MIÉRCOLES, 25 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Casi 6 de cada 10 mujeres en EE. UU. tendrán algún tipo de enfermedad cardíaca durante los próximos 25 años, una tendencia impulsada por el aumento de las tasas de hipertensión, según un nuevo informe de la American Heart Association.

Casi el 60% de las mujeres podrían tener hipertensión para 2050, frente a aproximadamente el 50% en 2020, según los resultados publicados hoy en la revista Circulation.

"Una de cada tres mujeres morirá por enfermedad cardiovascular -- quizá sea tu abuela, tu madre o tu hija", dijo la autora principal , la Dra. Karen Joynt Maddox, profesora de medicina y salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

"Además, más de 62 millones de mujeres en EE. UU. viven con algún tipo de enfermedad cardiovascular, lo que conlleva un precio de al menos 200.000 millones de dólares anuales", dijo en un comunicado de prensa. "Nuestras estimaciones indican que si seguimos en la senda actual, estas cifras crecerán sustancialmente en los próximos 25 a 30 años."

Utilizando datos federales de salud, los investigadores estiman que, además del aumento de las tasas de hipertensión:

Más del 25% de las mujeres tendrán diabetes, frente a aproximadamente el 15% actualmente. Más del 60% de las mujeres tendrán obesidad, frente a aproximadamente el 44% actual.

Esta tendencia afectará incluso a las generaciones más jóvenes, según los investigadores.

Se proyecta que casi el 32% de las niñas entre 2 y 19 años desarrollarán obesidad para 2050. Probablemente esto se deba a que más del 60% de las niñas no hacen suficiente ejercicio y más de la mitad tienen una dieta pobre, según los investigadores.

Estos problemas crónicos de salud aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, ritmos cardíacos anormales y accidentes cerebrovasculares.

"Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las mujeres y siguen siendo su principal riesgo para la salud en general", declaró la Dra. Stacey Rosen, presidenta voluntaria de la American Heart Association, en un comunicado de prensa.

"Aunque mucha gente pueda pensar que estas condiciones como la hipertensión solo ocurren en mujeres mayores, sabemos que no es así", afirmó. "Sabemos que los factores que contribuyen a las enfermedades cardíacas y al ictus comienzan temprano en la vida, incluso entre mujeres y niñas jóvenes."

Calificó estas tendencias como especialmente preocupantes.

"Indica que estarán enfrentándose a problemas crónicos de salud durante la mayor parte de sus vidas", dijo Rosen.

Los resultados también proyectaron crecientes disparidades entre mujeres de color:

La hipertensión aumentará más entre las mujeres hispanas, con un aumento de más de un 15%. La obesidad aumentará más entre las mujeres asiáticas, con un aumento de casi un 26%. Las mujeres negras seguirán teniendo las tasas más altas de hipertensión (70%), obesidad (71%) y diabetes (28%), todas ellas afectando a la salud del corazón. Aproximadamente el 40% de las niñas negras tendrán obesidad para 2050.

"El impacto es aún mayor entre quienes experimentan determinantes sociales adversos de la salud, como la pobreza, la baja alfabetización, la residencia rural y otros factores de estrés psicosocial", dijo Rosen. "Identificar los tipos de tendencias descritas en este informe es fundamental para lograr cambios significativos que puedan revertir este rumbo."

Sin embargo, el informe trae buenas noticias.

Se espera que las tasas de colesterol alto disminuyan en casi todos los grupos de mujeres, según los investigadores. El equipo también proyecta mejoras en hábitos como comer sano, hacer más ejercicio y dejar de fumar.

Según la asociación, hasta el 80% de las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse mediante conductas saludables.

"La forma más eficiente, eficaz y menos costosa de reducir la prevalencia y el impacto de las enfermedades cardiovasculares es mediante la prevención", dijo Joynt Maddox.

"Sin embargo, estas proyecciones indican que nuestros esfuerzos actuales de prevención son insuficientes, especialmente para las mujeres racializadas y las mujeres más jóvenes", añadió. "En el informe, hemos identificado varias consideraciones para mejorar la prevención, el tratamiento y la atención sostenida a lo largo de toda la vida para todas las mujeres."

