La Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) suspendió la regla que exigía a las escuelas de derecho de Estados Unidos demostrar su compromiso con la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), un conjunto de políticas orientadas a garantizar la representación y participación igualitaria de personas de distintos orígenes, géneros y grupos sociales.

La decisión, impulsada por la presión directa de la administración de Donald Trump, deja en pausa el principal instrumento que promovía el acceso de mujeres y minorías a la abogacía, mientras la asociación revisa su normativa y el gobierno federal redefine sus directrices.

El consejo de la ABA, encargado de la acreditación de las facultades de derecho, votó para interrumpir la aplicación del Standard 206, una norma que obligaba a las escuelas a demostrar acciones concretas para promover la diversidad y la inclusión en su comunidad académica. Esta medida permanecerá vigente al menos hasta agosto de 2026.

El cambio afecta admisiones y programas de apoyo a estudiantes de grupos tradicionalmente subrepresentados. Según la agencia Reuters, la norma se encuentra “al borde de la eliminación” tras una campaña federal contra las políticas de DEI.

Por qué la ABA suspendió la norma de diversidad

La motivación central para suspender el estándar provino de la Casa Blanca. Donald Trump, al regresar a la presidencia, firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Educación a evaluar el rol de la ABA como organismo acreditador, señalando la “ilegalidad” de sus requisitos de diversidad.

El Departamento de Justicia reforzó esta postura con un memorando a los decanos y responsables de admisión, donde sostiene que la única vía aceptable es: “La derogación completa de el Standard 206”. Según la visión oficial, cualquier exigencia de DEI fomenta “discriminación ilegal”, lo que plantea un riesgo para la permanencia de la ABA como agente acreditador reconocido a nivel federal.

Quiénes resultan afectados por la suspensión

La suspensión tiene impacto inmediato en todas las facultades de derecho de Estados Unidos. Las instituciones ya no deben acreditar políticas de diversidad en la selección de estudiantes ni en la contratación de docentes para conservar su estatus federal, al menos hasta la revisión final.

Voceros de la ABA, citados por la revista especializada ABA Journal, reconocen que la regla era el principal sostén normativo para asegurar la presencia de mujeres y personas no blancas en el sector jurídico, todavía dominado por hombres blancos.

Según Reuters, la organización recibió numerosos comentarios públicos, en su mayoría de educadores legales, que solicitaban mantener o robustecer la norma. Un comité interno, sin embargo, recomendó su eliminación para salvaguardar el papel de la ABA como acreditador nacional.

Qué dicen las fuentes oficiales sobre el proceso

El memorando del Departamento de Justicia dirigido a los decanos advierte: “La ABA podría perder su rol como organismo acreditador”. La propia asociación, en respuesta a la presión federal, aseguró que no exigirá a ninguna escuela de derecho “violar la ley para cumplir con sus estándares”. La organización admitió también que el rol de acreditador federal “es un privilegio, no un derecho”.

El consejo de la ABA justificó la suspensión argumentando que “circunstancias extraordinarias” hacen que el cumplimiento de la norma represente una dificultad extrema para varias escuelas de derecho. El organismo aclaró que la suspensión busca tiempo para revisar la regla a la luz de los cambios legales y regulatorios impulsados por el Ejecutivo.

Cuándo se tomará una decisión definitiva

La suspensión del Standard 206 seguirá vigente al menos hasta el 31 de agosto de 2026. Durante este plazo, la Cámara de Delegados de la ABA evaluará si elimina definitivamente la norma, la modifica o la restituye con cambios.

El proceso prevé la recepción de comentarios públicos y la revisión de las consecuencias legales y educativas de la suspensión. Mientras tanto, las escuelas de derecho no tienen obligación formal de mantener políticas activas de diversidad para acreditar sus programas.

Qué consecuencias tiene para la diversidad en la abogacía

El futuro de la diversidad en la educación legal estadounidense queda en suspenso. La ABA insiste en su “compromiso con el acceso a la educación legal para todos los sectores históricamente excluidos”, aunque reconoce que la presión política y legal limita su margen de acción. En paralelo, estados como Texas, Florida y Alabama han avanzado en la exclusión de la ABA como agente acreditador en sus sistemas de licenciamiento, tendencia que refuerza el desmantelamiento de la diversidad como criterio obligatorio en la formación jurídica.

La suspensión de la DEI responde tanto a directivas federales como a demandas políticas y legales de varios estados. El desenlace dependerá de la deliberación interna en la ABA y de la evolución de la política educativa nacional en los próximos meses.

Mientras Kenan Kamwana Holley estaba filmando su serie documental Soul Power: The Legend of the American Basketball Association, preguntó a los jugadores de baloncesto qué sabían sobre la extinta ABA (N. de la R.: liga de basquetbol profesional que, entre 1967 y 1976, “compitió” con la NBA).

“Teníamos jóvenes jugadores de la NBA como Tyrese Haliburton y RJ Barrett que nos enviaban videos hablando de lo que significa la ABA para ellos, y todos empezaron con el Dr. J”, dijo Holley. “Fuimos a canchas de todo el país, como Rucker Park en Harlem y la cancha de Los Ángeles donde se filmó White Men Can’t Jump. Y cuando les preguntamos a los jugadores sobre la ABA, todos dijeron: ‘Dr. J, Dr. J, Dr. J’”.

El Dr. J, por supuesto, es Julius Erving, la sublime superestrella y tres veces MVP de la liga, cuyo estilo “aéreo” por encima del aro cambió el juego y ayudó a mantener a flote a la ABA. Hace cincuenta años, la ABA introdujo el concurso de volcadas, y fue la asombrosa carrera de este jugador desde la línea de tiros libres hasta la canasta la que marcó un hito memorable en la última temporada de la liga.

La serie, de cuatro partes, disponible en Amazon Prime Video y de la que Erving es productor ejecutivo, va mucho más allá de ser un video con momentos destacados del Dr. J. Sin embargo, existía una rica historia de diversión, rebeldía e innovación —la liga inventó el tiro de tres puntos, para empezar, y utilizó un balón de baloncesto rojo, blanco y azul— que Holley, quien dirigió la serie, quería mostrar a las generaciones más jóvenes.

