En Panamá el cambio climático transformará el calor extremo en una amenaza estructural, señala un estudio presentado por Metromapas y Esri Panamá, ante el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Advierte que las condiciones sociales determinarán quiénes serán los más vulnerables.

Bajo el rigor de análisis se proyecta que en un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, cerca de 1.33 millones de personas, equivalentes a un tercio de la población nacional, podrían enfrentar condiciones de alto riesgo por estrés térmico extremo entre 2071 y 2100.

El estudio, “Análisis de la amenaza, exposición y vulnerabilidad sociodemográfica por estrés térmico extremo en Panamá: 2071-2100”, es uno de los primeros que se realiza en el país y que integra proyecciones climáticas con información demográfica y socioeconómica para identificar no solo dónde aumentarán las temperaturas, sino qué comunidades tendrán menor capacidad para adaptarse a ese escenario.

Para ello, se informa que se analizaron 699 corregimientos del país, utilizando información climática regionalizada del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y herramientas de análisis geoespacial desarrolladas en ArcGIS Pro, lo que permitió construir un índice nacional de amenaza, exposición y vulnerabilidad frente al calor extremo.

“Los resultados muestran que el calor extremo dejaría de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una condición permanente del clima panameño hacia finales de siglo”, señala una nota de prensa.

En el escenario más severo analizado, la información añade que la temperatura máxima promedio aumentaría 4.2 °C respecto al período histórico; las olas de calor podrían prolongarse hasta 345 días al año en algunos territorios y la demanda de refrigeración prácticamente se duplicaría respecto a los escenarios más optimistas.

Amparadas en estas condiciones, cerca de 1.33 millones de panameños vivirían en corregimientos clasificados con riesgo alto, una diferencia de más de 365 veces respecto al escenario climático más favorable.

Al desglosar el estudio, se indica que uno de los principales aportes de la investigación es demostrar que el impacto del calor extremo no estará determinado únicamente por el aumento de las temperaturas.

Aunque la amenaza climática proyectada es relativamente similar en todo el país, se manifiesta que la capacidad de cada comunidad para enfrentarla depende de factores como el acceso a electricidad, ventilación y aire acondicionado, las condiciones de las viviendas, la estructura demográfica y el tipo de actividades económicas predominantes.

El análisis identificó cinco perfiles de vulnerabilidad. Detalla que el más crítico comprende 138 corregimientos, donde prácticamente todas las viviendas carecen de aire acondicionado y abanicos, una parte significativa de la población no dispone de electricidad y predominan trabajadores agrícolas expuestos durante largas jornadas al sol, además de una elevada presencia de niños, uno de los grupos más sensibles al estrés térmico.

Asimismo, otro grupo de corregimientos concentra una alta proporción de adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo frente a las olas de calor debido a su menor capacidad fisiológica para regular la temperatura corporal.

El estudio también revela que, incluso dentro del área metropolitana, existen realidades muy diferentes.

En el distrito de Panamá, los corregimientos del centro urbano presentan mejores condiciones de infraestructura, pero concentran una alta proporción de adultos mayores, especialmente en sectores como Betania, Juan Díaz y Bella Vista. En contraste, la periferia registra mayores carencias de climatización y una elevada presencia de trabajadores de la construcción expuestos al calor durante gran parte del día.

En San Miguelito, el principal desafío identificado es el envejecimiento de la población. El estudio señala que varios corregimientos combinan una importante proporción de adultos mayores con limitaciones en el acceso a sistemas de climatización, situación que incrementa considerablemente su nivel de vulnerabilidad frente a eventos prolongados de calor extremo.

La investigación fue presentada durante un taller organizado por el IMHPA, a través de su Dirección de Climatología, en el marco del Programa Euroclima de la Unión Europea, con el apoyo de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), iniciativa que fortalece las capacidades de adaptación al cambio climático en Centroamérica.

En una sentencia emitida en Estados Unidos, dos ciudadanos mexicanos fueron declarados culpables y condenados a prisión tras ser identificados como responsables de haber dejado abandonada a una migrante salvadoreña en el desierto de Nuevo México, un hecho que derivó en la muerte de la joven. El caso, que involucró a una red de tráfico de personas, ha despertado la atención por la gravedad de las consecuencias y el método utilizado por quienes guiaban a migrantes en condiciones extremas.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los condenados, identificados como Gustavo Joachin-Hernández, de 37 años, e Israel González-Cruz, de 36, recibieron una pena de 46 meses de prisión federal (aproximadamente cuatro años). Ambos fueron señalados como guías de una organización dedicada al tráfico de migrantes y tras cumplir la condena, serán deportados a México. Las autoridades estadounidenses establecieron que ambos participaron cómo guías para migrantes que buscaban cruzar la frontera sur de forma irregular y que terminó con la muerte de Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, una joven de 26 años originaria de El Salvador.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió en agosto de 2024 cuando un grupo de migrantes cruzó la frontera de manera ilegal. El 7 de ese mes, agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a 13 migrantes indocumentados ocultos en una zona desértica cercana a la carretera estatal 9, en Santa Teresa, Nuevo México. La investigación determinó que en ese trayecto, una de las personas que viajaba en el grupo, Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, quedó rezagada debido al calor extremo y no pudo continuar con el resto.

El testimonio recabado por las autoridades señala que Joachin-Hernández admitió haber ayudado a la joven a llegar hasta el punto donde estaba previsto que el grupo fuese recogido, pero optó por dejarla atrás para proseguir con los demás migrantes. La búsqueda posterior, realizada por agentes federales, concluyó con el hallazgo del cuerpo de Villalta Márquez. La Oficina del Investigador Médico determinó que la causa de muerte fue hipertermia, consecuencia de la exposición prolongada a temperaturas cercanas a los 36 °C (97 °F) durante aproximadamente cinco horas y media de caminata por el desierto.

La investigación estableció que ambos sentenciados se desempeñaban como guías para la organización de tráfico desde noviembre de 2023. De acuerdo con el expediente, Joachin-Hernández declaró que esperaba recibir una suma de 2,000 pesos mexicanos ($115 dólares) por cada migrante trasladado hasta una casa de resguardo en Estados Unidos. Las autoridades indicaron que el abandono ocurrió después de que la joven comenzara a quedarse atrás y presentara signos de agotamiento por el intenso calor.

El Departamento de Justicia informó que ambos mexicanos se declararon culpables del delito de conspiración para transportar a un migrante en condición irregular. Según los registros judiciales, la condena de 46 meses se dictó en la jurisdicción federal y tras cumplirla, los sentenciados serán entregados a las autoridades migratorias para su deportación a México.

El caso subraya los peligros asociados a la migración irregular y las prácticas de las redes de tráfico de personas en la región fronteriza. Las autoridades estadounidenses reiteraron que continuarán procesando penalmente a quienes participen en estas redes, especialmente cuando sus acciones pongan en riesgo la vida de los migrantes.

La caída de los principales líderes criminales del Caribe costarricense marcó un giro en la lucha contra el narcotráfico en la región. En los últimos tres años, las autoridades lograron neutralizar a los 12 jefes narco de mayor perfil, una acción que se enmarca en la respuesta estatal al aumento de homicidios vinculados con disputas por el control de la droga.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía atribuyen estos resultados a una revisión de estrategias luego del año más violento registrado en el país, según informó CR Hoy. Michael Soto, director del OIJ, explicó que “la mayoría de los homicidios respondían a venganzas vinculadas al narcotráfico” y que las nuevas tácticas de investigación permitieron avances concretos en la contención de la violencia.

Tras la muerte de Ronnie Ríos, alias Coco, y la detención de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, junto a Jonathan Pérez, alias Tan, las autoridades consideran desarticuladas las principales estructuras narco que alimentaban la ola de violencia desde 2023. Estas acciones permitieron reducir progresivamente los homicidios, según lo expuesto por el fiscal general Carlo Díaz, quien destacó la importancia del despliegue operativo pese a los recortes presupuestarios sufridos por ambas instituciones. “La pugna entre las organizaciones y la dinámica entre el narcotráfico local ha provocado el repunte de la cantidad de homicidios, pero consideramos que con todas estas acciones operativas, va a seguir disminuyendo”, indicó Díaz.

Jefes criminales, extradiciones y nuevas rutas del narcotráfico

El desmantelamiento de las redes comenzó con la captura de Gilbert Bell, conocido como Macho Coca, considerado el pionero del narcotráfico internacional en Limón aunque nunca fue condenado por ese delito. En febrero de 2024 fue detenido por liderar una operación de robo de combustible en el poliducto de Recope.

Después, una corte de Nueva York pidió en noviembre de 2025 su extradición por tráfico internacional de cocaína. La investigación incluye grabaciones obtenidas durante negociaciones con agentes encubiertos de la DEA y el FBI, y aunque un juez rechazó la entrega en primera instancia en marzo pasado, en junio el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea revocó esa decisión y autorizó su traslado a Estados Unidos. Según documentación recogida por CR Hoy, estos procesos judiciales han sido complejos y han requerido coordinación internacional.

Tony Peña Russell, alias La T, fue detenido el 21 de junio de 2024 en barrio Atlántida durante un operativo sorpresa, seis meses después de haber escapado de un primer allanamiento. Las autoridades lo identifican como jefe de sicarios y brazo armado de cárteles del narcotráfico en el Caribe, y le atribuyen cerca de 100 asesinatos en el cantón central de Limón.

Alexander Zacarías Herrera Hernández, líder de La H, fue extraditado en agosto de 2024 tras años de evasión pese a que era buscado por Interpol desde 2012. Junto con sus hermanos Guillermo Gilberto y Elías dirigía la banda integrada por nicaragüenses que usaban identidades falsas para pasar por hondureños y disputar el control de la Terminal de Contenedores de Moín, utilizada para exportar cocaína; además, recientemente se declaró culpable y colaboró como testigo con autoridades estadounidenses.

Luis Manuel Picado Grijalba, señalado como jefe del primer cártel de la droga desarticulado en Costa Rica, fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en un aeropuerto de Londres tras un seguimiento del OIJ desde su salida del país. Como entonces no se permitía la extradición de nacionales, la policía judicial compartió información con la DEA para coordinar su captura, y desde entonces se tramita su traslado a Estados Unidos mientras el Reino Unido también manifestó interés en procesarlo por envíos de droga a ese país.

En agosto de 2025 fue detenido su hermano Jordie Kevin Picado, alias Noni, quien había asumido el mando del grupo. Su extradición ya fue autorizada, aunque la resolución fue apelada.

George Paniagua, alias Curry, fue condenado a 23 años de prisión por homicidio, pero aun encarcelado seguía ordenando asesinatos por encargo, coordinando operaciones de narcotráfico y planificando un atentado contra un funcionario judicial. El 9 de julio de 2025 el OIJ ejecutó un megaoperativo para desarticular la estructura de venta de drogas en Matina que él lideraba.

Diablo extendió su red a las siete provincias y a su grupo se le atribuyen unos 200 homicidios

Edwin López, alias Pecho de Rata, es señalado como líder del segundo cártel de la droga desarticulado en el país. Según CR Hoy, monopolizaba la importación de cocaína y marihuana para abastecer a Diablo, sus aliados y otras organizaciones, y fue el primer costarricense capturado con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Las investigaciones le atribuyen el uso de testaferros para comprar propiedades y construir infraestructura para el narcotráfico, incluidas fincas y una pista clandestina de aterrizaje en Sixaola, cerca de la frontera con Panamá. El 26 de junio de 2025 fue detenido en Escazú Celso Gamboa, exministro de Seguridad, exdirector de Inteligencia y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, pocas horas después de la captura de López.

La solicitud de extradición contra Gamboa sostiene que recibía hasta USD 600,000 por sus servicios y que en reuniones grabadas por agentes encubiertos de la DEA en 2023 afirmó contar con apoyo dentro del Gobierno para mover cargamentos de droga. En marzo pasado, él y Pecho de Rata fueron trasladados en el mismo vuelo a Texas.

Herald Ruiz, alias Guato, fue capturado tres semanas antes de la publicación mientras se ocultaba en una zona montañosa de difícil acceso. Era un terrateniente y aliado de Diablo en Valle La Estrella, Penshurt y Bananito, y las autoridades lo vinculan con venta de drogas, homicidios, secuestros y violaciones sexuales.

La pieza central de la ofensiva fue Alejandro Arias Monge, quien llevaba 10 años prófugo y había extendido sus operaciones a las siete provincias. Su estructura controlaba la distribución de drogas y disponía de redes para logística y transporte, sicariato, seguridad y legitimación de capitales; a ese grupo se le atribuyen alrededor de 200 homicidios.

Jonathan Pérez, alias Tan, era considerado el gerente de Diablo en Batán de Matina y uno de sus principales colaboradores. Controlaba la venta de drogas en esa comunidad, escapó de varios operativos desde agosto de 2024 y es vinculado con al menos seis ataques armados contra oficiales, patrullas e instalaciones policiales, en hechos donde murieron dos policías.

Ronnie Ríos, alias Coco, otro de los principales terratenientes de Diablo, dirigía la venta de drogas en Guácimo, otras comunidades de Limón y Valle La Estrella. Fue localizado en el mismo operativo en que cayeron Arias Monge y Pérez, pero murió abatido al enfrentarse a tiros con los agentes cuando intentó evitar su captura.

Dinier Estrada, alias Ojos Bellos, ya estaba en prisión por investigaciones del OIJ cuando recibió una nueva condena de 36 años en octubre de 2025, después de otra sentencia de 33 años en 2024. Su conflicto con organizaciones rivales derivó en múltiples homicidios, incluida la masacre de playa Cieneguita, en Limón, donde cinco bañistas murieron atrapados en el fuego cruzado.

Alejandro James Wilson, alias Turesky, fue identificado desde 2021 como uno de los principales exportadores de cocaína del Caribe costarricense mediante la contaminación de cargamentos de frutas y verduras. Esa estructura, menos expuesta al sicariato, movía millones de dólares que luego eran legitimados con la compra de moteles, fincas, comercios, vehículos de lujo y otros bienes, y su expediente ya avanzó a la audiencia preliminar.

Randall Delgado, alias Mr. Músculo, es señalado como el principal coordinador logístico de Diablo y estaba encargado de organizar entregas de droga y dinero para el cabecilla y sus operadores territoriales. También fue relacionado con la investigación por el asesinato del subjefe de la delegación del OIJ de Pococí, Geiner Zamora, ocurrido en febrero de 2025.

Jorge David Núñez, alias Coco Pastilla, aparece en una situación similar por sus presuntos vínculos con las redes de Diablo en Pococí y por la expansión de la organización hacia Turrialba y zonas de Cartago.

Consecuencias y desafíos pendientes para la seguridad en la región

La ofensiva estatal permitió identificar mecanismos como el uso de testaferros y operaciones de blanqueo de capital, a través de la adquisición de fincas, moteles y comercios. Las investigaciones y procesos de extradición en desarrollo evidencian el alcance internacional de estas redes y subrayan la importancia de la cooperación entre Costa Rica, Estados Unidos y el Reino Unido en materia judicial, de acuerdo con lo reportado por CR Hoy.

El descenso en la cantidad de homicidios y la desarticulación de las principales estructuras del narcotráfico en el Caribe costarricense son valorados como resultados positivos. No obstante, las autoridades advierten que todavía es necesario mantener la vigilancia y fortalecer los recursos institucionales para sostener estos avances y responder a posibles cambios en la dinámica criminal.

La muerte de la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida como “La MiAmor”, durante una masacre en Villa Canales, Guatemala, ha dejado un profundo impacto en el mundo digital y entre la comunidad local.

El hecho, que ocurrió en la noche del 25 de julio, terminó con la vida de seis personas y generó una ola de conmoción entre los seguidores de la creadora de contenido, quien gozaba de popularidad en TikTok por sus videos humorísticos junto a su hijo conocido como "ElPako".

Al principio, se creyó que “El Pako” estaba entre las víctimas mortales, sin embargo, no se ha confirmado oficialmente. Mientras que el creador de contenido publicó este domingo 26 en horas de la mañana un video en su cuenta de TikTok donde se limitó a indicar: "Mi amor lindo siempre te voy a amar, mi vida hermosa. Te adoro. Siempre serás el amor de mi vida. Mi amor".

El video lo acompañó con la siguiente leyenda: “En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos. Gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras, mi amor”, mismo en el que etiquetó a su madre, quien era conocida como “LaMiAmor” en el mundo digital.

Las muestras de condolencia y de apoyo no se hicieron esperar. Los seguidores de “El Pako” aprovecharon el video publicado para manifestarle sus muestras de cariño y el pésame al creador de contenido.

Identifican a las víctimas

La Policía Nacional Civil (PNC) cifró el número de víctimas mortales en seis y las identificó como:

• Lester Joel García, de 23 años
• Kevin Antonio Bol Pichiya, 18
• Boris Ariel Tello Reyes, 29
• José Antonio Juárez Orellana, 20
• María Heugenia Reyes Morales, 58

Y un adolescente de 17 años, identificado sólo como Ramos Monterroso.

Noche de violencia en Boca del Monte

De acuerdo con el parte policial, al que Infobae tuvo acceso, testigos detallaron que la familia se encontraba celebrando el cumpleaños de “LaMiAmor”, en una vivienda ubicada en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, Guatemala.

Aunque el portón de la residencia se encontraba cerrado, la festividad se desarrollaba con la puerta principal abierta, narraron los testigos a la Policía Nacional Civil (PNC), pero uno de los asistentes abrió el portón para quemar cohetillos. Ese momento fue aprovechado por intrusos que esperaban el momento para atacar.

Las risas cambiaron en cuestión de minutos y el festejo se transformó en un escenario de horror cuando sujetos armados irrumpieron el evento y dispararon contra los asistentes.

En cuestión de minutos, el festejo se tornó en tragedia. Los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil confirmaron que seis personas murieron en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego.

Entre las víctimas se encontraba Reyes Morales, de 59 años, cuya presencia en redes sociales la había convertido en una figura querida. Su fallecimiento fue rápidamente difundido y lamentado en plataformas digitales, donde sus seguidores no tardaron en expresar mensajes de tristeza y exigencias de justicia.

Quién era “La MiAmor”

Con más de 40 mil seguidores en TikTok, “La MiAmor” se había hecho un nombre por sus videos que retrataban la vida cotidiana en Guatemala, siempre con un tono de humor y cercanía.

Muchos de sus contenidos los grababa junto a su hijo, conocido como Pako, creando sketches que mostraban la complicidad y el cariño en la relación madre e hijo.

Su espontaneidad y carisma la convirtieron en un referente para quienes buscaban entretenimiento sencillo y genuino.

La noticia de su asesinato generó una inmediata reacción en redes, donde usuarios lamentaron el hecho y recordaron su legado digital. La comunidad online no solo lloró la partida de la creadora, sino que también denunció la escalada de violencia que azota al país.

Heridos y respuesta de las autoridades

El ataque dejó también a dos personas gravemente heridas: Verónica Velázquez Linares, de 34 años, y Francisco Tello Loarca, de 62. Ambos recibieron atención médica urgente y fueron trasladados a un hospital, donde su estado se mantiene bajo pronóstico reservado.

La Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público acordonaron la zona tras el ataque para recolectar evidencia balística y avanzar en la identificación formal de las víctimas.

Las autoridades han iniciado una investigación en busca de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el caso.

Exige seguridad

Por su parte, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, publicó un video conmocionado en el que criticó a las autoridades de la Policía Nacional Civil y al Sistema de Justicia, argumentando que la inseguridad ciudadana va en aumento, pero ellos como autoridades locales tienen "las manos atadas“.

“Una vez más se tiñen de sangre las calles de nuestro pueblo”, manifestó y citó, por lo menos, tres balaceras en diferentes puntos del municipio de Villa Canales. El jefe edil hizo un llamado "urgente" a la Presidencia de la República, los ministerios de Gobernación y Defensa, a la PNC y diputados para debatir y accionar acerca de la seguridad.

También anunció que desde el Congreso se harán citaciones, “porque no podemos seguir así, vecinos”.

“No puedo juzgar si son personas trabajadoras o están en cuestiones ilícitas, lo que vemos es que por el momento hay luto en nuestro pueblo, hay vidas que se pierden", manifestó Rivera.

Es un tema que muchos vecinos me han reclamado de que no hago nada, (cuando) yo he estado trabajando, (pero) como Policía Municipal no podemos consignar, no podemos meter al bote (cárcel) a la gente”, señaló muy molesto.

De marzo a julio de este año, El Salvador ha registrado 53 casos importados de sarampión, según datos oficiales del Ministerio de Salud. El periodo con mayor concentración de diagnósticos se produjo entre el 21 y el 27 de junio, cuando se confirmaron 12 casos. En la semana siguiente se sumaron ocho contagios más, marcando los picos más notorios del periodo.

El análisis por grupos etarios muestra que los más afectados han sido los jóvenes de 20 a 29 años, con quince casos confirmados. Les siguen los adolescentes de 10 a 19 años, con nueve casos, y el grupo de 30 a 39 años, que registra siete contagios. Esta distribución evidencia una mayor incidencia entre personas jóvenes y jóvenes adultos.

En la revisión por departamentos, San Salvador es el más impactado, con 23 casos detectados hasta la fecha. San Miguel reporta nueve, mientras que Santa Ana y La Libertad han registrado dos casos cada uno. Al observar el comportamiento por distritos, Soyapango, en San Salvador Este, y San Miguel presentan ocho infecciones cada uno, y San Martín, también en el área metropolitana, suma seis.

Confirmación inicial y respuesta institucional

El 9 de abril, el Ministerio de Salud comunicó la detección de los primeros once casos de sarampión en el país, entre los cuales se encontraba un bebé de seis meses. De acuerdo con la información proporcionada, la mayoría de los afectados había viajado recientemente a Guatemala y uno a México. Durante una jornada de vacunación en Nejapa, el ministro Francisco Alabi aclaró: “Todos estos casos confirmados de sarampión no son de transmisión local, o sea, son importados; esto quiere decir que ellos se contagiaron en otro sitio, no dentro del territorio”.

En respuesta al registro de estos casos, las autoridades intensificaron la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, con el objetivo de identificar posibles nuevos contagios de manera oportuna y limitar la posibilidad de transmisión dentro del país. Hasta el momento, la información oficial indica que no se ha detectado transmisión autóctona.

Durante estos meses, la vigilancia se ha enfocado particularmente en los grupos de edad y las zonas donde se han registrado más casos, con énfasis en la detección temprana y la pronta atención de los pacientes.

Características del sarampión y prevención recomendada

La Organización Panamericana de la Salud señala que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que afecta principalmente a niños, aunque puede aparecer en cualquier grupo de edad. Entre las posibles complicaciones se incluyen neumonía, infecciones de oído, diarrea intensa, ceguera y encefalitis. Estas complicaciones tienden a ser más graves en niños pequeños desnutridos o con sistemas inmunitarios debilitados.

El virus se transmite a través de gotas expulsadas por la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada, y puede permanecer activo en el aire o sobre superficies hasta dos horas. Los síntomas suelen presentarse como fiebre alta, erupción cutánea generalizada, tos, ojos rojos y manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación es el método más eficaz para prevenir el sarampión. Se recomienda que todos los niños reciban dos dosis de la vacuna: la primera entre los nueve y quince meses, y la segunda entre los quince y dieciocho meses, dependiendo de la normativa nacional. La vacuna puede aplicarse sola o en combinación con la de la rubeola, las paperas o la varicela.

La vacunación sistemática y las campañas de inmunización masiva siguen considerándose fundamentales para limitar la incidencia del sarampión y prevenir nuevos brotes, especialmente en países donde se presentan casos importados y la vigilancia epidemiológica es una prioridad.

En Panamá la calle se ha convertido en el último eslabón de una cadena de pobreza, exclusión social, ruptura de vínculos y problemas de salud física y mental.

Grave, el problema recién empieza a abordarse de manera articulada y con enfoque de derechos humanos, al crearse la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle.

Será el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) la entidad responsable de coordinar la acción del Estado y articular una respuesta integral basada en derechos humanos, inclusión social y corresponsabilidad institucional

La comisión, según se informó, reúne a las principales entidades públicas y fortalece el trabajo conjunto con la sociedad civil para promover la atención, la recuperación y la inclusión social de las personas en situación de calle, consolidando un modelo permanente de coordinación que marca un antes y un después en la política social panameña.

“Por muchos años la situación de calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y promueve la restitución efectiva de sus derechos “, señaló la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

Añadió que el Decreto que crea la comisión refleja la convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.

En el país las personas en situación de calle enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad, entre ellas pobreza, desempleo, ruptura de vínculos familiares y comunitarios, problemas de salud física y mental, consumo problemático de sustancias, discriminación y exclusión social, factores que requieren una respuesta coordinada del Estado.

Entre las funciones de la comisión figuran la elaboración de estrategias nacionales, la coordinación de servicios especializados, el seguimiento de casos, la generación de información para la formulación de políticas públicas y la promoción de acciones orientadas a la prevención, atención e inclusión social de las personas en situación de calle.

La comisión reunirá a instituciones con competencias complementarias para ofrecer una atención multidimensional.

Se detalló que el MIDES encabezará la coordinación general y la articulación de la política de protección social; el Ministerio de Salud liderará las acciones en materia de atención médica, salud mental y tratamiento de adicciones; el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral impulsará estrategias de inserción laboral; el Ministerio de Educación promoverá procesos de reinserción educativa; y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) facilitará programas de capacitación para el empleo.

También participarán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que atenderá los casos vinculados a personas con discapacidad; mientras que los gobiernos locales serán los encargados de fortalecer la respuesta territorial.

La información actualmente disponible sobre las personas en situación de calle en Panamá revela un fenómeno complejo, creciente y todavía poco cuantificado, en el que conviven datos censales oficiales, estimaciones municipales y diagnósticos académicos que no siempre coinciden entre sí.

En 2025, el MIDES reconocía la existencia, según el Censo de Población y Vivienda, de al menos 374 personas en situación de calle en la ciudad de Panamá, mientras diagnósticos del Municipio de Panamá y reportes periodísticos hablaban de alrededor de 1.050 a 1.059 personas en el distrito capital, con tasas muy altas de adicciones y trastornos de salud mental.

Esta divergencia numérica se inscribe en un contexto más amplio marcado por la ausencia de un registro nacional actualizado, por estimaciones que oscilan entre 250 y más de 1.000 personas sin techo solo en la capital, y por la constatación, reiterada en documentos oficiales y estudios académicos, de que el sinhogarismo ha sido históricamente invisibilizado en la agenda pública de Panamá.

La Policía Internacional (Interpol) en Guatemala logró la captura de Nelson Alberto Mármol, ciudadano salvadoreño de 59 años, quien permanecía prófugo desde 2012 por una acusación de femicidio agravado en su país de origen.

La aprehensión se realizó en territorio guatemalteco tras una alerta rojavigente desde el 22 de mayo de 2026, informaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

El caso: una década de evasión y un delito grave

De acuerdo con los informes de la PNC de El Salvador, Mármol, conocido como “El Viejo Tino” es señalado como presunto responsable de la muerte de su exconviviente, hecho registrado en mayo de 2012.

Informes del Tribunal de Sentencia del Departamento de La Paz, en El Salvador, detallan que el crimen contra la mujer se llevó a cabo en una playa pública del Cantón Las Hojas de San Pedro Masahuat. Un testigo narró que "El Viejo Tino" persiguió a su víctima “manoseándola” y amenazándola con “un corvo sin vaina” que llevaba en la mano. La mujer se resistía y gritaba por “ayuda”.

Aunque logró huir de su agresor, se cayó en la arena, momento que fue aprovechado por el, ahora detenido en Guatemala, para arrebatarle la vida a machetazos.

El acusado eludió a la justicia durante más de diez años, hasta que la coordinación entre agencias policiales regionales permitió su identificación y posterior detención.

La orden de captura internacional facilitó el rastreo en el extranjero de personas perseguidas por delitos graves, como el femicidio, informó la PNC de Guatemala.

Operativo y entrega en la frontera de Valle Nuevo

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas confirmaron que Mármol se encontraba en situación irregular en el país. Frente a la ausencia de documentos migratorios legales, la PNC de Guatemala activó el protocolo de expulsión inmediata para evitar un proceso de extradición ordinaria.

El traslado culminó en el paso fronterizo de Valle Nuevo, municipio de Jalpatagua, Jutiapa, donde la entrega formal al personal de la Policía Nacional Civil de El Salvador se realizó bajo custodia.

“La cooperación entre países vecinos ha sido determinante para ubicar y remitir a individuos buscados por delitos graves”, señalaron fuentes policiales.

Incremento de capturas con fines de extradición en 2026

La detención de Mármol forma parte de un repunte en la efectividad de los operativos internacionales en Guatemala.

Datos del Ministerio de Gobernación y la PNC indican que, en lo que va de 2026, se han registrado 30 capturas con fines de extradición. Esta cifra representa un aumento respecto a años previos.

Si bien la mayor parte de los detenidos responde a solicitudes de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, las alertas coordinadas por Interpol han permitido la ubicación de prófugos centroamericanos requeridos por crímenes como homicidio, violencia contra la mujer y trata de personas.

Presencia de salvadoreños en situación irregular

Los registros de seguridad fronteriza muestran una constante detección de ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales, órdenes de captura o vínculos con pandillas que buscan evadir la justicia ingresando a Guatemala por pasos no oficiales.

En departamentos fronterizos como Jutiapa, Chiquimula y Santa Rosa, los operativos han resultado en la localización de cientos de salvadoreños en situación migratoria irregular. Según los procedimientos descritos por las autoridades, la mayoría termina expulsada y entregada de inmediato a El Salvador.

Más de mil familias de Santo Domingo Este celebraron la obtención de sus títulos de propiedad tras años de incertidumbre sobre la tenencia de sus viviendas. La entrega de 1,000 certificados legales en el sector Los Frailes representa un avance significativo en seguridad jurídica y patrimonio familiar para los beneficiarios de esta zona de la capital dominicana.

El acto se realizó en el Centro Educativo Fe y Alegría, donde autoridades y residentes participaron en la ceremonia que formalizó la regularización de terrenos que, durante décadas, permanecieron sin documentación legal. El proceso incluyó la intervención de 246,115.30 metros cuadrados y requirió superar numerosos obstáculos legales y registrales, según la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT).

La jornada de entrega impactó directamente a más de 4,000 personas, que ahora cuentan con la tranquilidad que otorga el documento que acredita la propiedad de sus hogares. Esta acción marca una diferencia sustancial en la vida de las familias, quienes además se beneficiaron de un ahorro colectivo de RD 80 millones, ya que recibieron sus títulos de manera gratuita. Según explicó el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez, este documento habría tenido un costo elevado si se gestionaba por la vía privada.

El presidente Luis Abinader destacó durante el evento la importancia de la iniciativa: “La entrega de 1,000 certificados de títulos de propiedad en el sector Los Frailes representa un paso trascendental de justicia social y dignidad para las familias beneficiadas, al brindarles la seguridad jurídica sobre sus hogares, fortalecer su patrimonio y abrirles las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo”.

Abinader subrayó el impacto directo de la regularización: “Este es uno de los actos que más disfruto, porque realmente lleva tranquilidad a la familia”. Según el mandatario, con la entrega de estos títulos se pone fin a años de incertidumbre y se otorga a los beneficiarios la certeza de que sus viviendas les pertenecen legalmente. “Los terrenos son para los que los han ocupado por años... Ese es el acto de justicia que tenemos hoy”, afirmó.

El jefe de Estado resaltó las ventajas de contar con un título formal. “Con ese título de propiedad ya ustedes pueden ir a la banca formal, hacer un negocio o ampliar su vivienda. También saben que les dejarán una propiedad tranquila y sin problemas como herencia a su familia. Esto es paz y tranquilidad”, sostuvo Abinader.

Entre los beneficios concretos, la formalización incrementa el valor de los inmuebles. “Cuando entraron por esa puerta, la propiedad valía una cantidad; ahora vale dos o hasta tres veces más”, expresó el presidente, quien exhortó a los beneficiarios a proteger ese patrimonio para las futuras generaciones.

La entrega de estos títulos forma parte de una política nacional más amplia. Según Abinader, el Gobierno ha otorgado alrededor de 170,000 títulos de propiedad en todo el país, con la meta de duplicar esa cifra para llevar seguridad jurídica y justicia social a más familias dominicanas. “Queremos entregar todavía el doble de ellos para que la gente tenga justicia”, manifestó el presidente, reafirmando el compromiso de ampliar los proyectos de titulación en Los Frailes y otras comunidades.

Por su parte, el director de la UTECT agradeció el respaldo de las comunidades, la Jurisdicción Inmobiliaria, la Dirección General de Bienes Nacionales y el equipo técnico por su contribución al éxito del proyecto. Destacó que la voluntad del presidente fue determinante para superar las dificultades surgidas durante el proceso. “Como siempre existe la voluntad de usted, señor presidente, de eliminar los obstáculos, hoy esto quedó superado”, señaló Méndez.

La titulación de terrenos se consolida así como una política pública orientada a transformar la vida de miles de dominicanos, permitiéndoles acceder al sistema financiero formal y realizar inversiones que mejoren sus condiciones de vida. La visión oficial apunta a que cada vez más familias puedan recibir sus títulos de manera sencilla, segura y con plena garantía jurídica, fortaleciendo el desarrollo social de la República Dominicana.

La producción nacional de miel en Nicaragua enfrenta una caída del 58.1% en 2026, según el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio. El volumen proyectado descendería hasta 668.3 toneladas, afectando a unas 1,000 familias de seis departamentos que dependen de la apicultura.

El impacto se extiende al comercio exterior: las exportaciones de miel alcanzarían solo 400.8 toneladas y generarían USD 1.3 millones, lo que supone una merma de 53.4% respecto al año anterior, tanto en volumen como en ingresos.

De acuerdo con Confidencial.digital, la miel tiene un peso marginal en la economía nacional, pero es fuente de sustento para productores de Managua, León, Chinandega, Matagalpa, Madriz y Boaco.

El principal motivo de este descenso está vinculado a la alteración del ciclo de floración de las plantas, fenómeno que los productores y autoridades asocian a El Niño y al cambio climático. Cuando las plantas florecen fuera de temporada o la floración se interrumpe abruptamente, las abejas se ven obligadas a consumir sus reservas, lo que reduce la disponibilidad de miel tanto para el consumo local como para la exportación.

Cambios en la floración y consecuencias en la producción

Durante el ciclo 2024-2025, Nicaragua logró una producción de 1,593.1 toneladas de miel, superando la registrada el año previo. Sin embargo, ese repunte fue temporal frente a la fuerte caída prevista para el ciclo siguiente. La anomalía en la floración y la irregularidad de las lluvias explican este contraste, alterando los hábitos de las abejas y su productividad.

Mientras el precio internacional de la miel se mantuvo en torno a USD 3,300 por tonelada, el volumen exportado disminuyó de forma significativa. En 2025, las ventas externas alcanzaron 859.7 toneladas y generaron USD 2.8 millones; para 2026, la expectativa es vender menos de la mitad.

Como informó Confidencial.digital, la alteración climática llevó a que, en el ciclo reciente, el precio contratado se mantuviera, pero el volumen vendido al exterior cayera de modo abrupto.

Testimonios de productores y estrategias de adaptación

Un productor conocido como Pancho, en el norte del país, informó que en el ciclo 2024-2025 recolectó 2,000 litros de miel, lo que le representó 400,000 córdobas (alrededor de USD 11,000) en ingresos brutos. En la temporada siguiente, a pesar de extender la cosecha hasta junio y trasladar las colmenas, solo obtuvo 300 litros.

La movilidad de las colmenas se ha vuelto una herramienta fundamental para enfrentar los cambios en temperatura y lluvias. Los apicultores llevan las colmenas a zonas montañosas en verano y a áreas más cálidas en épocas frías, intentando mantener la productividad de sus abejas.

El apoyo técnico del Instituto de Protección y Sanidad Animal (IPSA) ha permitido capacitar a los productores en el manejo de plagas y en nuevas técnicas de adaptación. Cuando la cosecha es insuficiente, se recomienda alimentar a las abejas con mezclas de miel y azúcar para preservar las colmenas.

Impacto regional y perspectivas de los apicultores

En Matagalpa, el apicultor Uriel Jarquín, de Muy Muy, señaló que su producción se redujo en más del 50%. Explicó que al inicio de la temporada hubo lluvias excesivas y, al final, sequía, una combinación que limitó la recolección de néctar por parte de las abejas.

El descenso de la producción amenaza la economía y la seguridad alimentaria de las familias apicultoras. Pancho advirtió sobre el aumento en la migración de abejas hacia zonas con mejores condiciones, un fenómeno que considera inusual.

Si los patrones climáticos adversos se mantienen, los productores prevén dedicar más recursos al café y la ganadería. No obstante, la escasez de agua derivada del clima adverso también limita esas alternativas, agravando las dificultades para las familias rurales nicaragüenses.

La Segeplan, Feapdivigua y la primera dama Lucrecia Peinado firmaron este viernes en Guatemala el primer convenio interinstitucional suscrito también en sistema braille, un acuerdo que busca incorporar el enfoque de discapacidad en la planificación pública y abrir la toma de decisiones a las propuestas de personas con discapacidad visual y de otros grupos, dentro de los compromisos asumidos por el país en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El acuerdo establece una ruta de trabajo conjunto para fortalecer la planificación nacional, sectorial y territorial con criterios técnicos que integren necesidades y propuestas de las personas con discapacidad. También prevé coordinación para la ejecución, el seguimiento y el monitoreo de políticas públicas, además de acciones de formación para personal técnico, administrativo y ejecutivo de las entidades estatales.

Durante el acto, Peinado dijo que el convenio permite que “ciertas necesidades, ciertas propuestas y experiencias de las personas con discapacidad visual y otras sean escuchadas y tengan una influencia directa en estos procesos de planificación”. La primera dama añadió que la secretaría tiene una responsabilidad central en la planificación del país y que la federación aporta experiencia directa sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la vida cotidiana.

El convenio incorpora el sistema braille y crea una ruta técnica para las políticas públicas

El documento fue elaborado en dos versiones: alfabeto español y alfabeto braille. Según lo expuesto durante la firma, esa doble versión convierte al acuerdo en el primer convenio institucional de este tipo firmado de manera simultánea en formato convencional y en sistema braille en el país.

La alianza entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual de Guatemala tiene como objetivo fortalecer la participación de las personas con discapacidad en los procesos de planificación del desarrollo nacional. El convenio también busca consolidar la planificación estratégica en distintos niveles del Estado y promover medidas viables y sostenibles dentro de la planificación institucional.

El secretario de Segeplan en funciones, Hugo Allan García, sostuvo que la planificación solo se convierte en ejecución cuando se traduce en programas y acciones concretas. En su intervención, afirmó: “Reconocemos los derechos, hacemos partícipes a las personas con discapacidad en la toma de decisiones y generamos oportunidades que contribuyen a mejorar ámbitos como la salud, el trabajo, la educación y la infraestructura accesible”.

Como parte del acuerdo, ambas instituciones conformarán equipos técnicos interinstitucionales para promover la incorporación del enfoque de discapacidad en áreas como educación, empleo, salud, desarrollo social, gestión del riesgo y cambio climático. También desarrollarán metodologías, indicadores e instrumentos para fortalecer la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

El Gobierno vincula el acuerdo con una mesa de diálogo de 20 instituciones y 42 organizaciones

Peinado enmarcó la firma dentro de un proceso más amplio de diálogo entre el Estado y organizaciones sociales. Explicó que, desde el inicio de la actual administración, 20 instituciones gubernamentales han trabajado junto a 42 organizaciones de personas con discapacidad en espacios de diálogo nacional y territorial, y señaló que el convenio convierte ese intercambio en un resultado concreto.

“Convocar una reunión es fácil, pero sostener reuniones periódicas y dar resultados es muy valioso”, afirmó la primera dama. También reconoció la desconfianza histórica hacia las instituciones públicas y dijo que el Gobierno ha intentado construir bases que no dependan de cambios políticos futuros.

El presidente de Feapdivigua, Mauricio Gudiel, señaló que contar con un convenio suscrito en braille muestra el interés de la secretaría y de otras instituciones estatales en seguir abriendo espacios para la inclusión de las personas con discapacidad. En la misma línea, el documento plantea que las organizaciones del sector puedan involucrarse de forma más directa en decisiones que inciden en el desarrollo del país.

La actividad se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y contó con la presencia del viceministro del Deporte y la Recreación Ricardo Alvarado, la presidenta de la junta directiva del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad Maira Rivas y autoridades de las entidades firmantes.

Según lo presentado en el acto, el convenio responde al compromiso del Gobierno de Guatemala de prevenir la discriminación, garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad y promover su integración plena en la sociedad mediante trabajo interinstitucional. Peinado agregó que entre los avances recientes figura la actualización del diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad y que una nueva Política Nacional de Discapacidad, elaborada junto al Ministerio de Desarrollo Social, sociedad civil y organismos internacionales, será presentada en noviembre.

El sector construcción en República Dominicana enfrenta un aumento sostenido en los costos de construcción de viviendas, según el informe más reciente de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El reporte, correspondiente a junio de 2026, atribuye este incremento principalmente a la subida en los valores de los subcontratos, un factor que ha impactado directamente la economía del sector.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los subcontratos experimentaron en junio el mayor aumento dentro de los componentes que conforman el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), con una variación mensual de 0.18 %. Este resultado se produce en un contexto donde la mano de obra mantuvo sus valores estables en el mes analizado, mientras que los materiales, la maquinaria y las herramientas registraron leves descensos.

El informe de la ONE revela que en el sexto mes del año, los materiales de construcción disminuyeron su costo en 0.04 %, la maquinaria en 0.12 % y las herramientas en 0.21 %. Sin embargo, algunos insumos específicos, como los combustibles, los equipos y aparatos para instalaciones hidrosanitarias, los alambres, los clavos, el zinc y el subcontrato de ebanistería, mostraron incrementos durante el mes. Por el contrario, la pintura, los generadores eléctricos, el acero y los ascensores redujeron su valor en el mismo periodo.

Según el reporte oficial, el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) se ubicó en 240.31 puntos en junio, lo que representa una reducción de 0.30 puntos respecto a mayo, cuando alcanzó los 240.61 puntos. A pesar de esta ligera baja mensual, el índice evidencia una variación acumulada de 1.75 % entre diciembre de 2025 y junio de 2026, así como un aumento interanual de 1.94 % al comparar los datos de junio de 2026 con los correspondientes al mismo mes del año anterior.

El análisis de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) también desglosa el comportamiento del ICDV según el tipo de vivienda. Las viviendas unifamiliares de un nivel encabezaron el listado, con 247.85 puntos y un leve incremento mensual de 0.01 %. Las viviendas unifamiliares de dos niveles registraron 242.23 puntos, las multifamiliares de cuatro niveles 235.79 puntos y las multifamiliares de ocho niveles o más 235.36 puntos.

La ONE precisa que el ICDV mide los cambios mensuales en los costos directos relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Este indicador no contempla los gastos indirectos, como la adquisición de terrenos, los permisos de construcción, el financiamiento o las utilidades de las empresas constructoras.

El comportamiento de los subcontratos se ha convertido en el motor principal de las variaciones del índice durante el primer semestre del año, desplazando a otros factores que tradicionalmente influyen en el costo total de la construcción. Según la ONE, el seguimiento a este componente resulta clave para anticipar movimientos en los precios y ajustar las proyecciones económicas del sector.

Además de los subcontratos, el informe destaca la volatilidad de ciertos insumos, como los combustibles y los materiales de instalación hidrosanitaria, que pueden incidir en el presupuesto de los proyectos. La dinámica de precios en estos rubros suele repercutir en la planificación financiera de las empresas constructoras, así como en la capacidad de acceso a vivienda para la población.

El documento de la ONE confirma que, pese a las fluctuaciones mensuales, el sector mantiene una tendencia alcista en los costos acumulados y en la comparación interanual. Este comportamiento refleja los desafíos que enfrenta la industria en materia de insumos, logística y contratación, elementos que impactan en la economía nacional.

La circulación de productos para adelgazar y sustancias denominadas “péptidos” en redes sociales y comercios no autorizados ha generado preocupación entre especialistas en Costa Rica. Varios de estos compuestos no han sido probados en seres humanos y algunos pueden contener contaminantes peligrosos, según advierten expertos consultados.

Entre los productos más promocionados se encuentran la retatrutida, la tesamorelina, el BPC-157, el TB-500 y el GHK-Cu. Estos artículos suelen venderse a través de plataformas digitales y tiendas sin licencia, sin contar con ningún registro sanitario. Este escenario expone a los consumidores a fórmulas adulteradas, concentraciones incorrectas y sustancias desconocidas.

