¿Medicamentos adulterados? ¿Una silla de ruedas metálica impactando contra un resonador? ¿Políticos involucrados en negociados de tratamientos oncológicos? ¿Suicidios en hospitales?

No es una serie. No es ficción. Todo eso pasó —y pasa— en el sistema de salud.

“La verdad es más extraña que la ficción” es una frase que acompaña a la literatura desde hace al menos un siglo. Nosotros la conocemos como “la realidad supera a la ficción”, pero muchas veces incluso “superar” se queda corto.

En los últimos años escribí dos libros destinados a ayudar a pacientes oncológicos y a sus familias: Desmitificar el cáncer y 7 claves para atravesar el cáncer. Pero buscaba un formato distinto: en lugar de entrevistar, chequear y recopilar datos, quise imaginar, crear y contar aquello que, desde mi rol de periodista, muchas veces resulta impublicable.

Así fue como, hace más de tres años, comencé a escribir un libro de “ficción”. Ficción entre comillas, porque en este trabajo volqué todo lo que había visto en hospitales: conté lo que presencié sobre la falta de acceso a tratamientos y me inspiré en casos que leí, vi y escuché para construir una historia nueva, policial, con un hospital del conurbano como gran protagonista.

Descubrí que, incluso dentro de la ficción, podía comunicar lo que más me interesa de mi profesión como periodista de salud: el acceso. Esa palabra que dice tanto y que suele aparecer recién cuando hay una necesidad urgente.

El acceso en salud es conseguir turnos médicos a tiempo. Es que la quimioterapia no llegue al paciente noventa días tarde. Es que un turno para una resonancia o una tomografía —necesarias para diagnosticar una enfermedad grave— no demore meses.

También es que un enfermo, o un familiar cercano, no tenga que pasar días viajando o luchando para que la cobertura que tiene —ya sea del Estado, de la seguridad social o de una prepaga— cumpla con su responsabilidad.

Argentina es un país modelo en cuanto a los derechos de los pacientes, pero en la práctica está lleno de trabas, desigualdades y obstáculos, donde el código postal muchas veces determina la calidad de atención que recibirá una persona enferma.

Me anoté en talleres de escritura y más de una vez me fui con lágrimas en los ojos cuando no lograba encontrarle la vuelta. Escuché mucho a mis compañeros, que venían de profesiones alejadas de las letras o del periodismo, pero que, como lectores apasionados, tenían ideas y sugerencias valiosas para aportar. Y de a poco, con más frustración que alegría, fui encontrando el camino para contar una historia exageradamente argentina, pero con resonancias en cualquier país de Latinoamérica e incluso en España.

Imaginé un policial en el que se cruzan dos mundos que conozco bien: el periodismo y la salud. Elegí dos protagonistas que los representaran: una médica residente y un periodista joven que intenta hacerse un lugar en su profesión. Juntos investigan una muerte que solo a ellos les resulta sospechosa. En el camino, se enfrentan a temas como la falta de control sobre los medicamentos, la política mezclada con los negocios y, como escribió la periodista cultural Flavia Pittella en el prólogo:

“Agustina y Marcos trabajan en instituciones que prometen claridad y atención —la medicina y el periodismo—, pero que se ven limitadas por restricciones materiales, jerarquías y presiones políticas. El sistema sanitario promete curación, pero funciona con retrasos, formularios y protocolos que, a menudo, agotan tanto a los pacientes como al personal. El periodismo promete la verdad, pero se rige por la urgencia, los clics y la precariedad. Ambas instituciones se muestran como sistemas que generan puntos ciegos simplemente por funcionar por default, sin posibilidad de innovar ni de registrar lo humano por encima de la burocracia”.

Pero, como la realidad supera a la ficción, las noticias también fueron guiando la escritura. En estos días se destapó una red de médicos que robaba propofol y fentanilo para el consumo entre colegas. Una historia que podría parecer sacada de una serie, como The Pitt. Pero el caso argentino, con personajes como Fini, Tati y Mechi, ¿no la supera? ¿Una “fiesta del propofol”, con médicos residentes consumidores y un colega listo para intervenir ante una apnea, no resulta más extrema que veinte temporadas de Grey’s Anatomy?

La realidad es más extraña que la ficción, y lo comprobamos a diario: el fentanilo contaminado que causó más de cien muertes, aún sin justicia; los medicamentos oncológicos adulterados por la llamada “mafia de los medicamentos”; el triple crimen de General Rodríguez vinculado a la efedrina, que durante años fue considerada solo un insumo médico.

La forma del daño es, en definitiva, una novela sobre un sistema lleno de profesionales increíbles que ponen el cuerpo todos los días en una estructura compleja, desfinanciada, a veces corrupta, atravesada por negocios, y donde late —también— una historia policial: la de un crimen con un culpable por descubrir.

* La autora es periodista de salud.

Fotos: gentileza Daniela Hacker.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció la realización de una jornada integral de atención en salud dirigida a afiliados de Emssanar EPS que residen en el oriente de Cali y que presentan trámites represados dentro del sistema.

La actividad se desarrollará este viernes 6 de febrero y busca atender usuarios con órdenes médicas y servicios pendientes de autorización o ejecución.

De acuerdo con información publicada por Semana, esta intervención hace parte de una estrategia departamental que apunta a ofrecer respuestas directas a pacientes que no han logrado acceder oportunamente a la atención requerida.

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En esta primera fase, la convocatoria está enfocada únicamente en afiliados de Emssanar EPS, sin incluir usuarios de otras entidades promotoras de salud.

La jornada fue denominada ‘Gran Jornada de Salud del 2026’ y se llevará a cabo en el Hospital Isaías Duarte Cancino, ubicado en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Según lo informado, la atención iniciará desde las 7:00 de la mañana, horario en el que se habilitarán los puntos de recepción y orientación para los asistentes.

