El béisbol, un deporte de estadísticas, de alegrías medidas en carreras y de leyendas grabadas en bronce, hoy se ha quedado mudo. Este sábado 23 de mayo, debía ser uno de los días más luminosos en la vida del exgrandes ligas nicaragüense Marvin Benard.

El destino final era Miami; el motivo, el pináculo de cualquier atleta: ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Sin embargo, antes de que el primer aplauso pudiera resonar en el recinto de los inmortales, la tragedia golpeó con la fuerza de un impacto seco, devastador e irreversible.

Eran aproximadamente las 6:20 de la mañana en California cuando el asfalto devoró la felicidad de una familia. Elisa Benard (mencionada también con profundo cariño por sus allegados como Leslie), esposa y compañera de vida del ex big leaguer de los Gigantes de San Francisco, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito.

Minutos antes, Elisa había cumplido con ese ritual silencioso y cotidiano de los hogares donde habita el amor: llevar a su esposo al aeropuerto. Lo despidió con la promesa de verse pronto, quizás con una medalla o un trofeo en las manos, un reconocimiento a una vida entregada a la pelota de las costuras rojas.

Marvin subió al avión con rumbo a Florida, ignorando que el último beso en la terminal sería, en realidad, el de la despedida final. Al regresar a casa, el siniestro vial apagó su vida, dejando una estela de dolor que ha conmocionado a toda Nicaragua y a la comunidad del béisbol internacional. La trágica noticia fue confirmada horas después por una de las hijas de la pareja, desatando una ola de consternación que viajó a la velocidad de la luz.

¿Quién es Marvin Benard?

Para entender la magnitud del impacto de esta noticia, es necesario recordar quién es Marvin Benard. Nacido en Bluefields, en la Costa Caribe de Nicaragua, Benard no tuvo un camino fácil hacia la cúspide.

Fue seleccionado en la ronda 50 del draft de 1992 por los Gigantes de San Francisco, una posición que rara vez augura una carrera larga en la Gran Carpa. Pero Benard estaba hecho de otra madera. Su disciplina, su velocidad en las almohadillas y su garra lo llevaron a debutar en las Grandes Ligas en 1995.

Durante nueve temporadas, todas con la organización de San Francisco, Benard se convirtió en un jugador fundamental. Compartió jardines y alineación con figuras de la talla del histórico jonronero Barry Bonds y el mánager Dusty Baker. Su año cumbre llegó en 1999, cuando conectó 16 cuadrangulares, impulsó 64 carreras y se robó 27 bases, consolidándose como el primer bate del equipo.

Su legado no se limitó al terreno de juego estadounidense; vistió con orgullo la camiseta de la Selección Nacional de Nicaragua y, tras su retiro, se dedicó a transmitir sus conocimientos. Actualmente, Benard se desempeña con éxito como el mánager de la selección nacional de béisbol de España, ganándose el respeto en el viejo continente.

Las redes sociales y las distintas organizaciones de la crónica deportiva continental se han inundado de mensajes de solidaridad ante la tragedia. La noticia de que el nicaragüense sería exaltado este sábado al Salón de la Fama del Béisbol Latino ha quedado en un absoluto segundo plano ante el dolor familiar.

Los bates descansan y el luto embarga al deporte nicaragüense, que hoy se une en muestras de apoyo hacia Marvin Benard, su hija y sus seres cercanos ante esta irreparable pérdida.

La extraordinaria biodiversidad de Panamá acaba de sumar un nuevo integrante. Investigadores de la Universidad de Panamá y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) identificaron y describieron una nueva especie de árbol que permanecía oculta en los bosques húmedos del Caribe panameño.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica especializada Phytotaxa y representa un nuevo aporte al conocimiento de la flora tropical de Centroamérica.

La especie fue bautizada como Scottmoria umbonata y fue localizada en las laderas de Sierra Llorona, en la provincia de Colón.

El trabajo científico estuvo a cargo de los investigadores Juvenal E. Batista-Guerra y Juan F. Carrión, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, junto con Ernesto Campos-Pineda, del STRI. El estudio fue aceptado el 26 de marzo y publicado oficialmente el 7 de abril de 2026.

Más allá de la descripción de una nueva planta, el hallazgo vuelve a llamar la atención sobre Sierra Llorona, una región considerada un punto crítico de biodiversidad en Panamá.

Esta zona forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano y sirve de conexión ecológica entre áreas protegidas de gran importancia como el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Portobelo, el Parque Nacional Soberanía y el Lago Gatún.

Los autores destacan que estos bosques mantienen una estrecha relación biológica con los ecosistemas sudamericanos y presentan altos niveles de endemismo.

Según la investigación, los bosques caribeños de tierras bajas de esta región siguen siendo relativamente poco explorados por la ciencia. Precisamente esa falta de estudios ha permitido que continúen apareciendo especies desconocidas para la comunidad científica internacional.

Los autores advierten que esta situación resulta preocupante porque el área enfrenta crecientes presiones derivadas de la expansión de asentamientos humanos, la apertura de carreteras, la cacería y la tala, factores que fragmentan el hábitat natural de numerosas especies

El nombre “umbonata” no fue elegido al azar. Hace referencia a un “umbo”, una protuberancia o elevación central muy pronunciada presente en el fruto de la especie, una característica que se mantiene desde las etapas tempranas hasta la madurez.

Esa particularidad permitió diferenciarla de otras especies cercanas dentro del género Scottmoria. Los investigadores compararon especialmente a Scottmoria umbonata con Scottmoria woodsoniana, encontrando diferencias en la estructura de las hojas, la venación y varios rasgos reproductivos.

En las comunidades de Santa Rita y Sierra Llorona, sin embargo, el árbol ya era conocido desde hace tiempo bajo el nombre popular de “Coquito de potrero”. De acuerdo con los investigadores, es una de las pocas especies que suele sobrevivir en terrenos convertidos en pastizales que antiguamente fueron bosques primarios.

Su resistencia, su madera dura y el hecho de que sus semillas sean consumidas por el ganado han contribuido a su permanencia en algunas zonas alteradas por la actividad humana.

La investigación señala que Scottmoria umbonata es un árbol de sotobosque que puede alcanzar entre tres y diez metros de altura. Presenta troncos de hasta 30 centímetros de diámetro, una copa redondeada y corteza gris laminada.

La especie se distribuye en áreas como Sierra Llorona, Quebrada López y Quebrada Harina, cerca de Nueva Providencia y Santa Rita Arriba, en la Costa Arriba de Colón. Florece principalmente entre octubre y mayo, mientras que sus frutos han sido observados entre febrero y mayo, además de noviembre.

El descubrimiento también refleja el dinamismo reciente de la investigación botánica panameña. Solo en los últimos años, los mismos investigadores han participado en la descripción de varias especies nuevas de árboles de la familia Lecythidaceae en los bosques caribeños del país.

De hecho, en marzo de este año otro estudio publicado en Phytotaxa describió tres nuevas especies del género Scottmoria encontradas en bosques nubosos de Panamá, lo que evidencia que el país continúa siendo una fuente importante de descubrimientos botánicos para la ciencia mundial.

Los autores consideran que la conservación de Sierra Llorona debe convertirse en una prioridad. En el estudio recuerdan que la pérdida de cobertura forestal y la fragmentación del paisaje amenazan directamente a las especies que habitan estos bosques maduros.

Incluso mencionan antecedentes recientes en los que ejemplares de otras especies recién descubiertas fueron talados poco después de ser documentados por los científicos.

Para la Universidad de Panamá, el hallazgo representa un reconocimiento al trabajo científico que se desarrolla en el país. El rector Eduardo Flores Castro destacó que el descubrimiento constituye un aporte significativo al conocimiento global y una demostración de la riqueza biológica de Panamá.

Mientras los investigadores continúan explorando regiones poco estudiadas del Caribe panameño, Scottmoria umbonata se convierte en un recordatorio de que todavía existen especies desconocidas esperando ser descubiertas en los bosques tropicales del país.

Una mezcla de pop romántico y clásicos rancheros será interpretada hoy por Alejandro Fernández en El Salvador. La cita tendrá lugar en el Estadio Cuscatlán, donde el artista mexicano ofrecerá un espectáculo que forma parte de su gira internacional “De Rey a Rey”, creada como homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Según medios internacionales, Alejandro Fernández presenta un repertorio de más de treinta canciones emblemáticas, entre ellas “Volver, volver”, “Mujeres divinas” y “Como quien pierde una estrella”, entre otros éxitos.

De acuerdo con información de Ticket News, la gira “De Rey a Rey” comenzó en 2024 y ha abarcado una amplia selección de escenarios dentro y fuera de México. Entre las ciudades mexicanas por donde ha pasado destacan Puebla, León, Acapulco, Guadalajara y Aguascalientes. Además, el tour ha recorrido Estados Unidos, con paradas en metrópolis como Chicago, Los Ángeles, Miami y Nueva York. En el circuito europeo, el artista mexicano visitó España, donde actuó en Cádiz, Marbella, Santander, Coruña y cerró en Lanzarote ante más de 70,000 asistentes.

El espectáculo en San Salvador integra varias localidades y precios, con entradas desde $25 hasta $215 dólares, y ha generado alta expectativa entre los seguidores tanto de la música ranchera como del pop latino. La producción incluye un escenario central, lo que permite una mayor cercanía entre el público y el intérprete. Según reportes de El Salvador.com, la venta de boletos inició en marzo y la demanda se mantuvo constante en las semanas previas al evento, impulsada por el atractivo de la propuesta y la trayectoria del artista.

Alejandro Fernández, nacido en Guadalajara el 24 de abril de 1971, ha construido una carrera sólida que supera los veinte millones de discos vendidos en todo el mundo. Conocido como “El Potrillo”, el cantante inició su trayectoria interpretando rancheras y mariachi, para luego explorar el pop latino y otros géneros. Ha colaborado con figuras internacionales como Maná, Juan Gabriel, Christina Aguilera, Beyoncé y Rod Stewart. Ha sido distinguido por su capacidad de fusionar tradiciones musicales mexicanas con sonidos contemporáneos, lo que le ha permitido mantener vigencia en el mercado internacional.

El impacto de Fernández en la industria musical se refleja en sus posiciones dentro de las listas de reproducción más populares. Según Billboard, es el primer artista latino con álbumes número uno en cuatro décadas consecutivas, desde la década de los noventa hasta la actual. Entre 2020 y 2026, logró trece sencillos en el primer lugar del Billboard Regional Mexican Chart. En plataformas digitales, supera los 900 millones de reproducciones anuales en Spotify, y forma parte del Pandora’s Billionaires Club, además de acumular más de ocho mil millones de vistas en YouTube.

La gira “De Rey a Rey” se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera y rinde tributo a la figura de Vicente Fernández, quien se consolidó como símbolo de la música mexicana. En cada presentación, Alejandro Fernández combina éxitos propios con clásicos populares, construyendo un puente generacional que conecta a los seguidores de distintos públicos. Según Diario Puntual, la gira contempla un cierre especial en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 4 de octubre de 2026, después de agotar cuatro fechas en la Plaza de Toros La México.

El reconocimiento internacional de Alejandro Fernández incluye cuatro premios Latin Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi en 2024, así como la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su ingreso al Salón de la Fama de Billboard. Ha recibido el Icon Award de los Latin American Music Awards y ha participado en el Festival de Viña del Mar en cuatro ediciones diferentes. La gira actual reafirma su posición como referente de la música latina y exponente de la tradición ranchera en el ámbito global.

El cine centroamericano ha firmado una página dorada en la historia del séptimo arte internacional. En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a la persistencia, las actrices costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, junto a la reconocida estrella mexicana Marina de Tavira (nominada al Oscar por Roma), se alzaron de forma conjunta con el premio a la mejor interpretación femenina en la sección «Una cierta mirada» (Un Certain Regard) del prestigioso Festival de Cannes.

El galardón reconoce el extraordinario trabajo actoral en «Siempre soy tu animal materno», el segundo largometraje de la cineasta costarricense Valentina Maurel. La producción, que ya había hecho historia al convertir a Maurel en la primera realizadora de Costa Rica en entrar en la selección oficial de Cannes, consolida al país como un foco emergente de cine de autor con proyección global.

Dado que era la única de las tres actrices presentes en el festival el día de ayer 22 de mayo, Daniela Marín Navarro subió al escenario a recoger el galardón acompañada por la directora. Conmovida por un reconocimiento que la dejó “inundada de emoción”, la intérprete no dudó en dedicar el triunfo a las realidades y desafíos que enfrenta el cine en su país natal.

“¡Que aguante el cine costarricense! Yo sé que a veces es muy difícil hacer cine. En Costa Rica no tenemos suficientes fondos. A veces todo se pone demasiado difícil, pero se puede lograr. Se puede lograr y aquí estamos y todos estamos verdaderamente poniendo una piedra sobre otra. Estoy demasiado feliz”, manifestó Marín Navarro a la agencia EFE tras la ceremonia.

Para la joven actriz, el premio es un tributo a la química lograda en el set: “Es un poco celebrar el trabajo que hicimos las tres en pantalla, es bellísimo”. Asimismo, destacó la importancia de que un festival de la talla de Cannes ponga la mirada sobre producciones que exploran “vínculos complejos” vinculados al amor y la maternidad.

La fuerza de una propuesta colectiva

Por su parte, la directora Valentina Maurel se mostró orgullosa y feliz, reafirmando que el alma de su cinematografía reside en el trabajo con los actores. Maurel calificó a su trío protagonista como mujeres de una “gran generosidad y emocionalmente muy valientes”, capaces de encarnar papeles sumamente intrincados.

A pesar de que los festivales rara vez otorgan premios de actuación compartidos, Maurel consideró que en este caso es una distinción de absoluta justicia:

• Marina de Tavira: Aporta la madurez y solvencia de una actriz con una enorme trayectoria en cine y teatro.
• Daniela Marín Navarro: Quien, a pesar de su juventud, ya arrastra el prestigio de haber sido galardonada previamente en el Festival de Locarno.
• Mariángel Villegas: Quien debuta con paso firme y por la puerta grande en el cine internacional a través de este largometraje.

La directora reflexionó sobre el impacto político y cultural de este hito para la región. Para la cineasta, este premio demuestra que Centroamérica puede exportar narrativas que huyan de los clichés tradicionales.

“Esto viene a confirmar que es posible hacer películas que abarquen los territorios de la intimidad, de la ambigüedad, de la interioridad en Costa Rica; que no sea necesariamente un cine que sea turístico porque es un país turístico”, puntualizó.

Además, recalcó que la región es capaz de romper con el monopolio de las temáticas de violencia: “No tiene que ser un cine centroamericano que solo logre hablar de nuestras crisis y de la violencia en nuestra región, que es real, pero también se puede hacer un cine diferente”.

Una historia de heridas generacionales

Coproducida entre Bélgica, Francia y México, «Siempre soy tu animal materno» caló hondo en el público de Cannes, donde tras su estreno recibió una ovación de cuatro minutos.

La trama sigue los pasos de Elsa (Marín Navarro), una joven un tanto extraviada que regresa a Costa Rica tras cursar estudios en Europa. A su regreso, descubre que su hermana menor, Amalia (Villegas), vive en un alarmante aislamiento dentro de la casa familiar, rodeada de compañías sospechosas y volcada hacia el esoterismo.

Al intentar alertar a sus padres, Elsa topa con la indiferencia: un padre (Reinaldo Amién) distraído por sus conquistas amorosas y una madre (De Tavira) completamente absorta en la reedición de los poemas eróticos que escribió en su juventud.

El resultado es un retrato íntimo y desgarrador sobre las fracturas afectivas intergeneracionales y los lazos, a menudo complejos y asfixiantes, entre madres e hijas. Con este galardón, la cinematografía costarricense no solo se posiciona con fuerza en el mapa internacional, sino que demuestra que la falta de recursos se puede suplir con valentía, rigor artístico y una mirada única.

Habían pasado exactamente 35 años desde aquel fatídico 24 de marzo de 1980, cuando una bala certera en el corazón intentó callar la voz de los sin voz en la pequeña capilla del hospital de la Divina Providencia en San Salvador. A Monseñor Romero lo asesinaron por su incansable defensa de los derechos humanos y por denunciar abiertamente desde el púlpito los atropellos, las torturas y la violencia que el ejército y los escuadrones de la muerte cometían contra los campesinos y las clases más vulnerables en los albores de la guerra civil. Su delito fue exigir el cese de la represión.

Por eso, verse reunidos ahí 11 años atrás era, en sí mismo, un milagro viviente. Durante décadas, la figura de Romero fue marginada, calumniada y bloqueada incluso dentro de sectores de la propia Iglesia que lo tildaban de “político”. Que el Vaticano finalmente reconociera su martirio y que el pueblo pudiera celebrar su beatificación sin miedo, tras tantos años de silenciamiento, se sintió como una resurrección colectiva.

Aquella mañana de mayo en la emblemática Plaza Divino Salvador del Mundo quedó demostrado que la inmortalidad de un líder espiritual no se puede asesinar. Hoy, al cumplirse 11 años de esa histórica e inolvidable jornada, el eco de aquel día sigue retumbando con fuerza en la memoria colectiva de un pueblo que vio a su amado jerarca católico subir finalmente a los altares.

El ambiente de la víspera ya anunciaba que se viviría algo extraordinario e inédito en el país. Miles de peregrinos devotos habían desafiado la fría noche anterior, durmiendo sobre cartones y colchonetas improvisadas en las aceras aledañas al gran monumento. Venían cansados de las comunidades más empobrecidas de Morazán, de los cerros de Chalatenango, las zonas que más sufrieron el conflicto armado, pero también de tierras lejanas como Italia, Chile y Estados Unidos.

Había un persistente olor a café de olla, a pupusas recién hechas y a incienso litúrgico que se mezclaba de forma natural con la densa humedad del trópico. Entre la gigantesca multitud, los rostros arrugados de los ancianos que alguna vez sintonizaron la radio para escuchar las valientes homilías dominicales de Monseñor Romero reflejaban una profunda mezcla de nostalgia y triunfo absoluto.

A medida que el sol ascendía sobre la capital, el calor se volvía sofocante para los asistentes, pero nadie se movía un solo centímetro de su lugar asignado. Cerca de las diez de la mañana, la plaza era un vibrante hervidero de más de 250,000 almas unidas por una misma fe.

El estrado principal, diseñado de forma sobria pero imponente, resguardaba una reliquia sagrada que erizaba la piel: la camisa ensangrentada que Romero vestía el fatídico día de su martirio. Ver esa tela blanca, marcada por el color del sacrificio y la violencia del pasado, desató los primeros sollozos contenidos entre la feligresía que observaba las pantallas gigantes.

El milagro en el firmamento: Un mensaje de luz sobre la plaza

El momento cumbre de la liturgia llegó cuando el cardenal Angelo Amato, enviado especial del Papa Francisco, leyó solemnemente la carta apostólica redactada en latín. La traducción oficial al español no se hizo esperar por los altoparlantes: Óscar Arnulfo Romero Galdámez era declarado oficialmente “beato” de la Iglesia católica.

En ese preciso instante, una ovación verdaderamente ensordecedora rompió el protocolo solemne de la ceremonia. Las campanas de todos los templos cercanos repicaron al unísono, miles de globos blancos y amarillos se elevaron rápidamente al firmamento y las lágrimas corrieron libres por las mejillas de jóvenes y viejos por igual.

El querido “San Romero de América”, bautizado así por el ingenio popular del obispo Pedro Casaldáliga mucho tiempo atrás, recibía finalmente el reconocimiento de la misma Iglesia que tanto amó y que, por dolorosos momentos históricos, también lo dejó solo en su hora más oscura.

Fue justo en medio de ese júbilo colectivo cuando ocurrió el fenómeno meteorológico que muchos calificaron como un milagro visible a los ojos del mundo. El cielo salvadoreño, propenso a las fuertes tormentas de la época de mayo, se abrió de una forma sumamente peculiar y hermosa. Un halo solar, un arcoíris perfecto y completamente circular, rodeó el sol directamente sobre la plaza abarrotada.

Los feligreses apuntaron al cielo, asombrados y conmovidos hasta el llanto. No hacía falta ser un erudito teólogo para entender el profundo simbolismo de aquel instante: el cosmos parecía abrazar con ternura la memoria del mártir perseguido. Romero, que tanto habló en vida de la luz de la justicia sobre las tinieblas de la impunidad y la violencia, se manifestaba ahora en los brillantes colores del cielo.

La homilía de aquella mañana recordó con claridad que el nuevo beato no era un hombre entregado a ideologías políticas terrenales, sino un pastor evangélico radical que eligió con valentía el bando de las víctimas indefensas en un país trágicamente desangrado por la injusticia social y la represión militar.

Hoy, once años después de esa jornada memorable, aquella beatificación que abrió el camino definitivo para su posterior canonización en el Vaticano en el año 2018 no se recuerda simplemente como un evento administrativo o un trámite eclesiástico más. Fue, en realidad, la esperada graduación espiritual de toda una nación.

El fútbol salvadoreño se paraliza con la llegada de una nueva edición del Clásico Nacional, donde Águila y FAS se enfrentarán por el título del Clausura 2026. Encuentro que promete un cierre con broche de oro del torneo.

Este duelo no solo define al campeón, también renueva la rivalidad más emblemática del país, en un capítulo que promete emociones y tensión desde el primer minuto.

La historia entre Águila y FAS en finales nacionales está tejida por partidos inolvidables, definiciones dramáticas y una paridad que los ha convertido en los grandes protagonistas del balompié salvadoreño. Ambos clubes llegan enfocados al máximo, sabiendo que la gloria y el peso histórico del Clásico Nacional están en juego.

En el balance de enfrentamientos por el título, Águila mantiene una leve ventaja: ha conquistado tres finales ante FAS, mientras que los tigrillos celebraron en dos ocasiones.

El primer choque decisivo se remonta a 1959, cuando los emplumados se impusieron con autoridad en una serie extra a dos partidos disputada en el estadio Flor Blanca, con marcadores de 4-0 y 1-0. Ese antecedente marcó el inicio de una rivalidad que, década tras década, se ha reafirmado como la más intensa del país.

Décadas más tarde, la balanza se movió en cada cruce. En el Clausura 2001, Águila volvió a imponerse tras un empate 1-1 en el primer duelo y un ajustado 2-1 en el segundo, ambos en el Flor Blanca.

Pero en el Apertura 2003, FAS logró la revancha: tras igualar 2-2 en tiempo regular, los tigrillos se adjudicaron el campeonato en penales, con un 5-3 memorable en el estadio Cuscatlán.

El Clausura 2006 sumó otro capítulo a la serie, con Águila celebrando un 4-2 en la capital. Tres años después, en el Apertura 2009, FAS se quedó con la gloria tras imponerse 3-2 en tiempo extra, también en el Cuscatlán. Cada final ha dejado huella en la memoria colectiva del fútbol nacional, alimentando la leyenda de este clásico.

Ambos equipos llegan con aspiraciones claras y la mirada puesta en el trofeo. Por el lado de Águila, la preparación ha sido total, con el plantel enfocado exclusivamente en la consecución del campeonato y la oportunidad de ampliar su ventaja en el historial de finales directas ante FAS. Para los migueleños, la motivación es doble: sumar un nuevo título y reafirmar su dominio histórico en el Clásico Nacional.

En la otra vereda, FAS encara el partido con la ambición de igualar el conteo de finales ganadas ante su rival y añadir un nuevo capítulo glorioso a su rica historia. La clasificación a la final ha devuelto la ilusión a la afición santaneca, que espera repetir la hazaña lograda en 2009, cuando los tigrillos levantaron el trofeo tras un partido dramático.

La expectativa es máxima en las graderías y en todo el país. El Clásico Nacional no es solo una final: es un duelo de identidades, de tradiciones y de supremacía. Águila y FAS están listos para escribir una nueva página en la historia grande del fútbol salvadoreño, con el orgullo y la pasión de siempre.

El Ministerio de Salud reportó 561 muertes infantiles y 40 muertes maternas en República Dominicana en lo que va de 2026, según el informe epidemiológico número 18 citado por Listín Diario y Hoy. Ambos indicadores registran una disminución frente al mismo período del año pasado, en un escenario en el que las autoridades también mantienen vigilancia sobre malaria, dengue, leptospirosis y virus respiratorios.

Las 561 muertes infantiles y 40 maternas de este año, están por debajo de las 632 infantiles y 67 maternas notificadas a la misma fecha de 2025, según el Ministerio de Salud citado por Listín Diario.

Este medio señaló que la mayoría de las muertes infantiles se produce en la edad neonatal, basados en el propio reporte sanitario. El boletín agrega que se siguen implementando acciones dirigidas a reducir ambos indicadores, mientras que Hoy añadió que las autoridades trabajan para fortalecer la atención materno-infantil y a reducir los riesgos asociados.

El mismo boletín consignó también 78 casos confirmados de malaria en lo que va de año, una reducción de 84% frente al mismo período de 2025, según el Ministerio de Salud citado por Hoy. Durante la semana epidemiológica 18 se confirmaron tres casos de esa enfermedad.

En leptospirosis, el acumulado llegó a 117 casos, de acuerdo con el Ministerio de Salud. En la semana 18 se notificaron nueve casos confirmados y dos defunciones asociadas, mientras las autoridades reforzaron acciones de prevención y control ante factores ambientales y lluvias que favorecen su propagación.

El boletín también reportó baja circulación de dengue y niveles esperados de virus respiratorios

En dengue, durante la semana epidemiológica 18 se notificaron dos casos confirmados y el acumulado anual se mantuvo en 93, según el Ministerio de Salud. El reporte indica que esa cifra refleja una baja circulación del virus en el territorio nacional en comparación con el año pasado.

Respecto del cólera, el país sigue sin registrar casos confirmados ni defunciones en 2026, de acuerdo con el Ministerio de Salud citado por Hoy. La vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas continúan activas para evitar la reintroducción de la enfermedad.

El Ministerio de Salud explicó que mantiene vigilancia activa sobre virus como SARS-CoV-2, influenza A(H3N2), influenza A(H1N1) y otros agentes de circulación habitual.

Las pruebas para detectar COVID-19 siguen disponibles de forma gratuita para la población en el parqueo de la Industria Nacional de la Aguja (Inaguja), detrás de la sede principal del Ministerio de Salud Pública, en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, según el Ministerio citado por Listín Diario y Hoy. La institución recomendó lavado frecuente de manos, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas con síntomas gripales, mantener espacios ventilados y acudir a centros de salud ante fiebre, dificultad respiratoria o síntomas persistentes.

El llamado oficial incluyó a adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, a quienes el Ministerio pidió completar sus esquemas de vacunación y mantener medidas de cuidado para reducir el riesgo de complicaciones.

El Ministerio promovió la donación de leche materna por el Día Mundial celebrado el 19 de mayo

En paralelo al boletín, el Ministerio de Salud promovió la donación de leche materna con motivo del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, conmemorado el 19 de mayo, según Listín Diario y Hoy. La cartera explicó que la fecha busca reconocer el aporte de las madres donantes y promover un acto que contribuye a salvar vidas.

La institución sostuvo que la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos por sus propiedades nutricionales, inmunológicas y protectoras. Añadió que resulta fundamental para el crecimiento y desarrollo saludable de los lactantes, en especial de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con Hoy, el Ministerio explicó que los Bancos de Leche Humana cumplen una función dentro del sistema sanitario porque garantizan la captación, evaluación, procesamiento, pasteurización y distribución segura de la leche donada bajo estándares de calidad. También exhortó a las mujeres en período de lactancia, con buena salud y excedente de producción, a convertirse en donantes.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió en Tegucigalpa con el creador de contenido japonés Shin Fujiyama y le prometió apoyo institucional para proyectos educativos. Según relató el propio Fujiyama, el mandatario escuchó la propuesta de impulsar un sistema de donaciones “lempira por lempira” para la construcción de escuelas, aunque reconoció que la situación económica nacional genera dificultades para asumir ese compromiso de inmediato.

De acuerdo con el testimonio difundido por Fujiyama, la iniciativa planteada consiste en que por cada lempira que la sociedad civil o la fundación recaude para levantar escuelas, el gobierno iguale el aporte con fondos públicos. El japonés explicó que “matching donation” es una fórmula que motiva la colaboración colectiva, amplificando el impacto social y facilitando la meta de edificar hasta mil escuelas en el país.

El propio presidente Asfura admitió que la coyuntura económica y los efectos de la crisis internacional limitan la capacidad de respuesta del Estado ante propuestas de gran escala, aunque se comprometió a analizar la viabilidad de la medida. Según lo expuesto por Fujiyama, la respuesta del gobierno fue cautelosa, sin una decisión definitiva.

No obstante, el Ejecutivo transfirió recursos para la construcción de un aula educativa y ofreció dotar con pupitres y pizarras a varios centros escolares, según confirmó el impulsor japonés tras la reunión. “La transferencia de esa donación ya fue realizada a las cuentas de la fundación”, expresó Fujiyama al informar sobre el resultado del encuentro con el mandatario y la primera dama de Honduras.

La propuesta de apoyo “lempira por lempira” quedó en evaluación, mientras la colaboración entre el sector público y las iniciativas ciudadanas mantiene abierta la expectativa sobre una eventual expansión del programa de construcción de escuelas.

Shin Fujiyama impulsa la construcción de escuelas rurales en Honduras

El activista japonés Shin Fujiyama ha consolidado en los últimos años un ambicioso proyecto enfocado en la construcción de 1.000 escuelas en zonas rurales de Honduras, como estrategia para combatir la pobreza y el abandono estatal en el sistema educativo. La iniciativa, según informó Infobae, ha generado un impacto significativo en comunidades históricamente excluidas, donde el acceso a la educación y a servicios básicos es limitado.

La organización Students Helping Honduras (SHH), fundada por Fujiyama junto a su hermana Cosmo Fujiyama, se ha convertido en un referente para la promoción de oportunidades educativas en el país centroamericano. Desde su creación, la entidad ha logrado edificar e inaugurar más de 113 escuelas, muchas de ellas ubicadas en áreas montañosas sin acceso a electricidad. De acuerdo con Infobae, esta labor ha sido posible gracias al trabajo voluntario y al apoyo de donantes internacionales.

El proyecto de Shin Fujiyama no solo ha transformado la infraestructura educativa. La creación de Villa Soleada, una comunidad y aldea infantil impulsada por el activista, permite acoger y proteger a decenas de niños en situación de vulnerabilidad. Este espacio busca ofrecer un entorno seguro y estable para el desarrollo integral de los menores, según detalla Infobae.

En los últimos meses, los esfuerzos de Fujiyama han trascendido el ámbito de las redes sociales y han llamado la atención de autoridades nacionales. El activista sostuvo reuniones con funcionarios de Casa Presidencial, incluido el expresidente Nasry Asfura, a quienes presentó los avances y desafíos de su plan educativo. Infobae señala que este acercamiento institucional ha abierto nuevas vías de colaboración para el crecimiento del proyecto.

El Salvador está atravesando una escalada constante de accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una situación que genera creciente preocupación ante el aumento de personas lesionadas y fallecidas, así como la presión sobre las instituciones encargadas de la seguridad vial.

Aunque se han reforzado operativos y campañas de prevención, los datos oficiales muestran que el problema no solo persiste, sino que se amplifica los fines de semana, especialmente los días sábado.

De acuerdo con los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el sábado se consolida como el día con más accidentes en el país.

A lo largo de 2026, se han registrado 1,410 siniestros los sábados, lo que representa el mayor volumen semanal. El viernes y el lunes le siguen en la lista, con 1,374 y 1,334 incidentes reportados, respectivamente.

Esta distribución advierte sobre los riesgos asociados a la mayor movilidad social y laboral que caracterizan tanto el final como el inicio de la semana.

El patrón de accidentes queda evidenciado en la cifra total recopilada desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo de este año. El Salvador sumó 8,975 siniestros viales, según los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esta cantidad implica un incremento del 16 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 7,736 incidentes.

Si se analiza el promedio, en 2026 se reportan 65 accidentes diarios, un aumento notorio en comparación con los 56 diarios de 2025. La tendencia revela que, más allá de los picos semanales, el fenómeno ha adquirido un ritmo sostenido que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

Las colisiones y sus causas se concentran durante los fines de semana

El tipo de siniestro más frecuente durante los días sábado, viernes y lunes es la colisión. Solo los sábados se documentaron 986 colisiones, seguidos por 961 el viernes y 934 el lunes.

Junto a estas cifras, los choques y atropellos incrementan también su incidencia, especialmente en los mismos días, mientras que los vuelcos o los incidentes clasificados como de “características especiales”, como caídas de pasajeros o derrames de aceite, se mantienen estables aunque en menor número.

Estas cifras sugieren que el aumento de la movilidad social y actividades durante el fin de semana eleva el riesgo de sufrir un accidente, debido tanto al incremento del tráfico como a conductas imprudentes que suelen asociarse al ocio o el regreso a la rutina laboral.

Lesionados y fallecidos aumentan en paralelo a la siniestralidad vial

El impacto más grave de este incremento se refleja en las consecuencias humanas. En el periodo analizado, la cifra de personas lesionadas pasó de 4.826 en 2025 a 6.052 en 2026, es decir, un aumento del 25 %. De este modo, el promedio diario de lesionados escaló de 35 a 44.

En cuanto a las víctimas mortales, los fallecidos asociadas a siniestros viales ascendieron a 576 entre enero y el 18 de mayo de 2026, frente a 457 en el mismo periodo del año pasado. Este incremento del 26 % retrata el efecto devastador que tiene la creciente accidentabilidad sobre la población salvadoreña.

Conducción peligrosa y alcoholemia: un factor en el aumento de accidentes

Un elemento relevante en el agravamiento de la situación es la conducción bajo los efectos del alcohol o en estado considerado peligroso. Los detenidos por esta causa pasaron de 790 en 2025 a 862 en 2026, lo que equivale a un alza del 9 %.

Estas detenciones muestran la persistencia de prácticas temerarias detrás del volante y explican parte del aumento observado en los incidentes graves, especialmente durante los días y horarios de mayor actividad social.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2026, El Salvador reporta en promedio 65 accidentes de tránsito al día, siendo el sábado el día con mayor incidencia con 1.410 eventos registrados, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Las colisiones constituyen la principal modalidad, mientras que los lesionados y fallecidos continúan aumentando año tras año. La presencia de conductores detenidos por conducción peligrosa y bajo los efectos del alcohol contribuye de forma directa al deterioro de la seguridad en las carreteras del país.

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) y la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) entregaron dos autobuses al Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) en Santo Domingo como parte del refuerzo del transporte estudiantil en la República Dominicana, un sistema que ya supera los 70 millones de traslados y que busca sostener el acceso y la permanencia educativa de estudiantes de sectores públicos y comunidades vulnerables.

Las unidades fueron sometidas a mantenimiento y remozamiento integral por personal técnico de la OMSA antes de su entrega, con el objetivo de ofrecer un servicio seguro, eficiente y digno para los estudiantes del Instituto Técnico Superior Comunitario.

El acto fue encabezado por el director del TRAE Luis Felipe Cartagena, en representación del ministro de Educación Luis Miguel De Camps García; el vicepresidente ejecutivo de la OMSA Onéximo González; y el rector del ITSC José Ramón Holguín Brito, junto a invitados especiales y miembros de la prensa.

Cartagena afirmó que la entrega formal de las unidades al ITSC reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el fortalecimiento del transporte estudiantil y el bienestar de los jóvenes. También sostuvo que la acción conjunta con la OMSA muestra la importancia de la articulación interinstitucional en beneficio de la comunidad educativa y del futuro del país.

El sistema opera con más de 1,800 autobuses en las 31 provincias y el Distrito Nacional

El transporte estudiantil en la República Dominicana está encabezado por el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, un programa del Ministerio de Educación.

De acuerdo con la información del sistema, opera a escala nacional con una flota de más de 1,800 autobuses y ofrece un servicio gratuito para estudiantes del sector público.

La cobertura alcanza las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, con presencia en zonas urbanas y rurales. Su objetivo es garantizar el traslado hacia y desde los centros educativos públicos en los horarios de entrada y salida, evitar la deserción escolar y aliviar la economía familiar.

Según la descripción del programa, cada ruta cuenta con un chofer capacitado y auxiliares o supervisoras encargadas del cuidado de los menores durante el trayecto. El sistema presenta sus unidades como autobuses modernos orientados a la seguridad y la comodidad de los usuarios.

Tanto Cartagena como Onéximo González destacaron el alcance del programa TRAE, que ha realizado más de 70 millones de traslados estudiantiles en todo el territorio nacional. Ambos señalaron que ese volumen de servicio representa un alivio económico para las familias dominicanas.

González reiteró su compromiso con la movilidad del país y con la dignificación del transporte. También explicó que la entrega se realizó en cumplimiento del acuerdo con el TRAE para dar mantenimiento a los autobuses escolares del país e impactar en la educación.

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA lo resumió con una definición sobre el papel de la formación: “La educación es la escalera más rápida para salir de la ignorancia y poder escalar a un nivel de vida superior”.

El ITSC vincula las nuevas unidades con más oportunidades para jóvenes de comunidades vulnerables

El rector del ITSC José Ramón Holguín Brito sostuvo que la alianza entre el TRAE, la OMSA y el Instituto Técnico Superior Comunitario representa un respaldo para ampliar las oportunidades educativas de miles de jóvenes, en especial de comunidades vulnerables.

Holguín Brito añadió que la colaboración contribuirá a fortalecer el acceso y la permanencia estudiantil en una institución que, según indicó, continúa consolidándose como referente de innovación y transformación desde la educación técnica pública en la República Dominicana.

En el nivel universitario, el texto también señala que para estudiantes de centros como la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha existido históricamente apoyo logístico y de transporte gestionado por federaciones estudiantiles, la OMSA y alcaldías municipales, con rutas interurbanas hacia extensiones del centro de estudios.

Fuera del sistema escolar, la movilidad general en el país incluye guaguas, carros de concho, el Metro y el Teleférico en Santo Domingo, además de moto conchos para trayectos cortos.

Con la entrega de estas unidades, el TRAE, la OMSA y el ITSC ratificaron su compromiso de impulsar iniciativas orientadas al bienestar y al desarrollo de la comunidad estudiantil del país.

Panamá ya cruzó el punto de no retorno. Tras meses de monitoreo de las temperaturas del océano Pacífico tropical, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) confirmó que el fenómeno de El Niño ya está en marcha y que las condiciones observadas indican que continuará fortaleciéndose durante el resto del año.

La principal incertidumbre ya no es si ocurrirá, sino cuán intenso llegará a ser y qué tan severos serán sus efectos sobre el país.

La advertencia llega en momentos en que el país experimenta elevadas temperaturas y sensaciones térmicas extremas. Sin embargo, para los especialistas, el verdadero desafío apenas comienza.

Los modelos climáticos apuntan a una reducción de entre 10% y 20% de las lluvias durante el trimestre comprendido entre mayo y julio, una disminución que podría agravarse a medida que el fenómeno alcance su máxima intensidad hacia finales de año.

“Ya no hay marcha atrás”, afirmó Berta Olmedo, subdirectora general del IMHPA, quien explicó que la entidad decidió declarar formalmente el fenómeno debido a que los indicadores utilizados por Panamá ya superaron los umbrales establecidos para confirmar el desarrollo de El Niño.

ales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) continúan monitoreando la evolución del evento, para las autoridades panameñas el calentamiento del océano ya alcanzó un nivel que hace irreversible el proceso.

El Niño es un fenómeno climático global que se origina por el calentamiento anormal de una extensa zona del océano Pacífico tropical.

Aunque ocurre a miles de kilómetros de Panamá, altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia en gran parte del planeta. En el caso panameño, históricamente se ha asociado con una reducción de las precipitaciones, temperaturas más altas y una mayor evaporación de las fuentes de agua.

Los primeros efectos ya comienzan a reflejarse en las proyecciones climáticas. El IMHPA estima que durante los próximos tres meses habrá menos lluvias de lo habitual en prácticamente todo el territorio nacional. No obstante, la disminución no será uniforme.

Mientras algunas regiones podrían registrar reducciones cercanas al 10%, otras podrían enfrentar déficits de 25% o incluso 30%, dependiendo de la evolución del fenómeno.

La preocupación aumenta porque estas cifras corresponden únicamente a la etapa inicial de El Niño. Según Olmedo, el océano Pacífico continúa acumulando calor en capas profundas que servirán de combustible para el fenómeno durante los próximos meses.

Eso significa que las reducciones de lluvia observadas actualmente podrían ser apenas un anticipo de condiciones más secas hacia finales de 2026.

Algunos centros de investigación internacionales incluso manejan escenarios en los que el evento podría alcanzar una intensidad elevada. Aunque todavía es prematuro determinar su categoría definitiva, varios especialistas consideran que podría tratarse de un Niño fuerte o muy fuerte.

La diferencia es relevante porque fenómenos más intensos suelen prolongar los períodos secos y aumentar los efectos sobre sectores sensibles de la economía.

Panamá ya conoce las consecuencias. El episodio de El Niño registrado entre 2023 y 2024 provocó una de las peores crisis hídricas de las últimas décadas.

La disminución de las lluvias obligó al Canal de Panamá por primera vez en su historia a reducir temporalmente el número de tránsitos diarios debido a la falta de agua en los lagos que alimentan la vía interoceánica. Aquella situación afectó el comercio marítimo mundial y evidenció la vulnerabilidad del país frente a los cambios climáticos.

Ahora las autoridades buscan evitar que la historia se repita. El sector agropecuario aparece entre los más expuestos. Menos lluvia implica menor disponibilidad de agua para cultivos y ganado, mayores costos de producción y posibles afectaciones en los rendimientos agrícolas.

Por ello, el IMHPA trabaja junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en mesas técnicas agroclimáticas instaladas en las provincias del país, donde se analizan escenarios y se formulan recomendaciones para productores.

La generación eléctrica también podría enfrentar desafíos. Panamá depende en gran medida de la producción hidroeléctrica y una reducción prolongada de las lluvias suele traducirse en menores aportes a los embalses. De hecho, las empresas del sector ya comenzaron a ajustar sus estrategias operativas ante la posibilidad de un escenario más seco durante la segunda mitad del año.

Paradójicamente, un fenómeno de El Niño no significa ausencia total de lluvias. Los especialistas advierten que una de sus características es precisamente la mala distribución de las precipitaciones.

Puede ocurrir que llueva intensamente en períodos muy cortos y sobre áreas reducidas, provocando inundaciones repentinas, mientras otras regiones permanecen con déficits acumulados durante semanas o meses.

Otro efecto esperado es la prolongación del llamado “veranito de San Juan”, un período tradicionalmente seco que ocurre durante la estación lluviosa. Bajo condiciones de El Niño, ese lapso podría comenzar antes de lo habitual y extenderse por más tiempo, incrementando la presión sobre las actividades agrícolas que dependen del agua.

Para los expertos, el mensaje principal es que todavía existe tiempo para prepararse. La intensidad definitiva del fenómeno se conocerá en los próximos meses, pero la señal ya está clara:

La subdirectora del IMHPA señaló que estos datos permiten a los productores evaluar si deben ajustar sus actividades, cambiar fechas de siembra, reforzar sistemas de riego o incluso sustituir cultivos que demandan mucha agua por otros más resistentes a condiciones secas.

“La información es poder”, sostuvo Olmedo, al destacar que el objetivo es que cada sector pueda reducir pérdidas o, en algunos casos, aprovechar mejor los períodos secos previstos durante el avance de El Niño.

El silencio que hoy habita en el asentamiento campesino de Rigores no es el de la paz del campo, sino el del desconsuelo absoluto. El día de ayer, 22 de mayo, más de diez ataúdes bajaron a la tierra, cobijados por los gritos desgarradores de madres, padres e hijos, la comunidad intenta asimilar una realidad que parece una pesadilla. Nunca, en sus muchas décadas de historia y lucha agraria, este pedazo de tierra hondureña había sido escenario de una crueldad tan desmedida.

Entre el humo del café amargo y el polvo de los caminos, la figura encorvada de Don Brígido García, de 76 años, se alza como el reflejo vivo de una tragedia que ha despedazado el tejido de su familia. Él es un roble cansado, un hombre de manos labriegas que ha visto transcurrir la vida entera en este asentamiento, pero cuya fortaleza hoy se quiebra al mirar el espacio vacío que dejaron sus seres queridos.

“Hasta hoy que estamos viendo esto... yo nunca lo había pensado que esto iba a haber”, murmura Don Brígido, con una voz que arrastra el peso de los años y de un luto imprevisto. La masacre cometida el día jueves 21 de mayo, le arrebató, de un solo golpe, a sus tres yernos y a un nieto. Hombres jóvenes, trabajadores, cuya única falta fue salir a la jornada diaria para ganarse el pan.

Entre las víctimas se encontraba Santos Trinidad, de apenas 44 años, un hombre en la plenitud de su vida laboral, y su nieto, un joven de tan solo 18 años que representaba el futuro y la esperanza del hogar.

La tragedia adquiere un matiz aún más desgarrador al mirar hacia abajo, hacia los rostros de los más pequeños. La violencia criminal ha dejado una estela de orfandad que asfixia el futuro de la comunidad. Esos niños, cuyos padres ya no volverán a cruzar la puerta después del trabajo, quedan ahora al cuidado de abuelos ancianos, personas de la tercera edad que, como Don Brígido, ya no cuentan con las fuerzas físicas para asumir la titánica tarea de la crianza y el sustento agrícola.

Un grito urgente de auxilio y justicia

Hoy, Don Brígido y las familias de Rigores se declaran en el desamparo más absoluto. La urgencia no es solo de carácter legal, sino profundamente humanitaria. El llamado de este anciano es un eco que debe sacudir las conciencias de las autoridades y de cualquier mano altruista que esté dispuesta a escuchar.

Las víctimas de esta barbarie no eran criminales ni personas en busca de conflictos; eran campesinos, hombres y jóvenes cuya rutina empezaba antes del amanecer con las manos en la tierra. Eran el motor económico de sus hogares y los protectores de una nueva generación que hoy se queda sin rumbo.

