Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en Colombia marca un hito en la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual, especialmente en el caso de menores de edad.

La Corte revocó la absolución de un hombre acusado de acceso carnal violento y hurto calificado, quien había sido absuelto en segunda instancia bajo argumentos que reproducían estereotipos de género y sesgos sexistas.

Este fallo genera un precedente relevante al reafirmar que la ausencia de resistencia física de la víctima no puede interpretarse como consentimiento cuando existen amenazas o coacción.

La Corte rechazó la idea de que las víctimas deben reaccionar de una forma específica ante el peligro, pues exigir comportamientos heroicos o reacciones estereotipadas va en contra del enfoque de género y la protección integral de los derechos.

Un caso emblemático de violencia y manipulación

El caso se originó en el 2018 cuando el acusado, valiéndose de engaños, ofreció trabajo en un supuesto call center a una menor de edad. Citó a la víctima en un local del sur de Bogotá, la condujo caminando hasta el supuesto sitio de trabajo y, durante el trayecto, la amenazó con un arma de fuego. Además, le manifestó que sería obligada a prostituirse y la llevó a un motel, donde cometió el abuso sexual y le hurtó sus pertenencias personales.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes: testimonios directos, dictámenes médicos legales que confirmaban lesiones compatibles con agresión sexual, videos de seguridad que corroboraban el recorrido y la presencia de los involucrados, así como informes psicológicos que evidenciaron el impacto emocional y mental en la víctima.

Análisis judicial y errores del Tribunal

En primera instancia, el hombre fue condenado a 154 meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió, argumentando que la ausencia de resistencia activa de la víctima y la falta de peticiones de ayuda equivalían a consentimiento.

Esta postura fue ampliamente criticada por la Sala Penal de la Corte Suprema, que subrayó que la violencia moral y psicológica ejercida por el agresor fue determinante para doblegar la voluntad de la menor.

El fallo de segunda instancia fue cuestionado por ignorar pruebas clave y por descontextualizar elementos esenciales, como la dinámica de intimidación y el comportamiento de la víctima frente al peligro. La Corte señaló que exigir resistencia física o comportamientos “heroicos” a quienes sufren violencia sexual perpetúa prejuicios machistas y desconoce la realidad de situaciones de sometimiento por amenazas.

La importancia del enfoque de género en la justicia

La Corte Suprema llamó la atención sobre la obligación de los jueces de aplicar el enfoque de género en la valoración de pruebas en delitos sexuales. Resaltó que la ley y la jurisprudencia colombiana (Ley 1719 de 2014) prohíben fundar decisiones en estereotipos de conducta, debiendo reconocer la coacción moral y psicológica como formas de violencia tan graves como la física.

El fallo enfatizó que trasladar a la víctima la responsabilidad de evitar el daño, o desacreditar su testimonio por no haber huido o pedido ayuda, equivale a revictimizar y vulnerar sus derechos. La conducta típica del acceso carnal violento incluye no solo la fuerza física, sino también la intimidación y manipulación que anulan la voluntad.

Igualmente, el fallo evidenció que el Tribunal tergiversó el contenido de los testimonios y omitió el análisis conjunto e integral de las pruebas, lo que constituyó un error grave en la valoración probatoria.

Restablecimiento de la condena y llamado a la justicia

La Sala Penal de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, restableció la condena de 154 meses de prisión y ordenó la captura inmediata del procesado. Se instó a los jueces a cumplir con los protocolos de protección de víctimas de violencia sexual y a eliminar prejuicios y sesgos en la administración de justicia. Además, se ordenó el seguimiento a investigaciones abiertas contra el acusado por hechos similares.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Yamil Fernando Rodríguez Rivera como presunto responsable de abuso sexual y feminicidio de una niña de 11 años en zona rural de Carmen del Darién, Chocó. El caso ocurrió el 2 de agosto de 2024 cuando la menor salió de su casa con destino al colegio y no llegó a su destino.

“La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la responsabilidad de Yamil Fernando Rodríguez Rivera en el abuso sexual y posterior crimen de una niña de 11 años en zona rural de Carmen del Darién (Chocó), el 2 de agosto de 2024″, dice el comunicado.

Según datos oficiales del ente acusador, la denuncia de desaparición se activó luego de que los directivos del centro educativo contactaran a la familia al notar la ausencia de la menor en clases.

Las labores de búsqueda permitieron hallar un accesorio para el cabello de la víctima en la ruta habitual hacia el colegio, lo que orientó a las autoridades hacia una zona boscosa del municipio.

El cuerpo de la niña fue encontrado envuelto en un toldillo junto a un poncho.

“De acuerdo con la necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentaba heridas con arma cortopunzante en la espalda, el tórax y las extremidades; además signos de abuso sexual y sometimiento”, se agrega en el documento.

La Fiscalía Seccional Chocó imputó a Rodríguez Rivera los delitos de feminicidio y acceso carnal violento, ambos agravados. La investigación indica que el procesado habría interceptado a la víctima en su trayecto al colegio; además, “las labores de Policía Judicial establecieron que Rodríguez Rivera habría interceptado a la víctima en el trayecto que usaba habitualmente para ir a estudiar y que sería el propietario de la prenda y otros elementos encontrados en el lugar donde fue ubicado el cuerpo. Adicionalmente, varios habitantes del municipio lo vieron portándolos”, se añade en el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales probatorios recolectados permiten vincular a Rodríguez Rivera con los hechos. El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a prisión preventiva en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación cuenta con testimonios y pruebas físicas que refuerzan la hipótesis de la participación directa del acusado en el crimen de la menor en Carmen del Darién (Chocó). El caso sigue bajo seguimiento de las autoridades judiciales.

Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abuso sexual a menor de edad en Boyacá

Un juez penal del circuito de Garagoa (Boyacá) sentenció a 16 años y 8 meses de prisión a un hombre de 20 años tras hallarlo responsable de agredir sexualmente a una menor de 12 años, que quedó embarazada como consecuencia de los hechos. La Fiscalía General de la Nación informó que el fallo se sustentó en pruebas recolectadas durante la investigación judicial.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación evidenció que el ahora condenado sometió a la niña a abusos sexuales durante un año y tres meses en inmediaciones de la vivienda de la víctima.

Durante ese periodo, la menor resultó embarazada. El caso fue denunciado por familiares ante la comisaría de familia, lo que permitió iniciar el proceso judicial.

Las labores de la policía judicial permitieron establecer la continuidad de los hechos y la responsabilidad del sentenciado, que fue hallado culpable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Según la información oficial, las pruebas aportadas por la Fiscalía resultaron determinantes para que el juez dictara la condena.

La Fiscalía General de la Nación reiteró la importancia de la denuncia oportuna por parte de los familiares que permitió activar las rutas de atención y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.

La Fiscalía General de la Nación fijó para el viernes 29 de mayo de 2025 la audiencia en la que formulará cargos contra el exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí, por violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

De acuerdo con la denuncia presentada por la exesposa Beatriz Niño Endara, el exdiplomático desarrolló un comportamiento obsesivo y controlador, acompañado de episodios recurrentes de celos y hostigamiento, debido a sospechas de infidelidad con colegas y superiores.

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“Obsesionado con la idea de que sostenía una relación extramarital con su supervisor -e incluso con compañeros de trabajo– el denunciado comenzó a hostigar y a perseguir de manera progresiva a la Dra. Niño Endara, invadiendo cada vez más su privacidad”, sostuvieron los abogados en febrero de 2025.

