El reconocimiento a la innovación en la divulgación legal quedó reflejado con el Premio India Catalina otorgado a “Vamos pa eso”, el vodcast jurídico conversacional dirigido por el abogado penalista Juan José Castro.

La distinción destaca el impacto de un formato que ha transformado el acceso al derecho en Colombia, acercando el conocimiento jurídico a la vida cotidiana.

“Vamos pa eso” recibió el Premio India Catalina a Mejor Vodcast Conversacional por combinar la narración de casos reales, el análisis de true crime y la entrega de herramientas legales útiles en un espacio conversacional. El proyecto se distingue por democratizar el conocimiento legal, empoderar a la audiencia y romper con las barreras tradicionales del lenguaje jurídico.

Un vodcast que transforma el acceso a la justicia

El vodcast sobresale por su enfoque pionero en Latinoamérica y se aparta de los modelos habituales, donde abogados debaten entre ellos o los periodistas narran desde la distancia. Cada episodio integra relatos de casos reales, asesoría concreta y explicaciones claras para motivar que cualquier persona comprenda situaciones que le afectan y actúe con fundamento.

La propuesta utiliza el true crime como recurso para explicar derechos y deberes, facilitando la comprensión de rutas legales útiles y accesibles. Se estima que más de 1.000 personas han consultado y recibido orientación a través de sus redes sociales, lo que pone de manifiesto el alcance social del formato y su utilidad frente a dramas como abusos, estafas o explotación laboral.

El crecimiento de “Vamos pa eso” fue completamente orgánico, sostenido por la conexión directa con la audiencia y la conversión de elementos técnicos en debates nacionales. El galardón obtenidos en los Premios India Catalina consolida al vodcast como uno de los modelos más innovadores en la comunicación del derecho en Colombia.

Juan José Castro, el abogado que empodera a la audiencia

Juan José Castro, abogado egresado de la Universidad del Rosario, es magíster y especialista en Derecho Penal y desempeña el cargo de socio director en la firma Castro Muñoz & Coronado Abogados. Su diferencial trasciende lo técnico: ha optado por una filosofía orientada a democratizar el derecho y acercarlo a la gente.

Castro rechaza el monopolio del lenguaje jurídico complejo y propone una comunicación sencilla, directa y accesible. Su meta consiste en otorgar herramientas legales aplicables a la vida diaria, bajo la convicción de que toda persona merece entender el sistema de justicia.

Su trayectoria combina litigio, asesoría estatal y docencia universitaria, con una postura crítica hacia el modelo de formación legal y los medios tradicionales de comunicación. Para Castro, el respeto profesional se basa en la vocación de servicio, más allá de títulos, y este principio guía tanto su labor académica como su trabajo digital.

Una de sus prioridades es transformar la percepción social sobre el derecho penal, planteando que este campo, al igual que la medicina, implica la posibilidad real de modificar vidas. Así, busca que la profesión esté en sintonía con quienes tradicionalmente han sido excluidos o intimidados por los tecnicismos legales.

El impacto social de un nuevo modelo de comunicación legal

“Vamos pa eso” representa un cambio en la relación entre la sociedad colombiana y el derecho. Su labor de orientación a víctimas, la consulta diaria en redes sociales y la promoción de espacios de diálogo han permitido que las personas se empoderen y defiendan sus derechos lejos del temor o la distancia cultural que suele rodear a los temas legales.

Castro mantiene un contacto directo con la audiencia, atendiendo diariamente mensajes de quienes buscan asesoría y acompañando a quienes enfrentan escenarios de vulnerabilidad. Enfatiza la importancia de romper el monopolio del lenguaje técnico y promover una visión ética del derecho, entendiendo que el derecho penal no es la única respuesta ante los conflictos sociales, sino una de múltiples herramientas para generar transformación.

El proyecto, reconocido por su humanización del derecho y la orientación hacia problemas reales, evita fórmulas mediáticas distantes de la realidad de la audiencia. La motivación de Castro se centra en garantizar siempre el respeto por las garantías y la dignidad de las personas.

La coherencia entre el compromiso social y la pasión por la justicia define el recorrido de “Vamos pa eso”, que mantiene como prioridad inspirar a nuevas generaciones para reinventar la comunicación jurídica desde la ética, la autenticidad y el vínculo humano.

La vacancia judicial nacional por Semana Santa 2026 en Colombia comenzará el 28 de marzo y concluirá el 5 de abril.

Así lo confirmó el Consejo Superior de la Judicatura, indicando que se suspenderán los términos procesales y la mayoría de los despacho judiciales cesará actividades, salvo excepciones contempladas por la rama judicial.

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De acuerdo con lo establecido en la circular PCSJC26-11 del 17 de marzo, la Rama Judicial mantendrá la atención de servicios esenciales bajo esquemas de turnos o guardias.

Entre tanto, los juzgados de control de garantías, de ejecución de penas y medidas de seguridad, junto con los centros de servicios judiciales, continuarán funcionando de acuerdo con la asignación determinada para casos urgentes, mientras que el resto de las actividades permanecerán suspendidas.

El receso de Semana Santa implica que los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad laborarán exclusivamente los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, de acuerdo con el cronograma del Consejo Superior de la Judicatura.

Estos despachos, según la circular, no atenderán en Jueves y Viernes Santo ni durante el fin de semana posterior.

Por su parte, los juzgados penales y promiscuos con función de control de garantías, así como los centros de servicios judiciales, estarán operativos durante todo el periodo, garantizando la atención de trámites urgentes e inaplazables relacionados con libertades y otras medidas esenciales

Todas las funciones judiciales ordinarias se reanudarán el lunes 6 de abril, según confirmaron las autoridades judiciales.

La suspensión de términos judiciales implica el cierre administrativo y operativo de la gran mayoría de juzgados y tribunales. Solo quedarán en funcionamiento los designados para servicios esenciales, con el propósito de asegurar el acceso a la justicia en situaciones críticas.

Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura advirtió que, durante este lapso, los canales virtuales permanecerán habilitados para la presentación de acciones constitucionales y solicitudes urgentes, mientras que las sedes físicas estarán cerradas al público.

Bloqueo de cuentas institucionales

El procedimiento para el personal judicial durante este periodo está regulado por la Circular PCSJC26-11, expedida el 17 de marzo.

Cada servidor debió acceder a la plataforma de autogestión e ingresar la solicitud de bloqueo de su cuenta de correo electrónico institucional antes del viernes 27 de marzo a las 5:59 p.m.

Al completar este trámite, el sistema procederá al bloqueo automático de envío y recepción de mensajes desde las 12:00 a.m. del 28 de marzo., manifestando que esto no afecta otros servicios relacionados con la cuenta institucional.

“El bloqueo de las cuentas de correo electrónico institucionales corresponde al periodo de vacancia judicial de Semana Santa, comprendido entre el 28/03/2026 y el 05/04/2026, inclusive. El desbloqueo de las cuentas de correo electrónico institucionales se hará masivamente el día 05/04/2026, a las 23:59”, se lee en el documento.

Si la solicitud de bloqueo es enviada fuera del horario límite, el sistema aplicará el bloqueo en intervalos de cinco horas, con la posibilidad de que algunas cuentas reciban mensajes hasta cuatro horas después de procesado el bloqueo.

Para soporte técnico o solución de dudas, el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) brindará atención a los funcionarios afectados, de acuerdo con ambas fuentes.

Trámites urgentes y canales virtuales habilitados

La mayoría de servicios judiciales permanecerá inactiva de forma presencial durante la vacancia, pero los ciudadanos podrán presentar acciones de tutela y habeas corpus a través de los canales virtuales habilitados.

Estas vías seguirán disponibles en la página oficial de la Rama Judicial y mediante los correos electrónicos asignados para trámites urgentes.

Las sedes físicas no atenderán al público desde Jueves Santo hasta Domingo de Resurrección. La utilización de medios digitales resultará indispensable para garantizar la atención de casos urgentes y la presentación de recursos constitucionales durante el receso judicial anual.

Las autoridades han recomendado a los usuarios estar pendientes de los canales oficiales en los primeros meses de 2026, para conocer cualquier eventual modificación en la prestación de servicios esenciales antes del inicio de la vacancia judicial.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presentó este miércoles una acción de amparo colectiva con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802. Según el escrito, estas disposiciones, que modifican los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, generan un impacto negativo en el ejercicio profesional de la abogacía. El planteo recayó en el Juzgado Contencioso Federal 11, a cargo del juez Diego Cormick.

La presentación, patrocinada por Alejandra García, coordinadora Legal y Técnica del Colegio, reclama en particular la suspensión inmediata de la aplicación de los artículos impugnados a través del dictado de una medida cautelar. Los firmantes sostienen que el nuevo régimen compromete el derecho a trabajar, la igualdad ante la ley y los derechos de propiedad de los abogados y abogadas.

A días de la promulgación de la ley, el excamarista y exministro de Justicia sostuvo que las normas cuestionadas afectan a la profesión. Según Gil Lavedra: “Una norma, la que dispone el pago en cuotas de la indemnización, crea una desigualdad irritante del crédito laboral, que posee carácter alimentario”.

La otra norma, agregó, establece la responsabilidad del profesional por pedir en exceso una indemnización, apreciado esto de forma únicamente objetiva. La presentación se funda en la afectación directa que esas disposiciones producen sobre el ejercicio de la abogacía laboral.

Por su parte, García remarcó que la solicitud no responde a la defensa de un interés sectorial, sino a la garantía de derechos constitucionales fundamentales. “No se trata de la defensa de un interés sectorial, sino de resguardar garantías constitucionales básicas, como el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la efectiva protección de derechos de naturaleza alimentaria”, afirmó.

Las advertencias

Gil Lavedra y García advirtieron que estas disposiciones afectan no solo a los profesionales, sino también al acceso a la justicia de trabajadores y trabajadoras.

La presentación solicitó también el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de las normas impugnadas. El escrito destaca que los abogados laboralistas, debido al principio de gratuidad en el fuero, suelen percibir honorarios sólo al final del proceso, que puede demorar años. Con las nuevas reglas, ese pago podría diferirse en cuotas, agravando la situación económica del ejercicio profesional.

Uno de los párrafos de la acción de amparo señala que la reforma introduce el riesgo de sancionar al abogado solo por las diferencias de criterio entre jueces sobre indemnizaciones, aun cuando la jurisprudencia del fuero reconoce la variación y la necesidad de interpretación.

Detalles de la demanda colectiva

El planteo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal precisa que se trata de una acción colectiva. La entidad advierte que, si se rechaza el amparo, miles de abogados deberían presentar demandas individuales, lo que podría saturar el sistema judicial. Sostiene que el perjuicio ya afecta directamente a todos quienes ejercen la profesión en el fuero laboral.

La demanda cita precedentes como el caso Halabi de la Corte Suprema, que autorizan a las asociaciones profesionales a reclamar en nombre de todos sus integrantes cuando existen derechos homogéneos afectados. El objetivo es que, si el fallo resulta favorable, la invalidez de la norma tenga impacto sobre toda la matrícula de abogados laboralistas.

En el documento, se destaca: “El hecho, en este caso, es la aplicación de la Ley 27.802, que perjudica a todos los abogados del trabajo al imponer una causal objetiva de sanción, ajena a cualquier conducta consciente de error o mala fe”.

El Colegio solicitó al juzgado una medida cautelar para que, mientras se resuelve el amparo, no se apliquen los artículos impugnados de la Ley 27.802. Señaló que la urgencia se debe a los perjuicios ya existentes para el colectivo profesional.

