Un abogado salteño está acusado de haber cometido una serie de delitos económicos, entre los que figuran estafas procesales, usura agravada y abuso de firma en blanco contra personas en situación de vulnerabilidad económica.

La causa cuenta con más de 70 expedientes judiciales para analizar. Además, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, secuestraron documentación, dinero y pagarés.

El imputado es L. I. M. G., abogado del fuero local de Salta, acusado junto a una mujer cuya identidad no fue divulgada. La investigación está a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. La imputación es provisoria y abarca 28 casos de estafas procesales reiteradas, 18 hechos en concurso con falsificación de instrumento privado, 31 en concurso con abuso de firma en blanco y el delito de usura agravada. Ambos imputados adelantaron que declararán por escrito, según informó El Tribuno.

Las autoridades del Juzgado Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos se dieron cuenta que algo sospechoso estaba sucediendo, a partir de la detección de irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos siempre por una misma parte actora y patrocinados por el mismo letrado. Entre los patrones que motivaron la alerta figuraban domicilios reiterados para distintos demandados, coincidencias entre las direcciones de actores y demandados, y notificaciones que no lograban concretarse.

La hipótesis fiscal sostiene que los imputados habrían captado a personas con dificultades económicas mediante préstamos informales bajo condiciones abusivas, exigiéndoles la firma de pagarés en blanco que luego eran completados con montos y datos presuntamente falsos o desproporcionados.

Con esos documentos, se promovían juicios ejecutivos en los que se consignaban domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los supuestos deudores. Esa maniobra impedía que las personas fueran notificadas de manera efectiva, lo que las dejaba en estado de indefensión. Bajo esas condiciones, se habrían obtenido embargos y ejecuciones que derivaron en el desapoderamiento de bienes y la afectación de ingresos de las presuntas víctimas, según detalló el mismo portal local.

Los allanamientos de los casi 20 domicilios se concretaron el 29 de abril y abarcaron viviendas particulares, inmuebles utilizados en los expedientes y el estudio jurídico del sospechoso. En este último, se secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. También investigaron el domicilio de la mujer de donde incautaron cuadernos, carpetas, comprobantes bancarios y un talonario de pagarés en dólares.

La investigación también puso el foco en una sociedad comercial que habría funcionado como soporte de la operatoria. L. I. M. G., figura como único socio, mientras que la mujer imputada aparece como administradora suplente. Entre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía se encuentran el levantamiento del secreto bancario del letrado y de la firma comercial, la prohibición de salida del país para ambos imputados, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados, mientras se lleva a cabo la investigación.

Hace aproximadamente un mes, un abogado de 44 años fue detenido en Quilmes por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de una serie de estafas digitales basadas en el robo de datos biométricos para obtener créditos millonarios a nombre de terceros.

La causa se inició en enero, cuando una víctima denunció que Fernando Luis Ochoa le había solicitado fotografías, videos de su rostro y una copia de su DNI bajo el pretexto de cumplir diligencias administrativas. Con esos datos, el imputado habría abierto billeteras virtuales, solicitado tarjetas de crédito y gestionado préstamos bancarios de hasta 20 millones de pesos a nombre de las víctimas. La investigación, a cargo de la UFIyJ N°1 de Quilmes bajo la dirección del fiscal Ariel Rivas, determinó que el mismo método fue utilizado en al menos seis hechos similares entre septiembre de 2025 y la fecha de la detención, tanto en Quilmes como en Berazategui.

Una vez aprobados los préstamos, los fondos eran transferidos y cobrados por Ochoa mediante dispositivos Posnet propios, con los que simulaba operaciones comerciales inexistentes. El perjuicio económico estimado asciende a 500 millones de pesos.

Durante los allanamientos en su domicilio y estudio jurídico la policía secuestró siete teléfonos celulares, cuatro notebooks, dos dispositivos Posnet y 44 tarjetas de crédito a nombre de terceros.

El procedimiento fue desarrollado por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La causa comenzó cuando la titular del Juzgado de Familia N°2 de San Martín, Lorena Martos, denunció que en un expediente judicial se había presentado una firma y sello truchos, atribuidos a su persona. Así se puso en marcha una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de San Martín, a cargo de la fiscal Verónica Andoniades.

Los investigadores llegaron rápidamente a un sospechoso. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo inició cuando un ciudadano contactó a un abogado a través de redes sociales para realizar gestiones relacionadas con cuestiones familiares y fue citado en un domicilio particular que operaba como estudio jurídico.

Con ese dato, luego los agentes policiales constataron que ese lugar no contaba con habilitación ni registro para ejercer la actividad profesional. A partir de las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó dos allanamientos, que fueron ordenados por el juez Mariano González, del Juzgado de Garantías N°2 de la misma jurisdicción.

Durante los operativos fue aprehendido el abogado sospechoso, identificado como Luciano Martín Rossi, de 35 años. Además, en los allanamientos la policía secuestró una notebook, un teléfono celular, dos talonarios de recetarios en blanco, documentación y 12 sellos de diferentes profesiones.

De esta manera, Rossi quedó bajo arresto en el marco de una causa caratulada como “falsificación de sellos oficiales y falsificación o adulteración material de documentos”.

Este tipo de maniobras están penadas bajo los delitos contra la fe pública, contemplados entre los artículos 288 y 291 del Código Penal.

Estas normas establecen penas de prisión o reclusión de uno a seis años para quien adultere sellos oficiales, y de seis meses a tres años para quien falsifique firmas o marcas utilizadas en oficinas públicas.

Además, el Código prevé sanciones adicionales para funcionarios públicos que cometan estos delitos abusando de su cargo.

En un caso reciente, la Justicia de Concordia, Entre Ríos, condenó al abogado Pedro De La Madrid tras un juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad en una serie de delitos. Entre las acusaciones que enfrentó se cuentan falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión, pero también fraude, estafa y robo.

La fiscal Daniela Montangie llevó adelante la acusación y se alcanzó un acuerdo que fijó una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva para De La Madrid. El letrado será trasladado a una unidad penal una vez que la condena quede firme.

De La Madrid fue sentenciado por varios hechos de ejercicio ilegal y quebrantamiento de inhabilitación judicial, lesiones leves, falsificación y uso de documentos públicos falsificados, estafas procesales, hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, y administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documentos.

La declaración de responsabilidad se produjo durante la audiencia de juicio abreviado en los tribunales de Concordia.

El 27 de abril, la Fiscalía y la Dian identificaron una presunta red de contrabando y lavado de activos que involucra a la cadena Lili Pink. El caso se originó tras detectar patrones irregulares en solicitudes de devolución de IVA y la existencia de empresas de papel usadas para simular operaciones comerciales.

La investigación llevó al allanamiento de locales y a la ocupación de más de 400 bienes, incluyendo tiendas, inmuebles y vehículos. Se documentó el ingreso ilegal de mercancía, corrupción de funcionarios y movimientos por valores millonarios. Los bienes seguirán operando bajo supervisión estatal mientras continúa el proceso judicial.

Mientras avanza la investigación, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán explicó los alcances del proceso judicial y patrimonial que enfrenta el grupo empresarial vinculado a Lili Pink.

En primer lugar, señaló que la investigación comenzó por presunto lavado de activos, a partir de una indagación de la Fiscalía que identificó “colocación, ingreso de mercancía, contrabando directo, subfacturación, sobrefacturación e importaciones simuladas”, lo que marca un poco los lineamientos que se registrarán durante el proceso.

El experto explicó las tres fases en el esquema investigado. La primera corresponde a la “colocación”, relacionada con el ingreso de mercancía presuntamente ilegal al país. En la segunda fase, llamada “estratificación”, se investigan empresas de papel, fragmentación de transacciones y simulación de relaciones comerciales para dificultar el rastreo del dinero. La tercera fase corresponde a la “integración”, donde los ingresos de las tiendas, como Lili Pink, aparentan ser legítimos.

Roldán indicó que la Fiscalía no solo avanzará por la vía penal, sino también por la patrimonial, mediante la extinción de dominio. “La competencia de los jueces de extinción de dominio es autónoma y no depende de la responsabilidad penal”, mencionó el abogado, que señaló que el proceso puede continuar aunque la persona sea absuelta en el ámbito penal, ya que “en la extinción de dominio se analiza el origen de los bienes y su posible procedencia ilícita”.

Respecto a los propietarios, socios o accionistas, el abogado precisó que “ser accionista no hace automáticamente responsable a la persona; la responsabilidad penal es personal e individual”.

Roldán añadió que para imputar el delito de lavado de activos se requiere “conocimiento del origen ilícito de los recursos, participación directa o indirecta en la estructura, o al menos dolo eventual”. De no existir estos elementos, “no hay una imputación válida por lavado de activos”.

Roldán explicó que la Fiscalía suele construir los casos a partir del rol de las personas dentro de la empresa: “Administrador, directivo o representante legal, partiendo de la presunción de que conocen el funcionamiento de la empresa”, y que desde allí se debe probar ese conocimiento mediante “actas de decisiones financieras, firmas en contratos o la estructura societaria”.

El abogado clasificó a los propietarios en tres niveles de riesgo. Los “accionistas pasivos o simples inversionistas” enfrentan bajo riesgo penal, pero alto riesgo patrimonial, ya que “la extinción de dominio no mira a la persona, sino al bien y su origen”.

Por otra parte, los “administradores o socios gestores” tienen mayor riesgo penal, pues se presume que conocen la estructura interna de la empresa. Los “testaferros o interpuestos” tienen un riesgo penal y patrimonial elevado, ya que “son clave en estos casos cuando la Fiscalía demuestra que su patrimonio se origina prestando el nombre para el grupo empresarial”.

Roldán explicó que los bienes pueden ser objeto de medidas cautelares como embargo o secuestro por parte de la SAE, puesto que si el juez decreta la extinción de dominio, “los bienes pasan definitivamente al Estado, salvo que los propietarios demuestren su origen lícito”.

Por último, añadió que en la extinción de dominio no se puede alegar buena fe, sino que se exige diligencia y conocimiento en la adquisición del patrimonio en todos los sentidos, por lo que los locales pueden seguir operando bajo control estatal mientras se resuelve el fondo del proceso penal y patrimonial, algo parecido a lo registrado con Drogas La Rebaja en su momento.

El Gobierno de Nicaragua negó el ingreso al país a Joseph Rivera, abogado de la familia de Junieysis Merlo Espinoza, la joven nicaragüense víctima de femicidio en Costa Rica cuyo caso ha provocado reclamos diplomáticos y denuncias de abandono estatal. La decisión, comunicada apenas veinticuatro horas antes del viaje, frustró la intención de Rivera de reunirse con los padres de la víctima en el departamento de Madriz, según una denuncia compartida por el propio abogado. El propósito era informarles en persona sobre el avance judicial en Costa Rica contra el principal sospechoso y brindar acompañamiento legal.

Rivera afirmó que la negativa para ingresar al territorio nicaragüense fue notificada por las autoridades el día previo a su salida, una decisión que responsabiliza de obstaculizar su labor de asistencia humanitaria y legal. El abogado reclamó también la falta de respaldo institucional hacia los padres de Junieysis, quienes, según sostuvo, enfrentaron solos los trámites para el traslado de las cenizas y la gestión por la custodia de las hijas gemelas de la víctima.

El caso adquirió dimensión internacional tras confirmarse que Junieysis Merlo Espinoza fue reportada como desaparecida el 31 de marzo. Su cuerpo fue hallado el 9 de abril en una fosa dentro de un condominio en el distrito Salitral, en el cantón de Santa Ana, provincia de San José. La autopsia, de acuerdo con las autoridades forenses, precisó la causa del deceso como asfixia mecánica de naturaleza homicida: “Compresión extrínseca del cuello y una fractura del cartílago”, detalló Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El principal sospechoso, de apellidos Ramírez Calvo y 57 años, pareja sentimental de Merlo, fue detenido poco después. El Juzgado Penal de Pavas ordenó un año de prisión preventiva tras establecer que habría convivido con el cadáver durante dos días y luego lo ocultó en una fosa utilizando maquinaria pesada.

Familiares de Merlo sin apoyo estatal tras el femicidio

A pesar del impacto social y mediático del caso, Rivera denunció que el Gobierno nicaragüense no ha otorgado ninguna ayuda concreta a la familia de la víctima. Mediante una comunicación oficial expresó: “Esta omisión es inaceptable. Un gobierno que abandona a sus ciudadanos en momentos de máxima vulnerabilidad está fallando en su deber más elemental”. Según el abogado, la vicepresidenta Rosario Murillo había mostrado interés en colaborar y una asesora suya lo contactó para reunirse y abordar el caso, especialmente para acelerar los trámites de doble nacionalidad de las niñas huérfanas y facilitar su custodia por parte de los abuelos en Nicaragua, dado que la familia materna reside en ese país.

Ese interés, de acuerdo con Rivera, también respondía a la intención de presentar un reclamo diplomático ante Costa Rica. “Uno de sus asesores me llamó para reunirse conmigo y ser el puente entre Costa Rica y Nicaragua, para dar una explicación sobre este tema”. Añadió que la postura de Murillo buscaba interpelar sobre “qué está pasando en Costa Rica, que están matando a las mujeres nicaragüenses y a cualquier extranjera que venga aquí”.

Denuncia por prácticas de las aerolíneas y planteo de nuevos delitos

Rivera sumó a sus denuncias la negativa de Copa Airlines y Avianca a reembolsar el valor de los boletos de avión por el viaje cancelado. Consideró que esa conducta “revela una alarmante falta de empatía hacia los profesionales que, como yo, intentamos cumplir con nuestra labor humanitaria y legal”. El abogado anunció que evalúa acciones legales si persiste la negativa.

En cuanto al proceso penal en Costa Rica, Rivera anticipó que analizarán nuevas líneas de investigación para determinar si, además de femicidio, existieron otros delitos en el caso de Merlo

La custodia legal de las hijas gemelas de Junieysis Merlo permanece bajo el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica, mientras avanza el trámite para que sean entregadas a sus familiares en Nicaragua.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres personas por presuntamente brindar apoyo al Cártel del Noreste (CDN) para favorecer su dominio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dos de los hombres sancionados fueron el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez y el defensor de Derechos Humanos, Jesús Raymundo Ramos Vázquez. Ambos fueron señalados por presuntamente utilizar su trabajo en favor de miembros del cártel.

Además de los dos hombres fue sancionado Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien sería responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste al desempeñarse como colaborador cercano de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal.

¿Quiénes son Juan Pablo Penilla y Raymundo Ramos?

Juan Pablo Penilla fue sancionado por la autoridades estadounidenses luego de representar a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, uno de los exlíderes de Los Zetas, organización que dio origen al Cártel del Noreste.

El abogado no solo le habría dado representación legal al líder criminal cuando se encontraba recluido en una prisión mexicana, sino que también fungió como intermediario con el actual mando de la organización criminal y otros asociados, con lo que le permitió al “Z-40″ mantener su liderazgo a pesar de su encarcelamiento.

Penilla Rodríguez es señalado por haber sido el responsable de las operaciones criminales de Miguel Ángel Treviño, quien actualmente se encuentra en una prisión en Estados Unidos al igual que su hermano Omar Treviño, alias “Z-42″, otro de los líderes de Los Zetas.

Asesor de “El Mayo” Zambada que también fue vinculado con Morena

El abogado fue mencionado en febrero de 2025 en una carta que habría sido enviada por Ismael “El Mayo” Zambada al Cónsul General de México en Nueva York para solicitar asistencia consular y su repatriación al país.

En la solicitud, el exlíder del Cártel de Sinaloa mencionó a Juan Pablo Penilla Rodríguez como uno de sus asesores jurídicos en México. Aunque también se le señaló por haber estado involucrado en la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su búsqueda por la presidencia, el Consejo Nacional de Morena (CEN) se deslindó del hombre y detalló que no existía ningún registro de que haya formado parte de la asesoría legal de dicha campaña.

El abogado ha sido reconocido en varias ocasiones tanto por el Congreso de la Ciudad de México, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, entre los que destacan el Premio Nacional del Benemérito de las Américas y su nombramiento como Embajador de la Paz Internacional (en julio de 2023).

En noviembre de 2024, el Senado de la República le otorgó el Premio Patria por la Justicia y la Equidad Social.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos Vázquez, fue sancionado por los Estados Unidos al ser señalado por presuntamente utilizar su activismo para favorecer a miembros del Cártel del Noreste.

De acuerdo con la sanción, su defensoría sería exclusiva para miembros del cártel al presentar denuncias falsas contra el Ejército Mexicano. Para cumplir con el cometido, le pagaría a personas para que asistan a protestas y se proteja la reputación de los criminales.

Además, el defensor es acusado por favorecer la imagen pública del Cártel del Noreste y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas en su contra, lo que haría desde hace más de una década.

Ramos Vázquez se ha desempeñado en la defensoría desde hace más de 20 años en el estado de Tamaulipas. Un análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto identificó que sus dispositivos fueron comprometidos con el malware Pegasus en al menos tres ocasiones para ser espiado en sus labores.

El defensor ha sido acusado en varias ocasiones por presuntamente defender a miembros del Cártel del Noreste, e incluso a afirmado que miembros de las Fuerzas Armadas lo han calificado como su “enemigo”.

Un informe elaborado por el Centro Militar de Inteligencia en agosto de 2020, y obtenido por Animal Político, reveló que las autoridades informaron actividades llevadas a cabo por Raymundo Ramos como parte de su defensoría, en el que ya se señalaba que intentaba “desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro y en beneficio del Cártel del Noreste”; sin embargo, fue identificado como un intento de criminalización contra el defensor, ya que también reveló el espionaje a sus dispositivos.

El abogado Pedro De La Madrid fue condenado este jueves por fraude, falsificación de documentos, estafa, robo y ejercicio ilegal en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Ocurrió en el marco de una audiencia de juicio abreviado, en la que el propio imputado admitió ante la justicia su responsabilidad en los delitos que le atribuían.

La acusación del proceso estuvo a cargo de la fiscal Daniela Montangie y concluyó con un acuerdo entre las partes para la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva. Este arreglo incluye el traslado del letrado a una unidad penal en cuanto la condena quede firme. La resolución definitiva del caso quedó a cargo del vocal Germán Dri, quien evaluará la homologación del acuerdo y deberá dictar sentencia en los próximos días.

Según consta en la investigación, De La Madrid reconoció su responsabilidad en varias conductas delictivas. Fue sentenciado por: tres hechos de ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial, lesiones leves, falsificación de instrumento público, uso de documento público falsificado y dos episodios de estafa procesal.

Además, la causa suma hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, y administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documentos.

Hay transformaciones herramentales que modifican la forma, la manera en que se ejerce una actividad. Así, en la antigüedad la aparición de la escritura, o en la modernidad la irrupción de internet y de la informática, cambiaron radicalmente costumbres sostenidas por siglos.

También hay cambios más profundos, que van al centro de la actividad porque suponen realidades que reemplazan o reforman sustancialmente la manera de ejercer una profesión.

Y dentro de estas, hay transformaciones graduales, que se asimilan con el tiempo, y otras —mucho más infrecuentes— que alteran de manera determinante las bases de una actividad.

La irrupción de la inteligencia artificial pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.

He sostenido recientemente que la inteligencia artificial no representa el fin de la abogacía, sino su mayor transformación histórica. También que obliga a repensar la enseñanza del derecho. Pero ambas afirmaciones conducen inevitablemente a una tercera pregunta relevante: ¿qué tipo de abogado se está configurando en este nuevo escenario?

Del abogado enciclopedista al abogado intérprete

Durante décadas —y en realidad durante siglos— el ideal del jurista estuvo asociado a la acumulación de conocimiento. El abogado era, en cierto modo, un heredero del espíritu enciclopedista: alguien capaz de dominar normas, recordar precedentes, manejar doctrina y desenvolverse con solvencia en un universo jurídico vasto y complejo.

Ese modelo fue funcional en un mundo donde la información era escasa, dispersa y costosa de obtener.

Hoy, en una de las más elocuentes transformaciones de la realidad, ese mundo está desapareciendo.

La inteligencia artificial —capaz de procesar millones de datos y ofrecer en segundos respuestas estructuradas— ha “democratizado” el acceso al conocimiento jurídico. Lo que antes requería horas de biblioteca puede obtenerse ahora en instantes desde un teléfono celular.

Pero este fenómeno no devalúa el conocimiento. Lo desplaza.

El valor ya no reside en encontrar información, sino en interpretarla, jerarquizarla, cuestionarla y asumir responsabilidad por su uso. El nuevo abogado deja de ser un acumulador de datos para convertirse en un intérprete del derecho en contextos complejos.

La ilusión de la homogeneización

Uno de los efectos más visibles de la inteligencia artificial es la creciente homogeneización técnica. Hoy, abogados con niveles de experiencia muy distintos pueden producir escritos, dictámenes o análisis de calidad formal similar, asistidos por sistemas inteligentes. La máquina nivela hacia arriba. El producido de un gran estudio puede ser muy semejante al de un estudio recién constituido por abogados inexpertos.

Frente a esto, podría suponerse que las diferencias profesionales tenderán a desaparecer.

Pero ocurre lo contrario.

Cuando la técnica se iguala, el diferencial se traslada a otro plano: el criterio. El nuevo abogado no se distinguirá por redactar mejor —eso estará en gran medida asistido por la tecnología— sino por comprender el contexto, anticipar riesgos, elegir entre alternativas posibles y sostener una estrategia en escenarios de incertidumbre.

La inteligencia artificial produce respuestas. El abogado define cuáles son relevantes.

Del tiempo al valor.

Durante décadas, el trabajo jurídico estuvo estructurado sobre una variable central: el tiempo. Horas de estudio, de lectura, de redacción, de análisis. Ese tiempo no solo era un insumo real, sino también el fundamento de los honorarios y del reconocimiento profesional.

La inteligencia artificial altera esta lógica.

Cuando tareas que antes demandaban días pueden resolverse en minutos, el tiempo deja de ser un parámetro suficiente para medir el valor del trabajo jurídico.

El abogado dejará de vender horas para vender criterio: la capacidad de evitar conflictos, prever contingencias, diseñar soluciones eficaces y asumir decisiones con responsabilidad. El eje del valor se desplaza desde la ejecución hacia la interpretación.

Probablemente emerjan sistemas de honorarios basados en valor, resultado, complejidad o riesgo, más que en el tiempo insumido. Se cobrará menos por lo que se tarda y más por lo que se evita, se prevé o se resuelve.

Quién sabe también, aunque resulte asequible a pocos, por la posibilidad de acceder o ser escuchados por los actores determinantes o factores de poder de los diferentes sectores que movilizan las decisiones de casos o temas jurídicos o judiciales.

La centralidad de lo humano en el arte de abogar.

Entonces, en este escenario, emerge una paradoja: cuanto más sofisticada es la inteligencia artificial, más relevante se vuelve aquello que no puede replicar.

La abogacía —especialmente en su dimensión litigiosa— contiene un núcleo irreductiblemente humano. La negociación, la argumentación oral, la interacción en audiencias, la empatía con el cliente, la lectura del contexto y la percepción de matices no son automatizables.

El juicio no es solo un intercambio de normas. Es un espacio de lenguaje, de presencia y de interpretación situacional.

El nuevo abogado deberá dominar la tecnología, pero también —y con mayor intensidad— el arte de la relación humana. Si el derecho es una ciencia que podrá ser producida por la IA, la abogacía es un arte que debe ser protagonizado por un abogado que agrega valor con su “actuación” en el terreno de las interacciones humanas.

Responsabilidad en un entorno asistido.

La inteligencia artificial no elimina la responsabilidad jurídica. La profundiza.

Las respuestas generadas por sistemas inteligentes no tienen consecuencias para la máquina. Las tienen para quien decide utilizarlas. El abogado seguirá siendo responsable frente a su cliente, frente al juez y frente a la sociedad.

Esto exige nuevas competencias: verificar la información, detectar errores, identificar sesgos, evaluar la pertinencia de las soluciones sugeridas y asumir las consecuencias de cada decisión.

El profesional no será quien más utilice inteligencia artificial, sino quien mejor sepa cuándo confiar en ella y cuándo no.

El desafío de los nuevos abogados. La responsabilidad de su formación.

Uno de los impactos más sensibles de esta transformación se observa en las primeras etapas de la profesión. Tradicionalmente, los jóvenes abogados se formaban a través de tareas iniciales: búsqueda de jurisprudencia, redacción de borradores, análisis preliminar de expedientes.

Muchas de esas funciones hoy pueden ser realizadas por inteligencia artificial.

Esto obliga a repensar el proceso de formación. El nuevo abogado deberá desarrollar desde etapas tempranas habilidades que antes se adquirían con los años: pensamiento estratégico, análisis crítico, comprensión integral de los casos y capacidad de comunicación.

El aprendizaje ya no podrá ser exclusivamente progresivo. Deberá ser, desde el inicio, más exigente.

Una enseñanza que debe cambiar.

Este nuevo perfil profesional tiene un correlato inevitable en la enseñanza del derecho.

No tiene sentido formar abogados para un mundo que ya no existe.

Como fue dicho más arriba, las Facultades deberán avanzar hacia una formación que priorice la creatividad y el pensamiento crítico con la integración de herramientas tecnológicas. No se trata de reemplazar la teoría, sino de enseñarla de otro modo.

La inteligencia artificial no puede ser ignorada ni prohibida. Es un dato estructural del nuevo ecosistema jurídico.

Persistir en modelos centrados exclusivamente en la memorización de normas equivale a formar profesionales para una realidad que ya quedó atrás.

Un nuevo equilibrio.

La inteligencia artificial no reemplazará al abogado. Pero sí redefine, de manera profunda, su perfil.

El nuevo abogado será menos enciclopedista y más intérprete; menos ejecutor y más estratega; menos acumulador de información y más constructor de sentido.

En un mundo donde las máquinas procesan palabras, el valor humano residirá en lo que las palabras no pueden capturar completamente: el contexto, la prudencia, la responsabilidad y la relación.

Lejos de debilitar la profesión, esta transformación puede fortalecerla.

Pero solo para quienes comprendan a tiempo que el desafío no es tecnológico. Es, esencialmente, profesional y humano.

Porque cuanto más “inteligentes” sean las máquinas, más decisivo será el aporte humano.

El 24 de marzo, La Titular reveló detalles sobre una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que se acusa al futbolista de Atlético Nacional Nicolás Rodríguez de haber abusado sexualmente a una joven.

Sobre el caso se conoció que el hecho se habría registrado el 15 de marzo, antes de que el equipo Verdolaga enfrentara a Millonarios FC en El Campín, en Bogotá. De acuerdo con la denunciante, fue contactada por el deportista a través de redes sociales para compartir en un establecimiento nocturno en Medellín.

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Luego de ingerir licor junto a Rodríguez y un grupo de hombres, se habrían trasladado hasta una vivienda en Rionegro, en la que, tras negarse a tener relaciones sexuales con el deportista, la mujer afirma que se acostó y horas más tarde despertó sin saber cómo habían abusado de ella.

Abogado de la joven reveló detalles del caso

En diálogo con Telemedellín, el jurista Francisco Bernate, representante legal de la denunciante, indicó que tras llegar a un departamento en Rionegro, su cliente perdió el conocimiento, haciendo que dude sobre si en algún momento fue drogada.

Bernate citó la declaración realizada ante la Fiscalía en la que la joven afirma que cuando recuperó el conocimiento observó a Nicolás Rodríguez junto a ella en la misma habitación.

“El contacto en redes sociales es entre ellos dos y la citación es con él, y la persona que ella reconoce, que estuvo con ella en la habitación, sería él; es algo que deben determinar las autoridades, pero el relato de ella sí hace referencia a que fue esta persona quien habría cometido este hecho.

El abogado reveló que horas más tarde, cuando ya no estaba con el grupo de hombres, la joven fue contactada a través de Instagram para que no denunciara el caso. “Habría otra persona que con posterioridad a este evento la contacta vía redes sociales, como animándola a dejar eso así”, afirmó Bernate.

Debido a los señalamientos que ha recibido la joven luego de entablar la denuncia ante la Fiscalía, lo que provocó que Atlético Nacional desvinculara a Rodríguez de los futuros compromisos deportivos del club, el abogado indicó que su cliente busca justicia y no dinero.

“La víctima espera dos cosas: primero justicia, esto ocurrió y alguien tiene que responder por esto; y en segundo lugar que no haya una revictimización o agresiones hacia su persona”.

Cabe mencionar que, tras la filtración de la denuncia, el también futbolista Emerson Batalla, vinculado actualmente al Atlético Bucaramanga, subió una historia a Instagram en la que insinuó que la joven estaría buscando un beneficio económico.

“‘La única mujer, había 10 hombres’ Jajaja sinceramente (emoji con signos de dinero)“, fue el texto que compartió Batalla en sus redes sociales.

En medio de la polémica, El Tiempo publicó un informe en el que reveló chats que habrían sido incluidos en la denuncia contra Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación. En estos se incluye el mensaje mencionado por el abogado sobre la intención que tendrían cercanos al futbolista de solucionar todo sin que se registrara la demanda.

“Cuéntame qué fue lo que sucedió, que quiero que se hablen y arreglen las cosas de la mejor manera posible... No quiero que vaya a escalar ni pasar a mayores, lógicamente”, se lee en el chat.

De la misma forma, se expusieron las respuestas que entregó la denunciante, que reafirmó que no estaba consciente en el momento que se habría registrado el abuso sexual.

“Yo ya estaba muy tomada pero recuerdo las cosas, no sé en qué momento el otro que ni recuerdo estaba encima de mí… Estaba inconsciente... No me confundí, yo estaba inconsciente. No fue una confusión”.

Luego de que varios medios internacionales informaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido mencionado en investigaciones sobre un presunto vínculo con narcotraficantes, el abogado del mandatario se pronunció para aclarar la situación.

En diálogo con Telemundo, el jurista Daniel Kovalik indicó que el presidente no es protagonista de ninguna investigación, sino que está siendo mencionado sin pruebas en dos procesos legales.

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“No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”, declaró Kovalik al respecto.

El jurista resaltó el trabajo que ha realizado Gustavo Petro durante su mandato en Colombia para indicar que no debería haber sospechas sobre un posible acto criminal del mandatario.

“En realidad, él ha hecho más que ningún otro presidente en la historia de Colombia para erradicar la cocaína, la distribución de cocaína y combatir la corrupción. Estamos seguros de que logrará una exoneración total”.

De la misma forma, recordó las charlas recientes con el presidente de Estados Unidos y se mostró confiado al indicar que, además de desvincular a Petro de las investigaciones, logrará que sea retirado de la Lista Clinton.

“Creo que la relación entre el presidente Trump y Petro es muy buena. Como saben, Petro habló con Trump la semana pasada y fue una conversación muy positiva; el presidente Trump dijo que será bienvenido a Estados Unidos en cualquier momento. Creo que son cosas separadas y, por cierto, creo que tendremos éxito en lograr que lo saquen de la lista Ofac”.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto para negar cualquier vínculo con narcotraficantes, asegurando que durante su vida se ha dedicado a denunciar a este tipo de criminales.

“En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante; al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocando el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”.

Debido a que en los informes se menciona la participación de narcos durante su campaña a la presidencia en 2022, Petro reafirmó su postura y aseguró que su orden siempre ha sido no recibir dinero ilícito.

“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.

El presidente de Colombia indicó que las investigaciones en las que está siendo mencionado le servirán para demostrar que las acusaciones en su contra son falsas. “Así que me servirán los procesos en EEUU para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada hasta los tetuatabos con los narcotraficantes de Colombia (sic)”, puntualizó Gustavo Petro en X.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que rechazó el informe periodístico, señalando que ninguna autoridad competente ha emitido determinaciones ni confirmado las afirmaciones del reporte, por lo que carecen de base legal o fáctica.

En el comunicado se destaca que Petro ha enfrentado el crimen de manera constante y reafirma el compromiso de Colombia con el Estado de derecho y la integridad institucional, anticipando que seguirán colaborando con Estados Unidos como socios internacionales por vías formales.

De acuerdo con la información publicada, González decidió renunciar a su puesto como máximo responsable operativo de la Policía tras conocer la admisión a trámite de la querella y su citación formal como investigado. El procedimiento judicial se inició después de que la denunciante, agente subordinada de González durante su relación laboral, presentara una querella por presunta agresión sexual ocurrida, según su relato, en un contexto definido por una asimetría significativa de poder institucional.

El magistrado señaló en una resolución que los hechos descritos en la querella permiten suponer la posible comisión de delitos de agresión sexual. La denuncia incluyó no sólo la acusación de agresión sexual, sino también menciones a presuntas coacciones, lesiones psicológicas y malversación de caudales públicos, haciendo hincapié en la circunstancia agravante del abuso de superioridad debido a la jerarquía entre ambos implicados.

La querella detalla que la relación entre la agente denunciante y su superior había tenido en el pasado un componente afectivo, caracterizado —según la parte denunciante— desde el inicio por un inequívoco desequilibrio de poder institucional. Según este relato, el exDAO habría utilizado de manera sistemática su autoridad para instaurar una dinámica basada en el control, dominación y sumisión psicológica sobre la agente, quien manifestó en diversas ocasiones su intención clara de finalizar la relación pero afirmó verse impedida a ejecutarlo de manera efectiva.

El texto presentado ante el juzgado describe que la agente habría puesto fin de manera unilateral a la relación, situación que, según la acusación, González no aceptó. Después de esa ruptura, siempre según la querella, el exDAO habría desarrollado una conducta de acoso continuado y contacto no deseado, situación que, según la denunciante, desembocó en el incidente por el que se abrió la investigación judicial.

Según se desprende de la denuncia, los acontecimientos que motivaron el procedimiento ocurrieron el 23 de abril de 2025. En esa fecha, cuando la agente se encontraba de servicio ordinario en la comisaría de Coslada, recibió, supuestamente, múltiples llamadas del exDAO exigiendo su presencia inmediata. La víctima alegó motivos laborales, pero, ante la insistencia y autoridad desplegada por González, accedió a utilizar un vehículo policial camuflado para acudir al lugar donde él se encontraba junto a otro comisario, en un restaurante.

El relato añade que, tras pasar un tiempo en ese local, González y la agente se dirigieron a una vivienda. Allí, pese al malestar y al deseo manifestado por la agente de marcharse, el exDAO habría servido bebidas y, según la denuncia, habría intentado iniciar un acercamiento físico de carácter sexual que fue rechazado de forma verbal y repetida por la agente. Según la querella, el exDAO habría persistido y su comportamiento habría derivado en una agresión sexual mediante la utilización de violencia física e intimidación aprovechando el aislamiento, la superioridad física y su rango institucional.

Frente a estas acusaciones, la defensa de González calificó el origen de la querella como motivado por sentimientos de “celos” de la denunciante. En su declaración, el exDAO afirmó haberle ofrecido la posibilidad de dejar la vivienda y negó cualquier impedimento para que la agente saliera del lugar. Según lo aportado por la representación legal de González ante el juez, existen discrepancias entre el relato de la querella y el contenido de una grabación que se incorporó como prueba documental central en la investigación. El equipo legal sostuvo que la conversación grabada muestra intercambios de reproches por celos y solicitudes de atención afectiva, así como expresiones de confianza entre ambos, en aparente contradicción con la versión de un sometimiento constante o de negativas continuas por parte de la denunciante.

Por otra parte, la defensa de la agente presentó ante el juzgado un conjunto de pruebas destinadas a documentar sus señalamientos, incluyendo archivos de audio, listados de llamadas y capturas de pantalla de mensajes, y solicitó que su consulta quedara limitada estrictamente al ámbito judicial, pidiendo la máxima reserva del material. El magistrado accedió a asegurar la confidencialidad de los documentos, aunque finalmente dispuso que la defensa del exDAO recibiera copia de esas pruebas, limitando la reserva inicialmente solicitada por la mujer denunciante.

Como parte de las actuaciones recientes, el juez sigue indagando sobre la existencia de posibles delitos adicionales señalados en la querella, entre ellos la malversación de caudales públicos y las supuestas coacciones y lesiones psíquicas. El caso permanece bajo vigilancia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid y dentro del procedimiento se mantiene un enfoque sobre la posición jerárquica y la posible instrumentalización de la autoridad policial para condicionar o influir en la conducta de la agente denunciante.

De acuerdo con la cobertura del medio, ambas partes insisten en versiones opuestas respecto a los acontecimientos que motivaron la investigación. Mientras la denunciante recalca el aprovechamiento sistemático de su posición institucional por parte del exDAO y la existencia de conductas orientadas al control y la sumisión, la defensa de González apunta al contexto personal y cuestiona la veracidad y consistencia de los hechos relatados por la denunciante a la luz de las pruebas presentadas. Las actuaciones judiciales siguen centradas, hasta el momento, en la recopilación y análisis de los materiales probatorios y en la valoración de las respectivas declaraciones de los implicados.

Los hijos suelen convertirse en uno de los asuntos más delicados durante un proceso de divorcio. En este contexto, solicitar la custodia compartida puede convertirse en un error estratégico cuando se plantea únicamente para evitar el pago de la pensión, especialmente en casos de padres que no han estado realmente implicados en la crianza y que, tras la separación, piden asumir esa responsabilidad.

Así lo advierte la abogada Susanna Capdevila, quien señala que los jueces suelen detectar con rapidez cuándo una petición de custodia compartida responde más a una estrategia económica que al interés del menor.

“Hay papás que nunca han hecho de papá”, afirma la letrada en un vídeo difundido en redes sociales. En él explica que algunos progenitores solicitan la custodia compartida con el objetivo principal de evitar el pago de la pensión alimenticia. Según indica, este tipo de planteamientos resultan evidentes para los tribunales cuando no existe un historial previo de participación activa en el cuidado de los hijos.

Como ejemplo, menciona a aquellos padres que, antes del proceso judicial, no se ocupaban de tareas cotidianas como recoger a los niños del colegio, acompañarlos a actividades extraescolares o llevarlos al médico. “De repente piden la custodia compartida. Se te ve el plumero”, comenta Capdevila en el vídeo.

La jurista recuerda que los tribunales valoran la implicación real de cada progenitor en la vida de los menores a la hora de decidir el régimen de custodia. Cuando la solicitud no está respaldada por una participación previa en la crianza, puede perjudicar la credibilidad del solicitante.

Con este mensaje, Capdevila pretende alertar a los padres sobre la importancia de plantear estas peticiones con responsabilidad y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de los hijos.

¿Qué supone la custodia compartida?

Este régimen está contemplado en el artículo 92.8 del Código Civil y permite que ambos progenitores ejerzan conjuntamente la guarda y custodia de los hijos, según señala la abogada Carolina Torremocha en su blog. Su finalidad es que los dos continúen participando de forma activa en la vida de los menores incluso después de la ruptura de la pareja.

A la hora de tomar una decisión, los jueces analizan diferentes aspectos relacionados con la situación familiar. Entre ellos se encuentran la capacidad de los padres para comunicarse y cooperar, la cercanía entre los domicilios, la organización de la vida diaria de los menores y la disponibilidad real de cada progenitor para atender sus necesidades.

También se tiene en cuenta la relación previa de los padres con los hijos y el grado de implicación que han tenido en su cuidado antes de la separación. Este elemento suele resultar clave para determinar si el sistema de custodia compartida puede funcionar de forma estable y beneficiosa para los menores.

El objetivo principal de los tribunales es garantizar el bienestar de los hijos y ofrecerles un entorno lo más equilibrado posible tras la separación de sus progenitores. Por este motivo, cada caso se analiza de forma individual, valorando las circunstancias concretas de la familia antes de establecer el régimen de custodia más adecuado.

El 11 de marzo, al senador Wadith Manzur y a la representante a la Cámara Karen Manrique, recientemente reelectos, les fue dictada medida de aseguramiento por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos están implicados en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según la investigación, se les acusa de cohecho impropio por presuntamente recibir beneficios a cambio de favorecer actos relacionados con sus funciones. Además, enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, debido a supuesta manipulación en la asignación de recursos y proyectos gestionados por la entidad.

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Por lo anterior, se han generado diversas interpretaciones jurídicas sobre el futuro de sus curules y las consecuencias legales que podrían enfrentar en el Congreso. Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán, especialista en derecho procesal penal, explicó que el proceso que cursan ambos congresistas se desarrolla bajo la Ley 600 y que, en esta etapa, la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario, descartando la posibilidad de detención domiciliaria o libertad provisional.

Roldán subrayó que la investigación se centra en dos delitos: cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, en los que se menciona una presunta recepción de beneficios y la posible manipulación de contratos y recursos de la Ungrd a cambio de respaldar decisiones políticas o legislativas, lo que representa una inferencia razonable de autoría y participación.

El penalista destacó que la imposición de una medida de aseguramiento no equivale a la pérdida inmediata de la curul. “Por la imposición de la medida de aseguramiento no se derrumba la presunción de inocencia”. En este sentido, los congresistas mantienen su calidad de senador y representante, pero quedan suspendidos de sus funciones mientras permanezcan privados de la libertad, imposibilitados para asistir, votar o deliberar en el Congreso.

La situación jurídica de Manzur y Manrique solo cambiaría drásticamente si se emite una sentencia condenatoria en firme. “La pena surge cuando se ha vencido en juicio oral la presunción de inocencia y se ha llegado a ese conocimiento más allá de lo razonable sobre la existencia del delito y sobre la participación del mismo”, explicó el jurista.

