La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este miércoles 25 de marzo la detención de un hombre identificado como Alfredo “N”, quien impartía clases en una escuela particular de inglés llamada Freddys English School ubicada en el municipio de Puerto Vallarta.

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades lo acusan de elaborar, almacenar y distribuir pornografía infantil, tras una investigación iniciada gracias a reportes internacionales sobre explotación infantil.

El operativo se realizó en el inmueble donde funcionaba la escuela “Freddy English School”, ubicada en la colonia Valentín Gómez Farías.

En ese lugar, el presunto responsable ofrecía cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos.

Las autoridades reportaron que la intervención policial fue producto de la colaboración entre la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Investigación internacional y denuncia

Según datos oficiales, la investigación contra Alfredo “N” se activó tras una denuncia recibida por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que notificó a la fiscalía estatal sobre un reporte de la plataforma internacional Cyber Tipline, dedicada a combatir la explotación infantil.

Los informes alertaron sobre la posible posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil vinculado a un usuario identificado como “Alfredo”.

La indagatoria permitió asociar la presunta participación del maestro con estos hechos, a partir del análisis de datos, números telefónicos y cuentas de correo electrónico.

La recopilación de pruebas fue determinante para que el agente del Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión y de cateo.

Detalles del operativo y entorno educativo

La detención de Alfredo “N” y el cateo de la escuela ocurrió el pasado 24 de marzo de 2026, según la información difundida por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

En el sitio había un cartel que promocionaban la oferta educativa:

“Más de 30 años capacitando grupos”, “Cursos para niños de 8 años en adelante”, “Grupos para adultos en general” y “Apoyamos en tareas escolares”, son algunas de las frases que contiene la publicidad de la escuela.

Las autoridades no detallaron qué fue lo encontrado tras el cateo en el inmueble relacionado con Alfredo “N”.

Llamado a denunciar y proceso legal

La Fiscalía del Estado de Jalisco exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias que permitan fortalecer la carpeta de investigación en marcha.

La institución enfatizó su compromiso con el combate a los delitos que vulneran la integridad de la niñez y aseguró que todos los actos procesales se desarrollarán con estricto apego a derecho.

“Nada ni nadie quedará fuera de la ley”, informó la dependencia en su comunicado oficial.

El caso continúa en investigación para determinar si existen más personas involucradas o víctimas adicionales.

Hay una escena que aparece con mucha frecuencia cuando los sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia comienzan a poner en palabras su historia. No pertenece al momento de la o las agresiones, sino a muchos años después, cuando la vida siguió su curso y el pasado reaparece.

Surge en situaciones cotidianas como contextos familiares donde se supone que debería prevalecer la confianza: una reunión, una celebración, una comida compartida. La persona entra a la habitación y se encuentra con quien la agredió. No creo que pueda vivirse algo más perturbador que esto.

El agresor está sentado en la mesa, como si nada hubiera ocurrido. Como si esa infancia arrebatada fuera un descarte y hubiera quedado en el olvido. Tiempo pasado y pisado, pero no es así.

El sentimiento volcánico dentro del sobreviviente es demoledor. Quienes saben lo que pasó miran hacia otro lado y abren las puertas a quien sin ningún tipo de tapujo le robó una parte de la vida, y muchas veces la hipotecó para siempre, a un bebé, un niño, una niña o un adolescente.

Muchos sobrevivientes describen ese momento diciendo que, aunque el cuerpo es adulto, la sensación es la de volver a ser el niño o la niña que fueron entonces. Se quedan congelados, se intentan esconder, se mueren de vergüenza, se tapan el cuerpo intentado protegerlo, una vez más, de las garras pederastas. No solo es verlo, también es escuchar esa voz que mancilló, doblegó, y amenazó. Muchas veces además del miedo aparece el asco como resistencia, como barrera que separa pero hace presente el crimen.

La psiquiatra Judith Herman, que estudió durante décadas las consecuencias del trauma interpersonal, explica que los traumas provocados por personas cercanas se reactivan cuando la persona vuelve a encontrarse con quien ejerció la violencia o con situaciones que evocan aquella relación de poder y desigualdad, por ello la sensación es de regreso a la vulnerabilidad de la infancia.

En los grupos de apoyo para sobrevivientes que dirijo, las descripciones suelen ser sorprendentemente parecidas. Algunas personas cuentan que logran sostener la conversación como si nada ocurriera, pero sienten una desconexión profunda, como si estuvieran presentes y ausentes al mismo tiempo.

Otras hablan de una sensación de parálisis, de dificultad para reaccionar o incluso para pensar con claridad. Otras actúan en un intento de normalizar una escena aterradora. ¿Quién podría sentarse a la mesa con un torturador?

La exigencia para el aparato psíquico del sobreviviente es máxima y se despiertan mecanismos antiguos, utilizados cuando ocurrieron las agresiones, como la disociación: “Estaba ahí pero no estaba”, contó un paciente de 53 años. “Sentía que tenía 9 de nuevo y quería hacerme chiquita para desaparecer”. Al día siguiente terminó hospitalizada con un fuerte dolor abdominal. El cuerpo nunca calla, por suerte.

Lo que se reactiva no es únicamente la memoria del hecho, sino la posición psíquica en la que se encontraba el niño frente al adulto que lo violentaba y un tumulto de sensaciones: miedo, asco, dolor, humillación, terror, vacío.

Comprender estas escenas exige mirar la estructura de la violencia sexual padecida en la infancia. A diferencia de otras formas de violencia, la mayor parte de las agresiones sexuales contra niños y niñas ocurre dentro del círculo de confianza: familiares, cuidadores, personas cercanas al entorno y con una relación afectiva sostenida en el tiempo. Esto significa que el agresor no es una figura externa al sistema familiar, es parte de él.

La psicóloga Jennifer Freyd llamó trauma por traición a aquellos que provienen de personas de las que la víctima depende para sobrevivir. Cuando el abuso ocurre dentro de una relación de apego, un padre, un familiar cercano, un cuidador, un cura. Reconocer plenamente esa traición puede poner en riesgo el vínculo del que depende la vida del niño. En esas condiciones el psiquismo puede hacer algo paradójico para sobrevivir, bloquear, fragmentar o minimizar la percepción de lo ocurrido para preservar la relación.

Freyd llamó a este fenómeno ceguera ante la traición. No solo puede afectar a la víctima; también puede extenderse a quienes la rodean. Familias enteras pueden dejar de ver aquello que pondría en peligro la estabilidad del sistema.

Recuerdo siempre el caso de una niña de 6 años agredida sexualmente por su tío materno. Una vez que su mamá recibió el diagnóstico realizó la denuncia pero fue silenciada por la propia familia. La abuela materna le exigió que retirara la denuncia contra su propio hermano, el agresor, porque si no la dejaría con sus tres niños pequeños en la calle. La mamá no tuvo opción: retiró el reclamo y organizó un complejo sistema de puertas cerradas para que el criminal no se acercara a sus niños.

Terminé realizando la denuncia yo, pero no se hizo nada por salvarla y perseguir al criminal y su caso se archivó. De esa injusticia e impotencia nació nuestro cortometraje Play, una forma de visibilizar lo que pasaba y sigue pasando, cuando las familias y la justicia miran para otro lado en pos de proteger a los agresores y la necesidad de ofrecer una segunda oportunidad a los niños y niñas agredidos sexualmente para retomar su vuelo.

Esta forma de renegación y ocultamiento social, más frecuente de lo que parece, ayuda a comprender por qué, incluso muchos años después, el agresor puede seguir ocupando un lugar en la vida familiar.

La historia de quien fue el niño o niña agredido queda suspendida. Todos saben algo y al mismo tiempo nadie lo dice del todo. La persona que sufrió la violencia queda en una posición imposible, mientras el agresor puede seguir ocupando su lugar en la mesa.

Las investigaciones contemporáneas sobre violencia sexual confirman que estas experiencias no se disuelven simplemente con el paso del tiempo. Revisiones publicadas en revistas médicas y psicológicas muestran que quienes atravesaron estas violencias presentan con mayor frecuencia depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático en la vida adulta.

También se ha observado una mayor incidencia de problemas de salud física, desde dolor crónico hasta enfermedades cardiovasculares, en personas que sufrieron traumas severos en la infancia. Lo que ocurre en la infancia no desaparece. Permanece inscripto en la memoria, en los vínculos y en el cuerpo.

En muchos de estos relatos aparece una emoción que atraviesa la escena: la vergüenza. Boris Cyrulnik ha señalado que la vergüenza es una de las marcas más persistentes del trauma infantil. Afecta la identidad misma de la persona, impulsa a bajar la mirada, a desaparecer de la escena, a no perturbar la normalidad aparente que la familia intenta preservar por mandato social y religioso.

El cine ha mostrado cómo una violencia sufrida en la infancia puede seguir organizando la vida adulta. En Mystic River, la película de Clint Eastwood, el personaje de Dave Boyle carga durante décadas con las consecuencias de un abuso sufrido cuando era niño. No solo él: también sus amigos de la infancia quedan marcados por esa escena, sin saber bien qué ocurrió, pero imaginando algo terrible.

Quizá otro aspecto del que se habla poco son las secuelas en los niños y niñas que fueron testigos o que supieron lo que ocurría. Ese es un tema que examino en mi nuevo libro y al que quizá vuelva en una próxima columna.

En ese contexto aparece a veces una pregunta: la cuestión del perdón. La propia palabra lo revela. “Perdonar” proviene del latín tardío perdonāre: dar completamente, absolver, remitir una falta, eximir a alguien de una deuda o de una pena. Perdonar implica, en su sentido más literal, liberar al otro de una culpa o de una sanción.

Y durante mucho tiempo se repitió que perdonar era necesario para sanar. Hoy esa idea circula casi como un mantra en las redes sociales: perdonar como única salida posible de lo traumático.

No estoy de acuerdo.

La concepción del perdón, profundamente arraigada en nuestras tradiciones religiosas, ha funcionado muchas veces como una forma de disciplinamiento moral y de preservación del statu quo. Incluso en algunos desarrollos del psicoanálisis, una tradición que históricamente tuvo una vocación crítica y subversiva, aparece la idea del perdón como un horizonte deseable de elaboración.

La idea moderna del perdón no nació como un proceso de reparación para la víctima. Surgió en el mundo romano como decisión de renunciar al castigo, y fue transformada por el cristianismo en un mandato moral. Con el tiempo, ese mandato terminó funcionando muchas veces como una exigencia dirigida a quienes habían sufrido el daño.

¿Qué se perdona y para qué?

Mi experiencia de años de trabajo con sobrevivientes de múltiples violencias me lleva a pensar que el perdón suele funcionar más para los perpetradores y para las familias que desean ocultar o negar lo ocurrido. En la mayoría de los casos, los perpetradores no padecen una enfermedad mental grave que pudiera disminuir su responsabilidad moral o legal. Por el contrario, suelen saber perfectamente que no pueden ejercer violencia y que están cometiendo un crimen. Por eso suelo referirme a ellos como criminales con método.

Se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima, utilizan la desigualdad de poder y despliegan estrategias muy conscientes de coerción: amenazan, silencian, manipulan, buscan evadir la ley y preservar su impunidad.

El perdón suele presentarse como una etapa necesaria de la recuperación, pero la elaboración del trauma no depende de absolver al agresor. Lo que permite a una persona procesar una experiencia traumática es poder nombrarla, comprenderla y situarla en su propia historia sin quedar atrapada en el silencio o la negación.

Es como si alguien fuera atropellado deliberadamente por un camión: ¿por qué habría que exonerar al conductor?

A menudo se escucha otra frase: “perdoné por mí, para recuperar mi paz mental”. Pero esa idea también merece ser interrogada. La víctima no tiene nada que perdonarse. En todo caso debe sacarse de encima la culpa inoculada por el perpetrador. El daño fue cometido por otro. Sin embargo, la cultura del perdón ha penetrado tan profundamente que muchas personas terminan creyendo que, además de elaborar el trauma y reconstruir su vida, también deben realizar el trabajo de absolver al agresor.

En los casos de violencia sexual, donde el daño se produce dentro de una relación de poder y confianza, el trabajo psíquico pasa más por reconocer la traición y restituir la dignidad de la víctima que por reconciliarse con quien ejerció la violencia.

En ese contexto, exigir el perdón a las víctimas de violencia sexual no es un gesto terapéutico ni moralmente elevado. Es, muchas veces, una forma más de revictimización. Desplaza el foco del daño desde quien lo produjo hacia quien lo sufrió y coloca sobre las víctimas la carga de restaurar una armonía que nunca fue su responsabilidad romper. Y además envía un mensaje peligroso: que incluso un crimen contra un niño o niña puede terminar siendo perdonado.

El perdón no puede ser una obligación moral ni una condición para la recuperación. Algunos sobrevivientes lo eligen. Otros no. Y en los grupos de apoyo aparece con frecuencia una observación muy interesante, cuando el perdón se exige para restaurar la armonía familiar, puede convertirse en una nueva forma de dominación y coerción.

Hay perdones que se pronuncian en nombre de la paz familiar y social mientras el daño permanece intacto. En ocasiones ese perdón se paga con el cuerpo: con síntomas persistentes, con angustias que no encuentran palabras, con enfermedades que aparecen cuando la historia vuelve a ser empujada hacia el olvido.

Los sobrevivientes no necesitan que se les exija perdonar. Necesitan protección, cuidado, reconocimiento y justicia. El verdadero comienzo de la recuperación no es el perdón, es que el agresor deje de tener un lugar en la mesa, en el club, en la iglesia y en los organismos y que la sociedad deje de pedirle a las víctimas que sostengan el silencio que lo protege.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como Fer Italia fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso en contra de una menor de edad.

La condena en contra del hombre fue dada a conocer el 18 de marzo, días después de que fue hallado culpable de violación en agravio de una adolescente de 16 años.

Cabe recordar que Fer Italia fue detenido en agosto de 2024 y fue ingresado al penal de Barrientos. Para el 4 de septiembre del mismo año fue vinculado a proceso por violación contra la menor de edad, además de que se le ratificó la medida de prisión preventiva.

Ahora bien, los hechos por los que fue sentenciado fueron registrados el 11 de enero de 2024. Los reportes indican que el ahora condenado contactó con la adolescente a través de redes sociales y la engañó para llevarla a su departamento en Huixquilucan, sitio donde ocurrió la agresión.

Incluso, para marzo de 2024 Fer Italia volvió a establecer contacto con la víctima y amenazó con exponer imágenes íntimas de la menor de edad, lo que generó una situación de vulnerabilidad y que fuera llevada de nuevo al departamento donde ocurrió otra violación.

“Fer Italia” tiene pendiente otro caso en su contra

Conviene recordar que Luis Fernando Padilla cuenta con otro proceso en su contra, pues en diciembre de 2024 fue dado a conocer que fue integrado otro expediente en contra del youtuber.

Cuando el hombre ya estaba detenido, otra víctima acudió con las autoridades para presentar otra denuncia por violación en agravio de otra mujer. Este segundo caso es respecto a la expareja del influencer.

Acorde con los lineamientos establecidos en el Código Penal del Estado de México, comete el delito de violación quien “por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta”.

Quién es “Fer Italia”

Fer Italia es un médico cirujano que se dedicaba a crear contenido con el que solía compartir su afición por los autos deportivos de alta gama, además de que apareció en el programa de televisión Venga la alegría.

Padilla Manzo mantenía una amistad con el también creador de contenido Rodolfo “Fofo” Márquez, quien fue sentenciado el 29 de enero de 2025 a 29 de enero de 2025 a 17 años y seis meses en prisión tras ser hallado culpable de feminicidio en grado de tentativa, razón por la que también se le dictaminó una multa de 67 mil 313.40 pesos y 277 mil 440 pesos en calidad de reparación de daños.

En sus plataformas se describía como actor, productor, cantante y artista. En 2021 el ahora sentenciado le regaló un automóvil a Daniela Alexis, este última una mujer conocida como La Bebeshita.

Un detalle arquitectónico en una pared de ladrillo, visible en fotografías, fue la clave que permitió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos localizar y rescatar a una menor identificada como Lucy tras años de abusos.

La investigación, recogida por BBC News, destaca el trabajo minucioso del especialista Greg Squire y su equipo, quienes descifraron pistas vitales en imágenes difundidas en la red oscura.

El caso comenzó cuando imágenes perturbadoras de Lucy circularon en la dark web, un entorno digital cifrado e inaccesible sin programas particulares, orientado al anonimato.

El agresor recortaba o alteraba cualquier rasgo identificable en las fotos, lo que dificultó a Squire y a sus colegas identificar a la víctima o su paradero, según indicó BBC News.

Al principio, los investigadores solo pudieron deducir que Lucy se encontraba en Norteamérica, gracias a equipos eléctricos claramente visibles en las imágenes.

Intentaron avanzar contactando a la plataforma Facebook para que revisara fotos familiares en sus redes, pero la colaboración no fue posible. La red social comunicó a BBC News que, aunque apoya a las autoridades, solo podía actuar dentro de procesos legales específicos para proteger la privacidad.

Ante estos límites, el equipo dirigido por Squire analizó en detalle todo lo visible en la habitación de Lucy, como ropa, juguetes y, en especial, un sofá. Al determinar que este mueble solo se comercializaba en ciertas zonas, redujeron la búsqueda a cerca de 40.000 clientes.

Squire explicó a BBC News que en ese momento seguían manejando datos de 29 estados, una cantidad todavía abrumadora.

El avance crucial llegó gracias a la identificación del tipo de ladrillo visible en las imágenes. Squire se puso en contacto con la Brick Industry Association y, gracias a la gestión de esta entidad, conoció a John Harp, fabricante con décadas de experiencia.

Harp reconoció de inmediato los ladrillos “Flaming Alamo”, producidos entre los años 60 y mediados de los 80 en el suroeste del país. Aunque no existían registros digitales de ventas, Harp aportó un dato determinante: “Los ladrillos son pesados… los ladrillos pesados no viajan muy lejos”, señaló al medio.

Con esa pista, restringieron la búsqueda a quienes compraron el sofá y residían en un radio de 160 kilómetros de la fábrica de Harp. Examinaron redes sociales de unas 50 personas y dieron con fotografías de Lucy en compañía de una mujer probablemente familiar.

A partir de registros estatales, confirmaron una dirección específica y, con la ayuda de Harp, evaluaron la posibilidad de que allí hubiera paredes interiores con ladrillo Flaming Alamo.

La investigación culminó al identificar entre los habitantes de la vivienda al novio de la madre de Lucy, quien resultó ser un delincuente sexual reincidente. En pocas horas, agentes de Homeland Security arrestaron al agresor, responsable de seis años de abusos. Recibió una condena superior a 70 años de prisión.

John Harp, tutor temporal de más de 150 niños y padre adoptivo de tres, expresó a BBC News su satisfacción por haber contribuido al caso y la tranquilidad de saber que Lucy estaba a salvo. Valoró la labor del equipo de Squire como “mucho mayor que todo lo que yo haya experimentado”.

El impacto en Squire fue profundo. Según confió a BBC News, hubo periodos en los que la presión y la exposición a la violencia sexual infantil afectaron seriamente su salud mental y relaciones personales.

Su colega Pete Manning le sugirió entonces buscar ayuda profesional. Squire reflexionó: “Resulta difícil cuando lo que te impulsa también es lo que termina por desgastarte”.

El verano pasado, Greg Squire conoció en persona a Lucy, ya en su veintena. Ella afirmó a BBC News que, después del rescate, experimentó mayor estabilidad y logró hablar sobre lo vivido, algo que antes no era posible. “Ahora tengo la energía para contar mi historia”, explicó Lucy.

Este caso refleja una tendencia global: las investigaciones sobre abuso sexual infantil en línea dependen menos de tecnologías avanzadas y más de la atención a detalles minuciosos, junto con la colaboración internacional.

El trabajo de Squire formó parte de un reportaje a largo plazo de BBC News, que siguió durante cinco años a equipos de Estados Unidos, Portugal, Brasil y Rusia, subrayando el valor del cruce de información local y global.

Para profesionales como Squire, la convicción de poder intervenir y contribuir directamente a la protección infantil prevalece sobre la comodidad de la distancia ante el sufrimiento, impulsando su dedicación al rescate de menores víctimas de delitos en la dark web.

La desclasificación de documentos sobre el accionar criminal de Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense que fue acusado de explotar sexualmente a menores de edad y de liderar una red de tráfico sexual en la que participaron celebridades y figuras políticas de todo el mundo, ha provocado que las víctimas tomen la decisión de hablar de sus experiencias.

Una de ellas está en Colombia y habló en el pódcast Conducta Delictiva, en el que mencionó que su caso se registró en 2005, en la Florida, Estados Unidos, en donde su padre denunció que ella, de 14 años en ese momento, había sido abusada por Jeffrey Epstein.

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Durante la conversación, Andrea Starling, que vive junto a su familia colombiana en Norteamérica, indicó que tomó la decisión de exponer su caso para erradicar los rumores que afirman que Epstein y las demás figuras públicas están siendo relacionadas en historias de fantasía.

“Es importante dar un mensaje, mostrar la historia. Hay muchos que se preguntan si son conspiraciones, pero yo físicamente estuve allá”.

Debido a que personas de su familia le recomendaron no involucrarse en el caso, Starling se preparó para revelar su identidad y mostrar la oscuridad de todo lo que pasó en los lugares donde Epstein y otras personas abusaron de cientos de víctimas.

La colombiana recordó que todo comenzó con la amistad con otra mujer, que fue la que la acercó a planes que la terminaron llevando a la casa de Jeffrey Epstein.

“Eran fiestas normales, era todo superbién, fue nada más esa invitación en la que llevábamos un año saliendo, no era algo de lo que ella me invitaba, lo único raro fue esa de la casa de Epstein... El tipo la convenció a ella, no sé cómo se conocieron, pero él le pidió que le trajera más jóvenes”.

Starling recordó que la invitación de ir a la casa del empresario fue espontánea y natural, por lo que no desconfió de su “amiga”.

“Ella pensaba que le iba a ayudar; como el sueño era ser modelo, le decía que tenía todos los contactos y era muy fácil caer en esa dinámica... Fue casual y emocionada, que le estaba haciendo masajes, que si quería plata, que fuera con ella porque era un tipo que estaba bien conectado”.

En su relato, Andrea Starling indicó que antes de visitar la vivienda pensaba que sería un trabajo “normal” en el que ganaría un poco de dinero por hacer un masaje, que fue la promesa que recibió de su conocida.

“Yo no le vi el morbo, la cantidad no era algo que me cambiara la vida. Eran 100 o 200 dólares. Yo llevaba un año hablando con ella y nos ofrecieron como 200 dólares a cada una. En Estados Unidos el salario era de 10 dólares la hora, entonces no era algo del otro mundo”.

La colombiana narró lo que vivió al ingresar a la residencia de Epstein y algunas fotografías que observó en ese lugar.

“Cuando entramos, había unas empleadas de típico millonario, una energía de que era un tipo importante. Éramos mis amigas, las del servicio y ya. Cuando vi fotos con Clinton, con presidentes, pensé que el tipo estaba bien conectado, había celebridades, pero pensé que sería un tipo que le gustaba tomarse fotos”.

Starling describió cómo fue el momento en el que Epstein intentó abusar de ella y lo que pensó en ese momento, puesto que reconoció que por su juventud llegó a creer que se había equivocado.

“Entramos las tres; él entró y me regaló unos splash, era como calmado y después la vibra cambió completamente... Nos dijo que nos quitáramos la parte de arriba y yo no quise; les dice que se salgan y trató de calmarme. Se levantó y dijo lo que dice un depravado, que la íbamos a pasar bien. Ahí empezó la guerra de la ética y la moral; yo era una adolescente ingenua que en Colombia no me dejaban ni salir”.

Tras negarse a seguir las instrucciones del empresario que murió en 2019, la colombiana recibió el rechazo de las otras adolescentes.

“Yo fui muy difícil para él; ya no estaba calmado, sino como guache, déspota. Otras niñas se dejaban pensando en el futuro. Yo salí y me quedé esperándolas; les dije que me habían engañado y la reacción de ellas es como que yo había sido complicada y no quería jugar a hacer cosas de grandes”.

Por último, Andrea, que con el paso de los años ha entendido el peligro al que estuvo expuesta, indicó que hoy ha comenzado a asimilar que se salvó de ser una más en la lista de menores que fueron violadas por Jeffrey Epstein.

“Ya hoy digo, ojalá hubiera tenido la fortaleza de denunciarlo. Me tocó seguir con mi vida y ponerlo debajo del tapete... En el 2019 vi las noticias y vi la cara de él, lo reconozco, y el año pasado vi a mi ”amiga" en televisión porque decidió hablar".

Los investigadores en Nuevo México comenzaron a registrar el lunes el antiguo rancho del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, como parte de una investigación sobre las acusaciones de que mujeres y niñas fueron víctimas de abusos allí, según las autoridades.

La búsqueda es la última consecuencia de la publicación en enero por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de millones de archivos relacionados con el difunto financiero, que mencionan el “rancho Zorro” miles de veces.

Las investigaciones de Nuevo México se vieron impulsadas por pistas no verificadas que surgieron en la última publicación de documentos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., incluyendo una denuncia anónima de que Epstein ocultó la muerte de dos niñas abusadas al ordenar que fueran enterradas en las colinas a las afueras del rancho. No está claro si el FBI investigó esta pista.

“Esta búsqueda forma parte de la investigación penal anunciada por el Departamento de Justicia de Nuevo México el 19 de febrero sobre acusaciones de actividad ilegal en el rancho de Epstein antes de la muerte de Epstein en 2019″, dijo el Departamento de Justicia de Nuevo México en un comunicado.

La congresista de Nuevo México Melanie Stansbury dijo que el departamento de justicia del estado no dejaba “piedra sin mover” en la búsqueda.

“Los supervivientes de Epstein han esperado demasiado tiempo para obtener justicia y Nuevo México está liderando el camino en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas”, publicó en X.

En 1993, Epstein compró el extenso Rancho Zorro en Stanley, Nuevo México, a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Santa Fe, al ex gobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión en la cima de una colina con una pista de aterrizaje privada.

Las 13 millas cuadradas en el desierto incluye una hacienda de lujo de 26.700 pies cuadrados, cabañas para huéspedes y viviendas para el personal, varias dependencias, una estación de bomberos, establos para caballos, un garaje calentado de siete bahías, un invernadero para cultivar productos frescos, una operación de pastoreo de ganado y una pista de aterrizaje privada, hangar y helipuerto.

La propiedad fue vendida por los herederos de Epstein en 2023 (y las ganancias se destinaron a los acreedores) a la familia de Don Huffines, un candidato a contralor estatal en Texas que ganó las primarias republicanas la semana pasada.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar sexo a niñas de tan solo 14 años, pero murió en una celda de Nueva York en 2019 antes de poder ser juzgado por cargos de trata sexual.

Tras la muerte de Epstein, una mujer no identificada que usaba el nombre Jane Doe, de 15 años, dijo que Epstein la violó en el rancho cuando tenía 15 años.

Otra mujer, Annie Farmer, contó que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, encarcelada, le tocó los pechos en el rancho cuando era adolescente.

(con información de AFP y AP)

El Congreso Nacional de Honduras avanza hacia la derogación del reglamento que otorga pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios del Estado y sus parejas, según informó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Esta disposición, aprobada por la Cancillería en mayo de 2025 bajo la gestión de Enrique Reina, provocó fuertes críticas, alertan sobre la institucionalización de privilegios permanentes. El nuevo proyecto normativo busca restringir los pasaportes diplomáticos exclusivamente al periodo activo de funciones públicas, según se dio a conocer en un programa televisivo.

El reglamento fue aprobado el 6 de mayo de 2025 por la Cancillería hondureña, 23 días antes del retiro de Reina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entró en vigor al publicarse en el diario oficial La Gaceta el 14 de junio de 2025. La resolución, de quince artículos, define las reglas para la emisión y vigencia de documentos oficiales y diplomáticos para funcionarios activos y retirados.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, calificó la normativa como “un exceso y abuso” desde el Poder Legislativo y anunció que impulsarán su derogación. Destacó la contradicción de los privilegios vitalicios frente a la temporalidad de los cargos públicos. En palabras del legislador al medio 30/30, “no es posible que exfuncionarios tengan un pasaporte diplomático vitalicio. Estos cargos son transitorios; cuando se terminan tienen que devolver sus pasaportes”.

La exigencia de entregar estos documentos incluye a funcionarios de cualquier partido político. “Si hubiera diputados del Partido Nacional que tienen pasaportes diplomáticos y han terminado sus funciones, que devuelvan ese documento”, subrayó Zambrano.

Desde el ámbito jurídico, la abogada Ruth Lafosse explicó en 30/30 que la disposición es un reglamento administrativo, no una ley, por lo que la actual secretaria de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, tiene la facultad de derogarlo de manera directa. De acuerdo con Lafosse, “es prácticamente una oficialización del abuso del poder”, y lo comparó con antiguas prácticas de títulos nobiliarios. “Los pasaportes diplomáticos están destinados a quienes desempeñan funciones en el Estado. No corresponden a quienes ya dejaron sus cargos”, insistió.

La normativa establece que los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen una vigencia de uno o cinco años durante el desempeño de funciones públicas y solo pueden renovarse si se conserva el vínculo laboral.

Según Lafosse, mantener este privilegio tras el cese de funciones representa “un precedente preocupante” para la transparencia y la administración pública de Honduras. “Es una vergüenza y algo inaudito”, agregó.

La controversia en torno al reglamento se incrementó ya que, contrario a los estándares internacionales, amplía el alcance del privilegio a exfuncionarios y sus parejas, promoviendo, según analistas, la formación de una “casta privilegiada” en el servicio exterior hondureño.

Zambrano reafirmó la postura del Congreso de revisar y anular el reglamento, a fin de evitar que los beneficios del servicio público se transformen en ventajas personales duraderas. El Legislativo, además, continuará revisando el uso de documentos diplomáticos, con el objetivo de “reforzar los principios de transparencia y responsabilidad en la función pública”.

El rumbo que adopte este caso dependerá de la coordinación entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras sigue abierto el debate sobre la legitimidad y pertinencia de mantener o eliminar privilegios vitalicios para exautoridades estatales.

Un joven de 20 años fue detenido en Santiago del Estero tras ser acusado de haber secuestrado, apuñalado y abusado sexualmente de su ex novia, una adolescente de 16 años embarazada. Ante la gravedad del caso, la jueza Roxana Cejas Ramírez, de Control y Garantías, ordenó prisión preventiva por dos años por la peligrosidad que representaría el acusado.

Antes de cometer los crímenes, el acusado había amenazado a la embarazada y le dijo que “iba a ir a su casa”. Aunque ella se negó, esto no impidió que entrara a su vivienda y la atacara. Mientras la víctima se encontraba en la cama, la golpeó y apuñaló reiteradas veces.

Sin embargo, el episodio de terror no terminó ahí, ya que el agresor la obligó a abandonar la casa bajo amenazas. Así, consiguió llevarla por un camino vecinal, donde la atacó nuevamente con un arma blanca por la espalda. Finalmente, la trasladó a su propio domicilio, donde continuó propinándole golpes y cometió el abuso sexual.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la víctima logró huir cuando su atacante se quedó dormido. Actualmente, se encuentra bajo asistencia y recibe apoyo psicológico para afrontar las secuelas de la brutal secuencia.

Por su parte, el acusado fue imputado por los delitos de violación de domicilio, lesiones calificadas y abuso sexual. Además, la jueza dictó la prisión preventiva por dos años, tras rechazar de manera categórica la solicitud de excarcelación presentada por la defensa. Como fundamento, apuntó hacia la gravedad del ataque infligido y el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial por parte del acusado, sumado a la vulnerabilidad de la víctima.

Asimismo, citaron que el informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) señaló que entre 2016 y 2021 las denuncias por delitos sexuales se triplicaron a nivel nacional, pasando de 13.003 a más de 41.000 casos. El fenómeno presenta una incidencia significativa en provincias del norte argentino, incluida Santiago del Estero, donde las denuncias por abuso y acoso sexual han mostrado un aumento sostenido en los últimos años.

Frente a esto, la UFEM advirtió que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. Se estima que alrededor del 88% de las mujeres adultas que sufren agresiones sexuales no llegan a realizar una denuncia formal. Esto se debe al temor, el estigma y la desconfianza en el sistema judicial.

Antecedentes de casos por abuso sexual en Santiago del Estero

El hombre de 30 años estaba detenido por una causa de abuso sexual con acceso carnal en El Bobadal, Santiago del Estero. Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo el traslado del acusado en cumplimiento de un exhorto emitido por la Unidad Fiscal de Integridad Sexual N° 1 del Poder Judicial de Tucumán.

La causa judicial reflejó el curso de la imputación, que incluye la tipificación penal de abuso sexual con acceso carnal, delito por el cual el hombre permanece bajo custodia. Tras su aprehensión, el imputado fue sometido a exámenes médicos de rutina. Luego del control sanitario, quedó detenido en una dependencia policial y quedó a disposición de la unidad fiscal interviniente.

El cumplimiento de este exhorto judicial representa una etapa clave para el avance de la investigación penal. Según la información de Canal 10 de Tucumán, el caso continúa bajo supervisión mientras el acusado permanece privado de su libertad a la espera de nuevas resoluciones.

La medida judicial ordenó el traslado luego de que el acusado permaneciera alojado en la Comisaría Comunitaria N° 53 de El Bobadal. El operativo estuvo a cargo de los agentes de la División Delitos contra las Personas, que retiraron al detenido para cumplir con la orden de la fiscalía tucumana.

El 6 de marzo de 1981, en una fría y lluviosa mañana, la quietud de una sala del tribunal de distrito en la pintoresca ciudad de Lübeck, Alemania (Occidental por entonces), fue atravesada por detonaciones de arma de fuego. Marianne Bachmeier, una mujer de 30 años, caminó con calma hacia el estrado donde se encontraba sentado Klaus Grabowski, el hombre acusado de haber secuestrado, abusado y asesinado a su hija de siete años, Anna.

Grabowski se encontraba de espaldas a la entrada, a una corta distancia de aproximadamente tres metros y medio. Bachmeier extrajo de su bolso una pistola Beretta calibre .22, quitó el seguro y abrió fuego en una secuencia ininterrumpida.

Efectuó ocho disparos, de los cuales siete impactaron en la espalda del acusado. El hombre se desplomó sobre el escritorio frente a él y cayó al suelo de la sala, muriendo de forma casi instantánea antes de que un médico pudiera intervenir.

Tras arrojar el arma a un lado, la mujer se entregó a un oficial de la corte sin oponer ningún tipo de resistencia. En ese instante, pronunció las palabras: “Lo hice por ti, Anna”. Posteriormente, indicó que su intención original había sido dispararle en el rostro, expresando su esperanza de que el individuo estuviera muerto, e incluso profirió el término “cerdo” para referirse a él. Christian Berthold, expareja de Bachmeier y padre de la niña, presenció la escena y no salía de su asombro.

La vida de Marianne Bachmeier estuvo signada por la adversidad mucho antes de aquel suceso violento. Nació el 3 de junio de 1950 en Sarstedt, Baja Sajonia, en una familia de refugiados que habían huido de Prusia Oriental tras la Segunda Guerra Mundial. Su entorno familiar carecía de cualquier atisbo de estabilidad. Su padre, un ex soldado de la Waffen-SS, lidiaba con el alcoholismo y pasaba gran parte de su tiempo en un bar cercano, lo que exacerbaba su temperamento agresivo en un hogar de estrictas normas religiosas.

Sus padres se divorciaron y su madre contrajo un nuevo matrimonio. El vínculo con su padrastro resultó ser hostil y violento. Considerada una adolescente problemática, su madre terminó expulsándola de la vivienda familiar. A los 16 años, encontrándose en situación de calle, quedó embarazada. Ante la imposibilidad de asumir la crianza, entregó a esa primera hija en adopción.

Su único refugio durante los últimos años de la escuela secundaria fue un novio. A raíz de esa relación volvió a quedar embarazada a los 18 años. Poco tiempo antes de dar a luz, fue víctima de abuso sexual en una discoteca. Enfrentando la ruptura de su relación y el trauma del asalto, tomó la decisión de dar también a este segundo bebé en adopción.

En busca de sustento y alojamiento, comenzó a trabajar como camarera, adoptando un estilo de vida nocturno que se ajustaba a sus necesidades. En 1972, se encontraba trabajando en el bar y restaurante Tipasa, situado en el casco antiguo de Lübeck. Ese establecimiento funcionaba como un núcleo de reunión para estudiantes, personas ajenas al sistema, ocupantes ilegales y pensadores de izquierda que debatían sobre política, la Fracción del Ejército Rojo y la energía nuclear.

Allí inició una relación intermitente con el gerente del lugar, Christian Berthold. A los 22 años cursó su tercer embarazo y esa vez determinó que conservaría a la criatura.

Anna nació el 14 de noviembre de 1972. Tras el parto, Bachmeier decidió someterse a una esterilización quirúrgica, firme en su decisión de no tener más hijos. La crianza de la niña se desarrolló en el inusual ecosistema del bar. Como madre soltera y trabajadora nocturna, llevaba a su hija al Tipasa, donde los clientes habituales la conocían. Anna creció acostumbrada a dormirse en los bancos del local mientras la música y las conversaciones fluían a su alrededor. Su madre dormía durante el día, momento en el cual la niña jugaba en las calles empedradas de la ciudad, interactuando con los vecinos. A pesar del afecto existente entre ambas, el entorno generaba críticas por la falta de supervisión constante, al punto de que Bachmeier llegó a evaluar temporalmente la posibilidad de entregar a Anna a una pareja conocida en calidad de familia de acogida.

El asesino, Klaus Grabowski, era un carnicero de 35 años que vivía en el mismo vecindario que la familia Bachmeier. Poseía un extenso prontuario policial vinculado a delitos de índole sexual. A principios de la década de 1970, había atacado a una niña de seis años, sujetándola por el cuello hasta que los gritos de la víctima lo obligaron a huir, hecho por el cual recibió una condena condicional por intento de asesinato. En 1975, enfrentó cargos por el abuso de otras dos menores. Las evaluaciones psiquiátricas de la época determinaron que padecía un instinto sexual anormal de carácter adictivo. En 1976 fue sentenciado a internación en un centro de tratamiento psicológico, donde se le ofreció la castración química a cambio de su liberación. Grabowski aceptó el procedimiento, el cual disminuye los niveles de testosterona, y fue puesto en libertad sin recibir seguimiento psiquiátrico ni asistencia para su reintegración. Dos años más tarde, acudió a un urólogo, Volker vom Ende, solicitando un tratamiento hormonal para revertir los efectos de la castración, argumentando padecer efectos secundarios físicos y deseando formar una familia con su pareja.

Ocultando sus antecedentes penales y afirmando falsamente que su castración se debía a problemas de exhibicionismo, logró que el profesional le administrara inyecciones de Testoviron a principios de 1980, restaurando así sus niveles hormonales originales.

El 4 de mayo de 1980, madre e hija protagonizaron una discusión. Al día siguiente, la niña de siete años decidió faltar a la escuela. Bachmeier durmió gran parte de la jornada tras su turno laboral y luego asistió a una sesión fotográfica para un periódico local que se había interesado en su camioneta Volkswagen decorada con pinturas. Mientras tanto, Anna deambulaba por el vecindario tras descubrir que la amiga con la que tenía planeado jugar, no se encontraba en casa.

En ese trayecto, se cruzó con Grabowski. Como ya lo conocía previamente, le preguntó si podía jugar con su gato. El carnicero accedió y la condujo al interior de su departamento, aprovechando la ausencia de su pareja. Durante varias horas mantuvo a la menor retenida. Finalmente, utilizó unas medias pertenecientes a su mujer para estrangularla.

Según los informes forenses, ató el cuerpo de la niña, evidenciando que se tomó su tiempo para la maniobra, y lo ocultó dentro de una caja de cartón. Utilizó su bicicleta para trasladar los restos y los enterró en una fosa poco profunda a orillas de un canal cercano. Esa misma tarde, al regresar la pareja de Grabowski, él le confesó lo sucedido. La mujer abandonó el domicilio de inmediato y notificó a la policía. Las autoridades encontraron una nota del asesino pidiendo a su pareja que no lo abandonara y citándola en un bar local, donde los agentes lo arrestaron.

Al ser notificada esa misma noche, Bachmeier exhibió una reacción que desconcertó a las fuerzas de seguridad, negándose a dialogar con ellos o a acudir a la morgue para realizar la identificación del cadáver. Los meses posteriores estuvieron marcados por un dolor profundo y sentimientos de culpa abrumadores, alternando entre el aislamiento en su departamento y episodios de crisis en público.

Organizó un funeral alejado de las convenciones religiosas, durante el cual hizo reproducir a gran volumen una canción de la banda Pink Floyd. Por su parte, Grabowski admitió la autoría del homicidio, pero negó enfáticamente haber abusado de la menor. Construyó una insólita línea de defensa, asegurando que la niña lo había provocado y que intentó extorsionarlo exigiéndole cinco marcos.

Según su versión de los hechos, Anna amenazó con contarle a su madre que él la había tocado de forma inapropiada si no le entregaba el dinero. El acusado sostuvo que el pánico a perder a su pareja y a retornar a prisión lo impulsó a cometer el crimen durante un forcejeo, en el que la niña cayó de una silla antes de ser dominada.

El juicio contra Klaus Grabowski comenzó en marzo de 1981. Bachmeier se ubicó en la primera fila de la sala, interpelando en ocasiones al acusado. Los testimonios resultaron sumamente perturbadores; el propio carnicero detalló los últimos momentos de la niña, mencionando un sonido que provino de la nariz de la víctima mientras la estrangulaba.

El urólogo también testificó, revelando la falla en el protocolo al no haber investigado el historial delictivo de su paciente antes de administrarle el tratamiento hormonal. Durante la segunda jornada, un oficial de policía describió el modo en que el cuerpo de Anna había sido atado, lo que generó una fuerte conmoción entre los presentes.

Ese mismo día, Bachmeier malinterpretó un intercambio entre el juez y la defensa, creyendo que el acusado prestaría una nueva declaración en la jornada siguiente. Enfurecida ante la perspectiva de escuchar más falsedades sobre su hija, quien estaba siendo culpada de intentar un chantaje, Bachmeier tomó una decisión drástica. Llevaba consigo el arma de fuego que había adquirido tiempo atrás en su lugar de trabajo y que, según su declaración posterior, mantenía oculta en la tumba de Anna con fines de protección personal.

Tras matar al asesino en el tribunal, Bachmeier pasó a ser conocida internacionalmente como “La madre de la venganza”. Su accionar dividió a la sociedad alemana. Un sector de la población comprendió la reacción de una madre devastada y envió muestras de apoyo, incluyendo flores de desconocidos y donaciones que sumaron cien mil marcos alemanes para costear sus gastos legales. Otra facción advirtió sobre el peligro de avalar la justicia por mano propia. La fiscalía enfrentó una inmensa presión pública.

Tras ser detenida inicialmente y luego liberada, las autoridades ordenaron su arresto en agosto de 1981 al considerar que había riesgo de fuga. Durante los quince meses que permaneció en prisión preventiva, intentó quitarse la vida en cinco oportunidades. Se rehusó a colaborar con los psicólogos designados por el tribunal, quienes aplicaron metodologías para intentar doblegar su resistencia. Vendió los derechos de su historia a la revista alemana Stern por 250 mil marcos, fondos que destinó al pago de deudas y honorarios jurídicos.

El proceso judicial en su contra dio inicio el 2 de marzo de 1983 y se extendió a lo largo de 25 días. Se debatió exhaustivamente si el asesinato había sido premeditado. La fiscalía presentó declaraciones de clientes del bar que aseguraban haberla visto practicar tiro en el sótano del establecimiento. Además, argumentaron que el hecho de acudir al tribunal armada demostraba una planificación deliberada. La defensa, por su parte, sostuvo que los disparos fueron una reacción espontánea provocada por el estrés traumático de las audiencias previas y el temor a que la reputación de su hija siguiera siendo mancillada. El juez a cargo desestimó el cargo de asesinato en primer grado, considerando que el acto no fue planificado con antelación y que la visión de una carpeta con fotografías de la tumba de la niña en el estrado pudo actuar como un disparador inmediato.

En consecuencia, Bachmeier fue condenada por homicidio involuntario y tenencia ilícita de arma de fuego, recibiendo una pena de seis años de prisión. Diversas encuestas mostraron la fractura en la opinión pública: un 28 por ciento consideró la sentencia adecuada, un 27 por ciento la juzgó demasiado severa y un 25 por ciento opinó que fue excesivamente leve.

Durante la primera etapa de su condena, permaneció en una instalación psiquiátrica bajo estricta vigilancia por riesgo de suicidio. En junio de 1985, tras cumplir tres años tras las rejas, recuperó su libertad de forma anticipada. Intentó reconstruir su vida lejos del escrutinio público y contrajo matrimonio a finales de la década de 1980 con un profesor.

La pareja se trasladó a África, instalándose en un campamento en Lagos, Nigeria. La relación culminó en divorcio en 1990, tras lo cual ella decidió mudarse a Palermo, en la isla de Sicilia, Italia, donde encontró empleo como asistente en un centro de cuidados paliativos. Expresó en reiteradas oportunidades su negativa a regresar a Alemania, ya que allí su identidad se limitaba únicamente a ser la madre de la niña asesinada. No obstante, el diagnóstico de un cáncer de páncreas la forzó a retornar a Alemania para recibir tratamiento médico. Durante sus últimas semanas de vida, solicitó a un reportero llamado Lukas Maria Böhmer que documentara su deterioro físico. Su fallecimiento se produjo el 17 de septiembre de 1996, cuando tenía 46 años, en un hospital de Lübeck. A pesar de su deseo manifiesto de ser enterrada en Sicilia, sus restos fueron depositados en el cementerio de Burgtor, en la misma tumba donde descansaba su hija Anna.

La Justicia de La Plata dispuso la liberación de los padres de la beba de Ensenada que murió tras ingresar en un grave estado al Hospital Gutiérrez en La Plata, pero la causa por abuso y abandono de persona seguría abierta.

El caso, registrado en Villa Catella, Ensenada, tomó estado público el día en que una beba de un año y dos meses llegó al hospital en estado crítico y falleció poco después.

Los padres fueron detenidos bajo la acusación de “abandono de persona seguido de muerte”, tras ser capturados en una vivienda de la calle 127 entre 35 y 35 bis, donde residía la familia. Las autoridades judiciales también ordenaron peritajes en tres domicilios del mismo lote, donde vivían familiares directos de la menor que participaron en el traslado al hospital. Todos ellos fueron liberados tras las primeras medidas.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, a cargo de Martín Almirón. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el fiscal resolvió solicitar la liberación de los padres tras la incorporación de nuevas pruebas, entre ellas una segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial y la ampliación de declaraciones de las médicas que atendieron a la beba.

En los primeros exámenes forenses no se establecieron de manera concluyente signos de abuso sexual, aunque sí se describieron lesiones cuya naturaleza permanece bajo análisis y requiere estudios complementarios.

El abogado defensor Gonzalo Escaray sostuvo que la resolución es de carácter procesal y no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la eventual responsabilidad penal de los acusados. “La investigación sigue y nuestros asistidos colaborarán con todas las diligencias que se dispongan y remarcó que la decisión judicial responde a la falta de elementos suficientes para sostener una prisión preventiva y no supone la desvinculación de los padres respecto de la causa”, precisó.

De esta manera, la principal hipótesis de la causa se estructura con base en la idea de que la muerte de la menor podría estar relacionada con un reflejo vasovagal, fenómeno que produce una brusca disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y que, según las pericias, podría ser consecuencia de una situación de abuso. Por esto mismo, se continúan recolectando pruebas para esclarecer el hecho y determinar si existió un abuso y si este desencadenó la muerte de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales.