De acuerdo con información de El Observador, la oferta de estos compuestos en canales no oficiales incrementa el riesgo para la salud pública, ante la ausencia de regulación y controles adecuados.

Riesgos y efectos adversos de sustancias no reguladas

La docente Victoria Hall, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, precisó que únicamente la semaglutida y la liraglutida están aprobadas en el país para tratar la obesidad. La tirzepatida, aunque utilizada con fines similares, carece de autorización sanitaria local. Hall enfatizó que la adquisición de estos productos por vías no oficiales supone un peligro real, ya que no hay garantías sobre su composición ni sobre la concentración declarada.

El consumo de estas sustancias puede generar hipoglucemia —una baja brusca del azúcar en sangre—, así como daños a largo plazo en órganos como el páncreas o los riñones. Estos riesgos aumentan debido a la falta de control sobre los ingredientes y la verdadera dosis que el usuario recibe.

Un estudio realizado en 2025 determinó que el BPC-157 solo ha sido evaluado en laboratorios, sin ensayos en humanos. Hall cuestionó que se venda un compuesto que aún está en etapa preclínica, fuera del marco legal y sin evidencia sobre su seguridad o eficacia.

La docente también recordó que, al analizar una sustancia adquirida en el parque La Merced, el laboratorio detectó ceniza, lo que evidencia la falta de control y el potencial daño de estos productos.

Contaminación, desinformación y factores sociales

El psiquiatra Luis Diego Herrera advirtió que los peligros no se limitan a una dosificación incorrecta. Los productos fabricados sin procesos sanitarios pueden contaminarse con metales pesados. “El plomo es sumamente tóxico”, alertó. Explicó que se han encontrado trazas de estos elementos no solo en péptidos, sino también en el CBD y otras sustancias.

Según lo documentado por El Observador, los estudios realizados sobre estos productos han mostrado resultados variables: algunos péptidos no presentan contaminantes, pero otros sí contienen compuestos peligrosos. Esta falta de uniformidad, en un mercado sin regulación, representa un riesgo constante para los usuarios.

Hall relacionó la expansión de estas ofertas con la desinformación médica que circula en redes sociales. Explicó que la publicidad engañosa es común, con imágenes de “antes y después” que no prueban la eficacia real de los productos. Parte de la demanda nace de la urgencia por obtener resultados rápidos y de la búsqueda de alternativas más baratas frente a los tratamientos autorizados. Esta barrera económica facilita la aparición de productos de composición incierta que se presentan como soluciones válidas.

Herrera agregó que muchas personas buscan “el camino corto” y recurren a estas sustancias en el contexto del biohacking, siguiendo relatos anecdóticos sin respaldo científico. Ambos especialistas coincidieron en la importancia de detener la promoción de estos productos y brindar información veraz a la población.

Alerta sanitaria y recomendaciones oficiales

Ante la proliferación de estos productos y su comercialización en redes sociales, el Ministerio de Salud de Costa Rica emitió una alerta sanitaria. La institución advirtió sobre los riesgos de consumir sustancias sin registro, posibles contaminantes y compuestos no probados en humanos. El llamado es a evitar su uso y acudir siempre a profesionales para consultas, que pueden realizarse en el Centro Nacional de Información de Medicamentos (Cimed) a través de los números 2511-8313 y 2511-8328.

El territorio de Guatemala enfrenta este domingo un escenario meteorológico marcado por la llegada de la onda del este número 21, donde no se descartan lluvias y granizo en algunas zonas del país, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Desde la madrugada, las regiones del Caribe y la Franja Transversal del Norte experimentan una notable acumulación de humedad y nubosidad, lo que ha motivado la emisión de advertencias por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, se prevén vientos ligeros en la mañana, aunque las rachas podrían intensificarse en el transcurso del día y afectar especialmente el Altiplano Central, los Valles de Oriente y la zona de Occidente.

Lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de granizo

Las condiciones climáticas evolucionan hacia una inestabilidad más marcada a partir de la tarde. El organismo científico detalló que las precipitaciones se manifestarán en horas vespertinas y se extenderán hasta la noche, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída ocasional de granizo.

El Insivumeh subrayó que la combinación de altas temperaturas diurnas e ingreso continuo de humedad propicia la formación de estos fenómenos, que pueden producir lluvias intensas localizadas en periodos muy breves.

Entre los datos más relevantes, el instituto destacó: “Las lluvias locales pueden alcanzar una intensidad considerable en cortos lapsos, lo que incrementa el riesgo de crecidas y deslizamientos”. Esta información fue difundida ampliamente por Prensa Libre y replicada en otros medios.

Alertas y recomendaciones de CONRED

Ante el panorama descrito, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) activó una serie de alertas preventivas dirigidas a la población. El ente instó a evitar cruzar o acercarse a cauces de ríos debido al peligro de crecidas repentinas.

CONRED también advirtió sobre la saturación de suelos, lo que podría derivar en deslizamientos de tierra, colapsos en la red vial y anegamientos en áreas urbanas.

En su comunicado, la CONRED recomendó: “Mantener preparada la mochila de las 72 horas, consultar las actualizaciones oficiales y reportar emergencias al número 119”.

La institución reforzó la importancia de mantenerse informado a través de sus canales oficiales y acatar las medidas preventivas para reducir riesgos.

Además recordó que existen varios albergues a nivel nacional que pueden ser activados al momento en que ocurra una eventualidad. Algunos de estos ya están abiertos para las personas que los requieran.

Impacto regional y monitoreo permanente

El Insivumeh mantiene la vigilancia sobre la evolución de la onda del este número 21, que continuará influyendo en las condiciones climáticas durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte, el Caribe y el norte de Guatemala serán las zonas más afectadas, aunque el impacto podría extenderse al resto del país a medida que avance la jornada. Las autoridades solicitaron a la población seguir atentamente los boletines y alertas emitidas ante la posibilidad de agravamiento de la situación meteorológica.

Entre los datos destacados, el Insivumeh reiteró: “La interacción entre la humedad y las altas temperaturas incrementa el potencial de tormentas severas y granizadas”, resaltando la necesidad de cautela en las áreas susceptibles a inundaciones y derrumbes.

Los indicadores sobre la confianza del consumidor y la percepción del futuro de Panamá deben tomarse con seriedad, aunque una cifra negativa no define el destino del país, toda vez que esto “debe ayudarnos a identificar prioridades, corregir y avanzar”.

El planteamiento lo hace la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, al referirse al Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), que a junio alcanzó 75 puntos, un resultado que refleja una disminución de 17 puntos en comparación con enero de 2026, cuando el índice se situó en 92 puntos.

Esta medición refleja un deterioro en las expectativas de los panameños, influenciado principalmente por el impacto del aumento en el precio de los combustibles y por la incertidumbre que generan tanto los factores externos como los internos sobre la economía, dijo en su momento María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group.

Este contexto ha incidido en una mayor cautela de los consumidores respecto a su situación financiera, sus posibilidades de ahorro y las perspectivas económicas del país.

Para el gremio empresarial, “ver el vaso medio lleno no significa desconocer los problemas. Significa asumirlos y trabajar en soluciones. La confianza se fortalece cuando las palabras se traducen en empleo, inversión, educación, reglas claras y resultados”.

Aduce que Panamá necesita que instituciones, empresas, trabajadores, academia y ciudadanos aporten, desde sus responsabilidades, en una misma dirección.

Indica que al Gobierno le corresponde facilitar las condiciones para el desarrollo, mientras que el papel del sector privado es invertir, innovar, generar empleo y actuar con ética e integridad.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hace hincapié en que “trabajar en equipo exige diálogo, coordinación y enfoque en resultados. No se trata de señalar responsabilidades ajenas, sino de asumir las propias. Del diagnóstico a la acción. De la acción a los resultados”.

Argumenta que el sector privado está haciendo su parte, refiriéndose específicamente al Bootcamp del IV Congreso de Emprendimiento, evento a realizarse el 5 de agosto, donde se “acompañará a quienes buscan pasar de la idea al negocio mediante formación, inteligencia artificial, sostenibilidad, formalización y Networking. Una buena idea puede convertirse en empresa, innovación y empleo”.

De igual manera, sostiene que promueven oportunidades de pasantía conforme a la nueva Ley de Pasantías, mediante lo que llaman Pupilo Hubs, donde las empresas publican sus vacantes y recibe candidatos ya validados una vez el algoritmo cruza habilidades técnicas, blandas, categoría profesional y arquetipo de personalidad, por lo que cada candidato llega con un score de afinidad real.

En su afán de contribuir al desarrollo del país, los empresarios adelantaron que en septiembre apoyarán un taller del Ministerio de Educación orientado a cómo iniciar la vida laboral, dirigido a estudiantes graduandos. Además, agregan, impulsarán el programa Padrinos de Bachillerato.

Panamá como hub de negocios

El sector privado impulsa exposiciones comerciales a realizar en abril de 2027, y posteriormente en octubre el World of Coffee Panamá, eventos que puntualizan generan economía real.

“Atraen compradores, inversión y visitantes; activan hoteles, transporte, restaurantes, logística, tecnología y servicios; y fortalecen a Panamá como hub regional de exposiciones y eventos”, manifiesta el sector privado.

En un texto firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, la Cámara hace un recuento de sus periplos, que en los últimos meses los llevaron, de la mano del Gobierno, a misiones en Grecia Y Marruecos “para identificar inversión extranjera y ampliar los vínculos comerciales del país.

De igual manera, en su recuento manifiestan que han tenido contactos con delegaciones empresariales de Miami y Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de para conectar empresarios y explorar oportunidades de inversión y negocios.

El Ministerio de Salud (MINSAL), ha confirmado la segunda muerte por dengue registrada en el territorio salvadoreño en lo que va del año, mientras que la curva de contagios presenta una tendencia sostenida a la alza pasando de un promedio de 70 casos sospechosos semanales a 140 cuadros atendidos en la red hospitalaria a nivel nacional.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico publicado por el MINSAL, la segunda defunción se reportó entre la semana 27 y la semana 28, es decir, entre el 5 y el 18 de julio, sin brindar detalles sobre la edad ni la zona de procedencia de la víctima. La primera muerte asociada al dengue durante 2026 se había documentado dos semanas antes, en el periodo comprendido entre el 28 de junio y el 4 de julio. Ambas muertes ocurrieron mientras el país enfrenta un crecimiento acelerado en el número de pacientes sospechosos de la enfermedad.

Las cifras oficiales indican que la cantidad de casos sospechosos de dengue se ha duplicado en un mes. En la semana epidemiológica 25, el sistema sanitario atendió 71 cuadros sospechosos, para la semana 28 el número llegó a 142. Estos datos reflejan un incremento del 100 % en solo cuatro semanas, de acuerdo con el monitoreo del MINSAL.

El Boletín Epidemiológico también detalla el comportamiento de los casos confirmados por laboratorio. En la semana 26, se detectaron tres positivos; en la semana 27, se sumaron dos más y en la semana 28 se confirmó un caso adicional. El acumulado anual de casos confirmados de dengue por laboratorio asciende a 26 hasta mediados de julio, según el reporte oficial.

Al analizar los datos por grupos de edad, el MINSAL señala que los adolescentes de 10 a 19 años son quienes presentan la mayor cantidad de casos sospechosos, con un total de 899 cuadros atendidos hasta la semana 28. El segundo grupo más afectado corresponde a los niños de 5 a 9 años, con 715 reportes hasta la misma fecha. Este comportamiento está relacionado con el inicio de la temporada de lluvias, que favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

El MINSAL mantiene operativos de prevención a nivel nacional, incluyendo la entrega de abate en viviendas para reducir la presencia de criaderos y controlar la expansión del vector. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud no han emitido declaraciones públicas sobre la segunda muerte registrada.

El monitoreo epidemiológico del MINSAL también incluye otras enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, como el chikungunya y el zika. En lo que va del año, se han reportado 12 casos sospechosos de chikungunya y 27 de zika. Aunque sus síntomas pueden ser parecidos, cada enfermedad presenta características clínicas diferentes y requiere vigilancia específica, según los registros oficiales.

Síntomas a los que debes estar alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe que el dengue suele comenzar con fiebre alta de aparición repentina. Entre los síntomas principales se encuentran dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupción cutánea. En algunos casos, pueden presentarse dolores abdominales y sangrado leve en encías o nariz. La OMS advierte que la intensidad de los síntomas puede variar y en ciertos cuadros la enfermedad progresa a formas graves, por lo que recomienda atención médica ante la sospecha de dengue.

El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras reactivó la atención sobre el expresidente, que vuelve al país tras enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos. Su llegada ocurre en medio del debate sobre el alcance de la justicia, la vigencia del Estado de derecho y las consecuencias políticas de su presencia.

Desde temprano, simpatizantes nacionalistas se desplazaron hacia distintos puntos del país para participar en el recibimiento del exmandatario, mientras las autoridades prepararon un operativo especial para garantizar el procedimiento de ingreso al territorio nacional.

Fuentes directas confirmaron a Infobae que el vuelo privado salió del aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. La comitiva está integrada por su abogado Renato Stabile, que formó parte de su equipo de defensa durante el juicio en Nueva York; dos personas que participaron en la realización de un documental sobre el caso; los generales Willy Oseguera Rodas, Javier René Barrientos y Tulió Armando Palacios, quienes comparecieron como testigos de la defensa durante el proceso judicial; y un empresario estadounidense.

El regreso y su impacto institucional

Previo a su llegada a Honduras, Juan Orlando Hernández manifestó que regresaba al país con la expectativa de reencontrarse con su familia y de iniciar una nueva etapa tras varios años fuera del territorio nacional.

En un mensaje difundido antes de abordar el vuelo, el exmandatario agradeció las muestras de apoyo recibidas durante el proceso que enfrentó en Estados Unidos y aseguró que volvía con la convicción de enfrentar los desafíos que le esperan en Honduras.

El abogado y analista en derechos humanos Joaquín Mejía señaló que el retorno del exmandatario constituye un momento para las instituciones hondureñas. A su criterio, las decisiones que adopten los órganos de justicia deberán demostrar que en Honduras prevalece la aplicación de la ley sin distinción de personas ni de intereses políticos.

También sostuvo que el caso trasciende la situación particular de Juan Orlando Hernández, porque la respuesta institucional enviará un mensaje sobre la capacidad del Estado para actuar con independencia frente a figuras que han ejercido amplio poder político.

Especialistas consultados por distintos medios consideran que el regreso del expresidente tendrá impacto inmediato en la dinámica política del país. Entre los escenarios que anticipan figuran la reactivación del debate sobre los casos de corrupción vinculados a su administración, el futuro de los procesos judiciales que permanecen abiertos y la influencia que Hernández podría mantener dentro del Partido Nacional.

Qué dijo Ana García sobre la llegada

La exprimera dama y esposa del exmandatario Ana García de Hernández, manifestó que el regreso de su esposo representa el cierre de un largo período de incertidumbre para su familia.

En declaraciones a medios de comunicación, expresó que durante todo el proceso mantuvieron la convicción de que Juan Orlando Hernández volvería a Honduras y señaló que ese mensaje, resumido durante años en la frase "Volverá“, finalmente se convierte en una realidad.

Las reacciones políticas y sociales

La llegada del exgobernante provocó reacciones de distintos sectores políticos y sociales. Mientras dirigentes del Partido Nacional consideran que Hernández tendrá la oportunidad de enfrentar cualquier proceso pendiente en su país, organizaciones de la sociedad civil sostienen que el caso representa una prueba para la independencia del sistema judicial hondureño.

El escenario político también refleja la polarización que acompañó la figura del expresidente desde el final de su mandato y mantiene abierto el debate sobre su legado y las consecuencias de su administración para el país.

La vida de Norma Ramírez dio un giro inesperado en mayo de 2025, cuando abrió las puertas de La Fritanga en Las Vegas, Estados Unidos. El restaurante, que hoy cuenta con 13 trabajadores —incluidas varias hijas, un nieto y empleados hondureños y salvadoreños— nació tras años de trabajo precario, enfermedades y la determinación de mantener vivas las tradiciones nicaragüenses en una ciudad repleta de casinos y hoteles de lujo.

Ubicado a pocos minutos del Strip, el local ofrece platos típicos como fritanga mixta, nacatamales y gallo pinto. El plato fuerte, pensado para dos personas, reúne gallo pinto, tajadas de plátano verde, maduro frito, queso y carnes, por USD 31 con impuestos. Además, los fines de semana un food truck en North Las Vegas amplía el alcance de su cocina.

Según Confidencial.digital, la historia de Norma Ramírez es también la de un emprendimiento familiar y una travesía migratoria que comenzó en 1990, cuando partió de Nicaragua después de casarse y convertirse en madre de ocho hijos.

El inicio de una travesía migratoria y familiar

La enfermedad de su esposo la obligó a asumir por completo la economía familiar. Dejó a sus hijos pequeños al cuidado de su madre y se marchó primero a Guatemala, donde vivió cinco años, y luego a México. Allí, una familia la contrató como niñera y la ayudó a cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

En 1996 llegó a Las Vegas, pero la familia para la que trabajaba regresó a México y Ramírez quedó sola. Describe esa etapa como la de “un barco a la deriva sin dirección”. El apoyo llegó de una mujer mexicana que le dio alojamiento y la animó a quedarse en la ciudad. Así, Ramírez encadenó empleos en la construcción, cadenas de comida rápida, hoteles y el cuidado de ancianos, hasta fundar su propia empresa de limpieza.

La decisión de abrir La Fritanga tiene origen en una historia de superación personal y en el deseo de ofrecer un espacio de identidad y encuentro para migrantes de diferentes países, al tiempo que se convierte en una fuente de empleo para la comunidad.

Salud, fe y perseverancia en el camino gastronómico

Durante 15 años, la salud de Ramírez estuvo marcada por diagnósticos complejos. En 2011 fue operada de un precáncer de colon. En 2020, tras superar el covid-19, le detectaron tumores pulmonares y, poco después, fibromialgia. “Es vivir con dolor 24-7. Días que no te pueden ni dar un abrazo”, relató a Confidencial.digital. En 2026, recibió un diagnóstico de cáncer de esófago, aunque en etapa temprana. A pesar de todo, sigue levantándose cada día a las 5:00 am para liderar la cocina, apoyada por un equipo familiar y multicultural. “Gracias a Dios que tengo un buen equipo”, reconoce, valorando el apoyo de sus hijas y colaboradores que la cuidan cuando el tratamiento la debilita.

La fe constituye el pilar principal de su resistencia. “Mi fe ha sido puesta en Dios. Él es el que tiene la última palabra”, afirma Ramírez, uniendo su cotidianidad entre la cocina y los controles médicos.

De los negocios previos al impulso definitivo

El camino hacia el restaurante propio comenzó mucho antes. Entre 2010 y 2014 gestionó “Doña Norma Restaurant”, pero la carga laboral la obligó a cerrar. La muerte de su madre en 2014 la sumió en una depresión. Entre 2015 y 2017 trabajó en el restaurante “La Bahía” y en 2018 colaboró en la apertura de un local en Los Ángeles antes de regresar a Nevada, como detalló Confidencial.digital.

La propuesta de Francis Zelaya, a quien considera una segunda hija, fue el impulso definitivo para inaugurar La Fritanga en 2024. “A mí me tiran a una cocina y me siento como rana en su charco”, resume Ramírez sobre su vocación.

El primer día enfrentó dificultades: platos desechables, desorganización y críticas que la llevaron al hospital por estrés. Con el tiempo, el menú creció hasta incluir chancho con yuca, vigorón, sopas, filetes y una variedad de postres y bebidas tradicionales. El food truck, presente los fines de semana, refuerza el vínculo con la comunidad migrante y convierte a La Fritanga en un punto de encuentro donde cada plato representa una historia de esfuerzo, raíces y perseverancia.

La presencia de la sangre africana sigue luchando por ganar espacio y reconocimiento en El Salvador. Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, una fecha instituida en 1992 para reconocer la lucha y el aporte de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora.

Actualmente la comunidad afrodescendiente reclama mayor visibilización y reconocimiento estatal, un desafío que persiste tras siglos de negación oficial.

De acuerdo con el censo nacional de población y vivienda de 2024, en El Salvador se identificaron más de 25,600 personas que se autoidentifican como afrodescendientes, cifra que equivale al 0.4% de la población. La mayoría de quienes reconocen este origen son mujeres, según las cifras oficiales.

En palabras de Yohalmo Cabrera, fundador del colectivo AFROOS y miembro de la comunidad afro Panunes de Atiquizaya, “el Estado salvadoreño ha negado la existencia y los derechos de la población afrodescendiente”.

Cabrera, docente y abogado, relata que el trabajo de organización y reivindicación afro en el país se remonta a esfuerzos iniciados desde 2007, aunque la historia de la presencia africana es mucho más antigua. “No son cosas de un día. Son fenómenos que han pasado y que nos han permitido crecer, avanzar”, afirma.

La comunidad afrodescendiente en El Salvador

La presencia de población de origen africano en El Salvador suele ser ignorada en los relatos históricos y en la educación formal. Cabrera explica que, durante su formación académica, nunca escuchó sobre la esclavitud africana en el país ni sobre la existencia de comunidades afrodescendientes.

“A nadie le escuché yo eso”, señala. La inspiración para investigar y trabajar en la visibilización afro provino de un intercambio con el antropólogo Wolfgang Effenberger, quien le mostró datos y testimonios sobre la historia africana en la región.

Según el censo nacional de población y vivienda de 2024, realizado por el Banco Central de Reserva (BCR), 25,690 personas se autoidentificaron como afrodescendientes en El Salvador.

De ese total 13,183 mujeres y 12,507 hombres manifestaron su identidad afro. Cabrera considera que “ese dato es falso, lo digo con propiedad.

Somos más. Lo que pasa es que el censo se implementó mal por diseño y asesoría a los censadores ¿Cuántas personas en El Salvador saben qué es afrodescendiente?”, explicando que durante el proceso se consultó a las personas si se consideraban afrodescendientes o no.

La falta de información y la ausencia de conceptos claros en la sociedad salvadoreña, marcada por los términos coloniales como “mulato”, “zambo”, “negro” o “moreno”, dificultan el reconocimiento pleno de la población afro.

Cabrera subraya que “la escuela y la universidad han tenido una posición excluyente y discriminadora”, ya que no incluyen en sus programas la historia de los afrodescendientes.

Organización y logros de la comunidad afro

AFROOS nació como un colectivo voluntario y sin recursos, integrado por personas que aportan su tiempo y esfuerzo para impulsar la visibilidad afrodescendiente.

Cabrera destaca el papel de Ana Yensi, directora de la organización y menciona que “hemos estado visibilizando el tema”, desde la participación en foros internacionales hasta la denuncia de la negación estatal ante instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Congreso estadounidense.

Entre los logros del colectivo se encuentra la presentación de propuestas para reformar la Constitución, con el objetivo de incorporar el derecho de los pueblos afrodescendientes, así como la solicitud de incluir la historia afro en la currícula educativa.

“No ha pasado nada después del 2014 que se aprobó la reforma constitucional para los pueblos indígenas”, lamenta Cabrera, quien expone que las iniciativas para el reconocimiento de los derechos afro han sido archivadas.

En el ámbito cultural, el colectivo logró que la gastronomía local, como la “Cochinita afroatiquizayense”, fuera declarada patrimonio cultural inmaterial por la alcaldía de Atiquizaya. Cabrera expone que esta receta es un legado de sus ancestros y forma parte de una tradición que se mantiene viva en la comunidad Panune desde 1580.

El mapa afro y la Ruta Afro

Como parte de su investigación, Cabrera elaboró un mapa documentado de 12 sitios históricos en El Salvador con presencia de población africana esclavizada y sus descendientes desde el siglo XVI. Este material, aún inédito en libros oficiales, se utiliza para desarrollar la llamada “Ruta Afro”, que recorre lugares significativos de la historia afro en el país.

“La ruta comienza en Meanguera del Golfo, sigue por La Unión, San Miguel, Usulután, Zacatecoluca y San Vicente”, detallando que también está vinculada al añil.

La historia de los afrodescendientes en El Salvador está marcada por la llegada de personas esclavizadas tras la prohibición de la esclavitud indígena en el siglo XVI. Cabrera sostiene que, aunque la cantidad de africanos traídos fue menor que en otras regiones de Centroamérica, existe abundante documentación en archivos de El Salvador, Guatemala y España sobre la presencia africana.

Retos actuales de la comunidad

El trabajo de los colectivos como AFROOS busca revertir un proceso histórico de invisibilización y discriminación. Cabrera enfatiza que “somos un nuevo sujeto social y político que hemos estado allí siempre. Nunca nos fuimos”. La comunidad reclama la implementación de políticas públicas, el acceso a estadísticas reales y la inclusión de la historia afrodescendiente en la educación y la cultura nacional.

El fundador de AFROOS sostiene: “Aquí se ha querido blanquear a la sociedad de este país por una élite gobernante que ha planteado que todos somos mestizos para esconder y borrar de la memoria la población indígena y afrodescendiente”.

Más de 70.000 embarazadas, madres, recién nacidos y personal sanitario de Guatemala fueron alcanzados por la segunda fase del proyecto Promoción de Tecnología Médica para el Mejoramiento de la Salud Materno-Neonatal, una iniciativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que concluyó el 25 de julio de 2026 y que buscó ampliar la capacidad de respuesta frente a emergencias obstétricas y neonatales en dos departamentos del país.

El programa cerró con un despliegue que combinó infraestructura, formación y prevención: 17 establecimientos de salud de Guatemala y Chimaltenango recibieron más de 5.000 equipos e insumos de 42 tipos, mientras 30 profesionales fueron capacitados en Taiwán y luego trasladaron ese aprendizaje a 44 talleres que alcanzaron a más de 800 trabajadores de salud.

La clausura reunió al ministro de Salud Joaquín Barnoya, a los viceministros María del Rosario Orozco y Donato, a la embajadora de la República de China (Taiwán) en Guatemala Vivia Chang y al director de la Misión Técnica en Guatemala Miguel Cheng. La cooperación fue respaldada por el Fondo de Cooperación Internacional de Taiwán.

Según el MSPAS, el equipamiento entregado fortaleció la atención prenatal y los cuidados intensivos neonatales en instituciones de segundo y tercer nivel. Entre los centros beneficiados figuran el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Nacional de Chimaltenango y las direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud de Guatemala central y Chimaltenango.

El proyecto combinó equipos médicos, capacitación y prevención

La intervención no se limitó a la entrega de insumos. Los 30 profesionales guatemaltecos que viajaron a Taiwán recibieron formación especializada en salud materno-neonatal y, al regresar, replicaron ese conocimiento en una red de talleres locales.

Esos 44 talleres beneficiaron a más de 800 profesionales entre médicos, enfermeras y otros trabajadores del sistema sanitario. El esquema buscó ampliar el impacto de la capacitación más allá del grupo inicial enviado al exterior.

El proyecto también incluyó materiales educativos y campañas de promoción de la salud orientadas a reducir riesgos durante el embarazo, el parto y el período neonatal. Esa dimensión preventiva se integró al fortalecimiento hospitalario y al trabajo en redes territoriales de atención.

La cooperación entre Guatemala y Taiwán en esta área ya tenía un antecedente inmediato. La Fase I, ejecutada entre abril de 2019 y marzo de 2022, había reforzado cuatro instituciones en Amatitlán y Cuilapa con materiales disponibles en español y en 12 idiomas mayas.

De acuerdo con la Misión Técnica de Taiwán en Guatemala, esa primera etapa contribuyó a una reducción del 10% en la mortalidad neonatal por dificultad respiratoria en esos municipios. El Fondo de Cooperación Internacional también informó que, en fases previas, la metodología de formación en cascada ya había capacitado a 437 profesionales de salud materna en cuatro instituciones de Amatitlán y Cuilapa.

La mejora ocurre en un país que aún enfrenta alta mortalidad materna

La relevancia del programa aparece con más nitidez al observar el contexto sanitario del país. De acuerdo con el Informe Anual de País 2025 de la Organización Panamericana de la Salud, Guatemala registró en 2025 una reducción de más de 100 defunciones maternas frente al año anterior.

Esa mejora no eliminó la presión sobre el sistema. La Razón de Mortalidad Materna se mantuvo en 85 por cada 100.000 nacidos vivos en 2023 y mostró un repunte de 3,6% en 2024, según el informe citado.

Los registros del MSPAS identifican además las principales causas directas de muerte materna en el país: las hemorragias representaron el 42,9% de los casos, la hipertensión el 26,7% y las infecciones el 21,0%. Esas cifras explican por qué el refuerzo de la atención prenatal, del parto y del cuidado neonatal sigue siendo una prioridad sanitaria.

Con el cierre de la Fase II, el ministerio consolidó una red de atención materno-neonatal con mayor cobertura territorial en los departamentos de Guatemala y Chimaltenango. La estructura ahora articula hospitales de tercer nivel con establecimientos secundarios en dos zonas de alta concentración poblacional.

La ola de violencia que golpea Guatemala cobró la vida de siete personas y dejó otras dos heridas durante un ataque armado registrado en la zona 2 de Boca del Monte, municipio de Villa Canales, según informaron los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió en la 8a. avenida y 2a. calle, donde la tranquilidad del sector fue interrumpida por una intensa balacera.

Las autoridades confirmaron la escena alrededor de las 12 de la noche del sábado, tras recibir la alerta de vecinos sobre los disturbios en la vía pública. De acuerdo con los Bomberos Municipales, los socorristas atendieron a un hombre y una mujer con heridas de bala, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7/19.

En la escena, los Bomberos confirmaron el fallecimiento de seis personas, entre ellas cinco hombres con edades aproximadas de 20 a 45 años y una mujer de unos 60 años. Posteriormente, otra víctima sin signos vitales fue localizada por los Bomberos Voluntarios, lo que elevó el saldo a siete fallecidos. Todas las víctimas presentaban impactos de bala y fueron declaradas muertas en el lugar.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de los fiscales del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron el procesamiento de evidencias y la recolección de información con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque. Al cierre de la intervención, la policía no reportó capturas relacionadas al caso y no se había establecido el motivo del hecho violento.

Los equipos de emergencia resaltaron la gravedad del ataque por la cantidad de víctimas y la intensidad de los disparos reportados en la zona. Al momento, tampoco se ha identificado a los responsables ni existe información sobre los móviles del crimen.

La violencia continúa golpeando Guatemala

Guatemala registró 297 homicidios durante mayo de 2026, el número más alto para un solo mes en lo que va del año, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Aunque esta cifra representa una reducción de ocho casos respecto al mismo mes de 2025, la tendencia general es a la baja. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la tasa de homicidios disminuyó de 17.4 a 16.2 por cada 100 mil habitantes.

En el período comprendido entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 1,172 homicidios, 173 menos que en el mismo periodo del año anterior. El análisis detalla que la violencia homicida afecta principalmente a hombres jóvenes: el 59.3% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, y solo 35 de las víctimas de mayo fueron mujeres.

La concentración de homicidios se mantiene en 10 departamentos, que suman el 85% de los casos reportados en los primeros cinco meses del año. El departamento de Guatemala concentra el 42% de los homicidios, seguido de Escuintla, Petén y Chiquimula. A nivel municipal, el municipio de Guatemala lidera con 195 homicidios, aunque la cifra muestra una reducción de 106 casos respecto al año anterior.

El CIEN atribuye la disminución de homicidios y extorsiones a una combinación de acciones de corto y largo plazo, incluyendo la prevención del delito, el fortalecimiento del sistema penitenciario y operativos focalizados en zonas de alta incidencia. La tasa de extorsiones también mostró una baja significativa, pasando de 150.62 a 118 por cada 100 mil habitantes, con una reducción de 4,359 casos denunciados respecto al año anterior.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que la transformación institucional del Estado mediante una Asamblea Nacional Constituyente será una de las principales prioridades de su administración a partir de 2027 y, de concretarse, representará “el legado más grande” de su gobierno.

El mandatario sostuvo que el actual modelo institucional “no funciona” y requiere cambios profundos para responder a los desafíos que enfrenta el país.

Durante un encuentro organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Mulino explicó que 2027 será un año clave para su administración, ya que además de consolidar la recuperación económica buscará avanzar en la reforma del Estado mediante una constituyente con participación de distintos sectores de la sociedad, similar al proceso que dio origen a la Constitución de 1946.

“No le tengan miedo”, expresó el mandatario al referirse a la propuesta. Agregó que no será un mecanismo para disolver ningún poder del Estado ni para permitir una reelección presidencial, sino una oportunidad para construir un nuevo marco institucional de forma democrática. “Este sistema no funciona”, insistió durante su intervención ante empresarios y representantes de diversos gremios.

Mulino argumentó que la burocracia, los problemas de funcionamiento de las instituciones, la corrupción y la creciente infiltración del narcotráfico justifican una transformación constitucional.

A su juicio, la estructura actual dificulta la toma de decisiones y limita la capacidad del Estado para responder con mayor eficiencia a las necesidades de la población.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras el Ejecutivo desarrolla el Programa Nacional de Alfabetización Constitucional, liderado por el constitucionalista Miguel Antonio Bernal desde la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC).

La iniciativa busca que la ciudadanía conozca el contenido de la Constitución y participe de manera informada en el debate sobre una eventual reforma.

El programa contempla cabildos abiertos, seminarios, conferencias, jornadas de capacitación y consultas ciudadanas en todo el país.

De acuerdo con la hoja de ruta presentada por el Gobierno, 2025 corresponde a la etapa de alfabetización constitucional, mientras que 2026 estará dedicado a elaborar propuestas y definir el perfil de quienes podrían integrar una futura Asamblea Constituyente.

La planificación oficial contempla que la elección de los constituyentes pueda desarrollarse en 2027, para posteriormente someter el nuevo texto constitucional a referéndum y, de ser aprobado, entre en vigencia en 2029.

Los mecanismos para reformar la Constitución

La Constitución Política de Panamá establece dos mecanismos para introducir modificaciones a su texto.

El primero es la reforma parcial, mediante actos legislativos aprobados por la Asamblea Nacional en dos legislaturas ordinarias consecutivas y posteriormente sometidos a referéndum, o aprobados por dos tercios de los diputados en una sola legislatura y ratificados también mediante consulta popular.

El segundo mecanismo es la Asamblea Constituyente Paralela, incorporada mediante las reformas constitucionales de 2004. En este caso, la ciudadanía debe aprobar mediante referéndum la convocatoria de una constituyente y posteriormente elegir a los ciudadanos que tendrán la responsabilidad de redactar una nueva Constitución.

Aunque el debate público también ha girado en torno a una Asamblea Constituyente Originaria, esa figura no está regulada expresamente dentro de la Constitución vigente y su alcance jurídico ha sido objeto de distintas interpretaciones entre constitucionalistas.

La última reforma constitucional de gran alcance fue aprobada en 2004, durante la administración del expresidente Martín Torrijos, cuando se introdujeron cambios relacionados con la organización del Estado, el Canal de Panamá, el régimen municipal y diversas instituciones públicas.

Con sus declaraciones ante APEDE, Mulino volvió a colocar la reforma constitucional en el centro del debate nacional, al identificarla como una de las principales metas para la segunda mitad de su mandato.

Si bien el Gobierno mantiene en marcha el proceso de alfabetización constitucional, cualquier modificación a la Carta Magna deberá ajustarse a los procedimientos previstos por la Constitución y requerirá un amplio respaldo ciudadano y político antes de convertirse en una realidad.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aseguró que la ATIC nunca ha estado a cargo de la investigación relacionada con la joven y explicó que el caso ha sido dirigido desde el inicio por fiscales especializados.

“La ATIC nunca ha estado a cargo del caso de Angie Peña”, afirmó Mora, al referirse a las versiones que señalaban una supuesta intervención de la agencia investigativa.

De acuerdo con el funcionario, varias personas permanecen privadas de libertad mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo sucedido con la joven. Asimismo, confirmó que fiscales asignados al caso han sostenido reuniones con los familiares de Angie Peña para mantenerlos informados sobre el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades también descartaron que la ATIC haya sido intervenida. Según explicó Mora, la presencia de una juez ejecutora en las instalaciones de la agencia se produjo como consecuencia de un recurso de habeas corpus presentado por el padre de Angie Peña ante un juzgado competente.

La acción judicial provocó la presencia de la juez ejecutora en las instalaciones de la ATIC, pero el Ministerio Público aclaró que este hecho no significa que la agencia haya sido intervenida ni que haya asumido la conducción de la investigación.

Mora explicó que el expediente ha sido manejado desde el inicio por fiscales de las unidades especializadas en trata de personas y antisecuestros del Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades señalaron que estos equipos cuentan con experiencia en investigaciones relacionadas con este tipo de delitos y que continúan desarrollando las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

Respecto al recurso de habeas corpus, el Ministerio Público sostuvo que considera que la acción carece de fundamento en este contexto, debido a que este mecanismo se utiliza cuando se presume que una persona se encuentra detenida de manera ilegal.

Según la explicación de las autoridades, esa situación no corresponde al caso de Angie Peña, por lo que reiteraron que la presencia de la juez ejecutora no representa una intervención de la ATIC ni un cambio en la conducción del expediente.

Julissa Villanueva será citada

El portavoz del Ministerio Público también se refirió a las declaraciones realizadas públicamente por la exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva, quien ha emitido señalamientos relacionados con el caso.

Mora informó que Villanueva será citada para declarar y presentar formalmente las pruebas que respalden las afirmaciones que ha realizado públicamente.

Las autoridades indicaron que cualquier información o evidencia que pueda contribuir al esclarecimiento de la desaparición de Angie Peña deberá ser presentada formalmente para que pueda ser incorporada y valorada dentro de las investigaciones.

En paralelo, el Ministerio Público destacó los avances alcanzados en investigaciones relacionadas con redes de trata de personas que operaban en Islas de la Bahía, especialmente en Roatán.

Según el ente acusador, estas investigaciones han permitido desarticular estructuras vinculadas con este delito, presentar requerimientos fiscales y obtener sentencias condenatorias, incluso contra ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, las autoridades aclararon que estos resultados en casos relacionados con la trata de personas no significan que el caso específico de Angie Peña haya sido resuelto.

La desaparición de la joven continúa bajo investigación y las autoridades aseguran que las diligencias permanecen activas.

El Ministerio Público reiteró que fiscales especializados y agentes investigadores continúan trabajando en la recopilación y análisis de información para determinar qué ocurrió con Angie Peña y establecer las responsabilidades que correspondan.

El caso ha generado preocupación entre los familiares de la joven, quienes han mantenido su llamado a las autoridades para que las investigaciones continúen hasta esclarecer los hechos.

Ante las versiones difundidas recientemente, el Ministerio Público insistió en que la ATIC nunca ha estado a cargo del caso y que la presencia de una juez ejecutora en sus instalaciones respondió exclusivamente al recurso judicial presentado por el padre de Angie Peña.

Mientras tanto, las autoridades sostienen que el caso continúa abierto y que se mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

En la colonia El Guarumal, en Santiago de María, Usulután Norte, se registró un incidente que ha generado preocupación en la comunidad. Wilber C., de 25 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) acusado de atropellado a un menor de 15 años mientras conducía su motocicleta bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con el reporte oficial.

Según informó la PNC, el hecho ocurrió cuando Wilber C. circulaba en su motocicleta por la zona residencial, en horas que no han sido precisadas, y perdió el control, impactando al adolescente que transitaba por el sector. El menor resultó lesionado y fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece en condición estable, según confirmaron las autoridades de salud y la propia policía.

Durante el procedimiento, la PNC aplicó la prueba de alcotest al ahora capturado arrojando un resultado de 113 grados de alcohol en aliento. “Aun bajo los efectos del alcohol sos el responsable de tus acciones. Pensalo bien”, subrayó la Policía Nacional Civil desde sus canales oficiales al dar a conocer el caso.

La Policía Nacional Civil detalló que el conductor será remitido a instancias judiciales por el delito de lesiones culposas y conducción peligrosa. Fuentes institucionales remarcaron que en situaciones de esta naturaleza, la responsabilidad penal no se atenúa por el estado etílico del implicado. “Ningún conductor puede ampararse en la embriaguez para evadir consecuencias legales”, enfatizó un portavoz policial consultado por Infobae.

El accidente en El Guarumal motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia, quienes brindaron atención al menor y resguardaron la escena. Residentes de la colonia manifestaron preocupación por el incremento de episodios relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, solicitando mayor presencia policial y campañas de prevención.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, los delitos de conducción peligrosa se han convertido en una de las principales causas de accidentes viales en el departamento de Usulután. En lo que va del año, las autoridades han registrado una tendencia al alza en el número de conductores sancionados por superar los límites legales de alcohol, así como en el de víctimas menores de edad involucradas en este tipo de incidentes. La PNC reiteró que “la vigilancia se mantendrá de forma permanente en las zonas identificadas como puntos críticos para reducir los riesgos a la población”.

La investigación continúa y la Policía Nacional Civil mantiene abiertas las líneas de denuncia ciudadana para reportar casos similares en todo el territorio de Usulután Norte.

Aumentan los siniestros viales, lesionados y fallecidos

Entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró un aumento en los siniestros viales, lesionados y fallecidos en el país. Según los datos presentados, en 2025 ocurrieron 11,785 siniestros viales, cifra que ascendió a 12,879 en 2026.

Respecto a las personas lesionadas, el registro muestra 7,189 casos en 2025 y 8,893 en 2026. En cuanto a fallecidos, el reporte indica 666 muertes en 2025 y 823 en 2026. Estas cifras evidencian un incremento tanto en los accidentes como en las consecuencias asociadas durante el periodo analizado, de acuerdo con Onasevi.

Tras asegurarse el primer lugar, la judoca dominicana se arrodilló en el tatami y alzó las manos, agradeciendo a Dios por el resultado obtenido. Este gesto de emoción tuvo un trasfondo personal, Ana Rosa anunció que destinará el incentivo económico, de 300 mil pesos dominicanos (alrededor de USD 5,100), a terminar la casa de su madre en San Francisco de Macorís. “Ese dinero lo voy a usar para terminar la casa que le empecé a construir a mi mamá allá en San Francisco de Macorís. Y ese era mi sueño, aparte de quedarme campeona, poder ayudar a mi madre”, expresó la atleta a los medios locales.

El combate final reflejó la paridad entre ambas rivales, quienes ya se habían enfrentado en ocasiones previas. “Una rival bastante buena, nos conocemos bastante. Ya hemos peleado varias veces, nos hemos ganado mutuamente. Y hoy era dar todo por el todo”, relató Ana Rosa al término del encuentro.

La primera medalla de oro para República Dominicana

El significado de esta medalla de oro, la primera para el país anfitrión en la actual edición de los Juegos, tiene un valor especial para la deportista. “Muy orgullosa, muy contenta de poder esta medalla de oro aquí en mi casa. Los juegos me lo debían, los Juegos Centroamericanos me debían esta medalla y hoy la he conseguido”, afirmó Ana Rosa, quien dedicó su logro a su familia y a la República Dominicana.

La fe resultó un pilar fundamental en el recorrido de la judoca. Ante la consulta sobre la importancia de la espiritualidad en su carrera, la atleta respondió: “Jamás, jamás, jamás. Dios, Dios me lo venía trabajando, el esfuerzo, sacrificio, mucho proceso. Pero mi fe siempre estuvo activa, muy presente, siempre encomendada a Dios y hoy dio frutos. De la manera que haya sido, pero hoy Dios me hizo a mí dar un testimonio de que cuando estamos pasando por momentos difíciles tenemos que aferrarnos a él y dejar que él nos guíe, aunque las cosas no vayan bien y hoy todo salió. Todo el esfuerzo, todo sacrificio, todas las lágrimas, hoy son lágrimas, pero de sonrisa”.

El impacto de la conquista de Ana Rosa resonó más allá del ámbito deportivo y familiar. El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó públicamente su reconocimiento a la atleta a través de sus redes sociales.

“¡Llegó el primer oro para la República Dominicana! Felicito a Ana Rosa Smerlin, de la provincia Duarte, por conquistar esta medalla de oro en judo, categoría -57 kg. Gracias por representar nuestra bandera con entrega y excelencia. ¡Todo un país celebra junto a sus medallistas!”, expresó el Jefe de Estado.

Un estudio difundido por la Fundación La Ruta Maya y publicado en Mexicon concluyó que un cráneo maya recubierto de estuco perteneció a un adolescente varón que habría sido decapitado entre 1400 y 1450 d. C., una pieza ritual que amplía lo que se sabe sobre las prácticas ceremoniales del altiplano guatemalteco en el Posclásico Tardío.

