La Cruz Roja Costarricense suspendió este sábado por la noche las labores de búsqueda de una persona desaparecida tras el arrastre de un grupo por la crecida de un río en Curubandé de Liberia, Guanacaste. Los equipos no lograron localizarla durante la jornada y retomarán el operativo este domingo.

La alerta ingresó a las 11:45 (hora local) del 12 de septiembre, según explicó Jorge Rovira, vocero de la Cruz Roja Costarricense. El reporte inicial advirtió sobre personas que habían sido arrastradas por el agua en una zona cercana a las faldas del volcán Rincón de la Vieja.

“Recibimos una llamada alertando sobre el arrastre de personas sobre un río en las faldas, cerca de las faldas del volcán Rincón de la Vieja”, afirmó Rovira.

Tras el aviso, la institución despachó unidades de primera intervención y ambulancias hacia el sitio para apoyar las tareas de localización. Durante las primeras acciones, los rescatistas lograron poner a salvo a una persona que formaba parte del grupo afectado.

La Cruz Roja descartó más afectados y concentró el operativo en una persona

Rovira indicó que los equipos en el sitio descartaron que hubiera otras personas comprometidas por el incidente, aunque confirmaron que una permanecía desaparecida al cierre de la tarde.

“Las personas que se encuentran trabajando en este sitio lograron rescatar a una persona, descartando que otras hayan sido comprometidas. Desafortunadamente, hay una de ellas dentro de este grupo que aún estamos en labores de búsqueda”, señaló el vocero.

El representante de la Cruz Roja Costarricense precisó que las operaciones desarrolladas en Guanacaste no habían arrojado resultados positivos hasta ese momento.

Por esa razón, las autoridades resolvieron terminar las labores por este día y reanudar la búsqueda este domingo.

El Área de Conservación Guanacaste aclaró que el hecho no ocurrió dentro del parque nacional

El Área de Conservación Guanacaste (ACG) emitió un comunicado para precisar que el incidente no tuvo lugar dentro de los límites del Parque Nacional Rincón de la Vieja ni en los senderos, atractivos o instalaciones oficiales del Sector Pailas.

La entidad indicó que, tras revisar la información disponible, determinó que el evento ocurrió en una zona externa al parque, en el área de Curubandé de Liberia. Ese sector no está bajo la administración directa del ACG.

La aclaración respondió a publicaciones en redes sociales y a informaciones difundidas durante el sábado que ubicaron el caso dentro del parque nacional. El ACG advirtió que esa versión podía generar confusión entre turistas, operadores y visitantes.

“El evento se presentó en una zona externa a los límites oficiales del Parque Nacional, que no se encuentra bajo la administración directa del Área de Conservación Guanacaste”, expuso la institución en su comunicado.

El Sector Pailas constituye un punto oficial de visitación del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Cuenta con centro de visitantes, guardaparques y senderos habilitados para el público, según informó el ACG.

La administración del parque aseguró que mantiene sus protocolos de seguridad, monitoreo y vigilancia, además del seguimiento de las condiciones que puedan representar riesgos para los visitantes.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Nacional de Panamá formalizaron un préstamo A/B por hasta $500 millones, destinado a ampliar el crédito para más de 3.300 pequeñas y medianas empresas. La operación no constituye deuda soberana contratada por el Gobierno, sino un financiamiento otorgado directamente a Banconal para canalizarlo hacia sectores productivos.

El acuerdo fue suscrito por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y Milciades Denis, subgerente general de Finanzas y Tesorería de Banconal, con la presencia del ministro Felipe Chapman. Es el primer préstamo de esta modalidad estructurado por CAF en Panamá y su mayor operación local de ventanilla no soberana.

Mediante este mecanismo, CAF participa directamente en el tramo A del crédito y moviliza capital de entidades privadas para el tramo B. La estructura incorporó $400 millones de siete instituciones internacionales, mientras Banco Nacional asumirá la obligación financiera y colocará los fondos entre los beneficiarios que cumplan las condiciones.

BBVA New York Branch actuó como organizador principal, acompañado por Bladex, Commerzbank, Occidental Bank de Barbados, Bradesco Bank, BlueOrchard y Bancaribe Curaçao. Díaz-Granados destacó que algunas de estas instituciones ingresan por primera vez a Panamá, atraídas por una operación que combina recursos multilaterales con capital privado internacional

Al menos el 50% del dinero será dirigido al financiamiento de actividades agropecuarias y agroindustriales, principalmente en áreas rurales. Los recursos también respaldarán pymes productivas y proyectos verdes relacionados con eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad, con atención especial a empresas encabezadas por mujeres.

La proyección establece que más de 3.300 pequeñas y medianas empresas recibirán financiamiento, incluyendo al menos 1.000 lideradas por mujeres. El programa pretende facilitar capital para adquirir tecnología, modernizar procesos y aumentar la producción, mientras estimula la generación de empleos en comunidades rurales.

Díaz-Granados explicó que CAF no pretende limitarse a entregar recursos. El financiamiento será acompañado por asistencia técnica y promoción en el interior del país, para que los productores conozcan las líneas disponibles y puedan utilizarlas, en lugar de mantener programas con escasa divulgación o concentrados en los centros urbanos.

“Es conocimiento generado por especialistas de la región para la región”, afirmó al referirse al Reporte de Economía y Desarrollo 2026. El presidente de CAF señaló que el documento busca cambiar la conversación sobre la ruralidad, al presentarla como un territorio de oportunidades y no solamente como un conjunto de carencias que deben resolverse.

El ejecutivo identificó tres grandes agendas que tendrán como escenario el mundo rural: seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y transición energética. En esos territorios se encuentran las tierras para producir alimentos, los recursos naturales y la capacidad energética que necesitará la región, pero también algunas de sus mayores concentraciones de pobreza.

Díaz-Granados destacó que América Latina y el Caribe cuentan con una relación favorable entre población y disponibilidad territorial. Sin embargo, advirtió que el potencial natural no se ha transformado plenamente en productividad, bienestar o empleos de calidad, mientras las tasas de pobreza rural continúan duplicando las registradas en las ciudades.

En el caso panameño, sostuvo que cerca del 15% de las exportaciones tiene origen en actividades vinculadas con el mundo rural. Panamá puede aprovechar su posición geográfica, conectividad marítima y plataforma logística para diversificar esa producción y convertirse en un referente, siempre que mejore la tecnología, la infraestructura y el acceso al crédito.

El presidente de CAF también resaltó que aproximadamente el 68% del territorio panameño mantiene cobertura boscosa, situación que coloca al país entre los de mejor balance regional de carbono. Ese patrimonio representa una oportunidad para desarrollar bioeconomía y servicios ambientales, pero exige políticas que garanticen la conservación efectiva de los bosques.

Milciades Denis destacó que el acuerdo no se limita a suministrar liquidez al Banco Nacional. La operación incorpora una estrategia de cooperación técnica internacional, con herramientas para mejorar la estructuración de créditos agropecuarios y fortalecer la evaluación de los riesgos propios de las actividades rurales.

El funcionario explicó que la iniciativa permitirá modernizar las metodologías utilizadas por la banca pública y ofrecer un acompañamiento más cercano a los productores. Esto incluye capacitaciones en educación financiera y habilidades de gestión, además de instrumentos para vincular la colocación de crédito con resultados ambientales, sociales y económicos medibles.

Según Denis, la operación refleja una evolución del negocio bancario, porque combina la entrega de capital con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El objetivo es que el financiamiento no termine únicamente contabilizado como una cartera de préstamos, sino que permita conocer qué cambios produce entre empresas, trabajadores y comunidades.

CAF proporcionará además cooperación técnica no reembolsable al Banco Nacional, destinada a mejorar sus capacidades institucionales. El acompañamiento incluirá herramientas para analizar proyectos agropecuarios, medir la huella de carbono, gestionar riesgos y ofrecer educación financiera a productores y pequeños empresarios.

Chapman respaldó el programa, pero insistió en que uno de sus principales retos será la divulgación. El ministro contó que frecuentemente conversa con productores que desconocen los mecanismos de apoyo disponibles, pese a que existen herramientas para financiar inversiones, incorporar tecnología y crear empleos en sus propias comunidades.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas pidió a CAF y al Banco Nacional llevar la información fuera de la capital. “Muchos dicen: ‘No sabemos que esto existe’”, relató Chapman, al advertir que un crédito sin promoción ni acompañamiento pierde efectividad, especialmente entre empresas pequeñas con menor acceso a asesoría especializada.

Chapman también sostuvo que el financiamiento, por sí solo, no solucionará los problemas del sector rural. Para elevar la productividad se necesitan carreteras, conectividad digital, formación, asistencia técnica y acceso a mercados, porque producir más carece de sentido si las mercancías no pueden trasladarse competitivamente hasta los compradores.

El Gobierno mantiene para 2026 una cartera superior a $600 millones en proyectos viales, según el ministro. Estas inversiones buscan reducir los tiempos de traslado de personas y productos, aunque su impacto dependerá de que las obras lleguen a los territorios con mayores dificultades de acceso y comercialización.

Chapman mencionó además el inicio del Centro de Especialidades Agropecuarias, que formará a cien jóvenes como técnicos superiores en ciencias agroalimentarias. La iniciativa persigue incorporar innovación y tecnología al campo, facilitar el relevo generacional y evitar que los jóvenes migren por falta de oportunidades laborales.

A esa estrategia se suman 10.000 becas de TalentUP Panamá en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube. El propósito consiste en vincular las nuevas competencias con turismo, logística y agroindustria, para que las empresas eleven su productividad y los trabajadores accedan a empleos mejor remunerados.

La firma coincidió con la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026 de CAF, titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”. El estudio plantea dejar de considerar la ruralidad como un problema y comenzar a entenderla como una fuente de oportunidades productivas, ambientales y culturales.

El documento analiza una región donde aproximadamente 120 millones de personas, equivalentes al 18% de la población, viven en zonas rurales. Aunque esos espacios concentran recursos decisivos para la alimentación y la biodiversidad, la pobreza rural alcanza el 34%, el doble del 17% registrado en las áreas urbanas latinoamericanas.

En Panamá, la población rural representa cerca de un tercio del total nacional, proporción superior al promedio regional. La medición armonizada incluida en el informe coloca la pobreza rural panameña en 32,3%, frente al 4,8% en las ciudades, diferencia que evidencia la profundidad de la desigualdad territorial.

La productividad constituye otro desafío. Aunque América Latina posee condiciones naturales favorables, sus rendimientos permanecen por debajo de otras regiones. En Panamá, solamente alrededor del 20% de las unidades productivas agropecuarias posee maquinaria, una limitación que reduce su capacidad para producir más y competir.

La conectividad vial también refleja rezagos. El RED 2026 calcula que el 48% de la población rural panameña vive a menos de dos kilómetros de una carretera, pero la proporción baja al 37% cuando se consideran exclusivamente vías pavimentadas, dejando a numerosas comunidades alejadas de mercados y servicios.

Las diferencias también aparecen en la calidad del suministro eléctrico. Durante el segundo semestre de 2024, la frecuencia de las interrupciones en áreas rurales de Panamá duplicó la registrada en los centros urbanos. Los cortes duraron entre dos y tres horas, aproximadamente el doble del promedio observado en las ciudades.re

Chapman señaló que la pobreza multidimensional disminuyó de 14,7% en 2022 a 12,4% en 2025, lo que representaría unas 84.000 personas menos bajo esa condición. Sin embargo, reconoció que Panamá todavía mantiene desigualdades difíciles de justificar, considerando sus recursos y las oportunidades económicas disponibles en el país.

El reto será comprobar que los $500 millones lleguen a los sectores anunciados y no se concentren entre clientes con mayor capacidad financiera. El programa ofrece una herramienta relevante, pero su impacto dependerá de las condiciones de los créditos, la divulgación y la transparencia aplicada para seleccionar beneficiarios y medir los resultados obtenidos.

Una recién nacida fue encontrada abandonada en las inmediaciones de la Ermita de Suyapa, en Tegucigalpa, en un hecho que movilizó a las autoridades después de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de la pequeña en el lugar.

La bebé estaba acompañada de una nota escrita por quien sería su madre, en la que la mujer explicó las difíciles condiciones que atravesaba y el dolor que, según sus palabras, le provocaba tomar la decisión de separarse de su hija.

El caso fue reportado por la Policía Nacional de Honduras, que informó que la alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. Tras conocer la situación, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 4 (UMEP-4) se desplazaron hasta las inmediaciones de la Ermita de Suyapa para verificar lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la pequeña recién nacida y procedieron a ponerla a salvo. Posteriormente, fue trasladada para recibir atención médica, mientras las autoridades activaban el procedimiento correspondiente para garantizar su protección y bienestar.

Sin embargo, además de la presencia de la bebé, hubo un elemento que llamó particularmente la atención de los agentes: el mensaje dejado junto a ella, en el que la mujer que sería su madre intentó explicar las razones que la llevaron a dejarla en el lugar.

“Con un dolor en mi alma dejo a mi hija, pero al lado mío va a sufrir. No tengo un techo donde dormir”, se lee en la nota, según el contenido divulgado sobre el caso.

Las palabras reflejan, de acuerdo con el propio relato, una situación de extrema vulnerabilidad. La mujer aseguró que no contaba con una vivienda en la que pudiera resguardarse junto a la pequeña y manifestó que permanecer a su lado significaría exponerla a condiciones que consideraba perjudiciales.

El mensaje también aportó detalles sobre los primeros días de vida de la bebé. Según lo escrito, la pequeña habría nacido el miércoles por la noche, aproximadamente a las 10:30.

“Ella nació el miércoles en la noche a las 10:30; durante esos tres días ha estado durmiendo en el suelo porque no tengo dónde…”, continúa el escrito encontrado junto a la recién nacida.

La mujer expresó que tomó la decisión desde el dolor y no ocultó el conflicto emocional que le generaba separarse de su hija. En el mensaje aseguró que consideraba que la bebé sufriría si permanecía junto a ella debido a las condiciones en las que se encontraba.

La situación también pone de manifiesto una realidad de vulnerabilidad social, particularmente cuando la ausencia de un lugar seguro para vivir puede convertirse en un obstáculo para garantizar las necesidades básicas de un recién nacido.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de la mujer que habría escrito el mensaje ni sobre las circunstancias específicas que la llevaron hasta el lugar donde fue encontrada la bebé.

Después de ser localizada, la prioridad de los agentes fue garantizar la integridad de la recién nacida. La Policía informó que los uniformados la pusieron a salvo y gestionaron su traslado para que recibiera la atención médica correspondiente.

El procedimiento continuará con las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió antes de que la bebé fuera abandonada y determinar las condiciones en las que permaneció desde su nacimiento.

Las autoridades también deberán establecer las medidas de protección para la menor, tomando en cuenta que se trata de una recién nacida que fue encontrada sin la compañía de un adulto responsable.

El caso permanecerá bajo seguimiento de las instituciones correspondientes, que deberán determinar las acciones legales y de protección que procedan a partir de las circunstancias documentadas.

La decisión de dejar a la pequeña, sin embargo, activó la respuesta de las autoridades después de que ciudadanos reportaran su presencia mediante el 911. Gracias a esa alerta, agentes de la UMEP-4 acudieron al sitio y pudieron poner a la recién nacida bajo resguardo.

Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad será garantizar que la bebé permanezca protegida y reciba atención adecuada, al tiempo que se reconstruyen las circunstancias que rodearon su abandono.

El cierre de medios, el exilio de reporteros y la reducción de espacios académicos amenazan la formación de nuevos periodistas independientes en Nicaragua, según advirtió la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

La organización sostuvo que la persecución contra la prensa en el país ya no afecta solo a las redacciones que fueron clausuradas, confiscadas o forzadas a operar desde el exterior. La falta de condiciones para enseñar y ejercer el oficio también compromete el relevo profesional que deberá informar sobre la realidad nicaragüense en los próximos años.

De acuerdo con datos de FLED, al menos 310 periodistas y trabajadores de medios abandonaron Nicaragua desde 2018. La cifra incluye a comunicadores que salieron por motivos de seguridad, persecución del régimen, pérdida de empleo o imposibilidad de sostener su trabajo dentro del país. Cabe destacar que buena parte de los medios independientes que aún producen información lo hace desde el exilio.

El debilitamiento de la prensa también se refleja en la salida de profesionales de la actividad. Durante 2024, FLED documentó que al menos 52 periodistas dejaron de ejercer. Entre los factores señalados aparecen el desempleo, los salarios bajos, el cierre de programas informativos, los riesgos asociados a la cobertura y la necesidad de conseguir otras fuentes de ingresos.

En ese escenario, el periodismo crítico y de investigación perdió atractivo para jóvenes que evalúan su futuro profesional. Muchos optan por áreas vinculadas a la creación de contenido, el mercadeo digital o las relaciones públicas, actividades que perciben como alternativas con menos exposición a represalias.

La decisión ocurre en un contexto de vigilancia, amenazas, campañas de hostigamiento digital y presión sobre comunicadores y sus familias. Según la organización, estas condiciones afectan tanto a periodistas que permanecen en Nicaragua como a quienes continúan su labor desde otros países.

Por su parte, la Fundación señaló que 11 departamentos de Nicaragua, equivalentes al 65% del territorio nacional, no tienen medios independientes. La ausencia de redacciones locales limita el acceso de la población a información producida fuera de los canales oficiales y reduce los espacios de aprendizaje para quienes buscan comenzar una carrera en el periodismo.

El cierre de la UCA redujo la formación crítica

La reducción de los espacios de enseñanza universitaria agravó el problema. La confiscación y el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), en 2023, eliminó uno de los centros académicos que durante décadas formó a profesionales de la comunicación con una orientación crítica e independiente.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había alertado sobre la falta de instituciones capaces de formar nuevas generaciones de comunicadores en Nicaragua. El organismo indicó que ese deterioro puede profundizar el cerco informativo impuesto sobre la sociedad.

Aunque continúan vigentes carreras relacionadas con la comunicación, FLED indicó que las actividades difundidas por varias universidades muestran una orientación centrada en la divulgación de políticas oficialistas. La organización planteó que esa oferta deja menos margen para la enseñanza de herramientas vinculadas a la investigación, el control del poder y la cobertura independiente.

Algunos medios nicaragüenses que trabajan desde el exilio desarrollan talleres y programas de formación para periodistas jóvenes. Esa tarea, sin embargo, enfrenta límites concretos: el temor de las fuentes dentro del país, las dificultades para comprobar información de forma directa y los riesgos que corren quienes aún cubren hechos desde territorio nicaragüense.

La situación plantea una preocupación que trasciende el presente de los medios clausurados o desplazados. La capacidad de contar lo que ocurre en Nicaragua dentro de cinco o diez años dependerá, en parte, de que existan periodistas con formación, fuentes, respaldo editorial y condiciones mínimas de seguridad para ejercer.

La joven había muerto de forma violenta en la aldea San Antonio, municipio de La Masica, Atlántida, después de un hecho que, según las primeras investigaciones, habría estado precedido por una discusión con su pareja sentimental.

El cadáver ya había sido preparado para el funeral cuando agentes y personal vinculado con las diligencias fiscales llegaron para recuperarlo y ordenar la autopsia.

Un velorio interrumpido por una investigación pendiente

Videos difundidos desde el lugar muestran a familiares observando entre llantos cómo el ataúd era retirado bajo presencia policial.

La escena generó cuestionamientos porque, tratándose de una muerte violenta, la autopsia puede ser determinante para establecer la trayectoria de los disparos, número de lesiones, distancia aproximada y causa precisa del fallecimiento.

Esos elementos pueden terminar siendo decisivos en un eventual proceso penal.

Por eso, la pregunta que deja el procedimiento es por qué el cuerpo llegó a ser entregado y preparado para sepultura antes de completar esa diligencia forense.

La pareja aparece en la investigación

La información preliminar señala que Vivian se encontraba dentro de una vivienda cuando se produjo una discusión con su pareja.

Durante el altercado, el hombre habría utilizado un arma de fuego y posteriormente abandonado el lugar.

La joven fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Por ahora, la pareja figura como principal sospechoso en las primeras diligencias, pero su responsabilidad todavía debe ser establecida por las autoridades y eventualmente por un tribunal.

Hasta el momento no se ha informado de una captura.

La autopsia puede reconstruir lo que ocurrió

El examen médico-legal permitirá documentar lesiones que después de un proceso de preparación funeraria pueden resultar más difíciles de interpretar visualmente.

También permitirá contrastar los hallazgos científicos con declaraciones de testigos, inspecciones de la vivienda y cualquier evidencia balística recuperada.

En investigaciones por homicidio, esa combinación puede determinar si la versión reconstruida por los investigadores coincide con la evidencia física.

La autopsia no establece por sí sola quién disparó, pero sí puede ayudar a responder cómo, cuándo y de qué manera murió la víctima.

Una familia obligada a despedirse dos veces

Más allá de la investigación, el procedimiento tuvo un costo emocional evidente.

Los familiares ya habían iniciado el proceso de despedida cuando tuvieron que entregar nuevamente el cuerpo a las autoridades.

En los videos se escuchan llantos y expresiones de angustia, mientras uno de los presentes habría sufrido una descompensación.

La situación muestra por qué los protocolos posteriores a una muerte violenta no son simplemente trámites administrativos.

Una omisión o retraso puede afectar tanto la investigación penal como a una familia que ya atraviesa un duelo.

El caso ahora depende de dos respuestas

La investigación tendrá que aclarar primero quién mató a Vivian del Ángel Vega y en qué circunstancias.

Pero existe además una segunda interrogante institucional:

¿Cómo fue posible que una muerte bajo sospecha criminal llegara hasta un velorio antes de que Medicina Forense practicara la autopsia correspondiente?

La respuesta a la primera pregunta podría llevar ante la justicia al responsable.

La segunda servirá para determinar si hubo una falla en los procedimientos que nunca debió añadir más sufrimiento a la familia.

Guatemala acumuló 33.334 casos confirmados de sarampión y 41 muertes al 31 de agosto de 2026, tras sumar 768 contagios y nueve fallecimientos en dos semanas, mientras la transmisión desacelera pero los bebés mantienen una mortalidad muy superior a la nacional, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La vacunación contra la enfermedad alcanzó 1.955.792 dosis aplicadas el 20 de agosto entre la respuesta al brote y el esquema regular. Esa cifra implica 145.023 aplicaciones adicionales en tres semanas, frente a las 1.810.769 registradas el 28 de julio.

El aumento reciente de casos fue menor que el del corte anterior, cuando se habían incorporado 1.426 contagios en 18 días. La curva descendió después del pico de transmisión registrado entre las semanas epidemiológicas 16 y 18, del 19 de abril al 9 de mayo.

Durante la semana epidemiológica 34, la última con información completa, se notificaron 102 casos. Fue el registro semanal más bajo desde el inicio del brote.

Una mortalidad infantil 23 veces superior a la nacional

La letalidad nacional pasó de 0,10% el 17 de agosto a 0,12% al cierre del mes. La proporción equivale a un fallecimiento por cada 1.000 casos confirmados en el país.

Entre los menores de un año, la letalidad llegó a 0,55%, frente al 0,52% del corte previo. El indicador fue más de cinco veces mayor que el promedio nacional.

La tasa de mortalidad, que compara el número de muertes con el total de la población, fue de 0,21 por cada 100.000 habitantes. En los bebés menores de un año alcanzó 4,79 por cada 100.000, una diferencia de 23 veces respecto de la tasa general y frente a las 25 veces reportadas dos semanas antes, cuando era de 4,23.

Los casos en menores de un año subieron de 3.017 a 3.111. Entre 2.304 bebés con la edad mensual calculable, los contagios aumentaron desde los cuatro meses y tuvieron sus picos a los cinco y seis meses, con 264 y 277 casos, respectivamente.

La Comisión Nacional del MSPAS completó el análisis de 26 fallecimientos, la misma cantidad examinada en el corte anterior pese al incremento del total de muertes. De esos casos, 84,6% presentó neumonía como complicación asociada, 50% pertenecía al pueblo maya y 65,4% no tenía antecedentes de vacunación.

Las nueve defunciones incorporadas entre el 17 y el 31 de agosto incluyeron a menores de un año que todavía no tenían edad para recibir la vacuna y a pacientes con antecedentes de desnutrición crónica.

Izabal, Guatemala y Sololá, los departamentos con mayor incidencia

Izabal conservó la tasa de incidencia más alta del país, con 374,9 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de los 353,6 reportados el 17 de agosto. El departamento de Guatemala pasó de 319,2 a 322,4, mientras que Sololá avanzó de 299,8 a 302,4.

Los siete departamentos clasificados con nivel de transmisión “muy alto” se mantuvieron sin cambios: Izabal, Guatemala, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y Jalapa. El tablero Go.Data ubicó allí la mayor actividad de transmisión.

Las personas de 15 a 39 años representaron 63% de los casos confirmados en ambos cortes. Dentro de ese rango, el grupo de 20 a 29 años siguió siendo el más afectado, al pasar de 12.039 a 12.285 contagios.

La distribución por sexo permaneció prácticamente estable: 51% de los casos correspondió a mujeres y 49% a hombres. El porcentaje de personas sin antecedentes de vacunación también creció de 67,3% a 67,5%, mientras que quienes tenían el esquema completo se mantuvieron cerca de 3,7%.

El Ministerio modificó el criterio de confirmación durante el brote. Antes solo se consideraban confirmados los casos con una prueba de laboratorio positiva; ahora también se incluyen aquellos vinculados por nexo epidemiológico y los que cumplen la definición clínica durante un brote activo.

De los casos acumulados al 31 de agosto, 8.217 fueron confirmados por laboratorio, equivalente a 24,6%; 3.721, por nexo epidemiológico, 11,2%; y 21.396, por criterio clínico, 64,2%. Las proporciones fueron casi idénticas a las del 17 de agosto.

La dosis cero para lactantes de seis a 11 meses, que habitualmente no reciben la vacuna a esa edad, subió de 78.733 a 86.940 aplicaciones. El esquema regular para niños de 12 meses a menores de siete años pasó de 341.235 a 365.000 dosis.

La campaña de contención para personas de siete a menores de 50 años, iniciada el 11 de mayo, llegó a 1.503.852 dosis, frente a las 1.390.801 registradas a fines de julio.

El proyecto ferroviario que conectará la capital panameña con la frontera de Costa Rica amplió su alcance para convertirse en un corredor de desarrollo económico, capaz de albergar infraestructura eléctrica, fibra óptica, tuberías de agua y telecomunicaciones. La iniciativa proyecta más de 100.000 empleos entre la construcción y las inversiones asociadas.

Representantes de la Secretaría Nacional del Ferrocarril explicaron que la franja reservada tendrá 60 metros de ancho a lo largo del recorrido. Dentro de esa servidumbre coexistirían las vías ferroviarias con otros servicios indispensables, una fórmula que busca reducir costos y acelerar nuevas inversiones en distintas provincias.

El planteamiento llevó a la institución a mantener conversaciones con empresas interesadas en utilizar el corredor. Entre ellas aparece la Empresa de Transmisión Eléctrica, ETESA, que trabaja en la planificación de su cuarta línea de transmisión y podría encontrar una ruta disponible dentro de la servidumbre ferroviaria.

La Secretaría también se reunió con representantes de las empresas de telecomunicaciones para analizar el posible soterramiento de redes de fibra óptica. Según explicaron los voceros, buena parte de esa infraestructura en el interior del país permanece instalada sobre postes, una condición que puede afectar la estabilidad de las comunicaciones ante accidentes o fenómenos climáticos.

La franja igualmente podría recibir tuberías para conducción de agua, torres celulares y otros componentes tecnológicos. El objetivo consiste en que la inversión ferroviaria facilite la instalación de servicios básicos, en lugar de limitarse al traslado de pasajeros y mercancías, mientras mejora la conectividad de las comunidades cercanas al trazado.

Los voceros sostienen que esa disponibilidad de electricidad, agua y telecomunicaciones favorecerá la llegada de comercios, industrias y proyectos inmobiliarios. Las empresas podrían establecerse cerca de las estaciones y reducir parte de sus costos operativos, lo que permitiría crear nuevas actividades productivas fuera del área metropolitana.

La estrategia contempla desarrollar zonas comerciales, residenciales y de servicios alrededor de las terminales, bajo el modelo conocido como desarrollo orientado al transporte. Cada estación podría convertirse así en un nuevo centro de actividad económica, conectado con otros puntos del país mediante un sistema ferroviario para pasajeros y carga.

Las autoridades anticipan además una revalorización de los terrenos próximos al recorrido, debido a la llegada de infraestructura y transporte. Ese efecto, sin embargo, dependerá del ordenamiento territorial adoptado en cada zona, así como de los procesos de adquisición de tierras, planificación urbana y protección de las comunidades residentes.

Según las estimaciones compartidas por representantes de la Secretaría, el conjunto de obras e inversiones podría superar los 100.000 empleos. La cifra combina la mano de obra requerida para construir el ferrocarril con las oportunidades generadas por servicios públicos, comercios, industrias y desarrollos privados vinculados al corredor.

El trazado completo tendría aproximadamente 475 kilómetros y 14 estaciones, desde Ciudad de la Salud y Albrook hasta Paso Canoas. La primera etapa abarcaría más de 200 kilómetros entre Panamá y Divisa, con paradas en Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame-Coronado, Río Hato y la ciudad de Penonomé.

Esa fase también contempla una terminal multimodal en Capira, concebida como puerto seco, y un nuevo puente ferroviario sobre el Canal de Panamá. El sistema se integraría con los puertos del Atlántico y el Pacífico, la Línea 3 del Metro y el actual ferrocarril interoceánico.

Las etapas posteriores extenderían la vía desde Divisa hacia Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas. Además de facilitar los desplazamientos, el Gobierno pretende fortalecer la plataforma logística del país y ampliar las oportunidades económicas en territorios que permanecen alejados del eje canalero.

Actualmente continúan los estudios de demanda, ingeniería conceptual, ambiente, finanzas, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, con participación de firmas internacionales. Mientras se define el costo y la estructura financiera, el proyecto ferroviario incorpora una visión económica más amplia, aunque su impacto final dependerá de las decisiones técnicas y presupuestarias pendientes.

El material audiovisual también exhibe acumulaciones de agua en calles cercanas al estadio y dificultades para el tránsito peatonal en la zona. Ante esta situación y la presencia de una tormenta eléctrica se decretó la suspensión del encuentro. La fecha de reprogramación del juego no se ha dado a conocer.

La situación no cambió dentro del recinto santaneco, donde el campo de juego presentó amplios sectores inundados por la intensidad de las precipitaciones. La lluvia se mantuvo sin tregua sobre Santa Ana y dejó zonas de la cancha con acumulación de agua, lo que impidió que el terreno reuniera las condiciones necesarias para la disputa del juego

La situación ocurrió en medio de lluvias y tormentas que afectaron distintos puntos de El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre el inicio de precipitaciones con actividad eléctrica en sectores del Área Metropolitana de San Salvador y en los departamentos de la zona occidental del país.

La institución señaló que también persistían tormentas en Chalatenango, Cuscatlán, Morazán, Cabañas, San Miguel, el norte de Usulután, San Vicente y La Libertad. De acuerdo con el aviso, esos sistemas estaban acompañados por ráfagas de viento de hasta 35 km/h y se desplazaban hacia el suroeste.

MARN alertó por crecidas súbitas y problemas de movilidad

El MARN advirtió que las condiciones meteorológicas pueden ocasionar inundaciones urbanas y crecidas súbitas en quebradas, con posibilidad de desbordamientos en sectores de La Libertad y San Salvador. La advertencia puso el foco en el Área Metropolitana de San Salvador y en los distritos de Ciudad Arce, Quezaltepeque, San Matías, San Pablo Tacachico, Antiguo Cuscatlán, Huizúcar y Nuevo Cuscatlán.

“Las afectaciones son inminentes y podrían pausar tus actividades. Mantente alerta”, indicó el MARN en su reporte meteorológico. La entidad aclaró que el escenario previsto podía causar.

Por otro lado, en la capital, la Alcaldía de San Salvador desplegó equipos en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para responder a las emergencias provocadas por las lluvias. Las labores buscan mantener seguros los espacios públicos y una de las zonas con mayor tránsito del país.

Árbol cayó sobre tres vehículos en San Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro informó que un equipo municipal removió un árbol de gran tamaño que cayó sobre tres vehículos en la intersección de la 20.ª avenida Norte y la diagonal Cipactly. Las personas que quedaron atrapadas dentro de los automóviles fueron auxiliadas por elementos de Comandos de Salvamento.

La recomendación de las autoridades para la población fue mantenerse atenta a la evolución de las tormentas, evitar cruzar corrientes de agua y tomar precauciones ante posibles interrupciones en la movilidad. El MARN mantuvo la advertencia ante la posibilidad de que las lluvias lleguen a otros sectores del país.

Por su parte, Protección Civil recomendó a los conductores extremar las precauciones durante las lluvias, con el fin de reducir riesgos en las carreteras y resguardar la vida de los ocupantes de los vehículos. Ante cualquier emergencia, las autoridades indicaron que está disponible el número 2281-0888 del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

El director del OIJ, Michael Soto, informó en una llamada telefónica con Noticias Trivisión que agentes de la sede de Quepos ejecutaron cuatro allanamientos en los sectores de Manuel Antonio, Savegre y Fátima para localizar a los sospechosos.

“Estamos vinculando a dos masculinos de apellidos Díaz y López como actores intelectuales de un doble homicidio ocurrido el 4 de julio”, afirmó Soto. Según explicó, dos personas que viajaban en motocicleta dispararon contra las víctimas, quienes se encontraban dentro de un vehículo. Ambas murieron en el lugar.

La captura de ambos se suma a la detención previa de cuatro personas por el mismo hecho. Esos sospechosos permanecen bajo prisión preventiva, de acuerdo con la información brindada por el director del OIJ.

Las diligencias forman parte de una investigación sobre una presunta estructura criminal que operaría en Quepos y que estaría relacionada con una cadena de hechos violentos ocurridos desde enero.

Soto indicó que las autoridades también atribuyen a los detenidos participación en el asesinato de un hombre de apellido Argüello, de 32 años, ocurrido el 3 de enero. A su vez, los vinculan con el crimen de dos hombres de apellido Lara, padre e hijo, quienes murieron el 6 de junio.

El expediente abarca además la muerte de un hombre de apellido Garro, de 36 años, asesinado el 24 de junio. Las autoridades investigan si los mismos sospechosos tuvieron algún grado de participación en esos casos y en otros ataques armados registrados en la zona.

El ataque contra una vivienda causó la muerte de un niño

Entre los episodios que el OIJ asocia con esta investigación se encuentra el homicidio de un menor de edad, ocurrido el 11 de marzo. Según relató Soto, personas armadas dispararon en varias oportunidades contra una vivienda y uno de los proyectiles alcanzó al niño, quien murió como consecuencia del ataque.

“Es un caso muy relevante, muy doloroso, donde falleció un menor de un año y ocho meses”, señaló el director policial en declaraciones recogidas por el citado medio.

La muerte del menor forma parte de una serie de hechos violentos que, según el OIJ, incluye homicidios consumados y tentativas de asesinato. Las autoridades buscan establecer el rol que habrían tenido los detenidos en la planificación y ejecución de esos ataques.

De igual manera, durante los allanamientos, los investigadores decomisaron una pistola calibre nueve milímetros, un rifle calibre 22, municiones, dinero, droga y varios vehículos que, de forma preliminar, aparentan tener orden de captura.

Soto indicó que los elementos incautados serán sometidos a análisis para determinar si alguna de las armas fue utilizada en los homicidios investigados.

“Estamos vinculando esta estructura criminal con varios acontecimientos ocurridos este año, con varios homicidios y tentativas de homicidios”, sostuvo el director del OIJ.

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El Gobierno de Honduras confirmó que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país entre finales de octubre y la primera semana de noviembre de 2026 para realizar la sexta revisión del programa económicovigente, en una visita que también marcará el inicio de conversaciones sobre un eventual nuevo acuerdo para los próximos años.

La confirmación fue realizada por el ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, quien explicó que sostuvo un encuentro con Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante el cual se ratificó la fecha prevista para la visita de la misión internacional.

“Estuvimos con Nigel Chalk, que es el director para el hemisferio occidental para el Fondo Monetario, que nos ha dado a conocer que nos ha confirmado que va a estar aquí en Honduras para lo que va a ser la sexta visita y la revisión del programa”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Hernández Hércules, la misión se desarrollará entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del programa que Honduras mantiene actualmente con el organismo financiero internacional.

El ministro señaló que el Gobierno espera que esta sexta revisión pueda concluirse con normalidad y permita completar el programa vigente, al tiempo que el país pueda acceder a los recursos que todavía están pendientes de desembolso y que corresponden dentro del acuerdo.

Honduras prepara un nuevo programa con el FMI

Más allá de la revisión final, el Gobierno hondureño ya contempla iniciar conversaciones con el FMI para un nuevo programa económico que tendría una duración de aproximadamente tres años y medio, período que coincidiría con buena parte del mandato de la actual administración.

Hernández Hércules explicó que el programa vigente fue diseñado para traslapar dos gobiernos, cada uno con posiciones ideológicas diferentes, por lo que la administración actual pretende plantear un nuevo esquema acorde con su visión económica.

“Recordemos que el programa actual era un programa que traslapaba dos gobiernos con un pensamiento ideológico muy distinto”, manifestó el titular de Finanzas.

Según el funcionario, el nuevo planteamiento estaría orientado a impulsar el crecimiento económico, pero bajo medidas de disciplina fiscal y dentro de los parámetros establecidos por la legislación hondureña.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá como uno de sus principales principios la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que establece reglas para el manejo de las finanzas públicas y busca limitar desequilibrios que puedan comprometer la estabilidad económica del país.

“Este es un gobierno de crecimiento económico que va a llevarse a cabo mediante medidas estrictas bajo la ley de responsabilidad fiscal que siempre hemos abanderado”, afirmó Hernández Hércules.

El eventual nuevo programa será, por tanto, uno de los temas que comenzarán a discutirse paralelamente al cierre del acuerdo actual. Para el Ejecutivo, la negociación representaría una oportunidad para establecer una nueva hoja de ruta económica que acompañe sus prioridades durante los próximos años.

FMI destaca acciones económicas de Honduras

Durante los encuentros con representantes del organismo internacional, el Gobierno también recibió, según Hernández Hércules, una valoración positiva sobre algunas de las medidas económicas implementadas por Honduras.

El ministro aseguró que el FMI ha “aplaudido” varias de las acciones adoptadas por la administración y que existe particular atención internacional sobre los problemas que enfrenta Honduras a causa de la sequía, una situación que, según explicó, también está afectando a otros países de la región.

La falta de lluvias ha generado presiones sobre diferentes sectores productivos y también representa un desafío para el sistema energético hondureño, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica.

Para el funcionario, el tratamiento de esta problemática requiere una visión que trascienda las fronteras nacionales, debido a que la sequía se ha convertido en un problema regional que puede tener consecuencias sobre la producción, los precios y la generación de electricidad.

Reformas energéticas reciben respaldo

Otro de los asuntos destacados por el titular de Finanzas fue la aprobación de las reformas energéticas, que el Gobierno considera un paso importante para enfrentar la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hernández Hércules afirmó que no solamente el FMI ha valorado positivamente estas reformas, sino que también han recibido respaldo de agencias del Gobierno de Estados Unidos.

El funcionario calificó la aprobación de estas medidas como un paso “trascendental” para Honduras y defendió que las modificaciones planteadas no constituyen un experimento, sino que se basan en mecanismos que ya han sido aplicados en otros países de Centroamérica.

“No estamos inventando el agua caliente”, expresó el ministro al referirse a las reformas, y señaló que mecanismos similares ya han funcionado en países como Guatemala y El Salvador, donde, según sostuvo, han generado resultados positivos.

Para el Gobierno hondureño, estas reformas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar la situación de la ENEE, empresa estatal que durante años ha acumulado problemas financieros y operativos.

Hernández Hércules, sin embargo, reconoció que las reformas energéticas constituyen solamente una parte de la solución. “Esta solamente es una pieza en el rompecabezas, que es salvar la ENEE”, afirmó.

La llegada de la misión del FMI se producirá así en una etapa relevante para la política económica de Honduras, ya que además de evaluar el cumplimiento de los compromisos del programa vigente, podría sentar las bases para una nueva negociación entre el organismo internacional y el Gobierno.

La sexta revisión será determinante para cerrar el actual acuerdo y avanzar hacia la obtención de los recursos que todavía están pendientes. Posteriormente, las conversaciones sobre un nuevo programa permitirán discutir las metas económicas y fiscales que Honduras deberá cumplir durante los próximos años.

Con la visita prevista para finales de octubre y comienzos de noviembre, el Gobierno de Nasry Asfura busca mantener la relación con el FMI y utilizarla como parte de su estrategia para fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas, impulsar el crecimiento y avanzar en las reformas consideradas prioritarias para el país.

El Ejecutivo también tendrá que enfrentar durante este proceso desafíos como la sequía, la situación financiera de la ENEE y las presiones fiscales, asuntos que podrían formar parte de las discusiones con el organismo internacional mientras Honduras define la ruta económica que seguirá durante los próximos tres años y medio.

El Israel Flores Ortiz, salvadoreño de 19 años, fue deportado a El Salvador el 8 de septiembre de 2026, después de cumplir una condena en Virginia por agresiones sexuales contra alumnas menores de edad de la preparatoria de Fairfax, donde también estudiaba. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la expulsión, difundida por Univisión, luego de que un juez de inmigración ordenara su deportación.

Flores Ortiz había sido acusado de agredir a 13 niñas en los pasillos del plantel, algunas de apenas 13 años. Las autoridades sostuvieron que tocó las partes íntimas de las estudiantes.

Los hechos ocurrieron antes del 25 de febrero y del 4 de marzo, cuando el joven tenía 18 años. Se entregó a la policía el 7 de marzo y enfrentó nueve cargos de agresión y lesiones.

Una condena de 360 días frente a una pena posible de nueve años

La sentencia fue dictada el 21 de abril de 2026: 360 días de prisión y dos años de libertad condicional. Aunque podía recibir hasta nueve años de cárcel, los descuentos por el tiempo ya detenido y otros beneficios procesales redujeron a 135 días el período que le restaba cumplir.

Flores Ortiz permanecía en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Fairfax desde el 25 de marzo. Su fecha de liberación había sido fijada para el 3 de septiembre de 2026.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, lo tomaron bajo custodia el 31 de agosto, tras su salida de ese centro, según un portavoz de la agencia. La Oficina del Sheriff del Condado de Fairfax había anticipado que el organismo migratorio asumiría su custodia inmediatamente después de la liberación.

Las condiciones de la libertad condicional le impedían acercarse a la preparatoria de Fairfax y mantener contacto con menores mientras estuviera bajo supervisión. El 10 de agosto de 2026, un juez de inmigración del Departamento de Justicia había ordenado su expulsión de Estados Unidos.

Las denuncias que surgieron tras el primer testimonio

Una de las víctimas relató lo sucedido y ese testimonio impulsó a otros estudiantes a denunciar, explicó la fiscal Jenna Sands a WUSA9. Después del arresto, más jóvenes se presentaron para afirmar que también habían sido agredidas.

Un padre de familia sin relación con las víctimas consideró que la concentración de alumnos en los pasillos facilitaba las agresiones. La defensa utilizó ese mismo contexto para sostener una explicación diferente sobre los contactos físicos.

Durante el juicio se exhibieron grabaciones de vigilancia que registraron momentos en los que, según la acusación, las alumnas fueron atacadas. El abogado Demetry Pikrallidas, representante de las familias de las víctimas, respaldó la sentencia: “Creemos que este fue el resultado correcto. Esto fue intencional, deliberado e invasivo”.

Pikrallidas sostuvo que Flores Ortiz elegía a las niñas y actuaba “por diversión”. La Fiscalía afirmó que no se trató de hechos aislados, sino de una conducta sistemática repetida en distintos días.

El abogado defensor Jamie Hospers argumentó que las imágenes no permitían observar los delitos en sí mismos y que los pasillos abarrotados podían haber provocado contactos accidentales. El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó al gobierno de Virginia, encabezado por Abigail Spanberger, por las políticas de santuario del estado.

ICE indicó que Flores Ortiz ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2024 y fue liberado durante la administración del presidente Joe Biden. Tras la orden judicial migratoria, fue expulsado del país y enviado de regreso a El Salvador.

El fenómeno de El Niño podría trasladar sus efectos a la economía de Centroamérica y República Dominicana, a través de un aumento en los precios de los alimentos y la electricidad, restricciones para el transporte marítimo y presiones sobre la actividad productiva.

El reporte “Perspectivas económicas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, elaborado por Deloitte, advierte que el impacto más marcado puede concentrarse en 2027.

El fenómeno de El Niño comenzó oficialmente el 11 de junio de 2026. En julio, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estimó en 81% la probabilidad de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre. Si se confirma, estaría entre los eventos más intensos registrados desde 1950.

La principal consecuencia climática prevista para la región es la sequía. La fase cálida del fenómeno ENOS, sigla de El Niño-Oscilación del Sur, suele asociarse con menores lluvias, temperaturas más altas y estrés hídrico, sobre todo en la vertiente del Pacífico y el Corredor Seco.

La menor disponibilidad de agua puede afectar tanto a la agricultura como a la generación de energía y la operación logística de Panamá.

Menor oferta de granos básicos

El reporte identifica a la producción agropecuaria como una de las primeras vías de consecuencias del fenómeno hacia los hogares.

La sequía puede reducir la oferta de granos básicos en el Corredor Seco, mientras que el encarecimiento de fertilizantes y diésel puede elevar los costos de producción y trasladarse a los precios finales de los alimentos.

El impacto sobre la canasta alimentaria podría extenderse hasta 2027, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el estudio. El café también aparece entre las actividades expuestas a los efectos del menor régimen de lluvias y las temperaturas más elevadas.

El informe incluye entre los temas a seguir la persistencia de aumentos en alimentos y energéticos, junto con la evolución del conflicto en Medio Oriente y su incidencia sobre los precios internacionales del petróleo.

La sequía amenaza la energía hidroeléctrica y la operación del Canal de Panamá

La sequía también amenaza la generación hidroeléctrica. Si caen los niveles de agua disponibles para las plantas, los países deberán compensar parte de esa producción con fuentes térmicas, que implican mayores costos por el uso de combustibles.

El documento señala que una menor generación hidroeléctrica puede presionar las tarifas eléctricas al alza. El aumento de ese costo tendría efectos sobre los presupuestos familiares y sobre empresas que dependen de electricidad para sus procesos productivos.

A la vez, los gobiernos podrían enfrentar una mayor carga fiscal si aplican subsidios energéticos o programas de apoyo para contener el impacto de las tarifas. El reporte considera esos desembolsos como uno de los factores que podrían modificar el escenario económico de la región durante 2026 y 2027.

En Panamá, las condiciones de sequía pueden afectar los niveles de agua necesarios para la operación del Canal. El análisis contempla posibles restricciones de calado y dificultades logísticas como una de las cuatro vías principales por las cuales El Niño puede repercutir en la economía regional.

Las limitaciones sobre el calado de los buques podrían incidir en la actividad del Canal de Panamá y en las cadenas de suministro. El reporte sitúa a la logística y al transporte entre los sectores que deben monitorearse ante una eventual profundización del fenómeno.

La advertencia adquiere relevancia para una economía en la que el comercio y el transporte figuran entre las actividades que lideran el crecimiento.

El reporte diferencia dos etapas. Durante 2026 prevé la consolidación del fenómeno, alertas para el sector agrícola, ajustes tarifarios y las primeras posibles restricciones al tránsito marítimo. Para 2027, en cambio, anticipa que los efectos más fuertes pueden manifestarse sobre los embalses, las cosechas y el Canal de Panamá.

En todos los casos, el documento plantea que los efectos del clima se combinarán con otros factores económicos, como la evolución de las remesas, los precios de los combustibles, el desempeño de Estados Unidos y la trayectoria de la inflación.

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 27 años fue encontrado durante la madrugada de este sábado en un herbazal del sector 2 de Mayo, en Burunga, distrito de Arraiján. La víctima estaba en ropa interior y presentaba indicios que deberán ser examinados por los peritos para establecer cómo murió.

El hallazgo ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, a un costado de la calle Macaraqueña. Un residente que transitaba por el lugar observó el cuerpo entre la vegetación y alertó a las autoridades, lo que provocó la llegada de unidades policiales y personal encargado del levantamiento y las primeras diligencias.

Habitantes de la comunidad indicaron que conocían a la mujer como “Melany” y que presuntamente trabajaba en un bar cercano. Esa información forma parte de las versiones proporcionadas por los vecinos, pero su identidad completa todavía deberá ser confirmada oficialmente mediante los procedimientos forenses y la comunicación con sus familiares.

La forma en que fue encontrada generó sospechas sobre una posible agresión sexual, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada por el Ministerio Público. La ausencia de determinadas prendas tampoco permite establecer por sí sola cómo ocurrió el hecho, por lo que serán determinantes la necropsia y los análisis científicos.

Los investigadores deberán establecer si la víctima murió en el herbazal o si su cuerpo fue trasladado desde otro punto. También buscarán cámaras de vigilancia, registros telefónicos y posibles testigos, además de reconstruir sus últimos movimientos y determinar con quién estuvo antes de producirse su muerte.