En el escrito se afirma: “Sólo ordenando la suspensión inmediata podrán mantenerse intactos los derechos constitucionales afectados, tutelándose el derecho a trabajar, a una retribución adecuada y a la igualdad ante la ley”.

La entidad ofreció como contracautela la caución juratoria, una declaración formal para comprometerse al resarcimiento de daños en caso de que la medida sea concedida y luego revocada.

Cambios que introduce la reforma

Las reformas cuestionadas comprenden dos aspectos principales:

Responsabilidad solidaria por costas: Si el juez interpreta que el monto reclamado es excesivo, el abogado debe afrontar parte de las costas, incluso si actuó de buena fe. Para el Colegio, esta regla desincentiva el patrocinio de demandas y reduce el derecho a la defensa laboral.

Pago de honorarios y sentencias en cuotas: Hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas. En todos los casos, el pago es diferido, lo que deja a los profesionales laboralistas en situación de desventaja respecto de otros actores judiciales.

En caso de que el fallo de primera instancia resulte desfavorable, el Colegio anticipó que presentará recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando la existencia de un “caso federal” por la eventual lesión de derechos y garantías constitucionales.

La falta de la designación de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela generó que once organizaciones no gubernamentales denunciaran la “ausencia de reglas claras y públicas” sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para los nombramientos de los directores de ambos cuerpos autónomos.

En un comunicado difundido este martes, las ONG reclamaron que el 25 de febrero se constituyó un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado solo por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de otros sectores de la sociedad como exige la Constitución y la ley.

Las organizaciones advirtieron que esta conformación “anula la pluralidad e independencia del proceso” y sugiere que la futura designación de autoridades podría responder a lealtades políticas antes que a méritos profesionales, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Entre las ONG firmantes se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.

Recordaron que el 16 de marzo el Parlamento difundió una lista con más de 130 postulaciones, pero no publicó el reglamento del proceso de selección, el cronograma ni el baremo para evaluar las credenciales de los aspirantes.

Las organizaciones sostienen que la falta de reglas claras y públicas limita la posibilidad de un escrutinio público efectivo y restringe la participación informada de la ciudadanía, debilitando la legitimidad del proceso. Consideran que esto “abre la puerta a decisiones discrecionales en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad”.

Las ONG instaron al Parlamento a garantizar un proceso de designaciones que permita la selección de personas “independientes e idóneas” conforme a la Constitución y a estándares internacionales.

El proceso para designar a un nuevo defensor del pueblo y fiscal general comenzó tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos cercanos al chavismo, el 25 de febrero. Las dimisiones ocurrieron en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, que contempla liberaciones de presos políticos desde 1999, aunque solo abarca 13 hechos ocurridos en 13 años distintos.

Por su parte, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, solicitó días atrás que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a recuperar la credibilidad de ambas instituciones.

La organización abogó por unas elecciones transparentes tras la renuncia de los anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.

Alfredo Romero, director presidente de la organización, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero consideró que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que —según la ONG— se utilizaron como “instrumentos de persecución política”.

“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.

Romero explicó que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.

Himiob señaló que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que representa una oportunidad real de justicia para miles de víctimas. “El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.

(Con información de EFE)

Pioc explicó en declaraciones a Exitosa que la situación es alarmante y que los casos siguen apareciendo con frecuencia en el territorio. “Las violaciones nunca pararon. Al contrario, se fue incrementando. Nosotras como organización seguimos recibiendo a diario los casos de violencia sexual a menores de edad”, señaló. Según indicó, las víctimas incluyen menores muy pequeñas, lo que refleja la gravedad de la crisis.

La lideresa indígena relató que durante las visitas realizadas por las defensoras comunitarias han encontrado niñas desde los tres años afectadas por abusos sexuales. “No solamente violan a niñas, como siempre dije, sino también a niños y adolescentes. Hemos visitado a niñas de tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve años, hasta adolescentes”, afirmó. Estas denuncias han llevado a que mujeres indígenas de Condorcanqui viajen a Lima para visibilizar el problema y reclamar medidas urgentes.

Comunidades Awajún denuncian falta de respuesta del Estado ante abusos

De acuerdo con Rosmery Pioc, uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones Awajún es la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades frente a las denuncias. La dirigente señaló que, pese a que el problema ha sido expuesto en varias oportunidades, el Estado no ha intervenido de forma sostenida en las comunidades.

“Ese interés nunca se dio. Nosotras tenemos que seguir hablando para que nos escuchen”, afirmó durante la entrevista radial. Según explicó, las organizaciones de mujeres indígenas han asumido el rol de documentar los casos a través de una red de defensoras comunitarias que reportan lo ocurrido en diferentes localidades.

Pioc también denunció que estas mujeres enfrentan amenazas por su labor de denuncia. A pesar de ello, continúan informando sobre los abusos y acompañando a las víctimas en sus comunidades. La lideresa indicó que, aunque han recibido apoyo del Centro de Emergencia Mujer en algunos casos, el acompañamiento estatal sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.

Además, advirtió que varias niñas víctimas de violencia sexual presentan graves consecuencias en su salud. Según relató, algunas menores incluso han sido diagnosticadas con VIH, lo que evidencia el impacto profundo que estos delitos están generando en la niñez de la zona.

Temor por reincorporación de docentes acusados de violencia sexual

Otro punto de preocupación para las organizaciones indígenas es la situación de los docentes denunciados por abusos sexuales contra estudiantes. Según Pioc, algunos de estos profesores podrían volver a las aulas a pesar de las acusaciones en su contra, lo que genera temor entre las comunidades.

“Muchos de ellos se van a reincorporar nuevamente en las aulas. Se ha dicho que fueron sancionados, pero están libres. No ha habido ni siquiera docentes capturados o condenados por esos actos”, afirmó la dirigente. La posible presencia de maestros investigados en instituciones educativas es vista por las comunidades como un riesgo para los estudiantes.

Pioc explicó que uno de los factores que dificulta el avance de los procesos judiciales es la falta de acceso a mecanismos adecuados para recoger testimonios de las víctimas. En varios casos, las niñas no pueden acudir a las diligencias en cámaras Gesell debido a las grandes distancias entre comunidades y sedes judiciales.

“Las víctimas a veces no se presentan en las cámaras Gesell por las distancias y por el poco acceso económico que tienen”, señaló. Esta situación, indicó, provoca que algunos casos se debiliten o terminen archivados.

En paralelo, el Ministerio de Educación informó recientemente que, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, se separó a 273 trabajadores del sistema educativo —entre docentes y administrativos— por estar procesados o condenados por delitos graves, principalmente por violación de la libertad sexual. Sin embargo, las organizaciones indígenas advierten que en territorios como Condorcanqui persisten dificultades para aplicar estas medidas con rapidez.

Falta de presupuesto debilita atención a víctimas en Condorcanqui

La falta de recursos en las instituciones de justicia es otro de los problemas señalados por las organizaciones Awajún. Según Pioc, en Condorcanqui se ha reducido el personal de entidades que brindaban atención a víctimas de violencia, lo que agrava aún más el panorama.

La dirigente denunció que más de 36 profesionales de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Centro de Emergencia Mujer habrían sido retirados por falta de presupuesto. “Con la excusa de que no hay recursos económicos, prácticamente nos están dejando sin acceso a la justicia”, afirmó.

Esta situación podría dejar sin atención cientos de casos de violencia sexual registrados en la zona. Pioc alertó que más de 800 denuncias podrían quedar en la impunidad si no se fortalecen las fiscalías especializadas que operan en la provincia.

Aunque la Fiscalía de la Nación anunció que no cerraría estas unidades y que se implementarían mejoras, la lideresa indicó que hasta ahora no se han concretado medidas en el territorio. “Una cosa es hablar desde Lima, desde el escritorio, y otra cosa es llegar al territorio y ver cómo está la situación”, sostuvo.

Ante este escenario, un grupo de mujeres indígenas de las provincias de Condorcanqui y Bagua llegó a Lima para realizar una movilización pacífica y exigir que el Estado garantice protección para los menores de sus comunidades. Según Pioc, el objetivo es visibilizar la problemática y reclamar acciones concretas que frenen la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes del pueblo Awajún.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la reciente captura de dos presuntos agresores sexuales en el cantón Batzbaca, municipio de Nebaj, departamento de Quiché. Los detenidos, identificados como los hermanos Saturnino, de 33 años, y Clemente, de 30 años, fueron aprehendidos por agentes de la comisaría 71 tras ser señalados de tocar partes íntimas de cuatro adolescentes estudiantes de 15 y 16 años.

Según la denuncia presentada por las menores, los individuos aprovecharon la oscuridad para interceptarlas a la salida de clases, profiriendo palabras obscenas y realizando tocamientos no consentidos, lo que llevó a las víctimas a pedir auxilio. Al verse descubiertos, los acusados intentaron huir a bordo de un mototaxi, pero fueron retenidos por la Policía Municipal y entregados a la PNC para su consignación.

Las imágenes difundidas por la PNC muestran a los dos hombres esposados y escoltados por agentes, en un entorno de paredes de concreto y luz artificial.

Este caso no es un hecho aislado. La violencia sexual en Guatemala es un problema estructural que afecta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, especialmente en áreas rurales e indígenas como Quiché. Datos oficiales y de organizaciones internacionales revelan que más de un tercio de las mujeres guatemaltecas ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.

Las cifras son especialmente alarmantes en el caso de menores: entre 2018 y 2024, se registraron 14,696 nacimientos, la gran mayoría resultado de violaciones en niñas de 10 a 14 años. Solo en 2024, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) documentó 1,953 partos en niñas menores de 14 años, mientras que el Observatorio de Derechos Reproductivos reportó 56,568 nacimientos en adolescentes de 10 a 19 años en ese mismo año. Estos datos evidencian la magnitud de la violencia sexual y sus consecuencias en la vida de miles de menores.

El acceso a la justicia para las víctimas sigue siendo limitado. Entre enero de 2018 y octubre de 2023, el Ministerio Público desestimó 6,697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, y solo se dictaron 102 sentencias condenatorias en casos de embarazo por violación en menores de esa edad en el mismo periodo. Las barreras incluyen la estigmatización, la falta de recursos, la lejanía de los servicios especializados y la revictimización durante los procesos judiciales, especialmente en comunidades indígenas donde existen obstáculos adicionales como la discriminación y la falta de intérpretes de lenguas mayas.

Las capturas recientes, como la de los hermanos Saturnino y Clemente en Quiché, muestran la presión social y la coordinación entre autoridades municipales y la PNC para responder a las denuncias. Sin embargo, persisten desafíos estructurales. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado la necesidad de reformas profundas: fortalecer la prevención, mejorar la atención médica y psicosocial a las víctimas, garantizar acceso efectivo a la educación y eliminar la impunidad. Entre sus recomendaciones destaca la urgencia de un sistema unificado de registro y seguimiento de casos, el fortalecimiento de fiscalías especializadas y la capacitación con enfoque de género y niñez en las instituciones responsables.

El caso reciente en Quiché se suma a una larga lista de denuncias que ponen a prueba la capacidad del Estado guatemalteco para garantizar justicia y protección a las víctimas de violencia sexual. La presión social, el acompañamiento de organizaciones y la respuesta articulada entre instituciones han permitido avances puntuales, pero la transformación estructural sigue pendiente. Sin acciones integrales y sostenidas, miles de niñas y adolescentes continuarán enfrentando riesgos graves para su salud, integridad y proyectos de vida, en un contexto donde el silencio, la impunidad y el miedo siguen marcando el día a día de las víctimas.