Las médicas que intervinieron en la atención aportaron su testimonio en el expediente, que fue ampliado recientemente por solicitud de la fiscalía.

Acusaron a médicas de un hospital de Neuquén por la muerte de una recién nacida

La semana pasada, cuatro profesionales de la salud del Hospital Castro Rendón de Neuquén fueron formalmente acusadas por la muerte de una recién nacida, ocurrida el 21 de enero de 2023. La decisión se tomó en una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial, donde el fiscal Andrés Azar les atribuyó a las imputadas haber actuado con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención obstétrica y neonatal brindada a una paciente embarazada de 39 semanas.

La acusación de homicidio culposo surge en el marco de una atención obstétrica que, según la Fiscalía, presentó omisiones y acciones inadecuadas que derivaron en el fallecimiento de la recién nacida a las 15 del día mencionado, en el principal centro de salud pública de la provincia. El proceso penal, seguido con atención en el ámbito local, involucra a cuatro mujeres identificadas como A. P., N. M., L. G. y E. S. M., quienes se desempeñaban como médicas y licenciadas en obstetricia y pediatría en el hospital.

Según el fiscal, la médica ginecóloga A. P. fue responsable de la cesárea y dispuso la finalización del embarazo por inducción sin causa obstétrica que la justificara. Además, omitió realizar monitoreo fetal intraparto durante un lapso crítico de más de tres horas, no registró de manera adecuada las prácticas efectuadas y confeccionó el parte quirúrgico con demora. Estas acciones, de acuerdo a la investigación, constituyeron una violación de los protocolos establecidos para la atención de partos de alto riesgo.

En relación a N. M., licenciada en obstetricia, la fiscalía sostuvo que participó en la administración de oxitocina sin realizar monitoreo fetal simultáneo, incumpliendo los protocolos de seguridad vigentes. También omitió dejar constancia en la historia clínica de las evaluaciones periódicas del estado fetal, lo que dificultó el seguimiento y la toma de decisiones en tiempo real durante el trabajo de parto.

La médica pediatra L. G., a cargo de la atención neonatal inmediata, recibió a la recién nacida con signos de depresión grave y aspiración meconial. Sin embargo, de acuerdo con los cargos, no realizó maniobras avanzadas de reanimación, no dispuso el traslado inmediato a terapia intensiva neonatal y tampoco cumplió con los deberes de registro de la evolución clínica del caso. Por último, la licenciada en obstetricia E. S. M. fue señalada por no efectuar los controles de signos vitales maternos y fetales en un período considerado crítico.

En un hecho inédito en Mendoza, una adolescente consiguió que la Justicia ordenara a su madre el cese inmediato de la publicación de sus fotos y videos en las plataformas de redes sociales.

La resolución, dictada por el Juzgado de Familia de Gestión Asociada de Las Heras, a cargo de Carina Viviana Santillán, hizo lugar a una presentación directa realizada por la joven, con el fin de ponerle un límite a una práctica conocida como “sharenting”, que vivía en carne propia de parte de su mamá. El neologismo se refiere al hábito que tienen algunos padres en compartir imágenes de sus hijos en redes sociales, sin cuidar su derecho a la intimidad, lo que puede derivar en riesgos sociales, psíquicos y emocionales.

La singularidad del caso radica en que surgió de la iniciativa de la propia adolescente, quien acudió a los tribunales para reclamar que se retiren todas sus fotos de internet y que su madre no vuelva a difundir su imagen.

Lejos de ser un tema banal, el caso reviste gravedad porque la joven fue víctima de burlas escolares, cuando sus imágenes publicadas aparecieron en plataformas de citas para adultos, como “Tinder” y “Happen”.

Según el expediente, con fecha del 10 de febrero, la jueza Santillán analizó cómo la madre utilizaba las fotos de su hija en redes sociales y en el estado y perfil de WhatsApp para promocionar su actividad personal y profesional. Aquella práctica ocasionó un daño directo.

La magistrada basó su resolución en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que apuntan a “garantizar la estabilidad emocional y proteger el proyecto de vida de la adolescente”.

El tribunal, frente a “urgencia y peligro en la demora”, resolvió en forma cautelar y ordenó a la madre abstenerse de toda publicación o difusión de contenidos en los que aparezca su hija. Además, dispuso la eliminación inmediata de los materiales ya existentes en plataformas digitales, según se especifica en la sentencia.

Una forma de “violencia digital y simbólica”

La jueza señaló que la medida se tomó bajo la figura de “medida autosatisfactiva”, una herramienta legal de aplicación inmediata cuando hay riesgos urgentes. La ley exige que los jueces actúen rápido cuando se afectan derechos fundamentales, en especial si hay menores involucrados.

Además, el fallo aclara que se trata de “una protección inmediata ante el peligro de viralización”, y menciona que el entorno digital convierte cualquier exposición indebida en algo incontrolable y “de imposible control posterior”. Para la jueza, esperar el trámite judicial normal pondría en mayor riesgo.

“El sharenting, entendido como la difusión de imágenes o relatos de niños por parte de adultos, sin resguardo de sus derechos personalísimos, configura una forma de violencia digital y simbólica”, cita la resolución. El texto marca que, de acuerdo a la jurisprudencia, se “vulnera los derechos a la intimidad, identidad, imagen, honor y dignidad de niños, niñas y adolescentes, generando además una huella digital permanente, de imposible control posterior, con consecuencias psico- emocionales y jurídicas futuras".

La interpretación del tribunal sostiene que la medida cautelar “no constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión”, sino que representa una protección razonable y proporcional ante derechos de mayor jerarquía en este contexto.

De acuerdo a la cautelar, si la madre incumple la orden, podrá ser sancionada y quedará expuesta a acciones civiles y penales por los daños derivados de la exposición digital indebida.

Especialistas en psicología y derecho alertan que la exposición sistemática de niños y adolescentes en redes sociales puede producir consecuencias psicológicas como incomodidad, vergüenza y pérdida de control sobre la identidad digital.

Ahora bien, el peligro se extiende más allá del ámbito escolar. Compartir imágenes visuales de menores permite que terceros descarguen y reutilicen ese material, o que los adolescentes queden expuestos a grooming o contactos indebidos por parte de adultos.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras realizó la detención de un abogado de 34 años y su pareja de 20, ambos residentes de la capital, como presuntos responsables de la violación y agresión sexual a una menor de catorce años. El material clave del caso está en los teléfonos celulares decomisados a los sospechosos, pues se sospecha que las grabaciones realizadas durante el acto constituirán una prueba concluyente en el inminente proceso penal.

El Ministerio Público procesó rápidamente a los detenidos, quienes enfrentan cargos según el artículo 249 del Código Penal (violación) y el artículo 175 del Código Procesal Penal (agresiones sexuales y aseguramiento de pruebas), lo que asegura un proceso riguroso y sanciones graves en caso de resultar culpables.

Desde el momento del arresto, la víctima permanece protegida y bajo la atención constante de especialistas que buscan restablecer su bienestar emocional. De acuerdo con el expediente policial, la investigación demostró que el delito fue planificado: la mujer atrajo a la adolescente bajo el pretexto de una “pijamada” en plenas celebraciones de San Valentín, para luego concretar la agresión junto a su pareja.

La DPI llevó a cabo el operativo tras recibir una denuncia formal que derivó en la rápida emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía de Turno de Tegucigalpa. La localización y seguimiento técnico permitieron identificar ubicaciones estratégicas donde los sospechosos se movilizaban: el bulevar Juan Pablo II y el barrio Los Dolores, ambos en el Distrito Central.

La participación del abogado entre los implicados causó indignación pública, dado que se espera de los profesionales del derecho un mayor respeto por la ley y el bienestar de los ciudadanos. A partir del análisis del expediente, las autoridades señalaron que la mujer de veinte años aprovechó su parentesco con la menor para obtener acceso al domicilio, alegando la realización de una actividad social inocente.

El abogado llegó a la vivienda y, junto con su pareja, intentaron manipular y coaccionar a la adolescente para participar en actos sexuales. Ante la negativa de la víctima, los implicados emplearon la fuerza y la intimidación. El elemento agravante surgió de la presunta grabación del delito, lo que aumenta la gravedad de los hechos investigados.

Durante el arresto se decomisaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en la Unidad de Extracción de Información y Análisis de la DPI. Se espera que las investigaciones forenses confirmen la existencia de imágenes o videos que respalden la denuncia presentada.

La fiscalía solicitará la detención judicial de ambos imputados para impedir cualquier intento de huida o de presión sobre la víctima o posibles testigos. Las pruebas recabadas y el contexto de parentesco servirán como sustento principal en la audiencia inicial y los siguientes pasos del proceso.

El Ministerio Público de Honduras está a cargo de la acusación y de asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. La normativa penal hondureña tipifica este tipo de delitos con especial severidad cuando hay uso de fuerza o intimidación, y trata con máxima protección los casos en que la víctima es menor de edad.

Tras varios meses de que Daniela Berriel denunció a Gonzalo “N” como presunto cómplice de Eduardo “N” al haberla violado, finalmente el actor volvió a dar señas de sí y ya rindió dos declaraciones, dijo la defensa de la actriz esta tarde.

Según informaron los abogados de Olea & Olea, el acusado declaró ante su defensa y ante un notario público en el país en que actualmente se encuentra radicando, por lo que “esas declaraciones son documentos, al ser ante un notario público cobran validez, tiene fe pública, tiene una validez legal”, dijo el defensor de Berriel.

Danny y Xavier Olea anunciaron para Ventaneando que, entre las declaraciones que “N” dio, ratificó la denuncia de la actriz, por lo que aceptó que lo ocurrido el año pasado en Guerrero sí fue una violación.

Eduardo “N” fue puesto en libertad a pesar de las pruebas que existían en su contra, por lo que Berriel siguió en su búsqueda por justicia y anunció que se levantaría una apelación a la decisión del juez. Las declaraciones de “N” ayudará para fortalecer su defensa.

“Gonzalo “N” dice la verdad y su verdad coincide con la verdad de Daniela. La Fiscalía General del Estado tendrá que actuar en consecuencia, se lo hemos solicitado formalmente tanto nosotros como abogados de Daniela, como abogados de Gonzalo, esto fortalece el dicho de Daniela y fortalece nuestros argumentos para la apelación”, aseguró Olea.

Hace tres meses, en la desesperación que la actriz se encontraba al no tener avances en su denuncia, la hizo pública. En un video de 10 minutos, Berriel relató que su ex pareja, Gonzalo “N”, y su amigo, Eduardo “N”, la violentaron.

Según su testimonio, los hechos ocurrieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje al famoso puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. La actriz señaló que fue agredida tras una cena en la que comenzaron a platicar de asuntos sexuales, motivo por el que “se sintió incómoda” y prefirió irse a dormir, sin embargo sus agresores la siguieron al cuarto.

Tras varios minutos de insistirle, ella se quedó dormida y se despertó dándose cuenta de que estaba siendo violada por Eduardo, todo esto en complicidad de Gonzalo, quien se encontraba en el mismo cuarto, pero en una cama diferente.

El 7 de marzo, la Fiscalía General de Guerrero dictó una orden de aprehensión para Eduardo, pero el 10 de abril el juez ordenó la libertad de Eduardo. “Mi indignación y dolor ante la resolución judicial que el día de ayer ordenó la libertad de Eduardo, acto de una evidente injusticia acontecida dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero”, dijo en conferencia de prensa.

Según las declaraciones de la actriz, el juez dictaminó que ella no habría preservado ninguna muestra genética de Edurado “N” y no se podía demostrar la agresión, pero esto no puede negar que ella haya sido abusada sexualmente por él.

Después de que esto sucediera, Daniela logró que se girara una orden de aprehensión en contra de Gonzalo “N”, quien fue acusado por violación y abuso sexual.

Ante las declaraciones de “N”, la también conductora dijo: “Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo, me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando mensajes todavía negativos y creo que ya teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna”.

Las autoridades hondureñas mantienen bajo custodia a una adolescente de 16 años de origen asiático, quien fue rescatada en Roatán como presunta víctima de trata de personas. El caso, que involucra la activación de protocolos para menores extranjeros no acompañados, pone de manifiesto los desafíos del Estado hondureño ante delitos de carácter internacional y obliga a coordinar esfuerzos entre distintas entidades para asegurar la protección y el retorno seguro de la menor.

Actualmente, la joven se encuentra bajo resguardo institucional en La Ceiba, conforme lo establece la normativa nacional para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades evitan divulgar su identidad o detalles sobre su origen para no exponerla a riesgos adicionales, y mantienen en reserva la información sobre el país específico de procedencia.

De acuerdo con declaraciones de Mayeli Flores, directora regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la adolescente ya recibe atención integral del Estado hondureño, sin distinción respecto a su nacionalidad. Flores explicó que la atención incluye resguardo, atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento social, mientras se define su situación migratoria y se tramitan las gestiones para su regreso junto a su familia.

Según la funcionaria, fue necesario recurrir a servicios de traducción porque “la niña efectivamente ya está bajo medida de protección. Aunque no sea de este país, se encuentra en territorio hondureño y está siendo tratada conforme a la ley para salvaguardar todos sus derechos, hasta que pueda regresar con su familia y a su lugar de origen”. La autoridad añadió: “Ya hicimos contacto con su familia y estamos empezando los trámites a través de Cancillería para que pueda retornar lo más antes posible”.

El proceso exige la coordinación de la Cancillería, responsable de gestionar los contactos diplomáticos y verificar que el traslado internacional se realice por las vías legales y en un entorno adecuado para su reintegración. Antes del retorno, las autoridades deben certificar las condiciones de recepción de la menor y establecer medidas para evitar que vuelva a quedar en riesgo, según los protocolos que dicta la legislación local.

El caso salió a la luz tras una operación realizada en Roatán, principal destino turístico de Honduras, donde la menor fue localizada sin compañía legal, portando documentación que no coincidía con su identidad y sin capacidad para comunicarse en español.

Ese conjunto de elementos disparó las alertas de las autoridades, quienes determinaron la imposibilidad de dejarla bajo custodia privada y activaron los mecanismos oficiales de protección. El Ministerio Público continúa investigando si existe el delito de trata de personas en su modalidad internacional y si el ingreso de la joven al país estuvo mediado por engaño, coacción o cualquier forma de explotación. Las pesquisas incluyen el esclarecimiento de la ruta de entrada al país, la identificación de posibles responsables y la cooperación interinstitucional para determinar si la adolescente fue víctima de un entramado internacional.

Ninguna persona ha sido capturada ni identificada públicamente como sospechosa hasta ahora. El expediente permanece bajo reserva por tratarse de una menor y debido a la naturaleza del delito que se investiga.

Las autoridades hondureñas precisaron que los casos de trata de personas con implicaciones internacionales no son habituales y requieren la intervención coordinada de distintas áreas del Estado. Además del resguardo físico, la menor tiene acceso a evaluaciones médicas, entrevistas especializadas y apoyo emocional, servicios alineados a la restitución de derechos que contempla la ley para víctimas de explotación. Esa legislación específica establece que, tratándose de menores de edad, no es necesario demostrar el uso de medios de presión para configurar el delito, dada su condición de vulnerabilidad.

Desde la Senaf subrayaron que la prioridad consiste en resguardar la integridad física y mental de la víctima hasta que todos los pasos legales nacionales e internacionales garanticen un entorno seguro para su regreso. Mientras completen esas gestiones, la joven permanecerá bajo protección estatal y con acompañamiento permanente. Las autoridades reiteraron que ofrecerán información adicional cuando avancen las investigaciones y se determinen responsabilidades por el ingreso y trasladado de la menor a territorio hondureño.

El proceso judicial que involucra a dos miembros de la fuerza policial de Entre Ríos por presunto abuso sexual contra dos niñas en situación de resguardo estatal comenzó esta semana.

La segunda jornada del juicio oral y público expuso nuevos testimonios que buscan esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016, cuando dos adolescentes alojadas bajo custodia estatal denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte de agentes de seguridad.

De acuerdo con la información del portal El Once, la audiencia se desarrolla en la ciudad de Paraná, donde el caso generó una fuerte repercusión debido a la gravedad de las acusaciones y al rol institucional de los involucrados.

Según la acusación, los hechos se habrían producido dentro de un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento, en pleno casco urbano.

El contexto de vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes, quienes permanecían bajo la tutela del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), fue un agravante en el proceso.

Las víctimas, de 15 y 13 años al momento de los hechos, habían sido resguardadas por situaciones de violencia intrafamiliar y se hallaban bajo la protección estatal.

Según las presentaciones realizadas por la Fiscalía y la querella, el material probatorio se centra en los relatos de las víctimas y en los elementos recabados en el lugar de los hechos.

Guillermo Mulet, abogado querellante, explicó que la última audiencia llevada a cabo, permitió la exposición de testigos propuestos por ambas partes, y valoró el avance del proceso.

Todo el cronorgama del proceso se organizó para garantizar la protección de las víctimas Durante la declaración de una de ellas, se dispuso que los abogados defensores permanecieran en una sala contigua y siguieran el testimonio por audio y video, medida adoptada para evitar la revictimización.

La dinámica del proceso continuará con la exposición de dos nuevos testigos aportados por la Fiscalía y la querella durante la próxima jornada, mientras que los testigos de la defensa declararán el jueves.

Para el viernes se espera la etapa de alegatos, tras la cual el tribunal podría dictar el veredicto respecto de la responsabilidad penal de los acusados.

El abogado querellante anticipó que, en caso de un fallo condenatorio, se abrirá la instancia de cesura para la determinación de la pena. El letrado manifestó que esperan una sentencia condenatoria que repare el daño causado a través de la intervención del personal policial.

El estado de las víctimas, según señalaron desde la representación legal, refleja las profundas consecuencias de los hechos investigados.

Detuvieron a un policía por distribuir material de abuso sexual infantil en Salta

Hace unos meses, un agente de la Policía Federal Argentina, de 31 años, fue detenido en Salta, luego de que descubrieran que almacenaba más de 60 mil archivos con imágenes de abuso sexual infantil en sus dispositivos digitales. De esta manera, se puso al descubierto el funcionamiento de una red de distribución de material ilícito.

La investigación, que se enmarca en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, permitió identificar la actividad delictiva y avanzar en la imputación del hombre, que fue acusado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, asistido por un defensor oficial, optó por abstenerse de responder las preguntas formuladas por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Por este motivo, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el imputado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

Según la reconstrucción de los hechos brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la detección de la actividad ilícita fue posible gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS). Se trata de una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil y a colaborar con entidades internacionales para la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes.

Así, se obtuvo información detallada sobre el tráfico de imágenes, incluyendo la dirección IP utilizada para el intercambio, la empresa proveedora de servicios, el titular de la cuenta, la fecha y hora de la actividad, la aplicación empleada para la distribución, el identificador o Hash de los archivos, el usuario reportado y la ubicación geográfica. De esta manera, las autoridades solicitaron un permiso para realizar un allanamiento en el domicilio del investigado.

Este procedimiento permitió el secuestro de toda la evidencia digital, donde se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que el acusado intercambiaba y distribuía.

El martes, la justicia francesa reveló la identidad de Jacques Leveugle, un hombre de 79 años acusado de abusar sexualmente de 89 menores durante más de cinco décadas.

La fiscalía de Grenoble lanzó una convocatoria para que posibles víctimas y testigos se presenten, debido a la magnitud y alcance internacional de la causa.

La investigación formal contra Leveugle comenzó en febrero de 2024, cuando fue imputado por violación agravada y agresión sexual contra menores. Desde abril de 2025, el acusado permanece en detención preventiva mientras las autoridades avanzan en la identificación de víctimas y la recolección de testimonios.

El fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, decidió divulgar el nombre del sospechoso para facilitar el contacto con otras personas afectadas, una medida poco habitual en el sistema judicial francés, donde suele preservarse el anonimato de los investigados.

El caso surgió tras el hallazgo de una memoria USB en el domicilio de Isère, entregada a las autoridades por un familiar del acusado. De acuerdo con la agencia EFE, en ese dispositivo se encontraron 15 volúmenes de escritos personales, redactados por el propio Leveugle, en los que consignó una lista de agresiones sexuales cometidas entre 1967 y 2022.

Entre los documentos también había fotografías, lo que permitió identificar a 89 víctimas, todos varones de entre 13 y 17 años al momento de los hechos. La fiscalía intentó en primer lugar identificar a todas las víctimas sin recurrir a la exposición pública, pero la información incompleta forzó el llamado abierto.

Los abusos documentados abarcan varios países y territorios, entre ellos Suiza, Alemania, Marruecos, Argelia, Níger, Filipinas, India, Colombia y el territorio francés de Nueva Caledonia.

La movilidad internacional del acusado se explica, según la misma fuente, por su trabajo como supervisor de campamentos y profesor, funciones que le dieron acceso a menores en contextos educativos y recreativos.

Durante la conferencia de prensa, Manteaux señaló que la urgencia de la investigación responde a la edad avanzada del acusado y a la dificultad de rastrear víctimas a lo largo de 55 años y múltiples jurisdicciones.

En paralelo a las acusaciones por abuso sexual, la fiscalía abrió también una investigación por homicidio. Leveugle confesó haber asfixiado a su madre, enferma terminal, en la década de 1970, y a su tía, de 92 años, en los años noventa.

Sobre el segundo caso, el fiscal indicó que el imputado explicó que “porque tenía que regresar a las Cévennes y ella le suplicó que no la dejara, también eligió poner fin a su vida”.

El caso de Leveugle conmocionó a la opinión pública francesa, que aún recuerda procesos recientes como el de Joel Le Scouarnec, ex cirujano acusado de agredir sexualmente a 299 menores, o el de Gisèle Pelicot, donde se demostró la utilización de medios digitales como pruebas determinantes.

El registro escrito y fotográfico recuperado por la policía fue un elemento central para la acusación y la reconstrucción de los hechos.

(Con información de AP)

Este miércoles 4 de enero las autoridades de Ecatepec informaron que elementos de la policía municipal lograron impedir un linchamiento en la colonia Jardines de Morelos contra un presunto agresor sexual identificado como David “N”, quien fue identificado con antecedentes penales.

La actuación de los agentes se activó tras recibir una alerta vecinal sobre la retención y golpiza a un hombre en la calle Laguna Superior.

Al llegar al sitio, los efectivos encontraron a un grupo de vecinos que mantenían sometido al individuo, acusado de haber cometido actos de agresión sexual y acoso.

La intervención policial permitió que el señalado fuera rescatado de la multitud y puesto bajo custodia oficial, evitando así daños mayores.

Según reportes de las autoridades, la respuesta de la policía fue clave para restablecer el orden y garantizar que el proceso legal siguiera su cauce, sin que la situación desembocara en consecuencias más graves para las personas involucradas.

Acusaciones de agresión sexual y acoso contra el detenido, David “N”

El hombre identificado como David “N” enfrenta serios señalamientos por parte de los habitantes de Jardines de Morelos.

De acuerdo con los reportes, una joven de 22 años indicó que el sujeto la siguió durante varios minutos en la vía pública.

Según la denuncia, el agresor no solo la persiguió, sino que también le hizo insinuaciones verbales y, en un momento, realizó tocamientos sin su consentimiento.

La situación escaló aún más cuando, posteriormente, David “N” exhibió sus genitales ante la víctima.

Los actos denunciados no se limitaron a una sola persona. El individuo también habría intentado agredir a una menor de 14 años. Este último hecho provocó la intervención directa de los vecinos, quienes decidieron retenerlo y llamar a las autoridades.

Los testimonios recabados detallan un patrón de conducta que motivó la acción comunitaria y la posterior llegada de la policía municipal.

Las autoridades refirieron que las víctimas de David “N” recibieron apoyo psicológico y jurídico por parte de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas.

Antecedentes penales del detenido y hallazgo del brazalete penitenciario

Durante la intervención policial en la colonia Jardines de Morelos, los agentes realizaron una revisión al hombre detenido, identificado como David “N”. En ese momento, constataron que portaba un brazalete del sistema penitenciario.

La presencia de este dispositivo evidenció que el individuo ya había sido procesado con anterioridad. De acuerdo con la información recabada, el motivo de su proceso previo fue el delito de robo con violencia.

El hallazgo del brazalete resultó relevante para las autoridades, ya que permitió confirmar los antecedentes penales del sospechoso y establecer su situación jurídica al momento de la detención.

Tras la intervención de la Policía Municipal de Ecatepec y la detención de David “N”, el individuo fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la presunta secta integrada por dos militantes peronistas detenidos y acusados de haber abusado sexualmente de varias mujeres en La Plata.

Díaz negó que ella supiera de los casos de abuso recientemente denunciados contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, una pareja que militaba en una agrupación llamada Movimiento Ciudadano La Capitana, al momento de su asunción al frente de la cartera, en diciembre de 2019.

Si bien hubo denuncias desde 2014, el caso se conoció en 2024 dentro del Senado bonaerense y en ese momento tomó intervención el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Díaz. La funcionaria explicó que apenas tuvo conocimiento de los hechos y la intención de denunciar por parte de las víctimas, se actuó con los dispositivos institucionales correspondientes.

“Frente a las graves denuncias, y la posterior detención de dos personas, que aprovechando la militancia incurrieron en delitos sexuales graves, como ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia tengo la certeza y tranquilidad de que, desde que tomamos conocimiento de la situación, todos los equipos institucionales que intervinieron lo hicieron con celeridad y poniendo como principal prioridad a las víctimas, que es lo que corresponde y lo más importante en una situación así“, comentó Díaz, y consideró que ”es fundamental recalcar que este tipo de delitos son de instancia privada, no hay actuación de oficio" y que “el acompañamiento y la orientación del ministerio fue hecho con absoluta responsabilidad”.

Díaz negó haber conocido los hechos antes de asumir en el cargo. Consideró que esa acusación “es falsa” y que “induce a una interpretación que busca debilitar las políticas que defienden los derechos de las mujeres frente a la violencia machista sosteniendo que no sirven para nada”.

Además, entendió, “reproduce una violencia más: revictimiza a las denunciantes y busca desacreditar a quienes tenemos la máxima responsabilidad en la implementación de las políticas públicas”.

Díaz explicó que este tipo de situaciones son “complejas para denunciar”, y que “sin organismos que garanticen acompañamiento, presentación de escritos para la orientación en la intervención, mecanismos de protección y trabajo en redes, estos delitos jamás saldrían a la luz pública, reinaría la impunidad absoluta y el desaliento para quienes sufren la violencia”.

Ante la trascendencia de imágenes en las que se ve a Díaz con los detenidos durante actos militantes, la ministra bonaerense advirtió que su uso “sin explicar el contexto también deja en evidencia la estrategia y los fines que tienen, muy obvios por cierto”.

"La violencia machista no se combate con mentira sino con instituciones presentes y acompañamiento real a las víctimas. En ese camino vamos a seguir, sin retrocesos ni miedo", concluyó.

En aquel 2024, la dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que depende de la ministra, tomó el caso cuando se conoció en el ámbito del Senado y la directora de esa dependencia, recibió a la empleada legislativa y escuchó su testimonio junto a la directora de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos. Para ese momento, esta víctima todavía no había hecho la denuncia penal.

Desde la cartera de Género le indicaron a la mujer que llevar el caso a la Justicia era un paso necesario para poder ayudarla con medidas de protección, como un botón antipánico. La denuncia en el juzgado finalmente se hizo en 2025 y en ese momento, el secretario admninistrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti, apartó a los denunciados de sus cargos.

“Que nos culpen a las mujeres, y especialmente a las que defendemos los derechos, no es extraño, es parte del mecanismo de complicidad machista”, remarcó Díaz y advirtió que “la operación está a la vista: desacreditar, distorsionar y seguir violentando a las mujeres en todos los lugares donde estemos y los espacios que ocupemos”.

En ese sentido, agregó que “somos las que sufrimos la violencia, las que luchamos para que estos delitos se sancionen y las señaladas con total ligereza para garantizar la impunidad machista”.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, el ladrón aparece como: Josué Alexis Urquia, Enzo Fabián Barrionuevo, Fabián Exequiel Barrionuevo, Fabián Omar Barrionuevo, Gabriel Alejandro Montenegro, Braian Reggia, Jonathan Gabriel Reggina, Brian Eric Michel Regina, Brian Erik Michel Regina, Ezequiel Fabián Tolosa, Agustín Ezequiel Toloza, Ezequiel Fabián Toloza, Alejandro Gabriel Torre, Álex Gabriel Torres, Alexis Gabriel Torres, Fabián Omar Urquía, José Alexis Urquía y Joshué Alexis Urquía.

La situación abrió un interrogante a los investigadores policiales: ¿Es tan fácil dar una identidad falsa durante un procedimiento? Por lo pronto, por los indicios obtenidos a través de diferentes medidas, se especulan dos escenarios:

• Que se la pasaba viajando en micros de larga distancia –en algunos se colaba, según relatos de testigos– sin DNI, por lo tanto, quedaba asentada la identidad que decía ante una aprehensión.
• Que los datos personales de la víctima que acababa de asaltar, ya que tenía en su poder su documentación.

Mientras avanzaba con la recolección de datos, el fiscal de Rosario González Raggio se encontró con que Urquia posee arrastra dos causas abiertas en Corrientes y Formosa y seis condenas en Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba:

• 3/8/2017: General Pico, La Pampa, un mes de prisión por cuatro hechos de hurto simple, uno en grado de tentativa.
• 2/9/2018: Arroyito, Córdoba, seis meses de prisión que derivó en una pena unificada de dos años y medio por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad.
• 17/11/2021: Clorinda, Formosa, tiene una causa abierta por hurto, procesado sin condena.
• 1/2/2023: Chajarí, Entre Ríos, un mes y 10 días de cárcel por exhibiciones obscenas y hurto.
• 10/3/2023: Villa Gesell, Buenos Aires, 20 días de prisión por hurto simple en tentativa.
• 18/3/2024: San Salvador de Jujuy, Jujuy, seis meses de prisión por los delitos de estafa, robo en grado de tentativa, violación de domicilio y hurto.
• 22/6/2024: Corrientes, Corrientes, tiene una causa abierta por exhibiciones obscenas, hurto y amenazas.
• 13/10/2025: Mar del Plata, Buenos Aires, un mes de cárcel por hurto.

La mecánica de algunos de los hechos era calcada: se subía a un colectivo de larga distancia y sustraía dinero y efectos personales de pasajeros que se habían quedado dormidos durante el viaje. En algunos casos fue arrestado al bajar del micro.

Ahora suma dos causas en trámite: el hecho de la mueblería de Rosario del 30 de diciembre y el robo en Córdoba por el que lo atraparon el 1° de enero.

Con la difusión de su nombre y foto de su rostro tras la agresión a la empleada de la mueblería de Rosario, también empezaron a llegar al Ministerio Público de la Acusación mensajes de otras víctimas, quienes refirieron ataques sexuales de parte del señalado delincuente.

En su historial delictivo también quedó plasmado que, en 2011, tras un asalto quedó internado en el hospital de Paso de los Libres, en Corrientes, porque aludía problemas de salud mental. Sin embargo, se escapó de ese centro de salud.

Casualmente, ahora, a través de su defensa, elevó una solicitud ante la Justicia cordobesa, que lo tiene preso por un asalto desde el 1° de enero mientras lo buscaban en Rosario: su abogado pidió la realización de una pericia interdisciplinaria el próximo 19 de enero para establecer si comprende la criminalidad de sus actos.

El pasado 2 de enero, Urquia fue revisado por el equipo de salud mental del Hospital San Roque de Córdoba, donde se determinó que se encuentra en condiciones de quedar alojado en una unidad penitenciaria.

Los profesionales de salud del Hospital San Roque agregaron que el sospechoso refiere “alucinaciones auditivas, consumo problemático de sustancias y antecedentes de tratamientos” en hospitales de distintas localidades de Córdoba y de otras provincias.

El intento de abuso sexual y el robo en Rosario

El caso por el que se destapó el pasado criminal de Urquia saltó a la luz a las 15.30 del 30 de diciembre último, cuando entró a la mueblería de Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu de Rosario, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla, según consta en las imágenes del propio comercio y que encabezan esta nota.

Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular.

De acuerdo a la declaración que brindó un familiar de la víctima en contacto con la prensa local, la empleada sufrió una fisura en el dedo producto de la mordida y tuvo que ser asistida en un sanatorio del centro de Rosario.

Entre la falta de ética comercial, el escaso control sobre los proveedores, la mala indexación de productos sexuales para adultos y algoritmos incapaces de diferenciar entre muñecas infantiles y artículos sugerentes para mayores de 18 años, así como la ausencia de regulación efectiva, se configuran varias de las problemáticas a las que se enfrentan los consumidores mexicanos en plataformas como SHEIN, Temu, AliExpress o Alibaba.

El problema se agrava cuando estos sitios web permiten que niñas, niños y adolescentes se topen con artículos pertenecientes a categorías para adultos o “juguetes sexuales”. En México no existe una supervisión sistemática de las autoridades competentes, aun cuando en meses recientes estas plataformas han sido señaladas en Europa por vender productos sexuales con “apariencia infantil”, casos que solo fueron atendidos tras ser denunciados públicamente.

¿Problemas de indexación, falta de responsabilidad de las plataformas o ambas?

Un monitoreo realizado por Infobae México en diversas plataformas internacionales disponibles en el país identificó un patrón constante que expone a menores de edad a productos dirigidos a adultos. En particular, se detectó que algunos artículos para personas mayores de 18 años aparecen colocados dentro de los mismos apartados dedicados al público infantil, especialmente en las secciones de “juguetes para niñas”.

Una de las causas más frecuentes es el uso del término “doll”, que no siempre se refiere a una muñeca para infancias. La coincidencia en esta palabra clave provoca asociaciones erróneas en los algoritmos, lo que termina agrupando muñecas o juguetes para la niñez junto con productos sexuales o accesorios para prácticas eróticas.

La exposición ocurre sin restricciones de visualización o navegación, por lo que cualquier menor que acceda, incluso bajo supervisión, puede encontrarse con artículos que normalizan la sexualización de elementos asociados a la infancia.

Los vacíos en los controles de calidad permiten que las plataformas alojen objetos con estética infantil dentro de categorías de la industria sexual, lo cual contribuye a banalizar una problemática particularmente grave en un país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en explotación sexual infantil.

Diversas organizaciones y especialistas en derechos de la niñez han advertido que la convivencia visual y comercial de lo erótico con lo infantil diluye los límites que deberían proteger a menores en entornos digitales. Señalan que la presencia de productos sexuales en espacios destinados a la compra de juguetes o ropa infantil representa un riesgo directo, pues los filtros de edad y contenido son insuficientes o inexistentes.

Aunque las plataformas suelen contar con políticas contra la explotación o la sexualización inapropiada, al parecer, estas no han sido suficientes hasta la fecha.

¿Qué dicen las Políticas de Privacidad de estos marketplaces?

La mayoría rechaza el uso de sus servicios por parte de menores de edad, aunque mantienen apartados dedicados justamente a ese sector. Por ello, la supervisión de padres, autoridades y de las propias plataformas es indispensable. A continuación, fragmentos relevantes de sus términos y políticas:

• SHEIN: Permite cuentas de menores de 16 años bajo supervisión adulta. En “Términos y Condiciones” (apartado 2.2) establece la prohibición de subir o publicar contenido “calumnioso, obsceno, indecente o pornográfico”, además de cualquier material que pudiera generar responsabilidad civil o penal.
• AliExpress: Señala que la plataforma “no está dirigida a usuarios menores de 18 años ni a niños menores de 13”, y afirma no recopilar datos personales de menores ni tener motivos para creer que acceden a su sitio.
• Temu: Indica que “no vende productos a niños” y que los artículos dirigidos a ellos están disponibles “para su compra por adultos”. También cuenta con un apartado para denunciar “Actividad Sospechosa”.

Aunque las tres plataformas permiten solicitar la baja de cuentas creadas por menores de 16 o 18 años, persiste la duda sobre cómo monitorean sus catálogos para evitar que productos sexuales se mezclen con artículos destinados a infancias y adolescentes.

Profeco monitorea estas plataformas, pero no el cruce entre productos sexuales e infancia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó desde 2004 el “Monitoreo de Tiendas Virtuales”, donde se enfoca principalmente en los siguientes puntos:

• La Política o aviso de privacidad
• La seguridad en los datos personales
• La seguridad de los datos financieros
• El Domicilio físico y número telefónico fijo
• La descripción detallada de bienes o servicios
• Los costos totales e impuestos
• La Información sobre formas de pago
• Las condiciones de envío o entrega
• Las condiciones de cancelación, devolución o cambio

Aunque el monitoreo podría parecer un tanto deficiente en materia de contenido sexual mezclado con apartados de niñas, niños o adolescentes, en el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor de México (LFPC), se estipula que debe haber una advertencia cuando el contenido no corresponda a un sector vulnerable:

“VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población”.

Exposición a productos sugerentes en un país con altos niveles de violencia sexual infantil

En los últimos años, en México se han implementado distintas campañas para combatir las distintas violencias sexuales en contra de infancias y adolescencias, sin embargo, es indispensable atender la exposición de contenidos sugerentes en plataformas de marketplaces, debido a que aún bajo supervisión de una persona adulta, este sector puede verse expuesto a artículos o mercancías que los vulneren o perviertan.

Datos de la REDIM indican que, en 2024, cerca del 80% de los casos de violencia sexual atendidos en México involucraron a adolescentes de entre 12 y 17 años. Las mujeres representaron el 92.8% de las víctimas menores de edad. Entre los menores atendidos, el grupo de 6 a 11 años concentró el 13.8% de los casos y el de 1 a 5 años, el 6.9%.

Un artículo de ABC News, que recoge denuncias de usuarios ante contenidos que vulneran a menores, revela que pese a las quejas, algunos productos solo cambiaron de nombre o características, fueron suspendidos temporalmente o jamás recibieron una respuesta por parte de los marketplaces.

Debido a que se trata de una industria que sigue siendo un tema tabú en el país, las producciones de contenido para adultos tienen pocos filtros de seguridad y garantía, además de mínimas regulaciones en Colombia.

Es por ello que algunos colectivos de actores porno se han reunido para exigir que sean regulados con supervisión constante por parte del Gobierno nacional, la mayoría de estos grupos son liderados por la exactriz y candidata al senado Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank.

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Debido a que se trata de algo poco común, este tipo de iniciativas han provocado que actrices denuncien públicamente las situaciones que han tenido que vivir durante rodajes, lo que incluye una denuncia contra el productor Cristian Cipriani.

En este caso, Cipriani es acusado por dos modelos, que aseguran haber sido violentadas y abusadas por el director de la industria para adultos.

Testigo Directo habló con las dos mujeres involucradas y con Cipriano, para que todas las partes expusieran su versión sobre el caso, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

En primer lugar, Antonella Blake (nombre artístico de una de las involucradas), explicó lo que le molestó de los rodajes en los que participó con Cipriani como director. “Comenzamos a grabar y pasaron cosas que a mí no me gustaban, como que me morboseaba por detrás de cámaras”.

En el caso de Shaira, ella asegura que fue violada y grabada por Cipriani, al que acusa de haberla drogado antes de que comenzará el rodaje para que ella perdiera control de sus acciones.

La actriz indicó que mientras se cambiaba de vestuario, el productor le pasó un coctel, después de eso perdió el conocimiento: “Él decía ‘en estos momentos chicas, en estados muy raros’”, explicó Shaira para reafirmar que Cipriani tenía claridad de que la había drogado.

“Es capaz de decirme que no estaba bajo los efectos, se ven las intenciones que él tenía, yo veía todo muy borroso”, narró la creadora de contenido para adultos.

En su relato, Shaira añadió que Cipriani la violentó verbalmente luego de que terminó el abuso: “Me visto y le digo que me pague porque me tengo que ir, me dice que lo chupe, que yo era una perra”.

Al respecto, el productor y director aseguró que es inocente y afirmó que tiene las pruebas para demostrar que todo lo que grabó con Antonella y Shaira fue bajo el consentimiento de las actrices.

“Yo no he cometido ningún crimen, con ella, ni con nadie, y menos un tema de violación. Nosotros grabamos por secciones el contenido, la modelo hacía un show y yo le preguntaba si estaba bien, si estaba cómoda. Yo confío plenamente en la Fiscalía”.

Cipriano reafirmó que está tranquilo y que tiene la conciencia limpia, puesto que está siendo denunciado por mujeres con las que tuvo una relación laboral después de que se registraron los presuntos abusos.

“Me estás dando el consentimiento, pero te estoy violando, al otro día estás contenta y que está preparada para otra escena. Nosotros nunca obligamos a nadie a estar en la empresa”

Por último, debido a que las víctimas están siendo apoyadas por Amaranta Hank, Cipriani reveló que ha comenzado un proceso legal en contra de las tres mujeres por calumnia, mientras que la candidata al Senado declaró que en la industria hay falencias con las que busca terminar definitivamente, incluyendo el accionar que realiza continuamente el director en sus producciones.

“Tiene que ser una relación de demasiado respeto, en los sets hay fiestas, drogas, sexo detrás de las escenas. Si hay un acuerdo, fabuloso, porque hay un acuerdo, pero si no se habla sobre eso y se hace en la escena, estamos hablando de una violación”, declaró Omaña.

La cantidad de casos gestionados por el Teléfono contra el abuso y maltrato a personas mayores en la Comunidad de Madrid aumentó considerablemente en 2025, pasando de 110 a 144 registros respecto al año anterior, mientras que las denuncias realizadas por vecinos y ciudadanos fuera del entorno familiar tuvieron una participación inédita en la detección de estos hechos. Según publicó la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), este servicio telefónico operado desde 2019 ha acumulado 3.714 intervenciones en todo el país, de las cuales 653 fueron en el presente año, 53 más que en 2024. La entidad atribuyó el repunte no solo a la persistencia del problema, sino al progreso en la capacidad de detectar, atender y denunciar este tipo de situaciones.

De acuerdo con la información consignada por Confemac, la distribución territorial muestra que Andalucía continúa como la comunidad con mayor volumen de casos atendidos —con una ligera reducción del 31,9% al 31,3% respecto al total nacional— pero destaca especialmente el alza de Madrid, que subió del 18,5% al 22,3%. A nivel provincial, además del incremento registrado en la capital española, también se advirtieron variaciones en otras zonas: Sevilla contabilizó 54 casos frente a los 49 del año anterior, mientras que Barcelona bajó de 60 a 48. El medio detalló que el Teléfono contra el Maltrato a Personas Mayores opera de forma continua, incluso en periodos en los que careció de financiación específica, dependiendo del trabajo voluntario y el esfuerzo sostenido del equipo de Confemac.

Respecto a los tipos de abuso reportados, el maltrato psicológico mantuvo su posición como la modalidad más frecuente, aunque descendió en proporción (del 28,4% al 26,7% del total de llamadas). La negligencia aumentó del 10,9% al 15,5%, mientras que el abandono —entendido como la dejación de responsabilidades básicas— retrocedió del 16,8% al 12%. El maltrato económico, que engloba la sustracción, apropiación indebida o gestión indebida de bienes y rentas, se mantuvo estable con cifras altas, ascendiendo del 15,6% al 16,2%. El abuso físico experimentó una reducción (del 10,5% al 8,5%). Confemac resaltó además la presencia de nuevas categorías en la estadística, como las vulneraciones de libertad y derechos, que representaron el 8,8% de los casos, y el maltrato institucional, con el 4%.

Analizando el perfil de quienes alertan al servicio, la entidad identificó que los hijos y familiares cercanos continúan siendo quienes más comunican casos al teléfono, con un 31,1% y un 22,5% respectivamente, pero los vecinos han pasado a ocupar un lugar relevante, constituyendo el 11,8% de las llamadas. “Esto muestra un avance en la sensibilidad colectiva y deja claro que la comunidad desempeña una función de vigilancia y soporte antes reservada solo a la familia o a la víctima directa”, explicó Confemac al medio. El ámbito familiar siguió siendo el principal escenario de los incidentes denunciados, concentrando el 68,5% de los casos en 2025, cifra similar al año previo; los centros residenciales representaron el 14,9%.

La confederación destacó el impacto de sus campañas enfocadas en la toma de conciencia comunitaria, como la recientemente lanzada ‘Si no lo ves, ¿cómo lo frenas?’. La campaña persigue subrayar la importancia de identificar señales de alerta, no ignorar indicios y tener claro que existe una línea de ayuda disponible. Según publicó Confemac, el anonimato y la accesibilidad del recurso permite que muchas situaciones reciban atención pese al temor, el estigma o la normalización del problema. La entidad señaló: “Gran parte del maltrato se sostiene porque pasa desapercibido, se normaliza o se minimiza”. Por ello, los responsables del servicio llamaron a una identificación activa del problema: “No podemos frenar lo que no nombramos y no podemos nombrar lo que decidimos no ver”.

El 15 de junio de 2025 se registró, según consignó Confemac, una manifestación que marcó un punto de inflexión en la sensibilización social. La organización consideró que la fecha sirvió como recordatorio de que el buen trato no debe limitarse a eventos aislados, sino integrarse en la vida cotidiana y en las prácticas institucionales. El medio reportó que la estrategia de la confederación se basa en la ‘Estrategia hacia el Buen Trato’, que incluye campañas, colaboraciones interinstitucionales y un enfoque de intervención orientado a visibilizar que el abuso contra personas mayores es un problema social que afecta a toda la comunidad.

Confemac también puso el foco en los desafíos pendientes en el sistema de atención, especialmente en los casos en que la víctima padece deterioro cognitivo o trastornos de salud mental que dificultan la percepción adecuada del riesgo o las intenciones del entorno. Según describió la entidad, esta casuística presenta obstáculos adicionales, ya que puede generar una interpretación errónea de hechos o rechazos injustificados a los servicios de apoyo, incrementando el aislamiento o la falta de protección. El colectivo profesional a cargo del servicio observó que la respuesta institucional ante estos escenarios “no siempre ofrece soluciones ágiles, integradas o adaptadas a la edad y la vulnerabilidad específica de las personas afectadas”.

Mirando hacia el futuro, la organización anunció que, a partir de 2026, el proyecto contará con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En declaraciones recogidas por el medio, la confederación valoró este apoyo institucional no solo como un recurso económico, sino como un reconocimiento explícito al problema y una apuesta por consolidar la protección social de los mayores. Tal como detalló Confemac, el desafío no radica únicamente en garantizar el funcionamiento del teléfono de asistencia, sino en reforzar la respuesta pública ante una cuestión que implica una vulneración de derechos y que, según la entidad, no puede asumirse como un fenómeno anecdótico o excepcional.

El Teléfono contra el Maltrato a Personas Mayores mantuvo su funcionamiento durante 2025 gracias a la implicación de personal especializado y acciones altruistas, sin interrupciones pese a la ausencia de financiación específica durante algunos periodos. El equipo profesional valoró positivamente el incremento de la participación social en la denuncia de los hechos, interpretándolo como un paso hacia la ruptura del silencio y la invisibilización. Según el medio, la experiencia acumulada desde el lanzamiento del servicio en 2019 refuerza la percepción de que la problemática, lejos de reducirse, requiere un abordaje más coordinado entre los recursos sociales y sanitarios, así como una intervención más efectiva en contextos de especial complejidad, como aquellos en los que se cruzan situaciones de abuso y trastornos de salud mental o deterioro cognitivo.

En declaraciones incluidas en el informe, Confemac insistió en que abordar el fenómeno implica sostener no solo recursos específicos, sino también promover una mayor coordinación institucional y fortalecer la capacidad de actuar cuando aparecen señales de vulnerabilidad, miedo o desconfianza. La organización concluyó que “no se trata solo de sostener un teléfono; se trata de sostener una respuesta social y pública frente a una vulneración de derechos que no puede normalizarse”, subrayando la necesidad de mantener abiertos los canales de denuncia y apoyo como parte esencial de una sociedad comprometida con la dignidad y el bienestar de las personas mayores.

