La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, anunció que Estados Unidos verificó los estándares de seguridad internacional en dos aeropuertos del país, con el objetivo de aumentar la cantidad de vuelos comerciales entre ambas naciones. La conexión aérea fue restablecida oficialmente en abril, después de siete años de suspensión.

Durante una entrevista con Venezolana de Televisión (VTV), Faría precisó que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos llevó a cabo una “inspección técnica exitosa” en los aeropuertos de Maracaibo (estado Zulia) y Barcelona (estado Anzoátegui).

“Se nombró una comisión del ministerio para ir junto a ellos a evaluar las condiciones de los aeropuertos y pasamos todas las certificaciones (...) que ellos exigen para que lleguen sus vuelos. Aquí están nuestros aeropuertos en perfecto estado”, afirmó la ministra.

De acuerdo con Faría, el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, recibió “la renovación de su certificación de estándares operaciones por cinco años”. Allí se realizaron mejoras en climatización, rehabilitación de áreas clave y mantenimiento de la planta eléctrica.

En el caso del aeropuerto de Barcelona, se ejecutó una adecuación general de las terminales nacionales e internacionales, además de mejoras en los sistemas de seguridad.

Faría destacó una “recuperación vertiginosa” de la conectividad y una “gran solicitud de líneas aéreas que quieren” operar en Venezuela. Señaló que entregó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un listado de compañías interesadas, entre ellas la estadounidense United Airlines, que anunció el restablecimiento, desde agosto, de los vuelos directos entre Houston y Caracas tras siete años de suspensión.

Asimismo, la ministra reconoció que las sanciones han tenido un impacto “muy fuerte” en el sector transporte, pero resaltó que “se están abriendo las puertas” para Venezuela gracias a la flexibilización de estas medidas tras los acercamientos entre Caracas y Washington. Las relaciones bilaterales, rotas en 2019, fueron restablecidas en marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro.

“Ya tenemos una posibilidad de adquirir repuestos y eso no pasaba antes. No ha sucedido todavía, pero ya hay la posibilidad, ya tenemos el listado de repuestos que requerimos y estamos gestionando la compra”, puntualizó.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, anunció el lanzamiento de un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas por parte de American Airlines, que retomó la ruta el 30 de abril.

Por último, la embajada estadounidense en Caracas informó que la TSA trabaja para conectar más ciudades venezolanas con Estados Unidos, después de concluir una evaluación en los aeropuertos del país.

“No entiendo”. Con estas palabras el sacerdote jesuita José Gregorio Terán, director general de Fe y Alegría Venezuela, denuncia que los cerca de 5 mil docentes que trabajan en las 175 escuelas subvencionadas de este sistema no han recibido el “bono de responsabilidad profesional” anunciado por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para aliviar la situación crítica que enfrentan los trabajadores de la educación y la salud en el país.

“No entiendo cómo podemos esperar que un ser humano dé lo mejor de sí, que planifique, evalúe, ponga cuerpo y alma cinco días a la semana cuando su mente está preocupada por cómo sobrevivir, cuando tiene que salir del aula a buscar otros trabajos porque la vocación no llena el estómago de sus hijos”, expresa el padre Terán a través de un video que compartió en sus redes sociales.

El salario mínimo en Venezuela está congelado desde hace cuatro años y equivale a menos de 30 centavos de dólar al mes. El chavismo ha creado una figura llamada “ingreso mínimo integral”, compuesto por bonos que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores. Delcy Rodríguez subió ese monto el 30 de abril de 190 a 240 dólares.

El “bono de responsabilidad profesional” estaría dirigido a los empleados de áreas estratégicas del sector público; sin embargo, no todos lo han recibido. De hecho, esta situación ha provocado un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación Universitaria y los profesores, que cuestionan la ausencia de criterios para su cancelación. Tampoco está claro la suma del bono.

Rebeldía

“Se decreta un ‘bono de responsabilidad profesional’ para áreas estratégicas, se habla de priorizar salud y educación, y resulta que el personal que sostiene las escuelas subvencionadas en los sectores más populares y vulnerables del país no recibe este bono”, manifiesta el sacerdote Terán.

Fe y Alegría cumplió 71 años en Venezuela, ofreciendo educación en las zonas más humildes. De acuerdo con sus estadísticas, atiende a casi 112 mil estudiantes en 175 escuelas, cinco institutos universitarios, 52 centros de capacitación y 62 espacios de aprendizaje. Además, administra 22 emisoras de radio que son referencia de información comunitaria.

Ahora que en el país se habla de una posible recuperación económica, Terán subraya que “el desarrollo real no se puede importar, la verdadera riqueza de un país es esa que se siembra en el territorio, que echa raíces en su gente y eso requiere educación, capacitar a nuestra población para que sean dueños de su destino”.

“No habrá reactivación posible si no empezamos por cuidar a quienes enseñan, la reactivación de un país comienza en el pupitre, en la educación. No tiendo este olvido, pero sigo creyendo en el alma porque educar es el acto de esperanza y de rebeldía más inspirador que nos queda”, concluye el director general de Fe y Alegría.

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a más de 240 oficiales retirados, difundió un manifiesto en el que acusa al Estado de encubrir graves violaciones de derechos humanos y llama a una “reacción de la conciencia nacional” frente al deterioro político, social y económico del país. “Es imperativo reaccionar ante la crueldad absoluta que hoy desangra a nuestra nación”.

En el documento, la organización se refiere, aunque sin mencionarla expresamente, a Carmen Teresa Navas, la madre que buscó a su hijo Víctor Hugo Quero y falleció unos días después de ser informada dónde se encontraba sepultado, “El drama de una madre desesperada desnudó la perversidad del sistema: tras meses de búsqueda incesante de su hijo, secuestrado por elementos de seguridad del Estado, todas las instancias oficiales le negaron sistemáticamente la verdad”.

A juicio de los oficiales en situación de retiro de la Fuerza Armada, ese silencio oficial buscó ocultar el asesinato del joven, una revelación que habría precipitado también la muerte de la mujer pocos días después, en medio del dolor y las privaciones.

El FIM sostiene que este episodio no es aislado, sino parte de un patrón de “negación sistemática de la libertad” que se expresa en secuestros, torturas, asesinatos, presos políticos y exilio.

A la vez, vincula “la opresión política” con la emergencia humanitaria: hambre, fallas en servicios básicos como agua, electricidad, gas y combustible, salarios y pensiones insuficientes, escasez de medicinas y precariedad en la atención sanitaria y educativa.

“Vivimos bajo el yugo de sueldos y pensiones de miseria, sin medicinas ni servicios médicos, en un entorno de total inseguridad física y jurídica, y condenados a un sistema educativo pésimo”, sostiene el comunicado.

Frente a ese escenario, los firmantes concluyen que la salida pasa por el fin de la “usurpación” en el poder y por la instalación de condiciones que permitan recuperar la confianza, reactivar la inversión y encaminar una reconstrucción institucional, económica y social del país.

Las exigencias

El pronunciamiento del Frente Institucional Militar fue divulgado en el marco del vigésimo sexto aniversario de la organización que preside el GB (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, en cuya directiva se encuentra como vicepresidente el GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala y el secretario de organización el GB de la Guardia Nacional Rafael Vera Ruiz.

Los representantes de los componentes son los generales (Ej) Juan Ferrer Barazarte, (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez y (GN) Simón Figuera Pérez, así como el Contralmirante Elías Buchszer Cabriles.

Los oficiales se refieren, en el documento, al colapso moral y material, alertando que la única vía para la prosperidad y la felicidad pasa necesariamente por la libertad de todos los presos políticos y el cese de la usurpación de quienes ocupan el poder en Venezuela.

El FIM exige el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de un “verdadero gobierno de transición, libre de la presencia de los usurpadores”.

Aseveran la necesaria “elaboración inmediata de un cronograma electoral” riguroso por parte de nuevas autoridades investidas de legalidad y legitimidad.

Como alternativa plantean la realización de elecciones libres, claras y transparentes, “con conteo público” de papeletas o boletas de escrutinio en la totalidad de las mesas de votación y en presencia de los electores.

Finalmente sostienen que la justicia para las víctimas y el futuro de la República “demandan nuestra acción y la de todos los venezolanos”, hasta lograr la restitución de la soberanía popular, expresada el 28 de julio 2024, y la libertad para los presos políticos.

Las autoridades venezolanas autorizaron a la Embajada de Estados Unidos en Caracas a realizar un simulacro de evacuación ante posibles emergencias médicas o contingencias “catastróficas”, que incluirá el sobrevuelo controlado de dos aeronaves sobre la capital este sábado 23 de mayo.

El gobierno chavista informó en un comunicado que la actividad responde a una solicitud de la sede diplomática estadounidense, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática.

El ejercicio contará con la coordinación de la Cruz Roja venezolana, encargada de los componentes vinculados al operativo de evacuación y atención de emergencias, así como con la supervisión de las autoridades aeronáuticas nacionales, responsables de autorizar y vigilar los sobrevuelos requeridos.

“Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y aterrizarán en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, en un mensaje transmitido por la televisión estatal.

“Todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, precisó el Ejecutivo venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En marzo, la administración estadounidense y las autoridades de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares con el objetivo de “promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” en el país. El acercamiento bilateral se produce en un contexto de apertura progresiva de Washington hacia Caracas, especialmente en el ámbito energético.

Las relaciones bilaterales dentro del sector aéreo no le pierden pisada a las energéticas. American Airlines concretó su primer vuelo directo entre Miami y la capital venezolana tras siete años de ausencia, lo cual marcó el regreso de una aerolínea estadounidense al principal aeropuerto de Venezuela.

El vuelo AA935 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 horas locales el pasado 30 de abril, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la compañía en un ambiente festivo, con el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera de Estados Unidos.

El retorno de American Airlines ocurre menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. La reapertura de la ruta responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte estadounidense como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, debieron recurrir a escalas en terceros países para conectar ambos destinos.

Con este vuelo, el trayecto entre Caracas y Miami vuelve a realizarse en aproximadamente cuatro horas y elimina la necesidad de rutas alternativas prolongadas y costosas que durante años afectaron a viajeros familiares, de negocios y turistas.

El arribo fue celebrado en la terminal con globos rojos, azules y blancos y la presencia de altos directivos de la aerolínea. Entre los pasajeros del vuelo inaugural se encontraba Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, quien tiene previsto mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero venezolanos en el marco de la nueva etapa de cooperación bilateral.