Tras los ataúdes, las sospechas de la comunidad apuntan a una realidad histórica y sangrienta en la región: fuertes indicios señalan que este ataque armado podría estar directamente vinculado a las disputas y conflictos por la tenencia de la tierra, un flagelo que por años ha convertido a los asentamientos campesinos en blancos de estructuras violentas que buscan despojarlos de sus parcelas.

Finalmente, la comunidad exige que las autoridades de investigación actúen de manera ardua, transparente y contundente, sin desestimar la hipótesis del conflicto agrario.

La comunidad de Rigores exige saber quiénes y por qué apagaron esas vidas, no por venganza, sino por la imperiosa necesidad de justicia que devuelva un ápice de dignidad a sus muertos y seguridad a los que sobrevivieron. Mientras tanto, Don Brígido camina despacio, llevando a cuestas el peso de un pueblo herido que se niega a morir de olvido.

Después de un proceso de incubación que se extendió durante 75 días, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó este viernes el nacimiento de cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) dentro de Áreas Naturales Protegidas del país. Este acontecimiento representa un avance en los esfuerzos de conservación de especies amenazadas en la región, según informó la cartera estatal.

La incubación controlada se llevó a cabo en viveros gestionados por especialistas y guardarrecursos del MARN, quienes se encargaron de monitorear de forma constante la temperatura, la humedad y las condiciones de los nidos. De acuerdo con la institución, “cada nacimiento representa mucho más que una nueva vida”. Los huevos fueron rescatados de zonas expuestas a inundaciones, depredadores, destrucción de nidos y cacería furtiva. Estas amenazas ponen en riesgo la supervivencia de la especie en diferentes partes del territorio.

El nacimiento de estos ejemplares se produce tras procedimientos de manejo y control ambiental que, según el MARN, incrementan “de manera significativa las probabilidades de supervivencia en sus primeras etapas de vida”. La supervisión constante, junto con la protección de los nidos, ha permitido que los cocodrilos americanos puedan nacer en condiciones más seguras que en su ambiente natural, donde enfrentan una alta tasa de mortalidad por causas externas.

Un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos

El MARN explicó que el cocodrilo americano es un depredador tope y su presencia en los ríos, esteros y humedales contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. La institución destacó que la especie regula poblaciones de otras especies y ayuda a conservar la salud general de estos ambientes.

“Cada uno de estos nacimientos garantiza la continuidad de una de las especies más emblemáticas de nuestros ecosistemas y asegura el futuro de la biodiversidad salvadoreña”, señala la institución. Y agrega: “Donde hay cocodrilos, existe un ecosistema funcionando”.

El cocodrilo americano, una especie reconocida por su relevancia ecológica, enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la destrucción de hábitats y la caza ilegal.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la incubación controlada y el monitoreo permanente aumentan considerablemente las probabilidades de que los neonatos lleguen a la adultez, contribuyendo a la estabilidad de la población de cocodrilos en el país. dad para las autoridades ambientales.

La entidad gubernamental ha hecho un llamado a la población para que apoye la protección de la fauna silvestre y para que se valore la importancia de los cocodrilos dentro de los ecosistemas locales. El MARN insta a compartir información sobre las acciones de conservación y a denunciar cualquier actividad que ponga en peligro a estas especies o sus hábitats.

La experiencia de incubación de cocodrilos americanos en Áreas Naturales Protegidas de El Salvador refuerza el compromiso del país con la preservación de su biodiversidad y el manejo sostenible de sus recursos naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales continuará sus esfuerzos de vigilancia, rescate y educación ambiental para asegurar la supervivencia de esta especie y la salud de los ecosistemas acuáticos nacionales.

El Estadio Nacional de San José se vistió de gala, nostalgia y mucho ritmo latino la noche de ayer 22 de nato, miles de almas se congregaron en La Sabana para recibir a uno de los artistas más queridos y vigentes de la música en español: Chayanne. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche no solo estuvo sobre el escenario, sino también entre las butacas de la zona VIP, donde una fanática muy especial acaparó todas las miradas.

La presidenta de la República, Laura Fernández, dejó de lado por unas horas los protocolos y la agenda de Estado para disfrutar, como una seguidora más, del espectacular regreso del “Papá de América” a suelo costarricense.

Desde los primeros acordes de la noche, quedó claro que la mandataria costarricense iba dispuesta a disfrutar la velada al máximo. Vestida de forma casual y con una sonrisa imborrable, Fernández fue captada por los asistentes cantando a todo pulmón y bailando los grandes éxitos que han marcado a fuego la carrera del puertorriqueño.

Los videos de la presidenta disfrutando de temas icónicos como “Dejaría todo”, “Y tú te vas” y, por supuesto, la infaltable y enérgica “Torero”, no tardaron en inundar las redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron completamente virales. Los internautas aplaudieron la espontaneidad de la mandataria, destacando su carisma y el hecho de que, ante el encanto de Chayanne, nadie puede resistirse. La Sabana se transformó en una gigantesca fiesta latina donde la música unió a todo el país.

Pero la mandataria no estuvo sola en esta noche de rumba y romanticismo. Al parecer, la “Chayannemanía” se apoderó de las altas esferas del Gobierno, ya que varias figuras del gabinete presidencial también fueron vistas en el recinto disfrutando del espectáculo.

Entre los asistentes destacados estuvo Arnold Zamora, ministro de Comunicación, quien cambió los comunicados de prensa por los coros de las baladas más famosas de la noche.

También se hizo presente Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública, disfrutando de un merecido momento de esparcimiento en un Estadio Nacional blindado y seguro. A la lista de autoridades se sumó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, quien no dejó pasar la oportunidad de vivir en carne propia el arrollador show del boricua.

Un encuentro exclusivo tras bambalinas

El momento cumbre de la noche para la mandataria ocurrió fuera del alcance del público general. Tras finalizar el concierto, que dejó un gran sabor de boca gracias a las coreografías impecables y la inagotable energía de Chayanne a sus más de 50 años, la presidenta Fernández tuvo la oportunidad de conocer en persona al artista.

Acompañada por su esposo, la gobernante se trasladó al área de camerinos para un encuentro exclusivo con el ídolo de generaciones. Entre risas, felicitaciones por el impecable espectáculo y muestras de mutuo cariño, la pareja presidencial conversó brevemente con el cantante y aprovechó el momento para inmortalizar la noche con varias fotografías oficiales que capturaron la complicidad del encuentro.

Para Costa Rica, la noche de ayer no solo significó el regreso triunfal de uno de los baladistas y bailarines más importantes de la historia de la música latina, sino también una velada donde la política se pausó para dar paso a la música, el baile y la alegría humana. Chayanne demostró, una vez más, por qué sigue siendo el rey de los corazones ticos, incluyendo el de la propia presidenta del país.

Un operativo de rutina de la Policía Nacional de Honduras en la colonia Ebenezer, sector Chamelecón de San Pedro Sula, terminó en tragedia tras un ataque armado que resultó en la muerte del agente Brian Fernando Parada Figueroa y lesiones graves a la policía Tiffany Johany Brevé Licona. El hecho, registrado la noche del viernes, fue confirmado tanto por autoridades policiales como por reportes de prensa, entre ellos el portal Proceso Digital y el noticiero Hoy Mismo.

El comisionado Eduardo Lanza explicó que los agentes fueron emboscados por miembros de la pandilla dieciocho, quienes, según investigaciones preliminares, dispararon por la espalda a los uniformados cuando patrullaban una de las calles de la zona. “Nuestros funcionarios policiales fueron atacados de manera cobarde. Las estructuras criminales atemorizan a la población y actúan sin temor contra la autoridad”, declaró Lanza en para el noticiero Hoy Mismo.

La balacera generó pánico entre residentes y periodistas que cubrían la noticia en el lugar. El comunicador Orlin Castro relató que, durante la transmisión, se escucharon múltiples detonaciones producto del intercambio de disparos. Ambulancias trasladaron a los lesionados a un centro asistencial, mientras equipos de seguridad mantenían operativos en el sector, según información difundida por Proceso Digital.

Las autoridades desplegaron de inmediato operativos de saturación en Chamelecón y zonas aledañas para dar con los responsables. “Ya tenemos mapeada la zona y estamos tratando de aprovechar la flagrancia para capturar a este tipo de delincuentes. Esto no puede quedar impune”, afirmó. El funcionario añadió que se capturaron cuatro presuntos pandilleros, tres por extorsión y uno por asesinato, en áreas como La Pradera, La Planeta y Rivera Hernández, todas ubicadas en el Valle de Sula.

El ataque se suma a una semana marcada por la violencia en Honduras. La Policía Nacional atraviesa momentos de duelo tras la reciente masacre en Corinto, zona fronteriza de Cortés, donde cinco agentes murieron durante un fallido operativo. De acuerdo con los reportes, la llegada de los féretros de los uniformados asesinados estuvo marcada por escenas de consternación y dolor entre familiares, compañeros y amigos de la institución policial.

Medios como HCH informaron que, durante el operativo, los agentes tenían como objetivo la captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales, que operaban en la región fronteriza con Guatemala. Los policías, según el medio, partieron originalmente rumbo al departamento de Colón; sin embargo, terminaron desplazándose hasta Omoa, donde se registró el ataque.

El mismo día del asesinato de los policías, se registró un segundo hecho violento en Trujillo donde se reportaron 20 personas fallecidas, quienes trabajaban en una finca de palma africana. Preliminarmente se informó que el homicidio de estas personas se vincula con estructuras criminales que buscan poseer las tierras de la comunidad. Actualmente las autoridades continúan realizando las investigaciones.

En el episodio de Chamelecón, la policía hondureña no ha emitido aún un posicionamiento oficial más allá de la intensificación de los operativos en el norte del país.

El comisionado Lanza insistió en que la muerte de Brian Fernando Parada Figueroa “no va a quedar en la impunidad”. “El esmero de nuestros funcionarios policiales está destinado para ello. No se pueden levantar contra la autoridad y al día siguiente ir a desayunar tranquilos. Eso no va a pasar aquí en San Pedro Sula”, subrayó el oficial durante la entrevista con Hoy Mismo.

La situación de seguridad en la región de Chamelecón se mantiene tensa. Las fuerzas policiales continúan operativos en busca de los responsables materiales del ataque, mientras la sociedad hondureña observa con preocupación el aumento de la violencia que afecta tanto a la población civil como a los cuerpos de seguridad.

Las investigaciones forenses sobre la masacre de agentes de la DIPAMPCO en Corinto, Cortés, continúan revelando detalles estremecedores sobre el nivel de violencia con el que fueron asesinados los policías durante el operativo fallido ejecutado en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Autoridades de Medicina Forense confirmaron este viernes que uno de los cuerpos examinados presentaba al menos 50 impactos de bala, mientras que otro ingresó completamente desmembrado, decapitado y parcialmente quemado, complicando incluso el proceso de identificación.

Los hallazgos han generado conmoción nacional y profundizado la crisis dentro de los organismos de seguridad hondureños tras la muerte de los cinco agentes policiales.

Medicina Forense revela brutalidad del crimen

Los cuerpos de los policías asesinados permanecen en la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula, donde especialistas continúan realizando autopsias y procesos científicos de identificación.

De acuerdo con personal forense, uno de los cadáveres examinados reflejaba un nivel extremo de violencia.

“Se logró hacer la autopsia a uno de los cadáveres y se informa que presentaba al menos 50 impactos de bala”, indicaron las autoridades.

Además, Medicina Forense confirmó que entre los siete cuerpos ingresados a la morgue había uno que preliminarmente correspondería a un agente policial que llegó en condiciones particularmente violentas.

“Este ingresó desmembrado, decapitado y quemado. Va a ser un poco difícil su identificación”, detallaron especialistas forenses.

Debido al estado de los restos, las autoridades informaron que trabajan utilizando huellas dactilares y análisis científicos especializados para confirmar plenamente la identidad de todas las víctimas.

Las investigaciones preliminares indican que los cadáveres fueron hallados en una zona montañosa de Omoa, Cortés, a la orilla de una calle en un sector boscoso cercano a Corinto.

Según reportes oficiales, los cuerpos estaban apilados unos sobre otros, una escena que las autoridades describieron como una de las más violentas registradas recientemente contra agentes policiales en Honduras.

La Secretaría de Seguridad confirmó el hallazgo la noche del jueves, luego de que los uniformados fueran reportados como desaparecidos durante un operativo antidrogas en la frontera con Guatemala.

Las víctimas pertenecían a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Operativo terminó en tragedia

De acuerdo con las investigaciones, los agentes ingresaron a una vivienda en Corinto como parte de una operación de alto impacto contra una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

Sin embargo, los uniformados fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados que custodiaban al principal objetivo de la operación.

Las autoridades sostienen que los policías fueron superados numéricamente, sometidos y posteriormente privados de libertad por integrantes del grupo criminal.

Horas después, los trasladaron hacia una zona montañosa donde finalmente fueron ejecutados.

Los agentes fallecidos fueron identificados como:

• Lester Josué Amador Herrera
• Leonel Alejandro Valdez Núñez
• Dailin Francisco Elvir Quintanilla
• Nels Makley Eguigure Benavídez
• Emerson Josué Canales Fúnez

El caso provocó una fuerte reacción dentro del Gobierno hondureño y derivó en la suspensión del alto mando de la DIPAMPCO, así como en una intervención administrativa y operativa de la unidad policial.

Honduras intensifica operativos e investigaciones

Tras la masacre, cientos de policías y militares fueron desplegados en Corinto y sectores fronterizos de Omoa para continuar las labores de búsqueda de los responsables.

Las autoridades hondureñas también mantienen coordinación con Guatemala debido a sospechas de que varios integrantes de la estructura criminal escaparon hacia territorio guatemalteco.

Además, Honduras activó una notificación azul de Interpol contra presuntos miembros de la banda criminal “Los Argueta”, vinculada preliminarmente al ataque.

Las investigaciones también apuntan a posibles conexiones entre la estructura criminal y grupos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras avanzan las autopsias y análisis científicos, la Policía Nacional permanece en duelo por uno de los ataques más sangrientos registrados recientemente contra cuerpos de seguridad en Honduras.

En este ciclo agrícola, en El Salvador se han sembrado únicamente 50,000 manzanas, lo que, según Mateo Rendón, Coordinador de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, representa “un veinticinco por ciento” del cultivo nacional proyectado para la temporada.

La estrategia de siembra estuvo determinada por los pronósticos de entidades como el NOAA, el OIRSA y el Ministerio de Medio Ambiente, que coincidieron en que las lluvias iniciarían el 20 de abril y se mantendría una transición hasta el 10 de mayo.

Sobre esa base, siete gremiales agropecuarias y el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Banco de Fomento, CENTA y BPC, impulsaron la siembra y distribuyeron semillas, recomendando a los agricultores que sembraran únicamente en aquellas zonas donde la humedad del suelo superara el veinticinco por ciento.

El comportamiento climático, sin embargo, fue muy distinto a lo previsto. Las lluvias no se distribuyeron como se esperaba y solo se presentaron de forma significativa en la franja norte fronteriza con Honduras, en zonas de Ahuachapán, el norte de Cuscatlán y el sur de La Paz.

Rendón lo resumió así: “El problema es que este periodo de transición que hubo no fue como lo habían pronosticado. Que iban a haber lluvias cada tres, cuatro días… y que iba a ser por zona”. Esta irregularidad en las precipitaciones dejó a la mayoría de los cultivos en condiciones de vulnerabilidad.

Se sembró maíz, frijol y arroz donde fue posible, esperando que las lluvias se normalizaran en mayo, pero la sequía persistió. La preocupación aumentó con la actualización de los pronósticos: la canícula, que originalmente debía comenzar el 15 de julio, se adelantará a la primera semana del mes.

Rendón reconoció: “Eso nos tiene preocupados, porque hemos sembrado cerca de cincuenta mil manzanas de maíz y frijol”.

Plan de emergencia y zonas priorizadas para el riego

Frente al riesgo de pérdidas mayores, el Ministerio de Agricultura y las gremiales pusieron en marcha un plan de emergencia. El objetivo principal es dotar a los agricultores de bombas achicadoras y punteras para riego de emergencia.

Se priorizan las áreas cercanas a fuentes de agua superficial, como los ríos Lempa, Acajutla, Jiboa, Paz y Goascorán, así como los alrededores de embalses como Suchitlán, la presa del Guayabo y la presa 15 de Septiembre. También se atenderán las zonas bajas y costeras del país, donde hay mayor acceso a cuerpos de agua.

La meta, según explicó Rendón, es asegurar que los cultivos ya establecidos puedan ser regados y que las nuevas siembras tengan alguna posibilidad de sobrevivir, incluso si las lluvias continúan por debajo de lo esperado. Aunque el arroz no enfrenta mayores complicaciones por su localización en zonas con mejor acceso a agua, el maíz y el frijol permanecen en riesgo.

La crisis no afecta solo a El Salvador. Rendón advirtió que países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan una situación similar, lo que limita la posibilidad de importar granos básicos si la producción local falla. Por eso, desde la Mesa Agropecuaria y el gobierno se promueve la creación de reservorios de agua, con el fin de captar y almacenar la poca lluvia que pueda caer y destinarla al riego. “La estrategia que tenemos es utilizar todo lo humanamente posible de aprovechar las aguas que tenemos”, resumió el dirigente.

Guatemala se prepara para un relevo crucial en sus autoridades monetarias y de supervisión financiera, con la inminente renovación de la presidencia del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos prevista para septiembre de 2026.

La designación de estas figuras será determinante para la estabilidad macroeconómica y la confianza del sistema financiero nacional e internacional, de acuerdo con la información confirmada por el Banco de Guatemala.

El cambio se producirá cuando finalice el mandato de Álvaro González Ricci como presidente del Banco de Guatemala y de Saulo De León Durán como superintendente de Bancos, ambos con un período de gestión de cuatro años que culmina el 30 de septiembre de 2026.

Según el portal institucional del Banco de Guatemala, los nuevos nombramientos estarán a cargo del presidente Bernardo Arévalo, quien, conforme a la legislación vigente, tiene la atribución exclusiva de designar a los sucesores en ambos cargos.

La próxima elección de autoridades económicas de segundo grado, marcada en el calendario constitucional para septiembre de 2026, se considera uno de los procesos más relevantes para la conducción de la política monetaria y la regulación bancaria en Guatemala.

El nuevo presidente del Banco de Guatemala no solo asumirá la conducción de la principal entidad emisora, sino que también ejercerá la presidencia de la Junta Monetaria (JM), el máximo órgano de dirección de la política económica y financiera del país.

La estructura de las designaciones y los requisitos legales

El proceso de nombramiento difiere entre ambas instituciones. Según la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el presidente y vicepresidente de la entidad, así como los líderes de la Junta Monetaria, son elegidos de manera directa y discrecional por el presidente de la República para un mandato de cuatro años.

En el caso del superintendente de Bancos, la Ley de Supervisión Financiera establece que debe ser seleccionado a partir de una terna propuesta por la Junta Monetaria, con el voto favorable de al menos tres cuartas partes de sus miembros.

La conformación de la Junta Monetaria responde a la representación de distintos sectores: el titular del Banco de Guatemala la preside, acompañado de los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, un representante del Congreso, otro de los bancos privados, uno designado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y sendos representantes de los sectores agrícola, comercial e industrial.

El proceso de designación contempla estrictos requisitos de elegibilidad. Para el cargo de presidente del Banco de Guatemala, la persona debe ser guatemalteco, gozar de derechos civiles y políticos, y contar con probada honorabilidad y competencia profesional en ciencias económicas.

Según los requisitos publicados en el sitio oficial del Banco de Guatemala, el presidente electo asume también el liderazgo pleno de la Junta Monetaria.

Para la Superintendencia de Bancos, la ley exige que el candidato sea guatemalteco de origen, mayor de 30 años, posea título universitario en economía, auditoría o derecho y demuestre reconocida probidad y experiencia en técnicas bancarias y supervisión.

El nombramiento, según detalla el Banco de Guatemala, requiere que la terna sea votada favorablemente por el 75% de la Junta Monetaria antes de ser presentada al presidente.

Repercusiones y vigilancia de la transición institucional

El fin de los actuales mandatos en septiembre de 2026 marca el inicio de un período de transición que será observado por los actores económicos locales e internacionales. La selección de las nuevas autoridades será clave para mantener la confianza en la política financiera del país y en la solidez del sistema bancario, así como para garantizar la continuidad de la gestión contra la inflación y la supervisión del sector crédito.

Estas designaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley de Supervisión Financiera, refuerzan la potestad técnica y discrecional del presidente de la República en la conducción del aparato económico de Guatemala. Todos los detalles, convocatorias y requisitos para la postulación pueden consultarse directamente en los portales oficiales del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.

La vigilancia sobre estos procesos continuará, dado que, según la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde exclusivamente al presidente de la República asegurar la selección idónea para la estabilidad futura del sistema financiero nacional.

La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana detuvo este viernes una ambulancia que era utilizada para el traslado irregular de ciudadanos haitianos indocumentados en la provincia de Dajabón. El operativo contó con la colaboración del Ministerio Público y del Ejército de República Dominicana (ERD), y tuvo como eje central el uso del vehículo de emergencia para facilitar el cruce y transporte de extranjeros sin papeles.

La ambulancia, identificada como propiedad de una cooperativa fue objeto de seguimiento por parte de agentes de inteligencia migratoria durante varios meses. Las autoridades sospechaban que el conductor, Anderson Ramón E., ofrecía el servicio de transporte a migrantes irregulares desde la frontera hacia otras regiones del país, aprovechando la apariencia y las prerrogativas de un vehículo habilitado para emergencias médicas.

La investigación permitió identificar el momento preciso en que la ambulancia recogió a dos nacionales haitianos frente al consulado de Haití, en la calle 27 de Febrero de la ciudad fronteriza de Dajabón. Los agentes de la DGM, en coordinación con efectivos del Ejército, siguieron el trayecto del vehículo por la carretera Dajabón–Santiago Rodríguez hasta interceptarlo en el chequeo militar conocido como “El Rodeo”, en el municipio Partido.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades hallaron documentos médicos provenientes de Haití y de un centro de salud en Santiago Rodríguez. Los dos ciudadanos haitianos declararon que pagaron la suma de 9,000 pesos dominicanos (USD 0.15 centavos) para ser transportados en la ambulancia, lo que refuerza la hipótesis de que el vehículo era utilizado como fachada para actividades de tráfico de personas.

Procedimientos legales y acciones tras la detención

Tanto el conductor como los extranjeros indocumentados y la ambulancia misma fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio (CPM) de Dajabón. Allí se iniciaron los procedimientos legales pertinentes, bajo supervisión del Ministerio Público y conforme a lo establecido en la Ley General de Migración. La DGM informó que el caso se encuentra bajo investigación y que se aplicarán las sanciones correspondientes a todos los involucrados.

El uso de una ambulancia para el traslado irregular de personas representa un hecho de especial gravedad, no solo por el intento de evadir controles migratorios, sino también por la manipulación de un recurso destinado a la atención de emergencias y el cuidado de la salud. Las autoridades dominicanas han resaltado que este tipo de prácticas serán perseguidas con rigor, dado que comprometen la seguridad fronteriza y ponen en riesgo la integridad de los sistemas de salud y migratorio.

De igual forma, reafirmaron su compromiso de fortalecer los operativos de control e inteligencia en toda la frontera con Haití. Además, subrayó que los procedimientos de interdicción se realizarán siempre en respeto de los derechos fundamentales de los involucrados, pero sin tolerancia para quienes utilicen vehículos oficiales o de emergencia en actividades ilícitas.

De acuerdo con datos oficiales, solamente el jueves 21 de mayo, las autoridades realizaron la deportación de 1,360 personas extranjeras en situación migratoria irregular. Estas personas fueron atendidas y procesadas en distintos puntos de control migratorio en las fronteras.

La Policía Nacional de Honduras despidió este viernes a 4 de los 5 agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) cuyas vidas terminaron en una masacre ocurrida el jueves en la zona de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, según informó el medio HCH. La escena, marcada por el silencio y el dolor, reunió a familiares, compañeros y altos mandos que rindieron homenaje a quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Leonel Alejandro Valdés Núñez, Dailyn Francisco Elvir Quintanilla, Josué Amador Herrera (subcomisario) y Emerson Josué Canales Funes, fueron recordados tanto por sus compañeros como sus familiares, quienes no pudieron contener las lágrimas.

Por su parte, de acuerdo con Televicentro Noticias, el agente Nils Macklin Eguigure Benavides continúa en la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula, sujeto a exámenes forenses especiales debido a las severas lesiones que sufrió. Según los últimos reportes, su cuerpo presentó desmembramiento, quemaduras y señales de extrema violencia, lo que llevó a las autoridades a intensificar las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

Los cinco integrantes de la DIPAMPCO murieron durante una acción policial en Corinto, al norte de Honduras, al intentar ejecutar una operación contra estructuras criminales.

Testimonios recogido por HCH y confirmados por otros medios locales indican que el operativo en el que fallecieron los agentes tenía como objetivo la captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en la región fronteriza con Guatemala. En el caso de los agentes caídos, la misión habría partido originalmente hacia el departamento de Colón, pero el grupo terminó desplazándose hasta Omoa, donde se desencadenó el enfrentamiento.

Dolor y homenaje en la despedida a los agentes caídos

La sede central de la DIPAMPCO, ubicada en Tegucigalpa, fue escenario de escenas de dolor. Los féretros alineados, cada uno identificado con una fotografía de los agentes en vida, ocuparon el centro del salón. Las imágenes, cuidadosamente colocadas sobre los ataúdes, permitieron a familiares y compañeros reconocer y honrar a quienes perdieron la vida en el operativo de Corinto.

Miembros de la DIPAMPCO, visiblemente afectados, permanecieron de pie junto a los féretros, mostrando respeto y solidaridad en uno de los momentos más difíciles que ha atravesado la institución en los últimos años. Las lágrimas de los presentes reflejaron el impacto de la pérdida y la cercanía que existía entre los agentes caídos y sus compañeros.

En medio del acto, se realizó una misa de despedida. Un sacerdote ofreció oraciones por el descanso de los policías, pidiendo consuelo para las familias y fortaleza para el cuerpo policial.

Honduras conmocionada ante la tragedia

El impacto del crimen no solo afectó a la institución policial. La noticia provocó una oleada de consternación en la sociedad hondureña. Diversos sectores manifestaron su pesar y exigieron justicia ante la violencia que cobró la vida de los cinco policías.

Las autoridades hondureñas, reiteraron el compromiso de proseguir con las investigaciones y fortalecer la presencia policial en la zona norte, donde la actividad criminal continúa representando un desafío para la seguridad nacional.

La Secretaría de Seguridad anunció la suspensión de altos mandos de la DIPAMPCO mientras avanza la investigación, con el objetivo de determinar las responsabilidades y esclarecer los motivos que llevaron a los agentes a ingresar en una zona de alto riesgo sin el respaldo de los protocolos institucionales.

El país mantiene el luto y la vigilancia, mientras las familias de los agentes caídos reciben el apoyo de la comunidad y del cuerpo policial.

La madrugada del 13 de enero de 2016, una avioneta blanca modelo Piper 3 con matrícula costarricense TI-ATR cruzó la frontera norte sin aviso y fue a estrellarse en un cañaveral de Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega, Nicaragua. Cuando los policías nicaragüenses llegaron al sitio, los pilotos ya habían desaparecido. Dentro de la aeronave quedaban tres maletas. Dentro de las maletas, 89 kilos de cocaína.

Nadie lo sabía entonces, pero ese accidente encendió un hilo que tardaría una década en quemarse hasta el final. Esta semana, el hilo llegó a su destino, por ahora: una mansión de tres millones de dólares en un condominio de lujo en Escazú, Costa Rica.

La aeronave había salido del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, con un plan de vuelo hacia Punta Islita y Tamarindo, en Guanacaste. Era una ruta doméstica de apariencia rutinaria. La última comunicación con la nave fue por radio, cuando sus ocupantes indicaron que saldrían. Eso fue todo. Nadie en la torre de control supo más hasta que el transmisor localizador de emergencias se activó desde territorio nicaragüense.

“Fue el transmisor localizador de emergencias (ELT, por sus siglas en inglés) el que nos alertó de que la aeronave estaba en el país vecino”, declaró el director de Aviación Civil de Costa Rica, Enio Cubillo, en enero de 2016.

En Nicaragua, la aeronave había aterrizado en circunstancias no aclaradas cerca de un camino de tierra en la comunidad Cuatro Esquinas, municipio de Puerto Morazán, a 132 kilómetros al noroeste de Managua.

“En la avioneta se encontraron tres maletas con varios tacos de cocaína”, informó el Comisionado Francisco Díaz, entonces subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua.

Los vecinos de la zona contaron que una camioneta llegó por los tripulantes poco después del accidente. Los pilotos, identificados con los apellidos Campos y Arias, denunciaron posteriormente haber sido secuestrados en Guanacaste por sujetos con acento colombiano.

El periodista nicaragüense Roberto Orozco, trabajaba entonces como investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y le dio “seguimiento” a ese caso. “No hubo una investigación profunda. Nunca se aclaró cómo los pilotos regresaron a Costa Rica. Tampoco se confirmó si el aterrizaje forzoso fue por fallas mecánicas o por falta de combustible. La hipótesis del combustible no convencía a las autoridades ticas porque la avioneta acababa de despegar de un aeropuerto en Guanacaste. Si iban rumbo a Guatemala o México, debían llevar suficiente combustible. Todo quedó en la nebulosa”, señala.

Una red narco

El accidente de la avioneta estaba conectado a una red que las autoridades costarricenses ya monitoreaban desde el año anterior bajo el nombre en clave de Caso Torrero, y que luego daría pie al Caso Manantiales. Ambas investigaciones apuntaban a tráfico internacional de estupefacientes con rutas aéreas hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En el centro de esa red, presuntamente, figuraba un nombre: Francisco Javier Alfaro Flores, nicaragüense naturalizado costarricense, de 50 años.

Alfaro Flores fue investigado en 2015 en el Caso Torrero, a cargo de la entonces Sección de Estupefacientes, hoy Sección Especializada Antidrogas, del OIJ. Pese a ello, no fue procesado penalmente. Luego apareció vinculado al Caso Manantiales, y tampoco fue imputado. La resolución judicial no explica en detalle el motivo por el que no fue procesado en ese segundo caso, pero sí establece que la DEA retomó la investigación con base en nueva información.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, describe el hilo conductor: “Es una investigación de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, en donde se le da seguimiento a dos casos anteriores de tráfico internacional de estupefacientes, solo que ahora vamos enfocados en la legitimación de capitales”.

El supuesto punto de enlace entre Alfaro Flores y la avioneta caída en Nicaragua quedó documentado antes del accidente. Según el expediente judicial, el 12 de enero de 2016, la víspera del siniestro, agentes de la DEA alertaron al OIJ que sujetos de distintas nacionalidades habían cargado maletas de manera sospechosa en una aeronave blanca en las localidades costeras de Corozalito y Punta Islita. Al día siguiente esa misma avioneta, la TI-ATR, estaba tirada en un cañaveral nicaragüense.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CRHoy, el OIJ atribuye a Francisco Javier Alfaro Flores funciones logísticas dentro de una red de narcotráfico internacional y sostiene que activó radiobases en Punta Islita durante la operación de la avioneta TI-ATR que cayó en Chinandega en enero de 2016.

Empresario “exitoso”

Durante años, Alfaro Flores construyó una fachada de empresario exitoso. La clave de su arquitectura financiera fue la apropiación de negocios aparentemente legales con acceso a flujos de dinero difíciles de rastrear.

En julio de 2016, meses después del accidente de la avioneta, Alfaro Flores asumió la representación judicial y extrajudicial de Valu Shred Costa Rica VSCR S.A., una empresa recicladora de chatarra electrónica con sede en una zona franca de Montecillos, en Alajuela.

Para cuando tomó el control de la recicladora, esta ya disfrutaba de los beneficios que el Estado otorga a las empresas en el régimen de zona franca, como descuentos o exoneraciones totales en el pago de impuestos. El régimen le había sido otorgado desde enero de 2012.

“La sociedad sería utilizada como mampara para legitimar capitales provenientes del narcotráfico, o bien, que mediante la exportación de la chatarra que recolectan, esconden sustancias psicotrópicas”, expone el expediente judicial del Caso Lusso.

En julio de 2022, la Fiscalía de Legitimación de Capitales recibió información confidencial de que Alfaro Flores, presuntamente, estaba legitimando ganancias del narcotráfico a través de negocios mampara. Ese dato fue el detonador final de lo que vendría.

La supuesta red de Alfaro Flores no operaba sola. Necesitaba colaboradores que movieran dinero a través de negocios con apariencia de legitimidad. Uno de los más llamativos sería Cristian Lanuza Víquez, campeón nacional de fisicoculturismo en 2017 y propietario del gimnasio Lanuza Performance, en Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con las autoridades, Lanuza habría adquirido vehículos de alto valor y una propiedad por 107 millones de colones (unos 235 mil dólares) en apenas 19 meses, con dinero proveniente del narcotráfico de la organización presuntamente liderada por Alfaro Flores.

El expediente judicial registra las transacciones: el 14 de julio de 2023, Lanuza adquirió un Ford F150 por 75.000 dólares. El 13 de enero de 2025, adquirió una Toyota Fortuner. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el empresario ‘convirtió recursos derivados de la narcoactividad en bienes de interés económico’ y adquirió un Chevrolet Tahoe color negro, año 2026.

La cobertura era el gimnasio, pero los números no cuadraban. “Este esquema de negocio, aun considerando una clientela estable, no resulta financieramente congruente para sostener el alto nivel de vida ostentoso”, señala el expediente judicial del Caso Lusso.

Poca cooperación de Nicaragua

Para el periodista Orozco, la Policía de Nicaragua fue, al menos, negligente, en el tratamiento del caso. Los trató como un hecho aislado. “Nicaragua estaba obligada a profundizar la investigación porque se trataba de narcotráfico internacional. Se sabía de dónde había salido el vuelo y la Policía debió solicitar más información a Costa Rica para empezar a investigar posibles estructuras locales de apoyo. Eso es lo normal en este tipo de casos. Nunca se dejan como hechos aislados”, dice.

Considera que la actitud del régimen estuvo determinada por la imagen del país que querían mostrar. “Lo que pasaba es que Nicaragua ya estaba entrando en una política de ocultamiento de información. Se promovía aquella narrativa del ´vivir bonito´, de que todo estaba bien y de que el país era un ´muro de contención´ contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, ya había problemas para compartir información con la DEA”, señala.

No se investigaron posibles conexiones locales, incluso dentro del Estado, dice Orozco, porque Daniel Ortega desmanteló desde 2010 la llamada Unidad Anticorrupción que era la oficina de la Policía que se encargaba de trabajar con la DEA e intercambiar información.

“Ese departamento había sido creado durante el gobierno de Enrique Bolaños, bajo fuerte influencia estadounidense. Era una unidad especializada de investigación, casi un bloque de búsqueda. Su objetivo principal era impedir que el narcotráfico capturara instituciones del Estado, especialmente en la Policía y en el Poder Judicial”, indica. Ortega lo desarticuló y lo cerró.

Día de allanamientos

El caso revivió abruptamente la madrugada del pasado 18 de mayo de 2026. La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ de Costa Rica y la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales ejecutaron un operativo simultáneo en cuatro provincias. 17 allanamientos en propiedades ubicadas en Alajuela, Pérez Zeledón, Escazú y Heredia como parte de la investigación denominada Caso Lusso —'lujo’ en italiano—, dirigida contra una red dedicada al lavado de activos por medio de varios negocios, la adquisición de vehículos de alto valor y propiedades e inversiones en el negocio inmobiliario.

El golpe central fue en el condominio Cerro Real, en Escazú. Michael Soto, director interino del OIJ, informó que Alfaro Flores fue capturado en una lujosa mansión valorada en tres millones de dólares. La residencia incluía cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio particular, uno de los símbolos más elocuentes de la riqueza que, según los investigadores, fue construida sobre el narcotráfico.

En total fueron detenidas ocho personas, entre ellas la pareja e hija de Alfaro Flores.

Las autoridades incautaron 21 vehículos de alta gama valorados en 2,7 millones de dólares, entre ellos automóviles de las marcas Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz, Audi, BMW y Lexus.

Uno de los vehículos incautados tenía un valor de alrededor de 400.000 dólares y era uno de los pocos de su clase en todo Costa Rica. Las autoridades también decomisaron dinero en efectivo y un fusil de asalto AR-15.

El total de dinero blanqueado estimado por la fiscalía supera los 500 millones de colones —aproximadamente 1,1 millones de dólares— en activos directamente rastreables al narcotráfico. Los investigadores vincularon al grupo con 29 propiedades con un valor conjunto de aproximadamente 7 millones de dólares.

“Es parte de lo que estamos investigando. Es muy prematuro afirmar si hubo vehículos declarados por precios inferiores, pero es una de las líneas de análisis”, indicó Michael Soto, director interino del OIJ.

El Caso Lusso es, en su esencia, la historia de una investigación que sobrevivió a sí misma. Alfaro Flores pasó por dos causas por narcotráfico sin ser procesado penalmente. Luego construyó, durante años, una arquitectura financiera que combinó una recicladora en zona franca, cadenas de gimnasios, importación de autos de lujo y bienes raíces de alto valor. Se instaló en una mansión con cine privado y piscina en el condominio más exclusivo de Escazú.

Y sin embargo, el hilo que lo ataba al 13 de enero de 2016 nunca se rompió: la avioneta blanca TI-ATR, tirada en un cañaveral de Chinandega, con tres maletas y 89 kilos de cocaína, y los pilotos que se esfumaron en la noche nicaragüense.

Esa investigación, la del accidente aéreo en Puerto Morazán, fue la que la DEA retomó con nueva información y que terminó derivando en la causa por la que Alfaro Flores fue detenido esta semana.

Tardó diez años.

Las advertencias por retroceso en derechos humanos en Costa Rica se intensificaron tras el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que alertó sobre restricciones a personas migrantes y a la población carcelaria.

En 2025, el MNPT informó que 200 migrantes deportados desde Estados Unidos fueron alojados en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) en condiciones que, según el organismo, implicaron una privación de libertad de facto y afectaron su salud psicosocial.

El reporte también señaló que el sistema penitenciario costarricense opera con una sobrepoblación del 46.4%: alberga 19,453 personas privadas de libertad y hay centros que alcanzan el 134% de su capacidad, un nivel que, según el MNPT, tensiona los estándares internacionales de trato digno.

Restricciones y riesgos en el sistema penitenciario

En el circuito de alta contención, el MNPT registró un endurecimiento de medidas: eliminación total del acceso a educación y actividades laborales, además de limitaciones a vínculos familiares y a la alimentación.

Para el organismo, esas condiciones convierten a las prisiones en espacios de confinamiento sin iniciativas de reinserción social, con impacto en la reincidencia.

El informe advirtió que, con la prioridad puesta en la contención, las cárceles enfrentan un riesgo de convertirse en entornos torturantes. El MNPT sostuvo que esa orientación compromete derechos básicos de los internos y debilita el objetivo de resocialización.

Migrantes deportados desde Estados Unidos y denuncias por vulneraciones

Sobre el caso del CATEM, el MNPT indicó que el procedimiento prolongó una cadena internacional de vulneraciones y dejó a las personas afectadas en mayor vulnerabilidad.

Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que durante el proceso se afectaron garantías fundamentales, en el marco de traslados y permanencias que no se presentaron como detención formal.

El mecanismo vinculó el deterioro psicosocial reportado con la incertidumbre, el encierro de hecho y la ausencia de condiciones adecuadas para una atención integral, según su evaluación del dispositivo de alojamiento temporal.

Nuevas políticas y megaproyecto penitenciario

Ante la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado, la presidenta Laura Fernández anunció una “reforma profunda” del Estado. Entre las medidas, incluyó la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una cárcel inspirada en el modelo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la obra registra un avance del 36%, proyecta una capacidad de 5,100 internos y un costo de USD 35 millones. Fernández planteó que el complejo servirá para aplicar “mano dura” frente a la delincuencia.

En ese contexto, la presidenta vinculó la iniciativa con el aumento de los homicidios: alrededor de 900 por año, y un 70% atribuido al narcotráfico. El MNPT, por su parte, advirtió que la orientación punitiva y las restricciones excesivas pueden agravar la vulnerabilidad de personas migrantes y privadas de libertad en lugar de resolver de fondo la dinámica delictiva y migratoria.

Las oportunidades de formación técnica comenzarán a llegar con más fuerza a la Zona Sur de Costa Rica. El Instituto Tecnia anunció la apertura de 130 becas para programas especializados en Pérez Zeledón, una iniciativa que busca acercar opciones reales de estudio y empleo a personas fuera del Gran Área Metropolitana.

La convocatoria incluye capacitaciones en mecánica básica de vehículos livianos, servicios en hotelería y turismo, y plataformista de servicios administrativos, áreas que actualmente mantienen alta demanda de personal en distintas regiones del país.

El proyecto busca responder a una problemática recurrente en zonas alejadas de la capital: la limitada oferta de formación técnica y las dificultades que enfrentan muchas personas para trasladarse o acceder a estudios especializados.

“Muchas personas tienen disposición de trabajar y desarrollarse profesionalmente, pero enfrentan barreras relacionadas con acceso a formación o ubicación geográfica. Este tipo de iniciativas acerca oportunidades reales de capacitación a comunidades que requieren más alternativas para acceder al mercado laboral”, señaló Alejandra Vargas.

Los cursos serán impartidos directamente en Pérez Zeledón mediante modalidades presenciales e híbridas, permitiendo mayor flexibilidad para estudiantes que trabajan o viven en comunidades alejadas.

La oferta académica contempla un técnico en mecánica básica de vehículos livianos con duración de cinco meses en modalidad presencial; un programa en servicios de hotelería y turismo de seis meses en modalidad híbrida; y un técnico en plataformista de servicios administrativos de cuatro meses también bajo modalidad híbrida.

La apertura de estas becas ocurre en un contexto donde el mercado laboral costarricense mantiene una creciente necesidad de perfiles técnicos y operativos especializados.

Según datos del Programa Estado de la Nación correspondientes a 2025, áreas relacionadas con servicios administrativos, soporte operativo, mantenimiento técnico, logística y turismo figuran entre las ocupaciones con mayor demanda de talento en regiones fuera de la GAM.

A esto se suma un informe de ManpowerGroup que advierte que siete de cada diez empleadores en Costa Rica reportan dificultades para encontrar personal calificado.

Para Tecnia, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer programas orientados a habilidades prácticas y rápida inserción laboral, especialmente en regiones donde las oportunidades educativas suelen ser más limitadas.

“El mercado laboral requiere cada vez más perfiles técnicos con habilidades prácticas y capacidad de adaptación. Los programas fueron diseñados a partir de necesidades reales del sector productivo y buscan generar herramientas concretas para acceder a empleo formal”, agregó Vargas.

La organización ya ha desarrollado programas similares en zonas como San José, Puntarenas, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Cartago, Grecia y San Ramón, enfocándose en capacitación aplicada y formación vinculada con sectores productivos estratégicos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de mayo de 2026, llenando el formulario https://bit.ly/Pre-Selección_TECNIA2026 y las personas interesadas deberán cumplir requisitos básicos como ser mayores de edad, contar con sexto grado aprobado y tener disponibilidad para asistir a clases.

El Instituto Tecnia indicó que el objetivo principal es ampliar el acceso a oportunidades de capacitación en regiones donde históricamente la población ha tenido menos acceso a formación técnica especializada y, por ende, menores oportunidades de inserción laboral.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su respaldo al Gobierno Nacional en la posición asumida frente al diferendo comercial con Costa Rica y pidió que la relación bilateral se desarrolle bajo principios de respeto, reciprocidad, equilibrio y reglas claras, en momentos en que la disputa entre ambos países escaló del plano comercial al energético.

El gremio empresarial sostuvo que Panamá tiene derecho a defender sus intereses nacionales, respaldar a sus sectores productivos y utilizar los mecanismos legales, diplomáticos y comerciales disponibles para sostener su posición.

La CCIAP advirtió que, ante el aumento del tono en la discusión pública y los recientes pronunciamientos desde Costa Rica, es necesario mantener la serenidad institucional sin renunciar a la firmeza que exige una posición legítima de país.

La Cámara insistió en que las diferencias comerciales entre países vecinos deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos establecidos, no a través de discursos altisonantes ni presiones públicas que dificulten una salida sostenible. El presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, afirmó que el diálogo es el camino deseable, pero debe darse en un marco de respeto mutuo y sin elevar innecesariamente la tensión.

La postura empresarial se produce luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que Panamá no autorizará, por ahora, nuevas ventas de energía eléctrica a Costa Rica. El mandatario explicó que la decisión forma parte de la respuesta panameña ante un conflicto comercial que, según su gobierno, se arrastra desde hace años por restricciones aplicadas a productos nacionales.

Mulino sostuvo que su deber es proteger a los productores panameños y cuestionó el manejo público que Costa Rica ha dado al diferendo. El presidente panameño ha insistido en que su administración mantiene disposición al diálogo, pero bajo condiciones de reciprocidad y respeto, especialmente después de que autoridades costarricenses elevaran el tema a instancias diplomáticas e internacionales.

El conflicto comercial involucra principalmente restricciones sanitarias y fitosanitarias relacionadas con productos agropecuarios, cárnicos y lácteos. Panamá sostiene que sus controles buscan proteger la producción nacional y cumplir estándares internacionales, mientras Costa Rica argumenta que varias medidas limitan injustificadamente el ingreso de sus productos al mercado panameño.

Las tensiones aumentaron tras la llegada al poder de la presidenta costarricense Laura Fernández, quien aseguró que no permitiría que Panamá continuara bloqueando el ingreso de productos de su país y anunció acciones diplomáticas e internacionales.