La ABA, que incluía las primeras versiones de los Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs y Brooklyn Nets (entonces los New York Nets), se inició en 1967 con la esperanza explícita de eventualmente forzar una fusión con la ya bien establecida NBA, tal como la American Football League había iniciado el año anterior con la NFL.

Libros y documentales anteriores sobre la ABA enfatizaban las disparatadas historias tras bambalinas de una liga desfavorecida con financiación insuficiente, relegándola a un segundo plano, según Holley. Pero al profundizar, descubrió un juego trepidante que fue el precursor del basquetbol moderno que la NBA de finales de los 60 y principios de los 70. También había mucho talento, incluyendo a los futuros miembros del Salón de la Fama Rick Barry, George Gervin, Artis Gilmore, Spencer Haywood y Dan Issel. Como descubrió Holley, los equipos de la ABA ganaban a los equipos de la NBA en partidos de exhibición con más frecuencia de la que perdían.

“Fue increíble”, dijo Holley. “Nunca había oído eso antes”.

Soul Power minimiza anécdotas disparatadas sobre jugadores volátiles como Marvin Barnes, en favor de una historia sobre el estilo de juego y la relativa armonía racial en una liga que, en aquel entonces, estaba mucho más integrada que la NBA (que durante años tuvo una cuota racial no escrita). También se centra en la batalla empresarial para lograr una fusión con la NBA y en la lucha de los jugadores por el respeto y un salario justo, algo que también se adelantó a su tiempo.

“Todos los jugadores que entrevistamos sintieron que habían sido retratados como payasos” en relatos anteriores, dijo Holley, “y nadie sabe realmente qué aportaron a la historia del baloncesto”.

Las contribuciones de Julius Erving son una excepción obvia. Nacido y criado en Long Island, prosiguió una ilustre carrera en la NBA en Filadelfia, ganando un premio al jugador más valioso de la liga y un campeonato. Pero en una reciente entrevista en video sobre la docuserie, dejó claro que apreciaba especialmente sus días de gloria en la emergente liga.

“Soy totalmente ABA”, dice Erving. “Apoyo cualquier cosa relacionada con la liga”.

—¿Qué esperas que Soul Power muestre a la gente sobre la ABA?

—Sabíamos en el fondo que éramos tan buenos como los equipos de la NBA. Es importante compartirlo con el público. Y las negociaciones que se llevaron a cabo entre la ABA y la NBA en cuanto a la fusión son uno de los aspectos clave de la historia del baloncesto que se olvidaron.

La ABA también está presente en la NBA hoy en día, sin duda. Están el tiro de tres puntos, los tres árbitros y las líneas extra en el registro de estadísticas. Pero también está el espíritu del juego de la ABA: la apertura de la cancha, el juego con el balón en juego y el ritmo de juego más rápido.

—Cuando estabas creciendo, ¿al principio esperabas jugar en la NBA?

—Ni siquiera sabía que podía ser profesional hasta el verano después de mi segundo año de universidad [en la Universidad Amherst de Massachusetts], después de un estirón, haber ganado algo de peso y haber obtenido buenos resultados. Me invitaron al campamento de desarrollo olímpico para el equipo de 1972, pero solo como suplente.

Regresé a Roosevelt [en Long Island] y estaba trabajando en el parque cuando dos chicos del equipo se lesionaron. Me llamaron de Colorado y me tomaron las medidas para una campera, pero aun así no tenía motivos para creer que iba a entrar en el equipo. Había 40 jugadores y 12 plazas. La chaqueta ni siquiera me quedaba.

Pero hicimos una gira y terminamos 10-3, y lideré al equipo en anotación y rebotes a pesar de tener dos jugadores de más de dos metros. Así que entré en el equipo, y el entrenador dijo que tenía buenas posibilidades de ser profesional. No tenía ninguna lista de deseos, pero daba por hecho que iría a la NBA.

—¿Cómo llegaste a la ABA?

—Después de mi penúltimo año, un agente me llevó a una reunión con el gerente general y el entrenador de los Virginia Squires. No sabía nada de los Virginia Squires. Ofrecían 500 mil dólares por cuatro años de juego —lo que rivalizaba con los contratos de Bill Russell y Wilt Chamberlain [con la NBA]—, aunque lo pagarían en siete años.

Mi madre era peluquera y mi padrastro trabajaba en el departamento de saneamiento, y juntos ganaron 15 mil dólares. No lo dudé. ¿Qué podía hacer un hermano?

—El documental te presenta como un superhéroe negro para la juventud de los 70, presentando imágenes tuyas y de Shaft. ¿Sentías la responsabilidad de mantener cierta imagen pública?

—Bueno, Shaft era mucho más cool que yo. Pero en cuanto a ser un modelo a seguir y mi imagen personal, empezó con mi servicio público y mi labor benéfica: colaboraba con los Boys and Girls Clubs, el Ejército de Salvación y otros grupos. Simplemente haciendo voluntariado y estando al frente, ayudando a hacer algo muy desinteresado.

—¿Quiénes fueron tus modelos a seguir?

—Tuve héroes como Martin Luther King y Bill Russell. Conocí a Bill a los 19 años y me ofreció su amistad. Había cosas en él que no me gustaban y que no haría: era grosero con la gente y tenía sus peculiaridades, pero esas características se debían a su crianza y al trato que recibía de la gente. Así que lo acepté. Y me enseñó muchas lecciones de vida.

Pero empezó con mi madre, porque nunca quise decepcionarla. Su vida ya era bastante dura, así que no quería ser el niño que la complicara aún más. El aspecto comercial del deporte, ser un ícono deportivo y una marca, surgió de ahí. Y esa no era mi intención. Mi intención era simplemente ser un buen ciudadano.

—¿Practicaste el despegue desde la línea de tiros libres para encestar antes del Juego de las Estrellas de 1976?

—Lo hice en muchos campamentos de pretemporada. Normalmente terminaba la sesión con volcadas, y terminaba con una desde la línea de tiros libres... y seguía directo al vestuario.

Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa Prime Video; AP/Mark J. Terrill]

Los Proveedores de Servicios de Pago y Billeteras digitales respondieron hoy que “ninguno de los argumentos (bancarios) se sostiene y que las cuentas de pago son un “esquema robusto” de seguridad de los fondos

La disputa entre bancos y Proveedores de Servicios de Pago (PSP), billeteras virtuales y otros “actores no bancarios” en torno de un artículo del proyecto de “modernización laboral” que el gobierno envió al Congreso y cuyo tratamiento y aprobación quiere acelerar a partir de esta semana, tuvo un cruce de argumentaciones este fin de semana.

