierre al caso.

El expediente fue resuelto por medio del procedimiento de juicio abreviado, donde el acusado aceptó voluntariamente la autoría de los hechos, la pena solicitada por la fiscalía y la tipificación del delito a aplicar. A diferencia de un proceso convencional, el juicio abreviado permite una resolución más rápida, ya que las partes involucradas, incluida la acusación, la defensa y el imputado, llegan a un pacto sin necesidad de abrir la instancia de debate oral.

En ese marco, previo a la homologación del acuerdo, la fiscal María Eugenia Ballará explicó que los abusos sexuales en contra del joven ocurrieron de forma continuada durante más de dos años. El docente utilizaba amenazas para presionar a la víctima para someterse a él. En distintas ocasiones, grabó un video íntimo de los dos en un motel. Las pruebas recabadas por la fiscalía fueron clave para confirmar la culpabilidad del hombre de 40 años, quien se comprobó que accedió carnalmente a la víctima en más de una ocasión. Bajo esos términos, la amenaza de divulgar imágenes privadas fue un factor determinante en la intensidad del abuso, consideró la fiscal de la causa.

El artículo 119 del Código Penal Argentino establece una pena de entre cuatro y diez años de prisión para los delitos de abuso sexual, dependiendo de las circunstancias. En esta ocasión, la pena fue agravada debido a que el abuso fue perpetrado de manera continua y como consecuencia de las graves amenazas. En esos términos, la sanción de los hechos resultó mayor por el chantaje realizado a través de la posible divulgación de imágenes de carácter íntimo. El Código Penal, a su vez, establece sanciones más severas si el hecho causa daños físicos o psicológicos en la víctima, lo que también fue considerado en este caso.

La fiscal Ballará resaltó la gravedad de los hechos y la necesidad de imponer una sanción ejemplar para este tipo de delitos. Según la fiscal, la integridad y dignidad del damnificado fueron gravemente afectadas por el accionar del docente, quien utilizó su posición de poder para someter a la víctima. Durante la audiencia oral, la acusación enfatizó la importancia de sancionar este tipo de conductas, ya que no solo afectan directamente a las víctimas, sino que también generan un daño a la comunidad en su conjunto.

“El acusado utilizó amenazas para someter a la víctima, afectando gravemente su integridad y dignidad. Este tipo de delitos, cometidos de manera continuada, merecen una sanción ejemplar que refleje la gravedad del daño infligido”, manifestó Ballará, según publicó esta semana el portal del Poder Judicial de Corrientes.

El Tribunal de Goya dispuso que la resolución sea inscrita en el registro de antecedentes de agresores sexuales. Además, ordenó que se notifique al Juzgado de Ejecución Penal para que inicie el cómputo de la pena de cumplimiento efectivo.