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los 8 esenciales de la vida.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 25 de enero de 2026

El proyecto de Presupuesto 2026, que se está discutiendo en comisiones en el Congreso nacional, propone derogar algunas normas que establecen metas de financiamiento para el sistema educativo. La más significativa es el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PBI a educación –sumando los aportes de la Nación y las provincias–. En los últimos 20 años, esa obligación se cumplió una sola vez, en 2015, cuando el Estado argentino invirtió el 6,07% del PBI en el sistema educativo.

La decisión de eliminar la meta generó reacciones diversas. Para algunos especialistas, implica sincerar lo que venía sucediendo de hecho: el objetivo no fue cumplido por los sucesivos gobiernos nacionales ni por los gobiernos provinciales (responsables del 75% del presupuesto educativo). Para otros, eliminar la meta supone desarmar un acuerdo en torno a la prioridad de la educación y restarle previsibilidad al financiamiento de jardines, escuelas y universidades.

En 2005, la Argentina invertía el 3,97% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación: las provincias ponían 3,05% y la Nación, 0,92%, según los datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. Con el objetivo de aumentar progresivamente el presupuesto, ese año se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que definió la obligación de alcanzar el 6% del PBI para 2010. La meta se incorporó luego a la Ley de Educación Nacional por medio del artículo 9, que en 2026 cumpliría 20 años.

Entre 2005 y 2015, la inversión educativa de la Nación y las provincias creció de manera sostenida, en paralelo a un aumento del PBI. Desde 2006 ya fue superior al 4% y en 2009 alcanzó un nuevo piso del 5%, hasta alcanzar –por primera y última vez– el 6% en 2015. En los años siguientes, el sistema educativo perdió más de un punto del PBI: en 2019 se destinó el 4,95%. En 2023 hubo una recuperación en la participación (5,2%); luego el ajuste de 2024 dejó la inversión en mínimos históricos, que se redujeron aún más en 2025.

Esa evolución se corresponde con la del salario docente, que alcanzó en 2015 su nivel más alto y luego inició un proceso de caída que –según los últimos datos difundidos por el economista especializado Alejandro Morduchowicz– dejó hoy los sueldos docentes en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

El aumento de la inversión permitió la ampliación de la cobertura del jardín de infantes –sobre todo en las salas de 4 y 3– y de la escuela secundaria, que empezó a ser obligatoria en 2006. También se expresó en la ampliación del acceso a tecnología educativa (impulsada por Conectar Igualdad y los programas análogos de cada jurisdicción, como el Plan Sarmiento en CABA). Pero no impactó directamente en los aprendizajes medidos por las pruebas estandarizadas nacionales (Aprender) e internacionales (ERCE y PISA).

En 2023, un informe de Argentinos por la Educación elaborado por Mariano Narodowski, Gabriela Catri y Martín Nistal calculó la deuda que el Estado argentino había acumulado con el sistema educativo por el incumplimiento del artículo 9 entre 2006 y 2020: eran 26.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 5% del PBI de ese momento. Morduchowicz estimó luego una actualización de ese cálculo para llegar hasta 2023: la deuda había ascendido al 7,8% del PBI.

Los titulares de esa deuda fueron los gobiernos nacionales y provinciales de distintos signos políticos –aunque no todos recortaron con la misma intensidad–. No hubo consecuencias por ese incumplimiento, tampoco reclamos eficaces –aunque, sin las metas, ni siquiera podría haberse cuantificado la “deuda educativa”–.

Además del 6%, el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional desactiva otras metas de financiamiento del sistema educativo, también aprobadas por ley. Por un lado, deroga el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (de 2005), que establecía un fondo de 0,2% de los ingresos nacionales para la educación técnica. Por otro lado, elimina los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (de 2021), que disponían incrementar el presupuesto en Ciencia y Técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.