La investigación de la Fiscalía determinó que, tras la separación y cuando la víctima empezó una nueva relación, Garcés Carabalí presuntamente utilizó testimonios falsos y evidencias manipuladas para obtener la custodia de sus hijos en instancias judiciales.

Según el ente acusador, este proceso impidió que Niño Endara pudiera visitar o comunicarse con los menores, que fueron llevados a Ghana bajo la tutela del exfuncionario.

“Estas actuaciones legales evitaron que la mujer viera y compartiera con los menores de edad, y ejerciera sus derechos como madre. La situación fue aprovechada por el entonces embajador, que trasladó a los menores de edad a Ghana y los mantuvo alejados de la mamá”, puntualizó la Fiscalía.

La audiencia, que tendrá lugar ante el juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, comenzará a las 8:00 a. m. del viernes 29 de mayo. Durante el proceso, la Fiscalía presentará los elementos probatorios recogidos en la investigación.

Hechos por los que es acusado el exembajador de Colombia en Ghana empezaron en 2017

Daniel Garcés Carabalí, enfrenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos episodios de violencia intrafamiliar agravada, así como acusaciones de fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor, hechos que, de ser probados, podrían acarrear sanciones penales y disciplinarias y afectar la imagen del Estado colombiano en el exterior.

De acuerdo con la denuncia formalizada ante el despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo, la víctima, Beatriz Niño Endara, relató que la violencia comenzó a intensificarse en 2017, periodo en el que Garcés Carabalí se postuló como candidato a la Cámara de Representantes en la circunscripción especial de comunidades negras.

El abogado Felipe Álzate, representante legal de Niño Endara, sostuvo que los hechos constituyen una grave vulneración de la normatividad vigente, y detalla en el expediente que los ataques de celos y conductas obsesivas del diplomático se tornaron dominantes y erráticas desde que asumió esa candidatura.

Según la denuncia, los episodios de violencia se agravaron y pasaron del maltrato verbal a lo físico y sexual. El documento detalla: “Con el paso del tiempo, la situación de maltrato y agresión se intensificó, escalando los agravios e improperios verbales a episodios de violencia física y sexual directa. Comenzó a golpearla, llegando a propinarle cachetadas, empujarla, sujetarla del cuello —en episodios de ahorcamiento— y arrastrarla por el piso durante discusiones”.

La denuncia también describe que los hechos de violencia solían ocurrir cuando Garcés Carabalí estaba bajo efecto del alcohol.

En 2021, según el documento entregado a la Fiscalía, Niño Endara optó por separarse: “La Dra. Niño Endara decidió separarse de Daniel Garcés a comienzos del año 2021. Sin embargo, el denunciado conservó unas llaves de su vivienda, manteniendo así un acceso indebido a su espacio personal, prolongando su control sobre ella”.

A pesar de la ruptura, la acusación sostiene que él continuó hostigándola mediante redes sociales, con mensajes y publicaciones descalificantes para su expareja.

El expediente enfatiza la reiteración del acoso a través de medios digitales: “De manera constante, repetida y sistemática, durante los últimos cuatro años, ha agredido y acosado a nuestra prohijada con afirmaciones absurdas, destinadas a denigrarla —en un intento por desacreditar su criterio— menoscabar su autoestima y anular su autonomía”.

Los denunciantes también resaltaron la gravedad institucional de los hechos, al advertir que las conductas imputadas al funcionario “no solo afectan la transparencia de la función pública, sino que también comprometen la imagen del Estado colombiano en el exterior”.

Tanto la víctima como su abogado solicitaron, el 13 de febrero de 2025, a la Fiscalía General de la Nación que evalúe si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Mientras el proceso avanza, allegados a Garcés Carabalí afirmaron que “él se encuentra tranquilo y confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar su inocencia”.

Por su parte, los denunciantes han declarado que mantendrán su compromiso con la causa hasta que se adopten las medidas correspondientes. El documento presentado ante la Fiscalía concluye con una petición expresa: “No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad. Exigimos que la Fiscalía actúe con celeridad para garantizar que se haga justicia”.

Claudia Chávez, la víctima, relató su caso a varios medios locales para amplificar su denuncia. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, en las inmediaciones del aeropuerto municipal.

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Claudia Chávez relató que caminaba por el Parque Lineal después de asistir a un evento cultural cuando fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo. Según su testimonio, el agresor la condujo a una zona oscura, donde la agredió sexualmente y le robó su teléfono móvil. La víctima indicó que el presunto responsable sería un reciclador.

“Me violó, me robó y por resistirme me provocó unos moretones en los brazos y me rasgó el vestido”, declaró Chávez.

Tras el ataque, Chávez acudió primero a su domicilio y luego al hospital de la localidad, donde recibió atención médica. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de recibir la denuncia formal y dar inicio a las pesquisas.

Sin embargo, la mujer denunció que horas más tarde, la víctima y su esposo, mecánico de profesión, lograron ubicar al presunto agresor y alertaron a una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes procedieron a capturar al sospechoso, pero, según la versión de la denunciante, la detención solo duró cinco minutos y el hombre quedó en libertad.

Chávez confirmó ante las cámaras que entregó a la Policía una cachucha y el cuchillo del presunto atacante, así como otras pertenencias suyas que quedaron en el lugar del hecho.

Además, mostró lesiones en los brazos y prendas rasgadas como material probatorio. “Pero esas evidencias, ni mis moretones en los brazos ni mi ropa rasgada son pruebas contundentes para que el tipo esté preso”, expresó la denunciante.

Voceros de la Policía de Casanare informaron en un comunicado que la atención inicial del caso fue asumida por el CTI, conforme a sus funciones.

“La Policía Nacional en Paz de Ariporo, en conjunto con funcionarios del CTI de la Fiscalía, realizó captura en cumplimiento de la orden judicial, relacionada con los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2026, por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado”, se lee en el pronunciamiento de las autoridades.

Tras la denuncia pública, Chávez recibió llamadas de la Alcaldía de Paz de Ariporo para ofrecerle apoyo psicológico y de la Policía para avanzar en las investigaciones judiciales.

No obstante, la mujer manifestó temor ante posibles represalias por haber hecho público el caso; pero también ante posibles consecuencias de salud, o infecciones.

“Sí, la verdad sí siento también miedo, aunque yo ya estoy en tratamiento, uno nunca sabe. Pues estamos hablando de un tipo que vive en la calle. O sea, ¿qué higiene puede tener? (..) Me quedaron lesiones y lo que quedó en mi corazón y que no podré olvidar fácilmente, porque tengo dos hijas y no me gustaría que a ellas les ocurriera esto“, exclamó.

Incluso, dijo que ha debido recurrir a estrategias para proteger a su familia, porque no conoce el trasfondo, ni las conexiones del presunto agresor. Dijo: “Tengo a mis hijos escondidos en un lugar porque siento miedo por haberlo denunciado, por no haberme quedado callada. Entonces, pues, ¿qué les digo? Que, que me ayuden a que esto llegue lejos", concluyó la mujer.

Un hombre de 35 años fue capturado en flagrancia en la localidad de Fontibón, en Bogotá, señalado de abusar sexualmente de una menor de tan solo dos años. El presunto agresor, quien sería la expareja de la madre de la niña, quedó cobijado con medida privativa de la libertad por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El caso, que ha generado indignación en la capital, ocurrió el pasado 8 de febrero en una vivienda del occidente de la ciudad.

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De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional, la madre de la menor salió por unos minutos de su residencia para realizar una diligencia en una zona cercana. Sin embargo, al regresar, encontró al hombre presuntamente abusando de la niña.

Ante la gravedad de la situación, la mujer se comunicó de inmediato con la línea de emergencia 123, lo que permitió la rápida reacción de los uniformados.

“Se nos manifestó que esta persona es el padrastro de la menor de edad. La madre salió un momento a hacer una diligencia, cerca de la residencia, y al momento que llegó se percató de esta situación tan lamentable. Por eso, informó a la línea de emergencia”, indicó a Noticias RCN, el teniente coronel Julián García, comandante de Policía en Fontibón

Gracias a la denuncia oportuna, el hombre fue capturado en flagrancia dentro del inmueble y puesto a disposición de la autoridad competente.

¿Cómo se encuentra la menor?

La niña fue trasladada sobre la medianoche al Hospital de Fontibón, donde de acuerdo con el medio ya mencionado, permanece bajo observación médica. Las autoridades confirmaron que la menor continúa recibiendo atención integral, mientras se adelantan los exámenes correspondientes dentro del proceso judicial.

Asimismo, se informó que la madre de la víctima cuenta con acompañamiento psicosocial, como parte del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.

El comandante García destacó la relevancia de la denuncia en estos casos. “Es primordial que esté la denuncia por parte de la progenitora, quien es testigo presencial de los hechos y que nos ayuda mediante un plan metodológico con la Fiscalía General de la Nación para la audiencia de imputación de cargos”, explicó ante el medio.

Medida de aseguramiento contra el presunto agresor

El señalado, de 35 años, fue presentado ante un juez de control de garantías y quedó con medida de aseguramiento privativa de la libertad por el delito de acceso carnal violento.

Actualmente permanece bajo custodia en la Estación de Policía de Fontibón, mientras se gestiona su traslado a un centro carcelario.

Las autoridades reiteraron que el proceso judicial avanza y que el capturado deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

Cifras alarmantes de abuso sexual infantil en Bogotá

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia sexual contra menores en la capital. Según reportes conocidos durante 2025, se registraron 2.125 casos de delitos sexuales contra menores en Bogotá, lo que representa un promedio de seis casos diarios.

De acuerdo con informes divulgados por Citytv, las localidades con mayor número de reportes son Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

Uno de los datos más preocupantes es que entre el 60% y el 70% de los abusos contra menores se presentan en el entorno familiar, lo que evidencia que la mayoría de agresiones ocurren en espacios que deberían ser seguros para los niños y niñas.

Aunque el grupo etario más afectado se ubica entre los 6 y 13 años, este caso demuestra que los menores de otras edades pueden convertirse en víctimas de este tipo de delitos.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al pastor John Jairo Leguia González, y que que desempeñaba como líder de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, por presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

Según el comunicado del ente investigado, el procesado habría utilizado su posición para persuadir a varias mujeres a participar en supuestos rituales de sanación, durante los cuales debían desnudarse para la aplicación de un aceite.

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Esto a su vez derivó en la presunta comisión de los hechos investigados.

La Fiscalía puntualizó en su informe que se recopilaron varias denuncias y se obtuvieron elementos materiales probatorios en los que se menciona que, aprovechando la confianza y la creencia de los feligreses, el líder religioso citaba a mujeres para estos rituales.

Las víctimas quedaban en estado de indefensión, y esto habría facilitado la coacción para someterlas sexualmente, reseña el documento oficial.

El caso involucra al menos a cuatro mujeres (todas mayores de edad), según la investigación en curso.

El fiscal del caso calificó la conducta del religioso como “aberrante”, por aprovecharse “de la fe y la confianza depositada por sus feligreses”.

“Las citaba en la iglesia con el pretexto de hacerles una ‘liberación espiritual’ a través de la administración, ritual que consistía en orar a las personas mencionadas mientras le ungía aceite de oliva en todo su cuerpo, inclusive en sus partes íntimas, sin su consentimiento”, detalló el funcionario judicial.

Por este motivo la fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés Islas formalizó la imputación ante una juez penal de control de garantías.

Leguia González no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

En Cartagena otro pastor fue enviado a la cárcel por un acto similar

Un juez de Cartagena condenó a un pastor cristiano por abuso sexual agravado contra una de sus feligresas durante un ritual religioso.

Los hechos ocurrieron en enero de 2022, cuando la víctima solicitó una cita con el líder espiritual porque creía estar poseída por un “espíritu maligno”, pero hasta 2025 se hizo justicia.

El hombre fue identificado como Luis Fernando Tapia Pájaro, y abusó sexualmente de la mujer en medio de la supuesta ceremonia de liberación.

La víctima acudió al templo del barrio El Socorro para buscar ayuda espiritual.

Durante la sesión, el pastor le indicó que debía despojarse de su ropa y se aprovechó de la situación para someterla sexualmente.

La mujer denunció el hecho ante las autoridades, lo que dio inicio a una investigación de la Fiscalía General de la Nación.

El juez consideró probada la responsabilidad de Tapia Pájaro y lo encontró culpable de acceder carnalmente a la mujer sin su consentimiento, aprovechando su posición de autoridad y la confianza depositada en él por la comunidad religiosa.

El fallo judicial dio cuenta de la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima, que lo único que buscaba era una ayuda espiritual en un momento de angustia, pero lo único que logró fue conocer la verdadera cara del líder religioso que se aprovechó de su posición como líder para hacer de las suyas.

La Fiscalía General de la Nación señaló en su comunicado que la investigación incluyó testimonios, pruebas periciales y el análisis de los antecedentes del caso.

“El pastor se aprovechó de su investidura y de la condición emocional de la víctima para consumar el delito”, concluyó el comunicado.

La condena contra el pastor provocó que su defensa interpusiera los recursos legales disponibles.

En tanto que la comunidad del barrio El Socorro permanece atenta al desenlace del proceso judicial, luego de que muchos veían a Tapia Pájaro como un ejemplo para la sociedad.

La Fiscalía General de la Nación imputó a César Rojas Arias, exdirector seccional de la entidad, como presunto responsable de diversos delitos de carácter sexual cometidos en contra de una subalterna.

La investigación señala que el exfuncionario habría sometido a la víctima a una serie de abusos sistemáticos durante aproximadamente nueve meses, aprovechándose de su posición jerárquica para asediarla y ejercer presiones laborales.

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Según informó la Fiscalía en un comunicado oficial, a Rojas Arias se le formularon cargos por acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual.

El proceso, orientado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fue adelantado bajo un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima.

Las pesquisas establecen que el implicado habría chantajeado a la víctima con posibles traslados y represalias en el ámbito laboral para forzarla a cumplir con sus exigencias sexuales.

El comunicado señaló que el acusado “presuntamente aprovechó la posición jerárquica que le daba el cargo que ostentaba como director de una seccional para asediar y perseguir a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales para que accediera a sus pretensiones sexuales”.

Durante la audiencia de imputación, que se llevó a cabo ante un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, César Rojas Arias no aceptó los cargos formulados por la entidad judicial.

Docente es judicializado en Soacha por abuso sexual de menor de edad, también arrestan a pareja por caso similar en Bosa

Un docente de 23 años fue judicializado en Soacha por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, luego de ser señalado de abusar de una alumna de 13 años.

La Policía de Soacha informó que el hombre, que llevaba aproximadamente un año como educador en la institución, fue capturado tras una investigación que se resolvió en menos de 48 horas, según declaraciones de la teniente coronel Yolima Parada, comandante de la institución en el municipio, difundidas por Citytv.

La oficial detalló que el presunto agresor fue presentado ante un juez de control de garantías, que decidió imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial. El caso encendió las alarmas entre la comunidad educativa local, que pide mayores controles para proteger a los menores.

Capturan a padre y madrastra por abuso sexual a menor en Bosa tras alerta emitida por la madre

En otro suceso ocurrido al sur de Bogotá, en la localidad de Bosa, un hombre y una mujer fueron detenidos por supuestamente cometer delitos sexuales contra un niño de 11 años. La investigación identificó al padre de la víctima y a su pareja sentimental como los responsables de los abusos, que habrían ocurrido en repetidas ocasiones dentro de la vivienda familiar.

Las autoridades en Bogotá detuvieron a un hombre de 40 años y a su compañera sentimental de 35 años, acusados de obligar a su hijo de 11 años a mantener relaciones sexuales con ellos en una vivienda del barrio San Pedro.

La intervención se produjo tras la denuncia interpuesta por la madre del menor, que advirtió cambios de comportamiento y síntomas de depresión en el niño, conductas que permitieron identificar la situación de abuso, según explicó el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), a medios locales.

Los hechos se conocieron luego de que el menor manifestara en consulta psicológica la agresión que sufría cuando permanecía en el hogar de su padre. La investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió establecer la responsabilidad del padre y la madrastra, quienes, de acuerdo con las diligencias, cometieron los abusos de manera reiterada bajo el mismo techo.

El oficial detalló: “Es gracias a la buena observación de la madre que inicia todo el proceso para proteger al niño y detener a los agresores”.

La policía verificó que el padre del menor contaba con antecedentes por violencia intrafamiliar, aspecto que fue corroborado en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio. Ambas personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por el delito de abuso sexual con menor de 14 años.

Durante el primer trimestre de 2025, el país reportó 4.375 procesos por presunto delito sexual contra menores de edad, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), donde Bogotá reportó 1.007 casos, seguida por Valle del Cauca, con 439; Antioquia, con 240; Cundinamarca, con 235 y Atlántico con 184.

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Lorena es uno de los rostros visibles de este tipo de atrocidades contra menores de edad, que se originan en el seno del hogar. Ella, ahora con 26 años, tomó la decisión de ir tras sus abusadores, desde su padre hasta su abuelo, tíos, primos, vecinos, amigos y amigas de la familia.

Su caso es más que estremecedor. Desde sus dos años, contó, fue víctima de violencia sexual en repetidas ocasiones, que no cesaron hasta sus 10 años, lo que dejó huellas físicas y psicológicas irreparables.

Fueron innumerables las situaciones que le tocó vivir, pero mencionó a Juan José Castro, que conduce el videopódcast Vamos Pa Eso, las que más la marcaron.

Afirmó que en su entorno no había un adulto que la protegiera constantemente, pues su mamá, su figura más cercana y amorosa, tenía prolongadas ausencias por temas de trabajo.

“Los abusadores identifican a sus víctimas y yo estuve muy sola, muy desprotegida ¿Quién estaba ahí para cuidarme? Nadie. Porque ahí no estaba ni mi abuelita. Utilizaron todas esas oportunidades para poder abusar de mí“.

Contó que su papá y su abuelo fueron los primeros criminales que aprovecharon los momentos a solas con ella para abusarla.

“Yo estoy durmiendo y él entra a la habitación, prende la luz y yo abro mis ojos, pero sé que es mi abuelito, y vuelvo y me duermo, porque es lo más normal que haría una nieta al ver entrar a su abuelo al cuarto. Cuando voy y abro los ojos otra vez, él ya está desnudo”, recordó Lorena.

Bajo contextos similares fue abusada por su papá, con quien durmió en la misma cama durante varios meses. También ocurrió con un inquilino y un amigo de la familia.

“En esa casa me abusó Enrique (su abuelo), Julián (su padre). Un inquilino del segundo piso que se llama Carlos y ahí había un amigo de ellos que se llama Miller”, contó Lorena en la entrevista.

En otros contextos de su infancia, fue víctima de abuso en su colegio, y, en una ocasión, una amiga de su mamá también la ultrajó sexualmente.

“Mi mamá tenía una amiga que se llamaba Rosa y nosotros vivimos ahí un año. Yo tenía dos años. Vivimos un año ahí y era una viejita, pero era una viejita mala”, dijo Lorena. Y agregó que a sus ocho años también fue abusada por una joven que le ayudaba a su abuela.

Víctima de trata de personas

Lorena también contó que fue víctima de trata de personas por parte del familiar de una prima suya por parte de mamá, que la llevó en un carro a una vivienda que no conocía, con personas que nunca había visto, pero que, con el tiempo, se comenzó a “familiarizar”.

“Me suben al segundo piso y me entra en un cuarto y un tipo empieza a abusarme. Es la forma en la que manipulan y cogen a las niñas tan chiquiticas, porque yo le decía tío, a otras niñas les decía hermanas”, afirmó Lorena.

Lorena puede denunciar a sus abusadores ahora que tiene 26

De acuerdo con el análisis del también abogado Juan José Castro, Lorena puede denunciar a las personas que la abusaron sexualmente gracias a su relato, sus huellas físicas y la ley que la ampara y le da un lapso de hasta 20 años para interponer acciones judiciales: Ley 2081 de 2021.

“Lore, para construir la corroboración de los actos, de que los abusos existieron, está tu testimonio, está un dictamen psiquiátrico donde se denota. Primero, todas las afectaciones psicológicas y psiquiátricas son concluyentes de escenarios de abuso, en que tu relato es coherente. Pero además de eso, en Medicina Legal van a poder acreditar lo que tú tienes y ellos desde la perspectiva técnico científica pueden llegar a la conclusión de que lo que te pasó a ti, como consecuencia física en tu cabida vaginal, es coincidente con escenarios de abuso. Con esos tres elementos puede ser suficiente para una condena”, relató el abogado y conductor del pódcast.

Agregó que, para este caso, se requiere de la ayuda de un perito forense, tanto psiquiatra como médico. Además, su denuncia pública contribuiría al avance de las investigaciones.

“Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para avanzar dentro de los procesos es poder agilizar todo el proceso de investigación para que tus abusadores vayan a responder a la Fiscalía y que ellos tengan que dar las explicaciones allá”, puntualizó Castro.

A través de un comunicado que se difundió la mañana del sábado 2 de agosto de 2025 por parte de la Fiscalía General de la Nación, se confirmó que Manuel Ranoque, el padre de los hermanos Mucutuy que fueron rescatados luego de permanecer 40 días perdidos en la selva entre los departamentos de Caquetá y Guavire (sur de Colombia), tras sufrir un accidente aéreo, fue condenado por abusar de su hijastra a 32 años de cárcel.

En el documento que se conoció esta resolución por parte del ente investigador se precisó que los hechos ocurrieron en un resguardo indígena de Caquetá entre los años 2020 y 2023.

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Asimismo, una juez penal de conocimiento de Florencia presentó el acervo probatorio que dio cuenta de las agresiones sexuales que sufrió la niña, que junto a sus tres hermanos (de la etnia uitoto) cayeron a la espesa selva en el sur colombiano el 1 de mayo de 2023.

Ranoque fue condenado en primera instancia (decisión que supone, se responderá por medio de una apelación) por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años. Ambos cargos bajo conductas agravadas.

Como resultado de las pesquisas que se dieron luego del rescate de los menores (9 de junio de 2023), y que en principio mostraban a través de medios de comunicación al padre de los hermanos Mucutuy como un hombre resiliente, se conocieron las denuncias.

Todo luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), encargada de restaurarles los derechos a los cuatro menores (en ese entonces con 14, 9, 4 años y 1 año) notificó a la Fiscalía, y por ende, se abrió una investigación formal contra Ranoque.

Dos meses después del rescate de los niños de la selva iniciaron los problemas para Manuel Ranoque

La investigación inició de manera formal en agosto de 2023, cuando Ranoque fue capturado en el centro de Bogotá en el Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez (localidad de Santa Fe), ubicado a escasos metros de la estación Las Aguas de Transmilenio.

La investigación incluyó testimonios de la víctima, ahora de 13 años, y de familiares que denunciaron situaciones de maltrato.

El fallo señala que Ranoque aprovechaba los momentos en los que quedaba solo con la menor para agredirla e intimidarla.

La decisión judicial se sustentó también en la declaración de una de las hermanas de la víctima y en los reportes del Icbf, que confirmaron el acompañamiento a los niños, que permanecen bajo la protección del Estado.

Además del proceso penal, Ranoque promovió una acción contra la empresa Avianline Charter’s, responsable de la aeronave accidentada, solicitando una indemnización de 1.450 millones de pesos colombianos por perjuicios materiales y morales derivados del accidente aéreo en el que falleció su esposa y otras dos personas.

Manuel Ranoque no aceptó cargos por delitos sexuales que lo acusa la Fiscalía tras su captura, pero la acumulación de pruebas y relatos permitió al ente investigador avanzar con las acciones en su contra.

Durante el proceso, la abuela materna de los menores expresó que Ranoque había recibido recursos a nombre de los niños y que su comportamiento ha perjudicado a la familia. Las autoridades mantienen en reserva las versiones de los testigos para proteger la integridad de los menores.

El caso del padre de familia generó atención mediática en su momento, dado que los hermanos Mucutuy fueron protagonistas del operativo de rescate denominado operación Esperanza (y que fue liderada por el ahora ministro de Defensa, Pedro Sánchez).

Los cuatro menores permanecen bajo el cuidado del Estado y reciben acompañamiento psicosocial mientras continúa el seguimiento por parte de las entidades de protección de derechos infantiles, luego de que el 14 de julio de anunció su salida del Hospital Militar.

Familiares de los hermanos Mucutuy se pronunciaron tras la condena a Manuel Ranoque

Tras la condena por abuso sexual contra Manuel Ranoque, padre de dos de los hermanos Mucutuy rescatados de la selva en 2023, la familia materna de los menores expresó su postura frente al fallo y la figura del ahora condenado.

Yeritza Mucutuy, tía de los niños, aseguró: “Por eso era que los niños se escondían. La gente que estaba ahí buscándolos no sabía lo que había pasado. Pensaban que era un buen padre, que se preocupaba por sus hijos. La selva sabía que él era un mal padre”, reflejando así la percepción existente dentro del entorno familiar.

Por su parte, Fátima Mucutuy, abuela materna, relató que Ranoque agredía y maltrataba a la madre de los menores y dijo que los niños “tuvieron que ver los abusos y agresiones contra la mujer”, evidenciando la situación de violencia que vivía el núcleo familiar.

El juez de la República condenó a Manuel Ranoque el 7 de julio, luego de considerar las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo la declaración de la hija mayor, y otros testimonios familiares que describieron los hechos ocurridos en 2020, cuando la víctima de los abusos tenía de 10 años.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, presentó ante la judicatura la solicitud de audiencia de imputación en contra de Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en la República de Ghana.

El procesado figura como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

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De acuerdo con la información oficial, los hechos bajo investigación giran en torno a variadas formas de violencia —física, psicológica, económica y sexual— que, según la Fiscalía, el exdiplomático habría cometido contra su expareja.

Por determinación de la Judicatura, la audiencia de imputación se encuentra programada para el próximo 13 de agosto y será llevada ante un juez de control de garantías de Bogotá.

La investigación que llevó a la decisión judicial surgió de denuncias presentadas por la exesposa del diplomático, quien manifestó que Garcés no permitió el regreso de sus hijos al país luego de un viaje, y que además habría ejercido diferentes tipos de violencia

El proceso quedó bajo responsabilidad de la fiscal Marcela Abadía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia

Garcés Carabalí, al referirse a la situación, ha asegurado en comunicados que “estos actos demuestran que, contrario a lo que han dicho los medios hasta ahora, soy víctima y estoy frente a un entrampamiento”, dijo el actual funcionario de la Agencia Nacional de Tierras (ANI).

La Fiscalía determinó que existen elementos suficientes para avanzar con la acusación formal. El caso permanece bajo seguimiento judicial mientras las partes se preparan para la audiencia señalada.

La renuncia de Daniel Garcés Carabalí como embajador de Colombia en Ghana tras denuncias

Daniel Garcés Carabalí presentó su renuncia al cargo y esta se hizo efectiva el 30 de mayo de 2025, luego de que la Cancillería le solicitara apartarse del puesto en medio del proceso judicial por denuncias de presunta violencia intrafamiliar.

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Garcés explicó que su decisión se relaciona con “un proceso legal en el que él asegura haber actuado en defensa de los derechos de sus hijos”.

En el documento enviado, el diplomático sostuvo que recurrió primero a la justicia colombiana con el propósito de proteger a sus hijos de supuestos maltratos “físicos, psicológicos y emocionales” atribuidos a su madre, Beatriz Josefina Niño Endara.

Aclaró que antes de la vía legal buscó el diálogo: “Intenté resolver la situación de manera amistosa mediante el diálogo con Niño Endara”.

Sin embargo, sostuvo que “esta se negó a conversar y, en cambio, habría amenazado con ‘destruirle la vida y la carrera’”.

Además, el exembajador reportó que gestionó un permiso temporal firmado por la madre de sus hijos para su salida del país y organizó los tiquetes de regreso a Colombia para el 25 de enero de 2025.

También informó que presentó denuncia ante la Comisaría de Familia, lo que derivó en una medida cautelar de protección para que los menores permanecieran en su lugar de residencia.

El diplomático relató que los abogados de la madre de los niños intentaron revertir esa medida, pero “su solicitud fue declarada improcedente”. Por su parte, Garcés Carabalí afirmó que presentó denuncias penales por injuria, calumnia y fraude procesal contra Niño Endara y una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial contra los abogados de la demandante.

Garcés Carabalí resaltó que el cuidado de los hijos corresponde a ambos padres y que él es garante de su bienestar físico, psicológico y emocional “independientemente de su ubicación geográfica”.

También afirmó ejercer su función diplomática con lealtad desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro y señaló que la solicitud de renuncia le llevó a poner su puesto a disposición, esperando que la justicia “permita que su nombre sea reivindicado”.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a César Armando Tovar Zabaleta por el presunto abuso sexual de seis mujeres en Barrancabermeja, Santander.

El ente investigador informó que este hombre habría aprovechado su oficio como mototaxista para cometer los delitos entre septiembre y noviembre de 2024.

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Según la Fiscalía, Tovar Zabaleta ofrecía transporte a mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años que salían de trabajar durante la noche. Sin informarles, desviaba las rutas y las conducía hasta zonas boscosas de sectores como El Llanito, Yuma, el corregimiento El Centro, Obras Públicas y Nueva Esperanza, “en donde no había presencia de transeúntes ni autoridades”, dice el comunicado del ente de control.

El organismo aseguró que, ya en estos lugares apartados, el agresor “sometía a las víctimas a agresiones físicas, las obligaba a acceder a actos sexuales violentos y las despojaba de sus pertenencias”.

La investigación, llevada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió identificar a al menos seis víctimas.

Por estos hechos, un fiscal imputó a Tovar Zabaleta los delitos de “acceso carnal violento, acto sexual violento y hurto calificado y agravado”. El procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos.

Condenan a dos mujeres en Caquetá por actos sexuales contra menores de 14 años

La Fiscalía General de la Nación informó que jueces de conocimiento en Florencia (Caquetá) condenaron a dos mujeres a 12 años de cárcel por su responsabilidad en el delito agravado de actos sexuales con menor de 14 años.

Según el informe oficial, los actos ocurrieron en 2019, en situaciones distintas y con menores de edad como víctimas. En el primer caso, la procesada era la novia del tío de una niña de 10 años que, entre enero y junio de ese año, se hospedó en su casa por motivos de estudio.

Aprovechando la confianza que la familia le otorgó, la sentenciada sometió a la menor a vejámenes sexuales en distintas ocasiones.

En el segundo caso, la condenada trabajaba como niñera de un niño de 8 años. La Fiscalía incluyó en su reporte que “todo ocurrió el 23 de octubre de 2019, cuando la joven fue sorprendida realizándole tocamientos al menor de edad”.

Los jueces impartieron órdenes de captura contra ambas mujeres, de 21 y 18 años, para que cumplan la condena en un centro penitenciario.

La Fiscalía General de la Nación explicó que “las pruebas presentadas permitieron que jueces de conocimiento condenaran a dos mujeres a 12 años de prisión”. Ambas sentencias corresponden a primera instancia y sobre ellas proceden los recursos de ley.

Juez condena a 40 años de prisión a hombre por acceso carnal violento contra su hijastra de 11 años en Medellín

Un juez de conocimiento en Medellín, Antioquia, condenó a 40 años de cárcel a un hombre de 33 años, encontrado responsable del delito de acceso carnal violento agravado en contra de su hijastra, una menor de 11 años.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron la noche del 12 y la madrugada del 13 de diciembre de 2023, en una vivienda del nororiente de Medellín. El hombre “accedió por la fuerza a una menor de edad de 11 años, hija de su compañera sentimental”.

La investigación, desarrollada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, probó que el abuso se cometió delante del hermano menor de la víctima, un niño de 5 años que intentó impedir el hecho sin éxito.

El agresor fue capturado por orden judicial el 26 de enero de 2024 y permanecerá recluido en el establecimiento penitenciario designado por el Inpec para cumplir la totalidad de la condena.

La sentencia, dictada en primera instancia, fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

La sociedad colombiana y todo el continente americano quedaron impactados luego de las imágenes que se divulgaron en cuestión de minutos en las redes sociales, donde se observa a una menor de 13 años corriendo despavorida por una de las calles destapadas de la vereda San Andrés, en jurisdicción del municipio de Chinchiná, Caldas.

Detrás de ella la venía correteando su padrastro, José Ramírez, pastor de la Iglesia Ministerio apostólico del Reino, de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), que luego de la confesión de la misma adolescente, se supo que la había violado y ya tenía cavado el hoyo en donde iba a enterrarla.

Por todo lo anterior fue que una turba enardecida en la zona se armó con palos y machetes y salió a buscarlo, hasta que al final dieron con él, y en medio de la rabia por lo que ocurrió le dieron una golpiza y lo entregaron a los policías.

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Por esta razón, el jueves 1 de mayo de 2025 se conocieron nuevos detalles sobre cómo avanza el proceso judicial en contra de Ramírez, que fue enviado a la cárcel tras la decisión que tomó un juez.

Sin embargo la decisión de no imputar al hoy detenido por tentativa de feminicidio ha causado malestar en una parte de la sociedad en Caldas, y sobre todo en Chinchiná, porque al pastor cristiano lo acusaron por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, informó el diario La Patria de Manizales.

La explicación del abogado defensor de la madre y la menor

Julián Andrés Martínez, abogado defensor de la niña de 13 años y su mamá, habló con el medio caldense y precisó los motivos que llevaron a que el togado que tiene a su cargo esta diligencia judicial resolviera solo anotarle estos dos delitos.

“Según el artículo 104A del Código Penal colombiano, el feminicidio es el homicidio de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos relacionados con su identidad de género, y a la luz de la jurisprudencia, (Sentencia SP1597-2024 (Radicado 57160), Sentencia STC531-2020, entre otras más)“, inició con su explicación el jurista.

En cuanto a qué determina que un feminicidio se considere como tal en un proceso legal, Martínez aclaró que “el feminicidio se da cuando se produce un homicidio a una mujer por ser mujer”. Y añadió que “ahora también es posible imputar feminicidio en grado de tentativa cuando existe una Historia Clínica que infiera que la mujer estuvo al borde de la muerte y que, de no ser por las labores de los galenos, hubiera muerto, siempre y cuando también se demuestre que eso se dio con ocasión a su condición de mujer”.

Para referirse con estas especificaciones al caso de la menor de 13 años en la vereda San Andrés, “no se cuenta con una historia clínica que infiera que la menor estuvo al borde de la muerte, por tal razón no era posible imputar dicho delito”.

De cuánto son las penas en Colombia para estos delitos

De acuerdo con la normativa en Colombia, la pena de prisión se contempla por feminicidio y se estableció en la Ley Rosa Elvira Cely, como se conoce también a la Ley 1761 de 2015, y allí se tipifica como un delito autónomo.

Mientras que en el Código Penal Colombiano en el artículo 104A se resalta que la persona que mate a una mujer solo por su condición de género o identidad, o con circunstancias que puedan agravar el caso, tales como violencia de género, acarreará penas entre los 250 y 500 meses de prisión. Es decir de 20 a 41 años de cárcel.

Por último, y por el delito de acceso carnal violento (violencia física o moral) las condenas pueden ser de 12 a 20 años de cárcel. No obstante, hay varias agravantes que pueden hacer que la pena se eleve en el caso del pastor cristiano: que el agresor sea el padre y que existieron maltratos.

Sumado a que lo acusaron de secuestro, que da de 12 a 20 años de cárcel, se busca que la condena en contra del pastor sea de mínimo 40 años.

El proceso sigue avanzando mientras este hombre se recuperaba de las heridas que recibió producto de la golpiza.

Según informó el departamento de Policía del Valle del Cauca, el presunto agresor habría contactado al menor a través de redes sociales, acordando un encuentro en un callejón solitario ubicado entre la vía Tuluá y Riofrío.

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En el momento del encuentro, el joven habría sido accedido sexualmente por el criminal. Fue gracias a una llamada de emergencia que las autoridades lograron actuar de manera inmediata.

En efecto, la intervención oportuna de las autoridades permitió la detención en flagrancia del sospechoso, quien ahora enfrenta cargos por el delito de acceso carnal violento.

“Esta captura es realizada por integrantes de Policía de Infancia y Adolescencia en el marco del Nuevo Modelo del Servicio de Policía orientado a las Personas y los Territorios y el Despliegue de la Estrategia E-País, quienes después de la denuncia a la línea de emergencia 123 se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde, de acuerdo a lo manifestado por el adolescente, fue abusado sexualmente por el hoy capturado”, informó la institución a través de un comunicado.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, donde un juez determinó que el hombre debía ser enviado a prisión como medida de aseguramiento preventiva mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

De otro lado, la Policía de Infancia y Adolescencia, junto con otras instituciones especializadas, está brindando acompañamiento al menor afectado.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas preventivas que protejan a los menores de situaciones similares. “Invitamos a los padres de familia en el buen uso de las redes sociales y así evitar la vulneración de sus derechos”, señalaron en el mensaje oficial.

El ‘modus operandi’ de criminal que contacta jóvenes para engañarlas y amenazarlas

La historia de Mariana González, una comunicadora social y periodista bogotana, que relató al pódcast Vos Podés, pone de manifiesto los peligros que pueden surgir en el entorno de las aplicaciones de citas.

Por recomendación de su psicóloga y con la intención de ampliar su círculo social, Mariana decidió aventurarse en este mundo virtual, abriendo una cuenta en la plataforma Bumble. Allí, tras un primer contacto con un joven peruano aparentemente adinerado y residente en Miami, comenzó una relación que parecía prometedora, pero que rápidamente tomó un giro oscuro y alarmante.

Inicialmente, la conexión parecía inofensiva, pero, con el tiempo, el supuesto empresario mostró actitudes tóxicas, como oponerse a que Mariana socializara con compañeros de trabajo o amigos, y excusas constantes para evitar videollamadas. Estas dinámicas de control continuaron con la solicitud de fotos y videos explícitos de la joven, quien, confiando en la seguridad de las plataformas como WhatsApp, accedió al envío del material.

A lo largo de este proceso, la mujer también enfrentó la pérdida de su padre, lo que la hizo emocionalmente vulnerable y facilitó que el cibercriminal se convirtiera en una figura de consuelo. Sin embargo, el desenlace fue distinto al que Mariana habría esperado. Preparando un viaje a Miami para encontrarse con aquel que creía su “príncipe azul”, el hombre fingió encontrarse en un estado depresivo que culminó con un supuesto suicidio. Este evento llevó a Mariana a indagar más sobre su vida, descubriendo entonces varias inconsistencias.

Tras contactarse con una mujer a quien el individuo había mencionado en sus relatos, Mariana recibió una advertencia tajante: debía alejarse de esa relación. Además, descubrió que no era la única víctima del sujeto, quien ya había engañado a otras mujeres, incluyendo a una residente de Medellín, y estaba utilizando fotografías e identidades falsas como parte de su esquema de manipulación.

La tensión aumentó cuando el cibercriminal, al enterarse de que Mariana conocía la verdad, comenzó a atacarla públicamente. Creó perfiles falsos en redes sociales desde los cuales compartía imágenes íntimas de la joven, enviándolas incluso a sus familiares y amigos. Estas acciones incluyeron amenazas de muerte hacia Mariana.

A pesar de la gravedad de los hechos, la comunicadora logró apoyarse en su círculo cercano, quienes la alentaron a denunciar al hombre y a difundir su fotografía para alertar a otras posibles víctimas.

El impacto de los testimonios de Mariana en el pódcast ha sido significativo tanto a nivel nacional como en Latinoamérica. Su valentía al compartir su experiencia ha incentivado que otras víctimas de este mismo individuo relaten sus propias historias con él. Estas mujeres denuncian que el cibercriminal, además de engañarlas, recolecta material íntimo para publicarlo y venderlo en plataformas de contenido pornográfico.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió la libertad transitoria y condicionada a Carlos Alberto Pulgarín Ramírez, un exsoldado del Ejército condenado en la justicia ordinaria por el delito de acceso carnal violento contra una mujer indígena del pueblo Nasa, que ocurrió en el año 2009.

La decisión fue tomada por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, que revocó una resolución anterior que negaba este beneficio.

Según la JEP, Pulgarín Ramírez cumplió con los requisitos legales para su sometimiento a la jurisdicción especial, incluyendo el reconocimiento de su responsabilidad en los hechos y su compromiso con la reparación integral de la víctima y su comunidad.

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Además, según comunicó W Radio, la decisión señala que el exmilitar deberá participar en actividades de memoria histórica y presentar informes periódicos sobre su compromiso con la construcción de paz.

No obstante, las autoridades verificaron su proceso, en el que “se atendió a la naturaleza de los hechos y se atienden las garantías de no repetición, con un enfoque étnico, territorial y de género”, como citó el medio.

En el fallo se enfatiza que la libertad transitoria “no implica la ausencia de consecuencias legales ni el cierre del proceso de esclarecimiento”, sino que está sujeta a un régimen de condicionalidad que el compareciente debe acatar estrictamente.

Cualquier incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio y su reclusión en un centro carcelario, como publicó el medio.

Detalles de la agresión sexual

El caso por el que Pulgarín Ramírez fue condenado ocurrió el 10 de junio de 2009 en la vereda La María, municipio de Jambaló, Cauca.

La víctima, perteneciente a una comunidad indígena, fue interceptada por soldados del Batallón Pichincha de Cali, quienes le retuvieron su cédula y la sometieron a agresiones sexuales.

De acuerdo con el expediente, citado por el medio radial, inicialmente fue violada por el soldado Héctor Luján Sánchez, también acogido en la JEP, quien, según la víctima, tenía “un fuerte olor a marihuana” y le dijo: “las indias son bobas”. Horas después, el soldado Pulgarín Ramírez también la accedió carnalmente.

El fallo judicial recoge el testimonio de la víctima, quien relató que “llega el otro militar y la empuja a una alcantarilla que hay en el sector, con un alambre de púas se raya la mano, y también la accede carnalmente, este sujeto estaba prestando guardia y corresponde al señor Carlos Alberto Pulgarín Ramírez”.

Además, se conoció que un soldado de apellido Torres intentó sobornarla con cien mil pesos para que no denunciara.

Cuando ella se negó, fue desplazada forzosamente y su hermano fue asesinado como forma de presión para que retirara la denuncia. “(...) el día del velorio le dijeron que si no retiraba la denuncia le matarían a su mamá”, señala el fallo.

Pulgarín Ramírez se había sometido a la JEP en 2021

Pulgarín Ramírez fue condenado en 2017 por un crimen ocurrido en 2009 en el resguardo indígena de Jambaló, Cauca. De acuerdo con el expediente, la víctima fue retenida cuando transitaba por un contingente militar. Inicialmente, fue agredida por el soldado Héctor Elías Luján Sánchez, quien, según el testimonio de la mujer, estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas y la menospreció por su origen indígena. Posteriormente, Pulgarín Ramírez también cometió la agresión.

Ese año, el Tribunal Superior de Popayán agravó la condena contra Pulgarín Ramírez y Luján Sánchez, aumentando su pena de 13 a 16 años de prisión intramural. El fallo destacó la gravedad del crimen y el impacto psicológico irreversible en la víctima, además de las circunstancias en las que se perpetró el abuso: un paraje oscuro y desolado, con hombres fuertemente armados que infundieron terror en la comunidad.

La investigación judicial reveló que otros militares fueron testigos de los hechos y, en lugar de auxiliar a la víctima, intentaron sobornarla para que no denunciara. Al no aceptar el dinero ofrecido, la mujer sufrió represalias que incluyeron amenazas de muerte, desplazamiento forzado y el asesinato de su hermano.

Obligaciones por parte de la JEP

En su sometimiento a la JEP en el año 2021, el exsoldado fue requerido para aportar información clave sobre la participación y omisión de otros uniformados en estos hechos, así como esclarecer si hubo correctivos por parte de sus superiores. Además, desde entonces, se le había exigido brindar detalles sobre otros posibles casos de violencia sexual ocurridos en la región bajo la presencia de tropas militares.

Este caso es parte de una investigación más amplia que adelanta la JEP sobre hechos de violencia cometidos en el Cauca, en los cuales se han identificado patrones de agresiones contra comunidades indígenas en el marco del conflicto armado. La jurisdicción especial ha reiterado su enfoque étnico, territorial y de género en el proceso de esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende crear el tipo penal para el acceso carnal a animales o zoofilia en Colombia.

La iniciativa es de autoría de la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, motivo por el cual explicó que también pretenden tipificar la realización, difusión y promoción de actos sexuales con animales.

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“Acabamos de dar un paso muy importante en nuestro proyecto de ley que busca penalizar la zoofilia, acaba de ser aprobado por unanimidad en la Comisión Primera del Senado”, aseveró Hernández.

Y agregó: “Un debate muy interesante, un debate complejo pero que lo sacamos muy bien, se crea el tipo penal, el delito de zoofilia. Hoy la violación de animales en el país no está tipificada como un delito, lo que significa altísimos niveles de impunidad y mucho dolor y sufrimiento para los animales”.

Hernández también explicó que ya existen estudios “sociológicos y psicológicos que nos hablan de la relación profunda que existe entre una violación a un animal y el tránsito hacia la violación con seres humanos”.

Germán Blanco, ponente de la iniciativa en este primer debate aseguró que el proyecto modifica el código penal, específicamente la ley 599 del año 2000.

“Acceso carnal con cualquier medio, el empalamiento o cualquier objeto que se utilice para acceder de manera carnal a un animal. Pero también estamos exceptuando actividades profesionales o productivas como, por ejemplo, la inseminación”, aseveró Blanco en su intervención.

Asimismo, se espera crear una pena de 12 a 36 meses, así como una inhabilidad de la profesión de uno o tres años y la multa de 5 a 69 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En la ponencia de primer debate explicaron que los procedimientos médicos veterinarios que garanticen el cuidado de los animales quedan exceptuados. De igual forma, detallaron que el término de prescripción para los actos sexuales con animales son de 10 años.

En caso de ser aprobado el proyecto, los ministerios de Justicia y Salud tendrán que implementar una campaña de divulgación frente a la tipificación penal de la zoofilia en todo el territorio nacional.

Dónde denunciar el maltrato animal en Colombia

En Colombia, el maltrato animal es un delito que está contemplado en el código penal y en la Ley 1774 de 2016, la cual establece que quienes inflijan sufrimiento a los animales pueden ser sancionados con penas de prisión. Para quienes deseen denunciar casos de maltrato, existen diversas instancias y procedimientos disponibles.

El primer paso para realizar una denuncia es acudir a las autoridades locales. En muchos municipios, la Policía Nacional cuenta con un grupo especializado en el manejo de estos casos, conocido como la Policía Ambiental. Estos oficiales están capacitados para atender denuncias de maltrato, tanto en zonas urbanas como rurales, y pueden intervenir de inmediato en situaciones urgentes.

Otra opción es la Fiscalía General de la Nación, que tiene a disposición de los ciudadanos la posibilidad de presentar denuncias a través de su línea telefónica 122 o en cualquier fiscalía local. La Fiscalía, junto con la Policía, puede realizar investigaciones y tomar acciones legales contra los responsables de maltrato animal.

Además de estas opciones, existen diversas organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de los animales y que pueden ayudar a los ciudadanos en el proceso de denuncia. Fundaciones como la Fundación Red de Defensa Animal o la Fundación Animalistas de Colombia tienen canales abiertos para recibir información y actuar en consecuencia.

También se puede recurrir a las plataformas virtuales, donde varias de estas ONG permiten presentar denuncias en línea, lo que facilita el proceso y garantiza la confidencialidad de la información. De igual forma, la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ofrece información sobre los procedimientos legales para denunciar maltrato animal.

Las autoridades de la capital del país capturaron a un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de edad.

En una acción coordinada entre miembros de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, con base en la orden judicial emitida por el juzgado primero municipal de control de garantías de Bogotá, se detuvo al señalado de 20 años de edad.

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De acuerdo con lo establecido por las autoridades el hombre violó a una niña de 11 años en Bogotá. Los hechos ocurrieron en el 2022, cuando el imputado tenía 17 años y presuntamente accedió sexualmente a la niña de 11 años.

Según las investigaciones que se han adelantado hasta el momento, el delito salió a la luz luego de que los encargados de la menor de edad la llevaran al médico para que le hicieran exámenes de rutina. Con los resultados se pudo establecer que había sido víctima de acceso carnal abusivo.

Al establecer que la menor de edad fue abusada, se activaron los protocolos de atención especializada en menores, víctimas de violencia sexual, para restablecerle los derechos.

La captura del señalado por abuso sexual

Desde la Policía también informaron que la captura del hombre, que en la actualidad tiene 20 años de edad, se llevó a cabo gracias a una labor de verificación que uniformados realizaban en el barrio Pensilvania, en la localidad de Puente Aranda.

El detenido deberá cumplir una medida de internamiento por 24 meses en el Centro de Privación de Libertad El Redentor debido a que, para la fecha de los hechos, él aún era menor de edad.

Según informaron desde la Policía, son varios los resultados que se han registrado en lo corrido del año respecto a la lucha contra delitos sexuales.

“Durante 2024 hemos realizado 12 capturas por orden judicial por delitos sexuales”, señalaron a través de un comunicado emitido desde la institución.

El procedimiento para la detención del joven fue detallado por las autoridades. “Nuestros uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la captura mediante orden judicial”, según se destacó en el informe oficial.

Organismos de control han alertado por aumento de abusos contra menores de edad

En respuesta a una solicitud de información por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Educación de Bogotá reveló cifras preocupantes sobre la violencia sexual en instituciones educativas.

Entre enero y marzo de 2024, se registraron 1.664 casos de abuso en niños, niñas y adolescentes, según la respuesta a una petición elevada por la concejal de Bogotá, Diana Diago.

El Ministerio Público solicitó un reporte detallado a la titular de la Secretaría de Educación del distrito, Isabel Segovia Ospina, acerca del número de situaciones registradas en el Sistema de Alertas Tempranas. Estas situaciones deben estar relacionadas con agresión escolar, acoso escolar, ciberacoso y casos de agresión sexual que puedan constituir presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.

La Procuraduría estableció que, a partir de la fecha, le sean remitidas mensualmente las cifras actualizadas sobre estos casos. Además, se inició un proceso de indagación sobre la existencia de un protocolo específico para el abordaje de los casos de abuso sexual en las instituciones educativas de la jurisdicción.

Uno de los puntos claves de la solicitud del Ministerio Público es asegurar el cumplimiento de las directrices ministeriales para la adopción de medidas integrales y efectivas. Estas medidas están orientadas hacia la promoción, la prevención de la vulneración y la protección, garantía y atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educativos.

Según los datos proporcionados, la situación es alarmante. Las cifras reportadas muestran un incremento significativo en el número de casos registrados en un corto período. Este aumento ha provocado una reacción por parte de las autoridades para fortalecer las medidas de prevención y respuesta a este tipo de agresiones dentro del ámbito educativo.