Una vez dictada y ejecutoriada la condena, se activarían dos consecuencias jurídicas accesorias: la pérdida de investidura y la inhabilitación para ejercer cargos y funciones públicas. La condena puede cobrar ejecutoria si, tras la decisión de primera instancia, no se presentan recursos de apelación. Si existe apelación, la presunción de inocencia se mantiene hasta que se resuelva en segunda instancia, e incluso podrían presentarse recursos extraordinarios como la casación.

Al hablar de las posibles consecuencias para los congresistas, Roldán recordó que en Colombia el cohecho impropio y el interés indebido en la celebración de contratos son delitos que acarrean graves consecuencias para los funcionarios públicos involucrados.

El cohecho impropio se configura cuando un servidor público recibe beneficios a cambio de realizar actos propios de su cargo, conducta sancionada con penas de prisión que oscilan entre cuatro y ocho años, además de multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período.

Por su parte, el delito de interés indebido en la celebración de contratos se aplica cuando un funcionario interviene en la adjudicación de contratos estatales con el fin de favorecer intereses personales o de terceros. Este delito contempla penas de prisión de cinco a doce años, multas proporcionales al daño causado o al valor del contrato, e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena por estos delitos implica la pérdida de investidura y la exclusión de la función pública.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses fallecen sin testamento, lo que significa que, en ausencia de disposiciones escritas, la propiedad y el dinero del difunto se distribuyen obligatoriamente de acuerdo a la legislación de su estado, sin posibilidad de elegir beneficiarios, explicó Jana McCreary, abogada especializada en planificación patrimonial de Houston, al medio regional Tampa Bay Times.

Esta realidad tiene consecuencias directas y automáticas para quienes mueren en Florida sin dejar instrucciones legales sobre su herencia.

El Estado de Florida aplica la “sucesión intestada” para asignar bienes si no hay testamento

La normativa estatal establece que, para quienes fallecen sin testamento en Florida, se activa un proceso denominado “sucesión intestada”. En este sistema, el primer beneficiario es el cónyuge superviviente: si no hay hijos o nietos, recibe la totalidad de los bienes.

Si existen descendientes —hijos o nietos— y todos son, a su vez, descendientes biológicos o adoptivos comunes con ese cónyuge, este último hereda todos los activos. En cambio, si hay hijos de relaciones previas, el patrimonio se reparte a partes iguales: la pareja recibe la mitad y los descendientes la otra mitad, tal como detalla el Tampa Bay Times en base a la legislación de Florida.

Para quienes fallecen sin pareja, la herencia se distribuye entre los descendientes en partes iguales. Los niños adoptados cuentan como hijos biológicos; los hijastros solo heredan si fueron legalmente adoptados. Estatutos oficiales de Florida aseguran que los hijos nacidos fuera del matrimonio pueden heredar, siempre que exista una prueba legal de paternidad o maternidad.

Si no existen descendientes vivos, la herencia se transfiere a los padres; si tampoco hay padres, pasa a los hermanos y a sus hijos. Los hermanos de solo un progenitor (“medio hermanos”) tienen los mismos derechos sucesorios. Si no hay hermanos, el patrimonio se dirige a los abuelos o, si persiste la ausencia de familiares directos, desciende por la línea genealógica hacia tíos, tías y sus descendientes.

En el caso de que no existan familiares ni tampoco haya personas o instituciones designadas en algún documento legal, los bienes pasan, por imperativo legal, al Estado de Florida, tal como precisa el Tampa Bay Times.

Requisitos y procedimientos para la validez de un testamento en Florida

Los mayores de 18 años o menores emancipados —es decir, aquellos que han sido declaradas adultos por decisión judicial— pueden redactar un testamento en Florida. El documento debe ser escrito, ya que las declaraciones grabadas en audio o publicadas en redes sociales no tienen validez legal.

El testamento debe contar con la firma del testador y la de dos testigos. Aunque la ley no exige la presencia de un notario, la certificación notarial puede facilitar el proceso de validación durante el trámite judicial conocido como proceso de legalización de testamentos (probate), según el Tampa Bay Times.

Una asesoría profesional puede resultar recomendada. Si se opta por contratar a un abogado en planificación patrimonial, los honorarios pueden oscilar entre USD 200 y USD 1.000, dependiendo del nivel de complejidad, de acuerdo con estimaciones de LegalZoom. El interesado debe conservar el original de su testamento y, si recibió asesoría, dejar una copia en poder del abogado.

Al fallecer el testador, la persona que resguarda el testamento —el ejecutor designado, un familiar o un amigo cercano— debe presentar el documento en la Secretaría del Tribunal de Circuito correspondiente al condado de residencia, en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento del deceso, conforme a los estatutos estatales. Además, se debe aportar la fecha de la muerte o, en su defecto, los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de EE. UU. del fallecido.

El proceso definido por la legislación de Florida garantiza una cadena estricta en la transmisión del patrimonio cuando no existe un testamento en regla.

La situación de los latinos en Florida frente a la sucesión intestada

La comunidad latina en Estados Unidos, y particularmente en Florida, enfrenta desafíos adicionales en materia de herencias y planificación testamentaria. Solo el 22% de los adultos hispanos en el país cuenta con un testamento, una cifra inferior a la observada en otros grupos étnicos como los adultos blancos (34%) y afroamericanos (31%), de acuerdo con LegalZoom.

Esta brecha aumenta las posibilidades de que las familias latinas deban afrontar procesos judiciales complejos y la pérdida de patrimonio por no tener documentación legal que respalde la transmisión de bienes.

El valor mediano de las herencias en familias hispanas es de 52.000 dólares, frente a los 88.500 dólares de familias blancas y los 85.000 dólares de familias afroamericanas, según un análisis del Penn Wharton Budget Model basado en la Survey of Consumer Finances de la Reserva Federal. Limitando así la acumulación de riqueza intergeneracional.

La ausencia de testamento puede dar lugar a situaciones de “heirs property”, en las que varios herederos comparten la titularidad de una propiedad sin título claro. Esta problemática, frecuente en comunidades de bajos ingresos y población latina en Florida, dificulta la venta, el acceso a crédito y la conservación del inmueble, y puede derivar en la pérdida de la vivienda por problemas legales o fiscales, según The Florida Bar Journal.

Factores como la barrera del idioma, el desconocimiento del sistema legal y las dificultades económicas para acceder a asesoría profesional refuerzan la vulnerabilidad de las familias latinas ante la sucesión intestada y la fragmentación del patrimonio familiar.

El 21 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro estuvo activo en la red social X, en la que enfocó la mayoría de sus publicaciones en criticar a la prensa nacional de diferentes maneras.

Durante la jornada, el mandatario cuestionó la credibilidad de varios medios de comunicación, llegando al punto de indicar que los periodistas consideran que los ciudadanos son “incapaces”.

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“Medios han puesto en duda la capacidad de la inteligencia de la naval colombiana para lograr una incautación de 17 toneladas de cocaína en tres partes diferentes del mundo. Creen que los colombianos son incapaces, pero son ellos los pobres estúpidos apátridas”, escribió Gustavo Petro en una de las publicaciones.

Expertos analizaron el accionar del presidente contra la prensa

Debido a que entre el 20 y el 21 de febrero, el presidente realizó más de 12 publicaciones contra la prensa, a la que señaló de dedicarse “a desprestigiar cotidianamente nuestro esfuerzo”, en diálogo con Infobae Colombia, el penalista Jhoan Montenegro cuestionó el comportamiento que está teniendo el presidente contra el periodismo, asegurando que está poniendo en riesgo la libertad de prensa.

“El presidente está incurriendo en una cruzada sin cuartel contra los medios, que informan lo que incomoda al poder que hoy representa. Estamos en un Estado en el que el poder ejecutivo amenaza la libertad de prensa y la amenaza no solo desde el poder, sino también desde un escenario de controversia en el que pone en riesgo la libertad de prensa, que es un derecho esencial. Él, como candidato, también utilizó los medios para hablar de corrupción y demás; sin la prensa, él no hubiera podido difundir los escándalos de corrupción, los mismos que hoy le incomodan”.

Montenegro indicó que este tipo de comportamientos son comparables con lo que se ha registrado en su momento en dictaduras como las de Venezuela y Cuba.

“Atacar la prensa no es positivo en ningún sentido, eso ya lo hicieron en Cuba, en Venezuela y lo hacen en todas las dictaduras. El primer ejercicio que hacen es poner en riesgo la libertad de prensa, porque este es el dique que controla que no se desborde el poder del Gobierno. La prensa es la veedora del poder en este país y lo ha sido para Uribe, Santos, para Duque y para Petro”

El penalista reafirmó el riesgo en el que pone el presidente a los periodistas que señala en su cuenta de X, en la que tiene más de ocho millones de seguidores. “Que él la ponga en riesgo, en un ataque contra todos los medios, pone en riesgo la libertad de prensa que sirve como cuarto poder, que en algún grado sustenta algo de la democracia”.

Montenegro puntualizó al indicar que el presidente no ejerce violencia directa contra la prensa, pero condiciona a que la ciudadanía arremeta contra los medios, por lo que recordó escenarios en los que algo similar se registró en el país.

“En los espacios en los que se ataca la prensa, se tienen procesos de violencia; un ejemplo es lo que pasó con Escobar en El Espectador, una bomba que acabó con un medio, también el asesinato de Fidel Cano. Otro escenario es el de Jaime Garzón, al que paramilitares lo consideraron enemigo. Hay episodios de violencia contra la prensa y la estigmatización que genera el presidente que pueden provocar nueva violencia contra los medios. Se debe buscar que el poder público llame al orden, en este caso al presidente, para que pare esa guerra contra el periodismo. Hay límites y controles, no podemos estar ante un poder sin control”.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) denunció que a más de 4.000 docentes pensionados se les pagó la prima de mitad de año sin que cumplieran los requisitos legales, lo que representaría un monto total de $83.000.000.000 y abrió un debate sobre la transparencia de estos desembolsos.

En medio de la controversia, parte de la atención pública se concentra ahora en los hallazgos recientes de la Justicia en Armenia, Quindío, que incluyó el envío de copias al Fomag con la directriz expresa de no autorizar ciertos pagos a docentes.

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Uno de los señalados por el proceso judicial es Yobany López Quintero, abogado conocido por su defensa de los intereses de los maestros oficiales, que sostiene que los beneficiarios no recibieron ningún pago indebido y rechaza cualquier insinuación sobre irregularidades en el manejo de la información o la obtención de listados.

López Quintero argumentó que el Ministerio de Educación solicitó en 2001 al Consejo de Estado mantener bajo reserva una sentencia clave para los pensionados, y que dicha sentencia, favorable a los docentes sobre la prima de mitad de año, permaneció sin difundirse durante más de dos décadas. Según su explicación en Caracol Radio, la revisión del alto tribunal que reconoció el derecho a la prima se concretó en 2020, pero esa decisión continuó oculta hasta el año pasado, lo que privó a los maestros de conocer y reclamar sus derechos a tiempo.

El abogado afirmó al medio citado que, al margen de sus funciones, existe un procedimiento formal que el Fomag cumple y por el cual recibe notificaciones oficiales sobre cada uno de los reconocimientos administrativos otorgados a los más de 9.000 docentes representados. Resalta que la entidad también le suministra directamente los listados pertinentes, conforme a la práctica habitual en el reconocimiento de prestaciones. López enfatiza que nunca accedió a información de manera irregular y remarca la legitimidad de todo el proceso.

Controversia sobre pagos y honorarios a los maestros por parte de Fomag

El debate se agudizó por el monto total de los pagos otorgados y por la cantidad de recursos que, según versiones públicas, López habría percibido en honorarios tras los litigios ganados, una suma que alcanzaría $20.000.000.000. El abogado replica que estos ingresos corresponden exclusivamente al éxito de su labor profesional y al pago de salarios de sus más de 100 empleados y colaboradores, desmarcándose de cualquier tipo de irregularidad o enriquecimiento personal ilegítimo.

Sobre las acusaciones del Fomag sostuvo: “Yo lo que estoy cobrando son mis honorarios de mi trabajo”, y recalca que su proceder se encuentra documentado ante las autoridades correspondientes. “Yo tengo acreditado todos los poderes, todos los contratos, todas las solicitudes y las demandas que radiqué con todo ese grupo de maestros que reclamaron su derecho”, declaró al medio citado.

La situación escaló con denuncias dirigidas al vicepresidente de prestaciones económicas del Fomag, a quien López acusa de difamación por haberlo tildado de extorsionista. Según el abogado, los trámites siguieron siempre las rutas administrativas y legales correspondientes, y la entrega de listados de docentes por parte de la entidad responde a un procedimiento rutinario y no a la filtración irregular de bases de datos.

El Fomag, por su parte, fundamentó las denuncias en la compulsa de copias enviada por el juzgado de Armenia, en la que justifican la suspensión y revisión de los pagos cuestionados a más de 4.000 pensionados. La entidad estatal también sostuvo que no existía base para realizar estos desembolsos, lo que agudiza el debate en torno a la interpretación y difusión tardía de las sentencias judiciales.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras realizó la detención de un abogado de 34 años y su pareja de 20, ambos residentes de la capital, como presuntos responsables de la violación y agresión sexual a una menor de catorce años. El material clave del caso está en los teléfonos celulares decomisados a los sospechosos, pues se sospecha que las grabaciones realizadas durante el acto constituirán una prueba concluyente en el inminente proceso penal.

El Ministerio Público procesó rápidamente a los detenidos, quienes enfrentan cargos según el artículo 249 del Código Penal (violación) y el artículo 175 del Código Procesal Penal (agresiones sexuales y aseguramiento de pruebas), lo que asegura un proceso riguroso y sanciones graves en caso de resultar culpables.

Desde el momento del arresto, la víctima permanece protegida y bajo la atención constante de especialistas que buscan restablecer su bienestar emocional. De acuerdo con el expediente policial, la investigación demostró que el delito fue planificado: la mujer atrajo a la adolescente bajo el pretexto de una “pijamada” en plenas celebraciones de San Valentín, para luego concretar la agresión junto a su pareja.

La DPI llevó a cabo el operativo tras recibir una denuncia formal que derivó en la rápida emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía de Turno de Tegucigalpa. La localización y seguimiento técnico permitieron identificar ubicaciones estratégicas donde los sospechosos se movilizaban: el bulevar Juan Pablo II y el barrio Los Dolores, ambos en el Distrito Central.

La participación del abogado entre los implicados causó indignación pública, dado que se espera de los profesionales del derecho un mayor respeto por la ley y el bienestar de los ciudadanos. A partir del análisis del expediente, las autoridades señalaron que la mujer de veinte años aprovechó su parentesco con la menor para obtener acceso al domicilio, alegando la realización de una actividad social inocente.

El abogado llegó a la vivienda y, junto con su pareja, intentaron manipular y coaccionar a la adolescente para participar en actos sexuales. Ante la negativa de la víctima, los implicados emplearon la fuerza y la intimidación. El elemento agravante surgió de la presunta grabación del delito, lo que aumenta la gravedad de los hechos investigados.

Durante el arresto se decomisaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en la Unidad de Extracción de Información y Análisis de la DPI. Se espera que las investigaciones forenses confirmen la existencia de imágenes o videos que respalden la denuncia presentada.

La fiscalía solicitará la detención judicial de ambos imputados para impedir cualquier intento de huida o de presión sobre la víctima o posibles testigos. Las pruebas recabadas y el contexto de parentesco servirán como sustento principal en la audiencia inicial y los siguientes pasos del proceso.

El Ministerio Público de Honduras está a cargo de la acusación y de asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. La normativa penal hondureña tipifica este tipo de delitos con especial severidad cuando hay uso de fuerza o intimidación, y trata con máxima protección los casos en que la víctima es menor de edad.

Desde hace algunos meses se comenzaron a hacer públicas varias denuncias en contra del abogado penalista, Guillermo Andrés Rodríguez, por presuntas violencias a varias mujeres que fueron cercanas a él en los últimos 10 años.

Pese a que se han documentado varios testimonios y se le han interpuesto varias denuncias, hoy el sujeto acusado no ha respondido por los hechos. Por su parte, las víctimas denuncian en redes sociales que han sido amenazadas hasta de muerte y que la justicia ha archivado los procesos legales. Además, en la noche de 30 de abril se conoció un nuevo caso en contra de Rodríguez.

De acuerdo con las denuncias, en muchas situaciones los rasgos de maltrato fueron similares: presuntas amenazas de muerte, intimidación con armas, manipulación, violencia sexual, física y emocional. En la última, la mujer que mantiene su identidad en reserva, habló en Canal Uno y mencionó que el jueves 27 de abril, tras terminar la relación que tenían, Guillermo Rodríguez fue hasta su casa, comenzó a gritarle desde la calle y estrelló el auto de la mujer contra el suyo. Anteriormente y mientras iban en un auto en medio de una pelea, además, la había amenazado de generar un accidente para acabar tanto con su vida como la de ella.

En cuanto a la otra denuncia más reciente, que se dio por redes sociales, la periodista Ana María Vélez, compartió una imagen en su cuenta oficial de Twitter donde pide “Justicia para las Víctimas” y agrega un mensaje corto que señala que Rodríguez ha amenazado a sus víctimas:

Las denuncias sobre acoso y abuso sexual que se conocieron en contra del abogado Guillermo Rodríguez fueron publicadas, por primera vez, por el youtuber Beto Coral. En ese momento, una vez se conocieron los hechos, se hicieron públicas otras cuatro denuncias de mujeres que aseguraron haber sufrido agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de Rodríguez y, con el tiempo, en redes sociales y medios de comunicación han ido apareciendo más casos. Sin embargo, la justificación que presenta el abogado es que todo se debe a un ataque político, esto teniendo en cuenta que ha trabajado para Álvaro Uribe, Aída Merlano y Alejandra Azcárate.

Las otras denuncias se hicieron más fuertes luego de que Noticias Uno emitiera un reportaje sobre el abogado y los abusos que sufrió Stephanie Muñoz y, posteriormente, de que otro artículo en el medio de comunicación Cuestión Pública Feminista en alianza con Volcánicas llevaran a cabo una investigación en el que compilaron testimonios de, por lo menos, cinco mujeres que aseguraron ser víctimas directas del penalista y que habrían mostrado, además, pruebas de las llamadas, los chats, denuncias y demás.

Por otro lado, se estableció que Rodríguez ya acumula, al menos, 13 procesos judiciales radicados entre junio de 2013 y julio de 2021, y en uno habría sido sancionado por solo cinco meses, de acuerdo con información de la plataforma web de la Rama Judicial.

Fallo penal absolutorio en primera instancia

El juzgado 124 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante providencia (sentencia de primera instancia) de fecha 26 de junio de 2025, resolvió absolver al señor Guillermo Andrés Rodríguez Martínez respecto a la acusación o denuncia formulada en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo por encontrar que la Fiscalía no aportó prueba directa para demostrar la materialidad del delito ni la responsabilidad del acusado siendo procedente dar aplicación al principio y garantía constitucional de la presunción de inocencia.

El avance de la inteligencia artificial ha generado muchas especulaciones sobre el futuro del trabajo. Mustafa Suleyman, máximo responsable de IA en Microsoft, considera que en los próximos meses la automatización desplazará a quienes desempeñan tareas frente a un computador.

En una entrevista con Financial Times, el directivo aseguró que trabajos como los de abogados, gestores de proyectos y contadores, deben estar en alerta porque la automización de la IA es una posibilidad muy grande.

Qué advirtió Mustafa Suleyman sobre los empleos de oficina

Suleyman sostuvo que la evolución de los sistemas de inteligencia artificial está a punto de transformar de manera radical el empleo de quienes trabajan con ordenadores.

“El trabajo de oficina, donde estás sentado frente a un ordenador, ya sea como abogado, contador, gestor de proyectos o responsable de marketing, la mayoría de esas tareas serán completamente automatizadas por una inteligencia artificial en los próximos 12 a 18 meses”, declaró.

Según el jefe de IA de Microsoft, la humanidad está entrando en una fase en la que la IA no solo asistirá a los profesionales, sino que automatizará por completo clases enteras de empleos.

Para Suleyman, quienes desempeñan labores como abrir correos electrónicos, gestionar proyectos o redactar informes están cada vez más cerca de la obsolescencia.

“Si tu jornada laboral consiste en sentarte frente a un ordenador, abrir el correo, gestionar proyectos o redactar informes, puede que pronto te quedes fuera”, advirtió.

El ingeniero británico, cofundador de DeepMind y contratación estrella de Microsoft en 2024, no se limita a vaticinar el cambio: le pone fecha. Asegura que en apenas 12 a 18 meses la inteligencia artificial alcanzará un rendimiento de nivel humano en casi cualquier tarea profesional realizada desde una computadora.

Cómo cambiará el trabajo intelectual según el jefe de IA de Microsoft

El impacto que Suleyman proyecta es de amplio alcance. Para profesionales en áreas como la abogacía, la consultoría, la dirección de marketing o la gestión de proyectos serán automatizadas por la IA en un “abrir y cerrar de ojos”.

Para el directivo, aunque muchas de estas tareas presentan cierto grado de complejidad, se basan principalmente en el procesamiento de información, datos y textos, todos ellos ámbitos donde los algoritmos ya superan la capacidad de procesamiento humano.

Suleyman ilustró el fenómeno señalando el caso de la ingeniería de software: “En la ingeniería de software, una parte masiva del trabajo ya no nace de la mente de los programadores, sino de IA que escribe el código mientras los humanos tan solo revisan y supervisan el proceso”.

Según su visión, lo que antes requería años de formación universitaria y experiencia, ahora lo resuelven algoritmos que aprenden a una velocidad imposible de igualar para cualquier profesional.

Qué proyecciones hace Mustafa Suleyman sobre la IA en el trabajo

Suleyman prevé que en los próximos dos a tres años estos agentes de IA coordinarán flujos de trabajo dentro de grandes instituciones, aprendiendo y mejorando con el tiempo para asumir cada vez más acciones autónomas.

“Crear un nuevo modelo será como crear un pódcast o escribir un blog. Será posible diseñar una inteligencia artificial que se adapte a los requisitos de cada organización institucional y de cada persona en el planeta”, afirmó.

A pesar del optimismo del jefe de IA de Microsoft, el contexto competitivo no es sencillo. Anthropic ha tomado la delantera en herramientas de programación asistida por IA, mientras que OpenAI y Google redoblan sus apuestas para asegurar contratos corporativos millonarios. La magnitud de la inversión es considerable: Microsoft calcula que gastará $140 mil millones en infraestructura para IA en su actual ejercicio fiscal.

El gasto desatado ha provocado inquietud entre los inversores. Las acciones de la empresa han caído más del 13 % en el último mes, alimentando temores de que se esté inflando una burbuja tecnológica en torno a la inteligencia artificial.

“No hay duda de que estos son tiempos sin precedentes, y creo que los mercados están tratando de comprender cómo se desarrollará esto en los próximos cinco años”, reconoció Suleyman.

La muerte violenta del abogado René Altamirano Interiano en San Pedro Sula, al norte de Honduras, ha intensificado la alarma en círculos jurídicos y de derechos humanos, quienes advierten que el crimen podría enraizarse en conflictos agrarios e intereses económicos que recorren el norte del país.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni avances concretos en las investigaciones. El clima de incertidumbre registrada entre colegas, familiares de la víctima y organizaciones sociales se agrava, junto con la percepción de inseguridad que confronta al gremio jurídico hondureño.

El asesinato se suma a una serie de ataques que, según defensores de derechos humanos, deja ver una vulnerabilidad estructural de quienes ejercen la defensa legal en el país.

Entre los testimonios surgidos tras el crimen destaca el de René Bladimir Altamirano, hijo del abogado asesinado.

“Ser abogado en este país es un riesgo”, declaró, y recordó a su padre como “un gran abogado y un buen padre”. Subrayó que nunca hubo amenazas ni enemigos conocidos en torno a René Altamirano, a pesar de que “gran parte del trabajo que realizábamos era prácticamente gratis, ayudando a quien lo necesitara”.

El joven Altamirano refirió que el desenlace violento tomó a todos por sorpresa. “Por eso me sorprende este final tan violento”, afirmó. Insistió en que la familia nunca estuvo vinculada a actividades ilícitas, y amplió el alcance de su inquietud hacia el contexto nacional. “Cuando pasan estos hechos uno queda con la duda de qué es lo que realmente está pasando en el país”.

Desde el sector de derechos humanos, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, aseguró que existen claros indicios sobre el origen del crimen.

Relató su participación en una reunión del Mecanismo de Protección, en la cual se emitieron medidas para proteger a las cooperativas bananeras Tibombo, Caimito y La Protección. Maldonado, quien considera que su propia integridad física está en peligro, sostuvo que detrás del homicidio “existirían intereses económicos de gran peso”, y asoció el asesinato con la labor social y legal que Altamirano y otros abogados prestaban a cooperativas en los bajos de La Lima, territorio marcado por disputas de tierras.

Maldonado solicitó formalmente ante el Mecanismo Nacional de Protección que se salvaguarde la vida tanto de la familia de Altamirano como de sus colegas cercanos.

Extendió la petición de protección al abogado Farabundo Murillo, socio de bufete del letrado asesinado, y relató: “Los tres hemos estado ahí, dando seguimiento, apoyando.

Inclusive se lograron medidas de seguridad a favor de las tres cooperativas de los bajos de La Lima”. Comparó la situación actual con los episodios violentos ocurridos en el valle del Aguán, región donde las disputas agrarias derivaron en varios asesinatos: “Este es un segundo Aguán”, advirtió Maldonado.

En su declaración, Maldonado hizo un llamado urgente al ministro de Seguridad entrante, Gerzon Velásquez, para enfrentar el crimen organizado y el sicariato. Exigió una investigación rigurosa a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y lamentó: “Han matado a un hombre solidario. Mataron a un hombre con el que hemos recorrido los derechos humanos por muchos años”.

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, transmitió sus condolencias y pesar tras el asesinato del abogado penalista René Altamirano en San Pedro Sula.

Desde su perfil en la red social X, la titular del Poder Judicial expresó su apoyo a los familiares y allegados del jurista, elevando “oraciones para que los seres queridos de la víctima encuentren fortaleza y consuelo ante la irreparable pérdida”.

El gremio jurídico y la sociedad hondureña han reaccionado con consternación e indignación por el crimen, que ha intensificado las demandas de justicia en un contexto nacional marcado por la violencia.

La ejecución, ocurrida en el transitado barrio Medina de San Pedro Sula, se produjo frente a la oficina del abogado; los agresores dispararon en repetidas ocasiones, “provocándole la muerte casi de manera inmediata”, como advirtieron los reportes iniciales.

La abogacía ocupa un lugar central en la organización de las sociedades modernas. A través de la interpretación y aplicación de las normas, los abogados participan en la resolución de conflictos, la protección de derechos y la construcción de instituciones sólidas.

Cada 3 de febrero, el Día Internacional del Abogado propone una pausa para observar la dimensión ética, social y profesional de esta labor, en un contexto marcado por transformaciones políticas, tecnológicas y culturales.

La fecha no solo pone en relieve la función técnica del ejercicio jurídico, sino también su impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. En distintos países, la conmemoración sirve como espacio de reflexión sobre los desafíos actuales del derecho y su capacidad de adaptación.

El origen de una fecha dedicada a la abogacía

El Día Internacional del Abogado se celebra el 3 de febrero como una jornada de reconocimiento a quienes ejercen el derecho como herramienta de justicia y equilibrio social. La conmemoración surge con el objetivo de visibilizar la importancia de la profesión jurídica en la defensa de los derechos fundamentales y en el sostenimiento del estado de derecho, especialmente en escenarios de cambio institucional y social.

La fecha ha adquirido mayor relevancia en países de América Latina y en Estados Unidos, donde colegios profesionales, universidades y entidades vinculadas al ámbito legal promueven actividades académicas y reflexivas. En estos espacios se aborda la evolución del ejercicio profesional, los dilemas éticos y la responsabilidad pública que recae sobre los abogados en contextos de desigualdad, conflictividad social y demandas ciudadanas crecientes.

Más allá de una celebración simbólica, el 3 de febrero se plantea como una oportunidad para revisar el papel histórico del derecho como regulador de la convivencia. La abogacía aparece así no solo como una profesión técnica, sino como un actor clave en la defensa de garantías individuales, el acceso a la justicia y el respeto a las normas que rigen la vida democrática.

La función del abogado en la defensa de derechos y legalidad

El ejercicio de la abogacía se vincula de manera directa con la protección de los derechos humanos y el correcto funcionamiento de los sistemas judiciales. Los abogados intervienen como mediadores entre la ley y los ciudadanos, traduciendo normas complejas en mecanismos de defensa y representación. Esta tarea adquiere especial relevancia en sociedades donde persisten brechas de acceso a la justicia y donde la legalidad se enfrenta a constantes desafíos.

La conmemoración internacional pone énfasis en el compromiso ético que exige la profesión. La práctica jurídica demanda independencia, responsabilidad y una conducta orientada al respeto de la verdad y la justicia. En ese marco, el Día Internacional del Abogado invita a reflexionar sobre la vocación que implica asumir la defensa de intereses ajenos dentro de los límites que impone la ley.

El avance tecnológico también ha modificado el ejercicio del derecho. Nuevas formas de comunicación, el uso de herramientas digitales y la aparición de delitos vinculados al entorno virtual obligan a los profesionales a una actualización permanente. Frente a este escenario, la fecha resalta la necesidad de una formación continua y de una mirada crítica sobre el impacto de los cambios sociales en la aplicación de las normas jurídicas.

El significado de la fecha en el Perú y su doble conmemoración

En el Perú, la profesión jurídica cuenta con una particularidad dentro del calendario cívico. Además del Día Internacional del Abogado, celebrado el 3 de febrero, existe una fecha nacional dedicada a la abogacía que se recuerda cada 2 de abril. Esta jornada conmemora el nacimiento de Francisco García-Calderón Landa, jurista y expresidente del país, reconocido por su aporte al pensamiento jurídico y político peruano.

Ambas fechas cumplen funciones complementarias. Mientras el 3 de febrero conecta al Perú con una reflexión de alcance internacional sobre la profesión, el 2 de abril refuerza la identidad local del ejercicio del derecho y su historia nacional. En colegios de abogados y facultades universitarias, estas jornadas suelen incluir reconocimientos institucionales, debates académicos y espacios de análisis sobre el rol del derecho en la realidad peruana.

La coexistencia de ambas conmemoraciones permite observar la abogacía desde una perspectiva amplia. Por un lado, se subraya su dimensión universal como garante de derechos y legalidad. Por otro, se rescata su desarrollo histórico en el país y su influencia en la construcción del sistema jurídico nacional. En conjunto, estas fechas refuerzan la idea de que el derecho no es una disciplina aislada, sino una práctica viva, estrechamente ligada a las transformaciones de la sociedad.

En su relato, la joven explicó que la convivencia en el edificio donde reside se volvió insostenible debido a los constantes conflictos y provocaciones por parte de la otra residente, que le reclamó por el ruido que hacía su ventilador.

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Con el tiempo, la situación escaló hasta convertirse en episodios de hostigamiento. Suárez afirmó haber recibido insultos y comportamientos invasivos, como grabaciones en zonas comunes y acusaciones infundadas ante la administración del edificio. Además, señaló que estos incidentes han afectado su bienestar emocional y su rutina diaria, al punto de sentir miedo por posibles represalias.

Cansada de la situación, la joven compartió fragmentos de algunas confrontaciones y aseguró que, pese a intentar dialogar y resolver la situación por vías pacíficas, no ha logrado ningún avance. También manifestó su preocupación por el impacto que el caso tiene sobre su imagen pública y advirtió sobre el riesgo de que situaciones similares se repitan con otras personas, especialmente figuras expuestas en internet.

El caso generó repercusión y comentarios divididos entre los seguidores de la caleña, que expresaron apoyo, pero también críticas respecto a la exposición de un conflicto privado en plataformas digitales. La denunciante concluyó que continuará buscando apoyo legal para proteger su integridad y su tranquilidad.

¿Cómo resolver conflictos entre vecinos en propiedad horizontal?

Teniendo como base la situación que denunció la creadora de contenido, en diálogo con Infobae Colombia, Ana María García, directora del consultorio jurídico de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, recordó que no todo ruido constituye necesariamente una infracción, y que la carga de la prueba recae sobre quien denuncia el exceso, quien debe aportar evidencia objetiva para sustentar su inconformidad.

La profesional mencionó que, de acuerdo con la Ley 675 de 2001, se establece que los primeros mecanismos para la resolución de disputas en conjuntos residenciales son los canales internos, es decir, la administración y el comité de convivencia.

Estas instancias buscan mediar entre las partes y evitar confrontaciones directas entre vecinos, además de dejar constancia escrita de los procesos y acuerdos alcanzados. Solo cuando estas vías se agotan y persiste el conflicto es posible acudir a las autoridades externas, como la policía.

En materia de ruido, mencionó la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, que fija los límites máximos permitidos: 65 decibeles en horario diurno (de 7:01 a. m. a 9:00 p. m.) y 55 decibeles en horario nocturno (de 9:01 p. m. a 7:00 a. m.).

Las mediciones deben realizarse utilizando los procedimientos técnicos oficiales, lo que descarta la posibilidad de imponer sanciones o restricciones basadas exclusivamente en la percepción subjetiva de los afectados.

William Hernández, profesor de la misma facultad, advirtió que reclamaciones reiteradas y sin respaldo técnico pueden configurar el delito de falsa denuncia si se demuestra mala fe, según el artículo 435 del Código Penal.

Respecto a la exposición de estos conflictos en redes sociales, Hernández aclaró que, aunque la publicación de experiencias personales no es ilegal, sí puede derivar en responsabilidad civil o penal si se vulneran derechos fundamentales de terceros, como el buen nombre o la intimidad.

Hernández puntualizó indicando que el cumplimiento estricto de los procedimientos legales y el respeto por los derechos de todos los involucrados resultan esenciales para evitar consecuencias jurídicas y mantener la convivencia en el marco de la normativa vigente.

La incertidumbre jurídica rodea al Concejo de Bogotá, mientras persiste en enero de 2026 el trámite de las demandas de pérdida de investidura contra el presidente del órgano y otros tres cabildantes.

El proceso, que se extiende desde el año anterior, mantiene en vilo la composición de la corporación y pone en el centro del debate la necesidad de una respuesta pronta y clara por parte de la justicia administrativa. La posible salida de cuatro concejales capitalinos podría alterar el equilibrio político local y sentar un precedente sobre la interpretación de los conflictos de intereses en la administración pública.

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El caso actualmente tramita ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, instancia que estudia la demanda de pérdida de investidura. Diversas fuentes del entorno jurídico han señalado la urgencia de una decisión definitiva, ya que la indefinición afecta la estabilidad institucional de la capital.

Jhoan Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo, subrayó la importancia de una resolución expedita: “Es importante que el Consejo de Estado resuelva la demanda de pérdida de investidura, que está en estudio en la Sección Quinta. Y que lo haga con prontitud de tal sentido que dé seguridad jurídica a las partes y atienda al principio de economía procesal”, expresó el jurista.

La demanda se fundamenta en la presunta existencia de un conflicto de intereses que habría obligado al presidente del Concejo, Samir Abisambra, así como a otros miembros, a declararse impedidos en decisiones clave. El foco principal está puesto en el concejal Juan Javier Quintero, cuya actuación es objeto de especial escrutinio por parte de la corporación judicial. Según ha trascendido, la controversia gira en torno a la eventual omisión del deber de declararse impedido, lo que podría configurar la causal de pérdida de investidura.

“Para el caso en concreto, es importante que la alta corte defina con claridad, si existió el supuesto conflicto de intereses que hubiera llevado a tener que declararse impedido al concejal Quintero. Está siendo el real problema jurídico”, puntualizó Montenegro. El especialista recordó que la decisión que adopte la alta corte tendrá impacto directo no solo en la conformación actual del órgano legislativo local, sino en la interpretación futura de responsabilidades éticas de los servidores públicos.

La pérdida de investidura representa una de las sanciones más severas para los miembros de corporaciones públicas en Colombia. Consiste en la destitución inmediata y la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, medida que busca preservar la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder público. Montenegro explicó que “la pérdida de investidura debe atender al precedente judicial que se ha venido decantando en la respectiva sección del Consejo de Estado. Existen casos similares que han venido marcando la línea de precedente de la Alta Corte”. Para el abogado, el respeto a la jurisprudencia previa resulta esencial para garantizar la igualdad ante la ley y evitar decisiones contradictorias que generen inseguridad jurídica.

El desarrollo del proceso ha sido seguido de cerca por diversos sectores políticos y sociales de Bogotá, ante el posible reacomodo de fuerzas en el Concejo. La falta de definición sobre el futuro de los cuatro cabildantes ha originado múltiples interpretaciones y expectativas en torno a la solidez de las pruebas presentadas y al rigor con que la Sección Quinta del Consejo de Estado adopte su determinación.

Mientras se espera la decisión judicial, los demandados continúan ejerciendo sus funciones, en medio de un clima de expectativa. La resolución de este caso podría convertirse en referencia obligada para procesos similares en otras capitales del país, donde la aplicación estricta de los principios de conflicto de intereses y transparencia pública se encuentra bajo observación. El pronunciamiento de la alta corte definirá no solo la suerte de los concejales involucrados, sino los alcances del control judicial sobre la ética en la función pública.

Lydia Lozano cuestionó la autenticidad del reciente comunicado público difundido por el cantante Julio Iglesias respecto a las acusaciones de agresiones sexuales, al señalar que este texto llegó a través de su abogado y dudar de que el propio artista lo haya redactado. Según publicó Europa Press, la periodista y colaboradora televisiva expresó que las declaraciones expuestas a través de redes sociales no representan necesariamente la opinión personal de Iglesias sobre el caso que involucra a dos exempleadas domésticas.

El medio Europa Press detalló que Lozano manifestó su respaldo a la esposa de Julio Iglesias ante las acusaciones públicas. La periodista resaltó que la mujer del cantante ha mantenido tradicionalmente un perfil muy reservado, alejado de los grandes focos mediáticos, y afirmó que ha permanecido sin declaraciones ni exposiciones públicas, manteniéndose en silencio incluso durante esta polémica. Lozano observó que, debido a ese historial y a su forma de vida actualmente establecida en Indian Creek desde la pandemia, resulta poco realista esperar de ella una reacción pública amplia o un papel activo frente a las denuncias.

En la entrevista exclusiva concedida a Europa Press, Lozano abordó también el contexto de las denuncias elevadas por las exempleadas. Rechazó que estas acusaciones se utilicen como herramienta política para desviar la atención de otros asuntos polémicos en España, explicando que la investigación judicial vinculada a este caso comenzó hace tres años, lo que, a su juicio, descarta una relación directa con estrategias políticas o campañas de actualidad. La periodista calificó como infundada la idea de que la noticia se utilice para conseguir réditos electorales y agregó que no encuentra sentido a que la situación se politice bajo ese argumento.

Respecto a las motivaciones económicas de las denunciantes, Lozano desmintió que busquen un beneficio monetario personal. Según la información recogida por Europa Press, la colaboradora indicó que ambas mujeres supuestamente cuentan con el respaldo de una organización no gubernamental y subrayó que esa protección supone un contexto distinto a la búsqueda de un arreglo financiero.

Europa Press también reportó que Lozano fue consultada durante la conversación sobre la situación médica de su esposo. La periodista precisó que él continúa su recuperación en casa y detalló que están a la espera de próximas pruebas y análisis para comprobar si la infección bacteriana ha sido superada. Lozano señaló que, hasta ese momento, desconocen si la bacteria desapareció y están pendientes de nuevas revisiones médicas.

El caso de Julio Iglesias cobró notoriedad internacional luego de que la prensa reportara las denuncias públicas de dos exempleadas que trabajaron en las propiedades del cantante en el Caribe, quienes acusan al artista de conductas sexuales inapropiadas. La reacción de figuras del entorno próximo al cantante, como la de Lydia Lozano, fue recogida y analizada por distintos medios y sirve para ilustrar el alcance y la repercusión social de las acusaciones, así como las posturas y preocupaciones que han surgido a raíz de este episodio en la esfera mediática.

Las denuncias contra el cantante Julio Iglesias han derivado en la apertura de diligencias de investigación penal preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según informaron esDiario.es y Univisión. Las investigaciones se centran en unos presuntos hechos ocurridos en 2021, época en la que dos exempleadas de Iglesias trabajaban en sus residencias situadas en República Dominicana y las Bahamas, y presentaron una denuncia el pasado 5 de enero por presunta agresión sexual. Las querellas se encuentran en una fase inicial y la fiscalía declaró que las diligencias abiertas tienen "carácter reservado". El medio esDiario.es detalló que las ex empleados prestarán declaración bajo el amparo del estatus de testigos protegidos.

