Una llamada telefónica le cambió la vida. El 23 de agosto de 2006, Natascha Kampusch aprovechó el único segundo de distracción que su captor cometió en más de ocho años y salió corriendo. Tenía 18. Afuera la esperaba un mundo que la había dado por muerta.

Ese día ella estaba en el jardín, limpiando el auto de Wolfgang Priklopil, cuando sonó el teléfono. El hombre se alejó unos pasos para escuchar mejor a su interlocutor. La aspiradora seguía encendida. Natascha la dejó sonar, se acercó sigilosamente a la reja y la encontró sin llave. “Apenas podía respirar”, recordó años después. “Sentía que mis brazos y mis piernas estaban paralizados. Se me dispararon imágenes confusas”. Aun así, corrió.

Corrió unos 200 metros entre jardines y calles, saltó vallas y les pidió ayuda a varios transeúntes que la ignoraron. Hasta que llegó a la ventana de una vecina. “¿Qué hacés en mi jardín?”, le gritó la mujer. Natascha le susurró que llamara a la policía. La vecina lo hizo.

Las autoridades la llevaron a una comisaría en la ciudad de Deutsch Wagram. Allí, con calma, la joven dijo: “Soy Natascha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988”. Los policías no podían creerlo. La chica que habían buscado durante más de ocho años estaba parada frente a ellos. Una cicatriz en el cuerpo y una prueba de ADN confirmaron su identidad.

Natascha Kampusch fue secuestrada el 2 de marzo de 1998 en Viena, Austria, cuando tenía diez años, por Wolfgang Priklopil, quien la mantuvo cautiva durante 3.096 días en una celda secreta construida debajo del garaje de su casa en Strasshof, a unos 24 kilómetros de la capital austríaca.

Para llegar había que gatear por una trampilla disimulada detrás de un mueble en el sótano, cruzar una puerta de acero y bajar por un hueco en la pared de concreto. El proceso completo llevaba cerca de una hora. La habitación medía unos cinco metros cuadrados, no tenía ventanas, estaba insonorizada y el único sonido constante era el traqueteo de un ventilador de plástico en el techo.

Aquella noche de marzo de 1998, la niña de diez años le pidió a su captor que la arropara, le leyera un cuento y le diera un beso de buenas noches. Él lo hizo. “Cualquier cosa para preservar la ilusión de normalidad”, explicó Natascha años más tarde.

La mañana del secuestro no fue la de un día cualquiera para Natascha. El día anterior había regresado a la casa de su madre, Brigitta Sirny, después de pasar las vacaciones con su padre, Ludwig Koch. Sus padres llevaban años separados y el divorcio había dejado marca. Natascha creció en un barrio de vivienda pública en las afueras de Viena, en un lugar con alcohólicos y adultos amargados, según describió ella misma.

Tenía diez años, era una nena solitaria y con sobrepeso, y ese día soñaba despierta mientras caminaba a la escuela. En The Guardian, años después, recordó que en sus últimos minutos de libertad fantaseaba con tirarse delante de un auto para que su madre se arrepintiera de haberla tratado mal. Fue en ese estado de distracción que pasó junto a la camioneta de Priklopil.

Dentro del vehículo, envuelta en una manta y en la oscuridad, Natascha hizo lo que había aprendido mirando un programa policial austríaco: disparar preguntas para obtener información del criminal. “¿Qué número de zapato usás?”, le preguntó. También quiso saber si estaba casado, si tenía hijos. Pero esa información nunca llegaría a ningún investigador.

Durante los primeros dos años de cautiverio, Natascha no vio la luz del sol. Vivía en ese sótano sin ventanas, sin aire fresco, sin contacto con el exterior. Priklopil le había dicho al principio que sus padres podían pagar un rescate y que ella volvería a casa. Con el tiempo, ella entendió que eso nunca iba a pasar.

El miedo se instaló rápido. “Le pregunté si me iba a matar o a enterrarme en el bosque, pero me dijo que me callara”, recordó Natascha. “Me envolvió en una manta y me bajó al sótano. Me puso en la oscuridad, en ese calabozo. Estaba en shock. Era todo negro. Seguía pensando que alguien vendría a encontrarme, que mi mamá y la escuela me extrañarían. Estaba convencida de que la policía vendría a salvarme, como en las películas y en la tele”.

La policía, en efecto, buscó. Pero buscó mal. Un testigo había visto a la niña subir a una camioneta blanca y se pudo rastrear la zona de la patente. Los investigadores entrevistaron a los dueños de camionetas blancas de esa zona, incluyendo a Priklopil. Él dijo que ese día había estado en su casa. Un investigador reconoció años después: “Era convincente, amable, cooperaba. No había motivos para dudar de su versión”. Se habían equivocado.

Lo que los investigadores no sabían era que el mejor amigo de Priklopil, Ernst Holzapfel, visitaba la casa con regularidad y nunca sospechó nada. La celda estaba tan bien disimulada que nadie en el entorno del criminal tuvo la menor idea de lo que ocurría debajo del garaje.

Con el paso de los años, Priklopil fue ampliando los límites del cautiverio de forma calculada. Primero la dejó subir a la planta baja, luego al primer piso. Después empezó a llevarla a dormir en su cama, atada. Le exigía que limpiara la casa semidesnuda, con la mirada en el suelo, y que hablara solo cuando él se lo permitía. Si desobedecía, la golpeaba.

Natascha soportó golpes que ella misma estimó en unos 200 por semana en los peores períodos. La encadenaba a la cama. La dejaba sin comer durante días. La mantenía a oscuras por tiempo indefinido o le gritaba insultos por un intercomunicador desde su cuarto, de madrugada, para impedirle dormir. “Me agarraba del cuello, me sumergía la cabeza en la pileta de la cocina y me apretaba la tráquea hasta que perdía el conocimiento”, contó.

Priklopil también le teñía el pelo de rubio. Tenía una imagen de ella construida sobre una fantasía: quería una compañera y sirvienta que existiera solo para él. Le hablaba de teorías conspirativas, le decía que los judíos habían sido responsables del atentado del 11 de septiembre de 2001 y la llevaba a renovar departamentos para que hiciera el trabajo manual. La obligaba a raparse la cabeza. Le repetía: “No sos Natascha, nunca más. Ahora me pertenecés”.

Al mismo tiempo, Priklopil le festejaba los cumpleaños, le regalaba juguetes caros al principio y se involucraba en su educación. Le llevaba libros. A veces le pedía perdón. Le hablaba de sus sueños de una vida juntos. Se creía un dios egipcio y quería que ella lo llamara “maestro”. Natascha se negó. “Me parecía ridículo y tonto”, dijo. “Pero reconocí ese comportamiento del jardín de infantes. Un chico que dice ‘yo soy el rey, tenés que obedecerme’. Era una megalomanía similar”.

Cuando Natascha cumplió 14 años, él la llevó a su cama con otras intenciones. Ella nunca habló en detalle sobre el abuso sexual durante el cautiverio, aunque en una entrevista con The Guardian lo describió como “menor”. Antes de eso, cuando tenía doce, tuvo una visión que la sostuvo durante mucho tiempo: su yo de 18 años le prometía que la sacaría de ahí. “Ahora sos demasiado pequeña. Pero cuando cumplas 18, voy a dominar al secuestrador y te voy a liberar de tu prisión”, se dijo a sí misma.

Hubo intentos de suicidio. A los 14 años quiso cortarse las venas con una aguja de coser. A los 15, trató de estrangularse con ropa. No lo logró. Siguió adelante.

A lo largo de los años, Priklopil la llevó consigo en unas 13 salidas: a una farmacia, a una ferretería, a los departamentos que renovaba para Holzapfel. Una vez la llevó a esquiar. Natascha veía personas, policías, empleados de comercios. Tenía miedo de hablar. Él la había convencido de que cualquier intento de fuga terminaría en una masacre.

Pero algo cambió cuando cumplió 18. Natascha lo enfrentó: “Pusiste en marcha una situación en la que solo uno de los dos puede salir vivo. Te agradezco que no me hayas matado y que te hayas ocupado de mí. Eso es muy amable de tu parte. Pero no podés obligarme a quedarme. Soy mi propia persona, con mis propias necesidades. Esta situación tiene que terminar”.

Priklopil no la golpeó. No la mató. Natascha sospechó que, en el fondo, una parte de él también estaba aliviada. Pocas semanas después llegó el 23 de agosto de hace veinte años.

Cuando Priklopil se dio cuenta de que Natascha había escapado, huyó de la casa. Esa misma tarde llamó a Holzapfel y le confesó todo. “Soy un secuestrador y un violador”, le dijo. Holzapfel aseguró haberlo convencido de entregarse a la policía. Pero Priklopil se arrojó frente a un tren en una estación de Viena y murió esa noche.

Cuando le avisaron a Natascha que habían encontrado el cuerpo decapitado de su captor, ella acusó a la policía de haberlo matado y pidió que la dejaran sola con el ataúd para rezar por él. Esa reacción desconcertó al mundo entero y le valió una catarata de críticas y mensajes de odio. “Lloro por él”, había dicho apenas recuperó la libertad.

Años después lo explicó: “Sabía que si no intentaba escapar, él me mataría tarde o temprano. Y sabía que si intentaba escapar, él se mataría. Me siento culpable porque provoqué su muerte con lo que hice. Sé que no tengo la culpa, pero igual no me siento cómoda con eso”, dijo.

El padre de Natascha, Ludwig Koch, nunca quedó del todo conforme con la versión oficial. Él cree que su hija no contó la historia completa de sus años de cautiverio ni de lo que ocurrió el día que escapó. Esas dudas nunca fueron respondidas públicamente.

Natascha no tardó en convertir su historia en palabras. En 2010 publicó 3.096 días, una autobiografía en la que narró el cautiverio con una precisión que dejó sin aliento a sus lectores. El libro fue llevado al cine en 2013. Después escribió un segundo libro sobre su recuperación y un tercero sobre el acoso en línea, del que ella misma fue víctima. “Era la encarnación de que algo en la sociedad no funcionaba”, dijo sobre quienes la atacaban en internet. “Entonces, en la mente de esos agresores, no podía haber pasado como yo lo contaba”.

Volver a la vida social no fue sencillo. En 2020 contó que la relación cotidiana con otras personas seguía siendo una dificultad. “El contacto regular con compañeros de estudio era realmente un escenario de terror para mí”, admitió.

La casa de Strasshof, donde estuvo encerrada 3.096 días, terminó siendo suya. Natascha decidió quedarse con la propiedad para que no se convirtiera, según sus propias palabras, en “un sitio de peregrinación macabra”. No vive ahí, pero la cuida. Es su forma de recuperar algo de lo que le fue arrebatado.

“Me gusta quedarme sola en casa, esperando el día en que no sea tan famosa y nadie me reconozca”, dijo. “O salir cuando hay tormenta y lluvia, con un paraguas grande detrás del cual esconderme”.

Tiene 38 años. Lleva dos décadas libre.

Un juez del Estado de México sentenció a Alejandro Mazatán Sahagún a 13 años y tres meses de prisión por el delito de abuso sexual en agravio de su sobrina, una niña que tenía cuatro años cuando ocurrieron los hechos, en febrero de 2022, dentro de un domicilio en el municipio de Atizapán de Zaragoza. El agresor, hermano del padre de la menor, realizó tocamientos de índole sexual a la pequeña y fue sentenciado después de un proceso de cuatro años marcado por una absolución inicial, una fuga y una recaptura en el estado de Querétaro.

La condena llegó tras años de lucha judicial de Victoria Figueiras, madre de la víctima, quien denunció los hechos desde el primer día y enfrentó la negativa del padre de la niña para sumarse a la denuncia. La mujer declaró: “Es el hermano del papá de mi niña; yo acudí a él pensando que iba a proteger y creerle a su propia hija, pero él no quiso ni denunciar, defendió al hermano a capa y espada. No importa, me tiene a mí, yo le creo desde el día uno”.

La fuga de Alejandro Mazatán Sahagún y su recaptura en Querétaro

El caso tuvo un primer giro en febrero de 2024, cuando un juez dictó sentencia absolutoria a favor de Mazatán Sahagún al considerar que la menor, de entonces cuatro años, solo declaró sobre el tocamiento pero no aportó detalles adicionales del momento. El colectivo feminista Hermanas y la madre de la víctima publicaron el video de esa audiencia y convocaron una protesta que paralizó el tránsito sobre Periférico Norte, una de las vías principales entre el Estado de México y la Ciudad de México.

El caso escaló hasta la Presidencia de la República. En mayo de 2024, el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó la sentencia absolutoria, dictó fallo de condena y ordenó que prevaleciera la medida cautelar del localizador electrónico.

Mazatán Sahagún interpuso un juicio de amparo contra esa nueva resolución. El amparo le fue negado, por lo que optó por la fuga.

Desde noviembre de 2025, el sentenciado dejó de presentarse a firma como lo exigía su medida cautelar. Se desplazó hacia zonas residenciales de Querétaro y mantuvo un perfil bajo para dificultar su localización.

La reaprehensión del 11 de agosto y la audiencia del 18 de agosto de 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que sus agentes reaprehendieron a Alejandro Mazatán Sahagún el 11 de agosto de 2026 en el estado de Querétaro, donde se había refugiado para sustraerse de la acción de la justicia. El detenido fue trasladado de regreso al Estado de México para enfrentar la audiencia de sentencia.

El 18 de agosto, a las 15:45 horas, Mazatán Sahagún hizo su aparición en la cabina de seguridad de la sala de audiencias. Antes de que el juez leyera la resolución, el sentenciado se golpeó accidentalmente la cabeza con la base del micrófono, sufrió una lesión leve y tuvo que ser atendido en la enfermería del juzgado.

Una vez reanudada la sesión, Mazatán Sahagún, con la mirada fija hacia abajo, escuchó las palabras del juez: “13 años y tres meses de prisión. Una multa de 84 mil pesos y de reparación del daño, 400 mil pesos”. La audiencia concluyó cerca de las 17:00 horas.

Las sanciones económicas y el internamiento en el penal de Barrientos

Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso a Mazatán Sahagún una multa de 84 mil 192 pesos. La reparación del daño integral a la víctima y a la víctima indirecta asciende a 463 mil 295 pesos, más un tratamiento psicológico y psiquiátrico con perspectiva de género durante un año.

El sentenciado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos. La defensa dispone de diez días para apelar la sentencia, aunque los abogados de Victoria Figueiras señalaron que ese recurso no modificaría la resolución definitiva.

Los representantes legales de la madre de la víctima declararon su satisfacción con el fallo al concluir la audiencia. Figueiras, quien durante cuatro años sostuvo la lucha judicial prácticamente sola, recibió la noticia fuera de los juzgados.

El proceso judicial desde 2022: vinculación, absolución y apelación

El camino hasta la condena comenzó en marzo de 2023, cuando un juez vinculó a proceso a Alejandro Mazatán Sahagún y le impuso la medida cautelar del localizador electrónico. La investigación de la Fiscalía del Estado de México recabó las pruebas del caso a partir de la denuncia presentada por la madre de la menor.

En febrero de 2024, el primer juez que revisó el fondo del asunto lo absolvió al estimar que la declaración de la niña, de cuatro años al momento de los hechos, no aportaba suficientes detalles para acreditar el delito. Ese fallo fue el que desató las protestas del colectivo Hermanas y la intervención pública del caso.

En marzo de 2024, la Fiscalía del Estado de México y la defensa de la víctima apelaron la absolución de forma conjunta. Dos meses después, el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó la sentencia y ordenó que el proceso continuara con la medida cautelar vigente, lo que derivó en la fuga de Mazatán Sahagún y, finalmente, en su recaptura y condena.

Juan Pérez Moral, conocido como “El Mantecas”, ocupó la presidencia municipal de San Juan Tianguismanalco, Puebla y fue una figura relevante en la política local con el respaldo de la coalición Morena-PT. Su carrera incluyó dos periodos al frente del municipio y una trayectoria marcada por decisiones controvertidas.

Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla lo detuvieron el lunes 17 de agosto de 2026 a las 16:26 horas por su presunta responsabilidad en el delito de violación. Una trabajadora del ayuntamiento denunció que el alcalde la agredió física y sexualmente en las instalaciones municipales el 10 de febrero de 2026.

La agresión que lo llevó ante las autoridades

Según la FGE, la víctima se encontraba en funciones dentro de la presidencia municipal de Tianguismanalco cuando ocurrió el ataque. El alcalde de 60 años la agredió “física y sexualmente en contra de su voluntad”, de acuerdo con el relato oficial.

La mujer presentó su denuncia ante la autoridad ministerial tras el hecho. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, adscrita al Centro Libre Casa Carmen Serdán de Atlixco.

Los agentes ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia Buena Vista, en el municipio de Tianguismanalco, aunque otras versiones ubican la captura en las instalaciones de Casa Carmen Serdán, en Atlixco, donde el alcalde participaba en un evento público. Al momento de la detención, sus hijos se encontraban con él y quedaron bajo resguardo del personal del centro hasta que sus familiares los recogieron.

La situación jurídica de Pérez Moral ante el juez de control en Atlixco

Tras su arresto, la Policía Ministerial trasladó al alcalde a la Casa de Justicia de Atlixco para que el juez de control determinara su situación jurídica. Pérez Moral no recuperó su libertad durante ese proceso.

La FGE no difundió los detalles de la investigación de forma inmediata: la confirmación oficial del delito llegó hasta la mañana del martes, casi 20 horas después de la captura. El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró la aprehensión, pero sin especificar los cargos en el documento.

Ni el Ayuntamiento de Tianguismanalco ni la familia del alcalde emitieron postura pública al cierre de esta edición. La ausencia de una declaración oficial del gobierno municipal dejó sin respuesta institucional el caso más grave que enfrenta el municipio en su historia reciente.

Juan Pérez Moral: trayectoria política y el ataque de noviembre de 2025

El alcalde detenido es un político con dos administraciones en el mismo municipio: gobernó Tianguismanalco entre 2018 y 2021, y regresó al cargo en 2024 para el periodo 2024-2027. La coalición de Morena y el Partido del Trabajo (PT) lo postuló en ambas ocasiones.

Su detención lo convierte en el quinto presidente municipal arrestado en Puebla durante la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, aunque es el primero en enfrentar cargos por un delito de índole sexual. Los otros cuatro casos involucran delitos como extorsión, hallazgo de armas y drogas, y presunta asociación delictuosa.

Entre los alcaldes detenidos en el mismo periodo figura Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan, a quien las autoridades encontraron drogas, armas, cartuchos, vehículos robados y mercancía tras diversas denuncias por extorsión contra comerciantes de su propio municipio. También están los hermanos Ramiro, Uruviel y Geovanni González Vieyra, quienes gobernaron simultáneamente San Nicolás Buenos Aires, Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, y enfrentan señalamientos por presunta asociación delictuosa.

Tianguismanalco ya tuvo otro alcalde en un proceso penal: Martín Zanes Cortés, entonces edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue procesado en 2024 por homicidio culposo tras la muerte de un motociclista atropellado por un vehículo de su propiedad, aunque enfrentó ese proceso en libertad.

Pérez Moral también protagonizó un episodio violento en noviembre de 2025, cuando un hombre lo interceptó en la cabecera municipal y le asestó una herida con un arma punzocortante en el cuello. El agresor, presuntamente esposo de una regidora, actuó por motivos personales; el alcalde sobrevivió al ataque.

La detención de agosto de 2026 ocurre nueve meses después de ese ataque y coloca a Pérez Moral en el centro de un escándalo de naturaleza completamente distinta. La víctima de la agresión sexual era una empleada de la misma administración que él encabeza.

La fiscal Pastor Betancourt subrayó que la orden de aprehensión se obtuvo tras el “desahogo de los actos de investigación correspondientes” y que el proceso siguió los canales institucionales desde la denuncia hasta la captura. La FGE no precisó si el alcalde continuará en el cargo durante el proceso judicial ni si se activará algún mecanismo de sustitución en el ayuntamiento.

El caso abre el debate sobre la protección de las trabajadoras dentro de los gobiernos municipales de Puebla y sobre los mecanismos de denuncia disponibles para quienes prestan servicios directamente a funcionarios electos. La víctima optó por denunciar, y la investigación derivó en la detención de quien ejercía autoridad sobre ella en el mismo espacio laboral.

Las denuncias por violación simple en Cuautitlán Izcalli cayeron 33% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La alcaldía del municipio mexiquense dio a conocer los datos en agosto de 2026 y atribuyó la reducción a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. El abuso sexual bajó 10% y el acoso sexual, 5%, en el mismo lapso.

De enero a junio de 2025 se contabilizaron 96 denuncias por abuso sexual, 60 por acoso sexual y 57 por violación simple en el municipio. En el mismo periodo de 2026, esas cifras descendieron a 86, 57 y 38, respectivamente.

Cuautitlán Izcalli y sus dos alertas de violencia de género activas desde 2015 y 2019

La reducción en las denuncias ocurre en un municipio que lleva más de una década bajo dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). La primera fue emitida el 31 de julio de 2015 por violencia de género, y la segunda, en septiembre de 2019, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.

Cuautitlán Izcalli forma parte del grupo de municipios del Estado de México con mayor incidencia registrada de violencia contra las mujeres, según datos de la Fiscalía mexiquense y reportes de seguridad consultados por Infobae. Las colonias Infonavit Norte y Lomas de San Francisco Tepojaco figuran entre las zonas prioritarias del municipio donde la violencia familiar, las lesiones y las agresiones de pareja son los delitos más recurrentes.

El Estado de México también apareció en el mapa nacional de feminicidios durante el primer mes de 2026: el SESNSP registró cuatro casos en enero en la entidad, lo que lo situó entre los cuatro estados con mayor concentración de ese delito en el país, junto con Sinaloa, Ciudad de México y Tamaulipas.

El Mando Unificado Oriente y la estrategia de los tres órdenes de gobierno

El gobierno municipal atribuyó los resultados a una estrategia que incluye coordinación operativa entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, despliegue conjunto en zonas prioritarias y el fortalecimiento de mecanismos de prevención. Entre los instrumentos mencionados se encuentra el Mando Unificado Oriente, impulsado por los gobiernos federal y del Estado de México.

La alcaldía señaló que “estos resultados representan avances en la consolidación de entornos más seguros para las mujeres”. También afirmó que “la atención a quienes viven situaciones de violencia requiere cercanía, escucha, acompañamiento y una respuesta oportuna que les permita sentirse protegidas y respaldadas”.

El gobierno local agregó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno fortalece las acciones de prevención, atención y seguimiento de casos de violencia contra las mujeres. El objetivo declarado es brindar apoyo a las víctimas y contribuir a que puedan ejercer plenamente sus derechos.

La incidencia delictiva general en Cuautitlán Izcalli en el primer semestre de 2026

Más allá de los delitos sexuales, la incidencia delictiva general en el municipio registró una caída de 18.4% en los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con el SESNSP. La autoridad municipal consideró que esta tendencia a la baja se mantiene desde el inicio de la administración actual.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró una disminución de 6.9 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2026. El indicador pasó de 81.8% en marzo a 74.9% en junio.

El contexto municipal, no obstante, incluye episodios recientes que mantienen la atención sobre la seguridad de las mujeres en la zona. En junio de 2026, familiares de Naomi Rodríguez, una joven de 19 años desaparecida en Tlalnepantla de Baz, bloquearon la avenida José López Portillo a la altura de la Y Griega, en Cuautitlán Izcalli, para exigir avances en la investigación, según documentó Infobae México.

Durante esa protesta, la tía de la joven, Norma Angélica Hernández Gómez, denunció que las cámaras de videovigilancia del centro de Tlalnepantla no proporcionaron imágenes útiles. “No puede ser posible que ninguna cámara funcione. Estamos hablando de cámaras del gobierno y también de establecimientos importantes de la zona”, declaró a Infobae México.

El caso ilustra la brecha que persiste entre los datos estadísticos de reducción de denuncias y la experiencia cotidiana de las familias afectadas por la violencia y la desaparición de mujeres en la región. Las autoridades de la Fiscalía estatal se comprometieron con la familia a realizar diligencias con apoyo de la Policía Cibernética, aunque los familiares aseguraron no haber recibido actualizaciones oficiales.

La posición de Cuautitlán Izcalli en el mapa de violencia de género del Estado de México

Los datos de la Fiscalía mexiquense ubican a Cuautitlán Izcalli entre los municipios con mayor incidencia de violencia de género en el Estado de México, junto con Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Las autoridades han identificado al menos 110 colonias prioritarias en municipios con Alerta de Violencia de Género, donde los incidentes se repiten con frecuencia en horarios específicos.

En varios de esos municipios, la violencia se concentra principalmente durante la tarde, la noche y la madrugada, cuando la mayoría de los ataques ocurre en los domicilios de las víctimas. La violencia familiar representa la categoría con más casos registrados, aunque las agresiones físicas y las amenazas también forman parte del patrón documentado.

La alcaldía de Cuautitlán Izcalli no precisó en su comunicado qué mecanismos específicos de atención ciudadana se activaron durante el primer semestre de 2026, ni cuántas mujeres recibieron acompañamiento institucional en ese periodo. La reducción en las denuncias, en todo caso, no implica necesariamente una disminución equivalente en la comisión de los delitos, ya que la cifra negra —los casos no denunciados— es una variable que las cifras oficiales no capturan.

Un juez vinculó a proceso a Bryan Geovanni “N” por abuso sexual y robo con violencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La autoridad judicial fijó además un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La detención ocurrió después de que una empleada de un hotel pidió auxilio a elementos de la Policía Municipal, quienes se encontraban cerca del establecimiento y aseguraron al probable responsable tras el señalamiento directo de la víctima.

Según la FGJEM, los hechos se registraron el 24 de julio en un hotel ubicado en la colonia Metropolitana, Tercera Sección, en el municipio de Nezahualcóyotl. La víctima estaba en su jornada laboral, en el área de lavado, cuando el imputado habría ingresado al lugar.

Las indagatorias asentaron que el sujeto presuntamente la agredió de forma verbal y física, y le realizó tocamientos de índole sexual. Después, la habría despojado de dinero en efectivo antes de salir del hotel.

Tras el aseguramiento, el caso fue presentado ante el agente del Ministerio Público. Con base en los datos recabados, la FGJEM determinó la probable participación de Bryan Geovanni “N” en los delitos de abuso sexual y robo con violencia.

La Fiscalía estatal solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el imputado. Una vez que se cumplimentó el mandamiento judicial, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, según la misma institución.

En la audiencia, el juez analizó los datos de prueba que presentó el Ministerio Público. Tras esa revisión, resolvió vincularlo a proceso por los delitos señalados e imponerle prisión preventiva como medida cautelar, conforme al comunicado de la FGJEM.

El plazo definido por el juzgador para la investigación complementaria fue de un mes, periodo en el que las partes pueden ampliar la información y fortalecer sus argumentos dentro del proceso, bajo las reglas del procedimiento penal.

• Un juez vinculó a proceso a Bryan Geovanni “N” por abuso sexual y robo con violencia en Nezahualcóyotl.
• La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva, según la FGJEM.
• La autoridad judicial dio un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Durante el primer semestre de 2026, los delitos sexuales en el Estado de México disminuyeron un 8.25 % respecto al año anterior.

En Nezahualcóyotl, este municipio concentró junto a otros cuatro una parte importante de las carpetas por abuso sexual en la entidad, mientras que los delitos patrimoniales y de alto impacto general mostraron una tendencia a la baja generalizada.

Estado de México (Cifras Generales 2026)

Delitos sexuales: los primeros seis meses de 2026 cerraron con una baja del 8.25 % en denuncias de índole sexual en todo el territorio estatal, promediando 28 carpetas diarias.

Delitos de alto impacto: registraron una reducción global del 30 % durante el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025.

Homicidio doloso: Presentó una baja del 59 % en su promedio diario al pasar de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026.

Nezahualcóyotl (Incidencia y Contexto 2026)Abusos y agresión sexual: Nezahualcóyotl se ubicó en la lista de los cinco municipios mexiquenses (junto con Ecatepec, Toluca, Naucalpan y Tecámac) que concentran cerca del 35 % de todos los casos estatales de abuso sexual.

Se han documentado casos específicos judicializados por la fiscalía local en zonas como la colonia Metropolitana.

Robo y delitos frecuentes: Aunque se reportan detenciones y vinculaciones a proceso por robo con violencia, los reportes locales señalan que la violencia familiar, el fraude y el narcomenudeo encabezan el volumen de atención diaria, acompañados por el robo a negocios y a transeúntes.

Percepción de seguridad: el municipio mantiene una percepción de inseguridad menor a la media estatal y nacional, con reducciones notables en la preocupación ciudadana por delitos patrimoniales

Un médico fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación en perjuicio de una joven de 22 años. El hecho se registró en horas de la madrugada, en el cuarto de Urgencias del Hospital Regional Nicolás Alejo Solano, ubicado en el distrito de la Chorrera, en Panamá Oeste, cuando el hoy sentenciado atendía a la víctima.

En la audiencia de lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio Oral emitió la pena de prisión, además impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico por 5 años, luego de cumplida la pena principal.

La Procuraduría General de la Nación informó que durante el juicio oral desarrollado los días 22, 23, 27 y 28 de julio de 2026, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró mediante un caudal de pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, probar la responsabilidad del hombre en el hecho punible. Esto permitió que el Tribunal de Juicio Oral emitiera de manera unánime el veredicto de culpabilidad.

Otro caso de violación de un padre a su hija

De igual manera, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Panamá Oeste, logró la condena de 21 años y 6 meses de prisión para un hombre de 39 años, por los delitos de violación agravada, actos libidinosos y corrupción de personas menores de edad.

Durante audiencia, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró que el Tribunal de Juicio Oral además impusiera la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios y profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad, por el mismo término, una vez cumplida la pena principal.

Los hechos ocurrieron entre los años 2019 al 2023, en el distrito de La Chorrera, en perjuicio de su hija, desde que tenía 6 años de edad.

Las autoridades de la provincia de Chiriquí también consiguieron que se condenará a un hombre a la pena de cárcel de 84 meses, como responsable por el delito contra el orden jurídico y familiar en la modalidad de violencia doméstica, física y psicológica.

Además, como parte de la pena se le impuso también la integración a un tratamiento terapéutico multidisciplinario.

La Fiscalía logró probar la responsabilidad de este hombre, mediante la recopilación de una serie de elementos de convicción, que permitieron comprobar la comisión del hecho penal, y luego de que esta persona aceptara su culpa validar, por parte de un Tribunal de Garantías, el referido acuerdo de pena.

Estos acontecimientos surgen para la fecha del 16 de marzo del 2026, en Pedregalito, del distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, cuando el hoy condenado en reiteradas ocasiones, golpeó y causó heridas en diferentes partes del cuerpo a su pareja sentimental.

Igualmente cometió actos de hostigamiento, al proferirle amenazas con un arma blanca y persecución a la víctima.

Otro sujeto igualmente fue condenado a 16 años de prisión por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de su propia hija de 16 años.

Durante el desarrollo de la audiencia en el Juzgado de Garantía, la fiscalía presentó suficientes pruebas que demostraron la culpabilidad del sentenciado, de 43 años de edad, entre las que estaban el dictamen médico forense, testimonios, además de informes parciales, evidenciando además la vulneración de la confianza, la relación de parentesco y autoridad que este ejercía sobre la víctima.

Esta situación se dio el 15 de diciembre de 2025, en horas de la noche, en una comunidad apartada del sur del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, donde el desalmado padre aprovechándose de su rol y de la vulnerabilidad de su hija, quien era adolescente, la agredió sexualmente en su propia residencia, quedando embarazada.

Un tribunal colegiado de la ciudad de Neuquén será el encargado de juzgar a M.G.S, un varón acusado de haber cometido abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal contra su vecina, hechos que habrían ocurrido en julio de 2025. “Voy a volver”, le dijo en una oportunidad.

La decisión de conformar un tribunal de estas características responde a un pedido de la asistente letrada Analía García, representante del Ministerio Público Fiscal, quien consideró que la gravedad de los delitos y la expectativa de pena así lo requerían.

El caso, que ha generado inquietud en la comunidad local, involucra tres hechos distintos, todos ellos en concurso real. Según la acusación, M.G.S habría aprovechado una situación de confianza inicial para ingresar sin autorización al domicilio de la víctima, quien residía en el mismo complejo de departamentos. Este punto fue central en la presentación de la Fiscalía.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la noche de los acontecimientos, víctima e imputado habrían compartido una reunión junto con otras personas en uno de los departamentos del complejo. Una vez finalizado el encuentro, la mujer regresó a su vivienda. Momentos después, el acusado habría ingresado sin permiso y fue ahí cuando cometió los abusos. La situación, que se desarrollaba en un contexto de vulnerabilidad para la denunciante, fue interrumpida abruptamente por un ruido externo. Esta interrupción motivó la huida momentánea del imputado.

Según el medio local LMNeuquén, el imputado aseguró que regresaría. “Voy a volver”, le habría dicho.

Ante esta amenaza, la víctima optó por permanecer a oscuras y encerrada en su hogar. Cuando el imputado regresó y no obtuvo respuesta, finalmente decidió marcharse del lugar. Este detalle, según la fiscalía, refuerza el carácter intimidatorio de la conducta y la percepción de peligro permanente por parte de la víctima.

De acuerdo con la información difundida, la expectativa de pena para los delitos imputados oscila entre más de tres años y menos de quince de prisión. Este rango fue determinante para que la representante del Ministerio Público Fiscal solicitara la intervención de un tribunal colegiado, mecanismo previsto en la normativa cuando la pena supera ciertos umbrales. La solicitud de la fiscalía fue avalada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien presidió la audiencia y dispuso la elevación del caso a juicio.

La fiscalía prepara una estrategia probatoria que incluye el testimonio directo de la víctima, así como de familiares y testigos presenciales o de contexto. Además, se presentarán informes médicos y psicológicos, junto con documentación relevante para reconstruir los hechos. La acumulación de estas pruebas será clave en el desarrollo del debate oral y público, donde se busca dilucidar la responsabilidad penal de M.G.S.

El proceso judicial se encuentra en etapa de preparación del debate, con la fiscalía enfocada en consolidar la carga probatoria. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de presentar su propia versión de los hechos y contrainterrogar a los testigos, conforme lo estipula el Código Procesal Penal de la provincia.

En la audiencia preliminar, la representante fiscal subrayó la necesidad de proteger a la víctima y garantizar un proceso justo, transparente y ajustado a derecho. La elevación a juicio fue interpretada como una respuesta institucional al reclamo de justicia en casos de abuso sexual, que suelen presentar dificultades probatorias y requieren un abordaje especializado.

Un tribunal de la provincia de Santa Fe condenó a Néstor Alexis Gutiérrez, un hombre de 46 años, a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual cometidos contra dos niñas, hijas de su pareja, en distintas localidades del norte santafesino.

San Carlos Centro, Malabrigo y Reconquista fueron los escenarios donde se desarrollaron los hechos, que se extendieron durante seis años.

La sentencia, dictada por unanimidad, fue emitida por un tribunal integrado por el juez Martín Gauna Chapero (presidente), la jueza Natalia Palud y el juez Sergio Olivera en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de Reconquista.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de Santa Fe, el fiscal Valentín Hereñú, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo durante el juicio que Gutiérrez llevó adelante su accionar delictivo entre 2010 y 2016, aprovechando la convivencia con las niñas en diferentes domicilios de la provincia. “Aprovechaba momentos en los que se quedaban a solas en los domicilios en los que residían”, explicó el funcionario judicial tras conocerse el veredicto.

La investigación penal se inició a partir de una carta escrita por una de las víctimas mientras cursaba la escuela secundaria, en la que relataba los abusos y otros maltratos sufridos. El documento fue entregado a un profesor, quien, junto a otras autoridades escolares, realizó la denuncia que permitió abrir el caso en sede judicial. “La adolescente encontró en la escuela un ámbito de confianza en el cual pudo expresarse”, subrayó Hereñú sobre el rol fundamental de la institución educativa.

Durante el debate, el fiscal solicitó una pena de 18 años de prisión para el acusado. Finalmente, el tribunal consideró acreditados los hechos y avaló la calificación legal propuesta por la Fiscalía, imponiendo una pena de 16 años, apenas inferior a la solicitada. “El tribunal avaló las calificaciones legales que habíamos propuesto y optó por una pena cercana a la de 18 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”, expresó Hereñú.

Al conocerse la condena, el fiscal pidió la prisión preventiva de Gutiérrez, quien había llegado al juicio en libertad. El tribunal hizo lugar al requerimiento y dispuso la inmediata detención del condenado.

De acuerdo con la acusación, Gutiérrez cometió los abusos en reiteradas oportunidades, valiéndose de la convivencia familiar. Las agresiones ocurrieron cuando ambas niñas cursaban la primaria y continuaron hasta que una de ellas alcanzó la adolescencia. El fiscal detalló que, en el marco de los hechos, el condenado obligó a las víctimas a utilizar vestimenta inadecuada para su edad, entre otros sometimientos que afectaron su desarrollo y vulneraron su integridad.

Los delitos por los cuales fue condenado incluyen abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las hijas de su pareja, y abuso sexual simple y promoción de la corrupción de menores en perjuicio de ambas niñas. Todos los cargos fueron agravados por el vínculo de convivencia con las víctimas, lo que incrementó la gravedad de la conducta.

Una docente de escuela media de Kentucky quedó detenida tras una pesquisa por una presunta relación inapropiada con un estudiante, en un episodio que cobró especial relevancia porque derivó en una acusación por grooming de un menor bajo una legislación estatal que entró en vigor hace pocas semanas.

La acusada fue identificada como Sadie M. Flores, de 25 años, empleada de la Graves County Middle School, en la ciudad de Mayfield. La información fue difundida por Fox News, que citó a la Oficina del Sheriff del Condado de Graves.

De acuerdo con esa publicación, Flores fue arrestada el viernes por la tarde y afronta un cargo de clase D contemplado en la normativa que rige en el estado desde el 15 de julio.

El expediente comenzó a tomar forma después de que surgieran denuncias sobre un vínculo impropio entre la profesora y un alumno del sistema educativo local.

Fuentes oficiales indicaron que la situación fue comunicada primero a las autoridades escolares, que luego dieron aviso a la fuerza de seguridad para activar una pesquisa formal.

Cómo se inició la investigación

La Oficina del Sheriff del Condado de Graves aseguró, en declaraciones recogidas por Fox News, que el procedimiento incluyó el secuestro de registros electrónicos, entrevistas y otras medidas de prueba. Flores fue entrevistada el viernes antes de su detención, que se concretó cerca de las 15.30.

Tras el arresto, la maestra fue trasladada primero al centro de custodia restringida del condado y más tarde a una cárcel ubicada fuera de la jurisdicción.

El sheriff Jon Hayden afirmó que el expediente continúa abierto, por lo que no se descarta la aparición de nuevos elementos a medida que avance la causa.

Hasta el momento, los investigadores no difundieron la edad del estudiante involucrado ni precisaron la naturaleza exacta de la relación denunciada. Tampoco confirmaron si podrían sumarse otras imputaciones.

Esa reserva responde, al menos en parte, al carácter sensible del episodio y a la etapa inicial del proceso.

La reacción del distrito escolar

El superintendente de Graves County Schools, Matt Madding, sostuvo que la administración actuó apenas tomó conocimiento de la acusación.

En una declaración citada por Fox News, el funcionario expresó que “la administración del distrito fue informada de una denuncia que involucraba a una docente de la escuela media del condado de Graves. Los funcionarios escolares reportaron de inmediato esta información al Departamento del Sheriff del Condado de Graves para su investigación”.

Madding añadió que “desde entonces, se nos informó que, como resultado de esa investigación, se presentaron cargos contra esta docente”.

El responsable del sistema educativo remarcó además que, por tratarse de un asunto aún bajo análisis y también de una cuestión de personal, la institución tiene límites sobre lo que puede hacer público.

En ese mismo mensaje, el superintendente subrayó que la seguridad de los estudiantes ocupa el lugar central en la respuesta institucional.

“Tomamos con extrema seriedad cualquier denuncia que involucre la seguridad de un niño o la conducta profesional de un empleado y seguiremos cooperando plenamente con las fuerzas de seguridad y con las autoridades correspondientes”, señaló, tal y como reprodujo Fox News.

Una acusación ligada a una ley reciente

Uno de los puntos que más atención concentra en este episodio es que el cargo por grooming surge de una norma reciente en Kentucky.

La ley creó una figura penal orientada a castigar a adultos acusados de cultivar relaciones inapropiadas con menores antes de que se concrete un abuso sexual.

Ese marco legal le dio a la causa un peso adicional, ya que se trata de una herramienta incorporada hace poco al sistema penal estatal.

Fox News detalló que la imputación presentada contra Flores encuadra precisamente en esa disposición.

El caso quedó ahora bajo seguimiento de autoridades judiciales y policiales, mientras los pesquisas avanzan sobre el contenido de los registros obtenidos y las declaraciones reunidas en las últimas horas.

Por ahora, la información pública disponible se mantiene acotada a los datos confirmados por la oficina del sheriff, el sistema escolar y el reporte de Fox News.

Hasta este momento no se informó una fecha para nuevas audiencias ni se precisó si habrá comunicaciones adicionales sobre la causa en el corto plazo.

Una nueva alerta sobre la violencia sexual contra niños y adolescentes puso el foco sobre Honduras, donde organizaciones dedicadas a la protección de la infancia estiman que cada día se producen entre 24 y 26 casos de abuso sexual contra menores.

El dato fue divulgado por Wilmer Vázquez, representante de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), quien señaló que las cifras recopiladas junto con otras organizaciones muestran la dimensión de un problema que, según advirtió, permanece parcialmente oculto por la falta de denuncias.

El promedio equivale a aproximadamente un caso por hora, de acuerdo con el cálculo presentado por el dirigente de Coiproden. Vázquez estableció un contraste entre la estimación de casos y el número de denuncias que llegan a las instituciones.

Según los datos citados por el representante de COIPRODEN en Honduras se presenta aproximadamente una denuncia cada cuatro horas y 52 minutos por este tipo de hechos.

Para Coiproden, que existan víctimas que no llegan a denunciar puede estar relacionado con factores como el miedo, la falta de información, la dependencia económica o familiar respecto del agresor y la desconfianza en las instituciones.

La organización sostiene que una mayor difusión de información permitiría que padres, familiares, docentes y otras personas cercanas a los menores puedan reconocer señales de alerta y activar los mecanismos de protección.

¿Y la protección?

La alerta presentada por Coiproden también incluye otro indicador que la organización considera especialmente grave. Según las investigaciones citadas por Vázquez, al menos 21 adolescentes menores de 14 años dan a luz cada día en Honduras.

El representante vinculó este dato con la problemática de la violencia sexual contra menores y cuestionó que situaciones que deberían generar una respuesta inmediata de las instituciones puedan permanecer invisibilizadas.

En Honduras, la legislación contempla medidas especiales de protección para niños y adolescentes y establece mecanismos para investigar delitos sexuales cometidos contra menores.

El Ministerio Público mantiene una Fiscalía Especial de Protección a la Niñez encargada de investigar este tipo de casos y llevar ante los tribunales a los sospechosos cuando existen elementos suficientes.

Presentarán nueva propuesta

Frente a este panorama, Coiproden anunció que presentará el próximo 18 de agosto una propuesta de ley ante el Congreso Nacional de Honduras.

El proyecto fue elaborado con participación de organizaciones vinculadas a la protección de la niñez y representantes del Poder Legislativo, según explicó Vázquez. La iniciativa pretende establecer mayores herramientas para prevenir el abuso sexual infantil y fortalecer la respuesta institucional.

Los impulsores esperan que el proyecto pueda ser discutido y aprobado antes del 10 de septiembre, fecha en la que Honduras conmemora el Día del Niño. La propuesta busca que la prevención tenga un papel central y que la respuesta no se limite a actuar una vez que el abuso ya ocurrió.

Uno de los principales problemas es que una parte de los casos no llega a convertirse en una denuncia formal. Vázquez señaló que las instituciones deben trabajar en informar y orientar a la población, pero también en generar confianza para que las personas se atrevan a informar los hechos.

El representante consideró que una sociedad mejor informada puede detectar con mayor rapidez situaciones de abuso y actuar antes de que la violencia se prolongue.

Vázquez incluyó entre los fenómenos que afectan a la infancia la explotación sexual, la trata de personas, el tráfico de menores y la pornografía infantil.

Según el representante, la normalización de estas conductas contribuye a que algunos hechos ocurran sin que familiares, vecinos u otras personas intervengan o presenten una denuncia. La advertencia adquiere especial relevancia en los casos en los que el agresor se encuentra dentro del círculo cercano del menor.

En esas situaciones, la dependencia, el miedo o las amenazas pueden dificultar que la víctima pueda contar lo ocurrido.

Por ello, las organizaciones de protección infantil insisten en que la responsabilidad de detectar y denunciar situaciones de riesgo no debe recaer exclusivamente sobre el niño o adolescente.

Dónde denunciar en Honduras

Las denuncias pueden ser comunicadas a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, la Policía Nacional o la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público. El propósito es que los casos puedan ser investigados y que las autoridades activen los mecanismos de protección correspondientes.

Las organizaciones también recomiendan que las personas que tengan conocimiento de un posible caso no intenten resolverlo por cuenta propia ni confronten al presunto agresor, especialmente cuando existe riesgo para la víctima. La intervención de las instituciones especializadas permite preservar pruebas y adoptar medidas destinadas a proteger al menor.

El planteamiento busca que la discusión trascienda la persecución penal de los responsables y se concentre también en la prevención, la educación y la identificación temprana de posibles víctimas.

El jurado de San Angelo, Texas, tardó apenas 30 minutos en decidir. El 9 de agosto de 2011, hace 15 años, Warren Jeffs fue declarado culpable de agresión sexual agravada contra una niña de 12 años y de asalto sexual contra una adolescente de 15 años. Recibió cadena perpetua más 20 años de prisión, de cumplimiento consecutivo.

Jeffs no dijo una sola palabra durante la audiencia de sentencia. Su abogado defensor informó al juez que su cliente le había instruido no hablar en su nombre. Permaneció de pie, inexpresivo, frente al jurado durante casi media hora en los alegatos finales. Llamó a un único testigo de la defensa: un hombre que leyó pasajes de las escrituras mormonas.

La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD) no nació con Warren Jeffs. Sus raíces se remontan a fines del siglo XIX, cuando un sector del mormonismo se negó a acatar la prohibición de la poligamia que la iglesia principal decretó en 1890, pocos años antes de que Utah fuera incorporado como estado a los Estados Unidos. Ese desprendimiento derivó, con el tiempo, en una de las sectas más cerradas y violentas de la historia norteamericana.

La iglesia mormona mayoritaria, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), no practica la poligamia y es la más extendida en el mundo. La IFJSUD es una rama completamente separada y minoritaria, que considera el “matrimonio plural” un mandato divino. Según su doctrina, cada hombre debe tener al menos tres esposas. El profeta, tantas como considere necesario.

Warren Jeffs asumió el liderazgo de la secta en 2002, tras la muerte de su padre, Rulon Jeffs. Había crecido dentro de la IFJSUD, fue director de la Academia Alta, una escuela privada de la secta en las afueras de Salt Lake City, y era considerado el sucesor natural. Rulon había tenido al menos 50 esposas. Warren lo superó con amplitud.

En 2018 Jeffs había llegado a contraer matrimonio con 80 mujeres y niñas, aunque ninguna de esas uniones tenía reconocimiento legal. Entre sus “esposas espirituales” figuraban 25 menores de edad. También tomó como esposas a algunas de las viudas de su padre, entre ellas Naomie Jeffs, quien ofició como su escriba en ceremonias y sermones y fue considerada su favorita.

Años después, ya con Jeffs preso, Naomie reveló en una docuserie llamada Preaching Evil: A Wife on the Run With Warren Jeffs que ambos ya no se consideraban pareja, luego de que él le pidiera desde la cárcel que cumpliera tareas no especificadas.

Jeffs gobernó la secta desde dos enclaves geográficos. El primero fue Colorado City, en Arizona, junto a la localidad de Hildale, en Utah, conocidas en conjunto como “Short Creek”, donde la IFJSUD dominaba la vida social, económica y política de una comunidad de 10.000 personas. El segundo fue el rancho Yearning for Zion (YFZ), una propiedad de más de 600 hectáreas que estableció en el oeste de Texas como avanzada estratégica.

En ambos lugares, las reglas eran las mismas: prohibición de televisión e Internet, ropa de estilo del siglo XIX, juguetes restringidos para los niños y obediencia absoluta al profeta que era Jeffs, por supuesto. Las mujeres no podían elegir profesión ni pareja. Eran asignadas por Jeffs a hombres mayores, en muchos casos antes de alcanzar la pubertad. Los hombres que cuestionaban la autoridad del líder eran expulsados de la comunidad, separados de sus familias y privados de sus bienes.

Un agente del FBI declaró durante el juicio que los padres que entregaban a sus hijas a Jeffs recibían como recompensa esposas jóvenes para ellos mismos. El sistema de control era autosustentable: la obediencia se compraba con privilegios y se castigaba con el destierro.

Briell Decker, la esposa número 65 de Jeffs, describió en la docuserie La prisionera del profeta, emitida por HBO Max, lo que significaba la presencia del líder en el rancho. “Cuando Warren estaba cerca, yo me escondía”, declaró. “Si no lo hacía, tenía que participar en las cosas del templo que él hacía”. Lo describió, sin más rodeos, como “espeluznante”.

En abril de 2008, las autoridades texanas allanaron el rancho YFZ. Lo que hallaron fue contundente: mujeres con vestidos de época, niñas embarazadas y cajas enteras de documentos internos de la secta. Entre los materiales incautados había fotografías de Jeffs besando a niñas que eran sus “esposas celestiales” y registros detallados de los matrimonios forzados.

También encontraron notas manuscritas del propio Jeffs. Una de ellas decía: “Si el mundo supiera lo que estoy haciendo, me colgarían del árbol más alto”. La frase fue presentada como prueba en el juicio.

Un gran jurado del condado de Schleicher, en Eldorado, Texas, lo imputó en julio de 2008 por agresión sexual agravada, asalto sexual y bigamia. Jeffs se convirtió en uno de los 13 acusados de la IFJSUD en Texas, aunque era, con diferencia, el más buscado.

Jeffs no esperó a que la justicia lo alcanzara. En junio de 2005, apenas días después de ser imputado en Arizona por ser cómplice en casos de conducta sexual con menores, abandonó Colorado City y desapareció. Las autoridades emitieron una orden de arresto y el FBI lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados. Compartía ese cartel con Osama Bin Laden, autor intelectual de los atentados contra las Torres Gemelas.

Durante 14 meses recorrió distintos puntos de América del Norte para evadir su captura. Al revista Time describió ese período como “un viaje circular por cárceles y tribunales del oeste”. En agosto de 2006 fue detenido en las afueras de Las Vegas, Nevada, durante un control de tránsito rutinario.

Lo que llevaba en el auto al momento de la detención resultó revelador: pelucas, más de 54.000 dólares en efectivo, teléfonos prepagos y una carta que había escrito a miembros de la secta. El sheriff del condado de Mohave, Tom Sheahan, que lo tuvo bajo custodia en Arizona, lo describió sin eufemismos a The San Angelo Standard-Times: “Fue un problema desde el primer día, con sus huelgas de hambre recurrentes”.

El proceso legal de Jeffs fue, antes de la condena definitiva, una sucesión de idas y vueltas entre estados. En septiembre de 2007, un jurado de Utah lo declaró culpable de dos cargos de complicidad en violación por haber organizado el matrimonio de una niña de 14 años, Elisa Wall, con su primo de 19. Recibió dos condenas de entre cinco años y cadena perpetua.

“Nos enseñaban que el profeta era la voz de Dios”, declaró Wall en una entrevista. “Si él decía que debías casarte, no podías negarte. Era tu deber espiritual”. En su libro Stolen Innocence, Wall relató los años de abuso físico y psicológico, el silenciamiento sistemático por parte de la comunidad y el proceso que la llevó a escapar.

Esa condena fue anulada en 2010 por la Corte Suprema de Utah, que detectó errores en las instrucciones dadas al jurado. La decisión no lo liberó: Arizona tenía cargos propios pendientes. Pero cuando el fiscal de ese estado informó que las dos víctimas ya no querían continuar con el proceso, los cargos fueron desestimados. El camino quedó despejado para Texas.

Durante su tiempo en prisión preventiva, Jeffs protagonizó episodios que sus propios abogados reconocieron como difíciles de manejar. Intentó suicidarse en 2007, colgándose en su celda. Fue hospitalizado en varias ocasiones por los efectos de ayunos prolongados y lo alimentaron por la fuerza. En una grabación registrada por las autoridades en la cárcel de Purgatory, en St. George, Utah, se lo escuchó decir: “Soy uno de los hombres más perversos sobre la faz de la tierra desde los días del padre Adán”. Sus abogados argumentaron en todo momento que era víctima de persecución religiosa.

El juicio que finalmente lo condenó comenzó en 2011 en San Angelo, Texas. Los fiscales presentaron tres tipos de pruebas que, en conjunto, no dejaban margen para la duda.

La primera fue una prueba de ADN que demostró que Jeffs había engendrado un hijo con la adolescente de 15 años, una de sus “esposas espirituales”. La segunda fue una grabación de audio en la que se lo escucha abusando sexualmente de la niña de 12 años. La tercera fue una serie de cintas adicionales en las que Jeffs instruía a sus esposas jóvenes sobre cómo satisfacerlo sexualmente, diciéndoles que hacerlo complacería a Dios.

Jeffs intentó ejercer su propia defensa durante parte del proceso, pero su estrategia fue errática. Argumentó que lo perseguían por sus creencias religiosas. El jurado no lo consideró relevante. Fue condenado el 9 de agosto de 2011.

Briell Decker, por su parte, narró en La prisionera del profeta la pesadilla de haber nacido y crecido dentro de la secta. Decker describió con detalle las tácticas que la IFJSUD usaba para evadir a la justicia y mantener la impunidad durante décadas. Su testimonio, junto al de otras mujeres que lograron salir, fue lo que permitió a los fiscales construir el caso que terminó con Jeffs tras las rejas.

Jeffs cumple su condena en la Unidad Louis C. Powledge, ubicada en el condado de Anderson, Texas, adonde fue trasladado en agosto de 2011. No tiene fecha proyectada de liberación.

Desde su celda, donde recibe las comidas y permanece en custodia para evitar agresiones de otros reclusos, Jeffs mantuvo durante años una presencia activa dentro de la IFJSUD. Llegó a recibir más de 1.000 cartas diarias de seguidores. Cada una debía ser abierta e inspeccionada por el personal penitenciario antes de llegar a sus manos.

Las autoridades carcelarias sospecharon que sus hermanos usaban dispositivos de grabación ocultos en relojes y lapiceras para registrar sus encuentros semanales con él. En 2022, un documento que se le atribuyó y fue distribuido por su hijo Helaman Jeffs convocaba a ex miembros a volver a la fe. “Recen para que Warren Jeffs quede libre y pueda reunirse con ustedes en sus congregaciones pronto”, decía el texto.

La hija de Jeffs, Rachel Jeffs, declaró años después de la condena que su padre seguía ejerciendo el control total sobre la IFJSUD desde la prisión. Quienes aún lo siguen lo consideran una figura de sacrificio: un profeta que está preso para expiar los pecados de su comunidad.

Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en el principal canal de captación de víctimas de trata en México, advirtió Reinserta en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado el 30 de julio. La organización llamó a fortalecer la detección temprana y la denuncia de posibles casos, al señalar que el entorno digital ha sumado riesgos a los contextos de violencia, pobreza y abandono que ya exponían a las infancias a este delito.

Engaño en pantalla: Facebook, Instagram y videojuegos como rutas de captación

El 5° Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó que el 62% de los reportes clasificados como trata tuvieron origen en entornos digitales. Facebook concentró el 22% de los casos de captación en línea, Instagram el 18% y WhatsApp el 15%.

“Los videojuegos en línea también figuran como canales de riesgo”. Plataformas como Free Fire, Roblox, Fortnite y Minecraft fueron identificadas como espacios donde los tratantes establecen contacto con menores de edad, simulando ser “amigos virtuales” antes de iniciar procesos de manipulación y sometimiento.

El engaño y el abuso de confianza son los mecanismos centrales. Los tratantes construyen vínculos afectivos en línea, aprovechan necesidades económicas o afectivas, y operan en espacios que familias y cuidadores suelen percibir como seguros.

El entorno familiar, primer factor de riesgo en menores

El riesgo digital no opera de forma aislada. El mismo reporte del Consejo Ciudadano documentó que el 51% de las víctimas menores de edad fueron captadas por sus propios familiares, generalmente mediante engaños o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.

El dato matiza el ángulo digital: aunque las plataformas han ampliado el alcance de los tratantes, el entorno más cercano sigue siendo el principal vector de captación en menores. Reinserta subrayó que la trata encuentra oportunidades donde los entornos de cuidado y protección fallan, ya sea dentro del hogar o en el mundo en línea.

La edad y la etapa de desarrollo incrementan esa exposición. Los contextos de violencia, abandono, pobreza y exclusión social son las condiciones que los tratantes identifican y explotan, “ahora también a través de pantallas”.

México, en el centro de un problema global

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó en 2025 que México opera como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, una triple condición que complica tanto la detección como la atención integral de los casos.

A escala global, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) documentó en su informe de 2024 que el 60% de las niñas víctimas de trata detectadas en el mundo fueron explotadas sexualmente. “La cifra refleja un patrón sistemático que no distingue fronteras y que coloca a las infancias en el centro de una de las violaciones más graves a los derechos humanos”.

El material de abuso sexual infantil registró además un crecimiento del 86% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período de 2024, según el Consejo Ciudadano. El 81% de esos casos tuvo origen digital, y el 68% de las víctimas entregó contenido íntimo a cambio de no ser expuestas en redes.

Un delito que no tiene un solo rostro

Otro obstáculo para la detección es la diversidad de modalidades que adopta la trata. Reinserta recordó que este delito no se limita a la explotación sexual, aunque sea su forma más conocida.

Sus manifestaciones incluyen la explotación laboral, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzada, la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, y la extracción ilícita de órganos, entre otras modalidades previstas por la ley mexicana. Varias de ellas encuentran en el entorno digital tanto un espacio de captación como un canal de operación.

No existe un perfil único de víctima ni una sola forma en que el delito se presenta. Esa diversidad, señaló Reinserta, exige ampliar la capacidad de reconocer señales de alerta en distintos espacios: el hogar, la escuela, el consultorio, las redes.

La responsabilidad de ver y actuar

Reinserta fue enfática en que proteger a las infancias no puede depender únicamente de las instituciones del Estado. Madres, padres, personas cuidadoras, docentes, profesionales de la salud y ciudadanía en general comparten la obligación de observar, escuchar y actuar cuando identifiquen situaciones de riesgo.

“Actuar oportunamente puede marcar la diferencia en la vida de una niña, niño o adolescente”, sostuvo la organización. La denuncia oportuna puede impedir que una condición de vulnerabilidad derive en una historia de explotación, incluidas las que comienzan con un mensaje en redes sociales.

Reconocer las señales en el entorno digital es hoy tan urgente como hacerlo en la calle o en la escuela.

Lo que Reinserta hace con quienes sobreviven

A través de su Centro de Atención, Reinserta acompaña a diario a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de delitos graves, entre ellos la trata de personas. El modelo de intervención integra atención psicológica individual, terapia psicológica familiar, acompañamiento legal y psicolegal, y atención pedagógica especializada.

El objetivo es contribuir a la restitución de derechos y a la reconstrucción de los proyectos de vida de quienes atravesaron estas experiencias. Cada caso atendido, señaló la organización, recuerda que detrás de él existió una oportunidad de protección que, en muchos casos, pudo haber llegado antes de que el daño ocurriera.

Lolita es su seudónimo literario. Es escritora, conferencista y viajera argentina. Nació en Buenos Aires, pasó parte de su infancia en Francia y en la provincia de Santa Cruz, y más tarde adoptó un estilo de vida nómade que marcaría su obra. Tras desempeñarse como maestra y diseñadora, encontró en la escritura el medio para narrar experiencias atravesadas por la memoria, el dolor y la resiliencia. Es autora de 28 Rulemanes, Peritos de una fuga y Viajar, libros en los que combina relato autobiográfico, reflexión y prosa poética.

En los últimos años, su historia cobró gran repercusión por visibilizar las secuelas del abuso sexual intrafamiliar. A través de sus libros, conferencias y redes sociales, se convirtió en una voz de referencia para miles de personas que encontraron en su testimonio una forma de ponerle palabras al dolor y al camino de la reconstrucción personal.

—Me encanta tenerte acá porque creo que tu historia merece ser contada y en este espacio cada testimonio inspira o identifica a quienes están del otro lado. Hay historias que nos atraviesan y cuando las escuchamos nos resuenan. Pero antes de empezar, quiero preguntarte en qué momento de tu vida estás.

—Estoy duelando, recientemente separada. Obviamente con las heridas a flor de piel. Nunca me separé o me divorcié con una hija, así que todo es nuevo. Cuando mis seres queridos me preguntan: “¿Cómo estás? ¿En qué estado estás?”, les digo: “Todo es desconocido, es una sensorialidad completamente nueva”. Desde chiquita quizás me pasó de sufrir muertes cercanas de primas, abuelos. Entonces, cada vez que pasaba, volvía a pasar y medio que tenía el spoiler alert.

—De lo que habías sentido otras veces.

—Claro. De cómo iba a ir, cómo el agua se iba a ir calmando y cómo me iba a ir sintiendo. Y en esta vuelta estoy totalmente desorientada, desvalijada. Entonces, no sé en qué instancia me encuentro. Por momentos digo: “Ya estoy re cerca de estar bien”. Lo único que sé es que estoy muy lejos ya de la persona que quería dejar de ser.

—Eso no es poco y es un proceso, ¿no? Haciendo un paralelismo con la lectura, ya que sos una gran escritora, ¿sentís que cerraste un capítulo o sentís que terminaste directamente el libro?

—Sentí que cerré la trilogía de mi vida. O sea, que sé que es hasta acá… ¿Viste como en los países tienen su banda cronológica de los hechos trascendentes? Bueno, siento que hay un antes y después de esto en mi vida. Siento que realmente ahora es mi verdadero no sé si renacimiento o reencarnación (risas), no sé en quién me voy a convertir. Pero sí estoy segura que había un tamborcito adentro mío ya hace rato diciéndome: “Basta”. Sentía como si mi pasado fuese una sentencia y no lograba realmente aggiornarme a esa intuición, a esa nueva vida que quería vivir y despojarme de esa versión mía que no me gustaba.

—Cuando decís: “Mi pasado fue una sentencia”, ¿a qué te referís concretamente?

—Cuando conoces a alguien y te presentas, cargás con una mochila de abuso sexual intrafamiliar. Yo creo que la sociedad todavía no está preparada para mirar esa batalla, esa supervivencia con admiración. La miran como con lástima, como: “Uy, esta mina si pasó por eso debe estar un poco tocada”. Como si nos condenara casi a un tipo de locura o a decir: “Esta mina debe ser difícil con esto que le pasó”.

—Para quienes no te conocen, ¿quién es Lolita?

—Hoy me cuesta mucho definirla. Fui una niña muy rebelde, una adolescente totalmente rebelde, que cuando terminó el colegio decidió agarrar su mochi e irse a viajar. Fui una mujer en una búsqueda infatigable de su paz. Entonces, si me tengo que describir a la anterior, te digo una luchadora total de su paz que logró encontrar en la escritura su forma de transpirar.

—¿Y qué te quitaba la paz?

—La familia es algo que… Pensá que tirás la torre, el jenga lo desarmás por completo, esa figura que tenía esa persona en la familia. Obviamente enseguida el foco está puesto en lugar de tomarte como una víctima que pasó por eso, sos la persona que está tirando la familia, está manchando el apellido y sos la “culpable” del dolor de todos los integrantes de la familia, que el árbol genealógico es gigante y sos la que le está poniendo voz a ese dolor.

—Hubo muchos años en donde no recordabas ni eras consciente de lo que te había tocado vivir, ¿no?

—Sí, entre los tres y los ocho años.

—En todo ese proceso hasta que vos supiste lo que había sucedido en tu vida, en tu casa, con personas de máxima confianza que eran parte de la familia, ¿qué te resonaba física y emocionalmente que te hacía sentir que te faltaba paz?

—Primero mi vínculo conmigo misma. Era un odio a mí misma, inconvivible. Yo sentía que tenía un defecto, que había algo en mí que estaba totalmente roto y que no había manera de coserlo. No había manera. Y después, obviamente, empezó con los síntomas físicos, muchísimos. Fueron muchos síntomas uterinos. La pasé fatal. Y obviamente ahí me decidí a empezar a investigar. Yo tenía mis imágenes, no el rostro...

—O sea, vos tenías una conciencia de que habías estado expuesta a una situación de abuso, pero no tenías claro quién, cómo ni dónde.

—Eso siempre lo recordé. Siempre tenía la misma imagen. Después, cuando logré dar con el rostro, las imágenes empezaron a ser cada vez más nítidas y en diferentes momentos. Y ahí yo siempre digo, no sé si es polémico, pero cada mujer se enfrenta a diferentes duelos y formas de salir adelante. Mi trauma en sí, para mí se me acentuó mucho más en el momento de hablar con la familia, por la reacción, por la culpa de ver a mi viejo llegar y saber que se le había roto la mirada. Sentir la culpa dentro mío de decir: “Se la rompí yo”. Si yo no hablaba, todo seguía igual. Pero la consecuencia la pagaba yo en ese silencio insoportable, físico, mental, anímico y sentir que me tenía que exiliar. Yo me fui 12 años a viajar por el mundo porque sentía que en mi casa no pertenecía. Sentía que si yo estaba dentro de casa, la familia no funcionaba. Si yo estaba afuera, todos funcionaban bárbaro y que era mejor que la oveja esté lejos.

—Cuando vos lograste ponerle rostro a tu abusador y entendiste que era un miembro de tu familia, que ya había fallecido, ¿correcto?

—Sí. Ya había fallecido.

—Lo pudiste compartir y sentiste que todas las miradas se redirigieron hacia vos de una manera de profundo dolor, pero ¿sentiste apoyo de alguno de los miembros de tu familia?

—Totalmente. Mi familia núcleo: papá, mamá y hermanos fueron un muro, fueron incondicionales, estoicos al lado mío, obviamente con sus dolores y después, con el paso del tiempo, empezaron a sanar esos procesos. Pero después la familia más grande: tíos, primos y demás, sí sentí que el foco estuvo puesto en mi personalidad, en cuestionar… Yo justo ahí me casé, en medio de todo ese proceso. Nunca me voy a olvidar esta frase: “No está tan triste si se está casando. No vaya a ser cosa que esto no sea verdad y sea una forma de llamar la atención”. El mundo no está preparado hoy para acompañar. Creo que cada vez más sí, gracias a Dios. Pero en ese momento, yo sentía que tenía que justificar cada palabra, que tenía que pensar cada oración con exactitud, no vaya a ser cosa que sea malinterpretada y que mi verdad sea puesta en un laboratorio, como “a ver dónde se equivoca, a ver dónde algo falla”. Se me pidió hasta que dé detalles: “¿pero cuándo era? ¿En qué horarios? ¿Qué tenías puesto?”

—¿Recordás el momento exacto que pusiste rostro a tu abusador?

—Sí.

—¿Qué tuviste que transitar para, en esa búsqueda, poder ponerle nombre y cara?

—Yo siempre lo recuerdo como un tamborcito que sonaba dentro de una manera tan fuerte, pero tan fuerte, como si yo misma del futuro me estuviese diciendo: “Vas a llegar, pero te tenés que meter en el barro, te tenés que arremangar, vas a estar hecha pelota, pero no queda otra”. Había un envión de mí que decía: “Bueno, sí. Dale para adelante”. Pero después era otro que decía: “Pero estás viajando, estás bárbaro, estás chocha de la vida. Mirá los paisajes”. Era un tire y afloje interno insoportable hasta que llegué a Perú. Fui a hacer una ceremonia de ayahuasca, que es una medicina ancestral. Le tenía pavor porque yo sabía que en el momento en el que fuera a hacerla iba a surgir esto. Me levanté ese día con tortícolis, dura y me fui a hacerla igual. En la ceremonia, en la madrugada, me encontré con el rostro.

—¿Fue nítido? ¿En ese rompecabezas que vos tenías, la pieza que faltaba la pudiste poner?

—Sí.

—¿No tuviste ningún tipo de duda?

—Ningún tipo de duda. Obviamente el dolor desgarrador me acuerdo de estar gritando y diciendo: “Por favor no. Porque ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago?”. Yo me acuerdo que salí de la ceremonia al día siguiente y mi sentencia dentro mío fue: “Yo muero con esto, yo me voy a la tumba con esto”.

—Habías decidido no contárselo a nadie.

—De ninguna manera. Yo decía: “¿De qué va a servir? ¿Qué va a cambiar para el resto del mundo? Si la que lo pasó fui yo. Me la tengo que bancar”. Era la culpa y la responsabilidad que yo sentía. Si yo ponía audible lo que me estaba pasando, le ponía el on a lo que me estaba pasando adentro. Pero ahí empecé a adelgazar, llegué a pesar 38 kilos, me rapé y obviamente el ruido interno se empezó a ver externamente; y mi mamá se dio cuenta que algo estaba mal...

—Pero hasta ese momento vos estuviste en silencio.

—Sí en silencio total y convencida de no contarlo. En ningún momento titubee. Convencidísima que esto iba a morir adentro mío. Yo había tenido una pausa bastante silenciosa en el grupo familiar. No hablaba, no me comunicaba y mi vieja insistió bastante hasta que un día me llama por videollamada. En ese momento no se acostumbraba tanto porque era antes de la pandemia.

—Y en la dinámica de ustedes como vos vivías de viaje era más común.

—Claro. Me llama y la atiendo. Fue rarísimo porque no siempre tenía wifi y había que arreglar con tiempo la llamada para coincidir. Y ella me mira totalmente desarmada y me dice: “Por favor, decime qué te pasa. Porque no me puedo dormir. Todas las noches me voy a dormir sintiendo que te estás muriendo”.

—Recuerdo cuando nos conocimos tenías temas vinculados a la reproducción y te habían dicho que no ibas a poder ser mamá. Era medio sin causa aparente, pero vos tenías muy descartada tu maternidad. ¿Ella sabía de todo eso?

—Sabía perfectamente, pero como también yo había sido la rebelde, la oveja negra que se había ido a viajar, no sentían que era un mandato adentro mío, arraigado. No me veían como una Susanita…

—Pero cuando ella te decía: “Siento que te estás muriendo”, ¿pensaba en algo así de salud o le resonaba otra cuestión?

—Le resonaba porque me lo preguntó directamente: “¿Fue un abuso?” Y ahí estuve llorando como treinta minutos al teléfono. Era como si le hubiese permitido al mar arrancar el tsunami. Y yo lloraba. Y ahí ella a los treinta minutos de dejarme llorar al teléfono, se empezó a desesperar y empezó a nombrar personas. Por supuesto, quiso descartar a los más cercanos: a papá, a mis hermanos. Le dije que no, hasta que dijo su nombre.

—Enseguida tu madre asoció que había sido intrafamiliar.

—Sí.

—¿Le preguntaste después si ella había tenido alguna sospecha en algún momento?

—Nunca lo quiso y siempre fue muy castigada por lo que ella pensaba de él. Ella siempre se manifestó en contra, en muchas ocasiones. Sobre todo porque yo volví a vivir con él de grande, con este síndrome de Estocolmo que uno vuelve a quien le ha hecho muchísimo daño.

—Pienso en mujeres que están del otro lado y que quizás están atravesando situaciones similares y se quedaron con esa versión tuya de: “Voy a morir con esto adentro mío”. Qué injusto que las mujeres a veces tengamos que tomar ese rol de salvadoras de todo, incluso de nuestros propios abusadores, ¿no?

—De cuidarles la narrativa. Es terrible.

—Es duro, pero también profundamente inspirador que compartas tu testimonio. Lo hiciste en Peritos de una fuga, un libro que exige tiempo y atención porque relata con enorme sensibilidad tu historia. Pienso en quienes están del otro lado, incluso en quienes todavía conviven con sus abusadores. Ver que alguien pudo romper esas cadenas puede cambiarles la vida.

—Hay un momento clave que yo me acuerdo: cuando arranqué terapia con especialistas en abuso sexual intrafamiliar. Me acuerdo que yo le decía: “Me odio, yo me levanto y cuando me despierto digo: ‘¡P*ta madre!, otro día siendo yo’”. Y me acuerdo que Eduardo, que en el libro está como don Diego, que es mi angelito...

—Tu terapeuta.

—Sí. Me decía: “Fíjate que es tanto el amor propio que vos te tenés que decidiste hablar para salvarte”. Hoy quizás el amor propio no está puesto en que sostenerte cuesta un montón, pero me amé tanto que me banqué las consecuencias de todo lo que podía pasar después de ese tsunami.

—¿Qué pasó cuando tu madre le pone nombre y vos decís que sí?

—Le digo que sí y le hago hacer un pacto de silencio. Le digo: “Nunca más te hablo, no me volvés a ver la cara si vos decís algo”. Enseguida me empecé a arrepentir. Pero estaba desesperada por callarla. Ahí pasaron varios meses…

—Seguiste de viaje.

—Nos íbamos comunicando, ella acompañando como podía, hasta que llegué a Buenos Aires. Me acuerdo que le toco bocina. Imaginate, después de años viajando, sale mi viejo, mi hermana, mi hermana que había tenido a mi ahijada y era la primera vez que la iba a conocer. Y cuando se abre la puerta todos ahí afuera saludando y la veo a mama en la cocina lavando los platos. Y mi hermana diciéndole: “Mamá, ¿podés salir? Acaba de llegar Lolita”. Y en un momento conectamos así la mirada y yo vi y dije: “Ella sabe que vengo con esta bomba en el cuerpo”. Sabía que en el momento que yo ponía un pie en Buenos Aires, la familia iba a estallar.

—Pero te cumplió su palabra y no dijo nada.

—Cumplió su palabra. Ahí enseguida arrancamos las dos juntas terapia con el especialista, con Eduardo.

—En ese momento entraste en tu casa y no dijeron nada.

—Absolutamente nada. Obviamente, se sentía energéticamente una cosa extrañísima y había preguntas: “Che, ¿hablaste con Lolita? ¿Está bien? ¿Algo le pasa?”. Fueron meses de mucho acompañamiento y me acuerdo la primera vez que fui a este terapeuta que llegué y me acosté en su sillón. Me acuerdo que le dije: “¿Me puedo sacar los zapatos?” Y me acosté. Era como la guarida, porque ahí era todo verdad. En el momento en que salía, yo tenía que fingir. Entonces, cuando yo entraba en la puerta de él, era como que…

—Aflojabas.

—Era como si mi diario íntimo estaba expuesto y ahí era todo verdad y yo podía estar y descansar en lo devastador de sostener esta herida. Cuando salía afuera, la herida se tenía que cerrar inmediatamente, me tenía que aguantar el llanto, el nudo de garganta. Entonces, era un placer cada vez que entraba a su casa. Y me acuerdo la primera vez que llegué y le dije: “¿Cómo sabés que te estoy diciendo la verdad?” Porque la peor batalla que yo tuve que lidiar fue con mi mente.

—¿Qué sentís que fue más difícil el momento en el que le pusiste rostro a tu abusador o esa sensación de autocuestionamiento en relación a si esa verdad era tal o había partes que estaban huecas y las estabas tratando de rellenar?

—Yo creo que el diario del lunes se va actualizando. Obviamente, si te habla la Lolita de Perú, te va a decir: “Cuando vi el rostro fue el peor momento”. Creo que el dolor que más perduró y con el que más tuve que laburar era con la duda. Era decir: “¿Qué pasa si esto fue una pesadilla y yo estoy destruyendo una familia? No puedo volver atrás”. Yo decía: “Mirá si en 10 años yo lo cuento y digo: ‘Ah, no, fue una pesadilla, al final me confundí’”. Ese era mi pensamiento. Entonces, era buscar todo el tiempo adentro mío síntomas, señales de que yo tenía quizás un diagnóstico de esquizofrenia, que alguien no me había descubierto, que yo era una mentirosa patológica y que quería llamar la atención, ¿viste?

—Un poco lo que pensaban algunos de los miembros de tu familia.

—Claro. Entonces, todo el tiempo buscaba adentro mío pistas, a ver dónde en mi adolescencia alguna vez había mentido. “¿Ves? Ahí mentí, quizás", me decía a mí misma. Porque una no se cree.

—Te preguntás: “¿Cómo esta persona me puede hacer esto?”

—Ahí arranca el proceso, quizás el último en el que me encontré fue el de la confusión. Porque yo veía las fotos de los cumpleaños y decía: “¿Cómo esta persona a la que yo muchas veces le dije te quiero y lo abracé, cómo me pudo hacer tanto daño?”. Después también se desencadena lo vincular en como después una se va vinculando en la vida, que es una de las peores cosas con las que tuve que cargar y de la que jamás voy a poder perdonar, porque a la hora de vincularme siempre lo hice con una confusión extrema de dejar pasar humillaciones, mentiras, abuso psicológico total. Porque si de chiquita alguien al que supuestamente me dijeron que me amaba y que tenía ese rol en mí de cuidarme y de protegerme, me hizo ese daño con secuelas emocionales eternas...

—Y físicas.

—Sí, físicas. Pero las emocionales yo creo que son eternas. A lo que le tengo que estar poniendo barniz y revisando todos los días.

—Claro, ¿cómo vas a confiar en un desconocido?

—Y elegimos mal.

—El terapeuta, ¿qué te decía cuando vos te cuestionabas que quizás había partes de invención y no de realidad?

—Me acuerdo que me dijo: “Cuando alguien tiene sarampión o varicela, no se puede mentir porque tiene toda la cara brotada. Cuando alguien tiene un dolor de muela. No lo vemos, pero toca creerle porque se está agarrado la cara, le duele y le dan medicamento. Cuando alguien tiene dolor en el alma, se lo ve en los ojos. ¿Vos te miraste al espejo?”. Le digo: “No puedo”. Yo me acuerdo, en ese momento me llegaba a bañar tres veces por día, lavarme las manos. No me podía mirar al espejo. Me sentía fea, desintegrada. Y me dijo: “Eso no se puede mentir, las emociones no se pueden inventar”. Así que fueron minipasitos para volver a confiar en mí misma.

—Se lo contás a tu padre, se lo contás a tus hermanos, ¿qué devolución tuviste ahí?

—Los hermanos fueron incondicionales. Ahí a mis viejos, los dos, hicieron un trabajo espectacular porque la incondicionalidad fue de fierro. Obviamente después, con los años, cada uno fue abriendo su propio proceso y hemos discutido, nos hemos peleado, no fue todo color de rosas para nada. Pero la incondicionalidad de “estoy acá”, la sentí siempre. Después sí la primada y los tíos, fue mi gran dolor. Después de eso me fui a Costa Rica, pero antes de irme me atreví a una reunión más. Mi viejo se estaba yendo a juntar con sus hermanas y parte de la familia. Y me acuerdo que lo veo subirse al auto y estaba totalmente roto él. Lo miro y le digo: “Yo te acompaño”. Y papá me dice: “No. No te expongas porque te van a preguntar a vos las preguntas que me tienen que hacer a mí”. Pero lo acompañé. Obviamente estaban todos y fue una carnicería porque las preguntas que hicieron yo creo que quizás ni se las acuerdan. Pero yo me las acuerdo todos los días de mi vida. Porque fue como si me patearan la cabeza tirada en el piso.

—En un punto también hay un sentimiento de seguir protegiendo al monstruo, ¿no?

—Hasta el día de la fecha. Hace muy poquito fui a una reunión, donde se habló sobre Peritos y hablé abiertamente sobre quién era. Cuando salí le mandé un mail a quien me había recibido y le dije: “Quizás para vos esta reunión fue una de las millones de reuniones que tenés, pero yo por primera vez pude decir su nombre sin sentir miedo de haberlo dicho”. Porque hasta el día de la fecha lo protejo. Quizás por proteger a mi viejo, por querer seguir cuidando a la familia. Pero siento que en eso hay, de cierta manera, una complicidad con ese silencio.

—¿Se perdona?

—No. Porque hasta el día de la fecha tengo que seguir eligiendo vivir, seguir eligiendo amar la vida. Todos los días es una nueva oportunidad para mí para elegir el lado de la vida. Y eso es muy injusto. Porque me doy cuenta de las secuelas. El perdón es conmigo, con haberme permitido tantos años de silencio, de haber dudado tanto de mí, de haberme sentido mi propia enemiga, de haber preferido mil veces ser otra persona. A mí cuando nací me dieron un trabajo: cuidar a esta humana. Bueno, la descuidé durante muchísimos años con todo el bombardeo mental, todo el castigo, el daño que yo no había ocasionado.

—Hacías lo que podías con todo lo que te había pasado y pudiste un montón. A tía, tío, prima, primo, no importa, que no te creyó, que te juzgó y te cuestionó, ¿se lo perdona?

—Menos. Porque tenían la oportunidad de hacerme el dolor más liviano y me lo hicieron profundamente más difícil. Y aparte, cuando ves a tus amigas al lado tuyo son de fierro, tan incondicionales, pero tan incondicionales... A mí me encanta la gente que te espera cuando uno se está atando los cordones. Y mis amigas ¿sabés los años que me vienen esperando? Porque aparte saben el potencial que tiene mi risa, saben que puedo ser feliz y me vienen esperando en cada caída. Entonces, al ver a esos incondicionales que eran en su momento primas, tías y demás, que me vieron crecer y que en lugar de acompañar eligieron hacerme el camino más difícil, no se perdona. Y mirá que intenté. Lo intenté, lo intenté, lo intenté, pero hay algo en mí que cuando conversamos, porque nos hemos sentado a conversar, hemos tenido la oportunidad de conversar, pero hay algo en mí que lo rechaza totalmente, que sé que es la Lolita que no va a permitir nunca más que la dañen de esa manera.

—Después de todo ese dolor, la vida sin dudas te recompensó. Hoy estás parada desde otro lugar y el proceso de sanación te regala a Amapola. Porque finalmente, después de que los diagnósticos te decían que no te ibas a poder convertir en mamá, llegó ella. Una niña, aparte, con todo lo que eso implica. ¿Cómo fue ese proceso?

—Es impresionante la cantidad de aristas que tiene este proceso. A donde vas hay una mina que va a explotar. Entonces, cuando nace ella, era tal el amor que yo sentía, que me desbordaba y no la podía dejar ni dos segundos. Incluso me costó un montón darle ese espacio. Era como si hiciera un fuerte, un blindado alrededor de ella que era insoportable al principio. Pero en ese momento, pum, la mina que piso fue: che, si yo amo tanto a este ser y no quiero que le pase nada, ¿cómo fue que no me hayan cuidado?

—Claro, empiezan los cuestionamientos hacia arriba.

—¿Por qué no me cuidaron? Porque esto pasó durante años. ¿En dónde estaban? No por culparlos, porque yo a mi vieja le decía: “Jamás te voy a poder culpar a vos, Ni la sociedad ni yo”. La nombro mamá, pero papá también. Jamás los voy a poder culpar de lo que no se pueden ni imaginar. Obviamente que no.

—¿Y cuando se los preguntaste qué te contestaron?

—Obviamente también eran tiempos distintos, la conciencia era otra. Mamá tenía cuatro hijos, mi viejo laburaba todo el día.

—Aparte, ¿qué se podían imaginar esto?

—Y no te podés imaginar que al dejarlo con un abuelo... Pueda pasar algo así.

—Si pudieses tomarte un mate con la Lolita de todo ese ruido emocional, mental, físico, de antes de tomar la decisión de decir: “Voy a ir a hacer esta sesión, voy a ir a hacer esta ceremonia, yo quiero encontrar la verdad”, ¿qué le dirías?

—No sabés el abrazo que le daría...

—La apoyarías a que siga en esa búsqueda, siempre.

—Pero totalmente. Le daría pero el abrazo más profundo y le diría: “Fuerza, guerrera, te queda un camino totalmente incierto, pero con muchísima recompensa. Muchísima”. Y lo sé porque tengo amigas de fierro al lado que eso lo eligió esa Lolita del pasado. La familia no se elige, la historia no se elige. No pude cambiar el principio, pero pude cambiar el final con las amigas maravillosas que me han acompañado. Así que a esa muchacha la abrazaría, le pediría perdón por cuestionarla tanto. Pero que esa búsqueda infatigable nada tiene que ver con una falla en su sistema de personalidad. Tiene que ver con una intuición, que ella la sabía. Pero que había que negociar con el miedo.

—Y me convierto por un ratito en el personaje de Eduardo, tu terapeuta, y te pregunto: ¿ahora te mirás al espejo?

—Sí.

—¿Y te gusta lo que ves?

—Sí. Y hacemos el ejercicio con mi hija todas las mañanas cuando nos levantamos. “Soy maravillosa, soy poderosa”. Obviamente hoy me encuentro en otro proceso, con otro duelo, con secuelas muy parecidas. Pero estoy muy orgullosa de la mujer en la que sé que me voy a convertir, porque ella eligió que el camino de quienes dañan, no nos pertenece.

Un hombre de 32 años murió la tarde del martes en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tras recibir disparos en los genitales y ambas entrepiernas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Ocampo, por maltrato animal.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:45 horas, después de que varios testigos presenciaron al sujeto en un presunto acto de abuso sexual contra un cachorro husky de cuatro meses, versión que las autoridades investigan.

Los agresores, cuyas características no fue posible establecer en el lugar, dispararon contra el hombre y huyeron sin ser identificados.

De acuerdo con los primeros reportes, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) recibió el reporte del incidente y despachó de inmediato unidades de la Policía Municipal y paramédicos al sitio. Los elementos encontraron al hombre tendido junto a un automóvil rojo sobre la vialidad.

Los Servicios Médicos Municipales le brindaron los primeros auxilios en el lugar. Después, los paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde falleció horas más tarde a causa de la gravedad de las heridas.

La Comisaría Municipal de Tlaquepaque informó que en el lugar no fue posible obtener características de los agresores. Las autoridades tampoco pudieron establecer plenamente el móvil de la agresión de forma inmediata.

Los testigos presentes en la escena declararon ante las autoridades que el hombre presuntamente realizaba abuso sexual contra el cachorro en el momento del ataque. Los agresores escaparon sin que ningún elemento policial lograra interceptarlos.

El cachorro husky y la intervención de Bienestar Animal de Tlaquepaque

El cachorro husky permaneció escondido y visiblemente asustado debajo del mismo automóvil rojo junto al que fue atacado el hombre. Personal de Bienestar Animal de Tlaquepaque llegó al sitio y puso al animal bajo resguardo para valorar su estado de salud.

Las autoridades municipales garantizaron la protección del cachorro de cuatro meses tras retirarlo de la escena. El animal quedó bajo el cuidado de la dependencia municipal mientras avanza la investigación.

De forma preliminar, las autoridades establecieron que el fallecido era hermano de la dueña del cachorro. Este dato forma parte de las líneas de investigación que la Fiscalía de Jalisco abrió tras los hechos.

La fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer tanto el homicidio como el presunto caso de maltrato y abuso sexual contra el animal. Ambas líneas de investigación corren de manera paralela.

La Fiscalía de Jalisco investiga el homicidio y el presunto abuso animal

La carpeta de investigación abierta por la Fiscalía de Jalisco abarca dos frentes: el asesinato del hombre de 32 años y el presunto abuso sexual cometido contra el cachorro. Las autoridades aún no confirmaron oficialmente el móvil del ataque armado.

El caso generó indignación pública por la violencia ejercida presuntamente contra un animal indefenso y por el desenlace armado en plena vía pública. El ataque ocurrió a plena luz del día en una avenida transitada del municipio.

La Fiscalía de Jalisco tiene su sede en calle 14, colonia Colón Industrial, en Guadalajara, y atiende denuncias al teléfono 33 3837 6000. Los ciudadanos también pueden reportar casos de maltrato animal ante la PROFEPA a través de su formulario en línea o al número 800 7763372.

Quienes deseen reportar maltrato animal en Tlaquepaque pueden acudir al Centro de Salud Animal, ubicado en San José Poniente 77, colonia Nueva Santa María. Para denuncias en Guadalajara, la línea GuaZap atiende en el 33 3610 1010, y en Zapopan el número de reporte es el 33 3818 2200, extensión 3285, disponible las 24 horas.

La tarde del pasada lunes, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza llevaron a cabo un operativo, que concluyó con la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana, buscado de manera intensa por la justicia de su país.

El arresto se produjo en el territorio mendocino tras varias semanas de investigaciones que permitieron dar con el paradero del sospechoso, quien había logrado evadir a las autoridades peruanas.

La identidad del detenido, un hombre de 36 años oriundo de la ciudad de Trujillo, había sido difundida a través de una alerta roja emitida por INTERPOL, lo que aceleró la cooperación internacional para su localización.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, el individuo estaba acusado del delito de Actos Contra el Pudor en Perjuicio de una menor de 14 años, una causa que generó conmoción tanto en Perú como entre las autoridades migratorias de Argentina.

La colaboración entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad resultó clave para la resolución de este caso. Según fuentes oficiales, las tareas de inteligencia permitieron detectar que el prófugo residía en una vivienda de Mendoza, donde finalmente fue aprehendido. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un teléfono celular y otros objetos que podrían aportar pruebas relevantes para el avance de la investigación.

La investigación se inició tras la emisión de la alerta roja por parte de INTERPOL, que detallaba las características físicas, antecedentes y la acusación que pesaba sobre el ciudadano peruano. La causa judicial abierta en Perú está enmarcada en los artículos 173 y 176 del Código Penal Peruano, que sancionan los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

De acuerdo con el comunicado, la cooperación entre las autoridades argentinas y peruanas permitió articular una estrategia de seguimiento y vigilancia, que concluyó con la detención del sospechoso en Mendoza.

El Juzgado Federal N° 1 de Mendoza fue el responsable de ordenar la detención y el posterior traslado del hombre a la Unidad N° 32 del Servicio Penitenciario Federal, donde permanecerá alojado mientras se resuelve su situación legal.

El futuro del ciudadano peruano detenido ahora está sujeto a los trámites internacionales de extradición. Según las autoridades judiciales, ya se han iniciado las gestiones con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para garantizar que el acusado pueda comparecer ante la justicia de su país de origen.

La extradición es un proceso legal que requiere la presentación de documentación y pruebas suficientes para justificar el traslado del detenido a Perú.

El operativo desarrollado en Mendoza responde a una estrategia internacional de combate a los delitos sexuales y a la protección de menores, que implica la colaboración entre distintas jurisdicciones y la intervención de organismos como INTERPOL. La pronta detención del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información y a la ejecución coordinada de acciones de inteligencia.

La investigación continúa abierta en ambas jurisdicciones, a la espera de que se concrete la extradición y el acusado sea sometido a juicio en Perú.

Hace tan solo un mes, extraditaron a dos franceses acusado sde exportar cocaína desde Buenos Aires a París. El traslado estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el área de Interpol de la Policía Federal, que había enviado una comitiva horas antes. Así, fueron entregados a la Unidad de Delitos Complejos de la PSA.

Ambos acusados viajaron en absoluto silencio, separados del resto de los pasajeros. “No dijeron nada”, afirmó un investigador. Tal vez, repitan ese silencio ante el juez Aguinsky. La ruta de sus cómplices del otro lado del mundo -donde el kilo de droga multiplica cuatro veces su valor porteño- es un interrogante.

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, imputado por supuesto abuso sexual y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, reinstalada como querellante en la causa.

El máximo tribunal penal nacional sostuvo que fue “arbitraria” la decisión de apartar a Rakauskas del proceso por carecer temporalmente de abogado, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La denuncia se remonta al 10 de mayo de 2021. Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza desde fines de abril de ese año, acusó al jefe comunal de haberse presentado en su departamento con una excusa laboral e intentar abusar sexualmente de ella. El intendente siempre negó los hechos.

La decisión de Casación

La decisión por mayoría de la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días revirtió una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero pasado, separó a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

“La inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, sostuvo el camarista Días.

La denunciante fue apartada como querella en la etapa de juicio oral porque no designó un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado, ocurrida el 17 de diciembre de 2025. El tribunal la intimó a hacerlo en un plazo de 72 horas, en plena semana previa a las fiestas de fin de año y con la feria judicial de enero a días de comenzar, remarcó ahora Casación.

El camarista Huarte Petite concluyó que “la conducta desplegada por la querellante revela una intención de mantener su participación en las actuaciones y de continuar ejerciendo los derechos inherentes a su calidad de parte”.

“Por ello, la conclusión alcanzada por el tribunal en torno a una presunta falta de interés en la prosecución de la acción penal no aparece suficientemente respaldada por las constancias objetivas incorporadas al expediente ni por la normativa legal aplicable”, agregó.

El juez Pablo Jantus votó en disidencia por el rechazo del recurso y la confirmación del sobreseimiento para Espinoza. El magistrado cuestionó la figura del querellante exclusivo —aquella en que la acusación privada actúa sin el Ministerio Público Fiscal— y consideró que el apartamiento de Rakauskas no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

El 11 de febrero de 2025, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro se pronunció por el sobreseimiento por falta de pruebas para Espinoza y la causa quedó desde entonces “con la actuación en solitario de la acusación privada”, como se recordó en la resolución judicial.

A fines de 2025 el abogado de la denunciante renunció y el Tribunal que debe llevar adelante el juicio la convocó en reiteradas ocasiones para que designara nuevo patrocinio, necesario para el rol de querellante. Incluso, se le informó las maneras de obtenerlo de manera gratuita por su calidad de presunta víctima. Ante la falta de respuesta, la separaron del rol de querella y como era la única parte acusadora, se sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

Rakauskas designó luego nuevo abogado, Ignacio Barrios y recurrió a Casación: se realizó una audiencia el último jueves a la cual ella concurrió en persona y ahora se tomó la decisión de reponerla en su rol y seguir adelante con el futuro juicio oral.

Todo ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando Moriatis llegó al hotel directamente desde el aeropuerto tras una jornada de trabajo. Al acercarse a la recepción para hacer el check-in, advirtió la presencia de un hombre que, según describió en un video publicado en su cuenta de Instagram, estaba “totalmente pasado” sentado en el lobby. Tomó las llaves de su habitación y se dirigió al ascensor, pero el hombre la siguió e ingresó con ella al elevador. Antes de que las puertas se cerraran, logró salir y volvió a la recepción para pedir ayuda.

La empleada del hotel intentó intervenir sin éxito. Otro huésped argentino también trató de alejar al hombre, pero tampoco pudo contenerlo. Fue en ese momento cuando aparecieron Gonzalo Pérez, Juan Ignacio Turcato, Nicolás Tomasini y Fran Hidalgo, los cuatro sanjuaninos que se convertirían en los protagonistas de la noche. Moriatis les pidió que formaran una barrera para cubrirla mientras ella intentaba llegar a su habitación.

La estrategia no salió como esperaban. “Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar, los cortó, me empezó a perseguir”, relató Moriatis en el video. El agresor atacó a los cuatro jóvenes con el objeto improvisado y volvió a ir tras ella, que logró escapar corriendo y esconderse en algún punto del hotel mientras otros testigos llamaban a la policía.

La espera fue larga. Los efectivos tardaron aproximadamente media hora en llegar, y durante todo ese tiempo los cuatro hombres sostuvieron la situación, aguantaron los golpes y mantuvieron al agresor a raya para que no encontrara a la periodista. “Los chicos aguantando los golpes, aguantando la situación para salvarme la vida, porque hubiese terminado en una tragedia horrible”, describió Moriatis, todavía conmocionada. Cuando la policía finalmente llegó, el hombre fue detenido y trasladado.

“Intentaron abusarme”, aseguró la influencer en el video que publicó y que incluyó imágenes del momento posterior al incidente y fragmentos del audio captado durante la crisis, donde se escucha su voz pidiéndoles a los jóvenes que lo agarren y alertándolos sobre la navaja. “Tiene una navaja”, se la escucha gritar, entre sus pedidos de ayuda.

En la publicación, Moriatis no solo agradeció a los cuatro hombres sino que también reflexionó sobre lo que el episodio le reveló. “No sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra de defender a muerte a un desconocido”, escribió, y agregó: “Dicen que nos une solo el fútbol, pero somos un pueblo solidario, que protege sin medir a quién y sigue ayudando por más difícil que se ponga la situación”. Como forma concreta de agradecimiento, lanzó una campaña pública para conseguirles entradas al partido de la Selección Argentina, que se disputará el miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial.

Moriatis reside en Miami y es prima de Stefy y Vicky Xipolitakis. Con una trayectoria como periodista deportiva y referente del fitness, viaja habitualmente por el mundo y tiene una comunidad consolidada en redes sociales. Su cobertura del Mundial 2026 la llevó a Atlanta días antes del partido entre Argentina e Inglaterra, uno de los cruces más esperados del torneo.

Un pastor evangélico fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser señalado por su presunta participación en delitos sexuales contra una menor de edad en Villanueva, Cortés. El hombre, de 42 años, tenía una orden judicial y fue localizado en la aldea Corinto, municipio de Omoa.

La captura se realizó luego de una investigación de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal. Según el reporte policial, el sospechoso había salido del país después de que se conociera la denuncia.

El detenido es originario de Yoro, Yoro, y tenía residencia en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, Guatemala.

Sobre el detenido pesaba una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, donde se lo señala como presunto responsable de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas y violación calificada continuada en perjuicio de una niña de 12 años.

Qué cargos enfrenta

Según el expediente investigativo, el caso comenzó después de una denuncia por un supuesto abuso sexual contra la menor. Tras recibir la información, un equipo especializado inició las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y recopilar elementos para la investigación.

Durante el proceso, los agentes tomaron declaraciones a la menor y a sus familiares, además de coordinar evaluaciones médico-legales, cuyos resultados fueron incorporados al expediente judicial como parte de las pruebas recopiladas por los investigadores.

Dónde fue localizado

Las autoridades indicaron que, después de que se conocieron los hechos, el sospechoso presuntamente abandonó Villanueva junto con su familia y se trasladó hacia Guatemala, con la intención de evitar ser encontrado por las autoridades.

El seguimiento de los equipos especializados permitió establecer su ubicación y ejecutar la orden de captura en territorio hondureño. Luego de su arresto, fue remitido ante el órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso establecido por la ley.

En Honduras, los delitos sexuales por los que se acusa al detenido contemplan penas de prisión que pueden incrementarse según las circunstancias y agravantes que sean valoradas durante el proceso judicial. La legislación establece sanciones más graves cuando las víctimas son menores de edad o cuando existen condiciones particulares que agravan el delito.

El organismo policial reiteró que mantiene acciones permanentes para investigar hechos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, y recordó que toda persona acusada de un delito conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

Honduras en 2024, las autoridades investigaron denuncias contra personas vinculadas a congregaciones religiosas por supuestos abusos, lo que generó llamados de organizaciones de protección infantil para fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y vigilancia dentro de instituciones donde existe una relación de confianza o autoridad sobre niños y adolescentes.

Otro caso relevante ocurrió en 2025, cuando autoridades hondureñas reportaron capturas e investigaciones contra individuos acusados de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad en distintos sectores del país.

Estos procesos derivaron la importancia de la intervención de unidades especializadas de investigación y del acompañamiento a las víctimas, debido a que muchos de estos hechos ocurren en entornos cercanos a los menores, donde los agresores pueden aprovechar vínculos familiares, comunitarios o de confianza.

Omar “N” fue detenido en Tulum, Quintana Roo, tras una orden de arresto activa emitida en Texas por agresión sexual contra una persona menor de edad, según confirmaron las autoridades el 25 de junio de 2026.

La captura fue el resultado de un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Investigación de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a través de su Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales. Ambas corporaciones trabajaron con base en información confidencial que situó al sospechoso en territorio quintanarroense.

El operativo en la avenida Parque Tulum

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes localizaron al ciudadano estadounidense sobre la avenida Parque Tulum. Allí lo interceptaron para una verificación de identidad de rutina.

Al momento del contacto, el hombre adoptó una actitud nerviosa, evasiva y titubeante. Esa conducta llevó a los elementos a profundizar la revisión de sus datos en los sistemas de seguridad.

La consulta en esas bases arrojó la existencia de una orden de aprehensión vigente, emitida por autoridades del estado de Texas. El documento lo señalaba como presunto responsable del delito de agresión sexual contra una persona menor de edad.

A raíz de las investigaciones, los oficiales solicitaron en reiteradas ocasiones que el hombre presentara una identificación. Al no hacerlo, los trabajos de inteligencia desplegados en el lugar confirmaron su ficha de búsqueda internacional.

Señalamientos adicionales y situación migratoria

Las fuentes de cooperación internacional también revelaron que Omar “N” enfrenta señalamientos por posesión de sustancias controladas en Estados Unidos. Ese cargo se suma a la acusación principal por la que era requerido en Texas.

Durante los trámites posteriores a su detención, las autoridades determinaron que el sospechoso no acreditó estancia legal en México. Por esa razón, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los procedimientos administrativos correspondientes.

La coordinación detrás de la captura

Según las autoridades, la operación formó parte de la estrategia de colaboración interinstitucional e internacional impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. El objetivo de esa estrategia es localizar y capturar a personas requeridas por la justicia de otros países que se encuentren en territorio mexicano.

El caso ilustra el funcionamiento del mecanismo de rastreo transnacional: una corporación estatal recibe información, la valida con unidades federales especializadas y ejecuta la detención en coordinación. El resultado fue la captura de un individuo que, según las autoridades texanas, representaba un riesgo para menores de edad.

El camino hacia la extradición

Con Omar “N” ya bajo custodia migratoria, las autoridades mexicanas iniciaron las gestiones legales para definir su situación jurídica. El proceso contempla los trámites necesarios para su eventual extradición a Estados Unidos.

Una vez entregado a las autoridades estadounidenses, el detenido deberá responder ante la justicia de Texas por las acusaciones que motivaron la orden de arresto. La resolución de su caso dependerá del avance de esos procedimientos en el país vecino.

Tulum como destino de prófugos internacionales

La detención en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe mexicano pone de manifiesto un patrón documentado por las agencias de seguridad: personas requeridas por la justicia de otros países utilizan zonas de alta afluencia turística para pasar desapercibidas. La colaboración entre fuerzas locales, federales y organismos internacionales resultó determinante para dar con el paradero del sospechoso.

El detenido permanece a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites legales que determinarán su traslado a Estados Unidos.

En los próximos días, se espera que las autoridades ofrezcan detalles adicionales sobre el caso y el avance de los procedimientos legales. La información oficial permitirá conocer el rumbo de la investigación y el destino del detenido conforme avance su proceso judicial.

Hace más de 20 años empecé a participar en programas de televisión. En uno de ellos, la propuesta era hablar sobre maltrato infantil. Comencé a contar lo que sabía entonces, que siento que era poco en comparación con todo lo que aprendí durante estos años de trabajo junto a bebés, niños, niñas y personas adultas sobrevivientes.

Sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo. No solo por el tema que iba a abordar, sino porque uno de los presentes venía de protagonizar un escándalo por defender lo indefendible.

De todos modos, pensé que era una oportunidad para hablar de aquello que tantas veces permanece oculto y para transmitir algo de lo que viven quienes atraviesan situaciones de violencia durante su niñez.

Recuerdo con nitidez que una de las participantes, en medio de la conversación, dijo algo así: “A mí me zamarreaban, me daban un par de cachetadas y acá estoy. No me pasó nada”.

No recuerdo qué le respondí. Tal vez porque incluso en ese momento la evidencia sobre las consecuencias del maltrato y la violencia sexual ya era contundente.

Lo que sí recuerdo es la naturalidad con la que fue recibida esa frase. Nadie parecía sorprendido. Qué pacto -pensé en ese momento, y pienso ahora, porque algunas ideas no cambian- hacen los niños maltratados con quienes los agreden. Un pacto que sostiene una desmentida, a un costo psíquico profundo, para sacralizar vínculos, para mantener la aparente paz familiar, y para que el sufrimiento no salga a la luz. De todas formas, siempre sale.

Han pasado más de dos décadas y, sin embargo, esa escena sigue repitiéndose. No solamente en la televisión. También en las escuelas, en los juzgados, en las instituciones y en muchas familias. Se minimiza la violencia sufrida por un niño o una niña con frases tales porque “antes era así”, porque “a todos nos pasó” o porque “si fuera tan grave se notaría”.

Los datos difundidos por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema muestran que durante 2025 se registraron 3.924 niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia al interior de sus familias. El dato es aterrador, pero no sorprende y solo hablamos de los casos denunciados.

Aunque adopten formas y diferentes nombres, estas violencias tienen algo en común: ocurren en relaciones atravesadas por una profunda desigualdad de poder. Y cuando quien ejerce esa violencia es precisamente la persona encargada de cuidar, proteger y garantizar la seguridad del niño, las consecuencias suelen ser profundas. De los casos que llegaron a la justicia, el 81% de las personas denunciadas eran sus propios padres.

Actualmente, entendemos por maltrato infantil toda acción, omisión o trato negligente que prive a bebés, niñas, niños y adolescentes de sus derechos, afecte su desarrollo, comprometa su bienestar físico, emocional o social, o ponga en riesgo su integridad.

Esta definición incluye formas de violencia que durante mucho tiempo permanecieron invisibles o naturalizadas: el maltrato físico, el psicológico o emocional, la agresión sexual en todas sus formas, la negligencia, la violencia simbólica, la violencia de género ejercida en el hogar, la instrumentalización de los niños en conflictos parentales.

En los últimos años se han sumado nuevas modalidades mediadas por tecnologías digitales: el grooming, el hostigamiento en línea, la explotación sexual facilitada por medios digitales, la difusión no consentida de imágenes y el sharenting.

El maltrato infantil no se limita al ámbito familiar. La trata de niñas, niños y adolescentes, la explotación sexual y laboral, el criadazgo, la captación por grupos coercitivos o sectarios y las violencias ejercidas en instituciones educativas, religiosas, deportivas o residenciales forman parte de un mismo fenómeno: el abuso de poder sobre quienes se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad.

Muchas de estas situaciones permanecen invisibilizadas, son escasamente denunciadas y rara vez aparecen reflejadas en las estadísticas oficiales. He atendido también a niñas y mujeres que sobrevivieron a estos sistemas de opresión con secuelas que pueden persistir a lo largo de la vida.

Es llegar tarde cuando debemos ayudar a alguien a recuperarse de su única infancia. Y tampoco se trata de si alguien logra llegar a la adultez, estudiar, trabajar o formar una familia, es decir, sobrevivir, sino del costo que tuvo que pagar para lograrlo. ¿Cómo es crecer en un entorno al que se teme? ¿Cómo se vuelve a confiar en el mundo de los adultos si, cuando más necesitado estabas, quienes debían cuidarte fueron quienes te agredieron?

Hay algo común en la desmentida social acerca del maltrato y la violencia sexual: no se puede creer porque no se puede admitir. Como la panelista, muchísimos adultos han sido agredidos desde muy pequeños pero prefieren pensar que no les hizo tanto daño, o que su conducta lo ameritaba, o que eran otros tiempos.

Por eso una de las consecuencias más frecuentes del maltrato infantil es, paradójicamente, la convicción de que no dejó consecuencias. Como mecanismo de supervivencia, muchas personas aprenden a restar importancia a lo ocurrido, a compararlo con situaciones peores o a repetir que “no fue para tanto”. Sin embargo, sobrevivir a una experiencia no significa haber salido indemne de ella.

Las investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas muestran que los malos tratos durante la infancia se asocian con mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos del sueño, consumo problemático de sustancias, conductas autolesivas, dificultades en los vínculos sexoafectivos y un mayor riesgo de padecimientos físicos a lo largo de la vida.

Las secuelas no siempre aparecen bajo la forma de un diagnóstico. Muchas veces se expresan en una vida atravesada por el miedo, la vergüenza, la culpa o la sensación persistente de no ser merecedor de cuidado.

Otras veces aparecen en la naturalización de relaciones violentas, en la dificultad para reconocer los propios límites o en una tendencia a minimizar aquello que se sufrió, o a ser condescendiente para que te quieran.

Es muy impresionante observar la diferencia en la autoconfianza entre una persona que no fue agredida durante su infancia y alguien que sí lo fue.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes no se mide solamente por las marcas visibles que deja en el cuerpo, también por aquellas que se inscriben en la manera en que una persona aprende a habitar el mundo, a relacionarse con los demás y a valorarse a sí misma.

El informe de la OVD muestra que la violencia psicológica estuvo presente en el 95% de las situaciones evaluadas. Esto obliga a revisar una idea todavía muy extendida según la cual la violencia infantil es grave cuando hay golpes. Los insultos, las humillaciones, las amenazas, la indiferencia emocional, el llamado silent treatment o “ley del hielo”, la manipulación o la exposición permanente a situaciones de violencia también producen daño.

La mayoría de los niños afectados tenía menos de once años. Es decir, se encontraban en una etapa de la vida en la que muchas veces todavía no cuentan con las palabras necesarias para explicar lo que les ocurre, ni saben a quién contárselo y naturalizan ser mal tratados porque es lo único que conocen.

El sufrimiento aparece entonces en forma de conductas, dificultades escolares, problemas de sueño, temores, síntomas físicos o cambios emocionales que los adultos no siempre saben leer. Los niños y niñas víctimas siempre se expresan, lo hacen de la manera que pueden.

La forma en que una sociedad narra la violencia también dice mucho acerca de cómo la comprende. Es frecuente que, en la carrera por los clics y la viralización, se ponga el foco en el impacto, el escándalo o el detalle morboso, pero muy pocas veces en las secuelas.

Esta semana, en el grupo de apoyo a sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia que coordino, varios participantes contaron acerca del malestar que les había generado la cobertura de los últimos casos de violencia letal contra niños y niñas. Escuchar una y otra vez detalles escabrosos, reconstrucciones de hechos traumáticos y relatos cargados de morbo no resulta inocuo para quienes han atravesado experiencias similares. La violencia no termina cuando los hechos ocurrieron; muchas veces reaparece a través de aquello que se ve y se escucha y fuerza una rememoración que revictimiza.

En abril, desde el Consejo Consultivo de ARALMA enviamos un informe al ENACOM solicitando mayor protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en estos hechos y un tratamiento responsable de la información. Hasta hoy no hemos recibido respuesta.