La decisión de Panamá abrió un debate interno en Costa Rica. La diputada Abril Gordienko cuestionó la estrategia de la presidenta Laura Fernández y advirtió que un diferendo comercial que pudo resolverse por la vía técnica terminó convertido en una crisis diplomática en un momento delicado para la seguridad energética costarricense.

Según la legisladora, Costa Rica enfrenta altas probabilidades de sequía asociadas al fenómeno de El Niño, lo que podría afectar la generación hidroeléctrica, una de las principales fuentes de electricidad del país. Gordienko sostuvo que, si baja la producción hidroeléctrica y aumenta el consumo, Costa Rica tendría que recurrir a plantas térmicas más costosas o enfrentar escenarios de racionamiento.

La diputada afirmó que las proyecciones contemplaban la importación de al menos 1,608 gigavatios hora desde Panamá en 2026, equivalente al 11.2% de la energía total del país. A su juicio, cerrar esa opción podría traducirse en electricidad más cara, mayor uso de combustibles fósiles y más presión sobre el costo de vida.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin embargo, rechazó ese escenario y aseguró que el sistema eléctrico nacional cuenta con recursos suficientes para atender la demanda. La entidad estatal indicó que no proyecta comprar electricidad a Panamá durante lo que resta de 2026 y sostuvo que no existen contratos firmes vigentes con el mercado panameño.

La diputada costarricense Abril Gordienko cuestionó la estrategia adoptada por el Gobierno de Laura Fernández.La diputada costarricense Abril Gordienko cuestionó la estrategia adoptada por el Gobierno de Laura Fernández.

El ICE también defendió que las transacciones dentro del Mercado Eléctrico Regional se rigen por normas técnicas independientes y recordó que Costa Rica ha sido históricamente uno de los principales exportadores de energía de Centroamérica, con una participación cercana al 49.8% del bloque regional.

La controversia ocurre mientras Panamá aumenta su presencia como exportador eléctrico. Durante el primer trimestre de 2026, el país exportó 379.4 millones de kilovatios hora, un incremento de 79.7% frente al mismo período del año anterior. Solo en marzo, las exportaciones panameñas alcanzaron 143.3 millones de kilovatios hora.

Con la electricidad sumada al conflicto comercial, la relación entre Panamá y Costa Rica atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. La CCIAP planteó que la salida debe construirse con diálogo, pero también con reciprocidad efectiva, mientras en Costa Rica el debate se divide entre quienes advierten riesgos energéticos y quienes ase

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) reforzó su llamado a la prevención ante la posible llegada de El Niño en el segundo semestre de 2026, un escenario que podría reducir las lluvias entre 10% y 30% y elevar las temperaturas entre 0,5 y 1 °C en Costa Rica, con impacto previsto sobre el agua, la producción agropecuaria y el precio de productos básicos, según la Red de Estaciones Meteorológicas del Programa de Laboratorios y de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN)

La advertencia se apoya también en señales ya observadas fuera del Valle Central. La vertiente del Caribe presenta condiciones de sequía por el déficit acumulado en la primera parte del año, mientras que Guanacaste aparece como la provincia más expuesta a temperaturas por encima de lo habitual, de acuerdo con el IMN.

La respuesta directa de la universidad apunta a tres frentes: cuidar el agua, reducir el consumo energético y seguir información oficial del IMN. La institución sostuvo que la preparación ciudadana puede amortiguar los efectos de un fenómeno que amenaza la productividad agrícola y la disponibilidad de pasturas para el ganado.

La reducción de lluvias pondría presión sobre el agua y la agricultura

La docente y meteoróloga del Programa de Laboratorios Melissa Chacón Gómez explicó que el acceso al agua figura entre los principales retos que plantea El Niño. Al presentar el llamado de la UNED, afirmó: “Queremos reforzar el llamado a la prevención, promoviendo el uso responsable de los recursos y la capacitación comunitaria en resiliencia climática”.

Chacón enfatizó que el fenómeno trasciende el plano meteorológico y entra en la vida cotidiana. “Este evento nos recuerda que el agua es un recurso limitado y vulnerable, no se trata solo de un asunto técnico, sino de un desafío que afecta directamente la vida cotidiana de las personas, desde el acceso al agua potable hasta la producción de alimentos”.

La universidad vinculó el déficit de precipitación con efectos concretos sobre la economía doméstica y rural. Según la UNED, la caída de lluvias y el aumento de temperatura pueden reducir la productividad agrícola, comprometer la disponibilidad de forraje para el ganado y encarecer productos de la canasta nacional.

En el plano práctico, las recomendaciones difundidas por la académica abarcan el uso racional del agua, la prevención en agricultura, el ahorro energético, la reducción del riesgo de incendios forestales y medidas de salud frente al calor. Entre ellas figuran reparar fugas, cerrar el grifo durante tareas cotidianas, reutilizar agua cuando sea posible y regar jardines o cultivos en la madrugada o en la noche.

Para el sector agropecuario, la orientación de la UNED incluye ajustar calendarios de siembra con base en boletines agroclimáticos del MAG y del IMN, diversificar cultivos e incorporar sistemas de riego más eficientes como el goteo o la microaspersión. La institución también pidió participar en capacitaciones organizadas por el MAG y la universidad.

La red de 17 estaciones meteorológicas aporta datos para la prevención local

Chacón destacó que la universidad dispone de 17 estaciones meteorológicas automáticas que permiten el monitoreo preciso de las condiciones atmosféricas y generan información útil para investigación, educación y sectores como agricultura, turismo y salud. Esa red produce datos abiertos orientados a enfrentar sequías y mejorar la preparación local.

La estrategia de prevención también se apoya en alianzas institucionales. La universidad informó que consolidó trabajo conjunto con el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Sarapiquí para ampliar el alcance de la información y de las acciones preventivas en comunidades.

Las recomendaciones sobre energía incluyen reducir el uso de aire acondicionado, preferir ventilación natural, sustituir bombillos incandescentes por luces LED, desconectar aparatos que no estén en uso y aprovechar la luz natural en hogares y oficinas. En zonas secas, la universidad pidió evitar quemas agrícolas y fogatas, avisar de inmediato al 9-1-1 ante cualquier foco de incendio y participar en brigadas comunitarias organizadas por SINAC y la CNE.

En materia de salud, la orientación divulgada por la academia indica mantener hidratación constante, evitar exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y protector solar, y prestar atención especial a niños y adultos mayores por su mayor vulnerabilidad al calor extremo. Chacón señaló que el objetivo de estas acciones es reforzar el compromiso de aportar ciencia aplicada y confiable para enfrentar los retos del fenómeno de El Niño.

La provincia de Hato Mayor se encuentra sumida en la consternación y el dolor tras el violento homicidio de Ruddy Merisu, un joven de origen haitiano ampliamente conocido en su comunidad como “Rudy Candela”.

El trágico incidente, que inicialmente se manejó con datos preliminares y un agresor en fuga, dio un giro definitivo con la captura del presunto homicida por parte de las autoridades policiales.

El hecho, motivado aparentemente por el rechazo del agresor hacia la relación de la víctima con su hija, ha encendido el debate sobre la violencia y la tipificación legal de este tipo de crímenes en el país.

El suceso violento se originó el pasado martes 19 de mayo en la comunidad de La Jaiba, perteneciente al distrito municipal de Guayabo Dulce, en Hato Mayor. Ruddy Merisu, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba en su residencia junto a su pareja sentimental. Fue en ese escenario donde se presentó su suegro, identificado posteriormente por las autoridades como Andrés Benítez (alias “Marino”), de 63 años de edad.

Armado con un machete, Benítez atacó ferozmente a Merisu. Según el desgarrador testimonio del padre de la víctima, el joven intentó huir y mediar palabras con su agresor: “Cuando él le dio, el hijo mío se mandó corriendo y le dijo: ‘Viejo, vamos a hablar. Vamos a hablar’. Y ahí fue que le dio el machetazo en la cara”.

Merisu recibió múltiples heridas cortopenetrantes en el costado izquierdo, el hombro, la mandíbula y el rostro. A pesar de ser trasladado en estado crítico a un centro de salud de la región, el joven predicador falleció la noche del martes debido a la gravedad de las lesiones.

Tras cometer el hecho, Benítez emprendió la huida. Sin embargo, la noche del miércoles 20 de mayo, de agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Policía Preventiva lograron interceptarlo y arrestarlo en flagrante posesión del arma homicida.

l ser cuestionado, el detenido alegó presuntas amenazas previas por parte de la víctima, mostrando un aparente arrepentimiento.

El clamor de una comunidad y el perfil de la víctima

“Rudy Candela” era una figura respetada y querida en el batey La Construcción y zonas aledañas. Dedicado activamente a la fe cristiana, sus allegados lo describen como un hombre tranquilo, religioso y consagrado a predicar el evangelio. Su muerte ha generado profundas muestras de rechazo a la violencia en la provincia.

La familia de Merisu, de fe evangélica, ha sido enfática en que no buscan venganza por mano propia, sino la aplicación estricta de la ley. El padre del fallecido expresó ante los medios de comunicación locales un firme llamado a las autoridades: “Nosotros lo que realmente pedimos es justicia. No queremos que se le haga un daño a otra persona, nos gustaría que se nos haga justicia”.

El ordenamiento jurídico de la República Dominicana contempla severas sanciones para los delitos contra la vida. La tipificación de este caso dependerá de los elementos probatorios que presente el Ministerio Público durante el proceso de instrucción.

De acuerdo con el Código Penal de la República Dominicana, el homicidio se define como el acto de quitarle la vida voluntariamente a otra persona.

• Artículo 295: “El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio”. La pena base para el homicidio voluntario simple conlleva una sanción de 3 a 20 años de reclusión mayor.
• Homicidio Agravado (Asesinato): El Artículo 296 establece que el homicidio cometido con premeditación o acechanza se califica como asesinato. La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción, mientras que la acechanza implica esperar en uno o más lugares a una persona. En este caso, el hecho de que el agresor se presentara armado a la vivienda de la víctima podría ser tipificado por la fiscalía como un asesinato. El Artículo 302 castiga el asesinato con la pena máxima del país: 30 años de reclusión mayor.

El Ministerio Público de Hato Mayor ya se encuentra procesando el expediente para la solicitud de medidas de coerción contra Andrés Benítez. La comunidad, mientras tanto, despide a “Rudy Candela” esperando que los tribunales dicten una sentencia ejemplar que responda al luto de su familia.

Según informó la PNC, el decomiso incluyó cuatro rifles, una carabina M4, una pistola, tres tolvas, 400 municiones, así como miras telescópicas. De acuerdo con la versión oficial, las armas se encontraban ocultas en una caja junto a otros objetos personales y pretendían ingresar al país sin la documentación requerida.

En declaraciones recogidas por Telediario, José Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, confirmó que la operación se realizó tras una inspección minuciosa de las encomiendas procedentes de EE.UU.

“Se ha logrado ubicar en una caja de encomiendas que proviene de Estados Unidos con destino Guatemala y con el documento que el destino final sería el departamento de Huehuetenango, se ha logrado ubicar en el interior del mismo, en este caso, en el interior de esta caja, cuatro fusiles, una pistola y también más de cuatrocientas municiones”, detalló el vocero.

De igual manera, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos ha iniciado una investigación para determinar el origen, destino y responsables del envío de estas armas, así como la autenticidad de los documentos de respaldo presentados para la encomienda.

Las autoridades buscan establecer si existe una red criminal dedicada al tráfico de armas utilizando este tipo de envíos, aprovechando la ruta de encomiendas que guatemaltecos en el extranjero emplean para enviar productos a sus familiares en el país centroamericano.

Este es el tercer decomiso de armas ocultas en encomiendas

De acuerdo con la información oficial, este decomiso representa el tercer caso en la última semana en el que se detecta el intento de introducir armas ilegales por medio de contenedores.

“Este es la tercera ocasión que se ha llevado a cabo la localización de este tipo de situaciones ilegales en ese sector durante esta última semana”, puntualizó Chinchilla al citado medio. La reiteración de estos hallazgos en tan corto plazo ha motivado a las autoridades a reforzar las medidas de control y vigilancia en las áreas de bodega y despacho de mercancías del recinto portuario.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones buscan aclarar si los destinatarios de la encomienda mantenían vínculos con organizaciones delictivas o si las armas tenían como fin alimentar conflictos armados internos en el país.

“El trabajo de investigación continúa por parte de la Policía Nacional Civil para dar con los presuntos responsables de estar realizando este tipo de situaciones ilegales, tomando en cuenta que es la tercera ocasión que ocurre”, afirmó el vocero de la institución policial en la entrevista concedida a Telediario.

Un total de 272 personas sufrieron amputaciones en Costa Rica durante el primer trimestre de 2026 como consecuencia de accidentes laborales y de tránsito, según datos de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros.

La mayoría de los casos estuvo relacionada con emergencias laborales cubiertas por el Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo (RT), que acumuló 222 amputaciones en apenas tres meses, consolidándose como la principal causa de este tipo de lesiones severas en el país.

Por su parte, el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) registró 49 casos asociados a accidentes de tránsito, mientras que el seguro de Responsabilidad Civil reportó un caso adicional.

Las cifras encendieron las alertas dentro del Instituto Nacional de Seguros (INS), que hizo un llamado a reforzar las medidas preventivas tanto en centros de trabajo como en carretera.

“Detrás de cada una de estas cifras hay personas y familias cuya vida cambió por completo tras una lesión severa. Por eso es fundamental fortalecer la prevención, promover espacios de trabajo más seguros y fomentar una conducción responsable que ayude a evitar este tipo de situaciones”, afirmó Kenneth Rojas, Director General de la Red de Servicios de Salud del INS

De acuerdo con el reporte, las amputaciones más frecuentes fueron en falanges, con 138 casos registrados. También se contabilizaron lesiones severas en dedos del pie, piernas, fémur, manos y brazos.

Las autoridades señalaron que este tipo de accidentes suele generar consecuencias permanentes tanto a nivel físico como emocional y económico, debido a los largos procesos de rehabilitación y adaptación que enfrentan los pacientes.

Uno de los casos más recientes es el de Josué Villalobos, quien perdió su pierna derecha mientras atendía una emergencia durante una actividad pública.

Según relató el oficial, el accidente ocurrió el pasado 21 de marzo mientras intervenía en una riña y colaboraba en la persecución de un sospechoso.

“Mientras cruzaba la calle para abordar la patrulla y brindar apoyo, fui atropellado accidentalmente por un compañero que participaba en la persecución, lo que provocó la amputación de mi pierna”, contó Villalobos.

El policía municipal fue dado de alta recientemente, aunque continuará bajo seguimiento médico por parte del INS mediante citas de ortopedia, terapia física, trabajo social y procesos de rehabilitación.

La Red de Servicios de Salud del INS explicó que la atención para personas amputadas incluye acompañamiento integral desde el primer momento y durante todo el proceso de recuperación.

Los tratamientos contemplan terapia física, terapia ocupacional, apoyo psicológico, rehabilitación especializada y adaptación de prótesis, con el objetivo de facilitar la reintegración funcional, social y laboral de los pacientes.

Especialistas señalan que los accidentes laborales relacionados con maquinaria pesada, herramientas de corte, manipulación industrial y fallas en protocolos de seguridad continúan figurando entre las principales causas de amputaciones en el país.

En carretera, las colisiones de alta velocidad y atropellos también representan un riesgo importante de lesiones incapacitantes permanentes.

El INS reiteró el llamado a empleadores, trabajadores y conductores a reforzar las prácticas de seguridad y prevención para reducir la incidencia de accidentes graves que puedan derivar en amputaciones u otras lesiones irreversibles.

El estudiante Marcel Arrieta Fonseca del Instituto Tecnológico de Costa Rica ganó el premio Judge’s Choice en la iGEM Startups BioHackathon con un proyecto para detectar la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas que, si no se trata a tiempo, puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

El joven, de 21 años y oriundo de Birrisito de Paraíso, integró el equipo BOREALIS junto con Ximena Romero, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México, y Jeancarla Padilla, de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. La propuesta fue distinguida en una competencia internacional centrada en soluciones a problemas reales mediante biología sintética.

Arrieta explicó que los sistemas actuales de detección de la enfermedad de Lyme tienen una tasa de error de entre 40% y 60%. A partir de esa limitación, el equipo diseñó una especie de sensor biológico para identificar si una persona está contagiada.

El proyecto BOREALIS busca detectar la bacteria y mostrar un resultado visual

Según Marcel Arrieta, estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica, el sistema propuesto utiliza células modificadas a las que se incorporan receptores sintéticos creados para reconocer a Borrelia burgdorferi, la bacteria causante de la enfermedad.

Arrieta describió así el objetivo del proyecto: “En términos simples, el proyecto BOREALIS se encarga de trabajar con un sistema de detección para la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas, la misma inserta la bacteria al sistema de las personas y estas personas tienen problemas degenerativos crónicos en el cerebro y en el corazón”.

Sobre el funcionamiento de la propuesta, Arrieta añadió: “Con nuestro proyecto desarrollamos un sistema basado en receptores sintéticos, es decir, antenas que sean capaces de detectar la presencia de la bacteria y saber en qué estado se encuentra la infección. Nosotros vamos a generar, después de la detección, un tipo de estímulo visual que permita a las personas darse cuenta si se encuentran enfermas o no”.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Al inicio suele causar sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, y el tratamiento inmediato favorece una recuperación rápida.

En los Estados Unidos, la causa habitual es la bacteria Borrelia burgdorferi. Se transmite a los humanos por la picadura de garrapatas infectadas, por lo general garrapatas de patas negras o garrapatas de venado, presentes en el noreste, el Atlántico medio, el Alto Medio Oeste y la costa del Pacífico, especialmente en el norte de California.

Estas garrapatas pueden adherirse a cualquier parte del cuerpo, aunque suelen encontrarse en zonas difíciles de ver como la ingle, las axilas y el cuero cabelludo. En general, deben permanecer adheridas más de 24 horas para transmitir la bacteria.

La competencia evaluó ciencia, viabilidad y transferencia tecnológica

La iGEM Startups BioHackathon tenía como objetivo diseñar soluciones innovadoras con biología sintética. Los proyectos se evaluaban por su base científica y por su factibilidad para llegar al mundo real y generar transferencia de tecnología, es decir, convertir una idea surgida en la academia en un emprendimiento con llegada a la industria e impacto en la sociedad.

La competencia se desarrolló de forma virtual, con horarios definidos para talleres, sesiones de networking y espacios de trabajo. Arrieta señaló que ese formato les dio flexibilidad y evitó gastos de transporte y alojamiento, lo que volvió a la experiencia más accesible y concentrada en su propósito.

Para Arrieta, haber sido aceptado en la competencia y luego seleccionado como integrante del equipo ganador también tiene un valor formativo. Sostuvo que este tipo de experiencias les permitió enfrentar situaciones reales, trabajar en equipo y desarrollar habilidades y destrezas profesionales.

Sobre el significado del reconocimiento, Arrieta afirmó: “Ser ganador y representar al TEC es un gran honor y una manera de retribuirle con agradecimiento a esta institución que me ha visto crecer y me ha brindado las herramientas para convertirme en el profesional que alguna vez soñé ser. Este logro representa que la educación pública es la llave del futuro y vale la pena continuar invirtiendo en ella, soy solo uno de los tantos casos de éxito que han sido galardonados a nivel internacional, y confío plenamente en que seguirán siendo muchos más”.

También dejó un mensaje dirigido a quienes comienzan sus estudios universitarios: “Hace cuatro años soñaba con ser el científico que soy hoy, nunca abandonen sus sueños, trabajen y busquen de apoyo en quienes ustedes admiran, tenemos un gran talento en el país y hay espacio para que todos brillemos juntos y alcancemos nuestros sueños”.

Arrieta hizo una mención especial a la profesora Montserrat Jarquín Cordero, directora de la carrera de Biotecnología, y al profesor David García Gómez, fallecido en 2023.

Sobre ambos, dijo: “La profe Monserrat ha sido como una segunda mamá y al profesor David, quien incluso antes de ingresar a la carrera (cuando era estudiante aún del Científico de Cartago) me motivó a perseguir mi sueño de aventurarme en la biología sintética, el ecosistema de iGEM y el desarrollo de proyectos que beneficiaran a la sociedad. El profesor David falleció en 2023, pero dejó una gran huella y motivación en mí, que me sigue acompañando a día de hoy y motivando a alcanzar estas metas”.

Por su parte, Montserrat Jarquín Cordero, directora de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, valoró el premio obtenido por el estudiante. “Marcel, es un estudiante muy capaz y todo lo que se propone lo logra. Le he trasmitido conocimientos, sin embargo, él ha logrado aprovechar cada detalle para ir un paso más allá y cumplir sus metas. Estoy segura de que este premio es uno más en lista de éxitos de su vida”.

Arrieta también se definió como una persona apasionada por la biología sintética y por el desarrollo de sistemas vivos que apliquen principios de la inmunología para ofrecer soluciones a quienes hoy no las tienen. Añadió: “Por ello me encuentro en constante búsqueda de oportunidades que me ayuden a crecer como profesional, generar contactos en el ecosistema global y retarme personalmente para aumentar mis conocimientos y comprensión del tema con los avances más recientes e innovadores”.

Cualquier persona puede desarrollar la enfermedad si la pica una garrapata infectada, aunque el riesgo aumenta entre quienes pasan tiempo al aire libre en zonas boscosas y con hierba, como quienes acampan, hacen excursiones o trabajan en jardines y parques. La mayoría de las picaduras ocurre entre abril y septiembre, cuando estos animales están más activos y hay más permanencia en exteriores, aunque también pueden producirse en otras épocas del año si las temperaturas son más altas de lo habitual.

El Salvador se sumó por primera vez entre los diez mejores ecosistemas para startups de América Latina al debutar en el puesto 80 del mundo y décimo de la región, junto a Panamá (9°) y Costa Rica (8°), los únicos tres países centroamericanos en el Top 10 del Global Startup Ecosystem Index 2026 de StartupBlink, según retomó Bloomberg Línea.

Una startup es una empresa emergente de base tecnológica con potencial de escalar rápidamente, generalmente respaldada por capital de riesgo y orientada a resolver problemas de mercado con modelos de negocio innovadores. En el contexto del índice, los ecosistemas que las agrupan se miden por el valor financiero de sus empresas, el nivel de inversión recibida y la calidad del entorno para hacer negocios.

El Salvador, que apareció por primera vez en el índice global de StartupBlink con una puntuación de 1.159, se ubica en el puesto 80 del mundo y décimo en la región latinoamericana. La entrada del país al ranking responde a una transformación deliberada de su economía hacia la tecnología y los activos digitales

A esa infraestructura se sumó en 2025 la aprobación de una ley de Inteligencia Artificial que ofrece un marco regulatorio para el desarrollo de IA propietaria y de código abierto, junto con la creación de un laboratorio estatal de IA. “El Salvador ya cuenta con una tasa impositiva del cero por ciento para la innovación y el desarrollo de IA, y ahora proveemos un marco para construir algo extraordinario”, publicó la Oficina de Bitcoin del gobierno salvadoreño.

Otros países de Centroamérica en el Top 10

Por su parte, Panamá registró el avance más destacado de la región al escalar ocho posiciones en el índice global hasta el escaño 78, con un crecimiento del 61.1% en su ecosistema de startups.

El país canalero ocupa el noveno lugar de Latinoamérica en el pilar de contribución económica, un indicador que mide el impacto financiero total generado por la actividad de las empresas emergentes dentro de su territorio, según consigna Bloomberg con base en el reporte de StartupBlink.

Mientras que Costa Rica figura en el puesto octavo regional con una puntuación de 1.337 en el índice de StartupBlink, por encima de El Salvador y Psnamá. El país llega al ranking respaldado por años de inversión en talento técnico y en la atracción de multinacionales tecnológicas.

San José alberga más de 300 startups con ingresos anuales estimados en 1.200 millones de dólares, según datos de la Agencia de Promoción del Comercio Exterior (CINDE). Los sectores con mayor dinamismo son fintech, agritech y healthtech.

La presencia de corporaciones como Intel, Microsoft, Amazon e IBM ha generado un efecto multiplicador sobre el talento local. Intel amplió en 2024 su centro de ingeniería en el país, donde emplea a 2.400 personas para diseño y pruebas de chips.

El resto de países calificados como mejores para hacer startups en Latinoamérica son Brasil, que ocupa el primer puesto regional, seguido de Colombia en el segundo lugar y Chile en el tercero. Argentina figura en el cuarto lugar, mientras que México es quinto. Uruguay se ubica en el sexto lugar y Perú en el séptimo, según el Global Startup Ecosystem Index 2026, citado por Bloomberg.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala quedó este viernes con la decisión sobre la validez del Decreto 10-2026, después de que el Congreso de la República formalizara una consulta por el veto presidencial que sostiene que las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas contravienen la Constitución. El trámite quedó publicado este 22 de mayo en el Diario de Centro América mediante el Acuerdo 15-2026.

La solicitud del Congreso fue planteada el 14 de mayo, según el texto proporcionado, y forma parte del procedimiento legal que se activa cuando un veto presidencial se fundamenta en inconstitucionalidad. El mismo documento indica que ese mecanismo consultivo ante la Corte de Constitucionalidad integra las formalidades requeridas en ese tipo de objeciones.

El punto central es este: el Congreso aprobó el Decreto 10-2026 el 14 de abril de 2026, el presidente de la República lo vetó por medio del Acuerdo Gubernativo 68-2026 del cinco de mayo de 2026, y ahora los magistrados de la CC deberán emitir una opinión sobre la inconstitucionalidad alegada por el Organismo Ejecutivo.

El Acuerdo 15-2026, publicado en el Diario de Centro América, consigna que “el honorable Congreso de la República aprobó el Decreto Número 10-2026, Reformas al Código Penal, Decreto Número 17-73 y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto Número 9-2009”. El mismo texto añade que “el presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del Acuerdo Gubernativo Número 68-2026 de fecha cinco de mayo de dos mil veintiséis, dispuso vetar el citado Decreto”.

El veto presidencial trasladó el conflicto al tribunal constitucional

Según el acuerdo, el Pleno del Congreso conoció las razones de inconstitucionalidad expuestas por el presidente en el veto. A partir de ese paso, el Legislativo resolvió pedir a la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva con fundamento en la literal h) del artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El documento institucional señala de forma expresa: “Se solicita a la honorable Corte de Constitucionalidad, con fundamento en la literal h) del artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que emita opinión sobre la inconstitucionalidad alegada por el Organismo Ejecutivo”. También precisa que la opinión se solicita sobre el contenido del Acuerdo Gubernativo 68-2026, formulado contra el Decreto 10-2026 del Congreso de la República.

La base constitucional invocada incluye los artículos 179, 268 y 272, literal h), según el texto proporcionado. El expediente respectivo fue remitido “para los efectos pertinentes”, de acuerdo con la misma documentación.

El acuerdo faculta a la Junta Directiva del Congreso para continuar el trámite

El Acuerdo 15-2026 establece que la Junta Directiva del Congreso queda facultada para realizar el procedimiento consultivo correspondiente ante la Corte de Constitucionalidad. El texto también indica que esa atribución permite cumplir con el trámite derivado del veto presidencial.

La documentación institucional resume la secuencia de los hechos: el Congreso aprobó reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas el 14 de abril de 2026; después, el presidente vetó esas reformas mediante el Acuerdo Gubernativo 68-2026; más tarde, el Pleno conoció el veto y los argumentos de inconstitucionalidad; finalmente, el Legislativo acordó pedir la opinión del tribunal constitucional.

El acuerdo sostiene que “las reformas aprobadas mediante el Decreto Número 10-2026 del Congreso de la República, de fecha catorce de abril de dos mil veintiséis, contravienen el texto de la Constitución Política de la República de Guatemala”. Añade que la razón de inconstitucionalidad fue expuesta en el veto contenido en el Acuerdo Gubernativo 68-2026.

La publicación oficial también deja establecido que el Acuerdo Número 15-2026 fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala y que “el presente Acuerdo entra en vigencia el día de su aprobación”. El texto agrega que el acuerdo fija los pasos a seguir tras el veto presidencial a las reformas legales.

La tragedia y el luto envolvieron este viernes a la Policía Nacional de Honduras tras el retiro de los cuerpos de cuatro de los cinco agentes asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes fallecieron durante un operativo ejecutado en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Los agentes perdieron la vida el jueves mientras desarrollaban acciones contra presuntas estructuras criminales que operan en la zona norte del país, una región que históricamente ha sido considerada estratégica para grupos ligados al narcotráfico, extorsión y otras actividades ilícitas.

Las víctimas retiradas de la morgue de San Pedro Sula fueron identificadas como Leonel Valdez, Dailin Elvir, Josué Amador y Emerson Canales, cuyos cuerpos fueron entregados a familiares y trasladados posteriormente hacia sus lugares de origen para los actos fúnebres correspondientes.

Sin embargo, el caso del quinto agente, identificado como Nels Eguigure, continúa bajo un proceso forense especial debido a las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo.

Según la información preliminar brindada por las autoridades y personal relacionado con el proceso de identificación, el cadáver habría quedado desmembrado y calcinado tras el enfrentamiento armado registrado durante el operativo.

Debido al avanzado estado de descomposición y los severos daños ocasionados a los cuerpos, personal de la funeraria encargada de los traslados recomendó a los familiares realizar los velatorios utilizando ataúdes sellados y colocar fotografías de los agentes sobre los féretros para facilitar las ceremonias de despedida.

La escena vivida en las afueras de la morgue sampedrana estuvo marcada por el dolor de familiares, amigos y compañeros de armas, quienes entre lágrimas esperaban la entrega de los cuerpos para iniciar el recorrido hacia las comunidades donde serán sepultados.

Compañeros de la institución policial manifestaron su pesar por la pérdida de los agentes, destacando que murieron en cumplimiento del deber mientras participaban en una operación considerada de alto riesgo.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han emitido un informe oficial detallado sobre cómo ocurrieron exactamente los hechos.

No obstante, trascendió que el operativo tenía como objetivo ejecutar acciones de combate contra organizaciones delictivas que mantienen presencia en sectores de Cortés y zonas fronterizas del país.

La muerte de los agentes ha generado múltiples reacciones de consternación tanto dentro como fuera de la institución policial, especialmente por la violencia con la que se registró el ataque.

Sectores de la sociedad hondureña también han expresado preocupación por el nivel de peligrosidad que enfrentan los cuerpos de seguridad en operativos contra estructuras criminales fuertemente armadas.

En redes sociales, ciudadanos, miembros de la Policía Nacional y familiares de otros agentes caídos en cumplimiento del deber publicaron mensajes de solidaridad y condolencias dirigidos a las familias de las víctimas, resaltando el sacrificio realizado por los uniformados.

Mientras tanto, las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido en Corinto, Omoa, y determinar las responsabilidades correspondientes en torno a la muerte de los agentes de la DIPAMPCO.

Asimismo, indicaron que se reforzarán las operaciones en la zona norte del país como parte de las estrategias de combate al crimen organizado y estructuras vinculadas a actividades ilícitas.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado es una de las unidades élite de la Policía Nacional encargadas de ejecutar operaciones contra grupos criminales dedicados a delitos como extorsión, sicariato, tráfico de drogas y asociación ilícita.

De acuerdo con información publicada por el diario Diario La Prensa, el libro de novedades de la Policía Nacional establece que el equipo policial tenía como destino el departamento de Colón y no el sector de Omoa, Cortés, donde finalmente ocurrió el enfrentamiento que dejó a los cinco agentes fallecidos.

Según el reporte, el subcomisario Lester Amador salió junto a un grupo de agentes de la DIPAMPCO para cumplir con la misión de trabajo identificada como “018-2026”. En el documento se detalla que la salida se registró a las 10:20 de la noche con dirección hacia el departamento de Colón.

Asimismo, el documento oficial de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional señala que la “misión general” asignada al equipo correspondía al departamento de Colón, mientras que la “misión particular” estaba enfocada en labores de vigilancia relacionadas con un supuesto caso vinculado al delito de drogas.

La información ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que los agentes terminaron en la comunidad de Corinto, Omoa, donde se produjo el ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han brindado una explicación oficial sobre ese cambio de ubicación ni sobre el desarrollo exacto del operativo.

El Teatro Luis Poma, referente de la escena cultural en El Salvador, inaugurará el segundo acto de su temporada 2026 el próximo 29 de mayo, con una propuesta que reúne seis espectáculos teatrales bajo el lema “Hacemos Teatro”.

Esta etapa, que se extenderá hasta el 5 de julio, consolida el compromiso del recinto con la dramaturgia salvadoreña contemporánea, nuevos lenguajes escénicos y obras que dialogan con la memoria, la identidad y las tensiones sociales del presente.

La programación seleccionada destaca la participación de creadores locales y el énfasis en el trabajo físico del actor, diferenciándose de la dramaturgia tradicional.

Según el director artístico, Roberto Salomón, el acto dos celebra la creatividad y la invención teatral que toma como punto de partida el cuerpo del actor y no únicamente la literatura dramática. Las obras elegidas buscan ofrecer experiencias novedosas que conjugan humor, emociones y reflexión.

El ciclo inicia con “Yo, Lucía” (29 al 31 de mayo), producción de Teatro Al Viento, dirigida por Paola Miranda, con actuaciones de Gisselle Campos, Mariam Santamaría y Sara Sol. La trama sigue a una niña en busca de su verdadera familia después de un giro inesperado, en una exploración sobre identidad y esperanza.

Del 4 al 7 de junio se presentará “Más allá de la nostalgia”, obra de Omar Renderos para Escena Norte Teatro, que aborda los recuerdos personales y la memoria íntima desde Santa Ana, evocando boleros, ausencias y fragmentos de vida.

La programación continua con “Así-Calados” (11 al 14 de junio), de La Bocha Teatro y Grupo KREARE, bajo la dirección de Dinora Alfaro. La historia, interpretada por Dinora Alfaro y Paolo Salinas, se centra en la reconstrucción personal de una mujer que enfrenta heridas invisibles y el peso de las máscaras sociales.

Entre el 18 y el 21 de junio tendrá lugar el estreno de “El hombre más viejo del mundo”, producción del Grupo Proyectos Talía con dramaturgia de Roberto Armijo y dirección de Juan Barrera. El elenco, compuesto por Francisco Cabrera, Angie Anariva y Roberto Martínez, explora la fragilidad humana y la necesidad de reconocimiento a través de los encuentros de un viejo soñador, un joven escéptico y una enfermera en un hospital.

La programación suma la obra “Nada/Dura/Siempre” (25 al 28 de junio), una propuesta contemporánea de La Bocha Teatro y Metafórica, con dramaturgia y actuaciones de Óscar Guardado, Paolo Salinas y Naty Salinas. La pieza inicia como una visión apocalíptica y deriva en una confrontación sobre el arte, la amistad y el sentido del teatro en tiempos de incertidumbre.

El ciclo cierra con el estreno de “Maquiavélico” (2 al 5 de julio), comedia oscura producida por Acento Escénica. Bajo la dirección de Enrique Valencia, Luis Lozano, Óscar Guardado y Juan Barrera interpretan a tres arlequines condenados a muerte que reciben la última oportunidad de presentar un espectáculo frente al pueblo. La obra reflexiona sobre el humor, la manipulación y el caos como forma de resistencia.

Además de la programación teatral, la Fundación Poma sostiene su apuesta por la formación artística. Este año se han desarrollado talleres sobre derechos culturales y entrenamiento actoral, así como cursos prácticos para jóvenes creadores escénicos, con la participación de facilitadores salvadoreños y extranjeros.

El lobby del teatro alberga desde el 15 de mayo la exposición “Ángela”, del artista Fernando Trujillo, una exploración visual de la cotidianidad y las maternidades salvadoreñas que permanecerá abierta hasta el 15 de junio.

El Luis Poma también mantiene el programa “Tardes de Lectura”, en colaboración con la organización Contextos, para incentivar la lectura y el encuentro familiar. Tres de las diez jornadas previstas ya se han realizado, y la próxima está agendada para el 20 de junio.

La Fundación Poma, impulsora del teatro, mantiene desde 1984 su compromiso con el desarrollo cultural, social y educativo de El Salvador. A través del Teatro Luis Poma, la fundación facilita el acceso a espectáculos de calidad, respalda la profesionalización de artistas y fomenta el arte como motor de encuentro y transformación social.

El Hospital San Juan de Dios anunció el cierre temporal de su Unidad Nacional de Quemados como medida preventiva tras detectar un aumento de pacientes positivos por la bacteria Pseudomonas, una infección que puede afectar especialmente a personas hospitalizadas y con sistemas inmunológicos comprometidos.

La decisión fue tomada luego de que la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalarias identificara un incremento de casos positivos dentro del servicio especializado, pasando de tres a siete pacientes afectados.

Al momento de la alerta epidemiológica, la Unidad de Quemados mantenía internados a 11 pacientes en un área con capacidad total para 16 camas.

La directora general del hospital, María Eugenia Villalta Bonilla, explicó que el cierre temporal busca reforzar el control de infecciones y evitar nuevos contagios dentro del centro médico.

“Estamos actuando de manera preventiva y responsable para proteger a nuestros pacientes y funcionarios. Desde el momento en que se identificó el aumento de casos, se activaron los protocolos institucionales de vigilancia, aislamiento y desinfección”, indicó la funcionaria.

La Pseudomonas es una bacteria oportunista que puede provocar infecciones graves, principalmente en personas hospitalizadas, inmunosuprimidas o con heridas abiertas.

En pacientes con quemaduras, el riesgo aumenta debido a la pérdida de la barrera natural de protección que proporciona la piel.

Especialistas en infectología explicaron que este tipo de bacteria puede encontrarse en ambientes hospitalarios y requiere estrictas medidas de control para evitar brotes intrahospitalarios, especialmente en unidades críticas o de alta complejidad.

Como parte de las acciones implementadas, el hospital mantiene el aislamiento de los pacientes positivos, vigilancia clínica permanente y una limpieza especial acompañada de procesos de desinfección profunda en toda la Unidad Nacional de Quemados.

Además, se suspendieron temporalmente las visitas al área mientras se desarrollan las labores de control epidemiológico.

El hospital también coordinó con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el traslado de pacientes con quemaduras complejas hacia otros hospitales de la red nacional mientras se mantiene vigente la medida preventiva.

Las autoridades recalcaron que, pese al cierre temporal de la unidad, el hospital conserva capacidad para atender emergencias de alta complejidad relacionadas con pacientes quemados.

Según detalló la Dra. Villalta, en caso de presentarse situaciones críticas, el centro médico dispone de espacios habilitados dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos para garantizar atención inmediata.

La situación ocurre en medio de una vigilancia cada vez más estricta sobre infecciones intrahospitalarias en centros médicos, especialmente aquellas asociadas a bacterias resistentes o de alta propagación en ambientes hospitalarios.

La CCSS no detalló cuánto tiempo permanecerá cerrada la Unidad Nacional de Quemados, ya que la reapertura dependerá de los resultados del monitoreo epidemiológico y de las evaluaciones sanitarias posteriores a la desinfección.

La exfiscal general Thelma Aldana vive exiliada en Washington desde 2019, después de salir de Guatemala por amenazas y por procesos judiciales promovidos durante la gestión de Consuelo Porras.

El 17 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo designó al abogado Gabriel García Luna al frente del Ministerio Público tras la salida de Porras, un cambio que Aldana considera clave para evaluar un eventual regreso.

El exilio le impidió volver a ejercer la abogacía y la alejó de su vida familiar, según relató. “Perdí mi país, perdí el clima de Guatemala, perdí mi profesión, nunca más pude volver a ejercer como abogada”, dijo.

La posibilidad de retorno, según su planteo, depende de que avancen decisiones dentro del Ministerio Público y de que existan garantías de seguridad, además de resolver las causas abiertas en su contra.

Cambios en el Ministerio Público tras la salida de Consuelo Porras

Gabriel García Luna asumió el 17 de mayo como jefe del Ministerio Público, tras ser designado por el presidente Arévalo. Aldana destacó como señal inicial la destitución de Rafael Curruchiche, a quien ubicó como una de las piezas centrales de las investigaciones contra opositores y periodistas.

Entre los casos mencionados figura el del periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde 2022, en una causa que organizaciones internacionales cuestionaron por el uso del sistema penal contra la prensa.

La salida de Porras, que estuvo ocho años al frente del organismo, reactivó expectativas entre quienes dejaron Guatemala durante su administración.

La gestión de Porras recibió sanciones de alrededor de 40 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, por acusaciones de persecución política y de socavar la democracia, de acuerdo con reportes públicos citados por organismos y gobiernos.

Ese contexto, según Aldana, explica por qué la transición en el Ministerio Público se volvió un punto de inflexión para los exiliados.

Procesos judiciales, falta de defensa y requisitos para volver a Guatemala

Aldana sostuvo que el 98% de las denuncias en su contra proviene de la Fundación Contra el Terrorismo y afirmó que “todas carecen de sustento”.

También dijo que no cuenta con recursos para afrontar una defensa legal y que planea pedir apoyo a organizaciones internacionales para enfrentar los expedientes abiertos.

Durante su paso por el Ministerio Público, Aldana impulsó investigaciones por corrupción que derivaron en detenciones y procesos contra exfuncionarios y empresarios entre 2014 y 2018. Según su relato, a partir de 2019 el nuevo escenario dentro de la fiscalía derivó en hostigamiento y causas judiciales que la obligaron a salir del país.

La organización Right Livelihood la reconoció en 2018 por su trabajo contra redes de corrupción en Guatemala, un antecedente que Aldana mencionó como parte del respaldo internacional que recibió en esos años.

Sobre el presente, sostuvo: “Veo que el nuevo fiscal está dando los pasos adecuados y espero que logre retomar la institucionalidad, pero es sumamente difícil porque es una destrucción de ocho años”.

Organizaciones como Human Rights Watch informaron que cerca de 90 operadores de justicia, periodistas y activistas abandonaron Guatemala entre 2019 y 2026, y describieron el fenómeno como una “persecución espuria” y un proceso de “cooptación de la justicia”.

Qué dijo Thelma Aldana sobre su futuro político y el contacto con el gobierno de Arévalo

Aldana afirmó que todavía no sabe cómo se reinsertaría si vuelve a Guatemala y describió un escenario material complejo. “No tengo idea de qué haré al volver, dónde voy a vivir, no tengo vehículo, regresaré en una condición precaria, pero estoy dispuesta a volver a trabajar, incluyendo incursionar en la política porque es un derecho y yo no renuncio a mis derechos”, sostuvo.

También indicó que mantuvo contacto con el gobierno de Arévalo en Washington y que confía en que, si se consolidan condiciones de seguridad y se revisa el uso de los procesos penales, ella y otros exiliados podrán regresar y retomar actividades públicas en Guatemala.

El centro de investigaciones CIEN presentó, dentro de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, un análisis sobre el Ministerio Público que sitúa el principal desafío de la próxima administración en una pregunta concreta: si el crecimiento territorial, presupuestario y operativo de la institución se ha traducido en más capacidad investigativa y en una justicia penal efectiva.

La exposición, centrada en “Oportunidades y Desafíos para la Nueva Administración del Ministerio Público”, vinculó esa discusión con el papel constitucional del ente acusador y con los resultados que hoy exhibe el sistema penal.

El dato más contundente apareció en la evaluación de desempeño institucional: según David Casasola, para 2025 solo el 44.3 % de las víctimas de delitos denunció, mientras el 55.7 % no lo hizo. Esa cifra, expuesta a partir de una encuesta de ocurrencia delictiva citada por Cien, fue presentada como una señal de que la expansión territorial no modificó de manera decisiva la disposición de la población a acudir al sistema.

Francisco Quezada, analista de Cien, explicó que el Ministerio Público opera dentro de la justicia penal como el vehículo estatal que investiga los hechos ilícitos y, si encuentra elementos, formula la acusación.

En su exposición recordó que esa función se inscribe en un esquema de tres actores: la tesis del Ministerio Público, la antítesis de la defensa y la síntesis que resuelve el juzgador mediante sentencia.

Quezada sostuvo que la lógica de la justicia penal parte de la protección de valores reconocidos por la ley, como la vida, la integridad y la propiedad. Cuando esos bienes son transgredidos, dijo, el Estado reacciona a través del derecho penal, que puede restringir derechos constitucionales como la libertad, el patrimonio e incluso la vida, en los casos en que el ordenamiento contemple pena de muerte.

La reducción de mora no elevó la judicialización de los casos

Casasola sostuvo que el aumento de sedes tampoco garantizó por sí solo un incremento claro en la denuncia. Según los datos expuestos por Cien, mientras en 2016 casi siete de cada 10 denuncias se presentaban en la Policía Nacional Civil, en 2025 esa proporción bajó a casi cinco de cada 10, y el Ministerio Público pasó de captar el 20 % al 44 % de las denuncias.

Esa variación, dijo, debe evaluarse junto con otro cambio institucional: la posibilidad de interponer denuncias digitales habilitada desde la pandemia. Para el analista, el crecimiento de denuncias recibidas directamente por el Ministerio Público puede obedecer tanto a la presencia territorial como a esa vía remota.

El segundo desafío, según Casasola, es la gestión de los expedientes. Explicó que a finales de 2019 comenzó a implementarse de forma gradual el modelo de gestión integral de casos, diseñado para dividir el trabajo entre equipos que atendieran expedientes recientes y equipos que resolvieran casos antiguos con salidas procesales más rápidas.

El resultado agregado de ese esquema fue una caída acelerada de la mora fiscal. Según los datos citados de la plataforma Flujograma, el Ministerio Público pasó de alrededor de 2,4 millones de casos activos pendientes en 2014 a 2,2 millones en 2020, 1,3 millones en 2022, 404.000 en 2023 y 198,000 en 2025.

Casasola advirtió que esa reducción cuantitativa no implicó una mejora equivalente en la investigación. Al examinar las salidas de los casos, afirmó que la mayoría corresponde a archivos, prescripciones o decisiones de no continuar por falta de elementos, mientras la proporción que llega a judicialización cayó de 9,6 % a alrededor de 5 % y promedió 3,5 % entre 2018 y 2025.