De acuerdo con esDiario.es, la respuesta de Iglesias se produjo después de tres días de que se hiciera pública la información, concretamente mediante una conversación con la revista ¡Hola! y un mensaje en redes sociales. En su declaración pública, el artista expresó: "No es para mí el momento de hablar pero ese momento va a llegar muy pronto porque quiero llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido". Posteriormente, Iglesias emitió un comunicado en el que negó de forma categórica las acusaciones: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

En esa misma comunicación difundida en sus redes sociales, Iglesias subrayó el impacto personal de la situación, afirmando: “Nunca había sentido tanta maldad pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. De acuerdo con esDiario.es, estas manifestaciones públicas siguieron a la decisión del cantante de contratar al despacho de abogados liderado por José Antonio Choclán, exmagistrado y conocido en el ámbito jurídico por representar a diversas personalidades mediáticas, entre ellas el futbolista Cristiano Ronaldo, el empresario Víctor de Aldama en el ‘caso Koldo’ y Corinna Larsen.

La información difundida por esDiario.es y Univisión precisa que el expediente contra Iglesias apenas comienza a desarrollarse y que no se ha divulgado detalle alguno acerca de las diligencias en curso. Desde la fiscalía indicaron que el procedimiento se encuentra en una etapa de carácter reservado y que las exempleadas que presentaron la denuncia están contempladas para comparecer en calidad de testigos protegidas, con las garantías judiciales correspondientes.

El medio esDiario.es subrayó que el equipo legal de Iglesias está encabezado por Choclán, reconocido por su trayectoria tanto en órganos judiciales como en la defensa de figuras mediáticas. La explicación sobre esta elección legal remite a la complejidad y relevancia pública del caso, dada la notoriedad de las partes implicadas y la repercusión internacional de las denuncias.

Tanto esDiario.es como Univisión puntualizaron que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias de investigación, pero que el proceso se mantiene en estricto sigilo, sin que hasta la fecha existan revelaciones oficiales acerca de la evolución del caso o las evidencias aportadas. Las denuncias, formuladas el 5 de enero, involucran presuntos episodios de agresión sexual y motivaron la reacción inmediata por parte del artista, cuyo entorno ha reiterado su intención de llegar hasta las últimas consecuencias legales para aclarar los hechos y preservar su integridad y reputación.

En el contexto de las declaraciones, la revista ¡Hola! recogió las palabras del cantante, quien sostuvo su disposición a esclarecer lo sucedido, tras considerar que las afirmaciones en su contra carecen de verdad y le han causado tristeza. Iglesias puntualizó en sus redes sociales su negativa rotunda a haber cometido cualquier acto irrespetuoso, de abuso o coacción hacia ninguna mujer.

La cobertura conjunta de esDiario.es y Univisión señala que el avance de las investigaciones estará condicionado por las comparecencias de las denunciantes como testigos protegidos y por las acciones que desplieguen tanto la fiscalía como la defensa encabezada por Choclán. El proceso judicial se sostendrá bajo reserva hasta que las autoridades decidan si existen fundamentos para adoptar medidas adicionales.

El despacho jurídico recientemente contratado por Iglesias tiene una reconocida experiencia en litigios de alto perfil, lo que añade atención mediática al procedimiento judicial en curso. Tanto esDiario.es como Univisión prevén que durante los próximos meses se obtendrán mayores definiciones respecto a la continuidad y los resultados de la investigación penal abierta contra el artista.

El curso de la causa penal determinará si el relato de las exempleadas encuentra respaldo tras las comparecencias ante la Fiscalía y si las acciones legales emprendidas por la defensa logran rebatir o desvirtuar los señalamientos que dieron lugar a la investigación. En tanto, Iglesias reitera públicamente su inocencia y la intención de restaurar su honor personal y profesional, según recogen medios como esDiario.es y Univisión.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Christian Gallego analizó las posibles consecuencias que se registrarán en Colombia en caso de que se confirme lo denunciado por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, sobre el presunto espionaje en su contra con la implementación del software Pegasus por parte del Ministerio de Defensa.

Gallego aseguró que, en ese contexto, se configuraría una violación grave y directa del orden constitucional y legal en Colombia, puesto que se hablaría de la “vulneración grave y directa del orden constitucional y legal, al desbordar los límites que la Constitución y la ley imponen a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado”.

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El abogado enfatizó que las conductas señaladas afectarían de manera directa los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al habeas data, al debido proceso y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, todos ellos protegidos por los artículos 15, 28 y 29 de la Constitución Política.

De la misma forma, recordó que esos derechos solo pueden ser restringidos mediante una orden judicial motivada, dentro de criterios de legalidad y proporcionalidad.

De acuerdo con el análisis de Gallego, la interceptación, acceso o vigilancia de comunicaciones privadas sin autorización judicial “configura el delito de violación ilícita de comunicaciones, tipificado en el artículo 192 del Código Penal, conducta que se agrava cuando se emplean medios tecnológicos sofisticados, como software espía de carácter militar o de inteligencia estratégica, sin una orden judicial que legitime su uso”.

Además, el acceso reiterado a información contenida en dispositivos electrónicos, la extracción de datos personales y la activación irregular de cámaras y micrófonos podrían encuadrar en los delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos, previstos en los artículos 269F y 269A del Código Penal.

El ministro Idárraga alertó sobre la circulación de un documento oficial que sustentaría las actividades de vigilancia y señaló directamente al sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto responsable de ejecutar las órdenes de seguimiento.

En ese sentido, el abogado Gallego recalcó que la realización de estas acciones por parte de funcionarios públicos podría constituir abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en los términos del artículo 416 del Código Penal, al instrumentalizar el poder estatal para fines ajenos a la ley. En sus palabras, “se quebrantarían los principios de legalidad, finalidad y razonabilidad que rigen toda actuación administrativa y militar”.

El jurista explicó que el uso indebido de recursos estatales en estas operaciones también podría derivar en delitos de peculado por uso o por apropiación, conforme a los artículos 397 y 399 del Código Penal, debido a la utilización ilícita de bienes públicos.

Según Gallego, “la posible existencia de una estructura organizada, con división de funciones entre mandos, operadores técnicos y analistas, permitiría inferir la configuración del delito de concierto para delinquir, en los términos del artículo 340 del Código Penal, teniendo en cuenta que se debe acreditar la continuidad, coordinación y finalidad común orientada a la comisión de ilícitos”.

De la misma forma, mencionó que la responsabilidad penal abarcaría no solo a los autores materiales, sino también a quienes ordenaron, permitieron, omitieron o no impidieron los hechos, en virtud de su posición de garante y control efectivo, conforme a los artículos 25 y 28 del Código Penal.

La gravedad de los hechos se incrementaría al tratarse de presuntas actividades de espionaje contra un ministro en ejercicio, lo que compromete el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política. Para Gallego, esto podría configurar una “indebida injerencia o intervención en el sector justicia, lesionando el equilibrio institucional y la confianza en el funcionamiento del Estado”.

En el análisis jurídico, el experto subrayó la posibilidad de sanciones en distintas esferas, más allá de la penal, puesto que las conductas investigadas darían lugar a responsabilidad disciplinaria bajo la Ley 1952 de 2019, así como responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República. Si se demuestra que funcionarios aforados participaron, podría activarse la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a derechos humanos.

El 15 de enero, en Bogotá, se registró una emergencia tras un choque múltiple de vehículos en la carrera 68 con calle 72, en el sector conocido como Las Ferias, de la localidad de Engativá.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el choque se registró luego de un hurto perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta, provocando el inicio de una persecución por parte de la víctima, el conductor de una camioneta.

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Esto terminó luego de que la camioneta impactó la motocicleta, dos automóviles y una volqueta, colapsando el corredor vial de la carrera 68, uno de los más importantes en la capital.

Uno de los ladrones falleció en el lugar, igual que dos ciudadanos que iban a bordo de un carro particular; el otro presunto ladrón fue capturado por las autoridades y sobre su situación legal se confirmó que será presentado ante un juez de control de garantías.

¿Qué pasará con el conductor de la camioneta?

Debido a que las autoridades siguen sin pronunciarse al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Christian Fernando Gallego anticipó lo que podría pasar con el civil que, intentando perseguir a dos presuntos ladrones, provocó la emergencia mencionada.

El experto mencionó que para entender la situación se debe hablar de responsabilidad penal, que en este caso fue voluntaria por parte del ciudadano que protagonizó la persecución vehicular.

“La conducta no fue un acto de reflejo ni una reacción mecánica inevitable; fue una decisión consciente, fue tomada en un estado emocional alterado, pero jurídicamente imputable; por ello, la conducta supera el estándar mínimo requerido para ser analizada dentro de la teoría del delito”.

Para el abogado, la víctima del hurto creó un riesgo que se materializó en el choque, además de que perseguir a otras personas en una vía, con ira y sin autocontrol, implica la ruptura del deber básico de cuidado exigible a cualquier conductor.

“Fue un riesgo que no quedó en el plano de lo hipotético, sino que terminó en una tragedia concreta con la muerte de dos personas. De allí que el encuadre típico adecuado sea el de homicidio culposo, previsto en el artículo 109 del Código Penal, pues la muerte fue causada sin intención, pero como resultado de una conducta imprudente evitable”.

El jurista fue enfático en reafirmar que el ciudadano no tuvo la intención de matar, y que seguramente tenía el pensamiento de que nada grave iba a ocurrir, lo que precisamente lo involucra en el territorio de la culpa.

“El Derecho es aún más claro cuando pasamos al escenario de la antijuridicidad, ya que nada justifica que la vida de personas inocentes quede expuesta por una reacción individual. No se puede hablar de legítima defensa, porque el peligro ya había pasado; el sentimiento generado por el hurto explica la reacción, pero no hace que la conducta sea lícita”, explicó.

En ese sentido, el abogado mencionó que el reproche penal desde la culpabilidad no se formula a partir de la indiferencia, sino desde la exigencia mínima de autocontrol que la sociedad impone incluso en momentos difíciles.

A pesar de ello, Gallego aseguró que en un hipotético juicio no se desconoce el contexto emocional, lo que podría servir como un atenuante en la dosificación de la pena que reciba el ciudadano.

Como conclusión, el jurista indicó que se debe humanizar el comportamiento del conductor, reconociendo que la persona no actuó desde la frialdad, sino desde una emoción desbordada que nubló su capacidad de juicio.

“Desde una óptica jurídica humanizada, el caso debe entenderse como un homicidio culposo, con posible disminución punitiva por ira o intenso dolor, sin castigar una intención homicida que no existió, sino sancionando una decisión imprudente que transformó una emoción como la rabia en riesgo y ese mismo riesgo terminó en muerte”, puntualizó el experto, que afirmó que el castigo que recibirá el ciudadano será de una pena de entre 32 a 108 meses de prisión.

Ante un accidente de trabajo que conlleva una incapacidad permanente, el desconocimiento sobre los derechos y mecanismos de compensación puede tener consecuencias económicas graves para el trabajador afectado.

Muchas víctimas no solo ignoran el alcance de los beneficios a los que pueden acceder, sino que también suelen pasar por alto procedimientos clave para reclamarlos. La falta de información adecuada y la complejidad de los trámites suelen provocar que numerosas personas no exploren todas las alternativas disponibles tras un siniestro laboral.

Según ha comentado en un reciente vídeo Víctor Arpa, abogado laboralista (@abogadovictorarpa), existe una amplia desinformación en torno a la magnitud de las indemnizaciones a las que puede acceder un trabajador afectado. “¿Has sufrido un accidente laboral y ese accidente ha terminado en una incapacidad permanente? Pues quédate, porque igual estás perdiendo muchísimo, muchísimo dinero y nadie te lo ha explicado”, sostuvo Víctor Arpa.

Diferentes alternativas existentes

Arpa señala que la situación suele reducirse únicamente al cobro de una pensión, cuando en realidad pueden existir hasta tres indemnizaciones distintas por reclamar: “Cuando tienes un accidente de trabajo y acabas con una incapacidad permanente, no solo tienes derecho a una pensión. En muchos casos, te pueden corresponder hasta tres indemnizaciones distintas y la mayoría de la gente no reclama ninguna”, detalló el abogado al medio.

La primera opción corresponde a la compensación integral por daños y perjuicios sufridos. Según justificó Arpa, aquí se encuentran incluidos algunos elementos como el tiempo de baja, las secuelas, el daño vitalicio y el lucro cesante.

“La primera indemnización son los daños y perjuicios por tu accidente. Aquí se indemniza todo: la baja médica, las secuelas, el dinero que has dejado de ganar, el daño que te ha quedado para toda la vida. Para que te hagas una idea, si te han dado una incapacidad permanente, esta indemnización puede rondar perfectamente los ciento cincuenta mil euros”, afirmó Víctor Arpa.

A continuación, el abogado puso el énfasis en el llamado recargo de prestaciones, un aumento económico adicional que puede transformar significativamente la estabilidad económica del afectado. “¿Verdad que tu pensión por incapacidad te ha quedado bajísima y no te da para vivir tranquilo? Pues si el accidente fue por falta de medidas de seguridad, esa pensión se puede incrementar entre un treinta por ciento y un cincuenta por ciento de por vida. Sí, has oído bien, de por vida. Y en algunos casos, incluso puedes acabar cobrando más que cuando trabajabas”, puntualizó Víctor Arpa.

Convenio colectivo

Por último, existe una tercera vía de compensación casi ignorada por la mayoría de los trabajadores: las indemnizaciones previstas en los convenios colectivos. “Y la tercera indemnización es la que casi nadie conoce. Si tu convenio colectivo prevé una indemnización por incapacidad permanente derivada de accidente laboral, te corresponde sí o sí. Convenios como el de la construcción, el transporte y muchos otros la incluyen. Y estamos hablando de decenas de miles de euros más”, explicó Arpa.

Frente a este escenario, la advertencia de Víctor Arpa es clara al recalcar que la desinformación puede conllevar pérdidas económicas sustanciales para quienes han sufrido un accidente laboral y afrontan una incapacidad permanente. “Puedes estar regalando todo este dinero a la aseguradora de tu empresa, que es quien paga gran parte de estas indemnizaciones”, subrayó el abogado laboralista.

El peligro oculto de las sanciones empresariales, muchas veces ignorado por los trabajadores, supera en varios aspectos al propio despido, según la mirada del abogado laboralista Juanma Lorente. Desde su análisis, la severidad de estas medidas radica tanto en el impacto inmediato en los ingresos como en las consecuencias legales acumulativas de no impugnarlas a tiempo.

“Sinceramente, esto es muchísimo más peligroso que un despido y la gente no le echa ni cuenta. Se trata de las sanciones en la empresa”, afirmó Juanma Lorente en un vídeo compartido en su canal de TikTok (@juanmalorentelaboralista).

El jurista subrayó la diferencia crucial en la subsistencia económica entre un despido y una sanción de suspensión de empleo y sueldo: “La primera es porque hay sanciones que, por ejemplo, pueden ser de noventa días sin empleo y sin sueldo. Ojo, si a ti te despiden, al día siguiente pides el paro y entra dinero en casa”.

Alternativas ante la situación

La gravedad de la sanción no radica solo en la ausencia de trabajo, sino fundamentalmente en la imposibilidad de percibir ningún tipo de ingreso durante el periodo sancionado. “Si a ti te sancionan con noventa días de empleo y un sueldo, son tres meses que estás sin trabajar, sí, pero también sin cobrar, sin que entre dinero en tu casa. Es una locura”, explicó Lorente.

Frente a esta situación, reconoció: “Yo, personalmente, prefiero cobrar el paro el día siguiente de que me despidan, que esté tres meses que a ver cómo pago mis cosas”. A este panorama se suma un riesgo legal menos visible para muchos empleados: las sanciones menores, aparentemente inocuas, también pueden acumularse y servir de base para un despido disciplinario sin indemnización.

Lorente alertó: “Hay sanciones que no te sancionan con el mismo sueldo, pero sí te ponen una amonestación por escrito, sin que te haga daño en realidad. Puede ser que como no te quita absolutamente nada y tu relación laboral sigue siendo casi la misma, tú no le eches cuenta”.

El verdadero peligro emerge cuando estas amonestaciones se reiteran y no se impugnan formalmente. “Si te ponen una, dos y tres, y tú no pones una demanda para impugnar esa sanción, cuando lleves dos o tres, la empresa va a tener razones para despedirte disciplinariamente y, por lo tanto, sin indemnización”, manifestó Juanma Lorente.

La opción de demandar

El experto resaltó que, si llegado el momento del despido el trabajador decide demandar, carecerá de opciones reales de defensa: “Si una vez despedido, sí quieres demandar para impugnar el despido, si no has impugnado las sanciones anteriores, va a ser muy complicado”.

La advertencia es clara: para el jurista, las sanciones exigen vigilancia y acción inmediata por parte de los trabajadores, ya que su gravedad jurídica y económica puede pasar inadvertida frente al tradicional miedo al despido. Lorente insistió en que una de las claves para evitar consecuencias negativas es no subestimar ninguna sanción y consultar con un especialista si se recibe cualquier notificación por parte de la empresa, aunque parezca poco relevante.

Además, el experto recordó que los plazos para impugnar suelen ser breves, lo que obliga a actuar con rapidez. La información y la prevención se convierten en herramientas fundamentales para proteger los derechos laborales y evitar situaciones que puedan comprometer seriamente la estabilidad económica del afectado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó la apertura de un procedimiento separado para evaluar la posible responsabilidad disciplinaria de un abogado que, según concluyó la Sala de lo Penal, incurrió en reiteradas faltas al citar resoluciones judiciales y documentos oficiales inexistentes en un recurso de apelación presentado durante la defensa en un caso de presunta agresión sexual en Tenerife. Según detalló el propio TSJC a través de una nota de prensa, la actuación del letrado ha despertado dudas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, que habrían generado las referencias empleadas en el escrito.

El caso se originó tras el juicio celebrado en julio de 2025 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde un vecino de la isla resultó absuelto de los cargos de agresión sexual. La sentencia notificó la desestimación del recurso interpuesto por la acusación particular, en el que el abogado aportó como fundamento una serie de citas “espurias” o “apócrifas” atribuidas al Tribunal Supremo y a informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuya existencia no pudo ser verificada. De acuerdo con la información publicada por el TSJC, la Sala identificó al menos siete sentencias supuestamente procedentes del Tribunal Supremo, pero ninguna figura en las bases de datos a disposición del tribunal.

El TSJC añadió que en el recurso también aparecen otros textos jurídicos inexistentes de similares características, identificados por la Sala como producto de “libérrima creatividad jurídica”. La resolución del tribunal resaltó que las citas se exponían con “soltura y desparpajo” a lo largo del escrito, manifestando que, “lejos de consistir en un mero desliz o error venial, por su reiteración, merece ser depurada la posible falta”, según el contenido de la sentencia al que tuvo acceso el medio.

En lo referido al presunto informe del CGPJ sobre la credibilidad en el testimonio infantil, el tribunal señaló la carencia total de registros sobre la existencia de tal documento, a pesar de que el recurso presentado contenía un fragmento atribuido a dicho reporte, con el grado de detalle que haría prever su existencia física o digital. El propio TSJC, en sus comunicados, subrayó que este tipo de actuaciones parecen evidenciar “una conducta reveladora de la palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fió su trabajo sin mayor revisión a lo que el algoritmo le propuso”.

En consecuencia, la Sala decidió actuar en base al artículo 247, apartados 3 y 4, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y a los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya aplicación podría derivar en la imposición de una multa si se determina que el profesional ha actuado con mala fe o falta de respeto al tribunal. Además, el TSJC determinó que podría proceder el traslado del caso al correspondiente colegio profesional para que, si así correspondiera, se valore la apertura de un expediente disciplinario.

El tribunal razonó en la resolución que el uso repetido de jurisprudencia inventada y documentación oficial ficticia no resultaba inadvertido ni constituía un simple descuido. Según expresó el TSJC, la estrategia del letrado parece haber confiado en que la gran cantidad de referencias utilizadas infundiera autoridad a los argumentos esgrimidos, esperando que pasaran desapercibidas en el análisis del tribunal. De acuerdo con la información recabada en la nota oficial, la dinámica observada por la Sala incluye tanto sentencias citadas que no existen como informes institucionales cuyo registro no se haya detectado en ninguna instancia oficial.

Las normas invocadas en la apertura de la pieza separada hacen referencia al principio de buena fe procesal, un deber exigible a todas las partes en el proceso judicial. El TSJC precisó que una infracción en este ámbito puede tener consecuencias directas, como multas económicas para el profesional afectado y, de estimarlo pertinente el colegio de abogados correspondiente, la apertura de un procedimiento sancionador en el ámbito disciplinario.

La situación, según publicó el TSJC, se agravó por la confianza del abogado en los resultados propuestos por tecnologías de inteligencia artificial. El tribunal criticó la falta de verificación y revisión de la autenticidad de los documentos y sentencias incorporados al recurso, actuaciones que, a juicio de la Sala, incumplen los estándares fundamentales de responsabilidad y veracidad requeridos en la función jurídica, más aún ante una instancia judicial de segundo grado.

En el análisis de la Sala, la presentación de jurisprudencia y documentos oficiales falsos, generados presumiblemente de forma automatizada, plantea un precedente en el uso de tecnología en los escritos judiciales. El tribunal subrayó en su resolución que el rigor y el control de la autenticidad de las fuentes empleadas por los abogados sigue siendo una obligación insoslayable, sin que el uso de herramientas informáticas justifique la omisión de ese deber.

El TSJC anunció la continuación de la instrucción para esclarecer la conducta del letrado citado y determinar la posible sanción conforme a las normas vigentes, un proceso que podría extenderse a la intervención del colegio profesional. La resolución del tribunal deja establecida la prioridad de preservar la integridad y la confianza en los procedimientos judiciales, aclaró el propio órgano judicial en su nota divulgada.

En la resolución judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) detalló el hallazgo de numerosas citas supuestamente emitidas por el Tribunal Supremo que no figuran en las bases de datos oficiales, lo que puso en duda la autenticidad de la documentación incorporada en un recurso de apelación. Según informó el propio TSJC a través de una nota de prensa, el máximo órgano judicial canario ha abierto un expediente para investigar la posible utilización de informes y jurisprudencia ficticios en una causa recientemente fallada.

De acuerdo con la información publicada por el TSJC, la investigación se centra en la actuación de un abogado que presentó un recurso contra una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que había juzgado a un vecino de la isla en julio de 2025 por un supuesto delito de agresión sexual. El Tribunal resolvió confirmar la absolución y, al analizar los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, detectó que el letrado aportó referencias a informes oficiales y jurisprudencia inexistentes, que presuntamente habrían sido generados mediante herramientas de inteligencia artificial.

El TSJC aclaró que la revisión del recurso reveló al menos siete sentencias atribuidas al Tribunal Supremo que resultaron ajenas a cualquier registro verificado por la Sala en sus bases jurídicas. Además, los magistrados identificaron en el escrito “otras muchas de similar factura” que fueron calificadas como producto de una “libérrima creatividad jurídica”. En el relato del tribunal, “el abogado las desgrana a lo largo de su escrito con soltura y desparpajo”, lo que incrementó las dudas sobre su procedencia real y autenticidad.

La resolución oficial añadió que, dentro del recurso, aparece además la cita de un supuesto informe del Consejo General del Poder Judicial acerca de la credibilidad del testimonio infantil, fechado en 2019. La Sala del TSJC señaló que tampoco tiene constancia de que dicho documento exista, pese a que el escrito del recurso extrae un pasaje de él con aparente precisión y detalle, similar a quien copia directamente de una fuente original.

Entre las consideraciones de la Sala, comunicadas por el medio judicial, se manifestó que esta conducta parece mostrar “palmaria negligencia en quien, como profesional experto en normas procesales y sujeto a los principios deontológicos de su profesión, confió su trabajo sin mayor revisión a lo que el algoritmo le propuso”. Los magistrados destacaron que el letrado habría actuado “omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos (probablemente de idéntica factura que las citas)”, según reportó el TSJC.

En función de estos hallazgos, la Sala ordenó la formación de una pieza separada para analizar posibles responsabilidades, de conformidad con el artículo 247, apartados 3 y 4, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo esto con la finalidad de determinar si existió una vulneración relevante de las reglas de buena fe procesal. El TSJC explicó que estas normas prevén la imposición de multas cuando se comprueba que un profesional actúa con mala fe o faltando al respeto al Tribunal, con la posibilidad adicional de dar traslado de los hechos al colegio profesional correspondiente para que se estudie la apertura de un expediente disciplinario.

La decisión de abrir la investigación llegó tras constatar la reiteración del modo de proceder del abogado. La resolución hizo hincapié en que lo ocurrido “lejos de consistir en un mero desliz o error venial, por su reiteración, merece ser depurada”. Según publicó el TSJC, la Sala consideró que la gravedad del asunto supera cualquier simple error inadvertido en la redacción procesal.

La sentencia que motivó el recurso versaba sobre un procedimiento por delitos contra la libertad sexual, en el que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absolvió al acusado, vecino de Tenerife. Tras la presentación del recurso por parte de la acusación particular, la Sala de lo Penal del TSJC dictó una resolución en pasados días confirmando el fallo inicial y simultáneamente notificó el inicio de la investigación sobre las actuaciones del abogado implicado, según consignó el propio órgano judicial.

El expediente que ahora tramita el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pone nuevamente sobre la mesa la vigilancia acerca del uso de nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito jurídico, ante el aumento de recursos y escritos que incluyen referencias generadas mediante herramientas basadas en inteligencia artificial. De acuerdo con lo indicado por el TSJC, la supervisión de la autenticidad documental y la veracidad de las fuentes jurídicas se mantiene como un aspecto crítico en el desarrollo de los procesos judiciales.

El periodo de prueba es una de las fases más habituales al iniciar un nuevo empleo, pero también una de las más confusas para muchos trabajadores. La falta de información y la complejidad de la normativa laboral hacen que, en numerosas ocasiones, las empresas apliquen este periodo de forma incorrecta o incluso abusiva.

Despidos sin explicación, trabajos no remunerados o falsas pruebas sin contrato siguen siendo prácticas frecuentes pese a estar prohibidas por la ley. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, ha aprovechado para comentar el tema en su cuenta de TikTok.

Así, ha podido explicar, de manera clara y accesible, cuáles son los derechos, pero también las obligaciones a tener en cuenta durante el periodo de prueba y qué situaciones deben considerarse directamente ilegales.

Las claves a tener en cuenta

Tal y como señala el profesional, el periodo de prueba debe estar recogido en el convenio colectivo y especificado expresamente en el contrato de trabajo. Durante este tiempo, tanto el trabajador como la empresa pueden dar por finalizada la relación laboral sin necesidad de preaviso.

Esto implica que la empresa puede comunicar de un día para otro que el trabajador no continúe, sin que pueda descontar cantidades por una supuesta falta de preaviso, una práctica que el abogado asegura que sigue siendo común y que es ilegal.

El experto recuerda, además, que el periodo de prueba siempre debe estar remunerado y que el trabajador debe estar correctamente contratado y dado de alta desde el primer día. Cualquier otra fórmula, como trabajar “a prueba” sin contrato, constituye un fraude laboral.

La prestación de desempleo

En cuanto a la prestación por desempleo, el abogado aclara que no superar el periodo de prueba sí da derecho a cobrar el paro. Sin embargo, existe una excepción importante: si el trabajador dimitió voluntariamente de su empleo anterior y no han transcurrido más de tres meses antes del nuevo contrato, no tendrá derecho a percibir la prestación.

El vídeo también advierte de que no pueden establecerse dos periodos de prueba para el mismo puesto o tipo de trabajo. Además, si un trabajador se encuentra de baja médica y la empresa comunica que no ha superado el periodo de prueba, podría tratarse de un despido nulo, al existir un claro indicio de discriminación. Según explica, muchas empresas evitan justificar el motivo, lo que refuerza ese carácter discriminatorio.

Las trabajadoras embarazadas

Especial atención merecen las trabajadoras embarazadas. En estos casos, si la empresa no comunica una causa concreta para la no superación del periodo de prueba, la extinción del contrato puede considerarse nula, lo que permitiría reclamar y recuperar el puesto de trabajo.

Por último, el abogado recuerda que si el periodo de prueba excede los límites legales, también es ilegal y el contrato debe considerarse indefinido. El mensaje final es claro: conocer la normativa es fundamental para evitar engaños y defender los derechos laborales.

La información difundida en redes sociales por profesionales del derecho se ha convertido en una herramienta clave para acercar el conocimiento legal a los trabajadores. Como recuerda Ignacio de la Calzada, el periodo de prueba no es un “tiempo sin derechos”, sino una fase plenamente regulada y con garantías.

Conocer sus límites legales, las situaciones de posible discriminación y las consecuencias de una aplicación indebida puede marcar la diferencia entre aceptar un abuso o reclamar lo que corresponde por ley.

La Audiencia Provincial de La Rioja rechaza la petición de un padre que solicitaba a su exmujer el pago de una pensión alimentaria a favor del hijo de ambos, el cual reside con él. La sentencia, dictada el 8 de octubre de 2025 en Logroño, confirma la decisión previa del Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 1 de Logroño y cierra la puerta a la posibilidad de que la madre deba afrontar una obligación económica en este contexto familiar.

El contexto subyacente parte de la inexistencia del vínculo entre el hijo, mayor de edad, y su madre. Tras el divorcio de la pareja, en 2021, se estableció que el padre debía abonar una pensión de alimentos de 300 euros mensuales para su hijo, entonces menor de edad, con la previsión de que la obligación se mantendría hasta que el joven finalizara sus estudios y alcanzara la independencia económica. Sin embargo, la situación familiar cambió cuando el hijo cumplió 20 años, momento a partir del cual vive exclusivamente con su padre, sin mantener contacto alguno con su madre.

La sentencia de primera instancia, dictada el 20 de mayo de 2025, ya había resuelto extinguir la pensión de alimentos a cargo del padre, pero rechazó que la madre asumiera esa obligación. El fallo argumentó que, si bien existía una modificación relevante en la situación de convivencia y dependencia del hijo, no se daban las condiciones para imponer una pensión a la madre.

Entre los fundamentos, el tribunal destacó que el mayor de edad había empezado a trabajar en una empresa, percibiendo sueldos de entre 311 y 1.800 euros, y que, aunque se presentó un recibo informativo sobre una posible matrícula en la Universidad de La Rioja, no se acreditó ni la inscripción efectiva ni el pago de la matrícula. Además, el tribunal subrayó que el joven había dejado su empleo por decisión propia y que, dada su edad y cualificación, podía alcanzar la independencia económica.

El padre apeló la primera decisión de la Justicia, sin éxito

En la apelación, el padre insistió en que la actividad laboral del hijo fue temporal y que el joven se había matriculado en la universidad, lo que, según su postura, justificaba la necesidad de una pensión alimentaria a cargo de la madre. Alegó que la dedicación exigida por los estudios universitarios impedía a su hijo compatibilizarlos con un trabajo que le permitiera sostenerse de manera autónoma. Aportó como prueba un supuesto justificante de pago de matrícula por 1.318,56 euros, que, según su versión, acreditaba la continuidad de la formación académica.

La Audiencia Provincial desestimó estos argumentos. El tribunal consideró que no se había probado la matrícula universitaria ni la continuidad de los estudios, ya que el documento presentado era solo informativo y no constituía un recibo de pago ni un certificado de inscripción. En palabras del fallo, “un mero documento informativo no es suficiente prueba”.

El tribunal también analizó la ruptura total de la relación entre el hijo y su madre, recordando la doctrina del Tribunal Supremo español, que permite extinguir la pensión alimentaria cuando la falta de relación es relevante, intensa y atribuible principalmente al hijo. En este caso, la sentencia remarcó que “no se ha aportado tampoco indicio alguno de que la madre sea responsable de esa ruptura total, ni ninguna causa objetiva o razonable que la justifique”.

El Tribunal Supremo advierte contra el “parasitismo social” de los hijos mayores de edad

La resolución cita expresamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que advierte contra el “parasitismo social” de los hijos mayores de edad y exige que la obligación alimentaria se limite a situaciones de verdadera necesidad, no a casos en los que el hijo puede alcanzar la independencia por sus propios medios. En este sentido, la sentencia subraya que “la obligación de dar alimentos entre parientes cesa si el hijo ya no los precisa porque trabaja y puede atender su subsistencia”.

La decisión de la Audiencia Provincial de La Rioja implica la confirmación de la extinción de la pensión alimentaria a cargo del padre y la negativa a imponer una nueva obligación a la madre, en un contexto donde el hijo, mayor de edad, ha roto voluntariamente el vínculo con ella y no ha demostrado una situación de necesidad real ni la continuidad de sus estudios. Además, la sentencia impone las costas procesales de la segunda instancia a la parte apelante, es decir, al padre.

Cada vez son más los creadores de contenido que actualizan sus perfiles de TikTok con publicaciones explicativas sobre cuestiones que giran en torno a trámites legales. Uno de los más comentados son los divorcios, los cuales dan mucho de que hablar: pensiones alimentarias, división de viviendas, relación legal entre padres e hijos, mayoría de edad... Son muchos los ángulos desde donde deciden abordarse dichos conflictos.

Un ejemplo de ello es Arsenio Martínez, abogado, quien a través de su perfil de la red social decide divulgar contenido con el foco depositado en los divorcios y los matrimonios. “La pensión de alimentos cubre la ropa, la alimentación, la vivienda, los gastos de farmacia habituales y los gastos de educación, como libros, matrícula y material escolar”, afirma en el vídeo directo al grano.

Con esta introducción de sopetón, Martínez pretende captar la atención sobre la pensión alimentaria, muchas veces, sobre la que no se posee información suficiente. “Esto no significa que todos los gastos deban dividirse a partes iguales”, declara Martínez. Mientras pronuncia estas palabras, el letrado enseña comentarios realizados en redes que muestran lo que suele pensar, equívocamente, según Martínez, algunos de sus seguidores.

La pensión alimentaria no implica cubrir los gastos a partes iguales, según afirma el abogado

El abogado, afirma en el mismo vídeo que existe la creencia popular de que la pensión alimenticia implica cubrir la mitad de todos los gastos relacionados con los hijos. Nada más cerca. En realidad, explica Martínez, la ley determina conceptos específicos que están comprendidos dentro de la pensión, por lo que exime de suposiciones a quienes les corresponde pagarla o recibirla. El abogado subraya, además, que la obligación incluye aspectos como la ropa, la alimentación, el hogar y los costos ordinarios de farmacia.

Además, el letrado precisa que los gastos de educación, entre los que menciona los libros de texto, la matrícula escolar o universitaria y el material del colegio, también forman parte de la pensión de alimentos. A su vez, destaca la importancia de acordar en el convenio regulador la forma en que se repartirán gastos extraordinarios, como las actividades extraescolares que los menores ya realizaban antes de la separación. Dicha especificación, en ocasiones olvidada, es crucial, según el creador de contenido.

“Es muy importante que, si pactas un convenio regulador, quede reflejado que si el menor ya venía practicando actividades extraescolares antes de la separación o el divorcio, esto se va a sufragar al cincuenta por ciento, al igual que, por ejemplo, los gastos de educación”, recomienda Martínez en el mismo vídeo. Del mismo modo, Martínez considera necesario dejar cuantas más cuestiones atadas, mejor, de cara a no tener que abonar pagos extras no definidos en los documentos legales.

Para el abogado, dejar establecidos estos detalles en el convenio regulador evita futuros inconvenientes. “Que se manifieste en el convenio regulador que los gastos extraordinarios van a ser sufragados al cincuenta por ciento, incluidos los de educación: libros, matrícula, material escolar, etcétera, evita sorpresas”, concluye Arsenio Martínez, quien insta a sus seguidores a preguntarle por dudas que puedan poseer.

La legislación sobre horas extraordinarias en España genera múltiples dudas en empresas y plantilla. Las preguntas se disparan en los entornos laborales frente a picos de actividad, imprevistos o necesidades extraordinarias de producción. Sebastián Ramírez, abogado especializado en derecho laboral, abordó este tema en un vídeo publicado en sus redes sociales (@leyesconsebas), donde desglosó con sencillez y claridad los aspectos fundamentales.

En sus declaraciones Ramírez enfatizó la importancia de dominar lo que la ley establece sobre la voluntariedad y la compensación de las horas extra, advirtiendo que “en este tema hay muchísima confusión, tanto por parte de los trabajadores como de los jefes”.

La intervención de Ramírez parte de una preocupación extendida por el desconocimiento de las bases legales que rigen el tiempo dedicado fuera de la jornada ordinaria. En su vídeo, subrayó que la voluntariedad es un principio esencial: “Las horas extras son totalmente voluntarias”, recordó el abogado. Añadió que un empleador no puede obligar a un trabajador a ampliar su horario sin consentimiento expreso, lo cual queda expresamente recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La excepción

La única excepción aparece en escenarios de fuerza mayor, condicionante acotado a situaciones imprevisibles y urgentes. Así lo ejemplificó Ramírez, señalando: “Solo existe una excepción y es por la causa de fuerza mayor, como cuando se rompe una tubería en la oficina y necesitas ayudar a sacar los documentos”. En estos casos, la legalidad de la exigencia de horas extra se encuentra amparada por la necesidad de salvaguardar bienes o evitar un perjuicio grave para la empresa.

El vídeo de Ramírez recoge la inquietud de parte de la audiencia, tanto trabajadores como responsables de recursos humanos, ante consultas frecuentes sobre la remuneración de las horas extraordinarias. “Las horas extras se tienen que compensar con descanso o con salario”, expuso el letrado en su vídeo.

Detalló que la ley española otorga al trabajador el derecho a elegir la modalidad de compensación cuando esta alternativa aparece reflejada en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa, y que las empresas tienen la obligación de respetar no solo el pago sino la correcta gestión de los registros horarios.

Valor económico

Otro aspecto menos conocido, y al que el abogado dedicó especial atención en su vídeo, recae sobre el valor económico de la hora extra. “La mayoría de convenios colectivos contemplan que la hora extra trabajada se debe pagar más que una hora normal”, precisó Ramírez.

A su vez, insistió en la necesidad de revisar siempre el texto del convenio aplicable antes de aceptar o rechazar una solicitud de ampliación de jornada. Esta afirmación responde a la tradición normativa española de dotar de protección adicional al trabajador que asume un sobreesfuerzo horario, intentando equilibrar cargas y prevenir abusos.

En sus publicaciones, el especialista en derecho laboral sugiere que los empleados consulten la normativa interna de la empresa y analicen cuidadosamente los documentos de registro horario y nómina, ante cualquier duda frente a la realización de servicios fuera del horario ordinario.

Según Ramírez, el conocimiento de estos mecanismos y sus límites resulta fundamental en un contexto donde la cultura de la inmediatez y la disponibilidad permanente puede tensionar la frontera entre tiempo laboral y personal.

Con la aportación de Sebastián Ramírez y su llamada a informarse, el objetivo es reducir los malentendidos y evitar posibles conflictos legales entre empleadores y trabajadores. “Ahora ya lo sabes para la siguiente ocasión que tengas que hacer horas extras”, concluyó el abogado, animando a la audiencia a ejercer sus derechos laborales y a exigir la correcta aplicación de la normativa vigente.

La posibilidad de que una empresa exija una indemnización económica por una baja voluntaria mal gestionada vuelve a situarse en el centro del debate laboral. Un caso reciente ha puesto de relieve los riesgos que existen cuando un trabajador no respeta correctamente el proceso formal de preaviso al presentar su renuncia.

La advertencia ha tomado notoriedad a raíz del relato del abogado especialista en derecho laboral Juanma Lorente, quien explicó el incidente en un video publicado en su cuenta de TikTok en la que realiza vídeos explicando y asesorando a los trabajadores (@juanmalorentelaboralista).

Según Lorente, la normativa laboral impone la obligación de comunicar a la empresa con antelación la decisión de dejar el puesto, pero el plazo requerido puede variar según el convenio colectivo aplicable al sector.

“En cada convenio viene un preaviso diferente”, afirmó el letrado en su mensaje. De esa forma, la cantidad de días que debe avisarse no siempre es de quince, como muchos trabajadores creen, sino que depende de las condiciones específicas que recoge el acuerdo colectivo de cada actividad.

Consecuencias económicas

No cumplir con el preaviso puede acarrear consecuencias económicas relevantes para el empleado. Lorente detalló que ciertos convenios establecen que la empresa puede reclamar una cantidad equivalente a un día de salario por cada día de preaviso omitido.

Esto significa que si el periodo exigido en ese sector es de quince días y el trabajador avisa solo con diez, la empresa está facultada para solicitar hasta cinco días de sueldo. Además, en otras ramas profesionales, la penalización puede ascender a dos días de salario por cada jornada que no se haya respetado, lo que incrementa el impacto sobre el monto final.

En la experiencia del abogado, estas penalizaciones cuentan con respaldo legal siempre que estén explicitadas en el convenio colectivo correspondiente y se descuenta la suma de la liquidación final. Por este motivo, entidades sindicales y especialistas en derecho laboral recomiendan revisar atentamente los acuerdos sectoriales antes de formalizar cualquier salida voluntaria.

No subestimar el preaviso

Los datos aportados por Lorente reflejan la diversidad existente entre sectores y la relación directa entre estas penalizaciones y el salario del trabajador. El alcance económico de los descuentos depende tanto del convenio colectivo como de la nómina mensual de cada persona. Por ejemplo, sectores como comercio, hostelería o tecnología manejan reglas específicas que pueden repercutir de manera distinta sobre la liquidación final.

El mensaje difundido a través de TikTok subraya la importancia de no subestimar la gestión del preaviso en la baja voluntaria. “El preaviso no es ninguna tontería”, advirtió el abogado laboralista, quien aconsejó informarse exhaustivamente antes de tomar cualquier decisión de renuncia. Según el experto, la consulta del convenio colectivo y la claridad acerca de los días requeridos y sus consecuencias deben ser pasos obligados antes de presentar la baja ante la empresa.