La investigación situó el objeto en el área ixil, al norte de El Quiché, y planteó que el joven posiblemente no era local, sino un cautivo llevado desde otra zona de Guatemala para ser ofrecido a una deidad. Esa hipótesis surgió del análisis de la dentición, las formaciones craneales y las diferencias óseas entre poblaciones.

Según Mexicon, el cráneo conserva los terceros molares en desarrollo, un dato que permitió identificarlo como el de un hombre adolescente. Los especialistas también detectaron variaciones dentales que en algunas piezas apuntaban a una edad de entre siete y nueve años, mientras otras señalaban entre 11 y 12.

El análisis reveló señales compatibles con decapitación y preparación ritual

El estudio, titulado “Un rostro sagrado en el altiplano guatemalteco: resignificando un cráneo maya recubierto de estuco”, fue dirigido por Rafael Mejicano Díaz y reunió a 12 investigadores de Guatemala, México y Estados Unidos. Los resultados fueron presentados en el museo de la fundación, en la avenida Las Américas de la zona 13, donde se resguarda la pieza tras su entrega voluntaria por un donante.

La publicación describe un cráneo humano revestido con varias capas de estuco de distintas densidades hasta formar un rostro humanoide con rasgos felinos. Los investigadores ubicaron este ornamento de carácter ritual y espiritual en el altiplano maya de la actual área ixil.

De acuerdo con el estudio, los análisis incluyeron difracción de rayos X, exámenes microscópicos, cromatografía de gases, tomografías computarizadas, luz ultravioleta e imágenes en 3D. Ese conjunto de técnicas permitió establecer la consistencia del recubrimiento y la morfología de la pieza sin intervenirla físicamente.

Los especialistas determinaron además que el cráneo fue preparado con calor, incluido el hervor, para desprender los tejidos y dejar solo el hueso. También establecieron que le falta el colmillo superior izquierdo, que presentaba una abertura en la parte superior derecha y que aún conservaba las dos primeras vértebras.

La cirujana dentista Jaqueline Cano, técnica radiológica de TecniScan, dijo que la presencia de las vértebras cervicales dentro del mascarón estucado era un detalle central para interpretar qué ocurrió con el joven: “Se encontraron las vértebras 1 y 2 que sostienen el cuello y forman parte del mascarón estucado, como especialista en el área de tomografía y resonancia magnética es un detalle muy importante de qué le ocurrió”.

El estudio señaló que esas vértebras quedaron invertidas durante la colocación del estuco, un elemento que fue interpretado como una posible señal de decapitación. A partir de ese conjunto de indicios, los investigadores sostuvieron que la pieza no fue una simple forma de conservación de restos humanos, sino el resultado de una elaboración técnica con un propósito ritual preciso.

La pieza habría sido una ofrenda vinculada al juego de pelota en el área ixil

La antropóloga Iyaxel Cojtí, profesora del departamento de Antropología de la Universidad de Texas en Austin, explicó que este tipo de cráneos estucados se asociaba a ofrendas especiales colocadas cerca de espacios dedicados al juego de pelota. Según dijo al presentar el contexto histórico, la práctica estaba focalizada en el área ixil y una pieza similar se encuentra en el Museo Regional de Chichicastenango Rossbach.

Cojtí afirmó: “Se trata de un joven no local, que posiblemente fue cautivo, proveniente de otra área de Guatemala, regularmente los cráneos con estuco están cerca de un juego de pelota y se colocaban como una ofrenda especial”. También agregó que, según los datos históricos, el adolescente probablemente provenía del oriente del país y pudo haber sido capturado en un contexto de conflicto entre entidades políticas del período posclásico.

La investigadora sostuvo que el joven quizá era un guerrero o una persona que defendía su territorio, fue capturado, asesinado por un trauma en el cuello y luego llevado al altiplano para ser entregado como ofrenda a una deidad local. En esa interpretación, el modelado con rasgos felinos respondería a la representación de una imagen sagrada colocada en la parte posterior de un altar.

La pieza no tiene un lugar de hallazgo confirmado porque integró una colección privada antes de ser entregada a la fundación. El texto de base indica que podría provenir de la región del Motagua, aunque no existe un dato exacto sobre su origen arqueológico por las circunstancias en que fue adquirida.

Entre los autores del estudio figuran Rafael Mejicano Díaz, Otto Orellana, Jaquelin Cano, Katherine Sandoval, Sofía Paredes, Iyaxel Cojtí, Luisa Mainou, Rocío Albarrán y Vera Tiesler. La presentación pública de los resultados estuvo a cargo del ingeniero Fernando Paiz Andrade, presidente de la fundación.

El examen científico también incorporó datación por radiocarbono y revisión de antecedentes arqueológicos y etnohistóricos. Según la comunicación oficial citada por la publicación, esa colaboración permitió estudiar el cráneo sin comprometer su integridad y generar información útil para la investigación y la conservación del patrimonio cultural guatemalteco.

En el primer semestre de 2026, la República Dominicana registró un marcado desafío en materia de donación y trasplante de órganos. De acuerdo los registros del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), órgano dependiente del Ministerio de Salud Pública, 570 personas se encuentran en lista de espera por un trasplante. Este dato refleja la magnitud de la demanda frente a la limitada disponibilidad de órganos y tejidos en el país caribeño.

Según informó el Incort, durante los primeros seis meses del año se concretó un único donante fallecido, cuyo acto solidario permitió salvar varias vidas y llevar esperanza a sus familias. El Ministerio de Salud Pública y sus autoridades recalcan que detrás de cada donación hay una historia, una familia y la posibilidad de una nueva oportunidad.

En el periodo evaluado, los registros oficiales muestran que se realizaron 27 trasplantes renales: 25 de ellos procedentes de donante vivo y solo 2 renales a partir del único donante fallecido. Esta distribución evidencia la predominancia del trasplante entre personas vivas.

Los datos aportados también señalan la realización de 157 trasplantes de córneas y 6 trasplantes de médula ósea en este periodo. La cifra de trasplantes de córnea mantiene su relevancia como uno de los procedimientos más frecuentes, mientras que el trasplante de médula ósea continúa siendo un recurso crucial para pacientes con enfermedades hematológicas graves.

Un acto solidario que transforma vidas

El Incort destaca la importancia de la donación como acto de amor y solidaridad. El organismo expresó su “más profunda gratitud” a la familia que, pese al dolor de una pérdida irreparable, autorizó la donación de órganos de un ser querido.

Según la entidad, “su acto permitió brindar esperanza y una nueva oportunidad de vida a otras personas”. Las autoridades sanitarias insisten en que este tipo de decisiones no solo transforman la vida de los receptores, sino que dejan un legado perdurable en la sociedad.

Autoridades impulsa campañas permanentes de sensibilización para fomentar la cultura de la donación en la República Dominicana. Los voceros institucionales recuerdan que la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas depende de la disposición solidaria de las familias dominicanas.

“Hablar sobre la donación de órganos con tu familia puede marcar la diferencia entre la vida y la esperanza” señala Incort en sus comunicados oficiales.

Falta de información y temores culturales limitan la donación de órganos

De acuerdo con las cifras oficiales, más del 70% de las familias dominicanas rechaza donar órganos tras la muerte de un familiar, principalmente por mitos, desinformación y temores, según el director del Incort, José Castillos Almonte.

Dichas declaraciones fueron retomados de un reciente encuentro, denominado “Unidos por la Donación de Órganos”, donde el objetivo es continuar promoviendo iniciativas que faciliten el acceso de los pacientes a tratamientos de alta complejidad y reafirman la necesidad de contar con el apoyo de la ciudadanía para salvar más vidas en el futuro.

Castillos Almonte señaló que las barreras culturales siguen siendo un obstáculo para aumentar el número de donantes en el país.

En una rápida intervención, la Fuerza Armada informó este sábado que Guardavidas de la Marina Nacional, en colaboración con diversas instituciones de socorro, lograron rescatar a 4 personas que fueron arrastradas por una fuerte corriente marina en la playa Costa del Sol, ubicada en el departamento de La Paz. Por su parte, una persona del sexo femenino falleció en el lugar, mientras que las otras víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial, según Fuerza Armada.

El operativo de rescate, coordinado por la Marina Nacional, contó con el apoyo de entidades locales de socorro que acudieron al llamado tras recibir la alerta sobre el incidente en la zona costera. El personal especializado desplegó recursos y equipos para intentar salvar a los afectados por la corriente marina, una de las principales amenazas en esta franja del litoral salvadoreño.

De acuerdo con la información oficial, la intervención permitió la evacuación inmediata de los cuatro sobrevivientes, quienes presentaban distintos niveles de afectación por inmersión y agotamiento físico. Paramédicos brindaron atención médica primaria en el lugar antes de su traslado a un hospital cercano. Las autoridades reportaron que la víctima fallecida, identificada como de sexo femenino, no logró ser reanimada a pesar de los esfuerzos realizados en la playa.

La playa Costa del Sol se caracteriza por su alta afluencia de turistas y locales, lo que incrementa el riesgo de incidentes relacionados con corrientes marinas y oleaje fuerte. La Marina Nacional mantiene presencia activa en este sector mediante patrullajes y puestos de vigilancia, con el objetivo de responder rápidamente ante emergencias como la registrada en esta ocasión

Recomendaciones clave para evitar accidentes en el mar

Durante la temporada alta, las playas reciben una gran cantidad de visitantes, lo que aumenta la importancia de tomar medidas de seguridad al ingresar al mar. Los guardavidas destacan que la principal recomendación es respetar las zonas habilitadas para el baño y prestar atención a las banderas de señalización. La bandera roja indica prohibición absoluta de ingreso al agua, mientras que la amarilla señala precaución.

El desconocimiento de las corrientes marinas representa uno de los mayores riesgos. Los especialistas explican que las corrientes de retorno pueden arrastrar a los bañistas mar adentro en pocos segundos. Ante esta situación, se aconseja no intentar nadar contra la corriente, sino dejarse llevar y buscar salir lateralmente hasta alcanzar una zona segura.

La supervisión permanente de menores es clave, ya que los niños pueden perderse de vista en segundos y carecen de la fuerza necesaria para enfrentar el oleaje. Se recomienda, además, no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol ni después de haber comido en exceso.

El uso de elementos inflables como colchonetas o flotadores puede generar una falsa sensación de seguridad y aumentar el riesgo de accidentes, sobre todo en jornadas con viento o corrientes fuertes. Los guardavidas sugieren limitar su uso y no alejarse de la costa.

Ante cualquier emergencia, se debe avisar de inmediato a los socorristas y evitar actuar por cuenta propia. La prevención y la responsabilidad personal resultan fundamentales para reducir el número de incidentes y disfrutar del mar con seguridad.

Las muertes relacionadas con tosferina en Honduras aumentaron a 17 en lo que va de 2026, luego de que las autoridades sanitarias confirmaran mediante pruebas de laboratorio dos nuevos fallecimientos asociados a esta enfermedad altamente contagiosa.

La información fue confirmada por la doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)de la Secretaría de Salud (Sesal), quien detalló que los dos últimos casos corresponden a niños de apenas un mes de edad.

De acuerdo con la funcionaria, las madres de ambos menores no recibieron la vacuna contra la tosferina durante el último trimestre del embarazo, una situación que habría dejado a los recién nacidos con una menor protección frente a la enfermedad.

García también informó que durante este año se contabilizan 215 casos sospechosos de tosferina, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y que refleja un incremento respecto a los registros del año anterior.

La situación representa un importante desafío para el sistema de salud, especialmente por el impacto que la enfermedad puede tener en los bebés y niños pequeños, quienes pueden desarrollar complicaciones graves debido a que su sistema respiratorio todavía se encuentra en desarrollo.

La jefa del PAI recordó que durante todo el año 2025 se registraron siete muertes relacionadas con la tosferina y alrededor de 150 casos sospechosos.

La comparación de las cifras evidencia un aumento de los fallecimientos y de los casos sospechosos en el país, por lo que las autoridades han insistido en la importancia de fortalecer la vacunación y completar los esquemas de inmunización.

La tosferina, también conocida como pertusis, es una infección de las vías respiratorias que se caracteriza por ser altamente contagiosa. La enfermedad puede comenzar con síntomas similares a los de un resfriado común, pero con el paso de los días la condición puede empeorar y provocar episodios intensos de tos.

En algunos pacientes, la tos puede ser tan fuerte que dificulta la respiración y puede estar acompañada de un sonido agudo al momento de inhalar, conocido popularmente como un “chillido”.

Antes del desarrollo de las vacunas, la tosferina era considerada principalmente una enfermedad propia de la infancia. Sin embargo, en la actualidad continúa afectando principalmente a niños que no han completado su esquema de vacunación y a personas que no cuentan con una protección adecuada.

Uno de los principales riesgos se presenta en los recién nacidos y bebés pequeños, debido a que pueden desarrollar cuadros más severos y presentar dificultades respiratorias.

Los primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con los de un resfriado común. Entre las manifestaciones iniciales se encuentran el moqueo, la congestión nasal, los ojos enrojecidos y llorosos, la fiebre y la tos.

Sin embargo, después de aproximadamente dos semanas, la enfermedad puede evolucionar y los síntomas pueden intensificarse. La acumulación de mucosidad espesa en las vías respiratorias puede provocar episodios de tos persistente e incontrolable.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los padres y encargados de menores prestar especial atención ante la aparición de síntomas respiratorios que empeoren progresivamente y buscar atención médica de manera oportuna.

La vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir la tosferina y reducir el riesgo de complicaciones graves y fallecimientos asociados a la enfermedad.

En ese sentido, Odalys García recordó a la población hondureña que las vacunas necesarias para prevenir la tosferina están disponibles en los centros de vacunación del país.

La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para que revisen los esquemas de vacunación de sus hijos y acudan a los establecimientos de salud correspondientes para completar las dosis que hagan falta.

El mercado asegurador panameño cerró el primer semestre de 2026 con $1,086 millones en primas suscritas, un aumento de 5.5% frente a los $1,029 millones registrados durante el mismo periodo del año pasado.

Las compañías también reportaron 2.43 millones de pólizas vigentes, 5.3% más, mientras que los siniestros pagados alcanzaron $484 millones, con un crecimiento de 2.3%.

Los seguros de personas mostraron el mayor dinamismo, con primas por $561 millones y un avance interanual de 7.5%. Este grupo, que incluye vida, salud y accidentes personales, representó 51.7% de las primas del mercado, frente a 48.3% aportado por los ramos generales. Los pagos por siniestros en este segmento aumentaron 7.2%, hasta $273 millones.

El ramo de salud continuó como el principal componente del negocio asegurador, al acumular $295 millones en primas, equivalentes a 27.2% del total.

La cifra aumentó 9.6%, aunque el número de pólizas bajó 2.7%, una combinación que apunta a un mayor valor promedio de las coberturas. Los siniestros médicos pagados ascendieron a $192 millones, 6.2% más que en 2025.

Los seguros de automóvil ocuparon la segunda posición, con $183 millones en primas y un incremento de 9.6%. Las pólizas vigentes crecieron 7.8% y superaron el millón, mientras los pagos por choques, daños y otras coberturas aumentaron 17.2%, hasta $128 millones.

Este comportamiento refleja una expansión del parque asegurado, pero también una mayor presión por reclamaciones.

En vida individual, las primas alcanzaron $105 millones y crecieron 11.3%. El número de pólizas subió 29%, impulsado por las renovaciones y las nuevas contrataciones.

Sin embargo, los siniestros aumentaron 50.7%, hasta $30 millones, debido principalmente al fuerte incremento en los pagos relacionados con pólizas renovadas.

Los seguros colectivos de vida mostraron un desempeño casi estable, con primas por $139 millones y un crecimiento de apenas 0.4%. La cantidad de personas aseguradas disminuyó 2.7% y las pólizas registraron una reducción de 77.4%, afectadas principalmente por el descenso en los colectivos de deudores. Los siniestros bajaron 9.2%, hasta $44 millones.

Entre los segmentos que crecieron destacó casco, que cubre embarcaciones y aeronaves, con un aumento de 14% en primas, hasta $25 millones. La expansión estuvo concentrada en las coberturas marítimas, que avanzaron 53.1%, mientras que el componente aéreo retrocedió 9.9%. Los siniestros totales del ramo cayeron 68.7%, por una fuerte reducción en las reclamaciones aeronáuticas.

También avanzaron riesgos diversos y fianzas. El primero aumentó 3.6%, hasta $94 millones, impulsado por responsabilidad civil y nuevas coberturas vinculadas al fraude con tarjetas. Las fianzas crecieron 7.4%, hasta $70 millones, aunque el número de pólizas cayó más de 54% por cambios en la clasificación de sus modalidades.

En contraste, incendio y líneas aliadas perdió 5.1%, al cerrar con $118 millones. Aunque el componente residencial aumentó 3.7%, las primas comerciales disminuyeron 9.2% y las industriales 15.3%. Los siniestros del ramo bajaron 21.5%, debido principalmente a menores pagos en coberturas comerciales.

Los seguros de multirriesgo retrocedieron 14.1%, transporte de carga bajó 5.9% y los ramos técnicos disminuyeron 13.8%. En transporte, el negocio terrestre cayó 24.6%, mientras el marítimo creció 16.7%. Los ramos técnicos estuvieron afectados por menores primas en construcción, montaje y equipo pesado, aunque aumentaron las coberturas de equipos electrónicos.

En la distribución exclusivamente local, la provincia de Panamá concentró 3.31 millones de unidades aseguradas, equivalentes a aproximadamente 73% del total nacional, además de 1.68 millones de pólizas vigentes. Le siguieron Chiriquí, con 322,173 unidades; Panamá Oeste, con 301,355; Veraguas, con 143,348; Colón, con 121,087; y Herrera, con 112,597.

La elevada concentración territorial muestra que el crecimiento del mercado sigue dependiendo principalmente de la capital y su zona metropolitana, mientras las provincias mantienen una participación considerablemente menor.

El desafío para el sector será ampliar la penetración de seguros de salud, vida, vivienda, actividad agropecuaria y pequeños negocios fuera de Panamá, donde una parte importante de la población continúa sin coberturas suficientes.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado por medio de un video la construcción de nuevas líneas del sistema de Aerocable para el Área Metropolitana de San Salvador, con una fase inicial compuesta por cinco rutas que buscan transformar el transporte público en la capital y sus alrededores. El mandatario presentó novedades del proyecto, que contempla una expansión progresiva y un enfoque en la inclusión y la sostenibilidad.

La primera fase del Aerocable ya se encuentra en construcción y contará con líneas que conectarán puntos estratégicos de la ciudad. El sistema comenzará a operar por etapas, iniciando con una línea que unirá el municipio de Mejicanos con el Hospital Rosales, ubicada en las cercanías del Centro Histórico de San Salvador. Esta ruta permitirá un traslado estimado de catorce minutos, lo que representa una alternativa para los habitantes que diariamente enfrentan la congestión vehicular en esa zona.

La red inicial tendrá capacidad para movilizar a más de treinta mil personas al día durante dieciocho horas de operación continua. Hasta el momento ya se han instalado cinco de las veintitrés torres necesarias para la primera línea, lo que demuestra un avance significativo en la ejecución del proyecto.

Nuevas líneas del Aerocable ampliarán la conectividad y la seguridad en el transporte público de San Salvador

De igual manera, la fase inicial del Aerocable incluirá dos líneas adicionales en Soyapango, que facilitarán el acceso de los residentes de este populoso municipio hacia el centro de la capital. Además, se construirá una línea desde El Boquerón hacia San Salvador, otra en Los Planes de Renderos, una más desde Panchimalco hacia San Marcos y una conexión entre San Marcos y el centro.

También está prevista una línea en San Jacinto, ampliando la cobertura del sistema y acercando el transporte público a comunidades históricamente apartadas de la red principal.

El diseño de las infraestructuras contempla criterios de seguridad y accesibilidad. Todas las líneas del Aerocable incorporan tecnología antisísmica, en respuesta al riesgo sísmico que enfrenta la región. Las cabinas estarán equipadas con sistemas de videovigilancia, comunicación directa con los operadores y espacios reservados para personas con movilidad reducida. Cada estación tendrá un diseño arquitectónico propio, adaptado a su entorno, e incluirá ascensores para garantizar el acceso universal, según precisó la Presidencia de la República en su comunicado.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su enfoque en la sostenibilidad ambiental. El sistema funcionará completamente con energía eléctrica, sin generar emisiones de carbono. Esto coloca al Aerocable como una alternativa de transporte público rápida, segura, inclusiva y alineada con los objetivos de reducción del impacto ambiental en la ciudad.

El desarrollo de este medio de transporte público responde a la necesidad de ofrecer soluciones de movilidad para cientos de miles de personas que se desplazan diariamente por el área metropolitana.

El Aerocable se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno salvadoreño en materia de infraestructura y movilidad urbana. cambio en la forma en que los salvadoreños se desplazarán por la ciudad.

Gutiérrez Pérez falleció el 26 de diciembre de 2023. La Fiscalía prepara la nueva acusación con base en una investigación desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y en los resultados de los análisis realizados por especialistas de Medicina Forense.

Las autoridades sostienen que existen similitudes entre las circunstancias de las muertes de ambas mujeres, lo que llevó a los investigadores a revisar nuevamente el caso de Gina Gutiérrez después de avanzar en las pesquisas relacionadas con el fallecimiento de Brenda Gómez.

Según la investigación policial, Florentino Díaz habría utilizado un método similar en ambos casos y posteriormente habría intentado presentar las muertes como consecuencia de causas naturales.

El caso de Brenda Gómez fue el que permitió reabrir las investigaciones sobre la primera esposa del acusado.

El 10 de septiembre de 2025, varias personas encontraron el cuerpo sin vida de Brenda Gómez, de 28 años, en el asiento trasero de una camioneta estacionada cerca del puente Los Bordos, en el sector Bermejo de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

De acuerdo con las investigaciones, Florentino Díaz habría conducido el vehículo y presuntamente pretendía trasladar el cuerpo hasta una funeraria para sepultarlo sin informar inicialmente a las autoridades sobre el fallecimiento.

Tras el hallazgo, la Policía detuvo al sospechoso durante aproximadamente 24 horas. Sin embargo, fue puesto en libertad debido a que en ese momento no existían elementos suficientes para mantenerlo bajo custodia.

Las investigaciones continuaron y la escena fue sometida a nuevos análisis, mientras que Medicina Forense practicó la autopsia correspondiente.

El examen forense estableció que Brenda Gómez murió por estrangulamiento, un resultado que contradijo la versión de una muerte por causas naturales y llevó al Ministerio Público a solicitar una orden de captura contra Florentino Díaz.

La captura se ejecutó el 29 de octubre de 2025, cuando agentes policiales localizaron al sospechoso en la residencial Salamanca, en San Pedro Sula.

Desde entonces, Florentino Díaz permanece privado de libertad y enfrenta un proceso judicial por el asesinato de Brenda Gómez.

A raíz de esta investigación, fiscales, agentes de la DPI y peritos forenses comenzaron a revisar las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de Gina Gutiérrez, quien era la primera esposa del acusado.

El dictamen forense de Gutiérrez concluyó que ella también murió por estrangulamiento y clasificó el fallecimiento como una muerte de carácter homicida.

Para el Ministerio Público, este resultado constituye un elemento que fortalece los indicios contra Florentino Díaz, debido a que el acusado estaba casado con Gutiérrez al momento de su muerte.

Las autoridades investigan ahora si existe un mismo patrón de actuación en ambos casos. La hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el sospechoso habría utilizado almohadas u otros objetos blandos para provocar la asfixia y, presuntamente, evitar que quedaran marcas visibles.

La Fiscalía también sostiene que los hallazgos científicos obtenidos durante las investigaciones contradicen la versión atribuida al acusado sobre la muerte de Brenda Gómez, a quien habría presentado inicialmente como una víctima de causas naturales.

Los resultados de las autopsias, según las autoridades, apuntan en ambos casos al estrangulamiento como causa de muerte, mientras que el expediente de Gina Gutiérrez establece además que se trató de una muerte homicida.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público prevé presentar durante los próximos días el nuevo requerimiento fiscal contra Florentino Díaz por la muerte de su primera esposa.

De esta manera, el acusado deberá responder ante los tribunales por los señalamientos relacionados con las muertes de sus dos esposas, en investigaciones que las autoridades consideran vinculadas por las similitudes encontradas.

El Ministerio Público considera que los nuevos hallazgos relacionados con Gina Gutiérrez fortalecen la línea de investigación que vincula a Florentino Díaz con su muerte y prepara la acusación correspondiente.

La captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, ha reavivado la discusión sobre la posible extradición de uno de los criminales más buscados de Costa Rica a Estados Unidos. Aunque el operativo “Némesis” marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado local, su futuro judicial sigue sin definirse fuera del territorio costarricense.

Durante una entrevista con Noticias Repretel, Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mencionó que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aún no ha solicitado formalmente la extradición de Arias Monge.

“Diablo no está requerido para ser extraditado, no lo está, no lo está”, enfatizó Soto, descartando rumores sobre un procedimiento internacional ya en marcha. El jefe oficial explicó que, si bien han existido reuniones con la DEA y se analizan posibles implicaciones transnacionales, hasta ahora no existe ninguna orden de extradición vigente.

El funcionario aclaró que Costa Rica solicitó a Estados Unidos la colaboración mediante una recompensa para facilitar la captura, pero esa gestión no debe confundirse con una petición formal de extradición. “Fue una petición nuestra que pidiéramos la recompensa para capturarlo. Pero no está pedido en extradición, aunque yo no descarto que DEA lo pueda pedir, pero hasta hoy no lo ha pedido”, puntualizó el director del OIJ en declaraciones vertidas al citado medio.

Posibilidad de extradición

El análisis de la DEA se centra en determinar si la organización de Arias Monge tiene un alcance que justifique la extradición bajo las leyes estadounidenses. Michael Soto sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal operaba principalmente en el tráfico local de drogas, estableciendo lazos con otros grupos como los de López Vega y Noni Choc. “La transnacionalidad de esta estructura es algo que ellos van a tener que revisar, porque yo le aseguro del tráfico local cien por ciento”, indicó Soto. El funcionario también reconoció que, hasta el momento, no existen pruebas de que la organización enviara droga directamente a Estados Unidos. “No lo puedo afirmar en este momento”, dijo en la citada entrevista.

En caso de que la DEA decida formalizar una solicitud de extradición, Costa Rica aplicará el procedimiento habitual en estos casos. Soto explicó que el país está preparado para colaborar con las autoridades estadounidenses, utilizando criterios de oportunidad que permitan que el sospechoso enfrente la justicia fuera del territorio nacional si así se decide. “La decisión dependerá del análisis que realicen las autoridades norteamericanas”, afirmó a Noticias Repretel.

Mientras tanto, Alejandro Arias Monge permanece bajo custodia de las autoridades costarricenses. Si la DEA no solicita la extradición, el proceso judicial continuará en en el país centroamericano y será resuelto por los tribunales nacionales, aseguró el director del OIJ. Las investigaciones sobre la estructura criminal y sus posibles conexiones internacionales seguirán abiertas mientras se espera una definición por parte de la agencia estadounidense.

Por ahora, la expectativa se centra en resguardar zonas cercanas al perímetro del centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, donde se encuentra recluido alias “Diablo”.

El reloj marcó la rutina del jueves 18 de junio cuando la tragedia irrumpió en el kilómetro 11 de la carretera a León. El pequeño Inmer Antonio Rivas López, conocido cariñosamente como «Colochito», caminaba junto con su madre, Melisa Julieth López Pastrán, de 33 años.

Melisa llevaba al menor tomado de la mano al momento de intentar cruzar la vía. En cuestión de segundos, la irrupción de la motocicleta color roja impactó violentamente contra la madre y el menor.

Lo que vino después profundizó el dolor de la familia: lejos de detener la marcha, llamar a los servicios de emergencia o socorrer a las víctimas que yacían sobre el pavimento, los dos ocupantes del vehículo ligero optaron por huir de la escena, abandonando el lugar. El niño falleció producto de las severas lesiones, dejando un vacío desgarrador y a una comunidad entera exigiendo respuestas.

Sin embargo, el tiempo suele diluir el impacto de las noticias cotidianas, la fuga de los dos ocupantes de la motocicleta llegó a su fin el día de ayer, 24 de julio, donde en un operativo de la Policía Nacional ejecutado en la comarca Buenos Aires, un caserío conocido como El Capulín en el municipio de Villa El Carmen, las autoridades lograron la captura de Carlos José Cruz, de 21 años señalado como presunto conductor de la moto, y de su acompañante, Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza, también de 21 años.

La reconstrucción de la escena y la postura de los padres

Tras semanas de investigaciones, especialistas de la Policía Nacional y del Instituto de Ciencias Forenses desplegaron un equipo técnico en el lugar del accidente para llevar a cabo la reconstrucción dinámica de los hechos. La diligencia buscaba aportar pruebas científicas cruciales que sustenten la acusación en el proceso judicial que ahora inicia.

En el sitio estuvieron presentes Melissa e Inmer, los padres del niño. Volver al punto exacto donde su hijo de tres años dio sus últimos pasos no fue fácil, pero el arresto de los presuntos implicados trajo una pequeña dosis de alivio dentro de la pérdida.

«Nada de esto me va a devolver a mi hijo, pero me quita un peso de encima saber que ya fueron capturados. Ahora esperamos que se les aplique la pena máxima», expresó Melissa Pastrán visiblemente conmovida a los medios locales.

La madre también fue tajante al rechazar cualquier especulación sobre posibles arreglos extrajudiciales: «La sangre de mi hijo no está en venta. Lo único que queremos es que se haga justicia».

De ser hallados culpables: ¿Qué delitos y penas enfrentan bajo la ley nicaragüense?

Con la captura realizada, la causa queda en manos de las autoridades judiciales, quienes, bajo el principio del debido proceso y respetando la presunción de inocencia, deberán calificar las conductas cometidas para dictar sentencia en caso de comprobarse su culpabilidad.

De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua (Ley 641), los delitos que se configuran en eventos de esta naturaleza comprenden:

El Artículo 141 del Código Penal tipifica el homicidio imprudente para quien cause la muerte a otra persona por violar las normas elementales de cuidado (como las leyes de tránsito).

• Pena: Prisión de 1 a 4 años.
• Si se demostrara que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, la pena se eleva a un rango de 4 a 8 años de prisión.
• Inhabilitación: Conlleva además la privación del derecho a conducir vehículos automotores durante el tiempo de la condena.

Respecto al acompañante en la motocicleta, las autoridades judiciales determinarán su grado de participación o autoría. El caso de «Colochito» entra ahora a las salas de audiencia de Managua. Mientras la sociedad observa de cerca el actuar de la justicia penal, una familia intenta sobrellevar el dolor con la certeza de que los presuntos responsables ya están ante los tribunales.

Panamá aprobó una nueva herramienta para endurecer el manejo ambiental de las granjas porcinas, con medidas que buscan evitar que el estiércol, la orina y otros residuos de la actividad terminen contaminando ríos, quebradas, suelos y fuentes subterráneas utilizadas para abastecer de agua a la población.

La Guía de Buenas Prácticas Agroambientales para la Gestión Integral de Residuos de las Granjas Porcinas en Cuencas Hidrográficas fue oficializada mediante la Resolución DM-0368-2026, del 17 de julio, publicada en la Gaceta Oficial del 20 de julio. Los productores tendrán hasta 12 meses para adecuar sus operaciones, bajo acompañamiento y fiscalización de las instituciones competentes.

La medida se aprueba después de que el manejo inadecuado de residuos pecuarios en la cuenca del río La Villa quedara señalado entre los factores que desencadenaron la crisis hídrica más grave sufrida por la península de Azuero.

Más de un año después, miles de usuarios de Herrera y Los Santos todavía no pueden beber directamente el agua que sale de sus grifos, porque continúa sin cumplir las condiciones para consumo humano.

Uno de los cambios más importantes es que toda granja porcina deberá implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, cuyo diseño tendrá que ser evaluado y aprobado por las autoridades.

El sistema deberá ajustarse a la cantidad de animales, la proyección de crecimiento, el volumen y características de los desechos, la permeabilidad del suelo, la topografía y el espacio disponible.

En la práctica, esto significa que no será suficiente mantener lagunas improvisadas o descargar los purines sin tratamiento adecuado. Los sistemas deberán reducir la materia orgánica, disminuir el nitrógeno que puede contaminar aguas superficiales y subterráneas, y controlar gases dañinos como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y el metano.

La guía contempla tecnologías como biodigestores, separación de sólidos y líquidos, tratamientos biológicos o fisicoquímicos, lagunas de estabilización, humedales artificiales y compostaje. También permite aprovechar los residuos tratados como fertilizantes o para producir biogás, siempre que se cumplan las normas ambientales y sanitarias vigentes.

Las lagunas deberán estar debidamente selladas para impedir filtraciones y ubicarse lejos de ríos, quebradas, acuíferos, viviendas y zonas recreativas. En suelos arenosos podrá requerirse una geomembrana impermeable, mientras que las fincas tendrán que establecer sistemas para evitar desbordamientos y franjas vegetales que frenen la escorrentía de contaminantes hacia cuerpos de agua cercanos.

Otro cambio relevante es la creación de un sistema de supervisión continua, que incluye evaluaciones anuales, revisión de documentos, toma de muestras de agua, suelo y aire, y verificaciones directas de las prácticas desarrolladas dentro de las fincas.

Las autoridades también podrán realizar inspecciones sin notificación previa para comprobar el cumplimiento cotidiano de las medidas.

Los productores deberán facilitar al menos dos inspecciones por año, mantener registros actualizados, documentar avances medibles y demostrar que las prácticas fueron incorporadas permanentemente a sus operaciones. Además, tendrán que registrarse en los sistemas oficiales de trazabilidad y reportar inmediatamente enfermedades infectocontagiosas que afecten a animales o trabajadores.

El incumplimiento también tendrá consecuencias. La guía permite suspender beneficios, certificaciones y apoyos institucionales cuando un productor no demuestre avances razonables, aplique prácticas contrarias a las reglas, impida las inspecciones o utilice fraudulentamente la certificación ambiental.

El documento exige además que las áreas de almacenamiento de estiércol tengan techos, pisos impermeables y sistemas que eviten escurrimientos hacia el exterior. Los residuos peligrosos deberán separarse desde su origen, registrarse y permanecer almacenados temporalmente por un máximo de tres meses antes de recibir una disposición final autorizada.

Las granjas también deberán contar con áreas específicas para animales muertos, protegidas contra el ingreso de otros animales y con mecanismos para controlar líquidos contaminantes. La guía recomienda retirar los cadáveres de los corrales en un plazo no mayor de 24 horas y prohíbe destinarlos al consumo humano o animal.

La herramienta fue elaborada por MiAmbiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, junto con asociaciones del sector porcino. Está dirigida especialmente a pequeños y medianos productores, quienes recibirán orientación técnica, capacitación y evaluaciones periódicas para cumplir gradualmente con las nuevas exigencias.

La guía reconoce que la porcicultura genera unos 200 millones de dólares anuales, aporta el 7.7% del valor bruto de la producción agropecuaria y emplea a más de 30,000 personas. El reto ahora será comprobar que la fiscalización sea constante y que las nuevas disposiciones no queden únicamente escritas en un documento, especialmente después del impacto que la contaminación del río La Villa continúa teniendo sobre miles de habitantes de Azuero.

La violencia y el control territorial ejercido por estructuras criminales se han convertido en uno de los principales factores que provocan el desplazamiento forzado interno en Honduras, una problemática que afecta a familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades ante las amenazas y agresiones.

Así lo señaló la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, quien advirtió sobre la necesidad de visibilizar con mayor fuerza esta situación y generar condiciones de confianza para que las víctimas puedan denunciar los hechos que las obligan a abandonar sus lugares de residencia.

Ayestas explicó que detrás de muchos casos de desplazamiento se encuentra la violencia generada por el control de territorios por parte de maras, pandillas, bandas criminales y grupos vinculados al narcotráfico.

“Y la violencia que genera el control del territorio causado por grupos criminales como maras y pandillas, bandas criminales y los grupos del narcotráfico que usan ese territorio, matan, violan, hacen trata de personas para poder desarrollar y generar el miedo y las amenazas en la comunidad”, manifestó la directora del OV-UNAH.

Según Ayestas, estas estructuras criminales utilizan diferentes formas de intimidación para ejercer control sobre las comunidades, generando un ambiente de temor que termina provocando que las familias abandonen sus viviendas, propiedades y medios de subsistencia.

La directora del Observatorio señaló que, en algunos casos, las familias enfrentan presiones para entregar sus casas y tierras, mientras que otras son amenazadas con que sus hijos sean incorporados a estructuras criminales.

Esta situación genera un escenario de vulnerabilidad para las familias, especialmente cuando las amenazas se extienden a diferentes integrantes del núcleo familiar y las personas consideran que permanecer en sus comunidades representa un riesgo para su integridad y seguridad.

Ayestas también alertó que la violencia puede alcanzar niveles graves, incluyendo casos de violencia sexual, lo que constituye otro de los factores que llevan a las personas a tomar la decisión de abandonar sus hogares de manera obligada.

“Creo que es un tema que necesita mayor visibilización, mayor tratamiento porque las familias muchas veces no dicen que están saliendo de las comunidades porque están siendo amenazadas, se requiere mucha confianza y que establezcan esa denuncia”, declaró.

Uno de los principales desafíos frente a esta problemática es precisamente la falta de denuncia. Muchas familias que abandonan sus comunidades no necesariamente informan que su salida está relacionada con amenazas o violencia, ya sea por temor a represalias o por la falta de confianza para acudir ante las autoridades.

Esta situación dificulta conocer la verdadera dimensión del desplazamiento forzado interno y establecer políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de las víctimas.

El desplazamiento puede producirse inicialmente dentro del territorio nacional. En algunos casos, las familias se trasladan de un municipio a otro, buscando alejarse de las zonas donde fueron amenazadas o donde enfrentaban situaciones de violencia.

Sin embargo, cuando las condiciones de inseguridad persisten o las amenazas alcanzan a diferentes integrantes de la familia, algunas personas terminan tomando la decisión de abandonar el país en busca de protección.

Ayestas destacó que Honduras ha avanzado en la creación de marcos legales de protección para atender a las personas y familias afectadas por el desplazamiento forzado. No obstante, consideró necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de atención y protección para quienes se ven obligados a abandonar sus comunidades.

Las familias desplazadas enfrentan, además, dificultades relacionadas con la pérdida de sus viviendas, tierras, fuentes de ingresos y redes comunitarias. Al trasladarse a otros lugares, deben iniciar nuevamente sus vidas en condiciones que muchas veces pueden ser de vulnerabilidad económica y social.

Ayestas señaló que entre los departamentos que presentan mayores niveles de afectación se encuentran Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Cortés, Francisco Morazán y Valle.

En el caso de Atlántida, Ayestas mencionó particularmente a La Ceiba como una de las zonas afectadas por esta problemática, mientras que Colón también enfrenta situaciones relacionadas con la violencia y el control territorial.

El fenómeno también está relacionado con la capacidad de las organizaciones criminales para establecer mecanismos de control sobre determinados territorios, donde buscan imponer reglas y ejercer presión sobre la población.

Para las autoridades y organizaciones que trabajan en la protección de las víctimas, uno de los principales retos consiste en identificar oportunamente los casos y brindar atención integral a las personas desplazadas.

Ayestas insistió en la necesidad de otorgar mayor visibilidad a esta problemática, debido a que muchas de las familias afectadas no revelan las razones que las llevaron a desplazarse.

Un operativo de la SGAIA y el Ministerio Público en Zacapa dejó 94 paquetes de cocaína incautados, cuatro capturados y un decomiso valuado en Q9,4 millones, un resultado que se inscribe en el fuerte aumento de incautaciones de esa droga en Guatemala durante 2026.

La diligencia se realizó en el kilómetro 147 de la ruta CA-10, en Zacapa, donde investigadores antinarcóticos inspeccionaron un picop Toyota rojo con placas P-996KKL. En la palangana localizaron un doble fondo o caleta en el que eran transportados los 94 paquetes.

La respuesta central del caso es esta: las autoridades hallaron la droga oculta en ese compartimiento y detuvieron a William “N”, de 49 años, señalado como ocupante del vehículo. Según la Policía Nacional Civil, el cargamento fue valuado en aproximadamente Q9.400.000.

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil, entre enero y junio de 2026 las fuerzas de seguridad decomisaron 8.402,4 kilogramos de cocaína, un alza de 426,4 % frente a los 1.596,2 kilogramos del mismo período de 2025. En ese mismo balance, la metanfetamina pasó de 1,2 a 8,5 kilogramos y el crack de 8,5 a 16,3 kilogramos.

El operativo incluyó armas, efectivo y tres vehículos inspeccionados

En el mismo procedimiento, los agentes incautaron a William “N” una pistola, tres tolvas y 56 municiones. La policía indicó que el detenido presentó licencia de portación.

También fue inspeccionado un picop Mitsubishi en el que se movilizaban José “N”, de 32 años, y Andoni “N”, de 21. Dentro de una mochila las autoridades encontraron Q15.100 y dos armas de fuego, ambas con sus respectivas licencias de portación.

La tercera revisión alcanzó una camioneta Honda conducida por Manuel “N”, de 25 años. En ese vehículo fueron decomisados Q20.150,10 y USD 200.

La información oficial del Ministerio de Gobernación agregó que, como parte del operativo, fueron decomisados cuatro vehículos, Q35.250 en efectivo, 200 dólares estadounidenses, tres pistolas, tres tolvas para arma de fuego y 56 municiones. Esa misma versión sostuvo que los 94 paquetes de presunta cocaína tenían un peso de 106 kilogramos y que el avalúo total entre droga y otros bienes ascendía a Q14,4 millones.

Según la cartera, las pruebas de campo dieron resultado presunto positivo para cocaína. Los paquetes fueron trasladados por vía aérea a las bodegas de la SGAIA en la ciudad de Guatemala en aeronaves de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación.

El Gobierno vinculó el decomiso con su estrategia antinarcóticos

El Ministerio de Gobernación presentó el caso como parte de una estrategia para impedir el tránsito de cargamentos ilícitos, debilitar estructuras del crimen organizado y reforzar la seguridad. En esa línea, el viceministro de Antinarcóticos Víctor Cruz dijo al medio oficial que: “Los resultados reflejan el trabajo coordinado que se impulsa para combatir al narcotráfico desde distintos frentes. No se trata únicamente de incautar droga, sino de afectar a las estructuras criminales, capturar a sus integrantes, localizar laboratorios clandestinos y fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad”.

Cruz añadió que, además del decomiso de más de ocho toneladas de cocaína, las autoridades erradicaron millones de plantas ilícitas y provocaron pérdidas económicas superiores a 2 mil 800 millones de quetzales a las organizaciones criminales.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, señaló que esos resultados también se apoyan en denuncias ciudadanas, en especial las recibidas de forma anónima por la línea 1577, y en la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y agencias internacionales.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juzgado competente para que se resuelva su situación legal. La policía informó que las investigaciones continúan para establecer el origen y el destino del cargamento e identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal.

La celebración de la Anexión del Partido de Nicoya no solo se vive con actos cívicos, música folclórica y bailes típicos. También tiene un protagonista indiscutible: la comida. Cada 25 de julio, las cocinas de muchos hogares costarricenses se llenan del aroma del maíz, el queso seco, la leche y la canela, ingredientes que durante generaciones han dado vida a algunos de los platillos más representativos de la tradición guanacasteca.

Más que simples recetas, preparaciones como el arroz de maíz, las rosquillas y la leche dormida representan una parte importante de la identidad cultural del país. Estos alimentos evocan reuniones familiares, celebraciones comunitarias y costumbres heredadas de abuelos y padres que siguen vigentes pese al paso del tiempo.

La gastronomía de Guanacaste ocupa un lugar especial dentro de la cocina costarricense por su fuerte vínculo con el maíz, uno de los ingredientes más utilizados en la provincia. A partir de este grano nacen numerosas recetas que, con pequeñas variaciones según cada familia, conservan la esencia de la cocina tradicional.

El arroz de maíz es uno de los platillos infaltables durante la conmemoración del 25 de julio. Esta preparación combina maíz cascado, arroz, pollo desmenuzado, culantro, chile dulce y achiote para crear un plato de intenso sabor que suele servirse acompañado de tortillas recién hechas y una ensalada fresca. Su preparación requiere paciencia para lograr que el maíz alcance una textura suave sin perder consistencia, una característica que distingue esta receta típica.