El caso fue presentado inicialmente como el homicidio número 31 registrado durante 2026 en Panamá Oeste. Sin embargo, esa clasificación puede variar conforme avance la investigación, especialmente si aparecen elementos que permitan considerar el hecho como femicidio o si la autopsia determina una causa distinta de muerte.

La legislación panameña considera femicidio la muerte de una mujer provocada por razones relacionadas con su género, dentro de circunstancias específicas establecidas por la ley. Por eso, no todo homicidio de una mujer recibe automáticamente esa clasificación y corresponde a los fiscales demostrar los elementos vinculados con violencia, discriminación o relaciones de poder.

Hasta el 31 de julio, Panamá Oeste acumulaba dos femicidios, tres tentativas y una muerte violenta de mujer, de acuerdo con el último informe disponible del Ministerio Público. Las cifras son preliminares y pueden ser modificadas por la recalificación jurídica de los expedientes en investigación.

En el ámbito nacional fueron contabilizados 13 femicidios y 17 tentativas durante los primeros siete meses del año. También se registraron 10 muertes violentas de mujeres clasificadas separadamente, lo que significa que 30 mujeres fueron víctimas de ataques femicidas consumados o intentados, sin incluir otros fallecimientos todavía investigados bajo una categoría diferente.

Panamá Oeste duplicó los femicidios registrados durante el mismo periodo del año anterior, al pasar de uno a dos. La provincia aparece además entre las jurisdicciones con mayor incidencia, detrás de Panamá y San Miguelito, que acumularon tres víctimas cada una, mientras Chiriquí también reportó dos casos hasta el cierre de julio.

Uno de los femicidios ocurridos en Panamá Oeste se registró en enero, también en Burunga, donde un hombre mató a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida. El hecho dejó a dos niñas sin su madre y marcó el primer crimen de este tipo reportado durante el año en el distrito de Arraiján.

La violencia extrema contra las mujeres también ha dejado sobrevivientes en esa comunidad. En mayo, un hombre fue detenido provisionalmente después de ingresar presuntamente a la residencia de una vecina de 45 años y atacarla junto con otro hombre, un expediente investigado como tentativa de femicidio y tentativa de homicidio por la Fiscalía de Panamá Oeste.

El nuevo hallazgo ocurre en una provincia que ya contabiliza 31 homicidios durante 2026, según reportes divulgados este sábado. En abril, las autoridades registraban al menos 16 víctimas, por lo que los hechos posteriores confirman una continuidad de la violencia, especialmente en sectores densamente poblados de Arraiján y comunidades sometidas al avance de grupos delictivos.

Las estadísticas de femicidios, sin embargo, no deben mezclarse automáticamente con el total de asesinatos. Una parte de los homicidios en Panamá Oeste está relacionada con disputas criminales, armas de fuego y pandillas, mientras la violencia contra las mujeres responde a dinámicas particulares, como control, amenazas, agresiones previas y conflictos dentro de relaciones sentimentales o familiares.

El Ministerio Público deberá determinar ahora si la muerte de la joven constituye un homicidio, un femicidio u otra clase de hecho. Hasta que concluyan los primeros exámenes, las versiones sobre abuso sexual o la identidad del responsable permanecen sin confirmar, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima.

Los hogares de abrigo y protección del Estado en Guatemala reúnen a adolescentes vinculados con pandillas y a niños separados de sus familias por conflictos de custodia, sin un mecanismo de clasificación que impida su contacto y reduzca el riesgo de reclutamiento criminal dentro de los propios centros.

La situación fue expuesta recientemente en el Congreso de la República por el diputado José Chic, de la bancada VOS, durante una comparecencia sobre seguridad. El legislador alertó que los menores que ingresan a resguardo por causas ajenas a delitos pueden ser captados por integrantes de estructuras criminales mientras esperan una resolución sobre su futuro.

Los adolescentes detenidos cuando tienen 17 años y 11 meses pueden recibir una sanción de apenas seis meses en un centro de resguardo, incluso si fueron capturados por delitos violentos, según explicó el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo. El funcionario cuestionó que los menores quedaran fuera del alcance de la ley antipandillas aprobada en el país.

Niños en disputas familiares junto a adolescentes de pandillas

Los centros reciben a niños y adolescentes que llegan por caminos muy distintos. Algunos fueron separados de sus padres mientras se resuelven disputas de custodia; otros están sujetos a procesos por su presunta participación en pandillas o por hechos delictivos.

Chic describió casos en los que los progenitores se enfrentan por la custodia y “nadie sabía ni con quién, quién se iba a quedar con los patajos”. En esas circunstancias, los menores son trasladados a hogares de abrigo aunque no estén abandonados ni tengan antecedentes penales.

El problema, planteó el diputado, es que el sistema no identifica ni separa a quienes tienen vínculos con organizaciones criminales de quienes ingresaron por conflictos familiares. “Fácilmente es reclutado ahí mismo, porque todavía no hay un tema de perfilación, no hay un tema de separación”, advirtió sobre la posibilidad de que un niño quede expuesto a pandilleros dentro del lugar destinado a protegerlo.

La demora judicial prolonga esa convivencia. Los menores pueden permanecer varios días en los centros mientras esperan una audiencia que determine si regresarán con sus familias o quedarán bajo la custodia de la Procuraduría General de la Nación.

Durante ese lapso, los niños que no tienen relación con actividades criminales pueden compartir espacios con adolescentes que ya integran estructuras delictivas. La falta de una clasificación previa impide establecer circuitos diferenciados de resguardo según el perfil de cada menor.

El legislador mencionó, sin que las autoridades presentes confirmaran esa información, la presencia de una persona identificada como “Primo de Lobo”, quien presuntamente operaría para Barrio 18 dentro de lugares de resguardo. También se refirió a “la Rancherita” o “Ranchita”, vinculada a un ataque con explosivos y que habría cumplido 18 años, aunque continúa dentro del sistema de abrigo.

Las denuncias apuntan a que el sistema de protección estatal puede concentrar perfiles incompatibles bajo una misma custodia.

Límites policiales y ausencia de intervención directa

La Policía Nacional Civil reconoció que tiene escasas posibilidades de actuar dentro del sistema para menores. Boteo explicó que quienes se encuentran en conflicto con la ley penal están bajo la jurisdicción de jueces especializados: “No, no tenemos mayor comunicación, porque además de eso, ellos están sujetos a un juez de menores en conflicto con la ley penal”.

El director calificó ese ámbito como “muy ajeno a la Policía Nacional Civil” y diferenció entre “aquel adolescente o niño rebelde” y quien “ya es parte de una organización criminal y que ha cometido hechos sumamente violentos”. Para la institución, ambos perfiles requieren respuestas distintas, pero la legislación vigente limita esa diferenciación.

Según el funcionario, las normas guatemaltecas sobre derechos humanos son “muy garantistas para el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal”. Esa condición, sostuvo, dificulta que se adopten medidas especiales para menores que tienen una participación sostenida en organizaciones criminales.

La intervención policial solo ocurre de manera puntual cuando un adolescente es detenido en flagrancia con un arma de fuego y los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinan que fue utilizada en otros hechos criminales. En esos casos, la PNC realiza gestiones para procurar el aislamiento del menor.

Aun frente a ese escenario, el director admitió las dificultades: “Es muy difícil” actuar cuando se trata de personas menores de edad. La institución puede recomendar medidas, pero no tiene capacidad de decisión dentro de cárceles ni centros para adolescentes.

El Salvador como referencia para clasificar a los menores

El diputado preguntó por qué Guatemala no aplica un esquema de clasificación de menores similar al de El Salvador. La respuesta policial apuntó a las diferencias legales entre ambos países y al régimen de excepción que mantiene el Estado salvadoreño.

Boteo indicó que El Salvador sostiene ese régimen tanto dentro como fuera de las cárceles, lo que permite una intervención más firme de la policía, el ejército y el Ministerio Público frente a los pandilleros. En Guatemala, señaló, la PNC “únicamente puede recomendar”.

El pedido final de Chic fue establecer coordinación entre la Policía Nacional Civil y las autoridades responsables de los hogares de abrigo. La propuesta busca crear mecanismos que mantengan separados a los menores vinculados con estructuras criminales de quienes ingresan al sistema por situaciones familiares sin relación con delitos.

La Policía Nacional de República Dominicana informó este sábado que detuvo a dos mujeres y un hombre colombianos acusados de integrar una estructura dedicada a drogar y robar a hombres, una modalidad delictiva conocida de forma popular como “Las Dormilonas”. El operativo se realizó en el residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este.

Según publicó la Policía Nacional de República Dominicana en su cuenta oficial de X, los arrestos estuvieron a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad.

Los detenidos fueron identificados como Natali Valeria Castillo González, Laura Valentina Villegas Villafaña y Diego Armando González. Las autoridades los vinculan con una organización que presuntamente contactaba a hombres, los seducía y luego les suministraba una sustancia química para dejarlos en estado de sedación.

De acuerdo con la versión oficial, las víctimas quedaban sin posibilidades de reaccionar y los sospechosos aprovechaban esa situación para quitarles pertenencias. Entre los objetos que buscaban sustraer figuraban dinero en efectivo, prendas de valor, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares y otros artículos personales.

La intervención se concretó tras una orden judicial de allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol. Durante el procedimiento, los investigadores recuperaron una serie de efectos que habían sido denunciados como robados por distintas víctimas.

El listado incluye celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, prendas de oro y artículos de marcas reconocidas. La Policía señaló que los objetos serán incorporados a la investigación para establecer su procedencia y determinar si pertenecen a personas afectadas por la presunta banda.

Los agentes también ocuparon RD$197,000 en efectivo, además de dinero en dólares canadienses y pesos colombianos. La información difundida por la institución no precisó el monto de las divisas extranjeras halladas durante el allanamiento.

Entre los elementos secuestrados figura una sustancia química que será examinada por técnicos de la Policía Científica. El análisis buscará establecer su composición y definir si guarda relación con los hechos que se investigan.

Las autoridades no detallaron qué tipo de sustancia habría sido utilizada contra las víctimas ni cuántas denuncias dieron origen a la pesquisa. Tampoco informaron si los detenidos poseen antecedentes penales en República Dominicana o en Colombia.

A Diego Armando González le fue incautado, además, un documento de identidad que presentaría indicios de falsificación, según indicó la Policía Nacional. Ese hallazgo podría ampliar las líneas de investigación sobre la actividad de la estructura y los mecanismos que habría empleado para evitar controles de las autoridades.

La investigación busca identificar a otras posibles víctimas

La Policía explicó que el caso permanece bajo coordinación del Ministerio Público, que tiene bajo su control a los detenidos y las pruebas ocupadas durante el procedimiento. La investigación procura identificar a otras personas que puedan haber sido afectadas por este método.

Los investigadores también intentarán establecer si existen más integrantes de la organización, cuál era el alcance de sus operaciones y si los objetos recuperados permiten vincular a los arrestados con denuncias concretas.

La modalidad atribuida al grupo consiste, según la información oficial, en generar un vínculo previo con las víctimas antes de suministrarles una sustancia en sus bebidas. Una vez que las personas quedaban sedadas, los sospechosos presuntamente se apoderaban de sus bienes.

El caso pone el foco en una práctica que las autoridades dominicanas denominan “Las Dormilonas”, en referencia a robos cometidos contra personas que son inducidas a un estado de inconsciencia o somnolencia. La Policía no informó si alguno de los afectados requirió atención médica ni si hubo víctimas que resultaron heridas.

Las pesquisas continuarán para determinar las responsabilidades individuales de los tres colombianos detenidos y la eventual participación de otros implicados. El Ministerio Público deberá definir las medidas judiciales que solicitará en las próximas horas.

Un comité del Concejo Municipal de Los Ángeles dio curso a una moción para ampliar la asistencia legal, financiera y comunitaria destinada a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el sitio My News LA.

La iniciativa avanzó el viernes 11 de septiembre en el Comité de Derechos Civiles, Inmigración, Servicios Sociales y Vecindarios, que aprobó la propuesta por dos votos a favor y ninguno en contra. Las concejales Nithya Raman e Ysabel Jurado respaldaron el proyecto, mientras que el concejal Hugo Soto-Martínez, uno de los autores, no participó de la reunión.

La moción, presentada el 21 de agosto por Soto-Martínez y la concejal Mónica Rodríguez, deberá ser tratada ahora por el pleno del Concejo Municipal en una fecha aún no definida.

De acuerdo con el citado medio, el texto propone ampliar la inversión o el uso del programa municipal RepresentLA, que ofrece defensa legal a inmigrantes. También contempla asistencia para el pago de alquileres u otros apoyos económicos, campañas de información y orientación, además de medidas específicas para los sectores más vulnerables dentro de la población beneficiaria del TPS.

La propuesta también ordena analizar las posibles consecuencias económicas que tendría una eventual finalización del programa para los salvadoreños. El estudio deberá identificar los rubros que podrían sufrir mayores efectos y precisar el alcance de esas repercusiones para empleadores, trabajadores y familias de Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó este 9 de septiembre que los salvadoreños amparados por el programa conservan, por ahora, sus permisos para residir y trabajar legalmente en el país. “Se hará un anuncio en el momento apropiado”, señaló la dependencia federal sobre la continuidad del programa.

Pese a ello, la zozobra continúa para 170,000 salvadoreños con TPS en todo Estados Unidos y a cerca de 150,000 hijos de esos beneficiarios.

Karen Bass respaldó la iniciativa del Concejo Municipal

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó en un comunicado su respaldo a la moción promovida por Soto-Martínez y Rodríguez. En una declaración difundida el 10 de septiembre, sostuvo que el gobierno municipal no permanecerá al margen mientras las familias salvadoreñas enfrentan dudas sobre su permanencia en el país y sus autorizaciones de trabajo.

“Los Ángeles no se quedará de brazos cruzados mientras las familias salvadoreñas enfrentan una abrumadora incertidumbre sobre su futuro”, señaló Bass. La alcaldesa respaldó la propuesta de los concejales y sostuvo que la ciudad debe poner a disposición asistencia jurídica, recursos económicos e información antes de que las familias enfrenten una crisis migratoria.

Bass afirmó que los salvadoreños residentes en la ciudad han formado hogares, criado a sus hijos y contribuido a la vida económica y social local durante generaciones. “No son meros visitantes en Los Ángeles; son Los Ángeles”, expresó.

La alcaldesa también planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre el Concejo Municipal, las dependencias de la ciudad y las organizaciones comunitarias. El objetivo, indicó, es formar una red de asistencia para los salvadoreños y otros titulares de TPS que puedan perder su protección migratoria.

El pleno del Concejo Municipal deberá decidir si adopta la moción y encarga a las áreas correspondientes el diseño de los apoyos, el relevamiento de recursos disponibles y el análisis económico solicitado.

El Gobierno de Guatemala informó que recuperó la circulación en los 34 bloqueos que paralizaron rutas del país hasta la noche del viernes 11 de septiembre, mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército desplegado antes del vencimiento de un plazo fijado por la Corte de Constitucionalidad. La reapertura busca restablecer el transporte de personas, mercancías y combustibles, mientras el Ejecutivo prepara un plan ante la posibilidad de nuevas protestas durante el fin de semana de las fiestas patrias.

Las autoridades liberaron las vías a las 23:30 horas, media hora antes de que expirara el plazo de las 02:00 impuesto por el tribunal constitucional. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, presentaron el resultado de la operación en una conferencia encabezada por la secretaria de Comunicación de la Presidencia.

El operativo despejó 20 bloqueos en el distrito central, cuatro en el distrito sur, cuatro en el distrito de Oriente y seis en el distrito norte. La coordinación con el presidente y con el Ministerio de la Defensa ya estaba en marcha desde temprano, lo que permitió movilizar a las fuerzas de seguridad antes de que venciera el mandato judicial.

La última ruta reabierta fue el kilómetro 124 de la carretera al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. La Policía Nacional Civil limpió el tramo después de unas 13 horas de cierre, cerca de las 23:30.

Rutas reabiertas y saldo del operativo

Los puntos liberados incluyeron sectores de San Miguel Petapa, Villa Nueva y Mixco, dentro del área metropolitana. También se despejaron el kilómetro 192, en Jocotán, Chiquimula; la ruta hacia Río Dulce, en El Estor, Izabal; y varios accesos de Petén, entre ellos el sector frente al centro comercial Mundo Maya de Flores.

Dos agentes de policía sufrieron heridas de arma de fuego durante las tareas en el kilómetro 168, en dirección a Cuyotenango, Suchitepéquez. Ambos fueron trasladados a la capital guatemalteca para recibir atención médica.

La jornada terminó con 14 personas consignadas a tribunales por su participación en los cierres y ocho vehículos vinculados a la obstrucción de las carreteras. El Ministerio de Gobernación señaló que el despliegue se orientó a recuperar el control territorial y ejecutar la resolución judicial.

El ministro sostuvo que el Ejecutivo logró acatar la orden dentro del tiempo establecido por la planificación previa y el apoyo militar. El Gobierno mantendrá la coordinación entre el Ejército y la Policía Nacional Civil ante la eventual instalación de nuevos bloqueos.

El titular de Gobernación reconoció que pueden producirse más cierres en los próximos días. Sobre la respuesta prevista, afirmó: “Haremos lo que hemos venido haciendo siempre, liberando las vías, quitando los bloqueos y consignando a todas aquellas personas que se vean involucradas en este tipo de actividades”.

Las autoridades también investigan la posible intervención de estructuras criminales en la organización de las protestas. Villeda indicó que existen indicios, aunque todavía deben ser verificados antes de presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

El funcionario descartó avanzar con una acusación sin corroborar los elementos reunidos. “Sería irresponsable de mi parte hacer una denuncia formal si antes no tengo, de alguna manera, investigados y corroborados estos indicios”, explicó.

Combustible en tránsito para más de 1.200 estaciones

El desbloqueo permitió la salida de más de 400 vehículos destinados a distribuir diésel, gasolina súper y gasolina regular en más de 1.200 estaciones de servicio de todo el país. El ministro de Energía y Minas, Edwin Barrientos, detalló por enlace desde su cartera que 200 unidades transportaban un tipo de combustible, 160 otro y 50 el restante.

Los vehículos habían quedado retenidos desde la noche del jueves por los cortes de ruta. La interrupción afectó la llegada de suministros a estaciones de servicio, incluidas varias ubicadas en la Ciudad de Guatemala, donde hubo faltantes temporales.

Barrientos aseguró que los problemas obedecieron a la imposibilidad de transportar el combustible por los cierres en ambos extremos de las rutas de abastecimiento, no a una escasez de existencias. El Ministerio de Energía y Minas prevé que la distribución comience a normalizarse a partir del 13 de septiembre.

Ese día, a las 16:00, está prevista la llegada del buque Silver Evalina con 5,5 millones de galones de gasolina. Una segunda embarcación arribará en los días siguientes con otros 7,5 millones de galones, volúmenes que se sumarán a las reservas ya disponibles dentro del país.

El ministro pidió evitar compras motivadas por el temor a una falta de producto: “Hay combustible en Guatemala, hay suficiente, que no se preocupen, que no entren en compras de pánico”. La cartera mantiene contacto directo con transportistas e importadores para controlar el suministro en tiempo real.

Según Barrientos, Guatemala no ha registrado un desabastecimiento de combustible desde hace 25 años.

La cooperación policial entre Panamá y Costa Rica permitió la captura de Favio Javier Enrique Díaz Bascombe, alias “Chombón”, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades panameñas. El hombre es requerido por pandillerismo y homicidio agravado, según confirmó la Policía Nacional.

Díaz Bascombe fue detectado en Punta Arenas, distrito de Las Cuestas, en territorio costarricense, después de un intercambio de información entre organismos de inteligencia. La operación contó con la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica y las unidades investigativas panameñas.

Las autoridades costarricenses coordinaron su expulsión y posterior entrega en Paso Canoas, principal cruce terrestre entre ambos países. Tras ingresar a Panamá, el sospechoso quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial, encargada de ponerlo a disposición de la autoridad que solicitó su aprehensión.

La captura muestra el papel que cumple la cooperación binacional frente a sospechosos que cruzan la frontera para intentar evadir procesos penales. En este caso, la localización dependió del intercambio previo de información, pues el requerido ya había salido de la jurisdicción donde se investigan los delitos atribuidos.

Los controles fronterizos también permitieron inadmitir a dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo agravado. Ambos fueron detectados en el Puente Binacional de Bocas del Toro y devueltos a Costa Rica después de que las autoridades aplicaran el artículo 50 de la normativa migratoria panameña.

Esa disposición permite al Servicio Nacional de Migración negar la entrada o el tránsito a extranjeros cuando existen circunstancias que comprometen la seguridad pública. La inadmisión es una decisión administrativa adoptada en el punto de entrada y se diferencia de una captura penal, porque la persona no necesariamente es requerida por Panamá.

Pero no toda la actividad migratoria se concentró en la frontera: en las terminales aéreas también se desarrollaron procedimientos. Un ciudadano brasileño fue identificado mientras permanecía en tránsito por Panamá. Sobre el viajero existía una alerta vinculada con una orden de arresto vigente en Massachusetts, Estados Unidos, por un presunto delito relacionado con narcotráfico, lo que activó las coordinaciones internacionales correspondientes.

Las verificaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen permitieron detectar a un venezolano con una orden de aprehensión por delitos contra el orden económico. El ciudadano fue entregado a la Dirección de Investigación Judicial, que deberá identificar a la autoridad solicitante y continuar los trámites establecidos dentro del expediente.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, una colombiana procedente de Bogotá fue inadmitida tras comprobarse que mantenía antecedentes por hurto agravado. Migración aplicó la misma disposición utilizada en el Puente Binacional y ordenó su devolución, sin permitir que la viajera ingresara formalmente al territorio nacional.

Operación Terracota

A estos procedimientos se sumó la Operación Terracota, desarrollada en el área del Terraplén, en Santa Ana, y en el distrito de La Chorrera. Durante el operativo fueron aprehendidos cuatro ciudadanos venezolanos y una mujer panameña, por presuntas irregularidades migratorias y delitos vinculados con bienes de procedencia ilícita.

La acción interinstitucional incluyó 15 diligencias de allanamiento y registro ejecutadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Nacional de Aduanas. Los agentes incautaron dinero en efectivo, equipos tecnológicos, relojes y cajas de cigarrillos, junto con otros artículos cuya procedencia será verificada durante la investigación.

Las autoridades vinculan a los detenidos con presuntos delitos de hurto y receptación de bienes provenientes de actividades ilícitas. También identificaron casos de estadía vencida, una infracción administrativa que puede derivar en multas, deportación o impedimentos de entrada, dependiendo de la situación migratoria y los antecedentes de cada persona.

La Alcaldía de Panamá mantiene activas dos licitaciones que suman $1,100,524 para organizar sus actividades navideñas y de fin de año. Los procesos abarcan el encendido del árbol, el desfile, celebraciones comunitarias y un espectáculo masivo el 31 de diciembre en la Cinta Costera.

La primera contratación tiene un precio de referencia de $533,000 para desarrollar las Actividades Navideñas 2026. El proyecto incluye el encendido oficial del árbol, el programa Calles que Brillan, el desfile, presentaciones culturales y recreativas, además de las tradicionales fiestas del Día de Reyes de 2027.

La programación comenzará el 29 de noviembre con el encendido del árbol en el Mirador del Pacífico. El desfile se realizará el 12 de diciembre en la Cinta Costera, mientras Calles que Brillan y las celebraciones de Reyes llegarán a tres corregimientos de Panamá Centro, Norte y Este.

Buena parte del presupuesto será destinada a la logística y seguridad del desfile navideño. El pliego solicita 9,000 cupones de alimentación para los estamentos de seguridad y emergencia, 200 baños portátiles, cinco ambulancias, 20 agentes privados y 15 radios para coordinar al personal desplegado durante el recorrido.

La contratación también comprende cinco unidades móviles de sonido, tres puntos con efectos especiales, torres de iluminación, gradas, camerinos y diferentes tarimas. Una estará destinada a la transmisión del desfile, otra a invitados especiales y una tercera ofrecerá accesibilidad y visibilidad a personas con discapacidad.

El Municipio fijó los $533,000 después de recibir tres cotizaciones directas por $545,084, $566,286 y $576,954. El promedio alcanzó $562,775, pero fue reducido en $29,775.40 para ajustarlo a la disponibilidad aprobada dentro del presupuesto municipal para este proyecto.

Los registros muestran que la contratación equivalente de 2025 fue adjudicada por $414,180 para las actividades de esa temporada. El nuevo precio de referencia representa un aumento de $118 mil, equivalente a aproximadamente 28.7%, aunque la programación y los servicios incluidos no son exactamente iguales.

La segunda licitación activa asciende a $567,524 para la Fiesta de Fin de Año I Star PTY 2026. La actividad se celebrará el 31 de diciembre en el Mirador del Pacífico y concentrará la producción artística, técnica y operativa necesaria para recibir 2027.

El espectáculo tendrá dos artistas internacionales del género tropical, cuatro intérpretes nacionales de música urbana y dos exponentes panameños de música típica. El proveedor seleccionado asumirá la contratación, hospedaje, transporte y requerimientos técnicos de los artistas, además de coordinar los ensayos y las presentaciones.

El montaje incluirá un escenario de aproximadamente 60 por 40 pies, 48 módulos de sonido, 12 subwoofers y 80 luminarias profesionales. También se requieren 150 metros cuadrados de pantallas LED, circuito cerrado de televisión, instrumentos, consolas y equipos audiovisuales para la transmisión de contenidos durante la celebración.

El pliego agrega 12 generadores eléctricos, 62 baños portátiles, ocho torres de iluminación, 70 agentes de seguridad privada y dos ambulancias. La empresa deberá encargarse igualmente de los permisos, la conectividad, la publicidad y la limpieza, junto con un espectáculo pirotécnico de al menos diez minutos.

La consulta de mercado para esta fiesta tampoco recibió propuestas mediante PanamaCompra. Posteriormente, tres empresas remitieron directamente cotizaciones por $565,465, $570,399 y $566,708, cuyo promedio permitió establecer el precio máximo de $567,524, incluyendo el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios.

Los dos procesos no asignan recursos específicos para la fabricación de carros alegóricos destinados al desfile. En 2025, empresas privadas financiaron sus carruajes y participaron en activaciones, decoraciones y patrocinios de alimentos o bebidas.

A los $1.1 millones de ambas licitaciones se suma el contrato de alumbrado navideño adjudicado por $3,299,893 a Disaroca Group, S.A. La empresa, única participante del acto público, iluminará 35 espacios distribuidos en los 26 corregimientos del distrito y mantendrá parte de las instalaciones después de las festividades.

Al integrar el alumbrado, las actividades navideñas y la fiesta del 31 de diciembre, la inversión municipal prevista alcanza $4,400,417. La cifra combina un contrato ya adjudicado con dos procesos todavía activos y supera los desembolsos identificados para 2025, cuando las luces costaron $2.8 millones y las actividades $414,180.

Un grupo de diputados de distintas fracciones presentó un proyecto de ley que busca prohibir en Costa Rica las denominadas “terapias de conversión”, conocidas técnicamente como ECOSIG, siglas utilizadas para referirse a los esfuerzos dirigidos a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.

La propuesta, impulsada por el Frente Amplio junto con legisladores de otras bancadas, plantea una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de establecer una prohibición expresa sobre la realización, imposición, financiamiento, promoción u ofrecimiento de este tipo de prácticas.

El texto también pretende impedir que profesionales del área de la salud las recomienden o remitan pacientes a personas, centros u organizaciones que las ejecuten.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que estas prácticas no deben ser consideradas terapias debido a que no buscan tratar ninguna enfermedad y, según afirmó, carecen de respaldo científico.

“No son terapias porque no curan ninguna enfermedad. Son prácticas sin respaldo científico que pueden provocar depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio”, manifestó el legislador.

Trejos añadió que el respaldo de diferentes bancadas legislativas refleja, a su criterio, un consenso sobre la necesidad de proteger la salud y la dignidad de las personas por encima de las diferencias políticas.

La propuesta establece que el Ministerio de Salud tendría facultades para ordenar el cese de estas prácticas cuando tenga conocimiento de su realización y podría imponer sanciones económicas de entre uno y cinco salarios base.

Además, la autoridad sanitaria estaría facultada para suspender o cancelar permisos sanitarios, siempre dentro de un procedimiento que respete las garantías del debido proceso.

En aquellos casos en los que se determine la participación de profesionales colegiados, el expediente deberá ser remitido al respectivo colegio profesional para que se valoren eventuales responsabilidades disciplinarias.

Durante la presentación de la iniciativa, Trejos calificó estas prácticas como mecanismos destinados a generar en las personas la percepción de que su orientación sexual o identidad debe ser corregida o reprimida.

“Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que lo que buscan es engañar a la persona para creer que su sexualidad está mal y que tiene que ser reprimida y sancionada”, afirmó.

Uno de los puntos que busca delimitar expresamente el proyecto es su alcance frente a la libertad religiosa y de expresión.

De acuerdo con la propuesta, no serán sancionadas las opiniones, sermones, enseñanzas religiosas ni el acompañamiento espiritual que una persona solicite de manera libre.

Tampoco se pretende impedir la atención psicológica legítima ni los procesos en los que una persona explore aspectos relacionados con su identidad u orientación sexual, siempre que no exista un resultado predeterminado que busque modificarla, reprimirla o eliminarla.

Trejos insistió en que el proyecto fue diseñado de manera que no interfiera con las creencias religiosas, las conversaciones familiares o la búsqueda personal de fe.

El legislador explicó que la iniciativa pretende establecer sanciones específicamente contra profesionales y centros de salud que participen en estas prácticas.

“Lo que propone es un debido proceso contra los profesionales de salud y los centros de salud que se presten para estos engaños y prácticas de tortura”, manifestó.

La propuesta presentada esta semana retoma y actualiza el expediente legislativo N.° 20.970, que había sido presentado originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.

Según Trejos, aquella iniciativa terminó archivada tras vencer el plazo constitucional para su trámite y no como consecuencia de un rechazo de fondo.

El nuevo proyecto, explicó, busca incorporar evidencia científica más reciente y aprovechar los informes técnicos elaborados durante la discusión de la propuesta anterior.

“La experiencia con una ley anterior que fue archivada simplemente por el vencimiento del plazo cuatrenal, pero cuyos informes técnicos y científicos demostraron que era justa y necesaria, permite crear un marco jurídico nuevo desde un enfoque científico de salud”, sostuvo.

Con la nueva iniciativa, sus promoventes buscan establecer por primera vez una prohibición específica en la legislación sanitaria costarricense contra los ECOSIG o llamadas “terapias de conversión”, junto con mecanismos administrativos para detener su realización y sancionar a quienes participen profesionalmente en ellas.

“Costa Rica debe establecer un límite claro: ninguna persona reprimida por su propia identidad”, concluyó Trejos.

República Dominicana notificó 41 muertes infantiles durante la semana epidemiológica 34 de 2026, que abarcó del 23 al 29 de agosto, según el Boletín Semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). La cifra elevó a 1,227 las defunciones en lo que va del año. Frente a las 1,298 registradas en el mismo período de 2025.

El acumulado supone una reducción de 5% interanual, aunque la vigilancia sanitaria mantuvo bajo observación el comportamiento de las defunciones por provincia y la notificación oportuna de los establecimientos de salud. El boletín aclara que los datos son preliminares y pueden modificarse tras la clasificación final de los casos, la búsqueda comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales de morbilidad y mortalidad.

Entre las semanas epidemiológicas 31 y 34, el sistema registró 161 muertes infantiles, apenas por debajo de las 164 contabilizadas en el mismo lapso de 2025.

Del total acumulado en 2026, 1,026 defunciones fueron neonatales, es decir, ocurrieron en los primeros 28 días de vida. Esa cifra equivale a cerca del 84% de las muertes infantiles bajo vigilancia.

En la semana analizada se registraron 34 muertes neonatales, mientras que durante las últimas cuatro semanas el total fue de 136. El indicador refleja el peso que conservan los fallecimientos en las primeras semanas de vida dentro de la mortalidad infantil y sitúa la atención prenatal, el parto y el seguimiento inmediato de los recién nacidos entre las áreas centrales de la respuesta sanitaria.

Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional concentraron los mayores acumulados

La provincia de Santo Domingo acumuló 344 muertes infantiles hasta la semana 34, una disminución de 10% frente a las 382 del mismo corte de 2025. En el período semanal, esa demarcación informó 12 defunciones infantiles, el mayor número entre las provincias que aparecen en el registro.

En Santiago, el acumulado llegó a 137 muertes infantiles, frente a 147 en igual tramo del año pasado. El Distrito Nacional sumó 110, cinco más que las 105 registradas a la misma altura de 2025.

La Altagracia pasó de 23 a 41 defunciones infantiles, un alza de 78%, mientras que Monte Plata subió de 22 a 40, equivalente a 82%. Azua registró 20 muertes, frente a 16 del año anterior, y el Distrito Nacional presentó un incremento de 5%.

Por su parte, Barahona redujo el acumulado de 41 a 15 muertes infantiles; Espaillat, de 34 a 14; La Romana, de 29 a 18; y Baoruco, de 15 a nueve.

Las muertes maternas bajaron en el acumulado, pero hubo cuatro casos en la semana

El informe incluyó otros indicadores de mortalidad. Durante la semana epidemiológica 34 se notificaron cuatro muertes maternas: tres corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana y una a una mujer dominicana. Los decesos ocurrieron en La Romana, con dos casos, La Vega y Santo Domingo.

Hasta la fecha, el país acumuló 93 muertes maternas, frente a 119 en el mismo período de 2025, una reducción de 22%. En las cuatro semanas previas se informaron 13 fallecimientos, contra 14 del año anterior.

El primer filtro para llevar un torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a un país no está en la tribuna. La capacidad de un estadio es apenas una parte de un examen que incluye seguridad, iluminación, césped, transporte, hoteles, hospitales, zonas de prensa y operación televisiva.

En Centroamérica y República Dominicana, el mapa de los grandes escenarios tiene dos referentes por aforo: el futuro Nuevo Estadio Nacional de El Salvador, con 50,000 lugares proyectados, y el Estadio Cuscatlán, que ronda los 44,836 espectadores. Detrás aparecen recintos de Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, con capacidades y condiciones diversas.

La referencia más reciente para un Mundial masculino de mayores surge de los documentos de candidatura de la Copa del Mundo de 2026. Allí, FIFA estableció un mínimo indicativo de 40,000 asientos netos para los partidos de fase de grupos y varias rondas eliminatorias, aunque las condiciones cambian según cada competencia.

El Salvador concentra los dos estadios de mayor capacidad de la región

El Estadio Cuscatlán, en San Salvador, conserva el primer lugar entre los recintos operativos de Centroamérica. Sus cerca de 44,836 localidades lo sitúan por encima del umbral utilizado como referencia para buena parte de los encuentros del Mundial de 2026.

El estadio, inaugurado en la década de 1970, ha recibido eliminatorias mundialistas, partidos de la selección salvadoreña, competencias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), conciertos y actos masivos. Su tamaño le permitiría aspirar a torneos juveniles, femeninos y regionales, siempre que cumpla las condiciones técnicas y operativas requeridas para cada cita.

La discusión sobre una Copa del Mundo absoluta excede el aforo. Un estadio con más de 40,000 asientos debe estar acompañado por una red de sedes de entrenamiento, hoteles, movilidad urbana, atención médica, conectividad aérea, seguridad y producción internacional de televisión.

El proyecto que podría modificar esa escala es el Nuevo Estadio Nacional de El Salvador. La obra prevé una capacidad inicial de 50.000 espectadores sentados, con opción de ampliación en el futuro. Si se completa bajo parámetros internacionales, pasaría a ser el recinto más grande de Centroamérica.

La proyección coloca a El Salvador en una posición distinta dentro de la región, aunque la construcción de un estadio no garantiza una designación de FIFA. El organismo evalúa el conjunto de la propuesta: ciudad anfitriona, accesos, hoteles, aeropuerto, áreas de hospitalidad, transmisión, espacios comerciales y operación durante el torneo.

Costa Rica y Panamá compensan el menor aforo con infraestructura urbana

El Estadio Nacional de Costa Rica, situado en San José, tiene una capacidad cercana a 35.000 personas. No lidera la tabla por tamaño, pero figura entre los recintos con mejores condiciones técnicas de la zona desde su inauguración en 2011.

Su diseño, sus instalaciones administrativas, la pista de atletismo, las pantallas y los espacios multiuso le dan margen para recibir eliminatorias, torneos de Concacaf, campeonatos juveniles y competencias femeninas.

Para un Mundial masculino de mayores, la capacidad sería su límite principal si FIFA mantuviera exigencias similares a las de 2026.

Panamá parte de otra ventaja: la conectividad. El Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, tiene alrededor de 32,000 localidades, una cifra inferior a la del Cuscatlán o el futuro estadio salvadoreño.

Aun así, la capital panameña dispone de un aeropuerto que funciona como centro de conexiones regionales, una oferta hotelera amplia y experiencia en la organización de competencias internacionales.

Ese conjunto ubica al Rommel Fernández entre los candidatos regionales para un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, una Copa Mundial femenina u otros torneos de Concacaf. El desafío, otra vez, aparece en la cantidad de asientos si el objetivo fuera un Mundial masculino absoluto.

Honduras mantiene dos escenarios históricos entre los principales de Centroamérica

El Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, es el de mayor capacidad de Honduras, con unos 37,325 espectadores. Fue construido para los Juegos Deportivos Centroamericanos y luego quedó asociado a eliminatorias mundialistas, encuentros internacionales y partidos de la selección nacional.

Su aforo lo deja cerca de la referencia de 40,000 lugares, aunque por debajo de ella. Podría albergar torneos de categorías juveniles o femeninas, según las condiciones específicas que determine FIFA y las adecuaciones que requiera el recinto.

En Tegucigalpa, el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como Chelato Uclés, tiene una capacidad cercana a 34.000 personas. Es sede habitual de Olimpia y Motagua, además de partidos de la selección hondureña.

Los dos estadios representan el peso histórico del fútbol hondureño, pero compiten en un escenario regional que exige actualizaciones constantes en iluminación, tecnología, seguridad, espacios de prensa, accesibilidad y servicios para delegaciones.

República Dominicana ya organizó un torneo oficial de FIFA

El Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, ofrece una muestra de que la capacidad no define por sí sola la posibilidad de recibir fútbol internacional. El recinto tiene entre 24,500 y 27,000 localidades, según las configuraciones y las referencias disponibles, pero fue parte de la infraestructura utilizada durante la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024.

La experiencia dejó un antecedente relevante para República Dominicana, que realizó mejoras vinculadas con iluminación, césped, graderías y seguridad. Santo Domingo suma, además, servicios turísticos, conectividad aérea y capacidad hotelera.

El Félix Sánchez no compite en volumen con los estadios salvadoreños ni con los principales escenarios hondureños. Su fortaleza está en la experiencia reciente de organización y en una infraestructura urbana que puede sostener un torneo de categorías juveniles o femeninas.

En Santiago de los Caballeros, el Estadio Cibao ocupa otro lugar en el desarrollo del fútbol dominicano.

Su perfil específico para este deporte lo vuelve una posible sede complementaria, aunque no entra en la categoría de los grandes estadios regionales.

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal de Guatemala, dictó el sobreseimiento a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, tras concluir que no cometieron delitos durante las protestas de octubre y noviembre de 2023. La decisión también cerró el proceso contra Basilio Puac y Esteban Toc, anuló las restricciones impuestas a los cuatro y habilitó la reincorporación de Pacheco a su cargo de viceministro de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio Público pidió el jueves 10 de septiembre que se clausurara la causa luego de revisar nuevamente los hechos investigados. El fiscal general Gabriel García Luna respaldó la solicitud presentada por el ente investigador durante la audiencia de ratificación de la acusación.

La nueva valoración se basó en un informe de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, que descartó la existencia de los ilícitos incluidos en la acusación formulada el 25 de junio de 2025. Los cuatro dirigentes habían sido señalados por delitos como asociación ilícita, terrorismo, sedición y obstrucción a la justicia, según el caso de cada uno.

El derecho de protesta y las organizaciones indígenas

La Fiscalía sostuvo que Pacheco, Chaclán, Puac y Toc ejercieron su derecho a la protesta y que no se encontraron elementos para atribuirles las afectaciones por las que habían sido acusados. También determinó que no podía configurarse una asociación ilícita porque las agrupaciones involucradas están legalmente constituidas y cuentan con formas propias de organización y elección de autoridades.

Las movilizaciones de 2023 respondieron a un consenso de los pueblos que integran los 48 Cantones de Totonicapán, de acuerdo con el Ministerio Público. Pacheco y Chaclán dirigían entonces esa organización indígena ancestral, mientras que Chaclán ocupaba el cargo de tesorero.

El juzgado resolvió además el cese de todas las medidas de coerción que pesaban sobre los cuatro procesados y ordenó devolver las cauciones económicas. Pacheco y Chaclán podrán recuperar 160.000 quetzales cada uno, mientras que Toc recibirá 5.000 quetzales y Puac, 10.000 quetzales.

La decisión eliminó también la prohibición de incorporarse al servicio público mediante elección popular, nombramiento o designación. Esa restricción había impedido que Pacheco desempeñara sus funciones en el Ministerio de Energía y Minas.

Pacheco y Chaclán estuvieron un año y tres meses en prisión preventiva antes de obtener medidas sustitutivas. El 4 de agosto, Moto había autorizado que ambos enfrentaran el proceso en libertad al considerar prolongado el tiempo que permanecieron privados de libertad y al descartar riesgos de fuga u obstaculización de la investigación.

En esa ocasión, el Ministerio Público no se opuso a que dejaran la prisión. Las condiciones incluían arresto domiciliario en todo el territorio nacional, arraigo, registro biométrico mensual, prohibición de comunicarse con testigos, el pago de la caución y la imposibilidad de ocupar cargos públicos.

La jueza Carol Patricia Flores había ligado a proceso a Pacheco y Chaclán el 25 de abril de 2025 por terrorismo y obstaculización a la acción penal. Ambos fueron enviados al Preventivo para Varones de la zona 18 tras una acusación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que los señalaba de liderar las manifestaciones y bloqueos posteriores a las elecciones presidenciales de 2023.

La denuncia y el regreso al Ministerio de Energía y Minas

La causa se originó en una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo contra los líderes que se opusieron a las acciones de la entonces fiscal general Consuelo Porras y su equipo durante el proceso electoral de 2023. La organización los acusó de causar daños al país mediante el ejercicio de su derecho de protesta.

La fundación buscó que los cuatro dirigentes continuaran en prisión preventiva. Sin embargo, sus reiteradas ausencias impidieron el avance regular de las audiencias, por lo que la Sala Cuarta de Apelaciones la apartó del expediente como querellante y el proceso siguió sin esas demoras.

El Ministerio de Energía y Minas celebró el cierre del caso contra Pacheco en un comunicado fechado el 11 de septiembre. La cartera afirmó que respeta las decisiones de las instituciones del sistema de justicia y el debido proceso, y señaló que la resolución permitirá “la pronta reincorporación del viceministro Pacheco a sus funciones, para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de Guatemala”.

El ministerio reiteró su compromiso “con el cumplimiento de la ley, la institucionalidad y el desarrollo responsable del país”.

Un nuevo hecho violento sacudió Siguatepeque, Comayagua, luego de que un empresario fuera asesinado a balazos dentro del negocio donde terminaba su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Fernando Josué Fiallos Reyes, de 39 años, propietario de un minisúper ubicado en el bulevar Morazán, barrio San Miguel, establecimiento que anteriormente era conocido como “Tienda Toledo”.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron al comercio y dispararon varias veces contra Fiallos Reyes antes de escapar del lugar.

Un ataque dentro de su propio negocio

El crimen ocurrió cuando el empresario se encontraba finalizando sus actividades comerciales, una circunstancia que lleva a los investigadores a reconstruir si los atacantes conocían previamente sus horarios y movimientos.

Los primeros reportes indican que los sospechosos se habrían desplazado en una motocicleta, un detalle que ahora forma parte de las diligencias para intentar establecer su ruta de llegada y huida.

Personas que se encontraban cerca del establecimiento solicitaron auxilio después del ataque y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender a la víctima.

Sin embargo, al realizar la evaluación, los socorristas confirmaron que Fiallos Reyes ya no presentaba signos vitales.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el motivo del asesinato.

Tampoco se reportan capturas vinculadas directamente con el crimen.

Ese punto obliga a mantener abiertas distintas líneas de investigación y evitar atribuir el homicidio a extorsión, robo, conflictos personales o crimen organizado mientras no exista evidencia que respalde alguna de esas hipótesis.

Los equipos policiales deberán analizar la escena, revisar posibles cámaras de seguridad de negocios y viviendas cercanas, entrevistar testigos y reconstruir los últimos movimientos del empresario.

Un crimen que golpea al sector comercial

El asesinato dentro de un establecimiento comercial también vuelve a colocar bajo atención la seguridad de pequeños y medianos empresarios, especialmente aquellos que permanecen en sus negocios hasta horas de la noche y manejan dinero en efectivo.

Sin embargo, el hecho de que la víctima fuera comerciante no permite concluir automáticamente que el crimen esté relacionado con su actividad económica.

Determinar si Fiallos Reyes fue elegido específicamente como objetivo o si existió alguna otra circunstancia detrás del ataque será uno de los principales retos de la investigación.

Honduras acumula más de 1.400 homicidios

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) citados en la información disponible, entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026 se habían contabilizado 1.461 homicidios en Honduras.

Los departamentos con mayor cantidad de casos eran Francisco Morazán, con 223; Cortés, con 215; Yoro, con 162; y Olancho, con 135.

Las cifras nacionales permiten dimensionar el fenómeno, aunque no explican por sí mismas las dinámicas particulares de cada asesinato.

En el caso de Siguatepeque, ahora la pregunta principal es quién ordenó o ejecutó el ataque contra Fernando Fiallos y por qué.

Mientras no exista una respuesta, su muerte se suma a los homicidios que dejan detrás no solamente una víctima, sino también una familia, empleados y una comunidad comercial esperando justicia.

Los combustibles volverán a encarecerse en Honduras a partir del lunes 14 de septiembre, en medio de nuevas presiones del mercado internacional que obligaron al Gobierno a ampliar el apoyo temporal destinado a contener parte de las alzas.

La Secretaría de Energía informó que el porcentaje de apoyo para la gasolina regular y el diésel pasará del 50% al 65%, una medida con la que el Ejecutivo busca evitar que todo el incremento internacional llegue directamente a los consumidores.

Aun con esa intervención, los precios subirán.

Tegucigalpa: el diésel superará los L148

En Tegucigalpa, la gasolina súper aumentará L3,85 (US$0,14) y se venderá a L143,73 (US$5,37) por galón.

La regular subirá L1,47 (US$0,05) y quedará en L130,51 (US$4,87). El Gobierno aplicará sobre este combustible un apoyo temporal de L2,76 (US$0,10) por galón.

El diésel, uno de los combustibles con mayor impacto sobre transporte y costos productivos, aumentará L2,32 (US$0,09)hasta L148,01 (US$5,53), mientras el Estado absorberá otros L4,35 (US$0,16) mediante el apoyo económico.

El queroseno llegará a L129,86 (US$4,85) después de subir L3,86 (US$0,14).

San Pedro Sula también recibe aumentos

En San Pedro Sula, la súper subirá L3,76 (US$0,14) y alcanzará L139,49 (US$5,21).

La regular aumentará L1,42 (US$0,05) hasta L126,37 (US$4,72), con un apoyo gubernamental equivalente a L2,67 (US$0,10).

Por su parte, el diésel llegará a L143,83 (US$5,37) después de aumentar L2,25 (US$0,08). El Ejecutivo asumirá L4,23 (US$0,16) adicionales por galón para contener el incremento.

El queroseno subirá L3,77 (US$0,14) y se venderá a L125,58 (US$4,69).

El gas doméstico será la excepción

El cilindro de GLP doméstico de 25 libras conservará su precio.

En Tegucigalpa continuará en L249,62 (US$9,32) y en San Pedro Sula en L228,47 (US$8,53).

Para conseguirlo, el Gobierno mantendrá un apoyo de L33,46 (US$1,25) en Tegucigalpa y L33,81 (US$1,26) en San Pedro Sula.

El GLP vehicular sí aumentará L0,96 (US$0,04): quedará en L49,94 (US$1,86) en Tegucigalpa y L46,41 (US$1,73) en San Pedro Sula.

El subsidio evita una subida mayor, pero no elimina el impacto

La decisión de incrementar el apoyo del 50% al 65% muestra la presión que el mercado internacional está colocando sobre la estructura interna de precios.

En la práctica, el Estado absorbe parte del incremento que de otro modo llegaría completo al consumidor.

Pero ese alivio tampoco es gratuito: la diferencia termina trasladándose a las cuentas públicas, por lo que mientras más tiempo permanezcan elevados los combustibles internacionales, mayor será el costo fiscal de mantener el mecanismo.

El diésel merece especial atención porque su precio puede trasladarse indirectamente a otros productos mediante transporte, agricultura, generación y distribución de mercancías.