Esas dos metas también se incumplieron. Un informe sobre el presupuesto educativo nacional 2026 elaborado desde el espacio peronista Imaginar y Transformar muestra que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional –destinado a fortalecer a las secundarias y terciarios técnicos– solo alcanzó la meta en 2009, cuando representó el 0,21% ingresos corrientes previstos en el presupuesto. Luego se mantuvo, en promedio, en 0,17% hasta 2015, y cayó de manera sostenida a partir de 2019 (0,08%) hasta tocar un mínimo de 0,04% en 2024 y 2025.

Con respecto a la inversión en Ciencia y Técnica –que en gran medida se ejecuta en las universidades públicas–, el informe de Imaginar y Transformar señala que, según el presupuesto oficial, en 2026 la inversión será del 0,13% del PBI, por debajo del 0,18% de 2025 y el 0,21% de 2024, que eran las marcas más bajas de los últimos 10 años. Tras la sanción de la ley, la inversión en ciencia había crecido entre 2021 y 2023, pero se desplomó desde 2024 y en 2026 será una cuarta parte de lo que preveía la ley (0,52%).

Las críticas a las metas

Si no se cumplen y si no hay consecuencias por el incumplimiento, ¿qué se pierde con la eliminación de las metas de inversión? Para algunos expertos, casi nada.

“La derogación del mandato de gasto educativo equivalente al 6% del PBI desnuda la impostura de una ley cosmética llamada a no cumplirse, como advertimos hace 20 años: solo se alcanzó en 2015 y estuvo cerca en 2017. Desde entonces, la inversión fue cayendo sistemáticamente, generando una deuda educativa acumulada que hoy ronda los 31.000 millones de dólares; es decir, fondos que debían destinarse a la educación, pero nunca llegaron a invertirse”, consideró Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

“La deuda es de todos los gobiernos: nacionales, provinciales y de todos los signos políticos. Todos transformaron un deber legal en una consigna discursiva. Incluso hasta 2013, funcionarios y especialistas usaban los datos falsos del INDEC de entonces para afirmar que la meta ‘se sobrecumplía’”, continuó Narodowski. Y expresó: “Al proponer derogar esta obligación, el presidente Javier Milei solo sincera lo que presidentes y gobernadores habían incumplido en los hechos, por lo que no se avizoran grandes resistencias parlamentarias”.

Para Narodowski, la Ley de Financiamiento Educativo “no es técnicamente seria, ni un ‘norte’ para la inversión, ni políticamente sostenible”. El especialista de la UTDT consideró necesario “avanzar en un modelo de gasto inteligente cuyo organizador debe ser el aprendizaje de los estudiantes, la calidad con equidad y el pluralismo en la oferta educativa”.

Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano sostienen que no resulta apropiado medir la inversión educativa tomando como referencia el PBI. “Esa medida puede tener sentido en países con un crecimiento económico estable. Pero en contextos como el argentino, donde el PBI ha fluctuado constantemente –subiendo y bajando casi cada año– el indicador puede distorsionar la realidad: cuando el PBI baja, parece que se invierte más, y cuando sube, parece que se invierte menos, aunque en términos reales ocurra lo contrario”, dijeron a Infobae.

Fuentes de la Secretaría consideraron que una inversión del 4% o 5% del PBI “es lo que la experiencia internacional considera razonable y sostenible”. También hicieron referencia a los bajos resultados que arrojan las pruebas estandarizadas. En ese sentido, afirmaron que el aumento de la inversión no se tradujo en una mejora de los aprendizajes y plantearon la necesidad de poner el foco no en cuánto se gasta, sino en la gestión de los recursos y la política educativa.

“Gastar más no significa invertir mejor. En las últimas dos décadas, mientras crecía el gasto público general, también aumentaba el presupuesto educativo, pero los resultados de aprendizaje se deterioraron”, dijeron desde la Secretaría de Educación a Infobae, y plantearon que parte de los recursos se destinó a rubros “que no tuvieron impacto directo en las escuelas, los docentes o los alumnos”.