República Dominicana amplía el acceso a la justicia para víctimas de delitos con la incorporación de más de 100 abogados al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) y la apertura de 37 nuevas oficinas en todo el país, una estrategia que, según autoridades, busca garantizar representación legal gratuita, especializada y oportuna para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y han sido afectados por hechos delictivos.

El anuncio fue realizado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien afirmó que esta política nacional responde a la necesidad de construir “un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, de acuerdo con lo informado por la Procuraduría General de la República.

La expansión de Relevic supone la habilitación de 37 oficinas adicionales, 6 coordinaciones regionales y la suma de 146 abogados en total al servicio a nivel nacional, según los datos expuestos durante el acto de inauguración.

Esta decisión, enfatizó Reynoso, constituye “una realidad poderosa y tangible que se traduce en 37 oficinas, 6 coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, listos para defender a quienes más lo necesitan”.

Durante la ceremonia, la directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, ofreció las palabras de bienvenida. Luego, la abogada de la institución Carolina Cordero explicó el alcance del nuevo servicio, dirigido a asegurar asistencia legal gratuita a toda persona víctima de delito, especialmente aquellas en contextos de desprotección económica.

Las autoridades destacaron la presencia de representantes de distintas instituciones gubernamentales y valoraron el acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en la formación y la asistencia técnica de los abogados incorporados.

La Procuraduría reconoce una deuda histórica en la protección de víctimas

La procuradora general Reynoso subrayó que esta expansión de Relevic salda una deuda histórica del sistema penal dominicano con las víctimas y testigos.

“Desde el primer día, hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, manifestó Reynoso. Agregó que la Constitución obliga a tutelar los derechos fundamentales y otorga un mandato inequívoco de proteger a quienes han sido sujetos de delitos.

Al dirigirse a los nuevos defensores públicos, Reynoso los exhortó a ejercer con dignidad, calidad y empatía. Expresó que el proceso de selección de estos profesionales se realizó bajo un criterio riguroso mediante un concurso público, seguido de una formación integral.

La funcionaria relató que la etapa logística para abrir las oficinas se enfrentó a enormes desafíos: “Una tarea verdaderamente titánica: identificar el espacio idóneo en cada distrito judicial del país, equipar dignamente cada oficina, reajustar salarios y establecer una línea gráfica identificadora”, explicó.

La procuradora destacó la colaboración de la Dirección de Relevic y el respaldo de la Aecid, remarcando que “su apoyo en la formación y asistencia técnica ha sido clave” para el éxito de la iniciativa. “Ese sueño de dos décadas, ese proyecto que nos decían que era imposible, es hoy una realidad”, puntualizó.

Relevic: cobertura nacional y servicios legales gratuitos

El Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) está concebido como un mecanismo de acceso gratuito a la justicia penal dominicana. Su objetivo es atender, asesorar y representar en etapas procesales a víctimas de delitos, garantizando respaldo especializado a quienes, de otro modo, enfrentarían el proceso penal en desventaja.

El servicio abarca, según detalló la Procuraduría, desde la orientación jurídica integral, la representación en todas las etapas del proceso penal, la interposición de querellas y la constitución como actor civil, hasta la tramitación de solicitudes de medidas de coerción, recursos de apelación, reclamación de indemnizaciones, gestión de medidas de protección y acompañamiento a audiencias. Relevic también coordina el acceso a servicios psicológicos y sociales para las víctimas, asegurando una atención interdisciplinaria.

Con la ampliación, se garantiza que en cada distrito judicial haya, al menos, una oficina de Relevic y un equipo de abogados preparados para actuar donde sea necesario. “Ya las víctimas no enfrentarán la maquinaria del proceso penal en desventaja. Hoy les decimos que su voz es nuestra voz. Donde haya una víctima buscando refugio, allí habrá siempre un abogado representante dispuesto a demostrar que la justicia no es un privilegio de pocos, sino el derecho inalienable de todos”, sostuvo Reynoso.

Con la suma de nuevos abogados y la extensión territorial, la Procuraduría General de la República aspira a transformar el acceso a la justicia para miles de personas afectadas por delitos a lo largo y ancho de la República Dominicana, fortaleciendo la defensa de sus derechos fundamentales en el proceso penal.

El respaldo de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) Mujeres está impulsando una transformación relevante en el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual en El Salvador mediante la entrega de nuevos protocolos y manuales diseñados para fortalecer tanto la investigación como la persecución penal de estos delitos.

El avance institucional, presentado en el contexto del 8 de marzo, coincide con el lema internacional “Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas”, que tiene como prioridad la reducción de la revictimización y la estandarización de las respuestas judiciales en dichos casos.

El manual técnico elaborado con la asistencia de ONU Mujeres, fue presentado por las autoridades a través de un evento en el cual se detallo como se tomarán criterios jurídicos especializados que, según la organización, facilitan la estructuración de los argumentos en juicio y refuerzan la fundamentación de la pena durante el litigio.

La revisión y desarrollo de estos instrumentos incluyeron análisis normativo, revisión de jurisprudencia y consulta directa con personal fiscal vinculado al sistema judicial.

La implementación de protocolos orientados a la práctica fiscal permite una mejora perceptible en la calidad de la prueba y en la consistencia de las acusaciones presentadas ante tribunales. El enfoque central ha sido que los lineamientos técnicos no solo orienten la investigación inicial, sino que acompañen todas las etapas procesales, asegurando que las respuestas institucionales tengan un fundamento jurídico claro y una coordinación efectiva entre los distintos actores del sistema.

A través de la asistencia técnica, ONU Mujeres ha trabajado de manera coordinada con el Ministerio Público y otras entidades estatales para dotar a los equipos fiscales de estándares y herramientas prácticas. Según la organización, el proceso de fortalecimiento se apoya en criterios comunes que buscan elevar la calidad técnica de las diligencias y consolidar la construcción de los casos.

Las herramientas establecen rutas claras para la actuación institucional frente a delitos de violencia sexual. Esto favorece la estandarización de la investigación y previene que las víctimas sean sometidas a procesos secundarios de revictimización a lo largo del proceso judicial.

La intervención de ONU Mujeres ocurre en un escenario donde los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas presentan alta prevalencia. La organización y las autoridades consideran que el fortalecimiento de estas herramientas representa “una mejora en las condiciones institucionales para responder a uno de los tipos de violencia con mayor prevalencia y gravedad contra las mujeres y las niñas”.

El proceso de elaboración incluyó consultas con equipos fiscales y otros actores operativos del sistema de justicia, permitiendo así una adecuación de los contenidos a las condiciones reales de los territorios y a los desafíos concretos que enfrentan los investigadores y litigantes.

Bajo este enfoque, se integraron buenas prácticas y experiencias recogidas de otros contextos, adaptadas a los marcos normativos vigentes en El Salvador.

El manual jurídico entrega una base más sólida para quienes investigan y litigan delitos de violencia sexual en el país, según responsables del proceso.

Cooperación técnica y proyección de impacto

El papel de la cooperación internacional, encabezado por ONU Mujeres, se refleja en la creación de capacidades sostenibles y la transformación de prácticas institucionales orientadas a los derechos humanos.

La iniciativa se articuló de manera transversal con entidades estatales, priorizando la combinación de conocimiento técnico, criterios de derechos y articulación entre organismos.

Este resultado, asociado a la conmemoración del 8 de marzo, marca un punto de inflexión en la respuesta pública ante la violencia sexual y refuerza la acción estatal en la garantía efectiva de derechos para mujeres y niñas en El Salvador.

La articulación interinstitucional, tanto en el diseño como en la aplicación de los nuevos instrumentos, deja una estructura más robusta para el abordaje de los delitos de violencia sexual, con énfasis en el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas.

Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia presentaron este miércoles en la Asamblea Legislativa de El Salvador una iniciativa de Ley para otorgar un marco legal al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ).

El SNFJ, que funciona desde 2013, cuenta con el respaldo de más de 700 facilitadores judiciales voluntarios y opera en más de 91 Juzgados de Paz en todo el país, exactamente, operan 723 en El Salvador. Su misión es fortalecer la confianza ciudadana y fomentar la convivencia pacífica mediante la resolución alterna de conflictos y el acompañamiento a la comunidad, acorde a lo expuesto por los magistrados.

La propuesta legislativa busca consolidar al SNFJ como un mecanismo estable de acceso a la justicia, definiendo las funciones y límites de los facilitadores judiciales, así como su estructura organizativa y derechos. El objetivo es “garantizar un acceso a la justicia más humano y cercano a la población”.

El anteproyecto fue elaborado con el apoyo técnico de la Misión Internacional de Justicia (IJM) y la participación de funcionarios, actores locales y líderes comunales. En el proceso se realizaron reuniones técnicas y jornadas de validación para incorporar aportes estratégicos que respalden el reconocimiento legal del servicio. La medida no ha sido admitida aún en el pleno, pero se espera que se haga en la sesión plenaria de la próxima semana.

Sobre el programa

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha consolidado como un modelo regional de acceso a la justicia, con presencia en nueve servicios y dos programas institucionales dentro de los poderes judiciales de once países, y ha pasado de una propuesta patrocinada por la OEA a una herramienta adoptada y fortalecida por las propias estructuras estatales. Con más de veinte años de funcionamiento, la iniciativa se erige como un referente para la resolución de conflictos comunitarios y la inclusión de grupos vulnerables en América Latina y el Caribe.

El programa también respalda el fortalecimiento de acciones como el Programa Nacional de Justicia en Equidad de Colombia y el Programa de Orientadoras Judiciales en Perú, ampliando así su impacto y su alcance, al integrar servicios que, aunque varían en nombre, comparten objetivos y metodologías equiparables a los Servicios de Facilitadores Judiciales.

El PIFJ/OEA, según detalla el portal de Facilitadores Judiciales de la OEA, coordina la asistencia técnica necesaria para la creación y consolidación de los Servicios de Facilitadores Judiciales (SFJ) o programas análogos en distintos niveles territoriales: nacional, provincial, municipal o comunal.

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales consiste en una red de personas acreditadas que colaboran con la administración de justicia, brindando apoyo en la difusión jurídica y la prevención de conflictos dentro de comunidades específicas. Estos facilitadores son seleccionados por sus comunidades y actúan como enlace directo con el poder judicial, garantizando el derecho de acceso a la justicia y promoviendo la resolución de disputas mediante métodos pacíficos.

Los facilitadores lideran iniciativas para propiciar ambientes de paz, cohesión social y respeto a los derechos fundamentales, y su trabajo fortalece la unidad social, cultural, económica y familiar de las comunidades a las que sirven.

Además del SFJ, el PIFJ reconoce y apoya iniciativas equiparables a su estructura, como el Programa Nacional de Justicia en Equidad en Colombia y el Programa de Orientadoras Judiciales en Perú.

El papel del Conciliador en Equidad en Colombia corresponde a una persona postulada por organizaciones civiles o comunitarias, quien tras cumplir los requisitos legales es validada por el Ministerio de Justicia y designada por las autoridades judiciales locales. Su función es motivar a las partes a que, de manera autónoma y basada en principios de igualdad y justicia natural, encuentren soluciones comunes a sus conflictos, manteniendo una postura imparcial y ajena a la decisión final.

Por su parte, la Orientadora Judicial en Perú tiene el rol de actuar como agente comunitario para superar las barreras de acceso a la justicia de personas vulnerables, colaborando en la protección y ejercicio efectivo de sus derechos ante el sistema judicial.