Durante la actividad, se dispondrá de personal médico, administrativo y de apoyo, encargado de revisar de manera individual cada caso presentado por los usuarios. El objetivo es orientar a los afiliados frente a procesos relacionados con autorizaciones, procedimientos médicos y otros servicios que se encuentren pendientes dentro de la red de atención.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca indicó que la jornada contempla la prestación de varios servicios considerados prioritarios. Entre ellos se encuentran orientación en salud, toma de pruebas rápidas de VIH y sífilis, mamografías, tamizajes en salud y esquemas de vacunación, de acuerdo con las necesidades identificadas en la población convocada.

En declaraciones recogidas por Semana, la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, explicó el alcance de la intervención y el trabajo conjunto entre las entidades participantes. “Es un evento conjunto para la gente del oriente de Cali. Se va a realizar en el Hospital Isaías Duarte Cancino, donde con Emssanar y la Secretaría Departamental de Salud haremos una intervención directa a los pacientes o a los familiares, según las necesidades específicas que tengan”, afirmó la funcionaria.

Desde la Gobernación se precisó que la jornada busca facilitar el acceso a los servicios sin intermediarios ni costos para los usuarios. Las autoridades señalaron que la atención será gratuita y que no se requiere ningún tipo de gestor externo para poder acceder a los servicios que se ofrecerán durante la actividad programada.

Para participar en la jornada, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos básicos definidos por la administración departamental. Entre ellos se encuentra residir en el oriente de Cali, estar afiliados a Emssanar EPS y presentar copia del documento de identidad. También será necesario llevar las órdenes médicas vigentes y la historia clínica correspondiente, con el fin de facilitar la revisión de cada caso.

La información oficial señala que estos documentos permitirán al personal asignado verificar el estado de los trámites y orientar a los usuarios sobre los pasos a seguir para destrabar procesos que se encuentren pendientes dentro del sistema de salud. La revisión se hará de manera individual, según la disponibilidad y el tipo de servicio requerido.

Las autoridades departamentales explicaron que esta es la primera fase de la estrategia y que se espera replicar el modelo con otros afiliados y en distintos territorios del departamento, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en cada zona. La programación de nuevas jornadas dependerá de la evaluación de los resultados obtenidos en esta intervención inicial.

Según lo reportado por Semana, la Gobernación del Valle del Cauca reiteró que este tipo de actividades buscan articular esfuerzos entre la administración departamental, las EPS y la red hospitalaria pública, con el propósito de resolver situaciones puntuales que afectan el acceso a la atención en salud de determinados grupos poblacionales.

La jornada del 6 de febrero se desarrollará exclusivamente en el Hospital Isaías Duarte Cancino, centro asistencial que funcionará como punto de referencia para la recepción y atención de los afiliados convocados. Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con antelación y portar la documentación solicitada para facilitar el proceso de atención durante la jornada.

La robótica remota se perfila como una herramienta capaz de transformar el acceso a tratamientos de emergencia para el accidente cerebrovascular, especialmente en regiones rurales o alejadas, donde la rapidez en la atención resulta decisiva para salvar vidas y reducir secuelas.

De acuerdo con un informe de IEEE Spectrum, los recientes avances tecnológicos permiten que especialistas realicen procedimientos críticos a distancia, acortando los tiempos de intervención y abriendo nuevas posibilidades para la equidad en el acceso a la salud.

Importancia del tiempo en el tratamiento

El tratamiento oportuno de los accidentes cerebrovasculares es fundamental para evitar secuelas cerebrales irreversibles. Cameron Williams, neurólogo de la Universidad de Melbourne y miembro de la Australian Stroke Alliance, explicó en IEEE Spectrum que “los buenos resultados están directamente asociados con el tratamiento temprano”.

Durante un accidente cerebrovascular, la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro provoca la muerte de aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto, lo que equivale a una pérdida de 3,6 años de envejecimiento cerebral en solo una hora.

En zonas remotas como Darwin, en el norte de Australia, acceder a un centro especializado puede requerir traslados de 6 horas o más, lo que incrementa el riesgo de discapacidad o muerte. Esta situación se repite en muchas regiones del mundo, donde la distancia a los centros de referencia limita el acceso a tratamientos avanzados.

Cómo funciona la trombectomía endovascular

La trombectomía endovascular (EVT) es el procedimiento estándar para tratar los accidentes cerebrovasculares causados por coágulos que bloquean el flujo sanguíneo cerebral. Consiste en que un cirujano experimentado guía catéteres a través de los vasos sanguíneos hasta el lugar de la obstrucción, generalmente accediendo por la arteria femoral en la ingle, con la ayuda de imágenes de rayos X.

Sin embargo, la disponibilidad de especialistas y equipos necesarios para realizar EVT suele concentrarse en grandes centros urbanos, lo que deja a las poblaciones rurales y remotas en desventaja. El traslado de pacientes a estos centros puede demorar horas, tiempo durante el cual el daño cerebral progresa de manera irreversible.

Avances recientes en robótica remota para EVT

Frente a estas limitaciones, la robótica remota emerge como una solución innovadora. Equipos instalados en hospitales de menor tamaño pueden conectarse con expertos a cientos o miles de kilómetros, permitiendo intervenciones rápidas sin necesidad de traslados prolongados.

La revista IEEE Spectrum reportó que en septiembre, médicos en Toronto realizaron una serie de angiogramas cerebrales a distancia utilizando el sistema N1 de Remedy Robotics, culminando con dos procedimientos entre hospitales de la ciudad. En octubre, el equipo de Sentante facilitó una EVT simulada entre un cirujano en Jacksonville (Florida), y un modelo cadavérico en Dundee (Escocia).

Vitor Pereira, neurocirujano de Unity Health que participó en las pruebas de Toronto, destacó a IEEE Spectrum que “todas estas experiencias conectadas no solo demuestran la viabilidad del concepto, sino que están acercando la implementación real de intervenciones robóticas y remotas, que pronto serán una realidad para muchos centros en áreas rurales”.