Cabe recordar que el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro inició con una operación aérea por la madrugada del 3 de enero pasado, contra las defensas aéreas de Venezuela, y concluyó con la captura del venezolano en un complejo militar de Caracas. Tras su detención, Maduro fue trasladado en avión a Estados Unidos, donde aún está encarcelado a la espera de un juicio por cargos de narcotráfico y otros delitos.

La salida de Maduro permitió un acercamiento rápido entre Washington y Caracas. Ambos gobiernos restablecieron sus relaciones diplomáticas el 5 de marzo, después de más de siete años de ruptura.

(Con información de AFP y Europa Press)

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que entre el martes 19 de mayo y mañana viernes “300 personas serán puestas en libertad”, generando una gran expectativa entre defensores de Derechos Humanos y familiares de los centenares de presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Hasta la mañana de este jueves, Foro Penal solo contabilizaba 38 excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos. Esta organización no gubernamental, una de las principales referencias en el país sobre este tema, estimaba que hasta principios de mayo existían 457 presos políticos en Venezuela.

El 8 de enero el propio diputado Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, adelantó que saldría en libertad “un número importante” de presos políticos y el 19 de febrero el Ejecutivo promulgó la Ley de Amnistía. Sin embargo, la situación se mantiene, lo que ha provocado protestas de los afectados y del movimiento estudiantil.

Cuentagotas

¿Cuál es el criterio del gobierno chavista para ordenar las liberaciones y por qué no cierra este capítulo de forma definitiva?

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, cree que estas medidas “no abarcan al universo total de las personas que deberían ser favorecidas” principalmente por dos motivos: Primero, porque sigue intacto el “aparato represivo que dio lugar a estas encarcelaciones”. “Y en segundo lugar, esto tiene que ver con que el poder se ha acostumbrado a usar a los presos políticos como fichas de negociación en diferentes escenarios”.

El abogado considera que “mientras el aparato represivo esté funcionando, es muy difícil que cese la realidad de la prisión y la persecución injusta”. Bajo esta premisa, duda de que el régimen chavista, hoy administrado por los hermanos Rodríguez, “esté dispuesto a renunciar a esa fuerza de negociación” que representarían los presos políticos.

Himiob apunta que estas declaraciones sobre excarcelaciones deben ser “tomadas con pinzas”, pues el gobierno suele incluir en la lista a presos comunes y en el caso de los políticos, no todos reciben libertad plena.

Incompleto

La coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, destaca la forma “conveniente” en que el oficialismo manipula el tema, al recordar que recientemente Jorge Rodríguez negó rotundamente la existencia de presos políticos en Venezuela, para luego ofrecer la excarcelación de 300.

Tineo sostiene que la aparente contradicción del chavismo es producto de la presión interna y externa. El presidente del Parlamento asumió el compromiso en medio de la polémica por la muerte de la señora Carmen Navas, de 81 años, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, víctima de desaparición forzada que falleció en cautiverio. “Todo esto deja en evidencia lo funcional que es al régimen tener prisioneros políticos”, advierte la vocera.

Según la base de datos de Justicia, Encuentro y Perdón, desde el 8 de enero han sido excarcelados unos 720 presos políticos. Sin embargo, señalan que más de 600 siguen judicializados “enfrentando cargos muy graves”; es decir, solo poco más de cien gozan de libertad plena.

Esta ONG registra que en la actualidad hay 654 presos políticos, más del doble de lo que Jorge Rodríguez ha prometido excarcelar. “La exigencia es que todos deben ser liberados de forma plena e inmediata”, enfatiza Tineo, para quien la palabra del presidente del Parlamento “no resuelve la tragedia que ha generado la persecución política en el país”.

Nadie puede negar que la historia contemporánea de Venezuela se divide en antes y después del 3 de enero, cuando Estados Unidos ejecutó un ataque militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Después de aquel día, nada ha sido igual. El cambio forzado se ha hecho muy evidente no solo en las palabras sino especialmente en los silencios de la Cancillería, que nunca dejaba pasar una oportunidad para rechazar cualquier acción del “imperialismo” y manifestar su solidaridad con sus aliados ideológicos como Irán y Cuba.

Al tibio comunicado sobre la ofensiva contra Teherán, donde evitaba condenar a la administración de Donald Trump, ha seguido un mutis con respecto a la acusación penal que enfrenta el líder cubano Raúl Castro.

Tampoco Caracas ha salido en defensa de su buen amigo el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por corrupción en un caso que salpica a Venezuela.

Ante la afonía del gobierno, la vocería en apoyo a La Habana la asumió el Partido Socialista Unido de Venezuela, que a través de un comunicado denunció la escalada del bloqueo contra la isla, manifestando que “muchas veces Fidel y Chávez juntaron sagacidad y sabiduría, fuerza y visión de Estado con los más grandes sentimientos de amor por la Humanidad”.

Otra cara

“En estos cuatro meses y medio de la política exterior de la presidenta encargada Delcy Rodríguez hemos observado un giro pragmático forzado por la realidad, el cual Francisco Ameliach -diputado y fundador de la revolución chavista- ha tipificado como un ‘pragmatismo táctico’ como método de resistencia ‘bajo condiciones de asedio y guerra multifactorial’; es decir, en el marco del tutelaje impuesto al país por la administración Trump”, expone Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

Tomando como referencia el planteamiento de Ameliach, el portavoz del COVRI señala que la gestión de Delcy Rodríguez “ha asumido una postura donde sin renunciar -al menos formalmente- a los principios ideológicos, el Poder Ejecutivo ha adoptado una estrategia flexible enfocada en obtener resultados prácticos que hagan posible la ‘supervivencia revolucionaria’ como ‘principal objetivo histórico’”.

Ramírez destaca que el cambio también se ha expresado en la remoción “de algunos rostros de la diplomacia madurista, con el fin de transmitir moderación”. Verbigracia la incorporación como nuevo viceministro para América del Norte y Europa de Oliver Blanco, joven internacionalista que militó en la oposición.

Mucho cuidado

“Las reiteradas referencias del presidente Trump indicando ofensivamente que podría convertir a Venezuela en el ‘estado 51’ de Estados Unidos, apenas fueron respondidas en una oportunidad por Delcy Rodríguez el pasado 11 de mayo de manera muy diplomática”, observa Ramírez, quien está seguro de que “en el pasado esto habría generado una encendida proclama anti imperialista y quizás algún desplante”.

El portavoz del COVRI resalta que cuidándose de provocar a la Casa Blanca, la Cancillería venezolana ha emitido algunos comunicados dirigidos a sus socios geopolíticos tradicionales como Cuba, Rusia y China, “lo cual les envía un mensaje sobre el interés existente de recuperar las relaciones bilaterales a largo plazo y proporciona cierta seguridad identitaria a los cuadros y disminuidas bases del partido oficialista”.

Siguiendo la línea histórica de Caracas, Delcy Rodríguez desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la controversia con Guyana por el territorio Esequibo, y reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único mecanismo para resolver el diferendo.

Sin embargo, Ramírez subraya un matiz. “Delcy Rodríguez ha evitado reaccionar ante recientes declaraciones que ha emitido la embajadora de Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot, sobre la controversia fronteriza, o el viaje del presidente guyanés Irfaan Alí a EE. UU. este mes. Todo esto sin dejar de mencionar cómo han desaparecido de los comunicados y declaraciones de funcionarios venezolanos referencias sobre la incidencia de ExxonMobil en la controversia, mientras se sostienen conversaciones para un eventual regreso de esta empresa petrolera estadounidense al país”.

“Estamos denunciando lo que sigue pasando en Venezuela, pero a su vez vamos a ir al Ministerio de asuntos penitenciarios para pedir la destitución de quien ha sido cómplice de la tortura y de la violencia”, señaló a EFE Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, minutos antes de comenzar la marcha.

La manifestación se dio luego de la muerte del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.

El organismo sostuvo que con Quero han fallecido 27 presos políticos bajo custodia del Estado desde 2014, y ninguno “ha recibido justicia verdadera”.

Por su parte, Aurora Silva, esposa del recientemente excarcelado Freddy Superlano, dijo a EFE que el objetivo de la manifestación es seguir visibilizando la situación de los detenidos por motivos políticos, especialmente después de la muerte de Quero.

“Tenemos que velar porque todos sean libres y que salgan de esas prisiones injustas y puedan reencontrarse, darse ese abrazo familiar que tanto anhelamos los venezolanos en este momento”, agregó.

Los manifestantes caminaron desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio para el Servicio Penitenciario, en el este de Caracas, sin gritar consignas. La mayoría de los asistentes se pusieron cinta adhesiva negra en los labios mientras cargaban carteles con fotografías y nombres de presos políticos.

En el centro de la marcha, cargaron un ataúd de cartón con los nombres de todos los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado.

Al llegar a la sede del ministerio, los asistentes comenzaron a corear “ni un muerto más”, “que cierren los centros de tortura”, “ministro indolente, remoción urgente”.

Desde ese punto, Baduel mostró una carta —posteriormente entregada en la cartera de Estado— en la que le exigen al ministro García Zerpa su renuncia por ejercer una gestión “manchada de sangre”.

“Le decimos en esta carta no solo el horror y las exigencias que hemos venido reiterando durante años, sino que si tiene un poquito de respeto por sí mismo y un poquito de compasión por las víctimas, lo más sensato que puede hacer es renunciar”, subrayó.

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado manifestó este miércoles su confianza en que Venezuela y Cuba serán libres “muy pronto”. Además, agradeció al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por su postura frente a “las dictaduras en la región”.

En un mensaje publicado en X con motivo del aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en Cuba, Machado afirmó que, después de 67 años de “brutal tiranía castrocomunista soplan vientos de libertad por todo el continente”, y sostuvo que la “misma fuerza que emerge indetenible en Venezuela, también se abre camino en Cuba”.

Machado envió “toda mi fuerza a nuestros hermanos cubanos y a todos los pueblos que luchan contra la opresión”, como respuesta a una publicación del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien en la misma red social convocó a construir una “nueva Cuba” fuera del control de las élites militares y con una relación renovada con Washington.

Para Machado, el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, a “la soberanía popular de Cuba resuena en Venezuela”.