Otro de los clásicos de la fecha son las rosquillas, pequeñas piezas elaboradas con harina de maíz, queso seco rallado, mantequilla, huevo y leche. Su exterior ligeramente crujiente y su interior suave las convierten en el acompañamiento perfecto para el café de la tarde o para compartir durante reuniones familiares. Aunque tradicionalmente se preparan en horno de leña, hoy muchas familias recurren a equipos que permiten obtener resultados similares sin alterar el sabor característico de este producto.

El cierre perfecto para cualquier menú guanacasteco suele ser la leche dormida, un postre elaborado con leche, huevos, azúcar, vainilla y canela. Su textura cremosa y su delicado sabor la convierten en uno de los dulces más apreciados de la provincia. Para lograr una consistencia uniforme, el secreto está en cocinar la mezcla lentamente y mantener una temperatura constante, evitando que los ingredientes se separen.

De acuerdo con Johanna López Herrera, Trade Marketing Lead Costa Rica de BLACK+DECKER, conservar la autenticidad de estos platillos depende principalmente del respeto por los ingredientes y las técnicas tradicionales, aunque una adecuada organización puede facilitar considerablemente el proceso de preparación.

La vocera explicó que planificar con anticipación, medir correctamente los ingredientes y seguir el orden adecuado de cada receta permite cocinar de manera más eficiente sin modificar el resultado final. Además, señaló que los electrodomésticos actuales pueden convertirse en aliados durante algunas etapas específicas, como sofreír ingredientes, mantener temperaturas constantes o reducir tiempos de cocción.

La Anexión del Partido de Nicoya continúa siendo una de las fechas patrias más importantes del país, y su celebración encuentra en la gastronomía una de las expresiones más representativas del orgullo guanacasteco. Preparar estas recetas no solo permite disfrutar de sabores tradicionales, sino también mantener vivas las costumbres que han pasado de generación en generación y que cada año reúnen a familias enteras alrededor de la mesa.

Durante los últimos años, El Salvador ha dejado de ser solo un punto exótico en los mapas de grandes videojuegos internacionales para convertirse en una fuente activa de inspiración y desarrollo digital.

El país centroamericano ha irrumpido en la industria del entretenimiento interactivo, tanto como locación en títulos de alto presupuesto, como mediante la producción local de videojuegos con identidad propia. Esta transformación revela una nueva etapa en la relación entre la cultura salvadoreña y el ámbito tecnológico global.

La presencia de El Salvador en videojuegos de alcance mundial ha sido puntual, pero relevante. Uno de los ejemplos más citados es Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (GRAW 2), producido por Ubisoft, que sitúa parte de su trama en zonas rurales y fronterizas del país.

Reuters destacó que este título utiliza la topografía y los escenarios salvadoreños para narrar un conflicto ficticio en Centroamérica, exponiendo a millones de jugadores a paisajes y desafíos propios de la región.

El interés de la industria internacional también se ha nutrido de la riqueza arqueológica local. Plataformas clásicas como Pitfall: The Mayan Adventure han adaptado elementos visuales de sitios ceremoniales como Tazumal, San Andrés y Joya de Cerén.

La representación de pirámides, bajorrelieves y vegetación tropical ha permitido que la iconografía precolombina salvadoreña recorra los circuitos de consolas y computadoras en todo el mundo.

De igual manera, más allá de las grandes producciones, la vida cotidiana salvadoreña encuentra eco en videojuegos desarrollados por la comunidad.

Un caso significativo es GOL (Glory of Legends), creado en la plataforma multijugador Roblox. Este juego recrea las tradicionales canchas de polvo de los barrios y cantones, resaltando la esencia del fútbol local: uniformes desgastados, torneos improvisados y la convivencia barrial.

La propuesta de GOL ha logrado convocar tanto a jóvenes residentes en El Salvador como a miembros de la diáspora, quienes encuentran en este entorno digital un espacio de pertenencia y memoria.

El valor nostálgico de la experiencia se suma al atractivo de la interacción, consolidando una nueva forma de expresión cultural.

Videojuegos y coyuntura social: la realidad política en formato lúdico

La actualidad política y social de El Salvador también ha llegado a la pantalla digital. El régimen de excepción y los planes de seguridad pública impulsados por el gobierno han motivado la creación de videojuegos independientes que abordan estos temas.

Plan Control Territorial: Extracción (PCT: Extracción), desarrollado por estudios locales como Restless Games Studio y RESUC Studios, permite al usuario asumir el rol de agentes de la Policía Nacional Civil o de las Fuerzas Armadas en operativos urbanos.

Este tipo de juegos ha suscitado debate internacional debido a su adaptación de problemáticas reales a escenarios lúdicos. Otros títulos como Bukele: La Cacería y Bukele Run exploran, desde el humor y la estética de arcade, la persecución de figuras políticas y la navegación por obstáculos urbanos, utilizando una iconografía reconocible para el público salvadoreño.

En el marco de las tradicionales Game Jams organizadas localmente, han surgido prototipos dedicados a los mitos y leyendas del país.

Personajes como El Cipitío, La Siguanaba, El Cadejo y La Tenchis protagonizan minijuegos que rescatan el relato oral y lo proyectan hacia nuevas generaciones a través de la programación digital.

El desarrollo de videojuegos en El Salvador refleja un proceso de transformación que abarca desde la apropiación de escenarios propios en grandes franquicias hasta la creación de productos independientes con sello local.

La industria nacional, alimentada por la globalización tecnológica y el empuje creativo, continúa expandiéndose y adaptando las tradiciones, la historia y la coyuntura social del país a los lenguajes del entretenimiento interactivo.

Autoridades de Guatemala realizaron operativos en días consecutivos que permitieron la expulsión y la captura de presuntos miembros de pandillas salvadoreñas. Los procedimientos, ejecutados en diferentes puntos del territorio guatemalteco, contaron con la colaboración de fuerzas policiales de ambos países y se centraron en personas señaladas por delitos graves y vínculos con estructuras criminales internacionales.

El primer caso ocurrió el viernes en el departamento de Santa Rosa. De acuerdo con información difundida por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la Subestación de Pedro de Alvarado, durante un operativo antinarcóticos fue ubicado Marvin R., alias “Manso”, de nacionalidad salvadoreña, en la aldea El Sitio, municipio de Oratorio. Las autoridades identificaron por sus tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y confirmaron que había ingresado al país de manera irregular, sin cumplir los requisitos migratorios.

Según el reporte oficial, Marvin R. fue expulsado de Guatemala y entregado en la aduana de La Hachadura a las autoridades salvadoreñas.

Por medio de redes sociales, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó: “Pandillero salvadoreño, encargado del corredor logístico de la droga de México hacia Guatemala y El Salvador. Ahora, gracias a Dios, Guatemala tiene un asesino serial menos y nosotros, a un asesino que no regresará a la sociedad”.

El ministro Villatoro reiteró el compromiso de su país: “Nuestro compromiso sigue firme dentro y fuera de nuestro territorio hasta encarcelar al último miembro de estas estructuras criminales que han causado tanto daño a nuestra sociedad”.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador confirmó la detención de Rodríguez y su presunta función como corredor de programa de la MS-13. De acuerdo con los registros judiciales, el detenido tiene antecedentes desde 2003 por delitos de violación, agresión sexual agravada y agrupaciones ilícitas.

Detención en Guatemala de una presunta integrante de la Mara 18 buscada por El Salvador

Por su parte, este sábado, las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron sobre otro operativo en la ruta Interamericana, a la altura del kilómetro 28.5, en San Lucas Sacatepéquez. Agentes de la Comisaría 74 de la PNC de Guatemala, en coordinación con INTERPOL, detuvieron a Yesenia “N”, de 48 años, ciudadana salvadoreña vinculada a la Mara 18.

Las autoridades establecieron que Yesenia “N” tenía una orden de aprehensión internacional emitida el 18 de marzo de 2026 por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de El Salvador, bajo cargos de agrupaciones ilícitas. Tras su captura, fue trasladada a la sede migratoria de Ciudad Pedro de Alvarado para ser entregada a la PNC de El Salvador.

Estos operativos forman parte de una ofensiva regional orientada a limitar los movimientos transfronterizos de miembros de estructuras criminales y a fortalecer el intercambio de información entre agencias de seguridad.

La colaboración entre Guatemala y El Salvador en el combate contra las pandillas ha permitido, en menos de 48 horas, la expulsión de un presunto líder logístico de la MS-13 y la captura de una supuesta integrante de la Mara 18, ambos buscados por delitos graves y procesos judiciales pendientes en su país de origen.

La delegación de El Salvador obtuvo sus primeras medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este sábado, tras destacar en las disciplinas de tiro con arco, bádminton y judo. El desempeño permitió a la representación salvadoreña ingresar al medallero de la competición.

El primer metal llegó de la mano del equipo femenino de arco recurvo, integrado por Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil, quienes derrotaron 6-0 a República Dominicana para colgarse el bronce. La victoria otorgó al representativo cuscatleco sumar su primera presea en la edición 2026 del certamen regional.

El equipo recibió las preseas de Armando Bruni, presidente Comité Olímpico de El Salvador Presidente (COES). El podio en dicha competición lo completó México con el oro y Colombia con la plata.

El Salvador suma medallas en bádminton y judo durante la jornada sabatina

Por otro lado, en la disciplina de bádminton, el equipo mixto conformado por Uriel Canjura, Manuel Mejía, Melvin Calzadilla, Javier Alas, Margareth Revelo, Gabriela Barrios, Daniela Hernández y Fátima Centeno superó 3-1 a Cuba y aseguró la medalla de bronce tras una actuación colectiva muy sólida.

Esta fue la segunda medalla para el Team ESA en la jornada, destacando la capacidad competitiva del conjunto salvadoreño frente a una selección cubana considerada favorita.

Mientras que el tercero y cuarto metal llegó en el judo. Por un lado, Jairo Moreno se adjudicó la medalla de plata en la categoría de -60 kilogramos. Moreno alcanzó la final tras una serie de combates exigentes y solo cedió en la gran final ante el cubano Jonathan Charon, quien se quedó con el oro.

La cuarta medalla de El Salvador llegó también en judo. Diego Cálix venció al dominicano Heriberto de Aza y se quedó con la medalla de bronce en la categoría de -66 kilogramos, ampliando así la cosecha de metales para el país en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con estas 4 preseas, 3 de bronce y 1 de plata, la delegación salvadoreña, hasta el cierre de esta nota, la decima posición en el medallero y mantiene la expectativa de seguir sumando logros en los próximos días de competencia. Las autoridades deportivas locales y el COE felicitaron públicamente a los atletas por su desempeño y dedicación. Además, toda la delegación Azul y Blanco sigue a la espera de celebrar la primera medalla de oro en Santo Domingo 2026.

El grupo salvadoreña permanece en plena contienda por nuevas preseas con 239 deportistas, de los cuales 145 son mujeres y 94 hombres, inscritos en todas las disciplinas deportivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la edición de 2023, celebrada en su capital, El Salvador logró su segunda mejor cosecha histórica de oros tras sumar ocho títulos en atletismo, karate, salto ecuestre, surf, tiro y vela, resultado que mantiene altas las expectativas para la presente edición celebrada en suelo dominicano.

Además, el grupo cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales y privadas, que han facilitado recursos para optimizar el rendimiento de los competidores durante la justa.

El fenómeno climático El Niño representa una amenaza creciente para la seguridad alimentaria en Centroamérica, según advirtió el director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, Carl Skau, durante una entrevista con la agencia EFE en Ciudad de Guatemala.

El funcionario internacional alertó sobre un inminente “golpe duro” a la alimentación en la región, con especial impacto previsto en el Corredor Seco de Guatemala y El Salvador, áreas ya marcadas por la vulnerabilidad climática y la inseguridad alimentaria.

De acuerdo con EFE, Skau detalló que los recientes avances en la reducción de la desnutrición infantil en la zona estarían en riesgo ante la previsión de sequías prolongadas y lluvias extremas que podrían afectar la producción de alimentos básicos. La región conocida como Corredor Seco centroamericano se extiende desde el sur de México hasta Costa Rica y abarca grandes territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta franja territorial alberga a aproximadamente 10.5 millones de personas, en su mayoría pequeños agricultores cuya subsistencia y alimentación dependen directamente de la regularidad de las lluvias estacionales.

Según el reporte de EFE, la situación ya comenzó a deteriorarse en algunas zonas rurales. Durante su recorrido por comunidades agrícolas de El Salvador y Guatemala, Skau constató que la falta de precipitaciones destruyó cultivos de maíz y frijol, principales fuentes de alimento para muchas familias. “Visitamos comunidades que no habían visto lluvia por cuatro semanas y ya está perdida la siembra. Si se depende de estas plantas para comer, hay un problema grave ahora de alimentación”, relató el funcionario.

El fenómeno El Niño, que altera los patrones climáticos normales, ya genera preocupación entre especialistas y organismos internacionales. Las previsiones climáticas para los próximos meses anticipan un escenario complejo no solo para Centroamérica, sino también a escala global, con regiones enfrentando sequías mientras otras experimentan lluvias intensas, según expuso Skau a EFE. Esta variabilidad dificulta la planificación y la respuesta humanitaria, sobre todo en áreas donde la agricultura de subsistencia no cuenta con sistemas de riego ni infraestructuras de almacenamiento.

El Corredor Seco se caracteriza por su alta vulnerabilidad a los cambios climáticos. Miles de familias dependen de las cosechas anuales para su consumo personal y el excedente, si lo hay, se destina a la venta local. Cuando las lluvias fallan, la inseguridad alimentaria aumenta rápidamente y se agravan problemas como la desnutrición, especialmente entre niños y mujeres embarazadas.

Ante este panorama, la ONU y el WFP insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas. Skau subrayó en la entrevista con EFE la urgencia de “acciones tempranas” para mitigar los efectos negativos y evitar que la región retroceda en los logros alcanzados en nutrición y seguridad alimentaria. El funcionario destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones públicas, gobiernos locales y cooperación internacional para proteger los medios de vida rurales y fortalecer la resiliencia de las comunidades.

Una de las estrategias que impulsa el WFP en Guatemala consiste en trabajar junto a las autoridades nacionales para diseñar políticas públicas que permitan una transición gradual hacia la autonomía en la gestión de programas alimentarios. Skau explicó a EFE que el objetivo es que el país cuente, en el plazo de diez años, con la capacidad de atender de manera integral el problema del hambre y la desnutrición sin depender totalmente de la asistencia internacional.

El funcionario también hizo hincapié en la dificultad que supone la reducción de los aportes financieros internacionales destinados a programas humanitarios. EFE recogió su advertencia sobre la necesidad de que los países de la región aumenten sus asignaciones presupuestarias nacionales para sostener las intervenciones en materia de nutrición. “Lo que preocupa son los recursos, porque a nivel global se están cortando las contribuciones a este tipo de intervenciones, y entonces hay que movilizar recursos domésticos para poder implementar este tipo de programas”, puntualizó Skau.

Según el informe de EFE, la vulnerabilidad del Corredor Seco frente a fenómenos como El Niño plantea un reto urgente para los gobiernos de la región, que deben combinar ayuda internacional y recursos propios para evitar una crisis alimentaria de mayor escala. Mientras tanto, comunidades rurales ya enfrentan las consecuencias directas de la sequía y la pérdida de cultivos, agravando la situación social y económica en zonas donde la agricultura es la principal fuente de subsistencia.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió una Alerta Verde por 48 horas para el departamento de Gracias a Dios, debido al ingreso de una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio hondureño.

De acuerdo con el comunicado oficial, la alerta se establece específicamente para Gracias a Dios, departamento ubicado en la zona nororiental del país, donde las condiciones atmosféricas podrían generar un incremento de las precipitaciones y elevar el riesgo de incidentes asociados a las lluvias.

El pronóstico fue elaborado con base en el análisis del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), que identificó la presencia de una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical que afectará diferentes regiones de Honduras.

Según el informe meteorológico, estos sistemas estarán provocando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos, acompañados de actividad eléctrica en distintos sectores del territorio nacional.

Las condiciones más inestables se esperan principalmente en las regiones oriental, norte y occidental de Honduras, donde existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones sean acompañadas por tormentas eléctricas.

“Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio hondureño estarán generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en las regiones oriental, norte y occidental”, detalló Cenaos en su reporte.

Mientras tanto, en el resto del país se esperan lluvias débiles y aisladas, aunque las autoridades meteorológicas también prevén cambios en las condiciones durante la noche del viernes.

Según el pronóstico, durante la noche podrían desarrollarse nubes de crecimiento vertical, capaces de producir precipitaciones intensas durante períodos cortos, acompañadas de tormentas eléctricas.

Este tipo de condiciones meteorológicas puede generar lluvias de considerable intensidad en lapsos reducidos, por lo que las autoridades recomiendan mantener vigilancia, especialmente en sectores susceptibles a inundaciones, deslizamientos o aumentos repentinos en los niveles de los cuerpos de agua.

Copeco también advirtió sobre la posibilidad de crecidas repentinas en zonas urbanas de los departamentos de Olancho, Colón, Yoro y Atlántida, como consecuencia de las lluvias que podrían registrarse durante el período de influencia de estos sistemas atmosféricos.

La acumulación de agua en períodos cortos podría provocar afectaciones en calles, comunidades y zonas urbanas con sistemas de drenaje insuficientes o que históricamente presentan problemas durante los episodios de precipitaciones intensas.

Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre los niveles de importantes ríos que atraviesan diferentes zonas del territorio nacional.

Entre los afluentes que podrían registrar incrementos en sus niveles se encuentran los ríos Coco o Segovia, Patuca, Plátano y Sico, considerados de importancia para las regiones donde se encuentran ubicados.

La situación también podría afectar a ríos menores en los departamentos de Gracias a Dios y Colón, donde las precipitaciones podrían provocar aumentos en los caudales y generar condiciones de riesgo para las comunidades ubicadas en las cercanías de estos cuerpos de agua.

El departamento de Gracias a Dios permanece bajo alerta debido a su ubicación en la región nororiental y a la posibilidad de que las lluvias generen acumulaciones de agua y aumentos en los niveles de ríos y quebradas.

Lo que comenzó como una revisión rutinaria para mejorar un reporte interno de recaudación terminó destapando uno de los mayores casos de presunta manipulación del sistema tributario panameño.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.

El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las nueve principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.

La primera señal surgió casi por accidente. Mientras la Sección de Agentes de Retención desarrollaba un nuevo reporte para comparar las declaraciones del formulario 4331 con los pagos efectivamente recibidos por la DGI, detectó que BAC International Bank aparecía con importantes retenciones registradas en el sistema, pero sin el correspondiente respaldo de pago en efectivo.

En cambio, el sistema mostraba documentos de ajustes que habían sido aplicados como si se tratara de pagos válidos.

La segunda alerta apareció cuando los auditores solicitaron oficialmente el listado completo de esos ajustes. El informe explica que dos movimientos nunca fueron incluidos en la documentación entregada inicialmente por el área de Cuenta Corriente, pese a que existían dentro del sistema. Esa omisión llevó a revisar directamente las bases de datos de E-Tax 2.0.

La tercera señal fue el propio volumen de operaciones. La auditoría identificó 61 ajustes por un valor superior a $42.471 millones, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones legítimas previamente aprobadas por la DGI. Al excluir esas operaciones, permanecían decenas de movimientos sin justificación suficiente para iniciar la investigación.

La cuarta evidencia surgió al reconstruir la trazabilidad completa de cada trámite. Los investigadores imprimieron cada expediente, identificaron quién creó las solicitudes, quién las aprobó, qué funcionarios intervinieron, las fechas, los mensajes internos y los documentos asociados. El resultado fueron 17 expedientes físicos con aproximadamente 5.000 folios de evidencia documental.

La quinta señal fue quizás una de las más llamativas. Muchos de los ajustes se sustentaban en transacciones realizadas hacía cinco, diez y hasta más de quince años, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente y cuyos pagos figuraban correctamente registrados.

Sin embargo, años después fueron anulados o modificados para liberar créditos tributarios nuevamente utilizables. Los auditores calificaron como inusual que solicitudes de anulación se presentaran después de tanto tiempo sin existir nuevos elementos que las justificaran.

La sexta modalidad consistía en anular declaraciones tributarias utilizando una resolución que únicamente permite hacerlo cuando fueron presentadas “sin corresponder”.

Sin embargo, al revisar expedientes de compraventas de acciones, fincas y otros activos, los auditores comprobaron mediante escrituras públicas, registros oficiales e incluso información publicada por las propias empresas que las operaciones sí habían ocurrido, por lo que no existía fundamento aparente para anularlas.

La séptima señal fue la utilización de créditos provenientes de pagos no aplicados para beneficiar a otros contribuyentes. Según el informe, una vez liberadas las boletas mediante anulaciones o ajustes, esos montos eran trasladados posteriormente hacia terceros mediante solicitudes de corrección y cesión, cambiando completamente al beneficiario original del pago.

La octava alerta estuvo relacionada con la alteración del código tributario 202 (ITBMS) y otros movimientos realizados mediante solicitudes de corrección dentro del módulo BPM-GTR. La auditoría concluye que el sistema permitía modificar el destino final de pagos previamente registrados utilizando distintos tipos de ajustes administrativos.

Finalmente, la novena señal fue la existencia de ajustes sin respaldo documental suficiente. En algunos expedientes los auditores encontraron operaciones millonarias que carecían de memorandos, resoluciones u otra documentación que justificara los cambios realizados dentro del sistema, mientras otros ajustes solo estaban respaldados por un memorando específico cuya validez también fue sometida a revisión.

Más allá del sofisticado manejo informático, el propio informe deja ver que fueron los errores administrativos y la repetición de patrones los que terminaron exponiendo el mecanismo.

La investigación comenzó porque un reporte interno no coincidía con otro; luego aparecieron documentos omitidos, operaciones antiguas reactivadas, expedientes sin sustento y anulaciones sobre transacciones cuya existencia pudo verificarse mediante registros públicos, escrituras notariales e incluso publicaciones corporativas disponibles en internet.

Con esa evidencia, la DGI remitió el expediente al Ministerio Público, dando origen a la Operación Pandora, que actualmente investiga una presunta organización integrada por funcionarios y particulares dedicada a manipular E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos.

La investigación alcanza a una estructura integrada por abogados, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente aprovecharon sus conocimientos sobre los procedimientos internos y los accesos al sistema E-Tax 2.0 para ejecutar ajustes tributarios irregulares.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, el expediente involucra al menos a 19 personas y, hasta el momento, ya registra dos acuerdos de pena homologados y otros dos en proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.

El Congreso de Guatemala recibirá el lunes la propuesta del presidente Bernardo Arévalo para aprobar un subsidio al combustible de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en medio de una división creciente entre diputados que discuten si la salida más efectiva para contener el alza de precios es mantener ayudas directas, eliminar impuestos o buscar otros mecanismos.

El plan prevé un costo de Q3.480 millones, financiado con una readecuación presupuestaria y sin recurrir a endeudamiento público. Según el Ejecutivo, los recursos saldrían de una reorganización interna.

La discusión llega al Congreso con un dato de fondo que explica la urgencia política: el precio del diésel, que al terminar el subsidio anterior se ubicaba en Q27,29 por galón en el área metropolitana, subió hasta Q42,50 en algunas estaciones de servicio, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas. La nueva iniciativa entrará formalmente al pleno legislativo el lunes.

Nery Ramos, secretario de la junta directiva del Congreso, adelantó que su bloque ya analiza alternativas antes del ingreso formal de la iniciativa. “Desde ya, junto a mi bloque, estamos analizando la propuesta que mejor favorezca el bolsillo de los guatemaltecos. Estos costos tan altos son insostenibles para la economía de los ciudadanos”, dijo el legislador.

Varios bloques impulsan la eliminación temporal de impuestos

La bancada Todos se inclinó por otra vía. Su diputado Cornelio García recordó que durante la crisis anterior ese bloque ya había promovido la eliminación de impuestos al petróleo y sus derivados, aunque el Congreso optó entonces por aprobar un subsidio que, a su juicio, no benefició de forma directa a la población.

“Vamos a insistir en que la aprobación que haga el Congreso sea directamente la eliminación de esos impuestos, que son el IVA y el IDP, Impuesto de Distribución al Combustible. Para que esa ayuda se refleje directamente en cada gasolinera en todos los rincones del país”, afirmó García.

El jefe del bloque Cabal Luis Aguirre en sus redes sociales al cuestionar que haría un guatemalteco con más de cinco mil millones de quetzales que sería la suma de los subsidios, rechazó de plano una nueva ronda de subsidios.

La diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, vinculó el alza del combustible con la guerra que Estados Unidos ha desatado en Irán y en Medio Oriente. En sus redes sociales sostuvo que el subsidio vuelve a ser “una medida cómoda para ciertos sectores, fácil para el gobierno y sus funcionarios, paliativa a los bolsillos de las y los guatemaltecos”.

Gutiérrez también cuestionó que el Ejecutivo traslade al Congreso la responsabilidad de resolver el problema. Pidió discutir alternativas, incluidos los precios tope, aunque reconoció que la legislación vigente no permite ese instrumento.

El Ejecutivo defiende el subsidio como la opción más rápida

El diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS y miembro de la junta directiva, también puso en duda que la propuesta consiga apoyo suficiente. Sostuvo que el planteamiento del Ejecutivo “no tiene nada de innovador” y que repite la fórmula aplicada en abril.

Blanco afirmó que el subsidio aprobado entonces con Q2.000 millones debía cubrir mayo, junio y julio, pero “en junio ya se lo habían acabado”. Según su bancada, además, entre Q500 y Q600 millones “se esfumaron” y terminaron en manos de las tres empresas importadoras, por lo que consideró que ganará fuerza la idea de eliminar temporalmente el IVA a los combustibles y el impuesto al petróleo y sus derivados.

Esa discusión fue respondida por el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios, quien defendió el subsidio como la vía más rápida, viable y de mayor impacto para las familias. Explicó que el programa anterior, vigente del 28 de abril al 2 de julio bajo el Decreto 11-2026, rebajó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina superior y regular.

Barrios sostuvo que el beneficio sí llegó al consumidor final. “Lo que percibió el consumidor final es ya el precio rebajado”, dijo el ministro, y explicó que los importadores asumieron costos financieros de hasta Q200 millones semanales en promedio mientras el Ejecutivo validaba la documentación para reembolsarles.

Frente a la propuesta de suprimir el IDP y el IVA al diésel, el funcionario afirmó que el efecto conjunto apenas sería de Q7 por galón. “El diésel, si usted le quita los impuestos, tendría una rebaja de siete quetzales, y el diésel para la economía de Guatemala merece una medida más importante, más sustancial”, sostuvo.

Barrios agregó que eliminar impuestos exige trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades, lo que vuelve esa alternativa más lenta y menos sostenible. También remarcó que el diésel tiene un impacto tres veces mayor que la gasolina en la economía nacional, porque mueve el transporte colectivo y la cadena de distribución de alimentos.

Sobre los precios tope, el ministro fue terminante: “Esa medida es simplemente ilegal. Iría en contra de la ley de hidrocarburos, que en nuestro país se basa en el libre mercado”. Añadió que el Plan Centinela permitió vigilar el cumplimiento de los precios de referencia durante el subsidio anterior y que toda la estructura institucional está lista para aplicar el nuevo apoyo si el Congreso de la República lo aprueba.

El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que el Distrito Central mantiene un déficit en las precipitaciones acumuladas durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con el monitoreo realizado hasta el pasado 22 de julio.

Según el reporte pluviométrico, entre enero y el 22 de julio se acumularon 316.2 milímetros de lluvia, una cantidad que representa un 18.4 % menos que el promedio histórico de 387.7 milímetros establecido para el mismo periodo.

Los registros reflejan que, pese a las precipitaciones que se han presentado durante las últimas semanas, la cantidad de lluvia acumulada todavía se encuentra por debajo de los niveles históricos registrados para esta época del año.

La situación ha sido influenciada principalmente por el comportamiento de las precipitaciones durante los meses de mayo y junio, cuando las lluvias fueron inferiores a los promedios esperados y contribuyeron a ampliar el déficit acumulado en el Distrito Central.

No obstante, el comportamiento registrado durante julio muestra una tendencia diferente, debido a que las lluvias han superado el promedio esperado para los primeros días del mes.

De acuerdo con el informe presentado por el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, durante los primeros 22 días de julio se contabilizaron 46 milímetros de precipitación en el Distrito Central.

Esta cantidad supera el promedio histórico de 17.6 milímetros correspondiente al mismo periodo de julio, lo que representa un incremento significativo en las lluvias registradas durante el mes.

Sin embargo, aunque las precipitaciones de julio han sido superiores a las esperadas, estas todavía no han sido suficientes para compensar el déficit acumulado durante los meses anteriores.

El comportamiento de las lluvias durante mayo y junio tuvo un impacto importante en el acumulado general de 2026, por lo que las autoridades municipales mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas para determinar cómo continuará el comportamiento de las precipitaciones durante las próximas semanas.

El informe municipal también incluye una comparación entre las precipitaciones acumuladas durante 2026 y los registros correspondientes a otros años que han sido utilizados como referencia para analizar períodos de comportamiento climático particular.

Los datos históricos muestran que entre enero y el 22 de julio de 1997 se acumularon 355.7 milímetros de lluvia, mientras que durante el mismo periodo de 2015 se registraron 351.7 milímetros.

En el caso de 2023, el acumulado alcanzó los 455.6 milímetros de precipitación hasta el 22 de julio.

Al comparar estas cifras con los 316.2 milímetros acumulados en 2026, el Distrito Central registra actualmente un déficit del 11.1 % respecto a 1997, un 10.1 % frente al acumulado de 2015 y un 30.6 % en comparación con el registro de 2023.

Según el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, los eventos registrados durante los períodos 1997-1998 y 2015-2016son conocidos como episodios de “Super El Niño”, mientras que el período comprendido entre 2023 y 2024 fue catalogado como un evento fuerte.

El fenómeno de El Niño se caracteriza, entre otros efectos, por modificaciones en los patrones de precipitación que pueden generar períodos con menores lluvias en determinadas regiones.

En este contexto, los registros históricos permiten a las autoridades analizar las variaciones que se presentan en el régimen de precipitaciones y evaluar sus posibles efectos sobre las condiciones de la capital hondureña.

El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos continúa realizando un seguimiento permanente de las condiciones de lluvia en el Distrito Central, con el objetivo de identificar cambios en los patrones de precipitación y contar con información actualizada para la toma de decisiones.

El informe destaca que los 316.2 milímetros acumulados hasta el 22 de julio corresponden a mediciones parciales y no representan el total de precipitaciones que se registrarán durante todo el año.

Por ello, las autoridades continuarán actualizando los registros pluviométricos y analizando la evolución de las lluvias en el Distrito Central, especialmente ante la importancia que tiene el comportamiento de las precipitaciones para las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos hídricos en la capital.

La última vez que DanielOrtegaentregó la presidencia de Nicaragua fue el 25 de abril de 1990, cuando cedió el poder a Violeta Barrios de Chamorro tras perder las elecciones generales, un resultado que abrió el primer relevo en la jefatura del Estado nicaragüense desde el triunfo sandinista y dio paso a un gobierno condicionado por la crisis económica, la guerra y una transición pactada.

El dato central de aquella derrota fue la magnitud del resultado electoral. El 25 de febrero de 1990, la coalición Unión Nacional Opositora, encabezada por Chamorro, ganó con el 54% de los votos, equivalentes a 777.522 sufragios, mientras el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo el 40%, con 579.886 votos.

El Consejo Supremo Electoral anunció esos resultados en la madrugada del 26 de febrero. El Movimiento de Unidad Revolucionaria alcanzó el 1,10%, con 16.751 votos, y el resto de los partidos sumó 1,9%, es decir, 28.816.

La victoria de Violeta Barrios de Chamorro rompió todos los pronósticos previos

Casi todas las encuestas anticipaban una victoria del FSLN con más de la mitad de los votos. La única medición que acertó el desenlace, según el Barcelona Centre for International Affairs, fue una encuesta dirigida por un sociólogo que incorporó una modalidad técnica diseñada para detectar el “voto oculto” de sandinistas dispuestos a apoyar a la UNO con la expectativa de alcanzar la paz.

La pregunta decisiva se formuló con una urna similar a la que se usaría en la elección, para reproducir las condiciones de secreto del voto. Ese mecanismo permitió registrar esa intención reservada y proyectó correctamente el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro.

Chamorro asumió la presidencia como la primera mujer elegida para ese cargo en el continente americano. Su mandato de siete años transcurrió en medio de fuertes tensiones políticas y de una situación económica y social marcada por una década de bloqueo comercial de Estados Unidos, los efectos de la guerra civil y los fracasos de la gestión sandinista previa.

En 1990, el deterioro era extremo: la recesión acumulada desde 1984 había consumido una quinta parte del PIB, las importaciones duplicaban a las exportaciones, la deuda externa triplicaba el valor de la producción nacional y la inflación anual todavía se ubicó en 3,000%.

El traspaso quedó condicionado por un pacto con Ortega y por el conflicto con el sandinismo

Un mes antes de la toma de posesión, el 27 de marzo de 1990, Chamorro y Ortega firmaron un Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo. Ese acuerdo estableció un consenso mínimo sobre puntos políticos y jurídicos para asegurar cierto nivel de gobernabilidad en el inicio del nuevo gobierno.

La primera fricción con los sandinistas apareció el 10 de mayo, cuando los diputados de la UNO aprobaron una ley de amnistía para los exguardias somocistas que seguían encarcelados. Ese episodio anticipó las disputas que atravesarían la relación entre la nueva presidenta y el aparato político y sindical que el sandinismo conservaba.

En una primera etapa, Chamorro revirtió parte de las medidas del gobierno anterior, entre ellas la reforma agraria, la estatalización de empresas y la subvención de servicios públicos. También aplicó un paquete liberal de austeridad conocido como Plan de los 100 Días o Plan Mayorga, en alusión al ministro de Finanzas Francisco Mayorga.

La reacción sandinista fue lo bastante fuerte como para forzar la retirada de buena parte de esas decisiones. El movimiento mantenía capacidad de movilización popular y control de los sindicatos, y ese retroceso dejó a la presidenta enfrentada a los sectores más conservadores de la UNO.

En 2018, Chamorro sufrió un accidente cerebrovascular. El 14 de junio de 2025 murió en San José, donde la familia Chamorro vivía desde 2023 en condición de destierro y exilio, acompañada por sus hijos, a los 95 años.

El Ministerio de Gobierno introdujo 13 grupos de modificaciones al pliego de cargos para la construcción del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales y extendió hasta el 13 de agosto de 2026 el plazo para recibir las propuestas de las empresas interesadas.

La presentación estaba programada inicialmente para el 23 de julio, pero la primera adenda trasladó la entrega hasta las 10:00 a.m. del 13 de agosto, mientras que la apertura de las ofertas se realizará un minuto después. El cambio concede tres semanas adicionales a los participantes para preparar la documentación técnica, financiera y legal requerida.

La segunda adenda modificó algunas de las condiciones señaladas durante la reunión de homologación. Uno de los principales ajustes se produjo en el requisito de capital de trabajo: el documento original exigía que la suma correspondiente a 2024 y 2025 alcanzara al menos el 50% del precio de referencia. Ahora se tomará únicamente el estado financiero de 2025 y se exigirá un mínimo de $50 millones.

También se aclaró que las empresas podrán presentar hasta tres cartas de referencias comerciales para acreditar líneas de crédito de proveedores equivalentes al 5% del valor del proyecto. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio, cualquiera de sus integrantes podrá aportar esas cartas.

En materia de experiencia, se mantuvo la exigencia de presentar cinco certificaciones: dos relacionadas con obras de alta complejidad por al menos $100 millones y tres correspondientes a infraestructuras de seguridad.

Sin embargo, se precisó que, para acreditar experiencia obtenida mediante un consorcio anterior, la empresa deberá haber mantenido una participación igual o superior al 50%, en lugar de exigir que esta fuera estrictamente mayor.

Otro cambio amplió de 10 a 15 años la experiencia profesional considerada para arquitectos, diseñadores estructurales, gerentes de proyectos, residentes de obra e ingenieros electromecánicos. Además, se detallaron nuevas formas de certificar los proyectos ejecutados, mediante planos, notas notariales de empleadores y documentos que identifiquen el cargo, el período de participación y las obras realizadas.

Las modificaciones también alcanzaron las especificaciones de la infraestructura. Aunque el complejo mantendrá una capacidad para 3,000 privados de libertad, el sistema de agua potable y el tanque de reserva deberán dimensionarse para atender a 3,900 personas, al incluir también a custodios, funcionarios y demás personal que operará en las instalaciones.

En el componente estructural, la resistencia recomendada del concreto aumentó de 280 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Para las celdas se establecieron camas de acero inoxidable de calibre mínimo 12 y mobiliario, sanitarios, lavamanos y divisiones con materiales antivandálicos de calibre mínimo 14.

La adenda también precisó que los equipos tecnológicos deberán incluir integración, pruebas de funcionamiento y capacitación básica del personal. Se incorporaron referencias internacionales para videovigilancia, control de accesos, cableado y seguridad electrónica, sin restringir la participación de fabricantes.

El mantenimiento preventivo y correctivo se extenderá durante 1,095 días, equivalentes a 36 meses. Para reparaciones y fallas imprevistas se fijó un máximo de $1 millón, que solo podrá utilizarse cuando se produzcan eventos debidamente sustentados.

Los ajustes responden, en parte, a las observaciones formuladas por 18 empresas nacionales e internacionales durante la reunión previa. Entre las asistentes estuvieron Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura.

También han mostrado interés CTL Ingeniería, Global Delfos International, Constructora de León, Asocsa, LAC Consulting, Tutum Tech, Eduadvance, Negocios Triple RRR, Impex Comercial, Centroequipos, Padeco Seguros y Assa Compañía de Seguros.

El complejo será construido en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera, bajo la modalidad de estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento. Tendrá capacidad para 3,000 privados de libertad, distribuidos entre módulos de mínima, media y alta seguridad.

El proyecto de $177.2 millones incluirá pabellones, celdas, áreas educativas, médicas y deportivas, talleres, espacios de atención psicosocial, sistemas de vigilancia, edificios administrativos e instalaciones para 450 custodios.

La obra busca responder al hacinamiento penitenciario: Panamá mantiene 24,831 privados de libertad en instalaciones diseñadas para 14,695, una sobrepoblación superior a 10,000 personas.

Sin embargo, residentes y autoridades locales de Santa María mantienen su rechazo. La comunidad considera que una inversión de esa magnitud debería priorizar agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y proyectos productivos, y teme que la cárcel modifique la identidad agrícola, comercial y educativa de la región.

Guatemala desplegó este sábado operativos simultáneos en las cárceles Renovación I y El Boquerón para requisar objetos ilícitos y reforzar el control interno, en una ofensiva que el gobierno vincula con la desarticulación de estructuras criminales que operan dentro y fuera del sistema penitenciario y con un plan que prevé invertir Q226 millones en ocho centros de detención.

La intervención en desarrollo se ejecuta dos días después de otra requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Puerto Barrios, en Izabal, donde las autoridades decomisaron 57 teléfonos celulares, drogas, licor, armas blancas y otros objetos prohibidos, además de trasladar a 34 privados de libertad considerados de alta peligrosidad, que además generó un motín, con el saldo de al menos dos heridos.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que las acciones de este sábado se realizaron de forma simultánea en Escuintla y Santa Rosa con participación de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército de Guatemala.

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, explicó que las intervenciones consisten en requisas focalizadas por sectores para extraer objetos ilícitos que hayan ingresado a ambos recintos. El funcionario advirtió que las estructuras afectadas podrían reaccionar, pero sostuvo que las autoridades están preparadas mediante coordinación interinstitucional.

“La Dirección General del Sistema Penitenciario no dará marcha atrás en el establecimiento del control y orden en los centros de detención y en la desarticulación de estructuras criminales”, afirmó López Dellachiessa.

El Boquerón fue intervenido para retirar objetos prohibidos y frenar extorsiones

En el centro de detención preventiva para hombres El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, el objetivo es retirar objetos prohibidos, lujos y comodidades para restablecer el control y frenar delitos como la extorsión.

Decomisos anteriores, incluyeron un teléfono celular, 11 cargadores, tarjetas SIM, un cuchillo, una réplica de pistola, apuntes con números de posibles víctimas, bolsitas con marihuana, una pipa, licor y otros ilícitos.

Renovación I, en Escuintla, también arrastra un historial reciente de intervenciones. El centro, antes conocido como El Infiernito, fue objeto de al menos seis requisas mayores entre enero y julio de 2026, según registros del Ministerio de Gobernación.

La más reciente de esas acciones, el 4 de julio, terminó con el decomiso de 34 teléfonos celulares, un arma de fuego y drogas. En ese operativo, igual que en el de este sábado, participaron en conjunto la PNC y personal del Sistema Penitenciario.

El sistema penitenciario reportó 223 requisas en 24 cárceles hasta mayo

La ofensiva forma parte de una política más amplia. El Sistema Penitenciario reportó 223 requisas entre enero y el 17 de mayo de 2026 en sus 24 centros de detención, que albergan a 23.955 privados de libertad.

El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, declaró en junio que esos operativos no fueron aleatorios, sino dirigidos a partir de análisis de inteligencia previos. Según el funcionario, las inspecciones permitieron detectar sectores que funcionaban como centros de llamadas para cometer extorsiones.

El gobierno prevé además una inversión de Q226 millones, equivalentes a unos USD 29,6 millones, para el remozamiento de ocho centros donde se concentran estructuras de pandillas. Entre ellos figuran Renovación I y El Boquerón.

Para Renovación I se asignaron Q35 millones y para El Boquerón, Q18 millones. El financiamiento proviene de partidas readecuadas tras la aprobación de la Ley Antipandillas, Decreto 11-2025, y de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica.

El plan de seguridad penitenciaria contempla que, a partir de 2027, las Fuerzas Armadas dejen de ejercer las funciones extraordinarias que hoy cumplen dentro de las cárceles, una vez que el Sistema Penitenciario disponga de personal capacitado y de una estructura institucional fortalecida para asumir plenamente la administración de la seguridad interna.

El Ministerio Público registró 381 casos criminales por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial entre enero y junio de 2026, un incremento de 38% en comparación con las 276 denuncias presentadas durante el mismo período del año pasado.

Las estadísticas muestran un aumento de los casos relacionados con la destrucción de recursos naturales, el maltrato contra animales domésticos y los incendios de masa vegetal, mientras algunas provincias prácticamente duplicaron o triplicaron los registros del año anterior.

El informe del Ministerio Público revela que los delitos contra los recursos naturales continúan siendo el principal problema ambiental del país, con 212 investigaciones, equivalentes al 56% del total.

Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 132 casos; los delitos contra la vida silvestre, con 33 investigaciones; y los relacionados con el ordenamiento territorial, con apenas cuatro expedientes.

El delito más frecuente fue la destrucción de los recursos naturales, con 141 denuncias, un aumento de 50% frente a las 94 registradas en el primer semestre de 2025.

Este delito comprende acciones como destruir, contaminar, extraer o degradar recursos naturales en violación de la legislación ambiental y está sancionado con penas de tres a seis años de prisión, que pueden aumentar cuando el daño afecta áreas protegidas, cuencas hidrográficas, recursos hídricos o pone en peligro la salud de las personas.

El segundo grupo con mayor incidencia fue el de delitos contra animales domésticos, con 132 investigaciones, un crecimiento de 76% respecto a los 75 casos reportados en igual período de 2025.

Este delito sanciona los actos de crueldad que ocasionen la muerte o lesiones graves a animales utilizados como mascotas y contempla penas de 100 a 200 días multa o trabajo comunitario, dependiendo de las circunstancias previstas en el Código Penal.

Otro incremento significativo se produjo en los incendios de masa vegetal, que pasaron de tres a 12 investigaciones, equivalente a un aumento de 300%, coincidiendo con la temporada seca que enfrentó el país durante los primeros meses del año.

También crecieron 43% los casos relacionados con el manejo ilegal de aguas residuales, desechos sólidos, líquidos o gaseosos, al pasar de siete a diez investigaciones. Este delito contempla penas de cuatro a ocho años de prisión, especialmente cuando los residuos ponen en peligro el agua, el suelo, la atmósfera o la salud humana.

Las estadísticas también reflejan un incremento de 20% en los casos de tráfico de especies de la vida silvestre, al pasar de cinco a seis investigaciones.