Por su parte, Ricardo Hanel, neurocirujano de Baptist Health en Jacksonville y miembro del consejo médico de Sentante, subrayó la facilidad de uso de la tecnología: “Es muy intuitivo utilizar esto”.

Retos técnicos y operativos de la robótica remota

A pesar de los avances, la robótica remota enfrenta desafíos técnicos y operativos. Uno de los principales es la necesidad de mantener conexiones rápidas y estables a grandes distancias. Edvardas Satkauskas, director ejecutivo de Sentante, señaló que, aunque no siempre sea necesario realizar procedimientos transatlánticos, estas pruebas demuestran que la distancia no es una barrera insalvable.

Asimismo, la latencia registrada en la simulación entre Florida y Escocia fue de unos 120 milisegundos, un margen aceptable para la naturaleza de la EVT.

La seguridad de la conexión es otro aspecto crítico, y ante esto, David Bell, director ejecutivo de Remedy Robotics, explicó que su sistema monitorea la calidad de la conexión y previene movimientos peligrosos en caso de fallos. Además, la redundancia en las conexiones se considera esencial para evitar interrupciones durante los procedimientos.

En cuanto a la interfaz, Remedy Robotics apuesta por la inteligencia artificial para manipular los alambres guía y superponer información relevante sobre las imágenes de rayos X, permitiendo que los médicos controlen el robot desde una computadora portátil. Según Bell, el objetivo es que un cirujano pueda conectarse rápidamente desde una ubicación central y operar varios robots en diferentes hospitales con base en la demanda.

Sentante, en cambio, ha diseñado una consola de control que imita la sensación de los catéteres y alambres guía tradicionales, incluyendo retroalimentación de fuerza para reproducir la resistencia que los médicos sentirían en una intervención manual.

Ahmet Gunkan, radiólogo intervencionista de la Universidad de Arizona, advirtió que “la principal limitación de la robótica es que aún se depende de los asistentes junto al paciente”. Estos profesionales deben encargarse de preparar al paciente, esterilizar el equipo, cargar los componentes necesarios y ajustar los dispositivos según las indicaciones del cirujano remoto.

Perspectivas a futuro con próximos pasos

El camino hacia la adopción clínica de la robótica remota en EVT avanza con rapidez. Remedy Robotics tiene previsto iniciar un ensayo clínico en 2026 para intervenciones neurovasculares presenciales y, en colaboración con la Australian Stroke Alliance, planea distribuir su sistema N1 y realizar pruebas para procedimientos remotos en unas 30 condiciones diferentes.

Sentante, por su parte, visualiza su plataforma como una herramienta versátil para procedimientos endovasculares en todo el cuerpo, lo que facilitaría la familiarización del personal sanitario.

El sistema podría salir al mercado en la Unión Europea el próximo año para intervenciones vasculares periféricas y ya cuenta con la designación de dispositivo innovador de la FDA estadounidense para el tratamiento remoto de accidentes cerebrovasculares.

El acceso a la salud vive una nueva crisis en Colombia ante la denuncia de pacientes que enfrentan falta de medicamentos y extensas demoras para continuar sus tratamientos. Testimonios recogidos por La FM y El Tiempo señalan que la problemática se extiende por todo el país y afecta sobre todo a quienes dependen de procedimientos y fármacos vitales. Familias reportan recorridos de varias ciudades y protestas frente a farmacias y sedes de EPS (entidades promotoras de salud) para exigir sus derechos básicos.

El drama se repite en regiones como La Guajira, Medellín, Cartagena y Armenia. Usuarios de entidades como Sanitas, Colsanitas y Nueva EPS narran que deben desplazarse a otras ciudades para cumplir las órdenes médicas.

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Cielomar Roy, residente en Barrancas, compartió: “He tenido que enviar a un familiar hasta Riohacha con la fórmula porque en Barrancas no hay disponibilidad. Es un gasto extra y un riesgo para nuestra salud”, en una frase recogida en La FM.

Rubén Rosado, cuidador de un familiar cuadrapléjico, relató la dificultad para acceder a pañales y medicamentos de control. “Hice fila dos días y me fui con las manos vacías”, declaró al mismo medio, reflejando la situación de cientos de personas que finalmente no reciben la ayuda solicitada a tiempo.

Prescripción médica vencida y riesgos para la vida

Yudith Naranjo, madre de Waira Arango, de 9 años y diagnosticada con el síndrome ZTTK, relató los reiterados intentos para garantizar los medicamentos de su hija frente a la Nueva EPS. Según su testimonio difundido por La FM, “cada mes nos dicen que esperemos. Cuando llegaba fin de mes, nos decían que la orden ya se había vencido”. Waira permanece aislada en su casa y no puede asistir al colegio debido a las complicaciones inmunológicas que sufre.

En Cartagena, Mónica Payares describe la situación de su madre, Carmen Castillo, de 89 años, paciente con múltiples comorbilidades: “No nos entregan los medicamentos. Solo nos dan listados de pendientes. Dicen que la Nueva EPS no ha pagado”, afirmó. Mónica, también adulta mayor, asumió los cuidados diarios en medio de sus propios problemas de salud.

Riesgo de perder trasplantes y medidas extremas de protesta

El impacto de la crisis repercute con fuerza en trasplantados y pacientes crónicos. Marly Reyes Bayona depende de inmunosupresores para proteger el riñón que recibió hace siete años, pero denuncia que la entrega de medicamentos puede demorarse hasta tres meses. “Sin mis inmunosupresores, mi cuerpo puede rechazar el órgano. Es una pesadilla”, confesó a El Tiempo. El coste de los fármacos llega a sumar entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, una cifra inalcanzable para beneficiarios de salarios mínimos.