Honduras comienza así otra semana con una paradoja: el Gobierno aumenta el subsidio para proteger el bolsillo, pero los consumidores pagarán más de todos modos.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador firmaron un convenio para poner en marcha la participación del país en el Programa de Adaptación Basada en Ecosistemas para Aumentar la Resiliencia al Cambio Climático, conocido como ADAPTA-R.

La iniciativa regional cuenta con una disponibilidad de US$268.35 millones y tiene como objetivo financiar acciones frente a sequías, lluvias extremas, degradación de suelos y presión sobre los recursos hídricos.

El acuerdo fue suscrito en San Salvador el 11 de septiembre y formaliza el inicio de la implementación nacional de un programa que abarca el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de República Dominicana.

El BCIE desarrolla la iniciativa con apoyo del Fondo Verde para el Clima, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) participarán en la asistencia técnica, la gestión de conocimiento y el fortalecimiento de políticas públicas.

ADAPTA-R contempla intervenciones en cuencas hidrográficas, bosques y sistemas agrícolas. También incorpora mecanismos para mejorar la planificación local y nacional ante riesgos climáticos, con participación de comunidades, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información divulgada por el BCIE, el programa regional busca beneficiar a más de un millón de personas y restaurar o proteger cerca de 12 mil hectáreas de ecosistemas forestales. Entre los grupos priorizados figuran pequeños y medianos productores, comerciantes rurales, gobiernos municipales y comunidades cuya actividad económica depende de los recursos naturales.

La estrategia tiene dos componentes. El primero apunta a reforzar las capacidades técnicas de autoridades locales, agricultores y poblaciones rurales, a través de proyectos demostrativos de adaptación y de la difusión de información sobre cambio climático. El segundo prevé recursos para financiar soluciones basadas en ecosistemas, junto con medidas de uso eficiente del agua y de otros recursos naturales.

El programa incluye subvenciones, créditos y garantías. Los créditos se canalizarán por medio de instituciones financieras intermediarias con líneas globales de crédito vigentes con el BCIE. El esquema busca ampliar el acceso al financiamiento para inversiones de adaptación en actividades productivas y territorios expuestos a eventos climáticos.

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana integran la iniciativa regional

Además de El Salvador, el programa ADAPTA-R comprende a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El acuerdo nacional firmado con el MARN corresponde al inicio de la etapa de ejecución salvadoreña dentro de una iniciativa cuya vigencia está prevista entre 2024 y 2031.

En noviembre de 2022, el BCIE y el Fondo Verde para el Clima suscribieron el acuerdo de actividad financiada para el programa regional. En ese momento se estableció un aporte de US$174.3 millones del fondo climático, complementado con recursos de crédito del Banco y contribuciones en especie de los países participantes.

El diseño inicial planteó intervenciones en siete cuencas priorizadas y una superficie de más de 20 mil kilómetros cuadrados del Corredor Seco y de las zonas áridas dominicanas. Las medidas previstas incluyen captación de agua de lluvia, conservación de suelos, agroforestería, restauración de cuencas y diversificación de actividades económicas rurales.

El BCIE amplía su cartera de financiamiento ambiental en la región

El nuevo acuerdo se suma a otras operaciones ambientales y climáticas del BCIE. El banco desarrolla el programa CAMBio II, también junto al Fondo Verde para el Clima, para facilitar créditos y asistencia técnica a micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

En Honduras, el BCIE realizó en 2025 el primer desembolso de CAMBio II por US$498.942 para una empresa del sector forestal sostenible que instalará un sistema solar fotovoltaico. El programa contempla inversiones en energía sostenible, agroindustria, turismo, manejo forestal y pesca responsable.

La entidad también financió la recuperación sostenible del lago de Yojoa, en Honduras, mediante una emisión de bono azul por 30 millones de euros. El proyecto contempla acciones de conservación, manejo de agua, tratamiento de residuos, desarrollo comunitario y turismo sostenible.

En Belice, Guatemala y Honduras, el BCIE ejecuta además el proyecto REFORES, que cuenta con US$13.2 millones del Fondo de Adaptación para restaurar bosques, cuencas y ecosistemas costeros. En Colombia, formalizó en abril de 2026 un préstamo de US$75 millones destinado a respaldar políticas de acción climática y protección de ecosistemas estratégicos.

Con el convenio firmado en San Salvador, El Salvador inicia la ejecución de ADAPTA-R bajo un esquema regional que combina cooperación técnica, restauración ambiental y financiamiento para la adaptación climática.

Aquel martes 11 de septiembre de 2001, Iván Almendares tenía 26 años y una vida entera construyéndose por delante. De origen nicaragüense, se encontraba en el sótano del World Trade Center, en las oficinas de la empresa IBM ubicadas en la Torre 1 (la Torre Norte), cuando el tiempo y la estructura misma de Manhattan parecieron fracturarse.

Eran exactamente las 8:46 de la mañana cuando el vuelo 11 de American Airlines impactó de lleno contra los pisos 93 al 99 del rascacielos. Sin embargo, en la profundidad del sótano, el origen de la sacudida era un misterio aterrador. Para Iván y sus compañeros, la tierra simplemente crujió. La sensación violenta fue similar a la de un terremoto devastador. De repente, entre el polvo e incertidumbre, la orden de su supervisor fue rotunda: «Vámonos».

Poco después comprenderían que la onda expansiva de las explosiones había destruido los pozos de los ascensores. Saltando entre montículos de escombros, Iván, su supervisor y su compañero William Rodríguez lograron rescatar a un hombre gravemente quemado para sacarlo a la superficie. Al salir a la calle y alzar la vista, el joven observó la enorme herida abierta en el edificio. Los transeúntes aterrorizados le confirmaron la pesadilla: un avión comercial acababa de estrellarse contra la estructura.

Sin embargo, el instinto y la conmoción llevaron a Iván a intentar regresar al vestíbulo de la Torre Norte para alertar a las personas de los locales comerciales. Fue en ese preciso instante cuando un compañero de trabajo lo detuvo en seco.

Con una frase simple pero contundente, le salvó la vida: «No, tú no vas para ninguna parte. Tu mujer está embarazada». Aquellas palabras funcionaron como un ancla a la realidad. Iván detuvo sus pasos; de no haber sido por esa intervención, habría quedado atrapado en la inminente e inevitable destrucción total del vestíbulo.

A las 9:03 de la mañana, la tragedia escaló aún más cuando el vuelo 175 de United se incrustó en la Torre Sur ante la mirada atónita de Iván. Vio la explosión y la bola de fuego impactar contra el segundo coloso. Minutos más tarde, a las 9:59 a.m., se escuchó un estruendo ensordecedor: la Torre Sur se desplomaba.

El retorno a pie hacia el norte de Manhattan

Escuchando las transmisiones de radio de los equipos de rescate, Iván caminó hacia el puente de Brooklyn cuando, de pronto, las señales se cortaron por completo: la Torre Norte también había caído. Lleno de polvo y escombros de pies a cabeza, logró llegar a la sede de su sindicato, en Canal Street y la Avenida de las Américas. Sus compañeros lo recibieron entre abrazos e incredulidad, asegurando que parecía que veían a un fantasma.

Sin embargo, el único pensamiento de Iván era regresar a su hogar. Con los teléfonos fuera de servicio, los trenes paralizados y el tráfico detenido en toda la ciudad, la única opción era caminar. Con graves lesiones en la espalda, el cuello, la rodilla izquierda y una pierna herida, emprendió una travesía a pie de once millas.

Al llegar finalmente a su edificio, los vecinos lo miraron con asombro; muchos sabían que trabajaba en el World Trade Center. Iván juntó sus últimas fuerzas para tocar la puerta de su casa y, al abrirse, se desmayó en los brazos de su esposa y de su madre.

El impacto del 11 de septiembre no terminó ese día para Iván Almendares. Además de las secuelas físicas y una severa infección pulmonar desarrollada una semana después, el trauma psicológico lo sumió en un estado de shock prolongado. El remordimiento del superviviente lo persiguió durante años.

Al cumplirse 25 años de aquella jornada trágica, Iván ha rehecho su vida y hoy comparte con su hija de once años la historia de cómo sobrevivió antes de que ella naciera. Sin embargo, el dolor persiste intocado.

Iván confiesa que jamás ha regresado al lugar donde estuvieron las Torres Gemelas. Para él, Ground Zero es un sitio sagrado y un golpe emocional demasiado pesado que no podría soportar sin romper en llanto, guardando el recuerdo diario de los amigos que allí perdió para siempre.

Guatemala declaró alerta roja en la región del Trifinio por los efectos agroclimáticos de El Niño, mientras la vicepresidenta Karin Herrera ordenó medidas urgentes para contener la escasez de agua y alimentos en municipios de Chiquimula y Jutiapa. La decisión, tomada el 11 de septiembre de 2026, busca reforzar la atención sanitaria, sostener el abastecimiento alimentario y proteger a las familias expuestas a la sequía en el corredor seco ampliado.

La alerta roja se activó después de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional declarara alerta naranja en todo el país ante el riesgo de afectaciones en la disponibilidad de agua y alimentos. La medida nacional antecedió a la elevación de la emergencia en la zona fronteriza del Trifinio.

La instrucción fue dirigida a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres durante dos reuniones extraordinarias encabezadas por Herrera. La Vicepresidencia informó que los encuentros buscaron coordinar a las instituciones responsables de atender las consecuencias de la sequía.

Un plan para el Trifinio y el corredor seco ampliado

La primera reunión correspondió al Gabinete Específico de Desarrollo Social, que revisó los acuerdos alcanzados con el Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Allí se presentó el Plan de Acción–Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, diseñado para la Región Trifinio y el corredor seco ampliado, donde se concentra una parte de la vulnerabilidad alimentaria guatemalteca.

Cinco ministerios recibieron tareas específicas. El Ministerio de Economía deberá fijar precios de referencia y actuar frente a aumentos injustificados en productos de la canasta básica y combustibles.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá sumar medidas de vigilancia y respuesta ante enfermedades relacionadas con la falta de agua o su mala calidad. También deberá incorporar al Consejo Nacional de la Juventud en las brigadas sanitarias.

El plan dispone el despliegue de 124 brigadas de salud y nutrición con equipos multidisciplinarios. Su labor incluirá suplementación, desparasitación y vacunación de niñas, niños y mujeres embarazadas, además del monitoreo comunitario de la calidad del agua, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que asegurar que los bonos conserven su carácter condicionado y alcancen a todos los beneficiarios prioritarios. A su vez, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá identificar recursos disponibles y analizar medidas legislativas que permitan acelerar la ejecución presupuestaria.

Las autoridades asignaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la reducción de los plazos de entrega de alimentos. La cartera también deberá definir acciones para asegurar agua y alimentación al ganado afectado por la ausencia de pastos.

Reservas de alimentos, pozos y asistencia para productores

La emergencia contempla reservas estratégicas de alimentos y la activación del seguro agrícola como compensación ante la pérdida de cosechas. También prevé reservorios artesanales para captar agua de lluvia, raciones destinadas a la ganadería y la rehabilitación de pozos comunitarios.

Los productores rurales podrán acceder a crédito con tasas nulas mediante inversión de capital en cajas rurales. La medida busca evitar que los campesinos abandonen sus tierras por la pérdida de cultivos y la falta de recursos para sostener su actividad.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sesan, deberá mantener el seguimiento de las familias que atraviesan inseguridad alimentaria y actualizar la estimación de población afectada. Desde el Conasan también continuará la verificación del estado nutricional de la niñez y de la evolución de la crisis en los hogares más expuestos.

Herrera convocó a alcaldes y gobernadores del Trifinio y del corredor seco ampliado para que eleven las alertas necesarias ante los Coordinadores de Emergencia municipales y departamentales. El objetivo es garantizar el acceso al agua y la asistencia para las familias alcanzadas por la sequía.

Los gobiernos locales deberán utilizar recursos de los Consejos de Desarrollo en cocinas escolares y centros de recuperación nutricional, conforme a la tipología de seguridad alimentaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. La instrucción busca dirigir fondos hacia los espacios donde se atiende a población con mayor riesgo nutricional.

“Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca”, afirmó Herrera durante la reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social. La vicepresidenta sostuvo que la respuesta debe situarse por encima de las banderas políticas y concentrarse en las familias vulnerables.

La producción nacional de granos resulta insuficiente, por lo que Guatemala deberá recurrir a importaciones para garantizar el abastecimiento oportuno. Herrera ordenó anticipar y agilizar esos procedimientos, además de fortalecer el monitoreo de caudales, embalses y generación hidroeléctrica con escenarios que permitan activar medidas preventivas.

“Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan”, señaló la vicepresidenta, según la Vicepresidencia. Las instituciones convocadas deberán presentar en 15 días calendario un informe escrito sobre los avances en la aplicación de las medidas.

Un total de 6,105 tortugas lora llegó de manera sincronizada a la Zona de Reserva Playa La Marinera, en Tonosí, provincia de Los Santos. La segunda arribada registrada este año se convirtió en la mayor de las jornadas de anidación divulgadas recientemente por el Ministerio de Ambiente en diferentes costas panameñas.

La arribada es un comportamiento característico de la tortuga lora o golfina, una de las especies más pequeñas de estos reptiles marinos. Miles de hembras emergen durante varias noches para excavar sus nidos y depositar generalmente alrededor de un centenar de huevos, una estrategia que aumenta las posibilidades de supervivencia de las crías.

Panamá posee dos de las pocas playas del mundo donde ocurre este fenómeno masivo: La Marinera e Isla Cañas, ambas en Los Santos. Aunque la golfina puede anidar durante todo el año, la mayor actividad suele concentrarse entre julio y diciembre, cuando guardaparques y organizaciones comunitarias refuerzan los patrullajes nocturnos.

En Panamá anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes: lora, carey, baula, caguama y verde. Sus principales refugios incluyen La Marinera, Isla Cañas, Playa Venao y Cambutal; Punta Chame, en Panamá Oeste; Mata Oscura, en Veraguas; La Barqueta y Lajas, en Chiriquí, y Armila y Bocas del Toro, en el Caribe.

La golfina posee un caparazón redondeado de color verde oliva y destaca por sus grandes concentraciones para desovar. La carey tiene un pico estrecho y curvado que utiliza para alimentarse entre los arrecifes, mientras su caparazón presenta placas superpuestas de tonos marrones y amarillos, característica que históricamente alimentó su explotación comercial.

La baula o canal es la tortuga marina más grande del mundo y puede superar ampliamente los 500 kilogramos. A diferencia de las demás, no tiene un caparazón duro, sino una cubierta flexible con crestas. La caguama se distingue por su cabeza grande y fuertes mandíbulas, capaces de triturar moluscos y crustáceos.

La tortuga verde recibe su nombre por el tono de la grasa debajo de su caparazón, no por su apariencia exterior. Los ejemplares adultos se alimentan principalmente de pastos marinos y algas, una dieta que les permite contribuir al mantenimiento de ecosistemas costeros saludables y diferenciarse de las otras especies presentes en el país.

Las hembras regresan a desovar cerca de la playa donde nacieron mediante un comportamiento denominado fidelidad al sitio natal. Durante sus primeras etapas registran señales del campo magnético terrestre que posteriormente utilizan como orientación. El retorno no ocurre rápidamente: alcanzar la madurez reproductiva puede tomar entre 15 y 30 años, según la especie.

Después del desove, los huevos permanecen bajo la arena aproximadamente entre 45 y 70 días, dependiendo de la especie, la temperatura, la humedad y las condiciones del nido. El calor también influye en el sexo de las crías: las temperaturas más elevadas producen una mayor proporción de hembras, mientras las más bajas favorecen a los machos.

Las jornadas de protección se extendieron recientemente a Punta Chame, donde MiAmbiente y la Fundación Tortuguias reubicaron 577 huevos encontrados en cuatro nidos de Playa Cabezo y Playa Vivero. En El Arenal, provincia de Los Santos, otros 82 huevos de tortuga golfina fueron trasladados a un sector más seguro del mismo litoral.

La reubicación se realiza únicamente cuando existen amenazas comprobadas, como marejadas, erosión, tránsito de vehículos, depredadores o saqueo. Extraer huevos continúa siendo uno de los principales peligros porque elimina una generación completa antes de que llegue al océano. La venta, posesión y consumo de estos productos están prohibidos por la legislación panameña.

Si una persona encuentra una tortuga anidando, debe mantener distancia, permanecer en silencio y evitar bloquear su recorrido. No debe tocarla, iluminarla con celulares o linternas, utilizar flash ni colocarse frente a ella. También debe mantener alejados a perros, vehículos y grupos de curiosos, además de informar a MiAmbiente o a los responsables del área.

Las luces intensas pueden provocar que la hembra abandone el intento de anidación y también desorientar a las crías cuando salen del nido. Los neonatos buscan el reflejo natural del horizonte sobre el mar, pero la iluminación de viviendas, comercios o automóviles puede conducirlos hacia carreteras y zonas pobladas, donde mueren por agotamiento o atropello.

Aunque miles de huevos sean depositados durante una arribada, solo una pequeña proporción alcanzará la edad adulta. Por eso, proteger cada nido, evitar el comercio ilegal y conservar las playas resulta determinante para que, décadas después, las hembras sobrevivientes regresen al mismo litoral panameño y repitan un ciclo iniciado desde su nacimiento.

PISA 2025 situó a Costa Rica como el único de 91 países y economías evaluados donde las adolescentes de 15 años reportaron una mayor exposición al acoso escolar que los hombres, un fenómeno vinculado con menor sentido de pertenencia al centro educativo y resultados académicos más bajos. La evaluación fue difundida por CRHoy.

El índice utilizado para medir la exposición declarada al bullying alcanzó 0.047 entre las estudiantes costarricenses y -0.064 entre los varones. Un valor más alto refleja una mayor exposición reportada, mientras que el promedio internacional mostró una tendencia inversa: los hombres dijeron sufrir más acoso.

Entre 2022 y 2025, al menos una forma de bullying aumentó en 51 de los 75 países y economías con información comparable. En Costa Rica, 23.4% de los estudiantes consultados señaló haber sufrido alguna modalidad de acoso varias veces al mes o con mayor frecuencia, frente al 19.6% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La mayor exposición declarada por las mujeres puede estar relacionada con diferencias al momento de denunciar, según Mónica Barquero Bolaños, representante del Colegio de Profesionales en Orientación. La especialista consideró que las estudiantes tienden a comunicar con mayor frecuencia las situaciones en las que se sienten agredidas o acosadas.

Entre los hombres todavía puede imponerse la idea de que deben “aguantar” determinados episodios. Barquero advirtió que esa diferencia en la disposición a denunciar no permite concluir, por sí sola, que existan más agresiones contra las mujeres.

Las adolescentes enfrentan además presiones sociales relacionadas con las expectativas sobre su comportamiento, las personas con las que deben vincularse, la posibilidad de tener pareja o la pertenencia a un grupo de amigas, explicó Simón Fuentes Pacheco, especialista en cuestiones de género. También indicó que los jóvenes pueden reproducir conductas observadas en otras personas o en los contenidos que consumen.

Fuentes planteó que es necesario identificar qué modalidades de acoso están denunciando las estudiantes y en cuáles ámbitos se producen. Durante la adolescencia, estas situaciones pueden tener un impacto particular porque la autoestima, la imagen personal y la identidad todavía están en formación.

Marcela Guerrero, activista por los derechos humanos y exministra de la Condición de la Mujer, sostuvo que el resultado debe examinarse junto con otras expresiones de violencia y presión que afectan a las mujeres. Mencionó los mensajes agresivos, el tiempo de exposición de menores de edad a las redes sociales y los problemas de bienestar emocional.

Rumores y agresiones sin contacto físico

Una parte sustancial del acoso reportado por los estudiantes costarricenses no involucró agresiones físicas. El 16% afirmó que otros compañeros difundieron rumores dañinos sobre ellos varias veces al mes o con mayor frecuencia, casi el doble del 8.6% registrado en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Las burlas afectaron al 11.8% de los alumnos consultados, las amenazas al 4.5% y los golpes o empujones al 4.2%. Barquero explicó que la difusión de rumores integra el acoso relacional, una práctica dirigida a dañar los vínculos o la imagen de otro estudiante mediante comentarios negativos, información falsa o intentos de inducir su rechazo social.

Los conflictos pueden comenzar en situaciones cotidianas del centro educativo, como desacuerdos entre amistades, trabajos grupales o comparaciones vinculadas con las calificaciones. La evaluación también relevó el acoso en Internet: 3.8% de los estudiantes dijo que se publicó información sobre ellos sin permiso y que esa exposición les provocó malestar, frente al 3.2% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El oficial de la Fuerza Pública Michael Amador Corella, alias “Rojo”, detenido el 18 de octubre de 2025, podría convertirse en el primer policía costarricense extraditado a Estados Unidos por narcotráfico internacional. El Tribunal Penal de Golfito autorizó su entrega a pedido de la Fiscalía de California, una decisión que ahora debe revisar el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea, según CRHoy.

La resolución del 27 de julio también alcanzó a William Ramírez, alias “Rambo”; Greivin Castro, conocido como “Precioso”; y Jorge Cordero, alias “Candado”. Los cuatro son requeridos dentro del mismo expediente por autoridades judiciales estadounidenses.

Las defensas presentaron recursos de apelación aproximadamente un mes antes y esos planteos continúan en trámite. Goicoechea deberá determinar si mantiene la autorización judicial y los sospechosos son enviados a territorio estadounidense, o si rechaza las solicitudes.

La investigación comenzó con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que contó con la asistencia de autoridades costarricenses y de la Guardia Costera estadounidense. La organización operaba desde Golfito y trasladaba cocaína desde Colombia a través de Costa Rica y México, con destino final en Estados Unidos.

Desde 2017, la red movilizó toneladas de droga mediante embarcaciones, aviones y furgones de carga. Las autoridades decomisaron más de tres toneladas de cocaína vinculadas a la estructura durante las pesquisas.

Los implicados enfrentan cargos ante el Tribunal de Distrito del Sur de California por distribución y conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína. Un cómplice detenido que luego colaboró con la DEA aportó información sobre la operación.

El testigo identificó a los involucrados al observar sus fotografías y confirmó que se había reunido con ellos personalmente y por medios electrónicos para coordinar actividades de narcotráfico. Las comunicaciones intervenidas reforzaron la investigación sobre la estructura criminal.

La organización compró terrenos y fincas en Sabalito de Coto Brus, una comunidad próxima a la frontera con Panamá. Utilizaba esas propiedades para ocultar cargamentos transportados por tierra y para acondicionar superficies llanas destinadas al aterrizaje de avionetas.

Las aeronaves realizaban vuelos de largo alcance y a baja altura para evitar los radares del Servicio de Vigilancia Aérea. Tras llegar a las pistas clandestinas, la droga era descargada y escondida en búnkeres o camiones.

El papel atribuido a “Rojo” en la Zona Sur

Amador Corella habría custodiado cargamentos de cocaína movilizados por tierra y mar a través del Pacífico Sur y la frontera sur de Costa Rica. También coordinaba el traslado de la sustancia una vez que ingresaba desde Panamá, con el objetivo de asegurar su paso hacia el norte del país.

El expediente le atribuye la recepción de estupefacientes trasladados en lanchas rápidas y aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas. Se presume que cobraba sumas fijas por cada kilogramo de cocaína que atravesaba las fronteras bajo su supervisión.

En sus primeros vínculos con actividades ilícitas, “Rojo” actuaba como intermediario logístico: daba soporte a los traslados, verificaba el estado de los cargamentos en carretera e informaba sobre movimientos policiales al cabecilla de una organización criminal. Con el tiempo, habría acumulado contactos y control sobre una red de policías corruptos en la Zona Sur.

Luego comenzó a operar de forma independiente y a adquirir sus propios cargamentos de cocaína. En vez de limitarse a cobrar comisiones por proteger mercancía ajena, presuntamente compraba la droga para revenderla a organizaciones criminales asentadas en Guatemala y México.

A partir de su arresto, las autoridades iniciaron pesquisas sobre un grupo de policías que presuntamente colaboraba con bandas de la región. Informes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal indican que “Rojo” lideró el reclutamiento de decenas de agentes activos de la Fuerza Pública en la Región Brunca Sur.

Esos funcionarios habrían utilizado bases de datos y canales de comunicación policial para alertar a la banda sobre retenes, operativos antidrogas planificados y desplazamientos de patrullas. Paralelamente, Amador Corella habría coordinado el contrabando de licor desde la frontera sur con la banda de “Los Whiskeros”, con el fin de evadir controles fiscales y aduaneros.

El expediente de extradición señala que Ramírez Arguedas, conocido como “Kimba”, y Castro Muñoz, alias “Muñeco” o “Lalo”, dirigían y supervisaban las operaciones. Cordero Obregón, identificado como “Gordo” o “Pallín”, trabajaba para ellos, incluso en actividades de legitimación de capitales.

Para miles de migrantes salvadoreños en Estados Unidos, la licencia de conducir es mucho más que un trámite rutinario: representa el documento que les permite salir a trabajar, pagar la hipoteca y sostener a sus familias.

Sin embargo, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan hoy un laberinto burocrático al intentar renovar sus credenciales de conducir, un obstáculo alimentado por la falta de unificación entre la normativa federal de inmigración y las reglas de los departamentos de vehículos motorizados (DMV) locales.

Un reportaje elaborado por la periodista Jacqueline Quijano para Univisión sacó a la luz la dura realidad que viven estos trabajadores en la región de Washington D.C., Maryland y Virginia, donde la incertidumbre por la vigencia de sus documentos los está empujando a tomar decisiones extremas para no perder su sustento diario.

En las afueras de las oficinas del DMV, el sentimiento generalizado es de frustración y desconcierto. René, un beneficiario salvadoreño del TPS que acudió a la sede de la Rhode Island Avenue en Washington D.C., denunció las presiones a las que se ven sometidos los conductores.

Según relató, los funcionarios pretendían que firmara un documento donde aceptaba no tener autorización legal en el país para así otorgarle una licencia en la categoría de indocumentado. René se negó rotundamente a firmar, señalando la incoherencia de la situación y recordando que el DMV trabaja en coordinación con las autoridades de inmigración, por lo que no consideraba justo ser reclasificado arbitrariamente.

Una experiencia similar vivió María, quien salió de las instalaciones con las manos vacías. A pesar de que previamente le habían asegurado que con la documentación de su TPS podría tramitar el documento, la respuesta final fue un rotundo rechazo. “Ya me echaron para atrás aquí”, lamentó al salir sin su credencial.

El choque operativo: ¿Por qué ocurre esta crisis en los DMV?

La raíz del problema radica en el desfase de comunicación e interpretación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias de vehículos de cada estado. Cuando el gobierno federal extiende el TPS, la protección y los permisos de trabajo se mantienen vigentes de manera automática mediante publicaciones en el Registro Federal.

Sin embargo, la emisión de licencias de conducir es una facultad estrictamente estatal, lo que genera criterios dispares y contradictorios:

• Falta de plástico actualizado: Muchos estados exigen ver una tarjeta física de permiso de trabajo con una fecha de expiración futura
• Incompatibilidad del sistema en D.C.: Cuando la extensión del TPS no especifica una fecha límite exacta para el permiso de trabajo, la plataforma del DMV carece de la capacidad técnica para emitir una licencia vinculada a esa expiración. Debido a esto, la opción que ofrecen es tramitar licencias por ocho años sin el distintivo Real ID.
• Disparidades regionales: Mientras que en Maryland las autoridades responden a través del sistema de verificación federal SAVE lo que permite emitir licencias Real ID de hasta un año si la persona aplica, en otras jurisdicciones la falta de respuesta o la rigidez de los trámites dejan a los usuarios sin alternativas claras.

Expertos en materia migratoria recuerdan que acudir al DMV a tramitar o renovar la licencia no constituye, por sí solo, un motivo para ser procesado para deportación, ya que la protección del TPS sigue legalmente activa mientras no se emita un aviso final en contrario.

Sin embargo, el vacío administrativo crea una vulnerabilidad real. La reclasificación de beneficiarios legales bajo licencias limitadas no solo invisibiliza su estatus regular, sino que fomenta el miedo y la inseguridad jurídica en una comunidad salvadoreña que sigue aportando de manera sostenida a la economía estadounidense.

Un pescador resultó herido después de caer al agua y ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira, ubicado en el distrito de Chepo, provincia de Panamá. El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en una zona frecuentada diariamente por trabajadores dedicados a la pesca y la descarga de productos del mar.

La información preliminar indica que el reptil alcanzó al hombre y le provocó una herida en la pierna derecha. Otros pescadores y personas presentes reaccionaron para auxiliarlo, lograron sacarlo del agua y lo trasladaron posteriormente a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones causadas durante el ataque.

El Ministerio de Ambiente inició una investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Una de las hipótesis que deberán evaluar las autoridades es que el cocodrilo reaccionara al movimiento producido cuando el pescador cayó accidentalmente al agua, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre lo sucedido.

Puerto Coquira combina la presencia habitual de estos reptiles con una intensa actividad humana vinculada a la pesca artesanal y comercial. Embarcaciones llegan diariamente para descargar sus productos, mientras pescadores, compradores y trabajadores permanecen cerca del agua, una convivencia que aumenta las posibilidades de encuentros peligrosos si los animales pierden su comportamiento natural.

Durante las últimas semanas circularon en redes sociales videos que muestran varios cocodrilos desplazándose alrededor del puerto. Las imágenes generaron preocupación entre quienes trabajan en el sector debido al número de ejemplares observados y a la cercanía de los animales con embarcaciones, muelles y personas que desarrollan sus actividades cotidianas.

Una evaluación de MiAmbiente identificó alrededor de 20 cocodrilos en un tramo de dos kilómetros, comprendido entre un kilómetro aguas arriba y otro aguas abajo del puerto. Otros reportes periodísticos elevaron a más de 30 la cantidad detectada en el sector de Coquira, aunque las cifras corresponden a áreas de evaluación diferentes.

Las autoridades también investigan la práctica de arrojar alimentos o restos de pescado a los cocodrilos, conducta registrada en algunos videos divulgados en redes sociales. Cuando son alimentados por personas, estos animales pueden asociar las embarcaciones y la presencia humana con comida, acercándose con mayor frecuencia y perdiendo progresivamente su temor natural.

Que un cocodrilo se aproxime esperando alimento no significa que se haya convertido en un animal dócil. Su reacción continúa siendo imprevisible y puede desencadenarse por movimientos repentinos, disputas por comida o la caída de una persona al agua. MiAmbiente reiteró la prohibición de alimentarlos, atraerlos o provocarlos deliberadamente.

El ataque ocurre pocas semanas después de aprobarse un protocolo obligatorio para atender interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos. La Resolución DM-0445-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial, establece criterios técnicos para vigilar, disuadir, capturar, trasladar o eliminar excepcionalmente a un ejemplar peligroso.

El documento menciona a Puerto Coquira entre los sitios del país con antecedentes de reportes de cocodrilos, junto con Clayton, Albrook, Chame y varias playas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. También incluye los ríos Santa María y La Villa, además de las cuencas del Tuira y Balsas, en Darién.

Cada caso debe evaluarse considerando el tamaño, comportamiento y especie del animal, la frecuencia de los reportes y la cercanía con sitios concurridos. También se analiza si acepta alimentos, se aproxima a embarcaciones, afecta actividades pesqueras o ha protagonizado incidentes anteriores con personas o animales domésticos.

El protocolo clasifica las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Los casos menos graves requieren señalización, educación y monitoreo; los intermedios incorporan barreras y medidas de disuasión, mientras el riesgo alto permite capturar y trasladar al ejemplar mediante personal especializado y con autorización previa.

La eliminación del cocodrilo queda reservada como último recurso ante una amenaza comprobada e inminente, cuando hayan fracasado las alternativas anteriores o no exista un lugar apropiado para reubicarlo. Incluso ante un riesgo muy alto, la muerte del animal no puede ordenarse automáticamente sin una evaluación técnica que sustente la decisión.

Tras el ataque, MiAmbiente anunció nuevas jornadas de capacitación para los pescadores. El desafío inmediato será reducir las conductas que atraen a los reptiles hacia el puerto, aplicar el protocolo y establecer medidas de seguridad compatibles con la actividad pesquera, porque la presencia documentada de numerosos ejemplares ya dejó de ser únicamente un avistamiento.

La recolección de 1,800 cuadernos usados permitió entregar 300 nuevos cuadernos a 55 niños de la comunidad Los Meléndez, como parte de una iniciativa de una ferretería junto a la organización Cuadernos X Un Mañana (CXUM). La acción combinó el reaprovechamiento de hojas en condiciones de uso con el reciclaje de los materiales que no podían recuperarse.

La campaña, denominada Cuadernos X Un Mañana, se desarrolló en sucursales de una reconocida ferretería de Santiago, San Francisco de Macorís, Mao, La Romana, Punta Cana y Baní. Clientes y colaboradores depositaron cuadernos escolares en 10 urnas instaladas en ocho establecimientos del negocio, según informó Diario Libre.

El material recolectado pasó por una etapa de clasificación. Las hojas que aún podían utilizarse se destinaron a la elaboración de nuevos cuadernos, mientras que los restos no aprovechables ingresaron a circuitos de reciclaje. De ese proceso surgieron los 300 ejemplares entregados a estudiantes de entre cuatro y 17 años, pertenecientes a distintos niveles escolares.

La jornada contó con la participación de 25 jóvenes del programa Líderes en Construcción, quienes colaboraron en las tareas relacionadas con la recolección y la entrega de los útiles. La actividad incluyó el acompañamiento de Karla Faxas, fundadora de Cuadernos X Un Mañana, y de Kaury Paulino, coordinadora del grupo emprearial.

De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, la iniciativa forma parte de los programas de responsabilidad social empresarial de la ferretería y busca vincular la reducción de residuos con el acceso a materiales para estudiantes de comunidades cercanas a sus operaciones.

El modelo de reutilización de materiales escolares parte de una separación básica: identificar las páginas limpias o con espacio suficiente para volver a encuadernarse y apartar tapas, espirales, cartón y hojas deterioradas para su reciclaje. La propuesta permite prolongar el uso de parte del papel antes de que se convierta en residuo.

Cuadernos X Un Mañana plantea esa dinámica como parte de su trabajo en República Dominicana. En su sitio institucional, la organización indica que recolecta cuadernos al final del año escolar, recupera las páginas aprovechables y las transforma en nuevos artículos para estudiantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. También informa que busca ampliar su red de centros de acopio y llegar a 100 instituciones educativas mediante su proyecto 100 X Un Mañana.

La entrega se realizó en Los Meléndez, con la presencia de representantes de de la ferretería. Julio Martínez, referente en la comunidad, asistió al encuentro junto con padres y otros vecinos. Según la publicación de Diario Libre, Martínez agradeció el acompañamiento que la empresa mantiene en la zona desde hace más de tres años y planteó la necesidad de sostener acciones de apoyo para las familias locales.

Una campaña con participación de clientes y colaboradores

La participación de compradores y empleados fue uno de los ejes de la propuesta. El grupo empresarial habilitó puntos de entrega en seis ciudades para que los cuadernos que habían quedado incompletos al cierre del ciclo escolar no terminaran directamente en la basura.

La iniciativa articuló tres objetivos: recuperar papel que todavía podía utilizarse, enviar el material descartado al reciclaje y aportar cuadernos a estudiantes. En este caso, 55 niños recibieron los 300 cuadernos producidos tras la clasificación de los materiales recolectados.

Los organizadores no precisaron cuántas hojas se rescataron del total de cuadernos ni el volumen de material que fue enviado a reciclaje. Tampoco informaron si la campaña tendrá nuevas etapas o si los puntos de recolección continuarán habilitados después de esta jornada.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica estableció la alerta verde en cuatro regiones clave del territorio nacional ante el paso simultáneo e interacción de un tren de tres ondas tropicales. La medida preventiva abarca a la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur, zonas donde las autoridades prevén un incremento constante en el volumen de las precipitaciones durante los próximos días.

El presidente ejecutivo de la CNE, Alejandro Picado, explicó que los comités locales de emergencia activaron los protocolos de supervisión debido a la combinación de factores atmosféricos inestables. Las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalan que el patrón lluvioso continuará de manera ininterrumpida hasta el miércoles 16 de septiembre.

La causa principal de este comportamiento climático radica en la coincidencia de las ondas tropicales identificadas con los números 42, 43 y 44 con la Zona de Convergencia Intertropical, a lo que se suma un elevado contenido de humedad en la atmósfera centroamericana y el aceleramiento de los vientos alisios en el mar Caribe.

El tránsito consecutivo de estos sistemas ciclónicos comenzó a generar precipitaciones intensas en el territorio costarricense desde la noche de ayer, 11 de septiembre. Durante esa jornada, la onda tropical número 42 atravesó el país de este a oeste hacia el océano Pacífico, lo cual desencadenó lluvias de variable intensidad y aguaceros aislados acompañados de tormentas eléctricas en diversos puntos de la geografía nacional.

El volumen de precipitaciones aumentará en las próximas horas por el ingreso del sistema número 43

Para la tarde de este sábado 12 de septiembre se espera el ingreso de la onda tropical número 43, la cual reforzará el temporal de lluvias sobre el Pacífico Sur, con precipitaciones estimadas entre los 25 y 60 milímetros en lapsos de 12 horas. Para la madrugada, el patrón de aguaceros se desplazará hacia el norte del Caribe y la Zona Norte, con acumulados previstos de entre 10 y 35 milímetros, y montos puntuales que podrían llegar a los 50 milímetros.

Las autoridades especializadas de la CNE advirtieron sobre el peligro inminente que representan estos volúmenes de agua en regiones donde los suelos ya muestran porcentajes elevados de saturación. Cantones como Sarapiquí, la faja costera del Caribe y los valles del Pacífico Sur registran acumulaciones hídricas previas en la capa terrestre, un factor que eleva la vulnerabilidad ante la ocurrencia de deslizamientos de tierra y el desbordamiento de cauces fluviales.

Las perturbaciones atmosféricas se extenderán hacia los primeros días de la semana entrante, momento en que el tercer sistema del tren meteorológico, la onda tropical número 44, ingresará al país para mantener la humedad acumulada en la cuenca centroamericana. Esta cadena de eventos climáticos mantiene en vigilancia constante a los cuerpos de socorro a nivel regional.

Autoridades instan a la población a aplicar medidas de prevención y evitar zonas de riesgo

Frente al riesgo de emergencias, las autoridades instan a la ciudadanía a transitar con extrema precaución por las rutas nacionales. En caso de suscitarse algún incidente, se solicitó canalizar los reportes por medio del sistema 911.

Por su parte, los especialistas del IMN sugirieron extremar las medidas preventivas en comunidades propensas a la saturación de alcantarillados y quebradas urbanas. Ante la presencia de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes, aconsejan buscar refugio inmediato en infraestructuras seguras para evitar impactos por la caída de ramas, desprendimiento de láminas en techos o colapso de tendido eléctrico y rotulaciones comerciales.

Más de 500.000 personas podrían movilizarse por Honduras durante la Semana Morazánica de 2026 y el Gobierno quiere que la mayor cantidad posible de ese gasto permanezca dentro de la economía nacional.

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) lanzó una campaña bajo una idea sencilla: salir de vacaciones, pero quedarse en Honduras.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, llamó a los hondureños a aprovechar el feriado para recorrer playas, montañas, sitios arqueológicos, pueblos y destinos gastronómicos, en lugar de viajar hacia otros países.

Para el sector privado, el descanso comenzará al mediodía del miércoles 7 de octubre y concluirá al mediodía del sábado 10.

Medio millón de viajeros también significan millones en consumo

Según las estadísticas citadas por Turismo, un visitante que pasa al menos una noche fuera de casa durante la Morazánica gasta en promedio L2.200, unos US$81,94 por persona.

Para quienes realizan viajes de un solo día, el gasto promedio ronda los L1.000, aproximadamente US$37,24.

Eso incluye alimentación, transporte, hospedaje, entradas, compras y actividades recreativas.

Sin embargo, no puede calcularse todavía cuánto dinero moverá realmente el feriado únicamente multiplicando esas cifras por los 500.000 viajeros, porque no se conoce qué proporción pernoctará y cuántos serán excursionistas de un solo día.

Ese dato será clave para medir posteriormente el impacto real de la temporada.

La apuesta es sacar turistas de las rutas tradicionales

La estrategia busca además desconcentrar los viajes.

Roatán, Tela, La Ceiba y Copán suelen captar buena parte de la atención durante los feriados, pero Turismo está promocionando también Olancho, Choluteca, Danlí, Intibucá, Comayagua, Siguatepeque y el Lago de Yojoa.

Para quienes no puedan realizar desplazamientos largos, se impulsan alternativas cercanas a Tegucigalpa como Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas.

La lógica consiste en repartir el gasto entre más comunidades y negocios.

El IHT también anunció una estrategia de paquetes turísticos que combine transporte, alojamiento, alimentación y actividades.

Ese mecanismo intenta atacar uno de los problemas del turismo interno: que organizar por separado un viaje dentro del país puede terminar resultando poco competitivo frente a promociones internacionales que ya incluyen vuelo, hotel y servicios.

La presidenta de la Asociación de Hoteles Preciosos de Honduras, Dina Núñez, pidió respaldar directamente a empresarios nacionales y explorar ciudades que normalmente reciben menos visitantes.

“Aproveche hondureño, conozca su país”, expresó.

No todo será sol y playa

La campaña también quiere utilizar el feriado para promover turismo cultural.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia destacó sitios como Copán Ruinas, El Puente, el parque ecoarqueológico Los Naranjos y la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo.

La intención es que la Morazánica no concentre todo el movimiento en playas y hoteles, sino que incorpore patrimonio, gastronomía y naturaleza.

La movilización de 500.000 personas es importante, pero por sí sola no determina si el feriado fue exitoso.

Para medir su impacto habrá que observar ocupación hotelera, gasto promedio, duración de las estadías y cuánto consumo llegó efectivamente a pequeños negocios y comunidades.

Porque el objetivo de “quedarse en Honduras” no es solamente evitar que un turista cruce una frontera.

Es conseguir que el dinero que habría gastado afuera se quede circulando dentro del país y genere ingresos para otros hondureños.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que seis agentes resultaron heridos durante el desalojo de un bloqueo el viernes 11 de septiembre, en el kilómetro 168 de la ruta a Cuyotenango, Suchitepéquez, en una jornada de protestas contra el aumento de los combustibles que también dejó vehículos incendiados en Zacapa y cortes en varios departamentos de Guatemala.

Un cierre continuaba activo el sábado 12 de septiembre a las 06:45 en el kilómetro 225 de la ruta departamental QUE-03, en la aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca. El bloqueo había comenzado cuatro minutos antes, afectaba ambos sentidos de circulación y era el único punto cerrado en el reporte matutino de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial); las demás rutas figuraban habilitadas.

El policía Ronal Gavino Morales Chávez sufrió un disparo en el estómago y fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial de la Ciudad de Guatemala, después de ser estabilizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango. Los otros cinco efectivos padecieron lesiones por explosiones de morteros, el impacto de una piedra en el cráneo y golpes en distintas partes del cuerpo.

La corporación indicó que sus Fuerzas Antidisturbios despejaron más del 90% de los puntos bloqueados en el país. El despliegue respondió a una orden de la Corte de Constitucionalidad para liberar las rutas con apoyo del Ministerio de Gobernación y el Ejército.

Dos focos de conflicto en Zacapa y Villa Nueva

Los incidentes persistían al cierre de la jornada en sectores de Zacapa y Villa Nueva, donde la PNC afirmó haber detectado la presencia de pandillas y estructuras del crimen organizado dentro de las manifestaciones. La institución acusó a esos grupos de usar a mujeres, adultos mayores y niños como escudos humanos.

La fuerza de seguridad solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación para proteger las garantías de los menores y las mujeres presentes en las zonas de conflicto. También pidió a los habitantes de los lugares donde continuaban los enfrentamientos que permanecieran en sus hogares mientras avanzaba el operativo.

“Atentar contra la paz en presencia de la niñez guatemalteca es un acto criminal que no quedará impune”, advirtió la policía. La institución requirió denuncias anónimas sobre actividades delictivas, instigación o presencia de personas infiltradas.

La PNC señaló que, con base en el artículo 257 del Código Procesal Penal, detendría en flagrancia a quienes obstruyeran las vías. Los vehículos y camiones utilizados deliberadamente para bloquear carreteras serían puestos a disposición de los tribunales para su comiso.

“Los promotores e instigadores de estos ataques violentos están debidamente perfilados e individualizados y enfrentarán todo el peso de la ley”, sostuvo la corporación.

Durante el operativo en Cuyotenango, las autoridades detuvieron a Armando Constancia Martínez, a quien le decomisaron piedras, hondas, morteros y otros objetos presuntamente utilizados para agredir a los agentes. El arresto se sumó a cuatro capturas previas por disturbios en San Miguel Petapa y Suchitepéquez.

En la zona cinco de Mixco, sobre la calzada San Juan, agentes de la comisaría 16 arrestaron a Juan “N”, de 44 años, y Joseline “N”, de 29, cuando arrojaban objetos contundentes contra policías que buscaban despejar la cuarta avenida.

Otros dos hombres fueron capturados en el kilómetro 19,5 de la ruta al Pacífico. William “N”, de 33 años, y Hugo “N”, de 28, estaban en un bloqueo que reunía a 150 personas, donde también se registró el lanzamiento de piedras contra los efectivos de seguridad.

La presencia policial fue reforzada en la colonia Bethania, el Anillo Periférico, Villa Nueva, la ruta al Atlántico y los sectores de Río Hondo y Zacapa, que concentraron algunos de los cierres más prolongados.

Camiones incendiados y reclamo de estado de excepción

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga condenó los hechos de violencia, vandalismo y destrucción registrados durante las protestas, con especial referencia a la quema de vehículos y camiones de transporte pesado en la aldea Santa Cruz, en el kilómetro 124 de Zacapa.

“El derecho a manifestar nunca puede convertirse en una licencia para delinquir”, expresó la organización. El gremio sostuvo que ninguna causa justifica la destrucción de propiedad privada, las agresiones contra trabajadores ni la interrupción forzada de las principales vías de comunicación.

La cámara exigió al Gobierno de Guatemala el restablecimiento inmediato del orden y de la libre circulación en la carretera CA-9 y en todos los sectores afectados por bloqueos violentos. También reclamó al Ministerio Público una persecución penal inmediata contra los responsables materiales e intelectuales de la destrucción, los incendios de vehículos y las amenazas contra transportistas.

“Solicitamos respetuosamente, pero con absoluta firmeza”, al presidente que evalúe declarar un estado de excepción en los municipios donde la violencia haya superado la capacidad ordinaria de las autoridades, planteó el gremio.

Las movilizaciones surgieron después de que el Congreso de la República aprobara, con trámite de urgencia nacional, un decreto que establece precios máximos de referencia para el diésel y las gasolinas, además de un fondo de compensación para los importadores. Diversos sectores del transporte consideran insuficiente la medida frente al aumento de los combustibles registrado en los últimos meses.

Poder Ciudadano Guatemala entregará al Congreso su propuesta de reforma constitucional del sector justicia el lunes 28 de septiembre, tras una campaña que superó las 14 mil firmas y busca que el eventual cambio sea ratificado mediante una consulta popular junto con las elecciones generales de 2027.

La recolección presencial concluirá el 19 de septiembre, después de haber comenzado el 4 de julio. Hasta el 10 de septiembre, la iniciativa reunía más de 14 mil adhesiones ciudadanas, por encima de las cinco mil que exige la Constitución para que un grupo de ciudadanos presente una propuesta de reforma ante el Legislativo.

El artículo 277, literal D, de la Constitución establece ese requisito de respaldo ciudadano. La cantidad alcanzada permite a la organización avanzar hacia la presentación formal de su planteamiento, aunque el recorrido institucional todavía dependerá de decisiones posteriores de los diputados.

La jornada de entrega comenzará a las 09:00 en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona uno de la Ciudad de Guatemala. Desde ese punto, los voluntarios marcharán hasta el Palacio Legislativo para entregar las firmas y la iniciativa.

Edgar Ortiz, director de Poder Ciudadano Guatemala, confirmó el calendario durante una entrevista radial y sostuvo que la convocatoria para el acto será abierta a quienes participaron en la campaña. Reconoció, sin embargo, que la fecha coincide con un día laboral y que parte de los colaboradores no podrá asistir.

Varios voluntarios viajarán desde departamentos del interior para sumarse a la concentración. La organización espera que la movilización refleje el alcance territorial que tuvo la búsqueda de apoyos para modificar las normas constitucionales vinculadas con la justicia.

Una red de 512 voluntarios y liderazgos departamentales

La recolección movilizó a 512 voluntarios, de los cuales entre 25 y 30 asumieron funciones de liderazgo en distintos departamentos. Cada uno organizó jornadas en su comunidad, mientras Poder Ciudadano aportó capacitación y materiales como chalecos y carpetas.

La mayoría de quienes participaron no son abogados, sino ciudadanos de profesiones diversas que se incorporaron a partir de las actividades educativas que la organización desarrollaba en redes sociales. El modelo descentralizado permitió que las firmas fueran reunidas por personas vinculadas con sus propias localidades.

Ortiz atribuyó el resultado al trabajo de esa red ciudadana: “Creo que es un esfuerzo muy exitoso, no por mí, sino exitoso por los voluntarios, porque haber convencido a quinientas doce personas de regalar su tiempo por una propuesta de reforma a la justicia, creo que si usted lo cuenta en otro país se reirían”.