La consecuencia, resumió, es que casi 96 de cada 100 casos no terminan en una vía que implique acusación penal. En delitos de homicidio simple y calificado, añadió, acusaciones y sentencias apenas promedian cerca del 7 %, y la salida más frecuente sigue siendo el cierre en sedes fiscales.

El crecimiento presupuestario del Ministerio Público superó al de otras instituciones del sistema penal

Para Casasola, el tercer desafío es recuperar una visión integral del sistema de justicia penal. Señaló que el Ministerio Público depende de la coordinación con la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Civil, el Inacif, la defensa pública y otras entidades, y que fortalecer a una sola institución sin equilibrar a las demás limita el resultado final.

También mencionó problemas en los espacios de coordinación. Según su exposición, la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, presidida por el Organismo Judicial, enfrenta debilidades porque desde el año pasado el Ministerio de Gobernación no participa en esa mesa.

El cuarto desafío es la administración de una institución que cambió de escala. Según Casasola, el presupuesto del Ministerio Público pasó de Q1.691 millones en 2018 a Q3.800 millones en 2025, y para 2026 alcanzó un nivel equivalente a 1,2 veces el presupuesto del Organismo Judicial, 12,4 veces el del Instituto de la Defensa Pública Penal, 12,3 veces el del Inacif y ocho veces el del sistema de atención a la víctima.

El Ejército de Guatemala mantiene operaciones de seguridad y vigilancia en puntos fronterizos con Honduras, mientras la Policía Nacional Civil ha desplegado más efectivos, luego de los recientes ataques armados en el vecino país que dejaron más de 20 muertos.

La respuesta coordinada busca fortalecer la seguridad nacional y evitar el ingreso de sospechosos vinculados a las agresiones ocurridas en territorio hondureño.

La escalada de violencia registrada en Honduras forzó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas.

El Ejército de Guatemala, en coordinación con fuerzas de seguridad civil, realiza patrullajes terrestres, instala puestos de control y ejecuta labores de reconocimiento en diferentes tramos de la frontera, principalmente en los departamentos de Izabal, Zacapa y Chiquimula.

De acuerdo con un comunicado oficial, estas acciones forman parte de la Operación Cinturón de Fuego, que busca “fortalecer la seguridad exterior del país y mantener el control en áreas estratégicas”.

Las unidades militares mantienen presencia permanente en los sectores limítrofes para prevenir actividades ilícitas y resguardar la soberanía nacional.

Según el Ejército, “estas acciones fortalecen la vigilancia permanente en el territorio guatemalteco, donde se mantienen condiciones de normalidad”. Imágenes difundidas por la institución muestran a soldados patrullando zonas rurales, instalando retenes y recorriendo caminos de difícil acceso.

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) confirmó ayer que se incrementó el despliegue policial tras los ataques armados que provocaron múltiples víctimas en Honduras, incluyendo agentes de seguridad y civiles.

El refuerzo policial responde a la magnitud de los hechos, atribuidos a disputas entre pandillas hondureñas por el control de territorios para actividades ilícitas.

La PNC informó que la vigilancia se extendió a rutas principales, caminos alternos y puntos ciegos de la línea limítrofe, con el objetivo de evitar el ingreso de individuos vinculados a los crímenes, así como proteger a las comunidades guatemaltecas cercanas a la frontera. “Se mantienen operativos conjuntos para dar seguimiento a los recientes hechos violentos ocurridos en Honduras, con el objetivo de proteger a los ciudadanos guatemaltecos y evitar el ingreso de personas vinculadas a estos crímenes”, señaló la institución.

El intercambio de información y la coordinación en tiempo real entre las fuerzas de seguridad de ambos países buscan identificar y capturar a los sospechosos que puedan intentar huir hacia Guatemala. Las autoridades enfatizaron que, ante la detección de ingresos ilegales, procederán a la captura de los involucrados.

En la última jornada, habitantes de comunidades fronterizas en Izabal y Chiquimula reportaron un marcado aumento en el movimiento de patrullas, el establecimiento de retenes y la presencia de operativos sorpresa en áreas rurales. El refuerzo de la vigilancia incluye no solo los pasos formales, sino también zonas rurales consideradas sensibles por los antecedentes de tránsito ilícito.

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, uno de los hechos más graves ocurrió en la aldea Corinto, municipio de Omoa, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado con presuntos miembros de estructuras criminales. El saldo parcial ascendió a cinco policías muertos y al menos cuatro supuestos pandilleros detenidos. Honduras respondió con el despliegue de unos 700 efectivos y el apoyo de diversas unidades militares para localizar a los responsables y a agentes desaparecidos.

La consecuencia inmediata en el plano binacional fue el endurecimiento del control del lado guatemalteco, con el fin de bloquear cualquier intento de huida de los atacantes. La PNC guatemalteca afirmó que mantenía comunicación constante con sus homólogos hondureños para coordinar acciones conjuntas y monitorear áreas de difícil acceso.

Las autoridades de ambos países investigan a la estructura criminal responsable de los ataques, mientras la tensión se mantiene elevada en la zona fronteriza. Las medidas adoptadas por Guatemala buscan garantizar la tranquilidad en las comunidades limítrofes y evitar la expansión de la violencia, en un escenario marcado por la disputa de pandillas y el tráfico ilícito en la región.

La cooperación bilateral y el refuerzo de la seguridad en la frontera permanecen activos, con patrullajes y controles permanentes que buscan evitar el ingreso de personas vinculadas a los hechos violentos y proteger la integridad de la población guatemalteca.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron este viernes la detención de Cristian Ernesto F., de 32 años, por contrabando de mercadería en el cantón San Jacinto, municipio de Coatepeque, ubicado en la jurisdicción de Santa Ana Este.

Según informaron la FAES y la PNC, la intervención incluyó un registro en la vivienda del sospechoso autorizado por un juez local, donde se decomisaron un total de seis cajas y dos paquetes de productos ilícitos, además de dinero en efectivo.

La coordinación entre los elementos de la PNC y la FAES permitió ubicar al sujeto Cristian Ernesto F. tras una investigación policial que derivó en la orden de registro. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades ingresaron a la residencia en el cantón San Jacinto, donde encontraron mercadería de origen ilegal que se presume iba a ser distribuida de manera clandestina en el sector occidental del país.

La FAES destacó en sus redes sociales que “el procedimiento se realizó bajo lineamientos legales y con respaldo de la autoridad judicial competente”, subrayando que la operación forma parte de la estrategia institucional para combatir el tráfico ilícito de bienes. Por su parte, la PNC detalló que el valor y tipo de la mercadería incautada permanece bajo análisis, mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente contra el detenido.

En el operativo, los agentes aseguraron también dinero en efectivo cuya procedencia será objeto de investigación por la unidad financiera de la Policía Nacional Civil. Las autoridades señalaron que el hallazgo se llevó a cabo luego de un “registro de prevención de allanamiento girado por un juzgado de Santa Ana”, lo que permitió el ingreso a la propiedad y la incautación de las evidencias.

Vigilancia en el occidente de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador reiteró que los patrullajes y controles en la zona se mantendrán para prevenir el ingreso y la circulación de productos ilegales, en línea con la política gubernamental de erradicar los “negocios ilícitos”.

La FAES señaló en su redes sociales que: “En conjunto con la Policía Nacional Civil, ubicamos a Cristian Ernesto F., a quien se le incautaron 6 cajas y 2 paquetes de mercadería de contrabando y dinero en efectivo, en cantón San Jacinto, Coatepeque, Santa Ana Este”.

Las autoridades recordaron que el combate al contrabando y al comercio ilegal constituye una de las prioridades en la agenda de seguridad y justicia del Gobierno salvadoreño, y reiteraron la importancia de las denuncias ciudadanas para detectar y desarticular actividades ilícitas en todo el territorio nacional.

Un operativo similar

Como parte de otras acciones contra el contrabando en el país centroamericano, el día de ayer, la PNC incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, ubicado en San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó cifras históricas de visitación durante el primer cuatrimestre de 2026, consolidando a Costa Rica como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en la región.

Entre enero y abril de este año ingresaron al país un total de 1,195,271 turistas por vía aérea, lo que representa un aumento del 10.5% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos oficiales procesados por la institución.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, aseguró que el crecimiento responde a una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad aérea y consolidar la presencia del país en mercados prioritarios.

“Los datos de visitación del primer cuatrimestre son alentadores; y si bien somos conscientes del complejo entorno global que estamos enfrentando, mantenemos una perspectiva positiva”, afirmó el jerarca.

Las proyecciones actuales apuntan a que Costa Rica podría cerrar el 2026 con aproximadamente 2.7 millones de turistas internacionales, una cifra que reforzaría la recuperación y expansión del sector tras años marcados por incertidumbre económica global y ajustes en la industria aérea.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el aumento en las operaciones aéreas hacia los dos aeropuertos internacionales del país.

El Aeropuerto Internacional de Guanacaste registró un crecimiento del 14.9% en llegadas internacionales, mientras que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mostró un incremento del 7.9%.

El mercado norteamericano continúa siendo el principal emisor de turistas hacia Costa Rica, con un crecimiento del 11.2% durante el primer cuatrimestre.

Dentro de esa región sobresale especialmente Canadá, país que registró un aumento del 26.6% en el envío de turistas gracias al fortalecimiento de la conectividad aérea permanente hacia ambos aeropuertos internacionales costarricenses.

El ICT también destacó señales positivas desde Europa, particularmente en mercados como España y Países Bajos, donde se reportaron incrementos en la llegada de visitantes.

Según la institución, esta tendencia fortalece la imagen de Costa Rica como un destino seguro, sostenible y atractivo para el turismo europeo, especialmente en segmentos vinculados con naturaleza, bienestar y aventura.

El impacto del turismo continúa reflejándose además en la economía nacional

Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) indican que durante 2025 la actividad turística generó aproximadamente 5,543,7 millones de dólares en divisas, superando incluso los ingresos provenientes de exportaciones tradicionales como piña, banano, café y medicamentos.

Por otra parte, la Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que tanto el año pasado como durante el primer trimestre de 2026 se mantuvo una ocupación promedio superior a las 164,000 personas en actividades relacionadas con turismo.

El empleo asociado al sector incluye áreas como hospedaje, restaurantes, transporte, agencias de viajes y actividades culturales, consolidando al turismo como uno de los principales motores económicos del país.

Pese al panorama positivo, las autoridades reconocen que el sector continúa enfrentando retos asociados a la situación económica internacional, el aumento en costos operativos y la competencia regional por atraer nuevas rutas aéreas y viajeros internacionales.

A pocos días de la entrega de propuestas para el teleférico de San Miguelito, Metro de Panamá realizó una serie de cambios a las condiciones financieras y contractuales de la licitación mediante la Adenda No. 10.

Las modificaciones abarcan las garantías que deberán presentar los participantes, la forma en que se estructurarán los pagos al futuro concesionario y las reglas que aplicarían en caso de incumplimiento o terminación anticipada del contrato.

El proyecto es una de las principales apuestas de movilidad urbana para San Miguelito y contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros de extensión, con seis estaciones y capacidad inicial para movilizar hasta 2,800 pasajeros por hora por sentido.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con la fianza de propuesta, es decir, la garantía que deben presentar los participantes para respaldar la seriedad de su oferta.

En la versión original del pliego, esta garantía se calculaba sobre el valor total de la propuesta económica. Con la modificación, la garantía se calculará únicamente sobre la inversión inicial que requiere el proyecto para su desarrollo.

Para ello, el pliego diferencia ahora con mayor claridad dos componentes de la propuesta económica. El Componente A corresponde a la inversión inicial que deberá realizar el concesionario para diseñar, financiar y construir el teleférico.

Este componente incluye los aportes de capital y los recursos de deuda necesarios para desarrollar la infraestructura. El Componente B, por su parte, agrupa los pagos asociados a la operación y mantenimiento del sistema una vez entre en funcionamiento.

La importancia de esta modificación radica en que la garantía ya no se calcula sobre la suma de la inversión más los pagos que se recibirían durante la operación del sistema, sino únicamente sobre la inversión inicial. Esto redefine el alcance de la fianza y la vincula directamente con la etapa de construcción del proyecto.

La adenda también incorpora una nueva Fianza de Cumplimiento de Inversión, una garantía que no figuraba expresamente en la versión anterior del pliego. Su propósito será asegurar que el concesionario ejecute las inversiones comprometidas durante la fase preoperativa. La garantía permanecerá vigente hasta que Metro de Panamá verifique el cumplimiento de las inversiones establecidas en el contrato

Adicionalmente, se realizaron cambios en la Fianza de Cumplimiento que respaldará la prestación del servicio durante la etapa operativa. La nueva redacción establece mecanismos para ajustar progresivamente el monto de esta garantía conforme disminuyan determinadas obligaciones económicas vinculadas al contrato.

Los cambios también alcanzan los requisitos financieros exigidos a los participantes. La adenda aclara que cuando una propuesta sea presentada por un consorcio o asociación accidental, los indicadores financieros podrán ser acreditados por uno o varios de sus integrantes. Con ello se precisa la forma en que serán evaluadas las capacidades económicas de los grupos empresariales que participen en el proceso.

Otro aspecto relevante es la actualización de las disposiciones relacionadas con el financiamiento del proyecto. Metro de Panamá incorporó nuevas precisiones sobre las condiciones que deberán cumplirse para demostrar el cierre financiero de la concesión y las circunstancias que podrían ser consideradas durante ese proceso.

En materia contractual, la entidad también modificó las reglas aplicables en caso de terminación anticipada por incumplimiento. La nueva redacción establece que, si el concesionario incurre en incumplimientos graves o reiterados de obligaciones esenciales y no corrige la situación dentro de los plazos previstos, Metro de Panamá podrá dar por terminado el contrato por causa imputable al operador.

La adenda también precisa las consecuencias económicas de una eventual terminación. Entre ellas figura la posibilidad de ejecutar las garantías constituidas por el concesionario y descontar de cualquier compensación que pudiera corresponderle las penalizaciones, obligaciones pendientes y otros montos adeudados al Estado.

Asimismo, fueron actualizadas las disposiciones relacionadas con los mecanismos de indemnización y rescate administrativo del contrato. Las nuevas reglas vinculan cualquier compensación con la inversión efectivamente ejecutada y con el nivel de recuperación de dicha inversión alcanzado hasta el momento en que ocurra la terminación.

La recepción de propuestas para el teleférico fue reprogramada por quinta ocasión y quedó fijada para el próximo 28 de mayo. Actualmente permanecen precalificados dos participantes: el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá, Ingeniería Estrella y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, conformado por la española Cointer y la austriaca Doppelmayr.

El entierro simultáneo de 20 campesinos asesinados en la comunidad de Rigores, Trujillo, volvió a exponer el profundo clima de miedo, violencia y conflicto agrario que durante décadas ha marcado al Bajo Aguán, una de las regiones más conflictivas de Honduras.

Entre llantos, escenas desgarradoras y reclamos de justicia, familiares y vecinos despidieron este viernes a la mayoría de las víctimas de una de las masacres más sangrientas registradas recientemente en el Caribe hondureño.

La tragedia no solo dejó a decenas de familias devastadas, sino que también reavivó el temor en comunidades campesinas que durante años han vivido bajo tensión debido a disputas por tierras, narcotráfico y presencia de grupos armados.

La mayoría de las víctimas fueron sepultadas entre las 7:00 y 8:00 de la mañana en el cementerio de Rigores, en medio de escenas de profundo dolor.

Hombres, mujeres y niños llegaron al camposanto para despedir a sus familiares mientras el llanto se escuchaba en distintos puntos de la comunidad.

“Yo quiero a mi abuelo”, gritaba desconsolada una niña mientras observaba el entierro de una de las víctimas.

Uno de los momentos más dolorosos ocurrió cuando tres hermanas fueron sepultadas juntas en una misma fosa, mientras que los hermanos Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, también fueron enterrados simultáneamente.

Los habitantes de Rigores describen la masacre como una de las peores tragedias ocurridas en la región del Aguán en las últimas décadas.

Tras la masacre, el temor volvió a apoderarse de los pobladores de la zona.

Muchos habitantes prefieren no hablar públicamente por miedo a represalias, mientras otros exigen anonimato para brindar testimonios sobre lo ocurrido.

Familiares de las víctimas aseguran que desconocen quiénes ejecutaron el ataque, pero reclaman que las autoridades actúen de inmediato para identificar y castigar a los responsables.

“Le corresponde al Gobierno y sus autoridades esclarecer este crimen y que se castigue con fuerza a sus autores”, expresó un familiar de una de las víctimas.

En la comunidad también circulan relatos estremecedores de sobrevivientes que escaparon por segundos de la escena del crimen.

El padre y el hermano de tres hermanas asesinadas lograron huir tras presenciar el ataque armado, según testimonios recopilados en la zona.

La región del Bajo Aguán es considerada una de las zonas agrícolas más importantes de Honduras debido a sus tierras fértiles utilizadas para cultivos de palma africana, maíz, frijoles y otros productos.

Sin embargo, también es uno de los territorios más violentos del país debido a un conflicto agrario que ha dejado más de 200 muertos durante las últimas décadas.

La disputa enfrenta históricamente a campesinos y terratenientes por el control de tierras reclamadas por comunidades agrícolas desde las décadas de 1970 y 1980.

Pobladores sostienen que muchas familias campesinas reclaman derechos históricos sobre terrenos que posteriormente fueron vendidos y quedaron bajo control privado.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales denuncian que el conflicto se agravó con la presencia del narcotráfico y grupos criminales que operan en la región.

Aunque la Policía Nacional comenzó a desplegarse en la zona tras la masacre, muchos habitantes recuerdan con escepticismo que anteriores intervenciones militares no lograron detener la violencia.

Durante el gobierno de Xiomara Castro se creó una comisión especial para buscar una solución al conflicto agrario del Aguán, pero la problemática continuó sin resolverse.

Algunos pobladores denuncian además una supuesta alianza entre sectores políticos, estructuras criminales y terratenientes para mantener el control sobre las tierras más productivas de la región.

Mientras tanto, Rigores permanece sumida en el luto y el miedo tras una masacre que volvió a recordar que el conflicto en el Aguán sigue siendo una herida abierta en Honduras.

El virólogo Carlos Alexander Ortega, catedrático de la Universidad de El Salvador, advirtió que el sarampión puede propagarse incluso antes de que aparezcan los síntomas, lo que representa un desafío adicional para el control epidemiológico.

Esta afirmación surge mientras El Salvador confirma 14 casos importados de la enfermedad, todos bajo vigilancia médica y sin transmisión local, según reportes del Ministerio de Salud.

De acuerdo con Ortega, el virus del sarampión tiene la capacidad de transmitirse antes y después de que haya aparecido y desaparecido la sintomatología.

“Con el sarampión, las personas lo comienzan a transmitir hasta cuatro días antes del inicio de los síntomas y cuatro días después de iniciados los síntomas”, explicó el especialista.

Esta característica convierte al sarampión en una enfermedad especialmente difícil de contener solo con el aislamiento de los casos sintomáticos.

El Ministerio de Salud de El Salvador ha anunciado que, hasta el momento, los casos confirmados han sido importados, principalmente desde Guatemala y uno desde México. Las autoridades mantienen bajo vigilancia a 200 personas que tuvieron contacto con los infectados.

Ortega subrayó la importancia de la vacunación para modificar el curso natural del sarampión. “La historia natural de la enfermedad se modifica con la vacunación.

Si yo estoy vacunado, tengo mi esquema completo y me pongo en contacto con esa persona con sarampión, es probable que ni siquiera me infecte o es probable que si me infecto me va a dar una enfermedad subclínica”, señaló el virólogo.

El esquema de inmunización en el territorio nacional se mantiene con una cobertura superior al 95%, lo que ha permitido que no se reporten casos autóctonos a nivel nacional. La vacuna SPR —que protege contra sarampión, paperas y rubéola— se aplica de forma sistemática a la población infantil, lo que, según Ortega, coloca al país en una posición favorable frente a brotes, aunque la vigilancia debe continuar.

“Mientras la cobertura vacunal se mantenga alta en todo el país y no solo en la capital, El Salvador seguirá protegido frente a brotes autóctonos”, remarcó el especialista.

El funcionario detalló que el virus del sarampión solo tiene como reservorio al ser humano, por lo que la transmisión depende exclusivamente del contacto entre personas. Ortega advirtió que, en ausencia de una vacunación completa, el riesgo de complicaciones graves aumenta considerablemente, sobre todo en niños, personas inmunosuprimidas, pacientes con desnutrición o enfermedades crónicas. Las complicaciones pueden incluir neumonía, encefalitis, otitis severa e incluso la muerte.

La vigilancia epidemiológica se refuerza ante la situación regional, ya que países vecinos como Guatemala han reportado brotes importantes. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2025 se notificó un caso importado en el departamento de Santa Ana, sin decesos ni casos secundarios. En lo que va de 2026, la OPS ha confirmado que no ha registrado transmisión local en el territorio salvadoreño.

El Ministerio de Salud reiteró que la mejor herramienta contra el sarampión es el cumplimiento del esquema de vacunación. Las autoridades intensifican campañas para mantener la cobertura nacional, especialmente en zonas alejadas de la capital, con el objetivo de evitar la aparición de focos autóctonos. Ortega insistió en que “la mejor medida que los países pueden hacer ante estos casos es proceder a vacunar”.

Hantavirus: bajo riesgo de pandemia y diferencias por cepa

Durante la entrevista, Carlos Alexander Ortega también abordó el tema del hantavirus, cuya amenaza de pandemia es, por ahora, “sumamente baja” debido a su patrón de transmisión y las características de las cepas presentes en América. Según el virólogo, la mayoría de los brotes de hantavirus han sido esporádicos y localizados, sin evidencias de transmisión sostenida entre humanos fuera de casos específicos como la cepa Andes.

Ortega explicó que existen diferentes cepas de hantavirus asociadas a regiones y roedores particulares. En América del Sur, la cepa “Andes” afecta principalmente Argentina y Chile, y se distingue por su alta virulencia, con tasas de mortalidad que pueden llegar hasta el 38%. Esta cepa puede transmitirse de persona a persona cuando el contacto es estrecho, una particularidad poco común en otros tipos de hantavirus.

En contraste, la cepa “Choclo” de Panamá ha causado brotes sin registrar fallecimientos, lo que ilustra la variabilidad en la peligrosidad de las cepas. Ortega agregó que, en Europa, África y Asia, los hantavirus tienden a provocar cuadros hemorrágicos con afectación renal, mientras que en el continente americano suelen derivar en síndromes pulmonares o cardiopulmonares.

El principal mecanismo de infección se produce a través de la inhalación de partículas provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados, que pueden permanecer viables en ambientes cerrados y húmedos durante varios días. Ortega detalló que el reservorio de la cepa Andes es el ratón colilarga, que porta el virus sin manifestar enfermedad.

Para reducir el riesgo de contagio, el especialista recomendó ventilar y desinfectar con una solución de nueve partes de agua por una de lejía cualquier espacio cerrado antes de realizar labores de limpieza, así como utilizar mascarillas y guantes. En países con brotes recurrentes, la mayoría de los casos ha estado asociada a la limpieza de bodegas o viviendas que han permanecido cerradas por largo tiempo.

Actualmente, no existe una cura aprobada para el hantavirus, y el tratamiento se limita a soporte vital en unidades de cuidados intensivos. Ortega enfatizó que la detección temprana y el ingreso oportuno a servicios de salud mejoran las posibilidades de sobrevivir a la enfermedad.

Las autoridades de salud salvadoreñas insisten en mantener la calma y reforzar tanto las medidas de higiene como la vigilancia, ante la circulación de enfermedades virales importadas. El cumplimiento del esquema de vacunación y la prevención en el entorno doméstico se mantienen como las estrategias centrales para reducir el riesgo de brotes.

El Consejo Nacional de la CONRED declaró alerta amarilla preventiva el 22 de mayo de 2026 en Guatemala por la escasez de lluvias y las altas temperaturas en zonas con mayor susceptibilidad a impactos, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Para el fin de semana del 23 al 24 de mayo, el INSIVUMEH prevé el paso de una nueva onda del este sobre el territorio nacional, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias por la tarde y noche, principalmente desde el Sur hacia el Centro del país.

La CONRED indicó que la elevación del nivel de alerta es una acción de prevención y preparación anticipada y que no representa una declaratoria del fenómeno ENOS.

La decisión se adoptó con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales y en proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, de acuerdo con el organismo.

Según el INSIVUMEH, habrá neblina matutina en la Meseta Central y la región del Pacífico, donde persistirá un ambiente cálido y húmedo con viento ligero durante el día. En Alta Verapaz, Caribe y la Franja Transversal del Norte podrían registrarse lluvias con actividad eléctrica por la tarde o noche.

Las temperaturas más altas se mantendrán en regiones del Motagua y Valles de Oriente, con máximas de hasta 41°C, sin descartar lluvias dispersas, de acuerdo con el INSIVUMEH.

La CONRED pidió a los gobiernos departamentales y municipales elevar sus niveles de alerta, reforzar acciones de prevención, actualizar planes de respuesta y coordinar medidas de protección ante posibles eventos asociados como sequía, incendios forestales, altas temperaturas, inundaciones y deslizamientos.

También anunció que reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación interinstitucional.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomendó a la población no conducir a altas velocidades durante las lluvias, preparar su Plan Familiar de Respuesta y mantenerse informada por canales oficiales de la CONRED y el INSIVUMEH ante el riesgo de derrumbes, deslizamientos, inundaciones o crecidas repentinas de ríos.

El gobierno de Guatemala elabora plan de contingencia ante amenazas climáticas para el corredor seco

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, advirtió sobre la posibilidad de una canícula extendida y de alto impacto que se desplegaría en julio y agosto de 2026, periodo que tradicionalmente corresponde a la temporada de lluvias en el país.

Esta previsión se fundamenta en los pronósticos climáticos atípicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), que estiman un escenario de condiciones anómalas que obligan al gobierno a coordinar acciones de preparación junto a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), especialmente en las regiones que se anticipa serán las más vulnerables. La información fue comunicada este martes en rueda de prensa y retransmitida por los canales del gobierno.

En respuesta, Arévalo explicó que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la CONRED trabajan en una estrategia conjunta basada en dos ejes: la acumulación y gestión de reservas de granos básicos para las comunidades que podrían enfrentar carencias alimentarias y el desarrollo de un programa de tratamiento de suelos para optimizar la captación de agua durante el periodo de escasez.

El mapa climático elaborado por el INSIVUMEH delimita con precisión las áreas expuestas a mayor riesgo. El próximo martes se presentarán los pormenores del plan, informó el mandatario.

El INSIVUMEH calcula una probabilidad del 92 % de que el fenómeno climático El Niño prevalezca en el trimestre junio-agosto de 2026. Según el organismo guatemalteco, ese fenómeno genera históricamente déficits de precipitaciones en el costado Pacífico y en el corredor seco del oriente del país, propiciando la prolongación y agravamiento de la canícula.

El 14 de mayo último, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una Alerta de El Niño, aunque aclaró que la situación persiste en condición neutra, con una anomalía de temperatura del mar de +0,4 °C en la región Niño-3.4.

El corredor seco, principal foco de riesgo agrícola ante la nueva canícula

La distribución de lluvias prevista para el trimestre por el INSIVUMEH será heterogénea. Regiones como la Bocacosta, el Caribe y la Franja Transversal del Norte experimentarán los mayores acumulados, mientras que el Altiplano Central, el Occidente y los Valles de Oriente recibirán precipitaciones por debajo del promedio registrado entre 1991 y 2020. Las temperaturas máximas que podrían afectar áreas de baja altitud oscilarán entre 30 °C y 38 °C (86 °F a 100 °F), agravando la presión sobre el sector agrícola.

Para los agricultores de subsistencia del corredor seco, que incluye departamentos como Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, el riesgo fundamental lo marca la duración de la canícula. El INSIVUMEH detalla que el periodo seco que divide la temporada usualmente abarca dos o tres semanas. En años de El Niño severo puede prolongarse hasta 30 o 40 días, afectando la primera cosecha de maíz de la temporada.

En 2014, una anomalía térmica marina de apenas 0,6 °C por encima de la media —insuficiente para ser clasificada como El Niño por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)— derivó en ausencias de lluvia de hasta 45 días y en la pérdida de más del 70 % de los cultivos de granos básicos en Guatemala. Estos antecedentes sirven de referencia para calibrar la magnitud potencial del escenario actual, según informó el INSIVUMEH.

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, manifestó su rechazo ante la reciente acusación emitida en Estados Unidos contra Raúl Castro.

La imputación, relacionada con el derribo de dos avionetas en 1996, fue calificada por el Ejecutivo nicaragüense como “sumamente peligrosa”, según destaca una nota publicada por la agencia EFE.

Desde Managua, los copresidentes sostuvieron que la medida representa un irrespeto a los principios y valores de las Naciones Unidas.

En un comunicado oficial, difundido por EFE y varios medios nicaragüenses, Ortega y Murillo condenaron la acusación y advirtieron sobre los riesgos que implica para la soberanía de los países que, a su juicio, han luchado por su dignidad y derechos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta semana cargos formales contra Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, un caso que reaparece en medio de una nueva escalada entre Washington y La Habana, según el propio Departamento de Justicia.

El ataque dejó cuatro muertos: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La acusación fue presentada ante la corte federal del Distrito Sur de Florida y sostiene que las aeronaves civiles estaban desarmadas.

Junto con Castro fueron acusados otros cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, según el Departamento de Justicia. La imputación los señala por su presunta participación en la planificación y ejecución del ataque.

Reacciones del Gobierno nicaragüense ante la acusación contra Raúl Castro

El dictador Ortega y su esposa, Rosario Murillo, aliados históricos de Cuba, reiteraron su solidaridad con el expresidente cubano y con la dirigencia actual del país caribeño. En su mensaje, los mandatarios resaltaron el “respeto, admiración y cariño” que, según ellos, caracteriza las relaciones entre ambas naciones y sus revoluciones.

La pareja presidencial extendió su respaldo a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y a toda la dirigencia del partido y Gobierno cubanos. También expresaron su reconocimiento al fallecido líder Fidel Castro, a José Martí y a “todos los héroes y mártires” de la revolución cubana.

El comunicado enfatizó la “inalterable fuerza de fraternal unidad” entre Nicaragua y Cuba, y calificó a la isla como “potencia cultural, científica, solidaria, revolucionaria y de bien común”. Ortega y Murillo reafirmaron su apoyo al pueblo cubano en nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Contexto de la acusación y reacciones en Cuba

La acusación formal contra Raúl Castro surgió en un escenario de creciente hostilidad entre Estados Unidos y Cuba, marcado por la intensificación de medidas como el bloqueo petrolero impuesto desde hace cinco meses y la extensión de sanciones económicas a la isla.

La respuesta oficial de La Habana fue inmediata y categórica: las autoridades cubanas rechazaron totalmente la imputación, interpretándola como una nueva manifestación de la política hostil de Washington hacia el Gobierno cubano.

Los documentos judiciales estadounidenses no solo señalan a Raúl Castro, sino que incluyen a otros militares cubanos: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus máximos representantes, expresó su preocupación por el impacto de estas tensiones en la región. Enfatizó la necesidad de salvaguardar los principios de paz, seguridad y autodeterminación para los países del Caribe y América Latina, frente a la presión ejercida por Estados Unidos sobre Cuba.

La sensación térmica en Panamá alcanzó uno de sus niveles más altos del año el pasado 19 de mayo, cuando la estación meteorológica de Río Grande, en la provincia de Coclé, registró un valor estimado de 41.8°C, una cifra que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) clasifica dentro de la categoría de “Peligro” por los riesgos que representa para la salud de la población.

De acuerdo con el más reciente informe del IMHPA, el promedio nacional de sensación térmica durante mayo se ubicó en 34.6°C, mientras que la mayoría de los días del mes registraron valores superiores a los 34°C.

La entidad explicó que la sensación térmica no depende únicamente de la temperatura del aire, sino también de factores como la humedad, la ventilación y la exposición a la radiación solar, que pueden hacer que el calor percibido por el cuerpo humano sea significativamente mayor que el indicado por un termómetro.

El caso registrado en Río Grande ilustra claramente esta diferencia. Aunque la temperatura del aire rondaba los 37.3°C, las condiciones atmosféricas provocaron que el cuerpo humano percibiera un calor equivalente a 41.8°C.

Según el IMHPA, este rango se encuentra dentro de una categoría que incrementa el riesgo de insolación, agotamiento por calor, calambres musculares y golpes de calor, especialmente entre personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante períodos prolongados.

La situación ha llevado al instituto a mantener un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas vigente hasta el 23 de mayo. Las áreas bajo vigilancia incluyen Chiriquí, Veraguas Centro y Sur, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, las comarcas Emberá y Guna Yala, así como sectores costeros de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe Buglé.

El organismo meteorológico prevé que durante estos días las temperaturas máximas oscilarán entre 31°C y 35°C, acompañadas de niveles de humedad superiores al 70%, lo que podría generar sensaciones térmicas entre 36°C y 42°C.

Durante las noches, las temperaturas podrían mantenerse entre 25°C y 28°C, con sensaciones térmicas que fluctuarían entre 29°C y 33°C.

Según el IMHPA, estas condiciones responden a una combinación de alta radiación solar, escasa cobertura nubosa, debilitamiento de los vientos y elevados niveles de humedad. Aunque se esperan algunos aguaceros aislados en distintas regiones del país, las autoridades advierten que no serán suficientes para disminuir de forma significativa la sensación de calor sobre la superficie.

Las altas temperaturas coinciden con una nueva alerta climática para los próximos meses. De acuerdo con las proyecciones más recientes, existe un 85% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, una condición que podría alterar el comportamiento de las lluvias y reforzar los episodios de calor en Panamá.

El fenómeno suele estar asociado con una reducción de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, aumento de las temperaturas y mayores presiones sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica.

Aunque el IMHPA subrayaque los modelos climáticos continúan mostrando incertidumbre sobre la intensidad que podría alcanzar el evento, las probabilidades han venido aumentando respecto a los meses anteriores.

El informe también advierte que, aun cuando los acumulados mensuales de lluvia se mantengan dentro de rangos considerados normales, existe la posibilidad de que se produzcan eventos extremos de corta duración. Esto significa que podrían registrarse aguaceros intensos en pocas horas, seguidos de períodos prolongados de calor y escasas precipitaciones.

Para sectores la agricultura, la gestión del agua, la infraestructura y la planificación urbana, esta combinación de altas temperaturas y elevada variabilidad climática representa un desafío adicional.

El comportamiento observado durante mayo, con sensaciones térmicas cercanas a los 42°C en algunas regiones, ofrece una muestra de las condiciones que podrían repetirse o incluso intensificarse durante los próximos meses si las proyecciones sobre El Niño terminan materializándose.

Mientras tanto, el IMHPA recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales, especialmente en las regiones donde se mantienen los avisos por calor extremo.

Ha transcurrido poco más de un mes desde que el dolor y la incertidumbre se instalaron de forma definitiva en el hogar de la familia Merlo Espinoza.

El pasado 9 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica realizó el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven nicaragüense y reconocida tiktoker, quien fue enterrada de forma clandestina en la localidad de Santa Ana.

Por el atroz crimen, que ha conmocionado tanto a Costa Rica como a Nicaragua, las autoridades mantienen en prisión preventiva a su expareja sentimental, señalado como el presunto autor de este femicidio.

Ante la falta de respuestas definitivas y la urgencia de proteger a los miembros más vulnerables de la familia, doña Vilma Espinoza, madre de la víctima, y su hija Mariuris Merlo, se han visto obligadas a emprender un doloroso viaje. Recorrieron más de 650 kilómetros desde San Juan de Río Coco, en Nicaragua, hasta suelo costarricense.

Las motivaciones de estas mujeres son claras y urgentes: exigir que la muerte de Junieysis Adely no quede impune y recuperar la custodia definitiva de las hijas de la joven, unas gemelas de apenas dos años de edad que actualmente se encuentran bajo el resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Para doña Vilma Espinoza, el proceso ha sido devastador. En declaraciones exclusivas para Trivisión, confesó que inicialmente no encontraba las fuerzas físicas ni emocionales para realizar el viaje debido al profundo impacto de la tragedia.

Sin embargo, el motor que la impulsó a cruzar la frontera fue el recuerdo y el amor por sus nietas, a quienes hasta el día de hoy solo conoce a través de la pantalla de un teléfono por videollamadas.

“Aún no me sentía con valor de viajar, pero le pedí al Señor fuerza y lo hice. Es necesario que la muerte de mi hija no se quede impune, que se haga justicia”, expresó conmovida doña Vilma.

La madre de la víctima relató que su hija vivía en Costa Rica con la gran ilusión de criar a sus pequeñas y que siempre le recordaba que ellas eran su principal motivo para salir adelante. Ante los restos de Junieysis Adely, doña Vilma asumió la promesa de velar por el bienestar de las menores.

La familia ha hecho un llamado público a las autoridades costarricenses, dirigiéndose de manera directa a la presidenta ejecutiva del PANI y a figuras del gobierno, apelando a la sensibilidad de género y al entendimiento del dolor materno para que agilicen los trámites que les permitan llevar a las niñas de regreso a Nicaragua.

Temor, incertidumbre y la urgencia de la custodia materna

El viaje no solo ha estado marcado por el duelo, sino también por el miedo. Mariuris Merlo, hermana de Junieysis , reconoció que la familia se encuentra en un estado de constante alerta y vulnerabilidad en Costa Rica. Al tratarse de un caso severo de violencia machista, existe un temor fundado por su propia seguridad física, por lo que han solicitado formalmente apoyo y protección a las autoridades locales.

Mariuris enfatizó que la prioridad absoluta es que las gemelas salgan del albergue institucional del PANI para ser criadas en un entorno familiar sólido.

Asimismo, explicó que el tiempo de permanencia en el país es totalmente indefinido pudiendo extenderse por meses debido a la burocracia y los requisitos legales indispensables para resolver la situación migratoria y de custodia de las menores, quienes poseen la nacionalidad costarricense por nacimiento.

La estrategia legal y el clamor por la solidaridad ciudadana

En el ámbito jurídico, la familia Merlo Espinoza cuenta con la representación del licenciado Joseph Rivera. El abogado detalló que la estrategia inmediata consiste en presentarse ante la Fiscalía o el Juzgado Penal de Pavas para ratificar las denuncias y establecer formalmente a la madre y hermana de la víctima como parte activa en el proceso penal.

Respecto a la situación de las menores, Rivera se mostró optimista tras los primeros acercamientos con los personeros del PANI. Explicó que el principal obstáculo actual es la falta de un domicilio fijo y permanente para la familia en Costa Rica, requisito indispensable para que las trabajadoras sociales de la institución evalúen el entorno y autoricen que las niñas salgan del albergue temporal.

Mientras la tramitología avanza y el Ministerio Público define la apertura del juicio contra el presunto femicida, la familia sobrevive gracias a la solidaridad de los pueblos costarricense y nicaragüense. Con donaciones iniciales de la ciudadanía y hospedajes temporales que vencen de forma inmediata, la permanencia de doña Vilma y Mariuris en el país pende de un hilo, por lo que las plataformas informativas mantienen abiertos los canales de ayuda económica para sostener esta lucha que apenas comienza.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró este viernes en Tecpán, Chimaltenango, la nueva infraestructura de la PNC, que incluye la Estación 73-3, la Subestación 73-3-1 y una Oficina de Atención a la Víctima, en una ceremonia oficial transmitida por canales del ministerio que las autoridades presentaron como un refuerzo de la presencia estatal y de la capacidad policial en el municipio.

La apertura de la oficina para víctimas fue uno de los ejes centrales del acto. El director de la Policía Nacional Civil David Botero afirmó durante su discurso que ese espacio fue creado para brindar atención integral, orientación, acompañamiento y asistencia a personas afectadas por hechos de violencia, delitos o vulneraciones de derechos.

Según Botero, la seguridad ciudadana no puede limitarse a la respuesta operativa frente al delito y debe incluir mecanismos de atención y contención para quienes atraviesan momentos de dolor, incertidumbre y vulnerabilidad.

Añadió que la oficina busca avanzar hacia un modelo policial más cercano a la población y más comprometido con la dignidad de las personas.

El alcalde de Tecpán Flaviano Salomón Díaz sostuvo durante la actividad oficial que la obra fue posible por la coordinación entre el Gobierno de la República, el Ministerio de Gobernación y la municipalidad. También dijo que la nueva sede permitirá que los agentes trabajen en mejores condiciones y con mayor dignidad.

Salomón Díaz aseguró que el proyecto se concretó en un plazo de dos meses, equivalentes a 60 días, y agradeció al ministro de Gobernación por haber cumplido una promesa hecha semanas antes. En su intervención, describió la inauguración como “un día histórico para nuestro municipio” y señaló que el edificio representa “la esperanza y el compromiso y fortalecimiento de la seguridad ciudadana para todas las familias tecpanecas y tecpanecos”.

La ceremonia oficial presentó la obra como una respuesta a carencias de infraestructura policial

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval dijo en el acto que durante muchos años numerosas dependencias policiales trabajaron con limitaciones, infraestructura deteriorada y espacios insuficientes. En ese marco, sostuvo que fortalecer una comisaría también significa dignificar a quienes sirven al país y mejorar la capacidad institucional, operativa y territorial del Estado.

Villera Sandoval afirmó que una comisaría “no es únicamente un edificio”, sino una forma de ampliar la tranquilidad de las familias, de los comerciantes y de las comunidades. También sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad exige transformación, tecnología, coordinación, capacidad de reacción y mejores herramientas para investigar y prevenir el delito.

En el tramo final de su discurso, el ministro introdujo una diferencia respecto de otras intervenciones del acto. Mientras el alcalde y la gobernadora hablaron de una nueva subestación construida para los agentes, Villera Sandoval dijo: “Hoy estamos entregándole al pueblo de Tecpán esta subestación completamente remodelada”.

La gobernadora departamental de Chimaltenango María del Tránsito Calán Hernández había sostenido antes que “no es un remozamiento, sino que se hizo esta subestación especialmente para los agentes que están acá brindándole seguridad a los habitantes de Tecpán, Guatemala”. También afirmó que durante muchos años no se habían hecho obras de este tipo y que la Policía Nacional Civil las demandaba para poder prestar servicio en condiciones adecuadas.

Las autoridades vincularon la nueva sede con atención a víctimas y cercanía con la comunidad

Botero definió a Tecpán como un territorio de relevancia histórica, cultural y estratégica para Guatemala y afirmó que sus habitantes “merecen instituciones sólidas y fortalecidas, accesibles y eficientes”. Según el director de la Policía Nacional Civil, la obra responde a una visión de seguridad pública basada en prevención, proximidad ciudadana, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades operativas, preventivas y humanas.

El jefe policial también se dirigió a los agentes que prestarán servicio en las nuevas instalaciones y les dijo que ese espacio representa la confianza depositada por la población en la institución. En ese sentido, sostuvo que allí no solo se desarrollarán acciones de seguridad, sino que también se protegerán la vida, la integridad, la libertad y la dignidad humana.

Durante el primer trimestre de 2026, los precios unitarios de los productos de la canasta básica alimentaria en El Salvador presentaron variaciones leves, con aumentos en varios alimentos clave tanto en zonas urbanas como rurales.

Los datos oficiales muestran que, en el área urbana, el pan francés costó USD 0.1579 en marzo, las tortillas USD 0.2516, el arroz USD 0.0859 (el gramo) y las carnes USD 0.5250.

Otros productos como las grasas (USD 0.1186), huevos (USD 0.1052), leche fluida (USD 0.1278), frutas (USD 0.1768), frijoles (USD 0.2127), verduras (USD 0.2271) y azúcar (USD 0.0802) también registraron valores definidos en el mismo mes.

En la zona rural, el precio de las tortillas alcanzó USD 0.6803 en marzo de 2026, el arroz se mantuvo en USD 0.0609, las carnes subieron a USD 0.1225 y los huevos costaron USD 0.1127. El azúcar se mantuvo en USD 0.0756, mientras las verduras quedaron en USD 0.0503 y los frijoles en USD 0.1615, en medida de gramos.

Estos precios unitarios se reflejan en el costo mensual total de la canasta básica alimentaria. En marzo de 2026, el costo mensual por familia en el área urbana fue de USD 254.64, por encima de los USD 245.89 del mismo mes de 2025.

En el área rural, el costo mensual por familia llegó a USD 185.45, superior a los USD 178.12 del año anterior. Estas cifras confirman una tendencia de incrementos sostenidos en el valor de la canasta básica tanto para zonas urbanas como rurales.

El registro muestra que, en el área urbana, el costo diario por persona en marzo de 2026 fue de USD 2.0688, mientras que para una familia promedio de 3.73 miembros el costo diario llegó a USD 8.4882. En el área rural, el costo diario por persona en marzo fue de USD 1.3192 y para una familia de 4.26 miembros ascendió a USD 6.817.

La comparación interanual indica que la mayoría de los productos subieron respecto a 2025, aunque algunos mantuvieron estabilidad o registraron leves descensos en ciertos meses. Estos datos marcan el impacto directo en la economía familiar y reflejan la presión inflacionaria sobre los hogares salvadoreños.

La mayoría de los productos incluidos en la canasta básica alimentaria provienen de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que evidencia la dependencia de importaciones para satisfacer la demanda local.

La situación económica se consolidó en 2025 como la principal preocupación para la población salvadoreña, de acuerdo con la encuesta anual del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), presentada en enero. El 28.4 % de los encuestados identificó a la economía como el mayor problema del país, superando a la inseguridad y a las pandillas. Además, el alto costo de la vida y el desempleo figuran entre las inquietudes principales, con 8.4 % y 8.1 % respectivamente según el mismo estudio.