Ejes de acción y estructura institucional

La labor del PIFJ/OEA se organiza en torno a cuatro grandes ejes: la implementación e institucionalización de servicios de facilitadores y proyectos análogos; el fortalecimiento de las capacidades de facilitadores, conciliadores y orientadoras; la optimización de su funcionamiento; y la difusión de contenidos y actividades vinculadas a la resolución alternativa de conflictos judiciales.

El programa opera bajo la Secretaría General de la OEA, específicamente en la órbita de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de un sargento del Ejército Nacional y de su núcleo familiar, quienes promovieron una acción de reparación directa luego de que el uniformado perdiera ambas piernas tras activar una mina antipersonal durante una operación militar realizada en el municipio de Chaparral, Tolima. La decisión fue adoptada por la Sala Tercera de Revisión mediante la Sentencia T-459 de 2025.

El caso se originó a partir de los hechos ocurridos en julio de 2015, cuando el sargento del Ejército sufrió la amputación traumática de sus dos extremidades inferiores y otras lesiones graves al pisar un artefacto explosivo en el marco de una operación militar. Posteriormente, el militar y sus familiares interpusieron una demanda de reparación directa contra el Estado por los daños ocasionados.

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En el trámite inicial del proceso, el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué declaró probada la caducidad de la acción, al considerar que el demandante conocía la magnitud del daño y la eventual responsabilidad estatal desde el mismo momento en que ocurrió la explosión, por lo que la demanda habría sido presentada por fuera del término legal establecido. Esta decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Frente a este escenario, el sargento y su familia promovieron una acción de tutela al estimar que las providencias judiciales vulneraron sus derechos fundamentales. En su argumentación, sostuvieron que “el término de caducidad debía contarse desde la epicrisis médica del 6 de agosto de 2015, fecha en la que se tuvo conocimiento cierto de la magnitud y permanencia del daño”, y no desde el día del accidente. Además, alegaron que el uso de minas antipersona constituye un crimen de guerra, por lo cual invocaron el carácter imprescriptible de las acciones de reparación.

Análisis de la Corte Constitucional

Al revisar las sentencias de tutela de instancia que habían negado el amparo solicitado, la Sala Tercera de Revisión, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Jorge Enrique Ibáñez Najar y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, que la preside, examinó si las decisiones judiciales cuestionadas se ajustaron al precedente constitucional y contencioso administrativo vigente.

La Corte precisó que el Tribunal Administrativo del Tolima partió de una comprensión adecuada del precedente judicial según la cual la caducidad resulta exigible incluso en contextos de graves violaciones a los derechos humanos, siempre que se respete el marco jurisprudencial que modula su aplicación. No obstante, la Sala concluyó que sí se configuraron varios defectos en la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima.

En primer lugar, estableció un desconocimiento del precedente constitucional y contencioso administrativo en relación con el cómputo del término de caducidad, al haberse aplicado de manera estricta desde la fecha de ocurrencia de los hechos, sin valorar el momento en que la víctima adquirió un conocimiento cierto del daño ni las circunstancias objetivas que pudieron impedir el ejercicio oportuno de la acción judicial.

De igual forma, la Corte acreditó la existencia de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Según la sentencia, el tribunal sobrestimó que el sargento hubiera estado consciente tras la explosión, minimizó su estado de salud física y emocional, y no tuvo en cuenta de forma adecuada la hospitalización prolongada y el curso clínico posterior al accidente. Para la Sala, estos elementos demostraban que la aptitud real para presentar la demanda solo se consolidó con el alta médica del 6 de agosto de 2015.

Finalmente, el alto tribunal encontró un defecto sustantivo, al considerar que la decisión cuestionada aplicó de manera literal y aislada las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin atender el precedente que modula la caducidad con el fin de no restringir de forma desproporcionada el acceso a la justicia.

En consecuencia, la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima proferir una nueva decisión en el proceso de reparación directa, en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en la Sentencia T-459 de 2025, en especial aquellas relacionadas con el cómputo del término de caducidad y la valoración integral de las circunstancias objetivas que rodearon la situación del sargento y de su familia.

La providencia reiteró, además, lo establecido en la Sentencia SU-312 de 2020, según la cual “el término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados con delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no debe contarse automáticamente desde la ocurrencia del hecho, sino desde que la víctima tiene conocimiento cierto de la posible participación del Estado y se encuentra en condiciones materiales para ejercer el derecho de acción”.

Un informe basado en una encuesta a abogados que litigan en los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires reveló que más del 75% afirmó haber detectado situaciones de mal desempeño judicial y que el funcionamiento general del sistema recibe una calificación promedio de 5 sobre 10, según un relevamiento difundido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

El trabajo, titulado “El funcionamiento de la Justicia: una mirada desde la abogacía”, recoge percepciones de profesionales del derecho sobre distintos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial y tuvo como propósito “obtener insumos que nutran y complementen los diagnósticos construidos por organizaciones de la sociedad civil y otras entidades, y así aportar evidencia para diseñar propuestas de reforma que fortalezcan nuestros tribunales y potencien el acceso a la justicia”.

La encuesta fue anónima, autoadministrada y voluntaria, y el cuestionario incluyó 47 preguntas organizadas en cinco ejes temáticos: tiempos procesales, desempeño de jueces y juezas, calidad de las sentencias, comunicación con los juzgados y tribunales, y regulación de honorarios profesionales. También incorporó dos preguntas generales sobre satisfacción con el sistema judicial e independencia judicial. El relevamiento fue difundido a través de canales digitales y recibió respuestas entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre de este año. El análisis se realizó sobre la base de 2.118 respuestas válidas.

El dato más crítico del estudio, al que tuvo acceso Infobae, refiere a la detección de situaciones de mal desempeño judicial. Más del 75% de las personas encuestadas afirmó haber observado este tipo de conductas en su experiencia como letrados. Entre quienes reportaron irregularidades, las situaciones más frecuentes fueron las demoras excesivas en la tramitación de causas (77,7%), la falta de aplicación de la ley (38,1%) y la parcialidad en las decisiones (37,9%). El cuestionario permitió marcar más de una opción, por lo que los porcentajes no son excluyentes.

Pese a la magnitud de estas percepciones, las denuncias formales fueron excepcionales. Solo el 3,5% de quienes afirmaron haber detectado casos de mal desempeño dijo haber presentado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Entre quienes optaron por no hacerlo, el 59% indicó su desconfianza en que las denuncias sean investigadas o respondidas adecuadamente.

En cambio, el 44% señaló haber presentado una queja o reclamo dentro del mismo expediente judicial. Además, el 35,5% declaró no haber adoptado ninguna medida, principalmente por considerar que “no conduciría a nada” (48,3%) o por temor a “sufrir represalias dentro de la misma causa” (23,9%).

En cuanto a la evaluación general del sistema, la mayoría de los encuestados evitó posiciones extremas. Al calificar su nivel de satisfacción en una escala del 0 al 10 -donde 0 equivale a “muy insatisfecho” y 10 a “muy satisfecho”-, el promedio y la mediana se ubicaron en 5, lo que, según el informe, “deja un amplio margen de mejora”. Las valoraciones variaron según el modo de ejercicio profesional: los abogados del Estado mostraron evaluaciones relativamente más favorables, mientras que quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil exhibieron una mirada más crítica.

Las percepciones sobre la independencia judicial también reflejaron moderación, aunque con una inclinación a la desconfianza. Ante la pregunta sobre el nivel de independencia esquema judicial, medido en una escala de 0 a 10, la mediana fue de 5 y el promedio de 4,6. De acuerdo con el trabajo, “predominaron visiones moderadas, aunque con una tendencia a la desconfianza”.

Otro de los ejes con mayor nivel de críticas fue el de los tiempos procesales. Más del 75% de las personas encuestadas calificó los plazos de tramitación de las causas como “lentos” o “muy lentos”. Entre quienes perciben demoras, el 64,6% las atribuyó a la falta de eficiencia del personal judicial y el 42,9% a deficiencias organizativas dentro de los juzgados.

Solo el 3,7% consideró que la tramitación es “ágil” o “muy ágil”. Dentro de ese grupo, el 67,1% lo atribuyó a una buena organización interna y el 49,4% a la eficiencia del personal.

En ese marco, el documento señala que la percepción de lentitud se incrementa con los años de ejercicio profesional: entre quienes ejercen desde hace menos de cinco años, el 65,7% valoró negativamente los tiempos, mientras que entre quienes tienen más de 20 años de experiencia esa proporción ascendió al 80%.

Por fuero, las valoraciones más agudas se concentraron en el Laboral, el de la Seguridad Social y el Civil y Comercial Federal, donde el 89,5%, el 84,4% y el 82,3% de los consultados, respectivamente, calificaron los plazos como lentos o muy lentos.

Las demoras también fueron señaladas en relación con las medidas cautelares. El 58,6% de quienes solicitaron este tipo de resoluciones consideró que los plazos de decisión son excesivos, frente a un 41,4% que los evaluó como apropiados. Esta evaluación fue particularmente marcada en los fueros Penal Económico, de la Seguridad Social y Laboral nacional, donde el 100%, el 63,6% y el 63,5% de los abogados que litigan en esos ámbitos, respectivamente, señalaron demoras excesivas.

En contraste con las críticas a los tiempos y al desempeño, la medición sobre la calidad de las sentencias fue más moderada. El 45,8% calificó la calidad de los fallos como regular, mientras que cerca del 40% eligió opciones favorables (“buena” o “muy buena”). Algo más del 15% expresó una valoración negativa.

El estudio, por lo demás, también reflejó un extendido descontento respecto de la regulación de honorarios profesionales, ya que más del 40% de los letrados estimó que los montos se fijan por debajo de los parámetros legales en todos los fueros. Los socios de estudios jurídicos (48,2%), los abogados independientes (47,6%) y los representantes de organizaciones de la sociedad civil (46,2%) concentraron las mayores coincidencias con esta afirmación.

Con todo, ACIJ y el CPACF advirtieron que el relevamiento presenta "limitaciones metodológicas" y que sus resultados “no son representativos del universo total de profesionales que litigan ante la Justicia nacional y federal con asiento en CABA”, al tratarse de una encuesta voluntaria difundida por medios digitales.

Pese a ello, destacaron que “esta primera aproximación a las perspectivas de abogados y abogadas es imprescindible para agudizar y fortalecer las propuestas de reforma que desde ACIJ y el CPACF hacemos como parte de nuestro trabajo diario en pos de una Justicia de calidad”.

La mirada de las entidades que impulsaron el relevamiento

Al presentar los resultados del relevamiento, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que del estudio “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios, aspecto por el que el Colegio Público reclama insistentemente”.

Además, subrayó que “la justicia es muy importante en una democracia constitucional, los poderes políticos tienen que entenderlo, y trabajar junto a jueces, juezas, abogados y abogadas en el fortalecimiento de su adecuado funcionamiento”.

En relación con uno de los principales focos de críticas que se exhibe en el documento, vinculado a los tiempos procesales, Gil Lavedra consideró que “hay soluciones técnicas para eso, sin perjuicio de la increíble omisión del Ejecutivo respecto del 40 por ciento de las vacantes, que impide que el sistema funcione”.

Finalmente, Gil Lavedra señaló que “hay que mejorar también la opinión sobre la calidad de las resoluciones judiciales” y concluyó que, “con las limitaciones de todo relevamiento de opinión, la consulta a la abogacía sobre el funcionamiento de la justicia que hicimos con ACIJ revela que tenemos que seguir trabajando muy fuerte para fortalecerla”.

Por su parte, la codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Celeste Fernández, expresó que “la voz de abogadas y abogados es clave para repensar nuestro sistema de justicia: sus fortalezas, sus debilidades, sus desafíos y las áreas de mejora que deben considerarse prioritarias”, y remarcó que “el Poder Judicial solo podrá cumplir su misión si se dispone a escucharlas”.

