Luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) decomisara las propiedades que el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, había comprado con dinero obtenido a través de un esquema de corrupción, se confirmó que la casona de Villa Devoto fue subastada.

El inmueble había sido embargado a principios de 2021, después de que la Justicia federal determinara que el ex asesor había comprado una serie de propiedades, por medio del aprovechamiento de fondos ilícitos provenientes de hechos de corrupción relacionados con la obra pública.

“La venta valuada en 673.454 dólares es un paso más para que el dinero proveniente de la corrupción y los delitos vuelva a los argentinos”, celebró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de haber comunicado los resultados de la subasta en su perfil de la red social X (antes Twitter).

A pesar de que Muñoz murió en 2016, la Justicia había abierto una causa por enriquecimiento ilícito en contra de él y de su esposa, Carolina Pochetti. La decisión fue producto de las pruebas que lo señalaron como el principal encargado de recibir los bolsos con dinero que se investigaron en la conocida “Causa Cuadernos” que, actualmente, se encuentra en pleno juicio.

De acuerdo con la investigación, el ex secretario habría sido la persona que recibía las coimas que habrían sido abonadas por empresarios involucrados en la obra pública. Aunque, aparentemente, su tarea habría sido trasladar el dinero a puntos como, por ejemplo, la Quinta de Olivos o la provincia de Santa Cruz, se estimó que habría amasado una fortuna (detectada) de unos 70 millones de dólares.

Incluso, el contador del matrimonio Kirchner, Alejandro Manzanares, había reconocido haber armado sociedades fantasmas para que Muñoz pudiera lavar el dinero corrupto. Así, había adquirido un total de 87 propiedades, entre ellas, un territorio frente al mar en la isla Turks and Caicos, donde habría tenido la intención de construir un complejo turístico.

A raíz de la cantidad de inmuebles descubiertos, el juez Marcelo Martínez De Giorgi había decidido dividirlos en tres grupos. El primero constaba de 28 bienes, que fueron los primeros en ser embargados por la Justicia. Desde garajes, un departamento de Puerto Madero, una casa de Mar de las Pampas, y hasta varias propiedades en Capital y en Santa Cruz conformaron la lista.

La segunda división incluyó un total de 26 bienes, entre ellos, más propiedades y vehículos. Por último, el tercer grupo fue formado por otros 33 bienes, en donde se enumeraron autos, terrenos en Mar del Plata, departamentos en Capital, cabañas en Lago Puelo, quince departamentos en una torre de Vicente López, estancias en Santa Cruz y un inmueble en la calle Néstor Kirchner de Río Gallegos.

Después de que la AABE fuera habilitada a administrar los bienes decomisados de causas federales como, por ejemplo, corrupción y narcotráfico, se ofertaron tres propiedades a nombre de Muñoz.

Con la venta de la casona de Villa Devoto, solo restaría subastarse un edificio de tres plantas de 1.245 m2 cubiertos, ubicado en la calle Pedro Ignacio Rivera al 5100, en Villa Urquiza, en donde funcionaban las oficinas del ex secretario privado.

El precio inicial por el inmueble fue tasado en USD 815.795, que no habría tenido interesados en ella. En abril de 2021 hubo un intento previo de subasta, pero no hubo ofertantes en esa oportunidad.

Previamente, el Gobierno había conseguido vender exitosamente un departamento de tres ambientes con cochera en el barrio de Villa Urquiza. La propiedad ofrecía 74 m2 y estaba ubicada en la calle Andonaegui al 2900. Su precio base era de USD 146.290, pero se subastó el 19 de agosto de 2024 a una cifra ligeramente superior: USD 168.059.

Cuando parecía que estaba a punto de alcanzarse una solución a través del Presupuesto 2026, la discusión entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación volvió a aflorar y ahora la Casa Rosada busca hacer frente a una parte de ese pago transfiriendo terrenos o bienes del Estado, aunque por el momento las conversaciones son informales y no hay avances concretos para llegar a un acuerdo.

Puntualmente, las autoridades porteñas reclaman cerca de 370 mil millones de pesos como consecuencia del retraso en las transferencias semanales del 1,55% de esos fondos que la Corte Suprema de Justicia ordenó que se les restituya al distrito.

El máximo tribunal falló en el 2022 a favor del pedido de CABA, que solicitó que se le devuelvan los ingresos que en su momento el presidente Alberto Fernández le quitó para entregárselos a la provincia de Buenos Aires, que estaba enfrentado una protesta de la policía por falta de aumento salarial.

A partir de esa sentencia, y con la llegada de la administración libertaria, se abrieron canales de diálogo entre las partes para encontrar una solución a la deuda que se fue acumulando.

En una reciente entrevista, el jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, reconoció que estaría dispuesto a aceptar como parte de pago la entrega de bienes de la Nación, pero siempre que eso no implique “renunciar a derechos genuinos que tienen los porteños”.

En este sentido, explicó que su intención es “llegar a un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos” de su jurisdicción, “que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene” la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae distintas fuentes, en los últimos meses Macri se reunió reiteradas veces con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para negociar las condiciones del saldo de la deuda.

Si bien hasta el momento no hubo una propuesta oficial, sí se puso sobre la mesa en conversaciones informales algunos bienes nacionales que le interesan a CABA, como el ex Mercado de Hacienda de Liniers, o las tierras que están cerca del puerto de Buenos Aires.

Estos inmuebles están actualmente en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en los últimos días cambió de titular, debido a que quien era su presidente, Nicolás Pakgojz, asumió una banca en la Legislatura.

En su lugar fue designada Tania Alejandra Yedro, una funcionaria pública que trabaja en el organismo desde el 2024, como directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios.

Antes de dejar el cargo, Pakgojz también mantuvo encuentros con representantes porteños para abordar esta alternativa, pero en esas ocasiones no hubo ningún pedido en especial.

“Por el momento solo fueron charlas informales. No manifestaron mayor interés por algún inmueble en particular, más allá del Mercado de Hacienda, con el que sí estaban muy atraídos”, explicó a este medio una persona al tanto de las negociaciones.

De acuerdo con lo que precisó una fuente de Casa Rosada, la Nación va a intentar sumar algunos de estos bienes a la discusión de los fondos de coparticipación, porque “es lo mismo que se hace con todas las provincias” que tienen reclamos similares.

En tanto, en Uspallata aseguraron a este medio que todavía no hubo avances en este sentido, a pesar de las declaraciones de Macri, y esperan al año que viene para continuar con las tratativas.

Por su parte, las autoridades nacionales remarcan que para que se avance en este sentido, sus contrapartes porteñas deberían adherirse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Este mecanismo fue creado por decreto en octubre del 2024, con el objetivo de solucionar los conflictos que el Poder Ejecutivo central tiene con varias jurisdicciones por diferencias sobre los montos de la coparticipación o el traspaso de las cajas previsionales, por ejemplo.

Mediante esta herramienta, los distritos pueden incluir compensaciones, remisiones, conciliaciones, u otro tipo de operaciones para cancelar las deudas mutuas con la Nación, pero a cambio deberán resignar sus reclamos judiciales.

Hasta la fecha, un total de 18 provincias han adherido a este plan, de las cuales cinco ya suscribieron convenios que incluyeron deudas por más de $ 540 mil millones de pesos. Además de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero tampoco aceptaron esta propuesta.

Si bien el oficialismo había incluido en el Presupuesto 2026 el pago de la deuda a CABA, ese concepto se agregó en el polémico Capítulo XI, que también contenía las derogaciones al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Finalmente, en la votación en la Cámara de Diputados todo ese apartado se eliminó y el texto que sancionó el Senado este viernes no contiene ninguna de todas estas medidas, lo que reabrió el debate con Macri.

“Mi trabajo no es fácil y la Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a agotar toda opción razonable que nos permita que los porteños tengan los recursos que necesitan sin llegar a un conflicto profundo”, sostuvo el alcalde en Radio Rivadavia.

Aunque se están evaluando todas las alternativas, hay un sector que advierte que las iniciativas que estaban en el Capítulo XI podrían volver a impulsarse en febrero, para cuando Milei tiene previsto volver a convocar a sesiones extraordinarias. En ese futuro texto se podría insistir con el pago de la deuda.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno viene impulsando una política de subastas públicas de bienes inmuebles y muebles: el objetivo declarado es achicar la estructura y gastos del Estado, monetizar bienes en desuso y redirigir recursos hacia otras áreas.

Hace una semana, Infobae reveló que la gestión libertaria ya vendió 10 inmuebles desde diciembre de 2023 - entre ellos edificios y terrenos emblemáticos - y recaudó más de USD 200 millones, en base a un análisis de las subasta publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial de contratación públicas ComprAr.

Los remates también incluyeron a los vehículos en manos de organismos públicos. Según un nuevo relevamiento de este medio de información publicada por la AABE, en los últimos dos años, el Gobierno vendió 83 automóviles por casi USD 490.000 en total. El monto supera en más de USD 130.000 la suma de los precios base a los que habían salido a subasta.

De ese total, 35 vehículos pertenecían al Ministerio de Justicia; 16 eran titularidad de la AABE y 11 eran de la Administración De Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Del Estado (ADIFSE), convertida en febrero de este año en Sociedad Anónima Unipersonal para allanar el camino hacia una futura privatización del sistema ferroviario. En otros dos casos, se trató de decomisos judiciales en causas de trata de personas.

La venta de mayor valor fue un lote de 5 vehículos por los que se pagaron casi USD 70.000 en total, y fueron adquiridos por la empresa de la ciudad de La Plata Simen SA. Le siguió otro de 13 vehículos rematados en USD 55.000, que fueron adjudicados a la firma que presta servicios de limpieza Plusbyte SRL.

El que se remató al precio más alto fue un utilitario Iveco Daily modelo 2014 por el que se pagó USD 22.299 dólares. Su precio base había sido USD 18.579.

El 1 de julio pasado quedó en manos de Ricardo Lionel Gargiulo, quien figura en la base de datos comerciales Nosis como empleado del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos dos años, Gargiulo se adjudicó otras tres unidades en subastas del Estado: una Ford Transit Bus modelo 2014 por la que pagó USD 12.670; una Ford Ranger modelo 2015, por la que ofertó USD 11.235; y una Ford Ecosport modelo 2023, por la que pagó USD 7.662.

Segunda en precio final de remate se ubicó una Toyota Hilux modelo 2015, que fue adjudicada el 5 de mayo pasado por USD 14.400 a Cristian Benitez, un monotributista proveedor del Estado en servicios de electricidad, ferretería e informática. Había salido a subasta a la mitad de ese precio, USD 6.892.

Y tercera en monto de venta quedó una combi Ford Transit Bus modelo 2014 cuyo precio base era de USD 5.684 y se subastó en USD 14.178. Se la quedó el Establecimiento Mafelu SAS, una firma cordobesa dedicada a la venta y reparación de vehículos.

Esta empresa resultó adjudicada con 16 vehículos, en total, en la gestión de Milei.

No fue la única Ford Transit Bus que compró Establecimiento Mafelu. También ganó la subasta de otra combi igual, del mismo año, por la que pagó USD 19.638. A su vez, entre la de mayor monto que adquirió, figuran dos camionetas Renault Master modelo 2015, por las que ofertó USD 10.011 cada una.

Sin embargo, no fue la que más vehículos adquirió por esta modalidad. Américo Costa - un monotributista que también se dedica al comercio y reparación de vehículos y motos - se quedó con 17 autos y camionetas en subastas lanzadas en los dos últimos años, pese a figurar en situación de deudor “irrecuperable” para el Banco Central.

Los tres vehículos por lo que pagó un mayor monto fueron una Volkswagen Saveiro modelo 2015, con el que salió adjudicado en mayo, al ofertar USD 9.400: una camioneta Ford Ranger modelo 2012 por la que pagó ese mismo mes USD 8.400; y una Ecosport modelo 2014 por la que pagó, en febrero pasado, USD 7.890.

Decomiso judicial

Dos de los vehículos rematados por el estados fueron decomisados en la llamada “causa Mora” referida a la investigación judicial sobre trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, entre otros delitos. Están acusadas una decena de personas señaladas como líderes y miembros de una secta criminal conocida como Templo Filadelfia, ubicado en San Justo, que, bajo la fachada de una congregación religiosa, habría explotado laboralmente a decenas de fieles durante casi cinco décadas.

En la causa, la Justicia dispuso el remate de varios vehículos, de los cuales ya fueron vendidos dos. Uno es un SUV Chevrolet Tracker 2016, adquirido en agosto pasado por Javier Aguirre, un abogado que trabaja en el Poder Judicial de la Nación, quien pagó USD 11.800 (el precio base era USD 6.6600).

El otro es un Fiat Siena Sedán 2010, adjudicado en septiembre del año pasado por USD 4.370 a Carlos Gallardo, un monotributista con experiencia laboral en temas aduaneros. El precio con el que salió a subasta era de USD 2.300. El producto de esas ventas es destinado, por ley, al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (ley Nº 26.364).

Próximos vehículos a subastar

No solo el Poder Ejecutivo viene llevando a cabo esta política de subastas de bienes del Estado. La Cámara de Diputados de la Nación rematará el próximo 5 de diciembre 20 autos de su flota oficial, con precios base que arrancan en $3,5 millones para un sedán 2.0 de 4 puertas año 2010, y $7 millones para un Peugeot 408 modelo 2014 y para un Volskwagen Bora 2010.

En total, los precios base suman $170,3 millones equivalentes a casi USD 120.000, el monto mínimo que desde la Cámara baja aspiran a conseguir. En este caso, la subasta pública se llevará a cabo on line a través del portal oficial de subastas del Banco Ciudad y la exhibición de los vehículos se realizó el miércoles pasado.

La flota de vehículos oficiales incluye autos, utilitarios, minibuses y pickups. Entre los modelos figuran Chevrolet Prisma, Cruze y Spin; Peugeot 408; Volkswagen Vento y Bora; Ford Ranger, Renault Master. Los modelos van desde 2008 a 2014.

Los tres modelos que saldrán con el precio base más alto son una camioneta doble cabina Ford Ranger modelo 2014 a $16 millones; un utilitario Renault Master modelo 2010 a $15 millones; y una pickup Chevrolet S10 a $13,5 millones.

Ya el año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había concretado la venta de una flota de 46 autos oficiales. Según explicó en ese momento, el monto recaudado iba a ser destinado a la adquisición de bienes de uso, inversión edilicia, “y a todo otro gasto que constituya una inversión patrimonial” del palacio legislativo.

En un comunicado, se indicó que la medida iba “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos”.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Desde que desembarcó en la Casa Rosada, y en línea con su política de achique del Estado, Javier Milei ya vendió 10 inmuebles que estaban en poder de organismos públicos y recaudó USD 214,7 millones.

Estos remates forman parte del plan de desinversión en activos inmobiliarios impulsado por la administración libertaria, que busca reducir el patrimonio del Estado. Muchos de estos inmuebles estarán destinados a desarrollos inmobiliarios privados y proyectos urbanos a gran escala, en zonas cotizadas en la ciudad de Buenos Aires. Por el decreto 575/2025, el dinero por la venta de tierras ingresa al Tesoro Nacional.

El dato surge de un relevamiento hecho por Infobae de los bienes a subastar en el sitio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial Compr.AR donde se publican las adjudicaciones, desde el 11 de diciembre de 2023 al 18 de noviembre último.

De esa decena de inmuebles, 7 ya fueron adjudicados y 3 lo serán en breve, ya que el proceso está en su trámite final. Nueve están en la Ciudad de Buenos Aires, y uno en la ciudad de Mendoza.

El monto conseguido en las subastas (sumadas alcanzaron USD 214.745.956) casi duplicó el precio base de las 10 propiedades, que totalizaba USD 140.360.928.

A estos 10 inmuebles se suman otros 12 próximos a ser rematados por otros USD 44,6 millones. En total, el Estado planea vender otras 150 propiedades en subastas futuras, que aún no tienen precio base, según la información publicada en el sitio de la AABE.

La subasta pública de bienes inmuebles del Estado la lleva adelante esa Agencia - cuyo titular es Nicolás Pakgojz - mediante un procedimiento electrónico, y se concreta a través de una licitación o concurso público o privado o contratación directa. Se adjudica al que ofrezca el valor más alto o a la oferta económica más ventajosa, luego de efectuada la compulsa electrónica de precios.

Qué inmuebles ya vendió el Estado

El inmueble de mayor valor está ubicado en una de las zonas más cotizadas de Palermo, en la Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en la Ciudad de CABA.

Fue adjudicado el 6 de octubre pasado a la empresa Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Ofreció USD 127 millones, el monto más alto. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.

La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y en el lugar actualmente opera el complejo comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por el grupo chileno Cencosud, y cerrará sus puertas el mes próximo.

Según le dijo Costantini a Infobae, poco después del anuncio público “fue una disputa muy reñida” y este nuevo desarrollo demandará una inversión que superará los USD 350 millones, y buscará ser un nuevo polo urbano porteño inspirado en el Design District de Miami. Incluirá viviendas, locales gastronómicos y de diseño, espacios públicos y destinados al arte.

No fue el único predio con el que se quedó Costantini, creador de desarrollos inmobiliarios como Nordelta y Puerto. Consultatio SA también fue adjudicada el 5 de mayo pasado con un terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.

La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas.

Costantini ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.

Entre los inmuebles de mayor valor de venta disponibles para adjudicar, figura otro ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital. Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta, si bien inicialmente, en mayo de este año, había sido publicado en USD 13 millones.

Se trata de un predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos, y está rodeado de edificios emblemáticos y elegantes de la Ciudad como el Kavanagh, el Palacio Paz del Círculo Militar, el Palacio Anchorena que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Edificio Plaza San Martín.

También está listo para adjudicar el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665/75/79, entre Rodriguez Peña y Montevideo, con un total de 1.818 m2. Pasará a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.

