Paz Padilla acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su libro ‘Alzar el duelo’ y, durante la entrevista con Pablo Motos, habló por primera vez en público sobre los abusos sexuales que sufrió a los 14 años por parte de una persona cercana a su familia

La gaditana de 56 años ha explicado que mantuvo en secreto durante décadas este episodio traumático. Según sus declaraciones, la agresión fue perpetrada por un hombre “de entre cuarenta y cincuenta años” muy cercano a su familia, cuyos recuerdos bloqueó durante años.

“Durante mucho tiempo intenté olvidarlo, negándomelo a mí misma, hasta que la ansiedad pudo conmigo”, ha expuesto Padilla. En todo momento evitó detallar la identidad o parentesco de su agresor, pero sí ha enfatizado la cercanía de esta persona al domicilio familiar.

Silencio y secuelas

A lo largo de la entrevista, la actriz ha desgranado las secuelas emocionales que arrastró desde la adolescencia hasta la edad adulta. “Fue un trauma que no sabía cómo digerirlo”, ha manifestado, señalando que los recuerdos emergieron tiempo después en forma de taquicardias e imágenes recurrentes.

Según sus palabras, la culpa y la vergüenza desempeñaron un papel central en su silencio: “Pensé que habría tenido que poner resistencia, gritar, no habría tenido que estar ahí“. Nunca llegó a verbalizarlo a su entorno ni pidió ayuda profesional: “No lo conté por la vergüenza, es algo que la sociedad no te permite contarlo, la gente te mira con pena”, ha reconocido.

El hecho de no haberlo compartido ni siquiera con su madre continúa siendo uno de los aspectos más dolorosos. “Nunca se lo conté a mi madre”, ha repetido Padilla emocionada, reconociendo que el temor a hacer sufrir a su madre le llevó a ocultar lo ocurrido durante años: “No se lo conté porque pensé que ella iba a sufrir mucho”. En la actualidad, a sus 56 años, ha señalado que hablarlo sigue resultando difícil: “Tengo 56 años y todavía me cuesta”.

Perdonarse a sí misma y afrontar el duelo

Padilla ha explicado cómo el proceso personal de reconciliarse con lo sucedido ha implicado perdonarse a sí misma y asumir que “lo que usaron fue mi cuerpo, no mi ser”. “A la Mari Paz le hicieron daño, con el tiempo abracé a esa niña... y la primera que se perdonó fui yo”, ha compartido con los espectadores.

La publicación de ‘Alzar el duelo’ sirve como vehículo para afrontar tanto la pérdida de su marido como el peso de traumas pasados. Según ha explicado en El Hormiguero, la vivencia de la muerte de su esposo le llevó a analizar el proceso de duelo desde diversas perspectivas.

“Un libro que me habría venido muy bien con la muerte de mi marido”, ha resumido la presentadora, detallando episodios personales como la urgencia dental que sufrió el mismo día del fallecimiento de su esposo y la dificultad de regresar a una casa vacía.

Padilla ha defendido la idea de que el duelo “no es un estado, es un proceso”, y ha abordado también el desprendimiento físico de objetos del fallecido: “Le ponemos una carga emocional a un trapo. Cuando algo decimos que nos une emocionalmente no es real, las cosas no tienen vida”, ha manifestado.

Las fechas señaladas vinculadas a la pérdida siguen siendo uno de los momentos más difíciles para la escritora: “Tenemos que aprender que es un día más, aunque haya pasado un año no significa que lo quieras menos. Es una fecha”, ha declarado en el programa de Antena 3.

Cuando nació, su hijo fue su pequeño milagro. “Un niño encantador, siempre contemplativo, admirando el mundo que lo rodeaba como un pequeño Buda”, ha explicado su madre, SLM. Amaba leer, sobre todo “historias de monstruos escondidos debajo de la cama, de lobos devorando niños pequeños”.

Pero, alrededor de los nueve o diez años, algo cambió. El niño dejó de leer, dormía cada vez peor y sonreía menos. “Una especie de tristeza emanaba en él”, ha contado su madre en una carta al director al medio francés Ouest France. Los psicólogos a quienes consultaron atribuían estos cambios a la adolescencia. “Es solo angustia adolescente, nada más”, ha recordado que le decían.

Con el tiempo aparecieron los problemas con el alcohol, pero no en contextos sociales. “No bebía en las fiestas ni en eventos sociales, sino solo, demasiado, en exceso”. Cuando le preguntaba por qué, él respondía que quería dormir, “dejar de pensar”. La familia interpretó que estos comportamientos eran consecuencia de la separación de sus padres. Sin rastro de la causa real de su sufrimiento.

La llamada del colegio

EL punto de inflexión llegó una tarde de marzo. La madre recibió una llamada del responsable de orientación del centro escolar diciendo que su hijo se había quedado dormido en clase y que costaba despertarle. “Dice que tomó algún medicamento”, le informaron.

Cuando ella llegó, tuvo que esperar. Lo que escuchó después, según ha descrito, “cae como una guillotina”. Fue entonces cuando su hijo le confesó lo que había callado durante 10 años: “Fui violado cuando tenía siete años. No recuerdo quién ni dónde. Llevaba zapatillas deportivas de color beige”. La madre ha recordado ese detalle como “el único vínculo que lo conecta con la realidad”.

“No vimos nada. No sentimos nada”, ha escrito. “Siempre le habíamos dicho que nos avisara si alguien quería hacerle daño o le estaba haciendo. Pero nada. Ni una palabra. Solo diez años después”, ha contado.

La madre sitúa los hechos en espacios cotidianos de la infancia: “Las ferias escolares o los carnavales. Bataban cinco o diez minutos, el tiempo que se tardaba en ir al baño”. “Mi hijo dejó de creer en los monstruos de sus libros porque conoció a uno”, ha concluido.

El 24% de las víctimas de agresión sexual, menores

Los datos en España sobre la libertad sexual muestran la magnitud del problema de los abusos sexuales en la infancia. Según el último informe del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 22.846 denuncias por delitos contra la libertad sexual, donde el 41% de las víctimas eran menores de 18 años y la mayoría mujeres y niñas. Entre los varones, el 24% de las víctimas son niños y la mayoría de las agresiones ocurren antes de los 13 años.

La mayoría de los agresores son hombres (93%) y en más de tres cuartas partes de los casos no hay vínculo conocido entre víctima y agresor (74,56%). La vivienda es el escenario más frecuente (47%), seguido de las vías de comunicación (19,38 %), instalaciones (12,37 %), establecimientos (10,73 %), espacios abiertos (5,97 %) y medios de transporte (2,13 %), y los delitos aumentan en verano y principios de otoño.

“Yo era agente de la Guardia Civil, estaba trabajando en el cuartel de Molina de Segura, de Murcia, y durante cuatro años sufrí agresiones y abusos por parte de un superior”. Esta es la frase con la que Carolina abre la primera entrevista que concede a un medio, concretamente a Informativos Telecinco, en la que cuenta el infierno que tuvo que vivir entre 2011 y 2015. Un superior que, escondiéndose en su impunidad, la insultó, la menoscabó y la violó, llegando en una ocasión a obligarla a abortar tras dejarla embarazada.

Sin embargo, esta no es una historia que solamente trata de la gravedad de los hechos cometidos por el agresor, sino que saca a la luz una realidad que se vive en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la ineficacia de los protocolos antiacoso que supuestamente defienden sus agentes.

“El protocolo es lo que falló desde el principio”, denuncia a Infobae la abogada de la víctima, Laura Pérez Botella. “Son perversos, porque no puede ser que para pedir amparo, tenga que ser a tu superior o, en el caso de ser en su contra, a su superior inmediato. Es que se conocen entre ellos y suelen ser amigos”, agrega.

A este problema se añade que estos procedimientos no se activan de forma automática, por lo que la afectada tiene que denunciarlo, que su superior “valore si tiene relevancia” y, en caso afirmativo, pasarlo al Gabinete Psicológico, que decide si se activa. “Es imposible que simples funcionarios del cuerpo vayan contra los mandos. Ya es difícil en cualquier cuerpo, pero no va a pasar en uno militarizado”, explica.

Casado y con dos hijas

La historia de Carolina empezó en 1992 cuando entró en la Guardia Civil y pasó al Área de Atención al Ciudadano, donde acabó realizando labores específicas en Viogen, en Molina de Segura, Murcia, según recoge la histórica sentencia del Tribunal Supremo que el 29 de mayo de 2024 condenó al sargento autor de los hechos a 19 años de prisión.

En septiembre de 2010, siendo en ese momento madre soltera, comenzó una relación sentimental con el sargento, en la que “ambos practicaban sexo de forma libre y consentida“, según recoge el fallo, pero que en febrero de 2011 fue terminada por decisión de él, ya que se iba a vivir con la mujer con la que estaba casado y con la que estaba esperando su segunda hija. Carolina lo aceptó y su relación se quedó solamente en algo profesional.

Pasaron tan solo seis meses, y a tan solo un mes del nacimiento de su hija, el condenado comenzó “un acercamiento constante hacia la guardia civil insistiendo en volver a verse con el fin de mantener nuevamente relaciones sexuales”. En todo momento ella se negó, pero al parecer no fue suficiente y empezaron los encuentros.

“No pasa nada, que es solo un momento”

Primero fueron tocamientos no consentidos por todo el cuartel, acompañados de una cantidad ingente de mensajes, sobre todo correos, con propuestas sexuales e insultos, y poco a poco fue creciendo hasta que llegaron las violaciones. La sentencia recoge cómo llegó a indicarle que “le hacía la vida imposible” y más de una vez fue encontrada por el propio sargento y otros compañeros llorando por la situación.

La primera de las agresiones ocurrió en enero de 2012, cuando él la siguió hasta su domicilio después del trabajo. Una vez en su portal, le indicó que quería hablar con ella, por lo que tenían que subir a su casa. Ella accedió y, nada más entrar, entre el pasillo y el salón, “se abalanzó sobre ella, ansioso”, mientras ella le repetía que no quería “nada con él”. Su respuesta fue: “No pasa nada, que es solo un momento” y la violó tirándola al suelo.

Tras terminar, se levantó y subiéndose los pantalones le dijo: “Ves, no pasa nada” y se marchó. En un principio, estas violaciones se produjeron solo en la vivienda de Carolina, obligándola incluso a desconectar el timbre para intentar evitar el acoso constante, pero con el tiempo el sargento empezó a exigirle realizar estas prácticas también en el cuartel. Ella siempre se negaba y él respondía con amenazas.

“Vas a abortar ya”

Estas relaciones sexuales no consentidas se realizaban en su mayoría sin protección y en julio de 2012 Carolina se dio cuenta de que estaba embarazada. El mismo día se lo contó al sargento, cuya respuesta fue empujarla contra la pared de su cocina y decirle: “No me vas a joder la vida, ni vas a joder a mi familia, eso lo sacas de ahí, lo quiero fuera de ahí“. La escena ocurrió mientras el hijo menor de ella se encontraba en la vivienda.

Inicialmente, ella dijo que no iba a abortar, lo que supuso una serie de amenazas por parte del agresor, llegando un día a golpearla en el estómago. En otra ocasión, encontrándose ambos en una escalera, la cogió del brazo y zarandeándola, le indicó: “Lleva cuidado que te puedes caer, vas a abortar ya”.

Al final acabó abortando, a las cinco semanas de embarazo, teniendo que cogerse un día de vacaciones porque el sargento no quiso dar ninguna información de lo que estaba haciendo. Tras volver a su puesto le dijo claramente a su agresor: “No te vuelvas a acercar a mí en toda tu puta vida”.

A partir de ese momento, Carolina intentó hacer todo lo posible para no coincidir con su ingreso, incluso no yendo al baño durante sus jornadas para no pasar por delante de su despacho, pero él siguió buscándola y realizando tocamientos no deseados. También se siguieron sucediendo llamadas nocturnas y posteriores visitas a su vivienda en las que él “exige mantener relaciones sexuales y Carolina se ve obligada a satisfacer sus deseos libidinosos”.

Otro hecho muy relevante ocurrió el 13 de abril de 2013, cuando el sargento cambió de forma inesperada la jornada de la agente, coincidiendo con él en una patrulla. En un punto de la tarde se separaron del otro coche que los acompañaba y la llevó a un descampado, donde se desabrochó el pantalón y, sujetando la cabeza de Carolina, le exigió que le hiciera una felación.

Ante la resistencia de ella, le golpeó la cabeza con el volante, teniendo que forcejear con ella. Una vez en la Comandancia, la agente se encontraba en su despacho, cuando apareció el condenado y, lanzándole a su mesa un pañuelo con semen, le dijo: “Mira lo que te has perdido, marrana”.

Expedientes a los agentes que intentaron ayudarla

Durante todos estos años nunca se llegaron a iniciar los protocolos antiacoso internos que tiene la propia Guardia Civil y ante el silencio cómplice de la mayoría del resto de compañeros, entre los que algunos fueron castigados por intentar ayudarla.

Una teniente se encontró en 2013 a Carolina llorando y esta le contó todo lo ocurrido, por lo que decidió llevarla ante la Policía Judicial especializada en Violencia de Género. “Allí tuvo que declarar sola” y en la audiencia el entrevistador le indicó que “sabía perfectamente lo que le iba a pasar a él si denunciaba”, intentando hacerla dudar de su reclamación, relata a este periódico Alicia Sánchez, secretaria nacional de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Su participación no se quedó solo en eso, sino que habló en más de una ocasión con el propio agresor para que parara con sus actos, pero sin ningún tipo de respuesta. “Otro compañero dio cuenta del acoso laboral que estaba sufriendo y le abrieron un expediente, igual que a la teniente. Los dos se archivaron, pero tuvieron que pasar el proceso", agrega.

“Él siguió trabajando hasta finales de mayo de 2024″

Tuvieron que pasar los años y que Carolina “tocara fondo”, según relata Sánchez, para que decidiera acudir al despacho de la letrada Laura Pérez Botella. En cuanto se enteró de lo que estaba ocurriendo, la abogada se puso en contacto con la AUGC y su secretaria de Igualdad en ese momento, Pilar Villacorta, fue directa a hablar con el Director General, que “ordenó a la Policía Judicial investigar los hechos”, explica Pérez Botella.

“A él no le tomaron declaración y con Carolina lo intentaron de forma insistente, queriendo obligarla, pero yo me negué. Fueron incluso a la puerta del centro psiquiátrico en el que estaba”, denuncia. Ya en ese momento es cuando presentaron la denuncia en el juzgado militar.

Este fue el momento en el que en la Comandancia supieron que la cosa podría ser seria y “se pusieron nerviosos”. “Habían ignorado su baja durante nueve meses y ahora de repente querían que acudiera a su médico, para controlarla. Les dije que no, que iba a seguir con su doctor de la Seguridad Social”, relata la abogada.

Este último hecho se acabó filtrando a la prensa, teniendo gran repercusión, y esta fue la primera vez, tras cuatro años de abuso, que se apartó al sargento de servicio, aunque “fue por un periodo muy corto”, indica Sánchez. “Él siguió trabajando hasta finales de mayo de 2024 en otro destino, cuando la sentencia se hizo firme”, añade.

“Declaró que a Carolina le gustaba mucho follar”

Durante el juicio, la actitud del sargento no cambió y su principal defensa fue que todo lo ocurrido había sido consentido y que a Carolina le gustaba que la trataran así. También se sacó a relucir en más de una ocasión como él era un hombre casado y con hijas, mientras que ella era una madre soltera, “como queriendo dejar caer que era una zorra o algo así”, denuncia su abogada.

En una de las sesiones declaró un teniente, “muy amigo del sargento”, que no había aparecido en los últimos años, para defender al acusado. “Declaró que a Carolina le gustaba mucho follar, que él se la había follado también, aunque estuviera casado", tratando de utilizar como prueba que le había hecho un regalo personal en una ocasión, cuando realmente fue un detalle de despedida de la Comandancia por parte de todos los compañeros.

“También trajo un correo electrónico de ella, pero que no se pudo encontrar en ninguna parte. Lo trajo en papel y dijo que no lo tenía en sus dispositivos porque se había borrado”, relata Pérez Botella.

Tras nueve días de sesiones, el juzgado tomó la decisión final y el sargento fue condenado a 19 años de prisión por un delito consumado y continuado de violación, un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de “trato degradante a inferior” y un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de “maltrato de obra a inferior”. “Que mi sentencia de diecinueve años sirva para que todos los que hoy miran hacia otro lado entiendan que su silencio les hace cómplices”, es la forma en la que concluye Carolina su entrevista con Telecinco.

La explotación sexual de estas mujeres habría generado más de dos millones de euros anuales, según han informado fuentes policiales. El inmueble, situado en la calle Marqués de Hoyos junto a Arturo Soria, continúa funcionando como prostíbulo debido a que sigue siendo alquilado, a pesar del operativo policial.

En el curso de la investigación, se comprobó que al menos 15 mujeres residían hacinadas en el sótano del chalet, dormían en literas y disponían de un único baño para todas. Este sótano, al que se accedía por una angosta escalera, carecía de ventilación adecuada: solo contaba con dos pequeños ventanucos protegidos con rejas, lo que impedía cualquier intento de huida, incluso en caso de incendio. El resto de plantas de la vivienda estaban destinadas a la atención de los clientes.

El matrimonio ganaba 6.000 euros en una mañana

La operación policial, denominada Socavón, permitió detectar que solo en una mañana las ganancias llegaban a 6.000 euros, mientras que durante cuatro días de vigilancia se registraron más de 600 movimientos de personas entrando y saliendo del chalet. Entre quienes acudían, los agentes confirmaron la presencia de menores, un hecho corroborado también por los testimonios de las víctimas.

Según los inspectores Víctor de las Heras y Tomás Santa María, de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía, citados por Efe, la organización de trata seguía el patrón habitual de este tipo de redes: captaban a mujeres vulnerables en sus países de origen, quienes llegaban a España con una deuda ya contraída por el pago del billete y del alojamiento.

Las mujeres obligadas a prostituirse eran sancionadas

La deuda aumentaba si incumplían las condiciones de un supuesto contrato de exclusividad, que se veían obligadas a firmar sin conocer su contenido. La organización, mediante carteles y pizarras, enumeraba las sanciones a las que se enfrentaban, como negarse a prostituirse con menores o sentarse sin ropa interior en los sofás.

Las víctimas no podían negarse a ninguna práctica sexual, debiendo atender solicitudes incluso fuera de la vivienda y transportar sustancias estupefacientes para los clientes que las habían solicitado. Otros mecanismos de control incluían un timbre-alarma que obligaba a las mujeres a presentarse de inmediato ante los clientes, interrumpiendo cualquier otra actividad, incluida la comida.

Servicios a la carta a través de una página web

La vigilancia digital era otra herramienta de la red de prostitución. Los responsables utilizaban una página web para publicar fotos de las mujeres, anunciar los servicios sexuales ofrecidos bajo coacción y concertar entrevistas. Las encargadas, dos mujeres con turnos de 12 horas que cubrían la mañana y la noche, atendían el teléfono, organizaban las citas, vendían drogas y cobraban por los servicios ofrecidos, ya fuese en efectivo, con tarjeta o aplicaciones digitales.

Las mujeres explotadas no solo estaban privadas de libertad, sino que también eran forzadas a mantener el orden y limpieza del chalet. En caso de no hacerlo según los parámetros exigidos, la organización imponía nuevas multas, ahondando así el vínculo de dependencia económica.

Casos de niñas de entre 8 y 9 años embarazadas, que están alojadas en los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), encienden aún más la polémica surgida tras las denuncias de posibles abusos en estas instalaciones estatales.

La denuncia de las menores embarazadas fue dada a conocer por la diputada independiente Alexandra Brenes, quien agregó que además se ha detectado una serie de irregularidades en cuanto a la estructura, la atención y la disponibilidad de personal especializado para atender en los albergues a los niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad.

Al parecer, las niñas embarazadas son indígenas, por lo que la diputada sugirió reforzar las acciones de prevención, acompañamiento y protección para menores en situación de vulnerabilidad en las zonas comarcales.

Para la recién nombrada directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas Chanis, las niñas no fueron embarazadas en los albergues, a donde aseguró que llegaron para brindarles protección.

Cárdenas Chanis, quien se desempeñó como viceministra del ministerio de la Mujer, fue recomendada por el presidente José Raúl Mulino y asumió el cargo esta semana, luego de la renuncia en medio del escándalo de Ana Fábrega.

Durante su ratificación en la Asamblea Nacional, que contó con 44 votos a favor, o en contra y 21 abstenciones, indicó que la hoja de ruta de su periodo al frente de la entidad estará dirigida a enfocarse en el diagnóstico institucional para realizar una evaluación real del recurso humano y financiero.

Anunció una auditoría y un censo nacional de los albergues, además de una digitalización de la base de datos de los menores albergados.

Los supuestas irregularidades en dichas instalaciones de la Senniaf no dan tregua, y el lunes se realizaron dos audiencias de control por presuntos abusos registrados en el Centro de Atención Integral (CAI) ubicado en Tocumen, en las afueras de la ciudad capital, donde en el primer caso están llamados Fábrega y otros exfuncionarios, según dieron a conocer las autoridades de justicia.

Mientras, en el segundo caso está involucrada otra exdirectora de la Senniaf, Otilia Rodríguez, además de Carmen Castillo, Ruth Sánchez, Tatiana Domínguez, Jefferson Albornoz y Yarineth Navarro.

Posterior a la renuncia de Fábrega, Rodríguez fue nombrada por el presidente Mulino como directora encargada, nombramiento que solo duró un día, dando paso a Lilibeth Cárdenas Chanis.

Hasta el momento, fuentes judiciales consultadas dijeron desconocer si se ha establecido una fecha para una audiencia de imputación de estos dos casos.

En febrero de este año la diputada Brenes presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la hoy exdirectora renunciante Ana Fábrega, por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los servidores públicos.

Alexandra Brenes hizo la denuncia penal en compañía del exdirector de Prevención del Senniaf, César Augusto Pérez, quien manifestó que fue desvinculado de la entidad por solicitar en reiteradas ocasiones que se investigaran los hechos que en el albergue se venían registrando.

Convertida desde hace algunos años en una entidad cuestionada por la sociedad panameña, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tiene como misión coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Esto, a través de la formulación de planes, programas y medidas de protección, con la participación de entidades públicas, organismos privados y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad organizada.

Preguntado por las afirmaciones del Rey Felipe VI con relación a la conducta de España durante la conquista de América, Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, expresó que a la luz de los valores actuales, muchos de los hechos ocurridos en aquel periodo resultan injustificables. Según informó el medio, López respaldó los comentarios del jefe del Estado, subrayando que resulta razonable admitir los “abusos” y “actuaciones lamentables” cometidos durante la colonización.

Tal como publicó el medio, Felipe VI reconoció recientemente, durante un encuentro mantenido con el embajador de México, que, a pesar de los esfuerzos de la Corona por proteger a la población indígena, la conquista estuvo marcada por “mucho abuso” y por la existencia de “controversias éticas” desencadenadas por el proceder de los conquistadores españoles. El monarca destacó que tales comportamientos, si se analizan desde los valores contemporáneos, no permiten sentirse orgulloso de ese pasado.

El medio detalló que Patxi López valoró estas declaraciones del Rey como un acto de reconocimiento sobre el pasado colonial español. Así, López consideró comprensible, y compartió, la visión prevista por el jefe del Estado al señalar que “todo el mundo” puede entender que durante la colonización se produjeron “abusos y barbaridades”. López insistió en que la evaluación de aquellos acontecimientos cambia de manera significativa cuando se observa desde la perspectiva y los principios éticos vigentes en la actualidad.

De acuerdo con lo señalado por el portavoz socialista y tal como reportó el mismo medio, la reflexión del Rey y la posterior adhesión de López subrayan la importancia de encarar el pasado sin evadir las responsabilidades derivadas de los hechos históricos. López apuntó que, aunque en su momento esos actos pudieron no ser reprobables para las autoridades de la época, los principios de la sociedad contemporánea obligan a hacer una valoración distinta y a reconocer el sufrimiento causado a las poblaciones originarias de América.

En este contexto, tanto la Casa Real española como representantes del Ejecutivo, según consignó el medio, han optado por una postura de reconocimiento crítico, señalando la complejidad y las contradicciones de la historia. La declaración de Felipe VI ante el embajador de México representa el último episodio de un proceso de revisión histórica promovido desde diferentes esferas oficiales en España, que busca establecer una aproximación equilibrada al legado de la Corona en el continente americano.

A lo largo de sus declaraciones, López destacó la necesidad de mirar hacia el pasado con honestidad y asumir que muchos comportamientos del periodo colonial resultan, a los ojos de las sociedades actuales, imposibles de justificar. El medio mencionó, además, que este tipo de posicionamientos en líderes políticos y autoridades estatales responde tanto a la demanda de sectores sociales y culturales, como a la evolución del debate público sobre la memoria histórica.

La conversación iniciada por las palabras del Rey Felipe VI y continuada por Patxi López, siempre según el medio, sitúa en primer plano la discusión sobre las consecuencias de la presencia española en América y contribuye a reabrir el debate sobre las formas de afrontar el pasado colonial, tanto en la política institucional como en el ámbito de las relaciones entre España y los países latinoamericanos.

Entre los registros oficiales del Ministerio de Defensa se contabilizan más de 300 suicidios en las fuerzas armadas españoles durante el período de 1983 a 2001. Diversas investigaciones y testimonios de familiares sostienen que este número podría no reflejar la totalidad de los casos, ya que existirían fallecimientos catalogados como muertes accidentales que en realidad corresponderían a suicidios vinculados al servicio militar obligatorio. Según informó el medio, Sumar junto con socios parlamentarios del Gobierno han presentado en el Congreso una petición para que se esclarezcan las posibles violaciones a los derechos humanos, el maltrato psicológico y físico, así como la existencia de muertes autoinfligidas relacionadas con la “mili”. Los legisladores solicitan que se determinen las responsabilidades institucionales y que se repare integralmente a quienes resultaron afectados y a sus allegados.

Tal como detalló el medio, la iniciativa ha sido impulsada en forma de proposición no de ley por Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, y por partidos del Grupo Mixto como Podemos, Compromís y BNG. El documento recoge la preocupación por las prácticas ocurridas en los años 80 y 90 del siglo pasado, periodo coincidente con gobiernos del PSOE. La petición recoge el testimonio de miles de jóvenes que cumplieron el servicio militar obligatorio y denuncia que, durante ese tiempo, se reportaron abusos, vejaciones y casos de suicidio dentro de los cuarteles.

La propuesta parlamentaria sigue la senda abierta semanas atrás en el Parlamento de Cataluña a raíz de la emisión de un documental que expuso vivencias y denuncias similares. El texto consignado al Congreso demanda al Defensor del Pueblo que, de manera proactiva, inicie una investigación de alcance estatal orientada a esclarecer las denuncias de maltrato y abuso, e incluya tanto aspectos de carácter físico como psicológico sufridos por los reclutas.

Los grupos políticos firmantes argumentan que lo expuesto evidencia la existencia de una posible dinámica de impunidad y negligencia institucional, asunto que hasta la fecha no habría sido sometido a una revisión en profundidad desde el ámbito legislativo estatal. Dicha investigación, según publicó la fuente, debe evaluar los sistemas de control vigentes durante el periodo cuestionado y establecer si las instituciones responsables incurrieron en omisiones o actuaciones inapropiadas.

Una vez verificados los hechos, la proposición pide que el Estado asuma el impulso de un reconocimiento público de las víctimas, y desarrolle mecanismos concretos para su reparación. Entre las medidas invocadas figuran la restitución moral, simbólica y económica; la instauración de asistencia jurídica gratuita; y el ofrecimiento de apoyo psicológico tanto a los afectados como a sus familiares, con énfasis en garantizar justicia, memoria y la no repetición de estos hechos en el futuro.

Sumar y sus aliados de investidura de Pedro Sánchez recalcan la importancia de profundizar en la gravedad de estos episodios y remarcan que las cifras oficiales podrían quedarse cortas respecto al verdadero alcance de suicidios y abusos, dado que los registros existentes no siempre discriminan entre muertes naturales, accidentales o autoinfligidas. Según consignó el medio, la reparación no solo abarca el ámbito personal de quienes sufrieron en primera persona, sino también la necesidad de ofrecer apoyo a sus entornos familiares, quienes cargan con el peso de las secuelas derivadas de aquellos años de servicio militar obligatorio.

Finalmente, la proposición plantea la obligación del Estado de establecer garantías para que ninguna nueva generación de reclutas pase por situaciones similares y adaptar los mecanismos de control e infraestructura institucional para asegurar que las condiciones y la protección de los derechos fundamentales prevalezcan en todos los contextos vinculados al servicio militar. Los proponentes consideran fundamental la labor de esclarecer estos hechos y reivindican el derecho de las víctimas a la verdad, al reconocimiento oficial y a una reparación acorde a las consecuencias sufridas.

Colleen Stan buscó protección en lo que parecía lo más confiable: una familia común. Al hacer dedo (autostop) en una ruta de California, la joven creyó haber encontrado el viaje perfecto cuando un matrimonio y su bebé le ofrecieron llevarla.

Nada, en la lógica cotidiana, hacía sospechar el infierno que se avecinaba. Lo que Colleen no sabía era que Cameron Hooker y su esposa Janice ya habían decidido que necesitaban una nueva víctima para satisfacer los deseos más oscuros del hombre.

Cameron Hooker nació el 5 de noviembre de 1953 en Alturas, California. Poco se sabe de su infancia. Su familia se mudó a Red Bluff cuando él tenía 16 años, y tras terminar la escuela secundaria, comenzó a trabajar en un aserradero local. Fue en ese ambiente donde conoció a Janice, una adolescente de 15 años cuya vida estaba atravesada por la violencia familiar.

La joven, marcada por el maltrato, se convirtió en el blanco ideal para un hombre cuya adicción a la pornografía violenta ya se había transformado en obsesión por las prácticas sádicas.

Hooker introdujo a Janice en el universo del BDSM (bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo) extremo. Según los registros, él la colgaba de las muñecas, la azotaba con látigos y practicaba la asfixia durante el sexo, además de forzarla a tríos y otras situaciones denigrantes. La sumisión de Janice fue, en realidad, el resultado de un vínculo de poder deformado desde la raíz.

Harta de la situación, Janice le puso condiciones a su marido: él solo podría tener relaciones sexuales con ella, pero debía buscarse otra sumisa para satisfacer sus inquietudes más violentas. Cameron aceptó y comenzó la cacería, convencido de que podía repetir el esquema de sometimiento.

El 31 de enero de 1976, la pareja circuló por Chico, California, en su Dodge Colt. Vieron a una joven modelo de 19 años, Marie Elizabeth ‘Marliz’ Spannhake, haciendo dedo. La invitaron a subir. Apenas entró al auto, Cameron la atacó y la llevó a su casa de Red Bluff, donde fue sometida a violaciones y torturas.

Marliz no sobrevivió mucho tiempo. Cameron la colgó de una viga y la asesinó con un disparo y luego estrangulándola, según relató su esposa. El cuerpo fue enterrado cerca del Parque Nacional Lassen, pero jamás fue hallado. La familia de la joven denunció la desaparición, pero las sospechas recayeron erróneamente sobre su novio, mientras el verdadero autor seguía libre y era, por aquel entonces, desconocido.

Un año después de ese crimen, y ya con un hijo recién nacido, los Hooker reanudaron su búsqueda. La desaparición de Marliz, lejos de frenar la violencia, se transformó en un ensayo para refinar el método.

El 19 de mayo de 1977, Colleen Stan, de 20 años, aceptó el viaje ofrecido por los Hooker. La presencia del bebé y la cortesía de la pareja la tranquilizaron, aunque una intuición le susurró que debía escapar. La tranquilidad duró poco: Cameron detuvo el auto, la amenazó con un cuchillo y le colocó una caja de madera en la cabeza, diseñada para silenciar sus gritos.

Al llegar a la casa, Colleen fue sometida a torturas inimaginables. Pasaba horas vendada y colgada de correas, era golpeada, violada y atada a un potro casero. Sufrió quemaduras, electrocuciones y fue asfixiada repetidas veces. Cameron había prometido a Janice que no habría penetración, pero utilizaba objetos y métodos que superaban cualquier límite.

El cautiverio de Colleen alcanzaba su punto máximo de crueldad en el encierro dentro de un ataúd de madera, ubicado bajo la cama matrimonial. Allí pasaba hasta 23 horas diarias, saliendo solo para enfrentar nuevas agresiones. La joven debía orinar y defecar en el interior del cubículo, mientras Janice observaba las escenas de humillación, volviendo la situación aún más asfixiante.

Además del sometimiento físico, Cameron ejerció un dominio mental absoluto sobre Colleen. Le hizo creer que existía una organización secreta y peligrosa, “La Compañía”, que vigilaba todos sus movimientos, y que cualquier intento de huida pondría en peligro a su familia. La amenaza era tan convincente que Colleen terminó convencida de su total indefensión.

El tiempo transcurrió sin que nadie notara la presencia de una esclava sexual en el hogar de los Hooker. La rutina familiar sirvió como camuflaje perfecto para ocultar el cautiverio.

La familia de Colleen inició una búsqueda incansable, pero las investigaciones policiales se enfocaron en su exmarido, Tom Smith, quien fue descartado tras comprobarse su coartada. Durante años, el caso se estancó, mientras Colleen seguía prisionera bajo la cama de sus captores.

En marzo de 1981, tras casi cinco años de cautiverio, ocurrió un hecho insólito. Colleen logró convencer a Cameron de que necesitaba ver a su familia por última vez, asegurándole que lo amaba. El secuestrador, confiando plenamente en la sumisión de su víctima, accedió. Juntos viajaron a Riverside y visitaron a los Stan.

La escena fue desconcertante. La familia de Colleen la vio llegar demacrada y acompañada de un hombre al que trataba con servilismo absoluto y que dijo que era su novio. Nadie sospechó la verdad, y la joven volvió al lado de su captor sin intentar escapar. Una hermana de Colleen tomó la única foto conocida de ambos, donde la víctima aparenta felicidad.

Al regresar, Cameron confesó a Janice sus planes de ampliar el encierro y conseguir nuevas esclavas. La revelación fue el detonante que llevó a Janice a buscar ayuda externa.

Janice Hooker, hasta entonces cómplice y testigo de todo, decidió contar la verdad. Acudió al pastor de su parroquia, quien la animó a abandonar la casa y liberar a Colleen. El 10 de agosto de 1984, Janice escapó con sus hijos y la víctima. La esposa ofreció su testimonio a cambio de inmunidad plena, relatando el asesinato de Marliz y los años de tortura infligidos a Colleen.

Mientras tanto, Colleen se comunicaba telefónicamente con Cameron, lo que indica el grado de sometimiento psicológico que aún pesaba sobre ella.

Cameron Hooker fue arrestado el 19 de noviembre de 1984. Los cargos incluyeron asesinato en primer grado, secuestro, tortura y violación. Durante el juicio celebrado en septiembre de 1985, peritos y psicólogos confirmaron la brutalidad física y mental sufrida por Colleen y el desarrollo en ella del síndrome de Estocolmo.

La joven, ya liberada, declaró ante el tribunal: “Aprendí que podía ir a cualquier parte de mi mente. Solo dejaba de estar en la situación que estaba viviendo y me iba a otro sitio de mi cabeza más agradable”. Esa estrategia de evasión mental fue su único refugio durante los años de cautiverio.

El tribunal condenó a Cameron Hooker a 104 años de prisión. Ante la sentencia, el acusado mostró una actitud provocadora, llegando a ironizar con sus abogados sobre su nueva vida en prisión: “Quiero que le den las gracias al juez de mi parte. Tengo una biblioteca, un gimnasio y tiempo para disfrutarlos. Y eso es mucho mejor que vivir con esas dos mujeres”.

Hooker apeló la condena. Argumentó que las pruebas sobre la conducta sexual pasada de Colleen deberían haberse admitido y que el juez de primera instancia cometió errores en otros aspectos procesales. El Tribunal de Apelaciones de California rechazó los argumentos de Hooker y confirmó su condena y sentencia. Fue el 25 de febrero de 1985, hace 41 años.

El caso se conoció como el de “La chica de la caja” trascendió por el nivel de crueldad y el tiempo de sometimiento logrado por Hooker. Originalmente la condena de Hooker implica que no podía obtener libertad condicional hasta 2023, la fecha de la audiencia de Hooker se adelantó ocho años, y se realizó en 2015, a través del Programa de Libertad Condicional para Personas Mayores de California. El 16 de abril de 2015, su solicitud de libertad condicional fue denegada. Hooker podría tener otra audiencia en 2030. Mientras cumple su condena en la cárcel de San Mateo. Janice cambió su identidad y trabaja como asistente social en California.

Colleen Stan, por su parte, reconstruyó su vida: estudió contabilidad, cambió su apellido, contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y tuvo un hijo. A pesar de las secuelas psicológicas, Colleen logró encontrar momentos de felicidad y se dedicó a ayudar a otras mujeres víctimas de abuso.

En pleno resurgimiento del caso Epstein, el ex príncipe Andrés terminó por exiliarse esta semana lejos de Windsor, sin lograr por ello escapar de las sospechas que se acumulan a su alrededor.

El diario The Sun fue el primer medio que reveló, el martes, la partida la noche anterior del hermano de Carlos III de su lujosa residencia de Royal Lodge, cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres.

En octubre, tras una nueva tanda de revelaciones embarazosas vinculadas al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, el monarca había tomado la decisión histórica de despojar a Andrés de sus títulos reales.

Además, ordenó a su hermano menor abandonar la mansión, donde residía desde hacía más de 20 años —a cambio de un alquiler irrisorio— con su ex esposa Sarah Ferguson, para reinstalarse en una propiedad real de Sandringham, en el noreste de Inglaterra.

El dominio de Sandringham es propiedad privada del rey, a diferencia de Windsor, gestionado de manera independiente por un organismo del que el Estado recupera la mayor parte de los ingresos.

Pero, según fuentes citadas por medios británicos, los acontecimientos se han acelerado, ya que el rey estaría “cada vez más preocupado” por el grado de implicación de su hermano en este escándalo.

Bailarinas exóticas

El palacio de Buckingham no confirmó ni comentó de inmediato esta evolución, pero la información que ha surgido de los millones de páginas del expediente Epstein publicadas el viernes por el Departamento de Justicia estadounidense no ha hecho sino alimentar las sospechas que pesan sobre Andrés.

En las páginas han aparecido fotos sin fecha en las que se ve a Andrés arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro está censurado, así como correos electrónicos invitando al delincuente sexual a Buckingham para hablar en “privado”.

Andrés ya había sido acusado por Virginia Giuffre de agresiones sexuales cuando ella era menor de edad. La principal testigo de cargo del caso Epstein se suicidó en abril pasado.

Una segunda mujer afirmó, a través de su abogado, que el financiero estadounidense la envió a Reino Unido en 2010 para mantener relaciones sexuales con Andrés en Royal Lodge.

La policía local indicó el martes que iba a “examinar esta información”, pero que hasta ahora no había sido contactada ni por esta mujer ni por su abogado.

El miércoles, una carta de un abogado surgió de los documentos de la justicia estadounidense, dando cuenta de una velada con “bailarinas exóticas” en Palm Beach, en Estados Unidos, a principios de 2006, durante la cual Epstein habría presentado a una de ellas, representada por un abogado, a Andrés.

Ambos hombres le habrían propuesto mantener relaciones sexuales a la vez.

La joven se habría negado, pero la voluntad de los dos hombres habría “prevalecido”, afirma el abogado en esta carta, precisando que posteriormente recibió dinero, aunque menos de lo que se le había prometido inicialmente por bailar.

“Una cuestión de conciencia”

Andrés, que siempre ha negado cualquier comportamiento ilegal, no ha hecho ninguna declaración desde la publicación de los últimos documentos. El ex príncipe fue visto por fotógrafos el lunes paseando a caballo por el parque de Windsor.

A pesar de la tradicional reserva del gobierno respecto a la familia real, el primer ministro británico, Keir Starmer, estimó que Andrés debería testificar ante el Congreso estadounidense sobre lo que sabe de los crímenes del financiero.

Y según fuentes reales citadas por el Daily Mail, el palacio considera que testificar es ahora “una cuestión de conciencia” para Andrés.

Su ex esposa, Sarah Ferguson, con quien Andrés ha mantenido una relación cercana, también ve su imagen dañada por los documentos publicados en los últimos días.

“Gracias, Jeffrey, por ser el hermano con el que siempre soñé”, escribía la ex duquesa de York a Epstein en un correo electrónico de 2009.

Unos meses más tarde, explicó al financiero que tenía “urgentemente necesidad de 20.000 libras”, unos 27.000 dólares, para pagar su alquiler.

“No tengo realmente palabras para describir mi amor y mi gratitud por tu generosidad y tu amabilidad”, le escribía en enero de 2010. “Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”, añadía.

(con información de AFP)

En un hito para la legislación francesa, la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad una reforma que elimina de manera explícita la supuesta obligación sexual dentro del matrimonio, lo que implica el final efectivo del llamado “deber conyugal” en Francia.

Con esta normativa, la negativa a mantener relaciones sexuales ya no podrá usarse como argumento legal en procedimientos de divorcio, y el consentimiento se refuerza como principio esencial en las relaciones entre cónyuges.

La medida surgió tras la conmoción social provocada por el caso de Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su esposo, que evidenció la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la libertad y la seguridad en el ámbito conyugal.

El detonante de la resolución

El origen del debate se encontraba en la interpretación de “vida en común” del Código Civil francés, que incluye los deberes de fidelidad, asistencia y socorro. Aunque nunca se mencionó la obligación sexual, jueces interpretaron durante años que la convivencia la incluía. Por ello, la negativa sexual se usaba como base para demandas de divorcio y el consentimiento quedaba relegado a un segundo plano.

El nuevo texto, aprobado por 106 votos a favor y ninguno en contra, establece que en las ceremonias de matrimonio civil deberá leerse una cláusula que afirma que “esta vida en común no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales”. Este cambio fue promovido por la diputada Marie-Charlotte Garin, quien expresó su esperanza de que la ley suponga un punto de inflexión.

El caso de Gisèle Pelicot, drogada y entregada por su marido a desconocidos que la violaron, supuso un antes y un después en la concienciación pública sobre la violencia sexual en el matrimonio. El esposo fue condenado a 20 años de prisión y otros acusados recibieron penas de entre cinco y quince años. Muchos justificaron su conducta por el “permiso” del marido, lo que evidenció la necesidad de clarificar el consentimiento y terminar con la llamada “cultura de la violación”.

La reforma complementa otras recientes, como la adopción de una definición de violación basada en la ausencia de consentimiento. Paul Christophe, diputado del partido Horizontes, destacó la necesidad de una mayor conciencia sobre el consentimiento.

Durante el debate, el Partido Socialista y La Francia Insumisa defendieron eliminar la obligación de fidelidad del Código Civil, por considerarla una posible imposición sexual, pero la propuesta no prosperó.

Consecuencias legales y camino parlamentario

Con la ley, será imposible alegar la falta de relaciones sexuales como razón única para el divorcio en Francia. Aunque el impacto en la estadística de divorcios podría ser limitado, la norma busca impedir que se perpetúen situaciones de violencia sexual amparadas en una interpretación tradicional del matrimonio.

El texto debe continuar su tramitación en el Senado, donde pueden proponerse enmiendas, antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor, prevista para este verano. La normativa francesa se alinea así con otras reformas europeas que han situado el consentimiento en el centro de la libertad sexual.

La ley se considera un avance en la protección de los derechos individuales en la pareja y un mensaje contra la idea de que las relaciones sexuales puedan ser exigidas en el matrimonio. Según Garin, todavía permanece “la creencia de que las personas tienen derecho a exigir relaciones sexuales, tanto en el matrimonio como en la vida en pareja. Esa idea debe desaparecer y dejar paso a la noción de consentimiento”.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado sentencia contra los siete jóvenes acusados de agredir sexualmente a una joven de 21 años en junio de 2020. La Sala, compuesta por magistrados de la sección primera, determinó que los condenados actuaron de manera concertada, utilizando la superioridad numérica y física para impedir la salida de la joven de un piso de la capital aragonesa, donde fue sometida a continuas violaciones y agresiones sexuales durante dos días y medio.

