Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, en la noche del jueves 29 de mayo, confirmó una recompensa de veinte millones de pesos para quienes cooperen con las autoridades suministrando información para dar con la ubicación y captura de los responsables de los actos violentos en diferentes puntos del país en la doble jorndad de paro nacional.

Son responsables de alterar la tranquilidad de los ciudadanos y atentan contra funcionarios y la fuerza pública.

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“Invitamos a todos los colombianos a que nos suministren información para capturar a quienes han cometido estos delitos. Vimos también en Popayán que intentaron asesinar a policías, lanzándoles bombas incendiarias, intentaron afectar su integridad y ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita capturar a quienes violaron la ley, específicamente a quienes atentaron contra la vida de los colombianos y específicamente de nuestros policías en nuestras protestas”, comentó el ministro de Defensa en un balance entregado a los medios de comunicación sobre esta doble jornada de paro nacional.

El funcionario catalogó como una “violación tácita a la ley” estos hechos, que vulneran derechos fundamentales como la salud y la educación, entre otros.

Uno de los hechos que mayor visibilidad tuvo ocurrió en horas de la noche del jueves 29 de mayo, cuando un grupo de personas irrumpió de manera violenta en un supermercado ARA en la localidad de Usme. Saquearon el lugar, robaron productos, atentaron contra las instalaciones e intentaron atacar a la fuerza pública, que hizo presencia en el lugar para controlar los desmanes.

El secretario de Seguridad de Bogotá confirmó este ataque y afirmó la captura de dos personas, menores de edad:

“Hacia las 8 de la noche atacaron un supermercado ARA, vandalizándolo y generando hurto. Allí fueron aprendidos dos menores de edad de 16 y 17 años, quienes están siendo sujetos de restitución de derechos. Instrumentalización de menores, violencia, destrucción, no están amparados por ningún derecho constitucional, son un abuso del derecho a la protesta y están utilizando como escudo ideologías y causas para el ejercicio de actos delictivos y agresiones directas contra Bogotá y los bogotanos”, contó César Restrepo.

Presidente de la CUT reconoció que bloquearon TransMilenio como parte de su estrategia para apoyar el paro nacional

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reveló una de las verdaderas intenciones de salir a las calles y convocar a todas las centrales obreras en apoyo a la consulta popular.

En plaza pública, Arias afirmó que estas marchas dejaron dos días de normalidad en las labores de todos los ciudadanos y ratificó que una de las actividades previstas era el bloqueo del sistema de transporte público en Bogotá.

“Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado exactamente de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”, afirmó Arias.

Estas declaraciones causaron escozor en diferentes sectores, generando fuertes pronunciamientos, entre ellos el del alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, quien afirmó que desde el Distrito interpondrán acciones legales en contra de Fabio Arias.

El mandatario local aseguró que este tipo de iniciativa atentan contra los derechos de millones de ciudadanos que nada tienen que ver con las movilizaciones: “El señor Fabio Arias, presidente de la CUT, confesó hoy que los bloqueos a TransMilenio son una estrategia de quienes organizaron el Paro Nacional. Es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones de ciudadanos, poniendo incluso en riesgo su vida,” expresó el alcalde, que agregó que la ciudad no tolerará acciones que perjudiquen la movilidad de la población.

Redacción Deportes, 29 ene (EFE).- Los Reales de Kansas City y el cerrador dominicano Carlos Estévez han llegado a un acuerdo por dos temporadas y 20 millones de dólares, informó este miércoles el portal oficial MLB.com.

El acuerdo prevé una extensión de 13 millones de dólares para un tercer año.

Sin los de Kansas City no ejercen esa opción, tendrán que pagar a Estévez una indemnización de 2 millones de dólares, por lo que el valor garantizado del contrato es de 22 millones.

La pasada temporada, James McArthur logró 18 salvamentos en 25 juegos y se tornó así en la principal carta para lanzar la novena entrada.