Este delito comprende la comercialización, exportación, importación o transporte ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción y puede ser castigado con penas de tres a cinco años de prisión, además de agravantes cuando se trata de especies endémicas o amenazadas.

En contraste, algunos delitos registraron reducciones durante el período analizado. La tala o destrucción de formaciones vegetales en áreas protegidas disminuyó 19%, al pasar de 48 a 39 casos, mientras las investigaciones por construcción de diques o desvíos de cauces sin autorización bajaron de dos a un caso.

También desaparecieron, durante este semestre, las investigaciones por incumplimiento de herramientas ambientales y construcción ilegal en áreas protegidas.

Por distribución geográfica, Panamá encabezó el número de investigaciones con 72 denuncias, seguido por Chiriquí, con 70, y Panamá Oeste, con 59.

Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual ocurrió en la comarca Guna Yala, donde los casos aumentaron 300%, seguida por la comarca Ngäbe Buglé, con 250%; Chiriquí, con 159%; Panamá Oeste, con 136%; y Colón, con 131%.

En sentido contrario, Darién registró una disminución de 72%, al pasar de 25 a siete investigaciones, mientras que Los Santos redujo sus casos de 39 a 15, equivalente a una caída de 62%. San Miguelito y la comarca Emberá mantuvieron prácticamente el mismo comportamiento que el año anterior.

El informe evidencia que los delitos ambientales continúan concentrándose en actividades que afectan directamente los recursos naturales y la fauna, en un contexto en el que Panamá enfrenta mayores presiones sobre sus bosques, cuencas hidrográficas y ecosistemas.

Casos recientes como la contaminación del río La Villa, los incendios forestales registrados durante la estación seca y las investigaciones por minería y tala ilegal reflejan el impacto que este tipo de conductas puede tener sobre el ambiente y el abastecimiento de agua para la población.

Tras el anuncio de Rosario Murillo de que el régimen abrirá reuniones con embajadores, empresarios e inversionistas la próxima semana, el oficialismo nicaragüense ensaya un giro de tono después de que más de una decena de países y organismos internacionales condenaran la decisión de Daniel Ortega de poner fin a las elecciones competitivas en Nicaragua.

Las críticas no se redujeron con el paso de los días. A los rechazos iniciales se sumaron pronunciamientos de Perú, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Brasil y Bolivia, además del cuestionamiento del Grupo de Puebla, un foro de líderes y dirigentes de la izquierda iberoamericana que también objetó el fin de la competencia electoral.

Murillo informó este viernes, en medios oficialistas, que el régimen convocará una ronda de encuentros con distintos sectores, incluido el cuerpo diplomático acreditado en el país. Según dijo, las reuniones alcanzarán a empresarios, inversionistas, embajadores y otros ámbitos que definió como “todos los estamentos de nuestra patria bendita”.

“La próxima semana se van a realizar consultas con empresarios, con inversionistas, con embajadores. En fin, vamos a informar, pero además con todos los estamentos de nuestra patria bendita”, afirmó.

El régimen pasa de los comunicados de choque a una ronda de explicaciones

El anuncio marca un cambio respecto de la estrategia que el régimen sostuvo desde el domingo, cuando Ortega declaró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para impedir el regreso de la oposición al poder. Desde entonces, la respuesta oficial a la presión externa se canalizó sobre todo a través de comunicados de la Cancillería con un tono de confrontación frente a varios gobiernos de la región.

Uno de los episodios más visibles fue la respuesta dirigida a República Dominicana. En ese mensaje, las autoridades de ese país fueron descritas por el régimen con la frase “voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”.

Murillo sostuvo ahora que los acercamientos anunciados buscan reforzar la estabilidad del país. En su exposición, vinculó esa estabilidad con la continuidad de los procesos oficiales y con la promesa de avanzar contra la pobreza y a favor del bienestar de las familias.

“Nos fortalecen como patria de Darío y Sandino, donde todos los días, gracias a Dios, florece la Paz y desde la Paz construimos más democracia, desde la Paz construimos la garantía de la seguridad y la continuidad de todos los procesos. Estabilidad, palabra mágica en este mundo, estabilidad para avanzar contra la pobreza y por el bienestar de las familias”, expresó.

Chile y Bolivia también quedaron bajo la respuesta oficial

Aunque el régimen evitó emplear un tono equivalente en sus reacciones hacia Estados Unidos, sí mantuvo respuestas críticas frente a otros gobiernos latinoamericanos. Este jueves acusó a Chile de sostener una actitud injerencista y le pidió a Bolivia que respetara las decisiones vinculadas con el ordenamiento jurídico nicaragüense.

El cambio de tono anunciado por Murillo aparece después de una semana en la que la presión externa siguió en aumento. La nueva ronda de reuniones con representantes diplomáticos y sectores económicos busca explicar las decisiones recientes del oficialismo en medio de esa secuencia de condenas internacionales.

La Policía Nacional de la República Dominicana confirmó la entrega voluntaria de Erickson Antonio Bonilla Villalona, señalado como presunto autor de forzar a una adolescente de quince años a ingerir una sustancia tóxica que causó su fallecimiento. El hecho se produjo este sábado en el Palacio de la Policía Nacional, donde el joven de veinte años se presentó acompañado por su padre y por su representante legal, conforme notificó la institución.

Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, la entrega se realizó en la sede de la Policía bajo la supervisión de la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas y la Dirección Central de Investigación (DICRIM). La detención responde a una orden judicial vigente, producto de la investigación en torno a la muerte de la menor, ocurrida tras ingerir un herbicida. La adolescente fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, pero no sobrevivió.

La acusación principal contra Bonilla Villalona fue presentada por la madre de la joven, quien sostiene que el detenido obligó reiteradamente a su hija a ingerir la sustancia mortal. Esta versión se encuentra bajo análisis de las autoridades, las cuales continúan recabando elementos probatorios y testimonios en el marco del proceso penal.

Durante la entrega, Pesqueira recalcó ante medios y familiares que el procedimiento se realizó respetando los derechos fundamentales del detenido.

“Siempre respetando el debido proceso, sus derechos constitucionales que a usted le asisten”, afirmó Pesqueira, quien también destacó la importancia de no responsabilizar a la menor ni a su familia por el desenlace fatal. “Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, puedo permitir que a una persona que ha fallecido la cuestionemos nosotros, porque yo soy padre y, y de cuatro hijas”, agregó el portavoz, a través de un audiovisual compartido en sus redes.

El abogado del joven, presente en la entrega, declaró que su defendido optó por presentarse ante las autoridades para enfrentar el proceso. El letrado sostuvo que Bonilla Villalona no se encontraba en el lugar de los hechos al momento en que la joven ingirió la sustancia y señaló que existen elementos previos relacionados con la salud mental de la víctima.

“Él ha sido claro, la investigación va a rogar la no participación de él en los hechos. Al momento de ese evento, él estaba en su lugar de trabajo. La jovencita ya había presentado algunos indicadores de depresión e incluso en algún momento intentó cortarse las venas”, expresó el abogado ante la Policía, solicitando una pesquisa objetiva y exhaustiva de los hechos.

En la comparecencia, Pesqueira insistió en que la investigación debe centrarse en los hechos y no en la descalificación de la víctima ni de sus allegados. Sostuvo que la institución garantizará el cumplimiento de la ley y el respeto a las garantías constitucionales del imputado, según lo establecido en la normativa vigente de la República Dominicana.

La Policía Nacional precisó que el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes, mientras el expediente sigue abierto y bajo investigación.

De acuerdo con las pesquisas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), tanto la adolescente fallecida como el detenido mantenían una relación sentimental al momento del suceso.

La entrega del acusado se produjo en presencia de familiares y representantes legales, quienes podrán seguir el proceso conforme a los canales institucionales. Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación y que cualquier avance relevante será comunicado oportunamente.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Fuerza Pública ubicaron este sábado a una mujer identificada como Arias Fonseca, hija de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, durante un operativo en las proximidades del acceso principal al centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, citado por CR Hoy.

Dicha intervención policial se realizó en el contexto de acciones intensificadas para fortalecer la seguridad en la zona penitenciaria, tras la detención del líder criminal el día anterior.

De acuerdo con el reporte de CR Hoy, los agentes detuvieron a Arias Fonseca cuando se movilizaba en un vehículo blindado y portaba un arma de fuego. Las autoridades confirmaron que la mujer contaba con permisos de portación de armas.

Refuerzan controles de seguridad en cercanías de La Reforma

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, declaró que el despliegue responde a la necesidad de garantizar “una seguridad extrema en todos los alrededores de la cárcel La Reforma”. “Estamos trabajando en unión con la DIS y con la Policía Penitenciaria, brindando todo el soporte necesario para que haya una seguridad extrema en todos los alrededores de la cárcel La Reforma. Vamos a estar revisando personas, vamos a estar revisando vehículos, vamos a estar supervisando todo movimiento extraño. Es hora de hacerle un alto a aquellos que han causado tanto daño al país, y vamos a estar trabajando fuerte porque nuestro enemigo es la delincuencia organizada”, afirmó Campos.

La detención de Arias Fonseca derivó directamente de la coordinación interinstitucional que se ha fortalecido tras la captura de su padre, Alejandro Arias Monge. Durante la inspección, se verificó que la detenida portaba documentación que la autorizaba a llevar armas, pero se abrió una investigación para determinar si se utilizaba el blindaje del vehículo y el armamento con propósitos ilícitos o como parte de una estrategia de protección personal.

Su ubicación ocurrió en medio de los operativos de vigilancia desplegados por las autoridades tras el ingreso de alias “Diablo” y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, al Centro Penitenciario La Reforma, donde permanecen en el módulo de Máxima Seguridad a la espera de la audiencia de medidas cautelares.

La detención de alias “Diablo” se realizó el viernes en Horquetas de Sarapiquí, luego de un operativo coordinado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras fuerzas de seguridad, que dejó al menos seis personas heridas, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

Las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia y los controles en las inmediaciones de La Reforma. El despliegue incluye inspección de vehículos, revisión de antecedentes y control del tránsito de personas en la zona, como parte de las acciones dirigidas a prevenir incidentes relacionados con el crimen organizado y la seguridad en torno al centro penitenciario.

La información, recogida por el medio CR Hoy señala que, tras la intervención policial, Arias Fonseca quedó en libertad, aunque las autoridades mantendrán la investigación abierta y reforzarán los controles de seguridad en las inmediaciones del penal. Hasta el momento, no se han reportado incidentes posteriores.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura entregó este viernes una nueva flota vehicular a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con el objetivo de fortalecer las operaciones de seguridad y ampliar la capacidad de respuesta de las fuerzas encargadas de combatir la delincuencia en San Pedro Sula y otros sectores de la zona norte de Honduras.

El acto de entrega se desarrolló en el complejo policial ubicado en Chamelecón, San Pedro Sula, donde las autoridades destacaron la importancia de fortalecer con recursos logísticos y medios de transporte a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población.

La nueva dotación está conformada por 60 radiopatrullas, 48 motocicletas, una ambulancia equipada y un autobús, vehículos que serán destinados a mejorar las labores de patrullaje, movilidad, despliegue operativo y atención en zonas consideradas estratégicas del norte del país.

Con esta flota, las autoridades buscan que la PMOP cuente con mejores condiciones para responder de manera rápida ante situaciones relacionadas con el crimen común y el crimen organizado, así como para mantener una presencia permanente y disuasiva en diferentes puntos de San Pedro Sula y comunidades cercanas.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, quien participó en representación del presidente Nasry Asfura. En el evento también estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el comandante de la PMOP, coronel Selvin Adalid Antúnez Medina.

Durante el acto, Rodríguez Burchard destacó que la entrega de la nueva flota vehicular constituye una muestra del compromiso de la administración del presidente Asfura con el fortalecimiento de la seguridad en San Pedro Sula y la zona noroccidental del país.

El funcionario señaló que la dotación de estos recursos permitirá optimizar la capacidad de respuesta rápida de los elementos de seguridad y facilitará un despliegue operativo más eficiente en aldeas, barrios, colonias y zonas estratégicas.

La entrega de los vehículos se enmarca en las acciones del Gobierno orientadas a fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de respaldar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas de Honduras.

Durante su intervención, el secretario de Defensa Nacional destacó que el acto tiene varios significados para la población de San Pedro Sula y para las fuerzas de seguridad.

“Este evento tiene varios significados. El primero de ellos refleja el compromiso del presidente Asfura y la presente administración con esta zona, en devolverle a San Pedro Sula, parte del esfuerzo y de la pujanza y del aporte que ellos a través de su trabajo y de sus impuestos, generan para el gobierno central”, subrayó Rodríguez Burchard.

Asimismo, Rodríguez Burchard señaló que la entrega representa una muestra del compromiso del mandatario con la seguridad de la zona noroccidental, así como con el objetivo de mejorar las condiciones de paz, tranquilidad y convivencia entre los ciudadanos.

“También, es una muestra del compromiso del presidente por la seguridad de la zona noroccidental, por el compromiso de él de mejorar la paz, la tranquilidad y la convivencia entre nuestros ciudadanos y el apoyo irrestricto que tienen estas Fuerzas Armadas para con la seguridad ciudadana a través de la entidad encargada primariamente que es el Ministerio de Seguridad”, acotó.

De acuerdo con el funcionario, la entrega de la flota también refleja el respaldo del Gobierno hacia los elementos que se encuentran en primera línea en las labores de seguridad y en las operaciones contra las diferentes manifestaciones de la delincuencia.

“Añadió que también simboliza el compromiso que se tiene con ustedes, con nuestra tropa, con la primera línea de fuego en esta guerra incansable contra la delincuencia común y la delincuencia también internacional”, manifestó el secretario de Defensa Nacional.

El objetivo es que los nuevos recursos sean utilizados para mejorar el patrullaje preventivo, fortalecer la movilidad de los agentes y facilitar una respuesta más rápida ante las denuncias y situaciones que requieran la intervención de los cuerpos de seguridad.

El acto en Chamelecón también sirvió para reiterar el respaldo del Gobierno a las Fuerzas Armadas y a los miembros de la tropa que participan en las operaciones contra la delincuencia.

Rodríguez Burchard destacó que los elementos de seguridad constituyen la primera línea de respuesta frente a las amenazas que enfrenta el país, por lo que consideró fundamental garantizarles las herramientas y el equipamiento necesarios para cumplir con su misión.

La nueva flota vehicular estará orientada a reforzar el patrullaje y las operaciones de la PMOP en San Pedro Sula, Chamelecón y sectores estratégicos de la zona norte, con la finalidad de ampliar la capacidad de respuesta ante el crimen común y organizado.

Recorrer Centroamérica por carretera continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de personas que viajan por turismo, negocios o para visitar familiares.

Sin embargo, un trámite migratorio incompleto o el desconocimiento de los requisitos de ingreso puede transformar un viaje planificado en una experiencia marcada por largas esperas e inconvenientes.

Ante este panorama, la empresa de transporte internacional Tica Bus hizo un llamado a los viajeros para que verifiquen con suficiente anticipación toda la documentación y los requisitos exigidos por cada país antes de llegar a un puesto fronterizo. La compañía enfatizó que una buena planificación facilita los procesos migratorios y permite disfrutar del recorrido con mayor tranquilidad.

Entre las principales recomendaciones figura revisar que el pasaporte se encuentre vigente y en buen estado, además de confirmar si el país de destino exige visa o algún permiso especial de ingreso según la nacionalidad del pasajero. La empresa recordó que estos requisitos pueden variar entre los distintos países de la región, por lo que es indispensable consultarlos antes de iniciar el viaje.

Otro aspecto que merece especial atención son las disposiciones sanitarias. Dependiendo del origen del viajero o de los países por los que haya transitado, algunas naciones podrían solicitar certificados de vacunación específicos, como el de fiebre amarilla, una medida que cambia de acuerdo con las políticas sanitarias vigentes de cada Estado.

Tica Bus también aconseja informarse sobre las restricciones migratorias aplicables en cada destino. Entre ellas pueden encontrarse requisitos relacionados con el tiempo máximo de permanencia, la demostración de solvencia económica o la presentación de un boleto de salida, condiciones que, de no cumplirse, podrían impedir el ingreso al país.

La empresa recordó, además, que los viajeros deben conocer previamente las políticas sobre el equipaje permitido, tanto en dimensiones como en peso, así como los artículos restringidos o prohibidos para el transporte internacional. Llevar esta información clara ayuda a evitar retrasos durante las inspecciones y facilita el proceso de embarque.

En cuanto al paso por los puestos fronterizos, Tica Bus recomienda mantener todos los documentos organizados y disponibles antes de llegar a las ventanillas migratorias, ya que esto contribuye a agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera.

La compañía también advirtió que los requisitos migratorios pueden cambiar según la nacionalidad del pasajero y el país al que pretende ingresar.

Incluso dentro de la región existen casos específicos, como Nicaragua, donde las categorías y procedimientos de ingreso pueden implicar exigencias particulares para determinados viajeros.

Por ello, la empresa recomienda consultar siempre la información oficial vigente y acudir directamente a las embajadas o consulados correspondientes para confirmar cuáles documentos son necesarios en cada caso.

“Una buena planificación permite que el viajero disfrute de una experiencia mucho más tranquila. Revisar los requisitos antes de salir evita contratiempos en frontera y ayuda a que el recorrido sea más seguro y eficiente”, afirmó Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Mobility ADO.

Tica Bus señaló que recorrer Centroamérica por vía terrestre puede convertirse en una experiencia cómoda, práctica y enriquecedora siempre que los viajeros preparen con antelación su documentación y conozcan las disposiciones vigentes de cada destino.

La empresa destacó que dedicar unos minutos a revisar los requisitos antes de salir puede marcar la diferencia entre un cruce fronterizo fluido y una jornada de retrasos innecesarios.

La tensión diplomática entre la comunidad internacional y el régimen de Daniel Ortega ha alcanzado un nuevo punto de máxima fricción tras un duro cruce de declaraciones oficiales.

La Unión Europea (UE), a través de su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, emitió un vehemente pronunciamiento en el que instó a las autoridades de Nicaragua a convocar elecciones transparentes, inclusivas y creíbles, tal como lo establece el marco normativo institucional.

Esta exigencia comunitaria surgió de forma directa tras las polémicas declaraciones del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó públicamente que en la nación centroamericana “no volverá” a celebrarse ningún tipo de proceso comicial.

La respuesta de Managua no tardó en llegar: mediante una nota diplomática emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen de Ortega rechazó tajantemente los emplazamientos del bloque europeo, calificándolos de colonialistas e injerencistas.

En su comunicado oficial, la Unión Europea expresó su profunda preocupación por la persistente represión y el grave deterioro de las libertades fundamentales en territorio nicaragüense.

Ante las firmes demandas planteadas por el bloque europeo, la Cancillería del régimen de Daniel Ortega hizo pública una contundente respuesta oficial fechada el 24 de julio de 2026 en Managua. Encabezado con el eslogan en mayúsculas “NO SOMOS SÚBDITOS”, el comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional acusó recibo del pronunciamiento de la Unión Europea y arremetió severamente contra la postura de la diplomacia europea.

El documento oficial califica la postura europea como una manifestación “injerencista, imperialista, y propia de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”. A través de una retórica marcadamente ideológica y confrontativa, el régimen Ortega denunció lo que considera “intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo”.

El escrito diplomático subraya que la nación es una patria victoriosa y luchadora que no aceptará “afirmaciones anquilosadas” sobre sus territorios, su pueblo o sus procesos políticos.

Soberanía institucional y el aislamiento diplomático de Managua

El pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores evidencia la consolidación de la postura de resistencia del régimen de Daniel Ortega frente a las presiones internacionales. Ante este escenario, varios países de la comunidad internacional se han pronunciado para condenar la deriva autoritaria de Managua y exigir garantías democráticas.

Sin embargo, la tensión ha escalado a un punto crítico luego de que el gobierno de Nicaragua confirmara que está dispuesto a abolir definitivamente las elecciones en el país, cerrando cualquier posibilidad de alternancia en el poder.

En el texto oficial, la cancillería de Nicaragua asegura de forma tajante que la nación es libre y soberana para tomar sus propias decisiones en materia de ordenamiento institucional, escogiendo autónomamente sus propios modelos políticos que, según señala el documento, “tanta sangre ha costado” a la sociedad nicaragüense.

Con esta postura, el régimen de Daniel Ortega rechaza de plano el escrutinio externo y reafirma su determinación de desmantelar el sistema comicial tradicional, consolidando un modelo sin competencia electoral y profundizando de manera dramática su aislamiento diplomático e internacional frente a los reclamos de organismos multilaterales y gobiernos de la región.

La negativa a dialogar aleja al país de los bloques multilaterales y bloquea las vías diplomáticas destinadas a resolver la severa crisis política.

El misterio y la sombra de la dictadura militar panameña volvieron a sacudirse tras décadas de silencio. A casi 50 años de la noche en que la tierra pareció tragársela, la justicia panameña logró asestar un golpe clave: la aprehensión y deportación desde Nicaragua de Emilio Garzola Ruíz, señalado como uno de los principales implicados en la desaparición forzada de la joven estudiante y activista Rita Irene Wald Jaramillo.

Garzola Ruíz permaneció prófugo de la justicia durante más de tres décadas, habiendo huido de Panamá tras la invasión de 1989 y la caída del régimen militar. Durante años vivió en el anonimato en Nicaragua, esquivando las cuentas pendientes con su pasado hasta que una notificación roja de Interpol, emitida en julio de 2025, permitió ubicarlo en Managua.

Tras su llegada al istmo, la sociedad y los familiares de las víctimas esperan que esta captura finalmente rompa el pacto de silencio, permita esclarecer la verdad de los hechos y, sobre todo, conduzca al hallazgo de los restos de Rita para dar un cierre digno a casi 50 años de impunidad.

Nacida en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, el 26 de febrero de 1960, Rita Irene Wald Jaramillo no era una adolescente común. Con solo 17 años combinaba una madurez excepcional con un carisma arrollador. Poseía dotes de gran oradora, era locutora de radio, dirigía el programa Antorcha Olivarista y era la voz oficial de la Feria de David.

Su vocación era clara y firme. Cuando su madre le preguntaba por sus aspiraciones, la joven respondía con determinación: quería ser abogada para defender a los indefensos, periodista para denunciar a los opresores y diplomática para defender la soberanía de su nación.

Desde sus años en el Colegio Félix Olivares Contreras, donde fundó la Sociedad Estudiantil Democrática (S.E.D.), Rita encabezó movimientos para expulsar a las facciones afines a la dictadura militar. Al trasladarse a la capital para estudiar en el Colegio José Antonio Remón Cantera, unificó a diversas corrientes estudiantiles y plantó cara al poder de las armas con el solo poder de su voz y sus convicciones.

El precio de la valentía: Por qué la desaparecieron

A finales de los años setenta, oponerse al régimen militar del general Omar Torrijos Herrera y al temido aparato de inteligencia del G-2 —encabezado por Manuel Antonio Noriega— significaba firmar una sentencia de persecución.

Rita no solo denunciaba la inflación y el gravamen a los alimentos al ritmo de consignas como “Arroz, poroto y carne... el pueblo tiene hambre”, sino que también se oponía abiertamente a los tratados canaleros y a los grupos paramilitares incrustados en los colegios.

Esa firmeza la convirtió en un objetivo prioritario del régimen. La contrainteligencia militar comenzó a seguir cada uno de sus pasos, infiltrando agentes en su entorno. Entre ellos figuraba Emilio Garzola Ruíz, quien haciéndose pasar por locutor logró ganarse la confianza de la joven.

El 27 de marzo de 1977, justo antes de iniciar el curso lectivo, Rita Irene Wald Jaramillo fue vista por última vez en compañía de Garzola. Después, la nada. Ninguna investigación oficial avanzó durante los años de la dictadura, mientras sus compañeros eran perseguidos y su familia condenada a una búsqueda sin descanso.

A punto de cumplirse medio siglo de aquel fatídico marzo, el caso de Rita Wald es mucho más que una cifra en el informe de la Comisión de la Verdad de 2002 —que contabilizó a 110 víctimas de homicidio y desaparición forzada. Es el símbolo de una juventud silenciada por el autoritarismo y la prueba de la incansable lucha de sus familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A pesar del reconocimiento formal de responsabilidad por parte del Estado, del pedido de perdón público y de las indemnizaciones dictaminadas, los restos de Rita jamás han sido encontrados. La captura de Garzola Ruíz representa, para la memoria histórica de Panamá, la fractura de la impunidad: la demostración de que el tiempo no borra los crímenes de Lesa Humanidad y que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino.

Durante las Fiestas Agostinas, El Salvador se prepara para recibir a 2.8 millones de visitantes en sitios públicos a nivel nacional, de acuerdo con las proyecciones presentadas este viernes por la ministra de Turismo, Morena Valdez. De ese total, aproximadamente 91,000 serían turistas internacionales que llegarán entre el 1 y el 9 de agosto, periodo en el que se concentran las celebraciones patronales de San Salvador y el movimiento turístico alcanza uno de sus puntos más altos del año.

Según la funcionaria, la estimación incluye a los visitantes que recorrerán parques administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), así como complejos turísticos destacados como el Puerto de La Libertad y el Parque Nacional El Boquerón. A estos destinos también se suman las áreas naturales protegidas preferidas por quienes buscan actividades al aire libre.

Morena Valdez remarcó que los destinos de naturaleza y aventura han mostrado un aumento en la demanda, con familias que se desplazan hacia la zona norte de Chalatenango, el oriente y occidente del país, o que optan por el senderismo en montañas y volcanes.

En ese contexto, el Parque de Aventuras Surf City Walter Thilo Deininger se suma como una alternativa con actividades para grupos de todas las edades.

De igual forma, autoridades implementarán rutas de transporte accesibles bajo el programa “Buses Alegres”, los cuales incrementarán su frecuencia para facilitar el desplazamiento hacia parques nacionales y otros puntos de interés, garantizando tarifas accesibles.

El Salvador refuerza la oferta turística

La ministra indicó que las proyecciones contemplan también la llegada de turistas internacionales, la mayoría procedentes de la diáspora salvadoreña, junto con visitantes de Europa, Canadá y Sudamérica.

“En esta época de agosto, sobre todo nos visitan nuestros queridos hermanos de la diáspora, porque tienen esa añoranza y esa nostalgia de las fiestas patronales de San Salvador. Pero nos están visitando también de otros sitios como de Europa, Canadá y Suramérica, que cada día más El Salvador se está colocando en ese epicentro de ese destino emergente para venirnos a visitar en familia”, detalló Morena Valdez.

Además, se recomienda a las familias informarse por canales oficiales para verificar los horarios y condiciones de ingreso a los sitios turísticos. Morena Valdez insistió en la importancia de mantener medidas preventivas durante los recorridos, procurando la seguridad de niños, adolescentes y adultos mayores durante la movilización por el territorio nacional.

El cálculo global para el periodo festivo contempla 160,000 movimientos internacionales entre ingresos y salidas, de los cuales el ministerio estima que 91,000 corresponden a visitantes que permanecerán más de una noche en el país, con preferencia por actividades familiares, culturales y de contacto con la naturaleza. Se espera que la llegada de turistas impacte de forma positiva en la economía local, especialmente en los sectores de servicios turísticos, gastronomía y hospedaje.

Las Fiestas Agostinas representan uno de los momentos clave para el sector turístico nacional, que busca consolidar a El Salvador como un destino emergente, seguro y diverso, apto para el disfrute en familia y con alternativas para todos los perfiles de visitantes.

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a 11 sujetos por la muerte de siete migrantes que quedaron atrapados dentro de un contenedor de tren bajo temperaturas extremas en Texas. Entre las víctimas se encontraban tres hondureños, incluido un menor de 14 años. El caso vuelve a poner en evidencia los peligros de las rutas migratorias hacia el norte, de acuerdo con los datos de Associated Press (AP).

En mayo pasado, la Cancillería de Honduras informó que las autoridades estadounidenses confirmaron la identidad de los tres hondureños fallecidos: Nelson Davián Portillo Martínez, de 14 años y originario de La Masica, Atlántida; Denis Isaías Anariba, de 24 años, procedente de Yoro; y Josué Cerón Valdés, quien según testimonios acompañaba y cuidaba al menor durante el trayecto. La directora general de Asuntos Consulares de Honduras, Flabia Zamora, señaló en ese momento que los cuerpos habían sido localizados en un vagón ferroviario en la ciudad de Laredo, Texas, junto a otras personas de origen mexicano.

Según el reporte de AP, las víctimas abordaron el tren en la ciudad fronteriza de Del Rio con destino a San Antonio. El grupo, conformado por migrantes de Honduras y México, quedó atrapado en un contenedor de envío apilado sobre otro vagón, completamente cerrado y sin ventilación. El fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, detalló que los traficantes abrieron la puerta en San Antonio, pero ante la caída de uno de los migrantes, cerraron la compuerta y escaparon. El tren partió al día siguiente hacia Laredo, donde un trabajador ferroviario de Union Pacific descubrió los cuerpos tras notar una pierna sobresaliendo del contenedor.

La temperatura en Texas osciló ese día entre 31 y 33 grados Celsius (88 y 92 grados Fahrenheit). Las autoridades forenses del condado Webb sospechan que las muertes ocurrieron por hipertermia, asfixia y exposición prolongada al calor extremo. “Es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado y sin aire acondicionado, con la temperatura que había ese día”, declaró el fiscal Simmons, citado por la agencia.

El adolescente hondureño, Nelson Davián Portillo Martínez, había residido varios años en Estados Unidos y viajaba junto a su familia con la esperanza de regresar. Por su parte, Denis Isaías Anariba aspiraba a reencontrarse con su esposa e hija en Houston tras ser deportado meses antes.

La acusación federal imputa a los 11 detenidos dos cargos: conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte y ayuda e instigación en el transporte de extranjeros con resultado de muerte, ambos delitos con penas máximas de cadena perpetua. Según reveló Simmons y reproduce AP, los migrantes pagaron entre 1,500 y 10,000 dólares a redes de traficantes en Honduras, México, Estados Unidos y otros países para ser trasladados al interior de Estados Unidos.

De los acusados, cuatro cuentan con ciudadanía estadounidense, dos son residentes permanentes y cinco permanecen en el país sin estatus legal. La fiscalía detalló que uno fue arrestado el 12 de mayo en Del Rio y ocho más fueron capturados en operativos en el centro y sur de Texas durante la semana siguiente. Un hombre y una mujer permanecen prófugos.

La investigación expone cómo el tráfico de personas a través de trenes representa un desafío persistente para las autoridades fronterizas de Estados Unidos. AP contextualizó que estos vehículos suelen reducir su velocidad o detenerse en territorio mexicano antes de cruzar la frontera, lo que facilita el abordaje de migrantes y contrabando. El uso de trenes para el traslado clandestino de personas busca eludir la vigilancia de la Patrulla Fronteriza.

En incidentes previos, dos personas murieron en 2023 entre un grupo de 17 migrantes hallados en dos vagones cerca de Knippa, Texas, a unos 113 kilómetros al oeste de San Antonio y menos de 161 kilómetros de la frontera. Además, dos traficantes recibieron cadena perpetua en 2023 por la muerte de 53 migrantes en un tráiler en Texas en 2022, el episodio más letal registrado en la frontera sur.

Laredo es uno de los puertos terrestres más transitados para el comercio y el cruce no autorizado de personas entre Estados Unidos y México. En marzo, agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron en promedio a 40 personas por día en ese sector, clasificándolo como el tercero más activo de los nueve que operan a lo largo de la frontera, según datos oficiales citados por AP.

Las autoridades hondureñas y estadounidenses reiteraron la peligrosidad de los viajes irregulares y el impacto humano de las redes de tráfico. La Cancillería de Honduras insistió en el acompañamiento a las familias de las víctimas y en la colaboración con autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y repatriar los cuerpos.

El arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya tiene grabado con letras doradas el nombre de Jeison Rojas. En una jornada memorable y repleta de emociones para el deporte costarricense, el destacado nadador de aguas abiertas conquistó este día 25 de julio, la medalla de plata en la competencia masculina, firmando con un esfuerzo monumental la primera presea para Costa Rica en la presente edición de las justas continentales.

La actuación de Rojas adquiere un significado aún más especial tras haber sido designado por el Comité Olímpico Nacional como el abanderado oficial de la delegación en la ceremonia de inauguración.

Sostener la bandera tricolor en el desfile de apertura fue el preludio de una jornada histórica sobre el agua. Desde el primer metro de competencia, el costarricense firmó una estrategia impecable, manteniendo un ritmo agresivo y constante en un circuito de alta exigencia física y mental.

En el tramo final, Rojas solo fue superado por el mexicano Paulo Strehlke, una de las grandes figuras internacionales de la disciplina y reciente medallista en Copas del Mundo. Al cruzar la meta y adjudicarse el segundo lugar, el cartaginés no solo desató la alegría de todo un país al estrenar el medallero patrio, sino que además selló su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Al asegurar la medalla de plata, Jeison garantiza su lugar en las máximas justas del continente y en la tercera parada decisiva del Ciclo Olímpico hacia el sueño supremo de todo atleta.

Un camino horneado con disciplina, resiliencia y brownies

Sin embargo, detrás de esta brillante presea de plata y del pase a Lima 2027 no hay únicamente horas de entrenamiento táctico en la piscina o en mar abierto. Hay, sobre todo, una historia profundamente humana marcada por el sacrificio, la humildad y una capacidad inquebrantable para superar la adversidad.

A sus 22 años, este atleta originario de Cartago y estudiante de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) conoce a la perfección el significado de remar contra la corriente, tanto en el deporte como en la vida cotidiana. En los inicios de su carrera, cuando las convocatorias internacionales exigían presupuestos que superaban sus posibilidades económicas y el patrocinio privado aún era una quimera lejana, Jeison no permitió que la escasez de recursos ahogara sus aspiraciones.

En lugar de rendirse o esperar a que las oportunidades cayeran del cielo, el joven deportista encendió el horno de su casa. Con sus propias manos comenzó a elaborar y vender brownies de manera independiente. Tras largas jornadas de desgaste físico, dedicaba noches enteras a la repostería para luego comercializar sus productos entre amigos, conocidos y miembros de su comunidad.

Cada brownie vendido no representaba solo una transacción comercial; era la compra de un boleto de autobús, el pago de una noche de hospedaje o la inscripción a un torneo internacional. Esa faceta de emprendedor humilde y trabajador conquistó de inmediato el corazón del pueblo costarricense, que vio en él a un ejemplo viviente de dignidad, disciplina y amor por el deporte.

De la cocina a la élite del deporte internacional

La determinación de Rojas demostró que los verdaderos campeones no solo se forman en la meta, sino en la perseverancia del proceso. Con el respaldo institucional y el cariño de la gente, el cartaginés consolidó una trayectoria ascendente imparable en la región:

• Mundial de Singapur 2025: Representó con orgullo a Costa Rica al medirse contra los mejores nadadores de aguas abiertas del planeta.
• Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Logró un histórico quinto lugar en la extenuante prueba de los 10 kilómetros.
• Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Tocó la gloria al colgarse una medalla de oro memorable tras una épica final de fotografía.

La presea de plata que hoy luce sobre el pecho de Jeison Rojas no solo enorgullece a Costa Rica en el inicio de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que recuerda a toda una generación que ningún obstáculo es demasiado grande cuando existe voluntad para luchar.

Guatemala intenta resguardar unos 60,000 testimonios de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996), que documentan los abusos sufridos por la población civil a lo largo de más de treinta años de violencia. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, se desarrolla bajo presión, ya que el mandato concluye en enero de 2028. Según reportó la agencia AP, el objetivo es asegurar que estos archivos no desaparezcan ni se deterioren, tras años de abandono y riesgo de pérdida.

Los expedientes fueron recopilados por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en 2003 tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Durante una década, el PNR reunió relatos de quienes solicitaron justicia y compensación económica al Estado guatemalteco.

Los testimonios incluyen denuncias de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones forzadas, abusos sexuales y reclutamiento forzoso, además de otros delitos cometidos contra hombres, mujeres y niños en diversas regiones del país centroamericano.

La preservación del archivo se vio comprometida durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), cuando el PNR fue paralizado, abandonado y finalmente liquidado. Este proceso dejó los documentos a merced de la humedad, el deterioro físico y la dispersión, de acuerdo con el testimonio de Erick Briones, auxiliar del PNR.

“Cajas húmedas, amontonadas, expedientes incompletos, rotos”, describió el funcionario a la agencia AP. Actualmente, parte de ese material está bajo resguardo gracias a un proyecto financiado por la UNESCO, que busca recuperar y eventualmente proponer el archivo como patrimonio documental mundial, con acceso abierto para quienes deseen conocer la historia reciente de Guatemala.

Entre los testimonios rescatados figura el caso de Manuel Botom Uz, uno de los más de cien expedientes de niñez desaparecida. Su familia relató que tenía cuatro años cuando desapareció junto a sus hermanos más pequeños, tras un ataque contra su comunidad en Quiché en 1982 por parte de efectivos del ejército y patrulleros de autodefensa civil. Aunque sus hermanos regresaron al hogar, él permaneció desaparecido hasta que, veinte años después, su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina y entregado para su entierro.

El valor de estos archivos trasciende la reparación individual. Según explicó Elvin Díaz, comisionado presidencial de Derechos Humanos y responsable actual de la custodia documental, “hubo una intención de los gobiernos de Morales y Giammattei de borrar la memoria colectiva, destruir un patrimonio construido por muchos años con base en los testimonios de las víctimas, por eso es importante recuperar esa memoria y los testimonios de víctimas, resguardarlos y que pasen a ser parte (de) la memoria viva de este país”.

Las cajas, mayoritariamente de plástico azul y clasificadas por departamento, contienen relatos de crímenes que, según reportes de memoria histórica, dejaron alrededor de 200,000 muertos y cerca de 45,000 desaparecidos. El proyecto de salvaguarda prevé digitalizar los expedientes para asegurar su conservación y acceso universal.

La preocupación por la posible desaparición de estos documentos también fue alertada por organismos internacionales. Un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, tras una visita reciente a Guatemala, indicó que “principalmente (en los gobiernos de Morales y Giammattei) operó una política sistemática de desmantelamiento de las instituciones para la paz y la justicia”, según consignó AP.

La etapa actual del proyecto incluye la integración de los expedientes al Plan de Reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado, anunciado por el presidente Arévalo. La intención es centralizar la información dispersa entre instituciones públicas y organizaciones civiles, y permitir la continuidad de la reparación a las víctimas. Además, se prevé sumar casos al Mecanismo de Búsqueda Humanitaria, que busca localizar a personas desaparecidas durante el conflicto.

De acuerdo con la agencia AP, el futuro de estos archivos depende de la rapidez con que se logre su digitalización y resguardo, ante la incertidumbre política y los antecedentes de intentos de destrucción o abandono durante administraciones previas.

La delegación de República Dominicana inauguró su medallero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de plata en la prueba masculina de doble par de remos cortos ligero, gracias a la actuación de Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez.

La cita deportiva regional celebró su primera jornada de competencias oficiales en el Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón, en la provincia Monseñor Nouel, municipio Bonao. De acuerdo con el Comité Olímpico del país caribeño, la dupla dominicana finalizó en la segunda posición, solo superada por el bote venezolano integrado por José Guipe y César Amaris, que se quedó con el oro.

El bronce fue para México, representado por Rafael Mejía y Roberto Ahumada. La actuación de Rodríguez y Vásquez permitió a la delegación anfitriona subir por primera vez al podio y abrir oficialmente su cuenta de medallas en la justa regional, lo que fue destacado como un paso simbólico para el país caribeño.

La plata obtenida en el remo representa no solo un logro deportivo para República Dominicana, sino también un estímulo para el resto de la delegación anfitriona, llamada a protagonizar más actuaciones destacadas en las próximas jornadas del evento regional.

Una inauguración cargada de emoción y símbolos

La ceremonia de apertura, realizada la noche de ayer, 24 de julio, dejó imágenes imborrables para el deporte dominicano. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Félix Sánchez, doble campeón olímpico y referente del atletismo nacional, recibió la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El exatleta fue ovacionado por los presentes mientras portaba el símbolo de la competencia continental, y no pudo contener las lágrimas de alegría al recorrer parte del trayecto oficial del fuego deportivo.

Las imágenes del histórico deportista dominicano, visiblemente conmovido, circularon ampliamente en plataformas digitales y generaron muestras de respaldo de parte del público y las glorias del atletismo nacional. La emoción de Sánchez resumió el entusiasmo que despierta la organización del evento en territorio dominicano y la importancia de la cita para la identidad deportiva del país.

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 implementó un amplio operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las competiciones y la tranquilidad de atletas, delegaciones y espectadores.

Más de 500 policías han sido desplegados en las distintas sedes, según confirmó la propia organización y entidad policial. Además, las autoridades locales indicaron que la presencia policial cubre tanto los escenarios deportivos como las áreas de alojamiento, transporte y espacios públicos vinculados al evento.

Esta medida busca evitar incidentes y asegurar que la cita regional se desarrolle en un ambiente seguro, con protocolos diseñados para responder a eventuales emergencias y situaciones imprevistas. La seguridad se ha convertido en uno de los ejes prioritarios para los organizadores, que esperan una afluencia constante de público durante los días de competencia.

La cita multideportiva reúne a delegaciones de más de 20 países, con la expectativa de jornadas de alto nivel competitivo y momentos de gran significado para atletas y aficionados. El operativo de seguridad y la organización de los escenarios deportivos forman parte de los factores que buscan consolidar a la capital dominicana como un referente para eventos regionales de esta magnitud.

La medalla de plata obtenida por República Dominicana marca el inicio de la participación nacional en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada en la que el deporte, la emoción y la seguridad se convirtieron en protagonistas.

El Salvador experimenta una transformación demográfica acelerada: para 2050, el 25% de su población tendrá 60 años o más, según proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Central de Reserva (BCR).

Este proceso de envejecimiento plantea desafíos inéditos para la formulación de políticas públicas en salud, protección social y servicios, especialmente porque el fenómeno tiene un claro rostro femenino.

Un informe publicado por la UNFPA, basado en información del Laboratorio de Datos e Inteligencia Demográfica y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 (EHPM), asegura que El Salvador debe invertir en la atención de mujeres y niñas.

Actualmente, la población de El Salvador supera los 6.5 millones de habitantes, de acuerdo con la EHPM 2025. De ellos, el 51.8% son mujeres, mientras los hombres representan el 48.2%. Esta diferencia se acentúa en los grupos de mayor edad, pues las mujeres cuentan con una esperanza de vida superior y, por tanto, predominan entre las personas mayores.

El informe de la UNFPA advierte que esta tendencia se consolidará para 2050, cuando las mujeres conformen la mayoría absoluta de los adultos mayores.

La estructura demográfica nacional revela un país aún joven, aunque en transición. El 28% de la población corresponde a niños y niñas menores de 15 años y el 22% son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años.

La población económicamente activa, comprendida entre los 15 y los 59 años, suma aproximadamente el 61%. Sin embargo, el segmento de personas mayores de 60 años ya alcanza el 14%, una cifra que, de acuerdo con los cálculos de la UNFPA y el BCR, crecerá hasta el 25% en 2050.

La distribución por departamentos muestra que San Salvador sigue siendo el territorio más poblado, con cerca de 1.7 millones de habitantes. Le siguen Santa Ana, San Miguel y La Libertad. Las zonas rurales presentan una mayor proporción de adultos mayores, efecto directo de la migración interna de jóvenes hacia áreas urbanas y al extranjero.

Esta dinámica intensifica el envejecimiento rural y plantea retos adicionales para la cobertura de servicios y la cohesión social, según advirtió la UNFPA.

El informe destaca que la transición demográfica impacta de forma singular en las mujeres. De acuerdo con la EHPM 2025, 1.7 millones de adolescentes y mujeres entre 15 y 49 años requieren servicios de salud sexual y reproductiva este año. Además, 444 mil mujeres de 35 a 44 años buscan ser madres, pese a que su edad incrementa el riesgo de embarazos complejos.

La atención preventiva resulta fundamental en otros grupos de edad. Según la UNFPA, 1.3 millones de mujeres de 30 a 59 años deben realizarse exámenes periódicos para detectar cáncer de cuello uterino.

Por su parte, 1.3 millones de mujeres de 40 años o más se encuentran en la edad recomendada para buscar pruebas tempranas de cáncer de mama, una cifra que aumentará en 221 mil casos durante los próximos diez años.

La población femenina que requiere servicios para perimenopausia y menopausia también crece. En 2026, 630 mil mujeres de entre 40 y 54 años necesitan atención para estas etapas, número que subirá a 679 mil para 2036.