El fallo del tribunal ha impuesto penas de 14 años de prisión a seis de ellos, al ser autores responsables del delito continuado de violación. En cambio, el séptimo ha recibido una pena como cooperador necesario, al haber facilitado la intimidación ambiental sin participar materialmente en el acto sexual. Además, el dictamen les ha impuesto la inhabilitación para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto con menores durante 19 años para los principales condenados y 18 para el cooperador necesario.

Asimismo, se les ha prohibido acercarse a la víctima o a lugares frecuentados por ella a menos de 500 metros durante 16 años. Todos deberán cumplir también una medida de libertad vigilada por ocho años tras finalizar sus penas de prisión. En última instancia, los magistrados han impuesto igualmente una indemnización para la víctima de 50.000 euros en concepto de lesiones y daños morales, una cantidad considerada “adecuada y ponderada” tras la solicitud del ministerio fiscal.

16 grabaciones que demuestran los hechos

Los hechos se iniciaron el 23 de junio de 2020, cuando uno de los jóvenes contactó con la víctima bajo el pretexto de asistir a una fiesta. El plan consistía en llevarla más tarde a la vivienda de otro de los acusados, donde la joven permanecería dos días. La defensa habría argumentado que existió consentimiento por parte de la joven, pero los magistrados rechazaron esta línea de defensa al considerar que el testimonio de la víctima se sostuvo “en el tiempo sin ambigüedades, ni contradicciones relevantes y exponiendo en todo momento de forma descriptiva las agresiones sexuales”.

Además, el tribunal tuvo en cuenta el ambiente al que fue sometida la joven: “El efecto intimidatorio puede producirse por la simple presencia o concurrencia de varias personas, distintas del que consuma materialmente la violación, ya que la existencia del grupo puede producir en la persona agredida un estado de intimidación ambiental”, se lee en la sentencia.

De hecho, la Sala incluyó como elemento fundamental la existencia de 16 videos grabados por uno de los acusados el día posterior al secuestro, donde la denunciante mantiene que “no quería tener relaciones sexuales con todos ellos, que quería marcharse del piso y no se lo permitieron”. Por este motivo, “los magistrados no albergamos duda alguna de que los hechos se desarrollaron en la forma expresada”.

Así, los magistrados consideran penas agravantes debido a “la violencia e intimidación ejercidas reviste un carácter particularmente degradante o vejatorio”. En el argumento también añaden “que es igualmente aplicable (artículo 180.1 del Código Penal), al haberse cometido el delito por la actuación conjunta de dos o más personas, encontrando plena justificación su apreciación, no solo por la mayor gravedad que supone la existencia de un acuerdo para la ejecución de hechos tan perversos como los enjuiciados, con grabación de alguno de ellos, sino también por la mayor indefensión en que se encuentra la víctima ante un ataque persistente desarrollado por varias personas”, se lee en la sentencia según lo recogido por Europa Press.

Una vez abierta la correspondiente ejecutoria, se debe tramitar una pieza separada para que las penas de prisión de los condenados extranjeros puedan ser sustituidas por su expulsión del territorio español. Según el fallo, contra la resolución cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que podrá interponerse en un plazo de diez días a partir de la notificación.

La situación se dio el martes pasado en un negocio localizado en la esquina de Carabobo y La Porteña, donde la chica fue a comprar junto a una amiga, también menor de edad. El acusado, identificado como Y.L., las atendió.

Ellas pidieron un agua saborizada y aguardaron frente en la zona de cajas del supermercado mientras él fue a buscar la botella a las góndolas del fondo. La existencia de cámaras de seguridad en el lugar permitió obtener registros fílmicos de lo sucedido a continuación. El video forma parte de la investigación y encabeza esta nota.

En las imágenes se observa a Y.L. dirigiéndose con la botella hacia las dos nenas, que se encontraban en el mostrador. Primero, le entrega el agua saborizada a la amiga de la denunciante y luego la toma del cuello a la nena de 11 años con ambas manos.

La acción se extendió por varios segundos en los que Y.L. también se le abalanzó a la menor, que intentaba sacárselo de encima. Tras soltarla, el comerciante le dio una palmada en la espalda. Mientras tanto, ante el imprevisto momento, la reacción instantánea de la amiga fue reír, quizá desorientada.

La secuencia concluye con el acusado retomando la atención en la caja, donde finalmente procede a cobrarles a ambas por la compra, sin que medie intervención de otros empleados o clientes. En el video también se observa a una mujer caminando por el lugar y que el ciudadano chino le extiende la mano a la nena de 11 años para saludarla antes de que ella se retirase junto a su amiga.

La nena más tarde le contó lo sucedido a su madre, María José. “Mi hija me dijo ‘mami, el chino me tocó’”, relató la mujer ante la prensa. El video del hecho llegó a sus manos esa misma noche. “Me lo mostraron y lo habré visto unas tres veces. Fui viendo detalles, para mí esto que pasó es abuso”, sentenció. Así, fue a radicar una denuncia ante la Comisaría Los Pinos.

En el caso tomó intervención la fiscal Roxana Castelli, de una de las unidades especializadas en Violencia de Género en el Departamento Judicial de La Matanza. María José se reunió ayer con la funcionaria judicial y allí surgió un malentendido: “Yo estaba nerviosa por lo que había pasado y malinterpreté a la fiscal, que me había explicado bien, pero entendí que la causa iba a quedar en nada”.

Ese malentendido sumado a la viralización de las imágenes en las horas posteriores y la gravedad de la denuncia motivaron una reacción en el barrio. Vecinos y allegados a la nena comenzaron a congregarse frente al supermercado, exigiendo explicaciones y la detención inmediata del propietario.

El clima se tornó tenso cuando el grupo, integrado por al menos 20 personas, intentó ingresar por la fuerza al local con la intención de agredir a Y.L., situación que fue impedida por la llegada de personal policial.

Ante el riesgo de que el episodio derivara en un linchamiento, los efectivos dispusieron el traslado del acusado a la seccional ubicada justo frente al supermercado, donde quedó bajo resguardo durante el desarrollo de la protesta.

Los manifestantes, lejos de dispersarse, se dirigieron a la entrada de la dependencia policial y continuaron el reclamo, incendiando gomas y exigiendo respuestas a las autoridades. En medio de ello fue aprehendido el hermano de María José. El hombre ya fue liberado.

Tras tomar contacto con las primeras pruebas reunidas, la fiscal Castelli hizo una evaluación inicial y resolvió no adoptar medidas restrictivas contra Y.L. en ese momento. Aunque sí le impuso algunas condiciones mientras sigue sujeto al proceso: “En la fiscalía me comunicaron hoy que el chino está notificado, no puede salir del país y tiene que fijar un domicilio. Tampoco puede abrir el negocio”, contó María José. El acusado vive en una casa junto al supermercado, pero se retiró tras la denuncia.

La madre agregó ante los medios una supuesta versión: “Escuché que el comerciante la acusaba de robo, que por eso la tocó, para revisarla. En el video se ve lo que le pasó, para mí es abuso. Yo lo interpreto así, ahora hay que esperar la determinación del fiscal”.

También comentó que su hija “está bien, tranquila” y que no fue convocada a declarar todavía. La investigación sigue su curso.

Tres nuevos testimonios de menores se sumaron esta semana a la causa contra el empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar de alumnos del colegio Palermo Chico. Las declaraciones se tomaron en Cámara Gesell durante la feria judicial.

Con la incorporación de estos relatos, la investigación ya cuenta con las voces de 10 chicos vinculados al expediente, provenientes de nueve familias denunciantes. El expediente está a cargo del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, que conduce el juez Carlos Bruniard.

Las últimas tres declaraciones se concretaron entre el lunes y ayer, e, informaron fuentes del caso a Infobae, los testimonios presentaron coincidencias sobre la gravedad de los hechos denunciados: toqueteos, masajes, manoseos y contacto con las partes íntimas cuando los denunciantes eran menores, además de la provisión de alcohol.

De acuerdo a las fuentes consultadas, uno de los chicos que declaró esta semana aseguró que Porcel, en el marco de esas situaciones, solía decirles: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.

Tal como ocurre en este tipo de causas en las que hay menores involucrados, las declaraciones se realizaron mediante el mecanismo de Cámara Gesell y, en cada caso, debía realizarse a continuación una pericia psicológica.

Sin embargo, según pudo saber este medio, tras la declaración del primer chico, la perito de la defensa no se presentó al peritaje psicológico programado, lo que motivó que la evaluación se postergara para febrero.

Uno de los chicos que declaró esta semana pudo romper el silencio recién tres años después de los hechos que denunció. Según explicaron desde el entorno de las familias, ese chico atravesó un cuadro complejo y había tenido dificultades para relatar lo sucedido antes de este momento.

Fuentes del caso detallaron que, una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán los escritos correspondientes. Después de eso, en un plazo estimado de 20 a 25 días, el juez podría convocar a Porcel a indagatoria.

El origen de la causa

El expediente judicial investiga hechos que, de acuerdo a la denuncia, ocurrieron entre 2022 y 2024. En las presentaciones judiciales se indicó que Porcel organizaba reuniones y fiestas en su domicilio de la calle Godoy Cruz y en su oficina de Avenida del Libertador, donde, siempre según los testimonios, los chicos -compañeros de los hijos del acusado- recibían alcohol y participaban de juegos y desafíos que incluían premios en dinero.

Porcel permanece en libertad, imputado y obligado a notificar a la Justicia cada vez que realiza un movimiento: un paso en falso podría constituir una falta a los requisitos impuestos como condición de su libertad y ya lleva dos errores.

El primer incumplimiento lo descubrió la querella: el imputado había dejado su departamento de la calle Godoy Cruz, domicilio que había fijado ante la Justicia, para mudarse a otro en la calle Demaría y no había avisado. El segundo fue a raíz de un viaje a Uruguay para el casamiento de su sobrina. Había dicho que regresaba el 5 de enero. Lo hizo el 19 de diciembre y no avisó.

Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los menores hacen deporte, además de ordenar el secuestro y peritaje de computadoras y celulares. En dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que se trata de dos celulares marca XIAOMI que fueron secuestrados durante los procedimientos en el domicilio del imputado de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, en septiembre de 2024.

Todo fue peritado por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT) que dejó en claro que se quedó con “cinco” imágenes que podían estar vinculadas a la causa contra el empresario.

En ese pack de cinco fotos se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha” en lo que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. Luego, en otra imagen, se ve a un chico vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”, detallaron las fuentes.

“De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido”, ampliaron las fuentes del caso y destacaron que fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres, que son uno los siete querellantes del caso.

Y continuaron: “(La víctima) Identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia Porcel”. De ese domicilio de la calle Godoy Cruz, el acusado se mudó tras el escándalo.

En tanto, en el otro celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

La elección del reconocido abogado penalista José Antonio Choclán por parte de Julio Iglesias para su defensa refleja la estrategia legal que adoptará el cantante tras conocerse las denuncias de dos antiguos empleados del hogar. Según informó esDiario.es y confirmó Univisión, Iglesias hizo pública su postura casi de madrugada mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, donde rechazó categóricamente las acusaciones de agresión sexual, vejaciones, humillaciones y otros presuntos abusos atribuidos por las denunciantes.

De acuerdo con lo expuesto por esDiario.es y Univisión, las denuncias fueron interpuestas por dos extrabajadoras domésticas de Iglesias, quienes lo acusan de conductas tales como abuso sexual, relaciones no consentidas, maltrato físico y verbal, además de tratos degradantes en el entorno laboral. Según detallaron ambos medios, la reacción del artista se dio tres días después de la publicación de estas denuncias en sus plataformas. Iglesias expresó en su comunicado: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

La entrada en escena de José Antonio Choclán añade una dimensión relevante al caso. Tal como publicó esDiario.es, este abogado ha estado involucrado en la defensa de figuras reconocidas como Cristiano Ronaldo, Víctor de Aldama y Corinna Larsen, lo cual posiciona la causa de Iglesias entre los procesos de mayor repercusión pública recientes. El propio comunicado del cantante hace alusión a las posibles actuaciones jurídicas si la Audiencia Nacional da curso a las denuncias, manifestando la firme intención de proteger su reputación.

En el mismo comunicado, el padre de Enrique Iglesias afirmó vivir uno de los momentos más difíciles de su vida personal. "Nunca había sentido tanta maldad", escribió en su declaración, además de advertir que dispone de energías para resistir y exponer su versión: "Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave". Iglesias enfatizó que no permitirá que las acusaciones condicionen su imagen y subrayó su disposición a pelear por su honor si la justicia lo determina necesario, tal como señaló esDiario.es.

El cantante reservó también unas palabras para quienes lo han acompañado desde que estalló la controversia. En la parte final de su mensaje, afirmó: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas". Según reportó Univisión, Iglesias quiso resaltar el apoyo recibido de sus seguidores y allegados, considerándolo un aliento fundamental durante esta etapa.

Mientras el proceso avanza en los ámbitos judicial y mediático, permanece la atención sobre los procedimientos que la Audiencia Nacional podría adoptar si estimara la veracidad de las denuncias, según publicó esDiario.es. La selección de una estrategia defensiva robusta, respaldada por figuras experimentadas en el ámbito penal, apunta a un litigio de complejidad considerable para las partes involucradas. Por el momento, la postura pública y legal del intérprete de 'Soy un truhán soy un señor' se mantiene en la negación frontal de los hechos atribuidos y en el anuncio de que buscará revelar la versión que sostiene como verdadera ante las autoridades pertinentes y la opinión pública, según detalló esDiario.es.

Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, aseguró este martes que “más de 400 personas han sido liberadas” en el marco de un proceso que, según él, busca promover la “convivencia pacífica”. Sin embargo, la principal ONG de defensa legal, Foro Penal, sostiene que la cifra real es mucho menor y acusó al régimen de falta de transparencia y manipulación.

Durante una sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que los liberados no son presos políticos, sino “políticos que habían violado la ley y llamado a la invasión”. El dirigente negó que existan detenciones motivadas por razones ideológicas y aseguró que la decisión de excarcelar a algunos opositores responde a una estrategia de distensión tras la crisis política desatada por la operación estadounidense.

“La decisión de liberar a algunos presos, no presos políticos sino políticos que violaron la Constitución, fue concedida para promover la paz”, sostuvo ante el Parlamento. Rodríguez no brindó detalles sobre identidades ni plazos, y tampoco publicó la lista de los supuestos liberados.

¿Qué dijo el Foro Penal?

La versión del régimen contrasta con los datos de Foro Penal. La ONG, con más de 23 años de experiencia en la defensa de víctimas de represión política, respondió con un comunicado en el que rechaza las acusaciones de Rodríguez sobre supuestos cobros a familiares y denunció graves irregularidades en el manejo de la información.

“No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos”, respondió el Foro Penal, al tiempo que subrayó que su labor ha sido siempre gratuita y reconocida por quienes han recibido su apoyo.

El comunicado de la organización enfatiza que la falta de claridad sobre los nombres y criterios de los liberados es responsabilidad exclusiva del régimen. “Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que están utilizando”, subrayó la ONG.

El Foro Penal instó a la Asamblea Nacional y a Rodríguez a publicar las listas completas, insistiendo en que la opacidad estatal solo genera angustia y sufrimiento entre los detenidos y sus familias.

Hasta este martes, la organización independiente solo ha podido verificar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio oficial del 8 de enero. Otras ONG y plataformas opositoras manejan cifras similares, que oscilan entre 60 y 70, muy lejos de las “más de 400” liberaciones que asegura el régimen.

“Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos”, explicó la organización, que recordó que el número total de presos políticos a comienzos de año superaba los 800.

Familiares de detenidos y defensores de derechos humanos han denunciado durante años abusos como la incomunicación, la negación de atención médica, el uso de la tortura y la falta de acceso a defensa legal. La ONG subrayó que ninguna de las excarcelaciones habría sido posible sin el trabajo de registro y denuncia realizado por la sociedad civil.

“La posibilidad de liberar a los detenidos está exclusivamente en manos de las autoridades, pero ninguna excarcelación se habría producido sin el registro y la presión ejercida por Foro Penal y otras organizaciones”, dijo la ONG.

Líderes opositores como María Corina Machado han exigido la publicación inmediata de las listas de liberados y la excarcelación total e incondicional de todos los presos políticos. Mientras tanto, la desconfianza persiste, con familias acampando a las puertas de los centros de reclusión a la espera de noticias reales, y organizaciones internacionales observando el proceso con escepticismo frente a la falta de información verificable.

El desenlace de este nuevo episodio de liberaciones selectivas y confrontación discursiva entre el régimen y las organizaciones de derechos humanos marcará el tono de la próxima etapa política en Venezuela. Para las familias y los defensores de derechos humanos, la urgencia sigue siendo la misma: claridad, justicia y libertad para quienes siguen detenidos por motivos políticos.

(Con información de Reuters)

El asalto tuvo lugar en un comercio situado en Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, en el macrocentro de la ciudad, donde suele haber horario cortado de atención al público.

Pasadas las 15:30 de ese martes previo al Fin de Año, Urquia entró al negocio, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla, según indicó el fiscal González Raggio en conferencia de prensa este martes desde el Centro de Justicia Penal.

Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular.

De acuerdo a la declaración que brindó un familiar de la víctima en contacto con la prensa local, la empleada sufrió una fisura en el dedo meñique producto de la mordida y tuvo que ser asistida en un sanatorio del centro de Rosario.

Transcurrida una semana, el Ministerio Público de la Acusación publicó en sus redes sociales la cara de Josué Urquia y lanzó un pedido de colaboración para dar con él. Según el comunicado oficial, la persona que tenga alguna información sobre su paradero la podrá aportar al 911, al correo electrónico rgonzalezraggio@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, o presentarse en el Centro de Justicia, ubicado en Sarmiento 2850 de Rosario. En todos los casos se mantendrá la reserva de quien proveyó los datos.

“Josué Alexis Urquia es de Córdoba Capital. Después del hecho se lo vio tomar un colectivo y un taxi. Estuvo en la terminal de ómnibus de Rosario. De ahí se lo pudo detectar con la Policía de Investigaciones en Cañada de Gómez y Armstrong, donde tuvo una asistencia médica. Desde ahí fue a Córdoba”, explicó el fiscal en conferencia de prensa este martes.

“Es una persona peligrosa”

Por los datos obtenidos por los investigadores, el ladrón fue condenado en agosto de 2017 por tres hurtos simples que cometió mientras viajaba en un colectivo de larga distancia a tres pasajeras diferentes.

No obstante, ya en 2011 su nombre figuraba en crónicas policiales, en el marco de un robo y, como argumentaba trastornos de conducta, fue internado con custodia en el hospital del Paso de los Libres, en Corrientes, de donde se fugó en un descuido del agente que debía seguir sus pasos.

“Es una persona peligrosa. Tiene antecedentes penales en La Pampa. A partir de la publicación de este hecho y la repercusión que tuvo nos llegó información de que tiene causas similares en Santa Teresita, Buenos Aires, en El Calafate y en otras localidades santafesinas, como nuestra capital provincial. Se mueve bastante por el país. Por eso hacemos un llamado para que cualquier información se aporte a la Fiscalía. Siempre se lo ve solo”, concluyó González Raggio.

Para el funcionario judicial, en función de las medidas realizadas y la declaración de la víctima, el plan de Urquia “era cometer un abuso sexual”. “Tenemos prueba directa de la declaración de la víctima, más allá de las imágenes del negocio”, finalizó.

Urquia también fue detenido en Córdoba. En agosto de 2022 fue arrestado al arribar a la terminal de ómnibus de la capital de esa provincia por haber robado dinero a distintos pasajeros.

En marzo de 2022 también fue detenido, cuando cometió un hurto en un colectivo de larga distancia que se dirigía desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia. Puntualmente, aprovechó que una pasajera se había dormido y metió su mano en su bolso, de donde sacó dinero en efectivo. Gendarmería lo aprehendió y constató que llevaba 13 identidades falsas.

El fiscal Pablo Turano que investiga a Marcelo Porcel, el empresario imputado por los presuntos abusos denunciados por los compañeros de sus hijos del Colegio Palermo Chico, pidió las Cámaras Gesell para escuchar a las víctimas que todavía no dieron su testimonio ante profesionales, como sucede en estos casos donde hay involucrados menores de edad.

Así lo informaron fuentes oficiales a Infobae y dijeron que, para ello, se habilitó la feria. Son, en principio, dos las víctimas que no declararon aún, aunque podría sumarse una tercera. En total, la causa tiene siete querellantes y un denunciante.

Se investiga si el empresario abusó de al menos nueve chicos, dos de ellos hermanos, compañeros de sus hijos del colegio, con modus operandi persistente que funcionaba captando la confianza de los menores, pero también la de sus padres.

Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”.

Según la causa, todo esto sucedió “de manera reiterada durante los años 2022 al 2024″ y sin poder precisar la cantidad de veces.

Allí, siempre según las fuentes, les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa, “incitándolos a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas”. Las víctimas también hablaron de tocamientos cuando les hacía masajes, por ejemplo, después de fútbol.

Un año y medio después del inicio de la causa, Porcel (51) presentó un nuevo abogado en la causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Turano; y en la que entiende el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

La incorporación del nuevo letrado fue justo cuando el empresario regresó antes de Punta del Este y no dio aviso a la Justicia: eso le valió que el juez lo intimara a fijar domicilio en 24 horas, un trámite que cumplió ese mismo día.

Atado a un proceso penal en su contra, Porcel está obligado a avisarle a la Justicia cada movimiento que haga, más allá de que no fue indagado aún. Un paso en falso podría constituir una falta a los requisitos impuestos como condición de su libertad y ya lleva dos errores.

El primer incumplimiento lo descubrió la querella y eso lo llevó al abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, a pedir, otra vez, la detención de Porcel el pasado 15 de diciembre: el imputado había dejado su departamento de la calle Godoy Cruz, domicilio que había fijado ante la Justicia, para mudarse a otro en la calle Demaría y no había avisado.

El fiscal no adhirió al planteo del arresto y dejó que Porcel dos días después se fuera a Uruguay para el casamiento de su sobrina. Había dicho que regresaba el 5 de enero. Lo hizo el 19 de diciembre y no avisó. Sin embargo, cuando este año cuando viajó a Costa Rica y a Europa, a Inglaterra y España, también con el aval de la Justicia; se mantuvo a derecho.

Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte.

Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que se trata de dos celulares marca XIAOMI que fueron secuestrados durante los procedimientos en el domicilio del imputado de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, en septiembre de 2024.

Todo fue peritado por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT) que dejó en claro que se quedó con “cinco” imágenes que podían estar vinculadas a la causa contra el empresario.

En ese pack de cinco fotos se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha” en lo que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. Luego, en otra imagen, se ve a un chico vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”.

“De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido”, ampliaron las fuentes del caso y destacaron que fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres, que son uno los siete querellantes del caso.

Y continuaron: “(La víctima) Identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia Porcel”. De ese domicilio de la calle Godoy Cruz, el acusado se mudó tras el escándalo.

En tanto, en el otro celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

Días después de que Ghislaine Maxwell pidió a un juez que la liberara inmediatamente de una sentencia de 20 años de prisión, la publicación de las transcripciones del gran jurado de su caso de tráfico sexual devolvió la atención a las víctimas cuyas acusaciones ayudaron a llevarla tras las rejas.

La divulgación de las transcripciones como parte de la publicación en curso por parte del Departamento de Justicia de sus archivos de investigación sobre Maxwell y el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein expuso cómo un agente del FBI le contó a los grandes jurados sobre el papel fundamental de Maxwell en el abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes durante décadas por parte de Epstein.

Maxwell, miembro de la alta sociedad británica y heredero de una editorial, fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021 después de que cuatro mujeres denunciaran ante un jurado federal en la ciudad de Nueva York cómo ella y Epstein abusaron de ellas en la década de 1990 y principios de la de 2000. Epstein nunca fue a juicio. Fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y se suicidó un mes después en su celda en una cárcel federal de Manhattan.

Hace dos semanas, mientras el Departamento de Justicia se preparaba para comenzar a publicar los conocidos comúnmente como archivos Epstein, Maxwell presentó una petición de hábeas corpus, pidiendo a un juez federal que la liberara con el argumento de que había surgido “nueva evidencia sustancial” que demostraba que las violaciones constitucionales arruinaron su juicio.

Maxwell alegó que se ocultó información exculpatoria y que los testigos mintieron en sus declaraciones. Presentó la petición por su cuenta, sin la asistencia de un abogado.

Esta semana, el juez Paul A. Engelmayer reprendió a Maxwell por no eliminar los nombres de las víctimas y demás información identificatoria de sus documentos judiciales. Exigió que los documentos futuros se mantengan confidenciales y fuera del alcance del público hasta que se hayan revisado y censurado para proteger la identidad de las víctimas.

Las víctimas temen que Maxwell sea indultada

La acusadora de Epstein, Danielle Bensky, afirmó que la divulgación de los registros solo ha acentuado la atención sobre los crímenes de Maxwell entre sus víctimas. Bensky afirmó que ha participado en conversaciones diarias con unas dos docenas de víctimas más, lo que deja claro que Maxwell “es una criminal que estuvo completamente involucrada en actos sexuales”.

“He oído cosas que te hielan la sangre. Anoche hablé con una sobreviviente que dijo que ella era la titiritera”, dijo Bensky.

Bensky afirmó haber sido abusada sexualmente por Epstein hace dos décadas. Aseguró que Maxwell nunca la abusó personalmente.

Archivos retrasados ​​y con gran cantidad de textos redactados

Las transcripciones de los procedimientos del gran jurado que resultaron en la acusación de Maxwell se publicaron esta semana de acuerdo con la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, una ley promulgada el mes pasado después de meses de presión pública y política.

El Departamento de Justicia ha estado publicando periódicamente los registros tras reconocer que no cumpliría con el plazo impuesto por el Congreso el viernes pasado para divulgarlos. Atribuyó el retraso al largo proceso de ocultar los nombres de las víctimas y otra información de identificación.

El miércoles, el departamento declaró que podría necesitar unas semanas más para publicar todo el material tras descubrir repentinamente más de un millón de documentos potencialmente relevantes. Fue un avance sorprendente después de que funcionarios del departamento sugirieran hace meses que ya habían contabilizado el vasto universo de materiales relacionados con Epstein.

Algunos de los expedientes del gran jurado de Epstein y Maxwell se publicaron inicialmente con abundantes tachaduras. Un documento de 119 páginas, marcado como “Gran Jurado-NY”, fue completamente censurado. Se publicaron versiones actualizadas durante el fin de semana.

Un agente del FBI testifica que Maxwell manipuló a una joven

El testimonio de un agente del FBI ante el gran jurado, que describe entrevistas realizadas a víctimas de Epstein, anticipó el testimonio en el juicio un año después de cuatro mujeres que describieron el papel de Maxwell en sus abusos sexuales entre 1994 y 2004.

El agente contó el caso de una mujer que describió haber conocido a Maxwell y Epstein cuando tenía 14 años y asistía a un campamento de arte de verano en Michigan en 1994. Los registros de vuelo mostraron que Epstein y Maxwell fueron a la escuela que patrocinaba el campamento porque Epstein era donante.

Según el agente, cuyo nombre fue omitido de la transcripción, la joven tuvo un encuentro casual con Epstein y Maxwell un día. Tras enterarse de que la joven era de Palm Beach, Florida, Epstein mencionó que a veces otorgaba becas a estudiantes y que le pidieron su número de teléfono, según el agente.

Una vez en casa, la niña visitó la propiedad de Epstein con su madre para tomar té y la madre quedó impresionada cuando Epstein dijo que ofrecía becas, lo suficiente como para que la madre dijera que Epstein era como un “padrino”, dijo el agente.

El agente dijo que la niña comenzó a ir regularmente a la propiedad mientras Epstein y Maxwell la “preparaban” con regalos y viajes al cine, y Epstein comenzó a pagar lecciones de canto y a darle dinero que, según él, debía darle a su madre con dificultades.

El agente dijo que la chica pensaba que su relación con Epstein y Maxwell era extraña, “pero Maxwell la normalizó para ella. Era como una hermana mayor genial y hacía comentarios como: ‘Esto es lo que hacen los adultos’”.

Finalmente, según testificó el agente, la chica vio a Maxwell en topless en la piscina. Tras revelar que aspiraba a ser actriz y modelo, Epstein le dijo que era el mejor amigo de la dueña de Victoria’s Secret y que tendría que aprender a sentirse cómoda en ropa interior y a no ser una mojigata, según el agente.

Luego, según el agente, la chica le preguntó a Epstein qué quería decir con eso y el financiero la sentó en su regazo y se masturbó. Después de eso, añadió el agente, los encuentros de la chica con Epstein comenzaron a incluir contacto sexual, especialmente en su sala de masajes.

Maxwell a veces estaba allí con otras chicas, dijo el agente. Una de ellas comenzaba a masajear a Epstein y Maxwell las molestaba, añadió el agente.

“Le agarraba los pechos a las chicas y les indicaba qué hacer”, dijo el agente, repitiendo el relato de la chica. La actitud de Maxwell durante los encuentros era “muy despreocupada; actuaba como si esto fuera normal”, añadió el agente.

El testimonio publicado pareció reflejar el testimonio en el juicio de Maxwell en 2021 por una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane”.

En el juicio, Jane dijo que Maxwell también participó en sesiones grupales entre varias mujeres y Epstein que generalmente comenzaban con Epstein o Maxwell llevándolas a todas a un dormitorio o una sala de masajes en la residencia de Palm Beach.

(con información de AP)

Marcelo Porcel se encuentra en Punta del Este, Uruguay, por el casamiento de su sobrina. O eso al menos figuraba en los papeles. El empresario imputado por los presuntos abusos denunciados por los compañeros de sus hijos del Colegio Palermo Chico ya regresó al país sin informarle a la Justicia, una irregularidad que compromete su libertad.

Sucede que Porcel (51) había solicitado la autorización para viajar del 17 de diciembre hasta el 5 de enero a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano que lo investiga; y al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

En el permiso figuraba su contacto y el lugar donde se hospedaría en Punta del Este: en la Torre Le Parc que está frente a Playa Brava, y a metros de la avenida Roosevelt. Atado a un proceso penal en su contra, volvió antes y no avisó, lo que podría constituir una falta a los requisitos impuestos como condición de su libertad.

Al enterarse del retorno, el juez del caso lo intimó a que informe en qué domicilio reside en la actualidad con un plazo de 24 horas para hacerlo. Este mismo martes cumplió con ese pedido, según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae.

No se trata del primer incumplimiento. La querella había pedido la detención de Porcel el pasado 15 de diciembre, luego de descubrir que había dejado su departamento de la calle Godoy Cruz para mudarse a otro en la calle Demaría.

El movimiento impulsó al abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, a pedir su detención por segunda vez, pero el fiscal no adhirió al planteo. Aunque la causa comenzó en julio de 2024, el empresario imputado aún no fue indagado, ya que la querella volvió a presentar otra víctima cuando el fiscal hizo el requerimiento para citarlo a declarar.

El viaje a Uruguay de Porcel no fue el único que hizo este año: ya viajó a Costa Rica y a Europa. Primero estuvo en la ciudad de San José y, luego, en Inglaterra y España, también con el aval de la Justicia.

Imágenes clave en sus celulares

Además de imponerle una restricción de 300 metros, allanar las propiedades y secuestrarle las computadoras y los celulares fue una de las primeras medidas que se tomó en la causa en la que se investiga si el empresario abusó de al menos nueve chicos, dos de ellos hermanos, compañeros de sus hijos del colegio, con modus operandi persistente que funcionaba captando la confianza de los chicos, pero también la de sus padres. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que se trata de dos celulares marca XIAOMI (modelos M2007J3SY y 2208121206) que fueron secuestrados durante los procedimientos en el domicilio del imputado de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, en septiembre de 2024.

Todo fue peritado por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT). El informe, con fecha del 29 de octubre pasado, consta en la causa.

Allí, el especialista dejó en claro que, digitalmente, se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés” en uno de los teléfonos, pero finalmente se quedó con “cinco”, que podían estar vinculadas a la causa contra el empresario.

Fuentes del caso describieron que, en ese pack de cinco fotos, se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”. Como anotación dejó en claro que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. Luego, en otra imagen, el especialista resaltó que se ve a un chico vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”.

“De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido”, ampliaron las fuentes del caso y destacaron que fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres, que son uno los siete querellantes del caso.

Y continuaron: “(La víctima) Identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia Porcel”. De ese domicilio de la calle Godoy Cruz, el acusado se mudó tras el escándalo.

En tanto, en el otro celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Según la causa, todo esto sucedió “de manera reiterada durante los años 2022 al 2024″ y sin poder precisar la cantidad de veces.

Allí, siempre según la causa, les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa, “incitándolos a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas”.

El expediente muestra que el imputado no ha impugnado ninguna de las pruebas aportadas por los padres, ni el carácter de querellante de los progenitores, ni la capacidad de los menores para declarar ni los informes periciales psicológicos y técnicos.

Además de imponerle una restricción de 300 metros, allanar las propiedades y secuestrarle las computadoras y los celulares fue una de las primeras medidas que se tomó en la causa en la que se investiga si el empresario Marcelo Porcel (51) abusó de al menos nueve chicos, dos de ellos hermanos, compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico, con modus operandi persistente que funcionaba captando la confianza de los chicos, pero también la de sus padres. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que se trata de dos celulares marca XIAOMI (modelos M2007J3SY y 2208121206) que fueron secuestrados durante los procedimientos en el domicilio del imputado de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, en septiembre de 2024.

Todo fue peritado por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT). El informe, con fecha del 29 de octubre pasado, consta en la causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Allí, el especialista dejó en claro que, digitalmente, se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés” en uno de los teléfonos, pero finalmente se quedó con “cinco”, que podían estar vinculadas a la causa contra el empresario.

Fuentes del caso describieron que, en ese pack de cinco fotos, se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”. Como anotación dejó en claro que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. Luego, en otra imagen, el especialista resaltó que se ve a un chico vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”.

“De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido”, ampliaron las fuentes del caso y destacaron que fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres, que son uno los siete querellantes del caso.

Y continuaron: “(La víctima) Identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia Porcel”. De ese domicilio de la calle Godoy Cruz, el acusado se mudó tras el escándalo.

En tanto, en el otro celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

Porcel, actualmente en Punta del Este por el casamiento de su sobrina, fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Según la causa, todo esto sucedió “de manera reiterada durante los años 2022 al 2024″ y sin poder precisar la cantidad de veces.

Allí, siempre según la causa, les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa, “incitándolos a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas”.

Durante estos encuentros, los chicos contaron en Cámara Gesell que el empresario “les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas”.

El fiscal Turano cuando pidió la indagatoria el pasado 3 de diciembre lo hizo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. No adhirió a la solicitud de la querella del arresto del imputado.

Pero Porcel aún no fue indagado. ¿La razón? La querella sumó a un nuevo denunciante y entonces el expediente debió volver a manos de Turano para que le corra vista. Una vez resuelto este paso procesal obligatorio, el juez Bruniard podrá decidir cuándo citar al imputado.

La única restricción vigente hasta el momento es la prohibición absoluta dictada el 30 de septiembre de 2024 que impide a Porcel acercarse o tomar contacto, ya sea de manera presencial en un radio de 300 metros, o a través de dispositivos electrónicos, con los menores víctimas, los menores testigos y sus familiares directos.

El expediente muestra que el imputado no ha impugnado ninguna de las pruebas aportadas por los padres, ni el carácter de querellante de los progenitores ni la capacidad de los menores para declarar ni los informes periciales psicológicos y técnicos.

Marcelo Porcel (51) enfrenta acusaciones por abuso sexual, corrupción de menores y producción y tenencia de imágenes de un adolescente tomadas con una cámara oculta en el baño de una de sus propiedades. Son nueve los ex compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico que lo denunciaron ante la Justicia, y uno más que solo se presentó como testigo. Han hablado en Cámara Gesell de tocamientos y reuniones en donde el imputado los incitaba a beber alcohol y a hacer apuestas on line.

Hoy, el empresario imputado está en Punta del Este, Uruguay, por el casamiento de su sobrina; pero ese no fue el único viaje que hizo este año con el expediente en su contra ya en curso, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.

Porcel, por intermedio de su defensa, pidió permiso antes de irse a Uruguay a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano que lo investiga; y al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, en donde tramita la causa en su contra.

El empresario solicitó salir del país desde el 17 de diciembre pasado hasta el 5 de enero, con motivo del casamiento su sobrina, y dejó su contacto y el lugar donde se hospedará en Punta del Este: en la Torre Le Parc que está frente a Playa Brava, y a metros de la avenida Roosevelt.

El fiscal y el juez de la causa no se opusieron a que viaje, en función de que siempre se mantuvo a derecho, no hay riesgo de fuga, tiene arraigo en el país y no posee antecedentes penales. No era la primera vez que pedía salir del país.

Según pudo saber este medio en este 2025, y con un expediente en su contra iniciado en julio de 2024, Porcel ya viajó a Costa Rica y a Europa. Primero estuvo en la ciudad de San José y, luego, en Inglaterra y España, también con el aval de la Justicia: “Cumplió en ambas ocasiones con los requisitos exigidos y se encontró siempre a derecho”, comentaron las fuentes del caso.

Quizá por ello, las dos veces que la querella solicitó la detención de Porcel, el fiscal del caso no adhirió a su postura y eso que Turano agravó la imputación pretendida por las víctimas: mientras el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti pidió que se lo indague por los delitos de abuso sexual agravado por la condición de guarda, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (en dos hechos) más posible distribución de esas imágenes; el funcionario judicial fue por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas.

La defensoría de Menores coincidió con el fiscal en cuando a no pedir la detención. En ese contexto, Porcel viajó aún sin haber sido indagado. ¿La razón? Cuando el fiscal pidió la indagatoria, la querella sumó a un nuevo denunciante y entonces el expediente debió volver a manos de Turano para que le corra vista. Una vez resuelto este paso procesal obligatorio, el juez Bruniard podrá decidir cuándo citar al imputado.

En el mientras tanto, por orden judicial ya fueron allanados los domicilios y las oficinas de Porcel y se secuestraron computadoras y celulares para ser peritados.

Además de que se hicieron las Cámaras Gesell a todos los menores denunciantes -entre los que hay dos hermanos-, también el juzgado le dicto una restricción al empresario que le impide acercarse a las víctimas a 300 metros, por lo que no puede ir al colegio ni al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), donde los chicos practican deportes. Aunque, los cuatro hijos de Porcel ya no concurren al Palermo Chico.

La Justicia ha impuesto a un joven una multa de 6.600 euros por propinar una paliza a un chico y agredir sexualmente a su novia. Los hechos tuvieron lugar en la puerta de una discoteca del centro de Málaga sobre las 5:30 horas del pasado 9 de febrero, aunque la decisión judicial se acaba de producir.

La sentencia ha condenado al procesado por un delito de lesiones leves por los golpes asestados contra el otro joven, así como por un delito de agresión sexual de menor entidad sobre la novia de este. Según el diario regional Sur, la chica había discutido con su novio momentos previos al altercado.

La resolución judicial, que no es firme, recoge los hechos que el tribunal considera probados. Entre ellos, que la muchacha se encontraba sentada cuando el agresor se acercó y preguntó de forma insistente si estaba bien. La mujer contestó positivamente y añadió que quería seguir su conversación con su novio, por lo que se levantó y se marchó dando la espalda al condenado.

En ese preciso momento, el hombre se aproximó una vez más y, con intención de atentar contra la libertad sexual de la víctima, llegó a contactar con su zona pélvico-genital utilizando los glúteos de la joven. La chica se sintió “incómoda” y se giró para recriminarle su comportamiento. Su novio, que presenció la escena, intervino inmediatamente.

A partir de ahí, se inició una pelea entre ambos. Durante la trifulca, el agresor, que aparentemente iba acompañado de dos amigos, propinó golpes y puñetazos al joven. Según el fallo, un pendiente de la oreja del novio resultó arrancado. La víctima sufrió erosiones en el lóbulo izquierdo, en las costillas, en la zona cervical y en el antebrazo izquierdo. Todas estas lesiones tardaron ocho días en curarse.

Por estos hechos, se ha dictaminado una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios por el delito de carácter sexual (de menor entidad). Además, se suman otros dos meses de multa por los daños ocasionados al novio de la joven. En total, la sanción asciende a 6.600 euros.

Aumento de la criminalidad en Málaga

Los datos del Ministerio del Interior revelan un incremento del 1,9% en la criminalidad de Málaga durante el primer trimestre del año. En este periodo se cometieron una media de 261 a 262 delitos al día, una cifra elevada a pesar de que varios tipos de infracciones penales, como los robos y, por primera vez, los ciberdelitos, han experimentado un descenso. Otros delitos, como los asesinatos o las agresiones sexuales, se han mantenido en niveles similares a los de años anteriores.

En cuanto a los delitos de sangre, la provincia registró seis homicidios consumados, la misma cifra que en los tres primeros meses del ejercicio anterior. Sí aumentaron, aunque levemente, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, que pasaron de 12 a 14. Además, entre enero y marzo se contabilizaron seis secuestros, tres más que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que permite conocer la complejidad del panorama delictivo actual en la provincia.

“Le dije claramente que no me sentía bien. Me desplomé del dolor. La gente se agolpaba a nuestro alrededor”. Según publicó en 2019 el periódico francés Libération, Elise se encontraba en una entrevista de trabajo por las calles de París con Christian Nègre, entonces director de recursos humanos del Ministerio de Cultura de Francia, cuando sintió una “súbita necesidad de orinar”.

“Me ofreció orinar detrás de un cobertizo de una obra y esconderme con su chaqueta. Me negué”. Fue otra vez de vuelta en el Ministerio cuando Elise utilizó el baño de la recepción. Este episodio la llevó a estar hospitalizada durante cuatro días por una infección en el tracto urinario que casi acaba en peritonitis.

La historia no es puntual. Sobre Nègre pesa desde 2019 una investigación por presuntamente drogar a más de 240 mujeres: durante las entrevistas de trabajo, les ofrecía cafés o tés mezclados con un diurético potente e ilegal que les provocaba unas fuertes ganas de orinar, según ha publicado The Guardian. “Bajo el pretexto de una fantasía sexual, se trata de poder y dominación sobre los cuerpos de las mujeres a través de la humillación y el control”, explica Louise Beriot, abogada de varias de las víctimas, que eran llevadas a la calle para realizar las entrevistas, donde no tenían la posibilidad de utilizar el baño.

Las presuntas agresiones de Nègre salieron a la luz en 2018, cuando uno de sus compañeros lo denunció tras haber observado cómo intentaba fotografiar las piernas de una alta funcionaria, un modus operandi que también habría repetido durante las entrevistas de trabajo.

La policía abrió una investigación y halló en su ordenador una hoja de cálculo titulada “Experimentos”, en las que el director de recursos humanos anotaba las horas de las drogas y las reacciones de las mujeres cuando les hacían efecto. Nègre fue apartado del Ministerio y de la función pública y se le investiga desde entonces por varios cargos que van desde la administración de drogas hasta la agresión sexual.

Las víctimas recibían sin consentimiento un potente diurético

Desde el inicio de las indagaciones han pasado ya seis años, algo que denunciaron este verano desde la Fondation des Femmes: “La opacidad del procedimiento y la falta total de información agravan el sufrimiento de las víctimas, que desconocen las razones de estos retrasos y se sienten abandonadas por la institución judicial”. Además, señalan que el presunto autor de los agresiones “permanece en libertad, bajo leve supervisión judicial, y continúa trabajando en el ámbito de los recursos humanos”, en el sector privado, como indica The Guardian.

Los hechos se habrían prolongado durante nueve años en los que más de 200 mujeres se entrevistaron con el alto funcionario. “Mi sueño era trabajar en el Ministerio de Cultura”, explica Sylvie Delezenne, una de las víctimas, al diario británico. En 2015, la experta en marketing de Lille, de 45 años ahora, fue contactada a través de LinkedIn por el responsable de recursos humanos.