La propuesta no cuenta todavía con contactos formales con partidos políticos ni legisladores. El director explicó que esa etapa comenzará cuando la iniciativa reciba un número y quede oficialmente ingresada al Congreso de la República.

Para ser aprobada por los diputados, la reforma requerirá 107 votos de los 160 integrantes del Congreso. Poder Ciudadano prevé realizar acercamientos plurales con las distintas bancadas y mantener una posición equidistante frente a todas ellas para reunir la mayoría necesaria.

La consulta popular proyectada para las elecciones de 2027

Si el Congreso aprueba la reforma con la mayoría requerida, la organización pretende que el texto sea sometido a consulta popular durante las elecciones generales de 2027. En ese escenario, la decisión podría incorporarse como una sexta papeleta para que la ciudadanía ratifique o rechace la modificación constitucional.

Ortiz considera que el principal obstáculo no es reunir firmas, sino la resistencia de la clase política, que, según afirmó, “se ha atrincherado” en los últimos años. Si los diputados no aprueban el cambio antes del proceso electoral, la organización buscará que los partidos expresen públicamente su posición sobre el tema cuando se convoque a elecciones.

El director planteó que los votantes deben conocer la postura de los legisladores: “Que sepan también en las urnas cómo premiar o cómo castigar a aquellos diputados que quieren o no quieren reformar la justicia”. Esa estrategia trasladaría el debate al período electoral si el trámite parlamentario no prospera antes.

Cuando la iniciativa ingrese al Congreso, Poder Ciudadano habilitará una adhesión digital simbólica para quienes no pudieron firmar durante la etapa presencial. El mecanismo no sustituirá las rúbricas entregadas, pero permitirá ampliar el acompañamiento ciudadano a la propuesta.

La organización también mantiene herramientas de observación sobre la actividad legislativa, la elección del contralor general de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad. El monitor previsto para esta última institución será activado en octubre.

Un ciudadano hondureño, identificado de forma preliminar como Edgardo Zúñiga, fue detenido en Nicaragua y entregado a las autoridades de Honduras, acusado de haber atacado a su pareja con un machete en el municipio de El Triunfo. La víctima sufrió heridas de gravedad y recibió atención médica en un hospital de Tegucigalpa.

El caso fue informado por el diario nicaragüense La Prensa, que citó a Televicentro Radio de Choluteca y a autoridades policiales hondureñas. De acuerdo con esa cobertura, el sospechoso cruzó la frontera tras el presunto ataque con el objetivo de evitar la acción de la Justicia.

La captura ocurrió en la comunidad de Asentamiento Los Limones, en Somotillo, departamento de Chinandega. La Policía de Nicaragua localizó al hombre después de un intercambio de información y coordinación con los cuerpos de seguridad de Honduras, según indicó el medio.

El detenido fue trasladado luego a territorio hondureño, donde quedó bajo custodia policial. Las autoridades prevén remitir el expediente al Ministerio Público y a los tribunales competentes, que deberán definir los pasos judiciales del caso.

El comisionado de la Policía de Honduras, José Anariba Martínez, señaló que la mujer fue atacada con un arma blanca y sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario de Tegucigalpa, según recogió La Prensa.

“El ataque dejó a la víctima en condición grave, aunque las heridas no le causaron la muerte”, expresó el jefe policial, citado por el diario nicaragüense. El funcionario está a cargo de la Policía en los departamentos hondureños de Choluteca y Valle.

La información disponible no precisa la fecha exacta de la agresión ni el estado de salud actual de la mujer. Tampoco se difundieron detalles sobre el tipo de lesiones o la eventual intervención de equipos especializados de atención a víctimas de violencia de género.

La investigación se concentra en el hecho ocurrido en El Triunfo, un municipio de Honduras situado cerca de la frontera con Nicaragua. Según la reconstrucción divulgada por las autoridades, Zúñiga abandonó el país después del ataque y se dirigió hacia el territorio nicaragüense.

El hombre fue ubicado antes de que pudiera permanecer prófugo en Nicaragua. La localización derivó de las coordinaciones entre las fuerzas policiales de ambos países, que permitieron identificar su paradero en Somotillo y concretar su arresto.

La Policía afirmó que el detenido tenía antecedentes por hechos similares

Martínez sostuvo que el acusado intentó eludir a las autoridades al atravesar la frontera. “Creyó que no lo alcanzaría la ley, pero la coordinación permitió su detención y el traslado de regreso”, afirmó el jefe policial en declaraciones difundidas por La Prensa.

El funcionario añadió que la víctima no había presentado una denuncia formal al momento de las declaraciones. Aun así, indicó que la Policía actuó a partir de la gravedad del caso y de la información disponible sobre la agresión.

Las autoridades hondureñas también señalaron que Edgardo Zúñiga tendría antecedentes penales vinculados con episodios de violencia contra parejas. De acuerdo con Martínez, el sospechoso habría protagonizado un ataque de características similares hace algún tiempo, entre 15 y 18 años, cuando otra mujer habría resultado herida de gravedad.

Esa referencia forma parte de la información expuesta por la Policía y deberá ser verificada en el marco de las diligencias judiciales. Hasta el momento, no se informaron condenas previas ni causas judiciales específicas relacionadas con esos supuestos antecedentes.

El detenido permanece bajo custodia en Honduras mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía. La causa deberá determinar las circunstancias del ataque, la responsabilidad penal del acusado y las medidas de protección que correspondan para la víctima.

El costo de construir en Nicaragua volvió a subir en julio. El Índice de Precios de Materiales de Construcción (IPMC) aumentó 0.5% frente a junio, una variación que se ubicó entre las tres más altas de los primeros siete meses de 2026. El encarecimiento estuvo concentrado en productos básicos para levantar viviendas, ampliaciones y otras obras, como la arena de río, los bloques de concreto, las varillas de acero y la madera de pino.

Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en su reporte correspondiente a julio, publicado el 2 de septiembre. El indicador acumula una subida de 2.84% en lo que va del año, mientras que la variación respecto de julio de 2025 llegó a 4.77%.

La cifra mensual de julio quedó por debajo del alza de 0.9% registrada en febrero, la mayor del año. También igualó el incremento anotado en mayo. De esta forma, julio representó la tercera observación más elevada de 2026 dentro de la medición mensual, aunque compartió ese lugar con el resultado de mayo.

El grupo de cemento y derivados fue el que más empujó el índice general durante julio. Sus precios subieron 0.8% en un mes, principalmente por los incrementos en la arena y los bloques de concreto de cuatro por ocho por 16 pulgadas, una medida habitual en la construcción de paredes.

Este grupo explicó más de la mitad del aumento total del IPMC de julio. Además, en la comparación con el mismo mes del año anterior, los precios de cemento y derivados mostraron un aumento de 7.06%, el mayor entre los grupos relevados por el INIDE.

La arena de río es uno de los materiales más utilizados en las obras. Se mezcla con cemento para elaborar mortero y concreto, se emplea en repellos y sirve para nivelar superficies. Por eso, una variación en su precio puede trasladarse a varias tareas dentro de un proyecto de construcción.

Los bloques de concreto también tienen un peso directo en el presupuesto de una vivienda. Su uso se concentra en muros exteriores, divisiones internas, cercos y otras estructuras. El aumento de este producto incide sobre todo en las etapas iniciales de una obra, cuando se levantan las paredes.

El acero y el alambre elevaron el costo de las estructuras

El segundo grupo con mayor aumento mensual fue el de metales y derivados, que subió 0.61% en julio. El informe identificó incrementos en el alambre de amarre y en el acero número dos, conocido como varilla de refuerzo de un cuarto de pulgada.

Por lo que, en los últimos 12 meses, el grupo de metales y derivados acumuló un alza de 0.99%. Esa variación fue más moderada que la registrada en arena, bloques y madera, pero confirma que los insumos requeridos para reforzar las construcciones mantuvieron una tendencia de precios al alza.

El capítulo de maderas y techos aumentó 0.12% durante julio. La principal presión provino de la madera de pino, según el reporte oficial. Ese resultado fue parcialmente compensado por bajas en el precio de bisagras y cerraduras.

Aunque el incremento mensual de la madera fue menor que el de otros materiales, su comportamiento anual muestra una subida más marcada. Frente a julio de 2025, los precios del grupo de maderas y techos aumentaron 6.45%.

Estados Unidos pidió la derogación del Decreto 693-24, que fija aranceles para regular las importaciones de arroz en República Dominicana, al considerar que esa medida afecta los compromisos de acceso al mercado contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La solicitud fue planteada durante una reunión virtual entre representantes de ambos países, según informó este viernes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El encuentro tuvo lugar a principios de esta semana y abordó la relación económica bilateral, así como una eventual negociación de un Acuerdo de Comercio Recíproco.

Según Diario Libre, la delegación estadounidense sostuvo que la derogación de la norma firmada por el presidente Luis Abinader resulta relevante para que República Dominicana cumpla las condiciones de acceso para el arroz de Estados Unidos previstas en el DR-Cafta.

En la reunión participaron el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman; la embajadora estadounidense Julie Callahan; la principal negociadora agrícola de ese país, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó.

La USTR señaló en su cuenta de X que los representantes discutieron oportunidades para reforzar los vínculos comerciales entre los dos países. En ese marco, la entidad estadounidense remarcó la necesidad de dejar sin efecto el decreto relacionado con las importaciones de arroz.

El Decreto 693-24 fue emitido por Abinader en 2024 y establece un esquema arancelario específico para varias categorías de arroz. La medida alcanza los productos clasificados en las partidas 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00.

Según la disposición, el arroz incluido dentro del contingente definido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe pagar un arancel de 20% ad valorem. Cuando las importaciones exceden ese cupo, la tasa se eleva a 99% ad valorem.

El objetivo de la norma es regular el ingreso de arroz al mercado dominicano y resguardar la producción local ante la apertura comercial prevista en el DR-Cafta. El sector arrocero ocupa un lugar relevante dentro de la agricultura del país, tanto por su participación en el consumo interno como por la cantidad de productores vinculados a esa actividad.

El decreto incluyó, además, una disposición particular para el arroz de origen estadounidense. El artículo 2 autoriza el ingreso de 23.300 toneladas métricas procedentes de Estados Unidos con arancel cero.

Fuera de esa cuota, el cereal estadounidense queda alcanzado por la tarifa de Nación Más Favorecida (NMF), que asciende a 99% ad valorem. Ese mecanismo es el punto central de la objeción expuesta por Washington, según la información publicada por Diario Libre.

Washington vincula el arroz con las obligaciones del DR-Cafta

La representación comercial estadounidense considera que el decreto limita el acceso de su arroz al mercado dominicano en un escenario en el que el DR-Cafta contempla compromisos específicos de liberalización comercial.

El acuerdo, que vincula a Estados Unidos, República Dominicana y países de Centroamérica, estableció cronogramas para la eliminación o reducción de barreras al comercio de distintos productos. En el caso del arroz, la discusión se concentra en la aplicación de contingentes, aranceles y condiciones de ingreso para el producto estadounidense.

La USTR indicó que también ve una oportunidad para negociar un Acuerdo de Comercio Recíproco con República Dominicana y expresó su expectativa de que esas conversaciones concluyan en un plazo oportuno. No informó, sin embargo, si hubo un calendario concreto para esas negociaciones ni si las autoridades dominicanas asumieron algún compromiso respecto del Decreto 693-24.

La publicación de la entidad estadounidense reaviva el debate sobre la protección del arroz dominicano frente a la competencia externa. El decreto mantiene un cupo de importación libre de arancel para Estados Unidos, pero aplica una tarifa de 99% a los volúmenes que superan ese límite.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica realizó la segunda convocatoria oficial de 2026 del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), una evaluación en la que participaron 498 postulantes y que alcanzó su séptima aplicación desde que comenzó a implementarse en agosto de 2023.

La prueba forma parte del proceso utilizado para valorar los conocimientos y competencias de quienes buscan ejercer profesionalmente la medicina en el país y, de acuerdo con el Colegio, pretende garantizar que los aspirantes cuenten con las herramientas necesarias para responder ante diferentes escenarios que pueden presentarse durante la atención de pacientes.

A diferencia de una evaluación centrada únicamente en la memorización de contenidos, el examen busca determinar cómo los postulantes aplican sus conocimientos médicos, analizan situaciones clínicas y toman decisiones frente a casos similares a los que podrían encontrar durante el ejercicio profesional.

El ECOM-CR está compuesto por 140 casos clínicos, elaborados por médicos previamente certificados para desarrollar este tipo de preguntas. El contenido incluye áreas fundamentales como Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría, Investigación y Ética Médica, además de otras subáreas relacionadas con la medicina general.

La aplicación de septiembre representó, además, una oportunidad para que representantes de otros colegios profesionales observaran directamente la dinámica utilizada durante el examen y conocieran los procedimientos establecidos para mantener la seguridad de la evaluación.

Según la información suministrada por el Colegio de Médicos y Cirujanos, entre los elementos considerados se encuentran los mecanismos de confidencialidad, los protocolos para proteger la información y las medidas utilizadas para garantizar condiciones homogéneas para todos los postulantes.

El desarrollo de cada convocatoria requiere una preparación que comienza varios meses antes de que los aspirantes ingresen a realizar la prueba. Durante ese periodo se trabajan aspectos vinculados con la elaboración y revisión de los casos clínicos, la organización de la aplicación y los procedimientos de seguridad relacionados con el manejo del examen.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dr. Elliott Garita Jiménez, aseguró que la rigurosidad del proceso responde a la responsabilidad que representa evaluar a quienes pretenden ingresar formalmente al ejercicio de la medicina en Costa Rica.

“Estamos hablando de un examen que mide los conocimientos necesarios para que un médico pueda ejercer, tomando en cuenta elementos de prevención, diagnóstico y seguimiento de los pacientes, así como la aplicación científica en los procesos”, señaló Garita.

El jerarca agregó que el alcance de la evaluación trasciende a los propios postulantes debido a que sus resultados terminan relacionados con la atención que posteriormente estos profesionales ofrecerán a la población.

“Todo este trabajo tiene un impacto directo sobre la sociedad costarricense, porque nos permite garantizar que quienes superan la evaluación han sido valorados de manera adecuada”, afirmó el presidente del Colegio.

El ECOM-CR comenzó a aplicarse en agosto de 2023 y desde entonces ha acumulado siete convocatorias. Según los datos divulgados por la organización profesional, durante las seis ediciones anteriores más de 1,760 postulantes aprobaron el examen y posteriormente lograron incorporarse al Colegio de Médicos y Cirujanos para ejercer la profesión en el territorio nacional.

La cifra evidencia el crecimiento que ha tenido el mecanismo de evaluación desde su implementación y el papel que actualmente cumple dentro del proceso de incorporación profesional.

Con la participación de 498 personas en esta segunda convocatoria de 2026, el Colegio mantiene la aplicación periódica del examen mientras continúa consolidando los procedimientos destinados a estandarizar la evaluación de conocimientos médicos.

Para el Colegio de Médicos y Cirujanos, este sistema busca que quienes finalmente obtengan autorización para ejercer en Costa Rica hayan demostrado conocimientos suficientes en ámbitos que van desde el diagnóstico y tratamiento hasta la prevención, la investigación científica y la ética profesional.

Una organización que utilizaba vehículos para distribuir y vender sustancias ilícitas como si realizara entregas convencionales fue desarticulada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, Panamá.

La denominada Operación Apple Delivery terminó con nueve personas condenadas, apenas un día después de las capturas efectuadas en el corregimiento de La Concepción.

La investigación apuntaba a que los integrantes movilizaban la droga en automóviles y coordinaban las entregas bajo una dinámica semejante a la de los servicios de mensajería. Los vehículos permitían trasladar los pedidos hacia distintos puntos, reducir el tiempo de permanencia en cada lugar y dificultar la identificación de una ubicación fija de venta.

La jueza de garantías Ana González validó los acuerdos de pena alcanzados entre la Fiscalía y las defensas y emitió la sentencia condenatoria número 613 del 11 de septiembre. Los nueve procesados, seis hombres y tres mujeres de entre 21 y 60 años, fueron responsabilizados por tres delitos diferentes.

El castigo más elevado recayó sobre un hombre de 21 años, condenado a 96 meses de prisión por venta de sustancias ilícitas. La decisión también ordenó el pago de una multa de 500 dólares con 83 centésimos, dinero que las autoridades vincularon con la actividad por la cual fue procesado.

Otros dos hombres, de 21 y 30 años, recibieron penas de 84 meses de prisión por el mismo delito. Ambos también fueron sancionados con 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, medida que comenzará a aplicarse una vez que hayan cumplido la condena principal impuesta por el tribunal.

La sentencia incluyó a tres hombres de 22, 26 y 31 años, declarados responsables de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Las penas fueron fijadas en 62 y 60 meses de prisión, mientras que las sanciones accesorias incluyeron el comiso de cuatro automóviles y periodos de inhabilitación para funciones públicas.

El componente financiero de la operación quedó reflejado en las condenas impuestas a tres mujeres por blanqueo de capitales. Una mujer de 48 años recibió 60 meses de prisión y perdió siete vehículos mediante una orden de decomiso, una cantidad que muestra el peso atribuido a los automóviles dentro de la estructura.

Las otras dos procesadas, de 28 y 60 años, fueron condenadas a 48 meses de prisión, reemplazados por el pago de 400 dólares dentro de un plazo de seis meses. Para una se dispuso el decomiso de un automóvil y para la otra, 12 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La audiencia se extendió durante casi seis horas, desde las 10:09 de la mañana hasta las 3:52 de la tarde. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ninfa González, Edgar Tamayo y Estefanía González, mientras que los sentenciados contaron con defensores públicos y abogados particulares durante el procedimiento.

Las aprehensiones se produjeron el 10 de septiembre durante un despliegue desarrollado en La Concepción, distrito de Bugaba. De acuerdo con el Órgano Judicial, las autoridades incautaron vehículos, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos utilizados posteriormente dentro de la causa penal y los acuerdos de pena.

El uso de automóviles como supuesto servicio de entrega muestra la capacidad del microtráfico para adoptar dinámicas comerciales cotidianas. La movilidad reduce la exposición de los vendedores y facilita variar recorridos, horarios y puntos de encuentro, mientras los teléfonos permiten coordinar pedidos sin mantener un puesto permanente fácilmente identificable por las autoridades.

No es la primera estructura detectada este año que intentaba camuflar la venta de droga detrás de una actividad lícita. En agosto, la operación Caballo de Troya descubrió que presuntos microtraficantes utilizaban puestos de buhonería como fachada en varios sectores del distrito populoso de San Miguelito.

Aquella intervención se desarrolló en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación. Según informó la Procuraduria, siete personas fueron aprehendidas y se decomisaron dinero y sustancias ilícitas. En La Gran Estación, algunos investigados se presentaban como vendedores ambulantes cerca de áreas comerciales concurridas.

Apple Delivery y Caballo de Troya revelan dos formas distintas de ocultar operaciones de microtráfico: una basada en entregas móviles realizadas mediante automóviles y otra apoyada en puestos ambulantes. En ambos casos, la estrategia consistía en insertar la actividad ilícita dentro del movimiento cotidiano, aprovechando escenarios donde circular o entregar productos no despierta sospechas inmediatas.

Algunos salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) afirman que sus empleadores les pidieron que no regresaran a sus puestos, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indicó que mantienen la protección migratoria y la autorización de empleo a los beneficiarios, de acuerdo con un reportaje elaborado por Noticias Telemundo.

Vilma Parada, una salvadoreña amparada por el programa, refleja la preocupación que atraviesan miles de personas. En una entrevista con la citada cadena internacional relató que llegó a su lugar de trabajo y recibió la noticia de que no podía continuar.

“Yo quería llorar cuando fui despedida. Vine de mi trabajo triste, ¿pero qué puedo hacer?”, expresó.

La situación ocurrió después de que el TPS llegara a su fecha prevista de vencimiento, el 9 de septiembre, sin que hubiera un pronunciamiento definitivo sobre su futuro. Según explicó DHS, la decisión será comunicada “en el momento apropiado”. Hasta entonces, los beneficiarios conservan su estatus de protección y sus permisos de trabajo.

La incertidumbre ha generado confusión entre empleadores y trabajadores, sobre todo entre quienes necesitan renovar o demostrar la vigencia de sus documentos laborales.

Sin embargo, representantes de organizaciones señalaron a Noticias Telemundo que los despidos basados únicamente en la falta de una nueva decisión sobre el TPS pueden ser ilegales. “Hay personas que han perdido su trabajo, pero es ilegal”, indicó la abogada Emi MacLean al citado medio.

Recomendaciones para trabajadores ante la falta de una decisión oficial

Ante estas situaciones, las organizaciones recomiendan que los beneficiarios soliciten una carta para presentar ante sus empleadores. El documento, elaborado por la Alianza Nacional del TPS, expone la última decisión vigente del Gobierno de EE.UU. y explica que quienes estaban amparados por el programa mantienen su autorización laboral hasta que exista una resolución oficial.

Vilma obtuvo esa constancia para intentar aclarar su situación. Aun así, aseguró que no tiene una alternativa inmediata para sostener su estabilidad laboral. “No tengo opciones. Solamente dependo de que un día digan que el TPS lo extienden”, dijo durante la entrevista.

Organizaciones proinmigrantes y abogados también sugieren a los salvadoreños consultar su situación de manera individual. Algunas podrían reunir condiciones para solicitar otros beneficios migratorios, aunque esas vías no están disponibles para todos los titulares de TPS.

Entre las opciones mencionadas figuran la visa U para víctimas de determinados delitos, casos pendientes vinculados con solicitudes de asilo y protecciones para familiares de ciudadanos estadounidenses. También existen situaciones particulares de personas con hijos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La evaluación depende de cada expediente migratorio, de los antecedentes de la persona y de los requisitos de cada programa. Por ese motivo, las entidades recomiendan no tomar decisiones basadas en especulaciones y buscar asesoramiento legal antes de iniciar cualquier trámite.

La preocupación se extiende entre los salvadoreño, muchos de los cuales llevan años en Estados Unidos y dependen de sus empleos para sostener a sus familias. La ausencia de una comunicación definitiva dejó a trabajadores expuestos a decisiones empresariales que, según los defensores de migrantes, no se ajustan a la vigencia actual de los permisos.

El Salvador enfrentará un fin de semana marcado por precipitaciones intensas, actividad eléctrica y temperaturas extremas debido a la influencia de una onda tropical.

Durante este día 12 de septiembre y mañana domingo, la interacción de este sistema atmosférico con el flujo del este acelerado provocará cambios en el tiempo en las zonas centro, occidente y oriente del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante horas de la mañana la mayor parte de El Salvador mantendrá un cielo poco nublado. La situación cambiará a partir de la tarde con el desarrollo de las primeras precipitaciones en el sector norte del país.

Sin embargo, para horas de la noche, las lluvias y tormentas se organizarán con mayor fuerza sobre los sectores orientales, centrales y occidentales. El MARN puntualiza que el Área Metropolitana de San Salvador registrará una alta probabilidad de recibir lluvias fuertes durante la noche.

Estas precipitaciones estarán acompañadas por abundante actividad eléctrica, vientos con velocidades que superarán los 40 kilómetros por hora (25 millas por hora) y la posible caída de granizo en sectores específicos. La inestabilidad climática responderá de forma directa al paso del sistema tropical sobre la masa de aire regional.

La madrugada del domingo 13 de septiembre comenzará con precipitaciones breves en la franja costera de La Libertad y Sonsonate. Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nublado sin presencia de precipitaciones en la mayor parte del territorio centroamericano.

Durante la noche del domingo, la nubosidad aumentará en las regiones central y occidental. Se registrarán precipitaciones y tormentas de intensidad moderada a fuerte que se desplazarán desde el departamento de Chalatenango hacia el norte de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.

El fenómeno de mareas vivas incrementará el riesgo en la franja costera

De igual manera, el MARN enfatiza que desde el día de ayer hasta el 14 de septiembre, el litoral mantendrá la influencia del fenómeno de mareas vivas.

Por lo que, durante el período de marea alta, la altura de las olas registrará un incremento significativo, mientras que durante la marea baja se intensificará la velocidad de las corrientes de retorno, situación que eleva el riesgo de ahogamiento para bañistas y pobladores locales.

En alta mar, los vientos mantendrán una velocidad acelerada de hasta 40 kilómetros por hora (25 millas por hora). Esta condición meteorológica generará inconvenientes en la navegación de pequeñas embarcaciones, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad antes de adentrarse en aguas profundas.

Temperaturas de hasta 40 ℃ mantendrán un ambiente caluroso en el oriente del país

A pesar de la presencia de lluvias y tormentas, las temperaturas elevadas predominarán en todo el país durante el fin de semana. En la zona oriental se esperan los valores más altos, con registros que alcanzarán o superarán los 40 ℃ (104 ℉).

En la franja costera, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 33 ℃ (91,4 ℉) y los 38 ℃ (100,4 ℉). En contraste, las zonas altas del país presentarán condiciones más frescas, con valores máximos situados entre los 25 ℃ (77 ℉) y los 30 ℃ (86 ℉).

Ante el panorama meteorológico previsto para este fin de semana, la población debe tomar precauciones específicas tanto por la radiación solar extrema como por las tormentas repentinas. Para mitigar los efectos del calor, es necesario mantener una hidratación constante mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, utilizar ropa holgada de colores claros y aplicar protector solar en áreas expuestas de la piel.

Globos, piñatas, regalos y actividades escolares suelen marcar la celebración del Día del Niño en Honduras. Sin embargo, detrás de esa imagen existe otra realidad: 665 menores de 18 años murieron en 2025 por causas externas, según el Boletín número cuatro sobre violencia contra niños y niñas del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

Esta cifra detalla el informe representa un incremento de 17,9% respecto del año anterior, según el boletín del ONV. Del total de víctimas, 71,3% eran varones, lo que confirmó una mayor exposición de los niños y adolescentes a determinadas formas de violencia y riesgo.

El informe registró 161 homicidios de niñas, niños y adolescentes, un aumento de 22% respecto del año anterior.

La violencia homicida se concentró principalmente en los adolescentes: 78,9% de las víctimas tenía entre 12 y 17 años. Los niños representaron la mayoría de las víctimas, con 127 casos, frente a 34 niñas.

Además, 62.7% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que en 39.8% de los casos la investigación aún permanecía abierta.

La violencia en el entorno familiar

La exfiscal de la Niñez, Nora Urbina, dijo a Infobae uno de los principales desafíos se encontraba en los hogares que no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la protección de los menores, detalló.

En determinados entornos familiares pueden presentarse situaciones de violencia sexual, maltrato infantil y castigo corporal excesivo, por lo que la intervención estatal no debería producirse únicamente cuando el daño ya está hecho.

Urbina planteó la necesidad de mirar con mayor atención las condiciones en las que viven las familias y fortalecer las acciones de prevención. Cuando un menor es retirado de un entorno de violencia o vulneración, comienza otro desafío: garantizar que el lugar al que será trasladado sea realmente seguro.

Así mismo cuestiona que es fundamental que las instituciones responsables de la niñez realicen una adecuada verificación, supervisión y seguimiento de los espacios de protección y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) tiene en este proceso un papel determinante.

Trabajo infantil

No basta con retirar a un niño de un ambiente donde ha sido vulnerado. El Estado debe asegurarse de que el nuevo entorno no reproduzca las condiciones de violencia que motivaron su intervención explica la experta.

Datos citados del Instituto Nacional de Estadística (INE) y UNICEF señalaron que alrededor de 3,900 niños se encuentran bajo cuidado en Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos (IRCAS).

Estos espacios cuentan con metodologías destinadas a la atención de menores que necesitan protección, pero también enfrentan limitaciones económicas y dependen de donaciones y transferencias estatales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes trabajan en Honduras.

La mayor concentración se encuentra en el sector agrícola, con 36,4%. Le siguen las actividades comerciales, con 17.8%; la construcción, con 6.2%; y la industria manufacturera, con 5.8%.

Realidades de la niñez

El trabajo infantil representa un desafío para el acceso a la educación y para el desarrollo integral, especialmente cuando las condiciones laborales implican riesgos o sustituyen el tiempo que debería estar destinado al estudio.

Los datos fueron presentados durante el foro “Cifras que exigen acción: Evidencias, desafíos y respuestas frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Honduras”.

El Día del Niño representa una oportunidad para celebrar a la infancia, pero también para revisar qué condiciones ofrece Honduras a sus niños para crecer, estudiar y vivir con seguridad.

También demanda políticas públicas que reduzcan la violencia, garanticen el acceso a la educación y a oportunidades y fortalezcan a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Hay victorias que se consiguen con suerte, pero hay triunfos que se construyen con determinación, carácter y una fe inquebrantable en los propios sueños. La noche de ayer 11 de septiembre el certamen de Miss Universe Honduras 2026 no fue solo una fiesta de glamour y elegancia; fue la confirmación de que la constancia siempre rinde frutos.

Ante una audiencia entusiasta en el prestigioso Centro de Convenciones del Hotel Copantl en San Pedro Sula, Luisa Paola Pineda Barahona se alzó con la ansiada corona nacional, demostrando que caerse solo sirve para levantarse con más fuerza.

Representando con orgullo por primera vez al municipio de San Francisco de Yojoa, Luisa conquistó al jurado y al público desde su primer paso en la pasarela. Sin embargo, su camino hacia el título principal no comenzó hace un par de meses, sino un año atrás, marcado por una historia de resiliencia que hoy inspira a toda una nación.

En la edición de Miss Universe Honduras 2025, una joven y ambiciosa Luisa Pineda compitió portando la banda de San Pedro Sula. En aquella oportunidad, su belleza y desenvolvimiento la llevaron a posicionarse dentro del codiciado Top 5 de finalistas. Aunque la corona terminó en manos de Alejandra Fuentes, Luisa no tomó el resultado como un final, sino como el primer capítulo de su aprendizaje.

En lugar de retirarse, decidió convertir la experiencia en su mayor fortaleza. Con la mirada puesta en la revancha, trabajó incansablemente durante meses para perfeccionar cada detalle: su oratoria, su presencia escénica y su preparación intelectual.

Al volver a inscribirse para la edición 2026, asumió el reto de llevar la representación de San Francisco de Yojoa, dispuesta a escribir una historia completamente diferente. Toda la madurez acumulada en su primer intento se reflejó de inmediato en el escenario, convirtiéndola en la rival a vencer desde los primeros juzgamientos.

Dominio absoluto en la ronda final de preguntas

Si bien la belleza física de Pineda es innegable con sus 1.73 metros de estatura y su inigualable porte, fue su mente brillante la que selló de forma categórica su triunfo. Al avanzar al Top 3 definitivo, las finalistas se enfrentaron a una exigente doble ronda de preguntas diseñada para evaluar su preparación integral bajo extrema presión.

En ese instante crucial, donde los nervios traicionaron a otras competidoras, Luisa demostró el temple de reina experimentada:

• Elocuencia y templanza: Respondió con una serenidad pasmosa, hilando argumentos lógicos, claros y sin dudar ni un solo segundo.
• Contenido de impacto: Su discurso integró su visión de sostenibilidad ambiental, respaldada por su labor en la organización Guardianes de la Naturaleza de Honduras y el rol estratégico de la mujer moderna en la logística y el desarrollo socioeconómico del país.
• Formación académica al servicio del escenario: Como Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudiante de Ingeniería en Operaciones y Logística de 26 años, proyectó la imagen de una líder preparada para impactar globalmente.

Esa combinación de solidez conceptual, elegancia y aplomo le otorgó el respaldo unánime de los jueces, superando categóricamente en la recta final a Anaís Vargas y Kat Sarmiento.

Con la corona resplandeciendo sobre su cabeza y las lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas, Pineda inicia ahora una nueva y emocionante etapa. La reina hondureña representará formalmente al país en la 75.ª edición de Miss Universo, programada para celebrarse en el mes de noviembre de 2026 en la hermosa isla de Puerto Rico.

El Gobierno de Costa Rica prepara una estrategia interinstitucional para atender a personas en condición de calle, principalmente en el cantón de San José, que será respaldada con recursos contemplados dentro del presupuesto del Ministerio de Salud para 2027.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, confirmó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que varias instituciones públicas ya trabajan desde hace aproximadamente un mes en la definición de una ruta conjunta para atender a esta población.

La iniciativa está bajo el liderazgo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y cuenta con participación del Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y otras entidades estatales.

Parte de la ejecución de los servicios también estaría vinculada con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sánchez explicó que la estrategia ya avanzó en la identificación de la población que requiere intervención y en la definición de los puntos hacia donde deben dirigirse las acciones.

“Se ha creado desde hace aproximadamente más de un mes un grupo interinstitucional que está bajo el liderazgo del IMAS, donde participamos Salud, donde participa IAFA, donde participan diferentes ministerios o instituciones y donde ya hay una ruta trazada”, señaló.

El jerarca añadió que recientemente se realizó una reunión para revisar los avances de la iniciativa y que el IMAS cuenta con información sobre las personas que serían objeto de atención.

“El IMAS tiene definido qué población es la que ocupa atención y a dónde va a ir dirigida la ruta que la señora presidenta nos ha solicitado”, indicó.

Diputados piden detalles de la estrategia

Durante la comparecencia, los legisladores solicitaron información más precisa sobre el alcance del plan.

Entre las principales interrogantes estuvieron cuántas personas se pretende atender, cuáles instituciones participarán formalmente, qué acciones asumirá cada una y cuánto dinero se asignará específicamente a la estrategia.

También consultaron si existe un documento oficial que detalle la estructura y funcionamiento del programa.

Sánchez respondió que esa información puede ser remitida posteriormente a la comisión y confirmó que ya existe una ruta interinstitucional definida.

La estrategia surge en un contexto en el que la presencia de personas en condición de calle se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios en distintos puntos de San José.

El abordaje planteado pretende articular respuestas que no dependan exclusivamente de una institución, sino que integren componentes de asistencia social, salud, tratamiento de adicciones y atención médica.

Salud tendrá ₡598,000 millones (USD 1.3 mil millones) en 2027

El anuncio se produjo durante la defensa del presupuesto del Ministerio de Salud para el próximo año.

Según Sánchez, la institución contará con aproximadamente ₡598,000 millones (USD 1.3 mil millones) en 2027, lo que representa un incremento de alrededor de ₡155,000 millones (USD 338 millones) en comparación con 2026.

Parte de ese crecimiento presupuestario será utilizado para financiar la estrategia dirigida a la población en condición de calle.

El componente sanitario será especialmente relevante debido a que las personas en condición de calle pueden requerir atención por problemas de salud física, salud mental y consumo de sustancias, además de acompañamiento social.

El esquema mencionado ante los diputados apunta precisamente a combinar varias de esas áreas mediante una respuesta articulada.

Una familia nicaragüense de cuatro personas necesita entre C$158 (USD 4.30) y C$169 (USD 4.60) para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y una tortilla por comensal, un gasto que muestra el peso de una comida tradicional en el presupuesto del hogar. El cálculo surge de precios relevados en mercados por 100% Noticias y no contempla los insumos necesarios para cocinar.

Si esa misma comida se preparara siete veces en una semana, el desembolso ascendería a C$1,120 (USD 30.72) , tomando como referencia un gasto cercano a C$160 por ocasión. La cifra corresponde a una sola de las comidas del día.

Arroz, frijoles y acompañamientos en la cuenta familiar

La base del gallo pinto requiere media libra de arroz y media libra de frijoles para cuatro platos. El arroz más económico cuesta unos C$25 (USD 0,68) la libra, mientras que el arroz El Faisán, recomendado por comerciantes para esta preparación, ronda los C$28 (USD 0,76).

Esa porción de arroz representa entre C$12,50 (USD 0,34) y C$14 (USD 0,38). Los frijoles se venden entre C$30 (USD 0,82) y C$35 (USD 0,96) la libra, por lo que media libra suma de C$15 (USD 0,41) a C$17,50 (USD 0,48).

Arroz y frijoles demandan así entre C$27,50 (USD 0,75) y C$31,50 (USD 0,86) antes de añadir aceite, cebolla, ajo u otros condimentos. La variación depende de la marca elegida y del mercado donde se haga la compra.

El huevo añade entre C$28 (USD 0,76) y C$32 (USD 0,87) al presupuesto cuando cada integrante recibe una unidad. Su precio individual se ubica entre C$7 (USD 0,19) y C$8 (USD 0,22).

El queso es uno de los acompañamientos que más encarece la comida. La libra se consigue cerca de C$84 (USD 2,29), aunque puede alcanzar C$90 (USD 2,46), de modo que media libra para repartir entre cuatro personas cuesta entre C$42 (USD 1,15) y C$45 (USD 1,23).

La crema suma unos C$40 (USD 1,09) en la presentación consultada. Las cuatro tortillas, a C$5 (USD 0,14) cada una, agregan otros C$20 (USD 0,55).

Las cantidades consideradas incluyen media libra de arroz, media libra de frijoles, cuatro huevos, media libra de queso, una libra de crema y cuatro tortillas. El precio final puede modificarse si el hogar reduce el queso, prescinde de algún acompañamiento o cocina una cantidad suficiente de gallo pinto para más de una comida.

Muchas familias compran arroz y frijoles en mayores cantidades o aprovechan productos que ya tienen en casa para ajustar el gasto. El cálculo tampoco incorpora el aceite, la cebolla, el ajo, el gas ni la electricidad utilizados durante la preparación.

El gallo pinto reúne una historia de mestizaje entre América, Europa y África

El gallo pinto, preparación de arroz y frijoles asociada a Costa Rica y Nicaragua, concentra una historia de mestizaje americano: une una leguminosa consumida por los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales con un cereal llevado por los españoles y una forma de combinación vinculada a las cocinas africanas.

El arroz se originó en Asia y llegó a España a través de los árabes. Desde los siglos XV y XVI formó parte de recetas españolas, antes de que los conquistadores extendieran su cultivo por América, especialmente en México y Sudamérica.

Para el siglo XVIII, el cultivo ya habría adquirido relevancia en América Central. La presencia de distintos tipos de frijoles, utilizados ancestralmente en el continente, multiplicó las posibilidades de combinar ambos ingredientes.

Con apenas 18 años, una trayectoria deportiva que ya incluye una medalla nacional y representación internacional, y una participación activa en actividades culturales, el estudiante guanacasteco Danny Yoel Jarquín Rodríguez será el encargado de dar los primeros pasos con la Antorcha de la Independencia 2026 en Costa Rica.

El joven cursa duodécimo año en el Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, ubicado en La Cruz de Guanacaste, y fue seleccionado para iniciar el recorrido del fuego patrio, uno de los actos más simbólicos dentro de las celebraciones por la independencia costarricense.

Su elección reúne varias facetas que han marcado su vida estudiantil: deporte, disciplina, representación nacional y participación en las tradiciones culturales de su comunidad.

Danny Yoel ha desarrollado buena parte de su trayectoria en distintas disciplinas deportivas. Durante sus años como estudiante ha conquistado campeonatos regionales en fútbol y futsal, además de obtener el campeonato regional de balonmano en 2025.

En total, acumula más de diez medallas en diferentes competencias.

Uno de sus principales logros llegó durante 2026, cuando obtuvo la medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 como integrante del equipo masculino de balonmano del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz.

Su desempeño dentro de esta disciplina también lo llevó a representar internacionalmente a Costa Rica.

Danny Yoel forma parte de la Selección Juvenil de Costa Rica de Balonmano y participó en el IHF Trophy, celebrado en San Salvador, El Salvador.

Durante ese torneo fue reconocido como parte del Equipo Ideal, específicamente en la posición de lateral derecho, un logro que consolidó su proyección dentro de esta disciplina.

Del balonmano al folclor

Sin embargo, la historia del estudiante guanacasteco no se limita al deporte.

Danny Yoel también forma parte del grupo folclórico Namború, perteneciente al Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, donde mantiene un vínculo directo con las tradiciones culturales costarricenses.

Durante 2025, la agrupación consiguió el primer lugar en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes.

Ese resultado le permitió representar posteriormente a la región en el Festival Nacional de Encuentros de Grupos de Danza Folklórica, ampliando así otra de las facetas que el joven combina con sus responsabilidades académicas y deportivas.

Actualmente cursa la especialidad de Organización de Operaciones y Servicios de Alimentos y Bebidas, mientras mantiene sus actividades dentro del deporte competitivo y el folclor.

Su mensaje hacia otros estudiantes se centra en aprovechar las oportunidades durante la juventud, mantenerse enfocados en objetivos positivos y trabajar con constancia para alcanzar sus metas.

Ese recorrido personal tendrá ahora un nuevo capítulo con uno de los actos centrales de las celebraciones patrias.

El estudiante será el primero en correr con la Antorcha de la Independencia 2026, lo que lo convertirá en el encargado de iniciar en territorio costarricense el desplazamiento de un símbolo que tradicionalmente recorre comunidades, centros educativos y distintas regiones del país durante las actividades de septiembre.

La designación adquiere un significado especial para La Cruz, una comunidad fronteriza que verá a uno de sus jóvenes asumir un papel destacado dentro de las celebraciones nacionales.

Ahora sumará una nueva representación

Cuando reciba el fuego patrio y comience a correr, llevará consigo no solo la Antorcha, sino también una historia personal construida entre entrenamientos, competencias, estudios y presentaciones folclóricas.

La elección del joven convierte así el inicio del recorrido de la Antorcha de la Independencia 2026 en una vitrina para reconocer el talento estudiantil y el esfuerzo de quienes combinan su formación académica con otras áreas de desarrollo.

Para Danny Yoel, acostumbrado a competir por medallas y representar a Costa Rica desde una cancha, el reto será distinto esta vez: iniciar el recorrido de uno de los símbolos más reconocidos de la libertad, la paz y la identidad nacional.

Un recorrido de 378 kilómetros hasta Cartago

La Antorcha de la Independencia Centroamericana ingresará a Costa Rica el 13 de septiembre por Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, y recorrerá aproximadamente 378 kilómetros hasta llegar a las Ruinas de Cartago el 14 de septiembre a las 8:00 p. m.

Durante el trayecto, cerca de 22,000 estudiantes serán los encargados de portar el fuego patrio mediante relevos distribuidos en ocho rutas primarias, además de recorridos secundarios que permitirán llevar la llama a distintas comunidades del país. La ruta principal atravesará puntos como La Cruz, Liberia, Bagaces, Esparza, Naranjo, Heredia y San José antes de concluir en Cartago, recreando simbólicamente la forma en que la noticia de la independencia avanzó de pueblo en pueblo por Centroamérica en 1821.

El Gobierno hondureño anunció un incentivo económico de L2.500, equivalentes a unos US$93, para los migrantes que regresen al país desde Estados Unidos, en momentos en que Honduras se prepara para recibir gradualmente a más compatriotas.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, explicó que el dinero será entregado mediante una tarjeta que permitirá retirar los fondos en cajeros automáticos.

El programa también incluirá a personas que ya regresaron.

“Los que vinieron desde el 27 de enero y todos los que vengan” podrán acceder al beneficio una vez que el mecanismo entre en funcionamiento, aseguró Cordero.

El incentivo busca ofrecer liquidez inmediata a una persona que puede regresar sin empleo, vivienda propia o recursos disponibles en Honduras.

Pero su alcance económico es limitado. Los L2.500 (US$93) pueden cubrir gastos iniciales como transporte, alimentos o comunicaciones durante los primeros días, pero difícilmente permiten financiar un proceso completo de reinserción.

Ese es precisamente el desafío que enfrenta el Estado.

Un migrante que retorna después de años fuera del país puede necesitar algo más que dinero en efectivo: documentación, acceso al mercado laboral, capacitación, atención médica, apoyo psicológico o incluso ayuda para encontrar vivienda.

Cordero indicó que los hondureños que retornaron previamente recibirán instrucciones sobre el procedimiento para obtener la tarjeta.

El funcionario aseguró además que el beneficio será otorgado sin distinción política.

“Aquí somos el Gobierno de la República y el Gobierno de la República es para todos los hondureños”, señaló.

Todavía no se ha divulgado una fecha exacta para comenzar la entrega.

Tampoco se informó cuántas personas podrían resultar beneficiadas ni cuál será el presupuesto total necesario para mantener el incentivo hasta el final de la administración actual.

El costo puede crecer rápidamente

Ahí aparece una de las principales preguntas financieras del programa.

Por ejemplo, cada 10,000 retornados representarían un desembolso aproximado de L25 millones, unos US$932.000.

Si el número llegara a 50.000 personas, el costo ascendería a alrededor de L125 millones, unos US$4,66 millones.

Estas cifras son únicamente ejercicios matemáticos para dimensionar el programa; el Gobierno no ha anunciado todavía que esos sean los números esperados de beneficiarios.

El presupuesto final dependerá del ritmo de retornos desde Estados Unidos y de las reglas de elegibilidad que adopte el INM.

El reto no termina en el aeropuerto

El anuncio llega mientras Honduras enfrenta preocupación por el retorno de compatriotas procedentes de Estados Unidos y por las consecuencias económicas y sociales que puede generar una llegada más numerosa.

Durante años, muchos migrantes han enviado remesas, sostenido hogares y construido experiencia laboral en sectores como construcción, servicios, agricultura y transporte.

Su regreso puede convertirse en un problema si no encuentran oportunidades, pero también en una fuente de capital humano si existe una política capaz de aprovechar las habilidades adquiridas.

Por eso, la tarjeta de L2.500 puede resolver la primera necesidad, pero no la segunda.

La prueba real será saber cuántos retornados consiguen empleo o emprenden después de llegar y cuántos terminan intentando migrar nuevamente ante la falta de oportunidades.

El Gobierno ya definió cuánto entregará cuando regresen. La siguiente pregunta será más difícil: qué ofrecerá Honduras para que puedan quedarse.

Guido no negó el señalamiento. Por el contrario, reivindicó aquellas acciones de su adolescencia guerrillera y explicó que formaban parte de las tareas que los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) realizaban para financiar la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

“Entonces, realmente a mí en lo personal cualquier cosa que digan me da risa”, continuó Guido en una entrevista transmitida el sábado 5 de septiembre de 2026 por Canal 8, TN8, en el programa oficialista La Notificación.

“Eso son asuntos que ya todos lo teníamos que hacer para poder sobrevivir. En aquellos momentos de lucha contra el somocismo nosotros trabajamos en función de ¿qué? De sostener la organización, las armas (...), teníamos que a veces hacer recuperaciones económicas”.

“Recuperación” es el eufemismo con que el Frente Sandinista llamaba a los asaltos y robos, que además de sucursales bancarias incluyeron negocios privados y secuestros.

Cuatro días antes de las declaraciones de Guido, el martes 1 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, había elegido y juramentado por unanimidad a Guido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Como vicepresidente fue escogido José Manuel Fuertes Toledo, ex militar y ex secretario político del FSLN en Boaco.

Las candidaturas de ambos fueron presentadas directamente por la Presidencia de la República, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Guido había llegado a la Corte apenas nueve meses antes, el 26 de noviembre de 2025, cuando fue electa magistrada junto con Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino.

Su ascenso a la presidencia de la CSJ culminó una trayectoria de más de cinco décadas que comenzó en la guerrilla sandinista, continuó durante 27 años en la Policía, la llevó posteriormente a la Fiscalía General de la República y terminó colocándola al frente de un Poder Judicial profundamente transformado por las purgas internas y las reformas impulsadas por Ortega y Murillo.

Guido nació el 16 de febrero de 1959 en Matagalpa, en una familia campesina vinculada tempranamente con el FSLN. Sus padres, Julio César Guido y María Ochoa, colaboraron con la guerrilla y su casa funcionó como refugio para combatientes sandinistas. Dos hermanos suyos, Julio José y Leonel Guido Ochoa, murieron a manos de la Guardia Nacional en 1977 y 1979, respectivamente.

Ella también se incorporó muy joven al Frente Sandinista. Según su propio relato, fue reclutada por René Núñez y Juan de Dios Muñoz y en 1977 estuvo presa en las cárceles somocistas. Antes, cuando tenía apenas 15 años, ya había participado en una de las llamadas “recuperaciones económicas” de la guerrilla.

Una de esas acciones ocurrió el 18 de diciembre de 1974 contra una sucursal del Banco Nacional de Nicaragua en Abisinia, El Cuá, Jinotega. Según la reconstrucción histórica, Guido participó junto con Juan de Dios Muñoz, Aurelio Carrasco, Inés Hernández, René Núñez y Carlos Agüero. El comando se llevó 41,972 córdobas de la época, unos seis mil dólares actuales.

Durante los años sesenta y comienzos de los setenta, el FSLN desarrolló una ola de asaltos a bancos, casas comerciales y vehículos de distribución para obtener dinero con el cual comprar armas, vehículos y avituallamiento para sus estructuras urbanas y guerrilleras. En septiembre de 1968, La Prensa contabilizaba diez asaltos atribuidos al Frente Sandinista que habían dejado tres muertos y varios heridos.

El propio Daniel Ortega fue uno de aquellos asaltantes.

El 21 de julio de 1967 participó en el robo de la sucursal Kennedy del Banco de Londres, en Managua, junto con Selim Shible, Axel Somarriba y otros integrantes de la organización. Los asaltantes encerraron a los empleados, obligaron al gerente a abrir la caja fuerte y huyeron con 225,100 córdobas (unos 32,200 dólares). Ortega admitiría después que había recibido la tarea de obtener fondos mediante lo que entonces denominaban “golpes económicos”.

