La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció su paso a la alerta máxima y planteó la posibilidad de convocar a un paro nacional si el Gobierno colombiano mantiene el acuerdo de permitir el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el país.

En un comunicado publicado en la noche del sábado 7 de febrero de 2026, el gremio transportador colombiano expresó su descontento por la difusión de un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en el que se detalla el compromiso aceptado por la Cancillería de Colombia, considerado como “grave, equivocada y altamente perjudicial”.

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“Colombia acepta el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de trasbordo, en reciprocidad al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano”, aseguró la cancillería ecuatoriana en un comunicado.

Frente a esta situación, la directiva de la ACC advirtió que esta medida podría aumentar el riesgo de actividades ilícitas, como el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos y trata de personas, afirmando que experiencias previas así lo demuestran.

“Esta decisión es grave, equivocada y muy perjudicial para los camioneros colombianos. El transporte directo, además, ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”, señaló el gremio en la misiva.

Igualmente, remarcó que la decisión gubernamental fue adoptada sin consulta previa a las organizaciones del sector, subrayando que existen mesas de trabajo explícitamente creadas para abordar los asuntos estructurales del transporte de carga, por lo que califica la adopción de la medida como un incumplimiento grave de los acuerdos firmados y una fractura en la confianza entre el Estado y los transportadores.

“La ministra de Transporte, Dra. Maria Fernanda Rojas, no informó ni discutió este tema en las mesas existentes del Paro Nacional Camionero, pese a que allí se pactó tratar los asuntos estructurales del sector”, mencionaron.

Pese al nivel de advertencia y al tono elevado del reclamo, la ACC reiteró su disposición al diálogo, esperando que el Gobierno corrija el proceso y reconozca lo consensuado previamente, o de lo contrario, no descarta la inmovilización en todo el país.

“Los transportadores colombianos nos declaramos en ALERTA MÁXIMA, dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización si el Gobierno persiste en desconocer lo acordado, para beneficiar a unos pocos privilegiados”, concluyeron en su comunicado.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial por parte del Ministerio del Transporte ni de la Cancillería de Colombia sobre este punto en particular.

Protestas por subida de aranceles en frontera de Rumichaca

La declaración de la Asociación Colombiana de Camioneros se suma a las protestas en el puente internacional Rumichaca, único paso terrestre habilitado entre Colombia y Ecuador, realizadas el martes 3 de febrero de 2026.

Allí, miles de transportistas y comerciantes de ambos países tomaron el control del puente binacional, desde donde solicitaron a los dos gobiernos que se retiren los aranceles del 30% que se impusieron a diversos productos, reclamando que esta política está destruyendo el tejido económico y social de la frontera.

La ruptura abrupta en el suministro de electricidad colombiano hacia Ecuador y la paralización casi completa del intercambio formal sitúan a la región en un escenario de profunda vulnerabilidad, alimentando incertidumbre en sectores productivos y entre unas comunidades que dependen críticamente del comercio fronterizo para su subsistencia.

Según datos recopilados por gremios y citados por el medio ecuatoriano Expreso, la aplicación de estos aranceles ha provocado una caída del 99% en el comercio formal en la zona limítrofe—aun antes del bloqueo físico.

Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Seccional Ipiales, sostuvo que la combinación de bloqueos y restricciones arancelarias ocasiona pérdidas anuales de 570 millones de dólares para el sector transporte de Colombia.

“Nuestro gremio representa el 26 % de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, equivalentes a 2.200 millones de dólares cada año”, afirmó.

La perspectiva ecuatoriana refuerza la gravedad de la situación. Exportadores de ese país estiman que los aranceles podrían derivar en pérdidas cercanas a 273 millones de dólares anuales, afectando duramente a los sectores agrícola, alimenticio y de manufacturas.