Entre otras cuestiones, mencionaron que se gastó en “infraestructura escolar sin una planificación demográfica adecuada”, una “formación docente excesivamente teórica” y “tecnología en lugar de materiales pedagógicos, libros o kits de alfabetización”, que –según aseguraron– “hoy se están recuperando como prioridad”.

En ese sentido, argumentaron que la discusión debería enfocarse no en la cifra sino en la calidad, la equidad y la eficiencia del gasto, y sostuvieron que en Argentina existe una distribución regresiva de los recursos: se invierte más por alumno en los sectores más favorecidos. “El foco no debe estar en cuánto se gasta, sino en cómo se invierte, cómo se distribuye y cómo se relaciona con los resultados de aprendizaje”, afirmaron.

Las fuentes y los objetivos

Varios especialistas señalan que los objetivos de financiamiento contribuyen a señalar prioridades para la política pública y a establecer un compromiso común entre la Nación y las provincias. En ese sentido, pueden contribuir a blindar la educación frente a otros recortes y a darle cierta previsibilidad a la discusión salarial docente a nivel nacional.

“La definición de metas de inversión es muy importante como norte a garantizar por el Estado, tanto a nivel nacional como provincial. Así operó la Ley de Financiamiento Educativo que, aunque solo se cumplió en 2015, traccionó un incremento notable del presupuesto educativo. Si bien insuficiente, ese parámetro es a la vez una condición necesaria para garantizar los recursos necesarios para la educación”, sostuvo Cecilia Veleda, doctora en Sociología y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente.

“Definir un piso en una ley expresa una voluntad política de garantizar un mínimo de inversión educativa. Al mismo tiempo, si esa ley no se cumple –como ha ocurrido reiteradamente–, termina perdiendo sentido. No hay sanciones ni responsabilidades asociadas al incumplimiento. Sin embargo, me parece una mala señal eliminar de plano una pauta de priorización educativa”, consideró Javier Curcio, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de UBA y CONICET.

“Entiendo que se quiera modificar una norma que no se cumple, pero no de esta forma. Además, hay un punto importante: los estándares internacionales. El Pacto Global para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas incluye indicadores específicos sobre cuánto se invierte en educación en relación con el PBI y con el gasto público total. Eliminar toda referencia normativa a esos objetivos sería un retroceso, porque debilita el compromiso del país con la mejora educativa”, agregó Curcio.

Algunos expertos resaltan la necesidad de precisar mecanismos y propósitos para el presupuesto educativo. La Ley de Financiamiento de 2005 no solo definía un número abstracto, sino que lo asociaba a objetivos concretos.

“Las metas estuvieron orientadas a la ampliación de cobertura, extensión de la jornada escolar, provisión de tecnologías y a mecanismos de compensación salarial docente entre provincias”, explican los especialistas Tamara Vinacur y Agustín Claus en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado El financiamiento educativo inteligente en la Argentina.

Algunas alternativas que suelen mencionarse apuntan a definir responsabilidades específicas entre la Nación y las provincias, o a establecer metas basadas en el gasto público y no en el tamaño del PBI.

“Debería abrirse un debate serio sobre cómo garantizar compromisos más explícitos, por ejemplo, definiendo responsabilidades precisas entre niveles de gobierno o estableciendo mecanismos que vinculen el gasto educativo con el tamaño del sector público. Si el gasto público crece, la inversión en educación debería crecer proporcionalmente más; y en períodos de restricción, al menos no debería caer más rápido que el gasto total”, sostuvo Curcio.

Algunas propuestas

El Acuerdo por la Educación –una agenda de diez prioridades de política educativa elaborada desde Argentinos por la Educación a partir de la consulta a más de 200 referentes– sugería incrementar la participación de la Nación en el financiamiento educativo y llevarla desde el 25% actual hasta el 40%. También proponía fortalecer la coordinación bilateral entre Nación y provincias, definiendo por ejemplo metas monitoreables para la asignación de fondos nacionales orientados a reducir las desigualdades entre provincias.