Hoy, 20 de mayo, fecha de profundo significado para Cuba, hago llegar toda mi fuerza a nuestros hermanos cubanos y a todos los pueblos que luchan contra la opresión.

Después de 67 años de brutal tiranía castrocomunista, soplan vientos de Libertad por todo el continente.

La… https://t.co/sfnDKuIg8j

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 20, 2026

“A los cubanos les digo: Venezuela entiende su dolor y comparte su esperanza. Su lucha es la nuestra. Nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por su compromiso con la lucha contra las dictaduras en la región”, agregó.

Marco Rubio difundió un video de unos cinco minutos donde sostuvo que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”.

Acusó al conglomerado militar Gaesa, fundado por el ex dictador Raúl Castro, de enriquecerse mientras la población enfrenta dificultades.

Rubio también afirmó que, tras el fin del subsidio petrolero de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero, la élite militar cubana adquiere combustible para uso propio mientras exige “sacrificios”.

Donald Trump descartó este miércoles una “escalada” con Cuba y adelantó que “pronto” hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero impuesto por Washington a la isla.

La intensidad del enfrentamiento en el Catatumbo, la franja fronteriza entre Venezuela y Colombia ha disminuido en apariencia, pero en el terreno la violencia persiste. Desde el 7 de mayo, la escalada armada ha dejado varias personas muertas, entre ellas cinco en el sector La Playa de Casigua El Cubo. Mientras la Fuerza Armada venezolana guarda silencio, habitantes del municipio Semprúm aseguran que la confrontación continúa. “Los enfrentamientos siguen, solo que están ocultando las bajas que ocurren todos los días en esta zona de guerra”, dijo a Infobae un residente de la zona.

El territorio afectado se extiende desde Tibú, en Norte de Santander, hasta el municipio Jesús María Semprúm, en el estado Zulia. Según testimonios en la frontera, la red de pasos y trochas conecta zonas cocaleras colombianas con corredores del lado venezolano, en un mapa dominado por actores armados que disputan el control de rutas y territorios. Habitantes de la región aseguran que recibieron órdenes de abandonar el área sin importar su nacionalidad.

Los pueblos fronterizos han quedado atrapados entre el avance de la guerrilla y la disputa entre estructuras armadas rivales. En Casigua El Cubo, pobladores hablan de una cifra de muertos muy superior a la conocida públicamente. “En una empresa de la zona van por lo menos 25 muertos”, afirmó una fuente local en referencia a una finca dedicada al procesamiento de fruto de corozo y palma aceitera. Hasta ahora, ni la Fuerza Armada ni las autoridades civiles de Semprúm han ofrecido una versión oficial sobre lo que ocurre en el Catatumbo venezolano.

El silencio institucional también alcanza a la alcaldía. La alcaldesa de Semprúm no se ha pronunciado sobre los hechos y, de acuerdo con testimonios de la zona, un reportero de Santa Bárbara del Zulia que intentó cubrir lo sucedido fue amenazado y advertido de no tomar fotografías ni publicar información.

Entre los caídos en los recientes enfrentamientos, habitantes de la frontera identificaron a un presunto guerrillero del ELN conocido como alias Aguilillo, oriundo de Tibú. Tras la difusión de fotografías de algunos fallecidos, residentes del Zulia lo reconocieron como integrante de esa organización armada. En redes sociales afines al grupo también fue señalado como uno de sus combatientes.

Masacre en Zulia

El 7 de mayo 2026 fue asesinado en Casigua El Cubo, supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana del municipio Semprúm, Everh José Trujillo Centeno alias Ñañito. “Le metieron más de seis tiros”, le dice una fuente a Infobae.

Alias Nañito, “hombre de confianza del chavismo, desde que en el 2008 llegaron al poder en el municipio con la alcaldesa Lucía Mavárez”

En Casigua El Cubo creen que alias Ñañito estuvo tras la caída de la anterior alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, quien está presa por narcotráfico. “Ñañito tenía varios cargos en la alcaldía y credenciales de policía municipal. Su muerte causó mayor tensión y enfrentamientos en la Pica 2, una trocha (paso ilegal) que da a Colombia”.

El domingo 9 de mayo, un comando de casi 80 hombres armados llegaron al Sector Playa Socorro, municipio Jesús María Semprún, en el Catatumbo venezolano. “Estaban con uniformes camuflados y botas, como los que usan los militares en campaña. Fue el día que celebramos el Día de la Madre”, le dice a Infobae un habitante de Casigua El Cubo que se atrevió a narrar lo sucedido.

Dijo que era más que un pelotón, “casi una compañía”. Sometieron a los habitantes, “retienen los teléfonos y desconectan las antenas de Wi-Fi”. Fueron seleccionando a los hombres de quienes presumen “ya tenían información”. Ejecutaron a cuatro de los seleccionados que llevaron a sitios distintos del sector La Playa.

Cuatro de los seleccionados fueron ejecutados en distintos puntos del sector La Playa, y una quinta persona murió en circunstancias que los vecinos no pudieron precisar. Entre las víctimas figura Luis Adolfo Ortiz Guerrero, juez de paz de la comunidad, de 34 años; también Melvin Alexis Rincón Rincón, de 26; Leiver Alexis Ravelo Jaimes, de 21; y un ciudadano colombiano identificado por los alias Camilo y Aguilillo, a quien vinculan con el ELN.

Los habitantes denunciaron además que el grupo armado detonó un explosivo en una vivienda y dio a varios vecinos un plazo de 24 horas para abandonar sus parcelas.

Ni fuerzas militares ni cuerpos policiales llegaron al lugar mientras ocurrían los hechos, según los testimonios locales. Posteriormente se presentaron funcionarios de la Delegación San Carlos del CICPC Zulia, quienes recogieron evidencias y trasladaron los cuerpos a la morgue del Hospital General III de Santa Bárbara del Zulia. Desde entonces, en la zona se ha impuesto un toque de queda de hecho: “Desde las 7 de la noche el pueblo queda desolado”, relataron los habitantes.

En redes sociales también han circulado amenazas contra la alcaldesa Lucía Mavárez y contra algunos concejales, entre ellos Alexander Bustamante, presidente de la cámara municipal, a quienes sectores de la zona vinculan con el ELN. El clima de miedo se ha profundizado en un municipio donde la población denuncia ausencia del Estado y control de facto por parte de grupos armados.

Petro y el ELN

En medio de esta escalada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en la red social X que ordenó el bombardeo contra el comando central del ELN en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y aseguró que la operación se realizó con acuerdo del Gobierno de Venezuela. Según indicó, la acción fue ejecutada en la madrugada del lunes 11 de mayo por las Fuerzas Militares contra una comisión estratégica de esa guerrilla y constituyó la tercera ofensiva de este tipo durante su administración.

La respuesta del ELN no tardó en llegar. A través de un video difundido en redes vinculadas a la organización, una mujer con el rostro cubierto con un pañuelo rojo y negro y un brazalete con las siglas del grupo emitió un mensaje, en otro episodio que evidencia que, pese a la aparente reducción de la intensidad de los combates, la confrontación en la frontera sigue abierta.

“Ante la mediática mentira del gobierno de Petro sobre los bombardeos del 10 de mayo, el ultimo bombardeo de la Fuerza aérea cayó en el vacío; pretendieron sorprender al ELN que combate la banda narco paramilitar Frente 33 pero no lo lograron. No sufrimos baja alguna, producto de los sucesos”, expresó la mujer.

Autoridades colombianas dijeron que el operativo militar, desarrollado en la zona rural de Tibú, en cercanías al río Catatumbo, tuvo como objetivo una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre, segundo cabecilla de esa estructura.

Tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Militares colombianas detallaron que el ataque se produjo contra “un alto valor estratégico”, que describieron como la comisión que brinda seguridad al Comando Central (COCE) y a la Dirección Nacional (Dinal) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante sus desplazamientos entre Venezuela y Colombia. Además de enfrentar al Frente 33 de las disidencias de las FARC en la zona.

El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia General Hugo Alejandro López Barreto publicó que en el desarrollo de operaciones militares “contra estructuras armadas ilegales” en el suroccidente de Colombia “fueron neutralizados seis integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, facción Mordisco en zona rural de Belalcázar, Cauca”.

El general colombiano López Barreto dijo que entre los caídos estaría “alias Fernando Gómez, cabecilla de esta estructura criminal” que sitúa en el oriente del Cauca y occidente del Huila.

Sin mencionar nombres o alias, agregó que “durante combates contra integrantes del GAO-r comisión “Joaquín González”, facción Calarcá, en la vereda El Paraíso, municipio de Rovira, Tolima, se logró la neutralización de un sujeto y la captura de otros cuatro integrantes de esta estructura criminal”.

La única respuesta del régimen venezolano ha sido un comunicado, del 13 de mayo, publicado por el canciller Yván Eduardo Gil Pinto, en el que se manifiesta la “profunda preocupación” a la vez que “lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo”, lo que recae en el “conflicto interno colombiano”, sin mencionar que tres días antes ocurrió la incursión de hombres armados a territorio venezolano con saldo de cinco personas fallecidas.

De Tibú a Casigua

El 14 de mayo 2026, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del Sur del Lago se arrogó la baja contra un combatiente de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el organismo policial, el enfrentamiento ocurrió en la Pica 02 de Casigua el Cubo; el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Santa Bárbara del Zulia.

Un aledaño desmiente la exactitud de la información policial. “La muerte de ese hombre fue frente a la Escuela Básica Urdaneta, dentro del municipio Semprúm de Casigua El Cubo”.

Tibú es un municipio del nordeste colombiano ubicado en el departamento Norte de Santander, a orillas del mismo nombre, en la frontera colombo venezolana. a la belleza de la Serranía de los Motilones se le une el río Catatumbo bañado por los espectaculares relámpagos o las impresionantes caídas de agua, que no por lo bravía disminuyen su belleza por la presencia de los grupos irregulares armados que se disputan el territorio para el tráfico de drogas, combustible entre otros productos.

Del lado venezolano la contraparte es el municipio Jesús María Semprúm con su capital Casigua El Cubo, al sur del Lago de Maracaibo, a orillas del río Tarra. Semprúm surgió de la división del municipio Catatumbo. La riqueza de su suelo no es solo por el petróleo, sino por la tierra productiva, que se combina con un fenómeno que incluso puede verse a kilómetros de distancia, hasta más allá del mar: el relámpago del Catatumbo, la luz que en forma periódica y muy brillante se presenta todas las noches sobre la inmensidad del cielo.