Los datos de la OVD muestran que más de la mitad de las situaciones denunciadas ocurrían de manera diaria o semanal. Esto significa que muchos niños no estaban expuestos a episodios aislados sino que crecían en contextos donde la amenaza formaba parte de la vida cotidiana.

Quizás por eso estos datos no hablan solamente de violencia, hablan de la falta de estadísticas a nivel nacional, de la falta de detección, capacitación y de la indolencia a nivel estatal.

También obligan a preguntarnos cuánto de lo que se hace en nombre de la protección infantil logra efectivamente transformar la vida de los niños y niñas.

Durante años hemos asistido a una proliferación de lanzamientos políticos, informes, eventos y declaraciones que muchas veces circulan dentro de los mismos espacios especializados sin producir cambios significativos en la realidad cotidiana de la infancia.

Todo esto devela cuánto tarda una sociedad en escuchar a sus niños y niñas, qué poco observa, cuánto le importa realmente aquello que les sucede y, sobre todo, qué está dispuesta a hacer para protegerlos.

Los casi cuatro mil niños, niñas y adolescentes que llegaron a la OVD durante 2025 no representan el comienzo del problema, ni su parte más acuciante. Solo representan a quienes, de algún modo, lograron ser vistos y oídos.

La pregunta es cuántos más siguen viviendo situaciones similares sin que ningún adulto, ninguna institución y ningún sistema de protección hayan logrado todavía reconocer su sufrimiento, protegerlos y salvarlos.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

Rogelio “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado y violación agravada contra una menor, hija de su expareja en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El caso salió a la luz el 5 de junio de 2026, cuando la madre de la víctima notó que su hija presentaba lesiones y sangrado que requerían atención médica. La trasladó de inmediato a un hospital, donde la niña señaló a Rogelio “N” como su agresor.

Al día siguiente, el personal médico notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), que inició las indagatorias correspondientes.

Amenazas y silencio forzado

Durante la entrevista especializada realizada por personal capacitado de la institución, la víctima relató episodios ocurridos entre mayo y julio de 2024.

Según su testimonio, Rogelio “N” aprovechaba las ausencias de la madre para ingresar a la habitación de la niña, donde la agredía sexualmente. Para mantenerla en silencio, la amenazaba con hacerle daño a su madre. El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto como medida de protección, bloqueando la puerta de su cuarto para intentar impedir que Rogelio “N” entrara.

El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto ubicado en un domicilio de la alcaldía Xochimilco.

La captura y el proceso judicial

Los testimonios, dictámenes periciales y demás datos de prueba reunidos durante la investigación permitieron al agente del Ministerio Público solicitar una orden de aprehensión contra el imputado.

La Policía de Investigación (PDI) ejecutó esa orden el 21 de junio de 2026, al momento en que Rogelio “N” salía de una audiencia relacionada con otro proceso penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Al día siguiente, durante la audiencia inicial, la Fiscalía CDMX formuló imputación y presentó las pruebas recabadas. Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

La autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Protocolos para evitar la revictimización

La Fiscalía CDMX subrayó que la atención a la víctima se realizó mediante procedimientos diseñados específicamente para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Esos protocolos buscan evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño. La institución indicó que continúa fortaleciendo la investigación en el caso.

El abuso sexual infantil en México: dimensión y cifras

En México, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, según estimaciones de la organización Early Institute. A pesar de esa magnitud, solo 1 de cada 100 casos llega a ser denunciado, de acuerdo con organizaciones civiles especializadas en protección de la infancia.

Dónde ocurre y quién agrede

El 75% de las agresiones sexuales contra menores registradas en 2024 ocurrió dentro de una vivienda, según la Secretaría de Salud. El agresor pertenece con frecuencia al entorno inmediato de la víctima: el 13.4% de los casos tuvo como responsable al padre o al padrastro, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La organización civil Te Protejo México recibió entre 2024 y julio de 2025 reportes de casi 30 mil víctimas identificadas. El 84.5% de los menores afectados en ese período tenían entre 3 y 13 años, y el 88.1% eran de sexo femenino.

Impunidad y acceso a la justicia

El panorama judicial agrava la situación. De cada mil casos de abuso sexual infantil en México, solo 10 llegan a juicio y apenas uno recibe sentencia condenatoria, lo que equivale a un índice de impunidad del 99%. En términos generales, el 97% de los delitos cometidos contra menores permanece impune.

Las penas que contempla la ley

El Código Penal Federal establece penas de entre seis y 13 años de prisión por abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años, incluso con su consentimiento. Si el delito se comete con violencia, la pena se incrementa en una mitad adicional sobre el mínimo y el máximo.

Por el delito de violación, la ley federal prevé entre ocho y 20 años de prisión. Cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de confianza, parentesco o convivencia con el agresor —circunstancias que configuran la modalidad agravada—, las sanciones se elevan conforme a los códigos penales de cada entidad federativa.

Concebido como un espacio seguro para el diálogo, la formación y el compromiso de avanzar hacia una sociedad más consciente, responsable y cercana a quienes han sufrido abuso, Panamá será sede, del 8 al 11 de julio, del congreso internacional de las personas sordas.

En el país hay 11,323 personas con deficiencia auditiva, según la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, realizada en el primer trimestre de 2024, después de 18 años sin tener información actualizada.

Solo en 2025 el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) atendió a 18,319 estudiantes con esta condición.

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral.

Se informó que el congreso busca ofrecer un espacio de escucha y reflexión sobre la realidad que viven las personas sordas víctimas de abuso.

De igual manera, tiene como finalidad fortalecer la formación en materia de prevención, protección de menores y adultos vulnerables, y promoción de entornos seguros dentro de nuestras comunidades eclesiales, dijo monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña y segundo vicepresidente del CELAM.

La convención reunirá a especialistas internacionales, agentes pastorales y personas sordas de diversos países de América, con el propósito de sensibilizar sobre los desafíos particulares que enfrenta esta población y promover una cultura de cuidado, respeto, inclusión y protección.

El “Abuso sexual en la Iglesia: su historia y realidad actual. Como se relaciona y afecta a la comunidad sorda”; “El caso Próvolo: ejemplo de modelo interdisciplinario para responder al desafío del abuso en la comunidad sorda en Argentina”; “Perspectiva global: cómo la Iglesia comenzó a escuchar las voces de quienes han sido abusados”, serán algunos de los temas a tratar durante la actividad.

El encuentro es organizado por la Iniciativa de los Jóvenes Católicos Sordos de América (DCYIA, por sus sus siglas en inglés), en colaboración con la Pontificia Comisión para la Protección del Menor, de la Santa Sede; el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la Arquidiócesis de Panamá.

En Panamá la Ley N°1 del 28 de enero de 1992 protege a las personas con discapacidad auditiva y reconoce la lengua de señas como la lengua natural del discapacitado auditivo profundo.

Esta es una herramienta fundamental de inclusión, y la norma reafirma la importancia de promover una cultura institucional basada en el respeto, la accesibilidad y la equiparación de oportunidades.

Ratificada por Panama, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 21 el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, incluyendo el uso de la lengua de señas como medio de comunicación.

En esa línea, la política nacional de discapacidad de Panamá promueve la eliminación de barreras comunicativas y la plena participación de las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad, de acuerdo con el IPHE.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que a nivel mundial más de 1.500 millones de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, de las cuales aproximadamente 430 millones tienen pérdida auditiva de moderada a grave en el oído con mejor audición.

En América, alrededor de 217 millones de personas viven con pérdida auditiva, cifra que se espera aumente a 322 millones para 2050. Las estimaciones de la OMS proyectan que 700 millones necesitarán atención otológica y servicios de rehabilitación si no se toman medidas preventivas.

La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de mantener en detención provisional a un hombre de 75 años acusado de abusar sexualmente de cinco niñas en la comarca Guna Yala vuelve a poner en evidencia una realidad que reflejan las estadísticas oficiales: los delitos sexuales continúan en aumento en Panamá y muchos de los casos tienen como víctimas a menores de edad.

El caso, investigado por la Personería Municipal de Guna Yala, involucra presuntos hechos ocurridos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Según las autoridades, el imputado habría abusado sexualmente de cinco menores cuyas edades oscilan entre los 5 y 9 años. Además, presuntamente las obligó a presenciar actos de naturaleza sexual y, en algunos casos, les ofreció dinero para que guardaran silencio.

Mientras la investigación avanza en los tribunales, las cifras del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 se registraron 2,665 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en todo el país, un aumento de 14% respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 2,339 casos.

Los datos reflejan que la gran mayoría de las denuncias corresponden a delitos agrupados en el capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumula 2,441 casos, equivalentes a más del 91% de todas las denuncias registradas en los primeros cinco meses del año. }

Por su parte, los delitos relacionados con corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas sumaron 224 reportes.

El delito con más denuncias en el país fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 1,006 casos reportados. Le siguen la violación, con 887 denuncias; los actos libidinosos, con 415; y la corrupción de personas menores de edad, con 156 casos.

También se registraron 41 denuncias por pornografía infantil y 10 por posesión de material pornográfico infantil.

Más allá de las cifras absolutas, el informe revela tendencias preocupantes. Las denuncias por corrupción de personas menores de edad aumentaron 32% en comparación con el mismo período de 2025.

Los casos de acceso sexual con adolescentes entre 14 y 18 años crecieron 30%, mientras que los reportes por pornografía infantil registraron un incremento de 52%, al pasar de 27 a 41 denuncias. Incluso la exhibición de materiales pornográficos a menores de edad incapaces o discapacitados se duplicó durante el período analizado.

El informe también muestra diferencias importantes entre las regiones del país. Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias, con 550 casos, seguida de Chiriquí con 406, Panamá Oeste con 340, la comarca Ngäbe Buglé con 299 y Bocas del Toro con 258. Estas cinco zonas acumulan más de la mitad de todas las denuncias registradas a nivel nacional.

Sin embargo, cuando se analiza el crecimiento porcentual, la situación más llamativa se registra en la comarca Guna Yala. Allí las denuncias pasaron de 12 a 26 casos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de 117%, el más alto del país.

También se reportaron aumentos significativos en Darién (29%), Panamá (27%), Chiriquí (24%) y Herrera (18%).

Otro dato que llama la atención es el comportamiento mensual de las denuncias. Mayo cerró como el mes con más casos reportados en lo que va de 2026, con 685 denuncias, muy por encima de febrero, que registró 416.

La tendencia ascendente observada desde marzo refleja que el fenómeno continúa siendo una preocupación constante para las autoridades encargadas de la investigación y protección de las víctimas.

Aunque el informe estadístico no detalla la edad de todas las víctimas, varios de los delitos con mayor incidencia involucran directamente a niños, niñas y adolescentes. Esto incluye corrupción de menores, pornografía infantil y relaciones sexuales con adolescentes menores de 18 años.

Los especialistas han advertido que estos delitos suelen producirse en entornos cercanos a las víctimas, muchas veces dentro de círculos familiares o comunitarios, lo que dificulta la denuncia oportuna y favorece el silencio.

Precisamente, el caso de Guna Yala refleja algunas de estas dinámicas. Según la investigación, las víctimas eran niñas de corta edad y los hechos se habrían prolongado durante varios meses antes de llegar a conocimiento de las autoridades.

Para los investigadores, este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de detección temprana, protección de víctimas y acompañamiento psicológico.

Las cifras del Ministerio Público muestran que el desafío sigue creciendo. Con más de 2,600 denuncias registradas en apenas cinco meses, Panamá enfrenta un panorama complejo en materia de delitos sexuales, particularmente aquellos que afectan a menores de edad.

Mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales, los datos reflejan que la prevención, la denuncia temprana y la protección de las víctimas continuarán siendo tareas pendientes para frenar una problemática que sigue dejando cifras al alza.

Un juez vinculó a proceso a Daniel “N” y le impuso prisión preventiva por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, tras una investigación de casi tres años de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). El caso involucra el almacenamiento y la transmisión de alrededor de 20 archivos con material de abuso sexual infantil a través de una cuenta de correo electrónico.

De acuerdo con los primeros reportes, el origen de la investigación se remonta a septiembre de 2023, cuando la Guardia Nacional remitió a la Fiscalía capitalina un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Dicho documento alertaba sobre la circulación de archivos con contenido de explotación sexual infantil vinculados a una cuenta de correo específica.

¿Cómo llegaron a la detención?

A partir de ese reporte, la FGJ-CDMX desplegó labores de inteligencia cibernética para rastrear el origen del material. Esas diligencias permitieron establecer la probable participación de Daniel “N” en los hechos.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra del imputado. La detención se concretó el 9 de junio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.

La captura fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La operación fue resultado directo de las gestiones judiciales previas de la Fiscalía.

El 15 de junio de 2026 se celebró la audiencia inicial ante la autoridad judicial. El Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentaban la acusación contra Daniel “N”.

Con base en esas pruebas, el juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. La resolución también incluyó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

Plazo para cerrar la investigación y presunción de inocencia

El mismo juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Ese período permitirá a la Fiscalía consolidar los elementos del caso antes de la siguiente etapa procesal.

La FGJ-CDMX señaló que continuará con las investigaciones especializadas para identificar a otras personas que puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La institución subrayó su compromiso con llevar ante la justicia a quienes atenten contra esa población.

“Este caso refleja el trabajo de investigación especializada que impulsa la Fiscalía CDMX para identificar y llevar ante la justicia a quienes atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes”, indicaron las autoridades.

Los primeros reportes señalan que el caso involucra la coordinación entre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia a nivel federal y local. Esa articulación fue determinante para identificar al probable responsable y ejecutar la orden de aprehensión.

El delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil es perseguido con especial rigor por las autoridades capitalinas. La FGJ-CDMX cuenta con unidades especializadas en delitos cibernéticos y en la protección de menores para atender este tipo de casos.

El reporte del NCMEC, organismo internacional que monitorea la explotación sexual infantil en plataformas digitales, fue el detonador de todo el proceso. Su colaboración con las autoridades mexicanas fue el punto de partida de la investigación que derivó en la detención.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Daniel “N” se considera inocente mientras no exista una sentencia definitiva emitida por el órgano jurisdiccional competente. Esa presunción de inocencia rige todas las etapas del procedimiento en su contra.

Cabe mencionar que la vinculación a proceso no equivale a una condena. El imputado permanecerá bajo prisión preventiva durante el plazo establecido por el juez para que la Fiscalía concluya su investigación complementaria.

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez, Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, en la causa donde estaban acusados de abuso sexual agravado. La denuncia contra ellos la había realizado una joven tras un encuentro ocurrido el 3 de marzo de 2024 en un hotel de San Miguel de Tucumán.

La resolución fue firmada por la jueza Patricia del Valle Carugatti, quien cerró la investigación a más de dos años del episodio y rechazó los pedidos de la parte acusadora para que se reabra la causa o se excluyan pruebas surgidas de peritajes a teléfonos celulares. Así, avaló el fallo original firmado el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid.

En el documento, al que accedió Infobae, el tribunal consideró probado que existió un encuentro sexual, pero también que hubo consentimiento de la denunciante al momento de los hechos, según la interpretación de pruebas digitales, testimonios y pericias psicológicas.

“El hecho existió, pero no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal”, resolvió el tribunal, justificando así la desvinculación definitiva de todos los acusados.

La defensa de la joven denunciante, identificada en el expediente como MdLP, reclamó desde el primer momento que existieron irregularidades en la producción y el uso de pruebas. Particularmente en la pericia informática realizada sobre los celulares de dos testigos –Rosario Molina y Milagros Castellote– por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

En este sentido, la querella exigía que se declare la nulidad de ese informe y se excluya toda prueba derivada de él, bajo el argumento de que vulneraba derechos a la privacidad, el secreto profesional y el debido proceso.

Según los letrados de la denunciante, la obtención y análisis del contenido de los celulares habría funcionado como lo que llaman una “expedición de pesca”: una búsqueda indiscriminada de cualquier dato, sin delimitar un objeto claro ligado únicamente al presunto delito denunciado. También afirmaron que la evidencia digital –entre mensajes, capturas y chats de WhatsApp– se utilizó para iniciar una causa penal paralela por falso testimonio contra personas allegadas a la víctima.

Apelaron así al rechazo de la exclusión probatoria y a la confirmación de los sobreseimientos, e insistieron en llevar la causa a debate oral –según la doctrina del fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– como única vía compatible con los compromisos internacionales en materia de violencia de género.

El tribunal, sin embargo, rechazó todos estos planteos y ratificó la decisión de desvincular a los cuatro eximputados por considerar que el hecho investigado no tuvo carácter delictivo de acuerdo a la prueba reunida.

El argumento central fue que, según la interpretación judicial, la ausencia de consentimiento —necesaria para configurar el delito de abuso sexual— no fue probada en el expediente. Por el contrario, los elementos de prueba objetivos e inmediatos, tanto digitales como médicos y periciales, apuntaron a la existencia de consentimiento al momento del acto sexual.

Entre los hechos valorados como centrales estuvieron: mensajes y audios recuperados de los celulares de la denunciante y sus amigas, enviados antes, durante y después del encuentro; el envío de un emoji de un ratón entregando un corazón al principal acusado, minutos después de la situación investigada; y un audio de la denunciante a su círculo íntimo, donde decía haber “pasado excelente”, “chocha, contenta, satisfecha” y que había encontrado “la adrenalina que necesitaba”.

También se valoraron registros fílmicos del hotel donde la joven es vista retirándose de manera tranquila, a contramano del relato de haber salido de allí en estado de shock y la pericia psicológica oficial que estableció expresamente que “la joven resignificó el hecho con posterioridad, pero inicialmente fue consentido”.

Según el fallo, “la prueba biológica (sangre y material genético) recolectada en la investigación es compatible con un encuentro sexual consentido, y carece de indicadores de fuerza o violencia”. Los análisis médicos, además, no constataron lesiones compatibles con abuso.

El caso de Sosa Silva

En el expediente tuvo especial atención la situación de Carlos Sebastián Sosa Silva, el único acusado señalado como partícipe secundario. La querella insistió en que él facilitó el hecho y permaneció despierto observando el encuentro, mientras que la defensa y la investigación sostuvieron que, según la propia denunciante, “Sosa estaba dormido” durante la secuencia clave.

El tribunal tuvo en cuenta que la denunciante repitió al menos ocho veces en distintas declaraciones iniciales que Sosa Silva no la tocó ni participó de ninguna manera violenta y que estaba durmiendo en la otra cama de la habitación.

Además, los chats extraídos de los teléfonos revelaron además mensajes espontáneos entre la denunciante y sus amigas: en uno de ellos, consultada sobre el rol de Sosa, la joven relató que la situación de abuso fue advertida recién con el correr de los días, y que su impresión inicial fue reevaluada a partir de conversaciones posteriores con su entorno.

En una frase textual recuperada por la defensa, la denunciante escribió: "En un momento dije que no me habían tocado. Después empiezo a hablar que me manipuló y ahí lo hago Pingo a Sosa. Jaja. La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada”.

Ana Karina Soto estuvo en el pódcast Se siente bien, de Felipe Peña, en el que reveló que uno de los episodios más duros de su vida ocurrió cuando el que fue su novio la grabó sin su autorización y difundió ese material después de que ella decidiera finalizar la relación, en 2007.

La exposición pública, según relató en el espacio digital, la obligó a refugiarse durante un año entre su casa y el canal mientras enfrentaba burlas, comentarios en la calle y versiones sacadas de contexto que fueron difundidas por radio y revistas.

La presentadora dijo que, aunque en ese momento no existían las redes sociales, sí había “escarnio público” y señaló que programas de radio hacían chistes sobre lo ocurrido. También contó que, como medida de protección, dejó de viajar durante un año y se limitó a ir “del noticiero a la casa y de la casa al noticiero”.

Del mismo modo, explicó en el pódcast que su pareja la grabó durante las fiestas de Pasto (Nariño), cuando aún mantenía una relación que consideraba “seria” y “formal” con ese hombre, con el que duró 10 meses.

Según su testimonio, ella no sabía que estaba siendo grabada y solo tiempo después, ya terminada la relación, él divulgó el material y fue allí cuando se enteró de que su confianza había sido vulnerada: “Era mi novio, me graba sin mi autorización, sin mi permiso. Yo no tenía ni idea”.

Al recordar ese episodio, la presentadora agregó que lo que sucedió después “fue muy duro”, pues contó que provenía de una familia conservadora, que nunca imaginó verse expuesta de esa manera y que entendió lo sucedido como una violación de su privacidad por parte de un abusador que se aprovechó de ella.

La periodista contó al pódcast que el respaldo de su familia, de sus amigas y de Noticias RCN fue decisivo para atravesar ese periodo. Según su relato, nunca recibió reclamos, rechazos ni señalamientos por parte de sus padres, que eran las reacciones que más temía, teniendo en cuenta que eran dos personas bastante conservadoras.

Del mismo modo, explicó que eligió mantenerse aislada porque temía no saber cómo reaccionar ante una agresión o una burla en público.

Según contó al pódcast, prefirió quedarse en su casa hasta que pasara la crisis, antes que exponerse a una situación que la desbordara: “Yo decía, ‘si salgo y, y me encuentro con una situación de agresión o de burla, pues no sé cómo vaya a reaccionar, si me voy a poner a llorar o si le voy a gritar o qué sé yo. Entonces prefiero quedarme en mi casita encerradita en mi burbujita y esperar a que todo esto pase”.

La periodista relató que un camarógrafo del canal, al que identificó como Juanito y describió como el operador de la grúa, la invitó a una iglesia cristiana: “Tú no te alcanzas a imaginar todo lo que yo lloré en esa iglesia. O sea, fueron tres horas y él al lado mío, los dos solitos. Lloré, lloré, lloré hasta que como que ya me calmé. Fue superlindo porque además no hubo necesidad de hablar de nada ni que me dijera nada. Él simplemente me abrazó. Yo le di las gracias”.

Buscó ayuda profesional por recomendación de Carolina Cruz

La presentadora contó que, después de varios meses, entendió que no podía superar sola lo ocurrido. Su colega, Carolina Cruz, le recomendó buscar apoyo profesional y le insistió en que pedir ayuda no era algo negativo.

En las terapias con el experto logró sentirse mejor: “Me hizo unas terapias superchéveres, me mandó unas goticas para poder dormir, para los nervios, para la ansiedad y ya poco a poco fue pasando y ya lo superé”.

Según el informe oficial de Argentina del 2026 Out of the Shadows Index, elaborado por Economist Impact, que mide la capacidad de los países para prevenir y responder a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el país obtuvo 47,6 puntos sobre 100 y se ubicó en el décimo lugar entre 16 países de América Latina y el Caribe.

La información es preocupante al observar los contrastes internos: Argentina obtuvo 70 puntos sobre 100 en el área de healing o reparación y 54,5 en justicia, pero descendió a 43,3 en prevención y alcanzó 18 puntos en gobernanza y rendición de cuentas.

Estos números no hablan solo de desempeño institucional: hablan de salud mental infanto-juvenil, porque cada falla de prevención, escucha y protección se traduce luego en trauma, síntomas, miedo, autolesiones, intentos de suicidio y desconfianza hacia el mundo adulto.

La salud mental infanto-juvenil no puede pensarse separada de las políticas, es decir, de la capacidad real de transformar los sistemas para el cuidado y la protección para las personas más vulnerables que lo habitan.

El índice rescata leyes, políticas o servicios, pero alerta acerca de la persistencia de lagunas en cobertura y rendición de cuentas. Una lectura del informe es que las normas pueden existir, pero sin coordinación, financiamiento, prevención efectiva, seguimiento y responsabilidad institucional, la protección de la infancia sigue quedando demasiado lejos de la vida real.

Argentina muestra una contradicción muy dolorosa: ha logrado avances normativos importantes, como la prohibición expresa del castigo corporal en todos los ámbitos a partir del Código Civil y Comercial vigente, pero esa conquista legal no alcanza si no se traduce en vigilancia, cumplimiento efectivo, prevención y transformación cultural.

Tenemos la legislación, pero las leyes no alcanzan si no existen condiciones materiales, políticas e institucionales para prevenir, detectar, escuchar, reparar y sostener respuestas a largo plazo.

Todavía falta lograr la imprescriptibilidad penal de los delitos de violencia sexual padecidos durante la infancia, crear comisiones de la verdad que permitan dimensionar el número real de víctimas y ofrecer reparación y construir algo más ambicioso, nuestro sueño, un organismo único que nuclee a todos, con talla política acorde a la gravedad de las problemáticas que atraviesa la niñez: un Ministerio de la Infancia, que venimos proponiendo desde hace años mediante un proyecto de ley.

Una institucionalidad capaz de prevenir, escuchar, reparar y colocar a la infancia en el centro real de la agenda pública, no en los bordes panfletarios y decorativos del discurso.

La institucionalidad, que otorga la protección y cuidado que se necesita, requiere decisión política, consensos serios y una voluntad real de colocar a la infancia por encima de los cálculos partidarios.

Por eso, como escribí en julio de 2025, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién defiende a la infancia?

No puedo ocultar mi amarga decepción frente a una dirigencia política que, en lugar de construir acuerdos responsables para proteger a bebés, niños, niñas y adolescentes, parece disputar cargos y espacios como si se tratara de un trozo de torta, mientras la infancia argentina atraviesa una realidad feroz que no admite más demoras.

Hoy la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación vuelve a quedar acéfala después de un concurso atravesado por cuestionamientos, opacidades y disputas que conozco de cerca, porque fui finalista de ese proceso. Esta es una expresión más de las lagunas que señala el informe.

Cuando el organismo llamado a defender los derechos de la infancia queda vacante, y los procesos institucionales pierden transparencia o quedan capturados por escándalos se debilita la prevención, la protección no llega, se fragmentan las respuestas y se diluye la responsabilidad estatal frente a las violencias contra niños, niñas y adolescentes y nadie puede defender la caída del financiamiento.

No alcanza con proclamar derechos, ni mostrar estadísticas si después las instituciones quedan acéfalas, fragmentadas o sometidas a negociaciones ajenas a la urgencia de la infancia.

Estas lagunas golpean con mayor crudeza a quienes ya se encuentran en condiciones de desigualdad: niñas, niños y adolescentes con discapacidad, infancias pobres, migrantes, indígenas, afrodescendientes, institucionalizadas o que viven en territorios donde el acceso a salud, justicia, educación y protección es fragmentario o directamente insuficiente.

La interseccionalidad es el vértice donde se verifica con más dureza la falla del sistema. Allí donde se necesitan más apoyos, accesibilidad, escucha y presencia estatal, hay más obstáculos, silencios y soledad.

Mientras a nivel global y local se realizan eventos, se anuncian compromisos y se multiplican discursos sobre la protección infantil, en la vida concreta seguimos recibiendo en los servicios locales, en los hospitales y en los consultorios a bebés, niños y niñas atravesados por maltratos, agresiones sexuales en ámbitos presenciales y digitales, consumos problemáticos mediados por pantallas, autolesiones, intentos de suicidio y problemáticas extremas de salud mental.

Y también recibimos el pedido desesperado de organismos y equipos que deben decidir sobre casos gravísimos sin espacios suficientes de supervisión, acompañamiento ni resguardo institucional. Los trabajadores del sistema de protección, lo digo siempre, están precarizados y demasiado solos. Y cuando quienes deben cuidar también quedan desamparados, la fragilidad institucional vuelve a caer sobre la infancia.

El índice permite observar otra dimensión relevante: los puntajes vinculados a reparación y justicia aparecen relativamente más altos que aquellos relacionados con prevención primaria. Es decir, los sistemas continúan llegando principalmente después del daño.

Se interviene cuando ya hay una víctima intentando sobrevivir al trauma, cuando los efectos psíquicos, físicos y sociales comienzan a lastimar, cuando aquello que debió ser escuchado a tiempo ya produjo marcas profundas, que pueden acompañar toda la vida.

A pesar de esto, persiste una tendencia preocupante a presentar ciertos números de manera edulcorada, casi celebratoria, como si la producción de datos bastara por sí misma para transformar la realidad.

En un campo donde también se disputan subvenciones, visibilidad internacional y espacios de poder, resulta necesario preguntarse quiénes terminan recibiendo los recursos y quiénes quedan otra vez en los márgenes.

Lo cierto es que demasiadas veces los fondos no fortalecen a quienes sostienen cotidianamente el trabajo territorial, clínico y comunitario con niños, niñas, adolescentes y sobrevivientes, sino a estructuras que administran el lenguaje del dolor, lo convierten en capital simbólico y lo utilizan como plataforma de autopromoción.

Hace poco tiempo circuló en el campo internacional una noticia que debería encender alarmas masivas, iniciativas serias dedicadas a la prevención de las violencias contra niños, niñas y adolescentes atraviesan situaciones de enorme fragilidad por falta de financiamiento suficiente.

Se trataba de un espacio reconocido por impulsar investigaciones, redes, producción de datos y estrategias innovadoras. Este cierre expone algo bestial y muy doloroso, mientras muchas estructuras serias dedicadas a la prevención, el acompañamiento y la construcción de políticas públicas y el apoyo real a sobrevivientes, sobreviven en condiciones de extrema fragilidad, otros circuitos logran convertir el dolor infantil y la voz de sobrevivientes en capital simbólico, visibilidad, prestigio y acceso a recursos.

El dato argentino se inscribe, además, en un panorama global igualmente preocupante. El índice señala una puntuación media de 52,6 sobre 100 entre los 60 países evaluados, donde vive el 83% de los niños del mundo. Ningún país obtuvo más de 83 puntos, lo que muestra que incluso los sistemas mejor posicionados están lejos de una respuesta suficiente.

Aún más preocupante es que solo 2 de los 60 países cuentan con Consejos Nacionales de Sobrevivientes. Es decir, mientras se producen diagnósticos, eventos y compromisos en nombre de quienes atravesaron estas violencias, la experiencia vivida sigue estando escasamente integrada en la toma real de decisiones. Se habla de las víctimas y sobrevivientes mucho más de lo que se redistribuye el poder hacia ellas.

En ARALMA, la asociación civil que dirijo, por ejemplo, contamos con una plataforma conformada por 215 personas sobrevivientes de agresiones sexuales intrafamiliares y extrafamiliares, que participan de espacios de apoyo para recuperarse, acompañar a otros y sostener campañas de prevención como “La Voz de la Infancia”, una iniciativa nacida en 2015 que busca declarar el 8 de agosto como día de reconocimiento, escucha y visibilización de las infancias.

Sostener una campaña permanente desde una organización de la sociedad civil resulta muy complejo, pero nace frente a la ausencia en Argentina de una política pública federal, sistemática y sostenida de prevención del maltrato y la violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes.

La violencia contra la infancia no deja solo estadísticas. Se trata de bebés, niños, niñas y adolescentes tratando de sobrevivir, de dormir con un miedo que paraliza, desconfiando del mundo adulto, cargando vergüenza por aquello que nunca debieron atravesar y buscando algún lugar donde su palabra no sea silenciada ni desmentida.

La lógica reactiva, llegar una vez se produce el daño, explica, en parte, por qué muchas situaciones de violencia permanecen invisibilizadas durante años.

Muchas víctimas infantiles pasan luego décadas enteras intentando sobrevivir antes de poder nombrar lo inenarrable. La media para que una persona devele el crimen del que fue víctima en la infancia es de 25 años. Ese tiempo está plagado de miedo, de síntomas, de sentimientos profundos de soledad que tienen secuelas a lo largo de la vida, si no se los trata a tiempo.

Miles de niños, niñas y adolescentes continúan creciendo en contextos atravesados por negligencia, violencia física, agresiones sexuales, explotación, humillación, abandono y desprotección institucional.

Hoy 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños padece alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Este dato también debe leerse en el marco de una crisis global de salud mental infanto-juvenil, como parte de una trama donde violencia, desamparo, desigualdad, trauma y ausencia de respuestas tempranas se enlazan de manera persistente.

Por ello es importante pensar que la violencia y el desamparo es persistente, desde la historia misma de la humanidad, y se sostiene porque como sociedades minimizamos el sufrimiento infantil, desacreditamos los relatos, naturalizamos prácticas violentas y nocivas, y carecemos de recursos adecuados para intervenir tempranamente, pero sobre todo no exigimos los cambios que se requieren.

Estos números muestran que la fragilidad reside en las condiciones materiales, políticas e institucionales necesarias para sostener redes de cuidado, prevención, reparación y salud mental a corto y largo plazo.

El propio índice insiste en que sus resultados no deben leerse como una condena definitiva, sino como una “hoja de ruta para el progreso”. Incluso esa formulación deja al descubierto otra interpelación antigua y, al mismo tiempo, más vigente que nunca: cuánto lugar ocupan realmente la infancia, la salud mental y la recuperación de las víctimas dentro de las prioridades políticas y económicas de nuestra sociedad.

Sabemos que producir datos es imprescindible, pero no suficiente: la pregunta ética y política es si esos números vuelven a las vidas que nombran, si fortalecen respuestas concretas, si amplían la escucha de sobrevivientes y si se traducen en prevención, reparación y cuidado real.

*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

La desaparición de menores en Honduras dejó 729 casos registrados entre 2022 y agosto de 2025, según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la mayoría son niñas y pidió activar mecanismos de búsqueda como la Alerta AMBER, con coordinación estatal para acelerar localizaciones.

En el Día Internacional de la Niñez Desaparecida, la organización alertó por el aumento de reportes y por el impacto en las familias que pasan días o semanas sin información sobre el paradero de sus hijas e hijos.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, sostuvo que cientos de menores quedan expuestos a violencia, explotación y otros riesgos mientras avanza la incertidumbre en los hogares.

Cifras Oficiales

De acuerdo con datos de la DPI, entre 2022 y agosto de 2025 se reportó la desaparición de 729 menores de 17 años en Honduras.

Las cifras muestran que la mayoría de las víctimas son niñas: 532 casos, el 73% del total. En niños se registraron 197 reportes, el 27% restante.

Solo entre enero y mediados de agosto de 2025 se contabilizaron 127 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, un promedio de 16 casos por mes, según la DPI.

Para el Conadeh, estos registros obligan al Estado y a las instituciones de protección a acelerar respuestas de búsqueda e investigación, con protocolos que se activen desde el primer reporte.

Maradiaga describió que cada denuncia implica una familia que vive “un calvario” y “una pesadilla” por la falta de respuestas sobre el paradero del menor, según declaró en su pronunciamiento por la fecha internacional.

La defensora remarcó que las primeras 24 horas tras la desaparición son determinantes para ubicar a la víctima y aumentar las posibilidades de hallarla con vida.

En ese marco, pidió fortalecer y activar mecanismos especializados de búsqueda como la Alerta AMBER, un sistema que busca acelerar la difusión de información para localizar de forma inmediata a niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El Conadeh sostuvo que, para que la alerta se traduzca en resultados, debe existir coordinación entre instituciones de seguridad e investigación y también con áreas de migración y protección social, según planteó el organismo.

Riesgos y delitos

Las autoridades advirtieron que, en Honduras, varias desapariciones estarían vinculadas a delitos como trata de personas, explotación sexual comercial y reclutamiento forzado para actividades ilícitas, entre otras formas de violencia, de acuerdo con el Conadeh.

Maradiaga señaló que organizaciones criminales aprovechan condiciones de vulnerabilidad social, pobreza y fallas de protección en comunidades y entornos familiares para captar menores, según indicó la funcionaria.

El organismo también pidió reforzar el acompañamiento psicológico y social para las familias afectadas y para los menores que son recuperados tras una desaparición.

Limitaciones en la investigación

La representante del Conadeh afirmó que existen limitaciones en los entes investigativos, en particular por falta de personal especializado para atender estos casos, lo que dificulta el seguimiento y el esclarecimiento de muchas denuncias.

Por esa razón, el organismo reclamó fortalecer capacidades de investigación criminal para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Además, el Conadeh propuso programas preventivos en centros educativos, barrios y comunidades para informar a niñas, niños y adolescentes sobre riesgos y formas de protección.

También planteó reforzar controles fronterizos y mejorar sistemas de protección infantil para evitar que menores sean trasladados de forma ilegal dentro o fuera del país, según expresó la institución.

A los 50, después de 41 años de silencio, un hombre escribe por fin algo que nunca había podido decir en voz alta. No se lo dice a su familia, ni a un amigo. Mucho menos a un profesional.

Se lo dice, primero a un chatbot, una inteligencia artificial, en privado, como quien tantea el borde de un abismo al que esquivó durante décadas.

Lo que escribe no es lo mismo que lo que luego cuenta. No porque cambie el contenido, sino porque le agrega las modulaciones, las expresiones de los ojos, del cuerpo, su llanto. Quizá también lloró mientras tecleaba pero nadie lo pudo leer.

Es su primera consulta y me entrega una carpeta negra.

-Está todo ahí–, dice, señalando las hojas impresas que tengo sobre mi falda. Me pide que lea su develación, lo hago en voz alta.

Me toma tiempo, pero mientras repaso cada interacción entre él y la máquina le voy preguntando, cómo completando todo lo que la IA no sabe hacer, pero sobre todo para que él se escuche.

“Mi padre me visitaba por las tardes cuando mi mamá no estaba en casa, o cuando ella dormía“.

Tiembla y ese miedo enorme capturado en un cuerpo que es adulto pero infantil, se muestra como una fiera a la que acaba de liberar. Tiembla también el consultorio con su dolor y las lágrimas lo inundan todo.

Todo comenzó cuando él tenía 9 años y se extendió por demasiado tiempo, al punto de arrebatarle casi toda la infancia. Los juegos, la comida, el dormir, ya no fueron lo mismo. Los días se volvieron grises, confusos y aterradores.

Me trae su conversación con el chat para que yo lo ayude a saber si es verdad o mentira, lo que recuerda, dice, o si se ha vuelto loco. Por supuesto no se lo inventó, su cuerpo habla más que todas las palabras que vienen después.

Cuenta que lleva más de 40 años con “el tema tapado”, con “un secreto guardado” y que un día, con ayuda de la IA, pudo ordenar los miles de fragmentos que se partían en su cabeza, cada noche y también darle sentido a unos olores que no lo dejaban dormir, y que venían de su infancia.

La escena es común en la clínica con víctimas, lo nuevo es, en muchos casos de hoy, que aparece la IA como primer puente para la develación.

Esta autoindagación frente al soliloquio que ofrece la inteligencia generativa, cuenta también dónde estamos parados en cuanto a la salud mental.

La misma red donde ocurre la violencia digital en todas sus formas, también puede convertirse en un ensayo de poner en palabra, en una búsqueda de nombrar a lo vivido, en una prueba de hechos acontecidos.

Del mismo modo, la tecnología que amplifica riesgos también puede abrir sus puertas al apoyo, líneas de ayuda, chat grupales, grupos de sobrevivientes, consulta terapéutica a distancia, un contacto federal y a veces transnacional cuando no hay oferta local.

Por eso no alcanza y no es justo solo decir que internet es peligroso, aunque eso venda mucho. Lo cierto es que mal utilizada tiene un poder de destrucción brutal, pero también es una herramienta sofisticada que con buenas intenciones ayuda a niños y adultos a conversar lo que sienten cuando la vergüenza, la culpa y la humillación no se lo permiten.

La IA no escucha aunque simula hacerlo y eso a veces es suficiente para que alguien se sienta acompañado. Devuelve patrones que ayudan a nombrar lo indecible. También confunde y miente en el sentido robótico de la verdad de los datos, es decir, falla.

Pero lo más grave es cómo le falla a la sociedad y el Estado a los niños, niñas, adolescentes y también adultos respecto a su salud mental.

Las víctimas de las violencias, que no pueden hablar por tantos años, o no obtienen justicia cuando develan o no tienen dónde recuperarse de ese dolor que es un mundo, muchas veces acuden a estas plataformas, y eso es parte de nuestra híbrida realidad.

Las y los sobrevivientes de violencia sexual en la infancia hablan cuando pueden, como pueden, y, ahora también, a través de lo que pueden, en este caso la IA.

La evidencia directa sobre develaciones mediadas por IA/chatbots en violencia sexual en la infancia todavía es indirecta y fragmentaria, pero alcanza para identificar algunos mecanismos.

Algunos estudios muestran que la interacción con chatbots puede facilitar la auto-revelación de información sensible. No obstante, la American Psychological Association (APA) advirtió en estudios comparados entre terapeutas humanos con chatbots que tienen limitaciones éticas y prácticas, incluyendo dificultades para poner límites ante ideas dañinas o imprudentes. Los entornos conversacionales pueden reducir la vergüenza inicial, facilitar un ensayo narrativo cuando todavía no se soporta la presencia del otro o no tiene oferta cercana.

Se recomienda también a profesionales de salud, educación, justicia y organizaciones comunitarias, que si una persona dice “se lo pude decir primero a la IA”, no discutirlo y trabajar la oportunidad. Es decir escuchar y trabajar con el material que trae la persona e integrarlo al dispositivo.

Para mí lo clínicamente productivo no es polemizar con el recurso digital, o demonizar las plataformas, sino desplazar el eje hacia la posibilidad de simbolización de las diferentes problemáticas de salud mental.

Hay verdades insoportables que encuentran cobijo en una interfaz. Eso habla menos de la potencia de las máquinas que del fracaso de nuestra escucha, de nuestro sostén y de nuestras redes de cuidado.

La inteligencia artificial no debería convertirse en el primer lugar seguro para una víctima de violencia sexual. Sin embargo, para muchas personas, lo es.

Esto tiene una razón. Demasiadas veces los adultos responden con incredulidad, minimización, miedo, burocracia, indiferencia o silencio.

Los discursos mediáticos refuerzan este movimiento al reinstalar una y otra vez el mito de las falsas denuncias, presentadas como si fueran un fenómeno masivo cuando en realidad resultan ínfimas frente a la magnitud de los abusos sexuales constatados.

Incluso avanzan periódicamente proyectos y movimientos organizados alrededor de las llamadas “falsas denuncias” que terminan funcionando menos como herramientas de protección jurídica y más como dispositivos de disciplinamiento simbólico para quienes intentan revelar situaciones de violencia. Al mismo tiempo, ciertos discursos de ofensores o defensores de vínculos abusivos circulan con indulgencia, relativización e incluso aplauso social, profundizando todavía más el silenciamiento de las víctimas.

Por eso no sorprende que muchos niños, niñas, adolescentes y sobrevivientes adultos recurran a la privacidad que, aparentemente, les ofrece la inteligencia artificial para empezar a acercarse a aquello que durante años no pudieron nombrar. Si pareciera que cada vez hay menos espacio y lugares para hablar de esta atrocidad que destruye vidas enteras o las hipoteca.

La IA no puede reemplazar la escucha humana, pero hoy ocupa el vacío que dejaron vínculos, instituciones y sistemas incapaces de alojar el sufrimiento sin expulsarlo a la soledad más devastadora.

Una sobreviviente adulta que asiste a un grupo de apoyo que dirijo en ARALMA contó, y no es la primera, que no pudo lograr hablar en terapia acerca de su vivencia infantil. No porque ella no quisiera, es más insistía, pero la terapeuta minimizaba las secuelas del crimen y le insistía en pasarlo por alto y enfocarse en el aquí y ahora. Esto también está pasando y debemos visibilizarlo porque es parte de una narrativa que, aunque no es nueva, está cobrando fuerza y vigor.

Quizás una de las escenas más aterradoras de nuestra época sea pensar en las y los sobrevivientes que, durante décadas, debieron guardar silencio para sobrevivir, o en los niños y niñas víctimas que hoy se encuentren buscando apoyo en una interfaz, porque el mundo no quiere y no sabe escucharlos.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

El caso ha generado conmoción en Áncash. Un hombre de 49 años, identificado como Marcelino Víctor Chinchay Gutiérrez, fue encontrado sin vida al interior de los calabozos de la comisaría de Buenos Aires, ubicada en Nuevo Chimbote, pocas horas después de haber sido detenido por una grave denuncia de presunto abuso sexual en agravio de su hijastra menor de edad.

De acuerdo con la información preliminar, la intervención policial se produjo tras la denuncia presentada por la madre de la adolescente de 15 años, quien alertó sobre hechos que se habrían venido repitiendo desde el año pasado. El caso avanzó rápidamente debido a la presunta confesión del investigado y a los resultados de un examen médico legal, que habría confirmado indicios de agresión, lo que derivó en su detención en la dependencia policial.

Detención, denuncia y hallazgo dentro de la comisaría

El intervenido permanecía bajo custodia en la Comisaría de Buenos Aires tras haber sido detenido en el asentamiento humano Tierra Prometida. Según fuentes policiales, durante las diligencias iniciales el sujeto habría reconocido los hechos que se le imputaban, los cuales están relacionados con un presunto abuso sexual reiterado contra la menor.

Horas después de su ingreso a los calabozos, el hombre fue hallado sin vida en el interior de la celda. La situación activó de inmediato los protocolos correspondientes y se dio aviso a representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la necropsia de ley, procedimiento clave para determinar las causas exactas del fallecimiento. Aunque una de las primeras hipótesis apunta a un presunto suicidio, las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión, ya que el caso se mantiene bajo investigación.

Investigación en curso y hermetismo de las autoridades

Tras el hallazgo, tanto la Policía Nacional del Perú como el Ministerio Público iniciaron investigaciones para esclarecer no solo las circunstancias de la muerte, sino también si se cumplieron los protocolos de custodia dentro de la dependencia policial.

La Defensoría del Pueblo también informó que realiza seguimiento al caso, especialmente en lo relacionado con posibles omisiones de funciones o fallas en la vigilancia de los detenidos. Este punto resulta clave, ya que el fallecimiento ocurrió dentro de una instalación estatal bajo responsabilidad directa de las autoridades.

Hasta el momento, la jefatura policial de la región no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, lo que ha incrementado el interés público en torno a este caso. Periodistas locales indicaron que solicitaron información sobre los protocolos aplicados en la comisaría, sin obtener respuesta.

Mientras tanto, el entorno de la familia de la menor confirmó que el investigado habría aceptado su responsabilidad antes de su muerte. En contraste, familiares del fallecido evitaron brindar declaraciones. Versiones no confirmadas sobre el método del deceso circulan en la zona, pero no han sido validadas por peritos ni autoridades.

El caso continúa bajo reserva fiscal, mientras se desarrollan las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer tanto el presunto delito inicial como las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento dentro de la comisaría.

Un profesor de secundaria de la alcaldía Benito Juárez quedó vinculado a proceso por violación agravada y abuso sexual agravado contra una adolescente de 14 años, tras una audiencia celebrada el 15 de mayo ante un juez de control de la Ciudad de México.

La denuncia la presentó la madre de la víctima el 18 de febrero de 2026, luego de que la adolescente ingresó a un hospital y reveló que el docente la había agredido sexualmente en múltiples ocasiones.

La investigación que derivó en la orden de aprehensión

El agente del Ministerio Público construyó el caso a partir de entrevistas, dictámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Con ese conjunto de evidencias, solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra Eduardo “N”.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden el 14 de mayo. El imputado fue trasladado de inmediato al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La audiencia y las medidas impuestas

Al día siguiente, durante la audiencia del 15 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló la imputación formal y presentó los datos de prueba ante el juez.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso por los dos delitos señalados e impuso prisión preventiva como medida cautelar. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Eduardo “N” mantiene la presunción de inocencia en todas las etapas del proceso hasta que una sentencia condenatoria sea emitida por la autoridad competente.

CDMX endurece penas por abuso sexual infantil

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad —45 votos a favor— una reforma al Código Penal capitalino que amplía la protección legal de menores frente a delitos sexuales. El cambio quedó publicado en la Gaceta Oficial el 27 de marzo de 2026 y modificó los artículos 180, 181 y 181 Bis, además de la denominación del Capítulo VI sobre violación, abuso y acoso sexual cometido contra menores.

El ajuste más relevante eleva de 12 a 15 años la edad a partir de la cual se considera que un menor es víctima de abuso sexual infantil. Con ello, cualquier conducta sexual cometida contra una persona menor de 15 años queda automáticamente tipificada como abuso sexual infantil, y la pena aplicable sube de un mínimo de 8 años a un rango de entre 12 y 20 años de prisión.

¿Cómo cambian el estupro y el incesto?

En el delito de estupro —que ocurre cuando el agresor obtiene el consentimiento de la víctima mediante engaño— la edad también se recorrió. Antes, la norma cubría a menores de entre 12 y 18 años con penas de seis meses a cuatro años; ahora el artículo 180 protege a personas de entre 15 y 18 años y fija una sanción de uno a cinco años de prisión.

El delito de incesto sufrió una modificación paralela. El artículo 181 establece que, cuando un hermano, ascendiente o descendiente consanguíneo mayor de 18 años cometa el delito contra un menor de 15, la pena será de 8 a 20 años de prisión.

Flor es cantante, influencer y creadora de contenido. Alcanzó la popularidad gracias a sus interpretaciones musicales en el subte y en las calles de Buenos Aires; sus videos se viralizaron en TikTok y en Instagram. Inició su carrera artística de forma independiente y creó una sólida comunidad digital con su estilo que fusiona cumbia, pop urbano y versiones de canciones populares. En los últimos años, lanzó composiciones propias como 4:20 y el EP Etapas, y colaboró con artistas como Rusherking y Fer Vázquez.

Su historia de superación personal y crecimiento desde los escenarios callejeros hasta plataformas digitales masivas la posicionaron como una de las nuevas figuras en la música urbana y tropical argentina.

Ante la pregunta sobre qué haría con un millón de dólares, Flor respondió sin dudar: crear una casa artística destinada exclusivamente a chicos que viven en hogares. Según explicó, el proyecto nace de su propia historia y de las carencias que atravesó durante su infancia.

Durante la entrevista, recordó el programa estatal Adolescencia, del que participó y que estaba orientado a jóvenes que vivían en hogares o no tenían recursos para acceder a actividades artísticas. También mencionó la casita C&C Arte, un espacio con talleres de baile y música, aunque aclaró que su sueño apunta a desarrollar “algo mucho más grande y enfocado únicamente en chicos que crecieron en instituciones”.

Si bien la propuesta del millón de dólares forma parte del juego del programa, la artista aseguró que busca convertir ese proyecto en realidad en los próximos años, impulsada por el crecimiento de su carrera musical.

Infancia, familia adoptiva y vivencias en hogares

Flor ingresó a un hogar junto a sus hermanos cuando tenía tres años. Desde entonces, la música fue refugio y motor para transitar la infancia. Gran parte de esa conexión surgió desde programas como Casi Ángeles, donde imaginaban que el arte podía ser una vía de escape y una forma de construir identidad.

“Vivía en un hogar con mis hermanos y en ese momento veíamos el programa. Asociábamos mucho estar en un hogar con hacer música, porque éramos muy chicos y no diferenciábamos una actuación de algo real. Para nosotros era muy real ese hogar mágico y si ellos podían tener una banda, nosotros también. Siempre tuve esa cercanía con la música”, relató.

En medio del dolor que atravesaban, la ficción representaba una esperanza. “Creo que ayudó a mucha gente a olvidarse de las cosas malas. A nosotros nos dio la ilusión de que podíamos hacer algo con la música o con el arte y perseguir los sueños”, agregó.

La convivencia con su familia adoptiva estuvo marcada por situaciones de violencia física, manipulación y maltrato psicológico. El vínculo con su madre adoptiva era especialmente conflictivo, mientras que su padre adoptivo mantenía una actitud pasiva. “Si uno hacía las cosas mal era un mal hijo y ella nos decía que se arrepentía de adoptarnos. No tuve un mal vínculo con mi papá. El problema era que él avalaba esas cosas y no hacía nada al respecto. Pero no era una persona violenta”, afirmó la artista.

Con el tiempo, advirtió que lo que vivía no era normal. “Me empecé a dar cuenta de que las cosas no eran así cuando fui a la casa de mis amigos y sus mamás no eran así. Sentía que estaba en deuda con ellos porque había sido adoptada. Yo no lo entendía porque tenía 10 u 11 años. Después, con el tiempo, me di cuenta y decidí irme”, recordó.

Sobre el vínculo actual con su familia adoptiva, Flor señaló que mantiene cierto contacto con su padre, aunque distante. “Aprendí a perdonar. Sé que él nunca hizo las cosas con mala intención. Siempre sentí que fue irresponsable en algunas cosas. Pero sé que no fue con maldad, que él nos amó de verdad”. Con su madre adoptiva, el lazo se rompió durante la adolescencia. “Cuando yo tenía 15 años nos sentamos las dos, tranquilas, y nos dijimos: ‘Yo no quiero ser tu mamá, yo no quiero ser tu hija’. Me levanté y no la vi nunca más”, sentenció.

Con los años, Flor y sus hermanos terminaron separados. Una de sus hermanas fue internada, otra se fue a vivir con una amiga y su hermano menor permaneció con la madre adoptiva. La distancia y los conflictos familiares la impulsaron a irse de su casa siendo todavía muy joven. En ese contexto, la figura materna más importante en su vida fue su hermana mayor, quien también pasó por situaciones de calle y siempre asumió un rol de cuidado. “Ella fue la persona que me enseñó a atarme los cordones, a leer, a escribir. Era la hermana mayor y siempre nos cuidó y nos defendió”, expresó.

Experiencia en la calle, abusos y resiliencia

—¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de tu vida?

—¡Uf! Yo creo que la calle. En mi adolescencia, cuando me tocó transitar la calle, el tener que sobrevivir sola, el tener que utilizar mi cuerpo para algunas ocasiones o los abusos sexuales, también. Esos creo que han sido los más duros. Me habré alejado de mi familia adoptiva a los 13 o 14 años y a los 18 más o menos volví a pararme. Pero estuve todos esos años deambulando de acá para allá, estando en la casa de alguien, en la casa de personas y haciendo cosas que capaz no tenía ganas de hacer para que me ofrezcan un baño donde bañarme, porque a veces no había dónde bañarse.

—¿Hay algo de tu historia que todavía te cuesta contar?

—Yo creo que el tema de los abusos siempre lo cuento por arriba porque es fuerte recordarlo. Yo sufrí tres abusos sexuales en mi vida y dos han sido medio inconsciente con efectos de alcohol o droga y la última vez no, y esa creo que fue la peor, la más triste y dolorosa que viví.

—¿Fue siempre la misma persona?

—No. Fueron todas personas que yo no conocía. Gente en la calle o en una villa. Me agarraron entre cuatro y la última fue un colectivero. Eso sí no lo charlo porque siento que hago una nota toda llorando y es horrible... Es duro y hasta a veces me pasa hoy día, que ya pasó un montón de tiempo de eso y siento culpa por eso. Y sé que está mal. Todo el mundo me dice que está mal, que no fue mi culpa. Hice terapia con más de siete psicólogos. Hoy día estoy en terapia y la psicóloga me hace entender siempre que no fue mi culpa. Yo a veces, le tengo, no sé, odio a mi cuerpo porque todo el mundo lo maltrató. Pero a veces siento culpa. A veces siento que si yo no hubiese estado en ese lugar a tal hora, tal día, eso no hubiese sucedido. Pero uno aprende de los errores. ¿Fue mi error por haber estado en ese lugar? Yo creo que sí, porque en realidad no tendría por qué haberme escapado de donde estaba. Yo estaba en un hogar y me escapé. Está bien, la estaba pasando mal. Pero era de noche y no correspondía que ande de noche porque es peligrosa la calle.

—Pero eras muy chica. No te dabas cuenta de eso todavía y la estabas pasando mal.

—Es verdad. Pero yo busco culparme y sé que está mal eso. Nunca pude hacer una denuncia. Nunca me sentí fuerte para hacer el reconocimiento de las personas, volver a verlos. Yo no sé quiénes eran, pero recuerdo sus caras. Creo que lleva tiempo ese proceso. Es una herida que aún no sanó, porque cada vez que la toco me moviliza algo.

