El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió este martes prolongar hasta 2028 el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, el mecanismo creado para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país. La resolución obtuvo 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.

La decisión mantiene durante otros dos años un equipo de expertos encargado de recopilar información, establecer responsabilidades y presentar sus conclusiones ante el Consejo. La misión fue creada en septiembre de 2019 para investigar las violaciones cometidas desde 2014 y ya había recibido una extensión anterior que llevaba su mandato hasta octubre de 2026.

La nueva resolución deberá permitir que los investigadores presenten informes durante las sesiones del Consejo previstas para 2027 y 2028. Actualmente, el grupo está integrado por Sofía Macher, de Perú, Alex Neve, de Canadá, y María Eloísa Quintero, vinculada a Argentina y México.

La renovación se produjo pocos días después de que la misión presentara una evaluación sobre la situación venezolana en la que advirtió que, aunque se produjeron algunos cambios después de la captura de Nicolás Maduro, las estructuras utilizadas para ejercer la represión permanecen en funcionamiento.

El documento aprobado por el Consejo reconoce algunos avances recientes, especialmente la reanudación de la cooperación y el diálogo entre las autoridades venezolanas y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, mantiene la preocupación por la continuidad de violaciones graves y por las debilidades del Estado de derecho.

Entre los principales reclamos figuran la falta de independencia judicial, las restricciones al espacio cívico y las limitaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión. La resolución también solicita la liberación “inmediata e incondicional” de quienes permanezcan encarcelados de manera arbitraria.

Caracas rechazó la prolongación del mecanismo antes de la votación. Su delegación sostuvo que los mecanismos de supervisión establecidos sin autorización del Estado deberían ser sustituidos y afirmó que “ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido”.

La representación venezolana también reclamó que cualquier futura renovación contemple una salida definida. “Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática”, sostuvo.

La represión y las estructuras que permanecen activas

La misión documentó una disminución de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas después del 3 de enero, fecha del operativo estadounidense que terminó con la captura de Maduro. También registró la liberación de cientos de presos políticos y un mayor margen para las manifestaciones y reuniones públicas.

Pero los expertos señalaron que esos cambios no estuvieron acompañados por reformas capaces de modificar las estructuras que permitieron los abusos. Las fuerzas de seguridad conservaron prácticas y organización similares, mientras continúan vigentes normas utilizadas para perseguir la disidencia.

La investigación identificó 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero. Entre las prácticas documentadas aparecen malos tratos en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, además de condiciones de encarcelamiento caracterizadas por falta de agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica.

Las organizaciones civiles contabilizaron al menos 214 detenciones arbitrarias por razones políticas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La misión identificó además arrestos breves utilizados para intimidar a activistas, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil. Sus estimaciones indican que todavía podrían permanecer detenidas entre 379 y 500 personas por motivos políticos.

El informe también analizó el papel de los llamados colectivos, grupos civiles armados que, según los investigadores, mantienen vínculos con organismos estatales y fuerzas de seguridad. La misión encontró indicios de apoyo político, financiación, equipamiento y coordinación operativa, además de su participación en vigilancia, inteligencia y acciones contra manifestantes y opositores.

Sofía Macher afirmó que la disminución de algunas de las formas más graves de represión “de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”. La experta reclamó desmontar las estructuras represivas, garantizar la independencia judicial y avanzar hacia mecanismos de justicia centrados en las víctimas.

María Eloísa Quintero pidió además “medidas decisivas hacia la rendición de cuentas” y un proceso de justicia transicional. Entre sus recomendaciones incluyó que Venezuela vuelva al Estatuto de Roma y coopere con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales.

La misión también señaló que la crisis venezolana continúa teniendo consecuencias fuera del país. La resolución de Naciones Unidas recordó que millones de personas abandonaron Venezuela durante la prolongada crisis humanitaria y reconoció los esfuerzos de los países de la región que continúan recibiendo a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señala que cuatro reclusos de 60 años o más fallecieron bajo custodia del Estado entre el 19 y 30 de septiembre.

“En apenas 12 días, entre el 19 y el 30 de septiembre, al menos cuatro personas de 60 años o más murieron bajo custodia, en un contexto en el que más de 60 personas privadas de libertad han fallecido desde abril”, denuncia el OVP en su más reciente informe.

La ONG destaca en particular el caso de Hermes Carrero, de 63 años, quien murió de un infarto en un celda del Internado Judicial del estado Barinas (Injuba), cinco días después de que se realizara en ese recinto una jornada de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

“La cercanía entre ambos hechos obliga a preguntarse qué se está verificando realmente durante estas visitas. ¿Se revisó la situación de salud de los presos? ¿Se identificó a las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas? ¿Se revisaron historias médicas? ¿Se preguntó quién necesitaba medicamentos, atención especializada o un traslado hospitalario? ¿Cuál era el estado de salud de Hermes cuando esa comisión estuvo en INJUBA?”, interpela el OVP.

Subrayan que “una verdadera supervisión penitenciaria no consiste en recorrer instalaciones frente a una cámara, tomarse fotografías y luego difundirlas como evidencia del funcionamiento del sistema. Implica entrar a las áreas de reclusión, escuchar a los presos, revisar sus condiciones de vida e identificar a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.

Casos especiales

Una investigación previa del OVP determinó que unas 7 mil 414 personas están presas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), de las cuales 181 son mayores de 65 años. Acotan que estos ciudadanos están “sometidos incluso a permanencias prolongadas en espacios concebidos para detenciones preventivas y no para funcionar como cárceles”.

“Mantener a una persona de edad avanzada en prisión sin evaluar individualmente su estado de salud, sus necesidades médicas y su situación jurídica puede incrementar los riesgos que enfrenta durante la reclusión”, expone la ONG, tras recordar que la propia legislación venezolana así como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, “reconoce el derecho de las personas mayores privadas de libertad a recibir un trato acorde con sus necesidades específicas y contempla la promoción de medidas alternativas a la privación de libertad cuando corresponda”.

El OVP enfatiza: “Sin médicos ni medicinas, el drama de los adultos mayores que mueren en el olvido carcelario expone una realidad que no puede seguir normalizándose. Cuando la edad, las enfermedades y la falta de atención médica se encuentran con un sistema penitenciario incapaz de garantizar una respuesta oportuna, la privación de libertad se convierte, en los hechos, en una pena de muerte”.

La Ley contra el Odio tiene un doliente de peso. Mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez solicita la reforma del instrumento tras admitir que se cometieron abusos en su aplicación, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que en su momento fue “una necesidad” que habría funcionado para “frenar mucho desvarío de alguna gente”.

“Ojalá no hubiese necesidad de una Ley contra el Odio, eso sería extraordinario, significa que vamos avanzando”, declaró Cabello este lunes 5 de octubre en su condición de secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El titular de Interior enfatizó que esa “ley en un momento dado fue una necesidad, más allá, como dijo nuestra presidenta, del uso que se le puede haber dado en alguna circunstancia (...). Todo tiene su momento”.

El Parlamento de mayoría chavista instaló una comisión que se encargará de reformar la norma, atendiendo el requerimiento de Delcy Rodríguez. “Estamos de acuerdo en trabajar con mucha responsabilidad en un instrumento con un perfil más propositivo, más educativo, preventivo sobre todo, que podamos erradicar definitivamente la apología al odio, la violencia en la política, la intolerancia”, expresó el chavista Pedro Infante, jefe de esta instancia y vicepresidente de la Cámara.

En teoría, la modificación apunta a despenalizar el texto, que en la actualidad impone castigos hasta de 20 años de prisión. Además, entre sus sanciones incluye la revocatoria de las concesiones a los medios radioeléctricos, el bloqueo de portales web y la proscripción de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Derogatoria

Defensores de Derechos Humanos, tanto dentro como fuera del país, y dirigentes opositores han exigido la derogatoria de la Ley contra el Odio, denunciando que el instrumento solo ha sido utilizado para perseguir a la disidencia.

“Desde la entrada en vigencia de la ‘Ley Contra el Odio’ en 2017, según nuestros registros, a 927 personas se les imputó el delito de ‘instigación al odio’, a veces en conjunto con otros delitos. Seis siguen privadas de su libertad y 638 siguen sujetas a medidas cautelares”, expuso Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.

Cecodap -ONG que defiende y promueve los derechos de la población infantil y adolescente- detalló que “118 adolescentes enfrentaron imputaciones por delitos previstos en la Ley contra el Odio. En estos casos hubo adolescentes sometidos a angustia, incertidumbre y violencia por hechos cuya responsabilidad penal no fue demostrada”.

“Si queremos hablar de convivencia pacífica y tolerancia, debemos comenzar por algo elemental: la convivencia no puede construirse presumiendo la culpabilidad del otro, y mucho menos cuando se trata de un adolescente”, manifestó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

La ONG Espacio Público aseguró que la norma reivindicada por Cabello “también ha contribuido a esquemas de extorsión y produce un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye en sí mismo una violación de derechos”.

El Colegio de Médicos del estado Zulia advirtió sobre el impacto que tiene en el sistema de salud los constantes y extensos apagones que sufre el estado más poblado del país.

“Los cortes de 12 horas diarias destruyen medicamentos e insumos biológicos. Exigimos habilitar centros de acopio para el resguardo de insumos críticos, pertenecientes a pacientes vulnerables que no disponen de recursos propios para mantener el enfriamiento de medicamentos, como insulina y otros insumos biológicos”, declaró la presidenta de la organización gremial, Dianela Parra.

Parra enfatizó que “sin luz, no hay salud”. “Hay pacientes que dependen exclusivamente de la energía eléctrica porque tiene que disponer de un equipo. Es responsabilidad del gobierno todo lo que ocurre con los pacientes por falta de insumos, de equipos, porque no tienen como garantizar la conservación de sus medicamentos”, subrayó.

Indicó que “someter a la población a prolongadas interrupciones del servicio eléctrico bajo las extremas condiciones climáticas de Maracaibo y del estado Zulia, impone una carga psicológica insostenible”. Fronteriza con Colombia, rica en petróleo y famosa por sus altas temperaturas, en la región la sensación térmica puede llegar hasta los 40 grados centígrados.

Más vatios

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó este lunes 5 de octubre desde el estado Zulia la incorporación de 150 megavatios al sistema eléctrico nacional.

“Hemos puesto en funcionamiento la unidad de generación Termozulia 5. Esto es parte del plan que se anunció en días pasados y con ello se están incorporando 150 megavatios al sistema eléctrico nacional, con una incidencia directa en la región zuliana”, detalló el funcionario.

En un inusual mensaje a la nación difundido la semana pasada junto con el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Alcalá dio cuenta de una serie de obras que vienen desarrollando para sumar en el corto plazo 1.300 megavatios a la red del país.

Venezuela arrastra desde hace más de una década una severa crisis en el servicio de electricidad. Durante sus nueve meses de gestión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha lanzado dos planes de ahorro eléctrico que básicamente se reducen a la aplicación de un racionamiento que deja a oscuras por horas a casi todo el país, con excepción de Caracas.

Originalmente el régimen chavista culpaba de la debacle del sistema eléctrico a los fenómenos climatológicos y a supuestos ataques de Estados Unidos. Reconciliado con Washington, ahora mantiene entre las razones el impacto del calentamiento global, pero ya no habla de sabotajes sino del aumento de la demanda por el crecimiento de la economía y los efectos del doblete sísmico del 24 de junio.

En contraste, los expertos afirman que los constantes apagones son producto de la falta de planificación y mantenimiento, la ineficiencia de las autoridades y los milmillonarios escándalos de corrupción en proyectos que se presupuestaron, pero jamás se culminaron.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, instaló este lunes una comisión para reformar la ley contra el odio, criticada como un instrumento de persecución contra opositores y cuya derogación piden varias ONG.

En una declaración a medios, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, informó sobre la instalación de esta “comisión especial”, integrada por 11 diputados, luego de que la mandataria encargada Delcy Rodríguez solicitara la pasada semana a su hermano y presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de esta ley.

Asimismo, detalló que se estableció una agenda de trabajo para elaborar el proyecto de reforma de esta ley, que luego se remitirá al Tribunal Supremo de Justicia para que lo valide. Una vez completado este paso, prosiguió, el proyecto se llevará al Parlamento, donde se debatirá su aprobación.

Infante anticipó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en “algunas definiciones necesarias” para asegurar su “correcta aplicación”.

“¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana (...). Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley”, apuntó.

Según la ONG Cecodap, un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley contra el odio, un período marcado por la crisis originada tras la denuncia de fraude electoral de la oposición ante la auto-proclamada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

La ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces dictador Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.

(Con información de EFE)

El equipo legal del sindicalista Orlando Ramírez, quien fue detenido tras protestar por reivindicaciones laborales el pasado 8 de septiembre cerca del Ministerio de Transporte de Venezuela, introducirá un recurso de habeas corpus ante tribunales, informó este lunes el abogado de la ONG Provea Eduardo Torres.

Torres lo informó desde las afueras de la Fiscalía en Caracas luego de que, aseguró, la Coalición Sindical Nacional intentara introducir una denuncia ante esta institución, pero no fue recibida.

“Venimos a traer una denuncia a la Fiscalía General de la República, dirección de derechos humanos, y cuando vieron que eran los trabajadores, que eran los familiares de los presos políticos sencillamente dijeron ‘No los vamos a atender’”, indicó Torres.

Asimismo, afirmó que Ramírez “está desaparecido” desde el día de su detención, aunque, según información recibida, el sindicalista podría estar en un centro de la Guardia Nacional antidrogas en Caracas.

“No sabemos nada de él. Solo que el miércoles de la semana pasada envió este mensaje: ‘Buenas noches. Disculpe la hora, tuve que pagar para que me facilitaran mi celular. Estoy detenido, sin comentarios, porque no puedo pasar mensajes. Porque no quieren que sepan dónde estoy. Yo tampoco sé dónde estoy’”, leyó el abogado de Provea.

“¿Qué hace una persona, de más de 70 años después de participar en una marcha, detenida en una instancia represiva que tiene que ver con drogas? ¿Lo van a sembrar (plantar droga) como siguen sembrando a la gente en Venezuela?”, añadió.

El recurso de habeas corpus está referido en el artículo 27 de la Constitución de Venezuela y fue concebido como “la garantía más inmediata para la protección de la libertad y la seguridad personal”, recuerda la ONG Acceso a la Justicia en su página web.

El domingo, representantes de la Coalición Nacional Sindical dijeron en un video difundido en sus redes sociales que han acudido a varios centros de detención y les han negado información sobre el paradero de Ramírez.

Después de la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, grupos de sindicalistas han encabezado numerosas protestas para exigir reivindicaciones laborales ante la pérdida del poder adquisitivo con un salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a centavos de dólar al mes.

(Con información de EFE)

Familiares de 77 personas detenidas por un presunto contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reiteraron este lunes su pedido de medidas sustitutivas que permitan a estas personas continuar su juicio en libertad, tal como ha sucedido desde inicios de este año con los presos políticos.

El caso de estos detenidos se conoce como ‘PSVSA-Obrero’ e involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera, a obreros de bajo rango de la empresa y hasta a funcionarios policiales y militares. Los familiares han reportado distintas cifras de detenidos relacionados a esta causa: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160.

La abogada Zimarú Fuentes, familiar de uno de los detenidos, explicó que unas 76 personas vinculadas a este caso han sido liberadas, pero aseguró que todavía quedan detenidas “54 personas por Anzoátegui (noreste), diez por Carabobo (centro), nueve en Falcón (noroeste), una en Distrito Capital y tres que fueron sentenciadas el 1 de octubre en La Guaira (norte)”.

En una rueda de prensa, Fuentes pidió que las medidas cautelares concedidas a un primer grupo de estas personas se extiendan al resto para que “puedan enfrentar su proceso y su juicio en libertad”.

La defensora además explicó que hay varias irregularidades alrededor de la causa que, advirtió, sigue el patrón de detenciones de presos políticos.

Además, indicó que el fiscal que inició la investigación, Jean Karín López Ruiz, fue acusado de corrupción y se desconoce su paradero.

De igual forma, pidió atención médica “urgente” para cuatro presos: Larry José Moya, quien tiene “graves complicaciones generalizadas”; Renier Macetti, quien sufrió dos infartos, así como María Alejandra Rodríguez y Lenis Cruz, quienes, sostuvo, “necesitan atención inmediata”.

Por su parte, el diputado opositor Tomás Guanipa, que acompañaba la rueda de prensa, pidió a Estados Unidos interceder por esta causa.

“Al presidente (Donald) Trump, al secretario (de Estado) Marco Rubio, le queremos decir (...) todavía hay mucha gente presa que debería estar libre. Ustedes pueden ayudarnos como nadie a que estén libres”, indicó.

El parlamentario presentó además una lámina con lo que denominó como un “hampograma” que, según dijo, es un “organigrama de hampones”, en los que señaló al ex fiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez y el defensor Público General de Venezuela, Daniel Ramírez.

“Deberían estar hoy en las cárceles presos por el daño que han ocasionado a este país”, afirmó.

En febrero pasado, Fuentes refirió que las detenciones empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en Anzoátegui, y detalló que los detenidos están involucrados en “procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países” durante el “bloqueo internacional” que sufría Venezuela por ese entonces por las sanciones de EE.UU.

(Con información de EFE)

Estados Unidos pidió a un juez federal de Nueva York que descarte la posibilidad de otorgar inmunidad al ex dictador Nicolás Maduro en el proceso penal que enfrenta por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo. La Fiscalía sostiene que Venezuela no presentó ninguna solicitud para que el ex líder del chavismo recibiera esa protección, una circunstancia que contrasta con el reclamo formal realizado por Caracas en favor de Delcy Rodríguez, a quien Washington sí reconoce como presidenta encargada.

La posición fue expuesta en un documento entregado al juez Alvin K. Hellerstein, encargado del caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los fiscales señalaron que Venezuela “no ha afirmado” que ninguno de los dos tenga inmunidad frente al procedimiento penal estadounidense ni frente a otros procesos judiciales abiertos en el país.

La defensa de Maduro pretende que el tribunal considere que, debido a su condición de antiguo presidente venezolano, está protegido frente a la jurisdicción penal de Estados Unidos. La Fiscalía rechaza esa interpretación y sostiene que la decisión sobre quién representa oficialmente a un Estado corresponde al Gobierno estadounidense, cuya postura sobre Maduro cambió hace años.

Según el escrito presentado ante Hellerstein, Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019. Esa posición, afirma la Fiscalía, nunca fue revertida. En cambio, el Gobierno estadounidense reconoció formalmente a Rodríguez como encargada el 7 de marzo de 2026, después de la captura de Maduro.

La diferencia entre ambos casos aparece también en los trámites diplomáticos. El 14 de mayo, la Embajada de Venezuela entregó una comunicación oficial mediante la cual pidió que Rodríguez recibiera inmunidad como jefa de Estado en una demanda civil presentada en Florida, conocida como Kenemore vs. Maduro. En ese expediente aparecen como demandados tanto Rodríguez como Maduro.

Dos meses después, el 20 de julio, Estados Unidos informó al tribunal de Florida que consideraba a Rodríguez la jefa de Estado de Venezuela y, por esa condición, reconocía su inmunidad frente a esa demanda. La Fiscalía subraya que Caracas no hizo una petición semejante para Maduro dentro de ese procedimiento.

El argumento estadounidense también busca establecer hasta dónde puede intervenir un tribunal en una cuestión de reconocimiento diplomático. Los fiscales sostienen que los jueces deben otorgar “absoluta deferencia” a la determinación del Poder Ejecutivo sobre quién es considerado jefe de Estado extranjero.

La disputa se desarrolla después de la captura de Maduro y Flores en Caracas el 3 de enero, durante una operación de fuerzas estadounidenses, y su posterior traslado a Nueva York. Ambos enfrentan acusaciones federales y se han declarado no culpables. Maduro permanece detenido en Brooklyn mientras su defensa intenta que Hellerstein desestime los cargos.

El ex dictador también ha cuestionado su situación al presentarse como “un prisionero de guerra”. Su equipo jurídico, además, sostiene que las prerrogativas vinculadas a su antigua condición presidencial deben impedir que Estados Unidos lo someta al proceso penal.

La Fiscalía, por el contrario, pidió al juez que rechace las solicitudes de Maduro y Flores para poner fin al caso mediante la desestimación de los cargos. La audiencia dedicada específicamente al reclamo de inmunidad está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el inicio del juicio está fijado para junio de 2027.

Flores enfrenta además una disputa separada sobre sus condiciones de detención. Sus abogados solicitaron que pudiera cumplir el arresto en su domicilio debido a problemas cardíacos y a la necesidad de recibir atención médica. La Fiscalía se opuso y argumentó que existe “un riesgo extremo de fuga” y que representa “un peligro claro para los demás y para la comunidad”.

El pedido será examinado nuevamente esta semana por Hellerstein. Flores, de 69 años, permanece recluida en una prisión federal de Brooklyn. Su hijastro, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que padece una afección cardíaca que requiere estudios y una posible intervención, además de problemas de presión arterial que, según dijo, comenzaron después de la captura el 3 de enero.

Maduro y Flores niegan las acusaciones de narcotráfico. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en una estructura destinada a facilitar el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. La resolución sobre la inmunidad será uno de los primeros pasos para determinar si el proceso puede continuar bajo la jurisdicción federal estadounidense.

Pasados cien días del doble terremoto del 24 de junio, la ONG Cecodap expuso un análisis donde advierte que la falta de información oficial representa un “riesgo agravado de protección” para los niños, niñas y adolescentes afectados por el cataclismo.

“En los primeros días de una emergencia pueden existir registros incompletos, cifras en verificación y 18 variaciones entre fuentes. Sin embargo, la prolongación de esa ausencia ya no es solo una dificultad operativa: impide conocer con suficiente precisión quiénes siguen afectados, dónde están, qué derechos continúan comprometidos y qué respuestas requieren”, señala la organización que defiende y promueve los derechos de la población infantil y adolescente en Venezuela.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó ofreciendo un balance diario tras los terremotos. Después, sin mediar explicación, pasó a uno semanal y con menos insumos que el original. Y ya cumple más de un mes sin publicar el parte. Además, nunca ha presentado información desagregada por edades sobre las víctimas ni detalles acerca de la situación que enfrentan las personas menores de 18 años.

Cecodap apunta que la falta de información oficial atenta contra la planificación, haciendo imposible verificar si se ha avanzado en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Este riesgo es institucional y transversal. Afecta la capacidad de prevenir violencia, ubicar a familias dispersas, sostener la permanencia escolar, orientar recursos y rendir cuentas”, subraya la ONG.

Desarraigo

Cecodap recalca en su informe que siguen en el terreno las amenazas por situaciones como “familias dispersas, desplazamientos prolongados, interrupciones educativas, desgaste de cuidadores, afectaciones emocionales, adolescentes que asumen responsabilidades excesivas de cuidado, debilitamiento de redes comunitarias y dificultades para garantizar la continuidad de los casos que requieren protección”.

La ONG elaboró una base que registra 3 mil 267 casos de personas menores de edad golpeadas de alguna manera por los terremotos. Reporta que en 20 de los 24 estados del país hay niñas, niños y adolescentes afectados, pues residían en las siete entidades que registraron los daños más severos y se han visto obligados a desperdigarse por todo el territorio nacional.

Más de la mitad de los casos documentados en este estudio -1.811, 55,4%- responden a niñas, niños y adolescentes en desplazamiento interno. “Los casos de desplazamiento interno implican a su vez la detección de un grupo con dinámicas particulares y múltiples derechos vulnerados. Se trata de la niñez y las adolescencias que están acompañadas, pero transitan duelos múltiples: el de algún familiar o cuidador, el del hogar, las rutinas, y el espacio que conformaba parte de su identidad”, precisan.

Peligros

Recuerdan que al principio de la crisis provocada por el doblete sísmico se logró “descartar un escenario masivo de niños, niñas y adolescentes abandonados, solos o separados de sus familias en hospitales, campamentos transitorios o espacios públicos”.

“No obstante, esta capacidad de contención no convierte la separación familiar en un riesgo resuelto. La protección se desplaza hacia casos individuales: niños o adolescentes trasladados entre instituciones, familias que se dispersan, cuidadores que no pueden ser ubicados, necesidades de cuidado alternativo y reunificaciones que requieren verificación. Aunque no se confirmó una separación masiva, persisten riesgos de dificultades de reunificación, institucionalización innecesaria y pérdida de vínculos familiares o comunitarios”, acotan.

Cecodap alerta sobre el peligro de que con el transcurrir de los meses, las fallas sean aceptadas como parte de la cotidianidad. “La precariedad de la vivienda, las dificultades para asistir regularmente a la escuela, la sobrecarga de las familias, la insuficiencia de servicios o la pérdida de seguimiento institucional no pueden convertirse en una nueva normalidad para la niñez afectada”, concluyen.

La jefa de prensa de María Corina Machado, Claudia Macero, declaró que la premio Nobel de la Paz está dispuesta a conversar directamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para acelerar la transición democrática en Venezuela.

“No es la primera vez que María Corina ha dicho que está dispuesta a sentarse de cara a la gente, con una agenda clarísima y obviamente por un proceso de cambio real en Venezuela si eso va en beneficio de la libertad del país”, respondió Macero en una entrevista concedida a la periodista Patricia Janiot.

La portavoz de la líder de la oposición venezolana recalcó que Machado “está dispuesta a participar, siempre con total transparencia, en un proceso que contribuya con la transición democrática en Venezuela”.

La fundadora del partido Vente Venezuela abandonó el país de forma clandestina el 9 de diciembre, evadiendo la persecución del régimen chavista, y se trasladó a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. El pasado 22 de septiembre, su equipo denunció que ha tratado de regresar al país en al menos siete ocasiones, y no le han permitido el ingreso.

A finales de mayo, Machado se reunió en Panamá con las organizaciones políticas que conforman la Plataforma Unitaria Democrática. Del cónclave salió un manifiesto donde la oposición proponía “impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos”.

El texto recogía que “estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso deomcrático del país”. Sin embargo, ese planteamiento fue rechazado por el chavismo y también por la Casa Blanca, que terminó diseñando una mesa de diálogo entre las partes, dejando a un lado a la premio Nobel de la Paz.

Lista

Gran aliado de la líder opositora en el Congreso de Estados Unidos, el senador republicano Rick Scott publicó en X el 30 de septiembre: “(Machado) está preparada para regresar a Venezuela de manera pacífica y constructiva, y está dispuesta y lista para sentarse con quienes actualmente está en el poder, incluida Delcy Rodríguez, así como con todos los actores relevantes del sector público y privado para ayudar a construir un futuro mejor para Venezuela”.

El régimen chavista niega que esté bloqueando el retorno de Machado, pero Rodríguez ha dicho que si entra al país “tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero”, en alusión a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales norteamericanas el 3 de enero de este año.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha manifestado que Machado tiene todo el regreso de volver a su país natal; no obstante, los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusan al jefe de la diplomacia estadounidense de no hacer lo necesario para facilitar el retorno. “Una sola llamada de Rubio podría ayudar a María Corina Machado a regresar a Venezuela”, afirman.

Macero apuntó que “nadie está pidiendo nada fuera de la Constitución”, al subrayar que Machado y la oposición solo demandan elecciones. Enfatizó que la líder opositora no tiene que incorporarse al proceso de negociación en marcha para dar su aporte. “Cada persona tiene un rol y María Corina no tiene que estar sentada en esa mesa para contribuir con el proceso”, expresó.

Con una inflación interanual de 466%, puede afirmarse que en Venezuela todo es costoso. Pero los expertos advierten que lo más gravoso para el país está siendo su fracasada lucha por contener el aumento del índice de precios al consumidor (IPC).

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el sábado 3 de octubre que la inflación de septiembre se ubicó en 8,4%, un poco por debajo del 8,9% registrado en agosto. “Ese nivel de inflación mensual es más del doble de la inflación anual de casi todo el planeta”, reaccionó Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana (Unimet).

Para un país que sufrió de hiperinflación entre 2017 y 2022, un IPC de un dígito mensual podría ser considerado una noticia positiva. De hecho, cuando la inflación en mayo bajó a 6,3%, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barret, celebró el hito destacando que se alcanzaba “por primera vez en más de un año”.

Sin embargo, los analistas recuerdan que este año la inflación ya sube hasta 225% y pinchan los globos de los más optimistas. “En septiembre se observó una ligera desaceleración de los precios con respecto al 2025. Sin embargo, el costo de la citada reducción ha sido muy elevado en términos de ventas de divisas. Es insostenible a mediano plazo”, advierte el economista Hermes Pérez.

Pérez apunta que “la menor inflación en 2026 obedece a la mayor venta de divisas (esterilización) observada en este año, que duplica los valores de 2025, alimentada por mayores ventas de petróleo y precios 50% más elevados”.

“La buena noticia es la menor presión inflacionaria, la mala es lo costoso de la estrategia que ameritó la venta de más de 13 mil millones de dólares, haciéndola insostenible a mediano plazo, incluso con el actual boom de precios del petróleo que se mantiene por encima de 100 dólares”, explica el profesor de la Unimet y antiguo funcionario del BCV.

No alcanza

El investigador observa que “en Venezuela no ha habido esfuerzo monetario. Al contrario, la liquidez ha crecido y ha terminado comprando divisas. Mientras que en Estados Unidos o en Colombia la liquidez crece menos de un dígito anual, en Venezuela crece 230% en nueve meses. Así no se resolverá el problema de inflación”.

El exdiputado opositor y economista José Guerra resalta que para el leve retroceso del IPC, “el costo en términos de divisas es fenomenal: 65% del ingreso petrolero para desacelerar algo la tasa de inflación”.

“Lo preocupante: el efecto transferencia del ajuste del tipo de cambio a los precios sigue siendo mayor que uno. En septiembre el tipo de cambio oficial aumentó 7,6% y los precios 8,4%, ello quiere decir que hace falta más política económica más allá de intervenir masivamente en el mercado cambiario”, expone Guerra.

Pérez agrega que “la inflación (interanual) de alimentos cerró en 574% en septiembre, un alza muy alta en los estándares modernos. En contexto, la inflación promedio del mundo se ubicó en 7%, incluyendo el dato de 191 países. Ejemplo: La inflación de Colombia fue 6,2% y la de EEUU 3,4% en agosto”.

Veintitrés testimonios trazan un mismo patrón: en la política venezolana, las mujeres participan, organizan y sostienen estructuras, pero siguen expuestas a violencia, discriminación y exclusión. Esa es la principal conclusión de “Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana”, el más reciente informe presentado en Caracas por Laboratorio de Paz.

La investigación reconstruye las formas de violencia que enfrentan las venezolanas vinculadas a organizaciones políticas y mide su impacto en la vida pública, personal y familiar. No busca representar estadísticamente a todas las mujeres que hacen política, sino identificar experiencias que se repiten y mecanismos que las apartan de los espacios de poder.

El informe, de 162 páginas, aparece en un momento clave: se abren espacios de diálogo político, algunos medios digitales vuelven a estar disponibles y regresan al debate las garantías para el retorno de María Corina Machado. La agenda vuelve a hablar de libertad de expresión, libre tránsito, pluralismo y derechos políticos. Pero Laboratorio de Paz advierte que una apertura democrática no alcanza si esas libertades no pueden ejercerse en igualdad de condiciones.

La participación política no empieza ni termina en las urnas. Durante décadas, las venezolanas han militado en partidos, encabezado movimientos ciudadanos, organizado comunidades, acompañado a víctimas, documentado abusos y sostenido redes de cuidado. También han liderado acciones de incidencia pública en sindicatos, organizaciones sociales y espacios de derechos humanos.

El informe de LabPaz sostiene que la presencia de esas mujeres no se traduce automáticamente en poder. Persisten barreras que frenan sus carreras, reducen la calidad de la democracia y limitan el ejercicio efectivo de sus derechos políticos.

El escenario venezolano agrava esas desigualdades: deterioro institucional, persecución política, restricciones al espacio cívico, menos garantías y una emergencia humanitaria prolongada.

Buena parte de la documentación se ha concentrado en elecciones, representación y crisis institucional. Inquebrantables pone el foco en una zona menos observada: la violencia cotidiana que enfrentan las mujeres dentro de los partidos, sin perder de vista que su participación desborda esas estructuras.

Concentrando el poder

El hallazgo central del informe es directo: participar no equivale a mandar. Las mujeres movilizan militancia, coordinan actividades y sostienen el funcionamiento cotidiano de las organizaciones. Las decisiones estratégicas, en cambio, siguen concentradas de manera desproporcionada en manos de hombres.

Las cifras exponen la brecha. El 52,2 % de las consultadas dijo participar en espacios de decisión, pero el 87 % sostuvo que las resoluciones más importantes todavía las toman los hombres. El 69,6 % detectó decisiones cocinadas en ámbitos informales a los que las mujeres acceden poco o nada. Apenas el 13 % afirmó que sus propuestas llegan con frecuencia a la decisión final.

También persiste una división silenciosa del trabajo político: ellos representan, negocian y deciden; ellas organizan, coordinan, gestionan y acompañan. La vara tampoco es la misma. El 91,3 % considera que una mujer debe acreditar más méritos que un hombre para llegar a un cargo. La preferencia por candidatos varones, la falta de apoyo, la opacidad y la centralización completan el cerco.

Vida privada como arma política

El control no termina en los cargos, según LabPaz. Para el 100 % de las entrevistadas, la vida privada de una mujer en política recibe más escrutinio que la de un hombre. El 73,9 % dijo haber sido juzgada más por su apariencia, su familia o su conducta personal que por su trabajo.

A los hombres se los suele evaluar por sus decisiones, ideas y trayectorias. Sobre las mujeres pesan, además, el cuerpo, la edad, la apariencia, el estado civil y la maternidad. Esa vigilancia busca erosionar su autoridad, desacreditar su liderazgo y empujarlas fuera de la vida pública.

El informe analiza esa lógica en la trayectoria de María Corina Machado entre 2023 y 2025. A las inhabilitaciones, amenazas y campañas de descrédito se sumaron ataques con una marca de género. El apelativo “La Sayona”, creado en el programa de Diosdado Cabello es repetido en las redes oficialistas, corriendo la discusión de sus ideas hacia la imagen de una mujer a la que presentan como peligrosa, vengativa y engañosa.

El mecanismo es conocido: asociar el liderazgo femenino con irracionalidad, manipulación o amenaza moral. No toda crítica contra una mujer constituye violencia política de género. Pero el informe muestra que el género sí define la forma que adoptan muchas agresiones.

La violencia se volvió costumbre

Las 23 entrevistadas relatan agresiones, exclusiones y discriminaciones que se repiten entre generaciones, organizaciones y trayectorias militantes. No son episodios sueltos. Son un patrón, describe LabPaz.

La normalización mantiene ese patrón en pie. La exclusión se disfraza de broma; el hostigamiento, de costumbre; la invisibilización, de dinámica partidista. Cuando nadie reacciona, la subordinación deja de parecer una anomalía y pasa a formar parte del sistema.

La represión estatal y la crisis democrática explican una parte del problema, no todo. Las mujeres entrevistadas también denunciaron vigilancia, amenazas y descrédito dentro de sus propias organizaciones. Colectivos feministas autónomos, organizaciones de derechos humanos y grupos que trabajan temas sensibles advierten, además, que tienen pocas vías para incidir en las instituciones.

Sostiene el informe que el cierre del espacio democrático multiplica esas barreras. Desde 2004, la aplicación extensiva del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República habilitó sanciones administrativas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Para quienes ya parten con desventaja, la amenaza de sanción, hostigamiento o exclusión suma otra razón para callar, retroceder o no competir.

Resistir y sostener a otras

Es relevante lo que descubre el informe sobre la representación femenina que si bien es cierto creció en los órganos legislativos nacionales, las brechas siguen abiertas en cargos ejecutivos y centros de decisión. La visibilidad de figuras como Delcy Rodríguez y María Corina Machado no prueba, por sí sola, que exista igualdad de acceso al poder.

Aun así, las mujeres no se retiran. Solo el 21,7 % pensó en abandonar la política. El 87 % acompañó a personas detenidas por motivos políticos o a sus familias; el 69,6 % brindó apoyo directo; el 65,2 % participó en movilización e incidencia pública; y el 26,1 % impulsó denuncias.

La paradoja es brutal: las mismas mujeres que sufren la violencia política sostienen las redes que mantienen viva la participación. Su peso no se mide solo en cargos. También está en la organización comunitaria, el apoyo mutuo y la continuidad de la acción colectiva.

Laboratorio de Paz agrega que la reconstrucción democrática exige dos movimientos al mismo tiempo: reabrir el espacio cívico y desmontar las desigualdades de la cultura política. Recuperar libertades sin cambiar las reglas que expulsan a las mujeres dejaría la transición a mitad de camino.

La hoja de ruta de Inquebrantables es concreta: paridad y alternabilidad electoral, protocolos contra la violencia política de género, canales seguros de denuncia, selección transparente de candidaturas y más mujeres en puestos con capacidad real de mando.

LabPaz, plantea que la apertura no puede medirse solo por los regresos al país, los medios desbloqueados o las sillas ocupadas en una mesa de diálogo. La prueba decisiva es quién puede hablar, organizarse y decidir. Sin mujeres con poder real, la democratización venezolana seguirá incompleta.

Nombrar la violencia

El informe llegó acompañado por la “Lotería de las violencias contra las mujeres en política”, una herramienta pedagógica que convierte distintas agresiones de género en cartas. El objetivo es simple: identificarlas, nombrarlas y ponerlas en discusión.

La propuesta apunta contra aquello que suele pasar inadvertido: exclusiones, hostigamientos, descalificaciones e invisibilizaciones aceptadas como parte del juego político. Nombrar esas acciones es el primer paso para romperlas y construir una participación femenina que no sea solo visible, sino libre, segura y con poder.

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR), liderado por Barham Salih, confió el sábado en que la transición en Venezuela permita crear condiciones de seguridad y estabilidad para el retorno voluntario de migrantes venezolanos.

“Muchos desean regresar a casa, y quieren hacerlo, por supuesto, con seguridad y dignidad, en paz, con la reconciliación nacional y el reconocimiento de estas importantes preocupaciones y expectativas. Esperamos que mucha gente emprenda el viaje y regrese a casa”, sostuvo el diplomático al finalizar su estadía, la primera de un alto comisionado del ACNUR en territorio venezolano.

El funcionario, en diálogo con la agencia EFE advirtió que el retorno representa una etapa inicial y señaló que aún faltan medidas para garantizar la reintegración de quienes salieron del país tras sentirse en riesgo. “Este país (...) ha atravesado desafíos muy, muy difíciles a lo largo de los años y esperemos que la paz, la reconciliación nacional y la inclusión creen el entorno propicio para que muchos venezolanos que han huido de su país tengan la oportunidad de regresar”, afirmó.

De acuerdo con cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que ACNUR colidera junto con la Organización Internacional para las Migraciones, unos 6,9 millones de venezolanos salieron del país durante los últimos años.

Salih afirmó que mantiene contactos con el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y con organismos de la región para facilitar los retornos voluntarios. “Muchos de ellos están deseando que llegue el día en que puedan regresar a su país”, remarcó. El viernes, el diplomático se reunió con la mandataria, para abordar el retorno de migrantes, la reintegración de la población desplazada, las consecuencias de los terremotos y un nuevo capítulo de cooperación entre Venezuela y ACNUR.

En el encuentro participaron la directora regional de ACNUR para las Américas, Isabel Márquez; el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez; el canciller venezolano, Félix Plasencia; el vicecanciller Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez.

El mes pasado, Salih también se reunió con Plasencia durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese encuentro, ambas partes ratificaron el compromiso de fortalecer la cooperación conjunta, de acuerdo con una nota de la Cancillería venezolana.

La visita se produjo en medio de una apertura de Venezuela ante organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara al ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

Por otra parte, Barham Salih afirmó que existe “determinación para reconstruir” Venezuela, tras recorrer las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el país hace más de 100 días.

Durante su visita a La Guaira, el estado con mayores daños por los sismos, Salih señaló que la destrucción alcanzó a miles de hogares y provocó desplazamientos de población. “Al visitar las zonas afectadas por el terremoto, uno puede ver que la devastación es realmente increíble. Los daños son generalizados y el costo humano es verdaderamente desgarrador. Como consecuencia, más de 12.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias han sido desplazadas”, afirmó.

Salih sostuvo que, pese a la magnitud de las pérdidas, observó “capacidad de recuperación” entre las comunidades afectadas y alertó que la recuperación demandará tiempo: “El camino es muy largo y el desafío es abrumador”.

El alto comisionado se reunió en La Guaira con autoridades locales, entre ellas el gobernador José Alejandro Terán, para revisar la situación en las áreas alcanzadas por el doble terremoto.

“Estamos coordinando nuestros esfuerzos y trabajando en conjunto para ayudar a la población de este país a superar la tragedia del terremoto”, añadió Salih. El representante recordó que varias oficinas de las Naciones Unidas operan en Venezuela y prestan asistencia ante las consecuencias de los sismos.