El análisis de la evolución de los precios durante los últimos años muestra un incremento significativo. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, el promedio del costo de la canasta básica en el área urbana era de 200,02 dólares. Para 2024, ese valor llegó a 256.02 dólares. En la zona rural, el precio pasó de 144.48 dólares en 2019 a 182.62 dólares en 2024.

El regreso de Alboroto Teatro marca un hito para la escena salvadoreña, al presentar una nueva temporada de la obra que ha recorrido los principales teatros nacionales y ha cruzado fronteras hasta Honduras y Guatemala.

La producción, basada en un texto creado en 1961 por el cubano Nicolás a los 16 años, se interna en los conflictos domésticos y las tensiones de poder entre cuatro mujeres, exmaestras y hermanas, que comparten un encierro cargado de resentimientos y luchas internas.

El montaje, dirigido por Luis Antonio Fuentes Hernández, combina la estética grotesca del esperpento español y elementos del teatro de lo oprimido.

Esta fusión permite que los personajes, interpretados por hombres, no busquen imitar a mujeres, sino crear una caricatura que, en palabras del director, sirve para “contar algo, no herir”.

De este modo, la obra evita entrar en temas de identidad de género u orientación sexual, enfocándose en la historia de cuatro mujeres mayores, tres de ellas profesoras jubiladas y una cuarta que, tras quedar embarazada sin terminar sus estudios, asume el papel de sirvienta dentro del hogar familiar.

Una obra que desafía géneros y esquemas familiares

La pieza, que se ha consolidado en escenarios de Sudamérica como Ecuador, Argentina y Cuba, aborda el sometimiento y la pugna de poderes dentro de una familia disfuncional, un fenómeno que, según los actores, se repite en muchos hogares de Latinoamérica.

Alejandro Alfaro, quien encarna a Panchita, la hermana mayor y maestra de música, describe el núcleo del conflicto: “La obra trata sobre cuatro mujeres que viven en pugna, por el poder doméstico, económico dentro de las casas que están encerradas… ellas tratan de mantener en una lucha constante para ver quién sale más humillada, más angustiada, más afligida”.

El argumento gira en torno al encierro y la rivalidad, donde la humillación y el dolor se disputan como si fuesen trofeos. El personaje ausente de Armando, hijo de una de las hermanas, es el eje invisible que alimenta el resentimiento y la animadversión de las protagonistas, especialmente de las mayores, que “odian al hijo de Rosa”.

El método escénico adoptado evita cualquier intento de feminización forzada de los actores. Según lo señala Marvin Francisco Pleytez Marroquín, responsable de dar vida a Felina, “son tres hombres actuando de mujeres”, lo que responde a una tradición teatral en la que, originalmente, las mujeres no accedían a los escenarios y los hombres asumían todos los papeles.

La universalidad de las familias disfuncionales y el poder entre mujeres

En uno de los pasajes más directos, el elenco subraya que el sometimiento de una mujer por otra, dentro de entornos familiares o laborales, es un fenómeno cotidiano en Latinoamérica. Toledo enfatiza: “Hay un punto sin querer llegar a la ofensa, la parte olvidada de la sociedad sobre el hecho de que una mujer disminuya a otra mujer, eso pasa todos los días, en la casa, en el trabajo”.

El montaje se apoya en una cuidada apuesta visual, donde el vestuario, la escenografía y el maquillaje refuerzan la atmósfera grotesca y el carácter caricaturesco de los personajes. Cada función es irrepetible, señala Fuentes Hernández, debido a la acumulación de experiencias y la memoria emotiva que los actores han construido en seis años desde la primera puesta en escena.

Entre la farsa y el drama: el método espérpentico

La clasificación genérica de la obra desafía etiquetas convencionales. El propio director aclara que Nicolás escribió una farsa, pero la puesta en escena incorpora matices de comedia y drama, fluctuando entre ambos registros para ilustrar el absurdo y la crudeza de la historia.

El método espérpentico, de raíz española, caricaturiza a los personajes para abordar temas sociales de fondo. Esta técnica, combinada con los principios del teatro de lo oprimido, permite explorar la dinámica de poder y sometimiento, no solo entre mujeres, sino también como reflejo de las estructuras sociales latinoamericanas.

La trama se enriquece con la presencia de tres mujeres mayores, todas profesoras, que manipulan hilos invisibles dentro de la casa, mientras la figura de Armando, aunque nunca aparece en escena, se convierte en el detonante de las tensiones y la eliminación simbólica que da sentido a la obra.

La temporada 2026 de Alboroto Teatro arranca con esta propuesta, que mezcla tradición, experimentación y una mirada aguda hacia las realidades familiares y sociales de la región.

La obra se presentará el 27 y 28 de mayo en Buho´s Pizza san Salvador.

El nombre de Heber Argueta pasó de moverse en silencio dentro de informes de inteligencia a convertirse en uno de los más buscados en Honduras tras el fallido operativo en Corinto, Omoa, donde cinco agentes de la DIPAMPCO fueron asesinados durante una emboscada atribuida a estructuras del narcotráfico.

Las autoridades hondureñas sostienen que Argueta sería un operador criminal con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de América Latina.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza luego de que la Secretaría de Seguridad confirmara que el operativo ejecutado en Corinto tenía como principal objetivo ubicarlo y capturarlo.

Sin embargo, la misión terminó en tragedia y abrió nuevas alarmas sobre la presencia de redes criminales transnacionales en Honduras.

El hombre al que buscaban en Corinto

Según reportes policiales, el operativo desarrollado en la frontera entre Honduras y Guatemala se enfocaba directamente en Heber Argueta, considerado un objetivo de alto interés por organismos de inteligencia.

La Policía Nacional sospecha que Argueta tendría participación en actividades relacionadas con tráfico de drogas, movilización de armas y operaciones logísticas dentro del corredor atlántico hondureño.

Las investigaciones indican que la estructura criminal vinculada a Argueta operaría en sectores de Colón, Atlántida y Cortés, zonas utilizadas históricamente por organizaciones del narcotráfico debido a sus rutas marítimas y fronterizas.

El comisionado policial Wilmer Mayer Ríos confirmó que parte de las armas encontradas durante las investigaciones estarían relacionadas con estructuras criminales vinculadas a “El Mencho”, líder del CJNG.

Inteligencia lo describe como “violento y calculador”

Fuentes ligadas a inteligencia policial describen a Heber Argueta como un operador distinto a otros líderes criminales que han surgido en el norte de Honduras.

Lo perfilan como un hombre estratégico, reservado y con capacidad para movilizar grupos armados en zonas rurales y montañosas del país.

“Es violento, calculador y de sangre fría”, aseguró una fuente vinculada a las investigaciones.

En comunidades cercanas a Corinto, habitantes aseguran que el nombre de Argueta genera temor debido al poder armado que tendría su estructura criminal.

“Cuando pasa se sabe. Van caravanas armadas. La gente se encierra”, relató un poblador bajo condición de anonimato.

Las autoridades sospechan además que el grupo cuenta con armamento de alto poder, apoyo logístico y rutas de escape previamente definidas entre Honduras y Guatemala.

Supuestos vínculos con el CJNG

La principal preocupación de las autoridades hondureñas gira alrededor de los presuntos nexos de Argueta con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo criminal mexicano, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es señalado internacionalmente por actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y expansión de estructuras criminales en distintos países de América Latina.

Organismos de inteligencia sostienen que operadores vinculados al CJNG habrían encontrado en Honduras una plataforma estratégica para mover droga, dinero y armamento aprovechando las rutas del Caribe hondureño.

La posible conexión de Heber Argueta con esa estructura elevó las alertas dentro de la Policía Nacional y organismos de seguridad.

El operativo que terminó en tragedia

El operativo en Corinto pretendía capturar a Argueta en una zona donde supuestamente mantenía operaciones y protección armada. Sin embargo, algo salió mal durante la misión.

Los cinco agentes de la DIPAMPCO desaparecieron tras ingresar a la vivienda y horas después fueron encontrados muertos en una zona montañosa de Omoa.

Las autoridades revelaron posteriormente que los cuerpos presentaban impactos de bala, señales de tortura, mutilaciones y quemaduras.

Las víctimas fueron identificadas como:

• Lester Josué Amador Herrera
• Leonel Alejandro Valdez Núñez
• Dailin Francisco Elvir Quintanilla
• Nels Makley Eguigure Benavídez
• Emerson Josué Canales Fúnez

Informes preliminares indican que Heber Argueta habría resultado herido durante el enfrentamiento, aunque logró escapar.

Mientras tanto, Honduras mantiene operativos activos, coordinación con Guatemala y alertas internacionales de Interpol para localizar a integrantes

El Ministerio de Gobernación clasificó como reservada por siete años la información del convenio con el Ministerio de la Defensa Nacional para construir la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal, una decisión oficializada en la Resolución ministerial 000290 publicada el viernes 22 de mayo en el Diario de Centro América y sustentada en que divulgar esos datos podría comprometer la estrategia de seguridad del proyecto.

La resolución fija que la reserva abarca la totalidad del convenio específico de cooperación interinstitucional firmado el 25 de marzo de 2026 entre ambas carteras, y señala que el plazo podrá ampliarse de conformidad con el artículo 28 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.

Según la resolución del Mingob, la vigencia de la reserva comienza el sábado 23 de mayo de 2026. El mismo documento identifica como responsables de la conservación del expediente a la Subdirección Administrativa de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, la Dirección de Planificación y la Dirección General del Sistema Penitenciario, todas del ministerio.

La reserva cubre todo el convenio firmado para levantar la prisión de máxima seguridad

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario de Centro América, la solicitud de clasificación fue presentada por el director general de la Dirección General del Sistema Penitenciario. La cartera precisó que esa dependencia es la fuente de la información sometida a reserva.

El documento indica que el fundamento legal de la decisión está en los artículos 23, numeral 4, y 26 del Decreto 57-2008. Según Gobernación, la difusión del contenido podría causar “un serio perjuicio o daño presente” al vulnerar acciones o estrategias vinculadas con la construcción del centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad.

La resolución añade que la divulgación del convenio podría amenazar el interés protegido por la ley, porque implicaría un daño probable que pondría en alto riesgo la construcción del centro. En la versión leída en voz alta del acuerdo ministerial también se afirma que el acceso a ese documento permitiría a la delincuencia organizada identificar áreas de riesgo en materia de seguridad penitenciaria.

Ese mismo texto argumenta que el perjuicio derivado de liberar la información es mayor que el interés público de conocerla. La justificación oficial también menciona el riesgo de acercar elementos y datos a grupos delictivos que pretendan involucrarse o infiltrarse en tareas de custodia de personas reclusas.

El proyecto corresponde a la cárcel El Triunfo impulsada por el gobierno de Bernardo Arévalo

La obra a la que se refiere la reserva es la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, que será construida en Morales, Izabal. El proyecto fue impulsado por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en el marco del Decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas.

Según el texto fuente, la construcción contará con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”. La resolución reserva de forma íntegra el convenio específico de cooperación interinstitucional suscrito para esa intervención.

La primera piedra del proyecto fue colocada a finales de marzo de este año para iniciar la construcción de la prisión. Ese avance quedó frenado de forma temporal después de una acción presentada ante una Sala Mixta de Apelaciones de Izabal.

La publicación del acuerdo ministerial, según la lectura de la resolución, se dispuso “por ser de interés para el Estado” y se realizaría sin costo alguno.

Las autoridades hondureñas activaron este viernes una notificación azul de Interpol para ubicar a los presuntos responsables de la masacre en la que murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el sector de Corinto, Omoa, Cortés.

La Policía Nacional informó que al menos 13 supuestos integrantes de la banda criminal “Los Argueta” fueron incorporados al sistema internacional de búsqueda luego del violento enfrentamiento registrado en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

La medida fue adoptada apenas un día después del ataque armado que dejó consternación en el país y provocó uno de los mayores despliegues de seguridad de los últimos meses en la región norte de Honduras.

De acuerdo con Interpol, una notificación azul tiene como propósito recopilar información sobre personas sospechosas de participar en delitos, incluyendo datos relacionados con su identidad, ubicación, movimientos y posibles conexiones criminales.

Además, este tipo de alertas permite fortalecer la cooperación internacional entre cuerpos de seguridad y facilita el intercambio de información en investigaciones transnacionales.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, confirmó que los cinco agentes asesinados fueron encontrados horas después del enfrentamiento en una zona montañosa de Omoa, luego de haber sido sometidos y privados de libertad por miembros del grupo criminal.

“Se ha confirmado el hallazgo de los cinco cuerpos de nuestros compañeros asignados a Dipampco”, declaró Barahona durante una comparecencia ante medios de comunicación en Tegucigalpa.

Según el informe preliminar, los agentes participaban en una operación orientada a capturar a un supuesto integrante de una estructura vinculada al narcotráfico que opera en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Las investigaciones señalan que los uniformados fueron atacados por hombres fuertemente armados en el sector de Corinto, una zona históricamente utilizada por organizaciones criminales para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Tras el enfrentamiento, equipos especiales ingresaron al área montañosa para localizar a los agentes desaparecidos. Horas más tarde, las autoridades encontraron los cuerpos en distintos puntos del sector.

El crimen generó una fuerte reacción dentro de las instituciones de seguridad hondureñas y provocó el inicio de operaciones coordinadas con autoridades guatemaltecas para localizar a otros sospechosos que habrían escapado hacia territorio vecino.

En medio de las investigaciones, las autoridades también confirmaron la captura en Guatemala de dos hondureños heridos identificados como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes presuntamente tendrían vínculos con la estructura criminal investigada.

Ambos fueron ubicados bajo custodia policial en un hospital de Puerto Barrios, Izabal, luego de ingresar con heridas de bala tras los hechos violentos registrados en Corinto.

La masacre contra los agentes de la DIPAMPCO ocurrió en una jornada marcada por múltiples hechos violentos en Honduras.

Ese mismo día, el Ministerio Público confirmó otra masacre registrada en la aldea Rigores, Trujillo, Colón, donde hombres armados asesinaron al menos a 19 personas en una finca de palma africana.

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, explicó que los equipos forenses encontraron inicialmente 13 cuerpos y posteriormente localizaron otros seis cadáveres en distintos sectores de la zona.

La región del Bajo Aguán, donde ocurrió la matanza en Colón, ha permanecido durante décadas bajo tensión debido a conflictos agrarios, presencia de grupos criminales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades hondureñas aseguran que la infiltración de organizaciones delictivas en distintas regiones del país ha complicado los esfuerzos para reducir la violencia.

Mientras tanto, los operativos policiales y militares continúan activos tanto en Corinto como en Colón con el objetivo de ubicar a más sospechosos y evitar nuevas acciones armadas.

El cuerpo de Abril de Jesús Puello fue hallado en la finca donde trabajaba su pareja este viernes, con señales inequívocas de estrangulamiento, destaca una nota del periódico Diario Libre.

En el paraje Los Arrayones, un grupo de vecinos alertó a las autoridades tras divisar el cadáver en una zona apartada, próxima a la vivienda del principal sospechoso.

La Policía Nacional desplegó un operativo de rastreo en Villa Altagracia y áreas circundantes tras la fuga de Raudy Jiménez Dicent, de 24 años, conocido como “Ayendi”. La investigación inicial lo ubica como cuidador de la finca donde ocurrió el hallazgo.

Diario Libre indica que los agentes confirmaron que el sospechoso mantenía una relación sentimental con la víctima de 16 años. Según el informe policial, el rastro de Jiménez Dicent se perdió poco después del crimen. La fuerza pública mantiene vigilancia en los accesos al distrito municipal San José del Puerto.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, especificó que no existen denuncias previas por violencia de género ni registros formales de desaparición respecto a la adolescente. La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan de forma conjunta para reconstruir las últimas horas de vida de la menor y trazar la secuencia del suceso.

Causa de muerte y proceso forense

El cuerpo de Abril de Jesús Puello fue trasladado a la morgue del hospital municipal de Villa Altagracia para la autopsia a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los reportes preliminares detallan signos de estrangulamiento, a la espera de la confirmación oficial por parte del organismo forense.

La finca, ubicada en Los Arrayones, quedó bajo custodia policial para el levantamiento de pruebas. No se han reportado testigos presenciales del hecho.

El entorno inmediato del lugar fue analizado por el equipo de investigaciones criminales, que busca determinar cómo se produjo el encuentro entre víctima y victimario en las horas previas al asesinato.

Sin antecedentes ni denuncias previas

Según la nota de Diario Libre, hasta el momento, las autoridades no han detectado antecedentes de violencia ni conflictos documentados entre la pareja. Tampoco hay constancia de reportes de desaparición.

Vecinos del sector 30 de Marzo, en Villa Altagracia, donde residía la víctima, declararon que la adolescente había sido vista por última vez la tarde anterior al hallazgo.

Las pesquisas intentan establecer si existieron episodios previos de conflicto no denunciados. El Ministerio Público ha solicitado colaboración a familiares y conocidos para reconstruir el vínculo entre ambos.

Perfil del sospechoso y reacción comunitaria

Raudy Jiménez Dicent, apodado “Ayendi”, es señalado por la comunidad como el cuidador de la finca y pareja sentimental de la víctima. Tras el suceso, vecinos de Los Arrayones señalaron que el joven abandonó abruptamente el lugar. La Policía mantiene la hipótesis de que pudo recibir ayuda para evadir la búsqueda.

La comunidad expresó su conmoción por el crimen y exige la pronta captura del sospechoso. Grupos de residentes han colaborado en los operativos de rastreo, aportando información sobre los movimientos previos del acusado.

“Nadie imaginaba esto”, afirmó uno de los vecinos que conocía a ambos jóvenes desde hace meses.

La Policía Nacional ha exhortado públicamente a Raudy Jiménez Dicent a entregarse y responder ante la justicia. El caso se investiga bajo la figura de posible feminicidio, aunque las autoridades insisten en mantener abiertas otras líneas hasta recabar todos los elementos.

El coronel Diego Pesqueira indicó que la prioridad institucional es esclarecer los hechos y garantizar que el responsable comparezca ante el Ministerio Público. El despliegue policial continúa en Villa Altagracia y áreas rurales aledañas.

No se han reportado avances en la localización del sospechoso hasta el cierre de este reporte.

La productora Two Shows Producciones anunció la fecha del concierto de Alejandro Sanz en El Salvador. En sus redes oficiales, informó que el español se presentará el 19 de noviembre en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. La noticia coloca al país centroamericano en el mapa de la gira “¿Y ahora qué?”, el más reciente tour internacional del reconocido cantante.

Las entradas estarán disponibles por medio de los canales oficiales y plataformas autorizadas, según informó la organización responsable del evento. La gira “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz incluye escenarios de toda Latinoamérica en una agenda que abarca también España y Estados Unidos. Desde su lanzamiento, el tour ha logrado agotar localidades en ciudades clave y ha contado con la participación de artistas invitados en distintos conciertos.

En el caso de El Salvador, la expectativa crece en torno al repertorio que incluirá éxitos como “Corazón Partío”, “Amiga Mía” y “Y Si Fuera Ella”, junto a temas de su más reciente proyecto discográfico.

De acuerdo con Billboard, Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más influyentes de la música contemporánea. Ha vendido más de 25 millones de discos y todos sus álbumes han alcanzado certificaciones de platino en países como España, México y Estados Unidos. El sitio especializado resalta que el álbum “Más” (1997) se mantiene como el disco más vendido en la historia de la música española, mientras que “El Alma al Aire” (2000) ocupa la segunda posición en ese ranking.

La carrera de Alejandro Sanz ha estado marcada por reconocimientos internacionales. Ha recibido 22 Latin Grammy y 4 Grammy Awards, además de galardones como los Billboard Latin Music Awards, Ondas, y Premios Gardel, entre otros. En 2017, la Latin Recording Academy lo distinguió como Persona del Año en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música latina. También ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y posee doctorados honoris causa por la Universidad de Berklee y la Universidad de Cádiz.

De acuerdo con su biografía publicada por Britannica, Alejandro Sanz nació en Madrid en 1968 y desde niño mostró un interés precoz por la guitarra, influenciado por la tradición flamenca de su familia. Su debut discográfico llegó en 1991 con “Viviendo Deprisa”, pero fue “Más” el que lo catapultó a la fama internacional. Ha colaborado con figuras como Shakira, Alicia Keys, Juanes, Camila Cabello y Joan Manuel Serrat. Además, fue el primer artista español en grabar un “MTV Unplugged”.

La producción de la gira “¿Y ahora qué?” se caracteriza por contar con un montaje de gran formato, banda completa y un repertorio que repasa toda la carrera del artista. Según detalló Two Shows Producciones, la visita de Sanz a El Salvador representa una oportunidad para el público local de presenciar un espectáculo de nivel internacional, en el que se integran innovaciones técnicas y visuales.

La participación de Alejandro Sanz en causas sociales y ambientales también ha sido reconocida globalmente. Ha colaborado con organizaciones como Save The Children, Greenpeace y Médicos Sin Fronteras, y en 2019 intervino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) donde anunció su compromiso con la reducción de emisiones en sus conciertos. Recientemente, fue distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía y recibió el Premio Beato de Liébana a la Convivencia.

El anuncio del concierto en El Salvador se suma a la lista de presentaciones que forman parte de una gira que ha consolidado la posición de Alejandro Sanz como referente indiscutido de la música en español. La venta de entradas estará disponible próximamente en plataformas oficiales y el evento se perfila como una de las citas musicales más relevantes del año en el país centroamericano.

La Sala Tercera de Apelaciones resolvió que el juez Mynor Moto asumirá el proceso penal contra los exlíderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, una decisión que redefine un expediente marcado por cambios de judicatura y que también deberá encaminar una petición de medida sustitutiva que sigue sin resolverse desde el año pasado.

El traslado convierte este expediente en un caso que ya cambió de juez en tres ocasiones. Según la resolución de la sala, el proceso pasó del Juzgado Cuarto Penal al Juzgado Quinto Penal, luego al Juzgado Séptimo Penal y ahora quedó a cargo del juez B del Juzgado Tercero Penal.

Medios locales reportan que, la sala, presidida por Alejandro Prado, aceptó la excusa presentada por el juez A del Juzgado Séptimo Penal Fredy Orellana para apartarse del caso. El cambio se produjo después de recusaciones e inconformidades planteadas contra los juzgadores que habían conocido el expediente.

La resolución implica que la carpeta judicial deberá ser trasladada al juzgado de Moto, quien tendrá a su cargo conocer el proceso y decidir sobre la solicitud de medida sustitutiva presentada por ambos exdirigentes. Esa petición, según el texto fuente, no ha sido resuelta desde el año pasado por los sucesivos cambios de tribunal.

El caso se originó en las protestas de 2023 y mantiene a ambos exdirigentes en prisión preventiva

El proceso contra Pacheco y Chaclán surgió por su participación en las protestas de 2023, que comenzaron por la persecución penal emprendida por el Ministerio Público contra el proceso electoral de ese año. Durante esas jornadas, organizaciones indígenas exigieron que se respetara el resultado electoral y pidieron la renuncia de la entonces fiscal general Consuelo Porras.

El 23 de abril de 2025, ambos líderes indígenas fueron detenidos y luego ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Después se les añadió el delito de asociación ilícita y, de acuerdo con el texto fuente, actualmente continúan en prisión preventiva.

El cambio de juez responde directamente a la pregunta central del caso: quién conocerá ahora el proceso contra los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán. La respuesta es que el expediente quedó asignado a Mynor Moto, juez B del Juzgado Tercero Penal, por decisión de la Sala Tercera de Apelaciones tras aceptar la excusa de Orellana.

La trayectoria de Mynor Moto incluye casos de alto impacto y controversias judiciales

Mynor Mauricio Moto Morataya es descrito en el texto fuente como un juez y abogado guatemalteco que se desempeña actualmente como juez Tercero de Primera Instancia Penal. Su trayectoria ha estado vinculada a decisiones controvertidas, procesos legales y a casos de alto impacto en Guatemala.

Entre los expedientes que ha conocido figuran el caso Rosenberg, el caso Bufete de la Impunidad y el caso Libramiento de Chimaltenango, según el texto fuente. También se le ha señalado por presuntos retrasos maliciosos en investigaciones y ha enfrentado antejuicios por supuestos vínculos con el caso Comisiones Paralelas 2020.

El texto fuente también indica que Moto ha intentado en varias ocasiones integrar la Corte de Constitucionalidad en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esos intentos, según el mismo texto, fueron frenados por acciones legales, denuncias y órdenes de captura que han marcado su historial reciente.

Líderes de los 48 Cantones exige liberación de exdirigentes detenidos

Recientemente, integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y representantes de otros pueblos indígenas realizaron una marcha en la Ciudad de Guatemala para exigir la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes del movimiento, detenidos desde hace un año por su supuesta vinculación a protestas ciudadanas de 2023. La movilización, que coincidió con el aniversario de la detención, busca llamar la atención sobre lo que consideran una prolongada “persecución política” y presionar por un cambio en el Ministerio Público, de acuerdo con las canales oficiales de los 48 cantones.

Durante la manifestación, los participantes instalaron afiches en los alrededores del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1, con fotografías de los detenidos y mensajes en los que afirman: “¡No son criminales!”. Esta acción responde a lo que los manifestantes consideran una criminalización sistemática de líderes indígenas y a la falta de justicia objetiva y oportuna tras un año completo en prisión preventiva de Pacheco, expresidente, y Chaclán, extesorero, ambos de la junta directiva de los 48 Cantones

AmCham Guatemala pidió avanzar con la Ley del Sistema Portuario Nacional en la fase final de su trámite legislativo, al sostener que un marco jurídico actualizado puede dar certeza a la inversión, ordenar la modernización de las terminales marítimas y mejorar la competitividad logística de Guatemala.

La discusión ocurre mientras el país busca aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional, identificada como la Iniciativa 6541, y después de la entrada en vigor del Decreto 26-2024, que estableció a la Comisión Portuaria Nacional como autoridad designada para garantizar seguridad y estándares internacionales, según el texto fuente.

Durante un panel organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, representantes del sector público y privado analizaron los retos y oportunidades de esa reforma. La entidad señaló que las eventuales enmiendas deben conservar los objetivos originales de seguridad, fortalecimiento institucional e incentivo a la inversión privada.

Waleska Sterkel de Ortiz destacó la postura de la organización: “Desde AmCham Guatemala consideramos fundamental avanzar hacia un sistema portuario moderno, eficiente y con reglas claras, ya que los puertos son un pilar clave para la competitividad del país. Su fortalecimiento impacta directamente en la eficiencia del comercio exterior, la reducción de costos logísticos y la atracción de inversión”, según AmCham Guatemala.

La iniciativa busca crear una autoridad portuaria nacional y ordenar la inversión en terminales

El objetivo de la ley, según el dictamen citado en el texto fuente, es establecer el marco jurídico rector para la organización, regulación, planificación, desarrollo, administración y supervisión del sistema portuario nacional, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro, competitivo y sostenible.

El artículo 1 de las iniciativas de ley, citado en el texto fuente, establece: “Esta ley regula las competencias de la autoridad rectora, derechos y obligaciones de los actores públicos y privados que integran el sistema, los procedimientos para el desarrollo de infraestructura y superestructura portuaria, la prestación de servicios comerciales portuarios, logísticos portuarios, proyectos de soporte a la actividad portuaria, actividades complementarias a los servicios comerciales portuarios, así como las condiciones para fomentar la inversión pública y privada bajo los principios establecidos en la presente ley”.

La propuesta también plantea regularizar la participación de empresas que puedan construir terminales marítimas. De acuerdo con el texto fuente, ese punto apunta a evitar congestión en el mar, una situación que hoy genera costos para las compañías y para los consumidores.

Parte de los atrasos en las terminales marítimas se explica por fallas en grúas contratadas, sobre todo en la Empresa Portuaria Quetzal, lo que obliga a los buques a hacer fila para descargar mercadería, según el texto fuente.

La norma define además que el sistema portuario nacional estará integrado por autoridades públicas, instancias técnicas y personas individuales y jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que operen, desarrollen o administren instalaciones portuarias o presten servicios comerciales portuarios en dominio público o privado.

Ese entramado trabajaría de manera coordinada para prestar el servicio comercial portuario nacional en condiciones de eficiencia y seguridad. Para esto, la iniciativa crea la autoridad portuaria nacional como ente rector con facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y convenios internacionales como el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

El directorio propuesto incluye ministerios, la SAT y usuarios del sistema

Uno de los puntos en debate es la integración de la futura autoridad portuaria nacional. Según el texto fuente, en el dictamen de la comisión de Comunicaciones se propuso que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras tuviera un espacio, mientras algunos diputados impulsan enmiendas para que el Congreso de la República ocupe un asiento.

La propuesta que avanzó en el Pleno prevé que el directorio esté formado por un titular y un suplente de los ministerios de Economía, Gobernación y Comunicaciones, además de un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria y uno del consejo de usuarios del sistema portuario, según el texto fuente.

La iniciativa también crea el comité de apoyo del sistema portuario, Codas, que podrá participar en la aprobación del plan nacional integral de desarrollo portuario.

El proyecto de ley marco fusiona las iniciativas 6527 y 6541, y habilita contratos de explotación portuaria y alianzas público-privadas con concesiones de hasta 50 años, según el texto fuente. Ese esquema busca abrir espacio a capital privado para nueva infraestructura y reducir sobrecostos operativos, mientras el Estado conserva la soberanía técnica.

AmCham Guatemala indicó que la modernización del sistema portuario requiere reglas previsibles para estimular inversión nacional y extranjera en el desarrollo, modernización y especialización de instalaciones e infraestructura. La organización forma parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos desde hace 56 años y señala que AmCham integra la Asociación de Cámaras de Comercio en América Latina, una red empresarial con más de 20 mil empresas con relaciones comerciales en Estados Unidos y más de 3 millones de socios en Latinoamérica.

El sistema portuario panameño movilizó 3.18 millones de TEU (contenedores de 20 pies) entre enero y abril de 2026, manteniendo prácticamente estable su actividad frente al mismo período del año pasado, pero con importantes diferencias entre puertos y segmentos de carga.

Mientras algunos operadores registraron fuertes crecimientos, las terminales de Balboa y Cristóbal continuaron reflejando los efectos del proceso de transición administrativa iniciado tras la salida de Panama Ports Company (PPC).

Las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá muestran que el movimiento total alcanzó 3,177,984 TEU durante los primeros cuatro meses del año, apenas 0.2% más que los 3,170,965 TEU registrados en igual período de 2025.

El resultado representa una recuperación frente al desempeño observado al cierre del primer trimestre, cuando el sistema acumulaba una caída de 0.6%.

El trasbordo continuó siendo el principal motor de la actividad portuaria. De los más de 3.17 millones de TEU movilizados, 2.81 millones correspondieron a carga de trasbordo, equivalente a cerca del 88% del movimiento total. La carga local sumó 350,634 TEU, mientras que la carga vinculada a zonas francas alcanzó 20,506 TEU.

Al analizar el movimiento por terminales, SSA Marine MIT se consolidó como el puerto con mejor desempeño del período. Entre enero y abril movilizó 947,110 TEU, un crecimiento de 27.9% respecto al año anterior. También destacó Colon Container Terminal (CCT), que alcanzó 565,901 TEU, un incremento de 20.3%.

En contraste, Puerto Balboa registró una caída de 17.7% en el movimiento de contenedores, al pasar de 747,933 TEU entre enero y abril de 2025 a 615,209 TEU en el mismo período de 2026. Puerto Cristóbal también mostró una reducción significativa de 43%, con 229,176 TEU movilizados frente a los 401,847 TEU del año anterior.

La disminución en ambas terminales ocurre en medio del proceso de transición iniciado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga contractual de PPC. Desde finales de febrero, el Estado asumió el control de Balboa y Cristóbal y designó administradores temporales para mantener la operación mientras define el modelo definitivo de gestión.

En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por$26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico. Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Detrás de MIT y Balboa se ubicó Colon Container Terminal (CCT), que movilizó 565,901 TEU entre enero y abril de 2026, seguido por PSA Panama International Terminal con 449,448 TEU. Ambas terminales registraron crecimientos de 20.3% y 3.5%, respectivamente, consolidándose entre los puertos con mejor desempeño del sistema durante el período analizado. Bocas Fruit Co., por su parte, reportó un movimiento de 12,104 TEU.

Si se observan las cifras en unidades físicas de contenedores, el comportamiento es similar. El Sistema Portuario Nacional movilizó 1,748,048 contenedores entre enero y abril, apenas 0.4% menos que en el mismo período de 2025. Sin embargo, MIT aumentó su movimiento 26.4%, mientras que Balboa retrocedió 17.8%.

Las estadísticas también muestran un cambio importante en la composición geográfica de la carga. El litoral Pacífico movilizó 1.98 millones de TEU durante el período, mientras que el litoral Atlántico alcanzó 1.20 millones de TEU. Dentro del Pacífico, Balboa continúa siendo una de las terminales más relevantes, aunque perdió participación frente al crecimiento experimentado por MIT.

Otro indicador que reflejó dinamismo fue el movimiento de vehículos. Entre enero y abril se movilizaron 56,417 automóviles entre desembarques y embarques, frente a 47,741 unidades en igual período de 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 18%. El mayor volumen se concentró en MIT, seguido por Balboa y Cristóbal.

Las cifras por destino muestran además que la carga local sigue ganando participación dentro del sistema portuario. En TEU, el movimiento local aumentó 6.7% durante los primeros cuatro meses del año, mientras que la carga de zona libre creció 20.7%. Por el contrario, el trasbordo registró una leve disminución de 0.7%, aunque sigue representando la gran mayoría de las operaciones portuarias del país.

Por tipo de contenedor, el sistema movilizó 2.21 millones de TEU llenos y 971,843 TEU vacíos. Los contenedores llenos crecieron 0.8%, mientras que los vacíos disminuyeron 1.1%, una señal que apunta a ajustes en los flujos logísticos y en el reposicionamiento de equipos dentro del comercio marítimo internacional.

Las cifras de abril reflejan una mejoría respecto a marzo. Durante ese mes se movilizaron 824,749 TEU, un aumento de 2.7% frente a abril de 2025. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por MIT, CCT y PSA Panama International Terminal, que compensaron parcialmente la menor actividad observada en Balboa y Cristóbal.

El desempeño de los próximos meses será observado de cerca por la industria logística. Aunque el sistema portuario panameño ha logrado mantener estable su volumen global de carga, la evolución de Balboa y Cristóbal será determinante para medir el impacto definitivo de la transición operativa en dos de las terminales más estratégicas del país y del comercio marítimo regional.

La grabación, cuidadosamente producida y difundida por la maquinaria mediática del régimen, muestra a Chavarría leyendo un mensaje en el que asegura haber recibido “trato digno y respetuoso” por parte de la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario. “Semanalmente recibo visitas de mi mamá y de mi hermana”, afirma.

También asegura que recibe alimentación diaria, atención médica especializada, medicamentos, acceso al jardín y televisión. “Agradezco al Sistema Penitenciario y a la Policía Nacional por el trato digno y respetuoso hacia mi persona”, concluye.

La aparición ocurre luego que organismos de derechos humanos y medios de comunicación denunciaran la desaparición de la pareja sentimental de Humberto Ortega. Infobae publicó recientemente un reportaje en el que se denunciaba que la mujer permanecía desaparecida desde mayo de 2024 y que organismos nacionales e internacionales exigían pruebas de vida.

Chavarría desapareció el mismo día en que el régimen ordenó el arresto domiciliario y la incomunicación del general Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano menor de Daniel Ortega. El detonante fue una entrevista publicada el 19 de mayo de 2024 por Infobae y realizada por el periodista Fabián Medina, en la que Humberto cuestionó la deriva dinástica del régimen y el poder acumulado por Rosario Murillo y sus hijos.

Tras aquella entrevista, el régimen acusó al antiguo comandante sandinista de “traición a la patria”, lo mantuvo bajo vigilancia policial y aislamiento absoluto, y restringió el acceso a atención médica independiente, según denunciaron familiares y organismos de derechos humanos.

Humberto Ortega murió el 30 de septiembre de 2024 en el Hospital Militar de Managua, bajo custodia estatal. El parte médico oficial habló de un “paro cardiorrespiratorio” y “choque cardiogénico”, pero opositores y activistas calificaron su muerte como “un asesinato de Estado en cámara lenta”, atribuyéndola al aislamiento y al deterioro físico acelerado durante su cautiverio.

Después de la muerte del exjefe militar, la desaparición de Angélica Chavarría adquirió mayor notoriedad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor y organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunciaron que permanecía en condición de desaparición forzada.

El caso también llegó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, mientras familiares y activistas exigían información sobre su estado físico y acceso de familiares y abogados.

Para los organismos de derechos humanos, el caso de Chavarría tenía un fuerte componente de “venganza política” por su cercanía con Humberto Ortega y por el impacto que causó la entrevista publicada por Infobae.

La presentación de Chavarría sigue un patrón que organizaciones humanitarias, ex reos políticos y opositores han denunciado reiteradamente en Nicaragua: la utilización de “pruebas de vida” cuidadosamente montadas cuando aumenta la presión nacional e internacional sobre el régimen Ortega-Murillo.

Un extenso reportaje publicado en septiembre de 2025 por Infobae documentó cómo la dictadura recurre a escenografías, uniformes nuevos, comida abundante, cortes de pelo, afeitados y visitas controladas para fabricar imágenes destinadas a contrarrestar denuncias de torturas y desapariciones.

“Es un circo”, dijo entonces Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa y ex preso político, al describir una de esas presentaciones. “Todo eso lo montan para engañar, para mostrar una realidad que no existe”, añadió tras relatar cómo los presos eran alimentados temporalmente y vestidos con ropa limpia antes de ser exhibidos ante cámaras oficialistas.

El ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, quien pasó 611 días encarcelado en El Chipote antes de ser desterrado, explicó el mecanismo con crudeza: “Cuando la presión interna y externa aumenta, huelgas de hambre, denuncias, pronunciamientos, el régimen no corrige el abuso; cambia de libreto. Empieza el teatro”.

Maradiaga aseguró que antes de las grabaciones el régimen mejora la alimentación, controla el peso de los presos y prepara escenarios con refrescos, manteles y platos servidos. “Quieren imágenes de ‘trato digno’: presos sentados, comida abundante, una postal que se pueda exportar al mundo”, afirmó.

Según el mismo reportaje, después de terminada la filmación los reos regresan a las condiciones habituales de aislamiento, raciones escasas y restricciones extremas. “La generosidad dura lo que dura la grabación”, resumió Maradiaga.

La aparición de Angélica Chavarría ocurre además en medio de crecientes denuncias sobre desapariciones forzadas en Nicaragua. Organismos de derechos humanos sostienen que al menos 14 presos políticos permanecen desaparecidos, entre ellos el líder indígena miskito Brooklyn Rivera y el ex asesor presidencial Steadman Fagot.

El video de Chavarría vuelve a colocar bajo escrutinio internacional el uso de montajes propagandísticos por parte del régimen nicaragüense para responder a acusaciones de desaparición forzada y represión política.

El colectivo opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformado por disidentes nicaragüenses en el exilio, lanzó una petición pública dirigida a la comunidad internacional para que respalde la búsqueda de democracia en Cuba y Nicaragua.

El movimiento subrayó la importancia de que los actores internacionales respalden las demandas del pueblo cubano y se sumen a la exigencia de respeto a los derechos humanos.

Durante la declaración, Unamos insistió en que el restablecimiento de libertades fundamentales en Cuba —como la libertad de expresión, asociación, prensa y movilización— es esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. El grupo, al que pertenece la exguerrillera Dora María Téllez, advirtió que solo una apertura real permitirá que la ciudadanía cubana avance hacia un futuro de esperanza y dignidad.

La transición política y el rol de la ciudadanía cubana

La organización nicaragüense consideró imprescindible la construcción de un sistema político plural, transparente y participativo en Cuba. Según la declaración, esta transformación debe basarse en la justicia, la equidad y la soberanía ciudadana. Unamos sostuvo: “El protagonismo ciudadano es la garantía de una transformación auténtica y sostenible”.

La agrupación subrayó que el pueblo cubano es el actor central y legítimo de cualquier proceso de cambio y reclamó que se permita a la población organizarse, participar y construir alternativas democráticas desde la base.

Denuncias por represión y crisis humanitaria

El texto hizo hincapié en la exigencia de terminar de inmediato con la represión, la persecución y la violencia estatal contra quienes defienden la libertad y la justicia en Cuba. Además, solicitó la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos, calificando estas detenciones como “una violación flagrante de los derechos humanos y una afrenta a la dignidad humana”.

En el mismo pronunciamiento, Unamos expresó su “solidaridad incondicional” con la población cubana, a la que describió como víctima de una crisis humanitaria que afecta su dignidad, su bienestar y sus derechos fundamentales. El grupo denunció el deterioro de las condiciones de vida en la isla, la escasez de insumos básicos y las dificultades para acceder a servicios esenciales.

En respuesta a la emergencia social, el movimiento solicitó a la comunidad internacional que preste atención urgente y brinde asistencia para aliviar el sufrimiento de los cubanos.

Para Unamos, la lucha democrática en Cuba y Nicaragua debe allanar el camino hacia sociedades más justas y libres, con garantías plenas para el ejercicio de los derechos humanos.

La respuesta del régimen nicaragüense

El régimen de Nicaragua por su parte, manifestó el jueves su rechazo a la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a raíz del derribo de dos avionetas ocurrido en 1996.

En un comunicado titulado “Cuba, potencia de bien común”, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo calificaron la imputación impulsada desde Washington como “sumamente peligrosa” y expresaron su condena a lo que consideran una violación de los principios y valores fundamentales de las Naciones Unidas.

La respuesta oficial fue firmada por ambos líderes sandinistas, quienes mantienen una histórica alianza con el gobierno cubano. Ortega y Murillo subrayaron que este episodio representa “un momento sumamente peligroso y pernicioso para los pueblos que tanto hemos luchado por nuestra soberanía, dignidad y derechos”.

La declaración enfatiza la preocupación del gobierno nicaragüense ante lo que consideran una amenaza para la estabilidad y el respeto internacional

La Presidencia de la República Dominicana informó que el Ministerio de Salud Pública mantiene activa la vigilancia epidemiológica y fortalece los protocolos preventivos frente a la alerta internacional por el brote de ébola notificado en varios países de África Central.

Según el comunicado difundido este día 22 de mayo, las autoridades nacionales han intensificado las acciones de monitoreo, preparación y respuesta, en línea con los protocolos internacionales, tras la declaración de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ejecutivo dominicano precisó que, aunque el riesgo de exposición para el país se considera bajo por su ubicación y la ausencia de conexiones directas con las zonas afectadas, la vigilancia continúa fortaleciéndose. Por lo que, el Ministerio de Salud Pública mantiene coordinación con instituciones del sector, autoridades migratorias, aeroportuarias y portuarias, así como organismos de respuesta a emergencias.

Estas acciones buscan asegurar la detección oportuna de posibles casos en aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos. Además, el comunicado oficial detalla que, como parte de la estrategia preventiva, se han actualizado los protocolos de detección, revisado los planes de respuesta y fortalecido la capacidad de los servicios de salud para actuar ante cualquier eventualidad relacionada con enfermedades infecciosas de alto riesgo.

También, la institución ha dispuesto la preparación de áreas de aislamiento, la capacitación del personal médico y el uso adecuado de equipos de protección personal.

Las autoridades sanitarias dominicanas mantienen un monitoreo preventivo de viajeros procedentes de las zonas afectadas y refuerzan la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Según la Presidencia, se han intensificado los controles y la revisión continua de los protocolos, al tiempo que se fortalece la preparación del personal y la infraestructura hospitalaria.

Contexto internacional y características del brote

La alerta internacional se originó a raíz de un brote causado por la cepa bundibugyo del virus del ébola, una variante para la cual no existe actualmente una vacuna aprobada específica. El brote se concentra principalmente en la República Democrática del Congo, aunque se han confirmado casos asociados en Uganda.

La OMS declaró la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, estableciendo un seguimiento permanente y recomendando a los países intensificar las medidas de prevención y preparación. Según organismos internacionales, el riesgo de propagación global del brote se mantiene bajo, aunque la evolución del evento epidemiológico obliga a continuar con la vigilancia activa.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave causada por un virus del género Ebolavirus. Se manifiesta tras un periodo de incubación de dos a veintiún días y presenta síntomas como fiebre alta, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza, vómitos, diarrea y hemorragias internas y externas en los casos más graves.

La transmisión se produce por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas infectadas o a través del contacto con superficies y materiales contaminados. Los brotes suelen asociarse a altos índices de letalidad, por lo que la detección temprana y el aislamiento de casos resultan fundamentales para el control.

De acuerdo con la OMS, la cepa bundibugyo representa un desafío adicional, ya que las vacunas desarrolladas para otras variantes del virus no han demostrado eficacia ante esta especie. Por esta razón, las medidas de contención en los países afectados y en las naciones en alerta, como República Dominicana, priorizan la identificación precoz, el rastreo de contactos y el aislamiento de casos sospechosos.

La situación continúa bajo observación de las autoridades nacionales e internacionales, mientras se mantiene la coordinación con organismos de salud global para adaptar las acciones conforme evolucione el brote.

La concejal de oposición de Chinautla Brenda Granados denunció que sufrió un atentado armado junto a su esposo en el camino hacia la aldea La Laguneta, un hecho en el que, según los Bomberos Voluntarios de la 117 Compañía, estuvieron involucrados un vehículo y una motocicleta, y que quedó bajo investigación de las autoridades.

La información preliminar indicó que, durante una persecución policial, dos presuntos motosicarios fueron neutralizados por agentes de la comisaría 12 tras su participación en el ataque registrado en la ruta a San Pedro Ayampuc.

En el lugar, de acuerdo con ese reporte preliminar, los atacantes abandonaron una motocicleta y un arma de fuego.