El sábado, las cámaras bancarias, Adeba, ABA y Abappra enviaron a Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, a Martín Menem, titular de Diputados, y a todos los legisladores vinculados a la iniciativa un documento en el que afirman que el artículo 35 entraña “una pérdida de protecciones legales esenciales”, no brinda garantías e implica un “mayor riesgo” para los usuarios además de significar una “asimetría regulatoria” y una “supervisión insuficiente” y reduciría la capacidad crediticia de los bancos.

Hoy la Cámara Argentina Fintech, que agrupa a todos los sectores y servicios que la nueva normativa habilitaría como canales director para el pago de sueldos respondieron con un documento que de entrada planteó dos preguntas conectadas: ¿Quién debe decidir dónde cobra un trabajador su sueldo? ¿El trabajador según su conveniencia o los bancos?

La Cámara, obviamente, impulsa la libertad de elección para cobrar salarios y que -como dice el documento que difundieron hoy- los trabajadores puedan elegir libremente dónde acreditar sus salarios, incluyendo cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados y regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Competencia y marco legal

“El debate en curso no trata de imponer el uso de billeteras virtuales, sino de ampliar derechos, promover la competencia y adecuar el marco legal a una realidad económica que ya existe, caracterizado por la adopción masiva de cuentas digitales, la interoperabilidad y el uso cotidiano de instrumentos electrónicos para administrar ingresos y realizar pagos”, dicen las Fintech. Y afirman que permitir la acreditación de salarios en cuentas de pago reguladas no implica imponer cambios ni asumir nuevos riesgos, sino actualizar la normativa laboral a una realidad ya consolidada y ampliamente documentada por indicadores oficiales del Banco Central.

Las cuentas de pago, dicen, “son hoy un componente estructural del sistema financiero”. Y como respaldo precisan que según el BCRA, en diciembre se registraron 753 millones de transferencias inmediatas en pesos por un total de $88,7 billones. (+24,8% en cantidad de operaciones y del 24,4% en montos reales de crecimiento interanual). “El 75% de esas transferencias tuvo como origen o destino una CVU, es decir, una cuenta de billetera digital. En términos simples, millones de personas ya administran su dinero todos los días a través de estas cuentas”.

En ese contexto, prosigue el documento, “el salario aparece como una de las pocas operaciones masivas donde todavía no existe plena libertad de elección del canal. La iniciativa legislativa no intenta forzar comportamientos ni alterar dinámicas existentes: busca que la ley deje de correr detrás de la realidad. Mantener restricciones normativas sobre el uso de cuentas de pago para el cobro de salarios se apoya en supuestos que ya no describen cómo funcionan hoy las finanzas de las personas”.

Contra lo que dicen las cámaras bancarias, las Fintech dicen que operan “bajo un marco regulatorio específico y supervisado”, pues están “registrados y supervisados por el BCRA, bajo un marco regulatorio específico que contempla obligaciones operativas, tecnológicas, informativas y de protección al usuario”. Se trata de un régimen diferente al bancario -alegan- porque “los PSP no realizan intermediación financiera ni asumen riesgos sistémicos, por lo que la regulación se orienta a la protección de los fondos y la seguridad operativa, en línea con la naturaleza de la actividad”.

Además, prosiguen, “los fondos de los usuarios permanecen dentro del sistema financiero” ya que según la normativa vigente del BCRA “el 100% de los fondos de los usuarios en cuentas de pago debe mantenerse depositado en cuentas bancarias a la vista, separadas del patrimonio del PSP”. Esto, argumentan, “implica que los recursos permanecen dentro del sistema financiero regulado, bajo supervisión prudencial; desde el punto de vista funcional, tanto si un salario se acredita en una cuenta bancaria como en una cuenta de pago, los fondos se encuentran alojados en bancos”.

Según las Fintech, el debate o objetivo de fondo debería ser “ampliar el acceso al crédito”, contexto al que añaden que agregar opciones “no elimina las anteriores” y que aumentar la competencia fortalece la infraestructura financiera general.

Por eso, concluyen, “desde la Cámara Argentina Fintech instamos al Congreso de la Nación a avanzar en una normativa que amplíe derechos, fomente la competencia y acelere la inclusión financiera. Los bancos se oponen a la libertad de elegir dónde cobrar salarios para no perder privilegios. El salario pertenece al trabajador. Reconocer su derecho a elegir dónde cobrarlo es un paso necesario hacia un sistema financiero más abierto, dinámico y alineado con la realidad de la Argentina actual”.

Entre otros datos, la Cámara Fintech señalan que en octubre de 2019, en vísperas de la pandémica de Covid-19, en la Argentina se hacían cerca de 17 millones de transferencias inmediatas mensuales y que en octubre de 2025 ese número ascendía a 690 millones, “un crecimiento de más de 40 veces”. En ese período, añaden, “se pasó de que 1 de cada 10 argentinos tuviera una cuenta de pago a su nombre a que 8 de cada 10 argentinos cuenten actualmente con al menos una cuenta digital, configurando un escenario de acceso prácticamente universal a instrumentos de pago electrónicos”.

Regulación e innovación

Sobre-regular actividades innovadoras, machacan, “puede generar efectos contraproducentes” y señalan la experiencia europea en ese sentido, en que la propia Comisión Europea debió hacer una “revisión integral” de regulaciones que había establecido a inicios de los años 2000.

“En la práctica, millones de trabajadores cobran hoy sus salarios en cuentas bancarias y transfieren de manera inmediata esos fondos a cuentas de pago, que utilizan como principal instrumento de administración de ingresos y pagos”, precisa el documento, y cita datos del Banco Central, según los cuales en octubre de 2023 existían 11,8 millones de cuentas de inversión con saldo, por $588.000 millones, mientras que en octubre de 2025 las cifras eran de 25,4 millones de cuentas, con saldos por $5,6 billones”.

“En términos reales -descontando la inflación medida por el IPC del INDEC-, el crecimiento de los saldos invertidos fue orden del 150%, lo que confirma que las cuentas de pago se consolidaron como herramientas estables de resguardo y gestión de fondos, y no sólo como instrumentos transaccionales”, observa el documento. Además, las Fintech apuntan una aparente contradicción en la posición de los bancos al notar: “el mismo ordenamiento normativo que admite sin objeciones la transferencia posterior del salario a una cuenta de pago restringe su acreditación directa en ese mismo tipo de cuenta, aun cuando se trate de proveedores regulados y supervisados por el BCRA.

Finalmente, las Fintech niegan uno de los argumentos centrales de los bancos acerca del riesgo para los trabajadores de recibir su salario en una cuenta de pago o billetera digital. Esa acreditación no altera, concluye, ni el carácter alimentario del salario, ni la titularidad del trabajador sobre los fondos ni las protecciones legales.

“Resulta inconsistente -rematan- sostener que el salario se encuentra protegido mientras permanece en una cuenta bancaria, pero pierde dicha protección cuando el trabajador decide transferirlo —de manera inmediata y masiva, como ocurre en la práctica— a una cuenta de pago. Si la transferencia posterior es considerada válida y segura, no existe fundamento para prohibir la acreditación directa”.

Qué dicen los bancos

El texto enviado por las cámaras bancarias al Congreso, en cambio, había destacado que los bancos “cuentan con responsabilidad patrimonial plena y un marco jurídico claro frente a los usuarios, protegiendo la etapa crítica -el cobro seguro- sin restringir la autonomía posterior del usuario”, capacidad y responsabilidades que no asignan a PSPs y billeteras virtuales.

Según los bancos, el artículo 35, al permitir el pago vía PSPs y billeteras virtuales “contribuiría al desmantelamiento de infraestructura crítica” y a la “profundización de la exclusión financiera” y que -afirman- “ningún proveedor de servicios de pago ni entidad no bancaria posee, ni puede replicar con estándares equivalentes la capilaridad de red que resulta esencial para garantizar el derecho efectivo de los trabajadores de percibir y disponer de sus ingresos en forma inmediata y sin costos, especialmente en el interior del país”.

La banca pública reclamó que el sistema financiero “no puede concentrarse solo en las 40 cuadras del microcentro” y pidió una expansión federal de la actividad bancaria para afianzar la inclusión y responder a las necesidades de la población.

El debate sobre el futuro del sistema financiero argentino fue el eje del 4° Congreso Federal de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la entidad que reúne a las entidades financieras del sector público. El Congreso, celebrado en Resistencia con el Nuevo Banco del Chaco como anfitrión, reunió a los principales referentes del sector para discutir el desafío de construir “una banca verdaderamente federal, moderna e inclusiva”.

Juan Cuattromo, presidente de Abappra y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, enfatizó la urgencia de descentralizar el debate financiero y llevarlo más allá del microcentro porteño, con el objetivo de transformar el sistema desde el territorio y responder a las necesidades de toda la población.

Uno de los puntos centrales del mensaje de Cuattromo fue el papel que desempeñan las entidades estatales en la transformación del sistema financiero. “Los bancos públicos, a veces en contra de lo que se piensa, estamos liderando el proceso de transformación. Estamos realizando fuertes inversiones para que nuestras herramientas sean competitivas, modernas, eficientes y de bajo costo”, sostuvo. En este sentido, defendió el valor social de la banca pública, especialmente frente a prácticas que afectan a los sectores más vulnerables. “La banca pública garantiza verdadera inclusión. No ofrece herramientas con tasas usurarias que llegan a públicos sin información y los dejan presos de deudas impagables”, advirtió Cuattromo.

“Para nosotros es fundamental traer a los actores del sistema financiero al interior. Argentina requiere una nueva federalidad. Nuestro sistema financiero no puede concentrarse solo en las 40 cuadras del microcentro”, sostuvo.

El presidente de Abappra también insistió en que la discusión regulatoria debe incorporar la mirada territorial y el rol social del sistema financiero. “Llevamos una voz federal, una voz del territorio. En cualquier transformación o innovación, lo más importante es que llegue a nuestra gente, que la cuide y que esté a su servicio”, expresó. De este modo, ratificó el propósito central del Congreso: construir un sistema financiero que no solo modernice procesos, sino que también fortalezca la inclusión, el desarrollo y la presencia efectiva de la banca en todo el país.

El encuentro, bajo el lema “Identidad, Territorio y Transformación”, convocó a presidentes, directores y especialistas de bancos de todo el país, así como a empresas de la industria financiera, para debatir los desafíos actuales y futuros del sistema financiero argentino en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas, económicas y sociales.

Cuattromo consideró que “la identidad de la banca federal se sostiene en un principio claro: la rentabilidad es necesaria, pero no es un fin en sí mismo. Es un medio para sostener la misión pública y acompañar a las comunidades”.

Entre los hitos de esta edición del Congreso, se destacó el primer encuentro conjunto de las cuatro cámaras bancarias (ABA, ABE, ADEBA y ABAPPRA), que compartieron una visión común para analizar “El rol estratégico de la banca argentina para la innovación con crecimiento e inclusión federal”.

La apertura del Congreso estuvo a cargo de Germán Dahlgren, presidente de Nuevo Banco del Chaco, quien resaltó el valor simbólico y estratégico de realizar el evento en el norte argentino. “Aquí, en el norte argentino, la banca pública y privada se reúne para afirmar con hechos que somos protagonistas irrenunciables del desarrollo federal. El futuro del sistema financiero argentino debe ser tecnológicamente innovador y territorialmente federal”, afirmó Dahlgren.

Además, señaló que los tres ejes del Congreso reflejan “el alma de los bancos provinciales y regionales”, y reivindicó el valor de la presencia territorial. “Nuestra identidad es cercanía y compromiso. Territorio no es geografía, es presencia y escucha. Y la transformación es el desafío de adaptarnos, liderar y no perder la cercanía humana que nos define”, remarcó.

Marcelo Mazzón, director ejecutivo de Abappra, y Juan Francisco Juárez, líder de Billeteras para Red Link, concluyeron el evento con el panel “Open Data: El camino a la Banca Inteligente”, donde resaltaron que la apertura y el aprovechamiento estratégico de los datos definirán el futuro del sector bancario.

Durante los bloques dedicados a la transformación, se evidenció que la modernización del sistema financiero atraviesa todas las provincias, impulsando resultados tangibles y posicionando a la banca argentina hacia modelos más actuales, innovadores e inclusivos.

Entre las experiencias provinciales sobresalieron los análisis de FOGABA y FONRED sobre el papel de los fondos de garantía en el financiamiento federal, piezas clave para las pymes y las economías regionales. Banco de Córdoba exhibió su Estrategia Bancor, reconocida por su papel en la transformación de la banca pública. Por su parte, Banco de Formosa presentó “Billetera Onda”, una apuesta de innovación digital de alcance territorial, mientras que Banco Rioja compartió los avances en cultura y gestión destinados a modernizar sus operaciones.

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), manifestaron este lunes su preocupación por la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional, de la modificación al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), ocurrida el pasado 10 de julio, en el marco de la reforma jubilatoria que aprobó el Senado.

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron: “Esta decisión legislativa impacta negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al afectar el fondeo de las SGR, que han demostrado ser una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el país”.

Las cámaras bancarias recordaron que las SGR actúan como un puente esencial entre las PyMEs y el sistema financiero. En el texto afirmaron: “Las SGR constituyen un puente esencial entre las PyMEs y el sistema financiero, al ofrecer garantías que, por su calidad, son consideradas autoliquidables por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

Las entidades subrayaron que el sistema de garantías recíprocas amplía el acceso al crédito, mejora condiciones de financiamiento, reduce requisitos y disminuye previsiones por eventuales incumplimientos. Según indicaron, este modelo se consolidó como un mecanismo público-privado eficiente y transparente, generando impactos positivos tanto en la actividad productiva como en la recaudación tributaria.

“El costo fiscal asociado es ampliamente compensado por los beneficios económicos que genera, especialmente en términos de inversión, formalización y crecimiento de las PyMEs, lo que a su vez genera mayor recaudación impositiva de los impuestos nacionales, provinciales y municipales (IVA, Ganancias, ICD, IIBB, Sellos, TISH, etc)”, dijeron en el comunicado.

El reclamo de las entidades también apuntó a la falta de análisis técnico en el cambio normativo. Afirmaron: “Modificar este régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto, representa un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego”.

En el marco del paquete fiscal que incluyó la reforma previsional, se votó la eliminación de las exenciones impositivas para los aportes a las SGR. Según datos del sector, estos aportes equivalían a apenas 0,02% del PBI, pero resultaban clave para la conformación de los fondos de riesgo que permitían avalar préstamos a las PyMEs.

La nota de Infobae sobre el tema señaló que el régimen anterior permitía desgravar aportes destinados a constituir esos fondos de riesgo, y que los bancos consideraban las garantías emitidas por las SGR como autoliquidables, reduciendo el costo del crédito. Más de 70.000 PyMEs accedían cada año a financiamiento por más de 1,2 billones de pesos gracias a estas herramientas, fundamentales para capital de trabajo, inversiones y renovación de equipamiento.

Desde las cámaras bancarias enfatizaron la relevancia del crédito productivo en un contexto donde, pese a duplicarse en términos reales en el último año, todavía está por debajo de los niveles regionales. En el comunicado señalaron: “El crédito productivo en la Argentina viene creciendo con fuerza, duplicándose en términos reales en el último año, pero aún se encuentra muy por debajo de los niveles observados en países comparables de la región. Las SGR son un instrumento relevante para sostener e impulsar este proceso”.

Los representantes bancarios alertaron que el desfinanciamiento o debilitamiento de las SGR tendrá efectos directos en la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en todo el país. Frente a este escenario, llamaron a las autoridades a actuar: “Exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional y a Congreso a realizar los actos jurídicos necesarios, en el marco de sus obligaciones y facultades, para preservar uno de los pilares del financiamiento productivo en la Argentina”.

El sector pyme manifestó también su preocupación por el efecto inmediato que tendrá la eliminación de los beneficios fiscales. Los bancos reducirán la capacidad de conceder préstamos a las pequeñas y medianas empresas por la necesidad de elevar previsiones de riesgo, encareciendo el crédito y limitando el acceso, en especial en el interior del país.

La eliminación del incentivo fiscal se justificó en el objetivo oficial de incrementar la recaudación para reducir el déficit previsional. Sin embargo, desde el sistema bancario y las cámaras empresarias advirtieron que se trata de un alivio fiscal de corto plazo que puede comprometer la recuperación económica.

Las entidades financieras insistieron en que el régimen de Sociedades de Garantía Recíproca es un componente esencial de la estructura de crédito productivo en la Argentina, y remarcaron su función contracíclica. Advirtieron que el retiro de aportes privados podría reducir drásticamente la disponibilidad de fondos para otorgar avales, en un contexto donde el financiamiento para las PyMEs ya enfrenta limitaciones estructurales.

Las cuatro entidades que nuclean a los bancos que operan en el país se plegaron al reclamo del Gobierno nacional y el sector fintech contra el cobro de gravámenes subnacionales, entre los que destacaron Ingresos Brutos y tasas municipales. Es por eso que a través de un comunicado conjunto pidieron a las provincias y municipios “medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina, basados en impuestos razonables y no distorsivos”.

“La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que muestra nuestra economía los últimos 25 años. Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios”, consignó el documento firmado por la Asociación de Bancos (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

El texto detalló que, a nivel nacional, desde 2001 existe el denominado Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. Es una situación que ha sido señalada en diferentes oportunidades por las entidades.

“Actualmente, tanto las tasas de Ingresos Brutos provinciales como ciertas tasas municipales, se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen una seria limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias”, apuntaron los bancos.

En ese sentido, advirtieron que las personas y empresas tomadoras de crédito y usuarios de los servicios financieros son las que sufren las consecuencias de la alta presión impositiva. “Es paradójico que sean las jurisdicciones provinciales y municipales las que dificulten el acceso y encarezcan los servicios financieros a sus vecinos”, apuntaron.

“Desde las Asociaciones exhortamos a los gobiernos provinciales y municipales a que lleven adelante medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina, basados en impuestos razonables y no distorsivos”, concluyó el comunicado.

La queja de los bancos se sumó a la que había realizado la semana pasada la Cámara Argentina Fintech y a la que emitió este lunes Mercado Libre. En un comunicado, la Cámara había considerado que “el único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos. Las herramientas existentes, disponibilizadas por múltiples actores del sistema financiero tecnológico, han demostrado ser accesibles, de uso sencillo y de adopción masiva”. Y alertó que en muchas empresas está en riesgo “la viabilidad ante la carga tributaria”.

Ingresos Brutos es un impuesto “injusto: grava el total facturado, no las ganancias, y genera un efecto cascada que aumenta los precios”, explicaron en Mercado Libre. En lugar de avanzar hacia un sistema impositivo más simple y justo, “estas medidas perjudican a quienes producen, comercian y consumen. Desde Mercado Libre creemos que es hora de reducir la carga impositiva y priorizar a las familias, pymes y productores para impulsar el desarrollo económico”.

En Ualá señalaron que la presión impositiva de Ingresos Brutos “está ahogando el acceso al crédito y al consumo en la Argentina. En lugar de fomentar un entorno de crecimiento y competitividad, Ingresos Brutos incrementa los costos de producción y servicios, lo que impacta negativamente tanto en los consumidores como en los negocios locales”.

“Desde Ualá, apelamos al compromiso de los gobiernos provinciales de rever su política impositiva en pos del desarrollo de las personas, las empresas y del crecimiento de sus provincias. Ingresos Brutos es un castigo para el desarrollo de la Argentina”, agregaron.

Provincia por provincia

Las provincias cobran una alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que oscila entre el 3% y el 9% a los servicios financieros que se prestan en sus distritos, tal como publicó ayer Infobae. De esa forma, las billeteras virtuales (y en algunos casos, los bancos) reciben el impacto de este impuesto en cada comisión que cobran por cualquier servicio que prestan y encarecen la posibilidad de que las actividades económicas dentro de sus provincias se formalicen, queden registradas y reduzcan el uso del efectivo.

En algunas provincias las tasas llegan al insólito nivel del 16,5% cuando se trata de préstamos u otras operaciones financieras. En el ranking que acompaña esta nota se incluyen únicamente las alícuotas aplicadas sobre las comisiones de los servicios financieros, algo más bajas pero de alto impacto. La ya mencionada Santa Fe encabeza el ranking con un 9% de alícuota, seguida por Jujuy (7%) y Córdoba (6,75%).

Cada provincia fija una alícuota para cada actividad económica, por lo que si se tomase un promedio, el ranking tendría variaciones. Pero por encima de estos números, aparecen curiosidades. En la provincia de La Pampa, por ejemplo, la legislatura provincial decidió para 2025 que un préstamo hipotecario, prendario, personal o el descuento de documentos (una forma habitual de financiamiento pyme) esté gravado con una alícuota del 15%; para los casinos, en cambio, se inclinó por una tasa menor, del 10%. La venta de “billetes de lotería y juegos de azar autorizados” paga solo un 4%. Se trata de la misma provincia en la que el Banco Nación amenazó con cerrar sucursales cuando el gobierno provincial duplicó Ingresos Brutos y lo llevó del 7,5% al 15%. Ante la decisión del Nación, el gobernador Sergio Ziliotto debió anular el aumento.

Hay billeteras virtuales que están limitando el acceso a clientes de algunas provincias, o bien evitan darle algunos servicios. ¿La razón? En determinados distritos, Ingresos Brutos les hace trabajar a pérdida. El negocio de las fintech es de escala grande y márgenes muy pequeños, por lo que un excesivo peso de los impuestos los puede dejar fuera de carrera.

El plan del ministro Luis Caputo para flexibilizar los préstamos en dólares y transformar en financiamiento productivo una parte de los USD 15.000 millones que el blanqueo dejó en el sistema financiero divide las opiniones entre los bancos. Mientras que las entidades privadas de capital argentino de Adeba apoyan con firmeza la medida, los bancos extranjeros (ABA) y los estatales (Abappra) la rechazan por el riesgo de que haya descalce de monedas, tal como ocurrió tras la crisis de 2001.

La idea del Gobierno fue transmitida en un evento empresarial, según informó Infobae, y todavía no se desarrolló con detalles. Pero consiste en hacer más flexible una regla que rige el sistema financiero desde 2002: sólo se pueden prestar dólares a quienes generan dólares. En los ‘90, por ejemplo, se daban créditos hipotecarios en dólares a asalariados en pesos. La devaluación del final de la convertibilidad puso en evidencia los riesgos de esa política, cuando empresas y familias con ingresos en pesos no pudieron pagar cuotas en dólares.

Desde entonces, los únicos que reciben crédito en dólares son los exportadores, porque son los únicos que garantizan que van a tener dólares para devolver. Esa regla no fue cambiada por ningún gobierno desde 2002 hasta el presente. Apenas se le añadió una excepción para los proveedores de los exportadores, ya que su facturación está atada a los dólares que reciben éstos.

En este escenario, Adeba apoyó la idea de Caputo. “Los préstamos en dólares a empresas son un tema que se debe ser discutido en los próximos meses, a fin de aumentar la competitividad de la economía, siempre teniendo en cuenta la estabilidad del sistema”, dijo el presidente de la entidad, Javier Bolzico.

“Creemos que el enfoque debe ser la correcta gestión de riesgos de acuerdo a los estándares internacionales y no la prohibición”, agregó.

En Adeba piensan en una flexibilización gradual para el crédito en dólares, que apunte a medianas y grandes empresas con acceso al mercado de capitales y que puedan resistir una evaluación de riesgos estricta (un “stress test”) ante una eventual devaluación. Consideran que hay empresas no exportadoras que igual pueden facturar en dólares, en sectores como el turismo y la exportación, y que podrían beneficiarse con “solamente una parte” de la capacidad prestable en dólares de la que hoy gozan los bancos luego del blanqueo.

Prestarle dólares solo al que genera dólares

Los bancos extranjeros nucleados en ABA rechazan de plano la idea y no quieren cambiar ni una sola coma de la normativa actual. Explican que la regla de “prestarle dólares solo al que genera dólares” fue útil a lo largo de los últimos 24 años para que el sistema financiero pueda sobrellevar todas las crisis, locales o globales.

De hecho, en un reciente encuentro con la prensa, el presidente de ABA, Claudio Cesario, fue muy enfático al respecto: “Evitemos que lo que aprendimos se nos olvide, para nosotros los dólares de la gente se tienen que utilizar para prestar a aquellos que producen dólares; por favor no estresemos al sistema, la confianza se construye todos los días”. En el mismo sentido se pronunció días atrás Alejandro Butti, CEO de Santander, el banco extranjero más grande de la Argentina.

La entidad que representa a la banca pública, Abappra, también rechaza cualquier cambio, sobre todo mientras estén vigentes las normas del cepo. Tras haber analizado en profundidad el tema, esperan que se expida al respecto el BCRA y aseguran que los bancos estatales cumplirán con la normativa vigente.

En el sistema financiero explican que ya hubo conversaciones entre las entidades y que hubo una nota suscripta por Adeba en la que se proponía analizar los cambios regulatorios. Las otras dos entidades no acompañaron con su firma.

En algunos bancos advierten que el negocio del comercio exterior está mayoritariamente en manos de los bancos extranjeros, de allí el interés de Adeba en impulsar algún cambio. A su vez otros ven que, después de la experiencia del 2001, los bancos extranjeros tendrían que pedir autorización a sus casas matrices para incrementar los préstamos en dólares, algo que no saben si van a conseguir. Y ante la duda, prefieren que nadie pueda hacerlo.

Más allá de estas conjeturas, otro aspecto a considerar es que la idea oficial de que empresas no exportadoras reciban préstamos en dólares no puede separarse del plan de competencia de monedas que impulsa el Gobierno. Caputo ha reiterado que quiere que las empresas, de cualquier sector, facturen en dólares.

En ese caso, la prohibición que rige hoy también podría tomar otro efecto. Muchos sectores que importan productos e insumos seguramente querrán vender en dólares y usar esas divisas para seguir importando. Se menciona por ejemplo el caso de los electrodomésticos y la electrónica. Si se consolida la competencia de monedas habrá empresas no exportadoras que a su vez reciban fondeo en dólares, lo que podría reducir el riesgo de tomar un crédito en esa moneda.

“Este año pudimos volver a trabajar de bancos para dar financiamiento en pesos tras la eliminación de numerosas restricciones y topes insostenibles para la intermediación financiera y porque la inflación está bajando, que era nuestro principal reclamo”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario.

En un agasajo de fin de año para la prensa, Cesario destacó que “No hay nada por lo que hemos peleado más que por poder trabajar de bancos. Después de muchos años de mala praxis, reapareció la demanda y seguramente lo más destacable fue que logramos revivir los créditos hipotecarios, después de que lográramos resistir casi en soledad para que no se modificaran los contratos”.

En ese sentido, adelantó que ABA, la entidad que nuclea a los bancos extranjeros, participará como amicus curiae en una causa judicial que preocupa al sector financiero: en Misiones, un tomador de un crédito UVA en el Banco Nación consiguió sentencias de primera y segunda instancia para cambiar las condiciones contratadas en virtud del aumento inflacionario. El caso espera una definición de la Corte Suprema.

De cara a 2025, el presidente de ABA proyectó que “la tendencia se va a consolidar, algo fundamental para el crecimiento de la economía y beneficioso para familias y empresas. Además, los bancos seguirán invirtiendo en tecnología, ciberseguridad e impulsando medios de pago electrónicos”.

Cesario también respondió al pedido de algunos bancos que, en virtud de la enorme liquidez en dólares del sistema como producto del blanqueo, intentan prestarle en dólares a particulares. “Tenemos que evitar que lo que aprendimos se nos olvide, para nosotros los dólares de la gente se tienen que utilizar para prestar a aquellos que producen dólares; por favor no estresemos al sistema, la confianza se construye todos los días”, remarcó, dando su apoyo a la regulación que existe desde la crisis de 2001 y que hasta ahora no fue modificada.

Resaltó que los depósitos en dólares superan los USD 33.000 millones y que “teniendo la posibilidad la gente de retirar sus depósitos en cualquier momento no lo han hecho, los depósitos están en el sistema financiero”. También vaticinó que se avanzará en la emisión de obligaciones negociables para las empresas.

“Hoy vemos que el crédito está creciendo, que somos parte de la solución, que nunca fuimos parte del problema; es cierto, volvimos a trabajar de bancos”, expresó Cesario.

Si bien la adopción de medios de pago sigue creciendo y, además, normativamente se registraron avances este año, Cesario remarcó que aún resta encontrar una solución a la cantidad de billetes que se almacenan en los bancos: “El volumen de billetes emitidos es tan disparatado que para ilustrar el problema si los alineamos ponemos uno al lado del otro podemos dar 43 veces vueltas alrededor de la Tierra o podríamos construir cuatro torres a la Luna”.

Tras reiterar que “los bancos volvieron a trabajar de bancos”, ironizó señalando que también trabajan de constructores, en relación con la gran cantidad de bóvedas que debieron levantar las entidades para almacenar billetes deteriorados que el BCRA no acepta, de 100 pesos en su momento y de 1.000 en la actualidad.

“Creemos que en situación de crisis se deben simplificar aún más los procedimientos para acelerar la destrucción y posterior desmonetización de billetes y optimizar recursos”, concluyó el presidente de ABA.

En las últimas horas los bancos nacionales y extranjeros se han unido para protestar en contra de la provincia de La Pampa, que urgida por aumentar sus recursos, decidió elevar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre la actividad financiera, pasando del 7% al 15,47 por ciento. El aumento impacta directamente en los créditos que las entidades bancarias otorgan en esa provincia y, según las empresas, compromete seriamente a la actividad financiera en general.

La decisión de La Pampa fue formalizada a través del Decreto N°3609, que promulga la Ley Provincial N°3582, y entró en vigor el 1 de septiembre de 2024.

El primero en accionar fue el Banco de la Nación Argentina (BNA), que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de La Pampa. Desde el Nación se argumenta que este aumento es excesivo y que afectará negativamente a la economía local y en especial al financiamiento de las PyMEs y otros sectores productivos clave.

Más allá de la acción legal iniciada por el BNA, el presidente de la entidad, Daniel Tillard, afirmó: “se analiza la posibilidad de avanzar con el cierre de la Gerencia Zonal La Pampa”en referencia a una potencial reducción de la presencia física de la entidad en esa provincia.