“La incidencia de los recursos del Estado nacional, en su doble mecanismo de asignación (la coparticipación federal de impuestos y los programas educativos nacionales) tiene un potencial significativo para la disminución de las brechas de inversión educativa por alumno entre las distintas jurisdicciones”, sostiene el estudio de Tamara Vinacur y Agustín Claus.

“Tanto la Ley de Financiamiento como la de Educación nacional son una responsabilidad compartida con las provincias. Para que no sean letra muerta como hasta ahora, el Congreso tiene que decir cómo hará para que no solo el Estado nacional sino las provincias cumplan esas leyes. Si los legisladores no lo precisan, su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo será solo discursivo, pero lo estarán avalando en la práctica”, consideró Morduchowicz, uno de los autores de la ley de 2005.

“Aunque parezca tautológico, una Ley de Financiamiento debe tener una estrategia de financiamiento y señalar el modo en que se cumplirá. Eso existió durante los primeros cinco años de su vigencia. Después ya no, y nadie lo corrigió. A nadie le interesó hacerlo. Por eso, también, estamos así”, dijo Morduchowicz a Infobae.

Si las metas no están acompañadas por reglas claras sobre las fuentes y responsabilidades de financiamiento, pierden su capacidad de generar previsibilidad al sistema educativo, advierten desde el BID.

“Tener objetivos ambiciosos de inversión ayuda a impulsar aumentos en el financiamiento escolar, pero por sí solos no son suficientes. Su efectividad depende de que haya fuentes fiscales reales que los respalden, buenos mecanismos de asignación y ejecución, y suficiente flexibilidad presupuestaria para responder a nuevas necesidades educativas”, señala un estudio del organismo titulado Gasto inteligente en educación escolar en América Latina y el Caribe.

En ese sentido, desde el BID consideran que un “presupuesto educativo inteligente” debe procurar tres cuestiones clave: asignar recursos con criterios de equidad territorial, monitorear la ejecución, y evaluar eficiencia y resultados.

Entre otras herramientas posibles, mencionan los presupuestos plurianuales y destacan el caso de Uruguay, que define el presupuesto educativo a cinco años. Eso le da más estabilidad, obliga a explicitar cuánto cuesta cada política (la extensión de la jornada, los comedores o la infraestructura) y le permite al Ministerio de Educación negociar con Economía no solo un “porcentaje”, sino recursos para inversión y para gasto corriente.

Hay un consenso bastante amplio: el aumento de la inversión no se traduce automáticamente en un progreso de los aprendizajes. Pero también hay otro consenso, no menos lógico: en un escenario de reducción de los recursos, es difícil esperar una mejora. Las distintas miradas coinciden, al menos, en la necesidad de garantizarle al sistema educativo un financiamiento más previsible, que les permita a las escuelas enfocarse en la enseñanza, sin que los vaivenes de la economía las mantengan en una constante incertidumbre.

En abril había en los países que comparten el euro 10,6 millones de desempleados, 343.000 menos que un año antes, y 12,9 millones en todo el bloque comunitario, 217.000 personas menos.

Respecto a marzo de este año, la tasa de paro bajó en abril una décima en la eurozona y se mantuvo en el 5,9 % en el conjunto de la UE, lo que supone 207.000 y 188.000 desocupados menos, respectivamente. EFECOM

Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La tasa de desempleo de la eurozona aumentó una décima en diciembre y cerró el año en el 6,3 %, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) también creció una décima, hasta el 5,9 %, según informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Eurostat también ha procedido a revisar las cifras que se publicaron el 7 de enero sobre el desempleo en noviembre y ha rebajado ambas una décima, hasta el 6,2 % en el caso de los países de la moneda única y al 5,8 % en los Veintisiete.

En el caso de la eurozona, el 6,2 % en el undécimo mes de 2024 supuso un nuevo mínimo histórico. EFECOM

MHG Continental Holding, en su condición de accionista mayoritario de Minor Hotels Europe & Americas (MHEA), ha indicado que no tiene intención de promover ningún tipo de dividendo antes de la liquidación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión lanzada sobre la cadena hotelera a un precio de 6,37 euros por acción.