Fue capturado el 18 de noviembre de 1967. Un jurado lo declaró culpable en marzo de 1969 y fue condenado a 14 años de prisión. Solo cumplió siete. En diciembre de 1974 salió de la cárcel junto con otros 13 presos sandinistas como resultado del asalto a la casa del ministro somocista José María “Chema” Castillo. En 1987, siendo ya presidente de Nicaragua, Ortega confirmó a la revista Playboy su participación en el robo: “Sí. Fui sentenciado a 14 años de cárcel”.

Sin embargo, los asaltos no gozaban de aceptación unánime dentro del propio sandinismo. La ex guerrillera Mónica Baltodano ha explicado que Carlos Fonseca Amador, fundador y máximo dirigente del FSLN, “no era muy amigo de los asaltos”. Según Baltodano, esa posición influyó para que disminuyera esa forma de financiamiento, entre otras razones porque las operaciones dejaban muchas víctimas. “Aparte que era una mortandad muy grande”, explicó.

Guido, en cambio, más de medio siglo después sigue justificando aquellas operaciones como una necesidad de la lucha guerrillera.

Después del triunfo de la revolución en julio de 1979, Ana Julia Guido cambió la clandestinidad por el uniforme policial. Se incorporó a la recién creada Policía Sandinista y permaneció en la institución durante aproximadamente 27 años. Fue jefa de Asuntos Internos, directora de Seguridad Pública Nacional, subdirectora general y alcanzó el grado de comisionada general.

A mediados de la década de 2000 estuvo cerca de dirigir la Policía Nacional. La sucesión del entonces director Edwin Cordero terminó concentrándose entre dos comisionadas generales: Guido y Aminta Granera.

Guido contaba con respaldo dentro de la estructura policial, pero su identificación abierta con el sandinismo y su histórica cercanía con Daniel Ortega, entonces líder de la oposición, pesaron en la decisión del gobierno de Enrique Bolaños.

Aunque ella intentó proyectarse como una oficial institucional y aseguró que estaba “apegada completamente a la ley”, Bolaños escogió finalmente a Granera, quien asumió la jefatura policial el 5 de septiembre de 2006. Guido pasó a retiro ese mismo año.

Daniel Ortega regresó a la Presidencia en enero de 2007 y Guido fue incorporada al Ministerio Público como fiscal general adjunta. En abril de 2014, con el oficialismo controlando ya la Asamblea Nacional, fue nombrada fiscal general de la República, la primera mujer que ocupó ese cargo en Nicaragua. En 2023 fue reelegida.

Fue desde la Fiscalía donde Guido se convirtió en una de las funcionarias más cuestionadas internacionalmente del régimen de Ortega y Murillo.

Organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros responsabilizaron al Ministerio Público bajo su dirección de participar en la persecución contra opositores, especialmente después de las protestas de abril de 2018.

Estados Unidos y la Unión Europea señalaron que la Fiscalía creó estructuras para procesar a manifestantes y opositores y promovió acusaciones de motivación política.

En 2021, la institución dirigida por Guido abrió investigaciones contra aspirantes presidenciales y dirigentes opositores utilizando, entre otras normas, la Ley 1055, conocida como Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Varios de los investigados terminaron encarcelados y fuera de la contienda electoral de noviembre de ese año.

Estados Unidos sancionó personalmente a Guido el 9 de octubre de 2020. El Departamento del Tesoro sostuvo que había “permitido y se benefició de las actividades represivas” del gobierno.

La Unión Europea la incluyó en su lista de sancionados el 2 de agosto de 2021 por su papel en la represión contra la sociedad civil y la oposición. Posteriormente también fue sancionada por Reino Unido. En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas la incluyó entre 54 altos funcionarios señalados como responsables de la represión.

Las sanciones no frenaron su ascenso dentro de las estructuras del poder. En febrero de 2023, Ortega y Murillo le otorgaron la Orden Augusto C. Sandino en su máximo grado. Murillo la presentó entonces como una “guerrillera de indudable valentía en toda circunstancia”. Dos años después fue llevada de la Fiscalía a la Corte Suprema.

Su llegada coincidió con una profunda reestructuración del Poder Judicial. En los últimos dos años nueve magistrados han presentado sus renuncias, mientras la reforma constitucional aprobada en 2025 dejó a la Corte formalmente subordinada a la Presidencia de la República.

La principal víctima política de ese proceso fue Alba Luz Ramos, quien durante años había presidido la Corte Suprema. Ramos quedó apartada de facto de sus funciones durante casi tres años hasta que finalmente presentó su renuncia alegando motivos de salud. Fue la novena magistrada en abandonar el tribunal en dos años. Su salida abrió definitivamente el camino para que Guido asumiera la presidencia.

La nueva presidenta llega así a la cabeza del sistema judicial después de haber ocupado posiciones relevantes en tres instituciones fundamentales del Estado: Policía, Fiscalía y Corte Suprema. Su carrera pública también recorre distintas etapas del sandinismo, desde la lucha armada contra Somoza hasta el actual gobierno de Ortega y Murillo.

El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, informó este viernes que impuso la primera condena de prisión perpetua en la historia de El Salvador contra Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, declarado responsable de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova.

Según información de Centros Judiciales, el tribunal aplicó el artículo 92-B del Código Penal, incorporado tras las reformas constitucionales y penales que habilitaron la pena perpetua para delitos de extrema gravedad. La Fiscalía General de la República (FGR) también informó que se trata de la primera sentencia de este tipo en el país.

La condena se dictó por un crimen cometido el 18 de mayo de 2026 en el cantón Teosinte, distrito de Arcatao, Chalatenango. De acuerdo con la acusación fiscal, Herrera Castro había consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar una discusión con la víctima, quien era su “amigo”.

El crimen ocurrió tras la entrada en vigor de la reforma

La investigación estableció que, durante el altercado, Herrera Castro atacó a la victima con piedras y le causó lesiones graves en la cabeza y el rostro. López Córdova murió a causa de la agresión.

Después del ataque, el ahora condenado sustrajo el dinero en efectivo que López Córdova llevaba consigo, según la versión presentada por la Fiscalía durante el juicio. Ese segundo hecho permitió que la acusación incluyera el delito de robo junto con el homicidio agravado.

En la audiencia, la representación fiscal presentó declaraciones de testigos. Uno de ellos aseguró haber visto a Herrera Castro contando dinero en el lugar donde ocurrió el crimen.

La prueba testimonial también incluyó el señalamiento de que el imputado ofreció USD 10 a un testigo para que no informara a las autoridades sobre lo sucedido. El tribunal valoró esos elementos junto con el resto de la prueba incorporada en el debate.

La Fiscalía sostuvo que el ataque tuvo como finalidad apoderarse del dinero de la víctima. Con base en esa acusación, el juzgado declaró responsable a Herrera Castro por homicidio agravado y robo.

La aplicación de la prisión perpetua revisable quedó vinculada a la fecha en la que se cometió el homicidio. Las reformas que habilitaron esta pena entraron en vigor el 26 de abril de 2026, tras la modificación del artículo 27 de la Constitución y de normas penales secundarias. La normativa prevé esta sanción para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

Centros Judiciales indicó que los nuevos Juzgados de lo Criminal quedaron habilitados oficialmente el 14 de mayo de 2026. El homicidio por el que Herrera Castro fue condenado ocurrió cuatro días después, el 18 de mayo, por lo que el tribunal consideró aplicable el nuevo régimen de sanciones.

La legislación contempla que la pena perpetua sea revisable. Para las personas adultas condenadas por un solo delito, la primera revisión puede realizarse tras 30 años de prisión. En casos de concurso de delitos, el plazo se extiende a 35 años, mientras que las condenas con agravantes pueden ser revisadas después de 40 años.

El CONAP de Guatemala conmemora este 11 de septiembre el Día del Guarda Recursos con una reforma organizacional que busca dar estabilidad laboral y mejores salarios al personal de campo, mientras el país registró una reducción de 67% en la incidencia de incendios forestales frente a 2024.

La propuesta fue presentada la semana pasada ante la Oficina Nacional de Servicio Civil por la actual administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El objetivo es ordenar la estructura institucional y consolidar condiciones laborales para quienes vigilan los ecosistemas protegidos en distintas regiones del país.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Igor Adolfo Estuardo de la Roca Cuéllar, explicó que el aumento de personal, la mejora del equipamiento y la ampliación de los medios de transporte forman parte de una política iniciada en 2024. La institución también trabaja con las autoridades competentes para sostener y ampliar su presupuesto.

La dotación de guarda recursos pasó de 447 personas al inicio de la gestión actual a alrededor de 1,100 efectivos distribuidos en el territorio nacional. El incremento casi triplicó la capacidad operativa que tenía la entidad y fue acompañado por la entrega de uniformes, equipos y mejores condiciones de movilización.

De la Roca sostuvo que el fortalecimiento no se redujo a nuevas contrataciones: “No solo ha sido de incrementar el número, sino mejorar las condiciones en las cuales ellos realizan sus labores”.

La estabilidad laboral para el personal de campo

Las mejoras incluyen el cumplimiento de un pago de reconocimiento que administraciones anteriores habían ofrecido en 2018 y que permanecía pendiente. El secretario ejecutivo indicó que ese compromiso ya fue saldado y que también se ajustaron los salarios del personal para responder a sus necesidades básicas.

“Honramos el compromiso de anteriores administraciones para un pago en reconocimiento a esta labor que había sido ofrecido desde el 2018”, afirmó De la Roca. La reforma planteada ante la Oficina Nacional de Servicio Civil apunta a que esos avances no dependan de decisiones transitorias, sino de una estructura con mayor estabilidad para el trabajo de campo.

Las tareas de los guarda recursos se desarrollan en territorios que pueden exigir caminatas prolongadas y permanencias en zonas sin cobertura de comunicaciones ni infraestructura adecuada. El personal debe desplazarse por áreas extensas para vigilar ecosistemas, prevenir actividades ilícitas y asistir en la protección de ríos y especies.

Guatemala cuenta con más de 300 áreas protegidas inscritas en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, que concentran alrededor de 52% de la cobertura forestal nacional. De acuerdo con el CONAP, esa red reúne una representación de los diversos ecosistemas del país y contribuye a los procesos de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El trabajo cotidiano también incluye el monitoreo de biodiversidad y la vinculación con las comunidades cercanas a las zonas resguardadas. Esa función busca fortalecer la conciencia ambiental entre las generaciones actuales y futuras, además de involucrar a la población en el cuidado de los recursos naturales.

Menos incendios y control de actividades ilegales

La mayor presencia institucional en las áreas protegidas coincidió con una reducción de las actividades ilícitas y de las usurpaciones de tierra, según la entidad. El secretario ejecutivo destacó especialmente la labor de los bomberos forestales durante el año.

La disminución de incendios forestales fue de 67% respecto de 2024, un resultado que el funcionario relacionó con el fortalecimiento del personal desplegado en el territorio. “Nuestro personal de campo, guarda recursos, bien equipado bajo las condiciones de trabajo adecuadas, puede rendir frutos positivos para la protección y resguardo de nuestro patrimonio natural”, expresó.

El reconocimiento por el Día del Guarda Recursos también incluyó un homenaje póstumo a los integrantes del CONAP y guarda recursos que fallecieron mientras cumplían sus funciones. De la Roca extendió su agradecimiento a las familias de quienes trabajan cada día en la protección de las áreas protegidas de Guatemala.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica activó formalmente el procedimiento interno contra el diputado oficialista Fernando Obaldía, luego de las denuncias presentadas en su contra por presunto acoso sexual y laboral, lo que abre una investigación paralela a las diligencias que ya se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que el Directorio Legislativo dio curso al caso el miércoles 9 de septiembre, de conformidad con el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.

“Ya hemos iniciado el protocolo. Es un tema confidencial, entonces no me voy a referir al respecto”, afirmó Jiménez durante una sesión del Plenario Legislativo, luego de que la diputada socialcristiana Abril Gordienko solicitara activar los mecanismos correspondientes y evitar eventuales represalias o procesos de revictimización.

La apertura del procedimiento implica que el caso deberá pasar ahora a una comisión investigadora, cuya integración será sometida a votación del Plenario.

La normativa establece que ese órgano puede estar compuesto por tres o cinco diputados y tendrá a su cargo la instrucción del procedimiento hasta emitir un informe con sus respectivas recomendaciones.

El proceso deberá desarrollarse bajo confidencialidad, tanto para proteger a quienes presentaron las denuncias como para resguardar las garantías del diputado investigado.

De acuerdo con el reglamento, la investigación interna pretende garantizar el derecho a denunciar y desarrollar las diligencias bajo las reglas del debido proceso. En caso de determinarse responsabilidad por hostigamiento sexual, la normativa contempla una amonestación ética pública al legislador.

Una comisión deberá investigar el caso

La activación del protocolo establece una hoja de ruta inmediata dentro del Congreso.

Después de que el Directorio conociera la denuncia el miércoles 9 de septiembre, la Presidencia legislativa deberá incorporar una moción para conformar la comisión investigadora dentro del plazo previsto en el reglamento.

Según la información publicada sobre el procedimiento, esa moción deberá llegar al Plenario, a más tardar, el lunes 14 de septiembre.

Antes de su conformación, el Directorio deberá consultar a las distintas fracciones legislativas cuáles tienen interés en formar parte del órgano.

Una vez constituida, la comisión dispondrá de un plazo máximo de dos meses para completar la investigación y rendir el informe correspondiente, período que puede ampliarse una única vez por 15 días naturales adicionales.

Posteriormente, sus conclusiones deberán ser conocidas por el Plenario, que será el encargado de determinar si procede o no una sanción contra el legislador.

El reglamento fue aprobado por el Congreso en 2021, con el objetivo de llenar un vacío existente respecto al tratamiento de denuncias por hostigamiento sexual contra diputados. En ese momento, la Asamblea señaló que la normativa buscaba establecer un procedimiento específico para investigar a legisladores y eventualmente aplicarles sanciones.

Obaldía sería el segundo diputado sometido a este procedimiento desde su creación. El antecedente corresponde al exlegislador Fabricio Alvarado, quien fue investigado durante el período legislativo anterior tras una denuncia presentada por quien entonces se desempeñaba como asesora de Nueva República.

Investigación paralela en la Fiscalía

El procedimiento interno ocurre mientras Fernando Obaldía, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), enfrenta además denuncias ante el Ministerio Público.

Una asesora de su propio despacho acudió a la Fiscalía para denunciar hechos que se investigan como un presunto delito de acoso predatorio, mientras que también se han presentado denuncias relacionadas con supuesto acoso laboral.

El Ministerio Público confirmó además la recepción de una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el legislador e indicó que el caso se encontraba en estudio para determinar las actuaciones correspondientes.

La situación ha provocado cuestionamientos dentro del Congreso y llamados de diputadas de oposición para que Obaldía renuncie voluntariamente a su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar las diligencias judiciales sin esa protección constitucional.

Hasta ahora, el Pueblo Soberano no ha anunciado públicamente que vaya a solicitar al diputado renunciar a su fuero.

La misma denuncia laboral atribuye a Obaldía una serie de 14 hechos, entre ellos presuntas descalificaciones, mensajes enviados fuera del horario habitual de trabajo y el supuesto uso de cámaras de seguridad legislativas para conocer los movimientos de funcionarias, según documentación citada por medios costarricenses.

Por ahora, el procedimiento legislativo apenas entra en su primera etapa y sus detalles permanecerán bajo reserva.

Con la activación del protocolo, el siguiente momento clave será la integración de la comisión que tendrá a su cargo investigar los hechos y determinar si existe mérito para recomendar una sanción al diputado Fernando Obaldía.

El número de víctimas de la muerte múltiple registrada en Las Cañas, Sulaco, Yoro, aumentó a cinco después de que las autoridades localizaran otros dos cuerpos a aproximadamente dos kilómetros de la vivienda donde inicialmente fueron encontrados tres cadáveres, en un caso que ahora es investigado como una masacre.

La actualización fue confirmada por las autoridades del Ministerio Público, que identificaron a las cinco personas fallecidas como Reynaldo David Deras Gutiérrez, de 25 años; Pedro Antonio Cruz Garay, de 55; Itzel Emiliana Márquez Escobar, de 2 años; José Cruz Márquez Escobar, de 46; y José Antonio Escobar Medina, de 57 años.

El hallazgo amplía la información conocida inicialmente sobre el caso, luego de que la Policía y los equipos de investigación confirmaran que no eran tres, sino cinco las personas asesinadas en hechos ocurridos en distintos puntos del sector de Las Cañas.

Entre las víctimas se encuentra Itzel Emiliana Márquez Escobar, una niña de apenas 2 años. Su muerte convierte el caso en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en esta zona de Yoro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, tres de las víctimas fueron encontradas dentro de una vivienda, mientras que los otros dos cuerpos fueron localizados posteriormente a una distancia aproximada de dos kilómetros.

La ubicación de los cadáveres será uno de los elementos que deberán ser reconstruidos por los investigadores para establecer cómo ocurrió el ataque, si las cinco víctimas fueron asesinadas durante un mismo episodio y qué relación existía entre las personas encontradas en ambos puntos.

El Ministerio Público informó que equipos fiscales, junto con personal de la Dirección General de Medicina Forense y autoridades policiales, realizaron el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios en las escenas.

Las diligencias buscan obtener evidencias que permitan establecer la dinámica del crimen y avanzar en la identificación de los responsables.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que cuatro de las cinco víctimas llevan el apellido Escobar, por lo que las autoridades deberán establecer si existe un vínculo familiar entre ellas.

Entre los fallecidos figuran Itzel Emiliana Márquez Escobar, José Cruz Márquez Escobar y José Antonio Escobar Medina, además de Pedro Antonio Cruz Garay, quien también fue identificado como parte de las víctimas.

La posible relación familiar será una de las líneas que deberán ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué parentesco existía entre las personas asesinadas.

También será necesario determinar qué relación tenía Reynaldo David Deras Gutiérrez, originario de La Lima, Cortés, con las demás víctimas y por qué se encontraba en el sector de Las Cañas.

Mientras avanza la investigación, el comisionado Wilber Mayes informó que las autoridades manejan como principal hipótesis la posible participación del denominado “Cártel del Diablo”, una estructura criminal a la que se le atribuyen otros hechos violentos registrados en Sulaco.

Según explicó Mayes, los agentes desplazados en la zona han comenzado a recabar declaraciones de habitantes, algunos de los cuales habrían señalado a presuntos integrantes de esa organización como los responsables del ataque.

La Policía, sin embargo, deberá confirmar esta hipótesis mediante pruebas, testimonios y demás elementos de investigación, por lo que la señalización de la estructura criminal debe entenderse por ahora como una línea investigativa y no como una responsabilidad judicialmente establecida.

El caso vuelve a poner bajo atención la situación de seguridad en Sulaco, Yoro, un municipio donde las autoridades han reportado operaciones y capturas relacionadas con esta estructura criminal.

De acuerdo con el comisionado Mayes, las autoridades han logrado capturar a 15 presuntos integrantes del “Cártel del Diablo”, quienes permanecen recluidos en distintos centros penitenciarios del país.

Las capturas forman parte de las acciones desarrolladas por los cuerpos de seguridad para intentar desarticular a la organización señalada de operar en la zona y vinculada preliminarmente con distintos hechos violentos.

La investigación de esta nueva masacre deberá determinar si existe una conexión directa entre los cinco asesinatos y esta estructura criminal, así como establecer cuál habría sido el móvil del ataque.

Por ahora, las autoridades no han informado de manera concluyente qué motivó el crimen ni si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores.

La masacre ocurre además apenas dos días después de otro doble homicidio registrado en Sulaco, un hecho que también fue relacionado preliminarmente con el denominado “Cártel del Diablo”.

El miércoles 9 de septiembre, una pareja fue asesinada y sobre sus cuerpos fue colocada una manta con un mensaje que hacía referencia a esa estructura criminal. Una de las víctimas fue identificada como Cecilia Flores.

La sucesión de ambos episodios violentos ha incrementado la preocupación en una zona que permanece bajo presión de estructuras criminales, mientras las autoridades buscan establecer quiénes están detrás de los ataques.

La Policía ha señalado en ocasiones anteriores al denominado “Cártel del Diablo” como una estructura que opera en el sector, mientras desarrolla investigaciones y operaciones para capturar a sus integrantes.

Según informó el medio TN23, la protesta comenzó a causa del alza de los combustibles y derivó en enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y efectivos de la Policía. Durante los disturbios, varias personas lanzaron piedras, botellas de vidrio y otros objetos contra los agentes desplegados en el sector.

La unidad motorizada incendiada quedó en la entrada de la colonia Santa Isabel. Las llamas afectaron el paso por el área, mientras los cuerpos de seguridad intentaban contener los incidentes y evitar que el fuego se extendiera.

El reporte de TN23 indicó que las fuerzas de seguridad lograron retirar el bloqueo que interrumpió la circulación en la ruta principal. Tras esa intervención, el tránsito comenzó a normalizarse en el kilómetro 19, aunque la tensión se trasladó hacia calles internas de la colonia Santa Isabel.

El grupo que permanecía en el lugar habría movido la protesta unos metros hacia el interior de la colonia. Allí continuaron los lanzamientos de objetos contra los antimotines, de acuerdo con las imágenes y los testimonios difundidos por el medio guatemalteco.

La presencia policial aumentó durante la noche. Un reportero de TN23 señaló que en el punto había al menos 50 agentes policiales, incluidos integrantes de unidades antimotines y fuerzas especiales, que aguardaban instrucciones para ingresar a la colonia y dispersar a quienes continuaban con el bloqueo.

Ante las agresiones denunciadas durante el operativo, los antimotines respondieron con gas lacrimógeno. El uso de los citados dispositivos buscó despejar la zona y contener a los manifestantes que permanecían dentro de Santa Isabel, según el informe televisivo.

Las imágenes mostraron piedras y fragmentos de vidrio sobre la calzada. La acumulación de objetos en uno de los carriles complicó el paso de vehículos y motocicletas, incluso después de que la circulación principal fuera habilitada.

En el lugar también se encontraban unidades de Bomberos Municipales Departamentales de Santa Isabel, preparadas para intervenir ante la posibilidad de que el incendio de la motocicleta o las llamas en otros puntos provocaran daños mayores. La cobertura no precisó si los bomberos lograron apagar el fuego ni si hubo personas lesionadas.

Vecinos quedaron expuestos a los enfrentamientos

La situación generó preocupación entre residentes y personas que intentaban regresar a sus viviendas. Algunos vecinos permanecieron en una pasarela cercana, mientras otros buscaron resguardo ante el riesgo de que piedras o botellas alcanzaran las áreas habitadas.

De acuerdo con la transmisión, los objetos impactaron contra techos de lámina de casas ubicadas en el sector. La presencia de gases lacrimógenos también afectó la visibilidad y el aire en los alrededores de la entrada a la colonia.

El bloqueo en Santa Isabel, Villa Nueva, formó parte de una jornada con protestas en distintos puntos de Guatemala por el incremento de los precios de los combustibles. En este caso, la movilización derivó en daños a un vehículo policial y en un operativo para recuperar el control de la vía.

La Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) intervinieron un laboratorio de marihuana ubicado en el barrio Corazón de Jesús, distrito Hospital, San José, en una operación que terminó con cinco personas detenidas y el decomiso de plantas, droga procesada y equipo utilizado para cultivo en ambiente controlado.

La intervención se originó cuando oficiales de la Fuerza Pública recibieron una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 por un supuesto problema familiar dentro de una vivienda.

Al ingresar al inmueble, los agentes observaron sobre una mesa una cantidad considerable de aparente droga, por lo que de inmediato coordinaron con el Ministerio de Seguridad Pública.

La Fiscalía delegó la atención del caso a la Policía de Control de Drogas, mientras que la vivienda permaneció bajo custodia policial hasta que pudiera ejecutarse el allanamiento correspondiente.

La diligencia se realizó este jueves y permitió a los agentes antidrogas confirmar la existencia de un laboratorio de marihuana cultivada en condiciones controladas.

Durante el operativo fueron detenidos tres hombres de apellidos Chávez, Abarca y Fallas, así como dos mujeres apellidadas Araya y Muñoz.

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la mayoría de los detenidos registra antecedentes por tenencia de drogas.

Cultivo con sistemas de control ambiental

Dentro de la vivienda, la PCD localizó 53 plantas de marihuana con alturas aproximadas de entre 20 centímetros y 1.5 metros.

El hallazgo incluyó además equipos diseñados para controlar las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas.

Entre los dispositivos decomisados figuraban lámparas, un sistema automatizado de riego, controladores de temperatura, controladores de luces, extractores de aire y abanicos.

También se encontraron fertilizantes, abonos, tierra, productos agroquímicos, macetas plásticas y utensilios para la dosificación y preparación de drogas.

La presencia de estos elementos llevó a las autoridades a catalogar el inmueble como un laboratorio de cultivo de marihuana bajo ambiente controlado.

Este tipo de instalaciones permite regular factores como la iluminación, ventilación, temperatura y suministro de agua, con el objetivo de mantener condiciones específicas para el desarrollo de las plantas.

Más de tres kilos de marihuana procesada

Además de las plantas, los agentes decomisaron diferentes presentaciones del producto.

La PCD reportó el hallazgo de 2 kilos con 262 gramos de capullos de marihuana y 1 kilo con 205 gramos de picadura de marihuana.

También fueron ubicados 249 gramos de marihuana en polvo y 85 gramos de marihuana en polvo compactado.

Los oficiales encontraron además 35 bolsas con semillas de distintas cantidades, pesos y variedades, así como una bolsa con residuos compuestos por hojas, ramas y tallos de aparente marihuana.

Solo entre los capullos, la picadura y las presentaciones en polvo, el decomiso supera los 3,8 kilogramos de producto, sin incluir el peso de las 53 plantas ni el material vegetal residual.

La operación permitió además incautar los utensilios que, según las autoridades, eran utilizados para preparar y dosificar el producto.

Los detenidos fueron trasladados al Primer Circuito Judicial de San José, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar las solicitudes de medidas cautelares y continuar con la investigación para establecer el grado de participación de cada una de las personas detenidas en la operación del supuesto laboratorio.

Las autoridades no informaron, por el momento, desde cuánto tiempo funcionaba el cultivo ni cuál habría sido el destino final de la marihuana producida en el inmueble.

Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días, cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570, que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia, durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida.

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado, tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción. Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido.

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática. La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días, qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados. Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate, según la Asamblea Nacional.

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar. Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada.

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección. Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono.

La reforma contempla, además, que antes de avanzar hacia una adopción se priorice la permanencia o el retorno del menor con familiares aptos. Solamente después de agotar las alternativas dentro de su entorno familiar correspondería aplicar otras medidas de protección, incluida su integración a una familia adoptiva.

Entre los cambios discutidos figura la activación de la atención psicosocial durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso del menor al sistema y la apertura del expediente dentro de las siguientes 72 horas. El procedimiento incluiría la identificación de familiares que puedan asumir responsablemente su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendría un plazo máximo de 30 días hábiles e incluiría la elaboración del árbol familiar, apoyada con información del Registro Civil. Si aparece un pariente apto, las instituciones deberán valorar programas de reunificación o fortalecimiento, siempre que esa alternativa proteja el interés superior del menor.

Cuando no exista una opción familiar viable, la autoridad dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal competente. Las extensiones de la investigación solamente podrían concederse de forma justificada, con el propósito de evitar que la búsqueda familiar se convierta en una demora indefinida.

La propuesta también establece periodos para la evaluación de los aspirantes y la asignación. La valoración preadoptiva tendría una duración máxima de dos meses, mientras la decisión sobre la idoneidad debería emitirse en cinco días hábiles. Posteriormente, el acogimiento preadoptivo se desarrollaría durante 30 días calendario.

La selección correspondería al Comité de Asignación Familiar, que se reuniría cada 15 días y deberá tomar sus decisiones con base en las necesidades y características particulares de cada menor, no en las preferencias de los adultos. La reforma también procura preservar el vínculo entre hermanos durante el proceso de adopción.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrían postularse como adoptantes y recibir consideración prioritaria, siempre que cumplan los requisitos legales y exista una declaratoria de adoptabilidad. Esta posibilidad busca reconocer relaciones estables sin convertir el acogimiento temporal en un acceso automático a la adopción definitiva.

El debate sobre los 15 días incorpora ahora uno de los momentos más delicados del proceso: qué ocurre cuando fracasa la convivencia con la familia seleccionada. La versión definitiva deberá equilibrar la necesidad de una respuesta rápida con garantías suficientes para que la nueva asignación no produzca otra separación perjudicial para el menor.

Una motociclista, identificada como Indi Zamora, murió este viernes tras un accidente de tránsito en la salida sur de Estelí, Nicaragua. La joven, madre de una niña de ocho años, circulaba por el sector de la comunidad El Naranjo cuando una camioneta habría impactado contra su motocicleta, de acuerdo con la reconstrucción preliminar divulgada por Telenorte.

El hecho ocurrió sobre la carretera Panamericana, en el tramo que atraviesa la zona sur de Estelí. La víctima se desplazaba en sentido norte-sur cuando, según relataron testigos al medio local, una camioneta blanca que transitaba en la misma dirección realizó una maniobra para adelantar a otro vehículo.

La versión preliminar indica que la camioneta habría golpeado el costado derecho de la motocicleta. Tras el impacto, Zamora perdió el control, recorrió varios metros junto a las barreras de contención y terminó contra la estructura metálica instalada a un costado de la vía.

La víctima salió a pagar un recibo y sus familiares recibieron horas después la noticia del accidente

Un allegado de la víctima, quien aseguró que mantenía una relación de tres años con ella, relató a Telenorte que la joven había salido de su vivienda a las 10:00 a.m. (hora local) para pagar un recibo de internet. Señaló que comenzó a preocuparse cuando intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta.

“Entre la una y una y media nos llaman que hay un accidente, pero no nos dicen quién era. Hasta después nos dicen que ella”, expresó el hombre.

Posteriormente, familiares llegaron a la zona del accidente y reconocieron a la mujer. Sus allegados recordaron que Zamora era una persona dedicada al cuidado de sus padres y que contribuía al sustento de su hogar.

“Ella era el sustento de su casa, tanto de su hija; deja una niña de ocho años”, declaró el hombre identificado como su pareja.

Un hermano de la víctima señaló que la camioneta circulaba a alta velocidad y que la colisión se produjo durante la maniobra de adelantamiento. Según su relato, la camioneta no invadió el carril contrario, pero al volver a incorporarse habría alcanzado a la motocicleta.

El familiar aseguró que, tras recibir el golpe, la víctima fue arrastrada hacia las vallas de seguridad de la carretera. Esa descripción forma parte de los testimonios recogidos en el lugar y deberá ser contrastada con las pericias de las autoridades.

Los familiares pidieron que se determine la responsabilidad por el accidente. También señalaron que pudieron revisar las cámaras de seguridad de la zona.

La Policía Nacional acudió al lugar para atender la emergencia y abrió una investigación sobre las circunstancias de la colisión. Los agentes deberán establecer la dinámica del accidente, la responsabilidad de cada una de las partes y las eventuales medidas contra el conductor de la camioneta.

El citado medio aseguró que el conductor involucrado fue trasladado a una dependencia policial, pero las autoridades no difundieron hasta el momento una versión pública sobre su situación procesal.

La investigación deberá determinar cómo ocurrió el impacto y si existieron infracciones a las normas de tránsito.

El Índice de Producción Industrial (IPI) creció 3.2% en julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, impulsado por la expansión de la generación eléctrica, la industria manufacturera y los servicios de agua y saneamiento, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El BCR indicó que las estimaciones de julio incorporan referencias trimestrales actualizadas hasta el segundo trimestre de 2026. La revisión incluye ajustes derivados de las cuentas trimestrales de los cuatro sectores que integran el indicador industrial.

La rama de electricidad fue la de mayor expansión dentro de los componentes que crecieron, con un alza de 7.5% interanual. La mayor utilización de equipos de climatización y refrigeración en hogares, comercios e industrias llevó la demanda de energía a registros elevados, lo que requirió una mayor generación nacional.

La menor disponibilidad de agua en los embalses redujo en 72.6% la generación hidroeléctrica durante julio. Ante esa situación, el sistema eléctrico aumentó la participación de la generación térmica y de las importaciones de energía para responder a la demanda.

El gas natural licuado mantuvo su lugar como principal fuente de generación. La energía solar fotovoltaica también ganó participación, con un aumento de 35.1%, favorecido por la incorporación de nueva capacidad instalada, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva.

Los servicios de suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación registraron un crecimiento de 5%. El desempeño estuvo asociado a proyectos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) destinados a ampliar la cobertura, reducir pérdidas y mejorar la distribución de agua potable.

En ese sector, el volumen de agua facturada aumentó 14.3%, mientras que el agua no contabilizada cayó 2.2%. La producción de agua potable, por su parte, subió 3.5%, pese a las limitadas precipitaciones registradas durante el mes. El BCR atribuyó ese resultado a la administración de fuentes subterráneas y otros sistemas de abastecimiento.

Alimentos, bebidas y maquila sostuvieron el avance manufacturero

La industria manufacturera avanzó 2.3% respecto de julio de 2025. El crecimiento se apoyó en la producción de alimentos y bebidas, la maquila, los minerales no metálicos, los productos químicos, farmacéuticos y plásticos, además de otras industrias manufactureras.

El grupo de alimentos y bebidas mostró un incremento de 4.7% en valores monetarios. Entre las actividades que explicaron ese comportamiento estuvieron el procesamiento de carnes, la elaboración de bebidas, aceites y grasas, productos lácteos, molinería y panadería.

La maquila creció 7.2% en valores monetarios, con el aporte principal de la fabricación de semiconductores eléctricos destinados a mercados externos.

El informe también señaló que la demanda de materiales para obras de infraestructura y edificaciones sostuvo la producción de minerales no metálicos, artículos metálicos y productos plásticos.

La actividad de minas y canteras fue la excepción, con una caída de 3.5%. La contracción se vinculó al aumento de las importaciones de cemento, que redujo la extracción local de piedra caliza, y a la ausencia de producción de sal durante la temporada lluviosa.

El indicador también estuvo condicionado por la comparación con julio de 2025, cuando minas y canteras había crecido 17.9%. El Banco Central de Reserva aclaró que la baja de esta rama no implica una menor actividad en la construcción.

El sector de la construcción conservó un nivel elevado de actividad por proyectos públicos y privados, entre ellos la ampliación de la Carretera Los Chorros, la construcción del Metrocable y obras educativas, habitacionales y comerciales.

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó en la Ciudad de Guatemala los montos de preinversión e inversión pública para 2027 y su agenda estratégica anual, durante la última sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2026, que también marcó el cierre de funciones de los representantes de sectores no gubernamentales.

La distribución territorial incluida en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso de la República suma 4,982,166,667 quetzales de la fuente 21 para 2.732 obras en todo el país. La propuesta fue presentada por la viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas, Débora Alvarado, en el Palacio Nacional de la Cultura.

La región Suroccidental concentrará la mayor asignación: 1.281.146.454 quetzales para 937 obras en Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos. La región Noroccidente recibirá 659.638.299 quetzales para 222 proyectos en Huehuetenango y Quiché.

El departamento de Guatemala tendrá 612.097.610 quetzales para 236 obras, dentro de la región Metropolitana. Nororiente, integrada por El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula, contará con 609.304.734 quetzales para 367 intervenciones.

La región Suroriente, conformada por Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, fue asignada con 564.242.255 quetzales para 289 obras. Sin embargo, 131.596.936 quetzales quedaron pendientes en diez municipios de Santa Rosa por incumplimientos de la normativa sobre saneamiento y manejo de desechos sólidos.

La región Central obtuvo 561.642.408 quetzales para 311 obras, mientras que la Norte recibirá 498.913.457 quetzales destinados a 201 proyectos en Baja Verapaz y Alta Verapaz. Petén cerró la distribución con 195.181.450 quetzales para 169 obras.

En Huehuetenango permanecen pendientes 256.429.659 quetzales en 24 municipios por la misma situación vinculada con proyectos de saneamiento. Por tipo de intervención, el 27,4% de los recursos se dirige a saneamiento, seguido por infraestructura vial, con 21%, educación, con 20,9%, y agua potable, con 18,7%.

Más de 8.000 proyectos bajo evaluación para 2026

El pleno conoció la situación de 8.309 proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública para 2026. De ese total, 6.788 cuentan con opinión técnica favorable y equivalen a 10.237 millones de quetzales.

Otros 1.358 proyectos continúan pendientes, principalmente porque carecen de resolución de impacto ambiental o del aval del ente rector correspondiente. El Conadur extendió hasta el 30 de noviembre el plazo del sistema para suscribir convenios de ejecución.

La agenda estratégica para 2027 se estructurará en seis ejes: política nacional de desarrollo; democracia participativa; descentralización y coordinación interinstitucional; fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo; inversión pública territorial; y monitoreo y auditoría social. La subsecretaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Claudia Calderón, presentó el plan ante el organismo.

El documento plantea una planificación coordinada entre los niveles nacional, sectorial, departamental y municipal; la trazabilidad de la inversión mediante el Sistema de Consejos de Desarrollo; y la participación ciudadana a través de un observatorio. Las comisiones de trabajo definirán las decisiones que ejecutarán en la primera reunión ordinaria de 2027, de acuerdo con sus atribuciones.

La estrategia Mano a Mano y las demandas al Ejecutivo

La estrategia intersectorial Mano a Mano, promovida por el presidente Bernardo Arévalo, se ejecuta en 114 municipios de 16 departamentos clasificados con vulnerabilidad grave o crítica. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, indicó que participan 11 instituciones públicas.

Más de 56% de la población guatemalteca vivía en pobreza, según la Encovi de 2023, con mayor concentración en el Altiplano Occidental, las Verapaces y el Corredor Seco. Pinto sostuvo que el Registro Social de Hogares ya supera un millón de hogares inscritos y que la meta es alcanzar 2,5 millones.

El bono social pasó de 80.000 a cerca de 300.000 familias beneficiarias. El Ministerio de Desarrollo Social prevé llegar a 350.000 hogares antes de finalizar el año y a medio millón de familias bajo los objetivos de la política general de gobierno.

Unas 100.000 familias reemplazaron los pisos de tierra de sus viviendas por pisos saludables, una medida que redujo en 10 puntos la brecha nacional asociada a esa carencia. Una microsimulación basada en datos administrativos proyectó una disminución de hasta 16 puntos porcentuales de la pobreza multidimensional en los territorios atendidos, por encima de la meta inicial de cinco puntos.

Pinto identificó como obstáculos la falta de agua en departamentos como Huehuetenango y Chiquimula, además de las limitaciones de personal y logística en las comunidades. La estrategia busca coordinar la respuesta estatal en las zonas con mayores índices de privación.

Los representantes no gubernamentales trasladaron reclamos al Ejecutivo antes de dejar sus cargos. El delegado de las micro, pequeñas y medianas empresas pidió a Arévalo y al Consejo de Ministros promover el diálogo ante los bloqueos de carreteras que afectan la libre circulación y el comercio, y propuso evaluar un estado de prevención.

La representante de organizaciones de mujeres solicitó democratizar la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres y revisar la distribución de recursos para los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Señaló que algunas organizaciones reciben más de nueve millones de quetzales, mientras otras apenas obtienen un millón.

Jeffry Joseph Bell Rabb, conocido con los alias de “Fafy” o “Mr. Smock”, se entregó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón luego de permanecer prófugo desde junio, cuando las autoridades ejecutaron el operativo Riverside contra la organización criminal que atribuyen a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Bell Rabb, de 29 años, se presentó acompañado de su abogado y quedó detenido en las instalaciones judiciales debido a que figura como uno de los sospechosos dentro de la estructura investigada por narcotráfico.

La información sobre su presunto rol dentro de la organización, sus vínculos familiares, patrimonio, antecedentes y otros elementos del expediente fue recopilada y publicada por CRHoy, que tuvo acceso a detalles de la investigación judicial.

De acuerdo con esos datos, Bell Rabb sería hijo biológico de López Vega, aunque formalmente aparece inscrito con otra filiación ante el Registro Civil y por esa razón no porta sus apellidos.

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran extracciones forenses realizadas al teléfono celular de López Vega, donde Bell Rabb aparecía registrado como “hijo Fafy” y “Fafi Bell”. También se documentaron intercambios en los que el joven se refería a López como “Pa”.

Fotografías familiares y otros elementos de la investigación también lo ubicarían dentro del círculo cercano de la familia de “Pecho de Rata”.

Un presunto operador de confianza

El expediente atribuye a Bell Rabb un papel de coordinador operativo, facilitador, intermediario y colaborador de confianza dentro de la organización investigada.

Una de sus principales funciones habría sido la administración de los denominados “patios”, inmuebles ubicados en las cercanías de la entrada de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y conocidos como “Base 4”.

Según la investigación, estos sitios habrían sido utilizados para almacenar armas, drogas, vehículos, combustible en estañones y embarcaciones rápidas, además de servir como puntos logísticos para las operaciones de la estructura.

Las autoridades también le atribuyen participación en el abastecimiento y distribución de estupefacientes.

Bell Rabb habría tenido acceso directo a proveedores y conocimiento sobre precios, logística de distribución y características de marihuana y cocaína.

El expediente sostiene que suministraba droga a otras células criminales y distribuidores, incluyendo coordinaciones con personas privadas de libertad.

Uno de los episodios documentados corresponde a una compra controlada realizada con apoyo de un colaborador confidencial del OIJ.

Patrimonio bajo investigación

Otro de los puntos analizados por las autoridades es el patrimonio atribuido al sospechoso.

Bell Rabb tendría bienes por aproximadamente ₡300 millones (USD 665 mil), entre propiedades, fincas, embarcaciones y establecimientos comerciales.

La investigación sostiene que ese patrimonio no guardaría relación con los ingresos formales registrados a su nombre.

El sospechoso aparece vinculado como propietario de un hotel, restaurante y bar en Cahuita de Talamanca, además de contar con licencias municipales y permisos sanitarios.

También se le atribuyen embarcaciones rápidas y lanchas utilizadas para pesca.

Sus cotizaciones laborales entre 2017 y 2026 reflejarían ingresos mensuales promedio cercanos a ₡241,666 (USD 527), equivalentes a unos ₡2.9 millones (USD 6.3 mil) anuales.

Por estos elementos, la causa analiza si Bell Rabb habría actuado como testaferro, colocando propiedades, embarcaciones o negocios a su nombre para favorecer el funcionamiento financiero de la organización.

Permanecía prófugo desde junio

Bell Rabb permanecía fuera del alcance de las autoridades desde la ejecución del operativo Riverside, realizado en junio.

Durante aquellas diligencias, los agentes decomisaron teléfonos celulares, una escopeta calibre 12 con municiones, combustible para embarcaciones rápidas, dispositivos GPS, material para embalaje al vacío, tres embarcaciones y documentación relacionada con el sospechoso.

Su historial policial también incluye una causa por infracción a la Ley de Armas en 2019 y menciones en al menos siete partes policiales relacionados con tenencia o consumo de drogas entre 2015 y 2024.

Además, el 22 de enero de 2025 sobrevivió a un ataque armado en la ruta 32, cerca de la rotonda de Matina, en Batán.

Con su entrega en Limón, las autoridades lograron detener a uno de los sospechosos que permanecía pendiente dentro del caso Riverside.

Ahora corresponderá al Ministerio Público y a las autoridades judiciales definir las siguientes etapas del proceso y las eventuales medidas cautelares que se solicitarán en su contra.

Las atribuciones descritas forman parte de una investigación en curso y deberán ser determinadas finalmente en sede judicial.

“Pecho de Rata” y su extradición a Estados Unidos

Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, es requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y conspiración. Su proceso de extradición avanzó durante 2026 luego de que tribunales costarricenses suspendieran varias causas penales que mantenía abiertas en el país mediante criterios de oportunidad, con el objetivo de despejar su entrega a la justicia estadounidense.

En marzo, un juez penal dio el aval final al proceso tras revisar las garantías remitidas por Estados Unidos, por lo que su salida del país quedó habilitada para concretarse una vez realizadas las coordinaciones entre ambos gobiernos.

La intervención contó con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea. De acuerdo con la DNCD, los procedimientos se realizaron de manera simultánea tras varios días de tareas de inteligencia, vigilancia aérea y recorridas terrestres en áreas de acceso complejo.

Las autoridades desplegaron más de 50 agentes y personal de apoyo. Para localizar los cultivos, utilizaron drones, helicópteros y equipos terrestres, según el comunicado de la agencia antidrogas.

El primer procedimiento se realizó en las lomas de la comunidad Las Lagunas, donde las fuerzas de seguridad localizaron 2,611 plantas de presunta marihuana y otras 5,520 unidades en proceso de germinación, de acuerdo con la información oficial.

En ese lugar, los agentes también ocuparon dos radios de comunicación, dos teléfonos celulares, un cartucho de escopeta, dos bombas de fumigación, herramientas e insumos químicos. La DNCD sostuvo que parte de estos elementos estaba vinculada al procesamiento y embalaje de marihuana.

Durante ese operativo fue detenida una mujer cuya identidad no fue difundida. La institución indicó que busca a otras personas, dominicanas y haitianas, que escaparon al advertir la llegada de las unidades de seguridad.

La DNCD afirmó que la investigación permanece abierta para establecer quiénes financiaban, administraban o trabajaban en el cultivo hallado en Las Lagunas.

La segunda plantación estaba en La Barranca, al norte de Azua

Las fuerzas tácticas se trasladaron luego hacia las lomas de la comunidad La Barranca, en el norte de Azua. Allí localizaron una segunda plantación, ubicada a varios kilómetros del primer punto intervenido.

Según la DNCD, en ese terreno fueron destruidas 2,753 plantas de marihuana. Los agentes hallaron además sacos y tanques con material vegetal, una balanza, una planta eléctrica, paquetes de fundas para embalar y una selladora.

La presencia de dichos equipos forma parte de las pruebas bajo análisis del Ministerio Público, que busca determinar si en el lugar funcionaba una estructura destinada a preparar y distribuir marihuana antes de su traslado a otros puntos del país.

Las plantas tenían alturas que iban desde cerca de 30 centímetros hasta poco más de dos metros, según el reporte oficial. La cantidad total de ejemplares retirados entre ambas zonas ascendió a 5,364 plantas.

La DNCD señaló que el despliegue demandó tareas de inteligencia y reconocimiento en terreno durante varios días. Los equipos trabajaron por más de 25 horas ininterrumpidas para retirar las plantas y asegurar los objetos ocupados.

Las autoridades relacionaron este procedimiento con decomisos previos de plantaciones de marihuana en la misma región. La DNCD sostuvo que mantiene operativos de rastreo en las zonas montañosas de Azua para localizar a los responsables y reunir nuevos elementos para la investigación.

Todas las plantas y los objetos incautados fueron embalados bajo protocolos de cadena de custodia y remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde serán sometidos a los análisis correspondientes dentro del proceso judicial.

Nueve integrantes de una pandilla que operaba en San Miguelito recibieron condenas de entre 72 y 100 meses de prisión, mientras otras cuatro personas fueron sentenciadas a penas de hasta 224 meses por pandillerismo agravado. Los fallos corresponden a las operaciones Custodia y Corintios, desarrolladas contra estructuras vinculadas con delitos violentos.

En el primer proceso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita consiguió penas de 72, 84 y 100 meses para los nueve acusados. Las sentencias fueron dictadas después de las aprehensiones realizadas mediante la Operación Custodia en diferentes puntos de Belisario Frías, distrito populoso de San Miguelito.

La investigación, iniciada en 2025, vinculó a la agrupación autodenominada Los Jota o JDM con homicidios, tentativas, lesiones personales, drogas y posesión ilegal de armas. También se le atribuyeron constantes hurtos, desalojos y actos de incendiarismo contra residentes de Santa Marta y Las Colinas.

Durante el operativo fueron capturadas nueve personas, incluidos dos señalados como presuntos cabecillas, conocidos con los alias de “Pollito” y “Bebito”. Las autoridades ejecutaron más de 20 diligencias de allanamiento y decomisaron equipos tecnológicos, radios de comunicación y otros indicios asociados con las actividades investigadas.

La segunda condena está relacionada con la Operación Corintios. Cuatro personas recibieron penas de 162, 168 y 224 meses de prisión después de ser declaradas penalmente responsables por pandillerismo agravado. El juicio comenzó el 20 de julio y terminó el 10 de agosto de 2026.

En ese expediente, otras 21 personas ya cumplen condenas en centros penitenciarios. La estructura operaba presuntamente desde 2016 en La Siesta y Buena Vista, en Tocumen, donde se le relacionó con homicidios, robos, narcotráfico, hurtos, daños a propiedades y extorsiones contra comercios del sector.

Mientras esas sentencias cerraron fases judiciales, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de tres investigados mediante la Operación Combate 2. Los sospechosos enfrentan cargos por pandillerismo y estarían vinculados con una organización que mantenía control territorial en Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen.

Combate 2 fue ejecutada el 20 de agosto como continuación de una investigación abierta en marzo de 2023. La Policía informó que el operativo dejó inicialmente cinco presuntos integrantes aprehendidos, además del decomiso de un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos incorporados al expediente.