En las dos últimas campañas, el dominicano ha logrado salvar 57 partidos con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.22 que le sitúa como uno de los mejores cerradores en Grandes Ligas.

El diestro de 32 años tuvo su mejor desempeño en la pasada temporada en la que jugó con los Angelinos de Los Ángeles y los Filis de Filadelfia y consiguió 26 salvamentos con un porcentaje de efectividad de 2.45 en 54 presentaciones desde el montículo.

Estévez permitió 15 carreras limpias y ponchó a 50 bateadores en 55 episodios. EFE

Continúan las protestas ad portas de APEC 2024. Ex trabajadores de Doe Run Perú se congregaron el miércoles 6 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Lima. Su objetivo era exigir al ministro Rómulo Mucho la liberación de un fideicomiso que les permitiría recibir pagos pendientes desde hace más de una década.

Este fondo, que asciende a aproximadamente US$20 millones, está depositado en una cuenta bancaria de Scotiabank y ha sido objeto de trabas administrativas por parte de funcionarios del Minem, lo que impide su disposición al liquidador designado por el Indecopi para Doe Run Perú S.R.L. en liquidación.

Desde principios de 2024, cerca de 3.500 acreedores laborales han instado al ministerio a actuar conforme al marco legal vigente. Según la Ley General del Sistema Concursal, el liquidador de Doe Run Perú debe proceder con el pago de las deudas laborales, un proceso que hasta ahora ha sido obstaculizado por indecisiones y procedimientos poco eficientes.

La situación se torna más urgente ante la proximidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Lima. De no recibir respuesta a sus demandas, los ex trabajadores han anunciado que una comitiva más numerosa, proveniente de La Oroya, Huancayo y Huancavelica, se unirá a las protestas el jueves 7 de noviembre.

¿Qué piden los extrabajadores de Doe Run?

Los demandantes del Estado peruano son habitantes de La Oroya que se han visto perjudicados por la exposición a altos niveles de plomo, cadmio, dióxido de azufre y otras sustancias tóxicas emitidas por el complejo metalúrgico.

El conflicto se centra en la disposición de un fideicomiso que fue creado con fondos de la empresa y que, según los manifestantes, debería ser utilizado para saldar las deudas laborales.

Sin embargo, la falta de acción por parte del Minem ha generado frustración entre los exempleados, quienes ven en la liberación de estos fondos un paliativo a sus problemas económicos.

La protesta de los ex trabajadores de Doe Run Perú pone de relieve las dificultades que enfrentan miles de personas afectadas por la liquidación de la empresa, quienes buscan justicia y el cumplimiento de sus derechos laborales tras años de espera.

¿Qué es el caso Doe Run?

En 2007, las hermanas Kate Reid y Megan Heeney presentaron demandas en un tribunal de Missouri contra Doe Run, actuando en nombre de niños peruanos afectados por emisiones de plomo. Acusaron a Doe Run Perú de no cumplir con las reducciones de emisiones estipuladas en el Plan de Gestión para la Remediación Medioambiental, lo que resultó en niveles peligrosos de plomo en el aire, según el documento legal.

El complejo siderúrgico de La Oroya, ubicado en los Andes peruanos, comenzó sus operaciones en 1922 bajo la propiedad de Cerro de Pasco Corporation. Este complejo se dedicaba a la transformación de minerales en metales como cobre, plomo y zinc. Es parte de la historia de por qué en el Perú la minería no es bien recibida en muchas regiones.

El caso legal en Missouri se centra en la alegación de que Doe Run Perú estaba bajo el control de su matriz estadounidense, Doe Run, lo que implicaría que las decisiones tomadas en Estados Unidos contribuyeron al envenenamiento por plomo de los demandantes.

Este argumento se basa en la teoría de que las operaciones en Perú estaban dirigidas desde el extranjero, lo que habría causado daños cognitivos irreversibles a los niños afectados.