Una vez en París, en el edificio ministerial, Delezenne aceptó un café en el que Nègre, aprovechando que se alejó para saludar a una compañera, habría presuntamente introducido el diurético. Después, sugirió que saliesen a dar un paseo. La entrevista duró varias horas y la experta en marketing comenzó a tener cada vez más ganas de ir al baño: “Me temblaban las manos, me palpitaba el corazón, me corrían gotas de sudor por la frente y me estaba poniendo roja”, explica a The Guardian.

Pese a que indicó a Nègre que necesitaba “un descanso técnico”, él “siguió caminando". Finalmente, sin poder aguantar más, tuvo que agacharse al borde de un túnel que conducía a una pasarela sobre el Sena para orinar: “Se acercó, se quitó la chaqueta y dijo: ‘Te protegeré’. Me pareció extraño”. Los sentimientos por los que transitó Delezenne fueron la vergüenza y el fracaso; pensó que había arruinado su entrevista. “Tenía pesadillas, arrebatos de ira. No buscaba trabajo; pensaba que era inútil”.

Las víctimas denuncian la lentitud del proceso

Cuatro años después de lo ocurrido, en 2019, la policía se puso en contacto con Delezenne porque sus datos habían aparecido en la hoja de cálculo de “Experimentos” y los agentes habían hallado unas fotografías de la parte inferior de sus piernas. “En ese momento, ni siquiera sabía que existía este tipo de ataque”, explica la víctima, a la que le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático.

Como ella, muchas otras mujeres se enfrentaron presuntamente a la misma situación: una sumisión química que formaba parte de un plan de abuso sexual y de poder y que les obligó a orinar en la calle o que provocó que mojasen la ropa. “Seis años después, seguimos esperando un juicio, lo cual es alucinante”, señaló otra de las víctima. “Está tardando demasiado. El proceso judicial está trayendo más trauma que sanación. Eso no es lo que se supone que es la justicia”.

Las presuntas víctimas de Nègre todavía están esperando que se haga justicia, aunque, según ha señalado The Guardian, varias han obtenido una indemnización en una demanda civil contra el Estado en la que el Ministerio de Cultura no fue declarado culpable. “Queremos que el Ministerio reconozca su responsabilidad como empleador. Existe un problema sistémico que permitió a un alto funcionado actuar de esta manera durante una década”, han señalado desde el sindicato cultura CGT.

“El juicio de Pelicot fue un primer paso muy importante y la sumisión química sigue siendo un problema de gran envergadura”, defiende la abogada Beriot, haciendo referencia al caso de violaciones continuadas que ha conmocionado tanto a la sociedad francesa como a la del resto del mundo y que muchos han comparado con estos hechos.

Madrid, 18 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, abogó este martes por que se respete la presunción de inocencia en las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y por alcanzar un equilibrio con el derecho de las víctimas a denunciar.

Sin citar expresamente el caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, al que el Vaticano investiga por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Madrid en la década de los 90, Argüello se refirió a la "aparición de denuncias" en la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE.

La celebración de esta reunión está marcada por la investigación de la Santa Sede a Zornoza, que no acudió este martes a la asamblea, en la que ni siquiera figuraba en el listado oficial de participantes, según pudo constatar EFE.

La asamblea episcopal española, la primera del pontificado de León XIV, arranca un día después de que la cúpula de la CEE se reuniera con el papa, que probablemente pronto aceptará la renuncia que el obispo de Cádiz presentó hace 15 meses al cumplir los 75 años, edad de jubilación de los prelados.

"Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia, y la libertad también que existe de denunciar ante las autoridades civiles o ante la iglesia", afirmó Argüello.

En este sentido, el prelado recordó que, aunque haya prescrito en el ámbito civil, "cualquier caso que necesite ser investigado" puede ser denunciado ante las autoridades eclesiásticas.

Según Argüello, los casos de abusos conocidos en las últimas semanas los llevan a "profundizar la renovación espiritual e intensificar" el trabajo del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA) que están realizando.

Y remarcó que siguen trabajando en todo lo referido a la atención a las víctimas de abuso con prevención, formación, acogida, cauces para las denuncias y colaboración entre diócesis, congregaciones religiosas y asociaciones.

Sin embargo, el portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, lamentó que la Iglesia abogue por respetar la presunción de inocencia por denuncias de abusos sexuales y calificó de "ofensa" que ponga "a la misma altura a la víctima y al presunto pederasta".

"Nos parece una ofensa más dentro de la larga colección de ofensas que está cometiendo la Conferencia Episcopal Española con las víctimas de pederastia eclesiástica", manifestó Cuatrecasas en declaraciones a EFE.

Un informe encargado por la Iglesia española en 2022 por los casos de abusos en su seno, recogía 1.382 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas en España.

El Defensor del Pueblo presentó en octubre de 2023 su propio informe, basado en una encuesta, según la cual el 1,13 % de los españoles mayores de edad sufrió abusos en el ámbito religioso, con lo que, extrapolando el dato a la población total, serían 445.000 las posibles víctimas.

Un médico británico ha sido suspendido de su ejercicio profesional durante un año tras protagonizar un episodio de acoso sexual durante una fiesta de Navidad de su hospital. El especialista, identificado como Mark Johnson, fue acusado de verter cerveza sobre el escote de una compañera más joven para luego lamerla y tocarle los pechos, un comportamiento que el tribunal médico calificó como “inaceptable” y con “motivación sexual evidente”.

El caso, que salió a la luz esta semana tras un fallo del Medical Practitioners Tribunal Service(MPTS), ha causado indignación en el Reino Unido y ha reabierto el debate sobre el acoso en el ámbito sanitario. Según el informe del organismo, los hechos ocurrieron en diciembre de 2022 durante una celebración navideña en la que participaron varios profesionales del Hospital West Suffolk, donde el Dr. Johnson trabajaba desde 2013 como consultor.

La comisión disciplinaria concluyó que las acciones del médico constituyeron acoso sexual y atentaron contra la confianza que la sociedad deposita en los profesionales de la salud. Sin embargo, el panel decidió no retirarle definitivamente la licencia, argumentando que “su comportamiento no fue persistente ni formó un patrón agresivo” y que “existen indicios de capacidad de rehabilitación”. La suspensión se mantendrá vigente durante 12 meses, periodo en el que el médico no podrá ejercer.

El comportamiento fuera del trabajo

Durante la audiencia, se conocieron más detalles sobre el comportamiento del Dr. Johnson durante la celebración de 2022 en Navidad. Testigos relataron que el médico “movió su mano por la espalda de una compañera, le sopló humo de un cigarrillo electrónico en la cara y la besó sin su consentimiento”. Poco después, derramó parte de su bebida sobre el escote de la misma mujer y, entre risas, lamió la cerveza directamente de su piel, según recogió la BBC.

No era la primera vez que el profesional mostraba una actitud inapropiada hacia sus compañeras. Entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, Johnson habría enviado mensajes despectivos y sexualmente explícitos a otra chica del hospital, más joven, en los que hacía comentarios sobre el tamaño de sus pechos y sobre posturas sexuales. El representante del General Medical Council (GMC) pidió la expulsión definitiva del médico, alegando que sus acciones eran “gravemente incompatibles con la ética profesional”.

Pese a ello, el tribunal optó por una sanción temporal, considerando que el acusado había mostrado “cierto reconocimiento de su comportamiento” y que no existía un patrón prolongado de acoso.

Reacción institucional y compromiso contra el acoso

Tras conocerse el fallo, el West Suffolk NHS Foundation Trust emitió un comunicado en el que condenó los hechos y reafirmó su política de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso sexual. “Estamos comprometidos con la erradicación de toda forma de conducta inapropiada en el lugar de trabajo, promoviendo una cultura basada en la transparencia y el respeto”, declaró el director médico del hospital, Dr. Richard Goodwin.

Johnson dejó su puesto en el hospital en 2023, tras la apertura de un expediente disciplinario interno. Aunque podrá solicitar la restitución de su licencia una vez concluido el periodo de suspensión, el caso ha dañado gravemente su reputación y ha puesto de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención del acoso dentro del sistema sanitario británico.

El incidente, ampliamente difundido por la prensa del Reino Unido, se ha convertido en un nuevo ejemplo de cómo las instituciones de sanidad enfrentan el reto de garantizar entornos laborales seguros, libres de abusos y de comportamientos que vulneren la dignidad de sus profesionales.

La Audiencia Provincial de Castellón ha comenzado este lunes el juicio contra las seis personas acusadas de integrar una comunidad de carácter pseudorreligioso en Vistabella del Maestrat. El proceso se centra en las denuncias de abusos sexuales y manipulación en el seno de la comunidad, donde se localizan las declaraciones de víctimas y antiguos miembros que apuntan a que el líder defendía que “el sexo curaba”.

Recordemos que, el líder de la comunidad, Tío Toni, fue arrestado en marzo de 2022 durante una operación policial en la que doce personas, incluyendo varios menores, quedaron en libertad. Posteriormente, la tutela de estos menores quedó en manos de la Generalitat Valenciana. El dirigente falleció en prisión dos meses después, cuando se encontraba bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario Castellón I.

Ahora, cinco mujeres y un hombre enfrentan cargos por nueve delitos de abusos sexuales contra menores de entre 12 y 17 años, además de un delito de asociación ilícita. La apertura de la vista en la Sección Primera incluía la solicitud de suspensión del juicio por parte de las defensas, que pidieron más tiempo para analizar varios informes psicológicos presentados a último momento por las acusaciones. Sin emabrgo, el tribunal ha rechazado la petición y ha permitido seguir adelante con las primeras declaraciones de testigos.

“Se ganaba el favor de la gente mediante charlas, técnicas y un discurso espiritual”

El primer testigo, antiguo miembro de la comunidad y expareja de una de las acusadas, ha explicado que se integró en el grupo a través de su familia y conoció al líder, conocido como Tío Toni. “Se ganaba el favor de la gente mediante charlas, técnicas y un discurso espiritual que mezclaba religión, sanación y sexualidad”, relató ante el tribunal, de acuerdo con el mismo medio.

De acuerdo con el testimonio recogido por EFE, el líder solicitaba dinero a sus adeptos para financiar la finca de La Chaparra y crear sociedades que, supuestamente, mantenían a los miembros más próximos. El principal acusado introdujo dinámicas sexuales en las denominadas “terapias de limpieza de energía negativa”, en las que participaba activamente. “Si rechazabas algo, te hacían la vida imposible”, ha afirmado este antiguo miembro.

Además, ha añadido que el líder “tenía la mano larga” y golpeaba a los integrantes “para quitarle la negatividad”. Por otro lado, en cuanto a la organización jerárquica del grupo, el testigo asegura que “las mujeres se encargaban de las tareas domésticas y los hombres trabajaban para la comunidad”.

Con el paso del tiempo, los hijos del exmiembro le confesaron haber sido víctimas de abusos dentro del grupo, donde gran parte de los seguidores “normalizaban esas prácticas porque creían que formaban parte de un proceso espiritual”.

“Mi madre nunca lo denunció”

En este sentido, uno de los testimonios que ha tenido un peso especial durante la primera jornada ha sido el de una joven que sufrió abusos desde los 12 años. Unas prácticas, que según ha confesado, comenzaron con su primera menstruación. El Tío Toni la llamaba a su habitación “con el pretexto de ayudarla a limpiar los ovarios”, algo que le aseguraba era con el fin de “mantener su energía equilibrada”.

Sin embargo, no iba sola hasta la habitación, sino que “eran mujeres cercanas al líder quienes la acompañaban hasta la habitación”. Esta dinámica perduró durante cinco años hasta que cumplió 17. En su declaración, la víctima ha apuntado que el líder le habría hablado de “tener hijos juntos para traer seres de luz al mundo”.

Finalmente, la joven informó a su madre, quien se dirigió al él para pedirle que cesara. “Mi madre me dijo que ya no volvería a pasar, y así fue”. No obstante, “mi madre nunca lo denunció”.

Otra de las declarantes, una madre de dos hijas que entró a la organización en 1997, ha descrito ante la Audiencia que ingresó “casi obligada” por su exmarido. Una vez dentro, estuvo presionada a mantener relaciones sexuales con el líder y explicó que este utilizaba afirmaciones sobre posesión y supuestas energías negativas para manipular a las mujeres y menores. La declarante ha agregado que sus hijas también sufrieron estos abusos.

El juicio continuará durante noviembre, con testigos y víctimas ofreciendo su versión ante la Audiencia Provincial de Castellón. Se prevé la declaración de los acusados desde el 1 al 13 de diciembre y la comparecencia de peritos los días 26 y 27 del mismo mes.

Al menos 60 personas murieron en cárceles cubanas entre marzo de 2024 y marzo de 2025, según el más reciente informe anual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), divulgado este viernes. Según el documento, 47 decesos estuvieron vinculados a problemas de salud física y mental, sumados a la falta de atención médica oportuna, y otros siete casos correspondieron a episodios de violencia física directa contra los internos.

El CDPC destacó que “no existe evidencia de investigaciones ni sanciones” relacionadas con estos fallecimientos. La organización remarcó que en ciertos casos, las familias de las víctimas no pudieron acceder a los cuerpos ni a los informes forenses, lo que, según sus palabras, constituye “una violación de protocolos internacionales sobre muertes potencialmente ilícitas”.

El informe identificó 1.330 violaciones de derechos humanos en el periodo citado. Entre estas, la ONG registró 1.045 casos de hostigamiento y represión, 402 casos por negación de atención médica, 297 vinculados a condiciones inadecuadas de vida y 224 asociados a deficiencia alimentaria.

El CDPC también señaló la persistencia de prácticas como el “aislamiento prolongado”, “traslados punitivos” y “trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas”. Entre las técnicas de tortura reportadas en el informe, se mencionan métodos como “la cama turca”, “la bicicleta” y el uso de “shakiras”, grilletes que inmovilizan a las personas por completo.

La organización expuso que, de las 545 personas identificadas como víctimas, 329 estaban recluidas por motivos políticos y se documentaron 244 denuncias colectivas por daños a comunidades enteras en diferentes centros penitenciarios. El documento incluyó a 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 personas con enfermedades crónicas, 37 con problemas de salud mental y nueve con discapacidades dentro de los afectados, y advirtió sobre la exposición de estos grupos a “niveles agravados de violencia, exclusión y castigo”.

El CDPC detalló que las condiciones materiales de las prisiones cubanas alcanzan niveles de “infrahumanidad”, caracterizados por “desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo y ausencia de atención médica o medicamentos básicos”.

Camila Rodríguez, directora de la plataforma, afirmó: “La magnitud, sistematicidad y gravedad de los hallazgos confirman una brecha crítica entre los compromisos internacionales asumidos formalmente por el Estado cubano y la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad en las prisiones del país”.

En las conclusiones, Rodríguez sostuvo que “el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme”.

El CDPC exhortó a la comunidad internacional a mantener una “vigilancia activa” sobre las cárceles cubanas, exigir al régimen de La Habana la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), y promover mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.

(Con información de EFE)

El ciclista británico Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia en 2012 (el primer británico en lograrlo) y cinco veces medallista de oro olímpico, ha presentado su autobiografía The Chain, que guarda impactantes revelaciones sobre su vida más allá del ciclismo. En el libro, Wiggins abre una línea directa tanto al logro como al dolor, comentando el abuso sexual que sufrió en su adolescencia, la difícil relación con su padre y los años de autodestrucción que le siguieron tras su retirada.

Wiggins alcanzó la cima del ciclismo mundial en 2012 con la victoria en el Tour de Francia y sus múltiples éxitos olímpicos y mundiales, que lo consagraron como uno de los grandes nombres del deporte británico. Sin embargo, en The Chain revela que esa cumbre convivía con grietas profundas en su interior. Según la sinopsis editorial y entrevistas recientes, el libro “trayectoria de gloria, abismo y reconstrucción”, plantea cómo el éxito por fuera ocultaba una vida fracturada.

Una de las revelaciones más duras es que cuando tenía unos 13 años fue víctima de “grooming” (acoso sexual), por parte de un entrenador. Wiggins afirma que: “me prepararon cuando era joven, tendría unos 13 años, y nunca lo acepté del todo”. Añade que el impacto de ese abuso lo afectó en la adultez. Además, señala que no lo denunció en su momento porque su padrastro era violento, lo que limitó su capacidad de confidencia.

Este trauma inicial, junto con una infancia marcada por la distancia con su padre, aflora en el relato como un factor que empujó a Wiggins a refugiarse en la bicicleta, a buscar una identidad fuera de su hogar, a intensificar el entrenamiento y los logros como vía de escape.

Adicción, medallas y autodestrucción

Tal y como cuenta Wiggins, su vida después del deporte profesional fue una caída libre hacia la autodestrucción. En The Chain confiesa que se convirtió en lo que él define como un “adicto funcional”: “Había veces en que mi hijo pensaba que me iban a encontrar muerto por la mañana”. Revela también que cuando ya no competía tenía un problema muy serio con la cocaína.

Uno de los episodios más simbólicos que narra es que utilizó su medalla de oro olímpica como superficie para esnifar cocaína, una imagen cruda que él mismo describe como “orinar sobre mi propio logro”. En una entrevista con The Times explica: “Estaba drogado la mayor parte del tiempo durante muchos años. Hice una línea de cocaína sobre mi medalla de oro”.

El vacío tras la retirada y el freno de la rutina deportiva lo dejaron sin un “yo” claro. Este tramo negro, considerado como el más infeliz de su vida, incluyó su bancarrota, el consumo imparable y la ruptura de figuras cercanas. El relato va más allá de la adicción, ya que habla de odio propio, sabotaje consciente y una lucha contra sí mismo que tardó años en reconocer.

La reconstrucción

El final del libro apunta a un camino de reconstrucción. Wiggins aclara que fue víctima de sus propias elecciones y que ahora tiene mucho más control sobre sí mismo. Indica que recibió ayuda, algunas propuestas como la de Lance Armstrong para financiar el tratamiento y que ya no bebe vino, ya que cuando bebía acababa comprando drogas.

También aborda la muerte de su padre, Gary Wiggins, exciclista australiano, quien fue hallado inconsciente en una calle de Aberdeen (Nueva Gales del Sur) en enero de 2008 y murió horas después por una lesión en la cabeza. Ante ese suceso, Wiggins comentó: “Fue un asesinato, no tengo dudas”.

El libro y las entrevistas describen que ahora Wiggins vive con estructura, se despierta a las 6:15 horas, hace ejercicio, cuida su salud y sigue terapia. Según él: “he empezado a vivir como si fuera profesional otra vez” en términos de hábito y rutina.

El relato de Wiggins rompe la narrativa de campeón imbatible. Muestra que el éxito deportivo no está exento de vulnerabilidad. Al confesar abusos, adicción y crisis personal, abre una puerta para que se hable de salud mental, del impacto de la infancia en el rendimiento y del coste personal de la élite.

La intimidad y el abuso de ella es una de las grandes problemáticas como sociedad. Cada vez son más los casos de abusos sexuales que se revelan, sin importar la edad, el lugar, la cultura o el vínculo. Uno de los últimos casos ha llamado la atención de los usuarios por la corta edad de los agresores. Además de por haber creado ellos mismos la prueba incriminatoria: un vídeo.

Un adolescente de 13 años fue acusado en el este de Francia tras ser señalado por la violación de un niño de nueve años, la grabación de los hechos en vídeo y su posterior difusión entre compañeros de clase. La fiscalía de Besançon reveló el jueves que el caso, por la corta edad de los menores implicados y la gravedad de los hechos, ha generado consternación tanto en el ámbito judicial como educativo.

La investigación indica que los hechos tuvieron lugar a principios de octubre en un aparcamiento apartado de un barrio de Besançon, en plena luz del día. La fiscalía local prefirió mantener la reserva sobre el nombre exacto del lugar a fin de proteger a los menores.

Todos los detalles

El caso salió a la luz tras la circulación del video grabado por el adolescente de 13 años, quien habría compartido las imágenes con otros estudiantes. La víctima es otro niño del colegio, de 9 años de edad. En el contenido audiovisual aparecía él, siendo abusado por el adolescente y con un niño más, otro alumnos de 8 años.

De acuerdo con la información judicial, los menores de ocho y nueve años indicaron a la policía que “los obligaron a hacer esto” y responsabilizaron al adolescente. El joven acusado fue detenido el 15 de octubre. Durante su declaración, aseguró que únicamente se limitó a filmar la escena, negando haber cometido la violación o haber actuado en complicidad, según palabras de la fiscalía.

Actualmente, el imputado enfrenta cargos por violación, complicidad en violación y grabación ilícita de imágenes de una agresión. Tras comparecer ante la justicia, se estableció su custodia bajo la supervisión judicial, quedando al cuidado de su familia en una zona alejada de los otros dos menores involucrados, en un intento por evitar más contactos entre ellos.

Las medidas y precauciones

Las autoridades de Besançon han iniciado evaluaciones de protección infantil en los entornos familiares de los menores de ocho y nueve años para determinar si reciben atención adecuada tras el trauma y si existen posibles dificultades en el hogar. Las causas que motivaron los hechos aún están en investigación. “Nos preguntamos si es porque han pasado por cosas difíciles o si es porque ahora tienen mucho más acceso a la pornografía con los móviles”, señalaron fuentes judiciales. El Ministerio de Educación francés calificó el incidente como excepcional, destacando la dificultad que supone para los colegios afrontar casos de tal naturaleza entre alumnos tan jóvenes.

La reacción entre los equipos directivos de los centros educativos puso de manifiesto la rareza del suceso. “Si no recuerdo mal, llevo aquí poco más de diez años y nunca me había topado con algo así. Me parece excepcional”, afirmó Guillaume Rivoire, director de comunicación del rectorado de Besançon.

Este caso conmociona a la comunidad local, que asiste a una investigación multidisciplinar en torno al bienestar y el acompañamiento de los menores, poniendo en valor lo importante que es una educación sana y lo peligroso que puede llegar a ser el uso de las pantallas en los más pequeños. Mientras tanto prosiguen las diligencias para esclarecer los hechos y sus orígenes.

En un claro del bosque canadiense, bajo un cielo opaco y ramas retorcidas, un pequeño grupo de personas observa, inmóvil, a un hombre de mirada hipnótica y barba desordenada. En ese instante, la policía ya lo buscaba en todo el país. Esa reunión sería una de las últimas de una secta llamada “Ant Hill Kids” (Los niños del hormiguero). Ya se habían descubierto los abusos, torturas y crímenes. Todos ocurridos bajo el mando de Roch Thériault, un líder carismático convertido en verdugo.

La lluvia fina se mezcla con los murmullos temblorosos de los hijos e hijas del grupo. La policía avanza entre chozas improvisadas y montículos de tierra, atenta a cada rincón. Aquello que comenzó como una comunidad aislada en busca de pureza espiritual, se revela como el escenario de uno de los episodios más oscuros en la historia criminal de Canadá.

El nacimiento de los Ant Hill Kids

Roch Thériault, había nacido en Saguenay, Quebec, en 1947, y creció en el seno de una estricta familia católica. Marcado por una temprana fascinación por la religión y los textos apocalípticos, Thériault desarrolló una personalidad dual: por un lado, un joven brillante y hábil para la oratoria; por otro, un adolescente propenso a la manipulación y la mentira. Abandonó sus estudios secundarios, declaró haber tenido visiones divinas y comenzó a labrarse la reputación de sanador natural y profeta local.

Alrededor de 1977, tras involucrarse en el movimiento adventista del séptimo día, Thériault reunió a un puñado de seguidores en la ciudad de Sainte-Marie, Quebec, predicando el inminente fin del mundo y la necesidad de alejarse del pecado moderno. Ese primer círculo se transformó rápidamente en la secta “Ant Hill Kids”, nombre que hacía alusión a la imagen de los niños trabajando juntos como hormigas —sumisos, organizados y obedientes ante la voluntad de su líder—.

Lo que comenzó como un ideal utópico de autosuficiencia y pureza, devino en una prisión psicológica y física. Las jornadas consistían en trabajos extenuantes, ayunos forzados y confesiones humillantes. “Nos decía que Dios le hablaba solo a él, que éramos elegidos”, recordaría años más tarde uno de los hijos nacidos dentro del culto.

El perfil de Roch Thériault

A simple vista, Roch Thériault podía parecer un místico amable y hasta carismático. Su risa fácil, el discurso envolvente y su habilidad para citar pasajes bíblicos de memoria, le aseguraron la confianza ciega de decenas de hombres y mujeres. Pero tras esa fachada se ocultaba una mentalidad dominada por el narcisismo y una obsesión patológica por el poder absoluto.

Cuando sus supuestas “habilidades médicas” no bastaron para resolver sus propios problemas de salud y adicciones, comenzó a diseñar una retórica de autosacrificio y temor divino. La represión sexual, las penitencias físicas y la sumisión incondicional, se convirtieron en parte central de su discurso. Con el tiempo, esto dio paso a métodos de control mucho más siniestros.

Un antiguo seguidor reconstruyó años después uno de los ritos:—Roch nos preguntaba frente al grupo: “¿A quién le pesa la culpa hoy?”. La sala permanecía en silencio, hasta que alguna joven balbuceaba:—Yo he dudado de tu palabra…Entonces Roch, con voz pausada, replicaba:—La duda es la puerta del demonio. Debes expiarla.

La dinámica de este círculo vicioso pronto sostuvo la estructura interna del culto. La voz del líder nunca se discutía. Lo que nadie sospechaba era que cada penitencia no era más que un ensayo para actos cada vez más atroces.

De comunidad a campo de tortura

En 1978, acosado por sospechas de la policía, el grupo se trasladó a una zona boscosa cercana a Burnt River, en Ontario. Levantaron cabañas de madera con techos precarios. Se hacían llamar “los niños de la hormiga”, porque sobrevivían a base de raciones compartidas, ropa reciclada y severas privaciones materiales.

Poco a poco, la idílica comunidad devino en un sistema de esclavitud. Thériault asignó a cada miembro un rol preciso. Las mujeres perdieron incluso el derecho a decidir sobre sus cuerpos. “Las únicas reglas eran las que él dictaba cada noche”, recordaría una de sus esposas forzadas.

Los niños, algunos nacidos entre los árboles, conocían el frío y el hambre antes de aprender a leer. Las lecciones escolares eran sustituidas por sermones apocalípticos. Si un niño lloraba, “el Maestro” ordenaba:—Nadie llora sin permiso. El llanto es desobediencia.

Las jornadas de trabajo se extendían por más de trece horas, sin descanso garantizado. Comenzaban con oraciones, continuaban con vigilancia del bosque y culminaban en sesiones de humillación grupal.

Control, temor y aislamiento

El aislamiento geográfico fue clave para neutralizar cualquier intento de escape. El contacto con el exterior quedó restringido a salidas monitoreadas para vender pan casero y limpiar casas a los vecinos. Si alguien manifestaba la más tenue intención de partir —o peor aún, si era sorprendido conversando a solas con un visitante—, la consecuencia era inmediata.

—¿Pensaste en huir? —preguntaba Roch. La respuesta era irrelevante: los castigos eran físicos, y todos debían presenciar la lección. Las penitencias iban desde azotes con listones hasta quemaduras y privación de sueño. “Era mejor soportar el dolor físico que sentir la vergüenza ante los demás”, recordaría tiempo después un sobreviviente.

No tardaron en aparecer lesiones severas. El acceso a la atención médica quedó prohibido salvo por las curas con remedios improvisados. Si un niño enfermaba, Thériault se autoproclamaba cirujano, sometiéndolo a intervenciones sin anestesia ni instrumentos adecuados. Así fue como la crueldad se transformó en rutina.

Lo que no sabían los nuevos adeptos era que el hombre al que llamaban “profeta” disfrutaba cada vez más de su sadismo. “El Maestro era el único autorizado a infringir dolor porque eso purificaba el alma”, llegaría a decir uno de los niños adoctrinados.

El ciclo de violencia y el poder absoluto

A partir de la década de 1980, la estructura jerárquica del grupo quedó totalmente supeditada al capricho de su líder. Roch Thériault acumuló a su alrededor esposas, concubinas y esclavas sexuales.

Thériault ordenó la separación de recién nacidos y madres durante días, justificando el método con razones religiosas. Los hombres, por su parte, perdieron cualquier rasgo de autonomía, relegados a servir de mano de obra y vigilantes, a menudo obligados a testificar contra sus propias esposas o hijos bajo amenaza de represalias.

Un día, Gisèle, una de las mujeres más cercanas al líder, intentó huir tras sufrir semanas de abusos físicos. La descubrieron a pocos metros del límite del campamento. Roch Thériault la hizo comparecer ante el grupo:—Dinos por qué quieres irte —exigió él. Gisèle respondió, temblando:—Quiero ver a mi madre…Thériault sacudió la cabeza y añadió:—La familia está aquí. Allá afuera solo hallarás la condena.

La violencia sexual y los embarazos forzados se convirtieron en moneda corriente. Las hijas adolescentes recibían el trato de futuras esposas del profeta. En las noches de invierno, Thériault dictaba “lecciones de obediencia” que consistían en pruebas de resistencia al dolor.

Escalada hacia el horror

Al principio, los abusos físicos quedaban confinados a azotes y encierros. Pero, hacia mediados de los 80, la brutalidad alcanzó extremos inimaginables. Thériault mutiló a seguidores, arrancó dientes sin anestesia, practicó amputaciones improvisadas y ejecutó rituales de tortura con alambres y cuchillas oxidadas, en nombre de la expiación espiritual.

El caso más conocido fue el de Solange Boilard, una joven mujer que llevaba varios años en el grupo. Una mañana de 1989, Solange manifestó dolores estomacales severos. Thériault diagnosticó un falso “bloqueo espiritual” y decidió intervenir. Sin permiso ni anestesia, utilizó un cuchillo carnicero para extirpar parte del intestino. Solange murió desangrada ante la mirada impotente de los demás miembros.

Algunos, paralizados, intentaron protestar, pero la respuesta fue ejemplificadora. “La muerte de Solange la liberó del pecado”, sentenció Roch Thériault.

En el interrogatorio, uno de los supervivientes detalló la mecánica:—No podíamos intervenir. Si alguien trataba de detenerlo, él nos amenazaba con el machete. Solo rezábamos para no ser el siguiente.

Durante una redada posterior, la policía encontró diarios personales y dibujos de los niños que relataban las palizas recibidas. “Mamá está triste porque el Maestro lastimó a mi hermano”, podía leerse en una hoja arrugada.

El derrumbe del culto

La fractura definitiva aconteció en 1989, cuando Gabrielle Lavallée, una de las esposas sometidas, logró escapar gravemente herida y denunció los hechos ante las autoridades. Ella había perdido parte de un brazo, varios dientes y presentaba cicatrices por todo el cuerpo.

El arresto de Roch Thériault y la intervención de la policía en el campamento evidenciaron el horror: decenas de adultos y niños en estado de desnutrición, rastros de torturas y mutilaciones, y testimonios que hablaban de ejecuciones simuladas y abusos sexuales sistemáticos. La pista hacia el epicentro del dolor parecía abrirse, pero lo que la policía descubrió fue todavía más aterrador.

Durante los interrogatorios, los oficiales confrontaron al líder:—¿Por qué les hiciste esto? Thériault, sin inmutarse, declaró:—Porque Dios me lo ordenó. Yo soy la vara del Altísimo. Ellos debían ser purificados.

El juicio concluyó con Thériault sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Tras la disolución de los Ant Hill Kids, el Estado canadiense acogió a los menores supervivientes en hogares temporales. Muchos adultos requirieron tratamientos de largo plazo por lesiones físicas irreversibles y traumas psicológicos que los acompañaron durante décadas.

Hubo quienes nunca lograron normalizar relaciones familiares. Los terapeutas que atendieron a las víctimas destacaron la profundidad del adoctrinamiento y la dificultad para identificar emociones básicas. Una de las sobrevivientes escribiría: “A veces sueño con la voz del Maestro ordenando, y despierto pensando que sigue vivo”.

El propio Thériault murió en prisión en 2011, tras ser atacado por otro preso. Ninguno de sus descendientes quiso reclamar su cuerpo.

El hallazgo de miles de imágenes y vídeos de pornografía infantil en un escondite bajo un coche reveló la verdadera identidad de Nicolas, conocido como “Nanny Nicoco”, quien durante años se presentó como un niñero ejemplar y fue adorado por decenas de familias en Europa. La investigación, expuesta por Le Parisien, permitió identificar a cuarenta víctimas, de las cuales diez sufrieron violaciones. El acusado, de 36 años, fue arrestado en Suiza en julio de 2023 y permanece detenido a la espera de juicio, previsto para 2026.

La trayectoria de estuvo marcada por una reputación intachable en el ámbito del cuidado infantil. Originario de Alsacia y apasionado por los automóviles, este “niñero VIP” reorientó su carrera hacia la atención a la primera infancia, obteniendo el BAFA y el CAP, certificados profesionales franceses que le permitieron trabajar en guarderías, escuelas y centros de vacaciones. Su perfil, descrito como tranquilizador y entusiasta, le abrió las puertas de familias de editores, actores y empresarios, y en 2021 se convirtió en el cuidador oficial de un millonario ruso, acompañando a la familia entre Gstaad y San Petersburgo. “Es un compañero de juegos maravilloso, pero a la vez serio”, relató una madre a Le Parisien.

La demanda por los servicios de Nicolas se extendió desde Mónaco hasta Suiza y la Riviera Francesa. “Los niños lo adoraban. Les hacía hacer 10.000 actividades”, recordó otra madre al mismo medio. Su presencia generaba confianza tanto en padres como en hijos, lo que le permitió acceder a entornos privilegiados y mantener una imagen irreprochable durante años.

El “juego” que delató los crímenes de Nico

El giro en la investigación se produjo en la primavera de 2023, cuando una denuncia presentada en Suiza destapó el caso. El hijo de una familia relató a su padre la existencia de un “juego de pene” que practicaba con “Nico”. A partir de este testimonio, la justicia suiza abrió una investigación y notificó a las autoridades francesas, aunque, según una fuente citada por Le Parisien, “entre la primera denuncia y su detención, tuvo tiempo de cobrarse una última víctima”.

El 30 de junio de 2023, Nicolas contactó a un amigo y le advirtió: “No puedo hablar contigo libremente. Podrían intervenirme”. Al día siguiente, desapareció y sus allegados recibieron informaciones falsas sobre su paradero, como un supuesto accidente mortal o una salida a México. En realidad, fue arrestado discretamente el 1 de julio en el aeropuerto de Ginebra, cuando intentaba embarcar en un vuelo junto a sus empleadores rusos.

La magnitud de los delitos quedó al descubierto tras el registro de su vehículo, donde la policía halló miles de archivos de pornografía infantil. Entre las víctimas identificadas, se encontraba Théo (nombre ficticio), un niño al que Nicolas había cuidado durante cinco años y que aparecía en varias grabaciones. La madre de Théo, al enfrentarse a las pruebas, expresó su consternación: “¿A cuántos niños les ha hecho esto?”.

Actualmente, Nicolas permanece bajo custodia en Suiza, tras haber admitido los hechos. Se prevé que el proceso judicial se celebre en 2026, y enfrenta una posible condena superior a diez años de prisión. El impacto en su entorno ha sido devastador. “No puedo creer que haya hecho lo que hizo, toda la familia está enferma”, declaró su madre a Le Parisien.

El autoproclamado chamán, Cyrille Adam, de 74 años, ha sido juzgado de nuevo en el Tribunal de lo Penal de Vaucluse desde el lunes 22 de septiembre.

El hombre, que difundió sus enseñanzas entre las montañas Cevenas del Gard y Tarn-et-Garonne y su nuevo hogar en el valle del Po, niega las acusaciones de violación y abuso contra algunas de sus discípulas, todas mujeres. Ya fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Penal del Gard, pero ha apelado la decisión.

“¡No estoy de acuerdo, no he hecho nada!”, protestó Cyrille Adam, alias Loup Blanc, en el banquillo de los acusados ​​ante el Tribunal de lo Penal de Vaucluse. “¡Aún no he hecho mi pregunta, y no sabes cuál es!”, respondió la presidenta Laurène Dorlhac, quien apenas ha terminado el informe de la investigación.

Con la cabeza rapada, el chamán de 74 años se impacientó al comienzo de su juicio de apelación, según relata el medio local Midi Libre. Desde allí describen que el chamán tiene toda la intención de demostrar su inocencia tras ser condenado a 15 años de prisión en septiembre de 2024.

Entonces, el tribunal penal de Gard lo declaró culpable de violación y agresión sexual contra antiguos seguidores de su comunidad, calificada de sectaria por la Miviludes, y que se extendió desde Sumène (Gard) hasta el Château de Réalville (Tarn-et-Garonne), donde impartía sus cursos.

Antes de su arresto a finales de 2021, sus seguidores habían contribuido a comprarle una casa de un millón de euros en Prats-de-Mollo (PO). Desde 2024, en Midi Libre afirman que el gurú no ha cambiado. Ni físicamente, ni en su forma de defenderse. Viene descrito como conspiranoico, fatalista y victimista, mientras una veintena de seguidores que acudieron a apoyarlo absorben sus palabras.

Las declaraciones del chamán

“Siento que mi juicio ya está hecho, que soy culpable porque supuestamente soy una secta… Llevo 44 meses y 15 días en prisión, ya no tengo confianza en la justicia”, denuncia.

“¡Comenzamos el juicio desde el principio!”, le recuerda el presidente.

“Pero en la cárcel no puedo dormir, estoy harto de oler a mierda todos los días, y no sabemos si es la cárcel o la ciudad”, continúa Cyrille Adam, atrapado dos veces con un teléfono móvil.

“Desde el momento en que te conviertes en guía espiritual, ¡te etiquetan como secta!”, susurra, mencionando de pasada su supuesto don: “Me curo a mí mismo, soy la prueba de lo que enseño”.

Cuando el tribunal le pregunta su postura sobre el abuso de la debilidad, el adoctrinamiento denunciado en su comunidad, promete con la mano en el corazón: “La gente va, viene por voluntad propia. No animo a nadie a venir”.

La opinión de un psiquiatra

Dr. Laurent Layet, psiquiatra, describió al jurado “los mecanismos de influencia y control establecidos, en particular sobre la sexualidad” que el acusado usaba con sus víctimas. Según él, Cyrille Adam se encontraba en plenas facultades mentales: sin enfermedad ni trastorno mental, y completamente “consciente” de lo que había hecho.

El experto, según informa el medio anteriormente mencionado, enumera varios los factores que generan inseguridad en quienes acuden en busca de espiritualidad. Hasta el punto de aislarse del mundo exterior.

“Es capaz de detectar los defectos de las personas”, afirma él.

Primero, “es capaz de detectar los defectos de las personas, conoce su intimidad”, luego parece omnipotente con múltiples predicciones, algunas de las cuales inevitablemente se cumplen. Después viene “el surgimiento de una forma de paranoia”, con una conspiración externa que amenazaría a la comunidad, o incluso su poder para romper los vínculos entre los seguidores y su supuesto don, porque, como ilustra con palabras del gurú, “es capaz de escuchar el silencio”.

A esto se suma el acondicionamiento físico durante los cursos: poco sueño, ayuno, trance colectivo, humillaciones… “La libertad se pierde poco a poco, estás atrapado por el miedo a ser rechazado del grupo”, analiza el médico. Su diagnóstico es claro: Lobo Blanco, autoproclamado “superior”, establece una “relación pseudoterapéutica, desviada” que podría haber llevado a actos sexuales, que el chamán llama “ejercicios que son un privilegio” para los seguidores.

“Para establecer tal estructura, también es necesario borrar ciertas verdades científicas, como la medicina y la justicia”, concluye el médico.

El papa León XIV afirmó que más del 90% de las denuncias por abusos sexuales en la Iglesia Católica son verídicas y que las víctimas necesitan una “sensibilidad y compasión auténticas”, en una entrevista publicada este jueves por el medio católico Crux.

“Las víctimas deben ser tratadas con gran respeto y con la comprensión de que quienes han sufrido heridas muy profundas a causa del abuso, a veces cargan con esas heridas durante toda su vida”, declaró a la periodista Elise Ann Allen, cuyo diálogo completo con el pontífice forma parte de su libro León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI.

El papa —quien antes de su elección se desempeñó como Prefecto del Dicasterio para los Obispos— reconoció que se trata de la “crisis real” de la Iglesia, y que esas heridas perduran más allá de cualquier compensación económica o medida disciplinaria.

“Muchas personas han resultado profundamente heridas en el camino e intentaremos atenderlas lo mejor que podamos y acompañarlas; ellas también son parte de la Iglesia, quienes todavía deseen pertenecer”, puntualizó.

En ese contexto, precisó que en más del 90% de los casos los denunciantes “no están inventando” y dijo conocer a “personas que han abandonado la Iglesia por el dolor sufrido, y su decisión debe respetarse“.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de acusaciones sin fundamento: “También ha habido casos probados de algún tipo de acusación falsa. Ha habido sacerdotes cuyas vidas han sido destruidas”, apuntó.

“Los acusados también tienen derechos, y muchos creen que esos derechos no han sido respetados (...) El hecho de que la víctima se presente y haga una acusación, presupuestamente veraz, no elimina la presunción de inocencia”, agregó.

Asimismo, expresó su preocupación por la lentitud tanto de los procesos canónicos como de los juicios civiles. “La ley existe para proteger los derechos de todas las personas. Para tener, en la medida de lo posible, un sistema de justicia fiable que respete los derechos de todos, se requiere tiempo”, indicó.

“Los sistemas judiciales civiles tampoco avanzan necesariamente más rápido. Vivimos en Italia, viví en Perú, incluso en Estados Unidos, muchos procesos que llegan a los tribunales llevan años y años, y eso es un hecho”, añadió.

León XIV también señaló que, si bien es esencial avanzar en la recuperación ante la crisis de abusos, la Iglesia no debe quedar completamente absorbida por este asunto. “Tenemos una misión de predicar el Evangelio, y gracias a Dios, la gran mayoría de las personas comprometidas con la Iglesia, sacerdotes y obispos, religiosos, nunca han abusado de nadie”, afirmó.

“(...) Hay muchas otras personas en la Iglesia que también tienen derecho a ser acompañadas en lo que estén viviendo o experimentando, y la Iglesia debe estar con ellas también. Es solo uno de los muchos desafíos con los que intento encontrar respuestas”, concluyó.

No pueden esconderse

La semana pasada, el pontífice aseguró ante 192 obispos que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia “no pueden meterse en un cajón”, sino que deben ser abordados “con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados”, en su audiencia a los nuevos obispos.

“El papa instó a todos a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero: ‘No pueden dejarse de lado; deben abordarse con misericordia y verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados’”, aseguró la Santa Sede en un comunicado.

Este miércoles la Fiscalía Federal N° 3 de La Plata pidió llevar a juicio oral a un suboficial del Ejército Argentino, ubicado en City Bell, tras acusarlo de abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la fiscal Ana Russo ante el juez federal Ernesto Kreplak, las víctimas de estos hechos fueron dos soldadas voluntarias, que se encontraban bajo el mando del imputado de 47 años. La presentación realizada detalló que habría abusado sexualmente de E. S. G. en repetidas ocasiones, entre noviembre de 2022 y febrero del año siguiente. Los abusos se prolongaron hasta que la mujer denunció la situación ante la funcionaria militar que desempeñaba tareas como Punto de Enlace de Género en el Batallón de Comunicaciones Satelitales 601. Al mismo tiempo hizo la presentación ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía Bonaerense.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF), los episodios tuvieron lugar en la Oficina de Comando y Servicio del batallón durante el horario de trabajo. Allí, el imputado cumplía funciones de suboficial y principal, y era un superior jerárquico de las víctimas, que una se desempeñaba como Soldada Voluntaria y su auxiliar.