La ONG Acceso a la Justicia alertó este jueves sobre nuevos retrasos y un “punto de inflexión” en la causa sobre Venezuela que tramita la Corte Penal Internacional (CPI). Esto ocurre luego de que el tribunal solicitara a su fiscal, Karim Khan, apartarse por tres semanas de la investigación, debido a dudas razonables sobre su imparcialidad.

“Lo más preocupante es que pueda haber más retrasos en un caso que ya ha avanzado muy lentamente para las víctimas”, señaló la organización en un comunicado.

Acceso a la Justicia destacó que durante 2024 se conoció que la cuñada de Khan, la abogada Venkateswari Alagendra, fue contratada para integrar el equipo legal del régimen de Nicolás Maduro.

Aunque esta relación era conocida, la ONG señaló que “el hecho de que un familiar tan cercano trabajara para el Gobierno investigado generó una evidente apariencia de conflicto y dudas sobre la objetividad del fiscal”.

Recientemente, la Sala de Apelaciones de la CPI determinó que Khan mantiene una “relación familiar, profesional y jerárquica” con Alagendra, lo que compromete, al menos en apariencia, su imparcialidad.

El conflicto estalló tras la presencia de Alagendra en una audiencia en noviembre de 2023. La Fundación Arcadia y el abogado venezolano Robert Carmona-Borjas solicitaron la “recusación” del fiscal por “conflicto de intereses” debido a la relación “familiar, profesional y jerárquica” entre Khan y Alagendra.

Los denunciantes añadieron que la abogada no solo es familiar directa, sino que ambos trabajaron juntos en casos de alto perfil, como la defensa de William Ruto, actual presidente de Kenia, y de Saif al Islam Gadafi, investigado por crímenes en Libia.

Los jueces concluyeron que la combinación de vínculos personales y profesionales entre Khan y Alagendra “sí podría generar una percepción razonable de parcialidad”, lo cual vulnera los principios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que prohíbe la participación del fiscal en situaciones donde su objetividad pueda ser cuestionada.

La CPI inició la investigación sobre Venezuela en 2018 tras una remisión de varios países. La dictadura de Maduro intentó frenar el proceso alegando que su sistema judicial realizaba investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de la causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.

Si Khan no se excusa voluntariamente en el plazo otorgado, los jueces podrían avanzar con su recusación formal, lo que podría desatar una crisis interna en la oficina del Fiscal de la CPI, que ya enfrenta presiones tras emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusado, por entre otros cargos, del uso del hambre como arma de guerra en Gaza, y contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos.

Por otra parte, el departamento de asuntos internos de la ONU investiga acusaciones de acoso sexual contra Khan, lo que lo llevó a apartarse temporalmente del cargo en mayo debido a la tensión generada en la CPI. Desde entonces, los fiscales adjuntos están a cargo de la oficina y Khan no ha hecho apariciones públicas.

(Con información de EFE)

Una nueva herramienta busca transformar el acceso a la justicia en Bogotá: la Secretaría Distrital de Seguridad, la Fundación ProBono y la Andi han lanzado una cartilla digital que orienta a la ciudadanía, especialmente a comunidades vulnerables, sobre cómo denunciar delitos y hacer seguimiento a sus casos.

La iniciativa responde a la necesidad de facilitar la denuncia ciudadana y garantizar que quienes no cuentan con recursos económicos para contratar asesoría jurídica puedan acceder a información clara y detallada para presentar denuncias, querellas o cualquier noticia criminal que permita abrir un proceso e iniciar la investigación de hechos delictivos.

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El lanzamiento de la guía práctica se alinea dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, una estrategia que busca materializar resultados concretos en materia de seguridad, convivencia y justicia en la capital colombiana. Uno de los objetivos trazados en el plan es aumentar al 59% el porcentaje de personas víctimas de delitos que presentan denuncias en la ciudad, una meta ambiciosa que refleja la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y el sistema penal.

La cartilla, disponible en formato digital en el portal web de la Secretaría de Seguridad, www.scj.gov.co, constituye una herramienta de acceso público diseñada para orientar a la ciudadanía en cada etapa del proceso de denuncia.

El documento explica de manera sencilla qué es una denuncia, en qué casos corresponde presentar una querella, los plazos legales para cada procedimiento y los datos que deben consignarse al reportar un hecho delictivo. Entre estos datos se encuentran la identificación precisa del lugar donde ocurrió el incidente, la dirección o un punto de referencia, y, si se conoce, el nombre y datos de ubicación de la persona presuntamente responsable.

La guía también detalla los diferentes canales disponibles para interponer denuncias, tanto de manera presencial como virtual. En el ámbito presencial, los ciudadanos pueden acudir a las Casas de Justicia de la Secretaría de Seguridad, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y otros centros habilitados por la Fiscalía General de la Nación.

Para quienes prefieren la vía digital, la denuncia puede radicarse a través de la página web de la Fiscalía General de la Nación, www.fiscalía.gov.co, utilizando el enlace ‘presentar denuncia fiscal’. Además, la cartilla aclara que es posible presentar la denuncia de forma anónima si el denunciante considera que revelar su identidad podría poner en riesgo su integridad o la de su familia.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó el contexto que motivó la creación de esta cartilla: “Viendo las encuestas de percepción y victimización, encontramos que durante los últimos años se había deteriorado la confianza del ciudadano demostrado en las cifras de denuncia. Por esta razón, la propuesta de la Fundación ProBono, la Andi Bogotá Cundinamarca y los intereses del gobierno distrital se juntaron para dar nacimiento a esta cartilla que revitaliza el conocimiento de los ciudadanos alrededor de cómo se pone una denuncia, qué significa y la importancia que esto representa para conocer los fenómenos delictivos, violentos y antisociales, para enfrentar de manera sostenida y valerosa al crimen y desarticularlo”.

La cartilla no solo explica los procedimientos, también ofrece recomendaciones prácticas para documentar adecuadamente los hechos y hacer seguimiento al caso una vez presentada la denuncia. Se aconseja a los ciudadanos anotar todos los detalles del incidente, incluyendo la fecha, la hora, el modo, el lugar y las circunstancias específicas.

La narración de los hechos debe realizarse en orden cronológico, comenzando por el suceso más antiguo y avanzando hasta el más reciente. Asimismo, se recomienda identificar a posibles testigos y obtener sus datos de contacto, así como tomar fotografías o videos del incidente y de cualquier lesión o daño causado, para entregarlos posteriormente al fiscal encargado.

En situaciones donde la víctima ha sufrido lesiones, la cartilla sugiere buscar atención médica oficial de inmediato, preferiblemente en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta recomendación busca asegurar que las pruebas médicas sean válidas y útiles dentro del proceso penal.

El documento también incluye una descripción de los delitos más comunes en Bogotá, como lesiones personales, hurto, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Para cada uno de estos delitos, la cartilla ofrece una caracterización sencilla que permite a las personas identificar si han sido víctimas y comprender mejor el tipo de conducta que deben denunciar.

Para facilitar la redacción de denuncias, la guía incorpora modelos que pueden adaptarse según las características de cada caso. Estos formatos ayudan a garantizar que la información presentada sea completa y clara, lo que contribuye a una mejor gestión de los casos por parte de las autoridades.

Un aspecto central de la cartilla es la información sobre los derechos fundamentales de las víctimas en el proceso penal. Se destaca que las víctimas tienen derecho a participar activamente en todas las fases del proceso penal, a obtener información sobre el estado del proceso y a aportar pruebas para apoyar la investigación de la Fiscalía. En determinadas etapas, la víctima, a través de su abogado, puede pronunciarse en el proceso; cuando esto no sea posible, la Fiscalía tiene el deber de actuar en favor de los intereses de la víctima.

Entre los derechos cruciales se encuentran el derecho a ser escuchadas, a que se les facilite el aporte de pruebas, a recibir un trato humano y digno, y a que sus intereses sean considerados al tomar decisiones en el proceso. Además, las víctimas deben ser informadas oportunamente sobre las decisiones que se adopten en su caso.

Para quienes requieren acompañamiento adicional, la Secretaría de Seguridad dispone del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia, que apoya a las víctimas durante todo el proceso de denuncia. Ese equipo puede trasladarse hasta el lugar donde se encuentra la víctima, brindarle atención y orientación personal en tiempo real, y acompañarla en cada etapa del procedimiento. Cualquier persona que necesite este apoyo puede comunicarse a la línea (601) 3779595, ext. 1137, o a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad.

La ONG venezolana Acceso a la Justicia aseguró este jueves que para las elecciones municipales, previstas para el próximo 27 de julio, se “agravan” prácticas que “contravienen principios básicos del ordenamiento jurídico electoral” del país.

La organización indicó, a través de una nota de prensa, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- “vuelve a reeditar” los patrones de “falta de transparencia y restricciones de las elecciones pasadas del 25 de mayo”.

“Así, los nuevos comicios se anuncian sin información suficiente y clara sobre los candidatos, se reducen notablemente los tiempos de campaña, el registro electoral se cierra sin previo aviso y se excluyen líderes opositores, entre otros, mediante inhabilitaciones de la CGR (Contraloría General de la República), ratificadas por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia)”, añadió.

Esta situación, a juicio de esta ONG, limita “gravemente” el derecho a elegir y ser elegidos de los venezolanos, “y afecta su confianza en el sistema electoral, lo que puede reducir las posibilidades de participación de la ciudadanía”.

La ONG indicó que el CNE “adelantó los comicios” municipales “sin explicación ni justificación institucional” cuando los actuales funcionarios tienen “mandato hasta noviembre de 2025”.

“La convocatoria fue realizada con solo 53 días de antelación, en abierta violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que exige al menos seis meses de preparación”, agregó.

Asimismo, dijo que el mismo día que se anunció el proceso, el pasado 4 de junio, el CNE cerró el registro electoral, lo que “ha impedido a nuevos votantes inscribirse o a ciudadanos actualizar sus datos”.

“Esta decisión restringe el derecho al sufragio, en especial de jóvenes y migrantes retornados, y mina la confianza en la equidad del proceso”, sostuvo.

Acceso a la Justicia también denunció que la información oficial sobre el cronograma electoral ha sido difundida de “forma irregular” a través de redes sociales y canales no oficiales, en la que prevé una “campaña electoral de 14 días, tiempo insuficiente para que los candidatos se den a conocer o para que el CNE promueva la información necesaria a fin de que haya una participación efectiva”.

Igualmente, criticó las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General a alcaldes de los estados Trujillo, Nueva Esparta y Táchira, “quienes estarían impedidos de aspirar a la reelección”.

Este jueves, el partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) denunció que no podrá participar en los comicios municipales, al asegurar que le fue “impedida” su postulación, tal y como, según afirma, sucedió en las regionales y legislativas de mayo pasado.

Para el secretario general del MPV, Simón Calzadilla, con esta supuesta decisión el régimen “perdió la oportunidad” que -considera- representaban estos procesos electorales para generar “escenarios” que promovieran una “salida inteligente, negociada y pacífica” a la crisis venezolana.

(Con información de EFE)

Con más de 45 años de experiencia en mediación y solución pacífica de controversias, Escudero afirma en una entrevista con EFE que, de llegar al máximo tribunal del país, buscará acercar la justicia a los ciudadanos promoviendo un cambio profundo en el enfoque judicial,

La candidata, número 07 en la boleta morada de las próximas elecciones judiciales del 1 de junio, enfatiza la importancia de una justicia más humana y cercana, basada en la cultura de la paz y el respeto a los derechos de todas las personas.