En el caso de que MHEA realizase o aprobase cualquier distribución de dividendos o reservas, devolución de aportaciones o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio de la oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución, siempre que la fecha de publicación del resultado de la OPA en los boletines de cotización sea la misma que --o una fecha posterior a-- la correspondiente fecha 'ex-dividendo'.

Así lo ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco del anuncio previo a la OPA de exclusión en las Bolsas españolas de Minor.

En este contexto, los accionistas de MHEA aprobaron este lunes en su junta general extraordinaria la OPA por parte de MHG Continental Holding con un 99,53% de los votos emitidos a favor.

La cadena hotelera ya indicó ayer que, tras la 'luz verde' a la operación, la efectividad de la exclusión quedará supeditada a la autorización de la CNMV y a la liquidación de la OPA.

En este sentido, si tras la OPA se cumplen las condiciones legales, Minor podrá exigir la venta forzosa de las acciones restantes al precio ofertado, mientras que los accionistas minoritarios tendrán el derecho de solicitar la compra forzosa de sus títulos.

MHG Continental Holding ha defendido que el precio de la oferta --6,37 euros-- cumple con los requisitos establecidos, aunque ha explicado que corresponde a la CNMV, en el proceso de autorización de la OPA, la confirmación de si se considera "suficientemente justificado".

Con todo, el número de acciones a las que efectivamente se dirige la OPA asciende a 18.017.448 acciones, representativas de un 4,14% del capital social de MHEA, al tiempo que los términos y características de la oferta se detallarán en el folleto explicativo que se publicará tras la obtención de la referida autorización.

Madrid, 21 nov (EFE).- El Leganés ya se prepara para recibir la visita del Real Madrid, un rival contra el que vivió uno de los partidos más gloriosos de su historia, el triunfo por 1-2 que le dio el pase a las semifinales de la Copa del Rey en el 2018; pero también uno de los más tristes, el empate a dos en Butarque que supuso el descenso a la categoría de plata del fútbol español en el 2020.

Poco más de cuatro años después de aquella jornada para el olvido, el cuadro leganense tratará de sorprender al conjunto de Carlo Ancelotti valiéndose de las señas de identidad que en su retorno a la elite le han permitido, de momento, situarse a cuatro puntos por encima del descenso y sumar en positivo en más duelos de aquellos de los que se ha marchado de vacío. Algunos datos totales hasta el momento, a falta de la disputa de los partidos aplazados en la liga como consecuencia de las inundaciones derivadas de la dana de Valencia, ayudan a descifrar sus claves.

Dura competencia bajo los palos

La salida el pasado verano de Diego Conde, guardameta menos goleado de LaLiga Hypermotion en la 2023-24, rumbo al Villarreal, y de su compañero Dani Jiménez, con destino al Huesca, obligó al club a renovar por completo a los inquilinos de su portería.

El primero en llegar fue Juan Soriano, canterano del Sevilla y ex del Tenerife que ya había vestido la elástica blanquiazul en Primera. Y cerca del cierre del mercado se le unió el serbio Marko Dmitrovic, procedente del conjunto donde se formó el otro arquero.

Desde entonces ambos mantienen un bonito duelo por hacerse con la titularidad. Pese a que Soriano firmó un excelente arranque de curso, el lugar en el once inicial es desde hace algunas jornadas para Dmitrovic, quien acumula tres porterías a cero en siete partidos. Ambos son el tercero y el cuarto con más goles evitados de la competición y hacen que el Leganés sea el segundo equipo con más paradas (45) junto a la UD Las Palmas y el Osasuna y por detrás del Espanyol.

Una defensa rocosa con un líder marcado

Al igual que sucediera cuando ascendió por primera vez con el argentino Martín Mantovani en el 2016, el Leganés vuelve a contar con un capitán con pasado en el fútbol más modesto que ejerce como líder claro del vestuario en la figura de Sergio González.