En línea con la acusación, el hombre aprovechó su lugar de poder para abusar de ambas, con tocamientos en las partes íntimas, intentos de quitarle la ropa y besarles la boca y el cuello, incluso provocar acciones para el roce corporal. De acuerdo con el relato de la primera víctima, le pidió en reiteradas oportunidades, por mensajes, que le enviara fotos íntimas, le exigió la ubicación de su paradero y le ordenó que modificara la foto de su perfil.

La fiscalía recalcó que estos hechos ocurrieron siempre sin consentimiento de la mujer, aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas. Además, la Fiscalía remarcó que el acusado realizó amenazas, manifestando que si la soldada contaba lo sucedido, usaría su jerarquía para gestionar su baja de la fuerza.

Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se dieron los hechos, Russo caracterizó los episodios descritos como “desarrollados en el marco de la institución militar, se enmarcaron en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del imputado”.

Respecto de la segunda víctima, identificada como L. E. B., el requerimiento fiscal indicó que fue objeto de tratos arbitrarios y malos tratos durante el mismo periodo. En este caso, el organismo público describió que el imputado cerraba la oficina durante los momentos en que ambos compartían el espacio. Allí, se producían comentarios de índole personal y sexual por parte del suboficial, como haberle expresado “su deseo de tener relaciones sexuales”, a lo cual la víctima se negó.

El hombre también la contactaba para que “le enviara fotos de cómo se encontraba vestida y/o la ropa interior que tenía puesta en ese momento”, según consignó el MPF. Además, la amenazó con un “movimiento brusco” si llegaba a comunicar a terceros las situaciones vividas.

En la valoración de la prueba, las autoridades consideraron las declaraciones de las dos víctimas, los testimonios de compañeros y compañeras del batallón, y la indagatoria tomada al imputado. A su vez, consideraron el testimonio de otra subordinada que se refirió a la costumbre del acusado de mantener la puerta de la oficina permanentemente cerrada y que en ocasiones se negó a abrirla.

En paralelo, trascendió que el acusado tenía antecedentes de igual índole. Por delitos sexuales, estuvo privado de la libertad durante dos años, entre 2009 y 2011, por abuso sexual contra una adolescente de 14 años.

Los celos y el control son algunos de los motivos que más predominan en casos de violencia de género. Aunque muchas veces se disfrazan de preocupación, amor o necesidad, esconden patrones tóxicos que pueden desembocar en situaciones extremas de dominación y agresión.

Las estadísticas demuestran que, cuando una persona abandona una relación marcada por estos comportamientos, el momento de la ruptura suele ser uno de los más arriesgados. Es cuando más se activa la violencia de quienes no aceptan el fin del vínculo.

Esta necesidad de control absoluto, alimentada por la posesividad, la frustración o la pérdida del poder, puede conducir a delitos de gravedad como el ocurrido recientemente en Valencia. Un hombre de 39 años ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de violencia de género, tras retener durante casi dos días a su exmujer.

Amordazada, atada de pies y manos y amenazada de muerte

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el presunto agresor invitó a su expareja a comer a su domicilio, con la excusa de mantener una conversación. Tras la comida, ella le advirtió que se marcharía para acudir a su trabajo, pero fue entonces cuando él cerró la puerta con llave.

Acto seguido le quitó el teléfono móvil, sus tarjetas bancarias y la ropa, y comenzó a amenazarla con un cuchillo, exigiéndole que volvieran a estar juntos. Durante las siguientes 48 horas, la mujer estuvo atada con bridas, incluso mientras comía o dormía.

Según relata la víctima, solo le desataba una mano en algunos momentos, manteniéndola atada a la pata de la cama con una cuerda larga. Además, la obligó a llamar a su jefe para justificar su ausencia en el trabajo, simulando estar indispuesta, todo bajo coacción.

Por suerte, la mujer logró escapar

El agresor decidió salir del domicilio para comprar comida, dejando a la mujer atada y amordazada para evitar que pidiera auxilio. Esa noche, como en la anterior, volvió a inmovilizarla de forma parcial para que pudiera dormir.

Al día siguiente por la mañana, aprovechando la ausencia del hombre, logró liberarse, huyó descalza por la vía pública y pidió ayuda, presentando una denuncia ante la Policía Nacional.

Detenido y con una orden de alejamiento

Gracias a su testimonio, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor en su domicilio. Actualmente, se encuentra acusado de un delito de malos tratos y violencia de género. La autoridad judicial ha decretado una orden de alejamiento de la víctima.

La violencia de género no se limita a las agresiones físicas visibles, sino que incluye formas de control extremo, amenazas, coacción emocional y secuestro, como los sufridos por esta mujer. Un recordatorio urgente de que los celos no son amor y que la toxicidad en una relación puede escalar hasta situaciones absolutamente intolerables. En lo que va de año, se han reportado 17 mujeres asesinadas a causa de la violencia de género.

A más de ocho meses del crimen, la mujer que reconoció haber matado a su padre en Córdoba en enero de este año irá a juicio. Está acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta.

El asesinato ocurrió el 2 de enero en la ciudad de Almafuerte, cuando Jenifer Raymondo, de 30 años, apuñaló a Atilio Raymondo, de 63 años, en una vivienda rural.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, solicitó la elevación a juicio del caso.

Según contó la mujer, todo comenzó con una discusión familiar, que de un momento derivó en el desenlace falta: Jenifer apuñaló en el pecho a su padre. Fue uno de los hermanos de la acusada quien encontró al hombre gravemente herido y alertó a la Policía. Atilio Raymondo falleció poco después en el hospital municipal local.

La investigación derivó rápidamente en la detención de Jenifer Raymondo, quien admitió ante las autoridades la autoría del homicidio. En su declaración, manifestó que venía siendo víctima de abuso y violencia por parte de su padre desde la adolescencia, antecedente que sería clave para la calificación de la conducta y el abordaje futuro del caso.

A los pocos días de la detención, la Fiscalía modificó la carátula original —que contemplaba prisión perpetua por homicidio agravado— e incluyó la figura de emoción violenta.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2, en su fundamentación, sostuvo que la reacción de Jenifer Raymondo fue consecuencia directa de un “estallido emocional” generado tras un nuevo hecho de abuso, caracterizando su accionar bajo los efectos de una alteración psíquica que, aunque no excluye responsabilidad penal, puede ser considerada un atenuante relevante a la hora de imponer una condena.

Actualmente, Jenifer permanece en libertad mientras avanza el proceso.

Carlos Pajtman, abogado defensor, anticipó su postura contraria a la elevación a juicio y expresó que considera la resolución de la Fiscalía insatisfactoria: “Las pericias psicológicas y psiquiátricas acreditan un historial de violencia física y sexual desde su adolescencia, corroborado por familiares y allegados”, afirmó al referirse al contexto que condujo al desenlace.

El letrado planteará ante la Justicia la inexistencia de dolo homicida y solicitará que se tenga en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad y el historial documentado de abusos como causas determinantes del accionar de su defendida. El argumento principal de la defensa es que el homicidio fue la reacción a un “último requerimiento sexual” del padre, sumándose a años de padecimientos acreditados por informes periciales.

En las próximas semanas, la defensa podrá formalizar su oposición a la elevación a juicio. La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 aspira a que sea el debate oral el que resuelva la responsabilidad y la eventual pena para Jenifer Raymondo, a la espera de una resolución judicial que podría sentar precedente en el tratamiento de casos similares en la provincia.

Mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora

Un hombre mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora y luego intentó quitarse la vida. El hecho salió a la luz luego de que la madre de la víctima se comunicara desesperada con la Policía al no tener noticias de ninguno de los dos.

Todo sucedió la semana pasada en la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano y el hombre fue intervenido quirúrgicamente horas después en el Hospital Gandulfo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La causa la investiga la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos. Tiempo después, se supo que la mujer estaba dispuesta a dejar al hombre, por lo que se cree que accionó de esa manera sobre su hijo a modo de represalia.

Un estudio de la Universidad John Moores de Liverpool ha mostrado que sufrir abuso verbal en la infancia puede tener un impacto muy similar al maltrato físico en la salud mental. La investigación se basa en datos de siete encuestas transversales realizadas entre 2012 y 2024 en Inglaterra y Gales, con una muestra final de 20.687 adultos nacidos a partir de 1950.

Los autores midieron el bienestar mental de los participantes a partir de la escala Short Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing (SWEMWBS). Los resultados mostraron que las personas que sufrieron abusos verbales de niños tienen un 64% de probabilidad de sufrir problemas de salud mental en la edad adulta, frente al 52% de quienes sufrieron maltrato físico. Quienes sufrieron ambas tenían el doble de probabilidad de tener un bajo bienestar mental que quienes no padecieron ningún tipo de abuso (29,1% frente a 16% de prevalencia).

Pesimistas y en constante alerta

Los efectos del abuso verbal son diferentes según el género, la edad y la etnia de la persona. Los hombres decían menos optimistas, útiles o cercanos a otras personas; mientras que las mujeres expresaban con mayor frecuencia no sentirse relajadas. Respecto a la edad, los participantes más jóvenes (nacidos después de los 2000) eran quienes tenían mayores probabilidades de presentar peor salud mental, si bien los participantes mayores (entre 1950 y 1960) tendían a sentirse inútiles y pesimistas.

Los participantes blancos, por su parte, eran más pesimistas que personas de otras etnias y tenían peores medidas de bienestar mental. Tanto el maltrato físico como el verbal denunciados fueron más frecuentes entre quienes vivían en zonas de mayor pobreza.

“La ley previene el abuso físico, pero deja un vacío”

El análisis mostró que la prevalencia de abuso físico infantil ha disminuido en las últimas décadas, mientras que la del abuso verbal ha aumentado. El abuso físico afectaba al 20% de los nacidos entre 1950 y 1979, pero solo al 10% de los nacidos en 2000 o después, mientras que el abuso verbal aumentó del 11,9% al 20% en el mismo periodo. Estos cambios pueden estar relacionados con un mayor enfoque en la prevención del abuso físico, lo que podría haber llevado a una sustitución por formas de abuso verbal.

“Como sociedad, y de hecho en muchos países, la legislación ahora previene el abuso físico de los niños”, valora Mark Bellis, profesor de Salud Pública y Ciencias del Comportamiento en la LJMU y autor principal del estudio. Pero este camino no se ha seguido de igual forma con el abuso verbal. “El abuso verbal puede no manifestarse inmediatamente de forma que capte la atención de testigos, profesionales sanitarios u otras personas responsables de la protección de los niños. Sin embargo, algunos impactos pueden ser igual de dañinos o prolongados”, explica Bellis.

Por ello, los investigadores reclaman mayor atención política frente a este maltrato psicológico, así como mayor apoyo y orientación para padres, cuidadores y profesionales sobre prácticas de disciplina no abusivas. “Sin ese apoyo, las medidas para reducir el castigo físico a los niños corren el riesgo de simplemente sustituir un tipo de abuso dañino por otro, con consecuencias igualmente a largo plazo”, concluye Bellis.

En redes sociales se reportó un caso en que, en una avenida de una colonia en la alcaldía Iztapalapa, aparentemente, vecinos cerraron el paso a los automovilistas, ya que se llevaría a cabo un partido de futbol.

Los hechos ocurrieron durante la mañana y tarde de este domingo 20 de julio en la Avenida Santa María, de la colonia Magdalena Atlazolpa, de esta demarcación de la Ciudad de México, lo que afectó la circulación de la zona por varias horas.

El hecho generó diferentes reacciones entre los internautas, ya que manifestaron que, en ocasiones, la población sobrepasa los límites de las autoridades y cierran calles, así como avenidas para eventos que afectan a la población y el tránsito vehicular sin previo aviso.

Asimismo, lo que generó más indignación fue que el usuario argumentó que había personas tomando bebidas alcohólicas en este evento, al tratarse de los espectadores. Indicaron que las personas que transitaban entre las calles no podían caminar, ya que se obstruyó el paso.

Puntualizaron que las personas que ingerían las bebidas alcohólicas se portaban de manera agresiva al pedirles el paso.

De igual manera, en redes sociales indicaron que durante el evento, una de las calles sirvió como estacionamiento para las personas que tenían motocicletas, ya que había una gran cantidad de estos vehículos.

De acuerdo con lo notificado en redes sociales, no se tenía un aviso previo de este evento en la colonia y la problemática es el cierre de estas calles y avenidas, así como la realización del evento y el estado alcohólico en el que se encontraban las personas.

En las diferentes fotografías se pueden ver vasos de cerveza, así como latas de las bebidas alcohólicas y menores de edad presentes en el evento.

¿Qué dijo la alcaldía Iztapalapa sobre el cierre de una avenida cerrada para un partido de futbol donde se consumían bebidas alcohólicas?

Luego de esta denuncia puesta en redes sociales, la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México respondió a las fotografías que fueron puestas por el usuario de X: @EnBusquedaCDMX:

Hasta el momento ninguna otra autoridad de la alcaldía Iztapalapa o del Gobierno de la Ciudad de México ha declarado al respecto por el cierre de esta avenida para un partido de futbol con presencia de personas ingiriendo bebidas alcohólicas.

El cierre de calles por eventos en la Ciudad de México es una medida frecuente para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de actividades culturales, deportivas, políticas o recreativas.

Autoridades locales, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, determinan estos cierres de acuerdo con la magnitud y ubicación del evento.

Los cierres temporales suelen anunciarse con anticipación y pueden implicar restricciones totales o parciales al tránsito vehicular en avenidas principales, zonas céntricas, explanadas o áreas cercanas a recintos públicos.

Se implementan operativos viales y rutas alternas para mitigar el impacto en la movilidad urbana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español renovó el pasado mes de abril el acuerdo con la Fundación Abogacía y Derechos Humanos para el asesoramiento jurídico de españolas víctimas de la violencia machista en el extranjero. Durante el período de vigencia del convenio anterior (2019-2024) se atendieron un total de 55 casos, así como seis peticiones de información, según recoge el Gobierno a tenor de las cifras aportadas por esta organización.

A petición del PP, el departamento de José Manuel Albares da cuenta del número de mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas en el marco de este servicio de asesoramiento, que se extiende a hijos menores y personas bajo su tutela que sean víctimas de violencia en el extranjero. En una respuesta parlamentaria escrita, el ministerio no especifica los detalles sobre el riesgo ni los países donde se acredita la violencia en origen.

“El riesgo se determina por el formulario que se cumplimenta, por parte de la víctima, en el consulado. Debido a la diversidad de países, en ocasiones no es posible acreditar el tipo de violencia en origen por falta de legislación o procedimiento al respecto, pero se acredita en cualquier caso al llegar a España, ya que se insta para iniciar la asistencia jurídica gratuita específica del turno de violencia de género. La diversidad de origen es una constante en América, desde Estados Unidos a países de América Latina, Oriente Próximo, Asia, África, y las cifras crecen en Europa. Una vez el caso se tramita en España, aplica el secreto profesional del abogado”.

Asimismo, Exteriores sostiene que la principal novedad de la renovación del convenio es la propia duración establecida, de cuatro años renovables por espacio de otros cuatro. “No existe dotación presupuestaria por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ya que, como establece el convenio, este no tiene repercusiones para la Hacienda Pública”. Por otro lado, el convenio no prevé la publicación de informes. Asimismo, la gestión de las quejas y sugerencias corresponde a la Fundación Abogacía.

¿En qué consiste el convenio?

El acuerdo busca proporcionar a las víctimas de violencia contra la mujer en el exterior la posibilidad de acceder de manera gratuita a recursos jurídicos para orientar su retorno a España, o bien para facilitar asesoramiento una vez lleguen a este país. Es un recurso de carácter gratuito y voluntario para las víctimas, que deben cumplimentar la correspondiente documentación autorizando el traslado de datos a la Fundación Abogacía cuando deseen recurrir a esta opción.

Se coordina a través de la figura de la Coordinadora para la violencia contra la mujer en el exterior, dependiente de la Subdirección General de Protección y Asistencia, que recibe las peticiones y la documentación referente a cada caso y las remite a la Fundación Abogacía para su posterior valoración y decisión al respecto de si el caso reúne los requisitos planteados en el convenio.

Según la información facilitada por esta organización, las abogadas y abogados encargados de asesorar a las españolas beneficiarias de este convenio pertenecen al turno de oficio específico de violencia de género de cada colegio. En cuanto al procedimiento, es el siguiente: “Desde Exteriores se comunica con la Fundación Abogacía un nuevo caso y la Fundación se coordina en ese momento con la subcomisión de violencia sobre las mujeres del Consejo General de la Abogacía. Si hay un miembro perteneciente a la zona de arraigo de la víctima, se gestiona a través de ese miembro de subcomisión. Si no hay ningún miembro de subcomisión, la coordinadora de la fundación y el presidente de la subcomisión contactan con el colegio competente para que se le designe abogado de oficio. Cabe recordar que en materia de violencia de género el asesoramiento es siempre gratuito”.

En materia de información y sensibilización, el ministerio informa de que se han realizado distintas actividades, como la publicación de folletos disponibles en las Oficinas Consulares, Misiones Diplomáticas y otros ámbitos de la sociedad civil en el exterior con información acerca del convenio y de los servicios a disposición de las mujeres víctimas de violencia en el exterior. También, se ha impartido formación específica acerca de la violencia contra la mujer y, por extensión del convenio, para los nuevos cónsules Generales y encargados de Asuntos Generales que se incorporan a sus puestos cada año. Asimismo, destaca la realización de acciones formativas específicas en materia de violencia sexual y violencia contra las niñas, así como la participación de la coordinadora para la violencia contra la mujer en el exterior en diferentes ámbitos.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado las penas de 36 y 32 años de cárcel al hombre y la mujer, respectivamente, ambos pareja, residentes de Gran Canaria, por delitos de abusos sexuales y utilización de sus dos hijas, de 4 y 5 años, para la elaboración de pornografía infantil. El caso se hizo público a mediados de junio, también con la confesión del padre, pese a la multitud de las grabaciones. La Fiscalía solicitó penas que sumaban un total de 42 años de prisión para ambos acusados.

La sentencia, emitida este lunes, 30 de junio, acredita que ambos, actuando como padre y madre de las víctimas, realizaron los actos durante octubre de 2019 y junio de 2022, registrando los abusos en video. Él es padre biológico de una de las víctimas, mientras que ella es la madre de la otra niña.

Durante la investigación, agentes de policía incautaron material audiovisual hallado en dispositivos tecnológicos pertenecientes a los acusados: dos teléfonos móviles, tres discos duros y una memoria USB. En estos aparatos no solo se encontraban imágenes de las niñas, sino también más de 200 archivos pornográficos.

Según los hechos probados, “el acusado, en su domicilio, en la isla de Gran Canaria, desde octubre del 2019 hasta principios de junio de 2022, movido por su atracción sexual hacia niñas menores, estuvo manteniendo reiteradamente relaciones sexuales con su hija menor”. Al menos en una ocasión, la madre acusada “masturbaba a este junto a una de sus hijas con la mano y con la boca haciéndole una felación”. Además, el tribunal ha constatado que ambos “elaboraban archivos informáticos de imagen y de video (audiovisuales) grabando tales actos sexuales de las referidas menores”, que fueron incautados por la Policía Nacional. El fallo detalla que las pruebas incluyen grabaciones en las que la acusada “enseñaba a su hija de 4 años de edad, como chupar y masturbar el pene de su padre, utilizando en algunos casos sirope, caramelo líquido o nata”.

También deberán indemnizar a las niñas

La sentencia subraya que “los actos ejecutados por los acusados constituyen un objetivo y evidente ataque contra la libertad sexual de las menores con ausencia de consentimiento ‘ope legis’ de las víctimas por contar con 4 y 5 años en el momento de los hechos”.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal fija una indemnización de 100.000 euros para cada una de las niñas, de la que el padre responderá en mayor proporción respecto de su hija, además de 5.000 euros para la madre de esta por los daños ocasionados.

Ambos deberán además cumplir medidas accesorias como la privación de la patria potestad, la inhabilitación absoluta, restricciones para ejercer profesiones con menores, y la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas por diez años, a contar desde el fin de la condena, así como la medida de libertad vigilada durante una década después de cumplir la pena de prisión.

La resolución judicial remarca que las penas impuestas alcanzan los 36 años para él y los 33 años para ella, pero “procede fijar dicho límite al ser la pena más grave la de 11 años de prisión, siendo la totalidad de las penas para cada uno de los condenados de veinte años de cumplimiento efectivo”. El proceso se exponía inicialmente a 42 años de prisión, pero tras confesar en el juicio, finalmente el tribunal ha rebajado la condena hasta los 36, por dos penas de once años por violación y otras dos de siete años por pornografía infantil

El papa León XIV se pronunció este miércoles por primera vez sobre el celibato sacerdotal en el marco de dos alocuciones distintas, e instó a adoptar acciones “firmes” frente a los abusos en la Iglesia Católica.

El pontífice dirigió en primer lugar un mensaje a un grupo de seminaristas italianos, ante quienes afirmó que el celibato constituye “un carisma que debe reconocerse, protegerse y educarse”. Posteriormente, se dirigió a unos 400 obispos y cardenales provenientes de 38 países, reunidos con motivo de las celebraciones especiales del Año Santo para el clero.

En ese contexto, señaló que “la perfecta continencia en el celibato” representa una “virtud indispensable”, al igual que la prudencia pastoral, la pobreza y las virtudes humanas.

“El obispo también vive esa otra forma de pobreza que es el celibato y la virginidad por el Reino de los Cielos (...) No se trata solo de ser célibe, sino de practicar la castidad del corazón y de la conducta y, de este modo, vivir el seguimiento de Cristo, para poder manifestar a todos la verdadera imagen de la Iglesia, que es santa y casta en sus miembros como en su Cabeza”, expresó.

Estas declaraciones constituyen también la primera intervención pública sobre el tema por parte de Robert Prevost, quien ocupó el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano. Su predecesor, el papa Francisco, ya había manifestado con claridad su oposición a modificar la norma: “Nunca autorizaré el celibato opcional”, dijo.

“Personalmente, creo que el celibato es un don a la Iglesia y yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional”, afirmó en su momento al citar una frase de san Pablo VI: “Prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato”.

León XIV exhortó a los jerarcas católicos a actuar con “firmeza y decisión al afrontar las situaciones que puedan provocar escándalo, así como cualquier caso de abuso, especialmente contra menores, ateniéndose a las disposiciones vigentes”.

Es la segunda vez en el transcurso de una semana que el papa se refiere públicamente al escándalo de los abusos, luego de haber enviado una carta a periodistas peruanos que investigaron a la disuelta organización Sodalicio de Vida Cristiana (SDV).

En esa misiva, sostuvo que la Iglesia no debe tolerar bajo ninguna circunstancia ninguna forma de abuso. “En este tiempo de profundas tensiones institucionales y sociales, defender el periodismo libre y ético no es solo un acto de justicia, sino un deber de todos aquellos que anhelan una democracia sólida y participativa”, afirmó en ese documento, leído por el sacerdote Jordi Bertomeu en un teatro de Lima.

El Sodalicio, fundado en 1971, fue objeto de una investigación por parte del Vaticano, la cual concluyó en 2017 que su fundador, el laico Luis Fernando Figari, junto con otros tres exmiembros de la organización, cometió abusos contra 19 menores y 10 adultos, entre las décadas de 1970 y 2000.

León XIV mencionó a Paola Ugaz y otros tres periodistas que lo investigaron y que, según sus declaraciones, han sido objeto de “ataques injustos” y procesos judiciales por parte de exintegrantes del grupo.

Respaldo

Ugaz, coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, señaló que la misiva representa un “mensaje poderoso y empático”, ya que “las persecuciones en este país no han cesado”.

“Yo todavía tengo dos investigaciones abiertas en la Fiscalía. Y esta última manipulación, lo que está sucediendo con el intento del grupo de Patricia Benavides de tomar la Fiscalía, resulta muy preocupante, porque hemos sufrido el acoso del grupo Sodalicio cuando ella era fiscal de la Nación”, añadió.

La periodista calificó como alarmante el intento del entorno de Benavides al Ministerio Público, dado que el operativo Valkiria, derivado de la investigación contra la magistrada por liderar una presunta organización criminal, reveló que el abogado del SVC y el exministro Hernán Garrido Lecca “pedían” que las investigaciones contra ella “no se cierren, y que las investigaciones al Sodalicio se cierren de inmediato”.

La Audiencia Provincial de Almería ha dictado sentencia absolutoria para un hombre que enfrentaba una acusación por un presunto delito de abusos sexuales a la hija de su pareja sentimental, una menor de cinco años. La causa se originó por una denuncia interpuesta por el padre de la niña, quien ejerce la custodia compartida y se personó como acusación particular, solicitando junto a la Fiscalía una condena de cinco años de prisión.

Tras analizar todas las pruebas presentadas durante el proceso judicial, la Sección Tercera ha determinado que no hay indicios que sostengan la acusación de abuso sexual, descartando de manera tajante que los hechos denunciados pudieran considerarse acreditados. El tribunal apunta al “importante conflicto” existente entre los progenitores con relación a la guarda y custodia de la menor, una situación que afecta directamente al desarrollo de los hechos enjuiciados.

Ausencia de indicios de abuso

La pericia de la psicóloga forense ha resultado clave para la absolución, dado que en su informe descartó la existencia de señales compatibles con abusos sexuales. De acuerdo con el tribunal, la experta no observó manifestaciones consistentes en la menor, más allá de “frases sueltas”, carentes de la solidez que exigiría una denuncia de esta gravedad. El examen detallado del testimonio de la niña reveló que las alusiones a los supuestos tocamientos se daban de modo indirecto, ya que la menor mencionaba literalmente que “le han dicho que el acusado le ha tocado “el pepe””.

La psicóloga forense ha expuesto que la niña se hallaba “muy influida” por la relación conflictiva entre sus progenitores, apuntando que la implicación de la menor en el litigio podía estar condicionando su discurso y, por tanto, los elementos interpretados como señal de abuso no respondían necesariamente a vivencias propias. La ausencia de un “relato de hechos” por parte de la víctima se reflejó en las conclusiones del informe, al no hallarse una descripción estructurada y espontánea de los supuestos abusos.

Además de la declaración pericial de la psicóloga, la Audiencia Provincial de Almería ha considerado determinante la valoración de las profesionales sanitarias que atendieron a la menor. Tanto la pediatra como la ginecóloga que realizaron la exploración médica han concluido de forma coincidente que la inflamación y el enrojecimiento que presentaba la niña en la zona de la vulva resultan “frecuentes” en menores de esa edad porque “no saben limpiarse bien cuando van al baño”.

Enfrentamiento entre los padres

La sentencia, además, ha puesto énfasis en el trasfondo de enfrentamiento que mantienen los padres de la menor sobre la custodia compartida. Según lo valorado por la Sección Tercera, este “importante conflicto” afecta a la menor y pervive durante todo el proceso. Los magistrados consideran que ambos progenitores involucran de manera directa a la niña en el litigio, circunstancia que queda acreditada por el informe pericial y las grabaciones añadidas durante la vista oral.

En esas grabaciones, recabadas por familiares y allegados de la menor, se aprecia cómo personas del entorno ponen en tela de juicio la veracidad de los supuestos tocamientos y sugieren que las declaraciones de la pequeña podrían haberse visto inducidas, intencionadamente o no, por quienes deseaban implicar al acusado. El tribunal ha recogido que en las conversaciones allegadas se escuchan preguntas que guían a la menor, lo que para la Sección Tercera evidencia la ausencia de un entorno de objetividad a la hora de esclarecer los hechos.

Perspectiva judicial sobre la prueba

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la expectativa de condena impulsada por la Fiscalía y la acusación particular, compuesta por el padre de la menor, la Audiencia Provincial de Almería ha fundado su decisión de absolución en la insuficiencia probatoria. El fallo ha recordado que la privación de libertad y la imposición de una sanción penal tan severa, como los cinco años de cárcel pedidos, requiere un mínimo de certeza judicial basado en datos objetivos, algo que ha resultado inexistente en este caso concreto.

La resolución ha subrayado que la justicia debe proteger de forma prioritaria los intereses del menor de edad y su bienestar emocional, evitando instrumentalizar a los niños en situaciones de conflicto parental. Al mismo tiempo, ha defendido el derecho de defensa y presunción de inocencia del acusado, principio inviolable en el sistema penal español y europeo.

*Noticia elaborada con información de Europa Press

Una testigo ha asegurado ante el juez que Elisa Mouliaá, actriz y denunciante en el caso contra el exdiputado Íñigo Errejón, le manifestó en su momento que lo sucedido entre ambos “no era un delito”. Esta declaración, realizada por videoconferencia desde Australia, ha sido uno de los puntos centrales de la jornada judicial celebrada que se ha celebrado este viernes en Madrid.

La testigo, identificada como Soraya, figura entre las organizadoras de la fiesta en la que presuntamente ocurrieron los hechos investigados. Durante su comparecencia, Soraya relató que Mouliaá le transmitió esa valoración en un audio, el cual ha sido solicitado por el juez instructor, Adolfo Carretero, para su incorporación al sumario. La relevancia de este audio radica en que podría aportar contexto sobre la percepción inicial de la propia denunciante respecto a la gravedad de los hechos.

Según la reconstrucción de los hechos aportada por Soraya, y que ha recogido Europa Press, Mouliaá decidió finalmente presentar la denuncia tras informarse sobre la ley del “solo sí es sí” y conocer casos similares. La actriz habría expresado que sentía un “deber moral” de denunciar y que lo hacía “por motivos altruistas”. Esta motivación, según la testigo, surgió después de un proceso de reflexión y de observar el impacto de la nueva legislación en la protección de las víctimas de delitos sexuales.

“En ocasiones fabula y adorna cosas”

Durante su declaración, Soraya también aportó una valoración personal sobre la personalidad de Mouliaá. Afirmó que la actriz “en ocasiones fabula y adorna cosas”, aunque aclaró que no existe enemistad entre ambas. Explicó que su relación se enfrió porque no compartía esa supuesta tendencia a exagerar o embellecer relatos. Esta apreciación podría influir en la valoración de la credibilidad de la denunciante, un aspecto que suele ser objeto de análisis en procedimientos de esta naturaleza.

En relación al estado de Mouliaá durante la fiesta, Soraya sostuvo que la actriz “no estaba bastante afectada” por el consumo de alcohol, sino “como todos cuando se bebe unas copas”. Esta versión coincide con la de otro testigo, Fernando, quien en marzo declaró que no percibió ninguna actitud extraña en la fiesta, ni notó que Mouliaá estuviera ebria o incómoda. Ambos testimonios apuntan a que el ambiente general de la reunión no presentaba signos de alteración o alarma.

Sobre lo ocurrido en la habitación donde se sitúa el presunto incidente, Soraya relató que Mouliaá le comentó que Errejón “le entró a saco, muy rápido”, que fue “un poco baboso” y que no le apetecía seguir conociéndole más. La actriz habría manifestado su decepción por la actitud del exdiputado y su deseo de ir “más despacio”. Según la testigo, Errejón —a quien no vio bajo los efectos del alcohol— besó y manoseó a Mouliaá. Añadió que la actriz abandonó la casa “voluntariamente” y que la vio en un estado normal. Además, precisó que los pomos de las habitaciones no disponen de seguro, un dato relevante porque la denunciante sostiene que Errejón la introdujo por la fuerza en la habitación y cerró el pestillo.

Qué dicen los otros testigos: “No vi nada fuera de lo normal”

El juez también tomó declaración a Borja, otro de los organizadores de la fiesta y residente en Australia. Borja explicó que contactó con Errejón por correo electrónico tras conocer la denuncia, ya que consideraba injusta la acusación, según ha informado Europa Press. Ambos mantuvieron varias conversaciones, en una de las cuales Borja preguntó al exdiputado: “¿Cuál es el plan con el juicio?”, buscando información sobre el desarrollo práctico del proceso. Borja afirmó que tampoco observó a Mouliaá especialmente afectada esa noche y que habría notado si Errejón la hubiera sujetado del brazo en el pasillo. Subrayó: “No vi nada fuera de lo normal” y reiteró que en la casa no existían pestillos en las puertas.

Un tercer testigo, Hugo, también presente en la fiesta, declaró que no percibió que Mouliaá consumiera alcohol de forma destacada, ni recuerda haberla visto con una copa. Describió que tanto la actriz como Errejón se marcharon de la fiesta con normalidad. Hugo mencionó que Mouliaá le envió algún mensaje posteriormente, pero él optó por no responder.

Estaban citados igualmente los dos taxistas que transportaron a Errejón y Mouliaá la noche de los hechos, ocurridos en septiembre de 2021. Sin embargo, ninguno compareció ante el juez. Uno de ellos alegó no recordar nada, mientras que el otro manifestó no encontrarse capacitado para declarar, según consta en los escritos remitidos al juzgado.

Posible delito de contra la administración de justicia o de obstrucción

La jornada judicial incluyó una petición relevante por parte de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada. Esta parte solicitó al juez que amplíe la investigación a Errejón por un posible delito contra la administración de justicia o de obstrucción, a raíz de la conversación mantenida con Borja sobre el “plan” para el juicio. En un escrito al que ha tenido acceso la citada agendia, la asociación argumenta que en las declaraciones de Borja y Soraya “se detectan importantes alteraciones sustanciales, como que no observaron nada anormal, la denunciante no había bebido, no se le cogió del brazo” y que “habían sido coaccionados” por Mouliaá, cuando, según la acusación, “ha resultado claro que Elisa únicamente les contó su versión de los hechos”.

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la acusación, sostiene que debe demostrarse si “el investigado influyó directamente en la declaración del testigo, dirigiéndola en perjuicio de la denunciante”. Por ello, reclama que se clone “sin demora” el teléfono de Errejón y que se requiera a Borja y Soraya que remitan todas sus conversaciones con el exdiputado y con la actriz.

El caso sigue su curso en los juzgados de Madrid. La instrucción se centra ahora en la obtención y análisis de pruebas como el audio mencionado por Soraya, así como en la revisión de las comunicaciones entre los implicados. La evolución de la investigación dependerá en buena medida de la valoración judicial de los testimonios y de la documentación que pueda recabarse en las próximas semanas.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en un informe el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía de Turquía contra manifestantes que salieron a las calles tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Según AI, estos actos constituyen un “trato cruel, inhumano o degradante” y, en ciertos casos, podrían incluso calificarse como “tortura”.

Esther Major, directora adjunta de Investigación de AI en Europa, afirmó: “Nuestros hallazgos revelan pruebas contundentes del uso frecuente de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas del orden contra manifestantes pacíficos en ciudades de toda Turquía”.

El informe se basa en entrevistas con 17 personas que participaron en las protestas, quienes relataron “abusos” cometidos por las fuerzas de seguridad. AI documentó el empleo de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y cañones de agua contra los manifestantes. Estas medidas se aplicaron, en muchos casos, “a corta distancia” y apuntando “directamente a la cabeza y parte superior del cuerpo”.

Uno de los testimonios recogidos por la organización proviene de un hombre que narró: “Unos seis o siete policías antidisturbios me dieron patadas y me daban puñetazos, incluso en la cara y la cabeza. Uno de ellos me dio una patada voladora en el pecho. Se me soltaron algunos dientes debido a la paliza”.

De igual forma, una estudiante de 27 años relató a Amnistía el trato que recibió por parte de los agentes durante su participación en las manifestaciones: “Me patearon tanto que no podía caminar bien. Me arrastraron mientras estaba de rodillas. Pensé que me iba a morir”.

La ONG también señaló que las advertencias emitidas por la Policía para que los manifestantes se dispersaran “incumplieron los estándares exigidos por el Derecho Internacional”. Además, las autoridades no ofrecieron “tiempo o espacio para que las personas abandonaran el lugar de forma segura”.

El informe, que también incluye documentos médicos y judiciales, así como denuncias formales por malos tratos y lesiones, permitió a Major concluir que se trató de “un flagrante atentado contra el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

“Los casos de uso innecesario de la fuerza no fueron aislados, sino que parecen reflejar un patrón de ataques sistemáticos por parte de las fuerzas del orden contra quienes protestaban pacíficamente, se mantenían al margen o intentaban dispersarse”, aseguró.

A la luz de estos hechos, Amnistía Internacional instó a las autoridades turcas a llevar a cabo una investigación “inmediata, independiente e imparcial”, y a garantizar que “los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación por los daños sufridos”.

Desde la detención de Imamoglu, miles de personas han salido a protestar en las principales ciudades del país, acusando al presidente Recep Tayyip Erdogan de impulsar un boicot político contra el alcalde. Erdogan, sin embargo, ha negado cualquier implicación en el caso y ha defendido la imparcialidad del sistema judicial.

Imamoglu fue imputado por supuestamente haber promovido una “colaboración electoral” ilegal entre su partido, el CHP, y el Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), vinculado al proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), durante las elecciones locales celebradas en marzo del año pasado.

(Con información de Europa Press)

En la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se ha llevado a cabo el juicio contra un hombre acusado de graves delitos de violencia de género, incluyendo agresión sexual, violación e intento de asesinato hacia su expareja. La Fiscalía ha solicitado para él una condena de hasta 63 años de prisión. La vista, realizada a puerta cerrada, ha revelado tensiones significativas entre las partes involucradas, mientras el acusado insiste en su inocencia, negando rotundamente los hechos.

El relato del fiscal y de la víctima presenta una serie de eventos inquebrantables que han llevado a este juicio. Durante su declaración, la mujer ha reiterado las experiencias de maltrato que vivió, denuncias que recordó en detalle. Según el escrito acusatorio del Ministerio Público, el procesado sometía a su pareja a constantes humillaciones, controlando aspectos de su vida cotidiana como su vestimenta, maquillaje y las personas con las que se relacionaba.

Una relación marcada por la violencia

Los eventos descritos en el juicio trazaron un sombrío recorrido desde el principio de la relación, en 2020, hasta después de su finalización en febrero de 2023. Un incidente clave ocurrió cuando el procesado sorprendió a su expareja besando a un amigo en la zona de vinos de A Estrada. Tan solo momentos después, el acusado se acercó con su vehículo, iniciando una confrontación que posteriormente evolucionó en “el firme propósito de acabar con la vida de su expareja”.

La acusación también ha detallado un episodio alarmante a finales de febrero o principios de marzo del mismo año en un hotel de Santiago de Compostela. Aquí, según el testimonio de la víctima, el procesado habría cometido una agresión sexual al forzar a su expareja a mantener relaciones contra su voluntad. En las semanas posteriores, un nuevo incidente en Catoira implicó la realización de grabaciones íntimas sin el consentimiento de la mujer, intensificando el argumento del Ministerio Público en su solicitud de condena.

Reiteración de cargos y solicitud de condena

La Fiscalía ha sido clara en su exigencia de una severa pena de prisión para el acusado. Además de los 14 años de cárcel por intento de asesinato, se suman otras dos condenas de 14 años cada una por violación, y siete años por tentativa de agresión sexual. Otros cargos incluyen maltrato habitual, coacciones y amenazas. Además, la Fiscalía ha solicitado también dos años de cárcel por un incidente violento que involucró a un segundo varón, quien intentó intervenir durante un forcejeo entre la víctima y el acusado principal.

El juicio se ha convertido en un proceso complejo, ahora suspendido hasta el próximo miércoles a las 10 horas. A pesar de que las partes han renunciado a muchos de los testimonios inicialmente previstos, cuatro individuos, entre ellos el acusado y la víctima, ya han ofrecido su declaración. Para la siguiente sesión, se espera la participación de 21 personas adicionales, lo que puede aportar nuevas perspectivas al caso en curso.

Con el avance del juicio, el proceso en Pontevedra sigue capturando la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y el impacto potencialmente devastador de los delitos denunciados. La atención se centra en cómo estas audiencias culminarán, y qué decidirán finalmente los tribunales sobre la culpabilidad del acusado.

*Noticia elaborada con información de Europa Press

Este jueves, la Audiencia de Las Palmas se preparará para iniciar un impactante juicio debido a la naturaleza estremecedora del caso. Un hombre y una mujer, pareja y residentes de Gran Canaria, enfrentan cargos por supuestos delitos de abuso sexual repetido y grabación de imágenes pornográficas de sus propias hijas menores. La Fiscalía solicita penas que suman un total de 42 años de prisión para ambos acusados.

En su escrito, la Fiscalía detalla los hechos escalofriantes que se sucedieron entre octubre de 2019 y junio de 2022. Los procesados, identificados como B.A.L.P. y T.N.L.M., compartían la responsabilidad parental sobre las menores y habrían aprovechado esa confianza para perpetrar el abuso. B.A.L.P. es el padre biológico de una de las víctimas, mientras que T.N.L.M. es la madre de la otra niña. Los fiscales sostienen que durante este período los acusados habrían cometido abusos sexuales de manera conjunta y sostenida, además de registrar estas acciones en fotografías y vídeos, aumentando la gravedad de los cargos.

Cargos y evidencias impactantes

Las pruebas presentadas son contundentes. Durante las investigaciones, agentes de policía incautaron material comprometedor hallado en dispositivos tecnológicos pertenecientes a los acusados: dos teléfonos móviles, tres discos duros y una memoria USB. En estos aparatos no solo se encontraban imágenes de las niñas, sino también más de 200 archivos pornográficos de otros menores que hasta el momento no han sido identificados. La Fiscalía subraya la naturaleza premeditada y recurrente de los delitos, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones.

La acusación desglosa cuatro delitos para cada uno: dos por abuso sexual continuado con acceso carnal y dos por la utilización de menores en la elaboración de pornografía infantil. Una de las niñas tenía entonces cinco años. Estos cargos reflejan no solo el daño físico y psicológico infligido a las menores, sino también la explotación de su imagen. La acusación pública busca, además de las penas de prisión, la retirada de la patria potestad sobre todos sus hijos menores por un período de seis años.

Consecuencias legales y sentimentales

El impacto del abuso se extiende más allá de la sala del tribunal, afectando profundamente la vida de las menores involucradas. Según el escrito fiscal, la hija menor de la imputada sufre notables trastornos en su conducta y en su capacidad emocional debido a los abusos.

En términos económicos, la Fiscalía solicita que B.A.L.P. indemnice, junto con T.N.L.M., a su hija biológica con 200.000 euros y que la otra menor reciba una compensación de 100.000 euros de manera conjunta. Estas compensaciones buscan paliar de alguna manera el sufrimiento causado, aunque se reconoce que el daño emocional es incalculable.

Ambos procesados se encuentran en prisión provisional por esta causa desde junio de 2022 (él) y enero de 2023 (ella), si bien B.A.L.P. cuenta con antecedentes penales por un delito de amenazas, por quebrantamiento de condena y por descubrimiento de secretos. Este caso promete ser un hito en los procedimientos judiciales de Las Palmas debido a su complejidad y el daño direccionalmente infligido a estas víctimas especialmente vulnerables.

*Noticia elaborada con información de EFE

Un nuevo informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), divulgado este martes en redes sociales, vuelve a encender las alarmas sobre la situación en las cárceles de Cuba. Solo en mayo, la organización independiente —con sede en México— registró 92 denuncias por violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad en la isla.

Según el reporte, los incidentes más frecuentes incluyen actos de hostigamiento y represión (63 casos), seguidos por negación de atención médica (29), condiciones de vida inadecuadas (17), problemas de alimentación (13) y restricciones o irregularidades en las visitas (10).

“Los eventos que implicaron violaciones de derechos humanos ocurrieron en 32 cárceles y centros de detención distribuidos en todas las provincias del país, con mayor concentración en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey”, detalla el documento del CDPC.

Víctimas directas y presos políticos

El informe precisa que al menos 55 personas —51 hombres y 4 mujeres— fueron víctimas directas de estos abusos. Entre los nombres más destacados aparecen reconocidos opositores cubanos como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Eider Frómeta, quienes, según el colectivo, son “las personas con más vulneraciones registradas en su contra”.

Ferrer y Navarro, figuras históricas de la disidencia en la isla, habían sido liberados en enero como parte de un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, mediado por el Vaticano, en el cual La Habana se comprometió a excarcelar a 553 presos políticos a cambio de ser retirada de la lista de países promotores del terrorismo. Sin embargo, ambos fueron devueltos a prisión en abril tras la revocación de su libertad condicional por parte del régimen cubano.