Las acciones contra esa estructura habían comenzado en mayo mediante la primera Operación Combate, cuando fueron capturadas siete personas relacionadas presuntamente con la pandilla Bagdad-Santa Eduviges. Entre ellas figuró alias “Rungito”, señalado por las autoridades como uno de sus cabecillas. Las diligencias abarcaron Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Para agosto, las autoridades contabilizaban 30 presuntos miembros detenidos, entre ellos Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, considerado uno de los principales dirigentes de la organización. El sospechoso había sido extraditado desde España mediante coordinación con Interpol, según informó la Policía Nacional.

Otros operativos de gran alcance fueron desplegados durante 2026. La Operación Secuela realizó más de 30 allanamientos en Río Abajo y permitió aprehender a 13 presuntos miembros de HP14-R14, incluido alias “Bocare”, identificado como supuesto cabecilla de una estructura relacionada con homicidios, drogas, armas y robos.

En Coclé, la Operación Legado dejó 19 aprehendidos durante diligencias efectuadas en Farallón y Nuevo Farallón. Entre los capturados figuró alias “Hueso”, señalado como líder de Blindaje 7. Posteriormente, 15 personas quedaron bajo detención provisional por su presunta pertenencia a esa pandilla, de acuerdo con las autoridades.

La Operación Harpía también permitió detener a siete personas en San Miguelito y decomisar un fusil y presunta sustancia ilícita. La investigación relaciona al grupo con homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, tenencia ilegal de armas y amenazas contra menores para obligarlos a incorporarse a la organización criminal.

Las autoridades identifican 121 pandillas activas en Panamá, agrupadas alrededor de ocho grandes corrientes criminales. Entre las principales aparecen Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4Life, Killa, Mafia Filipina y HP o Manzana Cero, con presencia en Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón.

Bagdad y Calor Calor son consideradas las dos federaciones con mayor alcance, mientras otras estructuras mantienen dominio sobre sectores específicos. Estos grupos han evolucionado desde pandillas territoriales hacia redes dedicadas al microtráfico, sicariato, extorsión y apoyo logístico, además de disputarse rutas, barrios y puntos vinculados con el movimiento de drogas.

Los operativos muestran una ofensiva sostenida contra mandos y células territoriales, pero las condenas también evidencian la extensión de los procesos. Corintios comenzó con allanamientos en 2022 y terminó parcialmente cuatro años después. El desafío no consiste únicamente en realizar capturas, sino en convertir las investigaciones en sentencias firmes y evitar que otras facciones ocupen los espacios dejados por las estructuras desarticuladas.

El Salvador consolidó en junio el segundo mayor crecimiento económico de Centroamérica, con una expansión de 5.74% interanual de su actividad, según el último reporte mensual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.

El dato superó en 0.94 puntos porcentuales el registrado en el mismo mes de 2025, cuando la economía creció 4.80%.

El sector que más impulsó esa marca fue información y comunicaciones, con un alza de 10.8%, el mayor dinamismo entre las ramas productivas del país medidas por el organismo regional.

Panamá registró en junio el mayor crecimiento de Centroamérica, con 8.23%, mientras El Salvador quedó segundo con 5.74%, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Honduras alcanzó 4.96% y Guatemala, 4.24%, mientras Costa Rica desaceleró a 3.11% y Nicaragua cayó a 1.77%.

Panamá lideró el istmo

La economía panameña encabezó la tabla regional al registrar un crecimiento de 8.23% en junio, la tasa más alta del istmo y también la más elevada que el país informó desde 2024, según Fitch BMI.

Esa cifra implicó un salto de 6.04 puntos porcentuales frente al 2.19% anotado en junio de 2025.

El desempeño panameño no fue un fenómeno aislado de un mes. UBS Global Wealth Management informó en un reporte publicado el 4 de septiembre que la actividad económica de Panamá creció 5.5% en el primer semestre de 2026, el mejor resultado semestral del país desde 2017, excluido el rebote pospandemia, y proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) podría superar el 5% al cierre del año.

Entre los motores de esa recuperación, el banco suizo identificó el consumo de los hogares, la reactivación de la construcción y los ingresos vinculados al turismo y al Canal de Panamá, cuyas rutas se beneficiaron de la reorganización del comercio global por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Honduras avanzó y Nicaragua retrocedió

Honduras avanzó al tercer puesto regional con una tasa de 4.96% en junio, un resultado 1.11 puntos porcentuales superior al de igual mes de 2025. El comercio al por mayor y al por menor fue el sector de mayor impulso, con un crecimiento de 13%.

Guatemala completó el grupo de economías en aceleración con una expansión de 4.24%, 0.33 puntos porcentuales por encima de su marca del año anterior.

Mientras cuatro países aceleraron, Costa Rica y Nicaragua registraron una desaceleración. La actividad costarricense pasó de 5.85% en junio de 2025 a 3.11% un año después, una caída de 2.74 puntos porcentuales. La construcción fue el sector de mayor crecimiento en ese país, con 10.9%.

Nicaragua registró el mayor retroceso: su tasa de expansión cayó de 6.48% a 1.77%, una diferencia de 4.71 puntos porcentuales. El sector de electricidad y agua fue el único de alto rendimiento, con 17.9%.

La Cepal elevó su proyección para El Salvador

El dato de junio llegó en un contexto de revisiones al alza para El Salvador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó en agosto su proyección de crecimiento del PIB salvadoreño para 2026 a 3.9%, frente al 3.4% estimado en abril.

La cifra igualó la expansión registrada en 2025 y colocó al país por encima de Costa Rica (3.7%) y Honduras (3.5%) en las previsiones del organismo.

Las remesas familiares son uno de los pilares de ese desempeño. En el primer trimestre de 2026, los envíos crecieron 19% interanual, según datos recogidos por la Cepal, y representaron más de 20% del PIB salvadoreño.

Centroamérica creció por encima del promedio regional

El conjunto de los seis países del istmo se perfila como el bloque de mayor dinamismo de América Latina en 2026. La Cepal proyectó un crecimiento agregado de 4% para la subregión, frente a un avance de 2.2% para América Latina y el Caribe en su conjunto.

Para 2027, el organismo anticipó una aceleración adicional hasta 4.2%.

Los próximos tres meses serán decisivos para que el Canal de Panamá pueda recuperar parte del almacenamiento de sus principales embalses y reunir reservas suficientes antes de una temporada seca de 2027 que podría comenzar anticipadamente y extenderse hasta mayo, como consecuencia del fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), explicó que septiembre, octubre y noviembre constituyen el trimestre determinante para conocer si Gatún y Alhajuela alcanzarán niveles que permitan garantizar el consumo humano y mantener los tránsitos proyectados durante el próximo verano.

El especialista destacó particularmente noviembre porque, según los registros históricos, es el mes con mayores precipitaciones dentro de la cuenca canalera. Octubre, en cambio, genera preocupación debido a que sus aportes de agua durante las últimas tres décadas se han mantenido generalmente por debajo del promedio esperado.

“Si octubre logra superar el comportamiento de 2023 y noviembre supera el de 2013, las condiciones serían favorables”, señaló Murillo durante un conversatorio organizado por el Canal y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Sin embargo, reconoció que será necesario esperar los resultados completos de ambos meses.

Las proyecciones elaboradas por la ACP utilizan escenarios especialmente secos para determinar cuánto podría almacenarse antes de diciembre. Los cálculos incorporan los aportes observados durante octubre de 2023 y el comportamiento de noviembre de 2013, con el propósito de medir la respuesta del sistema bajo condiciones mínimas de disponibilidad hídrica.

Bajo ese escenario, Murillo considera que la ACP podría llenar Alhajuela, aunque reconoció que completar el almacenamiento de Gatún resultará considerablemente más difícil. Aun así, el volumen proyectado permitiría atender las plantas potabilizadoras y sostener las operaciones de acuerdo con las estimaciones actualizadas el pasado 20 de agosto.

El estado actual refleja la distancia que todavía deben recuperar los embalses. Al cierre de la tarde del 11 de septiembre, Gatún registraba 84,06 pies, 3,44 pies por debajo de su máximo operativo de referencia de 87,50 pies. Alhajuela marcaba 239,02 pies, unos 10,98 pies menos que la referencia superior de 250 pies.

Los valores, consultados en el tablero hidrológico del Canal, proceden directamente de los instrumentos de medición y todavía no habían sido revisados por el personal técnico. Además, expresan elevación y no porcentaje de llenado: no sería correcto afirmar que la diferencia equivale directamente al volumen faltante, porque la capacidad cambia según la forma de cada embalse.

Alhajuela mostró una recuperación frente a los 237,55 pies observados el 5 de septiembre, mientras Gatún permaneció prácticamente estable alrededor de 84 pies. El comportamiento confirma que las lluvias todavía no han producido una recuperación sostenida, por lo que la ACP mantiene su vigilancia sobre los aportes efectivos que ingresan a ambos lagos.

Murillo explicó que no toda precipitación termina convertida automáticamente en agua almacenada. El equipo técnico analiza la relación entre lluvia y escurrimiento porque el caudal que finalmente alcanza los ríos y embalses determina cuánto puede reservarse para las plantas potabilizadoras y para el funcionamiento de las esclusas durante la sequía.

El año hidrológico utilizado por la ACP comienza en mayo y concluye en abril. Durante el periodo actual, los aportes hacia Alhajuela rondaban 58 metros cúbicos por segundo, frente a 50 registrados en 1997, 61 en 2015 y 57 en 2023, valores que acercan el comportamiento de 2026 al último episodio crítico.

El referente más severo continúa siendo 1997, cuando ingresó a la cuenca aproximadamente la mitad del caudal habitual. En un año promedio se reciben cerca de 180 metros cúbicos de agua por segundo, mientras en aquella ocasión fueron solamente 90. Durante 2015 entraron 110 y en 2023 la cifra se situó alrededor de 105.

El comportamiento de 2026 aparece “encajonado” entre los registros de 1997 y 2023, ambos considerados años secos, explicó el directivo de la ACP. La comparación no significa que el resultado será idéntico, pero permite establecer límites para las proyecciones hidrológicas y preparar respuestas operativas ante distintos escenarios de disponibilidad y duración del verano.

Octubre constituye el mayor foco de incertidumbre. Incluso en 2025, cuando el balance anual terminó por encima del promedio, ese mes quedó por debajo de sus valores habituales, indicó Murillo. Además, octubre de 2023 fue el más seco desde 1959, un antecedente que ahora forma parte de los escenarios empleados para distribuir el agua disponible.

Steve Paton, director de Monitoreo Físico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, calificó 2026 como un año insólito por sus marcados contrastes. La temporada seca registró lluvias extraordinarias, mientras el periodo que normalmente concentra las precipitaciones ha presentado déficit, en medio de un episodio de El Niño que continúa intensificándose.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que los pronósticos apuntan hacia un evento de El Niño potencialmente muy fuerte. Sus efectos podrían adelantar el inicio del verano a la segunda mitad de noviembre y afectar la agricultura, la generación eléctrica, la salud y el abastecimiento de agua.

Ese posible adelanto reduce el tiempo disponible para recuperar los lagos. Si las lluvias disminuyen desde la segunda quincena de noviembre, la ventana efectiva para acumular reservas sería más corta que en un año habitual. Por eso, la respuesta de la cuenca durante septiembre y octubre será tan importante como el volumen recibido durante noviembre.

Luis Rovira, vicepresidente de Administración del Recurso Hídrico de la ACP, señaló que El Niño representa uno de los mayores retos para la gestión de un recurso compartido por el Canal y la población. Las decisiones, indicó, descansan en décadas de información hidrológica, investigación científica y experiencia acumulada frente a periodos anteriores de sequía.

La base de información del Canal se extiende desde 1890 hasta 2026 y permite comparar el episodio actual con fenómenos anteriores. Murillo destacó que cada dato es validado antes de convertirse en información operativa, porque las proyecciones deben actualizarse semanalmente y combinarse con las mediciones realizadas directamente por los equipos de campo.

Esos registros también muestran una mayor frecuencia de El Niño. Murillo recordó que anteriormente los eventos podían aparecer separados por 18 o 25 años, pero desde 2013 se han presentado cuatro episodios. Entre los más recientes figuran 2015, 2019, 2023 y 2026, una secuencia que incrementa la presión sobre la planificación hídrica de largo plazo.

La cuenca de río Indio mantiene un comportamiento deficitario relacionado con El Niño. Las mediciones muestran aportes superiores a 18 o 20 metros cúbicos por segundo, información considerada dentro de los estudios para el futuro embalse.

Mientras espera las lluvias, la ACP mantiene medidas de conservación iniciadas desde diciembre de 2025. Entre ellas figura el uso de las tinas de reutilización de agua en las esclusas neopanamax y el llenado cruzado en las esclusas centenarias, mecanismo que permite movilizar dos buques panamax aprovechando un mismo volumen.

Murillo indicó que las tinas se utilizan aproximadamente al 60% en el lado sur y al 10% en el norte. Estas prácticas reducen el consumo por esclusaje, aunque pueden aumentar el tiempo necesario para completar los tránsitos y requieren coordinación con las navieras para preservar la eficiencia sin desperdiciar las reservas disponibles.

El Canal también redujo su capacidad diaria de 36 a 34 tránsitos y estableció una disminución posterior a 32. La decisión responde a que, entre mayo y agosto, las precipitaciones quedaron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes hacia los embalses disminuyeron 44%, una diferencia que confirma que la lluvia recibida no produjo suficiente escurrimiento.

Por ahora, la ACP mantiene en 48 pies el calado máximo de los buques neopanamax, después de suspender una disminución programada a 47,5 pies. La medida ofrece alivio a las navieras, pero no significa que Gatún haya recuperado el agua perdida ni descarta la aplicación de nuevas restricciones durante los primeros meses de 2027.

La situación recuerda la crisis de 2023 y 2024, cuando la sequía obligó a reducir hasta 22 los tránsitos diarios. Aquella experiencia ocasionó esperas, mayores costos logísticos y alteraciones en las cadenas internacionales de suministro, además de demostrar la vulnerabilidad de una vía que depende del agua dulce para movilizar barcos.

El desafío no se limita al comercio marítimo. Gatún y Alhajuela alimentan plantas potabilizadoras que abastecen a más de la mitad de la población panameña. La estrategia debe, por tanto, equilibrar el tránsito de buques con el consumo humano y conservar reservas capaces de sostener ambos usos durante una estación seca potencialmente extensa y más exigente.

Aunque más de 130 años de información permiten anticipar riesgos, ninguna proyección puede sustituir el agua que debe entrar efectivamente a los lagos. Para el Canal, octubre mostrará la verdadera magnitud del déficit, mientras noviembre representará la última gran oportunidad para almacenar reservas antes del posible comienzo anticipado de la temporada seca de 2027.

El Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA) lanzó una advertencia tras analizar los resultados de PISA 2025: reducir actualmente los recursos destinados a la educación podría profundizar las brechas de aprendizaje y generar consecuencias que Costa Rica comenzaría a observar dentro de cinco, diez o incluso quince años.

Para la institución, los resultados obtenidos por el país no deben utilizarse como argumento para reducir el presupuesto educativo, sino como una señal de la necesidad de fortalecerlo y orientarlo hacia las áreas donde persisten mayores rezagos.

La organización universitaria sostiene que el desempeño actual del estudiantado no puede analizarse como un fenómeno aislado, debido a que las capacidades que hoy muestran los jóvenes son producto de decisiones tomadas durante años en materia de financiamiento, pedagogía, infraestructura y acompañamiento docente.

Por esa razón, alertó que los efectos de disminuir la inversión tampoco necesariamente serán inmediatos.

“La educación produce resultados acumulativos y de largo plazo. Las capacidades que observamos hoy son, en parte, réditos de decisiones presupuestarias y pedagógicas tomadas durante años. Del mismo modo, los recortes del presente tendrán consecuencias que podrían manifestarse cuando sea más difícil y costoso revertirlas”, indicó.

El señalamiento surge después de que PISA 2025 mostrara resultados mixtos para Costa Rica.

El país obtuvo 424 puntos en Ciencias, 416 en Lectura y 387 en Matemáticas. En Ciencias se produjo una mejora frente a los 411 puntos registrados en 2022, mientras que Lectura pasó de 415 a 416 puntos y Matemáticas de 385 a 387.

Según el CIDE, estas dos últimas variaciones representan principalmente estabilidad y no una mejora sustantiva.

La situación es aún más evidente cuando se analiza cuántos estudiantes alcanzan los niveles básicos de desempeño.

Solo el 30% del estudiantado costarricense alcanzó al menos el nivel básico en Matemáticas, frente al 65% promedio de la OCDE.

En Lectura, el porcentaje fue de 53%, mientras que el promedio de la organización internacional alcanzó 69%. En Ciencias, Costa Rica registró 56%, frente a 74% en la OCDE.

En otras palabras, siete de cada diez estudiantes costarricenses todavía no alcanzan el nivel básico en Matemáticas.

Para la UNA, estos resultados deben analizarse también tomando en cuenta las condiciones en las que docentes y estudiantes realizan diariamente su trabajo.

Los propios datos de PISA citados por el centro muestran que el 68% de la población evaluada asiste a instituciones cuyas direcciones consideran que la falta de materiales dificulta la enseñanza.

A esto se suma que el 64% estudia en centros donde las deficiencias de infraestructura obstaculizan el aprendizaje, el 55% está en instituciones afectadas por falta de personal docente y el 52% en centros con insuficiencia de personal de apoyo.

Frente a ese panorama, el CIDE cuestionó que se exijan mejores resultados sin garantizar primero condiciones mínimas para el proceso educativo.

“No puede exigirse excelencia educativa mientras docentes y estudiantes trabajan sin materiales suficientes, conectividad pertinente, laboratorios adecuados, bibliotecas actualizadas, infraestructura segura, ambientes inclusivos y el personal necesario”, advirtió.

La institución considera que el compromiso del profesorado, las familias y las comunidades educativas es indispensable, pero recalcó que ese esfuerzo no puede reemplazar la responsabilidad del Estado de garantizar recursos y oportunidades de aprendizaje.

En ese sentido, el CIDE formuló una pregunta que resume buena parte de su advertencia: “¿Qué resultados espera obtener dentro de cinco, diez o quince años si hoy reduce los recursos destinados a la educación?”

También cuestionó cómo podría el país cerrar sus brechas si debilita las condiciones materiales y pedagógicas necesarias para hacerlo.

PISA 2025 contó con la participación de 6,881 estudiantes de 202 centros educativos públicos y privados, urbanos y rurales, una muestra equivalente a aproximadamente el 73% de la población costarricense de 15 años.

El CIDE destacó como un avance que una población más amplia y diversa permanezca dentro del sistema educativo, pero advirtió que aumentar la cobertura no es suficiente si quienes continúan estudiando no cuentan con condiciones adecuadas para aprender.

Por ello, la institución plantea recuperar progresivamente la inversión pública en educación, atender infraestructura, garantizar materiales, tecnologías, bibliotecas y laboratorios y ofrecer apoyos diferenciados a las poblaciones que enfrentan mayores desigualdades.

También propone desarrollar una política nacional de formación docente, con capacitación continua, acompañamiento profesional, estabilidad laboral y mejores condiciones para la planificación.

Un aspecto positivo identificado por PISA es precisamente la relación entre estudiantes y profesores. El 86% del estudiantado costarricense afirmó que sus docentes muestran interés por el aprendizaje de cada estudiante, frente al 69% promedio de la OCDE.

Para el CIDE, ese capital humano debe ser fortalecido y no depender únicamente del esfuerzo individual de cada educador.

“La excelencia docente no puede descansar únicamente en la vocación individual”, afirmó la institución, que pidió garantizar formación rigurosa, estabilidad laboral y condiciones dignas para enseñar.

Finalmente, la UNA hizo un llamado a construir un acuerdo educativo nacional que trascienda los ciclos gubernamentales y permita sostener políticas de largo plazo independientemente de los cambios políticos.

La propuesta contempla articular al Ministerio de Educación Pública, las universidades públicas, las comunidades educativas, organizaciones profesionales y otros sectores sociales bajo metas comunes y mecanismos de rendición de cuentas.

Para el CIDE, Costa Rica enfrenta actualmente una decisión que tendrá consecuencias más allá del próximo presupuesto o del siguiente gobierno.

“La educación que tendremos mañana se está financiando y transformando desde hoy”, concluyó la institución al advertir que una reducción sostenida de recursos puede limitar oportunidades, erosionar capacidades construidas durante décadas y comprometer el desarrollo futuro del país.

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana aseguró que no prevé aumentos en el precio del plátano pese a los efectos de la sequía, aunque productores y autoridades del sector agropecuario alertaron sobre daños en cultivos, dificultades para la ganadería y restricciones en la distribución de agua para riego.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que la producción de plátano se mantiene en niveles normales. Sus declaraciones respondieron a la advertencia de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano), que planteó la posibilidad de que el precio del producto alcanzara los RD$50 (USD 0.84) por unidad si se prolongaba la falta de lluvias.

“No hay alza. Incluso, la producción de plátano sigue normal”, sostuvo Espaillat durante una actividad en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), según informó Diario Libre.

El funcionario reconoció que el Cibao Central figura entre las áreas más expuestas por la sequía debido a las necesidades hídricas del cultivo. Aun así, explicó que en las regiones Sur y Noroeste una parte de la producción se desarrolla con sistemas de riego, lo que por ahora reduce el impacto directo sobre la oferta.

La preocupación se concentra en las zonas agrícolas que dependen de las precipitaciones y no tienen acceso regular al recurso hídrico almacenado en presas o canales.

La reducción de las lluvias, que se acentuó desde mayo, ya afecta la humedad de los suelos, los caudales de ríos y arroyos, y la disponibilidad de pastos para el ganado.

Aunque el Gobierno descarta una alteración inmediata en los precios del plátano, productores de distintos rubros ya han informado pérdidas económicas y reducciones en el rendimiento de sus explotaciones.

Un miembro de Adoplátano consultado por Diario Libre estimó que las pérdidas en su proyecto agrícola oscilan entre RD$1.5 (USD 2,275) millones y RD$2 millones (USD 33,700), debido a la caída de plantas y a la pérdida de la producción por falta de agua. También se registraron reportes de afectaciones en vegetales de Constanza y en cultivos de piña, aguacate y mango.

La sequía también alcanzó al sector pecuario. Ganaderos de varias zonas enfrentan menor disponibilidad de agua y alimento para los animales, mientras autoridades de Ganadería confirmaron casos de muerte de reses, aunque sin una cuantificación nacional de pérdidas. El Ministerio de Agricultura distribuye pacas de arroz para aliviar la escasez de forraje en áreas del Noroeste.

“La sequía ha ido cediendo” en parte de San Juan, La Romana, Dajabón, Puerto Plata y Constanza, afirmó Espaillat tras las lluvias recientes. El ministro agregó que la cartera habilita perforadores para ampliar el acceso al agua en las comunidades afectadas.

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, indicó que los trabajos de respuesta alcanzan a Montecristi, Santiago Rodríguez, El Seibo, Hato Mayor, Higüey, Barahona, Elías Piña y Pedernales. Según señaló, el déficit de lluvias ya presiona a la producción alimentaria, aunque sus efectos todavía no se trasladaron de forma generalizada a los mercados.

Las presas almacenan cerca del 60% de su capacidad

El nivel de los embalses condiciona la capacidad de respuesta frente a la sequía. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó que las 18 presas del país almacenaban 1.196,25 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 59.16% de su capacidad conjunta, de acuerdo con datos publicados recientemente por Diario Libre.

Del volumen total, 824,88 millones de metros cúbicos correspondían al agua aprovechable, cerca del 49.97% de la capacidad útil. Las autoridades comenzaron a racionalizar el despacho hacia los canales y a coordinar turnos con las juntas de regantes para preservar las reservas.

La falta de agua ya provocó medidas específicas en algunas cuencas. En el bajo Yaque del Sur se distribuye agua de riego por turnos entre productores de Bahoruco y Barahona, mientras en San Juan se evalúan limitaciones para cultivos que requieren grandes volúmenes de agua, entre ellos el arroz. En el Gran Santo Domingo, el acueducto Haina-Manoguayabo redujo su producción a 21 millones de galones diarios, frente a una capacidad estimada de 91 millones, según Diario Libre.

El Gobierno mantiene un plan de contingencia ante la sequía, que contempla rehabilitación de canales, tecnificación del riego, asistencia técnica, financiamiento y apoyo alimentario para el ganado. Mientras persista el déficit de lluvias, la evolución de las reservas y de los cultivos de secano será determinante para la oferta agroalimentaria de los próximos meses.

Léster Martínez busca concretar en los próximos meses una pelea con Saúl “Canelo” Álvarez, después de retener en Los Ángeles, California, el título interino del Consejo Mundial de Boxeo y quedar más cerca de las principales carteleras internacionales.

La posibilidad de una velada en Guatemala también avanza en conversaciones con sede, rival y fecha aún por definir. El púgil petenero sostuvo que el combate sería “casi un hecho”, aunque falta acordar dónde se realizaría y contra quién, según Soy 502.

Martínez viene de imponerse al croata Luka Plantić para conservar el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo. El triunfo elevó las expectativas sobre su próximo paso dentro de la división de las 168 libras.

Una pelea en Guatemala con rival aún pendiente

La afición guatemalteca espera verlo pelear en el país, y el boxeador confirmó que su equipo ya trabaja para trasladar una cartelera de alcance internacional a territorio nacional. “La gente en Guatemala quiere que se haga una pelea aquí”, afirmó.

El púgil explicó que las conversaciones incluyen más de un evento. “Gracias a Dios la gente en Guatemala quiere que se haga una pelea aquí, ya estamos en pláticas de dónde podríamos pelear, con quién, qué rival y qué fecha. Es casi un hecho, solo esperamos concretar dónde se puede hacer esta y otras peleas aquí en Guatemala”.

El rival para esa función deberá tener nivel internacional. Martínez descartó la posibilidad de enfrentar a oponentes con numerosas derrotas y anticipó que buscará un desafío similar al que representó Plantić.

“Un rival de talla mundial como Plantić es lo que se puede esperar de mi próximo adversario. No nos podemos dar el lujo de ir contra alguien que tenga muchas peleas perdidas”, expresó el guatemalteco ante los medios, de acuerdo con Diario de Centroamérica.

La ruta hacia Álvarez o Christian M’billi

La pelea con Canelo Álvarez es el objetivo que Martínez plantea como siguiente gran desafío, aunque Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, informó que el guatemalteco deberá disputar antes otra pelea obligatoria para aspirar al título absoluto de la categoría.

El boxeador contempla dos caminos: enfrentar a un adversario de jerarquía o esperar al ganador de un eventual combate entre Álvarez y Christian M’billi. “Es eso o esperar al ganador de Canelo y Christian M’billi”, señaló.

Martínez consideró que un duelo con el mexicano permitiría proyectar su carrera fuera de Guatemala. “Hay más expectativas todavía de mí gracias a la pelea que tuve y ahora existe la posibilidad de una posible pelea con el Canelo Álvarez. Esperamos que se dé para que el mundo sepa quién es Léster Martínez, de dónde viene y a dónde va”.

Durante la conferencia de prensa, el guatemalteco recibió la visita del estadounidense Timothy Bradley, excampeón en dos categorías e integrante desde 2023 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Martínez Tut recibió la Orden Presidencial en Guatemala el 16 de abril de 2026, tras convertirse en campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en California el 21 de marzo del mismo año.

Martínez nació en Melchor de Mencos el 17 de octubre de 1995. Como amateur, obtuvo una medalla de plata en peso welter ligero en el Campeonato Mundial Juvenil de 2012 y una de oro en peso mediano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

Keylor Navas recibió un golpe de un integrante del cuerpo técnico de León tras la victoria de Pumas por 3-1 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, un hecho que desencadenó la furia del arquero costarricense cuando intentaba separar a los jugadores de ambos equipos.

La escena desplazó el resultado deportivo: Pumas había cortado una racha de seis partidos sin triunfos con la victoria ante el Club León. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol aún debe definir si impondrá sanciones por el incidente posterior al encuentro.

Keylor Navas no se pronunció públicamente sobre lo sucedido y el club universitario tampoco emitió una postura oficial. El técnico Esteban Solari fue quien explicó la reacción del guardameta después de que la cancha quedó despejada.

Las imágenes difundidas por TUDN, responsable de la transmisión del partido, muestran a Navas entre futbolistas de ambos conjuntos durante el altercado. Un integrante del cuerpo técnico de León se aproxima, empuja primero al portero y luego le propina un golpe, de acuerdo con la secuencia televisiva.

El arquero había intervenido para contener la confrontación, pero perdió el control tras el impacto. Compañeros e integrantes de Pumas intentaron sujetarlo para impedir que la situación escalara.

La acusación de Esteban Solari contra el cuerpo técnico de León

Solari apuntó directamente contra un miembro del equipo rival durante la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador de Pumas sostuvo que quienes permanecen fuera del campo deben contribuir a calmar a los jugadores, no a aumentar la tensión.

“Evidentemente, a Keylor lo golpea alguien del cuerpo técnico de León; los que estamos afuera estamos para calmar a los jugadores, no para excitarlos. Si uno llega y un jugador está tratando de separar, hay que tener el respeto necesario para que los jugadores que están en un momento de calentura, tratar de calmarlo y no terminar golpeándolo; es un acto lamentable y la persona que fue, en la integridad, va a salir a pedir disculpas”, afirmó el técnico a La Nación.

El entrenador añadió que el arquero no esperaba recibir el golpe y vinculó su reacción con el impacto en el rostro: “No se lo esperaba Keylor, que lo golpearon, y cuando te golpean la cara, como un martillo, sinceramente uno reacciona. En el momento se estaba nervioso; el fútbol es competitivo, pero la gente de afuera tiene que trabajar para que esas cosas no sucedan”.

Reacciones divididas tras el video del altercado

El clip publicado en Instagram generó mensajes de respaldo, reproches y bromas entre los aficionados. Un usuario escribió: “Para que Keylor se salga de sus casillas es porque en realidad lo agredieron primero, él que yo recuerde nunca ha agredido físicamente a nadie. Pero si me tiran un puñetazo a mí se me sale el barrio también”.

Otros cuestionaron la respuesta del exarquero de Real Madrid: “Ya Keylor con la experiencia que tiene y con la edad que tiene ya está muy viejo para que caiga en esas provocaciones”. También aparecieron mensajes de apoyo como “Eso es Keylor no se deje” y comentarios humorísticos: “Keylor mostrando el lado tico jaja qué bien”.

Un aficionado de Pumas defendió al capitán del equipo con un mensaje dirigido al costarricense: “Si se meten con un Puma se meten con todos y más si se trata de nuestro capitán: Keylor Navas, él quien es un caballero dentro y fuera de la cancha. Goya, Goya... Universidad”.

El Gobierno de Guatemala anunció este día un operativo conjunto para liberar los bloqueos de carreteras que dificultan la distribución de combustible, mientras aseguró que el país cuenta con existencias suficientes de gasolina y diésel para satisfacer la demanda nacional. La medida fue ordenada por el presidente Bernardo Arévalo ante interrupciones viales que afectaron el transporte, el traslado de insumos y la circulación de la población.

El sistema de abastecimiento ha respondido durante 25 años a crisis ocurridas en distintas partes del mundo sin que Guatemala haya registrado desabastecimiento, sostuvo el ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios. El funcionario pidió evitar las compras de pánico y afirmó que las autoridades despejan las rutas para que los cargamentos lleguen a las estaciones de servicio.

La falta de combustible en algunos expendios no responde a una escasez nacional, sino a las restricciones para movilizar los productos hasta determinados puntos de venta. “Hay combustible y se está despejando las vías para que llegue el abastecimiento a todas las estaciones de servicio”, expresó Barrios.

Catorce puntos bloqueados en diez departamentos

Las autoridades reportaron 14 puntos con la circulación interrumpida en 10 departamentos y municipios al inicio de la jornada. Algunas rutas de transporte suspendieron temporalmente sus servicios en zonas consideradas críticas.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, advirtió que los bloqueos impedían el paso de trabajadores, estudiantes, pacientes que requieren atención médica y vehículos de emergencia. También afectaban el traslado de alimentos, medicamentos y combustibles, con pérdidas para miles de familias y pequeños negocios.

Villeda sostuvo que la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica, pero señaló que ese derecho no puede ejercerse mediante la anulación de las libertades de otras personas. “Bloquear vías y perjudicar al resto de la población es algo muy distinto”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional activaron una operación conjunta para liberar los bloqueos que permanecían activos. La Policía Nacional Civil debía aplicar sus protocolos con diálogo, uso gradual y proporcional de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

La intervención policial, explicó el ministro, no busca impedir las protestas pacíficas, sino restablecer la circulación y asegurar el libre tránsito. Los manifestantes recibieron un plazo de 30 minutos para liberar voluntariamente las carreteras.

La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución de debida ejecución que ordenó liberar los bloqueos aún instalados durante las horas siguientes. Villela anunció que quienes fueran encontrados bloqueando vías serían arrestados y puestos a disposición de los tribunales, mientras que los vehículos utilizados para interrumpir la circulación quedarían confiscados.

Dos agentes heridos durante la liberación de una ruta

Uno de los operativos se desarrolló en Cuyotenango, donde fueron heridos de bala dos policías durante la liberación de un bloqueo. Los agentes fueron evacuados por vía aérea y permanecían internados en un centro de salud.

El ministro de Gobernación consideró que el uso de armas de fuego contra los agentes descartaba el carácter pacífico de esas acciones. Reconoció que existe descontento por el aumento de los combustibles, aunque sostuvo que la situación está vinculada con un conflicto internacional y que el Gobierno busca mecanismos legales para atenderla.

Las autoridades también liberaron bloqueos en El Boquerón, en el departamento de San Marcos, y en Los Esclavos, Santa Rosa. Según Villeda, las rutas hacia la costa sur y el occidente del país quedaron habilitadas tras esas intervenciones.

Persistían cierres en el sur, sobre la avenida Petapa, y en el norte, desde la zona 18 hasta el municipio de Río Hondo. También se mantenía un bloqueo cerca del centro comercial Mundo Maya, en Petén, mientras las fuerzas de seguridad intervenían ante un intento de cierre en la calzada Roosevelt, en dirección a Antigua Guatemala.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, informó que el Ejército de Guatemala activó sus tres fuerzas, 23 comandos operativos y sus medios disponibles para respaldar a la seguridad pública. La participación militar fue solicitada por el Ministerio de Gobernación como apoyo interinstitucional para levantar los bloqueos.

Sáenz indicó que los soldados actuarían bajo los protocolos establecidos, con disciplina, prudencia y respeto a la Constitución y a las leyes. “Cada soldado actuará con disciplina, prudencia y respeto”, aseguró el ministro, quien calificó de inadmisibles las acciones que impiden a la población acudir a hospitales, centros educativos o lugares de trabajo.

Dos procesos por ataques que dejaron tres mujeres heridas avanzaron esta semana en Panamá, después de que tribunales ordenaran la detención provisional de dos hombres. Uno de los casos fue imputado como tentativa de femicidio en La Chorrera y el otro como tentativa de homicidio contra una joven y una menor de edad en San Miguelito.

El primer hecho ocurrió el 6 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., en Puerto Caimito, distrito de La Chorrera. Un hombre de 46 años habría ingresado a la residencia de su expareja, donde presuntamente intentó causarle la muerte en circunstancias que ahora investiga la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el tribunal legalizó la aprehensión, admitió la imputación y ordenó la detención provisional del sospechoso. El juez consideró que existían riesgos de afectación de las pruebas, peligro para la comunidad y la posibilidad de que el imputado volviera a atentar contra la víctima.

El segundo proceso está relacionado con un ataque armado ocurrido el 6 de julio, cerca de un colegio público ubicado en la vía principal de Samaria, corregimiento de Belisario Porras. Según la investigación, dos hombres realizaron múltiples disparos contra una joven y una menor, quienes resultaron heridas en el ataque.

Uno de los presuntos responsables quedó detenido provisionalmente por tentativa de homicidio. La Fiscalía Regional de San Miguelito sustentó que el hecho ocurrió en un lugar frecuentado por estudiantes y otros ciudadanos, lo que elevó el peligro para las víctimas, sus familiares y las personas presentes en el sector.

El tribunal también valoró la gravedad de la conducta, el posible riesgo de afectación de las pruebas y la amenaza que representaría el imputado para la comunidad. Aunque las víctimas son mujeres, el cargo presentado en este expediente es tentativa de homicidio y no tentativa de femicidio, una diferencia jurídica que debe conservarse.

Los dos procesos se conocen pocos días después de que otros dos hombres, quienes son hermanos, fueran enviados a detención provisional en San Miguelito. Uno quedó imputado por violencia doméstica contra su expareja, mientras al segundo se le atribuyó violencia psicológica en perjuicio de su excuñada y del hermano menor de la mujer.

Ese incidente ocurrió la noche del 5 de septiembre, en el sector 4 de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias. Los imputados presuntamente amenazaron de muerte a la víctima dentro de la residencia de ambos. Posteriormente, uno de ellos acudió a la vivienda de la mujer y repitió las amenazas contra ella y su hermano.

La sucesión de casos ocurre en un contexto marcado por el aumento de la violencia extrema contra las mujeres. Entre enero y julio de 2026, Panamá contabilizó 13 víctimas de femicidio y 17 de tentativa, además de diez muertes violentas de mujeres que, tras la valoración fiscal, no fueron clasificadas como femicidios.

Las cifras preliminares muestran que los femicidios aumentaron 44% frente a los nueve registrados durante igual periodo de 2025. El crecimiento fue todavía mayor en las tentativas, que pasaron de nueve a 17 víctimas, un incremento de 89%. Las muertes violentas permanecieron sin variación, con diez casos en cada año.

Enero concentró siete de las tentativas reportadas hasta julio, seguido por febrero, marzo, mayo y junio, con dos casos cada uno. Abril y julio contabilizaron una víctima respectivamente. La distribución confirma que los ataques no se limitaron a un solo periodo, aunque el comienzo del año presentó la mayor concentración mensual.

Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Darién acumularon tres tentativas cada uno, mientras San Miguelito y Veraguas registraron dos casos y Coclé uno. En cuanto a los femicidios, Panamá y San Miguelito contabilizaron tres víctimas cada uno, seguidos por Chiriquí y Panamá Oeste, con dos casos por territorio.

La estadística también muestra que la violencia alcanzó a diferentes grupos de edad. Cuatro víctimas de tentativa tenían entre 18 y 24 años; tres se encontraban entre los 25 y 29 años y otras tres entre los 30 y 34. Además, dos niñas de entre cinco y nueve años fueron víctimas, al igual que dos mujeres de 70 a 74 años.

Las armas blancas fueron empleadas en ocho de las 17 tentativas registradas hasta julio, mientras cuatro ataques involucraron armas de fuego. Dos casos estuvieron relacionados con incendiarismo y en tres no se había determinado el mecanismo utilizado. En los femicidios, las armas de fuego provocaron seis de las 13 muertes.

Los procesos conocidos en septiembre son posteriores al cierre de ese informe y, por tanto, no deben sumarse automáticamente a sus cifras. La clasificación de cada caso puede variar conforme avancen las investigaciones, se conozcan nuevos elementos y los fiscales determinen si la conducta encaja en la definición legal de femicidio.

Los tres expedientes muestran distintas expresiones de violencia: el ingreso a la vivienda de una expareja, un ataque armado cerca de un colegio y amenazas reiteradas dentro del entorno familiar. En todos, los tribunales consideraron que la detención era necesaria para proteger a las víctimas, preservar las pruebas y reducir el riesgo de nuevas agresiones.

El médico Edgar José Velásquez Orellana volvió este jueves 10 de septiembre de 2026 a la madrugada en la que Keyla Martínez murió bajo custodia policial, al rendir declaración ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y reconstruir las últimas horas que ambos pasaron detenidos en la estación de La Esperanza, Intibucá.

Velásquez aseguró que permaneció despierto durante toda la noche y que podía comunicarse con Keyla desde celdas distintas. Según su testimonio, la situación cambió cuando la joven dejó de responderle, lo que provocó que comenzaran los llamados de auxilio y posteriormente observó cómo varias personas la sacaban de la celda.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, declaró el médico ante los jueces, al recordar el momento en que intentó acercarse a Keyla para comprobar su estado.

El testimonio de Velásquez forma parte de las declaraciones que el tribunal escucha durante el juicio por la muerte de Keyla Martínez, ocurrida el 7 de febrero de 2021, un caso que continúa bajo análisis judicial más de cinco años después de aquella madrugada.

Velásquez explicó que conocía a Keyla Martínez desde aproximadamente tres años antes, cuando comenzó a trabajar en la clínica San Rafael. Durante su declaración, la describió como una persona amable con los pacientes, colaboradora y con quien mantenía una relación cordial.

La noche del 6 de febrero de 2021, ambos coincidieron en el bar La Meseta, ubicado en el barrio El Centro de La Esperanza. El médico aseguró que Keyla se encontraba sola cuando él llegó y que posteriormente se reunió con conocidos que lo invitaron a sentarse en su mesa.

Durante el tiempo que permanecieron en el establecimiento, Velásquez afirmó que no observó en Keyla un comportamiento que le llamara particularmente la atención.

“Keyla tuvo una actitud normal esa noche”, manifestó ante el tribunal al referirse a las horas previas a la detención.

La situación cambió cuando ambos salieron del establecimiento y posteriormente fueron interceptados por agentes policiales mientras se movilizaban en una camioneta blanca.

El médico recordó que la intervención policial ocurrió en un sector donde anteriormente funcionaba la terminal de buses que viajaban hacia Intibucá. Dijo no recordar el número exacto de agentes, aunque afirmó que observó dos patrullas policiales.

De acuerdo con su declaración, ni él ni Keyla recibieron en ese momento una explicación clara sobre el motivo de la detención. Velásquez sostuvo que insistía en que únicamente se dirigían a dejar a la joven en su vivienda.

Sin embargo, ambos fueron obligados a descender del vehículo y posteriormente trasladados en una patrulla.

“Nos bajamos, nos pusieron las esposas y nos subieron a la paila de la patrulla”, relató durante el interrogatorio de la acusación privada.

Los dos fueron trasladados a la estación policial de La Esperanza, donde permanecieron detenidos durante la madrugada del 7 de febrero. En aquel momento, la versión que trascendió públicamente fue que habían sido detenidos por incumplir el toque de queda establecido durante la pandemia de covid-19.

Una vez en la estación policial, Velásquez declaró que solicitó realizar una llamada telefónica, pero que su petición fue denegada.

Mientras los agentes tomaban sus datos, Keyla permaneció inicialmente cerca de él. Posteriormente, una agente policial llevó a la joven hasta una celda.

El médico calculó que pasaron aproximadamente diez minutos entre el momento en que Keyla fue trasladada a la celda y cuando él también fue encerrado.

Velásquez señaló que en su celda había alrededor de diez personas, mientras que Keyla permanecía sola en otra. Desde el lugar donde se encontraba podía observar el reloj de la torre de la iglesia y, según afirmó, todavía podía conversar con ella.

“Era un lugar oscuro”, recordó durante su declaración.

El médico aseguró que ambos continuaron comunicándose durante un período de tiempo, aunque admitió que había perdido la noción exacta de la hora. La conversación se interrumpió cuando Keyla dejó de responder.

Según Velásquez, fue ese silencio el que llamó su atención. Después de intentar comunicarse con Keyla, comenzaron los llamados de auxilio desde el interior de la estación.

Posteriormente, aseguró haber observado cómo varias personas sacaron a Keyla de la celda. El médico declaró que eran cuatro personas las que la llevaban, aunque no pudo precisar ante el tribunal si en ese momento el cuerpo estaba boca arriba o boca abajo.

Fue entonces cuando, según su versión, intentó intervenir como profesional de la salud y pidió que le permitieran examinar a Keyla.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, reiteró ante los jueces.

Velásquez también manifestó que no recuerda haber escuchado comentarios específicos de los policías sobre lo que estaba ocurriendo. Aseguró que únicamente observó cómo se llevaban a Keyla mientras él permanecía detenido.

Horas después, según su relato, llegó una persona a quien identificó como el responsable de la estación policial, quien le solicitó su documento de identidad para elaborar un acta y tomarle declaración.

Fue entonces cuando recibió la noticia sobre la muerte de su amiga.

“Su amiga está muerta”, recordó que le dijeron.

Velásquez señaló que finalmente recuperó su libertad aproximadamente entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Después del médico declaró David Ricardo Mejía, agente policial que se encontraba asignado a La Esperanza cuando ocurrieron los hechos.

Mejía afirmó que conocía a Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, uno de los acusados en el proceso, porque ambos habían sido compañeros de trabajo. Sobre Keyla, aseguró que no la conocía previamente.

El agente relató que alrededor de la medianoche del 7 de febrero de 2021 se levantó para recibir su turno y observó a varias personas del sexo masculino en una celda y a una mujer en otra.

De acuerdo con su declaración, posteriormente se solicitó apoyo para verificar el estado de la joven.

Mejía afirmó que Keyla fue movida y que en ese momento se rio y manifestó que se iba a morir. Según el policía, después la dejaron nuevamente dentro de la celda.

Más tarde, relató que se encontró con el agente Elmer Domínguez, quien le informó que habían encontrado a Keyla colgada con una prenda de vestir que llevaba consigo.

Durante su declaración, Mejía sostuvo que observó cuando Jarol Perdomo bajó a Keyla y la colocó en el piso de la celda.

Sin embargo, esta descripción generó un punto de tensión durante la audiencia debido a que contradice una declaración anterior del mismo agente, realizada durante la audiencia inicial del proceso

Ante la diferencia entre ambas versiones, el juez ordenó que se leyera la declaración previa de Mejía.

En aquella primera versión, el agente había señalado que su compañero permanecía afuera de la celda y no ingresó. Durante el nuevo juicio, en cambio, sostuvo que observó a Jarol bajar a Keyla y agregó que Elmer Domínguez ya no se encontraba en el lugar.

Cuando fue consultado sobre la diferencia entre sus dos declaraciones, Mejía respondió que no recordaba con precisión debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

La contradicción quedó incorporada al debate y deberá ser valorada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque junto con las demás pruebas y testimonios que se presenten durante el juicio.

La jornada también dejó cambios en la lista de personas llamadas a declarar. La defensa informó que renunciaba al testimonio de Jean Carlos Reyes, decisión que fue aceptada por el tribunal.

El juicio continúa así con la evacuación de testimonios y demás elementos probatorios relacionados con la muerte de Keyla Martínez, mientras los jueces deberán determinar el valor de cada una de las declaraciones y las contradicciones que han surgido durante el proceso.

La declaración de Velásquez volvió a colocar bajo escrutinio las últimas horas de Keyla dentro de la estación policial, particularmente el momento en que dejó de responder, los llamados de auxilio y la atención que, según el médico, intentó brindarle cuando fue sacada de la celda.

León XIV recibió a los obispos de El Salvador el 11 de septiembre en una audiencia privada que cerró su visita ad limina Apostolorum en Roma, dedicada a la oración, el diálogo y las reuniones con organismos de la Curia Romana. Los prelados entregaron al Pontífice una reliquia de primer grado de San Óscar Arnulfo Romero, informó Vatican News.

La delegación salvadoreña llegó a Roma el 7 de septiembre y también mantuvo un encuentro con el Dicasterio para la Comunicación. Allí presentó la realidad de la Iglesia y de la sociedad del país, sus desafíos y esperanzas, además de la labor comunicativa eclesial.

El futuro del país estuvo entre los asuntos planteados por los obispos. El cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar emérito de San Salvador, pidió que los salvadoreños sean parte de un proyecto colectivo. “Ser todos parte de un proyecto de futuro para el país. Ser protagonistas. Y que los pueblos sean protagonistas”, dijo.

A juicio del purpurado, el pueblo salvadoreño posee una energía capaz de impulsar un futuro nuevo si encuentra espacios adecuados para expresarse. Su planteamiento apunta a una cultura del encuentro y del diálogo, en la que la población participe de las decisiones sobre el porvenir nacional.

Los obispos llevaron a Roma la preocupación por contemplar la realidad salvadoreña desde la dignidad de cada persona. Rosa Chávez vinculó esa perspectiva con Magnifica humanitas, la primera encíclica de León XIV, centrada en la custodia de la persona humana ante los desafíos de la inteligencia artificial.

El cardenal afirmó que la Iglesia local leyó el documento para observar el presente y el futuro del país desde la mirada propuesta por el Papa. “La persona humana en el centro, plenamente realizada, con futuro, con esperanza”, destacó.

La encíclica, según explicó, comunica esperanza aun en un tiempo definido por cambios tecnológicos rápidos. “Yo una vez, durante dos días, palabra por palabra, quedé sorprendido de cómo comunica esperanza”, relató sobre su lectura del texto pontificio.

La centralidad de la persona también se enlaza, para Rosa Chávez, con el mensaje de paz que León XIV transmite desde el comienzo de su pontificado.

“La paz que nace en el corazón de Jesucristo y un corazón también transformado por su ternura, su misericordia, hace posible un mundo nuevo. No hay otro camino”, sostuvo.