Los documentos recientemente divulgados en la investigación sobre Jeffrey Epstein han reavivado el debate sobre el papel de Ghislaine Maxwell, mostrando cómo utilizaba técnicas de manipulación emocional para involucrar a adolescentes en la trama de abuso, a la vez que dejan al descubierto los límites del proceso judicial previo al juicio.

Todo ello ocurre mientras la defensa de Maxwell explora vías para revertir su condena y su entorno recalca la naturaleza limitada de la información salida a la luz.

El testimonio de un agente, presentado ante el gran jurado y recogido en los expedientes, arroja detalles sobre el modo en que Maxwell conseguía que las jóvenes percibieran como natural el ambiente en el entorno de Epstein.

El funcionario relató a las autoridades judiciales, según The Guardian: “Maxwell lo normalizó. Era como una hermana mayor genial y hacía comentarios como: ‘Esto es lo que hacen los adultos’”. La joven, que describió como “extrañas” sus primeras visitas a la mansión del financiero, relató sentirse desconcertada tras ver a Maxwell en topless, aunque pronto percibió que la actitud de la acusada minimizaba cualquier atisbo de alarma.

El entorno que Maxwell generaba favorecía la sensación de pertenencia entre las víctimas. De acuerdo a lo señalado por el agente ante el gran jurado, citado por The Guardian: “Expresó que sentía que la querían. Sentía que eran su familia; que la apoyaban, y… le hicieron sentir que debía estarles agradecida”. Esta atmósfera de supuesta familiaridad y protección, según el documento, fue clave para la progresiva integración de las adolescentes en los comportamientos abusivos.

En el avance del abuso, la propia Maxwell empezaba a tomar parte activa, instruyendo y ridiculizando a las menores delante de Epstein. “Maxwell se burlaba un poco de las otras chicas. Les agarraba los pechos y les indicaba qué hacer”, declaró el agente sobre el testimonio recogido en la investigación judicial, como informó The Guardian.

El ambiente se volvía tan cotidiano y banalizado que, en palabras del agente, “Intentaba no mirar a Maxwell porque transmitía esa sensación de hermana, así que se sentía extraña… Intentaba ser invisible en la habitación para que la ignoraran lo más posible”.

Las transcripciones también incluyen testimonios que coinciden con los relatos de víctimas ya identificadas públicamente en el juicio, como Jane y Annie Farmer. Así ocurre en el caso de una joven a la que Maxwell habría guiado para que le diera un masaje a Epstein, según relató el agente al gran jurado recogido por The Guardian, “Maxwell le dijo que le diera a Epstein un masaje de pies y luego le mostró y le indicó cómo hacerlo. Se sintió un poco incómoda, pero Maxwell estaba bromeando, así que simplemente siguió su ejemplo”.

Estos documentos contribuyen a perfilar la estrategia de Maxwell: propiciar relaciones personales desde la empatía, mostrar curiosidad por los antecedentes y vulnerabilidades de las víctimas e incluso enviarles obsequios, como paquetes de lencería de Victoria’s Secret a nombre de Maxwell y Epstein. Uno de los testimonios recogidos en 2007 no mencionó en su momento a Maxwell, hecho explicado por el agente de la ley consultado por el fiscal: “No se lo pidieron”, recoge The Guardian.

A raíz de la publicación de los documentos, Ian Maxwell, hermano de Ghislaine Maxwell, subrayó la naturaleza limitada de los expedientes judiciales filtrados: “Es importante recordar que estos materiales no constituyen prueba de culpabilidad ni de la conducta de nadie. Los procedimientos del gran jurado son preliminares y unilaterales por naturaleza: permiten a los fiscales presentar su caso sin recusaciones ni contrainterrogatorios”.

Y añadió, en declaraciones al medio británico: “Por ello, las transcripciones no ofrecen una visión equilibrada ni completa de los hechos. No pueden mostrar el contexto más amplio ni reflejan las respuestas, explicaciones o pruebas que la defensa podría presentar en un tribunal”.

Un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque, partido de La Plata. Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

La causa, que quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, activó un fuerte despliegue de los organismos de investigación.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas, precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata, y está siendo investigado con medidas urgentes.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima, tras lograr escapar de sus agresores, pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia a la que pudo acceder el medio local 0221, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque. Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él.

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60, donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Como elementos sustraídos, la víctima contó que en la riñonera robada por los asaltantes había un teléfono celular y documentación personal.

La víctima especificó que uno de los atacantes, el que perpetró el abuso, tendría cerca de 35 años. Además, en su declaración ante la Policía, señaló que fue amenazado de muerte por los delincuentes durante el episodio.

Bajo instrucciones de la fiscal Corfield, los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la zona del ataque, con el objetivo de obtener rastros y recolectar pruebas materiales que ayuden a esclarecer el hecho. El relevamiento incluyó exámenes en busca de huellas y registros de elementos personales, así como la búsqueda de imágenes de cámaras que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos en las inmediaciones.

Un policía secuestró y abusó de una joven: quedó detenido con preventiva

La Justicia dictó la prisión preventiva para el policía acusado de secuestrar y violar a una joven de 25 años en City Bell, un hecho que generó conmoción en La Plata.

Según informó el medio local 0221, en la resolución, el Tribunal consideró que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” que vinculan al acusado con los hechos, conforme a la valoración de la Fiscalía.

El caso se encuentra bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11, quien subrayó la condición del imputado como agente del Estado y la necesidad de preservar la integridad de la investigación. El policía se encuentra imputado por los delitos de rapto agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado con arma de fuego y robo agravado, delitos que el Código Penal contempla en concurso ideal y real.

De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió el miércoles 12 de noviembre, minutos antes de las 17, en la calle 14, entre 474 y 476, en la localidad de City Bell. Una joven de 25 años caminaba hacia su Volkswagen Gol Trend, cuando un hombre, que la seguía con una caja en la mano, descartó los cartones y, tras abrir la puerta del conductor, la amenazó con un arma.

El agresor, armado, la obligó a subir a su propio vehículo y la condujo por el Camino General Belgrano durante aproximadamente 30 minutos. El recorrido culminó en el Parque Pereyra Iraola, donde la víctima permaneció retenida durante 3 horas bajo amenaza, fue sometida a interrogatorios personales y, tras un intento fallido de escape, sufrió una agresión sexual dentro del vehículo, según su testimonio.

Las primeras horas de la investigación incluyeron la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo robado, lo que permitió determinar que el sospechoso huyó hacia el partido de Florencio Varela.

Tras una investigación, los investigadores de la DDI de La Plata localizaron al sargento Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, en la localidad de Ingeniero Allan.

La Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores, Córdoba, dictó una condena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo contra un hombre hallado culpable de abusos sexuales continuados y gravemente ultrajantes contra dos miembros de su propia familia.

El condenado fue trasladado de inmediato a la unidad carcelaria, marcando uno de los fallos más duros en materia de delitos sexuales de los últimos años en la región.

La decisión resonó en todos los ámbitos judiciales y sociales por la minuciosidad de la investigación y la contundencia de la condena. Según se informó, el tribunal encontró probado que las víctimas, dos menores de edad, sufrieron graves consecuencias en su salud mental debido a los hechos.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la causa judicial se inició a partir de las denuncias que llegaron a la Unidad Judicial de Villa Dolores. Según consta en la presentación, los abusos ocurrieron el 13 de diciembre de 2024.

La Fiscalía tomó el caso y reunió pruebas sólidas sobre los hechos ocurridos en el seno de una familia loca.

Las pruebas demostraron de manera fehaciente la existencia de abusos sexuales continuados y gravemente ultrajantes, agravados por el daño profundo ocasionado en la salud mental de las dos menores, que habían confiado en miembros de su entorno.

El tribunal, presidido por el juez Carlos Escudero, determinó la responsabilidad penal del acusado en los cargos de abuso sexual continuado, agravado, y promoción de la corrupción de menores de forma continuada. La gravedad de los delitos, sumado al daño comprobado, fue un factor determinante en la aplicación de la condena.

La lectura del fallo estuvo a cargo de la secretaria de Cámara, Claudia Funes. Durante la audiencia de juicio, el Fiscal de Cámara, Sergio Cuello, reclamó una pena de 16 años de prisión para el imputado. El representante del Ministerio Público consideró adecuada una sanción más elevada y la prisión preventiva debido al alto riesgo de fuga, dado que el hombre no disponía de domicilio fijo y existía un potencial intento de abandonar el país con destino a Uruguay.

Aunque la Cámara determinó finalmente una condena de 15 años, la sentencia fue definida como de cumplimiento efectivo, ejecutada en el momento de la lectura: el acusado fue esposado y trasladado sin demoras al establecimiento penitenciario de la ciudad de Villa Dolores.

A finales del mes pasado, la Justicia de Córdoba también condenó a un hombre por abuso sexual con acceso carnal reiterado contra dos menores de edad que forman parte de su grupo familiar.

Se trató de un cuidador de caballos de 32 años, identificado con las iniciales F. G., quien deberá cumplir con una pena de diez años de prisión.

El fallo, considerado de cumplimiento efectivo, concluyó tras un extenso proceso judicial en el que intervinieron magistrados, peritos y múltiples testigos que brindaron pruebas sustanciales para la causa.

Según lo informado por autoridades judiciales, el acusado residía en una localidad próxima a Villa María, donde cumplía funciones como cuidador de caballos en establecimientos rurales.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por miembros del entorno de las víctimas, lo que permitió dar inicio a una causa que derivó en la detención preventiva de F. G.

Durante el juicio, el tribunal recibió numerosos testimonios y peritajes especializados, que resultaron decisivos para acreditar la responsabilidad penal del hombre. Los informes psicológicos y médicos fueron incorporados al expediente y, según consta en los fundamentos de la sentencia, permitieron reconstruir el contexto de abuso y la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas.

El tribunal enfatizó en su resolución que la vinculación familiar entre el acusado y las dos víctimas menores fue determinante para cometer el hecho. El dictamen no dejó margen para medidas alternativas, por lo que la pena se cumplirá en su totalidad bajo régimen carcelario.

Un profesor de tenis, oriundo de San Martín, provincia de Mendoza, que había sido condenado la semana pasada por el abuso sexual de su hijastra, recibió una nueva condena judicial tras declararse culpable de haber abusado de una alumna de 15 años.

El instructor, identificado como C. O. –su nombre completo no se publica para resguardar la identidad de las víctimas–, acumuló una pena unificada de 10 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia, dictada por el juez penal Carlos Torres, impuso a C. O. una pena de 7 años y 8 meses de cárcel en el marco de un juicio abreviado, luego de aceptar su responsabilidad sobre los hechos y alcanzar un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

El acusado dictaba clases en reconocidos clubes de la zona y mantenía un perfil público en varias instituciones deportivas de Mendoza y San Martín.

Este proceso judicial surgió tras la denuncia de una alumna, quien relató haber sido víctima de distintos episodios de abuso sexual mientras formaba parte de las clases privadas a cargo de C. O.

La investigación judicial comprobó que los abusos no se limitaron al ámbito del Club Vistalba, sino que también ocurrieron fuera de la institución y continuaron a través de comunicaciones telefónicas.

La adolescente reveló que el instructor mantenía contacto con ella a través de mensajes y llamadas, prolongando la situación violenta incluso fuera de los horarios de entrenamiento.

La pena de 7 años y 8 meses, recientemente dictada, se sumó a la condena previa de 5 años de prisión que se conoció la semana pasada, cuando el Tribunal Penal lo halló responsable del abuso sexual simple agravado y grooming en perjuicio de su hijastra.

Esos hechos habían sido investigados por el fiscal Federico Bergamín, quien determinó que el acusado utilizó su vínculo de guarda y confianza con la menor –entonces de 10 años– para perpetrar abusos a lo largo de varios meses, incluyendo conductas coactivas y amenazas.

Según información aportada por Fiscalía, la madre de la víctima fue quien radicó la denuncia inicial en San Martín tras detectar comportamientos sospechosos y confirmar sus sospechas con su hija.

Los primeros episodios fueron denunciados como tocamientos ocurridos en diciembre de 2022, a los que siguió la solicitud de imágenes íntimas a través de aplicaciones de mensajería y amenazas contra la integridad de la familia. Las pericias confirmaron que los abusos se cometieron tanto en el domicilio familiar, como en medios de transporte públicos y otros ámbitos fuera de las instituciones deportivas.

La investigación permitió identificar una conducta sistemática de abuso, validada por la declaración de las víctimas y los peritajes psicológicos.

Durante varios años, C. O. desarrolló su actividad como instructor de tenis en clubes de San Martín y posteriormente en Mendoza, con especial presencia en complejos privados. Muchos de sus colegas y exalumnos revelaron la sorpresa que les generó la noticia de su detención.

La resolución judicial establece restricciones de acercamiento y comunicación con las víctimas y compromete a las entidades deportivas a revisar los procesos de admisión y el perfil de quienes acceden a cargos de docencia o acompañamiento con adolescentes.

Cinco mujeres víctimas de explotación sexual y trata de personas fueron rescatadas en dos cateos realizados en bares clandestinos del municipio. La operación estuvo encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Benito Juárez, quienes, tras semanas de investigación, lograron irrumpir en los puntos que operaban bajo esquemas de prostitución forzada y cobro de fichas.

Primer cateo: sistema de servicios sexuales entre los 500 a los 2 mil 500 pesos

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre avenida José López Portillo en la colonia Tres Reyes. En ese sitio, agentes ministeriales localizaron a cinco mujeres mexicanas, quienes eran obligadas a “fichar” con clientes por un costo de 50 pesos por vaso consumido.

Para la prestación de servicios sexuales, los montos oscilaban entre 500 y 2 mil 500 pesos, según la edad y características de la víctima. De acuerdo con la FGE estatal, el 50% de cada servicio quedaba en manos del establecimiento, lo que confirma el esquema de explotación económica y control sobre las víctimas.

Segundo cateo: bitácora de control de víctimas y grabaciones del abuso contra mujeres

Una segunda intervención ocurrió en un bar sobre la calle 3 Oriente, en la Supermanzana 64, donde también prevalecía un sistema parecido, pero con un costo de 100 pesos por consumo. Al igual que en el primer punto, la mitad del dinero generado pasaba a manos del negocio. En este sitio se aseguraron objetos clave para la investigación: dosis de presuntas drogas, preservativos, bitácoras de control de víctimas y seis DVR con grabaciones internas.

Además, se identificaron cuartos privados adaptados para servicios sexuales, lo que fortaleció la carpeta por trata de personas con fines de explotación sexual.

El aseguramiento y un modus operandi en Quintana Roo para la explotación sexual

Tras las diligencias, ambos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público. Las mujeres rescatadas fueron puestas bajo protección institucional debido a su condición de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, fueron canalizadas a instancias especializadas para garantizar atención integral, acompañamiento psicológico y acceso a mecanismos legales de reparación.

Las autoridades estatales destacan que la trata de personas continúa operando bajo estructuras clandestinas en centros nocturnos que simulan empleos voluntarios, pero que en realidad someten a mujeres mediante control económico, amenazas o aprovechamiento de carencias.

Operativo en octubre 2025: rescate de quince mujeres colombianas

En un segundo operativo a mediados de octubre de 2025, las autoridades de Quintana Roo rescataron a 15 mujeres víctimas de explotación sexual en distintos inmuebles del municipio de Benito Juárez.

Según informó la fiscalía general en ese momento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Marina, el operativo —realizado el 29 de octubre— permitió liberar a 14 mujeres de nacionalidad colombiana, quienes ―según las investigaciones― fueron “enganchadas” desde su país mediante falsas promesas de empleo formal.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron llevadas a Cancún o Playa del Carmen bajo la promesa de trabajar en una “agencia de modelaje” o en empleos bien remunerados. Luego, al llegar a territorio mexicano, fueron trasladadas a departamentos donde les retiraron sus pasaportes. Además, se les informó que tenían una deuda de 120 mil pesos, la cual solo podrían saldar con servicios sexuales.

Durante su periodo de explotación, las mujeres ganaban apenas 100 pesos por servicio; esto mientras los ingresos reales eran retenidos por la red de trata. Eran vigiladas con cámaras, tenían prohibido salir y vivían bajo un régimen de coerción constante, sin posibilidad de escapar.

En el partido bonaerense de Tornquist, un fallo judicial provocó conmoción tras conocerse la condena a 14 años de prisión para un hombre hallado culpable de abuso sexual y violencia física contra su pareja, en un hecho ocurrido en febrero de este año.

La sentencia, dictada en el marco de un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, reflejó la gravedad del caso y derivó en nuevos pedidos de fortalecimiento de las políticas de prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar a la denunciante, fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por causar un daño grave en la integridad de la mujer.

El portal de Noticias Argentinas confirmó que la decisión judicial contempló la evidencia reunida durante la investigación y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Ayudantía Fiscal de Tornquist, la agresión tuvo lugar el 14 de febrero de este año en un departamento donde la pareja se alojaba.

Tras la negativa de la mujer a mantener relaciones sexuales, el hombre la sujetó del cuello, le desgarró la ropa y la violó, desoyendo su voluntad. Posteriormente, la golpeó en el rostro, la amenazó de muerte y la sometió a reiteradas situaciones abusivas, provocándole lesiones sangrantes que exigieron atención médica urgente.

En ese contexto, la víctima logró abandonar el departamento y pedir auxilio. Una vecina, al advertir su estado y escuchar el relato, solicitó rápidamente una ambulancia.

El personal sanitario decidió trasladarla primero al hospital de Tornquist, y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada de inmediato al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde requirió una intervención quirúrgica.

Los magistrados consideraron agravante el daño físico causado, así como la situación de vulnerabilidad de la víctima durante el ataque. El tribunal concluyó que la pena de 14 años de prisión respondía a la gravedad de los delitos de abuso sexual reiterado y las consecuencias directas sobre la salud de la mujer.

Durante todas las instancias del proceso, la víctima recibió acompañamiento psicológico y social desde el primer momento. Equipos especializados continúan monitoreando su recuperación, en paralelo al avance de la disposición judicial.

Confirmaron la condena a un enfermero que abusó de una paciente que sufrió un ACV

Hace una semana, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 11 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Rubén Omar Rivas, enfermero del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), por someter a pacientes en situación de extrema vulnerabilidad a abusos sexuales gravemente ultrajantes y vejámenes sistemáticos.

El Tribunal, con el voto principal del juez Alejandro Slokar, consideró probado que Rivas abusó sexualmente de una paciente internada tras un accidente cerebrovascular en agosto de 2021.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el enfermero aprovechó los movimientos involuntarios de la víctima para perpetrar actos de índole sexual, lo que fue calificado como “humillación y cosificación” y señalado por el tribunal como un acto con un “plus de perversión”.

Slokar subrayó que el acusado utilizó su posición jerárquica y el contexto de encierro para desplegar conductas incompatibles con su función sanitaria, empleando el cuerpo inerme de la paciente como un objeto.

La sentencia también confirmó la condena por las vejaciones cometidas en 2017 contra otros dos pacientes, identificados como G. D. y J. B., quienes se encontraban en una situación de dependencia absoluta.

Guerra abierta en el seno del rap. Los raperos Fernando Costa (Ibiza, 1995) y Ayax (Granada, 1991) —este último conocido por el dúo Ayax y Prok, que forma junto a su hermano Adrián— llevan meses enzarzados en una pelea que cada vez se ha hecho más pública. Este lunes 24 de noviembre, el rapero ibicenco ha lanzado TE AVISÉ, acusando al artista, de entre otros, violencia en la pareja, manipulación emocional o abuso de drogas. Una de las frases más fuertes del tema es cuando Costa afirma que “pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”. En noviembre de 2024, la cuenta de Instagram @DenunciaGranada comenzó a recoger testimonios de mujeres que supuestamente habían sido agredidas por Ayax y Adrián Pedrosa Hidalgo, hermanos gemelos.

Ambos raperos mantuvieron durante años una relación estrecha, especialmente en la escena granadina. Ese vínculo se fracturó a raíz de una entrevista concedida por Costa durante la promoción de Amor de barrio. “Si es verdad todo lo que dicen, que la justicia actúe cuanto antes”, le dijo a ElPlural sobre las acusaciones del dúo de hermanos. “Recuerda hermanito que sin mí no serías nadie. Tu hijo es mi nieto porque yo soy tu padre”, le respondió Ayax en redes sociales.

Un mes después, y tras varios mensajes cruzados, Ayax volvió a dirigirse a Costa desde la plataforma X, antes Twitter, donde publicó —y posteriormente eliminó— una serie de publicaciones en los que lo acusaba de deslealtad. “Ayer te pagué la gira para que tú hoy me vendas. Arrieros somos, nos veremos en la senda”, escribió, como recoge el citado medio.

“Deja de haber paz en el momento en el que mencionas a mi hijo”, respondió Costa. A continuación, explicó que durante años había sido telonero de la gira de Ayax y Prok sin cobrar, solo a cambio de comida y alojamiento, y añadió que esa deuda estaba “pagada de sobra” con todo lo que había soportado en su entorno. También lanzó un mensaje sobre la canción que Ayax estaba preparando entonces: “Estoy deseando que sueltes la basura esa que has escrito puesto de farlopa para ver si eres capaz de mencionar a mi niño otra vez”.

“Amor falso, amor de estraperlo”

Tras ese cruce, Ayax intentó rebajar la tensión y publicó en Instagram que su reacción había sido “innecesaria e inmadura”. “Le deseo lo mejor a él y a los suyos. Muchos años y muchas cosas bonitas juntos. Paz”. Desde ese momento y hasta la publicación de las tiraderas, no hubo más declaraciones por parte de ninguno de los dos.

Este viernes, Ayax ha publicado Justicia Poética, como respuesta a Costa: "Voy a follarte vivo, pase lo que pase / Eres un envoltorio, un molino giratorio / Amor falso, amor de estraperlo / 14 años, nunca llegué a conocerlo / Hermanito, toca madera / Eres Fernandito, Malaramera“, narra, en referencia al conocido tema de Costa.

Costa no ha tardado en responderle. Tres días después ha publicado Te avisé. “Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”, canta, en referencia a las acusaciones. “Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos / No vayas al programa, por si te pregunta “¿Cuánto ganas?” Broncano (Jaja)“, añade, haciendo referencia a La Revuelta. “Dile a todo el mundo que al drogarte con yonquis / Le pegaste a todos tus amigos tuberculosis”. “¿Crees que voy a achicarme? Lo siento, es demasia’o tarde / Yo no soy una groupie, no puedes abusarme“, prosigue.

El proceso que culminó con la extradición de Sequeiros comenzó cuando el acusado huyó a Perú en 2023, intentando evadir un proceso judicial en Estados Unidos. En un comunicado, las autoridades señalaron que “había huido a Perú en 2023 para evadir un proceso judicial en EE. UU. Fue ubicado y detenido en Cusco en cooperación con la Policía Nacional del Perú, Interpol, Migraciones, Cancillería, Fiscalía, Mininter y U.S. Department of Justice”.

¿Dónde acudir si eres víctima de violencia?

El MIMP recordó que existen diversos servicios gratuitos y confidenciales para acompañar a víctimas de violencia:

• Línea 100

Brinda orientación emocional y asesoría en español, quechua y aimara. Atiende las 24 horas del día.

• Centros de Emergencia Mujer (CEM)

Ofrecen atención legal, psicológica y social. Están distribuidos en todo el país y muchos operan dentro de comisarías con atención permanente.

Información y asistencia

• Teléfono: (01) 419 7260
• Página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

El proceso legal que involucró a María Camila Correa y que terminó con la condena de su antiguo profesor, ha estado marcado por episodios de dolor, persistencia y búsqueda de una reparación que demoró más de década y media.

La exreina, que fue Señorita Bogotá en 2021, expuso las dificultades iniciales que enfrentó cuando intentó acudir a la justicia, problema que la acompañó durante años y que solo encontró salida tras un cambio en su representación legal.

Recientemente, Correa habló con los micrófonos de la emisora Alerta Bogotá exponiendo las trabas institucionales para adelantar la denuncia.

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En la conversación con la emisora antes citada, reveló que lo primero que hizo fue contarle a su mamá lo que estaba ocurriendo con su profesor en ese momento, pero en las tres estaciones de Policía que visitó no recibió el acompañamiento adecuado para este tipo de casos.

Solo en diciembre de 2010, dos años después del hecho que la marcó cuando tenía 12 años, logró formalizar su acusación ante la Fiscalía. Esta demora en la reacción de las autoridades dejó la causa prácticamente estancada durante más de diez años, hasta que el abogado Juan Felipe Criollo asumió el caso en la capital y reimpulsó las diligencias judiciales.

Según Criollo en declaraciones a El Tiempo, “a juicio del despacho, pese a que se trató de hechos que sucedieron hace más de una década, el testimonio de la señora María Camila Correa fue consistente y perduró en el tiempo, pues durante el mismo fueron palpables los sentimientos que la víctima mantuvo hasta su adultez, los cuales tuvieron su génesis en mayo de 2008, como consecuencia de los actos desplegados por el acusado".

La declaración de culpabilidad contra Farley José López Henao, que fuera su profesor en el Colegio Jefferson de Cali, marcó un punto de inflexión, aunque la sentencia todavía no es definitiva en cuanto a la pena que el condenado deberá cumplir.

Según detalló Correa en la misma entrevista, la discusión actual radica en el tipo de castigo que enfrentará el agresor, dado que su defensa solicita la detención domiciliaria.

La exreina manifestó rotundo rechazo a esta posibilidad: “No estoy de acuerdo porque una persona de estas con una mentalidad de estas no tiene por qué estar en su casa, tiene que estar detrás de las rejas”.

Asimismo, la ex Señorita Bogotá contó que su representación legal insistirá en exigir una pena efectiva de prisión, aludiendo a la gravedad de los hechos y a la necesidad de proteger a otros menores.

Además de las dificultades legales, Correa describió el profundo impacto emocional que el proceso le dejó: “El dolor es tan grande que pasa de lo emocional a lo físico. A mí me dolía el pecho, me dolían las manos cuando terminaba una audiencia”.

La sensación de revictimización y el lento avance del caso la llevaron a momentos de profunda frustración. No obstante, la reciente resolución judicial ha significado para ella no solo una forma de reparación, sino un estímulo para que otras mujeres y niñas sigan su ejemplo y denuncien situaciones de abuso.

Así lo expresó: “Al ver todo este movimiento de mujeres que me escriben contándome sus historias, entendí que no nos podemos quedar calladas”.

Cabe recordar que, las mujeres que estén siendo víctimas de algún tipo de abuso, ya sea sexual o cualquier otra basada en género, las autoridades disponen de redes de apoyo como la línea 155, a la que se puede marcar para recibir atención profesional.

Asimismo, se encuentra la Línea Púrpura Distrital que ofrece apoyo, orientación psicosocial y jurídica a todas aquellas que sientan vulnerados sus derechos.

El juez Carlos Gazza dictó la prisión preventiva hasta febrero próximo para el portero de la Escuela República de Colombia N°1085 de Fray Luis Beltrán, quien enfrenta cargos por corrupción de menores en grado de tentativa y abuso sexual simple.

La decisión llegó tras un proceso judicial iniciado el lunes último, cuando M. R., el acusado, fue detenido en las instalaciones de la escuela ubicada en la provincia de Santa Fe, en medio de un operativo policial que buscó evitar que fuera agredido por familiares de alumnos.

El caso generó un importante despliegue de seguridad, ya que un grupo de padres acudió al establecimiento luego de conocer las denuncias contra el portero. La situación derivó en una causa anexa por los incidentes registrados en el lugar.

Las acusaciones surgen a partir de declaraciones recogidas entre el lunes y el martes, donde se señala que las conductas atribuidas al portero involucraron a alumnos de primaria de entre 11 y 12 años, según informó el portal Rosario3.

De acuerdo con la fiscal Victoria Vigna, el portero de la Escuela República de Colombia N°1085 quedó bajo sospecha por mostrar a seis estudiantes material pornográfico en el ámbito escolar.

Además, la Fiscalía sostiene que el trabajador les había explicado y les había enseñado a realizar y realizarse prácticas sexuales.

El juez Gazza avaló la calificación jurídica de “corrupción de menores”, aunque en grado de tentativa, y dispuso la continuidad de la investigación sin conceder la libertad provisional al imputado.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal imputó a M. R. un hecho de abuso sexual simple en perjuicio de un alumno de 11 años, caso que habría consistido en un “tocamiento”. Según los informes judiciales publicados por el portal de noticias, la víctima proporcionó detalles sobre lo sucedido durante una primera instancia de declaración.

El expediente se encuentra en una etapa inicial. La fiscal Vigna explicó que restan por incorporarse dos elementos probatorios fundamentales: la declaración de los estudiantes en Cámara Gesell y el análisis del teléfono celular secuestrado al acusado.

Durante la audiencia, M. R. negó los cargos ante el juez y pese a ello, la gravedad de las imputaciones y el riesgo procesal fueron argumento suficiente para dictar el alojamiento preventivo hasta el 3 de febrero.

Desde la institución, separaron al portero de sus funciones de forma preventiva, ni bien se conoció la denuncia.

La secretaria de Gestión Territorial de la cartera, Daiana Gallo Ambrosis, declaró que no había denuncias previas contra él. Es un auxiliar que comenzó a trabajar en marzo de este año.

Un psicólogo fue suspendido tras denuncias de acoso y abuso

El Colegio de Psicólogos de Quilmes suspendió durante un año la matrícula de un profesional tras recibir denuncias por conductas indebidas, acoso y abuso sexual en los ámbitos terapéutico y académico. Mientras tanto, el hombre se encuentra bajo investigación de la Justicia.

El acusado, P. B. (M.P. 61853), se desempeñó como docente, terapeuta y supervisor en instituciones privadas y universitarias, además de haber participado en un canal de televisión durante la pandemia de coronavirus.

Las primeras denuncias formales se presentaron a comienzos de 2024 ante el Colegio de Psicólogos de Quilmes. Después de que se difundieran los primeros relatos, un grupo de mujeres creó una cuenta de Instagram para recopilar diferentes testimonios que brindaron detalles sobre las modalidades de acercamiento y contacto del acusado. En dichos relatos se observó la repetición de ciertos patrones: las denunciantes indicaron que P. B. establecía primero relaciones de confianza para luego derivar el vínculo a un plano personal y más tarde sexual.

Una de las publicaciones en esa cuenta, que fue eliminada tras una intervención de P. B. según las propias denunciantes, describía que “la forma de operar de esta persona es sutil, prolija, silenciosa. Atiende población femenina en estado de vulnerabilidad, y de eso se aprovecha para obtener sus beneficios”.

En otro testimonio, se relató que el acusado, en su rol de docente, solicitaba fotos personales a alumnas o hacía comentarios de contenido sexual. Varios testimonios dieron cuenta de situaciones de incomodidad tras comentarios, contacto físico fuera de contexto o derivaciones a conversaciones íntimas por mensajería.

De manera predominante, los casos mencionan relaciones marcadas por una diferencia de poder, ya sea desde la función de docente, terapeuta o jefe en el entorno laboral. Se advirtió que estos comportamientos ocurrieron durante más de una década.

La difusión en redes sociales motivó la llegada de nuevos relatos y consultas de mujeres que atravesaron situaciones similares, aunque muchas manifestaron temor para avanzar con una denuncia formal. Al cierre de la investigación, al menos siete personas realizaron denuncias identificadas ante la entidad, y se estimó que el total de afectadas superaría las quince, considerando ex pacientes, alumnas y terapeutas.

La resolución del Colegio fue emitida en agosto pasado. El Tribunal de Disciplina sostuvo que P.B. vulneró normas éticas fundamentales del Código de Ética bonaerense y de la FePRA, en particular aquellas que prohíben aprovechar la asimetría de poder en la relación terapéutica para establecer vínculos de intimidad o autoridad.

El tribunal precisó que se violaron los artículos relacionados con la ética profesional y decidió imponer la suspensión de la matrícula por un año, subrayando que el profesional ya había recibido una sanción previa.

El expediente administrativo desembocó en la sanción determinada por el Colegio, aunque también existen denuncias penales en trámite en la Unidad Fiscal N°8 de Quilmes. En el fuero penal, las acusaciones refieren a abusos sexuales, un delito de mayor gravedad, y las actuaciones permanecen en curso y bajo secreto de sumario.

En el marco del juicio por abuso sexual reiterado contra un comerciante chino en Bahía Blanca, la Fiscalía, a cargo del caso, solicitó que se imponga una pena de 5 años de prisión sobre el acusado. Sus víctimas eran empleadas suyas.

El pedido estuvo en manos del fiscal Diego Torres, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4.

El comerciante, identificado como Xiling Jiang, está acusado por acciones sistemáticas de acoso y abuso sexual, cometidas contra al menos tres empleadas de su establecimiento.

Durante los alegatos, la Fiscalía detalló que los hechos atribuidos ocurrieron en el supermercado de 11 de Abril al 100, donde Jiang ejercía roles de administración y control sobre el personal, según informó el portal del diario La Nueva.

El fiscal fundamentó el pedido de condena en la reiteración de los episodios y en el daño causado a las víctimas, quienes denunciaron una dinámica sostenida de manoseos y hostigamiento en el ambiente laboral.

Además de la pena de prisión efectiva, Torres solicitó la aplicación de una prohibición para el imputado de acercarse a las víctimas por cualquier vía, ya sea presencial, telefónica o mediante tecnología digital, con el fin de resguardar la integridad de las trabajadoras. El pedido formal fue dirigido al juez a cargo de la causa, Gabriel Giuliani, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1.

El proceso penal incorporó múltiples elementos probatorios, como testimonios directos de las víctimas, declaraciones de compañeros de trabajo y pericias psicológicas, que corroboraron el relato de las denunciantes.

Por su parte, Juan Ignacio Vitalini, defensor particular del acusado, rechazó durante la audiencia las imputaciones formuladas por la Fiscalía. En ese sentido, el abogado planteó la inexistencia de elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de su representado y reclamó la absolución total ante la justicia Correccional bahiense.

Como estrategia subsidiaria, el defensor solicitó que, en caso de una condena, se imponga el mínimo de la pena prevista en el artículo correspondiente del Código Penal. Este pedido se fundamenta en la pretensión de morigerar las consecuencias legales para Jiang, remarcando la ausencia de agravantes materiales fuera de las declaraciones iniciales.

El desarrollo de la audiencia en el Juzgado Correccional Nº 1 estuvo encabezado por el magistrado Giuliani, responsable de dictar sentencia en el expediente. Tras escuchar los alegatos de las partes y considerar la prueba arrimada, el juez anunció que dará a conocer su dictamen el jueves de la próxima semana a partir de las 13 horas.

Confirmaron la condena por abuso sexual contra un ex secretario de Trabajo de Mendoza

Horas antes, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena a dos años y medio de prisión impuesta al ex funcionario mendocino Alejandro Jofré, quien ocupó el cargo de subsecretario de Trabajo entre 2015 y 2018 durante la gestión de Alfredo Cornejo. La resolución, que pone punto final a la vía judicial, ratifica además la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.

El caso se originó a partir de las denuncias presentadas por tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, quienes afirmaron haber sido víctimas de tocamientos por parte de Jofré en distintas oportunidades y dentro del ámbito laboral.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando el funcionario aún estaba en funciones.

En ese contexto, una de las trabajadoras, relató que entre los meses de agosto y septiembre de 2017, mientras se encontraba en la oficina de Jofré, él le tocó la cola por encima del pantalón sin su consentimiento. La mujer sostuvo que no fue la primera vez, ya que habría sufrido otros dos episodios de la misma naturaleza.

Otra empleada declaró que en dos ocasiones, entre enero y febrero de 2016, fue víctima de tocamientos similares. En tanto, una tercera denunciante, afirmó que el entonces subsecretario no solo le tocó la cola en varias oportunidades, sino que también intentó manosearle los pechos, aunque no logró hacerlo porque ella lo impidió.

La Justicia de Mendoza imputó a Jofré por ocho episodios de abuso sexual simple, todos ocurridos dentro de la misma dependencia pública y en horario laboral.

En marzo de 2023, el Tribunal Penal Colegiado Nº2 dictó una sentencia condenatoria de dos años y medio de prisión y determinó su inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el fallo. Sin embargo, la defensa del ex funcionario intentó recurrir la decisión ante el máximo tribunal del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar la presentación, resolvió desestimarla por no cumplir con las formalidades previstas en la acordada que regula los recursos extraordinarios federales.

De esta manera, la condena quedó firme y el proceso judicial iniciado hace varios años concluyó con la confirmación definitiva de la pena impuesta a Jofré.

Una mujer de 45 años, cuya identida no fue difundia para preswervar su privacidad, logró escapar tras casi cinco años de cautiverio en Saint-Molf, dentro del departamento francés de Loira Atlántico. De acuerdo con AFP y Paris Match, la víctima estuvo sometida a condiciones extremas: dormía en una reposera en un garaje, recibía como alimento papilla mezclada con detergente y fue víctima de reiterada violencia física.

Un hombre de 82 años y una mujer de 60 años fueron detenidos e imputados por secuestro con tortura o actos de barbarie, así como por abuso a una persona vulnerable. La investigación judicial, abierta tras la huida ocurrida el 14 de octubre de 2023, puso en evidencia la gravedad de los hechos y generó conmoción en Francia debido a la persistencia de delitos de privación de libertad y abuso contra personas en situación de vulnerabilidad.

Condiciones del cautiverio

La víctima, junto a las autoridades, describió un entorno de privación y maltrato permanente. Según AFP, la mujer pasaba largos periodos al aire libre, incluso expuesta a la lluvia y el frío, y debía realizar sus necesidades en un orinal o en bolsas de plástico.

Paris Match detalló que la puerta del garaje permanecía bloqueada desde el exterior con bloques de hormigón. El fiscal de Nantes, Antoine Leroy, explicó que la víctima fue hospitalizada en estado de hipotermia tras el rescate y que el médico forense le prescribió al menos 30 días de incapacidad total para el trabajo, dada la gravedad de las secuelas físicas y psicológicas.

Huida y rescate

La huida puso fin a años de encierro. Según AFP, la mujer aprovechó un descuido del hombre, quien veía televisión, para salir del recinto donde estaba confinada. Descalza y parcialmente desnuda, llegó a la vivienda de unos vecinos alrededor de las 21:30 del 14 de octubre.

Paris Match señala que la víctima golpeó la ventana y avisó a los vecinos que llevaba casi cinco años secuestrada. Tras alertar a la policía, los agentes verificaron el relato mediante un registro en la vivienda, constatando las condiciones inhumanas de cautiverio. La intervención permitió su hospitalización inmediata y el inicio de la investigación oficial.

Perfil de los acusados y modus operandi

De acuerdo con ambas fuentes, la víctima convivía inicialmente con la mujer de 60 años, y, tras la llegada del hombre de 82, la situación se agravó. La víctima fue expulsada de las estancias principales, obligada a instalarse primero en una carpa en el jardín y después en el garaje.

El aislamiento progresivo y el intenso control se vieron facilitados por su situación de vulnerabilidad psicológica, lo que, según el fiscal citado por AFP, le impidió reaccionar y permitió el sometimiento sostenido.

Proceso judicial e investigación

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía de Nantes y la brigada de investigaciones de Saint-Nazaire, avanzó con rapidez tras la denuncia. AFP informa que ambos acusados fueron detenidos a finales de la semana posterior a la huida. Admitieron parcialmente los hechos, aunque minimizaron su responsabilidad.

Paris Match precisa que la mujer implicada fue enviada a prisión preventiva, mientras que el hombre quedó bajo control judicial. Enfrentan cargos de secuestro con tortura o actos de barbarie, delito castigado con cadena perpetua en Francia, así como abuso fraudulento del estado de sumisión psicológica o física y abuso de debilidad de persona vulnerable. La instrucción del caso está en curso bajo la autoridad judicial competente.

Contexto previo y antecedentes

Antes del rescate, la mujer había dejado de dar señales de vida desde abril de 2022, tras su divorcio y el cese de actividad en sus cuentas bancarias, salvo transferencias considerables a favor de los acusados, según los medios citados.

Los investigadores no hallaron movimientos bancarios posteriores ni evidencia de vida, reforzando la hipótesis de un aislamiento total. Los antecedentes de vulnerabilidad y la ruptura de vínculos sociales y económicos favorecieron el control ejercido por los presuntos responsables.

El fiscal Antoine Leroy destacó la labor de la brigada de Saint-Nazaire y subrayó que la calidad de la investigación permitió poner fin a la situación descrita y rescatar a la víctima de una situación de extrema gravedad.

Comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora este martes el juicio contra Diego Javier Clementi, el ginecólogo de 57 años acusado de haber aprovechado su profesión para abusar sexualmente y violar a, al menos, 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, partido de Almirante Brown, durante unos seis años.

Tras la instrucción del fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI Nº 9 especializada en Violencia de Género y Familiar de Lomas de Zamora; el caso por el que el imputado pidió ir a juicio por jurados y se lo negaron tuvo su primera audiencia este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

“Se pidió específicamente que el debate sea privado y, en ese contexto, así se mantendrán las declaraciones que se hagan en el juicio”, explicó a Infobae el abogado Andrés García Vautrin, quien representa a una de las víctimas.

En ese contexto de cuidado de las mujeres que fueron víctimas del ginecólogo, se solicitó que se retire de la sala hasta la esposa del imputado.

Luego, declararon dos de las víctimas. “Fueron contundentes con su testimonio. Vemos en esta etapa que puede ser condenado a, por lo menos, 8 años de prisión de cumplimiento efectivo”, anticipó García Vautrin.

Según la causa, Clementi llegó acusado de:

• Cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal cometidos en forma reiteradas
• Dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal
• Seis hechos de abuso sexual gravemente ultrajante
• Un hecho de abuso sexual simple

Todos los ataques por los que llegó a juicio, 14, fueron cometidos en el ejercicio de su profesión entre 2017 y 2022 y desde la acusación siempre se marcó un patrón de conducta que se repitió durante años en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco y en otros consultorios de la zona sur del conurbano bonaerense.

Las víctimas, todas pacientes que acudieron a consultas ginecológicas, relataron situaciones en las que, bajo el pretexto de prácticas médicas, Clementi habría vulnerado su integridad sexual.

El fiscal que lo envió a juicio sostuvo que “se valió de su posición de poder y de la confianza depositada en él como profesional de la salud para perpetrar los abusos, en contextos donde las mujeres no podían oponerse ni consentir libremente las acciones”.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes adultas, relataron que la situación de vulnerabilidad se agravaba por el contexto de consulta médica y, en algunos casos, por estar atravesando situaciones de embarazo no deseado o abortos.

Peritos psicológicos que atendieron a las víctimas dieron cuenta del impacto emocional y las secuelas sufridas: “Se identifican características similares a las que presentan las mujeres que padecen violencia de tipo sexual en la consulta ginecológica: incomodidad, asco, padecimiento de contacto físico inapropiado y roces ejercidos por el imputado en la consulta médica, miedo, abrumada, silencio prolongado, disociación, alteración en su sueño para conciliarlo, ansiedad, mucha angustia, vergüenza, vulnerabilidad, indefensión, conductas evitativas y cierta dificultad en su participación social”.

Para Clementi, quien negó los hechos, los procedimientos denunciados forman parte de la práctica ginecológica habitual. El médico, que se presenta como cirujano gineco-oncológico y mastólogo, sostuvo que “la revisación y el estudio ginecológico son prácticas muy subjetivas que dependen muchas veces de la interpretación de la paciente”. Atribuyó las denuncias a “motivaciones políticas o ideológicas”.

“Las manifestaciones de las víctimas por sí solas adquieren relevancia y fuerza de verdad. Son manifestaciones verídicas. No hay razón alguna que permita dudar de los dichos de las damnificadas. Y la existencia de tantos testimonios en igual sentido elevan al cien por ciento la credibilidad de los relatos”, sostuvo Bisquert cuando elevó la causa a juicio.

Clementi llegó a juicio en libertad y cuando se conocieron las fechas del juicio la abogada Claudia Perugino, quien representa a varias de las víctimas, confirmó a medios locales que el acusado continuaba atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos, incluso, tras la apertura de la investigación.

La semana próxima comenzará el juicio contra Diego Javier Clementi, el profesional de la salud acusado de abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

De acuerdo con la información difundida por la cuenta de Instagram “Hasta acá, doc”, la convocatoria al tribunal fue anunciada para que denunciantes, familiares y organizaciones acompañen el proceso en la puerta de la sede judicial.

El espacio, que se dedica a recibir denuncias y brindar información sobre avances en la causa, subrayó la importancia del acompañamiento. “En un contexto de retroceso de derechos, necesitamos unirnos para exigir justicia y acompañar a las víctimas”, señala el comunicado reproducido en la publicación.

La causa reviste una particular gravedad debido a las características de los hechos investigados. Según las pruebas reunidas por la Justicia, los actos denunciados contra Clementi habrían ocurrido entre 2017 y 2022 mientras ejercía como médico y aprovechaba su vínculo profesional para atacar a sus pacientes.

El imputado Clementi llegará a juicio en libertad, pero deberá responder a cargos de abuso dentro del ejercicio profesional, calificados por la reiteración y el carácter ultrajante de los hechos denunciados.

La abogada Claudia Perugino, quien representa a varias de las víctimas, confirmó a medios locales que el acusado continuaba atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos incluso tras la apertura de la investigación.

De acuerdo con la investigación penal, los hechos atribuidos a Clementi sucedieron en el ámbito de la consulta médica y durante al menos cinco años. Las denunciantes relataron haber sido víctimas de abuso aprovechando la confianza en el trato personal y profesional.

Incluso, en dos de los casos -de acuerdo a la versión de las denunciantes-, estas agresiones se habrían producido hacia mujeres que concurrieron por un aborto cuando aún no se había sancionado la ley IVE, actuando la penalización de la práctica como un reaseguro para que no existiera la denuncia.

Según informó el portal InfoRegión, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora estableció un cronograma que incluye tres jornadas principales: el 14, 20 y 23 de octubre, a fin de que testigos, peritos y víctimas puedan dar su versión en un entorno protegido y bajo supervisión de la justicia local. La primera comenzará a las 9 horas.

Según la abogada Perugino, a comienzos de este año se reiteró formalmente la denuncia ante la persistencia de la actividad médica de Clementi pese al avance de la causa, situación que generó alarma en el ambiente de la salud y entre organizaciones feministas de la ciudad.

A finales del mes de octubre del año pasado, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora rechazó el pedido de juicio por jurados, realizado por la defensa de Clementi.

Tras el rechazo de la solicitud, la defensa de Clementi apeló la medida. No obstante, fuentes judiciales indicaron al medio citado que es “poco probable” que su idea prospere.

Lo cierto es que el ginecólogo que se desempeñaba como director médico en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, está acusado de cometer los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada” por cinco casos, “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal” por dos episodios, y “abuso sexual gravemente ultrajante” en otras seis oportunidades.

Una de las grandes figuras históricas del Club Deportivo Guadalajara se enfrentan a un proceso legal. La Fiscalía Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó sobre el arresto y la imputación de Omar ‘N’, ex goleador de Chivas

El también director técnico fue detenido la noche del 4 de octubre en Zapopan, Jalisco y trasladado al penal de Puente Grande. El ex goleador fue imputado por abuso sexual infantil agravado, según informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) en un comunicado emitido el 5 de octubre.

Un juzgado de la Fiscalía determinó la imputación del ex jugador, quien es acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses.

En el boletín oficial, la Fiscalía del Estado comunicó: “Omar ‘N’, señalado en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado la mañana de este domingo, 5 de octubre, tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado”.

¿Quién es Omar Bravo?