El grupo de mujeres de 55 años y más que demanda cuidados postmenopáusicos pasará de 714 mil en 2026 a 886 mil en 2036, según el análisis del Laboratorio de Datos e Inteligencia Demográfica.

Para la UNFPA, invertir en la salud y el bienestar de las mujeres en cada etapa de la vida genera beneficios intergeneracionales y fortalece la productividad social. La organización remarca que el país enfrenta el reto de adaptar sus sistemas de salud, seguridad social y educación a una nueva realidad donde el envejecimiento poblacional se convierte en una característica central.

Los organismos internacionales concluyen que invertir hoy en prevención, atención integral y protección social para mujeres, niñas y personas mayores permitirá aprovechar el bono demográfico actual y preparar a El Salvador para un futuro donde el envejecimiento se asocie con bienestar. El desafío consiste en garantizar que la transición demográfica se traduzca en oportunidades para toda la población.

Las primeras verificaciones de tinta indeleble para los comicios presidenciales de 2027 en El Salvador no ofrecieron los resultados esperados. Según declaraciones de Carlos Martínez, director ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) del partido VAMOS, la sustancia utilizada no logró la marca característica que exige la normativa electoral.

En declaraciones recogidas por Radio YSKL, Martínez brindó detalles tras una de las pruebas coordinadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que busca asegurar la fiabilidad de los insumos antes de su adquisición para los comicios del 27 de febrero del próximo año.

Durante el proceso, representantes de la Dirección de Organización Electoral (DOE) y técnicos de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) abrieron entre cuatro y cinco frascos de la tinta propuesta por la empresa proveedora. “Lastimosamente no manchó como debería haber manchado, sino que solo marcó una parte”, detalló Martínez, quien subrayó que el producto no cumplió con el estándar requerido para garantizar la integridad en el proceso de votación. Según Martínez, uno de los miembros de la DOE explicó ante los observadores que la evaluación se limitó a pruebas superficiales de marcaje y no incluyó ensayos químicos para verificar resistencia a sales, agua o alcohol.

La compañía proveedora —cuyo nombre no fue revelado por los responsables de la jornada— ha suministrado este insumo en procesos previos. Martínez confirmó que se trata de la misma empresa responsable en elecciones anteriores, aunque admitió no conocer la identidad de la firma. El funcionario relató que los técnicos de la Universidad se comprometieron a emitir un informe detallado sobre los resultados obtenidos en la jornada, mientras el TSE anunció que remitirá observaciones a la compañía antes de autorizar nuevas pruebas.

De acuerdo con Martínez, el Tribunal Supremo Electoral aún no ha definido cuándo se realizará la siguiente ronda de evaluaciones. “No nos dieron indicaciones”, puntualizó Martínez, y recalcó que los responsables universitarios deben entregar su análisis oficial antes para que se tomen decisiones sobre la contratación. El procedimiento forma parte de una fase previa que, según la JVE, fue incorporada en esta edición para reforzar la transparencia y la fiscalización, algo que no ocurría en administraciones pasadas, donde las pruebas se efectuaban luego de suscribir los contratos.

No obstante, el Código Electoral, en su artículo 135, literal L, faculta a la Junta de Vigilancia Electoral a “emitir opinión ante el Tribunal Supremo Electoral, sobre la calidad de la tinta indeleble u otros mecanismos que garanticen la seguridad en la emisión del voto”.

En los comicios previos, el Tribunal Supremo Electoral ha adquirido más de 9,000 frascos de tinta indeleble con un monto que ha oscilado entre 125,000 y 130,000 dólares.

La Junta de Vigilancia Electoral destacó el valor de haber sido convocada a supervisar esta etapa previa. “Para mí y para los demás directores, estuvo muy bien que nos hayan tomado en cuenta”, sostuvo Martínez en conversación con Radio YSKL. El director recordó que la función de la JVE es fiscalizar todos los procedimientos vinculados a la organización electoral y consideró positivo que los ensayos de insumos se realicen de forma anticipada.

El incidente abre interrogantes sobre la calidad de la tinta indeleble que se utilizará en las elecciones de 2027 y obliga al Tribunal Supremo Electoral a garantizar que los productos adquiridos cumplan con los estándares internacionales de seguridad y permanencia. Hasta la emisión de los informes técnicos y la realización de nuevas pruebas, la adquisición de la tinta permanece en suspenso.

Un motín en dos sectores del Centro de Detención Preventiva para Hombres de Puerto Barrios dejó dos reclusos heridos el viernes 24 de julio en Izabal y obligó al despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, en una crisis que las autoridades vincularon con el operativo lanzado un día antes para desmantelar una estructura criminal y eliminar privilegios dentro del penal.

El antecedente inmediato fue una intervención de alto impacto ejecutada el jueves 24 de julio en la misma cárcel, con el traslado de 34 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel. Esa operación incluyó requisas, demolición de construcciones no autorizadas y acciones dirigidas a golpear estructuras con presencia en Izabal y dentro del sistema carcelario.

Los Bomberos Voluntarios de la Séptima Compañía atendieron a los dos heridos y los trasladaron a centros asistenciales de la región. Uno de ellos fue llevado al Hospital de la Amistad Japón Guatemala y, hasta el cierre de la información, no se habían reportado fallecidos ni capturas adicionales.

La Dirección General del Sistema Penitenciario sostuvo que la alteración comenzó como reacción de un grupo de internos frente a las medidas aplicadas en los días previos. Según la versión oficial, otro sector de la población reclusa se negó a sumarse al motín y esa fractura derivó en un enfrentamiento entre ambos grupos.

El operativo previo incluyó decomisos, traslados y demoliciones

Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario, explicó que la intervención se organizó en tres frentes: requisas por sectores para decomisar objetos ilícitos, destrucción de infraestructura levantada sin autorización y acciones estratégicas contra redes criminales que operaban desde la prisión.

El inventario difundido por el Sistema Penitenciario reportó 55 teléfonos celulares y 14 televisores, además de licor y droga. El balance del Ejército de Guatemala amplió esa lista a 57 celulares, cuatro chips, una memoria micro SD, una memoria USB, dos paneles solares, tres radios, cuatro cargadores para radios, 14 televisores, 18 ventiladores, 16 bocinas, un sistema de audio, un sistema de aire acondicionado y un router de Internet.

El reporte militar también consignó 120 objetos punzocortantes, 724 cajetillas de cigarrillos, 430 encendedores, 57 extensiones eléctricas, 88 cables para carga de teléfonos y 320 monedas de 25 y 50 centavos. Entre las estructuras demolidas figuró un rancho VIP que, de acuerdo con la institución castrense, era utilizado para fiestas dentro del centro de detención.

En el apartado de sustancias, el mismo reporte incluyó 13 botellas de licor clandestino, cinco botellas de ron marca Venado, seis toneles de licor fermentado tipo cucha y 62 bolsas de esa bebida. La lista de drogas agregó nueve paquetes de posible marihuana, 83 cigarrillos de posible marihuana, 78 bolsas pequeñas de posible marihuana, 43 puros de posible marihuana, tres bolsas medianas de posible cocaína, 200 bolsas pequeñas de cocaína, 70 colmillos de posible cocaína, 16 pastillas de metanfetamina, 30 piedras de posible crack y ocho blísteres de papeles para posible uso de drogas.

La ONPT reclamó acceso al penal y presentó un recurso por niñas y niños que viven con sus madres

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura de la Región Norte emitió un comunicado en el que rechazó cualquier forma de violencia que pusiera en riesgo la integridad y la vida de la población reclusa. La institución pidió a las partes involucradas iniciar de inmediato un diálogo para restituir el orden y la convivencia pacífica.

La ONPT denunció además que no pudo ingresar al penal durante los incidentes por los protocolos de seguridad activados en el sector y por el cierre preventivo de calles aledañas. Por eso exigió que se autorizara el acceso inmediato de su personal de verificación y que se facilitara información oportuna a otras instituciones defensoras de derechos humanos.

La oficina informó que presentó un recurso de exhibición personal a favor de las niñas y niños que cohabitan con sus madres en el centro de detención. También anunció que elaborará un informe con recomendaciones cuando complete la recolección de datos y que realizará nuevas visitas de inspección en los días siguientes.

En un comunicado oficial fechado el 24 de julio, la Dirección General del Sistema Penitenciario afirmó que los operativos “fortalecen el control y orden penitenciarios” y advirtió que “la desarticulación de las estructuras criminales y el establecimiento del orden en los centros de detención, continuará”. López Dellachiessa añadió que todos los objetos decomisados serán destruidos conforme a los protocolos de la institución.

Panamá registró 174,383 contratos de trabajo entre enero y junio de 2026, lo que representa un incremento de 22.5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 142,391.

En términos absolutos, el mercado laboral formal incorporó 31,992 contratos adicionales, en medio de los esfuerzos del Gobierno por estimular la inversión privada y la generación de empleo.

Las estadísticas preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) muestran que los contratos definidos continúan siendo la modalidad predominante, con 94,922 registros, un aumento de 23.3% frente a los 76,998 reportados en el primer semestre de 2025.

Los contratos indefinidos también crecieron al pasar de 36,544 a 41,067 (+12.4%), mientras que los contratos por obra determinada registraron el mayor incremento proporcional, al subir de 28,849 a 38,394, equivalente a un crecimiento de 33.1%.

El dinamismo también se reflejó en el comportamiento mensual. Junio de 2026 cerró con 32,784 nuevos contratos, la cifra más alta del semestre y un aumento de casi 39% frente a los 23,557 registrados durante el mismo mes del año anterior.

Del total de contratos firmados este año, 117,898 correspondieron a hombres y 56,485 a mujeres, mientras que la Sede Central de Mitradel, que comprende principalmente la ciudad de Panamá, concentró 94,804 registros, frente a 79,579 en las direcciones regionales.

Entre las provincias con mayor cantidad de contrataciones destacaron Panamá Oeste (13,345), Chiriquí (11,800) y Colón (9,130). Pese a esta recuperación de las contrataciones formales, el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales.

El aumento de los contratos durante los primeros seis meses de 2026 se produce después de que el mercado laboral cerrara 2025 con elevados niveles de desempleo e informalidad.

La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondiente a septiembre de 2025, situó la tasa de desempleo en 10.4%, equivalente a 227,302 personas sin trabajo, mientras que la informalidad alcanzó 47.1%, lo que significa que alrededor de 785,000 personas laboraban sin un empleo formal, contrato o cobertura de seguridad social.

Como parte de las estrategias para reducir el desempleo entre los jóvenes, el Gobierno mantiene activol programa Mi Primer Empleo, una iniciativa que busca facilitar el acceso al mercado laboral mediante pasantías en empresas privadas para personas que aún no cuentan con experiencia profesional.

Desde su implementación, el programa ha logrado incorporar 909 empresas, ha recibido 11,617 aspirantes, de los cuales 9,542 fueron capacitados, mientras que 2,769 jóvenes consiguieron una inserción laboral mediante pasantías.

Solo entre enero y junio de 2026 se registraron 188 empresas participantes, 2,523 jóvenes inscritos, 500 capacitados y 721 inserciones por pasantías, de las cuales 359 correspondieron a hombres y 362 a mujeres, reflejando una participación prácticamente equilibrada entre ambos sexos.

El programa busca reducir una de las principales barreras de acceso al mercado laboral para los jóvenes: la exigencia de experiencia previa. Para ello, las empresas participantes reciben practicantes previamente capacitados por el Mitradel, quienes pueden posteriormente ser contratados de forma permanente.

Aumentan los accidentes laborales

Las estadísticas laborales también muestran un deterioro en materia de seguridad ocupacional. Entre enero y junio de 2026, el Mitradel atendió 98 accidentes de trabajo, un aumento de 63.3% respecto a los 60 casos registrados durante el mismo período de 2025.

Como consecuencia de estos accidentes resultaron afectados 96 trabajadores, frente a 65 un año antes, lo que representa un incremento de 47.7%. De ellos, 85 sufrieron lesiones no fatales y 11 fallecieron, cuatro más que las siete muertes laborales registradas durante el primer semestre de 2025.

Dentro de los casos no fatales de este año se contabilizaron 55 lesiones leves, 28 graves y dos muy graves, mientras que marzo fue el mes con mayor cantidad de accidentes, con 24 casos, seguido por mayo, con 21.

Las cifras son utilizadas por la Dirección de Inspección de Trabajo para orientar las inspecciones y fortalecer las acciones preventivas en los sectores con mayor riesgo de accidentes laborales.

Promesa

El crecimiento del empleo formal forma parte de uno de los principales compromisos asumidos por el presidente José Raúl Mulino.

Durante su informe a la Nación del 1 de julio, el mandatario afirmó que su administración impulsará las condiciones necesarias para que el sector privado genere más de 80,000 nuevos puestos de trabajo, apoyado en una mayor inversión, el desarrollo de proyectos de infraestructura y la recuperación de sectores estratégicos de la economía.

La meta del Gobierno es que la inversión privada se convierta en el principal motor para ampliar el empleo formal y contribuir a reducir tanto el desempleo como la elevada informalidad que todavía afecta a casi uno de cada dos trabajadores en Panamá.

Además de generar nuevas plazas en el sector privado, el reto consiste en que una mayor proporción de esos puestos sea de carácter indefinido, ya que la estabilidad laboral fortalece la capacidad de consumo de los trabajadores y puede traducirse en una mayor demanda de bienes y servicios, con efectos positivos sobre otros sectores de la economía.

Una operación ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) permitió localizar y destruir una extensa plantación de hoja de coca y un laboratorio rústico presuntamente destinado al procesamiento de drogas, en una zona montañosa del Parque Nacional Sierra Río Tinto, en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho.

La acción se desarrolló como parte de los operativos de las autoridades hondureñas para combatir las estructuras vinculadas con la producción y procesamiento de sustancias ilícitas en zonas de difícil acceso del territorio nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante el operativo fue localizada una plantación de aproximadamente ocho manzanas de extensión, en la que se encontraban alrededor de 56,000 arbustos de hoja de coca, con una altura aproximada de dos metros.

Los agentes procedieron con las labores de ubicación, aseguramiento, erradicación y destrucción mediante incineración de los cultivos encontrados en el área. Las dimensiones de la plantación evidencian la capacidad de producción que presuntamente mantenían las estructuras dedicadas a este tipo de actividades ilícitas en la zona.

La intervención se llevó a cabo en un sector montañoso del Parque Nacional Sierra Río Tinto, un área de difícil acceso que, según las autoridades, puede ser utilizada por organizaciones criminales para establecer cultivos ilícitos y desarrollar actividades relacionadas con el procesamiento de drogas, aprovechando las condiciones geográficas y la distancia de los centros urbanos.

Además de la plantación, los equipos antidrogas localizaron en las cercanías del cultivo un laboratorio rústico, que presuntamente era utilizado para la extracción y procesamiento de pasta base de cocaína.

La estructura fue destruida mediante incineración como parte del mismo procedimiento. El hallazgo del laboratorio representa un elemento adicional dentro de la investigación, debido a que las autoridades presumen que el lugar estaba destinado a facilitar el procesamiento de la materia prima obtenida de los cultivos de coca.

Las acciones fueron desarrolladas por funcionarios de la DNPA, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y con la autorización del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

La participación de las instituciones correspondientes permitió que el operativo se desarrollara conforme a los procedimientos legales establecidos para este tipo de intervenciones, incluyendo las labores de aseguramiento, erradicación y destrucción de los cultivos y de la estructura localizada en el área.

El operativo representa un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al establecimiento de plantaciones ilícitas y al procesamiento de sustancias relacionadas con el narcotráfico en Honduras.

La ubicación de este tipo de cultivos en zonas montañosas también plantea un desafío para las autoridades, debido a las condiciones de acceso y a la necesidad de desplegar equipos especializados para identificar las plantaciones, documentar los hallazgos y proceder con su destrucción.

En este caso, los agentes lograron intervenir una plantación de grandes dimensiones, eliminando aproximadamente 56,000 arbustos de hoja de coca que se encontraban en el lugar.

Las autoridades mantienen acciones de búsqueda y localización de posibles zonas utilizadas para la producción de drogas, especialmente en áreas boscosas y montañosas donde las organizaciones criminales intentan establecer cultivos alejados de las zonas pobladas.

La destrucción de la plantación y del laboratorio rústico impide que la producción encontrada continúe avanzando hacia las siguientes etapas del procesamiento de drogas.

Sin embargo, las investigaciones deberán determinar quiénes estarían detrás del establecimiento del cultivo y de la infraestructura localizada en sus cercanías.

La operación también refleja la coordinación entre los cuerpos policiales, el Ministerio Público y el sistema judicial para ejecutar acciones contra estructuras vinculadas con el crimen organizado.

La Fiscalía Adjunta de Heredia en Costa Rica propuso una condena de 48 años de prisión contra un hombre de apellido Ávila, declarado responsable de cometer los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de dos niñas en la comunidad de La Milpa, en Guararí de Heredia. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la provincia durante una audiencia realizada, luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del imputado por los hechos investigados.

El fallo representa el cierre de la etapa de juicio de un caso que involucró agresiones sexuales cometidas contra dos personas menores de edad en diferentes momentos. De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía, los delitos ocurrieron entre los años 2021 y 2024, período durante el cual el ahora sentenciado aprovechó la cercanía que tenía con las víctimas para cometer las agresiones.

Según estableció el Ministerio Público durante el debate, una de las niñas fue víctima de los delitos entre enero de 2021 y algún momento del año 2022. Las agresiones ocurrieron en la localidad de La Milpa, en el distrito de Guararí, una comunidad del cantón central de Heredia donde residían las personas involucradas en el proceso.

En el caso de la segunda víctima, la investigación determinó que las agresiones sexuales ocurrieron entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024. Al igual que en el primer caso, los hechos se registraron en la misma comunidad herediana y fueron incorporados en una única causa penal que permitió juzgar al imputado por los delitos cometidos contra ambas menores de edad.

Uno de los aspectos relevantes que logró acreditar la Fiscalía fue la relación que existía entre el condenado y las víctimas. De acuerdo con el expediente judicial, Ávila era el abuelastro de las dos niñas, circunstancia que le permitió mantener una relación de confianza y cercanía con ellas.

Para el Ministerio Público, esa condición fue determinante en la comisión de los delitos, ya que el imputado utilizó el vínculo familiar para acceder a las menores y aprovecharse de la vulnerabilidad propia de su edad. Ese elemento fue considerado durante el juicio para establecer la forma en que ocurrieron los hechos y la responsabilidad del acusado.

Durante el debate oral y público, la representación fiscal presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que fueron valoradas por el Tribunal Penal de Heredia. Tras analizar todos los elementos incorporados al proceso, los jueces concluyeron que existía prueba suficiente para declarar culpable al imputado por los delitos de abuso sexual y violación.

Como resultado, el Tribunal impuso una pena total de 48 años de prisión, una de las condenas más severas previstas para este tipo de delitos cuando existen múltiples víctimas y se acumulan varias conductas delictivas en un mismo proceso penal.

Aunque la sentencia ya fue dictada, esta aún no se encuentra en firme, por lo que las partes conservan el derecho de presentar los recursos que contempla la legislación costarricense. Mientras esos plazos procesales se cumplen y la resolución adquiere firmeza, el Tribunal ordenó que Ávila permanezca en prisión preventiva.

El Ministerio Público destacó que este tipo de sentencias refleja el trabajo coordinado entre fiscales, investigadores judiciales y demás operadores del sistema de justicia para esclarecer delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad y procurar que los responsables enfrenten las consecuencias penales de sus actos.

Las autoridades también recordaron que, en cumplimiento de la legislación nacional y de los principios de protección de la niñez, la identidad de las víctimas permanece bajo estricta reserva para evitar cualquier forma de revictimización y salvaguardar sus derechos.

La expectación ha alcanzado su punto más alto para el noveno combate de “La Velada del Año VI”, el emblemático evento de boxeo que se celebrará hoy 25 de julio, y promete paralizar a la comunidad hispanohablante de internet.

En esta ocasión, el cuadrilátero será testigo de un choque de titanes entre dos de los creadores de contenido más queridos y seguidos del mundo digital: el español Plex y el salvadoreño Fernanfloo. Tras un pesaje en vivo cargado de emotividad, chistes y un toque indispensable de tensión, ambos deportistas se declararon listos para dar un espectáculo inolvidable a sus fanáticos.

La cobertura del evento principal de La Velada del Año VI arrancará formalmente a las 7:00 PM (hora de España). Sin embargo, los fanáticos latinoamericanos también tienen la cita agendada desde temprano; en El Salvador, la transmisión dará inicio a las 11:00 AM y podrá verse de manera gratuita y global a través de los canales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.

Se prevé que el tan esperado duelo entre el salvadoreño y el español tome lugar aproximadamente a las 5:00 PM (hora de El Salvador), un horario estelar para que millones de espectadores sincronicen sus pantallas y apoyen a su favorito.

Un reencuentro entre campeones

El combate de hoy no es un enfrentamiento cualquiera. Tanto Plex como Fernanfloo ya saben lo que es saborear la gloria sobre el ring. Fernanfloo se coronó campeón en La Velada del Año III, mientras que Plex hizo lo propio en La Velada del Año IV tras una intensa pelea contra ElMariana. Ahora, ambos regresan buscando defender su honor y alzarse con su segundo cinturón.

Durante la charla previa conducida por Ibai Llanos, se hicieron evidentes los drásticos cambios que ambos han experimentado en sus vidas personales desde su última aparición.

El salvadoreño destacó con orgullo cómo el nacimiento de su hijo ha redefinido sus prioridades y su motivación para afrontar retos de esta magnitud. Por su parte, Plex enfatizó su evidente transformación física e integral como boxeador, asegurando que se siente una persona totalmente diferente y técnicamente muy superior al Plex que subió al ring hace dos años.

A pesar de la inminente rivalidad deportiva, la química entre ambos creadores de contenido iluminó el escenario. Entre risas, tiraderas amistosas y gestos de respeto, dejaron en claro que fuera del ring mantienen una gran relación.

Uno de los momentos más virales del pesaje se dio tras la revisión de la báscula, cuando Fernanfloo pidió posar juntos frente a las cámaras. Como era de esperarse, las redes sociales y los internautas no tardaron en reaccionar con una lluvia de memes y bromas.

Al analizar la fotografía oficial del posado, muchos usuarios señalaron entre risas que Plex luce visiblemente más marcado y musculoso que el salvadoreño. Sin embargo, esto no desanima a la comunidad salvadoreña ni a los seguidores de Fernan, quienes mantienen intacta la esperanza de que el rey de la comedia dé la gran sorpresa técnica en el ring y se acredite su segundo cinturón.

El peso pactado fijaba a Plex por debajo de los 82 kg y a Fernanfloo por encima de los 76 kg. Ambos cumplieron el objetivo sin inconvenientes:

• Plex: Registró un peso de 81.5 kg.
• Fernanfloo: Detuvo la báscula en 73.4 kg

En cuanto a los pronósticos del público, la audiencia se encuentra profundamente dividida. Curiosamente, en las encuestas en vivo, la plataforma Twitch favoreció en un 63% a Fernanfloo, mientras que en YouTube fue Plex quien tomó la delantera con un 52% de la preferencia.

El escenario está completamente montado para una velada histórica llena de emociones, disciplina y entretenimiento. La suerte está echada y hoy sabremos quién se coronará rey definitivo del ring.

La SAT recordó que el 31 de julio vence el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos en Guatemala, una obligación cuyo incumplimiento activa multas, intereses y recargos y que llega a su fecha límite mientras en el Congreso avanzan dos iniciativas para extender el pago hasta noviembre o diciembre.

Hasta el 23 de julio, la administración tributaria había registrado el cumplimiento de 4,18 millones de vehículos, equivalentes al 61,69 % del parque vehicular. Quedaban pendientes 2,60 millones de automotores, es decir, el 38,31 % del total.

La recaudación acumulada del Impuesto sobre Circulación de Vehículos alcanzaba Q. 1.012,87 millones al 23 de julio, frente a una meta anual de Q. 1.495,13 millones. Según la SAT, ese monto representa el 67,74 % de lo previsto para 2026.

El dato central para los propietarios es concreto: si el impuesto no se paga antes del 31 de julio, se aplican sanciones económicas por atraso. La legislación vigente establece, además, una multa equivalente al 100 % del impuesto omitido para quien no cancele dentro del plazo.

Más de la mitad del parque vehicular ya pagó, pero 2,60 millones siguen pendientes

La SAT informó que el parque vehicular activo asciende a 6 millones 773 mil 536 unidades. De ese total, 3 millones 474 mil 69 son motocicletas, 2 millones 867 mil 974 corresponden a vehículos particulares y 431 mil 493 a vehículos comerciales.

Las motocicletas siguen siendo el segmento más numeroso del padrón nacional, por delante de los automóviles particulares. La entidad también indicó en una actualización anterior que al 12 de julio el nivel de pago era de 49 %, con 3 millones 287 mil 281 vehículos al día y 3 millones 458 mil 312 pendientes.

Para facilitar el cumplimiento, la Superintendencia de Administración Tributaria habilitó opciones de pago a través de NeoNet, banca virtual y cajeros 5B. Todo contribuyente debe cumplir con esta obligación conforme al Decreto 70-94, Ley del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos.

Antes de iniciar el trámite, el propietario necesita tener a mano el documento personal de identificación y el número de placa. Luego debe llenar el formulario Declaraguate SAT-4091 Vehículos Circulación y generar la Boleta SAT-2000.

El pago puede completarse en línea o en un banco. Después, el contribuyente puede imprimir la calcomanía electrónica en el sitio de la SAT, en formato PDF.

El Congreso discute prórrogas hasta noviembre o diciembre

El vencimiento coincide con dos iniciativas legislativas que buscan ampliar el plazo de pago del impuesto de circulación en 2026. Una propuesta lo llevaría hasta el último día hábil de noviembre y otra hasta el 31 de diciembre.

Al 19 de julio, según datos de la SAT, había 2.979.618 vehículos pendientes de pago, equivalentes al 44 % del parque vehicular, mientras 3.780.318 ya habían cumplido, el 56 % del total. A esa misma fecha, la recaudación sumaba Q. 927,29 millones frente a la misma meta anual de Q. 1.495,13 millones.

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, presentó una iniciativa para crear una ley temporal que amplíe el plazo hasta noviembre. El legislador sostuvo que la medida busca apoyar la economía de la población afectada por el alza de los combustibles.

Rodríguez afirmó que la prórroga permitiría administrar mejor los ingresos de los contribuyentes, reducir la morosidad y fortalecer la recaudación. También subrayó: “Esta medida no constituye una exoneración o modificación a la carga tributaria establecida, legislada y vigente”.

En paralelo, diputados del bloque Vamos, encabezados por el jefe de bancada Allan Rodríguez, presentaron ante la Dirección Legislativa otra iniciativa para reformar temporalmente la ley y mover el vencimiento hasta el 31 de diciembre. Los ponentes argumentaron que el objetivo es dar alivio económico a las familias ante el aumento de la canasta básica y de los combustibles.

Esa segunda propuesta incluye un punto adicional: plantea exonerar temporalmente multas, recargos e intereses a quienes no hayan pagado dentro del período establecido. Sus impulsores señalaron que la reforma tendría que entrar en vigor antes del 31 de julio para que el beneficio pudiera aplicarse a tiempo.

Byron Rodríguez añadió que el mal estado de la infraestructura vial obliga a muchos usuarios a asumir gastos extra en reparaciones. También cuestionó la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que situó en 22 %, y sostuvo que ese nivel contrasta con el costo que afrontan los conductores por el deterioro de las carreteras.

La nueva plataforma Mi Farma Digital superó las 150 mil visitas durante sus primeras 36 horas de funcionamiento, una cifra que, más allá del interés por una nueva herramienta tecnológica, pone nuevamente en evidencia uno de los problemas históricos que enfrentan miles de asegurados panameños: la incertidumbre sobre si encontrarán o no los medicamentos recetados por los propios médicos de la Caja de Seguro Social (CSS) cuando acuden a una farmacia institucional.

Durante décadas, la falta recurrente de medicamentos ha obligado a pacientes con enfermedades crónicas, jubilados, pensionados y trabajadores cotizantes a recorrer varias instalaciones de la CSS o, en muchos casos, comprar de su propio bolsillo los tratamientos que deberían recibir como parte de las prestaciones financiadas con los descuentos aplicados mensualmente a sus salarios.

Ese escenario explica, en parte, la rápida acogida que tuvo la nueva plataforma, diseñada para que los usuarios consulten desde cualquier dispositivo con acceso a internet si un medicamento forma parte del cuadro básico de la institución, en qué farmacia se encuentra disponible y cuál es el nivel de abastecimiento existente, evitando desplazamientos innecesarios.

El director general de la CSS, Dino Mon, aseguró que la herramienta representa un cambio en la forma en que la institución se relaciona con los asegurados, al poner a disposición del público la misma información que utilizan internamente para administrar el inventario de medicamentos.

“No presentamos una aplicación; presentamos una nueva forma de relacionarnos con los asegurados. Por primera vez, los ciudadanos tienen en sus manos la misma información oficial que utiliza la CSS para administrar sus medicamentos”, afirmó Mon durante la presentación oficial de la plataforma.

El funcionario explicó que el sistema busca ofrecer mayor transparencia y permitir que los pacientes puedan planificar sus visitas a las farmacias de la institución, reduciendo el tiempo invertido en filas, traslados y búsquedas que muchas veces terminaban sin éxito.

La plataforma incorpora dos modalidades de consulta. La primera permite verificar rápidamente si un medicamento está disponible y en cuál instalación puede retirarse. La segunda ofrece información más detallada sobre inventarios, consumo diario, disponibilidad proyectada, tipo de compra, proveedor y otros elementos relacionados con la gestión del abastecimiento.

Uno de los aspectos más novedosos es que el sistema muestra por primera vez los 572 medicamentos que integran la Lista Oficial de Medicamentos de la CSS, dejando claro cuáles tratamientos están cubiertos por la institución y cuáles no forman parte de su cuadro básico, independientemente de que sean recetados por un médico.

Además, la plataforma incorpora un sistema de semáforos que alerta cuando las existencias de un medicamento comienzan a disminuir, utilizando información de inventarios que se actualiza permanentemente durante el día.

También permite realizar búsquedas por nombre comercial o genérico, provincia y unidad ejecutora, sin necesidad de crear una cuenta o utilizar una contraseña.

De acuerdo con la CSS, la institución mantiene actualmente 93% de disponibilidad nacional de medicamentos, distribuidos a través de 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país. La herramienta fue desarrollada tras integrar miles de registros relacionados con inventarios, reservas de pacientes, consumo diario y movimientos de abastecimiento.

Para Mon, uno de los principales aportes de Mi Farma Digital será que los propios asegurados puedan fiscalizar el nivel de abastecimiento y exigir mejoras en el servicio cuando detecten deficiencias.

El director de la CSS sostuvo que el objetivo es que el paciente tenga la certeza de que, antes de salir de su casa, podrá conocer si el medicamento está disponible y decidir a cuál instalación acudir.

También indicó que la información publicada busca eliminar dudas sobre la cobertura de determinados tratamientos y hacer más transparente la gestión de inventarios.

La rápida adopción de la plataforma también puede interpretarse como un reflejo de la necesidad acumulada de los asegurados. Para miles de pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otros padecimientos crónicos, conocer con anticipación la disponibilidad de un medicamento no representa únicamente un ahorro de tiempo o dinero, sino la posibilidad de evitar interrupciones en tratamientos esenciales y reducir la incertidumbre que durante años ha acompañado las visitas a las farmacias de la Caja de Seguro Social.

En ese sentido, el verdadero desafío para la institución no será únicamente mantener actualizada la plataforma, sino garantizar que la información refleje un abastecimiento suficiente y sostenido. De poco servirá que un paciente pueda verificar en línea la existencia de un medicamento si, al llegar a la farmacia, continúa enfrentando el mismo problema que históricamente ha marcado la atención farmacéutica de la CSS: la falta del tratamiento que necesita para cuidar su salud.

La llegada al Centro Penitenciario La Reforma de Alejandro Arias Monje, conocido el alias de “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, ha provocado la implementación de quince medidas de máxima seguridad sin precedentes en Costa Rica. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció el despliegue de un protocolo que restringe cualquier contacto con el exterior y refuerza la vigilancia en todos los niveles, tras el exitoso traslado de ambos internos.

De acuerdo con Aguilar, ambos delincuentes permanecen desde anoche en celdas individuales bajo el régimen más estricto del Sistema Penitenciario Nacional.

“Ambos serán recluidos en celdas individuales de la mayor contención y aislamiento con el que cuenta el sistema”, afirmó Aguilar Vargas durante el anuncio. La vigilancia directa las veinticuatro horas recae en Unidades Tácticas Especializadas, como la Unidad de Intervención Especial (UEI) y la Unidad de Acción Especial (UEA), ambas dependientes del Poder Ejecutivo.

El protocolo prohíbe cualquier tipo de contacto con familiares para los dos detenidos. “Quedan estrictamente prohibidas las visitas familiares y las visitas íntimas para estos dos sujetos”, aclaró Aguilar Vargas en un mensaje dirigido tanto a medios nacionales como a los familiares de los internos. El ministro también detalló que los contactos con abogados sólo podrán realizarse a través de locutorios y sin contacto físico, lo que blinda aún más la seguridad y evita filtraciones de información.

El plan de seguridad incluye la prohibición absoluta de traslados médicos fuera de la prisión. Toda atención sanitaria se brindará en las mismas celdas bajo estrictas normas de control. Además, los internos no podrán acceder a pertenencias personales, sino únicamente a insumos básicos de higiene proporcionados por el Ministerio.

“Se prohíben terminantemente las llamadas semanales de alias el ‘Diablo’ y alias Monje, ya sea a sus familiares o a quien ellos quieran llamar”, indicó el ministro. En cuanto a la rutina diaria, se estableció que ninguno de los internos podrá salir al patio ni acceder a la llamada “hora de sol”, permaneciendo en sus celdas las veinticuatro horas.

El perímetro del complejo penitenciario La Reforma está resguardado por la Fuerza Pública, que patrulla de manera permanente. El ministro Aguilar Vargas confirmó que en las torres de vigilancia, próximas a las celdas de ambos internos, se han ubicado francotiradores de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, lo que añade un nivel adicional de disuasión y control.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIFS) mantiene presencia constante para identificar posibles amenazas y prevenir incidentes dentro del penal. Además, se implementó una bitácora estricta para registrar a todo funcionario que tenga contacto con los internos, y se exigió que los policías destacados en áreas de máxima seguridad utilicen pasamontañas para proteger su identidad.

Aguilar Vargas adelantó que propondrá al Poder Judicial que todas las audiencias de ambos reclusos se realicen de forma virtual, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo vinculado a traslados fuera del penal. La medida se extiende a todo el complejo occidente, suspendiendo temporalmente las visitas generales para los internos de La Reforma, la cárcel de San Rafael, la cárcel del Birilla, el módulo de adultos mayores y Terrazas.

Ante la consulta por amenazas internas, Aguilar Vargas aseguró que ambos internos se encuentran en “las celdas de más alta contención y de más alta seguridad, así que no corren ningún peligro”. El ministro también dirigió un mensaje a los familiares de los oficiales del CEOP heridos durante la operación de arresto, expresando su solidaridad y reconocimiento al trabajo coordinado entre el Ministerio, la Fiscalía y el OIJ.

Al ser consultado por la prensa, Aguilar Vargas confirmó que es “la primera vez que se aplican estos quince puntos en la historia del país”. El operativo marca un precedente para el sistema penitenciario de Costa Rica, estableciendo un nuevo estándar de seguridad frente a internos considerados de alta peligrosidad y relevancia nacional.

Más de 700,000 habitantes de Guanacaste serán los principales beneficiarios de una serie de proyectos de infraestructura financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que buscan fortalecer la conectividad, mejorar el acceso a servicios esenciales y promover el desarrollo económico y social de la provincia del Pacífico Norte de Costa Rica.

Las inversiones incluyen tanto obras actualmente en ejecución como proyectos ya concluidos, consolidando al BCIE como uno de los principales organismos multilaterales que respaldan el desarrollo de la región. Entre las iniciativas destacan el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) y el Proyecto de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PAACUME), considerados dos de los programas de mayor impacto para la provincia.

Uno de los proyectos con mayor alcance es PROERI, que contempla una inversión superior a los 45 millones de dólares destinada a la construcción y rehabilitación de infraestructura afectada por fenómenos naturales y al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.

El programa comprende 26 obras distribuidas en nueve de los once cantones guanacastecos. Entre ellas se encuentran la construcción y rehabilitación de 15 puentes, cinco tramos de carretera y seis centros educativos, obras que buscan mejorar la movilidad, facilitar el acceso a servicios y reforzar la seguridad de miles de personas que diariamente dependen de esta infraestructura.

De acuerdo con el BCIE, varias de estas intervenciones ya muestran avances importantes. El puente sobre el río Chingo, ubicado en el cantón de La Cruz, se convirtió en la primera obra finalizada dentro del programa durante 2025 y actualmente beneficia a más de 2,000 habitantes de la zona.

A esta infraestructura se suman los nuevos puentes sobre los ríos Gallina y Carrizal, en el cantón de Carrillo, que entraron en funcionamiento durante junio de este año. Estas obras mejoran la conectividad para más de 9,000 personas y facilitan el tránsito de visitantes hacia diversos destinos turísticos de Guanacaste, una de las principales regiones turísticas del país.

El componente educativo también forma parte de las inversiones impulsadas por el organismo regional. La construcción de la nueva Escuela Matías Duarte Sotela, ubicada en la comunidad de El Cacao de Santa Cruz, se encuentra en su fase final y se prevé que concluya durante el mes de agosto.

Mientras tanto, otras obras contempladas en PROERI continúan avanzando en diferentes etapas administrativas y constructivas, que incluyen procesos de adjudicación, formalización de contratos y ejecución de trabajos, con el objetivo de ampliar el impacto del programa en distintos cantones de la provincia.

Otro de los proyectos estratégicos financiados por el BCIE es el Proyecto de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PAACUME), considerado una de las iniciativas de infraestructura hídrica más importantes del país.

La institución multilateral aporta 425 millones de dólares para esta obra, la cual presenta un avance general del 21,6 %. Actualmente se desarrollan trabajos relacionados con la captación y conducción de agua, la construcción del camino de acceso al proyecto, el canal temporal de riego y las excavaciones necesarias para la toma de aguas.

Asimismo, el BCIE informó que la línea de distribución eléctrica que abastecerá las obras se encuentra prácticamente concluida. Esta infraestructura permitirá, en una etapa posterior, incorporar la energía generada al Sistema Eléctrico Nacional y respaldar el funcionamiento del proyecto.

Cuando entre en operación, PAACUME busca garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, fortalecer los sistemas de riego agrícola y brindar mayor disponibilidad del recurso hídrico para actividades productivas, en una provincia donde la gestión del agua constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y la adaptación al cambio climático.

Además de los proyectos que actualmente están en ejecución, el BCIE destacó otras inversiones ya finalizadas que han contribuido al desarrollo de Guanacaste. Entre ellas sobresale la nueva torre de hospitalización del Hospital de La Anexión, en Nicoya, que fortaleció la capacidad de atención médica de la región.

También figura el Proyecto Geotérmico Las Pailas, reconocido como una de las principales iniciativas de generación de energía renovable del país, así como la ampliación y mejoramiento del Acueducto de Bagaces, obra que incrementó la capacidad de abastecimiento de agua para las comunidades del cantón.

Con estas inversiones, el BCIE reafirma su estrategia de apoyar proyectos de infraestructura que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan la resiliencia de las comunidades y mejoren la calidad de vida de cientos de miles de habitantes de Guanacaste, mediante obras que buscan responder tanto a las necesidades actuales como a los retos de desarrollo que enfrenta la provincia.

Los mensajes de texto presentados ante un tribunal de Los Ángeles muestran que Celeste Rivas Hernández, hija de padres salvadoreños, quedó embarazada a los 13 años y abortó en enero de 2024, más de un año antes de morir apuñalada, en una audiencia en la que la Fiscalía intenta que David Burke, el cantante conocido como D4vd, sea juzgado por asesinato y por una relación sexual que, según su acusación, comenzó cuando ella era menor y él tenía 18.

El cuerpo de la adolescente fue hallado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero delantero de un Tesla registrado a nombre de Burke, casi cinco meses después de que, según las autoridades, la joven fuera recogida el 23 de abril en Lake Elsinore, a unos 129 km de Los Ángeles. El médico forense declaró que no pudo establecer con precisión la fecha de la muerte por el avanzado estado de descomposición y sostuvo que llevaba muerta “al menos semanas”, aunque también podían haber sido meses.

Según Telemundo 52, en el intercambio de mensajes de principios de enero de 2024, Burke se disculpó con la adolescente por “haberla hecho pasar por esto” en referencia al embarazo y posterior aborto de la joven. Ante esas palabras, la adolescente respondió: “Está bien, ninguno de los dos es capaz de cuidar al bebé. Es lo mejor, ¿no?”.

Más tarde, él volvió a disculparse y preguntó si el bebé era suyo. La respuesta contundente de la joven fue “por supuesto que es tuyo, David”.

La audiencia preliminar que se desarrolla en Los Ángeles busca determinar si Burke debe ir a juicio por el asesinato de Rivas Hernández. La Fiscalía sostiene que el músico comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 años y que después la mató cuando ella amenazó con revelar la relación y arruinar una carrera musical que, de acuerdo con la acusación, ya le había generado millones.

Los fiscales también alegan que desmembró el cuerpo en su garaje. Un analista policial declaró que muestras obtenidas de aparentes manchas de sangre coincidían con el ADN de la menor.

Durante la jornada del viernes, la acusación dedicó varias horas a exponer la naturaleza de la relación entre ambos. De acuerdo con Telemundo 52, en la sala se mostraron fotografías de la pareja besándose y acostados en una cama, y las imágenes dejaban ver que la adolescente tenía tatuado “David” en tinta roja en un dedo, uno de los dos que le habían amputado cuando se encontró el cuerpo.

El detective de la policía de Los Ángeles, Corey Farrell, describió que había más de 30 fotografías recuperadas del iPhone de Burke que no pudieron exhibirse en el tribunal por su contenido explícito. Según su testimonio, en esas imágenes Rivas Hernández tenía 13 y 14 años.

La madre de la adolescente, Mercedes Martínez, rompió a llorar mientras el detective empezaba a detallar el contenido de esas fotografías. Su padre bajó la mirada, y poco después ambos abandonaron la sala, acompañados por la fiscal adjunta Beth Silverman, que se acercó a consolar a la madre.

Los mensajes hablaron de anticoncepción, embarazo y aborto

Las imágenes fueron extraídas del teléfono de Burke, incautado durante un registro en su domicilio. Las conversaciones recuperadas de su cuenta de iCloud trataban con frecuencia sobre anticoncepción y embarazo, y en enero de 2024 se centraron en el aborto.

Meses después, en otro mensaje leído en la audiencia, la adolescente escribió que lamentaba haberle quitado la vida a “un bebé inocente”. En otro intercambio, le preguntó a Burke si alguien sabía que mantenían relaciones sexuales, y él contestó: “No, y quiero que siga siendo así hasta que nos casemos”.

La publicación informó que Rivas Hernández cumplió 14 años en septiembre de 2024 y poco después viajó con Burke a Londres y a Texas para conocer a su familia. Los mensajes posteriores, según el testimonio, mostraban una relación cada vez más tensa.

En noviembre de 2024, ella escribió: “Tuve relaciones sexuales contigo casi un año seguido”. Él respondió que ella actuaba como si se tratara de su primera ruptura, cuando en realidad era la octava.

La autopsia confirmó dos heridas punzantes y dejó dudas sobre el tiempo de muerte

El doctor Grant Ho, del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, declaró que la causa de muerte fueron dos heridas punzantes en la parte superior del cuerpo. Una perforó el hígado desde el abdomen y la otra dañó las costillas en el lado izquierdo del pecho.

Ho explicó que había otras lesiones en la piel que podían haberse producido después de la muerte. Según Telemundo 52, también dijo que la descomposición impedía determinar con exactitud cuándo ocurrió el homicidio. Ante una pregunta de Silverman sobre si la víctima había llegado a cumplir 15 años, el forense respondió que no.

La defensa, encabezada por la abogada Marilyn Bednarski, interrogó al médico sobre las pruebas toxicológicas. Ho explicó que solo pudieron realizarse sobre el hígado porque no había muestras de sangre, que inicialmente apareció un resultado positivo para benzodiacepinas y metanfetamina, pero que el primero fue descartado tras pruebas adicionales y el segundo quedó como no concluyente.