Los bomberos informaron que atendieron en el sitio a dos personas, evaluaron su estado de salud y coordinaron la respuesta de emergencia. La institución precisó que no fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

La concejal atribuyó el ataque a conflictos políticos en Chinautla

En declaraciones difundidas por Radio Cadena Sonora, Brenda Elizabeth Granados Palomo de González, a quien el medio identificó como concejal cuarto de la municipalidad de Chinautla y concejal de oposición, indicó que el ataque ocurrió después de una visita de campo a la colonia El Chan Uno, solicitada por medio del consejo el día anterior.

Granados mencionó que en repetidas ocasiones había acudido como concejal a esa comunidad para apoyar a vecinos y que ya había tenido altercados con personas del lugar.

Detalló que una mujer identificada como doña Angelina, señalada como presidenta del COCODE y afín a la alcaldesa, los había interceptado antes con vehículos y otras acciones para atacarlos, al punto de que, en un incidente anterior, su esposo fue golpeado.

La concejal sostuvo en Radio Cadena Sonora que ya había recibido amenazas del síndico tercero, a quien identificó primero como Daniel Huerta y después como Héctor Huerta. También responsabilizó públicamente a la alcaldesa Brenda Elcis Medrano y afirmó que, si algo le sucede a ella o a su familia, recaerá sobre ambos la responsabilidad.

Granados relató al medio que la alcaldesa la citó a las 06:00 en la municipalidad, pese a que era conocido el riesgo que corría en esa colonia. Agregó que, tras acudir a la actividad y emprender el regreso por el área boscosa de las aldeas, vio a la presidenta del COCODE en la calle con otras vecinas con las que ya habían tenido problemas, y que poco después, a unos 100 metros, una motocicleta se acercó y comenzó a disparar.

El vehículo recibió disparos y los atacantes dejaron la moto y un arma

Según el relato de Granados en Radio Cadena Sonora, los atacantes no esperaban que la camioneta en la que se movilizaba fuera blindada. Al no conseguir su objetivo, se adelantaron al vehículo y en ese momento el arma presentó una falla, lo que permitió iniciar una persecución.

Rony, presentado por Radio Cadena Sonora como esposo de la concejal y actor político en Chinautla, señaló que lograron embestir a los dos atacantes cuando estos se atravesaron frente al vehículo en contra de la vía. Añadió que en el lugar quedaron tiradas la motocicleta y el arma de fuego.

El reportero de Radio Cadena Sonora describió una motocicleta a escasos metros del vehículo atacado y puntualizó que el automóvil, una Toyota Land Cruiser Prado, presentaba varias perforaciones de proyectil de arma de fuego.

Además, informó que la policía ya había identificado plenamente a los responsables que, según la cobertura del medio, pretendían asesinar a la concejal de oposición por su labor de fiscalización.

Granados aseguró en Radio Cadena Sonora que ha denunciado públicamente anomalías, robos y hechos que atribuye a la municipalidad ante la Contraloría y el Ministerio Público. A partir de esas denuncias, afirmó tener la certeza de que el atentado provino de las personas a las que señaló públicamente.

La violencia cobra la vida del concejal segundo de San Juan Sacatepéquez

Miguel Najarro García Salas fue asesinado la tarde del domingo 17 de mayo tras un ataque armado en el ingreso de Villas del Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, mientras se conducía en su vehículo, según información preliminar.

La víctima se desempeñaba como concejal segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. De acuerdo con el reporte inicial, fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones.

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales constataron que Najarro ya no tenía signos vitales.

Las autoridades hondureñas confirmaron este viernes la captura de dos sospechosos vinculados a la masacre que cobró la vida de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO)en el sector fronterizo de Corinto, Cortés, uno de los hechos más violentos registrados recientemente contra cuerpos de seguridad en Honduras.

El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, informó que los detenidos fueron identificados como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes fueron encontrados heridos y bajo atención médica en el Hospital Hermano Pedro, en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.

Según las investigaciones preliminares, ambos individuos serían integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico y liderada presuntamente por Ever Noé Argueta Zavala, considerado por las autoridades como el principal objetivo de los operativos ejecutados en la zona donde ocurrió la emboscada contra los agentes policiales.

Mayes Ríos explicó que la captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre equipos de investigación de Honduras y Guatemala, luego de que se obtuviera información sobre la presencia de sospechosos heridos que habrían cruzado la frontera tras el enfrentamiento armado registrado en Corinto.

“Se realizaron acciones conjuntas con autoridades guatemaltecas para ubicar y asegurar a estas personas mientras continúan las investigaciones”, detalló el portavoz policial.

Las autoridades guatemaltecas confirmaron que los dos hondureños ingresaron con heridas de bala al centro asistencial de Izabal y posteriormente quedaron bajo custodia policial mientras se verificaba si tenían relación con el hecho violento ocurrido en territorio hondureño.

Además de las capturas, la Policía Nacional confirmó el hallazgo de otros dos presuntos integrantes de la estructura criminal identificados como Nahum Ventura Rivera y Oseas Eduardo Rivera Sabillón, quienes ya habían fallecido y eran velados en el sector de Omoa.

Tras recibir información de inteligencia, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar del velorio para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue de San Pedro Sula, donde continúan los procedimientos forenses correspondientes.

Con estas nuevas muertes, el número de fallecidos relacionados con el enfrentamiento armado en Corinto asciende preliminarmente a siete personas, incluyendo los cinco agentes policiales asesinados durante la operación.

La masacre ocurrió durante un operativo ejecutado por agentes de la DIPAMPCO contra una estructura criminal que operaría en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. De acuerdo con los reportes preliminares, los uniformados fueron atacados por hombres fuertemente armados cuando ingresaron a un sector montañoso de Corinto.

Horas después del enfrentamiento, equipos especiales localizaron los cuerpos de los agentes en una zona boscosa de Omoa. Las autoridades revelaron posteriormente que los uniformados fueron asesinados con extrema violencia.

Las víctimas fueron identificadas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera, así como los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

El crimen provocó una fuerte reacción dentro de la Secretaría de Seguridad, que anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la DIPAMPCO por presuntas irregularidades en la planificación y ejecución del operativo.

Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares continúan desplegados en la zona fronteriza realizando operaciones de búsqueda para ubicar a otros posibles implicados en el ataque.

Las autoridades hondureñas también mantienen coordinación con cuerpos de seguridad guatemaltecos ante la posibilidad de que otros integrantes de la estructura criminal hayan escapado hacia territorio vecino.

El comisionado Wilber Mayes lamentó la ola de violencia registrada en las últimas horas en Honduras y aseguró que los operativos continuarán hasta capturar a todos los responsables tanto de la masacre en Corinto como de otros hechos violentos recientes ocurridos en el país.

Las voces del exilio nicaragüense en París señalan la persistencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como consecuencia directa de la ambigüedad de Estados Unidos y la Unión Europea, destaca una nota de la agencia EFE publicada este viernes.

Esta falta de determinación, según los opositores, perpetúa la crisis humanitaria y política que atraviesa Nicaragua, mientras la comunidad internacional prioriza otros conflictos globales.

Rafael Aragón, religioso dominico expulsado de Nicaragua en 2023, y Gabriel Putoy, profesor indígena encarcelado durante las protestas de 2018, han recorrido varias ciudades europeas para visibilizar la represión en su país.

Coinciden en que la doble moral de las potencias occidentales, que sancionan por un lado y mantienen relaciones comerciales por el otro, facilita la impunidad del sandinismo.

De acuerdo a Aragón, la Unión Europea, aunque condena las violaciones a los derechos humanos, no rompe sus vínculos con Managua, lo que, en su opinión, debilita cualquier presión real sobre el régimen.

Putoy, tras casi un año en prisión por oponerse al gobierno, aseguró que cualquier apoyo exterior debería garantizar que “seamos los nicaragüenses quienes decidamos” el futuro del país.

Recordó que la historia reciente de Nicaragua ha estado marcada por la injerencia estadounidense desde la dictadura de los Somoza hasta la llegada del sandinismo.

Líderes en el exilio y fragmentación opositora

Ambos representantes de la oposición viven actualmente refugiados en Costa Rica, principal destino de quienes huyen de la persecución política.

De acuerdo a EFE, los dos lamentan la “desintegración” de los movimientos opositores, dispersos en varios países. Aragón atribuyó ese debilitamiento a la muerte de Roberto Samcam, militar opositor asesinado en Costa Rica en 2025, hecho que, en su opinión, dejó huérfana a la resistencia.

La falta de respaldo por parte de instancias internacionales como el Vaticano también fue señalada por Aragón, quien lleva más de seis meses esperando una audiencia con el papa León XIV para exponer la situación.

Consecuencias personales del exilio

Gabriel Putoy relató el costo humano de la represión: su paso por la cárcel, la separación de su familia y la pérdida de la nacionalidad. Desde Costa Rica, viaja con un pasaporte de refugiado, mientras sus hijos permanecen en Nicaragua y la madre de estos se encuentra en Estados Unidos. “Quiero volver a ver a mis hermanos. No me quiero morir en el exilio, yo quiero volver”, dijo.

El régimen de Ortega y Murillo ha despojado de la nacionalidad a cientos de críticos, condenándolos a la apatridia. Putoy forma parte de ese grupo, lo que agrava su situación legal y emocional.

La economía y el papel internacional

Según Aragón, la única vía eficaz para presionar al gobierno nicaragüense sería una ofensiva económica global capaz de provocar una crisis interna. Reconoció, sin embargo, que conforme a los informes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el país mantiene una estabilidad macroeconómica.

A pesar de las sanciones y las declaraciones, la vida cotidiana en Nicaragua sigue marcada por la represión y la falta de libertades, mientras los exiliados buscan mantener viva la atención internacional sobre un conflicto que ha quedado relegado por otras crisis en el escenario mundial.

Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.

Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.

Identifican a los cinco agentes asesinados

La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.

Las víctimas fueron identificadas como:

• Lester Josué Amador Herrera, subcomisario póstumo
• Leonel Alejandro Valdés Núñez, agente policial
• Dailin Francisco Elvir Quintanilla, agente policial
• Nels Makley Eguigure Benavídez, agente policial
• Emerson Josué Canales Fúnez, agente policial

Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.

El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.

Cuerpos fueron hallados en la montaña

De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.

Inicialmente, los uniformados localizaron el cuerpo del subcomisario Lester Josué Amador Herrera.

Posteriormente, encontraron a los otros cuatro policías dispersos en distintos puntos de la montaña.

Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.

El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.

Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.

Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.

Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.

Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.

Suspenden cúpula de la Dipampco

Tras la masacre, la Secretaría de Seguridad anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco.

Según el comunicado oficial, la medida responde a la “inobservancia de procedimientos institucionales” durante la operación ejecutada en Corinto, Omoa.

Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.

Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.

El caso ocurre en medio de una de las jornadas más violentas registradas recientemente en Honduras, marcada también por la masacre de al menos 20 personas en Trujillo, Colón.

La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.

Cecilia Cruz Palma ha transformado el panorama de la cerveza artesanal en El Salvador con la consolidación de su marca Santo Coraje.

La maestra cervecera, que fue la invitada de este viernes al programa Corre Corre con Diana Verónica y Tony, es reconocida por su perseverancia y por ser la única mujer en el país en ocupar este título.

El camino de Cruz Palma ha estado marcado por desafíos, innovación y un compromiso constante con el desarrollo de productos auténticos.

Cruz Palma comenzó su formación profesional en Alemania tras terminar la secundaria a los 19 años.

En ese país estudió biotecnología y posteriormente realizó una maestría en Ciencias de la Cervecería. Durante su estancia, trabajó en un laboratorio cervecero, donde analizaba muestras de diferentes partes del mundo tanto a nivel sensorial como químico.

La decisión de regresar a El Salvador surgió de un deseo personal de emprender en su país, a pesar de contar con una oferta laboral estable en Alemania.

El regreso a El Salvador implicó el inicio de un emprendimiento desde cero. “Prefiero que el precio sea caerme, intentar y caerme, a tener este sentimiento de que no lo intenté”, afirmó en el programa, reflejando la filosofía detrás del nombre Santo Coraje: avanzar a pesar del miedo.

Al volver, inició la producción en pequeña escala, sin envasado, orientada al mercado local, y se convirtió en la única mujer maestra cervecera en el país.

El proyecto Santo Coraje ha superado obstáculos significativos. La primera tienda, ubicada en Bambú, combinaba la venta de cerveza con comida alemana.

Al no consolidarse el modelo, Cruz Palma abrió un local más pequeño tras el Redondel Utila, pero la restricción de la venta de alcohol dificultó su crecimiento.

Esta etapa impulsó una reconfiguración del negocio hacia formatos pequeños y accesibles, con la meta de seguir educando al público salvadoreño en la diversidad de bebidas artesanales. “Emprender verdaderamente es para los resilientes”, sostuvo.

Actualmente, Santo Coraje se encuentra en una nueva sede en Plaza MIA, Santa Elena, frente a la entrada lateral de la Embajada de los Estados Unidos.

El local, accesible para quienes transitan la zona, ofrece además de cerveza artesanal, sodas naturales elaboradas con ingredientes frescos como raíz de jengibre, pepino y rosa de Jamaica.

La apuesta de Cecilia Cruz Palma por bebidas sin azúcar añadida responde a una necesidad percibida en el mercado local, donde la mayoría de refrescos industriales contienen altos niveles de azúcar y saborizantes artificiales.

La innovación se mantiene como rasgo distintivo de la marca. Santo Coraje ha desarrollado variedades estacionales como la cerveza de flor de izote, Flor Nacional de El Salvador, reemplazando el lúpulo tradicional por ingredientes locales.

Entre las propuestas más reconocidas se encuentran la premium lager de estilo alemán, la Baltic Porter de perfil achocolatado y la cerveza de tamarindo. Estas opciones reflejan el compromiso de la maestra cervecera con la experimentación y el uso de materias primas autóctonas.

El alcance comercial de Santo Coraje ha crecido. Los productos están disponibles en el quiosco propio, en tiendas como los minisúpers y a bordo de vuelos de Avianca para rutas en Latinoamérica.

Además, la marca prepara alianzas con plataformas de delivery como Weris y contempla incorporar nuevas opciones sin alcohol y ampliar el horario de atención para ofrecer desayunos y bebidas matutinas.

“Hasta el día de hoy sigo siendo la única mujer maestra cervecera en el país”, recalcó la emprendedora, subrayando la singularidad de su trayectoria.

La maestra cervecera mantiene una presencia activa en redes sociales y promueve la cultura cervecera local, posicionando a Santo Coraje como una referencia en el sector de bebidas artesanales en El Salvador.

La reconfiguración política en Guatemala de cara a las elecciones de 2027 ha comenzado a tomar forma con la articulación de nuevas alianzas y negociaciones entre partidos de derecha, un fenómeno que apunta a una posible consolidación opositora en el escenario nacional. La confirmación de la alianza entre el partido PODER y el Partido Unionista, anunciada por Óscar Rodolfo Castañeda durante una entrevista en Canal Antigua, responde a la estrategia de unir fuerzas ante una oposición fragmentada y la percepción de postración gubernamental.

Según Castañeda, las negociaciones avanzan con tres agrupaciones adicionales de orientación derechista, en un esfuerzo por constituir un frente político capaz de competir con mayor solidez en los comicios presidenciales programados para 2027. Los partidos en conversaciones buscan no solo incrementar su peso electoral, sino también generar eficiencia en la conformación de equipos de gobierno y reducir costos en la segunda vuelta. El propio Castañeda afirmó en Canal Antigua: “El milagro está vigente y es fácil. Solo necesitamos dos millones de guatemaltecos”.

Esta dinámica se produce en un escenario donde, de acuerdo con Canal Antigua, la inscripción y reactivación de partidos como PODER marca un retorno relevante a la escena electoral. El secretario general adjunto explicó que el proceso se llevó a cabo bajo la dirección de Walter Lara, con énfasis en una estructura partidaria “sana, no con firmas sustraídas de otros registros”.

En el núcleo de la estrategia está la convicción de que una sola agrupación no logrará romper con la inercia que ha caracterizado a la derecha en las últimas décadas. La apuesta, en palabras de Castañeda, es “conformar una plataforma política de derecha, porque ya nos dimos cuenta que un solo partido no puede”. Entre las entidades que figuran en las negociaciones, destaca el acercamiento formal con el Partido Unionista—ligado históricamente a la familia Arzú y con fuerte influencia urbana—además de diálogos con liderazgos del interior del país, como los alcaldes de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñonez y Sebastián Siero, de Santa Catarina Pinula.

El enfoque central de esta alianza busca un “pacto por Guatemala” que rescate al país de la parálisis institucional y aborde problemas considerados urgentes, más allá de la división ideológica tradicional. Castañeda explicó a Canal Antigua: “Los problemas no son ni de izquierda ni de derecha. Los problemas son de urgencia y hay que empezar ya”.

Unas alianzas centradas en el rescate institucional y la economía

Durante la entrevista en Canal Antigua, Castañeda enfatizó que los sectores productivos clave para el desarrollo del país son los pequeños y medianos empresarios, y que el éxito de una coalición de derecha depende de sumar liderazgos honestos y con visión política clara. Advirtió que la “verdadera gestión económica está en los pequeños y los medianos empresarios”, restando peso relativo a los grandes grupos empresariales que, afirmó, “siempre tendrán capacidad de gestión”.

La perspectiva del dirigente de PODER es que la amenaza al modelo guatemalteco no proviene tanto de la izquierda, a la que calificó de “un cáncer al que hay que erradicar”, sino de la ineficacia histórica observada dentro del propio espectro conservador. Mencionó como ejemplo la situación de Cuba y la transformación negativa sufrida tras el giro socialista: “La izquierda en Cuba llevó... Cuba era un líder a nivel latinoamericano. Hoy es la peor ruina”.

En este contexto, la plataforma que busca liderar Castañeda convoca a la participación ciudadana directa, desmarcándose de prácticas partidarias tradicionales que exigen pagos o cuotas de poder para incorporarse. La meta declarada es el involucramiento de “dos millones de guatemaltecos” dispuestos a “levantar la mano y decir: ‘Yo quiero participar’”.

La expectativa de las dirigencias consultadas por Canal Antigua es que el proceso de alianzas continúe durante los primeros meses de 2024 y se amplíe conforme avance el calendario electoral, en la medida que los partidos de derecha y centroderecha logren dejar atrás fragmentaciones y privilegien el “pacto por Guatemala” que proponen como base para una transición de poder efectiva a partir de 2027.

Los partidos de derecha y centroderecha en Guatemala impulsan la reunificación para 2027

Aunque Castañeda no especificó con qué otros partidos se encuentran en pláticas, los principales partidos de derecha y centroderecha vigentes incluyen a Valor, Vamos, Cabal, CREO, Unionista, Partido Azul y Todos, según información verificada en el sitio oficial del Tribunal Supremo Electoral. Estas agrupaciones se caracterizan por impulsar posturas conservadoras en el ámbito social y el libre mercado, y actualmente constituyen el núcleo de la oposición al actual gobierno de centroizquierda.

El anuncio del presidente Bernardo Arévalo en 2025 sobre la reactivación del ferrocarril en Guatemala abrió una inquietud inmediata entre las familias que viven a lo largo de la vía: temen ser desplazadas de terrenos ocupados desde hace décadas, aunque Ferrocarriles de Guatemala aseguró que no habrá desalojos mientras el proyecto siga en etapa de estudios y no exista un plan de reubicación.

La dimensión social del conflicto ya aparece en las cifras discutidas en el Congreso. El diputado de la bancada UNE César Dávila dijo que, según lo expuesto en una reunión con autoridades y pobladores, no habrá desalojo hasta contar con un proyecto para reubicar a 250 mil personas, mientras dirigentes de asentamientos sostienen que sus últimos registros hablaban de 65 mil familias distribuidas en 10 departamentos.

Dávila explicó que, según Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), el proyecto todavía no ha pasado de una fase preliminar. Al ser entrevistado, el interventor Miguel Ángel Díaz Bobadilla indicó que los análisis en curso incluyen componentes financieros, jurídicos y de certeza sobre el estado real de la línea, porque en algunos tramos ya ni siquiera existen rieles.

Fegua asegura que no habrá desalojos mientras no exista reubicación

La respuesta directa de las autoridades fue que no hay una operación de retiro en marcha. Dávila dijo que el interventor fue “muy claro” al señalar que no habrá desalojo y que, por ahora, ni existe un lugar definido ni hay presupuesto para trasladar a quienes viven sobre el derecho de vía.

Díaz Bobadilla, interventor de Fegua, sostuvo en el Congreso que el trabajo actual se limita a “ordenar la casa” después de 30 años sin operación ferroviaria. Precisó que su tarea consiste en revisar el estado administrativo de la empresa y contar con un diagnóstico técnico antes de ofrecer cualquier ruta concreta al Ejecutivo.

El funcionario también descartó adelantar decisiones sobre el componente social. Afirmó: “No es nuestra competencia en este momento qué va a pasar, lo que sí tenemos es un acuerdo con el Registro de Información Catastral para que haga un trabajo de toda la vía férrea, para ver su estado actual y, con base en eso, empezar con estudios técnicos, no desde el punto de vista social, porque eso lo tocarán otras instancias”.

Ese levantamiento catastral comenzó a finales del año pasado, de acuerdo con Díaz Bobadilla. Sobre los plazos, evitó fijar una fecha definitiva, aunque en las declaraciones recogidas en la reunión se habló de un horizonte de siete a ocho meses, e incluso de hasta 10 meses, para recibir resultados de algunos estudios.

Las familias asentadas en la vía piden traslado y no desalojo

La posición de los habitantes organizados no es rechazar de plano la recuperación del tren, sino exigir una alternativa habitacional previa. Domingo Hernández, de la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamientos de Línea Férrea, ACONAFER, dijo que las familias entienden que no pueden permanecer indefinidamente sobre la línea, pero reclaman ser trasladadas a otro lugar y no expulsadas sin solución.

Hernández relató que la ocupación de esos espacios se fue formando en varias etapas históricas. Mencionó el terremoto de 1917, la permanencia de familias vinculadas a la antigua IRCA, el terremoto del 4 de febrero de 1976 y el desplazamiento interno derivado de los 36 años de conflicto armado, como factores que poblaron de manera progresiva la franja ferroviaria.

Según el dirigente, hoy viven allí hijos, nietos y bisnietos de quienes llegaron en esas etapas. También afirmó que la preocupación aumentó cuando Arévalo anunció que en 2027 empezaría a trabajar el ferrocarril, porque las comunidades interpretaron que, si el tren vuelve a circular, el Estado tendrá que decidir qué hará con las familias instaladas directamente sobre los rieles.

En esa misma línea, Hernández sostuvo que aún no existe un censo concluyente. Dijo que nadie tiene certeza total sobre cuántas familias viven en la vía y que, por la magnitud del problema, el conteo tendría que hacerse por departamentos y en el momento en que el proyecto entre a una fase más concreta.

El proyecto ferroviario sigue en estudios técnicos, legales y financieros

La asesoría externa tampoco se ha traducido todavía en financiamiento para obras. Díaz Bobadilla afirmó que el Banco Mundial acompaña a Fegua en el análisis de aspectos financieros, sociales, políticos y ambientales, pero aclaró que todo continúa “a nivel de estudios” y que no hay todavía recursos aprobados para ejecutar la rehabilitación.

El interventor resumió el desafío con una advertencia jurídica: “Debemos tener certeza jurídica, Estado de derecho, nadie quiere estar en contra del Estado de derecho, pero no funciona solo para quienes tenemos que hacerlos cumplir, sino para todos los ciudadanos. Tenemos que reconocer que en determinado momento, las áreas usurpadas, porque no es invasión, tendrán que volver a su dueño o se hará una solución a la problemática social”.

El Gobierno formalizó además el Comité Presidencial para la Reactivación Ferroviaria, Coprefe, mediante el Acuerdo Gubernativo 139-2025, publicado en el Diario de Centro América. De acuerdo con ese acuerdo, el comité será coordinado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda e integrado también por los ministerios de Finanzas Públicas, Defensa Nacional, Cultura y Deportes, además de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Entre sus funciones figuran la coordinación de proyectos ferroviarios dentro del Organismo Ejecutivo, la propuesta de acciones para recuperar el sistema con enfoque logístico, económico y ambiental, y la promoción de cooperación internacional.

El presidente Arévalo también anunció un acuerdo de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para apoyo técnico a la recuperación del sistema ferroviario nacional.

El presidente Bernardo Arévalo encabezó este jueves la vigésima quinta Asamblea de Diálogo Nacional con autoridades indígenas y ancestrales para revisar avances y desafíos sobre el derecho al territorio y la propiedad comunal, una agenda que el Gobierno de Guatemala proyecta seguir en 2026 con nuevas propuestas y seguimiento institucional, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

Como parte de ese proceso, en la primera asamblea de 2026 se presentó el informe de diálogo correspondiente a 2025 y la programación de los temas priorizados para ese año, de acuerdo con el contexto oficial incluido en el texto fuente.

Ese informe registró 20 asambleas de alto nivel, 12 agendas de trabajo conjunto en el territorio y reformas en la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.

La reunión de este jueves se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y evaluó también avances en institucionalidad indígena y asuntos estratégicos vinculados a los territorios, según la Secretaría Privada de la Presidencia. La entidad agregó que en la sesión se revisaron temas como la lucha contra la discriminación, los derechos de las mujeres indígenas, la revitalización de los idiomas mayas, la propuesta de ley de aguas y el diálogo para una futura política energética nacional.

Arévalo describió la reunión como un mecanismo de coordinación directa con los pueblos indígenas. “Este es un espacio de diálogo para fortalecer la comunicación y trabajo conjunto con los pueblos indígenas del país. Estas reuniones buscan el desarrollo de los cuatro pueblos de Guatemala”, afirmó el mandatario, según reportes de la Secretaría Privada de la Presidencia y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La agenda puso el foco en la propiedad comunal y la atención registral

El punto central de la asamblea fue el derecho al territorio y a la propiedad comunal. Ante líderes indígenas y autoridades ancestrales, Arévalo pidió al Registro General de la Propiedad brindar atención con pertinencia cultural en los 22 departamentos del país, según la información oficial.

El mandatario vinculó esa demanda con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: “Defender la propiedad comunal es defender la continuidad de los pueblos sin renunciar a su identidad, porque nuestra Constitución Política de la República reconoce la identidad de los pueblos indígenas”, sostuvo Arévalo, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

La reunión fue conducida bajo el liderazgo del presidente y de la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas, de acuerdo con el texto fuente. En ese marco, las autoridades indígenas y ancestrales presentaron propuestas y proyectos para impulsar el desarrollo en sus comunidades y pidieron que las autoridades concreten esas iniciativas.

Una de las respuestas institucionales expuestas provino del Registro de la Propiedad. El titular segundo de esa entidad, Hugo Alfredo Bautista del Cid, presentó una propuesta para elaborar una guía registral para los territorios comunales con el propósito de orientar sobre los aspectos prácticos de los registros comunales, según el texto fuente.

Bautista del Cid reiteró además el compromiso del Registro de la Propiedad de impulsar atención con pertinencia cultural en sus sedes a nivel nacional, con apoyo de los pueblos ancestrales. Esa línea de trabajo fue mencionada por Arévalo como parte de una política pública que, según dijo, debe construirse junto con los pueblos indígenas y traducirse en programas concretos.

El Gobierno presentó el diálogo como una política permanente del Ejecutivo

La asamblea respondió a una estrategia que el Ejecutivo define como permanente. En la primera asamblea de 2026, Arévalo sostuvo que el diálogo con los pueblos indígenas constituye “un compromiso consolidado y una política integral que involucra a todo el Organismo Ejecutivo”, según el informe citado en el contexto del texto fuente.

En esa intervención, el presidente afirmó: “Por primera vez el Gobierno establece un espacio permanente de diálogo político al más alto nivel, donde las autoridades indígenas ancestrales participan directamente en la definición de prioridades y en la construcción de soluciones a problemas históricos y actuales”. También señaló que el objetivo es pasar de políticas diseñadas para los pueblos indígenas a políticas construidas con ellos, en respeto a su cosmovisión y a sus sistemas de autoridades, normas e instituciones propias.

La Secretaría Privada de la Presidencia sostuvo en esta vigésima quinta asamblea que Guatemala continúa construyendo un diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas. La institución reafirmó su compromiso con ese espacio de participación, escucha y construcción conjunta, y señaló que un Estado que escucha es un Estado que cambia.

El informe del período 2024-2025 incorporado en el contexto oficial también identificó desafíos estructurales pendientes: el reconocimiento legal pleno de las autoridades indígenas, la falta de información estadística desagregada para medir el impacto de las políticas públicas en esas poblaciones y la transformación de instituciones históricamente excluyentes.

Entre los avances del mismo período, el documento destacó el seguimiento al cumplimiento de sentencias relacionadas con consulta previa, libre e informada y la modificación de la Ley Orgánica del Presupuesto para permitir inversión pública en tierras de propiedad comunal indígena.

La escalada en la relación entre Costa Rica y Panamá ha generado inquietud en los sectores productivos y empresariales de la región. En este contexto, la Cámara de Comercio de Costa Rica expresó este viernes mediante un comunicado, su apoyo a las gestiones del Gobierno para garantizar el respeto a los acuerdos bilaterales y regionales con el país vecino.

La postura del ente empresarial se reafirma tras la reciente decisión del presidente panameño, José Raúl Mulino, de suspender los planes de venta de energía eléctrica a Costa Rica.

Este giro en el conflicto, que durante años se centró en los productos agrícolas, ahora alcanza el sector energético, amplificando la tensión entre ambos países.

El respaldo de la Cámara se basa en la necesidad de restablecer “condiciones comerciales justas, transparentes y acordes con las reglas internacionales”, según manifestó su presidente, Arturo Rosabal.

La entidad remarcó que resulta esencial defender la seguridad jurídica y fortalecer la relación bilateral, siempre bajo el marco de los tratados vigentes.

Reclamos por las restricciones comerciales

Desde hace varios años, Costa Rica y Panamá mantienen diferencias comerciales que afectan a múltiples sectores.

El comunicado de la Cámara recuerda que las restricciones impuestas por Panamá han limitado el ingreso de productos costarricenses como carne de res, cerdo y pollo, además de lácteos, piña, banano y otros productos de origen animal y vegetal.

Las autoridades de Costa Rica señalan que el bloqueo a sus exportaciones, iniciado en 2020, ha generado pérdidas y obstaculizado el comercio regional.

Como consecuencia, la presidenta Laura Fernández exigió públicamente la intervención de organismos internacionales para presionar a Panamá y lograr la reapertura de estos mercados.

Respuesta política desde Panamá

José Raúl Mulino rechazó las declaraciones de Fernández y afirmó: “La política exterior no se maneja desde púlpitos ni conferencias de prensa, sino con discreción y respeto”, calificando las exigencias costarricenses como “poco prudentes”.

El actual escenario refleja cómo un conflicto que comenzó en el comercio agrícola ha derivado en medidas en el sector energético y en un cruce de declaraciones al más alto nivel.

La Cámara de Comercio de Costa Rica insta a que se privilegie el diálogo y la legalidad para superar la crisis y restablecer el intercambio bajo condiciones equitativas.

En los últimos meses, la relación entre Costa Rica y Panamá se ha visto marcada por decisiones unilaterales y exigencias públicas que han complicado el entendimiento bilateral.

El respaldo del sector empresarial costarricense al Gobierno busca fortalecer la posición del país en un momento donde la seguridad jurídica y la apertura de mercados resultan fundamentales para ambos socios.

La tensión va subiendo de nivel

El presidente José Raúl Mulino anunció el jueves en Panamá que su gobierno no autorizará ventas adicionales de energía eléctrica a Costa Rica mientras escala la disputa comercial entre ambos países, según informó Infobae.

La decisión dejó el conflicto fuera del terreno agropecuario y lo extendió a un área sensible de la relación bilateral.

La crisis se arrastró desde 2019, cuando Panamá impuso restricciones a productos agropecuarios costarricenses como fresas, piñas, bananos, plátanos, carnes y lácteos, de acuerdo con Infobae.

En diciembre de 2024, un panel de la Organización Mundial del Comercio falló a favor de Costa Rica al concluir que las medidas panameñas no estaban basadas en principios científicos suficientes, pero en enero de 2025 Panamá apeló esa decisión.

La presidenta Laura Fernández ordenó al canciller Manuel Tovar emprender acciones diplomáticas internacionales por lo que describió como un bloqueo comercial de Panamá sobre productos agrícolas costarricenses. Fernández dijo: “El tema del bloqueo comercial que nos tiene Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también”.

Mulino endureció la respuesta con el frente energético

Mulino reaccionó a esas declaraciones y dijo que su deber era “proteger a los panameños”, según publicó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá. La frase condensó la posición oficial panameña: el conflicto comercial pasó a ser presentado como una cuestión de defensa de intereses nacionales.

Panamá alegó desde el inicio que las restricciones respondieron a razones sanitarias y fitosanitarias, mientras Costa Rica sostuvo que se trató de un bloqueo comercial injustificado. Esa diferencia definió el núcleo de la disputa y explicó por qué el caso llegó a la OMC.

Costa Rica activó una ofensiva diplomática internacional por las trabas panameñas a sus exportaciones agropecuarias. Panamá respondió con una señal política y económica: mantuvo el freno comercial y cerró, por ahora, la puerta a más ventas de electricidad fuera de los intercambios previstos en el sistema regional.

El silencio y la incertidumbre se han convertido en los compañeros más fieles para miles de asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI), una entidad financiera privada en El Salvador que se encuentra intervenida administrativamente desde el 9 de mayo de 2024, tras denuncias públicas de un millonario desfalco que ronda los 35 millones de dólares.

A dos años de haber iniciado las primeras alertas sobre el estado de la institución, el proceso avanza bajo reserva legal, dejando una estela de expectativas, promesas institucionales y un profundo drama humano.

Para los afectados, la cotidianidad se transformó en un conteo de días y en constantes visitas a las sucursales habilitadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Juan José Ortiz, poseedor afectado y vocero del caso COSAVI, explicó en entrevista con Radio YSUCA que la estrategia oficial para la devolución de los fondos se ha ejecutado de manera gradual a través de segmentos de entrega.

Recientemente se anunció la liberación de fondos para quienes poseían cuentas de hasta 90 mil dólares. Sin embargo, Ortiz señala que la medida aún no logra cubrir la totalidad de la demanda:

• Certificados vencidos: Afectados con certificados de aportación de $2,000, $5,000 o $10,000 vencidos no han recibido sus fondos.
• Cuentas múltiples: Quienes poseen dos o más productos financieros cuya sumatoria excede los $90,000 se encuentran actualmente de momento excluidos de las devoluciones.

Detrás de las cifras y los informes financieros oficiales, late una crisis humanitaria que ya ha cobrado facturas irreparables. Según los registros actualizados compartidos por Juan José Ortiz, a la fecha se reporta el fallecimiento de 13 personas pertenecientes a la tercera edad o con enfermedades crónicas.

Estas personas perdieron la vida sin haber logrado recuperar los ahorros de toda una vida. El vocero relató el caso de la primera fallecida del proceso, una derechohabiente cuyo esposo solicitó oportunamente la devolución de 9 mil dólares para costear tratamientos médicos urgentes en un hospital privado, una petición que lamentablemente no recibió respuesta a tiempo.

La internacionalización del caso y la carta de Jim McGovern

El caso, que inicialmente parecía un problema de índole estrictamente local, ha tomado una dimensión internacional. Debido a que una parte de los afectados son ciudadanos o residentes estadounidenses, el Congreso del país norteamericano ha comenzado a seguir de cerca el proceso.

Juan José Ortiz destacó la reciente carta del congresista demócrata Jim McGovern dirigida al Departamento de Estado, donde solicita una mediación formal y reuniones genuinas entre la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y los representantes de las víctimas, abriendo así un nuevo canal de observación y diplomacia extramuros que incluye el apoyo tanto para los ciudadanos estadounidenses como salvadoreños.

A nivel técnico y administrativo, el proceso ha estado rodeado de debates complejos. Un informe del Ministerio de Hacienda sobre la deuda municipal generó confusión al incluir una supuesta venta de cartera de créditos de COSAVI por un valor de 20.2 millones de dólares a una empresa privada.

Semanas más tarde, las autoridades rectificaron el dato, señalando que se trató de un error de transcripción y que la transacción correspondía en realidad a Bancovi. Para la representación de los ahorrantes encabezada por Ortiz, aclarar el destino de este tipo de activos es clave, ya que estiman que con una cantidad similar se podrían liquidar las 104 demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, las cuales rondan entre los 9 y 11 millones de dólares.

La búsqueda de instancias internacionales

A pesar de que el proceso judicial se mantiene bajo estricta reserva de información, los comités de ahorrantes continúan buscando alternativas legales.

Al haber agotado las instancias locales, los equipos jurídicos de las víctimas avanzan en la redacción de un expediente que proyectan presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington a finales de julio, argumentando la necesidad de tutela internacional sobre la propiedad privada y el derecho a la salud de los implicados.

Mientras las autoridades correspondientes continúan administrando los bienes de la cooperativa y ejecutando los desembolsos programados, miles de familias salvadoreñas y del exterior permanecen a la expectativa, con la esperanza de que el laberinto legal concluya pronto con la restitución total de sus patrimonios.

El Ministerio de Educación de El Salvador, bajo la dirección de la ministra Karla Trigueros, realizó la entrega de paquetes escolares a niños con doble nacionalidad salvadoreña y hondureña en la zona del exbolsón de Nahuaterique, ubicada en el departamento de Morazán, frontera con Honduras.

Esta acción se enmarca en el compromiso del Gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, de fortalecer el acceso a la educación y beneficiar a las familias residentes en áreas históricamente marginadas y de difícil acceso.

La entrega de estos paquetes escolares contempla a estudiantes provenientes de familias que residen en la zona de los exbolsones, territorios que históricamente han mantenido vínculos con ambos países y donde muchos niños poseen doble nacionalidad. Los kits distribuidos incluyen uniformes, zapatos, útiles escolares, libros, lapiceros, plumones y un dispositivo electrónico. La ministra Karla Trigueros resaltó que esta inversión busca aliviar la carga económica de las familias salvadoreñas y garantizar que cada niño reciba las herramientas necesarias para su proceso educativo.

“Nos encontramos una vez más en este punto fronterizo en el área de Morazán, del lado de El Salvador, donde esta mañana entregaremos los paquetes escolares a nuestros niños. Niños que tienen nacionalidad salvadoreña y hondureña, los cuales recibirán un paquete escolar completo”, declaró la ministra Trigueros en el punto de entrega, acompañada por personal de la Secretaría de Prensa y autoridades educativas.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que la logística para la entrega de los paquetes escolares se desarrolló de manera integral, involucrando a equipos del Ministerio de Educación y voluntarios, quienes se encargaron de descargar y distribuir las cajas con los materiales en el área fronteriza. La iniciativa pretende llegar a todos los rincones del país, asegurando que ningún niño salvadoreño quede excluido del programa, independientemente de su ubicación o condición migratoria.

La ministra enfatizó que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho la inversión más grande en educación en la historia de este país y este paquete escolar es parte de esa gran inversión. Vamos a llegar a cada rincón de El Salvador y donde todos los niños salvadoreños necesiten y puedan tener su paquete escolar.

Incidente diplomático en la frontera

El operativo de entrega de los paquetes escolares se desarrolló luego que el pasado martes, cuando el Ministerio de Educación intentó ingresar al territorio hondureño para distribuir los paquetes escolares, las autoridades de Honduras impidieran el ingreso de la ministra.

Trigueros, quien portaba uniforme militar durante la actividad, no recibió la autorización para cruzar la frontera, lo cual ha obligado a las autoridades a realizar la entrega exclusivamente del lado salvadoreño, en el área de Morazán. Esta situación no detuvo el proceso de distribución, que continuó de acuerdo con lo programado para beneficiar a los estudiantes con doble nacionalidad.

Impacto en la comunidad fronteriza

La entrega de paquetes escolares representa un apoyo directo para las familias del exbolsón de Nahuaterique, una zona caracterizada por su compleja situación fronteriza y sus desafíos en materia de acceso a servicios básicos.

El programa de entrega de paquetes escolares continuará en otras zonas del país, como parte de la estrategia nacional para mejorar la calidad educativa y reducir las brechas de acceso para la niñez salvadoreña, especialmente en territorios fronterizos y de difícil acceso.

La comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se convirtió esta mañana de viernes 22 de mayo, en el epicentro de un dolor indescriptible y colectivo. En una atmósfera asfixiante de luto, terror e impotencia generalizada, los habitantes y familiares dieron cristiana sepultura a 11 de las víctimas identificadas de la sanguinaria masacre perpetrada ayer en una plantación de palma africana en la finca Paso Aguán.

Entre las escenas más devastadoras de la jornada fúnebre destacó el entierro de las hermanas María Linda, Mirza y Rosa Rodríguez, tres jóvenes trabajadoras cuyas vidas fueron truncadas de forma brutal mientras buscaban el sustento diario para sus hogares.

Desde las primeras horas de la mañana, una multitud compungida acompañó los féretros hacia el cementerio local. El llanto fúnebre y los gritos de auxilio se entrelazaron en un eco de desesperación que estremece a todo el país. A través de medios locales hondureños y diversas plataformas digitales, han comenzado a circular videos desgarradores que muestran la magnitud de la tragedia.

Las imágenes, de una crudeza desgarradora, registran a madres desvanecidas sobre los ataúdes, hermanos abrazando la madera inerte y a una comunidad entera sumida en el pánico y el quebranto, exigiendo a viva voz que este crimen no quede en la impunidad.

“Me prometiste que nunca me ibas a dejar”, resonaba el clamor desesperado de una mujer que se aferraba con fuerzas a uno de los cinco féretros que, debido a las dimensiones inéditas de la tragedia, tuvieron que ser colocados juntos en una sola fosa común dentro del campo santo.

La magnitud del sepelio colectivo reflejó fielmente el horror que se vivió en las plantaciones. Entre los cuerpos sepultados se encontraban también los de los jóvenes hermanos Elmer Marín y Wilmer Vidal Suchite García, dos recolectores de palma cuyos destinos quedaron sellados en la misma emboscada, dejando ambos hijos en la orfandad.

Su padre, relató ante las cámaras cómo sus hijos salieron temprano con la única ilusión de laborar para subsistir. El atribulado progenitor exigió castigo inmediato para los asesinos, manifestando el desgarrador suplicio que representa para un padre ver los cuerpos de sus hijos destrozados por impactos de armas de grueso calibre.

Entre el conflicto agrario y las pugnas criminales: La disputa por el origen de la masacre

Los testimonios de los pobladores que ingresaron a la finca Paso Aguán inmediatamente después de escuchar las detonaciones pintan un escenario de guerra.

Los trabajadores fueron cazados de manera despiadada, quedando sus cuerpos esparcidos entre los senderos y los matorrales de la plantación.

Los primeros civiles en llegar al sitio contabilizaron inicialmente más de quince cadáveres, una cifra espeluznante que posteriormente fue actualizada a veinte fallecidos por las autoridades del Ministerio Público, consolidando este hecho como una de las peores matanzas registradas en la conflictiva zona del Bajo Aguán.

Mientras el luto envuelve las calles de Rigores, la incertidumbre sobre el origen del ataque mantiene en vilo a la región. Aunque las primeras hipótesis de los defensores de derechos humanos apuntaban al histórico conflicto agrario por la tenencia de tierras que azota al departamento de Colón, las declaraciones de las autoridades de seguridad han tomado otro rumbo.

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, argumentó públicamente que las líneas de investigación prioritarias señalan un presunto enfrentamiento entre estructuras criminales rivales que operan en la zona, quienes habrían perpetrado el ataque frontal con la aparente finalidad de enviar un mensaje de poder y control territorial en la zona agroindustrial.

Al cierre del masivo sepelio, con la tierra cubriendo los féretros bajo un sol inclemente, la comunidad de Rigores reafirmó su exigencia de justicia. Honduras entera contempla con profunda consternación las imágenes y videos de una jornada que quedará grabada en la memoria nacional como el día en que la violencia arrebató la paz de veinte familias laboriosas.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacóel fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y Marruecos, un país que, según afirmó, ha brindado un respaldo importante al país en distintos frentes, incluido el sector agropecuario.

“Marruecos es un país que nos ha apoyado muchísimo”, señaló Moltó al referirse a la donación de fertilizantes gestionada por el Gobierno panameño y a las oportunidades de cooperación económica que ambas naciones buscan ampliar.

El titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) destacó además el trabajo diplomático realizado por la Cancillería y por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, para fortalecer los vínculos con el país africano.

Moltó subrayó que existe un creciente interés por profundizar las relaciones comerciales. También mencionó la misión integrada por representantes gubernamentales y empresarialesque se encuentra en Marruecos para explorar nuevas oportunidades de negocios.

“Hay muchísimo que podemos aprovechar de ambas naciones y complementarnos”, expresó Moltó, quien considera que las fortalezas logísticas y comerciales de ambos países abren espacios para incrementar el intercambio económico y atraer nuevas inversiones.

Las declaraciones del ministro coincidieron con la celebración en Rabat de la primera reunión de consultas políticas entre Panamá y Marruecos, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y el viceministro de Relaciones Bilaterales y Asuntos Regionales de Marruecos, Fouad Yazourh. Durante el encuentro, ambas delegaciones revisaron la agenda bilateral y reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación entre los dos países.

Como parte de la jornada, Hoyos firmó junto con la ministra marroquí de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, Fatim-Zahra Ammor, un Memorando de Entendimiento en materia de turismo que busca impulsar el desarrollo del sector, promover el intercambio de experiencias y estrechar los lazos entre ambas naciones.

“El acuerdo no solo une a dos destinos excepcionales, sino que abre oportunidades para el intercambio cultural, la inversión y el desarrollo sostenible”, afirmó Hoyos durante la firma del documento.

Uno de los temas destacados durante las consultas fue la cooperación en materia agropecuaria. Marruecos confirmó oficialmente el envío de un embarque de 1,000 toneladas de fertilizantes destinado a apoyar al sector agrícola panameño, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica en momentos en que los precios internacionales de estos insumos enfrentan presiones por las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente.

