En 1905, George Santayana, filósofo norteamericano de origen español, profesor en Harvard, enseñó que “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” en su obra The Life of Reason (La vida de la razón).

El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en Argentina ha sido un proceso que quedará en la historia y constituye un ejemplo a nivel internacional.

Los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos. Esta expresión, que ha sido expuesta en numerosos pronunciamientos institucionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quiere significar que no hay retrocesos ni reinterpretaciones que puedan deteriorar lo realizado.

En ese sentido, en el llamado caso Muiña - Sentencia Bignone del año 2017- en el voto de Ricardo Lorenzetti se dijo: “…Cabe señalar que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no solo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de Estado, afirmada por los tres poderes en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos…”

El proceso judicial comenzó mucho antes. En el año 2005 con el caso Simón. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Petracchi, Zaffaroni, Lorenzetti, Highton y Maqueda, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida (23.521) y Punto Final (23.492). Esta sentencia abrió la posibilidad de juzgar los delitos de lesa humanidad en todo el país y en cada centro de detención. A partir de ahí, el juzgamiento de delitos de lesa humanidad no se detuvo, alcanzó diferentes jurisdicciones e instancias.

Asistencia a tribunales. Gestión y comunicación.

Durante la presidencia de Lorenzetti en la Corte, se creó además la “Comisión Interpoderes” en el año 2007 (acordada 14), ampliada en el 2008 (acordada 42) y en el 2009 (acordada 4). Esa comisión es la que permitió organizar los procesos de juzgamiento en todo el país.

Participaban de manera regular el presidente de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación, senadores, diputados, miembros del poder judicial federal y del Consejo de la Magistratura, y se logró un consenso importante para cubrir las necesidades de un proceso de gran complejidad. Ello permitió organizar el cuerpo médico forense, los equipos de medicina especializada en la identificación de cuerpos.

La Corte organizó, además, a través del Centro de Información Judicial, un sistema para garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública. La Corte promovió la difusión de los “actos iniciales”, “los alegatos”, “la discusión final” y “la lectura de sentencia, en su parte dispositiva y fundamentos” de las causas elevadas a juicio oral. También ofreció a los tribunales que sustanciaban estas causas asistencia para las relaciones con los periodistas, de manera que estos últimos pudieran estar presentes en sesiones determinadas de los juicios y recibieran información, en el marco de lo dispuesto por la Acordada 29/08.

La memoria histórica en los libros

La comisión interpoderes permitió también resguardar el registro histórico. Las nuevas generaciones, que no vivieron esta tragedia, pueden leer lo que ha sido este tremendo proceso en dos libros: “Derechos humanos: justicia y reparación“. La experiencia de los juicios en la Argentina. Crímenes de lesa humanidad. Fue escrito por Ricardo Lorenzetti (quien fuera presidente de la Corte Suprema) y por el autor de esta columna, publicado en el año 2011 por editorial Sudamericana, y “Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad”, obra colectiva dirigida por Lorenzetti y en la que participaron jueces y funcionarios judiciales de todo el país. Publicado en el año 2024 por la editorial Rubinzal Culzoni.

Este proceso comenzó en las calles, con el reclamo de la sociedad, canalizado a través de los organismos de derechos humanos. Hubo importantes decisiones como los “juicios de la verdad”, el “juicio a las juntas”, y cientos de juzgamientos en todo el país. También existieron medidas que fueron consideradas retrocesos en relación a esta política de Estado. Ello ocurrió con las leyes de amnistías e indultos, que fueron declaradas inconstitucionales. También se dictaron fallos que significaron un retroceso. Lo que quedará en la historia es que este proceso fue respaldado por decisiones de los tres poderes del Estado a lo largo de cincuenta años de democracia. Es cierto que hubo retrocesos, pero estos no pudieron impedir la voluntad generada a través de una fuerte política de estado que permitió corregirlos.

Si bien llevaba el apodo en apariencia inocente de “Pajarito”, también se lo conocía como “El carnicero del Olimpo”. Y ese último lo describía con precisión a Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los militares más crueles y temidos de la dictadura y uno de los cerebros del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976. En aquel tiempo era responsable de la Jefatura II de Inteligencia y del Primer Cuerpo de Ejército, controlando en forma absoluta la Policía Federal, la de la Provincia de Buenos Aires, la Gendarmería y la Prefectura.

Fue decisivo su rol mientras el primer triunvirato, conformado por el entonces teniente general Jorge Videla, el almirante Eduardo Massera y el brigadier Ramón Agosti, pergeñaban el golpe de Estado e iniciaban el llamado por ellos mismos “Proceso de Reorganización Nacional”. Y así se mantuvo hasta 1979.

El “Señor Suárez” como se lo llamaba en el club de sus amores, Argentinos Juniors, donde fue arquero en divisiones inferiores y luego dirigente, también compartió la promoción en el Colegio Militar de la Nación con los mencionados Videla y Viola, ex presidentes de facto.