Omar Bravo Tordecillas es un exfutbolista mexicano reconocido por ser el goleador histórico de las Chivas de Guadalajara. Nació en Los Mochis, Sinaloa, el 4 de marzo de 1980, desde joven mostró interés por el futbol así que se acercó a las fuerzas básicas del Guadalajara.

Bravo debutó con el primer equipo del Chivas en 2001. Durante su trayectoria con las Chivas, anotó 132 goles en partidos oficiales, cifra que le permitió superar a Salvador Chava Reyes como máximo anotador en la historia del club, por lo que se quedó con el título de goleador histórico del Rebaño Sagrado.

Desde que debutó con los rojiblancos hasta el 2008 fungió como una figura importante del club por su capacidad goleadora, además se convirtió en campeón de Primera División en el Apertura 2006.

En el Clausura 2007 ganó el título de goleo con 11 anotaciones, superó a Javier Cámpora de Jaguares de Chiapas. Hasta ese momento, ningún futbolista había recibido ese nombramiento, el último en hacerlo fue Jared Borgetti en 2001.

Bravo destacó por su capacidad de definición, movilidad y liderazgo dentro del campo. Además de sus ciclos con el Guadalajara, jugó en equipos como Deportivo La Coruña de España, en 2008 llegó como fichaje estelar por su éxito en la Liga MX.

En 2009 regresó a México y jugó con Tigres UANL tras tener un esporádico paso por Europa. En 2010 jugó en el Sporting Kansas City de Estados Unidos MLS, además de otros clubes mexicanos también tuvo un paso por Atlas y Santos Laguna.

En la selección mexicana desde la sub-23 en Atenas 2004 jugó con el Tricolor, participó en la Copa del Mundo de 2006 y sumando más de 60 partidos. También participó en la Copa de Oro 2003, 2005, 2007 y 2009.

La figura de Omar Bravo, hasta hace poco símbolo indiscutido del fútbol mexicano, se encuentra en el centro de la atención pública tras confirmarse su detención por parte de la Fiscalía del estado de Jalisco. El sábado el exjugador fue arrestado bajo cargos de abuso sexual infantil, en un caso que ha abierto un fuerte debate en la sociedad y el mundo deportivo en México.

Bravo, de 45 años, fue interceptado por agentes de seguridad durante un operativo desarrollado en el municipio de Zapopan, una de las localidades que integran la zona conurbada de Guadalajara. El anuncio de las autoridades precisó que la medida fue dispuesta después de que una víctima presentara una denuncia ante el sistema judicial. A partir de esa acción, un juez emitió la orden para la captura del exdelantero, cuya imagen ha estado ligada durante años al club Chivas de Guadalajara.

En el comunicado oficial, la fiscalía detalló que la investigación incluye evidencia según la cual el exfutbolista “habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”, hecho que sustenta la acusación formal de abuso sexual infantil agravado. Además, el organismo estatal añadió que existen indicios de conductas similares ocurridas previamente. “Habría cometido acciones similares”, puntualizó el texto difundido ante los medios. La fiscalía confirmó, asimismo, que Bravo será puesto en las siguientes horas a disposición del juzgado que emitió la orden de aprehensión, y que el proceso sigue abierto para profundizar en el esclarecimiento de los hechos y recabar testimonios y pruebas adicionales.

La trayectoria de Omar Bravo

Las repercusiones de la noticia han traspasado el ámbito judicial para instalarse en el debate público, en parte por la relevancia que Bravo tuvo como referencia deportiva en el país. Nacido en el estado de Sinaloa, debutó profesionalmente en 2001 con las Chivas de Guadalajara, club en el que desarrolló su carrera de manera casi ininterrumpida entre 2001 y 2015. Durante ese periodo, el delantero se convirtió en un verdadero ídolo para la afición rojiblanca, alcanzando logros y marcas reconocidas a nivel nacional.

Su consagración llegó en el torneo Apertura 2006, cuando colaboró en la conquista del título de liga para Chivas. Un año después, su desempeño lo llevó a obtener el reconocimiento como máximo goleador del campeonato, tras sumar 11 tantos. La carrera del sinaloense incluyó también un breve paso por el fútbol europeo: en 2008 se incorporó a la plantilla del Deportivo de La Coruña, representando al club gallego durante medio año y sumando tres goles a su cuenta.

Omar Bravo posee un récord histórico en la institución tapatía, pues hasta el día de hoy nadie ha superado sus 132 goles en la liga, cifra que asciende a 160 si se consideran todas las competiciones en las que participó con el equipo. El delantero fue una de las piezas emblemáticas en un club que, por filosofía, solo alinea jugadores mexicanos, circunstancia que refuerza la tradición local de Chivas y el impacto de las figuras nacionales. En su etapa internacional, Bravo defendió la camiseta del seleccionado mexicano, participando en la Copa Mundial de Alemania 2006, donde anotó dos goles en el primer encuentro frente a Irán, actuación ampliamente recordada en la historia reciente del “Tri”.

Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco enfatizó que las investigaciones sobre el caso Bravo continúan, y el desenlace dependerá del curso que tomen las indagaciones judiciales. La atención mediática se mantiene sobre el desarrollo del asunto, aguardando los pasos legales que definirán el futuro del que alguna vez fuera el máximo goleador del club más tradicional de México.

Dalílah Polanco y Mar Contreras hablaron como nunca antes en La Casa de los Famosos México, sobre algunas experiencias que vivieron durante su niñez, adolescencia y juventud.

Entre las anécdotas, la actriz de La Familia P. Luche contó que cuando era una niña pequeña estuvo en una situación de riesgo con una persona de su contexto, incluso ha llegado a pensar que pudo haber sido víctima de abuso si no lograba escapar de ahí.

“Un vecino, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, probablemente hubiera abusado de mí. Gracias a Dios, algo en mí me hizo salir de ese lugar, correr y nunca volví a su casa”, recordó.

Según Dalílah Polanco, ese vecino solía llamar su atención dándole colores y, tras lo sucedido, sentía miedo cada vez que veía sus lápices.

"Yo no le quise decir a mis papás porque te sientes culpable", comentó.

La actriz no reveló qué le pasó en la casa de su vecino, pero sí aseguró que esa experiencia la hizo reflexionar sobre los peligros que corren los niños y de cierta manera influyó en su decisión de no ser madre, especialmente de mujeres.

“Yo dije: no quiero tener una hija que tenga este miedo. Yo estaba en mi cuarto pensando ¿Y si viene por mí?, porque nunca fue agresivo, porque son encantadores", comentó.

La decisión de Polanco tomó fuerza con otras experiencias que sufrió a lo largo de su juventud, pues su miedo creció: “Yo no quiero que haya una persona en esta vida que sienta esto y menos que yo le haya dado la vida o sienta sea mi responsabilidad”.

¿Carlos Rivera entrará a La Casa de los Famosos México?

El reality show se encuentra en su recta final y en redes sociales circulan rumores de que Carlos Rivera, cantante mexicano y amigo cercano a Dalílah Polanco, podría entrar para apoyar a su amiga, así como promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?.

“Se dice que sí viene porque, número uno, es la promoción de ¿Quién es la máscara? (...) número dos, animar la fiesta como ya han estado bandas y, número tres, pues él es uno de los mejores amigos de Dalílah, entonces será muy especial para ella verlo ahí“, comentó Pablo Chagra en La Mejor FM.

Ni la producción del reality ni Rivera han confirmado o desmentido esta versión; mientras que las fans del cantante reaccionaron en redes sociales.

• “Yo si votaré por Dalílah y disfrutaré a Carlos Rivera.”
• “Amo a Carlos, pero ni un voto para Dalílah.”
• “Ya van a decir que es fraude porque entra Carlos a apoyar a Dalílah.”
• “Soy fan de Carlos Rivera, pero ni de chiste votaré por Dalílah jamás.”

Carl, de 42 años y residente de Hornchurch, recibió una pena de 17 años de prisión por violación, junto con una orden de prevención de daño sexual por 15 años. La sentencia fue dictada el pasado 29 de agosto en el Tribunal de la Corona de Snaresbrook. Según lo publicado por la Metropolitan Police Newsroom, Carl fue encontrado culpable por un delito de violación y se declaró culpable de causar lesiones graves relacionadas con la transmisión de una enfermedad de transmisión sexual.

El caso salió a la luz en enero de 2024, gracias a la denuncia de dos hombres que se encontraron y compartieron experiencias similares. Su testimonio permitió a las autoridades identificar un patrón de abuso.

Carl fue arrestado en su domicilio y la investigación digital reveló que había contactado y mantenido relaciones sexuales con hasta 400 hombres, entre 2019 y 2023, a través de aplicaciones como Grindr y SCRUFF. La policía logró identificar a 82 hombres, algunos diagnosticados con VIH, pero advierte que 318 personas aún podrían desconocer su exposición.

La inspectora jefe Sarah Bishop, a cargo de la investigación, manifestó profunda preocupación por el bienestar de quienes todavía no han sido localizados. “Nuestra investigación puso en evidencia la gravedad de los delitos de Carl y permitió llevarlo ante la justicia. Pero seguimos muy preocupados por quienes aún no han sido identificados. Creemos que hasta 318 hombres podrían ser víctimas y necesitan presentarse para recibir ayuda”, declaró Bishop, según consignó la Metropolitan Police Newsroom.

Víctimas, secuelas y el llamado a buscar ayuda

El perfil “depredador” de Carl se hizo evidente a partir del análisis de mensajes y el intercambio de información digital. Según la policía, Carl tomó la decisión consciente de no tratar su condición y mintió sobre su estado seropositivo, actuando con plena conciencia del riesgo.

El impacto sobre las víctimas fue devastador. “Me sentí impotente y menos que un ser humano. Mi mayor motivación fue evitar que esto le sucediera a alguien más”, declaró uno de los afectados, según reseña Sky News.

Dado el alcance del caso, el llamado es claro: cualquier persona que haya tenido contacto con Carl debe acudir a los servicios policiales y médicos para acceder a pruebas confidenciales, asesoramiento y apoyo.

El foco de las autoridades está puesto en identificar a todas las víctimas, ofrecer atención inmediata y reconstruir la confianza pública frente a la magnitud del caso. La Policía Metropolitana de Londres ha establecido un sistema específico de contacto para quienes crean haber sido afectados.

Los posibles afectados pueden comunicarse con los detectives en el número 0207175273, escribir al correo survivors@met.police.uk o usar el sistema de denuncia online, indicando el número de referencia CAD2972/19Sept25.

La Justicia de Neuquén imputó a un hombre identificado como R. F. A. C por abuso sexual agravado contra una niña de su entorno familiar. La acusación fue formalizada ayer martes por un funcionario de la fiscalía especializada, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de la capital provincial, donde se detalló que los hechos ocurrieron de forma reiterada durante al menos dos años. Sin embargo, el imputado seguirá en libertad mientras avanza la causa.

El caso surgió a partir de una investigación iniciada luego de que se conocieran los sucesos ocurridos entre abril de 2018 y abril de 2021, período durante el cual la niña convivía con el acusado y quedaba a su cuidado con regularidad. Los episodios denunciados motivaron la intervención de organismos de protección y el despliegue de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la víctima y su grupo familiar.

En la audiencia de formulación de cargos, que fue encabezada por la jueza de garantías Natalia Pelosso, el fiscal integrante de la unidad especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, Guillermo Prime, relató los hechos y precisó la imputación contra el acusado.

De acuerdo con lo expuesto, R. F. A. C. enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal continuado, doblemente agravado por la condición de convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda.

La Fiscalía, según informó el portal LM Neuquén, sostuvo que el acusado aprovechaba los momentos en los que la niña quedaba a su cuidado para consumar los abusos. La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, intervino en la audiencia como querellante institucional en representación de la víctima y adhirió a la calificación penal propuesta por el Ministerio Público.

En el curso de la audiencia, el fiscal Prime solicitó que se impusiera a R. F. A. C. la prohibición de contactar o acercarse por cualquier medio a la víctima y a su grupo familiar, incluso a través de terceros, durante un plazo de cuatro meses. La medida, cuyo objetivo es preservar la seguridad e integridad psíquica y física de la niña y su entorno, fue aceptada en los mismos términos por la jueza Pelosso.

La magistrada interviniente declaró formulados los cargos conforme lo presentado por el Ministerio Público y la querella, y definió también en 4 meses el plazo para el desarrollo de la investigación y en los cuales el acusado permanecerá en libertad. Durante este lapso, las partes podrán aportar pruebas, solicitar nuevos peritajes y profundizar en la reconstrucción de los hechos.

La investigación judicial, que recién comienza, tiene previsto recabar declaraciones testimoniales, informes de peritos y documentación relevante que permita corroborar los hechos imputados y definir responsabilidades. El acusado podrá ejercer su derecho a defensa y ofrecer pruebas que considere pertinentes para el análisis de la causa.

Una vez concluido el tiempo de la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público y la querella evaluarán la elevación de la causa a juicio o la eventual adopción de otras medidas acordes al avance de los elementos probatorios.

Condenaron a prisión a un hombre por abusar de un niño

También en la provincia de Neuquén, pero en la ciudad de Centenario, un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar de un niño en al menos dos oportunidades.

El proceso penal avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La víctima y el ahora condenado tenían un vínculo de cercanía que facilitó el acceso y el abuso en sucesivas oportunidades. De hecho, los hechos se cometieron en dos viviendas distintas.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, el primer abuso ocurrió entre 2019 y 2021. El acusado aprovechó la confianza existente dentro del círculo familiar o cercano a la víctima para perpetrar el ataque en una casa localizada dentro de Centenario.

El segundo episodio fue registrado el 9 de abril de 2024, también en la ciudad, cuando el hombre cometió el abuso durante la madrugada, en una vivienda diferente. En aquella ocasión, el hecho finalizó abruptamente cuando el acusado fue sorprendido por dos amigos del niño, quienes presenciaron el todo y se retiraron rápido del lugar para dar aviso a un adulto.

Un video registró el momento en que seis personas, distribuidas en tres motocicletas, llegaron a la zona industrial de Chimita.

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Un comerciante, luego de entregar pedidos de almuerzos, se dirigía a su automóvil gris cuando los asaltantes se acercaron.

Los agresores, armados, descendieron de las motos y lo intimidaron para arrebatarle el dinero producto de las ventas, su teléfono y otros objetos personales.

Mientras dos de los asaltantes lo abordaron por la ventana del conductor, otro abrió la puerta del lado del copiloto para buscar más artículos de valor dentro del vehículo.

Después del robo, los responsables huyeron del lugar. Todos llevaban cascos, prendas oscuras y mochilas.

Un testigo relató que la víctima fue despojada del dinero de sus ventas del día, el celular y todo lo que tenía en el vehículo.

Se cree que los delincuentes supusieron que el comerciante llevaba una suma considerable de dinero. Hasta el momento, la Policía no ha emitido un comunicado sobre este caso.

Cómo denunciar

En Colombia, las víctimas de asalto a mano armada pueden acudir a diversas autoridades para formalizar su denuncia y activar los mecanismos de investigación. La Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación son las principales entidades encargadas de recibir reportes sobre delitos de este tipo, según indicó en varias ocasiones El Tiempo en sus coberturas sobre seguridad ciudadana. Las cifras oficiales señalan que los asaltos armados conforman uno de los delitos que más preocupa a los habitantes de grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

La denuncia inmediata es fundamental para que las instituciones puedan iniciar el proceso judicial correspondiente. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima puede acercarse a cualquier URI (Unidad de Reacción Inmediata), una sede que suele estar ubicada en puntos estratégicos de las principales ciudades. Además, la línea telefónica nacional 123 ofrece atención permanente para emergencias, incluyendo casos de asalto a mano armada.

El Espectador detalló que las estaciones de policía reciben denuncias tanto de quienes han sufrido el delito como de testigos presenciales. El denunciante debe aportar datos del hecho, descripción del agresor y el lugar exacto, además de cualquier evidencia o documento que respalde su relato. “La identificación rápida del sitio es clave para desplegar patrullas y realizar indagaciones”, señalaron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá consultados por ese medio.

La Fiscalía General de la Nación también dispone de una plataforma digital para radicar denuncias, la cual puede consultarse en el portal www.fiscalia.gov.co según recoge Semana. A través de la opción ‘Denuncia Virtual’, las personas pueden iniciar trámites sin desplazarse físicamente. En las zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, las inspecciones de policía y las Personerías municipales cumplen un papel en la recopilación de denuncias, que luego son remitidas a las autoridades competentes en la ciudad.

El procedimiento requiere describir el hecho, precisar hora y lugar, identificar si hubo armas de fuego involucradas y señalar si existen registros de cámaras de seguridad. El Colombiano citó a funcionarios judiciales según los cuales “la denuncia constituye el primer paso para que la justicia determine responsabilidades y capture a los autores”. En ciertas ciudades, los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía cuentan con personal especializado para atender casos de violencia con armas.

Bogotá y otras grandes urbes disponen de las denominadas Comisarías de Familia para casos en los que el asalto se relacione con violencia intrafamiliar o afecte a menores. En todos los procedimientos, la víctima puede solicitar acompañamiento jurídico o psicológico, recursos contemplados por el Estado para mitigar el impacto de los delitos violentos.

Entre enero y junio de 2025, la Fiscalía registró más de 14.000 denuncias por asalto a mano armada en las principales ciudades del país, según datos obtenidos por El Tiempo. Una vez presentada la denuncia, las autoridades ofrecen orientación sobre seguimiento del caso y la posibilidad de recibir protección si existe riesgo para la integridad de la víctima o de testigos.

La articulación entre Policía Nacional, Fiscalía y autoridades locales busca facilitar la denuncia y aumentar la respuesta institucional ante estos delitos. Las campañas de sensibilización impulsadas por medios como Semana insisten en la importancia de denunciar cada caso de asalto, para fortalecer las estadísticas y diseñar estrategias de prevención más efectivas. Tras radicar la denuncia, las entidades brindan códigos de seguimiento y facilitan el acceso a información sobre etapas procesales futuras o diligencias judiciales.

El Vaticano confirmó este martes, una decisión que marca un punto de quiebre en los primeros meses del pontificado de León XIV. El Papa ordenó la destitución definitiva del diácono italiano Alessandro Frateschi, condenado por abusar sexualmente de cinco menores entre 2018 y 2023, tres de ellos alumnos suyos en una escuela de Latina, a unos 70 kilómetros de Roma. La diócesis de esta ciudad informó que la medida es “inapelable” y fue comunicada directamente en la prisión donde el exreligioso cumple 12 años de condena.

Con apenas cuatro meses al frente de la Iglesia católica, León XIV decidió actuar en un ámbito que ha sacudido con fuerza la credibilidad de la institución. Según la diócesis de Latina, la pérdida del estado clerical impide a Frateschi hablar en nombre de la Iglesia, impartir homilías, ocupar cargos en seminarios o parroquias y enseñar materias relacionadas con la teología o la religión. Se trata de la primera sanción pública del pontífice en materia de abusos sexuales, un tema que continúa generando reclamos de transparencia y justicia, sobre todo en países donde aún no se han abierto investigaciones nacionales.

La sanción se suma a un mensaje reciente del Papa durante una oración en la basílica de San Pedro. Allí expresó su cercanía a quienes padecieron este tipo de violencia: “La Iglesia es solidaria con quienes han sufrido la injusticia y la violencia del abuso. La violencia sufrida no puede borrarse”, declaró frente a miles de fieles.

La decisión en contexto

Frateschi, de 50 años, fue condenado en 2024 tras un proceso judicial que documentó los abusos cometidos en el entorno escolar y en actividades vinculadas a su rol pastoral. El caso pasó a manos de la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo vaticano encargado de tramitar estas denuncias. La oficina elevó directamente la recomendación al Papa, quien firmó el decreto de expulsión del estado clerical.

Los medios locales italianos señalaron que el exdiácono fue informado formalmente este martes en la cárcel de Latina. Allí recibió la notificación oficial de que quedaba excluido de toda función vinculada a la Iglesia, confirmando una sanción considerada de las más severas dentro del derecho canónico.

La medida llega en un país donde el debate sobre la magnitud de los abusos aún no alcanza el nivel de investigación que se ha visto en Francia, Alemania o Estados Unidos. Italia, con fuerte influencia de la Iglesia católica, no ha impulsado todavía un proceso nacional que permita dimensionar la cantidad de víctimas y los mecanismos de encubrimiento.

El inicio de un pontificado bajo presión

La destitución de Frateschi ocurre en un momento en que León XIV enfrenta los retos propios de sus primeros meses como líder mundial de más de 1.300 millones de católicos. En una entrevista concedida a Crux, el pontífice admitió que la dimensión pastoral le resultó familiar, pero reconoció que el cambio de escala fue un desafío inesperado. “Hay una gran parte en la que he podido entrar sin demasiada dificultad, que es la parte pastoral. Aunque me sorprende la respuesta, lo grande que sigue siendo, el acercamiento a personas de todas las edades… Aprecio a todos, sean quienes sean, y los escucho”, relató.

El Papa confesó que la exposición internacional y los encuentros con jefes de Estado fueron un aprendizaje forzado. “En ese aspecto tuve que lanzarme al fondo de la piscina muy rápido”, dijo. La adaptación a la diplomacia vaticana, según él mismo, fue uno de los cambios más exigentes de su pontificado.

Más allá de las tensiones institucionales, León XIV señaló que la función esencial del sucesor de Pedro es fortalecer la fe de los creyentes. “El Espíritu Santo es la única explicación de cómo fui elegido para este ministerio”, expresó. El pontífice insistió en que la gracia divina sostiene una tarea que ningún ser humano puede asumir en solitario. Su intención, señaló, es “confirmar a otros en su fe” en un contexto mundial marcado por la desconfianza hacia las instituciones.

“Empecé a tener frío y sueño. Le dije a mi papá que quería volver a casa y me contestó: ‘Nos vamos a quedar un ratito más hasta que llegue el tren. Si tenés sueño acostate en este banco’”, cuenta. “Lo último que me acuerdo es que me estaba haciendo mimos. Cuando me desperté ya era de día. Tenía el cuerpo duro de tanto frío y estaba sola. Empecé a mirar para todos lados. ‘Pá, pá’, gritaba. Hasta que en un momento lo vi salir de atrás de un árbol. Otra vez le pedí volver a casa. ‘Hoy nos quedamos acá’, volvió a decirme. Y así sucesivamente. Pasaron dos semanas, un mes, cuatro meses… Seis años nos quedamos en la calle”.

Ese banco de plaza fue el inicio de una infancia y una adolescencia atravesadas por la precariedad y repletas de violencia, abusos y abandono. “De un día para el otro empezamos a acomodarnos en plazas con cartones y frazadas. Yo no entendía nada”, repasa, hoy, Karen. Después de un tiempo, ella y su padre se instalaron en el parque Los Andes, en Chacarita, donde ahora transcurre esta entrevista. “Dormíamos entre los arbustos”, dice apuntando a los arbustos podados en forma de círculo que siguen estando en el mismo lugar.

¿Cómo es crecer en la calle a pesar de tener una casa? ¿Cómo se sobrevive al frío, al hambre, a la mirada ajena? ¿Qué lugar ocupaba la escuela en medio de todo eso? ¿Dónde estaba el resto de su familia? En esta entrevista con Infobae, Karen responde esas y otras preguntas.

La infancia antes de la calle

Karen Cooper nació en un hogar atravesado por la separación de sus padres. Su mamá la tuvo a los 17 años y la crianza recayó en su abuela materna. Fue una primera infancia dura: “Mi abuela tenía mucha preferencia por mi hermana, que era un año y un mes más grande que yo y tenía otro papá. Todo el tiempo marcaba diferencias entre nosotras. A mí me daba de comer polenta y a ella le daba otra cosa. A mí me decía: ‘Negrita’ o ‘Negra de mierda’. También me obligaba a acompañar a mi abuelo a levantar cartón. Mi hermana, en cambio, iba al jardín”.

A pesar de su corta edad, Karen guarda recuerdos muy nítidos de aquella época. De su madre son difusos porque, prácticamente, no estaba en la casa. Su papá, también bastante ausente, la pasaba a buscar los fines de semana cada quince días. “Con él tenía mucha conexión. Me traía chocolates, me llevaba a la plaza y a la calesita. Me alegraba verlo porque era el único que me dedicaba tiempo”, dice.

En esa etapa —explica ahora— nunca se animó a contarles a sus padres lo que le hacía su abuela. “En mi casa había muchas discusiones, gritos y problemas, y yo no quería cargarlos con algo más. Entonces me lo guardaba. Un poco por eso y otro poco porque tenía miedo”, cuenta.

A los tres años, una crisis de salud dejó a Karen al borde de la anorexia. En ese contexto, su padre decidió llevársela a Turdera, la localidad de Lomas de Zamora, donde él vivía. Allí, por primera vez, tuvo una rutina de cuidados básicos. “Mi papá me enseñó a bañarme, porque nadie me lo había enseñado. Tengo una imagen muy linda de él, parado atrás de la puerta, diciéndome: ‘Ahí tenés el jabón; el shampoo sirve para lavarte el pelo; si querés que el agua salga más fría, girá la canilla para este lado’”.

Durante un tiempo la vida pareció estabilizarse, pero meses antes de que Karen cumpliera seis años, todo cambió. Su padre empezó a mostrarse extraño, distante, y a ausentarse casi todo el día. “Ya no salíamos a jugar y apenas me prestaba poca atención. Yo pasaba mucho tiempo sola, mirando televisión. Una vez me caí por la escalera de la terraza y me lastimé la rodilla. No sé si me puse hielo o una curita, pero sí sé que me acostumbré a resolver”, cuenta.

Dormir a la intemperie

La primera noche que durmió en un banco de cemento a la intemperie, Karen no sabía que ese iba a ser su destino por los próximos seis años. Los primeros meses los pasaron en la plaza Barrancas de Belgrano, hasta que la policía empezó a correrlos de madrugada. “Así llegamos a parque Los Andes, que era como más tranquilo. Encontramos unos arbustos y ahí dejamos nuestros cartoncitos y nuestra bolsa de ropa, que habíamos juntado gracias a donaciones de la gente”, recuerda, mientras señala el lugar.

Allí aprendió a sobrevivir con lo justo y necesario. “Cuando vivís en la calle no te podés armar una casa porque te movés para todos lados. En ese sentido, tener un colchón era todo un tema. Primero, por el traslado; segundo, por las lluvias. Cuando llueve, el colchón no se te seca. Y si lo dejábamos en algún lugar, alguien se lo llevaba. Entonces, era imposible. Para dormir usábamos cartón: lo poníamos sobre el pasto y luego cubríamos con una o dos frazadas para estar más calentitos, porque el cartón se humedecía con el pasto”, recuerda. Lo peor eran las noches de invierno. “Dormir en la calle con frío era una tortura: se te congelaban los dedos, la cara… todo el cuerpo. Era como que dejaba de sentirlo. Nosotros nos cubríamos con nailon para taparnos del viento. Hasta que nos dimos cuenta de que así llamábamos más la atención y podía venir la policía. Así que, directamente, nos tapábamos con el nailon y poníamos la frazada arriba”, explica.

Las duchas con agua caliente eran esporádicas: cada tanto, ella y su padre iban a un parador del Gobierno de la Ciudad, donde podían higienizarse. “Aunque eran diez minutos, esos días los aprovechaba un montón porque podía pasarme jabón por todo el cuerpo y lavarme bien el pelo con shampoo”, dice. Otras veces, la mayoría, recurría a una fuente de la plaza. “Me tiraba agua como podía y la pasaba bastante mal porque estaba muy fría”, agrega.

Las dos caras de la escuela

A pesar de la realidad que afrontaba, Karen asistía al colegio a diario. Según cuenta, todas las mañanas se ponía el guardapolvo, pasaba a lavarse la cara y los dientes por un restaurante que estaba enfrente del parque y luego caminaba dos cuadras hasta la escuela pública, donde cursaba jornada completa. “Para mí el colegio era como un hogar. Un lugar calentito para quedarse. Te daban el desayuno, el almuerzo, podías estudiar en la biblioteca”, dice. Sus actividades no terminaban ahí: cuando salía de la institución asistía a un taller de apoyo escolar y actividades artísticas.

Con el tiempo, sin embargo, la escuela también se volvió un espacio hostil. “Antes de entrar al colegio, algunos de mis compañeros pasaban por la plaza y me veían salir de entre los arbustos. Eso me trajo muchos problemas porque empezaron a hacerme bullying y yo me moría de vergüenza”, cuenta. Mientras algunos niños la señalaban y se burlaban de ella, las madres de esos chicos comenzaron a acercarse con gestos de cuidado: “A veces me invitaban a tomar la chocolatada a sus casas y era hermoso. Después volvía a mi realidad y me entraban muchas ganas de llorar. Siempre quise ser igual a mis compañeritos”.

Esa necesidad de pertenecer encontraba un respiro en una fecha especial: el 13 de noviembre, el día de su cumpleaños. Ese día, al menos por unas horas, Karen dejaba de ser “la chica que vivía en la plaza” y podía sentirse una más. “Siempre fui fanática de mi cumpleaños porque es el día en que uno recibe más cariño y atención. Diez días antes, arrancaba con la cuenta regresiva. Soplaba las velitas en la escuela y en el taller”, recuerda. Con el paso de los años, también lo celebraba en las ollas populares donde se acercaba a cenar y le improvisaban una torta. Cuando pedía los tres deseos, ansiaba que alguien de su familia fuera a buscarla para desearle feliz cumpleaños. “Mi ilusión siempre fue que aparecieran mi hermana, mi abuela, mi mamá… alguien. Pero nunca pasó”, admite.

De recorrer las villas a pedir en los trenes

Con el paso de los meses, Karen entendió que su papá era adicto y que la calle era su nueva casa. “A los siete ya sabía que se drogaba. Me llevaba con él a la Villa 31 porque era de noche y no quería dejarme sola. Caminaba tan rápido por la abstinencia que yo no podía seguirle el ritmo”, recuerda.

En ese estado, el hombre se aprovechó de su hija. “Mi papá vivía de mí. No es que vino un día y me dijo: ‘Andá a hacer plata’, pero me lo sugirió. ‘Sería bueno que vayas a pedir a los trenes para que comamos. Yo no puedo hacerlo porque soy grande y soy hombre. Vos sos chiquitita y te van a dar más plata’, me dijo”.

Al principio, Karen pedía tímidamente “una monedita, por favor”. Después repartió estampitas y papelitos escritos. Pero cuando la plata no alcanzaba, tuvo que apelar a otros recursos. “Ahí mi papá me hizo cambiar el speech: ‘Decí que tenés dos hermanitos, que yo estoy internado y que necesitás plata para comer’. Y yo me subía al tren y repetía todo eso”, lamenta.

En la vida de Karen, la figura de su padre ocupa un lugar complejo. Por un lado -dice- fue quien la rescató del maltrato de su abuela; por el otro, la arrastró a vivir en una plaza y vulneró todos sus derechos. En medio de esa contradicción, ella destaca algunos gestos:

“Mi papá tenía momentos y momentos. Momentos en los que yo no lo reconocía y momentos en los que intentaba conectar conmigo e inculcarme algunos valores. Me explicaba: ‘Vos tenés que limpiar tu guardapolvo. No importa que vivas en la calle: al colegio tenés que ir limpita’. Entonces yo iba y lavaba el guardapolvo en la fuente. Cada vez que podía, me decía: ‘Yo soy el ejemplo que vos no tenés que seguir’. Me lo decía y me miraba con tanta tristeza que yo me ponía a llorar. ‘No digas eso, papi, no digas eso’, le respondía”.

Mientras deambulaba mendigando plata, Karen también atravesó situaciones inesperadas. Una de las más traumáticas ocurrió en un tren casi vacío, cuando un hombre intentó abusar de ella. “Salí corriendo y me bajé en cualquier estación”, recuerda. Tiempo después, una mujer que conoció paseando a su perro en parque Los Andes, le propuso adoptarla. “Me dijo que podía darme la vida que mi papá no me estaba dando: llevarme al colegio, comprarme ropa, juguetes e irnos de viaje. Pero cuando le pregunté si lo iba a llevar a él también y me dijo que no, me negué. No quería dejarlo solo”, relata.

“¿Nosotros teníamos una casa?"

Seis años después de aquella tarde en la que le había dicho “vamos a pasear” y la llevó a dormir por primera vez a un banco de plaza, el padre de Karen volvió a repetir la misma palabra: “Vamos”. Ella no entendía a dónde, pero, como siempre, lo siguió. “Subimos al tren y en un momento veo que es mi casa. Le dije: ‘Pará, ¿nosotros teníamos una casa? ¿Esto era nuestro?’. Y me dice: ‘Sí, pasá, es tuyo’. Me chocó un montón. Muchos sentimientos encontrados. No podía creerlo: tenía mi casa pero viví seis años en una plaza”, recuerda. “Estaba todo como lo había dejado: la cama con el mismo acolchado, mi camperita favorita, que ese día no me la había llevado, mi ropa bien acomodadita, mis juguetes, que ya no me interesaban y los tuve que regalar”, agrega.

Cuando cumplió 15, se reencontró con su madre que, para entonces, había formado otra familia. “Empecé a contarle todo lo que había atravesado. Ella me escuchó y, en un momento, me dijo: ‘Sí, yo ya sé que pasaste todo eso. Estaba al tanto de todo’. Yo por dentro pensaba: ‘¿Estabas al tanto de todo y nunca viniste a buscarme?’. Fue durísimo porque, además, ella tuvo más hijos y con ellos era una mamá presente”, dice.

Cuando por fin pudo volver a dormir en una cama, guardar comida en una heladera y bañarse todos los días con agua caliente, Karen creyó que su vida iba a cambiar para bien. Pero no fue así. “Mi papá entró en el alcohol y canalizaba toda la abstinencia de la droga conmigo. Me pegaba, me agarraba la cabeza y me la daba contra la pared. Me ha revoleado vasos de vidrio y me ha amenazado con botellas cortadas”, recuerda. Los golpes eran tan fuertes que, más de una vez, fingió desmayos para que dejara de “pegarle piñas”.

Del enojo al perdón

Después de cumplir 15, Karen se independizó y se fue de la casa de su padre. Terminó el secundario en la Escuela N° 41 de Turdera y se refugió en la fe. Aceptar lo que había vivido no fue fácil. “Hasta ese momento tenía todas las emociones muy guardadas, como que las había ocultado”, dice. Primero apareció la bronca: “Me empezó a dar mucha ira y frustración para con mis padres. ‘Yo dormía en la calle, yo salía a pedir plata por los trenes... ¿Nadie se daba cuenta de que todo eso estaba mal?’, pensaba”. Hasta que finalmente entendió que quedarse enojada no le iba a servir. “Mi mejor método de defensa fue decir: ‘Soy la mujer que soy gracias a todo esto que pasé’. Igual, me costó un montón procesarlo”.

Sin dinero para costear sesiones de terapia, encontró en Internet su forma de empezar a sanar. “Veía videos en YouTube para entender de dónde vienen las heridas y cómo sanarlas. Todo me llevaba al perdón. Y yo decía: ‘La verdad es que no quiero perdonarlos y después sentarme al lado de ellos como si nada’. Hasta que entendí que el perdón no es eso, que hay muchas maneras de perdonar”, dice. La que encontró ella fue escribir cartas de liberación. “Les escribí a cada uno como si les estuviera hablando. ‘Papi, querido: Todo lo que hiciste me dolió, pero te suelto’, le decía. Lo mismo con mi mamá, con mi abuela. Después las quemé en el fuego”, cuenta.

Aunque ahora no tiene relación con sus padres, hace dos años, su papá le tocó el timbre y, como pudo, le ofreció unas disculpas por las situaciones a las que la expuso. “Yo te quiero pedir perdón por todo lo que te hice, por todo lo que pasaste”, le dijo mientras lloraba “como un nene”. Para ella fue un buen gesto y así lo recibió. “Me gustó recibir perdón de su parte”, asegura.

Hoy, Karen se dedica a ser mentora de mujeres. “Para eso primero tuve que sanar yo. Estudié formación de alto impacto, coaching y realicé varios cursos de psicoterapia. Mi hambre por ayudar era mucho. ¿Qué hago? Acompaño a mujeres que atraviesan duelos, desamores, que se sienten en piloto automático. Yo pasé por ese proceso y sé lo que se siente estar ahí. La raíz siempre es tu historia: tu infancia, tus traumas, tus heridas pasadas. Hacer esa introspección es lo que permite sanar y pasar a otra etapa”, explica.

“Yo soñaba con ser una mujer que pudiera enfocarse en ella misma, que pudiera decir que no sin sentir culpa. Hoy sé decir ‘Hasta acá’, sé lo que quiero y lo que no quiero. Hoy puedo hablar, expresarme, decir lo que siento. Lógicamente, me faltan un montón de cosas por aprender, pero lo principal, que era convertirme en la mujer de mis sueños, ya lo alcancé”, se despide Karen, con la convicción de quien convirtió la herida en un motor para seguir adelante.

Fotos y video/Maxi Bernardi.

La investigación se inició cuando una de las víctimas acudió a un centro de salud y denunció que su pareja la había agredido. A partir de esta presentación, el personal policial logró identificar el domicilio donde, además de la denunciante, se encontraba otra mujer que también permanecía privada de su libertad y presentaba lesiones visibles.

Tras una serie de tareas de vigilancia en el lugar que permitieron obtener pruebas que incrementaban las sospechas, se ordenó un procedimiento en la vivienda que estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Durante el operativo de rescate, las autoridades hallaron y entrevistaron a las víctimas, quienes manifestaron haber estado sometidas a constantes agresiones físicas, amenazas y maltratos.

Asimismo, les hicieron revisaciones para corroborar su estado de salud y dispusieron su inmediata asistencia médica. Según supo este medio, los informes preliminares indicaron que ambas mujeres exhibían diferentes tipos de lesiones compatibles con situaciones de violencia reciente.

Posteriormente, fueron asistidas y contenidas por personal especializado, además de ser puestas a resguardo judicial bajo directivas de la autoridad competente.

El acusado, por su parte, fue aprehendido dentro de la vivienda y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. La Dirección General de Investigaciones Criminales continúa por estas horas abocada a la pesquisa para esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar si existen otros episodios previos vinculados al acusado.

La situación generó preocupación entre los vecinos de Villa Richardson, un barrio residencial de Córdoba donde, según señalaron fuentes del entorno, no se habían registrado antecedentes de hechos similares en la misma modalidad. En este contexto, las autoridades locales recordaron a los habitantes del lugar la importancia de radicar denuncias ante cualquier situación sospechosa o de violencia, ya que la intervención rápida suele ser determinante para resguardar a las eventuales víctimas.

La investigación judicial por ahora se centra en determinar el tiempo que ambas mujeres estuvieron privadas de su libertad y documentar detalladamente los hechos. Mientras tanto, las víctimas permanecen bajo acompañamiento interdisciplinario y protección estatal.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Esta semana las autoridades cordobesas rescataron también a ocho personas martes en la ciudad de Córdoba, en un operativo realizado en el barrio Villa La Tela. El procedimiento estuvo a cargo de la Justicia Federal y la Policía de Córdoba, que investigan a un pastor evangélico señalado por presunta trata de personas y explotación laboral.

La vivienda allanada estaba ubicada en la zona oeste de la capital provincial y funcionaba bajo la fachada de un centro de rehabilitación espiritual.

En la entrada del lugar se exhibía un cartel con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”, lo que reforzaba la apariencia de espacio de contención para personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, allí se aprovechaban de personas con adicciones que buscaban una salida a través de la fe.

Durante el operativo, las autoridades rescataron a ocho individuos que permanecían sometidos bajo un régimen de servidumbre. Todos habían llegado al domicilio buscando apoyo espiritual, aunque según la investigación, en realidad eran explotados.

El procedimiento también incluyó el secuestro de documentación vinculada a la causa, que ahora será analizada por la fiscalía interviniente.

El fiscal federal Carlos Casas Nóblega quedó a cargo del caso y deberá determinar el alcance de las maniobras atribuidas al pastor y establecer si existen más víctimas relacionadas con la organización.

La investigación se centra en comprobar si la fachada del supuesto centro espiritual encubría una estructura de trata de personas y explotación laboral que operaba en el barrio Villa La Tela.

Un hombre fue detenido en Resistencia, Chaco, por estar acusado de abusar de la hija menor de su pareja. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima ante el Departamento de Violencia Familiar y Género.

Se trata de A. V. A., de 47 años, quien habría violado en reiteradas oportunidades a niña. La causa se investiga como “abuso sexual simple”.

El caso quedó en manos de la Fiscalía N°2, a cargo de Ana González de Pacce. La fiscal dispuso una serie de medidas urgentes para resguardar a la víctima y reunir elementos probatorios, según informó el portal de Diario Chaco.

Tras la denuncia y la activación del protocolo de emergencia, personal del Servicio Externo, junto a efectivos de la Comisaría Sexta y la Comisaría Decimocuarta, llevaron adelante la ubicación y captura del sospechoso.

El procedimiento incluyó una primera revisión en el Servicio de Medicina Legal, instancia previa a su traslado a la unidad policial donde quedó a disposición de la Justicia.

Los especialistas del Departamento de Violencia Familiar y Género se encargaron de brindar contención inmediata a la denunciante y activar cuidados integrales para la menor víctima, quien fue puesta bajo resguardo y recibió acompañamiento profesional.

Intentó abusar de una menor y quedó detenido

A principios del mes pasado, en Isla del Cerrito, también en la provincia de Chaco, una adolescente de 14 años sufrió un intento de abuso por parte de un hombre mayor cuando sus padres no se encontraban en su casa. La joven logró escaparse y, tras realizar la denuncia, el agresor fue detenido por la Policía.

La alarma se desató el sábado 9 de agosto por la tarde en una vivienda particular.

La reconstrucción de los hechos, basada en la denuncia y la información policial, revela que la madre de la víctima había salido del hogar cerca de las 17:00, dejando en la casa a sus dos hijas: una joven, de 20 años, y su hermana menor, de 14. En ese momento, un hombre aprovechó la ausencia de los adultos para acercarse a la vivienda.

Según consta en la denuncia presentada cerca de las 22:00, se presentó preguntando por la madre de las jóvenes y fue recibido por la adolescente de 14 años.

Al enterarse de que la mujer no estaba, el individuo tomó de la cintura a la menor e intentó besarla. Frente a esto, la adolescente lo empujó, ingresó rápidamente a la casa y logró ponerse a salvo, impidiendo que el ataque se consumara. El hombre huyó del lugar en una motocicleta.

Las hermanas informaron de inmediato a sus padres, quienes acompañaron a las jóvenes a radicar la denuncia ante las autoridades. Este paso permitió a la Policía obtener datos precisos sobre el sospechoso y desplegar un operativo de búsqueda en la zona rural.

El dispositivo incluyó el relevamiento de domicilios cercanos, controles en los accesos y vigilancia sobre la posible ruta de escape utilizada por el agresor. Finalmente, los efectivos localizaron y detuvieron al hombre en las inmediaciones del paraje, poco después de formalizarse la denuncia. Se trata de un hombre de 65 años, identificado como E. B.

El acusado permanece a disposición de la Justicia, mientras se evalúan nuevas diligencias para esclarecer todos los aspectos del caso.

Seguramente nadie puede excluirse a la fascinación que generan desde hace décadas dos músicos estadounidenses que marcaron una época y que ya no están con nosotros: Michael Jackson y Prince (Prince Rogers Nelson).

Ambos comparten, sin embargo, un antecedente menos glamoroso, en realidad una historia trágica y es la de las características de su muerte.

Michael Jackson fallece en el año 2009, por una sobredosis de Propofol y benzodiacepinas. Prince fue encontrado sin vida en su estudio de Minnesota en 2016 y los posteriores estudios forenses mostrarían que la causa e muerte también había sido por una sobredosis pero en este caso por fentanilo.

La autopsia informó que la sobredosis de fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína habría sido accidental. Su caso puso en evidencia en Estados Unidos y el mundo que el problema ya no era solo la heroína o la cocaína, sino un fármaco fabricado en laboratorios clandestinos que podía multiplicar muertes de manera silenciosa.

Desde entonces, el nombre “fentanilo” se repite en miles de tragedias familiares. En ambos casos, el impacto que causaron sus muertes y las circunstancias de las mismas, pusieron en relieve el tema de la sobredosis, sea de drogas de uso ilegal, pero, al mismo tiempo, los excesos en las de uso médico y la automedicación.

En el caso de la muerte de Prince fue la voz de alarma sobre el ingreso de los opioides sintéticos, como el fentanilo, como uno de los flagelos que hoy ya tenemos instalados en la sociedad. Se calcula que al menos ocurrirían unas 100.000 muertes como consecuencia de su consumo.

Cada 31 de agosto se conmemora en más de 40 países el “Día Internacional de la Concientización sobre la Sobredosis” para recordar no solo a estos casos famosos, sino a las miles de personas que mueren por sobredosis de drogas.

Su objetivo es simple y claro: honrar a las víctimas, apoyar a sus familiares, evitar nuevas muertes y exigir más prevención frente a una tragedia global que golpea también a Argentina, aun cuando a veces hasta autoridades en la materia dicen que el cuadro es propio de otras regiones.

Qué es la sobredosis en consumos problemáticos

Durante años se usó las palabras “uso” y “abuso” en manuales psiquiátricos para definir a las modalidades de consumo de estupefacientes. Esta denominación fue paulatinamente abandonada en posteriores ediciones porque se consideraba estigmatizante ya que estas palabras pueden implicar aspectos morales o culpa, desconociendo que no se trata de una elección voluntaria existencial.

El mismo, quizás, ya no describe con precisión el fenómeno clínico. La expresión “consumo problemático”, refleja mejor la diversidad de situaciones y evita la etiqueta moral. Sin embargo, dada la difusión del término abuso que el público general entiende de inmediato, algunas precisiones pueden ser de utilidad.

Se considera uso al consumo ocasional o experimental de una sustancia (alcohol, medicamentos, drogas ilegales) sin consecuencias inmediatas graves. Ejemplo: una copa de vino en una cena o un ansiolítico recetado en dosis correcta. El concepto tradicional, de “abuso” todavía muy usado en el lenguaje común y en medios, sirve para explicar de forma sencilla aquel consumo que excede los límites de lo saludable. Cuando el consumo es excesivo y dañino.

“Consumo problemático” es el concepto actual en salud pública. El mismo pone el énfasis en el impacto del consumo en la vida cotidiana, los riesgos para la salud física o mental, las consecuencias sociales, físicas, los conflictos familiares y/o laborales, más que en la cantidad de sustancia consumida.

Es un concepto más orientado a la más salud pública, y a la puesta en marcha de dispositivos de prevención y atención. El cambio de palabra busca evitar la carga moral y mirar el problema desde la prevención y el acompañamiento, saliendo solo de la descripción que etiqueta pero no vehiculiza acciones consecuentes efectivas.

La palabra adicción sería esa instancia conceptual cuando ya no puede ser controlado ese problema que implica el consumo. La droga ocupa el centro de su vida, así vemos otros fenómenos habituales como la tolerancia que es la necesidad de más dosis para lograr el mismo efecto y particularmente el peligroso síndrome de abstinencia que es el malestar físico y psicológico al dejar de consumir, y que implica una situación de riesgo y urgencia médica y médico legal.

Por ultimo, la palabra a que nos refiere esta fecha conmemorativa: la sobredosis. Es la fase más aguda y peligrosa: se consume más cantidad de la que el organismo puede tolerar. Puede ser accidental o intencional. En el caso de opioides como el fentanilo, una sobredosis puede causar paro respiratorio y muerte en minutos si no se interviene con medicamentos como la naloxona.

La sobredosis es un problema que atraviesa fronteras y clases sociales. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 más de 296 millones de personas consumieron drogas en el mundo y las muertes vinculadas al consumo crecieron un 17% en la última década

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron más de 107.000 fallecimientos por sobredosis en 2023, con el fentanilo como principal responsable (CDC Overdose Data).