Esta misma sociedad se quedó con la mansión de Av. Melián N.º 2157/59 entre Mendoza y Juramento, rematado a finales de la AABE en de CABA. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.

Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en US$2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000, Inversora Mataldi SA lo compró por poco más de USD 1 millón. La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R.

En cuanto a los ya rematados y adjudicados por la AABE, el que cotizó más alto fue el inmueble ubicado en Av de los Italianos Nº 365 al 375, que se vendió en diciembre pasado por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.

Se trata de un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad.

Ya había salido a subasta en 2017 - sin interesados - con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.

Otro de los inmuebles es el edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.

Se subastó a USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base, USD 6,3 millones. Se presentaron 17 interesados, y lo compró Julián Álvarez 1986 SRL. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.

Otro de los inmuebles que salió a remate perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado.

Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza. Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate (USD 146.290.

Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay al 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).

El décimo inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro- Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.

Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado, a principios de este año, al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.

Ubicado a metros de Plaza San Martín, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.

Los próximos inmuebles a subastar

La AABE tiene previsto subastar en próximas fechas otros 12 inmuebles. Nueve de ellos están en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la ciudad de La Plata, y otro en Pinamar, provincia de Buenos Aires.

En pleno Bajo Belgrano, la AABE rematará una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2.

El inmueble es propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones.

Tenía un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad el 9 de diciembre de 2019, el último día del gobierno de Macri. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utiliza para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos. Saldrá con un precio base de USD 21.369.863 y se subastará el 9 de diciembre próximo.

En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette.

Actualmente funciona un hipermercado COTO. Su precio base es de USD 11.907.59

En Palermo, saldrá a subasta otro terreno baldío en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Su precio base es de USD 2.923.344

Otras de las propiedades que saldrán a subasta es un edificio de tres plantas que la Armada tenía en desuso, en el barrio de Caballito, en Av Rivadavia 4615/19, entre Río de Janeiro y Acevedo. Hace varios años, ahí había funcionado el servicio de odontología de la Obra Social del Personal Naval.

En marzo de 2023, por pedido del ex ministro de Justicia Martín Soria, la AABE se lo cedió al Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Con una superficie cubierta de 1.022 m2, sobre un terreno que llega hasta la mitad de la manzana, actualmente está sin uso. Saldrá a remate con un precio base de USD 1.006.545.

En el barrio del Abasto saldrá a remate una casa en Valentin Gómez 2960/64, de 468 m2. Su precio base es de USD 673.475

En Almagro, la AABE rematará un terreno vacío de 230 m2 en Acuña de Figueroa al 981, esquina Rocamora, destinado a un desarrollo inmobiliario. Un grupo de vecinos y especialistas habían conformado hace algunos años un equipo multidisciplinario llamado Relieve que impulsaba que en ese inmueble se estableciera una suerte de reserva ecológica. Su precio base es de USD 472.982.

En San Nicolás, la Agencia rematará un inmueble destinado a oficinas en avenida Córdoba 948/58, con una superficie total de 99,61 m2 y un precio base de US$138.408,30.

También, el Estado nacional rematará dos oficinas en Florida 524, casi esquina Lavalle, en pleno microcentro porteño, una de 62 m2 y la otra de 30 m2.

La más grande saldrá con un precio base de USD 66.192 y la otra, de USD 35.070.

A su vez, saldrán a remate dos inmuebles en La Plata. Uno sobre la Calle 45 S/N y Calle 2 S/N, de casi 2.000 m2, cuyo precio base es de USD 2.445.283.

El otro, sobre la Calle 39 S/Nº, entre 29 y 30, de 1.200 m2, con un valor base de USD 238.992.

La AABE también subastará un terreno de más de 7200 m2 en el partido bonaerense de Pinamar. El lote está ubicado en una zona estratégica sobre las avenidas Del Mar, De los Tritones y Av Eolo, frente a la costa.

Su ubicación lo vuelve especialmente atractivo para inversores que buscan desarrollar proyectos turísticos o residenciales en una de las localidades más exclusivas de la costa atlántica argentina. El precio base fue fijado en USD 3.474.217.

Visualización de datos: Daniela Czibener.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible este lunes un recurso presentado por un denunciante que cuestionaba el archivo de una causa penal contra Nicolás Pakgojz, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por la entrega de un predio fiscal al Sindicato de Carga y Descarga de la República Argentina. La decisión convalidó el criterio de las instancias anteriores, que habían rechazado la existencia de delito y negado al denunciante la posibilidad de intervenir en el proceso como querellante.

Se trata de unas actuaciones que iniciaron por impulso de Carlos Alberto Otero, quien acusó a Pakgojz de haber otorgado al sindicato un permiso de uso precario y gratuito sobre un sector del terreno que, según afirmó, su familia ocupaba desde hace más de cuarenta años. La denuncia indicó que el titular de la AABE firmó un convenio administrativo sobre ese inmueble “sin que en forma previa se haya efectuado siquiera una constatación del estado de ocupación del inmueble”, algo que -a criterio del denunciante- configuraba los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El predio que motivó el conflicto se ubica en colectora Teniente General Pablo Ricchieri -Km 20-, de la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

En apoyo de su planteo, el reclamante sostuvo que “los Otero poseemos el inmueble desde hace 50 años aproximadamente, y en razón de lo expuesto es que interpusimos demanda de Usucapión”. Indicó que esa acción civil tramitaba bajo un expediente del juzgado federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín, y afirmó que para el momento en que el denunciado suscribió el permiso en cuestión “ya no ostentaba” la propiedad que “pretendió ceder a la entidad gremial”.

El fiscal de instrucción, al emitir su postura, sostuvo que la conducta denunciada no encuadraba en el artículo 248 del Código Penal ni en ninguna otra figura penal. Señaló que Pakgojz había actuado dentro de sus competencias y atribuciones, de acuerdo con los Decretos 1382/12 y 2670/15 y con el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por la Resolución 177/22. Además, destacó que el predio era propiedad del Estado Nacional y que la AABE contaba con facultades delegadas para administrarlo. En ese sentido, remarcó que “para que se configure el delito del artículo 248 del Código Penal, el acto debe ser claramente ilegal, lo cual no ocurre en este caso pues el acto administrativo cumplió con el procedimiento establecido y se basó en una interpretación razonable de la normativa vigente”.

El juez de instrucción se alineó con el dictamen y resolvió no hacer lugar al pedido de ser tenido por parte querellante formulado por Otero y archivar el expediente “por inexistencia de delito”. Luego la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal avaló esa resolución con fundamento en la documentación incorporada a la causa.

Contra ese fallo, el denunciante presentó un recurso de casación. En sus agravios, afirmó que se había incurrido en “una inobservancia de leyes sustantivas y procesales (...), lo que redundó en la violación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (...)”. Argumentó que la resolución que lo excluyó como querellante se basó en una “falsa premisa”, ya que -según precisó- “el inmueble en cuestión no se hallaba ocupado, un extremo que resulta a todas luces desprovisto de todo sustento probatorio, y desmentido, incluso, por las imágenes que obran en estas actuaciones, donde claramente puede visualizarse la existencia de los inmuebles asentados en el inmueble fiscal que ocupo junto a mi familia”. Agregó, a su vez, que “la decisión desconoce mi derecho y ordena archivar la causa sobre la base de un único elemento de prueba, consistente en un ‘informe’ de la propia autoridad administrativa que constituye el seno donde se llevó a cabo el accionar delictivo”.

Radicadas las actuaciones en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, los camaristas resolvieron por mayoría declarar inadmisible el planteo inicial.

Para el juez Carbajo, “la impugnación analizada” no superaba los requisitos formales necesarios para tratarla en Casación, “pues se ha limitado a invocar defectos en lo decidido a partir de una discrepancia con la apreciación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró dirimentes para su solución, relativas a la falta de configuración de un menoscabo en los derechos del impugnante que pudiera dar lugar a la configuración del tipo penal denunciado, dados la existencia y el contenido de las actuaciones que antecedieron al otorgamiento del permiso en cuestión”.

“El tribunal de procedencia -ponderó el magistrado- realizó un análisis crítico de la situación puesta en su conocimiento, de las particulares circunstancias y elementos que integran el caso y de la aplicación normativa resultante, arribando -correlativamente a lo propiciado por el representante del Ministerio Público Fiscal que intervino en la etapa temprana-, a la confirmación de la decisión que rechazó tener al denunciante como querellante y que dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”.

En ese orden, indicó: “Tampoco se halla debidamente acreditada la configuración de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ‘Di Nunzio’”.

A su término, el juez Borinsky adhirió al criterio de su colega al señalar que “el recurrente no ha brindado fundamentos suficientes para sustentar la alegada arbitrariedad y tampoco la existencia de un agravio actual de naturaleza federal de imposible o tardía reparación ulterior que permita la equiparación del decisorio objeto de crítica -por sus efectos- a una sentencia definitiva”.

En disidencia, el camarista Hornos propuso habilitar el tratamiento del recurso y anular la resolución recurrida. En su voto aseveró que “la denuncia efectuada en estos autos no puede ser desestimada sin antes verificar si las manifestaciones realizadas por el pretenso querellante no eran verdaderas y si el contenido del informe de mención era cierto. Es que, a los efectos de archivar las actuaciones por inexistencia de delito es preciso agotar primeramente las medidas de prueba indispensables para una correcta solución del caso".

Así las cosas, y en una resolución dictada por dos votos contra uno, la Sala IV resolvió “declarar inadmisible” el recurso de casación presentado por “el pretenso querellante”, sin imponerle las costas del proceso.

El empresario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y creador de desarrollos inmobiliarios como Nordelta y Puertos, adquirió un terreno de más de 3.400 metros cuadrados en el barrio de Palermo, tras una subasta realizada por el Gobierno Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La operación formó parte del plan de desinversión en activos inmobiliarios impulsado por la administración de Javier Milei, que busca reducir el patrimonio del Estado.

La subasta se llevó a cabo el lunes 5 de mayo de 2025, y contó con cuatro oferentes activos, entre ellos, la empresa Avalon Consulting Group, el Grupo Inversa e Inversora Mataldi, además de la ganadora Consultatio S.A. Otra empresa registrada, Liberty Holdings International, no participó finalmente de la puja.

El inmueble está ubicado en Soldado de la Independencia 615, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas. La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas.

El predio contaba con un precio base de USD 15.341.830, establecido por el Tribunal de Tasación de la Nación, organismo que depende de la Secretaría de Obras Públicas. Tras un proceso que duró menos de una hora y media, la subasta se cerró en USD 21.230.200, luego de que Consultatio superara por USD 230.200 la última oferta realizada por Inversora Mataldi. El monto final representó una suba de casi el 40% sobre el valor base de la propiedad.

La propiedad tiene una capacidad constructiva de 18.367,61 m², de los cuales el 75% debe destinarse a superficie cubierta, de acuerdo con los términos del pliego de subasta. El inmueble presenta una forma irregular y dispone de acceso vehicular sobre Soldado de la Independencia. En su entorno inmediato hay edificios residenciales de entre 7 y 9 pisos, con algunas excepciones como una torre de 19 pisos ubicada sobre Ortega y Gasset. La normativa vigente limita la altura máxima a 29,80 metros y obliga a que los nuevos desarrollos se retiren de las medianeras, dado que hay construcciones consolidadas en la zona.

El predio está inserto en una zona residencial de alta densidad, próxima a la Avenida del Libertador, a tan solo 100 metros, y también cercana a la Avenida Luis María Campos, a 340 metros, la Avenida Olleros, a 600 metros, y el Hospital Militar, a 500 metros. Además, en las inmediaciones funcionan la Escuela Superior de Guerra, el Regimiento de Granaderos a Caballo, oficinas del Instituto Geográfico Nacional y distintos complejos de viviendas destinados al personal del Ejército.

La zona mantiene un valor inmobiliario elevado. Según datos de Zonaprop, el metro cuadrado en pozo en ese sector de Palermo tiene un valor estimado de USD 4.000, lo que lo posiciona como el segundo más caro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detrás únicamente de Puerto Madero.

Este terreno forma parte de un conjunto de más de 450 propiedades que el Estado Nacional considera prescindibles, de las cuales 44 están ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y fue uno de los varios inmuebles incluidos en un plan de enajenación de activos estatales en marcha desde el Decreto 950/24, firmado en noviembre del año anterior. El objetivo oficial es alcanzar una recaudación estimada de USD 800 millones mediante la venta de terrenos, edificios públicos, predios ferroviarios y superficies aledañas a rutas nacionales.

En 2017, este mismo terreno ya había sido puesto en subasta por el Estado con un precio base de USD 17,3 millones, aunque la operación se declaró desierta en enero de 2018 por falta de interesados. En esta ocasión, cinco desarrolladoras se anotaron para competir, aunque sólo cuatro realizaron ofertas efectivas.

El predio adquirido por Consultatio se encuentra actualmente dentro del barrio militar Malvinas Argentinas, donde además existe una plaza de juegos y un pequeño espacio verde. El frente del complejo militar da a la calle Migueletes, al otro lado de la manzana. Desde el terreno se observa el complejo Torres del Libertador, diseñado por Mario Roberto Álvarez.

En declaraciones públicas, el CEO de Consultatio, Gonzalo De la Serna, afirmó: “Nos parece un terreno con una excelente ubicación y mucho potencial. Nos interesa hacer un proyecto residencial de calidad”. Hasta el momento, la empresa no presentó detalles sobre los plazos o el tipo de edificación que proyecta desarrollar en el lugar.

Consultatio ya participó en otras subastas similares. En 2017, la desarrolladora compró un terreno en Avenida Huergo 475, esquina Avenida Belgrano, por USD 20 millones. En ese espacio construyó una torre de oficinas cuya finalización está prevista para finales de 2025. Además, la compañía posee tres reservas de tierras en la zona de Catalinas, adquiridas también en remates realizados por el Estado.

En cuanto a sus operaciones más recientes en el extranjero, Consultatio realizó en enero de este año una compra de 145 hectáreas en Punta del Este, que pertenecían a Lázaro Báez, por un total de USD 10,8 millones. También adquirió otro terreno de 141 hectáreas en Montevideo por USD 13 millones, donde planea construir un desarrollo habitacional.

La empresa, fundada por Eduardo Costantini, también es reconocida por otros emprendimientos inmobiliarios como Las Garzas (Uruguay), Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne en Miami, además de ser responsable de la creación del MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Según el ranking 2025 de la revista Forbes, Costantini figura entre los empresarios más ricos del país, con una fortuna estimada en USD 1.500 millones. Ocupa el puesto 2.233 a nivel mundial, aunque descendió respecto al año anterior, cuando se ubicaba en el puesto 2.152.

La AABE tiene programadas nuevas subastas durante mayo. Entre ellas se incluye una casa en Villa Devoto, ubicada en boulevard Salvador María del Carril al 3700, con un valor base de USD 833.637, y una propiedad en Retiro, utilizada como estacionamiento de la Cancillería, junto al Palacio San Martín, con un precio base de USD 13.080.569. La agencia también evalúa la subasta de una gran parcela concesionada actualmente a la empresa chilena Cencosud, donde funcionan un centro comercial y dos hipermercados, también en Palermo.

El alquiler de las oficinas en las que funcionan distintos organismos públicos le insumen una cifra millonaria al erario público. Solo en 2024 se gastaron más de $25.600 millones en ese concepto, en tanto, por mes, el desembolso fue de unos $2.583 millones. Los montos surgen del informe enviado a la Cámara de Diputados esta semana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con respuestas a más de 4.000 preguntas de los legisladores.

Del análisis del Anexo provisto por Francos en la pregunta 184 surge que 52 organismos públicos nacionales requieren de inmuebles alquilados para su pleno funcionamiento. Los contratos de alquiler que firma el Estado con privados tienen una duración de entre 3 y 5 años.

En 2024, el organismo que más dinero gastó en alquileres fue la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): $478 millones. Le siguieron la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con $247 millones; la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), con casi $234 millones; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con $198 millones; la Secretaría de Obras Públicas con casi $165 millones; y la Junta de Seguridad del Transporte, con $150 millones, según el análisis realizado por Infobae de la información provista por la Jefatura de Gabinete.

El alquiler de los edificios destinados a oficinas de ministerios, secretarías, institutos y otros organismos públicos para cubrir las necesidades operativas de distintas dependencias del gobierno, está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este organismo es el responsable de la gestión de estos inmuebles, tanto propios como alquilados.

Los números del 2025

Este año, el alquiler más oneroso sigue siendo el de ARCA (la ex AFIP), con $789 millones mensuales en marzo desembolsados para disponer de espacios para funcionar. El mes pasado, el organismo anunció el cierre de 38 receptorías, 38 distritos y 5 agencias distribuidas en todo el país en su plan de achicamiento de su estructura.

Le sigue el PAMI, que tiene unas 600 Agencias de Atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) en todo el país, con una erogación de $769 millones en alquileres de dependencias en marzo.

Luego, aparece la ANSES con $233 millones destinados a la renta de inmuebles para su operatividad. Este organismo tiene 400 oficinas de atención al público en todo el país. A finales del mes pasado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el cierre de, al menos, 60 de ellas y el despido de más de 1.300 trabajadores del organismo.

Entre estos tres organismos la suma que el Estado debe pagar en renta de edificios u locales ronda los $21.372 millones anuales. Tienen en común que cuentan con oficinas y agencias a lo largo de todo el país.

Por su parte, el alquiler de las dependencias en la Ciudad de Buenos Aires por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, implicó $5,8 millones al mes, con un gasto anual de $70 millones.

Los alquileres del PAMI

El organismo dedicado a la atención de los jubilados y pensionados tiene alquiladas 558 dependencias en distintos puntos de las 24 provincias argentinas.