“El carnicero”

Fue nada menos que el responsable del funcionamiento de más de 60 Centros Clandestinos de Detención y Tortura, entre otros Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, La Cacha y El Olimpo, donde se ganó el mote mencionado de “carnicero” por su ferocidad y violencia, que le valieron acusaciones por homicidios agravados por alevosía reiterados, privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias reiteradas: tormentos reiterados, tormentos seguidos de muerte; robos reiterados; sustracciones de menores; reducción a servidumbre; usurpación; secuestros extorsivos, supresión de documento público y apropiación de hijos de desaparecidos.

Era tan poderoso que además tenía bajo su control al por demás temido jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, y al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, desde donde surgía la organización y ejecución de los secuestros.

Los antecedentes de Pajarito resultaban más que útiles para el gobierno de la dictadura. En 1951 formó parte del frustrado derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón que supo liderar el general Benjamín Menéndez, terminó exiliándose en Uruguay y recién pudo volver al Ejército después del golpe concretado por la Revolución Libertadora.

Durante el gobierno de otro dictador, Juan Carlos Onganía (1966/70) fue agregado militar de la embajada argentina en Ecuador. En 1975 fue clave en el desarrollo del Operativo Independencia durante el gobierno de Isabel Perón, puesto en marcha el 5 de febrero por el Decreto N.º 261/75 para “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de lo que se definía como “elementos subversivos” en la provincia de Tucumán, que un año después culminó en el golpe de Estado.

Cuando fue jefe del Estado Mayor General del Ejército durante la crisis entre Argentina y Chile de 1978, promovió la ejecución de la Operación Soberanía por la disputa del canal de Beagle. Además coordinó acciones extraterritoriales de expertos argentinos en Bolivia, Honduras, El Salvador y Nicaragua, todo en el marco de la guerra contra el comunismo.

La huida y la extradición

Luego de pasar a retiro en 1982 y concluida la guerra de Malvinas resultó designado interventor en YPF y su tarea fracasó y generó un cuantioso pasivo para la empresa. Cuando llegó la democracia en 1983 escapó hacia Centroamérica y Estados Unidos bajo la sospecha de haberse llevado documentos secretos con la intención de que desaparecieran y se convirtió en prófugo.

En 1987 fue detenido por Interpol en los Estados Unidos y se solicitó su extradición por 43 cargos de homicidio, 24 de privación ilegal de la libertad y uno de falsificación de documento público. Se había instalado en las afueras de San Francisco, California, hasta que el sábado 24 de enero de 1987, día de su cumpleaños número 63, lo detuvieron en su casa. Tenía pedido de captura internacional y estaba obligado a someterse a un proceso de extradición.

El pedido refería específicamente a un sistema de órdenes secretas verbales llamadas a controlar la conducta de los miembros del Primer Cuerpo de Ejército dadas por Suárez Mason. En 1988 fue traído a la Argentina para ser juzgado. Pero en diciembre de 1990, el presidente Carlos Menem lo terminó indultando.

No obstante, en 1998 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina determinó que se lo investigue por la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, delito no contemplado en los indultos ni en las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Por eso fue detenido con prisión preventiva y por su edad recibió el beneficio del arresto domiciliario. Pero como se le ocurrió festejar su cumpleaños con un asado en Argentinos Juniors, se le revocó la detención domiciliaria y terminó preso en la cárcel de Villa Devoto.

En 1999, durante el juicio por la apropiación de doce hijos de desaparecidos, develó que el ministro del Interior Albano Harguindeguy era el que tenía listas de personas detenidas por cuestiones relacionadas con la lucha contra la subversión.

Allí también intentó desligar su responsabilidad relacionada con los Centros Clandestinos de Detención y Tortura a cargo de la Policía Bonaerense conocidos como “El Circuito Camps”, alegando en las audiencias que las policías no estuvieron subordinadas al Primer Cuerpo de Ejército.

Condenado

En 2003 Pajarito fue condenado a tres años y medio de prisión por apología del delito y violar la ley antidiscriminatoria por haber manifestado años antes en un reportaje concedido a una revista que tenía “prevención” con los judíos y que los responsables del mayor genocidio ocurrido en el país deberían haber “legalizado la tortura” para combatir el terrorismo.

España, Italia y Alemania habían requerido su extradición por la desaparición forzosa y torturas a ciudadanos de esos países. En 2004 fue procesado en ausencia en Italia y terminó sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de ítalo-argentinos.

“Yo nunca mandé fusilar a nadie. A algunos los eliminamos. Eso está más o menos claro”, se atrevió reconocer. En junio de 2005 debió ser trasladado de urgencia desde la prisión de Villa Devoto al Hospital Militar, donde venía concurriendo tres veces por semana cumpliendo un tratamiento por dolencias cardíacas. En esta oportunidad lo llevaron por una hemorragia intestinal, fue operado, pero murió el 21 de ese mes a los 81 años.