La donación forma parte de una hoja de ruta de cooperación suscrita entre ambos países en junio de 2025 y contempla la entrega anual de 1,000 toneladas de fertilizantes durante el período comprendido entre 2026 y 2028.

Además, incluye asistencia técnica para la elaboración de un mapa de fertilidad de los suelos panameños, una herramienta que permitirá optimizar la planificación agrícola y mejorar la productividad del sector.

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el primer cargamento salió de Marruecos en abril y se esperaba su llegada a Panamá durante el mes de mayo. Los fertilizantes serán destinados principalmente a pequeños productores y programas de agricultura familiar, considerados fundamentales para la seguridad alimentaria nacional.

Durante las consultas políticas también se resaltó el valor estratégico que tienen ambos países dentro de las rutas globales del comercio. Las delegaciones destacaron el papel del puerto marroquí de Tánger Med como uno de los principales centros logísticos de África y puerta de entrada al Mediterráneo, mientras que Panamá fue reconocido por la relevancia del Canal de Panamá como eje fundamental para el transporte marítimo internacional.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de ampliar los intercambios comerciales, promover alianzas con el sector privado y desarrollar nuevos mecanismos que faciliten el flujo de bienes, servicios e inversiones entre ambos mercados.

Las delegaciones también expresaron interés en fortalecer la diplomacia cultural y ampliar los espacios de cooperación en distintos ámbitos, con el objetivo de construir una relación más dinámica y capaz de responder a los desafíos del entorno internacional. Al cierre de la reunión, Panamá y Marruecos reafirmaron su voluntad de seguir identificando nuevas áreas de colaboración que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar de sus ciudadanos.

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, dijo en el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo que espera la aprobación final de la iniciativa 6593 el martes 2 de junio, una ley que el sistema financiero considera necesaria para que Guatemala llegue con una norma actualizada a la evaluación de Gafilat prevista para febrero de 2027 y evite volver a la lista gris.

La iniciativa ya fue aprobada en tercer debate y ahora debe pasar por la discusión por artículos y la redacción final, según la información difundida por el Congreso de la República.

La evaluación regional examinará si el país cumple con una norma ajustada a las 40 recomendaciones de GAFI, de acuerdo con la misma fuente.

Contreras sostuvo en el evento que no hay diputados que se opongan públicamente a la ley, pero atribuyó la demora a “inquietudes” de los legisladores que aún deben discutirse.

También explicó que, tras enmiendas introducidas al final del proceso, convocó a una reunión con la junta directiva, jefes de bloque, personal de la Intendencia de Verificación Especial y la Asociación Bancaria de Guatemala, y que otra cita quedó programada para el 25 de mayo con el objetivo de alcanzar consensos.

La presión por aprobar la ley se centra en remesas, comercio y evaluación internacional

En su intervención, Contreras afirmó que la norma no responde a una agenda de bancada, sino a una necesidad nacional. Lo expresó así: “Hay leyes que son de diputados, de un grupo de legisladores, pero esta ley es de país. El Congreso debe apoyar esta ley, no porque nadie no lo pide, es porque Guatemala lo pide, los diputados nos debemos al clamor por el país”.

El presidente del Congreso agregó que la falta de aprobación tendría efectos concretos sobre la economía. “Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar. La Asociación Bancaria no va a tener las herramientas para combatir este flagelo que todos lo han dicho, no podemos permitir que en nuestro país se lave dinero, no lo podemos hacer”, dijo Contreras durante el congreso organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala.

La Superintendencia de Bancos también pidió al Congreso aprobar la iniciativa 6593 en un comunicado oficial. Según la SIB, la ley constituye una “prioridad estratégica” porque Guatemala iniciará en 2027 su Quinta Ronda de Evaluación Mutua ante Gafilat y porque su aprobación ayudaría a proteger la economía, generar confianza para la inversión, preservar las relaciones financieras internacionales y reducir riesgos para el país, el sistema financiero y miles de familias.

Ese es el punto central de la discusión: la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento ilícito del terrorismo busca actualizar el marco legal vigente para que Guatemala cumpla estándares internacionales antes de la revisión de 2027. Según Contreras, la norma además daría más herramientas a los jueces para interpretar la comisión de un delito.

El Congreso admite que el obstáculo pendiente es político, no técnico

Contreras dijo que la parte técnica de la iniciativa ya fue resuelta y que el problema pendiente es político. En el congreso afirmó: “La ley es para estar al nivel de otros países, la parte técnica ya la resolvimos, es la parte política que tenemos que resolver. La Ley de 2001 es muy rígida, y la nueva ley le da más capacidad a los jueces para interpretar un delito que es nefasto para el país”.

En esa misma declaración, añadió: “Esta ley es jurídicamente mejor, está técnicamente mejor elaborada, vamos a tener una mejor ley, los diputados no debemos tener temores, ya que es una ley que necesita el país y la tenemos que apoyar”. También sostuvo, en declaraciones difundidas por el Congreso, que desde la presidencia del Legislativo respalda el proyecto y que la junta directiva y los jefes de bloque están a favor.

El titular del Congreso señaló además que la negociación requiere mayoría en un hemiciclo fragmentado. Indicó que lleva 24 años como diputado, que conoce la dinámica parlamentaria y que debe construir acuerdos entre 16 bloques legislativos y un diputado independiente para llevar la ley a su aprobación final.

Al encuentro también asistió el diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, la mesa desde la cual se analizó la iniciativa en el Legislativo. El congreso regional reunió además a autoridades del Banco de Guatemala, de la IVE y de la SIB.

Guatemala ya enfrentó sanciones por debilidades en esta materia

La SIB recordó que el país arrastra más de dos décadas de ajustes en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero. Según ese organismo, en 2001 Guatemala fue incluida en la lista negra de GAFI porque no contaba con legislación específica contra el lavado de dinero, ni con un régimen de personas obligadas, ni con una unidad de inteligencia financiera encargada de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas.

De acuerdo con la SIB, la respuesta incluyó la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en 2001, su reglamento en 2002 y la creación de la Intendencia de Verificación Especial como unidad de inteligencia financiera del país. Ese mismo proceso incorporó el régimen de personas obligadas y la aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en 2002 para reforzar la supervisión del sistema financiero.

La superintendencia indicó que esos cambios permitieron que Guatemala saliera de la lista negra de GAFI en 2004. Contreras recordó en el congreso que él apoyó tanto la ley de 2005 como la reforma de 2010 para que el país dejara atrás la lista gris y expresó que espera que Guatemala no vuelva a esa condición.

El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, sostuvo durante la inauguración del CLADIT 2026 que este tipo de espacios fortalecen los marcos de prevención y supervisión financiera mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Según el banco central, González Ricci remarcó que la estabilidad económica y financiera requiere instituciones sólidas, transparentes y alineadas con los estándares internacionales.

En las últimas semanas, el panorama de la salud respiratoria en la República Dominicana ha captado la atención de la comunidad médica y las autoridades sanitarias.

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) confirmó un leve pero sostenido incremento en las consultas y diagnósticos de COVID-19 en el país.

Si bien los especialistas aclaran que no se trata de un brote masivo o fuera de control, sí han emitido un llamado urgente a la población para no subestimar la enfermedad ni confundirla de manera ligera con una simple gripe estacional.

De acuerdo con los datos estadísticos y gráficos de la vigilancia clínica actual, el COVID-19 representa actualmente el 3.9% del total de las consultas por afecciones respiratorias en el territorio nacional.

Aunque el porcentaje mayoritario de las consultas sigue liderado por condiciones habituales como el asma, la bronquitis aguda y otros procesos obstructivos, este casi 4% de incidencia de SARS-CoV-2 ha sido suficiente para encender las alarmas preventivas entre los médicos de primera línea.

La doctora Maribel Jorge, presidenta de la SDNCT, y la doctora Evangelina Soler explicaron a los medios locales, que a pesar de la baja severidad generalizada, este repunte ya está generando consecuencias tangibles: un incremento notorio en las consultas médicas, ausentismo laboral y escolar, así como algunas hospitalizaciones puntuales.

Las especialistas hicieron especial énfasis en blindar y proteger a los grupos de riesgo más vulnerables, quienes tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves. Estos grupos incluyen:

• Adultos mayores.
• Mujeres embarazadas.
• Pacientes con comorbilidades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer o estados de inmunodepresión.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de su boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 18, aportó un mensaje de equilibrio y tranquilidad a la ciudadanía. Las autoridades sanitarias confirmaron que la circulación del SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios se mantiene dentro de los niveles esperados para la temporada, descartando cualquier motivo de alarma epidemiológica extrema o saturación hospitalaria.

El informe oficial explica que el COVID-19 coexiste en este momento con un complejo entramado de patógenos estacionales que circulan de manera habitual en el país. Entre ellos se encuentran:

• Influenza A(H3N2) e Influenza A(H1N1).
• Virus Sincitial Respiratorio (VSR).
• Metapneumovirus, Adenovirus y Parainfluenza.

El Ministerio aclaró que el peligro real no radica en la agresividad de un solo virus, sino en la posibilidad de incrementos simultáneos de varias de estas afecciones, lo cual sí podría ejercer una presión innecesaria sobre la demanda en los centros de salud públicos y privados.

¿Qué es el COVID-19 y cómo se manifiesta actualmente?

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Aunque la emergencia internacional de la pandemia ha concluido, el patógeno continúa circulando de manera endémica a nivel global, mutando en diferentes variantes y subvariantes que modifican levemente su comportamiento.

En esta fase actual, los pacientes dominicanos están manifestando un cuadro clínico muy similar al de un resfriado común o un virus gripal fuerte, lo que incrementa el riesgo de automedicación y diagnóstico tardío. Los síntomas principales reportados por los especialistas incluyen:

• Rinitis (congestión y goteo nasal)
• Dolor de garganta persistente
• Fiebre variable
• Dolores articulares y musculares generalizados
• Tos y fatiga o cansancio extremo.

Para frenar la propagación y cuidar a los sectores más frágiles de la sociedad, la comunidad médica dominicana coincide en aplicar las siguientes directrices:

1. Diagnóstico oportuno: Ante la aparición de cualquier síntoma respiratorio, se exhorta a la población a realizarse la prueba diagnóstica correspondiente para identificar con precisión si se trata de COVID-19, Influenza u otro virus.
2. Evitar la automedicación: Tomar fármacos sin supervisión médica puede enmascarar complicaciones severas.
3. Prevención en el entorno: Mantener el aislamiento voluntario mientras duren los síntomas y extremar las medidas de higiene básicas (lavado de manos y ventilación de espacios) para cortar la cadena de transmisión en escuelas y lugares de trabajo.

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana sentenció a 30 años de prisión a José Emmanuel Aguilar Campos, alias Harry Potter, por el delito de agrupaciones ilícitas.

La condena recayó sobre uno de los principales cabecillas que, según la acusación, ejercía el rango de homeboy en una estructura criminal que operaba en el cantón San Jacinto, jurisdicción de Coatepeque, en el occidente de El Salvador.

El fallo, reportado por Centros Judiciales El Salvador, atribuye a Aguilar Campos un papel central en la organización, y agrava su sentencia por la presencia de tatuajes alusivos a la pandilla.

Junto a Aguilar Campos, el tribunal impuso penas de 20 años de cárcel a otros cinco implicados: René Alonso Rojas Palma (alias Pepe), Elmer Mauricio Cáceres Díaz (alias Tino), Cristian Abidan Mancía Mancía (alias Tarzán o Cripta) y José Lito Escobar Mojica (alias White), todos identificados como miembros activos de la pandilla 18 Sureños.

En la vista pública, el juez valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyeron testimonios y documentos que evidenciaron la participación de los acusados en la estructura delictiva.

Según la información difundida por Centros Judiciales El Salvador, los detenidos fueron capturados el 21 de abril de 2022, durante la aplicación del Régimen de Excepción implementado en el país.

El informe detalla que los condenados fungían como integrantes activos de la estructura criminal en la región de Santa Ana Este.

La sentencia detalló que la agravación de la pena para Aguilar Campos se fundamentó en la evidencia de tatuajes relacionados con la pandilla, los cuales fueron considerados como símbolo de pertenencia y liderazgo dentro de la organización.

Centros Judiciales El Salvador subrayó que todos los imputados ostentaban el rango de “homeboys”, lo que implicaba una posición de responsabilidad y control sobre las actividades ilícitas en la zona.

La resolución judicial se inscribe dentro de las acciones emprendidas por las autoridades salvadoreñas para combatir el accionar de las pandillas en el territorio nacional, en el marco de una ofensiva legal que ha derivado en la captura y procesamiento de miles de sospechosos bajo cargos de organizaciones terroristas y delitos conexos.

Otros pandilleros en proceso judicial

En paralelo a estos procesos, otro caso de alto impacto se desarrolla en el oriente del país. Un total de 13 integrantes de la clica Los Ángeles de la Mara Salvatrucha (MS-13) enfrentan una vista pública en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel por su presunta participación en crímenes cometidos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con información divulgada por Radio YSKL, el fiscal acreditado al caso explicó que la acusación recae sobre hechos ocurridos entre 2012 y 2015 en municipios del departamento de Usulután. Los imputados, según la Subdirección contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, están vinculados a un homicidio consumado contra un agente policial y dos tentativas de homicidio contra otros dos agentes de la PNC.

El fiscal asignado al proceso detalló que, además de estos hechos, a los demás procesados se les imputa el delito de organizaciones terroristas, sustentado en pruebas documentales y testimoniales que les atribuyen distintos roles dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha.

“Estamos realizando una vista pública en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, en el cual se está juzgando alrededor de quince miembros de la estructura criminal de la clica LA, que operaba en el sector o en municipios del departamento de Usulután”, explicó el fiscal en declaraciones recogidas por Radio YSKL.

El representante de la Fiscalía también enfatizó en la importancia de la prueba recabada. “Con la prueba se pretende declarar responsables a estas personas para que el tribunal emita una sentencia de carácter condenatoria luego de verificar toda la prueba con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal”, dijo. Los hechos atribuidos a la estructura incluyen delitos graves cometidos en el contexto de la confrontación con las fuerzas de seguridad estatal.

La vista pública contra los miembros de la clica Los Ángeles se desarrolla como parte de los esfuerzos coordinados entre la Fiscalía y el sistema judicial para desarticular organizaciones criminales que han tenido incidencia en ataques a funcionarios y agentes del orden en el país.

Las autoridades continúan impulsando procedimientos judiciales enmarcados en el combate a la criminalidad organizada, con énfasis en la persecución penal de estructuras de pandillas que operan en diversas regiones de El Salvador.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó este viernes que las terminales 1 y 2 operan con normalidad luego del incendio registrado la noche del miércoles en el área del food court de la Terminal 1, una situación que obligó a activar protocolos de emergencia y reorganizar temporalmente las operaciones para garantizar la continuidad del principal centro de conexiones aéreas de Panamá.

La administración aeroportuaria indicó que actualmente todas las puertas de embarque, áreas de atención a pasajeros y servicios operativos funcionan con normalidad. El único espacio que permanece cerrado es el food court de la Terminal 1, mientras se completan las evaluaciones técnicas y de seguridad correspondientes.

Los pasajeros que utilizan la Terminal 1 continúan teniendo acceso a restaurantes, cafeterías y kioscos ubicados a lo largo de la instalación, por lo que los servicios de alimentos y bebidas se mantienen disponibles pese al cierre temporal de la zona afectada por el incendio.

El incidente se produjo la noche del miércoles en el área de comidas de la Terminal 1. Según informó Tocumen en un primer comunicado, el fuego fue controlado con éxito por unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del aeropuerto, evitando su propagación hacia otras áreas de la terminal. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

Como medida preventiva, durante la emergencia se trasladaron operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y otras áreas habilitadas del complejo aeroportuario. Además, se recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos mientras se ejecutaban los protocolos de contingencia.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió mantener en funcionamiento el aeropuerto mientras se atendía la situación. Tocumen señaló que la activación inmediata de los protocolos de seguridad aeroportuaria y continuidad operacional hizo posible proteger a pasajeros, colaboradores y usuarios sin necesidad de suspender completamente las actividades aéreas.

Como parte de las acciones implementadas, se reasignaron puertas de embarque en el Muelle Norte, las áreas satélite y la Terminal 2. También se reorganizaron operaciones de llegada y salida de aeronaves para minimizar las afectaciones a los viajeros. Las medidas especiales estuvieron vigentes desde las 6:50 p.m. hasta pasada la 1:30 a.m.

Durante ese período, el aeropuerto gestionó más de 14,500 pasajeros correspondientes al quinto y sexto banco de conexiones. De ese total, cerca de 5,100 pasajeros viajaron en vuelos que registraron algún nivel de demora y aproximadamente 50 perdieron conexiones debido a los ajustes operativos realizados durante la contingencia.

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó que la prioridad fue salvaguardar la seguridad de los pasajeros y mantener condiciones operativas seguras. Asimismo, señaló que la rápida respuesta de los bomberos aeroportuarios y la activación de los protocolos permitieron reducir significativamente el impacto sobre las operaciones del aeropuerto.

La capacidad operativa del aeropuerto fue uno de los factores que facilitó la respuesta ante la emergencia. Tocumen cuenta actualmente con 54 puertas de embarque distribuidas entre sus dos terminales. De ellas, 34 se encuentran en la Terminal 1 y las restantes 20 en la Terminal 2, lo que permitió redistribuir pasajeros y operaciones mientras se controlaba la situación en el área afectada.

Las autoridades aeroportuarias destacaron que todas las puertas de embarque de la Terminal 1 permanecen habilitadas y operando normalmente. Esto significa que los viajeros pueden utilizar sus vuelos programados sin restricciones derivadas del incidente, más allá del cierre temporal de la zona de comidas afectada por el fuego.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. Paralelamente, personal técnico realiza inspecciones en el área afectada para verificar las condiciones estructurales y de seguridad antes de autorizar la reapertura del food court.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reiteró que las operaciones continúan desarrollándose con normalidad y que la situación se encuentra completamente bajo control. La administración destacó que la coordinación entre los equipos de emergencia, seguridad y operaciones permitió mantener activo el principal hub aéreo de Panamá y uno de los centros de conexión más importantes de América Latina.

La Universidad de El Salvador (UES) impulsa un innovador modelo de educación dual, orientado a fortalecer la formación práctica y la empleabilidad de los estudiantes, integrando la experiencia laboral en el proceso académico. Esta estrategia, presentada oficialmente esta semana, se desarrolla mediante el proyecto DUALELS, con apoyo de universidades nacionales e internacionales y el cofinanciamiento de la Unión Europea.

El modelo dual propuesto por la UES busca vincular a los estudiantes con empresas de diversos sectores, permitiendo que adquieran competencias laborales mientras cursan sus estudios. El plan piloto se implementará inicialmente en las carreras de Ingeniería Agronómica, Química y Farmacia, a través de espacios de diálogo y colaboración con el sector empresarial.

Eric Guardado, docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas, expuso que el modelo es flexible y adaptable, y que siete universidades socias están aplicando y ajustando el sistema a sus propias condiciones.

Asimismo, explicó que este tiene una raíz europea y permite que los estudiantes destinen entre 70% y 85% de su tiempo a la empresa y un 35% a la universidad, aunque en el contexto salvadoreño la experiencia dual podría iniciarse a partir de la mitad de la carrera, para facilitar una transición progresiva.

“Es flexible, adaptativo y evolutivo, porque no puede ser centrado en un solo perfil, sino más bien un modelo que va a permitir llenar las condiciones de otros ambientes educativos”, afirmó Guardado a Radio YSKL.

Guardado subrayó la importancia de generar competencias laborales y fortalecer la economía nacional mediante la formación dual. Según sus palabras, muchos estudiantes salvadoreños comienzan a percibir ingresos en los últimos años de carrera, por lo que integrar la experiencia laboral desde etapas tempranas puede contribuir a una economía más sostenible para los jóvenes graduados.

Además, compartió la experiencia de la Universidad de Cádiz, en España, donde la colaboración universidad-empresa ha incrementado la rentabilidad empresarial entre un 4% y un 6%, además de impactar positivamente en la economía regional.

El enfoque dual también ha sido valorado desde la perspectiva empresarial. Margarita Tobar, representante de empresas y socia de la UES, destacó a Radio YSKL los beneficios observados durante una visita a la Universidad de Cádiz.

“Pudimos ver claramente uno de los beneficios, que es poder tener el acercamiento con el estudiante o el profesional, ya que cuando él esté buscando una oportunidad para poderse integrar a su desarrollo de profesión, ya tenga un conocimiento de qué es lo que es realizar una tarea en una empresa”, expresó Tobar.

La representante empresarial enfatizó que el programa permite que el estudiante reciba clases y, al mismo tiempo, se integre a una empresa, facilitando un desarrollo profesional integral.

“Ese programa viene a ser un desarrollo, pues, aquí en El Salvador podía vincular una empresa con la universidad y poder trabajar tanto el docente con la universidad vinculados para poder tener ese beneficio de que el estudiante pueda desarrollarse en la empresa y también pueda ser parte de sus clases”, señaló.

Respecto a la duración de la experiencia en la empresa, Tobar explicó que, aunque en Europa el modelo contempla seis meses de práctica profesional, en El Salvador aún no se ha definido un periodo específico. El modelo se encuentra en etapa de ajuste para adaptarse a las condiciones locales y a las necesidades de las empresas y estudiantes.

La Universidad de El Salvador ha reiterado en sus redes sociales su compromiso con una educación superior innovadora y vinculada al desarrollo productivo del país, destacando que el modelo dual fortalecerá las oportunidades de empleabilidad y la formación práctica de su estudiantado. El proyecto DUALELS se presenta así como una alternativa para acortar la brecha entre la academia y el sector productivo, con miras a impactar tanto en el desarrollo individual de los estudiantes como en la economía nacional.

La espera ha terminado para los fanáticos del pop romántico y las baladas desgarradoras en El Salvador. La noche de este viernes, 22 de mayo, el Complejo Deportivo Cuscatlán se vestirá de gala para recibir al aclamado dúo mexicano Jesse & Joy.

Los hermanos Huerta vuelven a territorio cuscatleco en el marco de su esperada gira internacional titulada «El Despecho Tour», una propuesta musical que promete tocar las fibras más sensibles de su audiencia a través de un recorrido por sus más grandes éxitos y sus lanzamientos más recientes.

El reencuentro de Jesse & Joy con el público salvadoreño ocurre tras casi tres años de ausencia. La última vez que la agrupación pisó suelo nacional fue el 23 de septiembre de 2023, cuando hicieron vibrar las instalaciones de Be Sport en Nuevo Cuscatlán con su anterior «Clichés Tour». En aquella ocasión, los mexicanos dejaron en claro que el vínculo con sus seguidores locales permanece intacto, logrando una velada inolvidable.

Ahora, con una propuesta renovada que profundiza en el desamor, la nostalgia y el amor propio, los hermanos están listos para superar las expectativas y firmar otro lleno memorable en la capital.

Desde su debut en el año 2006 con el álbum Esta es mi vida, la dupla ha sabido consolidarse como un referente indiscutible del pop en español. Con una trayectoria impecable que incluye discos emblemáticos como ¿Con quién se queda el perro? (2011) y producciones más recientes como Lo que nos faltó decir (2025), Jesse & Joy han construido un repertorio que forma parte de la banda sonora de millones de personas.

Canciones icónicas como ¡Corre!, Espacio sideral, La de la mala suerte y Ecos de amor resonarán con fuerza en el Complejo Deportivo Cuscatlán, donde se espera un coro masivo por parte de los asistentes.

Detalles clave del evento

Para quienes asistan a esta cita musical, la productora a cargo del evento, Cosmo Producciones, ha compartido los lineamientos y datos logísticos esenciales para garantizar una experiencia segura y ordenada:

• Hora de inicio: El espectáculo está programado para dar comienzo a las 7:00 p.m., por lo que se recomienda al público llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos.
• Restricciones de edad: El evento está habilitado exclusivamente para mayores de 15 años. Es requisito indispensable que los menores de edad asistan acompañados por un adulto responsable.
• Disponibilidad de entradas: Los fanáticos de último momento aún tienen la oportunidad de adquirir los últimos boletos disponibles a través de la plataforma oficial de Smart Ticket.

A continuación, se detallan las localidades y los precios oficiales establecidos para el concierto:

• Silla Diamante: $100.00
• Silla VIP: $75.00
• Preferencial de Pie: $35.00.

Los precios anteriormente mencionados no incluyen el cargo extra por servicio de boletería aplicable por la ticketera. El montaje en el Complejo Deportivo Cuscatlán ya se encuentra listo para recibir la sofisticada producción visual y el impecable sonido acústico que caracterizan las presentaciones en vivo del dúo.

«El Despecho Tour» ha cosechado excelentes críticas en sus paradas anteriores a lo largo del continente, destacando por su dinamismo y por la cercana interacción que Jesse y Joy mantienen con sus seguidores.

La noche de este 22 de mayo se perfila para ser un capítulo inolvidable en la historia de los conciertos de este año en El Salvador, ideal para cantar a todo pulmón tanto el amor como el desapego.

Un adolescente de 16 años fue condenado a 11 años de prisión por su participación en el robo y homicidio de un conductor que prestaba servicios mediante una plataforma digital en Panamá Oeste.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste, que logró la validación de un acuerdo de pena ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

La sentencia se produce en medio de las preocupaciones por la delincuencia juvenil en Panamá. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,526 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional, de las cuales 276 correspondieron a Panamá Oeste, la tercera cifra más alta del país, solo superada por Panamá y Chiriquí.

Según la investigación, el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:43 p.m., cuando el adolescente condenado, junto a otros dos menores de edad y un adulto, abordó un vehículo que prestaba servicios de transporte por aplicación en la barriada Colinas del Valle, en La Chorrera.

La Fiscalía estableció que, una vez dentro del automóvil, los ocupantes utilizaron violencia e intimidación para apoderarse del vehículo. Durante el ataque, el conductor recibió múltiples heridas con arma blanca.

Posteriormente, los agresores trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el río El Chorro de Las Yayas, ubicado en el sector de Zanguenga, distrito de La Chorrera, donde lo abandonaron. Horas después, el 15 de agosto a las 12:20 a.m., incendiaron el automóvil con el propósito de eliminar evidencias del crimen.

Durante la audiencia, el Ministerio Público logró que el tribunal validara un acuerdo de pena alcanzado entre las partes. Como resultado, el adolescente fue declarado responsable de los delitos de robo agravado, homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, recibiendo una sanción de 11 años de prisión.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos contra la vida y la integridad personal continúan teniendo una presencia significativa dentro de la criminalidad juvenil. Entre enero y abril de este año se contabilizaron 258 denuncias vinculadas a este tipo de delitos en todo el país.

Sin embargo, los delitos más frecuentes entre adolescentes corresponden a aquellos contra la libertad e integridad sexual, con 545 denuncias registradas durante el período analizado. Le siguen los delitos contra el patrimonio económico, con 297 casos, y los delitos contra la seguridad colectiva, con 227 denuncias.

El informe también revela una intensa actividad judicial en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Entre enero y abril se realizaron 2,670 audiencias a nivel nacional, incluyendo 277 audiencias de formulación de imputación, 175 audiencias de medidas cautelares y 197 audiencias de acuerdos de pena.

Durante ese mismo período se aplicaron 217 medidas cautelares, de las cuales 102 correspondieron a detención provisional y 115 a medidas distintas a la privación de libertad.

Las fiscalías de adolescentes también registraron 212 sentencias entre enero y abril. De ellas, 181 fueron producto de acuerdos de pena y solo nueve se derivaron de juicios orales. El informe muestra además que 236 de las 237 decisiones judiciales emitidas durante el período fueron condenatorias, reflejando una tasa de condena cercana al 100% en los casos concluidos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los otros participantes en el homicidio del conductor. El caso se convirtió en uno de los hechos criminales más impactantes registrados en Panamá Oeste durante 2025, debido a la violencia empleada contra la víctima y a los intentos posteriores por desaparecer tanto el cuerpo como el vehículo utilizado para prestar el servicio de transporte.

A partir de este jueves se ha puesto en marcha la construcción de un nuevo mercado municipal en San Miguel, un proyecto que busca beneficiar a casi 300,000 personas, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades.

El inicio de la obra se produce tras el incendio que destruyó el antiguo edificio en el año 2021, un evento que obligó a cientos de comerciantes a buscar alternativas temporales y aceleró la planificación de una nueva instalación.

Según informó la Secretaría de Prensa de El Salvador, el nuevo edificio contará con tres niveles y una terraza, e integrará más de 1,300 locales comerciales, áreas de atención para la primera infancia, espacios de lactancia y oficinas para el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

La inversión total alcanza los USD 30 millones, provenientes de un préstamo gestionado por el Gobierno salvadoreño ante el Banco Mundial en el marco del programa Desarrollo Local Resiliente.

El ministro de Obras Públicas y de Transporte de El Salvador (MOPT), Romeo Rodríguez, explicó que el proyecto beneficiará directamente a más de 297.575 personas al ofrecer un entorno moderno, seguro y ordenado para comerciantes y visitantes.

El incendio ocurrido hace tres año dejó al antiguo mercado en condiciones irreparables. Ante esta situación, autoridades gestionaron fondos y alianzas para la reconstrucción. El MOPT trabajó de forma coordinada con el Banco Mundial y la Asamblea Legislativa para obtener la financiación necesaria, además de implementar medidas de apoyo social para los vendedores afectados.

“Apoyamos a los vendedores, se les dieron espacios temporales para las ventas, una compensación económica a cada vendedor como una ayuda mientras desarrollamos el proceso de construcción y seguiremos apoyándoles”, enfatizó el ministro en declaraciones previo al acto de colocación de la primera piedra.

El nuevo mercado de San Miguel ha sido concebido como un espacio multifuncional, con áreas específicas para la atención de madres lactantes, un centro de atención a la primera infancia y facilidades para la seguridad municipal. El diseño arquitectónico presenta una fachada inspirada en los mercados tradicionales, combinando elementos modernos y funcionales para mejorar la experiencia de usuarios y comerciantes.

Un espacio que impulsa la modernización y el desarrollo económico en San Miguel

Las autoridades destacaron que la obra no solo representa una mejora en la infraestructura, sino que también busca dinamizar la economía del municipio. El proyecto se enmarca en una estrategia nacional de recuperación y modernización de mercados municipales, en la que el Banco Mundial colabora activamente. Al mismo tiempo, la iniciativa incluye obras similares, como la construcción del Mercado de Santa Ana, lo que evidencia una apuesta por el desarrollo urbano en distintas regiones del país.

El nuevo mercado se convertirá en uno de los espacios comerciales más grandes y modernos de la zona oriental del territorio salvadoreño, con capacidad para albergar a más de 1,000 comerciantes y ofrecer servicios pensados para la comunidad.

La culminación de la obra significará la recuperación definitiva de un punto neurálgico para la economía y la vida social de San Miguel, tras duro impacto sufrido hace tres años.

El Salvador se encuentra entre los nueve países de América Latina y el Caribe incluidos en un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), que advierte que más del 85% de las solicitudes de patentes en la región provienen del extranjero.

Este dato subraya la marcada dependencia tecnológica y las dificultades para transformar la innovación local en desarrollo económico sostenible.

El estudio, titulado Aprovechar la propiedad intelectual para el desarrollo: oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe, también abarca los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Según los hallazgos, las industrias manufactureras intensivas en propiedad intelectual generan el 12.4% del empleo formal manufacturero y aportan el 13% del valor agregado en ese sector. Sin embargo, su influencia en el comercio exterior es limitada y la inversión en investigación y desarrollo se concentra en el sector público y el ámbito académico.

De acuerdo con la agencia EFE, estas industrias solo explican el 9% de las exportaciones y el 19% de las importaciones regionales. Por otra parte, quienes trabajan en estos sectores perciben salarios un 32.1% superiores en comparación con otros rubros manufactureros, lo que indica que la innovación puede elevar la calidad de vida laboral, aunque su impacto general todavía es acotado.

La escasa proporción de solicitudes de patentes presentadas por actores locales evidencia que la mayoría de los beneficios económicos de la innovación se orientan hacia empresas y entidades extranjeras.

El informe identifica la baja inversión en investigación y desarrollo como uno de los factores principales que perpetúan esta situación, y sostiene que esto limita el avance hacia sectores de mayor valor agregado.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, considera necesario replantear el enfoque regional sobre la propiedad intelectual.

A su juicio, América Latina y el Caribe deben integrar la protección intelectual en políticas amplias de desarrollo productivo, orientadas a cerrar brechas tecnológicas y fortalecer capacidades nacionales. Salazar-Xirinachs sostuvo que “la propiedad intelectual puede contribuir al desarrollo, pero lo hará mejor cuando forme parte de políticas integrales”.

El presidente de la OEP, Antonio Campinos, subrayó que el verdadero impacto económico de la propiedad industrial depende de un ecosistema de innovación sólido y de marcos regulatorios que lo respalden. Campinos remarcó que, pese al talento y conocimiento científico que existe en la región, resulta esencial fortalecer la comercialización, la transferencia tecnológica y los vínculos entre universidad e industria.

El informe advierte que la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo baja y concentrada en el sector público y académico. La falta de recursos privados y la débil articulación con el sector productivo dificultan que el conocimiento se convierta en productos o servicios con competitividad internacional.

El documento sostiene que América Latina y el Caribe, incluido El Salvador, todavía no logra aprovechar plenamente su potencial científico y tecnológico debido a debilidades estructurales en su ecosistema de innovación. La mayor parte de las solicitudes de patentes son extranjeras, y el impacto local en la economía permanece restringido.

En la presentación del informe en Santiago de Chile, autoridades, organismos internacionales y representantes de 17 países coincidieron en la urgencia de fortalecer políticas públicas, promover la cooperación y facilitar la transferencia de tecnología.

El texto concluye que solo una estrategia integral, que combine talento, recursos y marcos regulatorios, permitirá revertir la tendencia y convertir la propiedad intelectual en un motor real de desarrollo para la región.

La conferencia regional de alto nivel sobre innovación y propiedad intelectual, realizada en la sede de la Cepal, sirvió como espacio para debatir acciones concretas que permitan cerrar la brecha tecnológica en América Latina y el Caribe.

La economía de Guatemala prevé cerrar 2026 con un crecimiento del 4.1 %, impulsada principalmente por el ingreso récord de remesas familiares, según las proyecciones oficiales divulgadas por el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, citado por EFE. El dato, presentado este jueves durante un encuentro empresarial con la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, posiciona al país por encima del promedio de crecimiento regional y de las economías avanzadas, que se estima rondarán el 1.8 %.

De acuerdo con el reporte de EFE, Ricci atribuyó este desempeño a la fortaleza de los sectores productivos, la estabilidad cambiaria y el flujo constante de remesas, que podrían alcanzar alrededor de USD 27,000 millones hacia el cierre del año, una cifra sin precedentes para la economía guatemalteca. “Esperamos que a fin de año ese crecimiento se mantenga en 5 % sobre lo del año pasado recibimos más remesas que todo el presupuesto realmente del país”, puntualizó el presidente de Banguat durante su intervención ante empresarios españoles.

El funcionario también remarcó que el consumo interno permanece sólido debido al ingreso de remesas familiares, lo que contribuye a blindar la economía ante factores externos. Las exportaciones también muestran un comportamiento positivo, con un aumento estimado del 6 %, respaldado por productos tradicionales como café, banano, azúcar y cardamomo. La inversión extranjera directa mantiene una senda ascendente, aunque su consolidación depende de mejoras en infraestructura vial y portuaria.

Inflación controlada y confianza internacional refuerzan la posición económica de Guatemala

En materia de precios, Ricci anticipó que la inflación se ubicará en torno al 3.75 % al finalizar el año, por debajo del valor central de la meta oficial del 4 %. Este control ha contribuido a que las tres principales agencias de calificación de riesgo global, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, mantengan la calificación crediticia de Guatemala a un solo escalón del grado de inversión, reconociendo la sostenibilidad de la recaudación tributaria, cuyo objetivo para 2026 ronda los USD 15,400 millones (120.000 millones de quetzales).

EFE recogió también la valoración de Rafael Briz, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, quien coincidió en destacar la resiliencia de la macroeconomía guatemalteca. Briz destacó que España permanece como el principal inversor europeo en el país, con cerca de 100 empresas operativas y una generación de más de 20.000 empleos directos.

“Las empresas españolas siguen viendo en Guatemala un destino seguro y sumamente atractivo para expandir sus operaciones gracias a su probada resiliencia económica”, declaró el directivo ante los empresarios reunidos.

EFE precisa que Guatemala reportó un crecimiento del 3.6 % en 2024 y una expansión del 4.1 % en 2025, datos que refuerzan la percepción de estabilidad y dinamismo en la región. Las autoridades económicas confían en que la combinación de remesas, exportaciones e inversión extranjera permita sostener el ritmo de expansión durante el próximo año, siempre condicionado a la consolidación de mejoras estructurales en logística y recaudación.

Las proyecciones oficiales y las valoraciones empresariales refuerzan la imagen de Guatemala como un destino de interés para el capital extranjero, respaldado por indicadores sólidos y el reconocimiento de las principales agencias calificadoras.

Con estas perspectivas, el país centroamericano busca consolidar su posición estratégica en la región, apalancado por el flujo constante de remesas y el desempeño positivo de sus principales sectores productivos.

Guatemala refuerza su presencia comercial en México a través de su participación en Expo ANTAD 2026, una de las principales plataformas de negocios para el sector retail en América Latina.

El Ministerio de Economía acompaña a 20 empresas guatemaltecas que presentan sus productos ante más de 52 mil posibles compradores de 70 países, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de exportación e integración regional.

Durante el segundo día de la feria, los empresarios guatemaltecos sostuvieron reuniones y ruedas de negocio con compradores, distribuidores y representantes de cadenas comerciales internacionales. Entre los productos que generaron mayor interés se encuentran los de panadería, bolsas reutilizables y productos de cuidado de la piel, lo que demuestra la diversidad y el potencial de la oferta guatemalteca en el mercado mexicano.

Uno de los casos emblemáticos es el de Papas Cronch, una empresa de Huehuetenango que forma parte del programa MIPYME Exporta. Hace seis meses, el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME presentó el plan de exportación de Papas Cronch al Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, identificando a México como uno de sus mercados estratégicos.

Actualmente, la empresa participa en Expo ANTAD 2026, presentando sus papas fritas artesanales elaboradas en la región montañosa de Huehuetenango, sin conservantes ni colorantes y en sabores naturales como barbacoa, queso jalapeño, sal y limón y picante.

Acorde a la información del ministerio, con menos de 10 empleados y una capacidad instalada de 75 mil unidades mensuales, el emprendimiento de papas ejemplifica el esfuerzo de emprendimientos guatemaltecos por acceder a mercados internacionales con productos auténticos y diferenciados.

“Hemos tenido mucho apoyo de Mineco a través de capacitaciones, ferias nacionales y ahora en México en Expo Antad. Estamos demasiado agradecidos con el MINECO porque con el apoyo de la institución hemos logrado cumplir un sueño que antes veíamos muy lejos”, señaló Julissa Villatoro, gerente comercial del comercio de papas.

La participación guatemalteca en Expo ANTAD 2026 responde a la visión de la ministra de Economía, Gabriela García, quien impulsa la articulación de los viceministerios para acompañar a más empresas en su proceso de crecimiento, desde el desarrollo de herramientas para exportar hasta la generación de oportunidades de internacionalización.

El Ministerio de Economía enfatizó este jueves que mantiene su compromiso de fortalecer la capacidad de las mipymes y diversificar los destinos de exportación. Las empresas interesadas en iniciar un proceso de internacionalización pueden acercarse a la institución para acceder a programas de acompañamiento, formación y promoción comercial que les permitan impulsar su crecimiento y abrirse espacio en mercados internacionales.

Este mes, el Ministerio de Economía informó que México y Centroamérica son mercados estratégicos para el país por la cercanía geográfica, la demanda de productos y la integración comercial. Según la cartera, durante 2025 Guatemala exportó a México USD 688,166 millones y a Centroamérica USD 5.980,85 millones.

La institución identificó productos con potencial para posicionarse en México: maquillaje, artículos para el cuidado del cabello, desodorantes, confitería y dulces. Para Centroamérica, señaló oportunidades en medicamentos profilácticos, productos de panadería y pastelería, y papel higiénico.

Según el Ministerio de Economía, las acciones buscan fortalecer la competitividad y ampliar la presencia de productos y servicios guatemaltecos en mercados de la región.

El gobierno de Bernardo Arévalo acumula más de 21 relevos ministeriales y más de 60 cambios en su gabinete ampliado entre el 15 de enero de 2024 y mayo de 2026, una rotación que alcanzó áreas sensibles del Ejecutivo guatemalteco y dejó a la vista crisis de gestión, destituciones, renuncias y disputas internas en varias carteras, de acuerdo con datos publicados a lo largo de los meses en medios de comunicación guatemaltecos.

En los 57 viceministerios distribuidos en 14 ministerios se registraron al menos 37 cambios en 26 dependencias. El punto de mayor inestabilidad estuvo en el Viceministerio de Infraestructura del CIV, que tuvo seis titulares distintos, mientras los viceministerios de Comunicaciones y de Edificios Estatales y Obra Pública, dentro de la misma cartera, sumaron tres cambios cada uno.

En el nivel de secretarías presidenciales hubo seis sustituciones. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia fue la que más rotó, con tres titulares: Haroldo Sánchez, Santiago Palomo y Karina García Ruano.

El dato central es este: de las 14 carteras del Ejecutivo, seis cambiaron de ministro al menos una vez durante los primeros dos años de gestión, mientras ocho mantuvieron a sus titulares originales desde la toma de posesión. Los ministerios sin relevo son: Desarrollo Social, Economía, Educación, Energía y Minas, Finanzas Públicas, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social.

El Ministerio de Comunicaciones concentró cinco ministros en poco más de dos años

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fue la cartera con mayor inestabilidad entre los ministerios del gabinete original. En poco más de dos años tuvo cinco titulares.

Jazmín De la Vega fue la primera ministra y también la primera en salir. Fue destituida en mayo de 2024 por lo que Arévalo describió como “pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”.

Después llegó Félix Alvarado, que dejó el cargo en noviembre de 2024 en un contexto de baja ejecución presupuestaria. El CIV cerró 2024 con una ejecución de 70,67%.

Paola Constantino ocupó el ministerio de forma interina entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Ese mes asumió Miguel Ángel Díaz Bobadilla, cuya salida también quedó asociada a un bajo nivel de ejecución: la cartera reportaba 62,01% al 21 de diciembre de 2025, según datos oficiales.

Norma Lissette Zea Osorio, ingeniera civil con experiencia en infraestructura vial, asumió el cargo el 28 de noviembre de 2025. Desde entonces ocupa el despacho.

Gobernación enfrentó una fuga de reos y nuevos relevos internos

El Ministerio de Gobernación protagonizó uno de los episodios más tensos del período. Francisco Jiménez renunció en octubre de 2025 después de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la pandilla Barrio 18 desde el centro penitenciario de Fraijanes II.

En ese mismo episodio también dejaron sus cargos los viceministros José Portillo y Claudia Palencia, tras señalamientos públicos cruzados entre ambos. El 17 de octubre de 2025 asumió como nuevo ministro Marco Antonio Villeda Sandoval, juez de carrera con más de 30 años de experiencia.

Bajo la gestión de Villeda continuaron los cambios internos. En marzo de 2026, el viceministro de Informática William Cameros fue sustituido por Karen Stefany Ortiz Solares tras una evaluación de desempeño.

En la conferencia de prensa “La Ronda”, Villeda explicó esa decisión: “Considero que no se había gestionado a la velocidad que nosotros necesitamos, y las circunstancias lo exigen”.

El 19 de mayo de 2026, Kelvin René Aguilar Menéndez asumió como viceministro Administrativo tras la renuncia por motivos personales de Felipe Sánchez. Sobre ese nombramiento, el ministro dijo en la misma conferencia: “No es que hubo una destitución, él ya había presentado su renuncia por razones personales hace un tiempo”.

Desde el inicio de la administración, el MINGOB suma al menos cinco relevos en su cúpula. Esa secuencia incluyó la salida del ministro, cambios de viceministros y reemplazos posteriores ya bajo la conducción de Villeda.

Salud, Ambiente, Agricultura, Cultura y Energía también tuvieron cambios

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tuvo tres titulares. Óscar Cordón Cruz dejó el cargo en junio de 2024 por razones de salud, Sandra Angelina Aparicio Sical asumió de forma interina durante un mes y Joaquín Barnoya Pérez tomó posesión el 15 de julio de 2024.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales registró su primer cambio apenas tres meses después del inicio de la administración. María José Iturbide fue destituida el 8 de abril de 2024 después de que se hiciera público que su hija usaba vehículos oficiales del ministerio para fines personales.

Arévalo justificó esa decisión con una declaración de “tolerancia cero al mal uso de recursos del Estado”. Patricia Orantes, entonces diputada del partido Movimiento Semilla, fue nombrada en su lugar el 11 de abril de 2024 y permanece en el cargo.

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estrada renunció en mayo de 2025 por razones personales tras 16 meses al frente de la cartera. María Fernanda Rivera, ingeniera agrónoma con más de 15 años de experiencia en desarrollo rural y seguridad alimentaria, asumió el cargo el 9 de mayo de 2025.

El Ministerio de Cultura y Deportes fue el último en cambiar de titular. Liwy Grazioso presentó su renuncia el 6 de abril de 2026 en sesión del Consejo de Ministros por motivos personales, aunque su salida estuvo rodeada de cuestionamientos por la aprobación de permisos de excavación en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por señalamientos de baja ejecución presupuestaria.

Al día siguiente, Arévalo juramentó al escritor Luis Méndez Salinas como nuevo titular de la cartera. Ese relevo cerró la lista de cambios ministeriales informados hasta mayo de 2026.