La recomendación de los especialistas apunta a evitar complicaciones que puedan derivar en recortes económicos evitables. La planificación, el cumplimiento de los plazos y la consulta previa de las obligaciones contractuales emergen como prácticas esenciales para quienes valoran una salida laboral sin contratiempos financieros.

Los episodios recientes muestran que detalles administrativos aparentemente menores pueden transformarse en cargas económicas si no se gestionan adecuadamente. Además, la falta de información sobre los derechos y deberes ante una renuncia puede exponer al empleado a sanciones inesperadas. Contar con el asesoramiento pertinente y revisar los convenios vigentes reduce el margen de error y proporciona certezas para actuar correctamente frente al empleador.

Transferir dinero o bienes de manera gratuita, sin esperar nada a cambio es un gesto bastante habitual entre familiares y amigos. Sin embargo, una práctica que a simple vista puede parecer inocente, conlleva consideraciones legales y fiscales a tener en cuenta.

En este caso, la Agencia Tributaria considera que recibir una cantidad significativa de dinero sin devolverla, aunque sea con fines familiares, se considera como una donación sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Para explicar cómo actuar ante esta situación y evitar problemas legales, el abogado Manuel Requena ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@manuelrqna), un vídeo en el que destaca los puntos a tener en cuenta en esta práctica.

Prestar dinero a un familiar

“Si alguna vez has dado dinero a un familiar sin firmar nada, enhorabuena, porque tienes un problema con Hacienda”, comienza comentando el abogado. En este caso pone seguidamente un ejemplo de la actividad que causa ese problema.

El supuesto que plantea es el de prestar una cantidad de dinero mediante una transferencia a un familiar, puntualizando el hecho de que nadie firma nada, hasta que meses después llega una carta de Hacienda preguntando por ese movimiento.

En este sentido, lo que para cualquiera supone un favor, para la Agencia Tributaria se llama donación, y estas donaciones tienen que pagar impuestos, sobre todo si no se puede aplicar ningún tipo de bonificación.

Al no existir ningún contrato o escritura entre las partes, Hacienda entiende que fue una donación no formalizada correctamente, destaca Requena.

Cómo hacerlo bien

Lo que puede evitar que se impute una donación es bastante sencillo. La solución es un contrato privado de préstamo entre particulares. En este documento habrá que especificar la fecha, cuánto dinero se presta a la otra persona, cómo se va a devolver el préstamo y aclarar que no hay intereses.

Una vez hayan firmado ambas partes, se hace la transferencia y se presenta el Modelo 600 como exento en la oficina liquidadora de Hacienda correspondiente. Con esta combinación, la Agencia Tributaria ya no podrá determinar que es una donación sin formalizar, concluye Requena.

Una solución alternativa para evitar el papeleo y el seguimiento de los cobros es el préstamo pignoraticio. En este caso el dinero lo va a prestar un banco, en las condiciones que se convengan. Para que estas sean lo más ajustadas posibles, el potencial prestamista que no va a serlo pone como garantía del préstamo un depósito por idéntico importe.

El banco cobra el préstamo como cualquier otro, y en el caso de que se impague puede ejecutar la garantía cancelando el préstamo restante contra el depósito aportado previamente.

De esta forma se consigue articular la documentación y la mecánica de cobros mediante una empresa especializada; se va rebajando el riesgo; nunca se superará la pérdida que podría haberse producido con un préstamo directo; y se puede hacer uso de los documentos del banco y las acciones judiciales en caso de incumplimiento del deudor.

No existe un límite

En España no hay un límite exento para las donaciones entre familiares. Sin embargo, es recomendable declarar todas las acciones, aunque si se trata de pequeñas cuantías puede no ponerse el foco en las mismas.

De igual forma, Hacienda nunca pierde la pista. Por eso, conviene no perder de vista que tiene hasta cuatro años para reclamar cualquier impuesto por cualquier cuantía que consideren.

Las empleadas del hogar son uno de los colectivos laborales más vulnerables del mercado de trabajo. A pesar de desempeñar tareas esenciales, como la limpieza, el cuidado de personas mayores o el mantenimiento del hogar, muchas de ellas siguen enfrentándose a situaciones de precariedad, desconocimiento de sus derechos y, en numerosos casos, salarios por debajo de lo establecido legalmente.

La falta de información, el trabajo en entornos privados y, en ocasiones, la situación administrativa irregular agravan una realidad en la que el incumplimiento salarial continúa siendo frecuente.

Víctor Arpa, abogado laboralista y creador de contenido en TikTok, ha difundido en redes sociales un mensaje dirigido a las empleadas del hogar para ayudarlas a comprobar si están recibiendo el salario que legalmente les corresponde. En su intervención, advierte de que “muchas veces pensáis que estáis bien pagadas y en realidad os están quitando dinero sin que lo sepáis”.

El salario mínimo no depende de tener papeles

El letrado recuerda que el salario mínimo para una empleada del hogar a jornada completa “no es una opinión, es 1.381,33 euros al mes, lo que hace un total anual de 16.575,96 euros”. Además, subraya que “ese es el mínimo legal, por debajo de eso no puedes cobrar”.

Durante el vídeo, el abogado analiza el caso de una trabajadora que asegura recibir 1.200 euros al mes y media paga extra, 600 euros en julio y otros 600 en diciembre. Según el cálculo expuesto, “estás cobrando alrededor de quince mil euros al año”, lo que supone “más de mil euros menos de lo que te corresponde por ley”.

El especialista concluye con firmeza: “No te están pagando lo que marca la ley”. Uno de los puntos más destacados del mensaje es el recordatorio de que la situación administrativa no afecta al derecho a recibir el salario mínimo.

“Aunque estés en situación irregular, tienes exactamente los mismos derechos salariales. No te pueden pagar menos por no tener papeles”, afirma. Y añade que “si no llegas a 16.575, 96 euros al año, no estás cobrando lo que te corresponde”.

La importancia de la asistencia legal

El abogado ofrece incluso apoyo en caso de irregularidades: “Si quieres, te reviso tu salario y te digo exactamente cuánto te deben pagar”, asegura. También anima a reclamar: “No dudes lo más mínimo que te vamos a ayudar a compensar aquel dinero que te deberían haber abonado y que era tuyo y que no se te abonó”.

La advertencia del abogado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la información y la protección de las empleadas del hogar, un colectivo que aún lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales. Su mensaje recuerda que el salario mínimo no es negociable y que ninguna trabajadora debe renunciar a lo que le corresponde por desconocimiento o por miedo.

En un sector donde la vulnerabilidad es habitual, conocer la ley se convierte en la primera herramienta para garantizar condiciones dignas y evitar abusos que, como señala el propio letrado, “suponen dinero que es suyo”.

En un hecho que ha generado indignación nacional, el 2 de diciembre el barranquillero Jean Claude Bossard fue asesinado durante un intento de hurto en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

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Tras el hecho, un policía interceptó a los criminales que se movilizaban en una motocicleta, protagonizando un cruce de disparos en el que murió el conductor del automotor y el otro delincuente, un menor de 16 años, fue capturado por las autoridades.

El balance de la Policía Metropolitana de Bogotá aumentó la indignación general en la ciudad, puesto que informaron que no era la primera vez que la motocicleta mencionada era utilizada para un crimen en el sector y que se había intentado reforzar el despliegue de uniformados para evitar que más ciudadanos fueran víctimas de los delincuentes.

Lo que le espera al menor capturado

En la tarde del 3 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación informó que el menor capturado, cuya identidad está siendo protegida, fue presentado ante un juez de control de garantías, que le imputó cargos por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaría.

El joven aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaría (alteración de la placa de la motocicleta). Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

Con este contexto, Infobae Colombia contactó al abogado penalista Rogelio Roldán, que explicó lo que seguirá en el proceso y la posible pena que podría recibir el menor.

“Lo primero que la opinión pública debe comprender es que en Colombia, por mandato constitucional y tratados internacionales, los menores de 18 años no son procesados bajo la ley 906 del 2004 (Código Procedimiento Penal), sino bajo la ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), lo que quiere decir, que los menores responden penalmente diferente, es decir, no se puede hablar de una pena, sino más bien de una medida de seguridad, en donde lo que se busca es resocializar al menor, no castigarlo”, explicó el jurista.

Roldán explicó que, a pesar de haber aceptado cargos por los crímenes principales, aún no ha sido declarado responsable de los cargos, puesto que eso es definido en un juicio.

“La medida actual no es una condena, sino una medida que propende privar al menor del entorno que presume la ley, es el primer culpable de la cosmovisión delictiva del mismo. El sistema penal colombiano precisa que el menor delincuente no es delincuente por su propia voluntad o su autodeterminación, sino que lo precisa como una consecuencia de la desprotección estatal y familiar, por lo que al menor delincuente es necesario aperturarle un proceso de restablecimiento de derechos”.

Sobre el posible castigo que recibirá el menor, Rogelio Roldán anticipó que no será de más de ocho años, puesto que el objetivo es recuperar al joven y que este sea reinsertado en la sociedad.

“El menor podrá ser privado de la libertad en centro de atención especializado por un término de hasta ocho años, distando mucho de una condena ordinaria para una persona mayor de edad que podría ser objeto de una condena de hasta los 40 años”.

Al hablar de lo registrado durante la imputación de cargos, el penalista afirmó que no aceptar cargos por la alteración de la placa de la motocicleta haría parte de una estrategia por parte de la defensa.

“Esto es una estrategia de defensa inteligente, pues aceptar los delitos graves busca beneficios y demuestra “voluntad de resocialización”. Al negar la falsedad marcaría, la defensa probablemente argumentara que el menor era solo el parrillero o el ejecutor material del hurto, pero no el dueño ni quien altero la identidad de la motocicleta, intentando desvincularse de ese delito específico para evitar una sanción accesoria o mantener un margen de duda razonable en esa conducta menor".

Por último, Roldán reflexionó sobre este nuevo hecho delictivo en el que está involucrado un menor de edad, cuestionando por qué un joven de 16 años está robando en Colombia.

“El debate aquí no debería ser la dureza de la pena, sino sobre que está pasando con nuestro sistema escolar, con el Estado, con la institución y con la familia como núcleo familiar. Es por eso que no se puede imponer la sanción máxima, ya que la responsabilidad no es solo de menor”.

El respaldo social ha sido un factor destacado en el proceso que enfrenta la actriz Elisa Mouliaá, quien expresó haber recibido numerosos apoyos de personas, figuras políticas, medios de comunicación e instituciones, según publicó el medio de referencia. A través de sus declaraciones, Mouliaá enfatizó el valor de estas muestras de solidaridad, manifestando que la acompañan en su objetivo de que el sistema judicial actúe ante las denuncias.

La causa por la que se procesó a Íñigo Errejón avanza después del dictamen judicial que permite continuar las actuaciones. Según informó el medio, Mouliaá ha solicitado la apertura de juicio oral, reclamando una condena de tres años de prisión y la imposición de una indemnización de 30.000 euros, bajo la acusación de un delito continuado de abuso sexual. Tras conocerse el auto de procesamiento, la actriz emitió su primera reacción pública, sosteniendo que, en sus palabras, “con el procesamiento se ha demostrado que mi denuncia es cierta, que yo no me he inventado nada”.

Sobre la dureza personal vivida durante el proceso judicial, la actriz relató que “después de todo este proceso creo que nadie en su sano juicio puede inventarse algo así, es muy duro”. Esta afirmación se encuentra alineada con el punto de inflexión reciente, en el que los pasos judiciales, según señaló Mouliaá, han hecho “callar muchas bocas de los que decían que hacíamos esto por dinero o fama”. De acuerdo con el medio, Mouliaá reiteró su agradecimiento a quienes la han apoyado en el transcurso de la causa, ampliando que las palabras de aliento provienen tanto de hombres como de mujeres del país, así como también de representantes políticos, administraciones estatales y periódicos.

La dificultad para probar las denuncias se hizo presente en los comentarios de la actriz, quien indicó que el caso será juzgado bajo la ley previa, lo que, a su entender, eleva la barrera probatoria: “como va a ser juzgado por la anterior ley, probablemente no salga condenado, porque hay que demostrar que hubo intimidación y violencia”, lamentó, aunque matizó que “ya me la ha dado con el procesamiento, que se ha demostrado que he dicho la verdad”. Dentro de sus valoraciones, Mouliaá subrayó el rol ético de la denuncia, resaltando: “Al final he sido buena ciudadana, cualquier ciudadano con ética hubiera hecho lo mismo”. Este planteamiento lo complementó indicando que “la petición de condena la ha considerado mi abogado y yo apoyo totalmente lo que diga mi abogado. Está todo en manos de la justicia, no tengo nada más que decir”.

El medio también reportó el deseo de la actriz de poner punto final al caso y recuperar la normalidad: “acabar con todo esto, recuperar mi vida, y que la justicia esté cada vez más de la mano de las mujeres que denuncian”, resaltando la importancia de que “luchar por la verdad es lo único que merece la pena”.

Por parte de la defensa, el medio consignó que Íñigo Errejón rechaza los hechos que se le imputan. De acuerdo con su posición, no existen “mínimos indicios” que respalden la acusación. Errejón ha presentado un recurso contra el auto de procesamiento y solicita el archivo definitivo de la causa. Según la información disponible, el proceso judicial continúa en curso mientras las partes mantienen posturas enfrentadas sobre la base de los hechos y las pruebas presentadas.

Cada vez más familias comparten su hogar con personas mayores de su mismo núcleo, ya sean padres, madres o abuelos. En España, alrededor del 4,5% de los hogares convive con un mayor que recibe cuidados permanentes, según datos del Imserso. Esta realidad afecta cada vez a más ciudadanos que asumen la responsabilidad de cuidar de sus mayores.

Esta figura, cada vez más común, cuenta con pocas ayudas reconocidas en la esfera fiscal. Sin embargo, existe una deducción en el IRPF que muchas familias desconocen y que puede representar un alivio económico considerable, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

Para ello, el abogado laboralista Sebastián Ramírez, conocido en redes por aclarar dudas fiscales, ha compartido un vídeo en el que explica quién se puede beneficiar de esta ayuda y qué criterios se necesita reunir para beneficiarse de ella.

Deducción de hasta 2.559 euros por persona mayor

Hacienda ofrece la posibilidad de deducir hasta 2.559 euros por cada persona mayor de 65 que viva en el mismo domicilio. Esta ayuda, denominada deducción por ascendiente a cargo, lleva años establecida pero pasa desapercibida entre la normativa fiscal que regula las declaraciones de la renta.

Este beneficio fiscal no se concede únicamente por la relación familiar o la edad del mayor, sino, sobre todo, por la convivencia efectiva y la responsabilidad económica real que asume el contribuyente. Por ello, va dirigida para quienes conviven con sus familiares de mayor edad. Además, la cifra máxima se alcanza cuando el mayor supera los 75 años, un detalle válido para optimizar la declaración.

La cifra de esta deducción no es una cuantía fija, pues su rango oscila entre los 1.150 euros y los 2.559 euros anuales, dependiendo principalmente de la edad del ascendiente y del contexto familiar, recuerda el abogado. Se puede solicitar a partir de los 65, pero incrementa la cantidad al superar los 75 años.

Otro aspecto a destacar es que si en el domicilio conviven dos personas mayores que cumplen los requisitos, por ejemplo, ambos abuelos, la deducción puede aplicarse para cada uno, multiplicando así el alivio fiscal para la familia.

Condiciones necesarias

Para poder aplicar esta deducción no basta con compartir techo, son necesarios unos requisitos obligatorios. El principal es que la persona mayor tenga 65 años o más, salvo que tenga una discapacidad igual o superior al 33%, en ese caso no importa la edad. Además, la convivencia tiene que ser real y continuada, acreditada al menos durante seis meses al año.

Por otra parte, los ingresos del mayor no pueden superar los 8.000 euros anuales, y si el mayor presenta declaración de la renta, sus ingresos sometidos a gravamen no deben sobrepasar los 1.800 euros. A su vez, en caso de que convivan y se responsabilicen económicamente varias personas, la deducción debe repartirse entre ellos y reflejarse correctamente en cada declaración.

Para las personas con dicapacidad reconocida de entre el 33% y el 64% la deducción puede ser de 3.000 euros anuales, y de 9.000 euros para aquellos que presenten una igual o superior al 65%. Tanto para situaciones de mayores como de discapacitados, Hacienda puede solicitar la documentación necesaria para comprobar vínculos, convivencia o límites económicos.

La tramitación de esta deducción es sencilla, ya que no requiere gestiones previas ni la presentación de solicitudes específicas. Si se cumplen los requisitos durante el año fiscal, se debe reflejar la deducción al presentar la declaración de la renta correspondiente.

Las multas son un elemento habitual con el que lidian los conductores que no respetan las normas generales de Tráfico. Entre las más habituales se encuentran los estacionamientos indebidos, el uso del teléfono móvil al volante o, la principal, el exceso de velocidad.

Dependiendo del tipo de vía y el exceso de velocidad, las cantidades pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros, en los casos más flagrantes con pérdida de puntos o incluso penas de prisión. Por ello, miles de conductores pagan cada año estas multas sin analizar las notificaciones para beneficiarse del descuento del 50% por pronto pago.

Sin embargo, el abogado Xavi Abat ha destacado las dos principales razones por las que varios juzgados de España han anulado multas por exceso de velocidad, teniendo los ayuntamientos que hacerse cargo de devolver el dinero. Como es habitual, lo ha compartido en su cuenta de TikTok (@xavi_abat).

Cómo deben ser los radares

Siete juzgados de lo Contencioso-Administrativo de diversas provincias de España han anulado multas por exceso de velocidad, tras no acreditar la presencia del operador del radar de velocidad móvil o estático. Lo que ha permitido que estos ciudadanos no pierdan sus puntos. Además, en seis de ellas la administración ha sido condenada expresamente a pagar las costas judiciales.

Badajoz, Madrid, Las Palmas o Barcelona son algunos de los ejemplos que han llevado a cabo estos casos en los últimos meses. Esto se debe a que han aplicado mal la normativa vigente. Todo ello viene recogido en la Orden ITC/155/2020 del 7 de febrero. En ella se establece el control metodológico de los instrumentos que hacen medidas, desde los aparatos que miden la velocidad, como es en este caso, hasta, por ejemplo, los etilómetros.

Lo que viene a decir la ley, recuerda el abogado, es que los radares, si no son capaces de identificar inequívocamente el vehículo, tendrán que aportar al expediente administrativo dos fotogramas tomados en distintos instantes de su recorrido. Abat destaca que no es válido presentar una fotografía primero, y después otra ampliada o borrosa: “Tiene que ser una fotografía tomada en un punto y otra tomada en un punto posterior, y ambas tienen que ser nítidas”.

Presencia de un operador

En el caso de los radares móviles, y para que la Administración no aplique el apartado de las dos fotografías diferentes, deberán acreditar que detrás de este aparato que ha hecho el seguimiento inequívoco del vehículo, había un agente u operador que podía certificar y controlar el radar pertinente. “Legalmente, la carga de la prueba de probar todo esto es de parte de la Administración. Ellos tienen que demostrar que había un operador, un funcionario vigilando todo este proceso”, concluye el abogado.

Ante esta información, los conductores también pueden reclamar y recurrir a esas sanciones por exceso de velocidad. No es necesaria la presencia de un abogado para llevarla a cabo, por ello el primer paso es examinar la denuncia para comprobar la exactitud de los datos de fecha y hora, la matrícula del vehículo y la velocidad a la que se circulaba. Si alguno de estos puntos es incorrecto, se podrá iniciar el proceso de recurso.

Del mismo modo, además de los casos ya comentados de las dos fotografías y el operador, los otros supuestos que pueden anular multas son: el margen de error del radar, que puede oscilar entre los 3 y 7 km/h; posibles contradicciones entre el radar y una señal de tráfico; y por último, el estado del radar, ya que si no está al día, también podría anularse la infracción. De igual forma, lo recomendable es siempre respetar los límites y normas de velocidad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la vinculación a proceso de Jorge Antonio “N”, identificado como “El Goofy” y señalado como presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre en inmediaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores.

La resolución fue emitida por un juez de control tras calificar como legal su detención y ordenar prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria. De acuerdo con la información judicial, Jorge Antonio “N” fue detenido el 28 de noviembre en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de las indagatorias sobre el ataque armado en el que Cohen perdió la vida.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde permanecerá recluido durante los dos meses que fijó el juez para el cierre de la investigación.

Las autoridades capitalinas señalaron que el asesinato habría obedecido a un conflicto derivado del ejercicio profesional del jurista; no obstante, no se descartan otras hipótesis. Dentro de la carpeta de investigación se integraron testimonios que refieren que los agresores fueron contratados por una persona con asuntos “pendientes” con Cohen, presuntamente vinculados a un caso legal con resolución adversa reciente.

Hasta el momento, la línea oficial aún se mantiene abierta y continúa el análisis de la motivación del crimen.

El papel del “Goofy”: la organización del homicidio y el pago a jóvenes sicarios

Según los reportes ministeriales, “El Goofy” habría organizado el ataque y reclutado a dos individuos para perpetrarlo: Héctor “N” y Donovan “N”. Este último, señalado como su hijastro pero, hasta ahora, ambos se encuentran también vinculados a proceso por homicidio.

Aunado a ello, la fiscalía capitalina detalló que el ataque se planeó desde un domicilio en la colonia Doctores a menos de dos kilómetros del lugar donde Cohen fue interceptado y asesinado a disparos. En ese mismo punto se habría acordado la logística para ejecutar el crimen.

Los antecedentes judiciales y criminales: seguirá en prisión por un posible riesgo de fuga

La audiencia inicial se desarrolló en juzgados de control, donde el Ministerio Público presentó los elementos que sustentaron la solicitud de prisión preventiva. El impartidor de justicia aceptó la medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de interferencia en la investigación.

El expediente continuará en integración con nuevas diligencias, análisis de evidencia y ampliación de testimonios. Una vez concluido el plazo judicial, el juez determinará si el caso se judicializa en etapa intermedia para apertura de juicio oral.

De avanzar, la autoridad deberá acreditar la planeación del homicidio, la participación de los tres implicados y el móvil exacto que habría detonado la agresión.

Por ahora, Jorge Antonio “N” permanecerá en reclusión en espera del desarrollo procesal. La FGJCDMX reiteró que el caso sigue en investigación activa y que no se descartan más personas relacionadas con los hechos.

La vida de Carlos Serván cambió de manera irreversible en cuestión de segundos. Sin embargo, su trayectoria no es solo la de un sobreviviente, sino la de un referente internacional de superación y liderazgo. Al perder la visión y la mano derecha durante su formación policial en Perú, se vio forzado a reconstruirse desde cero, un camino que lo llevaría a triunfar en Estados Unidos como abogado, mentor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad visual.

A los 23 años, tras el accidente que le quitó una mano y la vista, Serván emigró con el objetivo de rehacer su vida. Más de tres décadas después, ha demostrado que la adversidad puede abrir oportunidades insospechadas.

Accidente que cambió su vida

El uno de abril de 1986, en el fundo Barbadillo, distrito de Ate, en Lima, Serván participaba en un ejercicio de campo como cadete en la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Tropezó con una granada cubierta de barro y la explosión marcó su destino, causándole ceguera total y la pérdida de la mano derecha. “El día se convirtió en una noche eterna, la luz se extinguió”, relató Carlos Serván a El Peruano, al recordar la última imagen que sus ojos captaron en los cerros limeños. El pensamiento inmediato fue hacia su madre, quien ya había perdido a su esposo el año anterior. “Me resistía a morir, sería una tragedia para mi madre”, recordó al mismo medio.

El primer año tras el accidente lo dedicó a intentar recuperar la vista sin éxito. Los dos años siguientes estuvo enfocado en buscar ingresos y enfrentar la depresión. Pronto descubrió que en Perú no había oportunidades para personas con discapacidad visual. “Todos me hablaban de prótesis y que me llevarían a Estados Unidos. Sentía que me trataban diferente, con condescendencia, y eso no me gustaba”, explicó Serván.

Empezar de nuevo en EE.UU.

Con veintitrés años y la esperanza de hallar mejores condiciones, decidió emigrar a Estados Unidos. El camino fue complejo: aprendió braille, se vio obligado a usar la mano izquierda, dominó el inglés, la carpintería y la computación. “No iba a permitirme quedar postrado”, afirmó Serván a El Peruano. Ingresó a la Universidad de Nuevo México, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia y una maestría en administración pública. En 1992, recibió la beca principal de la NFB Ezra Davis Memorial, un reconocimiento significativo en su carrera académica.

La vocación de Serván extendió sus límites al ámbito social. Mientras avanzaba en sus estudios, se convirtió en un mentor para estudiantes ciegos y en líder de organizaciones como la Federación Nacional de Ciegos y la Asociación Nacional de Estudiantes Ciegos (NABS). “Me chocó quedarme ciego, creía que no sería productivo y luché para serlo. Por eso intenté involucrarme con gente ciega, quería ayudar”, expresó.

Consolidación personal y profesional

Actualmente, Carlos Serván reside en Estados Unidos desde hace treinta y cuatro años. A sus cincuenta y siete años, ha creado una familia, la cual considera clave en su proceso de superación. Hoy es director ejecutivo de la Comisión de Nebraska para Ciegos y Discapacitados Visuales, forma parte del comité ejecutivo del Consejo Nacional de Agencias Estatales para Ciegos y participa en la Asociación Nacional de Rehabilitación y en el Consejo Nacional de Administradores Estatales para la Rehabilitación Vocacional.

Su experiencia también lo llevó al ámbito literario. Inspirado por sus colegas y quienes escuchan sus conferencias, publicó Running Dreams (en inglés) y Aprendizaje de la oscuridad, una memoria presentada en Lima. “Pude salir adelante gracias a mi capacidad de resiliencia y superación, todo depende de uno mismo”, subrayó Serván al citado medio. Su testimonio demuestra que, en la oscuridad, siempre existe la posibilidad de restablecer la luz a través de la determinación y el espíritu de lucha.

El internet ha hecho el mundo muy pequeño. Las redes sociales han permitido extender el conocimiento profesional más allá de las oficinas, ofreciendo un espacio en el que compartir consejos o explicar situaciones particulares de un determinado ámbito.

Psicólogos utilizan sus plataformas para hablar de salud mental, españoles que viven fuera cuentan su experiencia como extranjeros en otros países, y abogados o guardia civiles aprovechan para dar una perspectiva de asuntos legales desde dentro.

Un ejemplo es Sebastián Ramírez, abogado y creador de contenido para TikTok. En su canal, el experto explica varias situaciones de carácter legal y da consejos sobre cómo afrontarlas. Algunos ejemplos son la pensión de incapacidad, el complemento de paternidad, o la indemnización por accidente laboral.

¿Y cuando una enfermedad te impide trabajar?

En un reciente vídeo en su cuenta de TikTok, Sebastián ha compartido el caso de una pareja que acudió a su despacho para solicitar orientación legal, un caso que, según explica, puede afectar a muchas otras personas en situaciones similares.

En el vídeo, relata que la mujer no puede continuar trabajando debido a una enfermedad que limita por completo su capacidad laboral. Pese a ello, la Seguridad Social determinó que sí estaba apta para seguir trabajando, denegando su solicitud de incapacidad permanente.

Sebastián explica que, ante este tipo de resoluciones, existe la posibilidad de presentar una reclamación previa antes de acudir a los juzgados, donde finalmente un juez puede decidir si corresponde conceder la incapacidad.

Según señala en el vídeo, cualquier persona que se encuentre en una situación parecida debería buscar asesoramiento profesional y reclamar sus derechos: “Si tú tampoco puedes continuar trabajando, asesórate por especialistas y, ya sea conmigo o con cualquier otro compañero, reclama tu incapacidad permanente”.

Incapacidad permanente: ¿qué es y cómo se solicita?

La incapacidad permanente se concede a aquellos trabajadores que, después de haberse sometido a tratamiento y haberse estabilizado su patología, presentan reducciones anatómicas o funcionales graves, que disminuyen o anulan su capacidad laboral, según explican en Fidelitis, una oficina de servicios jurídicos.

Para solicitar la incapacidad permanente en España, hay varios requisitos con los que cumplir, según el despacho de abogados anteriormente mencionado:

1. Estar afilado y en alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social: en el momento de la solicitud, es fundamental encontrarse en alta o en situación asimilada al alta
2. Haber agotado el periodo de incapacidad temporal: se trata del tiempo durante el cual se cobra una prestación económica por estar de baja por enfermedad o accidente. Su duración depende de la naturaleza del accidente
3. Periodo mínimo de cotización: otro aspecto importante a tener en cuenta es haber acumulado un tiempo mínimo de cotización, que es distinto dependiendo de la edad. Para los menores de 31 años, el trabajador debe haber cotizado un tercio del tiempo transcurrido entre los 16 años y la fecha del hecho causante. Si es mayor de 31 años o más, debe haber cotizado al menos un cuarto del tiempo transcurrido desde los 20 años (o desde los 16 en ciertos casos) hasta el hecho causante, con un mínimo de 5 años.
4. No haber alcanzado la edad de jubilación, que en España es 65 años, aunque puede adelantarse
5. La enfermedad o lesión debe estar acreditada por un médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social
6. Necesidad de ayuda para las actividades básicas de la vida diaria (Gran Invalidez): es un requisito que solo se aplica en la Gran Invalidez, el grado más alto de incapacidad permanente.

Por otro lado, desde el despacho destacan que existen varias modalidades de la incapacidad permanente en función del nivel de limitación que sufre el trabajador para desempeñar su actividad profesional o cualquier otra. Son incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

La incapacidad permanente parcial es aquella que, si bien no llega a impedir el desempeño del trabajo habitual, reduce el rendimiento en al menos un 33 % permanentemente. Por otro lado, la incapacidad permanente total “inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero le permite dedicarse a otro tipo de actividad”, explican en su página web los expertos de Fidelitis.

Después, está la incapacidad permanente absoluta, que inhabilita por completo al trabajador para desempeñar cualquier profesión u oficio, no solo su trabajo habitual. Por último, la gran invalidez es el grado máximo, e implica la necesidad de ayuda de otra persona.

El litigio penal es considerado una de las ramas más difíciles del derecho; por ello, en la mayoría de países, algunos juristas que se especializan en este campo suelen recibir un reconocimiento adicional a nivel público.

Por parte de Colombia, uno de los ponentes más destacados es el abogado Juan José Roldán, que habló con Infobae Colombia sobre su experiencia en el litigio penal, lo que ha provocado que al interior de la Fiscalía General de la Nación lo llamen como “El abogado del diablo”.

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“El apodo, el remoquete, surge por un cliente, que me reservo su nombre, pero por su influencia se regó lo del diablo, por mi carácter, por mis estadísticas de éxito, por trabajar casos estructurales de crimen organizado, todos estos casos que se derivan de ahí”, expresó.

Sobre los casos que han provocado que tenga renombre en el territorio nacional, Roldán indicó que uno de los más mediáticos que lideró fue por un “falso positivo” en el que la Fiscalía presentó información errónea en el juicio para inculpar a más personas de las que en realidad habían sido responsables del crimen.

“He participado en casos que han movido al país, yo encabece la defensa de seis de los procesados por el caso de Maximiliano (niño asesinado en Antioquia), uno deja clara la postura de la defensa, yo defiendo a la persona humana, no miro apología al delito, ni incitó a la criminalidad, solo hago parte, estoy en contra de los falsos positivos de la fiscalía, porque ellos apoyan la impunidad haciendo trabajos mediocres y llenando lo que no hacen con alternativas salidas de la legalidad, comprando testigos y mostrando pruebas falsas”, explicó.

Para Roldán, el sobrenombre con el que es llamado por algunas personas no representa algo negativo, sino que lo califica como la muestra de que ha hecho un trabajo por el que es recordado en el gremio.

“‘El abogado del diablo’, a fin de cuentas, es esa persona que enfrenta a un gigante, a un sistema, una masa gigante en donde se colisionan, no sé, conjugan en varias situaciones, fiscales buenos y fiscales malos, jueces buenos, jueces malos justicia buena y justicia perversa, justicia legal y justicia corrupta. Es enfrentar un sistema que lo puede todo y que solamente nos queda a nosotros ser eso, los defensores”, dijo a este medio.

La popularidad que tiene en Colombia también ha provocado que encabece cursos en los que expone su conocimiento a las nuevas generaciones de abogados, a los que les explica como es estar del “otro lado del poder”.

En ese sentido, Roldán aprovechó la conversación para informar que presentará las últimas charlas de esa índole entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, mientras que el próximo año buscará seguir proyectando un pódcast con el que buscar que los jóvenes conozcan más sobre las dificultades y retos que tienen los penalistas en el país.

Roldán representará a Colombia en congreso internacional de derecho penal

En ese sentido, en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal y Litigación Estratégica, que se lleva a cabo entre el 20 y el 23 de noviembre en La Paz, Bolivia, fueron invitados varios juristas reconocidos de la región, incluyendo a Roldán.

Este evento se realiza en el Auditorio del Colegio de Abogados de La Paz y contará con expositores de Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Bolivia, además de talleres con certificación avalada por la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico-Penales y la Academia Boliviana de Litigación.

En la publicidad sobre el evento el colombiano es resaltado por la organización del congreso por su “experiencia en litigación y defensa de casos complejos de alto impacto nacional e internacional, incluyendo delitos transnacionales, reconocido por su participación como ponente en diversos eventos académicos”.

Durante el congreso, Roldán expondrá su conocimiento respecto al conocimiento que ha adquirido en defensas de casos de alto impacto, principalmente sobre crimen organizado en Colombia.

El divulgador de contenido jurídico @lawstip, conocido en TikTok por explicar temas legales y financieros de forma accesible, abordó en uno de sus últimos vídeos una creencia muy extendida entre los trabajadores españoles: el mito de que cobrar el salario en 14 pagas es mejor que hacerlo en 12. Según el experto, esa afirmación no tiene fundamento económico ni legal, ya que la cantidad total que se percibe al año es exactamente la misma en ambos casos.

El tema surgió, cuenta el creador, a partir de un comentario que le hizo un amigo. Sin embargo, el divulgador desmonta esa idea al explicar que la elección entre un sistema y otro solo afecta a cómo se distribuye el dinero, no a cuánto se gana. “El cómputo anual por ley tiene que ser el mismo”, aclara en el vídeo.

Para ilustrarlo, @lawstip propone un ejemplo sencillo: una persona con un salario anual de 24.000 euros. Si ese dinero se divide en 12 pagas, recibirá 2.000 euros al mes durante todo el año. En cambio, si se reparte en 14 pagas, el sueldo mensual baja a 1.700 euros, y en junio y diciembre se añaden dos pagas extra de esa misma cantidad. El resultado final, en ambos casos, sigue siendo 24.000 euros.

Según el experto, lo único que cambia es el momento en el que el trabajador recibe el dinero. “Cobrar en 14 pagas significa dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde”, señala. Desde un punto de vista de gestión financiera, considera que esta opción no es la más eficiente. Si una persona sabe administrar sus ingresos, tener el dinero antes le permitiría invertirlo, en lugar de esperar a las pagas extra.

El divulgador explica que, en un escenario ideal, preferiría recibir todo su salario anual al inicio del año. De esa forma podría usarlo de manera más estratégica, es decir, invertir una parte y generar rentabilidad. Se trata, dice, de una cuestión de administración del capital más que de preferencia personal.

La importancia de la educación financiera

El vídeo de @lawstip va más allá del debate sobre las pagas. Para él, la popularidad del modelo de 14 pagas en España refleja un bajo nivel de educación financiera en la población. Muchos trabajadores prefieren esa distribución porque les da la sensación de recibir una sorpresa económica dos veces al año, aunque en realidad sea dinero que ya les pertenece. “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”, recuerda en el contenido.

La percepción de las pagas extra como un beneficio adicional es, en palabras del experto, un error común. En la práctica, el trabajador solo está retrasando una parte de su propio salario. Desde el punto de vista financiero, ese aplazamiento reduce la capacidad de ahorro y la posibilidad de hacer rendir el dinero antes.

En su perfil, @lawstip comparte además trucos y consejos relacionados con inversión y fiscalidad, siempre enfocados en mejorar la relación de las personas con su dinero. Su objetivo es que los usuarios comprendan conceptos básicos sin necesidad de formación previa en economía o derecho.

Un vídeo grabado a las puertas del centro de salud de Las Albarizas, en el municipio malagueño de Marbella, ha provocado una intensa discusión en redes sociales durante las últimas horas. En las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas como X y TikTok, se observa cómo un vigilante de seguridad se aproxima a un hombre que graba con su teléfono móvil en la vía pública y le solicita que se identifique mostrando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El ciudadano, que en todo momento mantiene la cámara enfocada hacia el agente de seguridad, se niega a hacerlo y replica que solo la Policía Nacional puede requerirle su identificación. Además, invita al vigilante a llamar a los agentes si considera necesario verificar su identidad. La escena, de pocos minutos de duración, ha bastado para que miles de usuarios planteen en redes sociales hasta dónde puede llegar la autoridad de un vigilante de seguridad y cuáles son los derechos que asisten a un ciudadano en una situación como esta.

El marco legal y las competencias del personal de seguridad privada

La controversia ha llevado a que distintos profesionales del ámbito jurídico intervengan para aclarar el marco legal aplicable. Uno de los más destacados ha sido el abogado Xavi Abat, colegiado en Barcelona y conocido en redes sociales como @elabogadodetiktok, donde acumula más de dos millones de seguidores. A través de un vídeo explicativo, Abat detalla cuáles son las competencias reales que la legislación española otorga al personal de seguridad privada y qué límites tienen sus actuaciones. “La ley es clara sobre lo que el personal de seguridad privada puede y no puede hacer”, señala Abat al inicio de su publicación.

El abogado explica que los vigilantes sí tienen la potestad de solicitar la identificación de una persona en el marco de un control de acceso, por ejemplo, en la entrada de un edificio público o privado. También pueden impedir la entrada a quien se niegue a mostrar su documento, siempre que la actuación se produzca dentro de los límites del recinto que custodian. Además, tienen la facultad de inspeccionar superficialmente bolsos o paquetes, aunque dicha revisión debe realizarse siempre con el consentimiento del ciudadano.

Por último, el letrado recuerda que los vigilantes pueden retener a una persona únicamente en caso de delito flagrante —es decir, si presencian un ilícito en el momento en que se comete—, debiendo ponerla de inmediato a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lo que un vigilante no puede hacer

En contraposición, Abat detalla también las acciones que exceden las competencias de un vigilante de seguridad. Según la normativa vigente, no pueden retener ni quedarse con la documentación personal de los ciudadanos, ni realizar cacheos o registros corporales forzosos. Tampoco están habilitados para actuar como agentes de la autoridad, imponer sanciones o realizar funciones exclusivas de la policía.

“Toda esta regulación se apoya en dos pilares”, apunta Abat en su vídeo. El primero es la Ley 5/2014 de Seguridad Privada (LSP), que establece las funciones y responsabilidades del personal de seguridad privada en España, siempre subordinadas a las de las fuerzas policiales. El segundo es el Real Decreto 2364/1994, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y especifica las condiciones en las que pueden realizarse controles de identidad o inspecciones, dejando claro que la retención de documentación personal está expresamente prohibida.

El debate en redes

El incidente en el centro de salud de Las Albarizas ha abierto un debate más amplio sobre los derechos y obligaciones tanto de los vigilantes como de los ciudadanos en espacios públicos y semipúblicos. Algunos usuarios han defendido la actuación del vigilante, argumentando que su labor consiste precisamente en garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones. Otros, en cambio, han criticado lo que consideran un exceso de celo o una confusión entre la autoridad pública y las funciones privadas de seguridad.

El propio Xavi Abat ha aprovechado la polémica para insistir en la importancia de conocer la legislación aplicable y actuar siempre desde el respeto mutuo. “El ciudadano debe saber qué puede exigir y hasta dónde llega la autoridad de un vigilante, pero también debe entender que estos profesionales cumplen una función esencial en muchos espacios de acceso restringido o con alta afluencia de público", explica en su vídeo.

El pago de la pensión de alimentos es una obligación legal que persiste aunque la otra parte no quiera recibirla. Sin embargo, algunos padres o madres se enfrentan a situaciones insólitas: su expareja rechaza la pensión de alimentos de su hijo, a pesar de que esta fue fijada por un juez. Esta situación puede generar confusión y preocupación, pero según expertos, existen pasos claros para protegerse legalmente y evitar problemas mayores.

El abogado y creador de contenido de la cuenta de TikTok @millennialsabogados explicó recientemente en uno de sus vídeos publicados cómo actuar ante este escenario. Un seguidor le preguntó: “Mi ex rechaza la pensión de mi hijo, acordada por el juzgado. ¿Qué puedo hacer?”

El experto destacó que, aunque la expareja devuelva el dinero o lo rechace, la obligación de pagar la pensión sigue vigente. “Si el juzgado ya ha establecido una cantidad y una fecha de pago, no se puede dejar de abonar aunque la otra persona no la acepte”, subraya. El riesgo de no hacerlo puede derivar en consecuencias legales serias.