El forense dijo: “No puedo afirmar que haya tenido alguna relación con la muerte”. De acuerdo con el medio, confirmó que la descomposición puede afectar la precisión de esas pruebas y aceptó que el informe toxicológico no aportaba información suficiente para sostener una muerte por sobredosis.

Bednarski preguntó además si en una autopsia puede ser útil hablar con familiares o amigos sobre la vida de la persona fallecida, su salud mental, si tenía ideas suicidas, si consumía drogas con frecuencia o si era violenta. Ho respondió “potencialmente” en cada caso, pero indicó que en esta investigación no se realizaron esas conversaciones.

Bajo el nombre artístico de D4vd, pronunciado “David”, Burke alcanzó notoriedad como fenómeno musical adolescente con una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Sus canciones, entre ellas “Romantic Homicide”, lanzada en 2022, acumulan más de mil millones de reproducciones en TikTok, Soundcloud y Spotify; fue telonero de SZA en 2023, actuó en Coachella en 2024 y publicó su primer álbum, Withered, dos días después de la fecha en que las autoridades sitúan la muerte de Rivas Hernández.

El detective Farrell volverá al estrado el lunes para el quinto y, probablemente, último día de la audiencia preliminar.

La representante del departamento de La Paz en Miss Universo El Salvador 2026, Alejandra Ortiz, se ha convertido en un referente para la visibilidad y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en el país.

Con 23 años, estudiante avanzada de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador y miembro activo de la Fundación AFROOS, Ortiz utiliza la plataforma del certamen para promover la inclusión y el orgullo por las raíces afrodescendientes e indígenas salvadoreñas.

Nacida de madre salvadoreña y padre colombiano, Alejandra Ortiz ha hecho de su experiencia personal un motor para su labor social.

En declaraciones recogidas por la propia fundación, Ortiz afirma: “Durante mucho tiempo, muchas personas crecieron creyendo que ciertos sueños no estaban hechos para ellas, que el color de su piel, el tipo de su cabello o la realidad en la que nacieron definirían hasta dónde podían llegar”.

Esta percepción, según la joven, ha impulsado su compromiso con la representación y la igualdad de oportunidades para niñas, niños y jóvenes del país.

Como vocera de la Fundación AFROOS, Ortiz participa en iniciativas cuyo objetivo es visibilizar la identidad afrodescendiente en El Salvador.

Su trabajo se centra en la educación, la promoción cultural y el acompañamiento a familias y comunidades históricamente excluidas, con énfasis en la niñez y la juventud. “No se trata solo de visibilizar a la comunidad afrodescendiente; se trata de recordarles a niños, niñas y jóvenes que su valor no depende de cómo lucen, sino de quiénes son, de sus capacidades y de los sueños que se atreven a perseguir”, expresa Ortiz.

La joven estudiante reconoce la importancia de la representación y su impacto en la autoestima y el sentido de pertenencia de las personas afrodescendientes. “Como mujer afrodescendiente, conozco el poder que tiene la representación. Sé lo que significa crecer sin verse reflejada en ciertos espacios y también sé lo transformador que puede ser ver a alguien que te recuerde que tú también perteneces”, señala.

Su participación en Miss Universo El Salvador 2026 trasciende los límites de la competencia. Ortiz la define como una oportunidad para abrir espacios de conversación, romper estereotipos y mostrar que el talento, la inteligencia y el liderazgo no dependen del color de la piel.

“Mi camino hacia Miss Universo El Salvador es mucho más que una competencia. Es una oportunidad para abrir conversaciones, derribar estereotipos y demostrar que el talento, la inteligencia, el liderazgo y la capacidad de soñar no tienen color”, sostiene.

Ortiz también comparte su anhelo de un país donde la diversidad sea motivo de orgullo y no de exclusión. “Sueño con un país donde ningún niño o niña sienta que debe cambiar quién es para ser aceptado, un país donde nuestras diferencias sean motivo de orgullo y no de exclusión, que las oportunidades estén determinadas por nuestros esfuerzos, nuestros valores y nuestro trabajo, nunca por nuestros rasgos físicos o nuestra condición social”, afirma.

Para la representante de La Paz, el origen de una persona cuenta su historia, pero no debe limitar su futuro.

En su rol como portavoz de la Fundación AFROOS, Ortiz sostiene que cada paso dado en el certamen suma a una causa colectiva. “Y si mi voz puede ayudar a que una sola persona crea más en sí misma, entonces todo este camino habrá valido la pena”, declara.

La presencia de Alejandra Ortiz en el certamen nacional se distingue por su capacidad para resignificar espacios tradicionalmente asociados con estándares de belleza excluyentes y por su apuesta a la representación y el liderazgo social en El Salvador.

“Mi primer pilar que me motiva a estos espacios es mi abuela, porque veo la oportunidad que le quitaron para poder estudiar por ser una persona negra”, afirma Ana Yency Lemus, directora de la Fundación Afrodescendientes Salvadoreños (AFROOS).

La discriminación sufrida por su familia marcó el inicio de una trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de la comunidad afrodescendiente en El Salvador.

Desde los 14 años, Ana Yency se involucró en organizaciones sociales. Su interés por las personas en situación de vulnerabilidad la llevó a especializarse como internacionalista y en formulación de proyectos, siempre enfocada en el servicio a las comunidades.

“Desde siempre he trabajado por poblaciones vulnerables y me ha gustado poner toda mi profesión y todo lo que soy al servicio de las comunidades”, expresó en una entrevista con Infobae.

El proceso de autorreconocimiento fue determinante en su vida. En 2011 decidió identificarse como afrodescendiente, un paso que la impulsó a fundar, en 2019, Afrodescendientes Salvadoreños.

“Afro fue fundada antes de ser creada, porque ya en el 2011 veníamos trabajando sobre la fundación”, recordó. La organización surgió inicialmente como un espacio de encuentro y diálogo entre personas con raíces africanas, antes de consolidarse como una fundación que promueve proyectos de impacto nacional.

El trabajo de AFROOS se estructura sobre tres indicadores para el autorreconocimiento: las características físicas, la genealogía y la pertenencia territorial. “Contamos con tres indicadores étnicos que ayudan a que una persona se pueda autorreconocer como una persona afrodescendiente”, explicó Ana Yency. Esta metodología ha permitido que más personas en El Salvador exploren su historia familiar y se reconozcan como parte de la comunidad afrodescendiente.

Uno de los logros más relevantes de la fundación ha sido la incidencia en el censo nacional, que hoy permite que las personas afrodescendientes sean reconocidas en las estadísticas oficiales. “Ese es un logro de Afros, poder haber incidido en el censo a nivel nacional”, aseguró. Además, la fundación ha impulsado iniciativas como la Escuela Afro Miguel Ángel Ibarra, la Casa Francisca dirigida a mujeres afrodescendientes y festivales que celebran la herencia cultural afro en distintas regiones del país.

Ana Yency también ha representado a la comunidad en el Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas y en la Secretaría General de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), llevando la experiencia salvadoreña a escenarios internacionales y fortaleciendo la articulación regional.

Su trabajo la ha llevado a ser la primera mujer afrodescendiente de El Salvador en ser incluida en la prestigiosa lista de las 50 Mujeres Poderosas de Forbes Centroamérica.

El protagonismo de las mujeres afrodescendientes es visible en la labor de AFROOS. Según la directora, el 50% de quienes se reconocen como afrodescendientes en el país son mujeres. Su presencia se extiende a espacios de belleza, ciencia, literatura, moda y academia. “Hoy en día hay varias mujeres que están dentro de estos espacios del teatro. Es algo muy bueno porque impacta positivamente a otras mujeres”, destacó.

A pesar de los avances, los prejuicios persisten. Ana Yency sostiene que ha recibido múltiples comentarios por su apariencia física “Por ejemplo, en mi caso con mi tez, las personas no asumen mi afrodescendencia porque me dicen: Es que eres muy clara. Las personas me quieren ver el cabello liso, no me quieren ver rizada porque no es el patrón que están acostumbrados a ver. Entonces ese es racismo, el que existe”, reflexionó Ana Yency.

La fundación continúa trabajando para crear espacios de autorreconocimiento y defensa de los derechos afrodescendientes en El Salvador.

La Secretaría de Energía (Sen) informó este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que regirá en Honduras a partir del lunes 27 de julio de 2026, la cual contempla incrementos para la gasolina superior, gasolina regular, diésel, kerosene y GLP vehicular.

El único derivado que mantendrá su valor será el GLP doméstico, gracias al subsidio que continúa aplicando el Gobierno.

El ajuste representa un nuevo incremento para los consumidores hondureños, especialmente para quienes utilizan vehículos particulares, transporte de carga o actividades productivas que dependen del uso de combustibles.

Kerosene registra el mayor aumento

El combustible que experimentará el mayor incremento será el kerosene, cuyo precio aumentará L5.73 por galón en Tegucigalpa y L5.59 en San Pedro Sula.

En la capital, este derivado pasará de costar L103.66 a L109.39 por galón, mientras que en la ciudad industrial alcanzará un nuevo precio de L106.05.

También el diésel registrará un ajuste importante. En Tegucigalpa subirá L3.67, para venderse a L124.26, mientras que en San Pedro Sula aumentará L3.61, hasta ubicarse en L120.95.

Nuevos precios en Tegucigalpa

La gasolina superior incrementará L3.32, alcanzando un nuevo precio de L135.16 por galón.

Por su parte, la gasolina regular subirá L1.70, por lo que los consumidores deberán pagar L123.73.

El GLP vehicular también tendrá un incremento de 35 centavos, situándose en L47.96 por galón.

En contraste, el GLP doméstico conservará su precio en L249.62, debido a que continúa vigente el apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno.

San Pedro Sula también reporta alzas

En San Pedro Sula, la gasolina superior aumentará L3.17, hasta alcanzar un precio de L131.83 por galón.

La gasolina regular tendrá un incremento de L1.64, ubicándose en L120.45, mientras que el kerosene subirá L5.59, hasta L106.05.

El diésel costará L120.95, luego de un ajuste de L3.61 por galón.

Asimismo, el GLP vehicular aumentará 35 centavos, llegando a L44.43, mientras que el GLP doméstico permanecerá en L228.47 gracias al subsidio estatal.

GLP doméstico mantiene el subsidio

La estructura de precios publicada por la Secretaría de Energía confirma que el GLP doméstico seguirá beneficiándose del subsidio gubernamental, por lo que las familias hondureñas no enfrentarán variaciones en este combustible durante la próxima semana.

En cambio, el resto de los derivados del petróleo registrarán incrementos que comenzarán a aplicarse desde las primeras horas del lunes 27 de julio en todas las estaciones de servicio del país.

Como ocurre cada semana, los nuevos precios responden a la actualización realizada por la Secretaría de Energía con base en el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos y otros factores que inciden en la estructura de costos. Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta el siguiente ajuste semanal que anuncie la institución.

En una operación realizada en la zona de Río Angue, municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana Norte, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó este viernes 24 de julio que localizó un total de 177 paquetes de mercadería de contrabando en estado de abandono, cuyo valor asciende aproximadamente a USD 4,956.

El hallazgo tuvo lugar como parte de los patrullajes preventivos en el marco de las acciones de la FAES para combatir el tráfico ilícito en puntos fronterizos del país.

“En Río Angue, Metapán, Santa Ana Norte, ubicamos en estado de abandono 177 paquetes de mercadería de contrabando, con un valor aproximado de $4,956.00″, expuso la FAES por medio de redes sociales.

Según confirmó a través de sus canales oficiales, la mercadería decomisada fue entregada a la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) para cumplir con el procesamiento correspondiente. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este operativo. “La mercadería se encontró en estado de abandono y fue entregada a la PNC para continuar con las diligencias legales”, detalló la institución castrense.

La mercadería incautada está compuesta principalmente por productos sin conocer su origen y que, según las autoridades, suelen introducirse al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras vigentes.

El monto estimado de la carga, el cual asciende a casi USD 5,000, fue calculado tras un inventario preliminar realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil.

Refuerzan patrullajes y decomisos

El despliegue de personal militar en la zona de Río Angue responde a las directrices establecidas por el Plan Control Territorial, una estrategia impulsada por el Gobierno de El Salvador con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir las actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.

De acuerdo a la Fuerza Armada de El Salvador, “estos patrullajes continuarán intensificándose en zonas consideradas de alto riesgo para el tráfico ilegal de mercancías”.

Las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en rutas identificadas como corredores de contrabando, logrando decomisos significativos tanto de mercadería como de sustancias ilícitas, aunque en esta ocasión no se reportaron capturas.

En respuesta a la detección de nuevas rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en corredores identificados como puntos críticos de contrabando, logrando decomisos relevantes tanto de mercadería como de sustancias ilícitas. En esta ocasión, no se reportaron capturas de personas vinculadas a las actividades investigadas, aunque los operativos continúan en la zona.

Las investigaciones sobre el origen y el posible destino de los productos incautados permanecen abiertas. Las autoridades mantienen la hipótesis de la existencia de redes organizadas que operan en la región y no descartan la ejecución de nuevas acciones en la zona de Santa Ana Norte y en otros puntos fronterizos, donde el flujo constante de mercadería ilegal representa un desafío persistente para la seguridad nacional y la integridad del sistema aduanero.

“Continuamos ejecutando operaciones para combatir el contrabando y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas del país”, recalcó la FAES en redes sociales.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una nueva reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasará de 3.25% a 3.00% anual, tras acordar un recorte de 25 puntos base. La decisión responde a un escenario en el que la inflación permanece por debajo de la meta institucional y la economía muestra señales de desaceleración, aunque el banco mantiene cautela ante la incertidumbre del entorno internacional.

La autoridad monetaria explicó que la medida se adoptó luego de analizar las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales. Entre los principales factores que influyen en el panorama global figuran los conflictos geopolíticos, cuya reciente intensificación mantiene elevados los niveles de incertidumbre, así como la evolución de los precios internacionales de las materias primas y los posibles efectos de fenómenos climáticos extremos sobre la producción agrícola y la generación de electricidad.

De acuerdo con el Banco Central, estos elementos representan riesgos al alza para la inflación, aunque todavía existe incertidumbre sobre el momento en que podrían materializarse, la magnitud de su impacto y el tiempo durante el cual podrían afectar la economía.

En el ámbito nacional, la entidad observó una desaceleración en el crecimiento de la actividad económica. Este comportamiento no solo se refleja en las empresas que operan bajo regímenes especiales, sino también en aquellas pertenecientes al régimen definitivo, lo que evidencia una moderación más generalizada del ritmo de producción.

El mercado laboral también muestra señales de menor dinamismo. Según el análisis realizado por la Junta Directiva, la cantidad de personas ocupadas se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses, mientras que los ingresos reales registran una ligera disminución, un comportamiento que refleja un menor impulso en la economía interna.

Uno de los elementos que más influyó en la decisión fue la evolución de la inflación. El Banco Central señaló que el indicador continúa por debajo del rango de tolerancia establecido alrededor de la meta del 3%. Incluso, al cierre de junio de 2026, la inflación interanual se ubicó en terreno negativo, mientras que el promedio de los indicadores de inflación subyacente permanece cercano al 0% desde febrero.

A este comportamiento se suma que las expectativas de inflación tanto a corto como a mediano plazo también permanecen por debajo de la meta oficial, de acuerdo con la información disponible durante la discusión de política monetaria. Para las autoridades, este escenario evidencia que las presiones inflacionarias continúan siendo limitadas.

El análisis del Banco Central también concluyó que los principales indicadores monetarios y financieros mantienen un crecimiento compatible con la estabilidad de precios. En otras palabras, el comportamiento del crédito, la liquidez y otras variables financieras no representa, por ahora, una amenaza para el objetivo de mantener la inflación controlada.

Con este panorama, la Junta Directiva consideró que existía margen suficiente para reducir nuevamente la Tasa de Política Monetaria sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

La TPM constituye el principal instrumento que utiliza el Banco Central para influir sobre las tasas de interés del sistema financiero y, en consecuencia, sobre el costo del crédito, el consumo, la inversión y la actividad económica. Una disminución en esta tasa suele traducirse, gradualmente, en condiciones de financiamiento más favorables para hogares y empresas, aunque el efecto depende de la velocidad con que las entidades financieras trasladen ese ajuste a sus clientes.

Pese a la reducción anunciada, el Banco Central reiteró que continuará monitoreando de cerca la evolución de la economía nacional e internacional. La institución reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la meta de inflación del 3% y aseguró que ajustará nuevamente la Tasa de Política Monetaria en la dirección que corresponda si las condiciones macroeconómicas o la valoración de los riesgos así lo exigen.

El fútbol salvadoreño vivió una jornada memorable que quedará marcada en las páginas doradas del deporte nacional. Lo que durante años pareció un anhelo lejano, finalmente se convirtió en realidad en el césped del Estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana: el balompié cuscatleco dio un paso histórico con el estreno oficial por primera vez en su historia del Football Video Support (FVS), una herramienta tecnológica impulsada por la FIFA para respaldar y perfeccionar la labor arbitral.

El esperado debut de esta tecnología se produjo en el marco del encuentro del Torneo Apertura entre el Club Deportivo FAS y Municipal Limeño. La prueba de fuego para el nuevo sistema no se hizo esperar.

Tras una anotación del conjunto visitante, el juego se detuvo por primera vez para que la jugada fuera revisada en video y se confirmara que la acción previa cumplía con las reglas del juego. Tras un análisis de un par de minutos a través del monitor de pista, el tanto fue validado y las acciones continuaron. Más allá de la resolución específica, el momento simbolizó la inauguración formal de una nueva era tecnológica en las canchas salvadoreñas.

Características y funcionamiento del FVS frente al VAR

A diferencia del conocido Árbitro de Asistencia por Video (VAR), el FVS no cuenta con una sala centralizada ni con un equipo de árbitros revisando constantemente cada segundo del compromiso. Se trata de un sistema simplificado donde un operador técnico únicamente suministra al árbitro principal las repeticiones que este le solicite ante acciones puntuales.

Además, el FVS concede un rol activo y estratégico a los directores técnicos: cada entrenador tiene la facultad de solicitar una revisión mediante una tarjeta especial inmediatamente después de la jugada controvertida y antes de que el juego se reanude.

El reglamento de la FIFA establece que el uso del FVS está estrictamente acotado a cuatro escenarios determinantes:

1. La validación o anulación de goles
2. La sanción o no de penales
3. La exhibición de tarjetas rojas directas
4. La corrección de errores de identidad (cuando se sanciona al jugador equivocado).

Cada equipo dispone de dos solicitudes por partido; si la revisión modifica el fallo original, el equipo conserva la oportunidad, mientras que si el árbitro mantiene su decisión, el intento se descuenta. En caso de prorrogarse el partido a tiempo extra, se otorga una tercera solicitud a cada club, manteniendo además las no utilizadas en el tiempo regular.

¿A qué ayudará esta tecnología?

La implementación del FVS está diseñada para transformar positivamente la dinámica del arbitraje y del juego en El Salvador a través de varios aspectos clave:

• Reducción de errores arbitrales determinantes: Su propósito primordial es erradicar las equivocaciones graves en jugadas que cambian el rumbo de un partido, tales como goles anulados de forma incorrecta, penales no cobrados o expulsiones erróneas.
• Respaldo a la labor de los colegiados: En un entorno de alta presión donde la velocidad de las acciones dificulta la percepción humana, el FVS funciona como una red de seguridad visual que brinda certeza jurídica y tranquilidad a las decisiones del juez central.
• Democratización de la tecnología FIFA: Al ser un sistema de bajo costo y menor exigencia logística que el VAR tradicional, permite que ligas con presupuestos moderados accedan a estándares tecnológicos internacionales sin comprometer sus finanzas.
• Empoderamiento estratégico de los entrenadores: Al otorgar la iniciativa de revisión a los cuerpos técnicos, el sistema promueve la responsabilidad compartida y añade un elemento de análisis táctico sobre cuándo usar las solicitudes disponibles.
• Transparencia en el terreno de juego: La revisión directa en el monitor ante los ojos del público e integrantes del partido aporta claridad al trámite del encuentro.

En definitiva, la jornada vivida en el Estadio Quiteño no solo representó noventa minutos de fútbol, sino el punto de partida de una transformación estructural hacia un torneo más justo, moderno y transparente.

Las deportaciones de hondureños aumentaron en el primer semestre de 2026, mientras cayó el ingreso de migrantes extranjeros que cruzan Honduras rumbo a Norteamérica.

Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y junio fueron retornados 23.952 hondureños y entraron 5.087 migrantes en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe, en el mismo período de 2025 habían sido retornados 17,102 hondureños. La diferencia fue de 6,850 personas, cerca de 40% más que un año antes. Solo en junio fueron repatriados 4,407 hondureños, una cifra superior a la del mismo mes del año previo y a la de mayo de 2026.

Estados Unidos siguió siendo el principal país desde donde son deportados los ciudadanos hondureños. Según el informe, casi nueve de cada diez personas retornadas durante junio procedían de territorio estadounidense.

En segundo lugar quedó México. También se registraron retornos, en menor cantidad, desde Guatemala, El Salvador, Canadá, España y Ecuador.

Origen y perfil de los retornados

El perfil de la población retornada mostró una mayoría masculina. Durante junio, el 87% de las personas deportadas fueron hombres, mientras que las mujeres representaron el 11%. El 2% restante correspondió a niñas, niños y adolescentes.

Una vez que ingresan al país, los migrantes deportados son atendidos en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde reciben orientación, asistencia inmediata y acompañamiento institucional.

El informe indicó que el Centro de Atención al Migrante Retornado de San Pedro Sula recibió la mayor parte de las personas retornadas durante junio, al concentrar el 85% de los ingresos.

El resto fue atendido principalmente en los centros ubicados en Omoa y Belén, desde donde distintas instituciones coordinan servicios de apoyo para facilitar el proceso de reintegración de quienes regresan al país.

Mientras las deportaciones de hondureños aumentan, el tránsito de migrantes extranjeros por Honduras mostró una tendencia opuesta.

Durante el primer semestre de 2026 ingresaron al territorio nacional 5,087 migrantes en condición de vulnerabilidad, una cifra menor a la observada durante el mismo período de 2025.

La reducción superó el 74% y representó más de 14 mil personas menos que en el año anterior. Las estadísticas reflejan que el ingreso irregular de migrantes se mantuvo en niveles bajos durante los primeros seis meses del año, aunque con variaciones mensuales.

Países de origen de los migrantes en tránsito

Entre las personas migrantes que transitaron por Honduras durante junio, Ecuador concentró el mayor porcentaje de registros, seguido por Venezuela y la República Popular China.

En la distribución por edades, la mayor parte de quienes ingresaron al país en condición migratoria irregular tenía entre 21 y 40 años, el grupo más numeroso durante el período analizado.

La información recopilada por la OIM, con base en registros del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), muestra el flujo de retorno de ciudadanos hondureños y el paso de personas provenientes de distintos continentes por el territorio hondureño.

Las cifras reflejan que Honduras continúa enfrentando una dinámica migratoria marcada por el incremento de las deportaciones de sus ciudadanos y la reducción del tránsito irregular de extranjeros, un panorama que mantiene el desafío de fortalecer las acciones de atención, reintegración y gestión migratoria.

La noche del 25 de julio de 1975, tropas de la Segunda Brigada de Infantería, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda irrumpieron en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de El Salvador en Santa Ana.

Aquella incursión, realizada mientras estudiantes y docentes organizaban el Desfile Bufo, se convirtió en un hito de la represión estatal contra el movimiento universitario.

El gobierno negó la intervención militar, aunque reconoció la prohibición del desfile, un acto que había adquirido carácter simbólico en la defensa de la autonomía universitaria.

La tensión política en El Salvador durante la década de 1970 se reflejaba en cada rincón del país. Bajo el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, el aparato de seguridad, formado por la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Fuerza Armada, operaba con coordinación y disciplina, siguiendo la doctrina de seguridad nacional marcada por el anticomunismo y la influencia estadounidense.

De acuerdo con investigaciones publicadas en la UES y recopiladas por varios medios locales e internacionales, la intervención militar del campus de Santa Ana no solo buscó impedir el desfile estudiantil, sino también enviar un mensaje de control ante el crecimiento de la protesta juvenil.

Una noche de represión: el asalto militar al Centro Universitario de Occidente

El desfile Bufo de Santa Ana, instaurado en 1966, representaba mucho más que una marcha festiva. Según fuentes universitarias, la actividad combinaba sátira política y creatividad, convirtiéndose en un ritual de crítica pública contra el poder y la corrupción.

En 1975, la organización del desfile incorporó la denuncia del gasto oficial durante el certamen de Miss Universo, que el gobierno utilizó como escaparate internacional, pese a la precariedad interna y la represión.

El mismo día que el mundo observaba la gala, en el occidente del país se ejecutaba una operación armada para silenciar la protesta universitaria.

Las tropas entraron al Centro Universitario de Occidente en plena noche. Testimonios recogidos por la Universidad de El Salvador y reproducidos en estudios académicos indican que los estudiantes huyeron por terrenos y fincas colindantes, mientras otros sufrieron detenciones y agresiones físicas.

La operación dejó destrucción en aulas, laboratorios y confiscación de materiales preparados para la actividad satírica. La comunidad universitaria interpretó la incursión como una ruptura de la autonomía, principio que hasta entonces había servido de escudo ante la injerencia estatal.

Molina optó por negar la violencia, aunque admitió públicamente la “prohibición” del desfile. La represión no terminó esa noche. El 26 y 29 de julio, el estudiantado del CUO intentó organizar marchas de protesta para denunciar la intervención militar y defender la autonomía universitaria.

Las manifestaciones fueron reprimidas con fuerza aún mayor, utilizando vehículos militares y helicópteros, según reportes recogidos en archivos universitarios. Las autoridades capturaron a once personas y atribuyeron la violencia a la provocación de “fuerzas opositoras”.

La secuencia de hechos en Santa Ana desembocó cinco días más tarde en la marcha estudiantil de San Salvador, donde la represión militar provocó decenas de muertos y desaparecidos.

¿Qué representa la intervención militar de 1975 en la Universidad de El Salvador hoy, en 2026?

La intervención militar ocurrida hace 51 años en el Centro Universitario de Occidente permanece como un símbolo de la vulnerabilidad de la autonomía universitaria frente a los poderes estatales.

En la actualidad, la comunidad de la UES utiliza el recuerdo de aquel asalto como plataforma educativa y política en la formación de ciudadanía crítica. La narrativa institucional y los ritos conmemorativos han articulado la memoria de la represión como parte fundamental de la identidad universitaria.

En 2026, la UES reivindica el 25 de julio como fecha clave en la defensa de su autonomía. Las nuevas generaciones de estudiantes encuentran en el Desfile Bufo y en los actos conmemorativos un espacio para retomar debates sobre derechos humanos, participación juvenil y límites de la autoridad.

La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República, presidida por el diputado Alvaro Arzú Escobar, emitió dictamen favorable a las iniciativas 6493 y 6719 para reformar el Código Procesal Penal y redefinir el uso de la prisión preventiva, con el objetivo de que toda restricción a la libertad personal responda a un fin procesal específico, esté debidamente motivada y respete la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.

El proyecto también refuerza el control sobre los plazos de la prisión preventiva y del procedimiento preparatorio.

Si el Ministerio Público no presenta una solicitud de conclusión de la investigación dentro de los plazos legales, el juez deberá requerir su actuación y, si la inacción persiste, podrá ordenar la clausura provisional del proceso conforme a la ley.

La propuesta fue avalada por la comisión legislativa que encabeza Arzú Escobar y unifica las iniciativas 6493 y 6719, ambas orientadas a modificar el Decreto 51-92, Código Procesal Penal. El dictamen plantea nuevos mecanismos de control judicial sobre las medidas de coerción y una redefinición de las condiciones para imponer prisión preventiva.

Uno de los cambios centrales aparece en el artículo 258, relativo a la aprehensión.

La reforma dispone que la autoridad que ordenó la detención deberá celebrar la audiencia de primera declaración en un plazo máximo de 24 horas desde la aprehensión, y hasta que esa diligencia se realice no podrá ordenarse el traslado de la persona a ningún centro de privación de libertad.

Ninguna persona podrá ser enviada a un centro de detención sin su primera declaración

La modificación del artículo 259 establece que ninguna persona podrá ser enviada a un centro de detención sin haber comparecido antes a su audiencia de primera declaración.

El mismo artículo fija que la prisión preventiva solo podrá decretarse después de dictado el auto de procesamiento y cuando existan elementos suficientes para acreditar un peligro real de fuga o de obstaculización de la investigación.

Ese punto responde de forma directa al núcleo de la reforma: la prisión preventiva deja de presentarse como una medida automática y queda sujeta a una verificación judicial más estricta.

La propuesta exige que su imposición se apoye en una finalidad procesal concreta y en una justificación expresa por parte del órgano jurisdiccional.

La iniciativa incorpora además el artículo 261 Bis, que traslada al Ministerio Público la carga de demostrar, con medios de convicción suficientes, que la prisión preventiva es necesaria.

Al mismo tiempo, reconoce al sindicado el derecho a presentar pruebas y argumentos para desvirtuar esa solicitud, salvo en los casos en que la ley prohíba medidas sustitutivas.

El alcance de ese cambio no se limita al momento de resolver una medida de coerción. También redefine el equilibrio entre la acusación y la defensa, al exigir que la petición del MP esté sustentada y permitir que la persona señalada contradiga esa pretensión con elementos propios dentro del proceso.

La Corte Suprema de Justicia supervisaría las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva

Otro eje de la reforma es la creación de la Unidad de Control de Medidas de Coerción, adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Su función será supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, recopilar información para apoyar decisiones judiciales y mantener un registro actualizado de las personas sujetas a esas medidas.

La propuesta también endurece las restricciones para conceder medidas sustitutivas en delitos considerados de mayor gravedad. Entre ellos figuran homicidio, asesinato, violación agravada, secuestro, extorsión, robo agravado y los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.

Ese endurecimiento convive con una lógica general de mayor control judicial. El dictamen no elimina la prisión preventiva ni las limitaciones para sustituirla en determinados casos, pero sí busca ordenar su aplicación bajo criterios definidos y bajo supervisión más estrecha de los jueces.

El texto aprobado en comisión sostiene que cualquier restricción a la libertad personal debe estar vinculada a un fin procesal específico y motivada de forma adecuada.

Bajo ese criterio, las reformas procuran fortalecer las garantías procesales y establecer controles adicionales sobre las decisiones que afectan la libertad de las personas sometidas a un proceso penal.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció una serie de proyectos para fortalecer el sector agropecuario de Guanacaste durante un acto organizado por la Cámara de Ganaderos de Liberia, en el marco de la celebración de los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

En su discurso, la mandataria adelantó que su administración impulsará la construcción de una planta procesadora de carne en la provincia, una terminal de carga en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, la ampliación de la Ruta Nacional 21 y nuevas acciones para mejorar la competitividad de la ganadería costarricense.

Las declaraciones se dieron durante un homenaje que la Cámara de Ganaderos de Liberia rindió a Fernández en el primer año de su participación como presidenta en la Expo Liberia, actividad considerada una de las vitrinas más importantes del sector ganadero nacional.

"Guanacaste hace grande a Costa Rica y el aporte de esta provincia al desarrollo nacional es innegable. El campo guanacasteco no está solo; tiene un gobierno comprometido que cree en el sector agropecuario como generador de riqueza“, afirmó la mandataria durante su intervención.

Planta procesadora de carne y terminal de carga

Uno de los anuncios más destacados fue el inicio de los estudios de factibilidad para desarrollar una planta procesadora de carne en Guanacaste, proyecto que, según el Gobierno, busca agregar valor a la producción ganadera y facilitar la comercialización directa.

Previamente, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ricardo Quesada, informó que la institución destinará más de ¢150 millones para realizar los estudios técnicos que determinen la viabilidad de la obra.

Fernández aseguró que el proyecto permitirá reducir la dependencia de intermediarios y abrir nuevas oportunidades para los productores.

A ello sumó el compromiso de incorporar una terminal de carga en la futura concesión del Aeropuerto Daniel Oduber, con el objetivo de facilitar la exportación de carne, productos lácteos y alimentos frescos desde Guanacaste hacia mercados internacionales.

Ruta 21 y apoyo a los productores

La presidenta también anunció avances en la ampliación de la Ruta Nacional 21, una de las principales carreteras de la provincia.

Según explicó, el primer tramo ya fue sometido al proceso de consulta pública y cuenta con recursos presupuestados para iniciar posteriormente la licitación.

"Tenemos el dinero en el presupuesto del Conavi. Muy pronto veremos los tractores trabajando porque la Ruta 21 afecta a toda la provincia“, señaló.

Durante la actividad, el Gobierno también formalizó la entrega de equipos financiados por el Inder por más de ¢525 millones, entre ellos maquinaria agrícola para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, drones para agricultura de precisión y un tractor destinado al Centro de Investigación Agropecuaria Enrique Jiménez Núñez del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

De acuerdo con Quesada, estas inversiones buscan mejorar la productividad, optimizar el uso del agua y fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a las sequías.

Combate al robo de ganado y mejora genética

Fernández también aprovechó el encuentro para anunciar que el Ejecutivo impulsará reformas legales para endurecer las sanciones contra el robo y destace ilegal de ganado.

La mandataria sostuvo que su administración mantiene una política de “cero tolerancia” contra el comercio ilícito de carne y queso, al considerar que estas prácticas afectan directamente a los productores que cumplen con la normativa.

Asimismo, informó que próximamente ingresarán al país 22 vacas de raza Brangus, destinadas a un programa de mejoramiento genético que busca aumentar la productividad y rentabilidad de las fincas ganaderas de Guanacaste.

Un homenaje de los ganaderos

Antes del discurso presidencial, la Cámara de Ganaderos de Liberia entregó un reconocimiento especial a Laura Fernández por el respaldo brindado al sector.

El presidente de la organización, Isaías Rivas, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y los productores para enfrentar los desafíos derivados del fenómeno de El Niño y fortalecer la actividad ganadera.

Como parte del homenaje, la mandataria recibió un sombrero artesanal elaborado por artesanos liberianos, además de un reconocimiento de la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste por el apoyo brindado al desarrollo de la provincia.

Fernández agradeció el gesto y aseguró que continuará impulsando proyectos para el sector productivo.

"No pienso fallarles. Al contrario, duplicaré mi esfuerzo y el del equipo de gobierno para servirles con excelencia y convertir los proyectos en resultados“, expresó la presidenta ante los asistentes.

El caso de Jaime Enrique Navarrete Blandón refleja la persistencia de la represión y la arbitrariedad del sistema penitenciario nicaragüense, según denunció este viernes el Colectivo Nicaragua Nunca Más. Navarrete, identificado como preso político por organizaciones de derechos humanos, permanece privado de libertad en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, aun cuando ya cumplió la condena que le impusieron.

De acuerdo con el colectivo, la historia de Navarrete está marcada por detenciones arbitrarias, torturas documentadas y condiciones penitenciarias que ponen en riesgo su salud e integridad. La primera detención ocurrió en julio de 2018, durante la ola de protestas contra el régimen de Daniel Ortega que estalló en abril de ese año. La organización detalló que, tras su captura, Jaime Navarrete sufrió torturas físicas y psicológicas, que incluyeron fracturas de costillas, desviación del tabique nasal, descargas eléctricas y quemaduras de cigarrillo.

En uno de los episodios más graves, fue rociado con gasolina mientras lo amenazaban con prenderle fuego, con el objetivo de intimidarlo y forzarlo a reconocer delitos que negó haber cometido.

Persiste persecución a Jaime Navarrete

Luego de varios meses en prisión, Navarrete fue excarcelado en junio de 2019. Su libertad, sin embargo, duró pocas semanas. El 24 de julio de 2019, volvió a ser detenido y trasladado nuevamente a La Modelo, donde permanece hasta la fecha. Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, esta segunda detención prolongó el castigo y la persecución, profundizando las secuelas físicas y emocionales del primer encarcelamiento.

El colectivo destacó que las agresiones sufridas por Navarrete dejaron daños que aún afectan su salud. Los dolores corporales persistentes y la falta de atención médica especializada están relacionados con las torturas recibidas y con las condiciones de encierro. Durante su reclusión en La Modelo, Navarrete duerme en el piso, expuesto a temperaturas extremas y con acceso limitado a la luz solar y al aire fresco. El colectivo advirtió que “estas condiciones agravan el deterioro físico y emocional de una persona que ya sufrió tortura”.

El 2 de noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de Jaime Navarrete, ante la gravedad de la situación y el riesgo de daño irreparable a su vida e integridad. Posteriormente, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la adopción de medidas provisionales, que fueron otorgadas el 8 de febrero de 2023, tras reconocer la urgencia y la necesidad de proteger los derechos de Navarrete y otras personas privadas de libertad en Nicaragua. Estas medidas, aún vigentes, exigen al régimen adoptar acciones efectivas para salvaguardar su vida, salud y bienestar.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció también la separación familiar impuesta a Navarrete, quien permanece sin contacto con su madre debido a la prohibición de ingreso al país. Esta restricción limita la posibilidad de que reciba acompañamiento y apoyo, incrementando su aislamiento y la angustia de sus familiares.

A pesar de haber cumplido la pena, Jaime Navarrete continúa encarcelado sin información clara sobre su situación legal, lo que constituye, según el colectivo, una prolongación arbitraria del castigo. “Cada día adicional en prisión profundiza las consecuencias de las torturas y agrava el deterioro de su salud”, advirtió la organización defensora de derechos humanos.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más reiteró su exigencia de libertad inmediata para Jaime Enrique Navarrete Blandón y para todas las personas reconocidas como presas políticas en Nicaragua. Además, demandó la garantía de atención médica integral, condiciones dignas durante la detención y el restablecimiento del contacto familiar.

La Unión Europea (UE) instó este sábado al régimen de Nicaragua a convocar elecciones “según lo previsto” y a que se celebren “de manera transparente, inclusiva y creíble”, después de las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá” a haber comicios.

“La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses “a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”.

Asimismo, el bloque europeo reiteró su “condena de la represión sistémica” por parte de las autoridades del país, así como “sus reiterados llamamientos a la liberación de todos los presos políticos; al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos; y al diálogo entre el régimen y la oposición”.

En particular, pidió que se acuerden reformas electorales “con vistas a apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual”.

La UE aseguró que “seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho” y que “sigue abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos adecuados, llevado a cabo de manera respetuosa y en cooperación con los actores regionales”.

Por su parte, el régimen de Nicaragua informó este viernes que presentará su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país, empresarios e inversionistas, luego del rechazo internacional que han provocado las declaraciones del dictador.

Durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo, Ortega propuso eliminar las elecciones en el país -que gobierna desde 2007- en medio de acusaciones de fraude electoral por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

En el acto, Ortega, un ex guerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

La esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que la próxima semana se realizarán las consultas con embajadores, empresarios e inversionistas.

En el caso de los embajadores y el cuerpo diplomático, dijo Murillo, informarán “como corresponde: escuchamos, les escuchamos”.

Costa Rica, EE.UU., Panamá -que retiró su embajador-, Guatemala, la República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación o rechazo a las recientes declaraciones de Ortega en las que afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.

“Son encuentros que hemos denominado de amistad, de hermandad entre los pueblos, encuentros que nos fortalecen como patria”, continuó Murillo.

La dignataria dijo que la Asamblea Legislativa, coordinada por la Presidencia están avanzando en la elaboración de esa propuesta de reforma “para garantizar los procesos electorales libres, democráticos, soberanos y dignos”.

“¿Qué queremos?, continuidad de los avances, de los logros contra la pobreza, seguridad, estabilidad y para eso son nuestros procesos electorales, para garantizar la continuidad de todos esos triunfos (...). Eso es lo que vamos a garantizar con nuestros procesos electorales soberanos y dignos”, adelantó Murillo.

(Con información de EFE)

Sesenta y un días después de su última aparición pública, Daniel Ortega regresó el 19 de julio al escenario político con un discurso que provocó una de las mayores condenas internacionales de los últimos años.

Durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe de Managua, el dictador declaró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, en referencia a la oposición política, a la que acusó de responder a intereses de Estados Unidos y de sectores somocistas.

En la misma intervención anunció que coordinaría con la Asamblea Nacional la construcción de un “muro” legal para impedir que esos sectores regresaran al poder por la vía electoral.

Aplausos y condenas

La frase fue recibida dentro del acto con aplausos de miles de simpatizantes sandinistas. Sin embargo, apenas comenzó a circular el video íntegro del discurso, las reacciones trascendieron rápidamente las fronteras de Nicaragua. Gobiernos, organismos internacionales, dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos interpretaron las palabras de Ortega como el reconocimiento explícito de que su administración abandonaba incluso la apariencia de celebrar elecciones competitivas.

Las primeras respuestas llegaron desde Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la declaración demostraba “la cobardía y el miedo a la voluntad del pueblo” por parte de Ortega y Rosario Murillo. Añadió que ambos gobernantes habían abandonado incluso la apariencia de contar con respaldo popular y llamó a la comunidad internacional a actuar de manera conjunta frente al régimen.

La Organización de los Estados Americanos también reaccionó con rapidez. Su secretario general, Albert Ramdin, sostuvo que las declaraciones únicamente oficializaban una realidad que las actuaciones del régimen ya venían mostrando desde hacía años: el abandono de la democracia y hasta de su apariencia formal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó las palabras de Ortega como incompatibles con los principios de la democracia representativa y afirmó que confirmaban la consolidación de un régimen autoritario caracterizado por la supresión de derechos y libertades.

Al día siguiente se sumó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Volker Türk sostuvo que los acontecimientos profundizaban las restricciones a las libertades fundamentales y el desmantelamiento del espacio cívico en Nicaragua. El funcionario pidió restablecer el Estado de derecho y garantizar que toda persona pudiera votar y postularse a cargos públicos sin discriminación política.

En la región también comenzaron a acumularse los pronunciamientos. Panamá y República Dominicana llamaron a consultas a sus embajadores en Managua y calificaron la eliminación del derecho al voto como un agravio contra los principios democráticos.

Costa Rica recordó que nunca reconoció las elecciones presidenciales de 2021, reiteró su respaldo a procesos electorales libres y transparentes y su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, resumió la posición oficial con una frase breve: “Gracias a Dios Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones”.

El Congreso costarricense aprobó además una moción unánime de condena, mientras varios expresidentes se pronunciaron en el mismo sentido.

Dirigentes opositores nicaragüenses en el exilio, organizaciones civiles y analistas interpretaron el discurso como un paso más dentro del proceso de concentración absoluta del poder iniciado años atrás mediante la cancelación de partidos políticos, el encarcelamiento de precandidatos presidenciales, el cierre de organizaciones civiles y las reformas constitucionales que ampliaron las facultades del Ejecutivo.

Parlamento a “cumplir el mandato”

Mientras las condenas crecían, el régimen respondió acelerando el siguiente paso político. Dos días después del discurso, la Asamblea Nacional anunció que había iniciado los análisis y consultas para cumplir el “mandato” de Ortega mediante reformas constitucionales y legales.

El Parlamento informó que trabajaría junto con el Consejo Supremo Electoral para diseñar el nuevo marco jurídico y adelantó que las modificaciones serían sometidas a votación durante la primera semana de agosto.

La rapidez con que actuó el Legislativo reforzó la percepción de que las palabras de Ortega no habían sido una improvisación, sino el anuncio público de una decisión política previamente definida.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó además que los diputados iniciarían consultas con magistrados del Consejo Supremo Electoral para identificar todos los cambios necesarios y evitar cualquier “resquicio” que permitiera, según dijo, la manipulación de los “imperios y sus lacayos”. También anunció que el proyecto sería presentado antes de finalizar julio para ser aprobado durante la primera semana de agosto.

Sin embargo, mientras el Parlamento avanzaba con las reformas, la presión diplomática continuaba aumentando.

Chile y Guatemala expresaron igualmente su rechazo a las declaraciones de Ortega, mientras desde Europa comenzaron a multiplicarse los pronunciamientos de parlamentarios y funcionarios comunitarios.

La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Hana Jalloul Muro, condenó que el gobernante hubiera arrebatado a los nicaragüenses su derecho a elegir y participar políticamente. Recordó que el país llevaba dos décadas bajo un proceso continuo de represión y exigió la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones justas.