El operativo militar

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo que el 17 de mayo, a las 7 de la mañana, durante un patrullaje en el municipio Jesús María Semprúm, se dio un enfrentamiento, en el kilómetro 8 de la carretera Machiques-Colón, donde fue abatido un individuo por comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Destacamento 116 (Casigua El Cubo) y la División de Inteligencia del Comando de Zona N° 11 de la GNB.

La versión de los militares es que vieron a “varios sujetos desconocidos que portaban vestimenta táctica de color negro y armas largas de alto calibre”, por lo que les dieron la voz de alto, pero ignoraron la solicitud militar y abrieron fuego contra las comisiones, lo que originó el intercambio de disparos.

Uno de los sujetos “resultó gravemente herido”, lo trasladaron al hospital de Casigua El Cubo, donde falleció pocos minutos después. Los demás involucrados se dieron a la fuga.

El fallecido no portaba documentos, vestía franela negra, pantalón táctico azul marino y botas policiales de material sintético; lo describieron como hombre de contextura delgada, piel blanca, frente amplia, labios gruesos y cabello corto rizado color castaño claro.

El resultado, según la versión oficial, es que los militares lograron incautar dos fusiles de asalto AR15, dos proveedores con capacidad para 30 cartuchos, 60 municiones vivas, así como múltiples conchas percutidas y una granada lacrimógena, un radio transmisor y un teléfono celular.

Por su parte, la versión de vecinos de la zona, en conversación con Infobae, es que no ocurrió tal enfrentamiento entre militares y el grupo que identificaron como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La ONG Foro Penal, la cual lucha por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, reportó que al menos 25 detenidos por temas políticos fueron excarcelados en el país desde el inicio de la semana. La liberación se produce luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometiera la liberación de 300 personas antes del viernes.

“Hasta ahora hemos verificado la excarcelación de 25 presos políticos esta semana (desde el 18 de mayo)”, indicó el abogado Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal. A su vez, el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, señaló que la gran mayoría de los liberados son hombres y afirmó: “Nuestro equipo en todo el país se mantiene de guardia”.

El martes, Rodríguez anunció que esta nueva tanda de excarcelaciones se realiza en paralelo a las contempladas por la ley de amnistía aprobada en febrero, que benefició a más de 8.000 personas, muchas de ellas en libertad condicional.

En enero pasado, el Gobierno chavista también otorgó cientos de libertades condicionales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos; las autoridades informaron más de 800 casos, aunque ONG aseguran que la cifra es menor.

Entre los excarcelados en este nuevo grupo se encuentran tres ex policías de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, condenados por hechos vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

“Tres venezolanos inocentes que nunca debieron estar presos. Tres familias que padecieron por 23 años la crueldad, la persecución y la tortura de este régimen. Tres policías metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003”, escribió al respecto de los oficiales liberados la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado en X.

Rodríguez informó en la sesión ordinaria del martes que las liberaciones comenzaron el lunes, con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por participar en un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020.

La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó el miércoles que menos del 25% de las excarcelaciones registradas este año en el país corresponden a la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado.

Himiob señaló que solo el 24,21% de las excarcelaciones desde el 8 de enero se vinculan con la amnistía, desde el inicio del proceso de liberaciones. “Si el Gobierno tiene otros datos con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía”, explicó Himiob.

Según cifras de Foro Penal, ese porcentaje equivale a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas desde el 8 de enero. La ONG difundió un gráfico que muestra un pico de liberaciones bajo la amnistía en la primera semana tras la promulgación de la norma, el 20 de febrero, seguido de una disminución progresiva y una ralentización casi total desde el 19 de marzo.

Foro Penal indicó el martes que actualmente contabiliza 473 presos políticos en Venezuela, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad. Desde 2014, la organización ha documentado 19.087 detenciones políticas en el país. Además, más de 11.000 personas permanecen bajo medidas cautelares que restringen su libertad, como la prohibición de salida del país o la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales, medidas que la ONG calificó como arbitrarias.

El anuncio de estas medidas coincide con el reclamo de la oposición de una investigación independiente y con apoyo internacional por la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, comunicada por el Gobierno el pasado 7 de mayo, tras 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de su madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.

La noticia de las excarcelaciones llegó una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su Gobierno buscará la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

Aunque no las mencionó por su nombre, el ministro de Interior y secretario general del Partido Sociaista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dejó entrever este martes 19 de mayo que el gobierno de Venezuela sigue trabajando con las multinacionales Siemens y General Electric para atender la severa crisis eléctrica que azota al país.

“Todos los días la presidenta (Delcy Rodríguez) está reuniéndose con gente, vinieron unas empresas proveedoras de sistemas eléctricos de las mejores del mundo, estamos esperando que ellos presenten sus propuestas para la repotenciación de algunos sitios”, adelantó Cabello en una visita al estado Zulia, una de las regiones más afectadas por los cortes del servicio.

Delcy Rodríguez informó hace un mes que estaba en conversaciones con Siemens y General Electric para atender la situación en la entidad zuliana. Ambas compañías mantienen comunicación permanente con el Ministerio de Energía Eléctrica, a cargo de Rolando Alcalá.

En proceso

A la espera de los anuncios sobre el aporte que brindarán las dos empresas, Cabello adelantó que “esperamos activar 600 megavatios que van a incorporarse muy pronto” al sistema.

El titular de Interior reconoció que el eléctrico es “un problema muy serio”, y dijo que el país experimenta “la demanda de energía más alta de su historia” porque “estamos produciendo más, pero la generación sigue siendo la misma de antes”.

El ministro Alcalá recibió el 14 de mayo en su despacho al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, “con el objetivo de avanzar en las labores de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional”, indicó ese despacho a través de sus redes.

Luego del ataque militar ordenado por la administración de Donald Trump el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, las relaciones entre Washington y Caracas han dado un giro de 180 grados.

La Casa Blanca ha otorgado licencias que flexibilizan las sanciones impuestas contra el régimen chavista, abriendo la posibilidad de alcanzar acuerdos con empresas como Siemens y General Electric.

Estados Unidos ha destacado la importancia de recuperar el sistema eléctrico venezolano para impulsar también la producción de petróleo. Por su parte, la presidenta Rodríguez lanzó un plan de ahorro, que se traduce en interrupciones del servicio en casi todo el país con la excepción de la capital, y ha prometido cuantiosas inversiones para mejorar el sistema.

“¡Exprópiese!”. La expresión fue inmortalizada por Hugo Chávez en enero de 2010. Mientras recorría la plaza Bolívar de Caracas, el difunto comandante la repetía una y otra vez para ordenar la eliminación de una serie de negocios privados que funcionaban en el centro de la capital venezolana.

Aunque su autor desapareció hace 13 años, la palabra vuelve a retumbar con fuerza ahora que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento formal de un proceso de reestructuración de la deuda externa de la República y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que alcanzaría los 162 mil millones de dólares.

El informe de Cedice registra 57 procedimientos arbitrales contra Venezuela, de los cuales 47 se gestionaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Hasta la culminación de este estudio, 23 habían concluido con un fallo negativo para Caracas.

“Los acreedores cuya deuda ha sido reconocida y determinada en estos procedimientos de arbitraje tienen posición de cobro privilegiada entre los demás acreedores, por esta razón esta categoría es de suma importancia para Venezuela”, explica el tanque de pensamiento.

Pesos pesados

Entre los arbitrajes que terminaron con condena en el CIADI, el análisis de Cedice destaca en primer lugar la expropiación que sufrió en 2007 ConocoPhillips, que demandó a la República por 8 mil 446 millones de dólares luego de que Chávez decretara la nacionalización de los proyectos que desarrollaba en la franja petrolífera del Orinoco.

Aunque el presidente Donald Trump ha invitado a las grandes corporaciones de energía a invertir nuevamente en Venezuela, el director ejecutivo de la multinacional norteamericana, Ryan Lance, ya dejó claro que su “enfoque principal sigue siendo intentar obtener la recuperación que nos corresponde por las dos sentencias que tenemos vigentes”.

Otro caso relevante que recoge el informe es el de la minera Crystallex, cuya concesión para explotar el yacimiento de Las Cristinas en el estado Bolívar fue revocada por Chávez en 2008.

La empresa canadiense reclamó como compensación mil millones de dólares y ante la falta de pago, acudió a la justicia de Estados Unidos para embargar a la refinadora Citgo, propiedad de Pdvsa.

El ímpetu nacionalizador de Cháez también afectó a la canadiense Rusoro Mining Limited, que interpuso una demanda ante el CIADI por la expropiación en 2011 de sus inversiones para la explotación del oro en Venezuela. El monto que exigió: 971.079.502 dólares.

“La política sistemática de violación a la propiedad privada y de expropiaciones llevadas a cabo por los regímenes chavistas no solo es contraria a las normas de la Constitución y de tratados de Derechos Humanos vigentes en Venezuela, sino que ha generado una grave crisis humanitaria y una deuda pública externa sin precedente en la historia de los países petroleros”, recalca Cedice.

Vuelta atrás

Sin hacer mucho ruido y manteniendo el manto de opacidad, el chavismo comenzó a desandar sus pasos desde hace algunos años, frenando las expropiaciones y devolviendo propiedades a sus antiguos dueños. Esta tendencia se profundizó después del 3 de enero, cuando Estados Unidos ejecutó el ataque militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló una comisión de evaluación de activos públicos, que básicamente tiene como fin identificar aquellos bienes del Estado que pueden ser privatizados. Además, restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y reformó las leyes de hidrocarburos y minería para abrir estos sectores al capital privado.

La reestructuración de la deuda se sumaría a esta nueva propuesta económica desarrollada por la mandataria interina. “La reconstrucción de Venezuela está condicionada a que la crisis de la deuda externa sea resuelta y que nunca vuelva a ocurrir un proceso de expropiaciones como el efectuado durante el gobierno de Hugo Chávez”, subraya Cedice.

María Lourdes Afiuni se convirtió en la presa política por antonomasia. En una cadena de radio y televisión a finales de 2009, el presidente Hugo Chávez solicitó que a la jueza Afiuni la condenaran a 30 años de prisión, la máxima pena en Venezuela, por ordenar la excarcelación del banquero Eligio Cedeño, acusado de delitos financieros por el gobierno.