Encabeza el ranking la regional del organismo de Mar del Plata, con 28 oficinas; le sigue la provincia de Córdoba, con 27 oficinas del PAMI; la regional de Mendoza y la de Chivilcoy, con 23 cada una; la regional de Bahía Blanca (22) y Corrientes, Río Negro y La Plata, con 21 inmuebles del PAMI que son alquilados.

El contrato más elevado es el de las dependencias centrales en la Ciudad de Buenos Aires. La dirección ejecutiva - ubicada en la Av Corrientes 635 - y las gerencias - que funcionan en Lavalle 658 - pagan $106.285.714 al mes, por un total de 14.242 m2.

Le siguen en valor dos anexos del nivel central: uno ubicado en Bartolomé Mitre 402, esquina Reconquista, de 2.078 m2, por el que se pagan $65 millones por mes, y otro en la calle Perú 169, de 5.885 m2, con un costo de $45 millones mensuales.

Reducción de gastos

El monto de la erogación en alquileres de inmuebles para el funcionamiento de dependencia públicas fue advertido por la gestión libertaria, que busca achicar al máximo los gastos del Estado para sostener el equilibrio fiscal. El objetivo del Gobierno es optimizar el uso de inmuebles por parte del Estado. Por este motivo, en 2025, según informó Francos, hubo una reducción en el gasto en alquileres. No se renovaron 21 contratos, lo que implicó un ahorro de $30.247.143.

En su exposición en Diputados y en un posteo posterior en X, el jefe de Gabinete recordó que “en materia de inmuebles, el Gobierno dispuso un plan para eficientizar la localización de las oficinas públicas, eliminar alquileres y gastos innecesarios y desprenderse de aquellas propiedades sin destino o subutilizadas”.

La AABE, por su parte, informó que “en la actualidad existe un plan de reducción de gastos en concepto de alquileres, que incluye la relocalización paulatina de dependencias estatales en inmuebles propiedad del Estado Nacional”.

El plan “contempla el análisis de los contratos de alquiler vigentes, la identificación de inmuebles propiedad del Estado Nacional que se encuentren sin uso, desocupados, subocupados o sin una afectación específica, y la planificación, a corto plazo, de la relocalización de organismos en aquellos espacios que resulten adecuados para su nuevo destino”.

El gobierno nacional definió el destino de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, dos históricos complejos, emblemas del turismo social en el país.

“La semana próxima se hará la transferencia a la Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya visitó ambos complejos turísticos, y luego comenzará la licitación para la concesión o venta. Lo va a definir la Agencia, ya que son lugares muy importantes. Esta nueva etapa generará miles de puestos de trabajo en ambas localidades”, adelantaron a Infobae fuentes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

La semana próxima el Gobierno comunicará de manera oficial esta decisión. Días atrás se filtró un borrador que repercutió en el ámbito político porque tildó de “innecesarias” a estas unidades turísticas.

Desde la Secretaría aseveraron que, en Chapadmalal, hoy hay unas 30 personas que administran el lugar, a la espera de personal para reforzar la seguridad, provisto por la AABE. Lo mismo ocurre en Embalse, con un staff reducido de trabajadores en Córdoba. Y, en cuanto a los puestos de trabajo, la fuente ratificó que “dependerá de la inversión que hagan los privados" y que “las nuevas tarifas serán accesibles y competitivas en el país“.

La decisión de licitar estos complejos hoteleros que, según el Gobierno, ocasionaban una pérdida de “más de 10 millones de dólares anuales” y que “en el último año se disminuyó a 1 millón”, se impulsó a través de una carta dirigida al titular de Turismo, Daniel Scioli, en donde una cámara que agrupa al sector hotelero y gastronómico expresó el desacuerdo a que el Estado tenga que administrar estos complejos.

“Entendemos que esta forma de promover el turismo y en particular que el Estado Nacional se dedique a la actividad hotelera representa una abierta contradicción con los principios pregonados por el Presidente de la Nación, dado que el Estado Nacional se entromete en una actividad que siempre fue considerada como una acción de los privados", reza un fragmento del comunicado.

Según la cámara hotelera y gastronómica, la intervención del Estado Nacional en este tipo de actividades “genera una competencia absolutamente desleal que resulta perjudicial para todos los establecimientos de hospedaje de ambas localidades y sus zonas de influencia”, ya que, en ambos casos, son lugares de alta actividad turística.

Por otro lado, los objetos del Museo Eva Perón, situados en el complejo Chapadmalal, serán transferidos a la provincia de Buenos Aires, precisamente en San Vicente, ratificaron a este medio. Este espacio, que rinde homenaje a una de las figuras más emblemáticas del peronismo, continuará bajo gestión pública, aunque en un ámbito diferente al de los hoteles.

Por último, la Residencia Presidencial en Chapadmalal, la cual el presidente Javier Milei hasta el momento no visitó, quedó exenta de este procedimiento y continuará bajo la órbita del Estado.

Limitaciones y polémica

La apertura del gobierno nacional hacia una venta, concesión o uso diferente de estos inmuebles en Mar del Plata y Córdoba, se encuentra limitada por el carácter del predio, ya que están emplazados en terrenos expropiados y declarados patrimonio histórico cultural, lo que limitaría su venta directa. Pero fuentes cercanas al oficialismo adelantaron que avanzarían en una modificación normativa para flexibilizar esto.

Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, expresó una fuerte crítica hacia esta decisión. “Son argumentos con la única justificación de una nota enviada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina, completamente falsa y embustera, este Gobierno nacional rompe una vez más, los derechos de las clases populares", se quejó la funcionaria bonaerense.

Por su parte, Matías Lammens, ex ministro de Turismo y Deportes bajo la gestión de Alberto Fernández, expresó “que las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y emocional de los argentinos. Cerrarlas es una enorme burrada”.

Un inmueble en Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, fue vendido este lunes por USD 34 millones en una subasta récord de lotes públicos.

Según informó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), esta transacción forma parte de un ambicioso plan de desinversión estatal impulsado por el presidente Javier Milei, quien busca recaudar alrededor de USD 900 millones mediante la venta de más de 400 propiedades públicas en todo el país. Más temprano como adelantó Infobae se vendió el edificio del INTA en Palermo que tuvo récord de oferentes.

De acuerdo con la información publicada, el edificio vendido se encuentra en la Avenida de los Italianos, entre las calles Emma de la Barra y Macacha Güemes. Este inmueble, que cuenta con una superficie de 5.233,94 metros cuadrados y una edificación cubierta de 2.268,87 metros cuadrados, había sido ofrecido en subastas previas en 2019 y 2022 sin éxito. En esta ocasión, el precio base de la subasta fue fijado en USD 23.218.163, aunque la venta final superó ampliamente esa cifra.

Quien lo compró

El Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 se adjudicó la propiedad por USD 34 millones, tras superar una reñida subasta.

En la puja participaron seis oferentes: Olympia Development, Creaurbana, Milamax y Madero 6, que presentó la oferta más alta en el último minuto.

Un plan de ajuste estatal con impacto nacional

La venta del inmueble en Puerto Madero se enmarca en la estrategia de ajuste estatal anunciada por el presidente Javier Milei.

Según el Decreto 950/24, emitido a principios de noviembre, el Gobierno busca desprenderse de propiedades que considera innecesarias o cuyo mantenimiento representa un costo elevado para el Estado. Entre los bienes incluidos en este plan se encuentran edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y predios en zonas rurales.

El decreto, firmado por Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que los recursos obtenidos de estas ventas serán destinados al Tesoro Nacional, deducidos los gastos administrativos correspondientes. Además, la norma instruye a la AABE a realizar los estudios técnicos, regularizaciones y adecuaciones necesarias para concretar las subastas.

Detalles del inmueble vendido

El edificio subastado en Puerto Madero está identificado catastralmente como Circunscripción: 21 – Sección: 97 – Manzana: 1Q – Parcela: 2, y forma parte del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (Renabe). Según el pliego elaborado por la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas de la AABE, el inmueble cuenta con tres sectores diferenciados:

• Sector A: Incluye el edificio principal, que se distribuye en una planta con áreas como recepción, oficinas, sala de reuniones, cocina, comedor y un salón de usos múltiples (SUM).
• Sector B: Un galpón parabólico con techo de chapa, utilizado mayormente como estacionamiento y en menor medida como depósito.
• Sector C: Una construcción de mampostería tradicional con 11 habitaciones, aunque parte de esta edificación presenta riesgo de derrumbe.

El inmueble se encuentra en una ubicación estratégica, a pocos metros de puntos emblemáticos como la Reserva Ecológica, el Puente de la Mujer y la terminal de Buque Bus. Además, está a corta distancia de importantes avenidas como Corrientes, Córdoba y del Libertador, lo que incrementa su valor comercial.

Subasta con toma de posesión diferida

Uno de los aspectos destacados de esta operación es que la venta se realizó bajo la modalidad de toma de posesión diferida. Esto significa que el inmueble será entregado desocupado en un plazo máximo de 12 meses, permitirá que las dependencias que actualmente operan en el lugar puedan realizar una transición ordenada hacia nuevas instalaciones.

En el edificio funcionan actualmente oficinas del área de Ciberseguridad, con un equipo de aproximadamente 45 personas. Según la AABE, el uso del inmueble está por debajo de los estándares establecidos, que indican que cada persona debería disponer de entre 8 y 12 metros cuadrados (86 y 129 pies cuadrados) de espacio.

La resolución que regula estas subastas establece que los recursos generados serán utilizados para fortalecer las finanzas públicas. Según el artículo 15 del Decreto 1.382/12, modificado por la Ley 27.341, los ingresos se destinarán directamente al Tesoro Nacional, y se descontarán los gastos administrativos.

Un muy codiciado edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la esquina de la avenida Cerviño y Ortiz de Ocampo, en pleno barrio de Palermo, será subastado el próximo 23 de diciembre a las 10 horas. Tal como lo detalló Infobae, se trata de una de las más de 300 ventas de edificios públicos que anunció el Gobierno y con las que pretende recaudar unos 800 millones de dólares.

Pero no es cualquier venta. Esta operación captó un interés casi sin precedentes: hay 18 oferentes registrados, entre los que están las más prestigiosas empresas del sector inmobiliario local. Van a pagar una base que arranca en los USD 6,3 millones.

Según fuentes oficiales, este número representa un récord para este tipo de subastas públicas, que suelen no más de cinco interesados. Entre las empresas que buscarán quedarse con este inmueble se destacan nombres de peso en el sector inmobiliario. Se trata de compañías que llevan adelante diversos proyectos de viviendas y usos mixtos en varias partes de la ciudad. Si bien no hay información oficial, Infobae pudo saber que entre las que pujarán estarían:

• IRSA, encabezada por Eduardo Elsztain, además de gestionar shoppings como DOT y Alto Palermo, avanza con la recuperación del ex Mercado del Plata y con el mega proyecto en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
• Consultatio, de Eduardo Costantini, desarrolla en este momento el Paseo del Bajo y fortalece Puertos, en Escobar. Costantini es el creador de Nordelta.
• Line, presidida por Juan Martín Santagada, lleva adelante Line Ocampo, un proyecto muy cotizado en Barrio Parque, y viene de pujar con IRSA en la subasta del CGP de Coronel Díaz y Beruti.
• ABV realiza obras en Palermo y Puerto Madero, pertenece a los arquitectos Mariano Boruchowicz, Javier Vilamowski e Ioram Amsel.

La subasta será gestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y se efectuará a través de la plataforma digital Subast.ar.

Los interesados se inscribieron hasta ayer para completar su inscripción. Como se dijo, el precio base del inmueble se fijó en USD 6.378.968, una cifra que deriva de un informe proporcionado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el cual había establecido un valor mínimo de USD 5.741.071.

Estos valores fueron determinados al tomarse en cuenta las características de la construcción y su ubicación estratégica en uno de los barrios más cotizados de CABA.

La operación fue justificada por el Gobierno con el argumento de la subutilización del inmueble. Actualmente, el edificio alberga unos 100 empleados, aunque las proyecciones oficiales sugieren que, con una optimización de sus recursos, la capacidad podría expandirse a 256 puestos de trabajo. Este edificio alberga las Direcciones Nacionales de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, y el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva. Además, es sede de la Fundación ArgenINTA y la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea).

En qué podría transformarse

La empresa que adquiera este inmueble probablemente desarrolle un proyecto inmobiliario que combine viviendas con usos mixtos.

Este tipo de desarrollo podría incluir locales comerciales o espacios de coworking, dada su ubicación en una zona dinámica y exclusiva, cercana a Barrio Parque y Palermo Chico, donde los inmuebles tienen alta cotización en el mercado y superan los USD 350.000 en venta en el mercado del usado.

Según el informe técnico catastral de la AABE, el terreno tiene una superficie de 919,10 m2 y una superficie cubierta total de 3.143,53 m2.

El inmueble se compone de planta baja, primer piso y segundo piso, y actualmente funciona como oficinas administrativas y sala de reuniones. Todos sus pisos disponen de un comedor, cocina y baños, y el edificio se encuentra en muy buen estado de conservación y mantenimiento.

Los pliegos de la AABE indican que el inmueble tiene una edificabilidad total de 10.126 m2, un valor indicativo que no contempla descuentos por superficies de patios, áreas comunes o servicios. Se especifica que el destino será para usos residenciales u oficinas.

Quien compre deberá construir al menos el 75% de la superficie cubierta, según las normativas locales. Estas condiciones excluyen a quienes busquen utilizar el edificio para proyectos como escuelas o espacios verdes.

Optimizar recursos

La subasta del lunes próximo permitirá realizar incrementos en las ofertas de al menos USD 95.700; según explicó el Gobierno, los fondos recaudados tienen como objetivo fortalecer el desarrollo de políticas públicas en el marco de un proceso que busca maximizar la eficacia en la administración de los bienes inmuebles del Estado. La venta generó protestas de parte de trabajadores y gremios.

Se trata de una subasta que forma parte de una iniciativa gubernamental más amplia. Hace meses, el Gobierno anunció un ambicioso plan para vender 309 inmuebles pertenecientes al Estado en diferentes partes del país, con la expectativa de recaudar alrededor de 800 millones de dólares.

Este proceso incluye propiedades en desuso, terrenos baldíos y edificaciones que aún están en funcionamiento. La lista abarca desde el área metropolitana de Buenos Aires hasta otras ciudades importantes como La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes y Paraná.

Este movimiento se enmarca dentro de la estrategia de la administración actual para optimizar la gestión de los recursos públicos, argumentando que muchas de estas propiedades no son utilizadas de manera efectiva. A lo largo y ancho del país, estas propiedades van desde antiguos terrenos pertenecientes a estaciones de tren y sitios ferroviarios en desuso, hasta parcelas rurales de gran tamaño aptas para desarrollos industriales, productivos o comerciales.

En su plan de ajuste del Estado, el Gobierno decidió avanzar con la venta de un emblemático edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en una de las zonas más cotizadas de Palermo, Cerviño y Ortiz de Ocampo, a una cuadra de la Av Libertador. La decisión quedó plasmada en dos resoluciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que salieron publicadas el viernes último en el Boletín Oficial.

La primera - Nro 65/2024 - “desafecta el inmueble propiedad del Estado Nacional en jurisdicción del INTA” y menciona que, el 16 de octubre, la Secretaría de Agricultura puso el inmueble “a disposición de la AABE” luego de haber analizado “la situación de ocupación y uso”, y determinar su “estado de innecesariedad”. Según los fundamentos, el objetivo es “contribuir a la reducción de costos” y “un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles”. La segunda resolución - la Nro 70/2024 - autoriza su subasta pública y publica el pliego de bases y condiciones.

El cierre de inscripción para los interesados será el 9 de diciembre y el remate se concretará un día antes de Navidad, el 23 de diciembre. Con 3.143 m2 de superficie total distribuidos en tres plantas sobre un terreno de 919 m2, el precio base de venta es de USD 6.378.968, según la valuación hecha por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en 1ro de noviembre último. El destino previsto para el edificio ya puesto en venta - según figura en la web de la AABE - es el de “desarrollo inmobiliario”.

En esa sede del INTA trabajan 140 personas actualmente. Allí funcionan el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva (CIEP); la Fundación ArgenINTA; la Dirección Nacional de Vinculación Tecnológica y la de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional; y la empresa de capitales mixtos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA).

El edificio de Cerviño 3101/67 ya había sido incluido en el Anexo del decreto 950/2024, publicado el 24 de octubre, tal como reveló Infobae. Con la firma del titular de la AABE, Nicolás Pakgojz, fue incluido en un extenso listado de inmuebles del Estado plausibles de ser enajenados en todo el país. Cuando se conoció este decreto, desde el Gobierno informaron que la relocalización del INTA obedecía a que se buscaba “un uso más racional y eficiente de los edificios gubernamentales” ya que el inmueble estaba “sub-utilizado”, y que la idea era que el organismo se traslade a un espacio “más adecuado”.

Para que la AABE pudiera avanzar con la convocatoria a subasta pública formalizada el viernes, hubo un paso previo que hoy está siendo cuestionado por los dos gremios que agrupan al personal del INTA, que adelantaron que evalúan ir a la Justicia. Se trata de una nota firmada por el nuevo presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, el 12 de noviembre último, en la que le dio conformidad a la decisión de la AABE. En la misiva dirigida - a la que accedió Infobae - Bronzovich afirma que todas las dependencias y organismos del INTA que funcionan en el inmueble de la calle Cerviño “pueden desenvolverse en otras locaciones”. Y argumenta que el inmueble “se ha tornado innecesario para la gestión específica de este Organismo; razón por la cual, la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos de este Instituto”.

Sin embargo, esa decisión de Bronzovich no fue aprobada- hasta ahora - por el Consejo Directivo del INTA, que integran entidades del sector público y privado. De hecho, debería tratarse en la próxima reunión plenaria del Consejo que tendrá lugar este jueves 28.