Abusos físicos y torturas psicológicas

Según la ONG, varios reclusos fueron enviados a celdas de castigo como método de represión y otros sufrieron abusos físicos y torturas psicológicas. También subraya que los presos políticos, los opositores y las personas afrodescendientes enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario cubano.

El CDPC también advirtió sobre graves deficiencias en la alimentación en al menos diez cárceles, con raciones mínimas, comida en mal estado y escasa diversidad nutricional. A esto se suma “graves deficiencias” en la calidad y el acceso al agua potable.

Además, el informe documentó brotes de enfermedades como tuberculosis, hepatitis, escabiosis, dengue y diarreas en varios centros penitenciarios, incluyendo Mar Verde (Santiago de Cuba) y Combinado del Este (La Habana).

El CDPC insiste en que la situación carcelaria en la isla es crítica y exige atención urgente de la comunidad internacional.

(Con información de EFE)

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que un militar ha sido detenido en Kenia acusado de violar a una mujer cerca de un campo de entrenamiento en el centro del país africano.

La presunta violación ocurrió el mes pasado cerca de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico de Kenia (Batuk), cerca de la ciudad de Nanyuki, 200 kilómetros al norte de la capital, Nairobi.

El Ministerio de Defensa británico ha acabado confirmando en un comunicado publicado en la BBC la detención de este militar antes de lamentar que este "comportamiento inaceptable y criminal no tiene cabida" en las Fuerzas Armadas.

El Ejército británico tiene actualmente un acuerdo con la nación africana para permitir que hasta seis batallones de infantería por año -alrededor de 6.000 soldados- realicen ejercicios en la remota campiña keniana.

El personal de la base de Nanyuki fue objeto en septiembre de 2024 de otra investigación a raíz de las múltiples denuncias que ha recibido en los últimos años sobre graves abusos cometidos por soldados, incluyendo violaciones y asesinatos.

En 2012 un militar británico de la base fue acusado del asesinato de una mujer keniana cuya familia denunció, doce años después, que nunca se abrió una investigación al respecto.

Un demoledor reportaje de la cadena ITV que coincidió con la apertura de las pesquisas alegó que militares británicos pagaban regularmente por sexo con mujeres locales y violaban a varias mujeres, así como a niñas de tan solo 13 años.

El ministro de Defensa, John Healey, se reunió con la familia de Wanjiru en abril y se comprometió a esclarecer de una vez por todas lo ocurrido y garantizar que el responsable de su asesinato rendiría cuentas ante la justicia.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín resolvió este jueves mantener por seis meses las prisiones preventivas de Eva Petrona Pereyra, de más de 80 años, y de otros ocho acusados, sindicados como líderes y miembros de una secta criminal conocida como “Templo Filadelfia”, que, bajo la fachada de una congregación religiosa, habría explotado laboralmente a decenas de fieles durante casi cinco décadas. La decisión fue adoptada en el marco de dos resoluciones independientes dictadas en una causa de gran volumen que se encuentra en pleno desarrollo del juicio oral.

La instrucción del caso estuvo a cargo del fiscal Sebastián Basso y se inició formalmente en mayo de 2019, tras una investigación preliminar que concluyó con una serie de detenciones. Eva Petrona Pereyra, Mónica Susana Gutiérrez, Rigoberto Ismael Mora Bogado y Carlos Raúl Barrionuevo fueron arrestados el 17 de mayo de 2019. Por su parte, Miguel Evangelista Mora Bogado, Griselda Noemí Lemos, Juan Pablo Mora Bogado, Guillermo David Alza y Norma Beatriz Gutiérrez fueron detenidos el 1 de diciembre de 2020, algunos de ellos tras permanecer prófugos durante más de un año.

Las imputaciones alcanzaron a 30 personas, aunque actualmente son 28 las que enfrentan el debate oral, ya que Adriana del Valle Carranza y Divina Luz Pereyra, también señaladas como líderes, fallecieron antes del inicio del juicio. El proceso gira al “Templo Filadelfia”, registrado desde 1981 ante la Dirección del Registro Nacional de Cultos. La sede central de la congregación funcionaba en Centenera 3715, San Justo, La Matanza. Según la acusación fiscal, la estructura del templo encubría desde comienzos de los años setenta la captación, el traslado y la acogida de personas en condiciones de vulnerabilidad “con el fin de explotarlas laboralmente, reducir a la servidumbre a sus fieles, a quienes mantuvieron en un estado de esclavitud durante varios años”.

De acuerdo a las actuaciones, al ingresar a la supuesta comunidad espiritual, las personas -en general familias desmembradas- eran obligadas a vender todas sus posesiones y a comenzar a trabajar bajo un régimen de jornadas extenuantes en la producción de productos panificados, en la venta ambulante o en tareas de albañilería, sin recibir ningún ingreso a cambio. “Todos los ingresos de esas jornadas de hasta 12 horas eran entregados en su totalidad a la iglesia”, señalaron los acusadores. La organización era conducida por Eva Petrona Pereyra, conocida como la “Tía Eva”, junto con su hermana Divina Luz Pereyra y su sobrina Adriana del Valle Carranza. Ambas están fallecidas.

Las tres mujeres eran estimadas por los fieles como líderes espirituales y se autodenominaban “ungidas de Dios”, atribuyéndose supuestos poderes para canalizar su voluntad. Según la acusación fiscal, en el marco de las prácticas religiosas de la secta se desarrollaban danzas de tipo ritual, durante las cuales se producían tocamientos físicos a integrantes del grupo, tanto adultos como menores de edad. Estos episodios se daban en un contexto de sujeción, aislamiento y control absoluto por parte de las jefas del clan, lo que, de acuerdo con el Ministerio Público, favorecía la impunidad de los hechos.

En ese contexto, Eva Petrona Pereyra es señalada por el Ministerio Público Fiscal como la principal responsable de la banda. Se le imputa haber sido “la líder máxima de la red, autoproclamada gurú, a través de quien llegaría el mensaje divino, y principal beneficiaria de la explotación laboral”. El requerimiento fiscal de elevación a juicio destaca que la maniobra criminal le permitió a ella y a su entorno un “crecimiento económico de gran importancia” y la expansión del grupo “en varios puntos del territorio nacional, y en los países vecinos Brasil y Paraguay”.

Además de los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral agravada y reducción a la servidumbre, Pereyra está acusada por “haber cometido abusos sexuales contra un número indeterminado de personas menores y mayores de edad”. Estos hechos, para la fiscalía, se habrían llevado a cabo “en el marco del entramado criminal” que “propició las condiciones para que la nombrada Pereyra pudiera cometer dichos actos ilícitos en contra de la integridad sexual de las personas sometidas, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas”.

El requerimiento de elevación a juicio planteó que la estructura religiosa estaba sostenida en “un procedimiento de persuasión coercitiva” y las víctimas eran obligadas a realizar tareas sin remuneración alguna. “Debían limpiar sus casas, cocinarles, cocerles e incluso dormir a sus pies a fin de asistirlas durante la noche”, detalló el documento.

Frente a este cuadro, los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y María Claudia Morgese Martín resolvieron por unanimidad prorrogar las detenciones preventivas de los imputados. En una primera resolución, el tribunal rechazó el pedido de cese de prisión de Pereyra, Gutiérrez, Mora Bogado y Barrionuevo. En una segunda decisión, dispuso lo mismo para Mora Bogado (Miguel y Juan Pablo), Lemos, Alza y Gutiérrez (Norma).

El fundamento fue común en ambos pronunciamientos a los que tuvo acceso Infobae: se encuentra vigente el riesgo procesal tanto de fuga como de entorpecimiento del proceso judicial. “No han variado las consideraciones efectuadas que permiten corroborar la actual vigencia de los riesgos procesales”, sostuvo el juez Machado Pelloni. Agregó que el juicio oral está en curso y que “han sido y serán convocados numerosas víctimas y testigos que, por su conocimiento, vínculo e incluso -en algunos casos- parentesco con los imputados, podrían ser amedrentados o influenciados por ellos”.

Para justificar la extensión de las detenciones, los magistrados recordaron el precedente “Bramajo” de la Corte Suprema, que establece que los plazos de prisión preventiva “no resultan de aplicación automática por su mero transcurso, sino que su razonabilidad debe ser examinada a partir de otras pautas no aritméticas”, como la gravedad del delito y la expectativa de pena.

En ambas decisiones, el tribunal concluyó que las medidas de coerción “no sobrepasan la naturaleza de la medida inherente al peso de su dictado, ni arrojan riesgos sobre otros derechos ajenos a las libertades que aquí se restringen, mientras reaseguran la jurisdicción federal del debate que está celebrándose”.

En este sentido, el fiscal de juicio Alberto Gentili advirtió que liberar a los acusados implicaría un peligro concreto para las víctimas y para la continuidad del juicio. “Los motivos que llevaron a determinarlas siguen actuales e incluso, al encontrarse en pleno desarrollo el debate oral, se incrementan las posibilidades que los imputados se sustraigan de la justicia y/o entorpezcan el proceso del mismo”, expresó al postular su posición.

Cabe señalar que el juicio oral comenzó el 23 de octubre de 2024, tras una extensa etapa preparatoria que incluyó más de 600 testigos ofrecidos y cientos de pruebas documentales. El proceso se celebra semanalmente, sin una fecha prevista de culminación. En la actualidad, ya han finalizado las declaraciones de las víctimas representadas por la querella de la abogada Mariana Barbitta, y se prevé que en las próximas audiencias continúen los testimonios de otras víctimas y testigos convocados por las partes.

En particular, respecto de Guillermo Alza y Norma Gutiérrez, el Ministerio Público destacó que eran responsables de los anexos del templo en Salta, Brasil y Paraguay. Las constancias de la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron que se desplazaban con frecuencia entre países, lo cual, según la fiscalía, acredita un “peligro de sustracción de la justicia, fuga y/o entorpecimiento del desarrollo del debate”.

En cuanto a Miguel Evangelista Mora Bogado, Griselda Noemí Lemos y Juan Pablo Mora Bogado, aunque actualmente se encuentran bajo prisión domiciliaria, el tribunal consideró que “se hallan preventivamente privados de su libertad” y que “no caben dudas que los imputados (...) se encuentran en prisión preventiva y por ende sus situaciones se ven alcanzadas por la ley 24.390”.

Las querellas también respaldaron la continuidad de las prisiones preventivas. La defensora Manuela Parra, querellante de un grupo de víctimas, sostuvo que “los riesgos procesales respecto de los encausados solo podían ser neutralizados a través de su detención preventiva” y enfatizó que “nos encontramos en la etapa final del proceso, en plena celebración de audiencias de debate oral”.

Por su parte, Barbitta advirtió que “muchos testigos han afirmado en el debate haber recibido presiones, tanto al momento de la denuncia como durante la sustanciación del proceso” y que las víctimas “continúan padeciendo las secuelas físicas y psicológicas de los delitos cometidos contra ellas”.

Ambas partes destacaron la dimensión del caso, que involucra más de 600 testigos, decenas de cuerpos de prueba y un juicio oral que se desarrolla desde hace más de siete meses. Según el tribunal, “el elevado nivel de complejidad que presenta esta causa” y la gravedad de los hechos impiden considerar el tiempo de detención como irrazonable.

En contraposición, el defensor oficial Sergio Raúl Moreno solicitó el cese de las prisiones preventivas, argumentando que sus representados, todos mayores de 60 años, llevan casi seis años detenidos sin condena. “Continuar prorrogando las prisiones preventivas de sus representados carecía de razonabilidad y resultaba contrario a principios, como la presunción de inocencia”, sostuvo. Agregó que las medidas cautelares se transformaban en “un adelantamiento de pena encubierto” y citó los precedentes “Nápoli” y “Veliz” de la Corte Suprema, así como el reciente fallo de la Corte Interamericana en el caso “González y otros vs. Venezuela”.

Así las cosas, el tribunal oral consideró que “corresponde mantener las medidas cautelares que pesan sobre los acusados, por no existir un medio menos lesivo que posibilite al Tribunal asegurar su jurisdicción en pos del desarrollo del juicio oral y público”.

Al prorrogar las cautelares por un plazo de seis meses, los jueces ordenaron comunicar su decisión a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación.

En un giro perturbador que ha sacudido a la comunidad en Florida, Alexis Von Yates, una enfermera de 34 años, enfrenta acusaciones severas tras ser sorprendida en un acto sexual con su hijastro de 15 años. Este acto, que podría ser consentido, ha salido a la luz como un abuso de menores por parte de una adulta. Estos hechos impactan profundamente en la vida de los jóvenes afectados, ya que no solo involucra el daño físico, sino también el emocional y psicológico, rompiendo la confianza y seguridad de estos adolescentes.

Los agresores suelen aprovechar posiciones de poder o confianza, lo que complica el proceso de denuncia y recuperación para las víctimas. Las consecuencias a largo plazo pueden incluir trastornos emocionales, problemas de autoestima y dificultades en relaciones futuras. Esta treintañera estadounidense, quien trabajaba en el sector sanitario, fue arrestada después de que su marido, el padre del adolescente, los sorprendiera en la cama juntos, según ha informado el medio italiano Leggo.

Por sorpresa tras jugar a la Play Station

Este incidente, que ocurrió en julio de 2024 y ha salido recientemente a la luz, ha llevado al despido de esta madrastra de su trabajo y a la revocación de su licencia profesional. El testimonio del adolescente ha resultado clave para las autoridades, describiendo que antes del acto sexual, consumieron cannabis y jugaron a la PlayStation, lo que precedió a las relaciones sexuales sin protección.

De acuerdo con la información del medio italiano, el descubrimiento de su padre, un electricista, condujo a la denuncia formal que ha llevado a la detención de Von Yates en noviembre tras una minuciosa investigación. Tras el exhaustivo análisis de los hechos por parte de los agentes policiales, la exenfermera se ha tenido que enfrentar a los tribunales de Estados Unidos, donde se ha declarado no culpable y el juicio sigue su curso, manteniendo a la comunidad en vilo. Hasta el momento, se desconoce la sentencia del juez, por lo que sigue siendo una incógnita la decisión final.

Problemas jurídicos y sociales

El caso de Von Yates destaca una problemática crítica: el abuso sexual de menores y sus implicaciones legales y sociales. En Estados Unidos, mantener relaciones sexuales con un menor es un grave delito que se tipifica bajo diferentes términos, como abuso sexual o estupro, dependiendo de las circunstancias y las edades involucradas. La ley busca proteger a los menores, considerados incapaces de dar un consentimiento válido debido a su inmadurez emocional y psicológica.

No es la primera vez que la Justicia interviene en casos de abusos a menores. En España, un caso reciente ha captado la atención de la audiencia. Al menos 15 hombres habían violado de una menor en el año 2020, en Valencia. Hasta la fecha, agentes de la Guardia Civil solo han identificado a cuatro de la quincena de implicados, pese a contar con sospechas. La agresión sucedió en una fiesta de cumpleaños y la víctima declaró que no era consciente de lo que hacía debido a las copas que le habían dado en el evento. El juicio se inició esta semana y se espera que el juez dicte sentencia.

La localidad francesa Tarn-et-Garonne ha sido el escenario de un juicio que ha captado la atención pública debido a la gravedad de los delitos. Christophe Aunay, un exconductor de camiones de 53 años, ha sido sentenciado a 13 años de prisión tras ser hallado culpable de violar a su hija, menor de edad durante el periodo de los hechos, además de poseer material pedopornográfico. La corte ha establecido que, junto a la pena de prisión, debe cumplir 10 años bajo vigilancia sociojudicial. Si incumple, enfrentará cinco años adicionales de cárcel.

La condena de 13 años es menos de lo que había solicitado la fiscal del caso, Manon Noël, quien había reclamado 15 años. Sin embargo, Alexandre Martin, abogado defensor de Aunay, ha manifestado que considera la decisión justa y equilibrada. Por otro lado, Amélie Villageon, la abogada de la parte denunciante, ha declarado a los medios que su cliente se siente aliviada por ser escuchada y porque su testimonio ha sido tomado en serio.

Un proceso judicial lleno de tensión

El juicio, que comenzó el lunes 26 de mayo, se celebró a puerta cerrada a petición de la víctima. Esta medida, amparada por el Código de Procedimiento Penal en casos de violencia sexual, busca proteger la intimidad de la víctima. En todo momento, Aunay mantuvo una postura desafiante ante el tribunal, negando los cargos y mostrando una actitud de indiferencia, incluso saludando a su hija, como si estuviera en un proceso rutinario.

Los abusos se extendieron por casi ocho años, entre las localidades de Montdurausse y Monclar-de-Quercy. Desde los 12 años, la joven fue sometida a agresiones sexuales bajo amenaza, lo que instauró un ambiente de sometimiento y silencio en el hogar familiar. Fue en septiembre de 2022, ya siendo mayor de edad, cuando la joven decidió presentar la denuncia ante las autoridades. La posterior investigación reveló la existencia de un disco duro que contenía 269 archivos pedopornográficos, entre ellos, 21 vídeos donde aparece la víctima desnuda, grabada sin su consentimiento mediante una cámara oculta detrás de una rejilla de ventilación en el baño familiar.

Evidencias contundentes y negación persistente

Pese a las contundentes pruebas presentadas, Aunay persistió en la negación de los delitos. Alegó que la cámara tenía el único propósito de verificar que su hija se lavaba adecuadamente, una justificación que el tribunal no consideró creíble. De acuerdo con los peritajes psiquiátricos, Aunay fue descrito como una persona manipuladora y peligrosa que, sin embargo, posee pleno uso de sus facultades mentales. Su historial delictivo incluye antecedentes por robo y violencia de género, reforzando la imagen de una persona problemática y peligrosa.

Un aspecto destacado del caso es que la joven intentó alertar sobre lo que ocurría en 2018. Expresó su situación mencionando comportamientos inapropiados a personal del colegio. Sin embargo, sin pruebas contundentes en ese momento, el caso fue archivado. Sólo en 2022, con evidencia tangible en mano, pudo finalmente llevar a su progenitor a juicio.

A su llegada al aeropuerto de Santiago, varios de los 45 chilenos deportados desde Estados Unidos denunciaron haber sufrido “malos tratos” y “vejaciones” durante su detención. Los expulsados alegan que fueron tratados de manera inhumana, con algunos de ellos durmiendo en el suelo sin acceso a comida.

Ricardo, uno de los deportados, relató frente a la prensa local que perdió todas sus pertenencias y que los agentes se burlaban de ellos. Este grupo de chilenos fue deportado por presuntamente permanecer de manera irregular en el país norteamericano.

“Abusan de nosotros. Los ‘sheriffs’ se ríen mientras nos tratan como perros. Yo dormía en el piso sin comer. Me perdieron todas mis cosas”, afirmó Ricardo, migrante que estuvo detenido siete días en Miami.

Chilenos deportados de EEUU denuncian malos tratos

David Gallardo, padre de una de las deportadas, señaló que detuvieron a su hija durante una redada a finales de abril y que llegó “en un estado deplorable” a Santiago. “Tuvo la mala suerte de toparse con todo esto y vivir una pesadilla”, añadió, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

El Ministerio del Interior de Chile confirmó que la deportación se realizó en coordinación con las autoridades estadounidenses, asegurando que todos los deportados estaban en incumplimiento de la normativa legal de EEUU. Sin embargo, el coreógrafo y bailarín chileno Yerko Aliaga, quien residía en Miami desde hace cuatro años, afirmó que su situación migratoria era legal y denunció haber recibido un trato “pésimo”.

Aliaga describió las condiciones de detención como inhumanas, mencionando que estuvieron “tirados en el suelo” en una sala conocida como “la hielera”, a 12 grados Celsius, sin colchonetas ni frazadas.

La situación ha generado preocupación en el gobierno chileno, que ha anunciado una investigación para determinar si los deportados recibieron la asistencia consular adecuada.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoció la posibilidad de que se realicen más redadas en el futuro. Mientras tanto, su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que la Cancillería investigará las denuncias de los deportados para evaluar “si requirieron asistencia consular y si esa asistencia consular fue otorgada o no”.

“El Estado de Chile tiene la obligación de otorgar asistencia consular a sus nacionales y solo después de eso es posible hacer una evaluación más precisa sobre la afectación de derechos”, dijo Cordero, según declaraciones citadas por EFE.

El primer gran grupo de chilenos deportados desde EEUU

La deportación de este grupo de chilenos se produce en el contexto de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha intensificado las deportaciones y detenciones de migrantes indocumentados.

Chile es el único país de Latinoamérica que participa en el programa de exención de visas con EEUU, conocido como Visa Waiver Program (VWP).

Entre los otros países que forman parte del VWP se encuentran Andorra, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Islandia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido y Taiwán.

Este programa permite a los chilenos entrar a EEUU por turismo, negocios o tránsito sin necesidad de una visa, pero con una autorización de viaje electrónica. Sin embargo, algunas autoridades estadounidenses han solicitado la suspensión del programa, argumentando que algunos chilenos lo utilizan para ingresar al país y delinquir.

Si bien en el pasado existieron deportaciones puntuales de chilenos, este se trata del primer gran grupo de ciudadanos del país sudamericano que fueron expulsados de EEUU tras la llegada a su segundo mandato del presidente Donald Trump.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha defendido que la comisión de investigación --propuesta por PSC, ERC y Comuns-- sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) investigue qué ha fallado en el caso de los presuntos abusos a la menor de 12 años tutelada y cuáles son las medidas para que no se repita.

En declaraciones este jueves, la portavoz republicana ha explicado que también deberá investigar la llegada masiva de menores y analizar las prestaciones y subvenciones recibidas por entidades "para clarificar que no ha habido ninguna irregularidad", y ha defendido actuar con contundencia en caso de detectar.

Además, ha apostado por estudiar cómo debe evolucionar la Dgaia e introducir "todas aquellas modificaciones necesarias para que mejore sus funciones y finalidades".

"Najm, casado, padre de seis hijos y exprisionero, fue sometido a un delito médico al ser privado completamente de tratamiento, ya que padecía de problemas de salud crónicos", denunció este domingo la Comisión en el comunicado en el que anunció su muerte.

Najm, de Yenín (norte de Cisjordania), permanecía detenido desde el 8 de agosto de 2023, si bien en total pasó 19 años en prisión a lo largo de su vida.

Con él, ya son 66 los presos palestinos que han muerto tras su paso por las cárceles israelíes desde que comenzó la ofensiva de este país sobre Gaza en octubre de 2023, momento en el que las condiciones de los detenidos se endurecieron aún más y los arrestos aumentaron.

Al menos 40 de los fallecidos fueron detenidos en Gaza. Desde 1967, 303 detenidos palestinos han muerto por su paso en cárceles de Israel, según el recuento del Club de Prisioneros Palestinos, otra organización que aboga por los derechos de los detenidos.

La organización aseguró que los abogados de Najm le visitaron en la prisión del Néguev el pasado 10 de marzo y vieron cómo había sufrido un grave deterioro en su estado de salud.

"Apenas podía moverse y tenía gran dificultad para caminar. Tras varias apelaciones a la administración de la prisión se le trasladó para pasar por pruebas médicas, pero no se informó de los detalles sobre su estado", denunció este organismo.

Estas organizaciones aseveran además que Najm se encontraba prisionero desde hace unos dos años bajo una detención administrativa, mecanismo que Israel utiliza en territorio ocupado para mantener bajo custodia a los palestinos sin cargos durante periodos de seis meses, los cuales pueden renovarse indefinidamente (dando lugar a estadías en prisión sin juicio durante periodos largos, como los dos años de Najm).

Bajo este método, los fiscales militares pueden impedir a la defensa del sospechoso acceder a las pruebas contra él por motivos de seguridad.

La Comisión y el Club de Prisioneros destacaron que la prisión del Néguev en la que se encontraba el fallecido es conocida por los abusos allí cometidos contra los presos palestinos.

En ella, organizaciones pro derechos humanos como la israelí B'Tselem han documentado torturas y abusos contra los detenidos en el centro, como palizas, mantener a los prisioneros con vendas en los ojos y maniatados durante días, privación de alimentos, agua o de la higiene, entre otros.

"La sarna ha infestado la prisión del Néguev, entre otros centros de detención de todo el país, y las autoridades penitenciarias de la ocupación (israelí) la han utilizado como arma para matar a los prisioneros palestinos", afirmó el Club de Prisioneros Palestinos. EFE

Las nuevas autoridades sirias han detenido a un antiguo mando de los servicios de Inteligencia en la región de Deraa, Atef Nayib, que es también primo del depuesto presidente Bashar al Assad, por su presunta implicación en abusos sobre la población.

Las autoridades han enmarcado este arresto dentro de la campaña para que los miembros del antiguo régimen rindan cuentas, según fuentes citadas por la agencia SANA que han adelantado la entrega del "criminal Nayib" a las instituciones competentes para que sea "juzgado y condenado".

Sobre Nayib, vinculado a casos de torturas, pesan sanciones adoptadas tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea, y está considerado uno de los hombres fuertes de la dinastía que acabó en diciembre tras una fulgurante ofensiva armada protagonizada por rebeldes y yihadistas.

El nuevo Gobierno ha informado periódicamente de detenciones de miembros del antiguo régimen, si bien su principal cabecilla, Bashar al Assad, huyó a Rusia a principios de diciembre.

Durante dos jornadas de juicio oral, un jurado popular encontró culpable al pastor Pedro Romero, de 66 años, por el abuso sexual de siete mujeres.

Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2017 en el templo evangélico que lideraba, ubicado en la calle Celina de Minetto, en Villa Centenario del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Marcela Dimundo, y el proceso concluyó ayer martes, cuando se conoció el veredicto unánime del jurado.

En los próximos días, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora convocará a una audiencia de cesura en la que se determinarán los pedidos de pena, y será un juez quien defina el monto final de la condena.

Según informaron fuentes judiciales al portal Diario Conurbano, la causa se inició en 2022 tras la denuncia de las primeras cuatro víctimas. Luego de que el caso tomara estado público, las otras tres mujeres se presentaron ante la Justicia y aportaron sus propios testimonios.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la fiscal Marcela Juan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del mismo distrito.

Los delitos imputados a Romero fueron calificados por el jurado, en cinco de los casos, como “abuso sexual gravemente ultrajante por la duración del hecho y por su calidad de ministro de culto”. Por otro de los hechos, se sumó el agravante de “daño psíquico”, mientras que el séptimo fue catalogado como “abuso sexual con acceso carnal”.

Las declaraciones de todas las víctimas coincidieron en una serie de patrones de abuso que se repetían a lo largo de los años. El pastor aprovechaba momentos de angustia personal y desequilibrios emocionales de las jóvenes para ejercer presión. En varias ocasiones, amenazó con “maldiciones” o supuestos accidentes si no accedían a sus pedidos.

Fue una de las víctimas que relató un caso particularmente grave ocurrido en 2015. Romero se había ganado la confianza de su esposo con el argumento de ayudar a la pareja a concebir un hijo. La mujer declaró que el pastor la citaba a una oficina contigua al templo, siempre fuera de los horarios habituales de culto, con la excusa de realizar un “ritual” para facilitar el embarazo. Allí, según su testimonio, la obligó a desnudarse y la manoseó bajo el pretexto de “activar energías espirituales”.

“Gracias a mí y a mis poderes vas a quedar embarazada”, dijo Romero, según consta en el expediente judicial. Tras varios episodios de hostigamiento entre 2015 y 2017, la víctima decidió no volver, momento en el que recibió amenazas por parte del acusado: “No digas nada porque te va a caer una maldición muy grande”, le habría advertido.

Una de las denuncias más delicadas involucró a una menor de edad. La víctima señaló que el pastor la convenció de asistir a una “sesión de sanación espiritual” y allí cometió los abusos bajo un discurso de justificación religiosa. Las pericias psicológicas confirmaron el daño emocional producido por los hechos.

Un pastor está prófugo por el abuso de su nieta en Merlo

Antonio Daniel Villamea, un pastor religioso de la localidad bonaerense de Merlo, se encuentra prófugo de la Justicia luego de que el juez de Garantías Nº2 de Morón, Ricardo Fraga, ordenara su captura nacional e internacional por una sospecha aberrante: está acusado de abusar sexualmente de su nieta en varias oportunidades.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el pedido de detención, emitido a fines de febrero, se dio luego de una investigación llevada a cabo por la fiscal María Laura Cristini.

La denuncia inicial fue realizada por Daiana, hija del imputado y madre de una de las víctimas, quien decidió actuar tras notar comportamientos extraños en su hija, actualmente de 15 años, quien comenzó a mostrar angustia.

Los abusos comenzaron en 2017, cuando la menor tenía menos de 8 años, y se producían mientras quedaba al cuidado de su abuelo. La situación salió a la luz cuando la familia logró mudarse de la vivienda que compartían con Villamea, lo que permitió que la niña pudiera hablar sobre lo sucedido. Fue recién en septiembre del año pasado que se animó a contar su calvario.

El martes 22 de abril, una exclusiva del diario Paris-Match revolucionaba la sociedad francesa: Hélène Perlant, hija del actual primer ministro François Bayrou, confesaba haber sufrido abusos a los 14 años. La denuncia formaría parte del caso Bétharram, una macroinvestigación de la Fiscalía de Pau, capital de la región francesa de los Pirineos Atlánticos, sobre presuntos abusos, agresiones sexuales y violaciones cometidos en el instituto católico de Notre-Dame de Bétharram entre las décadas de 1970 y 1990.

Los abusos contra Perlant habrían ocurrido durante un campamento de verano organizado por el colectivo religioso de Bétharram. “Una noche, mientras deshacíamos nuestros sacos de dormir, [el padre] Lartiguet me agarró del pelo, me tiró al suelo y me dio puñetazos y patadas por todo el cuerpo, sobre todo en el estómago“, ha contado en una entrevista con Paris-Match. “Para decirlo sin rodeos, me oriné encima y me quedé allí toda la noche, así, mojada y postrada en mi saco de dormir”, confesó ante el periodista. La mujer ha guardado silencio durante más de treinta años, que ahora rompe en Le Silence de Bétharram (El silencio de Bétharram), un libro que publicará el jueves Alain Esquerre, principal portavoz de las víctimas de la institución católica. Para el autor, se trata de un “sistema organizado como una secta o un régimen totalitario que ejerce presión psicológica sobre estudiantes y profesores para que guarden silencio”.

La implicación del primer ministro se investiga desde hace tiempo. A sus 73 años, Bayrou acumula una vida de cargos públicos a nivel local y nacional. Oriundo de la región de Bearne, donde sucedieron los abusos, Bayrou ejerció como ministro de Educación, presidente del Consejo General y diputado por los Pirineos Atlánticos durante las décadas investigadas. Las pesquisas periodísticas de Mediapart ya lo señalaron como presunto encubridor de los abusos sufridos por unos 200 estudiantes de esta escuela católica, entre los que ahora aparece su propia hija.

Bayrou declarará el 14 de mayo

Varios testimonios recogidos por Mediapart aseguraban que Bayrou era conocedor de los hechos, recibiendo al menos tres alertas de violencia en Notre-Dame de Bétharram: de una profesora de la institución en 1996, un juez de instrucción en 1998 y en el pasado mes de mayo, cuando una víctima le envió una carta personalmente. Todos los avisos quedaron sin respuesta.

Sin embargo, su hija niega que el primer ministro estuviera al corriente, ni siquiera de su propio caso que, según ella, habría sabido por la prensa. “Quizás, inconscientemente, quise proteger a mi padre de los ataques políticos que recibía a nivel local”, expresó a Paris-Match. “Obviamente, podemos pensar que tenía toda la información. Pero él, al igual que los demás padres, estaba muy involucrado políticamente, a nivel local. Él más. Pero lo pongo al mismo nivel que todos los padres. Cuanto más involucrados estamos, menos vemos, menos entendemos. Y cuantos más testigos hay, menos se sabe”, valoró la superviviente.

Pese a ello, François Bayrou comparecerá el 14 de mayo ante la comisión de investigación parlamentaria nacida del escándalo Bétharram. A principios del mes de abril, un ex policía y un ex juez que investigaron la primera denuncia de violación contra un responsable religioso en Notre-Dame de Bétharram afirmaron que François Bayrou había intervenido en el caso, algo que el primer ministro ha negado. “No conozco a estos protagonistas, y mi esposa no los conoce”, ha afirmado el mandatario francés en alguna ocasión. Desde la oposición, piden la dimisión de Bayrou como primer ministro.

Arequipeña, lesbiana, atea y sobreviviente de abusos y aislamiento forzado, formó parte de una congregación religiosa hasta 2015, cuando decidió abandonarla tras recibir un diagnóstico médico que advertía un posible cáncer si continuaba en ese entorno de sometimiento.

Fue incluida en el documental gracias a la abogada Josefina Miró Quesada, quien le comentó que un amigo suyo trabajaba en la producción. “Me preguntó si podía darle mi contacto, y dije que sí. Me entrevistaron periodistas y redactores de España. Para mí, el tema del documental fue una especie de alivio, me sacó de esa realidad. Mi psicóloga incidió mucho en el peso que iba a tener en mi vida. Estás regresando a ese momento que ya pasaste hace mucho y lo vas a cerrar delante de esta persona que representa a toda la Iglesia, me dijo. Pero fue bien. Decidí que sí”, contó a Infobae Perú en una entrevista en mayo de 2023.

Frente al papa, Lucía fue clara: “Fui católica, muy creyente; ya no soy católica”, le dijo. Luego lo interpeló sobre la “representación blanca” de Jesús y María y el rol de la Iglesia en la colonización de Latinoamérica. “¿A usted no le genera contradicción eso?”, cuestionó mientras él la observaba en silencio.

Ingresó a la congregación en Chaclacayo a los 16 años, cuando aún era una adolescente, migrante y sola en la capital, con el objetivo de prepararse para ser monja. “Apenas cumplí los 18, pedí un permiso especial para que me dejen entrar. Cumplí los 18 y me mudé a su casa. Nunca regresé a la vida antes. Pero creo que el dolor, en algunas circunstancias, puede ser una brújula”, relató.

Un día, después de haber sido sometida tantas veces, enfermó de tal manera que tuvieron que llevarla a un centro de salud. “Lo que más placer me producía estar adentro era jugar vóley y nadar, pero ya no podía hacerlo. Me empecé a sentir muy mal. Hablé con la superiora y me pateó la cita para después de Semana Santa a un médico de confianza de ellas en la clínica San Felipe, me acompañó mi mamá. Fui con mi mamá y con una de las monjas, me sacaron sangre y me dijo que estaba muy mal, con riesgo de tener cáncer. Dije: bueno, me voy un tiempo y luego vuelvo. Pero no fue así. Salí para dedicarme a terapia por completo”, apuntó.

“La impunidad es norma”

Desde que dejó el convento ha pasado por varios enfoques terapéuticos: cognitivo-conductual, aceptación y compromiso, terapia sistémica y actualmente un abordaje sistémico construccionista enfocado en trauma. Ningún miembro de la congregación se acercó a pedirle perdón. Por el contrario, la culpabilizaron.

“De mí han dicho que estoy loca, que cargo con muchos odios, que no me he hecho cargo de mis dolores, que estoy resentida. Es el mismo discurso de los hombres denunciados, y la impunidad es norma”, afirmó.

Sobre el documental, dijo que podría considerarse como algo positivo, ya que “la Iglesia mantiene una postura violenta y conservadora”. Sin embargo, también advirtió que podría interpretarse como “una lavada de cara”, ya que “los discursos amigables e inclusivos no tienen sentido si no se traducen en acciones concretas”.

“Hay arquetipos de la víctima ideal y se cree que debemos calzar en uno más aceptable para, entonces, decir a quién le puedo creer y quién no. Yo he denunciado violencia y ese es el peligro de pedirle a la víctima que calce con ciertos estándares. Finalmente, nos vamos a la forma y no al fondo. Tampoco esperaba una reacción de la congregación a la que pertenecí. Sé que se ha tratado con silencio. Que, desde adentro, hay una postura de referirse a mí como una persona cargada de odio, resentida. Eso refuerza la violencia”, señaló.

También reveló una conexión inesperada con Pedro Salinas, coautor del libro que expuso los abusos en el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). “Mi papá ya me había hablado de que, siendo muy joven, tuvo contacto con un grupo de sodálites que quisieron reclutarlo. De hecho, la primera vez que me lo contó, fue para evitar que yo entre a la casa de formación. Él, muy atinadamente, me dijo que tanto el Sodalicio como la congregación que me reclutó a mí, tenían rasgos muy parecidos. Luego, Pedro me contó que él mismo había citado a mi papá en Manolo, en Arequipa, para tomar un jugo de papaya y ahí fue cuando mi papá le dijo directamente y, según Pedro de forma muy elegante, que no gracias”, recordó.

Finalmente, cuestionó el funcionamiento del sistema judicial frente a las denuncias por violencia. “Es increíble que incluso en esas instancias no se tenga todavía herramientas para poder notar eso a tiempo para prevenir la revictimización, pareciera incluso que no se quiere abordar este problema. (...) Es nefasto que se pida a una víctima o sobreviviente que, además de sobrevivir, tenga que dedicar energía a elaborar una estrategia para que no siga siendo sometida a violencia cuando decida denunciar”.

Ciudad del Vaticano, 19 ene (EFE).- El papa Francisco advirtió este domingo que si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su plan de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares sería "una desgracia" porque, alegó, "así no se resuelven las cosas".

"Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas", opinó en una entrevista del programa 'Che tempo che fa', al ser preguntado por la posibilidad de que Trump lleve a cabo estas deportaciones.

El pontífice argentino aseguró que no ha hablado con el magnate y presidente electo, que jurará mañana lunes su regreso al poder, y recordó que se vieron en su primer mandato en el Vaticano.

Por el contrario, en otro momento de la entrevista volvió a plantear la inmigración como una posible solución a la caída demográfica en países europeos envejecidos como Italia o España.

"Italia en este momento tiene una edad media de 46 años. No hace hijos... que deje entrar a los inmigrantes. Albania, la media de edad es de 23. España más. Tienen que resolver este problema. Si no haces hijos, deja entrar a los inmigrantes", planteó.

Para después defender que, para que esto funcione, el inmigrante tiene que ser "acogido, acompañado, promovido e integrado".

Por otro lado, el papa también abordó la crisis en Oriente Medio para agradecer a los mediadores que han logrado el alto el fuego en la Franja de Gaza y abogar como "la única solución" la creación de dos Estados, uno israelí y otro palestino.

"La posibilidad existe, de hecho creo que es la única solución. La disposición algunos la tienen y otros no, por lo que debemos convencerlos con la retórica tranquila de la convicción. La paz siempre es superior a la guerra, siempre. Para hacer la paz, muchas veces se pierde algo, pero se gana más con la paz que no teniendo las cosas que se pierden. Para la paz se necesita valentía", dijo.

Francisco también aseguró que el papel de la mujer en la Curia es un tema que, aunque ha ido implantándose "lentamente", ahora "hay muchas".

No solo por el reciente nombramiento de la monja italiana Simona Brambilla como la primera mujer prefecta en la historia de un Dicasterio, el dedicado a la Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Consagrada.

"Ahora tenemos muchas mujeres. Por ejemplo, para elegir obispos en la comisión hay tres mujeres eligiendo obispos nuevos. La vice de la Gobernación del Vaticano, que será gobernadora en marzo, es una monja. En el dicasterio de Economía, la vice es una monja con dos carreras (...) Las mujeres saben gestionar mejor que nosotros", aseguró.

Por último, Francisco también aseguró que la batalla contra la lacra de los abusos "va adelante" y "se está consolidando bien", aunque explicó que "hacia el 40 %" de los casos se dan en la familia y en las calles.

"Los niños y las niñas siempre están en riesgo de ser abusados. Tenemos que luchar mucho", defendió.

En el plano personal, el pontífice, que acaba de cumplir 88 años, aseguró que su brazo derecho "está bien", moviéndolo ante la cámara, después de la reciente caída que sufrió y por la que le fue inmovilizado. EFE

Barcelona, 18 ene (EFE).- La presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell, ha señalado este sábado en la XVII gala de los Premios Gaudí que a pesar de que 2024 ha sido un año "brillante" para el sector, no hay que ser "autocomplaciente" y no esconder que se "han destapado muchos nuevos casos de abusos, lo que es una chacra que hay que erradicar como sea".

Ante ello, desde la Academia: "tendemos la mano a las víctimas y animamos a seguir denunciando que ningún abusador se siente nunca más impune", ha destacado.

Colell, que ha empezado su discurso en la platea y lo ha acabado en el escenario del auditorio del Fórum CCIB recordando que la junta que preside acaba su mandato de cuatro años, ha remarcado que es "innegable" el talento de todos los presentes y que en los últimos años se han llevado a cabo "buenas políticas que han favorecido nuestra industria para que pudiéramos hacer cine en catalán".

Sin embargo, no "hay que bajar la guardia, porque ha costado muchísimo y queremos estar a la altura. Debemos seguir demostrando que nuestro cine es bueno y diverso y en todos los géneros".

A su juicio, "por fin, tenemos un sector con músculo. Seguiremos trabajando para que la industria cinematográfica catalana siga", teniendo en cuenta que 2024, será recordado por "conseguir el hito más deseado de todos, hemos conseguido el público, este año sí. Hemos llenado las salas de cine en catalán".

Respecto al trabajo llevado a cabo por su junta, he recordado que ya son más de 600 socios y se han llevado a cabo iniciativas como la residencia de guiones, se ha creado un departamento contra abusos, con un "protocolo pionero" sobre esta problemática, o el ciclo Gaudí.

Sin olvidar que el cine es un trabajo de equipo, Colell ha hecho un llamamiento a participar en la Academia, a "hacerla más plural e inclusiva" y no ha obviado el apoyo conseguido de todos los miembros de su junta.

"Desde la Academia continuaremos trabajando para que el cine catalán siga creciendo, para que se proyecte en todo el mundo y no pierda el terreno ganado hasta ahora", ha proclamado.

Colell ha sostenido que la institución que preside está hoy "consolidada y respetada. Muchas gracias por vuestra confianza estos años. Es un honor. ¡Viva la Academia y viva el cine catalán'", ha concluido. EFE

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“Cuando escucho que alguien chasquea los dedos todavía me impresiona. Empiezo a sentir terror. Porque era lo que hacía mi progenitor como señal hacia mí, una especie de orden y significaba que debía acercarme y sentarme sobre sus piernas para que empezara a abusarme. Después me ofrecía a mi tío y a mi abuelo. Necesito justicia para sanar esas heridas y me la niegan desde hace años”.

María de los Ángeles Tobio contó a Infobae que soportó estos y otros tantos vejámenes desde que tenía tres años bajo amenaza de muerte, no solo hacia ella, sino también a Mónica, su madre, y sus hermanos. “Si hablás, los mato y te mato”, subía la apuesta su padre (N de la R: ella jamás lo llamará así durante la charla), Juan Carlos Tobio, policía bonaerense de profesión, mientras el pánico que ella sentía continuaba: “Sentía asco cuando los tres me manoseaban, pero era tan chica que no podía hacer nada, no sabía cómo defenderme a esa edad, que es de la que tengo memoria. No quiero pensar si ya me sometían desde más pequeña, un verdadero horror”.

Durante una década María enfrentó como pudo estas violaciones que padecía en medio de un clima familiar de intimidaciones constantes. “Tengo el recuerdo que no se me borra de la mente de que él andaba siempre con su arma reglamentaria. Primero la atemorizaba a mi mamá y después pasaba a la violencia. Le apuntaba y apretaba el gatillo con la pistola descargada para asustarla. No la mató de casualidad, cuántas veces pasó en otros casos que quedaba una bala en el cargador y ocurrieron muertes. No paraba, intentó ahorcarla y la sometía a esas prácticas propias de los torturadores de la dictadura, donde seguro aprendió a hacerlas en su época brava como policía. Le hacía lo que esos asesinos llamaban ‘el submarino’. La llevaba por la fuerza y le introducía la cabeza en el lavarropas, lo llenaba de agua y lo ponía a funcionar, un auténtico infierno, insoportable. Ella, mis hermanos y yo compartíamos el hogar en esas condiciones, nos daba palizas a todos. Cuando se casó con mi madre él tenía 28 años y ella 15. El papá le advirtió que si no quería o no estaba segura no lo hiciera. Siempre cuenta que días antes de la boda Juan Carlos le dio un cachetazo impresionante en la cara. Pensó en salir corriendo, en huir y no verlo más, pero le tenía tanto terror por el dominio que él ejercía que no se animó”, recuerda con dolor pero con necesidad de contar su verdad y seguir reclamando justicia, que nunca logró que llegara a su vida, pese a que no paró de luchar y hacerse oír.