"Mi interés personal es servir a mi país y que mi experiencia y mi formación profesional sirva desde la Suprema Corte”, señala al asumir como sus dos principales directrices el acceso a la justicia y la cultura de la paz.

Para ella, esta visión no solo implica resolver conflictos, sino también atender sus causas profundas y reparar los daños para lograr una justicia más completa y efectiva.

Escudero, especialista en medios alternativos de solución de conflictos, considera que la justicia restaurativa es esencial para transformar el sistema judicial mexicano.

Este enfoque se centra en reparar los daños causados por los conflictos, atender las causas subyacentes y promover la reintegración social, en lugar de centrarse únicamente en el castigo de una sentencia.

"La justicia restaurativa tiene que ver con resolver los conflictos, por supuesto, pero también tiene que ver con atender causas y reparar daños para que de una manera más humana, más cercana, en contacto directo con las personas se pueda lograr la justicia que este país necesita”, detalla.

Para Escudero, este enfoque es crucial en un país donde la desigualdad y la falta de acceso a la justicia son problemas persistentes.

Ella propone que, desde la Corte, se impulse una cultura que valore las diferencias y promueva el diálogo como herramienta fundamental para resolver disputas.

 Fortalecimiento de medios alternativos

Como mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Escudero ha dedicado gran parte de su carrera a promover la resolución pacífica de conflictos.

En este contexto, aboga por fortalecer los medios alternativos, como la mediación, conciliación y arbitraje, para que se conviertan en mecanismos más efectivos y accesibles para todos.

Destaca que estos métodos son esenciales para descongestionar el sistema judicial y acercar la justicia a quienes no pueden costear procesos largos y complejos.

 Transparencia y cultura de paz

Escudero también busca llevar a la Suprema Corte una perspectiva de cultura de paz, transparencia y cercanía con los ciudadanos.

Según ella, el sistema judicial actual es percibido como distante y formal, lo que genera una brecha entre los tribunales y la sociedad.

"La justicia no son expedientes, no son libros e instituciones. Las instituciones deben de estar al servicio de las personas”, comenta.

Para lograr esto, propone impulsar un cambio de paradigma dentro de la Corte, promoviendo el diálogo, la reflexión y una mayor transparencia en los procesos judiciales.

Esto, asegura, contribuirá a restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales del país.

Escudero reconoce que el cambio en el sistema judicial no será fácil, pero sostiene que es posible si se impulsa desde las bases ahora que se renueva casi por completo el sistema judicial mexicano.

Dice que su perspectiva está basada en una visión “sistémica” propia de su formación, y asegura que “el cambio se logra desde uno mismo”, y que esta acción sirva para impactar en todo el nuevo ecosistema que se integrará como resultado de las inéditas elecciones del Poder Judicial en México.

“Esto implica la responsabilidad, el compromiso de las personas juzgadoras que lleguemos a ocupar estos puestos. Eso será un punto de inicio", concluye. EFE

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Durante la penúltima jornada de campaña, que comenzó el 29 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció en dos actos lo que denominó una "sana competencia", cuyo premio será entregar recursos para proyectos en los 10 sectores con más votos de cada estado, una promesa que, según el gobernante, se cumplirá a partir del lunes, cuando activará una corporación encargada de la ejecución de obras y del mantenimiento de espacios públicos.

"Aparté los recursos para que la corporación (...) vaya a financiar y a hacer una obra seleccionada por ustedes nueva, especial y extraordinaria, que se la ganarán los 10 circuitos comunales que tengan más votación el próximo domingo", dijo el chavista en un acto de campaña del gobernador del estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), Jose Terán, aspirante a la reelección.

Asimismo, aseguró que "nada ni nadie podrá detener el curso de las elecciones", en las que se elegirá un total de 569 cargos: 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales.

Poco antes, la líder opositora María Corina Machado publicó un video en redes sociales en el que reiteró su rechazo a la "farsa" y "trampa" que, a su juicio, representan estas votaciones, al tiempo que llamó a los venezolanos a quedarse en sus casas el domingo.

La exdiputada apuesta por la abstención como protesta ante el "fraude" que, denuncia, hubo en las presidenciales de 2024, cuando Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo.

El opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica su reclamada victoria frente a Maduro, dijo este miércoles a EFE que los comicios de este 25 de mayo tienen "poco de elección y mucho de teatro".

A juicio del diplomático, exiliado en España desde septiembre, "no hay una campaña libre, un proceso transparente y justo como debería ser un proceso electoral" democrático, y la gran mayoría de los venezolanos, agregó, "no está dispuesta a participar".

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) también aseguró este miércoles que estas nuevas votaciones se dan en un contexto "profundamente antidemocrático" por la ausencia, dijo, de garantías electorales, la opacidad institucional y una "escalada represiva sin precedentes en la historia reciente".

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia consideró, en una nota publicada hoy, que este proceso "sigue marcado por graves irregularidades, falta de transparencia y ausencia de garantías mínimas", y señaló como "uno de los principales motivos de preocupación" el hecho de que "no existe un cronograma electoral publicado oficialmente".

Entretanto, el antichavista Stalin González, candidato a diputado, anunció la acreditación del 60 % de los testigos de oposición, e invitó a los venezolanos a participar para "defender el voto".

Además, criticó que el CNE no haya cumplido "con su papel" de desarrollar una campaña informativa sobre los comicios y, en ese sentido, advirtió que, en sus recorridos, encontró ciudadanos que no tenían conocimiento sobre estas votaciones.

Pese a todo, Juan Requesens, candidato opositor a la Gobernación de Miranda (norte), quien considera "desacertado" llamar a la abstención, afirmó hoy que "faltan solo días para asegurar" la victoria.

Estas elecciones contarán con el despliegue nacional de más de 412.000 militares para resguardar las instalaciones y el material de votación, informó el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

El ministro denunció un "plan deliberado" para, según él, arrebatar al país el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que administra Guyana y que Caracas reclama como suyo.

Sin embargo, Maduro subrayó la "inquebrantable" voluntad de su Gobierno de "recuperar completamente" la reclamada zona, para la que Venezuela, pero principalmente el chavismo, insiste en elegir el domingo a un gobernador, así como a diputados nacionales, lo que condena Guyana, que dijo hoy que "ahora ni nunca" entregará ninguna parte del Esequibo. EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales el martes de que podría fallar de forma limitada a favor de una familia que intenta demandar al gobierno federal, luego de que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) irrumpieran por error en su casa en Atlanta en 2017. Aunque los magistrados no parecieron dispuestos a emitir una decisión de amplio alcance sobre la responsabilidad legal del gobierno federal en operativos de seguridad, sí mostraron disposición a permitir que el caso continúe en instancias inferiores.

Durante la audiencia oral del caso, varios jueces de distintas posturas ideológicas cuestionaron la validez de la decisión tomada por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, que en 2022 desestimó la demanda presentada por Trina Martin, la propietaria del domicilio. El caso gira en torno a la posibilidad de responsabilizar en tribunales a agentes federales por actuaciones erróneas que, aunque no intencionales, derivan en consecuencias traumáticas para civiles no implicados en investigaciones criminales.

Según Associated Press, los magistrados de la Corte expresaron dudas sobre el argumento del gobierno federal, que sostiene que no se puede demandar por un “error honesto” y que los tribunales no deberían revisar decisiones operativas tomadas sin violar una política específica.

La redada del FBI en Atlanta ocurrió antes del amanecer y terminó con una disculpa, pero no con consecuencias legales

La demanda fue presentada por Martin después de que su casa fuera objeto de una redada federal al amanecer. Los agentes del FBI derribaron la puerta, apuntaron con armas a Martin y a su entonces pareja, y causaron un episodio de angustia severa a su hijo de siete años, quien estaba presente en el momento del ingreso. Minutos después, los agentes descubrieron que se habían equivocado de dirección.

De acuerdo con la información revelada en el expediente, el líder del operativo admitió posteriormente que la confusión se debió a un error de localización provocado por su dispositivo GPS personal, el cual lo guió a una dirección incorrecta. Tras ofrecer disculpas, el equipo del FBI abandonó la vivienda sin efectuar detenciones ni realizar más acciones en la propiedad.

No obstante, Martin procedió legalmente buscando una reparación ante los daños sufridos, particularmente el trauma psicológico causado a su hijo y la invasión violenta de su domicilio. La demanda fue descartada por el Undécimo Circuito, que argumentó que los agentes actuaron sin malicia y sin contravenir ninguna norma explícita.

Jueces de la Corte expresan escepticismo ante la defensa del “error honesto” como escudo legal absoluto

Durante la sesión del martes, varios jueces mostraron una postura crítica ante la idea de que un error operativo como el que sufrió Martin no pueda ser impugnado legalmente. El juez Neil Gorsuch, de tendencia conservadora, cuestionó la falta de criterios normativos que impidan acciones como irrumpir en una vivienda equivocada. “¿Ninguna política dice ‘No derriben la puerta de la casa equivocada? ¿No traumatizar a sus ocupantes?’”, expresó Gorsuch, de acuerdo con AP.

Estas preguntas reflejaron la preocupación de la Corte ante una posible exoneración automática de responsabilidad en contextos donde los hechos no son producto de mala fe, pero sí causan daños sustanciales. La Corte pareció inclinarse por anular parcialmente la decisión del tribunal inferior y devolver el caso para que continúe el litigio.

Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson también abordó la necesidad de matizar los alcances de la inmunidad que se le otorga a los agentes federales, aunque planteó que en algunos escenarios podría estar justificada cierta protección legal frente a demandas. No obstante, consideró que el caso de Martin podría no estar comprendido dentro de esos márgenes.

Organizaciones de diversos sectores políticos apoyan a la familia en su intento de reabrir la demanda

La causa ha suscitado apoyo de organizaciones de todo el espectro político, que han presentado argumentos ante la Corte solicitando que se anule el fallo del Undécimo Circuito. Estas entidades sostienen que la resolución es contradictoria con la jurisprudencia de otros tribunales federales y que, de mantenerse, establecería un precedente que dificultaría a los ciudadanos buscar justicia frente a abusos cometidos por cuerpos de seguridad federales.

Según AP, estos grupos advierten que el razonamiento empleado por el tribunal de apelaciones implicaría una restricción severa al acceso de las personas a mecanismos legales cuando sufren daños causados por actuaciones federales. También sostienen que permitir este tipo de inmunidad operativa sin revisión judicial podría erosionar la confianza pública en las instituciones de seguridad.

Aunque la Corte Suprema no pareció dispuesta a emitir un fallo general que redefina los alcances de la responsabilidad federal, su disposición a revisar parcialmente el caso abre la puerta a una posible reconsideración de las normas que rigen la rendición de cuentas en operativos fallidos.

Se espera una decisión para finales de junio, con repercusiones sobre futuros casos de responsabilidad federal

El fallo definitivo de la Corte Suprema sobre este caso se espera hacia finales de junio. De resolverse como anticipan los magistrados, la decisión implicaría anular parte del fallo del tribunal de apelaciones y permitir que el caso vuelva a un tribunal inferior para continuar su proceso legal.

Este desarrollo no garantizaría un resultado favorable para Martin, pero sí reactivaría el litigio y establecería que el tipo de error cometido por el FBI no está necesariamente exento de revisión judicial. En términos más amplios, sentaría una base para delimitar bajo qué condiciones los ciudadanos pueden demandar a agentes federales cuando son víctimas de errores operativos.