Por este motivo, la Asociación Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) - los dos gremios en los que están enrolados los trabajadores del Instituto - analizan una acción conjunta en la Justicia contra las autoridades del INTA para frenar el el remate, si no hay marcha atrás con la venta del edificio del Instituto, según le adelantaron a Infobae. Coincidieron en que Bronzovich no tiene la potestad para firmar él solo la enajenación del edificio, sino que tiene que pasar por Consejo. “Bronzovich y (Beatriz) Giraudo (la vicepresidenta) han pasado por arriba al Consejo Directivo y han violado normas de funcionamiento del organismo”, sostuvo Mario Romero, secretario general de APINTA.

El otro argumento en contra de su venta es que el inmueble no entraría dentro de los criterios de venta de edificios públicos, ya que “no está en desuso y no tiene déficit”. De hecho, en esa sede del Instituto funciona la Fundación ArgenINTA, que gestiona fondos y es superavitaria, y la empresa (INTeA), con participación mayoritaria del INTA, que está dedicada a la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes, que le genera ganancias al Estado. Según estimó una fuente que trabaja en el INTA, “de concretarse esta operación, el daño patrimonial será de unos USD 6 millones, ya que la tasación oficial es de la mitad del valor”.

A su vez, desde ATE advirtieron sobre el futuro de los empleados que trabajan en ese edificio. “Si cierran un edificio, hay que reubicar a la gente o despedirla. El peligro de cerrar lugares es que la gente se quede sin tareas. Esa es la alarma que tenemos como trabajadores”, advirtió Julieta Boedo delegada de ATE e integrante de la Coordinación Nacional ATE-INTA, ante Infobae.

Carta documento

El día anterior a la salida de las dos resoluciones de la AABE, y justo antes de que venciera el plazo para las impugnaciones, APINTA, le envió una carta documento al titular de la Agencia advirtiéndole que el predio de la calle Cerviño es “propiedad del INTA en dominio pleno”, según la escritura del 2 de agosto de 1967, en la que figura a nombre del Instituto que es una persona jurídica en sí misma. “Al ser el INTA una entidad autárquica, no puede ser enajenado por decreto del Poder Ejecutivo”. La carta documento destaca que el inmueble está “afectado al uso del INTA” y que su enajenación “no se coordinó” con el Instituto, “ni con organismo alguno”. Pide que se eleve un “recurso de consideración” al Poder Ejecutivo, y se lo excluya de las subastas previstas en el decreto 950/2024, que incluía más de 300 inmuebles del Estado a ser subastados.

“La carta documento fue enviada antes de la publicación de la resolución del viernes que puso a la venta el edificio en el Boletín Oficial. Había tiempo hasta hoy (por el viernes pasado) para presentar objeciones, y desde APINTA mandamos la carta documento justo antes de que venciera el plazo”, advirtió Romero. Si bien ATE no la firmó - por “una cuestión de tiempos”, según explicaron - ambos gremios están alineados con el reclamo y convocaron a la movilización este jueves 28 a las 10hs, frente a la sede central del INTA, en Rivadavia al 1400, en el barrio de Congreso.

Desde la AABE confirmaron a Infobae la recepción de la carta documento. “Hoy (por el viernes) nos enteramos. La están viendo”, señalaron fuentes de la Agencia. Y señalaron que “el inmueble sí está desafectado” y confirman que “se habló con el INTA”.

Además del presidente y la vicepresidenta, el Consejo Directivo del INTA - al ser un órgano colegiado - está conformado por representantes de las Facultades de Agronomía y de Veterinaria de universidades nacionales, y por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en representación del sector público. Por el sector privado, lo integran la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA). “La pregunta del momento es cómo reaccionarán las entidades agropecuarias ante esta intentona que los está pasando por encima”, advirtió una fuente del Instituto que habló con Infobae.

Bronzovich asumió en el INTA el 6 de noviembre último, después de la renuncia de Juan Cruz Molina Hafford, quien provenía del organismo y se habría negado a llevar a cabo el ajuste del INTA y la venta de inmuebles y tierras que le requería del Ministerio de Economía. De profesión ingeniero agrónomo, el nuevo titular era, hasta asumir, Director Nacional de Agricultura bajo la órbita de esa cartera. Bronzovich es socio de la Regional Mar Del Plata-Fangio de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), y fue gerente de Prospectiva de esta entidad, que no integra el Consejo Directivo del INTA. La segunda del organismo, María Beatriz “Pilu” Giraudo, que permaneció como vicepresidenta tras la salida de Molina Hafford, es ex presidenta de AAPRESID y ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.

Venta de terrenos

El edificio de Cerviño y Ortiz de Ocampo no es el único inmueble del organismo que saldrá a la venta. Otro documento interno del INTA al que accedió Infobae detalla el “Plan de Acción Comercial propuesto según superficies a disponibilizar”, a desarrollar a partir del segundo semestre del 2024 y hasta primer semestre del 2027. Incluye tierras productivas que suman unas 27.000 hectáreas en todo el país, y que alojan 20 Estaciones Experimentales del INTA, así como otra docena de campos para su venta, o concesión por un año y posterior subasta pública. “Le hacen un recorte de tierras a cada Estación Experimental de casi de un 90%. Si tiene 1.000 hectáreas, le dejan 100 hectáreas y buscarán vender el resto”, advirtió Romero.

Boedo, delegada de ATE, agregó que esos campos “no es que están sin usar, ya que hay investigaciones que llevan tiempo. No está claro bajo qué conceptos hicieron ese listado de tierras del INTA que quieren subastar en todas las provincias”.

La propuesta de ajuste

Bronzovich buscará este jueves el aval del Consejo del INTA para aprobar las ventas de estos inmuebles, así como de un plan de ajuste que estuvo circulando internamente y puso en alerta a APINTA y ATE. El borrador - al que accedió Infobae - prevé concretar, entre noviembre y 2025, una reducción de 1.734 puestos de trabajo, entre técnicos, profesionales, personal de apoyo y becarios, sobre una plantilla de 6.466 trabajadores.

Ya comenzó a ejecutarse a través de retiros voluntarios (se acogieron 300 desde diciembre pasado), jubilaciones anticipadas, y la no renovación de contratos. También se prevé la venta de vehículos, la eliminación de la flota de celulares y reducción de viáticos. Al trascender el plan los últimos días, los gremios de APINTA y ATE convocaron a la movilización de este jueves 28 frente a la sede donde se reunirá el Consejo, en rechazo a los “despidos, el ajuste presupuestario y la enajenación de bienes”.

“En esa reunión se van a definir los destinos de los trabajadores y trabajadoras de que están bajo la situación de contratación de plantas no permanentes. Por eso, antes de que salga lo del Boletín Oficial, ya habíamos convocado a una movilización para que el Consejo Directivo nos escuche y voten en contra de este plan que quiere presentar el presidente del organismo en esa sesión”, señaló Boedo. “Es un plan en tres etapas que termina como una suerte de intervención, no formal. Porque el presidente y la vice son de AAPRESID, una entidad que no es parte históricamente de INTA”, agregó.

La propuesta que llevará Bronzovich al Consejo Directivo y que, de ser aprobada, sería elevada a los Ministerios de Economía y de Desregulación que vienen reclamando el ajuste, contempla tres etapas.

La primera, prevista para noviembre y diciembre, incluye un detalle de la reducción de puestos de trabajos que se plantea, entre retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, becarios, y personal no permanente. También propone un fuerte control de gastos, un plan de “desregulación, transformación, simplificación, desburocratización”, y la venta del inmueble de Cerviño, así como de hectáreas en Cerrillos, Salta, donde el organismo tiene una sede, y de tierras que el INTA “no utiliza”.

“Dentro de esas plantas de no permanentes de las que prescindirían, hay técnicos y profesionales, gente con doctorado. También van a revisar las becas”, precisó Boedo, delegada de ATE. Desde APINTA también rechazaron “los recortes que están planteando, que es que no es solamente el edificio de Cerviño, sino que hay recursos humanos en juego. Además de 300 retiros voluntarios, fueron intimadas a jubilarse 149 personas, y prevén un ajuste en la planta transitoria del organismo”. En este último grupo, la propuesta pone el foco en los 227 designados en 2023 de forma transitoria, y que entrarían “en revisión” con el recorte que pretende la actual gestión.

La segunda etapa de la propuesta, a implementar en el primer trimestre del 2025, contempla una “revisión de la estructura y reasignación de personal” y “la selección de hectáreas” de 20 Estaciones Experimentales que “se podrían ceder”. Respecto de INTeA, el borrador propone mantener su razón social como empresa mixta para “comercializar desarrollos tecnológicos”, “reducir” su estructura y “liderar desde INTA”.

En la tercera etapa, para el período 2025-2027, se contempla una organización institucional que podría incluir el cierre de Direcciones, Centros regionales, Centros de investigación, Estaciones Experimentales, Agencias de extensión, Gerencias, Coordinaciones y Cooperadoras.

Carta por los 70 años

El INTA fue creado por un decreto ley de Pedro Eugenio Aramburu el 4 de diciembre de 1956. El organismo está destinado a promover la innovación tecnológica, la investigación científica y el desarrollo en el sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario del país. Por este motivo, sus avances están muy ligados a potenciar el desarrollo de un sector clave para la economía del país ya que entre el 60 y el 70% del ingreso de dólares al país proviene del sector de las comodities y del complejo agroindustrial.

De cara al futuro aniversario por los 70 años, Bronzovich y la vicepresidenta Giraudo enviaron una carta el jueves pasado a los trabajadores del organismo. “Ratificamos como siempre nuestro total compromiso con el crecimiento y el desarrollo del país. Tenemos un rol estratégico en un contexto desafiante que requiere del esfuerzo de todos los argentinos. Desde nuestra creación hemos puesto el foco en una meta irrenunciable: aumentar la competitividad y la sostenibilidad del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, contribuyendo a la producción de alimentos y a la generación de divisas a través de su inserción en los mercados internacionales. Además, nos hemos abocado a promover el agregado de valor, generando innovación en los eslabones de las cadenas productivas en todo el territorio nacional”.

“A lo largo de nuestra historia hemos acompañado el esfuerzo y dedicación de los productores y empresarios agropecuarios de todas las escalas, promoviendo permanentemente la integración público-privada, algo de lo cual pueden dar cuenta todas las entidades del sector. (...) Esto nos ha posicionado como una institución referente a nivel global en el desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario”, continúa la misiva que destaca la importancia estratégica del INTA para el agro.

“El presente nos encuentra frente a nuevos desafíos y por eso nos comprometemos más que nunca con el conjunto de la sociedad en realizar los aportes estratégicos que le permitan al sector agropecuario alcanzar nuevos techos productivos, mejorar su competitividad con sostenibilidad, y generar trabajo y divisas que nuestro país necesita. Como siempre, lo haremos con la eficacia y la eficiencia que nos caracteriza, y con presencia en todo el territorio nacional”, continúa sin hacer referencia a los recortes que se prevén hacer.

“Para lograr este cometido necesitamos más que nunca el capital más preciado y rentable del INTA: nuestros equipos, integrados por personal con formación de excelencia y vocación de servicio, que contribuyen diariamente a la generación de riqueza de nuestra nación”, concluye la carta enviada a los empleados.

El Gobierno nacional avanza con la decisión de vender inmuebles del Estado para achicar su estructura, reducir gastos de mantenimiento y seguridad, y recaudar fondos en un contexto de escasez de recursos. Infobae publicó el domingo pasado un informe especial con el detalle de muchas de las propiedades que saldrán a subasta próximamente, que incluyen desde un futuro centro de esquí hasta un terreno en la Costa Argentina frente al mar, y en el sur, frente al Lago Nahuel Huapi.

En esta segunda parte del trabajo, Infobae enumera cuáles son los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires más relevantes por su valor económico, su ubicación en zonas cotizadas para futuros desarrollos inmobiliarios o comerciales, o por ser sede de algún organismo del Estado.

En total, suman 75 las propiedades en el distrito porteño que busca rematar la actual gestión de Javier Milei, según el relevamiento realizado por este medio de los decretos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El listado incluye los bienes cuya enajenación dispuso el actual Gobierno por considerarlos “innecesarios para la gestión del Estado Nacional”, y los que ya habían sido puestos a la venta en la gestión de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, y que no tuvieron compradores interesados en ese momento.

Se trata de predios diversos que saldrán a subasta en un futuro próximo y que, por su ubicación y dimensiones cambiarán el paisaje urbano. Varios requerirán la aprobación de la Legislatura, para el cambio de zonificación contemplado en el Código de Planeamiento Urbano.

Uno de los más relevantes que saldrá a remate - aún sin fecha - es el terreno de casi 44.000 m2 donde está el hipermercado Jumbo y el local de Easy, del grupo chileno Cencosud, que además explota las cocheras para ese centro comercial ubicado en el barrio de Palermo. Aún no fue valuado por el Tribunal de Tasación por lo que no tiene precio base en la publicación del sitio web de la AABE, según informaron desde el organismo ante la consulta de este medio.

El predio delimitado por Av Bullrich, Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre, es propiedad del Ejército y forma parte del terreno del Regimiento de Infantería 1 de Patricios, que funciona al lado de la explotación comercial. La concesión fue otorgada por el Ministerio de Defensa de la Nación el 30 de noviembre de 1994 por un plazo de 20 años, con la posibilidad de prorrogarla por dos períodos de 60 meses cada uno, o sea 10 años más en total. “La primera prórroga se efectuó, junto con la suscripción de una adenda al contrato el día 27 de noviembre de 2009, mientras que la segunda fue firmada por la Agencia el día 20 de diciembre de 2018, postergando el inicio de su validez al día 1 de diciembre de 2019, llevando así su vigencia al día 30 de noviembre de 2024″, informaron desde la cartera de Defensa a Infobae.

A su vez, en la AABE precisaron a este medio que, cuando se venza el contrato en 20 días, se firmará “un convenio de desocupación que tiene un plazo de 2 años, con una cláusula gatillo de venta que implica que desocupen anticipadamente el lugar si se vende antes de ese plazo”.

Según el croquis publicado por Agencia en el anunció de las subastas futuras, el perímetro del terreno a rematar excluye el Pabellón del Centenario, construido en 1910, es el único de los edificios construidos para los festejos del centenario de la Revolución de Mayo que sigue en pie. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2010. Ubicado detrás del estacionamiento del hipermercado, queda casi oculto desde Av Bullrich. Cuando se firmó la concesión en 1994, el cuidado del Pabellón quedó a cargo de Cencosud, pero el grupo chileno no cumplió el compromiso de llevar adelante la recuperación del edificio para que pudiera ser visitado por vecinos y turistas. El Ministerio de Defensa fue a la Justicia y el caso llegó - por apelación de la empresa - hasta la Corte Suprema que, en agosto de 2022, le ordenó hacerse cargo de su reparación y mantenimiento. El proceso de restauración por parte del grupo empresario comenzó en enero de 2023.

“En un circuito virtuoso, con la Comisión Nacional de Monumentos, de lugares y Bienes históricos, el Ministerio de Defensa y el ejército, Cencosud encaró la restauración en tiempo y forma con los más prestigiosos profesionales (arquitectos, restaurados, escultores, historiadores, arqueólogos, responsables de obra, entre otros) para devolverle el brillo y poner en valor al monumento. Desde la reconstrucción histórica, arqueológica, hasta la puesta a punto espacio, así como la pintura o la reconstrucción de esculturas, respetando la visión con la que fue construido” señalaron desde Cencosud ante la consulta de Infobae. “Tal lo establecido, las obras culminarían en el 3er trimestre del año que viene”, agregaron.

Otro de los predios que saldrá a subasta está en Soldado de la Independencia al 500, entre Ortega y Gasset y San Benito de Palermo, a una cuadra de Av del Libertador. Próximo al Campo Argentino de Polo, hoy funciona como estacionamiento. Ya había sido salido a subasta en 2017 a un valor de USD$17.300.000, pero fue declarada desierta en enero de 2018.

En el listado de la AABE aparece, también, el edificio donde funciona actualmente una de las sedes principales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, una firma de capitales mixtos con integración mayoritaria del INTA, que promueve la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes y es actualmente redituable para el Estado. El edificio tiene 3.030 m2 sobre un terreno de 919 m2 y está ubicado en Av. Cerviño al 3101, esquina Ortiz de Ocampo, una de las zonas más exclusivas del barrio de Palermo.

Desde el Gobierno informaron que la relocalización del INTA obedece a que se busca “un uso más racional y eficiente de los edificios gubernamentales”, por lo que la idea es que el organismo se traslade a un espacio “más adecuado”.

En el barrio de Belgrano se destaca dentro de los inmuebles a subastar la casa que perteneció al periodista, escritor, militar y diplomático Lucio V. Mansilla. Ubicada en el Pasaje Golfarini 2368, entre Blanco Encalada y Olazábal. Rodeada de un amplio jardín, fue construida en 1870 con una arquitectura de estilo neorrenacentista italiano, es Monumento Histórico Nacional. Hoy muy deteriorada, está sobre un terreno de 2680 m2, con una entrada principal sobre ese pasaje frente al Ferrocarril Mitre que va a Tigre, y la entrada trasera por la calle 3 de Febrero 2371.

En pleno Bajo Belgrano, la AABE rematará una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2. El inmueble es propiedad de la Policía Federal, y tenía un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad el 9 de diciembre de 2019, el último día del gobierno de Macri. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utiliza para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos.

En Nuñez, se subastará el terreno en donde se encuentra implantado el Centro de Salud Mental Nro 1, que depende de la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad. Ubicado en Manuela Pedraza 1558, entre Montañeses y Av del LIbertador, ahí funcionan consultorios externos de abordaje integral, que incluye psicología, psiquiatría, psicopedagogía, terapia ocupacional, trabajo social, nutrición, musicoterapia y enfermería para adultos, adolescentes y niños. La comunidad de pacientes y trabajadores está llevando un reclamo público contra la decisión de vender el predio.