En Argentina según informes del Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar), en 2022 se registraron 13.426 muertes directas o indirectas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en personas de 15 a 64 años. Esto representa un 15,2 % del total de muertes en ese grupo etario, con una tasa bruta de 45,3 cada 100.000 habitantes.

El dato es que de ese total, 145 muertes fueron por sobredosis, lo que equivale a una tasa específica de 0,5 por cada 100.000 habitantes y al 1,1 % de las muertes vinculadas al consumo de drogas.

En 2019, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires alertaba que los casos de fallecimientos por sobredosis se habían duplicado en los dos años anteriores, hasta el punto en que “una persona muere cada 36 horas” por consumo de estupefacientes.

A pesar de que las cifras del promedio de muertes por consumo de drogas en América Latina de 14,9 por cada millón de habitantes, distan mucho de los 172 en Norteamérica, el problema es menos visible, pero no es menos grave y con una evolución creciente.

En los últimos años apareció un protagonista especialmente letal: el fentanilo. Este opioide sintético está detrás de la mayoría de las muertes por sobredosis en Norteamérica y comienza a expandirse hacia otros continentes. Sus características hacen que hasta se redefina el concepto de sobredosis ya que incluso una dosis puede ser mortal, sumado al hecho que es en muchos caso es mezclada con otras sustancias como cocaína o pastillas a veces sin que el consumidor lo sepa.

Un ejemplo es el de las devastadoras consecuencias de la llamada droga zombie.

Frente a este panorama, es necesario un replanteo y actualización en los cuales no existe lugar para los tabúes o la estigmatización. Para ello, hay que aceptar que la sobredosis no es un problema “ajeno” a una sociedad o a una familia, y puede presentarse en cualquier círculo.

Es habitual que sosteniéndose en tabúes estigmatizantes se culpabilice a los consumidores o incluso a sus familias. Frases como que “en nuestro país no hay muertes por sobredosis” o que “si hay una buena familia esto no pasa”, se siguen escuchando en espacios mediáticos y deben ser desterrados.

Para ello, la difusión de una correcta información basada en el estado actual de la ciencia y el conocimiento, en que se reconozcan los riesgos y especialmente los tratamientos, que pueden salvar vidas es esencial. En ese sentido la capacitación continua por parte de quienes están en las primeras líneas de atención debe formar parte de las política de salud pública.

Otro aspecto es el de acompañar, comprender, no juzgar ni estigmatizar: detrás del consumo suele haber sufrimiento, no solo “mala elección”. “Querer no es poder”.

Finalmente, una acción a través de los medios y de las estructuras políticas públicas, en el que la base no sea la persecución policial. En este sentido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte sobre la urgencia de reforzar la prevención en América Latina (OPS).

El lema de este año del “Día Internacional de la Concientización sobre la Sobredosis”, es “Una gran familia, unida por la esperanza”. El mensaje es claro: nadie enfrenta este drama solo. La respuesta requiere comunidades que se sostienen, se informan y actúan juntas.

La información, la concientización y aceptar las condiciones de nuestras sociedades y la responsabilidades y acciones consecuentes que implican son los llamados que estos días buscan despertar.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.

Una joven de 21 años denunció ayer martes a su jefe, 53 años, por abuso sexual. El hecho habría ocurrido dentro del local donde se desempeña laboralmente en la zona conocida como mega toma de Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

El comercio se encuentra ubicado en las calles 144 y 79, uno de los dos locales que el acusado administra junto a su pareja en el mismo barrio.

La joven, visiblemente conmocionada, solicitó medidas de protección, puesto que su ex empleador vive en la esquina de su casa. En paralelo, reclamó el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que podrían aportar pruebas determinantes en la investigación judicial.

Según el testimonio al que pudo acceder le medio local 0221, la joven se presentó como cada mañana en su lugar de trabajo a las 8.30 para abrir el comercio. Mientras acomodaba el establecimiento, previo al ingreso de clientes, el hombre —identificado como su jefe directo— comenzó a abusar de ella. La denunciante aseguró que se produjo un forcejeo, tras el cual logró liberarse y salir del local.

Luego de esto, el empleador la persiguió en auto, intentó convencerla para que no hiciera pública la situación y le exigió que regresara a trabajar, siempre en línea con el relato de la víctima.

En su declaración, la denunciante advirtió que otras mujeres que trabajaron anteriormente en ese mismo local también habrían sido víctimas de abuso por parte del gerente. Si bien hasta el momento la Policía no confirmó la existencia de otras denuncias formales previas, la investigación apuntará a verificar el eventual patrón de conducta.

La víctima aportó datos sobre el funcionamiento del comercio y la relación laboral con el acusado, incluida la estructura de control ejercida por este y su pareja sobre el personal.

A su vez, se solicitó una restricción de acercamiento para el imputado y mayores controles en la zona, mientras se avanza con la recolección de prueba.

El Ministerio Público Fiscal de La Plata analizará los elementos recabados y resolverá si solicita la indagatoria del acusado en las próximas horas.

Un intento de abuso en San Martín

A principios del mes de julio, una empleada de un comercio ubicado en Ciudad Jardín El Libertador, en el partido bonaerense de San Martín, denunció haber sido víctima de un intento de abuso sexual por parte de un sospechoso que había simulado ser un cliente. Luego de que no pudiera concretar la agresión, el hombre la dejó encerrada y se escapó con el dinero que almacenaban en la caja registradora.

El hecho se produjo el lunes pasado, cerca de las 16 horas, cuando un hombre encapuchado llegó al local ubicado en la calle Los Gladiolos (Calle 156) y solicitó ingresar. La víctima, que se encontraba sola porque su compañera había salido, permitió el acceso.

La secuencia del ataque quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, por lo que se pudo ver cómo el atacante le mostró dinero y pidió ver algunos de los productos que se encontraban en exhibición. De esta manera, la mujer se dio la vuelta para tomar los elementos que le habría indicado y el sospechoso aprovechó para acercarse a ella y tomarla por la espalda.

Así, la llevó hasta el baño del local, donde la agredió físicamente e intentó abusar sexualmente de ella. Según la información, la víctima se resistió durante varios minutos y logró que el agresor cesara en su intento y huyera del lugar.

La mujer quedó encerrada en el baño y fue auxiliada por terceros tras el ataque. Luego de que pudieran liberarla, constataron que el atacante también se había escapado del comercio con el dinero en efectivo que guardaban en la caja. Aunque la policía intervino en el caso, todavía no se pudo dar con el responsable del hecho.

Un hombre de 36 años oriundo de Villa Ascasubi en la provincia de Córdoba, recibió una condena a cuatro años de prisión por abuso sexual en perjuicio de su hijastra, de acuerdo con la resolución dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero.

La Justicia le impuso además una multa de tan solo $5 mil. La causa judicial llegó a juicio con cargos inicialmente más graves, pero la investigación determinó que se trató de un hecho puntual.

La defensa sostuvo que el fallo contempló la existencia de una sola situación probada. El abogado defensor, Gustavo Nievas, declaró que sólo se acreditó que el hombre había tocado la pierna de la joven en una ocasión. Además, explicó que no hubo otros episodios ni agravantes en la condena final.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, en un comienzo, el imputado enfrentaba una acusación más severa. Los cargos iniciales incluían abuso sexual continuado, agravado por la condición de guardador y la convivencia previa, además de la tenencia de un arma de fuego de uso civil. El proceso judicial redujo los hechos al constatar un solo episodio confirmado, lo que tuvo incidencia directa en la cuantía de la pena.

La audiencia de debate se desarrolló en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, donde el tribunal evaluó cada uno de los elementos aportados por la fiscalía y la defensa. El juez resolvió dictar una pena de prisión efectiva, mientras descartó la existencia de circunstancias agravantes por la falta de pruebas concluyentes en los otros puntos de la acusación.

Según los registros del caso, el condenado ya había permanecido dos años bajo prisión preventiva, por lo que deberá cumplir dos años más para agotar la sentencia impuesta por el tribunal.

Un hombre fue condenado por abusar de sus cinco hijas en Córdoba

A principios de mayo pasado, un hombre de 50 años fue condenado a 15 años y 10 meses de prisión por los abusos sexuales agravados cometidos contra sus cinco hijas en Calamuchita, también en la provincia de Córdoba

Según informó la Justicia, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2023, y salieron a la luz gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien logró escapar de su hogar en diciembre de ese mismo año y alertar a las autoridades.

El caso quedó en manos de la fiscal de Río Tercero, Paula Bruera, quien además reveló que el agresor ya contaba con antecedentes por delitos similares.

La víctima que destapó el horror pidió ayuda a los gritos y aseguró: “Mi mamá nos maltrata y mi padrastro nos viola”.

Según lo detallado por la investigación, un vecino la asistió y la llevó a la comisaría, donde pudo relatar los abusos que ella y sus hermanas sufrían. Este testimonio fue clave para que las autoridades actuaran de inmediato y detuvieran al agresor que se encuentra en prisión desde diciembre de 2023.

La fiscal Bruera confirmó que las víctimas tenían entre 4 y 16 años al momento de los ataques. Además, se comprobó que el hombre ya había sido condenado en el año 2000 por delitos sexuales contra un menor de edad, aunque había recuperado la libertad poco tiempo después. Este antecedente agravó su situación judicial.

En el marco de la misma causa, también fue condenada la pareja del agresor y madre de cuatro de las niñas. La mujer recibió una pena de un año de prisión en suspenso tras ser encontrada culpable de lesiones leves calificadas. Aunque no se especificaron mayores detalles sobre su rol en los hechos, la sentencia refleja su responsabilidad en el contexto de violencia y abuso que vivieron las menores.

El juicio se llevó a cabo en los Tribunales de Río Tercero bajo la modalidad de juicio abreviado, en el que el acusado aceptó los cargos en su contra. La pena de 15 años y 10 meses de prisión fue dictada por los delitos de abuso sexual agravado. Según consignó la Fiscalía, esta condena busca garantizar que el agresor permanezca tras las rejas durante un largo período, evitando que pueda reincidir.

Tras dos días de audiencias, finalizaron las instancias del juicio de cesura que se llevó a cabo contra el enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente en Neuquén. En este contexto, la Fiscalía solicitó una pena de 11 años de prisión; sin embargo, aún resta que el Tribunal resuelva la condena que impondrá.

El hombre fue identificado como “A. E. A. B.”, quien reconoció ser responsable de los cargos que se le imputaban, es decir abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en perjuicio de una paciente adulta mayor que estaba bajo su cuidado en una clínica de rehabilitación.

El episodio ocurrió el 2 de noviembre de 2024 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

De acuerdo con la información obtenida por el portal del diario LMNeuquén, la Fiscalía reclamó que se imponga una pena de 11 años y medio de prisión efectiva para el condenado, mientras que la defensa propuso una condena que cumpla con el mínimo legal previsto, equivalente a 8 años.

Según expresó la fiscal Carolina Mauri: “Este hecho genera una afectación profunda a la confianza básica que la sociedad deposita en el personal sanitario y en la medicina asistencial”.

Luego de que culminen las audiencias, el tribunal integrado por Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini deberá comunicar su veredicto en los próximos días.

El caso cobró notoriedad por el nivel de sometimiento de la víctima: según los fundamentos del acuerdo presentado y aceptado por el imputado, el ataque se produjo aprovechando el estado de convalecencia e indefensión de la mujer, de más de 70 años, mientras se encontraba internada y confiando en su cuidador.

La existencia de testimonios directos, pericias médicas y registros fílmicos reforzó las pruebas en el expediente. Otro elemento probatorio clave en el caso fue el registro de las cámaras de seguridad, que permitió identificar de manera fehaciente al agresor y probar el hecho en todas sus circunstancias.

Además de la pena que recaerá sobre él, será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS), lo cual implica restricciones y controles administrativos a futuro.

Condena a un enfermero por abuso de una paciente en Mar del Plata

A fines del mes de mayo, un enfermero de Mar del Plata fue condenado a once años de prisión por abusar de una paciente que se recuperaba de un accidente cerebrovascular en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps). Este hombre también fue encontrado culpable del delito de vejaciones en dos episodios de los que resultaron víctimas pacientes afásicos.

Según informó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, compuesto por los jueces Fernando Minguillón, Roberto Falcone y Martín Poderti, el agresor, identificado como Rubén Omar Rivas, de 54 años, fue inhabilitado de por vida para ejercer su profesión.

El fiscal subrogante Carlos Fioriti había solicitado la imposición de 14 años de prisión e inhabilitación especial perpetua en el ejercicio de su profesión para Rubén Omar Rivas, quien siguió el alegato de manera remota desde el Penal de Marcos Paz, donde permanece detenido.

Se estima que el hecho sucedió entre el 1 y el 11 de agosto de 2021, cuando la víctima, en un estado de vulnerabilidad debido a su recuperación, fue tocada en sus partes íntimas por parte de Rivas mientras la preparaba para un electrocardiograma.

La denuncia la realizó una enfermera que dio cuenta de lo sucedido días después y fue clave para llevar a juicio al imputado, quien fue acusado formalmente de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido por una persona encargada de la guarda de la víctima, en concurso real con el delito de vejaciones en dos hechos, los que concurren realmente entre sí”.

Estas últimas dos acusaciones refieren a otros dos casos por los que fue encontrado culpable, puesto que torturó a otros dos pacientes masculinos internados en el mismo centro de salud entre 2017 y 2018.

Estas personas, que sufrían de afasia —trastorno del lenguaje causado por daño en las áreas del cerebro responsables del habla y la comprensión—, fueron sometidos a maltratos que incluían ser bañados con agua fría, decirles expresiones humillantes, arrojarles agua sobre las heridas de sus traqueotomías, pegarles y “revolearlos” sobre sus camas. Enfermeras que declararon en el caso dieron cuenta de que los malos tratos eran diarios

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que un juez de control vinculó a proceso a un hombre identificado como Bernardo “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violación en agravio de una menor de edad.

Los hechos habrían ocurrido en la colonia San Mateo, alcaldía Coyoacán. Según las investigaciones, el imputado ocupaba un cargo religioso y residía en el mismo domicilio que la víctima, lo que facilitó el acceso y la cercanía con ella.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las agresiones ocurrieron en al menos cuatro ocasiones entre abril y julio de 2024. El hombre habría amenazado a la menor para evitar que denunciara los hechos.

Más detalles del operativo

Bernardo “N” fue detenido el pasado 10 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en un operativo conjunto entre la FGJCDMX y la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Tras su traslado a la capital, fue presentado ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgado otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

Para prevenir el abuso sexual infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aconseja enseñar a las niñas y niños que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento.

También recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a cambios en el comportamiento de los menores, evitar que acepten regalos que impliquen condiciones ocultas y supervisar de manera constante su actividad en internet y redes sociales.

Asimismo, se sugiere fomentar en los menores la confianza para rechazar cualquier tipo de contacto físico que les resulte incómodo y reforzar la importancia de comunicar cualquier situación que los haga sentir inseguros o molestos.

En caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual, las autoridades subrayan que no debe bañarse ni cambiarse de ropa, ya que las prendas que llevaba pueden constituir pruebas fundamentales.

En diálogo con Infobae, y luego de que este medio chequeara con otro compañero de los tres que efectivamente había cursado con otros repetidores en esa escuela a la que fue la víctima, Adrián contó que este miércoles a las 11 se presentará ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando.

“Es para dar una testimonial de lo que pasó en ese momento y para aportar datos de la personalidad de Fernández Lima”, indicó el hombre que en el programa de América de Rolando Graña dijo sobre el chico desaparecido desde 1984: “Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.

Tras sus dichos, las cataratas de críticas y los posteos tratándolo de mentiroso se sucedieron. @Argenpoirot publicó: “Graña llevo a un tipo que dijo que Diego Fernández era un violador de hombres, un chico de 16 años que estuvo 41 años desaparecido y estaba enterrado en la casa de Cristian Graf. Además de ser una falta de respeto, o casualidad, es el mismo tipo que iba a hablar de Maldonado”.

“Este martes, América pasó el segmento donde voy a cámara por pedido de Mauro Viale porque había logrado hablar con el puestero y hacer la nota en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado“, describió cuál réplica Farías ante la consulta de este medio.

Otro posteo en “X” fue el de @intiraPOLO. Escribió junto a una foto con colores sepia: “Este Adrián Farías. Era de Córdoba y en una publicación del pasado dice que vino a Buenos Aires en marzo del 87. Nunca fue compañero de Cristian Graf ni de Diego Fernández. Es un mitómano, y lo peor es que el delincuente de Graña le da cámara para sus operetas“.

“Yo terminé el colegio en Córdoba en 1986. Entre 1982 y 1984 fui al colegio en donde conocí a Fernández Lima y Graf”, apuntó en su defensa a ese segundo posteo en redes donde se puso en jaque la verosimilitud de sus dichos a cámara el día anterior.

En ese contexto, este martes Farías dijo que se encargó de “conseguir todas las constancias” en las escuelas a las que fue para echar por tierra “todas las cosas que dijeron en redes sociales” sobre él.

Así fue a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, por entonces ubicada en las calles Ballivián y Donato Álvarez, donde conoció a Fernández Lima y a Graf: “Me dijeron que no tenían los archivos que daban cuenta de que fui alumno ahí porque se los llevó la Justicia. Pero, entonces, me fui a la escuela que me dio el pase, que en mi legajo tiene que figurar que me trasladaban ahí. Pedí que busquen las constancias porque las tienen archivadas”.

Y se quejó poco de la gente que lo criticó. Apenas dijo: “No entiendo cómo pensaron que podía estar mintiendo”. Lo que más le dolió fue que su hija se haya preocupado por él por las réplicas a sus dichos en el canal América.

¿Qué dijo?

Adrián relató por primera vez a cámara un episodio que, según dijo, mantuvo oculto durante años y que recién pudo abordar en terapia tiempo después. Y explicó que conoció tanto a Fernández Lima como a Graf —hoy principal sospechoso— en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, recordó.

Sobre Graf, Adrián dijo que era “un chico tranquilo” y que lo apodaban “Jirafa” por su altura. No obstante, aclaró que no se trataban fuera del aula y que no mantenía amistad con ninguno de los dos. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, remarcó.

En cambio, de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que, en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Aseguró que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.

Así, lanzó: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir... En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.

Warren Jeffs no era un líder religioso convencional. No predicaba desde templos abiertos ni buscaba expandir su iglesia por medios tradicionales. Su poder se construyó en el aislamiento, en el silencio impuesto, en la obediencia ciega.

Como cabeza de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD), una escisión radical del mormonismo, Jeffs creó un universo cerrado donde la poligamia era ley, las mujeres eran propiedad y los infantes, víctimas.

Desde su sede en Colorado City, Arizona, y luego en el rancho Yearning for Zion, en Texas, Jeffs gobernó a miles de fieles como un tirano espiritual. Era “el profeta”, y sus seguidores creían que hablaba directamente con Dios. Su palabra era incuestionable. Podía decidir matrimonios, separar familias, exiliar hombres que cuestionaran su autoridad y tomar como esposas a niñas de apenas 12 años.

La IFJSUD nació a fines del siglo XIX, cuando un grupo de mormones se negó a aceptar el fin de la poligamia decretado por la Iglesia principal. La iglesia mormona que no permite la poligamia es la más extendida en el mundo y lleva el nombre de Iglesia de los Santos de los Últimos Días (IJSUD).

Para ellos, los fundamentalistas de Jeffs, el “matrimonio plural” era un mandato divino. Cada hombre debía tener al menos tres esposas, y el profeta, tantas como quisiera. La comunidad se mantuvo aislada del mundo exterior, desconfiando de la tecnología, la educación secular y cualquier influencia que pudiera debilitar su estructura patriarcal.

Las mujeres eran relegadas desde la infancia. No podían elegir profesión, vocación ni pareja. Su destino era procrear y obedecer. A menudo eran casadas antes de alcanzar la pubertad, asignadas por el profeta a hombres mayores. La poligamia no era solo una práctica religiosa: era una herramienta de control, una forma de perpetuar el poder del líder y de mantener a la comunidad bajo su dominio.

Warren Jeffs heredó el liderazgo de la secta tras la muerte de su padre, Rulon Jeffs, en 2002. Rulon había tenido más de 60 esposas. Warren lo superó: llegó a casarse con 78 mujeres, 25 de ellas menores de edad. Bajo su mandato, la iglesia expandió sus negocios, acumuló millones de dólares y reforzó su estructura autoritaria. Jeffs expulsó a hombres que podían desafiarlo y se rodeó de fieles incondicionales.

Su figura era omnipresente. En las ceremonias, en los sermones, en los rituales secretos. Se presentaba como el único canal entre Dios y los hombres. Las niñas eran entrenadas para obedecerlo, para considerarlo sagrado. El documental Sé dócil: reza y obedece, estrenado en 2022 en Netflix, muestra imágenes internas de la vida en la secta: los ritos, las reuniones, los matrimonios forzados, el terror disfrazado de fe.

Luego de denuncias de algunas mujeres de la Iglesia, en 2006, la Oficina Federal de Investigación (FBI) incluyó a Warren Jeffs en su lista de los diez fugitivos más buscados. Compartía cartel con Osama Bin Laden. Fue capturado ese mismo año en Nevada, y en 2007 condenado en Utah por ser cómplice de violación. Sin embargo, esa sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Utah en 2010 por errores procesales.

El caso que finalmente lo llevó a prisión se desarrolló en Texas, donde las autoridades descubrieron pruebas contundentes de abuso sexual infantil en el rancho Yearning for Zion.

El rancho, de más de 600 hectáreas, era una fortaleza espiritual. Allí vivían cientos de miembros de la secta, en condiciones de aislamiento extremo. Las investigaciones revelaron que Jeffs, que en diciembre cumplirá 70 años, había creado un templo donde se realizaban rituales sexuales con menores. Las grabaciones presentadas en el juicio mostraban al líder instruyendo a sus seguidores sobre cómo “preparar” a las niñas para la vida celestial, lo que incluía abusos sistemáticos.

El 9 de agosto de 2011, un jurado en San Ángelo, Texas, declaró a Warren Jeffs culpable de dos cargos: agresión sexual agravada contra una niña de 12 años y asalto sexual contra una adolescente de 15 años, ambas consideradas sus “esposas espirituales”. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes: grabaciones de audio en las que Jeffs abusaba de las menores, documentos que detallaban los matrimonios forzados y testimonios de víctimas que lograron escapar.

La sentencia fue ejemplar: cadena perpetua por el primer cargo y 20 años de prisión por el segundo, con cumplimiento consecutivo. Esto significa que Jeffs deberá pasar al menos 45 años en prisión antes de poder solicitar libertad condicional. Actualmente, cumple condena en una prisión de Texas, desde donde intentó ejercer influencia sobre sus seguidores mediante cartas y mensajes.

Una de las voces más potentes en el juicio fue la de Elissa Wall, quien fue obligada a casarse a los 14 años con su primo de 19. Su testimonio fue clave para condenar a Jeffs. En su libro Stolen Innocence (Inocencia robada), Wall relata cómo vivió años de abuso físico y psicológico, cómo fue silenciada por la comunidad y cómo logró escapar. Su valentía abrió la puerta para que otras mujeres se animaran a hablar.

“Nos enseñaban que el profeta era la voz de Dios. Si él decía que debías casarte, no podías negarte. Era tu deber espiritual”, declaró Wall en una entrevista. Su historia fue recogida por medios internacionales y se convirtió en símbolo de resistencia frente al abuso institucionalizado.

El caso de Warren Jeffs generó una ola de producciones documentales, investigaciones periodísticas y debates sobre el poder de los cultos religiosos. El documental Sé dócil: reza y obedece, dirigido por Rachel Dretzin, expone con crudeza el sistema de control que Jeffs construyó. A través de testimonios, imágenes inéditas y análisis judiciales, la serie revela cómo la fe fue manipulada para justificar crímenes atroces.

La historia de Jeffs no solo conmocionó a Estados Unidos: se convirtió en un ejemplo global de cómo el fanatismo religioso puede derivar en estructuras de abuso sistemático.

La historia de Warren Jeffs no es solo la de un líder religioso abusivo. Es la historia de miles de personas sometidas a un sistema de opresión institucionalizado. De niñas que fueron obligadas a casarse, de hombres que perdieron a sus familias por orden del profeta, de mujeres que vivieron décadas sin saber que podían decir “no”.

Gracias a los testimonios valientes de las víctimas, la justicia pudo actuar. Pero el daño persiste. Muchas comunidades vinculadas a la IFSUD siguen operando en Estados Unidos, con estructuras similares. Aunque Jeffs está tras las rejas, su doctrina aún sobrevive en sectores que lo consideran una especie de mártir.

Lo más inquietante del caso Jeffs es cómo la fe fue utilizada como herramienta de sometimiento. La religión, que para muchos es refugio y guía, se convirtió en prisión. Jeffs no solo abusó físicamente de sus víctimas: las convenció de que era su salvador. Les enseñó que el dolor era parte del camino hacia Dios. Que quien lo desobedeciera era pasible de recibir una condena divina. Pero el condenado fue él: un 9 de agosto de hace 14 años.

El caso conocido como la “Manada de Campeche” continúa generando controversia a medida que, en los últimos días, dos nuevas jóvenes han roto el silencio y denunciado abusos que habrían sufrido a manos de los mismos tres presuntos agresores ya acusados en el ataque reportado por Susana Saravia.

Rosa “N.” denunció públicamente que Yeshua “N.” fue particularmente insistente en mantener relaciones sexuales, una insistencia que rozó el acoso mientras ella asistía a reuniones en casas de los presuntos agresores. Según su testimonio, estos muchachos pertenecían a un grupo de amistades en el que hacían apuestas: ganaba quien tuviera relaciones sexuales primero con mujeres que tenían en la mira.

El arraigo del modus operandi violento del grupo quedó al descubierto: se estima que había al menos seis agresores vinculados entre sí, todos estudiantes de la Preparatoria Ermilo Sandoval Campos, aunque solo tres—Yeshua, Ángel y Jorge—figuran oficialmente como sospechosos. Las autoridades no han identificado al resto.

Una ola de testimonios que revela un problema estructural

Tras la difusión del caso de Susana, al menos siete mujeres más se han acercado para relatar experiencias similares de presunto abuso por parte del mismo grupo de jóvenes. Muchas de ellas se abstuvieron de denunciar por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.

Citlalli Hernández, secretaria estatal de las Mujeres, contactó a la familia de Susana con el compromiso de dar seguimiento al caso. Sin embargo, ya transcurrieron más de 30 días desde el ataque y la Fiscalía aún no ha detenido a los dos presuntos agresores restantes.

El caso, en la mira nacional

Susana Saravia, de 22 años y estudiante de Derecho, fue la primera en romper el silencio. Denunció públicamente el ataque que sufrió el 31 de marzo de 2025, lo que provocó la emisión de tres órdenes de aprehensión. Hasta ahora, sólo Ángel “N.” ha sido detenido y vinculado a proceso; Yeshua y Jorge siguen prófugos.

Su madre, Liz Rodríguez, ha denunciado presuntas irregularidades dentro de la Fiscalía General de Campeche (FGECAM), como filtraciones que alertaron a los acusados para evadir responsabilidades, y posibles intentos de soborno para anular la denuncia. Se ofreció a Susana dinero, coche o casa si desistía de la acusación.

El caso ha sido comparado con otros de violaciones grupales masivas en México y España, como los sucesos conocidos como “La Manada” (Pamplona, 2016) y “Los Porkys” (Veracruz, 2015), en los cuales también se denunció protección de los agresores por vínculos de poder político o influencias familiares

La madre de Susana ha sido enfática al reclamar justicias no solo para su hija, sino para todas las víctimas que, aún hoy, no han recibido ninguna atención efectiva. Reclama la detención inmediata de los dos acusados que están prófugos y una investigación clara que incluya todos los testimonios y evite que el caso sea un carpetazo más. Denuncia también la falta de respuesta de la gobernadora Layda Sansores y de la secretaria de Gobierno, quienes no han ofrecido declaraciones públicas ni medidas concretas.

La Justicia de Villa María condenó a un hombre, oriundo de la localidad cordobesa de Pasco, a ocho años de cárcel por delitos sexuales cometidos contra tres niñas de su entorno.

La sentencia, comunicada en las últimas horas, fue resultado de un extenso proceso judicial impulsado por la fiscal Juliana Companys y marcó un precedente en la lucha contra los delitos contra la integridad sexual en el interior provincial.

La investigación comenzó en agosto de 2022, cuando el personal de una escuela local advirtió, durante una conversación entre alumnas, referencias directas a situaciones de abuso en perjuicio de menores.

Tras la denuncia, se pusieron en marcha los mecanismos de intervención judicial y protección de las víctimas. La causa avanzó con la recolección de testimonios, pericias y la aplicación de medidas de resguardo, hasta que este mes se conoció la sentencia que declaró culpable al acusado.

La investigación, a cargo de la fiscalía encabezada por Companys, reunió pruebas que permitieron acreditar la culpabilidad del imputado en tres delitos diferentes: abuso sexual simple agravado, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal. De acuerdo con el expediente judicial, dos de las víctimas sufrieron los ataques desde los seis hasta los 14 años, período durante el cual el condenado mantuvo contacto habitual con las menores.

Según informó el portal El Doce.tv, el proceso incluyó el testimonio de las niñas y de personas cercanas a ellas, así como informes psicológicos y de profesionales especializados en abuso infantil. Los peritajes fueron determinantes para reconstruir el impacto de los hechos en las víctimas y para sostener la acusación en instancia de juicio.

La Fiscalía fundamentó su pedido de pena en la gravedad de los delitos y en el daño causado a las menores, resaltando la persistencia del comportamiento abusivo durante varios años y el aprovechamiento del vínculo de confianza que tenía el acusado con las víctimas.

Los operativos de contención y seguimiento se sostuvieron durante el proceso, con el objetivo de brindar apoyo psicológico y social a las niñas y sus familias, tanto en el paso por la instancia judicial como en la etapa posterior a la sentencia condenatoria.

La Justicia de Villa María dictaminó ocho años de prisión para el acusado, fallo que se fundamenta en la aplicación de diferentes figuras penales previstas en el Código Penal argentino para la protección de niños, niñas y adolescentes.

Confirmaron la condena a 18 años de prisión para un hombre que abusó de su sobrina

A principios de julio, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia de 18 años de prisión para Pablo Marcial Báez Maldonado, declarando su responsabilidad por reiterados delitos de abuso sexual agravado y gravemente ultrajante contra su sobrina menor de edad. El proceso judicial detalló que los abusos cometidos por el hombre ocurrieron en tres ubicaciones distintas: el departamento del acusado en la calle Luna al 1400, el almacén que administraba en la planta baja del mismo edificio y la propia vivienda de la víctima.

Según reconstruyó la Sala 1, gracias al abordaje médico, los peritajes psicológicos y el testimonio de la víctima en Cámara Gesell y durante el juicio oral, se verificaron más de 20 episodios de agresión ocurridos en un período de al menos cinco años. El fallo incluyó la especificación de los delitos: “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de realización, reiterado en un número indeterminado de oportunidades -al menos cuatro-, en concurso real con abuso sexual agravado por el acceso carnal en grado de tentativa reiterado en al menos cuatro oportunidades, en concurso real con abuso sexual agravado por el acceso carnal reiterado en un número indeterminado de oportunidades, no inferior a diecisiete, todos agravados por tratarse el autor del encargado de la guarda de la víctima a la pena de Dieciocho Años de Prisión (...)”.

La investigación judicial estableció que los hechos tuvieron lugar entre 2017 y 2022, lapso en el que la menor tenía entre 9 y 14 años. Báez Maldonado ejercía la custodia de la niña junto a su esposa, tía materna de la víctima, mientras la madre de la menor trabajaba o viajaba a Paraguay. La denuncia inicial surgió cuando la madre, confiando en el cuidado del acusado, recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica luego de tomar conocimiento de los episodios de abuso.

El voto rector emitido por Mauro Divito, acompañado por la adhesión de Gustavo Bruzzone y la abstención de Jorge Rimondi, validó el trabajo del Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 10 que analizó el caso en primera instancia. De este modo, al rechazar los argumentos de la defensa, la Cámara sostuvo la condena, tal como la había dispuesto la instancia anterior.

En Cali, un agente de tránsito fue atacado con un baldado lleno de agua sucia por un comerciante, mientras cumplía con un procedimiento de control en espacio público.

Las imágenes fueron registradas por el mismo uniformado. El hecho ocurrió frente a un establecimiento tras la solicitud por parte de las autoridades a los dueños de varios vehículos, incluidos autos y motocicletas, para que los retiraran de los andenes, por la obstrucción del paso peatonal.

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Durante el operativo, el comerciante mostró rechazo ante la labor de los funcionarios. Quedó consignado en el video que primero insultó verbalmente a los agentes y posteriormente lanzó el balde con líquido aparentemente sucio directamente sobre uno de ellos.

Las cámaras de seguridad y teléfonos celulares captaron el momento en que el agua impactó de lleno al trabajador, que permaneció en el lugar junto a sus compañeros y mantuvo la calma para continuar la diligencia.

El subsecretario de Movilidad de Cali, citado por RCN Radio, Sergio Moncayo, confirmó el ataque y señaló que se trata de una situación recurrente en la ciudad.

“Hemos tenido agresiones bastante fuertes donde los agentes han sido afectados en su integridad. Sí, obviamente, pues ya las autoridades han tomado el caso y hemos tenido varios casos donde estos agresores han terminado tras las rejas”. La cifra de agresiones a servidores públicos de tránsito ya supera los 50 casos en lo que va de 2025, según datos consolidados por la Secretaría de Movilidad.

Las agresiones contra personal encargado del control vial han abarcado desde actos verbales hasta ataques físicos directos similares al registrado en esta ocasión.

Las autoridades locales reiteraron el mensaje de respeto y respaldo a los funcionarios que cumplen labores de regulación del espacio público y movilidad en el municipio, recordando que este tipo de hechos pueden derivar en sanciones o incluso medidas penales contra los responsables.

El funcionario afectado no resultó con lesiones de gravedad y completó el procedimiento previsto junto a su equipo. Los hechos están siendo investigados por las autoridades competentes para determinar responsabilidades y, en caso de ser pertinente, avanzar en acciones judiciales.

Motociclistas irrespetaron a agente de tránsito a retirarse en Cali, en medio de burlas y amenazas

En el sector de Nuevo Latir, en el oriente de Cali, un agente de tránsito se vio forzado a abandonar su lugar de trabajo luego de ser rodeado y hostigado por motociclistas.

Las imágenes del incidente, compartidas en redes sociales, exponen cómo los jóvenes inician sus motos, lanzan gritos desafiantes y celebran la retirada del funcionario sin que pueda ejercer ningún tipo de control en la vía.

La grabación difundida muestra el momento exacto en el que uno de los presentes vocifera “no le copiamos a nadie”, acompañado por otras expresiones de burla y alarde.

A pesar del tono festivo entre los motociclistas, el suceso encendió las alarmas en la comunidad caleña, que manifiesta preocupación por el aparente debilitamiento de la autoridad y el incremento de estos comportamientos en algunas zonas de la ciudad.

La escena pone en evidencia una situación que se repite y muestra la vulnerabilidad de quienes ejercen funciones de regulación vial en entornos donde el respeto por la ley resulta limitado.

Hasta la fecha, las autoridades no reportaron medidas disciplinarias ni capturas de los responsables, lo que refuerza la percepción de desprotección y abandono.

Residentes de barrios del oriente de Cali insisten en que este tipo de episodios no son aislados. Relatan cómo, en varias ocasiones, los agentes de tránsito son confrontados, perseguidos o directamente expulsados por grupos de motociclistas que circulan sin documentos ni equipos de protección.

La cifra de agresiones a servidores públicos de tránsito ya supera los 50 casos en lo que va de 2025, según datos consolidados por la Secretaría de Movilidad y reseñados por el noticiero.

Un empresario chino creó una red empresarial donde explotaba trabajadores europeos. Chen Suyin, nacido en 1982, gestionaba la distribuidora CinItaly y, según las denuncias de sus empleados recogidas por el diario italiano Catanzaro Informa, llevaba años abusando de su plantilla. Entre los trabajadores había tanto italianos como extranjeros, pero nunca de origen chino. CinItaly es un local ubicado en Martelli, un pueblo de la provincia de Catanzaro, en Calabria (Italia). Ofrece artículos del hogar y otros tipos de objetos o herramientas de uso cotidiano.

El juez Pietro Agosteo accedió a las solicitudes de la fiscal Francesca Delcogliano, presentadas ya en diciembre de 2024. Las indagaciones del magistrado desembocaron en una orden de prisión preventiva para el empresario chino. Los supuestos delitos de explotación laboral lo han encerrado tras las rejas.

Los empleados describieron un ambiente laboral muy duro, marcado por jornadas interminables y grandes incumplimientos del trabajo. Aseguraron que era habitual que el empresario intimidara a sus trabajadores y se aprovechara de la difícil situación económica y social de muchos de ellos.

Más horas y engaños en el trabajo

La mayoría de los empleados estaban contratados con un acuerdo a tiempo parcial, supuestamente para trabajar entre 20 y 24 horas semanales, lo que equivaldría a unas cuatro horas al día. Sin embargo, la realidad era muy diferente, pues trabajaban más de diez horas diarias, de lunes a domingo, y solo disponían de tres días libres al mes. Cada diez días, apenas podían descansar uno, incumpliendo claramente la ley.

A pesar de todas esas horas, el sueldo que recibían reflejaba únicamente las horas oficiales del contrato, mucho menos de las que hacían realmente. Además, solo una parte del sueldo se ingresaba por banco, ya que la otra llegaba en efectivo y en mano por parte del jefe, como pago “extra” por todas esas horas no reflejadas en la nómina.

Cualquier subida salarial era también informal y casi nunca quedaba bien reflejada en los documentos oficiales. Al final, los empleados lograban cobrar aproximadamente 1.000 euros cada mes, sumando todo lo pagado por un lado y por otro. Por otro lado, si faltaban algún día al trabajo, aunque fuera por enfermedad o debido a problemas familiares justificados, Chen Suyin les obligaba a devolverle parte del sueldo, descontándoles cerca de 33 euros por cada día que no pudieran ir.

Amenazas e intimidaciones

Según los relatos de los afectados, la empresa funcionaba saltándose la ley a diario. Era habitual que el empresario intimidara a sus trabajadores y se aprovechara de la difícil situación económica y social de muchos de ellos. Al no tener alternativas reales de empleo, los empleados terminaban aceptando todos estos abusos y condiciones.

Soportaban demasiadas horas de trabajo y pocos días de descanso, vivían con el miedo a perder la poca parte de salario que cobraban realmente si surgía cualquier problema, y que muchas veces las promesas de mejoras o pagos extra nunca llegaban a cumplirse de forma oficial.

En definitiva, el ritmo abusivo y amenazante se mantenía a base de la necesidad y la falta de opciones, permitiendo que el empresario impusiera reglas injustas y se saltara la protección que marca la ley para los trabajadores. Ahora, la Justicia italiana parece haber encontrado los indicios y testimonios suficientes para terminar con su actividad.

William McNeil, Jr. relató que, desde el incidente con los agentes, el miedo persiste: “Ya no conduzco. Simplemente porque ya no confío en la policía. Sigo teniendo miedo. No puedo dormir en las noches por el trauma. Tengo recuerdos recurrentes y pesadillas”. McNeil compartió esta reflexión en una entrevista para ABC News Live Prime.

Las imágenes que capturaron el suceso, filmadas con el celular de McNeil, exhiben cómo integrantes de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) lo agreden físicamente durante una parada de tráfico. El video, de dos minutos de duración y divulgado ampliamente el domingo, desencadenó una investigación interna, anunció la dependencia.

Un incidente que impactó a toda una comunidad

Al día siguiente, el sheriff T.K. Waters presentó públicamente los videos de las cámaras corporales de dos de los agentes involucrados. Durante el encuentro grabado, los agentes golpean y dan puñetazos a McNeil luego de que este preguntara insistentemente por qué lo detenían y se negara a abandonar su vehículo.

Ante la pregunta de la periodista Linsey Davis sobre sus motivos para no salir del auto, McNeil confesó: “Temí por mi vida. Estaba asustado, atemorizado. Crecí oyendo que los agentes nos protegen, pero no era así”.

El oficial identificado como responsable de romper la ventana del auto y golpear a McNeil es D. Bowers, informó el sheriff durante la presentación de los hechos. Uno de los abogados de la familia, Ben Crump, pidió en conferencia de prensa el miércoles la destitución de Bowers.

“Si no despiden a este oficial y consienten este tipo de fuerza excesiva, están enviando una señal a todo el cuerpo policial de Jacksonville. Les dicen que está bien tratar así a los ciudadanos, que está bien tratar así a los automovilistas afroamericanos. En Estados Unidos, esto no está bien”, expresó el abogado.

La respuesta institucional, sin embargo, se mantiene cautelosa. El sheriff Waters declaró: “No voy a defender ni a condenar la respuesta del oficial Bowers ante la resistencia hasta que no se conozcan todos los hechos y la investigación concluya.” Agregó que, mientras se realiza la revisión administrativa: “el agente Bowers ha sido despojado de su autoridad policial”.

La situación de los demás agentes presentes en la detención aún no está clara, ya que la Oficina del Sheriff no ha dado detalles sobre si otros implicados se encuentran en licencia administrativa. Tampoco se sabe si Bowers cuenta ya con representación legal.

Graves lesiones y secuelas psicológicas

El sheriff también comunicó el lunes que la Fiscalía Estatal determinó que “ninguno de los agentes involucrados violó la ley penal”. Sin embargo, recalcó que la revisión administrativa pendiente evaluará si los policías “incurrieron en infracciones a la política interna” de la organización. La defensa legal de McNeil anticipa acciones en los tribunales.

Harry Daniels, otro de los abogados, explicó al medio que su cliente sufrió lesiones “significativas”, incluida pérdida de memoria y una conmoción cerebral, y confirmó que en las próximas semanas presentarán una demanda. Afirmó además que el equipo legal solicitará la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para que revise el caso.

Al ser preguntado sobre su visión de la justicia tras lo sucedido, McNeil señaló: “Luchar por lo correcto, mejor formación para nuestros agentes y mejores policías.” Añadió: “El resultado que deseamos ver es justicia. Justicia para todos los hombres afroamericanos, en EEUU y en el mundo”.

Su primera aparición pública para hablar sobre el caso tuvo lugar en una conferencia de prensa ofrecida junto a sus abogados y sus padres, previo a la entrevista con ABC News. La madre de McNeil, Latoya Solomon, compartió la dificultad emocional de enfrentarse a las imágenes: “Estoy agradecida con Dios por protegerlo, porque sé lo que pudo haber pasado”. El padrastro, Alton Solomon, visiblemente afectado, evocó su propia juventud al ver la grabación: “Ver ese video me hizo regresar al momento en que yo tenía 22 años. Me dolió”.

Aaron Phypers rompió el silencio tras ser acusado por su exesposa, Denise Richards, de haber ejercido violencia física, verbal y digital durante su matrimonio.

El empresario de 52 años negó rotundamente las denuncias, luego de que a la actriz de 54 años, se le concediera una orden de restricción temporal en su contra.

En declaraciones a Us Weekly, Phypers fue directo: “No es cierto. Inventado. Tengo las pruebas reales”.

Aunque no ofreció detalles adicionales ni documentos que sustenten su versión, su respuesta llega poco después de que la artista presentara una impactante solicitud ante la corte el jueves 17 de julio.

En dicha petición, la exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills, afirmó haber sufrido múltiples episodios de abuso durante su relación con Aaron Phypers, con quien se casó en 2018.

Denise Richards relató que él la habría estrangulado, golpeado, arrastrado por el suelo, hackeado sus dispositivos electrónicos y hasta amenazado con matarla. Como parte de su testimonio, la famosa incluyó dos fotografías que, según ella, muestran evidencia del maltrato.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el empresario se ha mantenido firme en que todo fue fabricado. Mientras Richards asegura temer por su vida, Phypers sostiene que tiene elementos que probarán su inocencia.

Entre las denuncias más detalladas presentadas por Denise se encuentra un supuesto altercado ocurrido el 4 de julio, cuando, según su testimonio, Aaron apareció sin invitación en su residencia y le gritó “a menos de cinco centímetros” de su rostro.

Más tarde, asegura, él la empujó, la arrastró por el piso y le causó una caída por las escaleras. También habría robado su laptop y enviado mensajes desde la información sustraída.

Asimismo, la actriz contó que su ex accedió a sus mensajes personales en mayo: “Entré a tu computadora... sin tu permiso descargué todo y tomé fotos”, habría dicho Phypers, de acuerdo con el documento legal.

Denise Richards agregó que su ex posee ocho armas no registradas, lo que incrementa, en su opinión, el riesgo para su seguridad.

Aaron Phypers, por su parte, también inició un proceso legal en contra de la actriz y solicitó el divorcio el 7 de julio, apenas diez días antes de que Richards presentara su declaración.

En su demanda, citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación, fechando el rompimiento el 4 de julio, el mismo día del presunto enfrentamiento.

Además, el empresario solicitó una pensión alimenticia y declaró no tener ingresos desde el cierre de su negocio a finales del año pasado. Según él, Denise gana alrededor de 250 mil dólares al mes por sus actividades en OnlyFans, apariciones en televisión y patrocinios.

Por si fuera poco, en el documento detalló gastos mensuales de hasta 105 mil dólares, incluyendo 20 mil dólares en ropa y 18 mil dólares en alquiler.

A pesar de la polémica, Phypers no ha aportado públicamente las “pruebas reales” que dice tener para desmentir a su exesposa.

Por ahora, el caso continúa en manos del sistema judicial, que deberá determinar si las acusaciones de Richards se sostienen o si, como él afirma, se trata de una fabricación sin fundamentos.

A lo largo de la historia, la infancia ha sido comprendida y gestionada desde perspectivas externas, muchas veces ajenas a sus protagonistas. Fueron jueces, médicos, especialistas y burócratas quienes, desde una lógica adultocéntrica, determinaron qué debía protegerse, diagnosticarse o incluso silenciarse, sin integrar realmente las vivencias de niñas, niños y adolescentes.

Esa mirada, muchas veces desprovista de una escucha real de las vivencias infantiles, contribuyó a consolidar un paradigma que descalificaba a quienes habían sobrevivido, en lugar de reconocerlos como fuente legítima de saber y experiencia, reproduciendo así la incomprensión, la negligencia y el daño.

Pero algo está cambiando. En distintas latitudes, las voces que antes fueron silenciadas por el miedo, la vergüenza o la impunidad están ocupando el centro de la escena.

No se trata sólo de recuperar la palabra: se trata de disputar sentidos, de transformar leyes, protocolos, narrativas y marcos de reparación. Durante años, incluso el término “sobreviviente” fue usado con tono compasivo o descalificador, como si nombrara apenas una herida. Pero hoy, en muchos contextos, nombra también una potencia: la capacidad de transformar la experiencia en acción, la memoria en conocimiento, y el dolor en motor de justicia.

Son personas que padecieron diferentes formas de violencia en su niñez o adolescencia y que hoy se han convertido en referentes sociales, activistas, terapeutas, legisladores o impulsores de políticas públicas que integran, desde su vivencia, una comprensión más profunda del daño.

No repiten respuestas técnicas desvinculadas del sufrimiento, sino que impulsan transformaciones basadas en el conocimiento vivido. Ese cambio de lugar no es sólo simbólico: modifica el modo en que concebimos la reparación, la prevención y el cuidado.

Hoy, que la salud mental ha irrumpido como tema ineludible en la agenda pública, resulta impensable construir políticas públicas sin integrarla desde su dimensión vincular, simbólica y relacional.

