La Caja de Seguro Social (CSS) informó que avanza en las gestiones administrativas, presupuestarias y tecnológicas necesarias para cumplir con las víctimas afectadas por el envenenamiento masivo por dietilenglicol, dentro de los plazos ordenados por los tribunales de justicia.

Para atender el pago de las indemnizaciones, la institución indicó que mantiene la partida presupuestaria destinada a los primeros 12 beneficiarios reconocidos en las sentencias formalmente notificadas, por un monto de $25 mil para cada uno.

Sostuvo que los trámites requeridos para efectuar estos desembolsos ya se encuentran en curso.

Sin embargo, representantes de los afectados señalan que desconocen cómo se llegó a esa cifra, pues estiman que la indemnización debería estar acorde con las afectaciones a la salud que se hayan tenido.

El envenenamiento masivo con dietilenglicol en Panamá, destapado públicamente en 2006, constituye uno de los episodios más graves de intoxicación por medicamentos en la historia moderna y el peor caso documentado de intoxicación con esta sustancia en el mundo.

La tragedia se originó cuando la CSS produjo jarabes para la tos y otros medicamentos con una glicerina que, en realidad, estaba contaminada con dietilenglicol, un solvente industrial altamente tóxico para el sistema renal, hepático y nervioso.

Esta combinación de falsificación en la cadena internacional de suministro, negligencia en los controles de calidad y fallas regulatorias permitió que un insumo químico industrial se transformara, literalmente, en un veneno distribuido por el propio Estado panameño a miles de pacientes.

Aunque la intoxicación se hizo visible en 2006, los medicamentos contaminados se habían fabricado y distribuido desde al menos 2004, de modo que la tragedia se entrelaza con años de exposición inadvertida.

El brote comenzó de forma insidiosa, con la aparición de pacientes que ingresaban a hospitales públicos con insuficiencia renal aguda inexplicable y, en muchos casos, con síntomas neurológicos llamativos como debilidad de las extremidades, parálisis facial y alteraciones sensoriales.

El punto de inflexión en la comprensión del brote ocurrió cuando las investigaciones epidemiológicas y toxicológicas lograron vincular de manera estadística y analítica la ingesta de un jarabe antitusígeno con la aparición de la enfermedad.

Un estudio de casos y controles coordinado con apoyo internacional encontró una asociación significativa entre el consumo de un jarabe para la tos de prescripción y el inicio del cuadro de insuficiencia renal aguda, incluso después de ajustar por el uso de otros medicamentos, como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

La CSS ahora manifiesta que continuará analizando individualmente cada sentencia que le sea notificada, con el propósito de determinar las actuaciones administrativas y presupuestarias necesarias para su estricto cumplimiento, de acuerdo con el contenido y alcance particular de cada decisión judicial.

Como parte de este proceso, la institución habilitará una herramienta tecnológica mediante la cual cada víctima podrá ingresar con su identificación y consultar el estado y la etapa en que se encuentra su caso.

La plataforma contará con los protocolos necesarios para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información. De esta manera, cada persona podrá conocer directamente el avance de su trámite, sin exponer públicamente sus datos médicos o procesales.

La CSS también publicará en su sitio web oficial las disculpas públicas institucionales dispuestas por los tribunales, en los términos establecidos en las respectivas sentencias y en reconocimiento de la responsabilidad que estas determinen por los hechos relacionados con los medicamentos contaminados.

Asimismo, se avanza en las gestiones para construir un monumento en la Ciudad de la Salud y colocar una placa conmemorativa en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en el espacio donde funcionó el antiguo laboratorio de medicamentos.

A la fecha, se indicó que ya se han realizado las inspecciones y visitas técnicas requeridas para delimitar los espacios en los que se ubicarán estos elementos conmemorativos.

Panamá es el único país donde existen sobrevivientes afectados por haber ingerido dietilenglicol, situación que ha permitido el desarrollo de investigaciones y estudios académicos internacionales, incluyendo tesis elaboradas en universidades de Estados Unidos.