El caso de Cedeño estuvo plagado de irregularidades, tanto que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas concluyó que su arresto violaba el debido proceso.

Siguiendo la recomendación de esa instancia de la ONU, la jueza Afiuni favoreció al empresario otorgándole medidas cautelares, lo que desató la furia de Chávez y marcó el inicio de un calvario que ya acumula 17 años.

Eterna

El jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunció este martes que el régimen chavista liberará a otros 300 presos políticos. Al conocer la noticia, la jueza Afiuni publicó en la red X: “¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?”.

Más que ironía, el mensaje de quien fuera durante ocho años presidenta del Tribunal 31 de Control de Caracas encierra impotencia y dolor.

Afiuni fue detenida el 17 de diciembre de 2009 y encerrada sin tener una sentencia en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (cárcel del INOF) hasta febrero de 2011. Después recibió el beneficio de arresto domiciliario y le fue concedida la libertad condicional en junio de 2013.

Casi una década más tarde, en marzo de 2019, por fin terminó su juicio. Para su desgracia, con una condena a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”, esto porque jamás pudieron comprobar que recibiera un soborno, pese a que Chávez siempre afirmó sin pruebas que el banquero Cedeño le había pagado a cambio de su liberación.

A pesar de todo el tiempo transcurrido, el tribunal tercero de ejecución de Caracas considera que Afiuni aún no ha completado su pena. Por esa razón siguen vigentes las prohibiciones de salida del país y de declarar a medios y usar redes sociales, además de otras restricciones que le impiden ejercer su profesión.

“Aunque al final la condenaron a cinco años, Afiuni en la práctica ha pagado una pena de 17 años. Tiene 11 años sin poder ver a su hija, que vive en Estados Unidos con sus dos nietos y que también fue acusada de traición a la patria, y tampoco le permiten trabajar, aplicándole en los hechos la doctrina de muerte civil”, explica una fuente con conocimiento del caso.

La defensa de Afiuni introdujo una petición para acogerse a la recién aprobada Ley de Amnistía, si bien el texto excluye taxativamente los delitos asociados con la corrupción. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta.

Impacto

Activistas de Derechos Humanos y expertos legales destacan que la detención de Afiuni partió en dos la historia en cuanto a la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial venezolano. A partir de ese momento, aumentaron las presiones de Miraflores y los jueces evitaron contradecir las órdenes del régimen.

La Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados denunció el ataque a la autonomía judicial en el país, al tiempo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH registró las torturas y abusos que padeció Afiuni durante su cautiverio.

“Pasa y pasa el tiempo y van 16 años de agonía, sentenciada por corrupción espiritual, delito que no existe, la jueza Afiuni no merece esta precaria situación económica, de angustia, sin poder conocer a sus nietos, mucho tiempo sufriendo”, expresó en redes su hermano Nelson Afiuni, quien se mantiene exigiendo una libertad que no llega.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez está impulsando la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y adelantó que sacudirá el sistema penal. Sin embargo, el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, cree que antes de emprender cualquier transformación, hay que dar un paso urgente. “Si de verdad quieren reformar la justicia, empiecen por liberar a María Lourdes Afiuni”, reclama Daniels.

Mientras los productores de arroz de Guárico y Portuguesa, en la región central del territorio, intentan sacar la cosecha antes de que las lluvias dañen el grano, buques cargados con miles de toneladas de arroz importado siguen llegando a Venezuela desde Brasil. En los silos, la respuesta se repite: no hay capacidad.

“Nos dijeron que produjéramos cuando el país estaba en escasez. Ahora nos dejaron solos otra vez”, resumió a Infobae un productor y dirigente gremial del sector arrocero venezolano, cuyo nombre fue reservado por razones de seguridad.

La nueva crisis del arroz en Venezuela volvió a poner en evidencia un viejo problema denunciado durante años por productores y economistas: la llamada “economía de puertos”, un modelo basado en importaciones favorecidas por el poder político que, según el sector agrícola, terminó desplazando nuevamente a la producción nacional.

Buques de arroz importado en plena cosecha

La crisis estalló en pleno pico de cosecha en Portuguesa y Guárico, estados que concentran cerca del 85% de la producción nacional de arroz.

Según productores consultados por Infobae, el mercado venezolano comenzó a recibir grandes cargamentos de arroz importado justo cuando los agricultores locales necesitaban vender su producción.

Documentos obtenidos por este medio muestran una de esas operaciones: un cargamento de 10.000 toneladas métricas de arroz paddy a granel despachado desde el puerto de Macapá, Brasil, hacia Venezuela.

El exportador registrado fue SRMZ FOOD TRADING LIMITED, una compañía domiciliada en Isla de Man, jurisdicción offshore conocida por sus ventajas fiscales. La carga fue consignada a XIE YEN ALIMENTOS AGROINDUSTRIALES C.A., empresa radicada en el estado Miranda.

Las 10.000 toneladas de arroz llegaron sin procesar para ser trilladas y distribuidas posteriormente en el mercado venezolano.

Un segundo documento obtenido por Infobae —la Declaración Única de Aduanas (DUA), procesada a través del sistema SIDUNEAWORLD— confirmó oficialmente el ingreso del cargamento a Venezuela a través de la Aduana Principal de Puerto Cabello entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026. La documentación detalla que las 10.000 toneladas de arroz fueron declaradas por un valor de 2,9 millones de dólares bajo modalidad CFR, con arancel e IVA exonerados (0%), beneficio otorgado por tratarse de un alimento de primera necesidad. El expediente también identifica a la firma AGENTES ADUANALES VICGABXI, C.A. como responsable de la nacionalización de la mercancía ante el SENIAT y muestra sellos de inspección de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Puerto Cabello.

Productores aseguran que ese cargamento forma parte de una ola mucho mayor. Según el agroproductor venezolano exiliado en España Miguel Arvelaiz, ya ingresaron ocho buques y al menos siete más estarían próximos a arribar.

“El mercado quedó abastecido por meses justo cuando comienza la cosecha nacional. Eso destruye el precio del productor venezolano”, afirmó.

El arroz venezolano no puede competir

El problema central es el enorme diferencial de costos. Mientras producir arroz en Venezuela cuesta actualmente entre 600 y 630 dólares por tonelada acondicionada, el arroz importado desde Brasil estaría entrando por unos 270 a 280 dólares por tonelada.

“Con esa diferencia nadie puede competir”, explicó el dirigente gremial consultado por Infobae.

El ciclo pasado el arroz húmedo llegó a pagarse a 0,52 dólares por kilo. Este año, tras negociaciones entre el Estado, la agroindustria y algunos sectores productivos, el precio acordado cayó a 0,40 dólares.

Sin embargo, incluso ese monto comenzó a ser cuestionado por industrias que ahora buscan comprar por debajo de ese valor aprovechando la saturación del mercado.

José Luis Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Arroz, denunció recientemente que varias empresas se niegan a recibir el arroz nacional porque sus silos están llenos de producto importado.

“El productor llega y no tiene a quién venderle”, resumió una de las fuentes consultadas.

El modelo que nació con CADIVI

Para los productores, lo que ocurre hoy no es un hecho aislado, sino la continuidad de un modelo instalado desde los tiempos de Hugo Chávez.

Durante los años de CADIVI y el control cambiario, importar alimentos con dólares preferenciales se volvió más rentable que producirlos en Venezuela. Según productores consultados, aquello destruyó buena parte del aparato agrícola nacional.

“El negocio siempre estuvo en importar”, aseguró Arvelaiz. “Ahí nació la economía de puertos”.

La caída de importaciones durante los años más duros de la crisis y la escasez obligó luego al Estado a estimular parcialmente la producción nacional. Pero ahora, denuncian los productores, el esquema volvió a favorecer a los importadores.

“Es exactamente lo que está pasando”, afirmó el dirigente gremial entrevistado. “Nos necesitaron cuando no había comida y ahora otra vez favorecen las importaciones”.

Licencias, privilegios y grupos favorecidos

Productores y dirigentes agrícolas denuncian que el acceso a las licencias de importación sigue concentrado en pocos actores con respaldo político y financiero.

Entre las empresas mencionadas por el sector aparecen las marcas comerciales de arroz Mary y arroz Kali, señaladas como compañías con acceso privilegiado a permisos de importación.

“Solo dos o tres empresas manejan realmente ese negocio”, aseguró una de las fuentes consultadas.

Según Arvelaiz, el esquema actual mantiene rasgos similares a los denunciados durante años alrededor del sistema de importaciones venezolano.

“Antes eran dólares preferenciales; ahora son licencias, permisos y acceso privilegiado. El aparato productor quedó apartado otra vez”, afirmó.

El productor exiliado también sostuvo que sectores militares continúan teniendo influencia en distintas áreas del negocio agroalimentario venezolano, junto con grupos extranjeros vinculados a las importaciones.

“Estamos haciendo milagros”

Más allá del problema de los precios, los productores describen condiciones extremadamente precarias para trabajar. “Estamos haciendo milagros”, resumió el dirigente gremial.

Los agricultores denuncian escasez de combustible, falta de financiamiento bancario, maquinaria deteriorada, problemas de transporte y trabas burocráticas permanentes.

Uno de los casos relatados por el sector fue el de un productor detenido por trasladar gasoil destinado a su finca.

“El sistema financiero prácticamente no existe para el agro”, explicó una de las fuentes. “Las plantas tampoco tienen capital suficiente para absorber la cosecha”.

Según los productores, muchas empresas procesadoras quedaron sin capacidad financiera para comprar arroz nacional, mientras los actores que manejan importaciones ya tienen inventarios suficientes.

El resultado es una cadena paralizada: agricultores que cosechan sin compradores y productores obligados a vender a pérdida para no perder toda la cosecha.

Un futuro incierto para el campo venezolano

El presidente de Fedeagro, Osman Quero Pérez, calificó recientemente la situación como “irreversible” para muchos productores y responsabilizó a decisiones desacertadas en materia de importaciones.

Según explicó, el sector había calculado que solo se requerían 200.000 toneladas importadas para complementar el consumo nacional, pero las licencias otorgadas superaron ampliamente esa necesidad. Los productores temen ahora por la próxima siembra.

“¿Quién va a volver a sembrar después de esto?”, preguntó Arvelaiz. “Mientras tanto estamos ayudando las economías de otros países”.