Más allá de portar el brazalete, González ha demostrado saber adaptarse perfectamente a una categoría en la que debuta y es el octavo jugador con más pases largos del torneo (98), el quinto con más despejes (45), el octavo con más intercepciones (63), el tercero con más recuperaciones (159) y el tercero con más recuperaciones tras pérdida (75); según datos de BeSoccer.

Junto a él aparecen también otros nombres que destacan en métricas individuales como el de Valentin Rosier; quien a pesar de no haber jugado en dos de los tres últimos encuentros ligueros y haber sido suplente en el restante es el sexto con más despejes (43); el tercero con más duelos defensivos (109) y el séptimo con más duelos defensivos ganados (65); el segundo con más 1 contra 1 defensivos (24) y el primero con más 1 contra 1 ganados (15); y el segundo con más entradas (12), solo por detrás de Jude Bellingham e igualado con Marc Casadó.

En lo colectivo el plantel es el segundo con más tiros bloqueados en defensa (49), once de los cuales pertenecen al serbio Matija Nastasic, en el 'top-10' en este apartado. Además el Lega es el líder en recuperaciones (1130), aunque no se encuentra entre los diez mejores de las que se completan en el último tercio, y el segundo en recuperaciones tras pérdida (544).

También el que manda en presiones defensivas individuales (281); el segundo con más despejes en total (257); el tercero con más intercepciones a solo una del Mallorca (534); el cuarto con más entradas junto al Barcelona (50); y el séptimo con más faltas, las mismas que la Real Sociedad (166).

Sin miedo a probar desde lejos

En un apartado que lidera el Barcelona (8), el Leganés aparece en un segundo grupo con cuatro goles desde fuera del área junto al Real Madrid y el Celta de Vigo. Sin embargo el porcentaje de los tantos que marca de esta manera (30,7%) es superior al de los de celeste (20%) y al de los de blanco (16%). De todos, la mitad de ellos han sido obra del argentino Juan Cruz.

La aportación del banquillo

Las alineaciones titulares del Leganés sorprenden en ocasiones y si bien ya hay jugadores más o menos asentados en el once, es habitual ver alguna sorpresa fruto de la voluntad de Borja Jiménez de repartir minutos (todos los futbolistas han debutado en liga salvo el ecuatoriano Jackson Porozo y el canterano Naim García) y de intentar sorprender en función del desarrollo del partido.

Así, sus cinco goles anotados por hombres salidos desde el banquillo le sitúan en cabeza igualado con Atlético de Madrid, Barcelona, Villarreal y Girona. Asimismo más de la mitad (54%) de los tantos que lleva hasta el momento han llegado a partir del minuto 75.

Otras fortalezas...

El equipo del sur de Madrid es, por otro lado, el octavo con más asistencias acompañado de la UD Las Palmas (12); el que más pases en largo intenta (677) y el quinto que más completa (340); el cuarto con más duelos aéreos (465) y el noveno con más duelos aéreos ganados (186); y el sexto con más goles por disparo y con más tiros a puerta que acaban en gol. Además Seydouba Cissé y Dani Raba son de los que más tarjetas provocan (5 y 4) y Miguel de la Fuente el tercero con más presiones defensivas individuales tras Vinicius Jr. y Julián Álvarez.

... y alguna debilidad

Entre los apartados en los que aparece en la parte alta por lo negativo destacan principalmente las pérdidas, pues es el segundo que más acumula en global (1.417) después del Getafe y el tercero que más acumula en campo propio (510). También está entre los diez que más veces caen en fuera de juego, con el delantero franco-marfileño Sèbastien Haller como el sexto en este capítulo junto al polaco Robert Lewandowski con ocho.

Asimismo es el cuarto con menos pases clave (17), con menos centros con éxito (42) y con menos pases progresivos que sirven para romper líneas (556); el tercero que menos tira (106); y el que menos pasa con éxito al área (79), el que realiza menos pases que acaban en tiro (71) y el que menos toques da en el área (128).

Carlos Mateos Gil