No se trata sólo de dar testimonio: es necesario proponer, incidir, intervenir. Porque allí donde hubo una experiencia de daño profundo, emerge también una lucha por el sentido, por reconstruir la confianza, el vínculo con los otros y una manera diferente de habitar el cuerpo y el mundo.

Esta revolución que desafía los saberes existentes, ya tiene espacio y nombre en muchos países. En Alemania, los sobrevivientes impulsaron la creación de una comisión independiente para examinar los abusos en la infancia, con poder real para proponer reformas. En Irlanda, las víctimas de instituciones católicas lograron una disculpa histórica y reparaciones del Estado.

En Colombia, Bolivia, Costa Rica y México, la voz de sobrevivientes se ha vuelto clave para repensar la justicia restaurativa y los procesos de reparación simbólica. Y en toda América Latina, empieza a instalarse una idea que hasta hace poco parecía impensable: que nadie mejor que quien atravesó la violencia para comprender los caminos de sanación y para liderar un nuevo horizonte de políticas públicas para la infancia.

Este movimiento no es sólo testimonial. Tiene consecuencias directas en la salud mental, en la investigación clínica, en los abordajes comunitarios y en las políticas que se promulgan.

Ha demostrado que las estrategias más eficaces —en prevención, atención integral, salud, educación y reparación— surgen cuando las propias víctimas están involucradas en su diseño. Porque conocen las lógicas excluyentes del sistema y porque saben cómo y cuánto duele, y lo que esas violencias dejan en la vida adulta.

En este nuevo paradigma, la infancia no es un objeto a tutelar, sino un territorio político a proteger, con la participación activa de quienes pueden testimoniar sobre los fracasos del mismo sistema de protección.

Este enfoque, que ya está consagrado en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina, aún enfrenta serias dificultades para su plena implementación, muchas veces por falta de recursos, formación especializada y articulación efectiva entre los distintos niveles del Estado.

La visita reciente a Argentina de Matthias Katsch, comisionado de la Comisión Independiente para el Examen del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Alemania, es una expresión concreta de este nuevo tiempo.

Sobreviviente de abuso eclesial y referente internacional en la lucha por la verdad y la reparación, fue invitado por la organización Aralma, que dirijo, en el marco del Segundo Encuentro Internacional sobre Comisiones de la Verdad por violencia sexual contra las infancias. Este evento histórico, realizado en el Senado de la Nación, reunió a especialistas de América Latina y Europa para debatir estrategias comunes.

Su presencia no fue sólo institucional: simbolizó la fuerza de un movimiento global de personas que sobrevivieron a distintas formas de violencia en la infancia y que hoy ya no esperan ser escuchadas, sino que interpelan, proponen y transforman. Lo hacen con la autoridad que otorgan la experiencia vivida y la dignidad recuperada.

Las violencias padecidas en la infancia —sean sexuales, físicas, emocionales, institucionales o por negligencia— rara vez ocurren de forma aislada. Suelen entrelazarse en contextos estructurales de vulneración de derechos que producen múltiples capas de daño y una profunda polivictimización. Lo veo cada día en las historias que acompaño, y lo aprendí también a lo largo de mi propio recorrido: no hay forma de pensar políticas públicas eficaces si no se comprende esta complejidad.

Quienes han atravesado estas experiencias tienen necesidades específicas de salud, seguridad, acompañamiento psicosocial y acceso a apoyos legales. Sin embargo, la mayoría de las veces les resulta difícil hablar de lo vivido y acceder a los recursos que necesitan. En muchos casos, esos recursos ni siquiera existen.

Estas barreras no responden sólo al silencio individual, sino a condiciones estructurales de exclusión. Una investigación publicada en 2022 en ScienceDirect —centrada en sobrevivientes de violencia sexual infantil en el Reino Unido— muestra cómo estas personas han sido históricamente apartadas de la toma de decisiones sobre su propio cuidado, y marginadas de los espacios donde podrían influir en estrategias de prevención y protección para otros niños, niñas y adolescentes.

Aunque el estudio se enfoca en una forma específica de violencia, sus hallazgos permiten pensar en un patrón general: la ausencia de los sobrevivientes en la planificación de políticas públicas, en la investigación en salud, y en los procesos institucionales que los afectan directamente. Una ausencia que, lejos de ser neutra, debilita la eficacia de cualquier respuesta.

En los últimos años, distintos espacios del campo de la protección internacional han comenzado a abrir lugar a las voces de quienes sobrevivieron a violencias en la infancia, reconociendo su valor para influir en la financiación, la investigación, la práctica profesional y las decisiones de política pública.

Por eso es imprescindible que participen activamente en todos los niveles: en la salud, la educación, la cultura, la legislación, la justicia, y en los equipos que diseñan e implementan las respuestas institucionales. ¿Quién mejor que alguien que atravesó los mismos malos tratos para comprender la magnitud del sufrimiento y la necesidad de una recuperación específica y sostenida?

Pero para que esa experiencia se transforme en una fuerza transformadora, no basta con haber sobrevivido: también es necesario formarse, comprender la complejidad del daño y prepararse para incidir con responsabilidad y mirada colectiva.

Un ejemplo de este camino es la historia de Julit —una sobreviviente que pasó de víctima a mediadora comunitaria en procesos de justicia restaurativa—, documentada por The Guardian. Su recorrido muestra cómo, cuando se brinda a quienes vivieron estas violencias la posibilidad real de participar no sólo en su propia sanación, sino también en procesos de reparación colectiva, se abren caminos nuevos para toda la sociedad.

También es el caso de Regina Louise, activista afroamericana, escritora y conferencista, quien padeció múltiples formas de malos tratos y negligencias en su infancia. Pasó por más de treinta hogares de acogida —para niños privados de cuidados parentales— en el sistema de protección infantil de Estados Unidos. Fue víctima de violencia institucional, racismo y abandono.

Hoy, su experiencia alimenta reformas legales y sociales: asesora programas estatales sobre cuidado alternativo y salud mental, integra espacios de incidencia en políticas de adopción, y capacita a equipos judiciales y educativos en trauma infantil complejo.

Sus libros autobiográficos son utilizados como material formativo en universidades y organismos públicos, y su historia fue llevada al cine con apoyo institucional. “Yo no tenía voz, pero tenía algo que nadie pudo quitarme: la memoria”, afirma. Y esa memoria, transformada en acción pública, se ha convertido en política viva.

En Argentina, también comienzan a consolidarse procesos de participación impulsados por personas sobrevivientes. Uno de ellos es el de Thelma Fardin, quien años después de haber hecho pública su denuncia contra Juan Darthés, fundó una organización dedicada a visibilizar la violencia sexual y promover el acceso a la justicia. Conduce el podcast Justas, el camino de las sobrevivientes, que esta semana estrena su quinto capítulo, dedicado a la reparación, y en el que participé como invitada.

El presente y el futuro se juegan ahí: en el modo en que una sociedad decide quién tiene derecho a hablar y quiénes ocupan los espacios donde se toman decisiones. Aún hoy, incluso en actividades clave sobre temas como la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra la infancia, es frecuente que no se incluya a ninguna persona sobreviviente. Esa exclusión no es un detalle: revela cuánto cuesta, en algunos sectores, asumir el cambio de paradigma que implica reconocer la experiencia como saber político.

Cuando las y los sobrevivientes asumen ese lugar, algo cambia para siempre. Porque no sólo denuncian el pasado: lo transforman en compromiso colectivo, en acciones que cuidan, reparan y previenen.

Ningún niño o niña debe volver a quedar desamparado ante la violencia. Cada historia merece ser escuchada con responsabilidad, protegida con compromiso y reparada con justicia. Porque prevenir es un acto político de cuidado, reparación y responsabilidad con cada infancia.

* Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy y La niña del campanario.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres y la Niñez, informó que el 14 de julio de 2025 fue detenido un hombre de nacionalidad japonesa por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción de menores y estupro, luego de ser hallado en compañía de una adolescente dentro de una habitación en un hotel del norte de Saltillo, tras recibir una denuncia anónima al 911.

Según el comunicado oficial, la detención se dio en el interior de un establecimiento ubicado en la zona de Parque Centro, conocido por concentrar varios hoteles de la ciudad . La víctima, identificada como una menor de entre 14 y 17 años, fue rescatada por las autoridades y se encontraba en estado de intoxicación, además de que había permanecido en la habitación junto al detenido durante al menos dos días.

La operación se realizó la tarde del 14 de julio, tras una llamada anónima que reportó la presencia de un hombre de origen asiático con una menor en el hotel. Personal de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Integral Familiar acudió al establecimiento. Aunque inicialmente el hotel puso resistencia para permitir el acceso, se logró ingresar y efectuar la detención.

La menor fue resguardada por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), canalizada a un hospital para atención médica y será vigilada para asegurar su bienestar.

¿Qué sigue para el detenido?

La FGE señaló que no existen indicios de otros delitos como privación ilegal de la libertad ni trata de personas, ya que no se detectaron señales de que la menor hubiese sido retenida contra su voluntad.

El detenido enfrenta cargos por dos delitos:

1. Corrupción de menores, con una penalización prevista de 2 a 4 años de prisión.
2. Estupro, que contempla una sanción de 7 meses a 5 años de prisión.

Aunque en un inicio se manejó que el detenido era de origen coreano, la Fiscalía confirmó posteriormente que se trata de un ciudadano japonés, de aproximadamente 40 años. Las autoridades decidieron omitir sus datos personales para garantizar sus derechos humanos, conforme a los estándares internacionales aplicables.

Este caso ha generado alarma en la comunidad local, debido al entorno de impunidad que a veces rodea episodios de abuso en hoteles. De hecho, en la misma zona se han documentado incidentes similares. Testimonios de trabajadores del ramo coinciden en que algunos hoteles ya están alertas ante conductas sospechosas, pero no siempre proceden a denunciar . En respuesta, la FGE instó nuevamente a la ciudadanía a reportar con prontitud cualquier situación que ponga en riesgo a menores.

El desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido que la consolidación de un mercado clandestino: los sitios y aplicaciones que permiten generar imágenes y videos falsos de personas desnudas sin su consentimiento, conocidos como “nudify” o “undress”.

Este fenómeno, expuesto en un informe de Wired y surgido a partir de los primeros deepfakes explícitos, ha evolucionado y generado un mercado millonario, impactando negativamente la vida de mujeres, adolescentes y niñas al generar situaciones de abuso, acoso y daño psicológico.

Cómo es el surgimiento y propagación de los videos alterados con IA

El origen de los llamados “nudificadores” puede rastrearse hasta 2019, año en el que empezaron a multiplicarse herramientas que utilizaban generadores de imágenes con IA para crear desnudos falsos a partir de simples fotografías.

El proceso, que en sus comienzos requería conocimientos técnicos avanzados y producía resultados de baja calidad, se ha convertido en una práctica de fácil acceso gracias al desarrollo de plataformas y aplicaciones que automatizan el uso de algoritmos sofisticados en pocos pasos.

El funcionamiento es el siguiente: el usuario sube una foto de cualquier persona (generalmente extraída de redes sociales) y la herramienta la procesa para generar una imagen o video en el que la persona aparece desnuda.

Estos materiales suelen ser hiperrealistas, lo que maximiza su capacidad de causar daño y de engañar tanto a las víctimas como a quienes los visualizan.

Si bien los primeros “nudificadores” se centraban casi exclusivamente en imágenes, el avance de la tecnología ha permitido la manipulación y fabricación de videos alterados, llevando el fenómeno a una nueva dimensión de peligrosidad y alcance.

Estas plataformas emplean modelos de deep learning y técnicas generativas avanzadas, que seleccionan patrones y reconstruyen partes del cuerpo inexistentes en la imagen original. El resultado es una pieza visual que simula ser auténtica, indistinguible de una captura real.

Cómo funciona el mercado de los videos alterados con IA

El análisis realizado por Indicator arrojó cifras que dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Los sitios nudificadores sumaron en conjunto un promedio de 18,5 millones de visitantes mensuales durante un periodo de seis meses recientes.

En términos de facturación, algunas estimaciones sitúan las ganancias conjuntas en hasta 36 millones de dólares anuales (33,4 millones de euros aproximadamente).

El modelo de negocio está basado en la venta de “créditos” o suscripciones que permiten a los usuarios acceder a la generación de imágenes y videos falsos. Los pagos se canalizan a través de sistemas proporcionados por empresas reconocidas internacionalmente, lo que da estabilidad y anonimato a los operadores.

Además, la proliferación de programas de afiliados y la promoción de videos patrocinados, incluso con la participación de artistas para adultos, alimentan las fuentes de ingresos e incrementan la notoriedad del fenómeno.

El público principal de estas páginas se concentra principalmente en Estados Unidos, seguido por India, Brasil, México y Alemania. Los motores de búsqueda y las redes sociales dirigen parte del tráfico, aunque también existen estrategias orientadas a reclutar usuarios por vías alternativas, como publicidad paga y sistemas de recomendaciones.

El negocio no está libre de riesgos para quienes intentan aprovecharlo. La popularidad alcanzada ha derivado en la aparición de múltiples sitios fraudulentos, algunos operados por hackers que ofrecen aplicaciones modificadas con malware para captar datos personales y financieros de los usuarios.

Cuáles son las consecuencias de este mercado

El crecimiento de los nudificadores ha agravado el problema del acoso sexual digital y la violencia de género en línea. Además del uso masivo de imágenes robadas de redes sociales, se han registrado casos de ciberviolencia escolar en los que adolescentes “desnudan” a compañeros y compañeras para difamar o ejercer presión psicológica.

Las víctimas enfrentan un daño emocional profundo: la eliminación total de estos contenidos resulta casi imposible, intensificando la angustia y la sensación de vulnerabilidad.

Los países con mayor volumen de usuarios y tráfico hacia estos sitios también enfrentan un desafío legislativo y judicial relevante. Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, han iniciado acciones legales y regulatorias recientes.

El fiscal de San Francisco demandó a 16 servicios de generación de imágenes no consentidas, mientras que empresas como Microsoft y Meta han identificado y enfrentado judicialmente a desarrolladores responsables de este tipo de contenidos. Además, la promulgación de leyes como la Take It Down Act en Estados Unidos exige a las compañías tecnológicas la retirada rápida de imágenes abusivas.

A pesar de estos avances, los expertos insisten en la insuficiencia de las respuestas actuales. Organismos y especialistas como Henry Ajder señalan que solo una acción coordinada y eficaz de quienes facilitan y permiten la operación de estos negocios podría frenar el avance del fenómeno.

“Solo cuando empresas como estas tomen medidas específicas, empezaremos a ver progresos significativos para dificultar el acceso a estas aplicaciones y obtener beneficios de ellas”, afirmó a Wired.

Las plataformas responsables han señalado, en respuesta a investigaciones y reclamos, que sus condiciones de uso prohíben expresamente contenido ilegal y acoso. Sin embargo, la aplicación de estas políticas ha resultado en la práctica insuficiente para contener una industria que ya ha alcanzado niveles de profesionalismo y dispersión técnica muy elevados.

Fundada en 2003, la Asociación Civil Aralma impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia las infancias, juventudes y familias.

El viernes 11 de julio desde las 13 se le entregará el diploma de honor del Senado de la Nación a esta institución, en reconocimiento por su destacado aporte en la defensa de los derechos de bebés, niños, niñas, adolescentes y adultos sobrevivientes de violencias padecidas en la infancia.

La licenciada en psicología Sonia Almada, quien semanalmente publica en Infobae, y es psicoanalista, magíster en Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, y directora de Aralma iniciará el acto para recorrer el proceso colectivo que permitió transformar testimonios de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia en Argentina en una propuesta concreta de política pública.

La licenciada Almada ha expresado en una de sus columnas en Infobae sobre la violencia sexual infantil: “El paso necesario de víctima a sobreviviente está marcado por devolverle voz al sujeto que fue silenciado por el horror, disciplinado por el escarnio y señalar al culpable”.

Y desenmascaró a los dispositivos sociales que colaboran, según sus distintos métodos: “Descreer de la víctima, ocultar, amenazar tiene por finalidad destruir las creencias y convicciones de la víctima a fin de hacerla dudar de lo vivido y silenciarla. Esto tiene efectos devastadores sobre la salud mental porque además de las secuelas del crimen se agregan nuevas consecuencias revictimizantes”, indicó.

Por todo esto, comentó la experta, los sobrevivientes de abusos y representantes de diferentes organizaciones de Latinoamérica y del mundo impulsan la creación de comisiones de la verdad en los países de la región “como respuesta a la violencia sexual en las infancias y adolescencias, organismos que tienen por objetivo principal producir una verdad histórica de un tema totalmente invisibilizado y representan un cambio de paradigma total, ya que a diferencia de los juicios por la verdad, incorporan recomendaciones para implementar reformas”, expresó.

Más participantes de la jornada

También estará presente Matthias Katsch, sobreviviente, activista y miembro de la Comisión Independiente de Abuso Sexual en Alemania. Desde México participará Adalberto Méndez López, secretario ejecutivo del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y Derechos Humanos (CIFODIDH).

Además, la actividad contará con el auspicio de Asociación Civil GenIus– Abogacía en Clave de Derechos Humanos, una agrupación de abogadas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en contextos territoriales.

Del evento de relevancia internacional participará desde México, Adalberto Méndez López, secretario ejecutivo del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y Derechos Humanos (CIFODIDH) para compartir la experiencia de redacción y promoción del proyecto de ley para una comisión investigadora sobre pederastia clerical en el Senado mexicano.

A su término y por primera vez, un integrante activo de una comisión de la verdad de Europa participará para ayudar a impulsar iniciativas similares en América Latina. Se trata de Matthias Katsch, sobreviviente, activista y miembro de la Comisión Independiente de Abuso Sexual en Alemania.

Cerrará la jornada la senadora María Inés Pilatti Vergara, legisladora nacional que participó activamente en el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí una experiencia constitutiva que refuerza su trayectoria en justicia restaurativa y memoria histórica.

En esta intervención analizará el rol del Congreso en la construcción de políticas para verdad, reparación y no repetición, vinculando esa experiencia nacional con el impulso de comisiones de la verdad en violencia sexual.

Comisiones por la verdad

En el año 2023 Aralma organizó el primer evento internacional llamado “Explorando la posibilidad de establecer una comisión de la verdad en respuesta a la violencia sexual en las infancias en Latinoamérica”, que reunió a referentes globales, regionales y nacionales para reflexionar sobre los desafíos y aprendizajes en estos temas, buscando en esta segunda edición redoblar el impacto de años atrás.

Con este nuevo encuentro se busca reactivar la agenda regional, generar conversación política, fortalecer los esfuerzos legislativos y producir recomendaciones compartidas que inspiren a otros países a avanzar en la creación de comisiones de la verdad y la reparación para las víctimas de estas violencias.

Nuevos proyectos

Aralma trabaja de manera sostenida desde hace años y presentó dos proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con el apoyo de la diputada Gabriela Brouwer De Koning (UCR) y el acompañamiento inicial de legisladores de distintas bancadas y provincias.

Uno de ellos tiene como fin declarar la imprescriptibilidad del delito de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes mientras que el otro apuesta a la creación de una Comisión Nacional de la Verdad.

Por su parte, en la Legislatura de Santa Fe se presentó un nuevo proyecto de ley para la creación de la Comisión Provincial de la Verdad y la Reparación para Víctimas de Violencia Sexual y Malos Tratos Concomitantes padecidos en la Infancia y/o Adolescencia.

Se trata del resultado de un trabajo entre la Asociación Civil Aralma y el equipo de la doctora Claudia Balagué, diputada provincial por Santa Fe.

Durante todo este tiempo, la única vía para liberarse era seguir entregando música a quienes gestionaban su futuro, incluso mientras enfrentaba procesos judiciales con ellos.

La artista describió el momento en que obtuvo la libertad como una experiencia surrealista: “Salí al patio como cualquier otro día, y dos minutos después, era libre. La escena era la misma, pero todo había cambiado”.

Para Kesha, este hito implicó mucho más que retomar el control de su música. Como detalla en el pódcast, comenzó una etapa de reflexión personal, cuestionando cómo dejar atrás el miedo a la opinión ajena y cómo integrar cada experiencia de su pasado en una narrativa de autoaceptación genuina.

Sanación a través de la espiritualidad y la autenticidad

El recorrido personal de Kesha estuvo marcado por su sanación, vivida públicamente. “Estoy sanando en tiempo real frente al mundo entero”, confesó. Decidida a no ocultar más las partes difíciles de su vida, la cantante reconoció que “literalmente, lo peor que podrían saber de mí ya es público”. Esta exposición la condujo a buscar la integración y el amor propio como vías de resiliencia.

La espiritualidad adquirió un papel primordial en este proceso. Desde pequeña, se sintió atraída por la religión comparada y la psicología. En la entrevista, relató que la meditación, la terapia y experiencias con medicina basada en plantas le permitieron reconectar con su esencia.

Kesha también destacó que la seguridad emocional fue un elemento imprescindible para su creatividad. “El primer paso para hacer buen arte es sentirse seguro. Eso fue algo que no experimenté durante mucho tiempo”, indicó. Esta integración de lo espiritual y lo artístico se convirtió en una prioridad, dando forma a giras y presentaciones que buscan ser experiencias transformadoras y sanadoras tanto para ella como para quienes la acompañan.

El impulso creativo junto a Rick Rubin y el poder de “Gag Order”

Un momento clave en el resurgir de Kesha fue su trabajo con el productor Rick Rubin. Según relató, la colaboración con Rubin supuso un giro vital: “Rick fue un gran punto de inflexión para mí. Me mostró cómo debe comportarse un productor y cómo debe ser un hombre”, destacó la cantante sobre este proceso de acompañamiento y contención emocional.

De esa alianza nació “Gag Order”, su álbum más íntimo. Kesha manifestó un profundo orgullo por este trabajo: “Es mi disco favorito que he hecho. Estoy tan orgullosa de mí misma”. Aunque el disco no alcanzó los primeros lugares en las listas, ella se siente triunfadora por haber creado una obra que representa su autenticidad y su proceso de sanación. “Si el mundo no quiere escucharlo, está bien. Yo estoy orgullosa de esta pieza de arte”, remarcó.

Según Monica Lewinsky, la publicación de “Gag Order” fue decisiva para terminar con el contrato anterior de Kesha, abriéndole la puerta a una independencia tan anhelada. La artista considera que la honestidad y la vulnerabilidad fueron fuente de fuerza y transformación en su carrera.

Compromiso con el activismo y el bienestar de otros artistas

La historia de la cantante no solo la impulsó a fortalecer su voz artística, sino también a asumir un rol activo en el apoyo a los sobrevivientes de abuso. “El trauma no es una broma... arruina tu vida y duele el corazón”, afirmó. Si bien el activismo no era parte de sus planes iniciales, Kesha asumió la responsabilidad de emplear su plataforma para promover la conciencia y el cambio social.

Entre sus iniciativas, anunció la creación de una aplicación que busca conectar a jóvenes creadores, ofreciéndoles redes de apoyo y herramientas para enfrentar los desafíos de la industria. Así, la cantante espera evitar que otros artistas sufran las mismas situaciones de aislamiento o desconocimiento contractual que atravesó en su inicio.

En su gira de 2023, Kesha alteró la letra de su éxito “TikTok” para eliminar la mención a P. Diddy, en un acto de activismo musical. “Es tu canción más grande, ¿vas a cambiar la línea de apertura? Cien por ciento, sí”, expresó. Además, manifestó su intención de ayudar a quienes enfrentan barreras para acceder a terapias, destacando la gravedad del trauma y la necesidad de un acompañamiento común.

Reflexión sobre la industria y espacios para la libertad

El diálogo entre Kesha y Monica Lewinsky visibilizó la complejidad de desenvolverse en entornos dominados por el patriarcado, tanto en la música como en otros ámbitos. “La industria musical, especialmente cuando empecé, es un club de chicos. Te hacen sentir afortunada de estar dentro y que tienes que aceptar lo que sea”, señaló. También detalló cómo debió forjar una coraza, sintiéndose obligada a mostrarse fuerte, aunque su verdadera naturaleza sea mucho más femenina y vulnerable.

La artista apuesta a crear espacios seguros y de comunidad, tanto entre colegas como frente a su público. Relató cómo asistir a un concierto de Lady Gaga le hizo revivir la energía del apoyo colectivo y la inspiración que puede brindar un ídolo. “Necesito ser superfan de alguien más también”, mencionó, reivindicando el valor de las comunidades y el sentimiento de pertenencia.

“Tits Out Tour”: reivindicación del cuerpo y la alegría

La última gira de Kesha, titulada “Tits Out Tour”, simboliza el clímax de su libertad recién adquirida. Inspirada durante una residencia artística en Big Sur, la cantante decidió celebrar su cuerpo y su historia. “Es mi cuerpo, ha sido avergonzado por el público durante años. Es mi cuerpo y voy a tener mis pechos al aire. Amo mi cuerpo. Intentaron hacerme odiarlo, pero lo amo”, expresó.

Con este tour, la artista invita a los asistentes a compartir un espacio de autoaceptación, alegría y sanación. “El Tits Out Tour es una celebración de estar viva, de amar mi cuerpo y de la libertad”, explicó.

La gira propone que el público asista dispuesto a conectar consigo mismo y con los demás, con la intención de vivir momentos de felicidad colectiva. “Quiero que la gente entre con el corazón abierto, con buenas vibras, que sean quienes son”, remarcó Kesha, deseando que cada show sea una experiencia de comunidad, seguridad y bienestar.

Una intención clara para el presente y el futuro

Al finalizar la entrevista con Reclaiming with Monica Lewinsky, Kesha sintetizó su propósito: “Estoy reclamando la libertad en todos los sentidos. No solo hablo de mi voz, aunque es importante, sino de todo lo que me aleja de mí misma. Libertad del pasado, del trauma, de las voces en Twitter que me llaman fea, de todo lo que he cargado toda mi vida. Estoy limpiando la casa y quiero experimentar una libertad real y verdadera”.

La cantante agradece la existencia de espacios donde puede compartir sus vivencias y subraya el papel vital de la empatía y el acompañamiento entre quienes atravesaron situaciones de abuso.

“Cada día es sanar un poco algo. Mi intención es reclamar la libertad”, concluyó, dejando abierta la puerta a una etapa de luz y fortaleza para ella y quienes encuentran en su arte inspiración para seguir adelante.

La audiencia inicial contra el sacerdote Antonio María N, integrante de la congregación de los Legionarios de Cristo, quedó suspendida tras la solicitud de la defensa para una prórroga debido a la complejidad de la carpeta de investigación. El caso responde a una denuncia por presunto abuso cometido en agravio de un menor de 14 años en Torreón, Coahuila.

El sacerdote, quien ocupa un cargo en la iglesia “San José” de Torreón, habría sido señalado por presuntamente cometer el delito tras una confesión que el menor realizó en 2021, cuando tenía apenas 14 años de edad. Los hechos denunciados en la carpeta de investigación han generado preocupación y tensión en los círculos religiosos y sociales de la región.

El proceso judicial, que debía iniciar la última semana, se pospuso luego de que la defensa argumentara no haber podido revisar todos los datos de prueba presentados por la parte acusadora. El Ministerio Público estuvo de acuerdo con la solicitud, ya que la carpeta supera las 2,000 fojas, lo que dificulta su revisión en poco tiempo. Ante estas circunstancias, el nuevo encuentro ante el juez quedó programado para el lunes 22 de julio.

Por el momento, la audiencia no se ha realizado ni se ha dictado vinculación a proceso. El sacerdote permanecerá bajo la medida de restricción de firmar periódicamente y se le impuso la prohibición de acercarse a la presunta víctima y su familia, así como a la iglesia a la que pertenecía el menor.

La congregación de los Legionarios de Cristo, a la que pertenece el sacerdote implicado, no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento público acerca del caso en Torreón. Sin embargo, la organización religiosa ha enfrentado previamente múltiples denuncias en México y otros países sobre conductas indebidas de algunos de sus integrantes, lo que ha motivado diversas investigaciones al interior de la misma y ante autoridades civiles y eclesiásticas.

¿Qué ha ocurrido desde que el sacerdote fue detenido?

Desde que se presentó la denuncia, los representantes legales del menor han solicitado que las investigaciones se realicen con transparencia y bajo un enfoque de protección a los derechos del niño. Han pedido también el acompañamiento de instancias gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos para garantizar el debido proceso y la no revictimización del menor y su familia.

El caso ha reavivado el debate público sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro de instituciones religiosas. Distintas organizaciones civiles han señalado la necesidad de que las investigaciones se lleven a cabo sin privilegios para ningún implicado, y que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas.

La suspensión de la audiencia representa un paso más en un proceso que, debido a la cantidad de pruebas y la sensibilidad del caso, podría prolongarse durante varios meses. Mientras tanto, las autoridades judiciales y las partes involucradas deberán preparar la presentación de todas las evidencias y dictámenes periciales requeridos por el juez para determinar la situación legal del sacerdote Antonio María N.

Un tribunal francés condenó a tres antiguos altos ejecutivos de Ubisoft, empresa desarrolladora de videojuegos, por haber generado una cultura de acoso sexual y psicológico en la compañía.

Serge Hascoët, Tommy (Thomas) François y Guillaume Patrux, fueron quienes por años lideraron a uno de los mayores creadores de videojuegos del mundo y ahora deberán ahora enfrentar las consecuencias de comportamientos denunciados por empleados y extrabajadores de la empresa.

Cómo fue el juicio de este caso de acoso

La investigación judicial y posterior juicio constituyen el desenlace más notorio hasta hoy derivado del movimiento #MeToo en el sector del videojuego. La situación se remonta a 2020, cuando decenas de empleados de Ubisoft decidieron hacer públicas, sobre todo en redes sociales, denuncias acerca de conductas abusivas y misóginas que dijeron haber sufrido por parte de directivos y superiores.

Este impulso colectivo llevó a la apertura formal de pesquisas, así como a una revuelta interna en la estructura de la compañía.

El clima interno, según los testimonios recabados durante el juicio, habría hecho de las oficinas de Ubisoft en Montreuil, al este de París, lo que una empleada describió como un “club de chicos por encima de la ley”.

El fiscal del Estado, Antoine Haushalter, señaló ante el tribunal que el mundo de los videojuegos y su subcultura propiciaban un “sexismo sistémico” y riesgos claros de abuso.

Ubisoft, propiedad de una familia francesa y responsable de títulos como Assassin’s Creed, Far Cry y Just Dance, se vio obligada, en medio de la polémica, a encarar una crisis de reputación que ahora ha culminado con la primera gran condena judicial en la industria europea del videojuego por este tipo de hechos.

Cuáles fueron los hechos denunciados

Entre 2012 y 2020, los tres exdirectivos protagonizaron situaciones que el tribunal calificó como acoso sexual, acoso psicológico y hostigamiento, afectando la vida de decenas de empleados. Las conductas atribuidas a cada uno reflejan un patrón de abuso desde diferentes posiciones de poder dentro de la compañía.

• Thomas François

Thomas François, de 52 años y exvicepresidente editorial, afrontó las denuncias más severas. Fue hallado culpable de acoso sexual, acoso psicológico y un intento de agresión sexual. Tal como consta en la sentencia, el tribunal le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 30.000 euros (35.340 dólares).

Las víctimas contaron haber sido presionadas a participar en supuestos “juegos” humillantes e invasivos, en los que François forzaba a empleados a realizar actividades denigrantes.

Una de las situaciones más mencionadas durante el proceso fue cuando obligó a una subordinada a realizar una parada de manos mientras vestía falda. La trabajadora declaró: “Él era mi superior y yo le tenía miedo. Hice lo que me pedía para quitármelo de encima”. En otra ocasión, ató a una empleada a una silla con cinta, la empujó dentro de un ascensor y pulsó un botón al azar, según las declaraciones hechas en el tribunal.

En una fiesta navideña con temática de Volver al Futuro, trató de besar a la fuerza a una compañera mientras otros presentes la sujetaban por los brazos y la espalda para inmovilizarla. A esto se añaden saludos con insultos sexistas, intentos de tocar los genitales de colegas bajo la apariencia de un chiste, y acercamientos físicos inesperados.

Durante el juicio, François afirmó que existía una “cultura de la broma” en la empresa y se justificó diciendo: “Nunca intenté dañar a nadie”.

• Serge Hascoët

Serge Hascoët, de 59 años, antiguo director creativo y considerado la segunda figura más poderosa de Ubisoft, fue hallado culpable de acoso psicológico y complicidad en acoso sexual. Recibió una condena de 18 meses de prisión en suspenso y una multa de 45.000 euros.

Hascoët exigía a asistentes personales tareas completamente alejadas de sus funciones profesionales, como recoger a su hija en la escuela o transportar encargos por toda la ciudad. En una ocasión, entregó a una joven empleada un pañuelo con el que se había sonado, diciéndole en tono burlón: “Puedes revenderlo. Aquí en Ubisoft vale oro”.

Hascoët manifestó que no estaba al tanto de actos de acoso fuera de la transparencia de su despacho de cristal, y se amparó en la idea de que sus comportamientos imitaban clichés populares: “Es como lo que se ve en las películas”. Fue reprendido por la jueza, quien rebatió: “Las películas no son la realidad”.

Su defensa anunció que estudia la posibilidad de apelar la sentencia.

• Guillaume Patrux

Guillaume Patrux, de 41 años y exdirector de videojuegos, recibió una condena de 12 meses de prisión en suspenso y una multa de 10.000 euros, por acoso psicológico. El tribunal consideró que el alcance de su hostigamiento era “menor en escala”, pero “particularmente intenso para su equipo”.

Patrux fue descrito como un jefe que golpeaba paredes y fingía agredir a empleados, utilizaba látigos cerca de sus rostros, amenazaba con cometer tiroteos en la oficina y encendía encendedores cerca de los rostros de los trabajadores, llegando a quemar la barba de uno de ellos.

Aunque él negó todos los cargos, los relatos de su equipo convencieron al tribunal de la regularidad y gravedad de estos actos.

Un hombre de 44 años fue detenido este jueves en la provincia de Buenos Aires acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.

El arresto fue realizado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), tras una intensa investigación que se extendió por más de dos años, puesto que el acusado se mantuvo prófugo desde 2022 y figuraba con pedido de captura nacional e internacional, incluyendo Alerta Roja de Interpol.

El hombre había abusado de una amiga de sus hijas en una vivienda de Virrey del Pino, partido de La Matanza, en circunstancias en las que las menores estaban bajo su cuidado, según informó el portal MNews.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de La Matanza, a cargo de la fiscal Pamela Piatelli, impulsó desde un primer momento la investigación y solicitó el pedido de captura, tanto a nivel nacional como internacional. El despliegue del operativo incluyó trabajo de seguimiento, análisis de redes sociales y colaboración de organismos policiales internacionales a través de Interpol.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor abusada. De esta manera, al ser notificado del avance de la causa, el acusado se dio a la fuga.

El operativo de búsqueda se extendió a distintos puntos del Conurbano bonaerense e incluyó distintas jurisdicciones policiales ante la posibilidad de que el acusado cambiara de domicilio o intentara abandonar el país.

La detención fue concretada ayer jueves mediante un operativo encubierto desarrollado por personal de la PFA, quienes lograron precisar el paradero del sospechoso luego de un seguimiento constante. Fuentes policiales informaron que el acusado fue arrestado sin ofrecer resistencia y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Condenaron a siete años de prisión a un hombre por abusar de las amigas de su hija

En Mar del Plata, la Justicia condenó a 7 años de prisión a un hombre por abusar de las amigas de su hija cuando se quedaban a dormir.

Se trata de Adrián Buitrón, de 55 años. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, que también ordenó su detención inmediata tras la lectura del fallo.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi en tres momentos distintos: noviembre de 2019, agosto de 2020 y octubre de 2020. En todos los casos, las víctimas eran niñas que compartían actividades con la hija del imputado y pasaban la noche en su vivienda como parte de encuentros entre amigas.

Durante lo que parecía ser una reunión normal, Buitrón las manoseó y se masturbó frente a ellas, según detallaron las fuentes judiciales.

Según informó el portal El Marplatense, la investigación se puso en marcha cuando una de las menores se animó a contar lo ocurrido a una docente. El personal del establecimiento educativo convocó entonces a los padres y, durante una reunión, advirtió que si ellos no formalizaban la denuncia, lo haría la propia institución. A partir de allí, se radicó la acusación penal correspondiente y comenzó el proceso judicial.

En el debate, los magistrados Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert coincidieron con el planteo del Ministerio Público Fiscal y de los abogados Maximiliano Orsini y Carlos Disipio, representantes del particular damnificado. El tribunal dio por acreditados los tres episodios denunciados y descartó cualquier eximente de responsabilidad penal.

Entre los agravantes, el fallo destacó la “extensión del daño causado, el aprovechamiento del estado de indefensión y del vínculo con las niñas”, además de la “asimetría de poder y conocimiento” existente entre el adulto y las menores. En cuanto a los atenuantes, los jueces consideraron la falta de antecedentes penales del acusado y una patología psiquiátrica que fue acreditada durante el juicio.

Después de casi tres años de proceso legal, el conflicto judicial entre Sasha Sokol y el productor Luis de Llano llegó a su punto final. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el último recurso legal del productor y confirmó la sentencia emitida en su contra desde 2023. Con esta decisión, el caso quedó cerrado en términos legales y las medidas ordenadas por los tribunales deberán cumplirse en su totalidad.

La demanda por daño moral presentada por Sokol se originó luego de que, en marzo de 2022, ella publicara un mensaje en redes sociales en el que relataba que tuvo una relación con De Llano cuando tenía 14 años y él 39. El productor confirmó la relación en una entrevista pública, aunque la describió como consensuada. Sokol negó esa versión y poco después anunció que llevaría el caso a instancias legales.

Un juez civil determinó en 2023 que sí existió daño moral, al concluir que hubo un abuso de poder por parte del productor, dado que la cantante era menor de edad en ese momento y él ocupaba una posición de autoridad en su entorno profesional. La sentencia fue apelada, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia como la SCJN ratificaron la resolución.

¿Con qué deberá cumplir Luis de Llano?

A partir de este fallo, De Llano deberá cumplir con una serie de medidas establecidas por el tribunal. Una de ellas es emitir una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol. Esta disculpa debe publicarse en los mismos medios en los que el productor hizo declaraciones sobre ella, y debe contener un reconocimiento claro del daño causado y de su responsabilidad.

Otra medida impuesta es la eliminación del video de la entrevista publicada en marzo de 2022 en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde el productor habló sobre su relación con Sokol. El tribunal ordenó que el productor realice las gestiones necesarias para que ese contenido sea retirado de la plataforma.

Además, De Llano no podrá hacer nuevas menciones públicas sobre Sasha Sokol. Esta restricción aplica a cualquier medio de comunicación, red social o espacio público, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones que puedan afectar a la denunciante.

También deberá asistir a un curso especializado en prevención del abuso sexual, con énfasis en el trato con menores de edad. Esta medida forma parte de un enfoque integral de reparación y prevención, de acuerdo con la resolución judicial.

Finalmente, el productor está obligado a cubrir una indemnización económica por daño moral. Aunque el monto exacto no ha sido divulgado públicamente, la afectada ya señaló que lo donará a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia sexual.

Este conjunto de medidas forma parte de una sentencia firme e inapelable. De Llano no tiene ya instancias legales a las cuales recurrir, por lo que debe dar cumplimiento a lo establecido. El caso concluye así en lo jurídico, pero su impacto podría extenderse a otras áreas, incluyendo la forma en que se abordan casos similares en el futuro.

La Policía Judicial de la Comandancia de Lugo fue la que procedió al arresto del religioso, pendiente de pasar a disposición judicial, algo que podría suceder este mismo viernes, según fuentes conocedoras del caso.

Por su parte, la Diócesis de Lugo ha suspendido al párroco de "manera cautelar en el ejercicio de su labor pastoral" según detalla en un comunicado en el que manifiesta su "firme condena ante cualquier tipo de abuso, y especialmente si se trata de un menor".

Además, "lamenta profundamente el sufrimiento y el daño que esta situación está provocando a la víctima, a otras personas afectadas, a sus familias y comunidades" y se pone a su disposición.

Asimismo, se pone a disposición de las autoridades civiles y judiciales para cualquier colaboración” que sea requerida por su parte.

"Manifestamos nuestro más absoluto respeto por la actuación de la Justicia y deseamos un rápido y completo esclarecimiento de los hechos, conscientes, también, del derecho a la presunción de inocencia", subraya la Diócesis de Lugo en esa nota.

Precisa también que antes de la "detención" no se había recibido en el Obispado ninguna clase de denuncia o aviso sobre las presuntas actuaciones que se le puedan estar imputando.

A la espera de que se esclarezcan los hechos, la Diócesis suspende "de manera cautelar a este sacerdote en el ejercicio de su labor pastoral" y "las parroquias que tenía encomendadas serán atendidas provisionalmente por otro" cura. EFE

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La historia de una mujer de 31 años, originaria de Bangladesh, refleja una problemática creciente en los Estados Unidos: el uso del estatus migratorio como herramienta de control en relaciones abusivas.

Según reportó CBS News, la mujer llegó al país en 2022 con una visa de estudiante para cursar una maestría en tecnología de la información. Poco después, conoció a un hombre con quien se casó en febrero de 2024 en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, lo que comenzó como una relación prometedora terminó en denuncias de abuso y amenazas de deportación.

La mujer, quien pidió mantener su anonimato por motivos de seguridad, relató que tras mudarse a la casa de la familia de su esposo en Brooklyn, la relación se deterioró rápidamente. Luego de varios incidentes de abuso verbal y físico, decidió separarse.

Cómo su exmarido aprovechó el estatus migratorio para amenazarla

Según documentos revisados por CBS News, su exesposo comenzó a enviarle mensajes amenazantes, incluyendo advertencias de que contactaría a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para deportarla. Uno de los mensajes decía: “ICE puede aparecer cualquier día y deportarte”.

De acuerdo con Esther Limb, directora de práctica de inmigración en la organización sin fines de lucro Her Justice, este tipo de amenazas son cada vez más comunes. Limb explicó que los abusadores suelen aprovechar el clima político y las políticas de inmigración para ejercer control sobre sus parejas.

“Usar el estatus migratorio contra las víctimas es una táctica común, pero ahora, con el aumento de las deportaciones y la retórica antiinmigrante, estas amenazas son más efectivas que nunca”, afirmó.

La mujer entrevistada por CBS News presentó una petición bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés). Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), en 2024 se presentaron 35.917 peticiones bajo VAWA, un aumento del 350% en la última década. Sin embargo, el proceso puede ser largo y complicado, con tiempos de espera que superan los 36 meses debido a los retrasos en la tramitación.

Además de VAWA, las víctimas de violencia doméstica también pueden solicitar una visa U, diseñada para inmigrantes que han sido víctimas de ciertos delitos. No obstante, el tiempo de espera para la aprobación final de estas visas supera los ocho años, con más de 238.000 casos pendientes en la actualidad, según USCIS. En 2024, se presentaron 41.558 solicitudes de visas U, el doble que hace una década.

Una problemática que va en aumento

Mientras esperan una resolución, muchas víctimas viven en un estado constante de miedo. La mujer entrevistada por CBS News confesó que a menudo llora en el trabajo y se despierta en la noche preocupada por su seguridad. Tras cortar todo contacto con su esposo y su familia, recibió apoyo de su hermana, quien la animó a no regresar a la relación. Sin embargo, las amenazas no cesaron. Según los mensajes revisados por CBS News, su exesposo insistía en que, como su “peticionario”, tenía control sobre su estatus migratorio.

Crystal Justice, directora de asuntos externos de la Línea Nacional de Atención sobre Violencia Doméstica, señaló que este tipo de abuso no es aislado. Según Justice, han observado un aumento en los casos donde los agresores amenazan con deportar a sus parejas o retienen documentos legales para limitar su movilidad.

Para muchas víctimas, el miedo a la deportación supera incluso el temor al abuso físico. Limb destacó que el riesgo de ser separadas de sus hijos o deportadas a sus países de origen es una de las mayores preocupaciones de sus clientes. “Para muchos de nuestros clientes, ser deportados, expulsados o separados de sus hijos es aún más aterrador”, afirmó.

El caso conmocionó a la localidad bonaerense de Ensenada días después de que una adolescente de 15 años revelara, en el seno de una charla familiar, que estaba embarazada como consecuencia de los abusos sufridos a manos de su propio tío, un ex policía de la provincia de Buenos Aires.

El principal sospechoso, J.E.C., de 31 años, permanece prófugo desde el 1 de junio y es buscado por la Justicia bajo la acusación de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de edad”.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, detalla el proceso que llevó a la madre de la víctima a descubrir la situación y radicar la denuncia el mismo día ante la Comisaría Segunda de Ensenada.

La información recogida movilizó no solo a la policía local y la Fiscalía N° 11 de La Plata, sino también a toda la comunidad.

En simultáneo, el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, ordenó la captura internacional de J.E.C., cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Pese a que la joven terminó por revelar el calvario que sufría, tanto la madre como la hermana de la víctima notaron cambios físicos en la adolescente y comenzaron a inquietarse por la posibilidad de un embarazo.

Al principio, K.F.P., madre de la menor y denunciante en la causa, minimizó las sospechas por considerar que su hija tenía “un temperamento tímido y retraído” y adjudicó la hinchazón abdominal a una posible celiaquía.

La preocupación creció y, tras insistir, interrogó a su hija. Fue entonces cuando, con temor, la adolescente confesó quién era el responsable de la situación: su propio tío paterno.

“Mi hija se quedaba al cuidado de él porque su papá (del que estoy separada) se había ido a vivir ahí”, relató K.F.P en la denuncia penal. La menor indicó que los ataques sexuales se habían repetido mientras estaba bajo la tutela del ex policía.

Tras la confesión, la madre enfrentó al abusador, quien para ese momento ya se hallaba nervioso y alterado. Según el testimonio de la mujer, el acusado mantenía a la menor bajo amenazas: “Le dijo que no cuente nada porque si no él se iba a matar”, se lee en la denuncia. Este dato fue tomado en cuenta por la Fiscalía por la gravedad psicológica del daño y el control ejercido sobre la víctima.

Ese mismo domingo, tras un último contacto con su familia, J.E.C. huyó de su casa con lesiones cortantes en sus brazos. Testigos que participaron en la búsqueda informaron que el piso de la vivienda presentaba manchas de sangre, señal de que el acusado podría encontrarse herido mientras permanece prófugo.

Las autoridades pudieron conocer que el acusado es experto en el uso de armas de fuego debido a su formación como ex uniformado de la Policía Bonaerense, y que también cuenta con antecedentes por consumo problemático de drogas y alcohol.

Capturaron a un hombre que violó su ex durante una década y estuvo prófugo tres años

Un hombre fue detenido tras permanecer prófugo durante 3 años. Era intensamente buscado por la Justicia por haber abusado de la hija de su ex durante diez años.

La Policía Federal Argentina, a través de su División Búsqueda de Prófugos, detuvo en el barrio porteño de Villa Luro a A.C., de 55 años e imputado por el delito de abuso sexual doblemente agravado.

La víctima fue la hija menor de edad de quien era entonces la pareja del ahora detenido, quien al momento de los hechos tenía entre 6 y 16 años.

El arresto se concretó el pasado4 de juniosobre lacalle Víctor Hugo al 1100, cuando los policías lograron interceptar a A.C. en la vía pública.La captura fue resultado de un seguimiento discretoen diferentes franjas horarias durante varios días, tras identificar su posible paradero mediante el cruce debases de datos públicas y privadas, además de la explotación de redes sociales y vínculos personales.

Nicola Porcella fue hospitalizado de emergencia la madrugada del 4 de junio tras presentar complicaciones en su estado de salud, así lo dieron a conocer los conductores del programa ‘Hoy’.

Afortunadamente, el padecimiento del actor peruano no se trató de nada grave, por lo que fue dado de alta y pudo cumplir con sus actividades profesionales sin ningún contratiempo.

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal; primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron súper bien, estaba tranquilo aunque no paraba de vomitar”, contó en entrevista para el matutino.

Según el también conductor, se enfermó tras comer un pescado en malas condiciones.

“Salí bien de madrugada y me fui a mi casa a descansar unas cuantas horas. Todavía me siento mal, pero hay que chambear, no podemos dejar de chambear, así que unas cuantas inyecciones y listo”, contó.

Nicola Porcella reacciona a rumores sobre presuntos maltratos en contra de su hijo

En esa misma entrevista, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ fue cuestionado sobre a los rumores que circulan respecto sobre una presunta situación de abuso y maltratos que habría sufrido su hijo Adriano por parte de un productor.

“Mi hijo siempre estuvo con su mamá en todas las grabaciones, conmigo o con el chofer, nunca estuvo solo. A veces peco de sobre protector con él”, comentó.

De esta manera, negó las especulaciones.

Cabe recordar que el menor de 13 años de edad debutará como actor este 2025 en una película dirigida por Ricardo Tavera, donde compartirá créditos con Paco de la O y Libertad Palomo.

Amanecer: todo lo que debes saber sobre la nueva telenovela de Televisa

La telenovela producida por Juan Osorio se estrenará el próximo lunes 7 de julio en punto de las 21:30 horas (centro de México) por el Canal de las Estrellas.

De acuerdo con la información que han compartido tanto los actores como el productor, contará la historia de ‘Leonel’ (Fernando Colunga), un hombre que se enamora profundamente de una joven llamada ‘Alba’ (Livia Brito), mientras está casado con ‘Julia’ (Andrea Legarreta).

El triángulo amoroso se desarrollará en un campo de fresas, específicamente ubicado en Tzintzuntzan, Michoacán, y contará con este gran elenco:

• María Rojo
• Eric del Castillo
• Blanca Guerra
• Patricia Reyes Spíndola
• Catherine Siachioque
• Nicola Porcella
• Daniel Elbittar
• Julieta Egurrola
• Humberto Elizondo
• Tiago Correa
• Iván Arana
• Ernesto Laguardia
• Concepción Márquez
• Omar Fierro
• Ana Belena
• Salvador Sánchez
• Emilio Osorio
• Mia Fabri
• Regina Ortiz de Pinedo
• Valeria Santaella
• Vanesa Restrepo
• David Aguiar
• Vanesa López
• María Espinoza Stransky

Una adolescente en Arkansas denunció haber sido víctima de abusos físicos, sexuales y psicológicos durante años por parte de una pareja con la que convivía.

Según documentos judiciales citados por medios locales como 5News y KNWA Fox 24, la joven relató que sobrevivía con un único Pop-Tart y un vaso de agua a la semana, además de ser obligada a dormir en una bañera sin manta ni almohada.

La denuncia, realizada ante un consejero escolar, derivó en la detención de Daniel Caler, de 31 años, y Annie Caler, de 29, el pasado 9 de mayo.

El abuso sexual que sufrió la adolescente durante años por parte de Daniel Caler

De acuerdo con la declaración jurada obtenida por los medios, la joven afirmó que Daniel Caler la violó repetidamente desde agosto de 2020 hasta marzo de 2023.

En uno de los incidentes, Annie Caler habría presenciado el abuso y, tras una discusión con su esposo, este la amenazó con matarla si revelaba lo ocurrido. La adolescente explicó que estas amenazas la mantuvieron en silencio durante años, hasta que finalmente decidió buscar ayuda.

Los múltiples abusos que sufrió la joven los cuales detalló a la policía cuando fue liberada

Además de los abusos sexuales, la joven denunció haber sido golpeada, apuñalada y obligada a consumir drogas ilegales como fentanilo, cocaína, metadona y metanfetamina.

Según los documentos judiciales, Annie Caler la habría apuñalado en el cuello con un tenedor tras un desacuerdo relacionado con la limpieza de los platos, mientras le decía: “Espero que te mueras”. En otra ocasión, cuando la joven sufrió una fractura en la pierna, la pareja se negó a llevarla al hospital para recibir atención médica.

La adolescente también relató que, además de los abusos físicos y sexuales, era sometida a un trato degradante. Según su testimonio, la pareja la empujaba contra las paredes, la golpeaba y la obligó a consumir drogas en al menos cuatro ocasiones. La declaración jurada detalla que Annie Caler la forzó a inhalar estas sustancias, lo que agravó aún más su situación de vulnerabilidad.

La adolescente confió en un consejero quién alertó a las autoridades sobre las condiciones en las que era sometida

El caso salió a la luz cuando la joven, cuya edad no ha sido revelada, confió en un consejero escolar, quien notificó a las autoridades.

Según KHBS, la víctima expresó que durante mucho tiempo creyó que el abuso era su culpa, pero finalmente encontró el valor para hablar al sentirse segura y protegida. La relación exacta entre la pareja y la adolescente no ha sido aclarada en los documentos judiciales.

Los cargos en contra de los detenidos y principales responsables de los abusos

Tras la denuncia, Daniel Caler fue acusado de violación, agresión sexual, permitir el abuso infantil y poner en peligro el bienestar de un menor.

Por su parte, Annie Caler enfrenta cargos por permitir el abuso infantil, amenazas terroristas, agresión, poner en peligro el bienestar de un menor e introducir sustancias controladas en el cuerpo de otra persona. Ambos fueron ingresados en el Centro de Detención del Condado de Benton.

Este caso ha generado conmoción por la gravedad de los abusos denunciados y las condiciones extremas en las que vivía la víctima. Las autoridades continúan investigando los hechos mientras los acusados permanecen bajo custodia.

El actor estadounidense Kevin Spacey será el invitado de honor de la gala que celebra la organización sin ánimo de lucro Better World Fund durante el Festival de Cannes, donde además recibirá un premio a su toda trayectoria.

Spacey, que se encuentra en Cannes para ayudar a encontrar distribuidores para su próxima película, ‘The Awakening’ (Matt Routledge), recibirá el premio a la excelencia en cine y televisión durante la décima edición de la cena de gala de esta organización, que se celebrará el martes en el lujoso Hotel Carlton.

“Better World Fund siempre ha sido partidario del Sr. Spacey y admirador de su trabajo, por lo que nos sentimos honrados de que nos acompañe en este acto para destacar el valor que aporta a la industria del entretenimiento”, señaló la entidad en un comunicado.

El dos veces ganador del Oscar, conocido por títulos como ‘Se7en’ o ‘American Beauty’, fue acusado públicamente por más de una treintena de hombres de agresión sexual o comportamiento inapropiado desde 2017, lo que supuso su salida fulminante de varios proyectos, como la última temporada de la serie ‘House of Cards’.

El intérprete, de 65 años, fue sometido a juicio en 2023 en el Reino Unido por nueve cargos de delitos sexuales, de los que finalmente fue absuelto.

También ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

La gala en la que se le rendirá tributo no es parte del programa oficial del Festival, una certamen que por la expectación y el gran número de estrellas que atrae cada año está plagado de eventos paralelos.

Además, el Carlton, situado en plena Croisette, es uno de los grandes núcleos de actividad durante el festival e incluso alberga este año la competición oficial de cine inmersivo.

Better World Fund es una organización sin ánimo de lucro con sede en París, fundada en 2016, que utiliza “el poder del cine y las artes” para promover el cambio social y concienciar sobre temas como los derechos de las mujeres, la protección infantil y la educación.

La organización señala que en la gala estarán también otras figuras de renombre del cine y del arte, sin precisar cuáles, y de la filantropía.

Fuente: EFE

Los abogados de Combs comenzaron hoy a interrogar a Cassie, embarazada de ocho meses y medio y que desde el lunes acude al tribunal para dar testimonio de su relación con Combs y las relaciones íntimas que mantenía con prostitutos mientras él se masturbaba, conocidos como "freak offs".

Estos días, Ventura ha insistido durante su testimonio en que nunca quiso participar en estas actividades pero dijo que en un principio accedió porque estaba "enamorada" y quería hacer feliz al cantante.

Además, también ha subrayado que temía una reacción violenta por parte de Combs -quien desde casi el principio de su relación era abusivo con ella- si se negaba a participar en estos actos sexuales.

Anna Estevao, una de las abogadas de Combs -conocido como Diddy- intentó rebatir este argumento hoy mostrando un correo electrónico datado de 2009 -cuando llevaban dos años de relación- en el que Ventura le escribe al artista: "Siempre estoy preparada para un 'freak off'".

La cantante, que acudió hoy a la corte vestida con un traje de camisa blanca y chaqueta americana negra y con el pelo recogido en una coleta, dijo no recordar estos mensajes.

En otro de los intercambios por e-mail, Cassie le escribió a su entonces novio: "Podemos hacerlo cuando quieras (...). Siento que el viernes sería mejor porque así nos podríamos recuperar para volver al trabajo el lunes, pero también puede ser entre semana".

Asimismo, en otro mensaje la cantante le dice que quiere tener un encuentro de este tipo que sea "incontrolable".

No obstante, la Fiscalía ha mostrado estos últimos días varios mensajes de Cassie en los que sugiere o dice explícitamente que no quiere participar en los "freak offs"; por ejemplo, en uno de ellos le indicaba al rapero que estas actividades "no la hacían sentirse bien" y que quería dejar de hacerlas.

Combs, que al igual que ayer lucía un jersey blanco, escuchaba el testimonio de su exnovia al lado de sus abogados, con quien intercambiaba de vez en cuando unas palabras entre susurros.

El rapero está imputado de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer el proxenetismo, y si es declarado culpable de estos cargos puede enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. EFE

En una atmósfera cargada de emociones, Alex Fine, esposo de Cassie Ventura, tomó la palabra a través de un comunicado leído por el abogado Doug Wigdor tras el testimonio de Cassie en el juicio contra Sean “Diddy” Combs. Esta declaración destacó no solo el doloroso viaje de Ventura hacia la liberación de su pasado, sino también el inquebrantable apoyo de Fine.

“En los últimos cinco días, el mundo ha sido testigo de la fuerza y valentía de mi esposa al liberarse de su pasado”, comenzaba el emotivo mensaje de Fine. Subrayó su orgullo y amor por Cassie, además de su indignación ante las experiencias que ella enfrentó junto a Combs, quien según Ventura, trató de quebrantar su espíritu. No obstante, Alex aseguró que ni Combs ni quienes lo apoyaron lograron doblegarla. “No rompieron su espíritu ni su sonrisa que ilumina cada habitación”, afirmó.

Fine también abordó la percepción pública sobre su papel en la recuperación de Cassie. Negó ser un salvador, destacando que fue Cassie quien se rescató a sí misma de los abusos y amenazas. “Cassie salvó a Cassie. Ella sola rompió las cadenas del abuso”, indicó, enfatizando que su rol fue simplemente amarla como ella lo hizo con él. Ahora, su vida está rodeada de amor y felicidad, con miras a dar la bienvenida a su tercer hijo en un entorno más seguro y lleno de amor.

Durante el testimonio de Cassie el 16 de mayo, se reveló cómo Fine reaccionó cuando supo inicialmente de la supuesta violación de 2018 por parte de Combs. Según Cassie, al compartirle lo sucedido, Fine, entonces su pareja, expresó su furia de manera física golpeando la pared. Además, Cassie mencionó que durante ese septiembre, tuvo otro encuentro con Combs que sí fue consensual, destacando que después de diez años juntos, no era sencillo apagar los sentimientos.

A lo largo de la semana, Fine ha estado presente apoyando a Cassie, aunque se ausentó durante detalles específicos del testimonio para no comprometer futuros llamados al estrado. La relación de Cassie y Diddy fue intermitente desde 2007 hasta 2018, antes de que ella iniciara su vida con Fine. Posteriormente, en noviembre de 2023, Cassie presentó una demanda contra Combs por alegatos de abuso físico y sexual durante una década, contenido del que Combs se desligó, alcanzando un rápido acuerdo fuera de los tribunales.

El proceso judicial contra Combs se intensificó en septiembre de 2024, con su arresto bajo graves cargos de tráfico sexual y conspiración para el crimen organizado. A pesar de las acusaciones, Combs mantiene su declaración de inocencia, respaldado por su abogado Marc Agnifilo, quien calificó la acusación del Fiscal de EE.UU. como una persecución injusta. “Sean ‘Diddy’ Combs es un icono musical, empresario hecho a sí mismo, hombre de familia amoroso y filántropo probado. No es un criminal”, expresó Agnifilo, buscando resaltar el legado positivo de Combs.

A medida que avanza el proceso, queda por ver cómo se resuelve legalmente y qué impacto tendrá en las personas vinculadas a este caso de alto perfil. En medio de estas duras revelaciones, el testimonio de Cassie Ventura y el apoyo de Alex Fine representan un frente unido en búsqueda de justicia y un futuro más esperanzador para ellos y su creciente familia.

Una joven de 18 años logró escapar de una vivienda en el municipio de Gloucester, Nueva Jersey, donde afirmó haber sido sometida a años de abuso físico, psicológico y sexual.

Según informó NBC News, la víctima denunció que fue obligada a vivir en condiciones inhumanas, incluyendo ser confinada en una jaula para perros durante aproximadamente un año, además de ser encadenada y encerrada en un baño con candado en otras ocasiones.

Los presuntos responsables, Brenda Spencer, de 38 años, y Branndon Mosley, de 41, enfrentan múltiples cargos, entre ellos secuestro y agresión sexual.

El escape de la joven y las condiciones en la que sus familiares la tenían

De acuerdo con la Oficina del Fiscal del Condado de Camden y la Policía del municipio de Gloucester, la joven escapó de la casa el pasado 8 de mayo con la ayuda de un vecino. Posteriormente, el abuso fue reportado a las autoridades el sábado siguiente.

La víctima, descrita como hija de Spencer e hijastra de Mosley, declaró que el maltrato comenzó en 2018, cuando fue retirada de la escuela en sexto grado por decisión de Spencer. Desde entonces, fue confinada en la vivienda y sometida a diversas formas de abuso.

En su testimonio, la joven relató que, tras ser retirada de la escuela, fue obligada a vivir en una jaula para perros, de la cual solo la dejaban salir de manera ocasional.

Más adelante, fue encerrada en un baño con candado y encadenada, y en otras ocasiones fue confinada en una habitación vacía con un cubo como único medio para sus necesidades fisiológicas. Según el comunicado de las autoridades, la habitación estaba equipada con un sistema de alarma que alertaba a Spencer y Mosley si la joven intentaba escapar.

Otros abusos que denunció la víctima por parte de su madre y su padrastro

Además de las condiciones de confinamiento, la víctima denunció haber sido golpeada con un cinturón y abusada sexualmente por Mosley. El jefe de policía del municipio de Gloucester, David Harkins, calificó el caso como “uno de los más despreciables” que han enfrentado.

Harkins explicó que, tras la primera interacción con la joven el 8 de mayo, esta describió la situación como un caso de violencia doméstica, pero no reveló la magnitud del abuso. Fue hasta el sábado, cuando la policía fue llamada nuevamente, que se conocieron los detalles completos de su situación.

Durante el registro de la vivienda, los detectives encontraron que la joven vivía en condiciones insalubres, rodeada de numerosos animales, incluidos perros de raza Gran Danés y chinchillas. En la casa también residía una niña de 13 años, quien, al igual que la víctima, había sido retirada de la escuela por decisión de Spencer y supuestamente recibía educación en casa.

Las posibles secuelas físicas y psicológicas que pudiera tener la joven

La fiscal del condado de Camden, Grace C. MacAulay, señaló que, debido a la naturaleza del caso y para proteger a las víctimas, no se divulgaron detalles específicos sobre cómo la joven logró escapar ni sobre su cautiverio.

MacAulay destacó que las condiciones en las que vivió la víctima durante siete años probablemente le causaron daños psicológicos, físicos y emocionales significativos.

Spencer y Mosley fueron arrestados el domingo en su domicilio y enfrentan una larga lista de cargos.

Los cargos en contra de la pareja detenida

Ambos fueron acusados de secuestro, conspiración para cometer secuestro, cinco cargos de agresión agravada, poner en peligro el bienestar de un menor, restricción criminal, agresión agravada con un arma mortal, posesión de un arma con un propósito ilegal y posesión ilegal de un arma.

Mosley enfrenta además cargos adicionales, incluidos dos de agresión sexual agravada de primer grado, dos de agresión sexual de segundo grado y uno por contacto sexual con un menor.

Mosley, quien trabajaba como conductor de tren para la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA), había sido homenajeado por la organización en marzo como maquinista de trenes. Por su parte, Spencer estaba desempleada. Ambos permanecen en prisión preventiva en el Centro Correccional del Condado de Camden, a la espera de sus audiencias de detención programadas para el viernes. Un defensor público designado para la pareja se negó a emitir comentarios sobre el caso.

El jefe de policía Harkins indicó que, aunque no había indicios previos de abuso infantil en el hogar, sí existían quejas relacionadas con los animales que vivían en la propiedad. Las autoridades continúan investigando el caso, mientras la víctima recibe atención y apoyo tras años de abuso y confinamiento.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la detención de tres personas como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos graves cometidos contra menores de edad.

Según datos preliminares, los hechos investigados involucran a integrantes de una misma familia y habrían ocurrido en un entorno doméstico.

La Fiscalía señala que los delitos se habrían prolongado durante dos años antes de ser denunciados, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y, posteriormente, en la solicitud de órdenes de aprehensión.

Más detalles del caso

Según informó la FGE, Héctor “N” es señalado como presunto responsable de abuso sexual, violación equiparada y violación equiparada agravada en perjuicio de sus hijastras, mientras que Silvia “N” e Imelda Alejandra “N”, madre y hermana de las víctimas, respectivamente, habrían actuado como cómplices al desestimar las denuncias de las menores y normalizar los abusos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, los hechos comenzaron en julio de 2022, cuando Héctor “N” agredió sexualmente a una de sus hijastras, de 10 años.

La menor informó a su madre, Silvia “N”, sobre lo ocurrido, pero esta no le creyó y calificó las acciones del agresor como comportamientos normales.

La niña también confió en su hermana, Imelda Alejandra “N”, quien reaccionó de la misma manera, ignorando la gravedad de la situación.

En agosto del mismo año, las otras dos hijastras de Héctor “N”, de 9 y 7 años, también fueron víctimas de agresiones sexuales.

Ambas niñas relataron los abusos a su madre y hermana, pero nuevamente sus testimonios fueron desestimados. Según la FGE, los ataques continuaron hasta agosto de 2024, prolongándose durante más de dos años.

La Fiscalía inició las investigaciones tras conocer los hechos y logró establecer la presunta participación de los tres detenidos en los delitos.

Con base en las pruebas recabadas, se solicitó una orden de aprehensión contra Héctor “N”, Silvia “N” e Imelda Alejandra “N”, la cual fue concedida y ejecutada. Los tres fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

¿Cómo puede prevenirse el abuso sexual infantil?

Para prevenir el abuso sexual infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aconseja enseñar a las niñas y niños que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento.

También recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a cambios en el comportamiento de los menores, evitar que acepten regalos que impliquen condiciones ocultas y supervisar de manera constante su actividad en internet y redes sociales.

Asimismo, se sugiere fomentar en los menores la confianza para rechazar cualquier tipo de contacto físico que les resulte incómodo y reforzar la importancia de comunicar cualquier situación que los haga sentir inseguros o molestos.

En caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual, las autoridades subrayan que no debe bañarse ni cambiarse de ropa, ya que las prendas que llevaba pueden constituir pruebas fundamentales.

El presunto abuso de más de 10 niños en un jardín del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf) en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, ha generado indignación nacional.

Por estos hechos fue capturado Freddy Castellanos, al que la fiscalía le imputará cargos por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años y otros más.

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Sobre cómo se registraron los hechos, la madre de una de las víctimas indicó que la menor le afirmó que en medio de “juegos” el sujeto de 36 años le daba besos en la boca.

“Mi niña sabía que nada de eso era un juego, que la actitud de ese tipo no estaba bien, y por eso me contó. Yo nunca dudé de la palabra de mi hija. La conozco. Ella nunca tendría la capacidad de inventar semejante abuso”, indicó Margie Espinel a El Tiempo.

Ante este escenario, en diálogo con Infobae Colombia, José David Castellanos, experto en poblaciones y trabajo comunitario social, indicó que lo registrado en Ciudad Bolívar es algo inconcebible.

“En Colombia estamos viendo lo más doloroso, niños siendo abusados en el lugar en el que deberían estar más seguros, como ciudadano y como líder, esto nos debe romper el alma, estos crímenes deben ser castigados con todo el peso de la ley

Después de que exponer los puntos señalados hasta el momento por la fiscalía de la investigación, Castellanos aseguró que este es una muestra de que en el país no se cuida de manera correcta a la infancia.

“Debemos cambiar la forma de cuidar a nuestra niñez, no debe haber más excusa por parte de quienes lideran ese tipo de instituciones, no puede haber más negligencia en los procesos de contratación y todo lo ligado al cuidado de los infantes en el país”.

El experto habló de medidas de “labor y protección” para mejorar la seguridad en todos los espacios para menores de edad en el país, recordando que casos de esta índole se han registrado en otras instituciones a nivel nacional.

“Se deben impulsar medidas de labor y protección, pero esto también nos necesita a todos, porque si no se defiende la infancia, qué clase de sociedad se está construyendo. El caso de los niños abusados en un jardín del Icbf en Bogotá es una señal de alerta nacional”.

Por último, también indicó que la responsabilidad de la sociedad es importante, puesto que ha sido testigo de casos en los que los padres de familia o allegados, dejan de lado los testimonios de los menores al pensar que se trata de una mentira.

“Hay que levantar la voz para que se haga justicia, pero también para que se mejoren las líneas de protección en todo el país, se tiene que recordar que si se ve algo sospechoso, no hay que ser cómplices con el silencio, la infancia no se toca y es algo también de la sociedad, ese tipo de actos y ante cualquier mínima sospecha se debe denunciar”, puntualizó.

En diálogo con Blu Radio, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, indicó que la primera denuncia por este hecho fue expuesta el sábado 3 de mayo.

“Tuvimos conocimiento el sábado de la queja de una madre sobre el manejo de la situación en el hogar. Desde ese día, movilizamos equipos psicosociales y denunciamos ante la Fiscalía”

Además, Cáceres indicó que en el Icbf se deben cumplir con protocolos y una serie de requisitos para poder trabajar en el cuidado de menores de edad, por lo que están investigando sise registro algún tipo de falencia en la contratación del imputado.

“Hay un comité de validación que hace la primera validación, ellos presentan y ahí se hace la validación, pero al parecer, en esa validación no había antecedentes. Pero efectivamente, hay un protocolo, hay unos requisitos mínimos que deben cumplir, cualquiera que trabaje con niños”.

La aprehensión se concretó en las últimas horas y estuvo a cargo de la división de Delitos Complejos y Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pocos minutos después de la captura, la historia detrás de este hecho empezó a trascender.

Es que este caso resultó particularmente llamativo por los inusuales pedidos que exigía la mujer a la víctima cambio de no difundir sus imágenes privadas.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los requerimientos de la sospechosa -identificada como S.M.D.- se dividían en dos aspectos. Uno era el económico (normal en estos episodios), pero el otro estaba relacionado con comestibles: pedía tortas, facturas y postres en general como parte de la extorsión.

En cuanto al primer punto, la mujer le exigía a la víctima grandes montos de dinero. La cifra rondaba entre los $10.000 y $50.000 y el hombre debía abonarlos si o si mensualmente, como si fuera un sueldo.

Sobre el segundo, y más llamativo, fuentes judiciales señalaron que la sospechosa también le pedía insistentemente postres y tortas de panadería, los cuales debía enviárselos a su vivienda.

A esto se le suma que, amenazado con la difusión de sus fotos, el hombre también se vio obligado a comprarle electrodomésticos y celulares exigidos por su extorsionadora.

“Lo amenazaba desde mediados de 2023, hasta fines de 2024. En ese tiempo la víctima ha llegado a hacer muchas trasferencias de dinero”, aseguró a este medio una fuente con acceso a la causa.

Hacia el final de 2024, la víctima se cansó de la situación e hizo la denuncia a las autoridades. En consecuencia, se abrió una investigación por “extorsión por chantaje y amenazas” a cargo del fiscal de la UFIyJ N.º 20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, y Ricardo Gutiérrez, del Juzgado de Garantías N.º 3.

En este marco, se ordenaron una serie de tareas de rigor y a fines de diciembre se ordenó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde personal de la división de Delitos Complejos y Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestraron elementos de interés que confirmaron los hechos investigados.

Tras realizar las respectivas pericias a los objetos incautados, incluyendo varios celulares y dispositivos electrónicos, el magistrado otorgó en las últimas horas una nueva orden de registro en la casa, donde finalmente se concretó la detención de la mujer.

Cuando era apenas una niña, Christie Brinkley vivía bajo el mismo techo que un hombre que debía protegerla, pero que, en cambio, se convirtió en su primer verdugo.

En su libro de memorias Uptown Girl, la actriz, modelo y empresaria estadounidense, hoy con 71 años, relata sin rodeos el infierno que significó crecer bajo el abuso físico y psicológico de su padre biológico, Herb Hudson.

“No importaba cuán buena o callada fuera: Herb siempre encontraba una razón para castigarme”, escribió. En su infancia, el castigo no fue una excepción: fue la norma. Hudson, que había mudado a la familia desde Monroe, Michigan, hasta Canoga Park, Californa, tenía una rutina de maltrato que incluía azotes con un cinturón, frotadas violentas con toallas y la humillación de lavarle la boca con jabón. Esto lo comentó en sus memorias.

Según contó al Wall Street Journal, “en aquellos tiempos el castigo corporal era bastante común, pero mi padre biológico, Herb, fue más allá de lo que era aceptado”. Brinkley también recuerda que su hermano mayor, Greg, sufrió tanto como ella: él desarrolló migrañas por el estrés.

Ese ciclo de violencia se rompió recién cuando ella tenía siete años. Su madre, Marjorie, tomó la decisión de separarse.

Con un trabajo como telefonista, se hizo cargo de sus dos hijos y se mudaron a un pequeño departamento en planta baja, en un callejón junto a un cobertizo de basura.

Ese sitio, lejos de ser miserable, se convirtió en un refugio simbólico para Christie, que encontró allí una forma de comenzar de nuevo.

Fue en una salida de trabajo de su madre, casi por azar, que conocieron a un hombre que cambiaría sus vidas: Don Brinkley, un reconocido guionista de televisión.

Christie se equivocó de puerta al entregar un sobre, y el hombre que respondió, Don, le preguntó por sus padres.

Al ver a Marjorie desde el auto, bajó con la niña y se presentó. A partir de ese momento, comenzaron a verse, y poco después Don alquiló una casa para ellas cerca de su apartamento en Malibu.

Cuando Christie tenía ocho años, su madre se divorció legalmente de Hudson y se casó con Don, quien adoptó legalmente tanto a ella como a Greg. “Don fue amoroso y atento. Lo llamé papá”, escribió en sus memorias.

Ya a los diez años, Don la llevó al cine a ver Los paraguas de Cherburgo, y al ver a Catherine Deneuve en pantalla, Christie se enamoró de París. Esa chispa artística no fue una novedad: desde los cinco años había encontrado en el dibujo una manera de escapar de la violencia.

Empezó dibujando caballos de un libro, y sus ilustraciones eran tan admiradas en la escuela que su madre las colgaba en la heladera de su casa. Esa validación temprana la acompañaría por años.

Sus padres la apoyaron en su decisión de asistir al Lycée Français de Los Ángeles, una escuela internacional bilingüe. En 1973, ya con 19 años, se mudó a París con una amiga. Mientras su compañera regresó a Estados Unidos semanas después, Christie se quedó.

Trabajó como ilustradora para una división de Air France, que promovía el turismo juvenil. Fue entonces, en 1974, que un encuentro fortuito cambió su destino: mientras llamaba por teléfono desde una cabina frente al correo, acompañada de su perra Bianca, casi choca con un hombre.

Era Errol Sawyer, fotógrafo de moda estadounidense, que la había visto antes y quería conocerla. Le explicó cuánto ganaban las modelos y elogió su estética de chica californiana. Al día siguiente ya estaba trabajando con él.

Ese primer paso la llevó rápidamente al mundo del modelaje internacional. El mismo día que se presentó en Elite Model Management, conoció a los fotógrafos Patrick Demarchelier y Mike Reinhardt, quienes organizaron una cita para que conociera a Eileen Ford, fundadora de Ford Models, en Palm Springs. Ford la contrató.

En los años 80, su imagen fue omnipresente: aparecía en casi todas las ediciones de la revista Glamour. Pero el punto de quiebre fue en 1979, cuando se convirtió en la primera modelo en protagonizar tres portadas consecutivas de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated.

“Estaba maravillada por la vista durante la sesión en la isla La Digue, en Seychelles”, dijo al Wall Street Journal. Ese mismo número la catapultó a un nuevo público: “me presentó a la otra mitad de la población: los hombres.

La mayoría de los directores de arte y ejecutivos de agencias de publicidad eran hombres, así que mis contratos despegaron”.

La fama le trajo muchas cosas: contratos, reconocimiento global y también relaciones sentimentales. Se casó con el artista Jean-François Allaux, luego con el músico Billy Joel, con quien tuvo a su hija Alexa Ray Joel, después con el empresario Richard Taubman, con quien tuvo a Jack Brinkley, y finalmente con el arquitecto Peter Cook, con quien fue madre de Sailor Brinkley Cook.

Pero ni siquiera el éxito público pudo blindarla de nuevas traiciones. En su libro, Brinkley reveló uno de los momentos más dolorosos de su vida adulta: estando casada con Taubman, almorzaban juntos en Nueva York cuando él le dijo, de forma “casual y repentina”, que había contactado por teléfono a su padre biológico, Herb Hudson, con quien ella no hablaba desde los ocho años.

“Sentí un shock y una indignación enormes”, escribió. Lloró en el acto.

“Vamos a hacer un trato. Me voy a alejar de vos y del bebé, igual que lo hizo Herb Hudson”, le dijo. Y agregó: “En ese segundo, la habitación se derrumbó a mi alrededor, las palabras de Ricky flotaban en el aire como hollín oscuro y sucio, ahogándome… A veces, la historia tiene una forma horrible de repetirse”, recordó en sus memorias.

Su siguiente matrimonio, con Peter Cook, tampoco estuvo exento de tormentos. Lo conoció en 1996, después de divorciarse de Taubman, en un momento en el que sentía “una sensación de urgencia” por encontrar una figura paterna para su hijo Jack, según declaró a Us Magazine.

Aunque al principio no lo consideraba su tipo, comenzaron a salir y se casaron en septiembre del mismo año. Cook adoptó a Jack y en 1998 nació Sailor.

Pero la relación se desmoronó en 2006, tras descubrir que él le era infiel con una adolescente. Durante una ceremonia de graduación en Southampton High School, un hombre la tocó en el hombro y le dijo que su hija de 18 años tenía un romance con Cook.

“Lo supe por la cara de Peter. Pensé que me iba a desmayar en el escenario”, escribió. Lo echó de la casa. El divorcio y la batalla por la custodia duraron seis años, pero finalmente ella obtuvo la custodia de ambos hijos.

Hoy Christie Brinkley divide su tiempo entre Sag Harbor, Nueva York, y Turks and Caicos. La casa donde vive fue una obsesión desde 1984, cuando la visitó con Billy Joel y no pudieron comprarla.

Una de las producciones que marcó la infancia de millones en el país fue Padres e hijos, producción por la que pasaron actores como Lina Tejeiro, Manolo Cardona, Diego Cadavid, entre otras figuras del entretenimiento nacional. Durante más de 10 años, todas las tardes la novela que contó con varias temporadas era el programa favorito después del colegio o a la hora del almuerzo.

Recientemente, se conoció la historia de una de las actrices que formó parte de una de las temporadas finales del dramatizado, se trató de Erika Glasser, que reveló que durante su niñez fue víctima de un caso de abuso. El episodio marcó a talentosa artista, que contó en conversación con La Red el proceso traumático que enfrentó durante años.

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De acuerdo con Glasser, el tema volvió a hacer eco en su vida debido al proceso que vivió durante las grabaciones de la producción cinematográfica En lo profundo, donde uno de los puntos focales tiene que ver con el abuso.

“Cuando yo leí el guion, algo dentro de mí dijo ‘esto es una historia que yo quiero contar’ porque me siento muy identificada con el personaje”, recordó Erika, mientras revelaba que su personaje narra la historia de una mujer abusada por parte de su padre. Y agregó: “Yo nunca he hablado de esto, me dan nervios decirlo. Fui víctima de abuso cuando yo estaba pequeña, por un profesor”, dijo la actriz.

Recordó que apenas tenía seis años cuando ocurrieron los hechos y debió quedarse callada por el temor que esto le producía, por lo que después del colegio llegaba a su casa lavaba su cuerpo, sus manos y hacía como si nada hubiera pasado: “Me sentía asqueada, me alzaban todo y ya, como si no pasara nada. En el colegio vivía con miedo de que llegara este personaje, pero sentía que no estaba bien”.

Con el paso de los años, esto provocó que la actriz siguiera un tipo de patrones en su vida para evitar sentirse vulnerable y vulnerada frente a los hombres que intentaban acercarse a ella. Contó que elegía hombres menores que ella para evitar cualquier tipo de cercanía malintencionada, pero, además, “comencé a vestirme como niño, a actuar como niño, era como el tomboy del vecindario”.

Pero no fue hasta la separación de su esposo en 2023, que comprendió que tenía este tipo de patrones repetitivos con los hombres, por lo que llegó a la conclusión de que “una de las cosas más duras que he vivido en mi vida, mi relación con los hombres mayores estaba completamente destruida. No quería que me abusaran, era mi lógica”, aseguró la actriz.

Finalmente, expuso que el tener una relación con hombres mayores a ella “era algo aterrorizante, no quería que me abusaran, entonces si yo soy mayor, no voy a permitir que abusen de mí”, era la conclusión a la que llegaba Glasser con sus relaciones.

Las reacciones de quienes escucharon el testimonio de la actriz no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos de los comentarios salieron en respaldo de la actriz por lo penoso de la situación que enfrentó en su infancia.

Algunos de los más destacados fueron: “Qué linda, muy fuerte y valerosa. Todo estará bien, tienes ya tu amor propio muy alto. Te felicito”; “Ah Eri yo no sabía, lo siento mucho! Nadie tendría por qué vivir eso! Me alegra mucho que te sientas mejor!”; “todo mi respeto, eres una mujer fuerte y guerrera, es un episodio que nadie tendría que enfrentar”, entre otros más.

David Flint Stone no era un turista común en Medellín. Aunque ingresó como cualquier visitante, el ciudadano estadounidense de 60 años tenía detrás un historial que llama poderosamente la atención de las autoridades. El hombre, que fue capturado el 24 de abril por explotación sexual de una menor de edad, había amasado una considerable fortuna en operaciones inmobiliarias en Hawái antes de su llegada a Colombia.

El Tiempo confirmó que Flint residía en Pahoa, una localidad en la isla de Hawái, y que su nombre figura como vendedor en al menos tres transacciones millonarias entre 2019 y 2022. Las propiedades (ubicadas en Mokuna, Lido y Forest Road A) habrían sido vendidas por un total cercano a los 600.000 dólares, equivalentes a unos 2.500 millones de pesos colombianos. Desde la última venta, en 2022, Flint vivió hasta 2024 en una casa ubicada en el 15-1361 de la calle Auina, una propiedad amplia, oculta tras un bosque artificial.

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Este perfil financiero contrasta con la escena que presenció la Policía en Medellín, un apartamento alquilado en San Joaquín, un barrio residencial de la comuna 11 (Laureles), donde el estadounidense fue sorprendido con una menor de edad tras una denuncia de los vecinos.

La captura fue posible gracias a la rápida reacción de los residentes del edificio, quienes notaron el ingreso sospechoso de una niña “que presentaba rasgos físicos y apariencia de menor” acompañada por el extranjero. La joven presentó una cédula falsa que supuestamente acreditaba su mayoría de edad. Sin embargo, la falsificación era evidente y, aunque ambos lograron entrar, los vecinos ya habían alertado a las autoridades.

Pocos minutos después, la Policía llegó al lugar y halló al hombre con la adolescente. Tras verificar su identidad, confirmaron que tenía solo 15 años. La menor fue trasladada a un centro asistencial, se activó la ruta de salud y luego quedó bajo custodia del sistema de restablecimiento de derechos, que le garantiza atención y protección integral.

Durante la entrevista con las autoridades, la menor reveló que Flint Stone le había entregado un millón de pesos en efectivo el día anterior, el 23 de abril, a cambio de un encuentro sexual. “La menor tenía en su poder el dinero en efectivo”, informaron los oficiales, quienes lo incautaron como parte de las pruebas. Además, se le decomisó al extranjero un celular que habría sido utilizado para coordinar la cita con la menor.

El 16 de abril se legalizó su captura ante el Juzgado 016 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín. La Fiscalía 161 local le imputó el delito de demanda de explotación sexual con menor de 18 años. A pesar de ser capturado en flagrancia y del testimonio directo de la adolescente, el acusado no se allanó a los cargos. Por decisión del juez, se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Con este caso, ya son cinco los ciudadanos extranjeros capturados en Medellín en lo que va de 2025 por delitos relacionados con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna). A ellos se suman otros cinco detenidos por casos similares.

La situación pone nuevamente en entredicho la eficacia de los controles de las autoridades locales para impedir que personas con intenciones criminales lleguen a la ciudad. Aunque Medellín ha implementado medidas para prevenir el ingreso de extranjeros que buscan aprovecharse de menores, los hechos muestran que las redes siguen operando y que muchos casos podrían estar pasando desapercibidos.

La historia de David Flint Stone es una señal de alerta. Un hombre con recursos, sin antecedentes conocidos en Colombia, y con capacidad para ocultarse tras fachadas legales, logró llegar al corazón de un barrio tradicional sin levantar sospechas hasta el momento del delito. Su captura expone no solo un delito atroz, también las grietas de un sistema que aún tiene mucho por fortalecer.

El acusado de violar a su sobrino cuando el niño tenía entre 12 y 14 años en el Arenal ha negado este jueves las acusaciones de agresión sexual y ha atribuido la denuncia a la influencia de la madre, que le acusaba de querer poner a su hijo en su contra.

El juicio contra el hombre, para quien Fiscalía reclama 18 años de cárcel, comenzó el martes y ha seguido este jueves con la declaración de varios peritos y el acusado, que ha depuesto en último lugar.

"Están mintiendo", ha respondido el procesado cuando la fiscal le ha preguntado por los presuntos episodios de abusos sexuales presuntamente cometidos en el piso del acusado.

En su opinión, la madre de la víctima actuó "por venganza, soberbia y rabia" al alertarle él de que el menor estaba consumiendo y traficando con drogas. Respecto a la declaración de la víctima, ha dicho que fue "sumiso" a lo que decía la madre y que hizo un relato de los hechos "como si fueran ajenos a él".

Según ha relatado, la denuncia fue el punto culminante a un episodio vivido a principios de 2023. Al parecer, el niño desapareció unos días del domicilio y la madre de la víctima exigió al procesado que no le acogiera porque "le había echado de casa" por haber consumido drogas. Cuando apareció el niño, ha seguido el acusado, el menor dijo a su tío que quería irse de casa porque su madre le había dicho "que no quería saber nada de él". La madre, por su parte, acusaba al hombre de poner a su hijo en su contra.

El procesado, en otro momento del interrogatorio, ha relatado que en varias ocasiones reprochó a su hermana que el menor estuviera consumiendo drogas.

A propuesta de la defensa, ha comparecido un perito criminólogo que ha dudado de la fiabilidad de los informes de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (Uvasi). "Se hicieron sólo dos entrevistas. No tenía la calidad que tiene que tener un organismo que se dedica a esto", ha afirmado el testigo, que ha admitido que no entrevistó a la víctima.

Sí que hizo cinco entrevistas con el acusado así como con el entorno familiar, tras lo cual concluyó que la madre de la víctima mantenía una influencia negativa sobre él. "Todos los testimonios la definían como manipuladora", ha señalado.

Además, ha añadido que los informes que analizó apuntaban al niño como un menor que había sufrido episodios de paraonia y que se definía como "egoísta y oportunista".

La Fiscalía pide para el hombre 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y por otro de agresión sexual con penetración a menor de 16 años, libertad vigilada por dos décadas, alejamiento por 34 años, así como una indemnización de 50.000 euros.

Los hechos juzgados ocurrieron, según el escrito de acusación del Ministerio Público, a lo largo de los años 2021 y 2022, cuando el niño acudía en algunas ocasiones a dormir a casa de su tío.

Era entonces cuando, aprovechando que dormían en la misma cama, el tío se pegaba al niño y le cogía la mano para que le tocara los genitales. En otra ocasión, en medio de un juego, el procesado agarró con fuerza al niño, le arrancó los pantalones y lo violó.

Siguiendo el escrito de acusación de la fiscal, como consecuencia de estos hechos ha sufrido una elevada ansiedad que desembocó en un intento de autolesión y a seguir tratamiento psiquiátrico.

Un presunto caso de acoso sexual y laboral ha salido a la luz en el sistema de transporte público Transmilenio S.A., luego de que Sandra Viviana Palencia, excontratista de la empresa, presentara una denuncia formal contra un ingeniero de planta.

Según informó el medio que dio a conocer el caso, los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2024 y enero de 2025, periodo en el que Palencia trabajó bajo un contrato de prestación de servicios. La denuncia fue radicada el 13 de enero de 2025, tras la finalización de su contrato.

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De acuerdo con el testimonio de Palencia, el presunto acoso comenzó con constantes malos tratos y gritos por parte del ingeniero, lo que generó un ambiente laboral hostil.

“Al inicio iba a renunciar porque él me gritaba mucho. Y yo le dije: no, ingeniero, yo no entré acá para que el trabajo se me convirtiera en un infierno”, relató la denunciante.

Posteriormente, según su declaración, los comportamientos inapropiados escalaron hacia comentarios de índole sexual, como observaciones sobre su apariencia y su vestimenta. Incluso, aseguró que el ingeniero llegó a ofrecerle dinero a cambio de fotografías íntimas.

En su denuncia, Palencia también señaló que el ingeniero le hizo presuntas propuestas explícitas de carácter sexual, vinculándolas con posibles beneficios laborales. “Alguna vez mi hermano estaba sin trabajo, y yo dije que si de pronto salía alguna oportunidad, y me dijo: yo lo meto, pero usted sabe lo que me tiene que dar... Él quería que yo me acostara con él.”, afirmó. Según su testimonio, el ingeniero habría condicionado la ayuda laboral a que ella accediera a mantener relaciones sexuales con él.

El caso fue llevado al Protocolo para la prevención y atención del acoso que rige en TransMilenio, pero, según la concejal Heidy Sánchez, quien hizo público el caso, la empresa no brindó las garantías necesarias para que Palencia pudiera continuar trabajando en condiciones seguras.

Sánchez denunció que la falta de compromiso por parte de la compañía para garantizar un entorno laboral libre de acoso obligó a Palencia a rechazar la renovación de su contrato.

Palencia aseguró que, aunque se inició un proceso interno dentro de TransMilenio, los compromisos adquiridos no se materializaron. “¿Yo cómo iba a aceptar un contrato si no me garantizaban que no iba a estar cerca del agresor?”, expresó la excontratista, quien enfatizó que la ausencia de medidas efectivas por parte de la empresa la dejó en una situación de vulnerabilidad.

El caso ha generado preocupación sobre la efectividad de los protocolos de prevención y atención del acoso laboral en entidades públicas y privadas. Además, pone en evidencia la necesidad de garantizar entornos laborales seguros, especialmente para las mujeres, quienes suelen ser las principales víctimas de este tipo de conductas.

Como parte de la denuncia y apoyo al presunto caso de acoso, la concejal Sanchez escribió en su cuenta de X: “Si bien hubo atención a su queja, esta no fue inmediata ni adecuada con acciones que garantizaran uno de los objetivos específicos del protocolo, que es ‘Proteger a las personas víctimas de violencias basadas en género en el ámbito contractual’, particularmente, frente a los compromisos pactados en reuniones sobre la vinculación contractual en un entorno seguro.

Transmilenio se pronunció arte el caso

Desde su cuanta de X y con un comunicado publicado en que explicaron que ante las acusaciones de la presunta víctima se tomaron acciones y se activaron los protocolos con lo que cuentan para este tipo de situaciones.

La entidad solicitó respeto por la identidad de las personas involucradas, dado que el caso se encuentra en etapa de investigación bajo reserva legal.

Asimismo, afirmaron que mantienen activas campañas pedagógicas y de sensibilización sobre el acoso dirigidas a todos los trabajadores. “Estamos comprometidos con generar ambientes laborales seguros y confiables”, señaló la empresa.

El actor Jay North, que se convirtió en una estrella infantil en los años 50 por su papel en la serie “Daniel el Travieso”, murió el último 7 de abril a 73 años a causa de un cáncer de colon.

Recordado por millones como el travieso rostro infantil, nunca volvió al estrellato y, de adulto, habló sin tapujos de los abusos que sufrió de niño. Paris Match destaca que el actor enfrentó numerosos desafíos y abusos durante su tiempo en Hollywood, una realidad que se mantuvo oculta de las luces de los escenarios.

Inicios prometedores y salto a la fama

Desde temprana edad, North mostró talento para la actuación, lo que lo llevó a conseguir su primer papel con la ayuda de su madre, Dorothy North Cotton. Ella trabajaba como secretaria en la Federación estadounidense de artistas de televisión y radio.

Jay fue descubierto por agentes que lo llevaron a tener pequeños roles antes de convertirse en la estrella del famoso programa televisivo “Daniel el Travieso”. Su paso por la serie fue caracterizado por una combinación de éxito y explotación.

Su trabajo era crucial, dado que los ingresos de muchas personas dependían directamente de su actuación, como Geoffrey Mark (un amigo del actor y ganador de un premio Emmy) explicó en Woman’s World.

La elección del joven Jay para encarnar a Denis Mitchell no fue sencilla. Se enfrentó a una competencia donde alrededor de 500 chicos aspiraban al mismo papel. Según contó en 1970, participar en los castings y finalmente ser seleccionado fue un momento de enorme felicidad para él.

La tensión detrás de la fama

Sin embargo, detrás de las cámaras, North experimentó un calvario que pocos conocían. Bajo la supervisión de una tía que lo controlaba de manera abusiva, vivía en aislamiento del resto del elenco.

Paris Match afirmó que esta figura familiar no solo era estricta, sino también violenta, imponiéndole un miedo constante. Además, sufrió el aislamiento de sus pares, forzado a almorzar solo en el set. Según reveló en 1993, el actor despertaba cada día preguntándose si podría soportar otro con su tía presente.

Las normas de trabajo de la época dirigidas a menores, que estipulaban un límite de horas estrictamente regulado, no detuvieron la presión ejercida sobre él. A menudo, debía trabajar al mismo ritmo que un adulto, sin que los estudios se preocuparan realmente por su bienestar.

Esto provocó que North sumara 146 episodios antes de la cancelación del programa, lo cual, según aseguró el propio Jay en 1991, fue resultado de su pubertad y de la negativa de los productores a mantenerlo en el reparto principal.

Después de “Daniel el Travieso”

Con el final de la serie, sintió un alivio temporal, aunque fue incapaz de replicar su éxito infantil. Tal y como relató a lo largo de los años, el público y la industria del espectáculo continuaban viéndolo solo como el niño que fue, sin importar su adultez o cambios físicos.