Dos décadas después de que el chavismo prometiera alcanzar la soberanía alimentaria, muchos agricultores venezolanos vuelven a enfrentar el mismo dilema: competir no contra el mercado internacional, sino contra un sistema donde importar sigue siendo más rentable que producir.

Un equipo de Amnistía Internacional (AI) se presentó este martes ante el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, para exigir la liberación de todos los presos políticos y el cese de graves violaciones de derechos humanos. Así lo informó Erika Guevara Rosas, directora sénior de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la organización, quien participó en la reunión en Caracas.

“Con mis colegas de Amnistía Internacional, sostuvimos una reunión con el fiscal general de Venezuela para reiterar demandas urgentes e ineludibles: la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, el cese de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, expresó en un comunicado en redes sociales.

Guevara Rosas señaló que también solicitaron el desmantelamiento del “aparato de represión, que incluye leyes, prácticas e instituciones que han sido instrumentalizadas contra la población, y la reapertura al escrutinio internacional, con acceso pleno al país de mecanismos como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y las relatorías de la ONU”.

Por su parte, Devoe, abogado vinculado al chavismo, calificó el encuentro como “franco y abierto en la sede del Ministerio Público”, e invitó al equipo de AI a “participar y dar sus aportes en la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal”.

“De igual forma, generamos un mecanismo de comunicación directa, tal como hemos establecido con otras organizaciones no gubernamentales del país. ¡Las puertas del Ministerio Público están abiertas para todas y todos!”, añadió el funcionario.

AI y un grupo de ONG venezolanas iniciaron la construcción de una agenda colectiva sobre derechos humanos durante un encuentro en Caracas que concluyó este martes, con el objetivo de reconocer la labor de expertos, organizaciones y activistas en el país.

Guevara Rosas destacó que fue una jornada histórica, pues desde hacía “algún tiempo” las organizaciones de defensa de los derechos humanos no podían reunirse “en libertad”.

El mismo martes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, informó que 300 personas serán liberadas esta semana.

Esta excarcelación ocurre una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que su Gobierno “va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela”.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, informó que continúa manteniendo reuniones con inversionistas estadounidenses con el objetivo de crear alianzas con el Gobierno venezolano liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Barrett señaló que la semana pasada sostuvo encuentros con representantes de la energética ExxonMobil y de la cadena de dispositivos y servicios médicos Medtronic.

“Esta última semana seguí reuniéndome con inversores y líderes empresariales estadounidenses para recoger sus opiniones mientras construimos un entorno estable y competitivo”, expresó Barrett, según la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El diplomático destacó que “estas alianzas son el motor del plan de tres fases” de la Casa Blanca para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. “Y (son) la clave de nuestra prosperidad compartida”, añadió.

Luego de la detención del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar, las relaciones entre Caracas y Washington cambiaron, en un contexto en que el presidente Donald Trump manifestó interés en el petróleo y el oro venezolano. Ambos países anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reactivación de la conexión aérea suspendida desde hace siete años y la firma de acuerdos energéticos con participación de Chevron y ExxonMobil.

Desde su llegada a Venezuela el 23 de abril, en reemplazo de Laura Dogu, Barrett mantuvo reuniones con representantes del sector energético tanto nacionales como extranjeros, con el objetivo de evaluar y crear condiciones para nuevas inversiones. Luego de la llegada de Barrett a Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez manifestó su intención de continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Barret se reunió con autoridades del Ministerio de Energía venezolano para abordar mejoras en el servicio eléctrico, afectado por una crisis prolongada.

La Embajada estadounidense informó el domingo que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabaja para conectar más ciudades de Venezuela con Estados Unidos, tras finalizar una evaluación en dos aeropuertos del país suramericano.

El encargado de negocios de EEUU instó a finales de abril a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica”, tras la apertura del sector energético venezolano y el fin de varias regulaciones impuestas por Washington. “Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, expresó.

El diplomático afirmó que el sector privado, incluida la inversión estadounidense, representa el “motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”.

Por otra parte, Barrett que las empresas privadas estadounidenses y venezolanas se encuentran listas para impulsar la fase de recuperación económica en Venezuela. La declaración tuvo lugar tras una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

“Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, señaló. Además, indicó que su primer encuentro con Venamcham confirma la disposición de los empresarios de ambos países para avanzar en esta etapa, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los temas tratados en la reunión.

Dentro de su carrera diplomática, previamente a su llegada a Venezuela, Barrett se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala desde enero de 2026 y como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023.

(Con información de EFE)

Los ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, considerados los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron liberados el martes tras 23 años detenidos.

La liberación, confirmada por la ONG Foro Penal, se concretó horas después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 personas esta semana, incluidos los tres ex policías, quienes fueron arrestados el 19 de abril de 2003 por hechos vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, tras ser acusados de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, una marcha opositora se dirigió al Palacio de Miraflores en medio de una huelga empresarial y protestas ciudadanas, generando enfrentamientos armados en Puente Llaguno, en el centro de Caracas, que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Los ex policías fueron recluidos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, el penal ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, destinado tanto a reclusos comunes como a presos políticos.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó vía X que no solo son tres ex policias que nunca debieron estar presos, sino que también existió el padecimiento de familiares durante 23 años por crueldad, persecución y tortura del régimen chavista.

“Tres Policías Metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003. Los tres estarán en nuestros libros de historia como los héroes que son. Todo mi cariño y mi admiración a sus familias, quienes resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día”, agregó la ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.

A su vez, instó al gobierno de transición venezolano a liberar a todos los presos políticos que aún sufren maltratos y violaciones a los derechos humanos en diversas prisiones del país. “¡Que sean todos!”, finalizó en su comunicado.

Ni la Amnistía de 2007 ni la de 2026 incluyeron a los agentes de Caracas condenados por los hechos del 11 de abril de 2002. María Bolívar, tía del agente Erasmo José Bolívar, explicó a Infobae el 6 de marzo pasado que, de los once policías sentenciados, solo tres—su sobrino, Héctor José Rovaín y Luis Enrique Molina Cerrada—aún estaban en prisión.

Bolívar subrayó que “no fueron condenados por homicidio intencional”, sino por “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”, lo que debería haberlos habilitado para acceder a beneficios sustitutivos que permitirían su salida de la cárcel, derechos que, aseguró, les fueron sistemáticamente negados.

“Si no van a recibir amnistía, al menos que les otorguen los beneficios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), medidas que están todas vencidas”, reclamó semanas atrás.

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela explicó que algunas de las personas que serán liberadas esta semana estuvieron “incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología”, serán beneficiadas. También se contempla la liberación de “mujeres embarazadas o lactantes”.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado informó que las liberaciones comenzaron el lunes con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en un supuesto ataque marítimo fallido contra el régimen de Nicolás Maduro en 2020.

El anuncio se da tres meses después de la aprobación de la amnistía y en medio de exigencias de ONG y partidos opositores por una investigación independiente sobre la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo tras 16 meses de denuncias de su desaparición.

Además, la decisión del Gobierno venezolano se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno buscará asegurar la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dijo el martes que el nuevo marco normativo para la industria petrolera del país permite la resolución de controversias fuera del territorio nacional, un requisito clave para muchas empresas petroleras extranjeras antes de ampliar sus operaciones en el país sudamericano.

“Y bueno, de los elementos que seguramente muchos están demandando el tema de la seguridad jurídica, la ley incorpora por supuesto todo lo que tiene que ver con ese elemento a través de la resolución de controversias, no solamente dentro de este territorio nacional, sino que permite y da apertura a que se puedan ubicar otros espacios que permitan resolver esas controversias que esperan”, dijo Henao en una conferencia en The Woodlands, en Texas.

“Confiamos que, que no, no se lleguen a dar, pero en caso de que haya alguna dificultad, entonces podemos nosotros soportarla por esa vía”, agregó.

Los comentarios de Haneo en el evento, organizado por la Asociación Americana de Geólogos Petroleros en The Woodlands, Texas, marcaron la primera visita a Estados Unidos de una alta funcionaria petrolera del país sudamericano desde que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado en enero por las fuerzas militares estadounidenses.

Desde entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado un ambicioso plan para restaurar el sector petrolero del país con 100.000 millones de dólares en nuevas inversiones, mientras que las autoridades de Venezuela reescriben las normas para facilitar la iniciativa bajo el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El reglamento de la ley de Hidrocarburos, de 63 páginas, aún debe publicarse en la Gaceta Oficial para entrar en vigor, pero una versión preliminar muestra que la legislación pondrá fin a décadas de control monopolístico por parte de la petrolera estatal PDVSA y permitirá a las empresas privadas obtener licencias para el procesamiento, refinación y el comercio internacional de crudo pesado.

Venezuela está “muy ilusionada y confiada” en el regreso de los inversionistas extranjeros al sector energético del país, añadió Henao. No respondió a ninguna pregunta del público.

El vicepresidente ejecutivo de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Jovanny Martínez, instó a las empresas extranjeras a invertir en el sector gasífero venezolano, afirmando que el país posee 192 billones de pies cúbicos de reservas de gas y ha promulgado nueva legislación para atraer capital privado.

“Y cada acuerdo que suscribamos, lo vamos a cumplir”, declaró. Asimismo, comunicó a los periodistas que pronto se dará a conocer la versión final de un nuevo modelo de contrato petrolero, junto con su legislación asociada, que las empresas están a la espera de negociar con PDVSA.

Funcionarios de la importante petrolera española Repsol y de la francesa Maurel & Prom también realizaron presentaciones en la conferencia; en el marco de intervenciones, Julien Van Lint, gerente de desarrollo del subsuelo de la compañía francesa, indicó que se prevé reiniciar el próximo año las perforaciones en el bloque Urdaneta Oeste.

Reuniones privadas en Houston

Henao fue nombrada ministra de Hidrocarburos en marzo por Rodríguez, quien anteriormente ocupaba el cargo. Llegó a Houston el domingo por la tarde, según los organizadores del evento, y está manteniendo reuniones privadas con empresas petroleras, incluidas empresas de servicios y perforadoras, según una fuente.

Se la vio reunirse con el director ejecutivo de Amos Global Energy, Ali Moshiri, al margen del evento y también se ha reunido con empresas tecnológicas, mientras PDVSA continúa recuperando sus sistemas tras un ciberataque.

En las últimas semanas, Henao ha comunicado a los inversionistas y proveedores de servicios que desean contribuir al aumento de la producción que Venezuela necesita bombas, convertidores de frecuencia, cabezales de pozo, válvulas, tuberías, compresores de gas y productos químicos para la perforación, producción, procesamiento y transporte de crudo y gas.

El vicepresidente ejecutivo de PDVSA, Jovanny Martínez, tiene previsto intervenir en el evento más tarde este martes.

“Venezuela desempeña un papel increíblemente importante en el fortalecimiento de la seguridad energética en el hemisferio occidental”, dijo el lunes en la conferencia el subsecretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, al relatar una reciente visita a la región de la Faja del Orinoco venezolana.

“Durante demasiado tiempo, creo que hemos segregado a nuestros países del hemisferio occidental según el tipo de energía que producen: el esquisto de Estados Unidos, el petróleo pesado de Canadá, las plataformas marinas de Brasil, el petróleo pesado de Venezuela”, afirmó.

“Pero si ampliamos la perspectiva y nos centramos en fortalecer el hemisferio occidental, contamos con todos los recursos, la gente, la infraestructura y la capacidad de refino necesarios para hacer que el hemisferio occidental sea fuerte en las Américas, fuerte en materia de seguridad energética y fuerte con sus aliados”.

(Reuters)

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que 300 presos políticos serán excarcelados antes del final de la semana como parte de la ley de amnistía.

El anuncio se produce en medio de las presiones internacionales sobre Caracas y tras nuevas liberaciones confirmadas en las últimas horas por organizaciones de derechos humanos.

“Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad”, afirmó Jorge Rodríguez durante una declaración frente al Parlamento venezolano.

El dirigente chavista sostuvo que algunas de las personas beneficiadas están acusadas de delitos, mientras que otras fueron consideradas para medidas especiales debido a su edad o estado de salud.

“Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas”, agregó Rodríguez, quien también pidió que el gesto sea reconocido. “No le estamos pidiendo nada a nadie (...). Solamente que sepan apreciar el gesto”, declaró.

La medida forma parte de la ley de amnistía, que abarca hechos registrados durante los 27 años de régimen chavista, aunque excluye casos vinculados con presuntos intentos de golpe de Estado y acusaciones de magnicidio denunciadas por el oficialismo.

Según explicó Jorge Rodríguez, entre los primeros beneficiados aparecen antiguos funcionarios de la Policía Metropolitana relacionados con los acontecimientos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue apartado brevemente del poder. También mencionó la liberación de una adolescente de 16 años y de una mujer mayor de 70 años que abandonaron prisión el lunes.

En paralelo, un grupo de 16 detenidos acusados en causas vinculadas con la industria petrolera venezolana recuperó la libertad este martes. Los casos estarían relacionados con investigaciones abiertas entre 2024 y 2025 sobre operaciones de PDVSA.

Las cifras sobre el alcance real de la amnistía continúan generando diferencias. Mientras el régimen de Delcy Rodríguez asegura que más de 8.000 personas fueron beneficiadas por la normativa, organizaciones independientes sostienen que gran parte de esos casos corresponden a personas que ya estaban bajo libertad condicional y únicamente recibieron libertad plena.

Lo que dijo Foro Penal

La ONG Foro Penal confirmó este martes la excarcelación de al menos trece presos políticos que permanecían detenidos en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda. Alfredo Romero, director presidente de la organización, informó a través de redes sociales que hasta el mediodía habían logrado verificar esas liberaciones bajo medidas cautelares.

De acuerdo con información difundida por medios locales y organizaciones de derechos humanos, varios de los liberados son trabajadores de PDVSA arrestados entre 2024 y 2025 durante investigaciones relacionadas con un buque petrolero en altamar.

El Foro Penal y otras organizaciones también confirmaron la liberación de Samantha, una adolescente de 16 años detenida en noviembre de 2025 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La joven fue arrestada al llegar a su vivienda después de asistir a clases.

La ONG Cecodap explicó que la adolescente había sido excluida inicialmente de la amnistía.

“Samantha es hermana de un militar disidente. Su familia ha sido perseguida y siguen privados de libertad su tío, su hermana mayor y un primo”, señaló la organización en una publicación en X.

Otra de las personas liberadas fue Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado por participar en la denominada “Operación Gedeón”, el fallido intento de incursión marítima contra la dictadura de Maduro ocurrido en 2020.

Las nuevas excarcelaciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el pasado 12 de mayo que su administración trabajará para lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

“Vamos a sacarlos a todos”, declaró Trump.

(Con información de EFE y AFP)

El velatorio de Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero, reunió a decenas de personas en una funeraria del este de Caracas. Familiares, defensores de derechos humanos y ciudadanos acompañaron el féretro. En el lugar se repitió una consigna: “Justicia”.

Carmen Navas murió el domingo a los 86 años, días después de que las autoridades confirmaran que su hijo había fallecido bajo custodia estatal nueve meses antes.

Durante más de un año, ella buscó a Víctor Quero, detenido en enero de 2025 y desaparecido desde entonces. Organizaciones no gubernamentales calificaron la detención como una desaparición forzada, ante la falta de información oficial sobre su paradero. En la capilla, unas 50 personas formaron una fila para despedirse de Navas. El ataúd fue cubierto con banderas venezolanas y flores blancas.

El cortejo avanzó hacia el cementerio entre llantos de familiares y asistentes. Rosa Silva, profesora de 62 años, afirmó en una entrevista a AFP: “Siento depresión, tristeza, justicia. Ella representa a todas las madres de Venezuela”.

El entierro se realizó en el mismo cementerio donde yacen los restos de Víctor Quero. Dos de los hijos de Navas lloraron sobre la tumba, rodeados por cruces y lápidas de otros presos políticos, entre ellas la del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel. Algunos asistentes gritaron: “¡Carmen Navas es la madre de todos!”, mientras sonaba el himno nacional y un sacerdote pronunciaba palabras de despedida.

La última aparición pública de Navas ocurrió el viernes previo a su muerte, cuando asistió a una misa en memoria de su hijo. Allí mostró una imagen abrazando a Quero con la frase: “Solo fui a reencontrarme con mi hijo”. Durante el funeral, Gabriel Quero, otro de sus hijos, pidió respeto y sostuvo: “La lucha de mi madre está en todos”.

Según Foro Penal, Venezuela mantiene más de 450 personas privadas de libertad por razones políticas. El caso de Quero tomó estado público cuando el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el 7 de mayo la muerte del comerciante, ocurrida en julio de 2025, tras meses de denuncias y silencio oficial.

El comunicado estatal atribuyó el fallecimiento a “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Organizaciones civiles y partidos opositores cuestionaron la tardanza en la notificación y reclamaron una investigación independiente.

La presidenta del gobierno de transición Delcy Rodríguez ordenó una pesquisa para esclarecer la muerte. La Fiscalía venezolana, dirigida por Larry Davoe, anunció la apertura de una investigación penal, con respaldo del Parlamento.

El informe oficial indicó que Quero fue arrestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en enero de 2025 y procesado por traición a la patria, conspiración y terrorismo, tras haber prestado servicio militar en 2023.

El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa expresó su pesar y denunció que “por un año se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura”.

Por su parte, el partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, describió a Navas como víctima de la “crueldad más pura del régimen”. Además, Machado escribió en sus redes: “No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”.

(Con información de AFP y EFE)

La canasta alimentaria para una familia de cinco personas en Venezuela alcanzó los 730,59 dólares en abril, lo que representa un incremento del 5,5% respecto a marzo, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Durante el último mes, una familia necesitó 38,27 dólares adicionales en comparación con marzo, cuando la canasta costaba 692,32 dólares, de acuerdo con la misma organización.

El informe también señala que una familia destinó 13,33 dólares para adquirir agua potable, ya que el recurso suministrado por tubería en el país no cumple con los estándares básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.

La Constitución venezolana reconoce el derecho de todo trabajador a recibir un salario “suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

No obstante, el Cendas reporta que el salario mínimo, que permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales (actualmente equivalentes a 25 centavos de dólar), solo cubre el 0,03% de la canasta.

En años recientes, el Ejecutivo ha enfocado su política salarial en la entrega de dos bonos para empleados públicos, sin incidencia en otros beneficios laborales, que suman 240 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 200 dólares denominado “bono contra la guerra económica”, ambos pagados en bolívares según la tasa oficial vigente.

Las cifras oficiales indican que en abril los precios subieron un 10,6%, con una inflación acumulada del 90% en los primeros cuatro meses del año.

Trabajadores y sindicalistas de diferentes sectores rechazan la política de bonificación salarial y demandan un aumento en sus remuneraciones.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), principal entidad de educación superior del país, reiteró el jueves pasado su llamado a un paro nacional de 24 horas en las universidades públicas para este martes, tras la negativa del Gobierno a la convocatoria.

La asociación exige, además de salarios dignos, la regularización “inmediata” del pago del Bono de Responsabilidad Profesional, advirtiendo que “solo lo cobró aproximadamente un 25% de los profesores universitarios”.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) afirmó que la muerte de Carmen Navas, madre de Víctor Quero, preso político fallecido bajo custodia estatal, pone en evidencia la dura situación de los detenidos por razones políticas. La CEV instó a la liberación de estos presos para recuperar la convivencia y la paz ciudadanas.

En un comunicado difundido en Instagram, la CEV expresó: “Reiteramos hoy nuestro llamado a la plena liberación de los presos políticos. Este es un camino imprescindible para restituir la convivencia y la paz ciudadanas que tanto anhelamos los venezolanos”.

La Iglesia Católica venezolana lamentó la muerte de Navas, quien durante meses buscó información sobre su hijo y enfrentó el dolor por su fallecimiento.

El organismo eclesiástico sostuvo que este caso expone ante la sociedad la difícil situación de los privados de libertad por motivos políticos, así como el sufrimiento de sus familias debido a la falta de respuestas de las autoridades.

El domingo, sectores de la oposición y periodistas venezolanos informaron sobre el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas. La muerte de Quero, ocurrida el año pasado bajo custodia estatal, fue reconocida por el Gobierno tras meses de denuncias por su desaparición.

Durante una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas el pasado viernes, a la que concurrieron más de 200 personas, Navas manifestó que fue la fortaleza recibida la que le permitió buscar a su hijo “hasta el final”.

El partido político Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, denunció que Navas fue víctima de la “crueldad más pura del régimen” y exigió justicia para ella, su hijo y todas las familias afectadas.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero Navas el 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias de su madre.