La decisión será seguida de cerca por organizaciones de derechos civiles, defensores del control policial y juristas, al considerarse un caso clave para definir el equilibrio entre la autoridad federal en materia de seguridad y los derechos de los ciudadanos a una reparación judicial ante abusos o fallos graves.

Caracas, 23 ene (EFE).- La "falta" de personal especializado y la "insuficiente" formación en temas de género son algunos de los problemas identificados por la ONG Acceso a la Justicia en la atención judicial a las mujeres en Venezuela, según un informe presentado este jueves por la organización no gubernamental.

El documento, elaborado también con aportes de 22 ONG, señala que en el país, con una "cultura impregnada de machismo", la relación de las mujeres con la justicia "está rodeada de un halo de duda sobre su testimonio, motivación o responsabilidad en la violencia".

Ante esta realidad, prosigue, la revictimización "no es una sorpresa o un evento aislado y genera la inhibición de las víctimas de asumir procesos legales que las exponen", factores que, de acuerdo al informe, facilitan "la impunidad de los delitos de violencia de género".

"El cuestionamiento del testimonio de las víctimas y de su merecimiento de protección, justicia y reparación genera en ellas una sensación de desamparo y menosprecio, y los prejuicios de los operadores de justicia influyen en el proceso judicial, inciden en la credibilidad que se atribuye a las víctimas y menoscaba sus derechos a medidas de protección y una sentencia justa", señala.

Además, indica que, al "machismo imperante como problema estructural", se suma "la falta de voluntad política para asumir la transformación social en el país en estos temas".

La activista Estefanía Mendoza, directora de la ONG Mulier, explicó en la presentación del informe, realizada de forma virtual, que "se ha perdido la poca capacitación y sensibilización" en las instituciones a causa de factores como la migración y los "bajos" salarios.

"Tenemos una situación en la que esa inversión, que es casi nula o inexistente, pero la poca que existe, que en muchos casos recae en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones de las Naciones Unidas, pues también se pierde por el fenómeno de la migración y los bajos salarios", sostuvo.

Además de la falta de personal especializado, el informe señala problemas como una "inadecuada" infraestructura, condiciones "precarias" de instalaciones y accesibilidad "limitada" para personas con discapacidad, además de "obstáculos" en la implementación de medidas de protección y "demoras" en la atención de casos.

Por tanto, entre otras recomendaciones, el informe insta a mejorar la infraestructura y dotar a los tribunales de los recursos necesarios, así como implementar programas de formación y sensibilización para el personal judicial en temas de violencia de género.

En noviembre, las autoridades venezolanas informaron de un plan "estratégico" de atención en distintas áreas con el propósito de construir una sociedad "más justa e igualitaria" en favor de las mujeres.

Según datos oficiales, un total de 540 hombres fueron condenados por feminicidios en siete años -hasta octubre pasado-, cuando la Fiscalía registró 1.279 causas relacionadas con este crimen. EFE

Kinsasa, 7 ene (EFE).- Más de 170 reclusos condenados por robo armado en la República Democrática del Congo serán trasladados a una prisión de máxima seguridad, donde cerca de cien serán ejecutados, informó el ministro de Justicia congoleño, Constant Mutamba.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Comunicación y Medios y portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya, que recogen este martes medios locales, Mutamba se mostró firme frente a las críticas de las ONG defensoras de derechos humanos por la decisión del país de ejecutar a los jóvenes reclusos, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 35 años.

Los reclusos, condenados por robo armado y conocidos localmente como 'kulunas' o 'bandidos urbanos', serán ejecutados después de su traslado a la prisión de alta seguridad Angenga, ubicada en la provincia de Équateur, en el noroeste del país, según recogen medios locales.

Asimismo, Mutamba abogó por que la RDC responda a sus propias necesidades de seguridad sin imitar el modelo occidental.

“No debemos sentirnos acomplejados por lo que sucede en Occidente. No levantaremos ni suprimimos la pena de muerte para complacer a las ONG defensoras de los derechos humanos. No permitiremos que se impongan normas extranjeras sin tener en cuenta nuestras realidades”, aseguró.

“La eliminación de la moratoria sobre la pena de muerte no constituye en ningún caso un retroceso en materia de derechos humanos en el país. No hay retroceso. ¿Retroceso frente a quién y frente a qué?”, planteó el ministro de Justicia.

No obstante, el coordinador de la ONG Acceso a la Justicia (ACAJ) Georges Kapiemba explicó por teléfono a EFE que todavía hay procedimientos que seguir antes de que los condenados a la pena capital sean ejecutados.

“No hay que pensar que, tan pronto como lleguen a Angenga serán ejecutados. Todavía hay procedimientos que seguir y eso tomará tiempo. Aún ahí, la justicia evaluará si el acusado es elegible para la pena de muerte. No es automático”, insistió Kapiemba.

El Gobierno de la RDC aprobó el pasado marzo restablecer la pena de muerte después de una moratoria que comenzó en 2003.

Desde 2003, la pena de muerte no se había aplicado en el país pese a que es un castigo que en ocasiones imponen los jueces, pero se venía conmutando sistemáticamente por la cadena perpetua. EFE

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio de Justicia a "acelerar" la tramitación del desarrollo reglamentario de la figura del facilitador procesal.

Según ha indicado este martes el CERMI, esta figura es "clave" en el apoyo y asistencia de las personas con discapacidad, así como en el ejercicio de su derecho de acceso a la Administración de Justicia.

Asimismo, ha recordado que esta figura tuvo su primer "reflejo normativo" en la Ley que reformó el Derecho Civil español para adaptarlo a los mandatos del artículo 12 sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien, ha destacado que "es necesario aprobar una disposición de rango reglamentario de ámbito estatal -real decreto de desarrollo- que precise y detalle todos los aspectos de la misma".

En este sentido, el CERMI elaboró en 2023 una propuesta de regulación reglamentaria sobre el facilitador judicial que hizo llegar a los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales como posición del sector social de la discapacidad en la materia, "a fin de proporcionar materiales inspiradores que ayudaran a su configuración normativa".

A juicio del CERMI, "no debe demorarse más la aprobación de este real decreto, sin el cual el facilitador procesal no podrá consolidarse y expandirse en el sistema judicial español, quedando debilitado gravemente el derecho de acceso a la Justicia que deben tener garantizado todas las personas con discapacidad".

Caracas, 29 oct (EFE).- La ONG Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) afirmó este martes que nueve personas con discapacidad, así como un joven de 17 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), siguen detenidos tres meses después de la crisis política que se desató en el país tras el rechazo al resultado oficial de los comicios presidenciales.

A través de una nota de prensa, Consorven indicó que a estas nueve personas no se les está garantizando la "accesibilidad ni los ajustes razonables, a los fines de comprender por qué están privados de libertad y recibir las orientaciones legales relacionadas al proceso".

"Nos preocupa la situación de un adolescente con TEA, quien tiene 17 años, que también está detenido por el contexto postelectoral y según información suministrada por sus familiares, el joven se mostró confundido y nervioso al no saber las razones de su detención, propio de la falta de acompañamiento de profesionales para el acceso a la información", añadió.

La ONG pidió a las autoridades que a estas personas se les garantice el "acceso a la justicia, la libertad y seguridad", como contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dispone "que el Estado asegurará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones".

El pasado 25 de octubre, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 1.953 "presos políticos", la mayoría detenidos en el contexto de crisis postelectoral.

Se trata del "mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI", aseguró en la red social X la ONG, que computa 69 adolescentes encarcelados -con edades de 14 a 17 años- y 1.884 adultos.

Del total, 1.824 fueron detenidos tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó -con base en unos datos aún desconocidos de forma desagregada- la reelección de Nicolás Maduro, un anuncio señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, lo que desató numerosas protestas en el país.

El Gobierno venezolano responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de generar "violencia" y "vandalismo" en varias sedes públicas, mientras que la oposición acusa de "represión" a los agentes de seguridad del Estado. EFE

El martes 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y desechó un proyecto de inconstitucionalidad que proponía invalidar algunos puntos cruciales de la Reforma al Poder Judicial como la elección de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, los ‘jueces sin rostro’, el despido masivo de personas juzgadoras y los comités de evaluación de aspirantes.

Se perfilaba para ser un debate intenso en torno de la controversial reforma que entró en vigor el pasado 16 de septiembre y, aunque sí fue así, al final el voto del ministro Alberto Pérez Dayán fue el que terminó por sepultar la esperanza de todos aquellos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que anhelaban que se ordenara modificar la redacción del texto constitucional. Su decisión significó una ruptura de ese bloque de ocho ministros que se negó a participar en la elección judicial y presentó su renuncia anticipada.

La noticia fue recibida con júbilo por el oficialismo. Diputados, senadores, simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) y la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en la mañanera de este miércoles declaró que estaba contenta por la decisión de los ministros: “Triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio de 2025″, dijo.

Abogado cuestiona beneficios de la Reforma Judicial

Luego de que no se alcanzara mayoría de votos en el Pleno de la SCJN para invalidar parcialmente la Reforma al Poder Judicial, el experto en Derecho Penal, Luis Eliud Tapia Olivares, cuestionó en redes sociales cuáles serán los beneficios que ésta le traerá a los ciudadanos que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos:

“Ganó el pueblo y perdió la oligarquía, repiten como loros. Cuando tengan chance me cuentan cómo acerca la justicia a las personas el circo que están armando. Pongo un ejemplo: ¿De qué manera beneficia la reforma judicial a las personas desaparecidas y a sus familias? ¿De qué manera beneficia la reforma judicial a las personas que deben viajar horas para llegar a un juzgado? ¿De qué forma atiende la reforma judicial el rezago de los asuntos laborales, civiles y familiares? ¿De qué forma la reforma judicial mejora el acceso a la justicia federal simplificando el amparo?”, dijo en X.

Y es que en otra publicación dijo que la SCJN no analizó de fondo la Reforma al Poder Judicial y se dejó la redacción tal como la propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador y como la respaldó la ahora presidenta Sheinbaum Pardo. De hecho, la crítica más recurrente a esta reforma desde su presentación es que no contempló a las fiscalías y poderes judiciales de los estados, que son el primer contacto de las personas víctimas y sus familiares, es decir, donde se generan las carpetas de investigación.

Secretario del PJF explica por qué la reforma debía ser integral

Sobre este tema, hace unos meses cuando recién comenzaba la discusión de la reforma, el secretario de Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Gibrán Zazueta Hernández, explicaba en redes que una de las justificaciones de la misma era que los jueces se tardaban mucho en resolver casos o incluso ‘liberaban’ a los detenidos en fin de semana, una práctica que fue exhibida por AMLO a la cual bautizó como ‘el clásico sabadazo’.

“¿Por qué tardan tanto los asuntos? Esto implica muchas cosas: Un mal diseño de la ley procesal (la ley no la hace el poder judicial), malas prácticas (pero legales) de algunos abogados, falta de recursos humanos o materiales en juzgado, aumento en la conflictividad social… ¿Por qué los sabadazos? Porque en materia penal se pueden dictar resoluciones las 24 horas. Si a usted lo detienen ilegalmente el jueves, no se va a pasar detenido hasta el lunes, solamente para que no digan que lo soltaron en ‘sabadazo’ o ‘viernezazo’”, apuntó Gibrán Zazueta en su publicación.

Asimismo, el abogado explicó que en nuestro país hasta 75 por ciento de las sentencias pueden llegar a ser condenatorias, pero que suelen juzgarse cuando no se vincula a proceso a alguien, se le absuelve o se califica que su detención fue ilegal, lo que deriva en la trillada frase “Los jueces liberan delincuentes”. Y remató diciendo que a la gente no le gusta la presunción de inocencia, salvo cuando ellos mismos o sus conocidos y familiares son los imputados.