Música y proyectos personales

La música fue siempre un refugio y también una herramienta para vincularse con los demás. Durante los años que vivió en hogares, Flor aprendió a tocar el ukelele y solía reunir a las chicas en el patio para cantar, ayudándolas a atravesar los momentos más difíciles.

“Sentía que podía conectar con ellas a través de la música; cuando las notaba inquietas, tomaba el ukelele y les proponía ir al patio para cantar algunas canciones. Se sumaban todas y era hermoso poder hacer algo por ellas, para que también pudieran estar tranquilas. Muchas habían vivido abusos y ya no querían continuar”, narró.

Consultada sobre si siente orgullo por lo que logró frente a las situaciones complejas que enfrentó, Flor subrayó su perseverancia y su capacidad de no rendirse ante la adversidad como rasgos fundamentales.

“A veces me pasa que algo me angustia y tengo ganas de dejarlo todo. Pero cada vez que estoy cerca de hacerlo, recuerdo las muchas cosas tristes que viví y siento que no merezco abandonar, porque me costó mucho llegar hasta donde estoy”, analizó.

Relaciones personales y vínculos afectivos

—¿Cómo sentís que te impactaron estas cosas que viviste en tu forma de ser y de vincularte con los demás?

—Me ayudaron a descubrir cómo es la gente, a través de su manera de hablar o de expresarse. Yo siento que le saco la ficha a todo el mundo en un segundo. Creo que aprendí a leer mucho a la gente, a no dejarme manipular y a estar despierta. La calle te enseña muchísimas cosas, pero sobre todo a estar despierto en todo lo que está pasando a tu alrededor.

—¿Te cuesta abrirte, ser vulnerable o dejarte amar?

—Soy la mejor en eso. Lloro, soy maricona, amo con intensidad y con locura a los míos. Yo doy la vida por la gente que estuvo conmigo. Tengo amigos que me han dado un túper de comida cuando no lo tuve y eso lo tengo en mi corazón todos los días y cada vez que me necesiten, yo corro por ellos. Siento en parte que mi familia al haberse destruido, yo construí con ellos una familia que me acompañó en todo ese tiempo duro.

—¿Y en el amor? ¿Cómo sos?

—Me ha pasado con todo esto de las redes y de haberme hecho conocida, de estar con gente y que a los dos meses me pidieran que les compre un auto. Yo no soy un banco. Soy una persona. Entonces claro, ahí yo me daba cuenta y digo: “No, este quiere plata, no quiere estar conmigo”. Entonces chau, listo. Yo tuve todas relaciones que me duraban dos, tres meses, porque a la primera de cambio que no me gustaba algo, ya está, nos separamos. Yo no voy a poner la cara para que me sigan pegando.

—¿Estás en pareja actualmente?

—Hoy día estoy en relación, cumplimos un año, convivimos desde octubre y nos comprometimos, todo…

—¿Cómo lo conociste?

—Lo conocí porque estoy trabajando con mi productora hace tres años. El año pasado me había mostrado a un chico y me dijo que él estaba preguntando por mí. Yo le dije: “No, quiero enfocarme en la música”. Pero lo vi en una videollamada y dije: “¡Qué guapo! Le voy a mandar un mensaje”. Le pedí el Instagram, le mandé mensaje, terminamos hablando por WhatsApp y nos vimos esa noche. Después de ese día nos empezamos a ver todos los días y no nos separamos más. Se llama Johnny, Jonathan. Su familia es lo más, también.

Mirada sobre la adopción y sueños

A futuro, uno de sus mayores deseos es formar una familia propia y convertirse en una madre presente. “Me gustaría tener cinco hijos. Adoptar a tres y parir a dos. Yo los llevaría a todas las actividades que les guste hacer. Voy a ser la mamá que está con un cartel ahí apoyando en lo que sea”, expresó.

Además, aseguró que le gustaría transmitirles herramientas para desenvolverse en la vida sin dejar de acompañarlos. “También me gustaría enseñarles de la calle, porque tienen que aprender, creo yo, para estar despiertos. Obviamente, poner límites y todo lo que quieran aprender, que lo aprendan conmigo. Así que yo creo que sería una mamá piola”, concluyó.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el delito de “beneficio de la explotación sexual ajena remunerada” y confirmó que quienes lucren con prostitución forzada, pornografía o turismo sexual enfrentan penas de 15 a 30 años de prisión. El fallo, resuelto el 6 de mayo de 2026 por cinco votos contra tres, obliga además a juzgar con perspectiva de género.

La SCJN declaró constitucional el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. La norma sanciona a quien obtenga cualquier beneficio —económico o de otra naturaleza— derivado de la explotación sexual de otra persona mediante engaño, abuso de vulnerabilidad, violencia física o moral, o amenazas migratorias. La pena va de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días multa, según el comunicado oficial de la SCJN (Amparo Directo 29/2025).

El caso que motivó el fallo involucró a una mujer condenada por explotar sexualmente a varias mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad. El Máximo Tribunal concluyó que la sentenciada administraba los inmuebles donde las víctimas eran explotadas, imponía reglas, supervisaba su productividad, restringía su movilidad y usaba amenazas de denuncia ante autoridades migratorias como mecanismo de control. La ponencia estuvo a cargo del ministro Arístides Guerrero García.

La Corte corrige un exceso punitivo sin restar responsabilidad penal

Aunque confirmó la responsabilidad de la sentenciada respecto de dos víctimas, la SCJN declaró inconstitucional el aumento automático de la pena por la agravante de “más de una víctima”. El Pleno determinó que esa circunstancia ya está prevista dentro del propio tipo penal: aplicar una sanción adicional por el mismo hecho constituye una doble punición, prohibida por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo fue concedido exclusivamente para que se emita una nueva sentencia sin esa agravante. La existencia del delito y la responsabilidad penal de la sentenciada quedan firmes. Guerrero García calificó el fallo como una “solución clara y equilibrada” que corrige un “exceso punitivo específico” para preservar la coherencia del sistema penal constitucional, según El Economista.

El Pleno subrayó que en delitos de trata el análisis judicial debe realizarse “con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”, tomando en cuenta las condiciones específicas de vulnerabilidad de cada víctima para identificar con mayor precisión las formas de coerción y sometimiento.

Qué conductas sanciona el delito validado por la SCJN

El artículo 13 de la Ley General de Trata de Personas tiene una tipificación autónoma respecto al delito de trata. Se actualiza cuando el sujeto activo obtiene un beneficio de la explotación sexual ajena remunerada a través de al menos uno de estos métodos: engaño, violencia física o moral, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave, o amenaza de denunciar a las víctimas ante autoridades migratorias.

El fallo precisa que el concepto “al que se beneficie” abarca no solo a quien realiza materialmente la explotación sexual, sino también a quien ocupa intencionalmente a terceras personas para llevar a cabo esas conductas sin ejecutarlas de forma directa. Eso amplía el alcance penal hacia figuras de administración y control dentro de redes de explotación.

Cómo y dónde denunciar: las vías disponibles en México

Quienes hayan sido víctimas de explotación sexual, hostigamiento o abuso pueden presentar denuncia por distintas vías, sin importar cuándo ocurrieron los hechos, siempre que no haya vencido el plazo de prescripción del delito correspondiente.

Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR: atiende exclusivamente a mujeres y niñas. Su sede se ubica en Av. Insurgentes 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono: 800 008 5400. Correo: fevimtra@pgr.gob.mx.

Denuncia Digital CDMX: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permite iniciar denuncias en línea por delitos como violencia familiar y delitos contra la intimidad sexual a través del portal denunciadigital.cdmx.gob.mx. Se requiere cuenta Llave CDMX o firma electrónica del SAT. Para emergencias: 911. Para orientación sobre violencia de género: Línea Mujeres, 55 5658-1111.

Agencias del Ministerio Público: para delitos que impliquen lesiones físicas o amenazas con arma, la denuncia debe presentarse de forma presencial en la agencia del MP más cercana al lugar de los hechos. La FGR también cuenta con el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC), en Dr. Velasco 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; teléfono: 55 5346-4249; correo: servscom@fgr.org.mx.

Hostigamiento sexual: un año para denunciar

En el caso específico del hostigamiento sexual, el Código Penal Federal establece un plazo de prescripción de un año a partir de la comisión del delito. Transcurrido ese período, las autoridades pierden la facultad de iniciar la acción penal. Por ello, la FGR recomienda denunciar a la brevedad posible.

Para el hostigamiento en el ámbito de la administración pública federal, cada dependencia cuenta con Personas Consejeras en su Unidad de Igualdad de Género, quienes orientan sobre cómo presentar una queja o denuncia ante el comité institucional correspondiente. La SEP, por ejemplo, opera un programa específico de denuncia de hostigamiento y abuso sexual para su personal.

Al presentar la denuncia, las autoridades están obligadas a leer la declaración a la víctima, aclarar sus dudas, permitirle firmarla y entregarle una copia. Las víctimas tienen derecho a impugnar omisiones o negligencias del fiscal o agente del Ministerio Público durante la investigación.

En medio de un episodio de abuso infantil, la provincia de Chaco se encuentra conmocionada. El domingo 26 de abril, la niña de 12 años dio a luz en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando”. En los siguientes días, el caso siguió avanzando y las investigaciones permitieron identificar a un hombre del entorno familiar a la mamá de la víctima, quienes fueron detenidos.

El caso trascendió al ojo público cuando la menor ingresó al centro de salud con dolores abdominales y los médicos detectaron el embarazo, lo que activó el protocolo de protección infantil. Aunque aún se desconoce el vínculo entre los adultos, el Equipo Fiscal N°6 informó que en menos de una semana se logró esclarecer la situación gracias a un trabajo conjunto.

La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal, y la investigación apunta a que el acusado sería parte del entorno cercano de la niña. El principal sospechoso, un hombre de 44 años, quedó arrestado luego de que la víctima presentara una denuncia.

La directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, explicó a Diario Chaco que la paciente no contaba con controles prenatales y presentaba signos de sufrimiento fetal, por lo que el equipo médico intervino de inmediato y resolvió practicar una cesárea de urgencia. Además detalló: “Teniamos que asegurar el resguardo de los dos menores y evaluar el contexto”.

Ante la sospecha de un delito, el personal de salud realizó la denuncia correspondiente, cumpliendo el protocolo vigente para menores embarazadas. La legislación argentina considera que toda niña embarazada menor de 14 años es presunta víctima de abuso, lo que obliga a la intervención judicial automática.

La fiscalía también ordenó la detención de la madre de la menor, bajo la figura de encubrimiento agravado. Mientras la causa avanza, la niña permanece internada bajo atención médica y resguardo de los organismos de protección de la infancia, que siguen de cerca su estado de salud y bienestar. Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de los implicados.

Otro caso de abuso infantil

El caso guarda similitudes con otro episodio reciente, donde una niña de 12 años de Monte Quemado, Santiago del Estero, fue trasladada a una clínica de Villa Ballester, Buenos Aires, con un embarazo avanzado producto de abuso sexual. En ese caso, la intervención incluyó el allanamiento de la clínica Santa María y la apertura de una investigación federal por posible trata de personas, tras hallarse varios restos fetales en el lugar.

Existen dos sospechosos prófugos, identificados tras la denuncia, actualmente con pedido de captura, y la intervención de un familiar de la menor que fue clave para romper el silencio y poner en marcha la causa penal.

El abordaje judicial incluye peritajes de ADN necesarios para determinar si los fetos recuperados en la clínica corresponden al embarazo de la menor y para comprobar posibles lazos genéticos con sus abusadores, determinación que será decisiva para la imputación. La investigación reveló que la madre de la menor afirmó, ante funcionarios judiciales, desconocer si el bebé llegó a nacer con vida.

La justicia federal, en ese caso, abrió una investigación por posible trata de personas luego del hallazgo de restos fetales en la clínica. El proceso judicial involucra a un juzgado federal y dos fiscalías, con acciones coordinadas entre el Juzgado Federal de San Martín, encabezado por el juez Nicolás Schiavo, y el juez federal Juan Manuel Culotta, quien investiga la hipótesis de que el aborto no fue consumado en condiciones estándar, sino que el niño podría haber nacido vivo y haber sido entregado a terceros, apuntando a una posible red de trata de personas.

Una consejera escolar de Carolina del Norte fue condenada a entre 28 y 40 años de prisión tras declararse culpable de múltiples delitos sexuales contra una estudiante de 14 años, quien había acudido a ella en busca de ayuda por ansiedad y depresión.

La investigación comenzó cuando los padres de la menor entregaron a las autoridades mensajes comprometedores hallados en febrero de 2024.

La orientadora y entrenadora de vóleibol del McDowell High School, Jessica Patrick Finley, utilizó su posición para manipular a la víctima y mantener encuentros sexuales, en ocasiones dentro de su despacho, según informó inicialmente People a partir de documentos judiciales y reportes del canal local WLOS, Fox Carolina y el periódico McDowell News.

En su fallo, el tribunal de McDowell County impuso a Finley una pena de entre 28 años y cuatro meses y 40 años y seis meses de prisión. La sentencia incluye seis cargos de delitos sexuales con un menor, ocho de libertades indecentes y uno por actos sexuales con una estudiante, todos relacionados con una persona menor de 15 años.

Fox Carolina precisó que, al momento de la condena, Finley ya llevaba cumplidos 778 días en prisión preventiva —término oficial utilizado en el proceso judicial—, periodo que fue descontado de la sentencia final.

Además, la jueza ordenó la inscripción obligatoria de Finley en el registro de delincuentes sexuales tras su liberación, así como una evaluación psicológica y una audiencia futura para determinar si será monitoreada con un dispositivo satelital.

El caso Finley, un precedente en la protección de estudiantes en Carolina del Norte

La cadena de abusos comenzó tras el acercamiento de la menor a Finley durante su primer año en el McDowell High School, cuando buscaba apoyo por problemas de ansiedad, según se detalló en los testimonios citados por People.

De acuerdo con las pruebas presentadas, la relación de confianza derivó en manipulación y abuso emocional, que culminó, conforme a la acusación, en múltiples encuentros sexuales.

La correspondencia entre ambas incluyó descripciones detalladas de los actos y planes para futuros encuentros; los padres descubrieron estos mensajes en el teléfono de su hija. Posteriormente, la madre declaró ante la sala: “Los niños están fuera de los límites. Punto. No hay excusas ni excepciones”.

Finley, que ejercía como entrenadora del equipo escolar de vóleibol, renunció en febrero de 2024 tras ser confrontada por las denuncias.

Aunque en abril de 2025 rechazó inicialmente un acuerdo de culpabilidad ofrecido por la fiscalía, detalle registrado en Fox Carolina, finalmente se declaró culpable el 16 de abril de 2026, ya iniciado el proceso judicial. La defensa solicitó una reducción de fianza, solicitud que fue rechazada.

Según los documentos judiciales, Finley manifestó a la menor su intención de dejar a su esposo e hijos para continuar la relación, aspecto que quedó corroborado en los mensajes interceptados.

La adolescente declaró ante la corte que intentó cortar el contacto, pero Finley la amenazó con suicidarse, lo que generó que se sintiera atrapada.

Durante su alocución final, la sentenciada se dirigió tanto a la familia de la víctima como a la suya: “Solo quiero decir que lo siento mucho por mis acciones y por el dolor que he causado”.

Investigación y testimonios presentados

El equipo del Buró de Investigación del Estado de Carolina del Norte colaboró con el Departamento del Sheriff del condado en la recolección de pruebas tras la denuncia presentada por los padres.

Los testimonios recogidos por McDowell News reflejaron el impacto del trauma en la menor, quien declaró en audiencia pública: “Estaba buscando ayuda durante un momento en el que me sentía sola, y ella se aprovechó de eso.”

El caso de Jessica Patrick Finley destaca como un episodio de explotación de la relación de confianza entre estudiante y personal escolar en el McDowell High School.

La condena de hasta 40 años, junto con la orden de registro como delincuente sexual y el análisis psicológico postpenitenciario, queda consignada como antecedente judicial relevante en el sistema educativo público de Carolina del Norte.

Mediante un juicio abreviado, la Justicia de Mendoza condenó este martes a prisión perpetua a Gustavo Olguín Ormeño por el abuso y asesinato de su hija de dos meses, Emma Pilar Olguín, en agosto de 2023.

El proceso judicial determinó que el condenado, un enfermero de 28 años, fue responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Las Heras, mientras la madre de la víctima no se encontraba en el domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal El Sol, las circunstancias del crimen y las pruebas recabadas durante la investigación llevaron a un fallo unánime. El tribunal consideró la gravedad de los delitos y la documentación médica, que fue determinante para establecer la responsabilidad penal de Olguín Ormeño.

Según se informó, el acusado reconoció los hechos, por lo que aceptó avanzar con un juiico abreviado, que permitió una resolución más rápida del proceso. Dada la gravedad de los hechos, se le impuso una pena de prisión perpetua.

El tribunal también tuvo en cuenta la situación procesal de la madre de Emma. En junio de 2018, la jueza Natacha Cabezas dispuso su sobreseimiento, al considerar que la joven era víctima de violencia de género y que no se encontraba en la casa cuando se produjo el crimen. La joven, que tenía 23 años al momento de la detención, fue liberada tras comprobarse que estaba en el hospital Central por un problema odontológico cuando ocurrió el abuso y la agresión mortal.

Emma Olguín murió el 14 de agosto de 2023 tras ser trasladada al hospital Notti con síntomas compatibles con el síndrome del bebé sacudido (shaking baby). Al examinar a la menor, los médicos hallaron lesiones compatibles con abuso sexual, así como signos de agresiones físicas severas que fueron constatadas durante la autopsia.

El Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que la niña presentaba moretones y marcas de golpes en la espalda, tórax, abdomen, brazos, piernas y muslos, algunas de las cuales fueron provocadas con un elemento tipo varilla. Los forenses también registraron un desprendimiento de hígado y daños en el cerebro compatibles con el síndrome del bebé sacudido, además de desgarros y hematomas en la zona genital.

El caso tuvo un giro adicional cuando los restos de Emma fueron cremados por error tras ser entregados a una cochería que no era la asignada. Esta irregularidad generó la renuncia del titular del Cuerpo Médico Forense, Javier Salinas, y provocó cuestionamientos sobre los procedimientos internos del organismo.

Internaron a un bebé de 2 años por consumo de cocaína

A comienzos de semana, un bebé de 2 años fue ingresado al Hospital de Niños Zona Norte en Rosario. El menor dio positivo de cocaína en un análisis de orina tras haber pasado varias horas bajo el cuidado de su padre.

La madre del niño, Luciana, de 21 años, relató el episodio desde la puerta del hospital, acompañada por la tía del menor, Yamila. Ambas aseguraron que el chico pasó el fin de semana con su padre, quien está separado de Luciana y, según su testimonio, es consumidor de drogas. El viernes, el hombre retiró al niño con el compromiso de regresarlo al día siguiente, pero incumplió ese acuerdo y recién lo devolvió el domingo por la noche, tras varias evasivas.

Según informó el portal Rosario3, al recibirlo, la madre notó que el niño estaba en condiciones inusuales: “Me lo trajo sin ropa, solo con el pañal, y parecía recién bañado porque estaba frío. Además, lloraba, estaba apagado, como perdido y también agresivo. No quería que lo tocara nadie y él no es así, siempre está feliz”, describió Luciana.

Ante esto, la mujer creyó que su hijo podría haber sido víctima de abuso, pero las pericias toxicológicas constataron que presentaba una intoxicación por cocaína. Así, planteó que el padre del menor pudo haber suministrado la droga para “calmarlo”.

Un ciudadano mexicano acusado de explotación sexual infantil en Estados Unidos fue detenido en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias mientras pasaba los controles migratorios correspondientes, informó este jueves Migración Colombia.

El extranjero tenía vigente una solicitud de localización y detención por parte de autoridades policiales estadounidenses y fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía tras llegar al país en un vuelo procedente de México.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que “el control migratorio riguroso” permite detener a personas buscadas por la justicia internacional y con ello proteger a la población colombiana.

“Estamos fortaleciendo las acciones de verificación migratoria en esta (Cartagena) y otras ciudades, articulando acciones con las demás autoridades para garantizar la seguridad en el territorio nacional y combatir delitos que atenten contra la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, dijo Arriero.

Migración Colombia detalló que hasta la fecha respondió a más de 30 alertas de Interpol, mientras que en 2025 estos llamados superaron las 100 notificaciones, con un trabajo que busca fortalecer los mecanismos de verificación y cooperación internacional.

La entidad gubernamental aseguró que los sitios de alta afluencia turística, como Cartagena, tienen mucha presencia de menores de edad que podrían ser captados para explotación sexual, redes proxenetas y pornografía infantil.

Por ello, los controles de seguridad también están enfocados en revisar inmuebles donde se denunciaron encuentros sexuales en los que participan extranjeros. (Con información de EFE)

El arresto de Joel Kohnert, teniente del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Broward, y su esposa Jennifer Kohnert ha conmocionado a la comunidad de Florida. Según informaron las autoridades, ambos enfrentan cargos de abuso infantil sin causar lesiones corporales graves, tras ser señalados por su hija adoptiva de 12 años. La policía de Coral Springs ejecutó la detención el martes, luego de recibir una alerta sobre posibles malos tratos en el entorno familiar.

Los documentos judiciales y el informe policial detallan que la niña denunció una serie de abusos que se habrían extendido durante varios años. La menor relató que era encerrada cada noche en una habitación sin acceso a baño, lo que la forzaba a realizar sus necesidades fisiológicas en el suelo. Posteriormente, se le exigía limpiar el lugar y, como castigo adicional, debía escribir versículos de la Biblia. En su testimonio, la niña también describió que era obligada a mantenerse a flote en una piscina durante 45 minutos como parte de un régimen disciplinario impuesto por sus padres adoptivos.

El informe policial revela que la niña fue entrevistada tras la denuncia y señaló que había estado encerrada en su cuarto durante las noches por un periodo de dos a tres años. La habitación carecía de baño propio, lo que la llevó a orinar y defecar en el suelo. Al día siguiente, se le ordenaba limpiar los restos usando su propia ropa. Además, la menor declaró que debía bañarse al aire libre, en el patio de la vivienda, sin importar las condiciones climáticas, utilizando un vestido de baño. La joven indicó que dormía en un colchón inflable, con apenas unos pocos muebles y sin juguetes ni objetos personales. Para aislarse de los sonidos de la casa, mantenía una máquina de ruido blanco a alto volumen en su habitación.

Los métodos de castigo descritos por la niña incluyeron la transcripción de versículos bíblicos y ejercicios físicos como el mantenerse a flote en una piscina por un tiempo prolongado. Además, la menor relató episodios de violencia física y verbal, afirmando que Jennifer Kohnert le había tirado del pelo, abofeteado, pateado y le dirigía insultos. El informe de la policía también recoge que los tres hijos biológicos de la pareja confirmaron que la niña era la única sometida a este trato, y que ellos no experimentaron situaciones similares.

Cuando se realizó el arresto, en la vivienda de los Kohnert había otros menores presentes. Las autoridades del Departamento de Niños y Familias de Florida intervinieron de inmediato y pusieron a los demás niños bajo su custodia, a la espera de la resolución del caso y la investigación de su bienestar. La actuación de las autoridades fue rápida tras la denuncia inicial, que surgió a partir de la alerta de un agente de seguridad escolar en febrero, quien detectó indicios de encierro y privación del uso del baño.

El proceso judicial contra Joel y Jennifer Kohnert avanzó con una audiencia en el tribunal de fianzas de Broward. Durante la comparecencia, el abogado defensor argumentó que sus clientes eran “cristianos devotos” y “profundamente religiosos”, y solicitó una fianza de 10.000 USD para cada uno, alegando que la pareja tenía fuertes lazos comunitarios y carecía de antecedentes penales. Sin embargo, la fiscalía solicitó una fianza de 50.000 USD para cada acusado, expresando su profunda preocupación por la naturaleza de los castigos infligidos a la menor.

El juez, al analizar los informes policiales y las declaraciones recabadas, replicó que los hechos descritos no podían justificarse como cuestiones de creencia religiosa. Según consta en la audiencia, el magistrado recalcó que mantener a una niña encerrada durante años, obligándola a orinar y defecar en su habitación y luego limpiarla, excedía cualquier argumento de disciplina basado en religiosidad. El juez también subrayó que, de acuerdo a los documentos de arresto, la pareja admitió el encierro de la menor y que Joel Kohnert era consciente de que esa práctica era incorrecta.

Finalmente, el tribunal determinó fijar una fianza de 100.000 USD para cada uno, ordenando que tanto Joel como Jennifer Kohnert no tengan ningún tipo de contacto con la niña de 12 años, sus hijos biológicos ni con otros menores de edad. La medida responde a la gravedad de las acusaciones y a la necesidad de proteger a los menores involucrados mientras avanza la investigación judicial.

En cuanto a la situación laboral de Joel Kohnert, funcionarios del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Broward confirmaron que fue contratado en noviembre de 2010 y que, tras conocerse las denuncias y su arresto, se encuentra bajo licencia administrativa de carácter investigativo y sin goce de sueldo. La institución no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso mientras continúa la investigación interna y judicial.

Una mujer de Michigan fue arrestada por las autoridades bajo acusaciones de abuso agravado y privación ilegítima de la libertad, después de que su cuñada, una mujer discapacitada de 58 años, escapara de un encierro en el sótano que, según la policía, se extendió durante dos años y puso en riesgo su vida.

El Departamento de Policía de Saginaw, estado de Michigan, liderado por Jeff Doud, informó a la cadena estadounidense FOX News que la víctima fue hallada en estado de desnutrición tan avanzado que, según el personal sanitario, la hospitalización inmediata fue indispensable para evitar su fallecimiento.

La investigación determinó que Tasha Beamon, de 48 años, mantenía a la mujer en un viejo colchón, en un sótano cerrado con candado y sin suficiente acceso a comida ni agua. Además, los agentes hallaron en el lugar un cubo de 19 litros lleno de orina. Doud señaló: “No la alimentaban con regularidad” y que la víctima “no tenía acceso al agua”.

De acuerdo con el relato de la mujer, desde marzo de 2024, Beamon colocó un radio con alto volumen, funcionando de manera continua en el sótano. El cautiverio finalizó el 15 de marzo, cuando logró forzar una puerta tras percatarse de que la vivienda estaba vacía, escapó y pidió ayuda ingresando a la vivienda de un vecino.

El hombre, que la encontró en extremo estado de debilidad, declaró a la filial local ABC 12 que la mujer le pareció considerablemente mayor y peligrosamente delgada: “Pensé que tenía unos 78 años. Era alta, pura piel y huesos”.

El traslado inmediato al hospital fue indispensable; el personal médico indicó a la policía, según FOX News, que “si se la hubiera dado de alta, habría muerto”.

En su declaración, Tasha Beamon reconoció ante la policía haber mantenido a su cuñada en el sótano impidiéndole salir. Conforme a la investigación del Departamento de Policía de Saginaw, existe la sospecha de que el motivo del encierro era apoderarse de los pagos por discapacidad de la víctima, práctica considerada un agravante judicial cuando involucra adultos vulnerables.

Además, la acusada realizó cerca de 40 llamadas al hospital donde la mujer fue internada tras la fuga, según señaló Doud a la cadena estadounidense FOX News.

El hallazgo de una radio encendida, un colchón en el suelo, el candado externo y el cubo de 19 litros de orina fue confirmado por los agentes al inspeccionar la vivienda. Beamon fue arrestada el 2 de abril, y la fiscalía del condado de Saginaw solicitó una fianza (garantía judicial) de USD 100.000 al considerar el riesgo que representaba para la comunidad. Su primera comparecencia judicial será en una audiencia preliminar programada para el 20 de abril.

La privación de libertad con fines económicos y su impacto judicial

La investigación de la cadena estadounidense FOX News indica que los agentes sospechan que el móvil del encierro fue apoderarse de los ingresos por discapacidad de la mujer. En Michigan, la ley contempla este agravante como relevante en delitos similares cuando la víctima es un adulto vulnerable.

Condiciones de encierro y testimonios vecinales

El caso se hizo público cuando la víctima logró romper una ventana de una casa vecina y pidió auxilio, llevando una barra metálica, según narró quien le abrió la puerta. El mismo vecino relató a la cadena estadounidense FOX News y a la filial local ABC 12 la fuerza que demostró la víctima, a pesar de su debilitamiento extremo, y subrayó que en su primer pedido solicitó llamar a la policía.

Los hallazgos de la policía de Saginaw incluyeron una puerta del sótano cerrada con llave desde el exterior, un colchón en el suelo, un radio a alto volumen y un cubo de 19 litros de orina, elementos que confirman las condiciones de cautiverio descritas por la mujer.

Un hombre de 28 años fue condenado en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires tras abusar sexualmente de una mujer en pleno centro porteño, a quien sujetó contra su voluntad y manoseó mientras exhibía sus genitales.

La particularidad del caso es la rapidez de la resolución judicial: la condena se dictó en menos de 72 horas desde ocurrido el ataque.

Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, el hecho tuvo lugar cuando la víctima, de 25 años, caminaba por la calle Lavalle en dirección a su trabajo. Al llegar a la intersección con Esmeralda, a una cuadra de la avenida Corrientes, se encontró con un hombre que estaba orinando sobre una pared.

Al advertir su presencia, el agresor comenzó a realizar exhibiciones obscenas y comentarios de tono sexual. Luego, siguió a la mujer, la tomó de la cintura y le realizó tocamientos en distintas partes del cuerpo, mientras continuaba exhibiendo sus genitales.

La situación se agravó aún más cuando familiares de la víctima llegaron al lugar del hecho. En ese momento, mientras la policía identificaba al sospechoso, el agresor se abalanzó sobre el padrino de la mujer.

No solo lo golpeó, sino que además le clavó una varilla en la espalda. La violenta escena ocurrió ante la mirada de la pareja de la víctima y el hijastro de siete años.

La investigación de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con la intervención del auxiliar fiscal Federico Ghisio, culminó con una condena por abuso sexual, exhibiciones obscenas y lesiones.

Mediante un acuerdo homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade, se le impuso una pena de un año y tres meses de prisión efectiva, en el marco de delitos cuyo mínimo legal es de seis meses de cárcel.

Además, el condenado fue declarado reincidente y se ordenó la extracción de muestras biológicas para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Fuentes allegadas al caso precisaron que, tras el hecho, la fiscalía dispuso la detención del sospechoso y la recolección de diversas pruebas y testimonios.

También se determinó que el agresor se encontraba “lúcido, reactivo, orientado en tiempo y espacio y con conciencia de su estado y situación”, lo que permitió descartar un posible cuadro de inimputabilidad.

En cuanto a las lesiones sufridas por el padrino de la víctima, indicaron que le impedirán trabajar durante al menos un mes debido a las secuelas.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este miércoles 25 de marzo la detención de un hombre identificado como Alfredo “N”, quien impartía clases en una escuela particular de inglés llamada Freddys English School ubicada en el municipio de Puerto Vallarta.

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades lo acusan de elaborar, almacenar y distribuir pornografía infantil, tras una investigación iniciada gracias a reportes internacionales sobre explotación infantil.

El operativo se realizó en el inmueble donde funcionaba la escuela “Freddy English School”, ubicada en la colonia Valentín Gómez Farías.

En ese lugar, el presunto responsable ofrecía cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos.

Las autoridades reportaron que la intervención policial fue producto de la colaboración entre la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Investigación internacional y denuncia

Según datos oficiales, la investigación contra Alfredo “N” se activó tras una denuncia recibida por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que notificó a la fiscalía estatal sobre un reporte de la plataforma internacional Cyber Tipline, dedicada a combatir la explotación infantil.

Los informes alertaron sobre la posible posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil vinculado a un usuario identificado como “Alfredo”.

La indagatoria permitió asociar la presunta participación del maestro con estos hechos, a partir del análisis de datos, números telefónicos y cuentas de correo electrónico.

La recopilación de pruebas fue determinante para que el agente del Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión y de cateo.

Detalles del operativo y entorno educativo

La detención de Alfredo “N” y el cateo de la escuela ocurrió el pasado 24 de marzo de 2026, según la información difundida por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

En el sitio había un cartel que promocionaban la oferta educativa:

“Más de 30 años capacitando grupos”, “Cursos para niños de 8 años en adelante”, “Grupos para adultos en general” y “Apoyamos en tareas escolares”, son algunas de las frases que contiene la publicidad de la escuela.

Las autoridades no detallaron qué fue lo encontrado tras el cateo en el inmueble relacionado con Alfredo “N”.

Llamado a denunciar y proceso legal

La Fiscalía del Estado de Jalisco exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias que permitan fortalecer la carpeta de investigación en marcha.

La institución enfatizó su compromiso con el combate a los delitos que vulneran la integridad de la niñez y aseguró que todos los actos procesales se desarrollarán con estricto apego a derecho.

“Nada ni nadie quedará fuera de la ley”, informó la dependencia en su comunicado oficial.

El caso continúa en investigación para determinar si existen más personas involucradas o víctimas adicionales.

Hay una escena que aparece con mucha frecuencia cuando los sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia comienzan a poner en palabras su historia. No pertenece al momento de la o las agresiones, sino a muchos años después, cuando la vida siguió su curso y el pasado reaparece.

Surge en situaciones cotidianas como contextos familiares donde se supone que debería prevalecer la confianza: una reunión, una celebración, una comida compartida. La persona entra a la habitación y se encuentra con quien la agredió. No creo que pueda vivirse algo más perturbador que esto.

El agresor está sentado en la mesa, como si nada hubiera ocurrido. Como si esa infancia arrebatada fuera un descarte y hubiera quedado en el olvido. Tiempo pasado y pisado, pero no es así.

El sentimiento volcánico dentro del sobreviviente es demoledor. Quienes saben lo que pasó miran hacia otro lado y abren las puertas a quien sin ningún tipo de tapujo le robó una parte de la vida, y muchas veces la hipotecó para siempre, a un bebé, un niño, una niña o un adolescente.

Muchos sobrevivientes describen ese momento diciendo que, aunque el cuerpo es adulto, la sensación es la de volver a ser el niño o la niña que fueron entonces. Se quedan congelados, se intentan esconder, se mueren de vergüenza, se tapan el cuerpo intentado protegerlo, una vez más, de las garras pederastas. No solo es verlo, también es escuchar esa voz que mancilló, doblegó, y amenazó. Muchas veces además del miedo aparece el asco como resistencia, como barrera que separa pero hace presente el crimen.

La psiquiatra Judith Herman, que estudió durante décadas las consecuencias del trauma interpersonal, explica que los traumas provocados por personas cercanas se reactivan cuando la persona vuelve a encontrarse con quien ejerció la violencia o con situaciones que evocan aquella relación de poder y desigualdad, por ello la sensación es de regreso a la vulnerabilidad de la infancia.

En los grupos de apoyo para sobrevivientes que dirijo, las descripciones suelen ser sorprendentemente parecidas. Algunas personas cuentan que logran sostener la conversación como si nada ocurriera, pero sienten una desconexión profunda, como si estuvieran presentes y ausentes al mismo tiempo.

Otras hablan de una sensación de parálisis, de dificultad para reaccionar o incluso para pensar con claridad. Otras actúan en un intento de normalizar una escena aterradora. ¿Quién podría sentarse a la mesa con un torturador?

La exigencia para el aparato psíquico del sobreviviente es máxima y se despiertan mecanismos antiguos, utilizados cuando ocurrieron las agresiones, como la disociación: “Estaba ahí pero no estaba”, contó un paciente de 53 años. “Sentía que tenía 9 de nuevo y quería hacerme chiquita para desaparecer”. Al día siguiente terminó hospitalizada con un fuerte dolor abdominal. El cuerpo nunca calla, por suerte.

Lo que se reactiva no es únicamente la memoria del hecho, sino la posición psíquica en la que se encontraba el niño frente al adulto que lo violentaba y un tumulto de sensaciones: miedo, asco, dolor, humillación, terror, vacío.

Comprender estas escenas exige mirar la estructura de la violencia sexual padecida en la infancia. A diferencia de otras formas de violencia, la mayor parte de las agresiones sexuales contra niños y niñas ocurre dentro del círculo de confianza: familiares, cuidadores, personas cercanas al entorno y con una relación afectiva sostenida en el tiempo. Esto significa que el agresor no es una figura externa al sistema familiar, es parte de él.

La psicóloga Jennifer Freyd llamó trauma por traición a aquellos que provienen de personas de las que la víctima depende para sobrevivir. Cuando el abuso ocurre dentro de una relación de apego, un padre, un familiar cercano, un cuidador, un cura. Reconocer plenamente esa traición puede poner en riesgo el vínculo del que depende la vida del niño. En esas condiciones el psiquismo puede hacer algo paradójico para sobrevivir, bloquear, fragmentar o minimizar la percepción de lo ocurrido para preservar la relación.

Freyd llamó a este fenómeno ceguera ante la traición. No solo puede afectar a la víctima; también puede extenderse a quienes la rodean. Familias enteras pueden dejar de ver aquello que pondría en peligro la estabilidad del sistema.

Recuerdo siempre el caso de una niña de 6 años agredida sexualmente por su tío materno. Una vez que su mamá recibió el diagnóstico realizó la denuncia pero fue silenciada por la propia familia. La abuela materna le exigió que retirara la denuncia contra su propio hermano, el agresor, porque si no la dejaría con sus tres niños pequeños en la calle. La mamá no tuvo opción: retiró el reclamo y organizó un complejo sistema de puertas cerradas para que el criminal no se acercara a sus niños.

Terminé realizando la denuncia yo, pero no se hizo nada por salvarla y perseguir al criminal y su caso se archivó. De esa injusticia e impotencia nació nuestro cortometraje Play, una forma de visibilizar lo que pasaba y sigue pasando, cuando las familias y la justicia miran para otro lado en pos de proteger a los agresores y la necesidad de ofrecer una segunda oportunidad a los niños y niñas agredidos sexualmente para retomar su vuelo.

Esta forma de renegación y ocultamiento social, más frecuente de lo que parece, ayuda a comprender por qué, incluso muchos años después, el agresor puede seguir ocupando un lugar en la vida familiar.

La historia de quien fue el niño o niña agredido queda suspendida. Todos saben algo y al mismo tiempo nadie lo dice del todo. La persona que sufrió la violencia queda en una posición imposible, mientras el agresor puede seguir ocupando su lugar en la mesa.

Las investigaciones contemporáneas sobre violencia sexual confirman que estas experiencias no se disuelven simplemente con el paso del tiempo. Revisiones publicadas en revistas médicas y psicológicas muestran que quienes atravesaron estas violencias presentan con mayor frecuencia depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático en la vida adulta.

También se ha observado una mayor incidencia de problemas de salud física, desde dolor crónico hasta enfermedades cardiovasculares, en personas que sufrieron traumas severos en la infancia. Lo que ocurre en la infancia no desaparece. Permanece inscripto en la memoria, en los vínculos y en el cuerpo.

En muchos de estos relatos aparece una emoción que atraviesa la escena: la vergüenza. Boris Cyrulnik ha señalado que la vergüenza es una de las marcas más persistentes del trauma infantil. Afecta la identidad misma de la persona, impulsa a bajar la mirada, a desaparecer de la escena, a no perturbar la normalidad aparente que la familia intenta preservar por mandato social y religioso.

El cine ha mostrado cómo una violencia sufrida en la infancia puede seguir organizando la vida adulta. En Mystic River, la película de Clint Eastwood, el personaje de Dave Boyle carga durante décadas con las consecuencias de un abuso sufrido cuando era niño. No solo él: también sus amigos de la infancia quedan marcados por esa escena, sin saber bien qué ocurrió, pero imaginando algo terrible.

Quizá otro aspecto del que se habla poco son las secuelas en los niños y niñas que fueron testigos o que supieron lo que ocurría. Ese es un tema que examino en mi nuevo libro y al que quizá vuelva en una próxima columna.

En ese contexto aparece a veces una pregunta: la cuestión del perdón. La propia palabra lo revela. “Perdonar” proviene del latín tardío perdonāre: dar completamente, absolver, remitir una falta, eximir a alguien de una deuda o de una pena. Perdonar implica, en su sentido más literal, liberar al otro de una culpa o de una sanción.

Y durante mucho tiempo se repitió que perdonar era necesario para sanar. Hoy esa idea circula casi como un mantra en las redes sociales: perdonar como única salida posible de lo traumático.

No estoy de acuerdo.

La concepción del perdón, profundamente arraigada en nuestras tradiciones religiosas, ha funcionado muchas veces como una forma de disciplinamiento moral y de preservación del statu quo. Incluso en algunos desarrollos del psicoanálisis, una tradición que históricamente tuvo una vocación crítica y subversiva, aparece la idea del perdón como un horizonte deseable de elaboración.

La idea moderna del perdón no nació como un proceso de reparación para la víctima. Surgió en el mundo romano como decisión de renunciar al castigo, y fue transformada por el cristianismo en un mandato moral. Con el tiempo, ese mandato terminó funcionando muchas veces como una exigencia dirigida a quienes habían sufrido el daño.

¿Qué se perdona y para qué?

Mi experiencia de años de trabajo con sobrevivientes de múltiples violencias me lleva a pensar que el perdón suele funcionar más para los perpetradores y para las familias que desean ocultar o negar lo ocurrido. En la mayoría de los casos, los perpetradores no padecen una enfermedad mental grave que pudiera disminuir su responsabilidad moral o legal. Por el contrario, suelen saber perfectamente que no pueden ejercer violencia y que están cometiendo un crimen. Por eso suelo referirme a ellos como criminales con método.

Se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima, utilizan la desigualdad de poder y despliegan estrategias muy conscientes de coerción: amenazan, silencian, manipulan, buscan evadir la ley y preservar su impunidad.

El perdón suele presentarse como una etapa necesaria de la recuperación, pero la elaboración del trauma no depende de absolver al agresor. Lo que permite a una persona procesar una experiencia traumática es poder nombrarla, comprenderla y situarla en su propia historia sin quedar atrapada en el silencio o la negación.

Es como si alguien fuera atropellado deliberadamente por un camión: ¿por qué habría que exonerar al conductor?

A menudo se escucha otra frase: “perdoné por mí, para recuperar mi paz mental”. Pero esa idea también merece ser interrogada. La víctima no tiene nada que perdonarse. En todo caso debe sacarse de encima la culpa inoculada por el perpetrador. El daño fue cometido por otro. Sin embargo, la cultura del perdón ha penetrado tan profundamente que muchas personas terminan creyendo que, además de elaborar el trauma y reconstruir su vida, también deben realizar el trabajo de absolver al agresor.

En los casos de violencia sexual, donde el daño se produce dentro de una relación de poder y confianza, el trabajo psíquico pasa más por reconocer la traición y restituir la dignidad de la víctima que por reconciliarse con quien ejerció la violencia.

En ese contexto, exigir el perdón a las víctimas de violencia sexual no es un gesto terapéutico ni moralmente elevado. Es, muchas veces, una forma más de revictimización. Desplaza el foco del daño desde quien lo produjo hacia quien lo sufrió y coloca sobre las víctimas la carga de restaurar una armonía que nunca fue su responsabilidad romper. Y además envía un mensaje peligroso: que incluso un crimen contra un niño o niña puede terminar siendo perdonado.

El perdón no puede ser una obligación moral ni una condición para la recuperación. Algunos sobrevivientes lo eligen. Otros no. Y en los grupos de apoyo aparece con frecuencia una observación muy interesante, cuando el perdón se exige para restaurar la armonía familiar, puede convertirse en una nueva forma de dominación y coerción.

Hay perdones que se pronuncian en nombre de la paz familiar y social mientras el daño permanece intacto. En ocasiones ese perdón se paga con el cuerpo: con síntomas persistentes, con angustias que no encuentran palabras, con enfermedades que aparecen cuando la historia vuelve a ser empujada hacia el olvido.

Los sobrevivientes no necesitan que se les exija perdonar. Necesitan protección, cuidado, reconocimiento y justicia. El verdadero comienzo de la recuperación no es el perdón, es que el agresor deje de tener un lugar en la mesa, en el club, en la iglesia y en los organismos y que la sociedad deje de pedirle a las víctimas que sostengan el silencio que lo protege.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como Fer Italia fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso en contra de una menor de edad.

La condena en contra del hombre fue dada a conocer el 18 de marzo, días después de que fue hallado culpable de violación en agravio de una adolescente de 16 años.

Cabe recordar que Fer Italia fue detenido en agosto de 2024 y fue ingresado al penal de Barrientos. Para el 4 de septiembre del mismo año fue vinculado a proceso por violación contra la menor de edad, además de que se le ratificó la medida de prisión preventiva.

Ahora bien, los hechos por los que fue sentenciado fueron registrados el 11 de enero de 2024. Los reportes indican que el ahora condenado contactó con la adolescente a través de redes sociales y la engañó para llevarla a su departamento en Huixquilucan, sitio donde ocurrió la agresión.

Incluso, para marzo de 2024 Fer Italia volvió a establecer contacto con la víctima y amenazó con exponer imágenes íntimas de la menor de edad, lo que generó una situación de vulnerabilidad y que fuera llevada de nuevo al departamento donde ocurrió otra violación.

“Fer Italia” tiene pendiente otro caso en su contra

Conviene recordar que Luis Fernando Padilla cuenta con otro proceso en su contra, pues en diciembre de 2024 fue dado a conocer que fue integrado otro expediente en contra del youtuber.

Cuando el hombre ya estaba detenido, otra víctima acudió con las autoridades para presentar otra denuncia por violación en agravio de otra mujer. Este segundo caso es respecto a la expareja del influencer.

Acorde con los lineamientos establecidos en el Código Penal del Estado de México, comete el delito de violación quien “por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta”.

Quién es “Fer Italia”

Fer Italia es un médico cirujano que se dedicaba a crear contenido con el que solía compartir su afición por los autos deportivos de alta gama, además de que apareció en el programa de televisión Venga la alegría.

Padilla Manzo mantenía una amistad con el también creador de contenido Rodolfo “Fofo” Márquez, quien fue sentenciado el 29 de enero de 2025 a 29 de enero de 2025 a 17 años y seis meses en prisión tras ser hallado culpable de feminicidio en grado de tentativa, razón por la que también se le dictaminó una multa de 67 mil 313.40 pesos y 277 mil 440 pesos en calidad de reparación de daños.

En sus plataformas se describía como actor, productor, cantante y artista. En 2021 el ahora sentenciado le regaló un automóvil a Daniela Alexis, este última una mujer conocida como La Bebeshita.

Un detalle arquitectónico en una pared de ladrillo, visible en fotografías, fue la clave que permitió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos localizar y rescatar a una menor identificada como Lucy tras años de abusos.

La investigación, recogida por BBC News, destaca el trabajo minucioso del especialista Greg Squire y su equipo, quienes descifraron pistas vitales en imágenes difundidas en la red oscura.

El caso comenzó cuando imágenes perturbadoras de Lucy circularon en la dark web, un entorno digital cifrado e inaccesible sin programas particulares, orientado al anonimato.

El agresor recortaba o alteraba cualquier rasgo identificable en las fotos, lo que dificultó a Squire y a sus colegas identificar a la víctima o su paradero, según indicó BBC News.

Al principio, los investigadores solo pudieron deducir que Lucy se encontraba en Norteamérica, gracias a equipos eléctricos claramente visibles en las imágenes.

Intentaron avanzar contactando a la plataforma Facebook para que revisara fotos familiares en sus redes, pero la colaboración no fue posible. La red social comunicó a BBC News que, aunque apoya a las autoridades, solo podía actuar dentro de procesos legales específicos para proteger la privacidad.

Ante estos límites, el equipo dirigido por Squire analizó en detalle todo lo visible en la habitación de Lucy, como ropa, juguetes y, en especial, un sofá. Al determinar que este mueble solo se comercializaba en ciertas zonas, redujeron la búsqueda a cerca de 40.000 clientes.

Squire explicó a BBC News que en ese momento seguían manejando datos de 29 estados, una cantidad todavía abrumadora.

El avance crucial llegó gracias a la identificación del tipo de ladrillo visible en las imágenes. Squire se puso en contacto con la Brick Industry Association y, gracias a la gestión de esta entidad, conoció a John Harp, fabricante con décadas de experiencia.

Harp reconoció de inmediato los ladrillos “Flaming Alamo”, producidos entre los años 60 y mediados de los 80 en el suroeste del país. Aunque no existían registros digitales de ventas, Harp aportó un dato determinante: “Los ladrillos son pesados… los ladrillos pesados no viajan muy lejos”, señaló al medio.

Con esa pista, restringieron la búsqueda a quienes compraron el sofá y residían en un radio de 160 kilómetros de la fábrica de Harp. Examinaron redes sociales de unas 50 personas y dieron con fotografías de Lucy en compañía de una mujer probablemente familiar.

A partir de registros estatales, confirmaron una dirección específica y, con la ayuda de Harp, evaluaron la posibilidad de que allí hubiera paredes interiores con ladrillo Flaming Alamo.

La investigación culminó al identificar entre los habitantes de la vivienda al novio de la madre de Lucy, quien resultó ser un delincuente sexual reincidente. En pocas horas, agentes de Homeland Security arrestaron al agresor, responsable de seis años de abusos. Recibió una condena superior a 70 años de prisión.

John Harp, tutor temporal de más de 150 niños y padre adoptivo de tres, expresó a BBC News su satisfacción por haber contribuido al caso y la tranquilidad de saber que Lucy estaba a salvo. Valoró la labor del equipo de Squire como “mucho mayor que todo lo que yo haya experimentado”.

El impacto en Squire fue profundo. Según confió a BBC News, hubo periodos en los que la presión y la exposición a la violencia sexual infantil afectaron seriamente su salud mental y relaciones personales.

Su colega Pete Manning le sugirió entonces buscar ayuda profesional. Squire reflexionó: “Resulta difícil cuando lo que te impulsa también es lo que termina por desgastarte”.

El verano pasado, Greg Squire conoció en persona a Lucy, ya en su veintena. Ella afirmó a BBC News que, después del rescate, experimentó mayor estabilidad y logró hablar sobre lo vivido, algo que antes no era posible. “Ahora tengo la energía para contar mi historia”, explicó Lucy.

Este caso refleja una tendencia global: las investigaciones sobre abuso sexual infantil en línea dependen menos de tecnologías avanzadas y más de la atención a detalles minuciosos, junto con la colaboración internacional.

El trabajo de Squire formó parte de un reportaje a largo plazo de BBC News, que siguió durante cinco años a equipos de Estados Unidos, Portugal, Brasil y Rusia, subrayando el valor del cruce de información local y global.

Para profesionales como Squire, la convicción de poder intervenir y contribuir directamente a la protección infantil prevalece sobre la comodidad de la distancia ante el sufrimiento, impulsando su dedicación al rescate de menores víctimas de delitos en la dark web.

La desclasificación de documentos sobre el accionar criminal de Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense que fue acusado de explotar sexualmente a menores de edad y de liderar una red de tráfico sexual en la que participaron celebridades y figuras políticas de todo el mundo, ha provocado que las víctimas tomen la decisión de hablar de sus experiencias.

Una de ellas está en Colombia y habló en el pódcast Conducta Delictiva, en el que mencionó que su caso se registró en 2005, en la Florida, Estados Unidos, en donde su padre denunció que ella, de 14 años en ese momento, había sido abusada por Jeffrey Epstein.

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Durante la conversación, Andrea Starling, que vive junto a su familia colombiana en Norteamérica, indicó que tomó la decisión de exponer su caso para erradicar los rumores que afirman que Epstein y las demás figuras públicas están siendo relacionadas en historias de fantasía.

“Es importante dar un mensaje, mostrar la historia. Hay muchos que se preguntan si son conspiraciones, pero yo físicamente estuve allá”.

Debido a que personas de su familia le recomendaron no involucrarse en el caso, Starling se preparó para revelar su identidad y mostrar la oscuridad de todo lo que pasó en los lugares donde Epstein y otras personas abusaron de cientos de víctimas.

La colombiana recordó que todo comenzó con la amistad con otra mujer, que fue la que la acercó a planes que la terminaron llevando a la casa de Jeffrey Epstein.

“Eran fiestas normales, era todo superbién, fue nada más esa invitación en la que llevábamos un año saliendo, no era algo de lo que ella me invitaba, lo único raro fue esa de la casa de Epstein... El tipo la convenció a ella, no sé cómo se conocieron, pero él le pidió que le trajera más jóvenes”.

Starling recordó que la invitación de ir a la casa del empresario fue espontánea y natural, por lo que no desconfió de su “amiga”.

“Ella pensaba que le iba a ayudar; como el sueño era ser modelo, le decía que tenía todos los contactos y era muy fácil caer en esa dinámica... Fue casual y emocionada, que le estaba haciendo masajes, que si quería plata, que fuera con ella porque era un tipo que estaba bien conectado”.

En su relato, Andrea Starling indicó que antes de visitar la vivienda pensaba que sería un trabajo “normal” en el que ganaría un poco de dinero por hacer un masaje, que fue la promesa que recibió de su conocida.

“Yo no le vi el morbo, la cantidad no era algo que me cambiara la vida. Eran 100 o 200 dólares. Yo llevaba un año hablando con ella y nos ofrecieron como 200 dólares a cada una. En Estados Unidos el salario era de 10 dólares la hora, entonces no era algo del otro mundo”.

La colombiana narró lo que vivió al ingresar a la residencia de Epstein y algunas fotografías que observó en ese lugar.

“Cuando entramos, había unas empleadas de típico millonario, una energía de que era un tipo importante. Éramos mis amigas, las del servicio y ya. Cuando vi fotos con Clinton, con presidentes, pensé que el tipo estaba bien conectado, había celebridades, pero pensé que sería un tipo que le gustaba tomarse fotos”.

Starling describió cómo fue el momento en el que Epstein intentó abusar de ella y lo que pensó en ese momento, puesto que reconoció que por su juventud llegó a creer que se había equivocado.

“Entramos las tres; él entró y me regaló unos splash, era como calmado y después la vibra cambió completamente... Nos dijo que nos quitáramos la parte de arriba y yo no quise; les dice que se salgan y trató de calmarme. Se levantó y dijo lo que dice un depravado, que la íbamos a pasar bien. Ahí empezó la guerra de la ética y la moral; yo era una adolescente ingenua que en Colombia no me dejaban ni salir”.

Tras negarse a seguir las instrucciones del empresario que murió en 2019, la colombiana recibió el rechazo de las otras adolescentes.

“Yo fui muy difícil para él; ya no estaba calmado, sino como guache, déspota. Otras niñas se dejaban pensando en el futuro. Yo salí y me quedé esperándolas; les dije que me habían engañado y la reacción de ellas es como que yo había sido complicada y no quería jugar a hacer cosas de grandes”.

Por último, Andrea, que con el paso de los años ha entendido el peligro al que estuvo expuesta, indicó que hoy ha comenzado a asimilar que se salvó de ser una más en la lista de menores que fueron violadas por Jeffrey Epstein.

“Ya hoy digo, ojalá hubiera tenido la fortaleza de denunciarlo. Me tocó seguir con mi vida y ponerlo debajo del tapete... En el 2019 vi las noticias y vi la cara de él, lo reconozco, y el año pasado vi a mi ”amiga" en televisión porque decidió hablar".