Reinterpretar a Ortega

Fue precisamente en ese contexto de creciente aislamiento internacional cuando el discurso oficial comenzó a cambiar. Sin desmentir nunca a Ortega ni reconocer que hubiese cometido un exceso verbal, los principales voceros del régimen empezaron a ofrecer una interpretación distinta de sus palabras.

La estrategia consistió en sostener que el mandatario nunca quiso decir que desaparecerían las elecciones, sino únicamente que no volverían a celebrarse procesos supuestamente controlados por Estados Unidos.

Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró públicamente que Ortega “no dijo que no iban a haber elecciones”, sino que nunca volverían elecciones “en manos de los imperialistas”. Según esa versión, el país seguiría celebrando comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que impediría cualquier influencia extranjera.

Sin embargo, Porras evitó explicar quiénes podrían competir en esos procesos o cómo participarían los cientos de opositores encarcelados, desterrados o despojados de su nacionalidad por el propio régimen.

En su primera comparecencia pública tras el discurso del 19 de julio, Rosario Murillo afirmó que las reformas impulsadas por el Gobierno permitirían celebrar “procesos soberanos, libres y democráticos de elección nacional y local de autoridades”, organizados exclusivamente por los nicaragüenses y sin injerencia extranjera.

Ese primer intento de explicación no implicó una rectificación de las palabras pronunciadas por Ortega. Murillo nunca afirmó que el mandatario se hubiera expresado incorrectamente ni que hubiese querido decir otra cosa. Su estrategia consistió en redefinir el significado de las elecciones. Según su narrativa, el país continuaría celebrando procesos electorales, pero únicamente bajo reglas establecidas por las instituciones controladas por el Estado y sin participación de actores considerados vinculados a intereses extranjeros.

El discurso se endureció conforme crecían las condenas internacionales. Después de las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Murillo respondió calificando de "perros" a quienes cuestionaban la decisión del Gobierno y sostuvo que Nicaragua avanzaba hacia un nuevo modelo democrático.

Mientras los principales dirigentes del oficialismo difundían esa interpretación, la maquinaria de propaganda del Frente Sandinista trasladó el mismo mensaje a las redes sociales. Cuentas identificadas con el aparato de comunicación gubernamental comenzaron a sostener que las palabras de Ortega habían sido "sacadas de contexto" o malinterpretadas por la prensa internacional y la oposición.

Algunos propagandistas incluso intentaron modificar el sentido literal de la frase pronunciada el 19 de julio. Argumentaron que Ortega no había dicho que “no volverán a haber elecciones”, sino que "no volverán a ver elecciones“, utilizando el verbo “ver” y no el verbo “haber”. Esa explicación pretendía sostener que el mandatario se refería únicamente a quienes el régimen considera golpistas o traidores a la patria.

Sin embargo, la transcripción oficial publicada por el propio portal gubernamental El 19 Digital reprodujo las palabras exactamente como fueron escuchadas durante el acto público: "no volverán a haber elecciones“. El video íntegro del discurso también mostraba con claridad la expresión utilizada por Ortega, lo que debilitó la explicación difundida posteriormente por los propagandistas.

Entre quienes impulsaron esa narrativa figuró Amílcar Dubois, quien sostuvo en redes sociales que la frase había sido sacada de contexto y que Ortega en realidad se refería a otro tipo de elecciones. El estadounidense Ben Norton también afirmó que Washington y los medios internacionales estaban difundiendo propaganda basada en una interpretación falsa de las declaraciones del mandatario nicaragüense. Ambos coincidieron en presentar las críticas internacionales como parte de una campaña de desinformación impulsada desde el exterior.

Cambios de versión

Para el abogado y analista nicaragüense Yader Morazán, la evolución del discurso oficial reflejó una reacción directa al costo diplomático que provocaron las palabras de Ortega. “El 19 de julio, cuando Ortega gritó ‘aquí no volverá a haber elecciones’, les tocaron el hombro para que aplaudieran como focas amaestradas. Esa misma noche salieron a defenderlo con uñas y dientes. Pero apenas les llovieron las reacciones internacionales, les cambiaron la versión y ahora andan repitiendo que ‘solo era contra los golpistas’ y que ‘sí van a haber elecciones propias’“, afirmó.

Morazán añadió que el cambio de narrativa evidenciaba la disciplina interna del aparato propagandístico. “Primero les mandan a aplaudir, después a defender, luego a mentir y al final les ordenan que digan que nosotros somos los que no escuchamos lo que todos oímos“, sostuvo.

El abogado también consideró que el intento de reinterpretar el discurso presidencial terminó generando una contradicción difícil de sostener. “Apenas vieron la reacción internacional, Ortega y Murillo ya se echaron para atrás y tergiversan sus propias palabras. El mismo que gritó ‘aquí no volverá a haber elecciones’ ahora sale con que sí van a haber, pero solo para quienes le caen bien“, señaló, en referencia a la exclusión de opositores encarcelados, desterrados, desnacionalizados o inhabilitados políticamente.

El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador registró un aumento del 2.7 % en el primer semestre de 2026, tanto en las zonas urbanas como rurales, respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo reflejan los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), citados por EFE.

En las zonas urbanas, el costo mensual de la canasta básica pasó de USD 253.05 en junio de 2025 a USD 259.95 en junio de 2026, lo que supone un alza de USD 6.89 , equivalente a un 2.72 %. En el área rural, el precio subió de USD 184.56 a USD 189.56 en el mismo lapso, resultando en un incremento de USD 4.99, que representa ese mismo 2.2 %. Estos datos, recopilados por EFE, indican que el encarecimiento afecta tanto a las ciudades como al campo, aunque el valor absoluto de la canasta es notoriamente menor fuera de las zonas urbanas.

El promedio anual de la canasta básica al cierre del primer semestre de 2026 se ubicó en USD 255.5 dólares en el área urbana y en USD 185.57 en la rural. En 2025, estos promedios fueron de USD 250.12 dólares para la ciudad y USD 184.44 para el campo. Según EFE, esta evolución confirma una tendencia al alza y refleja el peso creciente que tiene la alimentación dentro del gasto familiar. La canasta básica alimentaria incluye productos esenciales como pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, pensados para cubrir las necesidades de una familia tipo de cuatro personas.

Aspectos que condicionan el costo de la canasta básica

Un elemento que resalta EFE es la relación entre el precio de la canasta básica y los ingresos de la población. El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025, es de USD 408.80 para el sector comercio y servicios, y de USD 402,26 en manufactura. Para los trabajadores agrícolas, el salario mínimo es de USD 272.72 dólares.

La composición de la canasta básica, según detalla EFE, responde en gran parte a la estructura del abastecimiento nacional. La mayoría de los productos que la integran llegan a El Salvador desde países vecinos, especialmente Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta dependencia de las importaciones hace que el precio final esté expuesto a las fluctuaciones de los mercados internacionales, los costos logísticos y las variaciones en la oferta regional.

El fenómeno de la inflación alimentaria no es exclusivo de El Salvador, pero en este país centroamericano se agrava por la combinación de salarios bajos, dependencia de importaciones y un mercado interno limitado.

En este escenario, la preocupación de la sociedad salvadoreña gira en torno al acceso a los alimentos y la capacidad de cubrir las necesidades básicas. Las familias de menores recursos son las más afectadas por el encarecimiento de productos esenciales incluidos en la canasta, mientras que los salarios han mostrado escasa variación real en comparación con la inflación de los alimentos.

El aumento sostenido de la canasta básica alimentaria y la presión sobre los ingresos de los hogares configuran un panorama desafiante para El Salvador en materia de seguridad alimentaria y bienestar social, según la información difundida por EFE.

La Municipalidad de Guatemala realizará el 31 de julio la Feria de Universidades MuniTec 2026, una jornada gratuita organizada a través de MuniTec para que estudiantes, graduandos y familias conozcan en un solo lugar la oferta de carreras, las opciones de becas y los apoyos educativos disponibles antes de tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional.

La actividad se desarrollará de 9:00 a 16:00 en MuniTec Zona 21, en la 4.ª avenida y 6.ª calle de la zona 21. El evento reunirá a miles de jóvenes, según la convocatoria oficial, con el objetivo de acercar información clara sobre estudios superiores y facilitar la comparación entre distintas instituciones.

El punto central de la feria es directo: quienes asistan podrán consultar carreras universitarias, modalidades de estudio, requisitos de ingreso y beneficios estudiantiles, además de conversar con representantes de las universidades participantes. Esa posibilidad de resolver dudas en el mismo espacio busca ayudar a quienes todavía no tienen definida una elección profesional.

La feria concentrará universidades, becas y orientación académica en un solo espacio

La propuesta de MuniTec parte de una dificultad frecuente entre los egresados de nivel medio: elegir qué estudiar. Por eso, la Municipalidad de Guatemala plantea una feria enfocada en reunir información académica y financiera que normalmente se encuentra dispersa entre distintas instituciones.

Además de la oferta de carreras, los asistentes podrán recibir detalles sobre becas, programas de financiamiento y otros mecanismos de apoyo para continuar sus estudios. La convocatoria oficial presenta ese componente como una herramienta para planificar mejor la formación universitaria y encontrar alternativas para acceder a la educación superior.

La feria también está dirigida a familias que buscan información antes de acompañar una decisión educativa. La actividad fue planteada como un espacio para obtener datos concretos y compararlos antes de iniciar trámites de admisión o inscripción.

Entre las universidades confirmadas figuran la Universidad de Occidente, la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad San Pablo de Guatemala y la Universidad Galileo. También participarán la Universidad Mesoamericana, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Da Vinci de Guatemala, la Universidad Internaciones y la Universidad Panamericana.

La presencia de esas instituciones permitirá revisar distintas opciones de formación superior en una sola jornada. Según la información difundida por la comuna, cada universidad brindará orientación sobre sus programas, condiciones de ingreso y beneficios para estudiantes.

El evento apunta a quienes aún no definen qué carrera estudiar

El mensaje central de la convocatoria está dirigido a quienes todavía no tienen claro qué carrera elegir. La Municipalidad de Guatemala presenta la feria como un primer paso para descubrir alternativas académicas y acercarse a una profesión que permita desarrollar habilidades e intereses.

Ese enfoque convierte a la actividad en una instancia de orientación más que en una simple exhibición institucional. Cada conversación con representantes universitarios, de acuerdo con la presentación del evento, puede servir para identificar caminos de estudio y tomar decisiones con más información.

La feria se desarrollará en MuniTec Zona 21, una sede que funcionará como punto de encuentro entre jóvenes y universidades. La jornada tendrá una duración de siete horas, desde la mañana hasta la tarde, para facilitar la asistencia y permitir recorridos por los distintos espacios de información.

El alcalde de la Ciudad de Guatemala Ricardo Quiñónez resumió el objetivo de la iniciativa con una declaración incluida en la difusión oficial: “La educación transforma vidas y abre oportunidades para construir una mejor ciudad. En MuniGuate seguimos creando espacios para que nuestros jóvenes descubran su talento y alcancen sus sueños”.

La comuna vincula el evento con una política de creación de espacios para ampliar oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo académico y profesional de la juventud. En esa línea, la feria busca consolidar a la ciudad como un lugar de oportunidades para quienes quieren prepararse y crecer.

La convocatoria insiste en que la información reunida durante la jornada puede resultar valiosa para avanzar hacia metas personales y profesionales. El planteo oficial sostiene que participar en la feria permite conocer nuevas opciones de estudio y contar con elementos concretos para planificar los pasos siguientes.

Nueve universidades participarán de la jornada en la zona 21

El listado de instituciones participantes incluye a nueve universidades del país. Estarán presentes la Universidad de Occidente, la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad San Pablo de Guatemala, la Universidad Galileo, la Universidad Mesoamericana, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Da Vinci de Guatemala, la Universidad Internaciones y la Universidad Panamericana.

Cada una ofrecerá información sobre carreras, modalidades de estudio, requisitos de ingreso y beneficios estudiantiles. La posibilidad de comparar esas propuestas en el mismo lugar es uno de los ejes de la feria, según la descripción oficial del evento.

Después de más de una década de permanecer oculto y de convertirse en el criminal más buscado de Costa Rica, Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue capturado este viernes durante un operativo que las autoridades calificaron como uno de los más importantes en la historia reciente del país.

La intervención, denominada “Némesis”, no solo permitió detener a Arias Monge, sino también ubicar en un mismo sitio a Jonathan Pérez Méndez, alias “Tang”, y a Rodney Ríos Oconitrillo, conocido como “Coco Guácimo”, tres de los principales líderes del crimen organizado costarricense.

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, reveló que el operativo estuvo cerca de terminar en tragedia para los cuerpos policiales.

“Valoramos incluso que pudiéramos tener bajas de nuestros muchachos o de estos sujetos”, relató al reconstruir la cronología de la operación.

La incursión comenzó en horas de la madrugada en una zona rural de San Bernardino de Sarapiquí. Aunque el plan contemplaba tres dispositivos independientes para ubicar a cada uno de los objetivos, las labores de inteligencia permitieron descubrir que los tres cabecillas se encontraban reunidos en la misma vivienda, un hecho que Soto calificó prácticamente como una oportunidad única.

Sin embargo, apenas los equipos tácticos ingresaron fueron recibidos con una intensa lluvia de disparos.

El enfrentamiento armado se extendió entre 45 y 50 minutos, tiempo durante el cual los sospechosos dispararon desde distintos puntos de la vivienda utilizando armamento de alto poder. Como resultado, ocho agentes del OIJ resultaron heridos, cinco pertenecientes al Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y tres de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento. Dos de ellos permanecieron en condición delicada, aunque fuera de peligro.

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando las condiciones climáticas impidieron que un helicóptero pudiera evacuar de inmediato a uno de los oficiales lesionados.

“Nunca me había tocado vivir una experiencia tan fuerte, donde ver a los compañeros caer y no poder hacer nada en ese momento”, confesó Soto, quien aseguró que escuchar los reportes del jefe táctico mientras intentaban rescatar a los policías heridos fue uno de los episodios más difíciles de su carrera.

Al concluir la inspección, los investigadores contabilizaron más de 2,500 impactos de bala dentro y fuera de la vivienda.

Además, decomisaron 2,750 municiones de distintos calibres —entre ellas para pistolas de 9 milímetros, fusiles AR-15 y AK-47— que no llegaron a ser utilizadas.

“Probablemente hubiéramos combatido una hora más con estas personas”, advirtió Soto, al describir el nivel de armamento que poseía el grupo criminal.

Las autoridades también confirmaron la muerte de Rodney Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, quien falleció tras enfrentarse a los equipos tácticos mientras intentaba escapar por una ventana de la vivienda después de disparar contra los oficiales.

Según la investigación, Arias Monge enfrenta causas por homicidio calificado, tentativas de homicidio, narcotráfico, legitimación de capitales, infracciones a la Ley de Armas y robo de ganado, entre otros delitos.

Pero la magnitud de la organización iba mucho más allá de los expedientes judiciales.

El OIJ estima que las estructuras lideradas por “Diablo”, “Tang” y “Coco Guácimo” ejercían control sobre actividades de narcotráfico, contrabando de cigarrillos y licores, extorsiones y otros delitos en Pococí, Sarapiquí, Guácimo, Batán, Valle de la Estrella, la Zona Norte, Guanacaste, Pacífico Central y la Zona Sur.

En conjunto, las autoridades atribuyen a esos grupos alrededor de 360 homicidios, una cifra que calificaron como conservadora.

Soto incluso describió la organización de Arias Monge como un “clan de colonización criminal”, una estructura que se expandía hacia distintos territorios para controlar el mercado local de drogas mediante cabecillas regionales, cobradores, distribuidores y grupos encargados de ejercer violencia.

El fiscal general, Carlo Díaz, recordó que Arias Monge era uno de los principales objetivos de persecución del Ministerio Público desde hacía casi cuatro años y llevaba más de diez años evadiendo a las autoridades.

Además, destacó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofrecía una recompensa de 500.000 dólares por información que permitiera localizarlo, aunque aclaró que la captura fue producto de una investigación desarrollada por el OIJ y el Ministerio Público.

Durante la conferencia también se confirmó que existe evidencia de posibles vínculos entre la organización de Arias Monge y funcionarios policiales.

Soto afirmó que ya fueron identificadas algunas personas pertenecientes a distintos cuerpos policiales que, presuntamente, facilitaban las actividades de la estructura criminal y adelantó que podrían ser detenidas próximamente.

Asimismo, indicó que en la escena fueron localizados numerosos teléfonos celulares, aunque varios quedaron destruidos por la intensidad del tiroteo.

Respecto al futuro judicial del sospechoso, el Ministerio Público adelantó que solicitará prisión preventiva y no descartó una eventual solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, posibilidad que dependerá de una petición formal de ese país.

Finalmente, Soto sostuvo que el verdadero desafío comenzará ahora, cuando las autoridades intenten impedir que Arias Monge continúe dirigiendo la organización desde prisión.

“Si logramos que este sujeto pierda la comunicación hacia el grupo, la estructura se va a fragmentar”, afirmó al explicar que la captura abre una nueva etapa en la lucha contra las organizaciones criminales que dominaban buena parte del narcotráfico local.

Con la sentencia emitida por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, los homicidios de un soldado de la Fuerza Naval de El Salvador y del hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurridos en el distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro, quedaron resueltos, informó este viernes la cuenta oficial de Centros Judiciales.

El proceso penal concluyó con la condena de 32 integrantes de la Mara Salvatrucha, todos miembros de la clica Cobras Locos Salvatruchos del programa Ahuachapán, quienes recibieron penas que superan los 300 años de prisión por múltiples homicidios y agrupaciones ilícitas cometidas entre 2014 y 2019.

De acuerdo con la información oficial, la pena más alta recayó sobre Willian Antonio García Rumaldo, conocido como “Sospechoso”, condenado a 324 años de cárcel tras demostrarse su responsabilidad en diez homicidios agravados, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, y por integrar agrupaciones ilícitas. Entre los crímenes atribuidos a García Rumaldo figura el asesinato de Clementino Esteban Rosales, hermano de un agente de la PNC, quien fue atacado con armas de fuego y machetes el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba.

El tribunal también comprobó su participación en el homicidio agravado del soldado José Alfredo Ascencio de la Cruz, cometido el 22 de septiembre de 2017 en la finca San Martín, caserío El Arenal, de la misma jurisdicción. Según datos de Centros Judiciales, la víctima fue engañada para acudir a una barbería, donde fue atacada primero con una escopeta y luego con machetes.

Otras condenas de hasta 134 años de prisión

Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias “Snayper” o “Sayper”, recibió 134 años de prisión al comprobarse su autoría en cuatro homicidios agravados y su pertenencia a agrupaciones ilícitas. Por su parte, Elmer Eduardo Medina García, alias “Memito”, fue sentenciado a 125 años de cárcel al acreditarse su participación en cuatro asesinatos agravados y por integrar estructuras delictivas. Los demás procesados recibieron penas que oscilan entre tres y 95 años de prisión, según el grado de responsabilidad y el número de delitos comprobados durante el juicio.

Según los reportes de Centros Judiciales, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2019 en la zona rural del distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro.

Los acusados formaban parte de la clica Cobras Locos Salvatruchos y mantenían presencia en diversas comunidades rurales, donde cometieron una serie de homicidios que afectaron a habitantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

La sentencia fue dictada por el juez dos del Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana. La investigación judicial continúa para esclarecer otros hechos atribuidos a la misma estructura y al programa Ahuachapán.

El organismo judicial reiteró que estos procesos forman parte del compromiso institucional para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las comunidades afectadas por la violencia de las pandillas.

Además, subrayó que el resultado de este juicio permite avanzar en la resolución de casos emblemáticos, como el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad y sus familiares, lo que representa un paso relevante en la aplicación de la ley en El Salvador.

El presidente Bernardo Arévalo firmó una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, para ejecutar compromisos en economía comunitaria, infraestructura, salud, educación, cultura y reconocimiento de autoridades ancestrales, en un acuerdo que además llevó a 17 el número de agendas suscritas por el Gobierno con pueblos y autoridades indígenas del país.

El alcance del mecanismo ya acumula 27 asambleas, 27 reuniones de trabajo y 17 agendas territoriales firmadas, según explicó la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Públicas de la Presidencia Mónica Mazariegos.

Entre esos acuerdos figuran los suscritos con el pueblo ixil, el pueblo chortí, el pueblo xinca, el pueblo garífuna, los 48 Cantones de Totonicapán, Santa María Chiquimula, San Francisco El Alto y la alcaldía indígena de Sololá.

Arévalo dijo durante el acto en el Palacio Nacional que el documento contiene “compromisos verificables” y no un listado de promesas. También señaló que el seguimiento quedará coordinado desde la gobernación departamental, con diálogo directo entre autoridades ancestrales y delegados institucionales en el territorio.

El acuerdo responde a una demanda histórica de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, una comunidad que durante décadas reclamó atención estatal. Sus representantes asocian ese abandono con el traslado de la cabecera municipal después del paso del huracán Mitch, que golpeó el poblado original el 2 de noviembre de 1998 y derivó en el desplazamiento de la mayoría de vecinos hacia Chuipatán o Cumbre de Alaska el 11 de enero de 2000.

La agenda incluye obra pública, salud comunitaria y apoyo productivo

En infraestructura, el Gobierno se comprometió a entregar 174.000 adoquines para Antigua Santa Catarina Ixtahuacán y el caserío antiguo Paquic. También ofreció ampliar el programa Techo Mínimo en Antigua Ixtahuacán, antiguo Paquic y Nuevo Tzamchaj, y evaluar el techado, la circulación y la iluminación de la cancha de básquetbol comunitaria por medio del Viceministerio de Deporte.

En economía comunitaria, la agenda prevé asistencia técnica y herramientas agrícolas para productores. El documento también incorpora un proyecto de dotación de hilos y fortalecimiento de capacidades productivas para mujeres tejedoras de Nuevo Tzamchaj y del caserío antiguo Paquic.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizará estudios de viabilidad para construir un edificio destinado al Centro Comunitario de Salud en un terreno propuesto por la alcaldía indígena.

La hoja de ruta también contempla fortalecer las competencias del personal comunitario, coordinar con abuelas comadronas y otros especialistas del sistema ancestral de salud maya, implementar huertos medicinales demostrativos y dotar medicamentos conforme al listado básico de la cartera.

En educación, el acuerdo incluye equipo de cómputo para el laboratorio del Instituto Nacional de Educación Básica de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán y la difusión de becas para jóvenes indígenas con aspiraciones universitarias.

En cultura, prevé insumos deportivos, la contratación de dos maestros de música, la adquisición de instrumentos autóctonos y la entrega de dos tableros con canastas profesionales de baloncesto.

La comunidad arrastra un reclamo estatal desde el traslado posterior a Mitch

La lectura oficial del acto describió la situación de quienes permanecieron en el asentamiento histórico como “un episodio muy crudo de abandono”. En esa zona del altiplano occidental, situada a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, la comunidad atravesó años sin centros educativos, sin atención de salud y sin infraestructura, con maestros pagados por vecinos y con el apoyo del párroco que decidió quedarse.

El alcalde indígena Pascual Tajay Aj Pacajá definió el acuerdo como “una ruta legal que vincula todas las instituciones gubernamentales involucradas en la agenda”. También recordó una sentencia favorable obtenida en julio de 2016 ante la Corte de Constitucionalidad para implementar la educación bilingüe multicultural e intercultural, como antecedente de la disputa institucional de la comunidad.

Arévalo subrayó además que la Municipalidad Indígena de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán fue refundada en 2007 para impulsar el desarrollo local y reivindicar derechos individuales y colectivos. Presentó ese antecedente como parte del reconocimiento del Gobierno a esa estructura como contraparte válida para la firma del acuerdo.

La municipalidad organiza el área de Bocacosta y Tierra Fría del municipio y reúne a representantes de 13 comunidades y cinco barrios de la antigua población. Sus autoridades son elegidas primero en asambleas comunitarias y después por votación en la reunión de las asambleas que designaron representantes.

El documento indica que esa autoridad ancestral presta un servicio sin remuneración. También le atribuye funciones vinculadas con necesidades sociales y culturales del pueblo, incidencia política, defensa de la propiedad colectiva de las tierras tradicionales, resolución de conflictos y promoción de la educación bilingüe.

Mazariegos explicó que estas agendas se elaboran a partir de propuestas entregadas por autoridades indígenas, luego discutidas con ministerios e instituciones del Ejecutivo y después devueltas a las comunidades para su ajuste. En esa misma línea, el gobernador departamental Edgar Tuy informó que solo esta semana se suscribieron dos agendas de trabajo en Sololá.

Las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos enfrentarán un nuevo escenario comercial luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump oficializara un incremento en el arancel aplicable a parte de los productos nacionales, que pasará del 10% al 12.5%.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), como resultado de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington concluyó que Costa Rica no cuenta con una prohibición ni con mecanismos efectivos para impedir el ingreso de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzado, situación que, según la administración estadounidense, genera distorsiones en el comercio internacional.

El nuevo gravamen sustituye el recargo temporal del 10% que permanecía vigente desde febrero y comenzará a aplicarse a las mercancías que ingresen a territorio estadounidense a partir de las 12:01 a. m. del 24 de julio, hora del Este.

Aunque el anuncio generó preocupación entre exportadores nacionales, la medida no alcanza a todos los bienes enviados desde Costa Rica. Estados Unidos mantuvo una amplia lista de exclusiones que comprende productos agrícolas de alto peso en la oferta exportadora nacional, entre ellos café, piña, banano, aguacate, mango, papaya, jugo de naranja y determinados tipos de azúcar.

También quedaron fuera del nuevo arancel los dispositivos médicos, productos farmacéuticos, semiconductores, equipos electrónicos, algunos textiles y mercancías cubiertas por acuerdos sectoriales o por las reglas de origen establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) explicó que el incremento efectivo para los productos que sí quedaron sujetos a la medida será de apenas 2,5 puntos porcentuales, ya que el nuevo arancel reemplaza el recargo temporal del 10% y no se suma a él.

La organización también advirtió que el impacto variará dependiendo de la clasificación arancelaria de cada producto, por lo que será necesario analizar caso por caso para determinar cuáles sectores enfrentarán mayores costos para ingresar al mercado estadounidense.

La resolución forma parte de una investigación que la USTR inició en marzo contra 60 de los principales socios comerciales de Estados Unidos, economías que en conjunto representaron más del 99% de las importaciones de mercancías realizadas por ese país durante 2024.

Tras varios meses de consultas, recepción de comentarios y audiencias públicas, la oficina comercial concluyó que 54 de esas economías, incluida Costa Rica, no habían establecido una prohibición específica para impedir el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzado.

El Gobierno costarricense intentó evitar la aplicación del gravamen mediante una serie de alegatos presentados por la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo. En su respuesta, Costa Rica defendió que las exportaciones nacionales cumplen con altos estándares laborales y forman parte de cadenas regionales de suministro que fortalecen la producción estadounidense, en lugar de sustituirla.

Asimismo, el Ejecutivo argumentó que la investigación no aportó evidencia de que los productos costarricenses fueran elaborados mediante trabajo forzado y solicitó mantener las condiciones preferenciales de acceso negociadas bajo el CAFTA-DR.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantuvieron la clasificación asignada al país y confirmaron la entrada en vigor del nuevo arancel.

El Ministerio de Comercio Exterior destacó que la resolución mantiene importantes exclusiones para la oferta exportadora costarricense e incluso amplía la lista de productos exceptuados con bienes como esquejes, semillas de vegetales y frutas, así como determinados tipos de azúcares refinados.

La ministra Indiana Trejos aseguró que Costa Rica continuará trabajando de manera coordinada con el sector productivo y con las autoridades estadounidenses para mejorar el acceso de los productos nacionales al principal mercado de exportación del país y fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones.

La República Dominicana celebró este viernes 24 de julio la inauguración oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una ceremonia inaugural que conmemoró el centenario de la competencia regional más antigua del mundo. Bajo el lema “100 años de unión, una sola región, un mismo corazón”, el evento reunió a miles de espectadores en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, marcando la tercera vez que el país caribeño recibe esta cita deportiva.

El acto inaugural ofreció un recorrido visual y artístico por un siglo de historia deportiva. La producción rindió homenaje tanto a la identidad dominicana como a la diversidad cultural de Centroamérica y el Caribe, integrando elementos representativos de las 37 delegaciones participantes.

La ceremonia, presenciada por autoridades locales e internacionales, incluyó un despliegue escénico sin precedentes en la región. Por primera vez en la historia del país, se utilizaron tres escenarios simultáneos, dos de ellos principales y uno con vista de 360 grados en el centro del estadio. La producción implementó tecnología avanzada, como 30,000 insignias LED personalizadas para el público, un show de láser de gran formato y una coreografía aérea compuesta por 1,100 drones.

Desfile de delegaciones, música y exhibición cultural en la ceremonia inaugural de Santo Domingo 2026

Tras la interpretación del himno nacional de República Dominicana, luego, las casi 40 delegaciones desfilaron por la pista del estadio. El orden de ingreso fue alfabético, pero la delegación de México abrió el desfile como reconocimiento a su rol de país fundador y sede de la primera edición de este evento.

Después avanzaron los representantes de Bermudas, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y el resto de los países. Durante la marcha, sonó una canción representativa de cada nación, mientras los atletas portaban sus banderas nacionales y expresaban su entusiasmo ante el público.

El grupo Ilegales presentó “Corazón de Fiesta”, la canción oficial de los Juegos para cerrar el punto artístico.

El evento contó la participación de más de 900 bailarines provenientes de distintas provincias dominicanas, quienes compartieron escena con artistas nacionales e internacionales. El elenco incluyó a compañías de danza, grupos folclóricos, academias y universidades de Puerto Plata, Santiago, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, lo que permitió mostrar la riqueza cultural de todo el país anfitrión.

De igual manera, más de 300 personas integraron el equipo de producción, alrededor de 2,000 trabajadores participaron en las áreas técnicas y logísticas, y se confeccionaron vestuarios con 4,850 yardas de tela, elaborados por 123 modistas, sastres y artesanos. Además, joyeros y artistas plásticos dominicanos aportaron piezas especialmente diseñadas para la ocasión.

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 abrió oficialmente una competición que se desarrollará hasta el 8 de agosto con la participación de más de 6,000 atletas de 37 países y territorios.

La ceremonia centenaria quedó inscrita como un hito para la región, al conjugar innovación tecnológica, diversidad cultural y memoria histórica en el marco de una de las competiciones deportivas más antiguas del planeta.

Las negociaciones entre las distintas fracciones legislativas comienzan a dar resultados en la discusión del proyecto de ley que pretende atender la extracción ilegal de oro en Crucitas de San Carlos. Luego de semanas de estancamiento, los diputados confirmaron que cerca de 150 mociones de fondo ya fueron retiradas como parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se encuentra actualmente en la etapa de discusión de mociones de fondo. En total, se habían presentado más de 600 enmiendas, lo que había ralentizado significativamente su avance dentro de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores que participan en las negociaciones señalaron que existe un ambiente de mayor apertura entre las bancadas para construir un texto de consenso que permita atender no solo la minería ilegal, sino también los problemas de seguridad y desarrollo que enfrenta la zona norte del país.

El diputado oficialista Nogui Acosta aseguró que el proceso ha evolucionado positivamente y destacó la disposición de las distintas fracciones para ceder en algunos puntos.

“Hay que responderle a los sancarleños, sobre todo a la gente de Crucitas. Hemos logrado incorporar algunas mociones de Liberación Nacional y otras del Frente Amplio. Ya hemos visto la voluntad de las diferentes fracciones retirando mociones y esperamos que la próxima semana podamos empezar a trabajar directamente sobre el proyecto”, afirmó.

Desde el Partido Liberación Nacional también destacaron avances importantes en la negociación. El jefe de fracción, Alvaro Ramírez, informó que su bancada retiró más de 70 mociones, lo que representa alrededor del 40 % de las propuestas que habían presentado al expediente.

Según explicó, la decisión responde al trabajo desarrollado en una mesa de diálogo impulsada por esa fracción, en la que participan representantes de todos los partidos políticos y del Gobierno.

Ramírez indicó que parte de los acuerdos incluye el compromiso del Poder Ejecutivo de convocar un proyecto de ley que tipifique la minería ilegal como un delito vinculado al crimen organizado, además de incorporar varias de las propuestas presentadas por Liberación Nacional al texto que actualmente se negocia.

“Estamos demostrando que existe compromiso con el país y con la zona de San Carlos para resolver este problema de manera integral. También hemos cumplido con los compromisos adquiridos dentro de esa mesa de trabajo”, señaló.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, insistió en que uno de los principales vacíos del proyecto impulsado por el Gobierno es que no aborda con suficiente fuerza el componente de seguridad ni el combate a las estructuras criminales que operan detrás de la extracción ilegal de oro.

El legislador destacó la importancia de que el Ejecutivo haya convocado una iniciativa presentada por su partido para que la minería ilegal pueda ser investigada y perseguida bajo la legislación contra el crimen organizado.

Según Araya, actualmente las autoridades concentran sus esfuerzos en detener a los coligalleros, quienes realizan la extracción de oro de manera artesanal, mientras que las organizaciones que financian y controlan la actividad permanecen fuera del alcance de la justicia.

“Se persigue al coligallero, pero él es la mano de obra barata y descartable. A quienes están detrás comprando el oro y suministrando los insumos prácticamente no se les toca. Revisar este tema como crimen organizado es fundamental”, afirmó.

El diputado también reiteró sus críticas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la propuesta no resolverá el problema que enfrenta Crucitas.

A juicio del legislador frenteamplista, la iniciativa carece de medidas suficientes para enfrentar la inseguridad que se ha incrementado alrededor de la actividad minera ilegal y no ofrece una respuesta integral para la zona.

Las fracciones coinciden en que todavía quedan mociones por discutir; sin embargo, consideran que el retiro de aproximadamente 150 enmiendas representa un avance significativo para agilizar el trámite legislativo.

Si las negociaciones continúan al ritmo actual, los diputados esperan que durante las próximas semanas el proyecto pueda entrar en una etapa de discusión más expedita y acercarse a su eventual votación en el Plenario Legislativo.

Las concesiones mineras a cielo abierto en Nicaragua para empresas chinas llegaron a 17 este viernes, luego de que el régimen de Daniel Ortega adjudicara dos nuevos lotes a firmas con representación china en Managua, según publicó el Diario Oficial La Gaceta.

La información fue difundida por la agencia EFE. Una de las concesiones recayó en Norther Mining Company S.A., representada por el ciudadano chino Bao Jiang, residente en Nicaragua.

El lote, denominado La Minita, abarca 18,666 hectáreas distribuidas entre los municipios de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro, en el departamento de Río San Juan.

La segunda concesión fue para Nicaragua Jia Run S.A., cuyo representante es el ciudadano chino Mingshan Ding. El lote Nueva Esperanza comprende 4,442 hectáreas en los municipios de Somotillo y Villanueva, en la provincia noroccidental de Chinandega.

El trasfondo: sanciones de Washington y respuesta de Managua

Las dos adjudicaciones se producen en un contexto de escalada de presión estadounidense sobre el sector aurífero nicaragüense.

A mediados de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y su copresidenta Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro.

La respuesta del régimen fue acelerar la entrega de concesiones a capitales chinos. Según la ONG ambientalista Fundación del Río, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas” y así sortear las restricciones del Tesoro estadounidense.

Esas reformas alcanzaron no solo la Ley de Minas, sino también la legislación fronteriza, ambiental y el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Más de un millón de hectáreas bajo control chino

Entre 2021 y junio de 2026, el gobierno sandinista otorgó concesiones en 84 lotes a 22 empresas chinas sobre una superficie total de 1,277,389 hectáreas, equivalente al 10% del territorio de Nicaragua, de acuerdo con los registros de Fundación del Río.

Esas áreas incluyen zonas protegidas y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, a quienes no se les consultó previamente, en violación de estándares internacionales.

La investigación de la ONG también advierte sobre tráfico ilegal de mercurio proveniente de México y China —calculado en más de 35 toneladas de consumo anual— y sobre posibles conflictos transfronterizos con Honduras y Costa Rica.

Los intereses de las empresas chinas no se limitan al oro y la plata. Fundación del Río identificó que los lotes concesionados contienen minerales considerados estratégicos para la transición energética: cobre, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel, entre otros.

El oro, motor de divisas del régimen

Las exportaciones mineras de Nicaragua sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un 44.4% más que en 2024. El oro en bruto concentró la mayor parte de ese ingreso: USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, según datos oficiales.

Esa dependencia del oro como principal fuente de divisas explica la urgencia del régimen por blindar el sector frente a las sanciones.

Analistas y medios internacionales señalan que Washington evalúa ampliar las restricciones a funcionarios, bancos y operadores logísticos vinculados a la industria, así como penalidades secundarias a entidades financieras extranjeras con nexos en el mercado aurífero nicaragüense.

En un operativo de alcance transnacional que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, las autoridades han logrado la captura de Alejandro Arias Monge, conocido popularmente como alias Diablo.

Durante más de una década, este individuo se convirtió en la prioridad número uno para los cuerpos de seguridad de Costa Rica y en un objetivo de alto valor para las agencias internacionales antidrogas.

Su arresto pone fin a una compleja trayectoria delictiva que desafió abiertamente la institucionalidad costarricense y quebrantó la paz social en diversas comunidades de la región.

La detención de Arias Monge se concreta tras meses de intensa presión operativa y de inteligencia compartida entre el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos.

La búsqueda se había intensificado en los últimos tiempos luego de que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua lanzara una alerta sobre su posible paradero en la Reserva Biológica Indio Maíz, un área selvática e inhóspita cercana al río San Juan que sirvió durante años como refugio estratégico y frontera natural para evadir los controles policiales.

Para incentivar la colaboración ciudadana, el Departamento de Estado norteamericano había oficializado una recompensa de hasta quinientos mil dólares por información certera sobre su ubicación.

El perfil del enemigo público número uno y su trayectoria delictiva

Alejandro Arias Monge nació el 19 de septiembre de 1984 en la localidad de Guápiles, ubicada en el cantón de Pococí, provincia de Limón. A simple vista, Arias Monge proyectaba el aspecto de un ciudadano común, sin los rasgos extravagantes ni la estética ostentosa que habitualmente se asocian con los líderes del narcotráfico.

Sin embargo, detrás de esa fachada aparente se ocultaba una de las mentes criminales más sanguinarias y calculadoras de la historia reciente del país. Su carrera en el mundo delictivo comenzó a la temprana edad de diecinueve años, ejecutando robos simples en viviendas de su comunidad natal.

Con el paso del tiempo, el joven asaltante ascendió con rapidez en la jerarquía del crimen organizado regional. Consolidó un dominio absoluto en el cantón de Pococí y extendió su influencia operativa a zonas vecinas como Guácimo, Sarapiquí, Pocora y San Carlos.

Su organización criminal evolucionó hasta convertirse en una red transnacional con células activas en las siete provincias del territorio costarricense. Las investigaciones de las agencias antidrogas internacionales vincularon directamente su estructura con el tráfico de grandes cargamentos de cocaína que viajaban desde Colombia, atravesaban Centroamérica y México, y tenían como destino final los mercados de consumo en los Estados Unidos.

Un historial marcado por la violencia extrema y los negocios ilícitos

El apodo de Diablo no fue asignado al azar, sino que respondió a la ferocidad de los métodos empleados por su organización para someter a rivales y aterrorizar a la población. El historial judicial de Arias Monge acumula expedientes por narcotráfico, robo con violencia, lavado de activos y múltiples homicidios agravados.

Entre las ejecuciones emblemáticas atribuidas a su grupo destaca el asesinato de Ademar Jiménez Gómez en enero de 2015, cuyo cuerpo fue localizado con signos extremos de violencia en un bananal de Cariari de Pococí tras un conflicto relacionado con la pérdida de droga y dinero.

Pocos meses después, en marzo del mismo año, su banda ejecutó a Pablo Castro Barrantes en presencia de su sobrino menor de edad, en un crimen por encargo motivado por rencillas delictivas.

Además del tráfico de sustancias ilícitas, la red de Arias Monge diversificó sus ingresos hacia otras actividades criminales para sostener la logística de su fuga. En noviembre de 2023, la policía judicial lo vinculó directamente con la explotación de la lotería clandestina conocida como Tiempos Clandestinos en Limón, donde empleó la coacción para apoderarse de los puntos de venta.

Asimismo, las autoridades identificaron que utilizaba recursos del narcotráfico para financiar la minería ilegal de oro a cielo abierto en zonas fronterizas.

El desafío directos a las instituciones y las megaoperaciones policiales

La figura de Arias Monge adquirió una dimensión aún más peligrosa cuando comenzó a utilizar las redes sociales como plataforma de intimidación, publicando imágenes de armamento pesado y videos explícitos de agresiones.

El punto culminante de su desafiante postura ocurrió con la filtración de un mensaje de audio donde amenazó abiertamente a las autoridades policiales. Al estilo de los antiguos capos sudamericanos, ofreció sumas millonarias por la vida de oficiales de seguridad, declarando que nunca sería capturado y que mantenía el control absoluto en sus zonas de influencia.

Frente a esta amenaza constante, el aparato de seguridad desplegó estrategias de gran escala para asfixiar su financiamiento. Destaca el Caso Colorado, ejecutado a finales de 2023 con más de seiscientos funcionarios policiales y más de cuarenta allanamientos simultáneos en todo el país.

La estrategia oficial consistió en desmantelar la estructura logística y económica que rodeaba al fugitivo para arrebatarle los recursos que le permitían esconderse en parajes remotos. Finalmente, la combinación del cerco económico, la cooperación internacional y el incentivo de la recompensa facilitaron el operativo que concluyó con su detención, cerrando así un oscuro capítulo de violencia en la región.

Un operativo conjunto entre el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Policía de Control de Drogas (PCD) culminó con la detención de un ciudadano guatemalteco y el decomiso de 202 kilogramos de aparente cocaína, durante un control de carreteras efectuado en el distrito de Palmira, cantón de Carrillo, en la provincia de Guanacaste.

La acción policial se desarrolló como parte de los dispositivos preventivos que ambas unidades ejecutan de forma permanente para combatir el tráfico de drogas y otras actividades delictivas en rutas estratégicas del país.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, durante el desarrollo del operativo los oficiales interceptaron un vehículo que despertó sospechas debido a su comportamiento. Tras realizar una inspección inicial, un agente canino especializado en la detección de drogas del Servicio de Vigilancia Aérea marcó positivamente la posible presencia de sustancias ilícitas dentro del automotor.

La alerta emitida por el perro detector motivó a los oficiales a coordinar con las autoridades judiciales para llevar a cabo una revisión más exhaustiva del vehículo. Durante esa inspección, los agentes localizaron un compartimento oculto especialmente acondicionado para el transporte de drogas.

En el interior del escondite fueron encontrados 202 paquetes que contenían aparente cocaína. Cada uno de ellos tenía un peso aproximado de un kilogramo, para un total de 202 kilogramos de la sustancia ilícita, de acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades.

Además del cargamento de droga, los oficiales decomisaron 58,000 dólares estadounidenses, ₡1,4 millones ( USD 3 mil) en efectivo y el vehículo utilizado para el presunto transporte de los estupefacientes, los cuales quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales como parte de la investigación.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron con la detención del conductor del automotor, un hombre de nacionalidad guatemalteca y de apellido Carrera, quien fue presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y se continúe con el proceso penal correspondiente.

Las autoridades no detallaron el destino que tendría el cargamento ni si el detenido forma parte de alguna organización criminal dedicada al narcotráfico. Estos aspectos serán analizados durante la investigación que desarrolla la Fiscalía junto con los cuerpos policiales especializados.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que este tipo de controles forman parte de la estrategia para reforzar la vigilancia en las principales rutas nacionales utilizadas por organizaciones criminales para movilizar drogas dentro del territorio costarricense o hacia otros destinos de la región.

Guanacaste, por su ubicación geográfica y su conexión con importantes corredores viales, ha sido escenario de diversos operativos contra el narcotráfico en los últimos años. Por ello, las autoridades mantienen presencia constante mediante controles de carretera, patrullajes terrestres y vigilancia aérea para detectar movimientos sospechosos y evitar el traslado de sustancias ilícitas.

El Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas señalaron que la participación de unidades caninas especializadas continúa siendo una herramienta clave en la detección de cargamentos ocultos en vehículos, ya que permiten identificar compartimentos modificados que muchas veces pasan desapercibidos durante una inspección visual.

Las autoridades reiteraron que mantendrán este tipo de operativos en diferentes puntos del país con el objetivo de impedir el tráfico de drogas, desarticular las estructuras criminales dedicadas a esta actividad y fortalecer la seguridad en las carreteras nacionales.