“¿Por qué se deja libre a alguien acusado de un delito? Porque la Fiscalía es la que debe aportar las pruebas, ya no estamos en la Edad Media o cazando brujas como para castigar a alguien solo porque la muchedumbre lo pide sin pruebas y sólo por señalamientos. ¿Reforma judicial? Sí, pero no para elegir jueces por voto, eso no resuelve nada. Se necesita una reforma a la fiscalía, a los juzgados locales y sí, al federal, pero para fortalecerlos, no para someterlos al poder ejecutivo y legislativo”, concluyó el trabajador del PJF.

La organización venezolana Acceso a la Justicia acusó este jueves a la Asamblea Nacional (AN) de violar la normativa al destituir a Juan Carlos Delpino de su cargo como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE). La ONG recordó que la legislación establece que antes de proceder con esta medida, debe existir un “previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

Por medio de un comunicado, la ONG explicó que “los rectores electorales figuran en la lista de altos funcionarios del Estado que gozan del privilegio del antejuicio de mérito”, lo que implica que cualquier investigación o proceso judicial contra ellos debe recibir autorización previa del TSJ.

Sin embargo, el Parlamento destituyó a Delpino sin que se haya emitido un fallo en su contra, ni que nadie lo solicitara al máximo tribunal, denunció la organización. Acceso a la Justicia calificó la destitución como otra evidencia de la inexistencia del principio de separación de poderes en el país. “El Parlamento se ha inmiscuido, incluso usurpado, las potestades del CNE, del TSJ y de la Contraloría General”, afirmó la ONG.

“El proceso que la AN siguió para remover al rector Delpino es otra prueba de que el principio de separación de poderes, previsto en el artículo 136 de la Constitución, no existe en el país”, indicaron.

“Lo más grave de la situación descrita fue que en ningún momento se le dio algún tipo de garantías al ex rector Delpino para defenderse de los supuestos delitos que los diputados oficialistas le achacaron, lo que dejó al ya exfuncionario en una absoluta indefensión”, expresó la ONG en el documento.

El pasado 17 de octubre, la Asamblea Nacional solicitó a la Fiscalía la apertura urgente de una averiguación penal contra Delpino, quien actualmente se encuentra fuera de Venezuela, por presuntos delitos de “corrupción”, “traición a la patria” y “asociación para delinquir”, entre otros.

Delpino, quien fue removido de su cargo en un contexto de denuncias de fraude electoral, había denunciado en agosto irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Según el ex rector, dichas irregularidades socavaron la confianza en la integridad del proceso electoral, en el que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador, un resultado señalado como fraudulento por la principal coalición opositora, que sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor.

(Con información de EFE)

Caracas, 16 oct (EFE).- La organización venezolana Acceso a la Justicia afirmó este miércoles que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales aprobada por el Parlamento, de mayoría chavista, perjudica a los beneficiarios de asistencia humanitaria.

"El mayor perjuicio recae sobre las personas beneficiarias de la asistencia humanitaria y el acompañamiento que brindan las organizaciones de la sociedad civil", sostuvo la ONG en una nota de prensa publicada en su página web.

Acceso a la Justicia añadió que la población en situación de mayor vulnerabilidad corre el "riesgo de perder el apoyo que le ofrecen las organizaciones".

La ONG indicó que, tras un análisis del texto, concluyó que la ley es una norma "prioritariamente punitiva, que incluye graves imprecisiones que permiten una aplicación arbitraria".

"Todo ello crea una situación de inseguridad jurídica que amenaza la existencia misma de organizaciones de la sociedad civil", dijo.

La ley, prosiguió Acceso a la Justicia, suma "muchas y muy pesadas cargas" a las organizaciones sociales sin fines de lucro, "pero resta obligaciones estatales a efectos de garantizar derechos".

"El Gobierno venezolano aspira a destruir el tejido social, que es un patrimonio colectivo y que nos ha permitido resolver problemas que el Estado no alcanza a solventar", agregó.

El pasado 15 de agosto, el Parlamento aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.

Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el "fascismo, la intolerancia o el odio".

Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta "de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles".

Las ONG deberán, por ley, notificar "el financiamiento o donaciones" que reciban, a fin de "asegurar la licitud de los fondos", además de declarar las "donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes".

Corresponde al Ejecutivo el "seguimiento y control del cumplimiento" de los "deberes y prohibiciones" establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines. EFE

En la sesión del jueves 17 de octubre Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una resolución para visibilizar un hito significativo en la historia del derecho en nuestro país: el 100° aniversario del Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Como exalumna de esa universidad y actual abogada y legisladora, este reconocimiento me llena de orgullo. Esta experiencia, a la que cariñosamente llamamos “el Práctico”, brinda las herramientas no solo para el ejercicio del derecho, sino también para comprender la función social de nuestra profesión.

El patrocinio jurídico gratuito de la UBA, además de una oportunidad invaluable para los estudiantes de derecho, ha servido a la comunidad ofreciendo asesoramiento y defensa legal a quienes más lo necesitan. Nos prepara a quienes nos formamos en la abogacía para enfrentarnos a la realidad de la justicia, nos enseña a escuchar, a analizar y a actuar con responsabilidad ante las necesidades de los más vulnerables.

Se creó en 1922, en el contexto de las reformas universitarias de 1918, que transformaron la educación superior en Argentina, promoviendo la participación estudiantil en los órganos de gobierno y fomentando un enfoque más práctico en la enseñanza. Su implementación enfrentó desafíos significativos debido a la crisis institucional que provocó la reforma universitaria y la oposición conservadora a ésta. Sin embargo, en 1924, bajo la dirección del nuevo Decano, Dr. Ramón S. Castillo, el Consultorio fue finalmente inaugurado con el apoyo del Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia.El Patrocinio funciona en la sede de Tribunales, Talcahuano 550, octavo piso de lunes a viernes de 8 a 12 hs y en la sede de la Facultad de Derecho de lunes a viernes de 8 a 20 hs. A su vez cuenta con once centros externos dentro de la CABA y tres en la provincia de Buenos Aires. Atiende a más de 15,000 personas cada año. Inicialmente centrado en la consultoría, ha evolucionado para ofrecer servicios de patrocinio jurídico, mediación y asistencia social.

La Legislatura porteña con esta resolución reafirma la convicción de que este centenario merecía ser celebrado de manera especial porque cumple con una de las funciones más nobles de la universidad pública: acercar el derecho a quienes no tienen oportunidad.

Seguidamente se instalará una placa conmemorativa en la Facultad de Derecho que visibilice la trayectoria histórica, reafirme nuestro compromiso con la educación pública, con el acceso a la justicia y con los valores de solidaridad y responsabilidad social que son inherentes a nuestra profesión.

Celebramos estos 100 años de historia, sabiendo que el camino que trazaron aquellos pioneros reformistas seguirá siendo un faro de luz en la formación de generaciones futuras de profesionales comprometidos con la sociedad. Por una educación pública que transforma vidas, y un derecho que garantice justicia para todos.

La “represión institucional” en Venezuela se incrementó en 2023, cuando, según un informe presentado este jueves por la ONG Acceso a la Justicia, el Estado “preparó el terreno para las elecciones” presidenciales de 2024 -que se celebrarán el próximo 28 de julio- con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento “inconstitucional” de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el informe, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, nombró en 2023 un nuevo CNE, pese a que “los diputados no debieron convocar un nuevo proceso de designación” de nueva directiva, sino designar “reemplazos” de rectores, ya que la saliente había cumplido poco más de dos años, de los siete que debe durar su periodo, según la normativa.

Además, Acceso a la Justicia señaló que la AN “nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición”, cuando la Constitución establece que el CNE “estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, una decisión que “pone en duda la capacidad” de esta instancia “para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos”.

Asimismo, recordó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió “un recurso contencioso electoral” para dejar sin efecto las primarias de la oposición, una vez ya celebradas, en las que ganó María Corina Machado, quien no pudo concretar su candidatura a las presidenciales, debido a una inhabilitación administrativa que le impide optar por cargos públicos hasta 2036.

La organización destacó que no se ha publicado la sentencia sobre la anulación de las primarias, por lo que se desconoce “las razones jurídicas por las cuales se dicta”. Tampoco es público el documento sobre la inhabilitación de Machado, por lo que “nadie sabe por qué fue inhabilitada”, afirmó el codirector de la ONG, Alí Daniels.

Recordó que el TSJ “ha actuado como interventor”, en especial “sobre sindicatos y partidos políticos”, lo que -según el informe- “parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas”.

Denunciaron la desaparición forzada de un empresario que hospedó a María Corina Machado

Partidos opositores de Venezuela denunciaron este jueves la desaparición forzada, en Caracas, del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien hospedó a la líder antichavista María Corina Machado en su casa en el estado Táchira (oeste) durante una reciente visita de la ex diputada a esta región fronteriza con Colombia.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, organización liderada por Machado, denunció en redes sociales que Albacete Vidal fue detenido por “funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)”.

Además, señaló que, horas antes, fueron “allanadas sus propiedades en el estado Táchira, entre ellas, la casa donde se hospedó” la líder opositora de Venezuela.

El partido La Causa R también denunció la detención, a la que calificó como una “arbitrariedad inaceptable” de la que responsabilizó al dictador Nicolás Maduro.

“Ricardo Albacete no ha cometido ningún delito. Exigimos su inmediata liberación”, expresó la formación antichavista en X, donde compartió una publicación del abogado Omar Mora Tosta, en la que señala que el empresario fue “perseguido por dar albergue en su casa” a Machado en Táchira y “detenido arbitrariamente esta tarde en Caracas”.

Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza condenó “el allanamiento a una de las viviendas y los galpones industriales” del empresario, y exigió al Estado “el cese de las persecuciones, detenciones y allanamientos arbitrarios de las viviendas de los ciudadanos que piensen distinto”.

(Con información de EFE)

El 28 % de leyes aprobadas en 2023 por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela no se han publicado en la Gaceta Oficial, por lo tanto, “técnicamente no han entrado en vigor ni se puede exigir su cumplimiento”, ya que no se pueden aplicar, advirtió este jueves la ONG Acceso a la Justicia.

A través de una nota de prensa, la ONG recordó que el año pasado la AN “aseguró haber dictado 14 instrumentos legislativos”, pero cuatro de estos -aseguró- no se han publicado, trámite obligatorio “para considerar que en realidad están vigentes”.

Los instrumentos legislativos en cuestión son la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los Gobiernos de Venezuela y de Turquía relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual.

Acceso a la Justicia explicó que en el caso de la Ley aprobatoria “queda a discreción del Ejecutivo el momento de su promulgación según lo dispone el artículo 217 de la carta magna, sin embargo “no así en los otros casos”.

Asimismo, recordó que la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento “son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos”, ya que se puede prever qué fondos destinará el Estado “a servicios tan fundamentales como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos”.

La ONG dijo que no se sabe “si el presidente Nicolás Maduro vetó parcial o totalmente alguno de los instrumentos, o si por el contrario los promulgó”.

Además, recordó casos similares en el pasado, como La Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada el 11 de octubre de 2022, pero publicada 13 meses después, el 29 de noviembre de 2023.

Acceso a la Justicia citó el artículo 215 de la Constitución de Venezuela, que señala que “la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente ‘cúmplase’ en la Gaceta Oficial” y, según el artículo 1 del Código Civil, se establece que “la Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique”.

(Con información de EFE)