Los investigadores en Nuevo México comenzaron a registrar el lunes el antiguo rancho del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, como parte de una investigación sobre las acusaciones de que mujeres y niñas fueron víctimas de abusos allí, según las autoridades.

La búsqueda es la última consecuencia de la publicación en enero por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de millones de archivos relacionados con el difunto financiero, que mencionan el “rancho Zorro” miles de veces.

Las investigaciones de Nuevo México se vieron impulsadas por pistas no verificadas que surgieron en la última publicación de documentos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., incluyendo una denuncia anónima de que Epstein ocultó la muerte de dos niñas abusadas al ordenar que fueran enterradas en las colinas a las afueras del rancho. No está claro si el FBI investigó esta pista.

“Esta búsqueda forma parte de la investigación penal anunciada por el Departamento de Justicia de Nuevo México el 19 de febrero sobre acusaciones de actividad ilegal en el rancho de Epstein antes de la muerte de Epstein en 2019″, dijo el Departamento de Justicia de Nuevo México en un comunicado.

La congresista de Nuevo México Melanie Stansbury dijo que el departamento de justicia del estado no dejaba “piedra sin mover” en la búsqueda.

“Los supervivientes de Epstein han esperado demasiado tiempo para obtener justicia y Nuevo México está liderando el camino en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas”, publicó en X.

En 1993, Epstein compró el extenso Rancho Zorro en Stanley, Nuevo México, a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Santa Fe, al ex gobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión en la cima de una colina con una pista de aterrizaje privada.

Las 13 millas cuadradas en el desierto incluye una hacienda de lujo de 26.700 pies cuadrados, cabañas para huéspedes y viviendas para el personal, varias dependencias, una estación de bomberos, establos para caballos, un garaje calentado de siete bahías, un invernadero para cultivar productos frescos, una operación de pastoreo de ganado y una pista de aterrizaje privada, hangar y helipuerto.

La propiedad fue vendida por los herederos de Epstein en 2023 (y las ganancias se destinaron a los acreedores) a la familia de Don Huffines, un candidato a contralor estatal en Texas que ganó las primarias republicanas la semana pasada.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar sexo a niñas de tan solo 14 años, pero murió en una celda de Nueva York en 2019 antes de poder ser juzgado por cargos de trata sexual.

Tras la muerte de Epstein, una mujer no identificada que usaba el nombre Jane Doe, de 15 años, dijo que Epstein la violó en el rancho cuando tenía 15 años.

Otra mujer, Annie Farmer, contó que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, encarcelada, le tocó los pechos en el rancho cuando era adolescente.

(con información de AFP y AP)

El Congreso Nacional de Honduras avanza hacia la derogación del reglamento que otorga pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios del Estado y sus parejas, según informó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Esta disposición, aprobada por la Cancillería en mayo de 2025 bajo la gestión de Enrique Reina, provocó fuertes críticas, alertan sobre la institucionalización de privilegios permanentes. El nuevo proyecto normativo busca restringir los pasaportes diplomáticos exclusivamente al periodo activo de funciones públicas, según se dio a conocer en un programa televisivo.

El reglamento fue aprobado el 6 de mayo de 2025 por la Cancillería hondureña, 23 días antes del retiro de Reina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entró en vigor al publicarse en el diario oficial La Gaceta el 14 de junio de 2025. La resolución, de quince artículos, define las reglas para la emisión y vigencia de documentos oficiales y diplomáticos para funcionarios activos y retirados.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, calificó la normativa como “un exceso y abuso” desde el Poder Legislativo y anunció que impulsarán su derogación. Destacó la contradicción de los privilegios vitalicios frente a la temporalidad de los cargos públicos. En palabras del legislador al medio 30/30, “no es posible que exfuncionarios tengan un pasaporte diplomático vitalicio. Estos cargos son transitorios; cuando se terminan tienen que devolver sus pasaportes”.

La exigencia de entregar estos documentos incluye a funcionarios de cualquier partido político. “Si hubiera diputados del Partido Nacional que tienen pasaportes diplomáticos y han terminado sus funciones, que devuelvan ese documento”, subrayó Zambrano.

Desde el ámbito jurídico, la abogada Ruth Lafosse explicó en 30/30 que la disposición es un reglamento administrativo, no una ley, por lo que la actual secretaria de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, tiene la facultad de derogarlo de manera directa. De acuerdo con Lafosse, “es prácticamente una oficialización del abuso del poder”, y lo comparó con antiguas prácticas de títulos nobiliarios. “Los pasaportes diplomáticos están destinados a quienes desempeñan funciones en el Estado. No corresponden a quienes ya dejaron sus cargos”, insistió.

La normativa establece que los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen una vigencia de uno o cinco años durante el desempeño de funciones públicas y solo pueden renovarse si se conserva el vínculo laboral.

Según Lafosse, mantener este privilegio tras el cese de funciones representa “un precedente preocupante” para la transparencia y la administración pública de Honduras. “Es una vergüenza y algo inaudito”, agregó.

La controversia en torno al reglamento se incrementó ya que, contrario a los estándares internacionales, amplía el alcance del privilegio a exfuncionarios y sus parejas, promoviendo, según analistas, la formación de una “casta privilegiada” en el servicio exterior hondureño.

Zambrano reafirmó la postura del Congreso de revisar y anular el reglamento, a fin de evitar que los beneficios del servicio público se transformen en ventajas personales duraderas. El Legislativo, además, continuará revisando el uso de documentos diplomáticos, con el objetivo de “reforzar los principios de transparencia y responsabilidad en la función pública”.

El rumbo que adopte este caso dependerá de la coordinación entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras sigue abierto el debate sobre la legitimidad y pertinencia de mantener o eliminar privilegios vitalicios para exautoridades estatales.

Un joven de 20 años fue detenido en Santiago del Estero tras ser acusado de haber secuestrado, apuñalado y abusado sexualmente de su ex novia, una adolescente de 16 años embarazada. Ante la gravedad del caso, la jueza Roxana Cejas Ramírez, de Control y Garantías, ordenó prisión preventiva por dos años por la peligrosidad que representaría el acusado.

Antes de cometer los crímenes, el acusado había amenazado a la embarazada y le dijo que “iba a ir a su casa”. Aunque ella se negó, esto no impidió que entrara a su vivienda y la atacara. Mientras la víctima se encontraba en la cama, la golpeó y apuñaló reiteradas veces.

Sin embargo, el episodio de terror no terminó ahí, ya que el agresor la obligó a abandonar la casa bajo amenazas. Así, consiguió llevarla por un camino vecinal, donde la atacó nuevamente con un arma blanca por la espalda. Finalmente, la trasladó a su propio domicilio, donde continuó propinándole golpes y cometió el abuso sexual.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la víctima logró huir cuando su atacante se quedó dormido. Actualmente, se encuentra bajo asistencia y recibe apoyo psicológico para afrontar las secuelas de la brutal secuencia.

Por su parte, el acusado fue imputado por los delitos de violación de domicilio, lesiones calificadas y abuso sexual. Además, la jueza dictó la prisión preventiva por dos años, tras rechazar de manera categórica la solicitud de excarcelación presentada por la defensa. Como fundamento, apuntó hacia la gravedad del ataque infligido y el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial por parte del acusado, sumado a la vulnerabilidad de la víctima.

Asimismo, citaron que el informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) señaló que entre 2016 y 2021 las denuncias por delitos sexuales se triplicaron a nivel nacional, pasando de 13.003 a más de 41.000 casos. El fenómeno presenta una incidencia significativa en provincias del norte argentino, incluida Santiago del Estero, donde las denuncias por abuso y acoso sexual han mostrado un aumento sostenido en los últimos años.

Frente a esto, la UFEM advirtió que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. Se estima que alrededor del 88% de las mujeres adultas que sufren agresiones sexuales no llegan a realizar una denuncia formal. Esto se debe al temor, el estigma y la desconfianza en el sistema judicial.

Antecedentes de casos por abuso sexual en Santiago del Estero

El hombre de 30 años estaba detenido por una causa de abuso sexual con acceso carnal en El Bobadal, Santiago del Estero. Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo el traslado del acusado en cumplimiento de un exhorto emitido por la Unidad Fiscal de Integridad Sexual N° 1 del Poder Judicial de Tucumán.

La causa judicial reflejó el curso de la imputación, que incluye la tipificación penal de abuso sexual con acceso carnal, delito por el cual el hombre permanece bajo custodia. Tras su aprehensión, el imputado fue sometido a exámenes médicos de rutina. Luego del control sanitario, quedó detenido en una dependencia policial y quedó a disposición de la unidad fiscal interviniente.

El cumplimiento de este exhorto judicial representa una etapa clave para el avance de la investigación penal. Según la información de Canal 10 de Tucumán, el caso continúa bajo supervisión mientras el acusado permanece privado de su libertad a la espera de nuevas resoluciones.

La medida judicial ordenó el traslado luego de que el acusado permaneciera alojado en la Comisaría Comunitaria N° 53 de El Bobadal. El operativo estuvo a cargo de los agentes de la División Delitos contra las Personas, que retiraron al detenido para cumplir con la orden de la fiscalía tucumana.

El 6 de marzo de 1981, en una fría y lluviosa mañana, la quietud de una sala del tribunal de distrito en la pintoresca ciudad de Lübeck, Alemania (Occidental por entonces), fue atravesada por detonaciones de arma de fuego. Marianne Bachmeier, una mujer de 30 años, caminó con calma hacia el estrado donde se encontraba sentado Klaus Grabowski, el hombre acusado de haber secuestrado, abusado y asesinado a su hija de siete años, Anna.

Grabowski se encontraba de espaldas a la entrada, a una corta distancia de aproximadamente tres metros y medio. Bachmeier extrajo de su bolso una pistola Beretta calibre .22, quitó el seguro y abrió fuego en una secuencia ininterrumpida.

Efectuó ocho disparos, de los cuales siete impactaron en la espalda del acusado. El hombre se desplomó sobre el escritorio frente a él y cayó al suelo de la sala, muriendo de forma casi instantánea antes de que un médico pudiera intervenir.

Tras arrojar el arma a un lado, la mujer se entregó a un oficial de la corte sin oponer ningún tipo de resistencia. En ese instante, pronunció las palabras: “Lo hice por ti, Anna”. Posteriormente, indicó que su intención original había sido dispararle en el rostro, expresando su esperanza de que el individuo estuviera muerto, e incluso profirió el término “cerdo” para referirse a él. Christian Berthold, expareja de Bachmeier y padre de la niña, presenció la escena y no salía de su asombro.

La vida de Marianne Bachmeier estuvo signada por la adversidad mucho antes de aquel suceso violento. Nació el 3 de junio de 1950 en Sarstedt, Baja Sajonia, en una familia de refugiados que habían huido de Prusia Oriental tras la Segunda Guerra Mundial. Su entorno familiar carecía de cualquier atisbo de estabilidad. Su padre, un ex soldado de la Waffen-SS, lidiaba con el alcoholismo y pasaba gran parte de su tiempo en un bar cercano, lo que exacerbaba su temperamento agresivo en un hogar de estrictas normas religiosas.

Sus padres se divorciaron y su madre contrajo un nuevo matrimonio. El vínculo con su padrastro resultó ser hostil y violento. Considerada una adolescente problemática, su madre terminó expulsándola de la vivienda familiar. A los 16 años, encontrándose en situación de calle, quedó embarazada. Ante la imposibilidad de asumir la crianza, entregó a esa primera hija en adopción.

Su único refugio durante los últimos años de la escuela secundaria fue un novio. A raíz de esa relación volvió a quedar embarazada a los 18 años. Poco tiempo antes de dar a luz, fue víctima de abuso sexual en una discoteca. Enfrentando la ruptura de su relación y el trauma del asalto, tomó la decisión de dar también a este segundo bebé en adopción.

En busca de sustento y alojamiento, comenzó a trabajar como camarera, adoptando un estilo de vida nocturno que se ajustaba a sus necesidades. En 1972, se encontraba trabajando en el bar y restaurante Tipasa, situado en el casco antiguo de Lübeck. Ese establecimiento funcionaba como un núcleo de reunión para estudiantes, personas ajenas al sistema, ocupantes ilegales y pensadores de izquierda que debatían sobre política, la Fracción del Ejército Rojo y la energía nuclear.

Allí inició una relación intermitente con el gerente del lugar, Christian Berthold. A los 22 años cursó su tercer embarazo y esa vez determinó que conservaría a la criatura.

Anna nació el 14 de noviembre de 1972. Tras el parto, Bachmeier decidió someterse a una esterilización quirúrgica, firme en su decisión de no tener más hijos. La crianza de la niña se desarrolló en el inusual ecosistema del bar. Como madre soltera y trabajadora nocturna, llevaba a su hija al Tipasa, donde los clientes habituales la conocían. Anna creció acostumbrada a dormirse en los bancos del local mientras la música y las conversaciones fluían a su alrededor. Su madre dormía durante el día, momento en el cual la niña jugaba en las calles empedradas de la ciudad, interactuando con los vecinos. A pesar del afecto existente entre ambas, el entorno generaba críticas por la falta de supervisión constante, al punto de que Bachmeier llegó a evaluar temporalmente la posibilidad de entregar a Anna a una pareja conocida en calidad de familia de acogida.

El asesino, Klaus Grabowski, era un carnicero de 35 años que vivía en el mismo vecindario que la familia Bachmeier. Poseía un extenso prontuario policial vinculado a delitos de índole sexual. A principios de la década de 1970, había atacado a una niña de seis años, sujetándola por el cuello hasta que los gritos de la víctima lo obligaron a huir, hecho por el cual recibió una condena condicional por intento de asesinato. En 1975, enfrentó cargos por el abuso de otras dos menores. Las evaluaciones psiquiátricas de la época determinaron que padecía un instinto sexual anormal de carácter adictivo. En 1976 fue sentenciado a internación en un centro de tratamiento psicológico, donde se le ofreció la castración química a cambio de su liberación. Grabowski aceptó el procedimiento, el cual disminuye los niveles de testosterona, y fue puesto en libertad sin recibir seguimiento psiquiátrico ni asistencia para su reintegración. Dos años más tarde, acudió a un urólogo, Volker vom Ende, solicitando un tratamiento hormonal para revertir los efectos de la castración, argumentando padecer efectos secundarios físicos y deseando formar una familia con su pareja.

Ocultando sus antecedentes penales y afirmando falsamente que su castración se debía a problemas de exhibicionismo, logró que el profesional le administrara inyecciones de Testoviron a principios de 1980, restaurando así sus niveles hormonales originales.

El 4 de mayo de 1980, madre e hija protagonizaron una discusión. Al día siguiente, la niña de siete años decidió faltar a la escuela. Bachmeier durmió gran parte de la jornada tras su turno laboral y luego asistió a una sesión fotográfica para un periódico local que se había interesado en su camioneta Volkswagen decorada con pinturas. Mientras tanto, Anna deambulaba por el vecindario tras descubrir que la amiga con la que tenía planeado jugar, no se encontraba en casa.

En ese trayecto, se cruzó con Grabowski. Como ya lo conocía previamente, le preguntó si podía jugar con su gato. El carnicero accedió y la condujo al interior de su departamento, aprovechando la ausencia de su pareja. Durante varias horas mantuvo a la menor retenida. Finalmente, utilizó unas medias pertenecientes a su mujer para estrangularla.

Según los informes forenses, ató el cuerpo de la niña, evidenciando que se tomó su tiempo para la maniobra, y lo ocultó dentro de una caja de cartón. Utilizó su bicicleta para trasladar los restos y los enterró en una fosa poco profunda a orillas de un canal cercano. Esa misma tarde, al regresar la pareja de Grabowski, él le confesó lo sucedido. La mujer abandonó el domicilio de inmediato y notificó a la policía. Las autoridades encontraron una nota del asesino pidiendo a su pareja que no lo abandonara y citándola en un bar local, donde los agentes lo arrestaron.

Al ser notificada esa misma noche, Bachmeier exhibió una reacción que desconcertó a las fuerzas de seguridad, negándose a dialogar con ellos o a acudir a la morgue para realizar la identificación del cadáver. Los meses posteriores estuvieron marcados por un dolor profundo y sentimientos de culpa abrumadores, alternando entre el aislamiento en su departamento y episodios de crisis en público.

Organizó un funeral alejado de las convenciones religiosas, durante el cual hizo reproducir a gran volumen una canción de la banda Pink Floyd. Por su parte, Grabowski admitió la autoría del homicidio, pero negó enfáticamente haber abusado de la menor. Construyó una insólita línea de defensa, asegurando que la niña lo había provocado y que intentó extorsionarlo exigiéndole cinco marcos.

Según su versión de los hechos, Anna amenazó con contarle a su madre que él la había tocado de forma inapropiada si no le entregaba el dinero. El acusado sostuvo que el pánico a perder a su pareja y a retornar a prisión lo impulsó a cometer el crimen durante un forcejeo, en el que la niña cayó de una silla antes de ser dominada.

El juicio contra Klaus Grabowski comenzó en marzo de 1981. Bachmeier se ubicó en la primera fila de la sala, interpelando en ocasiones al acusado. Los testimonios resultaron sumamente perturbadores; el propio carnicero detalló los últimos momentos de la niña, mencionando un sonido que provino de la nariz de la víctima mientras la estrangulaba.

El urólogo también testificó, revelando la falla en el protocolo al no haber investigado el historial delictivo de su paciente antes de administrarle el tratamiento hormonal. Durante la segunda jornada, un oficial de policía describió el modo en que el cuerpo de Anna había sido atado, lo que generó una fuerte conmoción entre los presentes.

Ese mismo día, Bachmeier malinterpretó un intercambio entre el juez y la defensa, creyendo que el acusado prestaría una nueva declaración en la jornada siguiente. Enfurecida ante la perspectiva de escuchar más falsedades sobre su hija, quien estaba siendo culpada de intentar un chantaje, Bachmeier tomó una decisión drástica. Llevaba consigo el arma de fuego que había adquirido tiempo atrás en su lugar de trabajo y que, según su declaración posterior, mantenía oculta en la tumba de Anna con fines de protección personal.

Tras matar al asesino en el tribunal, Bachmeier pasó a ser conocida internacionalmente como “La madre de la venganza”. Su accionar dividió a la sociedad alemana. Un sector de la población comprendió la reacción de una madre devastada y envió muestras de apoyo, incluyendo flores de desconocidos y donaciones que sumaron cien mil marcos alemanes para costear sus gastos legales. Otra facción advirtió sobre el peligro de avalar la justicia por mano propia. La fiscalía enfrentó una inmensa presión pública.

Tras ser detenida inicialmente y luego liberada, las autoridades ordenaron su arresto en agosto de 1981 al considerar que había riesgo de fuga. Durante los quince meses que permaneció en prisión preventiva, intentó quitarse la vida en cinco oportunidades. Se rehusó a colaborar con los psicólogos designados por el tribunal, quienes aplicaron metodologías para intentar doblegar su resistencia. Vendió los derechos de su historia a la revista alemana Stern por 250 mil marcos, fondos que destinó al pago de deudas y honorarios jurídicos.

El proceso judicial en su contra dio inicio el 2 de marzo de 1983 y se extendió a lo largo de 25 días. Se debatió exhaustivamente si el asesinato había sido premeditado. La fiscalía presentó declaraciones de clientes del bar que aseguraban haberla visto practicar tiro en el sótano del establecimiento. Además, argumentaron que el hecho de acudir al tribunal armada demostraba una planificación deliberada. La defensa, por su parte, sostuvo que los disparos fueron una reacción espontánea provocada por el estrés traumático de las audiencias previas y el temor a que la reputación de su hija siguiera siendo mancillada. El juez a cargo desestimó el cargo de asesinato en primer grado, considerando que el acto no fue planificado con antelación y que la visión de una carpeta con fotografías de la tumba de la niña en el estrado pudo actuar como un disparador inmediato.

En consecuencia, Bachmeier fue condenada por homicidio involuntario y tenencia ilícita de arma de fuego, recibiendo una pena de seis años de prisión. Diversas encuestas mostraron la fractura en la opinión pública: un 28 por ciento consideró la sentencia adecuada, un 27 por ciento la juzgó demasiado severa y un 25 por ciento opinó que fue excesivamente leve.

Durante la primera etapa de su condena, permaneció en una instalación psiquiátrica bajo estricta vigilancia por riesgo de suicidio. En junio de 1985, tras cumplir tres años tras las rejas, recuperó su libertad de forma anticipada. Intentó reconstruir su vida lejos del escrutinio público y contrajo matrimonio a finales de la década de 1980 con un profesor.

La pareja se trasladó a África, instalándose en un campamento en Lagos, Nigeria. La relación culminó en divorcio en 1990, tras lo cual ella decidió mudarse a Palermo, en la isla de Sicilia, Italia, donde encontró empleo como asistente en un centro de cuidados paliativos. Expresó en reiteradas oportunidades su negativa a regresar a Alemania, ya que allí su identidad se limitaba únicamente a ser la madre de la niña asesinada. No obstante, el diagnóstico de un cáncer de páncreas la forzó a retornar a Alemania para recibir tratamiento médico. Durante sus últimas semanas de vida, solicitó a un reportero llamado Lukas Maria Böhmer que documentara su deterioro físico. Su fallecimiento se produjo el 17 de septiembre de 1996, cuando tenía 46 años, en un hospital de Lübeck. A pesar de su deseo manifiesto de ser enterrada en Sicilia, sus restos fueron depositados en el cementerio de Burgtor, en la misma tumba donde descansaba su hija Anna.

La Justicia de La Plata dispuso la liberación de los padres de la beba de Ensenada que murió tras ingresar en un grave estado al Hospital Gutiérrez en La Plata, pero la causa por abuso y abandono de persona seguría abierta.

El caso, registrado en Villa Catella, Ensenada, tomó estado público el día en que una beba de un año y dos meses llegó al hospital en estado crítico y falleció poco después.

Los padres fueron detenidos bajo la acusación de “abandono de persona seguido de muerte”, tras ser capturados en una vivienda de la calle 127 entre 35 y 35 bis, donde residía la familia. Las autoridades judiciales también ordenaron peritajes en tres domicilios del mismo lote, donde vivían familiares directos de la menor que participaron en el traslado al hospital. Todos ellos fueron liberados tras las primeras medidas.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, a cargo de Martín Almirón. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el fiscal resolvió solicitar la liberación de los padres tras la incorporación de nuevas pruebas, entre ellas una segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial y la ampliación de declaraciones de las médicas que atendieron a la beba.

En los primeros exámenes forenses no se establecieron de manera concluyente signos de abuso sexual, aunque sí se describieron lesiones cuya naturaleza permanece bajo análisis y requiere estudios complementarios.

El abogado defensor Gonzalo Escaray sostuvo que la resolución es de carácter procesal y no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la eventual responsabilidad penal de los acusados. “La investigación sigue y nuestros asistidos colaborarán con todas las diligencias que se dispongan y remarcó que la decisión judicial responde a la falta de elementos suficientes para sostener una prisión preventiva y no supone la desvinculación de los padres respecto de la causa”, precisó.

De esta manera, la principal hipótesis de la causa se estructura con base en la idea de que la muerte de la menor podría estar relacionada con un reflejo vasovagal, fenómeno que produce una brusca disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y que, según las pericias, podría ser consecuencia de una situación de abuso. Por esto mismo, se continúan recolectando pruebas para esclarecer el hecho y determinar si existió un abuso y si este desencadenó la muerte de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales.

Las médicas que intervinieron en la atención aportaron su testimonio en el expediente, que fue ampliado recientemente por solicitud de la fiscalía.

Acusaron a médicas de un hospital de Neuquén por la muerte de una recién nacida

La semana pasada, cuatro profesionales de la salud del Hospital Castro Rendón de Neuquén fueron formalmente acusadas por la muerte de una recién nacida, ocurrida el 21 de enero de 2023. La decisión se tomó en una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial, donde el fiscal Andrés Azar les atribuyó a las imputadas haber actuado con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención obstétrica y neonatal brindada a una paciente embarazada de 39 semanas.

La acusación de homicidio culposo surge en el marco de una atención obstétrica que, según la Fiscalía, presentó omisiones y acciones inadecuadas que derivaron en el fallecimiento de la recién nacida a las 15 del día mencionado, en el principal centro de salud pública de la provincia. El proceso penal, seguido con atención en el ámbito local, involucra a cuatro mujeres identificadas como A. P., N. M., L. G. y E. S. M., quienes se desempeñaban como médicas y licenciadas en obstetricia y pediatría en el hospital.

Según el fiscal, la médica ginecóloga A. P. fue responsable de la cesárea y dispuso la finalización del embarazo por inducción sin causa obstétrica que la justificara. Además, omitió realizar monitoreo fetal intraparto durante un lapso crítico de más de tres horas, no registró de manera adecuada las prácticas efectuadas y confeccionó el parte quirúrgico con demora. Estas acciones, de acuerdo a la investigación, constituyeron una violación de los protocolos establecidos para la atención de partos de alto riesgo.

En relación a N. M., licenciada en obstetricia, la fiscalía sostuvo que participó en la administración de oxitocina sin realizar monitoreo fetal simultáneo, incumpliendo los protocolos de seguridad vigentes. También omitió dejar constancia en la historia clínica de las evaluaciones periódicas del estado fetal, lo que dificultó el seguimiento y la toma de decisiones en tiempo real durante el trabajo de parto.

La médica pediatra L. G., a cargo de la atención neonatal inmediata, recibió a la recién nacida con signos de depresión grave y aspiración meconial. Sin embargo, de acuerdo con los cargos, no realizó maniobras avanzadas de reanimación, no dispuso el traslado inmediato a terapia intensiva neonatal y tampoco cumplió con los deberes de registro de la evolución clínica del caso. Por último, la licenciada en obstetricia E. S. M. fue señalada por no efectuar los controles de signos vitales maternos y fetales en un período considerado crítico.

En un hecho inédito en Mendoza, una adolescente consiguió que la Justicia ordenara a su madre el cese inmediato de la publicación de sus fotos y videos en las plataformas de redes sociales.

La resolución, dictada por el Juzgado de Familia de Gestión Asociada de Las Heras, a cargo de Carina Viviana Santillán, hizo lugar a una presentación directa realizada por la joven, con el fin de ponerle un límite a una práctica conocida como “sharenting”, que vivía en carne propia de parte de su mamá. El neologismo se refiere al hábito que tienen algunos padres en compartir imágenes de sus hijos en redes sociales, sin cuidar su derecho a la intimidad, lo que puede derivar en riesgos sociales, psíquicos y emocionales.

La singularidad del caso radica en que surgió de la iniciativa de la propia adolescente, quien acudió a los tribunales para reclamar que se retiren todas sus fotos de internet y que su madre no vuelva a difundir su imagen.

Lejos de ser un tema banal, el caso reviste gravedad porque la joven fue víctima de burlas escolares, cuando sus imágenes publicadas aparecieron en plataformas de citas para adultos, como “Tinder” y “Happen”.

Según el expediente, con fecha del 10 de febrero, la jueza Santillán analizó cómo la madre utilizaba las fotos de su hija en redes sociales y en el estado y perfil de WhatsApp para promocionar su actividad personal y profesional. Aquella práctica ocasionó un daño directo.

La magistrada basó su resolución en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que apuntan a “garantizar la estabilidad emocional y proteger el proyecto de vida de la adolescente”.

El tribunal, frente a “urgencia y peligro en la demora”, resolvió en forma cautelar y ordenó a la madre abstenerse de toda publicación o difusión de contenidos en los que aparezca su hija. Además, dispuso la eliminación inmediata de los materiales ya existentes en plataformas digitales, según se especifica en la sentencia.

Una forma de “violencia digital y simbólica”

La jueza señaló que la medida se tomó bajo la figura de “medida autosatisfactiva”, una herramienta legal de aplicación inmediata cuando hay riesgos urgentes. La ley exige que los jueces actúen rápido cuando se afectan derechos fundamentales, en especial si hay menores involucrados.

Además, el fallo aclara que se trata de “una protección inmediata ante el peligro de viralización”, y menciona que el entorno digital convierte cualquier exposición indebida en algo incontrolable y “de imposible control posterior”. Para la jueza, esperar el trámite judicial normal pondría en mayor riesgo.

“El sharenting, entendido como la difusión de imágenes o relatos de niños por parte de adultos, sin resguardo de sus derechos personalísimos, configura una forma de violencia digital y simbólica”, cita la resolución. El texto marca que, de acuerdo a la jurisprudencia, se “vulnera los derechos a la intimidad, identidad, imagen, honor y dignidad de niños, niñas y adolescentes, generando además una huella digital permanente, de imposible control posterior, con consecuencias psico- emocionales y jurídicas futuras".

La interpretación del tribunal sostiene que la medida cautelar “no constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión”, sino que representa una protección razonable y proporcional ante derechos de mayor jerarquía en este contexto.

De acuerdo a la cautelar, si la madre incumple la orden, podrá ser sancionada y quedará expuesta a acciones civiles y penales por los daños derivados de la exposición digital indebida.

Especialistas en psicología y derecho alertan que la exposición sistemática de niños y adolescentes en redes sociales puede producir consecuencias psicológicas como incomodidad, vergüenza y pérdida de control sobre la identidad digital.

Ahora bien, el peligro se extiende más allá del ámbito escolar. Compartir imágenes visuales de menores permite que terceros descarguen y reutilicen ese material, o que los adolescentes queden expuestos a grooming o contactos indebidos por parte de adultos.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras realizó la detención de un abogado de 34 años y su pareja de 20, ambos residentes de la capital, como presuntos responsables de la violación y agresión sexual a una menor de catorce años. El material clave del caso está en los teléfonos celulares decomisados a los sospechosos, pues se sospecha que las grabaciones realizadas durante el acto constituirán una prueba concluyente en el inminente proceso penal.

El Ministerio Público procesó rápidamente a los detenidos, quienes enfrentan cargos según el artículo 249 del Código Penal (violación) y el artículo 175 del Código Procesal Penal (agresiones sexuales y aseguramiento de pruebas), lo que asegura un proceso riguroso y sanciones graves en caso de resultar culpables.

Desde el momento del arresto, la víctima permanece protegida y bajo la atención constante de especialistas que buscan restablecer su bienestar emocional. De acuerdo con el expediente policial, la investigación demostró que el delito fue planificado: la mujer atrajo a la adolescente bajo el pretexto de una “pijamada” en plenas celebraciones de San Valentín, para luego concretar la agresión junto a su pareja.

La DPI llevó a cabo el operativo tras recibir una denuncia formal que derivó en la rápida emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía de Turno de Tegucigalpa. La localización y seguimiento técnico permitieron identificar ubicaciones estratégicas donde los sospechosos se movilizaban: el bulevar Juan Pablo II y el barrio Los Dolores, ambos en el Distrito Central.

La participación del abogado entre los implicados causó indignación pública, dado que se espera de los profesionales del derecho un mayor respeto por la ley y el bienestar de los ciudadanos. A partir del análisis del expediente, las autoridades señalaron que la mujer de veinte años aprovechó su parentesco con la menor para obtener acceso al domicilio, alegando la realización de una actividad social inocente.

El abogado llegó a la vivienda y, junto con su pareja, intentaron manipular y coaccionar a la adolescente para participar en actos sexuales. Ante la negativa de la víctima, los implicados emplearon la fuerza y la intimidación. El elemento agravante surgió de la presunta grabación del delito, lo que aumenta la gravedad de los hechos investigados.

Durante el arresto se decomisaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en la Unidad de Extracción de Información y Análisis de la DPI. Se espera que las investigaciones forenses confirmen la existencia de imágenes o videos que respalden la denuncia presentada.

La fiscalía solicitará la detención judicial de ambos imputados para impedir cualquier intento de huida o de presión sobre la víctima o posibles testigos. Las pruebas recabadas y el contexto de parentesco servirán como sustento principal en la audiencia inicial y los siguientes pasos del proceso.

El Ministerio Público de Honduras está a cargo de la acusación y de asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. La normativa penal hondureña tipifica este tipo de delitos con especial severidad cuando hay uso de fuerza o intimidación, y trata con máxima protección los casos en que la víctima es menor de edad.

Tras varios meses de que Daniela Berriel denunció a Gonzalo “N” como presunto cómplice de Eduardo “N” al haberla violado, finalmente el actor volvió a dar señas de sí y ya rindió dos declaraciones, dijo la defensa de la actriz esta tarde.

Según informaron los abogados de Olea & Olea, el acusado declaró ante su defensa y ante un notario público en el país en que actualmente se encuentra radicando, por lo que “esas declaraciones son documentos, al ser ante un notario público cobran validez, tiene fe pública, tiene una validez legal”, dijo el defensor de Berriel.

Danny y Xavier Olea anunciaron para Ventaneando que, entre las declaraciones que “N” dio, ratificó la denuncia de la actriz, por lo que aceptó que lo ocurrido el año pasado en Guerrero sí fue una violación.

Eduardo “N” fue puesto en libertad a pesar de las pruebas que existían en su contra, por lo que Berriel siguió en su búsqueda por justicia y anunció que se levantaría una apelación a la decisión del juez. Las declaraciones de “N” ayudará para fortalecer su defensa.

“Gonzalo “N” dice la verdad y su verdad coincide con la verdad de Daniela. La Fiscalía General del Estado tendrá que actuar en consecuencia, se lo hemos solicitado formalmente tanto nosotros como abogados de Daniela, como abogados de Gonzalo, esto fortalece el dicho de Daniela y fortalece nuestros argumentos para la apelación”, aseguró Olea.

Hace tres meses, en la desesperación que la actriz se encontraba al no tener avances en su denuncia, la hizo pública. En un video de 10 minutos, Berriel relató que su ex pareja, Gonzalo “N”, y su amigo, Eduardo “N”, la violentaron.

Según su testimonio, los hechos ocurrieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje al famoso puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. La actriz señaló que fue agredida tras una cena en la que comenzaron a platicar de asuntos sexuales, motivo por el que “se sintió incómoda” y prefirió irse a dormir, sin embargo sus agresores la siguieron al cuarto.

Tras varios minutos de insistirle, ella se quedó dormida y se despertó dándose cuenta de que estaba siendo violada por Eduardo, todo esto en complicidad de Gonzalo, quien se encontraba en el mismo cuarto, pero en una cama diferente.

El 7 de marzo, la Fiscalía General de Guerrero dictó una orden de aprehensión para Eduardo, pero el 10 de abril el juez ordenó la libertad de Eduardo. “Mi indignación y dolor ante la resolución judicial que el día de ayer ordenó la libertad de Eduardo, acto de una evidente injusticia acontecida dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero”, dijo en conferencia de prensa.

Según las declaraciones de la actriz, el juez dictaminó que ella no habría preservado ninguna muestra genética de Edurado “N” y no se podía demostrar la agresión, pero esto no puede negar que ella haya sido abusada sexualmente por él.

Después de que esto sucediera, Daniela logró que se girara una orden de aprehensión en contra de Gonzalo “N”, quien fue acusado por violación y abuso sexual.

Ante las declaraciones de “N”, la también conductora dijo: “Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo, me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando mensajes todavía negativos y creo que ya teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna”.

Las autoridades hondureñas mantienen bajo custodia a una adolescente de 16 años de origen asiático, quien fue rescatada en Roatán como presunta víctima de trata de personas. El caso, que involucra la activación de protocolos para menores extranjeros no acompañados, pone de manifiesto los desafíos del Estado hondureño ante delitos de carácter internacional y obliga a coordinar esfuerzos entre distintas entidades para asegurar la protección y el retorno seguro de la menor.

Actualmente, la joven se encuentra bajo resguardo institucional en La Ceiba, conforme lo establece la normativa nacional para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades evitan divulgar su identidad o detalles sobre su origen para no exponerla a riesgos adicionales, y mantienen en reserva la información sobre el país específico de procedencia.

De acuerdo con declaraciones de Mayeli Flores, directora regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la adolescente ya recibe atención integral del Estado hondureño, sin distinción respecto a su nacionalidad. Flores explicó que la atención incluye resguardo, atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento social, mientras se define su situación migratoria y se tramitan las gestiones para su regreso junto a su familia.

Según la funcionaria, fue necesario recurrir a servicios de traducción porque “la niña efectivamente ya está bajo medida de protección. Aunque no sea de este país, se encuentra en territorio hondureño y está siendo tratada conforme a la ley para salvaguardar todos sus derechos, hasta que pueda regresar con su familia y a su lugar de origen”. La autoridad añadió: “Ya hicimos contacto con su familia y estamos empezando los trámites a través de Cancillería para que pueda retornar lo más antes posible”.

El proceso exige la coordinación de la Cancillería, responsable de gestionar los contactos diplomáticos y verificar que el traslado internacional se realice por las vías legales y en un entorno adecuado para su reintegración. Antes del retorno, las autoridades deben certificar las condiciones de recepción de la menor y establecer medidas para evitar que vuelva a quedar en riesgo, según los protocolos que dicta la legislación local.

El caso salió a la luz tras una operación realizada en Roatán, principal destino turístico de Honduras, donde la menor fue localizada sin compañía legal, portando documentación que no coincidía con su identidad y sin capacidad para comunicarse en español.

Ese conjunto de elementos disparó las alertas de las autoridades, quienes determinaron la imposibilidad de dejarla bajo custodia privada y activaron los mecanismos oficiales de protección. El Ministerio Público continúa investigando si existe el delito de trata de personas en su modalidad internacional y si el ingreso de la joven al país estuvo mediado por engaño, coacción o cualquier forma de explotación. Las pesquisas incluyen el esclarecimiento de la ruta de entrada al país, la identificación de posibles responsables y la cooperación interinstitucional para determinar si la adolescente fue víctima de un entramado internacional.

Ninguna persona ha sido capturada ni identificada públicamente como sospechosa hasta ahora. El expediente permanece bajo reserva por tratarse de una menor y debido a la naturaleza del delito que se investiga.

Las autoridades hondureñas precisaron que los casos de trata de personas con implicaciones internacionales no son habituales y requieren la intervención coordinada de distintas áreas del Estado. Además del resguardo físico, la menor tiene acceso a evaluaciones médicas, entrevistas especializadas y apoyo emocional, servicios alineados a la restitución de derechos que contempla la ley para víctimas de explotación. Esa legislación específica establece que, tratándose de menores de edad, no es necesario demostrar el uso de medios de presión para configurar el delito, dada su condición de vulnerabilidad.

Desde la Senaf subrayaron que la prioridad consiste en resguardar la integridad física y mental de la víctima hasta que todos los pasos legales nacionales e internacionales garanticen un entorno seguro para su regreso. Mientras completen esas gestiones, la joven permanecerá bajo protección estatal y con acompañamiento permanente. Las autoridades reiteraron que ofrecerán información adicional cuando avancen las investigaciones y se determinen responsabilidades por el ingreso y trasladado de la menor a territorio hondureño.

El proceso judicial que involucra a dos miembros de la fuerza policial de Entre Ríos por presunto abuso sexual contra dos niñas en situación de resguardo estatal comenzó esta semana.

La segunda jornada del juicio oral y público expuso nuevos testimonios que buscan esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016, cuando dos adolescentes alojadas bajo custodia estatal denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte de agentes de seguridad.

De acuerdo con la información del portal El Once, la audiencia se desarrolla en la ciudad de Paraná, donde el caso generó una fuerte repercusión debido a la gravedad de las acusaciones y al rol institucional de los involucrados.

Según la acusación, los hechos se habrían producido dentro de un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento, en pleno casco urbano.

El contexto de vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes, quienes permanecían bajo la tutela del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), fue un agravante en el proceso.

Las víctimas, de 15 y 13 años al momento de los hechos, habían sido resguardadas por situaciones de violencia intrafamiliar y se hallaban bajo la protección estatal.

Según las presentaciones realizadas por la Fiscalía y la querella, el material probatorio se centra en los relatos de las víctimas y en los elementos recabados en el lugar de los hechos.

Guillermo Mulet, abogado querellante, explicó que la última audiencia llevada a cabo, permitió la exposición de testigos propuestos por ambas partes, y valoró el avance del proceso.

Todo el cronorgama del proceso se organizó para garantizar la protección de las víctimas Durante la declaración de una de ellas, se dispuso que los abogados defensores permanecieran en una sala contigua y siguieran el testimonio por audio y video, medida adoptada para evitar la revictimización.

La dinámica del proceso continuará con la exposición de dos nuevos testigos aportados por la Fiscalía y la querella durante la próxima jornada, mientras que los testigos de la defensa declararán el jueves.

Para el viernes se espera la etapa de alegatos, tras la cual el tribunal podría dictar el veredicto respecto de la responsabilidad penal de los acusados.

El abogado querellante anticipó que, en caso de un fallo condenatorio, se abrirá la instancia de cesura para la determinación de la pena. El letrado manifestó que esperan una sentencia condenatoria que repare el daño causado a través de la intervención del personal policial.

El estado de las víctimas, según señalaron desde la representación legal, refleja las profundas consecuencias de los hechos investigados.

Detuvieron a un policía por distribuir material de abuso sexual infantil en Salta

Hace unos meses, un agente de la Policía Federal Argentina, de 31 años, fue detenido en Salta, luego de que descubrieran que almacenaba más de 60 mil archivos con imágenes de abuso sexual infantil en sus dispositivos digitales. De esta manera, se puso al descubierto el funcionamiento de una red de distribución de material ilícito.

La investigación, que se enmarca en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, permitió identificar la actividad delictiva y avanzar en la imputación del hombre, que fue acusado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, asistido por un defensor oficial, optó por abstenerse de responder las preguntas formuladas por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Por este motivo, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el imputado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

Según la reconstrucción de los hechos brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la detección de la actividad ilícita fue posible gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS). Se trata de una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil y a colaborar con entidades internacionales para la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes.

Así, se obtuvo información detallada sobre el tráfico de imágenes, incluyendo la dirección IP utilizada para el intercambio, la empresa proveedora de servicios, el titular de la cuenta, la fecha y hora de la actividad, la aplicación empleada para la distribución, el identificador o Hash de los archivos, el usuario reportado y la ubicación geográfica. De esta manera, las autoridades solicitaron un permiso para realizar un allanamiento en el domicilio del investigado.

Este procedimiento permitió el secuestro de toda la evidencia digital, donde se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que el acusado intercambiaba y distribuía.

El martes, la justicia francesa reveló la identidad de Jacques Leveugle, un hombre de 79 años acusado de abusar sexualmente de 89 menores durante más de cinco décadas.

La fiscalía de Grenoble lanzó una convocatoria para que posibles víctimas y testigos se presenten, debido a la magnitud y alcance internacional de la causa.

La investigación formal contra Leveugle comenzó en febrero de 2024, cuando fue imputado por violación agravada y agresión sexual contra menores. Desde abril de 2025, el acusado permanece en detención preventiva mientras las autoridades avanzan en la identificación de víctimas y la recolección de testimonios.

El fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, decidió divulgar el nombre del sospechoso para facilitar el contacto con otras personas afectadas, una medida poco habitual en el sistema judicial francés, donde suele preservarse el anonimato de los investigados.

El caso surgió tras el hallazgo de una memoria USB en el domicilio de Isère, entregada a las autoridades por un familiar del acusado. De acuerdo con la agencia EFE, en ese dispositivo se encontraron 15 volúmenes de escritos personales, redactados por el propio Leveugle, en los que consignó una lista de agresiones sexuales cometidas entre 1967 y 2022.

Entre los documentos también había fotografías, lo que permitió identificar a 89 víctimas, todos varones de entre 13 y 17 años al momento de los hechos. La fiscalía intentó en primer lugar identificar a todas las víctimas sin recurrir a la exposición pública, pero la información incompleta forzó el llamado abierto.

Los abusos documentados abarcan varios países y territorios, entre ellos Suiza, Alemania, Marruecos, Argelia, Níger, Filipinas, India, Colombia y el territorio francés de Nueva Caledonia.

La movilidad internacional del acusado se explica, según la misma fuente, por su trabajo como supervisor de campamentos y profesor, funciones que le dieron acceso a menores en contextos educativos y recreativos.

Durante la conferencia de prensa, Manteaux señaló que la urgencia de la investigación responde a la edad avanzada del acusado y a la dificultad de rastrear víctimas a lo largo de 55 años y múltiples jurisdicciones.

En paralelo a las acusaciones por abuso sexual, la fiscalía abrió también una investigación por homicidio. Leveugle confesó haber asfixiado a su madre, enferma terminal, en la década de 1970, y a su tía, de 92 años, en los años noventa.

Sobre el segundo caso, el fiscal indicó que el imputado explicó que “porque tenía que regresar a las Cévennes y ella le suplicó que no la dejara, también eligió poner fin a su vida”.

El caso de Leveugle conmocionó a la opinión pública francesa, que aún recuerda procesos recientes como el de Joel Le Scouarnec, ex cirujano acusado de agredir sexualmente a 299 menores, o el de Gisèle Pelicot, donde se demostró la utilización de medios digitales como pruebas determinantes.

El registro escrito y fotográfico recuperado por la policía fue un elemento central para la acusación y la reconstrucción de los hechos.

(Con información de AP)

Este miércoles 4 de enero las autoridades de Ecatepec informaron que elementos de la policía municipal lograron impedir un linchamiento en la colonia Jardines de Morelos contra un presunto agresor sexual identificado como David “N”, quien fue identificado con antecedentes penales.

La actuación de los agentes se activó tras recibir una alerta vecinal sobre la retención y golpiza a un hombre en la calle Laguna Superior.

Al llegar al sitio, los efectivos encontraron a un grupo de vecinos que mantenían sometido al individuo, acusado de haber cometido actos de agresión sexual y acoso.

La intervención policial permitió que el señalado fuera rescatado de la multitud y puesto bajo custodia oficial, evitando así daños mayores.

Según reportes de las autoridades, la respuesta de la policía fue clave para restablecer el orden y garantizar que el proceso legal siguiera su cauce, sin que la situación desembocara en consecuencias más graves para las personas involucradas.

Acusaciones de agresión sexual y acoso contra el detenido, David “N”

El hombre identificado como David “N” enfrenta serios señalamientos por parte de los habitantes de Jardines de Morelos.

De acuerdo con los reportes, una joven de 22 años indicó que el sujeto la siguió durante varios minutos en la vía pública.

Según la denuncia, el agresor no solo la persiguió, sino que también le hizo insinuaciones verbales y, en un momento, realizó tocamientos sin su consentimiento.

La situación escaló aún más cuando, posteriormente, David “N” exhibió sus genitales ante la víctima.

Los actos denunciados no se limitaron a una sola persona. El individuo también habría intentado agredir a una menor de 14 años. Este último hecho provocó la intervención directa de los vecinos, quienes decidieron retenerlo y llamar a las autoridades.

Los testimonios recabados detallan un patrón de conducta que motivó la acción comunitaria y la posterior llegada de la policía municipal.

Las autoridades refirieron que las víctimas de David “N” recibieron apoyo psicológico y jurídico por parte de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas.

Antecedentes penales del detenido y hallazgo del brazalete penitenciario

Durante la intervención policial en la colonia Jardines de Morelos, los agentes realizaron una revisión al hombre detenido, identificado como David “N”. En ese momento, constataron que portaba un brazalete del sistema penitenciario.

La presencia de este dispositivo evidenció que el individuo ya había sido procesado con anterioridad. De acuerdo con la información recabada, el motivo de su proceso previo fue el delito de robo con violencia.

El hallazgo del brazalete resultó relevante para las autoridades, ya que permitió confirmar los antecedentes penales del sospechoso y establecer su situación jurídica al momento de la detención.

Tras la intervención de la Policía Municipal de Ecatepec y la detención de David “N”, el individuo fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la presunta secta integrada por dos militantes peronistas detenidos y acusados de haber abusado sexualmente de varias mujeres en La Plata.

Díaz negó que ella supiera de los casos de abuso recientemente denunciados contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, una pareja que militaba en una agrupación llamada Movimiento Ciudadano La Capitana, al momento de su asunción al frente de la cartera, en diciembre de 2019.

Si bien hubo denuncias desde 2014, el caso se conoció en 2024 dentro del Senado bonaerense y en ese momento tomó intervención el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Díaz. La funcionaria explicó que apenas tuvo conocimiento de los hechos y la intención de denunciar por parte de las víctimas, se actuó con los dispositivos institucionales correspondientes.

“Frente a las graves denuncias, y la posterior detención de dos personas, que aprovechando la militancia incurrieron en delitos sexuales graves, como ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia tengo la certeza y tranquilidad de que, desde que tomamos conocimiento de la situación, todos los equipos institucionales que intervinieron lo hicieron con celeridad y poniendo como principal prioridad a las víctimas, que es lo que corresponde y lo más importante en una situación así“, comentó Díaz, y consideró que ”es fundamental recalcar que este tipo de delitos son de instancia privada, no hay actuación de oficio" y que “el acompañamiento y la orientación del ministerio fue hecho con absoluta responsabilidad”.

Díaz negó haber conocido los hechos antes de asumir en el cargo. Consideró que esa acusación “es falsa” y que “induce a una interpretación que busca debilitar las políticas que defienden los derechos de las mujeres frente a la violencia machista sosteniendo que no sirven para nada”.

Además, entendió, “reproduce una violencia más: revictimiza a las denunciantes y busca desacreditar a quienes tenemos la máxima responsabilidad en la implementación de las políticas públicas”.

Díaz explicó que este tipo de situaciones son “complejas para denunciar”, y que “sin organismos que garanticen acompañamiento, presentación de escritos para la orientación en la intervención, mecanismos de protección y trabajo en redes, estos delitos jamás saldrían a la luz pública, reinaría la impunidad absoluta y el desaliento para quienes sufren la violencia”.

Ante la trascendencia de imágenes en las que se ve a Díaz con los detenidos durante actos militantes, la ministra bonaerense advirtió que su uso “sin explicar el contexto también deja en evidencia la estrategia y los fines que tienen, muy obvios por cierto”.

"La violencia machista no se combate con mentira sino con instituciones presentes y acompañamiento real a las víctimas. En ese camino vamos a seguir, sin retrocesos ni miedo", concluyó.

En aquel 2024, la dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que depende de la ministra, tomó el caso cuando se conoció en el ámbito del Senado y la directora de esa dependencia, recibió a la empleada legislativa y escuchó su testimonio junto a la directora de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos. Para ese momento, esta víctima todavía no había hecho la denuncia penal.

Desde la cartera de Género le indicaron a la mujer que llevar el caso a la Justicia era un paso necesario para poder ayudarla con medidas de protección, como un botón antipánico. La denuncia en el juzgado finalmente se hizo en 2025 y en ese momento, el secretario admninistrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti, apartó a los denunciados de sus cargos.

“Que nos culpen a las mujeres, y especialmente a las que defendemos los derechos, no es extraño, es parte del mecanismo de complicidad machista”, remarcó Díaz y advirtió que “la operación está a la vista: desacreditar, distorsionar y seguir violentando a las mujeres en todos los lugares donde estemos y los espacios que ocupemos”.

En ese sentido, agregó que “somos las que sufrimos la violencia, las que luchamos para que estos delitos se sancionen y las señaladas con total ligereza para garantizar la impunidad machista”.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, el ladrón aparece como: Josué Alexis Urquia, Enzo Fabián Barrionuevo, Fabián Exequiel Barrionuevo, Fabián Omar Barrionuevo, Gabriel Alejandro Montenegro, Braian Reggia, Jonathan Gabriel Reggina, Brian Eric Michel Regina, Brian Erik Michel Regina, Ezequiel Fabián Tolosa, Agustín Ezequiel Toloza, Ezequiel Fabián Toloza, Alejandro Gabriel Torre, Álex Gabriel Torres, Alexis Gabriel Torres, Fabián Omar Urquía, José Alexis Urquía y Joshué Alexis Urquía.

La situación abrió un interrogante a los investigadores policiales: ¿Es tan fácil dar una identidad falsa durante un procedimiento? Por lo pronto, por los indicios obtenidos a través de diferentes medidas, se especulan dos escenarios:

• Que se la pasaba viajando en micros de larga distancia –en algunos se colaba, según relatos de testigos– sin DNI, por lo tanto, quedaba asentada la identidad que decía ante una aprehensión.
• Que los datos personales de la víctima que acababa de asaltar, ya que tenía en su poder su documentación.

Mientras avanzaba con la recolección de datos, el fiscal de Rosario González Raggio se encontró con que Urquia posee arrastra dos causas abiertas en Corrientes y Formosa y seis condenas en Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba:

• 3/8/2017: General Pico, La Pampa, un mes de prisión por cuatro hechos de hurto simple, uno en grado de tentativa.
• 2/9/2018: Arroyito, Córdoba, seis meses de prisión que derivó en una pena unificada de dos años y medio por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad.
• 17/11/2021: Clorinda, Formosa, tiene una causa abierta por hurto, procesado sin condena.
• 1/2/2023: Chajarí, Entre Ríos, un mes y 10 días de cárcel por exhibiciones obscenas y hurto.
• 10/3/2023: Villa Gesell, Buenos Aires, 20 días de prisión por hurto simple en tentativa.
• 18/3/2024: San Salvador de Jujuy, Jujuy, seis meses de prisión por los delitos de estafa, robo en grado de tentativa, violación de domicilio y hurto.
• 22/6/2024: Corrientes, Corrientes, tiene una causa abierta por exhibiciones obscenas, hurto y amenazas.
• 13/10/2025: Mar del Plata, Buenos Aires, un mes de cárcel por hurto.

La mecánica de algunos de los hechos era calcada: se subía a un colectivo de larga distancia y sustraía dinero y efectos personales de pasajeros que se habían quedado dormidos durante el viaje. En algunos casos fue arrestado al bajar del micro.

Ahora suma dos causas en trámite: el hecho de la mueblería de Rosario del 30 de diciembre y el robo en Córdoba por el que lo atraparon el 1° de enero.

Con la difusión de su nombre y foto de su rostro tras la agresión a la empleada de la mueblería de Rosario, también empezaron a llegar al Ministerio Público de la Acusación mensajes de otras víctimas, quienes refirieron ataques sexuales de parte del señalado delincuente.

En su historial delictivo también quedó plasmado que, en 2011, tras un asalto quedó internado en el hospital de Paso de los Libres, en Corrientes, porque aludía problemas de salud mental. Sin embargo, se escapó de ese centro de salud.

Casualmente, ahora, a través de su defensa, elevó una solicitud ante la Justicia cordobesa, que lo tiene preso por un asalto desde el 1° de enero mientras lo buscaban en Rosario: su abogado pidió la realización de una pericia interdisciplinaria el próximo 19 de enero para establecer si comprende la criminalidad de sus actos.

El pasado 2 de enero, Urquia fue revisado por el equipo de salud mental del Hospital San Roque de Córdoba, donde se determinó que se encuentra en condiciones de quedar alojado en una unidad penitenciaria.

Los profesionales de salud del Hospital San Roque agregaron que el sospechoso refiere “alucinaciones auditivas, consumo problemático de sustancias y antecedentes de tratamientos” en hospitales de distintas localidades de Córdoba y de otras provincias.

El intento de abuso sexual y el robo en Rosario

El caso por el que se destapó el pasado criminal de Urquia saltó a la luz a las 15.30 del 30 de diciembre último, cuando entró a la mueblería de Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu de Rosario, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla, según consta en las imágenes del propio comercio y que encabezan esta nota.

Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular.

De acuerdo a la declaración que brindó un familiar de la víctima en contacto con la prensa local, la empleada sufrió una fisura en el dedo producto de la mordida y tuvo que ser asistida en un sanatorio del centro de Rosario.