No son los únicos inmuebles ubicados en barrios muy atractivos para futuros desarrollos inmobiliarios y donde el metro cuadrado promedio está en los USD 2.700 y puede llegar a superar los USD 4.000, según la ubicación.

También en Palermo, saldrá a subasta otro terreno baldío en Fray Justo Santa María de Oro 2245, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio.

En el mismo barrio, en Av Córdoba 5405, en la esquina con Juan B. Justo, también saldrá remate próximamente un terreno de 1.555 m2, que limita con las vías en altura del mismo Ferrocarril San Martín.

En septiembre de 2023, la anterior gestión le había asignado el uso del inmueble a la Universidad Nacional de Tres de Febrero, para que concentre ahí la totalidad de las actividades audiovisuales. La cesión contemplaba la construcción de una edificación con aulas, talleres e islas de edición, oficinas administrativas y depósitos. El acuerdo había sido anunciado públicamente y firmado entre el rector de esa casa de estudios, Martín Kaufmann, y entonces vicepresidente de la AABE, Juan Debandi.

También en Palermo, en Av. Del Libertador Nº 3858, entre Av Bullrich y Av Cerviño, se rematará un terreno de 650 m2 paralelo a esa misma línea del Ferrocarril San Martín. Se trata de una parcela ubicada entre las vías en altura y el edificio que está construyendo al lado el estudio de Zaha Hadid, de la arquitecta estrella anglo-iraquí ya fallecida, ganadora del Premio Pritzker, equivalente al Nobel de la arquitectura. La torre de 38 pisos es la primera de ese estudio en Buenos Aires. La construcción de ese edificio quedó envuelta en polémicas por amparos judiciales y críticas de los vecinos. El terreno lindero que ahora quiere vender el Estado vino siendo usado como obrador.

Próximo a ese predio, también el Estado venderá otro terreno de 5.400 m2, que limita con la vías del Ferrocarril Mitre, a la altura de la estación Carranza delimitado por la Av Santa Fe al 5300, la Av Dorrego y la calle Ancón 5364. El terreno pertenece a la Administración de Parques Nacionales, cuya sede central se encuentra al lado en Ancón 5340. Ya había sido puesto a la venta en la gestión de Macri, lo que generó un proyecto de rechazo en el Congreso de la entonces oposición kirchnerista, que buscó excluirlo del proceso de enajenación de bienes del Estado.

No es el único inmueble que alberga un organismo estatal. La sede central de la Administración General de Puertos, ubicada de Av. Huergo 431, esquina Av Belgrano, en el barrio de Monserrat, también saldrá a subasta. El predio tiene 2.120 m2 y está próximo a Puerto Madero.

En la zona de la terminal de ómnibus de Retiro, se pondrá a la venta un emblemático inmueble donde hoy funciona el Centro Postal Internacional del Correo Argentino. Tiene una superficie de de 12.820 m2 y está limitado por las avenidas Antártida Argentina y Comodoro Py, y las calles Letonia y Combate de Costa Brava.

Ya había sido puesto a la venta en julio de 2019, sobre el final del gobierno de Macri, pero no hubo interesados. En ese momento, según fuentes privadas consultadas por Infobae, el predio valía, al menos, USD 17 millones.

Muy cerca de ese edificio, en diagonal, saldrá a subasta otro predio de 15.720 m2 sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Carlos Perette. Actualmente funciona una sucursal del supermercado COTO.

También en Retiro, pero en la zona residencial, saldrán a la venta seis parcelas que sobre la calle Basavilbaso al 1220, que lindan con la calle Juncal al 700, a una cuadra de la Av. Libertador. Pertenecientes a la Cancillería y con una superficie total de 2.089 m2, en el lugar hoy funciona una playa de estacionamiento.

El listado de futuras subastas incluye otro terreno alargado de 17.384 m2 entre las vías del Ferrocarril Belgrano y el Mitre. Está ubicado detrás de las Plaza de las Naciones Unidas, que se extiende sobre la Av Figueroa Alcorta, entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la TV Pública. En el centro de ese parque se encuentra la escultura Floralis Genérica. Está catalogado en la web de la AABE como “grandes proyectos urbanos”.

La AABE también subastará un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Ubicado en Av. de los Italianos 365 al 375, casi, esquina con la calle Emma de la Barra, el terreno tiene una superficie de 5.234 m2, y albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad.

Ya había salido a subasta en 2017 - sin interesados - con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021. En la nueva publicación de la AABE no tiene aún un precio base.

Otro inmueble que este Gobierno quiere vender es el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de las Mujeres. Está ubicado sobre un terreno de 1.418 m2 y 7.532 m2 de superficie cubierta en el barrio de San Telmo. Limitado por las calles Cochabamba y Av. Ingeniero Huergo al 1300, con otro ingreso por Azopardo a esa misma altura, fue sede de la cartera creada por Fernández, hasta ser disuelto por esta gestión.

Su anterior destino había sido el archivo de documentación y depósito de muebles del Ministerio de Economía. El inmueble está valuado en alrededor de USD 12,5 millones, y se “encuentra en virtual estado de abandono”, según informó el vocero presidencial el 7 de agosto pasado. “En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron”, aseguró Manuel Adorni en agosto pasado.

Otro predio está ubicado en pleno barrio de Congreso, en Av. Rivadavia Nº 1675 entre Rodriguez Peña y Montevideo. En una ubicación estratégica, a una cuadra de la Av Callao, tiene una superficie de 1.747 m2 y supo albergar un estacionamiento, pero hoy el terreno está abandonado. Ya había salido a remate en la gestión de Macri en 2019, con un precio base de USD $5.700.000, pero no hubo interesados.

Otras de las propiedades que saldrán a subasta es un edificio de tres plantas que la Armada tenía en desuso, en el barrio de Caballito, en Av Rivadavia 4615, entre Río de Janeiro y Acevedo. Hace varios años, ahí había funcionado el servicio de odontología de la Obra Social del Personal Naval. En marzo de 2023, por pedido del ex ministro de Justicia Martín Soria, la AABE se lo cedió al Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Con una superficie cubierta de 993 m2, sobre un terreno de 286 m2 que llega hasta la mitad de la manzana, actualmente está sin uso.

En Chacarita, el Gobierno también buscará vender dos predios en Av. Federico Lacroze 4041/4139 y Av. Triunvirato 2319, que suman 8.400 m2. Están ubicados al lado de la estación terminal ferroviaria terminal del Ferrocarril Urquiza.

Otro de los inmuebles que saldrá a subasta próximamente es un terreno de 2.338 m2, paralelo a las vías del tren San Martín, ubicado a la altura de Corrientes 6102, en Villa Crespo. Pertenecientes al Ferrocarril, su venta permitiría ampliar el polo comercial del estadio Movistar Arena. En noviembre de 2018, el gobierno de Macri había sido cedido a la Ciudad de Buenos Aires ese predio y la Legislatura había empezado a discutir su rezonificación y posterior venta.

El gobierno porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta impulsaba crear la “Urbanización Especial Entorno Estación Villa Crespo”. Ante la noticia de que se construirían dos torres de 45 pisos y el rechazo que generó en vecinos de la zona, en mayo de 2020, el ex presidente de la AABE, Martín Cosentino, solicitó a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo frenar la venta hasta que se determine la “legalidad” de las cesiones y enajenaciones del entonces gobierno nacional a la administración porteña, cuya revisión ordenó el ex presidente Fernández mediante el decreto 149/2020.

En Almagro, la AABE sacará a la venta un terreno vacío de 230 m2 en Acuña de Figueroa al 981, esquina Rocamora, destinado a un desarrollo inmobiliario. Un grupo de vecinos y especialistas habían conformado hace algunos años un equipo multidisciplinario llamado Relieve que impulsaba que en ese inmueble se estableciera una suerte de reserva ecológica.

En el barrio de Coghlan, saldrán a subasta para futuros desarrollos inmobiliarios 4 predios ubicados en la calle Conesa 3216, 3226 y 3238, esquina José Pascual Tamborini 3015, que ocupan una superficie de 1.593 m2.

En pleno microcentro porteño, en Tres Sargentos 414, la AABE rematará un departamento en el sexto piso de 326 m2, a una cuadra de la Av. Córdoba.

En el barrio de Colegiales, la AABE subastará 6 terrenos. Unos dan sobre Santos Dumont 2734/2736, próximos a las vías del Ferrocarril Mitre a la altura de la estación Carranza, donde funciona un estacionamiento.

Los otros están sobre la calle Cramer entre 46 y 78, donde actualmente hay distintas viviendas precarias. Próximos a la Estación de Transferencia del CEAMSE Colegiales, en total, tienen una superficie de 6.379 m2.

En el barrio de La Boca, el Estado quiere subastar un edificio de departamentos en muy mal estado, en la calle Martín Rodríguez 762, que está en desuso. Ya había salido a subasta en 2017, con un precio base de USD 636.538, sin que hubiera interesados.

El Gobierno dispuso la semana pasada que 309 inmuebles del Estado pasen a subasta pública a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de la gestión de predios e inmuebles públicos. Son edificios y terrenos de distintas dimensiones y características, muchos en desuso, pero varios otros ocupados actualmente.

El listado comprende bienes distribuidos en todo el país, incluidos centros urbanos clave como la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrienteso Paraná. Hay desde antiguos cuadros de estaciones de tren y terrenos ferroviarios hasta ex batallones militares donde, incluso, funcionó un ex centro clandestino de detención, y parcelas rurales de grandes dimensiones, atractivas para proyectos industriales, productivos o comerciales, como un futuro centro de esquí. También hay edificaciones donde funcionan actualmente organismos públicos y predios en zonas céntricas, frente al mar en la costa argentina, o el Lago Nahuel Huapi, muy cotizados para futuros desarrollos inmobiliarios. Así surge del cruce realizado por Infobae de los domicilios del Anexo del decreto 950/2024 con búsquedas en Google Street View y Google Earth, e información en medios locales,

Saldrían a la venta antes de que termine el año, con el objetivo de reducir el gasto público y la estructura estatal, en línea con el discurso libertario que pregona Javier Milei. Según los considerandos de ese decreto dictado hace 10 días, “mantener ociosos los inmuebles, a los que oportunamente se consideró innecesarios para la gestión del Estado Nacional, genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”. A su vez, se argumenta que “en función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”. Los remates se realizarán mediante subasta pública. Los datos para acceder están en el sitio web de la AABE y los pliegos se podrán descargar del sitio oficial Compr.Ar.

Solo con los 309 que pasaron a estar disponibles para subasta en ese decreto, el organismo espera recaudar unos USD 800 millones. En la web oficial del organismo se fundamenta la decisión “de poner a disposición estos activos” en “el compromiso del Gobierno con una gestión eficiente de los bienes estatales, y la reorientación de los recursos hacia áreas prioritarias para el desarrollo del país”.

Pero no son los únicos que el Gobierno pondrá a la venta. Hoy el Estado tiene 443 inmuebles en total a la venta en 18 provincias. Además de esos 309, hay otros 134 - según el relevamiento realizado por Infobae de los decretos de la AABE publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina - que ya habían salido a subasta en el gobierno de Mauricio Macri, período en que se concretaron varios remates de bienes del Estado.

Aquellos que no fueron vendidos entre 2016 y 2019, son los que el Gobierno ahora ratificó, a excepción de 8 en el exterior que habían sido puestos a la venta en 2016 por el decreto 1046 de ese año. Se trata de los edificios de la embajada argentina en Colombia y Brasil; una residencia oficial de la embajada en Washington, un edificio anexo, un lote y otro inmueble en la capital de Estados Unidos; un centro cultural en Montevideo; y un lote en Colonia del Sacramento, en Uruguay.

“El decreto 950/2024 pone a disposición para subastar una cantidad nueva de inmuebles de acá para adelante. Otros tenían decreto de venta anterior, dictado en el gobierno de Macri, y se ratificó esa decisión de enajenarlos”, explicaron en la AABE a Infobae.

Es el caso, por ejemplo, del edificio del ex Ministerio de las Mujeres. El edificio está ubicado sobre un terreno de 1.418 m2 y 7.532m2 de superficie cubierta en el barrio de San Telmo. Limitado por las calles Cochabamba y Av. Ingeniero Huergo al 1300, con otro ingreso por Azopardo a esa misma altura, fue sede de la cartera creada por Alberto Fernández y albergó a unos 700 empleados, hasta ser disuelto por esta gestión. Su anterior destino había sido al archivo de documentación y depósito de muebles del Ministerio de Economía. El inmueble está valuado en alrededor de USD 12,5 millones, y se “encuentra en virtual estado de abandono”, según informó el vocero presidencial el 7 de agosto pasado. “En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron”, agregó Manuel Adorni.

La AABE - un organismo conducido por Nicolás Pakgojz que funciona en forma descentralizada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete - también están estudiando “si hubo casos en los que el gobierno de Fernández haya cedido algún bien a algún municipio o provincia, y esos casos se van a estudiar para regularizar las situaciones”, agregaron desde la Agencia a este medio.

Infobae analizó dónde están ubicados los 459 inmuebles que el Estado quiere vender.

La mayoría - 223 - se encuentran en la provincia de Santa Fe. De esa cifra, 201 parcelas son terrenos fiscales ubicados en el Barrio Guadalupe, en la capital provincial, comprendidos entre las calles Matheu, Azcuénaga, Dorrego y Defensa, que ocupan una superficie de 45.716 m2 linderas con edificaciones de vecinos.

El Concejo Municipal tiene desde 2022 una comisión especial para el estudio de terrenos baldíos propiedad del Estado nacional, para evitar que caigan en desuso, máxime teniendo en cuenta la escasez de espacios para viviendas en la capital santafesina.

En el listado hay otros dos antiguos cuadros de la estación ferroviaria de Cañada de Gómez y uno de la estación de Los Nogales, ambos terrenos hoy pertenecientes al Ferrocarril Mitre, que suman 266.168 m2.

A su vez, en la zona de Puerto Norte y la costanera de la ciudad de Rosario, a metros del río Paraná, el Estado rematará otros cuatro terrenos de la estación Ludueña del Ferrocarril Mitre, y Embarcaderos, del Belgrano. La totalidad de la superficie de estos predios alcanza los 80.564.78 m2.

También pondrá a la venta otros cinco terrenos que totalizan 253.000 m2 que son parte de la Base de Apoyo Logístico San Lorenzo, propiedad del Ejército, localizados sobre la ruta 11, entre km 323 y 342, en la localidad de Fray Luis Beltrán. Con acceso a la ribera del Río Paraná, los predios son especialmente atractivos para la instalación de grandes empresas portuarias por la posibilidad de construir un puerto con calado natural.

Otras 78 propiedades cuya enajenación dispuso o ratificó el Gobierno están en la Ciudad de Buenos Aires.

Se destaca un terreno de 919 m2 ubicado en Av. Cerviño N° 3101/67, donde actualmente hay un edificio de 3.030 m2 donde funciona el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó el lunes pasado un abrazo simbólico al edificio. “Son terrenos y edificios que les llaman ociosos e innecesarios y acá lo que tenemos que decir es que hay 150 trabajadores que están ejerciendo su tarea por la ciencia y la tecnología y el desarrollo del país que todavía no saben a dónde van a ir, pero sí saben que se tienen que ir y tienen fecha de salida”, sostuvo en la protesta Julieta Boedo, referente de ATE en el INTA.

Desde el Gobierno informaron que la relocalización del INTA obedece a que se busca “un uso más racional y eficiente de los edificios gubernamentales”, por lo que la idea es que el organismo se traslade a un espacio “más adecuado”. El Ejecutivo nacional apunta también a reducir costos de mantenimiento y de custodia por parte de la Policía Federal de los grandes predios y edificios que, en muchos casos, están subutilizados o en mal estado por su antigüedad o deterioro.

La AABE también subastará un predio del Ministerio de Defensa en Puerto Madero, lindero a la Reserva Ecológica, que ya había salido a subasta en 2017 - sin éxito - con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Ubicado en Av. de los Italianos al 300, esquina con la calle Emma de la Barra, el terreno tiene una superficie de 5.234 m2, y albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad.

Otras de las propiedades que saldrán a subasta es un edificio de tres plantas que la Armada tenía en desuso, en el barrio de Caballito, en Av Rivadavia 4615, entre Río de Janeiro y Acevedo. Hace varios años, ahí había funcionado hace varios años el servicio de odontología de la Obra Social del Personal Naval. En marzo de 2023, por pedido del ex ministro de Justicia, Martín Soria, la AABE se lo cedió al Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. El inmueble tiene una superficie cubierta de 993 m2, sobre un terreno de 286 m2 que llega hasta la mitad de la manzana, y actualmente está sin uso.

En la zona de Retiro, saldrá a la venta un predio de 15.720 m2 sobre la Av. Antártida Argentina al 1100, esquina Carlos Perette, en diagonal al edificio del Correo Argentino.

Otro de los inmuebles es un terreno pegado al Ferrocarril San Martín, de 2.338 m2, ubicado a la altura de Corrientes al 6100, en Villa Crespo, que saldrá a subasta próximamente, destinado a un futuro desarrollo inmobiliario en manos privadas.

En el barrio de Coghlan, saldrán a subasta para futuros desarrollos inmobiliarios 4 predios ubicados en la calle Conesa 3216, 3226 y 3238, esquina José Pascual Tamborini 3015, que ocupan una superficie de 1.593 m2.

El listado incluye otro terreno de grandes dimensiones, paralelo a las vías del Ferrocarril Belgrano, cercano a la estación de Retiro. Con una superficie de 17.384 m2, está catalogado en la web de la AABE como “grandes proyectos urbanos”.

En Palermo, pero cercano al Ferrocarril San Martín, también saldrá a subasta otro terreno de 1.038 m2 en Fray Justo Santa María de Oro al 2200, entre Paraguay y Charcas, en la cotizada zona de Palermo, con destino de desarrollo inmobiliario.

En pleno microcentro porteño, en Tres Sargentos 414, la AABE rematará un departamento en el sexto piso de 326 m2, a una cuadra de la Av. Córdoba.

En Almagro, pondrá a la venta un terreno vacío de 230 m2 en Acuña de Figueroa al 900, esquina Rocamora, destinado a un desarrollo inmobiliario. Un grupo de vecinos y especialistas habían conformado hace algunos años un equipo multidisciplinario llamado Relieve “que bregaba por la conservación de la naturaleza que habitaba en ese inmueble y pedían que se estableciera una especie de reserva ecológica”, según informó la revista barrial El Abasto.

En el barrio de Colegiales, la AABE subastará 6 terrenos. Unos dan sobre Santos Dumont 2734/2736, próximos a las vías del Ferrocarril Mitre a la altura de la estación Carranza, donde funciona un estacionamiento.

Los otros están sobre la calle Cramer entre 46 y 78, donde actualmente hay distintas viviendas precarias. Próximos a la Estación de Transferencia del CEAMSE Colegiales, en total, tienen una superficie de 6.379 m2.

Los que saldrán a la venta en PBA

En tercer lugar entre las provincias con más inmuebles estatales a la venta o ya habilitados para ser subastados aparece Buenos Aires, con 65 propiedades.

Los más extensos son antiguos cuadros de estación ferroviaria. Uno ubicado en Bahía Blanca, en la estación Loma Paraguaya, de la Línea Roca, de 326.754 m2. Otro, en la estación Ribera Sud, de la Línea Roca, a la altura de Dock Sud, de 146.620 m2, en Avellaneda. El tercero, está en la estación Balsa, de la Línea Sarmiento, en Lincoln, y tiene 29.607 m2. El cuarto, de 99.400 m2, está en la estación Talleres del Sarmiento, en Haedo.

En el partido de Tres de Febrero, la AABE rematará otro predio de grandes dimensiones donde funcionaba la estación Transbordo Caseros de la Línea Urquiza. Ubicado entre Guido Spano y Echague, en Martín Coronado, tiene una superficie de 75.369 m2. El destino previsto es “grandes proyectos urbanos”.

No es el único en ese partido del noroeste del Gran Buenos Aires. La AABE también subastará un amplio terreno vacío de 682.717 m2 en Remedios de Escalada, sobre la Av. Combate de Pavón al 2200 y José de San Martín, cercano al Hipódromo de Hurlingham.

Otro predio que saldrá a la venta en Tres de Febrero - aunque de menores dimensiones - está ubicado en Villa Alianza, próximo a las vías de Santos Lugares-Caseros de la Línea San Martín, con una extensión de 6.068 m2.

También figura en el listado de bienes a subastar otro terreno que corre paralelo al Ramal Tigre del Acceso Norte, de 42.803 m2, en esa localidad del norte del Gran Buenos Aires, cuyo destino fue catalogado por la AABE para “grandes proyectos urbanos”.

En Pergamino, se subastarán otros 3 terrenos ferroviarios que están atravesados un ramal “G” del Ferrocarril Belgrano, que corre entre Pergamino y Vedia, pero que hoy no se encuentra operativo. Muy cerca de la Ruta 8, el predio conocido como Tambo Nuevo está limitado por las calles Presidente Juan Domingo Perón, Solís y Yapeyú, y abarcan una superficie de 16.342 m2.

En la línea del San Martín, a la altura de Pilar, en la estación del mismo nombre, también saldrá a subasta otro antiguo cuadro de estación de 2.821 m2, sobre la calle Ernesto Nazarre.

En la localidad de Lezama, sobre la Ruta 2 km 155 hay otros dos predios que el Estado buscará vender, que totalizan 12.165 m2.

En la capital provincial, se rematará un amplio terreno hoy baldío, de 3.418 m2, a una cuadra del Hipódromo de La Plata, en la Calle 116 esquina Calle 41, donde funcionó el Anexo del Comando de Brigada de Infantería Mecanizada X Teniente General Nicolás Levalle.

Entre los bienes a rematar también aparece en el decreto 950 un terreno de 258 m2 frente a la costanera, en Mar del Plata. Ubicado en Jujuy 154 en el barrio de La Perla, con acceso también desde la Av Peralta Ramos, está en una zona de desarrollos inmobiliarios.

En Junín, el Estado nacional también subastará un terreno vacío ubicado en 25 de Mayo y Comandante Escribano, de 312 m2. El Municipio buscaba que pase a estar bajo su órbita, pero no logró la cesión, según publicó el diario local La Verdad. Limpio y con el pasto cortado, vino siendo mantenido durante años por una vecina que aspiraba a adquirir la propiedad, luego de determinado tiempo de “posesión continua, pacífica y pública, durante el tiempo que exige la ley”.

Entre los predios a subastar se destaca un terreno de 3.596.516 m2 en Tandil, donde funcionó el Batallón Logístico 1 del Ejército con asiento en esa localidad bonaerense. Había sido incluido en el decreto 225/17 dictado por Macri y su enajenación fue ratificada por esta gestión. Ubicado sobre la ruta nacional 226, linda con el centro clandestino de detención La Huerta, pero este predio fue excluido de la parcela a vender, según se desprende del perímetro publicado por la AABE en su sitio web.

En el resto del país

Entre los 459 inmuebles dispuestos para su venta, hay otros 21 inmuebles en Corrientes; 13 en Córdoba; 12 en Mendoza; y 5 en Entre Ríos, Neuquén y Salta, respectivamente, según el análisis realizado por Infobae.

En Córdoba, por ejemplo, el decreto incluyó tres terrenos - que incluyen 11 polígonos - ubicados en la ciudad de Malagueño, a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz. En su conjunto, tienen una extensión conjunta de 58.594 m2. En uno de ellos, funciona desde hace 50 años la Sociedad Rural, y en otro, un mercado mayorista de abasto, desde 1989, manejado por la Cooperativa San Miguel. También hay al menos 20 familias viviendo, algunas de ellas pertenecientes al Ejército argentino, y un ex-helipuerto, según publicó esta semana el diario La Voz del Interior. Dentro del área que la Nación busca vender, está localizado el ex centro clandestino de detención La Perla Chica” declarado Monumento Histórico Nacional durante el gobierno de Alberto Fernández, que funcionaba como un anexo de La Perla, el mayor campo de concentración del interior del país.

Asimismo, en la capital de la provincia mediterránea, la AABE pondrá a la venta un terreno ubicado en pleno centro de la ciudad, de 2.796 m2, en Humberto Primo y Tucumán.

En Mendoza, el Anexo del decreto 950/24 incluye 7 propiedades en esta provincia. Entre ellas, hay dos ex estaciones ferroviarias. Una de la Línea San Martín en Mendoza Capital, de 10.290 m2, entre las calles Juan Agustín Maza y Av Bartolomé Mitre, a escasos metros del Parque Central. La otra está en Guaymallén, de 259.644 m2, ubicada detrás del Espacio Cultural Julio Le Parc.

También figuran tres terrenos en la cordillera de El Azufre, en Malargüe, de 130.927.163 m2. Es una zona montañosa con alturas superiores a los 2.400 metros, rodeado de cumbres de hasta 4.000 metros.

En la zona ya opera desde hace más de tres años un grupo inversor - integrado por Daniel Nofal, Alejandro Spinello y José Beccar Varela - para construir un resort de montaña y centro de esquí 100% “sustentable”, que implicaría una inversión de USD 200 millones. El Azufre SA hizo un pedido formal de compra de los terrenos, pero la propiedad de estas tierras quedó en medio de una disputa entre la Nación y la provincia, desde 2018, ya que si bien el Estado nacional posee el dominio, Mendoza reclama que le cedió el uso de esas tierras, y promueve el avance del proyecto de inversión privada.

El decreto 950/24 de Milei incluyó otros dos terrenos en la Estancia de Llaucha, en la localidad de Pareditas, ubicada en el departamento mendocino de San Carlos. Entre ambos, suman 51.068.095 m2 sobre la ruta nacional 40.

En Río Negro, el Estado buscará vender un predio de 2.760 m2 en la calle 12 de octubre 1250, frente a la Escuela 266, sobre la costanera frente al lago Nahuel Huapí, en el centro de la Ciudad.

Otro de los inmuebles pampeanos que se rematará está en la calle del Camino del Centenario, en Santa Rosa, próximo a donde se proyecta la nueva terminal de ómnibus, y tiene 258.878 m2.

En Chubut, la AABE busca vender un lote de 7.020 m2 en la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sobre la calle José Fagnano, frente al Parque de la Ciudad. Allí funciona un quincho que es utilizado por los jueces miembros de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut Esta organización salió a cuestionar la decisión del gobierno nacional, ya que la entidad contaría con un permiso de uso, e iniciará un reclamo administrativo para revertir la medida.

En esta provincia, el Estado pondrá a subasta también el ex Distrito Militar Chubut, frente a la Plaza Independencia de Trelew. Ubicado en Mitre 343, tiene una superficie de 3.748 m2. La propiedad se encuentra en pleno centro de la ciudad y en ese mismo predio allí funcionan el Museo de Artes Visuales y la Dirección de Turismo.

En la provincia de Santa Cruz, el terreno puesto a la venta el acceso al Complejo Ferroportuario Punta Loyola, en Güer Aike. Actualmente en ese espacio funciona la terminal portuaria, con una extensión aproximada de 150.000 m2, y se utiliza para el almacenamiento y transporte del carbón extraído de la mina de Río Turbio. En representación de los empleados de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ATE manifestó su rechazo a la medida por el rol de YCRT en la economía de la provincia y en materia de soberanía energética. También cuestionó la decisión de venderlo la ex gobernadora de Santa Cruz y actual senadora Alicia Kirchner.

En Neuquén, entre los inmuebles a subastar, hay dos terrenos en Villa Langostura. Uno tiene 6.501 m2 y en su interior se encuentra una edificación. Está próximo a la calle Los Alerces 387, cercano a una reconocida hostería. El segundo lote se sitúa, también en esa localidad turística del sur argentino, sobre la Ruta Nacional 40 (ex Ruta 231), en el tramo Arroyo Huemul, con una extensión de 534 m2, no lejos del Barrio Privado Cumelén.

En La Pampa, saldrá a subasta el antiguo cuadro de la Estación Sarah de la Línea Sarmiento, en Chapaleufú, cuya superficie es de 140.821 m2. En el predio ubicado en ese pueblo del norte de la provincia funciona actualmente la planta privada de acopio de cereales de Louis Dreyfus Company, por lo que en la provincia estiman que la multinacional terminará comprando la propiedad.

Otro de los inmuebles pampeanos que se rematará está en la calle del Camino del Centenario, en Santa Rosa, próximo a donde se proyecta la nueva terminal de ómnibus, y tiene 258.878 m2.

En Corrientes, los inmuebles a vender son terrenos militares pertenecientes al Ejército. Uno es el Campo de instrucción Santa Catalina, en la ciudad de Corrientes capital, de 386.674 m2. También fueron incluidos 8 terrenos del ex Batallón Logístico N°3, de Curuzú Cuatiá, sobre la calle Sarmiento, que suman 970.992 m2.

El tercer inmueble en esta provincia incluye 8 terrenos ubicados sobre la Ruta Nacional Nº 120, que pertenecen al ex Campamento G3 del Ejército ubicado en la zona de Rincón Santa María, en el departamento de Ituzaingó, con una extensión total de 156.701 m2.

En Entre Ríos, en tanto, se rematará un terreno de 56.000 m2 donde hoy está el Batallón De Ingenieros Blindados 2, en Concepción del Uruguay, ubicado en el Boulevard Aráoz en su cruce con Suipacha.

Infografía: Marcelo Regalado

El gobierno nacional tiene en sus planes la eliminación del Plan Procrear, que fue creado en 2012 por Cristina Kirchner para la construcción y otorgamiento de viviendas con créditos del Estado. Las casas que están en obra serían puestas a la venta, pero para avanzar con la iniciativa el oficialismo deberá dar de baja el fondo fiduciario que dio origen a ese programa.

Si desaparece el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que actualmente depende del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, y cuya coordinación la realiza la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que lidera Rodrigo Aybar, las 17.000 casas que aún no estén finalizadas se subastarían.

“Cada una de las obras en marcha todavía está siendo auditada. Se revisa una por una”, indicó a Infobae una fuente oficial. El Ejecutivo analiza, en algunos casos particulares, la cesión de las obras a las provincias o a algunos municipios para que se puedan terminar y entregar.

En el caso de los créditos ya otorgados, se están revisando los últimos 2.500 que se suscribieron en noviembre de 2023, a un mes de la finalización del mandato de Alberto Fernández. “Se contactó a cada uno de los beneficiarios y se les dio la oportunidad de cambiarlo por un crédito personal. El 70% ya aceptó la propuesta”, aseguran en el Gobierno.

Hay 17.000 unidades que quedaron en construcción del Procrear, que tienen financiación del Banco Hipotecario. Y también algunas del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). El 29 de octubre, por ejemplo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo en el barrio de La Tablada, en los suburbios de Rosario, para la firma de un convenio con el intendente Pablo Javkin, en el que se anunció la financiación del 90% de las obras de urbanización de ese complejo habitacional con un presupuesto de 7 mil millones de pesos. Lo hizo acompañando al subsecretario de Integración Sociourbana (FISU), Sebastián Pareja.

En esa intención de cederle la terminación a las provincias y a las intendencias, se avanza lentamente. El gobernador Axel Kiciloff fue uno de los que decidió hacerse cargo de la terminación y la entrega de viviendas del programa a las que les faltaba un bajo porcentaje de ejecución. También algunos distritos como Avellaneda, al sur del Conurbano bonaerense, donde hay 3.000 viviendas en marcha, decidieron asignar fondos propios y finalizarlas.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el miércoles de esta semana el cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP), que era el que se encargaba de dar microcréditos productivos a empresas. Y se propone, en su plan de reducir los gastos del Estado Nacional, a continuar con otros organismos fiduciarios. En ese sentido, ya se produjeron otros cierres como los del Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Entre otras irregularidades, según se explicó en esa resolución, tras una auditoría de la SIGEN, se detectaron en el FONCAP “debilidades en los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y/o financiera, ausencia de monitoreo y control”.

Lo que pretende implementar el gobierno nacional con respecto a los fondos de este tipo está contenido en el artículo 5 de la Ley Bases, mediante el que se habilita al Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable”. El control de esos fondos lo tiene Luis Caputo desde el ministerio de Economía.

Una de las primeras provincias en reaccionar ante las intenciones gubernamentales de terminar con el Procrear fue la de Formosa. La Defensoría provincial ya la pidió a la secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat y también al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que deje sin efecto la iniciativa.

En su estrategia de avanzar con el ajuste del Estado y recaudar recursos para las arcas públicas, además de habilitar para la venta recientemente más de 300 inmuebles propiedad de la Administración Pública Nacional, el Gobierno continuó con el remate de bienes decomisados por la Justicia. Ayer vendió en USD 150.000 un dúplex en el barrio porteño de Flores incautado a los acusados en la causa del Clan Aliaga. Se la conoce así por el apellido del grupo familiar procesado por explotación laboral y privación de la libertad de más de una treintena de ciudadanos bolivianos, a los que obligaban a trabajar en talleres clandestinos de costura. Los fondos serán destinados al Fideicomiso de Administración Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, para afrontar compensaciones dispuestas por la Justicia para las víctimas.

La subasta la concretó ayer la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por medio del sistema de gestión electrónica oficial Subast.ar. El monto ofertado por el ganador de la subasta está apenas por debajo del precio base de USD 150.414. Es el cuarto remate realizado en lo que va de esta gestión de inmuebles decomisados en investigaciones judiciales por corrupción, trata o narcotráfico. Los tres inmuebles con ese origen ya subastados en lo que va de 2024 le implicaron al Estado una recaudación de USD 1.346.291 en total, como reveló Infobae el mes pasado.

La decisión se enmarca en la ampliación de facultades que le dio a la AABE el decreto 636/2024 del 19 de julio, para realizar un relevamiento actualizado con fines de posible venta de los inmuebles, vehículos, barcos, maquinarias pertenecientes al Estado, y administrar bienes sujetos a procesos judiciales de extinción de dominio. Con ese objetivo, a finales de agosto, la AABE -a cargo de Nicolás Pakgojz- puso en marcha la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Bienes Decomisados, destinada a “articular y dirigir, en coordinación con las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, las distintas acciones conducentes a la organización de los bienes que ingresen al patrimonio del Estado Nacional, como consecuencia de decomisos efectuados por el Poder Judicial”, según informó el organismo en un comunicado. El objetivo es “agilizar los tiempos” de remate de esos bienes, para “garantizar la reutilización social de bienes secuestrados al delito”.

La propiedad vendida ayer es una casa de dos pisos ubicada en la calle Bacacay 3591, de 177 m², ubicada en el barrio porteño de Flores, a pocas cuadras de la Av Avellaneda donde se comercializa ropa confeccionada en talleres clandestinos. Cuenta con tres plantas; cochera; sala de estar y comedor; baño completo y toilette; cocina; patio y terraza; y tres habitaciones.

Esta vivienda era utilizada como centro de distribución y stockeo de lo producido en otras dos casas, ubicadas en Cajaravilla 4675 y 4726, en el barrio de Villa Luro, donde funcionaban talleres de costuras ilegales en los que la familia Aliaga explotaba a 34 hombres y mujeres de nacionalidad boliviana, con sus hijos, todos menores de edad. Una vez finalizada la producción, la mercadería era trasladada al domicilio de Bacacay 3591, ubicado a pocas cuadras de la avenida Avellaneda donde se encontraban los locales de venta al público. Con jornadas de 17 horas de trabajo, las víctimas trabajaban y vivían en condiciones de hacinamiento, y privados de su libertad por integrantes del Clan Aliaga.

El inmueble ubicado sobre la calle Cajaravilla 4675 se subastará el próximo 26 de noviembre. Pese a su frente en condiciones precarias, tiene 488 m2 de terreno y 345 m2 de superficie cubierta. En su frente puede verse el cartel que indica que la vivienda es propiedad hoy del Estado Nacional. Saldrá a la venta con un precio base de USD 228.676. Cuenta con un acceso por puerta principal y cochera; un cuarto de estar; cocina; un pasillo de distribución; dos dormitorios; y un baño. A su vez, desde la cocina y la cochera se accede a un patio que conforma la segunda parte del inmueble: un pasillo descubierto de distribución a varias habitaciones.Hacia el fondo del terreno se encuentran dos baños; una ducha; un taller de grandes dimensiones; y una escalera donde se accede a la terraza.

En esta causa del Clan Aliaga, están procesados con prisión preventiva Kjara Moisés Aliaga y sus cuatro hijos: Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo. La causa tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, y se inició a raíz de la denuncia presentada por Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Los interesados en comprar la propiedad

Según puso averiguar Infobae, ayer se presentaron dos oferentes, Samuel Marymberg - un joven empresario que presentó una garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego de USD 2.500 -, y Carolina Luizaga, cuya garantía fue de USD 2.257, el mínimo fijado, equivalente al 1,5% del precio base de subasta del inmueble. Desde la AABE se negaron a informar quién de los dos ganó el remate por haber ofertado el mejor precio. Dijeron que lo harían una vez que se formalice la adjudicación, luego de completada la verificación de la documentación y el depósito del dinero de la compra.

Pese a su juventud - 27 años - Marynberg acumula antecedentes comerciales en el rubro inversor e inmobiliario. Es socio de Centaurus Desarrollo Inmobiliario e integró la sociedad de bolsa Centaurus Securities SA, aunque vendió sus acciones en 2012, según surge de la base de datos comerciales Nosis. Fundó, además, la firma de tecnología Vulcan Tech SA. En junio de 2023, Marynberg se había quedado con un inmueble sobre la Avenida Santa Fe 2435 en la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, tras ganar otra subasta judicial.

En tanto Luizaga, con antecedentes laborales en el sector turístico, es actualmente empleada de OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, según los registros comerciales consultados por Infobae.

Próximos inmuebles a subastar

En lo que queda de noviembre y principios de diciembre, la AABE subastará otras dos propiedades decomisadas por la Justicia en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno, incautados en el marco del caso conocido como “Cuadernos de las coimas”.

Una está en la calle Pedro Ignacio Rivera 5761 al 5769, en el barrio de Villa Urquiza, con un precio base de USD 734.215. Se trata de un edificio de planta baja, dos pisos y altillo sobre un terreno de 690 m² y 1.245 m² de superficie cubierta, que pertenecía a Muñoz y Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner. El edificio iba a ser subastado en septiembre, pero el remate se prorrogó para este 29 de noviembre.

La propiedad cuenta con tres entradas: una, por donde se accede a un estacionamiento de dos niveles; otra que da ingreso a cuatro oficinas; y la tercera, que permite acceder a tres departamentos. Allí funcionaban las oficinas de Muñoz desde donde salían los bolsos y mochilas con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. A su vez, en dicha propiedad, Muñoz guardaba su colección de autos. Hoy el inmueble está vacío con sus persianas bajas.

A su vez, como parte de los inmuebles decomisados en el contexto de la causa “Cuadernos”, el 6 de diciembre próximo también será subastada una vivienda de 639 m² ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744/46, en el barrio porteño de Villa Devoto. El inmueble cuenta con cuatro plantas, quincho, gimnasio, sauna y cocheras. Saldrá con un precio base de USD 926.263. Esta propiedad, que figuraba a nombre de Madaco SA, era alquilada. por la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien confesó en el expediente judicial que cobraba ese alquiler y el de unas cocheras.

El Gobierno publicó información acerca de alguna de las propiedades que subastará a partir del próximo mes a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Según el sitio web oficial, dentro del apartado Subastas de Bienes Inmuebles en Curso, los remates incluyen casas, edificios con oficinas, departamentos y dúplex con fechas programadas para noviembre de 2024, a precios base en dólares estadounidenses.

Para comenzar, el 6 de noviembre se bajará el martillo sobre el dúplex situado en Bacacay Nº 3591, emplazado entre las calles San Nicolás y Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta. Ubicado sobre un terreno de 177 m² -y con un precio base de USD 150.415-, el inmueble está conformado por planta baja, primer piso y segundo piso. El cierre de Inscripción a la subasta se realizará mañana, 30 de octubre, a las 12:00 horas.

El frente se integra con una cochera junto al acceso a la PB la cual se compone de un cuarto de estar comedor, escalera a 1º piso, baño/toilette, cocina y patio al contrafrente. Por otro lado, en el primer piso se ubican dos habitaciones (frente y contrafrente) y un baño completo cercano al núcleo de escalera mientras que en el segundo nivel figura un dormitorio y un lavadero con salida a una pequeña terraza.

El dúplex se emplaza en un barrio residencial de casas bajas y comercios, cercano al Hospital Álvarez, dos comisarías (Comunal 10 y Vecinal 10A) y se encuentra a 200 metros de las avenidas Rivadavia y Avellaneda y unas 12 cuadras del Parque Avellaneda como así también cerca de la estación San Pedrito de la Línea A de subterráneos.

La propiedad ubicada en Cajaravilla Nº 4675, entre las calles White y Mozart (barrio de Villa Luro) será rematada el próximo 11 de noviembre a las 14. La vivienda se ubica en un terreno de 488,00 m² y cuenta con un precio base de USD 228.676.

El inmueble se conforma por dos partes: una vivienda con acceso por puerta principal y cochera, un cuarto de estar, cocina, un pasillo de distribución, dos dormitorios y un baño. Desde la cocina y la cochera se accede a un patio, que conforma la segunda parte del inmueble, un pasillo (descubierto) de distribución a varias habitaciones.

Hacia el fondo del terreno se emplazan dos baños, una ducha, un taller principal de grandes y una escalera donde se accede a la terraza. La vivienda está ubicada a 500 metros de la zona céntrica sobre avenida Rivadavia y del Parque Avellaneda. El cierre de inscripción a la subasta se realizará el día 4 de noviembre a las 12:00 horas.

Las subastas continúan el 12 de noviembre a las 14, con un departamento de dos ambientes de 46,00 m² de superficie total con un precio base de USD 100.999. El inmueble, ubicado en Monroe N° 4595, piso 8, departamento D -en esquina con la calle Miller- consiste de un cuarto de estar/comedor, cocina y baño completos con artefactos, dormitorio con placard y balcón a la calle.

El inmueble se encuentra ubicado frente a la plaza Marcos Sastre en el barrio de Villa Urquiza, cercano a las Avenidas Triunvirato y Olazábal. El barrio es mayormente residencial, alternado entre casas bajas y edificios. Para participar hay tiempo hasta el 5 de noviembre a las 12:00 horas.

Hacia finales de noviembre, el 28, se subastará otro departamento, emplazado sobre un terreno de 80,31 m² (cubierta: 31,47 m2, superficie descubierta: 39,15 m2 y balcón: 9,69 m2.) con una base monetaria de USD 123.147-, ubicado en el último piso (11, unidad C) de avenida Congreso Nº 4778/4800, esquina Galván, sito en el barrio de Villa Urquiza. El cierre de inscripción a la subasta se realizará el 21 de noviembre a las 12.

Finalmente, el 29 de noviembre se subastará otra propiedad en Villa Urquiza, precisamente en Dr. Pedro Ignacio Rivera Nº 5761/63/65/67/69. El inmueble es un edificio de planta baja, dos pisos, que cuenta con tres entradas: 5769 es por donde se accede a un estacionamiento (por un portón), 5767 da ingreso a oficinas y el n° 5761 permite acceder a tres departamentos.

En cuanto al estacionamiento, el mismo cuenta con dos niveles y un acceso secundario a las oficinas. El acceso a la altura de 5767 posee una puerta blindada que se encuentra cerrada, sin embargo, se puede acceder al mismo a través del estacionamiento. Este sector cuenta con cuatro oficinas con su respectivo mobiliario (escritorios, sillas, etc.), una cocina, un altillo y dos baños de los cuales uno es privado de la última oficina.

El inmueble se emplaza sobre un lote de 690,33 m² a un precio base de USD 734.216. El cierre de inscripción a la subasta será el 22 de noviembre a las 12 horas.

Cómo participar de las subastas

Las subastas públicas realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se llevan a cabo electrónicamente, a través del Sistema de Gestión Electrónica SUBAST.AR, al cual se accede mediante el sitio web http://comprar.gob.ar

A través de ese sitio, la AABE vende bienes inmuebles del Estado Nacional, a través de “una licitación o concurso público o privado o contratación directa, que se adjudica al precio más alto o a la oferta económica más ventajosa luego de efectuada la compulsa electrónica e interactiva de precios”, informa el portal de ventas.

Allí el “oferente” deberá inscribirse para obtener su usuario y clave de acceso. En caso que ya cuente con usuario y clave como “proveedor”, puede utilizar la misma. Luego tendrá que anotarse en el proceso de interés, (completando con todos sus datos personales) y cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rija ese proceso.

Los interesados que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo del Sistema SUBAST.AR también podrán formular consultas al Pliego a través del mencionado Sistema hasta el día y hora que figure según cada subasta.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continúa con la elaboración del listado de aproximadamente 370 inmuebles del Estado que saldrán a subasta en un futuro cercano, y que permitirán engrosar las alicaídas arcas públicas. La definición de qué terrenos fiscales y propiedades serían puestos en venta, así como su ubicación e información catastral, lleva más de tres meses y la recaudación que podría generar es todavía incierta.

La decisión cobró impulso a partir del dictado del decreto 636/2024 del 19 de julio pasado, que amplió las facultades de la AABE -que depende de la jefatura de Gabinete- para realizar un relevamiento actualizado de los inmuebles, vehículos, barcos, maquinarias pertenecientes al Estado, y venderlos llegado el caso. Asimismo, esa norma le asignó a la Agencia la tarea de administrar bienes sujetos a procesos judiciales de extinción de dominio.

Con ese objetivo, a finales de agosto, la AABE -a cargo de Nicolás Pakgojz- puso en marcha la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Bienes Decomisados, destinada a “articular y dirigir, en coordinación con las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, las distintas acciones conducentes a la organización de los bienes que ingresen al patrimonio del Estado Nacional, como consecuencia de decomisos efectuados por el Poder Judicial”, según informó el organismo en un comunicado. El objetivo es “agilizar los tiempos” de remate de esos bienes, para “garantizar la reutilización social de bienes secuestrados al delito”.

En lo que va de 2024, la AABE vendió hasta ahora solo tres inmuebles decomisados por la Justicia en causas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero por un total de USD 1.346.291. Y puso otros seis a la venta, cuyos precios base de salida a remate suman USD 1.790.211. Todos están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Así se desprende de un pedido de Acceso a la Información presentado por Infobae y de los datos disponibles en la web del organismo. La venta de los inmuebles se formaliza a través del portal ComprAR, en el que se detallan todas las licitaciones y contrataciones de la Administración Pública Nacional.

La propiedad subastada de mayor valor es una casa en el barrio residencial de Belgrano R, decomisada en el proceso por lavado de dinero abierto en el marco de la causa de narcotráfico “Carbón Blanco”, por orden del Tribunal Oral Criminal de Resistencia, Chaco. Era propiedad de Silvia Vallés Paradiso, una de las integrantes de la organización criminal liderada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, a la que en 2012 le secuestraron 1.200 kilogramos de cocaína con destino a Europa.

Ubicada en la calle Melián al 2100, entre Mendoza y Juramento, la casona tiene 712 m2 cubiertos y 283 m2 descubiertos, y cuenta con dos plantas con ascensor. Fue subastada el 26 de agosto pasado y, si bien su precio base era de USD 690.384, se vendió en USD 1.060.000.

Otra de las propiedades -en este caso aún no fue vendida- es la mansión de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, ubicada en el coqueto bulevar María del Carril al 3700, en la zona residencial de Villa Devoto. Fue decomisada en la causa que se le abrió por enriquecimiento ilícito junto a su mujer Carolina Pochetti, como un desprendimiento de “los cuadernos de las coimas”. En ese expediente se investigaron los pagos ilegales exigidos por funcionarios kirchneristas a empresarios, a cambio de hacer negocios con el Estado. Muñoz fue durante muchos años el encargado de recibir los bolsos con dinero negro pagado por los hombres de negocios en el departamento del matrimonio Kirchner, ubicado en Uruguay y Juncal, o de llevarlos a Río Gallegos.

Construida sobre un terreno de 388 m2, la casona tiene 639 m2 construidos, distribuidos en tres plantas y un subsuelo con estacionamiento, sauna, vestuario y cocina con sala de estar. El primer piso tiene tres dormitorios, cada uno de ellos con baño privado, y la segunda planta posee un salón de juegos, lavadero, una habitación de servicio y una terraza hacia el patio interno. En el terreno del fondo, la propiedad cuenta con pileta.

La mansión ya había puesta a subasta en abril de 2021, pero fue declarada desierta. Ya bajo esta gestión, estaba previsto que saliera a subasta pública el 8 de agosto a un precio base de USD 974.416, pero se reprogramó y todavía no tiene nueva fecha de remate, según informaron desde la AABE.

La casa pertenece Madaco SA, firma fundada por Víctor Manzanares -ex contador de los Kirchner- , aunque luego fue comprada por Muñoz. Su decomiso fue dispuesto por el Juzgado Federal Nro 11, a cargo del luego fallecido Claudio Bonadio.

Oriundo de Santa Cruz y sospechado de haber actuado de testaferro del ex mandatario, Muñoz logró consolidar una fortuna y montar negocios en distintos rubros, entre ellos el hotelero. Además de adquirir números inmuebles en el país, también compró lujosos departamentos en Estados Unidos por un valor que la Justicia estableció en unos USD 70 millones.

Entre sus varias propiedades en Argentina, otra de las decomisadas por la Justicia y que la AABE ya vendió es un departamento de tres ambientes con cochera en el barrio de Villa Urquiza. De 74 m2 y ubicado en la calle Andonaegui al 2900, su precio base era de USD 146.290, pero se subastó el 19 de agosto pasado a una cifra ligeramente superior, USD 168.059.

El otro inmueble de Muñoz sujeto a remate es un edificio de tres plantas de 1.245 m2 cubiertos, ubicado en la calle Pedro Ignacio Rivera al 5100, también en Villa Urquiza, donde Muñoz tenía sus oficinas. Cuenta con tres entradas: una para garaje, otra para acceder a cuatro oficinas con cocina y baños, y la tercera para acceder a tres departamentos.

Tras haber quedado desierta la anterior subasta de abril de 2021, el precio mínimo del nuevo remate es de USD 815.795. Si bien la fecha prevista era el 16 de septiembre último, hubo “una prórroga en el plazo de publicación y aún no tiene definida fecha de venta”, según precisaron en AABE. En abril de 2021 hubo un intento previo de subasta, pero no hubo interesados.

La Agencia informó que el dinero recaudado en las subastas de los bienes de Muñoz “se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional y se utilizará para financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de los afectados por el consumo (artículo 39 de la ley 23.737), y programas de salud y capacitación laboral”.

El tercer inmueble subastado por la AABE este año está también sobre la calle Andonaegui al 3.300, en el mismo barrio de Villa Urquiza, pero fue decomisado en la causa “Carbón Blanco”. Se trata de un departamento de dos ambientes y 88 m2 en total que fue vendido al precio base al que fue publicado, USD 118.232.

En esa causa por narcotráfico y lavado de dinero también fueron decomisadas otras dos propiedades. Una es un dúplex de dos plantas ubicado en Bacacay al 3500, en el barrio de Floresta, que saldrá a remate el 6 de noviembre con un precio base de USD 150.415.

La otra está en Monroe al 4500, en Villa Urquiza, y se trata de un departamento de dos ambientes que se subastará el 28 de octubre con un valor inicial de remate de USD 100.999.

La AABE también subastará otros dos inmuebles donde funcionaron talleres clandestinos en el Bajo Flores. Ambas propiedades están en Villa Luro, sobre la calle Cajaravilla al 4700 y al 4600, donde fueron explotados 34 ciudadanos bolivianos, hombres y mujeres con sus hijos, todos menores de edad. Fueron decomisados en la causa conocida como el “Clan Aliaga”, el grupo familiar acusado de la explotación laboral y privación de la libertad, en la que fueron procesados Kjara Moisés Aliaga y sus hijos.

El inmueble de Cajaravilla 4726 tiene 489 m2 y salió a subasta con un precio base de USD 314.844. El remate estaba previsto para el 14 de octubre, pero se prorrogó para el 31 de este mes. Se trata de una casa de dos plantas, cuatro dormitorios, un depósito y jardín con pileta.

El otro está ubicado en Cajaravilla 4675, tiene 488 m2 y se conforma de una vivienda al frente, y una serie de habitaciones al fondo del terreno, con un taller principal de grandes dimensiones. Su precio base es de USD 228.676, y la fecha para la subasta es el 11 de noviembre próximo.

La causa tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, y se inició a raíz de la denuncia presentada por Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El producto de la subasta que llevará adelante la AABE será destinado al Fideicomiso de Administración Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata para afrontar compensaciones dispuestas por la Justicia para las víctimas.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo de la empresa Pilar Bicentenario S.A., dueña de un predio que había sido embargado en una causa donde están acusados la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria por lavado de activos oriundos del narcotráfico internacional. En el marco de esa investigación penal, el inmueble fue utilizado durante la pandemia del Covid-19 como centro de diagnóstico médico y logística y luego la Legislatura bonaerense dispuso expropiarlo, decisión que también está judicializada.