Una solución que evita conflictos futuros

Para garantizar el correcto cumplimiento y evitar conflictos, el abogado recomienda informar inmediatamente al propio abogado o procurador. Este profesional puede solicitar al juzgado que se habilite una cuenta de consignación judicial, es decir, destinar la pensión directamente en la cuenta del juzgado, siguiendo la fecha y la cantidad establecidas en la sentencia. De esta forma, quedan registradas todas las transferencias, demostrando que se ha cumplido con el deber establecido.

Consecuencias legales a dos vías

Esta medida es especialmente importante ya que, si no se hace, la otra parte podría iniciar procedimientos legales negativos en dos posibles ámbitos: el civil y el penal.

• Vía civil: cualquier impago puede desencadenar una ejecución de sentencia, regulada en los artículos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esto le da al juez la potestad de embargar bienes, cuentas bancarias o nómina del progenitor que no cumple, hasta cubrir la pensión adeudada, intereses y costes judiciales.
• Vía penal: si el impago se mantiene, se podría llegar a un delito de abandono de familia, según el artículo 227 del Código Penal español. Esto ocurre cuando la pensión no se paga durante dos meses consecutivos o cuatro alternos sin motivo justificado. Las consecuencias pueden ser graves: prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, además de mantener la obligación de pagar lo adeudado. En casos más severos o reiterados, la vía penal puede ir acompañada de la vía civil para garantizar el cobro.

Por todo esto, consignar judicialmente la pensión se convierte en la opción más segura. Confirma que se cumple con la obligación legal, evita denuncias por impago, previene ejecuciones judiciales y protege al progenitor frente a malentendidos o conflictos con la expareja, al contar con constancia oficial de cada pago realizado.

Como concluye el abogado de @millennialsabogados, es importante adelantarse para “evitar sorpresas” y asegurar no verse envuelto en una situación conflictiva en el futuro.

Todo lo relacionado con la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de la Universidad de los Andes que fue golpeado hasta morir en una celebración de Halloween en Bogotá, hace que aumente la indignación por este crimen ligado a la intolerancia en Colombia.

Sobre los hechos, testigos indicaron que se trató de una riña registrada a las afueras de un establecimiento nocturno en el que un grupo de personas golpeó en reiteradas ocasiones a Moreno Jaramillo, que fue trasladado a un centro médico, en el que momentos después se confirmó su deceso.

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Por este crimen han sido capturadas tres personas; sin embargo, las autoridades avanzan en una investigación para esclarecer los hechos, puesto que algunas versiones indican que sería superior el número de involucrados en el hecho criminal.

A la espera de un comunicado oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, Infobae Colombia habló con el abogado Rogelio Roldán, que abordó los posibles caminos del caso.

En primer lugar, el jurista explicó que es pertinente conocer la participación de cada uno de los implicados, quienes, como mínimo, podrían ser juzgados por coparticipar de alguna manera en el asesinato. Ese sería el caso de las dos mujeres involucradas, que, según un testigo, habrían instigado a Juan Carlos Suárez, trabajador de un call center de 27 años, quien habría golpeado en reiteradas ocasiones, en estado de indefensión, a la víctima.

Sobre este individuo, el abogado Rogelio Roldán afirmó que, como mínimo, deberá afrontar el cargo de homicidio, por el que podría recibir una condena de entre 17 y 33 años de prisión.

“Estas personas, si todos golpearon a la víctima, por el mero tipo base, se estarían enfrentando a una pena que oscila entre 17,33 y 33,75 años de prisión”, agregó el jurista.

En segundo lugar, Roldán analizó el caso e indicó que existe la posibilidad de que se presenten agravantes, mencionando que la motivación podría ser una de ellas. Según las versiones preliminares, el joven fue seguido por sus victimarios, lo que indica que no se trató de una riña circunstancial, sino de un ataque deliberado.

“El hecho de haber sido asesinado mediante una golpiza ya constituye un motivo para imputar este agravante. Asimismo, podría aplicarse el numeral siete del mismo artículo ciento cuatro, al colocar a la víctima en situación de indefensión, especialmente cuando eran dos o más personas en contra de una sola”, explicó el jurista.

Sobre este tipo de agravante, Roldán precisó que podría sumarse una pena que supere los 50 años de prisión, aunque esta podría disminuir si los juzgados alcanzan algún tipo de acuerdo con la Fiscalía o si los implicados aceptan los cargos.

“Lo que más les conviene a ellos, en caso de que las personas capturadas sean efectivamente responsables, sería un preacuerdo mediante degradación punitiva a complicidad, lo que les daría un descuento del cincuenta por ciento de la pena a imponer”, concluyó el penalista consultado por este medio.

El Tiempo informó que Juan Carlos Suárez, principal implicado en el caso, era compañero de universidad de la víctima, que tiene anotaciones por violar las normas en el transporte público y aparece en los registros del Sisbén como una persona en condición de vulnerabilidad.

En el caso de las otras dos capturadas, identificadas como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, de nacionalidad venezolana, no tienen antecedentes y se está investigado si participaron de la riña de manera física o solo instigando al victimario.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las audiencias de imputación de cargos, que se adelantan en la tarde del 1 de noviembre en Bogotá.

Es abogado y trabaja para una aplicación de viajes para tener un ingreso extra. Ahora, perdió su auto tras ser víctima de otro robo bajo la modalidad del falso viaje en La Plata. Fueron cuatro los supuestos pasajeros que se subieron a su vehículo y huyeron con él al poco tiempo de iniciar el viaje.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 610 y 19, en las primeras horas de la noche. El abogado, de 38 años, había aceptado un viaje solicitado a través de la aplicación y al llegar al destino, tres hombres y una mujer subieron al vehículo. Nada en la actitud de los pasajeros le permitió prever el desenlace. Todo cambió minutos más tarde, en una calle interna del Barrio Aeropuerto.

El asalto fue sorpresivo y violento. Un hombre que ocupaba el asiento del acompañante tomó una cuchilla y le advirtió. Simultáneamente, otro de los pasajeros, que permanecía en el asiento trasero, lo tomó del cuello.

Así, los ladrones se llevaron el vehículo, un celular, un parlante y una suma estimada en 50.000 pesos. Huyeron de inmediato.

Según informó el portal 0221, el abogado quedó a la intemperie y se refugió en casas cercanas al lugar del hecho. Vecinos de la zona advirtieron lo ocurrido y lo acompañaron a realizar la denuncia ante la Comisaría Octava de La Plata.

Hasta el momento, no se informaron detenciones y la Policía Bonaerense investiga el caso mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Las autoridades policiales recabaron los primeros testimonios y activaron el protocolo para robo de automotores, sumando el caso al registro de hechos violentos contra trabajadores de aplicaciones digitales.

Este no es el primer caso que se registra en la zona, puesto que los asaltos bajo esta modalidad son cada vez más frecuentes. De hecho, durante el fin de semana, un joven de 26 años que trabajaba para una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto en Melchor Romero.

Todo sucedió el viernes pasado, cuando un falso pasajero lo citó mediante la app y, al llegar a la dirección pactada, lo redujo con un golpe de arma y le robó la moto utilizada para el trabajo.

Cerca de las 23 horas, el motociclista —que utiliza habitualmente una Honda Wave 100 S negra, modelo 2017— acudió en tiempo y forma a la cita en la calle 163 entre 520 y 521. Según lograron establecer, el joven llegó al punto solicitado y fue sorprendido de inmediato por un hombre armado. El asaltante, que vestía ropa negra, un buzo con capucha y una gorra, actuó a cara descubierta y golpeó a la víctima con la culata de una pistola oxidada.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, testigos presenciales detallaron que, mientras el motociclista se encontraba indefenso y aturdido por el golpe, el agresor lo amenazó verbalmente.

A pesar del fuerte golpe recibido, el conductor no sufrió heridas de gravedad. Apenas pudo reaccionar, se alejó del lugar para buscar resguardo y dar aviso a las autoridades.

Ahora, la Policía Bonaerense cuenta con el número de teléfono utilizado para solicitar el viaje en la app, un elemento que podría permitir el avance en la identificación del sospechoso o del entorno desde donde se planificó el robo.

La denuncia quedó radicada en la dependencia policial correspondiente, mientras la fiscalía interviniente analiza las imágenes de cámaras de seguridad existentes en la zona, que podrían aportar información sobre la huida o los movimientos posteriores del asaltante.

El movimiento legal iniciado por Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado, ante la Audiencia de Sevilla, genera expectativas entre los allegados del acusado. Este escrito, por el que solicita el archivo del procedimiento, argumenta que las acusaciones existentes contra Tejado se sustentan únicamente en “conjeturas e hipótesis” y carecen, según su análisis, de pruebas que acrediten la vinculación del procesado con el robo en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal. El diario de Sevilla reportó que esta estrategia de la defensa no ha modificado ni la petición de pena de la acusación particular, que pide 28 años y medio de cárcel para Tejado como presunto autor intelectual del asalto, ni la de la Fiscalía, que incrementó su solicitud a 30 años al atribuirle cinco delitos diferentes.

De acuerdo con la información difundida por El diario de Sevilla, mientras la instrucción judicial continúa y la fecha de inicio del juicio oral permanece a la espera de ser fijada por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, las miradas se centran en el entorno más cercano de Tejado. Tanto su madre, María José García, como su pareja, Samara, han manifestado confianza en la última labor de la defensa, reflejando dicha postura con una actitud serena en sus apariciones públicas.

El medio detalló que, tras la presentación de la solicitud de sobreseimiento, ambas mujeres evitaron emitir comentarios sobre el futuro judicial de Tejado. Sus desplazamientos por distintas calles del centro de la capital andaluza han estado marcados por silencios y gestos de calma durante el contacto con reporteros y cámaras, siguiendo la petición expresa del acusado de no hacer declaraciones sobre un caso que, según las fuentes, aún presenta numerosas incógnitas para la resolución definitiva de los hechos.

Tal como consignó El diario de Sevilla, la acusación particular, vinculada a la artista María del Monte y su esposa, mantiene su posición acusatoria y la petición de años de prisión para Tejado, que figura como sobrino de una de las víctimas. El Ministerio Público, por su lado, elevó sus pretensiones tras la incorporación de nuevos elementos durante la instrucción, imputando a Tejado cinco delitos relacionados con el asalto.

El procedimiento judicial, que ha acaparado el interés mediático en Sevilla y a nivel nacional, continúa su curso regular mientras las partes aguardan la decisión de la Audiencia sobre la petición de archivo presentada por el letrado de Tejado. El diario de Sevilla puntualizó que la defensa basa su estrategia en la falta de pruebas directas y en la supuesta insuficiencia de los indicios aportados, lo cual no impediría, por el momento, que Tejado permanezca imputado hasta la celebración del juicio.

Durante las consultas de la prensa, la madre y la novia del acusado respondieron sin palabras y con gestos reservados, en línea con la actitud que han sostenido tras los acontecimientos más recientes en el expediente judicial. La cobertura de El diario de Sevilla subrayó que tanto María José García como Samara optaron por mantener la confidencialidad a pedido de Tejado, a pesar de que las preguntas se orientaron tanto a su estado de ánimo como a sus expectativas sobre la posible resolución favorable del procedimiento.

Mientras tanto, las expectativas sobre el futuro de Tejado ante la Justicia se mantienen en vilo entre las partes afectadas, tanto por la petición de penas elevadas como por la incertidumbre que atraviesa el proceso legal en curso. El diario de Sevilla indicó que hasta ahora no existen signos de que el tribunal vaya a acceder al pedido de la defensa, dado el sustento de las acusaciones y la gravedad de los delitos atribuidos, siendo Tejado señalado como presunto cerebro del robo investigado.

A falta de siete meses para que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos que mejor aceptación ha tenido por parte de la ciudadanía, lo que ha quedado expuesto en los resultados de las más recientes encuestas.

Sumado a ello, a nivel internacional ha recibido el respaldo de un número considerable de connacionales radicados en el exterior, siendo el también abogado Juango Ospina una de las figuras más relevantes.

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Cabe recordar que Ospina nació en Bogotá, pero ha vivido la mayor parte de su vida en España, en donde es conocido por ser uno de los abogados penalistas más destacados de los últimos años, principalmente por ser el defensor de la familia de Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia por el europeo Daniel Sancho.

Ospina entregó 10.000 firmas a Abelardo de la Espriella

Varias semanas después de exponer en redes sociales que ayudaría a su colega a recoger firmas de colombianos radicados en España, el 30 de octubre Juango Ospina reveló en su cuenta de Instagram el número de actas que ha logrado recolectar para la campaña del jurista nacido en Montería.

“Un líder escucha a su gente, comparte su historia, inspira con sus ejemplos y sueña con valentía en construir un proyecto común. Él es uno más. Un soldado que viene a servir a su patria. Y por eso @delaespriella_style es especial. Y será el próximo presidente de Colombia”, escribió el colombo- español en la descripción de la publicación en la que compartió varias fotografías junto a su colega.

Tras indicar que ha sumado 10.000 firmas para la campaña de Abelardo de la Espriella, Ospina agradeció a las personas que le ayudaron en la recolección e indicó que es el trabajo para lograr un objetivo en común.

“Personas que han dado su tiempo, su esfuerzo y su dedicación— por un proyecto nuevo que cambie el rumbo de este país. Como muchos Defensores de la Patria dicen: esto no es un partido, es una familia. Sin burocracia ni egos, simplemente unidos por un fin común: una Colombia fuerte, segura y libre".

En la parte final de la descripción, Ospina pidió la ayuda de los demás colombianos en España para invitar a los más de 500.000 connacionales radicados allí, para que sumen su apoyo a Abelardo de la Espriella.

"Si estás en España y eres colombian@, te necesitamos. Únete, comparte la publicación, etiqueta a los patriotas que pueden ayudarnos y coméntanos en qué ciudad estás o envíanos un Mensaje Directo“.

Abogado del caso Daniel Sancho y su respaldo por de la Espriella

Un mes antes de entregarle las firmas a de la Espriella, Juango Ospina compartió en sus redes sociales un escrito en el que argumentó por qué los colombianos deberían votar por el oriundo de Montería.

“Un nuevo tiempo para Colombia. La historia de los pueblos se define en los momentos decisivos. Colombia necesita líderes valientes, con principios firmes y un profundo amor por la patria”, escribió Ospina en una publicación en la que expuso su respaldo a Abelardo de la Espriella.

En la publicación, el colombo-español indicó que, en su postura, de la Espriella representa la voz de lo que debe buscar el país para mejorar en los próximos cuatro años.

“@delaespriella_style representa esa voz libre que defiende la justicia, la democracia y la grandeza del país. Su trayectoria profesional y su compromiso con la verdad lo convierten en un referente para quienes creemos que el futuro de Colombia debe construirse desde la libertad y no desde el miedo".

La condena a un abogado por exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de su hijo de 6 años quedó firme, luego de que la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, rechazara el último recurso presentado por la defensa.

El fallo, que contó con una votación dividida entre los magistrados, ratificó la legalidad de la pena de tres años y seis meses de prisión en contra del acusado. No obstante, el condenado fue declarado en estado de fuga y sobre él pesa una orden de captura.

El proceso judicial se extendió a lo largo de varias instancias. Inicialmente, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata había impuesto una condena de diez años de prisión al imputado, bajo la figura de “corrupción de menores agravada”, tras haberse considerado tanto la corta edad de la víctima como el vínculo de parentesco.

Sin embargo, tras la intervención de la Sala III de Casación a raíz de un recurso defensivo, los jueces dispusieron una casación parcial y modificaron la calificación legal de los hechos, que pasaron a ser considerados como “exhibiciones obscenas agravadas”.

De acuerdo a la información publicada por el medio local 0221, esta nueva tipificación se basó en la ratificación de que el acusado se masturbó frente al menor y lo denigró mediante insultos relacionados con estereotipos de género. A partir de esa decisión, el expediente regresó al tribunal de origen para que se fijara una nueva pena, que finalmente se estableció en tres años y seis meses de prisión.

En su último intento, la defensa del condenado cuestionó el monto de la sanción y argumentó que el tribunal había incurrido en una doble valoración de la edad de la víctima como agravante. Incluso, sostuvieron que este elemento ya estaba contemplado en el tipo penal aplicado y que volver a ponderarlo violaba el principio constitucional de ne bis in idem.

La mayoría de la Sala III, integrada por los jueces Ricardo Borinsky y Ricardo Maidana, desestimó ese planteo. Ambos coincidieron en que la corta edad del niño —6 años al momento de los hechos— implicó un nivel de afectación significativamente mayor al previsto de manera genérica en la figura penal, que abarca a víctimas menores de 13 años.

Según su análisis, la vulnerabilidad de un adolescente cercano al límite de edad no es equiparable a la de un niño de temprana infancia. Además, subrayaron que el vínculo paterno agravó el daño, ya que el imputado se aprovechó de su rol de progenitor y de la confianza filial para cometer el acto.

En disidencia parcial, el juez Víctor Violini sostuvo que la edad de la víctima ya está prevista específicamente en la figura penal agravada y que volver a evaluarla constituiría una duplicidad de argumentos prohibida por la Constitución Nacional.

Para Violini, el fundamento jurídico de la agravante legal —la menor capacidad de resistencia propia de un niño— ya se encuentra abarcado por el tipo penal, sin que corresponda convertir ese mismo factor en un elemento adicional para aumentar la pena.

De esta forma, la Sala III concluyó que la pena impuesta se ajusta a los artículos 40 y 41 del Código Penal, que orientaron la valoración judicial de la culpabilidad, la gravedad de la conducta y sus efectos. Además, el fallo enfatizó que no existe un sistema aritmético de sumas y restas para determinar el monto de la sanción, sino que corresponde un análisis razonado dentro del marco legal.

Con esta decisión, el tribunal rechazó el recurso de casación y confirmó en todos sus términos la condena por exhibiciones obscenas agravadas, dejando planteado el debate sobre los criterios para valorar agravantes en delitos contra la integridad sexual.

Una mujer sufrió un accidente de tránsito en 2017. Contrató a una abogada para que llevara adelante el juicio, a fin de obtener la indemnización que entendía le correspondía por los daños y perjuicios sufridos en el siniestro.

La profesional inició el proceso judicial, pero luego no activó el expediente ni realizó los pasos necesarios para que avanzara. Por esa falta de impulso, un juzgado nacional en lo Civil declaró la caducidad de instancia y el caso quedó cerrado, sin que la clienta pudiera obtener una reparación económica.

La víctima del accidente demandó entonces a su abogada. La jueza consideró probado que hubo un incumplimiento profesional. Por eso condenó a la letrada a pagarle una indemnización de más de $3 millones con intereses.

En enero de 2017, la clienta había sufrido un accidente de tránsito en Santa Clara del Mar, al ser embestida por un automóvil mientras caminaba. Con el fin de reclamar la indemnización por los daños sufridos, contrató a la abogada, quien al año siguiente inició el juicio. Sin embargo, al poco tiempo, el expediente quedó paralizado sin que la letrada impulsara nuevas actuaciones.

Según la demanda, la falta de diligencia de la abogada derivó en que en 2020 el juzgado decretó la caducidad. Pese a los reiterados intentos para comunicarse con su abogada, esta nunca respondió ni renunció formalmente al patrocinio, abandonando el caso sin aviso. Recién en 2023, al consultar con un nuevo abogado, descubrió que su causa había quedado archivada y que, además, ya había prescrito el derecho a iniciar una nueva presentación.

La clienta había argumentado que cuando se enteró de la caducidad de su expediente ya no era posible iniciar otro juicio, porque había transcurrido el plazo legal desde la fecha del accidente (prescripción). Sostuvo que, por la falta de acción de su abogada, perdió la oportunidad de acceder a una indemnización e incluso de reclamar un monto mayor si se hubieran producido más pruebas en el proceso.

Durante el juicio, se analizaron los documentos del expediente y las notificaciones recibidas tanto por la clienta como por la abogada. Se indicó que la profesional había recibido la designación y la documentación necesaria para llevar adelante el reclamo. Si bien la demanda por el accidente fue presentada, la causa quedó paralizada porque la abogada no realizó los trámites ni impulsó el caso dentro del plazo exigido.

El fallo también detalló que la representada hizo gestiones para seguir el trámite y se comunicó con la abogada para pedir información sobre el expediente. Sin embargo, estos intentos no consiguieron que la profesional avanzara con los pasos que requería el proceso judicial. Como resultado, la clienta perdió la posibilidad de cobrar una indemnización por el accidente de tránsito.

El juzgado determinó que la responsabilidad recaía exclusivamente en la abogada por no cumplir con las obligaciones de su mandato. La sentencia desestimó la demanda contra una segunda apoderada, y fijó el monto de la indemnización tomando en cuenta era muy probable la chance de obtener un resultado favorable en la causa por el accidente.

El fallo absolutorio que hoy favorece al expresidente Álvaro Uribe Vélez generó opiniones divididas. El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal; sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia y declaró inocente al ex jefe de Estado de todos los cargos por los cuales fue acusado.

Se concluyó que Uribe Vélez no fue determinador de sobornos ofrecidos a exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve (testigo estrella del caso), con el fin de que estos se retractaran de versiones que dieron a la justicia en las que señalaron al exmandatario de tener nexos con el paramilitarismo.

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Políticos afines al expresidente celebraron la decisión –que no es definitiva, puesto que hace falta que se resuelva un recurso de casación–, asegurando que el proceso penal en su contra fue una persecución. Por otro lado, quienes tienen dudas sobre la trasparencia de las acciones del exmandatario advierten que, a pesar del fallo de segunda instancia, Uribe es culpable.

Concejal rechazó absolución de Uribe

Así lo expuso el concejal Julián Triana en un video que publicó en sus redes sociales. De acuerdo con el funcionario, el fallo de segunda instancia que favorece al ex jefe de Estado no quiere decir que sea inocente de los delitos que le fueron endilgados; a su juicio, la posición que adoptó el Tribunal Superior de Bogotá se basó en cuestiones procesales, por medio de las cuales no fue posible demostrar la culpabilidad del procesado.

“No lo absolvieron por inocente, sino por temas meramente procesales. Es decir, no lo absolvieron porque no sobornó testigos, sino porque la forma en cómo lo pillaron sobornando testigos, pues, incumplía las lógicas del proceso”, señaló al concejal.

Advirtió, además, que los políticos que respaldan al expresidente usarán este resultado judicial para avanzar en las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, aseguró que los precandidatos de la “extrema derecha” no tienen bases para asegurar que el proceso penal que se adelantó en contra del exmandatario constituyó una persecución judicial.

“El fallo de hoy no absuelve a Álvaro Uribe de la vergüenza histórica de haber sido el primer expresidente imputado y condenado en la historia de Colombia”, añadió.

Abogado defendió a Álvaro Uribe: “Es inocente”

El abogado penalista Iván Cancino se refirió a la publicación del concejal Julián Triana, contradiciendo sus argumentos. Según explicó, la absolución del expresidente en segunda instancia respondió al hecho de que, tras verificar las pruebas y hacer un análisis de los hechos, fue encontrado inocente de todos los cargos.

“Absolutamente falso: absuelven por temas de fondo. De análisis jurídico y probatorio. No por duda, no por tecnicismos, lo absuelven debido a que es inocente a que no cometió ningún delito. No se dejen engañar con discursos falsos”, detalló el abogado.

En otra publicación, el abogado aseguró que el fallo absolutorio proferido por el Tribunal Superior de Bogotá demuestra que el ex jefe de Estado es inocente ante la justicia colombiana y ante la historia del país.

“La absolución de @AlvaroUribeVel significa que nunca fue culpable, ya que la presunción de inocencia jamás fue derrotada. Claro que significa que es inocente para la justicia y para la historia”, precisó.

El proceso todavía no ha terminado y la Corte Suprema de Justicia deberá tomar decisiones sobre un recurso de casación penal presentado por las víctimas del caso, entre ellas el senador Iván Cepeda Castro. Mientras tanto, el expresidente se mantiene en la premisa de que jamás ordenó que se sobornaran testigos para favorecerlo en investigaciones sobre sus presuntos nexos con el paramilitarismo.

“He dicho a lo largo de esta extensa vida pública, la verdad a mis compatriotas”, indicó Uribe ante los medios de comunicación.

Durante el Consejo de Ministros del 21 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro abordó por varios minutos la absolución del Tribunal Superior de Bogotá (TSB) de la condena al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En un momento de su intervención, el jefe del Estado habló sobre las interceptaciones telefónicas contra el expresidente, que en la condena proferida en primera instancia se utilizaron como prueba que lo incriminó, pero que posteriormente fueron desestimadas por el TSB en el fallo de segunda instancia.

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Dichas interceptaciones, según dijo el presidente, surgieron a raíz de las maniobras de la defensa de Uribe para cambiar los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave contra el expresidente en el proceso judicial, relacionadas con la creación del bloque Metro de las AUC.

“Y Monsalve, como paramilitar que fue, se declaró testigo de haber visto los paramilitares y de estar él mismo en la hacienda Guacharacas. Y ahí empezó cómo los abogados de Uribe intentaron voltear todos esos testimonios, hasta que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, buscando un delincuente en sus llamadas, que interfirió por orden judicial legítima, encontró que hablaba ahí en el celular el señor Álvaro Uribe Vélez y estaba metido en el problema, creo que con su abogado. Un soborno a testigos tratando de voltear las versiones de los testigos para salvarse de ese proceso”, expuso Petro en el Consejo de Ministros.

En ese contexto, Petro lanzó críticas por la absolución a Uribe por parte de dos de los tres magistrados del TSB, que consideraron como ilegales esas interceptaciones, y lanzó una advertencia sobre el recurso de casación que interpondrán las víctimas del caso, que estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia

“Ahora dicen que lo que hizo el magistrado de la Corte Suprema violó, porque la conversación del que esperaba fuera el delincuente que ordenó por orden judicial, resultó ser la voz de Álvaro Uribe Vélez y a esto lo llamó hoy intimidad. Sé que no me puedo meter en esas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”, concluyó Petro.

Abogado del padre de Monsalve salió al paso de la versión de Petro

Desde su cuenta de X, el abogado Sergio Clavijo Rangel, que representa jurídicamente a Óscar Monsalve (padre de Juan Guillermo), tuvo que rectificar la versión de Petro sobre el testimonio del testigo contra Álvaro Uribe relacionado con la creación del bloque Metro, asegurando que la creación de esa facción paramilitar no se orquestó en la hacienda Guacharacas, que fue propiedad del expresidente.

“Presidente @petrogustavo mis clientes Oscar Monsalve (padre e hijo) explicaron en el juicio que en la finca Guacharacas no se dio la creación del bloque metro como lo quisieron hacer parecer, sus declaraciones no han variado desde que fueron contactaron por las autoridades. Dado que un abogado de la bancada de supuestas víctimas intentó desacreditar a mi cliente con una foto, se interpuso una acción de tutela y por esto le tocó rectificar”, comenzó escribiendo el jurista en X.

Clavijo explicó que en ese proceso judicial aportó la decisión de un juez de ejecución de penas donde se evidencia que Juan Guillermo Monsalve fue condenado por secuestro extorsivo y no por hechos relacionados con paramilitarismo: “Además, Juan Guillermo Monsalve solicitó beneficios por colaboración debido a sus declaraciones, pero esos beneficios no podían otorgarse bajo el sistema penal acusatorio ni la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia”, aclaró el abogado Clavijo.

Finalmente, Clavijo expresó que, para sus clientes declarar, en contra de su propio hijo y hermano ha resultado “sumamente difícil, pero han actuado en honor a la verdad”.

En ese sentido, el abogado pidió al presidente Petro que evite estigmatizar a los testigos, ya que, en sus palabras, “esa referencia proveniente desde la Presidencia de la República pone en peligro a quienes participan en el proceso judicial”.

Seguro que si pensamos en problemas en comunidades de vecinos recordamos la mítica serie “La que se avecina”, pero que no está tan lejos de la realidad de muchos propietarios. La morosidad en los pagos, los ruidos molestos, el mal mantenimiento del edificio o las obras no autorizadas son contratiempos que se encuentran a la orden del día entre muchos vecinos.

Natalio Valenzuela, abogado especializado en comunidades de propietarios y propiedad horizontal, y creador de contenido en la cuenta de TikTok @nataliovalenzuelaabogado, ha explicado una de sus exitosas defensas donde el juzgado ha sido claro: “Es correcto eximir a un garaje de pagar la instalación del ascensor”.

Todo comienza cuando una comunidad de vecinos decide instalar un ascensor. Para hacerlo necesita ocupar parte del espacio del garaje, propiedad del cliente del abogado Valenzuela. La comunidad acordó con el garaje lo siguiente: expropiarle una parte a cambio de no pagar nada por la instalación, mantenimiento y conservación del ascensor, para siempre. Es decir, le pagaron con esa exención.

El problema surge cuando uno de los vecinos no estuvo conforme y denunció el acuerdo. “El vecino creía que eso era contrario a la doctrina del Tribunal Supremo, la cuál dice que todos los vecinos han de contribuir al garaje, incluso los que no lo utilizan” explicaba el abogado.

“Pero el juzgado admitió nuestra tesis, ya que estábamos compensando la contribución del ascensor con la indemnización que habíamos de pagarle por expropiarle ese trozo de garaje”. El Juzgado 1ª Instancia Nº 52 de Madrid dio la razón a la comunidad, con el siguiente razonamiento: está aportando algo valioso, tiene un valor económico que no podrá usar nunca más.

“Por cierto, el principal argumento del vecino era que le parecía abusivo que al garaje se le eximiera de por vida, a lo que nosotros contraargumentamos que también quedaba privado de ese espacio de por vida” comentaba el abogado. Por lo que la conclusión es clara: no es una exención injusta, sino una forma de compensación en igualdad de condiciones. “Todo el mundo paga garaje ex novo, pero hay que indemnizar el espacio expropiado para ello" concluyó el experto.

Qué dice la ley sobre los gastos comunes de las comunidades de propietarios

La ley, principalmente la Ley de Propiedad Horizontal, establece que todos los propietarios deben contribuir a los gastos comunes de un edificio, desde el mantenimiento de zonas comunes hasta reparaciones importantes como tejados o fachadas. Pero como casi siempre ocurre en materia legal, hay matices.

Según explica Legálitas, los propietarios están obligados a pagar según su cuota de participación, es decir, el porcentaje que cada vivienda representa dentro del total del inmueble, salvo que los estatutos del edificio digan otra cosa. Entre los gastos comunes figuran la limpieza, el ascensor, el agua y la electricidad de las zonas compartidas, además de un fondo de reserva obligatorio que debe ser, al menos, del 10% del presupuesto anual, pensado para cubrir derramas imprevistas.

Eso sí, la ley es interpretable. Cada comunidad puede adaptar los criterios de reparto en función de sus propias normas internas, lo que abre la puerta a excepciones y acuerdos específicos, como exoneraciones o compensaciones, siempre que haya consenso y respaldo legal como en el caso anterior.

La madrugada del martes 14 de octubre se informó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien había sido trasladado previamente para recibir atención médica tras recibir un disparo en la cabeza. El ataque con arma de fuego ocurrió el lunes en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Tras los hechos, se han difundido diversos videos en los que se observa el ataque contra el jurista, sin embargo, en el más reciente material difundido por el periodista Carlos Jiménez, ha puesto en el centro del debate la actuación de los escoltas encargados de la seguridad de David Cohen Sacal durante el momento de su asesinato.

En las imágenes se muestra cómo los agresores esperaron a la víctima a las afueras del Poder Judicial de la Ciudad de México, mientras los escoltas permanecían alejados y sin intervenir, lo que permitió que el ataque se ejecutara sin resistencia.

También se puede observar que Donovan “N” y Héctor “N” esperaron a su objetivo en las inmediaciones del recinto judicial. Cuando el abogado descendió las escaleras los agresores lo atacaron por la espalda, disparándole a sangre fría y huyendo del lugar.

En en el video publicado se puede ver que el cuerpo de seguridad de la víctima no se encontraba cerca ni intervino durante el ataque, lo que ha puesto en entredicho los protocolos de protección y las declaraciones que dieron en un inicio, pues el escolta identificado como Enrique D, aseguró que se había adelantado con el fin de abrirle la puerta de su camioneta, mientras que Boris B, supuestamente había intentado interceptar a uno de los agresores tras el ataque.

Por otra parte, autoridades de la Ciudad de México informaron que la captura de los presuntos responsables se logró gracias a una rápida reacción policial, ya que Héctor “N” fue aprehendido por un oficial de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PDI), mientras que Donovan “N” fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, precisó que el atentado fue perpetrado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. La funcionaria también señaló que existen varias líneas de investigación abiertas y que los detalles se mantendrán en reserva para no afectar el proceso de averiguación.

Por otra parte, se ha dado a conocer que Héctor “N” negó haber disparado contra el abogado y afirmó que su papel se limitó a realizar labores de vigilancia. “Solo iba a campanear”, refiriéndose a que su función era alertar a su cómplice durante la comisión del delito.

El primer detenido relató que escuchó el disparo y vio a los escoltas correr, intentó huir, pero recibió un balazo en el brazo izquierdo antes de ser capturado.

En España son muchos los casos de trabajadores que cada año soportan algunas situaciones laborales que se acercan a la ilegalidad. Las principales suelen ser los acosos, el exceso de trabajo o los impagos de nóminas. En relación a este último caso, lo que aún no mucha gente sabe es que gracias a la reforma del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, es posible el “autodespido” y el acceso a la indemnización correspondiente. Además del derecho a cobrar el paro.

Esta fórmula denominada coloquialmente como “autodespido”, se refiere a la extinción del contrato por voluntad del trabajador y es aplicable cuando el empleador incuerre en algunos incumplimientos graves. De igual forma, el trabajador va a acceder a la misma indemnización que obtendría de un despido improcedente. Esto es lo que explica Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, en uno de sus últimos vídeos de su cuenta de TikTok (@laboral_tips), donde frecuentemente explica a los ciudadanos sus derechos cuando están trabajando.

“Es ese procedimiento judicial en el que el trabajador puede solicitar al juez que se vaya de la empresa con indemnización y el paro cuando su empleadora incumple con dos requisitos”, comienza explicando el abogado. Esta modificación en el Estatuto es gracias a la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2025.

Dos requisitos principales

Para que un trabajador pueda acceder a este recurso es necesario que le ocurran algunas de estas dos situaciones, como son el impago de nóminas o el retraso en el pago de salarios de al menos seis meses.

“Hasta ahora lo que se exigía según los tribunales, era que se debieran tres nóminas y normalmente una paga extra, más de lo que decía el estatuto. Se ha modificado y establece que concurre la causa si te deben tres nóminas aunque no sean consecutivas. Tienen que ser nóminas enteras”, comenta de la Calzada respecto a la modificación en el caso de los impagos.

Por otro lado, la reforma más considerable se ha realizado para las situaciones en las que haya retraso en el pago de los salarios de al menos 6 meses. “Seis meses que no tienen por qué ser consecutivos”, comenta el abogado. A continuación, explica cuándo se considera que hay un retraso en el pago del sueldo: “El Estatuto establece que hay retraso cuando tardan más de 15 días en pagarte de la fecha normal”.

Lo que de la Calzada añade sobre esa fecha normal, es que se considera como tal al día en que la empresa suele realizar los ingresos a los trabajadores, y concluye que los retrasos no tienen por qué ser continuados, pueden ir alternando entre unos dentro de fecha y otros fuera de ella. Un ejemplo es que el empleador suela pagar el día 10 y se retrase hasta el 25, si esta situación se da 6 meses, aunque no sean seguidos, es posible pedir el despido voluntario.

Proceso judicial

“Pero esto no es automático, y debes saberlo. Tú no puedes llegar y decir: ‘hala me autodespido’”, añade el abogado. Para que un trabajador pueda dejar la empresa de forma voluntaria es necesario que inicie un proceso judicial, para pedirle a un juez que finalice el contrato y condene a la empresa a pagar la indemnización.

De esta forma es posible acceder al paro y a la indemnización al mismo tiempo. “Es un buen cambio porque ha aclarado muchos conceptos. Así que, si no te pagan, reclama tu autodespido y que no te engañen”, concluye Ignacio de la Calzada en su vídeo.

El reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia ha generado una amplia repercusión al ordenar al congresista Miguel Polo Polo reparar simbólicamente el homenaje a las víctimas de los llamados falsos positivos.

Esta decisión responde a la polémica acción registrada en noviembre de 2024, cuando el legislador tomó unas botas que formaban parte del acto conmemorativo en el Capitolio Nacional y las arrojó en bolsas de basura, hecho que provocó la condena de familiares y organizaciones de víctimas.

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De acuerdo con cifras recopiladas por la Justicia Especial de Paz (JEP) y citadas en diversos informes, al menos 6.402 jóvenes habrían sido ejecutados extrajudicialmente entre 2002 y 2008, en su mayoría tras ser engañados con promesas laborales falsas por integrantes de la fuerza pública y, posteriormente, presentados como bajas en combate.

Este tipo de delitos, conocidos popularmente como falsos positivos, constituyen uno de los aspectos más graves y dolorosos del conflicto armado colombiano, cuya documentación comenzó de manera oficial en la década de 1980.

La resolución judicial especifica que Miguel Polo Polo deberá restituir los objetos sustraídos del acto “Mujeres con las botas bien puestas”, elemento simbólico que fue intervenido por el congresista y que pertenece a la memoria histórica de las familias de las víctimas asociadas a la Asociación de Madres de Familia de los Falsos Positivos (Mafapo). “La decisión busca prevalecer los derechos a la libertad de expresión, a la paz, a la dignidad humana, a la verdad y a la memoria histórica de las madres víctimas del conflicto”, indica el texto de la sentencia.

Defensa de Polo Polo

El pasado 4 de septiembre, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-375 de 2025, en la que tuteló los derechos fundamentales de la Asociación Mafapo (Madres de Falsos Positivos), a raíz de la publicación de un video divulgado el 6 de noviembre de 2024.

En ese video, que causo conmocionó en diferentes sectores de la sociedad, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo arrojó unas botas a la basura mientras cuestionaba la cifra oficial de 6.402 víctimas en los denominados falsos positivos, según informó el abogado Jhonatan Peláez Sáenz en un comunicado oficial por medio de su cuenta de X en horas de la tarde del 17 de ocutbre de 2025, tiempo después de que se conociera la decisión de la Corte.

Según el escrito difundido por Peláez Abogados & Asociados, el representante Miguel Polo Polo no ha negado la existencia de las víctimas de los falsos positivos y aclara que nunca tuvo intención de ofender a los familiares.

El jurista precisó que el pronunciamiento de Polo Polo se dio “dentro del ejercicio legítimo de su labor como opositor político al actual gobierno”, y aclaró que el contexto de lo sucedido actualmente es objeto de debate probatorio ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El comunicado también resalta un aspecto central del caso, al indicar que Polo Polo desconocía que las botas arrojadas al basurero formaban parte de una expresión artística titulada “Mujeres con las botas bien puestas”, organizada conjuntamente por el colectivo Mafapo y la Fundación Rinconesarte Internacional.

“Procederemos a analizar en detalle el contenido del fallo y a adoptar las decisiones a tomar de acuerdo a la orden de la Corte, reiterando nuestro respeto por las decisiones judiciales y por la autoridad de la Corte Constitucional”, señaló el abogado Jhonatan Peláez Sáenz en el cierre de la comunicación oficial.

Por el momento, se espera la ejecución de las acciones mencionadas por la defensa, mientras se aguarda para que se pueda dar cumplimiento a la exigencia del fallo.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, decidió reconocer a Steven Castellanos Ramos como su hijo, luego de que el Tribunal de Bogotá ratificara el fallo del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá, que ordenó que se hiciera un cambio en el registro civil del joven. Esto, con el fin de que quede identificado como Steven Char Ramos, estableciendo legalmente su parentesco con el mandatario local.

La decisión surgió gracias a los resultados de pruebas periciales y testimoniales que confirman que existe una filiación entre ambos y que Alejandro Char es el padre biológico del joven. En ese sentido, el hombre identificado como Jorge Eliécer Castellanos Moreno no sería el verdadero papá del ciudadano.

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A través de un comunicado, el alcalde de Barranquilla confirmó que, de manera voluntaria, decidió reconocer al joven como su hijo, pese a que con anterioridad, y en dos ocasiones, se había negado a hacerse una prueba de ADN para determinar su paternidad.

“A través de memorial de fecha 20 de agosto de 2025, solicité reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, indicó.

La politóloga Karol Solís Menco se pronunció al respecto, poniendo en duda la voluntad de Char de reconocer a su hijo y lo señaló de haber abandonado al joven y de no haberse responsabilizado de sus responsabilidades como padre.

“Char no “reconoció voluntariamente” a su hijo. Lo hizo tras negarse a dos pruebas de ADN y ver lo que venía. Más que “chisme”, la reflexión es que 33 años de ausencia son espejo de un país donde la paternidad es opcional y el abandono se normaliza”, precisó.

El abogado Iván Cancino rechazó las declaraciones de Solís, asegurando que el alcalde sí reconoció al joven como su hijo de manera voluntaria. Asimismo, aseguró que el exmandatario jamás lo abandonó, puesto que no lo conocía.

“Si lo reconoció y así lo dice la decido (sic). Con claridad. Y no, no son años de abandono, nadie puede abandonar a quien no conocía ni sabía que existía. Tan es así que está a reconocido como hijo de otra persona. Aquí dejo la parte de la decisión donde lo dice con absoluta claridad”, señaló.