La Cámara de Comercio de Tulcán, en voz de Nelson Cano, advirtió que el conflicto multiplica los perjuicios sobre actividades como el almacenamiento de mercaderías, las agencias de aduana y el transporte internacional, fundamentales para la economía de la provincia de Carchi, donde el transporte es la segunda actividad económica después de la agricultura.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está evaluando la posibilidad de citar como testigo a Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, excomandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), como parte de las investigaciones por desapariciones forzadas que ocurrieron en los municipios de Recetor y Chameza, en el departamento de Casanare.

Esta decisión emerge luego de los testimonios de campesinos de la región que buscan ser reconocidos oficialmente como víctimas dentro del macrocaso 08, el proceso que estudia crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública, guerrillas y grupos armados al margen de la ley, y que abarca el conflicto armado en el oriente del país.

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Según múltiples investigaciones y denuncias de organismos nacionales e internacionales, sobre alias Martín Llanos pesan señalamientos directos de participación en más de 10.000 hechos criminales que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.

Bajo su mando, las ACC consolidaron un control territorial marcado por el uso sistemático de la violencia como herramienta de dominio y represión de la población civil, en medio del conflicto armado colombiano cuando su influencia se extendió en Casanare, Meta y áreas vecinas, convirtiéndose en una figura clave en el control territorial y el enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico.

No obstante, la preocupación de los sobrevivientes y familiares de desaparecidos radica en que muchos de estos crímenes permanecen en la impunidad, sin un esclarecimiento efectivo sobre el paradero de las víctimas ni sobre las condiciones en que ocurrieron los hechos.

Por su parte, el magistrado Óscar Javier Parra, responsable en la JEP del caso 08, subrayó que el posible llamado a declarar a alias Martín Llanos depende de criterios estrictos de idoneidad y utilidad en el proceso, así como de que se minimice cualquier riesgo de revictimización.

Las experiencias previas en procesos judiciales, como Justicia y Paz, han demostrado que Llanos ha mantenido una actitud escéptica frente a la verdad, rehusándose a colaborar con la justicia en el esclarecimiento integral de los crímenes bajo su responsabilidad.

A diferencia de otros jefes paramilitares que negociaron en el proceso de desmovilización de las AUC en 2003, Martín Llanos se negó a participar. Se mantuvo prófugo durante varios años hasta ser capturado en Venezuela en 2012, lo que significó la caída de una de las últimas estructuras paramilitares independientes de las AUC.

Dicha negativa ha generado reservas en torno a la utilidad de su testimonio, pues la expectativa de los organismos judiciales y las víctimas es que el ex jefe paramilitar aporte con transparencia información relevante sobre la autoría de los hechos, los mecanismos de desaparición y la localización de fosas o cuerpos.

En este contexto, la JEP enfrenta el reto de equilibrar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, con la necesidad de evitar nuevos daños derivados de la exposición pública, el contacto con victimarios y la posible frustración que implicaría una comparecencia en la que no se aportan elementos nuevos o verificables.

En esta misma línea, los magistrados han insistido en que cualquier citación de exjefes paramilitares debe sustentarse en la posibilidad real de contrastar los datos suministrados con pruebas independientes y testimonios de personas que, como los campesinos de Recetor y Chameza, han vivido en carne propia la violencia de las ACC.

Si bien existen dudas sobre la disposición del exjefe de las ACC a colaborar genuinamente con la justicia, su testimonio podría ser clave para esclarecer crímenes que permanecen en la sombra de la impunidad. La decisión final, por tanto, no solo pondrá a prueba el alcance del macrocaso 08, sino también la capacidad de la JEP para garantizar a las víctimas respuestas reales sobre un pasado de violencia que aún exige ser contado.

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) manifestó su preocupación por la creciente violencia que afecta al gremio, destacando que 22 conductores han sido asesinados durante el actual mandato presidencial, incluidos cuatro casos ocurridos en los últimos tres meses.