El temor por su hija

Recién en 2021, a los 36 años, se sintió en condiciones de hacer su primera denuncia ante la Comisaría de la Mujer en la ciudad de Mar del Plata, donde vive. El motivo que la llevó a presentarla fue haber sentido más temor aún, pero se encontró con todo tipo de dificultades e impedimentos que en lugar de llevarle algo de tranquilidad a su vida, se la dificultaron aún más. “Hubo un disparador que me obligó a denunciarlo. Tengo dos hijas, Melody y Nicole, que por entonces tenían cinco y diecisiete años y él llamó a la más grande al celular y la invitó a la casa con la excusa de que le iba a hacer unas ricas pizzas en el horno de barro que acababa de estrenar. Sentí que le podía pasar lo mismo que a mí, dije basta, entré en pánico, pero eso me hizo tomar la decisión de presentar la demanda bajo la carátula “Juan Carlos Fidel Tobio c/María de los Ángeles Tobio s/abuso sexual”.

Cocinó la mascota: un conejo

María cuenta que además de la violación a la que la sometía y la invitación que hacía a participar a su tío, Guillermo Aníbal Tobio, y a su abuelo Fidel Waldemar (los dos últimos ya fallecidos), su padre tenía comportamientos terribles que le provocaban mucho miedo: “Yo tenía un conejo como mascota, que era mi consuelo, lo mimaba todo el tiempo, era al único que le podía hablar al oído y contarle lo que me pasaba. Un día desapareció, y en un almuerzo mi progenitor nos preguntó si nos gustaba la comida que había hecho y nos pidió qué adivináramos de qué tipo de carne se trataba. De pronto empezó a reírse y nos reveló que era la de mi conejo. Lo había cocinado en estofado. Con mis hermanos nos descompusimos y quedamos atónitos. No podíamos parar de llorar”.

La sorpresa para María de los Ángeles fue absoluta cuando después de presentar la denuncia contra su padre el 29 de enero, en menos de un mes, exactamente el 22 de febrero el fiscal Alejandro Pelegrinelli la desestimó por considerar que la acción penal estaba prescripta. A partir de allí, Marita, como la llaman amigos y familiares cariñosamente, comenzó una pelea exigiendo justicia que hasta ahora no llegó.

A partir de esa decisión para ella comenzó otro calvario. “Por todo lo que me pasó inicié la carrera de Abogacía. Los delitos de abuso sexual contra las infancias son de orden público. Me enseñaron y aprendí con mi caso que el fiscal se olvidó de la Ley de Víctimas. Tenía la obligación de impulsar la investigación de oficio. La ley 27.206, sancionada en 2015 y conocida como ‘de respeto a los tiempos de las víctimas’, expresa de manera indubitable y contundente ‘que el plazo de prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia’. Más claro imposible”.

Para colmo, a fines de ese año el juez de Garantías Saúl Errandonea dictaminó la prescripción de la causa. Ante esto, César Sivo, abogado de María Tobio, presentó una apelación a tal medida, y el 23 de mayo de 2022 la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata revocó el fallo que no le permitía avanzar a María de los Ángeles contra su padre, e indicó lo siguiente: “Verificados todos los presupuestos legales, se expida sobre la prescripción de la acción penal respecto de los hechos denunciados siguiendo los parámetros de interpretación explicados por los integrantes de la mencionada sala, Marcelo Alfredo Riquert y Esteban Ignacio Viñas, y en caso de declararse tal prescripción, haga efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva de la denunciante, sin perjuicio de la imposibilidad de imponer sanciones penales, habilitando judicialmente la realización de un proceso por la verdad cuya investigación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, permitiendo el eventual esclarecimiento de los hechos denunciados y, a la vez, una reparación tanto moral como pública de la víctima, menor al momento en que aquellos hechos se habrían perpetrado”.

Por la verdad

Desde entonces María de los Ángeles espera impaciente que algún día se fije fecha para que su progenitor, Juan Carlos Tobio, por lo menos se siente en el banquillo de los acusados en un juicio por la verdad, como se denomina al proceso al que se puede recurrir cuando los plazos se encuentran prescriptos y que tiene como objetivo que se conozca lo ocurrido a través de testimonios. Se busca esclarecer los hechos sin imponer condenas. El derecho a la verdad es de carácter colectivo y permite que la sociedad en general tomé conocimiento de lo denunciado.

La joven, siempre acompañada por sus dos hijas y por numerosas organizaciones sociales no para de luchar para poder reparar por lo sufrido: “Lo necesito cada día más para poder empezar a sanar el daño que me provocó. Soy gráfica y puede sonar muy duro, pero yo sola sé lo que se siente que tres personas que pertenecen a tu familia en lugar de protegerte como niña, te besen asquerosamente, te pasen como un objeto de un regazo a otro y te den órdenes de lo que tenés que seguir haciendo. Muchos me preguntan si mi madre no hacía nada. Quiso, pero no pudo, porque este sujeto nos tenía a todos bajo el terror. Imaginate que le gatillaba en la cabeza, y a mis hermanos los reventaba también a palos”.

Marita describe a Infobae que cuando concurría a la escuela la pasaba muy mal porque no se animaba a contarlo. “Dibujaba cosas horribles y las destruía para descargar la rabia que tenía, me portaba mal, mis notas y rendimiento eran muy bajos. Mi infancia fue tremenda, crecí con terror. Casi no dormía pensando que mi progenitor podía acercarse. Te juro que le pedía a Dios que me llevara con él. Me autolastimaba con rasguños, tirones de pelos, golpes en la cabeza. Hasta ahora me cuesta conciliar el sueño y también me despierto sobresaltada porque sufro pesadillas”.

Un momento crucial en su vida ocurrió cuando ya adulta, independiente, y después de haber sido madre dos veces, su padre intentó acercarse. “Primero me lo encontraba por las calles de Mar del Plata y me burlaba porque insistía con que yo no tenía ninguna prueba de lo que decía. Después se atrevió a pedirme que lo alojara en mi casa porque no tenía donde vivir. Me dio más terror pensar que podía llegar a estar cerca de mis hijas. Vivo con temor pensando en que en cualquier momento se me puede aparecer. Por eso solicité el botón antipánico que tardaron un montón de tiempo en dármelo. Acá en esta ciudad la justicia funciona muy mal y el fiscal general Fabián Fernández Garello lo permite. Igual no va a lograr que baje los brazos”.

Hoy por cuestiones económicas debió dejar la carrera de Abogacía y está estudiando la Tecnicatura en enfermería, realiza grandes esfuerzos para mantener a sus hijas trabajando en el comercio de su madre y vendiendo artículos de limpieza.

Y promete continuar con su lucha, incansable: “Voy a seguir reclamando justicia, nada ni nadie me va a detener. Sé que mi progenitor está en Villa Regina, provincia de Río Negro. Quiero que la gente de allá lo sepa porque anda suelto y es peligroso aunque ya sea un anciano. Solo sueño con pelear contra la prescripción de la causa porque los delitos sexuales contra las infancias son tan graves como los de lesa humanidad y estos no prescriben. Pienso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero verlo en la sala de audiencias como acusado y que se lo lleven condenado con las esposas puestas en sus manos, tan peligrosas como asquerosas con las que me tocaba”.

El Ejército de Sudán ha anunciado este sábado importantes avances en una operación destinada a recuperar la ciudad de Uad Madani, la capital del estado de Gezira y la segunda localidad más grande del pais, de manos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Las RSF tomaron en diciembre de 2023 el control de la ciudad, perpetrando desde entonces graves abusos de los Derechos Humanos, incluidos asesinatos, secuestros y violencia sexual. Los ataques han aumentado desde de la deserción el 20 de octubre del líder del grupo para Gezira, Abú Aqla Kikil.

El estado ha sido escenario de cruentos combates desde diciembre, cuando las RSF, en respuesta, dicen, a un incremento de militares, decidió lanzar un ataque a gran escala en un lugar donde cientos de miles de personas se habían desplazado para escapar de la guerra en otras partes del país.

"Las Fuerzas Armadas Sudanesas y otras fuerzas regulares avanzan sobre el eje de Madani, capital del estado de Gezira, y han infligido enormes pérdidas a la milicia rebelde", según un comunicado publicado por los militares en su página de Facebook.

De hecho, fuentes próximas a la situación han informado al diario árabe 'Asharq Al-Awsat' que el Ejército y sus milicias aliadas han conseguido entrar en la ciudad "después de que las Fuerzas de Apoyo Rápido se retiraran de la zona", aunque los militares no han confirmado todavía este extremo.

Tijuana (México), 10 ene (EFE).- Activistas promigrantes de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, llevaron a cabo este viernes la quema de una piñata de cartón, con la figura de un policía municipal, a manera de protesta por los abusos y delitos que los agentes de la corporación de seguridad cometen en contra de la población migrante.

Los manifestantes arribaron alrededor del mediodía a las inmediaciones del edificio municipal del gobierno de Tijuana, donde mostraron la piñata y proclamaron algunas consignas en las que manifestaron su rechazo a estas prácticas que, aseguraron, han vulnerado la estabilidad física y social de las personas en tránsito.

“En todos los albergues, las personas que vienen de otros países o de estados mexicanos como Michoacán y Guerrero nos cuentan cómo los policías los detienen, les roban sus pertenencias; los golpean y los dejan llorando, son muy buenos para meterse con la gente débil, pero no se meten con los poderosos y los narcotráficantes porque están hasta coludidos”, dijo a medios Sergio Tamai, director de la organización Ángeles Sin Fronteras.

“Ya basta de tantos abusos”, reclamó el activista, quien aseguró que las propias autoridades e instituciones de gobierno son las que "solapan y promueven estas prácticas", por lo que les exigió atender las quejas y denuncias de los migrantes agraviados.

“Queremos que la autoridad municipal reciba todas las quejas en contra de los policías abusivos, ya que luego ponen muchas trabas y no avanzan; queremos que estos mismos policías no los detengan nuevamente”, expresó.

Agregó que el llamado de atención “también es para la Fiscalía General del Estado (FGE), para que también reciba las quejas de robo que presentan los migrantes en contra de los mismos policías, para que proceda un castigo hacia ellos”.

“Estoy convencido de que cuando la autoridad municipal y FGE les finquen procedimientos de delito por robo y por maltrato, las cosas van a cambiar, sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero por eso es muy importante que se pongan a hacer su trabajo y dejen de tapar estos abusos”, apuntó.

El activista también acusó que algunos jefes policiales son los que mandan a robar a los migrantes, ya que “se habla de cuotas (pagos) que tienen que estar entregando”, práctica que sabe muy bien que se realiza porque fue parte de la burocracia.

José Luis Pérez Canchola, director municipal de Atención al Migrante de Tijuana, reconoció ante medios que “sí hay casos de policías abusivos, pero las personas agraviadas no toman número de patrullas, el lugar y la hora del suceso para poder identificar a los oficiales que son agentes que le hacen mala fama a la corporación”.

El funcionario refirió que, aunque ellos tienen una participación más social, de igual manera “canalizamos a los migrantes a las diversas instituciones correspondientes dependiendo cada caso, para que se difundan este tipo de abusos”. EFE

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"La Unión Progresista de Fiscales, tradicionalmente, antes y ahora, ha defendido y va a defender la institución de la acción popular. Es una institución consagrada en la Constitución, su finalidad es fomentar la participación de los ciudadanos en la administración de justicia y que ello traiga como consecuencia la dinamización de la Justicia", ha dicho el presidente de la UPF, Félix Martín, en declaraciones a Europa Press.

Martín ha recordado que "ya con ocasión del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2020, donde se establecían serias limitaciones nominativas, entre otros a partidos políticos, a sindicatos, así como a otros entes y organizaciones", tanto la UPF como el Consejo Fiscal --"el órgano democrático representativo de los fiscales"-- manifestaron que no estaban de acuerdo con esas restricciones.

"Por supuesto que observamos el abuso en muchas ocasiones o en algunas ocasiones de determinadas acusaciones populares. Por supuesto que lo observamos en la actualidad y que lo observamos con mucha preocupación", ha añadido.

Y ha propuesto dos medidas para remediar dichos "abusos". "Uno, que la ley establezca medios que permitan a las partes, y en especial por su importancia al Ministerio Fiscal, denunciar esos abusos para expulsar a las acusaciones populares que (la) utilicen de manera torticera para instrumentalizar el proceso, para servir determinados intereses, sean estos los que sean", ha indicado.

En segundo lugar, y "en relación a los partidos políticos", Martín ha empezado por valorar que "en algunas ocasiones ha habido partidos políticos o entidades privadas o sindicatos que han ejercido la acusación popular de una manera adecuada para tratar de denunciar determinadas conductas delictivas".

Tras ello, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos a "la sensatez, la prudencia, el respeto a la profesionalidad de la Justicia y para que, por supuesto, no acudan a la institución de la acción popular para torpedear el ejercicio de la Justicia o para instrumentalizar políticamente la Justicia". "Son los partidos políticos los que tendrían que ser los primeros responsables en no caer en estos abusos", ha sostenido.

Determinadas empresas exigen que, debido a las labores que desempeñan con menores de edad, sus empleados acrediten que no han sido condenados por la justicia por delitos de índole sexual. Para ello, los trabajadores estarán obligados a obtener el certificado de delitos de naturaleza sexual a través del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

En caso de que un candidato se encuentre en el proceso de selección de una empresa y posea antecedentes de delitos sexuales, inmediatamente será rechazado por los reclutadores o el personal de Recursos Humanos de la entidad al ser una potencial amenaza frente a menores de edad o personas vulnerables.

Qué delitos puede incluir el Registro

Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el registro -en funcionamiento desde 2016- “es una base de datos gratuita y no pública que contiene los datos identificativos, las condenas y las medidas de seguridad impuestas a personas condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual”.

En abril del año pasado, el Gobierno de España introdujo un real decreto por el que se reformaron varios aspectos de este registro. Entre ellos, se destacó el cambio de denominación del registro que pasó a designarse con su nombre actual, incluyendo información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos. La segunda gran novedad consistía en la autorización a “empresas, instituciones, ONG y algunos colegios profesionales a solicitar, de forma periódica, el certificado negativo para sus trabajadores, siempre contando con su consentimiento”, indica la nota de prensa del ministerio.

En este sentido, el Código Penal define los siguientes delitos sexuales:

• Agresión sexual.
• Acoso sexual.
• Exhibicionismo.
• Explotación sexual.
• Corrupción de menores, entre los que se incluye la pornografía infantil.
• Grooming: según el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), este término hace referencia a la suplantación de identidad de adultos por menores en Internet para conformar una relación de confianza, pasar después al control emocional y, finalmente, al chantaje con fines sexuales.
• Trata de personas con fines de explotación sexual.
• Violencia sexual en el ámbito familiar y doméstico.

Es importante recalcar que las personas que han sido añadidas al Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos son las que han sido condenadas por delitos sexuales graves con sentencia firme.

Cómo solicitar el certificado

De igual forma que sucede con otros trámites con la administración pública, existen dos vías por las que se puede obtener el certificado de delitos sexuales.

Por un lado, a través del sitio web del Ministerio de Justicia, para lo que será necesario acceder mediante Cl@ve o firma electrónica. El segundo procedimiento consiste en hacerlo presencialmente, para lo que la persona interesada tendrá que solicitar cita en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en las Delegaciones de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Subdelegaciones de Gobierno de las provincias.

En el momento de obtener el certificado, la persona deberá aportar documentos identificativos, tales como el Documento Nacional de Identidad (DNI), tarjeta de residencia, pasaporte, permiso de conducir, documento de identificación comunitario u otro equivalente.

La Universidad de Sussex, ubicada en el Reino Unido, ha sido sancionada con una multa sin precedentes de 585.000 libras esterlinas (aproximadamente 678.000 euros) por la Oficina de Estudiantes (OfS), el regulador de la educación superior en el país. La sanción se impuso tras una investigación que concluyó que la institución no protegió adecuadamente la libertad de expresión en su campus.

Este caso, que ha generado un intenso debate, se centra en una política universitaria sobre igualdad transgénero y no binaria que, según el regulador, podría haber llevado a la autocensura de estudiantes y personal académico. La investigación de la OfS se inició tras las protestas en el campus contra la profesora Kathleen Stock, quien dejó la universidad en 2021 tras ser acusada de transfobia.

La profesora, que había publicado un libro cuestionando si la identidad de género era más significativa socialmente que el sexo biológico, afirmó que la política universitaria la llevó a modificar su forma de enseñar y a evitar expresar ciertas opiniones críticas sobre cuestiones de género. Según el regulador, esta situación tuvo un “efecto paralizador” sobre la libertad de expresión en la institución.

El centro de la controversia es la Declaración de Política de Igualdad Trans y No Binaria de la Universidad de Sussex. Según detalló la OfS, esta política incluía disposiciones como la obligación de “representar positivamente a las personas trans” en los materiales del curso y la prohibición de la “propaganda transfóbica”. Además, establecía que el “abuso transfóbico” sería considerado una falta disciplinaria grave tanto para estudiantes como para el personal.

El regulador argumentó que estas disposiciones podrían haber generado un ambiente en el que las personas temieran expresar opiniones contrarias, incluso si estas eran legales. En su informe, la OfS señaló que la política fue evaluada en el contexto de los deberes legales existentes sobre la libertad de expresión y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuatro elementos específicos de la política fueron considerados “preocupantes” por el regulador, incluyendo el requisito de representar positivamente a las personas trans y la afirmación de que la propaganda transfóbica no sería tolerada.

La respuesta de la Universidad de Sussex

La profesora Sasha Roseneil, vicerrectora de la universidad, calificó la decisión de la OfS como una extralimitación regulatoria y afirmó que la multa es “totalmente desproporcionada”. Según la universidad, el fallo del regulador establece una definición “irrazonablemente absolutista” de la libertad de expresión, lo que, en su opinión, deja a las instituciones educativas sin herramientas para prevenir el discurso abusivo, intimidatorio o acosador en sus campus.

Roseneil también criticó el proceso de investigación de la OfS, señalando que no se entrevistó a ningún miembro de la universidad durante los tres años y medio que duró la indagación. En una declaración contundente, la universidad acusó al regulador de llevar a cabo una “campaña vengativa e irrazonable” y de utilizar este caso como un ejemplo para afianzar una postura libertaria extrema sobre la libertad de expresión.

El caso de Kathleen Stock

La profesora Kathleen Stock, quien fue catedrática de Filosofía en la Universidad de Sussex, se convirtió en el centro de las protestas en el campus tras la publicación de su libro sobre cuestiones de género. Según informó BBC News, los estudiantes colocaron carteles pidiendo su despido y organizaron manifestaciones durante una jornada de puertas abiertas. Stock, quien rechazó las acusaciones de transfobia, describió la experiencia como un “sueño surrealista de ansiedad” y finalmente renunció a su puesto en 2021. Posteriormente, fue reconocida con una OBE por sus servicios a la educación superior.

La OfS concluyó que la política universitaria tuvo un impacto directo en la forma en que Stock enseñaba, llevándola a evitar ciertos temas y opiniones en sus clases. Además, el regulador expresó su preocupación de que este “efecto paralizador” pudiera haber afectado a otros académicos y estudiantes, limitando el debate y la expresión de ideas en el campus.

Reacciones y consecuencias

La multa impuesta a la Universidad de Sussex es la más alta jamás aplicada por la OfS desde que en enero de 2025 se le otorgaron poderes para sancionar económicamente a las instituciones que no respeten la libertad de expresión. Según Arif Ahmed, director de libertad de expresión y libertad académica en la OfS, las sanciones monetarias sustanciales “son apropiadas dada la magnitud de las faltas encontradas”. Ahmed también destacó que las decisiones clave sobre libertad de expresión e igualdad en la universidad fueron tomadas por personas sin la autoridad adecuada, lo que pudo haber afectado negativamente a estudiantes y personal.

Por su parte, Universities UK, una organización que representa a 141 instituciones de educación superior, expresó su preocupación por el fallo y anunció que solicitará aclaraciones a la OfS sobre qué constituye una violación de las reglas de libertad de expresión. Vivienne Stern, directora ejecutiva de la organización, señaló a la BBC que el caso plantea interrogantes sobre cómo las universidades pueden equilibrar la libertad de expresión con otros deberes legales, como la prevención del acoso y el discurso de odio.

San Sebastián, 3 ene (EFE).- Un monitor de surf de Hondarribia se enfrenta a penas que suman 85 años de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa que le acusa de distintas agresiones de índole sexual a once menores a los que impartió clases de esta modalidad deportiva a lo largo de diez años, entre 2011 y 2021, período previo a la entrada en vigor de la Ley del 'sólo sí es sí'.

El procesado, se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde su detención a finales de agosto de 2021, cuando fue arrestado por la Ertzaintza, que localizó en su domicilio un disco duro con 4.208 archivos de "explotación sexual de menores", según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE.

El inculpado, que en el momento de su detención tenía 37 años, regentaba una escuela de surf, aunque también organizaba campamentos en distintas poblaciones que solían durar una semana.

El documento de la Fiscalía detalla que el encausado se aprovechaba de las "actividades que desarrollaba como monitor" para ganarse la confianza de sus alumnos, que lo veían "como una figura a seguir", circunstancia que usaba para acercarse a sus alumnos varones y menores de edad "sin levantar la más mínima sospecha" entre el resto.

El 'modus operandi' del procesado consistía, según la Fiscalía, en elegir a una víctima y "con sutileza, atenciones" e incluso regalos, conseguir que se sintiera "especial y afortunada" para establecer una "relación estrecha" con ella y "provocar su dependencia".

Además, el inculpado "mostraba un comportamiento cariñoso con el menor escogido, dándole besos y abrazos" y en algunas ocasiones haciendo saber al resto del grupo "de forma sibilina" su preferencia por él.

 Mantenía así conversaciones "casi diarias" con ellos por Whatsapp en las que "se permitía dar consejos" a sus víctimas y se "inmiscuía en su vida personal", además de invitarles a su casa, y se enfadaba "si no hacían lo que él les pedía o rechazaban sus invitaciones".

Una vez que lograba "despertar los sentimientos de dependencia del menor" en cuestión, presuntamente lo sometía a distintas prácticas de índole sexual "con la finalidad de satisfacer sus deseos más lascivos, sirviéndose además de la confianza que depositaban en él las familias" de las víctimas, según la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que para ello el acusado se prevalió "del aislamiento" en el que situaba a cada "menor elegido", así como de su "escaso conocimiento en materia sexual" y su "evidente diferencia de edad", dado que algunos de los niños tenían entre 9 y 10 años cuando empezaron a tomar clases de surf.

De esta manera, aprovechaba distintos momentos en los que se encontraba a solas con sus víctimas en diferentes lugares para someterlas "a sus caprichos sexuales" en una conducta que se repitió a lo largo de los años, "centrándola en cada menor en diferentes espacios temporales, como describe el Ministerio Público.

Los perjudicados tenían diferentes edades y no pertenecían a la misma cuadrilla de amigos, dado que los hechos son de diferentes épocas", concreta la Fiscalía, que también explica cómo en algunos momentos en los que una de las victimas "defraudaba" al acusado por haberse echado una novia o por faltar a las clases de surf, enfrentaba al resto de alumnos en su contra y "dejaba de contar con ellas para asistir a clase", tras lo que elegía a una nueva víctima "con la finalidad de someterla a sus caprichos más lascivos".

Una situación que, como indica la Fiscalía, no se producía con las alumnas de género femenino con las que se comportaba "de la forma propia de alumnos-profesor". EFE

La Audiencia Provincial de Almería ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre de 63 años por una serie de delitos continuados de agresión sexual cometidos contra seis menores de su entorno familiar, incluidos sus hijos adoptivas y nietos, desde 2005 hasta 2023. El tribunal ha impuesto penas que suman un total de 31 años y 6 meses de prisión, además de extensas medidas de inhabilitación y restricciones, tras una investigación judicial de casi dos años.

El tribunal declaró probado que el hombre, valiéndose de su relación de parentesco y convivencia con las víctimas, cometió abusos sexuales de forma sistemática durante años. Los actos incluían tocamientos, masturbaciones, felaciones y penetraciones en contextos privados como el domicilio familiar y la empresa que gestionaba. Sus víctimas, quienes tenían entre 5 y 14 años al inicio de los abusos, abarcan tanto a sus hijas adoptivas como a sus nietos menores. Según el tribunal, el acusado operó con pleno conocimiento de su posición de poder, utilizando amenazas y regalos para perpetuar los abusos e imponer el silencio de las víctimas.

La sentencia detalla los abusos que cometió sobre sus hijos e hijas adoptivas, primero, y más tarde sobre sus nietos, siguiendo siempre una metodología similar. “Siendo abuelo del entonces menor, [nombre del niño], desde que el mismo tenía en torno a unos 6 años, en el domicilio familiar y en la empresa familiar, con ánimo libidinoso, para satisfacer su apetito sexual y aprovechando la relación de parentesco entre ambos, le realizó tocamientos en los genitales, masturbaciones, tanto del procesado a la víctima como viceversa, y felaciones, tanto del procesado a la víctima como viceversa. Cuando el perjudicado tenía 9 o 10 años, empezó a penetrar analmente al perjudicado, forzando al mismo cuando se resistía. Todo esto se repitió hasta que el perjudicado cumplió los 9 o 10 años”, relata el documento judicial.

En el caso de otro de los nietos, por ejemplo, “en ocasiones lo recogía del fútbol y lo llevaba a la empresa familiar para realizarle masturbaciones y felaciones. Mientras se hallaban en el domicilio familiar y su abuela cocinaba, él se sentaba junto al perjudicado en el sofá para realizarle tocamientos. Así como cuando este le despertaba de la siesta o mientras conducía, con una mano cogía el volante y con la otra le tocaba el pene. Todo ello mientras le amedrentaba diciéndole que era su secreto y no podía decírselo a nadie. Estas conductas se repetían 5 o 6 veces a mes”.

El tribunal consideró que las acciones del acusado causaron graves daños psicológicos a las víctimas, incluidas depresiones, autoinculpaciones y problemas relacionados con relaciones interpersonales. Estos daños fueron corroborados por pericias forenses y psicológicas presentadas durante el juicio.

Admite su culpabilidad

El acusado reconoció los hechos durante el juicio oral y realizó una donación patrimonial equivalente a 400.000 euros para reparar los daños morales sufridos por sus víctimas, quienes se dieron por indemnizadas. No obstante, la Audiencia rechazó las acusaciones de maltrato habitual, amenaza y lesiones psíquicas solicitadas por la acusación particular, al considerar que dichas conductas ya estaban incluidas en los delitos contra la libertad sexual.

El tribunal destacó la sistematicidad y gravedad de los delitos cometidos, subrayando el uso reiterado del “prevalimiento” sobre las víctimas, una circunstancia agravante recogida en el Código Penal que indica el aprovechamiento de una posición de autoridad y confianza para anular la voluntad de los menores. El fallo enfatiza que los actos perpetrados por el acusado tuvieron lugar a lo largo de al menos 18 años y en múltiples domicilios, lo que apunta a un patrón continuado de manera calculada.

Los Ángeles (EEUU), 31 dic (EFE).- Los actores estadounidenses Brad Pitt y Angelina Jolie han llegado a un acuerdo en su divorcio ocho años después de que ella presentara una demanda para poner fin a su matrimonio de dos años alegando diferencias irreconciliables, según informa la revista People.

"Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del señor Pitt. Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt, y desde entonces se ha centrado en encontrar la paz y la curación para su familia", dijo el abogado de Jolie, James Simon, en un comunicado enviado a la revista.

"Esto es sólo una parte de un largo proceso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado", dice el comunicado enviado por el abogado".

Jolie, de 49 años, y Pitt, de 61, firmaron su divorcio el lunes 30 de diciembre, según los abogados de Jolie. Hasta ahora, los abogados del actor no se han pronunciado.

Angelina Jolie solicitó la disolución del matrimonio el 19 de septiembre de 2016 alegando "diferencias irreconciliables". Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California (Estados Unidos) en ese año.

La pareja se casó en 2014 y tienen seis hijos y se vio envuelta en una batalla por la custodia en los meses posteriores al anuncio.

En 2021 un juez otorgó la custodia compartida de los niños a ambos padres.

"Si bien la historia de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia de Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016, este vuelo marcó la primera vez que también abusó físicamente de los niños", alegaron en octubre de 2022 los abogados de Jolie en una demanda de la actriz por Château Miraval, un viñedo que compartían en Francia.

Tras ese incidente de 2016, el intérprete fue investigado por el FBI por un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él.

La pareja ya había llegado a un acuerdo de separación en 2017 e incluso fueron declarados "legalmente solteros" en 2019. En los años siguientes, la ya expareja luchó por la custodia y por cuestiones legales relacionadas con la finca y bodega francesa de 164 millones de dólares que compartían, Château Miraval. EFE

Caracas, 29 dic (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó este domingo de "corrupto" y "vocero del inframundo argentino" al canciller del país austral, Gerardo Werthein, luego de que este lo acusara de cometer "abusos" durante su gestión frente al Ministerio Público (MP) y lo invitara a enfrentarse "cara a cara" con él en un "tribunal imparcial".

En un comunicado, Saab dijo sentir "pena ajena" después de que el "representante en materia exterior de un Gobierno que es el hazmerreír mundial por su sumisión a los EE.UU. e Israel, por su incoherencia diplomática, su fanfarronería barata y sus pretensiones psicóticas fuera de toda realidad", pretendiera darle "lecciones sobre justicia y derechos humanos".

"Si la defensa de la paz de nuestra patria me lleva a recibir los ataques de un vulgar advenedizo de la política, pues (...) lo tomo como un gran reconocimiento", indicó.

Werthein, en respuesta al anuncio de la Fiscalía venezolana de una investigación en su contra por el caso del gendarme argentino detenido en el país caribeño, expresó que se trata de "un intento burdo de desviar la atención de los abusos" que -dijo- "ha cometido" Saab "durante su gestión".

En X, el ministro argentino señaló que el historial del fiscal "está plagado de desapariciones, secuestros ilegítimos, detenciones arbitrarias, imputaciones falsas y otras prácticas que no solo violan los derechos humanos, sino que constituyen graves atropellos contra la dignidad de las personas".

"Sin embargo, no soy yo quien debe juzgarlo. Esa tarea le corresponde a un tribunal internacional", expresó Werthein.

En su defensa, Saab afirmó hoy que "durante 47 años" ha trabajado en favor de "los derechos humanos de los sectores perseguidos y vulnerables" de su país.

"No tengo nada que discutir con un afamado corrupto como usted (de un miserable prontuario) en ningún escenario. (...) La historia pondrá a cada quien en su sitio, pero ya usted y sus secuaces entraron, por la puerta trasera, en el basural del inframundo", dijo Saab.

A su juicio, el canciller "seguramente no enfrentará a la ley próximamente porque la Justicia argentina está cooptada por el macrismo que hoy, circunstancialmente, está de su lado, pero eso no será para siempre".

"Llegado el momento, el pueblo argentino buscará justicia ante todos los atropellos y desmanes", agregó el fiscal.

El viernes, el MP anunció que investigará a Werthein y a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, tras las "declaraciones inculpadoras" en el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido por "graves hechos que atentan contra la seguridad" del país caribeño.

La institución consideró que "la notoriedad dada por las altas autoridades argentinas a la detención de Gallo tiene directa relación con el hecho que las investigaciones realizadas por los cuerpos auxiliares de justicia venezolanos revelan que en la cadena de mando del grupo de terroristas enviados desde Argentina aparece la propia ministra Bullrich y así consta en el expediente".

Werthein también instó a Saab a que "demuestre su valentía" y libere al gendarme, "otro de los tantos rehenes que tiene bajo su control, junto con ciudadanos de otros países que sufren por su abuso de poder". EFE

Duración y cuantía del subsidio

Durante los 180 primeros días de disfrute de este subsidio, la cuantía que percibirán los beneficiarios será el equivalente al 95% del IPREM. Después de este periodo, entre el día número 181 y el 360, la cantidad que se cobrará se rebajará hasta el 90% de este indicador, mientras que de esa fecha en adelante y hasta el final del subsidio se abonará mensualmente el 80% del IPREM.

En cuanto a la duración del subsidio, será de un total de 30 meses si con anterioridad no se ha beneficiado de ningún derecho de la renta activa de inserción (RAI) en los últimos tres años. En caso de haber cobrado un derecho de este tipo, la duración de la ayuda se verá reducida hasta los 20 meses o hasta los diez meses en caso de haber cobrado dos. Cada tres meses, la persona beneficiaria deberá presentar una solicitud de prórroga para poder continuar cobrando el subsidio si cumple con los requisitos.

¿Cuáles son las condiciones?

Más allá de disponer de un informe oficial que acredite al beneficiario como víctima de cualquier tipo de violencia sexual, de género o familiar reconocida como tal, el SEPE detalla que existen varios requisitos comunes del subsidio para los tres tipos de violencia:

• Para poder cobrar este subsidio, la persona beneficiaria deberá encontrarse en situación total de desempleo o trabajando a tiempo parcial.
• No tener derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo.
• Estar inscrito como demandante de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad.
• Carecer de rentas propias en la fecha de solicitud del subsidio, así como en el momento en el que se pida un prórroga o reanudación del mismo. En algunos casos, se exigirá también cumplir con el requisito de tener responsabilidades familiares.
• Haber solicitado la ayuda en los seis meses posteriores a la fecha del hecho causante. En este caso, se considera como hecho causante el momento en el que se emite el informe que acredita la condición de víctima de violencia de la persona solicitando, ya haya sido elaborado por parte del Ministerio Judicial otra Administración competente. Como fecha del hecho causante se puede entender también el día en el que se ha notificado la sentencia o resolución judicial relativa al caso.
• Si la persona beneficiaria ha cobrado también la renta activa de inserción o RAI, deben cumplirse algunos requisitos para que sean compatibles. En concreto, no puede haber sido persona beneficiaria de tres derechos al programa como víctima de violencia de género o sexual, aunque no se hayan disfrutado por completo por su periodo de duración máxima. Sí será compatible con el cobro del subsidio por violencia de género o sexual si los programas de RAI de los que se ha beneficiado el receptor eran anteriores al Real Decreto 1369/2006, o bien regulados en este pero que desde la fecha del nacimiento del primero de los derechos hasta la de la solicitud del subsidio hayan transcurrido tres o más años.
• Si el beneficiario agota la duración del subsidio concedido, tendrá derecho a volver a solicitarlo y acceder de nuevo al mismo si aún cumple con todos los requisitos.

En un momento en el que se está alzando la voz para hablar públicamente de los abusos que ha habido en determinados ámbitos profesionales, Liz Emiliano ha dado un paso adelante y ha desvelado los abusos que sufrió hace años.

Asegurando que siempre ha sabido parar a tiempo cualquier situación incómoda, la colaboradora de televisión confesaba que "excepto una vez", que no le dio tiempo: "Cuando estaba en un sitio, en Madrid y un señor me tocó un pecho".

"Lamentablemente estas cosas sí ocurren, lamentablemente las chicas somos muy vulnerables en ese sentido", desvelaba porque "al final, aunque te defiendas o denuncias, el trauma existe" y es lo que se le queda a la víctima para siempre.

Por último, Liz quiso mandar un mensaje aclarando que "no todos los hombres son iguales, por suerte" ya que "hay hombres maravillosos".

Madrid, 23 dic (EFE).- La directora y fotógrafa Silvia Grav, que denunció el pasado octubre en sus redes sociales el acoso del cineasta Eduard Cortés, ha publicado este lunes un vídeo en el que explica que han contactado con ella 53 mujeres, casi todas españolas, pero también de Colombia y México, por situaciones parecidas.

"Sabemos que hay muchas más", dice Grav en la grabación en la que habla en nombre de las 27 mujeres que dieron sus testimonios en un artículo publicado en el periódico El País el 18 de diciembre asegurando haber sufrido acoso sexual por parte de Cortés, quien les habría ofrecido trabajo en sus producciones con la condición de que se grabaran desnudas, masturbándose o en otras prácticas sexuales.

Conocidas como 'las 27', aunque ya el número se ha elevado, Grav explica en el vídeo remitido a los medios junto a un comunicado escrito que "pasar por este proceso no es fácil", habla de "grietas" en el sistema y en la sector del cine y justifica por qué esta denuncia se hace públicamente, y no por vía policial.

En el texto, las firmantes aseguran que no buscan "venganza, sino sanar" y que "las que ya están y las que están por llegar no tengan que sufrir lo que vivimos nosotras".

También remarcan que los crímenes prescriben en muchos casos antes de que la víctima haya podido "procesar el trauma o tener el apoyo o la fuerza o la seguridad necesarios para enfrentarse a un proceso judicial que va a ser muy duro y muy largo".

Hacen hincapié asimismo en que se trata de situaciones que a menudo ocurren en la intimidad, o no siempre dejan pruebas físicas. Además, el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado, limitaciones legales que "dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se debería tolerar".

Frente a ello, reclaman que los protocolos dentro de las industrias y academias vayan más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales, premios, y mesas redondas. "Las investigaciones deben realizarse sin importar el estatus de afiliación; el abuso no debería depender del rango del agresor", sostienen.

Recuerdan asimismo que "denunciar es caro" y las víctimas "enfrentan altos costos emocionales, legales, económicos y de revictimización al intentar defenderse".

"La justicia gratuita y los abogados de oficio exigen unos parámetros muy difíciles de cumplir, o que simplemente no encajan en nuestro caso", remarcan, por lo que consideran que el Código Penal "está obsoleto y necesita actualizarse para que los abusos de poder en entornos laborales sean castigados de manera efectiva".

Para poder ayudar a todas las víctimas, consideran urgente retomar iniciativas que quedaron paralizadas, como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo plazo venció en octubre de 2023 y que el Gobierno aún no ha completado, recuerdan.

Consideran esta reforma clave para garantizar que las víctimas puedan acceder a recursos legales adecuados y no queden desprotegidas frente a las barreras económicas.

Por otro lado, subrayan que las denuncias públicas también son denuncias y "en muchos casos, son la única manera de romper el silencio, evidenciar un patrón, y generar la catarsis necesaria para cuestionar y cambiar aquello que no funciona".

"Se ha demostrado que nuestro abuso no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un sistema que lo permite", añade el comunicado, que concluye que "en este momento crucial, se caen las máscaras y se ve el color real de cada uno", y señalan que "ser aliado de la causa no es una fachada, ni un comunicado bonito" sino "trabajar activamente para cambiar el sistema, y darles los recursos para ayudar a las víctimas". EFE

(vídeo)

Los fieles de esta secta se han enfrentado con la Policía y han logrado sobrepasar en ocasiones el cordón de seguridad que se ha establecido para custodiar el centro en el que han sido acogidos los menores, está situado en la capital del país, Ciudad de Guatemala.

La Procuraduría General ha informado de que algunos menores lograron ser "sustraídos" del centro, pero rápidamente han sido de nuevo recuperados por las autoridades, lo que motivó además que desalojaran a estos judíos ultraortodoxos.

Asimismo, mientras continua la vigilia a las puertas del centro, han recibido el apoyo de algunos vecinos que se han acercado a expresarles su solidaridad y hacerles entrega de agua y comida.

"Es persecución política y religiosa en contra de los judíos ortodoxos", ha protestado uno de los miembros de Lev Tahor, Uriel Goldman, quien ha calificado de "falsas" las denuncias que motivaron el operativo por parte de las autoridades este fin de semana en una finca situada en el departamento sureño de Santa Rosa.

"Ya dejen a la comunidad en paz", ha reclamado Goldman, quien ha reclamado que les entreguen a los menores, en declaraciones al periódico 'Prensa Libre'.

El operativo tuvo lugar después de una investigación motivada por las denuncias de jóvenes que lograron escapar de la secta y contaron los abusos a los que eran sometidos los menores.

El pasado jueves 13 de marzo, frente a la escuela del pueblo de Lalandelle, en el norte de Francia, se vivió una escena inusual: los padres organizaron una concentración para protestar por el comportamiento de dos niños de educación primaria, y las autoridades acudieron —con sus bandas tricolores con la bandera francesa— a escuchar sus quejas. Y es que la situación va mucho más allá del típico conflicto sin consecuencias que suele dar entre los niños de esas edades.

Según cuenta el medio France Info, los padres afirman que dos compañeros de clase de sus hijos tienen una actitud particularmente violenta que está haciendo imposible la convivencia. Denuncian agresiones físicas, mordiscos, vuelco de mesas y sillas, insultos e incluso exhibiciones indecentes. Estas acciones, dirigidas tanto a sus compañeros como al personal educativo, están afectando a toda la escuela. “Tenemos niños que tienen pesadillas, niños con ansiedad por venir a la escuela”, declara a France Info Diane Cousin, la madre de uno de los alumnos de la escuela. “Tenemos niños que somatizan. Niños que tienen pesadillas, que sienten ansiedad antes de venir a la escuela. Niños que lloran y no quieren ir. Por la mañana, se aferran a sus padres porque no quieren entrar en clase. Tenemos maestras con lágrimas en los ojos que ya no pueden más”.

La maestra de educación primaria, que afirma que ha hecho todo lo posible por mejorar la convivencia, ahora está de baja por depresión. Su sustituta solo aguantó 15 días. La tercera acaba de llegar. En respuesta a las numerosas quejas, la inspección académica ha excluido temporalmente a uno de los alumnos conflictivos hasta las vacaciones de Semana Santa, pero sin ofrecer una solución definitiva. En un comunicado, las autoridades educativas afirman que “se han tomado todas las medidas para que estos dos niños puedan continuar su escolaridad, que recordamos es obligatoria, garantizando al mismo tiempo la tranquilidad en la clase y en la escuela”.

Críticas a la lentitud administrativa

Para los padres de los alumnos, todas estas medidas son insuficientes y dicen que se sienten abandonados. Aurore Vitaux, otra madre, reclama: “En nombre de todos los padres y de las maestras, pedimos la expulsión definitiva de estos alumnos, porque han sobrepasado todos los límites. No se les puede manejar en clase. Necesitan un entorno educativo especializado”.

El alcalde de Lalandelle, Jacques Ligneul, comparte la preocupación de los padres y critica la lentitud administrativa: “Estos niños tienen un problema, y no es su culpa, no queremos estigmatizarlos. Pero hoy el problema es que hay dos niños que están causando graves dificultades. Seguramente hay soluciones, pero deben aplicarse mucho más rápido”.

Otro aspecto que inquieta tanto a los padres como al alcalde es el retraso académico que están acumulando los demás alumnos y la falta de conocimientos básicos debido a estos continuos trastornos en el aula. Ante una situación que parece estancarse, algunos padres están considerando retirar a sus hijos de esta escuela pública, a la que, a pesar de toda la situación, dicen estar muy apegados.

Nacida en el seno de una familia donde la medicina y la cercanía a los pacientes eran pilares fundamentales, Al Adib tomó inspiración de su padre, un médico de pueblo en Almendralejo, Extremadura. En la entrevista, explicó cómo este legado marcó su trato con los pacientes: “No distinguía entre vida personal y trabajo, era médico y persona a la vez”. Decidió crear una clínica privada para dedicar más tiempo a cada consulta: “para tener más tiempo con mis pacientes”, y ahora tiene centros por toda España.

La doctora, que cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, atiende a Infobae España tras acudir a un congreso de nutrición donde ha dado una ponencia sobre la implicación que tiene la nutrición en el síndrome del ovario poliquístico. En 2017 ya publicaba estudios sobre ello, aunque recuerda que cuando los publicó “era como... pero, ¿y esta mujer qué está diciendo?”, y ahora la llaman para hablar de ello frente a otros científicos.