En efecto, lo establecido en el fallo indica lo siguiente: “Tenemos que el reconocimiento voluntario por parte del demandado de la paternidad de un hijo extramatrimonial, es decir, el reconocimiento del señor Alejandro Char Chaljub a Steven Castellanos Ramos, tiene efectos jurídicos por tratarse de una confesión y de una declaración unilateral y personal, siendo irrevocable, al efectuarse por una persona capaz y ser un acto libre y espontáneo”.

Solís respondió recordando que la mamá del joven informó a Char sobre su paternidad desde que ella estaba en embarazo y puso en duda los motivos por los cuales el mandatario se negó a realizarse la prueba de ADN.

“¿Se enfermó, alguna vez, por coincidencia del universo, cuando debía realizarse prueba de paternidad? Justamente, me interesa la parte que subraya el carácter “voluntario” del reconocimiento por parte del “demandado””, precisó.

Cancino se mantuvo en su posición y recalcó que Alejandro Char desconocía su paternidad, tanto así, que durante 30 años, el joven tuvo otro padre, por lo que insinuó que la mamá pudo haber engañado a la Registraduría al registrar el nombre de otra persona como padre de su hijo.

“No sabía, y tan es así, que tuvo un reconocimiento de otro padre por 30 años. Entonces sabiendo quién era el padre engañó a la registraduría la mamá? Obvio que no. Es un caso que se diferencia de la triste generalidad que vive el país. Y que quieren igualar con otros”, aseveró.

La Fiscalía desempeña un papel central en los procesos penales y sus estrategias pueden incidir decisivamente en el rumbo de un juicio. Un abogado ha revelado tres tácticas habituales empleadas por la acusación que, aunque legales, son discutidas en foros jurídicos por su efecto sobre las garantías de los acusados.

El experto de THC Abogados (@thcabogados en TikTok) ha explicado las maniobras que realiza la Fiscalía en ocasiones y que presentan desafíos concretos sobre los límites de la actuación procesal y el equilibrio de fuerzas en los tribunales de España. El abogado las define como “trampas” del órgano judicial.

“Trampas” de la Fiscalía

La primera táctica descrita por el experto, que señala que son explicadas por un exfiscal, es la trampa del juicio abreviado. Cuando la Fiscalía carece de pruebas consistentes, propone un acuerdo rápido con una pena reducida. La oferta, presentada como un beneficio, implica la aceptación de la culpabilidad, lo que resulta en una condena.

“Te presionan para que aceptes el trato porque la acusación no tiene claro el caso”, reconoció el experto. Esta práctica favorece una resolución expedita pero condiciona los derechos del acusado, quien acaba asumiendo responsabilidades sin facilitar un juicio con garantías completas.

Otra táctica ampliamente señalada es la sobreacusación. Utilizada para plantear delitos de mayor gravedad que los realmente demostrables, tiene como objetivo inducir miedo y propiciar negociaciones por infracciones menores. Como explica el exfiscal, “la fiscalía busca controlar el proceso generando temor ante posibles penas elevadas”. De esta manera, según este experto, logra acuerdos que no siempre reflejan la verdadera magnitud de los hechos probados durante el proceso judicial.

En tercer lugar destaca la estrategia del desgaste, orientada a prolongar el proceso. Según el exfiscal, “retrasan las fases del juicio para debilitar la posición de la defensa”. Consiste en postergar indefinidamente las actuaciones judiciales. El efecto acumulado recae en el acusado, quien ve cómo se agotan sus recursos y energías hasta que termina aceptando una salida pactada.

Debate sobre la legitimidad

Estas técnicas parten de un enfoque que emplea el tiempo, el desgaste, la presión psicológica e incluso las consecuencias del nerviosismo o las prisas como herramientas de presión legítima para lograr sus objetivos. Aunque pueden plantear dudas sobre su compatibilidad con el derecho fundamental a un proceso equitativo, forman parte de las capacidades procesales del cargo fiscal.

Estas tácticas, aunque amparadas por la legalidad vigente, generan un debate intenso en el entorno jurídico español acerca de dónde se encuentra el límite entre una estrategia procesal legítima y un posible abuso de la posición de poder de la Fiscalía. Numerosas asociaciones de abogados y juristas instan a revisar estos procedimientos con el fin de fortalecer la transparencia y garantizar un equilibrio real de derechos entre las partes frente al Ministerio Público.

El análisis ofrecido por este exfiscal deja en claro la relevancia de conocer a fondo los mecanismos internos y las dinámicas de la acusación, con el objetivo de favorecer la igualdad de condiciones en los procesos penales y mantener bajo constante escrutinio público y profesional las prácticas recurrentes en los tribunales españoles.

El abogado David Cohen Sacal fue atacado a tiros el pasado lunes en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado para recibir atención médica, sin embargo, los esfuerzos realizados no fueron suficientes pues la madrugada del martes 14 de octubre se dio a conocer su muerte.

Tras los hechos, se dio a conocer una grabación en la que se puede observar el momento en que atacan al abogado. En las imágenes se puede observar que Sacal se dirigía a su camioneta, al mismo tiempo que uno de sus escoltas, identificado como Enrique D, le abría la puerta de su camioneta.

En ese momento un hombre en motocicleta se aproximó y efectuó al menos dos disparos. El otro escolta, Boris B, trató de interceptar sin éxito al agresor, pues intentó escapar.

De acuerdo con las autoridades, el agresor identificado como Héctor Hernández Escartín fue detenido después del ataque y trasladado a un hospital, pues un oficial le disparó en el brazo izquierdo para evitar que este escapara.

Más tarde se identificó al elemento de seguridad como un agente de la Fiscalía para Personas Desaparecidas de la Policía de Investigación (PDI).

Un hecho que llamó la atención fue que a pesar de que el abogado contaba con dos escoltas y un chofer, fue atacado sin ninguna complicación, por ello uno de los escoltas salió a aclarar que les fue imposible actuar porque no vieron a los agresores aproximarse.

“Me adelanté para abrirle la puerta (...) en ese momento escuché una detonación”, aseguró uno de ellos.

El fallecimiento de Cohen fue confirmado por el médico Diego Villarreal poco después de las 00:02 horas del martes 14, tras haber sido trasladado con vida al Hospital Ángeles e ingresado a terapia intensiva.

Elementos de Protección Civil proporcionaron los primeros auxilios en el lugar antes del traslado. En los audios del video del operativo se escuchaba: “Clave 10, clave 10, aquí en el ocho del poder judicial”, mientras llegaban refuerzos.

Las imágenes también registraron a un grupo de policías interrogando al detenido con la frase: “¿Dónde dejaste el cuete, hijo de tu put* madre?”.

Un segundo detenido por el asesinato del abogado

Esta tarde el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, Camacho dio a conocer la detención de un presunto segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal.

El sujeto fue identificado como Donovan “N”, mismo que según Pablo Vázquez ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Finalmente, el secretario dio a conocer que las investigaciones siguen en curso.

El joven de 18 años que fue detenido luego del ataque contra el abogado David Cohen Sacal, Héctor “N” fue detenido momentos después del ataque que derivó en la muerte del hombre. Tras su arresto en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país, el único capturado por lo sucedido aseguró que él no accionó el arma de fuego.

A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió parte de las declaraciones del joven arrestado. Héctor “N” aseguró que él no disparó en conta de David Cohen.

Iba a “campanear”, asegura

El detenido dijo que su cómplice fue el encargado de detonar el arma, según compartió a través de sus redes sociales Carlos Jiménez el 15 de octubre, quien detalló que el ahora detenido trató de huir luego de escuchar la detonación y ver a los escoltas aproximarse.

Sin embargo, al momento de corrió sintió un golpe en el brazo. Cabe recordar que fue un agente de la Policía de Investigación (PDI) el que interceptó al ahora capturado.

Asimismo, Héctor “N” señaló que él no tenía el rol de disparar, sino que iba a “campanear”. Es decir, el ahora capturado habría tenido el rol de vigilar los movimientos del abogado David Cohen.

Lo anterior fue dado a conocer luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció en una rueda de prensa del 14 de octubre que fueron por los menos dos personas las que participaron en el crimen.

Sin embargo, tras su arresto Héctor “N” dijo a los policías que tenía 17 años de edad. Posteriormente, la Fiscalía de la CDMX confirmó que el arrestado tiene 18 años.

El ataque contra David Cohen en Cuidad Judicial

Por la tarde del 13 de octubre un hombre que transitaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón en Ciudad Judicial de la colonia Doctores.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que un sujeto sacó de entre sus ropas un arma de fuego y la accionó en contra del abogado, lo que provocó la reacción de un agente.

“Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio”, es parte del informe de la captura de Héctor “N”.

El abogado David Cohen Sacal fue atacado a balados el lunes 13 de octubre al salir de una audiencia en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la Ciudad de México; horas después, en los primeros minutos del martes, se reportó su muerte.

David Cohen fue atacado al descender las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en inmediaciones de avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard. Un elemento de la Policía de Investigación que se encontraba en la zona respondió al ataque y logró disparar y herir a uno de los agresores, quien fue detenido en el lugar.

El joven detenido fue identificado como Héctor “N”, quien al ser detenido aseguró tener 17 años, pero más tarde se confirmó que tenía 18 años.

El originario del barrio de Tepito confesó en sus primeras declaraciones ante las autoridades que este crimen era su primer “jale”, es decir, su primer encargo criminal, y que aceptó hacerlo a cambio de un pago prometido de 30 mil pesos que no llegó a cobrar.

Según el periodista Carlos Jiménez, Héctor relató que fue contactado por otra persona apodada “Goofy” en Tepito. Héctor “N” y su amigo acudieron el lunes por la tarde a bordo de una motocicleta a la cita en la estación Niños Héroes del Metro y fue ahí donde el sujeto les entregó un arma y les enseñó la fotografía de la persona a la que debían asesinar.

Los agresores esperaron alrededor de 30 minutos hasta que Cohen salió de los juzgados, lo ubicó con ayuda de su cómplice que operó como “puntero”, y disparó a corta distancia en la cabeza.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) precisa que la captura de Héctor se realizó a las 16:30 horas del lunes 13. El joven es descrito como moreno, delgado, con cabello corto, sin tatuajes y residente en Xochimilco.

Se registró que el joven admitió que desconocía al abogado, “no supe por qué me contactaron ni por qué lo querían muerto”, declaración que la Fiscalía capitalina tomó con reservas y mantiene bajo investigación.

Escoltas de Cohen no hicieron nada

De acuerdo con un video revelado por Carlos Jiménez, Cohen tenía dos escoltas identificados como Enrique D. y Boris B., además de un chófer, una camioneta Cadillac y un vehículo escolta —ambos estacionados en doble fila con intermitentes afuera de los juzgados—.

La narrativa audiovisual exhibe que, al momento del ataque, los escoltas fallaron en su labor de protección, pues ninguno pudo detener el ataque ni interceptar al agresor a tiempo; apenas corrieron cuando el sicario ya había escapado.

La reacción inmediata fue del agente Víctor, adscrito a la Fiscalía para Personas Desaparecidas de la PDI, quien enfrentó a los agresores, hirió a uno de ellos en un brazo y logró la detención de Héctor.

Los audios del video muestran el operativo en tiempo real: “Clave 10, clave 10, aquí en el ocho del poder judicial”, se escuchaba mientras llegaban refuerzos. En la imágenes mostradas se oye a un grupo de policías cuestionar al detenido: “¿Dónde dejaste el cuete, hijo de tu put* madre?”.

Durante el operativo, elementos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a Cohen, quien fue trasladado con vida al Hospital Ángeles, donde ingresó a terapia intensiva. El deceso fue certificado pasadas las 00:02 horas del martes 14 por el médico Diego Villarreal.

Líneas de investigación

La FGJ-CDMX y la SSC confirmaron que la agresión fue un encargo y descartaron que se tratara de un intento de robo o secuestro.

La titular de la Fiscalía, Bertha Alcalde Luján, resaltó que están tras la pista del cómplice que operó en motocicleta y de quien coordinó el ataque. “Tenemos diversas líneas de investigación y sabemos que participaron al menos dos personas el día del homicidio”, informó la fiscal en conferencia.

David Cohen Sacal era licenciado en Derecho, con posgrado en Derecho Procesal Civil. Socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), contaba con más de 20 años de experiencia y especialización en litigio civil, mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, asesoría en materia administrativa y corporativa.

En su trayectoria representó a figuras de alto perfil como Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, involucrado en procesos judiciales ligados a delitos financieros y disputas internas; David Peñaloza Sandoval, fundador y exdirector general de Pinfra; el actor Sebastián Rulli, en litigios por protección de derechos de imagen ante medios de espectáculos; el exjugador Salvador Carmona, sancionado de por vida por la Federación Mexicana de Futbol, y, de acuerdo con registros jurídicos recientes, a la cantante y actriz Anahí.

El joven detenido por el ataque armado en contra del abogado David Cohen Sacal, quien quedó gravemente herido y luego falleció en el hospital el 14 de octubre. Mientras que la persona capturada también resultó herida durante la agresión.

Cohen fue el encargado de representar a diversas figuras públicas, entre ellas Guillermo Billy Álvarez Cuevas y Sebastián Rulli. El hombre asesinado tenía un posgrado en Derecho procesal civil y fue catedrático y conferencista.

Originario de Tepito y con antecedentes: quien es Héctor “N”

En un primer momento el joven detenido aseguró tener 17 años, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que cuenta con 18 años de edad.

Las primeras declaraciones del sujeto indican que la persona que lo contrató para la agresión contra el abogado le prometió un pago de miles de pesos. Reportes del periodista Carlos Jiménez indican que sería de 30 mil pesos, mientras que medios como El Universal y Proceso señalan que el pago sería mayor: 50 mil pesos.

Ahora bien, los informes indican que el sujeto capturado es originario de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc y que en ocasiones se dedicaba a vender productos.

De igual manera, cuando los agentes de seguridad revisaron el historial del detenido se dieron cuenta que el joven cuenta con al menos dos detenciones por venta de drogas y robo.

Es importante recalcar que Héctor asegura que no tuvo información sobre el abogado que atacó y que no sabe cuál sería el motivo por el que lo contactaron en Tepito para agredir a David Cohen Sacal. Hasta el momento el sujeto capturado no ha sudo ligado con alguna estructura delictiva.

Otra de las declaraciones de Héctor es que otra persona lo habría ayudado en el crimen. Por su parte, la propia titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, dijo en conferencia de prensa que en el homicidio están implicadas dos personas, el ahora capturado y alguien más.

"Tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio“, comentó la fiscal de la CDMX en conferencia de prensa junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que la captura de Héctor H. E. fue realizada a las 4:30 del lunes 13 de octubre. Se le describe como un joven moreno, delgado, con el cabello corto y sin tatuajes.

Fueron al menos dos personas las que habrían participado en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, quien fue atacado a balazos en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. y quien falleció el 14 de octubre.

Héctor “N” fue interceptado por un elemento de la Policía de Investigación (PDI) tras atacar al hombre, por lo que fue capturado por las autoridades. Tras la agresión y arresto las autoridades de la CDMX indicaron que fueron dos personas las que participaron en el homicidio.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), María Luisa Alcalde, aseguró que hay una investigación a fondo de lo sucedido en Ciudad Judicial.

Hay varias líneas de investigación

“Estamos investigando con todo rigor este homicidio. Se logró la detención del responsable material de este homicidio del día de ayer inmediatamente después de que se cometió. Tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio”.

Tanto el sujeto capturado como su acompañante, al parecer, viajaban en una motocicleta que ya fue asegurada. De igual manera, la fiscal comentó que una investigación sobre la responsabilidad intelectual del homicidio y añadió que la investigación esta en sigilo con el objetivo de no comprometer sus resultados.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, añadió que un aspecto importante es que el agresor directo fue detenido, además de que aprovechó que para agradecer a la Fiscalía de la CDMX y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por las intervenciones.

Tras su arresto, Héctor “N” dijo a las autoridades que tenía 17 años, sin embargo, la FGJ-CDMXC confirmó que el sujeto capturado tiene 18 años de edad, el joven también fue hospitalizado y actualmente está bajo custodia. Por su parte, en un primero momento el abogado fue llevado a un hospital donde fue reportado como “muy grave”.

Fue hasta el 14 de octubre, es decir un día después de la agresión, que la Fiscalía de la CDMX confirmó la muerte del abogado de 48 años que fue ingresado a un hospital privado en la CDMX.

“En los primeros minutos de este martes 14 de octubre, falleció el abogado que resultó lesionado durante los hechos ocurridos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores”, es parte del informe de la Fiscalía capitalina.

El abogado David Cohem Sacal, conocido por representar legalmente a figuras públicas y empresarios, fue atacado a tiros este lunes en las inmediaciones de las oficinas del Poder Judicial de la CDMX. Tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado para recibir atención médica, sin embargo, los esfuerzos realizados no fueron suficientes, pues la madrugada de este martes se dio a conocer su muerte.

De acuerdo con las autoridades, el agresor identificado como Héctor Hernández Escartín fue detenido después del ataque y trasladado a un hospital, pues un oficial le disparó en el brazo izquierdo para evitar que este escapara.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, dieron a conocer que Héctor no actuó solo, pues gracias a las diferentes líneas de investigación que se mantienen, lograron identificar a dos sujetos en que viajaban a bordo de una motocicleta, como presuntos participantes del atentado.

Cabe recalcar que la colonia Doctores, lugar donde aconteció el atentado, está ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Zona que anteriormente ya ha sido señalada por ser un territorio en el que operan diferentes organizaciones criminales.

Estos son los Cárteles que operan en la zona donde asesinaron al abogado

De acuerdo al informe “Grupos delictivos 2024-2025" publicado por la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, publicado el 14 de mayo de 2025, en la capital del país operan al menos 62 organizaciones delictuosas, unas a nivel nacional y otras solo a nivel local.

En la alcaldía Cuauhtémoc se han identificado a tres organizaciones criminales: La Unión Tepito, La Fuerza Anti-Unión y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el mismo informe se dio a conocer que las autoridades han detenido a varios integrantes de cada una de las organizaciones Siendo La Unión Tepito la más afectada con 124 detenidos, la Fuerza Anti-Unión con 42, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con seis.

Por otra parte, se mencionó que las operaciones y arrestos más significativos contra el crimen organizado se concentraron en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde dichas organizaciones mantienen actividad.

Además, se informó de la captura de otros 164 individuos relacionados con grupos como el Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua, Cártel Nuevo Imperio, Cártel Independiente de Acapulco, Los Tanzanios, Los Balta y La Familia Michoacana.

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, criticó la estrategia de seguridad del actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato del abogado, David Cohen, quien fue víctima de un ataque directo en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, el priista acusó que el asesinato del abogado “no es un hecho aislado” ni una casualidad, al considerarlo una “consecuencia de siete años de descontrol, improvisación y complicidad” del gobierno morenista.

“El ataque contra el abogado David Cohen afuera de Ciudad Judicial, en la Ciudad de México, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un país sumido en la violencia, sin rumbo y sin autoridad que dé la cara.

“Esto no es casualidad. Es consecuencia de siete años de descontrol, improvisación y complicidad del gobierno de MORENA. No hay estrategia, no hay resultados, no hay autoridad”, escribió en la red social.

En la misma publicación, señaló a las autoridades de desproteger a la población e hizo un llamado a no normalizar la violencia.

“El pueblo está solo, desprotegido, viviendo con miedo en un país donde el crimen manda y el gobierno calla. México no puede seguir así. No podemos acostumbrarnos a la violencia ni aceptar la indiferencia de quienes tienen el poder y se esconden mientras crece el dolor de las víctimas”, agregó.

Esta mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien ayer fue baleado en las inmediaciones de Ciudad Judicial, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque fue perpetrado por un joven de 19 años, identificado como Héctor “N”, quien disparó a corta distancia. Cohen, de 48 años, falleció en un hospital privado tras recibir seis disparos, uno en la cabeza.

El agresor fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia. Las autoridades aseguraron una motocicleta y el arma utilizada; el motivo del ataque aún no ha sido esclarecido.

Cohen era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados y representó a figuras como Guillermo “Billy” Álvarez y Sebastián Rulli. También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien fuera víctima a tiros cuando se encontraba a las afueras de las instalaciones de la conocida Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras una serie de imprecisiones y versiones extraoficiales no confirmadas, la fiscalía capitalina detalló que el jurista perdió la vida a pesar de haber recibido atención médica privada en la capital. Al respecto, el órgano de justicia detalla lo siguiente:

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, en los primeros minutos de este martes 14 de octubre, falleció el abogado que resultó lesionado durante los hechos ocurridos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc”, se señala.

Aunado a ello, se específica que el representante legal y cercano a figuras como Sebastián Rulli o “Billy” Álvarez perdió la vida por la serie de disparos que recibió por parte de su agresor de tan solo 19 años de edad:

“De acuerdo con los informes médicos, la víctima, de 48 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México”, puntualiza.

Finalmente, se subraya que las investigaciones por este crimen en el centro de la CDMX seguirán después de que el atacante permanezca hospitalizado y bajo custodia.

¿Cómo ocurrió el ataque a tiros contra David Cohen en la Ciudad Judicial?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), los hechos ocurrieron en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón; específicamente las inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard. Un joven identificado como Héctor “N” se aproximó a él y le disparó a corta distancia.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por el sitio intervino de inmediato y repelió la agresión. El atacante fue detenido bajo custodia policial y trasladado a un hospital.

En tanto, videos difundidos en redes sociales muestran las escaleras manchadas de sangre y a personal de Protección Civil atendiendo al abogado. En una de las grabaciones se escucha a un testigo decir: “Es un abogado. Trae traje”, mientras la víctima yace herida. La zona fue acordonada y las autoridades aseguraron una motocicleta y el arma de fuego utilizada en el ataque.

Las cámaras de videovigilancia de la zona son analizadas para esclarecer los móviles del atentado, que según los primeros indicios fue directo. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre el motivo detrás de la agresión.

Trayectoria y datos relevante de David Cohen

Cohen Sacal es socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), especializado en litigio civil, mercantil y corporativo. Ha representado a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul; a Sebastián Rulli en una demanda por uso indebido de imagen; y al exfutbolista Salvador Carmona, en su disputa contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por dopaje.

También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, donde impartió Derecho Procesal Civil. Reconocido por su trabajo en casos de alto perfil, su despacho ofrece asesoría en temas de amparo, propiedad y controversias corporativas.

El abogado David Cohen Sacal, conocido por su participación como representante legal de figuras públicas y empresarios, fue blanco de un ataque armado este lunes 13 de octubre en Ciudad Judicial, localizada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

La agresión ocurrió a plena luz del día cuando Cohen Sacal transitaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCCDMX), un joven identificado como Héctor “N” de 18 años abordó a Cohen Sacal y disparó en su contra. Un agente de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en el lugar intervino enseguida y repelió la agresión, hiriendo al atacante, quien fue detenido bajo resguardo policial y posteriormente atendido en un hospital.

El abogado fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece en estado muy grave hasta la publicación de esta nota, de acuerdo con los partes médicos hechos públicos por la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Las imágenes compartidas en redes sociales y medios mostraron las manchas de sangre en las escaleras de acceso y a personal de Protección Civil brindando los primeros auxilios al abogado. En una grabación obtenida desde lo alto de un edificio, una persona que presenció los hechos comenta: “Es un abogado, trae traje”, mientras la víctima yace herida, aportando una dimensión vívida a la escena posterior al ataque.

La zona fue acordonada para facilitar las investigaciones, mientras elementos de seguridad aseguraron una motocicleta y el arma de fuego utilizada en la agresión. Las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para recabar más datos sobre la ruta y móviles del atacante. Según los primeros indicios, el ataque fue directo, aunque hasta ahora las instancias responsables no han confirmado el posible móvil.

Perfil de David Cohen

David Cohen Sacal, de 45 años, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito legal mexicano. Licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil, está especializado en litigio tanto civil como mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y materia administrativa.

Es socio de la firma Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), despacho reconocido por la asesoría en temas mercantiles, corporativos y condominales; así como consultoría en régimen de copropiedad, condominio y amparo.

Además de su labor como litigante, Cohen Sacal ha sido catedrático en la Universidad Iberoamericana de Torreón, donde impartió la materia de Derecho Procesal Civil entre los años 2000 y 2008. Durante este periodo, participó como conferencista en diplomados impartidos por la misma universidad.

En diciembre de 2020, el nombre de David Cohen se vio envuelto en una presunta confusión mediática tras ser apuntado erróneamente como propietario de un Lamborghini que chocó en la colonia Polanco. Restauranteros de la zona y periodistas como Carlos Jiménez refirieron su nombre; sin embargo, el propio abogado aclaró mediante comunicado que se trataba de un homónimo.

De Billy Álvarez a Sebastián Rulli

En su carrera, David Cohen Sacal ha representado legalmente a personajes y directivos ampliamente reconocidos. Entre sus clientes figuran:

• Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul y del club de futbol Cruz Azul, involucrado en uno de los litigios empresariales y deportivos más mediáticos de México relacionado con desvíos de recursos y disputas de control en la organización. Cohen Sacal defendió los intereses de Álvarez mientras este enfrentaba acusaciones y procedimientos legales de alto impacto.
• David Peñaloza Sandoval y su hijo, personajes centrales de Pinfra, operadora de concesiones carreteras señalada en distintos procesos por temas corporativos y de gobernanza interna, de acuerdo con la información disponible en CMCH.
• Sebastián Rulli, actor argentino, quien recurrió a Cohen Sacal en 2011 para interponer una demanda contra una revista de espectáculo que divulgó contenidos íntimos sin consentimiento. En ese proceso, el abogado gestionó una acción legal para exigir el respeto a la imagen familiar y pública de su cliente. Igualmente lo representó en su divorcio de Cecilia Galliano.
• Salvador Carmona, exjugador de Cruz Azul y de la selección nacional, quien fue representado por Cohen Sacal en su demanda contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tras haber sido suspendido de por vida por un caso de dopaje. Este litigio puso sobre la mesa el debate de los derechos de los deportistas y el alcance de las sanciones disciplinarias.

Un joven atacó a un hombre de 45 años de edad en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, si bien la agresión fue repelida por un elemento de la Policía de Investigación (PDI), el abogado que fue víctima de la agresión tuvo que ser llevado a un hospital, posteriormente las autoridades informaron que derivado del ataque el hombre, quien fuera representante legal de Billy Álvarez, está “muy grave”.

Los hechos sucedieron el 13 de octubre en la colonia Doctores, en Ciudad Judicial. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron un hombre lesionado y la detención del sospechoso, supuestamente un menor de edad.

Posteriormente las autoridades informaron que el sujeto detenido tiene 18 años de edad.

Así fue el ataque contra el abogado en Ciudad Judicial

Un hombre caminaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

Entre las personas que transitaban por la zona había un joven, quien fue identificado como Héctor “N”, que escondía entre sus ropas un arma de fuego.

“Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio", detalló la SSC.

Manchas de sangre cubrieron las escaleras que dan a la entrada del inmueble. Por su parte, una grabación realizada desde lo alto de un edificio muestra al hombre con una mancha de sangre. “Es un abogado, trae traje”, comenta una persona que atestiguó los hechos.

Otro video muestra al abogado cuando es atendido y elementos de Protección Civil acordonan la zona.

En un primer momento el sujeto capturado dijo tener 17 años, lo que fue desmentido por la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX).

Quién es David Cohen

Reportes periodísticos indican que el abogado agredido trabajó para Guillermo Álvarez “Billy”, este último expresidente del equipo de fútbol de la Liga MX Cruz Azul.

El hombre atacado fue identificado como David Cohen. En el sitio web Cohen Medina Chávez Abogados aparece el currículum del sujeto referido, quien cuenta con un posgrado en Derecho procesal civil.

Además, fue el encargado de representar ala actor Sebastián Rulli en 2011, además del exjugador que salió positivo en las pruebas antidopaje, Salvador Carmona en 2009.

También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana del 2000 al 2008, además de conferencista.

Agentes de seguridad de la Ciudad de México acudieron a Ciudad Judicial de la colonia Doctores, en el alcaldía Cuauhtémoc, luego de reportes de un ataque armado contra un hombre. La víctima es un sujeto de profesión abogado de aproximadamente 45 años de edad quien fue herido de gravedad, mientras que el agresor fue herido y capturado.

Los hechos sucedieron el 13 de octubre y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que la persona asesinada caminaba por la zona cuando un individuo disparó contra él. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) informó el fallecimiento del hombre y el arresto de Héctor “N”, de 18 años de edad, aunque después la misma institución confirmó que el abogado no murió y que sigue grave.

La víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido […] De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en estado muy grave y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México

Fiscalía CDMX

“Una persona que labora como abogado caminaba en el lugar cuando un hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le realizó una detonación, huyendo del sitio", es parte de lo compartido por la policía capitalina.

El informe de las autoridades indica que un elemento de la Policía de Investigación se dio cuenta de lo ocurrido, por lo que repelió el ataque y ello resultó en que el agresor quedara herido y fuera llevado a un hospital para ser atendido.

Aseguran una motocicleta y un arma de fuego; detenido no es menor de edad

Tras el ataque contra el abogado comenzaron los análisis de las cámaras de vigilancia del sito para identificar datos para el caso. La agresión fue realizada en la avenida Niños Héroes, calle Doctor Claudio Bernard.

De igual manera, fue asegurada una motocicleta y el arma que habría sudo usada por el atacante, identificado en un primer momento como un joven de 17 años, pero la Fiscalía de la CDMX confirmó que cuenta con 18 años de edad.

El ahora detenido le habría disparado con un arma de fuego, ocasionándole una lesión en la cabeza que le provocó la muerte […] el detenido refirió ser menor de edad; sin embargo, una vez acreditado que tiene 18 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público

Fiscalía de la CDMX

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes del ataque contra el abogado, quien recibió los primeros auxilios, por parte de elementos de Protección Civil, en las escaleras de un inmueble José María Morelos y Pavón.

Información compartida por el reportero Aarón Tagle para el medio Milenio indica que el hombre atacado lleva por nombre David C.

Tres muertos en la alcaldía Tláhuac

Por su parte, el mismo 13 de octubre la SSC informó sobre la muerte de tres personas en Tláhuac, además de otras cinco que resultaron lesionadas, como consecuencia de una riña tras una festividad religiosa en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

El informe de la SSC indica que al interior de un inmueble ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo hubo una discusión entre varias personas, lo cual derivó en agresiones físicas y una de las personas involucradas sacó un arma de fuego y la accionó en el sitio. Paramédicos confirmaron que tres cuerpos no tenían signos vitales.

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su papel durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que, entre otras decisiones, desencadenó en el retiro de su visa por parte del Gobierno Trump, luego de su participación en una manifestación a favor del Estado de Palestina en Nueva York.

Tras ese episodio, que tensionó los choques con la diplomacia estadounidense, el jefe de Estado aseguró que está dispuesto a ponerse bajo un juez de los Estados Unidos por lo que el considera “actos que quebraron la inmunidad” durante la Asamblea de la ONU y, para dicho propósito, manifestó querer recibir la ayuda de “un abogado estadounidense y libertario”.

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Petro anticipó que, de lograr su objetivo, ese abogado “pasará a la historia”, y citó el nombre de un expresidente de los Estados Unidos que gobernó a ese país en el siglo XIX, que también se desempeñó como jurista.

“Quiero ponerme bajo un juez de los EEUU, y demandar los actos que quebraron la inmunidad en al asamblea de las Naciones Unidas por vetarme, y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude. No tengo mucho dinero pero si ganamos el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro realizó su publicación tras citar un artículo del portal digital Democracy Now titulado: “El ataque de Trump a la libertad de expresión y la enérgica reprimenda de un juez federal”, el cual aborda episodios entre William G. Young, juez federal de Distrito de Massachussets, y Donald Trump, producto de lo que ese portal considera ataques a la libertad de expresión por parte del presidente estadounidense.

“Desobedezcan a Trump”, solicitó Petro desde Nueva York

La revocatoria del visado estadounidense al presidente Petro marcó un nuevo episodio de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La decisión, comunicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos la noche del 26 de septiembre de 2025, se fundamentó en que el mandatario habría instado a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, según el comunicado oficial de esa dependencia.

“Revocaremos la visa (...) debido a sus actos imprudentes e incendiarios”, reseñó la autoridad estadounidense en su comunicación escrita.

La reacción de Petro no se hizo esperar. El presidente colombiano calificó la medida como una violación del derecho internacional y de las normas de inmunidad diplomática. Además, sostuvo que la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no debería permanecer en Nueva York.

El origen de la controversia se remonta a la manifestación propalestina celebrada el viernes 26 de septiembre en Nueva York, donde Petro participó activamente. Durante el acto, que congregó a una multitud de defensores de la causa palestina, el jefe de Estado colombiano realizó un llamado directo a los soldados estadounidenses.

“¡A todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles! ¡Desobedezcan la orden de (el presidente Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, exclamó.

En ese contexto, planteó la necesidad de que un futuro “ejército de salvación” multinacional pudiera operar en apoyo al pueblo palestino. La propuesta de Petro de crear un “Ejército de Salvación del Mundo” para intervenir en el conflicto palestino-israelí irrumpió en la agenda internacional tras la manifestación.

El presidente colombiano manifestó su intención de llevar esta iniciativa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de que la primera misión de este cuerpo internacional sea “la liberación del Estado de Palestina”, siempre que cuente con el respaldo necesario en el seno de la ONU.

La concentración en Nueva York estuvo protagonizada por demandas de acciones concretas de la comunidad internacional en favor del Estado de Palestina, incluyendo la captura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al cual Petro ha acusado reiteradamente de perpetrar un “genocidio”.

“Esperamos que millones de hombres y mujeres de todo el planeta decidan configurar los primeros destacamentos del ‘Ejército de la Salvación’. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán por sus propios pueblos”, añadió Petro en la manifestación.

El impacto de la propuesta de Petro trascendió las fronteras políticas y recibió el respaldo de figuras internacionales, entre ellas, la del músico británico Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, que expresó públicamente su apoyo a la iniciativa del presidente colombiano.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia que desestimó la demanda de un abogado, identificado como D. Felicisimo, quien acusaba a dos antiguos clientes y al periódico Hoy de haber vulnerado su derecho al honor mediante denuncias, escritos y una publicación periodística. La resolución, dictada por la Sección 25ª el pasado 26 de junio de 2025, rechaza todos los argumentos del letrado y ratifica que las actuaciones de los demandados estaban amparadas por la libertad de expresión, el derecho de defensa y el ejercicio legítimo de la información.

La disputa tiene su origen en un conflicto profesional entre el abogado y un matrimonio, D. Camilo y D.ª Carmen, que habían contratado sus servicios para gestionar una compleja herencia familiar. Según relatan las resoluciones judiciales, el proceso derivó en varios pleitos infructuosos y en importantes gastos en honorarios y costas, lo que llevó a los clientes a presentar diversas quejas ante los Colegios de Abogados de Cáceres y de Madrid. También interpusieron una denuncia penal por presunta deslealtad profesional, que finalmente acabó con la absolución del letrado en 2019.

En paralelo, en agosto de 2017 el diario Hoy, editado por Ediciones Digitales Hoy S.L.U., publicó un artículo firmado por el periodista D. Román en el que se recogían las declaraciones del matrimonio y se mencionaba que el abogado había sido condenado previamente por un delito de estafa y falsedad documental. En el reportaje se explicaba que los denunciantes se sentían engañados y que existía una nueva investigación penal relacionada con otra herencia. El texto incluía datos extraídos de una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cáceres y citas literales de los afectados.

Del conflicto personal a los tribunales

El abogado consideró que tanto las manifestaciones de sus antiguos clientes como el contenido del reportaje constituían una intromisión ilegítima en su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. En su demanda, solicitó que se declarase la vulneración de sus derechos y que los demandados fueran condenados a indemnizarle con 60.000 euros cada uno en el caso del matrimonio y con 30.000 euros al periodista y a la empresa editora. Además, pedía la retirada inmediata del artículo del sitio web y de los buscadores.

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid, en una sentencia de octubre de 2023, desestimó todas sus pretensiones. La jueza entendió que las quejas, denuncias y escritos presentados por los clientes formaban parte del legítimo ejercicio del derecho de defensa y que el artículo periodístico se basaba en hechos veraces y de interés público. El abogado recurrió entonces ante la Audiencia Provincial, alegando error en la valoración de la prueba, vulneración de su derecho a un juez imparcial e incongruencia en la sentencia. También insistió en que el reportaje contenía expresiones difamatorias y datos falsos.

Priman la libertad de expresión y la información veraz

La Sección 25ª de la Audiencia Provincial, con ponencia de la magistrada Cristina Doménech Garret, descarta de plano todos los motivos del recurso. En su resolución, el tribunal explica que las quejas y denuncias de los clientes se enmarcan dentro del derecho de defensa y la libertad de expresión, al haberse presentado ante instituciones competentes para examinar la actuación de un profesional colegiado. Añade que no contienen insultos ni expresiones vejatorias, sino valoraciones críticas sobre un desempeño profesional que los demandados consideraban inadecuado.

Respecto al artículo periodístico, la Audiencia subraya que el contenido era de interés general y respondía al deber de veracidad, ya que informaba sobre hechos judiciales contrastados y de relevancia pública. La mención a una investigación penal, aunque finalmente terminara en absolución, no supone vulneración del honor del afectado, pues en el momento de la publicación la causa estaba abierta y existían indicios razonables. “La libertad de información no exige exactitud absoluta, sino una diligencia razonable en la comprobación de los hechos”, señala la sentencia, citando la doctrina del Tribunal Constitucional.

El tribunal considera además que el periodista actuó conforme a los estándares profesionales, citando sus fuentes y diferenciando claramente las opiniones de los entrevistados de los datos objetivos. Las frases entrecomilladas de los clientes, aunque duras o desagradables, se encuadran en el ámbito de la libertad de expresión, que protege la crítica incluso cuando resulta incómoda para quien la recibe. Tampoco aprecia expresiones insultantes ni lenguaje desproporcionado que exceda el propósito informativo.

La Audiencia Provincial concluye que no existe intromisión ilegítima alguna en el honor del abogado, ni por las denuncias, ni por los escritos judiciales, ni por la publicación periodística. Recuerda que el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen debe convivir con las libertades de información y expresión, especialmente cuando los hechos tienen relevancia pública y el afectado desempeña una actividad profesional sujeta al escrutinio social.

Un hombre de Córdoba denunció haber sido estafado en dos oportunidades: denunció un fraude, contrató a un abogado, que resultó ser un falso profesional. Ahora, narró que el presunto letrado le robó 10 millones de pesos.

La víctima es J. P. N., de 29 años, quien se había contactado con R. E. Y., un hombre que se presentaba como abogado, para iniciar una causa contra una concesionaria de autos en Córdoba.

El supuesto letrado no solo le cobró reiteradamente por honorarios que no correspondían a ningún proceso real, sino que extendió su engaño durante varios meses, generando en la víctima una situación económica insostenible.

En medio de la desesperación y las deudas acumuladas, J. P. N. tomó la decisión de exponer el caso públicamente, denunciar penalmente al estafador y solicitar ayuda.

Además, según contó la víctima, el supuesto profesional pedía pagos constantes bajo el argumento de avanzar con los trámites legales. Al advertir inconsistencias y ante la falta de pruebas de que la causa prosperara, J. P. N. empezó a realizar averiguaciones, hasta comprobar que nada de lo prometido por R. E. Y. tenía respaldo judicial. El joven ya había entregado todos sus ahorros y recursos económicos para sostener la supuesta representación.

La magnitud del engaño llevó a J. P. N. a tomar medidas desesperadas para cumplir con los pagos exigidos. Tuvo que recurrir a la solicitud de préstamos y a endeudarse con tarjetas de crédito, lo que generó una deuda total que supera los diez millones de pesos, cifra imposible de afrontar con su salario actual y las responsabilidades familiares que asume en su hogar.

Según informó el portal del diario La Voz, el hombre vive junto a su pareja y los dos hijos de ella, de 12 y 14 años. La presión financiera, sumada a la angustia de haber sido engañado, complicó aún más la rutina y las posibilidades de desarrollo para sus allegados.

Tras la presentación judicial, el nuevo abogado de la víctima, Claudio Suárez, confirmó que el acusado no figura como matriculado en el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba. Suárez remarcó que la Fiscalía investiga si el sospechoso cuenta con alguna matrícula válida a nivel federal o en otra jurisdicción de la provincia.

Condenaron a un falso abogado en Neuquén

Con una maniobra similar, un falso abogado estafó a la familia de tres hombres que se encontraban detenidos en Neuquén. Tras un largo proceso judicial, el impostor fue condenado a 3 años de prisión efectiva, pena menor a la que había solicitado la Fiscalía. En total, la suma sustraída es de 16 millones de pesos.

El análisis de los hechos revela que, entre junio y agosto de 2022, el falso letrado Martín Alexis Lino se hizo pasar por abogado para estafar a una persona imputada en una causa penal por abuso sexual, que ya fue condenado y está detenido en la Comisaría Séptima de Plottier, y a su pareja. Les cobró $292.000 y les aconsejó no asistir a una audiencia, lo que provocó la detención de la víctima y permitió descubrir el engaño.

En 2024, el acusado repitió el esquema con los familiares de dos hombres condenados y detenidos en la comisaría de Buta Ranquil, a quienes prometió la libertad de sus allegados. Cobró un adelanto de $1 millón y, mediante sucesivos pedidos, obtuvo más de $16 millones. Además, fingió haber iniciado una demanda por $88 millones y, con la colaboración de un falso fiscal, indujo a las víctimas a endeudarse para cubrir supuestos gastos, relacionados con una liberación bajo tobillera electrónica.

Todo salió a la luz, cuando uno de los prestamistas le advirtió a sus deudores que Lino no era quien decía ser. De esta manera, realizaron la denuncia correspondiente y, con la información que pudo recopilar la Justicia, el fiscal Zabala logró imputarlo.

Entre las pruebas que sustentaron la acusación se encuentran: declaraciones de testigos y efectivos policiales, así como las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa.

Existen múltiples motivos por los que un empleado de supermercado puede ser despedido, pero hay unos cuantos que están relacionados con el “exceso de confianza” de la persona contratada para con la empresa. Algunas personas se creen exentas de cualquier peligro, pero cuando son pilladas con las manos en la masa, el despido es inmediato. Así mismo llegamos al vídeo de un abogado, conocido en TikTok bajo el seudónimo de “untiolegal”, que ha empleado un vídeo a través de la red social para explicar cuáles son los tres casos más comunes por los que los empleados de supermercados suelen ser despedidos.

Para comenzar el vídeo, el abogado rescata una noticia cuyo titular procede: “Un trabajador de Lidl, despedido al ser ‘pillado’ llevándose 6 euros de fresas del supermercado sin pagar”. La noticia relata el cao de un hombre que trabajaba en el supermercado Lidl, empresa que sospechaba de que sus trabajadores estaban robando productos propios. Cuando este empleado, que era mozo de almacén, se enteró de que los supervisores iban a realizar un control, retrocedió con su mochila llena de fresas para dejarlas de nuevo en el lugar de donde las había cogido. Sin embargo, no sabía que un compañero le estaba siguiendo y le vio sacando las dos cajas de tan solo 6 euros. Así, fue “pillado” y despedido al instante.

“La empresa le procede a despedir al cabo de dos días por un despido disciplinario por una transgresión de la buena fe contractual. Y esto es totalmente legal”, afirma el abogado, haciendo hincapié en que, aunque el valor de las fresas era bajo, el acto de robo es lo que justifica la sanción. Según la normativa laboral española, el despido disciplinario por robo o cualquier tipo de transgresión relacionada con la confianza es totalmente válido, independientemente del valor de lo sustraído.

“Puede ser que hayas robado 2 euros o 10.000″

El abogado explica que lo más importante en casos como este no es la cantidad robada, sino el hecho en sí de haber transgredido la confianza de la empresa. “Recordad que en un despido disciplinario por robo no importa en absoluto la cantidad. Puede ser que hayas robado 2 euros, que hayas robado 15, 500 o 10.000. Lo importante es el hecho, el haber transgredido la confianza de tu empresa, y aquí no hay graduación que valga. El despido es totalmente procedente siempre que se pueda demostrar robo”, agrega el experto legal.

Este detalle es clave, ya que muchas personas creen erróneamente que si la cantidad es baja, no se justificaría un despido. Sin embargo, según el abogado, la confianza rota entre el empleado y la empresa es suficiente para que el despido sea considerado procedente.

Algunas excepciones

A pesar de que el robo puede justificar el despido disciplinario, el abogado destaca que existen ciertas excepciones a esta regla general. “Salvo que sea una conducta permitida por la empresa. Hay muchos supermercados que permiten quedarte con la mercancía que se va a tirar. Entonces, eso no sería un despido y en algunos casos, y solo en algunos casos, se ha permitido que la mercancía tenga un valor de cero, pero esto es algo que hay que valorar en cada caso”, señala.

Esto se refiere a los productos que están próximos a caducar o que, por alguna razón, se desechan. En muchos supermercados, especialmente en los casos donde los productos no se pueden vender, algunos empleados tienen permitido quedarse con ellos, siempre que la empresa lo haya autorizado previamente. Sin embargo, este permiso debe estar claramente establecido y no es algo que se aplique a todos los casos de manera automática.

Las tres causas más comunes de despido

Existe un motivo más por el que un empleado puede ser despedido, lo cual es otra forma de robo hacia la empresa: “Cuando hay un robo o cuando en los descuentos de las cajeras que se ponen el código de su propia tarjeta, eso también es una apropiación indebida y el despido sería procedente”. Explicado más claramente, el abogado se refiere a que los empleados utilices sus códigos de descuento con otros clientes para su beneficio.

Por todo esto, estos son los tres motivos más comunes de despido en supermercado:

• Robo de productos: Cualquier tipo de sustracción de productos, ya sea intencionada o por descuido, puede ser motivo de despido disciplinario. Como se explicó anteriormente, el valor de los productos no es relevante, solo el acto de robar.
• Quedarse con productos que van a ser desechados: Algunos empleados creen que pueden quedarse con la mercancía que está destinada a la basura o al desecho, pero si esto no está autorizado por la empresa, se trata de un robo y puede conllevar el despido.
• Uso indebido de descuentos o promociones: Un comportamiento cada vez más común en algunos cajeros es el uso de su propia tarjeta de cliente para obtener descuentos en las compras de los clientes. Este tipo de acción también es considerado como apropiación indebida y es motivo de despido disciplinario.

Conocer la normativa laboral es esencial para asegurar los derechos de los trabajadores, aunque también las obligaciones que le corresponden. La creación de un marco legal justamente existe para resguardar tanto los intereses de la empresa como de los trabajadores, aportando tranquilidad y seguridad frente a diferentes situaciones. Muchas veces su conocimiento se pasa por alto, pero es necesario para garantizar relaciones laborales justas y evitar sanciones innecesarias.

Miguel Benito, abogado especializado en derecho laboral y creador de contenido de la cuenta de TikTok @empleado_informado, subió un vídeo explicando tres cosas que estás obligado a hacer en tu trabajo y que no todo el mundo conoce.

Cambio en tus funciones sin motivos ni previo aviso

Seguro que a muchos les ha pasado que inician un trabajo realizando ciertas funciones y con el tiempo estas acaban por cambiarse, ampliarse o ser otras totalmente diferentes. La primera obligación como trabajador trata sobre esto.

Aunque a primera vista parece un hecho injusto, el abogado Benito explicó que tenemos que realizarlas, al menos hasta que se resuelva el conflicto de manera legal. “Si te cambian tus funciones sin motivo, puedes reclamar para volver a las antiguas. Sin embargo, hasta que la demanda se resuelva, tienes que hacer las nuevas funciones o sino podría ser causa de despido” informó.

Para impugnar un cambio de funciones injustificado ante el Juzgado de lo Social, dispones de un plazo de 20 días hábiles desde la notificación de la modificación, según AS Abogada. Recuerda que el derecho laboral es formalista, y el incumplimiento de los plazos puede invalidar tus opciones de defensa.

Entrar antes y salir antes del trabajo: una práctica incorrecta

La segundo obligación trata sobre las horas establecidas en el contrato laboral. Por mucho que exista la creencia de que entrando antes se tiene el derecho de salir antes (cumpliendo las horas establecidas), no es así. Es una práctica errónea si se realiza sin la autorización de tu superior, ya que la obligación es permanecer en el puesto laboral desde la hora de entrada a la de salida establecida. Aunque “podrás reclamar esos minutos de más para compensarlos con descanso o que te los paguen como horas extra”.

Obligado a prestar servicios a la empresa sin una nómina

Y el tercero punto, que según el abogado “va a fastidiar a muchos”, es el siguiente: si una empresa paga con retraso o no está pagando las nóminas, tienes que seguir trabajando. “Es cierto que puedes pedir el auto-despido pero hasta que se resuelva estás obligado a prestar servicios”.

La forma correcta de actuar es reclamar el pago o solicitar la extinción del contrato por incumplimiento del empresario ante los tribunales, ya que dejar de ir a trabajar sin más puede ser considerado un abandono del puesto, como informa Garón Abogados.

Para finalizar, Miguel Benito aclara su posición al respecto: “Esto no significa que yo esté de acuerdo, ni mucho menos, con esta normativa”, pero informa sobre las posibles consecuencias de no conocerla y por lo tanto poder “meter la pata”

El fiscal jefe Mauricio Zabala solicitó prisión efectiva para Martín Alexis Lino, quien se hizo pasar por abogado y estafó por 16 millones de pesos a la familia de dos detenidos, con la promesa de que conseguiría su liberación. Según la acusación, las maniobras fraudulentas se extendieron durante al menos dos años.

Ahora, el fiscal Zabala solicitó una condena de 4 años de cárcel para Lino, quien ya había sido declarado responsable por dos hechos de estafa y usurpación de título.

La audiencia de determinación de la pena se centró en la gravedad de los delitos cometidos por Lino, quien reconoció haber defraudado a familiares de personas sometidas a causas judiciales.

Las maniobras incluyeron la obtención de $292.000 en 2022 y más de $16.405.000 en 2024, cifras que el fiscal presentó como evidencia del alcance económico de las estafas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la declaración de responsabilidad penal abarcó los delitos de estafa en concurso ideal con usurpación de título, dos hechos en concurso real y en carácter de autor, conforme a los artículos 247, 172, 45 y 55 del Código Penal.

Zabala fundamentó su pedido de prisión efectiva en la reincidencia del acusado, recordando que en mayo de 2017 se había hecho pasar por el abogado del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, estafando a cuatro personas. Por ello, recibió una condena de 3 años de prisión condicional, con sentencia firme desde el 23 de mayo de 2019.

El fiscal argumentó que la sanción debía ser de cumplimiento efectivo, no solo por los antecedentes, sino también porque los hechos juzgados constituyen dos delitos en concurso real. La defensa, por su parte, no presentó objeciones a la solicitud de la fiscalía.

El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por las juezas Carina Álvarez y Natalia Pelosso, junto al juez Luis Giorgetti. Se espera que el veredicto sea comunicado en un plazo de 48 horas. Por lo tanto, el viernes se conocerá la decisión del tribunal y sus días en libertad pueden estar contados.

Los detalles de las estafas

El análisis de los hechos revela que, entre junio y agosto de 2022, Lino se hizo pasar por abogado para estafar a una persona imputada en una causa penal por abuso sexual, que ya fue condenado y está detenido en la Comisaría Séptima de Plottier, y a su pareja. Les cobró $292.000 y les aconsejó no asistir a una audiencia, lo que provocó la detención de la víctima y permitió descubrir el engaño.

En 2024, el acusado repitió el esquema con los familiares de dos hombres condenados y detenidos en la comisaría de Buta Ranquil, a quienes prometió la libertad de sus allegados. Cobró un adelanto de $1 millón y, mediante sucesivos pedidos, obtuvo más de $16 millones. Además, fingió haber iniciado una demanda por $88 millones y, con la colaboración de un falso fiscal, indujo a las víctimas a endeudarse para cubrir supuestos gastos relacionados con una liberación bajo tobillera electrónica.

Todo salió a la luz, cuando uno de los prestamistas le advirtió a sus deudores que Lino no era quien decía ser. De esta manera, realizaron la denuncia correspondiente y, con la información que pudo recopilar la Justicia, el fiscal Zabala logró imputarlo.

Entre las pruebas que sustentaron la acusación se encuentran: declaraciones de testigos y efectivos policiales, así como las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa.

En este contexto, el juez de garantías Raúl Aufranc hizo lugar al pedido de elevación a juicio.

En el momento de registrarse en un hotel en España, es muy común que el personal reclame los viajeros mostrar su DNI u otro documento oficial de identidad. Esto no es por nada raro, sino porque lo establece la normativa vigente (el Real Decreto 933/2021), que dicta que los alojamientos turísticos deben identificar a sus clientes y recopilar ciertos datos para fines de seguridad ciudadana. Pero este proceso ha generado dudas sobre hasta qué punto los hoteles pueden exigir la documentación personal y cuál es el límite legal ante la protección de datos personales.

Podría darse el caso en el que el personal se empeñase en escanear nuestro DNI, un asunto que, explica @nataliovalenzuelaabogado, es ilegal. “Ya ha conllevado multas de la agencia española de protección de datos”, explica. El abogado recuerda el caso de una empresa del grupo Iberostar, que pidió una copia del DNI por email para efectuar la reserva. Esta acción le costó 70.00 euros de sanción.

Otro caso reciente ocurrió en Cantabria, donde un hotel fue sancionado con 1.500 euros por la AEPD tras insistir en fotocopiar el DNI de un cliente que se negó a permitir la copia y ofreció mostrar el documento para la toma de datos. La denuncia presentada por el huésped derivó en una resolución que consideró la exigencia de la copia como una infracción del RGPD.

Solo los datos estrictamente imprescindibles

¿Y qué pueden hacer los hoteles? El experto legal se remite a las palabras de la AEPD: “Pueden visualizar el DNI, teclear los datos, pero pedir una copia es excesivo, porque el DNI contiene datos que no son obligatorios aportar para cumplir con la ley, como la foto o la fecha de caducidad”, señala el abogado, que advierte que aportar una copia escaneada aumenta el riesgo de suplantación de la identidad. El sector hotelero ha experimentado un aumento en los casos de robo de datos precisamente por estas prácticas.

Pero entonces, ¿Qué podemos hacer si en el hotel se empecinan en escanear mi DNI y me impiden acceder a la habitación si no se lo entrego? El abogado recomienda que en ese caso lo mejor es entregar el documento y después denunciar al hotel. “Entiendo que es jodido llegar a la playa y que no te den las llaves de la habitación que tenías reservada, cuando sabes que no hay habitaciones en los hoteles cercanos”, reconoce. Pero, en todo caso, apunta, hay que denunciar, “hasta que a base de multas aprendan”. Según explican los expertos en identificación digital Logalty, el incumplimiento de estas obligaciones puede suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual del establecimiento.

No obstante, el experto legal lamenta que haya que llegar a esta situación. “Echo en falta que la Agencia Española de Protección de Datos notifique expresamente a los hoteles y a las agencias de viajes lo que pueden y lo que no pueden pedirte.

Pasar por un proceso judicial puede ser estresante para muchos, especialmente si el desarrollo de tu vida depende de una resolución judicial. Los nervios están a flor de piel y los agentes involucrados no siempre son lo delicados que deberían durante las vistas en los juzgados, pero para el demandante o demandado perder la calma puede tener consecuencias perjudiciales. Del juez se presupone siempre una imparcialidad, pero puede ocurrir que su actitud o forma de expresarse haga parecer que esté directamente en tu contra. Ante una actitud acusatoria, responder de forma confrontativa pueden intensificar el conflicto y perjudicar la imagen, tanto de la persona representada como de la defensa, ante el tribunal.

Susana Capdevila, abogada española que comparte contenidos de orientación legal en redes sociales, ha abordado este desafío directamente en uno de sus videos publicados en TikTok. La especialista aporta en su perfil de la plataforma de vídeos cortos pautas concretas sobre cómo responder de manera efectiva ante un juez cuya actitud resulte intimidante o percibida como opuesta a la propia posición en el proceso.

“Si el juez parece que está en tu contra, lo mejor que puedes hacer (y también lo más difícil) es mantener la calma. Porque si le respondes o te subes a la parra, él o ella se va a encabritar. Y entonces, la situación va a empeorar”, expuso Capdevila. Estas palabras recogen una de las situaciones más temidas por quienes se encuentran en una sala de vistas: la de ser objeto de un trato distante o irritable por parte de la autoridad judicial, que puede interpretarse como falta de imparcialidad o, en algunos casos, generar inseguridad en los participantes del proceso.

Ante todo, mantén la calma

La abogada insistió en la necesidad de centrar la exposición en hechos verificables y apartar las emociones personales de la argumentación. “Aunque cueste mucho, pero lo que hay que hacer sobre todo es mantener la calma y mantenerse concentrada, explicar tu historia y explicar los hechos. No se trata de que expliques cómo te sientes tú sobre eso o si te pareció mejor o peor. Simplemente, explicar hechos y hay que mantener la concentración en eso”, ha manifestado en su canal.

Capdevila considera en su vídeo que el impulso de responder al tono del juez puede surgir de manera natural y legítima, pero adviere sobre el efecto contraproducente de ese tipo de reacciones. “Si consigues hacer eso, conseguirás evitar esas ganas naturales y, además, lógicas, de responderle al juez o a la jueza de la misma manera que te está hablando. Entonces, [hay que] mantener la calma y mantenerse concentrado en el mensaje que uno quiere transmitir”, ha señalado.

Las recomendaciones de la abogada han sido vistas por miles de usuarios en la plataforma TikTok, donde se acumulan testimonios sobre experiencias similares en todo el territorio español. El autocontrol y la concentración en los hechos, más allá del tono empleado por la autoridad judicial, se consolidan como herramientas indispensables para avanzar en cualquier proceso con garantías de ser escuchado.

La aparición del cuerpo de la pequeña Valeria Afanador a escasos 300 metros del Gimnasio Campestre Los Laureles ha puesto en entredicho la versión oficial sobre la exhaustividad de la búsqueda realizada por las autoridades.

A pesar de que se aseguró que se había “barrido, metro a metro, un área de muchos kilómetros”, la familia y su defensa insisten en que persisten interrogantes fundamentales: “Aquí no se puede descartar ninguna hipótesis, si nos apoyamos en las evidencias científicas que se tienen hasta ahora”, afirmó Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, en diálogo con Cambio.

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Según el abogado penalista, si bien el dictamen de Medicina Legal establece que la causa de la muerte fue un ahogamiento, el verdadero desafío radica en “establecer el hecho que generó la causa de la muerte”.

El análisis de los registros de video ha cobrado especial relevancia en la investigación. Quintana sostuvo que “en el video de la cámara de seguridad se ve a la niña muy inquieta, como si un tercero estuviera detrás de la reja”. Los padres, en entrevistas forenses, aseguraron que su hija “nunca se había salido del colegio, que no le gustaba el agua ni la oscuridad, pero que alguien la pudo haber sacado porque confiaba mucho en los adultos”.

Para el abogado, la grabación es determinante: “Cuando uno ve el video, en nuestra opinión, de manera irrefutable, creemos que hay una persona afuera que le está dando instrucciones para salir”, explicó en el diálogo con Cambio.

El primer informe de Medicina Legal “no es claro”, dice Quintana

Quintana indicó al medio citado que el primer dictamen que emitió Medicina Legal introdujo aún más dudas al indicar que la “causa de muerte fue violencia por determinar”.

“No es un informe claro, quedan muchas cosas abiertas y muchas preguntas. En este tipo de casos hay que meterle mucho contexto de investigación, para prevenir que pase como en el caso famoso de Colmenares.”, advirtió el jurista.

Entre los puntos críticos que señalo a la revista, el abogado subrayó la necesidad de establecer si la niña permaneció los 18 días en el río o si estuvo en otro cuerpo de agua cercano: “El dictamen dice que la fecha de muerte se aproxima a la fecha de su desaparición, pero no es exacto”, precisó.

“¿Qué significa eso? Entonces, queda la hipótesis de si estuvo un día viva y después fue lanzada al río; o si estuvo tres días viva y después fue lanzada. Eso es lo que la Fiscalía tiene que establecer. ¿Qué pasó en esos 18 días que estuvo desaparecida?”, cuestionó.

Lugar del hallazgo y cuestionamientos al colegio: las otras hipótesis de Quintana

El jurista agregó además que la existencia de otros cuerpos de agua en las inmediaciones refuerza la hipótesis de que la menor pudo haber muerto en un lugar distinto al río Frío. “Hay otros cuerpos de agua muy cerca del río Frío y al lugar donde fue encontrada Valeria. Unas lagunas chiquitas, usadas para el ganado y los cultivos”, detalló Quintana. Por ello, planteó que la pequeña “pudo ser ahogada o se ahogó en otro cuerpo y después fue puesta en ese lugar”.

Respecto a la causa de muerte, el abogado fue categórico: “La respuesta es sí, un ahogamiento. El dilema es que eso sería un homicidio y con la intervención de un tercero”. Incluso si la niña hubiera intentado huir de un peligro y caído al río, “también sería un homicidio”. Quintana insistió en que “no se descarte ninguna posibilidad sobre el hecho que causó la muerte”.

La responsabilidad del colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, también está bajo escrutinio. Quintana sostuvo que “si ella (Valeria) se salió también es un homicidio, que puede ser con dolo eventual o culposo. Porque el colegio tiene una posición de garante frente a la protección de la niña y no la cumplió”. En ese sentido, el jurista criticó la postura de la institución, que “está tratando de decir que fueron diligentes, cuando no fue así. Porque se vio que una parte de la cerca estaba abierta y que no estaban vigilando a la niña”.

“La profesora que estaba con Valeria dice que ella la tuvo en clases desde las ocho (8:00 a. m.) u ocho y media de la mañana (8:30 a. m.), más o menos, hasta las diez y cinco (10:05 a. m.), pero los videos muestran que Valeria sale del colegio a las nueve y cincuenta y cinco de la mañana (9:55 a. m.). Eso es una incongruencia que al final está diciendo que tiene responsabilidad, porque a la hora de la desaparición debía estar en clase, no fuera de su salón”, detalló Quintana en Cambio.

El tiempo que transcurrió hasta que el colegio informó la desaparición también genera cuestionamientos. “Solo hasta que terminó la otra clase, que creo que era de Inglés, casi a las 12 de la tarde, es que dan el anuncio que no aparece la niña. Y la cerca, insisto, tenía fallas de seguridad. Son cosas indefendibles”, afirmó el abogado.

El jurista añadió que no se puede normalizar “que un padre de familia deje a su hijo en el colegio, se lo entreguen muerto y digan que es culpa de él porque se salió”.

“Sería absurdo y un mensaje totalmente contradictorio. No solo por el caso de Valeria, sino para la sociedad colombiana”, aseveró.

La designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes generó controversia tras revelarse que su título profesional de contadora pública, incluido recientemente en su hoja de vida, no cuenta con la acreditación de las pruebas requeridas.

La Fundación Universitaria San José, institución donde Guerrero cursó sus estudios, confirmó que la joven de 23 años obtuvo el título en junio de 2025, pero no presentó los exámenes Saber Pro T&T ni Saber Pro, indispensables para la validación académica en Colombia.

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Francisco Pareja, representante legal de la Fundación Universitaria San José, explicó en diálogo con W Radio que Guerrero completó 18 meses de estudios y recibió el título sin haber presentado el examen correspondiente. Pareja consideró que “tal vez” se trató de un error administrativo por parte de la Secretaría General de la universidad. Según la información proporcionada por el medio, Guerrero se inscribió el 26 de julio para rendir la prueba Saber Pro, programada para el 9 de noviembre de este año, y lo haría de manera individual, a diferencia del procedimiento habitual que se realiza grupal.

La situación fue denunciada públicamente por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que señaló: “Sabemos que la señora Juliana Guerrero, a quien le apareció en 15 días y de manera express en su hoja de vida un título profesional de contadora pública, no presentó nunca ni las pruebas T y T, que son requeridas para el título tecnólogo que ella reportó en su hoja de vida, ni tampoco presentó las Pruebas Saber Pro que son requeridas para un título profesional de contadora pública, que presentó en la tercera versión de su hoja de vida”.

El Colombiano consultó a un abogado para analizar las posibles consecuencias legales que enfrentaría Guerrero si se comprueba alguna irregularidad. El primer escenario contempla que, si Guerrero engañó a la universidad alterando información, podría incurrir en el delito de obtención de documento público falso, sancionado en Colombia con penas de 48 a 108 meses de prisión, conforme al artículo 288 del Código Penal.

En un segundo escenario, si tanto Guerrero como la universidad estaban al tanto de la situación, ambos podrían ser responsables de falsedad documental o fraude a la administración pública. La falsedad documental, regulada por el artículo 287 del Código Penal colombiano, implica la alteración de documentos públicos o privados —como un título universitario— para obtener beneficios indebidos, con penas de 64 a 144 meses de prisión en caso de comprobarse. Por su parte, el fraude a la administración pública, tipificado en el artículo 397, se configura cuando se manipulan requisitos oficiales para acceder a un cargo, induciendo al Estado a error o engaño.

La coincidencia entre la actualización de la hoja de vida de Juliana Guerrero y su nombramiento como viceministra de Juventudes intensificó las dudas sobre la legitimidad de su designación.

¿Qué dijo Juliana Guerrero sobre la polémica sobre sus estudios?

En respuesta a las acusaciones, Juliana Guerrero se pronunció en una entrevista con la emisora W Radio, donde anunció que emprenderá acciones legales contra Jennifer Pedraza. Guerrero sostuvo: “Iniciaré acciones legales contra la representante Jennifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el Icfes, que investiga un posible hackeo de datos”.

La designada viceministra argumentó que se vulneró el derecho al “habeas data” y calificó las declaraciones de Pedraza como una “calumnia”. Además, negó cualquier inconsistencia en el proceso que le permitió obtener su título en la Fundación de Educación Superior San José. Guerrero. Enfatizó su compromiso con la juventud: “Yo estoy comprometida con la juventud y, por eso mismo, defenderé mi honra y el debido proceso”.

Lejos de mostrarse preocupados por los próximos movimientos de Diego Spagnuolo, que acaba de presentar abogados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la Casa Rosada aseguran estar convencidos de que no tiene pruebas, y de que sus declaraciones en los audios -y, eventualmente, ante la Justicia- “carecen de valor jurídico”.

“No entendemos que tendría para aportar. Jurídicamente, a menos que tenga prueba, lo que diga no es suficiente”, dijo un importante asesor del Ejecutivo. ¿Por qué no creen que tenga evidencias para mostrar? “Es imposible porque es todo absolutamente falso”, respondieron con seguridad en Balcarce 50.

En privado, en el entorno mileista esbozaron más detalles del posicionamiento oficial ante el delator involuntario: dijeron que lo ven como un “mentiroso enojado”, y agregaron que falta a la verdad en varios tramos de las grabaciones, inclusive en aquellos fragmentos donde no se refiere a las coimas: “Dice cosas de los ministros, de las leyes, de charlas que tuvo que no existen”, deslizó un asesor de la Presidencia.

Es la nueva línea oficial de negar todo, inaugurada por Karina Milei -a través de los Menem- y seguida por Javier Milei entre vaivenes en la estrategia de contención de la crisis. Y que derivó en intentos insistentes de parte del círculo del Presidente para mostrar tranquilidad en el convulsionado contexto político y, aunque en menor medida, económico.

Primero, con el mensaje de entereza que les envió -y difundió- Milei a sus ministros en el pico de las turbulencias derivadas de los piedrazos en una recorrida de campaña por el conurbano. Y después, con sucesivas declaraciones en modo de calma, vía X, de funcionarios y referentes, como Manuel Adorni, o el secretario de contenidos audiovisuales, Santiago Oría, quien dijo que estaban “ilesos” y adjuntó una foto junto al Presidente en la Casa Rosada.

Más allá de lo discursivo, hubo pocas novedades de parte del Ejecutivo en la causa que llevan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Mientras se esfuerzan por restarle crédito a las palabras de Spagnuolo y, por adelantado, a sus posibles declaraciones oficiales ante la Justicia, hay versiones cruzadas en el Gobierno sobre la supuesta denuncia que preparan en contra suyo.

La semana pasada, cerca del Presidente, como publicó Infobae, algunos de sus colaboradores aseguraban que era una opción que se exploraba de manera certera, mientras que otros juraban que no era parte del plan. El miércoles, en la caravana en Lomas de Zamora, antes de los piedrazos, Milei le dijo a la prensa que, efectivamente llevarían a la Justicia” a su -ahora ex- amigo. Pero, con el pasar de las horas, en su círculo empezaron a relativizar el momento de la denuncia. Y ayer, ante las consultas de la prensa, volvieron a poner en duda que vayan a concretarla.

Las idas y vueltas sobre el eventual contragolpe hacia Spagnuolo son muestras de las dudas que experimenta el oficialismo en su peor momento, quizá, después del tuit donde Milei difundió la fallida criptomoneda $LIBRA. Con la diferencia de que en aquel caso, el Presidente salió a explicar largamente su actuación y a exponer en primera persona su defensa. Esta vez, los hermanos de la cúpula y su vocero, Manuel Adorni, se mantuvieron varios días en silencio, y luego negaron todo, sin distinciones, de manera unilateral, sin dar precisiones ni responder preguntas.

Acorralado, el Gobierno pudo sacar algo relativamente positivo del caos preelectoral: las distintas líneas políticas libertarias, enfrentadas, se unieron en las últimas horas en medio de las arremetidas. Especialmente luego de que se publicara una grabación de la voz de Karina Milei en una reunión privada.

En el audio, la funcionaria más cercana al Presidente no dice nada llamativo, ni relacionado a la ANDIS, pero la mera grabación y su difusión les permitió que les permitió a los referentes de las enfrentadas Fuerzas del Cielo con los dirigentes de la línea “menemista” salir a defenderla al unísono.

El fallecimiento de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el menor Kevin Matías Martínez Canro, en una habitación del hotel Portobelo Convention, en la isla de San Andrés, tuvo un nuevo capítulo tras revelarse un informe forense en el que se confirmó la causa real del triple fallecimiento.

En la conclusión se destaca la presencia en los cuerpos de fosfina, que fue la razón por la cual la familia murió dentro de la habitación 404 del lugar el 11 de julio de 2025.

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“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría además bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, detalla el documento conocido por Noticias RCN el 27 de agosto.

JMC Abogados, firma que representó a las víctimas en el proceso, en un comunicado compartido a la opinión pública el 28 del mismo mes, se confirmó que familiares de los fallecidos les entregaron el poder absoluto para llevar el caso.

Confirmó tener en sus manos los resultados de la necropsia, que ya fueron revelados, y afirmó que hay total responsabilidad de instituciones y funcionarios de empresas involucradas.

“El equipo de abogados no tiene la mínima duda sobre la responsabilidad penal, administrativa y civil que tiene tanto los empleados y funcionarios de las empresas privadas y públicas cada una desde la respectiva rama del derecho”.

Agregó que todo el material probatorio que está a su disposición será suministrado en el proceso: “La representación de víctimas será muy cuidadosa en verificar y aportar lo necesario en punto de las órdenes a policía judicial, informes, elementos materiales probatorios, evidencia física y en general, tendremos pleno compromiso de colaborar armónicamente con las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos”.

En el documento que fue firmado por el abogado penalista, Juan Manuel Castellanos Ovalle, se reconoce que aún faltan varios procedimientos por cumplir e informes por entregar por parte de la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, destaca la labor de la entidad a cargo de fiscal general Luz Adriana Camargo y el delegado fiscal.

Finalmente, especificaron cuáles son los resultados que se esperan tras el fatídico desenlace de estas tres personas: “Como representante de víctimas, esperamos que de manera pronta se formule imputación de cargos en contra de los responsables”.

Qué es y cómo se usa la fosfina

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de Estados Unidos, este gas, que les causó una anoxia (ausencia total de oxígeno en los tejidos, órganos, sangre y cerebro, lo que conduce a una muerte rápida), es una sustancia que se emplea más que todo con el fin de exterminar insectos en granos que han sido almacenados, además de que dentro de sus características principales están la toxicidad y la inflamación.

La Agencia describió el olor de este químico como muy similar al de un ajo o pescado en descomposición, por lo que llega a ser muy repugnante y molesto al olfato, no obstante, en concentraciones muy amplias puede llegar a disiparse el aroma.

Cuando una persona se expone a la inhalación del gas puede presentar: dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria y, en situaciones graves, daño a órganos vitales o la muerte.

La ingeniera química e investigadora Rosalina González, en declaraciones a Noticias Caracol, explicó que la fosfina es un gas incoloro, más pesado que el aire, empleado globalmente por su eficacia letal en el control de plagas.

“Por su letalidad, ella requiere unos procesos de utilización muy específicos y es allí donde habría que revisar toda esta situación”, dijo González.

Desde la clandestinidad, Vázquez admitió haber disparado contra Morey y aseguró que lo hizo con el fin de obtener dinero para comprar drogas. “Pido perdón a los familiares de la persona llamada Morey Rivas. Yo soy una persona que consume droga desde los 14 años y soy alcohólico. Para solventar mi vicio suelo robar para tener dinero y consumir”, declaró durante una audiencia.

El acusado narró que el día del asesinato se encontraba bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Asimismo, señaló que estaría dispuesto a entregarse a la justicia únicamente si se llega a un acuerdo que contemple una reducción de su condena.

Fiscalía asegura que la confesión fue producto de las pruebas

El fiscal a cargo del caso, José Santos Gomero, aclaró en diálogo con el noticiero Buenos Días Perú, que la confesión no se dio por voluntad espontánea del acusado, sino debido a la contundencia de las pruebas recabadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía minutos después del crimen.

“No es porque se le ocurra, sino ante la evidencia. No le ha quedado otra cosa que reconocer”, afirmó el representante del Ministerio Público.

Las investigaciones continúan para determinar si Miguel Vázquez actuó solo o contó con cómplices en el homicidio. Entre las diligencias que faltan, el fiscal mencionó allanamientos y otros actos procesales que serán comunicados en su debido momento.

Mientras el proceso sigue su curso, la familia de Felipe Morey exige que se haga justicia y que los responsables reciban la sanción correspondiente por un crimen que enlutó a la ciudad de Tarapoto y a las municipalidades en las que el abogado trabajaba como asesor.

Detalles del asesinato

El abogado, de 35 años, fue atacado a balazos por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta, en plena avenida Circunvalación. Pese a que fue trasladado de inmediato al Hospital II-2, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales tras recibir tres disparos mortales.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del ataque. En las imágenes se observa a los asesinos vigilando a la víctima desde una cevichería antes de interceptarlo. Cuando Morey se dirigía a su vehículo, uno de ellos, con el rostro cubierto por un gorro tipo casco, lo abordó y tras un breve forcejeo le disparó a quemarropa para luego escapar con su cómplice.

Días previos al atentado, la víctima había denunciado amenazas y, según medios locales, incluso recibió un arreglo floral en la puerta de su vivienda, hecho que fue interpretado como una advertencia vinculada al mundo criminal.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Desde el 8 de marzo de 2019, todas las empresas tienen la obligación de registrar el horario de sus empleados, como medida de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

La empresa, independientemente de su tamaño y del sector, deberá registrar diariamente cada turno, de manera individual, y aportar en ese proceso los datos identificativos de la empresa, los datos del empleado, especificar la fecha a la que corresponde cada jornada, la hora exacta tanto de entrada como de salida y conservar el registro durante al menos cuatro años, para poder ponerlos a disposición de los trabajadores, sus representantes e inspectores de trabajo.

Además, este registro debe hacerse de manera digital, por lo que hay que contar con algún tipo de software que posibilite el registro de entradas y salidas y el almacenamiento de manera informática. Esta medida posibilita al Gobierno consultar los datos en directo y desde cualquier lugar de manera telemática, detectando así posibles irregularidades.

Gracias a esta digitalización del proceso, la acción de fichar cada día de trabajo es más fácil, pero, aún así, son muchas las personas que se olvidan de registrar sus entradas y salidas. Ante esta situación, un abogado laboral explica cuáles pueden ser las consecuencias de no cumplir con esta obligación.

“Después de ver esto no te olvidarás nunca más”, comienza el vídeo publicado por el letrado en su cuenta de TikTok (LeyesConSebas). Según el abogado, si no fichas, una inspección de trabajo podría poner a tu empresa multas muy elevadas. Además, aclara que la ley otorga la facultad al empresario de poner sanciones disciplinarias, e incluso de despedir a aquellos trabajadores que no cumplen con la obligación o fichan mal cada día.

Cuáles son las sanciones a las que te enfrentas por no fichar

Pese a que la mayoría de las sanciones por no realizar de manera adecuada el registro de entradas y salidas de los empleados recaen en las empresas, los empleados también pueden enfrentarse a multas por negarse a cumplir con esta obligación.

Las distintas sanciones que puede recibir la empresa dependen del nivel de la infracción. Las más leves, como el registro incompleto sin indicios de fraude, pueden acarrear multas de entre 750 euros y 2.000 euros. Las graves, como no hacer ningún tipo de registro, pueden suponer sanciones de entre 2.001 euros y 6.250 euros.

Por último, las infracciones más graves, como el incumplimiento de los registros que impliquen perjuicios serios de los derechos de los trabajadores, como no remunerar las horas extraordinarias, podrían acarrear sanciones superiores a los 6.250 euros.

Por parte del trabajador, cuando este se niega a fichar, no puede ser sancionado directamente por la administración pública, pero la empresa puede tomar medias al respecto. Primero, el empleador notificará al subalterno por escrito y puede ofrecer alternativas y, en caso de una negativa reiterada, involucrar a sindicatos o delegados de personal. Además, en casos extremos, la compañía podría despedir al empelado, siempre que se justifique y se siga el procedimiento legal.

El perfil @empleado_informado, gestionado por un abogado laboralista con casi un millón de seguidores en TikTok, ha vuelto a encender el debate sobre las condiciones de trabajo en verano. En uno de sus últimos vídeos, que supera los 9.000 likes, recuerda que “no es normal currar a 30 grados en una oficina, y mucho menos legal”.

El abogado señala que la normativa sobre temperaturas no es reciente, sino que lleva vigente casi treinta años. Sin embargo, aún existen empresas que actúan como si no se hubiera aprobado nunca. De acuerdo con la legislación, las temperaturas en interiores —como oficinas, fábricas o despachos— no pueden superar los 25 o 27 grados, dependiendo del esfuerzo físico que implique el puesto.

En el caso de quienes trabajan al aire libre, la obligación de la empresa es todavía mayor. Se deben tomar medidas preventivas frente a las olas de calor, como reducir la jornada en verano, adelantar la hora de inicio de la jornada, aumentar los descansos o directamente evitar las horas centrales del día, cuando el calor es más intenso. El abogado recalca que no se trata de una recomendación, sino de una obligación legal.

Denuncias de los trabajadores

La viralización del vídeo vino acompañada de cientos de comentarios que reflejan la gravedad de la situación. Muchos trabajadores comparten experiencias extremas en sus lugares de empleo. Una persona denunció que en su cocina se trabaja a más de 35 grados de manera constante y preguntó dónde podía formalizar una denuncia. Otro comentario alertó de que en una fábrica la temperatura ronda entre 35 y 40 grados, con desmayos frecuentes entre los empleados. “En el turno de tarde es mortal y no nos cambian nada. Te quejas y pasan de ti. Te dicen que es lo que hay”, relató indignado.

Otros usuarios coincidieron en la falta de controles efectivos. “Lo que tiene que hacer inspección es visitar todas las empresas”, reclamó uno de ellos, mientras otro se preguntaba directamente dónde están los inspectores de trabajo, subrayando que el miedo a represalias impide a muchos denunciar las condiciones.

También llegaron testimonios desde sectores especialmente expuestos. Un trabajador aseguró tener que realizar su labor cerca de hornos encendidos, alcanzando temperaturas que superan los 40 grados. En la construcción, los riesgos no son menores: una mujer explicó que su marido sufrió un golpe de calor en plena obra y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

La humedad es otro factor que agrava la situación. Una trabajadora expuso que su oficina alcanza los 27 grados con un 50% de humedad y preguntó si esas condiciones eran legales. Otra persona afirmó que en su centro, a pesar de tener aire acondicionado, este no llega a todas las zonas y “se desmayan al menos cinco personas al día”.

Una cuestión de salud pública

El mensaje del abogado va más allá de un recordatorio legal: pone sobre la mesa un problema de salud pública que se agrava con el aumento de las temperaturas en verano. Según datos recientes, los accidentes laborales se incrementan un 17% en esta estación como consecuencia directa del calor.

Los testimonios recopilados en los comentarios muestran que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural. Sectores como la hostelería, la industria o la construcción parecen especialmente afectados. El miedo a perder el empleo y la falta de control efectivo, según los usuarios, por parte de las autoridades, dificultan que los trabajadores exijan sus derechos.

El perfil @empleado_informado ha ganado relevancia precisamente por ofrecer información clara y accesible sobre derechos laborales. En su cuenta mantiene apartados específicos sobre despidos, bajas, autónomos, indemnizaciones, tutoriales y explicaciones legales. Su lema es claro: “La información es poder”. Con vídeos breves y directos, busca que los empleados conozcan la normativa y sepan qué hacer en caso de abuso.

En este caso, su denuncia consiguió que miles de personas compartieran sus propias experiencias y que se abriera un debate necesario sobre las condiciones de trabajo en verano. Porque, como repite el abogado en su mensaje, “aguantar el calor no es normal: es ilegal”.

Un control policial es una situación que nos puede poner en gran tensión, especialmente si posteriormente proceden a realizar una detención. Conocer los derechos fundamentales en ese contexto resulta clave para garantizar la protección individual. El abogado Pedro Millán, conocido en TikTok por el nombre de @lawtips, ha compartido en un vídeo cinco derechos fundamentales que “muchos no quieren que lo sepas”.

Uno de ellos, explica, es el derecho a realizar una llamada. ¿Cómo debe ser esta? A tu libre elección, de forma directa, pero siempre estará presente un funcionario de policía o una persona que haya decidido el juez. Sobre el tiempo máximo que puedes estar detenido sin pasar a disposición judicial, Millán señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicta que el arresto no puede sobrepasar las 72 horas, siempre de forma justificada. En el caso de los menores será menos, de 24 horas, y los terroristas, que casos excepcionales, podrá ser 48 horas más.