En una carta fechada el 5 de mayo de 2025 y dirigida al presidente Gustavo Petro, la organización exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los transportadores, incluyendo la eliminación del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), una audiencia con el mandatario y la implementación de recompensas para capturar a los responsables de estos crímenes. De acuerdo con el comunicado, “este alarmante panorama ha sido enfrentado con total indiferencia por parte del Estado, en especial por los ministerios de Transporte, Defensa e Interior”, generando un clima de impunidad y abandono institucional.

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De acuerdo con el presidentes de la ACC, Alfonso Medrano Solano, los transportadores han estado pagando un incremento en el peaje destinado al Fosevi, que pasó de $200 a $500, con el objetivo de financiar medidas de seguridad vial. Sin embargo, el gremio denuncia que estos recursos no han sido utilizados de manera efectiva, ya que no se han adquirido vehículos blindados, motocicletas ni otras herramientas necesarias para proteger a los conductores y usuarios de las carreteras. La asociación cuestionó el destino de estos fondos y señala que no se han observado mejoras tangibles en las condiciones de seguridad, lo que pone en duda la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos.

De igual modo, el comunicado también critica la asignación de recursos a proyectos como los Viit’s (Vehículos de Inspección, Información y Tecnología), los cuales, según la ACC, no cuentan con el respaldo ni el conocimiento del gremio. Mientras tanto, las familias de los conductores asesinados, así como los propietarios de camiones hurtados o incinerados, no han recibido ningún tipo de apoyo o acompañamiento por parte del Estado. La asociación subraya que no se han ofrecido recompensas para capturar a los responsables de los crímenes ni se han desmantelado las estructuras criminales que operan en las vías del país.

En su carta, la ACC plantea una serie de solicitudes específicas al Gobierno. Entre ellas, destaca la eliminación inmediata del cobro al Fosevi, argumentando que no existen resultados verificables ni mecanismos de participación para supervisar el uso de los recursos. Además, solicitaron la apertura de una audiencia oficial con el presidente Petro para discutir las garantías de seguridad para el gremio y los apoyos destinados a las víctimas, viudas y huérfanos. También proponen establecer recompensas significativas para quienes brinden información que permita la captura y judicialización de los responsables de los asesinatos, así como el desmantelamiento de bandas criminales que operan en las carreteras.

Otra de las demandas incluye una investigación exhaustiva sobre el destino de los recursos del Fosevi y el proyecto Viit’s, con el fin de esclarecer posibles irregularidades. Asimismo, la ACC solicitó el diseño de un plan integral de apoyo para las familias de los conductores asesinados, como una medida mínima de justicia y reparación. Finalmente, exigen una respuesta escrita formal por parte del Gobierno nacional, en la que se detallen los compromisos específicos frente a la situación planteada.

La carta concluye con un llamado urgente al presidente Petro: “Los camioneros de Colombia no pueden seguir siendo víctimas silenciosas, reclamamos justicia, acciones concretas un compromiso real del Estado con la vida y la dignidad de quienes movilizamos el país”. Según la ACC, la falta de medidas efectivas no solo afecta al gremio, también pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de las vías en el territorio colombiano.

París, 17 dic (EFECOM).- El responsable provisional de Stellantis, John Elkann, confirmó al presidente francés, Emmanuel Macron, la continuidad de los proyectos de inversión del gigante del automóvil en este país.

"Elkann confirmó al jefe del Estado el compromiso del grupo del automóvil en Francia", señaló el Elíseo en un comunicado divulgado esta madrugada tras una reunión que ambos mantuvieron en la tarde del lunes.

El ejecutivo italo-estadounidense manifestó a Macron la "voluntad (del grupo) de seguir apoyando las fábricas donde está implantado", añadió la nota.

Además, Elkann aseguró al presidente francés la financiación y conclusión del proyecto de ACC, que recientemente anunció un proyecto para construir una gigafactoría de baterías de vehículos eléctricos en Billy-Berclau, en el norte de Francia.

Elkann, que encabeza los intereses de la familia Agnelli (antiguos propietarios de Fiat) en Stellantis, donde tienen el 14,2 % del capital, es presidente del consejo de administración del fabricante de automóviles.