La ciudad de Bucaramanga fue episodio de un mortal asalto en el que Jesús Antonio Delgado, de 28 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras intentaba impedir que los robaran. El hecho, que tuvo lugar el viernes 7 de junio, sobre las 11:00 de la noche, y dejó también herido a Luis Alvarado Montaña, de 33 años, quien acompañaba a la víctima.

Jesús Antonio Delgado, comerciante de calzado en el Centro Comercial La Isla, como rerpotó el medio local Vanguardia, había salido de su lugar de trabajo junto a su colega Montaña. Los dos hombres se dirigieron a consumir bebidas embriagantes en un establecimiento no especificado antes de regresar a su residencia en la capital santandereana.

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Cuando se desplazaban por la calle de regreso a su domicilio, en un punto cercano a un CAI y a una zona frecuentada, fueron interceptados por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta. Según el informe de la Policía, “el parrillero se bajó de la moto con un arma de fuego e intimidó al hoy fallecido”.

Como la víctima de una se opuso a ser hurtado, trató de arrebatar el arma al agresor, lo que provocó que este le disparara en una sola ocasión, con un disparo acertivo en el lado derecho de su cuello. Luis Alvarado, al presenciar el ataque, intentó derribar a los delincuentes de la motocicleta, pero fue herido en el brazo derecho.

Después de disparar, los agresores huyeron del lugar rápidamente. Las dos víctimas fueron auxiliadas por agentes de la Policía, quienes las trasladaron inicialmente a la Policlínica, situada a menos de cinco minutos del lugar del ataque. Posteriormente, ambos fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander (HUS).

A pesar de los esfuerzos médicos, Jesús Antonio Delgado falleció a la 1:00 a.m. del sábado 8 de junio. Su compañero, mientras tabto, se encuentra recuperándose de la lesión sufrida en el brazo. A su vez, las autoridades llevaron a cabo la recolección de evidencias, incluyendo el testimonio del sobreviviente, quien afirmó que no puede reconocer al agresor debido al uso de casco cerrado y tapabocas por parte de este.

Aún así, los ladrones no lograron llevarse nada. El fallecido llevaba en uno de sus bolsillos una suma cercana a los 20 millones de pesos, que no fue sustraída por los delincuentes. Las autoridades especulan que el móvil del crimen fue un intento de robo fallido; con ese contexto, se está verificando el material de las cámaras de seguridad de la zona para obtener más información.

Jesús Antonio Delgado tenía tres anotaciones por el delito de estupefacientes entre los años 2015 y 2016, según los registros policiales. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga. Con relación con la investigación, la Sijín de la Policía está trabajando intensamente para esclarecer los hechos y hallar a los responsables del homicidio. Según el informe policial, “el herido en el brazo indicó que no puede reconocer al agresor”.

La comunidad del barrio Ciudad Bolívar ha expresado su consternación y pide justicia para Jesús Antonio Delgado, así como un aumento en las medidas de seguridad en la zona para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.

Detenido hombre por violencia intrafamiliar agravada en Bucaramanga

José Luis Carreño Pinzón, un ciudadano capturado por agresir a su esposa, fue capturado el pasado martes, 4 de junio, en Bucaramanga por agentes del CTI de la Fiscalía y la Sijin de la Policía. La captura se efectuó debido a una sentencia de 48 meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada, dictada por el Juzgado Tercero Penal de dicho municipio, según datos de la Fiscalía.

Según el reporte del ente acusador, Carreño Pinzón había ejercido durante años violencia física y psicológica contra su cónyuge, hechos denunciados en 2018. Tras un prolongado proceso judicial, se ratificó la condena. La detención ocurrió en la carrera 24 con calle 8 del barrio Comuneros de Bucaramanga.

La investigación de la Fiscalía reveló que las agresiones de Carreño Pinzón contra su pareja fueron constantes y se denunciaron formalmente en 2018. El 7 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Penal de Bucaramanga lo condenó a 48 meses de prisión, y dicha sentencia fue confirmada en segunda instancia.