Esta percepción limitada frustró su carrera posterior, llegando a considerar otras opciones para su vida, como incorporarse a la Marina estadounidense. Sin embargo, los fantasmas de su fama infantil lo persiguieron aún allí, obligándolo a retirarse tras ser acosado por sus compañeros.

Finalmente, buscando distanciarse de su personaje, se mudó a Florida y se convirtió en agente penitenciario. Geoffrey Mark, al referirse a esta decisión, comentó que Jay encontraba confort en un entorno donde el castigo y la justicia imperaban, posiblemente como una forma de lidiar con su pasado.

Luchas internas y búsqueda de paz

Durante años, las cicatrices de su niñez llevaron a North a la depresión. En varias ocasiones, consideró el suicidio, influenciado por la trágica historia de otros actores infantiles como Rusty Hammer.

Sin embargo, Paris Match asegura que encontró serenidad al formar parte de una nueva familia. Convertirse en padrastro le permitió replantearse sus temores y superar su desconfianza hacia las relaciones personales.

Laurie Jacobson, a través de Facebook, recordó a su amigo Jay North como una persona de gran corazón que amaba profundamente a sus allegados. Su legado no solo se limita a su talento actoral, sino también a su lucha por superar un pasado profundamente traumático, marcando un recuerdo indeleble en aquellos que lo conocieron y valoraron.

El Ejército de Sudán ha anunciado este sábado que ya ha conseguido entrar en la ciudad de Uad Madani, la capital del estado de Gezira y la segunda localidad más grande del pais, hasta ahora en manos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ahora diezmada en pequeños "reductos" que los militares han comenzado a despejar, en una de sus victorias más importantes desde el estallido de la guerra en el país africano.

Las RSF tomaron en diciembre de 2023 el control de la ciudad, perpetrando desde entonces graves abusos de los Derechos Humanos, incluidos asesinatos, secuestros y violencia sexual. Los ataques han aumentado desde de la deserción el 20 de octubre del líder del grupo para Gezira, Abú Aqla Kikil.

El estado ha sido escenario de cruentos combates desde diciembre, cuando las RSF, en respuesta, dicen, a un incremento de militares, decidió lanzar un ataque a gran escala en un lugar donde cientos de miles de personas se habían desplazado para escapar de la guerra en otras partes del país.

"Las Fuerzas Armadas Sudanesas y otras fuerzas regulares avanzan sobre el eje de Madani, capital del estado de Gezira, y han infligido enormes pérdidas a la milicia rebelde", según un comunicado publicado por los militares en su página de Facebook.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán, Jalid al Aiser, ha informado poco después en un comunicado publicado en Facebook que Uad Madani se encuentra prácticamente bajo su control pero todavía no ha terminado de despejar la zona por completo.

"El Comando de las Fuerzas Armadas felicita a nuestro honorable pueblo por la entrada de nuestras fuerzas en Wad Madani esta mañana y ahora están trabajando para limpiar reductos de los rebeldes dentro de la ciudad", ha explicado Al Aiser sobre una de las operaciones más destacadas desde el estallido de la guerra entre Ejército y paramilitares, que comenzó en abril de 2023 y que ha devastado el país por completo.

El ex cardenal Theodore McCarrick, quien fuera el clérigo de más alto rango en la Iglesia Católica de Estados Unidos y cayó en desgracia cuando fue acusado de abuso sexual de menores, murió a los 94 años, anunció este viernes el arzobispo de Washington, Robert McElroy.

McCarrick fue despojado de su estado clerical en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado sexualmente de niños y adultos -muchos seminaristas- durante décadas.

“Hoy me enteré del fallecimiento de Theodore McCarrick, ex arzobispo de Washington. En este momento, siento especial preocupación por aquellos a quienes perjudicó durante su ministerio sacerdotal. A pesar de su dolor constante, oremos con firmeza por ellos y por todas las víctimas de abuso sexual”, declaró McElroy en un comunicado.

Según algunos medios locales, el fallecimiento se produjo el jueves en Misuri, donde residía el ex cardenal, nacido en Nueva York en 1930.

En 2023, un juez de Massachussets desestimó los cargos de abuso contra McCarrick en ese estado alegando que no podía ser juzgado porque sufría demencia.

McCarrick, que fue arzobispo en Newark (Nueva Jersey) y Washington D.C. y en 2001 fue elevado al rango de cardenal por el papa Juan Pablo II, era uno de los clérigos más prominentes de la Iglesia Católica y estaba a cargo de recaudar fondos para el Vaticano, cautivando a famosos, donantes y presidentes de Estados Unidos.

En 2018, renunció a su ministerio cuando fue acusado de abusar de una serie de sacerdotes y jóvenes seminaristas durante décadas.

El Vaticano anunció en 2019 que el papa Francisco había expulsado al arzobispo del sacerdocio después de que el juicio canónico lo encontrara culpable de abusar sexualmente de menores.

Cartas revelaron cómo el cardenal “preparaba” a sus víctimas de abuso sexual

A simple vista, las postales y cartas escritas a mano parecen inocentes, hasta cálidas. Las firma “El tío T” o “Tu tío, el padre Ted”.

Pero la correspondencia que escribió el cardenal Theodore McCarrick a jóvenes que lo acusan de abusar sexualmente o acosar ofrece una mirada a las formas en que un depredador prepara a su presa, según dos expertos en prevención de abusos que analizaron las cartas para la Associated Press en 2019. Llenas de halagos, familiaridad y alardeos de su poder, las cartas revelan cómo un obispo trotamundos hacía que jóvenes vulnerables se sintiesen especiales, para luego aprovecharse de ellos.

La agencia AP publicó las cartas que McCarrick escribió a tres jóvenes en la antesala de la difusión del informe del Vaticano sobre quién sabía qué y cuándo se enteró en relación con los esfuerzos del prelado por acostarse con futuros sacerdotes. El acceso a un arzobispo por parte de jóvenes que quieren ser sacerdotes “es un elemento clave en el proceso”, dijo la experta Monica Applewhite.

El papa Francisco expulsó del sacerdocio a McCarrick, de 89 años, en febrero de 2019, después de que una investigación de la iglesia determinó que había abusado sexualmente de seminaristas, tanto adultos como menores de edad.

El caso ha afectado la credibilidad de la jerarquía católica, dado que las acciones de McCarrick fueron denunciadas a pilares de la iglesia en Estados Unidos y el Vaticano, no obstante lo cual McCarrick siguió siendo un influyente cardenal hasta su caída en desgracia.

El testimonio de James Grein, de 61 años y el primer niño que bautizó McCarrick, fue un elemento clave de la investigación del Vaticano. Hijo de amigos de la familia, Grein dijo que McCarrick comenzó a abusar sexualmente de él cuando tenía 11 años, incluso durante la confesión y en bodas y otras celebraciones.

En una entrevista con la AP, Grein dijo que el cariño que su familia le tenía a McCarrick lo obligaba en cierta medida a pasar tiempo con McCarrick los fines de semana, cuando no estaba en el internado donde cursaba estudios, y que durante esas visitas el religioso abusaba de él.

“Si no iba a ver a Theodore, mis hermanos, mis hermanas o mi padre siempre me preguntaban, ‘¿por qué no lo fuiste a ver?‘”, dijo Grein.

Esa dinámica de la familia se refleja en las postales que McCarrick le enviaba a Grein. Cartas sin matasellos que iban incluidas en las cartas que McCarrick le enviaba a su padre.

“Se acerca el momento de tu visita al este”, le escribió McCarrick a Grein cuando estaba en el internado en Woodside Priory School de California a fines de la década de 1970. “Llamaré a tu casa uno de estos días para ver qué arreglaron”. Firmaba: “Los quiero mucho, tu tío, el padre Ted”.

Ex seminaristas relataron cómo McCarrick invitaba a grupos de jóvenes a excursiones de pesca de fin de semana o a su casa en la playa, siempre invitando a uno de más, lo que obligaba a uno a dormir en su cama.

McCarrick negó haber tenido relaciones sexuales con nadie, pero admitió que “una desafortunada falta de criterio” hizo que compartiese su cama con otros hombres, según un correo electrónico enviado en el 2008 al Vaticano.

Un caso de presunto abuso infantil ha sacudido a la comunidad de Falls Township, en el estado de Pensilvania, luego de que el jefe de bomberos local, Brian Salt, fuera arrestado bajo acusaciones de haber causado graves lesiones a su hija pequeña.

Según documentos judiciales citados por el medio PEOPLE, Salt habría arrojado a la bebé al suelo porque “no paraba de llorar”, lo que resultó en una fractura de cráneo. El incidente ha generado conmoción tanto en la comunidad como en la institución a la que pertenece el acusado.

De acuerdo con los registros judiciales, el arresto de Salt, de 36 años, tuvo lugar el jueves 20 de marzo. Actualmente enfrenta cargos por agresión agravada a un menor y poner en peligro a un niño, ambos clasificados como delitos graves, además de un cargo menor por agresión simple.

Tras su detención, Salt fue liberado el martes 25 de marzo luego de que un familiar pagara una fianza de 50.000 dólares.

La investigación médica y policial que llevó al arresto

El caso salió a la luz cuando médicos del Hospital Infantil de Filadelfia atendieron a la bebé y notaron la gravedad de sus lesiones, lo que los llevó a alertar a las autoridades.

Según reportó la cadena local NBC 10, los especialistas sospecharon de abuso infantil al detectar la fractura de cráneo en la menor. Posteriormente, el Departamento de Policía de Falls Township inició una investigación que culminó con la detención de Salt.

Durante una entrevista con detectives, Salt habría admitido que perdió el control debido al llanto constante de su hija. Según declaraciones del detective Dennis O’Connell, recogidas por NBC 10, el acusado confesó haber sacado a la bebé de un columpio de manera brusca y luego haberla arrojado al suelo en un momento de frustración. Estas declaraciones se sumaron a las pruebas médicas para sustentar los cargos presentados en su contra.

Reacciones y medidas de la Compañía de Bomberos

La Compañía de Bomberos del Municipio de Falls, donde Salt ocupaba el cargo de jefe, reaccionó rápidamente al conocerse los detalles del caso. En un comunicado emitido el viernes 21 de marzo, la institución anunció que Salt ha sido suspendido de manera indefinida mientras se desarrolla el proceso judicial.

Además, expresaron su solidaridad con la familia del acusado y destacaron su compromiso con la transparencia y la seguridad de la comunidad.

“Durante estos momentos difíciles, acompañamos en nuestros pensamientos y oraciones a la familia Salt”, señaló la compañía en su declaración oficial. También subrayaron que su prioridad sigue siendo el bienestar de la comunidad y el apoyo a los bomberos y sus familias en este contexto complicado.

Próximos pasos en el proceso judicial

El caso de Brian Salt continuará su curso legal en las próximas semanas. Sin embargo, según los registros judiciales revisados por PEOPLE, el acusado deberá comparecer ante un juez magistrado el 2 de abril para una audiencia preliminar. Este será un paso clave en el proceso para determinar si las pruebas presentadas son suficientes para llevar el caso a juicio.

Mientras tanto, las autoridades locales y los servicios de protección infantil permanecen atentos al desarrollo del caso, que ha generado un intenso debate sobre la importancia de detectar y denunciar posibles casos de abuso infantil.

En este sentido, se recuerda a la población que existen líneas de ayuda como la Línea Nacional de Ayuda contra el Abuso Infantil de Childhelp, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para quienes sospechen de situaciones similares.

La Fiscalía de Guatemala ha informado este jueves de la detención en El Salvador del líder de la secta judía Lev Tahor, Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, días después de que la Interpol activara una alerta roja internacional por trata de personas en modalidad de embarazo forzado, violación y maltrato de menores.

Según el fiscal Juan Francisco Reyes, el Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes que permitan la extradición del detenido hacia Guatemala, donde será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

El organismo ha indicado que cuatro adolescentes acudieron a presentar denuncias, incluido uno por violación. Por ello, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses brindó dictámenes periciales por la posible comisión del abuso.

En la ficha de Interpol, Cardona aparece identificado como un hombre de 23 años nacido en La Libertad, El Salvador, en abril de 2001. De nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, habla español y hebreo.

A mediados de diciembre, las fuerzas de seguridad guatemaltecas rescataron a 160 menores de edad en una propiedad de San Rosa, a unos 90 kilómetros de Ciudad de Guatemala, tras varias denuncias por presuntos abusos. También hallaron varias osamentas en una caja.

Dos días después del operativo, un grupo de la secta irrumpió en el centro de protección gubernalmental en el que fueron internados y sustrajeron a los menores, si bien las autoridades los recuperaron. Los fieles se enfrentaron con la Policía y lograron sobrepasar el cordón de seguridad establecido para custodiar el centro.

París, 30 dic (EFE).- Dominique Pelicot, condenado a la pena máxima de 20 años de cárcel por haber violado durante una decena de años a la que era su mujer bajo los efectos de somníferos y de haberla ofrecido a decenas de hombres para que abusaran de ella, no recurrirá su sentencia, aunque haya un nuevo juicio porque otros condenados si han apelado.

Béatrice Zavarro, la abogada de quien se llevó la sentencia más dura en el proceso finalizado el pasado día 19 en el Tribunal de lo Criminal de Aviñón, anunció este lunes que su cliente renuncia a presentar un recurso contra su condena, en declaraciones a la emisora France Info.

"Hay que pasar página y considerar este capítulo cerrado", señaló Zavarro, que lo justificó señalando que ese recurso supondría "nuevos enfrentamientos para su esposa", Gisèle Pelicot.

La abogada insistió en que para su cliente Gisèle Pelicot "no es una adversaria, nunca ha sido una adversaria", y avanzó que ahora va a centrarse en intentar acondicionar la ejecución de la pena, a que se tenga en cuenta su edad y su estado de salud.

Los jueces condenaron a Dominique Pelicot a 20 años de cárcel y a que al menos dos tercios de ese tiempo lo pase entre rejas antes de poder solicitar beneficios penitenciarios como una liberación condicional.

El hecho de que Dominique Pelicot no recurra no significa que no tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo, ya que la Fiscalía podría plantear un recurso general, que le implicaría.

Lo que ya es seguro es que habrá un nuevo juicio, ya que al menos 17 de los otros 50 acusados han anunciado que tienen intención de recurrir sus sentencias y hay tiempo hasta la próxima medianoche para que otros se sumen.

Por parte de Gisèle Pelicot, un día después de que se hiciera pública la sentencia, su abogado Stéphane Babonneau dijo que no tenía miedo a un nuevo proceso y que lo afrontaría. EFE

La Federación Alemana de Gimnasia (DTB) anunció que investigará las acusaciones de abusos efectuadas por parte de la exgimnasta Tabea Alt.

La DTB y la sección regional de Suabia (STB) tienen "información concreta sobre una posible mala conducta por parte de entrenadores responsables en la base nacional de Stuttgart", escribió la federación en un comunicado en respuesta a una consulta de dpa.

La exdeportista Alt publicó graves acusaciones el sábado en su cuenta de Instagram. "No es un caso aislado: trastornos alimenticios, entrenamiento criminal, analgésicos, amenazas y humillaciones estaban a la orden del día. Hoy sé que fue un abuso físico y mental sistemático", escribió la joven de 24 años, que puso fin a su carrera en 2021.

La DTB anunció que iniciará una investigación junto con sección regional y que también solicitará apoyo externo. "El tema de la investigación será la posible mala conducta de los entrenadores, así como los errores en el sistema deportivo de rendimiento en las bases nacionales y el manejo de posibles indicios dentro de las estructuras del STB y DTB".

"Hasta que la situación se haya aclarado y para la protección de todos, se adoptarán medidas a corto plazo relacionadas con el entrenamiento en el Foro de Gimnasia de Stuttgart".

"¡No eres lo que te hicieron!", tituló Alt su declaración en la red. Indicó que durante mucho tiempo había dudado en pronunciarse públicamente sobre las calamidades sufridas en Stuttgart, pero también en la gimnasia femenina alemana en general.

"La idea de abordar estas cuestiones a nivel interno me parecía más segura, ya que el público a menudo tiene demasiado poco conocimiento de fondo para hacer juicios justos o sacar las conclusiones correctas".

Alt puso fin a su carrera a los 21 años. Fue sexta con el equipo en los Juegos Olímpicos de 2016 y ganó el bronce en la barra de equilibrio en los Campeonatos del Mundo de 2017 en Montreal.

En su declaración, explicó que hace tres años escribió una carta detallada a sus entrenadores locales, al seleccionador nacional, al presidente de la DTB, al médico del equipo y a otras personas con cargos de responsabilidad.

"En ella, usé mi ejemplo para nombrar claramente y hacer públicas las deficiencias aquí en Stuttgart y en la gimnasia femenina alemana en general" y agregó que con pesar se dio cuenta de que había sido infructuoso y no había conducido a nada.

Ginebra, 24 dic (EFE).- El caso Pelicot, que ha conmocionado a la sociedad francesa este año y ha culminado con condenas a 51 hombres por violación bajo sumisión química, "es una llamada de atención sobre el nivel de la violencia sexual" contra las mujeres en la sociedad, alertó este martes la relatora de la ONU Reem Alsalem.

"Una de las consecuencias más importantes del juicio es que ha revelado la banalidad de los violadores en nuestra sociedad. Son hombres de toda condición, ordinarios, que tienen familias, empleos y responsabilidades normales", señaló la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas en un comunicado donde analizó el caso.

Según Alsalem, el proceso también ha puesto en primer plano "el dañino impacto de la industria pornográfica y la tecnología digital cuando permiten y aceleran el abuso, la cosificación y la violencia masculina contra mujeres de todas las edades en la vida real, hasta un nivel de epidemia".

La relatora añadió que el caso ha mostrado una vez más la necesidad de estudiar el concepto de consentimiento a la hora de legislar sobre violaciones, abusos y explotación sexual, algo que muchos países están haciendo ya, aunque recordó que en 60 Estados todavía no se contempla la violación en el seno del matrimonio.

"El juicio ha mostrado asimismo los crecientes riesgos que mujeres y niñas corren debido a nuevas formas de abuso", aseguró Alsalem, en referencia a la utilización de drogas para la sumisión química.

La relatora también quiso elogiar a Gisèle Pelicot por "haber mostrado un coraje y resiliencia extraordinarios al decidir salir del anonimato y permitir que las pruebas de los horrendos crímenes se hicieran públicas".

Alsalem hizo un llamamiento a los Estados para que promulguen legislaciones adecuadas para prohibir y perseguir ese tipo de prácticas, "enfrentando la violencia facilitada por medios tecnológicos, algo que incluye la pornografía, y haciendo más para cambiar los persistentes estereotipos sexistas y misóginos". EFE

Hace una semana Gabriela Guillén se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para dar su entrevista más complicada. A corazón abierto, la ex de Bertín Osborne relataba que había sido una niña abusada y maltratada, que sufrió abuso sexual por parte de su 'tío' -el hermano de la pareja de su madre- cuando tenía 8 años en su Paraguay natal. Un durísimo episodio que la traumatizó y por el que intentó quitarse la vida hasta en cinco ocasiones, como admitió sin poder contener las lágrimas.

Pero también habló sobre el cantante, que conocía su situación y que aun así la dejó "tirada" cuando se enteró de que estaba embarazada. Como ha revelado, su relación a día de hoy es "nula" y todavía no conoce a su hijo, que en unos días cumplirá un año. "Está a tiempo, ojalá lo conocierta y realmente lo sintiera, pero tendrá que dar él el paso" ha dejado claro.

Una entrevista en la que Gabriela no ha dudado en señalar directamente al entorno cercano del presentador como el 'culpable' de que dudase de la paternidad del pequeño: "Si desde un principio hubiéramos hablado como dos personas adultas, lo hubiéramos solucionado entre nosotros. Y no involucrar terceras personas que solamente tiraban maldad hacia mi, y calumnias y mentiras. Se ha dejado comer la oreja por su entorno muy cercano del que no voy a decir el nombre por respeto" confesaba.

Unas declaraciones que han puesto el foco en las hijas del cantante, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, y en su exmujer, Fabiola Martínez, y a las que ahora ha reaccionado rotundamente la primogénita de Bertín.

En primer lugar, y aunque asegura no haber visto la entrevista de Gabriela, Alejandra le ha mostrado su apoyo tras hacer público que sufrió abusos y que fue una niña maltratada. "Sobre ese tema me parece horrible, la verdad. Es un tema que me parece un horror. Pero no te puedo decir nada porque es que no lo he visto y no sé nada" ha apuntado, revelando que su padre no le ha contado nada sobre la dura infancia de la paraguaya: "Eso no creo que sea una cosa para que mi padre vaya hablando por ahí. Lo sabes, ¿no? Y en familia tampoco. Es una cosa de ella y cada uno se lo cuenta a quien quiere y hace lo que le venga mejor para sentirse mejor y para sanarse por dentro. Yo no tengo ni idea del tema" ha sentenciado.

Muy discreta, la hija mayor de Bertín prefiere "no entrar" en las declaraciones de la esteticien asegurando que para ella fue mucho más duro que no quisiese saber nada de su embarazo después de haberle contado lo que había vivido en su infancia. "En realidad se han hablado cosas, y entre ellos realmente ellos saben lo que pasó ahí. Y yo no tengo ni idea" ha reconocido, confesando que tampoco sabe si el cantante dará el paso de conocer a su hijo esta Navidad.

Más contundente se ha mostrado cuando le hemos preguntado si Gabriela se refiere a ella o a sus hermanas como las 'culpable' de que su padre todavía no conozca al niño. Y mostrando su extrañeza porque alguien del entorno cercano del artista haya "malmetido" ha dejado claro, sin contener una risa, que no tiene nada que ver en este tema: "Yo siempre he dicho lo mismo. mi padre hará lo que quiera cuando él quiera, nos contará lo que quiera cuando él quiera, y no sé, yo nunca he dicho que no vaya a conocerlo. Siempre he dicho que lo que me dicte el corazón cuando sea el momento, y ya está" ha zanjado.

¿Dará ella el paso de conocer a su hermanito? Como confiesa, "mi padre no nos va a prohibir nada nunca en la vida. Este tema la verdad es que no lo hablamos mucho, entonces yo no sé qué va a pasar". "Si pasa, fues fenomenal" concluye, afirmando que apoyará a Bertín si finalmente decide tener relación con Gabriela y el pequeño.

Por último, Alejandra ha quitado hierro a que la primera palabra del bebé haya sido 'papá' como ha contado la paraguaya, asegurando que no tiene nada que ver con una señal del destino para que su padre conozca por fin al niño. "Yo creo que todos los niños dicen papá primero, y las madres nos da algo. A mí me ha pasado también, o sea que...os hacéis unas historias en la cabeza. De verdad, os inventáis unas movidas que es alucinante. Anda ya, es más fácil para los niños decir papá que mamá. Y punto. A mí me ha pasado y me molestó muchísimo tengo que decirlo, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias" ha concluido.

La policía que hace seis meses recibió una denuncia de sus vecinos por multas incoherentes, ha sido suspendida tras la insistencia de los afectados. Uno de ellos, un empresario de Marsella, identificado como Hervé Street, ha sido absuelto tras enfrentar un proceso judicial relacionado con 23 de las 56 multas que le fueron impuestas.

Según informó el medio La Provence, el tribunal de policía de Marsella dictó sentencia el pasado 12 de marzo, absolviendo al empresario de 20 cargos y eximiéndolo de pena en otros tres. Este fallo pone fin a dos años de disputas legales y cuestionamientos sobre la legitimidad de las sanciones.

El caso, que ha generado gran atención mediática, se centra en las acciones de una agente de policía residente en el mismo distrito que Street, el cuarto de Marsella. Las multas, emitidas con frecuencia en horarios inusuales, como altas horas de la noche o al amanecer, levantaron sospechas debido a inconsistencias en los motivos y circunstancias de las sanciones. Algunas de estas multas incluso se emitieron cuando el empresario se encontraba fuera de la ciudad, en lugares como Aix-en-Provence, según detalló el medio francés.

Inconsistencias en las multas

El empresario, quien reside en el distrito desde 2009, afirmó que nunca había tenido problemas con la ley hasta la llegada de la agente en 2022. Según explicó en una entrevista con France 3 Régions, las multas aparecían sin previo aviso, colocadas en horarios en los que era difícil detectar a la agente. Además, señaló que las sanciones no solo lo afectaron a él, sino también a otros vecinos de la zona, quienes comenzaron a notar patrones similares.

Street destacó que muchas de las multas carecían de fundamento. En algunos casos, recibió varias sanciones en un mismo día por motivos diferentes, mientras que en otros, las razones parecían arbitrarias. Por ejemplo, fue multado por estacionar incorrectamente su vehículo en un momento en el que, según los registros de su GPS, ni siquiera estaba en el lugar.

“Incluso multó al camión de la basura”, relató el empresario, refiriéndose a un incidente en el que los trabajadores de recolección de residuos fueron sancionados con 135 euros por bloquear brevemente la calle mientras realizaban su labor.

A pesar de las irregularidades señaladas, la Fiscalía decidió mantener el procedimiento contra Street por 23 de las infracciones, aunque redujo la posible multa a 865 euros. Sin embargo, el tribunal falló a favor del empresario, quien expresó su alivio tras la decisión. “La decisión del tribunal confirma la inconsistencia de los cargos contra mí”, declaró Street.

Por otro lado, la agente de policía involucrada en el caso ha enfrentado consecuencias por sus acciones. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) sancionó a la oficial con una suspensión de siete días. Además, podría enfrentar un nuevo procedimiento legal tras ser acusada de infligir humillaciones a una persona detenida, un incidente denunciado por un abogado.

Un vecindario marcado por el conflicto

La llegada de la agente al distrito 4 de Marsella, en la calle Impasse des Olivettes, marcó un antes y un después para los residentes de la zona. Aunque se podría haber esperado que su presencia contribuyera a mejorar la seguridad y el orden, los vecinos comenzaron a experimentar lo contrario. Según relató Street, las multas se convirtieron en una constante para muchos de ellos, afectando tanto a particulares como a servicios esenciales, como el mencionado caso del camión de basura.

El empresario describió las multas como arbitrarias y motivadas por el estado de ánimo de la agente. Entre las razones citadas para las multas se encontraban estacionamientos indebidos, ocupación de plazas reservadas y permanencia prolongada en un mismo lugar, entre otras. Las sanciones oscilaban entre los 35 y los 135 euros, representando un impacto económico significativo para los afectados.

Parece que se habla de algo del siglo pasado cuando se discute la idea de que directivos miren debajo de las faldas de sus trabajadoras, pero es algo que por desgracia sigue pasando a día de hoy, aunque por suerte la justicia ahora toma medidas en el asunto.

Un caso de conducta inapropiada ha sacudido a Airbus, uno de los gigantes de la industria aeronáutica, en Francia. Según informó La Dépêche, un ejecutivo de 58 años fue despedido y puesto bajo custodia policial tras ser sorprendido filmando bajo la falda de una trabajadora en las instalaciones de la empresa en Blagnac, cerca de Toulouse, Francia. El incidente, que ocurrió el pasado 19 de septiembre, ha generado una investigación judicial y la confiscación de los dispositivos electrónicos del acusado.

De acuerdo con el medio francés, el hecho se produjo cuando el hombre, quien llevaba más de 20 años trabajando en la compañía, utilizó su teléfono móvil para grabar de manera clandestina a una compañera de 29 años mientras ambos subían las escaleras. La víctima, al percatarse de lo sucedido, confrontó al agresor y le exigió que eliminara el video.

Aunque el hombre accedió a borrar el contenido y se disculpó, la trabajadora decidió informar a sus superiores, lo que desencadenó una rápida respuesta por parte de la empresa.

Airbus toma medidas inmediatas

Tras la denuncia, Airbus actuó con celeridad. Según detalló un portavoz de la compañía, el empleado fue despedido poco después de que se confirmaran los hechos: “Airbus confirma haber procedido recientemente al despido de un empleado tras descubrir comportamientos que violan los valores y reglamentos de la empresa”, declaró el representante de la compañía.

Además del despido, el caso fue remitido a las autoridades judiciales. La fiscalía abrió una investigación que fue asignada al grupo de apoyo judicial de la policía. El pasado martes, el acusado fue detenido y sometido a un interrogatorio, durante el cual admitió no solo el incidente reportado, sino también haber realizado grabaciones similares en otras ocasiones. Estas confesiones han llevado a las autoridades a profundizar en la investigación para determinar si existen más víctimas.

Como parte de la investigación, los agentes incautaron el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del sospechoso. Los expertos en informática forense están examinando el contenido de estos equipos para identificar posibles pruebas adicionales y esclarecer si el acusado almacenaba más grabaciones o compartía el material con terceros. Este análisis será clave para determinar el alcance de las acciones del hombre y las posibles implicaciones legales.

Por el momento, el acusado, quien no tenía antecedentes penales, ha sido puesto en libertad mientras se completan las pericias técnicas. Sin embargo, se espera que sea convocado nuevamente por las autoridades en las próximas semanas para continuar con el proceso judicial.

Impacto en la reputación de Airbus y medidas internas

El caso ha generado incomodidad dentro de Airbus, una empresa reconocida a nivel mundial por su liderazgo en la industria aeronáutica. Este tipo de incidentes plantea interrogantes sobre la seguridad y el respeto en el entorno laboral, así como sobre las políticas internas para prevenir y abordar conductas inapropiadas.

En este contexto, la compañía ha reiterado su compromiso con la cooperación en la investigación. “Airbus coopera con las autoridades en este asunto”, afirmó el portavoz citado por La Dépêche. Aunque no se han dado detalles sobre posibles medidas adicionales, el caso podría motivar a la empresa a reforzar sus protocolos internos para garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos sus empleados.

Ese fue el escenario para la difusión de la historia de Leidy Yuliana Salazar, que asegura estar recibiendo amenazas de muerte por parte de su expareja, identificado como Diego Jesús Marín Sánchez, conocido con el alias de Pacquiao.

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Un testimonio desde el llanto

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Salazar visiblemente afectada, declarando que se encuentra en la clandestinidad por temor a perder la vida.

Según sus palabras, Marín Sánchez la ha buscado en su lugar de trabajo y habría enviado a terceros para intimidarla: “Estoy escondida. Me han buscado para matarme. Quiero responsabilizar a Diego Jesús Marín Sánchez, alias Pacquiao”.

En la grabación, Salazar expuso lo que sería una relación de violencia física, psicológica y económica que se prolongó durante varios años, pues aseguró que, mientras convivían, él la obligaba a entregarle dinero de manera constante.

Incluso, tras separarse hace cuatro años, habría seguido transfiriéndole sumas considerables para evitar represalias: “A mí el banco no me presta ni para envenenarme. A mí me cobran las cosas que él debe...”, confesó Salazar.

Violencia física y psicológica

Además de la tensión económica, Leidy Yuliana Salazar describió una serie de episodios de maltrato y amenazas que se extendieron también a su familia.

“Me decía que primero iba por mí y después por mi mamá. Es una persona enferma, mala”.

En el video quedó registrado el temor y la ansiedad que la llevaron a experimentar periodos de depresión severa, incluso, según explicó, en 2024, estuvo hospitalizada tras un intento de suicidio que, según explicó, fue consecuencia del acoso constante de Marín Sánchez.

“Cuando viví con él vi un infierno. Me hacía arrodillar y pedirle perdón. Me pegaba, me trataba mal, me humillaba. Yo me quería matar”.

Su testimonio señala a un presunto ciclo de violencia de género agravado por presiones económicas, en el que Salazar afirmó haber permanecido por miedo a represalias.

Las implicaciones de un presunto testaferrato

En el video, Salazar mencionó la existencia de un posible caso de testaferrato, pues según su versión, Marín Sánchez habría puesto propiedades y negocios a nombre de terceros, incluida ella y su madre, para ocultar la verdadera titularidad de esos bienes.

Con el paso del tiempo, dichas propiedades y el manejo irregular de dinero habrían generado deudas que la obligaron a vender todo lo que tenía: “Estoy llena de deudas... todo me tocó venderlo porque él me dejó en la ruina”, explicó.

Salazar aseguró que tras dejar de pagarle dinero a Marín Sánchez en 2024, la situación escaló en amenazas y persecuciones, por lo que insistió en que parte de esos recursos que le fueron exigidos terminaron invertidos en negocios que hoy funcionan a nombre de otras personas, situación que, según algunos comentarios en redes sociales, también la pondría a ella en una posición legalmente riesgosa.

Una conversación sospechosa

Entre los videos difundidos por Leidy Yuliana Salazar aparece una llamada que sostuvo con una mujer identificada como Yudith, que le pidió a Salazar “devolver lo que estaba a su nombre” y le advirtió que hable “por las buenas” con Marín Sánchez, pues considera que “esa gente es mala”.

En la conversación, Yudith se refirió a propiedades que habrían sido puestas a nombre de la madre de Salazar y recalcó la necesidad de solucionar el problema para evitar que escale la violencia.

No obstante, Salazar aseguró que ya no tiene nada que devolver, pues todo fue vendido para cubrir las deudas generadas por Marín Sánchez: “Yo ya no tengo nada... todo me tocó venderlo”, insistió.

A lo largo de la conversación, ambas se acusan mutuamente: Salazar insinúa que Yudith también podría ser cómplice en estos negocios y que se presta para localizarla y amenazarla.

Debate en redes

Luego de que los videos de Salazar se hicieran virales, los usuarios de redes sociales manifestaron posturas encontradas.

Algunos sugirieron que falta una parte de la historia: “Para mí usted tomó dinero que no le correspondía y ahora está asustada...”, comentó un usuario.

Otros, en cambio, se solidarizaron con la situación, enfatizando la urgencia de protegerla: “No importa si a ella le falta contar o no una parte, lo importante es ayudarla. Volvamos esto viral”.

Los Ángeles (EE.UU.), 17 dic (EFE).- El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, analizará por separado los casos legales de Lyle y Erik Menéndez, los hermanos condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de sus padres, para actuar desde lo que llamó "un punto medio".

"Aunque se les llama el caso de los hermanos Menéndez, en realidad hay un caso de Erik Menéndez y un caso de Lyle Menéndez. Hay dos víctimas diferentes: está José Menéndez, el padre; y Kitty Menéndez, la madre, así que veremos cada caso por separado", dijo en una entrevista con la cadena NBC News.

Manejar los casos por separado es la forma que "exige la ley para llegar a la decisión final sobre una nueva sentencia", precisó el fiscal.

Hochman agregó que hablará con todos los que han tratado o han escuchado acerca de los hermanos Menéndez en la oficina de la fiscalía para determinar los casos.

Lyle y Erik Menéndez tienen programada una audiencia a finales de enero de 2025 para que un juez de California determine si tras el hallazgo de nuevas pruebas cambia las condenas y sentencias de prisión recibidas por el asesinato.

Entre ellas, una carta escrita por Erik Menéndez admitiendo a otro miembro de la familia que estaba siendo víctima de abusos, así como el testimonio de un trabajador de la empresa del padre que alega que fue abusado por José Menéndez.

La decisión de este martes podría allanar el camino a la libertad de los hermanos, condenados a cadena perpetua en 1996 por planear y ejecutar el asesinato de sus padres en la tarde del 20 de agosto de 1989 en su casa, ubicada en la lujosa localidad de Beverly Hills, con unas escopetas que habían comprado días antes.

Tras el crimen, Lyle y Erik, de 21 y 18 años, respectivamente, en el momento de los hechos, afirmaron a las autoridades que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa.

El caso cobró especial relevancia cuando los hermanos comenzaron a seguir una vida de lujos y excesos tras acceder a la fortuna del padre, lo que levantó las sospechas de las autoridades.

Poco después, la novia del psicólogo de Erik advirtió a la Policía de la existencia de sesiones grabadas en las que ambos admitían y discutían su culpabilidad.

Si bien la Fiscalía argumentó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron, y a día de hoy sostienen, que sus acciones se debieron a una vida de abuso físico emocional y sexual por parte de su padre. EFE

Alejada de la pequeña pantalla desde hace meses tras dejar atrás las polémicas que protagonizó después de su polémica separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón ha reaparecido radiante este domingo en la entrega de los premios 'Madrid está de moda' y nos ha hablado de su nueva vida, de sus planes de boda con su pareja, Eladio -tras posponer su 'sí quiero', previsto para el pasado verano- y de cómo es su relación con el torero dos años después de poner fin a su matrimonio, sincerándose como nunca sobre cómo es el viudo de Rocío Jurado con el hijo que tienen en común, José María, de 11 años.

"No me veis en la tele pero estoy muy bien, muy contenta, muy feliz, muy agradecida a la vida. Y es que no puedo decirte otra cosa. Es que te mentiría si te digo que...estoy triste, o que estoy mal, o que estoy... nada. Va todo fenomenal y muy contenta" ha revelado con una sonrisa, explicando que en estos momentos ha dejado a un lado su faceta mediática para centrarse en su pasión por la moda y en su tienda online, que funciona a las mil maravillas.

Se tomará un descanso estas Navidades cuando, como nos ha contado, pasará los días 24 y 25 "con mi familia política" y "la otra parte, que sería Fin de año y Año Nuevo, el día 1 de enero, con mi familia" , confirmando así que su historia de amor con Eladio sigue viento en popa a toda vela a pesar de que aparcar sus planes de boda.

"Los preparativos van poco a poco, pero marcha, marcha. Estoy muy feliz y yo creo que eso se nota, se siente. Pues justo antes veníamos haciendo un directo en el coche, a través de Instagram, y le preguntaba una seguidora, '¿Eladio, la lotería, que te toca la lotería?' Y dice, 'a mí ya me tocó la lotería'. Entonces, que lo digan en público, pues te quedas tan reconfortada, ¿no? Es decir, soy la mujer de su vida, pero es que lo mejor no está cuando lo dicen en público, lo mejor está cuando lo demuestran privado. Y, perdóname, eso no tiene precio, eso no tiene precio, y así estoy de feliz" confiesa enamorada.

"Estoy encantada de la vida con Eladio, no lo cambiaría por nada. Estoy en la mejor etapa de mi vida, sí, sí, sí, totalmente, pero en todos los planos, tanto laboral como emocionalmente, de mi salud mental y en el terreno personal" añade, presumiendo del gran momento que está atravesando.

No ha sido siempre así, ya que a raíz del testimonio de rostros conocidos como Gabriela Guillén o Fabiola Martínez -que han hecho público que sufrieron abusos sexuales de niñas- Ana María ha echado la vista atrás para recordar lo que ella misma sufrió en primera persona: "No hay que soportar abuso de nadie, lo que hay que tener es el coraje y el reaño de desplazar de tu lado, lanzarlo lo más lejos posible a las personas que te hagan sentir mal. Si yo no hubiese perdonado, yo no podría seguir para adelante, soy la mujer que soy gracias a lo que yo he podido perdonar desde mi infancia".

"A mí me robaron la infancia, me dieron cosas que yo no tenía que haber vivido nunca, ni yo ni ningún niño, nadie. Fíjate que somos seis hermanos y la primera y la única que tuvo el valor de coger un teléfono y denunciar y llamar a la policía fui yo. Y eso ya hace bastantes años, yo tenía 18 años en aquel entonces, creo que corría el año 95-96 y eran tiempos en los que yo no me veía, yo tenía que hacer algo. E hice lo que tuve que hacer y no me arrepentí en lo más mínimo. Pero se supera" confiesa.

Además, Ana María se ha sincerado sobre cómo es su relación con Ortega Cano dos años después de su separación, desvelando que se llevan "muy bien, muy en orden, todos remando a favor de lo más importante que tenemos en esta vida que es nuestro hijo y que nos llevemos bien, y no puedo decir otra cosa. Hay un cariño y un respeto, por supuestísimo". "Y el inculcarle a mi hijo también el respeto por su padre y su padre también lo hace para mí, o sea, también con el niño hace su trabajo para que... El respeto tiene que ser hacia todo el mundo en general y la familia, por supuesto. Y los padres son intocables, deberían de serlo" asegura.

Y es que como confiesa sin titubear, el extorero cumple como padre de manera intachable: "Todo y absolutamente todo. Además, yo siempre lo he dicho, él como padre es un padrazo y eso no lo voy a negar porque lo ha sido siempre. Desde antes de venir a este mundo ya lo era. ¿Y qué te digo?".

William James Vahey nació en 1949 en Estados Unidos y desde joven mostró interés en la enseñanza. Hijo de un piloto condecorado de la Segunda Guerra Mundial, pasó su infancia en diferentes lugares debido a la profesión de su padre, lo que lo llevó a asistir a escuelas internacionales y a desarrollar un conocimiento profundo del sistema educativo global.

Su carrera como docente comenzó en los años 70 y lo llevó a enseñar en colegios de élite en diversos países. Según el Daily Mail, sin embargo, detrás de su imagen de educador carismático y querido por alumnos y padres, escondía una doble vida: la de uno de los pedófilos más prolíficos que el FBI haya investigado.

Según el Portland Press Herald, su historial delictivo se remonta a 1969, cuando fue arrestado en California por abusar de al menos ocho niños de entre siete y nueve años mientras trabajaba como asistente de maestro en Long Beach.

Durante el proceso judicial, Vahey admitió haber comenzado a realizar estos abusos cuando tenía 14 años, en un campamento de Boy Scouts.

Su condena fue sorprendentemente leve: 90 días de cárcel y cinco años de libertad condicional. Según documentos citados por The Guardian, el psiquiatra que lo evaluó lo describió como alguien con una “personalidad inadecuada”, pero no lo consideró un peligro para otros, permitiéndole continuar su carrera educativa.

Aunque la ley lo obligaba a registrarse como delincuente sexual y actualizar su domicilio, las autoridades no hicieron seguimiento de su caso.

En 1972, tras cumplir solo dos años de libertad condicional, se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de California y se trasladó a Irán para trabajar como profesor en la Tehran American School.

Fue el primer destino de una carrera de más de 40 años en la enseñanza internacional. De acuerdo con el FBI, trabajó en al menos diez escuelas internacionales en ocho países diferentes, entre ellos Líbano, España, Grecia, Arabia Saudita, Indonesia, Venezuela, Reino Unido y Nicaragua.

Según Sky News, Vahey utilizó su carisma para ganarse la confianza de sus alumnos y de los padres, presentándose como un docente ejemplar. Caroline Corey, madre de dos de sus alumnos en Caracas, recordó en diálogo con Sky News: “Él también nos manipulaba a nosotros, los padres. Nos hacía sentir que era un héroe”.

En cada una de las escuelas donde trabajó, utilizó la misma estrategia para acercarse a sus víctimas. Según The Guardian, se encargaba de organizar viajes escolares al extranjero, lo que le permitía aislar a ciertos estudiantes y reducir la supervisión de otros adultos.

Durante estos viajes, drogaba a los niños con pastillas para dormir y los abusaba mientras estaban inconscientes. Un estudiante contó a Sky News, que Vahey organizaba “concursos” en los que premiaba a los niños con galletas y agua antes de dormir.

“Después de comerlas, nos quedábamos dormidos sin darnos cuenta”, dijo una víctima entrevistada por el diario británico.

La magnitud de sus crímenes salió a la luz en 2014, cuando una empleada doméstica en Nicaragua robó una memoria USB de su casa y la entregó a la American Nicaraguan School, donde trabajaba. Gloria Doll, la directora del colegio, encontró en la unidad digital imágenes de al menos 90 niños desnudos e inconscientes.

De inmediato confrontó a Vahey, quien confesó: “Me abusaron de niño, por eso hago esto. Lo he estado haciendo toda mi vida”, según documentos del FBI. Increíblemente, a pesar de esta confesión, Vahey no fue arrestado.

Doll lo despidió y notificó a la embajada de Estados Unidos en Managua, pero las autoridades estadounidenses no actuaron de inmediato. Vahey tomó un vuelo a Miami, donde un agente del FBI lo esperaba en el aeropuerto, pero sin una orden de arresto en su contra, no pudo detenerlo.

“Estos casos toman tiempo”, explicó el agente especial Carlos Barrón a Univisión, justificando la falta de acción en ese momento. Desde Miami, Vahey voló a Atlanta y luego viajó a Minnesota, donde su madre vivía en una residencia de ancianos.

Sabía que la investigación avanzaba y, el 21 de marzo de 2014, reservó una habitación en un hotel económico en la ciudad de Luverne.

Según The Guardian, compró un cuchillo de cocina, tomó varias pastillas y se sumergió en la bañera, donde se apuñaló en el pecho. Fue encontrado muerto a la mañana siguiente.

Tres semanas después de su muerte, el 22 de abril de 2014, el FBI emitió un comunicado en el que lo calificaba como “uno de los pedófilos más prolíficos que hemos investigado”.

La noticia sacudió a la comunidad de escuelas internacionales y expuso fallos en la contratación y supervisión de docentes. Según el Daily Mail, la Southbank International School en Londres, donde Vahey había enseñado entre 2009 y 2013, ignoró advertencias de otros maestros sobre su comportamiento.

Una revisión independiente dirigida por el abogado Hugh Davies concluyó que la escuela cometió errores graves al no investigar correctamente sus antecedentes.

El informe del FBI, citado por AP, indicó que cientos de personas en todo el mundo se pusieron en contacto con la agencia tras la revelación del caso, ya sea para brindar información o para reportarse como posibles víctimas. Vahey abusó de niños en cuatro continentes sin ser detenido, y su nombre nunca apareció en listas de agresores sexuales porque no actualizó su registro en Estados Unidos. Según Portland Press Herald, al menos dos veces durante su carrera, niños bajo su cuidado en viajes escolares fueron hospitalizados tras desmayarse repentinamente, pero nunca se investigó su rol en estos incidentes.

En Venezuela, dos alumnos perdieron el conocimiento en su habitación de hotel durante un viaje deportivo. Se realizó un examen de toxicología, pero no se encontraron rastros de sustancias, lo que llevó a las autoridades escolares a atribuirlo a una falla en el sistema de aire acondicionado.

La magnitud del encubrimiento de sus crímenes se hizo evidente con el paso de los meses. A medida que las escuelas investigaban, se descubrió que hubo múltiples señales de advertencia que fueron ignoradas.

En la Jakarta International School, un estudiante había reportado a su madre que después de una pijamada en casa de Vahey despertó con ropa diferente a la que llevaba al acostarse.

La madre llevó la denuncia a la administración de la escuela, pero según Portland Press Herald, la dirección escolar no tomó medidas porque “no había pruebas concretas”.

En una reunión privada, Vahey convenció a los administradores de que era una acusación infundada y logró que todo se olvidara.

Otro caso documentado por Daily Mail ocurrió en 1996, cuando llevó a un grupo de estudiantes de excursión a una zona remota en Indonesia.

Un profesor acompañante notó que Vahey insistía en dormir en el mismo lugar que los niños, a pesar de que los maestros tenían asignadas sus propias carpas. Cuando los estudiantes regresaron al colegio, algunos comentaron que se sintieron mareados durante la noche, pero no le dieron mayor importancia.

Un maestro reportó el incidente a la administración escolar, pero no hubo ninguna acción disciplinaria.

La impunidad con la que operaba se debía, en gran parte, a su influencia dentro del circuito de escuelas internacionales.

Su esposa, Jean Vahey, ocupó altos cargos en la dirección de varias instituciones educativas y llegó a ser la directora ejecutiva del European Council of International Schools. Según The Guardian, esto le daba una ventaja sobre otros docentes: nadie quería desafiarlo porque su esposa tenía conexiones y podía influir en decisiones de contratación y despidos.

Un colega en la escuela de Londres recordó que cuando Vahey recibió una evaluación negativa, amenazó con usar la influencia de Jean para afectar la carrera del supervisor que lo evaluó.

Las fallas en los sistemas de verificación de antecedentes fueron otro factor clave. De acuerdo con la BBC, muchas escuelas solo solicitaban un certificado de antecedentes penales del último país donde había trabajado el candidato, lo que le permitió a Vahey moverse sin problemas.