Ante esta situación, las autoridades de Salud desarrollaron una jornada académica dirigida a médicos, abogados, y equipos regionales de salud, para el estudio profundo de los sucesos relacionados con el envenenamiento masivo por dietilenglicol en Panamá.

El dietilenglicol es un líquido incoloro, viscoso y dulce, utilizado como solvente y humectante, pero altamente tóxico para los humanos.

En agosto de 2006, luego del consumo de medicamentos adulterados, se registró en Panamá un envenenamiento masivo por dietilenglicol, que inicialmente fue tipificado como un “síndrome de insuficiencia renal”.

En septiembre de ese año se observó un comportamiento inusual en las muertes causadas por el supuesto síndrome, lo que encendió las alarmas en las autoridades sanitarias.

La alerta sirvió para identificar que el hasta ese momento llamado “síndrome” no era más que una intoxicación masiva por la ingesta de medicinas alteradas, que afectó a 1,300 personas y provocó el deceso de al menos 800 personas.

La ingesta se dio mediante un entonces popular jarabe expectorante e histamínico sin azúcar que era producido en los laboratorios de la Caja de Seguro Social y que contenía dietilenglicol, un refrigerante de uso industrial.

El jarabe, según reportes de la época, era recetado para aquellos pacientes que presentaban síntomas de gripe, tos y resfriado.

En el país se distribuyeron un aproximado de 200,000 frascos del jarabe.

Manuel Zambrano Chang, ministro encargado de Salud, indicó que para ampliar el conocimiento sobre el diagnóstico, evaluación y seguimiento de los pacientes afectados, el Ministerio de Salud también contará con expertos internacionales para fortalecer la formación del personal sanitario.

Estas capacitaciones, de acuerdo con Zambrano Chang, buscan reforzar el conocimiento médico y científico sobre esta afectación, debido a que, en su momento, tanto pacientes como profesionales de la salud desconocían la magnitud y las características de la enfermedad provocada por la intoxicación con dietilenglicol.

“Ahora ya tenemos conocimiento, tenemos especialistas y estamos comenzando a desarrollar una docencia más profunda sobre este tema”, manifestó.

Las capacitaciones son impartidas inicialmente por especialistas nacionales y posteriormente serán replicadas a médicos y personal de salud en las distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la atención y el manejo integral de estos casos.

Esta iniciativa también busca que otros sectores vinculados al tema, como el área legal, puedan conocer en profundidad los aspectos científicos y médicos relacionados con el dietilenglicol, debido al impacto que esta situación generó tanto en Panamá como a nivel internacional.

En abril de este año el Órgano Judicial condenó al Estado panameño a indemnizar a tres personas con la suma de $25,000 cada una, afectadas al consumir un jarabe que contenía dietilenglicol, hecho calificado como uno de los episodios más sombríos en la historia sanitaria del país.

La condena también obliga a la Caja de Seguro Social a pedir disculpas públicas por escrito a estas tres personas, en concepto de la responsabilidad contractual del Estado derivada de la falta de seguridad de los medicamentos, producto defectuoso, fabricados en los laboratorios de producción de esta entidad gubernamental.

Hasta marzo de 2026, un total de 387 procesos han llegado a su etapa de fondo, lo que representa un 82% de los expedientes, explicó en un comunicado la magistrada María Cristina Chen Stanziola. Además, agregó que 65 casos se encuentran en apelación, siete en fase de pruebas, cinco en alegatos y ocho pendientes de otros trámites.

Los hechos por los que se le reclamaba ocurrieron en octubre de 2006 cuando el sospechoso, que conducía un vehículo en el que también viajaban otros dos varones, intentó meter por la fuerza a unas mujeres que caminaban por la zona, según ha informado la Dirección General de Policía.

En ese momento, un vecino escuchó los gritos de auxilio de las víctimas y acudió en su ayuda.

Los tres sospechosos desistieron de su acción, se metieron en el vehículo y atropellaron al hombre, que resultó herido.