“La Corte Suprema sostuvo que no hay sentencia definitiva sobre el asunto -dijo en diálogo con Infobae el empresario Mateo Corvo Dolcet, representante de la empresa-. Pilar Bicentenario insistirá en primera instancia con la inconstitucionalidad”. Es que la empresa había acudido a la Suprema Corte bonaerense, pero en aquel momento ese tribunal dispuso que no podían ser ellos los que tenían que intervenir sino que debía iniciarse una causa en primera instancia. Eso fue lo que se apeló ante el máximo tribunal del país.

“Existen sobre este punto fallos de la Cámara de Casación Pena y la Cámara Federal que sostienen la gravedad institucional por la sanción de la ley porque se afectó intereses federales por el Proyecto del Centro de Transferencia de Pasajeros que acordamos con el Estado Nacional”, dijo Corvo Dolcet. Y añadió: “el proceso de sanción de la ley expropiatoria puede estar en curso de distintos delitos. El tema sigue siendo discutido. Un juez federal ya le ordenó al Municipio que tenía que restituirnos el predio”. Subrayó que a fines del 2022, la AABE dijo que había que dispuso la devolución del predio usado para el COVID pero la medida no llegó a ejecutarse porque se dispuso la ley de expropiación.

La polémica se centra en un gran predio ubicado al costado de la Panamericana, en el Acceso Norte Ramal Pilar, Km 46, y las vías del Ferrocarril General Belgrano, donde se erige un imponente edificio que cayó en desuso en 2017. El lugar había sido pensado por el empresario Mateo Corvo Dolcet como un centro de transbordo por donde pasaría un tren “vip” junto a distintas líneas de colectivos de corta y media distancia. Sin embargo, esa idea, cuyo proyecto original había sido lanzado en el segundo mandato de Cristina Kirchner, nunca se ejecutó.

La suerte del inmueble entonces fue otra: fue secuestrado por la Justicia en una causa que investigó inversiones locales del narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, detenido en Estados Unidos y vinculado a la Oficina de Envigado, la organización criminal que sucedió al Cartel de Medellín.

La propiedad fue embargada por decisión del juez Néstor Barral, en cabeza del Juzgado Federal de Morón N°3, quien en marzo de 2020 decretó la intervención de la sociedad “Pilar Bicentenario” por endilgarle presuntas vinculaciones al lavado de activos internacional y, por consiguiente, le encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el manejo de su acervo. La AABE, poco después, dictó una resolución donde le entregó el inmueble a la Municipalidad de Pilar para utilizarlo en el marco de la crisis sanitaria originada por el virus del Covid-19.

Nueve meses después, la provincia de Buenos Aires sancionó la ley 15.239 que declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el bien de Pilar Bicentenario S.A. con el fin de destinarlo al Poder Judicial provincial para “la construcción y puesta en funcionamiento de instalaciones judiciales”, al Ministerio Público Fiscal para montar una “Delegación de la Casa de la Provincia de Buenos Aires” y a la Municipalidad de Pilar con el objetivo de construir “dependencias municipales descentralizadas”.

La normativa provincial, en rigor, estableció la expropiación de las nueve hectáreas del predio en el que se erige el edificio de cocheras de 25.000 m2. Frente a esto, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad directamente ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, donde señaló que el bien en disputa fue parcialmente donado al Estado Nacional y se encontraba afectado al servicio interjurisdiccional de pasajeros.

En su presentación, a su vez, la sociedad sostuvo que el procedimiento legislativo contó con “vicios ostensibles” en los antecedentes que se utilizaron en el anteproyecto de ley y en el trámite mediante el cual se habría modificado su texto. A la hora de resolver, el Máximo Tribunal bonaerense rechazó la acción invocada por considerarla “extemporánea”, “sin desmedro de la posibilidad (...) de ocurrir por otras vías”. Contra esa resolución, la actora interpuso un recurso extraordinario federal, que también fue denegado.

Así las cosas, ante la presentación de una presentación directa -recurso de queja-, el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que, con la firma de los ministros Horacio Rosatti -por su voto-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvió desestimar la impugnación en tanto “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, según requiere el artículo 14 de la ley 48.

El Ejecutivo no tiene hoy un número cierto de cuántos inmuebles posee el Estado. La suma de estos bienes detallados en las 104 auditorías que realizó la Sindicatura General de la Nacion (SIGEN), por pedido del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, difiere en casi 1.700 propiedades entre lo que tiene registrado la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y lo informado por los propios ministerios, secretarías y organismos descentralizados.

Se trata de un centenar de dependencias que integran el Sector Público Nacional - sin contar a las empresas estatales -, relevadas por la SIGEN a partir del decreto 126/2023 del 29 de diciembre último, con el objetivo de tener una foto más precisa del “estado del Estado” a la fecha de asunción. Infobae accedió a estos informes, que en total superan las 1.500 hojas, a través de un pedido de Acceso a la Información Pública. De acuerdo al análisis hecho por este medio de esas 104 auditorías, que abarcan el 2022 y el 2023, la AABE informó un total de 18.925 inmuebles a la SIGEN.

En cambio, los ministerios, secretarías, institutos, direcciones, organismos descentralizados y entes autárquicos informaron 17.267, o sea 1.658 inmuebles menos. La cifra no incluye a las propiedades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el PAMI, ni la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que el registro suministrado por la AABE a la SIGEN no consigna información relacionada con estas tres dependencias. La AFIP informó a la SIGEN 182 inmuebles; la ANSES, 152; y el PAMI, 99 propios y 138 en comodato.

Desde la Sindicatura explicaron a Infobae que las inconsistencias pueden deberse a que las dependencias públicas utilizan el Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (SIENA), donde se registra la información correspondiente a los bienes de los organismos de la Administración Pública Nacional, y la AABE tiene un registro y metodología de relevamiento diferentes.

Este medio también consultó a la AABE - que está bajo la Jefatura de Gabinete- sobre esta divergencia en las cifras. Desde el organismo conducido por Nicolás Pakgojz, señalaron que hicieron un acuerdo con la SIGEN y “las unidades de auditoría interna de cada área de gobierno para tener un número final y consolidado” para llevar adelante “una auditoría en conjunto con todas las áreas para consolidar el número de inmuebles del Estado”. Comenzó a principios de febrero y estimaron que estará lista para mitad de año.

La AABE fue creada en 2012 en reemplazo del ex Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) que tampoco sabía cuántos organismos tenía que controlar. Funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está encargada de administrar los edificios, oficinas, predios y terrenos del Estado nacional. Es la única con potestad para venderlos o concesionarlos.

La nueva gestión de la Agencia busca elaborar un mapa preciso de bienes inmuebles en todo el país, así como su situación documental, estado de dominio, e identificar los que son compartidos entre distintos organismos, alquilados o están en comodato. “Hay que ver cómo están escriturados y si se puede disponer de ellos o no”, explicaron en la Agencia. El objetivo es detectar edificios y terrenos que podrían subastarse, darse en concesión o readecuarse, en función del “achique” del Estado que pretende Milei.

Hacia el final del gobierno de Alberto Fernández, la AABE tenía registrados unos 40.000 inmuebles en total, según fuentes de la Agencia, aunque aclararon que “no pueden confirmar ese número a ciencia cierta, porque es de la gestión anterior”.

En diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia, la AABE tenía listados 19.600 inmuebles. Sin embargo, sobre el final de su mandato, ese número se cuadriplicó y para diciembre de 2019, figuraban 80.000 inmuebles, según datos provistos por las autoridades de ese momento de la Agencia. “En cuatro años, el Estado nacional sumó más de 60.000 propiedades que no sabía que tenía y ni qué función cumplían. Todas las operaciones que se realizaron en AABE desde 2015 a 2019 son información pública y están registradas”, señalaron en el entorno del ex presidente de la Agencia en la gestión de Cambiemos, Ramón Lanús, hoy intendente de San Isidro por el PRO.

Números llamativos

Del análisis realizado por Infobae, surge que la principal diferencia en la cantidad de inmuebles contabilizados se da en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Mientras que la AABE tiene registrados 11.432 bienes, el área de patrimonio de la DNV informó 10.105, o sea, 1.327 menos. En el informe de la SIGEN, la Unidad de Auditoría Interna dentro de Vialidad la explica en el hecho de que la AABE tiene su propia fuente y metodología de relevamiento. “Prácticamente la totalidad de los inmuebles informados corresponden a expropiaciones afectadas a la zona de caminos correspondientes a rutas nacionales”, señala.

En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la diferencia es de 99 inmuebles. Mientras que el INTA informa 345, la AABE tiene registrados 444 predios.

También existe una disparidad significativa en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): hay 163 inmuebles registrados por la AABE mientras que el área de patrimonio del SENASA afirma tener 66, de los cuales 27 son edificios e instalaciones y 39 terrenos.

Le sigue en el ranking de divergencias numéricas el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). En este organismos la inconsistencia en las cifras es de 67 inmuebles. Esta es la cifra informada por el Instituto que da cobertura de salud al personal militar, mientras que para la AABE el IOSFA no tiene ninguno.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la diferencia es de 54 inmuebles. El número surge de los 74 consignados por la Agencia y los 20 que informó el área de patrimonio de la Secretaría. Esta divergencia fue advertida por la SIGEN en su auditoría entre sus “observaciones” al organismo.

En el Ministerio de Justicia la divergencia es de 52 propiedades. La cartera declaró la existencia de 33 inmuebles de su propiedad, que incluyen los edificios donde desarrollan sus actividades el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y la Procuración del Tesoro Nacional, mientras que la AABE tiene registrados 85. El titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, denunció distintas irregularidades que encontró en una inspección a algunas de las dependencias de su cartera: desde una “cueva” financiera para la compra y venta de dólares funcionando en un depósito hasta empleados que vivían allí. “Encontré un señor en musculosa y ojotas haciendo una milanesa y mirando la televisión”, contó en diálogo con TN.

En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la divergencia es de 43 bienes inmuebles. Esa cartera dijo tener 132 - 77 inmuebles en el país y 55 en el exterior-, más otros 209 en alquiler en otros países. Para la AABE, en cambio, la Cancillería posee 89 edificios. Más allá del número, la SIGEN advirtió la inexistencia de planes de acción en esa cartera para atender “las necesidades de infraestructura de los inmuebles propios o en alquiler”, y de políticas en materia de seguridad e higiene. Y menciona, en ese sentido, que el sistema contra incendio del histórico Palacio San Martín, sede de la Cancillería y un edificio de gran valor patrimonial, “no se encontraba operativo por no haberse concretado la adquisición de las baterías necesarias”.

A esto se suma una situación insólita. El Ministerio que estaba a cargo de Santiago Cafiero desde septiembre de 2021, informó dentro de su inventario 61 inmuebles destinados al Culto, de los cuales no posee las escrituras ni la documentación relacionada con su titularidad, como así tampoco ejerce su custodia ni mantenimiento. “Dicha situación se viene informando reiteradamente desde, al menos, el 2002 ante el entonces Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) y la actual AABE”, advirtió la SIGEN en su auditoría.

En el ranking sigue luego la Secretaría General de la Presidencia, que incluye a la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos, con una divergencia de 35 inmuebles. Esa dependencia que ocupaba Julio Vitobello informó 48 contra solo 13 registrados por la AABE.

La disparidad en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es de 26 edificios: 31 registrados por la AABE contra sólo 5 informados por el Instituto.

En el Ministerio de Salud, la controversia es por 22 edificios: mientras que la Agencia consigna 41, esa cartera informó solo 19. propios y 63 en préstamo.

La misma cifra se da en la Dirección Nacional de Migraciones, según el relevamiento de Infobae de las auditorías de la SIGEN: hay 35 registrados por la AABE y solo 13 informados por el organismo que depende del Ministerio de Interior.

En tanto, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) registra una divergencia de 21 inmuebles: 57 relevados por la AABE contra 36 informados por esta dependencia.

La disparidad de cifras plantea un interrogante sobre el adecuado manejo de los bienes del Estado, y abre la puerta al posible uso o disposición de los mismos con fines espurios o para intereses particulares.

Auditoría a la AABE

En la auditoría realizada por la SIGEN a la ABBE, se enumeran una serie de “observaciones” y “debilidades” detectadas en la gestión pasada, cuando el organismo estuvo a cargo de Martín Cosentino, un dirigente peronista bonaerense que formó parte del gobierno de Daniel Scioli en la Provincia. El informe fue elevado a la Jefatura de Gabinete a fines de febrero por el nuevo titular del organismo de control, el contador Miguel Blanco.

Entre las observaciones se destaca la inexistencia de un Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE) “íntegro, completo y actualizado”. Por otro lado, se advierte que “la información de los legajos de cada uno de los inmuebles no resulta suficiente”, y “la mayoría carece de la totalidad de los datos de identificación exigidos por la normativa vigente”.

A su vez, la SIGEN observó “la falta oportuna de procesamiento y registro de la totalidad de la documentación incorporada en el sistema SIENA con el fin de evaluar la integridad, exactitud y validez de la información de bienes inmuebles”. En ese sentido, señaló que “la documentación respaldatoria incorporada no se encuentra ordenada cronológicamente, lo que dificulta la verificación del dato incorporado en el RENABE y atenta a la falta de un adecuado control y seguimiento del estado de situación de los inmuebles”. Por último, también alertó sobre la “falta de reglamentación sobre bienes inmuebles decomisados”.

Contrataciones directas con la UNTREF

En el informe de la SIGEN también se relevaron las contrataciones más onerosas realizadas por la AABE en el último año del gobierno de Fernández. Encabezan el ranking dos convenios interadministrativos con Gendarmería Nacional, por un total de $102 millones, para brindar el servicio de seguridad y adicionales.

Luego, aparecen tres contrataciones directas de la AABE con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), por un total de $120 millones. Infobae consultó el sistema de compras públicas Compr.Ar y esa casa de estudios fue la única que ofertó en todos los casos. A su vez, preguntó a la Agencia sobre la necesidad de estos contratos firmados el año pasado, el motivo de la intermediación con una universidad, y si seguían vigentes, pero desde el organismo no dieron precisiones. Se excusaron por estar abocados en un 100% a la auditoría y relevamiento de los bienes que hoy tiene el Estado.

Una de esas contrataciones - por $42 millones - fue para llevar adelante un estudio en el Barrio Padre Carlos Mugica. La apertura fue a principios de julio del 2023 y el contrato se adjudicó en agosto del año pasado, con una duración de 4 meses. Desde la UNTREF explicaron que se trató de “una evaluación de la situación dominial, catastral y socio comunitaria” de ese barrio, que incluyó “una propuesta para que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria gestione en forma participativa el proceso de regularización dominial con un enfoque y metodología de abordaje con múltiples actores sociales”. Ante la pregunta de Infobae sobre si la UNTREF venía llevando con anterioridad algún tipo de trabajo territorial en ese barrio, señalaron que la universidad “cuenta con amplia experiencia en la realización de estudios y relevamientos en barrios populares”, pero que “no realizaba actividades especiales” en ese barrio de la Ciudad.

La segunda contratación directa con la UNTREF - por $41 millones - fue para una consultoría sobre el aplicativo con el que cuenta la AABE para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la UNTREF señalaron que consistió en “un relevamiento de la situación dominial y de uso de 3.528 inmuebles registrados en el Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (aplicativo propiedad de AABE), situados en 34 partidos dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese relevamiento permitió detectar inconsistencias en la información registrada en el Sistema y contribuye a su futura actualización tecnológica y funcional”. En 2022, la AABE había firmado un convenio similar con la UNTREF, también por contratación directa, para la fiscalización de bienes inmuebles registrados en el aplicativo SIENA por $33.333.000.

La tercera - por $37 millones - fue por una consultoría para “la puesta en funcionamiento y el fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora Especial Transitoria Mercado de Hacienda”. Desde la UNTREF respondieron que se trató de la “capacitación y el diseño de instrumentos” para “la implementación de un proceso de planificación-gestión con Información, Consulta y Consenso (ICC)” por parte la Unidad Ejecutora Especial Transitoria. También que se hizo un “diagnóstico preliminar en el que se analizó la conexión del predio del Mercado con el ecosistema urbano de la Ciudad”, y “una serie de pruebas de intervención mediante maquetas 3D para incorporar a la elaboración del Máster Plan del predio del ex Mercado de Hacienda”.

Desde esa casa de estudios afirmaron, además, que todas las contrataciones se concretaron en el plazo previsto de 4 meses y que “en todos los casos la AABE adeuda el pago de la última factura, por un total de $49.650.000″.

Fuentes de la SIGEN informaron que, en el marco de las auditorías en marcha, están “revisando los convenios con universidades” para evaluar su justificación, identificar si efectivamente las casas de estudios realizan el trabajo convenido o si, a su vez, subcontratan a un tercero. Agregaron que por la autonomía universitaria, las universidades quedan fuera del control de la ley de Administración Financiera, lo que impide un efectivo control de la aplicación y destino de esos fondos.

El nuevo presidente de la AABE

Pakgojz, el nuevo titular de la AABE, tiene solo 29 años y viene de haber sido mano derecha de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. Continúa en el cargo con su sucesor, Jorge Macri.

Si bien desde sectores de la oposición lo señalaron como cercano al Grupo IRSA, a cargo de desarrollar un proyecto urbanístico en la zona sur de la Costanera frente al Río de la Plata, en su entorno lo desmintieron. Recordaron que al salir de la Universidad Di Tella, Pakgojz entró a trabajar en una gerencia en el gobierno de la Ciudad, donde desarrolló su carrera hasta llegar a ser jefe de Gabinete de García Resta. “No tiene relación, ni tuvo, ni trabajó en IRSA, ni en ninguna de las empresas vinculadas a IRSA”. En su Linkedin Pakgojz se define como economista y “maestrando en Urbanismo”, además de presidente de la AABE. En la base de datos comerciales Nosis consultada por Infobae no surge relación laboral con el grupo empresario de Eduardo Elzstain, cercano al presidente Milei.

Visualización: Daniela Czibener