(Con información de EFE)

En Venezuela se está desarrollando un proceso de negociación singular, en el que ambos bandos parecen recibir órdenes de un único interlocutor externo. Esto plantea una pregunta: si ambas partes reciben instrucciones de la misma fuente externa, ¿por qué no logran llegar a un acuerdo con mayor rapidez? ¿Por qué no construir un proceso basado en principios éticos y resolver los problemas relacionados con el déficit democrático y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela?

Quizás el problema sea algo más complejo —dado que todas las cuestiones venezolanas están sumamente entrelazadas— y estos procesos adolecen invariablemente de los mismos defectos, las negociaciones se estancan en asuntos secundarios, aun cuando el tratamiento de estos puntos accesorios influye en las posibilidades de resolver los problemas prioritarios. En lo que respecta a estas cuestiones secundarias, los negociadores a menudo se dejan absorber tanto por la dinámica del régimen que terminan reproduciendo patrones de violación constitucional e infracción de las normas internacionales vigentes en materia de democracia y derechos humanos.

Ya estamos en octubre; no solo no se han celebrado elecciones, sino que ni siquiera se ha fijado una fecha; está claro que no se vislumbra ningún plazo electoral en el horizonte. Con la perspectiva que dan diez meses, resulta evidente que fijar la fecha de los comicios ahora —en octubre— difiere considerablemente de haberla fijado en enero o febrero. Si la fecha se hubiera establecido antes, el calendario electoral se habría convertido en la prioridad, en lugar de ser la supervivencia del régimen delciniano la prioridad. Esta situación ha hecho que los negociadores pierdan su legitimidad. Se trata de un punto muy grave, pues la situación es muy distinta cuando las partes implicadas llegan a esta etapa careciendo de legitimidad. Los representantes del régimen, por su parte, adolecen manifiestamente de todas las formas imaginables de ilegitimidad en cuanto a origen. Llevan años usurpando el poder. Ya en 2017 se constató una ruptura del orden constitucional en Venezuela; desde entonces, la reelección de Maduro —así como cualquier proceso electoral posterior, ya fuera nacional o subnacional— ha estado marcada por la ilegitimidad. Por otro lado, la otra delegación se enfrenta al siguiente problema: el mandato para el que sus miembros fueron elegidos inicialmente expiró hace mucho tiempo y, en los últimos ciclos electorales —ya se tratara de primarias o de elecciones nacionales—, no han desempeñado ningún papel significativo en la percepción pública, es decir no han marcado significativamente desde el punto de vista electoral.

Otro aspecto negativo tiene que ver con la cuestión de los presos políticos. Para cualquier negociador serio, exigir la liberación de todos los presos políticos debería ser algo evidente; sin embargo, siguen utilizándose como moneda de cambio. Hay más de 400 en Venezuela, incluidos, por supuesto, militares que optaron por defender la Constitución en lugar de obedecer al narco-dictador; en realidad, estos soldados siguen expuestos a las peores represalias y abusos. Todo ello por haber tomado una decisión mucho más valiente que la de muchos líderes políticos latinoamericanos que se escudaron tras el narco-dictador.

Esto genera, naturalmente, una incertidumbre constante entre los miembros de la oposición venezolana que buscan una solución para su país: una solución que conlleva necesariamente un cambio de régimen. A este respecto, desconozco cuándo arraigó la idea distorsionada de que los cambios de régimen son reprobables; sin embargo, no deberían considerarse tales cuando se transita de la dictadura a la democracia, sino únicamente en el caso inverso: es decir, el paso de la democracia a la dictadura. No obstante, debido a una peculiar lógica regional y a la falta de ética de gran parte de la clase política, este concepto ha derivado en una paranoia —lo opuesto a lo que debería ser— y contradice lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por supuesto, si esta negociación se hubiera basado en un mínimo de ética y guiado, aunque fuera brevemente, por principios morales, ambas partes —incluido su interlocutor distante— ya habrían facilitado el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Nada de esto ha sucedido; y aquellos de nosotros que hemos tenido que afrontar el “lodazal” de la política sin mancharnos las manos debemos comprender, tal vez, que otros carecen de tales escrúpulos y que, al participar en esta lucha, se ensucian tanto como pueden. En este sentido, asistimos a situaciones verdaderamente extraordinarias: ambas partes negociadoras, junto con su contraparte distante, parecen estar de acuerdo en violar la Constitución venezolana mediante el nombramiento de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Al hacerlo, desprecian los juramentos prestados —conforme a la Constitución— ante la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015; juramentos que garantizaban a estos magistrados un mandato de doce años a partir de 2017. Considero que los negociadores deberían preocuparse por no vulnerar la Constitución de su país, tal como aparentemente se cuida no violar la de Estados Unidos.

La Constitución venezolana ha soportado toda suerte de atropellos y violaciones a manos de dictadores, pero también —cuando la ocasión lo propició— a manos de aquellos que, en algún momento, sirvieron a sus intereses. Algunos actuaron por puro oportunismo, pues el mundo empresarial es cruel y despiadado, y los intereses económicos y financieros derivados de los recursos de Venezuela han generado, sin duda, fortunas para muchos. Otros cedieron bajo coacción: el miedo no es tonto y engendra ira; por ello, es comprensible que quienes fueron amenazados o presionados terminaran cediendo. En cuanto a aquellos que fueron tomados como rehenes por la dictadura, encarcelados por motivos políticos o torturados, resulta comprensible que —aun sabiendo que tales prácticas no deberían regir el juego político— optaran en algún momento por colaborar de una manera que hirió profundamente a quienes respetaban su integridad y su trayectoria política. Sin embargo, esto sigue ocurriendo, porque vivimos una época en la que los negocios en Venezuela tienen gran peso: así como la miel atrae a las moscas, la miel del dinero ha atraído siempre a las moscas de la política. Así como los bolichicos y especies semejantes que medraron siguen haciéndolo. Es cruel, pero es la realidad.

Hemos constatado que la falta de representatividad de los negociadores permanece inalterada; resulta, cuanto menos, sorprendente que se elija para negociar a personas que representan —quizás— aún menos votos que el propio régimen. No obstante, esto no supondría un problema si demostraran firmeza; si, a falta de un mandato emanado de las urnas, asumieran al menos el papel de defensores de los intereses éticos del pueblo venezolano.

Exijo un nivel mínimo de exigencia ética: sencillamente, la posibilidad de que los individuos antepongan su propia dignidad a las instrucciones que reciben o a los intereses económicos surgidos, sin legitimidad alguna, de una dictadura. Vemos a políticos revolcarse en el barro para entretener a quienes se han beneficiado de la manera más abyecta de lo que pertenecía al pueblo venezolano: no solo el petróleo o los minerales raros, sino también la libertad de cada venezolano y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Luis Almagro / Instituto CASLA

Decenas de venezolanos participaron el viernes en una vigilia en La Guaira, a 100 días del doble terremoto del 24 de junio que dejó miles de muertos, damnificados y desaparecidos en ese estado costero.

Familiares de las víctimas y personas afectadas se reunieron entre velas, oraciones y fotografías de fallecidos cerca de los restos de las OPPE, uno de los mayores complejos de edificios colapsados en Caraballeda.

Verónica Rondón, de 50 años, perdió a dos familiares tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 y relató: “Estamos llenos de tristeza, de nostalgia diaria, de miedos”. “Nunca lo vamos a olvidar, pero tenemos que seguir adelante y bueno, aquí voy a seguir en el nombre de Dios”, agregó en diálogo con la agencia EFE, quien pidió por las víctimas que aún permanecen bajo los escombros. “Para que no se olviden de que hay muchos todavía ahí”.

El padre Juan Ramón de Andrés, legionario de Cristo nacido en Segovia, España, celebró una misa durante la actividad organizada por Haz de Luz. “No es fácil encontrar las palabras para alguien que lo ha perdido todo. Hay muchas personas, muy comprensiblemente, que todavía tienen muy viva esa herida en su corazón”, expresó.

En varias zonas de La Guaira se retiraron escombros y se despejaron terrenos, aunque las tareas de limpieza continúan pendientes en otros sectores afectados. El estado también fue sede el viernes del Festival Eurovenezolano de Jazz de la Unión Europea, una actividad dirigida a acompañar a las personas damnificadas por los sismos.

“Lo hemos concebido como un abrazo a las comunidades de La Guaira, una forma de estar presentes, una forma de acompañar el duelo y también, obviamente, en este proceso de esperanza o de reinvención de sus vidas”, señaló el embajador de la UE en Venezuela, Gilles Bertrand y sumó: “Cien días quizás puede parecer mucho, pero cuando uno ha perdido todo obviamente es muy poco tiempo entonces es todavía un tiempo de sideración, de duelo y de pensar cómo puede ser la vida después de una tragedia así”, indicó Bertrand

El último informe oficial, difundido el 24 de agosto, registró 6.509 fallecidos, 14.239 viviendas con daños moderados y 11.001 inmuebles con afectaciones graves. Unas 18.000 personas perdieron sus hogares. Desde entonces, el Gobierno chavista de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no actualizó la cifra de desaparecidos. La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela denunció que más de 29.000 personas permanecen en paradero desconocido.

El pasado 23 de septiembre, Amnistía Internacional denunció falta de transparencia de las autoridades venezolanas a tres meses del doble terremoto y reclamó que las tareas de recuperación prioricen los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas.

La organización señaló que la administración venezolana todavía no publicó una cifra oficial de desaparecidos. “A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, en un comunicado.

La entidad entrevistó a 21 personas afectadas de manera directa en Caracas y La Guaira, el estado que concentró el mayor impacto de los sismos. Todas indicaron que la respuesta de las autoridades fue tardía y poco coordinada. Los testimonios también reflejaron que hubo un “escaso acompañamiento institucional” y falta de información sobre los mecanismos disponibles para conocer el paradero de familiares o acceder a la ayuda oficial.

Amnistía Internacional indicó que, aunque hubo un amplio despliegue de fuerzas policiales, militares y de inteligencia, sus tareas se concentraron en la vigilancia y el control territorial, en lugar de intervenir de forma directa en labores de rescate y búsqueda de personas desaparecidas.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó que Venezuela ya puede acceder a repuestos y tecnología para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional, mientras el Gobierno puso en marcha un plan para incorporar 1.300 megavatios durante el último trimestre del año y reducir los apagones que afectaron a varias regiones del país.

Rodríguez hizo el anuncio durante una sesión del Consejo Nacional de Economía celebrada en Caracas. “Estamos en un proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional, en condiciones muy distintas, porque ya podemos acceder a proveedores de repuestos, tecnología, que nos permita recuperar el sistema eléctrico, consolidarlo”, afirmó.

Durante la misma reunión, la mandataria se refirió a la reunión con representantes de BID Invest y señaló que esa instancia podría abrir mecanismos de financiamiento para empresarios, productores y emprendedores.

“Este encuentro con representantes de BID Invest nos va a permitir algo que el Consejo Nacional de Economía siempre ha reclamado para nuestros empresarios, productores y emprendedores; contar con mecanismos de financiamiento para la actividad económica en Venezuela”, aseguró.

Por otro lado, expresó que el sector privado podría utilizar esos instrumentos para ampliar sus operaciones y sostuvo que el país cuenta con capacidad industrial instalada. También afirmó que la intención oficial consistió en extender esos mecanismos a los distintos sectores productivos. “De tal manera que esta nueva agenda de trabajo llegue para toda Venezuela, para todos los venezolanos”, dijo.

En su intervención, la presidenta encargada indicó que el tercer trimestre registró un crecimiento de al menos 6,5 % y que ese resultado llevaría a Venezuela a 22 trimestres consecutivos de expansión económica, según las cifras expuestas por el Gobierno.

De igual manera, la recuperación del sistema eléctrico figura entre los puntos centrales de esa sesión, en medio de fallas diarias en el suministro de energía, especialmente fuera de Caracas. En los últimos días, habitantes de distintas regiones realizaron protestas por interrupciones que llegaron a durar hasta 16 horas.

Por otro lado, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó el pasado miércoles que el plan oficial prevé la incorporación de 1.300 megavatios al sistema durante el último trimestre. La medida busca estabilizar el servicio y disminuir la frecuencia de los cortes, que se intensificaron durante las últimas semanas.

Alcalá precisó que una unidad de Planta Centro entraría en funcionamiento en los días siguientes. El complejo, ubicado en el centro-oeste del país, aportaría 600 megavatios a esa zona. Además, el Gobierno programó la incorporación de siete unidades para el estado Zulia, con una capacidad conjunta de 500 megavatios.

Zulia concentró una parte importante de las fallas de suministro y figura entre los estados más afectados por los apagones. Las autoridades plantearon que las nuevas unidades permitirían reforzar la generación destinada a esa región del noroeste venezolano.

Además, el ministro atribuyó el aumento de la demanda eléctrica a un repunte de la actividad económica y a las altas temperaturas relacionadas con el fenómeno de El Niño. También señaló que los terremotos ocurridos en junio retrasaron los trabajos de reparación que ya estaban previstos para la infraestructura energética.

(Con información de EFE)

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela, anunció que presentará al país y a María Corina Machado su propuesta para la construcción de un “acuerdo de unidad nacional”, que “reúna al liderazgo democrático, las fuerzas políticas y distintos sectores de la sociedad alrededor de los grandes objetivos nacionales”.

“La política debe ocuparse de los problemas que afectan todos los días a los venezolanos. La grave crisis de electricidad y agua, junto con las deficiencias en salud, educación y transporte, deteriora la calidad de vida de millones de familias. La grave crisis del sistema eléctrico también compromete la recuperación económica”, señaló la alianza a través de sus redes.

Poniendo el acento en los temas sociales, la Plataforma subrayó que “la reconstrucción nacional exige también reivindicar y fortalecer a los trabajadores, después de años de precariedad, bajos ingresos y graves carencias en materia de seguridad social”.

“Es urgente recuperar el valor del trabajo, garantizar condiciones dignas y abrir oportunidades para que cada venezolano pueda vivir del fruto de su esfuerzo”, indicó la coalición que respalda a Machado, premio Nobel de la Paz.

Giro

La alianza se refirió a la negociación con el chavismo que se desarrolla bajo el auspicio de Estados Unidos, declarando que “apostamos a que el mecanismo político actualmente en marcha produzca resultados concretos y verificables. Entre ellos, avanzar hacia un Consejo Nacional Electoral independiente, con plazos y un cronograma electoral cierto, y hacia un sistema de justicia verdaderamente independiente”.

La mesa de diálogo ha provocado tensiones dentro de la Plataforma. De los ocho partidos que la conforman, solo dos participan directamente en las conversaciones: Primero Justicia y Voluntad Popular. La misma Machado quedó al margen del mecanismo. Todo esto obedece al diseño del proceso que determinó la administración de Donald Trump.

La coalición dejó claro que su hoja de ruta se ajusta a la propuesta de Washington, que tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero ha esbozado un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición.

“Desde la Plataforma Unitaria Democrática reafirmamos principios fundamentales: la libertad plena de todos los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, el cese de la persecución y la restitución de los derechos civiles y políticos”, manifestaron.

Luego de pasar 700 días presa en El Helicoide -identificado como un centro de torturas por distintos organismos de Derechos Humanos- y ser obligada a abandonar el país tras su excarcelación el 8 de enero de 2026, la abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, fue declarada inocente este jueves.

“Hoy culmina un duro capítulo en mi vida”, escribió en X San Miguel, quien estaba siendo procesada en el marco del caso denominado “Brazalete Blanco”, una supuesta conspiración para derrocar a Nicolás Maduro.

La activista señaló que “esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”. Destacó que “durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”.

San Miguel fundó en 2005 una ONG llamada Control Ciudadano, cuya misión toca un tema en extremo sensible para el régimen chavista: “Promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN)”.

En un país donde la mayoría -incluidos los dirigentes políticos- evita hablar sobre la FAN, la abogada se convirtió en la gran referencia para analizar el tema militar y denunciar sus irregularidades.

San Miguel también fue protagonista de un fallo histórico dictado en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado venezolano por desviación de poder y discriminación política por el hecho de haberla despedido en 2004 del Consejo Nacional de Fronteras.

“La justicia sólo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”, subrayó la directora de Control Ciudadano, quien agradeció las gestiones del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a favor de su liberación.

Condenados

San Miguel recibió una sentencia absolutoria, pero a otros de los involucrados en el expediente les impusieron penas de hasta 18 años de prisión. “En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, aseveró.

“A lo largo de mi carrera como abogado litigante he presenciado y enfrentado montajes judiciales aberrantes, pero el caso ‘Brazalete Blanco’ se lleva el sitial del peor que me ha tocado litigar”, denunció Joel García, defensor de DDHH que ha intervenido en distintos casos de presos políticos.

García precisó que “el caso ‘Brazalete Blanco’ cierra con una grave incongruencia procesal: la Fiscalía admitió que no pudo probar magnicidio, terrorismo ni traición. Pero en vez de asumir el colapso probatorio de su teoría, reconfiguró los delitos en las conclusiones”.

“Cuando la acusación fiscal no se sostiene, la única respuesta apegada a la legalidad y al debido proceso es la absolución de ley”, apuntó el profesor universitario.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que en el mes de septiembre tres mujeres fallecieron en las cárceles del país.

“Las muertes ocurrieron en tres centros penitenciarios que, en conjunto, albergan a más de 800 personas y vuelven a encender las alarmas sobre las condiciones de reclusión y las garantías del derecho a la vida y la salud de la población penitenciaria femenina”, señaló el OVP.

Dos de las fallecidas tenían 66 y 72 años de edad. La tercera, Eleiner Sánchez, de 55 años, se desempeñó como directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio. Sánchez fue detenida en diciembre de 2024, en el marco de una operación militar para tomar esa cárcel, bajo la acusación de colaborar con líderes criminales con el fin de facilitar el ingreso de drogas, armas y teléfonos móviles.

Familiares y abogados de la exfuncionaria, así como organizaciones no gubernamentales, negaron las imputaciones, afirmando que era víctima de una persecución por destapar tramas de corrupción dentro de la institución. Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, identificó a Sánchez como presa política.

Derecho a la vida

“Sánchez fue secuestrada por la tiranía desde diciembre del 2024, en el estado Guárico, por denunciar hechos irregulares. Durante su reclusión, fue sometida a condiciones inhumanas y fue trasladada a múltiples centros”, expuso Vente Venezuela, tras reseñar que la antigua trabajadora del Ministerio del Servicio Penitenciario perdió la vida a causa de una obstrucción intestinal severa que no habría sido atendida a tiempo.

El OVP subrayó que “tres muertes en un mismo mes obligan a mirar más allá de las cifras. En Venezuela, más de 2.300 mujeres se encuentran privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios, y cada una de ellas está bajo custodia de las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar su vida, integridad y salud”.

Recordando que “la privación de libertad no extingue el derecho a la vida”, exigieron “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias que rodearon estas tres muertes, que permita determinar qué atención médica recibió cada una, cuál era su estado de salud previo y si existieron omisiones en la actuación de quienes tenían la responsabilidad de garantizar su custodia”.

Casi a la medianoche concluyó el juicio por el caso Brazalete Blanco. Estefanía Migliorini y Johan Ángel, integrantes de Foro Penal, informaron desde el Palacio de Justicia que la sentencia fue anunciada a las 11:20 p. m. del 1 de octubre de 2026: varios acusados fueron condenados, mientras que otros recibieron la libertad. Destacó las condenas para militares y absoluciones de civiles.

La decisión del Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo, concentró las penas más altas en los militares. El capitán retirado del Ejército Ányelo Julio Heredia Gervacio fue condenado a 18 años de prisión por conspiración.

El teniente coronel del Ejército Guillermo Enrique César Siero recibió una pena de 12 años. Antes de su detención era jefe de la División de Doctrina y Adiestramiento Militar de la Universidad Militar Bolivariana, tenía la especialidad de Ingeniería Militar y había comandado el Batallón del Cuartel General del Ejército “General de Brigada Daniel Florencio O’Leary”. Ronald Alejandro Ferrer Vera también fue condenado a 12 años.

Por el delito de encubrimiento, la jueza impuso penas de tres años a la primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez; a su esposo, el coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez; al mayor del Ejército Guillermo Henry César Siero; a la My (Ej) Diana Desirée Victora Justo; y a Jesús Manuel Suárez Gil.

Los militares condenados el 1 de octubre habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 23 de enero de 2024. La medida fue anunciada por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La decisión se adoptó sin una investigación previa, sin derecho a la defensa y sin juicio militar. Fueron sometidos a actos vejatorios en el patio del Fuerte Tiuna.

“Soy inocente”

Entre los civiles absueltos están la abogada Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano; su exesposo, Alejandro González; y los activistas Luis Camacaro y Guillermo López, vinculados al partido Vente Venezuela.

Tras conocerse la decisión, San Miguel publicó un mensaje en redes sociales en el que describió lo ocurrido como “un duro capítulo” de su vida. Afirmó que la absolución ratifica lo que sostuvo desde su detención, el 9 de febrero de 2024: “Soy inocente”.

La activista señaló que durante ese periodo fueron puestas a prueba su capacidad de resistencia y la firmeza de sus principios. Agradeció el acompañamiento de su familia, organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos. También reconoció el apoyo de Amnistía Internacional, Front Line Defenders, Human Rights Watch, sus abogados Theresly Malavé, Juan González, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, expresó solidaridad con quienes continúan detenidos y esperan justicia.

La acusación oficial

El 22 de enero de 2024, el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Tarek William Saab, anunció el desmantelamiento de una presunta operación conspirativa denominada Brazalete Blanco. Según la versión oficial, el plan consistía en asaltar la 21.ª Brigada de Infantería del Ejército en el estado Táchira para apoderarse de armas y utilizarlas en atentados contra Nicolás Maduro Moros y el gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales.

La Fiscalía sostuvo que la acción sería comandada por el capitán Ányelo Heredia y que en ella participarían militares activos y desertores, además de abogados, periodistas y creadores de contenido.

Aunque la versión oficial sitúa la captura de Heredia el 16 de enero de 2024 en una zona rural cercana a la frontera de Táchira, la defensa ha señalado evidencias según las cuales fue detenido el 14 de diciembre de 2023 en un paso fronterizo. El militar declaró ante el tribunal que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo secuestraron y posteriormente lo entregaron a funcionarios de inteligencia venezolanos.

Entre los detenidos por el caso figuraron los militares Guillermo Enrique César Siero, Diana Desirée Victora Justo y Guillermo Henry César Siero, integrantes de una misma familia; el general retirado Tomás Martínez Macías y su hijo, Tomás Martínez Chico; los esposos y militares activos Karen Nayarit Gómez Gutiérrez y Carlos Jesús Sánchez Vásquez; y Ronald Alejandro Ferrer Vera. Entre los civiles estuvieron Rocío San Miguel, Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López.

La acusación también señaló como involucrados a la defensora de derechos humanos Tamara Sulay Sujú; la periodista Sebastiana Barráez; los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín; y los militares en el exilio Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina. El Ministerio Público atribuyó a los acusados delitos de traición a la patria, terrorismo y homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra Nicolás Maduro y contra el gobernador del estado Táchira.

Las cinco presuntas conspiraciones

En su declaración del 22 de enero de 2024, Tarek Saab afirmó que Brazalete Blanco era la quinta de cinco conspiraciones contra Maduro en las que, según sostuvo, estaban implicados militares activos y retirados de la FANB, además de civiles. El fiscal aseguró entonces que todos los detenidos estaban “convictos, confesos” y que habían aportado información sobre las operaciones.

La primera supuesta conspiración, desactivada en mayo de 2023 según la Fiscalía, derivó en la detención de Uaiparu Guerere López y en acusaciones contra Manuel Gedler, José Ignacio Moreno, Willians Caña, Sarkis Sako, Nelson Villasmil, Ricardo Marcano, Wilmer Soto, Rafael Dum, Luis Alvarado y Franklin Alvarado.

La segunda fue denominada Espionaje Guasdualito. El Ministerio Público afirmó que civiles y policías actuaban coordinados con una organización de inteligencia extranjera para captar funcionarios y obtener información confidencial sobre seguridad presidencial, unidades militares y actos políticos. Por este expediente fueron detenidos José Gregorio Montiel, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache.

La tercera, llamada Caso La Viñeta, habría tenido como objetivo atentar contra Nicolás Maduro y el entonces ministro Vladimir Padrino López. Saab informó de cinco detenidos, pero no divulgó sus nombres.

La cuarta fue el Caso Fortunato, por el que fue detenido José Fortunato Guerrero Rojas en el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia. La Fiscalía lo responsabilizó de buscar información para la CIA sobre pilotos y militares. También fueron detenidos Daniel Rivas, Jholmar Cárdenas, Jesús Alberto García y Édgar Carrillo. Brazalete Blanco completó la lista presentada por el Ministerio Público.

Este 2 de octubre se cumplen 100 días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió que, aunque la respuesta humanitaria avanza hacia una etapa de estabilización y recuperación, miles de familias afectadas todavía necesitan apoyo urgente para reconstruir sus vidas.

Según las autoridades venezolanas citadas por el organismo, al 24 de agosto los sismos habían dejado 6.509 personas fallecidas y 6.462 rescatadas. De 60.000 viviendas evaluadas, 25.240 presentaban daños.

La vivienda, principal factor de vulnerabilidad

De acuerdo con ACNUR, el daño habitacional sigue siendo una de las principales causas de vulnerabilidad y desplazamiento. Muchas familias todavía no pueden regresar a sus hogares y se trasladan entre sitios transitorios, refugios ofrecidos por familiares y comunidades de acogida, mientras que algunos alojamientos temporales están siendo reorganizados o cerrados.

El organismo señaló que las necesidades humanitarias “evolucionaron, pero no desaparecieron”. Para reconstruir sus vidas, las familias afectadas necesitan documentación civil, asistencia legal, apoyo psicosocial, alojamiento temporal seguro y digno, y mecanismos de protección y derivación, especialmente para niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y otras personas con necesidades específicas.

ACNUR advirtió además que la emergencia debilitó aún más a grupos que ya enfrentaban dificultades para acceder a servicios, documentación y medios de subsistencia antes del desastre, como personas retornadas, refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo y comunidades anfitrionas.

La respuesta en terreno

Desde el inicio de la emergencia, ACNUR trabaja junto con las autoridades, otras agencias de Naciones Unidas, organizaciones socias y redes comunitarias. Según la agencia, movilizó más de 55 toneladas de ayuda humanitaria y brindó 10.038 servicios de protección, que incluyen asistencia legal, asesoramiento, apoyo psicosocial, gestión de casos y derivaciones. Sus actividades de protección y asistencia alcanzaron a 7.200 personas.

El organismo entregó además kits con artículos de primera necesidad y elementos para el hogar a 3.356 personas, realizó 2.750 sesiones de información y asesoramiento sobre derechos, servicios y trámites de documentación, y brindó 1.286 servicios de apoyo psicosocial para acompañar situaciones de trauma, pérdidas y estrés vinculados al desplazamiento. También distribuyó e instaló miles de lámparas solares y reflectores en sitios de alojamiento temporal y espacios comunitarios, y montó carpas para ampliar el acceso a servicios de protección.

Sin embargo, ACNUR alertó que las necesidades financieras para la emergencia en Venezuela no están suficientemente cubiertas: solo se financió el 31%.

“La respuesta humanitaria no termina cuando pasa la etapa de rescate. A 100 días de los terremotos, la emergencia continúa para miles de familias que todavía no pueden regresar a sus hogares y necesitan apoyo para recuperar su documentación, acceder a servicios y reconstruir sus vidas”, afirmó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

La Fundación ACNUR Argentina continúa recibiendo donaciones para sostener la asistencia a las familias damnificadas por los terremotos. Los fondos recaudados se destinan a ampliar los servicios de protección, asistencia legal y apoyo psicosocial para las miles de personas que aún transitan el camino hacia la recuperación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza instalar una oficina en Venezuela, aunque el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no solicitó hasta el momento un programa del organismo ni otra forma de financiamiento. “Cualquier financiamiento que pudiera otorgarse sería únicamente a solicitud de las autoridades”, sostuvo la vocera del FMI, Julie Kozack.

La portavoz destacó que la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la semana pasada. El encuentro abordó el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que abandonó el organismo en 2007.

El organismo prestamista analiza con las autoridades de Venezuela la apertura de una sede en el país caribeño para restablecer la cooperación técnica, aunque aún no definieron las modalidades ni el calendario. “El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades.”, afirmó Kozack.

Entre los sectores definidos figuran las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias y cambiarias, la gestión de tesorería y la administración tributaria. Un equipo técnico del FMI viajó a Caracas entre fines de agosto y comienzos de septiembre para debatir las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos. Esa misión se produjo después de otra visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

El FMI no realiza su revisión anual estándar de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió en Nueva York con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FMI y el Banco Mundial, como parte de la reanudación de los vínculos con esos organismos tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero.

Las reuniones tuvieron lugar en la sede de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. La televisión estatal venezolana sostuvo que los encuentros reflejan la “progresiva normalización de la relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

Georgieva calificó de productiva su reunión con Rodríguez y señaló que dialogaron sobre “la recuperación y reconstrucción” venezolana tras el doble terremoto del 24 de junio. “Celebramos los avances en el diálogo renovado y reafirmamos la disposición del FMI para apoyar al país mediante el desarrollo de capacidades y el asesoramiento en materia de políticas”, escribió la directora del Fondo en X.

El titular del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que mantuvo una “buena reunión” con Rodríguez y recordó que “Venezuela es un importante miembro fundador” del banco”.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron el 16 de abril la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano. Después de ese cambio, Venezuela recuperó el acceso a recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación posterior a los terremotos de junio.

Delcy Rodríguez afirmó que las reuniones con organismos financieros internacionales apuntaron a “impulsar nuevas etapas de relacionamiento con el sistema financiero internacional y garantizar trabajo conjunto en beneficio del pueblo venezolano”. “El futuro de Venezuela se construye con alianzas, trabajo y la voluntad firme de seguir avanzando y generando oportunidades para nuestra nación”, expresó la mandataria.

El Fondo abrió su primera oficina local en un país miembro en 1956 en Paraguay, seguida de Bolivia y Haití ese mismo año. La asistencia técnica es una forma clave de apoyo no financiero que el fondo ofrece a sus miembros para fortalecer instituciones como los bancos centrales y las agencias estadísticas.

(Con información de Reuters y EFE)

El diplomático venezolano Aldo Perfetto Alexandrow fue liberado este jueves después de permanecer aproximadamente un año y medio detenido en Venezuela, desde su arresto el 21 de marzo de 2025. El funcionario, que ocupaba el cargo de segundo secretario de la embajada venezolana en México, estaba recluido en El Peñón, un módulo de alta seguridad utilizado por los organismos de inteligencia militar en Caracas. Tras su liberación fue difundida una fotografía tomada en las inmediaciones del centro de detención.

Perfetto Alexandrow había regresado a Venezuela procedente de México en el marco de sus funciones diplomáticas. Según los antecedentes del caso, viajaba con una valija diplomática cuando agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron el avión después de su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Una fuente vinculada al caso relató que los funcionarios ingresaron a la aeronave antes de que el diplomático pudiera desembarcar y lo esposaron en su asiento.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece garantías para los agentes diplomáticos frente a las autoridades del Estado receptor y determina que las valijas diplomáticas no deben ser abiertas ni retenidas. Sin embargo, el propio tratado establece que la inmunidad frente a la jurisdicción del Estado receptor no significa que un diplomático quede exento de la jurisdicción del Estado que lo envía.

Antes de que Perfetto Alexandrow fuera interceptado en Maiquetía, otros cuatro integrantes de la representación venezolana en México ya habían sido detenidos. Benedicto Alvarado, Yaimara Giménez, Gustavo Sánchez y Jairo Ramírez fueron arrestados el 1 de marzo de 2025 y trasladados primero a instalaciones militares en Venezuela antes de terminar recluidos en El Peñón, en Caracas.

El expediente abierto contra el grupo giró en torno a un presunto faltante de 6 millones de dólares atribuido al cobro irregular de servicios migratorios y consulares. Las autoridades sostuvieron que algunos de esos trámites habían sido abonados en criptomonedas y que esos pagos no habían quedado debidamente registrados. Los cuatro funcionarios y Perfetto Alexandrow habían trabajado bajo la conducción de Francisco Arias Cárdenas, quien dejó la embajada venezolana en México en noviembre de 2024.

El cambio de conducción de la embajada marcó el contexto en el que comenzaron los desplazamientos del personal. Stella Lugo asumió como nueva representante venezolana en México a fines de 2024, en reemplazo de Arias Cárdenas, y posteriormente se produjeron cambios en el equipo de funcionarios y trabajadores de la sede. Entre los empleados apartados estaban personas que habían trabajado directamente con el anterior embajador.

Arias Cárdenas ocupa un lugar particular dentro de la historia política venezolana. Fue uno de los militares que participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, encabezado por Hugo Chávez, y posteriormente desarrolló una extensa carrera política. Fue gobernador del estado Zulia y años después asumió la embajada venezolana en México, cargo que ejerció entre 2019 y 2024.

La trayectoria de Perfetto Alexandrow era diferente. Se trata de un diplomático de carrera, con experiencia en asuntos económicos, negociaciones internacionales y organismos multilaterales. Antes de su paso por México había desarrollado funciones relacionadas con la representación venezolana ante organismos internacionales.

Su formación también estuvo vinculada con asuntos de desarrollo internacional. El Rotary Peace Center de Carolina del Norte señala que cursó una maestría en Política de Desarrollo Internacional en Duke University y lo presenta como diplomático venezolano con experiencia en asuntos económicos y multilaterales.

Durante los primeros días posteriores a su arresto, familiares y personas vinculadas con el diplomático denunciaron que desconocían su paradero. Transcurrieron más de dos semanas antes de que se conociera públicamente dónde se encontraba.

Hasta el momento no fueron informados públicamente todos los detalles sobre las condiciones de su excarcelación ni sobre el estado definitivo del proceso judicial relacionado con las acusaciones que dieron origen a su arresto.

Las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron casi 9 % en septiembre y promediaron 1,08 millones de barriles diarios, frente a los 1,19 millones despachados en agosto, en un mes marcado por mayores costos de transporte, pedidos de descuentos y demoras en las cargas.

El retroceso se produjo mientras grandes comercializadoras internacionales presionaron a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para obtener rebajas más amplias en el precio del crudo. Las empresas buscan compensar el aumento de las tarifas de los fletes marítimos, que redujo sus márgenes en las operaciones de compra, transporte y reventa del petróleo venezolano.

Entre las firmas que elevaron sus exigencias figuraron Vitol y Trafigura. La discusión por las condiciones comerciales demoró algunos cargamentos y llevó a modificar los itinerarios de varios tanqueros que operaron en puertos venezolanos. Los cambios en las rutas y en la programación de los despachos incidieron en el volumen exportado durante septiembre.

La reducción total de los embarques contrastó con el aumento de los suministros dirigidos a Estados Unidos. Los envíos a ese mercado alcanzaron 629.000 barriles diarios, por encima de los 553.000 barriles diarios registrados en agosto. Ese destino concentró la mayor parte de las ventas de crudo venezolano durante el mes.

El flujo hacia India, en cambio, bajó de 297.000 a 253.000 barriles diarios. Los despachos a Europa registraron una caída más pronunciada: pasaron de 260.000 barriles diarios en agosto a cerca de 86.000 barriles diarios en septiembre. Las entregas a terminales de almacenamiento del Caribe avanzaron de 60.000 a 76.000 barriles diarios.

Los datos de seguimiento de buques mostraron una redistribución de los destinos de las exportaciones venezolanas. El incremento de los envíos a Estados Unidos no compensó por completo la reducción observada en India y Europa, mientras las operaciones de almacenamiento en el Caribe sumaron una parte menor del volumen total despachado.

Chevron, el principal socio estadounidense de PDVSA en empresas mixtas, mantuvo prácticamente estable su nivel de exportaciones. La compañía envió alrededor de 283.000 barriles diarios durante septiembre, una cifra similar a la de agosto. Las comercializadoras, por su parte, colocaron unos 637.000 barriles diarios en distintos destinos, frente a los 597.000 barriles diarios del mes anterior.

La distribución de los cargamentos respondió a las condiciones de cada mercado y a los costos de transporte asociados con los trayectos marítimos. El encarecimiento de los fletes llevó a los compradores a negociar precios más bajos para el crudo venezolano, mientras los operadores ajustaron las salidas de los tanqueros y reprogramaron parte de los embarques.

Las expectativas del sector apuntaron a que las mayores tarifas de transporte continuarían condicionando la demanda por el petróleo venezolano durante octubre. Operadores y empresas navieras anticiparon que los descuentos solicitados por las comercializadoras seguirían presentes en las negociaciones, con efectos sobre los ritmos de carga y los destinos de los buques.

Venezuela también aumentó sus exportaciones de derivados petroleros y productos petroquímicos. Durante septiembre despachó unas 204.000 toneladas métricas, frente a las 190.000 toneladas enviadas en agosto. La suba estuvo vinculada con la demanda internacional de productos como el metanol y el amoníaco.

(Con información de Reuters)

El ex preso político y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, informó que una persona falleció y al menos cinco resultaron heridas en un enfrentamiento entre efectivos de la Guardia Nacional y miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio Junín del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

El internacionalista Mariano de Alba destacó la trascendencia del hecho: “Si se confirma, sería el primer enfrentamiento entre fuerzas militares de Venezuela y el ELN desde que (Abelardo) De la Espriella asumió la presidencia de Colombia, y una señal de que el ELN podría estar comenzando a perder margen de tolerancia en territorio venezolano, tal como lo espera el gobierno de Estados Unidos”, escribió en su cuenta en X.

Hasta el momento de escribir esta nota, el gobierno interino de Delcy Rodríguez no había corroborado esta versión.

A mediados de septiembre, medios locales reseñaron que aeronaves militares venezolanas sobrevolaron una zona minera en el estado Bolívar, al sur del país, donde operan células del ELN. En esa oportunidad se indicó que las autoridades habían evacuado a los trabajadores de la estatal CVG Bauxilum, que habían denunciado la presencia de los “elenos”.

Dada la frontera común de 2.200 kilómetros, históricamente los grupos guerrilleros colombianos también han tenido actividad en el lado venezolano. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con el ascenso de la revolución chavista, que jamás disimuló sus coincidencias políticas e ideológicas con los rebeldes.

Amenaza

Fundaredes publicó un informe en 2019 sobre el despliegue de distintos grupos irregulares colombianos y venezolanos en el país. De acuerdo con esa investigación, el ELN se encontraba en 17 de los 24 estados de Venezuela desarrollando actividades delictivas como tráfico de drogas, minería ilegal y reclutamiento y adoctrinamiento de niños.

“Además del control económico y territorial, la influencia del ELN se ha extendido al ámbito social, afectando a los más vulnerables como lo son los niños, niñas y adolescentes que ven en la guerrilla una posible salida a la falta de oportunidades. Así, en distintas zonas del estado Apure la guerrilla ha impuesto su poder en las decisiones del sistema educativo”, advertía la ONG en otra investigación difundida en 2025.

El ex diputado opositor Américo De Grazia afirma que el territorio al sur del río Orinoco, en los alrededores de las minas de bauxita, es “zona colonizada por el ELN”. “Todo este territorio está bajo el control de estos narcoterroristas”, aseveró quien también fuera preso político de Nicolás Maduro.

Tras la caída de Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia encargada, se anunció el advenimiento de un “nuevo momento político” marcado por la influencia de Estados Unidos. Analistas estiman que el acercamiento a Washington obligará a distanciarse de los grupos guerrilleros.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que los periodistas Luis López y Gabriel González recibieron una sentencia absolutoria por parte del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, dando fin así al calvario judicial que sufrieron por casi dos años.

López y González fueron detenidos en medio de la ola represiva que desató Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de 2024, tachadas como fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional democrática. Su libertad plena llega en el marco del proceso de negociación que adelanta el gobierno interino de Delcy Rodríguez con la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos.

El SNTP recuerda que ambos comunicadores fueron imputados por asociación para delinquir e “instigación al odio”. Esta semana, la presidenta encargada solicitó al Parlamento, encabezado por su hermano Jorge Rodríguez, revisar y reformar la Ley contra el Odio, después de admitir que se cometieron abusos en la aplicación de ese instrumento.

Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de oposición exigen la derogación de esa norma, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente chavista de 2017, dirigida precisamente por la propia Rodríguez.

López y González ya gozan de libertad plena, pero todavía quedan tres periodistas enfrentando procesos judiciales en el país. Bajo el régimen de Maduro hubo unos 26 comunicadores detenidos y, en total, más de 2 mil presos políticos.

Tras asumir la presidencia encargada, Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político”, que incluyó la promulgación de una Ley de Amnistía. Centenares de personas han salido de las cárceles, pero aún permanecen tras las rejas más de 300, según distintos grupos defensores de Derechos Humanos.

Derogar

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que según sus estimaciones, desde la entrada en vigencia de la Ley contra el Odio en 2017, “a 927 personas se les imputó el delito de ‘instigación al odio’”. De ese total, seis continúan presas y 638 siguen sujetas a medidas cautelares.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, exigió a Delcy Rodríguez derogar ese texto. “Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito”, subrayó la alianza, resaltando que “durante años este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales”.

La ONG Provea recalcó que la Ley Contra el Odio fue “usada bajo la dictadura de Nicolás Maduro como un arma para perseguir a la disidencia y la sociedad”. Insistiendo en la necesidad de abrogar la norma, recordó que “sus efectos van más allá de lo penal. Permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear páginas web, imponer multas, obligar a retirar contenidos de redes sociales, revocar la inscripción de partidos políticos y prohibir organizaciones sociales”.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el régimen chavista, declaró que está previsto que para noviembre se culmine el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Nosotros tenemos un entregable de estos hitos para el mes de noviembre, y yo creo que vamos a honrar ese principio de meta”, afirmó Figuera, dirigente de Primero Justicia, partido que integra la coalición Plataforma Unitaria Democrática.

El segundo ciclo de sesiones de la mesa de diálogo concluyó el 25 de septiembre con la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los candidatos a magistrados del TSJ.

Las partes anunciaron que la Asamblea Nacional de mayoría chavista y presidida por Jorge Rodríguez, hermano mayor de la mandataria interina Delcy Rodríguez, avanzaría con la designación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, ente que conducirá el procedimiento que llevará al nombramiento de los 32 jueces principales con sus respectivos suplentes.

Producto de la negociación, se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que ese Comité de Postulaciones Judiciales tenga ahora una mayoría de 12 miembros de la sociedad civil frente a 11 diputados.

Dictadura judicial

Mientras se adelantan los cambios en la cúpula del Poder Judicial, chavismo y oposición se comprometieron a “continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesarios para la transformación del sistema de justicia” en el país.

Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora y doctor en Derecho Constitucional, ha señalado que buscan desmantelar la “dictadura judicial” que el oficialismo impuso para ahogar a la disidencia.

El chavismo ha utilizado al TSJ como un ariete contra sus adversarios. En 2024, el máximo juzgado convalidó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio a Nicolás Maduro, sin presentar jamás las actas de escrutinio.

Antes, el máximo juzgado había ratificado la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, negándole la posibilidad de participar en aquellos comicios.

Figuera indicó que la próxima fase de conversaciones, que se espera tenga lugar a mediados de octubre, abordará el tema de las garantías y derechos políticos. Allí la oposición llevará a la mesa su exigencia de que cese la intervención judicial contra sus partidos, y que se levanten las inhabilitaciones.

En paralelo, crece la expectativa sobre la designación de un nuevo CNE, paso clave para definir el cronograma electoral y un eventual llamado a las urnas para votaciones presidenciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha valorado que es “demasiado pronto” para convocar elecciones en Venezuela. “Ahora mismo es un tema muy delicado”, ha señalado el mandatario, que no cree que todavía exista la situación ideal para celebrar unos comicios que la oposición de ese país demanda.

“Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde”, dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine publicada este jueves.

Trump explicó que “hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones”.

Trump ha dicho en una entrevista que publica la revista ‘Time’ este jueves que hay “muy buena” relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha defendido su decisión de mantener al frente a las mismas autoridades previas a al arresto del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Así ha puesto como ejemplo que tras la ocupación estadounidense de Irak, desde la administración del ex presidente George W. Bush “despidieron a todo el mundo” y “no había nadie que dirigiera” el país. “Yo hice lo contrario (...) No despedí a nadie y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos”, ha argumentado.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que hablaría con Delcy Rodríguez sobre unas futuras elecciones, pero “ahora mismo es un tema muy delicado”. Está “demasiado verde”, ha llegado a apuntar.

“Creo que es demasiado pronto. Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todo”, ha afirmado Trump.

“Tenemos una muy buena relación. Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales”, ha remarcado.

Trump reivindicó la operación contra Nicolás Maduro, defendió el regreso de petroleras estadounidenses y aseguró que Venezuela aporta recursos a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la situación en Venezuela como uno de los argumentos para defender su política exterior y su estrategia económica. En una entrevista con TIME, afirmó que la captura de Nicolás Maduro, la llegada de Delcy Rodríguez al poder y el retorno de empresas petroleras estadounidenses muestran los resultados de la presión de Washington sobre Caracas.

La revista publicó el reportaje el 1 de octubre, tras una conversación de 75 minutos con Trump en la Casa Blanca. Allí, el mandatario vinculó el caso venezolano con la guerra de Estados Unidos contra Irán, el uso de inteligencia artificial y la necesidad de aumentar la producción militar.

Trump presentó a Venezuela como prueba de su política de fuerza

Trump sostuvo que la destitución de Maduro y el ascenso de Rodríguez acercaron a Venezuela a la influencia de Washington. Según el artículo, el presidente utiliza ese episodio para sostener que la proyección del poder estadounidense puede producir resultados en la región.

El medio sitúa la operación en Caracas al inicio del segundo año de su mandato. La captura de Maduro, según la reconstrucción de TIME, reforzó la confianza de Trump en las acciones militares de alto impacto, antes de decidir el ataque contra Irán.

El reportaje también afirma que el mandatario prevé concentrar una parte mayor de su agenda internacional en el hemisferio occidental durante el resto de su mandato. El objetivo sería ampliar la influencia estadounidense en países gobernados por administraciones ideológicamente cercanas.

El presidente vinculó el petróleo venezolano con el costo de la guerra en Irán

Durante la entrevista, Trump aseguró que el costo para reponer parte de las municiones utilizadas en la guerra contra Irán sería inferior a lo que Estados Unidos obtiene en un mes por el petróleo venezolano.

La afirmación apareció cuando fue consultado por el gasto de reconstruir las reservas militares estadounidenses, afectadas por el conflicto con Teherán. Trump indicó que había alcanzado acuerdos con fabricantes de armamento como Raytheon y Lockheed Martin para ampliar la producción de sistemas de defensa, entre ellos los misiles Patriot y THAAD.

Según el artículo, grandes compañías petroleras de Estados Unidos retomaron actividades extractivas en Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. La nota aclara que ese retorno no se tradujo, hasta el momento de la entrevista, en una baja para los precios de la gasolina en territorio estadounidense.

Trump consultó a Grok antes de la operación contra Maduro

El presidente también recurrió a Grok, el chatbot desarrollado por la empresa de Elon Musk, antes de la operación contra Maduro, según un funcionario citado por la revista.

Trump preguntó cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba al entonces dictador. De acuerdo con la fuente consultada por TIME, el sistema respondió que Maduro era un dirigente represivo e impopular y que muchos venezolanos podían celebrar su caída.

El artículo indica que, luego de que Trump ordenó la misión de captura en enero de 2026, se registraron celebraciones en las calles. La revista presenta ese episodio como uno de los motivos que consolidaron el interés del presidente por la inteligencia artificial y por los consejos de líderes tecnológicos.

Las acusaciones contra embarcaciones venezolanas

El texto señala que Trump ordenaba ataques contra embarcaciones venezolanas que, según sus acusaciones, transportaban drogas hacia Estados Unidos cuando se reunió con Musk en diciembre de 2025 y consultó a Grok sobre Maduro.

No se precisan en el artículo las fechas, los lugares ni los resultados de esos operativos. Tampoco se incluyen declaraciones de autoridades venezolanas sobre las acusaciones de narcotráfico o sobre las acciones militares descritas.

La entrevista de TIME no contiene referencias a una elección presidencial, parlamentaria o regional en Venezuela.

Al menos 927 personas fueron acusadas en Venezuela por “incitación al odio” desde 2017, cuando entró en vigencia una ley que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió reformar esta semana ante el Parlamento controlado por el chavismo. Según la organización no gubernamental Foro Penal, seis de los acusados permanecen detenidos y 638 cumplen medidas restrictivas de libertad.

El vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, indicó que el delito suele aparecer junto a imputaciones por terrorismo y asociación. “La mayoría de las veces” la acusación de incitación al odio fue presentada con esos otros cargos, explicó Himiob.

La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”, además de otras sanciones. El texto fue impulsado en 2017 por el ex dictador Nicolás Maduro.

Organizaciones sociales y sectores opositores cuestionaron la norma y la incluyeron dentro del marco jurídico utilizado contra periodistas, defensores de derechos humanos y críticos del chavismo. Rodríguez sostuvo el martes que mantiene su respaldo a los principios de la ley, aunque reconoció deficiencias en su aplicación. La dirigente afirmó que la norma “lamentablemente fue mal aplicada” y que existió “un uso abusivo” de sus disposiciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión especial integrada por 11 diputados, que redactará el proyecto de reforma. En febrero, el legislador oficialista ya había reconocido un uso inadecuado de la legislación y planteó la posibilidad de modificarla.

Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reclamó en X que los procesos abiertos bajo esa legislación sean “revisados y cerrados”. La organización afirmó que esas causas “solo han servido para criminalizar la expresión”. “Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio”, agregó el sindicato. Diversas organizaciones exigen la derogación de la ley y alertan sobre la amplitud de su redacción, que, según sostienen, permite interpretaciones discrecionales para acusar y sancionar comentarios u opiniones.

El pedido de reforma surgió después de que el Gobierno y un sector de la oposición concluyeran el segundo ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición política en Venezuela. También coincidió con una visita de Human Rights Watch (HRW), la primera de la organización al país desde 2008. HRW pidió modificar o derogar las leyes que “han permitido las violaciones de derechos humanos”, entre ellas la Ley Contra el Odio.

Por su parte, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió el miércoles la derogación inmediata de la ley contra el odio y rechazó la propuesta de, Delcy Rodríguez, para reformar la norma. “Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito”, sostuvo la principal coalición opositora venezolana en un comunicado.

La alianza, que respalda a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó que la legislación formó parte del marco jurídico utilizado para restringir libertades y perseguir a quienes disienten del chavismo. “Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales”, señaló la PUD.

El bloque opositor consideró que el país no requiere una modificación de la norma, sino el desmontaje de las disposiciones legales que, según denunció, permitieron el uso del aparato estatal contra ciudadanos por sus opiniones o posiciones políticas.

“La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta”, expresó.

La PUD sostuvo que la derogación de la ley debe constituir “un paso concreto” para recuperar las libertades civiles y políticas, el Estado de derecho y las garantías democráticas.

(Con información de EFE)

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica detuvo en San Rafael de Alajuela a un hombre de apellido Feng y a una mujer de apellido Wu, ambos investigados como sospechosos del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de dos personas menores de edad de nacionalidad venezolana.

Las capturas se realizaron en vía pública y frente a uno de los establecimientos comerciales relacionados con la investigación, según confirmó la Policía de Migración. Ambos sospechosos son de nacionalidad china

De acuerdo con la investigación policial, las víctimas habrían sido sometidas a jornadas laborales superiores a 12 horas, sin días de descanso, sin tiempos adecuados para alimentarse, sin remuneración económica y sin aseguramiento médico.

Las autoridades sostienen además que los investigados presuntamente ejercían mecanismos de control sobre las víctimas mediante la retención de documentos personales, incluidos sus pasaportes, así como restricciones para abandonar los domicilios y establecimientos comerciales en los que permanecían.

La investigación señala que el caso tendría antecedentes desde 2017, cuando Feng y Wu habrían asumido como adultos responsables o garantes de las dos personas menores venezolanas.

Según la versión divulgada por Migración, Feng habría trasladado posteriormente a las víctimas hasta un supermercado ubicado en San Rafael de Alajuela, donde les fueron asignadas funciones laborales. El hombre también figura en la investigación como administrador de los establecimientos comerciales donde presuntamente se desarrollaban las actividades.

Investigación por trata de personas

La Policía Profesional de Migración investiga los hechos como un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral.

Las autoridades no han informado hasta el momento de una condena contra los detenidos, por lo que Feng y Wu permanecen como personas sospechosas dentro de una investigación penal y deberán enfrentar las etapas correspondientes del proceso judicial.

El caso vuelve a poner la atención sobre una modalidad de trata que no necesariamente implica explotación sexual, sino que también puede desarrollarse mediante condiciones laborales abusivas acompañadas de mecanismos de control, amenazas, aislamiento o restricción de libertad.

El Poder Judicial de Costa Rica define la trata con fines de explotación laboral como un delito de acción pública y recuerda que cualquier persona puede denunciar situaciones sospechosas ante las autoridades.

En este caso, Migración indicó que las condiciones investigadas implicaban una presunta vulneración de derechos fundamentales de las víctimas, debido a factores como las extensas jornadas, ausencia de remuneración, falta de descanso y las restricciones impuestas sobre sus movimientos.

La Policía de Migración sostuvo que el operativo forma parte de las acciones que desarrolla para combatir el fenómeno de la trata de personas y pidió a la ciudadanía informar sobre cualquier caso en el que exista sospecha de explotación.

Autoridades piden denunciar posibles casos

Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1 o directamente ante la Unidad de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración.

Las autoridades también han señalado como posibles indicadores de alerta la presencia de personas cuya movilidad está restringida, extranjeros sin control de sus propios documentos, personas permanentemente vigiladas o trasladadas por terceros y trabajadores cuyas condiciones no coinciden con una relación laboral ordinaria.

El operativo realizado en Alajuela permitió poner bajo investigación a los dos sospechosos mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que las víctimas llegaron al país, el tiempo durante el cual habrían permanecido bajo esas condiciones y el alcance de la presunta explotación.

El Parlamento venezolano fijó este miércoles un cronograma para elegir a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que evaluará a los candidatos encargados de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado por distintos sectores como afín al Gobierno.

La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, activó el procedimiento para conformar esa instancia, que deberá participar en la selección de los nuevos magistrados del máximo tribunal. El calendario comenzará con la convocatoria para escoger a 12 representantes de la sociedad civil, quienes se incorporarán a los 11 diputados ya designados para integrar el comité.

El presidente de la comisión preliminar de postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó en una rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo que la convocatoria se publicará el próximo viernes en medios de comunicación y periódicos. A partir de esa publicación, las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas para ocupar los puestos destinados a la sociedad civil.

El proceso de recepción de postulaciones se extenderá hasta el 9 de octubre. Una vez vencido el plazo, la comisión preliminar evaluará las candidaturas para seleccionar a los 12 representantes civiles que pasarán a formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

Alessandrello encabezó la comisión preliminar, creada por el Parlamento el día anterior. El grupo asumió la organización de las primeras fases del procedimiento y la elaboración del cronograma que ahora regirá la incorporación de los integrantes civiles al comité.

El diputado opositor Luis Florido, quien también formó parte de la comisión preliminar, afirmó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia permitirá contar con un “Tribunal Supremo que le responda a todos los venezolanos, a todo el país, y permitir reconstruir un sistema judicial”.

Florido sostuvo que el Comité de Postulaciones Judiciales probablemente prestará juramento el 16 de octubre. Antes de ese acto, la Asamblea Nacional deberá presentar formalmente a sus integrantes ante el Legislativo, en una sesión prevista para el 15 de octubre.

El cambio respondió a un acuerdo alcanzado entre el chavismo y un sector de la oposición que mantuvo un diálogo con el oficialismo. Las partes plantearon que la ampliación de la representación civil contribuirá a garantizar condiciones de independencia durante la elección de los nuevos magistrados.

De manera paralela al Comité de Postulaciones Judiciales funcionará un consejo de siete juristas. Cuatro de esos miembros serán personas de confianza de la oposición, según el acuerdo político que acompañó la reforma aprobada por el Parlamento.

El consejo de juristas actuará como un filtro adicional dentro del procedimiento de renovación del TSJ. Su participación buscará incorporar una instancia de revisión en el proceso previo a la designación de los magistrados que integrarán el máximo tribunal.

(Con información de EFE)

Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos consideran insuficiente el anuncio de la presidenta encargada de Delcy Rodríguez de reformar la Ley contra el Odio y exigen su derogación, tras señalar que el instrumento solo ha servido para criminalizar a la disidencia.

“Recordamos que esta ley ha sido utilizada como un medio de control a la expresión social: más de 120 casos documentados (2017-2024) y al menos 33 detenciones en el ciclo postelectoral de 2024 bajo imputaciones de ‘Promoción e incitación al odio’, las víctimas son en su mayoría activistas, infociudadanos y periodistas”, indicó la ONG Espacio Público.

Espacio Público aseguró que “esta norma también ha contribuido a esquemas de extorsión y produce un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye en sí mismo una violación de derechos”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) apuntó que “la revisión de la Ley contra el Odio debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura que contiene la norma”.

“Eliminar las penas de prisión sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos”, enfatizó el SNTP, que mantiene su exigencia de que el texto sea abrogado.

El director de la ONG Provea, Oscar Murillo, señaló que los defensores de DDHH demandan la abolición de la Ley contra el Odio y de una serie de textos promulgados por el régimen chavistas para perseguir a las voces críticas. “Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación. Requerimos avanzar en el proceso de reconstrucción institucional”, expuso Murillo.

Ante la iniciativa de la mandataria interina de solicitar la modificación de la norma, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) insistió en que “este instrumento debe ser derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión”.

Fuera

La delegación de la oposición que participa en el proceso de negociación con el régimen chavista, subrayó que la reforma de la ley “se produce en el marco del proceso de diálogo orientado a la reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes”.

“Estamos atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores, de acuerdo a los conversado, y contribuya al restablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas”, agregaron.

La dirigencia opositora también se unió al reclamo. Juan Pablo Guanipa, vocero de Primero Justicia, recordó que “la Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por la ilegal Asamblea Constituyente presidida por la propia Delcy Rodríguez”.

“Durante años fue utilizada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos. Hay víctimas, presos, familias destruidas y denuncias de torturas asociadas a ese aparato represivo”, recalcó Guanipa, quien demandó la liberación de los presos políticos.

La fundadora de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, manifestó que el daño provocado por la Ley contra el Odio “no se resuelve con reformas parciales”. “Las leyes que han servido de sustento a la represión deben ser derogadas”, afirmó.

“Ahora Delcy Rodríguez dice que se hizo un uso abusivo de la Ley del Odio. Pero ese uso abusivo lo hizo ella misma. No te podrás lavar la cara con todo tu desdoblaje discursivo. Ustedes son los responsables de todo el abuso de poder que se le aplicó a los venezolanos”, fustigó Andrés Velásquez, líder de La Causa R.

El director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, señaló que durante septiembre el gobierno liquidó cerca de 1.400 millones de dólares, 37% menos de lo que inyectó al sistema en julio, mes que registró la mayor oferta de divisas este año.

“En Ecoanalítica pensamos que los desembolsos extraordinarios observados entre marzo y agosto crearon expectativas que no son sostenibles en el tiempo”, apuntó Grisanti, quien estima que “el mercado necesita alrededor de 1.500 millones mensuales solamente para satisfacer la demanda asociada a importaciones no petroleras”.

El consultor observó que esos 1.400 millones de dólares “cubrirían apenas 93% de ese requerimiento, sin considerar remesas de utilidades, servicios o demanda precautelativa”. A su juicio, la disminución en la oferta de divisas generará “mayores presiones cambiarias durante las próximas semanas”.

Fin del control

El lunes el tipo de cambio oficial se ubicaba en 857 bolívares por dólar, mientras la tasa de mercado alcanzaba los 968 bolívares, destacó Grisanti.

“Con un diferencial de esta magnitud, insistimos en que el Banco Central de Venezuela (BCV) debería plantearse seriamente la eliminación del control de cambio, especialmente cuando estamos entrando simultáneamente en un período de menor oferta de divisas y mayor demanda estacional”, subrayó el economista.

El experto considera que “la oportunidad para eliminar el control de cambio existe”, y advierte que “cuanto mayor sea la brecha entre el oficial y el mercado, más costoso será hacerlo después”.

Restricciones

Grisanti analizó la decisión del BCV de limitar el financiamiento y aumentar los rendimientos mínimos que debe pagar la banca, en particular el impacto de subir hasta 10% la tasa por los depósitos a la vista.

“Por cada 100 bolívares que recibe la banca, 73 deben permanecer inmovilizados en el BCV, sin remuneración. Ahora el banco deberá pagar al menos 10% por esos mismos depósitos. Es un aumento directo y significativo del costo de intermediación financiera”, explica.

El director de Ecoanalítica indica que “del lado del crédito ocurre algo todavía más inusual: las tasas activas, sobre préstamos indexados al tipo de cambio oficial, pasan de tener un máximo de 16% a un mínimo de 16%. No recordamos en la historia económica reciente de Venezuela que el BCV haya establecido administrativamente una tasa mínima para los préstamos”.

El consultor entiende que el gobierno interino de Delcy Rodríguez busca estabilizar el tipo de cambio y controlar la inflación, que en estos nueve meses acumula 200% y que en el último año supera el 500%.

Sin embargo, alerta: “Intentar defender un tipo de cambio cada vez más alejado del mercado mediante menos crédito, tasas administradas y un encaje de 73% puede terminar generando nuevas distorsiones”.

A los cortes de luz siguen los cortes de calle. El racionamiento y los constantes apagones han encendido las protestas en distintas ciudades del país, obligando al ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y al presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Fernández, a ofrecer la noche de este martes 29 de septiembre un inusual mensaje a la nación “para que conozcan lo que estamos haciendo para superar esta situación compleja por la que estamos pasando con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.

Alcalá indicó que en este último trimestre del año incorporarán 1.300 megavatios al SEN que, dijo, “servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica para todos los usuarios a nivel general”.

“Paralelamente y en complemento con el plan de generación térmico, se están ejecutando importantes obras a nivel de transmisión. Destaca entre estas la ampliación de la subestación Planta Centro con la incorporación de un nuevo autotransformador 400-230, cuyos equipos llegaron recientemente del exterior y están en plena instalación”, agregó Fernández.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha lanzado en ocho meses dos planes de ahorro eléctrico que, en la práctica, se traducen en interrupciones del servicio por seis horas o más en casi todo el país, con excepción de Caracas.

La crisis del sistema tiene más de 15 años, pero el oficialismo argumenta que la agudización del problema en estos momentos obedece al impacto del doblete sísmico del 24 de junio -que afectó diversas instalaciones-, las altas temperaturas que llevan al aumento del consumo de energía y el repunte de la economía.

Los expertos, en cambio, afirman que el colapso responde a años de falta de mantenimiento e inversión, ineficiencia y escándalos milmillonarios de corrupción con obras que se planificación y jamás se terminaron.

Nuevo momento

Los funcionarios subrayaron que “a diferencia de años anteriores”, ahora “sí tienen acceso directo a repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez restableció las relaciones con Washington, que ha enfatizado la necesidad de mejorar el SEN para impulsar la producción de petróleo y la recuperación de la economía venezolana.

“Para garantizar un sistema robusto capaz de acompañar el crecimiento económico del país, hemos consolidado alianzas estratégicas con empresas internacionales de primer nivel”, resaltó Alcalá, quien mencionó los acuerdos firmados con Impsa, General Electric y Siemens.

“Estamos trabajando para el suministro de piezas y tecnologías originales y repotenciando nuestros sistemas termoeléctricos de transmisión, generación y distribución”, recalcó el titular de Energía Eléctrica.

El ministro elogió la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional, parte del paquete legislativo sancionado por el Parlamento siguiendo las directrices de la Casa Blanca.

La norma “va a permitir la integración del sector público y privado en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía”, con el fin de “fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica”, acotó.

El jefe de Corpoelec reiteró el “llamado a la población al uso eficiente de la energía”, invitación que suele ser respondida con ironía en las redes sociales, con los usuarios comentando que no pueden ahorrar algo que no tienen.

Representantes de petroleras internacionales expresaron el martes en Caracas su disposición a ampliar operaciones en Venezuela, pese al deterioro de la infraestructura y a los problemas operativos que enfrenta la industria, durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela (VIOGS 2026).

El encuentro reunió a directivos de Repsol, Siemens, Hunt Oil, Maurel & Prom y la firma catarí UCC Oil and Gas Holding, además de empresas de servicios de distintos países. La presencia empresarial se produjo en medio de la apertura del sector petrolero al capital privado impulsada por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo supervisión de Estados Unidos.

“Toda Venezuela es una tremenda oportunidad para nosotros y para nuestros planes de crecimiento, y por eso estamos aquí”, afirmó Erik Keskula, director ejecutivo de Exploración y Producción de UCC Oil and Gas Holding, durante el foro.

UCC mantiene conversaciones para entrar en nuevas áreas de petróleo y gas en el país. La compañía, junto con BP y XRG, una unidad de la empresa estatal emiratí ADNOC, recibió en agosto una licencia de largo plazo para desarrollar el proyecto gasífero Loran, en aguas venezolanas cercanas a Trinidad y Tobago.

La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que acordó en agosto un plan para operar 17 campos venezolanos con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles, no participó del encuentro. La Casa Blanca calificó aquel convenio como el mayor acuerdo petrolero de la historia.

Michael García, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, afirmó: “Hemos trabajado con el gobierno interino para reabrir las puertas a empresas estadounidenses e internacionales de renombre para comercializar petróleo venezolano”. La producción petrolera venezolana ronda 1,2 millones de barriles diarios, lejos de los más de tres millones que el país extraía hace dos décadas. La industria arrastra años de falta de inversión y mantenimiento, problemas de gestión en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el impacto de las sanciones internacionales.

La crisis eléctrica también atravesó las intervenciones del foro. Durante la jornada se registraron dos interrupciones del servicio.

“Debemos entender cuáles son las debilidades institucionales y luego las debilidades de infraestructura, pero podemos abordar esos problemas con bastante rapidez”, señaló Hunter Hunt, director ejecutivo de Hunt Energy Holdings. “Cuando los gobiernos anfitriones adoptan el mismo enfoque, ayuda a comenzar a abordar esas deficiencias muy rápidamente (...) lo estamos viendo aquí en días”, agregó.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó el pasado sábado 20 de septiembre un memorando de entendimiento con TotalEnergies E&P New Ventures para una “cooperación estratégica en materia de hidrocarburos”, según informó la televisora pública venezolana, VTV.

El acuerdo fue suscrito en Caracas por el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y el vicepresidente senior para las Américas de TotalEnergies, Javier Rielo. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y otros directivos de la petrolera francesa asistieron al acto.

En abril, TotalEnergies afirmó que estaba “a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, después de que la empresa “avanzó en las negociaciones”. El director financiero de la compañía, Jean-Pierre Sbraire, explicó entonces que la firma trabajaba en un “esquema de comercialización” vinculado con los envíos de crudo venezolano hacia la costa estadounidense del golfo de México. “Parte” del petróleo pesado que TotalEnergies compre a Pdvsa podría llegar a la refinería de Port Arthur, cerca de Houston, que cuenta con capacidad para procesar unos 238.000 barriles diarios.

(Con información de EFE)

El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, anunció un plan para incorporar 1.300 megavatios al sistema eléctrico nacional durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de reducir los apagones que se intensificaron en las últimas semanas. El funcionario indicó que una unidad de Planta Centro, el principal complejo de generación para el centro-oeste del país, entrará en servicio “en los próximos días” y aportará 600 megavatios a esa zona.

Alcalá informó que incorporarán siete unidades con una capacidad total de 500 megavatios para Zulia, uno de los estados más afectados por las fallas eléctricas. El resto de la generación prevista provendrá de unidades ubicadas en otras regiones del país. “Se dispondrán de otras unidades a nivel nacional que, en un total significan 1.300 megavatios en este último trimestre del 2026, que servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica a nivel general”, afirmó en un video difundido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Telegram.

El anuncio se produjo mientras distintas regiones registran protestas casi diarias por interrupciones del suministro que, según los reclamos de los usuarios, pueden prolongarse hasta 16 horas. El ministro atribuyó el aumento de la demanda al “repunte de la actividad económica”, a las altas temperaturas vinculadas con el fenómeno de El Niño y a los terremotos de junio, que, según sostuvo, retrasaron los trabajos de recuperación de la red eléctrica.

Distintos voceros gubernamentales también atribuyeron las fallas a las sanciones internacionales, al considerar que limitaron la compra de repuestos. La oposición y expertos, en cambio, responsabilizan a la corrupción y a la falta de mantenimiento de una crisis que se extiende desde hace más de una década.

Alcalá afirmó que el país contó este año con acceso a “repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”. El presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Fernández, informó que el Gobierno ejecuta obras de transmisión, entre ellas la ampliación de una subestación de Planta Centro mediante un autotransformador. El equipo, cuya puesta en marcha se prevé para finales de noviembre, permitirá enviar energía hacia la región andina, otra de las áreas que enfrenta cortes frecuentes.

Fernández agregó que Corpoelec realiza tareas de mantenimiento diario y avanza en un programa de fuentes alternativas. Entre los proyectos mencionó el parque solar de Machango, en Zulia, que las autoridades esperan poner en servicio en 2027. El Gobierno encargado también expresó confianza en una reforma de la ley del servicio eléctrico, que prevé la participación de los sectores público y privado. Las autoridades recordaron convenios firmados con General Electric, Siemens e Impsa.

La crisis eléctrica en Venezuela se extendió a nuevas regiones del país, con interrupciones diarias que afectan al 99% de los hogares en Zulia, al 98% en los Andes y al 82% en Caracas, según datos expuestos por el analista Efraín Rincón, de la firma Consultores 21.

“La crisis eléctrica ha empeorado de manera significativa, uno tenía la idea de que la gran víctima de esto es el Zulia y resulta que ahora se han sumado otras regiones del país”, afirmó Rincón durante una rueda de prensa en Maracaibo a principios de septiembre. “Los datos dicen que el 99% de los hogares (zulianos) se ven afectados por interrupciones del servicio eléctrico al día (...) en (la región de) Los Andes estamos más o menos en ese porcentaje, 98%, y en la capital (Caracas) hay un 82%. De tal suerte que el problema energético se ‘deszulianizó’ y empieza ahora a nacionalizarse”, señaló.

En el sur de Maracaibo, la estudiante de Psicología Isamar González, de 18 años, relató que convive con los apagones desde su infancia y que utiliza linternas para estudiar. “Yo siento en realidad que no ha habido ningún cambio. Creo que ha habido momentos peores, como cuando nos quitaron la luz una semana en (2019...) Y creo que ahorita se tiene que aprender a sobrevivir con esto”, dijo en diálogo con EFE.

La joven aseguró que el servicio falla “todos los días”. Los cortes también agravan la situación de personas enfermas, entre ellas pacientes oncológicos y personas con autismo, según vecinos de la comunidad de Santa Clara.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, una de las normas más cuestionadas del marco jurídico aprobado por el régimen chavista para perseguir a dirigentes opositores y periodistas. La iniciativa busca avanzar en la despenalización de conductas contempladas por la legislación y corregir la forma en que fue aplicada durante los últimos años.

Rodríguez formalizó el pedido mediante una carta dirigida al titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que reclamó que el proyecto sea tratado con carácter de urgencia. Según explicó, la modificación forma parte de las medidas destinadas a transformar el sistema de justicia penal y abrir espacios para la “convivencia democrática”.

También sostuvo que el cambio podría contribuir a recuperar la confianza en las instituciones y a “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela.

Horas después de formalizar el pedido de reforma, Rodríguez se refirió a la aplicación de la legislación y admitió que hubo abusos. “Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, declaró durante un acto en Portuguesa, aunque aclaró que sigue defendiendo los principios que dieron origen a la norma.

“Yo creo en los principios de esa ley. El principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio”, manifestó. También llamó a “sustituir el odio por el amor, la intolerancia por la convivencia”.

La norma fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y presidida en ese momento por la propia Delcy Rodríguez, quien ahora impulsa su reforma. La entonces jefa de la Constituyente defendió públicamente el proyecto y acompañó su aprobación en medio de la ofensiva del chavismo contra la oposición tras las protestas de ese año. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado que la legislación fue utilizada como una herramienta para perseguir la disidencia y restringir la libertad de expresión.

El texto estableció como delito la promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia. Para determinadas conductas fijó penas de 10 a 20 años de prisión, además de sanciones aplicables a medios de comunicación y otras medidas administrativas.

La norma también incorporó disposiciones relacionadas con los medios y las plataformas electrónicas. Entre sus mecanismos aparecen medidas como el bloqueo de portales y la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a prestadores de servicios de radio y televisión.

Lo que dijo la Asamblea Nacional electa en 2015

La delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que participa actualmente en el proceso de diálogo con el chavismo, recibió el anuncio con cautela y reclamó que cualquier modificación produzca garantías concretas para los ciudadanos.

Mediante un comunicado, sostuvo que desde su aprobación la ley “fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la disidencia” y expresó solidaridad con quienes fueron afectados por su aplicación y con sus familiares.

El grupo señaló que permanecerá atento a que la reforma cumpla los objetivos planteados durante las conversaciones políticas.

“Estamos atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores”, afirmó, al tiempo que vinculó el proceso con la “reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes”.

La delegación también advirtió que la modificación de esta legislación no abarcará todos los instrumentos que, según su posición, han sido empleados para restringir derechos políticos y libertades civiles. “Trabajamos para desmontar los instrumentos que han restringido los derechos y las libertades de los venezolanos”, señaló.

Organizaciones de DDHH exigen su derogación

Entretanto, organizaciones venezolanas reclamaron que la legislación sea eliminada por completo y no solamente modificada para retirar las penas de prisión.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sostuvo que la despenalización es insuficiente mientras continúen vigentes otras disposiciones que, según la organización, permiten aplicar sanciones contra medios y restringir la circulación de información. Entre ellas mencionó la posibilidad de revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.

“Seguimos exigiendo la derogación”, expresó el sindicato, que pidió que cualquier revisión de la legislación alcance tanto las sanciones penales como los mecanismos que pueden afectar la libertad de prensa y de expresión.

El Colegio Nacional de Periodistas también reclamó la eliminación de la ley y cuestionó su alcance. La organización sostuvo que su aplicación tiene un “carácter punitivo y discrecional” y afirmó que la normativa afecta derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.

La ONG Espacio Público planteó igualmente la necesidad de una “derogación inmediata”. Según su posición, la legislación ha permitido utilizar mecanismos judiciales contra personas que expresan críticas al poder público, cuestionan la actuación del Estado o ejercen labores de contraloría sobre la gestión gubernamental.

El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, recordó que esa organización ha reclamado durante años la eliminación del conjunto de normas que, según su evaluación, permiten criminalizar el ejercicio de derechos ciudadanos. En ese contexto, incluyó a la Ley contra el Odio entre las disposiciones que deberían ser eliminadas.

“Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación”, afirmó Murillo.

El pedido de reforma ocurre después de que Jorge Rodríguez reconociera en febrero que la ley había sido utilizada de manera inadecuada y planteara entonces la posibilidad de modificarla. Ahora, el Parlamento deberá procesar la iniciativa presentada por Delcy Rodríguez y definir el alcance concreto de los cambios.

La Hacienda El Porvenir, ubicada en el municipio Libertador del estado Táchira y propiedad de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, se ha convertido en el centro de una disputa por la ocupación y adjudicación de tierras. Sus representantes aseguraron a Infobae que el predio mantiene más de 2.000 bovinos, entre animales destinados a la cría, la reproducción y el engorde, además de instalaciones y mejoras orientadas a la actividad agropecuaria.

Las invasiones en Táchira siempre han tenido respaldo de funcionarios del Instituto de Tierras, dependiente del Ministro de Agricultura, que desde abril dirige el general Vladimir Padrino López. El problema de la ocupación ilegal sigue activo por razones económicas y del partido de Gobierno.

La ocupación y lotificación de áreas de la Hacienda El Porvenir, así como la obstaculización de sus actividades agroproductivas y la falta de ejecución efectiva de una medida de protección dictada por el Tribunal Superior Agrario, revela la complicidad.

La situación compromete una unidad de producción con más de 2.000 semovientes bovinos destinados a la cría, reproducción y engorde, además de potreros cultivados, instalaciones, mejoras y bienes necesarios para la explotación agropecuaria. La restricción del acceso al agua y al pastoreo amenaza la integridad del rebaño y la continuidad de una actividad vinculada con la seguridad agroalimentaria.

El 4 de septiembre 2026, en horas del mediodía, un grupo de personas llegó al sector San Miguel del Fundo El Porvenir acompañado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y representantes de la Oficina Regional de Tierras (ORT) Táchira del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Según la denuncia, comunicaron a Wilson Moreno Torrealba, encargado del sector, que tomarían posesión de las tierras y que el fundo debía ser desocupado.

Los presentes exigieron retirar el ganado y advirtieron que no asumirían responsabilidad por lo que pudiera ocurrir con los semovientes. Cuando Moreno informó que notificaría a Satuario Gutiérrez, encargado general de la hacienda, le habrían respondido que este no tenía competencia en el lugar y que cualquier reclamo debía formularse ante el INTI o los tribunales.

A partir de esa actuación se intensificó la demarcación de parcelas dentro de áreas destinadas históricamente a la ganadería extensiva. Las nuevas divisiones y cercas impiden el libre desplazamiento del rebaño, interrumpen el pastoreo y paralizan parcialmente las labores ordinarias del fundo.

El Tribunal ordena

Ante la gravedad de los hechos, la representación judicial de Gilberto Fuentes, propietario de la hacienda, solicitó una medida cautelar anticipada de protección agropecuaria. El Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira la decretó el 14 de septiembre de 2026, dentro del expediente N.º 322-26.

La decisión prohíbe levantar obras nuevas, incluidas viviendas improvisadas, efectuar deforestaciones, realizar siembras improvisadas u ocupar ilegalmente cualquier área de la hacienda. Asimismo, ordena remover cercas perimetrales. La parte solicitante pidió extender la ejecución a toda demarcación con fines de lotificación, ranchos y cercados construidos por los ocupantes.

El 25 de septiembre de 2026, los apoderados judiciales de Fuentes se trasladaron al sector San Miguel junto con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para ingresar por el sector La Yaya y materializar la medida. La diligencia no pudo realizarse porque funcionarios de la GNB adscritos al Destacamento 215 no atendieron la orden de traslado y apostamiento fijada por el tribunal.

Siguen cercando

Pese a la decisión judicial, los ocupantes continúan reforzando cercas, abriendo vías con tractor e introduciendo ganado en las áreas demarcadas, de acuerdo con los denunciantes. También mantienen cerrados los dos portones del sector San Miguel y restringen el ingreso del encargado y del personal obrero.

Estas restricciones dificultan el acceso de los animales a fuentes de agua y a potreros sembrados con pasto Mombasa. La representación de la hacienda advierte que el confinamiento y la pérdida de áreas de pastoreo pueden causar daños irreparables al rebaño, reducir la producción y afectar el abastecimiento alimentario.

La culpa es del dron

El 24 de noviembre 2025, representantes de El Porvenir acudieron al INTI Táchira y se reunieron con Javier Enrique Sánchez Quintero, coordinador general de la Oficina Regional de Tierras. El funcionario les indicó que una inspección determinó que no había ganado ni propietario identificado y que, con base en ello, se adjudicaron 500 hectáreas.

La defensa denuncia una vulneración del debido proceso, pues afirma que ni Fuentes, ni el encargado, ni sus abogados fueron notificados del inicio o curso del procedimiento. Ante el reclamo sobre la existencia visible de más de 1.500 reses, potreros cultivados y trabajadores, Sánchez explicó que la inspección se realizó mediante un dron que “seguramente no captó nada de eso”.

Por recomendación del propio coordinador, la representación del fundo solicitó formalmente el 15 de diciembre de 2025 la revocatoria de las adjudicaciones. Hasta finales de septiembre 2026 el INTI y la ORT Táchira no habían emitido respuesta.

La competencia directa recae en los viceministerios de Juan Alirio Villarroel, Viceministro para el Desarrollo Pecuario Integral y Wilber Atahualpa Colmenárez Escalona Viceministro para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras de Venezuela.

Antecedentes inmediatos

El 8 de noviembre de 2025, un grupo de aproximadamente 20 personas ingresó por la parte posterior de la hacienda, en el área que limita con el río Navay, desde el Potrero El Plato, vía Los Almendros, hacia el sector San Miguel. Aprovechando la ausencia del encargado, levantó cercas y marcó parcelas, según la denuncia.

El 11 de noviembre se presentaron un supuesto funcionario del INTI, un abogado y militares de la GNB sin exhibir identificación. Mostraron un memorando del 5 de noviembre 2025, suscrito por Javier Enrique Sánchez, que ordenaba inspeccionar el predio Arcángel, propiedad de Jesús Martínez, en San Antonio de Caparo; la defensa subraya que ese inmueble no guarda relación con El Porvenir.

El 24 de abril 2026, varias personas fotografiaron la propiedad y preguntaron al encargado si había ganado en el predio. Tras la confirmación, presuntamente le solicitaron no informar al dueño. El 4 de junio se produjo una nueva alerta ante la posible entrada de un grupo para ocupar otras 400 hectáreas.

Hace más de cuatro años, el 26 de mayo 2022, alrededor de las 6:00 de la mañana, varios camiones ganaderos llegaron al fundo. Los propietarios atribuyeron la actuación a un grupo encabezado por Tamani Bernal, identificado en la denuncia como hijo del gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, y acompañado por el abogado Eduardo Hernández, vinculado por los denunciantes con la Oficina Nacional Antidrogas. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/05/29/venezuela-el-hijo-del-gobernador-del-tachira-y-hombres-armados-allanaron-una-finca-en-apure-secuestraron-al-personal-y-se-llevaron-el-ganado/)

Según esa denuncia, cerca de 600 bovinos fueron retirados sin autorización del propietario. La Fiscalía del estado Táchira inició un proceso penal por instrucción de la Fiscalía General de la República; posteriormente se recuperaron los animales y el Tribunal Superior Agrario dictó una medida de protección agroalimentaria.

La actividad agropecuaria

Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez sostiene una posesión pacífica de más de 30 años, regularizada mediante Carta Agraria aprobada por el Directorio del INTI en su reunión N.º 38-04, del 29 de junio de 2004. La actividad se acredita, según sus representantes, con personal permanente, oficinas, certificados de vacunación del ganado, comprobantes de labores de maquinaria, potreros sembrados e infraestructura agropecuaria.

Los representantes de El Porvenir solicitan al jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), general Carlos Augusto Bastidas Bastidas, y a las autoridades competentes que dispongan el acompañamiento necesario para ejecutar de inmediato la medida judicial del 14 de septiembre de 2026 y garantizar el ingreso seguro de los propietarios, encargados, trabajadores y apoderados.

Asimismo, solicitan retirar cercas, lotificaciones y construcciones improvisadas; restablecer el acceso del ganado al agua y a los potreros; impedir nuevas ocupaciones; investigar las actuaciones administrativas denunciadas; y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la orden judicial.

La parte denunciante atribuye al INTI Táchira y al alcalde del municipio Libertador apoyo a los grupos ocupantes, señalamiento que corresponde esclarecer mediante una investigación formal y con respeto al derecho a la defensa.

La ejecución efectiva del decreto contenido en el expediente N.º 322-26 resulta urgente para evitar daños mayores al rebaño, preservar la producción agropecuaria y restablecer el orden público. Los representantes de la hacienda El Porvenir requieren una respuesta institucional inmediata, documentada y coordinada que garantice el cumplimiento de la decisión del Tribunal Superior Agrario.

Las delegaciones del gobierno chavista y la oposición deben retomar el proceso de negociación a mediados de octubre, teniendo en la agenda el tema de las garantías y derechos políticos.

A la espera de la reactivación del diálogo, el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, trata de calentar la calle y recompone su dirigencia, mientras continúa la incertidumbre sobre el posible regreso al país de la premio Nobel de la Paz.

La noche del domingo 27 de septiembre retornó de manera sorpresiva al país Claudia Macedo, jefa de prensa de Machado. “En un momento aterriza en el país nuestra segunda guacamaya”, informó poco antes de su llegada Vente Venezuela.

Macedo formó parte de los seis miembros del equipo de la líder opositora que se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas durante 412 días. Cinco de ellos abandonaron la sede diplomática el 6 de mayo de 2025, burlando a las autoridades chavistas en lo que se denominó la “Operación Guacamaya”.

Antes de Macedo volvió Omar González, ex diputado que también se resguardó en la embajada argentina.

“Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa”, escribió Machado en X.

El secretario de Organización de Vente, Henry Alviárez, declaró que están “procurando también la llegada de María Corina Machado, que debe acercarse pronto a Venezuela”. La semana pasada, el equipo de Machado denunció que hasta en siete ocasiones le han negado la posibilidad de regresar al país.

Al término del segundo ciclo del proceso de negociación, reporteros preguntaron a Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, si el gobierno estaba bloqueando el ingreso de Machado. “No vale, por Dios”, contestó Rodríguez.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado que Machado tiene el derecho de regresar a Venezuela, pero públicamente no ha movido ficha para levantar el veto.

“Una sola llamada de Rubio podría ayudar a María Corina Machado a regresar a Venezuela. En cambio, la han rechazado tres veces esta semana, mientras Trump despliega la alfombra roja para un régimen autoritario con el fin de proteger su corrupto acuerdo petrolero que roba recursos al pueblo venezolano”, fustigó el 24 de septiembre el liderazgo demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

Agenda

El proceso de negociación que comenzó el primero de agosto bajo el auspicio de Estados Unidos, dedicó sus primeros dos ciclos a avanzar en el mecanismo para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, hoy controlado absolutamente por el chavismo.

En teoría, la tercera fase debe servir para abrir la discusión sobre los derechos y garantías políticas. La oposición reclama el fin de la intervención judicial que ha alterado la vida de sus partidos, llegando al extremo de arrebatarles sus símbolos y nombrar directivas de manera irregular, desconociendo sus liderazgos legítimos.

También demandan el levantamiento de las inhabilitaciones políticas. Allí toda la atención se centra en el caso de Machado, a quien el oficialismo no permite postularse a ningún cargo de elección popular.

Esperando

Vente Venezuela desarrolló el domingo la “gran rodada nacional por la libertad” con caravanas que se llevaron a cabo en distintos estados para exigir “el regreso seguro” de la premio Nobel, un cronograma electoral y comicios presidenciales en 2027.

“Qué impresionante la esperanza y la fuerza que hoy se sintió en todos los estados de Venezuela. Ciudadanos de bien, que saben lo que quieren para nuestro país. Con orden y determinación, avanzamos”, comentó la líder de la oposición venezolana en apoyo a la actividad.

En el marco de esta movilización, Alviárez enfatizó que “el lugar de María Corina es aquí, y es su derecho y su voluntad, y vamos a seguir presionando para que eso ocurra, de manera organizada, con la gente”.

Aplazados. Una investigación de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) revela que ocho de cada diez estudiantes de sexto grado a quinto año de bachillerato reprueban en matemáticas con una calificación de 7,08 puntos sobre 20.

“El promedio global consolidado cayó a 7,08 puntos sobre 20, ubicándose por debajo de los 7,7 puntos obtenidos en el informe de 2024”, señala la UCAB tomando como referencia los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) 2025, que procesó más de 6 mil pruebas diagnósticas de matemáticas y otras 5 mil de habilidad verbal en el período escolar 2024-2025.

En total, 80,79% de los examinados fracasaron en matemáticas. “Los estudiantes muestran habilidades en aritmética básica, pero fallan al representar condiciones en lenguaje matemático o interpretar soluciones”, explica el informe.

El análisis detecta una “brecha persistente” entre la educación pública y la privada. “Los colegios privados mantienen mejores resultados en ambas áreas (7,56 en matemáticas y 10,26 en verbal) frente a las instituciones públicas (6,55 en matemáticas y 9 en verbal)”.

El estudio muestra que la habilidad verbal registró una mejora con respecto a 2024, pasando de 8,78 a 10,50 puntos sobre 20. Aquí la tasa de aprobación se ubica en 60,46%. Sin embargo, apuntan: “La comprensión lectora sigue siendo un punto débil. Siete de cada diez estudiantes fallan al intentar identificar ideas implícitas o elaborar opiniones críticas sobre lo que leen”.

Terremotos

La Escuela de Educación de la UCAB reconoce el desafío que representa el inicio de este nuevo año escolar tras el doblete sísmico del 24 de junio, con planteles que se debaten entre la atención socioemocional para los miembros de su comunidad y los compromisos curriculares.

“Es imposible avanzar en el tratamiento de contenidos académicos sin un cuidado meticuloso y riguroso de las condiciones emocionales de los alumnos. No obstante, quedarnos solo en lo segundo puede convertir a las instituciones educativas en guarderías, lo cual evidentemente ahondará las brechas en el desarrollo de las competencias que ayudarán en el desarrollo nacional”, advierten.

Aludiendo al informe PISA 2026 (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la UCAB apunta que “los desafíos educativos de Venezuela no son aislados, sino parte de una crisis global que exige, como lo hacen Uruguay y Chile, la creación de institutos con autonomía técnica dedicados a medir la calidad de forma objetiva para orientar políticas públicas basadas en evidencia”.

Al menos veinte presos políticos fueron excarcelados este fin de semana, tras el cierre del segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno chavista y la oposición.

“Durante esta madrugada se produjo un número importante de excarcelaciones de presos políticos desde diferentes centros de reclusión”, informó el sábado 26 de septiembre Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón, que también da seguimiento a este tema, indicó que había logrado verificar 39 excarcelaciones. “De esta cifra, 17 personas no figuraban inicialmente en nuestras listas de seguimiento, por lo que continuamos trabajando de manera rigurosa en la identificación y confirmación de cada caso”, expusieron.

No existe un número único o exacto sobre los presos políticos en el país. Foro Penal -principal referencia en esta materia- registraba para el 18 de septiembre, 344 presos políticos. Por su parte, Justicia Encuentro y Perdón eleva la cantidad hasta 450.

En una carta pública dirigida el primero de septiembre a las delegaciones del chavismo y la oposición que participan en el proceso de diálogo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que hasta ese momento tenían documentados “al menos 400 casos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”. De ese total, “37 presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida y que, en la mayoría de los casos, no reciben adecuadamente”.

Entre los excarcelados figura Wilder Vásquez, quien fue detenido en octubre de 2018 y cumplió su pena en octubre de 2023; sin embargo, “permaneció privado de su libertad casi tres años más de lo establecido en la propia sentencia que lo condenó”, resaltó Justicia Encuentro y Perdón.

Pendientes

Aunque sigue siendo una herida abierta en la sociedad venezolana, la suerte de los presos políticos cambió dramáticamente tras la caída de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Tras asumir la presidencia encargada, Delcy Rodríguez anunció la llegada de un “nuevo momento político” que incluyó la promulgación de una Ley de Amnistía, y ha facilitado la liberación de centenares de presos políticos.

Al compartir la imagen de un grupo de los excarcelados este fin de semana, Clippve recordó que “aún quedan decenas de detenidos tras las rejas, muchos de ellos sometidos a tratos crueles e inhumanos, a procesos judiciales carentes de transparencia y a víctimas de retenciones arbitrarias”.

Familiares y defensores de los presos políticos organizaron recientemente un recorrido por distintas instituciones del Estado que los llevó hasta el palacio presidencial de Miraflores, exigiendo respuestas a sus demandas y la liberación de sus parientes. Igualmente, desde el 8 de enero un grupo permanece en vigilia a las puertas de la cárcel de El Rodeo I, centro de reclusión donde denuncian la ejecución de torturas.

La Red de Medios Independientes exige al gobierno interino de Delcy Rodríguez que proceda con el desbloqueo de todas las páginas informativas que siguen siendo víctimas de censura, luego de que el Ejecutivo nacional anunciara que eliminaría las restricciones que afectan al entorno digital venezolano.

“La restitución del acceso ha sido parcial. Numerosos medios, organizaciones y plataformas continúan bloqueados sin que exista una explicación pública que justifique por qué unos recuperan el acceso y otros permanecen censurados”, señaló la Red a través de un comunicado.

Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.

El viernes 25 de septiembre, día en que culminó el segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno y la oposición, el Ministerio de Comunicación informó que la mandataria encargada “ordenó levantar las medidas de un grupo de plataformas y portales web”, como una muestra de “su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento”.

Pendiente

Al día siguiente, la ONG Ve Sin Filtro -especializada en la materia- reportó que 66 dominios habían sido desbloqueados en al menos un proveedor de Internet. Sin embargo, indicaron que 149 continuaban bajo la censura.

“Un derecho aplicado selectivamente deja de ser una garantía y se convierte en una concesión discrecional”, advirtió la Red, tras recordar que “durante al menos doce años, Conatel ha utilizado el bloqueo de portales como un mecanismo de censura”.

Señalan que “los bloqueos fueron aplicados sin procedimientos transparentes, sin explicaciones públicas sobre sus causas y sin que los medios afectados pudieran ejercer efectivamente su derecho a la defensa”.

“Mientras existan medios bloqueados; mientras permanezcan vigentes normas utilizadas para restringir la expresión y el ejercicio periodístico; mientras periodistas y trabajadores de la prensa puedan enfrentar procesos penales por informar; mientras persistan restricciones al acceso a la información pública y mientras el Estado conserve la capacidad de encender y apagar discrecionalmente el acceso a un medio, la libertad de expresión en Venezuela seguirá condicionada”, expuso la organización.

La Red enfatizó que “la libertad de expresión no es una concesión del gobierno de turno. No depende de una negociación política, de una orden administrativa ni de la voluntad de quien controle Conatel”.

Los acuerdos firmados el viernes 25 de septiembre entre el régimen chavista y la oposición apuntan al “desmantelamiento de la dictadura judicial”, indica Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación auspiciado por Estados Unidos.

“Desmantelar la dictadura judicial es devolver la justicia a los ciudadanos, reconstruir un Poder Judicial independiente y someter nuevamente el ejercicio del poder a la Constitución. Ese es el horizonte de esta negociación”, expresa Matheus en un artículo publicado en la web de Tal Cual.

En este segundo ciclo de conversaciones las partes acordaron la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos para los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Además, sellaron el compromiso de avanzar en la designación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, y de “continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesarios para la transformación del sistema de justicia”.

Matheus destaca como un éxito que resolvieron publicar el cronograma integral del procedimiento que impulsará la renovación del TSJ. “Un cronograma público genera certezas temporales, permite conocer cada etapa, facilita el escrutinio y coloca el proceso bajo la mirada de los ciudadanos”, acotó.

Paso a paso

El experto en Derecho Constitucional apunta que “la dictadura venezolana se sostuvo sobre la fuerza, la persecución y el fraude, pero también construyó una arquitectura jurídica para revestir de aparente legalidad el ejercicio arbitrario del poder”.

Subraya que el régimen chavista utilizó el TSJ para “neutralizar a la Asamblea Nacional, desconocer la soberanía popular, perseguir adversarios, alterar las reglas electorales y vaciar gradualmente de contenido a la Constitución”.

“La transformación del sistema de justicia está inseparablemente vinculada con la democracia y con la integridad electoral”, recalca el dirigente de Primero Justicia, partido que integra la Plataforma Unitaria Democrática.

El TSJ convalidó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 a Nicolás Maduro, sin publicar jamás las actas de votación. Los comprobantes en manos de la oposición confirmaron el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, aliado de María Corina Machado.

Las fuerzas opositoras tienen entre sus objetivos principales allanar el camino hacia unos comicios presidenciales con garantías para todos los participantes. En ese sentido, Matheus indicó que “Venezuela necesita elecciones auténticas y jueces capaces de protegerlas. Necesitamos el voto y necesitamos la justicia del voto”.

Salud

Tras reunirse con representantes del gremio médico, la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, declaró que el tema de la salud pública en Venezuela debe incluirse en la agenda de la mesa de negociación.

Figuera, médico de profesión, señaló que sus colegas le expusieron “indicadores muy preocupantes sobre la esperanza de vida al nacer, la disponibilidad de camas hospitalarias activas, vacunación y la nutrición de la población”.

“Si el TSJ y el CNE avanzan junto a las garantías políticas y civiles, el tema social y el sector salud también deben ser vinculados a este proceso de reinstitucionalización”, manifestó.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, celebró el domingo por la noche el regreso a Venezuela de su jefa de comunicaciones, Claudia Macero, y afirmó que su vuelta representa otro paso hacia el “reencuentro de todos” los venezolanos en el país.

“Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa”, escribió Machado en un mensaje en X al celebrar el regreso de la encargada de comunicaciones de su partido Vente Venezuela (VV).

Macero regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

La opositora detalló que la decisión de volver fue “personal” y que desconoce cuándo volverá Machado, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.

Decenas de activistas de Vente Venezuela se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero y posteriormente la acompañaron hasta la plaza Bolívar de la parroquia de Maiquetía para celebrar su regreso.

“Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros. Es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros”, declaró Macero a EFE desde la plaza.

“Es el momento de recuperar este país y nosotros tenemos que hacerlo con nuestras propias manos”, sostuvo.

La dirigente también vinculó su regreso con la situación política de Venezuela y afirmó que el país podrá avanzar cuando exista un proceso electoral que permita a los ciudadanos elegir su futuro.

“Venezuela va a renacer cuando aquí realmente haya un proceso electoral que permita a los venezolanos escoger el futuro que quieren. Y eso va a ser posible cuando pongan una fecha”, afirmó.

Macero es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que salieron del país en mayo pasado, en medio de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo de 2024 para evitar ser arrestados.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se burló de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.

El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Humberto Villalobos, todos miembros de Vente Venezuela, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.

(Con información de EFE)

Macero llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, donde ofreció declaraciones a periodistas y explicó los motivos de su retorno. “Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros. Es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros”, afirmó la dirigente opositora.

La responsable de las comunicaciones de Vente Venezuela (VV), partido fundado por Machado, señaló que su regreso también busca abrir camino a otros dirigentes y venezolanos que permanecen fuera del país. Además, destacó el respaldo que recibió antes de su salida de Venezuela de dirigentes como Omar González y Juan Pablo García.

“Vuelvo para darme confianza en mí y para darle la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver a casa, es el momento de recuperar este país y nosotros tenemos que hacerlo con nuestras propias manos”, sostuvo.

Macero explicó que su decisión de regresar fue personal y afirmó que vuelve para trabajar y respaldar al equipo de Vente Venezuela. “Regreso a trabajar y a darle confianza a un equipo que hace todo lo posible para que esto avance”, expresó.

La dirigente también vinculó su regreso con la situación política de Venezuela y afirmó que el país podrá avanzar cuando exista un proceso electoral que permita a los ciudadanos elegir su futuro. “Venezuela va a renacer cuando aquí realmente haya un proceso electoral que permita a los venezolanos escoger el futuro que quieren. Y eso va a ser posible cuando pongan una fecha”, afirmó.

Sobre un eventual regreso de María Corina Machado, Macero dijo que desconoce cuándo podrá producirse, aunque aseguró que la dirigente intenta regresar al país. “Está intentando todos los días volver”, señaló Macero, quien describió el proceso como “muy difícil”.

“Esto puede ser el inicio del regreso”, afirmó la dirigente al referirse a su propia vuelta a Venezuela.

Decenas de activistas de Vente Venezuela se congregaron en las afueras del aeropuerto para recibir a Macero, quien fue abrazada por sus compañeros de partido. “Esto es un tema progresivo, lo que estamos procurando es la llegada de María Corina Machado, que debe acercarse pronto”, dijo el coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez.

Macero había permanecido asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas junto a Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Humberto Villalobos, todos miembros de Vente Venezuela, y otros opositores.

El primero de los integrantes del grupo en regresar a Venezuela fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

También permaneció en la residencia diplomática Fernando Martínez Mottola, quien dejó el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y murió en su domicilio por una enfermedad el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores fueron acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.

(Con información de EFE)

El Foro Penal, la organización no gubernamental que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, confirmó la excarcelación de veinte detenidos desde el viernes, día en que culminó el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición impulsado por Estados Unidos. Entre los liberados figuran al menos seis condenados por la fallida Operación Gedeón, un intento de incursión armada contra el régimen venezolano ejecutado en 2020.

La lista, publicada este domingo en la página web de Foro Penal, identifica a Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres como los seis exreos vinculados a esa operación. Todos son de nacionalidad venezolana y salieron de centros de reclusión del estado Miranda, como El Rodeo, Yare y Ramo Verde.

La Operación Gedeón se produjo el 3 de mayo de 2020, cuando un grupo de ex militares venezolanos desertores, junto con tres integrantes de una empresa privada de seguridad estadounidense, intentó ingresar al país por las costas de La Guaira y Aragua. Todos fueron detenidos poco después. Washington negó entonces cualquier vínculo con el operativo, y el también opositor Juan Guaidó calificó los hechos de “montaje”.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE el sábado que la organización manejaba información sobre unas veinte excarcelaciones, aunque precisó que cada caso se encontraba en proceso de verificación individual. Su presidente, Alfredo Romero, matizó después que la cifra, si bien representa un alivio para las familias afectadas, no cubre la totalidad de los detenidos por motivos políticos en el país.

Antes de este lote de liberaciones, Foro Penal contabilizaba 344 presos políticos con corte al 14 de septiembre: 330 hombres y 14 mujeres, de los cuales 200 eran civiles y 144 militares. De ese total, 153 tenían condena firme y 191 permanecían sin sentencia, y 32 poseían nacionalidad extranjera o doble nacionalidad.

Otras organizaciones de derechos humanos difundieron balances distintos. Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 39 excarcelaciones, aunque admitió que 17 de esas personas no figuraban en su propio registro de presos políticos. Surgentes, por su parte, informó sobre ocho liberaciones de mujeres vinculadas a los llamados “tancol”, acrónimo con que las autoridades venezolanas designan a presuntos narcotraficantes armados de origen colombiano. La coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática, la mayor del país, había registrado 33 excarcelaciones desde el 21 de agosto.

Las liberaciones se conocen al cierre del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición, que se extendió del 17 al 25 de septiembre bajo el auspicio de Estados Unidos y se centró en la libertad de expresión y el derecho a la información. Las delegaciones, encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la excongresista Dinorah Figuera, acordaron ampliar el desbloqueo de portales web y abrir una discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico.

No obstante, el pasado viernes, ocho días después de que el gobierno anunciara el levantamiento de restricciones, en el país caribeño permanecían bloqueados 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de medios de noticias, según denunció la organización no gubernamental VE sin Filtro.

Días antes, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, había negado que la situación de los presos políticos formara parte de la agenda negociadora.

El primer ciclo de este proceso, cerrado en agosto, se había concentrado en la reconstrucción tras el terremoto del 24 de junio y en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. El diálogo avanza en paralelo a un acercamiento político de mayor escala: el 22 de septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer encuentro cara a cara entre ambos y el contacto de más alto nivel entre Washington y Caracas en más de una década.

Jorge Rodríguez anunció que un tercer ciclo de negociaciones se realizará a mediados de octubre. Foro Penal ya adelantó que continuará verificando caso por caso cada nueva liberación, en un proceso que, según sus propios registros, todavía deja a cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.

Las manifestaciones se extendieron por regiones tan diversas como Zulia, Falcón, Lara, Barinas, Apure, Mérida, Bolívar, Guárico, Carabobo, Miranda y La Guaira. Los participantes llevaron banderas venezolanas y utilizaron prendas vinculadas a distintas organizaciones opositoras. En algunos puntos se escucharon consignas como “María vente, aquí está tu gente” y “¡Libertad!”, mientras las caravanas recorrían las principales avenidas.

Machado salió clandestinamente de Venezuela a finales de 2025 para viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz. Actualmente se encuentra en Panamá y el sábado afirmó: “Yo voy a regresar muy pronto a mi país”.

En el mismo mensaje pidió mantener la presión para avanzar hacia un proceso electoral en el que puedan participar libremente los venezolanos, incluidos quienes viven en el exterior.

La declaración se produjo después de que su equipo denunciara varios intentos frustrados de retorno. Según esa versión, Machado habría intentado ingresar a Venezuela en tres oportunidades durante la semana pasada y, de acuerdo con sus colaboradores, ya serían al menos siete los intentos que no pudieron concretarse. El régimen venezolano, por su parte, ha negado que exista una orden para impedir su regreso.

En Barinas, estado natal de Hugo Chávez, la concentración reunió a simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y trabajadores que se desplazaron hasta las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Allí, además de reclamar por Machado, los manifestantes pidieron que se establezca un calendario oficial para las próximas elecciones presidenciales.

“Vamos a luchar para que llegue la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. La estamos esperando”, expresó el trabajador Leandro González durante la jornada.

En Miranda, las caravanas atravesaron Los Teques con banderas y carteles que reclamaban un “cronograma electoral claro” y elecciones presidenciales en 2027. La convocatoria opositora había establecido precisamente esos tres puntos —el retorno seguro de Machado, un calendario electoral y elecciones presidenciales— como ejes de la movilización nacional.

Zulia concentró además otro de los episodios de la jornada. En Maracaibo, la movilización coincidió con reclamos por los prolongados cortes de electricidad que afectan a la región. La maestra Yajaira Barrios pidió que Machado vuelva al país: “Que venga de inmediato, ella no tiene que pedirle permiso a nadie, ella es venezolana”.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa vinculó el regreso de Machado con la posibilidad de canalizar el descontento ciudadano hacia un proceso electoral. “Este pueblo está sumamente molesto y esa molestia puede ser canalizada hacia un proceso electoral democrático por María Corina Machado”, sostuvo.

La jornada terminó además con una denuncia de Vente Venezuela sobre la detención de Fernando Torrealba, integrante de la organización en Zulia. Según la agrupación, funcionarios de la Guardia Nacional lo interceptaron mientras participaba en la caravana de Maracaibo y posteriormente se desconocía su paradero. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reclamó información inmediata sobre su situación y su liberación.

La movilización nacional se produjo después de varios días de protestas y en un contexto de negociaciones políticas sobre el futuro de Venezuela. Para los organizadores, el regreso de Machado quedó situado en el centro de las demandas opositoras junto con la definición de las condiciones y fechas para una futura elección presidencial.

La jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo para la transición democrática en Venezuela, Dinorah Figuera, celebró el sábado las excarcelaciones de numerosos presos políticos tras la segunda ronda de conversaciones entre el chavismo y la oposición, aunque las organizaciones de derechos humanos aún verifican la cifra total.

“Necesitamos que sean liberados todos los presos políticos, que cese la represión, y que el Estado de derecho vuelva a regir en todo el territorio nacional. No es negociable: es una obligación”, expresó Figuera en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La dirigente, respaldada por Estados Unidos en las negociaciones, sostuvo que las liberaciones representan “el regreso, forzado por todos, de la dignidad humana, de los derechos humanos y de la idea de que el Estado debe servir a su gente, no perseguirla”.

La ONG Foro Penal informó de más de 20 excarcelaciones y confirmó que verificaba cada caso. “Tenemos información de un poco más de 20, pero estamos verificando directamente cada caso”, dijo a la agencia EFE el vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob.

Entre las personas liberadas figuran el ex coronel Miguel Castillo Cedeño, detenido en 2019; Frank Cabañas, arrestado en 2017, y el comisario José Gregorio Valladares. Los tres permanecían presos por presuntos planes de desestabilización contra el régimen del ex dictador Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que pudo confirmar 29 excarcelaciones. La organización precisó que 17 de esas personas no integraban su registro de presos políticos. Por su parte, la ONG Surgentes informó que ocho mujeres recuperaron la libertad, entre ellas una adolescente. Las autoridades las acusaban de pertenecer a los llamados “tancol”, un acrónimo que utilizan para referirse a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora venezolana, indicó después que contabilizó 33 liberaciones de presos políticos desde el 21 de agosto.

Luego de la captura de Maduro en enero por parte de Estados Unidos, el Gobierno chavista de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que se extendió durante el año y promovió una Ley de Amnistía para más de 8.000 personas. La mayoría ya tenía regímenes de libertad restringida. Sin embargo, organizaciones opositoras denunciaron que nunca existió la liberación de presos masivas como prometió la mandataria y su hermano y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sino que se llevó adelante un plan a cuentagotas. Antes de esta nueva tanda de liberaciones, Foro Penal registraba 344 presos políticos en Venezuela.

Trump dijo que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que abordó la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela con Rodríguez, durante el encuentro que ambos mantuvieron el martes en Nueva York. “Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, declaró el mandatario ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Trump y Rodríguez estuvieron entre las figuras centrales de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluyó debates sobre la crisis de la organización, el desarrollo de la inteligencia artificial y la situación en Gaza ante el avance de la ofensiva israelí.

A su regreso a Venezuela, Rodríguez calificó de positiva la misión de la delegación venezolana en Estados Unidos, que incluyó su participación en la Asamblea General y la reunión con el mandatario norteamericano. “Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de Naciones Unidas”, afirmó en un video difundido por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. “Venimos contentos como delegación por la misión cumplida”, agregó.

La presidenta interina envió además un saludo a la población venezolana y afirmó que retomó sus actividades oficiales tras el viaje. “Feliz de estar de vuelta. Feliz de reencontrarme nuevamente con el pueblo venezolano y seguir andando este camino que es para la felicidad y el bienestar”, señaló.

Rodríguez indicó que ya mantuvo reuniones con altos funcionarios para analizar la situación del país, incluida la situación del sistema eléctrico ante olas de calor. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado cientos de venezolanos en varias regiones del país protestaron por la falta de suministro eléctrico.

(Con información de EFE)

El Comando con Venezuela convocó para este domingo 27 de septiembre una “gran caravana” en todos los estados de Venezuela para exigir el regreso seguro al país de María Corina Machado y reclamar un cronograma electoral con presidenciales en 2027, después de que su equipo denunció nuevos impedimentos para su retorno desde Panamá.

La movilización quedó prevista para las 10:00 de la mañana, hora local. La organización política pidió a sus seguidores mantenerse atentos a los puntos de encuentro en cada región del país y llamó a participar en una jornada simultánea en respaldo a Machado, quien permanece en Panamá tras varios intentos frustrados de volver a territorio venezolano.

La convocatoria ocurrió luego de una semana de protestas de estudiantes y sectores opositores que reclamaron la vuelta de la dirigente.

“Se le impidió volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, informó el entorno de Machado. Según esa versión, los tres intentos denunciados durante la semana elevaron a al menos siete las ocasiones en las que la dirigente buscó volver a Venezuela.

Machado salió del país en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz. Antes de esa salida, permaneció cerca de un año en la clandestinidad para evitar una detención. La dirigente realizó entonces un recorrido marítimo con un equipo especial que partió desde Curazao, una de las islas ubicadas frente a la costa venezolana.

Uno de los últimos intentos de retorno ocurrió después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio. En esta ocasión, un vuelo privado debía trasladarla desde Panamá como parte de un itinerario que contemplaba escalas en el Caribe, aunque la aeronave no llegó a despegar.

Una persona conocedora de la situación explicó que Curazao, Bonaire y Aruba rechazaron las solicitudes de permiso de aterrizaje. También existieron gestiones con Trinidad y Tobago, de acuerdo con ese testimonio.

El informante precisó que un vuelo de esas características requiere autorizaciones de las autoridades aeronáuticas de Panamá y del país de destino. “Esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas”, explicó.

Estos tres destinos se encuentran en el Caribe, frente al litoral venezolano. Aruba está a menos de 30 kilómetros de Venezuela, mientras que Bonaire se sitúa a cerca de 100 kilómetros, por lo que las islas figuran como puntos de paso posibles en una ruta aérea o marítima hacia el país.

Bajo este contexto, el jefe negociador del chavismo en los diálogos con un sector de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó ayer la acusación de que las autoridades venezolanas bloquearon el ingreso de Machado. Consultado por periodistas al término de una ronda de conversaciones, respondió: “No vale, por Dios”.

La denuncia sobre los impedimentos para el regreso de la opositora coincidió con contactos políticos entre Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que conversó con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la realización de elecciones durante la reunión que mantuvieron el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, dijo Trump ante periodistas en los jardines de la Casa Blanca. Además, destacó la cooperación petrolera entre ambos gobiernos y afirmó que Venezuela obtuvo ingresos a partir de ese entendimiento.

Trump y Delcy Rodríguez sostuvieron su primer encuentro el martes, después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense del 3 de enero. Durante su intervención del miércoles ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta interina anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no presentó una fecha ni un calendario.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el diálogo entre Trump y Rodríguez incluyó el tema electoral. “No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, declaró. Además, sostuvo que una futura transición deberá considerar la situación económica y social del país.

(Con información de EFE)

La dictadura de Cuba rebajó la definición de su histórico vínculo con Venezuela. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío afirmó en Nueva York, durante la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas, que Caracas es ahora un “país amigo”, pero no un aliado, en medio del deterioro bilateral tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y de la presión de Estados Unidos sobre la isla.

“Aliado es una palabra demasiado fuerte”, remarcó el viceministro del país caribeño.

La redefinición pública llega después de décadas de estrecha relación política y económica entre La Habana y Caracas. Expertos independientes consideran que el vínculo quedó “congelado” tras la operación estadounidense contra Maduro.

En la entrevista con Bloomberg This Weekend, Fernández de Cossío habló sobre las negociaciones entre Washington y La Habana: “No vemos avances y resulta muy difícil creer que haya resultados en las negociaciones mientras Estados Unidos siga aplicando nuevas medidas, nuevas presiones y nuevas sanciones contra el pueblo de Cuba”. El viceministro señaló que el régimen cubano mantiene reserva sobre esos contactos y no identificó a los participantes de cada delegación.

Cuba descarta una operación militar similar a la de Venezuela

Al ser consultado por una eventual acción estadounidense en Cuba semejante a la que terminó con la captura de Maduro, Fernández de Cossío calificó esa posibilidad como “poco realista”, aunque reconoció que “existe la intención de algunas personas en Estados Unidos de que suceda”.

El viceministro fijó la posición de La Habana ante ese escenario: “No lo permitiremos”. También sostuvo que Cuba espera que una intervención militar no ocurra porque no observa “ninguna razón” que la justifique.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado en la Casa Blanca que no cree “que sea necesario el Ejército” contra Cuba y anticipó que ambos países harán “un acuerdo”. Sus declaraciones ocurrieron después de que CBS News informara que las Fuerzas Armadas estadounidenses se preparaban para una posible acción militar.

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez defendió ante la Asamblea General de la ONU la disposición de su Gobierno a retomar una relación económica con Estados Unidos. “Estamos abiertos a relaciones comerciales y de negocios con las compañías estadounidenses como lo estamos con cualquier otro país”, afirmó.

Rodríguez vinculó esa apertura con las 176 reformas económicas aprobadas en junio, orientadas a liberalizar y descentralizar la economía. El ministro de la dictadura sostuvo que esas medidas buscan determinar “cómo persistir en la construcción del socialismo”.

El jefe de la diplomacia cubana reiteró que La Habana está “dispuesta al diálogo con Estados Unidos para intentar encontrar una solución a las diferencias bilaterales”. Luego precisó los requisitos del Gobierno cubano: “Sobre las bases de seriedad, respeto, igualdad soberana, observancia del derecho internacional y sin injerencia en los asuntos internos, ni precondiciones”.

En su discurso ante la ONU, Rodríguez acusó a la Administración Trump de mantener contra Cuba una “hostilidad permanente, abusiva y despiadada”, que se endureció desde enero con el establecimiento de un bloqueo energético. Según el canciller, Estados Unidos prohíbe mediante “intimidación y coerción” que otros países exporten combustibles a la isla, una medida que equiparó con un bloqueo naval.

También denunció presiones contra empresarios extranjeros para que abandonen inversiones y negocios en Cuba, obstáculos a embarques comerciales que calificó de legítimos y acciones para limitar el flujo de visitantes y turistas. Rodríguez añadió que Washington presiona a gobiernos de la región para que abandonen los servicios médicos cubanos, tras las suspensiones de cooperación de Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, entre otros países.

Al describir el efecto de esas medidas sobre la población, el canciller declaró: “Es un acto de castigo colectivo, crimen también proscrito por el derecho internacional humanitario. La meta evidente e inmediata es inducir en Cuba una crisis humanitaria, lo que también constituye un crimen”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que habló con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante su reunión del martes en Nueva York.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, declaró a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fueron dos de los principales protagonistas de esta Asamblea General de la ONU, en la que se abordó la crisis de la organización y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sin olvidar la situación en Gaza ante el avance descontrolado de la ofensiva israelí.

Rodríguez, ha expresado a su regreso al país tras participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que está “contenta” y que tiene la sensación de una “misión cumplida” tras su viaje a Estados Unidos, durante el que mantuvo además un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de Naciones Unidas”, ha dicho. “Venimos contentos como delegación por la misión cumplida”, ha manifestado, en un vídeo publicado en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

“Mi saludo a toda Venezuela. Feliz de estar de vuelta. Feliz de reencontrarme nuevamente con el pueblo venezolano y seguir andando este camino que es para la felicidad y el bienestar”, ha señalado Rodríguez, quien ha agregado que ya ha mantenido encuentros oficiales con varios altos cargos para abordar la situación en el país, incluida la que atraviesa el sector eléctrico ante la ola de calor.

Rodríguez intervino el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde apostó por dejar atrás la situación de “un país dividido” y abrir una “nueva era política” marcada por la “capacidad de mirar hacia adelante juntos”, algo que pasaría por la celebración de nuevas elecciones, si bien no anunció una fecha para la posible votación.

Asimismo, la presidenta encarga de Venezuela mantuvo una reunión con Trump para abordar “el fortalecimiento de la relación bilateral” entre ambos países, abierta después de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en una operación estadounidense lanzada en enero contra Caracas, que se saldó con más de un centenar de muertos.

Cabaña era el último detenido que permanecía privado de libertad por ese expediente vinculado al policía que se sublevó contra el régimen del ex dictador Nicolás Maduro. El reciente liberado pasó cerca de nueve años en prisión sin juicio ni sentencia definitiva, según su esposa y quienes reclamaban su liberación.

La excarcelación del preso político permitió su reencuentro con familiares a la salida de la cárcel, tal y como se lo vio en un video difundido en redes sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos reclamaron que la medida se extienda a los civiles y militares que aún permanecen detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Además, el ahora ex preso político Leonardo Chirinos (Operación Gedeón) también fue puesto en libertad y llegó hasta el campamento frente la Embajada de EEUU para encontrarse con el grupo de familiares que luchó por su excarcelación.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, también confirmó la excarcelación del coronel retirado de la Aviación Miguel Castillo Cedeño, de 72 años, detenido desde 2019 en la cárcel militar de Ramo Verde, en los Altos Mirandinos. “Todo paso hacia la libertad, por breve que sea, es un buen paso”, escribió Himiob en su cuenta de X.

Castillo Cedeño estuvo vinculado al expediente de la Operación Vuelvan Caras, la misma causa en la que fue imputado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia del régimen venezolano. La liberación se conoció horas después del cierre del segundo ciclo de diálogo entre representantes del chavismo y delegados de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Quién fue Óscar Pérez

Óscar Pérez murió el 15 de enero de 2018 durante un operativo del régimen de Maduro en El Junquito, al oeste de Caracas, tras varios meses en la clandestinidad. El ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) difundió durante el procedimiento varios videos en Instagram, en los que aseguró que él y las personas que lo acompañaban estaban cercados y que buscaban entregarse. “Nos vamos a entregar, no sigan disparando”, expresó Pérez en una de sus últimas grabaciones, en la que aparecía con el rostro ensangrentado.

En el operativo murieron otras seis personas que se encontraban con Pérez. Las autoridades de la dictadura controlada por Maduro informaron detenciones de presuntos integrantes de una “banda terrorista”.

Pérez, piloto e inspector del CICPC, ganó notoriedad en julio de 2017, en medio de las protestas contra el chavismo, cuando sobrevoló Caracas en un helicóptero policial y lanzó artefactos contra edificios gubernamentales, según la versión del régimen. El hecho no dejó heridos ni daños materiales.

Luego de esa acción, permaneció prófugo y las autoridades emitieron alertas para su captura. Tras su muerte, dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos denunciaron el operativo como una ejecución extrajudicial y reclamaron investigaciones internacionales.

La manifestación continuó en el centro religioso tras la llegada de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según reportes de los residentes vía redes sociales.

En las imágenes compartidas por la plataforma X, habitantes de diferentes localidades se congregaron para reclamar por la situación actual de muchas familias que no cuentan con el servicio básico, mientras hacían sonar sus manos y cacerolas, que acompañaban el ruido de las motos.

En Tucupido, los vecinos completaron tres días consecutivos de manifestaciones ante las interrupciones del servicio, según reportes de Vente Guárico. La misma situación se registró en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, donde los residentes también mantuvieron protestas por tercer día seguido a causa de los cortes de electricidad. En Chaguaramas, la movilización incluyó el cierre de la carretera nacional mientras los habitantes reclamaban por las fallas recurrentes en el suministro eléctrico y otros problemas de servicios públicos.

Los videos demostraron el fastidio de las personas afectadas por el corte. “La gente se cansó”, gritó un manifestante en una de las grabaciones que se viralizaron en las redes sociales.

Además, habitantes del sector La Sorpresa, en Puerto Cabello, estado Carabobo, reportaron una nueva interrupción del servicio eléctrico la noche del viernes, que comenzó cerca de las 18:50. La falla también afectó zonas próximas a Portuario y a la autopista La Sorpresa-Muelle, a la altura de ese sector, según los reportes de los residentes.

Venezuela arrastra desde hace años problemas en el suministro eléctrico. El chavismo atribuye las fallas a las sanciones extranjeras, mientras que sectores de la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos las relacionan con corrupción y falta de mantenimiento de la infraestructura.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a finales de agosto a la población ahorrar electricidad y agua ante los posibles efectos del fenómeno climático conocido como Superniño, asociado a un episodio de El Niño de mayor intensidad.

Venezolanos protestaron ante el CNE para exigir elecciones presidenciales

Cientos de venezolanos se concentraron el miércoles 24 de septiembre en Plaza Venezuela, en Caracas, para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales libres. La movilización se realizó frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde los asistentes ocuparon un tramo de una de las principales autopistas de la capital.

Los manifestantes corearon “¡Se ve, se siente, María (Corina Machado) presidente!” y “¡María, vente, te estamos esperando!”. También reclamaron la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con consignas de “Fuera Delcy”.

La protesta ocurrió luego de varios intentos fallidos de Machado para volver a Venezuela desde Panamá, donde permanece tras viajar a Noruega en diciembre. Fuentes de Vente Venezuela señalaron que la dirigente acumuló al menos siete regresos frustrados en los últimos nueve meses. Carlos Fernández, uno de los participantes, aseguró que Machado tiene “un país desplegado” para acompañarla hasta la Presidencia de la República.

La concentración incluyó reclamos por un calendario electoral, garantías para la participación de la oposición y la liberación de presos políticos. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez afirmó que Venezuela celebrará elecciones, aunque no anunció una fecha.

Representantes del Gobierno chavista de Venezuela y los representantes de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional de 2015, respaldados por Estados Unidos, volverán a reunirse a mediados de octubre para un tercer ciclo de diálogo, tras concluir el viernes la segunda ronda de conversaciones impulsadas por Estados Unidos.

El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la próxima cita al cierre de las reuniones, que dejaron acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el acceso a portales web y la discusión de normas vinculadas con la libertad de expresión.

Las partes acordaron crear un comité de juristas que revisará las credenciales de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Esa instancia formará parte del proceso de renovación del organismo, pactado en agosto pasado.

Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea conformarán el Consejo de Revisión de Credenciales en representación de la oposición, mientras que por parte del Gobierno chavista, los juristas serán Cecilio Sánchez, Deyanira Nieves y Federico Fuenmayor.

El chavismo y un sector de la oposición venezolana acordaron el viernes ampliar el desbloqueo de portales web, abrir una discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico y revisar normas vinculadas con la libertad de expresión, al cierre del segundo ciclo de diálogo promovido por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez, y la ex diputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora, leyeron un comunicado conjunto en el que anunciaron el acompañamiento a la decisión de “continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo”.

Las partes sostuvieron que la medida busca “fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información”, a la vez que convocaron a actores de los sistemas de comunicación públicos y privados a contribuir con “la convivencia democrática, la paz y la unión nacional”.

El acuerdo incluye una agenda “de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional”, con participación de “todos los actores” del país y la revisión de los instrumentos legales que requieran modificaciones.

El anuncio coincidió con una orden de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para levantar de forma “inmediata” las restricciones sobre otro grupo de plataformas y portales digitales que continuaban bloqueados. Un comunicado oficial indicó que Rodríguez recibió con “beneplácito” los informes sobre las conversaciones entre el oficialismo y la oposición, así como sobre su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El texto no detalló qué plataformas serán habilitadas ni cuántas quedarán incluidas.

La decisión se suma a la anunciada el 17 de septiembre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que informó entonces el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”. Hasta el pasado miércoles, la organización VE sin Filtro contabilizó 18 dominios desbloqueados, lo que restituyó el acceso a 15 sitios informativos, entre ellos el de la Agencia EFE. La misma organización afirmó este viernes que 177 dominios permanecían bloqueados en Venezuela, de los cuales 72 correspondían a sitios de noticias.

Desde Nueva York, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la transición democrática en Venezuela requerirá reconstruir las instituciones del país y recuperar la economía antes de celebrar elecciones libres y justas.

El jefe de la diplomacia de Estados unidos señaló ante periodistas que dirigentes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 mantienen contactos periódicos con el Gobierno encargado para preparar ese proceso. Las declaraciones ocurrieron un día después del primer encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la dirigente venezolana Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro. La reunión se celebró en Nueva York, durante una recepción con mandatarios que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y abordó la situación política y económica venezolana.

“Hay un proceso de transición política que está en marcha”, afirmó Rubio.

El funcionario de la administración Trump sostuvo que el proceso electoral debe incluir condiciones previas que permitan a los ciudadanos conocer las propuestas de los candidatos, a los partidos reorganizarse y a las autoridades electorales recuperar credibilidad.

“Lo que queremos ver no es solo que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, sostuvo. Rubio advirtió que un eventual gobierno elegido en las urnas podría enfrentar dificultades para mantenerse en funciones si asumiera en medio de un deterioro económico y social extremo.

(Con información de EFE)

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela, señaló que el discurso ofrecido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en Naciones Unidas debe “traducirse de inmediato en hechos concretos y verificables”.

“Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable”, reaccionó la alianza ante las palabras de Rodríguez, quien dijo en la ONU que Venezuela avanza en una “transición democrática”.

La oposición exige “garantizar el regreso de los venezolanos en el exterior, sin persecución ni obstáculos, y el pleno ejercicio de sus derechos”, en clara alusión a la líder y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que esta misma semana denunció que no le permiten retornar al país. Machado salió de forma clandestina en diciembre de 2025 y se dirigió a Oslo, Noruega, con el fin de recibir el Nobel y desde esa fecha no ha podido volver.

“Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política. Por eso, sus compromisos deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela”, enfatizó la Plataforma.

Palpables

El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Stalin González, consideró que el mensaje de Delcy Rodríguez “plantea una oportunidad para Venezuela”, mas subrayó que “el desafío ahora es que esos planteamientos institucionales se conviertan en hechos reales y abran paso a una nueva etapa para el país”.

“El diálogo, el entendimiento y la búsqueda de soluciones son necesarios para avanzar, y siempre hemos estado dispuestos a transitar esa vía con seriedad. Pero ese entendimiento no puede quedarse en palabras, debe traducirse en condiciones verificables que permitan recuperar la confianza en el voto, liberar a los presos políticos, ampliar las oportunidades y sentar las bases para que Venezuela pueda desarrollarse económica y democráticamente de manera sostenible”, sostuvo González, cuyo partido Un Nuevo Tiempo se separó de la Plataforma Unitaria por diferencias con la estrategia política de Machado.

El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, miembro de la coalición que respalda a Machado, ironizó: “Delcy Rodríguez fingió demencia en su discurso ante las Naciones Unidas. Quiere hacer creer que no ha sido parte de la dictadura que destruyó la vida de millones de venezolanos. La dictadora interina no representa a nuestra gente”.

“Dijo que ‘en Venezuela habrá elecciones’. Entonces, fijen la fecha cuanto antes: elecciones presidenciales libres y con garantías”, demandó Guanipa. Por su parte, en medio de una manifestación este jueves a favor del retorno de Machado, el ex preso político Jesús Armas declaró que “a pesar de que Delcy Rodríguez quiera mostrarse moderada en la ONU, hay más de 300 presos políticos en Venezuela y no los vamos a abandonar”.

La fundadora de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, integrante de la Plataforma, insistió en que la alocución de la mandataria interina “debe tener correspondencia en los hechos”. “Que la próxima palabra la tengamos los venezolanos. Y que esa palabra sea el voto”, sentenció Solórzano.

En Venezuela permanecían bloqueados este viernes 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de medios de noticias, ocho días después de que el Gobierno anunciara el levantamiento de estas restricciones, según denunció la organización no gubernamental VE sin Filtro. El reclamo se produjo el mismo día en que concluía el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, centrado específicamente en la libertad de expresión.

La ONG precisó, a través de la red social X, que entre los sitios inaccesibles figuran medios venezolanos como TalCual y El Nacional, además del portal de investigación Armando.info, que ha revelado casos de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos los relacionados con el empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos y quien se declaró este mes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

También continuaban bloqueados el canal NTN24 y el estadounidense The Wall Street Journal. Infobae es otro de los medios que permanece bloqueado desde el 10 de octubre de 2014.

Más allá de los portales informativos, la organización contabilizó bloqueos a 30 dominios de herramientas como VPN utilizadas para evadir las restricciones, a 25 plataformas de multimedia, comercio y comunicación, a 19 portales de política y a diez páginas sobre derechos humanos. También detectó nueve sitios de pornografía y dos redes sociales inaccesibles, además de una decena de dominios adicionales vinculados a economía, salud y comunicación.

VE sin Filtro exigió el desbloqueo de la totalidad de los dominios afectados, así como transparencia “con cada orden de censura emitida en los últimos años y garantías de que no habrá más bloqueos arbitrarios”. La organización sostuvo además: “Quedó claro que desbloquear, o seguir bloquear, es una decisión política”.

El 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador del sector, había anunciado el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales” por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta el miércoles previo a la denuncia de la ONG, ese anuncio solo se había traducido en el desbloqueo de 18 dominios, entre ellos la Agencia EFE.

Ese mismo día había comenzado el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en el país, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. La delegación del chavismo estuvo encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, mientras que el sector opositor fue liderado por Dinorah Figuera.

Para este segundo ciclo, extendido dos días y que debía finalizar este viernes, ambas partes instalaron una mesa técnica sobre libertad de expresión y derecho a la información. También conformaron una comisión “encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”, entre ellos la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del doble terremoto de junio, temas ya tratados en el primer ciclo de negociaciones.

Rodríguez ordena un nuevo desbloqueo

Horas después de conocerse la denuncia de VE sin Filtro, Rodríguez ordenó el levantamiento “inmediato” de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que seguían bloqueados en el país. La decisión se comunicó “en atención a este esfuerzo conjunto” tras recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición.

El anuncio se difundió a través de un comunicado en redes sociales del ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, que fue borrado y republicado posteriormente para reemplazar la palabra “desbloqueo” por “medidas administrativas”. El texto no detalló qué portales o plataformas serían desbloqueados ni precisó la cantidad de dominios involucrados.

El comunicado señaló que Rodríguez recibió con “beneplácito” los informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El Gobierno reafirmó además “su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento” y expresó que “aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano”.

El excandidato presidencial Enrique Márquez exigió en un video en sus redes sociales al Gobierno venezolano un plan de emergencia con metas, presupuesto, responsables y fechas verificables para reducir los apagones que afectan a distintas regiones del país, donde los cortes llegaron a extenderse por varias horas y, en algunos casos, por días.

“Grabo este video como la mayoría de los venezolanos: sin luz”, afirmó al inicio de su mensaje, en el que cuestionó la falta de un cronograma público para atender la crisis eléctrica.

Distintas zonas de Venezuela registraron nuevos cortes el jueves. Usuarios y autoridades locales informaron interrupciones en Portuguesa, Mérida y Zulia, además de sectores de Caracas. Los apagones formaron parte de racionamientos cuya programación oficial no se publicó de forma regular.

Bajo este contexto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez llamó ayer a colaborar con el ahorro energético ante un aumento de la demanda que, según dijo, no se registraba desde 2017. Tras regresar de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta encargada indicó que sostuvo reuniones con funcionarios para abordar la situación nacional, incluido el funcionamiento del sector eléctrico ante la ola de calor.

Por su parte, el dirigente sostuvo que los cortes alteraron actividades cotidianas y servicios esenciales. “Cuando se va la electricidad, no solo se apaga un bombillo, se paraliza el comercio, se detiene la industria, se puede interrumpir una operación médica, un niño deja de estudiar, una familia pierde el agua, la comunicación y hasta la tranquilidad”, señaló.

El impacto de las fallas eléctricas alcanzó con mayor fuerza a las regiones fuera de Caracas. “Mientras Caracas suele recibir mayor protección, millones de venezolanos en el resto del país pasan horas, y en algunos lugares, días, sin servicio eléctrico”, indicó el ex candidato presidencial.

Además, citó estudios especializados, sin precisar su origen, según los cuales solo uno de cada diez hogares informó que recibió electricidad sin interrupciones, mientras seis de cada diez dijeron sufrir apagones todos los días.

“Cuando la excepción es tener luz todo el tiempo, el país está frente a una emergencia y esa emergencia no se está tratando con la seriedad y responsabilidad que merece”, declaró.

Márquez dirigió un pedido directo a las autoridades: “Señores del Gobierno, díganle la verdad al país. Presenten el plan, pongan fechas y responsables. Venezuela exige respuestas y necesita soluciones”.

El dirigente atribuyó el deterioro a la concentración de la gestión en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, a la reducción de la planificación técnica y a la falta de inversión. También señaló que se reemplazó la preparación profesional por criterios políticos y que las denuncias de sabotaje no explicaron el deterioro de la infraestructura.

“A un trabajador se le puede callar, a una subestación eléctrica dañada, no”, sostuvo Márquez.

El Gobierno venezolano atribuyó en años anteriores parte de las fallas eléctricas a las sanciones internacionales, al fenómeno de El Niño y a acciones de sabotaje. Por su parte, sectores de la oposición, organizaciones no gubernamentales y especialistas relacionaron los problemas con el mantenimiento pendiente, la falta de inversión y hechos de corrupción denunciados en el sector.

En los últimos meses, el Ejecutivo firmó una alianza estratégica con la estadounidense GE Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar infraestructura destinada a la industria petrolera. En junio, ambas partes suscribieron un memorando de entendimiento. Rodríguez también anunció en abril negociaciones con Siemens vinculadas con el área energética.

(Con información de EFE)

La crisis de los servicios públicos golpea el mercado laboral venezolano.

Una investigación de la consultora Anova señala que alrededor de 494 mil 763 personas dejan de trabajar a causa de las fallas en el suministro de agua o electricidad en los hogares, situación que provoca una pérdida de unos mil 600 millones de dólares o 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

El estudio realizado por la firma del economista Omar Zambrano concluye que siete de cada diez hogares venezolanos reciben agua o electricidad de forma precaria, 21,7% más que en 2025. “En promedio, vivir en uno de esos hogares reduce en 4,4 puntos porcentuales la probabilidad de participar en el mercado laboral y en 3,9 puntos la de estar ocupado”, indica.

De acuerdo con estas estimaciones, “eso equivale a unas 494 mil 763 personas que dejan de trabajar, mil 159,4 millones de dólares que se dejan de percibir en ingresos laborales y cerca de mil 600 millones de dólares de producto que la economía deja de generar, 1,4% del PIB”.

Racionamiento

Venezuela arrastra casi 15 años con una severa crisis de su sistema eléctrico. Desde que asumió la Presidencia encargada el 3 de enero, Delcy Rodríguez ha lanzado dos planes de ahorro que básicamente se traducen en interrupciones del servicio y apagones que en algunos casos se extienden por diez horas.

Además de los cortes de luz, el Ejecutivo instauró un “esquema de trabajo interdiario con jornada parcial” en distintas instituciones del Estado.

El régimen chavista culpa de esta debacle a los fenómenos climáticos y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, los expertos señalan que las causas reales son la falta de planificación y mantenimiento, la incapacidad de las autoridades y los mil millonarios escándalos de corrupción en proyectos que jamás se culminaron.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) informó que de las 488 horas laborales del segundo trimestre del año, las empresas reportaron 214 sin suministro eléctrico. “Esto significó un 68% más de horas afectadas comparadas con el trimestre pasado”, precisó Conindustria.

Impuesto

“Como advierte la literatura especializada, estas privaciones operan como un impuesto de tiempo: el esfuerzo físico, la logística del almacenamiento y las horas invertidas en la supervivencia doméstica compiten directamente con el tiempo disponible para generar ingresos laborales”, explica Anova.

Observa que “la falta de servicios no solo encarece la vida doméstica: condiciona directamente la decisión de integrarse a la fuerza de trabajo, en línea con la evidencia internacional”.

Anova encontró que existe un sesgo de género. “En los hogares sin fallas de servicios públicos, las mujeres ocupadas trabajan 3,2 horas semanales menos que los hombres. En los hogares precarios, la brecha llega a 5,6 horas. La diferencia, 2,4 horas a la semana, representa un incremento de 75% en la brecha de género y puede interpretarse como la penalización adicional que carga una mujer por vivir en un hogar con servicios públicos deficientes”.

En el caso de los hombres de hogares precarios, apunta que “trabajan 1,7 horas semanales más que los de hogares sin fallas, presumiblemente para compensar la presión sobre el ingreso familiar”.

La consultora recalca que la “productividad laboral está severamente limitada cuando siete de cada diez hogares organizan su día en torno a la llegada del agua y al horario del apagón, y cuando el propio Estado reduce su jornada para ahorrar electricidad”.

Esniel Job Contreras Zurita salió desde el estado Mérida, en los andes venezolanos, a Inírida, capital del departamento colombiano de Guainía, a finales de febrero de 2019.

En ese momento tenía 25 años y resolvió cruzar al país vecino atendiendo la invitación de un amigo, que lo entusiasmó con la idea de trabajar como vendedor en las minas que funcionan en esa región del oriente de Colombia.

“Pero le fue fatal”, comenta Lisbeth Zurita, madre de Esniel. Enfermó de paludismo y terminó hospitalizado. “Casi se muere, nunca perdimos contacto”, relata la señora.

El joven se salvó y decidió retornar a su patria. “Regreso por el puente Santander, en Cúcuta”, le dijo a su mamá en julio de 2019. Fueron las últimas palabras que Zurita oyó de boca de su hijo. Después no ha sabido más nada de él.

Perdidos

La desaparición de Esniel Job Contreras Zurita llevó a su progenitora a crear el Grupo Esperanza de Madre. Lo que nació como una iniciativa en redes sociales para dar con el paradero de un joven, hoy reúne a más de cien familias que padecen situaciones similares: Muchachos venezolanos cuyos rastros se han perdido principalmente en zonas fronterizas y transfronterizas.

A mediados de septiembre, representantes de esta organización se reunieron con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato. “Ninguna madre debería enfrentar sola la incertidumbre de no saber dónde está su hijo. Vamos a acompañarlas con sensibilidad, pero también con actuaciones concretas, procurando que las instituciones competentes ofrezcan respuestas”, se comprometió González Lobato.

Zurita indica que ha hecho todas las diligencias posibles tanto en Colombia como en Venezuela. “Lo busqué hasta debajo de las piedras y no lo he conseguido”, resalta al describir los esfuerzos realizados.

Tras conversar con funcionarios de Cancillería, Ministerio Público y Defensoría, siente que hoy cuenta con más apoyo para continuar. “Queremos trabajar juntos con las instituciones, es importante incluir a las familias en las búsquedas”, afirma.

Admite que el camino para llamar la atención de los entes públicos no ha sido fácil. “A veces no quieren tomar las denuncias de las madres, no investigan o no hay interés”, señala.

Red

“En la frontera con Colombia la situación es terrible, pasa de todo”, advierte Zurita, quien ha podido conocer de primera mano testimonios de jóvenes “reclutados” por bandas criminales y sometidos a toda clase de abusos. “Los utilizan y luego los desechan”, resume.

Las integrantes del Grupo Esperanza de Madre se reconocen como hermanas. “Somos hermanas de un mismo dolor”, describe Zurita, quien destaca la importancia del acompañamiento y de visibilizar los casos y generar conciencia en la sociedad para evitar que otras familias sufran esta tragedia.

“Han pasado siete años y aún no sé nada de mi hijo”, repite Zurita, quien pese a todo mantiene la fe. “Vamos a lograr grandes cosas para sensibilizar a la sociedad”, asegura.

El Gobierno chavista de Venezuela aseguró que el puerto de La Guaira recuperó entre 96% y 97% de sus operaciones, tres meses después del doble terremoto del 24 de junio que afectó con mayor dureza a ese estado. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, afirmó que las actividades marítimas están “casi en su totalidad recuperadas”, aunque persisten sectores de la infraestructura portuaria que requieren un plan de rehabilitación de mayor alcance.

El funcionario indicó que los sismos causaron daños en el puerto de La Guaira, sin precisar las áreas afectadas ni el cronograma de las obras pendientes.

Garcés también se refirió al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, y señaló que una de sus pistas ya fue reparada, mientras que otra registró daños de mayor magnitud y demandará más tiempo de trabajos. “El aeropuerto de Maiquetía concentra un poco más del 70% de las operaciones nacionales e internacionales”, sostuvo el ministro.

La terminal retomó actividades el 1 de septiembre mediante instalaciones temporales, después de que los terremotos afectaran sus áreas principales. Al menos 19 aerolíneas, de las cuales 11 son internacionales, operan desde esas terminales provisionales.

Entre las compañías que mantienen vuelos figuran Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP, American Airlines, Copa Airlines, Avianca y LATAM Colombia. Las instalaciones temporales cuentan con capacidad total para 2.168 personas. De ese número, 720 plazas corresponden al sector de salidas internacionales y 496 al área de llegadas.

“Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir”, sostuvo el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía antes de su reapertura.

No obstante, pese a los anuncios de la administración chavista liderada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Amnistía Internacional denunció falta de transparencia de las autoridades venezolanas, tres meses después del doble terremoto del 24 de junio, y reclamó que la recuperación se base en los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

“A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, en un comunicado.

La organización entrevistó a 21 personas afectadas en Caracas y La Guaira, la zona con mayores daños. Los testimonios señalaron un “escaso acompañamiento institucional” y falta de información sobre los mecanismos para localizar familiares desaparecidos o acceder a ayudas estatales.

Todos los entrevistados indicaron que la respuesta de las autoridades fue “tardía y poco coordinada” y sostuvieron que, pese al despliegue de policías, militares y organismos de inteligencia, las tareas se enfocaron en la vigilancia y el control territorial, en lugar de priorizar la búsqueda y localización de personas.

La organización advirtió que las autoridades no publicaron una cifra nacional actualizada de desaparecidos. El Gobierno chavista informó el 24 de agosto un balance de 6.509 muertes, mientras que el gobernador de La Guaira mencionó una estimación de 7.265 fallecidos. Iniciativas ciudadanas recopilaron más de 41.000 reportes de personas cuyo paradero se desconoce, aunque Amnistía señaló que esos registros pueden incluir errores y duplicaciones.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio y provocaron daños en casi 60.000 viviendas. Amnistía Internacional pidió establecer un registro único de víctimas, garantizar información pública actualizada y asegurar asistencia, atención médica, apoyo psicológico y acceso a vivienda para los damnificados.

(Con información de EFE)

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la posterior designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, Estados Unidos estableció las condiciones de lo que siguió en Venezuela mediante el plan de tres etapas del secretario de Estado, Marco Rubio: “Estabilización, recuperación y transición”. Las fases describen a una administración que no buscó un cambio de régimen, sino que adoptó una estrategia de gestión del régimen, con una transición política mediante elecciones presidenciales como objetivo final.

Nueve meses después, el plan ha registrado aceleraciones e interrupciones inesperadas, lo que anticipa un camino complejo hacia eventuales elecciones. Con una segunda ronda de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno interino iniciada el 15 de septiembre, un nuevo acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y el régimen de Rodríguez, y las recientes declaraciones del presidente Trump, quien volvió a afirmar que Venezuela no está preparada para celebrar elecciones, resulta pertinente evaluar en qué punto se encuentra el país dentro del proceso de estabilización, recuperación y transición.

Primera fase: estabilización

Tras la audaz operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la administración Trump optó por mantener de inmediato la continuidad del liderazgo, con el fin de evitar el caos interno que podría haber provocado el colapso del Estado. Horas después de la operación, el presidente Trump dejó claro que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y la alternativa más evidente al régimen chavista, no sería designada jefa de Estado, ya que no contaba con “el apoyo ni el respeto dentro del país”.

El presidente probablemente se refería a que las fuerzas de seguridad, fundamentales para sostener al régimen, no tolerarían su conducción. En cambio, Estados Unidos trabajaría con la estructura remanente del régimen. La vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta interina el 5 de enero ante la Asamblea Nacional controlada por el régimen. Su hermano, Jorge Rodríguez, continuó al frente de la Asamblea Nacional, mientras que Diosdado Cabello —acusado en Estados Unidos, sancionado por el Departamento del Tesoro y con una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado— mantuvo su cargo como ministro de Interior, Justicia y Paz, responsable de gran parte del aparato represivo estatal.

Estados Unidos decidió mantener en sus puestos a la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos armados. Tampoco se registraron nuevos episodios de violencia como consecuencia de las acciones estadounidenses, lo que constituyó un primer paso exitoso dentro de la estrategia de gestión del régimen.

Aunque Machado ha expresado un sólido respaldo al presidente Trump —al punto de entregarle su medalla del Premio Nobel de la Paz como muestra de gratitud—, las afirmaciones del mandatario acerca de que ella no era respetada en el país establecieron un patrón de marginación de su voz en los procesos de toma de decisiones.

Esa postura también se reflejó en el rechazo a su intención de regresar a Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron al país el 24 de junio. La Casa Blanca sostuvo que su presencia se había convertido en una distracción para las tareas de asistencia. También quedó excluida de las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre Jorge Rodríguez y la titular de la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015, Dinorah Figuera. Sobre esas negociaciones, Machado afirmó que, aunque no formaba parte del proceso, “no será un obstáculo para las iniciativas que generen avances reales”.

Un elemento importante, aunque poco valorado, de la estabilización de Venezuela ha sido la ausencia de una fractura dentro del propio régimen. La salida de Maduro dejó varios centros de poder que podían competir entre sí, más allá de Delcy Rodríguez. Entre ellos estaban Cabello y el aparato de seguridad interna, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Durante las horas y los días posteriores a la juramentación de Rodríguez, la incertidumbre en torno a Cabello y a los colectivos chavistas armados generó quizá la oportunidad más clara para una disputa sucesoria, pero no surgió ningún desafío organizado. Rodríguez finalmente apartó a Padrino, tras casi 12 años como ministro de Defensa, y sustituyó a una de las figuras más poderosas del chavismo sin provocar una resistencia militar visible. Más tarde, lo designó ministro de Agricultura.

La entrega, en mayo, de Alex Saab —a quien funcionarios estadounidenses describieron durante años como el “testaferro” de Maduro— también podría haber sido otro posible foco de tensión. Maduro había elevado a Saab como símbolo de la resistencia del régimen frente a Washington, por lo que su traslado a manos de las autoridades estadounidenses podía generar divisiones dentro del chavismo. No obstante, tampoco provocó una reacción organizada.

En conjunto, estos episodios sugieren que la estabilización no dependió solo de evitar desórdenes públicos, sino también de gestionar la sucesión chavista sin desencadenar una disputa entre las facciones políticas, militares y de seguridad del régimen. Además, aunque ahora se toleran pequeñas protestas en el país —que habrían sido reprimidas mientras Maduro estaba en el poder—, estas no amenazan la estabilidad de la nueva arquitectura institucional venezolana impuesta por Estados Unidos.

Por lo tanto, junto con la sucesión dentro del régimen, la fase de estabilización se ha completado.

Segunda fase: recuperación económica y reconciliación

Se han registrado algunos avances hacia la recuperación económica durante la segunda fase. El gobierno interino venezolano aprobó el 29 de enero una reforma de la ley de hidrocarburos, que incluyó varios cambios destinados a atraer inversiones al sector petrolero y gasífero. Entre ellos, se contemplaron acuerdos de asociación público-privada con menor control estatal y regalías más bajas.

Del lado estadounidense, el Departamento del Tesoro levantó restricciones específicas vinculadas al petróleo, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, para permitir que empresas de Estados Unidos comercializaran crudo venezolano. A partir de entonces, la administración Trump y el gobierno de Rodríguez profundizaron sus vínculos mediante una serie de visitas ministeriales centradas en la energía, que culminaron en un controvertido acuerdo petrolero: concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos que contienen unos 65.000 millones de barriles.

Chevron anunció después, por separado, planes para invertir más de USD 7.000 millones en los próximos cinco años mediante empresas conjuntas. ExxonMobil, cuyo director ejecutivo llegó a afirmar que Venezuela no era un país apto para invertir, estaría cerca de firmar un acuerdo preliminar para evaluar inversiones en varios yacimientos petroleros venezolanos. Al menos otra empresa petrolera estadounidense también prevé anunciar próximamente un acuerdo de inversión en Venezuela.

Aunque se han tomado medidas para abrir el país a las inversiones, la vida cotidiana de los ciudadanos aún no ha mejorado. El salario mínimo, congelado desde 2022, cubre menos del 1% de los gastos mensuales de alimentación de una familia. La inflación, que se desaceleró al 8,9% en agosto, frente al 19,9% del mes anterior, todavía alcanza el 534,2% interanual. Además, nueve de cada 10 hogares sufren cortes de electricidad, y los apagones se han prolongado este año en lugar de reducirse.

La reconciliación política también avanza, aunque a un ritmo más lento. El gobierno interino aprobó una ley de amnistía que otorgó la libertad a cerca de mil presos políticos; sin embargo, cientos continúan encarcelados. Se produjo cierto alivio en la represión del régimen contra la libertad de expresión, lo que se tradujo en una mayor actividad política y en más protestas que el año pasado, la mayoría de ellas para exigir la libertad de los presos políticos.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas informaron que, pese a una caída significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, así como a la liberación de cientos de presos políticos, los venezolanos siguen sufriendo graves violaciones de derechos humanos. La respuesta del régimen ante los terremotos dejó al descubierto sus habituales prácticas autoritarias: las operaciones de rescate fueron lentas e ineficaces tras años de desfinanciamiento de la agencia de protección civil; equipos internacionales de rescate quedaron retenidos en aeropuertos; la zona afectada fue militarizada con retenes que demoraron el paso de convoyes humanitarios, y la información desde el terreno fue censurada.

Un avance más alentador ocurrió a comienzos de junio, cuando Dinorah Figuera regresó de un exilio de ocho años y mantuvo en Caracas su primera reunión presencial con Jorge Rodríguez. El encuentro elevó las expectativas de una negociación formal hacia una transición pacífica.

Una primera ronda de negociaciones entre la oposición y el régimen se celebró entre el 6 y el 12 de agosto en la base aérea La Carlota, en Caracas, y concluyó con una declaración conjunta de ambas delegaciones. Las partes acordaron impulsar de forma conjunta la recuperación de los activos de reservas internacionales de Venezuela, en particular 31 toneladas métricas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Aún deben definirse mecanismos de transparencia y auditoría, mientras que una parte de los fondos se destinaría a la reconstrucción tras los terremotos.

También se comprometieron a reformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional controlada por el régimen aprobó por unanimidad una reforma de la ley del TSJ, que busca reducir la influencia de los legisladores sobre la selección de los magistrados. Aunque estas medidas parecen sustanciales sobre el papel, analistas advierten que modificar la composición del tribunal no equivale a transformar su funcionamiento. Thelma Fernández, una reconocida abogada penalista venezolana que ha defendido a uno de los presos políticos más visibles del régimen, sostiene que la reforma no reduce realmente el poder del Legislativo sobre la elección de magistrados del TSJ.

Se espera que la segunda ronda de negociaciones aborde las libertades políticas y civiles, además de la libertad de expresión. Todavía no se ha mencionado una reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), ni una actualización del padrón electoral, dos condiciones fundamentales para cualquier elección futura que sea libre y justa.

Dada la posición del presidente Trump sobre el asunto, que Delcy Rodríguez también ha respaldado, la discusión sobre una fecha para las elecciones ha quedado claramente relegada frente a otros debates sobre reformas. Sin embargo, será necesario observar cómo avanzan eventualmente las conversaciones electorales.

Ya surgió la posibilidad de celebrar elecciones regionales y parlamentarias antes de una elección presidencial. Esa alternativa permitiría a Delcy Rodríguez mostrar una apertura electoral sin poner de inmediato en riesgo su cargo ni la continuidad del régimen. También le permitiría probar reformas en el CNE, la habilitación de candidaturas, la observación electoral, el acceso a los medios y la organización y participación de la oposición, con un costo político menor. Además, generaría competencia dentro de las fuerzas opositoras y demoraría inevitablemente una transición efectiva en el país.

Como tanto el régimen como la oposición dependen del respaldo de Estados Unidos, Washington se encuentra en mejor posición para exigir el cumplimiento de los acuerdos que en cualquier intento previo de negociación dentro de la extensa historia de diálogos frustrados. Como ha afirmado la Casa Blanca, cuenta con un “máximo poder de presión” sobre el país durante el período interino.

Tercera fase: transición política

Aunque la definición de un calendario electoral o la celebración de elecciones serían, probablemente, los indicadores que la mayoría de los observadores identificaría como el inicio de la transición política, las negociaciones entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, como mínimo, están preparando el terreno para esa fase. El secretario Rubio, sin duda, lo interpreta de ese modo.

Los dos terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 6.100 muertos, cerca de 1,8 millones de personas necesitadas de asistencia y más de USD 19.000 millones en daños físicos directos, sin duda afectarán el cronograma de la transición. La fecha de las elecciones continúa sin definirse.

El acuerdo petrolero entre el régimen y la administración Trump elevó la importancia de la falta de un calendario electoral, ya que abrió un debate dentro de la oposición sobre la secuencia de las medidas. El Departamento de Estado presentó el pacto como un motor para sostener las reformas y la transición democrática, bajo el argumento de que la recuperación económica crea las condiciones necesarias para una transición.

Los críticos plantean el orden inverso: sostienen que, sin instituciones legítimas, ningún acuerdo de esta magnitud puede sostenerse. El acuerdo firmado en agosto ya parece contradecir la reforma de la ley de hidrocarburos, que limita los contratos petroleros a 25 años, y podría entrar en conflicto con la Constitución del país. Ambas posturas parecen indicar que las dimensiones económica y política ya no avanzan al mismo ritmo.

El grupo de Figuera adoptó una estrategia de transición reformista, en lugar de una basada en el reemplazo del régimen. Bajo este enfoque, el cambio se produciría a través de las instituciones y los mecanismos existentes, en particular la Asamblea Nacional controlada por el chavismo desde 2025, aunque se la considera ampliamente ilegítima. La reforma del proceso de selección de magistrados del TSJ constituye el primer resultado de esa apuesta.

En contraste, Machado no habla desde la posición de un movimiento opositor que busca una transición, sino en nombre de un gobierno que, según sostiene, ya fue elegido en julio de 2024. Su partido, Vente Venezuela, organizó protestas en Caracas con la consigna “elecciones presidenciales ya”. Omar González Moreno, integrante de la dirigencia nacional de esa fuerza y exiliado político, incluso afirmó que las elecciones son necesarias porque la situación actual constituye una “prolongación de la tiranía chavista”.

Machado reiteró ese planteamiento después de que Estados Unidos anunciara el reciente acuerdo petrolero. Sostuvo que, sin transparencia absoluta y Estado de derecho, ningún acuerdo puede ofrecer las condiciones requeridas para grandes inversiones orientadas a sectores específicos.

La discrepancia no se refiere al objetivo, sino a la secuencia de los pasos para alcanzarlo y a la posibilidad de que las dimensiones política y económica avancen de manera simultánea. Figuera apostó a que la recuperación económica y la reforma institucional pueden avanzar mientras la cuestión electoral permanece abierta; Machado sostiene lo contrario.

La vía reformista de Figuera se ajusta al plan de estabilización de una manera en la que la propuesta de Machado no lo hace. El acuerdo petrolero deja expuesta esa tensión y genera un problema de incentivos: las partes que se benefician del pacto tienen razones para proteger el sistema que lo produjo y para evitar una elección que podría llevar a un futuro gobierno democrático a revertir sus condiciones.

En respuesta a la pregunta de un periodista el 13 de septiembre, el presidente Trump reiteró que las elecciones aún no estaban maduras y añadió: “Venezuela está ganando una enorme cantidad de dinero, y nosotros también”.

El camino por delante

El presidente Trump y el secretario Rubio parecen avanzar a velocidades ligeramente diferentes. Trump elogió a Delcy Rodríguez y afirmó que está “haciendo un gran trabajo”, mientras impulsa avances económicos antes de abrir una discusión sobre elecciones. En cambio, Rubio justificó el acuerdo petrolero como una medida necesaria para evitar que un futuro gobierno elegido democráticamente deba heredar un “desastre total”. Al mismo tiempo, reiteró que las elecciones deberían celebrarse tan pronto como se reforme el Consejo Nacional Electoral y se garanticen las condiciones necesarias para un resultado libre y justo.

La diferencia importa porque el principal desafío para Estados Unidos quizá ya no sea estabilizar Venezuela, sino evitar que la fase de estabilización se vuelva permanente. El sistema chavista demostró durante años su capacidad para demorar, manipular o evitar una elección realmente competitiva. Los últimos ocho meses también le dieron a Rodríguez tiempo para consolidar su propia posición. Reconstruyó el Estado alrededor de su figura, reemplazó a los mandos militares e instaló a personas de su confianza en distintos ministerios, aunque mantuvo buena parte de la arquitectura institucional heredada de Maduro.

Rodríguez aprovechará las tensiones dentro de la oposición, así como las diferentes prioridades del presidente Trump y del secretario Rubio. Cuanto más tiempo transcurra sin un calendario electoral, mayor será la oportunidad para que el gobierno interino transforme lo que estaba concebido como un arreglo temporal en un orden político duradero.

La capacidad de presión de Estados Unidos sigue siendo considerable, pero tiene una vigencia limitada y es improbable que conserve indefinidamente su actual nivel de efectividad. El acuerdo petrolero, las posibles inversiones estadounidenses, el alivio de sanciones y la necesidad de Venezuela de captar capital internacional le dan hoy a Washington una influencia sustancial. Sin embargo, cada inversión exitosa y cada nueva relación comercial también pueden crear sectores interesados en preservar la estabilidad y proteger los acuerdos existentes.

La normalización económica podría, por lo tanto, fortalecer a corto plazo la capacidad de presión estadounidense sobre Caracas, aunque aumentaría de forma gradual los costos políticos y financieros de ejercerla más adelante.

Por ese motivo, resulta cada vez más importante establecer un calendario para una elección presidencial antes de cualquier comicio regional o parlamentario. Los venezolanos necesitan creer que el proceso actual conduce realmente a algún destino. La fijación de un cronograma electoral, con plazos para reformar el Consejo Nacional Electoral; actualizar el padrón; inscribir partidos y candidatos —y levantar las inhabilitaciones, en el caso de Machado—; restituir los derechos políticos; garantizar la libertad de expresión y de organización política; y permitir una observación nacional e internacional creíble, convertiría una promesa de transición sin fecha definida en un proceso verificable.

También ofrecería a los inversores una mayor claridad sobre el entorno político en el que realizan compromisos de largo plazo.

Trump mantuvo una primera reunión presencial con Delcy Rodríguez al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 22 de septiembre, mientras María Corina Machado realizaba varios intentos fallidos de regresar a Venezuela. En su publicación en X sobre el encuentro en Nueva York, Delcy Rodríguez no mencionó la democracia ni la transición política. El mensaje se limitó a la cooperación con Estados Unidos en energía, minería y seguridad. Rubio, en cambio, afirmó más tarde, al referirse a la reunión, que debe existir un proceso de transición política y que este ya está en marcha.

La Casa Blanca enfrenta una decisión: permitir que el vínculo económico con Venezuela avance junto con una transición sin plazos definidos o utilizar su capacidad de presión para establecer un calendario electoral y convertirlo en un hito que obligue a completar las reformas institucionales necesarias. De ese modo, Venezuela podría convertirse en un ejemplo de liberalización económica que respalde una transición política, en lugar de sustituirla.

Artículo publicado originalmente por el Center for Strategic & International Studies

La movilización ocurrió después de que Machado acumuló al menos siete intentos fallidos de regresar a Venezuela desde que salió del país hace nueve meses. La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz, permaneció en Panamá tras viajar a Noruega en diciembre, según confirmaron fuentes de Vente Venezuela a la agencia AFP.

Los asistentes corearon “¡Se ve, se siente, María presidente!” y “¡María, vente, te estamos esperando!”. Carlos Fernández afirmó desde la plaza que Machado contaba con “un país desplegado” para acompañarla hasta la Presidencia de la República.

Además, los manifestantes pedían la renuncia de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con cánticos. “Fuera Delcy, fuera Delcy, fuera Delcy”.

La oposición vinculó la protesta con los tres intentos de retorno que la dirigente realizó en las últimas horas. Esos episodios coincidieron con la reunión que Delcy Rodríguez mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los siete intentos de retorno desde Panamá

Pedro Urruchurtu, asesor de Machado, sostuvo en redes sociales que los últimos tres episodios formaron parte de una serie de siete operaciones frustradas. Un portavoz de la dirigente confirmó luego esa cifra, aunque Machado no hizo declaraciones públicas.

El primer plan contempló un viaje por mar desde Panamá, de acuerdo con el diario español ABC. La periodista Idania Chirinos informó que las autoridades migratorias sellaron el pasaporte de Machado, pero el trayecto se suspendió porque el zarpe se canceló por “imprevistos mecánicos en la embarcación”.

La dirigente intentó abordar además vuelos desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Ciudad de Panamá, hacia Aruba y Curazao. Ninguno de los aviones recibió autorización para despegar, informó NTN24.

Las fallas mecánicas, las cancelaciones de última hora y las restricciones al espacio aéreo frustraron las alternativas marítimas y aéreas. ABC no precisó quién bloqueó los desplazamientos.

La promesa electoral de Delcy Rodríguez

Rodríguez aseguró ante la Asamblea General de la ONU que Venezuela celebrará elecciones y que su administración ya inició contactos con sectores opositores para preparar el proceso. Sin embargo, no fijó una fecha y dijo que el pueblo venezolano determinará cuándo estarán dadas las condiciones para acudir a las urnas.

“En Venezuela habrá elecciones, y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con la oposición”, afirmó. La dirigente chavista sostuvo que los comicios debían ofrecer “condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas” y servir para resolver diferencias internas.

El diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición se reanudó en septiembre con una agenda centrada en cambios en las instituciones judiciales y la recuperación de derechos políticos. Entre los asuntos discutidos figura la reforma del Tribunal Supremo de Justicia.

“En Venezuela habrá elecciones, y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con la oposición”, afirmó Rodríguez durante su discurso en Nueva York. Sostuvo que su objetivo es garantizar “condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas” y que los comicios deben servir para resolver las diferencias internas, no para profundizarlas.

“Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos”, señaló.

El diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición se reanudó en septiembre con una agenda que incluye cambios en las instituciones judiciales y la recuperación de derechos políticos. Entre los asuntos discutidos figura la reforma del Tribunal Supremo de Justicia.

Rodríguez sostuvo que el proceso debe conducir a una etapa de mayor apertura política y definió el momento actual como una “transformación democrática”. En su discurso afirmó que Venezuela necesita construir una “república plural y en paz” y anunció que la reforma del sistema de justicia es “impostergable”.

El anuncio electoral coincidió con el nuevo vínculo que Caracas intenta construir con Washington. La líder del chavismo agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por su disposición a retomar las relaciones diplomáticas y afirmó que ambos países están trabajando “seriamente” para resolver sus diferencias. El martes, ambos mantuvieron una reunión en Nueva York al margen de la Asamblea General, en la que abordaron el fortalecimiento de la relación bilateral. Estados Unidos, sin embargo, aclaró que el encuentro no implica reconocer a Rodríguez como una presidenta elegida por los venezolanos.

La jefa del interinato también destacó ante la ONU el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos, que calificó como uno de los mayores suscritos entre ambos países. El pacto anunciado en agosto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros, una inversión potencial superior a los 100.000 millones de dólares y reservas probadas asociadas de unos 65.000 millones de barriles. Rodríguez sostuvo entonces que la participación de operadores privados permitirá elevar considerablemente la producción venezolana y contribuir a la recuperación de la industria.

Ese acercamiento económico forma parte de una transformación de la relación entre Caracas y Washington después de años de confrontación. La delegación venezolana llegó a Nueva York con negociaciones abiertas sobre energía, deuda, minería y acceso a financiamiento internacional. Delcy Rodríguez también mantuvo contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mientras Venezuela avanza en una reestructuración de deuda estimada entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.

La mandataria chavista presentó este nuevo escenario como una oportunidad para dejar atrás la confrontación política interna. Admitió que Venezuela estuvo durante años “dividida entre trincheras” y sostuvo que el país debe entrar en una etapa en la que las diferencias sean procesadas mediante el diálogo. “El color de la bandera de un partido pesaba más”, afirmó, antes de plantear que esa etapa debe quedar atrás para avanzar hacia un país “más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo”.

La presidenta encargada también vinculó ese proceso con la necesidad de recuperar las instituciones y garantizar la convivencia política. Aseguró que no promete “un camino fácil” y reconoció que la recuperación del país llevará tiempo. Sin embargo, insistió en que su responsabilidad es conducir a Venezuela desde el conflicto hacia una etapa de democracia y bienestar.

La transición democrática en Venezuela deberá combinar la reconstrucción de sus instituciones con una recuperación económica que permita celebrar elecciones libres y justas y, posteriormente, garantizar que el gobierno surgido de las urnas pueda mantenerse en funciones, así lo explicó este miércoles ante periodistas el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El funcionario señaló que dirigentes de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 ya mantienen conversaciones periódicas con el interinato para preparar ese proceso.

Las declaraciones de Rubio se produjeron un día después del primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro. La reunión tuvo lugar en Nueva York, durante una recepción con mandatarios que participan de la Asamblea General de la ONU, y estuvo centrada en la situación política y económica del país.

“Hay un proceso de transición política que está en marcha”, afirmó Rubio.

Para Washington, el proceso electoral no puede limitarse a la convocatoria y celebración de una votación. El funcionario estadounidense planteó que deben reconstruirse previamente las condiciones que permitan a los ciudadanos conocer las propuestas de los candidatos, a los partidos reorganizarse y a las autoridades electorales recuperar credibilidad.

“Lo que queremos ver no es solo que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que un eventual gobierno electo podría quedar expuesto si asumiera el poder en medio de un deterioro económico y social extremo.

Entre los elementos que Estados Unidos considera necesarios, Rubio mencionó el acceso de los candidatos a los medios de comunicación. Según dijo, durante las últimas semanas se produjeron cambios en ese ámbito y algunos medios independientes venezolanos que habían permanecido fuera del sistema de difusión nacional volvieron a emitir dentro del país.

El secretario de Estado también describió una mayor presencia pública de dirigentes opositores. Como ejemplo, señaló que algunas conferencias de prensa recientes muestran una cantidad de medios considerablemente mayor que la observada años atrás.

Otro punto señalado por Rubio fue la reconstrucción de los partidos políticos. Muchos de sus dirigentes continúan fuera de Venezuela, por lo que, según explicó, deberán disponer de condiciones para regresar, reorganizar sus estructuras y participar como fuerzas políticas.

Consultado por los intentos de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de regresar a Venezuela durante las últimas 24 horas y sobre si debería permitírsele entrar al país, Rubio dijo que desconocía los detalles.

“No estoy seguro de a qué se refiere o de qué está hablando”, respondió el secretario de Estado antes de ampliar su respuesta sobre la situación de la dirigente opositora. “María Corina es muy valiente. Nos gusta mucho. La conozco desde hace mucho tiempo y he interactuado con ella durante mucho tiempo”, afirmó.

A partir de allí, el funcionario desplazó el eje hacia la situación de los millones de venezolanos que abandonaron el país y hacia las condiciones necesarias para que puedan regresar. Rubio afirmó que Estados Unidos quiere que esa comunidad tenga la posibilidad de volver a Venezuela si así lo desea, recuperar sus actividades económicas y participar nuevamente en la vida política del país.

El secretario de Estado sostuvo que ya existen señales de un mayor movimiento de venezolanos hacia Venezuela. Mencionó los vuelos desde Miami y explicó que algunos venezolanos que anteriormente tuvieron un papel relevante en la vida política o económica del país están regresando para evaluar las condiciones antes de decidir si permanecen.

“Nos gustaría llegar a un punto en el que sientan y tengan la confianza de que realmente pueden regresar y reconstruir lo que perdieron”, explicó. “No se trata solo de María Corina, que es una mujer muy valiente; hay otras personas que están en el extranjero”, agregó.

Para el funcionario estadounidense, ese proceso está directamente relacionado con las negociaciones que mantienen las distintas partes sobre la transición. “Necesitamos avanzar más en estas conversaciones con respecto a la transición y la reconciliación”, afirmó.

Rubio también puso énfasis en la necesidad de recuperar la confianza en el sistema electoral. El objetivo, explicó, es que los ciudadanos puedan tener garantías de que los votos serán contabilizados y publicados correctamente y que las instituciones encargadas de administrar los comicios sean consideradas legítimas.

Deuda y recuperación económica

“Queda mucho por arreglar para que Venezuela tenga éxito. Hablamos de los pasos que quedan para que eso ocurra. La reestructuración de la deuda es clave para ello”, afirmó el funcionario estadounidense.

Sostuvo que Washington pretende contribuir a la recuperación económica, aunque remarcó que el proceso debe realizarse de manera adecuada.

El secretario de Estado vinculó además la estabilidad económica con la posibilidad de consolidar el sistema político. Según explicó, una crisis social y económica severa podría dificultar el funcionamiento de las instituciones y poner en riesgo la continuidad del proceso de transición.

“Queremos una democracia estable con una economía funcional que permita a su gente prosperar”, afirmó.

Desde el 1 de enero de 1959 -día que Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio derrocaron a Fulgencio Batista- el régimen recién nacido que despertaba interés en el mundo comenzó a tejer un plan internacional para exportar la revolución al resto de América Latina. No constituye un secreto. Durante décadas fue un peligro para la región financiando revueltas, atentados y grupos terroristas e infiltró a centenares de espías en todo el planeta. Son más 67 años de desestabilización.

Fue primero la Unión Soviética la que durante décadas ayudó a La Habana a solventar y expandir su poder en tiempos de Guerra Fría con Estados Unidos. Luego, la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro salió a su rescate con petróleo y narcomercaderías hasta la caída parcial de Caracas, hoy tutelada. En la actualidad, Rusia y China están detrás suyo. Sobre todo la última.

Cuba recibe desde hace tiempo ayuda militar del régimen de Xi Jinping. Esa asistencia genera preocupación y una alerta para la región. ¿A eso se refería Donald Trump cuando dijo ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la dictadura de La Habana representaba una amenaza? Quizás el mensaje no era para ser escuchado en la isla, sino a 11 kilómetros, en Beijing.

Nada es gratis. A cambio de esa ayuda militar, el régimen conducido por Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro debe responder con algo en lo que es experto: propaganda. La Habana parece estar más preocupada en mostrar cómo Beijing y el Partido Comunista Chino (PCC) envía supuestas donaciones en lugar de tratar de solucionar la crisis humanitaria, económica y social que atraviesa el pueblo cubano. Ilusionistas perpetuos.

Pero las asistencias humanitarias de la autocracia china no suelen ser duraderas. Ni concretas. Lo sabe sobre todo Venezuela, que durante los últimos dramáticos años de su dictadura no fue beneficiada con grandes entregas salvo en cuentagotas. En 2019, por ejemplo, unos 120 soldados del Ejército Popular de Liberación de China llegaron a la Isla Margarita para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales. Fue días después de que el Kremlin enviara también a personal militar para entrenar a los bolivarianos en el uso de helicópteros de la era soviética. ¿Qué obtuvo Beijing a cambio? Millones de barriles de petróleo a precio vil. Nada es gratis.

Paréntesis: lo mismo ocurrió durante los tiempos de la pandemia nacida presuntamente en un laboratorio en Wuhan, en la provincia de Hubei, China. En ese momento, Beijing creó una estructura propagandística en todo el globo mostrándose como una nación solidaria cuando en verdad montó un negocio fenomenal basado en material sanitario que vendió a todo el mundo. Detalles que ya nadie recuerda.

Esos supuestos envíos humanitarios a Venezuela fueron la excusa para que fuerzas terrestres y material bélico chinos tuvieran presencia en el país durante años. Pero de nada sirvieron esos militares. Las promesas hechas a Miraflores fueron en vano: el pasado 3 de enero por la madrugada, ni China ni Rusia alertaron a tiempo a Maduro cuando un grupo comando de elite de los Estados Unidos irrumpió en el Fuerte Tiuna para llevarse al dictador y a su esposa Cilia Flores.

Una vez consumada la extracción, China sólo elevó críticas genéricas: el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Xi Jinping calificó la acción militar y la detención como una “clara violación del derecho internacional” y de la soberanía venezolana. La asociación con China no resultó en un gran acierto estratégico del chavismo.

Beijing tiene planes parecidos en Cuba. Quiere usar la isla como plataforma para debilitar el crecimiento del resto de América Latina, poder generar dependencia y finalmente controlar las comunicaciones internas del resto de las naciones de la región. Ya comenzó en la isla.

Un reciente informe de la ONG Ciudadanía y Libertad detalla cómo la dictadura cubana realiza una represión digital contra su población. Ante las restricciones para organizarse de forma presencial, los jóvenes cubanos trasladaron parte de sus vínculos, debates y denuncias a internet. Su lugar de encuentro. El informe señala que esa actividad digital se convirtió en el principal blanco de la vigilancia de las autoridades de La Habana.

El régimen de Xi es experto en este tipo de presencia policíaca en las redes y está dando a Cuba las herramientas para mejorar esa vigilancia para lograr un control absoluto sobre lo que se debate fuera de la esfera pública.

Pero existe algo más oscuro: ¿China digita además otro tipo de comunicaciones en la isla? Es la pregunta que se hacen los más jóvenes funcionarios cubanos que ven cómo el país se deteriora y las capas geológicas que lo gobiernan desde hace décadas intentan cualquier maniobra con tal de perpetuarse. Aunque sepan que comenzó la cuenta regresiva.

X: @TotiPI

María Corina Machado intentó regresar a Venezuela tres veces en las últimas horas, pero sus planes se frustraron, según su equipo y reportes de medios. Los intentos coincidieron con una reunión en Nueva York entre la presidenta interina Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La dirigente opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz, permanece en Panamá tras salir de Venezuela en diciembre para viajar a Noruega. Fuentes de su partido, Vente Venezuela, confirmaron a la agencia AFP que al menos uno de los nuevos intentos de retorno no prosperó, sin identificar quiénes lo impidieron.

Machado trató de volver desde Panamá por mar y aire, pero las salidas fueron canceladas o bloqueadas, de acuerdo con su equipo y con reportes de ABC y NTN24. Con estos episodios, la oposición calcula que la dirigente acumuló al menos siete intentos fallidos de regresar a Venezuela desde que abandonó el país hace nueve meses.

Los intentos por mar y aire desde Panamá

Pedro Urruchurtu, asesor de Machado, señaló en redes sociales que los tres episodios recientes formaban parte de una serie de siete intentos frustrados. Un portavoz de la dirigente confirmó después esa información, aunque Machado no se pronunció públicamente.

Según ABC, el primer plan contemplaba una travesía marítima. La periodista Idania Chirinos informó que las autoridades migratorias habían sellado el pasaporte de Machado, pero el viaje se suspendió porque “el zarpe se canceló alegando imprevistos mecánicos en la embarcación”.

La dirigente intentó además abordar este martes vuelos desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Ciudad de Panamá, con destino a Aruba y Curazao, según NTN24. El canal informó que ninguno de los aviones recibió autorización para despegar.

Los obstáculos incluyeron fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo, de acuerdo con los reportes de ABC y NTN24. El diario español no precisó quién habría bloqueado las alternativas marítimas y aéreas.

Reclamos de la oposición y reunión entre Rodríguez y Trump

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió que se garantice el regreso de Machado y expresó su “firme solidaridad” con la líder opositora. La coalición sostuvo que el derecho debe extenderse a los venezolanos exiliados por razones políticas.

“Todos tienen derecho a regresar al país con plenas garantías”, afirmó la PUD en la red social X. El bloque añadió que el retorno seguro de exiliados y perseguidos políticos es una condición para la recuperación de la democracia en Venezuela.

El partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, recordó que la Constitución venezolana reconoce el derecho de los ciudadanos a entrar al territorio nacional. La organización reclamó que las autoridades interinas garanticen que Machado pueda volver, recorrer el país y participar políticamente sin restricciones ni persecución.

La exdiputada denunció el 29 de junio que el Gobierno venezolano había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Panamá, tras el doble terremoto del 24 de junio. Más tarde, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado estadounidense, Cartwright Weiland, declaró el 15 de julio ante el Congreso: “Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”.

Rodríguez y Trump mantuvieron este martes una reunión en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, sin que trascendiera el contenido de la conversación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron este martes por la noche en Nueva York por primera vez, en un encuentro que marca un acercamiento entre Washington y Caracas, confirmó la Casa Blanca.

La reunión tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso de la prensa.

Además de Trump y Rodríguez, participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

En un comunicado publicado en X, la mandataria interina venezolana indicó que ambos conversaron sobre el “fortalecimiento de la relación bilateral y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”.

La reunión se produjo poco después del acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde el ex dictador Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcoterrorismo.

Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas el pasado enero, la Administración de Trump respaldó al nuevo Gobierno de transición de Rodríguez, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia, y restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

En su discurso ante la Asamblea General el martes por la mañana, Trump calificó a Maduro de “dictador fuera de la ley”, afirmó que cientos de presos políticos fueron liberados desde su captura y presentó la incursión como una muestra de que Estados Unidos utilizaría su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses en el hemisferio occidental.

“Al vencedor le pertenecen las riquezas”, dijo Trump al referirse al acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado, que calificó como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. El mandatario manifestó además su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversiones hacia la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes y mantuvo reuniones con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con los titulares del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro con Guterres tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas, donde Rodríguez se encuentra con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. Durante la reunión, ambos abordaron las reformas económicas en curso en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre Naciones Unidas y Caracas, incluida la relativa a los derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena, según informó el organismo internacional.

Antes de la reunión, Rodríguez dejó por escrito en el libro de firmas de Naciones Unidas su esperanza de que el nuevo período de sesiones contribuya a fortalecer el multilateralismo “en procura de la paz y estabilidad mundial”.

La mandataria mantuvo primero un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente de la institución, Everett Eissenstat. El canal estatal VTV señaló que la reunión tuvo como objetivo “revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera” entre Venezuela y el organismo.

Posteriormente, Rodríguez se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.

Las reuniones se llevaron a cabo en la sede de la misión permanente de Venezuela ante Naciones Unidas. Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el BID, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el canciller, Félix Plasencia; y otros funcionarios. Según VTV, los encuentros reflejaron la “progresiva normalización de las relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con los titulares del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde también tiene previsto encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro con Guterres tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas, donde Rodríguez se encuentra con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. Durante la reunión, ambos abordaron las reformas económicas en curso en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre Naciones Unidas y Caracas, incluida la relativa a derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena, según informó el organismo internacional.

Antes de la reunión, Rodríguez dejó por escrito en el libro de firmas de Naciones Unidas su esperanza de que el nuevo periodo de sesiones contribuya a fortalecer el multilateralismo “en procura de la paz y estabilidad mundial”.

Tras su llegada a Estados Unidos durante la madrugada del lunes, la mandataria afirmó que viajaba “con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”.

Durante la misma jornada, Rodríguez mantuvo reuniones con las autoridades de los principales organismos financieros multilaterales, en el marco de la agenda de Caracas para fortalecer los vínculos retomados este año.

La mandataria sostuvo primero un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente de la institución, Everett Eissenstat. El canal estatal VTV señaló que la reunión tuvo como objetivo “revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera” entre Venezuela y el organismo.

Posteriormente, Rodríguez se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.

Las reuniones se llevaron a cabo en la sede de la misión permanente de Venezuela ante Naciones Unidas. Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el BID, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el canciller, Félix Plasencia; y otros funcionarios. Según VTV, los encuentros reflejaron la “progresiva normalización de la relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

Las relaciones entre Venezuela y el FMI y el Banco Mundial fueron retomadas el 16 de abril, cuando ambas instituciones anunciaron la reanudación de sus vínculos con el Gobierno venezolano. En mayo, Rodríguez recibió además a una delegación del Banco Mundial encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo, Susana Cordeiro Guerra.

En el caso del BID, las relaciones se retomaron el 24 de junio, después de que la institución aceptara el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador de Venezuela ante el organismo.

Los vínculos con estos organismos habían sido suspendidos en 2019, durante la crisis política venezolana. En ese momento, el dictador Nicolás Maduro asumió un segundo mandato ilegítimo, mientras Juan Guaidó se autoproclamó presidente y recibió el reconocimiento de decenas de países.

Venezuela mantiene una deuda acumulada de unos 2.500 millones de dólares con el BID, monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación.

La agenda de Rodríguez en Nueva York continuará este martes con un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciado el viernes por la Casa Blanca. La reunión tendrá lugar en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El encuentro será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Nicolás Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La última visita de un jefe de Estado venezolano a Naciones Unidas fue la de Maduro en 2018. Actualmente, el ex dictador se encuentra detenido en una prisión ubicada a pocos kilómetros de la sede de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero.

Rodríguez también tiene previsto intervenir el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, durante la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones.

(Con información de EFE)

Desde el 10 de octubre de 2014 hasta hoy, 21 de septiembre de 2026, transcurrieron exactamente 4.364 días. Aquella jornada, el régimen conducido entonces por Nicolás Maduro decidió bloquear el acceso a Infobae en Venezuela. Hoy, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reclamó al Estado venezolano que levante la censura que ejerce sobre decenas de medios.

El pedido de esa oficina de la ONU -en el marco de la Asamblea Número 81 que se desarrollará a partir de mañana en Nueva York- ocurre en horas en que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, visita Estados Unidos para participar de esa reunión anual de mandatarios.

Las autoridades de Naciones Unidas están al tanto y preocupadas por lo que aún ocurre con la libertad de expresión en Venezuela, uno de los tantos atropellos que los venezolanos sufrieron durante los largos y oscuros años del chavismo. Esa alarma crece por estas horas, luego de que el interinato gubernamental anunciara que se habían levantado restricciones para medios locales e internacionales en pleno proceso de reconciliación que intenta encaminarse en el país.

“La reciente decisión del Gobierno de desbloquear varios sitios web es un importante paso en la dirección correcta”, dijo esa oficina en un breve comunicado. “Volker Türk insta a adoptar nuevas medidas para reabrir otros sitios bloqueados y reitera sus recomendaciones previas a las autoridades para que pongan fin a las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información”, subrayó.

Delcy Rodríguez -quien reemplazó a Maduro en enero último- arribó al aeropuerto de Teterboro, de Nueva Jersey, en horas de la madrugada de este lunes 21. La última vez que un jefe de Estado venezolano participó de la Asamblea General de la ONU fue en 2018, cuando Maduro subió al atrio y la emblemática sala quedó semivacía. En 2019 fue Delcy Rodríguez quien representó al Estado. En cambio, en 2020 y 2021 Maduro emitió mensajes grabados.

En la actualidad, Maduro está preso -junto a su esposa Cilia Flores- en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a una distancia de tan solo 30 minutos en auto de la Sede de Naciones Unidas donde el jueves hablará su sucesora.

Monitoreo de medios bloqueados

La ONG venezolana Espacio Público realizó un monitoreo en los últimos días respecto a lo anunciado por el interinato el miércoles pasado por la noche. “El desbloqueo se confirma para varios medios, pero la censura sigue activa para la mayoría”, señaló esa institución.

De acuerdo a esa ONG existe una “tendencia preocupante: varios sitios empeoraron después del anuncio”. Ese es el caso, por ejemplo, de Tal Cual Digital, VE sin Filtro, Armando Info, e Infobae. En este último caso, la censura alcanza el 99 por ciento de los distribuidores.

El jueves a primera hora, varios proveedores -tanto de telefonía como de internet- habían comenzado a desbloquear sitios y medios censurados. Sin embargo, con el correr de las horas, CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Netuno, Airtex, G-Network retomaron la orden original de las autoridades venezolanas.

Los hogares venezolanos destinan 41,6% de su presupuesto a gastos de alimentación, según el último estudio de Tendencias del Consumidor Venezolano de la encuestadora Datanálisis.

“El peso de la alimentación es uno de los indicadores más claros de pobreza. Mientras más alto, más pobre la sociedad. Como referencia, en Estados Unidos ronda 13% y en México 38%, incluyendo bebidas y tabaco”, detalló el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Aunque el porcentaje es elevado, representa 25% menos que el registrado por esta misma firma en 2018, año que marcó el pico de la crisis económica del país signada por la hiperinflación y la escasez de los productos básicos.

León advierte que “el promedio esconde distancias enormes”. “En el segmento de menor capacidad, casi uno de cada tres hogares, la alimentación supera el 55% del gasto. En el de mayor capacidad está por debajo de 25%. Solo ahí aparece espacio real para lo no esencial”, acota el consultor.

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) estimó en julio que la canasta alimentaria familiar se ubicó en los 727,89 dólares. El “ingreso mínimo integral” decretado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez llega a 240 dólares.

Ese “ingreso mínimo integral” es un bono que no tiene incidencia en los pasivos laborales, que se calculan sobre la base del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años y que hoy equivale a menos de 20 centavos de dólar. Venezuela acumula este año una inflación de 200% y una tasa interanual que está por encima de 500%.

Datanálisis encontró que el “gasto discrecional” apenas llega al 5% del presupuesto de las familias, que tras la comida destinan su dinero a partidas fundamentales como vivienda, salud y servicios, incluida la “autogeneración eléctrica” en un país azotado por cortes de luz y largos apagones.

Marcas

León resalta que los gastos en cuidado personal alcanzan el 7,4%, por encima de salud que se ubica en 6,9%.

“Cuidado personal (51,7%) y medicamentos (44,5%) están entre las categorías donde más le cuesta al consumidor venezolano cambiar de marcas y productos. Entre los 45 y 54 años esas cifras suben a 64,1% y 61,1%”, acota el investigador.

Los números demuestran que más allá de la identificación con ciertas marcas comerciales, el consumidor venezolano está abierto a probar otras opciones para estirar sus menguados recursos.

Según Datanálisis, “80,3% prefiere pagar más por una marca conocida que comprar una más barata que rinda menos. Pero 63,5% busca otra si su marca deja de justificar lo que cuesta”.

“El estudio lo resume así: el mismo consumidor es conservador cuando necesita certeza y explorador cuando el costo de equivocarse es bajo”, sintetiza León.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez llegó a Estados Unidos este lunes 21 de septiembre para participar en la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. La mandataria tiene previsto reunirse el martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, según anunció la Casa Blanca el viernes.

Rodríguez viajará a Nueva York para representar a Venezuela en la Asamblea General de la ONU y mantener su primer encuentro con Trump. La cita, programada para el martes 22 de septiembre al margen de las sesiones de Naciones Unidas, será también la primera reunión entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años.

La mandataria aterrizó en el Aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, donde la recibieron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, quien también ocupa la vicecancillería para Europa y América del Norte.

Según un video publicado en X por el titular de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, al aeropuerto también acudió el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

En su cuenta de X, Rodríguez afirmó: “Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”.

La presidenta encargada sostuvo que Venezuela asistirá a la Asamblea General para “llevar su voz y defender sus principios”, con una agenda basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. También describió al país como una nación que apuesta por “la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”.

La reunión con Donald Trump y los antecedentes diplomáticos

La Casa Blanca informó el viernes que Trump y Rodríguez se encontrarán el martes en Nueva York, durante las actividades de la Asamblea General de la ONU. Será el primer encuentro entre ambos mandatarios.

La participación de Rodríguez había sido confirmada el domingo por el Gobierno venezolano, aunque entonces no se precisó la fecha de su viaje. El Ministerio de Comunicación señaló en X que la mandataria “llevará la voz de la nación al escenario mundial”.

El ministerio agregó que Venezuela, tras “esfuerzos previos”, recuperó su estatus y volvió a integrarse a “la dinámica diplomática del planeta”.

La última visita de un jefe de Estado venezolano a Estados Unidos fue la de Nicolás Maduro en 2018. Maduro se encuentra detenido en una prisión ubicada a pocos kilómetros de la sede de la ONU, después de que fuerzas estadounidenses lo capturaran en Caracas durante una operación militar realizada en enero.

El último encuentro entre un presidente de Estados Unidos y un gobernante venezolano ocurrió en 2015, cuando Barack Obama y Maduro mantuvieron una breve reunión durante la Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este sábado un memorándum de entendimiento con TotalEnergies, una compañía multienergética global de origen francés. Se trata del último de una serie de acuerdos petroleros firmados entre compañías petroleras multinacionales y las autoridades chavistas, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

Hasta ahora, no se informaron detalles sobre el contenido del entendimiento ni sobre su alcance operativo, financiero o contractual.

El anuncio quedó enmarcado dentro de la apertura del sector energético venezolano a la inversión extranjera.

Entre los antecedentes figura el memorando firmado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Continental Resources para desarrollar y operar Ayacucho 2 en la Faja Petrolífera del Orinoco. Rodríguez afirmó entonces que ese paso estaba orientado a impulsar capacidades técnicas y financieras para el desarrollo de ese bloque.

La compañía indicó que ambas partes buscaban negociar en las semanas siguientes un contrato de largo plazo. También estimó que el área de 51.000 hectáreas contiene unos 30.000 millones de barriles de petróleo existente en el subsuelo.

Otro acuerdo reciente involucró a GeoPark y al Grupo Gilinski, con un contrato por 25 años sobre el campo Bare en la Faja del Orinoco. Según un comunicado del grupo, el yacimiento cuenta con cerca de 1.100 pozos y una producción bruta actual de unos 11.000 barriles diarios.

Jaime Gilinski sostuvo que GeoPark tiene la experiencia técnica y la capacidad financiera para asumir toda la inversión de capital que requiere el proyecto. Rodríguez enmarcó ese convenio en una serie de pactos internacionales orientados a consolidar a Venezuela como productora de crudo.

Tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, Venezuela abrió sectores estratégicos a la inversión extranjera, entre ellos petróleo, minería y electricidad. Ese mismo mes, el Parlamento aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la llegada de capital externo.

El Gobierno sostiene que ya firmó medio centenar de acuerdos en petróleo y gas. En ese marco también mencionó pactos con Chevron, Eni y GE Vernova, además de futuras alianzas con Repsol, Shell y BP.

La producción petrolera venezolana alcanzó en agosto un promedio de 1.201.000 barriles por día. En julio, la extracción se ubicó en 1,2 millones de barriles diarios, con un aumento de cerca de 30% desde enero en ambos casos.

Esa recuperación todavía queda lejos de los 3,1 millones de barriles por día de 1998, un año antes de la llegada del chavismo al poder. Los textos vinculan el repunte a la apertura del sector y a la colaboración con Estados Unidos.

Rodríguez ha defendido estos convenios como parte de una estrategia para reforzar la producción. “Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela”, afirmó.

La funcionaria chavista resumió esa meta con otra declaración: “Queremos ser una potencia energética”.

En otra intervención, Delcy Rodríguez sostuvo que los acuerdos firmados en las últimas semanas buscan proyectar a Venezuela más allá de su mercado interno. “Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, señaló.

El pasado 28 de agosto, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela para asegurar que Washington, que supervisa las exportaciones de crudo de Caracas, acceda por un largo plazo a una parte de las reservas del país sudamericano. En una publicación de Truth Social, Trump calificó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y dijo que duplicará con creces las reservas de Estados Unidos.

“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió el líder republicano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este sábado en la sede del Gobierno, en Caracas, al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, en lo que supone un acercamiento entre ambas naciones tras veinte meses de la ruptura de sus relaciones.

El mandatario, quien llegó al palacio presidencial de Miraflores junto a la primera dama, Leticia Ocampos, es el segundo jefe de Estado que viaja a Venezuela desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado enero por parte del Ejército de Estados Unidos, tras la visita en abril del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro. Al llegar a Caracas, el presidente paraguayo fue recibido por el canciller venezolano, Félix Plasencia, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

“Estamos complacidos con esta reunión. Paraguay no quiere estar ausente de este proceso. Va a apoyar y acompañar activamente a Venezuela en este camino con toda su experiencia y predisposición”, expresó el presidente Peña.

En tanto, el canciller Rubén Ramírez sostuvo que este primer encuentro “fue muy constructivo para ambos países”: “Esperamos poder continuar dialogando y encontrando coincidencias que nos permitan avanzar en la relación”.

“Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, muy contento de estar aquí”, expresó Peña al salir junto a su esposa y Rodríguez del palacio presidencial. El mandatario dijo a la prensa que fue una “hermosa reunión” y reiteró sentirse “feliz de estar aquí y de estar dialogando y uniendo al pueblo de Paraguay y al pueblo de Venezuela”.

Previamente, el canciller Plasencia, y su homólogo paraguayo firmaron un comunicado conjunto para, según la estatal Venezolana de Televisión (VTV), avanzar “en la normalización de las relaciones bilaterales”.

“Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa de relacionamiento y sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas”, señala el comunicado firmado por Caracas y Asunción. Asimismo, las partes ratificaron “los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso (...) en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido”.

“Ambos Gobierno reafirman el compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social, consolidando espacios de diálogo constructivo que redunden en beneficios directos para ambos pueblos”, concluye el texto

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro.

Ramírez había adelantado el viernes que el viaje de Peña a Caracas era parte de un acercamiento que ha sido propiciado por un grupo de presidentes “de nuestro hemisferio”.

“Es una reunión de mutuo respeto, es una reunión donde vamos a trabajar precisamente en los aspectos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos venezolanos y que tiene que ver con el inicio de un diálogo que nos conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares”, detalló.

El canciller dijo que la agenda del encuentro incluiría cuestiones migratorias, “aspectos clave”, como el desarrollo económico, comercial y “el bienestar de los venezolanos”, así como la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, que Asunción estima en 300 millones de dólares.

Sobre esto, Ramírez admitió que entre ambos países existe una “diferencia” respecto a lo que reclamaba entonces el régimen de Maduro y los registros de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), que se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

El 24 de abril de este año, el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primer mandatario en realizar una visita oficial a Venezuela, tras la captura de Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

La visita a Caracas es una escala previa al viaje de Peña a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervendrá por tercera vez desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.

En Nueva York tendrá citas bilaterales con jefes de Estado y una reunión con sus homólogos de Urupabol, el mecanismo conformado por Uruguay, Paraguay y Bolivia.

También está prevista una reunión con los integrantes del Escudo de las Américas, coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la participación de Peña en el Consejo de Paz, también promovido por Trump.

El Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, respaldado por Estados Unidos, instalaron una mesa técnica para revisar asuntos vinculados con la libertad de expresión y el derecho a la información, dentro del segundo ciclo de diálogo político, que se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre.

Las partes anunciaron la decisión en un comunicado conjunto, en el que precisaron que la instancia “iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo”.

La mesa quedó conformada un día después del inicio de las reuniones entre representantes del chavismo, encabezados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y una delegación opositora liderada por la exdiputada Dinorah Figuera. El proceso, impulsado por Estados Unidos, comenzó en agosto.

Los participantes también celebraron el levantamiento de las restricciones sobre diversos portales digitales. La medida entró en vigor el jueves, en coincidencia con el inicio de esta etapa de conversaciones y luego de una recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado en enero por Delcy Rodríguez.

El comunicado añadió que las delegaciones crearon una comisión paritaria de seguimiento, que tendrá la tarea de “velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”.

Las conversaciones se desarrollan en el hotel Gran Meliá Caracas, donde tuvo lugar el primer ciclo. En esa instancia, las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del terremoto de junio.

La delegación opositora informó el viernes el inicio formal del “procedimiento para la designación de todos los magistrados” del TSJ, una medida que describió como “un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia”. Las partes prevén mantener ambos asuntos en la agenda de esta nueva ronda. Según el Financial Times, los negociadores también se aproximan a un acuerdo para transferir las reservas de oro del Banco de Inglaterra, valoradas en USD 4.000 millones, a la Reserva Federal del Banco de Nueva York.

La presidenta encargada se reunió este viernes con el encargado de negocios británico en Caracas, Colin Dick, a quien agradeció “su disposición y acompañamiento en este proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro será el primer cara a cara entre Trump y Rodríguez y marcará la reunión de mayor nivel entre Washington y Caracas en más de una década. La última conversación directa entre líderes de ambos países tuvo lugar en abril de 2015, durante una cumbre celebrada en Panamá. En aquella ocasión, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, mantuvo un breve intercambio con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

HRW reclamó la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

La Fiscalía de Venezuela recibió este viernes a una delegación de Human Rights Watch (HRW) para revisar asuntos vinculados con los derechos humanos, durante la primera visita oficial de la organización a Caracas en 18 años. El fiscal general, Larry Devoe, se reunió en la sede principal del Ministerio Público con el subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Federico Borello, y la directora para las Américas de la entidad, Juanita Goebertus.

El Ministerio Público informó que “ambas partes abordaron temas de interés común en materia de derechos humanos”, sin precisar los asuntos tratados ni los compromisos alcanzados. La reunión también incluyó un intercambio sobre la reforma del sistema de justicia que propuso Delcy Rodríguez dentro del “nuevo momento político” que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

HRW concluyó este viernes su visita a Venezuela, la primera de carácter oficial desde 2008. La organización consideró que existe una “pausa” en la represión que, según afirmó, el país atravesó durante los últimos 27 años. La entidad reclamó al Gobierno de Rodríguez reformas estructurales y la liberación de todos los presos políticos.

“Sabemos que se han liberado más de 900 personas, presos políticos, pero que quedan cientos más presos”, subrayó Borello al remarcar que es necesaria una excarcelación “total e incondicional” de detenidos por motivos políticos.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez se reunió este viernes en Caracas con Federico Borrello, subdirector ejecutivo y director de programas de Human Rights Watch (HRW), y demás integrantes, para abordar las garantías fundamentales en Venezuela.

El Gobierno señaló que la cita formó parte de sus contactos con entidades internacionales y la vinculó con su objetivo de promover la pluralidad política en el país. No se difundieron acuerdos, documentos firmados ni medidas específicas al término de la reunión hasta el momento.

La cita se desarrolló en un período de cambios políticos e institucionales en Venezuela. En los últimos meses, el Gobierno instaló mesas de diálogo con sectores de la oposición para discutir asuntos de la situación nacional.

“​El encuentro se suma a las iniciativas de diálogo del Gobierno nacional orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos y la promoción de la pluralidad política en el país”, mencionó el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Borrello acudió como subdirector ejecutivo y director de programas de HRW. El representante cuenta con un título de Derecho por la Universidad de Milán y una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia.

Además, su trayectoria incluye tareas como consultor sénior del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme. También dirigió el Centro para los Civiles en Conflictos antes de incorporarse a sus funciones en la organización de derechos humanos.

Con respecto a reuniones anteriores, en febrero, HRW solicitó al Gobierno encabezado por Rodríguez el desmantelamiento de lo que calificó como el aparato represivo estatal. La entidad pidió además reformas electorales, judiciales y legales para que pudieran celebrarse comicios libres.

La organización había planteado una revisión de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE). HRW cuestionó que los rectores del organismo fueran cercanos al chavismo y sostuvo que esa composición debía modificarse.

La organización criticó, además, las elecciones celebradas en Venezuela durante la última década. Sobre los comicios presidenciales de 2024, sostuvo que el análisis de las actas señaló una victoria de Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Mientras Rodríguez se reunió con representantes de HRW, el Gobierno venezolano y un grupo de oposición continuaron hoy en Caracas el segundo ciclo de negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición en el país. Las partes buscan avanzar en acuerdos sobre garantías civiles y políticas y libertad de expresión, sin declaraciones previstas para la prensa.

Las negociaciones retomaron el tema judicial después de la primera ronda de agosto, que concluyó con dos acuerdos, entre ellos la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia. Este viernes, la oposición informó el inicio del proceso para designar a todos sus magistrados.

(Con información de EFE)

Una de las prácticas que desplegó Tarek William Saab en su larga pasantía por el Ministerio Público de Venezuela, fue la de exponer en las redes al escarnio público a personas que estaban siendo investigadas por distintos hechos.

Para corregir esta desviación, el nuevo fiscal general de la República, Larry Devoe, informó que “en estricto apego a los principios constitucionales”, ordenó “eliminar de todas las redes sociales oficiales del Ministerio Público las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de la comisión de delitos, sin que exista condena penal en su contra”.

“Esta medida responde a un principio fundamental: toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. La presunción de inocencia no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar”, argumentó.

Devoe llegó a ese cargo por su cercanía con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien presionó por la salida de Saab, antiguo colaborador de Nicolás Maduro que estuvo casi nueve años en ese puesto. De tener la responsabilidad de la acción penal en el país, Saab ahora pasó a ser el director de una misión cultural que lleva por nombre “Viva Venezuela, Mi Patria Querida”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso, donde la dignidad de la persona sea siempre preservada”, indicó Devoe, al dejar atrás una de las irregularidades cometidas por su antecesor.

Positivo

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap -ONG que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes- consideró positiva la decisión adoptada por Devoe. “Corregir esta práctica era necesario desde hace años”, acotó.

“El 5 de mayo de 2022 denuncié públicamente que el entonces fiscal general, Tarek William Saab, exponía en su cuenta personal nombres, fotografías y videos de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar”, recordó Trapani.

El activista enfatizó que “la presunción de inocencia ya era una obligación. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además, existe una protección especial de su identidad, intimidad y reputación. La existencia de una condena tampoco habilita a exponer públicamente a un adolescente vinculado a un hecho punible”.

El portavoz de Cecodap advirtió que no basta con eliminar las publicaciones, pues ello no repara la estigmatización y daño que pudo generar la difusión. “Hace falta establecer garantías para que no se repita, tanto en los canales institucionales como en las cuentas personales utilizadas para comunicar actuaciones oficiales”, expresó.

Trapani también se preguntó “¿qué ocurrirá con las publicaciones difundidas desde la cuenta personal del exfiscal?” que, además, sigue siendo funcionario del régimen. “La protección de los derechos debe alcanzar todos los espacios donde se produjo la exposición”, precisó.

“Estamos viviendo un tercer terremoto”, resume su sentimiento un vecino del sector Playa Grande en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras el doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Ingeniero mecánico de 42 años de edad, el cataclismo arrasó con su apartamento, donde vivía con su esposa, sus dos hijos, su madre y su suegra. Pero ahora dice estar sufriendo un nuevo suplicio: La desinformación y las trabas burocráticas que dificultan la obtención de los créditos prometidos por el régimen chavista para adquirir viviendas.

“Todo está detenido, es una incertidumbre porque estamos a merced del Estado”, comenta este profesional, que prefiere resguardar su identidad para evitar represalias. “Las reglas no están claras y considero que el Estado cometió un gran error al hablar de montos, si después no podía cumplir”, expresa con una mezcla de rabia y frustración.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció un plan hipotecario especial para los damnificados por los terremotos, que cubre un máximo de 100 mil dólares y funciona de la siguiente manera:

• Para las viviendas que cuesten hasta 70 mil dólares, habrá un subsidio estatal de 80% y un crédito por el 20% restante a 25 años.
• Para las viviendas que cuesten entre 70.001 y 100 mil dólares, el subsidio alcanzará el 50% y la otra mitad se cubrirá con un préstamo bancario a 25 años.

En ambos casos, se establece un periodo de gracia por 12 meses, tasa de interés del 5% anual y tasa de interés por mora de 1% anual sobre las cuotas vencidas.

Confusión

La distancia entre Caracas y La Guaira son unos 26 kilómetros. Pero en la capital de la República los precios de los inmuebles están por las nubes, así que tuvo que buscar más lejos y consiguió una oportunidad para trasladarse a Valencia, en el estado Carabobo, a unos 193 kilómetros del que fue su hogar.

El monto del inmueble: 114 mil dólares. Tras negociar con el propietario, acordaron que en el documento se registraría un precio de 100 mil dólares, para estar dentro de los límites del plan hipotecario, con el compromiso de que él completaría la diferencia.

“Casi nada está claro con respecto a este trámite”, señala luego de haber realizado la diligencia. Introdujo su solicitud en el Banco Digital de los Trabajadores, una de las entidades públicas que forman parte del programa, incluyendo su certificación de ingresos y la de su esposa, una bioanalista de 43 años. “Metí los dos certificados para demostrar que podíamos pagar el crédito y así evitarnos problemas”, comenta.

Sin embargo, no han faltado los inconvenientes. “Hay cosas que te piden que no tienen nada que ver con lo que difunden por las redes. En el banco estaban perdidos, dijeron que era la primera petición que recibían. Digitalizaron los documentos para enviarlos a Caracas, y nos aseguraron que en cinco días hábiles nos daban una respuesta. Después pasaron tres semanas y nunca nos avisaron nada”, relata.

Tocando puertas de forma insistente y apelando a vías alternas, se enteró de que le habían “pre-aprobado” el préstamo, mas la desilusión llegó al conocer la cantidad. “Solicitamos 100 mil dólares y ellos decidieron aprobar 60 mil, eso no nos ayuda”, lamenta.

Dudas

Pese a la decepción, admite que ha tenido suerte. “No conozco a nadie que le hayan liquidado un crédito, ni siquiera que se lo hayan pre-aprobado. A la única persona de mi entorno que le han aprobado un crédito es a mí y no me enteré por la agencia bancaria, sino buscando información por mi cuenta”, narra su experiencia.

Ahora entregó al banco una carta para que reconsideren su caso. Sopesa la idea de intentarlo en una institución privada. “Cuando ni siquiera analizan tus datos es muy triste. Aquí las reglas no están claras y, al final, no sabes si el banco revisará tus cuentas o si el Estado mete la mano para fijar ese límite de manera discrecional”, expone.

El tiempo pasa y la preocupación aumenta tanto como los precios de los inmuebles. Su esposa y sus dos hijos están en Valencia, mientras él continúa en La Guaira trabajando. La separación forzada cambia las perspectivas de las cosas. “Más que un apartamento, yo lo que busco es reunificar mi hogar”, concluye.

Después de más de un año y ocho meses de persecución judicial, uno de los defensores de la libertad de expresión más prominentes de Venezuela recuperó su libertad plena.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este viernes 18 de septiembre que fue sobreseída la causa contra el periodista Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.

Correa fue detenido el 7 de enero de 2025, en medio de la escalada represiva ejecutada por Nicolás Maduro. El suyo fue un caso de “desaparición forzada”, pues se lo llevaron sin que mediara una orden de captura y lo mantuvieron aislado por nueve días, hasta que lo liberaron.

Su lugar de reclusión fue El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) identificado como centro de torturas, y que recientemente fue desmantelado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El activista estaba sometido a un proceso por financiamiento al terrorismo, asociación, legitimación de capitales, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, delitos que regularmente el régimen chavista imputa a la disidencia.

Tras evaluar una lista de 145 postulados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el 24 de julio que Correa es uno de los diez candidatos a ocupar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El proceso de selección debe culminar el 30 de septiembre para que el escogido asuma el cargo el 1 de noviembre.

El sobreseimiento se produce luego de que el Programa de Paz y Convivencia Democrática -creado por Delcy Rodríguez- le recomendara este 16 de septiembre a la mandataria interina “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión en un clima de encuentro entre venezolanos”.

La ONG VE Sin Filtro indicó que en las últimas horas se levantó el bloqueo contra 14 medios de noticias; no obstante, subrayó: “Siguen bloqueados al menos 188 dominios, incluyendo algunos de los medios más importantes del país y del mundo”. Entre los afectados sigue estando Infobae, censurado en Venezuela desde el 10 de octubre de 2014.

Pendientes

Espacio Público destacó la necesidad de demandar la liberación de “quienes siguen detenidos o sometidos a procesos arbitrarios en Venezuela”.

“Hacemos un llamado a no bajar la guardia: mantengamos la misma atención hasta lograr su liberación plena”, manifestaron.

El SNTP recuerda que seis trabajadores de los medios “continúan sometidos a procesos penales y restricciones”, para los que también exige “el cierre definitivo de sus causas y el levantamiento de todas las medidas que pesan sobre ellos”.

La ONG Foro Penal sostiene que en el país aún permanecen tras las rejas 328 presos políticos, entre ellos 33 con nacionalidad extranjera como el abogado argentino Germán Darío Giuliani.

La Policía venezolana liberó el jueves al ex alcalde y dirigente opositor Javier Oropeza seis horas después de su detención, en coincidencia con el inicio de una segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y sectores de la oposición, con el respaldo de EEUU, para definir una transición democrática en el país.

Orpeza, ex mandatario del municipio Torres, en el noroeste de Venezuela, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tras conceder una entrevista a un periódico local. El dirigente fue arrestado el jueves apenas 48 horas después de haber regresado al país tras permanecer dos años exiliado en España.

Videos difundidos en redes sociales mostraron que decenas de simpatizantes lo esperaron a la salida del juzgado.

La jefa de la delegación opositora en las negociaciones, Dinorah Figuera, afirmó que el grupo denunció el arresto. “Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación. Estaremos vigilantes hasta que se cumpla; todos los presos políticos deben ser liberados”, escribió en la red social X antes de la liberación del ex alcalde.

La líder opositora María Corina Machado, excluida de los contactos, acusó al Gobierno de Rodríguez de secuestrar a Oropeza. “El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día. Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024”, reportó y sumó: “Ésta es la naturaleza de este régimen”.

La Premio Nobel de la Paz también conversó con el ex alcalde tras su liberación. “Un abrazo enorme. Venezuela será libre y habrá respeto y justicia para todos los ciudadanos... Que Dios te bendiga, Javier. Nos vemos pronto”, expresó.

La detención de Oropeza provocó movilizaciones de dirigentes y ciudadanos en el estado Lara, donde reclamaron información sobre su paradero antes de que las autoridades lo dejaran en libertad. El ex diputado Juan Pablo Guanipa y el dirigente Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial de Barquisimeto para exigir precisiones sobre el lugar al que agentes de inteligencia trasladaron a Oropeza. “¿Dónde está Javier Oropeza?”, reclamó Guanipa desde las inmediaciones de la sede policial. El dirigente pidió a las autoridades que permitieran conocer el destino del exalcalde.

También se registraron protestas cerca de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana. Un grupo de manifestantes bloqueó de forma temporal la carretera Centro Occidental, a la altura de la entrada de Carora.

La detención ocurrió al comienzo de una nueva etapa de conversaciones, respaldadas por Estados Unidos, entre el Gobierno integrado en su mayoría por antiguos aliados del ex dictador Nicolás Maduro y representantes opositores. El objetivo de esas reuniones es acordar una hoja de ruta para la transición política y el restablecimiento de las libertades políticas y cívicas.

La nueva ronda de diálogo se desarrolla ocho meses después de que fuerzas estadounidenses apartaran a Maduro de su complejo en Caracas y lo trasladaran a Estados Unidos para enfrentar un juicio.

Venezuela atravesó una etapa de represión luego de la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones de julio de 2024. Varios opositores abandonaron el país y otros fueron encarcelados. Desde el traslado de Maduro a Nueva York, la represión contra dirigentes opositores y disidentes disminuyeron, aunque la detención de Oropeza volvió a generar cuestionamientos durante las negociaciones sobre la transición. Cabe recordar que aún hay 328 presos políticos en Venezuela que aún aguardan su excarcelación, según datos de la ONG Foro Penal.

(Con información de AFP)

Oropeza había retornado a Venezuela el martes acompañado por familiares y se había presentado ante las autoridades judiciales. Su regreso se produjo después de que se decretara el sobreseimiento de la investigación penal que había motivado su salida del país. El miércoles, informó públicamente sobre el cierre de ese proceso.

La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el caso y afirmó que el operativo fue ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día”, escribió la líder opositora.

Machado recordó además que Oropeza había vuelto al país apenas dos días antes, después de un exilio que, según denunció, estuvo directamente relacionado con la persecución sufrida por el dirigente, sus familiares y miembros de su equipo durante 2024.

“Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024”, señaló.

En su mensaje, la dirigente opositora responsabilizó al régimen venezolano por el episodio y sostuvo: “Ésta es la naturaleza de este régimen”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también exigió la liberación del dirigente y cuestionó que la detención se produjera después de que la causa fuera archivada.

“El exalcalde Oropeza, el día de ayer, había recibido el sobreseimiento de su ilegal causa. Exigimos su inmediata liberación”, señaló la coalición.

Las circunstancias del procedimiento provocaron además una movilización de dirigentes y ciudadanos en Lara. El ex diputado Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial en Barquisimeto para reclamar información sobre el paradero del dirigente. En paralelo, se registraron protestas en las inmediaciones de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes llegaron a bloquear temporalmente la carretera Centro Occidental a la altura de la entrada de Carora.

“¿Dónde está Javier Oropeza?”, reclamó Guanipa desde las inmediaciones de la dependencia policial, donde exigió que las autoridades permitieran conocer el lugar al que había sido llevado el exalcalde.

El partido político Voluntad Popular señaló que Oropeza fue interceptado después de conceder la entrevista, mientras dirigentes opositores denunciaron la participación de funcionarios vinculados a labores de inteligencia. Hasta el momento de estas denuncias no se había informado oficialmente sobre una acusación nueva ni sobre el destino del dirigente.

La detención coincidió con el inicio del segundo ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición representada en la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera. La negociación cuenta con respaldo estadounidense y tiene entre sus asuntos las garantías civiles y políticas, la libertad de expresión y otros aspectos relacionados con la transición institucional.

Figuera aseguró que la delegación opositora conoció el caso durante la instalación de la mesa y que planteó inmediatamente la situación.

“Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación”,

“Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados”, añadió.

La situación de Oropeza se conoció un día después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtiera sobre la continuidad de estructuras estatales vinculadas a la represión en Venezuela. El organismo señaló que durante 2026 hubo algunos cambios, incluidas liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, pero sostuvo que no se produjeron transformaciones institucionales suficientes para garantizar que esos avances fueran permanentes.

El caso también reavivó la preocupación de organizaciones opositoras por la situación de otros dirigentes. En mayo, el activista Yoel Sucre, vinculado al movimiento de María Corina Machado, había sido detenido y posteriormente liberado bajo un régimen de presentación periódica, de acuerdo con denuncias difundidas entonces por organizaciones de derechos humanos.

Para Oropeza, el regreso había representado el final de dos años fuera de Venezuela. Al llegar había declarado que volvía después de un período marcado por la separación de su familia y la incertidumbre sobre su situación judicial. “Regresamos con la paz de quien no debe nada”, afirmó en un mensaje difundido tras su retorno.

Sindicalistas y miembros de diversas asociaciones se manifestaron este jueves en Venezuela frente al hotel donde se desarrolla el diálogo político entre el Gobierno y un sector de la oposición, en reclamo de la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias antes de que termine el año.

La protesta tuvo lugar en las inmediaciones del hotel Gran Meliá de Caracas, sede de la negociación, y contó con la custodia policial. Los manifestantes argumentaron que ya transcurrieron más de nueve meses desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en enero pasado, sin que se haya fijado un cronograma electoral.

El secretario general del Sindicato de la Cancillería, José Patines, dirigió sus críticas a la exdiputada Dinorah Figuera, representante de la oposición en las conversaciones, a quien acusó de retrasar el proceso electoral que reclama la población venezolana. “Queremos elecciones presidenciales y parlamentarias para este año 2026”, afirmó ante la prensa. El representante gremial añadió que las exigencias del sector incluyen la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismos que, según señaló, están integrados actualmente por personas afines al chavismo.

Entre los elementos exhibidos durante la concentración se destacó una caja forrada con papel blanco y las siglas del CNE, que simulaba una urna electoral. También hubo pancartas que exigían la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello. La escena reprodujo el formato de una protesta similar registrada en agosto, durante la primera ronda de contactos.

El presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Noé Mujica, apuntó contra el mecanismo previsto para elegir a los magistrados del TSJ, pactado entre ambas partes durante esa primera fase del proceso. Mujica consideró que la presencia de 11 diputados en la comisión de postulaciones podría derivar en un control del oficialismo sobre las designaciones, pese a que el comité también integra a otros 12 representantes de la sociedad civil.

La jornada de reclamos coincidió con la reanudación del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición, encabezados respectivamente por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por Figuera. El encuentro, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, busca avanzar en una negociación sobre la transición política y prevé abordar cuestiones vinculadas a las garantías civiles, los derechos políticos y la libertad de expresión. También se anticipa una continuidad en las discusiones sobre el sistema judicial, ya iniciadas en la instancia anterior.

El primer ciclo de contactos se extendió entre el 6 y el 12 de agosto y culminó con dos acuerdos entre las partes. El primero estableció la renovación integral del TSJ. El segundo contempló la recuperación de activos venezolanos depositados como reserva internacional en el Banco de Inglaterra, destinados a asistir a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

(Con información de EFE)

Aeronaves militares venezolanas sobrevolaron una zona minera en el estado Bolívar, en el sur del país, donde están presentes células del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, reportaron medios locales.

“Han evacuado a todo el personal del área de mina de bauxita de (la empresa estatal) CVG Bauxilum Los Pijiguaos, al tiempo que se comenzaron a observar aviones de combate sobrevolando el área”, reportó el miércoles 16 de septiembre a través de la red social X el periodista Fritz Sánchez.

Sánchez relató que los guerrilleros del ELN “mantienen en zozobra a toda esta región del territorio venezolano al sur del municipio Cedeño del estado Bolívar, teniendo la industria paralizada parcialmente, secuestrando jóvenes, generando el desplazamiento forzado de comunidades y asesinando a líderes indígenas”.

El ex diputado opositor Américo De Grazia se hizo eco de la denuncia que realizaron trabajadores de CVG Bauxilum sobre la presencia de este grupo irregular en la región. “Todo ese territorio está bajo el control de los narcoterroristas del ELN”, aseveró De Grazia.

Según la versión de Sánchez, “el Ejército venezolano tomó el control de la industria CVG Bauxilum en Los Pijiguaos, incluyendo el área de minas, en medio de operaciones de seguridad en la región”.

El comunicador apuntó que pese al despliegue militar, “persiste el temor de que las facciones guerrilleras se replegaran hacia la selva circundante, con lo que su presencia seguiría siendo real en esta región sur del municipio Cedeño”. A principios de agosto, Sánchez había informado que los grupos guerrilleros generaban una “creciente preocupación” entre los trabajadores de la estatal CVG Bauxilum.

En una operación conjunta, fuerzas venezolanas y de Estados Unidos mataron en junio en la zona de Las Claritas, estado Bolívar, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la temible banda criminal Tren de Aragua.

La eliminación de “Niño Guerrero” se interpretó como parte de una “limpieza” que busca despejar el área para las inversiones mineras; sin embargo, De Grazia afirma que el lugar del jefe del Tren de Aragua ha sido tomado ahora por otros delincuentes supuestamente con la anuencia de autoridades militares.

Ataque

Hace un mes se confirmó la muerte del capitán indígena, Julio Rodríguez, presuntamente a manos de miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Mapoyo, al sur de Bolívar.

La ONG Provea expuso que los integrantes de las FARC atacaron con drones y artefactos explosivos a una comisión de líderes y jóvenes indígenas que había salido a buscar a Rodríguez, quien en principio había sido secuestrado.

La comunidad indígena denunció que había sido víctima de un “acto de guerra”, y señaló que sus familias “se encuentran bajo un régimen de amenaza constante y zozobra permanente”. De acuerdo con este testimonio, los insurgentes “mantienen el control sobre las áreas circundantes y bloquean el acceso a nuestras zonas tradicionales de caza, pesca y recolección, destruyendo la soberanía alimentaria”.

Venezuela avanza hacia una nueva etapa de normalización internacional, pero ese proceso no debería convertirse en una vía para dejar intacta la excepcionalidad política interna. No debe invisibilizarse que Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia sin haber sido elegida para ese cargo y que el interinato ha superado los lapsos previstos en la Constitución, que continúan las restricciones al espacio cívico, persisten déficits importantes para el ejercicio de los derechos políticos y permanecen instituciones cuya legitimidad democrática está cuestionada.

Así lo advirtió Laboratorio de Paz, un centro de investigación y pensamiento estratégico, que llamó a gobiernos democráticos, organismos multilaterales y actores internacionales a diferenciar el relacionamiento diplomático con el Estado venezolano del reconocimiento de legitimidad democrática de quienes ejercen actualmente el poder.

El pronunciamiento se produce en medio del restablecimiento de vínculos diplomáticos con Estados Unidos, el anuncio del Reino Unido de elevar nuevamente su representación en Caracas al rango de embajador y la próxima participación de la mandataria interina Delcy Eloína Rodríguez Gómez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para la organización, estos hechos expresan un proceso de reinserción internacional que probablemente seguirá ampliándose.

Laboratorio de Paz considera positivo que Venezuela recupere relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación con la comunidad internacional, al sostener que el aislamiento “no constituye una política de derechos humanos ni contribuye, por sí mismo, a la democratización”. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de que la normalización internacional avance más rápido que la normalización democrática.

La organización subrayó que la apertura diplomática y económica no debe invisibilizar asuntos de fondo: que Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia sin haber sido elegida para ese cargo, que el interinato ha superado los lapsos previstos en la Constitución, que continúan las restricciones al espacio cívico, que persisten déficits para el ejercicio de los derechos políticos y que permanecen instituciones cuya legitimidad democrática sigue cuestionada.

“Cuanto mayor sea la normalización de las relaciones internacionales de Venezuela, mayor debería ser el compromiso de los actores internacionales con una salida democrática, constitucional y basada en derechos humanos”, señaló LabPaz.

Para la organización, la eventual presencia de Rodríguez en Nueva York concentrará previsiblemente la atención pública en reuniones, gestos diplomáticos y fotografías. Pero la discusión de fondo, advierte, debería ser otra: si Venezuela está regresando a la normalidad en sus relaciones con el mundo, esa normalidad también debe alcanzar a sus instituciones.

Compromisos explícitos

LabPaz recordó que la presencia de representantes venezolanos en Naciones Unidas forma parte de las relaciones entre Estados y no constituye, por sí sola, una certificación sobre la legitimidad o la calidad democrática de un gobierno. En ese sentido, destacó como relevante la posición anunciada por Reino Unido, que separa la mejora de relaciones con el Estado venezolano de cualquier modificación en su valoración sobre los procesos electorales de 2024 y no supone necesariamente un reconocimiento político de quienes actualmente ejercen el poder.

El Laboratorio de Paz insistió en que los acuerdos políticos, económicos, energéticos, comerciales y de cooperación que se establezcan con Venezuela deben incorporar compromisos explícitos y verificables en materia de derechos humanos, Estado de derecho, libertades públicas y democracia.

Como antecedente, mencionó las cláusulas democráticas y de derechos humanos incluidas por la Unión Europea en acuerdos con terceros países. “La UE, por ejemplo, ha incorporado cláusulas democráticas y de derechos humanos en sus acuerdos con terceros países, vinculando la profundización de determinadas relaciones al respeto de principios democráticos y derechos fundamentales”.

Sostiene la organización que “la recuperación económica que necesita Venezuela y la reconstrucción de sus instituciones no deberían avanzar por caminos separados. Las inversiones necesitan seguridad jurídica. La cooperación internacional necesita instituciones confiables. Y la estabilidad sostenible necesita legitimidad democrática”.

Normalizar sin legitimar

Ante esta nueva etapa, Laboratorio de Paz exhortó a los gobiernos democráticos, organismos multilaterales y actores internacionales que están restableciendo o ampliando relaciones con Venezuela a acompañar activamente una normalización democrática.

Planteó que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de acompañar la reinserción de Venezuela sin convertir la apertura diplomática en un aval político automático. Para la organización, restablecer relaciones con el Estado venezolano no debe confundirse con reconocer como plenamente democrática la situación institucional del país.

Insistió en “diferenciar claramente el relacionamiento diplomático con el Estado venezolano del reconocimiento de legitimidad democrática de quienes actualmente ejercen el poder”.

Ese acompañamiento, sostuvo LabPaz, debe traducirse en compromisos concretos: garantías verificables de derechos humanos, respeto al Estado de derecho, protección de las libertades públicas, preservación de los mecanismos internacionales de seguimiento y condiciones reales para una competencia electoral auténtica.

“Incluir la promoción de garantías efectivas para las libertades de expresión, asociación, reunión y participación política, así como condiciones que permitan una competencia electoral auténtica”, sostiene.

Insta a acompañar activamente el establecimiento de una ruta constitucional para la celebración de “elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables en el plazo más breve posible”, dijo LabPaz.

El mensaje de fondo es que Venezuela necesita volver al mundo, pero también necesita que el poder vuelva a las urnas electorales. La normalización internacional solo será sostenible si abre paso a una ruta constitucional que permita elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables en el plazo más breve posible. Sin legitimidad democrática, advierte la organización, cualquier apertura corre el riesgo de convertirse en una normalidad incompleta.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendó el miércoles por la noche a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adoptar medidas para favorecer la libertad de expresión y mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo, entre ellas la eliminación de las restricciones contra los dominios web de medios de comunicación.

La recomendación surgió después de un proceso de consultas con distintos sectores de los medios de comunicación, entre ellos medios nacionales, públicos, privados, alternativos e influenciadores, según un comunicado oficial difundido por Oliver Blanco, viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela.

El organismo explicó que las consultas tuvieron como objetivo favorecer un ambiente de “mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo”. Entre las medidas propuestas a Rodríguez figura “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación”, además de promover la libre expresión dentro de un marco de respeto y responsabilidad.

El programa también planteó que estas medidas contribuyan a generar un “clima de encuentro entre venezolanos”, como parte de un proceso orientado a fortalecer la convivencia democrática.

La recomendación se produjo después de que 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades presentaran un manifiesto en el que reclamaron el levantamiento de los bloqueos digitales y la eliminación de las restricciones contra sitios web.

Las organizaciones también reclamaron cambios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y un marco institucional que garantice el ejercicio de la libertad de expresión.

De acuerdo con VE sin Filtro, programa de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre dedicado al monitoreo y la denuncia de la censura digital y las restricciones al acceso a internet en Venezuela, más de 200 dominios continúan bloqueados en el país, entre ellos el de Infobae.

El día que comenzó la censura del régimen chavista a Infobae

El 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela, tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y, más de diez años después, la censura sobre el medio continúa.

La decisión fue justificada bajo el argumento de “mancillar el honor” del parlamentario y su familia. El entonces presidente de Conatel, William Castillo, afirmó que el medio había cometido “graves violaciones a las leyes venezolanas” y cuestionó la publicación de fotografías que, según sostuvo, eran “sin valor informativo”. También acusó a Infobae de fomentar un clima de “guerra psicológica”.

La dirección de Infobae reaccionó ante la medida. “Repudiamos la censura a la que somos sometidos y no vamos a aceptar que ningún gobierno nos diga qué fotos debemos publicar”, declaró Valeria Cavallo, directora del medio. La postura fue respaldada por agencias internacionales como Reuters, que reportaron el bloqueo y la censura digital en Venezuela.

Desde entonces, Infobae permaneció bloqueado por el régimen Chavista.

La censura contra Infobae no constituyó un hecho aislado. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y, con mayor intensidad, durante el mandato de Maduro, se registraron cierres, bloqueos y medidas contra medios de comunicación.

De acuerdo con reportes de distintas organizaciones no gubernamentales y datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), solo entre 2019 y 2020 se registraron más de 500 casos de violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, con al menos 200 medios de comunicación afectados por cierres, bloqueos o censura directa.

Entre las acciones registradas se encuentran la prohibición de transmisiones de televisoras extranjeras, el retiro de programas de opinión y el bloqueo sistemático de portales digitales, incluida la web de Infobae.

El impacto también alcanzó a la radio y a la prensa escrita. “El vacío en el dial es notorio”, afirmó el periodista Ángel Ramón Oliveros, al referirse a la situación de la radio, uno de los principales vínculos con la realidad informativa del país.

Entre 2017 y 2019, organizaciones como Espacio Público documentaron el cierre de más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio. En 2025, el escenario se agravó después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de la toma de posesión de Maduro en enero. En ese período, se intensificaron las denuncias sobre represión, censura y autocensura en los medios.

La petrolera estadounidense Continental Resources y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo y la operación del bloque Ayacucho 2, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el estado Anzoátegui. El documento constituye el primer paso hacia un acuerdo de participación productiva de largo plazo y abre la puerta a la entrada de una de las mayores compañías privadas de petróleo y gas de Estados Unidos en uno de los principales reservorios de crudo de Venezuela.

El área asignada tiene una extensión aproximada de 50.990 hectáreas, al norte del río Orinoco. Continental calcula que allí existen alrededor de 30.000 millones de barriles de recursos petroleros “in situ”, es decir, hidrocarburos presentes en el subsuelo.

Según los términos anunciados por la compañía, si las partes concretan el futuro Contrato de Participación Productiva (CPP), Continental asumirá la operación del bloque y tendría una participación de trabajo del 100%. La petrolera indicó que las conversaciones para alcanzar ese acuerdo definitivo continuarán durante las próximas semanas. Por ahora, el memorando funciona como un marco preliminar y no equivale todavía al contrato de explotación de largo plazo.

El proyecto se produce después de los cambios introducidos por Caracas en su marco regulatorio para los hidrocarburos y del llamado de la administración de Donald Trump a compañías estadounidenses para participar en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Continental señaló que realizó una evaluación independiente de distintas oportunidades en el país y que posteriormente identificó condiciones legales que le permitieron avanzar con Ayacucho 2.

La empresa pretende aportar capital privado, tecnología, conocimiento técnico y capacidad operativa para el desarrollo del bloque. Su presidente y director ejecutivo, Doug Lawler, afirmó: “Estamos entusiasmados de participar en la revitalización de la industria energética de Venezuela”, y señaló que el proyecto representa una incorporación relevante para la cartera internacional de la compañía.

El fundador y presidente emérito de Continental, Harold Hamm, también destacó el alcance de la operación. “Continental fue construida para reconocer grandes oportunidades de recursos y tener la convicción de perseguirlas”, afirmó.

La compañía, con sede en Oklahoma City, mantiene una fuerte presencia en distintas zonas productoras de Estados Unidos y en los últimos años amplió su actividad internacional, incluida su participación en Vaca Muerta, en Argentina.

Desde Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó el entendimiento como parte de la estrategia para ampliar las capacidades de la industria energética venezolana. “Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela”, afirmó.

La operación se suma a una serie de acuerdos impulsados durante 2026 para atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos venezolanos. El petróleo ocupa un lugar central en esa política debido al volumen de recursos disponibles y al deterioro acumulado de la capacidad productiva del país.

Venezuela produjo en agosto un promedio de 1.201 millones de barriles diarios, frente a los aproximadamente 924.000 barriles diarios registrados en enero, de acuerdo con los datos incluidos en la información suministrada para este acuerdo. El nivel actual continúa por debajo de los 3,1 millones de barriles diarios que el país producía en 1998, antes de la llegada del chavismo al poder.

La Faja del Orinoco concentra una parte sustancial de los recursos petroleros venezolanos, aunque buena parte de su crudo es pesado o extrapesado y requiere inversiones, infraestructura y tecnologías específicas para su extracción, transporte y procesamiento.

El avance de Continental dependerá ahora de la negociación del contrato definitivo y de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el bloque.

Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que, según Washington, incumplieron de manera demostrable sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, en una decisión que modifica la evaluación anual de la política antidrogas venezolana y refleja el nuevo esquema de cooperación entre la administración de Donald Trump y el interinato de Delcy Rodríguez.

La medida aparece en la determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027, emitida por Trump y difundida por el Departamento de Estado. El documento mantiene a Venezuela dentro del grupo de países considerados relevantes para la producción o el tránsito de drogas ilícitas, pero elimina al país de la categoría más específica reservada para aquellos que, durante los 12 meses anteriores, no cumplieron con las obligaciones asumidas en materia de control de estupefacientes.

La inclusión como país de tránsito o productor no constituye por sí misma una acusación contra el gobierno ni una sanción: la legislación estadounidense contempla factores geográficos, comerciales y logísticos que pueden convertir a un territorio en una ruta utilizada por organizaciones criminales. En cambio, la clasificación de incumplimiento evalúa las medidas adoptadas por las autoridades para combatir esas actividades.

Venezuela había permanecido durante años bajo esa evaluación negativa. En las determinaciones estadounidenses anteriores, Washington había considerado que Caracas no había cumplido suficientemente con sus compromisos internacionales contra las drogas. La documentación oficial muestra que Venezuela ya figuraba entre los principales países de tránsito o producción desde hace décadas y que en distintos períodos también había sido señalada por incumplimientos.

Para el nuevo informe, Trump atribuyó el cambio a la transformación política registrada en Venezuela durante el último año y a la cooperación que, según su administración, comenzó a desarrollarse con el chavismo. El presidente estadounidense sostiene que la captura y salida del poder del narcodictador Nicolás Maduro modificaron las condiciones para actuar contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país para combatir a los cárteles”, afirmó Trump en el documento presidencial.

El mandatario también mencionó específicamente las operaciones contra estructuras criminales venezolanas y señaló la eliminación de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, identificado como líder del Tren de Aragua. El grupo criminal venezolano ha sido señalado por Estados Unidos por su participación en actividades ilícitas dentro y fuera del país.

“Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas”, escribió Trump.

El líder republicano dijo esperar “progresos continuos y cuantificables” en el desmantelamiento de organizaciones criminales y en la interrupción de las rutas utilizadas para transportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

En septiembre de 2025, Trump había incluido a Venezuela entre los países que, según su evaluación, habían incumplido de manera demostrable sus compromisos antidrogas durante los 12 meses anteriores. Aquella clasificación también incluía a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

Al mismo tiempo, Venezuela continúa dentro del listado más amplio de países considerados importantes para el tránsito o la producción de drogas, junto con naciones como México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.

La decisión también establece un marco diferente para Colombia y Bolivia. Washington mantuvo sus respectivas designaciones de incumplimiento, aunque Trump destacó la cooperación que espera de sus nuevos gobiernos y dejó abierta la posibilidad de modificar esas evaluaciones en el futuro.

La legislación estadounidense establece que estas revisiones presidenciales se realizan anualmente y que la designación de un país como territorio importante para el tránsito o producción de drogas no significa necesariamente que su gobierno carezca de cooperación antidrogas. El criterio contempla, entre otros elementos, las condiciones geográficas y comerciales que facilitan el movimiento o producción de sustancias ilícitas.

Para Venezuela, el cambio supone por primera vez en años que Washington deje de considerar demostrablemente incumplidos sus compromisos antidrogas, aunque el país seguirá bajo vigilancia dentro del listado general estadounidense de territorios relevantes para las rutas internacionales del narcotráfico.

El Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que “la reubicación de 86 mil estudiantes en Venezuela tras el doble terremoto implica hacinamiento, doble turno y presión sobre servicios de agua, electricidad e internet en escuelas que ya arrastraban fallas crónicas”.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, declaró que tras los dos sismos que sacudieron la región centro-norte del país el miércoles 24 de junio, tuvieron que ejecutar un proceso de “rezonificación”, que básicamente consiste en trasladar a unos 86 mil 31 alumnos desde sus instituciones originales a otras que se encuentren en mejor estado para que continúen con sus estudios en el nuevo curso que comenzó esta semana.

“Esto genera algunos cambios: en vez de estudiar en mi comunidad, puede ser que tenga que estudiar en la de al lado; o si estudiaba en la mañana, tenga que estudiar en la tarde, porque para mover esa matrícula a otra escuela que esté llena, se implementa el doble turno”, explicó Rodríguez.

Provea subraya que “rezonificar no es solo una palabra, su aplicación es una acción compleja que entraña severos riesgos pedagógicos y logísticos”. Recuerdan que según HUM Venezuela -plataforma de organizaciones de la sociedad civil- “para 2025, el 65% de los planteles presentaba fallas físicas y el 75% carecía de agua constante”.

Partiendo del análisis del profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, observan que “las escuelas receptoras, diseñadas para un aforo determinado, enfrentan un hacinamiento que fuerza el uso del doble turno”.

“Gran parte de los alumnos y docentes reubicados no residen en el entorno inmediato de las nuevas instituciones asignadas, lo que suma una pesada carga económica y logística por concepto de pasajes y tiempos de traslado”, exponen.

Diferencias

Ramírez apunta que “la llegada de estudiantes con diversos niveles de aprendizaje obliga al docente -ya golpeado por la precariedad salarial- a invertir tiempo en diagnósticos y nivelaciones, enfrentando aulas heterogéneas y saturadas”.

El académico llama la atención sobre los posibles shocks de desadaptación y sus consecuencias, al considerar que “la suma de distancias largas, ambientes hostiles y vacíos pedagógicos constituye un detonante directo para el aumento de la deserción escolar”.

Subrayan el desafío que representa la reorganización del personal docente y administrativo. “Integrar estas plantillas en centros con equipos ya consolidados genera incertidumbre laboral y dificultades de gestión sin una planificación clara”, alertan.

Como solución, Ramírez plantea “la habilitación temporal de locales ad hoc (espacios comunitarios o edificaciones públicas) para mantener unidos a los mismos grupos de alumnos y maestros. Así se reduce el costo emocional del desplazamiento, aunque exija adecuar infraestructura provisional”. Igualmente, aboga por el acompañamiento técnico, supervisión administrativa y soporte psicológico continuo para toda la comunidad educativa.

Provea sostiene que “trasladar a más de 86 mil estudiantes a planteles receptores sin certificar previamente la capacidad de sus servicios básicos (agua, electricidad, red sanitaria), corre el riesgo de transformar una medida transitoria en un colapso permanente”.

Con la decisión del exministro venezolano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de declararse culpable de lavado de dinero ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, comienzan a revelarse datos y conexiones que confirman los millonarios casos de corrupción que rodearon al programa gubernamental de distribución de alimentos conocido como CLAP.

“La declaración de culpabilidad por enriquecimiento ilícito y lavado hecha por el estratega de los CLAP y co-acusados, es un hito en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado del país. Estos archivos son documentos clave para nuestra memoria”, destacó Susana Raffalli, experta en nutrición pública y seguridad alimentaria.

Raffalli apuntó que “el fraude alimentario en los esquemas de protección social del Estado venezolano admitido en una corte por sus perpetradores, ocurrió con el silencio de las instancias ante quienes hicimos las denuncias en ese momento”.

Entre los que ignoraron la situación, mencionó a FIAN Internacional (institución dedicada al derecho a la alimentación y nutrición adecuadas), FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y a la señora Hilal Elver, relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación entre 2014 y 2020.

Como piezas de dominó, Saab cayó tras su jefe Maduro, capturado junto con su esposa Cilia Flores el 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez no solo sacó del gabinete ministerial al empresario de origen colombiano, sino que el 16 de mayo lo entregó a la justicia norteamericana, que lo requería por distintos casos de corrupción.

El régimen chavista siempre defendió su supuesta inocencia, mientras decía que era víctima de una persecución del “imperio” norteamericano. Saab fue detenido una primera vez en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente lo extraditaron a Estados Unidos en octubre de 2021.

El gobierno de Maduro le dio el título de “diplomático” y se batió por su libertad, que consiguió en diciembre de 2023 tras pactar un canje de prisioneros con la administración de Joe Biden. Ahora el antiguo funcionario reconoce que participó en una trama que desvió cientos de millones de dólares en el marco de un plan que el oficialismo desplegó para atender la crisis alimentaria.

Intereses

“Con el reconocimiento de culpabilidad del ‘exministro’ y ‘diplomático’ del actual gobierno por importación de alimentos para supuestos programas de beneficio a los más necesitados, se pone en relieve la realidad de la lucha que se ha dado para sostener la producción local”, expresó Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar).

Albornoz, quien también encabezó la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), agregó: “Atacar la propiedad, la tierra que cultivamos, la producción nacional y fomentar esquemas como ‘cajas CLAP’, ‘importaciones sin contingentar’ y otras acostumbradas prácticas suficientemente denunciadas, sólo constituyen la prueba de que el Estado no existe. Sólo intereses personales”.

El periodista Roberto Deniz recordó que “en un tribunal de Caracas aún está la demanda de Alex Saab, introducida por su abogado Amir Nassar, contra mí y los tres editores fundadores de ArmandoInfo por ‘difamación e injuria’ porque el señor Saab decía que no tenía nada que ver con Maduro, ni con los CLAP”. Estos cuatro reporteros que se dedicaron a desentrañar los negocios turbios del colaborador de Maduro, tuvieron que marcharse al exilio por la persecución judicial en su contra.

“A Alex Saab le permitieron robar a manos llenas, lo encubrieron, pusieron el Estado a su servicio, quisieron hacerlo ‘diplomático’ (para protegerlo). Maduro y Cilia Flores no son los únicos responsables de lo que hizo. También Delcy y Jorge Rodríguez lo son”, aseveró Deniz.

El partido Primero Justicia exigió que todos los involucrados en la trama rindan cuentas al país. “Detrás de cada dólar saqueado hubo familias pasando hambre, niños en desnutrición y familias venezolanas obligados a abandonar el país buscando un mejor futuro”, expresaron.

En la efímera era de TikTok, de tiempos explosivos y espontáneos, los procesos que se viven en Venezuela por estos meses parecen eternos. Es entendible: el pueblo fue castigado durante los interminables años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con una agobiante economía y una persecución política sin precedentes que incluyó un rosario dramático de atropellos: represión, violación de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, torturas, violaciones, presos políticos, emigración masiva y demás desgracias.

Es justamente por esa razón -el deseo irreprochable de terminar cuanto antes con los años más oscuros de la historia de Venezuela- que cualquier escalón que se sume a la ya empinada democracia parece cada vez más alto y difícil de subir. Interminable.

Resulta lógica la dificultad para distinguir los progresos hechos hasta el momento, impensados apenas 256 días atrás cuando Maduro fue capturado por una grupo Delta Force de los Estados Unidos que irrumpió en la madrugada del 3 de enero último en Fuerte Tiuna, donde el dictador se refugiaba junto a su esposa, Cilia Flores. Hubo júbilo contenido en Venezuela y explosión en el exterior, donde casi 8 millones de emigrantes también esperan un cambio.

Las autoridades actuales -residuales del chavismo- que aún controlan en parte el poder venezolano iniciaron una lenta pero inconfundible marcha de acercamiento con la oposición que derivará en elecciones libres, aunque todavía no se conozcan las fechas. Ese proceso democrático -delicado, complejo- no está sólo en manos de quienes durante años incumplieron sus deberes republicanos. Washington actúa como tutor de ese diálogo y reconciliación que ya se inició. Un diálogo con líderes de la oposición impensado meses atrás. Se trata de una ingeniería que en esta estación requiere de inteligencia y sutileza.

Los puntos son variados y no se limitan únicamente a la emisión de votos: sustitución de la cúpula judicial, situación de presos políticos -una cuenta aún no resuelta del todo por la presidenta interina Delcy Rodríguez-, elecciones, levantamiento de restricciones particulares para presentarse a comicios, cese de intervención en partidos políticos, Consejo Electoral, censura y bloqueo a medios de comunicación, entre otros temas.

La evolución no será fácil. Tampoco corta. Pero ya se inició. Y el chavismo, a diferencia de otros tiempos -cuando Maduro comandaba el país-, no podrá extender ni dilatar los plazos a su antojo. O hacer planteos que choquen contra los intereses tanto de los venezolanos como de la oposición. Esa garantía la ofrece, en silencio, las autoridades norteamericanas. La delegación opositora es encabezada por Dinorah Figuera, de Primero Justicia. Su primer logro será recuperar a los partidos y eliminar las inhabilitaciones en el marco de una negociación que ha sido diseñada y promovida por la administración de Donald Trump.

El pasado 12 de agosto, este sector opositor y el chavismo -encabezado por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional oficialista y hermano de Delcy, la interina- cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión. Allí se acordó la renovación completa del Supremo y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra. Ahora se espera una segunda ronda.

El marco en que se plantea este tipo de negociación es entendible. Haber sacado a Maduro -quien junto a Flores esperan ser juzgados por narcoterroristas en una celda de Nueva York- sin un plan progresivo como el actual -imperfecto, seguramente- hubiera sido suicida para una oposición implantada. La estructura chavista lleva décadas en construcción y entregar el poder a líderes con apoyo popular pero sin garantías constitucionales o democráticas no hubiera funcionado: no lo hizo en Irak, no lo hizo en Afganistán.

Esas mismas autoridades norteamericanas ven además otros progresos: la lucha contra el narco, aunque no resuelta, muestra avances y apoyo por parte del chavismo residual que encabezan los hermanos Rodríguez. También colaboran en otros delitos: ayer se conoció la captura de uno de los delincuentes más buscados por el FBI norteamericano. Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, fue capturado en tierra venezolana. Era miembro del Tren de Aragua. Ya está en Estados Unidos donde será juzgado. Hay, también, una purga silenciosa al interior del régimen que vivía de las complicidades con el mundo delictivo.

Otro de los procesos que está en marcha es el de la economía. No es fácil. Menos cuando la tragedia toca a la puerta: los devastadores terremotos del 24 de junio pasado donde murieron al menos 6.500 personas dejaron una estela económica aún irresuelta. También dejaron en evidencia la ineficiencia de un estado que durante décadas dijo estar presente pero no socorrió lo suficiente a los damnificados. Para peor, miles de víctimas aún no saben qué les deparará el destino y dónde dormirán las próximas semanas. Si es que logran conciliar el sueño después de haber perdido todo. Los cálculos para la recuperación de las zonas más afectadas se estiman en 20 mil millones de dólares. La repatriación de las reservas en oro de Banco de Inglaterra podrían ayudar. Fue uno de los planteos de la oposición.

La política monetaria trata de acomodarse. Lentamente y con vaivenes. También con críticas. El valor del bolívar continúa depreciándose. La mayor apuesta sigue estando en el sector energético que ve signos de vida, después de la interminable agonía padecida con Maduro. La recuperación de la industria petrolera, impulsora de la economía venezolana durante décadas y en decadencia a partir de la llegada del chavismo al poder por falta de inversión y corrupción endémica, parece estar encaminada. Aunque en marcha, todavía permanece lejos de la producción pico de 3,5 millones de barriles diarios que se vivió hacia fines del siglo XX. El retorno a esos niveles se verá en pocos años. “Recorrí yacimientos hace algún tiempo... estaban devastados, arruinados, abandonados. Pensé que llevaría años recuperarlo. Ahora todo parece cambiar”, dijo a Infobae un importante empresario petrolero latinoamericano, interesado ahora en retornar a Venezuela.

Estos progresos generarían un cambio que podría reflejarse e impactar en el resto del continente. El diálogo y la reconciliación están en marcha y los oscuros años del chavismo comienzan a quedar en el pasado. Lenta, pero inexorablemente.

X: @TotiPI

Las necesidades de recuperación de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio ascienden hasta los USD 21.000 millones, de acuerdo con la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), presentada este martes en el país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio calculó en USD 14.831 millones los daños y pérdidas que provocaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en siete estados. El PNUD indicó en un comunicado que la estimación de recuperación contempla medidas para reconstruir, reforzar la resiliencia y reducir las condiciones de riesgo.

La evaluación estuvo liderada por el Gobierno chavista y contó con la participación de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aportaron acompañamiento técnico. El informe analizó las consecuencias de los sismos sobre los sectores sociales, productivos y de infraestructura, además de otros factores transversales. Sus conclusiones servirán para definir prioridades y elaborar un marco de recuperación resiliente.

La directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, entregó el documento a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas. Durante el acto, transmitido por la televisión estatal, Muschett definió el documento como un “primer informe” y expresó su expectativa de que constituya “un insumo importante para la elaboración del marco de recuperación resiliente basado en la evidencia”.

“El principal mensaje detrás de este esfuerzo es que Venezuela no está sola. El sistema ONU está acompañándola en este momento y el PNUD, desde el terreno, desde el día inicial, acompañando esas prioridades nacionales de desarrollo para reconstruir, y no solo reconstruir, sino reconstruir mejor”, sostuvo.

Por su parte, Rodríguez destacó el trabajo conjunto de su Gobierno, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CAF, el BID y la Unión Europea para “tener un solo plan” sustentado en “el diagnóstico real de las necesidades” tras la catástrofe.

La cadena estatal informó que comenzará una etapa destinada a formular el marco de recuperación resiliente. El objetivo será convertir los resultados técnicos en “una hoja de ruta estratégica, operativa y financiera para la recuperación y la reconstrucción”.

Tras los sismos, Caracas solicitó el apoyo del PNUD para impulsar programas de vivienda destinados a los miles de ciudadanos que perdieron sus hogares. Cabe recordar además que el doble terremoto dejó más de 6.500 muertos. El último balance oficial, difundido el 24 de agosto, registró 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves.

Hace una semana atrás, el Gobierno chavista entregó un total de 528 viviendas a afectados por el doble sismo. Rodríguez informó sobre la entrega de nuevas casas para damnificados por los terremotos del 24 de junio y aseguró que todas las personas que siguen en refugios temporales recibirán una casa.

Durante una transmisión de Venezolana de Televisión desde Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país en Caracas, la presidenta encargada afirmó que “cada persona” que permanece en esos espacios “va a tener su vivienda”. En julio, la mandataria prometió entregas mensuales de viviendas destinadas a los afectados por los sismos y fijó como meta alcanzar 4.000 unidades habitacionales en diciembre de este año.

(Con información de EFE)

El FBI anunció este martes la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, uno de los diez fugitivos más buscados por la agencia, acusado de encabezar una red internacional que obtenía millones de dólares mediante ataques informáticos contra cajeros automáticos y destinaba parte de esos fondos a financiar al Tren de Aragua. El venezolano llevaba años prófugo y será trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos ante la Justicia federal.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el arresto durante una audiencia ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. El funcionario explicó que la detención se produjo el pasado fin de semana en Venezuela y corrigió al presidente del comité, el senador republicano Chuck Grassley, quien había señalado que la agencia había localizado a nueve de los diez fugitivos de su lista de máxima prioridad.

“Estoy orgulloso de anunciar hoy, y odio tener que corregirlo, que no hemos capturado a nueve de los diez individuos más buscados de nuestra lista. Hemos capturado a diez”, declaró Patel durante la sesión.

El director del FBI agregó que Canelón Aguirre llevaba años evadiendo a las autoridades estadounidenses.

“Capturamos a un delincuente allí abajo, en Venezuela, que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo. Ha sido capturado, detenido y está camino de regreso a los Estados Unidos de América”, afirmó.

Durante la audiencia en el Senado, Patel presentó la captura como el último arresto necesario para completar la lista de diez fugitivos más buscados del FBI durante el actual período presidencial.

“Eso es diez de diez. Nadie en la historia del FBI ha hecho eso”, afirmó el director.

El funcionario también sostuvo que la agencia había detenido a más del doble de fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados durante la administración anterior y señaló otros operativos contra delincuentes financieros.

Canelón Aguirre había sido incorporado el 12 de marzo de 2026 al listado de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. Su inclusión marcó un precedente para la agencia: fue el primer ciberdelincuente incluido en esa nómina desde su creación.

La investigación federal sostiene que el venezolano dirigía una estructura que enviaba operadores a Estados Unidos para atacar cajeros automáticos y retirar grandes cantidades de efectivo. El procedimiento utilizado era conocido como “ATM jackpotting”, una modalidad de ciberdelincuencia en la que se emplean programas maliciosos para interferir con los sistemas de los cajeros y provocar la entrega de dinero sin una transacción autorizada.

Las autoridades sitúan el inicio de la operación, al menos, en enero de 2024. De acuerdo con la investigación, los integrantes de la red no se limitaban a sustraer el efectivo: posteriormente recurrían a mecanismos destinados a lavar los fondos y dificultar que los investigadores determinaran su procedencia.

El Departamento de Justicia estadounidense indicó que el caso alcanzó una dimensión mayor de la inicialmente atribuida a Canelón Aguirre. En diciembre de 2025, fiscales federales de Nebraska acusaron a 54 personas por su presunta participación en una conspiración internacional relacionada con ataques de “jackpotting”. Para enero de 2026, la cantidad de acusados en investigaciones relacionadas había ascendido a 87.

Dentro de ese entramado también fueron procesados otros ciudadanos venezolanos. En junio, dos hombres recibieron condenas de 78 meses de prisión por su participación en operaciones que utilizaban software malicioso para provocar la extracción no autorizada de efectivo desde cajeros automáticos.

Según la investigación estadounidense, los recursos obtenidos mediante las operaciones contra instituciones financieras eran utilizados para respaldar al Tren de Aragua, que extendió sus actividades a otros países de América Latina y Estados Unidos.

El caso también derivó en cargos relacionados con terrorismo. Canelón Aguirre enfrenta acusaciones por conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario, daños intencionales contra sistemas informáticos protegidos y lavado de dinero. También fue acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas.

La orden de arresto federal fue emitida el 9 de diciembre de 2025 por un tribunal del Distrito de Nebraska, en Omaha. Meses después, el FBI incluyó al venezolano entre sus principales objetivos internacionales y ofreció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera localizarlo y llevarlo ante la Justicia.

El FBI había advertido que Canelón Aguirre era considerado peligroso y solicitó que cualquier persona que conociera información sobre su paradero se comunicara con las autoridades. Su búsqueda se extendió hasta su localización en Venezuela, donde finalmente fue detenido.

La designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos en febrero de 2025 añadió una dimensión adicional a la investigación. Desde entonces, las autoridades estadounidenses han utilizado cargos vinculados con el apoyo material a organizaciones terroristas en procesos relacionados con estructuras asociadas al grupo criminal.

La detención de Canelón Aguirre completa ahora el traslado de uno de los principales objetivos internacionales del FBI para que enfrente en Estados Unidos las acusaciones formuladas en su contra.

Estados Unidos espera que Venezuela concrete nuevos acuerdos con empresas petroleras durante las reuniones sobre energía del G20 que se desarrollan en Houston, Texas, en un nuevo paso del acercamiento entre Washington y Caracas y de la estrategia de la administración de Donald Trump para ampliar la producción energética en el hemisferio occidental.

La delegación venezolana está encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paola Henao, quien mantiene encuentros con funcionarios de otros países y representantes de compañías del sector. El asesor energético de Trump, Jarrod Agen, anticipó que algunos convenios podrían quedar firmados antes de este miércoles, aunque no identificó a las empresas participantes ni detalló las condiciones de los posibles contratos.

“Ese es uno de los motivos por los que el presidente Trump quería una importante delegación venezolana aquí, para que se reúna con nuestra industria, con nuestros secretarios”, afirmó Agen a la cadena CNBC al explicar la presencia de Caracas en Houston.

Venezuela no integra formalmente el G20, pero fue incorporada como invitada especial por la administración estadounidense. Sus funcionarios participan en reuniones bilaterales, actividades organizadas en paralelo por Washington y contactos con ejecutivos petroleros. No forman parte, en cambio, de las sesiones ministeriales oficiales que se realizan a puertas cerradas.

La convocatoria ocurre apenas dos semanas después de que Washington y Caracas alcanzaran un acuerdo petrolero. El convenio contempla la participación estadounidense del 35% en North American Blue Energy Partners, la compañía encargada de operar 17 yacimientos venezolanos. Esos campos representan aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas de crudo de Venezuela.

El pacto también establece que Estados Unidos podrá adquirir el 20% del petróleo producido por esos yacimientos a precio de costo. El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, defendió el acuerdo y destacó el valor estratégico de los recursos venezolanos para el mercado norteamericano.

“Este acuerdo entre Estados Unidos, una empresa privada y Venezuela supondrá un enorme beneficio a largo plazo para Estados Unidos”, sostuvo Burgum.

El funcionario también señaló que buena parte de la infraestructura de refinación ubicada en la costa estadounidense del Golfo fue diseñada para procesar petróleo venezolano. La recuperación de esos flujos forma parte de la apuesta de Washington por aumentar la disponibilidad de crudo en el mercado occidental.

Agen adelantó que las conversaciones también abarcarán minería y minerales, mientras que Burgum destacó otros recursos energéticos venezolanos, entre ellos carbón e hidroelectricidad.

“Tal vez escuchen más sobre Venezuela en relación con la minería y los minerales”, dijo Agen, quien agregó que el ministro venezolano de Desarrollo Minero participará en reuniones en Houston.

Burgum, por su parte, remarcó que Venezuela posee importantes reservas de carbón y recordó que empresas estadounidenses tuvieron actividad en ese sector décadas atrás. Según el funcionario, la reconstrucción de la infraestructura eléctrica venezolana también podría generar demanda de nuevas fuentes de generación.

El giro hacia Venezuela se produce en un contexto energético internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El conflicto iniciado en febrero alteró las rutas de suministro de hidrocarburos y contribuyó al aumento de los precios del petróleo y el gas, con efectos particularmente relevantes para Europa y Estados Unidos.

En ese escenario, la Casa Blanca plantea como una de sus prioridades aumentar la oferta de energía y reducir los riesgos asociados al abastecimiento. Agen resumió la orientación de las conversaciones de Houston bajo una premisa: “La practicidad sobre la ideología”.

Las reuniones también cuentan con representantes de grandes economías y productores de energía, entre ellos China, India, Japón, Alemania, Canadá y Arabia Saudita. Rusia también tiene previsto enviar funcionarios, pese a las críticas de aliados europeos de Ucrania por la participación de Moscú en encuentros del G20.

La presencia venezolana en Houston representa además una nueva etapa de la relación entre Washington y Caracas tras la caída y captura del narcodictador Nicolás Maduro a comienzos de año. Desde entonces, la jefa del chavismo Delcy Rodríguez ha profundizado los contactos con la administración Trump para atraer capital extranjero y reactivar la industria energética.

Para Henao, la reunión de Houston supone al menos su tercera visita a la ciudad durante 2026, dentro de la ofensiva de Caracas para captar inversiones y ampliar la participación de compañías internacionales en el sector petrolero y minero venezolano.

La DGCIM bautizó como “Caso Azul Celeste 3 de Enero” una presunta operación relacionada con la Operación Resolución Absoluta que extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Fuerte Tiuna. El caso lo enmarcan con una presunta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM) que reclutaba militares y funcionarios con acceso a información estratégica para obtener datos sensibles, ejecutar actos de sabotaje y planes de desestabilización.

Por esta causa permanecen detenidas ocho personas que, según sus familiares, ni siquiera se conocían entre sí. Entre ellas figuran dos oficiales, uno retirado y otro en servicio activo, acusados de traición a la patria y conspiración. Los allegados aseguran que los procesados no han tenido acceso al expediente judicial que sustenta las imputaciones.

En conversación con Infobae, Alida Hernández, hermana del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, y Yuri Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, denunciaron que ambos militares han sido víctimas de torturas, desaparición forzada y tratos crueles durante su detención. Asimismo, señalaron que existen órdenes de captura contra otras personas vinculadas al caso, entre ellas el general Rodolfo José Camacho Rincones.

Según los testimonios, luego de que los detenidos rechazaran ser representados por defensores públicos, en julio se autorizó el ingreso de abogados privados al penal de El Rodeo I. Esto permitió que Hernández Rojas y Oria Arteaga formalizaran su representación legal. Sin embargo, pese a la aceptación de los nombramientos, los abogados aún no han sido juramentados y continúan sin acceso al expediente.

En un proceso totgalmente irregular, el juez 2° de Control contra la Corrupción y el Terrorismo, Carlos Enrique Liendo Acosta les dijo a los detenidos que los enviaría a juicio porque tiene 14 pruebas en su contra. Por lo que el juez dijo, los militares se dan cuenta que les han imputado otros delitos: “orquestar contra el Alto Mando Militar, un ataque financiado por Simonovis y fuga de información para el ejército de los EEUU”.

Entre la serie de irregularidades ocurridas se suma que fueron cambiadas las fechas de la audiencia de presentación que fue el 9 de febrero. “El jueves 10 de septiembre pretendieron hacerles una nueva preliminar a escondidas de los abogados privados y cambiaron la fecha de la presentación colocándola como si fue en marzo y con otro argumento, un bombardeo contra el Alto Mando Militar”.

Mantienen a los abogados privados engañados con la juramentación ya que en junio les aceptaron el nombramiento pero no los juramentan, así tampoco les permiten tener acceso al expediente y modificaron incluso cambiando fechas y delitos”.

A estas acusaciones se suma la confiscación de bienes de algunos de los detenidos. En el caso del coronel Hernández, sus familiares denuncian que funcionarios de la DGCIM ocuparon el apartamento donde residían tanto él como su madre y su hermana. También aseguran que la audiencia preliminar ha sido suspendida en 19 oportunidades.

La detención de Oria

Yuri Burgos relató que su esposo, el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, fue detenido el 21 de enero de 2026 por una comisión integrada por 30 funcionarios armados y encapuchados.

De acuerdo con su testimonio, los agentes informaron que el militar debía acudir a una entrevista, sin exhibir una orden de aprehensión. Aunque inicialmente le indicaron que sería trasladado a una sede de la Policía Nacional Bolivariana, terminó siendo llevado a instalaciones utilizadas por la DGCIM dentro de la Base Aérea La Carlota, donde presuntamente fue sometido a torturas.

Luego de meses en que los familiares y los otros detenidos del caso han tenido trato, saben por narración de ellos que David Figueredo, Hector Martínez y Leonardo Gómez Brito tenían nueve ańos fuera del CICPC, se habían ido del país y regresaron a principios de diciembre 2025.

Ese dia en que los detienen solo estaba David y Hector comiendo en un restaurante. Los funcionarios les dijeron que le enviaran un mensaje a Leonardo Gómez para que fuera a reunirse y cuando va saliendo de la estación del metro lo detienen”.

El caso del coronel Hernández

Del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, detenido el 24 de enero 2026, su hermana Alida Hernández dice que “siempre fue el número uno en los ascensos, estuvo tres años destacado en Rusia, habla inglés y en agosto del 2025 pasa a retiro por tiempo cumplido en la fuerza”.

Aseguró que su hermano, fue detenido el 24 de enero de 2026 en las inmediaciones de su residencia por una comisión de la DGCIM que no presentó orden judicial ni identificación visible.

La versión familiar señala que la acusación surgió a partir de la declaración de un supuesto testigo anónimo que lo vinculó con un eventual gobierno de transición encabezado por Edmundo González y con la denominada operación Azul Celeste.

Relata que ese 24 de enero, a las 7 de la noche, su hermano fue interceptado en el estacionamiento de su vivienda por una comisión de la DGCIM que no llevaban orden de aprehensión, ni identificación visible y se trasladaban en vehículo particular. “Le quitaron el carro a mi hermano y lo trasladaron a la DGCIM boleíta” donde estuvo en desaparición forzada y luego recluido en la cárcel del Rodeo I.

Tras su captura, Hernández habría permanecido desaparecido durante varios días antes de ser recluido en la cárcel de El Rodeo I. Su hermana sostiene además que el militar ha recibido amenazas contra sus familiares para evitar que el caso sea denunciado públicamente.

Los allegados cuestionan igualmente los allanamientos y la confiscación de propiedades atribuidas al oficial retirado, argumentando que las medidas se ejecutaron cuando la investigación aún se encuentra en fase preliminar y sin una decisión judicial definitiva.

Aunque reconocen que Hernández mantenía conversaciones con el general en el exilio Rodolfo Camacho Rincones, sostienen que ese hecho ha sido utilizado como elemento incriminatorio sin que existan pruebas que sustenten los delitos imputados.

La versión policial

La investigación MP-17139-2026 comenzó el 20 de enero de 2026 a partir de una denuncia presentada por una fuente identificada únicamente como “DGCIM-DEIPC-PVT-009-1-26”. Según los documentos del caso, el informante alertó ante la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sobre la existencia de una supuesta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM).

De acuerdo con la versión expuesta por los organismos de seguridad, la estructura estaría bajo la influencia de servicios extranjeros considerados enemigos por el Estado venezolano y tendría financiamiento estadounidense. La investigación señala al excomisario Iván Antonio Simonovis Aranguren como supuesto articulador de la red.

Las actas de la DGCIM describen a la ETM como una organización dedicada a captar y reclutar personal militar activo, retirado y desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como funcionarios policiales en condiciones similares. El objetivo, según la hipótesis oficial, sería obtener acceso a información sensible relacionada con altos funcionarios del Estado y con áreas estratégicas de la seguridad nacional.

Entre los datos que presuntamente buscaba recopilar la organización figuran información táctica sobre aeronaves, sistemas de armas, planes de vuelo, programas de mantenimiento, pilotos asignados, sistemas de defensa antiaérea, radares, ubicación de unidades militares, planes de defensa, organismos de inteligencia y estructuras comunales.

El acta policial dice que una vez reclutados, los integrantes de la red recibirían tareas vinculadas con sabotaje, sustracción de piezas, inutilización de equipos y posibles atentados contra altos funcionarios civiles y militares. El propósito atribuido a estas acciones sería reducir las capacidades operativas de la FANB y generar condiciones de desestabilización en el país.

Reuniones, pagos y planes

La DGCIM afirma que buena parte de los presuntos integrantes de la ETM son exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y sostienen que durante diciembre 2025 y enero 2026 se habrían realizado reuniones en Caracas para captar colaboradores y ofrecer pagos en dólares a cambio de información confidencial destinada a organismos de inteligencia estadounidenses. ¿El objetivo? planificación de supuestos actos destinados a provocar conmoción social y afectar la estabilidad interna del país.

El expediente señala que funcionarios de la DGCIM realizaron labores de patrullaje en el sector El Paraíso, en Caracas, en cumplimiento de una orden de búsqueda emanada por sus superiores. Durante una inspección en las cercanías de una tienda comercial ubicada en la avenida Las Fuentes, los agentes observaron a tres hombres reunidos, quienes, según el reporte oficial, habrían mostrado una actitud considerada sospechosa al notar la presencia de la comisión.

La investigación identifica a David Figueredo Sandoval como presunto responsable de captar y reclutar funcionarios. Asimismo, Héctor José Martínez Yánez como pieza clave en la captación de efectivos militares y receptor de información suministrada por el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga.

El tercer señalado fue Jesús Leonardo Gómez Brito, a quien la DGCIM atribuye contactos directos con Simonovis y la responsabilidad de procesar la información recopilada, además de distribuir fondos destinados a actividades operativas.

Posteriormente, los investigadores aseguraron haber hallado en poder de Figueredo Sandoval una carpeta amarilla con documentos contentivos de información sensible relacionada con puntos estratégicos de Caracas. Según el acta, el material incluiría informes de inteligencia, documentos operativos y registros administrativos vinculados a una supuesta operación denominada “Día D”.

Aunque el expediente no detalla el método utilizado para obtener la información, la DGCIM asegura haber reconstruido parte de la estructura organizativa y de mando atribuida a la ETM, en la que figura el coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, a quien se le atribuye el suministro de cartografía e información técnica. También, funcionarios activos y retirados, supuestamente coordinados por excomisarios y exfuncionarios policiales identificados por la DGCIM.

Las actas sostienen además que una denominada “ficha de captación” contenía información personal y profesional del teniente coronel Oria Arteaga y del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas.

El testigo estrella

Uno de los elementos centrales del expediente es la declaración del denunciante, convertido en testigo clave para la investigación, argumentandque mantenía contacto laboral con Oria Arteaga debido a que ambos trabajaban en telecomunicaciones.

El testigo relató que el oficial acudió a revisar un servidor que prestaba servicios de voz IP y que se encontraba fuera de funcionamiento tras la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero 2026. De acuerdo con la declaración, al inspeccionar el equipo observó que no contaba con sistema operativo instalado y concluyó que el disco había sido borrado.

Oria Arteaga habría atribuido la situación a un ataque informático ejecutado por estadounidenses. Sin embargo, el denunciante manifestó a los investigadores que, desde su percepción, el problema podía corresponder más a un formateo realizado con acceso autorizado que a una acción externa.

El mismo testigo aseguró haber detectado días antes un ataque al servidor y afirmó que, al consultar al militar sobre si había compartido las claves de acceso, este respondió que se las había entregado a una persona identificada únicamente como “el viejo”.

Diez acusados

Tras varios meses de pesquisas, caracterizadas por el hermetismo oficial, la DGCIM incorporó a otros presuntos integrantes del Equipo de Trabajo Multidisciplinario. Entre los nombres mencionados en el expediente, además de los dos oficiales, figuran José Gregorio Rivas Sifontes, Joharlin Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava, Serbio Alexander Hernández Contreras, Juan Luis Rivero Nelo y Carlos Ulises Hernández Rojas.

La lista se completa con Héctor José Martínez Yánez, David Figueredo Sandoval, Jesús Leonardo Gómez Brito y Manuel Alejandro Oria Arteaga.

Respecto a Hernández Rojas, los investigadores sostienen que mantenía comunicaciones con el general de división retirado Rodolfo Camacho Rincones, quien se encuentra fuera del país.

Los diez señalados fueron finalmente presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en materia de terrorismo, instancia que les atribuyó los delitos de traición a la patria y conspiración.

Reino Unido confirmó este martes un acuerdo con Venezuela para elevar su representación diplomática a nivel de embajadores, en un giro que Londres enmarca como parte del “restablecimiento de la democracia” en el país sudamericano.

El anuncio quedó plasmado en un escrito enviado al Parlamento británico por el secretario para las Américas, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Chris Elmore, quien atribuyó la decisión a los acontecimientos registrados en Venezuela desde el 3 de enero. Según explicó, esos hechos abrieron una oportunidad para que la comunidad internacional contribuya al proceso democrático, en un contexto que exige “un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances adicionales en materia de reformas”.

El primer ministro Andy Burnham detalló que profundizará su vínculo con la presidenta interina Delcy Rodríguez y su gabinete, en sintonía con las prioridades que Londres sostiene para la región. El escrito celebra, además, las conversaciones lideradas desde Caracas entre el oficialista Jorge Rodríguez y la diputada opositora Dinorah Figuera, a las que atribuye “progresos” concretos hasta la fecha.

Ese proceso de negociación, del que no forman parte María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, tuvo un primer cierre el 12 de agosto. En esa instancia, el chavismo y la oposición acordaron recuperar activos de la reserva internacional venezolana depositados en el Banco de Inglaterra, con el objetivo puntual de destinarlos a la atención de las víctimas del terremoto ocurrido el 24 de junio.

El vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, celebró el anuncio a través de la red social X y apostó por avanzar en la “recuperación de los recursos que pertenecen legítimamente a los venezolanos”, en alusión a esas reservas, valuadas en unos 2.000 millones de dólares.

Elmore vinculó la mejora del vínculo bilateral con la posibilidad de que su país incida con mayor peso en la defensa de los derechos humanos y acompañe las tareas de reconstrucción tras el doble sismo. Añadió que el nuevo esquema diplomático facilitará la asistencia a ciudadanos británicos radicados en Venezuela y la promoción de intereses comerciales de empresas del Reino Unido.

El funcionario situó la decisión dentro de un movimiento internacional más amplio hacia Venezuela, del que participarían otros socios e instituciones multilaterales que también estarían restableciendo o reforzando sus vínculos con Caracas. El último embajador formal en ejercicio había sido Andrew Soper, hasta 2021; tras las tensiones generadas por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado en 2019, el Reino Unido había bajado el nivel de su misión a encargado de negocios, cargo que ocuparon luego Becks Buckingham y Colin Dick.

Delcy Rodríguez había remitido en julio una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación del oro retenido en territorio británico, con el fin declarado de destinar el dinero a la respuesta ante la emergencia provocada por los terremotos.

(Con información de EFE y EP)

En enero, el tipo de cambio oficial se ubicaba en 300 bolívares por dólar. Hoy alcanza los 842 bolívares. ¿Hasta dónde llegará este año? “Nosotros tenemos una estimación de que el dólar (oficial) podría estar alrededor de los 1.270 bolívares” para el cierre de 2026, responde el economista y director de la firma Econométrica, Francisco Ibarra.

Según estos cálculos, la tasa paralela -que, al final, termina marcando los precios y el ritmo de la economía- remontaría los 1.400 bolívares por dólar. “Nosotros no estimamos que de alguna forma va a haber un cambio fundamental ni en la política monetaria ni en la política fiscal”, declaró el experto en una entrevista concedida a la emisora local Unión Radio.

Al identificar los obstáculos que impiden la recuperación de la economía venezolana, Ibarra señaló la ausencia de unas políticas monetarias y fiscales “medianamente sensatas”. Cuestionó que el régimen chavista continúe con “el juego del financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela (BCV)”.

“Necesitamos un sistema financiero que comience de alguna manera a servir de palanca para que la economía pueda pueda crecer”, observó el consultor, tras destacar la importancia de que las nuevas inversiones y desarrollos no se limiten al sector petrolero, principal fuente de ingresos del país.

Bolsillo

En cuanto a la remuneración que perciben los trabajadores, apuntó que Venezuela enfrenta un “problema fundamental” con la existencia de un esquema de cambio dual. Explicó que esa es la fórmula a la que apela el gobierno para financiarse, estrujando los bolsillos de los ciudadanos.

“La mayoría de los asalariados recibe un pago de acuerdo a un tipo de cambio y, en muchos casos, cuando van a hacer la compra encuentran un tipo de cambio un poco superior. Esa brecha básicamente es lo que está aprovechando el BCV y el gobierno para financiarse”, detalló el director de Econométrica.

Ibarra considera que la formalización del empleo en Venezuela es “tremendamente difícil”, dado que en la práctica el gobierno “destruyó” las prestaciones sociales. “El ‘empleo formal’ que existe en Venezuela es de índole público. Se necesita efectivamente que el sector privado comience a regularizar ciertas relaciones laborales, pero bajo la ley actual eso es absolutamente inviable”, afirmó.

El consultor aseveró que la economía venezolana ha seguido creciendo, tal como lo reporta el BCV; sin embargo, explicó que esa estadística está muy por debajo de lo que demanda Venezuela para recuperar lo que registraba en 2013.

“El BCV habla de un 7% y nosotros estimamos un 8% para final del año, un crecimiento relativamente elevado, pero no lo que el país necesita para recuperarse o para alcanzar a otros pares de la región”, sostuvo Ibarra.

El proceso de negociación entre el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, comienza su segundo ciclo con el objetivo de avanzar en la reforma del sistema de justicia y abordar el punto de derechos y garantías políticas en el país.

La mesa se instaló formalmente el primero de agosto. La primera fase del diálogo cerró con dos acuerdos que se anunciaron el 12 de ese mes: unir esfuerzos para recuperar las reservas de oro venezolano -equivalentes a 4 mil millones de dólares- que están en el Banco de Inglaterra, y trabajar en la transformación del sistema de justicia del país, hoy totalmente controlado por el oficialismo.

En el marco de ese pacto, la Asamblea Nacional dominada por el chavimo sancionó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para darle mayoría de 12 representantes a la sociedad civil frente a los 11 diputados que conformarán el comité de postulaciones judiciales.

Además de abordar la constitución del comité de postulaciones judiciales, se espera que las partes definan la estructura de un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ. Todo esto debe apuntalar el proceso de renovación del máximo juzgado del país.

Apertura

También está previsto que se instale la mesa de garantías políticas y libertad de expresión, donde la oposición busca sumar condiciones que contribuyan a la integridad electoral.

Los principales partidos políticos del país -entre los que figuran organizaciones que apoyaron al chavismo- han sido intervenidos por el TSJ, que les ha arrebatado sus símbolos y designado a sus directivos de manera irregular.

Igualmente, el régimen chavista ha inhabilitado políticamente a distintos voceros de la disidencia, incluida la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, apuesta por recuperar a los partidos y eliminar las inhabilitaciones en el marco de una negociación que ha sido diseñada y promovida por la administración de Donald Trump.

Libertad

Aunque no forma parte de la agenda, un tema planea sobre el proceso de diálogo: la situación de los más de 300 presos políticos que aún están tras las rejas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) publicó una carta el primero de septiembre por medio de la cual solicitó un encuentro con ambas delegaciones, con el fin de exponer la realidad que enfrentan los detenidos.

Figuera acusó recibo de la comunicación y manifestó “mi solidaridad y compromiso de seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos”.

En contraste, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, presidente del Parlamento y hermano de la gobernante interina, Delcy Rodríguez, no respondió a la petición de Clippve.

El ex ministro del régimen chavista, Alex Saab, señalado por EEUU como presunto testaferro del depuesto dictador, Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes, de acuerdo a información publicada por EFE, de conspiración para lavado de dinero y transacciones financiera ilícita, tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.

Al comparecer en persona en una corte de Miami, con el pelo canoso recogido, barba y uniforme ocre de preso, Saab cambió su declaración de “no culpable”, que había presentado el 24 de julio pasado, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida.

“Culpable, señoría”, manifestó el empresario petrolero de 54 años en la audiencia, según constató EFE.

El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, fue revisado por la jueza, tras lo cual el ex funcionario venezolano de origen colombiano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión El colombiano, quien recibirá su sentencia definitiva en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.

Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el exministro del ex dictador Maduro, depuesto por EE.UU. en enero pasado y preso en Nueva York, aseveró que “no” hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad.

Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), el caso involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables con supuestas transferencia a cuentas bancarias en Estados Unidos.

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas.

El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

De hecho, el empresario manifestó ahora que sufre “síndrome de estrés postraumático” tras su detención en Cabo Verde en 2020 y su posterior extradición a territorio estadounidense por lo que toma antidepresivos todas las noches para dormir.

La cita en el tribunal se produce cuatro meses después de que Venezuela extraditara a Saab, un viejo aliado de quien fuera dictador del país, Nicolás Maduro, quien a su vez espera juicio en Nueva York tras ser depuesto en enero.

Saab fue acusado en mayo de un cargo de lavado de dinero; los detalles de un acuerdo de culpabilidad no se han hecho públicos. Su abogado defensor en Miami declinó hacer comentarios el lunes, y el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La tortuosa saga legal de Saab ha sido una fuente de intriga internacional y diplomática durante años. Funcionarios de Estados Unidos acusaron previamente a Saab, un empresario rico nacido en Colombia, de ayudar a altos funcionarios venezolanos a desviar grandes sumas de dinero a través de contratos destinados a ayudar a los pobres de la nación.

La encargada de la Presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo detuvo y lo extraditó poco después de su acusación más reciente, lo que resalta sus lazos cada vez más estrechos con el gobierno de Donald Trump. Rodríguez removió a Saab de su cargo como ministro de Industrias de Venezuela poco después de que Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses en enero. Rodríguez se había desempeñado como vicepresidenta del país bajo la dictadura de Maduro.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Saab podría potencialmente cooperar contra Maduro, quien espera juicio por cargos federales de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.

Esta es la segunda vez que Saab está bajo custodia de Estados Unidos.

En 2021, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, y cumplió casi dos años en un centro de detención federal en Florida antes de ser indultado por el presidente Joe Biden. Saab fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses.

Según la acusación más reciente, Saab está acusado de usar bancos estadounidenses para lavar millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a ayudar a los pobres de la nación. Ese programa fue financiado con dinero del petróleo venezolano.

(Con información de EFE y The New York Times)

El partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) pidió este lunes que se incluya en el diálogo entre un sector de la oposición y el chavismo el nombramiento de un nuevo contralor general para el país “sin vinculación partidista” que “vigile el uso de los recursos” nacionales.

“Vamos a insistir en que se debe nombrar a un venezolano o a una venezolana, no perteneciente a partidos políticos ni vinculado al Gobierno, en la Contraloría General de la República”, manifestó el secretario general del MPV, Simón Calzadilla.

A juicio de Calzadilla, “nadie habla de la Contraloría y es a la que compete vigilar que los presupuestos se ejecuten correctamente, que no se los roben”.

“¿Cómo es posible? Esta nación funciona sin contralor, sin Banco Central autónomo, sin presupuesto conocido”, afirmó el secretario general del MPV, quien subrayó que desde hace 10 años no se conoce el presupuesto en Venezuela y “más nunca se debatió”.

El pronunciamiento de Calzadilla se da en el marco del segundo ciclo de negociaciones entre un sector de la oposición y el chavismo, en el que se tiene previsto que continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La ex diputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo, ya se encuentra en Venezuela para el segundo ciclo de negociaciones, que lidera por el chavismo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio.

El diplomático francés Gilles Bertrand llegó este lunes a Caracas para asumir como nuevo embajador de la Unión Europea (UE) ante Venezuela, en una jornada que también marcó el nombramiento del venezolano Raúl LiCausi como embajador de Caracas ante Bruselas, en un movimiento que refleja el proceso de recomposición de las relaciones bilaterales entre el país sudamericano y el bloque europeo.

Bertrand fue recibido por Nelson Totesaut, director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores, y por el encargado de negocios de la UE en la capital venezolana, Pierre-Henri Helleputte.

El diplomático llega tras haber ejercido como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025, y en su primera comunicación desde suelo venezolano expresó: “Venezuela. Nuevo país, nuevos desafíos, ¡mismo entusiasmo!”, en un mensaje publicado en X. Sustituye en el cargo a la española María Antonia Calvo Puerta.

LiCausi pasa de viceministro a embajador ante la UE

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a través de Telegram la designación de LiCausi, hasta ahora viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe.

El nuevo embajador ante la UE es egresado de la Escuela de Estudios Internacionales y posgraduado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y en su trayectoria se destaca su paso como presidente de PDV-Caribe S.A., filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Para cubrir su lugar en el Viceministerio del Caribe, Rodríguez designó a Carlos Amador Pérez, mientras que Eduardo Ramírez quedó al frente del Viceministerio para Asia y Oceanía.

Además, Radamés Gómez fue nombrado viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos y Andrea Gabriela Corao asumirá la presidencia de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), organismo que depende del Ministerio de Exteriores y Comercio Internacional.

Los cambios apuntan a fortalecer la proyección internacional de Venezuela

Rodríguez sostuvo que los nombramientos en “áreas estratégicas” buscan “fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela” y agregó: “En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela”.

La mandataria encargada llegó al poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado. Desde entonces, su gestión se ha caracterizado por la recomposición de vínculos con la Casa Blanca y otras instituciones internacionales. El intercambio de embajadores con la UE, concretado este lunes, se inscribe en ese proceso.

El bloque europeo, por su parte, señaló que el objetivo de la nueva misión diplomática es “propiciar el entendimiento mutuo y profundizar la cooperación bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía”, según informó la Cancillería venezolana.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, indicó que ingenieros evalúan la recuperación de 56 escuelas entre el grupo de 87 centros que tienen daños estructurales tras los terremotos.

Rodríguez anticipó que, de no poderse reparar algunos centros educativos, se dará paso a “una demolición controlada y habrá que construir nuevas escuelas”, y aseguró que para ello existe un plan.

“No pasa solo por construir escuelas donde se cayeron, hay familias que se están mudando a nuevos urbanismos. Eso va a ameritar la ampliación de la oferta que tenemos”, subrayó Rodríguez, quien informó sobre la incorporación de un simulacro sísmico como parte del proceso pedagógico en las escuelas.

Según el Gobierno, más de 1.000 escuelas, de un total de 27.000 en todo el país, sufrieron daños por los terremotos, 11 de ellas colapsadas.

Más de 86.000 alumnos fueron reubicados

Además, más de 86.000 niños fueron reubicados en distintas escuelas en Caracas y varios estados de Venezuela para el nuevo año académico, que comenzó este lunes, tras las afectaciones en centros educativos por los devastadores terremotos de junio, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado jueves, la Federación de Maestros denunció que la mayoría de los centros escolares está afectada por problemas de servicios básicos y estructurales que se vieron agravados tras los sismos, por lo que exigió una evaluación técnica.

“Han sido relocalizados para que todos vayan a las clases”, dijo la mandataria en un colegio en Caracas, donde recordó a los niños y adolescentes que fallecieron por el doble terremoto, que dejó más de 6.500 muertos.

Según su equipo de prensa, el plan de “rezonificación” benefició a un total de 86.031 estudiantes en la capital venezolana y en los estados La Guaira (el más afectado), Miranda, Carabobo, Aragua y Yaracuy.

Durante la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que 11 escuelas se desplomaron y que poco más de 1.010 tuvieron afectaciones, de las cuales “muchas ya han sido rehabilitadas y otras están ya en proceso de recuperación”, sin detallar estas cifras.

La líder chavista aseguró que más de seis millones de niños y adolescentes vuelven a clases, tras la incorporación de más de 75.000 nuevos estudiantes, por lo que expresó que el “objetivo estratégico” es garantizar una “máxima y plena escolaridad” y evitar la deserción.

En otro acto, el gobernador de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), el chavista José Alejandro Terán, declaró a la prensa que abrieron sus puertas un total de 239 planteles educativos y que todavía “hay muchos por reparar”.

En ese sentido, señaló que 34 centros educativos “sufrieron daños muy graves y están siendo sometidos a estrictos y profundos estudios técnicos”.

Alrededor de las 7:00 hora local (11:00 GMT), cuando comienza usualmente la jornada educativa en el país, la agencia de noticias EFE constató en un recorrido la ausencia de niños y adolescentes en varias zonas de La Guaira. Algunos padres acudieron a escuelas para la inscripción de sus hijos, que se realiza esta semana.