El pasado mes de abril, la Policía Nacional tuvo conocimiento de que el prófugo podría encontrarse en la Comunidad de Madrid al detectar unos movimientos patrimoniales a su nombre en Villanueva de la Cañada.

Después de rastrear algunos lugares que frecuentaba, los agentes le localizaron y procedieron a su detención. EFE

1012043

En el marco en que se siguen presentando rechazos a la reforma al Poder Judicial presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado Juan José Olvera López recordó que en 2005, cuando él fungía como juez, fue el encargado de rechazar el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno de Distrito Federal, evitando que fuera llevado a juicio.

De acuerdo con lo expuesto por el antes mencionado, al desempeñarse como juez, tomó la decisión, de “rechazar la prevención del fiscal de llevarlo a juicio” lo que le llevó diversas consecuencias, haciendo hincapié en que se lograra que para el 2006 el originario de Macuspana, Tabasco pudiera figurar en la boleta electoral como candidato a la presidencia por primera vez.

“En 2005 el entonces exjefe de Gobierno, que es un caso publico en todos los sentidos, él mismo lo a publicado. Andrés Manuel López Obrador, ustedes saben, en su momento yo decidí como juez rechazar la prevención del fiscal de levarlo a juicio y eso como lo reportaron el día de hoy, de rechazar el caso penal, trajo algunas consecuencias entre otras que él pudiera ser habilitado para contender por primera vez en el año 2006″, recordó.

De acuerdo con lo expuesto por el ahora magistrado, en caso de que López Obrador sí hubiera sido procesado con base a las reglas constitucionales vigentes en la fecha antes mencionada, “ni siquiera (hubiera sido) candidato debido a esta decisión”.

El proceso de desafuero es un procedimiento legal que permite retirar la inmunidad o fuero constitucional a un funcionario público para que pueda ser juzgado por presuntos delitos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el proceso de desafuero se llevó a cabo en 2005, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México).

Dicho proceso comenzó debido a un desacato en torno a un predio expropiado que se utilizó para construir una carretera, a pesar de una orden judicial que lo prohibía. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero, retirándole la inmunidad procesal. Esto permitió que las autoridades judiciales pudieran proceder legalmente contra él. Sin embargo, posteriormente las acusaciones fueron desestimadas y el caso no avanzó judicialmente.

Este episodio tuvo importantes implicaciones políticas y mediáticas, afectando tanto la carrera política de López Obrador como el panorama electoral en México.

Así fue la primera “contramañanera”

Las palabras del magistrado se dieron durante la primera “contramañanera” organizada por el colectivo Artículo 41, la cual se ha encargado de refutar la reforma aprobada al Poder Judicial, donde ademas justifican el paro de labores que ha sido severamente criticado por el actual Gobierno de México.

Bajo esa tónica, la magistrada Adriana Ortega Ortiz remarcó que “no estamos en paro, estamos en una reducción de actividades y el matiz parece menor, pero no es así, los casos sí se están atendiendo y una cosa también muy importante los que están definitivamente con toda su fuerza son los trabajadores del Poder Judicial Federal y son trabajadores que no solo están defendiendo sus derechos, no nos equivoquemos, todos los trabajadores del Poder Judicial y los titulares que nos hemos sumado estamos seguros de que estamos defendiendo la independencia judicial y la justicia que merece la gente”.

Tras esa postura, el magistrado que aseguró haber salvado a López Obrador de haber ido a juicio, insistió en que los recursos que se han interpuesto en contra de la reforma al Poder Judicial deben ser agotados en los Tribunales, al tiempo de dejar en claro que la postura, tanto del Gobierno de México como del partido Morena es legitima.

“Estamos en un momento de efervescencia, pero en este momento preciso los asuntos se encuentran en la zona de los tribunales como corresponde a un proceso de reforma tan importante como este; entonces la postura que tiene la Presidencia, los legisladores, es una postura legítima en parte, ellos no son los jueces”.