Explorando alternativas

No obstante, el ejecutivo aclaró que el banco está explorando alternativas para mitigar los efectos del incremento impositivo, en particular en lo que respecta a la continuidad del crédito. “Vamos a realizar consultas con las entidades que representan a las PyMEs y los sectores productivos para sostener el crédito a través de otras alternativas”, agregó, subrayando la importancia de mantener las líneas de financiamiento abiertas a pesar del aumento de costos que implicará el nuevo esquema tributario.

El Banco Nación ve en este caso no solo un desafío local, sino también un riesgo de que otras provincias sigan el ejemplo de La Pampa. Fuentes oficiales del banco señalaron que la acción legal tiene carácter preventivo, para evitar que se generalicen aumentos similares en otras jurisdicciones, lo que podría afectar gravemente la operación bancaria en diferentes puntos del país.

Hasta el momento, La Pampa es la única provincia que ha implementado un aumento tan significativo en las alícuotas que gravan las actividades financieras.

La posición de los bancos extranjeros

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a las entidades de capital extranjero en el país, expresó su respaldo a la demanda judicial que el Banco de la Nación Argentina (BNA) presentó contra la provincia de La Pampa.

En un comunicado difundido recientemente, ABA manifestó su “profunda preocupación” por el aumento impositivo decidido por la provincia de La Pampa, advirtiendo que este tipo de decisiones “castiga a los usuarios de servicios financieros” y podría tener efectos adversos en la actividad económica. “El incremento de un gravamen por demás distorsivo, de 7% a 15,47%, atenta contra el normal desarrollo de la actividad en la provincia y principalmente castiga a los usuarios de servicios financieros que verán encarecidas sus líneas de crédito en forma desproporcionada”, señala el comunicado de ABA.

En este sentido, el comunicado subraya que “el incremento de la presión tributaria de la administración provincial imposibilita el acceso a un financiamiento razonable y competitivo y, seguramente, impactará en forma negativa en el nivel de actividad y las posibilidades de desarrollo económico de las empresas”.

El punto más crítico, según lo expresado por ABA, es que esta política impositiva podría incentivar el crecimiento de la actividad financiera informal. “Como consecuencia inmediata de la suba de Ingresos Brutos, el desarrollo de la actividad financiera legal y formal en la provincia puede ser forzado a reducirse, por lo que aumentará la actividad ilegal o no regulada por el BCRA”, alertó la entidad, advirtiendo sobre los riesgos de que los usuarios se vean empujados a recurrir a alternativas de financiamiento menos seguras y más costosas.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a las entidades de capital extranjero en el país, expresó su respaldo a la demanda judicial que el Banco de la Nación Argentina (BNA) presentó contra la provincia de La Pampa por el reciente aumento en la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) sobre las operaciones financieras. La medida, que llevó la alícuota del 7% al 15,47%, generó una fuerte reacción del sector financiero, que advierte sobre los graves impactos que tendrá sobre la economía local, especialmente en el acceso al crédito por parte de pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

En un comunicado difundido recientemente, ABA manifestó su “profunda preocupación” por el aumento impositivo decidido por la provincia de La Pampa, advirtiendo que este tipo de decisiones “castiga a los usuarios de servicios financieros” y podría tener efectos adversos en la actividad económica. “El incremento de un gravamen por demás distorsivo, de 7% a 15,47%, atenta contra el normal desarrollo de la actividad en la provincia y principalmente castiga a los usuarios de servicios financieros que verán encarecidas sus líneas de crédito en forma desproporcionada”, señala el comunicado de ABA.

Los bancos asociados a ABA, muchos de los cuales tienen operaciones en la provincia de La Pampa, se unieron al reclamo del Banco Nación y advirtieron que este tipo de medidas tributarias generan un aumento de la presión fiscal que impacta de manera directa en la capacidad de financiamiento de las empresas, especialmente de las PyMEs. En este sentido, el comunicado subraya que “el incremento de la presión tributaria de la administración provincial imposibilita el acceso a un financiamiento razonable y competitivo y, seguramente, impactará en forma negativa en el nivel de actividad y las posibilidades de desarrollo económico de las empresas”.

El punto más crítico, según lo expresado por ABA, es que esta política impositiva podría incentivar el crecimiento de la actividad financiera informal. “Como consecuencia inmediata de la suba de Ingresos Brutos, el desarrollo de la actividad financiera legal y formal en la provincia puede ser forzado a reducirse, por lo que aumentará la actividad ilegal o no regulada por el BCRA”, alertó la entidad, advirtiendo sobre los riesgos de que los usuarios se vean empujados a recurrir a alternativas de financiamiento menos seguras y más costosas.

Demanda del Banco Nación

El respaldo de ABA se suma a la acción judicial que el Banco Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia, en la que solicitó la declaración de inconstitucionalidad del aumento impositivo decretado por el gobierno de La Pampa. La entidad financiera estatal considera que el incremento del 120% en la alícuota de Ingresos Brutos afecta severamente las condiciones de financiamiento en la provincia y pone en riesgo la continuidad de líneas de crédito esenciales para el desarrollo de la actividad productiva local.

La demanda del Banco Nación fue presentada después de que el gobierno provincial promulgara el Decreto N°3609, que oficializa el aumento de la alícuota a través de la Ley Provincial N°3582. El nuevo esquema tributario comenzó a regir el 1 de septiembre de 2024, y desde entonces generó preocupación no solo en el sector financiero, sino también en los sectores productivos locales.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, se expresó con dureza respecto a la medida, y no descartó que el banco estatal pudiera reducir su presencia en la provincia. “Se analiza la posibilidad de avanzar con el cierre de la Gerencia Zonal La Pampa”, afirmó Tillard, advirtiendo sobre las graves consecuencias que este aumento impositivo tendrá sobre la actividad bancaria en la región. No obstante, el ejecutivo aclaró que el banco está buscando alternativas para mitigar el impacto del nuevo esquema tributario y mantener el acceso al crédito para las PyMEs y otros sectores productivos clave.

En este contexto, Tillard señaló que la medida adoptada por La Pampa no solo afecta al Banco Nación, sino que también podría generar un “efecto contagio” en otras provincias, lo que agravaría la situación financiera en todo el país. “La promesa de inflación cero que impulsa el gobierno de nuestro Presidente Javier Milei viene acompañada de la expansión del crédito para PyMEs y familias”, destacó Tillard, aludiendo a la necesidad de reducir la carga fiscal para promover el crecimiento económico.