Entre la falta de ética comercial, el escaso control sobre los proveedores, la mala indexación de productos sexuales para adultos y algoritmos incapaces de diferenciar entre muñecas infantiles y artículos sugerentes para mayores de 18 años, así como la ausencia de regulación efectiva, se configuran varias de las problemáticas a las que se enfrentan los consumidores mexicanos en plataformas como SHEIN, Temu, AliExpress o Alibaba.

El problema se agrava cuando estos sitios web permiten que niñas, niños y adolescentes se topen con artículos pertenecientes a categorías para adultos o “juguetes sexuales”. En México no existe una supervisión sistemática de las autoridades competentes, aun cuando en meses recientes estas plataformas han sido señaladas en Europa por vender productos sexuales con “apariencia infantil”, casos que solo fueron atendidos tras ser denunciados públicamente.

¿Problemas de indexación, falta de responsabilidad de las plataformas o ambas?

Un monitoreo realizado por Infobae México en diversas plataformas internacionales disponibles en el país identificó un patrón constante que expone a menores de edad a productos dirigidos a adultos. En particular, se detectó que algunos artículos para personas mayores de 18 años aparecen colocados dentro de los mismos apartados dedicados al público infantil, especialmente en las secciones de “juguetes para niñas”.

Una de las causas más frecuentes es el uso del término “doll”, que no siempre se refiere a una muñeca para infancias. La coincidencia en esta palabra clave provoca asociaciones erróneas en los algoritmos, lo que termina agrupando muñecas o juguetes para la niñez junto con productos sexuales o accesorios para prácticas eróticas.

La exposición ocurre sin restricciones de visualización o navegación, por lo que cualquier menor que acceda, incluso bajo supervisión, puede encontrarse con artículos que normalizan la sexualización de elementos asociados a la infancia.

Los vacíos en los controles de calidad permiten que las plataformas alojen objetos con estética infantil dentro de categorías de la industria sexual, lo cual contribuye a banalizar una problemática particularmente grave en un país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en explotación sexual infantil.

Diversas organizaciones y especialistas en derechos de la niñez han advertido que la convivencia visual y comercial de lo erótico con lo infantil diluye los límites que deberían proteger a menores en entornos digitales. Señalan que la presencia de productos sexuales en espacios destinados a la compra de juguetes o ropa infantil representa un riesgo directo, pues los filtros de edad y contenido son insuficientes o inexistentes.

Aunque las plataformas suelen contar con políticas contra la explotación o la sexualización inapropiada, al parecer, estas no han sido suficientes hasta la fecha.

¿Qué dicen las Políticas de Privacidad de estos marketplaces?

La mayoría rechaza el uso de sus servicios por parte de menores de edad, aunque mantienen apartados dedicados justamente a ese sector. Por ello, la supervisión de padres, autoridades y de las propias plataformas es indispensable. A continuación, fragmentos relevantes de sus términos y políticas:

• SHEIN: Permite cuentas de menores de 16 años bajo supervisión adulta. En “Términos y Condiciones” (apartado 2.2) establece la prohibición de subir o publicar contenido “calumnioso, obsceno, indecente o pornográfico”, además de cualquier material que pudiera generar responsabilidad civil o penal.
• AliExpress: Señala que la plataforma “no está dirigida a usuarios menores de 18 años ni a niños menores de 13”, y afirma no recopilar datos personales de menores ni tener motivos para creer que acceden a su sitio.
• Temu: Indica que “no vende productos a niños” y que los artículos dirigidos a ellos están disponibles “para su compra por adultos”. También cuenta con un apartado para denunciar “Actividad Sospechosa”.

Aunque las tres plataformas permiten solicitar la baja de cuentas creadas por menores de 16 o 18 años, persiste la duda sobre cómo monitorean sus catálogos para evitar que productos sexuales se mezclen con artículos destinados a infancias y adolescentes.

Profeco monitorea estas plataformas, pero no el cruce entre productos sexuales e infancia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó desde 2004 el “Monitoreo de Tiendas Virtuales”, donde se enfoca principalmente en los siguientes puntos:

• La Política o aviso de privacidad
• La seguridad en los datos personales
• La seguridad de los datos financieros
• El Domicilio físico y número telefónico fijo
• La descripción detallada de bienes o servicios
• Los costos totales e impuestos
• La Información sobre formas de pago
• Las condiciones de envío o entrega
• Las condiciones de cancelación, devolución o cambio

Aunque el monitoreo podría parecer un tanto deficiente en materia de contenido sexual mezclado con apartados de niñas, niños o adolescentes, en el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor de México (LFPC), se estipula que debe haber una advertencia cuando el contenido no corresponda a un sector vulnerable:

“VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población”.

Exposición a productos sugerentes en un país con altos niveles de violencia sexual infantil

En los últimos años, en México se han implementado distintas campañas para combatir las distintas violencias sexuales en contra de infancias y adolescencias, sin embargo, es indispensable atender la exposición de contenidos sugerentes en plataformas de marketplaces, debido a que aún bajo supervisión de una persona adulta, este sector puede verse expuesto a artículos o mercancías que los vulneren o perviertan.

Datos de la REDIM indican que, en 2024, cerca del 80% de los casos de violencia sexual atendidos en México involucraron a adolescentes de entre 12 y 17 años. Las mujeres representaron el 92.8% de las víctimas menores de edad. Entre los menores atendidos, el grupo de 6 a 11 años concentró el 13.8% de los casos y el de 1 a 5 años, el 6.9%.

Un artículo de ABC News, que recoge denuncias de usuarios ante contenidos que vulneran a menores, revela que pese a las quejas, algunos productos solo cambiaron de nombre o características, fueron suspendidos temporalmente o jamás recibieron una respuesta por parte de los marketplaces.

Debido a que se trata de una industria que sigue siendo un tema tabú en el país, las producciones de contenido para adultos tienen pocos filtros de seguridad y garantía, además de mínimas regulaciones en Colombia.

Es por ello que algunos colectivos de actores porno se han reunido para exigir que sean regulados con supervisión constante por parte del Gobierno nacional, la mayoría de estos grupos son liderados por la exactriz y candidata al senado Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank.

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Debido a que se trata de algo poco común, este tipo de iniciativas han provocado que actrices denuncien públicamente las situaciones que han tenido que vivir durante rodajes, lo que incluye una denuncia contra el productor Cristian Cipriani.

En este caso, Cipriani es acusado por dos modelos, que aseguran haber sido violentadas y abusadas por el director de la industria para adultos.

Testigo Directo habló con las dos mujeres involucradas y con Cipriano, para que todas las partes expusieran su versión sobre el caso, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

En primer lugar, Antonella Blake (nombre artístico de una de las involucradas), explicó lo que le molestó de los rodajes en los que participó con Cipriani como director. “Comenzamos a grabar y pasaron cosas que a mí no me gustaban, como que me morboseaba por detrás de cámaras”.

En el caso de Shaira, ella asegura que fue violada y grabada por Cipriani, al que acusa de haberla drogado antes de que comenzará el rodaje para que ella perdiera control de sus acciones.

La actriz indicó que mientras se cambiaba de vestuario, el productor le pasó un coctel, después de eso perdió el conocimiento: “Él decía ‘en estos momentos chicas, en estados muy raros’”, explicó Shaira para reafirmar que Cipriani tenía claridad de que la había drogado.

“Es capaz de decirme que no estaba bajo los efectos, se ven las intenciones que él tenía, yo veía todo muy borroso”, narró la creadora de contenido para adultos.

En su relato, Shaira añadió que Cipriani la violentó verbalmente luego de que terminó el abuso: “Me visto y le digo que me pague porque me tengo que ir, me dice que lo chupe, que yo era una perra”.

Al respecto, el productor y director aseguró que es inocente y afirmó que tiene las pruebas para demostrar que todo lo que grabó con Antonella y Shaira fue bajo el consentimiento de las actrices.

“Yo no he cometido ningún crimen, con ella, ni con nadie, y menos un tema de violación. Nosotros grabamos por secciones el contenido, la modelo hacía un show y yo le preguntaba si estaba bien, si estaba cómoda. Yo confío plenamente en la Fiscalía”.

Cipriano reafirmó que está tranquilo y que tiene la conciencia limpia, puesto que está siendo denunciado por mujeres con las que tuvo una relación laboral después de que se registraron los presuntos abusos.

“Me estás dando el consentimiento, pero te estoy violando, al otro día estás contenta y que está preparada para otra escena. Nosotros nunca obligamos a nadie a estar en la empresa”

Por último, debido a que las víctimas están siendo apoyadas por Amaranta Hank, Cipriani reveló que ha comenzado un proceso legal en contra de las tres mujeres por calumnia, mientras que la candidata al Senado declaró que en la industria hay falencias con las que busca terminar definitivamente, incluyendo el accionar que realiza continuamente el director en sus producciones.

“Tiene que ser una relación de demasiado respeto, en los sets hay fiestas, drogas, sexo detrás de las escenas. Si hay un acuerdo, fabuloso, porque hay un acuerdo, pero si no se habla sobre eso y se hace en la escena, estamos hablando de una violación”, declaró Omaña.

La cantidad de casos gestionados por el Teléfono contra el abuso y maltrato a personas mayores en la Comunidad de Madrid aumentó considerablemente en 2025, pasando de 110 a 144 registros respecto al año anterior, mientras que las denuncias realizadas por vecinos y ciudadanos fuera del entorno familiar tuvieron una participación inédita en la detección de estos hechos. Según publicó la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), este servicio telefónico operado desde 2019 ha acumulado 3.714 intervenciones en todo el país, de las cuales 653 fueron en el presente año, 53 más que en 2024. La entidad atribuyó el repunte no solo a la persistencia del problema, sino al progreso en la capacidad de detectar, atender y denunciar este tipo de situaciones.

De acuerdo con la información consignada por Confemac, la distribución territorial muestra que Andalucía continúa como la comunidad con mayor volumen de casos atendidos —con una ligera reducción del 31,9% al 31,3% respecto al total nacional— pero destaca especialmente el alza de Madrid, que subió del 18,5% al 22,3%. A nivel provincial, además del incremento registrado en la capital española, también se advirtieron variaciones en otras zonas: Sevilla contabilizó 54 casos frente a los 49 del año anterior, mientras que Barcelona bajó de 60 a 48. El medio detalló que el Teléfono contra el Maltrato a Personas Mayores opera de forma continua, incluso en periodos en los que careció de financiación específica, dependiendo del trabajo voluntario y el esfuerzo sostenido del equipo de Confemac.

Respecto a los tipos de abuso reportados, el maltrato psicológico mantuvo su posición como la modalidad más frecuente, aunque descendió en proporción (del 28,4% al 26,7% del total de llamadas). La negligencia aumentó del 10,9% al 15,5%, mientras que el abandono —entendido como la dejación de responsabilidades básicas— retrocedió del 16,8% al 12%. El maltrato económico, que engloba la sustracción, apropiación indebida o gestión indebida de bienes y rentas, se mantuvo estable con cifras altas, ascendiendo del 15,6% al 16,2%. El abuso físico experimentó una reducción (del 10,5% al 8,5%). Confemac resaltó además la presencia de nuevas categorías en la estadística, como las vulneraciones de libertad y derechos, que representaron el 8,8% de los casos, y el maltrato institucional, con el 4%.

Analizando el perfil de quienes alertan al servicio, la entidad identificó que los hijos y familiares cercanos continúan siendo quienes más comunican casos al teléfono, con un 31,1% y un 22,5% respectivamente, pero los vecinos han pasado a ocupar un lugar relevante, constituyendo el 11,8% de las llamadas. “Esto muestra un avance en la sensibilidad colectiva y deja claro que la comunidad desempeña una función de vigilancia y soporte antes reservada solo a la familia o a la víctima directa”, explicó Confemac al medio. El ámbito familiar siguió siendo el principal escenario de los incidentes denunciados, concentrando el 68,5% de los casos en 2025, cifra similar al año previo; los centros residenciales representaron el 14,9%.

La confederación destacó el impacto de sus campañas enfocadas en la toma de conciencia comunitaria, como la recientemente lanzada ‘Si no lo ves, ¿cómo lo frenas?’. La campaña persigue subrayar la importancia de identificar señales de alerta, no ignorar indicios y tener claro que existe una línea de ayuda disponible. Según publicó Confemac, el anonimato y la accesibilidad del recurso permite que muchas situaciones reciban atención pese al temor, el estigma o la normalización del problema. La entidad señaló: “Gran parte del maltrato se sostiene porque pasa desapercibido, se normaliza o se minimiza”. Por ello, los responsables del servicio llamaron a una identificación activa del problema: “No podemos frenar lo que no nombramos y no podemos nombrar lo que decidimos no ver”.

El 15 de junio de 2025 se registró, según consignó Confemac, una manifestación que marcó un punto de inflexión en la sensibilización social. La organización consideró que la fecha sirvió como recordatorio de que el buen trato no debe limitarse a eventos aislados, sino integrarse en la vida cotidiana y en las prácticas institucionales. El medio reportó que la estrategia de la confederación se basa en la ‘Estrategia hacia el Buen Trato’, que incluye campañas, colaboraciones interinstitucionales y un enfoque de intervención orientado a visibilizar que el abuso contra personas mayores es un problema social que afecta a toda la comunidad.

Confemac también puso el foco en los desafíos pendientes en el sistema de atención, especialmente en los casos en que la víctima padece deterioro cognitivo o trastornos de salud mental que dificultan la percepción adecuada del riesgo o las intenciones del entorno. Según describió la entidad, esta casuística presenta obstáculos adicionales, ya que puede generar una interpretación errónea de hechos o rechazos injustificados a los servicios de apoyo, incrementando el aislamiento o la falta de protección. El colectivo profesional a cargo del servicio observó que la respuesta institucional ante estos escenarios “no siempre ofrece soluciones ágiles, integradas o adaptadas a la edad y la vulnerabilidad específica de las personas afectadas”.

Mirando hacia el futuro, la organización anunció que, a partir de 2026, el proyecto contará con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En declaraciones recogidas por el medio, la confederación valoró este apoyo institucional no solo como un recurso económico, sino como un reconocimiento explícito al problema y una apuesta por consolidar la protección social de los mayores. Tal como detalló Confemac, el desafío no radica únicamente en garantizar el funcionamiento del teléfono de asistencia, sino en reforzar la respuesta pública ante una cuestión que implica una vulneración de derechos y que, según la entidad, no puede asumirse como un fenómeno anecdótico o excepcional.

El Teléfono contra el Maltrato a Personas Mayores mantuvo su funcionamiento durante 2025 gracias a la implicación de personal especializado y acciones altruistas, sin interrupciones pese a la ausencia de financiación específica durante algunos periodos. El equipo profesional valoró positivamente el incremento de la participación social en la denuncia de los hechos, interpretándolo como un paso hacia la ruptura del silencio y la invisibilización. Según el medio, la experiencia acumulada desde el lanzamiento del servicio en 2019 refuerza la percepción de que la problemática, lejos de reducirse, requiere un abordaje más coordinado entre los recursos sociales y sanitarios, así como una intervención más efectiva en contextos de especial complejidad, como aquellos en los que se cruzan situaciones de abuso y trastornos de salud mental o deterioro cognitivo.

En declaraciones incluidas en el informe, Confemac insistió en que abordar el fenómeno implica sostener no solo recursos específicos, sino también promover una mayor coordinación institucional y fortalecer la capacidad de actuar cuando aparecen señales de vulnerabilidad, miedo o desconfianza. La organización concluyó que “no se trata solo de sostener un teléfono; se trata de sostener una respuesta social y pública frente a una vulneración de derechos que no puede normalizarse”, subrayando la necesidad de mantener abiertos los canales de denuncia y apoyo como parte esencial de una sociedad comprometida con la dignidad y el bienestar de las personas mayores.

Los documentos recientemente divulgados en la investigación sobre Jeffrey Epstein han reavivado el debate sobre el papel de Ghislaine Maxwell, mostrando cómo utilizaba técnicas de manipulación emocional para involucrar a adolescentes en la trama de abuso, a la vez que dejan al descubierto los límites del proceso judicial previo al juicio.

Todo ello ocurre mientras la defensa de Maxwell explora vías para revertir su condena y su entorno recalca la naturaleza limitada de la información salida a la luz.

El testimonio de un agente, presentado ante el gran jurado y recogido en los expedientes, arroja detalles sobre el modo en que Maxwell conseguía que las jóvenes percibieran como natural el ambiente en el entorno de Epstein.

El funcionario relató a las autoridades judiciales, según The Guardian: “Maxwell lo normalizó. Era como una hermana mayor genial y hacía comentarios como: ‘Esto es lo que hacen los adultos’”. La joven, que describió como “extrañas” sus primeras visitas a la mansión del financiero, relató sentirse desconcertada tras ver a Maxwell en topless, aunque pronto percibió que la actitud de la acusada minimizaba cualquier atisbo de alarma.

El entorno que Maxwell generaba favorecía la sensación de pertenencia entre las víctimas. De acuerdo a lo señalado por el agente ante el gran jurado, citado por The Guardian: “Expresó que sentía que la querían. Sentía que eran su familia; que la apoyaban, y… le hicieron sentir que debía estarles agradecida”. Esta atmósfera de supuesta familiaridad y protección, según el documento, fue clave para la progresiva integración de las adolescentes en los comportamientos abusivos.

En el avance del abuso, la propia Maxwell empezaba a tomar parte activa, instruyendo y ridiculizando a las menores delante de Epstein. “Maxwell se burlaba un poco de las otras chicas. Les agarraba los pechos y les indicaba qué hacer”, declaró el agente sobre el testimonio recogido en la investigación judicial, como informó The Guardian.

El ambiente se volvía tan cotidiano y banalizado que, en palabras del agente, “Intentaba no mirar a Maxwell porque transmitía esa sensación de hermana, así que se sentía extraña… Intentaba ser invisible en la habitación para que la ignoraran lo más posible”.

Las transcripciones también incluyen testimonios que coinciden con los relatos de víctimas ya identificadas públicamente en el juicio, como Jane y Annie Farmer. Así ocurre en el caso de una joven a la que Maxwell habría guiado para que le diera un masaje a Epstein, según relató el agente al gran jurado recogido por The Guardian, “Maxwell le dijo que le diera a Epstein un masaje de pies y luego le mostró y le indicó cómo hacerlo. Se sintió un poco incómoda, pero Maxwell estaba bromeando, así que simplemente siguió su ejemplo”.

Estos documentos contribuyen a perfilar la estrategia de Maxwell: propiciar relaciones personales desde la empatía, mostrar curiosidad por los antecedentes y vulnerabilidades de las víctimas e incluso enviarles obsequios, como paquetes de lencería de Victoria’s Secret a nombre de Maxwell y Epstein. Uno de los testimonios recogidos en 2007 no mencionó en su momento a Maxwell, hecho explicado por el agente de la ley consultado por el fiscal: “No se lo pidieron”, recoge The Guardian.

A raíz de la publicación de los documentos, Ian Maxwell, hermano de Ghislaine Maxwell, subrayó la naturaleza limitada de los expedientes judiciales filtrados: “Es importante recordar que estos materiales no constituyen prueba de culpabilidad ni de la conducta de nadie. Los procedimientos del gran jurado son preliminares y unilaterales por naturaleza: permiten a los fiscales presentar su caso sin recusaciones ni contrainterrogatorios”.

Y añadió, en declaraciones al medio británico: “Por ello, las transcripciones no ofrecen una visión equilibrada ni completa de los hechos. No pueden mostrar el contexto más amplio ni reflejan las respuestas, explicaciones o pruebas que la defensa podría presentar en un tribunal”.

Un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque, partido de La Plata. Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

La causa, que quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, activó un fuerte despliegue de los organismos de investigación.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas, precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata, y está siendo investigado con medidas urgentes.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima, tras lograr escapar de sus agresores, pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia a la que pudo acceder el medio local 0221, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque. Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él.

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60, donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Como elementos sustraídos, la víctima contó que en la riñonera robada por los asaltantes había un teléfono celular y documentación personal.

La víctima especificó que uno de los atacantes, el que perpetró el abuso, tendría cerca de 35 años. Además, en su declaración ante la Policía, señaló que fue amenazado de muerte por los delincuentes durante el episodio.

Bajo instrucciones de la fiscal Corfield, los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la zona del ataque, con el objetivo de obtener rastros y recolectar pruebas materiales que ayuden a esclarecer el hecho. El relevamiento incluyó exámenes en busca de huellas y registros de elementos personales, así como la búsqueda de imágenes de cámaras que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos en las inmediaciones.

Un policía secuestró y abusó de una joven: quedó detenido con preventiva

La Justicia dictó la prisión preventiva para el policía acusado de secuestrar y violar a una joven de 25 años en City Bell, un hecho que generó conmoción en La Plata.

Según informó el medio local 0221, en la resolución, el Tribunal consideró que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” que vinculan al acusado con los hechos, conforme a la valoración de la Fiscalía.

El caso se encuentra bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11, quien subrayó la condición del imputado como agente del Estado y la necesidad de preservar la integridad de la investigación. El policía se encuentra imputado por los delitos de rapto agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado con arma de fuego y robo agravado, delitos que el Código Penal contempla en concurso ideal y real.

De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió el miércoles 12 de noviembre, minutos antes de las 17, en la calle 14, entre 474 y 476, en la localidad de City Bell. Una joven de 25 años caminaba hacia su Volkswagen Gol Trend, cuando un hombre, que la seguía con una caja en la mano, descartó los cartones y, tras abrir la puerta del conductor, la amenazó con un arma.

El agresor, armado, la obligó a subir a su propio vehículo y la condujo por el Camino General Belgrano durante aproximadamente 30 minutos. El recorrido culminó en el Parque Pereyra Iraola, donde la víctima permaneció retenida durante 3 horas bajo amenaza, fue sometida a interrogatorios personales y, tras un intento fallido de escape, sufrió una agresión sexual dentro del vehículo, según su testimonio.

Las primeras horas de la investigación incluyeron la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo robado, lo que permitió determinar que el sospechoso huyó hacia el partido de Florencio Varela.

Tras una investigación, los investigadores de la DDI de La Plata localizaron al sargento Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, en la localidad de Ingeniero Allan.

La Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores, Córdoba, dictó una condena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo contra un hombre hallado culpable de abusos sexuales continuados y gravemente ultrajantes contra dos miembros de su propia familia.

El condenado fue trasladado de inmediato a la unidad carcelaria, marcando uno de los fallos más duros en materia de delitos sexuales de los últimos años en la región.

La decisión resonó en todos los ámbitos judiciales y sociales por la minuciosidad de la investigación y la contundencia de la condena. Según se informó, el tribunal encontró probado que las víctimas, dos menores de edad, sufrieron graves consecuencias en su salud mental debido a los hechos.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la causa judicial se inició a partir de las denuncias que llegaron a la Unidad Judicial de Villa Dolores. Según consta en la presentación, los abusos ocurrieron el 13 de diciembre de 2024.

La Fiscalía tomó el caso y reunió pruebas sólidas sobre los hechos ocurridos en el seno de una familia loca.

Las pruebas demostraron de manera fehaciente la existencia de abusos sexuales continuados y gravemente ultrajantes, agravados por el daño profundo ocasionado en la salud mental de las dos menores, que habían confiado en miembros de su entorno.

El tribunal, presidido por el juez Carlos Escudero, determinó la responsabilidad penal del acusado en los cargos de abuso sexual continuado, agravado, y promoción de la corrupción de menores de forma continuada. La gravedad de los delitos, sumado al daño comprobado, fue un factor determinante en la aplicación de la condena.

La lectura del fallo estuvo a cargo de la secretaria de Cámara, Claudia Funes. Durante la audiencia de juicio, el Fiscal de Cámara, Sergio Cuello, reclamó una pena de 16 años de prisión para el imputado. El representante del Ministerio Público consideró adecuada una sanción más elevada y la prisión preventiva debido al alto riesgo de fuga, dado que el hombre no disponía de domicilio fijo y existía un potencial intento de abandonar el país con destino a Uruguay.

Aunque la Cámara determinó finalmente una condena de 15 años, la sentencia fue definida como de cumplimiento efectivo, ejecutada en el momento de la lectura: el acusado fue esposado y trasladado sin demoras al establecimiento penitenciario de la ciudad de Villa Dolores.

A finales del mes pasado, la Justicia de Córdoba también condenó a un hombre por abuso sexual con acceso carnal reiterado contra dos menores de edad que forman parte de su grupo familiar.

Se trató de un cuidador de caballos de 32 años, identificado con las iniciales F. G., quien deberá cumplir con una pena de diez años de prisión.

El fallo, considerado de cumplimiento efectivo, concluyó tras un extenso proceso judicial en el que intervinieron magistrados, peritos y múltiples testigos que brindaron pruebas sustanciales para la causa.

Según lo informado por autoridades judiciales, el acusado residía en una localidad próxima a Villa María, donde cumplía funciones como cuidador de caballos en establecimientos rurales.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por miembros del entorno de las víctimas, lo que permitió dar inicio a una causa que derivó en la detención preventiva de F. G.

Durante el juicio, el tribunal recibió numerosos testimonios y peritajes especializados, que resultaron decisivos para acreditar la responsabilidad penal del hombre. Los informes psicológicos y médicos fueron incorporados al expediente y, según consta en los fundamentos de la sentencia, permitieron reconstruir el contexto de abuso y la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas.

El tribunal enfatizó en su resolución que la vinculación familiar entre el acusado y las dos víctimas menores fue determinante para cometer el hecho. El dictamen no dejó margen para medidas alternativas, por lo que la pena se cumplirá en su totalidad bajo régimen carcelario.

Un profesor de tenis, oriundo de San Martín, provincia de Mendoza, que había sido condenado la semana pasada por el abuso sexual de su hijastra, recibió una nueva condena judicial tras declararse culpable de haber abusado de una alumna de 15 años.

El instructor, identificado como C. O. –su nombre completo no se publica para resguardar la identidad de las víctimas–, acumuló una pena unificada de 10 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia, dictada por el juez penal Carlos Torres, impuso a C. O. una pena de 7 años y 8 meses de cárcel en el marco de un juicio abreviado, luego de aceptar su responsabilidad sobre los hechos y alcanzar un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

El acusado dictaba clases en reconocidos clubes de la zona y mantenía un perfil público en varias instituciones deportivas de Mendoza y San Martín.

Este proceso judicial surgió tras la denuncia de una alumna, quien relató haber sido víctima de distintos episodios de abuso sexual mientras formaba parte de las clases privadas a cargo de C. O.

La investigación judicial comprobó que los abusos no se limitaron al ámbito del Club Vistalba, sino que también ocurrieron fuera de la institución y continuaron a través de comunicaciones telefónicas.

La adolescente reveló que el instructor mantenía contacto con ella a través de mensajes y llamadas, prolongando la situación violenta incluso fuera de los horarios de entrenamiento.

La pena de 7 años y 8 meses, recientemente dictada, se sumó a la condena previa de 5 años de prisión que se conoció la semana pasada, cuando el Tribunal Penal lo halló responsable del abuso sexual simple agravado y grooming en perjuicio de su hijastra.

Esos hechos habían sido investigados por el fiscal Federico Bergamín, quien determinó que el acusado utilizó su vínculo de guarda y confianza con la menor –entonces de 10 años– para perpetrar abusos a lo largo de varios meses, incluyendo conductas coactivas y amenazas.

Según información aportada por Fiscalía, la madre de la víctima fue quien radicó la denuncia inicial en San Martín tras detectar comportamientos sospechosos y confirmar sus sospechas con su hija.

Los primeros episodios fueron denunciados como tocamientos ocurridos en diciembre de 2022, a los que siguió la solicitud de imágenes íntimas a través de aplicaciones de mensajería y amenazas contra la integridad de la familia. Las pericias confirmaron que los abusos se cometieron tanto en el domicilio familiar, como en medios de transporte públicos y otros ámbitos fuera de las instituciones deportivas.

La investigación permitió identificar una conducta sistemática de abuso, validada por la declaración de las víctimas y los peritajes psicológicos.

Durante varios años, C. O. desarrolló su actividad como instructor de tenis en clubes de San Martín y posteriormente en Mendoza, con especial presencia en complejos privados. Muchos de sus colegas y exalumnos revelaron la sorpresa que les generó la noticia de su detención.

La resolución judicial establece restricciones de acercamiento y comunicación con las víctimas y compromete a las entidades deportivas a revisar los procesos de admisión y el perfil de quienes acceden a cargos de docencia o acompañamiento con adolescentes.

Cinco mujeres víctimas de explotación sexual y trata de personas fueron rescatadas en dos cateos realizados en bares clandestinos del municipio. La operación estuvo encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Benito Juárez, quienes, tras semanas de investigación, lograron irrumpir en los puntos que operaban bajo esquemas de prostitución forzada y cobro de fichas.

Primer cateo: sistema de servicios sexuales entre los 500 a los 2 mil 500 pesos

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre avenida José López Portillo en la colonia Tres Reyes. En ese sitio, agentes ministeriales localizaron a cinco mujeres mexicanas, quienes eran obligadas a “fichar” con clientes por un costo de 50 pesos por vaso consumido.

Para la prestación de servicios sexuales, los montos oscilaban entre 500 y 2 mil 500 pesos, según la edad y características de la víctima. De acuerdo con la FGE estatal, el 50% de cada servicio quedaba en manos del establecimiento, lo que confirma el esquema de explotación económica y control sobre las víctimas.

Segundo cateo: bitácora de control de víctimas y grabaciones del abuso contra mujeres

Una segunda intervención ocurrió en un bar sobre la calle 3 Oriente, en la Supermanzana 64, donde también prevalecía un sistema parecido, pero con un costo de 100 pesos por consumo. Al igual que en el primer punto, la mitad del dinero generado pasaba a manos del negocio. En este sitio se aseguraron objetos clave para la investigación: dosis de presuntas drogas, preservativos, bitácoras de control de víctimas y seis DVR con grabaciones internas.

Además, se identificaron cuartos privados adaptados para servicios sexuales, lo que fortaleció la carpeta por trata de personas con fines de explotación sexual.

El aseguramiento y un modus operandi en Quintana Roo para la explotación sexual

Tras las diligencias, ambos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público. Las mujeres rescatadas fueron puestas bajo protección institucional debido a su condición de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, fueron canalizadas a instancias especializadas para garantizar atención integral, acompañamiento psicológico y acceso a mecanismos legales de reparación.

Las autoridades estatales destacan que la trata de personas continúa operando bajo estructuras clandestinas en centros nocturnos que simulan empleos voluntarios, pero que en realidad someten a mujeres mediante control económico, amenazas o aprovechamiento de carencias.

Operativo en octubre 2025: rescate de quince mujeres colombianas

En un segundo operativo a mediados de octubre de 2025, las autoridades de Quintana Roo rescataron a 15 mujeres víctimas de explotación sexual en distintos inmuebles del municipio de Benito Juárez.

Según informó la fiscalía general en ese momento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Marina, el operativo —realizado el 29 de octubre— permitió liberar a 14 mujeres de nacionalidad colombiana, quienes ―según las investigaciones― fueron “enganchadas” desde su país mediante falsas promesas de empleo formal.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron llevadas a Cancún o Playa del Carmen bajo la promesa de trabajar en una “agencia de modelaje” o en empleos bien remunerados. Luego, al llegar a territorio mexicano, fueron trasladadas a departamentos donde les retiraron sus pasaportes. Además, se les informó que tenían una deuda de 120 mil pesos, la cual solo podrían saldar con servicios sexuales.

Durante su periodo de explotación, las mujeres ganaban apenas 100 pesos por servicio; esto mientras los ingresos reales eran retenidos por la red de trata. Eran vigiladas con cámaras, tenían prohibido salir y vivían bajo un régimen de coerción constante, sin posibilidad de escapar.

En el partido bonaerense de Tornquist, un fallo judicial provocó conmoción tras conocerse la condena a 14 años de prisión para un hombre hallado culpable de abuso sexual y violencia física contra su pareja, en un hecho ocurrido en febrero de este año.

La sentencia, dictada en el marco de un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, reflejó la gravedad del caso y derivó en nuevos pedidos de fortalecimiento de las políticas de prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar a la denunciante, fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por causar un daño grave en la integridad de la mujer.

El portal de Noticias Argentinas confirmó que la decisión judicial contempló la evidencia reunida durante la investigación y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Ayudantía Fiscal de Tornquist, la agresión tuvo lugar el 14 de febrero de este año en un departamento donde la pareja se alojaba.

Tras la negativa de la mujer a mantener relaciones sexuales, el hombre la sujetó del cuello, le desgarró la ropa y la violó, desoyendo su voluntad. Posteriormente, la golpeó en el rostro, la amenazó de muerte y la sometió a reiteradas situaciones abusivas, provocándole lesiones sangrantes que exigieron atención médica urgente.

En ese contexto, la víctima logró abandonar el departamento y pedir auxilio. Una vecina, al advertir su estado y escuchar el relato, solicitó rápidamente una ambulancia.

El personal sanitario decidió trasladarla primero al hospital de Tornquist, y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada de inmediato al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde requirió una intervención quirúrgica.

Los magistrados consideraron agravante el daño físico causado, así como la situación de vulnerabilidad de la víctima durante el ataque. El tribunal concluyó que la pena de 14 años de prisión respondía a la gravedad de los delitos de abuso sexual reiterado y las consecuencias directas sobre la salud de la mujer.

Durante todas las instancias del proceso, la víctima recibió acompañamiento psicológico y social desde el primer momento. Equipos especializados continúan monitoreando su recuperación, en paralelo al avance de la disposición judicial.

Confirmaron la condena a un enfermero que abusó de una paciente que sufrió un ACV

Hace una semana, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 11 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Rubén Omar Rivas, enfermero del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), por someter a pacientes en situación de extrema vulnerabilidad a abusos sexuales gravemente ultrajantes y vejámenes sistemáticos.

El Tribunal, con el voto principal del juez Alejandro Slokar, consideró probado que Rivas abusó sexualmente de una paciente internada tras un accidente cerebrovascular en agosto de 2021.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el enfermero aprovechó los movimientos involuntarios de la víctima para perpetrar actos de índole sexual, lo que fue calificado como “humillación y cosificación” y señalado por el tribunal como un acto con un “plus de perversión”.

Slokar subrayó que el acusado utilizó su posición jerárquica y el contexto de encierro para desplegar conductas incompatibles con su función sanitaria, empleando el cuerpo inerme de la paciente como un objeto.

La sentencia también confirmó la condena por las vejaciones cometidas en 2017 contra otros dos pacientes, identificados como G. D. y J. B., quienes se encontraban en una situación de dependencia absoluta.

Guerra abierta en el seno del rap. Los raperos Fernando Costa (Ibiza, 1995) y Ayax (Granada, 1991) —este último conocido por el dúo Ayax y Prok, que forma junto a su hermano Adrián— llevan meses enzarzados en una pelea que cada vez se ha hecho más pública. Este lunes 24 de noviembre, el rapero ibicenco ha lanzado TE AVISÉ, acusando al artista, de entre otros, violencia en la pareja, manipulación emocional o abuso de drogas. Una de las frases más fuertes del tema es cuando Costa afirma que “pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”. En noviembre de 2024, la cuenta de Instagram @DenunciaGranada comenzó a recoger testimonios de mujeres que supuestamente habían sido agredidas por Ayax y Adrián Pedrosa Hidalgo, hermanos gemelos.

Ambos raperos mantuvieron durante años una relación estrecha, especialmente en la escena granadina. Ese vínculo se fracturó a raíz de una entrevista concedida por Costa durante la promoción de Amor de barrio. “Si es verdad todo lo que dicen, que la justicia actúe cuanto antes”, le dijo a ElPlural sobre las acusaciones del dúo de hermanos. “Recuerda hermanito que sin mí no serías nadie. Tu hijo es mi nieto porque yo soy tu padre”, le respondió Ayax en redes sociales.

Un mes después, y tras varios mensajes cruzados, Ayax volvió a dirigirse a Costa desde la plataforma X, antes Twitter, donde publicó —y posteriormente eliminó— una serie de publicaciones en los que lo acusaba de deslealtad. “Ayer te pagué la gira para que tú hoy me vendas. Arrieros somos, nos veremos en la senda”, escribió, como recoge el citado medio.

“Deja de haber paz en el momento en el que mencionas a mi hijo”, respondió Costa. A continuación, explicó que durante años había sido telonero de la gira de Ayax y Prok sin cobrar, solo a cambio de comida y alojamiento, y añadió que esa deuda estaba “pagada de sobra” con todo lo que había soportado en su entorno. También lanzó un mensaje sobre la canción que Ayax estaba preparando entonces: “Estoy deseando que sueltes la basura esa que has escrito puesto de farlopa para ver si eres capaz de mencionar a mi niño otra vez”.

“Amor falso, amor de estraperlo”

Tras ese cruce, Ayax intentó rebajar la tensión y publicó en Instagram que su reacción había sido “innecesaria e inmadura”. “Le deseo lo mejor a él y a los suyos. Muchos años y muchas cosas bonitas juntos. Paz”. Desde ese momento y hasta la publicación de las tiraderas, no hubo más declaraciones por parte de ninguno de los dos.

Este viernes, Ayax ha publicado Justicia Poética, como respuesta a Costa: "Voy a follarte vivo, pase lo que pase / Eres un envoltorio, un molino giratorio / Amor falso, amor de estraperlo / 14 años, nunca llegué a conocerlo / Hermanito, toca madera / Eres Fernandito, Malaramera“, narra, en referencia al conocido tema de Costa.

Costa no ha tardado en responderle. Tres días después ha publicado Te avisé. “Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”, canta, en referencia a las acusaciones. “Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos / No vayas al programa, por si te pregunta “¿Cuánto ganas?” Broncano (Jaja)“, añade, haciendo referencia a La Revuelta. “Dile a todo el mundo que al drogarte con yonquis / Le pegaste a todos tus amigos tuberculosis”. “¿Crees que voy a achicarme? Lo siento, es demasia’o tarde / Yo no soy una groupie, no puedes abusarme“, prosigue.

El proceso que culminó con la extradición de Sequeiros comenzó cuando el acusado huyó a Perú en 2023, intentando evadir un proceso judicial en Estados Unidos. En un comunicado, las autoridades señalaron que “había huido a Perú en 2023 para evadir un proceso judicial en EE. UU. Fue ubicado y detenido en Cusco en cooperación con la Policía Nacional del Perú, Interpol, Migraciones, Cancillería, Fiscalía, Mininter y U.S. Department of Justice”.

¿Dónde acudir si eres víctima de violencia?

El MIMP recordó que existen diversos servicios gratuitos y confidenciales para acompañar a víctimas de violencia:

• Línea 100

Brinda orientación emocional y asesoría en español, quechua y aimara. Atiende las 24 horas del día.

• Centros de Emergencia Mujer (CEM)

Ofrecen atención legal, psicológica y social. Están distribuidos en todo el país y muchos operan dentro de comisarías con atención permanente.

Información y asistencia

• Teléfono: (01) 419 7260
• Página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

El proceso legal que involucró a María Camila Correa y que terminó con la condena de su antiguo profesor, ha estado marcado por episodios de dolor, persistencia y búsqueda de una reparación que demoró más de década y media.

La exreina, que fue Señorita Bogotá en 2021, expuso las dificultades iniciales que enfrentó cuando intentó acudir a la justicia, problema que la acompañó durante años y que solo encontró salida tras un cambio en su representación legal.

Recientemente, Correa habló con los micrófonos de la emisora Alerta Bogotá exponiendo las trabas institucionales para adelantar la denuncia.

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En la conversación con la emisora antes citada, reveló que lo primero que hizo fue contarle a su mamá lo que estaba ocurriendo con su profesor en ese momento, pero en las tres estaciones de Policía que visitó no recibió el acompañamiento adecuado para este tipo de casos.

Solo en diciembre de 2010, dos años después del hecho que la marcó cuando tenía 12 años, logró formalizar su acusación ante la Fiscalía. Esta demora en la reacción de las autoridades dejó la causa prácticamente estancada durante más de diez años, hasta que el abogado Juan Felipe Criollo asumió el caso en la capital y reimpulsó las diligencias judiciales.

Según Criollo en declaraciones a El Tiempo, “a juicio del despacho, pese a que se trató de hechos que sucedieron hace más de una década, el testimonio de la señora María Camila Correa fue consistente y perduró en el tiempo, pues durante el mismo fueron palpables los sentimientos que la víctima mantuvo hasta su adultez, los cuales tuvieron su génesis en mayo de 2008, como consecuencia de los actos desplegados por el acusado".

La declaración de culpabilidad contra Farley José López Henao, que fuera su profesor en el Colegio Jefferson de Cali, marcó un punto de inflexión, aunque la sentencia todavía no es definitiva en cuanto a la pena que el condenado deberá cumplir.

Según detalló Correa en la misma entrevista, la discusión actual radica en el tipo de castigo que enfrentará el agresor, dado que su defensa solicita la detención domiciliaria.

La exreina manifestó rotundo rechazo a esta posibilidad: “No estoy de acuerdo porque una persona de estas con una mentalidad de estas no tiene por qué estar en su casa, tiene que estar detrás de las rejas”.

Asimismo, la ex Señorita Bogotá contó que su representación legal insistirá en exigir una pena efectiva de prisión, aludiendo a la gravedad de los hechos y a la necesidad de proteger a otros menores.

Además de las dificultades legales, Correa describió el profundo impacto emocional que el proceso le dejó: “El dolor es tan grande que pasa de lo emocional a lo físico. A mí me dolía el pecho, me dolían las manos cuando terminaba una audiencia”.

La sensación de revictimización y el lento avance del caso la llevaron a momentos de profunda frustración. No obstante, la reciente resolución judicial ha significado para ella no solo una forma de reparación, sino un estímulo para que otras mujeres y niñas sigan su ejemplo y denuncien situaciones de abuso.

Así lo expresó: “Al ver todo este movimiento de mujeres que me escriben contándome sus historias, entendí que no nos podemos quedar calladas”.

Cabe recordar que, las mujeres que estén siendo víctimas de algún tipo de abuso, ya sea sexual o cualquier otra basada en género, las autoridades disponen de redes de apoyo como la línea 155, a la que se puede marcar para recibir atención profesional.

Asimismo, se encuentra la Línea Púrpura Distrital que ofrece apoyo, orientación psicosocial y jurídica a todas aquellas que sientan vulnerados sus derechos.

El juez Carlos Gazza dictó la prisión preventiva hasta febrero próximo para el portero de la Escuela República de Colombia N°1085 de Fray Luis Beltrán, quien enfrenta cargos por corrupción de menores en grado de tentativa y abuso sexual simple.

La decisión llegó tras un proceso judicial iniciado el lunes último, cuando M. R., el acusado, fue detenido en las instalaciones de la escuela ubicada en la provincia de Santa Fe, en medio de un operativo policial que buscó evitar que fuera agredido por familiares de alumnos.

El caso generó un importante despliegue de seguridad, ya que un grupo de padres acudió al establecimiento luego de conocer las denuncias contra el portero. La situación derivó en una causa anexa por los incidentes registrados en el lugar.

Las acusaciones surgen a partir de declaraciones recogidas entre el lunes y el martes, donde se señala que las conductas atribuidas al portero involucraron a alumnos de primaria de entre 11 y 12 años, según informó el portal Rosario3.

De acuerdo con la fiscal Victoria Vigna, el portero de la Escuela República de Colombia N°1085 quedó bajo sospecha por mostrar a seis estudiantes material pornográfico en el ámbito escolar.

Además, la Fiscalía sostiene que el trabajador les había explicado y les había enseñado a realizar y realizarse prácticas sexuales.

El juez Gazza avaló la calificación jurídica de “corrupción de menores”, aunque en grado de tentativa, y dispuso la continuidad de la investigación sin conceder la libertad provisional al imputado.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal imputó a M. R. un hecho de abuso sexual simple en perjuicio de un alumno de 11 años, caso que habría consistido en un “tocamiento”. Según los informes judiciales publicados por el portal de noticias, la víctima proporcionó detalles sobre lo sucedido durante una primera instancia de declaración.

El expediente se encuentra en una etapa inicial. La fiscal Vigna explicó que restan por incorporarse dos elementos probatorios fundamentales: la declaración de los estudiantes en Cámara Gesell y el análisis del teléfono celular secuestrado al acusado.

Durante la audiencia, M. R. negó los cargos ante el juez y pese a ello, la gravedad de las imputaciones y el riesgo procesal fueron argumento suficiente para dictar el alojamiento preventivo hasta el 3 de febrero.

Desde la institución, separaron al portero de sus funciones de forma preventiva, ni bien se conoció la denuncia.

La secretaria de Gestión Territorial de la cartera, Daiana Gallo Ambrosis, declaró que no había denuncias previas contra él. Es un auxiliar que comenzó a trabajar en marzo de este año.

Un psicólogo fue suspendido tras denuncias de acoso y abuso

El Colegio de Psicólogos de Quilmes suspendió durante un año la matrícula de un profesional tras recibir denuncias por conductas indebidas, acoso y abuso sexual en los ámbitos terapéutico y académico. Mientras tanto, el hombre se encuentra bajo investigación de la Justicia.

El acusado, P. B. (M.P. 61853), se desempeñó como docente, terapeuta y supervisor en instituciones privadas y universitarias, además de haber participado en un canal de televisión durante la pandemia de coronavirus.

Las primeras denuncias formales se presentaron a comienzos de 2024 ante el Colegio de Psicólogos de Quilmes. Después de que se difundieran los primeros relatos, un grupo de mujeres creó una cuenta de Instagram para recopilar diferentes testimonios que brindaron detalles sobre las modalidades de acercamiento y contacto del acusado. En dichos relatos se observó la repetición de ciertos patrones: las denunciantes indicaron que P. B. establecía primero relaciones de confianza para luego derivar el vínculo a un plano personal y más tarde sexual.

Una de las publicaciones en esa cuenta, que fue eliminada tras una intervención de P. B. según las propias denunciantes, describía que “la forma de operar de esta persona es sutil, prolija, silenciosa. Atiende población femenina en estado de vulnerabilidad, y de eso se aprovecha para obtener sus beneficios”.

En otro testimonio, se relató que el acusado, en su rol de docente, solicitaba fotos personales a alumnas o hacía comentarios de contenido sexual. Varios testimonios dieron cuenta de situaciones de incomodidad tras comentarios, contacto físico fuera de contexto o derivaciones a conversaciones íntimas por mensajería.

De manera predominante, los casos mencionan relaciones marcadas por una diferencia de poder, ya sea desde la función de docente, terapeuta o jefe en el entorno laboral. Se advirtió que estos comportamientos ocurrieron durante más de una década.

La difusión en redes sociales motivó la llegada de nuevos relatos y consultas de mujeres que atravesaron situaciones similares, aunque muchas manifestaron temor para avanzar con una denuncia formal. Al cierre de la investigación, al menos siete personas realizaron denuncias identificadas ante la entidad, y se estimó que el total de afectadas superaría las quince, considerando ex pacientes, alumnas y terapeutas.

La resolución del Colegio fue emitida en agosto pasado. El Tribunal de Disciplina sostuvo que P.B. vulneró normas éticas fundamentales del Código de Ética bonaerense y de la FePRA, en particular aquellas que prohíben aprovechar la asimetría de poder en la relación terapéutica para establecer vínculos de intimidad o autoridad.

El tribunal precisó que se violaron los artículos relacionados con la ética profesional y decidió imponer la suspensión de la matrícula por un año, subrayando que el profesional ya había recibido una sanción previa.

El expediente administrativo desembocó en la sanción determinada por el Colegio, aunque también existen denuncias penales en trámite en la Unidad Fiscal N°8 de Quilmes. En el fuero penal, las acusaciones refieren a abusos sexuales, un delito de mayor gravedad, y las actuaciones permanecen en curso y bajo secreto de sumario.

En el marco del juicio por abuso sexual reiterado contra un comerciante chino en Bahía Blanca, la Fiscalía, a cargo del caso, solicitó que se imponga una pena de 5 años de prisión sobre el acusado. Sus víctimas eran empleadas suyas.

El pedido estuvo en manos del fiscal Diego Torres, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4.

El comerciante, identificado como Xiling Jiang, está acusado por acciones sistemáticas de acoso y abuso sexual, cometidas contra al menos tres empleadas de su establecimiento.

Durante los alegatos, la Fiscalía detalló que los hechos atribuidos ocurrieron en el supermercado de 11 de Abril al 100, donde Jiang ejercía roles de administración y control sobre el personal, según informó el portal del diario La Nueva.

El fiscal fundamentó el pedido de condena en la reiteración de los episodios y en el daño causado a las víctimas, quienes denunciaron una dinámica sostenida de manoseos y hostigamiento en el ambiente laboral.

Además de la pena de prisión efectiva, Torres solicitó la aplicación de una prohibición para el imputado de acercarse a las víctimas por cualquier vía, ya sea presencial, telefónica o mediante tecnología digital, con el fin de resguardar la integridad de las trabajadoras. El pedido formal fue dirigido al juez a cargo de la causa, Gabriel Giuliani, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1.

El proceso penal incorporó múltiples elementos probatorios, como testimonios directos de las víctimas, declaraciones de compañeros de trabajo y pericias psicológicas, que corroboraron el relato de las denunciantes.

Por su parte, Juan Ignacio Vitalini, defensor particular del acusado, rechazó durante la audiencia las imputaciones formuladas por la Fiscalía. En ese sentido, el abogado planteó la inexistencia de elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de su representado y reclamó la absolución total ante la justicia Correccional bahiense.

Como estrategia subsidiaria, el defensor solicitó que, en caso de una condena, se imponga el mínimo de la pena prevista en el artículo correspondiente del Código Penal. Este pedido se fundamenta en la pretensión de morigerar las consecuencias legales para Jiang, remarcando la ausencia de agravantes materiales fuera de las declaraciones iniciales.

El desarrollo de la audiencia en el Juzgado Correccional Nº 1 estuvo encabezado por el magistrado Giuliani, responsable de dictar sentencia en el expediente. Tras escuchar los alegatos de las partes y considerar la prueba arrimada, el juez anunció que dará a conocer su dictamen el jueves de la próxima semana a partir de las 13 horas.

Confirmaron la condena por abuso sexual contra un ex secretario de Trabajo de Mendoza

Horas antes, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena a dos años y medio de prisión impuesta al ex funcionario mendocino Alejandro Jofré, quien ocupó el cargo de subsecretario de Trabajo entre 2015 y 2018 durante la gestión de Alfredo Cornejo. La resolución, que pone punto final a la vía judicial, ratifica además la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.

El caso se originó a partir de las denuncias presentadas por tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, quienes afirmaron haber sido víctimas de tocamientos por parte de Jofré en distintas oportunidades y dentro del ámbito laboral.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando el funcionario aún estaba en funciones.

En ese contexto, una de las trabajadoras, relató que entre los meses de agosto y septiembre de 2017, mientras se encontraba en la oficina de Jofré, él le tocó la cola por encima del pantalón sin su consentimiento. La mujer sostuvo que no fue la primera vez, ya que habría sufrido otros dos episodios de la misma naturaleza.

Otra empleada declaró que en dos ocasiones, entre enero y febrero de 2016, fue víctima de tocamientos similares. En tanto, una tercera denunciante, afirmó que el entonces subsecretario no solo le tocó la cola en varias oportunidades, sino que también intentó manosearle los pechos, aunque no logró hacerlo porque ella lo impidió.

La Justicia de Mendoza imputó a Jofré por ocho episodios de abuso sexual simple, todos ocurridos dentro de la misma dependencia pública y en horario laboral.

En marzo de 2023, el Tribunal Penal Colegiado Nº2 dictó una sentencia condenatoria de dos años y medio de prisión y determinó su inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el fallo. Sin embargo, la defensa del ex funcionario intentó recurrir la decisión ante el máximo tribunal del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar la presentación, resolvió desestimarla por no cumplir con las formalidades previstas en la acordada que regula los recursos extraordinarios federales.

De esta manera, la condena quedó firme y el proceso judicial iniciado hace varios años concluyó con la confirmación definitiva de la pena impuesta a Jofré.

Una mujer de 45 años, cuya identida no fue difundia para preswervar su privacidad, logró escapar tras casi cinco años de cautiverio en Saint-Molf, dentro del departamento francés de Loira Atlántico. De acuerdo con AFP y Paris Match, la víctima estuvo sometida a condiciones extremas: dormía en una reposera en un garaje, recibía como alimento papilla mezclada con detergente y fue víctima de reiterada violencia física.

Un hombre de 82 años y una mujer de 60 años fueron detenidos e imputados por secuestro con tortura o actos de barbarie, así como por abuso a una persona vulnerable. La investigación judicial, abierta tras la huida ocurrida el 14 de octubre de 2023, puso en evidencia la gravedad de los hechos y generó conmoción en Francia debido a la persistencia de delitos de privación de libertad y abuso contra personas en situación de vulnerabilidad.

Condiciones del cautiverio

La víctima, junto a las autoridades, describió un entorno de privación y maltrato permanente. Según AFP, la mujer pasaba largos periodos al aire libre, incluso expuesta a la lluvia y el frío, y debía realizar sus necesidades en un orinal o en bolsas de plástico.

Paris Match detalló que la puerta del garaje permanecía bloqueada desde el exterior con bloques de hormigón. El fiscal de Nantes, Antoine Leroy, explicó que la víctima fue hospitalizada en estado de hipotermia tras el rescate y que el médico forense le prescribió al menos 30 días de incapacidad total para el trabajo, dada la gravedad de las secuelas físicas y psicológicas.

Huida y rescate

La huida puso fin a años de encierro. Según AFP, la mujer aprovechó un descuido del hombre, quien veía televisión, para salir del recinto donde estaba confinada. Descalza y parcialmente desnuda, llegó a la vivienda de unos vecinos alrededor de las 21:30 del 14 de octubre.

Paris Match señala que la víctima golpeó la ventana y avisó a los vecinos que llevaba casi cinco años secuestrada. Tras alertar a la policía, los agentes verificaron el relato mediante un registro en la vivienda, constatando las condiciones inhumanas de cautiverio. La intervención permitió su hospitalización inmediata y el inicio de la investigación oficial.

Perfil de los acusados y modus operandi

De acuerdo con ambas fuentes, la víctima convivía inicialmente con la mujer de 60 años, y, tras la llegada del hombre de 82, la situación se agravó. La víctima fue expulsada de las estancias principales, obligada a instalarse primero en una carpa en el jardín y después en el garaje.

El aislamiento progresivo y el intenso control se vieron facilitados por su situación de vulnerabilidad psicológica, lo que, según el fiscal citado por AFP, le impidió reaccionar y permitió el sometimiento sostenido.

Proceso judicial e investigación

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía de Nantes y la brigada de investigaciones de Saint-Nazaire, avanzó con rapidez tras la denuncia. AFP informa que ambos acusados fueron detenidos a finales de la semana posterior a la huida. Admitieron parcialmente los hechos, aunque minimizaron su responsabilidad.

Paris Match precisa que la mujer implicada fue enviada a prisión preventiva, mientras que el hombre quedó bajo control judicial. Enfrentan cargos de secuestro con tortura o actos de barbarie, delito castigado con cadena perpetua en Francia, así como abuso fraudulento del estado de sumisión psicológica o física y abuso de debilidad de persona vulnerable. La instrucción del caso está en curso bajo la autoridad judicial competente.