El movimiento más reciente en el gabinete ampliado ocurrió en el Ministerio de Energía y Minas, que confirmó el jueves 21 de mayo el nombramiento de Luis Arturo Mérida Peralta como viceministro encargado del Área Energética tras la renuncia por motivos personales de Juan Fernando Castro, según la cartera.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, Mérida Peralta asumió el viceministerio después de la dimisión que Castro presentó el viernes anterior. Según el MEM, Castro estuvo dos años al frente del cargo y encabezó proyectos e iniciativas del ministerio, pero la cartera aún no anunció quién ocupará el puesto de forma definitiva.

Una de las jornadas más violentas y sombrías del año ha sacudido las estructuras de seguridad del Estado de Honduras. En menos de 24 horas, dos ataques armados perpetrados por organizaciones criminales de alto impacto dejaron un saldo preliminar de 25 personas fallecidas.

Los sangrientos hechos, ocurridos en el departamento caribeño de Colón y en la zona fronteriza de Corinto, Cortés, forzaron al Gobierno de la República a activar un “Comando de Crisis” y ordenar la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las áreas afectadas.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente de la República se dirigió a la nación al cierre de la jornada en una cadena nacional. Con un tono solemne y visiblemente consternado, el mandatario comenzó enviando un mensaje directo a los deudos de la primera matanza:

“Buenas noches, pueblo hondureño. Esta noche les hablo con dolor y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie. Solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos. Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”, manifestó con contundencia.

Las alarmas se encendieron en horas de la madrugada del jueves en el Bajo Aguán, específicamente en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón.

De acuerdo con los últimos informes proporcionados por el Ministerio Público a través de su portavoz, Yuri Mora, un comando de hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes falsos de uso policial irrumpió en una finca de palma africana.

El grupo delictivo emboscó a los trabajadores agrícolas que se disponían a iniciar sus labores cotidianas. Los reportes forenses iniciales confirmaron el levantamiento de 14 cuerpos en el lugar de los hechos, pero la cifra se elevó dramáticamente a 20 víctimas fatales horas más tarde al encontrarse nuevos cadáveres en los alrededores.

El Bajo Aguán ha arrastrado históricamente disputas de tierras y conflictos agrarios, un escenario que en años recientes ha sido aprovechado e infiltrado por redes de narcotráfico y el crimen organizado.

Violento choque contra el narcotráfico en Corinto

Mientras el país asimilaba la matanza en Colón, a más de 150 kilómetros de distancia, la violencia golpeaba directamente a las instituciones de seguridad del Estado. En el sector fronterizo de Corinto, en Omoa, departamento de Cortés, un escuadrón de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) llevaba a cabo un operativo antidrogas para capturar a un líder del narcotráfico.

Al ingresar a la propiedad, las fuerzas del orden fueron recibidas por un intenso fuego cruzado con armas de grueso calibre. Cinco agentes policiales fueron sometidos, privados de su libertad y posteriormente ejecutados en una zona montañosa, según confirmó la Secretaría de Seguridad.

Tres civiles vinculados a las estructuras delictivas también fallecieron en la refriega, y el jefe de la Policía de Fronteras resultó gravemente herido. Este nivel de violencia extrema obligó a las autoridades coloniales al cierre temporal del paso aduanero entre Honduras y Guatemala.

Respuesta estatal ante la oleada de violencia

El Gobierno hondureño ha reaccionado con un despliegue de más de 700 agentes del orden y miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) para saturar el corredor atlántico y las zonas limítrofes. Simultáneamente, el Ejecutivo anunció una sacudida interna al suspender de inmediato a la cúpula de la unidad policial implicada en el operativo de Corinto, con el propósito de investigar supuestas fallas de protocolo o irregularidades en la planificación.

La gravedad de la situación ha resonado a nivel internacional. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras y la Conferencia Episcopal manifestaron su profunda indignación ante un panorama que describen como “un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento de los derechos humanos”.

Por norma, el panameño si no come arroz dice que no ha comido. No hay grano y menos pasta que satisfaga su apetito si en la mesa no hay arroz, cereal que según las autoridades alcanza hasta octubre próximo.

En abril el presidente José Raúl Mulino prometió que no permitiría importaciones del grano, como una medida tendiente a proteger a los productores del grano.

Ahora, ante la aparente llegada del fenómeno atmosférico de El Niño, el mandatario reiteró que “no se va a importar, a menos que se sepa de manera definitiva que el producto va a escasear, solo entonces, añadió, se harán las gestiones de compra en el exterior”.

A los productores les señaló que “estén tranquilos”, pues no se tomará como excusa la amenaza del fenómeno de El Niño “para inundar de arroz importado nuestro mercado nacional”.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá declaró a principios de mayo una alerta del fenómeno atmosférico de El Niño, tras confirmar que ya se observan condiciones típicas asociadas a este fenómeno climático y que existe una alta probabilidad de que se mantengan durante los próximos meses.

Ante esta eventualidad, Mulino comunicó durante su conferencia de prensa semanal que la próxima semana nombrará una comisión interinstitucional que evaluará las consecuencias del fenómeno atmosférico y los efectos que tendría sobre el sector agrícola, principalmente en el cultivo de arroz, cuyos productores ya han expresado su preocupación.

En la comisión a nombrar, manifestó que incorporará a la Autoridad del Canal de Panamá.

Afirmó, según un informe oficial, que comprende la posición de los arroceros, ya que este cultivo depende de un calendario de siembra y requiere de las lluvias para su desarrollo.

“Es un fenómeno inesperado y requiere que estemos coordinados. Vamos a esperar que esa comisión se instale; el lunes firmaré el decreto nombrándola…”, anunció.

Explicó que el tema se abordó en la reciente sesión del Consejo de Gabinete, donde se destacó la importancia de la producción nacional para las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario, ya que la escasez de este grano podría afectar el mecanismo de venta y la distribución de arroz barato al pueblo.

No obstante, reiteró que espera que el impacto del fenómeno atmosférico de El Niño sea el menor posible, por lo que “la situación se irá evaluando con el tiempo”.

En otro orden de ideas, el gobierno informó que se dio la orden de proceder para la ejecución del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste, una de las obras viales que impulsa la administración de Mulino bajo el modelo de AsociaciónPúblico-Privada.

“El proyecto constituye la segunda APP desarrollada en Panamá y contempla la intervención de aproximadamente 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago, con una inversión de $312 millones, orientada a modernizar la conectividad entre Panamá Oeste y las provincias centrales, fortalecer la seguridad vial y garantizar mantenimiento permanente bajo estándares internacionales”, destaca la información oficial.

De acuerdo a las autoridades, la obra, que es ejecutada por el consorcio Vías del Istmo, S.A., forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para desarrollar infraestructura vial de alto impacto social y económico, mediante esquemas modernos de financiamiento, mantenimiento y supervisión.

El proyecto se desarrollará en dos tramos estratégicos: el primero abarcará desde Loma Campana hasta Penonomé, con una longitud aproximada de 91 kilómetros, mientras que el segundo comprenderá el trayecto Penonomé – Santiago, con 101 kilómetros adicionales.

La creciente incertidumbre internacional provocada por conflictos geopolíticos, crisis energéticas y alteraciones en las rutas marítimas volvió a poner sobre la mesa una preocupación estratégica para el sector agrícola: la alta dependencia de fertilizantes importados y el impacto que esto puede tener sobre la producción de alimentos.

En medio de ese escenario, la empresa costarricense Fertipel, ubicada en Aguas Zarcas, impulsa una propuesta basada en economía circular y producción nacional de fertilizantes organominerales microbiológicos elaborados a partir de materias primas locales.

La iniciativa utiliza insumos como gallinaza compostada y carbón vegetal obtenido de residuos agroindustriales para desarrollar fertilizantes que buscan complementar los esquemas tradicionales de nutrición agrícola y, al mismo tiempo, abrir una discusión sobre resiliencia alimentaria y soberanía de insumos.

Según explicó Juan Sauma, representante de la compañía, la volatilidad de los mercados internacionales puede afectar directamente los costos de producción agrícola en Costa Rica y terminar trasladándose al precio final de los alimentos.

“Costa Rica debe empezar a ver los fertilizantes no solo como un insumo agrícola, sino como un asunto de seguridad alimentaria. Cuando un conflicto a miles de kilómetros puede afectar el costo de producir alimentos en el país, queda claro que necesitamos fortalecer soluciones locales”, afirmó Sauma.

La discusión cobra relevancia en un contexto global marcado por los efectos prolongados de la guerra entre Rusia y Ucrania —dos actores clave en el mercado internacional de fertilizantes—, las tensiones comerciales entre potencias y los altos costos logísticos derivados de la inestabilidad energética y marítima.

Durante los últimos años, productores agrícolas de distintas partes del mundo enfrentaron aumentos abruptos en los precios de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, situación que encareció cultivos y presionó la inflación alimentaria global.

En Costa Rica, donde buena parte de los fertilizantes utilizados en agricultura son importados, las variaciones internacionales impactan directamente a sectores como café, piña, caña, hortalizas y ganadería.

Frente a este panorama, Fertipel plantea una estrategia que combine materia orgánica y componentes minerales para mejorar la eficiencia de nutrientes y recuperar la salud de los suelos, sin abandonar completamente los modelos convencionales de fertilización.

La empresa insiste en que su objetivo no es sustituir de manera inmediata los fertilizantes tradicionales, sino ofrecer una herramienta complementaria que fortalezca la estabilidad del productor nacional frente a factores externos que escapan a su control.

“Costa Rica tiene productores, materia prima, conocimiento e industria para construir soluciones propias. La pregunta es si vamos a seguir dependiendo casi por completo de insumos importados o si vamos a fortalecer alternativas nacionales que le den más estabilidad al productor”, añadió el vocero.

Además de disminuir vulnerabilidades externas, la compañía sostiene que el aprovechamiento de residuos agroindustriales puede generar encadenamientos productivos, empleo rural y nuevas oportunidades de innovación dentro del sector agroindustrial costarricense.

La propuesta también se alinea con modelos de agricultura sostenible que buscan reducir desperdicios y reincorporar residuos orgánicos al ciclo productivo mediante procesos de compostaje y transformación industrial.

Para Fertipel, avanzar hacia una mayor soberanía de insumos agrícolas requiere impulsar investigación aplicada, innovación tecnológica y políticas que favorezcan soluciones locales capaces de coexistir con los modelos actuales de producción.

“Fertipel nace de una idea sencilla: lo que antes era residuo puede volver al suelo como nutrición. En un mundo donde los fertilizantes dependen de guerras, barcos, energía y rutas internacionales, producir localmente es una decisión ambiental, económica y alimentaria”, concluyó Sauma

La vida de Adán Cáceres cambió de forma abrupta cuando fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos y deportado a El Salvador, el país donde nació, después de 10 años radicado en California. Según reportó Univisión, el fotógrafo salvadoreño se vio forzado a dejar atrás a su esposa y su carrera profesional tras ser arrestado mientras esperaba la resolución de su caso de asilo. Ahora, enfrenta el desafío de reconstruir su vida en un entorno que le resulta ajeno, marcado por la separación familiar.

Durante una década en Estados Unidos, Adán forjó una carrera como fotógrafo de bodas y contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense. Su vida profesional y personal quedó en suspenso en noviembre, cuando fue detenido por agentes migratorios en un aeropuerto rumbo a Texas. “Me esposaron, me pusieron cadenas en la cintura, en las manos, en los pies. Es una experiencia que dices: ‘Yo no soy un criminal’”, relató. El trato de los agentes incluyó la toma de fotografías junto a él, un acto que describió como degradante.

El regreso a El Salvador implicó una ruptura total con su rutina y su círculo cercano. “Ser forzado a dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar tu rutina, toda tu vida”, expresó. Frente a esa adversidad, el fotógrafo optó por no victimizarse, sino buscar una perspectiva distinta: “¿Sabes qué, Dios? Voy a mirar las cosas de una manera diferente”. Pese a ello, al llegar al país centroamericano, Adán se encontró sin clientela, contactos ni amistades, lo que lo obligó a empezar de cero.

Un nuevo comienzo laboral y la esperanza del reencuentro familiar

La resiliencia ha sido una constante en su proceso de adaptación. Logró reinsertarse laboralmente al retomar un empleo en línea con una empresa estadounidense dedicada a la edición de fotografías de boda. Mientras reconstruye su vida profesional, su esposa se prepara para dejar California y reunirse con él en El Salvador, según detalló Univisión. El caso de esta pareja se suma al de otros miembros de su familia que han atravesado experiencias similares.

La tía y el primo de Adán también enfrentaron la deportación. Huyeron de El Salvador años atrás escapando de la violencia de las pandillas que atormentaban ala país en aquel entonces. Aunque su tía esperaba la resolución de su caso de asilo, la presión del control de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la angustia por la detención de su hijo de diecinueve años resultaron insoportables. La mujer decidió autodeportarse hace dos meses, mientras su hijo fue expulsado del país tras pasar catorce meses detenido.

Según la cobertura de Univisión, la esperanza vuelve a la vida de Adán Cáceres con la inminente llegada de su esposa a El Salvador tras meses de separación forzada.

Ahora, la pareja planea construir un nuevo hogar en un país que, aunque propio en origen, representa un territorio desconocido tras años de ausencia. La historia de los Cáceres y sus familiares refleja la realidad de cientos de migrantes centroamericanos que, tras ser deportados de Estados Unidos, encaran la tarea de reconstruir sus vidas en medio de la adversidad, la incertidumbre y el dolor del desarraigo.

La masacre registrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, continúa estremeciendo a Honduras luego de que el Ministerio Público confirmara este miércoles que la cifra de víctimas mortales ascendió oficialmente a 20 personas.

Entre los fallecidos se encuentran tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, según detallaron las autoridades mientras continúan los procesos de identificación y entrega de cuerpos a familiares.

El nuevo balance convierte esta tragedia en una de las masacres más violentas registradas recientemente en Honduras y profundiza la preocupación por la crisis de violencia que golpea especialmente la zona del Bajo Aguán.

Ministerio Público confirma hallazgo de 20 cuerpos

La actualización oficial fue brindada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la aldea Rigores.

De acuerdo con las autoridades, 13 cadáveres fueron localizados en un sector y otros seis en otra zona cercana, mientras posteriormente se confirmó una nueva víctima, elevando la cifra total a 20 fallecidos.

El proceso de levantamiento e identificación continúa bajo coordinación de equipos forenses y agentes de investigación, mientras familiares permanecen en incertidumbre esperando información oficial sobre sus seres queridos.

Las escenas de dolor y desesperación se mantienen en la comunidad, donde pobladores describen el hecho como uno de los ataques más brutales registrados en la región en los últimos años.

Uno de los elementos que más impacto ha generado tras la masacre es que entre las víctimas figuran mujeres y menores de edad.

Las autoridades confirmaron preliminarmente la muerte de tres mujeres y dos menores, aunque todavía continúan verificando identidades y recopilando información sobre cada una de las personas asesinadas.

La inclusión de menores entre las víctimas elevó aún más la indignación nacional y provocó fuertes reacciones en distintos sectores sociales y defensores de derechos humanos.

Mientras tanto, familiares y vecinos han comenzado a reclamar mayor presencia estatal y acciones urgentes para frenar la violencia que golpea constantemente al departamento de Colón.

La tragedia ocurrió en una región históricamente marcada por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y disputas relacionadas con narcotráfico y control territorial.

Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró recientemente que detrás de estos hechos existiría una organización criminal operando en la zona y no únicamente conflictos de tierras.

Tras la masacre, el gobierno anunció el despliegue de equipos especiales integrados por policías, militares, fiscales, jueces y agentes de inteligencia para intervenir el Bajo Aguán y capturar a los responsables.

Las autoridades también mantienen operativos de seguridad en distintos puntos de Colón ante el temor de nuevos hechos violentos o posibles represalias entre estructuras criminales.

La nueva masacre en Trujillo ocurre en medio de una creciente preocupación nacional por el incremento de homicidios múltiples en Honduras.

En las últimas horas, el país también registró una violenta balacera en Corinto, Cortés, donde murieron agentes policiales y presuntos criminales durante un operativo antidrogas.

Especialistas en seguridad y organizaciones de derechos humanos han advertido que la violencia continúa deteriorando la percepción de seguridad en Honduras y generando alarma incluso a nivel internacional.

La reciente alerta emitida por la Embajada de Alemania a sus ciudadanos por la situación de violencia en Honduras reflejó precisamente esa creciente preocupación por la inseguridad en varias regiones del país.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Rigores permanece sumida en el luto, el miedo y la incertidumbre tras una de las jornadas más sangrientas registradas en la historia reciente del Bajo Aguán.

La operación involucró recursos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la embarcación sospechosa en aguas jurisdiccionales dominicanas.

Según comunicó la DNCD, los equipos de seguridad contaron con apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el buque fragata FS Germinal de la Armada Francesa. La acción conjunta se centró en una lancha rápida, tipo Go Fast, detectada por su perfil sospechoso mientras navegaba hacia costas dominicanas. Tras una persecución en tiempo real, se interceptó la nave a varias millas náuticas al sur de Santo Domingo, donde se hallaron 33 pacas que contenían los casi 1,000 paquetes.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a tres venezolanos que tripulaban la embarcación. En el procedimiento se confiscaron una lancha de 27 pies de eslora, dotada con tres motores fuera de borda de 300 y 250 caballos de fuerza, tres sistemas GPS, dos teléfonos celulares, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales.

Incautan más de 14,300 kilogramos de drogas en los primeros meses de 2026

El operativo fue coordinado bajo la supervisión de miembros del Ministerio Público y se extendió más allá del mar, con vigilancia terrestre y aérea para evitar la fuga de los sospechosos. El control y monitoreo en tiempo real permitieron una respuesta inmediata para bloquear la ruta de la embarcación y asegurar la evidencia.

De acuerdo con autoridades, la sustancia incautada fue enviada bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.

Desde la entidad indicaron que “el país caribeño sigue liderando la lucha contra el narcotráfico en la región, logrando incautar en los primeros meses de 2026, más de 14,300 kilogramos de distintas drogas (14.3 toneladas)” en distintas operaciones.

El comunicado oficial de la DNCD destacó la cooperación entre organismos nacionales e internacionales, incluyendo la participación de la Procuraduría, agencias de Inteligencia del Estado y la colaboración internacional, lo que ha permitido desmantelar estructuras criminales que buscan introducir grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica a través de embarcaciones rápidas.

La operación también incluyó la confiscación de tecnología utilizada para la navegación y el transporte de drogas, entre ellos los dispositivos GPS y los teléfonos celulares.

Las autoridades mantienen en curso la investigación para determinar si existen otros implicados en la red de narcotráfico desarticulada con esta intervención. El Ministerio Público y la DNCD analizan la información obtenida y evalúan posibles conexiones con otras organizaciones dedicadas al tráfico internacional.

La incautación de la narcolancha y el arresto de los ciudadanos venezolanos representa otro golpe a las redes de narcotráfico, consolidando la posición de la Dominicana como referente en la lucha contra el tráfico de drogas.

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este jueves su más absoluto repudio ante el asesinato de al menos 24 personas, incluidos cinco policías, en dos matanzas ocurridas en el país, y exigió que la sociedad no acepte explicaciones superficiales sobre hechos de tal gravedad. Así lo informó la agencia de noticias EFE tras la publicación de un comunicado firmado por los obispos hondureños.

De acuerdo con el reporte de EFE, la Conferencia informó que hombres armados, vestidos con uniformes policiales, irrumpieron en una finca de palma africana en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, y asesinaron a 19 trabajadores que se preparaban para iniciar su jornada laboral en la aldea Rigores, municipio de Trujillo. Los atacantes organizaron una emboscada y abrieron fuego contra los empleados que simplemente se dirigían a cumplir con sus labores diarias, según el comunicado difundido.

La Conferencia Episcopal puntualizó que, aunque esperan que “los detalles de este crimen se vayan clarificando con el paso de las horas”, las víctimas asesinadas en la finca eran trabajadores que iban a realizar sus actividades habituales, según detalló el comunicado citado por EFE.

Este episodio se suma al asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ocurrido durante un operativo en el sector de Corinto, zona fronteriza con Guatemala. Los policías fueron secuestrados y posteriormente ejecutados cuando intentaban capturar al líder de una red de narcotráfico. Según el organismo estatal Secretaría de Seguridad, el procedimiento se realizó “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

Como consecuencia directa de estos hechos, la cúpula directiva de la Dipampco —incluido el director, subdirector y jefe de operaciones— recibió una suspensión inmediata. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades por la “inobservancia de los procedimientos institucionales”, reportó EFE.

La CEH advirtió en su mensaje que el país no debe tolerar “justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos, los cuales han ensangrentado y enlutado a tantas familias inocentes”. Los obispos subrayaron la urgencia de buscar justicia y rechazar cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido.

Según datos recogidos por EFE, la violencia en Honduras muestra un aumento, con múltiples ataques de alto impacto que afectan tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad. El doble asesinato masivo ha despertado preocupación en la sociedad hondureña y reavivó el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la protección de los trabajadores rurales.

En la parte final del comunicado, la Conferencia Episcopal de Honduras transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y lanzó un llamado a la sociedad para “trabajar incansablemente por la justicia y la paz en la nación centroamericana”. La entidad eclesiástica insistió en que estos hechos no deben quedar impunes ni ocultos bajo respuestas formales, y reclamó acciones concretas para frenar el aumento de la violencia en el país.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso de investigar los crímenes y esclarecer las circunstancias en que se produjeron ambas matanzas. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el ataque en la finca de palma africana ni con el asesinato de los agentes, mientras las autoridades mantienen operativos en la región de Colón y el área fronteriza de Corinto.

La situación ha puesto en el centro del debate nacional la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas y la exposición de las fuerzas del orden ante el crimen organizado, que opera en varias zonas del país.

Guatemala informó este jueves que reforzó la frontera con Honduras y activó un mayor despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) tras los ataques armados ocurridos en territorio hondureño, donde murieron más de una decena de personas de ese país, además de registrarse heridos y desaparecidos. La medida se concentró en los departamentos guatemaltecos de Izabal, Zacapa y Chiquimula, según confirmó la PNC por medio de redes sociales.

El refuerzo comenzó, después de que las autoridades guatemaltecas conocieran la magnitud de los hechos atribuidos a pandillas hondureñas. La cooperación con las fuerzas de seguridad de Honduras siguió activa para impedir que los responsables cruzaran hacia territorio guatemalteco.

De igual manera, la PNC informó que el intercambio de información y la coordinación en tiempo real con sus pares hondureños apuntaron a “identificar y capturar a los sospechosos” en caso de que intentaran ingresar al país. La vigilancia se extendió sobre rutas principales, caminos alternos y puntos ciegos de la línea limítrofe.

Según la información de la PNC, “se mantienen operativos conjuntos para dar seguimiento a los recientes hechos violentos ocurridos en Honduras, con el objetivo de proteger a los ciudadanos guatemaltecos y evitar el ingreso de personas vinculadas a estos crímenes”. La institución agregó que, en caso de detectar el ingreso ilegal de sospechosos, se procederá a su captura.

La PNC destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de la frontera y garantizar la tranquilidad en las comunidades cercanas, en respuesta a los incidentes recientes que han afectado a las fuerzas de seguridad hondureñas.

El operativo hondureño dejó un policías sin vida

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, uno d elos hechos ocurrió en la aldea Corinto, ubicado en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado con presuntos miembros de estructuras criminales. El saldo parcial incluyó 5 policías sin vida y al menos cuatro supuestos pandilleros detenidos.

Honduras desplegó cerca de 700 efectivos con apoyo de diversas unidades militares para buscar a los responsables y localizar a los agentes desaparecidos. La consecuencia inmediata en el plano binacional fue el endurecimiento del control del lado guatemalteco para bloquear una eventual huida de los atacantes.

La PNC de Guatemala dijo que mantuvo comunicación constante con sus homólogos hondureños para coordinar acciones conjuntas y evitar el ingreso de los responsables. Esa respuesta incluyó patrullajes terrestres reforzados y monitoreo sobre áreas de difícil acceso.

La disputa entre pandillas elevó la tensión regional

El gobierno de Honduras declaró que la violencia registrada en los últimos días estuvo vinculada a la disputa entre pandillas por el control de territorios para actividades ilícitas. Ese dato explicó por qué Guatemala amplió la seguridad no solo en los pasos formales, sino también en zonas rurales sensibles de la frontera compartida.

En las comunidades de Izabal y Chiquimula, habitantes reportaron a medios locales un mayor movimiento de patrullas, retenes policiales y operativos sorpresa en áreas rurales. Al mismo tiempo, la frontera entre ambos países abarca también el departamento guatemalteco de Zacapa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) urgió este jueves a las autoridades hondureñas a garantizar la vida y la integridad de las comunidades y organizaciones campesinas del Bajo Aguán tras condenar los hechos de violencia ocurridos este día en el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 19 personas fueron asesinadas en una finca.

El organismo condenó la matanza y pidió al Gobierno desmantelar las estructuras criminales que agravan la conflictividad agraria en la región. Además, vincula la escalada de violencia con causas estructurales ligadas a la tierra, la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la limitada presencia estatal.

La OACNUDH indica que en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2025 —un documento anticipado preparado para advertir sobre tendencias y riesgos previstos— el Alto Comisionado ya había señalado la presencia de organizaciones criminales con capacidad de influencia territorial en zonas aledañas a cooperativas campesinas del Bajo Aguán.

Según ese informe, la violencia perpetrada por esos grupos ha provocado desplazamiento forzado, riesgos para comunidades rurales y afectaciones al ejercicio de los derechos humanos.

Ante ello, la oficina pidió a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Rigores.

El organismo reclamó además medidas de protección inmediatas para las personas sobrevivientes, los familiares de las víctimas, las comunidades afectadas y las personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán. También recordó evitar discursos estigmatizantes, actos de represalia o acciones que puedan aumentar los riesgos para las comunidades afectadas, las víctimas, los medios de comunicación y las personas defensoras.

El organismo vincula la violencia actual con una conflictividad histórica por la tierra

La posición de la oficina de Naciones Unidas es que lo ocurrido evidencia la necesidad de abordar de forma integral la conflictividad histórica y social vinculada a la tierra y el territorio. Según la OACNUDH, ese cuadro se desarrolla en un contexto de desafíos estructurales persistentes que agravan las tensiones en la zona.

Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH en Honduras, afirmó en un comunicado del organismo: “Esta problemática constituye una amenaza persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza y la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal, afectando negativamente el ejercicio de los derechos humanos y haciendo indispensable fortalecer respuestas integrales de prevención, protección y acceso a la tierra y el territorio”.

Ese pronunciamiento sitúa la violencia del Bajo Aguán como un problema que, según la oficina, no puede reducirse a un episodio aislado. El Bajo Aguán aparece descrito por el organismo como un espacio donde confluyen violencia, débil presencia estatal y disputas ligadas al acceso a la tierra y al territorio.

La respuesta directa que reclamó Naciones Unidas fue doble: investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial con garantías, y protección efectiva para quienes quedaron expuestos tras los asesinatos denunciados en Rigores. Según la Oficina del Alto Comisionado, ambas medidas son urgentes para contener nuevos riesgos en el Bajo Aguán.

El organismo reiteró que la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la atención integral a las causas estructurales de la violencia resultan claves para avanzar hacia una paz sostenible en el Bajo Aguán. La oficina también expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas, y reafirmó su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos orientados a la protección y promoción de los derechos humanos.

La creciente ola de violencia en Honduras ya comenzó a generar preocupación internacional. La Embajada de Alemania emitió una advertencia de seguridad dirigida a sus ciudadanos tras las recientes masacres registradas en los departamentos de Colón y Cortés, hechos que dejaron al menos 20 personas muertas en menos de 24 horas.

A través de sus redes sociales oficiales, la representación diplomática alemana pidió a sus nacionales mantener especial precaución en zonas del litoral atlántico hondureño debido al deterioro de la situación de seguridad en el país.

La advertencia ocurre luego de los sangrientos hechos ocurridos en Trujillo, Colón, y en Corinto, Cortés, donde las autoridades hondureñas reportaron múltiples asesinatos vinculados a estructuras criminales y enfrentamientos armados.

La Embajada de Alemania recomendó a sus ciudadanos evitar riesgos innecesarios y mantener vigilancia constante en varias zonas consideradas sensibles tras los recientes hechos violentos.

En la alerta, la representación diplomática mencionó específicamente los municipios de Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, lugares donde en las últimas horas se han registrado masacres y fuertes operativos policiales.

“Debido a la reciente situación violenta”, indicó la embajada, sus ciudadanos deben extremar medidas de seguridad mientras permanezcan en territorio hondureño.

Asimismo, la sede diplomática informó que los alemanes en Honduras pueden comunicarse con el servicio de guardia consular en caso de emergencia o requerir asistencia.

La advertencia surge tras la violenta jornada registrada en Honduras, donde al menos 20 personas murieron en hechos distintos ocurridos en la zona norte del país.

En el departamento de Colón, específicamente en la comunidad de Rigores, Trujillo, una masacre dejó varias personas asesinadas en una finca de palma africana, en un hecho que el gobierno atribuye a estructuras criminales que operan en el Bajo Aguán.

Mientras tanto, en Corinto, Cortés, un enfrentamiento armado entre agentes de la DIPAMPCO y presuntos criminales dejó múltiples muertos, incluidos varios policías.

Estos hechos violentos elevaron la preocupación nacional y también comenzaron a llamar la atención de gobiernos extranjeros con presencia diplomática en Honduras.

La alerta emitida por Alemania también refleja cómo el incremento de homicidios múltiples y hechos violentos empieza a impactar la percepción internacional sobre la seguridad en Honduras.

En las últimas semanas, distintos sectores han advertido sobre el aumento de masacres, asesinatos y actividades criminales en varias regiones del país.

Especialistas en seguridad consideran que este tipo de alertas diplomáticas pueden afectar la imagen internacional de Honduras, especialmente en temas relacionados con turismo, inversión extranjera y movilidad internacional.

Además, organismos nacionales han señalado que la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades hondureñas.

Tras los recientes hechos violentos, las autoridades hondureñas desplegaron operativos de seguridad en Colón y Cortés con apoyo de fuerzas militares, fiscales y equipos de inteligencia.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que las masacres “no quedarán impunes” y advirtió que el Estado utilizará toda su capacidad operativa para capturar a los responsables.

Mientras continúan las investigaciones, el clima de temor e incertidumbre persiste entre pobladores de las zonas afectadas.

La alerta emitida por Alemania se convierte ahora en una de las primeras reacciones internacionales tras la escalada de violencia registrada recientemente en Honduras.

El Gobierno de Honduras informó este miércoles sobre una reunión sostenida entre el presidente Nasry Asfura y representantes diplomáticos de Polonia con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión entre ambas naciones.

El encuentro contó con la participación de la canciller Mireya Agüero, el ministro de Inversiones, Epaninondas Marinakys, y la embajadora de Polonia en Honduras, Jolanta Janek, quienes discutieron mecanismos para ampliar las relaciones económicas, comerciales y turísticas.

Según detalló la Presidencia de Honduras, la reunión estuvo enfocada en identificar áreas estratégicas de colaboración que permitan impulsar el desarrollo económico y atraer nuevas inversiones hacia el país centroamericano.

Durante la reunión, las autoridades hondureñas y polacas analizaron distintas oportunidades para fortalecer el intercambio empresarial y promover proyectos conjuntos en sectores considerados clave para la economía hondureña.

Entre los temas abordados destacaron las posibilidades de cooperación en inversión, exportaciones, turismo y comercio, áreas que el gobierno hondureño considera fundamentales para dinamizar la economía nacional y generar empleo.

La administración de Nasry Asfura mantiene como uno de sus principales objetivos atraer capital extranjero y fortalecer vínculos comerciales con distintos países europeos.

En ese contexto, Polonia aparece como un aliado estratégico para ampliar oportunidades de negocios y cooperación internacional.

Las autoridades también resaltaron la conmemoración de los 92 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Polonia, destacando que ambas naciones han mantenido una relación basada en el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación.

La Presidencia hondureña señaló que la reunión sirvió además para reafirmar el compromiso de ambas partes de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales en distintos ámbitos.

La embajadora Jolanta Janek participó en las conversaciones diplomáticas orientadas a consolidar mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos y abrir nuevos espacios de intercambio económico y cultural.

Gobierno busca atraer inversión extranjera

En los últimos meses, el gobierno hondureño ha intensificado reuniones con representantes diplomáticos y sectores empresariales internacionales para promover a Honduras como un destino atractivo para la inversión.

La estrategia incluye fortalecer relaciones con países aliados, facilitar proyectos de cooperación y mejorar el posicionamiento económico del país en mercados internacionales.

Durante el encuentro con la representación polaca también se discutieron mecanismos para impulsar las exportaciones hondureñas y generar mayores oportunidades para el sector empresarial.

La Presidencia destacó que este tipo de acercamientos forman parte de una agenda orientada a fortalecer el crecimiento económico y ampliar la cooperación internacional.

Honduras apuesta por alianzas estratégicas

El gobierno considera que la cooperación internacional y las alianzas comerciales son claves para impulsar sectores estratégicos de la economía hondureña.

Por ello, las autoridades continúan promoviendo encuentros diplomáticos y empresariales que permitan atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la competitividad del país.

La reunión entre Honduras y Polonia ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno por ampliar relaciones económicas con Europa y consolidar nuevos espacios de cooperación bilateral.

Rafael y Gabriel Vargas, representantes de El Salvador en el voleibol de playa, aseguraron su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según informó el Comité Olímpico de El Salvador. Los Vargas obtuvieron el pase tras imponerse en una reñida serie clasificatoria 2-1 ante Yoel y Christopher Guardado, consolidando así su presencia en la cita deportiva más importante de la región para el próximo año.

El proceso clasificatorio se definió en tres encuentros. De acuerdo con los datos del Comité Olímpico, en la primera jornada los Guardado ganaron el partido inicial con parciales de 21-19 y 21-17. Los Vargas respondieron en el segundo duelo con victoria 18-21, 23-21 y 15-9. El boleto se definió en el tercer enfrentamiento, donde Rafael y Gabriel Vargas dominaron por 21-14 y 21-16, asegurando su lugar como representantes del país en Santo Domingo.

El triunfo de los Vargas refleja el crecimiento del voleibol de playa salvadoreño y su capacidad para consolidar talentos que compiten a nivel internacional. El equipo técnico del Team ESA ha destacado la preparación y el desempeño de ambos atletas, quienes han mostrado consistencia en torneos previos y demuestran confianza de cara al reto continental.

La clasificación de los Vargas representa una oportunidad para El Salvador de competir por medallas en uno de los deportes más dinámicos del programa centroamericano y caribeño. Además, el logro fortalece el trabajo que la federación nacional viene ejecutando con los atletas juveniles y mayores, impulsando el desarrollo de nuevas generaciones en el voleibol de playa.

Otros logros para el deporte salvadoreño

El deporte salvadoreño atraviesa una etapa de resultados positivos en el ámbito internacional, sumando medallas y destacadas actuaciones en la II Etapa del Grand Prix de Las Américas Santiago 2026, especialmente en la disciplina de tiro con arco.

Según informó el Comité Olímpico en sus redes sociales, en la II etapa del Grand Prix, el equipo masculino de arco recurvo, compuesto por Óscar Ticas, Héctor Ramos y Luis Avilés, alcanzó la medalla de plata tras disputar la final ante Chile, que se impuso 6-2. La medalla confirma el nivel competitivo del equipo salvadoreño y su vigencia en el arco recurvo de la región.

Por su parte, el equipo masculino de arco compuesto, integrado por Roberto Hernández, Douglas Nolasco y Miguel Véliz, conquistó la medalla de oro. El trío superó a Chile en la final con marcador de 233-228, consolidando a El Salvador como referencia en la especialidad. El equipo femenino de arco compuesto, formado por Paola Corado, Sofía Paiz y Camila Alvarenga, se quedó con la medalla de plata tras caer en una final muy pareja ante Chile, 218-217.

En las pruebas individuales, Camila Alvarenga y Sofía Paiz avanzaron hasta las semifinales y disputarán la medalla de bronce individual en la especialidad de arco compuesto. Alvarenga fue superada por la ecuatoriana Blanca Rodrigo 145-143, mientras que Paiz cayó 144-143 ante la peruana Beatriz Aliaga.

Mientras que Douglas Nolasco y Roberto Hernández clasificaron a las finales de oro y bronce, respectivamente. Según detalló el Comité Olímpico, Douglas superó en semifinales con marcador de 148-146 al ecuatoriano Mateo Oleas; y Roberto fue superado en semifinales con 147-146 por el chileno Alejandro Martín.

Estos resultados confirman el avance de El Salvador en disciplinas de precisión y táctica, como el tiro con arco, y complementan la clasificación de los Vargas en voleibol de playa, proyectando un futuro alentador para el deporte nacional en competencias internacionales.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunció este jueves que celebrará el próximo miércoles 27 de mayo un nuevo proceso de elección para los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego de que el anterior Congreso no alcanzó un acuerdo tras seis rondas de votación. La decisión se dio a conocer este jueves y busca poner fin a la vacancia que afecta al alto tribunal desde diciembre pasado.

Según informó la Televisión Legislativa, la actual conformación parlamentaria enfrenta el desafío de cubrir las plazas vacantes que permanecen sin titular desde el vencimiento de los nombramientos en diciembre. La falta de consenso ha llevado a una acumulación considerable de recursos pendientes en la Sala Constitucional, lo que ha generado preocupación sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Nogui Acosta Jaén, diputado de la fracción Pueblo Soberano, manifestó la expectativa de que la votación del miércoles permita resolver el estancamiento: “Esperamos que esta fecha, este 27, podamos, ya sea resolver el tema de una vez por todas o eventualmente decirle a la Corte que no hay acuerdo sobre ninguno de esos miembros y que requerimos una nueva propuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia”, declaró Acosta Jaén en declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

Por su parte, Antonio Trejos Mazariego, representante del Frente Amplio, subrayó la trayectoria de los postulantes y la urgencia de completar el proceso: “Son personas capaces, tienen los atestados, pasaron un proceso de reclutamiento interno y ahora nos toca tomar la decisión. Se va a tomar ojalá el 27 de mayo de este mes y esperemos que podamos darle las herramientas al Poder Judicial porque funcione. Si seguimos saboteando este proceso de nombramiento, si seguimos aletargándolo, echando la bola para adelante, lo único que vamos a lograr es sabotear el trabajo del Poder Judicial”, enfatizó Trejos Mazariego, en diálogo con la Televisión Legislativa.

El reglamento exige que cada candidato obtenga al menos treinta y ocho votos para ser designado como magistrado suplente. En caso de que ningún aspirante alcance este umbral, la Asamblea Legislativa deberá solicitar una nueva lista de postulantes a la Corte Suprema de Justicia e iniciar el procedimiento desde cero.

La demora en la designación ha afectado la capacidad operativa de la Sala Constitucional, una de las instancias clave del sistema judicial costarricense. El tema se mantiene como una de las prioridades del actual período legislativo, en un contexto donde la eficiencia del Poder Judicial y la resolución de recursos pendientes cobran especial relevancia.

“Imagínense qué irónico, aquí que se habla de todas las mejoras que necesita el Poder Judicial y no le damos ni los nombramientos que necesita, que está requiriendo desde hace más de un año”, apuntó Trejos Mazariego, en una de las declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

La sesión del miércoles próximo se perfila como decisiva para el futuro inmediato de la Sala Constitucional y su capacidad para atender la carga de trabajo acumulada. En Costa Rica, el período de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia es de cuatro años y son aptos para ser reelegidos para períodos iguales.

Más de medio millón de salvadoreños gestionaron su Documento Único de Identidad (DUI) en los primeros cinco meses de 2026, según el registro oficial disponible en la nueva plataforma de datos abiertos Así Somos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Entre el 1 de enero y el 21 de mayo, la institución emitió 510.234 documentos a nivel global, una cifra que refleja el ritmo sostenido de atención y modernización de los servicios de identificación en El Salvador.

El promedio mensual supera los 100.000 trámites, siendo marzo el mes de mayor demanda, con 111.202 emisiones. Las autoridades explican este incremento por el aumento de usuarios que aprovechan las vacaciones y periodos festivos para actualizar su documentación, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

El análisis de la distribución geográfica muestra que el 87,9% de los Duis emitidos corresponde a gestiones realizadas dentro de El Salvador, es decir, 448.511 documentos. La participación de la diáspora salvadoreña resulta significativa en las estadísticas. Estados Unidos figura como el país extranjero con mayor cantidad de solicitudes, con 56.344 Duis, lo que representa el 11% del total global. En Europa, España ocupa el segundo lugar con 2.319 documentos, seguida de Italia con 908. En el resto del continente americano, Canadá suma 647 trámites y México 486. Además, países como Costa Rica, con 231 gestiones, y Bélgica, con 17, reflejan picos mensuales asociados a jornadas de consulados móviles, una estrategia implementada por la Cancillería y el RNPN para acercar los servicios de identificación a la diáspora en regiones con menor presencia institucional.

La dinámica mensual revela comportamientos particulares en la demanda de documentos en el extranjero. En Costa Rica se registró un repunte en marzo con 201 trámites, tras un inicio de año con cifras bajas. Bélgica concentró sus 17 registros solamente en febrero. Francia, Inglaterra, Brasil y otros destinos europeos y americanos presentan cifras más reducidas, pero evidencian la cobertura de la red consular y el acceso al documento en distintos puntos del mundo. Este comportamiento responde, según fuentes institucionales, a la programación de consulados móviles y a la necesidad de mantener vigente la identidad salvadoreña entre personas que residen fuera del país.

Vale mencionar que el gobierno salvadoreño está a la expectativa de que más salvadoreños puedan tramitar sus documentos de identidad desde el exterior, no solo por la facilidad de la emisión del DUI desde los consulados, sino también porque en el país ya está vigente una reforma constitucional que le permite a la diáspora votar por sus propios representantes legislativos.

La herramienta Así Somos, lanzada con el apoyo de la organización internacional Vital Strategies, permite consultar en tiempo real la información estadística sobre la emisión del DUI. Diseñada bajo estándares de seguridad y confidencialidad, la plataforma expone únicamente datos generales y cifras agregadas, sin revelar detalles personales de los solicitantes. Vale destacar que el país celebrará elecciones nacionales en febrero de 2027.

El sistema se posiciona como un recurso para académicos, periodistas y ciudadanía en general, favoreciendo la fiscalización y el análisis demográfico, y fortaleciendo la transparencia en la gestión pública del RNPN, según el portal de la institución pública.

La consulta de los datos realizada en el portal oficial confirma la tendencia de concentración de trámites en el territorio nacional, pero también el peso creciente de la diáspora en la demanda de servicios de identificación. El RNPN mantiene su apuesta por la digitalización y la apertura de información, lo que permite realizar un seguimiento cercano al comportamiento de los trámites y a la distribución geográfica de la población salvadoreña identificada hasta mayo de 2026.

Sendas pantallas gigantes de televisión se instalarán en casi todo el país para que los panameños puedan disfrutar del Mundial de Fútbol, evento en donde la selección de Panamá participa por segunda ocasión.

Así lo anunció el presidente, José Raúl Mulino, quien agregó que las pantallas gigantes estarán ubicadas en el Parque Recreativo Omar y en el Centro de Convenciones Atlapa, en la ciudad capital, así como en el corregimiento de Tocumen, en Panamá Oeste, y en las ciudades de Chitré, David, Santiago y Colón.

El mandatario dijo que no viajará a Toronto, Canadá, para el juego inaugural de la selección panameña contra el equipo de Ghana, el 17 de junio, por lo que estará en el país disfrutando de los partidos, al igual que el resto de la población.

Cuestionado durante su conversatorio semanal sobre si habrá televisores para que los privados de libertad vean el Mundial, contestó que eso “no se puede”.

En días anteriores la nueva defensora del pueblo, Ángela Russo, había declarado que era un “derecho humano” que los detenidos vieran el Mundial, por lo que instaba a las autoridades del Ministerio de Gobierno a instalar pantallas en los centros carcelarios.

Aseguró que los detenidos en las cárceles panameñas “están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”.

Russo fue electa defensora del pueblo por el pleno de la Asamblea Legislativa en abril de este año para el periodo 2026-2031, una elección que algunos sectores manifestaron que no tuvo sorpresa, pues alegaban que era la “ungida” de la administración de José Raúl Mulino.

Aunque no dudó en llamar “buena fe” la intención de Russo, el mandatario señaló que se está haciendo un esfuerzo por resocializar a los privados de libertad, por lo que la Defensoría del Pueblo sabrá enfocar sus esfuerzos institucionales hacia ese fin.

En cuanto a la resocializando de los privados de libertad que gestiona la administración gubernamental, el presidente agregó que esta labor se está haciendo con toda la población carcelaria.

“A los que se quieran ayudar, se les ayudará, pero las penas deben cumplirse”, sentenció Mulino.

Ya la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se había pronunciado esta semana al respecto, señalando que las cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donaciones de televisores para que los privados de libertad vean el evento deportivo.

En diversas entrevistas la funcionaria señaló que en las cárceles se necesitan muchas otras cosas de manera urgente, y puso como ejemplo la dotación del servicio de agua potable, la seguridad interna y el traslado médico de los internos.

Los centros penitenciarios, agregó la ministra Montalvo, tienen áreas comunes donde hay televisores que pueden ver durante sus horas de patio.

“Poner en la mesa un tema de si es o no un derecho un televisor definitivamente no es lo que estamos contemplando en el Sistema Penitenciario. Categóricamente le puedo decir que no es un derecho”, aseguró por su parte Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario, en declaraciones a una televisora local.

Igual manifestó que en los patios comunes de las cárceles hay televisores a los que siempre tienen acceso los detenidos, que sin duda “podrán ver el Mundial de Fútbol”.

A abril de este año la población penitenciaria en Panamá era de 24,831 privados de libertad. La capacidad de las cárceles es de 14,695, por lo que la sobrepoblación se estima en 10,379, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobierno.