El expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento fue declarado culpable del delito de homicidio por la muerte de Keyla Patricia Martínez, la estudiante de enfermería que falleció en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, departamento de Intibucá.

La resolución fue emitida este viernes por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, durante la lectura del fallo del nuevo juicio oral y público.

Además de declarar la responsabilidad penal del exagente por el homicidio, el tribunal ordenó al Ministerio Público investigar a los integrantes de la cadena de mando de la Unidad Departamental de Policía N.º 10 (UDEP-10) que se encontraban en funciones cuando ocurrió la muerte de la joven, quien permanecía bajo custodia del Estado.

El fallo representa una nueva resolución judicial en uno de los casos que más indignación provocaron en Honduras por la muerte de una mujer dentro de instalaciones policiales.

Keyla Patricia Martínez era una estudiante de enfermería cuya muerte ocurrió el 6 de febrero de 2021, después de que fuera detenida por una supuesta infracción relacionada con las restricciones de circulación que estaban vigentes durante la pandemia de COVID-19.

La joven fue ingresada en una celda de la Unidad Departamental de Policía N.º 10, ubicada en La Esperanza, Intibucá, donde posteriormente se reportó su fallecimiento.

La muerte de Martínez bajo custodia estatal también generó cuestionamientos sobre los procedimientos de detención, la vigilancia de las personas privadas de libertad y las obligaciones de las autoridades encargadas de garantizar su integridad física.

El 14 de septiembre de 2023, el expolicía había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de homicidio imprudente, bajo la modalidad de comisión por omisión.

Sin embargo, la revisión judicial dio lugar a un nuevo proceso, en el que el tribunal debía examinar nuevamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado conforme a los elementos presentados por las partes.

La repetición del juicio permitió que el caso volviera a una etapa de valoración judicial, con la participación de las partes acusadoras y de la defensa técnica del exagente.

Ministerio Público y acusación privada solicitaron condena por femicidio

Durante el segundo juicio oral y público, el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron que Perdomo Sarmiento fuera condenado por femicidio agravado.

Ambas partes sostuvieron su acusación contra el expolicía y lo señalaron como responsable directo de la muerte de Keyla Martínez. Sus conclusiones estuvieron orientadas a que el tribunal adoptara una resolución condenatoria por ese delito.

Por su parte, la defensa técnica del acusado solicitó su absolución durante la etapa de conclusiones, con el propósito de que no se le atribuyera responsabilidad penal por los hechos investigados.

Finalmente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable al exagente por homicidio, una calificación que debe distinguirse del delito de femicidio agravado solicitado por las partes acusadoras.

La resolución representa un nuevo avance en el proceso judicial, aunque la determinación de la pena y las actuaciones posteriores serán relevantes para establecer las consecuencias penales definitivas de la condena.

Ordenan investigar a la cadena de mando policial

Uno de los puntos relevantes del fallo es la instrucción dirigida al Ministerio Público para que investigue a la cadena de mando de la UDEP-10 que estaba en funciones cuando murió la estudiante.

La orden busca que se examinen las posibles responsabilidades de quienes tenían funciones de dirección, supervisión o control en la dependencia policial donde Martínez permanecía detenida.

El hecho de que la joven muriera bajo custodia del Estado coloca en el centro de la investigación las obligaciones de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad y la integridad de las personas detenidas.

La muerte de Keyla Martínez continúa siendo un caso emblemático en Honduras por las exigencias de justicia que generó desde 2021.

El ocho veces ganador del premio Grammy y referente indiscutible del R&B contemporáneo, Usher, regresó a territorio costarricense para protagonizar una escapada de ensueño cargada de sofisticación, descanso y una profunda conexión con el entorno natural. Durante varios días, la estrella estadounidense se entregó al encanto salvaje y paradisíaco de Guanacaste, compartiendo los mejores momentos con decenas de millones de seguidores en todo el mundo.

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, el intérprete de clásicos como Yeah!, Burn, U Got It Bad y My Boo permaneció en el país del 20 al 24 de octubre de 2026.

Esta visita tuvo además un matiz íntimo y festivo, ya que el artista viajó acompañado por su esposa y familiares cercanos pocos días después de celebrar su cumpleaños número 48.

Para su estancia en el Pacífico norte, el astro musical eligió la privacidad de la Península de Papagayo, uno de los destinos turísticos de ultra lujo más reconocidos del continente. Usher y su familia se hospedaron en un exclusivo complejo hotelero que abrió sus puertas en febrero de 2025 marcando un precedente histórico al ser el primer establecimiento de la prestigiosa línea Ritz-Carlton Reserve en Centroamérica y Sudamérica.

El resort goza de gran prestigio internacional: en septiembre de 2026 fue galardonado con tres llaves por la Guía Michelin, la máxima distinción otorgada a hoteles de excelencia superior.

Con suites y villas privadas orientadas hacia el océano Pacífico y el bosque seco tropical, el lugar ofreció al cantante el entorno idóneo para alternar entre el descanso junto al agua, rondas de golf y momentos de relajación en terrazas con piscinas panorámicas que dominan el paisaje costero.

Un reencuentro esperado tras más de una década

El paso del artista por suelo costarricense revivió recuerdos de su anterior visita a finales de 2012, cuando llegó el 30 de diciembre para celebrar las fiestas de fin de año y recibir el 2013 en una conocida discoteca de Escazú, acompañado por amigos y colegas de la industria como el ejecutivo Scooter Braun.

Casi catorce años después, su regreso a Costa Rica subraya el atractivo que mantiene Guanacaste entre las grandes figuras del entretenimiento. A través de sus fotos y videos, el cantante proyectó ante el público internacional la combinación perfecta entre hospitalidad de alto nivel y respeto por la riqueza natural de una de las zonas más biodiversas y cautivadoras de Centroamérica.

Más allá de las comodidades del resort, el verdadero protagonista del viaje fue el entorno biológico de Guanacaste. La Península de Papagayo destaca internacionalmente por albergar una riqueza ecológica singular, donde el océano Pacífico converge directamente con el bosque seco tropical.

El artista no dudó en explorar esta biodiversidad a través de diversas actividades al aire libre: compartió videos lanzándose en tirolesa sobre el dosel de los árboles, contemplando la inmensidad del bosque desde las alturas y apreciando la imponente topografía de la región.

Las publicaciones en sus redes sociales también retrataron la serenidad de las playas locales. En sus postales se le observa disfrutando de atardeceres dorados sobre el mar, bailando sobre la arena con espontaneidad y sumergido en el agua junto a su esposa mientras caía el sol.

Esta combinación entre costa virgen, vegetación tropical y fauna silvestre demostró la riqueza ambiental que hace de la costa guanacasteca un destino privilegiado para desconectar de la rutina diaria.

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo emitió este día 30 de octubre una alerta de seguridad oficial en la que advierte a sus ciudadanos sobre un patrón delictivo de:

• Asaltos
• Agresiones sexuales
• Suministro de sustancias ilícitas contra viajeros en la República Dominicana.

Por lo que, la representación diplomática instó a quienes visitan la nación caribeña a extremar sus precauciones individuales ante denuncias periódicas de personas que resultaron drogadas y despojadas de sus pertenencias tras concretar encuentros sociales o alojarse en hospedajes privados.

Además, el aviso consular puntualizó que los agresores recurren a aplicaciones digitales de citas románticas, además de frecuentar bares y discotecas, para entrar en contacto con extranjeros.

De acuerdo con el documento diplomático, varias víctimas perdieron el conocimiento tras ingerir bebidas adulteradas con drogas sedantes suministradas por personas recién conocidas, lo que derivó en robos de dinero, pertenencias de valor o ultrajes sexuales en diferentes puntos turísticos y urbanos.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que este tipo de delitos ya no ocurre exclusivamente en espacios públicos o traslados nocturnos. Los atacantes trasladan o citan a los turistas a viviendas de alquiler a corto plazo y hoteles, inmuebles donde los perpetradores ejecutan los despojos sin que las personas afectadas logren solicitar ayuda a tiempo.

Por este motivo, el Departamento de Estado de EEUU mantiene al país caribeño en el nivel dos de precaución de viaje, directriz que recomienda no acudir a sitios aislados, evitar el consumo de tragos desatendidos y coordinar encuentros únicamente en áreas públicas concurridas.

Los robos cayeron un 40.5% según los registros policiales dominicanos

El llamado de precaución consular coincide con la divulgación de las estadísticas de seguridad ciudadana presentadas por el Gobierno de la República Dominicana. Durante una sesión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, las autoridades informaron que los robos registraron una disminución del 40.5% al registrar 3,504 hechos frente a los 5,891 del período previo, según los cómputos oficiales al 25 de septiembre.

Esta cifra ratificó una tendencia a la baja frente a años anteriores, con reducciones acumuladas del 45.7% respecto a 2024 y del 55.4% en contraste con 2022.

No obstante, las autoridades reconocieron que la inquietud por atracos callejeros persiste entre los habitantes y los visitantes extranjeros que transitan fuera de los complejos hoteleros vigilados por la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

Las fuerzas de seguridad decomisaron armas y sustancias controladas en septiembre

Entre el primero y el 25 de septiembre de 2026, los cuerpos policiales y militares dominicanos ejecutaron más de 1,7 millones de acciones preventivas para contener los delitos comunes y el tráfico de sustancias ilícitas.

Durante ese mismo lapso de 25 días, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desarrolló 32,826 intervenciones contra el microtráfico en todo el país. Los operativos derivaron en la captura de 3,121 personas y el decomiso de aproximadamente 737 kilogramos de narcóticos, además de la retención de 71 armas y 86 motocicletas.

Pese al volumen de estos operativos estatales y a la reducción general de los índices delictivos en septiembre, el aviso emitido por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo expone que las redes delictivas continúan vulnerando a los turistas mediante modalidades encubiertas. Los reportes consulares confirman que los delincuentes eluden los controles callejeros al contactar a las víctimas en plataformas de citas y locales de ocio.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió hasta el 3 de noviembre el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte de Panamá, una advertencia que coincide con las zonas más afectadas por el terremoto del 9 de octubre, donde miles de familias todavía enfrentan daños en sus viviendas y dificultades para recuperar la normalidad.

La nueva medida se suma a las advertencias por oleaje elevado y vientos fuertes que habían sido extendidas hasta el 31 de octubre, aumentando la preocupación por las condiciones meteorológicas en las comunidades costeras.

Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, afectadas por el movimiento sísmico de magnitud 7.5.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) explicó que un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, reforzado por corrientes de viento en los niveles altos de la atmósfera, favorecerá un incremento significativo de la inestabilidad climática y la formación de lluvias durante los primeros días de noviembre.

El pronóstico señala que entre el 1 y el 3 de noviembre se esperan precipitaciones numerosas en el centro y sur de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y las regiones central y oriental de Panamá. También podrían registrarse episodios importantes de lluvia en otros sectores, especialmente a lo largo de la vertiente del Pacífico.

El aviso meteorológico, vigente desde las 5:30 de la mañana del 30 de octubre hasta las 11:59 de la noche del 3 de noviembre, contempla acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 120 y 200 milímetros en algunos sectores durante tres días. El Imhpa advierte sobre posibles inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos y ráfagas de viento.

La coincidencia con las zonas afectadas por el terremoto resulta especialmente preocupante porque numerosas viviendas, carreteras y otras estructuras permanecen dañadas, mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

Las precipitaciones podrían dificultar el acceso a comunidades y complicar las labores de asistencia, especialmente donde existen derrumbes o terrenos inestables.

Según el balance oficial de Sinaproc, 17,048 viviendas habían sido evaluadas hasta el 28 de octubre, mientras que el número de personas registradas como afectadas alcanzó 55,212 habitantes.

Las autoridades también reportaron 27 lesionados y dos fallecidos, cifras que forman parte de las evaluaciones posteriores al terremoto.

Los daños alcanzan además 619 centros educativos, 120 instalaciones de salud y 127 edificios gubernamentales, junto con 44 iglesias, 22 puentes y 66 reportes de afectaciones viales. Estas cifras reflejan la magnitud de los problemas de infraestructura que enfrentan las provincias centrales cuando se aproxima otro período de lluvias intensas.

El aviso marítimo, por su parte, contempla mareas de hasta 17.4 pies, equivalentes a 5.3 metros, así como vientos sostenidos de entre 15 y 35 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Las condiciones más adversas se concentran en la península de Azuero y el sur de Veraguas, donde persisten comunidades afectadas por el sismo.

La asistencia humanitaria continúa mediante la movilización de más de 208,317 libras de suministros por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención registrada en 175 comunidades. Sinaproc también contabiliza 38 evacuaciones aéreas y 166 mujeres embarazadas, además de 2,242 personas con discapacidad que requieren seguimiento y apoyo específico.

El balance registra igualmente 135 albergues y 4,428 personas alojadas temporalmente, mientras las instituciones continúan identificando necesidades prioritarias. Las operaciones de respuesta han acumulado 13,630 asistencias diarias y más de 163,660 horas de trabajo, entre personal operativo y equipos desplegados en las zonas afectadas.

Ante este escenario, Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, mantenerse alejado de áreas propensas a deslizamientos y asegurar techos u objetos expuestos al viento. También pide preparar suministros de emergencia y seguir los avisos oficiales, especialmente en comunidades que todavía se recuperan del terremoto.

Guatemala recibió de Taiwán 20 camiones para ampliar la capacidad logística del Ministerio de Desarrollo Social en la estrategia Mano a Mano, que lleva materiales a comunidades priorizadas para sustituir pisos de tierra por concreto y ejecutar otras intervenciones contra la pobreza y la malnutrición.

Los vehículos, donados de forma no reembolsable por el Gobierno de la República de China, Taiwán, serán asignados al Ministerio de Desarrollo Social y al Fondo de Desarrollo Social. Su función será trasladar insumos, equipos y dotaciones hacia zonas donde las condiciones geográficas y la infraestructura vial dificultan la llegada de programas estatales.

La flota deberá operar en 114 municipios priorizados por Mano a Mano. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto Moscoso, indicó que los primeros camiones comenzarán sus rutas en las próximas semanas y que la cartera informará a la embajada taiwanesa sobre las comunidades y las familias alcanzadas por los suministros transportados.

La ampliación de una flota para llevar cemento a las comunidades

La entrega da continuidad a una donación realizada en 2025, cuando Taiwán aportó 15 camiones y 30 vehículos tipo pickup para la misma estrategia. Según Pinto, esa flota contribuyó a que el Gobierno alcanzara el año pasado la meta de 50 mil pisos instalados.

Los nuevos vehículos tienen una capacidad de 12 toneladas cada uno. El ministro afirmó que reforzarán el traslado de cemento y otros materiales necesarios para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que viven en pobreza y pobreza extrema.

La meta oficial para este año es completar 100 mil pisos adicionales, que se celebrarán el 11 de diciembre. Con ese resultado, el Gobierno prevé llegar a 150 mil pisos acumulados durante la actual administración y beneficiar a medio millón de guatemaltecos y guatemaltecas.

Pinto sostuvo que el desafío central de la cartera es lograr que las políticas sociales lleguen de manera efectiva a los territorios. “Guatemala tiene comunidades en donde las condiciones geográficas y de infraestructura vial hacen particularmente compleja la movilización de materiales, insumos y equipo”, señaló.

La sustitución de pisos de tierra constituye una de las intervenciones de Mano a Mano. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, explicó que los camiones trasladarán sacos de cemento hasta aldeas remotas para que las familias puedan contar con superficies que faciliten la limpieza de las viviendas.

Arévalo vinculó los pisos de concreto con la reducción de infecciones parasitarias, diarrea y anemia durante la primera infancia, además de mejores condiciones para el desarrollo cognitivo de los niños. Los hogares beneficiarios son identificados mediante información recogida casa por casa por el Registro Social de Hogares.

El mandatario indicó que los recursos se asignan a partir de criterios claros, objetivos y verificables sobre las privaciones de cada familia. También anticipó que la flota llevará estufas mejoradas, destinadas a sacar el humo de las cocinas, y filtros para que los hogares puedan consumir agua potable.

La cooperación taiwanesa en infraestructura, salud y desarrollo social

La embajadora de la República de China, Taiwán, Vivian Chang, sostuvo que los vehículos permitirán ampliar la cobertura del programa, fortalecer su operación y atender de manera más oportuna las necesidades de las comunidades beneficiarias.

“Los 15 camiones y los 30 vehículos tipo pickup que aportamos el año pasado ya contribuyen a las labores de transporte y distribución de suministros”, afirmó Chang. La diplomática destacó que aquella entrega facilitó que los recursos llegaran con mayor eficiencia a las localidades incluidas en la estrategia.

La cooperación entre ambos países también abarca la modernización y el fortalecimiento de la seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora, los estudios y el diseño del corredor CA9 Norte en el tramo entre Mayelas y Puerto Barrios, y un hospital especializado contra el cáncer.

Ese futuro centro de salud contará con servicios de radioterapia, quimioterapia especializada, hospitalización y cuidados intensivos. La embajadora añadió que Taiwán y Guatemala trabajan para acelerar su desarrollo.

Entre los proyectos mencionados figura además la residencia Nidia Martínez, cuya primera piedra fue colocada el 6 de octubre junto a Arévalo y la primera dama. Chang afirmó que estas iniciativas se suman al respaldo a Mano a Mano y reflejan una relación bilateral cimentada en casi un siglo de vínculos.

Arévalo agradeció el aporte taiwanés y recordó que la cooperación ha acompañado a Guatemala en salud, educación, energía, comercio, inversión y programas de becas para profesionales. “Taiwán ha creído en este esfuerzo y ha decidido acompañarlo”, expresó el Presidente durante la ceremonia de entrega de los vehículos.

Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública, se reunió este viernes con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y calificó el encuentro como “fantástico” en un mensaje publicado en la red social X.

La funcionaria sostuvo que El Salvador “tiene una sociedad real otra vez” gracias a decisiones de política pública en materia de orden y progreso.

“El orden, la ley y el progreso son decisiones políticas. El Salvador las ha tomado”, escribió Rogers en su cuenta @UnderSecPD, que acompañó el mensaje con fotografías del encuentro en las que aparece junto al mandatario salvadoreño.

Rogers atribuye avances al fin del dominio de las pandillas

La subsecretaria afirmó que los salvadoreños que conoció durante su visita son personas “cálidas y acogedoras” que no merecían, según sus palabras, “la salvajería del dominio de las pandillas”.

Agregó que el país “ya está comenzando a florecer” tras ese período y señaló que Washington está orgulloso de asociarse con El Salvador en seguridad, tecnología y otras áreas.

El encuentro con Bukele incluyó, según la propia Rogers, la profundización de la cooperación en seguridad, la adopción de infraestructura tecnológica y la preservación cultural en el hemisferio occidental.

Una gira regional con escalas en cuatro países

La visita a San Salvador forma parte de un recorrido que la subsecretaria realiza por Panamá, El Salvador, México y Florida entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre, según el cronograma público difundido por el Departamento de Estado.

Durante su paso por territorio salvadoreño, Rogers entregó además una subvención de USD 100.000 al Ministerio de Cultura del país, según informó El Mundo, diario salvadoreño.

El monto se destinará a digitalizar y catalogar cerca de 7.000 piezas de la Colección Nacional de Arqueología, con el objetivo declarado de reforzar su protección y prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural.

Del lanzamiento del proyecto participó el ministro de Cultura, Raúl Castillo, de acuerdo con el registro del medio. El plan se ejecutará durante 30 meses, entre septiembre de 2026 y marzo de 2029, e incluirá una plataforma web con fichas estandarizadas y fotografías de alta resolución para cada pieza, según detalló el sitio Qué Pasa El Salvador.

El Salvador mantiene 2.000 militares desplegados en Haití

La visita de Rogers ocurre mientras El Salvador mantiene desplegados al menos 2.000 militares en Haití, según confirmó la Cancillería salvadoreña.

El operativo busca rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos del Ejército desaparecidos desde una emboscada de pandillas el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe, episodio informado por la agencia EFE.

Bukele habló por teléfono el 28 de octubre con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación, que el presidente salvadoreño describió como una misión a gran escala respaldada por varios países y organismos internacionales.

El mandatario afirmó previamente en X que su país financia el 90% de la misión y aseguró, en una rueda de prensa con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que las tropas se retirarán una vez recuperados los cuatro militares.

El Pentágono confirmó a la agencia AFP el envío de al menos dos aviones militares a Puerto Príncipe como apoyo logístico, mientras el Departamento de Estado no emitió comentarios públicos sobre el despliegue, según recogió Diario Libre.

Seguridad interna y nuevas inversiones

Puertas adentro, la Policía Nacional Civil registró cero homicidios el miércoles 28 de octubre, un dato que la Secretaría de Prensa de la Presidencia atribuyó al trabajo de seguridad liderado por Bukele.

La Asamblea Legislativa extendió además por 30 días el régimen de excepción vigente desde 2022, después de que un informe oficial presentado por el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, advirtiera sobre intentos de reorganización de pandillas mediante reclutamiento y financiamiento.

El viaje de Rogers se produce también semanas después de que Bukele firmara, el 13 de octubre, un memorando con el grupo español Cox para invertir USD 2.900 millones en energía, agua y plantas solares, anunciado como la mayor inversión privada en la historia del país.

Ese mismo día, el presidente salvadoreño conversó con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre lo que ambos funcionarios describieron como influencia extranjera “maligna” en infraestructuras críticas, en referencia a China, según informó Estrella Digital.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió las instalaciones del sistema Doctor SV en El Salvador para evaluar la adopción de su modelo de telemedicina e inteligencia artificial en la red asistencial peruana.

En el complejo sanitario salvadoreño, la delegación fue recibida por la asesora de la Presidencia de la República, Sara Hanna, junto al director de Doctor SV, Manuel Bello. Las autoridades anfitrionas expusieron la operatividad de esta plataforma pública que integra herramientas computacionales avanzadas con la labor médica presencial y remota para brindar atención especializada a escala nacional.

Durante la visita oficial a la sede tecnológica, la jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, el canciller Carlos Espá, el ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

La comitiva gubernamental analizó los esquemas de gestión digital orientados a reducir la congestión en las consultas externas y suprimir los prolongados tiempos de espera hospitalarios.

Durante el recorrido por las salas de teleatención, Fujimori remarcó que las demoras asistenciales constituyen una de las principales falencias en los establecimientos sanitarios de Perú.

“La demanda para los hospitales del Perú era la larga espera. Dos, tres meses para una cita. Después de la cita, luego venía la derivación al médico especialista, dos o tres meses más. Hoy la tecnología bien utilizada nos permite ahorrar todos estos meses de espera y salvar vidas”, sostuvo la mandataria.

La jefa de Estado anunció que su administración avanza en la adquisición de servicios de internet satelital para extender la cobertura hacia las localidades más aisladas del territorio nacional y facilitar el despliegue de la telemedicina.

Por su parte, el ministro Dyer Fernández detalló la magnitud de la brecha asistencial existente en el sector público peruano. “En el Perú estamos en promedios entre dos a tres meses para una cita médica y entre siete a ocho meses para una cirugía quirúrgica”, precisó el titular de Salud.

Ante este panorama, el funcionario explicó que la estrategia gubernamental prioriza el fortalecimiento preventivo, la edificación de infraestructura modular en el primer nivel asistencial y la interoperabilidad informática entre centros médicos.

La agenda bilateral incluyó convenios de seguridad y comercio

La visita a la plataforma de Doctor SV formó parte de la agenda oficial desarrollada por Fujimori en territorio salvadoreño, tras sostener un encuentro bilateral con el mandatario Nayib Bukele. Ambas delegaciones suscribieron acuerdos de cooperación mutua orientados a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, materias en las que participaron los ministros Astudillo Salcedo y Álvarez Miranda.

La delegación peruana también intervino en una rueda de negocios con inversionistas de ambos países, donde la mandataria promovió la atracción de capitales hacia Perú e impulsó las negociaciones para concretar un futuro tratado de libre comercio con El Salvador.

El sistema Doctor SV opera con 414 especialistas y seguimiento activo de pacientes

La plataforma salvadoreña cuenta con 414 médicos especialistas procedentes del país centroamericano y de otras naciones de América Latina, quienes proporcionan consultas ininterrumpidas mediante canales virtuales. El esquema implementado busca destrabar las listas de espera acumuladas históricamente en el sistema público mediante la asignación remota de citas y el monitoreo clínico continuo.

A diferencia de los circuitos tradicionales de consulta externa, la plataforma incorpora un mecanismo proactivo de control médico. El propio facultativo programa y ejecuta las llamadas de control a los pacientes de acuerdo con la complejidad de cada diagnóstico, lo que evita que el ciudadano deba gestionar nuevos turnos a meses de distancia. Doctor SV incluye además soporte de inteligencia artificial para optimizar la priorización de casos clínicos y agilizar los flujos de derivación interna.

Familiares y amigos del streamer salvadoreño Carlos José Rivera conocido como “El Komanche”, se despedirán esta noche en San Sebastián de quien conquistó a miles de seguidores hispanohablantes con sus transmisiones. Un salón adornado con flores blancas y veladoras ya espera en esa localidad.

La funeraria encargada de los servicios compartió en sus redes sociales las primeras imágenes del espacio dispuesto para la velación. Las fotografías muestran un ambiente sobrio, preparado para recibir el último adiós en el pueblo donde El Komanche creció.

Sus restos llegarán esta tarde al Aeropuerto Internacional de El Salvador a las 2:30, luego de un viaje que atravesó fronteras tal como lo hizo su carrera: silenciosa en sus inicios y masiva en su desenlace.

Un pueblo se prepara para despedirlo

San Sebastián, en el departamento de San Vicente, fue el lugar donde El Komanche vivió hasta los 24 años, según detalló la BBC. Aunque nació en Ilobasco el 7 de septiembre de 1996, fue en ese municipio donde forjó los vínculos que ahora lo reciben de regreso.

El entierro está previsto para el sábado en el cementerio local, según informó su padre en una publicación de Facebook. La comunidad que lo vio crecer ahora se organiza para acompañarlo en su último recorrido.

La muerte del streamer, a los 30 años, generó una ola de consternación entre creadores de contenido de habla hispana.Fue hallado sin vida el domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. No se encontraron indicios de violencia en el lugar, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexicanas.

Cómo se confirmó la noticia

La confirmación no llegó por un comunicado oficial sino por un mensaje de su representante. Byron Reyes, manager y amigo cercano del streamer, escribió en Instagram: “No estoy listo para decirte adiós”, según recogió Radio Fórmula.

Horas antes, Reyes había mostrado inquietud por los primeros rumores que circulaban en redes. Tras hablar con la familia de Gómez, zanjó cualquier duda: “Si es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, escribió, de acuerdo con el portal Expreso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se realizó la necropsia correspondiente, informó El Siglo de Durango. Las autoridades clasificaron la muerte como “a reserva de autopsia”, a la espera de un resultado oficial.

La trayectoria de un referente del streaming hispano

Carlos Mauricio Gómez comenzó su carrera como streamer en 2015 y alcanzó su mayor popularidad en Twitch entre 2020 y 2022, con transmisiones de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, según el medio argentino Cadena 3. Llegó a sumar cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 881.000 en Instagram, de acuerdo con Radio Fórmula.

Fue además uno de los organizadores de los Squid Craft Games, un evento que recrea las pruebas de la serie El juego del calamar y que reúne a cientos de creadores hispanohablantes, proyecto que lo consolidó como una figura de peso dentro de la comunidad digital.

En el mensaje de despedida, Reyes hizo referencia a burlas que habría sufrido el streamer y advirtió: “El bullying a cualquier escala no es un juego”, según citó El Siglo de Durango. El propio Gómez había reconocido públicamente que convivía con cinco trastornos mentales diagnosticados y que había intentado quitarse la vida en al menos tres ocasiones previas.

Algunos usuarios recordaron también que, en una transmisión reciente en TikTok, el creador había pedido USD 5.000 para saldar una deuda, un pedido que ahora se lee con otro peso tras su muerte.

Dos taxistas fueron asesinados en ataques armados registrados en hechos diferentes en Honduras, uno en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, y otro en el barrio Arriba de Comayagua, en el departamento homónimo. En este último caso, una mujer que acompañaba al conductor resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital.

Los crímenes movilizaron a agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron las escenas para iniciar las investigaciones y recopilar indicios que permitan identificar a los responsables.

El primero de los hechos ocurrió en un sector de la colonia Universitaria número 2, en la ciudad de Olanchito, Yoro, donde un conductor de taxi fue atacado a disparos mientras se encontraba al volante de su vehículo de trabajo.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ronny Cerrano, quien conducía la unidad de transporte público con registro número 0094. Según los informes iniciales, individuos desconocidos interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador del volante.

Los impactos de bala le provocaron la muerte en el lugar. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor, dentro del vehículo comercial que utilizaba para prestar el servicio de transporte.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena, donde establecieron un perímetro de seguridad para preservar los indicios balísticos y facilitar las diligencias correspondientes.

Horas después, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se practicarían los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles amenazas previas contra el conductor ni han establecido si el crimen estaría relacionado con su actividad laboral.

Segundo taxista asesinado en menos de 24 horas

En un hecho distinto, un segundo conductor de taxi perdió la vida de forma violenta la noche del jueves en el barrio Arriba de Comayagua, donde desconocidos lo atacaron con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como Elvis Barahona, quien conducía la unidad de taxi número 069 y residía en la colonia Primero de Mayo.

El ataque se registró en las inmediaciones de donde anteriormente funcionaba la panadería Bambi, cerca de la Escuela Andará, un sector al que se desplazaron los equipos de emergencia y las autoridades policiales tras conocerse el tiroteo.

Durante el atentado, una mujer que acompañaba al conductor también resultó herida por impactos de arma de fuego. La lesionada fue identificada como Alexa García.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle asistencia y posteriormente la trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para comenzar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Los investigadores deberán establecer el móvil del asesinato, identificar a los responsables y determinar si existen testigos o registros que contribuyan a esclarecer el caso.

Al igual que en Olanchito, las autoridades no han comunicado capturas relacionadas con este hecho ni han confirmado una hipótesis sobre las razones detrás de la agresión armada.

Los asesinatos de ambos taxistas se registraron en escenarios diferentes y, hasta ahora, no existe información oficial que permita establecer una relación entre los dos casos.

En Olanchito, el conductor murió dentro de su unidad después de ser interceptado por desconocidos, mientras que en Comayagua el ataque dejó como saldo la muerte de Elvis Barahona y una mujer herida.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, otorgó asueto con goce de salario para el lunes 2 de noviembre a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado.

La medida traslada el descanso por el Día de Todos los Santos, cuya fecha, el 1 de noviembre, cae domingo en 2026.

El Acuerdo Gubernativo número 178-2026 fue firmado el 29 de octubre y establece que la jornada será inhábil para el cómputo de plazos administrativos en el sector público, con las excepciones previstas para garantizar servicios indispensables.

El descanso para empleados estatales y sus excepciones

La Ley de Servicio Civil, contenida en el Decreto Número 1748 del Congreso de la República, reconoce el 1 de noviembre como día de asueto remunerado para los trabajadores estatales. El Ejecutivo resolvió trasladarlo al siguiente día hábil para que el beneficio pueda hacerse efectivo.

La disposición invoca las facultades que la Constitución Política de la República asigna al Presidente como máxima autoridad administrativa del Organismo Ejecutivo y del Servicio Civil. También se apoya en el Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo.

El permiso alcanza a los empleados de la administración pública centralizada y descentralizada. El acuerdo fue rubricado por la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Catarina Roquel, y por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.

Quedan excluidos los trabajadores cuyos pactos colectivos de condiciones laborales fijen el asueto en una fecha distinta. Tampoco se aplicará a quienes presten servicios públicos esenciales ni a aquellos que tengan actividades programadas consideradas impostergables.

Las autoridades nominadoras deberán organizar los turnos necesarios durante esa jornada para mantener la continuidad de esos servicios. La publicación de la norma quedó exenta del pago de tarifa, conforme al Acuerdo Gubernativo Número 112-2015, del 26 de marzo de 2015.

Una conmemoración religiosa extendida a toda la Iglesia católica

El Día de Todos los Santos tiene antecedentes en la dedicación del Panteón de Roma a la Virgen María y a todos los mártires, realizada por el papa Bonifacio IV en el año 609. En ese momento, la celebración se fijó para el 13 de mayo.

La fecha actual del 1 de noviembre fue establecida posteriormente por el papa Gregorio III, quien consagró una capilla de la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos. Más tarde, el papa Gregorio IV dispuso que la festividad se extendiera a toda la Iglesia católica.

La Enciclopedia Británica sitúa esta fecha dentro de un triduo dedicado al recuerdo de los muertos: comienza con Halloween el 31 de octubre, continúa con el Día de Todos los Santos y concluye con el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre.

Flores, fiambre y barriletes en las tradiciones guatemaltecas

Las familias guatemaltecas suelen acudir a los cementerios para decorar las tumbas de sus seres queridos con flores, pino y velas. Las lápidas se pintan con colores vivos como parte de una jornada que combina el recuerdo de los fallecidos con la celebración de sus vidas.

El fiambre ocupa un lugar central en la gastronomía de la fecha. El platillo puede reunir hasta 50 ingredientes, según la región o las recetas de cada familia, y representa la unión entre vivos y muertos.

La mesa tradicional también incluye ayote en dulce, preparado con panela y canela, además de jocotes y garbanzos en miel.

En Sumpango y Santiago Sacatepéquez, municipios del departamento de Sacatepéquez, la conmemoración se distingue por el vuelo de barriletes gigantes elaborados con papel de china y cañas. Las estructuras llevan mensajes relacionados con la naturaleza y la paz.

La tradición atribuye a los barriletes la capacidad de alejar a los malos espíritus y de guiar el descanso de las almas. Los festivales reúnen a visitantes nacionales e internacionales y permiten transmitir esta práctica entre generaciones.

En Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, los jinetes participan en una carrera de caballos vestidos con trajes tradicionales y en homenaje a los difuntos. En San José, Petén, la comunidad realiza una procesión dedicada a la Santa Calavera, una expresión que combina elementos religiosos y espirituales de la identidad local.

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por el delito de hurto pecuario en Panamá, tras aceptar su responsabilidad en tres investigaciones relacionadas con la sustracción de animales en fincas del distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, una de las regiones donde este delito registra mayor incidencia y genera preocupación entre los productores ganaderos.

La sentencia fue conseguida por la Fiscalía Regional de Chiriquí el 29 de octubre de 2026, luego de que el acusado reconociera su participación en los hechos.

Las investigaciones establecieron que ingresó a dos propiedades de la comunidad de Baitún, donde se apoderó de tres animales durante enero y febrero de este año.

El Ministerio Público informó que la aprehensión del responsable ocurrió el 10 de febrero, mediante diligencias desarrolladas junto con los estamentos de seguridad. Posteriormente, un juez ordenó su detención provisional por su vinculación con tres procesos penales distintos, que finalmente fueron acumulados durante la audiencia de acusación en la que aceptó los cargos.

La condena ocurre mientras el hurto pecuario continúa afectando a las principales zonas ganaderas del país, donde la sustracción de reses representa pérdidas económicas para los propietarios.

Los registros oficiales contabilizaron 680 denuncias entre enero y septiembre de 2026, una cifra que representa una disminución del 9% frente a los 750 casos reportados durante el mismo período de 2025.

Según las estadísticas del Ministerio Público, Chiriquí encabezó las denuncias con 146 casos entre enero y septiembre, seguida de Los Santos, con 115, y Veraguas, con 101. También se registraron 82 investigaciones en Coclé y 63 en Herrera, provincias donde la actividad ganadera constituye una fuente importante de ingresos para numerosas familias.

Estas cinco provincias concentraron 507 denuncias, equivalentes a aproximadamente el 75% del total nacional durante ese período. La distribución confirma que las zonas dedicadas a la producción bovina figuran entre las más afectadas, aunque el delito también se investiga en otras regiones del territorio panameño.

La Asociación Nacional de Ganaderos ha advertido que más de mil reses son hurtadas anualmente en Panamá, una situación que ocasiona pérdidas a los productores y obliga a reforzar la vigilancia. El gremio considera necesario mejorar los controles sobre el traslado y comercialización de animales, para dificultar su ingreso a los circuitos de venta.

En la provincia de Herrera, dos hombres, un propietario de finca y su trabajador, permanecen bajo detención provisional por una investigación de hurto pecuario. El 20 de octubre, un tribunal confirmó la medida cautelar tras rechazar la apelación presentada por la defensa, relacionada con hechos ocurridos entre el 14 y 15 de septiembre en una propiedad cercana al río La Villa.

Durante otra intervención policial en Herrera, las autoridades recuperaron dos animales con denuncia de hurto, cuyo valor superaba los 2,000 dólares. La recuperación se produjo durante la operación Álamo, desarrollada para localizar personas requeridas y recopilar indicios vinculados con diferentes investigaciones penales.

Otro caso concluyó en septiembre con una sentencia de diez años de prisión contra un trabajador de una finca ganadera en Chilibre, provincia de Panamá.

La Fiscalía Metropolitana acreditó que el condenado aprovechó sus funciones de manejo y traslado de reses para comercializar animales sin autorización de su propietario.

Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron documentación de subastas, registros de traslado de ganado, cheques y movimientos bancarios, que permitieron demostrar las operaciones realizadas entre julio de 2020 y febrero de 2021.

Además, el condenado recibió una inhabilitación de diez años para actividades relacionadas con la administración y comercialización ganadera, que comenzará después de cumplir su prisión.

La legislación panameña establece penas de seis a ocho años de cárcel por hurto pecuario, conforme al artículo 217 del Código Penal, modificado mediante la Ley 532 de junio de 2026. La sanción puede aumentar de un tercio a la mitad cuando concurren circunstancias agravantes, dependiendo de los hechos acreditados judicialmente.

Entre esas circunstancias figuran el uso de fuerza para ingresar a las fincas, la alteración de marcas del ganado y la participación de trabajadores encargados de su custodia. También se consideran agravantes la sustracción de más de cinco animales, el traslado irregular y la comercialización mediante subastas, entre otras conductas.

La reforma también contempla sanciones para quienes financien, faciliten o comercialicen ganado hurtado, incluso cuando no participen directamente en su sustracción.

Además, el Código Penal castiga la asociación de tres o más personas para cometer delitos, con penas agravadas cuando la organización tiene como finalidad el hurto pecuario.

Las autoridades han intensificado las operaciones en las regiones ganaderas. En marzo, la operación Vaquero permitió detener a 19 personas mediante 20 allanamientos en Herrera y Los Santos, mientras que la Policía Nacional informó que más de 300 animales habían sido recuperados en Los Santos durante 2026, hasta comienzos de septiembre.

La Policía Nacional de República Dominicana informó que apresó a dos hombres y una mujer durante un operativo en el sector Capotillo, Distrito Nacional, en el que incautó presuntas drogas, una balanza y equipos que, según las autoridades, se utilizaban para pesar sustancias.

La información fue difundida por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien indicó que el procedimiento tuvo lugar en la calle Duarte, en el callejón Sibanito.

La intervención formó parte de la búsqueda de Vladimir Bisamal Yanki, alias “Boca 30”, un joven de 18 años requerido por las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Augusto Rivera Díaz, Emilio Lucas y Esperanza Cuevas María. La Policía señaló que esta última es pareja sentimental del prófugo, cuya localización continúa bajo investigación.

Durante el registro, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) hallaron nueve paquetes de un vegetal que sería marihuana, 10 envases plásticos con una sustancia de características similares, 82 fundas tipo ziploc con presunta marihuana, una balanza y siete máquinas en estado de deterioro.

Pesqueira precisó que los agentes del Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados ejecutaron el operativo en coordinación con la Subdirección de Investigación de Santo Domingo Norte.

Marcos Augusto Rivera Díaz será enviado a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de acuerdo con el informe policial. Emilio Lucas y Esperanza Cuevas María permanecían bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes.

La institución sostuvo que mantiene activas las acciones dirigidas a localizar a personas requeridas por la Justicia y que los operativos buscan contrarrestar la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del país.

El procedimiento en Capotillo se conoció luego de una serie de intervenciones realizadas por la Policía Nacional entre agosto y octubre, con detenciones por presuntos delitos relacionados con armas, robos, microtráfico y órdenes judiciales pendientes.

Operativos en agosto dejaron arrestos por armas, drogas y asaltos

El 12 de agosto, la Policía informó la detención de Maumar Cadafi Féliz en Barahona, tras ocuparle una pistola calibre nueve milímetros sin documentación. En San Juan de la Maguana fue detenido Adrián Mateo de los Santos, luego de una persecución vinculada a una intervención por contaminación sónica.

Ese mismo reporte incluyó la captura de Ángel Antonio Durán Guzmán, de 33 años, requerido por una orden judicial en un caso de tentativa de homicidio, golpes y heridas. En La Romana, además, fue detenido un joven de 19 años durante un operativo en el que se ocuparon 421 porciones de presuntas sustancias controladas.

El 15 de agosto, agentes de la DICRIM apresaron a Brayan José García Rodríguez y Víctor Junior Rodríguez, señalados como presuntos integrantes de una estructura vinculada a asaltos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. La Policía reportó la ocupación de una pistola, siete celulares y RD$133.000 (USD 2,195.99) en efectivo.

En septiembre y octubre se multiplicaron las intervenciones

En septiembre, la Policía ejecutó cinco órdenes de arresto en Espaillat y Hermanas Mirabal por investigaciones sobre presunta estafa, violencia intrafamiliar, violencia de género y robo agravado. En La Caleta, Santo Domingo Este, fue detenido Manuel García, de 39 años, acusado de un supuesto intento de atraco con una pistola de juguete.

También fueron arrestadas siete personas en Baní durante allanamientos y operativos que derivaron en la ocupación de armas, municiones, mercancías de presunto contrabando y máquinas tragamonedas.

Entre el 10 y el 16 de octubre, la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y el Ministerio Público realizaron 115 allanamientos y 441 operativos focalizados, con 287 detenidos, 45 órdenes de arresto ejecutadas y 39 armas de fuego ocupadas, según la Policía Nacional.

Tres semanas después de la tragedia que enlutó a tres familias de distintos países, el relato de quiénes eran Emma Marie Laurent y Noë Lina Luscher empieza a completarse.

La influencer francesa y la aspirante a cineasta suiza murieron junto a la nicaragüense Karen Nahomi López Montano cuando la camioneta en la que viajaban fue arrastrada por el río Nahualapa, en Chinandega. Así lo reconstruyó La Prensa, diario nicaragüense.

El hecho ocurrió el 9 de octubre pasado, cerca de la 1.00 de la madrugada, en la comunidad El Manzano número 2, municipio de El Viejo. El vehículo, una Toyota blanca con negro y placas M 364071, intentaba cruzar el cauce cuando la corriente lo volcó.

Quién era Emma Marie Laurent, la influencer que vivía entre dos maletas

Laurent tenía 24 años y había hecho de los viajes su forma de vida. Recorrió Europa, África y el Caribe, y documentaba cada ruta para casi 45 mil seguidores en Instagram, según La Prensa.

Se definía a sí misma como una viajera permanente “entre dos maletas”. Sus publicaciones mostraban carreteras, playas y montañas, y acumulaban miles de reposteos.

De acuerdo con reportes recogidos por Clarín, diario argentino, la influencer viajaba a Nicaragua para visitar a una de sus hermanas, residente en Chinandega, y se hospedaba en el campamento de surf donde trabajaba el conductor del vehículo.

Apenas una semana antes del accidente, el 2 de octubre, Laurent había compartido un video grabado en Portugal con una reflexión que hoy sus allegados releen con otro sentido: “Creo que las personas más bellas, por dentro y por fuera, son aquellas que saben cómo admirar el mundo que las rodea”, escribió, según consignó La Prensa.

Noë Lina Luscher daba sus primeros pasos detrás de las cámaras

La más joven de las dos extranjeras fallecidas tenía 20 años. A diferencia de Laurent, Luscher prefería estar detrás de la cámara: realizaba una pasantía en Petit Grégoire, una productora audiovisual con sede en Zúrich.

La empresa lamentó su muerte y la recordó como “un elemento esencial en el equipo”, según el registro del diario nicaragüense. Luscher había participado en distintas grabaciones y acumulaba experiencia en un sector que parecía perfilarse como su futuro profesional.

La Prensa intentó comunicarse con la familia de la joven suiza, pero se abstuvo de dar declaraciones.

Quién era Karen Nahomi López Montano, la tercera víctima

La tercera fallecida fue Karen Nahomi López Montano, una nicaragüense de 19 años. Trabajaba en el hotel Lapoint Surf Camp, en El Viejo, el mismo alojamiento donde se hospedaban las dos turistas extranjeras.

Según precisó La Voz del Norte, López Montano se desempeñaba como bartender en ese hospedaje, ubicado en la comarca Aserradores, una zona costera frecuentada por surfistas por sus olas y sus playas poco intervenidas.

Cómo ocurrió el accidente

Según la información policial recabada por La Prensa, el río Nahualapa no suele representar un peligro mayor para quienes cruzan por la zona. Sin embargo, las lluvias recientes habían elevado su caudal de forma considerable.

El conductor de la camioneta, identificado como el mexicano Martín Gerardo García Girón, intentó atravesar el cauce pese a la crecida. Otras fuentes locales, como Radio La Voz del Norte, agregan que García Girón se detuvo antes de ingresar al río para verificar la profundidad del agua, pero la corriente igualmente volcó el vehículo cuando ya estaba en el cruce.

García Girón, de 32 años, trabajaba como instructor de surf en la zona y fue el único sobreviviente. Las autoridades locales continúan la investigación para establecer con precisión las circunstancias del vuelco, según confirmó La Prensa.

Los cruces de ríos durante la temporada lluviosa, transitables de día, pueden volverse letales de madrugada, cuando la crecida del agua no es visible a simple vista. El accidente volvió a poner el foco sobre ese riesgo en la región.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad, para conocer el modelo educativo salvadoreño que incorpora tablets, pantallas interactivas y un tutor de inteligencia artificial en las aulas.

La actividad fue transmitida por el medio peruano TV Perú Noticias, que contó con el acceso para acompañar el recorrido, en el cual hubo pocos medios locales. Fujimori se reunió con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Karla Trigueros.

El Centro Escolar Marcelino García Flamenco es una de las instituciones donde se ha implementado un sistema que combina el trabajo de los docentes con herramientas digitales. Cada estudiante dispone de una tablet conectada a una pantalla dinámica instalada en el aula.

Según explicó la cobertura de TV Perú, el sistema permite que cada alumno realice actividades diferenciadas de acuerdo con su nivel de avance. La plataforma registra las respuestas y aporta información para identificar qué estudiantes requieren refuerzo en materias o contenidos específicos.

La ministra Karla Trigueros acompañó a Fujimori durante la visita y le mostró el funcionamiento de las aulas y explicó el esquema educativo aplicado en la escuela pública.

La visita se produjo dentro de la agenda oficial de Fujimori en El Salvador, que incluyó actividades vinculadas con seguridad, salud y educación. Medios salvadoreños informaron que la mandataria peruana tenía previsto conocer experiencias estatales en esos sectores durante su estadía, programada entre el 28 y el 31 de octubre.

Intercambio con estudiantes salvadoreños

La señal estatal peruana mostró a Fujimori durante su ingreso a un aula de tercer grado, donde saludó a la docente y conversó con los alumnos sobre sus materias y el uso de dispositivos digitales en clase.

“Para conocer cómo estudian, cómo cada uno tiene su tablet, cómo tienen, además de la profesora, un tutor de inteligencia artificial”, afirmó Fujimori ante los estudiantes. La mandataria peruana señaló que el propósito de la visita fue observar cómo los escolares avanzan en la lectura y en otras áreas con apoyo de la tecnología.

Durante el intercambio con los alumnos, Fujimori preguntó cuál era el curso que más les gustaba. Uno de los niños respondió que Lenguaje. La presidenta también consultó si les interesaban las matemáticas y propuso realizar una prueba frente a las autoridades que integraban la comitiva.

Una estudiante leyó en voz alta un texto sobre un personaje que encontraba “una caja misteriosa escondida en el patio de la escuela”. Luego de la lectura, respondió una pregunta sobre el tono de voz adecuado para interpretar al personaje. La escena recibió aplausos de los asistentes.

“¿Podemos hacer una prueba?”, preguntó Fujimori antes del ejercicio. Tras la participación de la estudiante, la presidenta felicitó a los niños y les anunció que había llevado un obsequio desde Perú. “Les tengo un regalito de Perú para cada uno de ustedes”, expresó.

La jefa de Estado entregó lapiceros con detalles de lana de alpaca a los alumnos de tercer grado. La entrega formó parte de su recorrido por el establecimiento, que, según la cobertura de TV Perú Noticias, cuenta con alrededor de 170 estudiantes.

La delegación peruana incluyó funcionarios de Educación e Infraestructura

Durante el recorrido por Santa Tecla, Fujimori estuvo acompañada por la viceministra de Gestión Pedagógica del Perú, Miriam Ponce, y por el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales, de acuerdo con la narración de TV Perú Noticias.

La cobertura también identificó entre los integrantes de la delegación al canciller Carlos Espá y al ministro de Salud, Luis Taes.

La agenda de la presidenta peruana contemplaba, además, reuniones con autoridades salvadoreñas y visitas a instalaciones relacionadas con los modelos de seguridad, salud pública y educación impulsados por el Gobierno de Nayib Bukele.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público (MP), requirió a un ciudadano en la zona norte de Honduras, señalado por presuntamente difundir amenazas de atentados con artefactos explosivos contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.

La intervención se produjo después de que las autoridades hondureñas recibieran información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, relacionada con posibles planes de ataques contra puntos considerados estratégicos para la seguridad nacional, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por las instituciones.

Las alertas internacionales indicaban que el sospechoso habría difundido mensajes en los que expresaba su intención de utilizar explosivos.

Entre los posibles objetivos mencionados figuraban puentes e instalaciones portuarias ubicadas en la zona norte del territorio hondureño.

Ante la naturaleza de las amenazas, los equipos especializados iniciaron diligencias para identificar al ciudadano y establecer su ubicación. Una vez localizado, fue requerido y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso investigativo.

Las autoridades buscan determinar el alcance de los mensajes, establecer si existía una planificación concreta para ejecutar los supuestos atentados y esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas.

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones también vinculan al ciudadano requerido con una presunta estructura criminal de alcance transnacional.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el nombre de la organización, el papel que supuestamente desempeñaría el individuo ni los posibles vínculos identificados hasta el momento.

La información disponible tampoco establece si durante las diligencias se localizaron explosivos, materiales para fabricar artefactos o algún otro elemento que confirme la existencia de un plan operativo para atacar la infraestructura señalada.

Estos aspectos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes, que permitirán determinar si las amenazas representaban un riesgo concreto y si existen otros involucrados en los hechos.

El Ministerio Público tendrá a su cargo la evaluación de los elementos recabados para establecer las posibles responsabilidades penales y definir las acciones legales que procedan conforme a la legislación hondureña.

La Secretaría de Seguridad destacó la importancia de la cooperación internacional con las agencias estadounidenses y la coordinación operativa con el Ministerio Público para responder a amenazas que puedan comprometer la seguridad de la población y el funcionamiento de instalaciones esenciales.

Según la institución, la intervención permitió avanzar en la ubicación del ciudadano señalado a partir de la información recibida y activar los procedimientos de investigación correspondientes.

La participación de Interpol en las diligencias también refleja la dimensión internacional que pueden adquirir las investigaciones cuando existen alertas que involucran posibles estructuras criminales con operaciones en distintos países.

Las autoridades hondureñas consideran que el intercambio de información entre organismos de seguridad permite identificar amenazas con mayor rapidez, orientar las investigaciones y facilitar la adopción de medidas preventivas.

La Secretaría de Seguridad señaló que la respuesta oportuna busca prevenir riesgos relacionados con posibles actos de terrorismo y proteger instalaciones esenciales para el país. Sin embargo, no se detallaron medidas específicas adicionales de seguridad implementadas en los puentes o las instalaciones portuarias mencionadas en las alertas.

¿Qué es el Buró Federal de Investigaciones?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) es una agencia federal de Estados Unidos que forma parte del Departamento de Justicia y tiene entre sus principales responsabilidades investigar delitos federales, combatir el terrorismo y contrarrestar amenazas relacionadas con la inteligencia extranjera.

La institución también brinda apoyo y servicios de investigación a organismos federales, estatales y locales, además de colaborar con agencias internacionales en casos que requieren cooperación entre países.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador registró una recaudación mensual de USD 698.5 millones durante septiembre, una cifra que consolidó el crecimiento de los fondos que ingresan a las arcas públicas en el tramo final del tercer trimestre del año.

Con este resultado mensual, el total acumulado entre enero y el noveno mes alcanzó USD 7,173 millones, lo que representa un aumento de USD 791.5 millones en comparación con el mismo período del año anterior, cuando el Estado percibió USD 6,381.5 millones.

En el noveno mes, el motor central del dinero que entró a las cuentas fiscales provino de las compras diarias de la población y de la actividad en las aduanas, superando a los aportes directos sobre las ganancias laborales y empresariales.

De los USD 698.5 millones que ingresaron en septiembre, un total de USD 671.9 millones correspondió a impuestos y contribuciones, mientras que otros trámites y cobros estatales aportaron los restantes USD 26.7 millones.

Además, dentro de los tributos de septiembre, el impuesto al valor agregado (IVA), que se aplica a cada compra de bienes y contratación de servicios, aportó la mayor parte con USD 362,3 millones. De esa cantidad mensual, las aduanas generaron USD 207,5 millones mediante la llegada de productos desde el extranjero, mientras que los comercios locales registraron pagos por USD 154.7 millones.

Por su parte, el tributo sobre los ingresos y las ganancias, conocido formalmente como impuesto sobre la renta, generó USD 230,1 millones en el mes. La mayor porción de este monto mensual provino de los descuentos que se aplican a los salarios de los empleados, con USD 125.3 millones, mientras que los anticipos periódicos que entregan las compañías sumaron USD 71.2 millones y los pagos directos de declaraciones alcanzaron USD 33,6 millones. En el mismo mes, los aranceles cobrados por compras internacionales añadieron USD 35,2 millones a las cuentas de El Salvador.

El consumo de bebidas y las operaciones inmobiliarias mantuvieron cifras positivas

El resultado obtenido al cierre del noveno mes no solo superó los números de 2025, con un alza del 12.4%, sino que también rebasó los cálculos que el Gobierno había fijado en su plan financiero. El presupuesto oficial proyectaba recolectar USD 6.932,7 millones para los primeros nueve meses, por lo que el ingreso real superó la meta en USD 240,3 millones, lo que equivale a un resultado 3.5% por encima de lo programado.

Los gravámenes específicos que se cobran sobre productos de consumo cotidiano totalizaron USD 195,2 millones en los primeros nueve meses, tras sumar USD 22,5 millones en septiembre.

Dentro de este grupo, los que encabezaron la lista son:

• La cerveza con USD 84 millones, con un incremento de 8.3% en comparación con el año pasado
• Las bebidas gaseosas y refrescos aportaron USD 58,2 millones
• Los cigarrillos sumaron USD 24,9 millones
• Las bebidas con contenido alcohólico representaron USD 23,1 millones.

Por otra parte, la compraventa de propiedades generó un movimiento relevante en las cuentas públicas. El tributo aplicado a la transferencia de bienes raíces acumuló USD 71,2 millones, lo que representó un incremento del 30.7% frente a los USD 54,5 millones percibidos en los primeros nueve meses de 2025.

El calendario anual mostró su momento más alto en abril, cuando la recaudación trepó a USD 1.452,1 millones. Ese volumen representó el doble del promedio habitual debido a que en ese mes vence el plazo para presentar la declaración anual de ganancias de empresas y personas.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) planteó al Congreso de Guatemala diez recomendaciones para modificar el proyecto de Presupuesto 2027, identificado como iniciativa 6841.

Entre sus advertencias, pidió no aprobar otro aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), exigir sustento técnico para obras y revisar el uso de deuda para financiar gasto corriente.

La organización presentó sus observaciones ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, durante el análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

No sumar otro aporte extraordinario a los Codede

El Icefi recomendó que el Congreso no apruebe un nuevo aporte para los Codede, cuya ejecución presupuestaria alcanzaba solo el 30,9% al 26 de octubre de 2026.

Según el instituto, la asignación total de estas entidades para 2027 podría superar los Q13.000 millones, unos USD 1.701,2 millones.

Un aporte adicional de entre Q5.000 millones y Q7.000 millones, equivalentes a entre USD 654,3 millones y USD 916,1 millones, elevaría el presupuesto a niveles de entre Q17.000 millones y Q20.000 millones, unos USD 2.224,7 millones y USD 2.617,3 millones.

El Icefi sostuvo que la capacidad anual de ejecución de los Codede no superaría los Q8.000 millones, cerca de USD 1.046,9 millones. También alertó sobre riesgos de corrupción, uso político de recursos en el año electoral de 2027 y captura por estructuras del crimen organizado.

Deuda, ONG y proyectos sin estudios técnicos

El centro de estudios pidió revisar el aumento de la deuda pública bonificada y solicitar al Ejecutivo una justificación detallada de su destino, así como estudios sobre sus efectos fiscales y monetarios.

El proyecto prevé financiar con deuda Q22.915 millones, unos USD 2.998,8 millones, de gasto corriente. Esa cifra representa el 53,6% del endeudamiento bonificado solicitado para 2027. El Icefi indicó que ese mecanismo contraviene la prohibición prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Además, recomendó examinar la legitimidad y pertinencia de las 117 organizaciones no gubernamentales que recibirían aportes directos por Q2.437,4 millones, equivalentes a USD 319 millones, previstos en el artículo 38 de la iniciativa.

El instituto también pidió excluir asignaciones para obras sin código en el Sistema Nacional de Inversión Pública o sin estudios que respalden los fondos solicitados para preinversión y ejecución.

Infraestructura bajo revisión por más de USD 1.500 millones

El Icefi solicitó al Ejecutivo un informe sobre las medidas previstas para mejorar la capacidad de ejecución de inversión en infraestructura. También requirió detalles técnicos, cronogramas y capacidad operativa para cinco rubros.

La lista incluye Q4.800 millones para ampliar Puerto Quetzal, unos USD 628,2 millones; Q800 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías, USD 104,7 millones; y Q3.517,6 millones para proyectos viales prioritarios, USD 460,3 millones.

También pidió justificaciones para Q2.550 millones de la Agencia Nacional de Infraestructura, USD 333,7 millones, y Q350 millones para movilidad eléctrica y renovación del transporte de personas, USD 45,8 millones.

Programas sociales y niñez, otro foco de las recomendaciones

El instituto pidió informes sobre beneficiarios, transparencia y riesgos de politización en programas sociales. Entre ellos figuran Q3.015,4 millones para Mano a mano, USD 394,6 millones; Q1.000 millones para primera vivienda, USD 130,9 millones; y Q1.200 millones para agua y saneamiento, USD 157 millones.

La revisión también abarca Q250 millones para innovación tecnológica, USD 32,7 millones; Q150 millones para compra de tierras, USD 19,6 millones; y Q400 millones para el Fondo de Garantía para el Desarrollo, USD 52,3 millones.

El Icefi solicitó elevar la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia. Pidió revertir recortes en educación básica, diversificada e inicial, así como en tecnología educativa. También propuso restituir fondos para monitoreo de crecimiento infantil, micronutrientes, vacunación y raciones alimentarias.

El Tribunal Supremo Electoral deberá detallar el uso de fondos

La novena recomendación reclama al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un desglose de los aportes especiales destinados a los comicios de 2027: Q500 millones vigentes en 2026, USD 65,4 millones, y Q2.000 millones previstos para 2027, USD 261,7 millones.

Por último, el Icefi pidió corregir la proyección de ingresos tributarios y ajustar los cálculos de “Otros impuestos directos” y “Otros impuestos indirectos” a la recaudación observada.

Luis Abinader encabezó el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, donde el Gobierno informó que construye nueve centros penitenciarios de manera simultánea y que ya están listos los de Higüey y Barahona. El plan busca ampliar y transformar la infraestructura carcelaria mientras avanza el cierre gradual de La Victoria, según la Presidencia de República Dominicana.

La población penitenciaria nacional pasó de 27.481 personas en 2020 a 25.494 personas en 2026. Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, sostuvo que República Dominicana es el único país de América Latina cuyo sistema penitenciario redujo su población.

Los 180 abogados de la Defensa Pública lograron durante el año pasado que 5,000 personas privadas de libertad recuperaran la libertad mediante sus procesos de defensa.

Santana planteó: “Busquen en Latinoamérica cuál sistema penitenciario está bajando su población. El único que está bajando es el de República Dominicana”.

Las obras pendientes incluyen un nuevo proceso de licitación para el centro de San Juan, trabajos en Hato Mayor y Neiba, la reparación del centro de Salcedo y la selección de un terreno en la provincia Independencia.

Abinader explicó que el proyecto de San Juan presentaba problemas estructurales y que la UNESB recomendó no continuar la obra en esas condiciones. El reforzamiento y la nueva licitación resultaron necesarios porque el costo había superado el límite legal de 25%.

Las Parras requiriere todavía trabajos por realizar. El presidente cuestionó que la obra hubiera sido presentada como un proyecto al que solo le faltaba pintura.

El funcionario también señaló que la lucha contra la corrupción dentro de los centros penitenciarios no admite retrocesos. Como parte de ese proceso, fueron retirados 128 policías del sistema y se realizan auditorías en destacamentos.

República Dominicana cuenta además con un comité que reúne a instituciones públicas y privadas vinculadas con la atención de salud mental en las cárceles. Ya funciona un primer espacio de atención en Najayo y se trabaja para habilitar otros.

El cierre gradual de La Victoria y la Ciudad Educativa

La Victoria pasó de albergar 7.600 internos en 2020 a alrededor de 1.900, y la proyección oficial es reducir esa cifra a menos de mil durante este año. El traslado de las personas privadas de libertad se realizará de forma gradual y ordenada, después de evaluar cada caso.

En el terreno de más de 200.000 metros cuadrados se proyecta desarrollar una Ciudad Educativa con universidades, politécnicos, servicios gubernamentales, un espacio temático y una terminal del teleférico.

Santana agradeció el seguimiento mensual de Abinader a la coordinación de la reforma penitenciaria. Afirmó que el respaldo presidencial ha mantenido el tema entre las prioridades del Gobierno y expresó: “Esto no se va a acabar, esto sigue y se va a continuar ampliando”.

El director sostuvo que la reforma debe permanecer bajo atención directa del mandatario por tratarse de “un tema tan complicado, donde hay tantos intereses”.

También afirmó que Abinader “le ha puesto los pantalones largos al tema penitenciario aquí en la República Dominicana”.

Reglamentos y formación para la continuidad institucional

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Consejo Académico del Instituto Superior de Estudios Especializados Penitenciarios y Correccionales entregaron al presidente el informe sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria 2024-2027.

La presentación estuvo a cargo del rector Jaime Francisco Rodríguez, Idelice Pérez Sierra, en representación de la Dirección General, y José Ogando, por Unaprep.

El informe incluye una propuesta de reglamento para la carrera penitenciaria, una actualización para 2026 del Manual de Gestión Penitenciaria de 2013 y la primera propuesta de reglamento general para aplicar las leyes vinculadas con asuntos penitenciarios. Los documentos apuntan al fortalecimiento institucional y a la continuidad de la reforma.

Abinader entregó la guía internacional de construcción penitenciaria a Ernesto Mejía Mazara, viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones; a Omar Segura, en representación de las facultades de Ingeniería; y a Richardson Rodríguez. La guía, aprobada y presentada este año por la Cruz Roja Internacional, servirá de referencia para mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad y apoyar programas de rehabilitación y reinserción social.

El Instituto recibió 6.300 textos sobre ciencias y técnicas penitenciarias procedentes de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo y entidades especializadas en justicia penal. El conjunto reúne doctrina, normas y buenas prácticas destinadas a los programas académicos, la docencia y la formación del personal penitenciario.

El presidente tomó juramento a nuevos integrantes del Consejo Asesor de la reforma penitenciaria, quienes asumieron el compromiso de promover la dignidad, los derechos, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Antes de concluir la actividad, invitó a los asistentes a tomarse de las manos y rezar el Padre Nuestro por la salud de Santana.

El Ministerio de Hacienda confirma que la ejecución financiera del Aeropuerto Internacional del Pacífico llegó a 85.04 millones de dólares entre enero y agosto de 2026. La cifra representa el 56.09% de los 151.61 millones de dólares programados para ese período, según Diario El Mundo, diario salvadoreño.

Ese monto convierte a la terminal aérea en el proyecto más costoso del Programa de Inversión Pública (PAIP) 2026 y equivale al 6.7% del total vigente a agosto, que suma USD 3,100.5 millones.

El PAIP 2026, 274 proyectos y el 7,9% del PIB

El PAIP 2026 agrupa 274 proyectos a cargo de 43 instituciones ejecutoras y equivale al 7,9% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe de Hacienda citado por el diario.

El segundo proyecto más cuantioso del programa es la construcción y el mejoramiento de centros educativos. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) tiene asignados USD 170.57 millones para esa partida en 2026.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), entidad responsable de la obra en La Unión, ejecutó en total 106.47 millones de dólares de enero a agosto dentro de su programa de inversión pública, una cifra que no se limita a la nueva terminal.

Ese total incluye USD 19.05 millones para el área de bandas de equipaje de llegadas del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, USD 2.1 millones para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica de esa terminal y USD 213,600 destinados a la unidad ejecutora y administración de CEPA.

La construcción de la primera etapa del Aeropuerto del Pacífico arrancó en enero de 2025 en el cantón El Ciprés, en Conchagua, La Unión. El proyecto ha generado más de 3,600 empleos directos e indirectos y contempla una pista de aterrizaje de 2,400 metros de longitud por 45 metros de ancho.

Los USD 113.71 millones previstos para 2027

CEPA proyecta destinar 113.71 millones de dólares adicionales en 2027 para completar la construcción de la nueva terminal, según el anteproyecto de presupuesto revisado por el diario. La institución estima que, una vez concluida, la terminal reciba a 365,000 pasajeros al año.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó esta semana que continúan los trabajos en la estructura de la terminal de pasajeros y que la obra destaca por su “impresionante y llamativo diseño”.

El inicio de las operaciones comerciales se proyecta para el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la programación oficial recogida por Diario El Mundo.

Avance físico con cifras que no coinciden entre fuentes oficiales

La ejecución presupuestaria no es el único dato en disputa. A inicios de octubre, CEPA informó un avance físico del 30% en la construcción de la terminal, porcentaje que abarca trabajos de cimentación, sótano, losa de primer nivel, muros, columnas y cubierta, además de cuatro zapatas que sostienen la estructura metálica del edificio.

Sin embargo, la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo multilateral de desarrollo, ofreció un panorama distinto. Tras una visita de su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, a finales de septiembre, la CAF informó que el avance general del proyecto ya supera el 60%, según consignó Infobae.

La diferencia entre ambas cifras responde a que miden componentes distintos de la obra. El dato de CEPA corresponde a etapas específicas de la construcción, mientras que el de la CAF refleja el estado conjunto de toda la infraestructura, incluida la terminal de pasajeros, de acuerdo con el diario.

Ni CEPA ni la CAF han confirmado públicamente una fecha definitiva de finalización. El anteproyecto de presupuesto de CEPA mantiene la previsión de que la terminal esté lista durante el primer semestre de 2027, una proyección que contrasta con la que citan otros medios especializados, que ubican el inicio de operaciones en el segundo semestre de ese año.

La primera fase del proyecto, que demanda una inversión total de USD 386.4 millones, contempla además una plataforma de estacionamiento de aeronaves de 12.000 metros cuadrados, calles de rodaje, una torre de control y otras instalaciones aeroportuarias, según el anteproyecto presupuestario.

En Panamá, donde la pasta forma parte de las preferencias gastronómicas de los consumidores, su popularidad también se refleja en los pedidos a través de las plataformas de delivery.

En lo que va de este año los pedidos de pasta registraron un crecimiento interanual del 22%, de acuerdo a un estudio de consumo.

A esta preferencia se suma la diversidad de opciones disponibles en una de las plataformas, PedidosYa, cuyo estudio de mercado señala que actualmente, el 13% de sus partners en el país ofrece propuestas de comida italiana.

Esto, asegura, acercando a los usuarios distintas alternativas de una gastronomía que combina tradición, variedad y sabor.

Durante los 10 meses que han transcurrido del 2026 la lasaña se posicionó como la más elegida, concentrando el 53% del total de pedidos de pasta, seguida por spaghetti y fettuccine.

A la hora de elegir, siempre de acuerdo al estudio, el relleno también tiene un papel importante. Los datos aportados indican que entre las distintas opciones la carne ocupa el primer puesto entre las favoritas de los usuarios, seguida por jamón y queso y variedad de quesos.

Así, este clásico mantiene su protagonismo entre las pastas rellenas, en un universo de sabores que combina tradición y variedad en cada plato.

Y entre las preferencias el toque final también tiene sus favoritos. La salsa pomodoro ocupa el primer lugar entre las más elegidas, seguida por la salsa rosa y la salsa Alfredo, reflejando cómo los clásicos de la cocina italiana se encuentran con los gustos y preferencias de los usuarios panameños.

La pasión por la pasta, según el análisis, también se traslada a la cocina del hogar. A través del supermercado digital de la plataforma, los usuarios tienen la opción de elegir entre distintos formatos para preparar sus propias recetas.

Se registra que este año las pastas para guiso destacan entre las variedades con mayor demanda, con un crecimiento interanual de 177%.

Al referirse a los acompañamientos, indica que tampoco se quedan atrás. El queso rallado registró un crecimiento interanual del 146%, mientras que el pan baguette creció un 172% en el mismo periodo, dos productos que complementan este tipo de preparaciones y que también forman parte de los hábitos de compra de los usuarios.

En América Latina la presencia de la pasta se ha visto influida por múltiples factores históricos, económicos y culturales, entre los que destaca el impacto de la migración italiana y la adaptación de recetas al gusto local.

Aunque los datos no profundizan en la historia regional de la pasta, sí permiten observar cómo medios y actores institucionales de distintos países la presentan hoy como un producto cotidiano, integrado en la dieta y con un fuerte componente de identidad italiana.

El mercado panameño presenta una combinación interesante de tradición y exploración en sus preferencias gastronómicas, con datos que señalan tanto la fuerte presencia de productos como la hamburguesa, como el avance de opciones de cocina italiana y otros tipos de comida.

En Panamá se registraron más de 2 millones de hamburguesas pedidas en el último año, posicionándose como una de las categorías con mayor demanda dentro de la plataforma.

El análisis de los datos muestra que los viernes durante la cena concentran el mayor número de pedidos, convirtiéndose en el momento favorito de los panameños para disfrutar este platillo, y revelando patrones de consumo asociados a horarios y días específicos.

Las preferencias, se afirma, combinan tradición y exploración, con sabores clásicos que mantienen un lugar importante —como la hamburguesa con queso, doble carne, con bacon y queso—.

De igual manera, propuestas con ingredientes diferenciados y combinaciones más elaboradas que ganan espacio, como hamburguesas gourmet o con ingredientes especiales.

Organización Panamericana de la Salud lanzó su nuevo mecanismo de compras conjuntas y pasó de la teoría a la práctica en semanas.

El Fondo Rotatorio Regional, aprobado en octubre por el 63.º Consejo Directivo de la OPS, ya financiaba la compra de millones de dosis contra el sarampión para frenar el brote más grave que enfrenta Guatemala en años.

El respaldo llegó también desde otros puntos de la región. República Dominicana confirmó ante el organismo su apoyo a la unificación, mientras Estados Unidos mantenía congelado el pago de sus cuotas y México asumía la conducción política del comité ejecutivo de la OPS.

Qué cambia con el nuevo Fondo Rotatorio Regional

El 63.º Consejo Directivo de la OPS, reunido en Washington entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, aprobó fusionar el histórico Fondo Rotatorio para el Acceso a Vacunas con el Fondo Estratégico en un único mecanismo.

La nueva estructura concentra vacunas, medicamentos, diagnósticos y equipamiento médico bajo un mismo esquema de compra conjunta. Durante el último bienio, ambos fondos ayudaron a proteger a unas 170 millones de personas, según datos oficiales de la OPS.

El nuevo fondo permite que 33 países y nueve territorios de América Latina y el Caribe adquieran insumos a precios más bajos que si negociaran de forma individual.

Santiago Cornejo, gerente ejecutivo de los Fondos Rotatorios de la OPS/OMS, explicó a través de una nota de prensa, que la compra a escala permite pagar más de un 50% menos que otros países de ingresos similares.

“Nosotros como OPS gerenciamos los fondos, pero los fondos son de los países. Los países los crearon y definen sus prioridades”, señaló Cornejo durante el 1.er Congreso Iberoamericano de Salud FICS, realizado el 14 y 15 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Producción regional y medicamentos de alto costo

En 2020, apenas el 1.5% del volumen de vacunas comprado mediante los fondos provenía de fabricantes regionales. Según el informe anual de la OPS correspondiente al período julio de 2025-junio de 2026, esa proporción trepó a cerca de un 26% durante 2025.

El organismo también firmó un acuerdo para reservar dosis ante una eventual influenza pandémica y otro de transferencia tecnológica para fabricar vacunas antigripales estacionales con plataformas celulares en la propia región.

En medicamentos de alto costo, la OPS informó reducciones de entre 60% y 90% en tratamientos para cáncer de próstata y mama, esclerosis múltiple y cáncer pediátrico.

Para sostener esas compras en países con restricciones financieras, la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseñaron un esquema de garantías por hasta USD 1,000 millones, que podría generar ahorros de entre USD 850 millones y USD 2,200 millones en 24 países.

La inteligencia artificial pasa de piloto a sistema

Sebastián García Saisó, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, sostuvo que la tecnología ya ofrece resultados concretos en tareas puntuales. “La inteligencia artificial en salud ya no es una promesa. La pregunta es cómo lograr que produzca valor real para las personas”, afirmó durante el congreso porteño.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó más de 1,600 dispositivos con inteligencia artificial, 258 de ellos solo en 2025.

García Saisó citó el ensayo MASAI, realizado en Suecia con cerca de 100.000 mujeres, donde la mamografía asistida por IA detectó el 81% de los cánceres frente al 74% de la lectura convencional.

Según el especialista, muchos proyectos fracasan al escalarlos por fragmentación de datos y falta de interoperabilidad, no por fallas de los algoritmos. Su propuesta: “Datos primero, inteligencia artificial después, ciberseguridad siempre”.

Guatemala combate con el fondo el peor brote de sarampión de la región

El caso guatemalteco ilustra para qué sirve en la práctica el nuevo mecanismo. Un informe de situación de la OPS detalló que la región acumulaba 55,792 casos de sarampión y 77 muertes, con una caída del 35% en dos semanas pero con las primeras muertes del año registradas en Estados Unidos y Perú.

A través del Fondo Rotatorio, la OPS apoyó la compra de 3 millones de dosis de vacuna contra sarampión y rubéola y de 1.74 millones de dosis de la triple viral, destinadas en gran parte a Guatemala.

El país mantiene una campaña de vacunación activa en los departamentos de Quiché, Chiquimula, Sololá e Izabal y solicitó 500.000 dosis adicionales.

Guatemala y México registran un número reproductivo del virus por debajo de uno, mientras que en Estados Unidos ese indicador se ubica en 1.4, según el mismo informe de la OPS.

La diputada mexicana Mónica Magaña, que participó del Consejo Directivo en Washington, propuso ante los ministros de la región una hoja de ruta jurídica para facilitar compras consolidadas internacionales y el uso de líneas de crédito, según consignó el portal politico.mx.

República Dominicana amplía su esquema nacional de vacunación

República Dominicana reafirmó ante el Consejo Directivo de la OPS su respaldo a la armonización de los Fondos Rotatorios Regionales, mecanismo que el país utiliza para acceder a vacunas, medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias, según difundió Diariosalud.do, portal dominicano de salud.

La OPS también contribuyó al fortalecimiento de las capacidades nacionales en planificación, vigilancia epidemiológica y preparación ante emergencias sanitarias del país caribeño, de acuerdo con ese medio.

El respaldo dominicano no es nuevo. Durante un acto por el Día Mundial contra la Neumonía, el ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó los avances del Programa Ampliado de Inmunizaciones y la incorporación de la vacuna neumocócica 20-valente al esquema nacional, de acuerdo con Diario Libre, diario dominicano.

En esa misma actividad, la directora de Inmunoprevenibles por Vacunas del país, Aida Lucía Vargas, precisó ante el diario: “Las vacunas se adquieren a través del Fondo Rotatorio de la OPS y la OMS, y su impacto justifica cada esfuerzo”.

Un representante de la OPS citado por la publicación añadió que el país cuenta hoy con un esquema de vacunación que incluye la PCV20 y la vacuna contra la influenza.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron este 30 de octubre al menos 16 allanamientos en Ciudad de Guatemala para reunir indicios sobre el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurridas durante un ataque armado en el Campo Marte. Las diligencias buscan localizar motocicletas que podrían haber sido utilizadas por los responsables del atentado.

La mayoría de los registros se concentró en viviendas de la colonia La Libertad, en la zona 13 de la capital guatemalteca. Los operativos se produjeron 13 días después del crimen y apuntan a reconstruir la ruta de los atacantes y determinar quiénes participaron en la agresión.

Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y exfiscal antimafias del Ministerio Público, fue baleado la mañana del 17 de octubre mientras se encontraba en las canchas del Campo Marte, en la zona 5. Aguilar Gamarro, árbitro de un partido amateur de fútbol que se disputaba en el lugar, también murió por las heridas que sufrió durante el ataque.

Las motocicletas bajo investigación en la zona 13

La Fiscalía investiga si las motocicletas buscadas en los inmuebles allanados fueron empleadas para ejecutar o facilitar la huida tras el ataque. El Ministerio Público confirmó que sus equipos desarrollaban las diligencias para encontrar nuevos elementos que permitan esclarecer el doble homicidio.

La investigación se mantiene abierta pese a que, días después del crimen, altos mandos policiales indicaron que cuatro equipos de investigación y dos unidades de videoforense trabajaban en el caso. Durante una citación con diputados, las autoridades evitaron revelar las características de los sospechosos incluidas en una alerta policial, al sostener que esa información permanecía bajo reserva.

Los primeros avances del caso quedaron rodeados de cuestionamientos por la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz. La Policía los detuvo pocos minutos después del ataque en la zona 16, a unos ocho kilómetros del Campo Marte, y los presentó como sospechosos del doble crimen.

Los agentes argumentaron que los hermanos transportaban un arma de fuego dentro de una caja utilizada para entregas de comida a domicilio. Sin embargo, ambos negaron cualquier relación con el crimen y pidieron que se revisaran las cámaras de seguridad para aclarar lo sucedido.

La hipótesis contra los detenidos perdió sustento al día siguiente. El 18 de octubre, el Ministerio Público pidió que no fueran ligados a proceso y un juzgado aceptó la solicitud, por lo que recuperaron la libertad por falta de mérito.

Siete policías detenidos por presuntas irregularidades

Un fusil que la Policía presentó como indicio contra los hermanos Choc Toz habría sido colocado por agentes y no correspondería al arma empleada en el ataque. Esa situación abrió una investigación sobre el procedimiento policial y una posible alteración de los elementos recogidos tras el crimen.

Las pesquisas derivaron en la captura de siete agentes de la Policía Nacional Civil el 23 de octubre: un comisario, un inspector, un oficial y cuatro agentes. El Ministerio Público los señaló por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Los policías fueron trasladados a la cárcel de Mariscal Zavala en donde permanecerán por dos meses, tiempo en que el Ministerio Público debe presetarn indicios queen su contra.

El caso provocó cambios en la cúpula de la institución. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la destitución de David Custodio Boteo como director general de la Policía Nacional Civil y de Esvin Jacinto Quiché como subdirector de Operaciones.

Erick Rolando Osoy López asumió la dirección de la Policía, mientras Selvin Solano quedó al frente de la Subdirección de Operaciones. Gobernación también anunció una revisión de mandos y procedimientos para establecer si existieron deficiencias en la respuesta institucional.

Villeda reconoció que las autoridades tenían más dudas que certezas sobre lo ocurrido. La investigación debe establecer tanto quiénes asesinaron a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro como la actuación de los policías que participaron en las capturas posteriores al ataque.

El reclamo de justicia de la familia de Solórzano Foppa

La familia del exfiscal difundió un comunicado casi dos semanas después del asesinato para agradecer las expresiones de apoyo y reclamar avances en el esclarecimiento del caso. También valoró los aportes económicos recibidos, que le permitieron afrontar momentos especialmente difíciles.

En el mensaje, los familiares expresaron: “Son incontables las muestras de solidaridad que, como familia, hemos recibido ante el asesinato de Juan Francisco. Cada gesto de cariño, cada palabra y cada muestra de acompañamiento nos han dado fuerza y nos recuerdan que la dignidad y el compromiso con un país más justo siguen vivos”.

La familia reiteró su exigencia de una investigación rigurosa y de justicia por los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron y aseguraron una plantación con aproximadamente 16,000 arbustos de supuesta hoja de coca en el sector montañoso de Ojo de Agua, en la aldea El Carbón, departamento de Colón, durante un operativo desarrollado este viernes como parte de las acciones contra las actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información divulgada por la institución castrense, el cultivo se encontraba distribuido en un terreno de unas tres manzanas de extensión, en una zona montañosa donde se ejecutaron labores de vigilancia y reconocimiento para identificar posibles actividades ilícitas.

El hallazgo se produjo en el marco de las operaciones de apoyo a la Agencia Nacional contra el Crimen, con la participación de equipos tácticos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, que se desplazaron hasta el sector de Ojo de Agua para desarrollar las acciones operativas.

Durante la intervención, los efectivos militares ubicaron los arbustos que, según la información preliminar, corresponderían a una plantación de coca. Posteriormente, procedieron a asegurar el área donde se encontraba el cultivo.

Las autoridades no detallaron en la información divulgada si durante el operativo se registraron capturas, si se identificó a los responsables de la plantación o si se encontraron otros elementos que permitan establecer quiénes estarían detrás de la actividad.

Además de la plantación, los militares encontraron una infraestructura artesanal presuntamente destinada al manejo de insumos relacionados con actividades de narcotráfico, según informó la institución a través de sus redes sociales.

El hallazgo de esta estructura constituye otro de los elementos relevantes de la intervención, debido a que podría estar relacionado con las actividades desarrolladas en el terreno.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas no ofrecieron detalles adicionales sobre las características de la instalación, los materiales que se encontraban en su interior ni el posible uso específico que se le daba.

La información oficial se limita a confirmar la localización y el aseguramiento de los aproximadamente 16,000 arbustos, así como de la estructura artesanal encontrada durante las operaciones en el departamento de Colón.

Este tipo de intervenciones forma parte de los esfuerzos de las autoridades hondureñas para identificar terrenos utilizados presuntamente para el cultivo de plantas relacionadas con la producción de drogas y detectar posibles instalaciones asociadas con estas actividades ilícitas.

Las Fuerzas Armadas señalaron que mantienen el desarrollo de operaciones estratégicas en diferentes sectores del territorio nacional, con el objetivo de prevenir y combatir actividades ilícitas, desarticular posibles estructuras vinculadas al narcotráfico y fortalecer las condiciones de seguridad para la población hondureña.

La institución militar indicó que continuará ejecutando acciones de vigilancia y control en zonas identificadas como puntos de interés para las autoridades, con la finalidad de localizar cultivos ilícitos y contribuir a su erradicación.

En el caso de la aldea El Carbón, la operación se concentró en un sector montañoso de Ojo de Agua, donde los equipos tácticos encontraron la plantación que abarcaba aproximadamente tres manzanas de terreno.

La extensión del cultivo y la cantidad de arbustos reportados convierten el hallazgo en una intervención relevante dentro de las acciones anunciadas por la institución.

Las autoridades no informaron cuánto tiempo llevaba establecida la plantación, el terreno no había sido identificado previamente como un posible punto de cultivo de coca. Tampoco se proporcionaron estimaciones sobre la cantidad de producto que podría obtenerse de los arbustos localizados.

Estos datos serán importantes para establecer la dimensión de la actividad detectada y determinar si el lugar estaba vinculado con una estructura de mayor alcance dedicada al narcotráfico.

Guatemala envió 10.1 toneladas métricas de cacao orgánico desde Alta Verapaz hacia Amberes, Bélgica, en la primera exportación centroamericana preparada como libre de deforestación bajo las exigencias del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación.

El cargamento, destinado a un comprador europeo especializado en granos de origen, cerró un proceso piloto de georreferenciación y seguimiento de la cadena productiva.

La normativa europea condicionará el ingreso de cacao, café, aceite de palma, caucho, madera, soja y ganado bovino a que no procedan de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. También exigirá una declaración de diligencia debida para demostrar el origen y la legalidad de los productos.

Las obligaciones comenzarán el 30 de diciembre de 2026 para las empresas grandes y medianas, mientras que las micro y pequeñas compañías deberán cumplirlas desde el 30 de junio de 2027. La regulación acumuló dos prórrogas desde su aprobación original.

El grano salió de las montañas de Cobán con certificación orgánica y documentación sobre el recorrido de la producción. El comprador abastece a chocolateros que buscan cacao diferenciado por su calidad, identidad territorial y prácticas de cuidado forestal.

La preparación de 140 familias productoras de Alta Verapaz

El piloto estuvo a cargo de la Fundación Laguna Lachuá y de su empresa comercializadora, Empresa Comercializadora Lachuá, conocida como ECOLASA. La firma es socia del Comité de Cacao y Chocolate de la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

El proceso alcanzó de forma directa a 140 familias de pequeños productores de cacao orgánico y de especialidad. La Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, indicó que la experiencia puede tener un efecto indirecto sobre los más de 3.000 productores cacaoteros que operan en Guatemala.

Las actividades permitieron ubicar geográficamente las parcelas, recopilar datos sobre el origen del grano, analizar riesgos de deforestación y reforzar el seguimiento de cada etapa de la cadena. El modelo también incluyó la verificación de legalidad requerida para ingresar al mercado europeo.

Raúl Quezada, gerente de FundaLachuá y ECOLASA, definió el envío como un avance para la organización, que reúne a 200 pequeños productores: “Para nosotros es un gran paso: como una organización de 200 pequeños productores, este contenedor es un orgullo y debe verse como un éxito en Guatemala. Esto se convierte en una gran oportunidad para el cacao de la Selva Maya”.

La asistencia técnica se organizó en tres etapas: análisis del modelo de negocios para el comercio sostenible, incorporación de instrumentos digitales y verificación de los requisitos legales. El objetivo fue preparar a la cadena cacaotera local para responder a las condiciones que impondrá el mercado de la Unión Europea.

INATrace, la plataforma para documentar el origen del cacao

La trazabilidad digital se realizó mediante INATrace, una plataforma de código abierto que registra información sobre la cadena de suministro. La herramienta permite documentar los precios pagados, las etapas de procesamiento y otros datos que pueden compartirse con compradores mediante códigos QR.

Abner Jiménez, director del proyecto Grandes Bosques de GIZ, señaló que el trabajo conjunto permitió estructurar una vía comercial para el producto guatemalteco: “Junto a aliados y en el marco del EUDR, se abrió una ruta comercial para asegurar la cadena de suministro de cacao en Europa”.

Quezada sostuvo que la preparación documental agrega una condición comercial al valor del cacao certificado. “Como exportadores de cacao a Europa, este embarque representa un paso muy importante: estamos enviando granos certificados como orgánicos de la más alta calidad, pero ahora respaldado por un trabajo de trazabilidad y preparación que nos permite responder a las exigencias del comprador y el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación”, afirmó.

La experiencia fue presentada en septiembre durante el congreso EUDR&Data 2026, celebrado en Guatemala. Allí fue expuesta como un caso de referencia regional para el uso de geolocalización y gestión de datos en las cadenas de café y cacao.

FundaLachuá y sus socios preparan una guía práctica para productores y exportadores con los pasos de adaptación, la información necesaria y las posibles brechas frente a la regulación europea. La Asociación Guatemalteca de Exportadores impulsa, a la vez, el uso de INATrace entre sus asociados para respaldar el origen sostenible de los bienes que venden a Europa.

El piloto contó con el apoyo del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica y de la Iniciativa Café y Bosques, cofinanciados por la Unión Europea y Alemania a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Acción Climática, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, bajo la Iniciativa Internacional sobre el Clima. GIZ implementa ambos programas con apoyo técnico de la Alianza Bioversity International-CIAT y la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, además de Silva Cacao y Uncommon Cacao.

La economía de El Salvador sostiene su expansión a través de un crecimiento horizontal y diversificado que abarca a 17 de las 19 ramas productivas, de acuerdo con los registros oficiales correspondientes a la primera mitad de 2026.

Esta distribución sectorial apuntala el desempeño del Producto Interno Bruto, que avanzó un 3.9% al cierre de 2025 y registró una subida del 5.1% en el segundo trimestre del ejercicio corriente.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explicó esta evolución durante su participación en el espacio de entrevista Punto de Vista, transmitido por la radio YSKL, donde destacó la resistencia de las actividades productivas locales ante la coyuntura internacional.

El comportamiento favorable de la actividad no descansa en un único rubro, sino en el dinamismo simultáneo del sector productivo. Las mediciones oficiales destacan a la construcción y al turismo como las áreas con mayor aceleración, acompañadas por:

• Generación y distribución de energía
• Servicios médicos y de salud.

“El crecimiento es horizontal y el crecimiento es diversificado, y eso para una economía pequeña es muy importante”, señaló la ministra Hayem en la cabina de YSKL para enfatizar la menor vulnerabilidad del mercado interno.

Con base en este despliegue de los rubros evaluados, organismos multilaterales sitúan la proyección de crecimiento salvadoreño para el cierre de 2026 en un 4.5%, registro que colocaría al país en el primer lugar de Centroamérica y en la cuarta posición en América Latina.

Los compromisos de infraestructura portuaria e inmobiliaria refuerzan las ramas clave

La ministra Hayem subrayó que la solidez observada en los distintos sectores productivos cuenta con el respaldo de cuantiosas inversiones conjuntas del Estado y del empresariado para garantizar la continuidad del crecimiento.

En el ámbito logístico, la funcionaria detalló que el gobierno y el sector privado canalizan USD 1,600 millones a la modernización de los puertos, una iniciativa orientada a optimizar el transporte y la salida de mercancías.

En paralelo, destacó que un grupo corporativo proyecta erogaciones superiores a USD 1,000 millones en infraestructura en San Salvador, mientras que un consorcio destina más de USD 1,000 millones a desarrollos en la zona oriental.

A estas colocaciones de capital interno, Hayem sumó una inversión española por más de USD 2,000 millones focalizada en agua y energía, un suministro estratégico para sostener la actividad manufacturera.

Asimismo, la titular de la cartera económica reportó operaciones de corporaciones de Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, a las que se integran una planta textil de procedencia hondureña e inversiones inmobiliarias de Guatemala y Costa Rica.

El comercio exterior diversifica sus destinos y el turismo multiplica la actividad regional

El intercambio mercantil refleja también la diversificación de la producción salvadoreña. Las exportaciones de bienes y servicios acumularon un alza del 4% interanual hasta el mes de septiembre, con un papel protagónico del sector servicios, así como de los envíos de medicamentos, alimentos y bebidas.

Durante el último año, el aparato productivo logró colocar 204 productos en 60 mercados extranjeros donde antes no tenía presencia.

“Nuestras empresas siguen mostrando su resiliencia, su capacidad de salir adelante, de innovar”, afirmó la titular de la cartera económica ante la radioemisora al valorar la incursión fabril en plazas inéditas.

Por su parte, las importaciones experimentaron un incremento del 10% a septiembre debido a compras de insumos para la confección y productos de consumo. El rubro textil, tras una retracción global en 2025, muestra indicios de recuperación y estabilidad hacia el tramo final del ciclo.

El sector turístico, en tanto, creció un 166% en el primer semestre en comparación con igual periodo de 2019. “Cuando crece un sector que es tractor, como es el caso del sector turismo, se benefician muchos otros sectores”, subrayó Hayem.

Las autoridades de Panamá decomisaron 1,208 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante dos operaciones desarrolladas en las últimas 24 horas, una en la provincia de Colón y otra en un puerto del Pacífico.

Los procedimientos permitieron interceptar cargamentos transportados en una embarcación y un contenedor comercial, este último con destino final España.

Uno de los hallazgos se produjo mediante la Operación Dynamo, desarrollada por la Policía Nacional a través de labores de inteligencia, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público. Durante la intervención, las autoridades localizaron 510 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor inspeccionado en un puerto del Pacífico.

La carga había salido de Chile, realizaba tránsito por Panamá y tenía como destino final España. Según el informe policial, el contenedor declaraba transportar extractos vegetales, pero durante la verificación de la mercancía fueron descubiertos los paquetes con sustancias presuntamente ilícitas, que quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

Este hallazgo constituye el segundo decomiso de droga en contenedores durante la semana, después de una operación que permitió descubrir otro cargamento procedente de Perú y con destino a Bélgica. Ambos casos evidencian el uso de las rutas comerciales internacionales para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados europeos.

La otra intervención se desarrolló en Isla Grande, Costa Arriba de la provincia de Colón, donde unidades policiales decomisaron 698 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas. La mercancía estaba distribuida en 28 sacos dentro de una embarcación, cuya ubicación permitió retirar de circulación otro importante cargamento de droga.

El hallazgo en Colón representa la mayor cantidad de paquetes incautados entre las dos operaciones recientes, con 188 unidades más que las encontradas en el contenedor procedente de Chile. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia de las sustancias y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su transporte.

Colón figura entre los territorios con mayor incidencia de incautaciones de drogas en Panamá, debido a su actividad marítima y portuaria. Los informes oficiales del primer semestre de 2026 situaron a esta provincia en el primer lugar nacional, seguida de Panamá y Panamá Oeste, dentro de las estadísticas de decomisos.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras nacionales. Hasta el 11 de agosto de 2026, Panamá acumulaba 62 toneladas de drogas incautadas, según información del Ministerio de Seguridad Pública. Este balance no incluye necesariamente todas las operaciones posteriores y no constituye una cifra definitiva de octubre.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval había contabilizado 60,935 paquetes de sustancias ilícitas incautados durante 2026, mediante 96 operaciones, de acuerdo con su balance del 27 de octubre. La estadística corresponde exclusivamente a esa institución y no debe confundirse con el total nacional registrado por los organismos de seguridad.

En otro caso relacionado con el narcotráfico, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala obtuvo condenas de 84 meses de prisión para tres ciudadanos panameños por posesión agravada de drogas. Los sentenciados aceptaron su responsabilidad penal y el Tribunal de Garantías también ordenó el comiso de una embarcación y multas de 100 balboas.

El expediente corresponde a hechos registrados el 16 de noviembre de 2025 en Caledonia, comarca Guna Yala, cuando unidades del Servicio Nacional de Fronteras detectaron una lancha sospechosa. Sus tripulantes arrojaron bultos al mar al advertir la presencia policial y, tras una persecución, fueron aprehendidos y se recuperaron 144 paquetes de marihuana.

Mientras tanto, el reporte de la Policía Nacional correspondiente a las últimas 24 horas registró 151 personas aprehendidas y 104 diligencias de allanamiento. Entre los resultados también figuran cuatro armas de fuego, 94 municiones, 14,454.60 dólares en efectivo y tres vehículos recuperados, además de los 1,208 paquetes de droga.

De las personas aprehendidas, 111 mantenían órdenes de captura, 27 fueron detenidas por faltas administrativas, diez en flagrancia y tres por microtráfico. Las acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual las autoridades desarrollan operativos contra distintas modalidades delictivas en el territorio nacional.

Los decomisos recientes ponen nuevamente de manifiesto la utilización de contenedores comerciales y embarcaciones para transportar drogas por las rutas marítimas de Panamá. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y establecer las conexiones de los cargamentos con posibles redes de narcotráfico internacional.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre liberó una cantidad de energía equivalente a la explosión simultánea de aproximadamente 367 bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima, según estimaciones del doctor y geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, quien investiga los cambios geológicos provocados por el movimiento.

El científico explicó que la magnitud del evento permitió liberar suficiente energía para desplazar millones de toneladas de terreno, ocasionando deformaciones permanentes en sectores de la península de Azuero y la costa de Veraguas, donde continúa recopilando información para sus investigaciones.

La comparación con las bombas atómicas permite dimensionar la enorme cantidad de energía liberada por el terremoto. En un sismo, la energía acumulada en las rocas se libera durante la ruptura de una falla y se propaga mediante ondas que producen el movimiento del terreno.

Guerra Araúz explicó que actualmente se utiliza la magnitud de momento para medir el tamaño de los terremotos, en lugar de recurrir a la antigua escala de Richter. La diferencia es importante porque cada incremento de una unidad de magnitud representa aproximadamente 32 veces más energía liberada, lo que permite comprender la fuerza de los grandes movimientos sísmicos.

Los primeros resultados revelan que el terremoto modificó la elevación de diferentes sectores costeros, con desplazamientos verticales que alcanzaron aproximadamente tres metros en determinadas localidades.

Guerra Araúz señaló que algunas áreas se levantaron mientras otras descendieron, un fenómeno relacionado con el movimiento de los bloques de la falla que produjo el sismo.

En Búcaro, distrito de Tonosí, los investigadores identificaron desplazamientos verticales de aproximadamente tres metros, superiores a los dos metros estimados inicialmente mediante modelos matemáticos.

Esta diferencia permite calibrar las simulaciones científicas con las mediciones realizadas directamente sobre el terreno, para comprender con mayor precisión el comportamiento de la ruptura.

En otros sectores de Tonosí y Mariato también se registraron alteraciones importantes en la superficie terrestre, incluyendo elevaciones cercanas a dos metros y hundimientos que, en puntos extremos, alcanzaron aproximadamente tres metros.

El especialista explicó que estos desplazamientos son permanentes y forman parte de los procesos geológicos que transforman gradualmente el territorio.

Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde a Isla Cañas, donde los modelos preliminares indican un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros. Aunque la variación parece pequeña, resulta significativa para una comunidad costera, porque facilita que el agua del mar penetre durante las mareas altas y alcance terrenos anteriormente menos expuestos.

A esta situación se suma la apertura de un canal que dividió Isla Cañas en dos sectores separados por el agua, una transformación que ha incrementado la preocupación de sus habitantes. La abertura alcanza aproximadamente 37 metros de ancho y más de cuatro metros de profundidad, según los reportes conocidos después del terremoto.

Los análisis preliminares apuntan a que el fuerte oleaje y la erosión marina removieron grandes cantidades de arena, especialmente en una de las partes más estrechas de la isla. Sin embargo, todavía se requieren estudios para establecer con precisión cómo ocurrió la separación y determinar su relación con los cambios geológicos provocados por el sismo.

Guerra Araúz aclaró que todavía no ha realizado mediciones presenciales en Isla Cañas, debido a las dificultades de acceso posteriores al terremoto. La estimación del hundimiento procede de modelos científicos que continúan en calibración, por lo que los resultados deberán contrastarse con nuevas observaciones antes de establecer conclusiones definitivas sobre la deformación de la isla.

Las investigaciones también identificaron elevaciones del fondo marino de entre 30 y 40 centímetros en determinados sectores próximos a Mariato y el sur de Tonosí.

Según el científico, estos desplazamientos pudieron generar un tsunami local de alcance limitado, aunque el mecanismo y sus efectos todavía requieren análisis adicionales.

El hundimiento representa además un desafío para las familias que dependen de la agricultura y habitan cerca del litoral. La entrada de agua salada afectó terrenos de cultivo, mientras que la mayor exposición a inundaciones obliga a considerar nuevas condiciones para reconstruir viviendas y recuperar actividades productivas.

Entre las alternativas planteadas por el investigador figura la construcción de viviendas elevadas sobre pilotes, acompañada de estudios de ingeniería que determinen su seguridad frente al oleaje. Advirtió que reconstruir sin considerar los cambios permanentes del terreno podría mantener a las familias expuestas a futuras inundaciones y otros riesgos costeros.

El trabajo de campo también ha documentado derrumbes, daños estructurales y desplazamientos de la superficie en diferentes comunidades de Azuero y Veraguas. Guerra Araúz señaló que las observaciones permiten comparar los efectos reales del terremoto con las simulaciones científicas, una información fundamental para mejorar las estimaciones de amenaza sísmica.

Durante sus recorridos, el investigador encontró edificaciones completamente destruidas junto a otras que resistieron el movimiento, diferencias que relacionó con las características de construcción y el refuerzo estructural.

Considera necesario evaluar las viviendas afectadas y fortalecer las normas de seguridad, especialmente en comunidades donde predominan construcciones realizadas con recursos limitados.

El científico es oriundo de Boquete, provincia de Chiriquí, y becario doctoral de la Senacyt. Estudió Física en la Universidad Autónoma de Chiriquí y cursó una maestría en Ingeniería Matemática en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente culmina su doctorado en Geofísica en Western University, Canadá, con investigaciones enfocadas en el riesgo sísmico.

Su supervisor doctoral es Katsuichiro Goda, especialista japonés en sismología y modelación de tsunamis, con quien desarrolla investigaciones sobre las amenazas geológicas de Panamá. Ambos científicos han trabajado en modelos para comprender la interacción de las placas tectónicas y estimar los movimientos del terreno, con el propósito de mejorar la evaluación del riesgo sísmico.

Ambos investigadores desarrollaron uno de los primeros modelos tridimensionales del subsuelo panameño, mediante el análisis de 2,741 terremotos registrados entre 2013 y 2023. Para elaborar el estudio utilizaron información de 148 estaciones sísmicas de Panamá, Costa Rica y Colombia, que permitió examinar estructuras geológicas hasta unos 80 kilómetros de profundidad.

Los resultados, publicados en la revista científica Tectonophysics, aportaron nuevas evidencias sobre la interacción de las placas tectónicas bajo Panamá. La investigación identificó procesos de subducción desde el Pacífico y el Caribe, además de estructuras geológicas que podrían generar terremotos importantes en diferentes regiones del territorio nacional.

Guerra Araúz considera que Panamá necesita ampliar y modernizar su red de vigilancia sísmica, especialmente mediante sensores próximos a las fallas y equipos instalados bajo el mar.

Como referencia, mencionó que Costa Rica dispone de más de 300 sensores sísmicos, incluidos equipos de monitoreo submarino. A su juicio, Panamá requiere combinar sismómetros, acelerómetros y dispositivos GPS de alta precisión para registrar movimientos fuertes y detectar deformaciones del terreno antes y después de grandes terremotos.

El especialista también advirtió que las réplicas pueden continuar durante semanas o meses, aunque su frecuencia tienda a disminuir progresivamente. Insistió en que la preparación de las comunidades, el fortalecimiento de las edificaciones y la inversión sostenida en investigación científica son indispensables para reducir las consecuencias de futuros eventos sísmicos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el envío de vehículos blindados y helicópteros a Haití para reforzar la búsqueda de cuatro integrantes salvadoreños de una misión internacional que desaparecieron tras una emboscada de pandillas cerca de Puerto Príncipe.

El mandatario difundió el jueves 29 de octubre un video en la red social X en el que se observa el embarque de tropas, vehículos blindados negros y helicópteros en aeronaves destinadas al país caribeño. Las imágenes muestran al menos cuatro helicópteros y cuatro vehículos blindados que fueron cargados con grúas.

Bukele sostuvo que el operativo busca localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre y apoyar las acciones contra las bandas armadas que operan en la zona metropolitana de la capital haitiana. “Estamos dando una lección a las pandillas (...) que hacen sufrir al pueblo haitiano”, escribió el presidente.

Los militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión internacional autorizada por las Naciones Unidas para enfrentar a los grupos criminales haitianos. Según las autoridades salvadoreñas, los cuatro son técnicos aeronáuticos que cumplían tareas de evacuación médica y apoyo logístico.

El 18 de octubre, los hombres regresaban a su base en un vehículo blindado luego de realizar compras en un mercado cuando fueron atacados por hombres armados en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos, lo que provocó un incendio en el vehículo.

Los técnicos lograron salir de la unidad, pero desde entonces se ha perdido el contacto con ellos. Helicópteros enviados como apoyo también han recibido disparos durante la operación, de acuerdo con los reportes iniciales sobre el ataque.

La emboscada ocurrió en un área donde tienen presencia grupos criminales identificados como Chèn Mechan y 400 Mawozo, aunque ninguna de estas dos organizaciones se ha atribuido públicamente el hecho. Las fuerzas haitianas y los contingentes internacionales desplegados en el país mantienen operativos en la zona para intentar ubicarlos.

El Salvador afirma que la misión cuenta con respaldo internacional y haitiano

La movilización salvadoreña se ha intensificado en los últimos días. Bukele afirmó que el despliegue cuenta con “autorización de todos los niveles internacionales y nacionales” y remarcó que el objetivo principal es recuperar a los cuatro técnicos.

El presidente también rechazó que la llegada de tropas y equipamiento a Haití represente una intervención contra la población. “Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión”, señaló en un mensaje dirigido a los haitianos.

Según Bukele, El Salvador financia el 90% de la ofensiva con recursos propios, pese a que otros países colaboraron en la logística del traslado de personal y equipos. De momento, el gobierno salvadoreño no ha informado el número exacto de helicópteros ni vehículos blindados que quedarán asignados a las tareas de búsqueda.

Uno de los aviones que participó en los traslados fue identificado como un Boeing 737-401 de la compañía ecuatoriana Aeroregional. Registros de Flightradar24 citados por la agencia AFP indicaron que la aeronave realizó vuelos entre Ecuador, El Salvador y Haití entre el 23 y el 27 de octubre.

La búsqueda continúa sin información oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos salvadoreños. Bukele advirtió el pasado 21 de octubre a los grupos criminales que puedan tenerlos retenidos que su gobierno aumentaría la presión militar si no eran devueltos “vivos y sin daños”.

Este jueves, durante una conferencia de prensa por la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el presidente Bukele se refirió nuevamente al tema de los técnicos desaparecidos en Haití y advirtió a los grupos criminales que si no entregan “por las buenas” a los salvadoreños, “los vamos a rescatar por las malas”.

La empresa guatemalteca Fogel de Centro América recibió el reconocimiento de Exportador del Año 2026, el máximo galardón entregado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) durante la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación.

La ceremonia se realizó la noche del jueves 29 de octubre en un hotel de la Ciudad deGuatemala, bajo el lema “Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras”.

Fogel, dedicada desde 1981 al desarrollo de refrigeración comercial, exporta sus soluciones a más de 35 países.

La compañía sustenta su expansión internacional en la innovación y la automatización de procesos, además de contar con laboratorios acreditados, el uso de refrigerantes naturales y tecnología de alta eficiencia que incorpora ingeniería desarrollada en el país.

Un jurado integrado por autoridades y representantes de alto nivel del sector privado la eligió entre las tres empresas que obtuvieron galardón en sus respectivas categorías.

Doce finalistas compitieron por el reconocimiento

La edición 2026 del certamen reunió a doce empresas finalistas y contó con la participación de representantes del sector exportador y del pleno del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex), presidido por el Ministerio de Economía.

Durante la bienvenida, Francisco Ralda, presidente de la Junta Directiva de Agexport, se refirió a los desafíos que enfrentan las empresas guatemaltecas frente a la situación geopolítica, los aranceles y los cambios tecnológicos.

“El potencial de Guatemala es mucho mayor que la velocidad con la que está creciendo, y no se puede pedir a los exportadores avanzar más rápido mientras el país tenga obstáculos que frenen su competitividad”, afirmó Ralda ante los asistentes.

El directivo señaló además que “ahora viene la parte más importante: convertir las leyes, los anuncios y los proyectos en resultados”.

Tres empresas recibieron galardón por categoría

Además de Fogel, otras dos compañías obtuvieron reconocimiento en sus respectivos rubros. En la categoría de Sector Servicios y Contact Center & BPO, el galardón fue para Sistemas Aplicativos, S. A. (Sisap), empresa guatemalteca con más de cuatro décadas de trayectoria que presta servicios de ciberseguridad en doce países.

Sisap opera tres centros de operaciones de seguridad (SOC) con inteligencia artificial y respuesta las 24 horas, y a través de su instituto IRSI forma de manera gratuita talento especializado en el área tecnológica.

En la categoría de Sector Agrícola y Acuicultura y Pesca, el premio correspondió a Plantaciones Nahualate, compañía con treinta años de trayectoria que exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados hacia Europa, Norteamérica y el Caribe.

La empresa protege más de 80 hectáreas de bosque y transforma residuos en nuevos recursos, además de operar una clínica empresarial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para sus colaboradores.

El jurado otorgó menciones honoríficas a tres finalistas

A petición del jurado calificador, se entregaron menciones honoríficas a tres empresas que destacaron durante el proceso de selección: El Gigante Coffee, Avícola Kikiriki y Servicios Visualiza.

Estas compañías no obtuvieron el galardón principal de sus categorías, pero el jurado reconoció su desempeño dentro del conjunto de finalistas.

Ingrid Juárez Brenner fue distinguida como Mujer Exportadora

El reconocimiento a Mujer Exportadora 2026 fue para Ingrid Carolina Juárez Brenner, presidenta de Exprogua.

Pionera del sector de plantas ornamentales desde 1987, su trabajo llevó esta producción guatemalteca a más de 25 países en cinco continentes, en un rubro tradicionalmente liderado por hombres.

Su labor se extendió también al ámbito social, con proyectos de educación, salud y vivienda impulsados a través de la Fundación Corazones Libres.

Mascotas de Lana obtuvo el premio a la primera exportación

En la categoría Mi Primera Exportación, el galardón fue para Mascotas de Lana, emprendimiento fundado por Cristina Sánchez, integrante de la Comisión Hecho a Mano de Agexport y distinguida con el Sello Blanco de Guatemala.

La marca produce personajes tejidos a mano con la técnica del crochet y ha colocado su producción en mercados como España y Estados Unidos, con el trabajo de artesanos guatemaltecos, entre ellos madres que generan ingresos desde sus hogares.

El Inguat recibió el reconocimiento a institución de apoyo

La Junta Directiva de Agexport otorgó el reconocimiento especial a institución de apoyo al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), por su trabajo enfocado en fortalecer la imagen del país para el crecimiento del turismo nacional e internacional.

Agexport plantea una agenda de competitividad

Ralda cerró la ceremonia con un llamado a fortalecer la competitividad del país a través de cuatro prioridades que Agexport impulsa: infraestructura vial crítica, eficiencia en puertos, costos de energía y simplificación de trámites.

“Quienes estamos hoy aquí tenemos responsabilidades distintas, pero compartimos un mismo país”, señaló el directivo, quien instó al sector público y privado a trabajar de manera conjunta para incrementar la capacidad exportadora de Guatemala.

Cada año unas 250 mujeres mueren por cáncer cervicouterino en Panamá, mientras que el Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica (CERCID), ha diagnosticado hasta el momento más de 13 mil citologías y detectado 147 lesiones premalignas y cánceres.

En el país el cáncer cervicouterino ocupa el tercer lugar entre los tipos de cáncer diagnosticados.

Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que entre 2014 y la fecha de corte de las estadísticas se habían diagnosticado 4,593 mujeres con cáncer de cuello uterino, de las cuales 214 han sido diagnosticadas en lo que va de 2016.

Para combatir esta enfermedad con un diagnóstico oportuno y temprano las autoridades recibieron una donación de equipos prediagnóstico del cáncer cervicouterino por parte del gobierno de la República de Corea.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que esta donación fortalecerá la capacidad diagnóstica del Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica.

Esta unidad cuenta con profesionales comprometidos y tecnologías de inteligencia artificial como apoyo para analizar citologías, reducir los tiempos de espera, agilizar los diagnósticos y garantizar que cada mujer reciba atención oportuna, manifestó el ministro.

Boyd Galindo señaló que, hasta la fecha, el Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica ha diagnosticado más de 13 mil citologías y detectado 147 lesiones premalignas y cánceres.

“En nuestro país, cada año unas 250 mujeres mueren por esta enfermedad. En las comarcas indígenas es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Lo más doloroso es que podemos prevenirla, detectarla a tiempo y salvar vidas”, dijo el ministro de la cartera de Salud.

La información señala que dos de estos equipos van a estar en los carros móviles utilizados para realizar giras médicas por todas las provincias.

El Minsa continúa trabajando para que la prevención y el diagnostico oportuno sean una realidad, que permita cumplir con la meta de eliminar el cáncer cervicouterino para el 2030.

En Latinoamérica la tasa de prevalencia es de 4 por mil mujeres, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mientras que a nivel mundial es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del mundo, afectando a más de 600 mil por año y causando más de 350 mil muertes solo en 2022.

Durante ese año en América más de 78,000 mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad y más de 40,000 fallecieron, añade la OPS.

Para el organismo de salubridad, la elevada carga de enfermedad del cáncer cervicouterino en las Américas representa un problema de salud pública de primer orden que debe ser abordado mediante una estrategia integral e interprogramática (salud sexual y reproductiva, salud en adolescentes, inmunización y control del cáncer cervicouterino).

Señala que el cáncer cervicouterino es una enfermedad con una larga historia natural, por lo que ofrece múltiples oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer mediante estrategias efectivas de prevención primaria y secundaria junto a un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de los casos, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.

El organismo internacional de salud pública aboga por acelerar en algunos países la transición hacia el tamizaje primario mediante pruebas moleculares del virus del papiloma humano (VPH), una tecnología recomendada por la Organización Mundial de la Salud por su elevada sensibilidad para identificar infecciones asociadas al desarrollo del cáncer cervicouterino.

A diferencia del Papanicolaou, que busca identificar células anormales en el cuello uterino, la prueba molecular detecta material genético de tipos de VPH de alto riesgo, responsables de prácticamente todos los casos de esta enfermedad.

La Estrategia Global de la OPS describe el siguiente umbral: se habrá eliminado el cáncer de cervicouterino como problema de salud pública cuando todos los países alcancen una tasa de incidencia de menos de 4 casos por 100.000 mujeres. Esto debería suceder durante la vida de las jóvenes de hoy, asegura.

Un camionero panameño permaneció amarrado durante horas dentro del camarote de su propio camión después de que una banda lo secuestrara en plena carretera para robarle un cargamento de USD 560,000 en tenis Puma y Nike.

El episodio, ocurrido en 2012 y relatado a InsightCrime, medio especializado en crimen organizado, ilustra el riesgo físico que enfrentan a diario los conductores que transportan mercancía por Costa Rica.

InsightCrime recorrió 520 kilómetros de carreteras costarricenses junto a Irvin Pérez, un camionero panameño que transporta carga desde 2017, para documentar cómo el robo de carga se transformó en una amenaza constante para quienes trabajan en los corredores de transporte del país.

El viaje expuso testimonios de secuestros, disparos y hasta un asesinato en ruta.

Las cifras recientes confirman esa tendencia. Según el reportaje de InsightCrime, las bandas robaron al menos 156 cargamentos en 2025, un promedio de tres camiones por semana, y hasta julio de 2026 ya sumaban 71 robos, un ritmo similar al del año anterior.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reúne estos datos desde 2016, cuando se registraron 121 camiones robados, y en la última década la cifra acumulada supera los 1,300 vehículos afectados en dos corredores de transporte principales.

El secuestro de un conductor en plena carretera

Ovidio Martínez, el camionero asaltado en 2012, relató a InsightCrime cómo un Nissan Sentra verde obligó a su camión a detenerse mientras entregaba el cargamento con destino a San José. Un hombre saltó al vehículo, abrió la puerta del conductor y le apuntó con una pistola al rostro. Otro hombre subió por el lado del copiloto.

Los asaltantes lo obligaron a meterse en la cabina-dormitorio, lo amarraron con sus propios cordones de zapatos y le taparon la boca. “No podía ver nada porque me tenían en el compartimento de descanso, boca abajo. En un momento, el peso de mi propio cuerpo me hizo sentir que me estaba asfixiando”, recordó Martínez ante el medio.

“El que estaba sentado conmigo le repetía al conductor que quería matarme, pero el otro le decía que me dejara en paz porque yo no estaba resistiendo y no había necesidad”, relató.

El conductor del camión robado chocó después con un motociclista, los asaltantes huyeron, y alguien encontró a Martínez amarrado y llamó a la policía.

Un caso con un patrón casi idéntico ocurrió 14 años después. Entre el 11 y el 12 de septiembre de 2026, un camionero que transportaba productos de higiene con destino a Honduras fue secuestrado en Liberia, Guanacaste, cuando se detuvo a descansar al costado de la ruta.

Dos sujetos armados lo golpearon, lo encerraron en el camarote del tráiler y le cubrieron el rostro para que no reconociera las rutas de traslado, según informó CRHoy.

Tras varias horas de cautiverio, los asaltantes desengancharon el contenedor en San Carlos y abandonaron al conductor dentro de la cabina.

El OIJ localizó la mercancía —3,953 bultos, cajas y bolsas de toallas femeninas, pañales y toallitas húmedas— en una bodega de Guápiles y detuvo a tres sospechosos en un retén policial, de acuerdo con el reporte de CRHoy.

¿Por qué Costa Rica se volvió un foco del robo de carga en Centroamérica? Porque las bandas detectaron que los corredores que conectan los puertos del Pacífico y el Caribe con Panamá, Nicaragua y Honduras concentran camiones con mercancía de alto valor, entre USD 100,000 y USD 500,000, fácil de revender: ropa, electrónicos, electrodomésticos, licor o neumáticos.

Un guardia armado y un conductor asesinado

Quienes viajan con seguridad privada tampoco están a salvo del todo. Josué, un guardia armado que custodia camiones, contó a InsightCrime que ya se enfrentó dos veces a asaltantes.

“Disparé tiros de advertencia para que supieran que había seguridad armada, y se retiraron”, dijo, aunque advirtió que algunos atacantes “cargan fusiles de asalto” frente a los cuales una pistola de nueve milímetros no alcanza.

El desenlace no siempre es ese. En El Roble, cerca del Puerto del Pacífico de Caldera, asaltantes mataron en 2024 al conductor panameño Krevith Holbart Shaw Beitia tras dispararle en la cabeza durante un robo, según documentó el medio.

La zona conecta dos corredores de transporte clave y queda próxima a las selvas nubladas del Parque Nacional Braulio Carrillo, donde la escasa señal de celular favorece el abandono de contenedores y conductores.

La violencia contra conductores no se detuvo ese año. El 7 de octubre, un trailero recibió un disparo en el hombro en una rotonda de la ruta 27, en El Coyol de Alajuela, durante un aparente intento de robo de su tráiler y la mercancía que transportaba, según relató Amprensa.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital y, según información extraoficial, dos sospechosos quedaron detenidos minutos después.

Las bandas también se adaptaron a la tecnología de rastreo. Instalan inhibidores de señal para bloquear el GPS y dividen las caravanas de camiones al colarse entre los vehículos o rodearlos con varios autos, según explicó Andrés Muñoz, tesorero de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá, a InsightCrime.

Cuando un contenedor no se recupera, la pérdida puede llegar a los USD 14,000, además del valor de la mercancía, que suele desaparecer en una economía informal de reventa.

El precio de protegerse en la ruta

Contratar seguridad privada armada puede elevar hasta un 25% el costo de transportar un contenedor a través de Costa Rica, de USD 2,000 a USD 2,500 por carga, de acuerdo con el reporte de InsightCrime.

Quienes no pueden pagar ese gasto adicional y se niegan a conducir de noche enfrentan demoras: trayectos de Panamá a Guatemala que antes tomaban tres o cuatro días ahora pueden extenderse hasta seis.

El agente Yeric Vega Blanco, del OIJ, describió ante el medio a los grupos criminales como ágiles y señaló que algunos están conectados con redes más poderosas vinculadas al narcotráfico. El investigador expresó frustración porque el organismo está demasiado disperso para atender el problema mientras enfrenta el repunte de la violencia del crimen organizado.

Esa frustración la comparten los camioneros, que se sienten indefensos. “El Gobierno nos dice: veamos qué pasa, veamos qué soluciones podemos encontrar”, dijo Martínez a InsightCrime. “Pero mientras tanto, seguimos viviendo con el riesgo de que nos maten”, agregó.

El robo sistemático también erosiona la confianza dentro del propio sector del transporte. “Te mancha la reputación gravemente”, afirmó Martínez.

“La gente empieza a preguntarse si la empresa de transporte pudo haber estado involucrada o si realmente fue solo un robo”, explicó el camionero, quien advirtió sobre la desconfianza creciente entre comerciantes y transportistas.

La respuesta oficial y la presión del sector privado

El impacto ya se refleja en las rutas comerciales. Según la investigación de InsightCrime, algunos clientes de la Zona Libre de Colón comenzaron a transportar sus productos en buques directamente a puertos de Honduras y Guatemala para evitar las carreteras costarricenses, pese a que ese trayecto implica tiempos de viaje más largos.

La presión del sector privado también creció en los últimos meses. La Cámara de Comercio Exterior (Crecex) pidió al Gobierno costarricense establecer una estrategia de cooperación que incluya intercambio de inteligencia entre autoridades y empresas, protocolos de denuncia y respuesta rápida, y mayor vigilancia en los corredores logísticos más afectados, según informó Delfino.cr.

El OIJ respondió con uno de sus mayores operativos del año. El 9 de octubre, 1,275 funcionarios judiciales ejecutaron 80 allanamientos simultáneos en nueve zonas del país y detuvieron a 31 personas vinculadas a una organización que operaba principalmente en Limón, según informó Infobae.

La estructura, investigada desde 2024 bajo el nombre de las causas Portus y Conexión, estaría ligada a al menos 11 robos de contenedores en Limón, Puntarenas, Liberia y San Ramón, con pérdidas estimadas en USD 1,5 millones.

El Ministerio de Hacienda reportó un aumento del 58% en los decomisos de mercancías entre mayo y julio de 2026 respecto del mismo período de 2025, y presentó solo en julio 15 denuncias penales vinculadas con evasión fiscal, de acuerdo con el análisis publicado por La República, diario costarricense.

Pese a esas acciones, el organismo reconoció que la respuesta no puede ser únicamente policial y que se requiere coordinación permanente entre autoridades, puertos, transportistas, importadores y exportadores.

El sector logístico también busca respuestas propias. El 5 de noviembre se realizará en Costa Rica el X Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística, organizado por la Cámara Costarricense de Navieros, la Cámara Nacional de Transportistas de Carga y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, según informó elmundo.cr.

El encuentro busca abordar la sustracción de contenedores, que según datos del OIJ dejó 156 denuncias en 2025, encabezadas por Alajuela con 58 casos, con afectaciones económicas cercanas a los 2.000 millones de colones.

Infobae continúa con el seguimiento y registro de las denuncias de ciudadanos latinoamericanos captados para viajar a territorio ruso, entre los cuales figura la reciente desaparición de un salvadoreño que fue reclutado mediante supuestas ofertas laborales.

El trabajador, identificado como, Ávalos, perdió toda comunicación con su círculo familiar el 28 de septiembre, tras manifestar su descontento por el incumplimiento de las condiciones prometidas y señalar que había sido derivado a instalaciones militares vinculadas a la guerra con Ucrania.

Antes de su partida, Ávalos, de 41 años, residía en la localidad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán Sur, donde trabajaba en una pastelería en la que realizaba tareas múltiples, desde la elaboración de productos hasta funciones de supervisión e inventario.

El contacto inicial ocurrió a través de un aviso publicitario en redes sociales que ofrecía empleo como conductor civil en Rusia. Los intermediarios prometieron un salario de USD 2,500 y un incentivo económico de USD 30,000, cifras determinantes para que aceptara la propuesta.

La salida de El Salvador ocurrió de forma abrupta. Los coordinadores le notificaron la asignación del viaje en la tarde del 17 de agosto y tomó el vuelo en la madrugada del 18 de agosto. La ruta aérea incluyó escalas en Colombia, Brasil y Catar antes del arribo definitivo. En ese trayecto coincidió con otro salvadoreño, oriundo del departamento de Santa Ana, quien viajaba en idénticas condiciones.

Un reclutamiento que terminó con traslados a cuarteles militares y pérdida de contacto

Al llegar a territorio ruso, los dos salvadoreños integraron un grupo junto a otros dos ciudadanos extranjeros y fueron trasladados directamente hacia una base castrense. Allí, Ávalos firmó un documento redactado en español con las cláusulas pactadas en el diálogo inicial.

No obstante, las rutinas incluyeron ejercicios de adiestramiento y el resguardo temporal de sus mochilas, en las cuales su compañero de viaje extravió documentos personales, mientras que a él le permitieron conservar su identificación.

Los contactos a través de mensajes de texto con su familia en El Salvador comenzaron con frecuencia diaria durante la primera semana. Con el paso de los días y los constantes traslados entre distintas dependencias, la comunicación se distanció a lapsos de ocho y diez días.

El 21 de septiembre, el hombre solicitó a sus parientes que buscaran asesoría legal urgente en el país centroamericano: “pidió que por favor le ayudáramos para ver qué se podía hacer con el contrato, porque no le estaban cumpliendo nada de lo que le habían ofrecido”, detallaron a este medio.

El último mensaje fue enviado el 28 de septiembre, cuando notificó una presunta vulneración en la cuenta bancaria donde debía percibir sus honorarios. Ávalos indicó que acudiría al banco al día siguiente para regularizar la situación, pero desde ese momento se perdió todo rastro. Sus allegados presumen que fue enviado a zonas de conflicto bélico en Ucrania.

Frente a la incomunicación prolongada, los allegados acudieron a diferentes instancias. En la cancillería se abrió un acta formal a cargo de funcionarias de la institución, pero la familia asegura que aún no recibe respuestas concretas sobre gestiones de localización o enlace con Rusia.

La madre del trabajador, de 65 años, realizó un llamado público a las autoridades para que intervengan de manera inmediata en la búsqueda: “estamos buscando ayuda y la verdad es que no tenemos respuesta, no sabemos más qué hacer ni para dónde movernos”, relató ante la incertidumbre sobre el paradero de su hijo.

Infobae documentó más de 10 casos en abril y registra nuevas alertas regionales

Las investigaciones periodísticas sobre estos esquemas de captación han evidenciado un patrón recurrente. Infobae documentó más de 10 casos solo en abril, pero con el transcurso de los meses ha sumado testimonios adicionales de personas afectadas en Centroamérica y el resto del continente.

Dentro de estas coberturas destaca el testimonio de un salvadoreño atrapado en el frente ruso, quien actualmente permanece a la espera de auxilio consular para ser evacuado junto a un contingente de dominicanos en condiciones similares.

La problemática adquirió dimensión global tras un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtió esta semana sobre la existencia de ciudadanos reclutados procedentes de al menos 29 países para sumarse a las filas rusas.

El organismo multilateral analiza estos esquemas bajo el encuadre de redes de trata de personas, debido al engaño en los contratos laborales que ocultan la verdadera finalidad bélica de los traslados hacia Europa.

El mundo de los certámenes de belleza suele brillar entre reflectores, lentejuelas y glamour, pero detrás de las pasarelas la realidad a veces muestra su faceta más amarga. En los últimos días, las redes sociales se han convertido en un torbellino para Jasmine Blandford, actual Miss Universo Nicaragua 2026, quien está pasando por un momento muy difícil tras sufrir una dura ola de discriminación, ataques despectivos y comentarios racistas que encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo.

El detonante ocurrió durante una actividad formativa. El pasado miércoles 28 de octubre de 2026, la organización Miss Universo celebró en Miami una master class de estilismo junto a la marca María Yáñez y el maquillador Alfonso Waithsman. Como modelos invitadas figuraron Jasmine Blandford y Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela. Siguiendo la dinámica, ambas salieron a cuadro con el rostro lavado y sin maquillaje.

Fue ahí donde decenas de internautas comenzaron a llamarla despectivamente “fea”, desatando descalificaciones cargadas de prejuicios contra su piel y sus rasgos físicos.

Ante las fuertes críticas, la ex Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, decidió romper el silencio con un contundente comunicado público. Sheynnis expresó su profunda tristeza al ver cómo un camino de ilusión y aprendizaje se empaña por ataques a la apariencia física o al origen de su compatriota.

Con firmeza, Palacios condenó el odio en redes y reivindicó con orgullo que la Costa Caribe es parte fundamental de la identidad nicaragüense, señalando que la belleza única de Jasmine merece ser vista y celebrada sin prejuicios ajenos.

En su mensaje directo hacia la audiencia digital, Palacios puso un alto a quienes usan las redes para herir, dejando claro que el racismo, la xenofobia y la humillación no son entretenimiento ni pueden justificarse bajo la libertad de expresión.

Sheynnis subrayó que, si bien el público puede opinar con respeto sobre el desenvolvimiento o las respuestas en competencia, existe una enorme diferencia entre la crítica constructiva y la intención de destruir emocionalmente a una persona, recordando que detrás de cada banda y corona hay un ser humano cuya salud mental debe protegerse.

Este acoso cibernético tiene antecedentes previos. Desde septiembre, la modelo de 27 años ya venía arrastrando cuestionamientos sobre su identidad. Nacida en Estados Unidos de padres nicaragüenses y con raíces en Kukra Hill, en la Costa Caribe Sur, Blandford fue criticada por su acento en español y su herencia afrodescendiente por parte de usuarios que cuestionaron su representatividad.

La respuesta de la representante nicaragüense tras las críticas en redes sociales

Lejos de quebrarse ante la negatividad, Blandford ha centrado su agenda en un riguroso plan de preparación técnica y formativa de cara a la competencia internacional. La representante nicaragüense, de 27 años, cuenta con una trayectoria personal marcada por la resiliencia tras haber perdido a su padre a causa de la violencia armada cuando tenía apenas un año de edad, vivencia que fundamentó la creación de su proyecto social Beyond the Silence, enfocado en visibilizar y respaldar a familias víctimas de este flagelo.

Como parte de su cronograma de entrenamiento, Blandford ha intensificado sesiones diarias de perfeccionamiento en técnicas de pasarela, postura y proyección escénica bajo la guía de preparadores de reinas de belleza, puliendo tanto el desplazamiento en pasarela de traje de baño como la elegancia, giros y control de vestidos en la categoría de gala.

A la par del entrenamiento físico y de estilismo, la modelo desarrolla un módulo específico de fonética, dicción y fluidez en el idioma español, con el objetivo de optimizar su desenvolvimiento ante el panel del jurado calificador, en las entrevistas oficiales y en las rondas de preguntas con los medios de comunicación internacionales.

Con la mirada puesta en la gala final de Miss Universo 2026, programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico, Blandford consolida su preparación integral para representar a Nicaragua en las distintas etapas preliminares del certamen, buscando destacar tanto en el desempeño escénico como en la difusión de la identidad multicultural de su país.

Los salarios de los funcionarios públicos en Costa Rica podrían perder hasta un 29.36% de su poder adquisitivo para 2033, debido al congelamiento de las remuneraciones y al aumento acumulado del costo de vida, según un análisis elaborado por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

El estudio advierte que, aunque los trabajadores continúen recibiendo el mismo salario mensual, el dinero les alcanzaría para comprar menos productos y servicios, una situación que podría afectar directamente la economía de miles de familias costarricenses.

Para ejemplificar el impacto, el Observatorio plantea que una persona que actualmente recibe ₡500,000 (USD 1,099) mensuales podría enfrentar una pérdida de poder adquisitivo equivalente a ₡146,800 (USD 323) para 2033, bajo el escenario de mayor inflación.

En el caso de un funcionario que percibe ₡1,000,000 (USD 2,199), la pérdida de capacidad de compra alcanzaría aproximadamente ₡293,620 (USD 646).

Esto no significa que los trabajadores recibirán menos dinero en sus cuentas bancarias, sino que su salario perdería valor frente al aumento de los precios, por lo que necesitarían mayores ingresos para mantener el mismo nivel de consumo.

Los salarios públicos ya perdieron un 8,29% de su poder adquisitivo

El problema no se limita a las proyecciones futuras. Según el análisis del OES-UNA, entre 2020 y 2025 los salarios de los funcionarios públicos perdieron un 8,29% de su capacidad de compra, como consecuencia del congelamiento salarial aplicado bajo las disposiciones de la regla fiscal.

La coordinadora del Observatorio, Roxana Morales, explicó que el impacto puede comprenderse al comparar cuánto podía comprar una persona con la misma cantidad de dinero en diferentes momentos.

“¿Qué significa esto en la práctica? Si en diciembre de 2020 una persona podía comprar una determinada cantidad de bienes y servicios con ₡100,000, en diciembre de 2025, con ese mismo monto, podía adquirir bienes y servicios equivalentes a los que compraba con aproximadamente ₡91,713 en diciembre de 2020”, detalló Morales.

En términos aproximados, estas cantidades equivalen a USD 220 y USD 202, respectivamente.

La especialista agregó que, para mantener la misma capacidad de compra de diciembre de 2020, el trabajador habría necesitado alrededor de ₡109,040 (USD 240) en diciembre de 2025.

Este deterioro se produjo en un período marcado por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, así como por las restricciones fiscales que limitaron los ajustes en las remuneraciones del sector público.

Aunque el país registró cambios en las condiciones económicas durante los años posteriores, el Observatorio señala que los trabajadores no necesariamente recuperaron la capacidad de compra que habían perdido.

Ajuste salarial de 2026 no benefició a todos los funcionarios

Durante 2026, las condiciones económicas del país permitieron un relajamiento de las restricciones establecidas por la regla fiscal, lo que abrió la posibilidad de aplicar algunos incrementos salariales en el sector público.

Sin embargo, la Universidad Nacional advirtió que estas modificaciones tuvieron un alcance limitado y que una parte de los funcionarios quedó excluida de los beneficios.

Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, se autorizó un aumento de ₡10,000 (USD 22) en los salarios base de determinados funcionarios remunerados bajo el esquema de salario compuesto.

Además, se estableció un incremento adicional de ₡10,000 (USD 22) para los salarios base comprendidos entre ₡287,000 (USD 631) y ₡514,600 (USD 1,131).

No obstante, estos ajustes solamente beneficiaron a los empleados cuyo salario bruto era inferior al salario global correspondiente al mismo puesto.

En consecuencia, una parte de las personas que trabajan para el Estado no recibió ningún incremento, pese a la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los años anteriores.

Congelamiento de salarios podría extenderse hasta 2033

Una de las principales preocupaciones del Observatorio está relacionada con la posibilidad de que las restricciones salariales se mantengan durante varios años más.

La regla fiscal establece límites al crecimiento del gasto público tomando en consideración, entre otros elementos, la relación entre la deuda del Gobierno Central y el Producto Interno Bruto (PIB).

Para elaborar el presupuesto nacional de 2027, se utiliza como referencia la relación deuda/PIB registrada al cierre de 2025, que alcanzó el 60,4%.

Este indicador tiene consecuencias sobre los límites presupuestarios que se aplican posteriormente, por lo que el Observatorio advierte que en 2027 nuevamente se establecería un congelamiento salarial.

Además, las proyecciones del Ministerio de Hacienda, incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, señalan que la relación deuda/PIB se mantendría por encima del 60% durante ese período y alcanzaría el 63,8% en 2031.

Si estas estimaciones se cumplen y continúan vigentes las restricciones sobre los ajustes por costo de vida, los salarios base del sector público podrían permanecer congelados al menos hasta 2033.

La consecuencia sería una pérdida progresiva del valor real de los ingresos, especialmente si los precios de los bienes y servicios continúan aumentando.

Familias podrían reducir gastos y recurrir al endeudamiento

El Observatorio advirtió que mantener los salarios sin ajustes durante períodos prolongados podría tener consecuencias más allá de las remuneraciones de los empleados públicos.

La pérdida del poder adquisitivo podría obligar a los hogares a modificar sus hábitos de consumo, reducir gastos considerados importantes e incluso recurrir a préstamos para mantener sus condiciones de vida.

“Lo anterior podría afectar negativamente la calidad de vida de las personas trabajadoras del sector público y sus familias, al reducir su capacidad de compra”, manifestó Roxana Morales.

La economista explicó que este fenómeno podría provocar que las familias “disminuyan su consumo, pospongan gastos importantes, reduzcan su capacidad de ahorro o recurran al endeudamiento”.

Los efectos podrían ser especialmente importantes en los hogares de menores ingresos, debido a que cuentan con menos recursos para enfrentar incrementos en el costo de los alimentos, los servicios y otras necesidades básicas.

El análisis también señala posibles consecuencias para la economía nacional, ya que una disminución del consumo de los hogares podría afectar las ventas de los comercios y las empresas que dependen del mercado interno.

A su vez, una menor demanda de bienes y servicios podría llevar a las compañías a moderar sus decisiones de producción, contratación de personal e inversión.

Por esta razón, el Observatorio considera que las consecuencias del congelamiento salarial no se limitarían a los empleados del Estado, sino que también podrían repercutir sobre el crecimiento económico.

UNA pide revisar las leyes que restringen los aumentos salariales

Ante este panorama, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional recomendó revisar las disposiciones legales que regulan las remuneraciones del sector público.

En particular, planteó evaluar posibles modificaciones a la Ley N.° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a la Ley N.° 10.159, Ley Marco de Empleo Público.

La propuesta busca identificar mecanismos que permitan aplicar ajustes salariales razonables por costo de vida, sin abandonar los principios de disciplina fiscal establecidos para controlar el crecimiento del gasto público.

Estos mecanismos deberían considerar tanto a los funcionarios remunerados bajo el sistema de salario compuesto como a quienes reciben un salario global, además de las pensiones vinculadas a estas remuneraciones, cuando corresponda.

El Observatorio sostiene que el equilibrio entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección del poder adquisitivo resulta fundamental para evitar un deterioro prolongado de las condiciones económicas de los trabajadores.

De mantenerse las restricciones y cumplirse el escenario de inflación más elevado, los salarios públicos podrían llegar a 2033 con casi un tercio menos de capacidad de compra respecto a diciembre de 2020, una situación que, según la UNA, tendría consecuencias tanto para los funcionarios y sus familias como para el consumo y la actividad económica de Costa Rica.

El Gobierno de Honduras investiga posibles aumentos especulativos en el precio del cartón de huevos y advierte que impondrá sanciones a los responsables si comprueba que los incrementos superan los valores acordados con los productores.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, informó este jueves que las autoridades realizan inspecciones y solicitan documentación para determinar si las variaciones en los precios responden a los costos de producción o a prácticas que afectan a los consumidores.

Ordóñez explicó que la Dirección de Protección al Consumidor solicitó formalmente a los productores de huevos del país sus tablas de costos, con el propósito de comparar los gastos de producción con los precios de comercialización y comprobar si los aumentos tienen una justificación económica.

“Nosotros a todos los productores de huevo del país les solicitamos de manera formal, oficial, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, que nos facilitaran toda la información de su tabla de costos”, manifestó el funcionario.

Según el ministro, esta información es fundamental para establecer si los productores están respetando los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Las autoridades buscan identificar posibles incrementos injustificados sin generalizar los señalamientos a todo el sector.

El funcionario indicó que, aunque se han registrado incrementos progresivos en distintos productos, algunos productores de huevos estarían aplicando aumentos que duplican o triplican los valores acordados con el Gobierno.

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Económico envió una solicitud oficial para que los proveedores entregaran sus tablas de costos en un plazo de dos días hábiles. Sin embargo, Ordóñez aseguró que algunos productores no presentaron los documentos requeridos dentro del tiempo establecido.

“O sea, no están respetando los acuerdos con el Gobierno, algunos productores, no todos. Entonces, nosotros enviamos una solicitud formal donde le damos dos días hábiles para que nos facilitaran la información y no nos enviaron la información”, declaró.

La falta de documentación es uno de los aspectos que las autoridades buscan esclarecer durante las investigaciones. Las tablas de costos y las facturas permitirán determinar si los precios actuales corresponden a los gastos reportados o si existen incrementos por encima de los parámetros acordados.

El ministro aclaró que los señalamientos no involucran a todos los productores, sino a aquellos sobre los que existen indicios de posibles incumplimientos. Por ello, las autoridades deberán verificar cada caso antes de establecer responsabilidades.

Como parte de las acciones, el Gobierno desarrolla operativos de inspección en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Protección al Consumidor y la Policía Militar.

Las intervenciones tienen como objetivo revisar inventarios, verificar facturas relacionadas con los costos y prevenir posibles prácticas de acaparamiento.

Con estas medidas, las instituciones buscan recopilar información que permita comprobar las denuncias y determinar si existen irregularidades en la comercialización de los huevos.

La revisión de inventarios permitirá conocer las existencias disponibles en los establecimientos inspeccionados, mientras que el análisis de las facturas ayudará a contrastar los gastos documentados con los precios cobrados a los consumidores.

La participación de varias instituciones busca reforzar la supervisión y facilitar la identificación de posibles incumplimientos. Los resultados de estas actuaciones serán relevantes para determinar si corresponde iniciar procedimientos sancionatorios contra los responsables.

Ordóñez advirtió que los negocios en los que se compruebe especulación podrían enfrentar multas de hasta 10 mil salarios mínimos. El funcionario sostuvo que las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes cuando las investigaciones permitan establecer que los incrementos superan los parámetros acordados.

Por ahora, el ministro no detalló cuántos establecimientos han sido inspeccionados, cuántos productores omitieron entregar la documentación ni si ya se han impuesto sanciones relacionadas con estas denuncias.

Los conductores costarricenses deberán preparar sus bolsillos para un nuevo aumento en el precio de los combustibles, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un ajuste extraordinario que elevará el costo de la gasolina regular, la súper y el diésel, con incrementos de hasta ₡89 (USD 0,20) por litro, mientras que el gas utilizado para cocinar también registrará un encarecimiento.

La modificación tarifaria provocará que los tres combustibles de mayor consumo en Costa Rica superen los ₡800 (USD 1,76) por litro, una situación que afectará directamente a los propietarios de vehículos particulares, transportistas y empresas que dependen de estos productos para desarrollar sus actividades.

Según la resolución RE-0057-IE-2026, la gasolina regular experimentará el aumento más significativo, mientras que la gasolina súper y el diésel también registrarán incrementos.

El ajuste presenta una particularidad: la gasolina regular costará ₡2 (USD 0,004 aproximadamente) más por litro que la súper, a pesar de que tradicionalmente esta última ha mantenido un precio superior.

Los nuevos montos comenzarán a aplicarse al día siguiente de la publicación de la resolución en el diario oficial La Gaceta.

Así quedarán los nuevos precios de los combustibles en Costa Rica

Los incrementos aprobados por Aresep afectarán a los principales productos que distribuye la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

• Gasolina regular: pasará de ₡719 (USD 1,58) a ₡808 (USD 1,78) por litro, un aumento de ₡89 (USD 0,20).
• Gasolina súper: pasará de ₡764 (USD 1,68) a ₡806 (USD 1,77) por litro, un incremento de ₡42 (USD 0,09).
• Diésel: aumentará de ₡785 (USD 1,73) a ₡808 (USD 1,78) por litro, una subida de ₡23 (USD 0,05).
• Gas licuado de petróleo (GLP): pasará de ₡263 (USD 0,58) a ₡289 (USD 0,64) por litro, un aumento de ₡26 (USD 0,06).
• Cilindro de gas de 25 libras: aumentará de ₡7.172 (USD 15,77) a ₡7.721 (USD 16,98), es decir, ₡549 (USD 1,21)adicionales.

La gasolina regular aumentará aproximadamente un 12.4 %, una variación considerablemente superior a la registrada por la súper, cuyo incremento ronda el 5.5 %, y el diésel, con un alza cercana al 2.9 %.

Para dimensionar el impacto, un conductor que actualmente llena un tanque de 40 litros de gasolina regular paga aproximadamente ₡28,760 (USD 6323). Con los nuevos precios tendrá que desembolsar ₡32,320 (USD 71.06), es decir, ₡3,560 (USD 7.83) adicionales por cada llenado.

En un vehículo que utilice gasolina súper, llenar ese mismo tanque costará ₡1,680 (USD 3.69) más, mientras que en uno de diésel el gasto aumentará ₡920 (USD 2.02).

Estas diferencias podrían representar un gasto acumulado importante para los conductores que utilizan diariamente sus vehículos para trabajar o trasladarse.

¿Por qué volverán a subir los combustibles?

El intendente de Energía de Aresep, Mario Mora, explicó que la modificación responde principalmente al comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos y a los costos reales de importación reportados por Recope.

Costa Rica depende de las importaciones para abastecerse de combustibles terminados, por lo que las variaciones en los mercados internacionales tienen consecuencias directas sobre los precios que pagan los consumidores.

Entre los factores señalados por la autoridad reguladora figuran las restricciones en el suministro de petróleo desde Medio Oriente, la reducción de inventarios internacionales y el encarecimiento de los procesos de refinación y transporte.

A estas condiciones se agregan los riesgos geopolíticos que continúan afectando el comercio mundial de hidrocarburos.

Para calcular el nuevo ajuste, Aresep analizó los costos de los embarques gestionados por Recope entre el 11 de setiembre y el 8 de octubre de 2026.

Otro elemento que influyó fue el comportamiento del tipo de cambio del dólar, debido a que las compras internacionales de combustibles se realizan en esa moneda.

Según los datos utilizados por la autoridad reguladora, el tipo de cambio promedio considerado para la nueva fijación fue de ₡456.66 por dólar, frente a los ₡450.41 por dólar del estudio anterior.

Esta diferencia también influyó en el costo final de los productos importados.

Aumento también afectará al transporte y al gas de cocina

La nueva fijación tarifaria tendrá un alcance importante sobre la economía nacional, debido a que los combustibles son utilizados tanto por vehículos particulares como por unidades de transporte público y de mercancías.

De acuerdo con Mario Mora, el ajuste incidirá sobre una flota vehicular estimada en cerca de dos millones de unidades en Costa Rica.

El incremento del diésel resulta especialmente relevante para las actividades relacionadas con el transporte de productos, debido a que este combustible es utilizado por numerosos camiones y vehículos de carga.

El Organismo Judicial de Guatemala pagará en la última semana de octubre de 2026 un bono extraordinario de Q 2 mil (USD 262) a todos sus empleados y funcionarios, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de compensar el alza de la canasta básica y otros bienes de consumo. El desembolso fue confirmado por fuentes de la institución a La Hora.

El costo previsto ronda los Q 26 millones (USD 3,4 millones), aunque las proyecciones varían según la cantidad de beneficiarios considerada. Prensa Libre estimó que el gasto podría ubicarse entre Q 24 millones (USD 3,14 millones) y Q 27,9 millones (USD 3,65 millones).

Una plantilla calculada en unos 12 mil trabajadores implicaría un desembolso base de Q 24 millones (USD 3,14 millones). Los registros más recientes del Organismo Judicial para otras prestaciones contabilizan 13.955 colaboradores en todo el país, una cifra que elevaría el pago a casi Q 28 millones (USD 3,66 millones).

Un pago sin excepciones para la Corte Suprema

La medida fue aprobada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia y quedó asentada en el acta 54-2026, fechada el 14 de octubre. La propuesta, impulsada por el magistrado Gustavo Morales Duarte, había sido discutida durante una semana antes de su aprobación.

El acuerdo establece una ayuda económica única para el personal judicial, sin diferencias por cargo, rango o jerarquía. Por esa razón, los integrantes de la Corte Suprema que autorizaron la disposición también recibirán el pago.

Morales Duarte justificó su iniciativa por el impacto económico sobre los hogares de los trabajadores. Su planteamiento quedó expresado así: “El aumento de los precios de los productos de la canasta básica e insumos necesarios para el sostenimiento del hogar”.

Las autoridades ordenaron solicitar dictámenes técnicos, financieros y jurídicos para determinar la viabilidad del desembolso. La Hora identificó entre las dependencias requeridas a la Gerencia Financiera, Recursos Humanos, la Asesoría Jurídica Interna y la Auditoría Interna, mientras que Prensa Libre mencionó a la Inspección General entre las áreas consultadas.

La resolución inicial no identificaba la partida presupuestaria que financiaría el bono ni precisaba el número total de beneficiarios. Sin embargo, la confirmación del pago durante octubre indica que el trámite administrativo avanzó hasta su ejecución.

Más de USD 6,38 millones en otra prestación durante el año

El bono se suma a otros beneficios económicos otorgados al personal judicial durante 2026. En el primer semestre, el Organismo Judicial autorizó Q 48,8 millones (USD 6,38 millones) para el llamado Bono del Pescado, entregado antes de Semana Santa.

Esa prestación consistió en un pago de Q 3.500 (USD 458) para todos los empleados de la institución. El nuevo beneficio, de menor monto individual, también alcanza a magistrados y funcionarios de mayor jerarquía.

Varios integrantes de la Corte Suprema manifestaron molestia por la divulgación del acuerdo, entre ellos Morales Duarte, según fuentes cercanas a la Presidencia del Organismo Judicial consultadas por el diario. Dentro del pleno también se planteó la posibilidad de abrir una investigación interna por la difusión de la información sobre el bono.

Un operativo contra el lavado de dinero u otros activos dejó cinco personas capturadas luego de once allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez.

Las diligencias apuntaron a operaciones bancarias bajo sospecha, con fondos que habrían terminado en cuentas de China y Hong Kong.

Las autoridades realizaron inspecciones, registros y secuestros de elementos de prueba en inmuebles de los cuatro departamentos.

La investigación se concentra en distintas modalidades de recepción, transferencia y movilización de recursos sin justificación económica o legal aparente.

Una cuenta recibió más de USD 1.2 millones y luego movió fondos a criptoactivos

Entre los detenidos figura Darwin F., quien habría recibido Q 9.577.893,81, unos USD 1,2 millones, en una cuenta bancaria personal entre el 18 de enero y el 17 de octubre de 2024. De acuerdo con la pesquisa, el dinero fue trasladado posteriormente a criptoactivos.

El caso forma parte de las investigaciones por lavado de dinero u otros activos, un delito que sanciona la incorporación al sistema financiero de recursos de origen presuntamente ilícito.

Las autoridades buscan determinar la procedencia de los fondos, la ruta de las transferencias y el papel que habrían tenido los titulares de las cuentas investigadas.

También fue aprehendida Evelyn G., señalada a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dependencia de la Superintendencia de Bancos.

Según los registros analizados, recibió Q 848.553,81 (unos USD 11.090) en cuatro cuentas bancarias durante un período aproximado de cuatro meses.

La investigación sostiene que ese dinero podría provenir de estafas. La IVE identificó movimientos en entidades financieras distintas, una circunstancia que permitió activar el seguimiento por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Los investigadores detectaron ingresos sin respaldo económico aparente

Otra de las capturadas fue Cynthia C., quien recibió Q 173.400 (USD 22.701) en una cuenta bancaria entre el 22 de julio y el 10 de agosto de 2024. Las autoridades indicaron que no encontró una explicación económica ni legal que justificara el manejo de ese monto.

En el mismo operativo fue detenida María H., investigada por ingresos de Q 248.208,87 (USD 32.494) en una cuenta de ahorro. Los movimientos se realizaron entre el 26 de agosto y el 22 de septiembre de 2024, según la información recopilada durante la investigación.

Los casos se analizan de manera individual, aunque forman parte de una línea de trabajo que busca establecer si existieron vínculos entre los movimientos financieros, los responsables de las cuentas y eventuales estructuras dedicadas a captar y transferir dinero de origen ilícito.

La pesquisa apunta a transferencias con destino a China y Hong Kong

La quinta detención correspondió a Zhi L., capturado en Petén. Las autoridades lo vinculan con personas detenidas en un operativo realizado el 26 de octubre y lo señalan como presunto líder de una estructura dedicada a captar fondos por medio de cuentas en distintos bancos del país.

Según la información oficial, la organización habría recibido dinero en efectivo, depósitos respaldados con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas. El análisis de las operaciones de débito determinó que el destino predominante fueron transferencias hacia China y Hong Kong.

Las autoridades también establecieron que la estructura habría utilizado diversos mecanismos financieros para concentrar recursos y trasladarlos fuera de Guatemala.

La causa continúa bajo investigación y los elementos recabados durante los allanamientos serán incorporados al expediente para definir la situación judicial de los cinco capturados.

Bandas de robo de carga en Costa Rica no solo asaltan camiones: también usan los contenedores capturados para contaminar mercancía legítima con droga. Así lo advirtió la Fiscalía costarricense, que identificó casos de esa diversificación delictiva entre narcotráfico, robo y extorsión, según La República, diario costarricense.

El hallazgo confirma que el robo de carga dejó de ser un delito aislado para convertirse en una estructura criminal organizada que opera a lo largo de los principales corredores de transporte del país.

Un negocio que creció a la sombra de las aduanas

Las bandas sustrajeron al menos 156 cargamentos de mercancía en Costa Rica durante 2025, un promedio de tres camiones por semana. Lo documentó una investigación de InsightCrime, plataforma de análisis del crimen organizado en América Latina, a partir de un recorrido de 520 kilómetros por los dos corredores de transporte que atraviesan el país de sur a norte, desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas.

Hasta julio de 2026 ya se habían registrado 71 robos, un ritmo similar al del año anterior. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), equivalente costarricense del FBI, recopila estos datos desde 2016, cuando las bandas robaron al menos 121 camiones.

En la última década, los grupos criminales sustrajeron más de 1,300 vehículos a lo largo de esos corredores. El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica: estas bandas llevan años asaltando camiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero en los últimos años el país se transformó en el centro regional de esta modalidad delictiva, según la reconstrucción de InsightCrime.

Los robos consisten en el asalto organizado de camiones que transportan mercancía valiosa entre Panamá y Nicaragua. Las bandas acceden a datos aduaneros para identificar objetivos, interceptan los vehículos en tramos sin control y revenden la carga en mercados informales a mitad de precio.

Cómo eligen sus objetivos las bandas

Los criminales apuntan a camiones que transportan entre USD 100.000 y USD 500.000 en mercancía, o productos de fácil reventa como ropa, electrónicos, electrodomésticos de cocina, licor o neumáticos. Los contenedores no recuperados pueden costarles a los transportistas hasta USD 14,000.

InsightCrime comenzó a seguir el fenómeno después de confirmar que bandas criminales apuntaban a camiones que transportaban mercancía desde la Zona Libre de Colón, la zona de comercio libre de impuestos más grande de América Latina.

Las bandas cuentan con vigías apostados en las fronteras que informan a los equipos de asalto sobre el camión y su carga. También acceden a sistemas aduaneros como la Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) y la Declaración Única Centroamericana (DUCA), que exponen la placa, el valor de la carga y los datos del conductor ante funcionarios de todos los países por donde pasa el vehículo.

“Estas bandas a menudo tienen acceso a la información aduanera. Entonces, ya saben qué camión lleva qué”, dijo Marjorie Lizano, presidenta de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), a InsightCrime. “El sistema en sí es vulnerable”, agregó.

Lizano señaló que existen planes para migrar a un nuevo sistema, aunque el proceso no se concretó todavía. “Por ahora, el sistema actual sigue siendo bastante poroso”, amplió.

Asaltos en movimiento y fronteras sin control

La frontera física tampoco ofrece garantías. El único puesto de control adicional a lo largo de la carretera Interamericana, ubicado a 35 kilómetros de Paso Canoas, suele quedar sin personal durante la noche. Los agentes, además, a veces suspenden operaciones si llueve.

En 2025, un grupo se apoderó de un camión panameño en un área de descanso mientras el conductor dormía y condujo el vehículo frente al puesto aduanero sin ninguna barrera física que lo impidiera. El contenedor vacío apareció luego en la provincia de Alajuela, a 350 kilómetros del lugar del robo.

Los transportistas intentan reducir el riesgo con rastreadores GPS y caravanas diurnas. Las bandas sortean esas defensas con inhibidores de señal que bloquean el GPS y dividen las caravanas al colar sus vehículos entre los camiones.

“Hay bandas que viajan en dos o tres autos”, explicó Andrés Muñoz, tesorero de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá (CANATRACA), a InsightCrime.

“Encierran el camión, inmovilizan al conductor, le tapan la boca, lo meten en la cabina-dormitorio y lo mantienen ahí un rato”, detalló. “Luego lo pasan a uno de esos tres autos, se lo llevan y lo abandonan mientras ellos se llevan el contenedor”, continuó. Muñoz remarcó que se trata de profesionales, porque quien conduce el camión robado “puede conducir tan bien o incluso mejor que el conductor original”.

El destino de la mercancía: reventa a mitad de precio

La carga sustraída no desaparece sin dejar rastro. Según Yeric Vega Blanco, agente del OIJ que investiga estos casos, intermediarios la venden a establecimientos con controles laxos, donde se ofrece en pequeños mercados, bodegas y locales comerciales.

“El principal indicador es lo bajo del precio”, dijo el agente a InsightCrime. “A veces es menos de la mitad del precio”, añadió. Neumáticos que normalmente cuestan 50.000 colones (unos USD 110) se venden a 25.000, mientras que televisores de 60 pulgadas que cuestan entre 350.000 y 400.000 colones se ofrecen a 100.000.

En 2025, Costa Rica aprobó la ley 10736, que aumentó las penas de prisión por recepción de mercancía robada de alto valor. El mercado ilícito, sin embargo, persiste.

Cifras en aumento y respuesta institucional

Los 156 robos registrados en 2025 representaron un aumento del 31% respecto de 2024, según cifras del OIJ citadas por la Cámara de Comercio Exterior (Crecex). Para mediados de junio de 2026 ya se habían sumado 50 denuncias adicionales, lo que acumulaba 225 casos en dos años y medio, de acuerdo con lo publicado por Delfino.cr, sitio de noticias costarricense.

Un análisis posterior de La República elevó esa cifra a 330 casos entre 2024 y 2026, prácticamente una denuncia cada dos días. Las pérdidas directas se estiman en USD 2 millones para los transportistas, aunque el perjuicio potencial por el valor de las cargas podría superar los USD 13 millones.

Alajuela, Puntarenas y Limón concentran la mayor parte de los casos, de acuerdo con los registros del OIJ difundidos por Delfino.cr. Representantes del transporte terrestre, navieras, puertos y entidades gubernamentales se reunirán el 5 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en un congreso dedicado a la seguridad logística y al robo de mercancías en tránsito.

La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue suspendida este jueves luego de que la defensa presentara cuatro recursos de recusación contra la magistrada Anny Ochoa, designada como jueza natural para conocer el caso.

Los abogados cuestionaron la imparcialidad de la funcionaria judicial y alegaron posibles conflictos de interés relacionados con su supuesta afiliación política y declaraciones públicas sobre el expediente. Las recusaciones deberán ser analizadas por una Corte de Apelaciones, que determinará si Ochoa continúa al frente del proceso.

El relacionador público de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Salinas, explicó que la jueza natural deberá presentar un informe ante el órgano judicial correspondiente para que se resuelvan los recursos planteados por la defensa.

La suspensión impide, por ahora, que se desarrolle la audiencia en la que los imputados debían comparecer ante la justicia para conocer formalmente los señalamientos en su contra.

Defensa cuestiona imparcialidad de la jueza

El abogado Omar Menjívar expresó su inconformidad con la designación de Ochoa y cuestionó que una jueza a la que atribuye vínculos con el Partido Nacional conozca un expediente relacionado con exintegrantes de la Comisión Permanente, en su mayoría vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre).

La defensa presentó cuatro recursos de recusación antes del inicio de la audiencia. Entre los argumentos expuestos figura un supuesto conflicto de interés por la presunta militancia política de la magistrada, además de señalamientos sobre opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas que, según los abogados, evidenciarían parcialidad.

El diputado de Libre Fabricio Sandoval sostuvo que la afiliación política de Ochoa es de conocimiento público y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial.

Por su parte, el congresista Edgardo Casaña manifestó que el expediente pasará a un Tribunal de Alzada, instancia que deberá examinar los planteamientos y resolver conforme a la legislación hondureña.

La exdiputada Silvia Bessy Ayala también expresó que, a su criterio, la imparcialidad de la jueza está comprometida para conocer el caso.

Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los recurrentes y deberán ser examinados por las autoridades judiciales competentes antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de Ochoa en el expediente.

Doce imputados comparecieron ante la CSJ

Durante la jornada de este jueves, 12 de los 14 imputados se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para someterse a la audiencia de declaración de imputado. Algunos acudieron acompañados de militantes del partido Libre.

Entre quienes no comparecieron figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien permanece prófugo de la justicia hondureña, según la información proporcionada sobre el caso.

Tampoco se presentó Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), contra quien existe una orden de captura.

La audiencia tenía como objetivo avanzar en el procedimiento judicial contra los señalados por presuntas irregularidades relacionadas con las actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, la presentación de las recusaciones obligó a detener el proceso hasta que se resuelva si la magistrada puede continuar conociendo la causa.

La resolución de la Corte de Apelaciones será determinante para establecer los siguientes pasos procesales, aunque todavía no se informó una nueva fecha para la audiencia suspendida.

Luis Redondo enfrenta acusaciones por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La diputada Luz Angélica Smith es imputada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

En el caso de Edis Antonio Moncada, exgerente de la ENAG, la acusación comprende tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Los otros señalados son Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Bessy Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga. Todos enfrentan acusaciones por el presunto delito de usurpación de funciones.

El exalcalde de Paraíso de Cartago, Marvin Solano Zúñiga, fue condenado a tres años de prisión por su participación irregular en la aprobación de un permiso para construir un motel en ese cantón costarricense, un caso que se remonta a mayo de 2016 y que involucró un conflicto de intereses entre funcionarios municipales y la empresa responsable del proyecto.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que encontró al exfuncionario culpable de los delitos de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa, según informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Además de la pena de prisión, los jueces ordenaron que Solano no pueda ejercer cargos públicos durante tres años, una prohibición que también comprende los puestos de elección popular, como alcaldías, regidurías o diputaciones.

Sin embargo, el exjerarca municipal no tendrá que ingresar a un centro penitenciario, debido a que recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena, que le permitirá permanecer en libertad siempre que cumpla las condiciones establecidas por el tribunal.

Una orden para aprobar la construcción de un motel originó el caso

Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron en mayo de 2016, cuando Marvin Solano Zúñiga se encontraba al frente de la Municipalidad de Paraíso.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el entonces alcalde emitió una orden escrita dirigida al jefe del Departamento de Ingeniería Municipal para que se aprobara el permiso de construcción de un establecimiento comercial.

El proyecto correspondía al motel Tu y Yo, ubicado en el distrito de Llanos de Santa Lucía, en el cantón de Paraíso.

Según la Fiscalía, Solano utilizó argumentos basados en un texto legal para justificar su intervención y presentar la solicitud como si se tratara de una gestión ajustada a la normativa.

Sin embargo, durante la investigación se determinó que existían irregularidades en el procedimiento administrativo, principalmente por un conflicto de intereses entre los funcionarios que debían revisar el permiso y la empresa interesada en construir el motel.

La Fiscalía estableció que algunos de los trabajadores municipales que participaban en el trámite también prestaban servicios profesionales a la compañía encargada del proyecto.

Esta situación comprometía la independencia con la que debían realizarse las valoraciones técnicas y administrativas necesarias para autorizar la construcción.

Las autoridades judiciales consideraron que la intervención del entonces alcalde constituyó una conducta delictiva, por lo que finalmente fue declarado culpable de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa.

No irá a prisión, pero deberá pagar ₡6,6 millones

Pese a la condena de tres años de cárcel, el tribunal concedió al exalcalde el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años.

Esto significa que podrá permanecer en libertad, pero deberá cumplir una condición específica: no cometer un nuevo delito doloso que tenga establecida una pena de prisión superior a seis meses.

En caso de incumplir esta disposición, el tribunal podría revocar el beneficio y ordenar que cumpla la condena dentro de un centro penitenciario.

La resolución también establece que Solano quedará inhabilitado durante tres años para desempeñar funciones públicas, incluidos los cargos que se obtienen mediante votación popular.

Por otra parte, los jueces declararon con lugar una demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República, por lo que fijaron el pago de ₡6,600,000 (USD 14 mil)

Este monto corresponde a daño social, intereses y costas procesales y personales, derivados del proceso judicial.

La condena representa un cambio importante respecto de la primera resolución judicial emitida en este expediente, que inicialmente había favorecido al exalcalde.

Un exalcalde que gobernó Paraíso durante tres períodos

Marvin Solano Zúñiga fue una figura conocida en la política municipal de Cartago, especialmente por haber ocupado la alcaldía de Paraíso en tres períodos diferentes.

Su primer mandato se extendió entre 2003 y 2007, bajo la representación del Partido Auténtico Paraiseño, agrupación política de carácter cantonal.

Posteriormente, regresó al cargo para el período 2007-2011, esta vez con el Movimiento Libertario, y volvió a obtener la alcaldía en 2016, bajo la bandera del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Durante su última administración enfrentó distintos cuestionamientos sobre la gestión municipal, que incluso llevaron a la realización de un plebiscito revocatorio en mayo de 2018.

Aunque la mayoría de los votos emitidos favoreció su destitución, no se alcanzó la proporción requerida para retirarlo del cargo.

En febrero de 2019, Solano presentó su renuncia a la alcaldía, después de varios años de controversias relacionadas con su administración.

El proyecto de tierras raras que impulsa el Estado dominicano en Pedernales despertó el interés de empresas vinculadas a esa industria en Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur, aunque la iniciativa todavía se encuentra en la etapa de exploración, según el medio dominicano Acento.

El Ministerio de Energía y Minas informó que la Empresa Minera Dominicana (Emidom) recibió consultas de compañías interesadas en conocer detalles sobre el yacimiento.

La institución atribuyó ese interés al carácter estratégico de estos minerales y a la demanda internacional por materiales empleados en tecnologías de alta complejidad.

De acuerdo con declaraciones del ministerio recogidas por el medio dominicano Acento, aún no corresponde evaluar fórmulas de participación privada, alianzas o condiciones de aprovechamiento.

Las autoridades sostienen que faltan datos técnicos para determinar la presencia de los minerales, su volumen, su concentración y las posibilidades reales de extracción.

La prioridad oficial es consolidar las capacidades científicas y técnicas que permitan definir el potencial del proyecto ubicado en Pedernales, provincia del suroeste de la República Dominicana. “La selección de tecnologías y de eventuales aliados dependerá de los resultados de las investigaciones en curso y de los lineamientos del Consejo de Administración de Emidom”, indicó el Ministerio de Energía y Minas al medio dominicano.

Antes de una eventual declaración de reservas, Emidom deberá completar tres etapas: la estimación y clasificación de los recursos minerales, la investigación metalúrgica y los estudios de factibilidad.

El primer punto exige una cuantificación por categorías, certificada por profesionales calificados y bajo estándares internacionales. Ese proceso permitiría establecer qué tipo de recursos existen en el área, en qué cantidad y con qué grado de certeza técnica.

La segunda fase se concentra en la investigación metalúrgica, que busca desarrollar y comprobar un método para separar los elementos de interés. Según el Ministerio de Energía y Minas, los trabajos se encuentran en una etapa de laboratorio y deberán avanzar hacia pruebas piloto antes de que pueda definirse una tecnología de procesamiento.

El tercer eje será un estudio de factibilidad que reúna variables técnicas, económicas, ambientales y sociales. Esa evaluación determinará si una operación minera puede desarrollarse dentro del marco legal y bajo condiciones que permitan su ejecución.

“Emidom desarrolla los procesos técnicos necesarios para avanzar hacia la estimación y eventual declaración de reservas de acuerdo con los estándares internacionales aplicables”, explicó Energía y Minas al medio dominicano.

El costo de extracción dependerá de los estudios pendientes

Las autoridades aún no han establecido el costo de extracción y procesamiento de las tierras raras. El Ministerio de Energía y Minas señaló que esa cifra dependerá primero de la estimación de recursos y de la definición de una ruta metalúrgica que pueda ser validada.

Emidom mantiene intercambios técnicos con laboratorios, centros de investigación y proveedores de tecnología de distintos países como parte de la cooperación internacional del Estado dominicano. La empresa también trabaja en el fortalecimiento de las capacidades analíticas nacionales y en la formación de personal especializado.

Las instalaciones industriales que se requieran para una futura operación deberán diseñarse a partir de los resultados de las investigaciones. Además, tendrán que ajustarse a los criterios ambientales y sociales que establezca el Consejo de Administración de Emidom.

El Ministerio de Energía y Minas afirmó que cualquier tecnología o socio que se seleccione deberá responder a criterios de interés nacional, ética, transparencia y cumplimiento de la ley. Los acuerdos que eventualmente se formalicen deberán comunicarse conforme a las disposiciones legales vigentes.

Panamá se prepara para ensayar cómo responder ante casos de pesca ilegal y contaminación marina antes de enfrentarlos en una situación real.

El proceso de organización del simulacro contempla tres reuniones de planificación para definir compromisos institucionales, disponibilidad de personal y aspectos logísticos de las fases de mesa y operativa en el mar.

El Ministerio de Ambiente de Panamá convocó a las entidades que integran el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero con el fin de preparar un ejercicio ante posibles casos de pesca ilegal y contaminación marina.

La iniciativa evaluará la coordinación entre instituciones y su capacidad de respuesta frente a amenazas a los ecosistemas del país.

Primera etapa será un ejercicio de mesa previsto para enero.

Los participantes revisarán escenarios hipotéticos de actividades pesqueras ilícitas e incidentes contaminantes, con atención a las decisiones y los mecanismos de enlace.

En febrero se desplegarán embarcaciones, equipos y personal para una segunda fase en condiciones operativas reales.

“Lo que buscamos con este ejercicio es concretar la interoperabilidad entre las instituciones, es decir, aprovechar las capacidades que tiene cada entidad de manera articulada y armonizada para obtener resultados mucho más óptimos y eficientes”, explicó Osvaldo Ureña, coordinador del Centro.

Participaron representantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y WildAid.

El ejercicio responde a la necesidad de que las alertas sobre actividades ilícitas o incidentes ambientales lleguen sin demoras a las autoridades responsables.

La evaluación buscará detectar fortalezas, corregir fallas de comunicación y acortar los tiempos de reacción.

“Compartir información en este campo es delicado, y no es tan sencillo como levantar un teléfono o enviar un correo a alguien que ni conocemos. Lo que buscamos es que las instituciones se conozcan, sepan con qué cuenta cada una y generen la confianza mutua que hace falta para trabajar juntas”, señaló Ureña.

Como parte de la preparación, las instituciones recibirán formación especializada sobre seguridad en interdicciones marítimas y procedimientos de abordaje.

Estas capacitaciones acompañarán la incorporación de nuevos recursos navales por parte de MiAmbiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para reforzar el control, la vigilancia y el patrullaje en áreas marinas protegidas.

El Centro concentra actualmente sus tareas de monitoreo en el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, el Parque Nacional Coiba, la Zona Especial de Protección Marina, el Archipiélago de Las Perlas y los sitios Ramsar de la Bahía de Panamá.

Desde su creación, el organismo detectó cerca de diez embarcaciones relacionadas con posibles actividades de pesca ilegal. Los expedientes fueron enviados a las autoridades competentes para el inicio de los procesos correspondientes.

Las infracciones pueden acarrear multas de entre USD 5.000 y USD 10.000, según la gravedad de la falta y la normativa aplicable.

“Una detección puede implicar sanciones por parte del Ministerio de Ambiente o de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Es un trabajo coordinado, mancomunado y de equipo, y por eso consideramos que la creación del Centro ha sido realmente positiva”, destacó el coordinador.

El Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero fue inaugurado en septiembre de 2025. Es el primero de carácter interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y cuenta con equipos adquiridos gracias al apoyo de WildAid, Fundación PACÍFICO y Bezos Earth Fund.

El CMAR conecta a Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador a través de una red de áreas marinas protegidas que incluye Galápagos, Isla del Coco, Malpelo, Gorgona y Coiba.

Más de 300 personas aún aguardan en Panamá un trasplante de riñón, entre ellas seis niños atendidos en la Ciudad de la Salud, el único centro certificado del país para este tipo de cirugía.

La cifra refleja una de las tasas de enfermedad renal crónica más altas del mundo y expone la distancia entre la demanda de órganos y la capacidad real del sistema de salud para responder.

Panamá se ubica entre los países de América Latina con mayor carga de esta enfermedad.

Las estimaciones para el período 2025-2026 sitúan la prevalencia poblacional cerca del 14%, aunque en adultos ese porcentaje puede trepar hasta el 21%, según el estudio de Carga Global de Enfermedades.

El organismo de referencia internacional ubica así al país entre los de mayor afectación renal a escala global.

La diabetes, la hipertensión y una forma emergente de daño renal vinculada a condiciones laborales y ambientales extremas explican buena parte de ese panorama.

A esa presión se suma un aumento anual de hasta 4,5% en el número de pacientes que ya requieren diálisis, un ritmo que tensiona cada año más la red pública de atención.

En la consulta externa de la Ciudad de la Salud, entre 15 y 25 niños con algún grado de afectación renal son evaluados de forma permanente.

El seguimiento busca determinar su condición y evolución, y definir si deben incorporarse a un programa de reemplazo renal o a otro tratamiento según sus necesidades.

De ese universo, se indica que surgen los casos más graves, los que hoy integran la lista de espera para trasplante.

La misma unidad cuenta además con certificación para trasplantes hepáticos y de células hematopoyéticas.

Esa combinación de servicios especializados en un mismo lugar resulta clave para atender casos pediátricos de alta complejidad, que suelen requerir distintas intervenciones médicas en simultáneo.

Un trasplante renal pediátrico en Panamá depende en primer lugar de que exista un padre, una madre o un familiar directo compatible dispuesto a donar un riñón, ya que el sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil.

“Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene, principalmente, de papá o mamá”, explicó el doctor Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica.

El especialista precisó que, cuando existe la posibilidad de un donante vivo relacionado, los progenitores son los primeros candidatos evaluados. Si esa vía no resulta viable, el equipo médico analiza a otros familiares, como hermanos, tíos o abuelos.

En todos los casos, agregó el jefe de Nefrología Pediátrica, la evaluación se sostiene en criterios médicos estrictos que garanticen la compatibilidad y la seguridad del procedimiento, tanto para quien recibe el órgano como para quien lo dona.

Desde el inicio de esta etapa de trasplantes pediátricos, el equipo de la Ciudad de la Salud ha realizado procedimientos con donantes vivos y también con órganos provenientes de personas fallecidas. Esa doble vía amplía las posibilidades de los seis niños que hoy permanecen en lista de espera.

Para el médico, cada intervención va más allá del acto quirúrgico. Según indicó, representa la posibilidad de que un niño avance hacia una vida con nuevas oportunidades y que su familia recupere la esperanza tras dejar atrás las limitaciones que impone la enfermedad.

El país ha reforzado su infraestructura de hemodiálisis y la capacitación del personal de salud en los últimos años. A esto se suman estrategias de prevención como HEARTS 2.0, orientadas a detectar a tiempo factores de riesgo como la hipertensión, dijeron fuentes médicas.

En paralelo, se desarrollan programas específicos para enfrentar la enfermedad renal crónica no tradicional en las provincias más afectadas por el calor extremo y las condiciones laborales de riesgo.

El Salvador dictó la primera condena a prisión perpetua por un delito sexual, luego de que un juzgado declarara culpable a Wilmer Isaac González Hernández por violar a una adolescente de 13 años en el departamento de Morazán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que la pena fue impuesta por el Juzgado de lo Criminal. Según el organismo, el tribunal estableció durante el juicio la situación de vulnerabilidad que existía por la diferencia de edad entre el acusado y la víctima.

La investigación determinó que González Hernández, de 22 años, se comunicó con la niña mediante redes sociales y entabló con ella una relación que presentó como un noviazgo. La Fiscalía sostuvo que utilizó ese vínculo para manipular a la menor y cometer abusos sexuales en varias ocasiones.

Los hechos se produjeron entre febrero y junio de 2026 en el cantón Las Quebradas, caserío Los Guevara, distrito de San Simón, en Morazán Sur.

La denuncia se presentó tras detectar lesiones en el cuello de la víctima

Los familiares de la adolescente denunciaron el caso después de observar lesiones en su cuello. Esa situación permitió el inicio de las diligencias de investigación, de acuerdo con la Fiscalía.

La sentencia contra González Hernández constituye la primera pena de prisión perpetua impuesta en El Salvador por un delito de índole sexual, según precisó la FGR.

Otras primeras condenas perpetua

El 14 de septiembre El Salvador condenó a una persona por primera vez a prisión perpetua por feminicidio. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso esa pena a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el asesinato de su vecina, una mujer de 32 años identificada con las iniciales J. C. R. C. La sentencia, informó la FGR, es la primera de este tipo en la historia del país.

El condenado también fue sentenciado a pagar USD 15,000 como responsabilidad civil por el crimen. El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.

El hombre ingresó sin autorización al inmueble con un cuchillo. Cuando la mujer lo vio, comenzó a pedir ayuda. La autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes.

Díaz antes, el 11 de septiembre, la FGR logró la primera pena de prisión perpetua para Carlos Arturo Herrera Castro por los delitos de robo agravado y homicidio.

Según la sentencia, el 18 de mayo de 2026 Urbina García y la víctima departían con bebidas alcohólicas en una tienda y sostuvieron una fuerte discusión. “En ese momento, reaccionó de manera violenta y atacó a la víctima con piedras de gran tamaño, provocándole lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. Tras cometer el asesinato, el imputado se apoderó del dinero que portaba la víctima y huyó”.

Fue este año cuando el país adoptó la figura de la prisión perpetua para castigar los delitos de terrorismo, crimen organizado, violación y feminicidio.

La Policía Nacional Civil decomisó 880 bolsas con presunta marihuana ocultas en rollos de tela abandonados en el parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante una diligencia realizada el 28 de octubre tras una denuncia ciudadana. Las autoridades sostienen que la acción evitó que el cargamento fuera movilizado dentro del territorio nacional.

El hallazgo ocurrió a la orilla de una calle de terracería, donde los agentes encontraron los bultos de tela tipo cuerina. La droga estaba escondida dentro de ese material, una modalidad que buscaba ocultar el cargamento durante su posible traslado o almacenamiento.

La Policía Nacional Civil informó que el operativo fue ejecutado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público, que acudió al lugar para documentar el hallazgo y efectuar los procedimientos correspondientes.

Los agentes localizaron 44 rollos de tela que contenían las bolsas de nailon con la sustancia. La primera información policial había señalado que se trataba de más de 800 paquetes, mientras que la ampliación posterior precisó la cantidad decomisada.

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación policial permitió impedir el desplazamiento del cargamento por el país. La operación se vinculó con el seguimiento de una denuncia y con pesquisas sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.

Más de una tonelada de presunta droga localizada

El cargamento tuvo un peso total de 1.217 kilos de presunta marihuana, de acuerdo con la actualización difundida por la PNC. La institución calculó que el valor aproximado de la sustancia asciende a Q 18.573.854.

La valoración económica fue informada después de la inspección del material encontrado en El Socorro. Las autoridades precisaron el peso y el monto atribuido a la carga tras concluir el conteo de los paquetes y las diligencias iniciales en el sitio.

El procedimiento formó parte de las acciones policiales orientadas a combatir el tráfico y la distribución de drogas en Guatemala. La PNC señaló que sus unidades especializadas mantienen actividades de investigación derivadas de denuncias ciudadanas.

La ubicación del cargamento en una vía de terracería fue uno de los elementos documentados durante la intervención. Los rollos de cuerina permanecían abandonados cuando fueron localizados por los investigadores antinarcóticos.

Investigación sobre el origen y los responsables

Las pesquisas continúan para establecer la procedencia de la sustancia y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento. Las autoridades buscan identificar a las personas responsables del cargamento localizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.

El Ministerio Público dio seguimiento a la diligencia junto con la PNC, mientras los investigadores analizan los indicios recabados en el lugar. La investigación también apunta a esclarecer el recorrido previsto para la carga antes de que fuera encontrada.

La PNC afirmó que mantendrá las diligencias para identificar y capturar a los posibles responsables. El caso permanece bajo investigación como parte de las acciones contra el narcotráfico en el territorio nacional.

La Ley de Justicia Energética comienza a mostrar sus primeros resultados en Honduras. A 30 días de su entrada en vigencia, más de 1,800 abonados reciben el beneficio de condonación de deudas residenciales y otros 200 clientes se han acercado voluntariamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para regularizar sus servicios sin multas ni sanciones.

Los avances fueron presentados por el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, desde Casa Presidencial, donde explicó que la normativa busca ordenar las obligaciones pendientes de los usuarios residenciales, comerciales y municipales, además de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del sector eléctrico.

El funcionario detalló que la regularización voluntaria está disponible para clientes con servicios en viviendas y negocios que deseen ponerse al día con sus cuentas.

Para facilitar el procedimiento, la institución habilitó sus oficinas a nivel nacional y canales de atención mediante redes sociales y WhatsApp.

“Ya tenemos más de 200 clientes que se han acercado a la empresa voluntariamente a regularizarse sin multa y sin ningún castigo”, manifestó Peña Panting.

Uno de los principales beneficios de la normativa está dirigido a los usuarios residenciales que mantienen obligaciones pendientes con la ENEE.

Según explicó el gerente de la institución, más de 1,800 abonados ya reciben la condonación de sus deudas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la ley.

El beneficio contempla a los clientes residenciales que mantienen obligaciones pendientes por más de 120 días y cuyo consumo mensual de energía eléctrica es inferior a 250 kilovatios hora.

Los usuarios que cumplen estos requisitos pueden realizar sus gestiones en más de 30 oficinas de atención de la ENEE distribuidas en el territorio nacional, así como mediante los canales digitales habilitados por la institución.

La medida busca ofrecer una alternativa a los hogares que acumularon compromisos económicos por el servicio eléctrico y facilitar que puedan regularizar su situación.

Además de los abonados residenciales, el proceso contempla a empresas grandes y medianas, así como pequeños comercios. Peña Panting explicó que la intención es ordenar las cuentas pendientes de los distintos sectores y facilitar que los usuarios puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Otro de los componentes de la Ley de Justicia Energética está relacionado con las deudas y obligaciones de las municipalidades con la empresa estatal.

El gerente de la ENEE anunció avances en la coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para intervenir inicialmente las cuentas de 215 alcaldías clasificadas en las categorías C y D.

El proceso contempla la instalación y actualización de medidores, como parte de las acciones para mejorar el control del consumo y ordenar los registros de facturación de las municipalidades.

Una vez completada esta etapa, las autoridades prevén continuar con las alcaldías clasificadas en las categorías A y B.

La iniciativa pretende mejorar la administración de los servicios eléctricos municipales y establecer mecanismos que permitan conocer con mayor precisión el consumo de energía y las obligaciones económicas de cada gobierno local.

Peña Panting también destacó el plan de contingencia contemplado en la Ley de Justicia Energética, cuyo objetivo es reducir el impacto de las presiones inflacionarias provenientes de los mercados internacionales de energía y combustibles.

El funcionario explicó que estas medidas buscan evitar que los incrementos de los costos internacionales se trasladen directamente a las tarifas que pagan los usuarios hondureños.

La normativa contempla un período de seis meses durante el cual se pretende preservar la estabilidad tarifaria y financiera, mientras se desarrollan las acciones de reorganización del sector eléctrico.

Este componente adquiere relevancia debido a la exposición de Honduras a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles, que pueden repercutir en los costos de generación eléctrica y, posteriormente, en las facturas de los consumidores.

Por su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, calificó la normativa como una transformación de gran alcance para el sector eléctrico hondureño, debido a la dimensión de la infraestructura que administra la ENEE.

El funcionario recordó que la empresa estatal tiene bajo su responsabilidad plantas generadoras distribuidas en diferentes regiones del país, más de 3,000 kilómetros de líneas de transmisión y aproximadamente 11,000 kilómetros de redes de distribución.

“Significa la transformación más importante en cualquier empresa de Honduras en toda su historia”, declaró Oviedo al referirse al alcance de la reforma.

Como parte de su implementación, informó que ya fue instalado el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico y conformada la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento de la Ley.

Esta última instancia tendrá la responsabilidad de coordinar la hoja de ruta integral, dar seguimiento a las disposiciones establecidas y acompañar el desarrollo de las diferentes medidas contempladas en la normativa.

El proceso contará con el acompañamiento de expertos internacionales y organismos multilaterales de crédito, con el propósito de fortalecer la implementación de los cambios en el sector energético.

La confianza de los consumidores panameños volvió a deteriorarse en septiembre de 2026, al situarse en 73 puntos, dos menos que en junio. El resultado mantiene al país en una zona de desconfianza económica, impulsada principalmente por el pesimismo sobre el desempleo, según la medición presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y The Marketing Group.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) pasó de 75 a 73 puntos entre junio y septiembre, alejándose del nivel de 100 que representa el equilibrio entre opiniones positivas y negativas.

La medición muestra que las familias mantienen reservas sobre sus ingresos, el ahorro y las oportunidades laborales, pese a pequeñas mejoras en algunos indicadores.

El deterioro más pronunciado se registró en las expectativas sobre el desempleo durante los próximos 12 meses, cuyo indicador cayó de 87 a 72 puntos, una disminución de 15. Este resultado refleja una percepción menos favorable sobre la evolución del mercado laboral, que terminó arrastrando hacia abajo el índice general.

La preocupación también aparece en las posibilidades individuales de conseguir trabajo. El 41% de los encuestados considera poco probable obtener empleo durante los próximos seis meses: un 19% lo estima poco probable y un 22% cree que no tendrá trabajo. En contraste, el 52% expresa expectativas favorables, mientras el 7% restante no tiene una opinión definida.

María Alejandra Cuéllar, gerente general de The Marketing Group, señaló que el empleo se ha convertido en la principal preocupación de los panameños. Según explicó, la caída de las expectativas laborales mantiene a los consumidores cautelosos, especialmente cuando deben decidir cuánto dinero destinar a sus gastos cotidianos.

En materia de ahorro, el indicador aumentó cuatro puntos, de 70 a 74, aunque permanece por debajo del umbral de confianza. Esto significa que, pese a una ligera recuperación frente a junio, persisten las dudas sobre la capacidad de reservar dinero durante los próximos doce meses.

La percepción sobre las finanzas familiares también registró una mejora moderada. El indicador de situación económica del hogar subió de 79 a 81 puntos, convirtiéndose en el componente mejor evaluado. Sin embargo, todavía predomina una visión cautelosa sobre el bienestar económico familiar, sin alcanzar el nivel considerado neutral.

Respecto al futuro de la economía nacional, el índice avanzó apenas un punto, de 63 a 64, manteniéndose como el componente más débil de la medición. El resultado evidencia que las expectativas sobre el desempeño general del país continúan siendo desfavorables, incluso frente a la ligera recuperación trimestral.

Pero ¿cómo se obtiene esta medición? The Marketing Group realizó 700 entrevistas telefónicas a escala nacional, entre el 14 y el 24 de septiembre, mediante un cuestionario de aproximadamente diez minutos. Participaron adultos mayores de 18 años con ingresos familiares mensuales superiores a 400 dólares, seleccionados según la distribución poblacional.

El estudio tiene un margen de error muestral de 3.7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Su metodología considera cuatro aspectos: perspectivas económicas del hogar, situación del país, posibilidades de ahorro y evolución del desempleo, todos evaluados con un horizonte de doce meses.

Para calcular cada indicador, se resta el porcentaje de respuestas negativas al de respuestas positivas y se suman 100 puntos. Así, los resultados superiores a 100 reflejan confianza, mientras los inferiores indican desconfianza. Los 73 puntos actuales representan un predominio de percepciones negativas, no un porcentaje de ciudadanos descontentos.

La importancia del índice radica en que permite anticipar posibles cambios en las decisiones de consumo de los hogares. Cuando las personas temen perder ingresos o no conseguir empleo, pueden reducir gastos y posponer compras, lo que influye en la actividad de comercios y empresas.

La CCIAP presenta este indicador desde marzo de 2001, inicialmente en el área metropolitana, mientras la medición nacional comenzó en marzo de 2020. Su metodología está adaptada de la Universidad de Michigan y permite comparar la evolución de las expectativas económicas, aunque no sustituye las estadísticas oficiales de empleo o crecimiento.

Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor contrastan con el crecimiento de 5.5% que registró la economía panameña durante el primer semestre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

También difieren de la evolución del desempleo, cuya tasa disminuyó de 10.4% en septiembre de 2025 a 8.5% en agosto de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Mercado Laboral de la Contraloría General de la República. Esta diferencia evidencia que la recuperación de los indicadores económicos todavía no se refleja plenamente en las expectativas de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la estabilidad laboral y las finanzas familiares.

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyeron el 27 de octubre de 2026 a los responsables de los consulados de Nicaragua en Miami y Filadelfia, dos sedes que concentran trámites de una diáspora obligada a recurrir a una red diplomática cada vez más reducida en Estados Unidos, informó este jueves el medio Nicaragua Investiga, sitio de periodismo independiente.

De acuerdo con el portal independiente, más de 800 mil nicaragüenses residentes en distintas zonas de Estados Unidos deben concentrar solicitudes de pasaportes, inscripciones y poderes en las sedes que permanecen activas: Miami, Nueva York y la sección consular de Washington D.C. La ausencia de un nuevo cónsul en Florida agrava la carga operativa y la incertidumbre legal de los migrantes.

La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo Presidencial N.º 146-2026, que dejó sin efecto el nombramiento de Marvin René Ortega Rodríguez como cónsul general en Miami. El funcionario ocupaba ese puesto desde abril de 2022.

Miami, la sede con mayor demanda tras los cierres consulares

La segunda destitución alcanzó a Eliezer Gabay, cónsul honorario en Filadelfia desde junio de 2014. Su salida también fue publicada en La Gaceta, diario oficial nicaragüense, y comenzó a regir el mismo 27 de octubre.

El consulado de Miami se convirtió en la oficina nicaragüense de mayor concurrencia en Estados Unidos después del cierre permanente de otras representaciones. Entre las sedes clausuradas en años recientes figuran Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans y Charlotte.

La reducción de la red consular concentró en tres puntos la atención de ciudadanos distribuidos por numerosas regiones estadounidenses. Esa comunidad migrante continúa siendo la principal fuente de remesas hacia Nicaragua.

No es el primer desamparo a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos

En 2024 el régimen de Daniel Ortega cerró al menos cincoconsulados nicaragüenses en ciudades de Estados Unidos, México y Guatemala con alta presencia migrante durante el último mes, una medida que dificulta la obtención de pasaportes, documentos y asistencia para comunidades que, solo en territorio estadounidense, rondan el millón de personas

Las clausuras alcanzaron a Los Ángeles, en California; Houston, en Texas; Nueva Orleans, en Luisiana; Tapachula, en México, y la representación consular en Guatemala. El consulado de San Francisco no fue cerrado oficialmente, pero dejó de atender al público y deriva las solicitudes a la sede nicaragüense de Washington.

Los consulados asisten a personas naturales y jurídicas de su nacionalidad, emiten pasaportes, documentos de viaje e identificaciones oficiales, tramitan visas para extranjeros que quieran ingresar a Nicaragua y cumplen funciones notariales. También deben proteger los intereses de menores de edad dentro de su jurisdicción y atender cuestiones sucesorias cuando un ciudadano fallece.

Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, advirtió para entonces que los cierres afectarán de manera directa a los migrantes, sobre todo a quienes se encuentren en situaciones precarias o bajo detención migratoria. Sin embargo, señaló que es difícil determinar las razones de la decisión porque las autoridades nicaragüenses no emitieron una comunicación oficial.

“Las imágenes en puertas de las sedes consulares que hemos visto en prensa dirigen a otras sedes consulares en el país receptor, pero no explican nada más”, afirmó Rocha.

El especialista, dijo para entonces a Infobae, que la Convención de Viena establece procedimientos previos ante el cierre temporal o permanente de una sede, los cambios de personal y la modificación de una circunscripción consular.

El senador dominicano Antonio Marte respaldó la intervención militar ordenada por El Salvador en Haití tras el secuestro de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), atribuido a una presunta banda haitiana. El legislador sostuvo que el presidente salvadoreño Nayib Bukele debía actuar frente a la crisis de seguridad en el país vecino.

“Es un país hermano, pero prácticamente alguien tiene que meterle mano. A Bukele lo mandó Dios aquí”, afirmó Marte, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, de acuerdo con declaraciones recogidas por Listín Diario.

La postura del dirigente dominicano se conoció luego de que se informara sobre el secuestro de cuatro militares salvadoreños que integraban la GSF, una fuerza desplegada para enfrentar a las pandillas que operan en Haití. Marte dijo que recibió con satisfacción la decisión de Bukele de ordenar una respuesta militar.

“Yo voy a felicitar a Bukele y que le dé duro a esos delincuentes”, expresó el senador durante sus declaraciones al diario.

Respaldo de Marte a la ofensiva contra las pandillas

El respaldo de Marte se concentró en la ofensiva contra los grupos armados que mantienen presencia en distintas zonas de Haití, donde la violencia de las pandillas es uno de los principales factores de inestabilidad política y social.

El legislador describió al país como una nación hermana, aunque planteó que la situación exige una intervención contra las organizaciones criminales. Sus dichos se suman a las reacciones regionales ante la participación salvadoreña en operaciones de seguridad vinculadas con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El Gobierno de El Salvador anunció el miércoles que desplegará un operativo de más de 2,000 soldados en Haití para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

El anuncio fue incluido en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se detalla que el presidente Nayib Bukele sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

Bukele destacó la “contundencia” del operativo para recuperar a los connacionales y reafirmó la voluntad de sostener la cooperación en materia de seguridad con Haití.

Marte centró su mensaje en la necesidad de combatir a las bandas y volvió a elogiar al mandatario salvadoreño, cuya política de seguridad ha tenido proyección regional por su ofensiva contra las pandillas.

La frontera dominicana, según Marte, sin precedentes de seguridad

El senador también se refirió a la situación en la frontera entre República Dominicana y Haití. Aseguró que no teme por la seguridad limítrofe y sostuvo que el control actual representa una diferencia frente a períodos anteriores.

“La frontera está segura. Nunca en la vida se había visto una frontera tan segura como ahora; yo me siento seguro”, declaró el senador.

En ese contexto, Marte afirmó que miembros de las fuerzas de seguridad e inspectores permitieron durante años el ingreso irregular de ciudadanos haitianos a territorio dominicano a cambio de dinero. El legislador aseguró que existen “5 millones de haitianos” en República Dominicana, una cifra que presentó sin aportar documentación o fuentes que la respalden.

“Ahora, los culpables han sido muchos militares, inspectores que por estar robándose 30,000, 40,000 y 50,000 pesos los dejan cruzar”, afirmó el funcionario.

Las declaraciones de Marte vinculan el respaldo a la intervención salvadoreña con el debate sobre seguridad, migración y control fronterizo que mantiene vigencia en República Dominicana a raíz de la crisis haitiana.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sostuvo este jueves 29 de octubre una reunión oficial con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma, donde ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de la cooperación entre sus países para combatir el narcoterrorismo, la criminalidad financiera y las organizaciones delictivas internacionales, mediante una mayor coordinación entre los cuerpos policiales y el intercambio de información de inteligencia.

El encuentro formó parte de la gira oficial que realiza la mandataria costarricense por Europa y tuvo como uno de sus principales objetivos estrechar los vínculos diplomáticos con Italia, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Según la información compartida por la Presidencia costarricense, Mattarella expresó su disposición de trabajar conjuntamente con Costa Rica para enfrentar las amenazas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que trascienden las fronteras nacionales.

Costa Rica busca aprovechar la experiencia italiana contra el crimen organizado

Uno de los principales temas del encuentro fue la posibilidad de fortalecer el intercambio de inteligencia policial, una herramienta que permite a las autoridades de diferentes países compartir información relevante sobre organizaciones criminales, movimientos financieros sospechosos y actividades vinculadas con el narcotráfico.

Antes de la reunión, la presidenta Fernández había adelantado que su intención era impulsar un acuerdo con Italia para ampliar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

“Vamos a hablar de temas de seguridad que involucran a ambas naciones”, manifestó la mandataria durante una entrevista con la agencia EFE.

Fernández explicó que su administración pretende avanzar hacia “un acuerdo bilateral para el fortalecimiento de la inteligencia en materia de seguridad”, que también contemple el combate al narcoterrorismo, el contrabando y el comercio ilícito.

La propuesta busca facilitar el acercamiento entre las instituciones policiales costarricenses y sus contrapartes italianas, de manera que puedan compartir conocimientos y experiencias en la investigación de delitos complejos.

Italia cuenta con una amplia trayectoria institucional en el combate de organizaciones mafiosas y redes criminales, experiencia que representa una oportunidad de cooperación para Costa Rica en un contexto de creciente preocupación por la expansión del narcotráfico y sus vínculos con otras actividades ilícitas.

El interés costarricense también comprende la criminalidad financiera, relacionada con operaciones utilizadas por las organizaciones delictivas para movilizar, ocultar o introducir en la economía formal recursos obtenidos mediante actividades ilegales.

Una eventual ampliación de la cooperación permitiría fortalecer las capacidades institucionales para investigar estas operaciones, aunque todavía deben definirse los alcances específicos de cualquier mecanismo bilateral.

Sergio Mattarella destacó los 162 años de relaciones diplomáticas

Durante el recibimiento oficial, el presidente italiano resaltó los vínculos históricos entre ambos países y expresó su interés en que la visita de Fernández contribuya a ampliar la colaboración.

“Tenemos una larga relación de creciente amistad, me parece que son 162 años de relaciones entre Costa Rica e Italia”, expresó Mattarella.

El mandatario agregó que las relaciones bilaterales han estado caracterizadas por la amistad y la colaboración, y manifestó su expectativa de que el encuentro permita profundizar los vínculos existentes.

“Confío en que su presencia haga crecer aún más nuestra cooperación”, afirmó.

Por su parte, Fernández agradeció la recepción ofrecida por el Gobierno italiano y destacó el trato recibido por la delegación costarricense.

Ministros y autoridades diplomáticas acompañaron a la presidenta

La mandataria costarricense acudió al encuentro acompañada por el primer caballero, Jeffry Umaña, así como por funcionarios de su equipo de Gobierno.

Entre los integrantes de la delegación estuvieron el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y la canciller Ana Elena Pinto, quienes participaron en el acercamiento diplomático con las autoridades italianas.

También formó parte de la comitiva el director de Despacho de la Presidencia, Alexander Astorga.

La presencia de representantes del Gobierno costarricense permitió abordar distintas áreas de cooperación bilateral, más allá de los asuntos estrictamente relacionados con seguridad.

La visita también contempla espacios para fortalecer las relaciones con instituciones y sectores empresariales italianos, como parte de los esfuerzos por ampliar los vínculos internacionales de Costa Rica.

Seguridad se mantiene como prioridad en la agenda internacional de Fernández

El acercamiento con Italia se suma a otros encuentros internacionales que la presidenta Laura Fernández ha desarrollado desde que asumió el poder el 8 de mayo de 2026, en los cuales ha colocado la lucha contra el crimen organizado entre los principales asuntos de su agenda.

Durante septiembre, la gobernante visitó Colombia, donde abordó posibilidades de cooperación en seguridad e intercambio de información con las autoridades de ese país.

Posteriormente, el 16 de octubre, viajó a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en momentos en que Costa Rica impulsa su propia estrategia de alta contención penitenciaria.

Ahora, la reunión con Sergio Mattarella abre otro espacio de coordinación internacional, esta vez con un país europeo que cuenta con experiencia especializada en la investigación de organizaciones criminales y delitos financieros.

Durante su estancia en Italia, Fernández también sostuvo una audiencia con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar Costa Rica en 2027.

La gira continuará en España, donde la mandataria tiene previsto participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Durante la visita de Fujimori a la Casa Presidencial de San Salvador, Perú y El Salvador suscribieron cuatro acuerdos de cooperación bilateral:

• Marco de Asociación Estratégica, firmado por Carlos Espá y la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco.
• Acuerdo de cooperación técnica en infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia frente a la criminalidad, suscrito por Ernesto Álvarez, César Augusto Astudillo y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.
• Acuerdo de cooperación institucional entre los ministerios de Salud de Perú y El Salvador, firmado por Luis Dyer y el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí.
• Acuerdo de cooperación turística, suscrito por Roger Valencia Espinoza y Morena Valdez.

El jefe de Estado salvadoreño aseguró que su país está dispuesto a compartir sus experiencias para que puedan ser aplicadas en las áreas que consideren útiles. Además, señaló que la visita busca afianzar la relación entre ambos pueblos y fortalecer la cooperación. “Ese triángulo de seguridad, salud y educación es vital”, indicó Bukele.

Fujimori, por su parte, en su discurso anunció que Perú reforzará su política penitenciaria con la construcción de dos nuevas cárceles: una destinada a internos de alta peligrosidad, inspirada en aspectos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, y otra para presos con menor nivel de riesgo. En este último caso, prevé incorporar talleres productivos y un plan de “cero ocio” para los reclusos. También señaló que el país tiene otras cárceles en proceso de finalización.

En materia operativa, planteó unificar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante un comando unificado para enfrentar a las organizaciones criminales. Además, sostuvo que su gestión buscará respaldar a los integrantes de las fuerzas de seguridad, a quienes afirmó que anteriormente fueron perseguidos o no recibieron defensa institucional. La propuesta toma como referencia la experiencia salvadoreña, aunque remarca que las medidas deberán adaptarse a la realidad peruana.

A su vez, la mandataria sostuvo que su Gobierno adoptó medidas para impedir que las organizaciones criminales operen desde las prisiones. “El mensaje que va al Perú, las cárceles están para cumplir las penas y no para ser centros donde las organizaciones criminales dirigen los delitos.

Presidenta peruana visitó el CECOT

Fujimori recorrió por la mañana las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guió la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Ernesto Álvarez.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la misión salvadoreña en Haití busca rescatar a cuatro aerotécnicos y advirtió que, si no son entregados con vida, su Gobierno recurrirá a la fuerza. “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, sostuvo.

Bukele aclaró que el objetivo declarado de la operación no es desarticular a las pandillas haitianas, aunque aseguró que las fuerzas salvadoreñas avanzarán contra esos grupos en caso de que impidan el rescate de los técnicos.

“Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”, dijo el mandatario, quien señaló que la duración de la misión dependerá de la respuesta de los captores.

Las declaraciones del mandatario fueron emitidas en una conferencia de prensa de este jueves en Casa Presidencial.

El presidente dijo que la operación terminará si los técnicos son liberados con vida

El jefe de Estado aseguró que El Salvador no tiene intención de establecer una presencia permanente en Haití. Según planteó, las tropas se retirarían el mismo día en que los cuatro aerotécnicos sean entregados vivos.

“Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, afirmó. También sostuvo que la misión se extenderá “hasta donde ellos quieran”, en alusión a las pandillas que operan en el país caribeño.

Bukele presentó la eventual incursión como una operación limitada al rescate de los técnicos, aunque advirtió que sus fuerzas responderán ante cualquier resistencia armada.

Bukele comparó a las pandillas haitianas con las estructuras criminales de El Salvador

El mandatario señaló que su Gobierno conoce el funcionamiento de organizaciones criminales de ese tipo por la experiencia de El Salvador antes de la ofensiva estatal contra las pandillas. Reconoció diferencias entre ambos escenarios, pero consideró que los grupos de Haití guardan similitudes con las estructuras salvadoreñas.

Bukele recordó episodios de violencia atribuidos a pandillas en su país, entre ellos homicidios, extorsiones, desapariciones y ataques contra civiles. Además, sostuvo que El Salvador llegó a registrar una tasa de entre 103 y 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, que calificó como la más alta del mundo.

“Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo”, expresó. El presidente atribuyó a las pandillas salvadoreñas delitos como el reclutamiento de menores, el control territorial y agresiones contra familias.

El mandatario presentó la ofensiva como una “batalla entre el bien y el mal”

Durante sus declaraciones, Bukele definió a las pandillas como organizaciones vinculadas al mal y afirmó que algunas de ellas practican rituales satánicos y sacrificios humanos. Esas acusaciones fueron formuladas por el presidente y no aportó pruebas durante su intervención.

“Nosotros estamos del lado del bien y ellos están del lado del mal”, dijo. También aseguró que confía en que Dios dará la victoria a las fuerzas salvadoreñas.

La posición expuesta por Bukele condiciona el desenlace de la misión a la liberación de los cuatro aerotécnicos. “Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos en la tarde”, reiteró.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, entregó una invitación formal al presidente salvadoreño Nayib Bukele y expresó su intención de avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, después de la firma de acuerdos sobre infraestructura, seguridad, salud y turismo.

El intercambio comercial entre las dos naciones mostró un fuerte peso de las compras salvadoreñas a Perú. El Salvador exportó al mercado peruano poco más de USD 11,14 millones, mientras que sus importaciones desde Perú alcanzaron USD 98,30 millones, de acuerdo con los registros consolidados del Banco Central de Reserva de El Salvador.

La oferta salvadoreña hacia Perú incluye productos de la industria alimenticia y de bebidas, minerales, químicos y plásticos. En sentido inverso, El Salvador adquiere productos del reino vegetal, de las industrias químicas y plásticos.

Fujimori sostuvo que Perú mantiene una economía abierta y recordó su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico y otros espacios de integración. Afirmó que esa apertura contribuyó al dinamismo económico peruano.

La presidenta vinculó ese proceso con la derrota de grupos terroristas en Perú y destacó la experiencia salvadoreña frente a la criminalidad. “Aquí en El Salvador también se ha demostrado que la paz no se improvisa, la paz se construye”, manifestó durante el encuentro con Bukele.

Acuerdos sobre infraestructura, seguridad y salud

Los dos mandatarios encabezaron la suscripción de varios instrumentos bilaterales para fortalecer la relación entre El Salvador y Perú. El primero fue el Acuerdo Marco de Asociación Estratégica, concebido como una base para profundizar los vínculos entre ambos gobiernos.

También se firmó un Memorándum de Entendimiento para la cooperación técnica y el intercambio de experiencias en infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia ante la criminalidad.

Los presidentes presenciaron además un acuerdo de cooperación institucional entre los ministerios de Salud de ambos países. El objetivo es ampliar el intercambio y la colaboración en esa área.

La agenda incluye un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación turística. El instrumento había sido firmado previamente por el ministro de Turismo de Perú y será suscrito en El Salvador por la titular salvadoreña de Turismo, Morena Valdez.

Durante su visita oficial, Fujimori señaló que Bukele es “un gran referente en el Perú” y aseguró que será recibido “con los brazos abiertos, con mucho cariño”. También anticipó que la gastronomía peruana formará parte de esa recepción y dijo que se llevaba “en el corazón y en el alma las pupusas con chocolate”.

La negociación comercial reiniciada en marzo de 2025

Perú y El Salvador realizaron entre el 24 y el 28 de marzo de 2025 la primera ronda de negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio. El proceso continúa en una etapa de diálogo bilateral.

En ese año el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú señaló que un acuerdo permitiría consolidar la presencia de productos peruanos en el mercado centroamericano. La cercanía geográfica y el idioma compartido facilitarían el acceso a un destino que demanda bienes con valor agregado.

La reducción de aranceles y la simplificación de los procedimientos aduaneros permitirían a los exportadores peruanos competir con mayor eficacia, diversificar mercados y generar empleo en Perú.

Un hombre aceptó su responsabilidad penal en tres procesos distintos por hurto pecuario durante la audiencia de acusación celebrada el 29 de octubre de 2026.

Esto le permitió al tribunal validar una condena de 16 años de prisión en su contra, tras la solicitud de acumulación de las investigaciones presentada por la Fiscalía Regional de Chiriquí.

Los hechos se remontan a enero y febrero de 2026, cuando el acusado ingresó a dos fincas distintas de la comunidad de Baitún, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, y se apoderó de tres animales.

La Procuraduría General de la Nación indicó que la causa contra este sujeto se inició el 10 de febrero de ese año, fecha en la que, mediante una serie de diligencias judiciales y con apoyo de los estamentos de seguridad, se concretó su aprehensión.

En las audiencias de control de garantías posteriores, el Ministerio Público obtuvo la orden de detención provisional en su contra por su presunta vinculación con los tres casos de hurto de ganado.

En otro caso judicial, el exadministrador de una entidad pública, investigado por el presunto enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado panameño por cerca de USD 1.322.234,38, continuará detenido de forma provisional mientras avanza la investigación.

La decisión fue confirmada por un Juzgado de Garantías durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

La jueza aceptó el planteamiento de la Sección Tercera de la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, que sostuvo que persisten los riesgos procesales establecidos antes por el Tribunal de Garantías y ratificados por el Tribunal Superior de Apelaciones.

La Fiscalía consideró que no surgieron nuevas circunstancias que justificaran reducir esos riesgos. Por ello, el tribunal mantuvo la detención al estimarla proporcional, idónea y necesaria para el desarrollo de las pesquisas.

De igual manera, un comerciante se convirtió este jueves en el decimotercer implicado en la trama de corrupción que afecta al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, logró su aprehensión durante la mañana.

El hombre fue detenido en un punto de control de la Policía Nacional, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Las autoridades lo señalan por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública y el orden económico.

Con esta nueva aprehensión, la investigación alcanza a 13 personas señaladas por los presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU.

El caso había sido elevado a causa compleja el 22 de octubre.

La Fiscalía Superior Anticorrupción lo señala por presunta malversación y sustracción de cheques de los programas de becas y ayudas económicas de la institución, en el marco de una causa que ya involucra a otras 12 personas por peculado y blanqueo de capitales.

La condición de causa compleja permite a los investigadores ampliar los plazos legales y profundizar en el entramado de responsables, dado el volumen de personas y transacciones involucradas en el expediente.

Las pesquisas de la Fiscalía Superior Anticorrupción apuntan a tres programas sociales que administra el IFARHU. Se trata de las Becas, el Seguro Educativo y el Pase-U, mecanismos destinados a facilitar el acceso a la educación de miles de panameños.

La presunta sustracción de cheques correspondientes a esos programas constituye el núcleo de la investigación. Los fondos, según la línea de trabajo de los investigadores, debían llegar a sus beneficiarios originales dentro del sistema de ayudas educativas.

El comerciante aprehendido este jueves se suma a una lista que, según se reiteró, ya incluía a otras 12 personas señaladas en la misma causa. La Procuraduría no detalló en su comunicación el perfil ni las funciones previas de los demás implicados.

El exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez presentó una petición formal contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncia un patrón sistemático de persecución judicial que lo obligó a abandonar el país hace cuatro años.

El acto se realizó en el marco del 197 Periodo de Sesiones del organismo, en Ciudad de Panamá, con el acompañamiento legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La petición documenta diez procesos de antejuicio impulsados en su contra desde 2016, tres de ellos abiertos de forma simultánea en 2022. Además de 25 denuncias penales y administrativas, de las cuales 21 fueron desestimadas o archivadas por falta de fundamento.

Según los peticionarios, estas acciones constituyeron represalias directas por las resoluciones judiciales de Gálvez en casos de alta corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El caso Diario Militar y la renuncia forzada

El hostigamiento, según la petición, se intensificó cuando Gálvez tenía a su cargo el caso Diario Militar, un expediente que investigaba graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares retirados durante el conflicto armado interno.

El uso de un proceso de antejuicio tramitado de manera expedita e irregular puso en riesgo inminente su libertad e integridad personal, lo que derivó en su renuncia al cargo en diciembre de 2022 y en su salida de Guatemala poco después.

Antes de ese caso, el exjuez había tenido a su cargo procesos de trascendencia histórica. Entre 1990 y su salida del país ejerció distintos cargos en la judicatura, y desde 2011 presidió el Juzgado Pluripersonal Primero Penal de Mayor Riesgo.

Allí procesó a los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio en perjuicio del pueblo ixil, envió a juicio el caso Sepur Zarco sobre esclavitud sexual militar.

También vinculó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción aduanera, y tramitó el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.

Medidas cautelares vigentes durante siete años

La gravedad de las amenazas llevó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares en agosto de 2016, vigentes durante siete años.

En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió la protección con medidas provisionales, tras constatar que el esquema de seguridad brindado por el Estado resultaba insuficiente.

Pese a la vigencia de ambas decisiones internacionales, el hostigamiento continuó hasta forzar su salida del país, detalló el Cejil.

“Esto significa que el Estado tiene que analizar el tema de la persecución sistemática en Guatemala, pero también me siento triste, porque estamos hablando de mi vida, son veinticinco años de ser juez y cuatro años de estar fuera”, declaró Gálvez tras la presentación de la petición.

CEJIL apunta a un patrón de criminalización judicial

Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, señaló, a través de un comunicado, que la petición busca además documentar una práctica más amplia contra operadores de justicia.

“El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público. Esperamos que el caso sirva para que el Estado adopte medidas estructurales para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”, afirmó.

La petición vincula este patrón con la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, entidad que, según los peticionarios, impulsó parte de las denuncias que afectaron a Gálvez.

Una de estas acciones, promovida por la Fundación contra el Terrorismo, llegó a recibir el aval de la Corte Suprema de Justicia, lo que incrementó el riesgo de que el exjuez enfrentara prisión.

Reparaciones solicitadas y próximos pasos

Entre las medidas de reparación, los peticionarios solicitan que se generen las condiciones necesarias para el regreso de Gálvez a Guatemala sin riesgo para sus derechos, y que el Estado adopte garantías de no repetición frente a casos similares de criminalización judicial.

Tras la recepción de la petición, la CIDH procederá a su trámite, trasladará el documento al Estado de Guatemala para que presente observaciones, realizará un análisis de admisibilidad y, en una etapa posterior, emitirá un informe de fondo sobre las violaciones de derechos humanos alegadas.

Gálvez permanece fuera de Guatemala desde 2022, mientras continúa con actividades de formación política vinculadas al partido Winaq desde el exterior.

La Fuerza Pública de Costa Rica anunció que intensificará los operativos de seguridad durante la celebración de Halloween, el próximo sábado 31 de octubre, con vigilancia especial en cementerios, templos religiosos, centros comerciales y alrededores de bares, ante la posibilidad de que se registren actos vandálicos, fiestas clandestinas o incidentes relacionados con las actividades de esa noche.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que mantendrá presencia policial en diferentes regiones del territorio nacional, con el propósito de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que participen en las celebraciones.

La institución explicó que los operativos estarán dirigidos principalmente a sitios donde se espera una alta concentración de personas, así como establecimientos comerciales y espacios públicos que suelen recibir visitantes durante esta fecha.

Aunque las autoridades no precisaron la cantidad de oficiales que participarán en los dispositivos de seguridad, confirmaron que se mantendrán recursos policiales disponibles en todo el país para atender eventuales incidentes.

Policía pide a padres acompañar a sus hijos cuando salgan a pedir dulces

La seguridad de los menores de edad también será una prioridad durante la jornada, particularmente por la costumbre de salir disfrazados a recorrer barrios y comunidades para solicitar golosinas.

La Fuerza Pública hizo un llamado a los padres de familia para que acompañen a sus hijos durante estas actividades y mantengan supervisión constante mientras se encuentran fuera de sus viviendas.

Esta recomendación busca disminuir los riesgos asociados con la presencia de menores en calles, espacios públicos y lugares donde puedan concentrarse numerosas personas.

Las autoridades consideran importante que los adultos responsables permanezcan atentos a los desplazamientos de los niños y eviten que realicen recorridos sin supervisión.

El llamado cobra relevancia porque Halloween reúne distintas actividades en una misma jornada, desde celebraciones familiares hasta fiestas nocturnas dirigidas a personas adultas.

En ese contexto, la Policía procura reforzar las medidas de prevención tanto en comunidades residenciales como en zonas de mayor actividad comercial.

Vigilarán la denominada caravana del payaso

Otra de las actividades que estarán bajo vigilancia policial será la denominada “caravana del payaso”, mencionada expresamente por el Ministerio de Seguridad Pública entre los eventos que recibirán atención durante este Halloween.

La institución confirmó que desplegará vigilancia para prevenir situaciones de riesgo en carretera relacionadas con esta actividad.

La medida forma parte de los dispositivos preventivos que se desarrollarán durante la celebración, considerando que algunas actividades pueden trasladarse a espacios públicos y vías de circulación.

Costa Rica también celebrará el Día Nacional de la Mascarada

El 31 de octubre no solamente estará marcado por Halloween. En Costa Rica también se conmemora el Día Nacional de la Mascarada Costarricense, una fecha dedicada a reconocer una de las tradiciones culturales más representativas del país.

Durante esta celebración, distintas comunidades organizan actividades con mascaradas tradicionales, cimarronas, bailes y encuentros culturales, que reúnen a familias y visitantes.

Las mascaradas forman parte del patrimonio cultural costarricense y se caracterizan por la utilización de grandes figuras elaboradas artesanalmente, que representan personajes tradicionales, históricos o populares.

La música de cimarrona suele acompañar estas actividades, que mantienen una importante presencia en diferentes localidades del territorio nacional.

Por esa razón, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que los operativos también comprenderán las celebraciones vinculadas con esta tradición.

La institución señaló que los oficiales velarán por que las actividades culturales se desarrollen de manera segura y que las personas puedan disfrutar de los encuentros comunitarios sin inconvenientes.

De esta manera, Halloween y el Día Nacional de la Mascarada Costarricense coincidirán el sábado 31 de octubre, una jornada en la que se espera la realización de distintas actividades recreativas y culturales.

El siniestro ocurrió a las 8:54. El AVE llevaba 378 pasajeros registrados por Renfe, mientras que el Iryo transportaba a 174 personas, incluido un bebé, según información de Infobae.

Hugo, que trabaja en la construcción de jardines, se dirigía a Córdoba para supervisar una obra. Había subido al tren y, tras media hora de marcha, la formación se detuvo entre ocho y 10 minutos antes de que el conductor avisara que reanudarían el recorrido.

El sobreviviente contó que se trasladó con un compañero desde el vagón ocho, cercano al conductor, hasta la cafetería situada en el otro extremo del tren. El impacto ocurrió cuando regresaban a sus asientos y atravesaban el quinto vagón.

El impacto y la salida por el cristal de emergencia

El golpe no estuvo precedido por otra advertencia, relató Hugo durante una entrevista exclusiva con HCH. “No escuché nada, solo sentí que volé. Eso es claro, volé como a diez metros y empezó como un terremoto todo. Los asientos del tren arrancándose, gente gritando, gente sin piernas, gente con la cara deshecha”.

Tras el descarrilamiento, aseguró que varias personas cayeron sobre él dentro del vagón. Cuando el tren se detuvo, logró liberarse de los heridos que tenía encima y buscó una forma de salir.

Los martillos destinados a romper los cristales de emergencia no funcionaron, según su relato. “Entonces, entre la adrenalina, nervios y todo, yo he deshecho una mesa, he sacado la pata de la mesa y con eso pude romper el cristal de emergencia, y ahí empezamos a salir todos”.

Hugo señaló que quienes podían moverse abandonaron el tren por esa abertura, mientras que los pasajeros con heridas graves debieron ser rescatados. Al llegar al exterior, describió escenas de personas con amputaciones y lesiones mortales.

El momento que más lo afectó fue ver a su compañero intentar rescatar a una joven que tenía ambos pies cortados. “Y eso no pude yo, por más que quisiera ayudarle, no pude ayudarle, porque no estaba preparado, ya venía con nervios”, dijo.

El hondureño afirmó que, durante los primeros instantes posteriores al choque, temió que otro tren los impactara por detrás o que el vagón se incendiara. Su prioridad, explicó, era salir y que los demás pasajeros también lograran hacerlo.

Hugo consideró que sobrevivió porque se había alejado del lugar donde originalmente debía viajar. El vagón en el que pensaba permanecer quedó devastado tras el impacto.

Hasta la fecha no se conoce datos de centroamericanos fallecidos en el accidente. Sin embargo otros países como Argentina confirmó que una ciudadana del país figura entre los fallecidos y que hay varios heridos. Entre las personas aún buscadas está Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el coche ocho de un AVE de Renfe.

La Guardia Civil recibió 64 denuncias de familiares de posibles víctimas españolas y extranjeras. Para avanzar en la identificación de los desaparecidos, habilitó oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para recopilar información y muestras de ADN.

Italia reportó que nueve de sus ciudadanos residentes en España viajaban en el tren: tres siguen sin ser localizados, cinco resultaron ilesos y uno está hospitalizado. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, pidió crear una unidad de crisis en la embajada para coordinar las gestiones con la Policía y las autoridades sanitarias españolas.

México confirmó un ciudadano desaparecido y siete heridos leves, todos dados de alta. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que su embajada en Madrid activó el protocolo de protección consular y que la desaparición fue notificada a la Guardia Civil de Toledo.

También permanecen sin información Sharona, una ciudadana canadiense, y Alice, estadounidense, quien viajaba con familiares de la primera. Una sobrina relató a ABC: “Viajaba en el tren con la novia de mi primo, con mi primo y con mi tío. Los chicos están bien, pero de mi tía y de Alice, la novia de mi primo, que es estadounidense, por el momento no tenemos noticias”.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que dos ciudadanos japoneses estaban entre los pasajeros, aunque no se informó cuál era su estado. Corea del Sur comunicó varios heridos entre sus nacionales y el presidente Lee Jae Myung indicó que la embajada envió a un cónsul para evaluar la situación, asistir a los afectados y colaborar con su eventual traslado.

La administración de Donald Trump anunció este jueves que restringió visas a más de 15 personas acusadas de organizar, facilitar o promover caravanas migrantes con destino a Estados Unidos. La medida alcanza a individuos que, según el Departamento de Estado, reclutaron y coordinaron grupos que atraviesan Centroamérica y México rumbo a la frontera sur estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que Washington aplicará controles adicionales sobre quienes participen en esas actividades y soliciten una visa. La política también contempla la posibilidad de rechazar o revocar permisos de ingreso al país.

“Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El anuncio ocurre en momentos en los que una caravana que partió de Honduras avanza por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no divulgaron la identidad, nacionalidad ni el papel específico de las personas alcanzadas por las restricciones. El anuncio se produjo cinco días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

Controles adicionales para solicitantes de visa vinculados a caravanas

El gobierno estadounidense sostuvo que las investigaciones identificaron a personas que “reclutaron, coordinaron y dirigieron” a grupos numerosos de migrantes durante su trayecto por Centroamérica y México. Según el comunicado, esas acciones tienen como objetivo facilitar el ingreso irregular al territorio estadounidense.

La administración afirmó que está dispuesta a usar su política de restricciones de visa contra quienes organicen, promuevan, respalden o financien caravanas migrantes. También advirtió que los participantes de esos grupos podrían enfrentar un examen adicional si piden autorización para viajar a Estados Unidos.

“Cualquier persona involucrada en facilitar o participar en esa actividad ilegal será considerada para restricciones de visa”, indicó el Departamento de Estado. La dependencia añadió que el cruce no autorizado de la frontera sur puede derivar en arrestos, detenciones, deportaciones y prohibiciones futuras de ingreso.

Una caravana salida de Honduras avanza por el sur de México

La decisión forma parte de la estrategia migratoria de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en 2025 con la promesa de endurecer los controles fronterizos. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han presentado la reducción de los cruces irregulares como uno de los ejes de su gestión.

Una caravana de cerca de 100 migrantes salió el 20 de septiembre desde San Pedro Sula, Honduras, y se encuentra en el estado mexicano de Chiapas. El grupo busca avanzar hacia el norte de México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, según informó la agencia EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional ha difundido imágenes y mensajes sobre el recorrido de la caravana en redes sociales. En una de sus publicaciones, la agencia afirmó que Estados Unidos acumula “17 meses de frontera segura”, una expresión que integra el discurso oficial de la administración sobre la política migratoria.

Las caravanas adquirieron visibilidad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas partieron desde Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de empleo, seguridad y mejores condiciones de vida. Desde entonces, se convirtieron en asunto recurrente del debate electoral estadounidense.

Panamá ofreció su territorio como sede para un eventual acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, afirmó este jueves 29 de octubre que su país podría facilitar conversaciones si ambas partes aceptan abrir una instancia de diálogo. La declaración llegó un día después de que el Gobierno de José Raúl Mulino presentara esa propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, dijo Martínez-Acha Vásquez, según informó la agencia EFE. El canciller sostuvo que Panamá cuenta con antecedentes de entendimiento internacional que podrían ser útiles para una negociación entre Washington y La Habana.

La oferta de sede neutral para acercar a Cuba y Estados Unidos

El jefe de la diplomacia panameña indicó que la posibilidad de una reunión depende de la voluntad política de ambos Gobiernos. “Panamá, con su tradición y su historia de entendimiento, podría ser un espacio para esas conversaciones. Quizás una posición neutral podría permitir avanzar. Si ambos países lo desean, deben estar dispuestos a conversar”, señaló.

La propuesta fue planteada durante la visita oficial a Panamá del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. La presencia del funcionario europeo dio marco a las declaraciones de Martínez-Acha Vásquez sobre la necesidad de reducir las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Panamá defendió ante la ONU que el diálogo constituye una herramienta para superar desacuerdos entre Estados y ampliar la cooperación internacional. La posición panameña combinó esa oferta de mediación con un llamado al régimen cubano para que fortalezcan la institucionalidad democrática, garanticen el respeto por los derechos humanos y aseguren la participación ciudadana.

La iniciativa no supone, por ahora, una negociación formal ni una respuesta pública de Cuba o Estados Unidos. El planteo deja abierta la posibilidad de que Panamá actúe como anfitrión si las dos partes deciden retomar contactos políticos.

Resolución de la ONU: 130 votos contra el embargo

La oferta panameña se produjo después de que la Asamblea General de la ONU aprobara el miércoles la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El texto obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque la resolución expresa la posición mayoritaria de los Estados miembros, no tiene carácter vinculante para Estados Unidos.

Cuba presenta esta iniciativa cada año desde 1992 con el objetivo de reclamar el levantamiento del embargo estadounidense. La medida rige desde el 3 de febrero de 1962 y ha sido uno de los principales puntos de conflicto en la relación bilateral durante más de seis décadas.

La votación coincidió con el ofrecimiento de Panamá para alojar un eventual proceso de conversaciones. El canciller panameño vinculó la posibilidad de un acercamiento con la necesidad de que ambas administraciones asuman una disposición concreta para dialogar.

La postura de Panamá incluye dos mensajes: la defensa de una salida diplomática entre Estados Unidos y Cuba y el reclamo de cambios institucionales dentro de la isla. Por el momento, ninguno de los dos países anunció si considera la propuesta panameña ni si evalúa abrir una nueva ronda de contactos.

Los Cerveceros de Milwaukee conquistaron su primertítulo de Serie Mundial el miércoles 28 de octubre de 2026, al vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego de la final, disputado en el Tropicana Field. El resultado selló una serie de 4-1 y terminó con casi seis décadas sin campeonatos para una franquicia que solo había llegado una vez antes a esta instancia, en 1982, según Agencia AP.

La victoria también representó un triunfo para el mercado mediático más pequeño de las Grandes Ligas y para un equipo con la 19.ª nómina salarial más alta de la liga. Milwaukee había alcanzado la Serie Mundial tras barrer a los Dodgers de Los Ángeles, uno de los clubes de mayor gasto, después de una década de trabajo para volver a competir por el campeonato.

Jacob Misiorowski condujo la consagración desde el montículo con cinco entradas y dos tercios sin carreras y apenas dos hits permitidos. El derecho de 24 años abandonó el partido por un calambre en la pantorrilla derecha, cuando Milwaukee ya ganaba por cuatro carreras.

Misiorowski, velocidad récord y una salida decisiva

El abridor igualó su peor marca personal al conseguir solo dos ponches, pero sostuvo a Tampa Bay con control y potencia. De sus 86 lanzamientos, 51 alcanzaron al menos 100 mph; 30 llegaron a 101 mph o más, 12 tocaron las 102 mph y dos alcanzaron las 103 mph en la primera entrada.

El personal de mantenimiento de los Rays debió acudir varias veces al montículo para rellenar un hoyo provocado por la larga zancada del zurdo de 2,01 metros. Misiorowski salió acompañado por el preparador físico principal Brad Epstein, afectado por una molestia similar a la que le hizo perder dos aperturas en mayo.

Durante la postemporada, el lanzador registró marca de 2-0 y efectividad de 0,84 en 10 entradas y dos tercios, con cinco ponches. Su carga de trabajo ascendió a 193 entradas y dos tercios entre la temporada regular y los playoffs, por encima de las 141 entradas y un tercio que había acumulado el año anterior.

Apodado The Miz, Misiorowski fue elegido para el Juego de Estrellas de 2025 apenas un mes después de debutar. Esa campaña terminó con récord de 5-3, efectividad de 4,36 y 87 ponches en 66 entradas, antes de dominar la liga en 2026.

El derecho cerró la temporada regular con marca de 16-5 y se convirtió en el cuarto lanzador desde 1950 que lideró las Grandes Ligas en efectividad, con 1,80; ponches, con 252; y promedio de bateo de sus rivales, con 0,157. También realizó 1.115 lanzamientos de 100 mph o más, una cifra que superó el anterior récord de 673, fijado por Jordan Hicks con los Cardinals de San Luis en 2018.

Su máxima velocidad fue de 105,5 mph, registrada ante Pete Crow-Armstrong, de los Cubs de Chicago, el 27 de junio. En los playoffs, sin embargo, los bateadores lograron extender turnos con numerosos fouls ante sus envíos.

Abner Uribe y Gary Sánchez, los dominicanos campeones

El relevista dominicano Abner Uribe integró el bullpen campeón después de aportar durante la temporada regular y la postemporada. Nacido el 20 de junio de 2000 en Santo Domingo, República Dominicana, viste el número 45 y debutó en las Grandes Ligas el 8 de julio de 2023.

Uribe había firmado una campaña de 2025 con efectividad de 1,67 en 75 apariciones y siete salvamentos. En la fase regular de 2026 terminó con seis victorias, tres derrotas, efectividad de 1,97 y 62 ponches en 59,1 entradas, de acuerdo con las estadísticas oficiales de las Grandes Ligas.

En los playoffs disputó 11 juegos, lanzó 11 entradas y dos tercios, consiguió 11 ponches y registró efectividad de 1,54. Compartió la celebración con Jackson Chourio, Yelich, Contreras y el cerrador Trevor Megill.

Gary Sánchez fue el otro dominicano que integró la plantilla de Milwaukee en 2026. El receptor aportó poder ofensivo y experiencia detrás del plato a un equipo que combinó jugadores jóvenes con veteranos acostumbrados a partidos de máxima exigencia.

Uribe se incorporó a una lista de peloteros dominicanos campeones de Serie Mundial que incluye a David Ortiz, ganador de tres anillos con los Boston Red Sox en 2004, 2007 y 2013. Ortiz fue una figura ofensiva central en el título de 2004, que puso fin a una sequía de 86 años sin campeonatos para Boston.

Manny Ramírez ganó dos Series Mundiales con los Red Sox, en 2004 y 2007. Pedro Guerrero obtuvo el título con los Dodgers de Los Ángeles en 1981 y compartió el premio al jugador más valioso de aquella final.

Robinson Canó fue campeón con los Yankees de Nueva York en 2009, mientras que José Rijo recibió el premio al jugador más valioso de la Serie Mundial de 1990 con los Reds de Cincinnati. Jeremy Peña conquistó el campeonato con los Astros de Houston en 2022 y también fue elegido jugador más valioso de la final.

Tribunal dominicano condenó a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual de una menor.

Un tribunal de apelación de República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a tres años de prisión suspendida, bajo condiciones que deberá determinar el juez de Ejecución de la Pena, por abusar sexualmente de una menor de edad.

La Corte de Apelación de Puerto Plata anuló el perdón judicial que el jugador de los Tampa Bay Rays había recibido en mayo, aunque entonces ya había sido declarado penalmente responsable de abusar de la adolescente.

Según la acusación del Ministerio Público, Franco mantuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21. La fiscalía había pedido una pena de cinco años de prisión en la apelación contra el fallo de mayo. El periódico Imparcial indicó que en ese momento, el jugador ya había disputado dos temporadas en Grandes Ligas y contaba con uno de los contratos más importantes otorgados a un pelotero de su edad.

“El caso se hizo público el 13 de agosto de 2023, después de que circularan publicaciones en redes sociales sobre la relación. Para entonces, Franco había cumplido 22 años y acababa de participar en su primer Juego de Estrellas de MLB. Su último partido con los Rays había sido apenas un día antes, el 12 de agosto de 2023″, sostiene el medio.

Condena de diez años para la madre de la víctima

El tribunal también confirmó la condena de 10 años de prisión contra la madre de la víctima por explotación sexual comercial y lavado de activos. Los jueces rechazaron los recursos que habían presentado los procesados.

La corte ordenó además el decomiso de 2,1 millones de pesos incautados a la mujer.

Franco fue condenado en primera instancia en junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. En ese proceso, los magistrados consideraron que el beisbolista había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor, con quien, según aquel fallo, el jugador sostuvo un noviazgo consentido.

Cómo llegó el caso a la condena con pena suspendida

La sentencia inicial fue anulada por la Corte de Apelación, que dispuso la realización de un nuevo juicio. En mayo de este año, Franco obtuvo un perdón judicial pese a que el tribunal lo declaró responsable penalmente por el abuso sexual de la adolescente.

El Ministerio Público apeló esa resolución. Tras el nuevo trámite, la Corte de Apelación impuso la pena suspendida y dejó en manos del juez de Ejecución de la Pena la definición de las condiciones que deberá acatar Franco durante el período fijado por la condena, informó la agencia EFE.

Sobre la trayectoria

El jugador debutó en la MLB con los Tampa Bay Rays en 2021 y, a los 20 años, firmó una extensión de contrato por 11 años y más de USD 180 millones.

Su desempeño se caracterizaba por la seguridad en sí mismo, la originalidad ofensiva y la capacidad para rendir bajo presión. Esas cualidades estaban asociadas con una alta autoconfianza y tolerancia competitiva.

Al llegar a las Grandes Ligas, era considerado uno de los prospectos más esperados de la última década. La extensión reflejó la proyección deportiva del jugador y la confianza de la organización en su madurez temprana.

La inseguridad preocupa al sector privado hondureño por sus efectos sobre la actividad económica, la inversión y la generación de empleo. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, señaló que tanto las familias como las empresas necesitan condiciones que les permitan desarrollar sus actividades sin amenazas de grupos criminales.

Gallardo sostuvo que el principal desafío no consiste necesariamente en aumentar las penas, sino en garantizar que las disposiciones vigentes se apliquen de manera efectiva.

“Tal vez a veces no hay que decir que las leyes sean más duras, sino que las leyes se cumplan”, expresó.

La dirigente empresarial indicó que el sector privado está dispuesto a respaldar las medidas dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana y reducir los delitos, con el propósito de que los trabajadores puedan desplazarse a sus empleos y los empresarios operar sin temor a represalias.

La extorsión representa una de las principales preocupaciones para los negocios. Según Gallardo, en algunas zonas los empresarios deben pagar cuotas a grupos delincuenciales para mantener sus establecimientos en funcionamiento.

Más extorsión menos inversión

Esos pagos elevan los costos operativos y reducen los recursos disponibles para invertir, contratar personal o mejorar los servicios. También pueden afectar los precios finales y dificultar la competencia con empresas de otros mercados de la región.

Consultada sobre la posibilidad de implementar en Honduras un sistema penitenciario similar al impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Gallardo indicó que no conoce a fondo ese modelo y consideró que corresponde a las autoridades evaluar sus resultados y determinar si el país cuenta con las condiciones necesarias para adoptar medidas similares.

La empresaria también se refirió a los cambios relacionados con el sistema penitenciario hondureño y señaló que es necesario examinar si las instalaciones existentes tienen capacidad para aplicar las nuevas disposiciones o si será necesario ampliar y mejorar la infraestructura.

La discusión sobre el sistema carcelario implica evaluar las medidas de seguridad, los recursos humanos, la capacidad de los centros penitenciarios y las condiciones necesarias para que las disposiciones puedan ejecutarse.

Cambio climático y cierre de maquilas

Gallardo advirtió que Honduras enfrenta un crecimiento económico más lento y que factores externos, entre ellos el cambio climático, han afectado la producción, en particular en el sector agrícola.

Ante ese escenario, planteó la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura de riego para reducir las pérdidas de cultivos durante los períodos de sequía y aprovechar mejor el potencial productivo de las tierras hondureñas.

La propuesta busca reducir la dependencia de las lluvias y dar mayor estabilidad a las cosechas, un aspecto relevante para los productores que enfrentan condiciones climáticas cada vez más difíciles.

En el sector textil, la presidenta del Cohep señaló que el cierre de maquilas registrado en los últimos años plantea nuevos desafíos para el empleo y la actividad industrial.

Entre los factores que, a su juicio, deben evaluarse figuran la inseguridad, la seguridad jurídica y la capacidad de Honduras para competir con otros países centroamericanos.

Para el sector privado, mejorar las condiciones de seguridad, fortalecer la infraestructura productiva y ofrecer reglas claras para las empresas son elementos necesarios para sostener la actividad económica y ampliar las oportunidades laborales en Honduras.

Las autoridades penitenciarias de Honduras reubicaron a 1,373 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), en una operación que busca reforzar la seguridad, mejorar los mecanismos de control interno y reducir el hacinamiento en uno de los principales establecimientos carcelarios del país.

El operativo, coordinado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), comenzó a las 6:00 de la mañana.

Los internos fueron trasladados a un módulo recientemente reinaugurado, donde estarán sometidos a vigilancia permanente y no tendrán acceso al sistema eléctrico ni al control de la iluminación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la población penitenciaria movilizada estaba distribuida en dos sectores del centro carcelario. Un total de 286 personas permanecían en el Módulo de Retirados, mientras que otras 1,087 se encontraban en el Módulo de Sentenciados 1.

Ambos grupos fueron trasladados al pabellón que fue objeto de trabajos de remodelación y adecuación antes de recibir a los nuevos ocupantes.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades para fortalecer la infraestructura penitenciaria y establecer mayores controles sobre las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.

La movilización inició con la llegada de oficiales, suboficiales y personal de las instituciones participantes al Módulo de Retirados, donde se informó a los internos sobre el procedimiento que se desarrollaría durante la jornada.

Desde las primeras horas del día, los equipos responsables ejecutaron las labores de coordinación y organización para realizar el traslado de manera ordenada. El personal penitenciario, militar y policial trabajó de forma conjunta durante las diferentes etapas del operativo.

Las autoridades establecieron un procedimiento de seguridad para movilizar a los reclusos desde sus antiguos espacios de alojamiento hasta las instalaciones habilitadas para recibirlos.

La operación implicó el desplazamiento de más de mil personas, por lo que se requirió la intervención coordinada de los equipos encargados de la seguridad y el control de la población penitenciaria.

El mismo procedimiento se aplicó a sus pertenencias, que también fueron sometidas a revisión antes de autorizar su ingreso al nuevo alojamiento.

La inspección formó parte de las medidas implementadas para reforzar los controles y evitar que artículos prohibidos ingresaran a las instalaciones durante el proceso de reubicación.

Uno de los principales cambios en el módulo reinaugurado está relacionado con el control del sistema eléctrico y de iluminación. Según lo informado por el INP, las personas privadas de libertad no tendrán acceso al sistema eléctrico ni podrán manipular los controles de iluminación.

Además, las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y otros mecanismos de vigilancia, que permitirán mantener un control permanente de las áreas habilitadas para el alojamiento de la población penitenciaria.

Las autoridades indicaron que los reclusos permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta disposición busca reforzar la supervisión de las actividades dentro del módulo y mantener un mayor control sobre los espacios de convivencia.

Según el planteamiento institucional, la habilitación de espacios remodelados permite reorganizar a la población penitenciaria y fortalecer la administración de los establecimientos bajo responsabilidad del INP.

El hacinamiento constituye uno de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario hondureño, debido a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de alojamiento, garantizar la seguridad y asegurar el control de las personas recluidas en los distintos centros del país.

El establecimiento figura entre los principales centros carcelarios de Honduras, por lo que las intervenciones dirigidas a mejorar sus instalaciones forman parte de las medidas anunciadas para reforzar la administración penitenciaria.

El INP señaló que estas acciones responden a las instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura, orientadas al fortalecimiento y la modernización del Sistema Penitenciario Nacional.

El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Turno ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva al notario Sergio L., señalado por el Ministerio Público (MP) de presuntamente utilizar escrituras públicas para despojar a varias personas de sus bienes inmuebles.

Según la investigación, el notario elaboraba las escrituras de las propiedades de sus víctimas y luego las colocaba a nombre de personas que ya estaban fallecidas, ello con el propósito de despojar a las personas de sus bienes inmuebles y apropiarse de ellos.

La resolución judicial fue solicitada por la Fiscalía, que atribuye al sindicado el posible abuso de las facultades que tenía como notario para formalizar operaciones sobre propiedades ajenas.

El caso se suma a otras investigaciones por maniobras similares que involucran documentos notariales y datos de personas fallecidas.

La Fiscalía sostiene que utilizó escrituras con propietarios ya fallecidos

De acuerdo con la información divulgada por el MP, Sergio L. utilizó las escrituras públicas a nombre de los fallecidos para venderlos, afectando de manera directa a los los legítimos propietarios.

La investigación indica que, para dar apariencia de legalidad a esos trámites, el notario habría hecho comparecer como propietarios a ciudadanos que ya habían muerto. Esas personas figuraban en las escrituras como si aún pudieran intervenir en la venta o cesión de los inmuebles.

La Fiscalía investiga si esos documentos permitieron inscribir o modificar la titularidad de diversas propiedades. La hipótesis del ente investigador es que el sindicado habría aprovechado la fe pública propia de la función notarial para validar actuaciones que no correspondían con la situación real de los propietarios.

El señalamiento se centra en el posible uso irregular de escrituras públicas como instrumento para consumar el despojo. En ese tipo de documentos, la intervención de las partes resulta determinante para acreditar la voluntad de transferir un bien, por lo que la comparecencia de personas fallecidas constituye uno de los puntos bajo investigación.

Sergio L. deberá permanecer en prisión preventiva

A petición del Ministerio Público, el juzgado resolvió ligar a proceso penal a Sergio L. y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

La medida cautelar implica que el imputado permanecerá privado de libertad durante la etapa de investigación, en la que la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustenten su acusación ante los tribunales.

El MP indicó además que el notario registra más de 10 órdenes de aprehensión en su contra. No se detalló en la información disponible cuántos casos están vinculados directamente con el presunto despojo de propiedades ni la situación procesal de cada una de esas órdenes.

Las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones atribuidas al sindicado, identificar a todas las personas afectadas y determinar si participaron otros individuos en la elaboración, autorización, presentación o inscripción de los documentos cuestionados.

El caso apunta al posible abuso de la función notarial

La Fiscalía sostiene que el investigado habría usado su calidad de notario para confeccionar instrumentos que aparentaban cumplir con los requisitos legales. El señalamiento no se limita a una operación aislada, pues el Ministerio Público refiere que varias víctimas habrían perdido sus inmuebles bajo un patrón similar.

El expediente deberá esclarecer cómo se obtuvieron los datos de las personas fallecidas, quiénes aparecieron como compradores o beneficiarios de las transferencias y qué registros permitieron detectar las posibles irregularidades.

El 29 de julio ligaron a proceso a otro notario por falsificar firmas de fallecidos

Este no es el primer caso conocido en el que un notario es investigado por presuntas maniobras con documentos de personas fallecidas. El 29 de julio de 2026, las autoridades informaron que Miguel A. fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.

Según la investigación de aquel expediente, el notario habría elaborado escrituras e instrumentos públicos falsos para presentar como vivas a personas fallecidas y falsificar sus firmas en traspasos de casas y terrenos.

La Fiscalía de Casos Especiales recibió tres denuncias relacionadas con ese caso. Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que los legítimos propietarios no habían firmado las escrituras cuestionadas.

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, confirmó este jueves la canciller hondureña, Mireya Agüero, a la agencia EFE.

El encuentro será clave para fortalecer la presencia diplomática del país y comenzar los preparativos para la edición de 2028, cuando Honduras asumirá la organización de esta reunión internacional.

Agüero destacó que la designación de Honduras como sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana representa una oportunidad para recuperar espacios internacionales y mejorar el posicionamiento del país ante la comunidad global.

La canciller explicó que los 22 países miembros del mecanismo iberoamericano respaldaron de manera unánime a Honduras durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

Según la funcionaria, este apoyo constituye una señal de reconocimiento y abre oportunidades para que el país participe activamente en las discusiones internacionales sobre los principales desafíos políticos, económicos y sociales.

Agüero también resaltó la importancia de que Centroamérica fortalezca su cohesión y presente objetivos comunes dentro de la comunidad iberoamericana. Consideró que Honduras puede contribuir a acercar posiciones entre los países en un contexto geopolítico marcado por la influencia de las grandes potencias.

La diplomática defendió el multilateralismo como una herramienta para garantizar que los países pequeños tengan espacios de participación y puedan expresar sus intereses en igualdad de condiciones dentro de los organismos internacionales.

Durante la cumbre, Honduras tiene interés en abordar temas relacionados con la inteligencia artificial, la creación de un gobierno digital y la movilidad académica, explicó Agüero.

En el ámbito tecnológico, el país busca impulsar iniciativas que permitan aprovechar los avances de la inteligencia artificial y fortalecer la modernización de la administración pública mediante herramientas digitales.

Otro asunto relevante será la sequía que afecta al corredor seco hondureño, especialmente en la zona sur. Agüero señaló que este fenómeno también perjudica a Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por lo que representa un desafío compartido que requiere atención regional.

La problemática climática afecta la disponibilidad de agua y las actividades agrícolas, lo que convierte la cooperación entre los países centroamericanos en un componente importante para buscar respuestas a sus consecuencias.

En materia de política exterior, Agüero indicó que Honduras procura mantener un equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.

La canciller describió a Estados Unidos como un aliado estratégico tradicional, con el que Honduras mantiene una relación multifacética.

Al mismo tiempo, destacó los vínculos con la Unión Europea, particularmente por las oportunidades de inversión y comercio que ofrece el acuerdo de asociación entre ambas partes.

La funcionaria señaló que el Gobierno ha tratado de equilibrar sus relaciones con ambos actores internacionales, considerando las estrategias impulsadas en el hemisferio occidental y las posibilidades de cooperación económica con Europa.

Como parte de la transición institucional, Mireya Agüero asumirá la próxima semana en Madrid la secretaría pro tempore del mecanismo iberoamericano, con el acompañamiento de España.

La canciller adelantó que comenzará la elaboración de un calendario prospectivo para 2027, con actividades preparatorias que conducirán a la XXXI Cumbre Iberoamericana de 2028.

El proceso permitirá organizar la agenda de trabajo y coordinar las acciones necesarias con los países integrantes del mecanismo antes de la reunión en Honduras.

Aunque todavía no se ha anunciado la ciudad que será sede, la designación representa una oportunidad para que el país fortalezca sus relaciones diplomáticas y promueva asuntos de interés nacional ante los representantes iberoamericanos.

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó este jueves su libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Horas después de salir de la cárcel, acudió al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para completar los trámites vinculados con su excarcelación.

Saca, de 61 años, fue visto a la entrada de la sede judicial con documentos en sus manos.

El exmandatario, que gobernó el país entre 2004 y 2009, evitó extenderse ante los medios que lo esperaban en el lugar. “Estoy desacostumbrado a dar declaraciones”, dijo, según informó El Mundo, diario digital.

La salida del exjefe de Estado se produjo al término de la pena impuesta por el desvío y lavado de más de USD 300 millones del presupuesto público durante su administración. Saca permanecía detenido desde el 30 de octubre de 2016, cuando fue arrestado por las autoridades salvadoreñas.

Condena por el desvío de más de USD 300 millones de fondos estatales

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Antonio Saca en septiembre de 2018, luego de que el entonces exmandatario aceptara su responsabilidad en un esquema que permitió sacar recursos de la Presidencia y dirigirlos hacia empresas, exfuncionarios y terceros.

La sentencia fijó cinco años de cárcel por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. Además, le ordenó pagar USD 260,7 millones en concepto de responsabilidad civil al Estado salvadoreño.

El proceso avanzó mediante un juicio abreviado, un mecanismo que permitió reducir la posible pena a cambio de la confesión de los acusados. La Fiscalía General de la República sostuvo que la red extrajo más de USD 301 millones de la Casa Presidencial durante el período 2004-2009.

Junto con Saca fueron condenados varios integrantes de su administración: el exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank y el exsecretario de Juventud, César Funes.

Cómputo de la pena desde el arresto de octubre de 2016

La fecha de liberación estuvo vinculada al cómputo de la pena que realizaron los tribunales de vigilancia penitenciaria. Como Saca se encontraba bajo detención desde el 30 de octubre de 2016, ese período fue incorporado al cumplimiento de la condena principal.

En 2020, el expresidente había comparecido ante el Centro Judicial Isidro Menéndez para una audiencia en la que se discutió si debían acumularse dos condenas: los diez años por peculado y lavado de dinero, y otra pena de dos años por cohecho.

Saca había recibido esa segunda condena en septiembre de 2019, tras admitir que pagó USD 10.000 a una empleada judicial a cambio de obtener información sobre un proceso civil. Sin embargo, esa pena quedó extinguida por el tiempo que ya había permanecido en prisión preventiva.

La resolución dejó como referencia la condena de diez años por el caso de corrupción, cuyo cumplimiento total se ubicaba en octubre de 2026.

Bienes vinculados al caso, bajo control estatal

La Fiscalía General de la República señaló esta semana que la excarcelación de Saca no modifica el estado de los bienes y propiedades sometidos a procesos de recuperación para el Estado.

El caso contra el exmandatario incluyó acciones de extinción de dominio sobre activos atribuidos a él, a familiares y a personas señaladas como presuntos testaferros. La recuperación del dinero público fue uno de los ejes del proceso que derivó en la condena.

La liberación de Saca cierra su etapa de reclusión por el desvío de fondos estatales, aunque mantiene vigentes las consecuencias patrimoniales fijadas por la Justicia salvadoreña.

Una pareja y el hijo de la mujer fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia, en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Dimas Bautista Galeano, de 57 años; su conviviente, Margarita López López, de 47; y Jonathan Estiven Rosales López, de 20 años, hijo de la mujer e hijastro de Bautista Galeano.

El ataque ocurrió dentro del inmueble donde Bautista Galeano atendía una tienda desde hacía varios años. Familiares y vecinos lo conocían como “Don Dimas”, mientras que Jonathan Rosales López era llamado “Chapito”.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los Bomberos Municipales de Coatepeque confirmaron que los dos hombres y la mujer ya no tenían signos vitales cuando llegaron a la residencia.

Los bomberos hallaron a las víctimas dentro del inmueble

Tras recibir alertas vecinales sobre detonaciones con arma de fuego en la zona, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Coatepeque acudieron al lugar a bordo de las unidades AD-97 y AD-61.

Al ingresar a la propiedad para asistir a los heridos, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a dos hombres y una mujer tendidos en las habitaciones.

Los rescatistas constataron que las tres víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego y carecían de signos vitales, motivo por el cual notificaron el caso a las autoridades de seguridad pública.

Familiares y vecinos consternados acudieron al lugar donde identificaron a los fallecidos, mientras que algunos fueron atendidos por los socorristas, luego de presentar crisis nerviosa.

La Policía encontró cinco casquillos frente a la residencia

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) establecieron un cordón perimetral de seguridad para resguardar las evidencias materiales y facilitar la labor de los peritos del Ministerio Público.

Durante la inspección en los accesos al domicilio, los investigadores localizaron cinco casquillos percutidos en la vía pública, a escasos metros de la puerta principal. Los cuerpos, en cambio, yacían en los ambientes interiores del inmueble.

Hasta ahora, se desconocen las causas y el origen del ataque armado que dejó a una familia completa fallecida. Tampoco se han realizado capturas.

No obstante, fiscales del Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

Coatepeque concentra altos índices de homicidios en la región sur del departamento

El suceso se inserta en un escenario de violencia recurrente en la franja costera de Quetzaltenango. De acuerdo con registros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el 75% de las muertes violentas del departamento se concentra históricamente en solo cuatro municipios: la cabecera departamental, Colomba Costa Cuca, Génova y Coatepeque.

Estos tres últimos territorios, situados en el sur departamental, reportan de forma continua tasas de criminalidad que superan los 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifras muy superiores a los registros del centro y norte del departamento.

Diversos análisis de seguridad publicados advierten que la actividad económica y la conectividad vial de Coatepeque, próxima a pasos fronterizos hacia México y corredores hacia la costa del océano Pacífico, facilitan el accionar de estructuras delictivas ligadas a extorsiones y disputas de territorio.

En este municipio, más del 80% de los asesinatos se comete mediante el empleo de armas de fuego, lo que sitúa a la demarcación entre las áreas con mayores operativos de vigilancia en el occidente guatemalteco.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el despliegue salvadoreño en Haití busca localizar y devolver con vida a cuatro técnicos de aviación desaparecidos tras una emboscada, y rechazó que la operación constituya una invasión o persiga intereses económicos o políticos sobre el país caribeño.

“No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”, afirmó el mandatario en un mensaje dirigido al pueblo haitiano y publicado en sus redes sociales. Bukele sostuvo que el contingente militar y los equipos enviados al país ya están casi desplegados.

El mensaje llega 11 días después de la desaparición de los cuatro salvadoreños, quienes integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los técnicos viajaban en un vehículo blindado que fue atacado el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el ataque incluyó armas de fuego y explosivos. El vehículo se incendió y sus ocupantes tuvieron que abandonarlo. Helicópteros que acudieron en apoyo también recibieron disparos, según la intervención de la delegación salvadoreña ante el Consejo de Seguridad. Hasta este jueves 29 de octubre no había información oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos.

El despliegue, presentado como operación de rescate

El mandatario afirmó que la presencia de militares salvadoreños responde a un solo objetivo: el regreso de sus compatriotas. “Somos un país modesto en desarrollo. Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa”, expresó.

Bukele describió a los desaparecidos como personal dedicado a tareas de aviación y evacuación médica. En un mensaje anterior dirigido a las pandillas, había señalado que los cuatro hombres no eran combatientes y que su labor principal era trasladar heridos y salvar vidas.

El Gobierno haitiano confirmó el diálogo y señaló que ambos mandatarios acordaron reforzar la coordinación bilateral y la cooperación operativa dentro de la GSF, con el foco puesto en las tareas de búsqueda y en la respuesta ante la crisis de seguridad.

El Salvador cubre el 90% de los costos de la operación

En su declaración, Bukele buscó despejar recelos que podría provocar el aumento de la presencia militar salvadoreña en Haití. “Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití. No somos una gran potencia”, sostuvo.

El presidente también afirmó que El Salvador cubre el 90% de los costos de la operación con su propio presupuesto, aunque recibe apoyo logístico de otros países. No detalló el monto total de los gastos ni identificó a los estados que colaboran con la misión.

“Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio”, afirmó. Añadió que su país atravesó durante décadas una situación de violencia asociada a las pandillas y planteó esa experiencia como antecedente de la actuación salvadoreña en territorio haitiano.

Bukele sostuvo que la operación no persigue un beneficio económico. “No venimos a Haití para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto. Venimos a Haití para luchar contra los malvados”, expresó.

La declaración combina el argumento del rescate con una defensa de la política de seguridad aplicada por su Gobierno contra las organizaciones criminales en El Salvador. Bukele afirmó que su país superó “200 años de sufrimiento” y aseguró que hoy vive una situación de paz, una caracterización que forma parte de la narrativa oficial de su administración sobre los resultados del régimen de excepción y las operaciones masivas contra las pandillas.

La responsabilidad por la desaparición, sin establecer públicamente

Aunque Bukele atribuyó el caso a las pandillas y presentó la operación como una respuesta a esos grupos, ninguna organización armada se ha adjudicado de forma pública la desaparición de los cuatro técnicos.

La emboscada ocurrió en Croix-des-Bouquets, una zona donde operan grupos criminales que disputan el control territorial en los accesos a Puerto Príncipe. La GSF y las autoridades salvadoreñas mantienen abiertas las gestiones para establecer contacto con los desaparecidos y determinar qué ocurrió después de que abandonaron el vehículo incendiado.

La crisis de seguridad en Haití continúa condicionada por la capacidad de las pandillas para controlar barrios, rutas y corredores estratégicos de la capital. Naciones Unidas advirtió el 19 de octubre que la GSF contaba con algo más de 2.000 integrantes procedentes de seis países, una cifra que representaba poco más de un tercio de los 5.550 efectivos autorizados.

Un mensaje religioso y una promesa de salida tras la misión

Bukele cerró su declaración con un llamado a la población haitiana para que confíe en la operación y rece por la recuperación del país. Citó el pasaje bíblico de 2 Crónicas 7:14, que alude a la sanación de una tierra mediante la oración y el abandono de las malas acciones.

“Ayúdennos a ayudar a Haití”, escribió. También prometió que las tropas salvadoreñas regresarán a su país una vez que finalice la misión: “Tal vez las generaciones haitianas que vienen recuerden a los que vinimos como amigos que ayudaron en un momento”.

La búsqueda de los cuatro aerotécnicos sigue sin un desenlace oficial. La prioridad inmediata de la operación anunciada por El Salvador es determinar su ubicación y lograr su retorno con vida.

Las personas con estatus de refugiado en Panamá tienen derecho a ser contratadas por cualquier compañía del país.

La razón es que la ley las considera mano de obra local y no extranjera, según explicó la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar), Tania Lam.

A junio de este año un aproximado de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición viven en Panamá, en su gran mayoría naturales de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Para acceder a un empleo formal, los refugiados deben tramitar su permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Ese documento se renueva anualmente durante tres años consecutivos.

Cumplido ese plazo, los refugiados pueden solicitar la residencia permanente. Con ella obtienen el permiso laboral por tiempo indefinido, sin necesidad de renovaciones posteriores.

Una representante del Mitradel señaló durante el encuentro de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) que persiste el desconocimiento entre el sector privado sobre esta posibilidad.

Por eso, insistió en la necesidad de “ser replicadores de la información”, ya que hay empresas que ignoran que pueden contratar a personas refugiadas como mano de obra local.

La oficial de Desarrollo de la Oficina Multipaís de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Panamá, Carolina Merizalde, presentó los avances del programa Empresas con Refugiados. Se trata de una iniciativa regional que se originó en Brasil.

El programa busca generar condiciones de inclusión laboral, oportunidades de emprendimiento, formación de competencias y buenas prácticas corporativas hacia esta población.

En Panamá, más de 30 empresas ya se sumaron a esta iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por Merizalde ante la comisión. El esfuerzo también se extendió al ámbito de la capacitación técnica.

En ese terreno se incorporaron dos instituciones educativas: el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE). La meta global es reducir a la mitad el desplazamiento prolongado para 2035

Durante la sesión, la Acnur presentó ante la Comisión Nacional para los Refugiados la Iniciativa 50 by 35, cuyo objetivo es reducir en 50% el número de personas en situación de desplazamiento prolongado para el 2035, una meta que se aplica a escala global.

En el caso particular de las Américas, uno de los puntos centrales es generar condiciones de mayor autosuficiencia para la población refugiada. La idea es que puedan salir de esa condición de desplazamiento prolongado.

Esa autosuficiencia tiene, además, un componente de reciprocidad hacia los países de acogida. Según se planteó en la reunión, permitiría que los refugiados contribuyan de manera positiva a las naciones que los reciben, entre ellas Panamá.

El empleo formal aparece así como el eje que conecta ambas discusiones de la jornada. Por un lado, el acceso al trabajo bajo las mismas condiciones que la mano de obra local; por el otro, la permanencia en el país sujeta al cumplimiento de la ley.

“Estas personas no son números, ni estadísticas; son seres humanos que requieren apoyo”, señaló Lam.

Durante la reunión de la Comisión Nacional para los Refugiados se revocó la condición de refugiado a dos personas.

“Es importante que las personas sepan que en nuestro país tienen que cumplir con las leyes y mantener el orden público, sino van a ser revocados de su condición”, advirtió la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados.

La misma sesión de la Comisión Nacional para los Refugiados incluyó decisiones en sentido contrario. El organismo aprobó reconocer como refugiados a tres personas, dos de nacionalidad nicaragüense y una de Haití.

El Ejército de Nicaragua informó este jueves 29 de octubre que incautó 150 paquetes de presunta cocaína tras un intercambio de disparos con tres sospechosos en una zona costera del departamento de Chinandega, en el noroeste del país. De acuerdo con el comunicado, los hombres involucrados huyeron hacia el norte y dejaron abandonados seis sacos que contenían la sustancia ilícita.

El operativo ocurrió el 28 de octubre en las cercanías de playa Los Zorros, en la comunidad de Padre de Ramos, municipio de El Viejo. La institución castrense detectó el arribo de una embarcación artesanal considerada sospechosa y desplegó efectivos del Comando de Operaciones Especiales y de la Fuerza Naval.

“La versión oficial sostiene que tres personas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los sospechosos escondieron los sacos entre la vegetación, según el Ejército, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares”, expresó la institución castrense.

A su vez, el Ejército indicó que el hallazgo se produjo en el departamento de Chinandega, ubicado en la región del Pacífico de Nicaragua. Los sacos contenían 150 paquetes rectangulares de presunta cocaína, aunque el comunicado no precisó el peso total del cargamento ni informó cuándo se brindarán los resultados del análisis químico que confirme la naturaleza de la sustancia.

La versión oficial sostiene que tres personas sospechosas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los involucrados escondieron los sacos entre la vegetación, según la Fuerza Armada, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares.

“Al escuchar la voz del Alto Ejército de Nicaragua, realizaron disparos, ocasionando un intercambio con nuestras tropas”, señaló la institución en el comunicado. El texto no reportó heridos, detenidos durante el enfrentamiento ni daños materiales derivados de los disparos.

Tras los disparos, los tres hombres escaparon en dirección norte. Aunque, el Ejército no identificó a los sospechosos ni indicó si las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda posterior para localizarlos.

Una mujer fue detenida como presunta responsable de apoyo logístico

De igual forma, la institución armada afirmó que identificaron a Damaris A. como “presunta jefa del grupo de apoyo al narcotráfico responsable de este traslado”. La mujer ya había sido retenida al momento de la difusión de la nota oficial.

El Ejército no detalló dónde ni cuándo se produjo la detención de la mujer. La nota oficial agregó que tanto la mujer retenida como la droga y la embarcación artesanal fueron entregadas a las autoridades correspondientes. El comunicado no especificó qué institución quedó a cargo de la investigación ni si se iniciaron peritajes sobre la lancha, los sacos o el contenido de los paquetes.

El departamento de Chinandega se ubica en la frontera con Honduras y cuenta con una salida al océano Pacífico, factores que lo convierten en un puesto de vigilancia ante la posible presencia de tráfico de drogas.

Por el momento, la información disponible proviene del comunicado militar y no incluye una declaración de la Fiscalía ni de otras autoridades judiciales sobre el caso.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guio la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Ernesto Álvarez.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

Durante el trayecto, los representantes del Ejecutivo salvadoreño detallaron los criterios de gestión carcelaria impulsados bajo el mandato del presidente Nayib Bukele.

Las autoridades salvadoreñas expusieron las características técnicas del recinto diseñado para el aislamiento de reos de alta peligrosidad, con énfasis en el régimen de custodia aplicado a miembros de estructuras criminales.

Fujimori observó el funcionamiento de los filtros de seguridad entre escáneres corporales y detectores de metales

Durante el recorrido por el penal, la comitiva ingresó a uno de los pabellones de detención para observar las condiciones de custodia. En el lugar, las autoridades salvadoreñas mostraron los protocolos de atención médica que se suministran a los reclusos, al tiempo que un contingente de internos realizó una sesión de ejercicios físicos dirigidos dentro de ese mismo sector bajo estricta vigilancia.

Al cierre de la actividad en el recinto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, entregó a la dignataria un documento técnico con el detalle operativo del denominado modelo Bukele.

Frente a los medios de comunicación en Tecoluca, la mandataria peruana subrayó que la transformación en materia de orden interno lograda en el país centroamericano constituye una referencia para la región. Fujimori remarcó el interés de su gabinete por interiorizarse en programas específicos de trabajo penitenciario como el Plan Cero Ocio, cuya adaptación quedará bajo la órbita de su cartera de Justicia.

“Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, manifestó la gobernante, quien expresó un reconocimiento a la labor conjunta de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada salvadoreña, además de destacar la conducción de Nayib Bukele.

La agenda oficial en San Salvador continuará con reuniones de Estado en Salud y Educación

Tras la visita a la cárcel de Tecoluca, el programa bilateral contempla una audiencia privada entre Fujimori y Nayib Bukele, seguida por una cena de Estado ofrecida por el Ejecutivo anfitrión en honor a la comitiva peruana.

La delegación de Lima arribó a la capital salvadoreña la tarde del miércoles 28 de octubre para una gira que también abarca el intercambio de experiencias en áreas sociales y de infraestructura.

Para el viernes 30 de octubre, la gobernante de Perú sostendrá una sesión de trabajo con el ministro de Salud, Francisco Alabi, que incluirá una visita guiada al Hospital Rosales.

En el turno de la tarde, la jefa de Estado mantendrá un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, con el propósito de conocer el modelo de funcionamiento pedagógico e infraestructura en una escuela pública salvadoreña, además de proyectar vínculos en materia turística.

CS Cartaginés avanzó el 28 de octubre a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 tras empatar 2-2 ante CD Olimpia en Tegucigalpa y ganar la serie por un global de 3-2.

El club costarricense disputará por primera vez el partido decisivo del torneo y se medirá en diciembre con LD Alajuelense, campeón defensor, o FC Motagua.

El empate en el Estadio Nacional Chelato Uclés convirtió a Cartaginés en el segundo equipo de Costa Rica que alcanza la final de la competencia, después de Alajuelense. Costa Rica es el único país que ha tenido a dos clubes distintos en esa instancia.

Olimpia terminó el encuentro con 19 remates, su segunda cifra más alta en un partido de esta edición, solo por detrás de los 21 disparos frente a UMECIT FC. Cartaginés, en cambio, marcó dos veces con apenas cinco intentos, el mismo registro ofensivo que había conseguido como visitante ante Deportivo Saprissa en los cuartos de final.

Cartaginés, la clasificación definida en el descuento

El equipo hondureño abrió el marcador a los 12 minutos mediante un autogol del defensor Luis Olivas. La anotación, registrada a los 11 minutos y 22 segundos, fue el gol más temprano de Olimpia en la Copa Centroamericana 2026 y el cuarto más rápido en la historia de las semifinales.

Cartaginés respondió a los 36 minutos con una definición de Alonso Hernández en el segundo poste, después de un centro al área de Diego González.

Hernández se convirtió en el segundo futbolista que marca en los dos partidos de una semifinal del torneo, después de Anthony Hernández, de Alajuelense, quien lo logró contra Olimpia en 2025.

Jorge Benguché devolvió la ventaja al conjunto local a los 52 minutos. El delantero aprovechó un error defensivo y definió de cabeza a corta distancia para mantener a Olimpia en la lucha por el pase.

Benguché llegó así a 16 goles en la historia de la Copa Centroamericana Concacaf, incluidos cuatro ante Cartaginés, el rival al que más veces le anotó en el certamen. También fue su segunda conquista en una semifinal, después de la conseguida como local frente a Alajuelense en 2025.

La serie se resolvió a los 90+4 minutos, cuando Geancarlo Castro culminó un contragolpe con un remate de derecha desde larga distancia. La acción llegó después de una jugada ofensiva de Olimpia y selló el empate que clasificó al club costarricense.

Saprissa, un gol a los 90+5 minutos para volver a la Copa de Campeones

Deportivo Saprissa aseguró su presencia en la Copa de Campeones Concacaf 2027 con una victoria 2-1 sobre CD Luis Ángel Firpo en San Juan de Tibás. El equipo costarricense revirtió una situación que, durante parte del segundo tiempo, favorecía al conjunto salvadoreño por la regla del gol de visitante.

Gerson Torres abrió el resultado a los 33 minutos, al aprovechar un error defensivo luego de un servicio al área. El mediocampista definió de derecha y a corta distancia.

Firpo igualó a los 70 minutos mediante un penal convertido por Mauricio Cerritos. El gol le daba de manera momentánea la ventaja al club salvadoreño en la serie.

La clasificación de Saprissa llegó en el tiempo añadido. Ariel Rodríguez anotó a los 90+5, después de que un centro de Mariano Torres desde la izquierda fuera desviado por Gerson Torres en el segundo poste; Rodríguez conectó de cabeza dentro del área para enviar el balón a la red.

El tanto fue convertido a los 94 minutos y 30 segundos y representó el tercer gol de Saprissa marcado desde el minuto 90 en la historia de la competencia. Fue, además, la primera anotación del club en ese tramo de una eliminatoria; Rodríguez ya había marcado al minuto 90 contra Real Estelí FC en la fase de grupos de 2024.

Saprissa es el único club que superó la ronda de Play-In en más de una edición de la Copa Centroamericana Concacaf. Mantiene un 100 % de efectividad en esa fase, con clasificaciones a la Copa de Campeones en 2023, 2024 y 2026.

El equipo costarricense registró 47 toques de balón dentro del área rival frente a Firpo, la segunda mayor cantidad de un club en un partido de la edición 2026. Solo CS Cartaginés, con 59 toques ante Verdes FC, alcanzó un número superior.

El encuentro también dejó los máximos registros de Saprissa en goles esperados, con 2,73, y remates, con 25, durante la actual competición. Gerson Torres acumula cuatro goles en la historia del torneo, tres de ellos en fase eliminatoria: las semifinales de 2023, los cuartos de final de 2026 y el Play-In de este año.

Cerritos anotó su tercer tanto en la Copa Centroamericana 2026 y firmó el primer gol de Firpo en una ronda eliminatoria del certamen. También igualó el récord del club de más goles en una misma edición, compartido con Gustavo Souza y Styven Vásquez, quienes marcaron tres veces cada uno en 2024.

Marathón, el regreso continental después de seis años

CD Marathón obtuvo su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027 luego de empatar 0-0 ante Alianza FC en San Salvador. El resultado le alcanzó gracias a su triunfo 2-1 como local en el encuentro de ida de la serie de Play-In.

El club hondureño volverá al principal torneo de clubes de Concacaf por primera vez desde 2021, cuando llegó a los octavos de final. Alianza tuvo oportunidades en el primer tiempo, pero no consiguió el gol que necesitaba para revertir la eliminatoria.

El equipo salvadoreño controló el 60 % de la posesión, aunque no registró disparos a portería. Marathón se convirtió en el tercer visitante en la historia de la Copa Centroamericana que impide al equipo local rematar al arco, después de FC Motagua y CSD Municipal, ambos ante Verdes FC.

Alianza extendió a cuatro partidos su racha invicta como local en el certamen, con dos victorias y dos empates. También mantuvo su portería invicta en sus tres presentaciones más recientes en casa, con un triunfo y dos igualdades.

William Parra intentó 95 pases ante Marathón, la segunda cifra más alta para un jugador de Alianza en la Copa Centroamericana 2026. El único registro superior fue el de Narciso Orellana, con 111 pases frente a Real Estelí.

Nicolás Messiniti, de Marathón, completó cinco intentos de regate ante Alianza e igualó su mejor marca personal en el torneo, conseguida previamente contra Real Estelí.

Hasta este viernes 30 de octubre especialistas en seguridad digital, representantes de organismos internacionales comparten en Panamá experiencias para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a las amenazas cibernéticas.

Esto será en el marco del Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, cuyo acto inaugural reunió a autoridades y diplomáticos de distintos países.

“Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, señaló el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez.

Que Panamá reciba este foro implica para el funcionario una responsabilidad que trasciende lo protocolar.

“Significa consolidar nuestro compromiso con la seguridad hemisférica, impulsar el intercambio de conocimientos y contribuir a la construcción de una región más segura, resiliente y preparada ante las amenazas emergentes”, manifestó.

Remarcó que la cita abre una vía para reforzar lazos entre naciones, compartir aprendizajes y avanzar hacia un continente con mayor capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno digital.

El evento, surge de una cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las capacidades regionales en esta materia, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.

En esta oportunidad, agrega, se trata de la primera edición que fusiona el tradicional Simposio de Ciberseguridad con Cibercom, ampliando los espacios destinados al intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre naciones.

El trasfondo de esta cooperación excede lo estrictamente tecnológico: una estafa electrónica puede vaciar los ahorros de una familia, el robo de datos puede exponer la identidad de una persona y un ataque contra sistemas esenciales puede interrumpir servicios de los que depende la población entera.

Estos escenarios colocan a la ciberseguridad como un componente central de la seguridad pública, alineado con los objetivos del Plan Firmeza que adelantan las autoridades, que tiene proyectado una protección ciudadana capaz de adaptarse a nuevos desafíos sin perder el foco en las personas.

Bajo esa lógica, se indicó que la prevención, la preparación y la coordinación entre países se vuelven herramientas necesarias para anticipar amenazas, tanto en el espacio físico como en el digital.

El Cyber Americas Forum + Cibercom 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hemisferio para discutir la ciberseguridad, la ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, al articular en un mismo encuentro el tradicional simposio de ciberseguridad de la OEA y el congreso nacional panameño de ciberseguridad y ciberdefensa CIBERCOM.

Bajo el lema de las “hiperamenazas” y la necesidad de asegurar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras, el foro reúne a las autoridades gubernamentales, responsables de seguridad pública, diplomáticos, organismos internacionales, sector privado tecnológico, academia y poder judicial.

El objetivo, se indicó, también es el de fortalecer la cooperación regional frente a riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales, los ataques contra infraestructuras críticas y la sofisticación de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Según las descripciones oficiales, el foro está organizado por la Sección de Ciberseguridad del CICTE de la OEA y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), lo que evidencia una alianza institucional entre un organismo multilateral de seguridad hemisférica y la autoridad nacional responsable de la política de seguridad pública panameña.

Esta coorganización permite que el evento combine la visión regional de la OEA sobre amenazas cibernéticas con las necesidades específicas de Panamá, que tiene un rol estratégico como centro de conectividad internacional y nodo de comercio global, subrayó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en su intervención inaugural.

A la ceremonia asistieron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers, y el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guillermo Moncayo.

Igualmente, se contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 17 de septiembre de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 14 comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ contra Guatemala por desalojos forzados, muertes, detenciones arbitrarias y despojo de territorios ancestrales en el Valle del Polochic, hechos que se remontan a 2011 y podrían derivar en una condena internacional al Estado.

La petición fue presentada ante el organismo el 31 de marzo de 2011 y quedó registrada como el caso N.º 13.159. Más de 13 años después de los primeros operativos, Guatemala había transferido tierras a 355 familias Maya Q’eqchi’, sin abarcar a todas las personas afectadas ni acreditar medidas de indemnización.

El reclamo se originó luego de que el Estado otorgara la titularidad de varias fincas del Valle del Polochic a la empresa Chabil Utzaj S.A. para cultivar caña de azúcar. Según la CIDH, la decisión se tomó sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades, que perdieron sus plantaciones tradicionales de maíz, arroz y frijol.

Muertes, heridos y destrucción de viviendas en los desalojos

Los desalojos de 2011 involucraron a autoridades estatales y agentes privados, en operativos que no respetaron los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Murieron Beb Ac y Óscar Reyes, mientras que Miguel Chub Cucul, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax resultaron heridos.

También hubo detenciones arbitrarias, incendios de viviendas y destrucción de cosechas. Las familias fueron desplazadas de las fincas que reclamaban como parte de su territorio ancestral.

Las comunidades promovieron dos acciones constitucionales de amparo el 18 de marzo de 2011 para detener las demoliciones. La primera fue rechazada, mientras que la segunda obtuvo una orden provisional del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz para suspender la destrucción de siembras y casas.

El juzgado no supervisó el cumplimiento de esa medida y la acción terminó igualmente rechazada. La falta de protección judicial forma parte de las violaciones denunciadas ante el tribunal interamericano.

La violencia continuó el 25 de mayo de 2013, cuando la comunidad El Rodeo sufrió un nuevo desalojo extrajudicial atribuido a la empresa. Ese mismo día, empleados intentaron desplazar a unas 95 familias que ocupaban la finca Río Polochic, en el municipio de Panzós.

Cinco campesinos recibieron disparos, entre ellos dos menores de edad, y fueron trasladados al Hospital Nacional de La Tinta. Los hechos profundizaron la situación de desplazamiento de las familias Q’eqchi’ del norte de Guatemala.

La falta de títulos sobre los territorios ancestrales

El Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 111/24 concluyó que no existe controversia sobre la ocupación histórica de las 14 comunidades en esa región. Sin embargo, el Estado nunca delimitó, demarcó ni tituló los territorios a favor de sus habitantes.

Para la Comisión, la posesión ancestral es suficiente para acreditar la propiedad colectiva, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. El organismo sostuvo además que Guatemala no realizó estudios de impacto ambiental y social antes de autorizar el monocultivo de caña de azúcar.

Las autoridades tampoco garantizaron mecanismos adecuados de participación comunitaria. A esa omisión se sumó la inexistencia de un censo confiable sobre la población desplazada: la parte peticionaria afirmó que al menos 387 familias quedaron fuera de los registros oficiales tras los desalojos.

La CIDH señaló además que persistieron acciones de persecución y campañas de desacreditación contra integrantes del Comité de Unidad Campesina, organización vinculada con la defensa de las comunidades. La falta de reconocimiento territorial dejó a las familias sin garantías para habitar y trabajar sus tierras.

El informe de fondo sostuvo: “La falta de reconocimiento y garantía de su derecho a la propiedad comunal ha provocado que las comunidades no puedan usar ni gozar de sus tierras en forma pacífica”. Esa situación, añadió, mantiene incertidumbre sobre la existencia y preservación de las 14 comunidades.

Las reparaciones solicitadas a la Corte Interamericana

La Comisión pidió a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional de Guatemala por la violación de nueve derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: vida, integridad personal, garantías judiciales, acceso a la información, protección de la niñez, propiedad comunal, derechos políticos, protección judicial y derechos económicos, sociales y culturales.

La solicitud menciona los artículos 4, 5, 8.1, 13, 19, 21, 22, 23, 25.1 y 26 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del tratado. También cuestiona la falta de investigación de los actos de violencia contra la población Maya Q’eqchi’.

Entre las reparaciones requeridas figuran la delimitación, demarcación y titulación colectiva de los territorios mediante un título registrable de pleno dominio. El planteo incluye garantías para un retorno seguro de las comunidades y una investigación que identifique y sancione a los responsables de las muertes y lesiones.

La Comisión solicitó medidas para impedir que proyectos legislativos, administrativos o empresariales que afecten a estas comunidades avancen sin cumplir los estándares de consulta y consentimiento previo. También requirió un marco legal que armonice el derecho de consulta con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Corte Interamericana deberá determinar si Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por los desalojos, la falta de titulación colectiva y la ausencia de investigaciones sobre la violencia contra las comunidades del Valle del Polochic.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé realizar en marzo de 2027 el primer simulacro con organizaciones políticas de su sistema SIP-245 de resultados preliminares, una plataforma que continúa en fase de ajustes y que deberá operar en las elecciones generales de ese año.

La prueba incorporará a fiscales informáticos de los partidos, mientras persisten dudas sobre el grado de desarrollo de la herramienta y su capacidad de funcionar en zonas con limitaciones de conexión y energía.

Las pruebas internas lograron reconocer 97.5% de los caracteres incluidos en las actas durante la primera lectura. La Dirección General de Informática estima que ese indicador podría alcanzar 99.9% cuando el sistema incorpore una mayor cantidad de registros de escritura manual procedentes de procesos electorales anteriores.

La digitalización de actas y los tiempos previstos

El Sistema de Información Preliminar busca digitalizar, interpretar y transmitir las actas electorales desde los centros de votación. El Tribunal Supremo Electoral indicó que las pruebas de carga y envío de documentos ya están en marcha antes del ensayo previsto con las agrupaciones políticas.

José David Illescas, director general de Informática del TSE, explicó que el escaneo de cada cara de un acta demora entre 16 y 20 segundos. Con una conexión 4G, la transmisión de cada documento demandaría otros 20 segundos.

Cada Junta Receptora de Votos deberá procesar cuatro actas. De acuerdo con las proyecciones expuestas por el funcionario, el traslado de la totalidad de esos documentos podría tomar unos siete minutos, aunque el cálculo dependerá de la cartografía electoral y de la señal disponible en cada centro.

La plataforma todavía tiene componentes en desarrollo. Illescas señaló que continúan los ajustes sobre la visualización de los resultados y sobre la interpretación automática de los documentos que sean escaneados durante la jornada electoral.

El TSE sostiene que el sistema ya funciona en pruebas internas, pero el desarrollo técnico continuará antes de la instancia programada para marzo. El simulacro permitirá poner la plataforma a disposición de los fiscales informáticos de las organizaciones políticas.

Las inquietudes partidarias y los riesgos en áreas rurales

Representantes de partidos políticos cuestionaron que la primera prueba general se realice cerca de las elecciones. También solicitaron información sobre los componentes del sistema, el calendario de ensayos y los mecanismos que se aplicarán para corregir fallas eventuales.

Las agrupaciones plantearon su preocupación porque la plataforma siga en proceso de ajuste cuando se aproxime el primer ejercicio con participación partidaria. La autoridad electoral deberá responder a esas solicitudes mientras completa las pruebas de funcionamiento y transmisión.

La conectividad en áreas rurales figura entre los asuntos pendientes para la implementación del sistema. La Dirección de Informática utiliza la cartografía electoral para identificar los centros de votación que presentan problemas de señal, acceso a datos o suministro eléctrico.

Cada kit electoral contará con alternativas de transmisión a través de compañías de telecomunicaciones, según explicó Illescas. El organismo también analiza el uso de baterías externas y plantas generadoras para sostener los equipos en lugares expuestos a cortes de energía.

La disponibilidad de señal en cada punto será determinante para los tiempos de envío de las actas y para el funcionamiento de los mecanismos de respaldo. El proceso de cartografía permitirá definir qué centros requerirán soluciones específicas de conectividad o electricidad.

En la misma sesión, el Tribunal informó que 97 medios de comunicación se inscribieron para transmitir publicidad electoral de los partidos de cara a los comicios de 2027. El registro reúne 53 medios televisivos, 35 radiales y nueve escritos.

Las organizaciones políticas deberán presentar sus planes de medios para que el TSE distribuya los espacios de pauta electoral entre los medios inscritos.

A días del Día de los Fieles Difuntos, los sacerdotes católicos de Nicaragua aún no saben si podrán oficiar misas en los cementerios ante las familias que visitan a sus muertos. La celebración prevista para el 2 de noviembre en camposantos públicos y privados continúa a la espera de la autorización de las autoridades.

La situación afecta a comunidades de todo Nicaragua que acostumbran asistir a celebraciones religiosas en los camposantos durante esa fecha. La decisión depende de la autorización del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un país donde las expresiones públicas de fe han estado sujetas a restricciones.

Los sacerdotes permanecen a la espera de una decisión oficial

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, denunció en redes sociales que la Iglesia católica todavía no había recibido permiso para realizar misas en cementerios estatales ni particulares.

“Los sacerdotes están en espera a que autoricen las misas”, afirmó Molina en declaraciones a Diario La Prensa. La investigadora consideró posible que las autoridades habiliten los oficios religiosos, luego de haber permitido algunas procesiones durante octubre.

La especialista vinculó esa posibilidad con el escenario de hostigamiento religioso que, según su análisis, persiste en el país. También recordó que las misas en cementerios eran una práctica habitual durante administraciones liberales anteriores.

Para Molina, la celebración religiosa no debería requerir aval estatal. “No debería de pedirse autorización para expresar la fe en público o en privado”, sostuvo la abogada ante el diario.

La investigadora expresó su expectativa de que las autoridades permitan las ceremonias del Día de los Difuntos. Aun así, señaló que el resultado queda sujeto a una decisión política de la cúpula gobernante.

“La codictadora Rosario Murillo es la que tiene la última palabra y es la que decide qué reprime y qué no”, dijo Molina a la publicación.

Las procesiones volvieron bajo condiciones de supervisión

Durante este mes, el régimen comenzó a permitir ciertas procesiones religiosas en las calles, una práctica que no se había realizado en los últimos cuatro años. La apertura coincidió con cuestionamientos internacionales a las restricciones sobre las libertades civiles y religiosas en Nicaragua.

El 2 de octubre, los países miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron por unanimidad una resolución que pidió al Gobierno nicaragüense revocar las reformas constitucionales adoptadas en 2025 y 2026.

El documento también reclamó el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. La medida se produjo en medio de la presión de Estados Unidos y otros países del hemisferio.

Molina consultó entonces con sacerdotes que permanecen en Nicaragua para conocer las condiciones impuestas sobre las procesiones. La respuesta, según relató, apuntaba a actividades vigiladas y organizadas junto con estructuras locales afines al oficialismo.

“Me han informado que todo sigue igual”, indicó la investigadora. Uno de los sacerdotes le comunicó que agentes policiales le dijeron que las prohibiciones habían quedado suspendidas y que las procesiones podían retomarse.

Las celebraciones religiosas quedarían bajo control político

La autorización comunicada a los religiosos incluía una condición: las procesiones debían ser “supervisadas y coorganizadas” con las alcaldías, los Consejos del Poder Ciudadano y los secretarios políticos.

Molina interpretó esa exigencia como un mecanismo de control sobre la actividad religiosa. Para ella, las celebraciones permitidas bajo esas reglas son procesiones vigiladas por las estructuras de la dictadura.

La posibilidad de celebrar misas el 2 de noviembre se evalúa bajo ese mismo antecedente. La falta de una respuesta oficial mantiene en suspenso a los sacerdotes y a los fieles que esperan participar de la conmemoración en los cementerios.

La investigadora ha documentado las consecuencias de la persecución contra la Iglesia católica. Sus registros señalan que al menos 315 sacerdotes y religiosas han debido salir al exilio.

El informe también incluye la prohibición de ordenaciones diaconales y sacerdotales en las diócesis de Matagalpa, Jinotega, Siuna y Estelí.

Honduras proyecta enviar 3,200 trabajadores a España entre 2026 y 2027 mediante programas de contratación en el sector agrícola y otras actividades de servicios, informó Juan Carlos Rodríguez, viceministro de la Secretaría de Trabajo, organismo estatal encargado de la intermediación laboral.

De acuerdo con el funcionario, unos 1,200 hondureños viajarán durante 2026 para trabajar en el sector agrícola de Huelva, mientras que para 2027 se prevé seleccionar a otros 2,000 trabajadores. En conjunto, la meta alcanza las 3,200 plazas para el mercado laboral español.

Las oportunidades también comienzan a extenderse a otras ocupaciones. Rodríguez explicó que este año se puso en marcha un programa piloto con 30 hondureños contratados como ayudantes de cocina en España, una experiencia que podría abrir nuevas opciones de empleo.

La Secretaría trabaja en proyectos para colocar entre 200 y 300 trabajadores adicionales en ese sector, aunque su incorporación dependerá del desarrollo de los procesos de contratación.

Los programas de migración laboral incluyen oportunidades en Estados Unidos, donde los puestos de limpieza y mantenimiento de habitaciones —housekeeping, en la jerga del sector— y los empleos como ayudantes de feria registraron crecimiento, según Rodríguez. La meta es enviar alrededor de 400 hondureños a trabajar en ese país durante 2026 mediante estos procesos.

Más destinos laborales

En Canadá, más de 600 hondureños viajan regularmente para acceder a oportunidades laborales. La Secretaría busca aumentar las colocaciones gestionadas directamente por la institución con el objetivo de fortalecer la relación con las empresas contratantes y recuperar su confianza.

Las cifras corresponden a metas y oportunidades anunciadas por el funcionario, no necesariamente a contrataciones ya concretadas.

Junto con el anuncio de nuevas plazas, Rodríguez pidió a los hondureños interesados en trabajar en el exterior verificar la autenticidad de las ofertas antes de entregar documentos personales o iniciar trámites.

Advirtió que algunas personas se aprovechan de la necesidad de empleo para ofrecer contratos falsos, presentar documentación fraudulenta o cobrar dinero por supuestos boletos de avión y trámites relacionados con embajadas.

“Nadie le tiene que pedir dinero por adelantado a usted para un trabajo”, afirmó.

Rodríguez recordó que el proceso de intermediación laboral de la Secretaría de Trabajo es completamente gratuito. Recomendó comprobar directamente con la institución si una oferta es legítima y denunciar cualquier intento de cobro irregular. La advertencia apunta especialmente a las ofertas que prometen salarios atractivos, viajes inmediatos o contratos garantizados.

La recomendación de las autoridades es no pagar anticipos a intermediarios, verificar la identidad de las empresas contratantes y confirmar las condiciones del empleo antes de aceptar una propuesta.

El envío de trabajadores hondureños al extranjero forma parte de una estrategia que comenzó a tomar fuerza en 2017, cuando el país impulsó mecanismos de contratación temporal para facilitar la migración laboral regular.

En 2022, más de 6.200 hondureños viajaron a Estados Unidos, España y Canadá mediante estos programas, según registros publicados entonces.

Recientemente, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabilizó 3.361 beneficiarios entre 2023 y junio de 2026, distribuidos entre España, Estados Unidos y Canadá.

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca González, conocido como Tony Saca, recuperó la libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por peculado y lavado de dinero. El exmandatario, que gobernó entre 2004 y 2009, fue el primero en el país en haber sido condenado por delitos de corrupción cometidos desde la Presidencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 28 de octubre que Saca había completado la pena impuesta en 2018 por el caso que fue denominado como Destape a la Corrupción, una investigación que reveló como el exmandatario había desviado y lavado unos $301 millones de fondos públicos.

La orden de libertad estaba vigente desde el 27 de octubre, según informó la Fiscalía.

Saca, de 61 años, nació el 9 de marzo de 1965 en Usulután, en el oriente salvadoreño, en una familia de ascendencia palestina. Antes de ingresar a la política fue locutor deportivo, narrador de fútbol y empresario de medios. Su popularidad creció desde la radio y la televisión, donde trabajó en transmisiones deportivas y ocupó cargos de dirección.

Su actividad empresarial comenzó en la radiodifusión. En 1987 fundó Radio América junto a Alfonso Rivas y, años después, creó Radio Astral, origen del grupo radial Samix.

Esa expansión le abrió paso en las principales gremiales empresariales: presidió la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y luego la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La combinación de reconocimiento público, presencia empresarial y vínculos con la derecha lo convirtió en candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para las elecciones de 2004. Ganó los comicios frente a Schafik Hándal, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y asumió el 1 de junio de ese año.

Durante su gobierno mantuvo la orientación económica de las administraciones anteriores de ARENA, con respaldo a la dolarización, apertura comercial y políticas de subsidios focalizados.

En seguridad, profundizó la estrategia de mano dura contra las pandillas con el Plan Supermano Dura, que amplió la participación militar en tareas de patrullaje.

Su administración también mantuvo una relación estrecha con Estados Unidos. El Salvador sostuvo tropas en Irak durante su período presidencial, mientras la política exterior se distanciaba de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

La trama que desvió fondos de Casa Presidencial

Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016 junto con exfuncionarios de su administración en la Hacienda de los Miranda, donde se celebraba la boda de uno de sus hijos. La investigación fiscal sostuvo que una estructura encabezada desde Casa Presidencial trasladó dinero de cuentas estatales hacia cuentas privadas, empresas y colaboradores cercanos.

En septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a cinco años de prisión por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. El expresidente admitió los hechos en un procedimiento abreviado, lo que evitó un juicio ordinario y redujo la pena que podía enfrentar.

La causa involucró, entre otros, a su exsecretario privado, Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; el exsecretario de la Juventud César Funes; el exgerente financiero de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, y el extesorero institucional Jorge Herrera.

Parte de los recursos, según la investigación, fue destinada a empresas vinculadas con Saca, gastos personales, inmuebles y financiamiento político. El caso también expuso pagos irregulares a funcionarios y dirigentes partidarios desde la partida secreta de la Presidencia, según documentos divulgados por El Faro.

La libertad no extingue sus deudas con el Estado

Aunque Saca completó su condena penal, sus responsabilidades económicas siguen vigentes. En el caso Destape a la Corrupción, todavía no ha devuelto en su totalidad los $ 260.7 millones fijados como responsabilidad civil por el daño al Estado.

También fue condenado por enriquecimiento ilícito junto con su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca. La resolución estableció que el exmandatario debía reintegrar cerca de $3.8 millones. Hasta abril de 2026, había abonado apenas $5,845.75, de acuerdo con datos recogidos por La Prensa Gráfica.

A esas obligaciones se suman los $6 millones que debe devolver por una condena civil relacionada con fondos donados por Taiwán. La sentencia, firme desde 2022, también alcanzó a Juan Tennant Wright y Gerardo Antonio Balzaretti.

La FGR informó que los inmuebles, vehículos, empresas y otros bienes sometidos a medidas judiciales continuarán bajo custodia estatal. La salida de prisión, por lo tanto, cerró su pena de privación de libertad, pero no los procesos patrimoniales derivados de las condenas.

El Congreso de Honduras declaró que el Decreto Legislativo 08-2023, relacionado con la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, no cumplió los requisitos constitucionales para convertirse en una norma válida.

La decisión se produjo después de que se conociera que el documento había sido publicado en La Gaceta el 22 de enero de 2026, casi tres años después de que la entonces presidenta Xiomara Castro lo vetara y lo devolviera al Poder Legislativo.

La normativa había sido aprobada inicialmente el 8 de marzo de 2023. Sin embargo, tras el veto presidencial, el Congreso debía reconsiderar el proyecto y, para ratificarlo, necesitaba el respaldo de al menos dos tercios de sus integrantes, equivalentes a 86 votos, según el procedimiento constitucional señalado por el Legislativo.

Esa ratificación no consta en el expediente, de acuerdo con la resolución aprobada. Por esa razón, el pleno sostuvo que la publicación en el diario oficial no podía sustituir el procedimiento legislativo pendiente ni otorgar validez jurídica al decreto.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que es necesario investigar cómo un documento que había recibido un veto presidencial terminó publicado oficialmente.

Zambrano aclaró que no pretende atribuir responsabilidades anticipadamente, pero consideró necesario establecer qué instituciones intervinieron en el trámite y si se incumplieron las disposiciones constitucionales.

Como parte de la decisión, se dispuso que la Secretaría del Congreso y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) recopilen y remitan al Ministerio Público la documentación relacionada con la tramitación y publicación del decreto.

Qué establecía la ley

Los antecedentes incluyen oficios, comunicaciones, certificaciones y constancias de recepción que permitan reconstruir el recorrido del documento desde su devolución por el Ejecutivo hasta su aparición en La Gaceta.

La eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales deberá determinarse mediante las actuaciones de las autoridades competentes. La declaración del Congreso no constituye por sí misma una sentencia sobre la responsabilidad de alguna persona.

La Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente buscaba incorporar contenidos educativos orientados a prevenir los embarazos durante la adolescencia en el sistema educativo hondureño.

La iniciativa contemplaba la incorporación de información y contenidos pedagógicos adaptados a las distintas etapas escolares, con participación de las autoridades educativas en la elaboración de materiales y su integración en el currículo.

El proyecto generó controversia política desde su aprobación en 2023 y fue vetado por Castro. La discusión actual, sin embargo, se centra en el procedimiento seguido para su publicación, no en una nueva evaluación legislativa de sus contenidos.

El Ministerio Público y la investigación

La remisión de los antecedentes busca esclarecer cómo llegó el decreto a la imprenta oficial y qué actuaciones permitieron su publicación pese al veto presidencial.

El Ministerio Público deberá examinar la documentación y determinar, dentro de sus atribuciones, si existen elementos para iniciar una investigación formal o adoptar otras medidas.

El caso también pone bajo escrutinio el proceso de formación de las leyes en Honduras, en particular la coordinación entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la institución responsable de publicar las normas oficiales.

La decisión del Legislativo establece que la publicación del Decreto 08-2023 no cumplió el procedimiento constitucional requerido. La investigación deberá aclarar las circunstancias del caso y determinar si hubo responsabilidades en la tramitación del documento.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formalizó este jueves la inscripción de doce candidatos a diputados para la representación de los salvadoreños en el exterior, en un acto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El partido informó que nueve de los postulantes residen fuera de El Salvador y que ocho son mujeres.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el instituto político fue el primero en presentar sus candidaturas a escala nacional. Sostuvo que la inscripción cumple con la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral y los estatutos internos del partido.

“La participación de los compatriotas en el exterior no está en El Salvador, está fuera”, dijo Flores, quien envió un mensaje a los salvadoreños que podrán votar desde los países donde residen. Según expuso, el proceso electoral habilita el sufragio en 92 lugares fuera del territorio nacional.

La presentación estuvo encabezada por el candidato presidencial del partido, Rafael Aguirre, y la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos. Ambos destacaron la presencia de aspirantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suecia y otros países.

Aguirre señaló que nueve de las doce personas inscritas viven en el extranjero, una condición que, según dijo, permite que conozcan de primera mano las necesidades de las comunidades migrantes.

Durante la conferencia fueron mencionados Julio Galareño, residente en Canadá; Carlos Cardona, desde Italia; Isela Sánchez y Marlene Ávalos, desde Suecia; Carolina Arteaga y Félix Cardona, desde España; Pilar Gálvez y Sofía Cortés, desde Estados Unidos. También fueron presentados Carlos Castaneda, Yesenia Leiva y Susi Bonilla, quienes participan desde El Salvador.

El candidato presidencial afirmó que la lista busca diferenciarse de postulaciones que, según su planteamiento, representan a la diáspora sin residir fuera del país. “Ellos realmente representan a nuestros compatriotas en el exterior”, expresó.

Pilar Gálvez, migrante salvadoreña radicada en Estados Unidos, pidió el respaldo para la planilla y señaló que el grupo pretende representar a familias desempleadas, trabajadores del sector informal, pueblos indígenas, mujeres y profesionales.

“Estamos aquí, no como víctimas, sino como luchadores sociales”, afirmó Gálvez. La candidata también dijo que la fórmula reúne representantes de El Salvador, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suecia y Perú.

La planilla planteó cambios en la atención consular y en la política migratoria

La doctora Sofía Cortés, residente en Los Ángeles, California, adelantó algunos de los temas que, según indicó, buscarán incorporar a la plataforma electoral del FMLN para los salvadoreños en el exterior.

Entre ellos mencionó una eventual revisión de la red consular, con el objetivo de ampliar la atención a los migrantes y facilitar trámites de documentación. También propuso estudiar mecanismos de apoyo para la repatriación de salvadoreños fallecidos fuera del país.

Cortés cuestionó la respuesta del Gobierno ante asuntos migratorios como el Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés como TPS. “No hay un acompañamiento” a las comunidades salvadoreñas que enfrentan esos procesos, afirmó.

La aspirante también planteó la necesidad de establecer garantías jurídicas y económicas para vincular al país con profesionales, empresarios y técnicos salvadoreños que viven en el extranjero.

Por su parte, Carlos Castaneda sostuvo que las comunidades migrantes deben tener representación legislativa propia y calculó que más de tres millones de salvadoreños viven fuera del país. Señaló que Estados Unidos concentra la mayor parte de esa población, aunque también existen comunidades en decenas de naciones.

Seis escaños estarán destinados a la circunscripción del exterior

Durante el acto, Aguirre recordó que las reformas electorales establecieron una circunscripción específica para que los salvadoreños en el extranjero elijan de forma directa a seis diputados de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los datos citados por el candidato, el padrón electoral de residentes en el exterior ronda las 962 mil personas, según el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Los seis escaños provienen de la reducción de cinco diputaciones en San Salvador y una en La Libertad, con lo cual el Congreso mantendrá 60 integrantes.

Aguirre indicó que el FMLN presentará en las próximas semanas su plan de gobierno y sus propuestas electorales. Añadió que la agrupación aspira a competir por cargos legislativos, municipales y la Presidencia en las elecciones de 2027.

Una menor de 9 años se quitó la vida tras sufrir acoso escolar durante meses en su colegio en Ciudad Sandino, según concluyó la investigación policial. El Instituto de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue compatible con ahorcamiento.

La niña, identificada solo con las iniciales A.C.G.D., cursaba el cuarto grado de primaria en el Colegio Xolotlán. Sus compañeras de clase la molestaban de forma reiterada y le decían que era “fea”, según información extraoficial a la que accedió La Prensa, diario nicaragüense.

Hallazgo dentro del centro educativo

El cuerpo de la menor fue encontrado sin vida el pasado 28 de octubre en uno de los servicios sanitarios del colegio, a las 11:30, según fuentes extraoficiales consultadas por el diario.

El Colegio Xolotlán está ubicado en Altos de Motastepe, sobre la carretera Nueva a León, en el residencial Motastepe del Distrito Diez de Ciudad Sandino. La institución ofrece los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El cuerpo fue examinado por el médico forense y trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. El dictamen coincidió con la conclusión de la Policía Nacional: la menor se habría quitado la vida como consecuencia del hostigamiento que sufría por parte de sus compañeras.

La Policía Nacional estableció que las burlas constantes de sus compañeras de clase habrían sido el desencadenante de la muerte, un dato que La Prensa conoció de manera extraoficial.

El acoso escolar —o bullying, maltrato físico o psicológico reiterado entre estudiantes con una clara desventaja de poder entre agresor y víctima— es el eje de la investigación.

Despliegue policial nocturno en Ciudad Sandino

Horas después de conocerse la noticia, en redes sociales comenzó a circular un video que mostraba a varias patrullas policiales recorrer las calles de Ciudad Sandino durante la noche. La presencia de los agentes llamó la atención de los vecinos, que salieron de sus viviendas para observar el operativo.

No existe información oficial que vincule ese despliegue con la investigación del caso. Sin embargo, algunos usuarios en redes especularon que podría estar relacionado con las pesquisas que las autoridades realizan tras el hallazgo de la niña en el centro educativo, de acuerdo con el registro de La Prensa.

Silencio del colegio e intervención del Mined

Hasta el cierre de la cobertura de La Prensa, ni las autoridades del Colegio Xolotlán ni el Ministerio de Educación (Mined) se habían pronunciado públicamente sobre el caso.

La radio La Primerísima informó que el Mined intervino y que estaría iniciando una nueva investigación sobre el acoso escolar que sufría la menor.

El Mined cuenta desde hace varios años con protocolos específicos para situaciones de acoso escolar.

Según la Guía de Alerta Temprana y Derivación de las Consejerías de las Comunidades Educativas, la ruta de actuación contempla cinco pasos: la identificación de la situación mediante un sistema de alerta temprana, la comunicación a la dirección del centro, el aviso a las familias involucradas, el acompañamiento a la víctima y la derivación y el seguimiento del caso.

El protocolo establece además que, cuando un estudiante presenta señales que evidencien ideas o intentos de suicidio, el centro educativo debe derivar de inmediato el caso al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez o al Ministerio de Salud. También prevé la atención especializada para los estudiantes que ejercen el acoso sobre sus compañeros.

Sanciones y responsabilidades, sin definir

La Policía Nacional no informó si existirán sanciones contra el centro educativo ni contra las menores señaladas como responsables de las burlas.

Tampoco trascendió si las autoridades educativas aplicarán medidas adicionales en el Colegio Xolotlán.

La investigación del Mined, según la información difundida por La Primerísima, buscará establecer con mayor precisión el contexto en el que se desarrolló el hostigamiento hacia la menor dentro del aula y determinar responsabilidades dentro de la comunidad educativa.

Las autoridades de El Salvador informaron este jueves sobre la incautación de 150 mil porciones de droga durante un operativo terrestre que, según el Gobierno, es el mayor de este tipo en la historia del país. El procedimiento dejó siete detenidos, tres de nacionalidad guatemalteca y cuatro salvadoreños, a quienes se atribuye el transporte y distribución del cargamento.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, difundió la información en sus cuentas oficiales y señaló que el decomiso fue realizado por la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de binomios caninos. La droga era trasladada en un camión y dos vehículos tipo sedán.

Villatoro afirmó que los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. La publicación oficial no precisó el tipo de sustancia decomisada, el peso total del cargamento ni el lugar exacto donde se realizó el operativo.

Los guatemaltecos arrestados fueron identificados como Héctor Giovanni González González, Juan Miguel Gómez Mejía y Juan Arístides Gómez Cuéllar. Las autoridades también identificaron a los salvadoreños Katia Alexandra Rivas Orantes, Carlos Giovanni Aguirre Hernández, Cristina de Jesús Acosta González y Manuel Alexander Ulloa Hernández.

El ministro escribió que las fuerzas de seguridad capturaron a los sujetos “en flagrancia”. Y agregó que “esta es la mayor incautación de droga por vía terrestre realizada por nuestras fuerzas del orden”. Según su versión, las 150 mil porciones de droga no llegarán a la población salvadoreña.

La operación se suma a decomisos marítimos y capturas de distribuidores

El procedimiento conocido este 29 de octubre se produjo después de una serie de operativos contra el narcotráfico reportados por las autoridades salvadoreñas durante 2026, con incautaciones tanto en tierra como en aguas del océano Pacífico.

El 6 de febrero, unidades de la PNC interceptaron una embarcación al sur de playa Toluca, en La Libertad Costa, que transportaba aproximadamente 398 kilogramos de cocaína, según informó Villatoro. La droga estaba oculta entre implementos de pesca y tenía un valor estimado superior a $10 millones, de acuerdo con la versión oficial.

En ese operativo fueron detenidos Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, identificado por las autoridades como guatemalteco-mexicano. Villatoro sostuvo entonces que el cargamento seguía una ruta entre Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos.

Días después, el Gobierno informó la interceptación de un buque con bandera de Tanzania a 380 millas náuticas, equivalentes a unos 704 kilómetros, al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Las autoridades informaron que hallaron 6.6 toneladas de presunta cocaína y arrestaron a 10 personas de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició peritajes sobre los 330 bultos localizados en esa embarcación. En febrero, la Defensa salvadoreña indicó que el país acumulaba más de 7.4 toneladas de droga decomisada con un valor estimado de $ 184.5 millones.

El 18 de junio, la Marina Nacional informó otro operativo en el Pacífico con el decomiso de 6.68 toneladas de cocaína en dos embarcaciones ubicadas a más de 580 millas náuticas de la costa. Seis tripulantes, cuatro colombianos y dos ecuatorianos, fueron detenidos en ese procedimiento.

La Policía también informó operaciones contra redes locales

Las acciones no se limitaron a interdicciones marítimas. El 30 de mayo, la PNC informó tres operativos en San Salvador y Santa Ana que dejaron 11 detenidos y drogas valoradas en más de $188 mil. Las incautaciones incluyeron metanfetaminas, marihuana y 2.5 kilogramos de cocaína.

En agosto, la denominada Operación Barrido dejó cuatro capturas y el decomiso de 30 kilogramos de cocaína en distintos puntos del país. La Policía indicó que el cargamento tenía un valor aproximado de $106,050.

Las siete personas detenidas en el más reciente procedimiento quedarán a disposición de los tribunales, según anunció Villatoro. La investigación deberá determinar el origen, la composición y el destino final de las 150 mil porciones de droga incautadas.

El presidente Bernardo Arévalo presentó los resultados de la fase cero del Metrorriel dos días después de que el Congreso aprobara la ley especial que habilita el sistema ferroviario de pasajeros para el área metropolitana de Guatemala. La iniciativa busca responder a la congestión de la capital y articular una red de transporte conectada con otros medios urbanos.

La población del área metropolitana crecería 40% en los próximos 20 años, según las proyecciones expuestas por Arévalo. El mandatario estimó que los actuales usuarios de autobús podrían recuperar entre 30 y 90 minutos por viaje si se construye el nuevo sistema.

El Decreto 24-2026 fue aprobado el 27 de octubre con el respaldo de 134 diputados. La norma declara de interés nacional el proyecto y designa a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) como responsable de la planificación, el diseño, la construcción y la puesta en marcha.

Una ley especial para la ejecución ferroviaria

La normativa exceptúa al Metrorriel de la Ley de Contrataciones del Estado y permite a Fegua contratar bajo estándares internacionales, entre ellos los Contratos Nuevos de Ingeniería, identificados por la sigla NEC. Sus 15 artículos también crean una Oficina de Gestión Técnica del Proyecto, que brindará asistencia especializada sin poder actuar como oferente ni contratista de las obras que gestione.

El presupuesto deberá contar con aprobación legislativa, mientras que los contratos deberán ser publicados. El texto prevé además auditorías de la Contraloría General de Cuentas e informes periódicos al Congreso.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, había calculado que la inversión necesaria superaría los USD 900 millones, aunque esa cifra no figura en la ley aprobada. La norma tampoco establece qué municipios formarán parte del área de influencia ni fija una fecha para el comienzo de las obras.

Arévalo sostuvo que los mecanismos incorporados buscan fortalecer la capacidad estatal para planificar y ejecutar obras de gran escala. El mandatario proyectó que el sistema funcionará como eje de una red multimodal conectada con el Transmetro, ciclovías, otros medios de transporte y los municipios metropolitanos.

El respaldo técnico británico se formalizó el 9 de julio, cuando los gobiernos de Guatemala y Reino Unido suscribieron un acuerdo de cooperación para apoyar la planificación y la ejecución del sistema. A partir de ese convenio, un equipo británico trabajó durante diez semanas junto a Fegua en el diagnóstico integral denominado fase cero.

El consorcio a cargo de esa etapa estuvo integrado por las firmas Mace, Arup y Jacobs. La presentación de sus resultados contó con la participación de la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa, y de la enviada comercial británica para Centroamérica, Jessica Morden.

Correa, quien lleva dos años al frente de la embajada británica en el país, afirmó que la aprobación legislativa “crea nuevas condiciones para continuar hacia la materialización del Metro Vial” y constituye “un paso muy importante para fortalecer el marco institucional del proyecto”.

La diplomática recordó que la cooperación bilateral en infraestructura se remonta a un foro realizado meses antes, con la participación de empresas del sector presentes en el acto. También definió las condiciones que, a su juicio, requiere una obra de esta escala: “La infraestructura de calidad requiere planificación rigurosa, conocimiento especializado y los más altos estándares de calidad y de transparencia”.

La embajadora añadió que Reino Unido pone a disposición de Guatemala su experiencia técnica y las prácticas desarrolladas durante décadas para ejecutar proyectos complejos. Morden, en su primera visita al país, se había reunido previamente con Arévalo.

La enviada comercial sostuvo que el Metrorriel “no solo es un proyecto de conectividad y movilidad, sino también de crecimiento económico que puede cambiar la vida de las personas”. También planteó que la cooperación entre los sectores público y privado es necesaria para impulsar obras de esta envergadura, como ocurrió en experiencias británicas anteriores.

Medio siglo de propuestas sin ejecución

La primera propuesta para construir un tren urbano en la capital guatemalteca data de 1972. Arévalo recordó que otra iniciativa se discutió a finales de la década de 1990, pero ninguna llegó a concretarse por la falta de voluntad política sostenida más allá de los ciclos electorales.

El presidente vinculó esos intentos frustrados con la desaparición del sistema ferroviario nacional, que llegó a contar con cerca de 900 kilómetros de vías. Esa red conectó comunidades y territorios durante décadas antes de dejar de operar.

La aprobación de la ley coincidió con la definición de la Junta Directiva del Congreso para el período 2027-2028, después de la incorporación del bloque Todos al organismo legislativo. El diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, denunció que el apoyo al Metrorriel integró una negociación política más amplia que incluyó un subsidio a los combustibles y el retorno de Menkos al Ministerio de Finanzas Públicas.

Arévalo agradeció al Congreso por aprobar la norma y afirmó que el proyecto trasciende a su administración. “Muchos de los que hoy estamos en este salón no vamos a estar cuando se corten las cintas famosas, cuando empiece a rodar el primer vagón”, señaló.

El Club Sport Cartaginés escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva al conseguir, por primera vez, la clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, después de eliminar al Olimpia de Honduras en una serie de semifinales que se resolvió la noche del miércoles 28 de octubre en Tegucigalpa.

El conjunto costarricense empató 2-2 en el estadio Nacional Chelato Uclés y aprovechó la victoria 1-0 obtenida en el encuentro de ida, disputado en el estadio José Rafael “Fello” Meza en Costa Rica, para imponerse con un marcador global de 3-2 y asegurar su presencia en la disputa por el título regional.

Bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, los brumosos superaron una de las pruebas más exigentes de la competición. El equipo hondureño llegó al compromiso con la necesidad de remontar la eliminatoria y ejerció una fuerte presión ofensiva, pero los visitantes encontraron la manera de responder en los momentos determinantes.

El partido comenzó con dificultades para los costarricenses. Apenas al minuto 12, el defensor Luis Olivas marcó un autogol después de una acción defensiva que se originó en un despeje defectuoso del guardameta Kevin Briceño, situación que permitió al Olimpia igualar momentáneamente el marcador global.

La anotación encendió las expectativas de los aficionados hondureños, quienes observaron cómo su equipo recuperaba terreno en la búsqueda del boleto a la final.

Sin embargo, Cartaginés consiguió reaccionar antes del descanso. Al minuto 36, Joaquín Alonso Hernández apareció dentro del área para aprovechar un centro de Diego González y enviar el balón al fondo de la portería defendida por Edrick Menjívar.

El empate parcial 1-1 devolvió la tranquilidad al conjunto brumoso y obligó al Olimpia a buscar nuevamente el resultado, en un enfrentamiento que se caracterizó por la intensidad y las constantes llegadas del equipo local.

Cartaginés resistió la presión hondureña y sentenció la clasificación en el cierre

En la segunda mitad, el equipo hondureño volvió a tomar ventaja. Al minuto 52, el delantero Jorge Benguché aprovechó un error defensivo para marcar de cabeza el 2-1, resultado que mantuvo abierta la posibilidad de una remontada.

A partir de ese momento, Olimpia aumentó la presión sobre el área costarricense y buscó aprovechar su condición de local para modificar el resultado de la eliminatoria.

Los dirigidos por Amarini Villatoro debieron concentrar sus esfuerzos en el trabajo defensivo, intentando contener los ataques y aprovechar los espacios que dejaba su rival.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Concacaf, Olimpia contabilizó 19 remates, mientras que Cartaginés realizó únicamente cinco, una diferencia que refleja el dominio ofensivo del conjunto hondureño durante buena parte del compromiso.

No obstante, la efectividad de los costarricenses terminó siendo determinante.

Cuando el encuentro estaba por finalizar y Olimpia buscaba desesperadamente una anotación adicional, Geancarlo Castro apareció al minuto 90+4 para convertir el 2-2 definitivo mediante un remate de derecha desde larga distancia, después de una jugada de contragolpe.

La anotación terminó de asegurar el pase de los brumosos y desató la celebración del equipo costarricense, que consiguió superar una eliminatoria especialmente complicada fuera de casa.

Amarini Villatoro celebra una clasificación histórica

Tras finalizar el compromiso, el entrenador Amarini Villatoro destacó la capacidad de sus jugadores para mantenerse en competencia pese a las dificultades que enfrentaron durante el encuentro.

“Un partido bravo. Supimos sufrir, supimos aguantar y la buscaron por todo lado, pero enfrentaron a un equipo con mucho orden, mucho oficio y jerarquía”, manifestó el estratega en declaraciones recogidas por Teletica.

El director técnico también resaltó el recorrido del conjunto brumoso, que antes de eliminar al Olimpia había dejado fuera al Deportivo Saprissa en los cuartos de final, con un marcador global de 5-4.

“¡Qué torneo el de nosotros! Dejamos en el camino a los dos equipos más ganadores e históricos de Centroamérica”, expresó Villatoro, al referirse a las eliminaciones del Saprissa y del Olimpia.

Además, el entrenador aseguró que el equipo mantiene su ambición de conquistar el campeonato y reconoció que todavía tiene una asignatura pendiente en la competición.

Costa Rica tendrá nuevamente representación en la final

La clasificación del Cartaginés también representa un resultado significativo para el fútbol costarricense.

Según los registros oficiales de Concacaf, el equipo brumoso se convirtió en el segundo club de Costa Rica en alcanzar la final de la Copa Centroamericana, después de la Liga Deportiva Alajuelense.

Con este resultado, Costa Rica es el único país que ha contado con dos clubes diferentes disputando la final desde la creación del torneo en 2023.

Además, Joaquín Alonso Hernández consiguió un registro destacado al convertirse en el segundo futbolista que anota en ambos encuentros de una misma serie de semifinales de esta competición.

Ahora, el Club Sport Cartaginés deberá esperar al ganador de la otra semifinal, disputada entre Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Motagua de Honduras, para conocer a su rival en la final, programada para diciembre de 2026.

El conjunto brumoso buscará completar una campaña histórica con la conquista del campeonato centroamericano, luego de superar a dos clubes de amplia trayectoria en la región.

Para los aficionados cartagineses, la clasificación representa una nueva oportunidad de celebrar un acontecimiento importante en la historia de su institución, que ahora se encuentra a dos partidos de levantar el título de la Copa Centroamericana.

La selección masculina de futsal de Panamá debutó con una remontada y una victoria de 4-1 sobre El Salvador en la Copa de Naciones 2026, disputada en Nicaragua.

El equipo dirigido por Jaime Aizpú comenzó perdiendo, pero reaccionó con cuatro anotaciones para imponerse en el Polideportivo Alexis Argüello, escenario donde conquistó el campeonato de Concacaf en 2024.

El encuentro comenzó con una selección salvadoreña que aprovechó un error defensivo para adelantarse en el marcador. Rosenberg Ramírez recibió el balón después de un despeje defectuoso de Alfonso Maquensi y superó al portero Noel Hernández con un remate elevado, colocando el 1-0 que obligó a los panameños a buscar la igualdad.

La respuesta llegó cuando faltaban tres minutos para finalizar el primer tiempo, mediante una combinación entre Ruman Millord y Ángel Sánchez.

El capitán recibió la asistencia, eludió al guardameta rival y definió frente a la portería desprotegida, estableciendo el empate 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En la segunda mitad, Panamá consiguió darle vuelta al resultado gracias a Ricardo Castillo, quien recibió un pase de Jesús Santos y disparó con la pierna izquierda desde fuera del área.

El gol del 2-1 permitió al conjunto nacional tomar ventaja y administrar mejor el desarrollo del encuentro ante un rival obligado a buscar la recuperación.

La diferencia aumentó con una segunda anotación del capitán Ángel Sánchez, quien aprovechó un envío largo del guardameta Noel Hernández. Después de controlar el balón, el jugador panameño remató con potencia para establecer el 3-1 y completar su doblete en el compromiso inaugural del campeonato regional.

El último gol tuvo como protagonista al propio portero Noel Hernández, quien anotó desde su área cuando El Salvador utilizaba la estrategia de portero-jugador. Hernández aprovechó que la portería contraria estaba desprotegida y envió el balón hasta el fondo de la red, sellando el marcador definitivo de 4-1.

Con este resultado, Panamá sumó sus primeros tres puntos en el grupo B, que también integran Costa Rica y El Salvador. Su próximo compromiso será el viernes 30 de octubre, a las 3:30 de la tarde en Nicaragua, equivalentes a las 4:30 p. m. en Panamá, nuevamente en el Polideportivo Alexis Argüello.

Antes de ese enfrentamiento, Costa Rica tiene programado su debut frente a El Salvador este jueves 29 de octubre, a las 6:00 p. m. en Managua. Los costarricenses, dirigidos por Alex Ramos, convocaron a 15 futbolistas de siete clubes nacionales y consideran la competencia parte de su preparación internacional para las eliminatorias mundialistas.

La selección panameña regresó a Nicaragua con el antecedente de haber conquistado allí su primer título de Concacaf, en abril de 2024. En aquella final derrotó 4-3 a Cuba, con dos goles de Claudio Goodridge y anotaciones de Ruman Millord y Aquiles Campos, consolidando uno de sus mayores logros deportivos.

Esa conquista confirmó el crecimiento del futsal panameño en el escenario internacional, después de alcanzar cuatro clasificaciones consecutivas a mundiales: Tailandia 2012, Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. Su mejor participación ocurrió en 2012, cuando consiguió avanzar hasta los octavos de final.

Para esta competencia, Jaime Aizpú convocó a 14 jugadores, incluidos dos legionarios. José Yearwood milita en el SS Bocca de Ecuador y Luis Vásquez en Corredores Futsal de Costa Rica, mientras que el resto del plantel procede de clubes del campeonato nacional panameño.

Entre los integrantes destacan Alfonso Maquensi y Ruman Millord, protagonistas del campeonato continental de 2024. Maquensi fue reconocido como el mejor jugador de aquel torneo, mientras que Millord participó en la final ante Cuba. Ambos aportan experiencia a un grupo que busca mantener su competitividad regional.

La Copa de Naciones reúne a seis selecciones distribuidas en dos grupos de tres equipos. Nicaragua, Honduras y Cuba integran el grupo A, mientras que la jornada definitiva se disputará el sábado 31 de octubre. Los líderes de cada zona jugarán por el campeonato y los demás definirán las posiciones restantes.

Para Panamá, el triunfo inicial representa un paso importante hacia su objetivo de disputar otra final, además de permitir al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento colectivo. El desafío frente a Costa Rica será determinante para conocer sus posibilidades de clasificación, mientras continúa su preparación para el próximo Premundial de Concacaf.

Honduras incorporará a su patrimonio los recursos que permanecían bajo custodia de las autoridades desde hace más de cuatro años, luego de que un juzgado especializado en privación de dominio de bienes de origen ilícito declarara las cantidades en abandono.

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), recibió la notificación de la resolución que ordena el comiso definitivo de USD 62.770 y 4.620 lempiras, equivalentes a aproximadamente USD 175, En conjunto, el dinero representa cerca de USD 62.945.

La decisión judicial establece que los recursos pasen a favor del Estado hondureño, después de que el procedimiento de privación de dominio concluyera con la declaración de abandono.

Como parte de las actuaciones, el juez ordenó remitir la documentación correspondiente a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entidad encargada de administrar los bienes sujetos a este tipo de medidas, y dispuso enviar las diligencias al archivo histórico.

Decomiso en el aeropuerto de Palmerola

El caso se remonta al 25 de mayo de 2022, cuando Piedad Córdoba fue requerida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, mientras se preparaba para abordar un vuelo hacia Panamá, con destino final a Colombia.

Durante un control aeroportuario, las autoridades detectaron el dinero en efectivo que transportaba la entonces senadora electa colombiana. El hallazgo dio lugar a un procedimiento de las autoridades aduaneras y migratorias para determinar si se habían cumplido las obligaciones correspondientes a la declaración de divisas y establecer la procedencia de los recursos.

Tras la intervención inicial, el Ministerio Público abrió diligencias investigativas para esclarecer el origen del dinero. La Fiscalía señaló que la procedencia de los fondos no fue justificada documentalmente durante el procedimiento.

Las autoridades hondureñas mantuvieron el dinero bajo resguardo mientras avanzaban las investigaciones, sin que Córdoba permaneciera detenida durante todo el proceso: el caso continuó por la vía administrativa y judicial correspondiente.

El origen del dinero

Durante la controversia de 2022, Córdoba aseguró que el dinero correspondía al pago por un trabajo de asesoría relacionado con inversiones empresariales en Honduras. En declaraciones recogidas entonces por medios de comunicación, afirmó que había recibido el efectivo como remuneración por sus servicios y rechazó que se tratara de dinero ilícito.

Las autoridades hondureñas continuaron con las diligencias para establecer documentalmente la procedencia de las divisas. En enero de 2024, después de conocerse el fallecimiento de la exsenadora, el Ministerio Público informó que el caso seguía abierto y que los recursos permanecían bajo custodia mientras se esperaba una justificación suficiente sobre su origen.

Muerte de Córdoba y cierre patrimonial

Piedad Esneda Córdoba Ruiz falleció el 20 de enero de 2024 en Medellín, Colombia, a los 68 años. Su muerte ocurrió casi dos años después del decomiso en Palmerola y antes de que se resolviera definitivamente el destino del dinero.

El procedimiento de privación de dominio permitió que el juzgado examinara la situación jurídica de los recursos retenidos y determinara su destino patrimonial. La decisión se refiere específicamente al dinero decomisado y no equivale, por sí misma, a una condena penal contra la exsenadora.

La resolución judicial pone fin al procedimiento patrimonial sobre esas cantidades, al declarar su abandono y ordenar que pasen definitivamente al Estado hondureño.

Durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, el Instituto Dominicano de Meteorología prevé la formación de nubes de gran desarrollo vertical en varias regiones de República Dominicana.

El organismo indicó que esas condiciones podrían generar aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en provincias del Norte, el Noreste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

El pronóstico está vinculado con la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera. A este fenómeno se suman el viento del sureste y los efectos locales, según informó el Indomet.

La entidad pidió a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales y atender las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil.

El Gran Santo Domingo y seis provincias siguen bajo alerta meteorológica

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico ante los riesgos asociados a las lluvias previstas en distintas zonas del país.

La medida contempla la posibilidad de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Las demarcaciones bajo alerta meteorológica son Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

El organismo meteorológico mantuvo la advertencia para esas zonas debido a las condiciones que podrían presentarse durante el período de mayor actividad lluviosa.

Las precipitaciones previstas podrían afectar áreas urbanas y comunidades cercanas a cursos de agua. El Indomet recomendó a los residentes prestar atención a las informaciones que difundan las autoridades.

Las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento forman parte de los fenómenos contemplados en el pronóstico. También se prevé la posibilidad de granizadas en algunos puntos de las regiones señaladas.

La vaguada y el viento del sureste favorecen las lluvias

El Indomet explicó que la vaguada incide en varios niveles de la troposfera. Esa condición se combina con el viento del sureste y los efectos propios de cada zona.

La institución señaló que la interacción de esos elementos favorecerá la formación de nubosidad con suficiente desarrollo vertical durante la tarde y el inicio de la noche.

El reporte incluyó provincias de las regiones Norte y Noreste, además de sectores de la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

El pronóstico no descarta que en esos lugares se registren aguaceros de intensidad localmente fuerte. Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y viento.

La entidad exhortó a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización de las condiciones del tiempo.

Las temperaturas se mantendrán calurosas

El Indomet informó que las temperaturas continuarán calurosas por la incidencia del viento cálido procedente del sur y sureste.

Ante esa situación, el organismo recomendó ingerir suficiente agua y vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.

La institución también aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. cuando no se disponga de la debida protección. Asimismo, sugirió permanecer en lugares frescos y ventilados durante los períodos de mayor calor.

El Indomet recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las temperaturas elevadas.

El oleaje volvió a la normalidad en ambas costas

El oleaje retornó a la normalidad en las costas atlántica y caribeña, de acuerdo con la información difundida por el organismo meteorológico.

Pese a esa condición, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución durante los aguaceros.

La advertencia responde a la posible reducción de la visibilidad y a la ocurrencia de descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto mientras se produzcan las lluvias.

La institución reiteró el llamado a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y las informaciones meteorológicas oficiales.

El reservorio de Río Indio, dos nuevas terminales portuarias, un gasoducto interoceánico y un corredor logístico concentraron las conversaciones entre el presidente José Raúl Mulino y los asesores internacionales del Canal de Panamá.

Los proyectos forman parte de una estrategia de inversiones multimillonarias para la próxima década, orientada a garantizar agua, ampliar servicios y fortalecer la competitividad del país.

La reunión se celebró después de tres días de sesiones entre la Junta Asesora Internacional y la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de las Garzas, se revisaron los avances de las iniciativas estratégicas y sus perspectivas económicas.

Uno de los proyectos prioritarios es el reservorio multipropósito de Río Indio, con una inversión estimada entre 1,500 y 1,600 millones de dólares. La infraestructura busca aumentar la disponibilidad de agua para las operaciones canaleras y el consumo humano, reduciendo la vulnerabilidad ante las sequías que afectan los tránsitos.

También se analizaron las terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, cuya inversión conjunta se calcula en aproximadamente 2,600 millones de dólares. Ambas instalaciones permitirían ampliar la capacidad de transbordo de contenedores y fortalecer la posición de Panamá como plataforma logística internacional.

El corredor energético es uno de los proyectos estratégicos del Canal de Panamá, con una inversión prevista superior a 4,000 millones de dólares.

La iniciativa contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, acompañado de terminales marítimas en ambos océanos, para transportar propano, butano y etano, productos utilizados como combustibles y materias primas industriales, principalmente entre el Golfo de México y el noreste de Asia.

La infraestructura permitiría movilizar hasta 2.5 millones de barriles diarios de productos energéticos, sin utilizar las esclusas ni consumir agua adicional. Con esta alternativa, la ACP busca liberar capacidad para el tránsito de buques, reducir los tiempos de espera y fortalecer la posición de Panamá en el comercio internacional.

El cuarto componente es el corredor logístico, valorado preliminarmente en unos 1,800 millones de dólares, que contempla infraestructura terrestre para mejorar la conectividad y el movimiento de mercancías. Su desarrollo complementaría las operaciones marítimas y portuarias, mediante nuevas alternativas para transportar carga entre ambos océanos.

Las inversiones forman parte de la visión estratégica del Canal para el período 2025-2035, que también incluye modernización tecnológica y sostenibilidad operativa. En la reunión se abordaron la transformación digital de la ACP y el relevo generacional, considerados necesarios para mantener personal capacitado y operaciones eficientes.

La Junta Asesora Internacional, creada en diciembre de 1999, es un organismo consultivo integrado por especialistas de distintos sectores económicos y técnicos. Su función consiste en analizar tendencias, identificar riesgos y formular recomendaciones a la Junta Directiva y la administración, sin reemplazar sus facultades para adoptar decisiones institucionales.

Sus integrantes aportan conocimientos en transporte marítimo, comercio internacional, banca, construcción, telecomunicaciones y actividades académicas. Esta perspectiva externa permite evaluar la competencia entre rutas comerciales, las necesidades de inversión y los cambios tecnológicos, además de anticipar desafíos que podrían afectar los ingresos del Canal.

La cuadragésima primera reunión también marcó el relevo en la presidencia de la Junta Asesora Internacional. El empresario danés Tommy Thomsen asumió esa responsabilidad en sustitución del almirante estadounidense William J. Flanagan, quien concluyó su período de liderazgo después de años de colaboración con la institución.

Durante el encuentro, Mulino condecoró a Flanagan con la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Oficial, por sus servicios al país. El reconocimiento destacó sus aportes en administración de vías acuáticas, gestión de riesgos y protección de infraestructura crítica, áreas vinculadas con la seguridad y competitividad canalera.

En las sesiones participaron la administradora Ilya Espino de Marotta y el subadministrador Miguel Lorenzo Fábrega, junto con directivos y asesores. El mandatario estuvo acompañado por ministros de las áreas económica, comercial y diplomática, en una jornada que buscó fortalecer la coordinación institucional para desarrollar los proyectos.

La estrategia representa una transformación del modelo tradicional de ingresos del Canal de Panamá, al incorporar servicios portuarios, energéticos y logísticos complementarios. Su ejecución dependerá de los procesos de contratación, financiamiento y desarrollo de cada iniciativa, mientras la ACP busca generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Un ciudadano nicaragüense de 43 años, identificado con el apellido Navarrete, fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras de Costa Rica cuando caminaba por una vía pública en Pocosol de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua.

El extranjero era requerido por las autoridades de su país mediante una orden de captura internacional y una solicitud de extradición, por su presunta vinculación con delitos como asesinato agravado, crimen organizado y robo agravado.

La detención se efectuó durante un patrullaje terrestre realizado por agentes de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía Profesional de Migración, como parte de las labores de vigilancia que desarrollan las autoridades costarricenses en las comunidades cercanas al límite fronterizo.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los oficiales localizaron al sospechoso cuando transitaba por la vía pública, aproximadamente un kilómetro al este de la escuela de San Cristóbal, en el distrito de Pocosol, perteneciente al cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Tras verificar su identidad y confirmar que existía un requerimiento internacional en su contra, los policías procedieron con su aprehensión para iniciar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Nicaragua lo requiere por varios delitos graves

Según el reporte policial, Navarrete figura como sospechoso de asesinato agravado, uno de los principales delitos por los que las autoridades nicaragüenses mantienen una causa en su contra.

El hombre también es requerido por asesinato agravado en grado de frustración, una figura jurídica que se refiere a una conducta en la que se habría intentado causar la muerte de una persona sin que el resultado llegara a consumarse, pese a haberse ejecutado actos dirigidos a conseguirlo.

Ambos señalamientos aparecen vinculados bajo la figura de concurso real de delitos, utilizada cuando una persona es investigada por varias conductas delictivas independientes.

A estas acusaciones se suman presuntos delitos relacionados con la fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, de acuerdo con el requerimiento emitido por Nicaragua.

Las autoridades también lo vinculan con crimen organizado y robo agravado.

Por el momento, no se ha informado si el detenido permanecía desde hace varios meses en Costa Rica o si había ingresado recientemente al territorio nacional.

La existencia de una orden internacional permitió identificarlo como una persona requerida por la justicia extranjera. Sin embargo, los delitos que se le atribuyen todavía deben ser determinados mediante los procedimientos judiciales correspondientes, por lo que su detención no constituye una declaración de culpabilidad.

Detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales costarricenses

Después de concretarse la captura, el sospechoso fue trasladado y puesto a las órdenes de la Policía Profesional de Migración, institución encargada de continuar con las diligencias correspondientes para posteriormente remitirlo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El siguiente paso será determinar su situación jurídica en Costa Rica y dar seguimiento al requerimiento presentado por las autoridades nicaragüenses.

Aunque existe una solicitud de extradición, esto no significa que el ciudadano extranjero pueda ser entregado inmediatamente a Nicaragua. Para ello, deben cumplirse los procedimientos legales establecidos en Costa Rica y verificarse las condiciones necesarias para autorizar su traslado.

Ambos países cuentan con un tratado bilateral de extradición, que contempla mecanismos de cooperación para atender solicitudes relacionadas con delitos como homicidio, tentativa de homicidio y robo con violencia, entre otros.

La detención de Navarrete pone nuevamente de manifiesto la importancia de los controles policiales en la frontera norte costarricense, especialmente en comunidades donde las autoridades mantienen operativos para identificar personas requeridas por la justicia.

Por ahora, el detenido permanece sujeto a las diligencias de las autoridades competentes, mientras se determina el procedimiento que corresponde aplicar ante el requerimiento internacional emitido por Nicaragua.

El magistrado Jorge Araya García continuará durante ocho años más en la Sala Constitucional de Costa Rica, conocida como Sala IV, después de que la Asamblea Legislativa no consiguiera los votos necesarios para impedir su reelección.

La decisión se tomó en una votación que evidenció las diferencias entre el oficialismo y los partidos de oposición sobre su permanencia en el Poder Judicial.

Aunque 29 diputados votaron contra su reelección y 24 respaldaron su continuidad, el resultado permitió que Araya García conservara su puesto hasta octubre de 2034, debido a que la Constitución Política exige una mayoría calificada para impedir la renovación del nombramiento de un magistrado.

En total, cuatro legisladores estuvieron ausentes durante la votación del expediente 25,801, correspondiente a la continuidad del funcionario como magistrado propietario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Los 29 votos contrarios provinieron de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que los 24 votos favorables fueron emitidos por diputados de oposición, entre ellos representantes del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

¿Por qué fue reelegido si la mayoría votó en contra?

La continuidad de Jorge Araya García responde a una disposición específica de la legislación costarricense.

El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por períodos de ocho años y se consideran reelegidos automáticamente por lapsos iguales, salvo que al menos dos terceras partes de los 57 diputados acuerden lo contrario.

Esto significa que, para impedir la reelección de Araya García, se necesitaban 38 votos en contra, una cantidad que el oficialismo no logró reunir.

Pese a contar con más votos contrarios que favorables, la propuesta para evitar su continuidad quedó nueve votos por debajo del mínimo constitucional.

Por esta razón, el magistrado conservará su cargo sin necesidad de realizar un nuevo proceso de elección.

La situación también muestra una particularidad del sistema de nombramientos judiciales costarricense: no basta con que la mayoría simple del Congreso se oponga a un magistrado para impedir su reelección. La decisión requiere un respaldo legislativo más amplio.

Este mecanismo busca dar estabilidad a los nombramientos judiciales y evitar que los cambios en las mayorías políticas del Congreso determinen automáticamente la permanencia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Araya García permanecerá en la Sala IV hasta 2034

Jorge Araya García ocupa el cargo de magistrado propietario de la Sala Constitucional desde noviembre de 2018, aunque su trayectoria dentro de ese tribunal comenzó en 2005, cuando empezó a desempeñarse como magistrado suplente.

El funcionario es doctor en Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional, y cuenta con formación especializada en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en Madrid, España.

Además, durante su carrera profesional se ha desempeñado como abogado, notario público, periodista, profesor universitario y catedrático.

El pasado 24 de septiembre, Araya García presentó formalmente ante la Asamblea Legislativa su solicitud para continuar en el puesto durante un nuevo período.

Su primer nombramiento como magistrado propietario vencía el 31 de octubre de 2026, por lo que la votación se realizó pocos días antes de que concluyera su período constitucional.

Con el resultado legislativo del miércoles, Araya García comenzará un segundo período consecutivo como magistrado propietario y permanecerá en la Sala Constitucional hasta octubre de 2034.

La decisión se produce en medio de otras discusiones sobre la continuidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la reelección de la magistrada Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera, cuyo nombramiento vence el 6 de noviembre de 2026.

De esta manera, el Congreso resolvió uno de los procesos de nombramientos judiciales que generó mayor confrontación entre el oficialismo y la oposición durante octubre, con un resultado que mantiene a Jorge Araya García en la Sala IV por ocho años más, pese al rechazo de la mayoría de diputados presentes en la votación.

El Congreso de Guatemala habilitó hasta el 3 de noviembre la presentación de tachas contra los 31 aspirantes que cumplieron los requisitos para elegir a los relatores titular y suplente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El proceso partió de 55 expedientes y determinará qué postulantes avanzarán a la siguiente etapa para ocupar los cargos del organismo encargado de prevenir la tortura y otros malos tratos en el país.

La verificación se basó en la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Decreto 40-2010, la Ley de Postulación y la convocatoria difundida el 9 de octubre.

La Comisión de Derechos Humanos del Legislativo revisó las candidaturas y detectó observaciones en 24 de ellas. Esos aspirantes podrán entregar aclaraciones el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, de 9:00 a 16:00, para intentar continuar en la selección.

La nómina de postulantes habilitados fue publicada en el Diario de Centro América. El aviso también abrió la posibilidad de cuestionar tanto a quienes superaron la revisión inicial como a quienes deben corregir aspectos de sus expedientes.

Los aspirantes habilitados para la siguiente etapa

Entre quienes continúan figuran Juan Carlos Humberto García Rosales, Lester Castellanos Rodas, Cecilia Araceli Méndez Chicas de Galiardo, Freddy Noé Orellana, Christian Giovanni Orellana Castillo, Jens Uve Hengstenberg García y Rita Magnolia Sandoval Rodríguez.

También permanecen en la contienda Karen Yanira Palma Recinos, Brian Iván Cruz Gómez, Dennis Waldemar Cisneros Torres, Xiomara Argentina Barillas Peláez, Pablo Adolfo Leal Olive, Javier Alejandro Posadas, William Alexander Matzar Reinoso y Eva Rocío Herrera Ramírez.

La lista incluye además a Jéssica Ivonne Jiménez Sandoval de Chávez, Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, Silvio Lucrecia Villalta Martínez, Jairo Gamaliel Cermeño Morán, José Fernando Roca Guinea, Sergio Enrique López Leal y Marlon Javier Juárez Mejicano.

Los restantes candidatos que superaron la verificación son Luis Fernando de León Lapará, Manuel Benigno de León Gil, Pablo Rodolfo Mazariegos Suhul, Milthon Fernando Santes Herrera, César Eduardo García Morán, Hilda Margarita Franco Hernández, Silvia Yolanda Arreola Izparía, Jenniffer Alejandra Aldana García y Silvia Violeta de León Santos de Miranda.

Las observaciones y el mecanismo para presentar tachas

Los expedientes que requieren aclaraciones corresponden a Jorge Manuel Antonio López Oliva, Vivian Gabriela Orellana Barahona, Franc Armando Martínez Ruiz, Elvis Darcy Zaso Pérez, Henry David Colaj de Mata, César Renato Santos Solorzano, Brayan Alexander López Roldán y Luis Fernando Noriega Gramajo.

El grupo también está integrado por Mynor Omar Xirum Sucuquí, Helmer Rolando Reyes García, Miguel David Menchú Romero, Carlos Doménico Ulbán López, Hugo René López Porón, Jonathan Efraín Hernández Fuentes, Luis Adolfo Chávez Pérez y Emilio Isaís Tzul Chamale.

Allan Nicholas Guzmán Barrios, Rainer José Hernández Calel, Mario Enrique Carrera, Erick Otoniel Sosa Cardona, Erick Alejandro de León Pérez, José Miguel Girón López, José Omar Paz Krosel y María Beatriz Gilardi Matus completan la relación de aspirantes con observaciones.

Las objeciones podrán presentarse el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, además del martes 3 de noviembre, entre las 9:00 y las 16:00. La recepción será en la sede de la Comisión de Derechos Humanos, situada en la 11 calle 8-14, zona 1 de la ciudad de Guatemala, edificio Tecún, oficina 53.

Cada tacha deberá entregarse por escrito, con fundamentos y documentos de respaldo, de acuerdo con el aviso del Congreso. Quien formule la objeción deberá consignar su nombre completo, número de Documento Personal de Identificación, firma y un lugar para recibir notificaciones.

Las tachas dirigidas contra los aspirantes con observaciones serán respondidas si sus aclaraciones reciben una resolución favorable.

En El Salvador, el acoso callejero persiste como una práctica cotidiana en calles y transporte colectivo que vulnera la seguridad de miles de mujeres, muchas de las cuales guardan silencio ante la falta de orientación sobre los procedimientos legales o por desconocimiento de las normativas vigentes que sancionan estas conductas.

La naturalización de tocamientos, persecuciones y expresiones verbales obscenas en el espacio público genera un entorno de indefensión, agravado por la desconfianza en la respuesta institucional y la escasez de denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

Frente a este escenario, el abogado salvadoreño Edward Alexander Benavides, brindó a Infobae los alcances, vacíos de la legislación penal nacional, los mecanismos de prueba disponibles y los desafíos procesales que enfrentan las víctimas al acudir a la sede judicial.

¿Bajo qué figuras legales se sanciona actualmente el acoso callejero en el país?

El acoso está regulado de forma general en el artículo 165 del Código Penal. Esta disposición abarca a quien realice una conducta sexual indeseada que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca.

La pena establecida va de tres a cinco años de prisión, pero si la acción se ejecuta contra una persona menor de 15 años, la sanción aumenta de cuatro a ocho años de cárcel, además de 100 a 200 días multa.

Por otro lado, existe la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que aborda los hechos delictivos cometidos contra la mujer por motivos de género, como las expresiones de violencia contempladas en el artículo 55.

¿Qué diferencia existe en la práctica entre un comentario verbal y una conducta constitutiva de delito penal?

Existe una línea compleja de carácter probatorio y social. En el ámbito legal, cualquier acto con connotación sexual no consentida califica como falta o delito según su gravedad.

Sin embargo, en el terreno de las palabras o ademanes en la vía pública, la valoración recae en el impacto sobre la persona receptora y en el criterio del juzgador.

Cuando una mujer presenta una denuncia, la declaración testimonial activa la intervención de las autoridades policiales, lo cual exige determinar con precisión la intencionalidad y el contexto de lo ocurrido para evitar decisiones arbitrarias.

Mecanismos de prueba frente a la falta de testigos

¿Cuáles son las herramientas probatorias para sustentar un caso si no existen testigos en la calle o en el transporte?

Los hechos que ocurren en el transporte público o en vehículos de plataformas particulares suelen carecer de personas dispuestas a declarar. En estos casos, la prueba fundamental es el peritaje psicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML).

Los especialistas determinan a través de evaluaciones técnicas la veracidad del testimonio y las afectaciones emocionales derivadas del hecho. La jurisprudencia reconoce la validez del testimonio de la víctima cuando está sustentado por este informe pericial.

¿Qué validez legal tienen las grabaciones de teléfonos celulares y cámaras de seguridad?

Las filmaciones captadas con dispositivos móviles o sistemas de videovigilancia poseen plena validez procesal. Cuando una persona sufre una agresión ilícita en la vía pública, la ley salvadoreña faculta el registro de los hechos para utilizarlos como elemento de cargo.

La Fiscalía General de la República puede solicitar judicialmente la extracción forense de datos telefónicos, imágenes o vídeos para robustecer el expediente acusatorio ante los tribunales.

Tiempos de respuesta y prevención

¿Qué tan expedita resulta la respuesta de las autoridades tras presentar una denuncia formal?

La recomendación técnica siempre es interponer la denuncia de manera directa en la sede fiscal para agilizar la apertura formal del expediente.

A pesar de esto, el sistema judicial salvadoreño presenta una saturación que extiende los tiempos de citación e investigación por meses o hasta un año, salvo en casos donde las víctimas son menores de edad, donde el aparato estatal actúa con mayor celeridad.

Los jueces tienen la potestad de emitir medidas cautelares de protección para prohibir el acercamiento del agresor a la denunciante mientras continúa el proceso.

¿Considera que el incremento de las penas erradicaría esta problemática en los espacios públicos?

El incremento de las condenas de cárcel no soluciona el origen del problema. La respuesta para transformar una sociedad con conductas machistas arraigadas radica en la educación ciudadana y en la prevención temprana, más que en el castigo penitenciario posterior.

Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal de Honduras introducen cambios en las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales, además de ampliar determinadas facultades de las autoridades durante las investigaciones.

Las disposiciones establecen penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de las organizaciones comprendidas en la normativa, de 20 a 30 años para colaboradores y de 40 años hasta prisión perpetua para cabecillas, dirigentes y financistas, según la conducta y las condiciones legales aplicables.

También se contemplan condenas de 30 a 40 años por elaborar o difundir determinados grafitis vinculados con el dominio territorial de estas estructuras, así como prisión perpetua por asesinar a miembros de los cuerpos de seguridad o del sector justicia por razón de su cargo.

En el ámbito procesal, los cambios permiten realizar determinados allanamientos sin autorización judicial previa en operaciones urgentes contra maras y pandillas, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Los plazos para presentar ante la autoridad judicial a personas detenidas en investigaciones por asociación terrorista, narcotráfico, secuestro y extorsión se amplían de 24 a 48 horas.

Las reformas también restringen las medidas sustitutivas de la prisión preventiva para imputados por asociación terrorista y contemplan su reclusión en módulos de alta o máxima seguridad.

Más control penitenciario

En los centros penitenciarios, se prevé crear una Fuerza Especial Penitenciaria, implementar registros biométricos para reclusos, visitantes, abogados y empleados, y establecer sanciones por el uso de drones para introducir o extraer objetos prohibidos.

Además, se autoriza la eliminación de grafitis asociados con maras y pandillas en propiedades públicas y privadas bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Por su parte, el abogado Alex Navas calificó las medidas cautelares como un asunto complejo, debido a sus implicaciones en los procesos penales y en las condiciones en que los imputados afrontan la justicia.

Las observaciones de los especialistas se centran en la necesidad de establecer límites claros para las actuaciones policiales, garantizar el control judicial y evitar que las nuevas facultades se apliquen fuera de los supuestos previstos por la ley.

Mientras que, el abogado penalista Germán Licona dijo a Infobae que el endurecimiento de las penas debe acompañarse de mayores capacidades institucionales para investigar los delitos y sostener las acusaciones ante los tribunales.

“Para que puedan sumar y tener mejores resultados, necesitamos que se fortalezcan las capacidades institucionales de quienes son responsables de aplicar la justicia en Honduras”, expresó.

Licona destacó la importancia de la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los órganos jurisdiccionales, así como la necesidad de contar con personal capacitado y recursos para desarrollar investigaciones sólidas.

Riesgos constitucionales

El abogado Joaquín Mejía cuestionó que el Congreso Nacional aprobara las reformas pese a las observaciones jurídicas formuladas por la Corte Suprema de Justicia.

A su juicio, ignorar advertencias sobre posibles incompatibilidades constitucionales debilita los mecanismos de control institucional. También alertó sobre el uso de tatuajes, signos y símbolos como indicios de pertenencia a organizaciones criminales.

Mejía recordó las detenciones realizadas durante la aplicación de políticas antimaras en 2003 y afirmó que, en los primeros nueve meses de aquella legislación, 1,072 personas sin vínculos con pandillas fueron detenidas por tener tatuajes y posteriormente liberadas.

El especialista advirtió que las nuevas facultades podrían afectar especialmente a las comunidades de menores recursos si los operativos se concentran en esos sectores.

“Usted no va a ver a policías y militares allanando viviendas en Lomas del Guijarro, por ejemplo. Las va a ver en los barrios populares, lo cual implica una criminalización y una discriminación de la pobreza”, afirmó.

El abogado penalista y especialista en derecho constitucional Luis Romero expresó a Infobae. la preocupación por los cambios relacionados con los horarios y las condiciones para ejecutar allanamientos.

Según su planteamiento, estas facultades deben examinarse frente a la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio.

A favor y en contra de las modificaciones

El diputado del Partido Nacional Eder Mejía respaldó las modificaciones y pidió a las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos que apliquen las nuevas disposiciones conforme a la ley.

“Con estos cambios penales que hemos hecho, fortalecemos las herramientas de justicia. El llamado es a los organismos de justicia para que actúen de acuerdo con las leyes”, afirmó.

El legislador sostuvo que la coordinación entre los operadores de justicia será determinante para ejecutar acciones contra las estructuras criminales.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región de Azuero la mañana de este jueves 29 de octubre, apenas dos días después de otro movimiento de 5.6 registrado cerca de Coiba.

Ambos forman parte de la secuencia de réplicas del terremoto de magnitud 7.5 que afectó Panamá el pasado 9 de octubre y que mantiene activa la vigilancia sísmica.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el nuevo temblor ocurrió a las 8:42 a.m., con epicentro localizado a 24 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

El evento tuvo una profundidad revisada de ocho kilómetros, característica de los movimientos superficiales que pueden sentirse con mayor intensidad en las comunidades cercanas.

La actividad se produjo después del sismo de magnitud 5.6 registrado el martes 27 de octubre, a las 10:26 a.m., cuyo epicentro fue ubicado a 20 kilómetros al noreste de Coiba, en Veraguas. Este movimiento ocurrió a ocho kilómetros de profundidad, dentro de la región donde continúa el reajuste de las fallas afectadas por el terremoto principal.

Los registros recientes muestran que la tierra continúa temblando diariamente en el sur del país, especialmente alrededor de Tonosí, Soná y Coiba. Entre los eventos del 28 de octubre aparecen magnitudes de 3.3 a 4.4, mientras que las profundidades más frecuentes se situaron entre cinco y 16 kilómetros, aunque también hubo movimientos en otras regiones.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó esta semana que las réplicas mantienen una tendencia general a disminuir en frecuencia y magnitud. Según el balance presentado el lunes 26 de octubre, se contabilizaron 36 movimientos el viernes 23, otros 36 el sábado 24 y 29 el domingo 25, equivalentes a unos 34 eventos diarios durante esas tres jornadas.

Una actualización divulgada el 28 de octubre elevó a 1,154 las réplicas localizadas desde el terremoto, de las cuales 30 correspondieron a las últimas 24 horas examinadas. Aunque la frecuencia general ha disminuido, la aparición de movimientos superiores a magnitud 5 demuestra que la secuencia sísmica continúa activa y requiere seguimiento.

Las réplicas son movimientos que ocurren después de un terremoto principal, cuando las rocas y fallas cercanas comienzan a redistribuir las tensiones acumuladas. En eventos de gran magnitud, como el registrado en Azuero, la energía liberada modifica una extensa zona de la corteza terrestre, provocando numerosos temblores posteriores.

Por esa razón, un terremoto fuerte puede generar cientos o miles de réplicas, distribuidas durante semanas, meses o incluso períodos más prolongados. Aunque normalmente disminuyen con el tiempo, pueden presentarse episodios de mayor intensidad, sin que esto signifique necesariamente que esté comenzando otro terremoto de gran magnitud.

El evento principal ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 p.m., con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de cuatro kilómetros. El movimiento fue percibido en gran parte de Panamá, además de Costa Rica y Colombia, y provocó importantes afectaciones en comunidades del interior del país.

Durante las primeras horas se registraron más de 55 réplicas, incluida una de magnitud 6.9, lo que evidenció la intensidad de la secuencia. La actividad posterior se ha concentrado en distintos sectores de Azuero y sus alrededores, mientras los especialistas continúan evaluando la evolución de los movimientos y su distribución geográfica.

El impacto del terremoto también continúa reflejándose en las evaluaciones oficiales de daños realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil. Con corte al 26 de octubre, se habían inspeccionado 13,681 viviendas y registrado 44,885 personas mediante los equipos de evaluación, además de 27 lesionados y dos fallecidos.

El mismo balance contabilizó 619 centros educativos con afectaciones reportadas y 120 instalaciones de salud afectadas. También se mantenían 152 albergues con 5,642 personas alojadas, mientras las autoridades desarrollaban labores de asistencia y recuperación en las comunidades, en medio de una actividad sísmica que todavía no ha concluido.

Un acuerdo económico entre las víctimas de un accidente y el responsable ya no permitiría cerrar el proceso penal cuando el hecho haya sido causado por conducción peligrosa, según las reformas enviadas el 14 de octubre de 2026 a la Asamblea Legislativa.

La propuesta modifica la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código Penal y el Código Procesal Penal. En entrevista radial El corre corre, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que las familias podrían recibir una compensación, pero el caso continuaría ante la justicia.

Actualmente, la conciliación puede aplicarse en casos de homicidio culposo, cuando una muerte ocurre sin intención. Si las partes llegan a un acuerdo económico, el proceso penal puede extinguirse.

Con la reforma, ese mecanismo no cerraría expedientes vinculados con conducción peligrosa. El juez podría ordenar una reparación económica para las víctimas o sus familias, además de resolver las consecuencias penales que correspondan.

Reyes afirmó que esa restricción ya existe para accidentes provocados por alcohol, drogas o carreras clandestinas. El proyecto añadiría la conducción sin licencia como supuesto de conducción peligrosa para los vehículos incluidos en la reforma.

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil podrían iniciar diligencias de oficio en esos casos. La investigación no dependería de que las víctimas o sus familiares presenten una denuncia.

Propietarios deberán verificar licencias y mantenimiento

Las propuestas de reformas también proponen crear un delito para el propietario que entregue, con conocimiento, un vehículo de carga o de transporte colectivo a una persona sin licencia de conducir.

La pena planteada sería de 10 a 15 años de prisión. Reyes recalcó que el proyecto aún no ha sido aprobado y permanece bajo discusión en la Asamblea Legislativa.

El delito se configuraría si un dueño sabe que una persona no posee licencia y aun así le entrega un camión, un autobús o un microbús para conducirlo.

El supuesto sería distinto si el conductor engaña al propietario con una licencia falsa. Reyes dijo que, en ese caso, el dueño tendría que demostrar que recibió documentación y tenía motivos para creer que era válida.

La reforma busca que los propietarios comprueben quién manejará sus unidades. “Yo no le puedo dar el camión a alguien que no tenga licencia”, afirmó el viceministro.

Reyes comparó la entrega de un vehículo pesado a una persona sin habilitación con facilitar un arma a alguien que no cuenta con permiso, por los riesgos que puede representar para peatones, pasajeros y otros conductores.

El propietario también deberá responder por el mantenimiento de la unidad. Esa obligación comprende neumáticos, frenos, luces, sistema eléctrico, conos, extintores y otras condiciones necesarias para circular.

El funcionario sostuvo que fallas como las llantas lisas corresponden al dueño del vehículo y no a un conductor contratado para un viaje. Esa distribución de responsabilidades, según dijo, ya había sido modificada en reformas anteriores.

Si el conductor es, a la vez, propietario del camión, ambas responsabilidades coinciden. Reyes añadió que un chofer profesional debe revisar la unidad y negarse a operarla si detecta deficiencias que comprometen la seguridad.

Revisiones técnicas y decomisos por fallas de seguridad

El transporte de carga deberá pasar una revisión técnica vehicular para renovar cada año la tarjeta de circulación. La inspección verificará llantas, frenos, luces, sistema eléctrico, asientos y cinturones.

La tarjeta vigente funcionará como constancia de que la unidad superó esa revisión. Reyes dijo que el control permitirá verificar si el vehículo sigue apto para circular.

El proyecto contempla decomisar vehículos que no tengan tarjeta de circulación vigente. El viceministro diferenció ese supuesto de olvidar el documento en casa: la medida aplicaría cuando esté vencida o no exista.

Las llantas lisas y las fallas en luces delanteras, traseras o direccionales también podrían llevar al decomiso. Una avería menor que pueda corregirse de inmediato no tendría necesariamente esa consecuencia.

La Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte tendrían facultades para realizar esos procedimientos. Los vehículos serían trasladados a predios de una de esas instituciones.

Para recuperar la unidad, el propietario deberá pagar las multas y corregir la falla detectada. Si el problema son los neumáticos deteriorados, deberá reemplazarlos antes de retirar el vehículo.

Reyes negó que las reformas contemplen cobros por grúa o por el tiempo de permanencia en un predio.

Las reformas alcanzan a carga pesada, autobuses y microbuses

La primera fase de las medidas no abarca vehículos particulares. El proyecto se enfoca en el transporte colectivo y en las unidades de carga con capacidad desde ocho toneladas.

El alcance incluye autobuses con placas AB, microbuses con placas MB, camiones de carga pesada y rastras que realizan transporte internacional.

Las camionetas ligeras, los pickups y los vehículos pequeños de reparto no quedarían incluidos en esta etapa. Reyes señaló que el ordenamiento del parque vehicular se realizará por bloques.

El viceministro sostuvo que se priorizó el transporte de carga y pasajeros por los accidentes registrados en las últimas semanas. El objetivo, añadió, es avanzar después sobre otros tipos de vehículos.

Ante la llegada de la temporada de fin de año, los dueños de perros deben reforzar las medidas de prevención frente a enfermedades como el parvovirus y el distemper, también llamado moquillo.

Melvyn Rogel, director general del Hospital Veterinario Chivo Pets, explicó en una entrevista en Diálogo que los cambios de clima y las corrientes de viento favorecen la circulación de patógenos que pueden afectar a las mascotas.

Rogel recomendó a los propietarios revisar el esquema de vacunación de sus animales, sobre todo si tienen cachorros o si se acerca la fecha de una dosis de refuerzo. Sostuvo que la prevención es la principal herramienta ante enfermedades que suelen presentar una mayor presencia entre finales de diciembre, enero y febrero.

“Si tenemos cachorros o estamos próximos a aplicar la vacuna de refuerzo, lo hagamos”, afirmó el director. También pidió mantener la desparasitación al día, pues esa medida forma parte del cuidado preventivo de perros y gatos.

Rogel señaló que El Salvador registró el año anterior una alta presencia de panleucopenia felina, una enfermedad que ataca el sistema inmunológico de los gatos y que puede ser mortal. El director comparó esa afección con un tipo de parvovirus que afecta a los felinos.

Alertan contra la automedicación de mascotas

El director general del Hospital Veterinario Chivo Pets identificó la automedicación como uno de los errores más graves de los propietarios cuando un perro o un gato presenta fiebre, decaimiento u otros síntomas. Según relató, algunas personas administran fármacos de uso humano antes de buscar una valoración profesional.

Rogel mencionó el acetaminofén y el ibuprofeno entre los medicamentos que pueden causar intoxicaciones severas en animales. Explicó que esos productos son altamente tóxicos para perros y gatos, con efectos que pueden ser más graves que la condición que se pretendía atender.

“Es más fácil que se muera porque le diste un acetaminofén a que se muera por lo que en verdad tenía”, afirmó Rogel. El funcionario pidió no suministrar tratamientos por cuenta propia y acudir a un veterinario para determinar la causa de los síntomas.

El director explicó que el hospital recibe pacientes con insuficiencia hepática después de que sus dueños les han dado medicamentos destinados a humanos. Aseguró que estos cuadros pueden avanzar con rapidez y causar la muerte.

“Destruyen el hígado y terminan muriendo en pocas horas, 24, 48, 72 horas, por haber brindado una pastilla de este tipo”, expresó. Rogel subrayó que perros y gatos no deben ser tratados como niños al momento de medicarlos.

Chivo Pets supera los seis millones de servicios

El Hospital Veterinario ha brindado más de seis millones de servicios desde su inauguración, en febrero de 2022. Rogel indicó que, durante sus casi cinco años de funcionamiento, el centro ha ampliado sus prestaciones a partir de las necesidades médicas que detecta entre los pacientes.

El hospital ofrece consultas, atención de emergencias, cirugías, rehabilitación y hospitalización para animales en condición crítica. Rogel añadió que también se han desarrollado áreas como ortopedia, cardiología y oncología debido a la demanda de tratamientos especializados.

El centro dispone de análisis de sangre, ultrasonografías y radiografías. Según planteó Rogel, reunir estos servicios en un solo lugar permite que las familias no tengan que trasladarse a distintos establecimientos para completar estudios y tratamientos.

De acuerdo con los datos mencionados durante el programa, los perros representan cerca del 70% de los servicios y los gatos, alrededor del 25%. El resto corresponde a animales que el hospital clasifica como mascotas no convencionales.

Rogel mencionó entre estas especies a conejos, tortugas, hámsters, iguanas, burros, gallos y gallinas. También destacó que cada servicio tiene un costo de $ 0.25, una tarifa que, según afirmó, facilita el acceso de las familias a la atención veterinaria.

Chivo Pets realiza entre 60 y 80 operaciones diarias

El recinto cuenta con cuatro quirófanos que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana. Rogel aseguró que estas áreas mantienen una actividad constante por la cantidad de procedimientos que recibe el centro.

El director estimó que el hospital realiza entre 60 y 80 procedimientos quirúrgicos diarios. Las intervenciones se dividen entre cirugías electivas, como castraciones y esterilizaciones en animales sanos, y operaciones de emergencia para pacientes que requieren atención inmediata.

Entre los casos de emergencia, Rogel mencionó a animales atropellados, con fracturas o traumatismos. En esas situaciones, explicó, los pacientes pueden requerir la intervención de un especialista en ortopedia.

El funcionario también se refirió a la piómetra, una infección uterina que afecta a perras y que puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Señaló que el uso de inyecciones para impedir que una mascota entre en celo puede favorecer la aparición de esa condición.

“Es el error más grave que uno puede cometer con su mascota”, afirmó Rogel sobre esa práctica. Según explicó, las cirugías por piómetra figuran entre las emergencias que recibe el hospital.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala presentó el Estudio semidetallado de los Suelos del Departamento de Guatemala, una herramienta científica orientada a aprovechar el potencial productivo del territorio, conservar los recursos naturales y respaldar decisiones para un desarrollo agropecuario y forestal más sostenible y resiliente.

La investigación fue elaborada a escala de 1:50.000, un nivel de detalle que amplía la información disponible sobre los suelos del departamento. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) indicó que sus resultados servirán tanto a productores como a instituciones vinculadas con el desarrollo rural.

El estudio reúne información técnica obtenida mediante el análisis de los suelos y la presenta junto con mapas que permiten reconocer sus características, su capacidad de uso y su vocación. Esa combinación busca identificar cuáles son las actividades productivas más adecuadas para cada área y orientar prácticas agrícolas sostenibles.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila, encabezó el acto de presentación y definió la publicación como un avance en la generación de conocimiento científico y técnico para el país. El material queda a disposición de quienes intervienen en la producción, la planificación y el manejo del territorio.

La herramienta puede utilizarse en decisiones públicas y privadas, incluidas las que se toman directamente en las parcelas agrícolas. Durante la presentación se remarcó que el estudio permite adoptar “mejores decisiones no solo a nivel público, sino también privado”.

Mapas para productores, técnicos y gobiernos locales

Los mapas digitalizados permiten consultar las condiciones de los suelos y su potencial de aprovechamiento productivo. La información está dirigida principalmente a técnicos e instituciones, aunque también puede ser utilizada por productores y productoras para evaluar las características de sus parcelas.

El MAGA señaló que los datos pueden contribuir al diseño de políticas públicas guiadas por criterios científicos. La información sobre capacidad de uso y vocación del suelo también puede respaldar decisiones sobre actividades agrícolas, forestales y de conservación de recursos naturales.

Las instituciones públicas, los gobiernos locales, los investigadores y los técnicos figuran entre los usuarios potenciales de esta publicación. Para esos sectores, el estudio puede funcionar como un insumo para la planificación territorial y para definir acciones relacionadas con el manejo responsable del suelo, el agua y otros recursos necesarios para la producción.

La disponibilidad de datos técnicos confiables busca facilitar la toma de decisiones en distintos niveles. El enfoque incluye el desarrollo agropecuario y forestal, pero también la protección de los recursos naturales que sostienen esas actividades.

Uno de los usos mencionados para la información es el programa de suelos de Agua para el Futuro. La iniciativa fue señalada como una aplicación concreta del conocimiento generado por el estudio del departamento de Guatemala.

Acceso público y estudios en otros departamentos

El estudio puede ser consultado por cualquier persona interesada a través del Geoportal del MAGA, en la dirección geoportal.maga.gob.gt. Allí también están disponibles los mapas digitalizados para su uso y consulta.

La plataforma concentra la información geográfica que permite acceder a los resultados del análisis sin limitar su utilización a instituciones estatales. Productores, gobiernos locales, técnicos e investigadores pueden recurrir a los mapas para conocer las posibilidades y restricciones de los suelos analizados.

El ministerio sostuvo que invertir en conocimiento sobre los suelos permite mejorar la adaptación al cambio climático y fortalecer la resiliencia de las actividades productivas. El objetivo es que las decisiones sobre el uso del territorio cuenten con una base científica vinculada a las condiciones de cada área.

El trabajo presentado se concentra en el departamento de Guatemala, pero las autoridades informaron que también se desarrollan estudios de suelos en otros departamentos del país.

La atención de SeNaSa por cáncer de mama alcanzó a afiliados de las 32 provincias de República Dominicana entre enero y agosto de 2026. El Seguro Nacional de Salud registró a 12,752 mujeres y 436 hombres con diagnósticos asociados a esta enfermedad.

En conjunto, los usuarios requirieron 864,149 servicios de salud. Las autorizaciones para estas prestaciones ascendieron a RD 2,049.4 millones (USD 32.7904 millones), según los datos difundidos por la entidad en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

La cobertura incluyó a 13,188 personas afiliadas. Santo Domingo y el Distrito Nacional concentraron la mayor proporción de usuarios atendidos por diagnósticos vinculados con la enfermedad.

Más del 80% de las mujeres atendidas tenía 40 años o más

Los registros de SeNaSa muestran que más del 80% de las usuarias que recibió atención tenía 40 años o más. Casi seis de cada diez mujeres se encontraba entre los 45 y los 69 años.

La distribución por edades respalda el llamado a sostener chequeos periódicos y una detección oportuna desde la adultez. La identificación temprana de la enfermedad puede mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento.

El Seguro Nacional de Salud exhortó a sus afiliados a realizarse los estudios de detección correspondientes y a consultar con su prestador de salud. Entre las prácticas recomendadas figuran el autoexamen, la mamografía y la evaluación médica periódica.

El llamado incluye a toda la población afiliada. Aunque el cáncer de mama se diagnostica con mayor frecuencia entre las mujeres, los datos de la institución también reflejan atención a hombres.

El Régimen Subsidiado reunió al 69% de los usuarios

El Régimen Subsidiado concentró 9,103 afiliados atendidos, equivalentes al 69% del total. Este grupo representó el 64.1% del valor autorizado para los servicios asociados a estos diagnósticos.

El monto autorizado para esa cobertura fue de RD 1,314 millones (USD 21.024 millones). El Régimen Contributivo reunió a 3,541 afiliados, mientras que el resto correspondió a los planes de pensionados y jubilados.

La mayor concentración territorial se registró en Santo Domingo, con el 23.5% de los usuarios, y en el Distrito Nacional, con el 23.0%. Ambas demarcaciones reunieron el 46.5% de las personas atendidas.

Santiago de los Caballeros concentró el 8.2% de los afiliados. San Cristóbal reunió el 5.9%, mientras que San Pedro de Macorís representó el 3.9%.

Las cinco provincias agruparon el 64.4% de los usuarios y el 68.8% de los servicios demandados. SeNaSa indicó que esa distribución guarda relación con la presencia territorial de su población afiliada.

Los hombres requirieron 13,336 servicios vinculados con la enfermedad

Los 436 hombres atendidos representaron el 3.3% del total de afiliados registrados por diagnósticos asociados al cáncer de mama. Este grupo requirió 13,336 servicios de salud, con un valor autorizado de RD 17.8 millones (USD 0.2848 millones).

SeNaSa recordó que el cáncer de mama también puede afectar a los hombres. Por ese motivo, pidió a los afiliados prestar atención a cualquier cambio en la salud mamaria y acudir de forma oportuna a una consulta médica.

La entidad sostuvo que detrás de cada atención hay una persona y una familia. Por ello, insistió en que los controles preventivos y la evaluación médica formen parte de los cuidados habituales de salud.

El recuento del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualizado hasta el 23 de octubre, registra a 20 indígenas y habitantes de la Costa Caribe encarcelados por motivos políticos en Nicaragua. Entre ellos figuran autoridades comunitarias, guardabosques y defensores territoriales.

La concentración de detenciones entre los pueblos originarios de la Costa Caribe representa el 27.8% de las 72 personas registradas como presas políticas. Según Diario La Prensa, las organizaciones indígenas vinculan estos arrestos con la disputa por las tierras comunales, los recursos naturales y la autonomía de la región.

Mayangna Sauni As concentra 11 de los casos documentados

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) señaló que 11 de las personas encarceladas pertenecen al territorio Mayangna Sauni As, situado en el área de la Reserva de Biosfera de Bosawas.

La organización añadió que al menos dos casos más no fueron incluidos en el registro público porque sus familias optaron por guardar silencio. Para el GREX, ese contexto favorece la inmovilización de las comunidades ante las denuncias por invasiones y despojos territoriales.

“El alto número de prisioneros originarios del Caribe muestra la ofensiva por la desarticulación y el control social de las poblaciones indígenas de la Costa Caribe”, sostuvo el GREX, según recogió Diario La Prensa.

El grupo afirmó que la presión sobre las comunidades no se limita a las detenciones. También busca restringir la capacidad de sus integrantes para reclamar derechos colectivos y cuestionar las actividades que afectan a sus territorios.

La defensa de las tierras indígenas alcanza a autoridades y guardabosques

El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) describió la represión en la Costa Caribe como parte de una disputa histórica por el control político de la zona, sus tierras, recursos naturales y formas de gobierno autónomo.

El organismo señaló que la visión centralista ha tratado a la región como un espacio disponible para la explotación, sin reconocer los derechos históricos de los pueblos que habitan allí ni la existencia de tierras de propiedad comunal y autoridades propias.

Las actividades extractivas y los intereses económicos sobre esos territorios, indicó OPIA, han profundizado los conflictos con las comunidades que defienden sus derechos frente a las invasiones de tierras indígenas.

La entidad sostuvo que no existe un único perfil entre las personas perseguidas. Los arrestos alcanzan a quienes participan en la protección territorial, ejercen cargos comunitarios o denuncian afectaciones contra las propiedades comunales.

“Encontramos guardabosques, autoridades comunales, defensores territoriales y hasta un asesor presidencial”, indicó OPIA al referirse al caso de Steadman Fagoth, detenido después de denunciar invasiones de tierras indígenas mientras ocupaba ese cargo.

Para el observatorio, ese caso muestra que la persecución trasciende la militancia partidaria. También alcanza a quienes desarrollan tareas de protección ambiental, defensa territorial o representación comunitaria.

El encarcelamiento de dirigentes debilita la representación indígena

OPIA también vinculó la situación con el debilitamiento de la organización política indígena independiente en la Costa Caribe. La entidad recordó la trayectoria de resistencia regional frente a decisiones impuestas desde el poder central.

En ese análisis, mencionó a Yatama como una de las expresiones políticas con mayor capacidad de convocatoria y competencia electoral en la región durante décadas.

La cancelación de esa organización y el encarcelamiento de sus dirigentes, según el observatorio, redujeron los espacios de representación política de los pueblos indígenas dentro de la Costa Caribe.

Un directivo de OPIA consideró que la situación afecta la posibilidad de que las comunidades participen en las decisiones sobre sus tierras, sus recursos y el ejercicio de la autonomía regional.

El organismo advirtió que los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes pierden efectividad cuando no existen condiciones para que las comunidades puedan administrar sus territorios y decidir sobre sus recursos sin presiones.

Siete personas vinculadas con Brooklyn Rivera continúan detenidas

El GREX manifestó preocupación por la situación de siete familiares y allegados del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia del régimen. Esas personas fueron arrestadas cuando intentaban reclamar su cuerpo, de acuerdo con el análisis de la organización.

El grupo consideró que las detenciones funcionaron como una advertencia para las poblaciones miskitas y reforzaron el silencio frente a los abusos denunciados en la región.

OPIA afirmó que impedir que Rivera fuera despedido y sepultado en su territorio afectó tanto a su familia como a la memoria colectiva del pueblo miskito, debido a su trayectoria dentro del movimiento autonómico.

La organización sostuvo que ese episodio se inserta en un deterioro de las garantías para el ejercicio de la autonomía y la preservación de las estructuras propias de las comunidades indígenas.

El recuento alerta por desapariciones y condiciones de encierro

La actualización del mecanismo registró a 33 personas en condición de desaparición forzada, sin información oficial verificable sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su detención.

El registro también incluye a 16 adultos mayores, de los cuales ocho permanecen desaparecidos, y a dos menores de edad entre las personas encarceladas por razones políticas.

El mecanismo advirtió sobre enfermedades graves, restricciones para acceder a atención médica, alimentos en mal estado, agua no apta para el consumo, aislamiento y castigos en los centros de detención.

La entidad exigió la excarcelación inmediata de todas las personas presas políticas, pruebas de vida para quienes permanecen desaparecidas y medidas que protejan su salud e integridad.

El documento aclara que el registro corresponde a los casos que pudieron ser identificados. Por esa razón, no establece que la lista refleje la totalidad de las detenciones por razones políticas en Nicaragua.