Contexto previo y antecedentes

Antes del rescate, la mujer había dejado de dar señales de vida desde abril de 2022, tras su divorcio y el cese de actividad en sus cuentas bancarias, salvo transferencias considerables a favor de los acusados, según los medios citados.

Los investigadores no hallaron movimientos bancarios posteriores ni evidencia de vida, reforzando la hipótesis de un aislamiento total. Los antecedentes de vulnerabilidad y la ruptura de vínculos sociales y económicos favorecieron el control ejercido por los presuntos responsables.

El fiscal Antoine Leroy destacó la labor de la brigada de Saint-Nazaire y subrayó que la calidad de la investigación permitió poner fin a la situación descrita y rescatar a la víctima de una situación de extrema gravedad.

Comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora este martes el juicio contra Diego Javier Clementi, el ginecólogo de 57 años acusado de haber aprovechado su profesión para abusar sexualmente y violar a, al menos, 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, partido de Almirante Brown, durante unos seis años.

Tras la instrucción del fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI Nº 9 especializada en Violencia de Género y Familiar de Lomas de Zamora; el caso por el que el imputado pidió ir a juicio por jurados y se lo negaron tuvo su primera audiencia este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

“Se pidió específicamente que el debate sea privado y, en ese contexto, así se mantendrán las declaraciones que se hagan en el juicio”, explicó a Infobae el abogado Andrés García Vautrin, quien representa a una de las víctimas.

En ese contexto de cuidado de las mujeres que fueron víctimas del ginecólogo, se solicitó que se retire de la sala hasta la esposa del imputado.

Luego, declararon dos de las víctimas. “Fueron contundentes con su testimonio. Vemos en esta etapa que puede ser condenado a, por lo menos, 8 años de prisión de cumplimiento efectivo”, anticipó García Vautrin.

Según la causa, Clementi llegó acusado de:

• Cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal cometidos en forma reiteradas
• Dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal
• Seis hechos de abuso sexual gravemente ultrajante
• Un hecho de abuso sexual simple

Todos los ataques por los que llegó a juicio, 14, fueron cometidos en el ejercicio de su profesión entre 2017 y 2022 y desde la acusación siempre se marcó un patrón de conducta que se repitió durante años en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco y en otros consultorios de la zona sur del conurbano bonaerense.

Las víctimas, todas pacientes que acudieron a consultas ginecológicas, relataron situaciones en las que, bajo el pretexto de prácticas médicas, Clementi habría vulnerado su integridad sexual.

El fiscal que lo envió a juicio sostuvo que “se valió de su posición de poder y de la confianza depositada en él como profesional de la salud para perpetrar los abusos, en contextos donde las mujeres no podían oponerse ni consentir libremente las acciones”.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes adultas, relataron que la situación de vulnerabilidad se agravaba por el contexto de consulta médica y, en algunos casos, por estar atravesando situaciones de embarazo no deseado o abortos.

Peritos psicológicos que atendieron a las víctimas dieron cuenta del impacto emocional y las secuelas sufridas: “Se identifican características similares a las que presentan las mujeres que padecen violencia de tipo sexual en la consulta ginecológica: incomodidad, asco, padecimiento de contacto físico inapropiado y roces ejercidos por el imputado en la consulta médica, miedo, abrumada, silencio prolongado, disociación, alteración en su sueño para conciliarlo, ansiedad, mucha angustia, vergüenza, vulnerabilidad, indefensión, conductas evitativas y cierta dificultad en su participación social”.

Para Clementi, quien negó los hechos, los procedimientos denunciados forman parte de la práctica ginecológica habitual. El médico, que se presenta como cirujano gineco-oncológico y mastólogo, sostuvo que “la revisación y el estudio ginecológico son prácticas muy subjetivas que dependen muchas veces de la interpretación de la paciente”. Atribuyó las denuncias a “motivaciones políticas o ideológicas”.

“Las manifestaciones de las víctimas por sí solas adquieren relevancia y fuerza de verdad. Son manifestaciones verídicas. No hay razón alguna que permita dudar de los dichos de las damnificadas. Y la existencia de tantos testimonios en igual sentido elevan al cien por ciento la credibilidad de los relatos”, sostuvo Bisquert cuando elevó la causa a juicio.

Clementi llegó a juicio en libertad y cuando se conocieron las fechas del juicio la abogada Claudia Perugino, quien representa a varias de las víctimas, confirmó a medios locales que el acusado continuaba atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos, incluso, tras la apertura de la investigación.

La semana próxima comenzará el juicio contra Diego Javier Clementi, el profesional de la salud acusado de abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

De acuerdo con la información difundida por la cuenta de Instagram “Hasta acá, doc”, la convocatoria al tribunal fue anunciada para que denunciantes, familiares y organizaciones acompañen el proceso en la puerta de la sede judicial.

El espacio, que se dedica a recibir denuncias y brindar información sobre avances en la causa, subrayó la importancia del acompañamiento. “En un contexto de retroceso de derechos, necesitamos unirnos para exigir justicia y acompañar a las víctimas”, señala el comunicado reproducido en la publicación.

La causa reviste una particular gravedad debido a las características de los hechos investigados. Según las pruebas reunidas por la Justicia, los actos denunciados contra Clementi habrían ocurrido entre 2017 y 2022 mientras ejercía como médico y aprovechaba su vínculo profesional para atacar a sus pacientes.

El imputado Clementi llegará a juicio en libertad, pero deberá responder a cargos de abuso dentro del ejercicio profesional, calificados por la reiteración y el carácter ultrajante de los hechos denunciados.

La abogada Claudia Perugino, quien representa a varias de las víctimas, confirmó a medios locales que el acusado continuaba atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos incluso tras la apertura de la investigación.

De acuerdo con la investigación penal, los hechos atribuidos a Clementi sucedieron en el ámbito de la consulta médica y durante al menos cinco años. Las denunciantes relataron haber sido víctimas de abuso aprovechando la confianza en el trato personal y profesional.

Incluso, en dos de los casos -de acuerdo a la versión de las denunciantes-, estas agresiones se habrían producido hacia mujeres que concurrieron por un aborto cuando aún no se había sancionado la ley IVE, actuando la penalización de la práctica como un reaseguro para que no existiera la denuncia.

Según informó el portal InfoRegión, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora estableció un cronograma que incluye tres jornadas principales: el 14, 20 y 23 de octubre, a fin de que testigos, peritos y víctimas puedan dar su versión en un entorno protegido y bajo supervisión de la justicia local. La primera comenzará a las 9 horas.

Según la abogada Perugino, a comienzos de este año se reiteró formalmente la denuncia ante la persistencia de la actividad médica de Clementi pese al avance de la causa, situación que generó alarma en el ambiente de la salud y entre organizaciones feministas de la ciudad.

A finales del mes de octubre del año pasado, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora rechazó el pedido de juicio por jurados, realizado por la defensa de Clementi.

Tras el rechazo de la solicitud, la defensa de Clementi apeló la medida. No obstante, fuentes judiciales indicaron al medio citado que es “poco probable” que su idea prospere.

Lo cierto es que el ginecólogo que se desempeñaba como director médico en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, está acusado de cometer los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada” por cinco casos, “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal” por dos episodios, y “abuso sexual gravemente ultrajante” en otras seis oportunidades.

Una de las grandes figuras históricas del Club Deportivo Guadalajara se enfrentan a un proceso legal. La Fiscalía Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó sobre el arresto y la imputación de Omar ‘N’, ex goleador de Chivas

El también director técnico fue detenido la noche del 4 de octubre en Zapopan, Jalisco y trasladado al penal de Puente Grande. El ex goleador fue imputado por abuso sexual infantil agravado, según informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) en un comunicado emitido el 5 de octubre.

Un juzgado de la Fiscalía determinó la imputación del ex jugador, quien es acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses.

En el boletín oficial, la Fiscalía del Estado comunicó: “Omar ‘N’, señalado en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado la mañana de este domingo, 5 de octubre, tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado”.

¿Quién es Omar Bravo?

Omar Bravo Tordecillas es un exfutbolista mexicano reconocido por ser el goleador histórico de las Chivas de Guadalajara. Nació en Los Mochis, Sinaloa, el 4 de marzo de 1980, desde joven mostró interés por el futbol así que se acercó a las fuerzas básicas del Guadalajara.

Bravo debutó con el primer equipo del Chivas en 2001. Durante su trayectoria con las Chivas, anotó 132 goles en partidos oficiales, cifra que le permitió superar a Salvador Chava Reyes como máximo anotador en la historia del club, por lo que se quedó con el título de goleador histórico del Rebaño Sagrado.

Desde que debutó con los rojiblancos hasta el 2008 fungió como una figura importante del club por su capacidad goleadora, además se convirtió en campeón de Primera División en el Apertura 2006.

En el Clausura 2007 ganó el título de goleo con 11 anotaciones, superó a Javier Cámpora de Jaguares de Chiapas. Hasta ese momento, ningún futbolista había recibido ese nombramiento, el último en hacerlo fue Jared Borgetti en 2001.

Bravo destacó por su capacidad de definición, movilidad y liderazgo dentro del campo. Además de sus ciclos con el Guadalajara, jugó en equipos como Deportivo La Coruña de España, en 2008 llegó como fichaje estelar por su éxito en la Liga MX.

En 2009 regresó a México y jugó con Tigres UANL tras tener un esporádico paso por Europa. En 2010 jugó en el Sporting Kansas City de Estados Unidos MLS, además de otros clubes mexicanos también tuvo un paso por Atlas y Santos Laguna.

En la selección mexicana desde la sub-23 en Atenas 2004 jugó con el Tricolor, participó en la Copa del Mundo de 2006 y sumando más de 60 partidos. También participó en la Copa de Oro 2003, 2005, 2007 y 2009.

La figura de Omar Bravo, hasta hace poco símbolo indiscutido del fútbol mexicano, se encuentra en el centro de la atención pública tras confirmarse su detención por parte de la Fiscalía del estado de Jalisco. El sábado el exjugador fue arrestado bajo cargos de abuso sexual infantil, en un caso que ha abierto un fuerte debate en la sociedad y el mundo deportivo en México.

Bravo, de 45 años, fue interceptado por agentes de seguridad durante un operativo desarrollado en el municipio de Zapopan, una de las localidades que integran la zona conurbada de Guadalajara. El anuncio de las autoridades precisó que la medida fue dispuesta después de que una víctima presentara una denuncia ante el sistema judicial. A partir de esa acción, un juez emitió la orden para la captura del exdelantero, cuya imagen ha estado ligada durante años al club Chivas de Guadalajara.

En el comunicado oficial, la fiscalía detalló que la investigación incluye evidencia según la cual el exfutbolista “habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”, hecho que sustenta la acusación formal de abuso sexual infantil agravado. Además, el organismo estatal añadió que existen indicios de conductas similares ocurridas previamente. “Habría cometido acciones similares”, puntualizó el texto difundido ante los medios. La fiscalía confirmó, asimismo, que Bravo será puesto en las siguientes horas a disposición del juzgado que emitió la orden de aprehensión, y que el proceso sigue abierto para profundizar en el esclarecimiento de los hechos y recabar testimonios y pruebas adicionales.

La trayectoria de Omar Bravo

Las repercusiones de la noticia han traspasado el ámbito judicial para instalarse en el debate público, en parte por la relevancia que Bravo tuvo como referencia deportiva en el país. Nacido en el estado de Sinaloa, debutó profesionalmente en 2001 con las Chivas de Guadalajara, club en el que desarrolló su carrera de manera casi ininterrumpida entre 2001 y 2015. Durante ese periodo, el delantero se convirtió en un verdadero ídolo para la afición rojiblanca, alcanzando logros y marcas reconocidas a nivel nacional.

Su consagración llegó en el torneo Apertura 2006, cuando colaboró en la conquista del título de liga para Chivas. Un año después, su desempeño lo llevó a obtener el reconocimiento como máximo goleador del campeonato, tras sumar 11 tantos. La carrera del sinaloense incluyó también un breve paso por el fútbol europeo: en 2008 se incorporó a la plantilla del Deportivo de La Coruña, representando al club gallego durante medio año y sumando tres goles a su cuenta.

Omar Bravo posee un récord histórico en la institución tapatía, pues hasta el día de hoy nadie ha superado sus 132 goles en la liga, cifra que asciende a 160 si se consideran todas las competiciones en las que participó con el equipo. El delantero fue una de las piezas emblemáticas en un club que, por filosofía, solo alinea jugadores mexicanos, circunstancia que refuerza la tradición local de Chivas y el impacto de las figuras nacionales. En su etapa internacional, Bravo defendió la camiseta del seleccionado mexicano, participando en la Copa Mundial de Alemania 2006, donde anotó dos goles en el primer encuentro frente a Irán, actuación ampliamente recordada en la historia reciente del “Tri”.

Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco enfatizó que las investigaciones sobre el caso Bravo continúan, y el desenlace dependerá del curso que tomen las indagaciones judiciales. La atención mediática se mantiene sobre el desarrollo del asunto, aguardando los pasos legales que definirán el futuro del que alguna vez fuera el máximo goleador del club más tradicional de México.

Dalílah Polanco y Mar Contreras hablaron como nunca antes en La Casa de los Famosos México, sobre algunas experiencias que vivieron durante su niñez, adolescencia y juventud.

Entre las anécdotas, la actriz de La Familia P. Luche contó que cuando era una niña pequeña estuvo en una situación de riesgo con una persona de su contexto, incluso ha llegado a pensar que pudo haber sido víctima de abuso si no lograba escapar de ahí.

“Un vecino, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, probablemente hubiera abusado de mí. Gracias a Dios, algo en mí me hizo salir de ese lugar, correr y nunca volví a su casa”, recordó.

Según Dalílah Polanco, ese vecino solía llamar su atención dándole colores y, tras lo sucedido, sentía miedo cada vez que veía sus lápices.

"Yo no le quise decir a mis papás porque te sientes culpable", comentó.

La actriz no reveló qué le pasó en la casa de su vecino, pero sí aseguró que esa experiencia la hizo reflexionar sobre los peligros que corren los niños y de cierta manera influyó en su decisión de no ser madre, especialmente de mujeres.

“Yo dije: no quiero tener una hija que tenga este miedo. Yo estaba en mi cuarto pensando ¿Y si viene por mí?, porque nunca fue agresivo, porque son encantadores", comentó.

La decisión de Polanco tomó fuerza con otras experiencias que sufrió a lo largo de su juventud, pues su miedo creció: “Yo no quiero que haya una persona en esta vida que sienta esto y menos que yo le haya dado la vida o sienta sea mi responsabilidad”.

¿Carlos Rivera entrará a La Casa de los Famosos México?

El reality show se encuentra en su recta final y en redes sociales circulan rumores de que Carlos Rivera, cantante mexicano y amigo cercano a Dalílah Polanco, podría entrar para apoyar a su amiga, así como promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?.

“Se dice que sí viene porque, número uno, es la promoción de ¿Quién es la máscara? (...) número dos, animar la fiesta como ya han estado bandas y, número tres, pues él es uno de los mejores amigos de Dalílah, entonces será muy especial para ella verlo ahí“, comentó Pablo Chagra en La Mejor FM.

Ni la producción del reality ni Rivera han confirmado o desmentido esta versión; mientras que las fans del cantante reaccionaron en redes sociales.

• “Yo si votaré por Dalílah y disfrutaré a Carlos Rivera.”
• “Amo a Carlos, pero ni un voto para Dalílah.”
• “Ya van a decir que es fraude porque entra Carlos a apoyar a Dalílah.”
• “Soy fan de Carlos Rivera, pero ni de chiste votaré por Dalílah jamás.”

Carl, de 42 años y residente de Hornchurch, recibió una pena de 17 años de prisión por violación, junto con una orden de prevención de daño sexual por 15 años. La sentencia fue dictada el pasado 29 de agosto en el Tribunal de la Corona de Snaresbrook. Según lo publicado por la Metropolitan Police Newsroom, Carl fue encontrado culpable por un delito de violación y se declaró culpable de causar lesiones graves relacionadas con la transmisión de una enfermedad de transmisión sexual.

El caso salió a la luz en enero de 2024, gracias a la denuncia de dos hombres que se encontraron y compartieron experiencias similares. Su testimonio permitió a las autoridades identificar un patrón de abuso.

Carl fue arrestado en su domicilio y la investigación digital reveló que había contactado y mantenido relaciones sexuales con hasta 400 hombres, entre 2019 y 2023, a través de aplicaciones como Grindr y SCRUFF. La policía logró identificar a 82 hombres, algunos diagnosticados con VIH, pero advierte que 318 personas aún podrían desconocer su exposición.

La inspectora jefe Sarah Bishop, a cargo de la investigación, manifestó profunda preocupación por el bienestar de quienes todavía no han sido localizados. “Nuestra investigación puso en evidencia la gravedad de los delitos de Carl y permitió llevarlo ante la justicia. Pero seguimos muy preocupados por quienes aún no han sido identificados. Creemos que hasta 318 hombres podrían ser víctimas y necesitan presentarse para recibir ayuda”, declaró Bishop, según consignó la Metropolitan Police Newsroom.

Víctimas, secuelas y el llamado a buscar ayuda

El perfil “depredador” de Carl se hizo evidente a partir del análisis de mensajes y el intercambio de información digital. Según la policía, Carl tomó la decisión consciente de no tratar su condición y mintió sobre su estado seropositivo, actuando con plena conciencia del riesgo.

El impacto sobre las víctimas fue devastador. “Me sentí impotente y menos que un ser humano. Mi mayor motivación fue evitar que esto le sucediera a alguien más”, declaró uno de los afectados, según reseña Sky News.

Dado el alcance del caso, el llamado es claro: cualquier persona que haya tenido contacto con Carl debe acudir a los servicios policiales y médicos para acceder a pruebas confidenciales, asesoramiento y apoyo.

El foco de las autoridades está puesto en identificar a todas las víctimas, ofrecer atención inmediata y reconstruir la confianza pública frente a la magnitud del caso. La Policía Metropolitana de Londres ha establecido un sistema específico de contacto para quienes crean haber sido afectados.

Los posibles afectados pueden comunicarse con los detectives en el número 0207175273, escribir al correo survivors@met.police.uk o usar el sistema de denuncia online, indicando el número de referencia CAD2972/19Sept25.

La Justicia de Neuquén imputó a un hombre identificado como R. F. A. C por abuso sexual agravado contra una niña de su entorno familiar. La acusación fue formalizada ayer martes por un funcionario de la fiscalía especializada, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de la capital provincial, donde se detalló que los hechos ocurrieron de forma reiterada durante al menos dos años. Sin embargo, el imputado seguirá en libertad mientras avanza la causa.

El caso surgió a partir de una investigación iniciada luego de que se conocieran los sucesos ocurridos entre abril de 2018 y abril de 2021, período durante el cual la niña convivía con el acusado y quedaba a su cuidado con regularidad. Los episodios denunciados motivaron la intervención de organismos de protección y el despliegue de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la víctima y su grupo familiar.

En la audiencia de formulación de cargos, que fue encabezada por la jueza de garantías Natalia Pelosso, el fiscal integrante de la unidad especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, Guillermo Prime, relató los hechos y precisó la imputación contra el acusado.

De acuerdo con lo expuesto, R. F. A. C. enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal continuado, doblemente agravado por la condición de convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda.

La Fiscalía, según informó el portal LM Neuquén, sostuvo que el acusado aprovechaba los momentos en los que la niña quedaba a su cuidado para consumar los abusos. La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, intervino en la audiencia como querellante institucional en representación de la víctima y adhirió a la calificación penal propuesta por el Ministerio Público.

En el curso de la audiencia, el fiscal Prime solicitó que se impusiera a R. F. A. C. la prohibición de contactar o acercarse por cualquier medio a la víctima y a su grupo familiar, incluso a través de terceros, durante un plazo de cuatro meses. La medida, cuyo objetivo es preservar la seguridad e integridad psíquica y física de la niña y su entorno, fue aceptada en los mismos términos por la jueza Pelosso.

La magistrada interviniente declaró formulados los cargos conforme lo presentado por el Ministerio Público y la querella, y definió también en 4 meses el plazo para el desarrollo de la investigación y en los cuales el acusado permanecerá en libertad. Durante este lapso, las partes podrán aportar pruebas, solicitar nuevos peritajes y profundizar en la reconstrucción de los hechos.

La investigación judicial, que recién comienza, tiene previsto recabar declaraciones testimoniales, informes de peritos y documentación relevante que permita corroborar los hechos imputados y definir responsabilidades. El acusado podrá ejercer su derecho a defensa y ofrecer pruebas que considere pertinentes para el análisis de la causa.

Una vez concluido el tiempo de la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público y la querella evaluarán la elevación de la causa a juicio o la eventual adopción de otras medidas acordes al avance de los elementos probatorios.

Condenaron a prisión a un hombre por abusar de un niño

También en la provincia de Neuquén, pero en la ciudad de Centenario, un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar de un niño en al menos dos oportunidades.

El proceso penal avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La víctima y el ahora condenado tenían un vínculo de cercanía que facilitó el acceso y el abuso en sucesivas oportunidades. De hecho, los hechos se cometieron en dos viviendas distintas.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, el primer abuso ocurrió entre 2019 y 2021. El acusado aprovechó la confianza existente dentro del círculo familiar o cercano a la víctima para perpetrar el ataque en una casa localizada dentro de Centenario.

El segundo episodio fue registrado el 9 de abril de 2024, también en la ciudad, cuando el hombre cometió el abuso durante la madrugada, en una vivienda diferente. En aquella ocasión, el hecho finalizó abruptamente cuando el acusado fue sorprendido por dos amigos del niño, quienes presenciaron el todo y se retiraron rápido del lugar para dar aviso a un adulto.

Un video registró el momento en que seis personas, distribuidas en tres motocicletas, llegaron a la zona industrial de Chimita.

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Un comerciante, luego de entregar pedidos de almuerzos, se dirigía a su automóvil gris cuando los asaltantes se acercaron.

Los agresores, armados, descendieron de las motos y lo intimidaron para arrebatarle el dinero producto de las ventas, su teléfono y otros objetos personales.

Mientras dos de los asaltantes lo abordaron por la ventana del conductor, otro abrió la puerta del lado del copiloto para buscar más artículos de valor dentro del vehículo.

Después del robo, los responsables huyeron del lugar. Todos llevaban cascos, prendas oscuras y mochilas.

Un testigo relató que la víctima fue despojada del dinero de sus ventas del día, el celular y todo lo que tenía en el vehículo.

Se cree que los delincuentes supusieron que el comerciante llevaba una suma considerable de dinero. Hasta el momento, la Policía no ha emitido un comunicado sobre este caso.

Cómo denunciar

En Colombia, las víctimas de asalto a mano armada pueden acudir a diversas autoridades para formalizar su denuncia y activar los mecanismos de investigación. La Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación son las principales entidades encargadas de recibir reportes sobre delitos de este tipo, según indicó en varias ocasiones El Tiempo en sus coberturas sobre seguridad ciudadana. Las cifras oficiales señalan que los asaltos armados conforman uno de los delitos que más preocupa a los habitantes de grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

La denuncia inmediata es fundamental para que las instituciones puedan iniciar el proceso judicial correspondiente. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima puede acercarse a cualquier URI (Unidad de Reacción Inmediata), una sede que suele estar ubicada en puntos estratégicos de las principales ciudades. Además, la línea telefónica nacional 123 ofrece atención permanente para emergencias, incluyendo casos de asalto a mano armada.

El Espectador detalló que las estaciones de policía reciben denuncias tanto de quienes han sufrido el delito como de testigos presenciales. El denunciante debe aportar datos del hecho, descripción del agresor y el lugar exacto, además de cualquier evidencia o documento que respalde su relato. “La identificación rápida del sitio es clave para desplegar patrullas y realizar indagaciones”, señalaron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá consultados por ese medio.

La Fiscalía General de la Nación también dispone de una plataforma digital para radicar denuncias, la cual puede consultarse en el portal www.fiscalia.gov.co según recoge Semana. A través de la opción ‘Denuncia Virtual’, las personas pueden iniciar trámites sin desplazarse físicamente. En las zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, las inspecciones de policía y las Personerías municipales cumplen un papel en la recopilación de denuncias, que luego son remitidas a las autoridades competentes en la ciudad.

El procedimiento requiere describir el hecho, precisar hora y lugar, identificar si hubo armas de fuego involucradas y señalar si existen registros de cámaras de seguridad. El Colombiano citó a funcionarios judiciales según los cuales “la denuncia constituye el primer paso para que la justicia determine responsabilidades y capture a los autores”. En ciertas ciudades, los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía cuentan con personal especializado para atender casos de violencia con armas.

Bogotá y otras grandes urbes disponen de las denominadas Comisarías de Familia para casos en los que el asalto se relacione con violencia intrafamiliar o afecte a menores. En todos los procedimientos, la víctima puede solicitar acompañamiento jurídico o psicológico, recursos contemplados por el Estado para mitigar el impacto de los delitos violentos.

Entre enero y junio de 2025, la Fiscalía registró más de 14.000 denuncias por asalto a mano armada en las principales ciudades del país, según datos obtenidos por El Tiempo. Una vez presentada la denuncia, las autoridades ofrecen orientación sobre seguimiento del caso y la posibilidad de recibir protección si existe riesgo para la integridad de la víctima o de testigos.

La articulación entre Policía Nacional, Fiscalía y autoridades locales busca facilitar la denuncia y aumentar la respuesta institucional ante estos delitos. Las campañas de sensibilización impulsadas por medios como Semana insisten en la importancia de denunciar cada caso de asalto, para fortalecer las estadísticas y diseñar estrategias de prevención más efectivas. Tras radicar la denuncia, las entidades brindan códigos de seguimiento y facilitan el acceso a información sobre etapas procesales futuras o diligencias judiciales.

El Vaticano confirmó este martes, una decisión que marca un punto de quiebre en los primeros meses del pontificado de León XIV. El Papa ordenó la destitución definitiva del diácono italiano Alessandro Frateschi, condenado por abusar sexualmente de cinco menores entre 2018 y 2023, tres de ellos alumnos suyos en una escuela de Latina, a unos 70 kilómetros de Roma. La diócesis de esta ciudad informó que la medida es “inapelable” y fue comunicada directamente en la prisión donde el exreligioso cumple 12 años de condena.

Con apenas cuatro meses al frente de la Iglesia católica, León XIV decidió actuar en un ámbito que ha sacudido con fuerza la credibilidad de la institución. Según la diócesis de Latina, la pérdida del estado clerical impide a Frateschi hablar en nombre de la Iglesia, impartir homilías, ocupar cargos en seminarios o parroquias y enseñar materias relacionadas con la teología o la religión. Se trata de la primera sanción pública del pontífice en materia de abusos sexuales, un tema que continúa generando reclamos de transparencia y justicia, sobre todo en países donde aún no se han abierto investigaciones nacionales.

La sanción se suma a un mensaje reciente del Papa durante una oración en la basílica de San Pedro. Allí expresó su cercanía a quienes padecieron este tipo de violencia: “La Iglesia es solidaria con quienes han sufrido la injusticia y la violencia del abuso. La violencia sufrida no puede borrarse”, declaró frente a miles de fieles.

La decisión en contexto

Frateschi, de 50 años, fue condenado en 2024 tras un proceso judicial que documentó los abusos cometidos en el entorno escolar y en actividades vinculadas a su rol pastoral. El caso pasó a manos de la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo vaticano encargado de tramitar estas denuncias. La oficina elevó directamente la recomendación al Papa, quien firmó el decreto de expulsión del estado clerical.

Los medios locales italianos señalaron que el exdiácono fue informado formalmente este martes en la cárcel de Latina. Allí recibió la notificación oficial de que quedaba excluido de toda función vinculada a la Iglesia, confirmando una sanción considerada de las más severas dentro del derecho canónico.

La medida llega en un país donde el debate sobre la magnitud de los abusos aún no alcanza el nivel de investigación que se ha visto en Francia, Alemania o Estados Unidos. Italia, con fuerte influencia de la Iglesia católica, no ha impulsado todavía un proceso nacional que permita dimensionar la cantidad de víctimas y los mecanismos de encubrimiento.

El inicio de un pontificado bajo presión

La destitución de Frateschi ocurre en un momento en que León XIV enfrenta los retos propios de sus primeros meses como líder mundial de más de 1.300 millones de católicos. En una entrevista concedida a Crux, el pontífice admitió que la dimensión pastoral le resultó familiar, pero reconoció que el cambio de escala fue un desafío inesperado. “Hay una gran parte en la que he podido entrar sin demasiada dificultad, que es la parte pastoral. Aunque me sorprende la respuesta, lo grande que sigue siendo, el acercamiento a personas de todas las edades… Aprecio a todos, sean quienes sean, y los escucho”, relató.

El Papa confesó que la exposición internacional y los encuentros con jefes de Estado fueron un aprendizaje forzado. “En ese aspecto tuve que lanzarme al fondo de la piscina muy rápido”, dijo. La adaptación a la diplomacia vaticana, según él mismo, fue uno de los cambios más exigentes de su pontificado.

Más allá de las tensiones institucionales, León XIV señaló que la función esencial del sucesor de Pedro es fortalecer la fe de los creyentes. “El Espíritu Santo es la única explicación de cómo fui elegido para este ministerio”, expresó. El pontífice insistió en que la gracia divina sostiene una tarea que ningún ser humano puede asumir en solitario. Su intención, señaló, es “confirmar a otros en su fe” en un contexto mundial marcado por la desconfianza hacia las instituciones.

“Empecé a tener frío y sueño. Le dije a mi papá que quería volver a casa y me contestó: ‘Nos vamos a quedar un ratito más hasta que llegue el tren. Si tenés sueño acostate en este banco’”, cuenta. “Lo último que me acuerdo es que me estaba haciendo mimos. Cuando me desperté ya era de día. Tenía el cuerpo duro de tanto frío y estaba sola. Empecé a mirar para todos lados. ‘Pá, pá’, gritaba. Hasta que en un momento lo vi salir de atrás de un árbol. Otra vez le pedí volver a casa. ‘Hoy nos quedamos acá’, volvió a decirme. Y así sucesivamente. Pasaron dos semanas, un mes, cuatro meses… Seis años nos quedamos en la calle”.

Ese banco de plaza fue el inicio de una infancia y una adolescencia atravesadas por la precariedad y repletas de violencia, abusos y abandono. “De un día para el otro empezamos a acomodarnos en plazas con cartones y frazadas. Yo no entendía nada”, repasa, hoy, Karen. Después de un tiempo, ella y su padre se instalaron en el parque Los Andes, en Chacarita, donde ahora transcurre esta entrevista. “Dormíamos entre los arbustos”, dice apuntando a los arbustos podados en forma de círculo que siguen estando en el mismo lugar.

¿Cómo es crecer en la calle a pesar de tener una casa? ¿Cómo se sobrevive al frío, al hambre, a la mirada ajena? ¿Qué lugar ocupaba la escuela en medio de todo eso? ¿Dónde estaba el resto de su familia? En esta entrevista con Infobae, Karen responde esas y otras preguntas.

La infancia antes de la calle

Karen Cooper nació en un hogar atravesado por la separación de sus padres. Su mamá la tuvo a los 17 años y la crianza recayó en su abuela materna. Fue una primera infancia dura: “Mi abuela tenía mucha preferencia por mi hermana, que era un año y un mes más grande que yo y tenía otro papá. Todo el tiempo marcaba diferencias entre nosotras. A mí me daba de comer polenta y a ella le daba otra cosa. A mí me decía: ‘Negrita’ o ‘Negra de mierda’. También me obligaba a acompañar a mi abuelo a levantar cartón. Mi hermana, en cambio, iba al jardín”.

A pesar de su corta edad, Karen guarda recuerdos muy nítidos de aquella época. De su madre son difusos porque, prácticamente, no estaba en la casa. Su papá, también bastante ausente, la pasaba a buscar los fines de semana cada quince días. “Con él tenía mucha conexión. Me traía chocolates, me llevaba a la plaza y a la calesita. Me alegraba verlo porque era el único que me dedicaba tiempo”, dice.

En esa etapa —explica ahora— nunca se animó a contarles a sus padres lo que le hacía su abuela. “En mi casa había muchas discusiones, gritos y problemas, y yo no quería cargarlos con algo más. Entonces me lo guardaba. Un poco por eso y otro poco porque tenía miedo”, cuenta.

A los tres años, una crisis de salud dejó a Karen al borde de la anorexia. En ese contexto, su padre decidió llevársela a Turdera, la localidad de Lomas de Zamora, donde él vivía. Allí, por primera vez, tuvo una rutina de cuidados básicos. “Mi papá me enseñó a bañarme, porque nadie me lo había enseñado. Tengo una imagen muy linda de él, parado atrás de la puerta, diciéndome: ‘Ahí tenés el jabón; el shampoo sirve para lavarte el pelo; si querés que el agua salga más fría, girá la canilla para este lado’”.

Durante un tiempo la vida pareció estabilizarse, pero meses antes de que Karen cumpliera seis años, todo cambió. Su padre empezó a mostrarse extraño, distante, y a ausentarse casi todo el día. “Ya no salíamos a jugar y apenas me prestaba poca atención. Yo pasaba mucho tiempo sola, mirando televisión. Una vez me caí por la escalera de la terraza y me lastimé la rodilla. No sé si me puse hielo o una curita, pero sí sé que me acostumbré a resolver”, cuenta.

Dormir a la intemperie

La primera noche que durmió en un banco de cemento a la intemperie, Karen no sabía que ese iba a ser su destino por los próximos seis años. Los primeros meses los pasaron en la plaza Barrancas de Belgrano, hasta que la policía empezó a correrlos de madrugada. “Así llegamos a parque Los Andes, que era como más tranquilo. Encontramos unos arbustos y ahí dejamos nuestros cartoncitos y nuestra bolsa de ropa, que habíamos juntado gracias a donaciones de la gente”, recuerda, mientras señala el lugar.

Allí aprendió a sobrevivir con lo justo y necesario. “Cuando vivís en la calle no te podés armar una casa porque te movés para todos lados. En ese sentido, tener un colchón era todo un tema. Primero, por el traslado; segundo, por las lluvias. Cuando llueve, el colchón no se te seca. Y si lo dejábamos en algún lugar, alguien se lo llevaba. Entonces, era imposible. Para dormir usábamos cartón: lo poníamos sobre el pasto y luego cubríamos con una o dos frazadas para estar más calentitos, porque el cartón se humedecía con el pasto”, recuerda. Lo peor eran las noches de invierno. “Dormir en la calle con frío era una tortura: se te congelaban los dedos, la cara… todo el cuerpo. Era como que dejaba de sentirlo. Nosotros nos cubríamos con nailon para taparnos del viento. Hasta que nos dimos cuenta de que así llamábamos más la atención y podía venir la policía. Así que, directamente, nos tapábamos con el nailon y poníamos la frazada arriba”, explica.

Las duchas con agua caliente eran esporádicas: cada tanto, ella y su padre iban a un parador del Gobierno de la Ciudad, donde podían higienizarse. “Aunque eran diez minutos, esos días los aprovechaba un montón porque podía pasarme jabón por todo el cuerpo y lavarme bien el pelo con shampoo”, dice. Otras veces, la mayoría, recurría a una fuente de la plaza. “Me tiraba agua como podía y la pasaba bastante mal porque estaba muy fría”, agrega.

Las dos caras de la escuela

A pesar de la realidad que afrontaba, Karen asistía al colegio a diario. Según cuenta, todas las mañanas se ponía el guardapolvo, pasaba a lavarse la cara y los dientes por un restaurante que estaba enfrente del parque y luego caminaba dos cuadras hasta la escuela pública, donde cursaba jornada completa. “Para mí el colegio era como un hogar. Un lugar calentito para quedarse. Te daban el desayuno, el almuerzo, podías estudiar en la biblioteca”, dice. Sus actividades no terminaban ahí: cuando salía de la institución asistía a un taller de apoyo escolar y actividades artísticas.

Con el tiempo, sin embargo, la escuela también se volvió un espacio hostil. “Antes de entrar al colegio, algunos de mis compañeros pasaban por la plaza y me veían salir de entre los arbustos. Eso me trajo muchos problemas porque empezaron a hacerme bullying y yo me moría de vergüenza”, cuenta. Mientras algunos niños la señalaban y se burlaban de ella, las madres de esos chicos comenzaron a acercarse con gestos de cuidado: “A veces me invitaban a tomar la chocolatada a sus casas y era hermoso. Después volvía a mi realidad y me entraban muchas ganas de llorar. Siempre quise ser igual a mis compañeritos”.

Esa necesidad de pertenecer encontraba un respiro en una fecha especial: el 13 de noviembre, el día de su cumpleaños. Ese día, al menos por unas horas, Karen dejaba de ser “la chica que vivía en la plaza” y podía sentirse una más. “Siempre fui fanática de mi cumpleaños porque es el día en que uno recibe más cariño y atención. Diez días antes, arrancaba con la cuenta regresiva. Soplaba las velitas en la escuela y en el taller”, recuerda. Con el paso de los años, también lo celebraba en las ollas populares donde se acercaba a cenar y le improvisaban una torta. Cuando pedía los tres deseos, ansiaba que alguien de su familia fuera a buscarla para desearle feliz cumpleaños. “Mi ilusión siempre fue que aparecieran mi hermana, mi abuela, mi mamá… alguien. Pero nunca pasó”, admite.

De recorrer las villas a pedir en los trenes

Con el paso de los meses, Karen entendió que su papá era adicto y que la calle era su nueva casa. “A los siete ya sabía que se drogaba. Me llevaba con él a la Villa 31 porque era de noche y no quería dejarme sola. Caminaba tan rápido por la abstinencia que yo no podía seguirle el ritmo”, recuerda.

En ese estado, el hombre se aprovechó de su hija. “Mi papá vivía de mí. No es que vino un día y me dijo: ‘Andá a hacer plata’, pero me lo sugirió. ‘Sería bueno que vayas a pedir a los trenes para que comamos. Yo no puedo hacerlo porque soy grande y soy hombre. Vos sos chiquitita y te van a dar más plata’, me dijo”.

Al principio, Karen pedía tímidamente “una monedita, por favor”. Después repartió estampitas y papelitos escritos. Pero cuando la plata no alcanzaba, tuvo que apelar a otros recursos. “Ahí mi papá me hizo cambiar el speech: ‘Decí que tenés dos hermanitos, que yo estoy internado y que necesitás plata para comer’. Y yo me subía al tren y repetía todo eso”, lamenta.

En la vida de Karen, la figura de su padre ocupa un lugar complejo. Por un lado -dice- fue quien la rescató del maltrato de su abuela; por el otro, la arrastró a vivir en una plaza y vulneró todos sus derechos. En medio de esa contradicción, ella destaca algunos gestos:

“Mi papá tenía momentos y momentos. Momentos en los que yo no lo reconocía y momentos en los que intentaba conectar conmigo e inculcarme algunos valores. Me explicaba: ‘Vos tenés que limpiar tu guardapolvo. No importa que vivas en la calle: al colegio tenés que ir limpita’. Entonces yo iba y lavaba el guardapolvo en la fuente. Cada vez que podía, me decía: ‘Yo soy el ejemplo que vos no tenés que seguir’. Me lo decía y me miraba con tanta tristeza que yo me ponía a llorar. ‘No digas eso, papi, no digas eso’, le respondía”.

Mientras deambulaba mendigando plata, Karen también atravesó situaciones inesperadas. Una de las más traumáticas ocurrió en un tren casi vacío, cuando un hombre intentó abusar de ella. “Salí corriendo y me bajé en cualquier estación”, recuerda. Tiempo después, una mujer que conoció paseando a su perro en parque Los Andes, le propuso adoptarla. “Me dijo que podía darme la vida que mi papá no me estaba dando: llevarme al colegio, comprarme ropa, juguetes e irnos de viaje. Pero cuando le pregunté si lo iba a llevar a él también y me dijo que no, me negué. No quería dejarlo solo”, relata.

“¿Nosotros teníamos una casa?"

Seis años después de aquella tarde en la que le había dicho “vamos a pasear” y la llevó a dormir por primera vez a un banco de plaza, el padre de Karen volvió a repetir la misma palabra: “Vamos”. Ella no entendía a dónde, pero, como siempre, lo siguió. “Subimos al tren y en un momento veo que es mi casa. Le dije: ‘Pará, ¿nosotros teníamos una casa? ¿Esto era nuestro?’. Y me dice: ‘Sí, pasá, es tuyo’. Me chocó un montón. Muchos sentimientos encontrados. No podía creerlo: tenía mi casa pero viví seis años en una plaza”, recuerda. “Estaba todo como lo había dejado: la cama con el mismo acolchado, mi camperita favorita, que ese día no me la había llevado, mi ropa bien acomodadita, mis juguetes, que ya no me interesaban y los tuve que regalar”, agrega.

Cuando cumplió 15, se reencontró con su madre que, para entonces, había formado otra familia. “Empecé a contarle todo lo que había atravesado. Ella me escuchó y, en un momento, me dijo: ‘Sí, yo ya sé que pasaste todo eso. Estaba al tanto de todo’. Yo por dentro pensaba: ‘¿Estabas al tanto de todo y nunca viniste a buscarme?’. Fue durísimo porque, además, ella tuvo más hijos y con ellos era una mamá presente”, dice.

Cuando por fin pudo volver a dormir en una cama, guardar comida en una heladera y bañarse todos los días con agua caliente, Karen creyó que su vida iba a cambiar para bien. Pero no fue así. “Mi papá entró en el alcohol y canalizaba toda la abstinencia de la droga conmigo. Me pegaba, me agarraba la cabeza y me la daba contra la pared. Me ha revoleado vasos de vidrio y me ha amenazado con botellas cortadas”, recuerda. Los golpes eran tan fuertes que, más de una vez, fingió desmayos para que dejara de “pegarle piñas”.

Del enojo al perdón

Después de cumplir 15, Karen se independizó y se fue de la casa de su padre. Terminó el secundario en la Escuela N° 41 de Turdera y se refugió en la fe. Aceptar lo que había vivido no fue fácil. “Hasta ese momento tenía todas las emociones muy guardadas, como que las había ocultado”, dice. Primero apareció la bronca: “Me empezó a dar mucha ira y frustración para con mis padres. ‘Yo dormía en la calle, yo salía a pedir plata por los trenes... ¿Nadie se daba cuenta de que todo eso estaba mal?’, pensaba”. Hasta que finalmente entendió que quedarse enojada no le iba a servir. “Mi mejor método de defensa fue decir: ‘Soy la mujer que soy gracias a todo esto que pasé’. Igual, me costó un montón procesarlo”.

Sin dinero para costear sesiones de terapia, encontró en Internet su forma de empezar a sanar. “Veía videos en YouTube para entender de dónde vienen las heridas y cómo sanarlas. Todo me llevaba al perdón. Y yo decía: ‘La verdad es que no quiero perdonarlos y después sentarme al lado de ellos como si nada’. Hasta que entendí que el perdón no es eso, que hay muchas maneras de perdonar”, dice. La que encontró ella fue escribir cartas de liberación. “Les escribí a cada uno como si les estuviera hablando. ‘Papi, querido: Todo lo que hiciste me dolió, pero te suelto’, le decía. Lo mismo con mi mamá, con mi abuela. Después las quemé en el fuego”, cuenta.

Aunque ahora no tiene relación con sus padres, hace dos años, su papá le tocó el timbre y, como pudo, le ofreció unas disculpas por las situaciones a las que la expuso. “Yo te quiero pedir perdón por todo lo que te hice, por todo lo que pasaste”, le dijo mientras lloraba “como un nene”. Para ella fue un buen gesto y así lo recibió. “Me gustó recibir perdón de su parte”, asegura.

Hoy, Karen se dedica a ser mentora de mujeres. “Para eso primero tuve que sanar yo. Estudié formación de alto impacto, coaching y realicé varios cursos de psicoterapia. Mi hambre por ayudar era mucho. ¿Qué hago? Acompaño a mujeres que atraviesan duelos, desamores, que se sienten en piloto automático. Yo pasé por ese proceso y sé lo que se siente estar ahí. La raíz siempre es tu historia: tu infancia, tus traumas, tus heridas pasadas. Hacer esa introspección es lo que permite sanar y pasar a otra etapa”, explica.

“Yo soñaba con ser una mujer que pudiera enfocarse en ella misma, que pudiera decir que no sin sentir culpa. Hoy sé decir ‘Hasta acá’, sé lo que quiero y lo que no quiero. Hoy puedo hablar, expresarme, decir lo que siento. Lógicamente, me faltan un montón de cosas por aprender, pero lo principal, que era convertirme en la mujer de mis sueños, ya lo alcancé”, se despide Karen, con la convicción de quien convirtió la herida en un motor para seguir adelante.

Fotos y video/Maxi Bernardi.

La investigación se inició cuando una de las víctimas acudió a un centro de salud y denunció que su pareja la había agredido. A partir de esta presentación, el personal policial logró identificar el domicilio donde, además de la denunciante, se encontraba otra mujer que también permanecía privada de su libertad y presentaba lesiones visibles.

Tras una serie de tareas de vigilancia en el lugar que permitieron obtener pruebas que incrementaban las sospechas, se ordenó un procedimiento en la vivienda que estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Durante el operativo de rescate, las autoridades hallaron y entrevistaron a las víctimas, quienes manifestaron haber estado sometidas a constantes agresiones físicas, amenazas y maltratos.

Asimismo, les hicieron revisaciones para corroborar su estado de salud y dispusieron su inmediata asistencia médica. Según supo este medio, los informes preliminares indicaron que ambas mujeres exhibían diferentes tipos de lesiones compatibles con situaciones de violencia reciente.

Posteriormente, fueron asistidas y contenidas por personal especializado, además de ser puestas a resguardo judicial bajo directivas de la autoridad competente.

El acusado, por su parte, fue aprehendido dentro de la vivienda y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. La Dirección General de Investigaciones Criminales continúa por estas horas abocada a la pesquisa para esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar si existen otros episodios previos vinculados al acusado.

La situación generó preocupación entre los vecinos de Villa Richardson, un barrio residencial de Córdoba donde, según señalaron fuentes del entorno, no se habían registrado antecedentes de hechos similares en la misma modalidad. En este contexto, las autoridades locales recordaron a los habitantes del lugar la importancia de radicar denuncias ante cualquier situación sospechosa o de violencia, ya que la intervención rápida suele ser determinante para resguardar a las eventuales víctimas.

La investigación judicial por ahora se centra en determinar el tiempo que ambas mujeres estuvieron privadas de su libertad y documentar detalladamente los hechos. Mientras tanto, las víctimas permanecen bajo acompañamiento interdisciplinario y protección estatal.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Esta semana las autoridades cordobesas rescataron también a ocho personas martes en la ciudad de Córdoba, en un operativo realizado en el barrio Villa La Tela. El procedimiento estuvo a cargo de la Justicia Federal y la Policía de Córdoba, que investigan a un pastor evangélico señalado por presunta trata de personas y explotación laboral.

La vivienda allanada estaba ubicada en la zona oeste de la capital provincial y funcionaba bajo la fachada de un centro de rehabilitación espiritual.

En la entrada del lugar se exhibía un cartel con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”, lo que reforzaba la apariencia de espacio de contención para personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, allí se aprovechaban de personas con adicciones que buscaban una salida a través de la fe.

Durante el operativo, las autoridades rescataron a ocho individuos que permanecían sometidos bajo un régimen de servidumbre. Todos habían llegado al domicilio buscando apoyo espiritual, aunque según la investigación, en realidad eran explotados.

El procedimiento también incluyó el secuestro de documentación vinculada a la causa, que ahora será analizada por la fiscalía interviniente.

El fiscal federal Carlos Casas Nóblega quedó a cargo del caso y deberá determinar el alcance de las maniobras atribuidas al pastor y establecer si existen más víctimas relacionadas con la organización.

La investigación se centra en comprobar si la fachada del supuesto centro espiritual encubría una estructura de trata de personas y explotación laboral que operaba en el barrio Villa La Tela.

Un hombre fue detenido en Resistencia, Chaco, por estar acusado de abusar de la hija menor de su pareja. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima ante el Departamento de Violencia Familiar y Género.

Se trata de A. V. A., de 47 años, quien habría violado en reiteradas oportunidades a niña. La causa se investiga como “abuso sexual simple”.

El caso quedó en manos de la Fiscalía N°2, a cargo de Ana González de Pacce. La fiscal dispuso una serie de medidas urgentes para resguardar a la víctima y reunir elementos probatorios, según informó el portal de Diario Chaco.

Tras la denuncia y la activación del protocolo de emergencia, personal del Servicio Externo, junto a efectivos de la Comisaría Sexta y la Comisaría Decimocuarta, llevaron adelante la ubicación y captura del sospechoso.

El procedimiento incluyó una primera revisión en el Servicio de Medicina Legal, instancia previa a su traslado a la unidad policial donde quedó a disposición de la Justicia.

Los especialistas del Departamento de Violencia Familiar y Género se encargaron de brindar contención inmediata a la denunciante y activar cuidados integrales para la menor víctima, quien fue puesta bajo resguardo y recibió acompañamiento profesional.

Intentó abusar de una menor y quedó detenido

A principios del mes pasado, en Isla del Cerrito, también en la provincia de Chaco, una adolescente de 14 años sufrió un intento de abuso por parte de un hombre mayor cuando sus padres no se encontraban en su casa. La joven logró escaparse y, tras realizar la denuncia, el agresor fue detenido por la Policía.

La alarma se desató el sábado 9 de agosto por la tarde en una vivienda particular.

La reconstrucción de los hechos, basada en la denuncia y la información policial, revela que la madre de la víctima había salido del hogar cerca de las 17:00, dejando en la casa a sus dos hijas: una joven, de 20 años, y su hermana menor, de 14. En ese momento, un hombre aprovechó la ausencia de los adultos para acercarse a la vivienda.

Según consta en la denuncia presentada cerca de las 22:00, se presentó preguntando por la madre de las jóvenes y fue recibido por la adolescente de 14 años.

Al enterarse de que la mujer no estaba, el individuo tomó de la cintura a la menor e intentó besarla. Frente a esto, la adolescente lo empujó, ingresó rápidamente a la casa y logró ponerse a salvo, impidiendo que el ataque se consumara. El hombre huyó del lugar en una motocicleta.

Las hermanas informaron de inmediato a sus padres, quienes acompañaron a las jóvenes a radicar la denuncia ante las autoridades. Este paso permitió a la Policía obtener datos precisos sobre el sospechoso y desplegar un operativo de búsqueda en la zona rural.

El dispositivo incluyó el relevamiento de domicilios cercanos, controles en los accesos y vigilancia sobre la posible ruta de escape utilizada por el agresor. Finalmente, los efectivos localizaron y detuvieron al hombre en las inmediaciones del paraje, poco después de formalizarse la denuncia. Se trata de un hombre de 65 años, identificado como E. B.

El acusado permanece a disposición de la Justicia, mientras se evalúan nuevas diligencias para esclarecer todos los aspectos del caso.

Seguramente nadie puede excluirse a la fascinación que generan desde hace décadas dos músicos estadounidenses que marcaron una época y que ya no están con nosotros: Michael Jackson y Prince (Prince Rogers Nelson).

Ambos comparten, sin embargo, un antecedente menos glamoroso, en realidad una historia trágica y es la de las características de su muerte.

Michael Jackson fallece en el año 2009, por una sobredosis de Propofol y benzodiacepinas. Prince fue encontrado sin vida en su estudio de Minnesota en 2016 y los posteriores estudios forenses mostrarían que la causa e muerte también había sido por una sobredosis pero en este caso por fentanilo.

La autopsia informó que la sobredosis de fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína habría sido accidental. Su caso puso en evidencia en Estados Unidos y el mundo que el problema ya no era solo la heroína o la cocaína, sino un fármaco fabricado en laboratorios clandestinos que podía multiplicar muertes de manera silenciosa.

Desde entonces, el nombre “fentanilo” se repite en miles de tragedias familiares. En ambos casos, el impacto que causaron sus muertes y las circunstancias de las mismas, pusieron en relieve el tema de la sobredosis, sea de drogas de uso ilegal, pero, al mismo tiempo, los excesos en las de uso médico y la automedicación.

En el caso de la muerte de Prince fue la voz de alarma sobre el ingreso de los opioides sintéticos, como el fentanilo, como uno de los flagelos que hoy ya tenemos instalados en la sociedad. Se calcula que al menos ocurrirían unas 100.000 muertes como consecuencia de su consumo.

Cada 31 de agosto se conmemora en más de 40 países el “Día Internacional de la Concientización sobre la Sobredosis” para recordar no solo a estos casos famosos, sino a las miles de personas que mueren por sobredosis de drogas.

Su objetivo es simple y claro: honrar a las víctimas, apoyar a sus familiares, evitar nuevas muertes y exigir más prevención frente a una tragedia global que golpea también a Argentina, aun cuando a veces hasta autoridades en la materia dicen que el cuadro es propio de otras regiones.

Qué es la sobredosis en consumos problemáticos

Durante años se usó las palabras “uso” y “abuso” en manuales psiquiátricos para definir a las modalidades de consumo de estupefacientes. Esta denominación fue paulatinamente abandonada en posteriores ediciones porque se consideraba estigmatizante ya que estas palabras pueden implicar aspectos morales o culpa, desconociendo que no se trata de una elección voluntaria existencial.

El mismo, quizás, ya no describe con precisión el fenómeno clínico. La expresión “consumo problemático”, refleja mejor la diversidad de situaciones y evita la etiqueta moral. Sin embargo, dada la difusión del término abuso que el público general entiende de inmediato, algunas precisiones pueden ser de utilidad.

Se considera uso al consumo ocasional o experimental de una sustancia (alcohol, medicamentos, drogas ilegales) sin consecuencias inmediatas graves. Ejemplo: una copa de vino en una cena o un ansiolítico recetado en dosis correcta. El concepto tradicional, de “abuso” todavía muy usado en el lenguaje común y en medios, sirve para explicar de forma sencilla aquel consumo que excede los límites de lo saludable. Cuando el consumo es excesivo y dañino.

“Consumo problemático” es el concepto actual en salud pública. El mismo pone el énfasis en el impacto del consumo en la vida cotidiana, los riesgos para la salud física o mental, las consecuencias sociales, físicas, los conflictos familiares y/o laborales, más que en la cantidad de sustancia consumida.

Es un concepto más orientado a la más salud pública, y a la puesta en marcha de dispositivos de prevención y atención. El cambio de palabra busca evitar la carga moral y mirar el problema desde la prevención y el acompañamiento, saliendo solo de la descripción que etiqueta pero no vehiculiza acciones consecuentes efectivas.

La palabra adicción sería esa instancia conceptual cuando ya no puede ser controlado ese problema que implica el consumo. La droga ocupa el centro de su vida, así vemos otros fenómenos habituales como la tolerancia que es la necesidad de más dosis para lograr el mismo efecto y particularmente el peligroso síndrome de abstinencia que es el malestar físico y psicológico al dejar de consumir, y que implica una situación de riesgo y urgencia médica y médico legal.

Por ultimo, la palabra a que nos refiere esta fecha conmemorativa: la sobredosis. Es la fase más aguda y peligrosa: se consume más cantidad de la que el organismo puede tolerar. Puede ser accidental o intencional. En el caso de opioides como el fentanilo, una sobredosis puede causar paro respiratorio y muerte en minutos si no se interviene con medicamentos como la naloxona.