Sucedió de forma interina como responsable operativo al portugués Carlos Tavares, que dimitió de forma sorprendente a comienzos de este mes debido a sus diferencias estratégicas con el consejo de administración. EFECOM

Óscar Tapia, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ofreció información sobre las razones detrás de los bloqueos en la vía Panamericana en una entrevista con Blu Radio. Los camioneros decidieron bloquear esta importante ruta como una forma de protesta, aduciendo que en el departamento del Cauca no se implementaron soluciones a los bloqueos previos.

Tapia señaló que la protesta no está relacionada con los precios del diésel, sino con la inseguridad en la ruta norte, específicamente entre los puntos Remolino y El Bordo. Según él, todas las alternativas de diálogo fueron agotadas y solicitaron la intervención de autoridades como el ministro de Transporte y la viceministra de Defensa y del Interior, sin obtener respuesta hasta el momento.

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Los camioneros insistieron en la necesidad de la presencia de autoridades y exigieron un acta de compromiso que especifique fechas de cumplimiento para poner fin a la protesta. Tapia afirmó que, una vez se llegue a un acuerdo satisfactorio, los bloqueos en la vía Panamericana serán levantados.

Las afectaciones

El paro camionero en Nariño, inmoviliza cinco puntos de la vía Panamericana, impidiendo el ingreso y tránsito de mercancía y alimentos hacia la región. Los manifestantes, liderados por la Asociación Colombiana de Camioneros, aguardan la llegada de una comisión del Gobierno nacional para tratar las cinco demandas planteadas.

Entre las razones de las manifestaciones se encuentran las malas condiciones de la infraestructura vial, la inseguridad en las carreteras, evidenciado en los robos y ataques que enfrentan en los recorridos, y el aumento del precio del diesel, como los altos costos en los peajes de Contadero y Josefina

El bloqueo generó serios inconvenientes en diferentes aspectos de la vida cotidiana. La escasez de gasolina obligó a las autoridades locales a decretar medidas especiales de racionamiento. En las estaciones de servicio, las filas son largas y solo se permite el abastecimiento de combustible entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m., con cantidades limitadas: $20.000 para motocicletas, $50,000 para vehículos particulares, $60.000 para vehículos oficiales, $100.000 para servicio público y ambulancias.

El tráfico de mercancías también sufrió un impacto severo. Los principales sectores bloqueados incluyen la Central de Acopio y el sector de Bavaria en Catambuco, la vía al mar entre Pedregal y Junín, y el tramo entre Pasto y Mocoa. Esto afectó no solo la circulación de productos dentro de Nariño, sino también las exportaciones hacia Ecuador.

Los precios de alimentos como la papa, la yuca y la leche experimentaron alzas, afectando principalmente a la población del suroccidente del país. Hernán Garcés, presidente del consejo gremial y empresarial del Cauca, alertó sobre el encarecimiento de productos de primera necesidad y las dificultades en la exportación.

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, solicitó a los ciudadanos no sacar la basura, ya que los camiones recolectores no han podido operar con normalidad. En Tumaco, los productos que generan ingresos diarios de alrededor de $1.000 millones también se vieron afectados, según la administración local.

En las terminales de transporte de Pasto e Ipiales, las empresas de buses interrumpieron sus servicios, dejando a decenas de viajeros varados a la espera de una solución. El puente de Rumichaca, que conecta a Colombia con Ecuador, es uno de los puntos estratégicos bloqueados, impidiendo el tránsito internacional.

Eugenia Zamara, directora de Fenalco Nariño, se mostró preocupada por las pérdidas económicas: “No aguantamos un día más de bloqueo, las pérdidas económicas van a ser irreparables para todos los sectores económicos y productivos de nuestra región”. Arturo Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, hizo un llamado urgente a las autoridades para resolver la situación: “Necesitamos que la Presidencia de la República genere las condiciones. El llamado es a las autoridades administrativas para que se solucione inmediatamente este bloqueo”.