El cardenal describió a la Iglesia de El Salvador como una comunidad marcada por el amor al Papa, a la Virgen y a la Eucaristía, además de una esperanza que persiste pese al sufrimiento. También señaló la cercanía del Pontífice con el país. “Él conoce a nuestra tierra increíblemente bien. Es hijo de nuestra tierra, en cierto modo”, aseguró.

San Óscar Arnulfo Romero en los encuentros vaticanos

La figura de San Óscar Arnulfo Romero estuvo presente en las reuniones de los obispos con los distintos organismos de la Curia. Rosa Chávez dijo haber percibido en Roma un afecto extendido hacia el arzobispo mártir de San Salvador.“Ciertamente es un santo de toda la Iglesia. Aquí se le ama tanto en Roma”, indicó.

Ese reconocimiento anima a la Iglesia salvadoreña a valorar el legado pastoral de Romero y su entrega al pueblo. “Hemos dado al mundo un santo pastor y mártir realmente extraordinario”, afirmó el cardenal.

Los encuentros con los responsables vaticanos fueron definidos por Rosa Chávez como una experiencia “muy intensa, muy inspiradora, muy estimulante, muy cordial”. El purpurado destacó que el intercambio estuvo atravesado por un diálogo “muy intenso, muy vivo, muy fraterno” y por el afecto hacia la Iglesia salvadoreña.

Al dirigirse a los habitantes del país, el cardenal pidió sostener la esperanza. “Que no decaiga la esperanza. Que sigamos esperando con esperanza y soñando el futuro que Dios quiere”, agregó.

Rosa Chávez recordó además una frase que escuchó durante un encuentro con San Juan Pablo II: “El Salvador salvará al mundo”. Para él, esa expresión llama al país a ser luz y esperanza para otros pueblos y a asumir una misión evangelizadora.

Costa Rica recibirá dos ondas tropicales en días consecutivos, una condición que contribuirá a mantener un escenario de lluvias e inestabilidad atmosférica durante el cierre de esta semana y los primeros días de la próxima.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó que la onda tropical número 42 llegará al territorio nacional durante este viernes 11 de septiembre, mientras que la número 43 ingresará el sábado 12.

Los dos sistemas encontrarán una atmósfera caracterizada por alto contenido de humedad, presencia de vientos alisios moderados y una Zona de Convergencia Intertropical activa, factores que favorecerán la formación de nubes, aguaceros y posibles tormentas en distintas regiones.

El IMN señaló en su tendencia semanal que estas condiciones se mantendrán al menos hasta el miércoles 16 de septiembre.

La primera en ingresar será la onda número 42, cuyo arribo está previsto hacia el final de este viernes.

Aunque el sistema presenta una intensidad débil, su paso podría extender las precipitaciones hasta horas de la noche, particularmente en la vertiente del Caribe y de manera localizada en sectores costeros del Pacífico.

La situación no terminará con su salida del territorio nacional. Apenas un día después se prevé el ingreso de la onda tropical número 43, que prolongará el ambiente inestable durante el fin de semana.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

Para este viernes, las primeras horas del día estarán marcadas por la formación de tormentas frente a la costa de Limón.

Debido a la influencia del viento, parte de estas precipitaciones podría desplazarse hacia tierra firme y provocar lluvias en sectores del Caribe.

Durante la tarde, el patrón cambiará y los aguaceros más importantes se concentrarán principalmente sobre el Pacífico Sur, Pacífico Central y el extremo oeste del Valle Central.

Parte de esas lluvias también podría extenderse hacia sectores de la Zona Norte.

En términos generales, el IMN prevé que durante los próximos días las precipitaciones en la vertiente del Pacífico se concentren principalmente durante las tardes.

En el Pacífico Central y Sur podrían registrarse lluvias y aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica, mientras que existe una probabilidad moderada de condiciones similares en la península de Nicoya.

Para el Caribe y la Zona Norte, las lluvias serán más frecuentes durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de chubascos aislados en sectores montañosos durante las tardes.

El Valle Central, por su parte, tendrá lluvias ocasionales. Según la tendencia del Instituto, estas precipitaciones podrían presentarse con mayor frecuencia a partir de los primeros días de la próxima semana.

Durante las noches también se esperan condiciones de parcial a mayormente nubladas, con lluvias aisladas en el Caribe y la Zona Norte y posibilidad de precipitaciones costeras en el Pacífico.

Viento seguirá presente

La llegada de las ondas tropicales coincidirá además con la persistencia de los vientos alisios, que continuarán transportando humedad desde el mar hacia Costa Rica.

Para este viernes se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que en sectores montañosos del Pacífico Norte las ráfagas podrían alcanzar aproximadamente 70 km/h.

La combinación de estos vientos con el alto contenido de humedad y la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical explica por qué las lluvias pueden aparecer en distintas horas del día y no exclusivamente durante las tardes, como ocurre habitualmente durante la época lluviosa.

“El paso de ondas tropicales favorecerá un ambiente inestable, en conjunto con una Zona de Convergencia Intertropical activa, lo que contribuirá a reforzar el aporte de humedad desde las regiones marítimas hacia el territorio nacional”, explicó el IMN.

El escenario se produce después de varios días de inestabilidad sobre el país. La onda tropical número 41 había cruzado Costa Rica el martes 8 de septiembre, también en medio de condiciones húmedas y vientos alisios de moderados a fuertes.

El acto estuvo encabezado por la encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, quien recordó que los atentados tuvieron víctimas de distintas nacionalidades, entre ellas personas de nacionalidad salvadoreña.

El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de la red terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales que habían partido de aeropuertos de Estados Unidos con destino a California.

Dos aeronaves impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. El daño causado por los choques y los incendios posteriores provocó el colapso de ambos edificios. Un tercer avión fue estrellado contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, en Arlington, Virginia.

El cuarto vuelo, el United Airlines 93, cayó en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y miembros de la tripulación se enfrentaran a los secuestradores. La aeronave se dirigía hacia Washington, según la reconstrucción histórica del Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre. Los atentados dejaron 1,977 muertos en Nueva York, Arlington y Pensilvania.

“El 11 de septiembre no fue solo una tragedia estadounidense; fue una tragedia humana”, afirmó Fellows. La representante diplomática sostuvo que las pérdidas alcanzaron a comunidades de varios países y que muchas familias vieron transformadas sus vidas desde aquel día.

Fellows recordó a las familias que aún cargan con las pérdidas

La diplomática dedicó parte de su discurso a las víctimas y a las familias que perdieron a sus seres queridos durante los ataques.

“Hoy honramos a cada persona que perdió la vida, a cada familia cuya existencia cambió para siempre y a cada comunidad que sigue cargando con ese pesar”, expresó Fellows. También incluyó a quienes dieron su vida durante las labores de auxilio: “Su sacrificio nunca será olvidado”.

Fellows recordó la actuación de bomberos, policías, personal de emergencias médicas y ciudadanos que auxiliaron a otras personas durante los atentados.

“Recordamos a los equipos de primera respuesta, a los bomberos, a los policías, al personal de emergencias médicas y a los ciudadanos comunes que corrieron hacia el peligro mientras otros buscaban ponerse a salvo”, dijo. La diplomática afirmó que muchos de ellos murieron cuando intentaban salvar a personas a las que no conocían.

En su mensaje, Fellows indicó que los atentados buscaban generar miedo, división y desesperanza. También destacó la respuesta de la población estadounidense y el respaldo internacional que recibió el país tras los ataques.

“Los vecinos ayudaron a sus vecinos. Las comunidades compartieron su duelo. Personas de todo el mundo se solidarizaron con Estados Unidos, incluso aquí en El Salvador”, expresó.

La representante diplomática sostuvo que aquella respuesta dejó una lección sobre el valor de la solidaridad ante las crisis. “Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente: su valentía, su integridad y su determinación”, señaló en su mensaje.

El precio del diésel en Costa Rica registró un aumento acumulado de 27.2% entre enero y septiembre de 2026, el mayor entre los tres principales combustibles comercializados en el país, según datos publicados por Surtidores Latam a partir de registros de la Cámara de Empresarios del Combustible.

El litro de gasoil pasó de ₡541, equivalentes a USD 1.20, al inicio del año a ₡688, unos USD 1.53, en la última actualización. El incremento revierte la trayectoria descendente que el producto había mostrado durante los tres años previos y vuelve a colocar la evolución de los combustibles entre los factores de costo para el transporte y la logística.

Las naftas también acumularon aumentos de dos dígitos desde enero. La gasolina Súper aumentó 14.2%, desde ₡636 (USD 1.41) por litro hasta ₡726 (USD 1.61), mientras que la Plus 91 avanzó 16.1%, al pasar de ₡609 (USD 1.35) a ₡707 (USD 1.57).

La trayectoria del precio del diésel no fue uniforme durante el año. En febrero, el valor había caído a ₡512 por litro (USD 1.14), el nivel más bajo de toda la serie analizada entre 2023 y 2026. Tres meses después, alcanzó ₡716 (USD 1.59), luego de una corrección de ₡151 (USD 0.34) en una sola fijación.

Ese ajuste, aplicado el 6 de mayo, fue el incremento individual más alto registrado para cualquiera de los tres combustibles durante el período relevado. En esa misma actualización, la gasolina Súper subió ₡101 (USD 0.22) por litro y la Plus 91 sumó ₡120 (USD 0.27).

Tras llegar al máximo de ₡716 (USD 1.59), el gasoil inició una baja que lo llevó a valores cercanos a ₡600 (USD 1.33) durante agosto. La última revisión volvió a impulsar el precio hasta ₡688 (USD 1.53), con un aumento de ₡82 (USD 0.18) por litro.

De acuerdo con el relevamiento de Surtidores Latam, la diferencia de 2026 frente a los años anteriores no se limita al resultado acumulado. El mercado concentró variaciones más pronunciadas, en especial en el combustible utilizado por buena parte del transporte de carga, pasajeros y actividades productivas.

Las gasolinas también dejaron atrás las bajas de los tres años previos

Los precios de los tres productos habían cerrado 2023, 2024 y 2025 por debajo de los valores registrados al comienzo de cada uno de esos años. En 2026, en cambio, todos acumulan aumentos de dos dígitos entre enero y septiembre.

El diésel había iniciado 2023 cerca de ₡750 (USD 1.65) por litro y terminó ese año alrededor de ₡691 (USD 1.52). En 2024, pasó de aproximadamente ₡632 (USD 1.39) a ₡556 (USD 1.23), mientras que en 2025 cerró cerca de ₡549 (USD 1.21).

La gasolina Súper alcanzó un máximo de ₡810 (USD 1.79) por litro en octubre de 2023. Después inició un descenso que la llevó hasta ₡626 (USD 1.38) en febrero de 2026, antes de los aumentos observados durante los últimos meses. La Plus 91, por su parte, llegó a ₡786 (USD 1.73) por litro en enero de 2023 y tocó un mínimo de ₡591 (USD 1.30) tres años más tarde.

Pese a los incrementos acumulados este año, las cotizaciones actuales permanecen por debajo de aquellos máximos. La gasolina Súper se ubica ₡84 (USD 0.19) por debajo de su récord de 2023, mientras que la Plus 91 está ₡79 (USD 0.17) por debajo de su mayor valor. El diésel, a ₡688 (USD 1.52), continúa ₡62 (USD 0.14) por debajo de los ₡750 (USD 1.65) registrados en enero de 2023.

La evolución del gasoil adquiere relevancia por su incidencia en la estructura de costos de las estaciones de servicio y de los sectores vinculados al traslado de mercaderías y personas. El aumento de 27.2% supera ampliamente las variaciones de las gasolinas durante el mismo período.

El informe aclara que los valores de 2023, 2024 y 2025 fueron convertidos al tipo de cambio actual, y no al vigente en cada momento de la serie. Bajo ese criterio, el comportamiento de 2026 muestra una reversión frente a la baja que había predominado en los años previos, aunque los precios todavía no recuperaron los máximos observados al inicio del período analizado.

Con 28 años de trayectoria en la vía interoceánica, la Junta Directiva del Canal de Panamá designó al Ingeniero Miguel Lorenzo Fábrega como nuevo subadministrador.

Lorenzo se desempeñaba como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería. Ha ocupado cargos desde ingeniero estructural hasta gerente ejecutivo de Ingeniería, subgerente del Diseño del Tercer Juego de Esclusas y, posteriormente, vicepresidente de Ingeniería y Servicios.

Desde 2020, laboraba como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería. Tuvo un desempeño relevante en el diseño, evaluación y ejecución del Programa de Ampliación del Canal.

En un comunicado, la Junta Directiva informó que “la designación del subadministrador por parte de la Junta Directiva es resultado de un proceso alineado con la institucionalidad del Canal, en ejercicio de su mandato constitucional y legal, y con plena responsabilidad sobre la continuidad, estabilidad y visión de largo plazo de la vía interoceánica”.

Para la selección del subadministrador, la Junta Directiva inició un proceso de evaluación de distintos perfiles tan riguroso y técnico como el que condujo a la designación de la administradora, Ilya Espino de Marotta.

“Con esta designación reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la operación segura y continua del Canal”, señaló José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá.

La designación de Lorenzo Fábrega como nuevo subadministrador del Canal de Panamá marca un punto de inflexión en la gobernanza de una de las infraestructuras estratégicas más importantes del comercio marítimo mundial.

Tanto por el perfil eminentemente técnico del funcionario como por el momento en que se produce, en plena transición hacia la administración de Espino de Marotta y bajo la presión de desafíos estructurales, como la crisis hídrica y la necesidad de diversificar el modelo de negocios de la vía interoceánica.

Esta decisión cierra un ciclo de varios meses en que la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tuvo que articular un esquema de transición con un subadministrador temporal, al tiempo que ponía a prueba, por segunda vez en pocos meses, un método de selección que se reivindica como riguroso, independiente y anclado en la defensa de la institucionalidad del Canal.

El nombramiento de Lorenzo, con 28 años de trayectoria interna, experiencia directa en el Programa de Ampliación y responsabilidades actuales sobre la planificación, mantenimiento y modernización de la infraestructura, sugiere una apuesta explícita por la continuidad técnica y la consolidación de una dupla directiva que ya ha trabajado de forma estrecha durante más de dos décadas.

Al mismo tiempo, la elección de un perfil especializado en ingeniería estructural y gestión de activos se inscribe en una agenda estratégica que proyecta garantizar el recurso hídrico, impulsar nuevos proyectos portuarios y de gasoducto, y ejecutar un plan de largo plazo que, según el propio Lorenzo, será “mayor que la ampliación” en términos de alcance y complejidad.

La Junta Directiva, presidida actualmente por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, ha insistido en que sus decisiones se toman con plena conciencia de la relevancia del Canal para Panamá y para el comercio mundial, reivindicando un modelo de gobernanza que busca blindar a la institución de presiones coyunturales y garantizar una visión de largo plazo.

En términos funcionales, se informó que el administrador y el subadministrador constituyen la dupla que encabeza la gestión operativa y estratégica de la vía, articulando desde la cúpula las políticas de tránsito, mantenimiento, inversiones de capital, proyectos de expansión y relacionamiento con los usuarios globales del Canal.

Aunque la Ley Orgánica detalla con mayor precisión el rol del administrador, la figura del subadministrador se concibe como un segundo al mando que comparte la responsabilidad de garantizar la continuidad de las operaciones y de ejecutar la estrategia aprobada por la Junta Directiva.

Un hombre de 34 años quedó bajo detención provisional por su presunta participación en una trama que habría permitido alterar la plataforma tributaria de Panamá y generar créditos fiscales ficticios. El perjuicio contra la Dirección General de Ingresos (DGI) superaría los 21 millones de dólares, según el Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada el jueves 10 de septiembre. Al sospechoso se le imputaron los delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, ambos en calidad de autor.

Antes de ordenar su detención, el Tribunal de Garantías declaró legal la aprehensión y el allanamiento excepcional, además de dar por presentada la formulación de cargos. La investigación es desarrollada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y fue sustentada durante la audiencia por la fiscal Elizabeth Carrión.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Melissa Pineda. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, la juez concluyó que la privación de libertad era necesaria, idónea y proporcional, considerando la gravedad de los hechos investigados y la naturaleza de los delitos atribuidos.

Entre los riesgos procesales identificados figuran el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad. El tribunal también consideró que existen suficientes elementos para vincular al hombre con la investigación, aunque la imputación no constituye una sentencia y permanece vigente la presunción de inocencia.

La pesquisa comenzó en 2023, cuando el sospechoso presuntamente entregó dinero a servidores públicos de la DGI mediante cuentas bancarias y otras modalidades de pago. A cambio, los funcionarios habrían intervenido la plataforma utilizada por la institución para incorporar créditos fiscales que no tenían respaldo legítimo.

Los créditos fiscales representan montos reconocidos a favor de un contribuyente y pueden utilizarse para compensar determinadas obligaciones tributarias. Cuando son creados sin sustento y cargados al sistema oficial, reducen artificialmente los impuestos que deben pagarse y pueden ocasionar pérdidas directas al Estado, además de favorecer su transferencia o comercialización irregular.

La información divulgada por las autoridades no precisa cuántos funcionarios habrían participado, cuántas operaciones fueron realizadas ni quiénes se beneficiaron de los créditos. Tampoco identifica públicamente al imputado. Esos elementos deberán establecerse conforme avance la investigación patrimonial, bancaria y tecnológica, cuyo expediente permanece abierto.

Este proceso no corresponde al denominado caso Pandora y las autoridades no han informado sobre una conexión entre ambas investigaciones. Pandora sí constituye un antecedente reciente de presunta manipulación del sistema tributario, porque también examina la creación, transferencia y comercialización de créditos fiscales irregulares dentro de la DGI.

En el caso Pandora, las pesquisas se han concentrado en presuntas alteraciones realizadas en la plataforma E‑Tax 2.0 y en un perjuicio estimado en alrededor de 40 millones de dólares. La investigación reveló posibles fallas de control y acceso que habrían permitido modificar información tributaria y dar apariencia de legitimidad a créditos sin respaldo económico.

Otros expedientes conocidos como E‑Tax 2.0 y Publicano también han colocado bajo escrutinio la seguridad de la plataforma administrada por la DGI. En esas investigaciones se reportaron funcionarios detenidos e imputaciones relacionadas con la creación de créditos ficticios, aunque cada expediente posee hechos, participantes y montos diferentes.

La coincidencia entre estos procesos está en el mecanismo investigado: el presunto aprovechamiento de accesos internos y controles insuficientes para modificar registros con consecuencias sobre la recaudación. No significa que todos formen una sola estructura criminal ni que las personas investigadas estén vinculadas entre sí; esa relación tendría que ser acreditada judicialmente.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha advertido que la manipulación del sistema E‑Tax afecta no solamente las finanzas públicas, sino también la seguridad jurídica y la confianza de los contribuyentes. El gremio planteó la necesidad de fortalecer los controles, revisar los permisos internos y determinar responsabilidades administrativas y penales.

El Ministerio Público deberá ahora reconstruir la ruta del dinero entregado presuntamente a los funcionarios, identificar las modificaciones efectuadas y determinar quiénes aprovecharon los créditos. También tendrá que demostrar que existió una organización con división de funciones, requisito relevante para sostener la imputación por delincuencia organizada.

La detención provisional no establece la culpabilidad del investigado, pero permite mantenerlo privado de libertad mientras continúa la recopilación de pruebas. El caso vuelve a exponer la vulnerabilidad de un sistema que administra recursos públicos y la necesidad de que los accesos, cambios y autorizaciones dentro de la plataforma tributaria sean auditables y verificables en tiempo real.

El STEG y la ANM cuestionaron al Ministerio de Educación de Guatemala por la presentación de los resultados de la prueba PISA, aplicada en 2025 y difundida en 2026, y rechazaron que esos datos se utilicen para responsabilizar al magisterio por el desempeño estudiantil. Las organizaciones también reclamaron una Mesa Técnica Nacional de Trabajo para abordar problemas educativos y demandas sociales que atribuyen a la falta de respuestas del Gobierno.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio expresaron sus posiciones en un comunicado sin fecha visible en las imágenes difundidas. El pronunciamiento incluyó críticas a la administración educativa, al Gobierno de Guatemala y al Congreso de la República.

La propuesta sindical plantea la participación de instituciones estatales, medios de comunicación, iglesias y sectores organizados. El objetivo es reunir a esos actores para “organizar, abordar y resolver” las demandas que consideran prioritarias para la población.

El rechazo a PISA como medida del trabajo docente

La prueba PISA es una evaluación internacional que mide el rendimiento de estudiantes en lectura, matemática y ciencias. Para el STEG y la ANM, el Ministerio de Educación presentó sus resultados de un modo que traslada al magisterio una responsabilidad que, según su postura, corresponde a la conducción institucional de la cartera.

Las organizaciones objetaron que Guatemala sea comparada con países desarrollados sin considerar las diferencias sociales, económicas y educativas entre las naciones. También rechazaron que los resultados de una evaluación internacional determinen por sí solos la valoración del trabajo de los docentes.

El pronunciamiento vinculó la participación estatal en la prueba con el acceso a financiamiento externo. “El Estado no pide la prueba y la gana, le certifican; pero si los estudiantes del Estado no la aprueban, califica para obtener préstamos inmediatos”, sostuvieron las entidades en referencia a organismos internacionales y al financiamiento educativo.

El gremio cuestionó la falta de programas que, a su juicio, permitan responder a las necesidades del sistema público. También señaló la continuidad de iniciativas que retoman planes de gobiernos anteriores sin resultados comprobados.

Las deficiencias mencionadas incluyen la infraestructura escolar, la alimentación de los alumnos y los recursos disponibles para las comunidades educativas. Para las organizaciones, esas condiciones inciden en la enseñanza y en el desempeño de los estudiantes.

La evaluación del magisterio, afirmaron, debe realizarse a través de los mecanismos previstos por la legislación nacional. “No hay otra evaluación más para el magisterio nacional que la hoja de servicio anual”, indicaron el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio.

Una mesa nacional para educación, salud y seguridad alimentaria

La mesa solicitada por el gremio docente tendría entre sus temas la educación, la seguridad alimentaria, la salud, la movilidad y el ambiente. Las entidades sostuvieron que la crisis institucional requiere un espacio de diálogo con representación de distintos sectores sociales.

El Gobierno de Guatemala no ha aceptado negociar el pliego de solicitudes presentado por el sector docente, afirmaron el STEG y la ANM. Esa falta de negociación forma parte de los cuestionamientos planteados por ambas organizaciones frente a la conducción de las políticas públicas.

Las críticas también alcanzaron a los diputados del Congreso de la República. El gremio los acusó de privilegiar intereses particulares y disputas políticas por encima de la gobernabilidad y de las necesidades de la población.

El reclamo por una instancia de trabajo reúne demandas que exceden al sistema escolar, aunque coloca a la educación pública entre las prioridades. Las organizaciones buscarán exponer sus exigencias ante las autoridades y ante la opinión pública nacional e internacional.

República Dominicana activó protocolos de vigilancia sanitaria y zoosanitaria ante la detección de 13 casos sospechosos de carbunco cutáneo en Haití, mientras intensificó el control de la frontera con ese país mediante infraestructura militar y cercas perimetrales.

La alerta surgió el 26 de agosto, cuando las autoridades de salud de Haití recibieron un reporte sobre presuntos casos de ántrax en Baliverne, una localidad de la quinta sección comunal de Dame-Marie, en el departamento de Grand’Anse, según informó EFE.

La investigación haitiana identificó, además de los casos humanos, la muerte de 20 animales en la zona.

Dos fallecidos y una causa aún sin confirmar

Entre los 13 casos sospechosos se registraron dos muertes, aunque las autoridades sanitarias de ambos países precisaron que todavía no hay confirmación de que el ántrax haya sido la causa directa de esos decesos.

La posible fuente de exposición que investigaron los equipos de epidemiología fue el contacto con ganado enfermo.

El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití desplegó equipos en las comunidades de Brezèl y Briyo para realizar visitas domiciliarias, identificar nuevos casos y reforzar la sensibilización entre la población local, de acuerdo con información publicada por Prensa Latina, agencia estatal cubana.

El gobierno dominicano descarta una emergencia sanitaria

“República Dominicana no registra casos de ántrax ni existe una situación de emergencia sanitaria”, afirmó el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en un comunicado recogido por EFE.

El funcionario subrayó que el refuerzo de la vigilancia respondió a una medida preventiva y que los servicios de salud estaban preparados para identificar cualquier caso sospechoso de forma oportuna.

El carbunco o ántrax es una enfermedad producida por la bacteria Bacillus anthracis, que afecta principalmente a animales herbívoros: ganado bovino, ovino y caprino.

Puede transmitirse a personas mediante el contacto directo con animales infectados o con productos de origen animal contaminados. La enfermedad no se propaga de persona a persona, por lo que el riesgo de contagio por contacto humano es bajo, según precisó el Ministerio de Salud Pública dominicano a EFE.

El foco de las acciones preventivas: el movimiento de animales

Las autoridades dominicanas concentraron las medidas de contención en la movilización no regulada de animales y productos de origen animal a través de la frontera compartida, que se extiende a lo largo de 391 kilómetros.

Ese foco de atención cobró relevancia en un contexto de refuerzo del control fronterizo. El 5 de septiembre, el gobierno dominicano inició la construcción de 14,5 kilómetros adicionales de verja perimetral en el sur de la frontera con Haití, que incluirá seis torres de vigilancia y alcantarillas, según informó EFE.

El proyecto se enmarca en el plan “Frontera Fuerte”, que ya acumula unos 55 kilómetros de cerca construidos y cuenta con 11,000 militares desplegados, junto con drones, cámaras inteligentes y fibra óptica.

Qué es el ántrax y por qué preocupa en zonas rurales

El ántrax cutáneo es la forma más común de la enfermedad en humanos y se produce cuando la bacteria ingresa al organismo a través de cortes o raspaduras en la piel durante el manejo de animales infectados o sus derivados.

Aunque es tratable con antibióticos, la bacteria puede formar esporas que persisten en el suelo durante décadas, lo que complica su erradicación en zonas rurales con sistemas veterinarios débiles.

Las autoridades dominicanas exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y aclararon que las medidas implementadas forman parte de los mecanismos habituales de vigilancia y preparación sanitaria, no de una respuesta de emergencia.

Las autoridades hondureñas realizaron una nueva operación antidrogas en aguas del Caribe y decomisaron 55 paquetes con una sustancia sospechosa de ser cocaína, en un procedimiento que vuelve a poner bajo atención las rutas marítimas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La embarcación fue interceptada a unas 135 millas náuticas al noroeste de Gracias a Dios, en las cercanías de los bancos de pesca Rosalinda, una zona de alta actividad marítima que también ha sido utilizada en operaciones anteriores contra el tráfico de drogas.

Durante la acción fueron detenidas varias personas, aunque las autoridades todavía no han divulgado sus identidades ni el número exacto de ocupantes.

Aún falta confirmar el peso y la sustancia

Por ahora, el decomiso debe manejarse como presunta cocaína.

Los paquetes serán trasladados a una instalación naval en el litoral Atlántico, donde fiscales y técnicos realizarán pruebas químicas y el pesaje correspondiente.

Ese procedimiento permitirá establecer si efectivamente se trata de cocaína y cuál es la cantidad total incautada.

La diferencia es importante porque, aunque el número de paquetes puede dar una idea preliminar del cargamento, no permite determinar por sí solo el peso exacto ni su valor económico.

El Caribe sigue siendo una ruta clave

La ubicación del operativo vuelve a mostrar la importancia estratégica del Caribe hondureño para el movimiento marítimo de drogas.

Gracias a Dios se encuentra frente a un extenso litoral con numerosas rutas marítimas, bancos de pesca y zonas de difícil vigilancia permanente.

Para las autoridades, interceptar embarcaciones en esas áreas implica coordinar vigilancia naval, inteligencia y seguimiento de movimientos sospechosos a grandes distancias de la costa.

En este caso, la operación se desarrolló a más de 100 millas náuticas del territorio continental, lo que evidencia la amplitud de los patrullajes necesarios para controlar esa zona.

Honduras viene de una serie de decomisos

La nueva incautación ocurre después de varias operaciones relevantes contra el narcotráfico durante las últimas semanas.

Las autoridades hondureñas han reportado más de tres toneladas de presunta cocaína decomisadas en un periodo reciente de nueve días, lo que muestra un aumento de operativos tanto en carreteras como en rutas marítimas.

Eso no significa necesariamente que esté ingresando más droga al país.

También puede reflejar una mayor intensidad de vigilancia, mejores capacidades de detección o un cambio en las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.

Otro elemento importante es distinguir entre consumo interno y tránsito internacional.

Por su posición geográfica entre Sudamérica, el Caribe, Guatemala y México, Honduras ha sido utilizada históricamente como territorio de tránsito para cargamentos que buscan continuar hacia Norteamérica.

En operaciones marítimas, las autoridades deberán establecer además el punto de origen de la embarcación, su posible destino, quiénes financiaron el traslado y si existían contactos en territorio hondureño.

Las personas detenidas deberán ser investigadas individualmente y conservarán su presunción de inocencia hasta que un tribunal determine responsabilidades.

Una incautación de 55 paquetes puede detener un cargamento.

Pero el desafío mayor para las autoridades es reconstruir la cadena completa detrás de la operación: quién coordinó el viaje, quién entregó la droga, quién debía recibirla y qué estructura criminal estaba detrás.

Ese es el punto donde una interdicción marítima puede convertirse en una investigación de mayor alcance.

Mientras tanto, el decomiso vuelve a colocar una pregunta sobre la mesa: cuántos cargamentos logran pasar sin ser detectados por una zona marítima tan extensa como el Caribe hondureño.

El Comité Cívico Nacional anunció este viernes un operativo de seguridad, tránsito, atención de emergencias y actividades culturales para el Desfile de Independencia 2026, que se realizará el martes 15 de septiembre en San Salvador, con motivo de los 205 años de independencia de El Salvador.

El recorrido principal comenzará en el monumento al Divino Salvador del Mundo y terminará en el parque Cuscatlán. Para el evento, las autoridades prevén cierres viales desde las 00:00 hasta las 22:00 día 15 de septiembre.

Ante este panorama, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que la PNC asignará más de 500 agentes para custodiar el desfile y las calles de acceso. El dispositivo incluirá a la delegación departamental de San Salvador, fuerzas de tarea y unidades de reserva.

Según Villatoro, los policías trabajarán junto a la Fuerza Armada en labores de vigilancia y de ordenamiento de la circulación vehicular, en coordinación con el Viceministerio de Transporte. Las autoridades pidieron a la población que asista con sus familias y siga las indicaciones de los equipos desplegados.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, señaló que la Fuerza Armada de El Salvador movilizará 3,850 miembros de la institución para formar parte del desfile y presentar sus capacidades operativas.

La institución también destinará más de 410 efectivos a las tareas de seguridad, que se sumarán a los policías anunciados por Villatoro. De acuerdo con el funcionario, el operativo de resguardo contará con alrededor de mil integrantes de ambas instituciones.

El funcionario detalló que el desfile incluirá 240 medios de la Fuerza Armada, entre ellos 134 vehículos, 26 piezas de artillería, 30 caninos, 50 equinos, 15 helicópteros, 17 aviones y seis unidades navales. El recorrido militar tendrá columnas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina Nacional y vehículos temáticos.

El ministro precisó que unas 15 arterias confluyen sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, una de las zonas donde se desplegará el dispositivo. Esas vías tendrán restricciones temporales durante el paso de las unidades hacia el punto de inicio del desfile.

Más de 2,200 estudiantes participarán en el bloque educativo

La ministra de Educación, Karla Trigueros, indicó que 2,284 alumnos de 15 centros escolares y colegios privados integrarán el escalón educativo. El grupo desfilará después de Banda El Salvador, desde el monumento al Divino Salvador del Mundo.

El Ministerio de Educación dispondrá de más de 650 colaboradores para acompañar a los estudiantes, supervisar su hidratación y coordinar la asistencia durante el recorrido.

La participación estará dividida en bloques institucionales, cívicos, culturales y artísticos. Los alumnos portarán pancartas de sus centros educativos, pabellones de países, escoltas, grupos de danza, bandas de paz, porristas y botargas.

Asimismo, el ministro de Cultura, Raúl Castillo, anunció que la cartera aportará 1,200 jóvenes al desfile. Entre ellos habrá 200 alumnos de cuatro escuelas de la Dirección de Formación en Artes y mil integrantes de Banda El Salvador que son:

• Escuela Nacional de Música
• Escuela Nacional de Danza Morena Celarié
• Escuelas de Teatro y Artes Visuales del Centro Nacional.

Finalmente, la Dirección General de Protección Civil comunicó que habrá un plan de contingencia con apoyo del Cuerpo de Bomberos, el Fondo Solidario para la Salud, el Sistema de Emergencias Médicas, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Comando de Sanidad Militar. Las autoridades recomendaron mantener hidratados a los menores de edad y evitar la exposición prolongada al sol de los adultos mayores.

República Dominicana y Estados Unidos acordaron un marco de cooperación para la extracción y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, con el objetivo de identificar proyectos de interés común, facilitar financiamiento y reforzar las cadenas de suministro de recursos destinados a tecnologías avanzadas.

El convenio fue firmado el 10 de septiembre en Santo Domingo por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos. En el acto también participó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el instrumento busca promover inversiones y desarrollo en las distintas etapas de la actividad minera, desde la extracción hasta la separación y el procesamiento de los materiales. Las partes prevén además mecanismos de coordinación para proteger sus mercados y detectar iniciativas ubicadas en ambos territorios.

Bisonó sostuvo que el acuerdo abre una posibilidad para elevar el aprovechamiento local de los recursos dominicanos. “Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, afirmó.

El principal foco de las expectativas sobre tierras raras está en la provincia de Pedernales, en el suroeste dominicano. Allí, la Reserva Fiscal Minera Ávila reúne depósitos de bauxita kárstica que han sido objeto de estudios para determinar la presencia y el potencial de elementos de tierras raras, además de galio y escandio.

La bauxita, materia prima para la producción de aluminio, tuvo actividad extractiva en Pedernales durante décadas. Datos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de República Dominicana (EITI-RD) señalan que la provincia posee grandes reservas explotables de este mineral y que contienen indicios de elementos de tierras raras.

La zona comprende sectores de la Sierra de Bahoruco, una formación geológica compartida entre Pedernales, Independencia y parte de Barahona. El potencial señalado hasta ahora no equivale a una reserva certificada ni supone que exista una explotación inmediata: los estudios de caracterización y evaluación deberán precisar la concentración, viabilidad técnica y rentabilidad de los yacimientos.

Campos vinculó la cooperación con la necesidad de reducir dependencias externas en la cadena de suministro de recursos estratégicos. “Este acuerdo no se limita únicamente a minerales; se trata sobre soberanía, seguridad y prosperidad compartida”, declaró la representante diplomática estadounidense.

La embajadora agregó que el propósito es que ambos países actúen “como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro” al momento de extraer, procesar y fabricar materiales necesarios para industrias del futuro.

Oro, plata, cobre y ferroníquel integran la base minera del país

La riqueza mineral de República Dominicana incluye recursos metálicos, minerales industriales, rocas ornamentales y piedras semipreciosas. El mapa de recursos del Servicio Geológico Nacional identifica depósitos e indicios de oro, plata, cobre, zinc, hierro, níquel y bauxita en formaciones de la Cordillera Central, la Cordillera Oriental, el Cibao y la Sierra de Bahoruco.

La producción metálica se concentra principalmente en Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. En Cotuí, Sánchez Ramírez, opera la mina Pueblo Viejo, que extrae oro y plata. En Maimón, Monseñor Nouel, se encuentran operaciones y recursos de cobre, zinc, oro y plata. La explotación de ferroníquel se sitúa en la franja de Loma Caribe, entre Monseñor Nouel y La Vega.

Las provincias de Hato Mayor y El Seibo presentan condiciones geológicas favorables para depósitos de oro, plata, cobre y otros metales básicos, aunque varias de esas áreas permanecen en etapa de prospección. En San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago y Santiago Rodríguez también se han identificado zonas con potencial para oro, plata y metales básicos.

Estados Unidos ha suscrito marcos de cooperación similares con 27 países, según la Cancillería dominicana. El acuerdo ahora firmado no anuncia una concesión minera específica, sino una plataforma bilateral para estudios, proyectos, inversión y posibles desarrollos en recursos considerados estratégicos.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) reunirá el 15 de octubre a compradores, empresas vendedoras y proveedores estratégicos en el Encuentro de Negocios, una plataforma multisectorial orientada a crear relaciones comerciales, fortalecer cadenas de valor y ampliar las oportunidades de crecimiento empresarial.

La actividad se desarrollará en AGEXPORT – Infinia Center y permitirá que cada participante asuma el rol de vendedor, comprador o ambos.

El formato busca reunir en un mismo espacio a empresas que necesitan nuevos clientes con otras que buscan abastecimiento, servicios y socios para sus operaciones.

El encuentro contempla la participación de supermercados, cadenas de tiendas, distribuidores, importadores, mayoristas y comercios especializados.

También podrán asistir compañías productoras y exportadoras, junto con proveedores de insumos, materias primas, empaques, tecnología y servicios empresariales.

Reuniones comerciales para ampliar clientes y proveedores

Las empresas que busquen vender podrán presentar su oferta ante potenciales compradores interesados en productos, proveedores y soluciones.

Quienes participen para comprar tendrán la posibilidad de identificar aliados estratégicos y servicios que fortalezcan su competitividad.

La jornada incluirá reuniones de negocios y espacios para ampliar redes de contacto. Entre sus objetivos figuran incorporar nuevos compradores a la cartera comercial, establecer alianzas, integrarse a cadenas de valor nacionales y regionales, y conocer soluciones aplicables a las necesidades de cada empresa.

El Encuentro de Negocios se realizará mientras AGEXPORT impulsa una estrategia de vinculación comercial e inteligencia de mercados para duplicar las exportaciones de Guatemala hacia 2035. La entidad también desarrolla acciones de incidencia y alianzas institucionales para facilitar la llegada de productos nacionales a mercados internacionales.

Una de esas alianzas quedó formalizada el pasado 2 de septiembre, cuando AGEXPORT y AmericanHort intercambiaron una carta de colaboración destinada a fortalecer el comercio de productos hortícolas entre Guatemala y Estados Unidos. La gestión estuvo a cargo de la Dirección de Incidencia del Entorno Exportador de la organización guatemalteca.

AmericanHort representa en Estados Unidos a productores, distribuidores, vendedores y otros integrantes de la cadena de valor hortícola.

El acuerdo prevé el intercambio de información sobre disposiciones comerciales, regulatorias y de política pública que puedan afectar el comercio bilateral de esos productos.

La admisibilidad de productos guatemaltecos en Estados Unidos

La colaboración entre ambas entidades establecerá una comunicación permanente para acompañar los procesos de admisibilidad de productos guatemaltecos en Estados Unidos.

También permitirá compartir con las empresas asociadas información sobre congresos, conferencias y otras actividades, con el propósito de ampliar conocimientos técnicos, conexiones empresariales y acceso a tendencias internacionales.

El presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, sostuvo que el acuerdo ofrece a las compañías guatemaltecas información técnica y regulatoria directa para avanzar en el ingreso de nuevos productos al mercado estadounidense. “Esta colaboración es importante porque acerca a las empresas guatemaltecas a información técnica y regulatoria de primera mano, indispensable para avanzar en la admisibilidad de nuevos productos y aprovechar con mayor certeza las oportunidades que ofrece Estados Unidos”.

Ralda añadió que la coordinación entre organizaciones sectoriales reduce las brechas de información y permite construir rutas más claras para acceder al mercado. La cooperación, según explicó, apunta a que más bienes guatemaltecos alcancen compradores internacionales con cumplimiento de requisitos, calidad y valor agregado.

El primer resultado de la alianza fue la participación de Kamron Newberry, coordinador de Asuntos Regulatorios y Comercio de AmericanHort en Washington D. C., en el Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores organizado por AGEXPORT el 2 de septiembre de 2026.

Durante su conferencia, Newberry expuso las principales tendencias del mercado estadounidense de flores y plantas ornamentales. También identificó oportunidades para ampliar la presencia de productos guatemaltecos y remarcó la utilidad de la cooperación institucional para acompañar los procesos de admisibilidad.

“Alianzas como esta convierten la cooperación institucional en oportunidades concretas para los exportadores. Nuestro objetivo es que más productos guatemaltecos lleguen a más compradores internacionales, con cumplimiento, calidad y valor agregado”, afirmó Ralda.

Guatemala registró este viernes 11 de septiembre 14 bloqueos en rutas y zonas urbanas, mientras la Cámara de Comercio de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Exportadores y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana reclamaron medidas para restablecer la circulación y cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre la libre locomoción.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informó que los cierres permanecían activos a las 12:42 y afectaban corredores hacia el norte, oriente y occidente del país, además de distintos sectores de la Ciudad de Guatemala y del departamento de Petén.

La Cámara de Comercio de Guatemala solicitó al presidente de la República y al Consejo de Ministros que decreten un Estado de Prevención. La organización consideró insostenibles las interrupciones al tránsito y los delitos vinculados con esos hechos.

La petición incluye restablecer el orden público, garantizar la libre locomoción, proteger las carreteras estratégicas, evitar nuevas interrupciones y aplicar la ley. La cámara advirtió que los cierres dejan a personas varadas o las obligan a recorrer largos trayectos a pie para llegar a sus empleos, hogares, centros educativos y servicios de salud.

Producción, distribución y servicios bajo presión

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se sumó al reclamo y exigió una intervención inmediata para liberar las vías y asegurar la circulación en los corredores estratégicos. La entidad señaló que las protestas afectan las cadenas de producción y distribución.

Los productos perecederos y los compromisos comerciales figuran entre los sectores expuestos a las interrupciones. Agexport sostuvo que las consecuencias también alcanzan a trabajadores, consumidores y empresas.

La asociación afirmó que los bloqueos no resolverán el alza de los combustibles y, en cambio, elevan los costos operativos y paralizan actividades laborales. También alertó sobre el riesgo para el acceso a la salud y la seguridad de la población.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) expresó preocupación por las protestas en distintos puntos del país, al considerar que vulneran el derecho a movilizarse y afectan la actividad económica nacional. La organización pidió a las autoridades actuar conforme a la ley y respetar los derechos constitucionales.

AmCham Guatemala instó a garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). La cámara sostuvo: “El Estado de Derecho debe prevalecer”.

La entidad solicitó medidas para recuperar el libre tránsito, impedir nuevos bloqueos durante los próximos días y garantizar certeza jurídica. Además, llamó al diálogo bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos y libertad para trabajar, producir y movilizarse.

Los 14 cierres reportados en carreteras y áreas urbanas

En la CA-9 Norte se reportaron cinco bloqueos: en el kilómetro 8, en la entrada a San Rafael de la zona 18; en el kilómetro 13, en la Cuesta del Águila; en el kilómetro 17,5, en Llano Largo; en el kilómetro 21, en Azacualpilla, Palencia; y en el kilómetro 126, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa.

La Ciudad de Guatemala concentraba tres puntos bloqueados: Bethania, en la zona 7; la avenida Petapa, en la zona 12, en el sector de Prados de Villa Hermosa; y el kilómetro 15 de la CA-1 Occidente, en la calzada Roosevelt.

Petén registraba cuatro interrupciones: el kilómetro 447,7 de la CA-13, en el Aeropuerto Mundo Maya de Santa Elena; el kilómetro 434 de esa misma ruta, en la aldea El Chal; el kilómetro 460, en Santa Ana; y el kilómetro 445 de la RD-PET-11, en La Libertad.

Los otros dos cierres se ubicaban en el kilómetro 67 de la CA-1 Oriente, en Los Esclavos, Santa Rosa, y en el kilómetro 254 de la RN-01, en El Boquerón, Esquipulas, San Marcos.

La Corte de Constitucionalidad convocó a una sesión extraordinaria para conocer una solicitud de debida ejecutoria vinculada con el amparo que ordena garantizar la libre locomoción en el país. Entre tanto se conoció que el presidente Bernardo Arévalo se reunió con su consejo de seguridad para asumir una decisión.

El exsubsecretario de Estado Brian Nichols advirtió que odiaría ver a Rosario Murillo continuar en el poder tras la eventual muerte de Daniel Ortega y que la perpetuación de un gobierno dinástico en Nicaragua “debería ser profundamente preocupante para todos” en el hemisferio, según informó La Prensa de Nicaragua.

La declaración la formuló durante un panel en la sede del Diálogo Interamericano, centro de análisis con sede en Washington, donde se analizó la evolución política del país centroamericano y el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Nichols, quien ejerció como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental entre 2021 y 2024, extendió su rechazo también a un eventual traspaso del poder a los hijos de la pareja gobernante.

El régimen Ortega-Murillo acumula 19 años en el poder y, desde 2025, ambos comparten el Ejecutivo con igual jerarquía tras una reforma constitucional que elevó a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.

El 1 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad una nueva reforma que amplía el mandato presidencial de seis a siete años y prohíbe participar en elecciones a quienes el régimen califique de “traidores a la patria”.

La reforma que aplaza el calendario electoral

La medida cancela en la práctica las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 y desplaza cualquier proceso electoral a 2027, año en que la reforma deberá ser ratificada en segunda legislatura para entrar en vigor.

“La idea de que Ortega y Murillo puedan perpetuar su gobierno dinástico en Nicaragua debería ser aborrecible para todos en nuestro hemisferio”, dijo Nichols a La Prensa.

“Odiaría ver a Murillo continuar en el poder después de la muerte de su esposo, e igualmente odiaría ver a sus hijos asumir el poder. Tener ese tipo de gobierno dinástico en cualquier país de nuestro hemisferio debería ser profundamente preocupante para todos”.

El llamado a Donald Trump antes del G20

El exdiplomático consideró que la administración de Donald Trump tiene la oportunidad de plantear el tema de Nicaragua en el G20, cuya celebración está prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida. Llamó a que Washington redoble su enfoque en la situación del país centroamericano.

El panel, moderado por el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, contó además con Alberto Ramdin, secretario general de la OEA; Arnoldo André Tinoco, representante permanente de Costa Rica ante el organismo; y Miriam Kornblith, directora sénior para América Latina y el Caribe en la Fundación Nacional para la Democracia.

La OEA evalúa una reunión de cancilleres

Ramdin fue directo al valorar la crisis: “No se trata solo de no quedarse callado, sino también de que debemos actuar”, afirmó ante el panel, porque lo que ocurre en Nicaragua “tiene impacto en la región”.

El secretario general adelantó que la reunión de cancilleres podría celebrarse entre el 28 y el 29 de septiembre, aunque el 10 de septiembre precisó a medios internacionales que el encuentro se realizará “lo antes posible” tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, de finales del mismo mes.

La convocatoria fue aprobada el 19 de agosto por el Consejo Permanente de la OEA con el voto de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México. Se trata de un mecanismo extraordinario al que el organismo recurre en contadas ocasiones.

Ramdin subrayó que el encuentro debe servir para acordar “medidas concretas”, entre ellas posibles sanciones financieras o de viaje, y no limitarse a emitir nuevas condenas sin efecto práctico.

Costa Rica pidió involucrar al SICA y al Cafta-DR

André Tinoco, el representante costarricense, fue enfático al describir la postura del régimen: “El gobierno nicaragüense ha decidido olvidarse del mundo occidental” y “no le importa si tú o yo nos referimos a ellos”, dijo al panel, según consignó La Prensa.

Señaló que Managua optó por buscar respaldo en Rusia, China y otros países, e insistió en la preocupación de Costa Rica por la presencia de militares rusos en Nicaragua.

Tinoco llamó al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y a las partes del acuerdo Cafta-DR a involucrarse en el tema. El gobierno de Laura Fernández, sostuvo, está comprometido con una “acción colectiva” para presionar al régimen.

Nichols, por su parte, fue más allá y reclamó que “no debería haber ningún beneficio para Nicaragua” dentro de SICA ni ningún cargo ocupado por funcionarios del régimen en ese bloque, e hizo un llamado a “llevar resoluciones como hemisferio dentro del sistema de las Naciones Unidas”.

Las reacciones internacionales y el silencio del SICA

Desde que Ortega anunció el 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, la OEA y las Naciones Unidas fueron las primeras en expresar condenas.

A nivel regional, Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana manifestaron preocupación; Belice y Honduras se sumaron más tarde en el Consejo Permanente de la OEA. El Salvador no se pronunció.

Los gobiernos panameño y dominicano adoptaron las medidas más enérgicas al llamar a consultas a sus embajadores. Como represalia, el régimen cerró la Embajada de Nicaragua en Santo Domingo. El SICA, en cambio, permanece sin pronunciamiento formal.

Kornblith lamentó que, pese a las graves violaciones de derechos humanos documentadas por la OEA y la ONU, la situación de Nicaragua “no se ha convertido en un tema regional lo suficientemente importante”.

Sostuvo que la recuperación democrática en el país “debe ser liderada y combatida por el pueblo” y que la OEA “podría ayudar a involucrar a los actores democráticos de la región”.

Tras el evento, la Fundación para la Libertad de Nicaragua, presidida por Félix Maradiaga, valoró como positiva la conversación sostenida con el secretario general de la OEA. “La Fundación acoge este mensaje como una señal alentadora de voluntad política para devolver a Nicaragua la atención regional que requiere y avanzar hacia una respuesta colectiva que contribuya a recuperar la democracia y proteger los derechos de los nicaragüenses”, indicó en un comunicado.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró este 11 de septiembre la Alerta Anaranjada Nacional en Guatemala por la variabilidad climática, ante un escenario de inseguridad alimentaria, pérdida de cultivos y previsiones adversas de temperatura y precipitaciones que ya afecta a 138 municipios.

En paralelo, Totonicapán activó una Alerta Roja Departamental por la escasez de lluvias que impacta en las siembras y cosechas comunitarias.

La emergencia alcanza a 138 municipios del país, donde se registran daños asociados a las condiciones climáticas. La medida nacional busca reforzar la coordinación entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales para atender las necesidades de las poblaciones afectadas.

La declaración fue comunicada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en su comunicado de prensa número 28-2026.

La institución identificó como factores de riesgo la inseguridad alimentaria, las pérdidas agrícolas y el pronóstico desfavorable para lluvias y temperaturas.

La respuesta se desarrolla bajo el Plan Nacional de Respuesta, que articula las acciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la Secretaría Ejecutiva de Conred.

En los municipios con afectaciones permanecen activos los Centros de Operaciones de Emergencia municipales. Estos espacios concentran la coordinación de la respuesta, la recopilación de información, la identificación de necesidades y la gestión de los recursos disponibles.

La ayuda municipal como primer nivel de respuesta

La entrega de recursos está regulada por el Protocolo Temporal para la Gestión, Solicitud y Atención de Recursos para la Respuesta a Emergencias por Variabilidad Climática. El mecanismo establece que cada municipio debe atender primero la situación con sus capacidades disponibles.

Cuando los recursos locales no alcanzan, la solicitud de apoyo pasa al nivel departamental. Si esa instancia tampoco puede cubrir las necesidades, la gestión se eleva al ámbito nacional.

El Gobierno de Guatemala lidera el trabajo junto con las Coordinadoras Municipales y Departamentales para la Reducción de Desastres, conocidas como Comred y Codred. Estas estructuras conectan a las instituciones y autoridades de los distintos niveles territoriales durante la emergencia.

Conred indicó que mantiene el monitoreo en todo el país y pidió a la población hacer un uso responsable del agua. También recomendó proteger las fuentes de abastecimiento, evitar las quemas y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Totonicapán, bajo alerta roja por el déficit de precipitaciones

La situación en Totonicapán llevó a su Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres a decretar una Alerta Roja Departamental. La decisión busca activar los planes de respuesta, continuar la evaluación agrícola y vigilar los municipios donde se registran impactos.

La reunión que definió la medida fue presidida por el gobernador departamental, Pablo Yax, y contó con la participación del delegado departamental de Conred y representantes de las instituciones públicas que integran la Codred.

Personal del MAGA presentó los resultados de un monitoreo en campo realizado en las zonas agrícolas del departamento. La revisión confirmó efectos de la falta de lluvia sobre las siembras y las cosechas comunitarias.

Las autoridades precisaron que la evaluación sigue en curso y que todavía no existe una cuantificación de las pérdidas. Sin embargo, las afectaciones observadas durante el monitoreo respaldaron la elevación de la alerta departamental al nivel rojo.

La Gobernación Departamental de Totonicapán pidió a los hogares racionar el agua y evitar su desperdicio. La recomendación incluye resguardar los nacimientos de agua y manantiales comunitarios, además de conservar limpios y tapados los recipientes de almacenamiento.

La población también fue instada a seguir únicamente los comunicados oficiales de la Gobernación y de Conred, con el objetivo de evitar la circulación de información no verificada.

Una niña de apenas 3 años y dos hombres murieron en una nueva muerte múltiple registrada en la comunidad de Las Cañas, Sulaco, Yoro, un departamento que durante 2026 ha concentrado varios episodios de violencia de alto impacto.

La Policía Nacional confirmó que las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Emili Orellana, Antonio Escobar y Cruz Márquez Murillo.

Los tres cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda.

“Lamentablemente estamos dando a conocer un nuevo hecho múltiple”, declaró el portavoz de Seguridad Mayer Río, quien explicó que equipos policiales se desplazaron a la zona para procesar la escena y recolectar evidencias.

Una niña quedó atrapada en el ataque

Las primeras versiones recogidas por la Policía señalan que las víctimas tendrían algún vínculo familiar, aunque todavía falta establecer con precisión quién era el objetivo del ataque y por qué la niña terminó alcanzada por la violencia.

Los investigadores deberán reconstruir quiénes ingresaron a la vivienda, cuántas armas fueron utilizadas, desde dónde llegaron los atacantes y cuál era la relación entre las víctimas.

El nombre del Cártel del Diablo vuelve a aparecer

Vecinos mencionaron ante las autoridades una posible relación del crimen con integrantes de una estructura conocida como Cártel del Diablo.

Esa versión forma parte de las líneas de investigación, pero todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía ha desarrollado durante los últimos meses múltiples operaciones contra personas señaladas como miembros o colaboradores de esa organización en municipios de Yoro.

Según la información policial divulgada, 15 personas vinculadas presuntamente con la estructura han sido capturadas, mientras las autoridades estiman que el grupo podría contar con entre 70 y 78 integrantes y colaboradores.

Eso significa que, incluso después de varias detenciones, las fuerzas de seguridad consideran que una parte importante de la estructura continúa activa.

El nuevo crimen también coloca otra vez a Yoro bajo atención. Según el registro citado por medios nacionales, Honduras acumula 24 muertes múltiples durante 2026, de las cuales ocho han ocurrido en Yoro.

Eso equivaldría a aproximadamente una de cada tres.

La concentración territorial puede ser un indicador importante, pero no implica que todos esos hechos tengan el mismo responsable ni respondan a una sola organización.

Cada caso requiere una investigación independiente.

Sulaco se convierte en un punto clave

Sulaco ha aparecido repetidamente en operativos relacionados con estructuras criminales, decomisos y capturas.

La dificultad para las autoridades no consiste únicamente en entrar a estos territorios.

También deben lograr mantener presencia, proteger testigos y evitar represalias contra familias que permanecen en las comunidades.

Ese reto se vuelve todavía más complejo cuando una estructura criminal cuenta con redes de apoyo local o capacidad de moverse entre zonas rurales y montañosas.

El crimen de Las Cañas abre varias interrogantes.

¿Los adultos eran el objetivo principal? ¿La niña murió como consecuencia de un ataque dirigido contra otra persona? ¿Existe realmente una relación con el Cártel del Diablo? ¿Está conectado este hecho con otros homicidios registrados recientemente en Yoro?

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva.

Lo único confirmado es que tres personas murieron dentro de una vivienda y una de ellas era una niña de 3 años.

En un departamento donde ya se acumulan múltiples episodios de violencia, ese dato vuelve a mostrar que el impacto del crimen organizado no siempre se limita a quienes participan en las disputas: también alcanza a familias y menores que quedan atrapados en medio de ellas.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció durante el XXI Congreso Industrial que campañas de desinformación y grupos interesados en generar caos buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas, en medio de bloqueos vinculados al alza de los combustibles y la volatilidad internacional del petróleo, según informó el Diario Digital Soy502.

El mandatario sostuvo que atribuir el encarecimiento de los carburantes únicamente a decisiones internas omite factores externos que exceden el control de cualquier gobierno nacional.

“No podemos seguir intentando manipular la opinión pública mediante desinformación cuando enfrentamos desafíos que son de carácter internacional como el costo de los combustibles que afecta a la población en su conjunto, pero que depende de factores externos fuera del control de cualquier gobierno nacional”, afirmó.

Arévalo señaló que las evaluaciones del Ejecutivo detectaron patrones de conducta orientados a profundizar la inestabilidad social e institucional. Pidió al sector empresarial, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que el debate público se base en hechos verificables y no en una percepción de crisis incontrolable.

Estabilidad institucional y proyectos económicos

La economía guatemalteca registró un crecimiento de 4.3% y mantiene previsiones favorables para el actual ejercicio fiscal, según expuso el Presidente. Para preservar ese ritmo, planteó la necesidad de mantener estabilidad, certeza jurídica y un entorno institucional libre de interferencias.

El jefe de Estado vinculó esa condición con proyectos de infraestructura logística, como la modernización portuaria, el transporte masivo en el área metropolitana y las reformas al marco de alianzas para el desarrollo. Afirmó que existen sectores que buscan recuperar cuotas de poder dentro del Estado para fines ilícitos.

De cara a las etapas previas del próximo proceso electoral, Arévalo pidió resguardar el marco constitucional. Advirtió que la captura de estructuras políticas y el uso indebido de espacios públicos para asegurar impunidad deterioran derechos ciudadanos y afectan las perspectivas de desarrollo a largo plazo.

El gobernante convocó a los sectores productivos a defender la institucionalidad y aseguró que el Gobierno concentrará los meses restantes de gestión en proyectos estratégicos, transparencia en el uso de recursos públicos y bases permanentes para el bienestar compartido. “A los líderes de la industria y a toda la sociedad guatemalteca los invito a defender la democracia, a preservar la estabilidad, si realmente queremos mantener un estado que avanza y desarrolla hacia ese horizonte de bienestar compartido, de bien común que tenemos claramente identificado en nuestra Constitución”, concluyó.

Combustible disponible y rutas bloqueadas

Guatemala cuenta con combustible suficiente para atender la demanda nacional, pero los bloqueos viales impiden que los camiones con hidrocarburos lleguen a distintas regiones, informó el Ministerio de Energía y Minas.

La cartera descartó problemas en las fuentes de suministro, aunque reconoció riesgos para la entrega oportuna en las estaciones de servicio.

El Ministerio mantiene un monitoreo de las existencias de gasolinas y diésel, además de las condiciones de distribución. También pidió evitar compras de pánico y advirtió que las interrupciones en carretera afectan el traslado de bienes esenciales, los servicios públicos y otras actividades productivas.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, informó que se registraban 13 bloqueos y detalló cierres en el kilómetro 19 de la CA-1 Occidente, en Mixco; el kilómetro 67 de la CA-1 Oriente, en Los Esclavos, Santa Rosa; y el kilómetro 168 de la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez.

También reportó bloqueos en los kilómetros 17,5, 13 y ocho de la CA-9 Norte, en Llano Largo, zona 25; cuesta del Águila, zona 18; y la entrada a San Rafael, zona 18. A ellos se suman el kilómetro 126 de la CA-9 Norte, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa, y el kilómetro 477,7 de la CA-13, en el Aeropuerto Mundo Maya de Santa Elena, Petén.

Los otros puntos detallados fueron el Anillo Periférico, en la colonia La Bethania de la zona siete; el kilómetro 515 de la RD-PET-11, en La Libertad, Petén; y el kilómetro 254 de la RN-01, en El Boquerón, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Ante un atragantamiento, los especialistas recomiendan actuar de inmediato, mantener la calma y evitar maniobras que puedan empujar el objeto aún más dentro de la vía aérea.

Esa fue una de las principales advertencias de Audy Echeverría, terapista respiratorio de la Cruz Roja Salvadoreña, y de José García, instructor de primeros auxilios para perros de la institución, durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que tiene lugar el segundo sábado de septiembre.

Según explicó Echeverría, la fecha fue establecida en el 2,000 por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para promover conocimientos básicos que permitan responder ante una emergencia antes de la llegada de los equipos de socorro.

Durante la entrevista, Echeverría indicó que el primer paso es conservar la calma. “Yo no puedo atender a una persona con el mismo temor que me transmite”, afirmó.

Una obstrucción completa de la vía aérea puede impedir que la persona respire, hable o tosa, por lo que requiere asistencia urgente.

El especialista insistió en que los minutos —e incluso los segundos— son determinantes. “Si no la manejamos en el momento, son segundos para que pierda la vida una persona”, señaló al referirse a los atragantamientos.

La recomendación es pedir ayuda de emergencia cuanto antes y comenzar las maniobras de primeros auxilios mientras llega una ambulancia. En El Salvador, los entrevistados sugirieron tener a mano los números de emergencia de la zona de residencia, incluido el 911 y el de Cruz Roja Salvadoreña, 2222-5155.

Los especialistas destacaron que varios intentos habituales de auxilio pueden agravar el cuadro. Echeverría pidió no introducir los dedos en la boca de una persona si el objeto no está a la vista, porque esa acción puede desplazarlo hacia una zona más profunda de la tráquea.

Tampoco aconsejó ofrecer agua, alimentos ni medicamentos. “No se me va a ocurrir darle agua para que le baje”, dijo. Si la vía aérea está bloqueada, la persona no puede tragar de manera segura y el líquido puede empeorar la obstrucción.

Otra advertencia fue no limitarse a trasladar al paciente al hospital sin aplicar asistencia en el lugar. El tiempo del viaje o de espera de una ambulancia puede resultar decisivo si la persona no recibe oxígeno.

Las guías de la Cruz Roja y de la Asociación Estadounidense del Corazón recomiendan activar el sistema de emergencias y realizar maniobras de desobstrucción en los casos graves.

Cinco golpes en la espalda y cinco compresiones abdominales en adultos y niños

Para un adulto o un niño consciente con una obstrucción grave, la recomendación actual es alternar cinco golpes firmes entre los omóplatos y cinco compresiones abdominales, hasta que el objeto salga o la persona pierda el conocimiento. Las compresiones abdominales se realizan desde atrás, con impulsos hacia adentro y hacia arriba, por encima del ombligo y sin presionar sobre el extremo inferior del esternón.

Echeverría se refirió a esta técnica como la maniobra de Heimlich y explicó que busca utilizar el aire retenido en los pulmones para expulsar el elemento que bloquea el paso de aire. García sostuvo que la intervención inmediata busca “salvar la vida en el momento” en que ocurre la emergencia.

Si la persona queda inconsciente, debe colocarse sobre una superficie firme, llamar o volver a llamar al servicio de emergencias e iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) si se cuenta con entrenamiento. Solo corresponde retirar un objeto con los dedos cuando pueda verse claramente dentro de la boca.

Los bebés requieren una técnica distinta

En lactantes, los entrevistados recomendaron sostener al bebé boca abajo, con la cabeza más baja que el tronco, y aplicar palmadas controladas en la espalda. Las pautas vigentes establecen alternar cinco golpes en la espalda con cinco compresiones torácicas. No se deben realizar compresiones abdominales en bebés, debido al riesgo de lesiones.

La prevención también forma parte de los primeros auxilios. García alertó sobre los juguetes pequeños, que pueden terminar en la boca de bebés y niños. En los adultos, el riesgo aumenta al comer mientras se habla, se ríe o se realizan otras actividades.

Echeverría resumió esa pauta con una recomendación sencilla: si se está comiendo, conviene concentrarse en comer. Además, pidió supervisar de forma permanente a los niños y mantener fuera de su alcance juguetes u objetos pequeños que puedan causar una obstrucción.

Tres decisiones judiciales dictadas en las últimas horas en República Dominicana establecieron dos condenas de 20 años de prisión y una medida de prisión preventiva por tres meses contra hombres acusados o hallados culpables de violaciones y agresiones sexuales contra niñas y una adolescente. Los procesos se desarrollaron en Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Azua.

El Ministerio Público informó que las resoluciones respondieron a investigaciones de fiscalías especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. En los tres expedientes, las víctimas son menores de edad, por lo que las autoridades omitieron sus identidades.

Una de las sentencias alcanzó a André Morel de los Santos, condenado a 20 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años en el Distrito Municipal de La Guáyiga, municipio de Pedro Brand.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste emitió el fallo tras valorar las pruebas presentadas por la acusación.

Según la investigación dirigida por el fiscal Joel Pinales, Morel de los Santos aprovechaba las ausencias de la madre de la víctima para cometer los abusos. El expediente establece que los hechos comenzaron cuando la niña tenía cinco años y que el acusado la amenazaba para impedir que relatara lo ocurrido.

En otra decisión, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste impuso 20 años de cárcel a Keidel Valdez por la violación sexual de una adolescente de 13 años en el sector El Café de Herrera. El hecho ocurrió el 9 de enero de 2025, de acuerdo con la acusación.

La Fiscalía señaló que la adolescente acompañó a una amiga a buscar dinero a una vivienda cercana a sus casas. Mientras esperaba, Valdez la obligó a entrar a una habitación, donde cometió la agresión, según consta en el expediente judicial.

La fiscal Rosa Terrero estuvo a cargo de la investigación. Durante el juicio, las fiscales Brenda Reyes y Francheska Alcántara incorporaron un certificado médico forense, una evaluación psicológica y el testimonio de la víctima, que también fue recibido mediante Cámara Gesell.

El Ministerio Público sostuvo que las pruebas demostraron la responsabilidad del condenado y la vulneración de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

El tribunal, presidido por María Cordero del Socorro e integrado por las juezas Clara Joselyn Rivera Franco y Sandra Josefina Cruz, dispuso que Valdez cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

Un acusado en Azua recibió tres meses de prisión preventiva

La tercera resolución fue dictada por un tribunal de Azua, que ordenó tres meses de prisión preventiva contra Manuel Antonio Montilla Encarnación, imputado por violación y agresión sexual contra una niña de 10 años.

La medida fue solicitada por la fiscal Nélia Melo Mejía, responsable de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía de Azua. La jueza Dania Abreu, del Juzgado de Atención Permanente, aceptó el pedido de la acusación al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de que el imputado intentara eludir el proceso.

La investigación comenzó después de que el hermano de la víctima presentara una denuncia ante la fiscalía. Según las autoridades, la niña relató a su cuñada que el acusado, quien mantenía una relación de confianza con su madre, había cometido tocamientos indebidos.

Los estudios practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) respaldaron las afirmaciones de la menor, informó la fiscalía. Montilla Encarnación deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua

Dos nuevas muertes por influenza en Panamá fueron incorporadas por el Ministerio de Salud (Minsa) durante la semana epidemiológica 33, comprendida entre el 16 y el 22 de agosto. Con estos registros, el acumulado nacional aumentó de 61 a 63 fallecimientos en lo que va de 2026.

La actualización mantiene a los adultos mayores como el grupo más afectado por las complicaciones mortales. De las 63 defunciones registradas, el 61.9% correspondió a personas de 65 años o más, mientras que los menores de un año y los adultos de 60 a 64 años representaron conjuntamente el 9.5%.

El historial de vacunación también expone una característica recurrente entre las víctimas. El Minsa informó que el 98.4% no había recibido la vacuna contra la influenza de la temporada actual y el 82.5% tampoco estaba vacunado contra la temporada de 2025. Además, el 82.5% tenía factores de riesgo.

Entre las condiciones asociadas con mayor frecuencia aparecen la edad avanzada y las enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales. Estos antecedentes pueden reducir la capacidad del organismo para responder a la infección y favorecer cuadros como neumonía, descompensación de enfermedades crónicas, insuficiencia respiratoria o afectación de varios órganos.

La influenza generalmente comienza con fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, dolores musculares y cansancio intenso. Aunque muchas personas se recuperan en pocos días, la aparición de dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, deshidratación o un deterioro repentino exige atención médica.

En niños pequeños, las señales de urgencia incluyen respiración acelerada, labios o rostro azulados, fiebre acompañada de erupciones, convulsiones y dificultad para mantenerse despiertos. También debe buscarse asistencia cuando los síntomas mejoran y después regresan con fiebre o una tos más intensa, porque puede existir una complicación secundaria.

El síndrome gripal también mostró un incremento entre ambos informes. Los casos notificados pasaron de 696 en la semana 32 a 741 durante la semana 33, una diferencia de 45 y un aumento aproximado del 6.5%. Pese a esa variación, la cifra fue inferior a los 1,236 casos observados en igual periodo de 2025.

El acumulado anual de síndrome gripal alcanzó 28,441 casos y una tasa de 615.1 por cada 100,000 habitantes. En la semana anterior se contabilizaban 27,645. La diferencia entre ambos acumulados supera los casos reportados en el último periodo, lo que puede responder a actualizaciones incorporadas posteriormente al sistema de vigilancia.

Las infecciones respiratorias agudas graves, categoría que incluye bronconeumonías y neumonías, permanecieron estables. El reporte pasó de 483 a 482 casos semanales, apenas uno menos. Sin embargo, el acumulado aumentó de 12,833 a 13,379, con una tasa de 289.4 casos por cada 100,000 habitantes.

Una infección respiratoria puede volverse mortal cuando los pulmones dejan de oxigenar adecuadamente la sangre, aparece sepsis o se descompensa una enfermedad previa. El riesgo aumenta en adultos mayores, bebés, embarazadas, personas inmunosuprimidas y pacientes con problemas cardíacos, pulmonares, renales o metabólicos, especialmente si demoran la consulta médica.

En malaria, el total acumulado pasó de 5,062 a 5,186 casos, una diferencia de 124. Sin embargo, este aumento no representa únicamente contagios detectados durante la semana 33: el Minsa notificó 11 casos recientes e incorporó otros 113 correspondientes a periodos anteriores.

La malaria suele provocar fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades febriles. En sus formas graves puede causar cansancio extremo, alteración de conciencia, convulsiones, dificultad respiratoria, orina oscura, ictericia o sangrado. Sin tratamiento, algunas infecciones pueden avanzar rápidamente y resultar mortales.

Los registros de fiebre por hantavirus también aumentaron de 17 a 19 casos acumulados. El informe incluye un caso notificado durante la semana 33 y otro correspondiente a semanas anteriores. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus, la manifestación más peligrosa de la infección, se mantuvo en 16 casos durante 2026.

La enfermedad puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares, náuseas, vómitos o dolor abdominal. El cuadro se vuelve crítico cuando aparecen tos, falta de aire, acumulación de líquido en los pulmones, presión arterial baja y choque. En América, este síndrome puede presentar una elevada proporción de desenlaces mortales.

El chikungunya aumentó de cuatro a seis casos, uno de ellos importado, mientras la leishmaniasis pasó de 1,719 a 1,762. Leptospirosis avanzó de 37 a 39 mediante actualizaciones de semanas anteriores y mpox subió de seis a ocho, aunque no se reportaron infecciones nuevas en el periodo analizado.

Las cifras confirman que la reducción general frente a 2025 no elimina el riesgo individual de sufrir complicaciones graves. Fiebre con dificultad respiratoria, sangrado, convulsiones, confusión o deterioro acelerado requiere valoración inmediata. La vacunación, el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación continúan siendo las principales barreras frente a desenlaces mortales.

Las reservas de alimentos de las familias más afectadas en el Corredor Seco centroamericano se agotan en tres semanas o menos, según datos recientes. Con ese telón de fondo regional, el lago Güija, en el límite entre El Salvador y Guatemala, concentra hoy una de las alertas más concretas de la crisis.

El nivel del lago Güija, el cuerpo de agua binacional que comparten El Salvador y Guatemala, no alcanzó durante este invierno salvadoreño los valores habituales.

Pescadores y agricultores de sus orillas temen que el verano traiga una caída aún mayor, sin precedentes en la memoria de las comunidades. Así lo informó la agencia EFE desde Metapán, municipio del departamento de Santa Ana, a 125 kilómetros de la capital salvadoreña.

El lago Güija tiene 45 kilómetros cuadrados: el 74% de su superficie pertenece a El Salvador y el 26% restante a Guatemala. Forma parte del Área Natural Protegida San Diego-San Felipe Las Barras, declarada sitio Ramsar en 2010, y se conecta con la cuenca del río Lempa, el más largo de Centroamérica, con 422 kilómetros de recorrido, usado principalmente para riego y generación eléctrica.

La sequía dejó más de un mes sin lluvia en la zona

El agricultor Marlon López relató a EFE que en la zona del lago “pasó un mes y quince días sin caer una sola gota de agua”. Aunque en las últimas semanas llegaron algunas precipitaciones, aclaró que “no ha sido lo suficiente para llenar el lago”.

El invierno salvadoreño se extiende de mayo a noviembre. Las comunidades cifran sus esperanzas en que las lluvias se intensifiquen antes del cierre de esa temporada, pero los pronósticos apuntan en dirección contraria.

Un pescador que pidió reservar su identidad graficó el temor al verano: “Para el verano el pescado ya está reproducido, pero como no ha llovido lo suficiente es probable que no haya pescado como no se reprodujo, por eso pensamos que va a estar peor la cosa”, dijo a la agencia.

Sin agua potable, las comunidades dependen del lago

El biólogo Rubén Sorto explicó a EFE que en muchas zonas de El Salvador no hay acceso a agua potable y que los habitantes de las orillas del Güija “se ven la necesidad de ocupar esa agua” para cubrir sus necesidades básicas. Ese consumo directo también contribuye a bajar el nivel del lago.

El experto advirtió que los cuerpos de agua recuperan su nivel con las lluvias, pero que “si no llueve, como en nuestro caso, no hay manera de llegar al nivel óptimo”.

La caída del nivel afecta también la reproducción de la tilapia, especie que se cría en pequeñas parcelas instaladas por los propios pescadores dentro del lago. Una menor reproducción reduciría el volumen de pesca disponible en verano, cuando esas familias más dependen del recurso.

Una mina de oro agrega presión sobre el lago

A la amenaza hídrica se suma un riesgo de contaminación. La empresa canadiense Gold Corp opera el proyecto minero Cerro Blanco en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, a 17,9 kilómetros del lago, según informó EFE.

La proximidad de esa explotación de oro a la frontera con El Salvador genera preocupación adicional en las comunidades, que ya enfrentan la alerta roja por sequía decretada el 25 de agosto por la Dirección de Protección Civil salvadoreña.

El lago también es hábitat de diversas aves, lagartos y serpientes, como boas y víboras, cuyas poblaciones podrían verse afectadas por la reducción del espejo de agua.

El fenómeno El Niño se intensifica y amenaza a millones en la región

La situación del Güija no es un caso aislado. El fenómeno El Niño 2026-2027 se ha consolidado y podría alcanzar una categoría de alta intensidad en los próximos meses, según la Organización Meteorológica Mundial.

Los pronósticos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) asignan un 63% de probabilidades a un episodio fuerte, definido como aquel en que la temperatura superficial del mar supera en más de 2°C los valores de referencia en el Pacífico.

La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR), que agrupa a las mesas nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, alertó que la vida y la salud de alrededor de siete millones de personas podrían estar en riesgo por la combinación de sequía, calor extremo, pérdida de cosechas y alza en los precios de los alimentos.

Una evaluación regional citada por la CRGR, realizada en 354 comunidades de 58 municipios, reveló que las familias rurales de El Salvador, Guatemala y Honduras perdieron casi el 100% de sus cosechas de maíz y frijol. Las reservas alimentarias de esos hogares alcanzan para tres semanas o menos.

Ante ese cuadro, la FICR activó su Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres y destinó 1,2 millones de francos suizos (cerca de USD 1,5 millones) para asistir a más de 22.000 personas. En El Salvador, el plan prevé apoyo para 10.000 personas en los departamentos de Morazán y La Unión. En Guatemala, otras 10.000 recibirán ayuda en municipios del Corredor Seco.

A escala global, el Programa Mundial de Alimentos estima que los efectos de El Niño podrían empujar a al menos 49 millones de personas adicionales a una situación de inseguridad alimentaria grave antes de finales de 2027, con Centroamérica como la región que registra el mayor aumento proporcional: 83.1%.

Un millón de puestos de trabajo en Centroamérica dependen del comercio con el resto de América Latina, pero siete de cada diez son de baja calificación y escasa complejidad tecnológica.

Esa es la conclusión central de un análisis publicado este viernes en la Revista CEPAL número 149, que cuantificó por primera vez el vínculo entre las exportaciones intrarregionales de seis países centroamericanos y la generación de empleo en la subregión.

La cifra exacta que estimó el estudio fue de 1,004,204 puestos de trabajo asociados a las exportaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá hacia América Latina y el Caribe durante 2023 y 2024.

Guatemala concentra más del 40% del empleo intrarregional de la subregión

La distribución entre los seis países es desigual. Guatemala encabezó el listado con 407,924 puestos, seguida por El Salvador con 184,442 y Honduras con 139,208.

Costa Rica aportó 133,655 empleos bajo esa misma medición, Nicaragua 115,161 y Panamá 23,814. La brecha entre el primer y el último lugar superó los 380,000 puestos.

La composición sectorial del empleo total reforzó ese diagnóstico. El 89.1% de los puestos estuvo asociado a la producción de bienes y solo el 10,9% a servicios.

Las manufacturas explicaron el 83.5% del total: las livianas, alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confecciones y calzado, representaron el 57.7% del empleo vinculado al comercio intrarregional, mientras que las pesadas aportaron otro 25.8%. Los productos primarios explicaron apenas el 5.6%.

El perfil de calificación es más bajo en Centroamérica que en el promedio latinoamericano

A escala latinoamericana, el 53.5% del empleo vinculado a exportaciones intrarregionales fue de baja calificación, el 32.4% de calificación media y el 14.3% de alta calificación. En Centroamérica, los porcentajes de baja calificación superaron de manera sistemática esa referencia regional.

Guatemala presentó el dato más elevado: el 83% del empleo ligado a sus exportaciones intrarregionales correspondió a ocupaciones de baja calificación. Honduras y Nicaragua registraron 74% cada una. Costa Rica alcanzó el 72%, a pesar de ser el país con mayor participación relativa de manufacturas de mayor contenido tecnológico y servicios modernos dentro de la subregión.

Panamá mostró una estructura algo más equilibrada, asociada al peso de los servicios en su economía, aunque su volumen total de empleo vinculado al comercio intrarregional fue el más reducido de los seis.

Nicaragua, El Salvador y Panamá lideran la participación femenina

Del total de empleos latinoamericanos asociados a exportaciones intrarregionales, el 36.1% correspondió a mujeres, según la estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Tres países centroamericanos superaron ese promedio.

Nicaragua registró la mayor participación femenina de la subregión, con las mujeres en el 47% del empleo vinculado a exportaciones intrarregionales. Panamá y El Salvador se ubicaron cerca del 43% cada uno.

La CEPAL relacionó esa mayor presencia femenina con economías orientadas hacia manufacturas y servicios, en contraste con las actividades extractivas y agropecuarias, donde predominó el empleo masculino.

El comercio intrarregional representa el 30% de las exportaciones totales de Centroamérica

La CEPAL documentó en publicaciones recientes que las exportaciones intrarregionales equivalieron a aproximadamente el 30% de las exportaciones totales de la subregión, lo que convirtió al mercado latinoamericano en el principal destino después de Estados Unidos.

El análisis de la Revista CEPAL 149 reforzó esa lectura desde el ángulo del empleo: el millón de puestos que sostuvo el comercio intrarregional fue una plataforma real, pero construida sobre una base de baja complejidad productiva.

Las manufacturas ligeras y la maquila dominaron la estructura, lo que limitó la capacidad de esos empleos para generar encadenamientos hacia actividades de mayor productividad y mejor remuneración.

La desaceleración de la demanda estadounidense presiona el modelo

El contexto macroeconómico reciente agregó presión adicional. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, también publicado por la CEPAL, proyectó una expansión del PIB de apenas 1% para Centroamérica y México en 2025, como resultado del debilitamiento de la demanda externa estadounidense.

Ese escenario incidió directamente sobre el empleo vinculado al comercio, dado que Estados Unidos siguió siendo el principal mercado de destino de las exportaciones centroamericanas fuera de la región.

Al mismo tiempo, una posible desaceleración de las remesas, que en El Salvador, Honduras y Nicaragua superaron el 20% del PIB, podría reducir el consumo interno que sostuvo parte de la demanda de manufacturas locales.

La CEPAL insistió en que la solución estructural pasó por políticas activas que elevaran la complejidad de las exportaciones, mejoraran la calificación de la fuerza laboral y diversificaran los mercados de destino.

Según el análisis del organismo, el millón de empleos que dependió del comercio intrarregional centroamericano fue un punto de partida.

El Ministerio de Salud de Costa Rica oficializó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035, una hoja de ruta que orientará durante la próxima década las políticas públicas destinadas a garantizar que todas las personas puedan acceder a una alimentación saludable, suficiente, inocua y sostenible.

La iniciativa se complementa con un Plan de Acción 2026-2030, que establece las primeras medidas concretas para avanzar en los objetivos trazados y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad alimentaria y nutricional en el país.

El proceso fue liderado por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y pretende articular acciones dirigidas tanto a la producción y disponibilidad de alimentos como a la nutrición, la educación y la creación de condiciones que faciliten elecciones saludables.

Uno de los datos que sustenta la necesidad de la estrategia es que el 16.4% de los hogares costarricenses enfrenta dificultades para acceder a una alimentación saludable y suficiente, según la información divulgada con la presentación del plan.

Para las autoridades, esta situación evidencia la necesidad de mantener una política nacional que permita coordinar esfuerzos para reducir las desigualdades, proteger la salud y garantizar el derecho a una alimentación adecuada.

Una estrategia que abarcará la próxima década

El nuevo plan establece una ruta de trabajo interinstitucional que busca fortalecer varios componentes del sistema alimentario del país.

Entre ellos figuran la disponibilidad de alimentos, la producción sostenible, la educación alimentaria y nutricional y la mejora de los entornos donde las personas compran y consumen alimentos.

La estrategia pretende, además, desarrollar condiciones que permitan que la población tenga mayores posibilidades de adoptar hábitos saludables sin que esas decisiones dependan únicamente de factores individuales.

En ese sentido, el plan parte de una visión integral de la seguridad alimentaria, entendida no solamente como la existencia de productos disponibles en el mercado, sino también como la capacidad de las familias de acceder a ellos y consumirlos bajo condiciones que favorezcan su bienestar.

El Ministerio de Salud destacó que la iniciativa se enmarca dentro del compromiso gubernamental de fortalecer las políticas públicas relacionadas con salud y nutrición, además de promover sistemas alimentarios más resistentes ante cambios económicos, ambientales o sociales.

Más apoyo a productores y comercialización local

Entre las principales acciones contempladas aparece el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos, una medida dirigida a facilitar el vínculo entre quienes producen y quienes consumen.

El plan también impulsa los denominados circuitos cortos de comercialización, que buscan reducir intermediarios y generar relaciones más directas entre productores y consumidores.

Este enfoque pretende fortalecer las economías locales, mejorar las oportunidades de comercialización para los productores y facilitar el acceso de las comunidades a productos alimenticios.

Otra de las líneas de trabajo será el uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país.

Con ello, las autoridades buscan que el crecimiento de la producción alimentaria pueda mantenerse en el tiempo y responda tanto a las necesidades de la población como a criterios de sostenibilidad ambiental.

La propuesta reconoce además que los desafíos relacionados con la alimentación presentan características diferentes según la región, por lo que plantea una participación activa de los territorios y las comunidades.

Educación nutricional y entornos más saludables

El plan incorpora también medidas dirigidas a mejorar la educación alimentaria y nutricional de la población.

El objetivo es proporcionar herramientas que permitan adoptar decisiones informadas sobre el consumo de alimentos y, al mismo tiempo, intervenir en los entornos donde las personas realizan esas elecciones.

Por esa razón, una de las prioridades será mejorar los espacios donde los ciudadanos adquieren y consumen alimentos, con el propósito de favorecer opciones saludables y accesibles.

La estrategia también promueve una mayor participación comunitaria en las decisiones relacionadas con seguridad alimentaria, de manera que las políticas puedan responder a las necesidades y condiciones específicas de las poblaciones.

El documento reconoce el derecho humano a una alimentación adecuada como uno de los ejes centrales de la política pública en esta materia.

Trabajo entre Estado, productores y comunidades

La implementación del plan requerirá la participación de múltiples actores.

Además del Ministerio de Salud y el MAG, la estrategia plantea la intervención de otras instituciones del Estado, gobiernos locales, sector productivo, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

La intención es que la seguridad alimentaria no dependa exclusivamente de una institución, sino que sea abordada mediante una coordinación entre quienes participan en las distintas etapas de producción, comercialización, regulación y consumo de alimentos.

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 busca así convertirse en el marco de referencia para las acciones que el país desarrollará durante los próximos diez años.

Un nuevo video atribuido a un supuesto integrante del Cártel del Diablo volvió a colocar bajo presión a las autoridades hondureñas.

En la grabación, difundida este 11 de septiembre, un hombre afirma encontrarse “relajado” bañándose en un río, asegura que está debajo del puente de Victoria, Yoro, y reta directamente al director de la Policía y al presidente a enviar más agentes para intentar capturarlo.

“Manden más policías”, se escucha decir al hombre antes de lanzar una frase desafiante: “Jamás van a poder conmigo, el Cártel del Diablo”.

El individuo también hace referencia a L2 millones, unos US$74.500 al tipo de cambio reciente, aparentemente en alusión a una recompensa vinculada con su captura.

La identidad exacta del hombre y la existencia, condiciones y destinatario concreto de esa recompensa deben ser confirmadas oficialmente.

Una exhibición pública de desafío

El contenido del video va más allá de una provocación en redes sociales.

El mensaje busca proyectar una imagen de control y seguridad frente a las autoridades: el hombre asegura permanecer tranquilamente en una zona conocida mientras desafía abiertamente a la Policía a encontrarlo.

Ese tipo de grabaciones puede funcionar también como herramienta de intimidación.

Para una estructura criminal, mostrarse públicamente en un territorio mientras asegura que las autoridades no pueden capturarla puede reforzar entre habitantes y colaboradores la percepción de que el grupo conserva capacidad de movimiento y presencia local.

Pero el video tampoco demuestra por sí solo que el hombre se encuentre actualmente en el lugar que menciona o que la grabación haya sido realizada en la fecha en que comenzó a circular.

Meses de operaciones contra el Cártel del Diablo

La Policía Nacional ha desarrollado durante 2026 múltiples operaciones contra personas señaladas como integrantes o colaboradores de esta estructura en Yoro.

En marzo, las autoridades capturaron a un hombre conocido como “El Cholo”, a quien vincularon con el grupo y a quien decomisaron prendas alusivas a la organización, teléfonos y equipo similar al militar.

En mayo también fueron detenidas dos mujeres, entre ellas una señalada por la Policía como hermana de uno de los supuestos dirigentes, durante operativos en Sulaco.

Ese mismo mes, DIPAMPCO informó sobre la captura de una mujer apodada “Nena”, identificada por las autoridades como presunta administradora financiera del grupo.

Y apenas el 2 de septiembre, agentes antidrogas detuvieron a Patricio Ferrera Rodas, señalado como hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, a quien distintas fuentes policiales identifican como una figura relevante de la estructura. Durante el procedimiento se decomisaron envoltorios con supuesta cocaína.

Secuestros, drogas y armas

Las autoridades hondureñas vinculan al denominado Cártel del Diablo con investigaciones por secuestros, tráfico de drogas, armas y homicidios, aunque la responsabilidad penal de cada detenido debe ser determinada individualmente por los tribunales.

En octubre de 2025, DIPAMPCO ya había informado de capturas de integrantes señalados por delitos de alto impacto en sectores de Yoro, Olancho y Francisco Morazán.

Durante 2026, además, la Policía ha mantenido operaciones en zonas rurales y montañosas donde presume que existen células o colaboradores de la organización.

El reto ya no es solamente encontrarlo

Si el hombre realmente pertenece a la organización y se encuentra en la zona que menciona, el desafío ya no consiste únicamente en identificarlo.

Se trata de demostrar que el Estado puede entrar, permanecer y ejecutar capturas en territorios donde estructuras criminales intentan proyectar la idea de que tienen ventaja sobre la Policía.

La provocación puede ser propaganda.

Pero mientras el responsable del mensaje continúe en libertad, también se convierte en un desafío directo a la capacidad de respuesta de las instituciones.

La cantidad de usuarios con acceso a servicios de banca digital en Costa Rica prácticamente se duplicó en seis años, reflejando un cambio acelerado en la manera en que los clientes interactúan con las entidades financieras y realizan sus operaciones cotidianas.

Entre 2019 y 2025, la cantidad de clientes con acceso a plataformas web o aplicaciones móviles de ocho entidades financieras privadas pertenecientes a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pasó de 1.28 millones a 2.55 millones.

El crecimiento no se limitó únicamente al número de personas habilitadas para utilizar estos servicios. Los registros muestran que cada vez más clientes efectivamente recurren a los canales digitales para efectuar sus operaciones bancarias.

Solo entre 2024 y 2025, la cantidad de clientes que utilizan plataformas digitales aumentó 12%, prolongando una tendencia que se ha mantenido de manera constante durante los últimos años.

La evolución es todavía más marcada cuando se analiza a los llamados usuarios digitales activos, definidos como aquellos que registraron actividad durante los últimos 90 días.

Este grupo pasó de 659,000 personas en 2019 a 1.68 millones en 2025, lo que representa un crecimiento acumulado aproximado de 154%.

“El comportamiento es todavía más significativo cuando se analiza el número de usuarios que efectivamente utilizan estos servicios”, explicó Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense.

Dos de cada tres clientes digitales ya son usuarios activos

Las cifras también muestran que no solamente creció la cantidad absoluta de usuarios, sino la proporción de clientes que utilizan regularmente las herramientas digitales disponibles.

En 2019, el 52% de los clientes digitales había registrado actividad reciente. Para 2025, ese porcentaje había aumentado hasta el 66%.

Esto significa que aproximadamente dos de cada tres clientes con acceso a canales digitales los utilizan de manera activa, de acuerdo con los parámetros empleados por la ABC.

El comportamiento evidencia una mayor incorporación de las plataformas web y móviles dentro de las operaciones financieras cotidianas, en momentos en que las entidades han ampliado las posibilidades de efectuar transacciones sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

El aumento de usuarios también se refleja directamente en la frecuencia con la que los clientes ingresan a sus cuentas.

Casi 690 millones de ingresos durante 2025

Durante 2025, las ocho entidades financieras participantes contabilizaron 689.5 millones de ingresos o inicios de sesión en sus canales digitales.

La cifra contrasta con los 281.2 millones registrados en 2019 y supone un crecimiento acumulado de 145% en seis años.

Frente a 2024, los accesos aumentaron otro 15%.

Los números equivalen a un promedio cercano a 1.9 millones de ingresos diarios durante 2025, una señal de que las plataformas digitales se han convertido en una herramienta recurrente dentro de la relación entre clientes y entidades bancarias.

Para la Asociación Bancaria Costarricense, las estadísticas muestran que los canales digitales ya no representan únicamente una alternativa a la atención presencial, sino un componente cada vez más importante del sistema financiero.

“Este cambio ha sido posible gracias al esfuerzo sostenido de las entidades bancarias por invertir en infraestructura tecnológica, seguridad, innovación y desarrollo de canales digitales cada vez más accesibles y eficientes”, señaló Gutiérrez.

Menos desplazamientos y operaciones más ágiles

La ABC sostiene que la digitalización también ha producido beneficios para hogares y empresas al permitir que una cantidad creciente de operaciones pueda desarrollarse de forma remota.

Entre los efectos señalados se encuentran la reducción de tiempos y costos asociados con los desplazamientos, una mayor agilidad en los medios de pago y mayores facilidades para efectuar transacciones entre diferentes actores económicos.

El avance de los servicios digitales se ha producido además acompañado por inversiones en infraestructura tecnológica y seguridad, dos áreas que adquieren mayor importancia conforme aumenta el número de personas que realizan operaciones financieras desde computadoras y dispositivos móviles.

“La posibilidad de realizar una parte creciente de las operaciones de manera remota ha generado beneficios importantes para hogares y empresas, al reducir tiempos y costos de desplazamiento, agilizar los medios de pago y facilitar las transacciones entre distintos agentes económicos”, explicó la economista.

Para la ABC, este proceso trasciende la relación individual entre los bancos y sus clientes y tiene implicaciones para el funcionamiento de la economía.

“La digitalización bancaria no solo ha transformado la relación de los clientes con las entidades financieras, sino que también ha contribuido a una economía más eficiente, conectada y moderna”, concluyó Daniela Gutiérrez.

El crimen organizado financia sus operaciones con el contrabando que entra desde Nicaragua y representa ya el 10.2% del gasto mensual de cada hogar costarricense, según un informe de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) difundido esta semana y reseñado por Confidencial Digital.

El dato central del estudio, preparado por el Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI), es la concentración geográfica del problema: ocho de cada 10 tipos de productos ilícitos que ingresan al país tienen origen nicaragüense.

El informe además vincula ese flujo con el financiamiento de redes criminales y con una pérdida fiscal que equivale al 38% del déficit financiero del Gobierno Central.

Los cigarrillos lideran el ingreso ilegal de mercaderías

El 56% de los cigarrillos que se consumen en Costa Rica proviene del comercio ilícito, lo que los coloca en el primer lugar de una lista de 10 categorías de productos que entran sin pagar impuestos ni cumplir con las regulaciones del Estado.

Las bebidas alcohólicas destiladas y los vinos ocupan el segundo lugar, con un 37% de origen ilícito. Ambas categorías comparten un denominador común: las altas cargas impositivas que les aplica el fisco costarricense las convierten en blancos atractivos para el contrabando.

El Índice Global de Crimen Organizado 2026 precisó que la mayoría de los cigarrillos de contrabando ingresa desde China a través de Panamá y se distribuye por los pasos fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica.

El resto de la lista incluye jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador (25%); calzado (15%); productos farmacéuticos y medicinales (14%); cebollas (13%); lácteos (11%); y frijoles (8%). Electrodomésticos y prendas de vestir completan el cuadro, con un 8% cada uno.

El comercio ilícito equivale al 3.2% del PIB costarricense

El comercio ilícito de mercaderías en Costa Rica alcanzó 1.6 billones de colones, equivalentes a USD 3,600 millones al tipo de cambio actual, lo que representa el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe de la CCCR. Al incorporar servicios, la proporción sube al 3.5%.

Para dimensionar esa magnitud, la Cámara señaló que el monto equivale aproximadamente a 16 veces el valor del nuevo Hospital de Puntarenas.

La pérdida en recaudación tributaria se estima en 664,000 millones de colones anuales, cerca de USD 1,500 millones, cifra que representa el 38% del déficit financiero del Gobierno Central.

“El comercio ilícito es un flagelo para el comercio lícito y para la sociedad, porque son productos que entran sin normativas de producción. También para el Estado, por la caída en la recaudación de impuestos”, sostuvo Arturo Rosabal, presidente de la CCCR, según consignó Confidencial Digital.

El crimen organizado aprovecha la brecha para lavar dinero

El informe no se limita a cuantificar pérdidas tributarias. Su preocupación central es quiénes operan detrás del negocio: el crimen organizado usa el contrabando para introducir dinero ilícito al circuito legal de la economía.

Entre 2021 y 2025, Costa Rica pasó de 4.99 a 5.90 puntos en el índice internacional de criminalidad, en una escala de cero a 10, y se ubica entre los tres países con peor desempeño en Centroamérica, solo por detrás de Honduras (7.10) y Panamá (6.93).

Ricardo Carvajal, director del OBCI y asesor económico de la Cámara, fue categórico ante la publicación: “Hay crimen organizado involucrado en esto, y no tenemos ni la legislación ni las herramientas, ni la tecnología adecuada para combatirlo”.

El dato judicial confirma la escala del problema: en marzo de 2026 había 293 expedientes activos de contrabando distribuidos entre fiscalías y juzgados penales, según información de La Nación citada por Infobae. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos abrió 20 nuevos expedientes en lo que va del año y mantiene 73 investigaciones vigentes.

La administración Fernández Delgado acelera los decomisos

El contexto legislativo y operativo se mueve en paralelo al informe. En los primeros meses de la administración Fernández Delgado, los decomisos realizados entre mayo y julio de 2026 superaron los 30 millones de unidades, un incremento del 58% frente al mismo período del año anterior, cuando el total incautado fue de 13 millones, según informó Diario Extra.

El 24 de agosto, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley como parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal.

El más relevante para el sector empresarial es la reforma parcial a la Ley General de Aduanas, que actualiza el régimen de infracciones, eleva las multas, incorpora criterios de reincidencia y aumenta el umbral a USD 20,000 para que un caso pase a la vía penal, de acuerdo con la firma EY, que analizó las iniciativas.

En paralelo, la Asamblea Legislativa estudia una propuesta para reducir los impuestos al tabaco y eliminar así el incentivo económico que alimenta el contrabando de cigarrillos.

La percepción de impunidad sostiene el negocio ilegal

Carvajal identificó un factor que explica la persistencia del fenómeno: la percepción generalizada de que los contrabandistas no enfrentan consecuencias reales.

“Actualmente hay una percepción de que a nadie, a ningún contrabandista meten a la cárcel, a casi ninguno lo sancionan con multas”, reconoció ante Confidencial Digital. Aunque la ley prevé penas de hasta 15 años para el contrabando agravado, la mayoría de los casos se resuelven con conmutación de penas, servicio comunitario o monitoreo electrónico.

La CCCR también señaló que la alta carga regulatoria empuja a los consumidores hacia el mercado informal. En el caso de los medicamentos, los precios elevados generan demanda de productos traídos ilegalmente desde otros países.

En los lácteos, el costo de cumplir con las normativas sanitarias costarricenses incentiva el ingreso de queso nicaragüense sin controles arancelarios ni de inocuidad.

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) ubicó a Costa Rica como el país con mejor desempeño de Centroamérica en su índice de comercio ilícito, con 51.2 puntos sobre 100 y el puesto 68 entre 158 economías, pero advirtió que el país sigue siendo una jurisdicción de riesgo moderadamente alto por brechas regulatorias y controles fronterizos débiles, según publicó Delfino en julio de 2026.