Otro aspecto a tener en cuenta es que cualquier ciudadano puede detener al delincuente infraganti durante el tiempo necesario hasta que llegue la policía, señala el experto legal. Este principio legal puede aplicarse también si esa persona se ha fugado de un centro penitenciario mientras cumple una condena o espera ser trasladado o quien pretende huir de la justicia estando bajo detención o prisión preventiva.

Además, la policía nunca puede entrar en tu casa sin una orden judicial. “Te llaman a la puerta, estás haciendo una fiesta y te dicen que quieren entrar. Puedes decirles siempre que no, si no te da la gana de que entren”, subraya. Pero ojo, existen excepciones: si se trata de un peligro inminente, un incendio o un delito flagrante.

“Si no lo hay y entran de todas formas se trata de una actuación ilegal, allanamiento de morada agravado y encima todo lo que encuentren estará viciado y será una prueba nula, así como odas las que se deriven de esta”. Esto es lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado y, según esta doctrina, toda prueba obtenida directa o indirectamente a partir de un acto ilícito se considera contaminada y, en consecuencia, inválida para ser utilizada en un proceso penal.

El experto legal apunta que, en el caso de ser cacheado por las autoridades, debe ser una persona del mismo sexo quien realice el registro, excepto que se trate de un peligro inminente o que estén seguros de que lleves una bomba.

Otros derechos: abstenerse a declarar y ser informado del presunto delito

Por último, Millán recuerda que siempre tendrás derecho a grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones para después utilizarlo como prueba en un juicio. No obstante, no podrás difundir el vídeo de forma que puedan poner en peligro la integridad física y moral de los agentes.

Además de estos derechos, existen muchos otros de vital importancia. La recomendación del despacho de abogados Sanahuja Miranda abogados es tajante: ante una detención, la persona debe abstenerse de declarar o conversar con la Policía hasta que tu abogado esté presente. En el momento de la detención, la Policía tiene la obligación de informar al afectado de su situación, de los motivos que justifican la medida y todos estos derechos que le asisten.

El ‘blocking’ vecinal es una forma de acoso ejercida por un vecino sobre otro dentro de una comunidad, normalmente en viviendas gestionadas bajo régimen de propiedad horizontal. Este comportamiento puede tener consecuencias directas en la salud mental y física de la persona acosada, y dificulta la comunicación y la resolución de conflictos.

Según explica el portal inmobiliario Idealista, el afectado suele encontrarse en una situación de indefensión, agravada por la cercanía y la imposibilidad de evitar al vecino acosador.

Formas habituales de acoso entre vecinos

Las manifestaciones del ‘blocking’ pueden ser muy variadas y van más allá de simples desacuerdos vecinales. Idealista identifica actitudes como miradas intimidatorias, seguimiento dentro del inmueble, portazos intencionados, producción de ruidos molestos, difusión de difamaciones, insultos, amenazas, envío de notas intimidatorias y hasta daños a la propiedad o agresiones físicas. En ocasiones, el hostigamiento incluye llamadas insistentes o la vigilancia constante desde zonas comunes.

Cómo detectar si eres víctima de acoso vecinal

El acoso suele aparecer de forma progresiva, lo que puede generar una cierta tolerancia o normalización por parte de la víctima. Algunas señales de alarma son evitar determinadas rutinas o zonas comunes para no coincidir con el acosador, padecer insomnio, experimentar ansiedad o estrés, o notar que no se puede actuar con normalidad en la propia casa. En estos casos, el portal inmobiliario recomienda tomar medidas antes de que el acoso afecte gravemente a la salud.

El ‘blocking’ y la ley: cuándo es delito

En el marco legal español, el ‘blocking’ vecinal se considera un supuesto de acoso recogido en el artículo 172 del Código Penal. La ley establece que para hablar de delito debe haber actitudes insistentes y reiteradas que alteren la vida cotidiana de la persona afectada. Esto incluye conductas como vigilar, perseguir, acosar por cualquier medio o causar daños materiales o personales. El uso indebido de datos personales, la creación de perfiles falsos en redes sociales o la difusión de información sin consentimiento también pueden suponer un delito si buscan humillar o intimidar a la víctima.

Cómo demostrar el acoso vecinal

Para poder denunciar una situación de ‘blocking’, es importante recopilar pruebas. Se recomienda conservar mensajes, notas, grabaciones, fotografías y cualquier documento que evidencie el acoso. Contar con testigos, aunque no siempre es sencillo, puede ser clave a la hora de presentar una denuncia, igual que los partes médicos o psicológicos que reflejen el impacto del acoso en la salud de la víctima. También es útil documentar daños materiales en la propiedad y asociarlos al autor de los hechos.

Pasos para actuar frente al ‘blocking’

El primer paso ante una situación de acoso vecinal es ponerlo en conocimiento de la dirección de la comunidad, ya que el presidente puede mediar e intentar frenar el conflicto. Si la vía interna no da resultado, Idealista aconseja contactar con un abogado y presentar una denuncia formal ante la Policía.

Para aumentar las opciones de éxito, es recomendable implicar también a la administración de la finca y al resto de vecinos, y actuar siempre con cautela, evitando confrontaciones directas con el acosador. Aunque resulte difícil, se debe recordar que estos comportamientos suelen responder a problemas personales del agresor, y la mejor estrategia es la búsqueda de apoyo institucional y la protección legal de los derechos del afectado.

Un momento inusual y divertido fue captado durante una videollamada de una audiencia judicial en México: un abogado se vio obligado a declarar en voz alta su dirección de correo electrónico y lo que parecía ser un simple trámite terminó desatando carcajadas en redes sociales.

¿La razón? El email incluía una inolvidable frase.

Cómo fue el momento

El video fue compartido el pasado 5 de agosto de 2025 por el usuario de TikTok Óscar Sámano (@oscar.smano) con la leyenda:

“Como cuando el abogado proporciona su correo más random... ‘lo que callamos los jueces’, no pude evitar reír”.

La grabación muestra una audiencia aparentemente celebrada el 18 de enero de 2023, donde un juez solicita al abogado sus medios de localización para que queden asentados de manera oficial en video.

En el clip se puede ver al juez, sentado frente a la bandera de México, solicitando al litigante:“¿Sus medios de localización, por favor?”

A lo que el abogado responde con seguridad:“Ya debería estar registrado, señor”.

El juez, con tono serio pero sereno, replica:“Sin embargo, tomando en consideración que la audiencia está siendo debidamente videograbada, le requiero para que me lo proporcione y quede registro de ese domicilio o medio alterno, por favor.”

Y entonces llega el momento que ha hecho reír a miles de usuarios:“Registro del correo electrónico: changotremendoyosoy1973@...”

El juez, en un gesto que no pasó desapercibido, se rasca la nariz y mantiene la compostura mientras continúa con el proceso:“¿Quién más comparece?”.

Comentarios en redes no tardan en llegar

Las reacciones en TikTok fueron inmediatas y reflejan el humor con el que el público recibió el momento. Algunos usuarios destacaron lo insólito de utilizar una dirección tan peculiar en un contexto legal.

Uno de los comentarios más populares señaló:“El juez ya lo había leído y solo quería que lo dijera en voz alta”.

Otro usuario comentó en tono de burla y sorpresa: “¿Está divertido, pero no se le ocurrió crear otro por lo menos para el proceso? Digo, para no andar haciendo esos papelitos".

También hubo quienes aplaudieron con ironía el nivel de compromiso del abogado con su identidad digital: “Muy tremendo de su parte ese correo”.

El video ya acumula miles de vistas y reacciones, no solo por el peculiar correo, sino también por la impecable compostura del juez, quien logró contener la risa en una situación que muchos consideran hilarante.

Aunque se desconoce la identidad del abogado y la naturaleza del juicio, el clip ha provocado una conversación más amplia sobre la importancia de mantener correos electrónicos formales, especialmente en contextos profesionales.

Aún así, el momento quedó registrado como un ejemplo más de cómo lo cotidiano puede volverse viral en cuestión de segundos.

Y claro, como recordatorio: tal vez sea buena idea tener un correo alternativo... por si algún día toca decirlo en voz alta frente a un juez.

El uso de inteligencia artificial (IA) en distintos sectores ha generado debates intensos sobre sus oportunidades y desafíos. Uno de los ámbitos donde esta discusión adquiere un matiz especial es el derecho, un campo que históricamente se ha caracterizado por su apego a procesos tradicionales y su resistencia al cambio.

No obstante, la aparición de herramientas como ChatGPT ha abierto la puerta a nuevas formas de trabajar, desde la automatización de tareas hasta el análisis predictivo de sentencias. En Latinoamérica, es más frecuente que estudiantes, abogados y jueces tengan dudas sobre el papel de la IA en la impartición de justicia.

La aparición de libros como ‘Inteligencia artificial. Fundamentos para abogados y estudiantes de Derecho’, del doctor Daniel Trejo Medina, apunta a la urgencia de comprender los alcances y riesgos de la tecnología en el ejercicio profesional.

“Ya hay quienes utilizan ChatGPT para redactar denuncias o quejas. Pero ChatGPT no fue diseñado para eso. A veces inventa sentencias. Y el riesgo es enorme”, advierte Trejo, según citó Excelsior.

Qué riesgos hay al usar IA para redactar demandas

Uno de los principales peligros es que plataformas como ChatGPT pueden generar textos que simulan rigor jurídico, pero que en realidad contienen errores, falsedades o referencias inventadas.

Además, muchos de estos sistemas se entrenan con datos y modelos jurídicos originados en marcos legales distintos al de países latinoamericanos.

De acuerdo con Trejo, copiar modelos foráneos puede derivar en decisiones equivocadas que afectan derechos humanos, porque la ley de cada país se basa en criterios breves y leyes específicas, no en precedentes.

Por qué no se puede reemplazar el criterio de los jueces por IA

Aunque en otros países ya se han registrado casos donde la IA participó en la toma de decisiones judiciales, el libro de Trejo señala que “sustituir al juez, hoy, no es posible. Ni legal ni técnicamente. Pero sí puede ser una herramienta de apoyo muy valiosa”.

El peligro reside en ceder a la tentación de delegar en la IA la resolución completa de controversias. Depender de algoritmos sin conocer sus límites puede producir injusticias, sobre todo si las fuentes utilizadas no han sido validadas o si el sistema no comprende contextos jurídicos locales.

Cuáles serían los límites de la IA en la práctica jurídica

Uno de los errores frecuentes es utilizar la IA sin conocer con precisión sus alcances ni limitaciones. El doctor Trejo subraya la importancia de evaluar y verificar las fuentes de datos.

“Una IA es como una máquina de hacer tortillas: si le metes masa contaminada, te va a dar un resultado que no sirve. Por eso hay que gobernar los datos, verificar las fuentes, y tener claridad sobre cómo se entrena un algoritmo”, insiste al medio mencionado.

La falta de una formación puede acentuar la vulnerabilidad. Trejo advierte sobre el peligro de que futuros abogados sean capacitados por docentes alejados de la realidad judicial. “Imagina que esos mismos explican IA sin entender cómo funciona un algoritmo. Lo que están haciendo es malenseñar”.

Qué beneficios trae la IA aplicada al derecho

La IA puede aportar ventajas en la labor jurídica. Entre los beneficios identificados por Trejo destacan la capacidad de comparar casos similares, reducir contradicciones, identificar leyes derogadas, validar normas vigentes y agilizar la impartición de justicia.

El aumento en la eficiencia y la reducción de errores humanos son argumentos recurrentes para justificar su adopción. Sin embargo, estos beneficios solo pueden materializarse si los operadores jurídicos tienen criterio y capacidad de evaluar las herramientas tecnológicas.

El reto consiste en que abogados y jueces comprendan tanto la técnica como el marco ético y legal que rige el uso de la inteligencia artificial.

Cómo impacta el mal uso de la IA en los clientes y el sistema

El uso erróneo de la IA puede tener consecuencias graves para los clientes y para el sistema judicial en su conjunto. Trejo recalca que, en derecho, lo que está en juego no es solo dinero, sino libertad, dignidad y patrimonio.

Si la formación de los abogados no considera la realidad judicial y la comprensión técnica de los algoritmos, el riesgo se multiplica.

El experto hace un llamado a la responsabilidad en el uso de la tecnología, subrayando la necesidad de gobernar los datos y formar profesionales capaces de distinguir entre una herramienta útil y una amenaza.

Las calles de Bruselas albergan historias insólitas que desafían cualquier guion de ficción. Una de ellas comenzó en julio de 2023, cuando un hombre sin hogar fue encontrado inconsciente tras un desmayo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, al prestar auxilio, descubrieron atados a su cintura aproximadamente 43.000 euros en efectivo. El hallazgo levantó sospechas y llevó a que la policía incautara la suma a la espera de los resultados de una investigación.

El caso dio un vuelco cuando el abogado designado por la familia del hombre se encargó de la defensa. Según relata, “en realidad, es su parte de una herencia familiar. Retiró este dinero del banco porque ya no confiaba en el sistema", anunció. Además, según explicó, “el señor lleva una vida marginal, vive en la calle y acude a asociaciones que ofrecen duchas a personas sin hogar”.

De este modo, el letrado, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha dejado claro que la suma estaba más que justificada en los registros oficiales, pero se encargó de recopilar toda la documentación para el juicio. “Una de las ventajas de las herencias es que todo queda registrado, anotado y registrado en un momento determinado”, afirmaba.

El heredero se negó a recoger su dinero

El proceso ante las autoridades requirió más de un año de trámites. Finalmente, la justicia dio por probado el origen lícito del dinero y, en noviembre de 2024, las autoridades devolvieron la suma mediante transferencia bancaria, aunque no de forma habitual. El dinero quedó ingresado en la cuenta de su propio abogado por cuestiones de seguridad, a la espera de que el hombre acudiera a reclamarlo.

Sin embargo, el episodio dio un giro aún más inusual. El beneficiario se mostró reacio a cobrar su herencia, ignorando las gestiones de su defensor. “El problema es que no quiere venir a cobrar su dinero”, comentaba el letrado. “Cuando consigo contactarlo, me dice que vendrá al día siguiente, pero nunca lo hace”, explica, mostrando entre cierta resignación y sorpresa su asombro ante la situación. Hasta el momento, la suma sigue bloqueada en una cuenta bancaria específica y el abogado, pese a los intentos, aguarda una visita que no llega.

No se trata, en este caso, de un heredero que rechaza explícitamente la suma, sino de una negativa fáctica a incorporarla a su patrimonio. Algo que es bastante corriente, tanto en Bélgica como fuera. Según datos de la Federación de Notarios (Fednot), solo en el primer semestre de 2025 cerca de 26.000 personas formalizaron una renuncia gratuita ante notario. La cifra evidencia un crecimiento sostenido de este recurso: en 2024, fueron casi 60.000 los belgas que recurrieron al mismo mecanismo y, en 2019, se registraron 39.794 renuncias, tendencia que, por tanto, ha ido en aumento.

Ante una renuncia, el heredero “no puede reclamar ningún objeto personal”

Hasta hace pocos años, renunciar a una herencia implicaba acudir a los tribunales. Sin embargo, ahora el proceso en mucho más simple, y con una visita al notario se puede solucionar. Sylvain Bavier, portavoz de Notaire.be, recuerda para DHnet que “si un heredero no actúa, el Estado considerará que ha aceptado la herencia. Tendrá entonces que pagar las deudas del fallecido y presentar una declaración de herencia”, ha recordado. De este modo, “para evitarlo, lo mejor es redactar una declaración de renuncia ante un notario”.

Las consecuencias de la renuncia son claras: “A partir de ese momento, los acreedores del fallecido ya no podrán contactar a los herederos para reclamar el pago de las deudas. En la práctica, el heredero simplemente debe proporcionar una copia del documento de renuncia a los acreedores. Cabe destacar que, por lo tanto, el heredero renuncia a todos los bienes de la herencia y, por lo tanto, no puede reclamar ningún objeto personal, como fotos u otros objetos”, explica Bavier.

Según el portavoz, “hay dos razones principales para renunciar a una herencia: la primera y principal son, por supuesto, las deudas. La segunda podría describirse como una renuncia por conveniencia. Por ejemplo, quienes no han tenido contacto con sus padres durante 20 años y ya no quieren saber nada de ellos, incluso si los activos superan los pasivos”. Igualmente, otros casos corresponden al rechazo de propiedades inmobiliarias debido al coste de adecuación a la normativa vigente. “No lo he presenciado personalmente, pero puede ocurrir. Estamos llegando a un punto en el que vender y alquilar una propiedad requiere cumplir con toda una serie de normas, y resulta demasiado caro para los actuales propietarios. Por lo tanto, este problema podría surgir en una herencia”, concluye el notario.

El accidente fatal tuvo lugar a las 7.30 de la mañana del 10 de agosto del año pasado y los involucrados fueron un Renault Clio, en el que viajaba el abogado imputado, y un Nissan March, donde la profesional de la salud, Ana Carolina Fiorino, iba como acompañante. La mujer murió en el acto por consecuencia de las heridas sufridas. En tanto, el hombre que viajaba con ella fue derivado de urgencia al Hospital San Martín con traumatismo encéfalocraneano y pérdida de conocimiento.

Las pericias indicaron que el primero de los vehículos circulaba a gran velocidad e impactó violentamente contra el segundo de los autos en la intersección de 7 y 49. El auto del abogado terminó sobre la vereda y dio contra un poste. Esto evitó que varios peatones que pasaban por la zona en ese momento se vieran afectados; sin embargo, hubo cuatro transeúntes que resultaron heridos con lesiones consideradas leves, como cortes y hematomas.

En el lugar trabajaron cinco patrulleros, dos dotaciones de bomberos y dos ambulancias para atender a las víctimas, trasladar a los heridos y ordenar la circulación en una de las zonas más concurridas de la capital bonaerense. Ambos autos quedaron totalmente destrozados y la zona debió permanecer cerrada al tránsito durante varias horas.

La víctima residía en la ciudad bonaerense de Pergamino, y el día anterior al accidente había participado de una capacitación del Ministerio de Seguridad en La Plata, junto a su pareja. El sábado emprendieron el viaje de regreso en las primeras horas del día y a 200 metros del hotel en donde se habían alojado, sufrieron el impacto del Clío sobre la puerta del acompañante.

A partir de los informes y testimonios recolectados, la Fiscalía sostuvo que Insaurralde incurrió en un grave incumplimiento de las normas de tránsito. En primera instancia se lo imputó por “lesiones culposas –conducción de vehículo automotor agravadas por la violación de semáforo o señales de tránsito– y homicidio simple con dolo eventual”, según constató el portal 0221.com.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 10 de La Plata, especializada en Delitos Culposos, que ordenó la detención inmediata del abogado tras recibir los resultados preliminares de las pericias y declaraciones de testigos. El juez de Garantías que intervino en el caso dictó la prisión preventiva, por lo que el acusado permanece alojado en una cárcel común desde los primeros días posteriores al accidente. Esta medida fue confirmada en distintas instancias, al considerar que existía riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso judicial.

De acuerdo con la documentación judicial del caso publicada por el portal local, el expediente llegó al Juzgado de Garantías para que se resolviera el pedido de elevación a juicio formulado por la fiscalía. El 7 de mayo, la defensa fue notificada y se le comunicó la posibilidad de renunciar a la integración de un Tribunal de Jurados. La notificación advertía expresamente que, en ausencia de un pronunciamiento de la defensa, el trámite de la causa se orientaría directamente a la modalidad mencionada.

Ante esa notificación, la defensa no introdujo objeciones ni manifestó intención de excluir la participación del jurado, por lo que el 23 de mayo el juzgado concedió la elevación a juicio y el 30 del mismo mes remitió nuevamente el expediente al TOC IV para organizar el debate ante un jurado de 12 ciudadanos.

Un abogado oriundo de la provincia de Mendoza quedó detenido en Chile luego de que autoridades aduaneras del país vecino descubrieran fuegos artificiales ocultos en diferentes zonas de su automóvil.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del domingo pasado, según confirmaron fuentes de la aduana chilena y medios locales, lo que derivó en la imputación del profesional por contrabando y tenencia ilegal de material prohibido.

El protagonista del hecho, identificado como M. O. C., viajaba acompañado por familiares y amigos cuando fue interceptado por personal del Servicio Nacional de Aduanas en el control fronterizo.

La justicia chilena reaccionó con celeridad tras el hallazgo y dispuso una serie de medidas tras la declaración del abogado en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

La detención puso en relieve la rigurosidad de las normas sobre pirotecnia en suelo chileno y la importancia de respetar las restricciones de cada país al momento de cruzar fronteras.

De acuerdo con información difundida por el portal del diario Los Andes, el hecho ocurrió cuando aduaneros chilenos efectuaban un control rutinario a autos provenientes de la Argentina.

En la inspección del vehículo conducido por M. O. C., encontraron en la guantera una caja con 50 petardos y, además, otras 11 cajas con la misma clase de elementos ocultas debajo del asiento del conductor.

Al continuar con la revisión, los funcionarios hallaron también 2 tiros de mortero en el habitáculo de la rueda de auxilio. Dada la cantidad y el ocultamiento del material, procedieron al inmediato arresto del conductor, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes.

La tenencia y el transporte de fuegos artificiales sin autorización constituyen infracciones graves a la normativa chilena, que prohíbe la posesión y comercialización de estos productos salvo casos debidamente reglamentados y supervisados.

Luego de ser requerido en sede judicial, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa imputó a M.O.C. por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de fuegos artificiales. En la audiencia, el fiscal solicitó como medida cautelar que el abogado mendocino permaneciera en Chile hasta la resolución definitiva de la causa.

El letrado, representado por defensa particular, optó por prestar declaración ante el juez Daniel Chaucón Ojeda. Según consta en el expediente, argumentó desconocer la prohibición vigente en suelo chileno y explicó que la pirotecnia había sido comprada en Argentina, donde su tenencia no está penada, para celebrar las festividades de fin de año. El abogado manifestó que “no sabía que en Chile estaba prohibido portar fuegos artificiales”, de acuerdo a lo consignado por medios locales.

Tras evaluar la situación procesal y los descargos del imputado, el magistrado determinó conceder la libertad bajo fianza, estableciendo el pago de 100 mil pesos chilenos como condición para retornar a Mendoza. La resolución incluyó la obligación de comparecer a futuras audiencias, ya que el juez fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la instrucción.

La investigación tendrá un plazo inicial de cinco meses, lapso durante el cual se definirán eventuales nuevos cargos o sanciones.

El anuncio, difundido a través de las redes sociales de la organización, marcó el inicio de una nueva etapa tanto para el despacho jurídico como para su fundador, quien ahora apuesta por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria. Según la publicación, la firma continuará su labor con “la misma excelencia, liderada por un equipo comprometido, preparado y más unido que nunca”.

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La noticia de la candidatura de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República se conoció el pasado 16 de julio, con la creación de su movimiento como plataforma para su aspiración. Defensores de la Patria surgió como una respuesta a la situación política actual. De acuerdo con sus voceros, representa una “expresión de resistencia democrática ante la crisis nacional” y se formó a partir de liderazgos ciudadanos en distintas regiones del país.

El grupo manifiesta un rechazo explícito al rumbo político que, a su juicio, ha tomado Colombia. En su mensaje de despedida, el equipo de De La Espriella Lawyers subrayó la transformación de la firma tras la salida de su fundador: “Esta firma no se detiene, no se frena, no se diluye. Se transforma, se fortalece y continúa con paso firme”, afirmaron en la publicación.

El despacho enfatizó que el legado de Abelardo de la Espriella permanece intacto y que la organización seguirá adelante con la misma pasión que la ha caracterizado. El propio De la Espriella ha delineado los ejes de su propuesta política; ha prometido que, de llegar a la presidencia, su gobierno será un “escudo para los ciudadanos honestos”, a quienes desea “abrazar con el alma” frente a lo que califica como una “decadencia institucional sin precedentes”.

Además, se ha comprometido a enfrentar con rigor a los corruptos, criminales impunes y a quienes considera una amenaza para el modelo republicano del país.

De acuerdo con el abogado, el movimiento Defensores de la Patria se presenta como una plataforma que canaliza el descontento de sectores ciudadanos y busca posicionarse como alternativa ante la coyuntura política. La candidatura de Abelardo de la Espriella introduce un nuevo actor en la contienda por la presidencia, mientras su antiguo despacho jurídico reafirma su continuidad y fortaleza tras la salida de su fundador.

De la Espriella y su insistencia en que Álvaro Uribe vuelva al ruedo político

Pese a que el expresidente Álvaro Uribe cerró la puerta a cualquier posibilidad de acompañar a Abelardo de la Espriella como fórmula vicepresidencial, el precandidato no tardó en replantear su invitación: en un nuevo gesto público propuso a Uribe el Ministerio de Defensa en caso de alcanzar la presidencia.

“Un expresidente no le podrá decir que no al presidente electo (...) Prepárese, presidente Uribe, porque el 7 de agosto de 2026, cuando hayamos derrotado al tirano, me acompañará como Ministro de Defensa. Es el llamado de la Patria”.

Con esas palabras, De la Espriella insistió en la necesidad de contar con Uribe en su eventual gabinete, subrayando la relevancia que le atribuye a su experiencia y liderazgo en materia de seguridad.

El exmandatario, en un mensaje posterior, enfatizó que su participación en la Vicepresidencia no solo resultaría inconveniente, sino que podría generar una controversia institucional en un contexto donde, según él, existen intentos por debilitar las estructuras del Estado.

“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, expresó el exmandatario en X.

El abogado Paulino Loa Gamboa intervino cuando la magistrada había dispuesto que el fiscal inicie el interrogatorio directo al acusado. El letrado recordó el artículo 376.2 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que el imputado debe brindar primero un relato libre sobre los hechos antes de responder preguntas de las partes. La jueza aceptó ese punto, pero la tensión se encendió con un segundo pedido: retirar a los testigos presentes en la sesión virtual.

El abogado citó la norma y la jueza respondió

El defensor argumentó que el artículo 378.2 del CPP prohíbe que los testigos «vean, oigan o sean informados» sobre lo que ocurre en la audiencia antes de prestar su declaración. “Ellos son incorporados conforme su despacho los va llamando, en el orden”, señaló Loa Gamboa, advirtiendo que la situación podría generar nulidades futuras.

La jueza, visiblemente incómoda, replicó: «No siempre se cumple esto, depende de la causa». Fue entonces cuando el abogado insistió: «En todo caso, para yo poder impugnar en caso sea necesario, si usted dice ‘no siempre’, ¿en qué casos se exceptúa que un testigo esté presente?».

La respuesta de la magistrada marcó el inicio del altercado:«Señor abogado, yo no voy a discutir con usted, esto se discute en las aulas universitarias; yo no soy su alumna, tampoco usted es profesor, yo soy la juez que dirige la causa», expresó tajante.

El intercambio continuó con frases que elevaron la tensión:

• Jueza: «El proceso lo dirijo yo».
• Abogado: «El CPP es para todos, doctora, discúlpeme».
• Jueza: «El Código se ha hecho para analizar, para interpretar; no aplicar a rajatabla. A mí no me han dicho administra el Código, a mí me han dicho anda a administrar justicia».

Finalmente, la magistrada cerró el diálogo con una orden directa a su equipo: «Córtame el audio», dejando al abogado silenciado en plena audiencia.

El representante del Ministerio Público intervino para calmar las aguas, señalando que no veía inconveniente en retirar a los testigos. Tras esto, la jueza dispuso que abandonen la sala virtual y continuó con la diligencia.

¿Qué dice el artículo 376 del Código Procesal Penal peruano sobre la declaración del acusado?

El artículo 376 del Código Procesal Penal establece cómo debe realizarse el interrogatorio al acusado en un juicio penal. Si el imputado decide no declarar, el proceso sigue su curso sin su participación verbal, y el juez leerá las declaraciones previas que el acusado haya hecho ante el fiscal. Es importante destacar que el derecho al silencio no puede ser interpretado como una aceptación tácita de los cargos, ya que la decisión de no declarar no debe implicar una suposición de culpabilidad por parte del tribunal.

Si el acusado decide responder, el artículo regula cómo debe ser el interrogatorio. Las preguntas realizadas por las partes deben ser claras, directas y pertinentes al caso, orientadas tanto a aclarar los hechos como a evaluar la magnitud de la pena y la reparación civil. A su vez, se prohíben las preguntas capciosas, repetitivas o que sugieran una respuesta, protegiendo el derecho del imputado a una defensa justa y equilibrada durante el juicio.

Una de las responsabilidades más relevantes recae sobre el juez, quien debe dirigir el interrogatorio, rechazando de oficio cualquier pregunta que no cumpla con los principios establecidos en la ley. Además, el abogado defensor tiene la última palabra en este proceso, interviniendo después de que se hayan realizado los interrogatorios, lo que le otorga la oportunidad de reforzar la defensa del acusado. Todo este marco normativo asegura que el juicio se realice de forma imparcial y respetuosa con los derechos humanos del imputado.

Durante el caso se expuso que el falso abogado presumía tener desde licenciatura y hasta maestría especializada en derecho, pero apenas tenía la secundaria.

Cuando el caso parecía inclinarse en contra del falso abogado, éste comenzó una estrategia legal que resultó a su favor hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El caso fue resuelto el pasado 26 de junio de 2024, sin embargo, apenas fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación este 4 de julio de 2025. Esta es la historia.

De un divorcio costoso a una demanda por usurpación

La relación no funcionó, las cosas no terminaron bien y lo que había comenzado como un feliz matrimonio derivó en una pelea legal por el divorcio. Sin embargo, ese iba a ser el menor de sus problemas.

Era principios de 2015 cuando la mujer recibió la notificación de la demanda de divorcio, lo primero que buscó fue un abogado que le ayudara con el caso.

Fue así que se acercó una persona que ostentó ser abogado y le ofreció ocuparse del juicio por divorcio, así como realizar las gestiones necesarias para su trámite.

Como parte de sus servicios, el abogado le cobró a su cliente un total de 270 mil pesos, que ella realizó a través de dos transferencias bancarias.

Sin embargo, en medio del juicio, la mujer se percató que su abogado no era tal y no contaba con licenciatura en derecho.

Las sospechas de la fémina comenzaron por las diferentes respuestas que su defensor daba cuando le preguntaban por su escolaridad a lo largo del juicio.

Primero aseguró que era abogado constitucionalista y tener licenciatura, luego que solo era abogado a secas y que tenía maestría, incluso llegó a decir que era ingeniero en metalúrgica, sin embargo, su grado educativo real era la secundaria.

Ante este escenario, se comenzó un procedimiento penal contra el abogado por el delito de usurpación de profesiones.

El 24 de febrero de 2023, la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable al falso abogado y lo sentenció a una pena de tres años y tres meses de prisión.

El as bajo la manga del falso abogado

El falso abogado no se quedó con los brazos cruzados e interpuso un recurso de apelación con el cual logró que el Segundo Tribunal de Alzada bajara su condena a sólo un año de cárcel.

Pese a la victoria, el acusado quería más e interpuso una demanda de amparo directo, donde presentó una rebuscada estrategia legal para demostrar que en realidad nunca había sido el abogado de la mujer.

Primero, rechazó que las dos transferencias que recibió por 270 mil pesos fuera bajo el concepto de pago de honorarios. En realidad –dijo– la primera transferencia fue en calidad de préstamo, mientras que la segunda fue para pagar una bodega cuyo monto terminó en una tercera persona.

Bajo esta lógica, según el demandado, no se le ocasionó un daño patrimonial a su clienta por lo que es incorrecto que se le considere una víctima de sus engaños.

Además, aseguró que la mujer siempre estuvo representada por otro abogado y que en ningún momento se ostentó como su defensor en el juicio de divorcio, solamente tenía un poder firmado por ella para pleitos y cobranzas que no lo convertía en su abogado.

No solo eso, como parte de su estrategia legal acusó al Código Penal del Estado de México de ser inconstitucional al definir como impreciso y vago el artículo que señala al delito de usurpación de profesiones, a la vez que viola el derecho a no autoinculparse.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito le negó el amparo.

Fue entonces que el falso abogado presentó su última carta: un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La decisión de la SCJN

Finalmente, el 26 de junio de 2024 –casi 10 años después– la SCJN falló en contra del falso abogado.

La Corte rechazó que el Código Penal del Estado de México fuera inconstitucional, como acusaba el sentenciado.

El máximo tribunal señaló que el delito de usurpación de profesiones está suficientemente claro y definido precisando que no se requiere que la ley detalle cada posible situación de forma específica y que basta con que el tipo penal sea comprensible y delimitado.

La Corte también aseguró que esta legislación no obliga al imputado a declararse culpable ni a aportar evidencia en su contra, como lo aseguró el falso abogado, ya que el delito de usurpación de profesiones puede probarse con evidencia externa, como testigos, documentos o declaraciones de terceros.

Con esta decisión la Corte negó el amparo al falso abogado y confirmó la sentencia reducida de apenas un año de prisión por el delito de usurpación de funciones.

El cumpleaños de Roberto Castillo no fue uno más. Cinthia Fernández abrió, frente a miles de seguidores en Instagram, una puerta a la intimidad de su nueva vida en pareja. “Feliz cumple al hombre que me cambió la vida”, comenzó el mensaje, al pie de una serie de fotografías que, cuadro a cuadro, narraron pequeños relatos cotidianos con el abogado. Imágenes en playas, abrazos de entrecasa, risas furtivas, juegos con las hijas de Cinthia e incluso con la hija del cumpleañero. ¿Puede un álbum de fotos guardar la historia de una reconstrucción?

Ella confirmó el comienzo de su relación en julio del año pasado. Lo oficializó y no volvió a esconderlo. Ese detalle en medio del presente personal que estaba viviendo, fue un gesto de confianza, una carta abierta a despojarse de los miedos. Desde entonces, cada sonrisa posteada, cada declaración pública suma otro ladrillo a ese hogar que se animan a mostrar.

En esta ocasión, la palabra se volvió refugio. “Al que protege a toda la familia, al que juega como un niño con nuestras hijas”, escribió Fernández. Las redes, testigos de tantas angustias, se convirtieron en escenario de gratitud: “Al que creyó en mí cuando nadie lo hacía, inclusive yo misma”. ¿Quién no se pregunta alguna vez qué queda después del fracaso? Cinthia parece haber encontrado su respuesta en este hombre que hoy cumple años.

No fue una declaración convencional. “Al que me apoya en todo lo que se me cruza hacer, y posta que mi ritmo a veces es imposible de seguir”, admitió sin dudar. “Al que me ayuda a superarme y alcanzar sueños que parecían perdidos”. Así, la admiración —ese combustible invisible— aparece en cada línea.

La lista no terminó ahí. Enumeró gestos casi imperceptibles: “Al que quiere todo el tiempo aprender a entender mis silencios, mis heridas, mis costumbres, mis tropiezos y fallas”. ¿A cuántos les resulta fácil o cómodo quedarse en el caos? “El que en el caos no huye, está. Sea caos de niños, de logística, de emociones, en fin en el terremoto que son nuestras vidas”.

Fernández coleccionó escenas: “El que me sube las manos cuando las bajo. El que te dice ‘llorá 1 minuto, te secás las lágrimas y te parás de nuevo’. El más paciente, el más docente”. ¿Cuánto vale encontrar apoyo cuando la tormenta arrecia? Para ella, Castillo no solo es compañero: “El que me sostiene. Y el que hoy me iguala en edad (por unos meses)”, aseguró entre risas, dejando espacio incluso para los códigos íntimos de toda pareja.

“No te vayas nunca de nuestras vidas. Hasta el más arrugaditos de nuestros cumples. Te amamos”, cerró la bailarina, sin filtros, sin escudos. En el día especial del hombre al que eligió, Cinthia decidió también abrirse. Porque hay días en los que el amor, con todo su peso y su luz, se celebra contado en voz alta.

La vida de Cinthia se reparte hoy entre dos refugios: su familia y la facultad. Luego de años expuesta a las luces y tempestades de la fama, la modelo encontró en la rutina cotidiana un equilibrio diferente, hecho de amor y pequeños logros personales. Decidió centrar su tiempo en la relación con Roberto Castillo y en la crianza de sus hijas, Charis, Bella y Francesca, nacidas durante su antigua relación con Matías Defederico.

¿Por qué dejar los flashes para sumergirse en el anonimato universitario?. La respuesta puede estar en Castillo, quien la defendió en el juicio de divorcio. Tras la sentencia, esa alianza legal se transformó en amor y, meses después, en un impulso irrefrenable por crecer. Cinthia eligió estudiar Derecho en la Universidad Siglo XXI de La Plata, un desafío tan íntimo como trascendental. ¿Quién imaginó a la bailarina, siempre expuesta, apartándose un poco del escenario para abrazar los libros?

A sus seguidores, que son millones, les compartió en los útimos días la noticia con la sinceridad de siempre. “Mi compromiso con la universidad es la razón”, aseguró entonces. Y mostró a todos el fruto de su esfuerzo. Subió una captura de pantalla: el resultado del examen de “Introducción a la Filosofía”.

“Vamos viejo. Filosofía adentro”, escribió. En la imagen, los números hablaron solos: de un total de 20 preguntas, contestó 18 correctamente y solo 2 de forma incorrecta. La calificación fue contundente: un 9, un aprobado que significa un paso más en el camino universitario. Lo remarcó con humildad y alegría: este logro era apenas el primer parcial. Todavía resta el segundo, pero no quiso dejar de celebrar.

Su presente se compone de un futuro construido a pulso, lejos del ruido y la mirada ajena. ¿Hace falta mostrar todo el tiempo una vida perfecta? Ella optó por compartir su felicidad, sus avances y también sus tropiezos. El camino universitario se recubre ahora de esperanza. El aplauso, esta vez, llega en forma de mensaje y nota digital, mientras en la intimidad festejan las hijas, la pareja y una mujer que elige seguir adelante contra todos los pronósticos.

Imagina que has tenido que coger una baja inesperada a consecuencia de un contratiempo. Un brazo roto o un estado de ansiedad debido al exceso de trabajo. A pesar de tus limitaciones, decides bajarte a la playa, un lugar, donde, tal vez, puedas desconectar de la rutina y descansar.

Manta. Sombrilla. Protector solar. Parece el sitio perfecto para aprovechar los días de descanso que, debido a una incidencia justificada, te corresponden. Sin embargo, justo cuando lees un libro o paseas por la orilla, de forma inesperada, ves a tu jefe. En ese momento, la primera reacción es intentar que no te vea, ¿Qué pensará si te ve fuera de casa? Te preguntas alarmado.

Antes de que puedas esconderte, hacéis contacto visual. El miedo se apodera de ti. Te preguntas ¿Pensará que estoy fingiendo? ¿Me despedirá?

Ante todo, es importante que no cunda el pánico. Es muy posible que las circunstancias le impidan hacerlo.

¿Cómo protegerse ante una situación así?

Un vídeo del abogado laborista Juanma Llorente se hizo viral en TikTok. El abogado comunicaba que existían algunos supuestos en los que, a pesar de encontrarte fuera de casa durante una baja laboral, tu jefe no tenía potestad para incriminarte nada legalmente.

Esto dependía de cómo el contexto en el que te encontrases beneficiaba o no a tu recuperación. En el caso de, por ejemplo, un estado de ansiedad, la playa podía ser una forma de aliviar el dolor psicológico. Incluso, como explica el abogado, podía tratarse de una recomendación específica de tu terapeuta.

Es por ello que las circunstancias son capaces de determinar si realmente existe o no una incompatibilidad entre la actividad realizada y el proceso de recuperación. En otras palabras, no siempre estar fuera de casa durante una baja médica constituye una infracción; depende de si dicha actividad interfiere o, por el contrario, contribuye a la mejoría del trabajador. Por eso, ante cualquier duda, lo más aconsejable es consultar con un profesional sanitario o legal que pueda orientar sobre qué conductas son apropiadas durante la baja, evitando así posibles conflictos con la empresa.

¿Y si se da la situación contraria?

Otro supuesto muy distinto es que, por ejemplo, te encuentres haciendo un deporte de riesgo cuando, supuestamente, tenías una lesión grave en el brazo. ¿Qué sucedería en estas circunstancias? ¿De qué forma podría intervenir tu jefe? ¿Podría acercarse en ese mismo instante y despedirte? ¿Te haría llegar un burofax?

Si la actividad resulta incompatible con la recuperación o puede empeorarla, tu jefe podría usar esa información como prueba para movilizar un despedido disciplinario hacia tu persona. Esto constituiría un abuso de las circunstancias de incapacidad temporal.

Asimismo, la mutua, al ser reportado por tu empresa, podría convocarte a una inspección médica para determinar si se trata de un fraude.

Aunque no siempre se llega a delito, la empresa puede ejecutar un despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza. En el caso de que haya pruebas materiales como vídeos, fotos o testimonios, al despedido, si procede, no le correspondería indemnización alguna.

En definitiva, antes de precipitarse, es importante consultar a un experto legal para entender las complicaciones en las que pueden derivar nuestra agencia. De esta manera, evitaremos consecuencias que, a largo plazo, podrían perjudicarnos tanto en lo económico como en lo laboral. Contar con el asesoramiento adecuado no solo protege nuestros derechos, sino que también nos da la tranquilidad de actuar dentro del marco legal.