Frente al retraso extremo, pacientes realizan manifestaciones inusuales: Reyes se encadenó a las instalaciones de la Nueva EPS en Bucaramanga junto a otras dos afectadas. Según contó a El Tiempo, la entrega solo sucedió tras esta protesta. Erika Velásquez, paciente con síndrome de Eisenmenger, declaró al mismo medio la imposibilidad de conseguir el fármaco iloprost, de alto costo: “No lo venden en farmacias, toca por encargo, y ni siquiera me lo entregan”.

En Pasto, la Red de Madres Cuidadoras con Hijos en Situación de Discapacidad organizó una protesta similar y exigió fármacos suspendidos por la EPS Emssanar. “En Emssanar le han suspendido todos los medicamentos a mi hijo. Solo pido el derecho a tener una salud digna”, reclamó Myriam Muñoz, quien alzó su voz tras meses de espera.

Otro testimonio de María Teresa, participante de la protesta, enfatizó la persistencia del problema pese a acciones legales: “Tengo tutela, pero llevamos años en esto. Muchas veces hasta nos hemos encadenado”.

Dimensión nacional y respuesta institucional

De acuerdo con cifras de la Personería de Manizales citadas por El Tiempo, en octubre de 2025 había 156.223 medicamentos pendientes de entrega por parte de la Nueva EPS solo en esa ciudad. Tras una acción popular, la justicia reconoció que los retrasos presentan un carácter estructural y no son casos aislados. El Instituto Departamental de Salud de Nariño indicó que en septiembre se formularon más de 301.000 medicamentos en la región, pero solo se entregaron 264.000.

Según informó La FM, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, no identifica un desabastecimiento general, sino graves dificultades de acceso y retrasos administrativos. El organismo reportó el no suministro de 584 medicamentos en todo el país y advirtió que el costo privado de algunos fármacos supera el 90% de los ingresos mensuales del paciente.

Mientras tanto, el Gobierno nacional afirma que el acceso a tratamientos “está garantizado” y que las EPS intervenidas atraviesan un proceso de reorganización urgente para proteger el sistema. La FM y El Tiempo coinciden en que los testimonios recogidos presentan una realidad de filas, incertidumbre y temor al deterioro de la salud.

Protestas, tutelas y un derecho en vilo

“Nos entregan los medicamentos cuando ya estamos muertas”, describió una madre del grupo manifestante en Pasto. Distintas personas relatan que la única alternativa para sobrevivir ha sido intercambiar medicinas entre pacientes, realizar múltiples diligencias y buscar solidaridad en familiares y amigos.

El problema sanitario afecta a colectivos con enfermedades raras, discapacidades y adultos mayores, y expone las limitaciones actuales del sistema. Tanto los datos estatales como los múltiples testimonios de afectados subrayan que el acceso a medicamentos y atención oportuna sigue sin respuesta real a lo largo de Colombia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados más recientes de la medición oficial de la pobreza multidimensional en México, donde se analizó, entre otros indicadores, la carencia por acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con la metodología utilizada, una persona se considera en situación de carencia por acceso a la salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución pública o privada que los otorgue.

Los datos muestran un panorama alarmante: 61.1 por ciento de la población ocupada, equivalente a 38.4 millones de personas, no tiene acceso directo a la seguridad social, lo que evidencia el alto nivel de informalidad laboral y las condiciones precarias en las que se desempeñan millones de trabajadores en el país.

La situación no mejora entre quienes no forman parte de la población ocupada. Según el informe, 48.9 por ciento de este sector, equivalente a 32.9 millones de personas, tampoco cuenta con seguridad social, lo que refleja las dificultades de acceso para quienes se encuentran en desempleo, trabajos eventuales o en actividades no remuneradas.

En decir, más de 71 millones de mexicanos no cuenta con acceso a los servicios de salud que debe brindar el estado. De hecho, muchas personas que tienen seguro, constantemente reportan que no se tienen las medicinas suficientes para surtir las recetas.

Evolución en los últimos cinco años

El estudio advierte que la población de adultos mayores es especialmente vulnerable. El 33.3 por ciento de las personas de 65 años o más –alrededor de 3.2 millones– depende únicamente de programas sociales, con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema y sin contar con una pensión por jubilación.

Esta situación coloca a las y los adultos mayores en un escenario de mayor fragilidad económica y de salud, pues además de enfrentar dificultades para costear atención médica, carecen de un ingreso digno que les permita cubrir sus necesidades básicas.

El análisis histórico presentado por el INEGI revela que la carencia en el acceso a servicios de salud ha tenido altibajos significativos en la última década.

En 2016, solo el 15.6 por ciento de la población enfrentaba esta problemática. Sin embargo, para 2020 la cifra se disparó a 28.2 por ciento y continuó en ascenso hasta llegar a 39.1 por ciento en 2022, lo que significó un aumento de más de 10 puntos porcentuales en apenas dos años.

Aunque en 2024 se registró una disminución de cinco puntos porcentuales, ubicándose en 34.2 por ciento de la población (44.5 millones de personas), el nivel sigue siendo superior al de 2020 y duplica el registrado en 2016.

El repunte acumulado de 18.6 puntos porcentuales entre 2016 y 2024 plantea la necesidad de analizar tanto los cambios en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) como las variaciones en el comportamiento de la población respecto a la búsqueda de atención médica.

Un aspecto relevante del estudio es la reducción de 4.9 puntos porcentuales en la carencia por acceso a servicios de salud entre 2022 y 2024, lo que representa a 5.9 millones de personas que reportaron estar afiliadas, inscritas o con derecho a atención médica en instituciones públicas o privadas.

Precarización laboral y falta de cobertura universal

Pese a este avance, la cifra general de carencia se mantiene en niveles preocupantes, ya que más de un tercio de la población en México sigue sin tener acceso a un derecho básico consagrado en la Constitución.

Los datos del INEGI ponen en evidencia dos grandes problemáticas estructurales: la alta informalidad laboral y la limitada cobertura del sistema de salud y seguridad social.

Por un lado, millones de trabajadores ocupados no cuentan con prestaciones ni afiliación médica, lo que revela un mercado laboral con alta precarización. Por otro, la población no ocupada –incluyendo desempleados, personas en actividades no remuneradas y adultos mayores– enfrenta barreras estructurales para incorporarse a un esquema de protección social.

En suma, la información demuestra que la carencia en el acceso a los servicios de salud en México sigue siendo un reto urgente de política pública, ya que afecta no solo a quienes trabajan en condiciones de informalidad, sino también a sectores vulnerables como adultos mayores y personas sin empleo.

En Colombia, el acceso a los servicios de salud enfrenta serias dificultades, lo que llevó a un aumento significativo en la automedicación y en el uso de alternativas no convencionales como consultas a curanderos, yerbateros y comadronas.

Según un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas prácticas crecieron de manera alarmante en el último año, reflejando una pérdida de confianza en el sistema de salud formal y una respuesta insuficiente por parte de las instituciones encargadas de garantizar este derecho fundamental.

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De acuerdo con la entidad, el porcentaje de hogares que enfrentaron barreras de acceso a los servicios de salud aumentó del 1,8% en 2023 al 2,9% en 2024, un incremento que calificaron como estadísticamente significativo.

Este fenómeno se da en un contexto en el que más de dos millones de personas reportaron haber estado enfermas durante el último año, pero solo el 63% de ellas logró recibir atención adecuada a través del sistema de seguridad social.

Esta cifra representa una caída frente al 68% registrado en 2023, lo que evidencia una disminución en la capacidad de respuesta del sistema de salud colombiano.

Ante las deficiencias en la atención institucional, los colombianos han optado por alternativas no tradicionales para tratar sus dolencias.

Según el Dane, las consultas a curanderos, yerbateros y comadronas aumentaron un 148,9% en 2024, mientras que el uso de terapias alternativas como la acupuntura, la homeopatía y la musicoterapia creció un 90%.

Además, el uso de remedios caseros experimentó un incremento del 84,9%, y la automedicación subió un 97,5%.

Ricardo Valencia, subdirector del Dane, explicó a Valora Analitik que este fenómeno refleja una tendencia preocupante hacia la informalización de la atención en salud. Según Valencia, estas cifras son un indicativo de la exclusión sanitaria que enfrentan muchos ciudadanos, quienes recurren a estas prácticas debido a la falta de acceso oportuno y efectivo a los servicios médicos formales.

“Las personas recurrieron a sistemas distintos para atender los problemas de salud. Entre estos, se destacaron las consultas a curanderos, yerbateros o comadronas, que aumentaron en un 148%”, dijo Valencia.

El informe del Dane también destacó que, aunque la pobreza multidimensional en Colombia se redujo del 12,1% en 2023 al 11,5% en 2024, el acceso a la salud sigue siendo un punto crítico.

De los 15 indicadores que conforman el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el único que mostró un retroceso fue el relacionado con las barreras de acceso a los servicios de salud.

Este problema afecta especialmente a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Boyacá, Bogotá, Tolima, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Guainía, donde las dificultades para acceder a la atención médica son más pronunciadas.

En este contexto, el número de personas en situación de pobreza que reportaron haber estado enfermas aumentó de 1,6 millones en 2023 a 2,2 millones en 2024. Sin embargo, muchas de estas personas optaron por no tratar sus síntomas a través del sistema de salud formal.

En cambio, se registró un aumento del 16,5% en las consultas con médicos particulares, lo que refleja un mayor gasto de bolsillo por parte de los hogares.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, calificó las cifras del IPM como alarmantes, señalando que la crisis del sistema de salud está empobreciendo a los colombianos y afectando su capacidad de acceder a un derecho fundamental.

Vesga destacó que, hasta 2023, la salud era uno de los factores que más contribuía a la reducción de la pobreza multidimensional en el país. Sin embargo, el aumento del gasto de bolsillo, la baja tasa de vacunación y la reaparición de enfermedades que se creían superadas son indicadores de un retroceso preocupante.

“Hasta 2023, la salud era la política que más contribuía a la reducción de la pobreza multidimensional y de la inequidad. Otro indicador que se revierte, así como el aumento del gasto de bolsillo, la baja tasa de vacunación o la reaparición de enfermedades que creíamos superadas. Es urgente diseñar una ruta para recuperar la senda, hacer los ajustes requeridos y ofrecer soluciones a los pacientes y al sostenimiento del sistema y sus agentes”, afirmó Vesga en declaraciones a El Tiempo.

Por su parte, Cristina Isaza, directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, advirtió, en entrevista con El Tiempo, que el aumento en las consultas a curanderos y yerbateros es un reflejo del desespero de la ciudadanía y de la exclusión sanitaria que enfrentan millones de colombianos.

Isaza subrayó que el derecho a la salud no se limita a tener una EPS, sino que implica un acceso efectivo a diagnósticos oportunos y tratamientos seguros. La falta de estas garantías, según la experta, incrementa los riesgos de complicaciones, enfermedades mal tratadas y muertes evitables.

El médico y experto en políticas de salud pública, Ramón Abel Castaño, advirtió que la actual crisis del sistema de salud podría tener consecuencias graves a largo plazo. Según Castaño, el aumento del gasto de bolsillo y la menor cobertura del sistema de seguridad social podrían llevar a que más hogares enfrenten situaciones de pobreza debido a los costos asociados con la atención médica.

“La salud es uno de los grandes generadores de pobreza, tanto por la falta de acceso a la salud como por el gasto que los hogares deben hacer”, dijo Castaño a El Tiempo.