Miriam es la madre de una de las niñas que fueron víctimas del Caso Almendralejo, en el que imágenes manipuladas digitalmente con inteligencia artificial de varias menores fueron difundidas sin su consentimiento por compañeros de clase. La ginecóloga destacó que este tipo de tecnología ha añadido un nuevo nivel de complejidad a la necesidad de educación sexual, al acoso escolar y al bullying, ya que las víctimas no solo enfrentan el hostigamiento en el entorno físico, sino también en el digital, donde el alcance es mucho mayor y más invasivo.

Las madres de las víctimas fueron calificadas de “histéricas” o “exageradas” en el momento en el que se conoció el caso, pero fue cuando las autoridades tipificaron lo sucedido como un delito de pornografía infantil cuando sus visiones fueron tomadas en serio: “Cuando sale el nombre del delito, ya no es ninguna tontería”.

A día de hoy, Miriam celebra como madre, pero también como divulgadora, que las niñas se encuentren bien y no tengan secuelas de lo sucedido. Sin embargo, acabó con un sabor agridulce con los medios de comunicación, pues a pesar de la importancia de las coberturas, dice que se olvidaron rápido de la salud real de las niñas: “Me hubiera gustado que los medios se enfocaran en la buena noticia final y que esta sirviera para educar a otras familias sobre cómo manejar situaciones similares”, comenta.

Educación sexual para las nuevas generaciones

En su último libro, Todo lo que debes saber sobre la sexualidad, dirigido al público joven, Miriam Al Adib aborda temas complejos que van desde la exposición temprana al porno hasta la falta de educación corporal, factores que ella considera determinantes en la salud sexual y emocional de las personas. Según destaca la ginecóloga, “la distorsión de la conciencia corporal por una falta de educación sexual puede generar vaginismos, vulvodinia o dolor en las relaciones sexuales también”.

La hipersexualización de la infancia y la carencia de una adecuada educación sexual generan serias consecuencias tanto físicas como emocionales en jóvenes de edades cada vez más tempranas. Según Al Adib, cada vez más menores acceden a contenido pornográfico a edades tan preocupantes como los 13 e, incluso, los ocho años. Esto deriva en una confusión sobre el sexo, normalizando relaciones que no son sanas ni respetuosas.

“La falta de educación sexual acompañada de prácticas para las cuales no están preparados ni física ni mentalmente, pues es un desastre muy grande”, expresa la ginecóloga. Además, subraya que esta situación genera relaciones sexuales sin consensuar adecuadamente las responsabilidades y los límites, llevando a problemas emocionales y físicos a largo plazo.

La especialista pone el énfasis en que los jóvenes reciben influencia de modelos irreales impuestos por el cine para adultos, lo que distorsiona su percepción de la sexualidad y de sus propias expectativas. “Creen que el sexo es todo genital, como en las películas pornográficas, lo que los lleva a confusiones y prácticas insatisfactorias”, dice. Esto, según Al Adib, puede desencadenar trastornos como disfunción eréctil en los hombres o dolor durante las relaciones sexuales en las mujeres, provocado por la presión social y estereotipos inalcanzables.

Falta de formación y consecuencias relacionales

La carencia de formación sexual repercute negativamente en las relaciones afectivas y la capacidad para detectar señales de maltrato o toxicidad, añade la doctora. Muchos jóvenes enfrentan dinámicas problemáticas tras experiencias negativas en su adolescencia, generando patrones dañinos. “Si no sabes identificar las líneas rojas o ’romantizas’ ciertas conductas relacionadas con el maltrato, esto puede deberse a una falta de educación sexual o una mala experiencia inicial”, añade.

El impacto de la educación deficiente se vincula a decisiones arriesgadas. Miriam coloca como ejemplo cómo la presión grupal puede presionar a los adolescentes a consumir alcohol para luego participar en relaciones sexuales no consensuadas o apresuradas, lo que provoca frustración emocional y riesgos físicos, como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

Contrario a ciertos prejuicios de los padres, esta formación no incita a los menores a iniciar sus relaciones sexuales precozmente, sino a retrasar dicha decisión hasta sentirse seguros y preparados. “Cuando tú das educación sexual de calidad, retrasan la edad de inicio de las relaciones sexuales,” subraya.

La educación sexual no pretende enseñar únicamente las mecánicas de las relaciones, sino fomentar el autoconocimiento corporal, el respeto mutuo y una toma de decisiones informada. Estos valores se agrupan en lo que la autora describe en su libro como las “tres erres”: respeto, responsabilidad y reciprocidad. “Si se dan estas tres erres, perfecto,” resumió la también divulgadora.

“El momento adecuado” para empezar a tener relaciones sexuales

Una de las reflexiones más llamativas de la ginecóloga es que no existe una edad para comenzar con las relaciones sexuales, sino que esto depende de la madurez y circunstancias específicas de cada individuo. “No hay una edad, lo que hay es una madurez y una serie de criterios claros”, sostiene.

Forzar a los jóvenes a cumplir con una regla rígida puede ser contraproducente, ya que suelen actuar de manera contraria a las imposiciones.

Dentro de sus investigaciones, la ginecóloga ha tratado patologías desconocidas o mal diagnosticadas como la vaginitis inflamatoria descamativa, que puede afectar gravemente la calidad de vida. Como relata, este tipo de casos no siempre tienen origen psicológico: “Primero, descartar si es por alguna patología orgánica, una vulvovaginitis, un liquen que también está muy infradiagnosticado. [...] Eso es una patología orgánica, no es psicológico ni es otra cosa”.

La “lenta” investigación sobre el cuerpo de la mujer

Otro aspecto que ha destacado esta especialista es la falta de celeridad en los avances científicos relacionados con la salud femenina. Al Adib califica esta situación como crítica: “Es muy lento para mi gusto, muy lento. [...] En la mujer pasa una cosa y es que todo lo metemos en lo psico”, refiriéndose al hábito de etiquetar enfermedades biológicas o sociales como trastornos estrictamente psicológicos. Situaciones como los duelos gestacionales o los efectos del maltrato social son ejemplos de procesos que podrían manejarse de forma más integral, explica.

Por culpa de esto, muchos pacientes terminan medicalizados prematuramente: “Acabas psiquiatrizada, tomándote psicofármacos cuando tú no eres la enferma, sino el entorno que tú tienes”. Por ello, subraya la necesidad de aplicar tratamientos personalizados y diferenciados, que incluyan alternativas terapéuticas antes de recurrir a medicamentos.

La ginecóloga fue una de las pioneras en introducir la alimentación y la microbiota en el tratamiento y estudio de enfermedades ginecológicas. Desde el 2017, comenzó a destacar la relación entre la disbiosis intestinal y enfermedades como la endometriosis. Sobre este tema, afirma: “Yo ya en 2017 empecé a hablar de la relación entre la permeabilidad intestinal por una disbiosis intestinal y la endometriosis, en cómo empeoraba la endometriosis por una microbiota alterada”, una perspectiva que inicialmente suscitó sorpresa dentro de la comunidad médica.

Divulgación como herramienta transformadora

Desde el inicio de su carrera, Al Adib enfocó su pasión también en la divulgación científica al público general, ya sean sus pacientes o no. Comenzó en 2010 con la publicación de artículos en un blog, como una forma de continuar educando a sus pacientes fuera del consultorio.

La obstetra cuenta que, con frecuencia, aconsejaba leer sus textos para agilizar la consulta. Gracias a este esfuerzo, su mensaje trascendió fronteras, y su consulta en Almendralejo comenzó a recibir pacientes de diversos lugares, atraídos por su perspectiva diferenciada sobre la medicina.

Con su estilo directo y accesible, Miriam Al Adib está consolidándose como una figura clave para entender los avances y desafíos en la salud femenina desde una visión holística, que combina ciencia, aprendizaje y proximidad con sus pacientes.

Tokio, 19 dic (EFE).- Dos antiguos afectados por abusos cometidos en la agencia japonesa de talentos masculinos Johnny & Associates han presentado una demanda en un tribunal estadounidense en la que reclaman una indemnización de 300 millones de dólares, según recogen este jueves los medios nipones.

La demanda fue presentada en un tribunal del estado de Nevada y se considera la primera que llega a la justicia estadounidense por los numerosos casos de abusos por parte del fundador de la citada agencia, el fallecido en 2019 Johnny Kitagawa.

Los demandantes, Junya Tanaka, de 43 años, y Kyohei Iida, de 37, mantienen que Kitagawa abusó de ellos en un hotel de Las Vegas cuando ambos tenían respectivamente 15 y 14 años.

Ambos señalan que fueron víctimas de abusos regulares durante el tiempo que estuvieron trabajando en la agencia de talentos, períodos que se extendieron de 1997 a 1998 en el caso de Tanaka y de 2002 a 2006 en el de Iida.

Por ello reclaman cada uno una compensación de 50 millones de dólares en concepto de indemnización, así como otros 100 millones como penalización a la firma.

Johnny & Associates fue sometida a un fuerte escrutinio el año pasado conforme salieron a la luz decenas de casos de abusos perpetrados por Kitagawa. La empresa cambió su nombre al de Smile-Up y creó un comité para investigar y compensar los casos de abusos cometidos hace décadas.

Cerca de un millar de personas presentaron solicitudes de indemnización, según dijo a finales del año pasado la propia firma, que determinó tras su investigación interna que los abusos fueron frecuentes desde su fundación en la década de 1960 hasta mediados de la década pasada.

Kitagawa (1931-2019), que falleció a los 87 años, era un conocido productor y agente venerado en el país asiático por crear una fórmula para el estrellato que es aún usada en las industrias del K-Pop y J-Pop en Corea del Sur y Japón, captando a jóvenes y formándolos hasta su eventual debut.

Muchas de sus víctimas han reconocido que este tipo de actos estaban normalizados entre los jóvenes de la agencia, ya que sabían que tendrían que renunciar a sus carreras si no accedían. EFE

Kiev, 17 dic (EFE).- El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, anunció este martes la apertura de una investigación a la 211 Brigada de las Fuerzas Armadas ucranianas después de que la publicación Ukrainska Pravda destapara varios casos de torturas y extorsiones a los soldados por parte de uno de sus mandos y de familiares que también servían en la brigada.

“Retrasos en investigaciones, nepotismo, extorsiones y malos tratos a soldados son inaceptables en el tercer año de la guerra”, escribió Umérov en sus redes sociales, en un mensaje en el que agradeció a los periodistas que revelaran los abusos que se producían en la brigada.

Según la investigación de Ukrainska Pravda, el hijo del jefe de personal de la brigada chantajeó a varios soldados exigiéndoles dinero y les aplicó castigos físicos durante el tiempo que sirvió en la 211.

Fotografías enviadas a la publicación por fuentes anónimas muestran algunos de estos abusos. En una de las imágenes se ve un soldado atado a una cruz de madera.

Pese a las denuncias recibidas no se iniciaron procedimientos penales contra los responsables.

Al anunciar la investigación, el ministro de Defensa ucraniano recordó que el Gobierno trabaja en la creación de un Defensor de los Militares para proteger los derechos de los soldados. EFE

A raíz del resurgimiento 'Me too' en nuesto país y de que cada vez más mujeres, especialmente actrices y artistas, den un paso al frente para denunciar públicamente situaciones de abuso de poder o acoso sexual que han sufrido a lo largo de sus carreras profesionales, Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, no dudaban en dar su opinión durante la gala de los Premios Forqué, apuntando que denunciar está muy bien porque no se puede permitir algo "tan asqueroso como el acoso o el abuso", pero que "en lugar de en redes sociales las víctimas deberían hacerlo acudiendo a la Policía".

"Estamos creando una especie de caza de brujas también, que para mucha gente ha sido injusta. Han caído justos por pecadores, todos los tíos cagados. Pero se ha de hacer, se ha de mantener, está súper bien, pero se ha de ir con cuidado porque ya estamos hablando de un tema mayor. O sea, que yo lo que invito, o sea, que todas las chicas que tengan algún atisbo de un desgraciado, que haga lo que sea, que se vayan a la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadro, Guardia Urbana y que se dejen de Instagram" afirmaba rotundo el artista.

Macarena, por su parte, reconocía que "estoy muy en contra de lo que está sucediendo porque lo que no se puede hacer es difamando. Ir difamando a gente, que se vaya difamando a gente ante las cuales no existe ningún tipo de acusación". "Se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se dicen cosas, se dicen, se comentan cosas sin haber pruebas ni haber acusaciones de por medio. O sea, que pare ya este movimiento. Ya te lo digo en serio" estallaba.

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar, que han sido duramente cuestionadas, y ante las que la protagonista de 'La que se avecina' se ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press sin cambiar ni una coma de su discurso: "El sábado hablé y opiné, y me estaban diciendo que hay que tener cuidado con lo que dices, pero claro que mantengo mis palabras, no puedo decir más".

"Cuando digo algo no pienso en la repercusión que va a tener, pero me estoy enterando de amigos míos que han sido señalados... No todos los hombres son iguales, exactamente, ni todas las mujeres son iguales. Yo siempre voy a defender a un hombre... Yo lo que digo es que si tú sufres algún tipo de acoso psicológico o físico que lo denuncies, es lo único que digo" ha aclarado, dejando claro que en ningún momento "he dicho que no exista". "Existe en cualquier gremio, pero que lo denuncies y ya está, que vayas a la Policía y lo denuncies, que se lleva a los tribunales y un juez tiene que resolver. Yo duermo tranquilamente" ha sentenciado, afirmando que tiene la conciencia muy tranquila y a pesar de la controversia que se ha creado en torno a sus declaraciones, sigue pensando que este tipo de situaciones hay que denunciarlas donde corresponde y no en redes sociales y sin dar nombres.

València, 16 dic (EFE).- Compromís ha denunciado este lunes la "persecución" y los "abusos" que a su juicio hay por parte del conseller de Educación, José Antonio Rovira, hacia la comunidad educativa y ha anunciado que estudiará si son constitutivos de delito para, de ser así, llevarlo a los tribunales.

Así lo ha afirmado la diputada de Compromís en Les Corts Verònica Ruiz, quien ha acusado a Rovira de obligar a algunos centros de zonas afectadas por la dana a abrir "sin ningún tipo de seguridad", y de haberles enviado un tipo de documentación que lo que hace es "poner sobre las direcciones la responsabilidad de que esos centros abran con seguridad".

"Esto no puede ser porque un conseller de Educación y Cultura debe ser, sobre todo, un interlocutor válido para toda la comunidad educativa, una comunidad educativa a la que, obviamente, ha dejado abandonada y a la que, además, está atacando", ha señalado Ruiz.

La diputada ha mostrado el apoyo de Compromís a la comunidad educativa, y ha avanzado que estudiarán si "esos abusos por parte del conseller serían constitutivos de delito", pues en caso de serlo, lo llevarán a los tribunales.

"Esa persecución que están teniendo que asumir unos funcionarios públicos es inadmisible. Y si esto es constitutivo de delito, que no tenga nadie duda en la Conselleria de que nosotros lo llevaremos al juzgado porque no se puede perseguir los funcionarios públicos", ha insistido.

Para la diputada, la Conselleria de Educación "está demostrando continuamente una manía persecutoria que es del todo intolerable con las comunidades educativas", a las que, según ha dicho, ya "dejó abandonadas" en plena dana.

Además, ha calificado de "inadmisible" que se responsabilice a los equipos directivos de los centros educativos de su no apertura, y ha denunciado el uso de las redes sociales de la Generalitat "para hacer partidismo y política rastrera". EFE

Francia nos sigue sorprendiendo. Después del mediático y perverso caso de Dominique Pelicot en 2024, ahora otro francés va a juicio. Si fuera posible establecer una escala del horror, los crímenes de este hombre serían todavía peores. Recordemos que Pelicot fue juzgado y condenado en 2024, junto a decenas de otros sujetos, por sedación seguida de violación de su propia esposa Gisèle en unas 200 oportunidades a lo largo de una década. Hoy el que llega a juicio es un médico cirujano que en sus agresiones sexuales contra menores de edad utilizó un modo de sometimiento similar. Las víctimas contabilizadas son 299, en promedio tenían 11 años, y fueron dormidas químicamente por el abusador.

Los hechos que se juzgan sucedieron entre 1989 y 2014, pero en realidad ese hombre actuó de la misma manera desde 1980 hasta 2017. El megaproceso contra quien fuera un profesional respetado, comienza este lunes y conmoverá los cimientos de la sociedad francesa. Y, por qué no, del mundo.

Médico respetado

Pedofilia y pederastia suenan como lo que son: palabras sucias. Asquerosas. Que estremecen. Y sobre esto trata el nuevo juicio en Vannes, Francia, contra el médico Joël Le Scouarnec (74). Será el monstruo sobre el que pivotarán las declaraciones de cientos de víctimas, hoy ya adultas. El proceso se prolongará hasta el mes de junio. La fiscalía al mando de Stéphane Kellenberger, tiene entre sus manos una ardua investigación que acumuló un voluminoso expediente. Aunque lo cierto es que Le Scouarnec ya está preso desde 2017 cumpliendo una condena previa por el abuso de otras cuatro menores. Pero vayamos en orden cronológico y antes hablemos sobre quién es el acusado.

Joël Le Scouarnec nació el 3 de diciembre de 1950 en París, dentro de una familia modesta, de clase media. Hizo la facultad en la capital francesa y, luego, entre 1976 y 1981, realizó sus prácticas en el Hospital Universitario de Nantes. En 1974 se casó con Marie France, una auxiliar de enfermería, con quien tuvo a sus tres hijos. Amante de la literatura y fanático de la ópera se convirtió durante los años siguientes en un respetado profesional especializado en cirugía digestiva y abdominal. El éxito profesional trajo aparejado dinero y así fue que la familia consiguió comprar una casona impactante en el centro del país.

Durante tres décadas el médico giró por distintos puestos en las localidades de Loches, Vannes, Lorient, Quimperlé y Jonzac y, también, reemplazó a sus colegas temporalmente en otros sitios como Ancenis y Flers. En hospitales, tanto públicos como privados, el cirujano logró sortear siempre la mirada del resto sobre su conducta. Lo que hacía no fue notado por nadie de su entorno médico.

Las primeras alertas registradas sonaron en 2004 cuando el FBI de los Estados Unidos llamó a las autoridades francesas. Querían informarles que un ciudadano llamado Joël Le Scouarnec había comprado con su tarjeta de crédito pornografía infantil en la Deep web, en un sitio ruso con sede en Norteamérica. Los agentes galos se dispusieron a seguir al profesional para constatar que no era un error. A partir de eso, el médico fue interrogado y llevado a juicio por posesión de pornografía infantil en 2005.

El caso tuvo poca repercusión mediática. Le Scouarnec terminó condenado a cuatro meses de prisión y a pagar 20 mil euros. Pero no fue obligado a hacer tratamiento psicológico ni se informó del asunto a los colegios médicos. Joël Le Scouarnec siguió ejerciendo la profesión de cirujano con su matrícula intachable y sin ningún impedimento. Así fue que el hombre que veía pornografía infantil continuó rodeado de niños indefensos. Imperdonable error. Porque la personalidad oscura del médico iba muchísimo más lejos que su perturbadora inclinación a introducirse en las redes subterráneas ilegales y sin moral de Internet.

Cuerpos dormidos, hechos insoportables

Esa primera condena por posesión de pornografía infantil hizo que su esposa, convenientemente, se distanciara de él. Lo abandonó, pero a medias. Porque no pidió el divorcio. De hecho, ya veremos más adelante, hacía tiempo que conocía de las tendencias pederastas de su esposo.

Tras esos cuatro meses que pasó recluido en prisión, el médico volvió al Hospital de Quimperlé para seguir trabajando con chicos y abusándolos durante años sin que nadie se percatara de su accionar. Al volver a su trabajo escribió en su diario personal: “Lo encontré completamente solo y no dudé en bajarle la ropa interior”. El cirujano, en la mayoría de los casos, sedaba o dormía a sus víctimas y, una vez que ellas estaban bajo los efectos de la anestesia, perpetraba los abusos y las violaciones. Los pequeños no eran conscientes de lo que les pasaba a sus cuerpos dormidos. Tampoco sus padres.

En el año 2006 hubo un colega de Le Scouarnec que desconfió. Fue el psiquiatra Thierry Bonvaló, quien había leído algo en la prensa sobre él y sospechó. Decidió que el tema era lo suficientemente grave como para alertar a las autoridades médicas sobre el potencial peligro de tener a este sujeto en el staff. Se dirigió al colegio médico de Finistere y solicitó que tomaran medidas preventivas. Nadie lo escuchó y no se hizo nada para mantenerlo alejado de los chicos.

La pequeña que habló

En 2008 Le Scouarnec llegó a la población de Jonzac donde continuó con sus prácticas ocultas y siniestras. Fue recién en abril de 2017 que sobrevino el fin del espanto gracias a una menor a quien abusó despierta. Le Scouarnec tenía 66 años cuando la hija de 6 años de sus vecinos en Jonzac, Laura Temperault y Jerome Loiseau, le contó a su madre algo pavoroso. El vecino le había mostrado sus genitales y sus nalgas desde el otro lado del cerco de cañas del jardín y luego le había hecho cosas. Los padres actuaron de inmediato y denunciaron. En presencia de los profesionales la menor contó, con el vocabulario propio de su edad, que luego de exhibirse el señor le había pedido que se quitara la bombacha. Por lo que se interpretaba de sus dichos el vecino, entonces, se había masturbado antes de introducir sus dedos en la vagina de la menor. Al final, el hombre le había pedido que acariciara su pene al que la menor describió como algo “duro como una salchicha”. Al ser revisada con el consentimiento de sus padres se comprobó que la menor tenía roto el hímen. Violar a esa niña fue lo que provocó su caída. Una vez realizada la denuncia la policía allanó la casa del médico y lo detuvo. Era el 2 de mayo de 2017. No estaban preparados para todo lo que hallaron.

La cantidad de archivos de los abusos sexuales del médico era pavorosa. Había 300.000 imágenes y 650 archivos de video tomados a lo largo de unos treinta y siete años. Cuando levantaron las tablas de madera del piso de la casa de Le Scouarnec encontraron una colección escalofriante de muñecas, pelucas y consoladores. También decomisaron muchos cuadernos suyos, manuscritos, que contenían detalladas descripciones de las aberraciones. Nombre, fecha, teléfono de los niños y dibujos explícitos de los hechos. La primera anotación era de1980. Los detectives empezaron a cotejar los datos de los cuadernos hallados con los registros de los hospitales. Coincidían.

La esposa que no habló

Según los cuadernos del cirujano, en 1996, su esposa Marie France ya había descubierto sus impulsos sexuales hacia los niños. Así lo describió Le Scouarnec: “Me sobrevino un cataclismo: ella sabía que yo era un pedófilo. Me dijo: ¡Hazte tratamiento!”. Pero la esposa no hizo nada. Se transformó en otro ser despreciable por su silencio cómplice. De hecho, al pasar un poco de tiempo desde aquel enfrentamiento con su mujer y al ver que todo seguía normalmente para él, el médico anunció con determinación en su diario de crímenes: “Reanudaré ahora el hilo de mis actividades sexuales pedófilas”.

La denuncia de Laura Temperault y Jerome Loiseau, por lo que hizo con su hija envió al cirujano a juicio en marzo del año 2020. Las fiscalía encontró más casos y se lo imputó por agresión sexual y violación a un total de cuatro menores de edad. Por respeto a las víctimas, el juez decidió que el juicio se realizaría a puertas cerradas y sin presencia de la prensa. Además de la hija de sus vecinos, se le imputaron abusos sexuales contra tres menores: dos de sus sobrinas (que declararon haber sido violentadas por su tío en 1980) y una paciente de un hospital a quien agredió en los años 90.

Los peritos psicológicos señalaron haber encontrado cero empatía en la personalidad del acusado y que él mismo se consideraba un “Exhibicionista, voyeur, sadomasoquista y pedófilo”. Nada menos. Según los especialistas “niega sistemáticamente las violaciones indicando que se ha puesto como límite no penetrar a sus víctimas” y solo aceptaba los tocamientos. El acusado cargó las tintas respecto de una de sus sobrinas diciendo que la menor “Era muy cariñosa. Se subía a mi regazo y me seducía. Yo descargaba mi sexualidad con esa niñita”. En ambos casos intrafamiliares hubo caricias en la cola, penetración con dedos y sexo oral. Lo peor del asunto fue que los familiares, enterados de lo ocurrido por dichos de las mismas menores, aceptaron el pedido de perdón del médico y que prometiera cambiar su comportamiento acudiendo a terapia. Le Scouarnec fue otra vez beneficiado por la protección familiar. Tampoco hubo trascendidos que alertaran al resto de la sociedad.

Las sobrinas, indignadas, apuntaron en el juicio contra ese escudo de lazos familiares y sostuvieron que hubiesen preferido que el proceso penal fuera abierto al público. Los padres de la pequeña vecina también habían exigido sin éxito que el juicio lo expusiera: “¿Por qué escondernos? Si ella no hubiese hablado, este cirujano seguiría trabajando. Lucharemos para que los hechos se hagan públicos”. El 3 de diciembre de 2020 Le Scouarnec fue condenado a 15 años de cárcel por esas cuatro agresiones sexuales.

Recordar lo que hace mal

La extensa investigación sobre el resto de las víctimas de Le Scouarnec siguió adelante. A medida que los detectives leían y revisaban esas páginas de sus morbosos diarios aparecían más y más menores abusados. El proceso para contactar a esos chicos ya adultos fue sumamente complejo. Sobre todo porque muchas de las víctimas ni siquiera sabían que habían sido víctimas. Algunas de ellas arrastraban traumas inexplicables desde su infancia. No recordaban nada por el efecto de la anestesia.

Una de ellas contó, de manera anónima, que se enteró de lo que le había pasado solo porque la policía la contactó y le reveló que su nombre y apellido figuraban en los cuadernos del pederasta. “Él me había violado”, reconoció alelada. Otra víctima, María (casada y con varios hijos) se enteró de la misma manera que figuraba en esos escritos que revelaban hechos aberrantes: “Pedí leerlos yo misma porque no podía creerlo. Pero, al final, no pude hacerlo porque imaginen… era pornografía dura y yo era tan pequeña cuando ocurrió”. María contó que había atravesado una adolescencia con serios problemas para relacionarse con hombres lo que la había llevado a consultar con profesionales de la salud mental. Todos los especialistas le preguntaban lo mismo: ¿Había tenido algún trauma en su infancia? Ella respondía siempre que no. Pero ahora sabía que sí: ahí había estado el motivo. “Creo que mi memoria me protegió de ello. Pero la investigación policial lo reflotó todo: las imágenes, las sensaciones, los recuerdos, empezaron a salir día a día”, sostuvo desolada. Recibió otro golpe cuando le enseñaron la foto del médico atacante: “Todo volvió a mi mente y recordé su mirada glacial”.

Amélie Lévêque-Merle fue abusada por el médico a los 9 años, en la población de Loches, cuando fue operada de urgencia de apendicitis. Durante mucho tiempo no quiso hablar del tema y, finalmente, lo hizo para ayudar a otras víctimas. Tiene 37 años y maneja una boutique. Ella leyó en las noticias sobre ese cirujano y vio dónde había trabajado. De inmediato, dice, “pensé que yo era potencialmente una de sus víctimas”. Llamó a quien había sido su pediatra y le pidió que mirara en sus registros el día en que había sido intervenida. Había sido el 27 de enero de 1991 y también estaba anotado el nombre del médico: Dr Le Scouarnec.

Se le heló la sangre. Efectivamente era una de las abusadas: “Antes de saberlo siempre había pensado que algo me había pasado durante aquella operación porque me quedó pavor por las agujas. Un día, cuatro años después, para extraerme dos muelas del juicio tuvieron que dormirme. Pero cuando me fueron a poner la anestesia, al ver la aguja, sufrí un ataque de pánico. Creo que se debió al recuerdo traumático de mi cuerpo, ¡no quería que me durmieran!”. Amélie recurrió a sesiones de hipnosis para tratar de saber más sobre el episodio vivido. Dice ahora estar convencida de que cuando todo ocurrió “yo estaba en la fase de vigilia, ya completamente despierta y él… me volvió a dormir”.

Al principio Amélie se sintió aliviada con el descubrimiento: “No estaba loca. Todo tenía una explicación”. Pero lo cierto es que desde que estalló el caso perdió diez kilos, estuvo bajo supervisión de un psiquiatra y tomando antidepresivos. “Di el paso atrás necesario. Ahora he vuelto a dormir y a comer”, cuenta casi recuperada. Asegura que, por suerte, se siente apoyada por su marido y por sus padres. A sus dos hijos les contó lo ocurrido de la manera más sencilla posible. Lo que más le cuesta aceptar a Amélie es el silencio que rodeó y acompañó a ese diabólico hombre a lo largo de tantos años: “¿Cómo puede ser que en treinta años de carrera fuera capaz de estar tantas veces solo con niños en las salas y que nadie viera nada? Para mí es imposible”. También asegura que le gustaría enfrentar a Le Scouarnec para decirle que él no pudo destruirla. Es probable que el logro de su víctima ni siquiera le importe al acusado.

De impavidez y de lobos

El detenido, una vez descubierto, no ahorró detalles a la policía. Impávido, explicó cómo había procedido y las precauciones que tomaba para evitar ser capturado. Incluso aceptó que había documentado cada uno de los abusos cometidos. Y repitió que su mujer no desconocía sus hábitos: “Ella lo sabe”. Uno de los aspectos más sádicos es que la mayoría de las violaciones de menores sucedieron estando sedados o directamente bajo anestesia total luego de ser una cirugía. El ultraje ocurría en las mismas salas de recuperación luego de salir del quirófano o en las camas de la habitación del sanatorio.

Los investigadores siguieron adelante y lograron entrevistar a 209 víctimas de las cuales 184 quisieron hacer la denuncia. Cerraron la investigación en abril del 2024 con 312 víctimas halladas, muchas de las cuales quedaron fuera de la causa por la prescripción de los delitos. En esta oportunidad, va a enfrentar imputaciones por la violación de 299 menores: 158 chicos y 141 niñas. De ese total, 111 son consideradas violaciones agravadas. El cirujano jubilado puede ser condenado a 20 años de prisión. No parece mucho por la dimensión de sus actos.

Pero no solo va Joël Le Scouarnec a juicio. De alguna manera, es la omertá de la sociedad entera la que se sienta en el banquillo. Su esposa, sus familiares, sus colegas, sus amigos, sus conocidos, las autoridades médicas, las policiales. Por no haber hecho más, por no haber controlado convenientemente, por no haber denunciado lo suficiente, por haber dejado pasar señales inequívocas, por no haber prevenido, por no haber escuchado. Todos pudieron haber hecho algo más para ahorrar que decenas y decenas de víctimas cayeran bajo sus garras criminales.

A las víctimas les pesa ese silencio colectivo que como un manto de neblina lo tapó todo durante más de siete lustros.

Este caso de Joël Le Scouarnec hace pensar que cuando el filósofo inglés Thomas Hobbes afirmó, allá por 1651, que: “El hombre es un lobo para el hombre”, tanto no se equivocó.

Ciudad del Vaticano, 9 dic (EFE).- El papa Francisco ha recibido este lunes a tres periodistas que denuncian el hostigamiento en Perú por parte de miembros del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) debido a sus investigaciones sobre sus abusos y les ha transmitido su apoyo, según han explicado ellos tras la reunión.

Los periodistas son Pedro Salinas, Paola Ugaz y la estadounidense Elise Ann Allen, y el pontífice les ha transmitido su apoyo durante la audiencia que mantuvieron esta mañana en el Palacio Apostólico.

"Queríamos venir para contar al papa lo que nos está pasando por investigar a una organización católica", explica a EFE Ugaz, que ha colaborado con Salinas en el libro 'Mitad monjes, mitad soldados: todo lo que el Sodalicio no quiere que sepas'.

En este libro los periodistas indagan en esta organización católica fundada en Perú en 1971 recogiendo los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos presuntamente por algunos de sus integrantes.

El tema ha acabado siendo investigado por el Vaticano y en julio de 2023 el papa Francisco envió al país andino a dos investigadores especiales, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, ambos expertos en delitos de abusos.

El pasado agosto la Santa Sede expulsó al fundador, Luis Fernando Figari, debido a las investigaciones que le señalan como culpable de abusos, y desde entonces se ha echado a hasta 15 miembros de la organización por abusos sexuales, algunos contra menores.

Sin embargo, los periodistas que indagan en estos supuestos delitos denuncian el hostigamiento por personas próximas al Sodalicio y se lo han hecho saber al papa.

Ugaz ha explicado al pontífice que los círculos próximos al Sodalicio, "muy poderosos y muy bien metidos", han inventado demandas y procesos contra ellos, así como lanzado campañas de desprestigio en su contra en redes sociales o revelado sus direcciones.

Asimismo ha afirmado que además de los casos de abuso y acoso, esta organización ha creado "una suerte de isla tributaria", usando el Concordato entre Perú y el Vaticano, para "no pagar impuestos" y "llevar dinero fuera del país", primero a Panamá y después a Denver.

"El papa nos ha pedido que públicamente digamos que él apoya las misiones (de investigación) y que todo continúa sobre el cierre del Sodalicio", afirmó Ugaz.

Y agregó: "Nos dijo que no dejemos de contar nuestra historia, que se viene pronto la supresión de esta organización, y que va a seguir apoyando a los investigadores para que se cierre y se cierre bien".

La periodista aseguró haberse sentido reconfortada tras la audiencia con el papa: "Yo estoy feliz por la reunión (...) y me siento muy reconfortada, lo cual no siento desgraciadamente en mi país".

Por su parte, Pedro Salinas consideró que el mensaje del papa ha sido "bastante" claro: "Ha dicho que va a apoyar la misión Scicluna-Bertomeu, que no los apoya a ellos. Debemos leer eso como que no apoya al Sodalicio, que está intentando cambiar el control de la narrativa", interpretó.

"Confiamos en que la decisión del papa tome cuerpo, que se vuelva a poner en contacto con la misión Scicluna-Bertomeu y, de acuerdo con la información que ya maneja, tome una decisión definitiva que, en mi pequeña opinión, debería consistir en la supresión del Sodalicio", apuntó. EFE

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A Coruña (España), 9 dic (EFE).- La atleta española Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista olímpica de triple salto en Tokio 2020, denunció, a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, haber sufrido agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte de una expareja, de la que no dio el nombre.

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento, y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia. Consiguió distanciarme de muchísima gente, y aún así me quedé”, denuncia.

La deportista detalla todos los episodios que fue pasando durante esa etapa con el objetivo de que “sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces”, señala al principio del vídeo de la red social vinculado a la tendencia “y aun así me quedé”.

“Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y aún así, me quedé. Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía 'stories' con él de cualquier cosa del día a día. Y aún así, me quedé. Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo, en ese momento, obviamente no lo sabía. Ahora sí: y aún así me quedé porque me lo creía", explica.

En su relato, la plusmarquista española (14,87 metros) confiesa cómo su expareja le engañaba: “Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y aún así, me quedé. Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aún así, me quedé".

Peleteiro admite su “error” por compartir tanto tiempo con él, sobre todo porque cuando llegó la pandemia la dejó sola “durante cuatro meses” teniendo la oportunidad de pasarla juntos.

Después de quedarse sin medalla en los Juegos Olímpicos de París, donde terminó sexta en el Estadio de Francia, Peleteiro anunció el pasado mes de septiembre que regresaba a Galicia después de muchos años entrenando en Guadalajara con el cubano Iván Pedrosa, para pasar a entrenar con su actual pareja, el triplista francés Benjamin Compaoré.

Ambos son padres de una niña, Lúa. En 2023, Ana Peleteiro ya había denunciado que su anterior pareja le obligaba a dejar de seguir en redes sociales a otros atletas. La gallega mantuvo una relación de cinco años –entre 2016 y 2021- con el campeón olímpico portugués, de origen marfileño, Nelson Évora. Meses más tarde, comenzó su relación con Benjamín Campoaré. EFE

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Barcelona, 8 dic (EFE).- Un hombre de 36 años ha ingresado en prisión por orden judicial tras ser detenido el pasado jueves por los Mossos d'Esquadra en Olot (Girona) como presunto autor de tocamientos a dos niñas, de 9 y 12 años, en esa localidad, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

El hombre fue detenido después de que una de las menores, acompañada de sus padres, presentase una denuncia ante los Mossos tras salir del hospital.

La policía localizó y detuvo al hombre el pasado jueves. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión. EFE

Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, han acaparado todos los titulares durante las últimas semanas tras el ingreso de su hija Alma en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde estuvo casi 20 días en la Unidad de Medicina Intensiva. A pesar de que la pequeña recibió el alta el pasado 27 de enero, el caso dio un giro inesperado cuando el personal del centro hospitalario presentó una denuncia.

En el comunicado publicado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se detalla que: “Ante la difusión de distintas informaciones extraoficiales referidas al estado de una bebé que estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde entre el 11 y el 27 de enero, y las posibles consecuencias judiciales de ese estado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirma la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a los progenitores, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil”.

Cuándo activan los hospitales el protocolo de protección infantil

La abogada @yourtrustedlawyer ha explicado en un vídeo de su perfil de TikTok, cuándo activan los hospitales el protocolo de protección infantil. El primer paso es poner en conocimiento del juzgado que existen “indicios razonables de que las lesiones no han sido causadas por un accidente”. A partir de ahí, hay un informe médico que se deriva y se ratifica por un médico forense. Según comenta la letrada, esa ratificación del médico forense apunta que “las lesiones presentadas podían no ser accidentales” y es ahí cuando se inicia la investigación.

Cómo debe actuar el juzgado

La abogada menciona que “el juzgado debe actuar con total objetividad e independencia”. Por ello, debe ser indiferente quiénes sean los progenitores y también “toda la opinión pública” que, en este caso, ha estado muy presente. Su intervención de basarse “única y exclusivamente en lo que son los informes médicos, los informes forenses y los hechos ocurridos”. Añade que después la investigación debe continuar y que hasta que no haya una solución, es decir, una resolución judicial, da igual del tipo que sea, “todos tenemos que respetar la presunción de inocencia”.

Cómo deben actuar los servicios sanitarios

Acorde al “Protocolo de actuación para la atención a menores de edad víctimas de malos tratos”, así es como los servicios sanitarios deben proceder:

• Deben garantizar la protección inmediata del menor, la confidencialidad y el anonimato necesarios.
• La actuación sanitaria debe ser integral.
• Es esencial que la exploración y, en su caso, tomas de muestras se inscriban en un ambiente no traumático y lo más relajado posible.
• Si evidencian lesiones que hayan podido ser causadas por maltrato, cumplimentarán el correspondiente parte de lesiones. Es muy importante reseñar si existen lesiones en distinto estadio de evolución.
• Cuando durante la exploración y asistencia, se aprecie riesgo para su integridad, se solicitará la intervención del Ministerio Fiscal y la colaboración de la Policía para que preste la protección necesaria.
• En cada dispositivo sanitario se debe informar de todos los casos de riesgo detectados a la Unidad de Trabajo Social para que esta se coordine con otras instancias.

Naciones Unidas, 25 nov (EFE).- Unas 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2023 por sus parejas sentimentales o sus familiares en todo el mundo, es decir, una media de 140 feminicidios al día, según el informe anual de ONU Mujeres sobre este fenómeno publicado este lunes.

Las mujeres y niñas víctimas de feminicidio, o asesinato por motivo de género, representaron el 60 % de las 85.000 asesinadas de manera intencional en 2023, indican las conclusiones del documento.

El informe revela que, si bien el feminicidio afecta a mujeres y niñas de todas las regiones, es África la que concentra el número absoluto más alto, 21.700 asesinadas solo en 2023, y tiene el mayor nivel de violencia tomando en cuenta el tamaño de su población femenina.

En términos relativos, África sufre 2,9 feminicidios por cada 100.000 mujeres, seguida por las Américas (1,6), Oceanía (1,5), Asia (0,8) y Europa (0,6).

ONU Mujeres reconoce que debido a la falta de datos, actualmente solo puede seguir las tendencias temporales de feminicidios en las Américas, donde la ratio se mantiene estable desde 2010, y en Europa, donde se ha reducido un 20 % desde ese mismo año.

En esas regiones, señala a las parejas íntimas como responsables principales de la "victimización de las mujeres en la esfera privada" en 2023: en Europa, el 64 % de las víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su pareja, mientras que en las las Américas el porcentaje es de 58 %.

Esa tendencia es discordante con el resto del mundo, pues según los datos disponibles es más probable que las mujeres y niñas sean asesinadas por un miembro de su familia (59 %) que por su pareja íntima (41 %).

El informe apunta a esos datos para reivindicar que se amplíen las medidas de prevención de la violencia doméstica más allá de la perpetrada por las parejas y que se incluyan contextos familiares en los que las mujeres están en un mayor riesgo.

Asimismo, destaca que los datos disponibles de Francia, Sudáfrica y Colombia (de años diferentes) confirman que una buena parte de las mujeres asesinadas por sus parejas (entre un 22 % y un 37 %) había reportado previamente violencia física, sexual o psicológica de estas, lo que sugiere que los feminicidios son "evitables".

"Órdenes de alejamiento sobre parejas masculinas que prohíben el contacto entre estos y las víctimas de su violencia figuran entre las medidas que pueden evitar los asesinatos de mujeres", indica.

ONU Mujeres, además, llama la atención sobre las tendencias en el reporte de datos sobre feminicidios: cada vez más países aportaban datos en las últimas dos décadas hasta que se alcanzó un pico de 75 países en 2020, pero desde entonces se han reducido, y en 2023 eran ya solo la mitad.

La agencia de la ONU advierte también que la rendición de cuentas de los países en la lucha contra los asesinatos basados en el género depende de la calidad y disponibilidad de sus estadísticas sobre feminicidios.

"Unos esfuerzos importantes para revertir la tendencia negativa en términos de disponibilidad de datos, incrementaría, por tanto, la responsabilidad gubernamental para atajar la violencia contra las mujeres", concluye el documento.

Guillermo Cabellos

Barcelona, 16 nov (EFE).- Manolo García, uno de los iconos del rock en España, se adentra ahora en la narrativa con 'Títere con cabeza', un primer libro de relatos en el que se fija en las vidas de mindundis porque tiene clavado "el puñal de sentir los abusos a que se somete al pueblo", según ha explicado a la Agencia EFE.

La obra toma el título del cuento que abre el volumen, una historia protagonizada por un don nadie machacado por todas sus circunstancias, lo que es un tono general en todos los relatos que presenta García.

"Todos somos títeres, algunos con más cabeza que otros, unos con muy poca y unos pocos con bastante que ayudan a ir pasando la vida al resto de los humanos", comenta el que fuera mitad de El Último de la Fila.

Muchas de las historias de 'Títere con cabeza' (Aguilar) terminan con una retirada al campo, una especie de búsqueda del 'locus amoenus' que pasa por huir de la ciudad, algo que contrasta con lo "urbanita" del autor.

"He nacido en una gran ciudad como Barcelona y mis referentes del mundo son el rock and roll y los trabajos que yo he desempeñado desde los 13 años y medio, cuando empecé a trabajar, hasta los 30 que me jubilé y pude pasar a mis aficiones favoritas, que eran pintar y hacer música", se excusa García.

"En esos años aprendí mucho de las bondades y maldades de la vida moderna. Aprendí mucho de la esclavitud, de lo que es sentirse esclavo de un trabajo mal pagado, donde eres un pelele, eres un títere descabezado en una cadena de montaje, pero que no te queda otra porque has de pagar ese alquiler del piso abusivo y has de comprar tus alimentos a precios abusivos sabiendo que al campesino le llegará una magra parte y los intermediarios y el final de la cadena se llevarán el dinero a costa de sablear al consumidor", añade el músico.

Pese a que García se ve reflejado en personajes como el Pijoaparte de Juan Marsé y que tiene clavado "el puñal de sentir los abusos a que se somete al pueblo", sus referentes literarios son aquellos que le permiten abandonar esa sociedad industrial, por lo que enumera a autores como Faulkner, McCarthy, Dickinson, Baroja, Balzac, Dickens o Thoreau como sus lecturas favoritas.