La sobredosis es un problema que atraviesa fronteras y clases sociales. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 más de 296 millones de personas consumieron drogas en el mundo y las muertes vinculadas al consumo crecieron un 17% en la última década

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron más de 107.000 fallecimientos por sobredosis en 2023, con el fentanilo como principal responsable (CDC Overdose Data).

En Argentina según informes del Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar), en 2022 se registraron 13.426 muertes directas o indirectas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en personas de 15 a 64 años. Esto representa un 15,2 % del total de muertes en ese grupo etario, con una tasa bruta de 45,3 cada 100.000 habitantes.

El dato es que de ese total, 145 muertes fueron por sobredosis, lo que equivale a una tasa específica de 0,5 por cada 100.000 habitantes y al 1,1 % de las muertes vinculadas al consumo de drogas.

En 2019, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires alertaba que los casos de fallecimientos por sobredosis se habían duplicado en los dos años anteriores, hasta el punto en que “una persona muere cada 36 horas” por consumo de estupefacientes.

A pesar de que las cifras del promedio de muertes por consumo de drogas en América Latina de 14,9 por cada millón de habitantes, distan mucho de los 172 en Norteamérica, el problema es menos visible, pero no es menos grave y con una evolución creciente.

En los últimos años apareció un protagonista especialmente letal: el fentanilo. Este opioide sintético está detrás de la mayoría de las muertes por sobredosis en Norteamérica y comienza a expandirse hacia otros continentes. Sus características hacen que hasta se redefina el concepto de sobredosis ya que incluso una dosis puede ser mortal, sumado al hecho que es en muchos caso es mezclada con otras sustancias como cocaína o pastillas a veces sin que el consumidor lo sepa.

Un ejemplo es el de las devastadoras consecuencias de la llamada droga zombie.

Frente a este panorama, es necesario un replanteo y actualización en los cuales no existe lugar para los tabúes o la estigmatización. Para ello, hay que aceptar que la sobredosis no es un problema “ajeno” a una sociedad o a una familia, y puede presentarse en cualquier círculo.

Es habitual que sosteniéndose en tabúes estigmatizantes se culpabilice a los consumidores o incluso a sus familias. Frases como que “en nuestro país no hay muertes por sobredosis” o que “si hay una buena familia esto no pasa”, se siguen escuchando en espacios mediáticos y deben ser desterrados.

Para ello, la difusión de una correcta información basada en el estado actual de la ciencia y el conocimiento, en que se reconozcan los riesgos y especialmente los tratamientos, que pueden salvar vidas es esencial. En ese sentido la capacitación continua por parte de quienes están en las primeras líneas de atención debe formar parte de las política de salud pública.

Otro aspecto es el de acompañar, comprender, no juzgar ni estigmatizar: detrás del consumo suele haber sufrimiento, no solo “mala elección”. “Querer no es poder”.

Finalmente, una acción a través de los medios y de las estructuras políticas públicas, en el que la base no sea la persecución policial. En este sentido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte sobre la urgencia de reforzar la prevención en América Latina (OPS).

El lema de este año del “Día Internacional de la Concientización sobre la Sobredosis”, es “Una gran familia, unida por la esperanza”. El mensaje es claro: nadie enfrenta este drama solo. La respuesta requiere comunidades que se sostienen, se informan y actúan juntas.

La información, la concientización y aceptar las condiciones de nuestras sociedades y la responsabilidades y acciones consecuentes que implican son los llamados que estos días buscan despertar.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.

Una joven de 21 años denunció ayer martes a su jefe, 53 años, por abuso sexual. El hecho habría ocurrido dentro del local donde se desempeña laboralmente en la zona conocida como mega toma de Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

El comercio se encuentra ubicado en las calles 144 y 79, uno de los dos locales que el acusado administra junto a su pareja en el mismo barrio.

La joven, visiblemente conmocionada, solicitó medidas de protección, puesto que su ex empleador vive en la esquina de su casa. En paralelo, reclamó el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que podrían aportar pruebas determinantes en la investigación judicial.

Según el testimonio al que pudo acceder le medio local 0221, la joven se presentó como cada mañana en su lugar de trabajo a las 8.30 para abrir el comercio. Mientras acomodaba el establecimiento, previo al ingreso de clientes, el hombre —identificado como su jefe directo— comenzó a abusar de ella. La denunciante aseguró que se produjo un forcejeo, tras el cual logró liberarse y salir del local.

Luego de esto, el empleador la persiguió en auto, intentó convencerla para que no hiciera pública la situación y le exigió que regresara a trabajar, siempre en línea con el relato de la víctima.

En su declaración, la denunciante advirtió que otras mujeres que trabajaron anteriormente en ese mismo local también habrían sido víctimas de abuso por parte del gerente. Si bien hasta el momento la Policía no confirmó la existencia de otras denuncias formales previas, la investigación apuntará a verificar el eventual patrón de conducta.

La víctima aportó datos sobre el funcionamiento del comercio y la relación laboral con el acusado, incluida la estructura de control ejercida por este y su pareja sobre el personal.

A su vez, se solicitó una restricción de acercamiento para el imputado y mayores controles en la zona, mientras se avanza con la recolección de prueba.

El Ministerio Público Fiscal de La Plata analizará los elementos recabados y resolverá si solicita la indagatoria del acusado en las próximas horas.

Un intento de abuso en San Martín

A principios del mes de julio, una empleada de un comercio ubicado en Ciudad Jardín El Libertador, en el partido bonaerense de San Martín, denunció haber sido víctima de un intento de abuso sexual por parte de un sospechoso que había simulado ser un cliente. Luego de que no pudiera concretar la agresión, el hombre la dejó encerrada y se escapó con el dinero que almacenaban en la caja registradora.

El hecho se produjo el lunes pasado, cerca de las 16 horas, cuando un hombre encapuchado llegó al local ubicado en la calle Los Gladiolos (Calle 156) y solicitó ingresar. La víctima, que se encontraba sola porque su compañera había salido, permitió el acceso.

La secuencia del ataque quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, por lo que se pudo ver cómo el atacante le mostró dinero y pidió ver algunos de los productos que se encontraban en exhibición. De esta manera, la mujer se dio la vuelta para tomar los elementos que le habría indicado y el sospechoso aprovechó para acercarse a ella y tomarla por la espalda.

Así, la llevó hasta el baño del local, donde la agredió físicamente e intentó abusar sexualmente de ella. Según la información, la víctima se resistió durante varios minutos y logró que el agresor cesara en su intento y huyera del lugar.

La mujer quedó encerrada en el baño y fue auxiliada por terceros tras el ataque. Luego de que pudieran liberarla, constataron que el atacante también se había escapado del comercio con el dinero en efectivo que guardaban en la caja. Aunque la policía intervino en el caso, todavía no se pudo dar con el responsable del hecho.

Un hombre de 36 años oriundo de Villa Ascasubi en la provincia de Córdoba, recibió una condena a cuatro años de prisión por abuso sexual en perjuicio de su hijastra, de acuerdo con la resolución dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero.

La Justicia le impuso además una multa de tan solo $5 mil. La causa judicial llegó a juicio con cargos inicialmente más graves, pero la investigación determinó que se trató de un hecho puntual.

La defensa sostuvo que el fallo contempló la existencia de una sola situación probada. El abogado defensor, Gustavo Nievas, declaró que sólo se acreditó que el hombre había tocado la pierna de la joven en una ocasión. Además, explicó que no hubo otros episodios ni agravantes en la condena final.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, en un comienzo, el imputado enfrentaba una acusación más severa. Los cargos iniciales incluían abuso sexual continuado, agravado por la condición de guardador y la convivencia previa, además de la tenencia de un arma de fuego de uso civil. El proceso judicial redujo los hechos al constatar un solo episodio confirmado, lo que tuvo incidencia directa en la cuantía de la pena.

La audiencia de debate se desarrolló en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, donde el tribunal evaluó cada uno de los elementos aportados por la fiscalía y la defensa. El juez resolvió dictar una pena de prisión efectiva, mientras descartó la existencia de circunstancias agravantes por la falta de pruebas concluyentes en los otros puntos de la acusación.

Según los registros del caso, el condenado ya había permanecido dos años bajo prisión preventiva, por lo que deberá cumplir dos años más para agotar la sentencia impuesta por el tribunal.

Un hombre fue condenado por abusar de sus cinco hijas en Córdoba

A principios de mayo pasado, un hombre de 50 años fue condenado a 15 años y 10 meses de prisión por los abusos sexuales agravados cometidos contra sus cinco hijas en Calamuchita, también en la provincia de Córdoba

Según informó la Justicia, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2023, y salieron a la luz gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien logró escapar de su hogar en diciembre de ese mismo año y alertar a las autoridades.

El caso quedó en manos de la fiscal de Río Tercero, Paula Bruera, quien además reveló que el agresor ya contaba con antecedentes por delitos similares.

La víctima que destapó el horror pidió ayuda a los gritos y aseguró: “Mi mamá nos maltrata y mi padrastro nos viola”.

Según lo detallado por la investigación, un vecino la asistió y la llevó a la comisaría, donde pudo relatar los abusos que ella y sus hermanas sufrían. Este testimonio fue clave para que las autoridades actuaran de inmediato y detuvieran al agresor que se encuentra en prisión desde diciembre de 2023.

La fiscal Bruera confirmó que las víctimas tenían entre 4 y 16 años al momento de los ataques. Además, se comprobó que el hombre ya había sido condenado en el año 2000 por delitos sexuales contra un menor de edad, aunque había recuperado la libertad poco tiempo después. Este antecedente agravó su situación judicial.

En el marco de la misma causa, también fue condenada la pareja del agresor y madre de cuatro de las niñas. La mujer recibió una pena de un año de prisión en suspenso tras ser encontrada culpable de lesiones leves calificadas. Aunque no se especificaron mayores detalles sobre su rol en los hechos, la sentencia refleja su responsabilidad en el contexto de violencia y abuso que vivieron las menores.

El juicio se llevó a cabo en los Tribunales de Río Tercero bajo la modalidad de juicio abreviado, en el que el acusado aceptó los cargos en su contra. La pena de 15 años y 10 meses de prisión fue dictada por los delitos de abuso sexual agravado. Según consignó la Fiscalía, esta condena busca garantizar que el agresor permanezca tras las rejas durante un largo período, evitando que pueda reincidir.

Tras dos días de audiencias, finalizaron las instancias del juicio de cesura que se llevó a cabo contra el enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente en Neuquén. En este contexto, la Fiscalía solicitó una pena de 11 años de prisión; sin embargo, aún resta que el Tribunal resuelva la condena que impondrá.

El hombre fue identificado como “A. E. A. B.”, quien reconoció ser responsable de los cargos que se le imputaban, es decir abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en perjuicio de una paciente adulta mayor que estaba bajo su cuidado en una clínica de rehabilitación.

El episodio ocurrió el 2 de noviembre de 2024 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

De acuerdo con la información obtenida por el portal del diario LMNeuquén, la Fiscalía reclamó que se imponga una pena de 11 años y medio de prisión efectiva para el condenado, mientras que la defensa propuso una condena que cumpla con el mínimo legal previsto, equivalente a 8 años.

Según expresó la fiscal Carolina Mauri: “Este hecho genera una afectación profunda a la confianza básica que la sociedad deposita en el personal sanitario y en la medicina asistencial”.

Luego de que culminen las audiencias, el tribunal integrado por Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini deberá comunicar su veredicto en los próximos días.

El caso cobró notoriedad por el nivel de sometimiento de la víctima: según los fundamentos del acuerdo presentado y aceptado por el imputado, el ataque se produjo aprovechando el estado de convalecencia e indefensión de la mujer, de más de 70 años, mientras se encontraba internada y confiando en su cuidador.

La existencia de testimonios directos, pericias médicas y registros fílmicos reforzó las pruebas en el expediente. Otro elemento probatorio clave en el caso fue el registro de las cámaras de seguridad, que permitió identificar de manera fehaciente al agresor y probar el hecho en todas sus circunstancias.

Además de la pena que recaerá sobre él, será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS), lo cual implica restricciones y controles administrativos a futuro.

Condena a un enfermero por abuso de una paciente en Mar del Plata

A fines del mes de mayo, un enfermero de Mar del Plata fue condenado a once años de prisión por abusar de una paciente que se recuperaba de un accidente cerebrovascular en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps). Este hombre también fue encontrado culpable del delito de vejaciones en dos episodios de los que resultaron víctimas pacientes afásicos.

Según informó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, compuesto por los jueces Fernando Minguillón, Roberto Falcone y Martín Poderti, el agresor, identificado como Rubén Omar Rivas, de 54 años, fue inhabilitado de por vida para ejercer su profesión.

El fiscal subrogante Carlos Fioriti había solicitado la imposición de 14 años de prisión e inhabilitación especial perpetua en el ejercicio de su profesión para Rubén Omar Rivas, quien siguió el alegato de manera remota desde el Penal de Marcos Paz, donde permanece detenido.

Se estima que el hecho sucedió entre el 1 y el 11 de agosto de 2021, cuando la víctima, en un estado de vulnerabilidad debido a su recuperación, fue tocada en sus partes íntimas por parte de Rivas mientras la preparaba para un electrocardiograma.

La denuncia la realizó una enfermera que dio cuenta de lo sucedido días después y fue clave para llevar a juicio al imputado, quien fue acusado formalmente de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido por una persona encargada de la guarda de la víctima, en concurso real con el delito de vejaciones en dos hechos, los que concurren realmente entre sí”.

Estas últimas dos acusaciones refieren a otros dos casos por los que fue encontrado culpable, puesto que torturó a otros dos pacientes masculinos internados en el mismo centro de salud entre 2017 y 2018.

Estas personas, que sufrían de afasia —trastorno del lenguaje causado por daño en las áreas del cerebro responsables del habla y la comprensión—, fueron sometidos a maltratos que incluían ser bañados con agua fría, decirles expresiones humillantes, arrojarles agua sobre las heridas de sus traqueotomías, pegarles y “revolearlos” sobre sus camas. Enfermeras que declararon en el caso dieron cuenta de que los malos tratos eran diarios

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que un juez de control vinculó a proceso a un hombre identificado como Bernardo “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violación en agravio de una menor de edad.

Los hechos habrían ocurrido en la colonia San Mateo, alcaldía Coyoacán. Según las investigaciones, el imputado ocupaba un cargo religioso y residía en el mismo domicilio que la víctima, lo que facilitó el acceso y la cercanía con ella.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las agresiones ocurrieron en al menos cuatro ocasiones entre abril y julio de 2024. El hombre habría amenazado a la menor para evitar que denunciara los hechos.

Más detalles del operativo

Bernardo “N” fue detenido el pasado 10 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en un operativo conjunto entre la FGJCDMX y la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Tras su traslado a la capital, fue presentado ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgado otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

Para prevenir el abuso sexual infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aconseja enseñar a las niñas y niños que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento.

También recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a cambios en el comportamiento de los menores, evitar que acepten regalos que impliquen condiciones ocultas y supervisar de manera constante su actividad en internet y redes sociales.

Asimismo, se sugiere fomentar en los menores la confianza para rechazar cualquier tipo de contacto físico que les resulte incómodo y reforzar la importancia de comunicar cualquier situación que los haga sentir inseguros o molestos.

En caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual, las autoridades subrayan que no debe bañarse ni cambiarse de ropa, ya que las prendas que llevaba pueden constituir pruebas fundamentales.

En diálogo con Infobae, y luego de que este medio chequeara con otro compañero de los tres que efectivamente había cursado con otros repetidores en esa escuela a la que fue la víctima, Adrián contó que este miércoles a las 11 se presentará ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando.

“Es para dar una testimonial de lo que pasó en ese momento y para aportar datos de la personalidad de Fernández Lima”, indicó el hombre que en el programa de América de Rolando Graña dijo sobre el chico desaparecido desde 1984: “Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.

Tras sus dichos, las cataratas de críticas y los posteos tratándolo de mentiroso se sucedieron. @Argenpoirot publicó: “Graña llevo a un tipo que dijo que Diego Fernández era un violador de hombres, un chico de 16 años que estuvo 41 años desaparecido y estaba enterrado en la casa de Cristian Graf. Además de ser una falta de respeto, o casualidad, es el mismo tipo que iba a hablar de Maldonado”.

“Este martes, América pasó el segmento donde voy a cámara por pedido de Mauro Viale porque había logrado hablar con el puestero y hacer la nota en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado“, describió cuál réplica Farías ante la consulta de este medio.

Otro posteo en “X” fue el de @intiraPOLO. Escribió junto a una foto con colores sepia: “Este Adrián Farías. Era de Córdoba y en una publicación del pasado dice que vino a Buenos Aires en marzo del 87. Nunca fue compañero de Cristian Graf ni de Diego Fernández. Es un mitómano, y lo peor es que el delincuente de Graña le da cámara para sus operetas“.

“Yo terminé el colegio en Córdoba en 1986. Entre 1982 y 1984 fui al colegio en donde conocí a Fernández Lima y Graf”, apuntó en su defensa a ese segundo posteo en redes donde se puso en jaque la verosimilitud de sus dichos a cámara el día anterior.

En ese contexto, este martes Farías dijo que se encargó de “conseguir todas las constancias” en las escuelas a las que fue para echar por tierra “todas las cosas que dijeron en redes sociales” sobre él.

Así fue a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, por entonces ubicada en las calles Ballivián y Donato Álvarez, donde conoció a Fernández Lima y a Graf: “Me dijeron que no tenían los archivos que daban cuenta de que fui alumno ahí porque se los llevó la Justicia. Pero, entonces, me fui a la escuela que me dio el pase, que en mi legajo tiene que figurar que me trasladaban ahí. Pedí que busquen las constancias porque las tienen archivadas”.

Y se quejó poco de la gente que lo criticó. Apenas dijo: “No entiendo cómo pensaron que podía estar mintiendo”. Lo que más le dolió fue que su hija se haya preocupado por él por las réplicas a sus dichos en el canal América.

¿Qué dijo?

Adrián relató por primera vez a cámara un episodio que, según dijo, mantuvo oculto durante años y que recién pudo abordar en terapia tiempo después. Y explicó que conoció tanto a Fernández Lima como a Graf —hoy principal sospechoso— en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, recordó.

Sobre Graf, Adrián dijo que era “un chico tranquilo” y que lo apodaban “Jirafa” por su altura. No obstante, aclaró que no se trataban fuera del aula y que no mantenía amistad con ninguno de los dos. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, remarcó.

En cambio, de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que, en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Aseguró que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.

Así, lanzó: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir... En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.

Warren Jeffs no era un líder religioso convencional. No predicaba desde templos abiertos ni buscaba expandir su iglesia por medios tradicionales. Su poder se construyó en el aislamiento, en el silencio impuesto, en la obediencia ciega.

Como cabeza de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD), una escisión radical del mormonismo, Jeffs creó un universo cerrado donde la poligamia era ley, las mujeres eran propiedad y los infantes, víctimas.

Desde su sede en Colorado City, Arizona, y luego en el rancho Yearning for Zion, en Texas, Jeffs gobernó a miles de fieles como un tirano espiritual. Era “el profeta”, y sus seguidores creían que hablaba directamente con Dios. Su palabra era incuestionable. Podía decidir matrimonios, separar familias, exiliar hombres que cuestionaran su autoridad y tomar como esposas a niñas de apenas 12 años.

La IFJSUD nació a fines del siglo XIX, cuando un grupo de mormones se negó a aceptar el fin de la poligamia decretado por la Iglesia principal. La iglesia mormona que no permite la poligamia es la más extendida en el mundo y lleva el nombre de Iglesia de los Santos de los Últimos Días (IJSUD).

Para ellos, los fundamentalistas de Jeffs, el “matrimonio plural” era un mandato divino. Cada hombre debía tener al menos tres esposas, y el profeta, tantas como quisiera. La comunidad se mantuvo aislada del mundo exterior, desconfiando de la tecnología, la educación secular y cualquier influencia que pudiera debilitar su estructura patriarcal.

Las mujeres eran relegadas desde la infancia. No podían elegir profesión, vocación ni pareja. Su destino era procrear y obedecer. A menudo eran casadas antes de alcanzar la pubertad, asignadas por el profeta a hombres mayores. La poligamia no era solo una práctica religiosa: era una herramienta de control, una forma de perpetuar el poder del líder y de mantener a la comunidad bajo su dominio.

Warren Jeffs heredó el liderazgo de la secta tras la muerte de su padre, Rulon Jeffs, en 2002. Rulon había tenido más de 60 esposas. Warren lo superó: llegó a casarse con 78 mujeres, 25 de ellas menores de edad. Bajo su mandato, la iglesia expandió sus negocios, acumuló millones de dólares y reforzó su estructura autoritaria. Jeffs expulsó a hombres que podían desafiarlo y se rodeó de fieles incondicionales.

Su figura era omnipresente. En las ceremonias, en los sermones, en los rituales secretos. Se presentaba como el único canal entre Dios y los hombres. Las niñas eran entrenadas para obedecerlo, para considerarlo sagrado. El documental Sé dócil: reza y obedece, estrenado en 2022 en Netflix, muestra imágenes internas de la vida en la secta: los ritos, las reuniones, los matrimonios forzados, el terror disfrazado de fe.

Luego de denuncias de algunas mujeres de la Iglesia, en 2006, la Oficina Federal de Investigación (FBI) incluyó a Warren Jeffs en su lista de los diez fugitivos más buscados. Compartía cartel con Osama Bin Laden. Fue capturado ese mismo año en Nevada, y en 2007 condenado en Utah por ser cómplice de violación. Sin embargo, esa sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Utah en 2010 por errores procesales.

El caso que finalmente lo llevó a prisión se desarrolló en Texas, donde las autoridades descubrieron pruebas contundentes de abuso sexual infantil en el rancho Yearning for Zion.

El rancho, de más de 600 hectáreas, era una fortaleza espiritual. Allí vivían cientos de miembros de la secta, en condiciones de aislamiento extremo. Las investigaciones revelaron que Jeffs, que en diciembre cumplirá 70 años, había creado un templo donde se realizaban rituales sexuales con menores. Las grabaciones presentadas en el juicio mostraban al líder instruyendo a sus seguidores sobre cómo “preparar” a las niñas para la vida celestial, lo que incluía abusos sistemáticos.

El 9 de agosto de 2011, un jurado en San Ángelo, Texas, declaró a Warren Jeffs culpable de dos cargos: agresión sexual agravada contra una niña de 12 años y asalto sexual contra una adolescente de 15 años, ambas consideradas sus “esposas espirituales”. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes: grabaciones de audio en las que Jeffs abusaba de las menores, documentos que detallaban los matrimonios forzados y testimonios de víctimas que lograron escapar.

La sentencia fue ejemplar: cadena perpetua por el primer cargo y 20 años de prisión por el segundo, con cumplimiento consecutivo. Esto significa que Jeffs deberá pasar al menos 45 años en prisión antes de poder solicitar libertad condicional. Actualmente, cumple condena en una prisión de Texas, desde donde intentó ejercer influencia sobre sus seguidores mediante cartas y mensajes.

Una de las voces más potentes en el juicio fue la de Elissa Wall, quien fue obligada a casarse a los 14 años con su primo de 19. Su testimonio fue clave para condenar a Jeffs. En su libro Stolen Innocence (Inocencia robada), Wall relata cómo vivió años de abuso físico y psicológico, cómo fue silenciada por la comunidad y cómo logró escapar. Su valentía abrió la puerta para que otras mujeres se animaran a hablar.

“Nos enseñaban que el profeta era la voz de Dios. Si él decía que debías casarte, no podías negarte. Era tu deber espiritual”, declaró Wall en una entrevista. Su historia fue recogida por medios internacionales y se convirtió en símbolo de resistencia frente al abuso institucionalizado.

El caso de Warren Jeffs generó una ola de producciones documentales, investigaciones periodísticas y debates sobre el poder de los cultos religiosos. El documental Sé dócil: reza y obedece, dirigido por Rachel Dretzin, expone con crudeza el sistema de control que Jeffs construyó. A través de testimonios, imágenes inéditas y análisis judiciales, la serie revela cómo la fe fue manipulada para justificar crímenes atroces.

La historia de Jeffs no solo conmocionó a Estados Unidos: se convirtió en un ejemplo global de cómo el fanatismo religioso puede derivar en estructuras de abuso sistemático.

La historia de Warren Jeffs no es solo la de un líder religioso abusivo. Es la historia de miles de personas sometidas a un sistema de opresión institucionalizado. De niñas que fueron obligadas a casarse, de hombres que perdieron a sus familias por orden del profeta, de mujeres que vivieron décadas sin saber que podían decir “no”.

Gracias a los testimonios valientes de las víctimas, la justicia pudo actuar. Pero el daño persiste. Muchas comunidades vinculadas a la IFSUD siguen operando en Estados Unidos, con estructuras similares. Aunque Jeffs está tras las rejas, su doctrina aún sobrevive en sectores que lo consideran una especie de mártir.

Lo más inquietante del caso Jeffs es cómo la fe fue utilizada como herramienta de sometimiento. La religión, que para muchos es refugio y guía, se convirtió en prisión. Jeffs no solo abusó físicamente de sus víctimas: las convenció de que era su salvador. Les enseñó que el dolor era parte del camino hacia Dios. Que quien lo desobedeciera era pasible de recibir una condena divina. Pero el condenado fue él: un 9 de agosto de hace 14 años.

El caso conocido como la “Manada de Campeche” continúa generando controversia a medida que, en los últimos días, dos nuevas jóvenes han roto el silencio y denunciado abusos que habrían sufrido a manos de los mismos tres presuntos agresores ya acusados en el ataque reportado por Susana Saravia.

Rosa “N.” denunció públicamente que Yeshua “N.” fue particularmente insistente en mantener relaciones sexuales, una insistencia que rozó el acoso mientras ella asistía a reuniones en casas de los presuntos agresores. Según su testimonio, estos muchachos pertenecían a un grupo de amistades en el que hacían apuestas: ganaba quien tuviera relaciones sexuales primero con mujeres que tenían en la mira.

El arraigo del modus operandi violento del grupo quedó al descubierto: se estima que había al menos seis agresores vinculados entre sí, todos estudiantes de la Preparatoria Ermilo Sandoval Campos, aunque solo tres—Yeshua, Ángel y Jorge—figuran oficialmente como sospechosos. Las autoridades no han identificado al resto.

Una ola de testimonios que revela un problema estructural

Tras la difusión del caso de Susana, al menos siete mujeres más se han acercado para relatar experiencias similares de presunto abuso por parte del mismo grupo de jóvenes. Muchas de ellas se abstuvieron de denunciar por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.

Citlalli Hernández, secretaria estatal de las Mujeres, contactó a la familia de Susana con el compromiso de dar seguimiento al caso. Sin embargo, ya transcurrieron más de 30 días desde el ataque y la Fiscalía aún no ha detenido a los dos presuntos agresores restantes.

El caso, en la mira nacional

Susana Saravia, de 22 años y estudiante de Derecho, fue la primera en romper el silencio. Denunció públicamente el ataque que sufrió el 31 de marzo de 2025, lo que provocó la emisión de tres órdenes de aprehensión. Hasta ahora, sólo Ángel “N.” ha sido detenido y vinculado a proceso; Yeshua y Jorge siguen prófugos.

Su madre, Liz Rodríguez, ha denunciado presuntas irregularidades dentro de la Fiscalía General de Campeche (FGECAM), como filtraciones que alertaron a los acusados para evadir responsabilidades, y posibles intentos de soborno para anular la denuncia. Se ofreció a Susana dinero, coche o casa si desistía de la acusación.

El caso ha sido comparado con otros de violaciones grupales masivas en México y España, como los sucesos conocidos como “La Manada” (Pamplona, 2016) y “Los Porkys” (Veracruz, 2015), en los cuales también se denunció protección de los agresores por vínculos de poder político o influencias familiares

La madre de Susana ha sido enfática al reclamar justicias no solo para su hija, sino para todas las víctimas que, aún hoy, no han recibido ninguna atención efectiva. Reclama la detención inmediata de los dos acusados que están prófugos y una investigación clara que incluya todos los testimonios y evite que el caso sea un carpetazo más. Denuncia también la falta de respuesta de la gobernadora Layda Sansores y de la secretaria de Gobierno, quienes no han ofrecido declaraciones públicas ni medidas concretas.

La Justicia de Villa María condenó a un hombre, oriundo de la localidad cordobesa de Pasco, a ocho años de cárcel por delitos sexuales cometidos contra tres niñas de su entorno.

La sentencia, comunicada en las últimas horas, fue resultado de un extenso proceso judicial impulsado por la fiscal Juliana Companys y marcó un precedente en la lucha contra los delitos contra la integridad sexual en el interior provincial.

La investigación comenzó en agosto de 2022, cuando el personal de una escuela local advirtió, durante una conversación entre alumnas, referencias directas a situaciones de abuso en perjuicio de menores.

Tras la denuncia, se pusieron en marcha los mecanismos de intervención judicial y protección de las víctimas. La causa avanzó con la recolección de testimonios, pericias y la aplicación de medidas de resguardo, hasta que este mes se conoció la sentencia que declaró culpable al acusado.

La investigación, a cargo de la fiscalía encabezada por Companys, reunió pruebas que permitieron acreditar la culpabilidad del imputado en tres delitos diferentes: abuso sexual simple agravado, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal. De acuerdo con el expediente judicial, dos de las víctimas sufrieron los ataques desde los seis hasta los 14 años, período durante el cual el condenado mantuvo contacto habitual con las menores.

Según informó el portal El Doce.tv, el proceso incluyó el testimonio de las niñas y de personas cercanas a ellas, así como informes psicológicos y de profesionales especializados en abuso infantil. Los peritajes fueron determinantes para reconstruir el impacto de los hechos en las víctimas y para sostener la acusación en instancia de juicio.

La Fiscalía fundamentó su pedido de pena en la gravedad de los delitos y en el daño causado a las menores, resaltando la persistencia del comportamiento abusivo durante varios años y el aprovechamiento del vínculo de confianza que tenía el acusado con las víctimas.

Los operativos de contención y seguimiento se sostuvieron durante el proceso, con el objetivo de brindar apoyo psicológico y social a las niñas y sus familias, tanto en el paso por la instancia judicial como en la etapa posterior a la sentencia condenatoria.

La Justicia de Villa María dictaminó ocho años de prisión para el acusado, fallo que se fundamenta en la aplicación de diferentes figuras penales previstas en el Código Penal argentino para la protección de niños, niñas y adolescentes.

Confirmaron la condena a 18 años de prisión para un hombre que abusó de su sobrina

A principios de julio, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia de 18 años de prisión para Pablo Marcial Báez Maldonado, declarando su responsabilidad por reiterados delitos de abuso sexual agravado y gravemente ultrajante contra su sobrina menor de edad. El proceso judicial detalló que los abusos cometidos por el hombre ocurrieron en tres ubicaciones distintas: el departamento del acusado en la calle Luna al 1400, el almacén que administraba en la planta baja del mismo edificio y la propia vivienda de la víctima.

Según reconstruyó la Sala 1, gracias al abordaje médico, los peritajes psicológicos y el testimonio de la víctima en Cámara Gesell y durante el juicio oral, se verificaron más de 20 episodios de agresión ocurridos en un período de al menos cinco años. El fallo incluyó la especificación de los delitos: “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de realización, reiterado en un número indeterminado de oportunidades -al menos cuatro-, en concurso real con abuso sexual agravado por el acceso carnal en grado de tentativa reiterado en al menos cuatro oportunidades, en concurso real con abuso sexual agravado por el acceso carnal reiterado en un número indeterminado de oportunidades, no inferior a diecisiete, todos agravados por tratarse el autor del encargado de la guarda de la víctima a la pena de Dieciocho Años de Prisión (...)”.

La investigación judicial estableció que los hechos tuvieron lugar entre 2017 y 2022, lapso en el que la menor tenía entre 9 y 14 años. Báez Maldonado ejercía la custodia de la niña junto a su esposa, tía materna de la víctima, mientras la madre de la menor trabajaba o viajaba a Paraguay. La denuncia inicial surgió cuando la madre, confiando en el cuidado del acusado, recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica luego de tomar conocimiento de los episodios de abuso.

El voto rector emitido por Mauro Divito, acompañado por la adhesión de Gustavo Bruzzone y la abstención de Jorge Rimondi, validó el trabajo del Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 10 que analizó el caso en primera instancia. De este modo, al rechazar los argumentos de la defensa, la Cámara sostuvo la condena, tal como la había dispuesto la instancia anterior.

En Cali, un agente de tránsito fue atacado con un baldado lleno de agua sucia por un comerciante, mientras cumplía con un procedimiento de control en espacio público.

Las imágenes fueron registradas por el mismo uniformado. El hecho ocurrió frente a un establecimiento tras la solicitud por parte de las autoridades a los dueños de varios vehículos, incluidos autos y motocicletas, para que los retiraran de los andenes, por la obstrucción del paso peatonal.

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Durante el operativo, el comerciante mostró rechazo ante la labor de los funcionarios. Quedó consignado en el video que primero insultó verbalmente a los agentes y posteriormente lanzó el balde con líquido aparentemente sucio directamente sobre uno de ellos.

Las cámaras de seguridad y teléfonos celulares captaron el momento en que el agua impactó de lleno al trabajador, que permaneció en el lugar junto a sus compañeros y mantuvo la calma para continuar la diligencia.

El subsecretario de Movilidad de Cali, citado por RCN Radio, Sergio Moncayo, confirmó el ataque y señaló que se trata de una situación recurrente en la ciudad.

“Hemos tenido agresiones bastante fuertes donde los agentes han sido afectados en su integridad. Sí, obviamente, pues ya las autoridades han tomado el caso y hemos tenido varios casos donde estos agresores han terminado tras las rejas”. La cifra de agresiones a servidores públicos de tránsito ya supera los 50 casos en lo que va de 2025, según datos consolidados por la Secretaría de Movilidad.

Las agresiones contra personal encargado del control vial han abarcado desde actos verbales hasta ataques físicos directos similares al registrado en esta ocasión.

Las autoridades locales reiteraron el mensaje de respeto y respaldo a los funcionarios que cumplen labores de regulación del espacio público y movilidad en el municipio, recordando que este tipo de hechos pueden derivar en sanciones o incluso medidas penales contra los responsables.

El funcionario afectado no resultó con lesiones de gravedad y completó el procedimiento previsto junto a su equipo. Los hechos están siendo investigados por las autoridades competentes para determinar responsabilidades y, en caso de ser pertinente, avanzar en acciones judiciales.

Motociclistas irrespetaron a agente de tránsito a retirarse en Cali, en medio de burlas y amenazas

En el sector de Nuevo Latir, en el oriente de Cali, un agente de tránsito se vio forzado a abandonar su lugar de trabajo luego de ser rodeado y hostigado por motociclistas.

Las imágenes del incidente, compartidas en redes sociales, exponen cómo los jóvenes inician sus motos, lanzan gritos desafiantes y celebran la retirada del funcionario sin que pueda ejercer ningún tipo de control en la vía.

La grabación difundida muestra el momento exacto en el que uno de los presentes vocifera “no le copiamos a nadie”, acompañado por otras expresiones de burla y alarde.

A pesar del tono festivo entre los motociclistas, el suceso encendió las alarmas en la comunidad caleña, que manifiesta preocupación por el aparente debilitamiento de la autoridad y el incremento de estos comportamientos en algunas zonas de la ciudad.

La escena pone en evidencia una situación que se repite y muestra la vulnerabilidad de quienes ejercen funciones de regulación vial en entornos donde el respeto por la ley resulta limitado.

Hasta la fecha, las autoridades no reportaron medidas disciplinarias ni capturas de los responsables, lo que refuerza la percepción de desprotección y abandono.

Residentes de barrios del oriente de Cali insisten en que este tipo de episodios no son aislados. Relatan cómo, en varias ocasiones, los agentes de tránsito son confrontados, perseguidos o directamente expulsados por grupos de motociclistas que circulan sin documentos ni equipos de protección.

La cifra de agresiones a servidores públicos de tránsito ya supera los 50 casos en lo que va de 2025, según datos consolidados por la Secretaría de Movilidad y reseñados por el noticiero.

Un empresario chino creó una red empresarial donde explotaba trabajadores europeos. Chen Suyin, nacido en 1982, gestionaba la distribuidora CinItaly y, según las denuncias de sus empleados recogidas por el diario italiano Catanzaro Informa, llevaba años abusando de su plantilla. Entre los trabajadores había tanto italianos como extranjeros, pero nunca de origen chino. CinItaly es un local ubicado en Martelli, un pueblo de la provincia de Catanzaro, en Calabria (Italia). Ofrece artículos del hogar y otros tipos de objetos o herramientas de uso cotidiano.

El juez Pietro Agosteo accedió a las solicitudes de la fiscal Francesca Delcogliano, presentadas ya en diciembre de 2024. Las indagaciones del magistrado desembocaron en una orden de prisión preventiva para el empresario chino. Los supuestos delitos de explotación laboral lo han encerrado tras las rejas.

Los empleados describieron un ambiente laboral muy duro, marcado por jornadas interminables y grandes incumplimientos del trabajo. Aseguraron que era habitual que el empresario intimidara a sus trabajadores y se aprovechara de la difícil situación económica y social de muchos de ellos.

Más horas y engaños en el trabajo

La mayoría de los empleados estaban contratados con un acuerdo a tiempo parcial, supuestamente para trabajar entre 20 y 24 horas semanales, lo que equivaldría a unas cuatro horas al día. Sin embargo, la realidad era muy diferente, pues trabajaban más de diez horas diarias, de lunes a domingo, y solo disponían de tres días libres al mes. Cada diez días, apenas podían descansar uno, incumpliendo claramente la ley.

A pesar de todas esas horas, el sueldo que recibían reflejaba únicamente las horas oficiales del contrato, mucho menos de las que hacían realmente. Además, solo una parte del sueldo se ingresaba por banco, ya que la otra llegaba en efectivo y en mano por parte del jefe, como pago “extra” por todas esas horas no reflejadas en la nómina.

Cualquier subida salarial era también informal y casi nunca quedaba bien reflejada en los documentos oficiales. Al final, los empleados lograban cobrar aproximadamente 1.000 euros cada mes, sumando todo lo pagado por un lado y por otro. Por otro lado, si faltaban algún día al trabajo, aunque fuera por enfermedad o debido a problemas familiares justificados, Chen Suyin les obligaba a devolverle parte del sueldo, descontándoles cerca de 33 euros por cada día que no pudieran ir.

Amenazas e intimidaciones

Según los relatos de los afectados, la empresa funcionaba saltándose la ley a diario. Era habitual que el empresario intimidara a sus trabajadores y se aprovechara de la difícil situación económica y social de muchos de ellos. Al no tener alternativas reales de empleo, los empleados terminaban aceptando todos estos abusos y condiciones.

Soportaban demasiadas horas de trabajo y pocos días de descanso, vivían con el miedo a perder la poca parte de salario que cobraban realmente si surgía cualquier problema, y que muchas veces las promesas de mejoras o pagos extra nunca llegaban a cumplirse de forma oficial.

En definitiva, el ritmo abusivo y amenazante se mantenía a base de la necesidad y la falta de opciones, permitiendo que el empresario impusiera reglas injustas y se saltara la protección que marca la ley para los trabajadores. Ahora, la Justicia italiana parece haber encontrado los indicios y testimonios suficientes para terminar con su actividad.

William McNeil, Jr. relató que, desde el incidente con los agentes, el miedo persiste: “Ya no conduzco. Simplemente porque ya no confío en la policía. Sigo teniendo miedo. No puedo dormir en las noches por el trauma. Tengo recuerdos recurrentes y pesadillas”. McNeil compartió esta reflexión en una entrevista para ABC News Live Prime.

Las imágenes que capturaron el suceso, filmadas con el celular de McNeil, exhiben cómo integrantes de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) lo agreden físicamente durante una parada de tráfico. El video, de dos minutos de duración y divulgado ampliamente el domingo, desencadenó una investigación interna, anunció la dependencia.

Un incidente que impactó a toda una comunidad

Al día siguiente, el sheriff T.K. Waters presentó públicamente los videos de las cámaras corporales de dos de los agentes involucrados. Durante el encuentro grabado, los agentes golpean y dan puñetazos a McNeil luego de que este preguntara insistentemente por qué lo detenían y se negara a abandonar su vehículo.

Ante la pregunta de la periodista Linsey Davis sobre sus motivos para no salir del auto, McNeil confesó: “Temí por mi vida. Estaba asustado, atemorizado. Crecí oyendo que los agentes nos protegen, pero no era así”.

El oficial identificado como responsable de romper la ventana del auto y golpear a McNeil es D. Bowers, informó el sheriff durante la presentación de los hechos. Uno de los abogados de la familia, Ben Crump, pidió en conferencia de prensa el miércoles la destitución de Bowers.

“Si no despiden a este oficial y consienten este tipo de fuerza excesiva, están enviando una señal a todo el cuerpo policial de Jacksonville. Les dicen que está bien tratar así a los ciudadanos, que está bien tratar así a los automovilistas afroamericanos. En Estados Unidos, esto no está bien”, expresó el abogado.

La respuesta institucional, sin embargo, se mantiene cautelosa. El sheriff Waters declaró: “No voy a defender ni a condenar la respuesta del oficial Bowers ante la resistencia hasta que no se conozcan todos los hechos y la investigación concluya.” Agregó que, mientras se realiza la revisión administrativa: “el agente Bowers ha sido despojado de su autoridad policial”.

La situación de los demás agentes presentes en la detención aún no está clara, ya que la Oficina del Sheriff no ha dado detalles sobre si otros implicados se encuentran en licencia administrativa. Tampoco se sabe si Bowers cuenta ya con representación legal.

Graves lesiones y secuelas psicológicas

El sheriff también comunicó el lunes que la Fiscalía Estatal determinó que “ninguno de los agentes involucrados violó la ley penal”. Sin embargo, recalcó que la revisión administrativa pendiente evaluará si los policías “incurrieron en infracciones a la política interna” de la organización. La defensa legal de McNeil anticipa acciones en los tribunales.

Harry Daniels, otro de los abogados, explicó al medio que su cliente sufrió lesiones “significativas”, incluida pérdida de memoria y una conmoción cerebral, y confirmó que en las próximas semanas presentarán una demanda. Afirmó además que el equipo legal solicitará la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para que revise el caso.

Al ser preguntado sobre su visión de la justicia tras lo sucedido, McNeil señaló: “Luchar por lo correcto, mejor formación para nuestros agentes y mejores policías.” Añadió: “El resultado que deseamos ver es justicia. Justicia para todos los hombres afroamericanos, en EEUU y en el mundo”.

Su primera aparición pública para hablar sobre el caso tuvo lugar en una conferencia de prensa ofrecida junto a sus abogados y sus padres, previo a la entrevista con ABC News. La madre de McNeil, Latoya Solomon, compartió la dificultad emocional de enfrentarse a las imágenes: “Estoy agradecida con Dios por protegerlo, porque sé lo que pudo haber pasado”. El padrastro, Alton Solomon, visiblemente afectado, evocó su propia juventud al ver la grabación: “Ver ese video me hizo regresar al momento en que yo tenía 22 años. Me dolió”.

Aaron Phypers rompió el silencio tras ser acusado por su exesposa, Denise Richards, de haber ejercido violencia física, verbal y digital durante su matrimonio.

El empresario de 52 años negó rotundamente las denuncias, luego de que a la actriz de 54 años, se le concediera una orden de restricción temporal en su contra.

En declaraciones a Us Weekly, Phypers fue directo: “No es cierto. Inventado. Tengo las pruebas reales”.

Aunque no ofreció detalles adicionales ni documentos que sustenten su versión, su respuesta llega poco después de que la artista presentara una impactante solicitud ante la corte el jueves 17 de julio.

En dicha petición, la exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills, afirmó haber sufrido múltiples episodios de abuso durante su relación con Aaron Phypers, con quien se casó en 2018.

Denise Richards relató que él la habría estrangulado, golpeado, arrastrado por el suelo, hackeado sus dispositivos electrónicos y hasta amenazado con matarla. Como parte de su testimonio, la famosa incluyó dos fotografías que, según ella, muestran evidencia del maltrato.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el empresario se ha mantenido firme en que todo fue fabricado. Mientras Richards asegura temer por su vida, Phypers sostiene que tiene elementos que probarán su inocencia.

Entre las denuncias más detalladas presentadas por Denise se encuentra un supuesto altercado ocurrido el 4 de julio, cuando, según su testimonio, Aaron apareció sin invitación en su residencia y le gritó “a menos de cinco centímetros” de su rostro.

Más tarde, asegura, él la empujó, la arrastró por el piso y le causó una caída por las escaleras. También habría robado su laptop y enviado mensajes desde la información sustraída.

Asimismo, la actriz contó que su ex accedió a sus mensajes personales en mayo: “Entré a tu computadora... sin tu permiso descargué todo y tomé fotos”, habría dicho Phypers, de acuerdo con el documento legal.

Denise Richards agregó que su ex posee ocho armas no registradas, lo que incrementa, en su opinión, el riesgo para su seguridad.

Aaron Phypers, por su parte, también inició un proceso legal en contra de la actriz y solicitó el divorcio el 7 de julio, apenas diez días antes de que Richards presentara su declaración.

En su demanda, citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación, fechando el rompimiento el 4 de julio, el mismo día del presunto enfrentamiento.

Además, el empresario solicitó una pensión alimenticia y declaró no tener ingresos desde el cierre de su negocio a finales del año pasado. Según él, Denise gana alrededor de 250 mil dólares al mes por sus actividades en OnlyFans, apariciones en televisión y patrocinios.

Por si fuera poco, en el documento detalló gastos mensuales de hasta 105 mil dólares, incluyendo 20 mil dólares en ropa y 18 mil dólares en alquiler.

A pesar de la polémica, Phypers no ha aportado públicamente las “pruebas reales” que dice tener para desmentir a su exesposa.

Por ahora, el caso continúa en manos del sistema judicial, que deberá determinar si las acusaciones de Richards se sostienen o si, como él afirma, se trata de una fabricación sin fundamentos.

A lo largo de la historia, la infancia ha sido comprendida y gestionada desde perspectivas externas, muchas veces ajenas a sus protagonistas. Fueron jueces, médicos, especialistas y burócratas quienes, desde una lógica adultocéntrica, determinaron qué debía protegerse, diagnosticarse o incluso silenciarse, sin integrar realmente las vivencias de niñas, niños y adolescentes.

Esa mirada, muchas veces desprovista de una escucha real de las vivencias infantiles, contribuyó a consolidar un paradigma que descalificaba a quienes habían sobrevivido, en lugar de reconocerlos como fuente legítima de saber y experiencia, reproduciendo así la incomprensión, la negligencia y el daño.

Pero algo está cambiando. En distintas latitudes, las voces que antes fueron silenciadas por el miedo, la vergüenza o la impunidad están ocupando el centro de la escena.

No se trata sólo de recuperar la palabra: se trata de disputar sentidos, de transformar leyes, protocolos, narrativas y marcos de reparación. Durante años, incluso el término “sobreviviente” fue usado con tono compasivo o descalificador, como si nombrara apenas una herida. Pero hoy, en muchos contextos, nombra también una potencia: la capacidad de transformar la experiencia en acción, la memoria en conocimiento, y el dolor en motor de justicia.

Son personas que padecieron diferentes formas de violencia en su niñez o adolescencia y que hoy se han convertido en referentes sociales, activistas, terapeutas, legisladores o impulsores de políticas públicas que integran, desde su vivencia, una comprensión más profunda del daño.

No repiten respuestas técnicas desvinculadas del sufrimiento, sino que impulsan transformaciones basadas en el conocimiento vivido. Ese cambio de lugar no es sólo simbólico: modifica el modo en que concebimos la reparación, la prevención y el cuidado.

Hoy, que la salud mental ha irrumpido como tema ineludible en la agenda pública, resulta impensable construir políticas públicas sin integrarla desde su dimensión vincular, simbólica y relacional.

No se trata sólo de dar testimonio: es necesario proponer, incidir, intervenir. Porque allí donde hubo una experiencia de daño profundo, emerge también una lucha por el sentido, por reconstruir la confianza, el vínculo con los otros y una manera diferente de habitar el cuerpo y el mundo.

Esta revolución que desafía los saberes existentes, ya tiene espacio y nombre en muchos países. En Alemania, los sobrevivientes impulsaron la creación de una comisión independiente para examinar los abusos en la infancia, con poder real para proponer reformas. En Irlanda, las víctimas de instituciones católicas lograron una disculpa histórica y reparaciones del Estado.

En Colombia, Bolivia, Costa Rica y México, la voz de sobrevivientes se ha vuelto clave para repensar la justicia restaurativa y los procesos de reparación simbólica. Y en toda América Latina, empieza a instalarse una idea que hasta hace poco parecía impensable: que nadie mejor que quien atravesó la violencia para comprender los caminos de sanación y para liderar un nuevo horizonte de políticas públicas para la infancia.

Este movimiento no es sólo testimonial. Tiene consecuencias directas en la salud mental, en la investigación clínica, en los abordajes comunitarios y en las políticas que se promulgan.

Ha demostrado que las estrategias más eficaces —en prevención, atención integral, salud, educación y reparación— surgen cuando las propias víctimas están involucradas en su diseño. Porque conocen las lógicas excluyentes del sistema y porque saben cómo y cuánto duele, y lo que esas violencias dejan en la vida adulta.

En este nuevo paradigma, la infancia no es un objeto a tutelar, sino un territorio político a proteger, con la participación activa de quienes pueden testimoniar sobre los fracasos del mismo sistema de protección.

Este enfoque, que ya está consagrado en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina, aún enfrenta serias dificultades para su plena implementación, muchas veces por falta de recursos, formación especializada y articulación efectiva entre los distintos niveles del Estado.

La visita reciente a Argentina de Matthias Katsch, comisionado de la Comisión Independiente para el Examen del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Alemania, es una expresión concreta de este nuevo tiempo.

Sobreviviente de abuso eclesial y referente internacional en la lucha por la verdad y la reparación, fue invitado por la organización Aralma, que dirijo, en el marco del Segundo Encuentro Internacional sobre Comisiones de la Verdad por violencia sexual contra las infancias. Este evento histórico, realizado en el Senado de la Nación, reunió a especialistas de América Latina y Europa para debatir estrategias comunes.

Su presencia no fue sólo institucional: simbolizó la fuerza de un movimiento global de personas que sobrevivieron a distintas formas de violencia en la infancia y que hoy ya no esperan ser escuchadas, sino que interpelan, proponen y transforman. Lo hacen con la autoridad que otorgan la experiencia vivida y la dignidad recuperada.

Las violencias padecidas en la infancia —sean sexuales, físicas, emocionales, institucionales o por negligencia— rara vez ocurren de forma aislada. Suelen entrelazarse en contextos estructurales de vulneración de derechos que producen múltiples capas de daño y una profunda polivictimización. Lo veo cada día en las historias que acompaño, y lo aprendí también a lo largo de mi propio recorrido: no hay forma de pensar políticas públicas eficaces si no se comprende esta complejidad.

Quienes han atravesado estas experiencias tienen necesidades específicas de salud, seguridad, acompañamiento psicosocial y acceso a apoyos legales. Sin embargo, la mayoría de las veces les resulta difícil hablar de lo vivido y acceder a los recursos que necesitan. En muchos casos, esos recursos ni siquiera existen.

Estas barreras no responden sólo al silencio individual, sino a condiciones estructurales de exclusión. Una investigación publicada en 2022 en ScienceDirect —centrada en sobrevivientes de violencia sexual infantil en el Reino Unido— muestra cómo estas personas han sido históricamente apartadas de la toma de decisiones sobre su propio cuidado, y marginadas de los espacios donde podrían influir en estrategias de prevención y protección para otros niños, niñas y adolescentes.

Aunque el estudio se enfoca en una forma específica de violencia, sus hallazgos permiten pensar en un patrón general: la ausencia de los sobrevivientes en la planificación de políticas públicas, en la investigación en salud, y en los procesos institucionales que los afectan directamente. Una ausencia que, lejos de ser neutra, debilita la eficacia de cualquier respuesta.

En los últimos años, distintos espacios del campo de la protección internacional han comenzado a abrir lugar a las voces de quienes sobrevivieron a violencias en la infancia, reconociendo su valor para influir en la financiación, la investigación, la práctica profesional y las decisiones de política pública.

Por eso es imprescindible que participen activamente en todos los niveles: en la salud, la educación, la cultura, la legislación, la justicia, y en los equipos que diseñan e implementan las respuestas institucionales. ¿Quién mejor que alguien que atravesó los mismos malos tratos para comprender la magnitud del sufrimiento y la necesidad de una recuperación específica y sostenida?

Pero para que esa experiencia se transforme en una fuerza transformadora, no basta con haber sobrevivido: también es necesario formarse, comprender la complejidad del daño y prepararse para incidir con responsabilidad y mirada colectiva.

Un ejemplo de este camino es la historia de Julit —una sobreviviente que pasó de víctima a mediadora comunitaria en procesos de justicia restaurativa—, documentada por The Guardian. Su recorrido muestra cómo, cuando se brinda a quienes vivieron estas violencias la posibilidad real de participar no sólo en su propia sanación, sino también en procesos de reparación colectiva, se abren caminos nuevos para toda la sociedad.

También es el caso de Regina Louise, activista afroamericana, escritora y conferencista, quien padeció múltiples formas de malos tratos y negligencias en su infancia. Pasó por más de treinta hogares de acogida —para niños privados de cuidados parentales— en el sistema de protección infantil de Estados Unidos. Fue víctima de violencia institucional, racismo y abandono.

Hoy, su experiencia alimenta reformas legales y sociales: asesora programas estatales sobre cuidado alternativo y salud mental, integra espacios de incidencia en políticas de adopción, y capacita a equipos judiciales y educativos en trauma infantil complejo.

Sus libros autobiográficos son utilizados como material formativo en universidades y organismos públicos, y su historia fue llevada al cine con apoyo institucional. “Yo no tenía voz, pero tenía algo que nadie pudo quitarme: la memoria”, afirma. Y esa memoria, transformada en acción pública, se ha convertido en política viva.

En Argentina, también comienzan a consolidarse procesos de participación impulsados por personas sobrevivientes. Uno de ellos es el de Thelma Fardin, quien años después de haber hecho pública su denuncia contra Juan Darthés, fundó una organización dedicada a visibilizar la violencia sexual y promover el acceso a la justicia. Conduce el podcast Justas, el camino de las sobrevivientes, que esta semana estrena su quinto capítulo, dedicado a la reparación, y en el que participé como invitada.

El presente y el futuro se juegan ahí: en el modo en que una sociedad decide quién tiene derecho a hablar y quiénes ocupan los espacios donde se toman decisiones. Aún hoy, incluso en actividades clave sobre temas como la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra la infancia, es frecuente que no se incluya a ninguna persona sobreviviente. Esa exclusión no es un detalle: revela cuánto cuesta, en algunos sectores, asumir el cambio de paradigma que implica reconocer la experiencia como saber político.

Cuando las y los sobrevivientes asumen ese lugar, algo cambia para siempre. Porque no sólo denuncian el pasado: lo transforman en compromiso colectivo, en acciones que cuidan, reparan y previenen.

Ningún niño o niña debe volver a quedar desamparado ante la violencia. Cada historia merece ser escuchada con responsabilidad, protegida con compromiso y reparada con justicia. Porque prevenir es un acto político de cuidado, reparación y responsabilidad con cada infancia.

* Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy y La niña del campanario.