Castaño recordó que, durante la pandemia de Covid-19, Colombia logró evitar que las familias se endeudaran o vendieran sus bienes para pagar servicios médicos, algo que sí ocurrió en otros países de la región. Sin embargo, el deterioro actual del sistema de salud podría revertir estos logros y agravar las desigualdades sociales.

Ante este panorama, expertos y organizaciones hicieron un llamado al Gobierno para que implemente medidas urgentes que permitan recuperar la capacidad del sistema de salud y garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos.

Según Ana María Vesga, es fundamental diseñar una ruta que permita ajustar las políticas actuales y ofrecer soluciones sostenibles tanto para los pacientes como para los agentes del sistema de salud.

El informe del Dane y las opiniones de los expertos reflejan una realidad preocupante para millones de colombianos, quienes enfrentan barreras crecientes para acceder a un derecho fundamental. La informalización de la atención en salud no solo pone en riesgo la calidad de vida de la población, sino que también amenaza con perpetuar las desigualdades y la pobreza en el país.

Ginebra, 31 dic (EFE).- Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023 y hasta mediados de 2024 Israel perpetró al menos 136 ataques contra 27 hospitales y otras 12 instalaciones médicas en los que murieron 500 sanitarios, cometiendo posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, advierte la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

"Los mortales ataques en hospitales de Gaza y sus inmediaciones, y los combates asociados, han colocado el sistema sanitario al borde del colapso total, con un efecto catastrófico en el acceso palestino a la salud", resume el informe, publicado pocos días después del ataque al hospital Kamal Adwan del norte de la Franja.

Israel ha justificado muchos de estos ataques alegando que los hospitales son utilizados con fines militares por grupos armados palestinos, pero según la oficina de Naciones Unidas no ha presentado pruebas suficientes para demostrar esas alegaciones, o usó argumentos en ocasiones contradictorios. EFE

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó este martes el rechazo de la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Julio Simón, más conocido como el “Turco Julián”, un ex policía federal condenado a prisión perpetua por diversos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Simón, de 82 años, purga su condena en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Campo de Mayo. Fue hallado responsable de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en el marco de su paso por los centros clandestinos de detención “El Banco” y “Olimpo”.

Su defensor público oficial le había requerido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 (TOCF) porteño, a cargo de la ejecución de la pena, que dictara la morigeración de su detención, en tanto alegó que el condenado tenía “graves problemas de salud”.

Al momento de resolver en noviembre pasado, uno de los integrantes del TOCF rechazó ese planteo tras considerar la gravedad de los delitos atribuidos y el compromiso del Estado Nacional para reparar a las víctimas de lesa humanidad. También evaluó que el complejo penitenciario estaba garantizando el acceso a la salud de Simón y que su defensa, a su vez, no había brindado un domicilio certero para cumplir con un eventual arresto domiciliario.

El abogado del ex policía impugnó esa decisión para tratar la solicitud en la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal del país. En sus agravios habló del “deterioro que sufre la salud del Sr. Simón, persona de más de 80 años, quien no está en condiciones de continuar alojado en una unidad carcelaria, por lo que su actual detención significa un trato cruel, inhumano y degradante”.

Además, señaló que “conforme surge de los innumerables informes médicos agregados al legajo (...), Simón es un interno de 82 años que tiene graves problemas de salud, pues padece diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria (by pass), dislipidemia, hipertensión arterial, prostatismo, disminución de la agudeza visual, hipoacusia bilateral, hernia inguinal bilateral no complicada y deterioro cognitivo moderado-severo”.

Las actuaciones recayeron de ese modo en la Sala IV, integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes por unanimidad resolvieron rechazar el recurso sin costas.

“Adelanto que coincido con el juez del tribunal de la instancia previa en que es determinante en el caso que la defensa no haya cumplido con la manda de aportar un domicilio y un garante para examinar la viabilidad del instituto pretendido, sobre todo, a la luz de que la situación actual de salud de Simón requiere de cuidados permanentes -los que se le están prestando en la Unidad en la que se encuentra alojado-, no verificándose en su pedido qué institución o qué persona podría brindarlos, ni dónde”, dijo al liderar el acuerdo el juez Carbajo, quien también dio cuenta de que al ex agente “nadie de su familia lo visita y que lo han abandonado completamente”.

A su vez, y con la posterior adhesión de su colega Borinsky, el magistrado agregó: “Ante ese panorama, entiendo que la impugnación no puede prosperar, pues carece de los fundamentos mínimos que alcancen para rebatir las sólidas consideraciones expuestas en el decisorio”.

A su término, el juez Hornos remarcó la decisión del juez de ejecución a la hora de apoyarse en un informe de una junta médica que evaluó, en agosto pasado, la situación física y mental del imputado, donde se determinó: “Julio Héctor Simón, al momento del examen, se encuentra clínicamente compensado con buen estado de salud aparente, sin evidencias clínicas de patologías físicas crónicas en evolución”. También se subrayó que “desde el punto de vista clínico, el estado de salud no encuadra dentro de las previsiones del artículo 32 inciso a de la ley 24.660 -de Ejecución de la pena privativa de la libertad-”.

“Con base en estas consideraciones, entiendo que las alegaciones de la defensa respecto a la procedencia del arresto domiciliario por el cuadro de salud de su representado no resultan suficientes para fundar la pretendida arbitrariedad de los argumentos brindados por el a quo en apoyo de su decisión de rechazar la concesión del instituto reclamado por aplicación de lo previsto en los artículos 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660″, precisó Hornos luego de mencionar distintos estudios.

Luego, añadió: “Es preciso también señalar que el acusado fue condenado a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor de los delitos de homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber mediado violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, los que concurren materialmente entre sí”.

“Estos hechos fueron encuadrados como delitos de lesa humanidad, por lo que resulta razonable, a la hora de analizar la procedencia de un beneficio como el aquí solicitado, valorar la gravedad de los sucesos involucrados“, detalló el camarista.