Así, esta mezcla entre el caos urbano, el rock que impregna todas las historias y un retiro pastoril final explica a la perfección la cosmovisión del músico, a lo que se suma un estilo que entrelaza constantemente un vocabulario culto con expresiones pertenecen a la jerga.

"No acabé ni el bachillerato porque era mal estudiante y necesitaba con toda urgencia salir a la calle, pero luego me he ido procurando a mí mismo mis pequeños bálsamos para la vida, me he ido prescribiendo a mí mismo libros y cuadros, me he complacido y he visto que hay un mundo magnífico, enorme, no vano ni pedante" reflexiona al respecto García.

En cuanto a las diferencias entre la música y la literatura, para el artista la primera tiene "un magnífico corsé que te limita", mientras que la segunda goza de "esa libertad en la que puedes desbarrar lo que quieras, puedes hacer el ganso como quieras y nadie te pone trabas".

A la vez, el escritor recuerda el germen de todos estos relatos en las "ventis", un concepto que atribuye a los chicos del barrio de Poblenou que viene de "aventuras", y que no obedecía a otra cosa que la tradición oral.

"Es algo muy bonito porque es algo muy humano, esa necesidad de comunicarse y de compartir la emoción de algo que se agranda muchísimo y toma una gama de colores amplísima de la mano de la imaginación", sentencia Manolo García sobre las historias que cuenta en 'Títere con cabeza'. EFE

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El ministerio de Salud de Israel entregó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe sobre las condiciones médicas de los cautivos del grupo terrorista Hamas ya liberados, en el que describe que fueron sometidos a torturas, abuso físico y psicológico.

“El informe que estamos presentando a la ONU es un testimonio desgarrador de las experiencias brutales sufridas por los rehenes en cautiverio por Hamas: violencia cruel, abuso psicológico, tormento físico y actos que desafían la comprensión”, señaló el ministro de Salud, Uriel Busso, a través de un comunicado enviado la noche del sábado.

El informe recoge el testimonio de 105 cautivos, que fueron liberados en noviembre de 2023, tras la única tregua entre el Gobierno de Israel y la milicia islamista Hamás, desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de ese año, y de otros doce, cuatro liberados por la milicia gazatí y ocho rescatados por el Ejército israelí con vida.

Los rehenes que retornaron a Israel, detalla el documento, denunciaron que sus captores les negaron agua, comida, anestesia, asistencia médica a quienes resultaron heridos, y presentaron al volver síntomas de malnutrición y deficiencia de vitamina D, por pasar semanas en túneles subterráneos.

Además, niños, jóvenes y adultos, aseguraron que fueron quemados, golpeados y humillados, y que dichos abusos afectaron su salud mental y física, incluso mucho después de ser liberados.

Busso indicó que con este informe insta a la comunidad internacional a “utilizar todos los medios disponibles para poner fin a la crueldad y traer a los rehenes a casa de inmediato. Es imperativo moral y humanitario; el tiempo para actuar se está agotando”.

Después de casi 15 meses del comienzo de la guerra, 96 secuestrados permanecen en la Franja de Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34 muertos confirmados por el Ejército.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, señaló este domingo en un comunicado que “tortura física y psicológica, hambre, abuso sexual, violencia física, son sólo algunas de las horribles palabras que emergen de las páginas del escalofriante informe presentado por el Ministerio de Salud a las Naciones Unidas”.

En tal sentido, hizo énfasis en los secuestrados que siguen en el enclave y destacó que a medida que llega el invierno sus vidas corren peligro inmediato.

“La ONU tiene todos los hechos. Está moralmente obligado a hacer todo lo que esté a su alcance para traer a los secuestrado a casa a hora”, añadió.

El Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos señaló, por su parte, que el informe del Ministerio de Salud es “un recordatorio devastador” de la urgencia de traer de regreso a los rehenes.

“Los estremecedores testimonios de los rehenes liberados reflejan una realidad desoladora: durante más de 50 atroces días se infligieron malos tratos físicos, tormento psicológico y condiciones deshumanizadoras a personas”, indicó en un comunicado enviado el sábado, dicha organización, que agrupa a familiares de los secuestrados, fallecidos y desaparecidos durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En tal sentido, el grupo destacó que han pasado casi 450 días y los rehenes continúan sufriendo la misma realidad que enfrentaron quienes fueron liberados, por lo que recordó que cada día que pasa los rehenes afrontan un “peligro mortal”.

Por ello, instó a un acuerdo global para asegurar la liberación inmediata de los secuestrados.

“Estados Unidos y todas las partes mediadoras deben utilizar todos los medios a su alcance para poner fin a este sufrimiento. Cada día perdido es un día de dolor, angustia y tormento inimaginables”, añadió.

(Con información de EFE)

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder de la Iglesia de Inglaterra, ha dimitido este martes 12 de noviembre, tras la presión para que dimitiera por su gestión sobre un caso de abusos cometidos por el abogado John Smyth, ya difunto, contra más de cien niños y jóvenes.

"Habiendo solicitado el permiso de Su Majestad el Rey, he decidido dimitir como arzobispo de Canterbury", señala Welby en un comunicado publicado este martes y recogido por Europa Press.

Según precisa en este texto, la investigación independiente Makin Review "ha mostrado la larga conspiración del silencio sobre los abusos atroces de John Smyth".

El exarzobispo precisa que él fue informado del caso en 2013 y que le dijeron que se había notificado a la policía, por lo que pensó "erróneamente" que se produciría "una resolución adecuada".

Welby añade que está "muy claro" que debe asumir la "responsabilidad" tanto "personal como institucional" por este "periodo retraumatizante entre 2013 y 2024".

Además, dice que, al dimitir, lo hace "con el dolor de todas las víctimas y supervivientes de abusos". "Los últimos días han renovado mi profundo sentimiento de vergüenza por los fallos históricos de protección de la Iglesia de Inglaterra. Durante casi doce años he luchado por introducir mejoras. Corresponde a otros juzgar lo que se ha hecho", explica Welby.

A su juicio, "hacerse a un lado es lo mejor para la Iglesia de Inglaterra", a la que dice amar y a la que dice haber "tenido el honor de servir". "Rezo para que esta decisión nos reoriente hacia el amor que Jesucristo tiene por cada uno de nosotros", concluye.

UNA CRECIENTE PRESIÓN PARA QUE DIMITIESE

Esta dimisión se produce tras la creciente presión para que dimitiese. Así, una petición, iniciada por tres miembros del órgano deliberativo de la Iglesia de Inglaterra (Sínodo General) había recogido varias miles de firmas que pedían su dimisión.

A estas demandas se había sumado la del primer ministro británico, Keir Starmer, que ha declarado que "las acusaciones son claramente horribles", en relación con este caso y ha mostrado su apoyo a las víctimas, a las que, según ha dicho, "se les ha fallado muy gravemente".

Según una reciente investigación independiente sobre el manejo del caso Smyth por parte de la Iglesia, Keith Makin señala, entre otras conclusiones, que "los abusos cometidos por John Smyth fueron prolíficos y abominables"; que "muchas de las víctimas" han llevado este abuso "en silencio durante más de 40 años" y que "las respuestas de la Iglesia de Inglaterra y de otros fueron totalmente ineficaces y equivalieron a un encubrimiento".

El estudio también concluye que Smyth es posiblemente el abusador "más prolífico asociado a la Iglesia" y que podría haber sido llevado ante la justicia si el arzobispo hubiera alertado formalmente a las autoridades en 2013.

Smyth, que dirigió campamentos de verano cristianos, murió a los 75 años en Ciudad del Cabo en 2018 mientras estaba siendo investigado por la policía de Hampshire, y "nunca fue llevado ante la justicia por el abuso", según dice el informe.

En una declaración personal, tras conocerse esta investigación, Welby indicó que no tenía "idea ni sospecha de este abuso antes de 2013". Si bien, reconoció que, tal y como dice el análisis, él "personalmente" no se "aseguró de que, tras la revelación en 2013, se investigara enérgicamente la terrible tragedia".

También pidió "disculpas" por no haberse "reunido rápidamente con las víctimas" después de que el Canal 4 revelara en 2017 "todo el horror de los abusos". "Prometí verlos y no lo hice hasta 2020. Eso estuvo mal", admitió.

Andrew Morse, una víctima de Smyth a quien conoció cuando era alumno en el Winchester College, Hampshire, describió a Smyth como un depredador en el programa Today de la BBC Radio Four y dijo que la admisión de Welby de que no había hecho lo suficiente desde 2013 "es suficiente para confirmar que Justin Welby junto con otros innumerables miembros de la iglesia anglicana fueron parte de un encubrimiento sobre el abuso". "Creo que debería dimitir", defendía.

Asimismo, la obispa de Newcastle, Helen-Ann Hartley, declaró a la BBC que la iglesia está "en peligro de perder total credibilidad" en materia de protección y dijo que Welby debería irse.

Welby conocía a Smyth por su asistencia a los campamentos cristianos de Iwerne en los años 70, pero la investigación dice que no había pruebas de que hubiera "mantenido ningún contacto significativo" con el abogado en años posteriores.

A lo largo de cinco décadas, desde los años 70 hasta su muerte, el informe dice que Smyth abusó de unos 130 niños y jóvenes en el Reino Unido y África.

La investigación añade que Smyth "podría y debería haber sido denunciado formalmente a la policía en el Reino Unido y a las autoridades en Sudáfrica".

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder de la Iglesia Anglicana, ha dimitido este martes 12 de noviembre, tras la presión para que dimitiera por su gestión sobre un caso de abusos cometidos por el abogado John Smyth, ya difunto, contra más de cien niños y jóvenes.

Una petición, iniciada por tres miembros del órgano deliberativo de la Iglesia de Inglaterra (Sínodo General) había recogido varias miles de firmas que pedían su dimisión.

A estas demandas se había sumado la del primer ministro británico, Keir Starmer, que ha declarado que "las acusaciones son claramente horribles", en relación con este caso y ha mostrado su apoyo a las víctimas, a las que, según ha dicho, "se les ha fallado muy gravemente".

Según una reciente investigación independiente sobre el manejo del caso Smyth por parte de la Iglesia, Keith Makin señala, entre otras conclusiones, que "los abusos cometidos por John Smyth fueron prolíficos y abominables"; que "muchas de las víctimas" han llevado este abuso "en silencio durante más de 40 años" y que "las respuestas de la Iglesia de Inglaterra y de otros fueron totalmente ineficaces y equivalieron a un encubrimiento".

El estudio también concluye que Smyth es posiblemente el abusador "más prolífico asociado a la Iglesia" y que podría haber sido llevado ante la justicia si el arzobispo hubiera alertado formalmente a las autoridades en 2013.

Smyth, que dirigió campamentos de verano cristianos, murió a los 75 años en Ciudad del Cabo en 2018 mientras estaba siendo investigado por la policía de Hampshire, y "nunca fue llevado ante la justicia por el abuso", según dice el informe.

En una declaración personal, tras conocerse esta investigación, Welby ha indicado que no tenía "idea ni sospecha de este abuso antes de 2013". Si bien, ha reconocido que, tal y como dice el análisis, él "personalmente" no se "aseguró de que, tras la revelación en 2013, se investigara enérgicamente la terrible tragedia".

También ha pedido "disculpas" por no haberse "reunido rápidamente con las víctimas" después de que el Canal 4 revelara en 2017 "todo el horror de los abusos". "Prometí verlos y no lo hice hasta 2020. Eso estuvo mal", ha admitido.

Andrew Morse, una víctima de Smyth a quien conoció cuando era alumno en el Winchester College, Hampshire, describió a Smyth como un depredador en el programa Today de la BBC Radio Four y dijo que la admisión de Welby de que no había hecho lo suficiente desde 2013 "es suficiente para confirmar que Justin Welby junto con otros innumerables miembros de la iglesia anglicana fueron parte de un encubrimiento sobre el abuso". "Creo que debería dimitir", defendía.

Asimismo, la obispa de Newcastle, Helen-Ann Hartley, ha declarado a la BBC que la iglesia está "en peligro de perder total credibilidad" en materia de protección y dijo que Welby debería irse.

Welby conocía a Smyth por su asistencia a los campamentos cristianos de Iwerne en los años 70, pero la investigación dice que no había pruebas de que hubiera "mantenido ningún contacto significativo" con el abogado en años posteriores.

A lo largo de cinco décadas, desde los años 70 hasta su muerte, el informe dice que Smyth abusó de unos 130 niños y jóvenes en el Reino Unido y África.

La investigación añade que Smyth "podría y debería haber sido denunciado formalmente a la policía en el Reino Unido y a las autoridades en Sudáfrica".

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha ofrecido este martes unas disculpas históricas a los miles de niños, jóvenes y adultos vulnerables que sobrevivieron a abusos, violaciones y malos tratos cuando se encontraban bajo tutela estatal o religiosa durante décadas.

En un discurso ante el Parlamento, al que han acudido decenas de víctimas, Luxon ha pedido perdón y ha lamentado "no haberles creído en un primer momento cuando denunciaron los abusos" sufridos. "Ahora se os ha escuchado. Ahora se os cree. Siento que muchas personas, personal, voluntarios y cuidadores, hicieran la vista gorda. Lamento que la supervisión estatal fuera deficiente", ha aseverado.

Así, ha recordado que muchos de los maltratados "no han comparecido ante la justicia, lo que ha supuesto que muchos de los abusos podrían haberse evitado". "Siento que el Estado no actuara con la suficiente rapidez y valentía para mejorar la protección de las personas en todos los centros de acogida", ha recalcado.

Luxon ha reconocido que se trata de tan solo el primer paso para lograr la reparación de las víctimas, que esperan la puesta en marcha de otras medidas, como la obtención de indemnizaciones, según informaciones de la emisora de radio RNZ.

"Está claro que las palabras deben ir acompañadas de hechos", ha dicho antes de afirmar que "es necesario hacer lo correcto y proporcionarles el apoyo que necesitan". "En segundo lugar, debemos hacer todo lo posible para evitar que se produzcan abusos en el futuro", ha añadido.

El líder de la oposición, Chris Hipkins, se ha sumado formalmente a las disculpas del Gobierno y ha subrayado que se trata de un "paso importante". "Hoy es un día enormemente importante para todos ustedes, para escuchar por fin lo que la Corona no les ha dado durante todos estos años, una disculpa. Es un día enormemente importante para nosotros, los representantes de la Corona y de los sucesivos gobiernos, en el que por fin reconocemos las miles de experiencias de abandono, abusos, traumas y torturas a las que nos hemos enfrentado, y en el que por fin asumimos plenamente nuestros fallos y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas", ha explicado.

"Lo sentimos. Hoy toda Nueva Zelanda dará testimonio de la verdad, de lo que experimentaron los supervivientes, de nuestras décadas de ignorancia deliberada, negación y minimización, y de nuestra convicción de poner fin a tales horrores y actos viles para que no continúen", ha destacado antes de aclarar que el país "tiene una enorme deuda" con los afectados.

La Comisión Real de Investigación sobre Malos Tratos en los Centros de Acogida estimó el pasado mes de julio que fueron más de 200.000 los niños, jóvenes y adultos que estuvieron bajo tutela estatal o religiosa en Nueva Zelanda en los últimos 70 años y fueron víctimas de abusos.

Madrid, 10 nov (EFE).- La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha asegurado en el programa 'Salvados' emitido este domingo que "ojalá" el escándalo de los presuntos abusos a mujeres de Íñigo Errejón se hubiera conocido antes porque "ninguna aportación a la política vale tanto como todo el daño paralelo que ha creado".

"Ojalá hubiera estado antes fuera de la política española", ha insistido la que fuera pareja y compañera de partido del exdiputado, desaparecido desde que estallaron las denuncias de agresión, tanto en redes como en comisaría.

El programa, que iba a emitirse el pasado domingo pero fue cancelado por la dana en la Comunidad Valenciana, incluye casi una hora de entrevista con Maestre, que no rehuye cuestiones políticas ni personales, aunque hay temas que prefiere mantener en la privacidad.

Es el caso del contenido de una conversación que mantuvo con una de las denunciantes, Elisa Mouliaá, con la que se puso en contacto al sentirse "interpelada" cuando la actriz hizo referencia a la carta pública que escribió Maestre para condenar los "episodios de violencia" de su expareja.

Maestre ha hecho hincapié en que aunque ella no se siente una víctima se siente cerca de las mujeres que han sufrido unos comportamientos que "ni siquiera" sabe "si son delictivos", ha recalcado, pero que "hablan de relaciones de maltrato que hacían sentirse a las mujeres humilladas o vejadas".

El actual estado de la portavoz es de decepción, furia y una cierta sensación de culpabilidad por no haberse dado cuenta antes del lado "manipulador, dominante, patológicamente mentiroso y misógino" de la persona con la que compartió una relación y responsabilidad en varias formaciones políticas.

"Esto me está obligando a recolocar la historia de una manera distinta en mi pasado. La relación acaba con mucha normalidad, incluso con cariño, y esa pieza ya no está ahí", ha dicho.

Pero ha insistido en que nada podía saber de esas "dos caras de una mala persona": "¿Cómo iba a encubrir como política lo que no sabía como pareja?", ha reiterado Maestre, que ha acusado de "amarillismo" y de "querer ser la niña en el bautizo" a quienes acusan a su formación y a ella misma de haber estado al tanto de la actitud de Errejón.

Sobre los motivos por los que la primera denuncia en redes sobre tocamientos a una asistente en un festival feminista en Castellón en 2023 no derivó en una investigación a fondo por parte del partido, ha asegurado que "a la vista de los acontecimientos fue un error".

Pero el hecho de que la "escala" de los acontecimientos -en un lugar público y abierto- fuera diferente a los descritos un año después, el testimonio del propio Errejón diciendo que había sido "un ligoteo" y la decisión de la joven implicada de cerrar el asunto les llevó a tomar una decisión que ha desvinculado de la precampaña a las elecciones generales de 2023.

Mestre dice que ahora mismo no es capaz de empatizar con Errejón y le da igual cómo se encuentre personalmente, y ha reconocido que se quedó "en shock" cuando asumió sin forcejeo o titubeo que los mensajes que Cristina Fallarás estaba reproduciendo en su cuenta de Instagram eran ciertos.

"No reconoció un hecho concreto, dijo 'sí, he tenido actitudes machistas como las descritas en ese hilo'", ha relatado Maestre, que habló personalmente con él. "La llamada fue casi una confirmación de lo que íbamos a encontrar", ha dicho.

Maestre ha reflexionado con que si ahora mismo se tuvieran que elegir los liderazgos en Podemos cuando surgió hace una década "dudo mucho que eligiéramos para dirigir solo a hombres que además eran muy masculinos", en referencia a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y el propio Errejón. EFE

El pasado miércoles 18 de diciembre se registró un insólito suceso en la ciudad de Clermont-Ferrand, en Francia. Un hombre de aproximadamente treinta años intentó, presuntamente, secuestrar a una joven en la calle Jean Richepin alrededor de las 23:35 horas. Pero los acontecimientos tomaron un giro inesperado cuando el presunto agresor terminó denunciando un ataque en su contra.

Según relata la policía de Clermont-Ferrand y recoge FranceInfo, la víctima, una mujer de 27 años, se dirigía a casa de su hermana cuando el sospechoso se aproximó a ella en un vehículo. El hombre detuvo el coche a su lado e intentó obligarla a subir al vehículo. La joven, quien ha permanecido en el anonimato, describió los aterradores momentos que vivió, explicando que el individuo mantenía una mano en el bolsillo, apuntándola como si tuviera un arma.

En un acto de instintivo, la mujer logró armarse de valentía y golpeó al presunto atacante en la cabeza. En medio de la disputa, intentó llamar a su compañero en busca de ayuda, pero el sospechoso le arrebató el teléfono móvil de las manos, intentando nuevamente obligarla a entrar en el coche. La joven, demostrando una notable presencia de ánimo, logró defenderse golpeándolo en la cabeza con una botella de vino que llevaba en su bolso. Este acto le permitió escapar y dirigirse a la policía para denunciar el intento de secuestro.

La policía de Clermont-Ferrand actuó rápidamente tras la denuncia de la mujer. Utilizando las descripciones proporcionadas por la víctima sobre el individuo y su coche, las autoridades, apoyadas por la unidad canina, emprendieron la búsqueda del agresor, quien había huido del lugar tras el enfrentamiento.

El giro inesperado

La situación dio un giro inesperado cuando el mismo sospechoso contactó a la policía. El individuo, herido en la cabeza, reclamó haber sido atacado por una mujer. Las autoridades, al recibir esta llamada, no tardaron en conectar ambos incidentes, estableciendo así la identidad del presunto secuestrador.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Clermont-Ferrand para ser atendido por la herida sufrida en la cabeza. Tras recibir tratamiento médico, las autoridades procedieron a ponerlo bajo custodia policial a la espera de que se clarifique su participación en el intento de secuestro.

Este caso ha causado revuelo en la comunidad de Clermont-Ferrand, donde los habitantes expresan su sorpresa frente a la audacia de la presunta víctima al defenderse de su atacante, según la prensa local. Por el momento, el individuo sospechoso permanece bajo custodia a la espera de los resultados de las investigaciones policiales.

Igualdad eleva a 46 las asesinadas este año en España

Y aunque este caso haya terminado sin consecuencias físicas para la mujer (las psicológicas que pueda tener se desconocen) cabe destacar que en España han sido asesinadas 46 mujeres por violencia de género en lo que va de año. El último caso es uno ocurrido en Lugo, el segundo crimen machista en tan solo dos días.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 42 años asesinada presuntamente por su pareja este miércoles 18 de diciembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 46 en 2024 y a 1.291 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Gervasio Deferr, el renombrado exgimnasta español y doble campeón olímpico, se encuentra en el centro de un torbellino mediático tras haber sido acusado de abuso sexual a una menor. Las acusaciones, reveladas inicialmente por el diario El País, señalan a Deferr como responsable de violar a una menor de edad mientras esta se encontraba en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, Barcelona. Además, se ha informado que al menos otras dos mujeres afirman haber sido víctimas de abuso por parte del atleta, lo que ha aumentado la magnitud del escándalo. Una acusación que el deportista ha salido a desmentir

Esta serie de acusaciones no solo ha sacudido a Deferr, sino que ha captado la atención de la sociedad española y de la comunidad deportiva en general. El exgimnasta decidió romper su silencio y responder a estos señalamientos a través de un video publicado en sus redes sociales. En este comunicado, Deferr expresó su profunda sorpresa y desacuerdo con las acusaciones vertidas en su contra. “Hago este comunicado después de que este sábado se me haya acusado de algo muy grave en una noticia publicada en el diario El País. Yo no sé por qué ha venido todo esto y a mí nadie me ha comunicado nada”, aseguró en sus declaraciones iniciales.

Deferr continuó explicando que no ha recibido notificaciones formales de ninguna denuncia por parte de las autoridades competentes. “Sé lo mismo que todos vosotros: que me denuncian desde un bufete de abogados anónimo, una denunciante anónima, con otras dos personas anónimas también”, afirmó, poniendo en duda la veracidad y claridad de las acusaciones. Esta situación, según comenta, le ha causado gran incertidumbre y angustia, ya que considera que carece de detalles específicos sobre el supuesto incidente.

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— Gervi (@gervideferr) December 3, 2024

Un aspecto crucial de su mensaje fue su insistencia en la presunción de inocencia y su propósito de no hacer más comentarios hasta tener más información certera sobre las acusaciones. “Lo que no puedo es asumir y reconocer algo que no es cierto”, manifestó enfáticamente, subrayando su disposición para enfrentar sus errores pasados, pero rechazando las acusaciones actuales que le imputan.

Y añade: “Quiero abogar a la presunción de inocencia. Parece que ahora yo soy el enemigo de todo el mundo y eso no es así. Lo que sí quiero dejaros muy claro es que primero soy inocente, y eso lo tengo clarísimo. Por eso estoy tranquilo. Y, por otro lado, quiero daros las gracias por las miles y miles muestras de cariño que he recibido desde que salió la noticia hasta el día de hoy. Ha sido abrumador el apoyo que he recibido. Gracias, de verdad. Y confiad en mí porque todo se aclarará”.

Se suspende el estreno de su serie

Ante el revuelo provocado por estas acusaciones, las consecuencias no tardaron en llegar. Atresmedia y la productora Diagonal TV han decidido suspender de manera preventiva la serie El Gran Salto, una producción biográfica sobre la vida de Gervasio Deferr que estaba protagonizada por el actor Óscar Casas. El estreno de la serie estaba programado para el 17 de noviembre, pero ha sido pospuesto sin fecha definida tras una reunión con la presunta víctima y sus representantes legales. Este aplazamiento indica la seriedad con la que las productoras están abordando el delicado asunto, en espera de que se esclarezcan los hechos.

El campeón olímpico Gervasio Deferr vuelve a ser foco de las noticias 13 años después de su retirada profesional. No obstante, esta vez no es por nada vinculado al deporte, sino por una acusación por presuntos abusos sexuales, según ha publicado El País. Esa información ha hecho que se retrase el estreno de un documental sobre su trayectoria y su vida en la plataforma de Atresmedia. La obra se ha pospuesto a la espera de ver qué sucede con la acusación.

Los hechos, según se ha podido saber, se remontan a la época en la que Gervasio Deferr estaba en el Centro de Alto Rendimiento, donde en aquel entonces la presunta víctima era menor de edad. Además, según los medios que han revelado la noticia, habría otras dos personas más que sufrieron abusos por parte del deportista. Sin embargo, según el abogado, las víctimas no habrían denunciado por haber prescrito el delito. Este suceso deja tocada la reputación del ex gimnasta, que ha tenido una vida llena de idas y venidas.

Una vida de superación y éxitos hasta su retirada

La infancia de Gervasio Deferr no fue fácil. Desde que era tan solo un crío tuvo que afrontar golpes duros, como caerse de un primer piso con un año y medio de vida. En sus primeros años, el deportista tuvo una relación compleja con su hermano, aunque esto no ha impedido que sea un pilar fundamental en su vida.

A los seis años, su madre decidió apuntarle al gimnasio para paliar los efectos de un niño activo que no paraba quieto un segundo. “Allí se podía subir, trepar, correr; había barras, anillas, potros, colchonetas y yo pensé: quiero vivir siempre aquí”, declaró en una entrevista en Público en recuerdo de esa etapa. Desde ese momento, supo que su verdadera vocación estaba ligada con la gimnasia.

A los 17 años, su nivel le alcanzó para llegar al equipo nacional junior, donde se hizo con su primer gran logro: ser campeón de España. Tras ello, en 1997 se trasladó a Madrid y fue llamado a filas por el equipo absoluto por primera vez en su trayectoria. Desde entonces, su carrera tuvo grandes éxitos: dos oros olímpicos destacan por encima del resto.

En los Juegos Olímpicos del año 2000 se consagró campeón de salto de potro, y en los siguientes, en 2004, repitió el mismo logro. Tras estos dos oros, en 2012, en Londres, ganó su última medalla, esta vez de plata y en modalidad de suelo.

Las adicciones, las drogas y el presunto abuso

A pesar de ser un exitoso gimnasta, Gervasio Deferr manchó su carrera adicciones a las drogas que él mismo reconoció. De hecho, dio positivo en un control antidopaje por cannabis en 2002. Lejos de ser un hecho aislado, esto se repitió en 2003 en España, cuando la Federación Española de Gimnasia sancionó al atleta por la misma razón.

La adicción era de tal magnitud que supuso la retirada del gimnasta. “Estuve cuatro años inundado de alcohol y drogas porque no encontraba la razón de nada”, ha descrito el propio Gervasio. “Y la única manera de parar mi cabeza era bebiendo”. Ahora, su vida pasa por un presunto delito de abuso sexual que ya ha traído consecuencias con el aplazamiento de su documental en Atresmedia.

A pesar de que todo lo que mostraban en redes sociales era idílico, el fin de la relación no tardó en llegar. Mar Lucas y Naim Darrechi decidieron tomar caminos diferentes, tanto personales como profesionales. Mientras la carrera de uno se ha visto empañada por sus constantes polémicas, ella ha ido subiendo como la espuma.

La influencer ha enfocado su carrera al ámbito musical y ha publicado su primera canción hace unas semanas. En ella hemos conocido una historia de abusos y maltrato por parte de su expareja que desconocíamos y que ha supuesto una revolución por redes sociales.

Europa Press ha podido hablar con ella en exclusiva y nos ha confesado que "esa canción fue mi punto y final a todo, y de una manera que me encanta hacerlo y que me hizo muy feliz, que fue esa canción. Luego tuve que hablar lo que tuve que hablar, porque no me quedó otra", explicaba refiriéndose a que tuvo que confirmar que hablaba de su relación con Naim.

Ahora, la joven "quiero como intentar cerrar un poco el tema, creo que he dicho todo lo que tenía que decir y ya me siento libre, feliz y tranquila. Ahora quiero centrarme en mi música, en mis sueños, en mi trabajo".

Una canción en la que se desahogó, que hizo "por mí, yo lo que sé es contarlo en una canción, por y para mí y si encima podía ayudar a alguien, para mí era perfecto". Por eso espera que "al menos lo que yo viví, lo que sufrí pudiera servir de algo, para mí era ya algo maravilloso".

Además, nos explicaba que gracias Ángela Mármol, quien también fue pareja de Naim, ha tenido el valor de alzar la voz: "También vivió un infierno y gracias a que ella también habló, yo también y muchas mujeres".

En cuanto a las amenazas por parte del influencer, Mar nos desvelaba que "de momento" sí han parado "y espero que siga así... A mí y a cualquier persona".

Después de ese infierno que vivió, la joven nos asegura estar "muy bien, muy tranquila" aunque "al principio sí tienes un poco de miedo, pero al final también es tiempo, yo siempre digo que todo lo cura el tiempo".

Tras este sufrimiento, Mar saca un aprendizaje y es que "lo más importante es, para mí, saber poner límites siempre, a tus necesidades, a tu felicidad, saber realmente qué es lo que quieres y saber qué es lo que no te hace feliz y qué es lo que te hace feliz y a partir de ahí que la otra persona realmente cumpla esos límites y esas expectativas que tú tienes... Y si no te hace feliz, irte".

Por último, la influencer nos comentaba que su nuevo álbum "es algo, una parte como un poco más madura de mi, una parte como más reflexiva, un poco de más aprendizajes, y bien, yo creo que simplemente con mi música explico un poco mi vida en general".

Cientos de sobrevivientes de abusos en hogares estatales, de acogida y religiosos llegaron el martes al Parlamento de Nueva Zelanda en Wellington, cada uno en representación de miles más.

Vinieron para escuchar al gobierno disculparse formalmente por los horrores “inimaginables” que sufrieron cuando eran niños y adultos vulnerables, después de que una larga investigación publicara su informe final sobre la magnitud de los abusos en julio.

“Ustedes merecían mucho más y lamento profundamente que Nueva Zelanda no haya hecho algo mejor por ustedes”, les dijo el primer ministro Christopher Luxon en el Parlamento horas después.

“Fue horroroso. Fue desgarrador. Fue incorrecto. Y nunca debería haber ocurrido”, aseguró. “Para muchos de ustedes, esto cambió el curso de sus vidas, y por eso, el gobierno debe asumir la responsabilidad”.

Muchos tenían camisetas especialmente impresas. Algunos usaban bastones o sillas de ruedas debido al abuso que sufrieron en hospitales, instituciones y residencias de ancianos después de que los separaran de sus familias. Algunos eran rostros familiares de décadas de defensa y campañas, en su mayoría ignorados hasta hace unos años. La tribuna pública del Parlamento de Nueva Zelanda es pequeña (tiene capacidad para menos de 200 personas) y un total de 500 personas habían sido elegidas por sorteo para asistir.

Muchos se mostraron decepcionados porque el martes no se divulgaron los detalles de la compensación económica por su sufrimiento. Luxon prometió que el próximo año habrá un sistema de reparación.

Los hallazgos de la investigación de seis años, considerada la más amplia entre las investigaciones comparables a nivel mundial, mostraban una “desgracia nacional”, según el reporte de la investigación. La investigación de Nueva Zelanda siguió a dos décadas de pesquisas similares en todo el mundo mientras las naciones luchan por enfrentar las transgresiones de las autoridades contra niños alejados de sus familias y colocados en instituciones.

De los 650.000 niños y adultos vulnerables bajo tutela estatal, de acogida y eclesiástica en Nueva Zelanda entre 1950 y 2019, en un país que hoy tiene una población de 5 millones, casi un tercio sufrió abusos físicos, sexuales, verbales o psicológicos. Muchos más fueron explotados o descuidados.

Tu Chapman, un sobreviviente que asesoró a la investigación

“En este momento me siento sola y en total desesperación por la forma en que este gobierno ha asumido la tarea de reconocer a todas las sobrevivientes. Una vez más, como en nuestras décadas de lucha, estamos teniendo que validar nuestras experiencias de atención y nuestra existencia”.

“Seguimos viviendo con la destrucción de nuestras identidades, la violación y el saqueo de nuestras culturas a través de la toma de decisiones incompetentes y las medidas intencionales para invalidar nuestras experiencias. La destrucción clara y total de vidas no puede ser minimizada, ni puede ser barrida bajo la alfombra, como el estado, las iglesias y las organizaciones religiosas han hecho durante décadas”, dijo.

“Creo que fue una disculpa hueca y limitada. Parece que solo están considerando cosas con las que pueden seguir haciendo ajustes. Dejen de hacer ajustes y sigan adelante”.

Helen Beauchamp, que vivió en 20 hogares de acogida desde los 4 años

“En mis archivos, estaba escrito ‘no era lo suficientemente inteligente’ a los 4 años. Mi madre estuvo internada en una institución hospitalaria a los 12 años, internada por su padre. Así que ha sido una cuestión generacional”, comentó.

“Sobrevivir ha sido una montaña rusa y todavía no tenemos una idea del resultado. Es triste que nuestro sistema sea muy lento. Eso hace que sea muy difícil para muchos de nosotros tener la expectativa de un pequeño cierre, un poco de luz. Es un proceso largo y prolongado que debemos seguir atravesando. Tiene un precio”.

“Hoy se eligió a 189 sobrevivientes para que se sentaran en la tribuna pública y yo fui uno de ellos, así que tuve mucha suerte solo por eso. Venir aquí es una forma más amplia y significativa de disculparnos con nuestros hijos, con nuestras propias familias”.

Jazmine Te Hiwi, sobreviviente de dos campamentos para jóvenes con problemas

“Lo más difícil de estar aquí es que te reconozcan. ¿Cómo lo aceptas después de que te negaron algo durante 40 años de tu vida? Casi parece que te obligan a aceptar las disculpas”.

“Lo que me molesta es que todavía tenemos gente en puestos importantes que nos mira con desprecio, no tienen ninguna comprensión real de por qué somos así. Hay una razón por la que algunos de nuestros jóvenes están cometiendo delitos. Me veo reflejado en eso. Éramos solo niños inocentes de los que se aprovecharon”, aseguró.

“Cuando oigo hablar de estos jóvenes que se meten en problemas, lo único que buscan es algún tipo de atención, algún tipo de amor. Pero nadie ve eso, y especialmente estas personas. Piensan que ‘la manera de arreglarlos es enviarlos a un campo de entrenamiento’. Pero eso es lo que nos hicieron. Y es por eso que estamos aquí hoy. Es como si les hubiera entrado por un oído y les hubiera salido por el otro”, sentenció.

(con información de AP)

Ciudad del Vaticano, 29 oct (EFE).- El chileno Juan Carlos Cruz, víctima de abusos por parte de un cura pederasta, ha celebrado como "una garantía de no reincidencia" el primer informe sobre la gestión de esta lacra presentado este martes por la comisión vaticana para la Protección de los Menores, de la que él mismo forma parte.

"Nunca pensé que este día llegaría y si me lo hubieran dicho hace 15 años, cuando yo llevaba ya luchando desde hacía muchos años, no me habría imaginado un resultado similar", dijo en la rueda de prensa de presentación de este documento.

Juan Carlos Cruz, una de las víctimas y denunciantes del sacerdote pederasta Fernando Karadima, es uno de los miembros de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores instituida por el papa Francisco en 2014 para hacer frente a la crisis por los abusos.

Este organismo acaba de presentar su primer informe anual sobre la gestión de este escándalo en un total de veinte iglesias y varias congregaciones religiosas de todo el mundo para señalar las luces y sombras en la respuesta a este drama y ofrece consejos.

La víctima agradeció este documento al papa Francisco y a sus compañeros de la comisión pero también a los "supervivientes conocidos y desconocidos" de los abusos del clero.

"Quisiera agradecérselo a aquellos que trágicamente ya no se encuentran con nosotros, porque muchos se suicidaron, dejaron el mundo sin esperanza alguna. También por ellos es esta jornada es muy importante", dijo el chileno.

En su opinión, este documento marca "un primer paso de enorme importancia" pero, avisó, "esto no significa que todo lo que ocurrió antes carezca de importancia".

"No podemos avanzar si no nos hacemos cargo de todo lo que hemos dejado atrás, el pasado de las personas, debemos ser transparentes cuando se trata de sacar a la luz casos aún sin resolver", subayó.

A su lado, además del presidente de la Comisión, el cardenal estadounidense Sean Patrick O'Malley, también intervino el secretario del ente, el arzobispo auxiliar de Bogotá, Luis Manuel Alí Herrera, quien optó por hablar en español, en vez de inglés o italiano, para demostrar que el problema de los abusos es global.

"Soy el miembro más viejo, llevo 10 años en la comisión, y he visto todas estas resistencias, no solamente en la Curia vaticana sino también en la iglesia local. Esa es una de las cosas que más me ha impactado o tocado, ha sido una cruz para mi ver las resistencias de la misma institución que amo y por la que he entregado mi vida", confesó.

No obstante, el obispo colombiano aseguró haber visto "muchos cambios significativos" al afrontar esta espinosa cuestión, sobre todo en los últimos cinco meses que, como secretario, se ha tenido que reunir con los dicasterios e instituciones vaticanas.

"He encontrado una apertura en los dicasterios que he visitado y un deseo de caminar juntos. Si, ciertamente falta, porque es necesaria una gestión cada vez más eficaz, pero también constatamos que ha habido una apertura", apuntó. EFE

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Ciudad del Vaticano, 29 oct (EFE).- El cardenal estadounidense Sean Patrick O'Malley consideró este martes que el primer informe sobre la gestión de los abusos en todo el mundo, que él mismo ha dirigido, supone una "transición" hacia una mayor "acogida" de las víctimas dejando atrás "un periodo oscuro" y "pecaminoso".

"Respetamos el testimonio valiente de las víctimas, reconocemos que estáis cansados de palabras vacías, pero vuestro sufrimiento nos demuestra que como iglesia fallamos en vuestra protección", admitió en la presentación del "Primer Informe sobre las políticas y procedimientos de la Iglesia" para la protección de los menores.

O'Malley, de la orden de los capuchinos, preside la Comisión para la Tutela de los Menores instituida por el papa Francisco en 2014 para hacer frente a la crisis por los abusos y ha dirigido el primer informe anual sobre la gestión de este escándalo en veinte iglesias y varias congregaciones religiosas del mundo el pasado año.

El texto señala las luces y las sombras de la respuesta de cada ente analizado ante casos de abusos y, entre muchas otras cosas, recomienda brindar toda la información requerida por las víctimas y acelerar los procesos y las dimisiones de responsables acusados.

"Este informe piloto representa una instantánea del proceso de conversión que todos hemos iniciado hacia una mayor cercanía, acogida y apoyo a las víctimas y supervivientes en sus peticiones de justicia y sanación", indicó en la rueda de prensa.

El cardenal reconoció que la iglesia católica "no ha defendido" a los afectados por esta lacra: "Nos hemos resistido a comprenderos y todo lo que hagamos no bastará nunca para reparar el daño que habéis sufrido, pero esperamos que este informe y los que vendrán puedan asegurar que estos eventos terribles no se repitan", auguró.

En este sentido, agradeció a las víctimas de este "incalculable número de experiencias dolorosas" cuya "dignidad humana ha sido repetidamente violada".

"Sus historias nos revelan un periodo carente de confianza en el que los líderes de la Iglesia trágicamente decepcionaron a quienes estamos llamados a seguir, un periodo sin profesionalidad en el que los líderes de la Iglesia tomaron decisiones sin respetar los procedimientos o estándares básicos para proteger las víctimas", lamentó.

Y agregó: "Ha sido un periodo oscuro en el que la desconfianza ha obstaculizado la capacidad de la iglesia de ser testigo del amor de Cristo".

Sin embargo, este tiempo pasado "oscuro" abre, a su parecer, un "segundo periodo" marcado por "la responsabilidad, el cuidado y la preocupación" por las víctimas, planteando protocolos para crear "espacios seguros" y procesos de acompañamiento de los casos, con pastores y laicos "adiestrados y formados" para saber responder. EFE

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Ciudad del Vaticano, 29 oct (EFE).- Una mayor formación contra los abusos, mejores mecanismos de verificación y, en particular, un "enlace activo" en la comunicación con las víctimas son las recomendaciones del Vaticano para avanzar en la lucha contra esta lacra en México.

Las recomendaciones están recogidas en el primer informe de la Comisión de Protección de Menores presentado este martes en el Vaticano.

Se trata de las conclusiones de la visita ad limina de la conferencia episcopal mexicana en 2023, con las que junto a las de otros 19 países de todo el mundo se ha realizado este primer Informe anual, a petición del papa Francisco, sobre "las políticas y procedimientos de tutela en la iglesia".

En sus encuentros con los obispos mexicanos, que visitaron divididos en tres grupos el Vaticano en abril, mayo y junio pasados, la Comisión ensayó un proyecto piloto que consistía en un serie de 10 preguntas a los integrantes de la conferencia episcopal.

Recibió 20 respuestas, equivalentes al 20 % del total.

Fruto de ello, la Comisión, que ha acogido la invitación oficial de visitar México para ofrecer acompañamiento a la iglesia, destaca varios desafíos marcados por "la existencia de importantes barreras culturales en la denuncia de irregularidades que constituyen claros impedimentos al proceso de justicia".

Existe "cierta complejidad en la gestión de las relaciones con las autoridades civiles", mientras que "las diferencias entres los estados en términos de legislación, recursos profesionales y condiciones geográficas", han llevado a "presentar denuncias ante las autoridades eclesiásticas en lugar de ante los tribunales civiles" lo que muestra "dificultades para establecer una relación de confianza mutua con el sistema judicial".

La Comisión también destaca la importancia de "desarrollar los mecanismos de verificación y control integrados en la infraestructura de protección diocesana" y destaca la preocupación de la Conferencia Episcopal por la lentitud de los procedimientos y de las actualizaciones del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Asimismo subraya el papel del Dicasterio "a la hora de tratar rápidamente aquellos casos en los que los propios obispos están implicados en negligencia o incumplimiento del deber o son presuntos autores directos de delitos".

También se pide una mayor financiación nacional para la formación en el ámbito de la tutela y a los servicios de acompañamiento de las víctimas/sobrevivientes "y, sobre todo, a la luz del interés y entusiasmo por la formación en materia de tutela expresado especialmente por los fieles laicos".

A pesar de la existencia de un Consejo Nacional para la Protección, la Comisión "constata la necesidad de un servicio más completo de acompañamiento de las víctimas/supervivientes a nivel diocesano".

Así, las recomendaciones finales son:

-Establecer requisitos formales y garantizar a todos los agentes de pastoral el acceso a la formación continua para alimentar una cultura de la tutela.

-Establecer relaciones formales y estables con las autoridades civiles, en particular con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

-Desarrollar mecanismos de verificación y control en todos los niveles de la infraestructura de protección. La Comisión está disponible para acompañar el desarrollo de dichos mecanismos y/o proporcionar brindar apoyo directo utilizando su propia herramienta de seguimiento y control.

-Desarrollar un protocolo de comunicación para establecer un enlace activo con las víctimas/supervivientes. EFE