Y agregó: “En casos sustancialmente análogos al presente –en los que se discute la morigeración del modo en el que un condenado por gravísimas violaciones a los derechos humanos cumple la pena impuesta– resulta insoslayable recordar que nuestra Corte Suprema ha establecido que ‘existe un doble orden de razones convencionales y constitucionales por las que el Estado argentino tiene el imperativo impostergable de investigar y sancionar las gravísimas violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar que configuran delitos de lesa humanidad y que, a tal efecto, no solo no se pueden oponer normas internas que obstaculicen el enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables, sino que además está vedada la adopción de cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche’“.

El juez también se refirió al “comprensible grado de controversia” que provocaría la posibilidad de incorporar a Simón, condenado por “una pluralidad de gravísimos crímenes contra la humanidad durante la última dictadura”, al sistema de arresto domiciliario. Según expuso, esa situación “no solo afecta a sus víctimas directas, sino que atraviesa también a la sociedad en general en virtud de la indeleble impresión en la memoria colectiva que significaron las privaciones de la libertad agravada y la imposición agravada de tormentos por las que Simón fue investigado, juzgado y condenado”.

Bajo esos términos, Hornos mencionó ley 27.375, que incorporó el artículo 11 bis a la ley 24.660, donde se fija el derecho de las víctimas a ser informadas y a expresar su opinión cuando se decida sobre cualquier planteo en torno a la incorporación de una persona condenada a la prisión domiciliaria, entre otros institutos. En esa línea, el juez subrayó que el TOCF 2 porteño desarrolló una audiencia oral en octubre de 2024 donde las víctimas Carlos Cuellar, María Esther Basualdo de Tocco, Carlos Pisoni, Mirta Beatriz Israel, Marcelo Gustavo Daelli, Delia María Barrera y Ferrando, Miguel D’ Agostino, Silvia Fontana, Daniel Mercogliano y Daniel Merialdo -este último, por correo electrónico-, manifestaron su expresa oposición al otorgamiento del beneficio procesal para Simón.

Por último, el camarista destacó que los últimos informes médicos de Simón presentados por la defensora pública oficial María Florencia Hegglin eran del 24 y 25 de febrero, cuando el médico de guardia de la Unidad carcelaria N°34 indicó que “las patologías crónicas, emergencias/urgencias son asistidas tratadas/derivadas y medicadas por el Servicio Médico de guardia de esta Unidad, pero el ‘Deterioro Neurocognitivo’ y su ‘Discapacidad Psicofísica’ requieren de un Tercer Nivel de Atención. Esta Unidad Penitenciaria ‘No cuenta con la complejidad del caso’”.

“Dado que este último reporte, y la solicitud efectuada en consecuencia por el médico de guardia de la Unidad n°34, es posterior a la resolución impugnada bajo revisión -concluyó Hornos-, la decisión en este punto debe ser precedida de un informe actualizado labrado por el Cuerpo Médico Forense, con el fin de que se dictamine sobre el estado actual de salud del causante, y las condiciones en que el interno es tratado en la unidad penitenciaria en la que se encuentra alojado, a cuyo resultado deberá quedar sujeta la evaluación de un eventual cambio de lugar de alojamiento dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal”.

En Perú, casi 2 millones de personas enfrentan la dura realidad de vivir con menos de 10 soles al día, de acuerdo al INEI. Esta situación no es solo un desafío económico, es una batalla constante por la supervivencia, donde las decisiones cotidianas se tornan difíciles, y la salud, tiene que quedar en un segundo plano. Para quienes luchan por cubrir lo básico, costear un tratamiento médico parece una meta inalcanzable. Según el Banco Mundial, las familias más vulnerables se ven obligadas a enfrentarse a la dura exclusión del sistema de salud, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas o graves.

A lo largo del país, el 39% de las personas con enfermedades crónicas deciden no buscar atención médica, según la Encuesta Nacional de Hogares 2024. Las barreras económicas y sociales son una de las principales razones. La supervivencia, en muchos casos, se convierte en una lucha diaria, donde la salud es una prioridad que se posterga una y otra vez. Ante esta realidad, los peruanos se ven atrapados en un círculo de decisiones difíciles: endeudarse, abandonar trabajos, o incluso escoger quién en la familia recibirá tratamiento.

Sin embargo, este problema es una cuestión de justicia social. ¿Por qué la salud debe depender solo del nivel económico de una persona? ¿Por qué aquellos con menos recursos deben pagar el precio de una enfermedad que podría tratarse a tiempo si tuvieran acceso a los servicios adecuados? Todos merecemos atención médica digna, sin importar de dónde venimos o cuánto ganamos. Todos deberíamos tener el derecho de acceder a un tratamiento oportuno y de calidad cuando más lo necesitamos.

El sistema de salud en Perú sigue enfrentando desigualdades profundas. Mientras unos pocos acceden a los mejores tratamientos, muchos otros se quedan atrás, sin la posibilidad de obtener atención médica. Esto no solo genera un ciclo de pobreza y enfermedad, sino que también alimenta la exclusión social, dejando a quienes más lo necesitan al margen de cualquier tipo de ayuda.

El acompañamiento y el apoyo son elementos fundamentales para superar estas barreras. La solidaridad y la empatía no deben ser opciones, sino principios de políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios de salud para todos. Pero necesitamos voluntad política para hacer de la salud un derecho universal.

La situación actual de nuestro país exige un cambio. Este 2025, las políticas públicas deben empezar a centrarse en las personas, buscando reducir las barreras económicas y sociales que impiden a las personas más necesitadas acceder a la atención médica. “No basta con tener hospitales o clínicas en cada distrito; lo que realmente importa es que esos servicios sean accesibles y de calidad para todos”, sin importar el nivel socioeconómico. En un país como Perú, con tantas desigualdades, la salud tendría que garantizarse a todos, sin distinciones. Solo así podremos llegar al término del año con medidas concretas.

Es hora de que tanto el Gobierno, el sector privado y las mismas instituciones de salud tomen conciencia de esta realidad. Si no actuamos ahora, la brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a la salud solo se ampliará, dejando a millones de peruanos a merced de enfermedades prevenibles y tratables, pero que terminan siendo fatales debido a la falta de recursos.

La salud es un derecho. Es un bien común que debe ser accesible para todos. La salud debe este 2025 debe ser una prioridad en la agenda pública, impulsando estrategias que garanticen el acceso equitativo a servicios de calidad y promuevan el bienestar de la población.

Pamplona, 14 nov (EFE).- La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha reivindicado una Navarra "solvente" económicamente pese a reconocer carencias en siniestralidad laboral, acceso al sistema de salud o a la vivienda, y con la "antipolítica" que practican algunos como amenaza, mientras que la oposición ha lamentado su discurso "victimista" e "irreal".

En su intervención en el pleno de debate sobre el Estado de la Comunidad, con alusiones a la tragedia de la dana en Valencia y a la solidaridad mostrada por Navarra, bajo el discurso de Chivite ha planeado la preocupación por los "intentos desestabilizadores" de la democracia que algunos practican desde determinados partidos políticos, colectivos y redes sociales.

Por ello, ha invitado a todos los grupos a "prestigiar la política y las instituciones para que la democracia sea resiliente" en esta situación y ha reivindicado "la política útil", que ha invitado a ejercer porque la sociedad navarra "nos reclama resultados".

Planteado el marco, ha defendido el estado en el que se encuentra Navarra con una segunda legislatura de "gobierno estable, que funciona y avanza y que genera confianza en la ciudadanía", un gobierno en minoría para el que "el diálogo es un valor fundamental", que actúa con un ecosistema navarro "eficaz", que hace gala de la búsqueda de "talento, innovación, compromiso empresarial, colaboración público-privada" y avance en tecnologías y sostenibilidad.

Se ejerce el autogobierno "desde la responsabilidad" y con fiscalidad "exigente", ha reconocido para justificar este último concepto en la inversión social a la que luego se empeña.

Hecho el retrato optimista, Chivite ha hablado también de cuestiones en las que mejorar, en primer lugar la del acceso a la sanidad pública, pero también de la alta siniestralidad laboral como una de sus mayores preocupaciones, pese a los datos "históricos" en empleo.

Por otro lado, su Gobierno "avanza en materia de desarrollo competencial conforme contempla el Amejoramiento", y valora haber encontrado en el Gobierno de España "voluntad política y compromiso para hacerlo posible", como demuestra la proxima transferencia de las competencias de Tráfico.

Con todo ello, "máxima responsabilidad y resultados" es el bagaje que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha reivindicado del ejercicio de su Gobierno en el año largo de legislatura, hasta cuyo final defenderá "los valores democráticos, los derechos de la ciudadanía" y conceptos como el feminismo, europeismo, innovación y sostenibilidad.

Finalizada la primera intervención, los grupos de la oposición, UPN, PP y Vox, han señalado que la presidenta ha hecho en el Debate del Estado de la Comunidad un discurso "victimista" e "irreal", EH Bildu le ha pedido "pisar el acelerador", mientras los grupos que apoyan al Gobierno han compartido sus preocupaciones. EFE

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Minsa ha lanzado una iniciativa pionera en telemedicina llamada telecertificación con el objetivo de disminuir las barreras de acceso para las personas con discapacidad en Perú. Este esfuerzo, encabezado por el Ministerio de Salud, promete certificar a más de 1.500 personas al año. Esta certificación se llevaría a cabo de manera virtual, reduciendo la necesidad de desplazamiento físico a centros de salud. “Celebramos un derecho fundamental que se hace realidad para muchas personas con discapacidad en nuestro país”, destacó Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública del Minsa, durante el evento de lanzamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón, según reportó la agencia de noticias ANDINA.

Erika Giraldo Vizcarra, directora del INR, explicó sobre las medidas tomadas para asegurar la correcta implementación de esta estrategia. ANDINA informa que dentro de las acciones están desarrollando material informativo dirigido a pacientes y profesionales de la salud, y colaboran con instituciones como CONADIS y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. “Este esfuerzo del Minsa permitirá reducir progresivamente la brecha de certificación de discapacidad a nivel nacional”, señaló Giraldo al medio.

La ceremonia de lanzamiento no solo se limitó a Lima. Se describieron dos conexiones virtuales que demostraron el proceso de telecertificación: una familia en Lima y otra en Lambayeque interactuaron con médicos certificados, demostrando la viabilidad de este método. Richard Ruiz Moreno, director de Prevención y Control de la Discapacidad del Minsa, resaltó: “Esta modalidad tendrá un impacto directo en el acceso, reduciendo la exclusión y la brecha de cobertura en las zonas más dispersas y alejadas del país”, comentó Ruiz a la agencia.

En Lambayeque, el proceso fue celebrado con la presencia de autoridades locales como el gobernador Jorge Pérez Flores y el gerente regional de Salud, Dr. Yonny Ureta Núñez. ANDINA reconoció que Pérez Flores reafirmó su compromiso de trabajar junto con el Minsa y ampliar la telecertificación en la región, diciendo: “Estamos seguros de que este esfuerzo marcará un antes y un después en la atención de las personas con discapacidad”.

El impacto de esta iniciativa es amplio y significativo. Según datos del Censo Nacional 2017, el 10,3% de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad. Muchas de estas personas enfrentaban hasta ahora obstáculos considerables para conseguir un certificado indispensable para acceder a derechos y beneficios otorgados por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Esta transformación en la accesibilidad promete avanzar en la igualdad de oportunidades para todos los peruanos, garantizando que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Se concluye que al eliminar barreras geográficas y económicas, la telecertificación representa un paso hacia “un país más justo e inclusivo”.