Según la información oficial, Quero estuvo recluido en El Rodeo I desde enero de 2025 y fue trasladado a un hospital en julio, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

El comunicado señala que falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Diversas ONG, partidos y activistas criticaron que el Estado informara sobre el deceso diez meses después.

La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció una investigación respaldada por el Parlamento, aunque organizaciones exigen que sea independiente y cuente con apoyo internacional.

La ONG venezolana Cecodap anunció este lunes que una adolescente de 16 años, detenida desde hace seis meses, recibió una boleta de excarcelación con medidas cautelares, luego de que en abril pasado un tribunal le negara la amnistía.

“Samantha Hernández regresa hoy a casa. Su familia confirmó que la adolescente ya tiene boleta de excarcelación y esta noche, 18 de mayo, salió de la entidad de atención en la que permaneció recluida de forma arbitraria”, indicó la organización.

Cecodap explicó que la joven fue detenida el 19 de noviembre por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su casa, cuando acababa de llegar de la escuela.

“Samantha es hermana de un militar disidente. Su familia ha sido perseguida y siguen privados de libertad su tío, su hermana mayor y un primo”, añadió.

En abril pasado, la ONG denunció que un tribunal con competencia en terrorismo negó la amnistía a la adolescente de 16 años, por lo que pidió entonces a las autoridades revisar este caso al considerar que está en juego la vida, la dignidad y el desarrollo de una joven “frente al poder punitivo del Estado”.

El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló en ese momento que el tribunal argumentó que por tratarse de terrorismo, la amnistía no puede aplicarse, pero dijo que la ley no funciona así, porque “no excluye delitos por su nombre sino por su naturaleza”.

Trapani dijo que el elemento más delicado en este caso es que se trata de una adolescente por lo que cambia el estándar jurídico, ya que en la justicia penal para los menores de edad, el sistema no está diseñado para castigar sino para proteger, educar y favorecer la reintegración.

Cada decisión debe evaluar cómo impacta en su desarrollo, su salud mental, su entorno familiar y proyecto de vida, agregó.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Excarcelaron a Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea

En otro orden, Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG venezolana Provea, informó este lunes de la excarcelación de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a 24 años de prisión por formar parte de la llamada “Operación Gedeón”, un ataque marítimo fallido contra el régimen de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

“En libertad Merys Torres de Sequea, gloria a Dios, avanza el pueblo venezolano en su histórica resistencia”, indicó Torres en una publicación en X.

Por su parte, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló, en la misma red social, que Torres de Sequea sufrió el peso de una persecución “cruel e inhumana, simplemente por ser la madre del capitán Antonio Sequea”.

“Que nunca más una madre sea castigada por amar y defender a su familia”, añadió.

El pasado 21 de septiembre, el partido opositor Voluntad Popular (VP) y la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron la detención de Torres de Sequea.

La organización indicó entonces que Merys Torres de Sequea y su sobrina Zoris Gutiérrez Torres fueron “interceptadas” por “hombres encapuchados que se identificaron como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuando se dirigían a comprar medicamentos para llevarlos al capitán Sequea en el Rodeo I (cárcel)”.

Por su parte, la ONG Foro Penal explicó que Torres de Sequea y su sobrina permanecieron dos meses en situación de desaparición forzada, hasta que su familia pudo conocer que la madre del capitán estaba recluida en una sede de la PNB en Caracas y posteriormente fue trasladada al INOF.

En agosto de 2020, la Justicia venezolana condenó a 24 años de cárcel a 15 personas involucradas en dos ataques marítimos fallidos contra el régimen de Maduro, conocida como “Operación Gedeón”, entre ellos al considerado líder de la operación, Antonio Sequea.

El entonces fiscal general, Tarek William Saab, informó que Sequea y el resto de detenidos fueron acusados de los delitos de “terrorismo, rebelión y conspiración”.

Asimismo, Saab dijo en agosto de 2020 que Sequea y los otros 14 implicados se acogieron a la figura de “delación”, que beneficia con reducción de la pena a los condenados que faciliten detalles de los delitos de los cuáles se les acusa.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Venezuela defendió este lunes la deportación a Estados Unidos de Alex Saab —señalado como testaferro de Nicolás Maduro— y argumentó que la medida respondió a los intereses del país y a que el empresario es ciudadano colombiano, no venezolano. Un tribunal federal de Miami lo acusó nuevamente de lavado de dinero horas después de que se confirmara su entrega.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez calificó la deportación, efectuada el sábado, como “una medida administrativa justificada en los intereses nacionales”, según declaraciones difundidas por el canal estatal VTV. Rodríguez subrayó que Saab “cumplió funciones en Venezuela” pero que se trata de “asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab”, limitando así la responsabilidad del Ejecutivo en el proceso.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue más explícito en la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): afirmó que Saab cometió “fraudes de todo tipo” que están siendo investigados y que portaba una cédula de identidad venezolana “fraudulenta” desde 2004. “No hay ningún expediente que certifique que esa persona sea venezolano”, sostuvo Cabello, quien invocó el artículo 271 de la Constitución venezolana para justificar la expulsión de extranjeros implicados en delitos como lavado de capitales y crimen organizado.

Cabello agregó que, al ser interrogado sobre su número de cédula, Saab respondió que no lo recordaba, lo que derivó en una investigación que destapó presuntas irregularidades financieras contra el Estado. También señaló, citando a organismos de inteligencia estadounidenses y al propio abogado del empresario, que Saab habría incumplido acuerdos cuyo contenido no precisó.

El cambio de postura contrasta con la defensa que el propio Ejecutivo hizo de Saab durante años. Rodríguez fue una de las figuras que celebró públicamente su regreso a Venezuela en diciembre de 2023, tras ser liberado en el marco de un acuerdo entre el Gobierno de Maduro y la administración del entonces presidente Joe Biden, que incluyó también la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en el país.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que la deportación se ejecutó “en cumplimiento de las normativas de la legislación migratoria venezolana”, tomando en consideración que Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Saab fue arrestado por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, mientras se dirigía a Irán en lo que Caracas describió como una misión humanitaria. Fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021, pese a que Venezuela reclamó en reiteradas ocasiones su liberación, denunció una violación de su inmunidad diplomática y calificó la detención como un “secuestro”.

Tras su regreso a Venezuela, Maduro lo designó en octubre de 2024 ministro de Industria y Producción Nacional. Desde enero de ese año presidía además el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), cargo del que fue destituido por la propia Rodríguez pocas semanas después de lo que el Gobierno venezolano denominó “la captura del presidente Maduro en un ataque de Washington sobre Caracas”.

(Con información de EFE y Europa Press)

El ex funcionario venezolano y testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, Álex Saab, compareció este lunes ante una corte federal de Miami luego de ser deportado desde Venezuela durante el fin de semana. Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación por lavado de dinero y conspiración financiera contra el empresario, quien permanecerá detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia se realizó en el Distrito Sur de Florida, donde Saab, de 54 años, apareció vestido con un uniforme marrón de recluso. La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que permanezca bajo custodia al menos hasta una próxima audiencia fijada para el 24 de junio.

La nueva acusación presentada por fiscales federales sostiene que Saab habría participado en operaciones destinadas a ocultar el origen de fondos obtenidos mediante contratos irregulares y movimientos financieros internacionales. Según el expediente, el empresario enfrenta cargos por “lavado de dinero” y “conspiración para realizar transacciones financieras” con el objetivo de encubrir recursos de procedencia ilícita.

El caso reabre un proceso que había quedado suspendido luego de que Saab fuera liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. En ese momento, Washington acordó su liberación a cambio de ciudadanos estadounidenses detenidos por el régimen chavista.

Antes de esa liberación, Saab había sido arrestado en Cabo Verde en 2020 mientras realizaba una escala aérea y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Aunque ya enfrentaba cargos en Miami relacionados con operaciones de lavado de dinero, el juicio nunca llegó a concretarse tras el acuerdo diplomático entre ambos países.

Estados Unidos considera desde hace años que Saab operó como testaferro de Maduro y como intermediario en negocios vinculados al régimen venezolano. Las investigaciones federales sostienen que el empresario obtuvo beneficios millonarios a través de contratos estatales y redes comerciales utilizadas para mover dinero fuera de Venezuela.

Tras recuperar la libertad en 2023, Saab regresó a Caracas y fue incorporado a la dictadura chavista. En octubre de 2024 fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.

La reciente deportación hacia Estados Unidos ocurrió en medio de la cooperación abierta entre Washington y el chavismo tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero. El ex dictador fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

El régimen venezolano confirmó el sábado que Saab había sido entregado a las autoridades estadounidenses. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) indicó que la medida se ejecutó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” y tomando en consideración que el empresario “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

Delcy Rodríguez justificó la deportación de Saab

La dirigente chavista Delcy Rodríguez intentó justificar la decisión de entregar a Saab a las autoridades estadounidenses y afirmó que la medida respondió a razones de interés nacional.

“Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab”, declaró Rodríguez. También aseguró que se le aplicó “una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales”.

La funcionaria evitó explicar por qué durante años el chavismo presentó a Saab como diplomático venezolano y utilizó estructuras estatales para respaldar su defensa internacional. Tampoco respondió a las preguntas sobre su nombramiento como ministro venezolano pese a sostener ahora que no tenía ciudadanía del país.

La encargada chavista pidió además a la población “confiar” en las decisiones adoptadas por el régimen y acusó a supuestas “fuerzas oscuras” de intentar interferir en el rumbo político del país.

La causa contra Saab vuelve a colocar bajo atención judicial los vínculos financieros construidos durante los años del chavismo y el presunto uso de redes internacionales para movilizar recursos ligados al poder político venezolano.

(Con información de EFE)

Primero desaparecen los hijos. Después comienza el desgaste de las madres. En Venezuela, decenas de mujeres pasaron los últimos años recorriendo cárceles, tribunales militares y organismos de seguridad para exigir información sobre familiares detenidos por motivos políticos.

Muchas quedaron atrapadas durante meses —o años— en el circuito de incomunicación, amenazas, trámites opacos y silencio estatal del régimen chavista. Algunas murieron en medio de esa espera.

La confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un detenido cuyo paradero fue reclamado públicamente durante meses por su madre, Carmen Teresa Navas —quien también murió tras un prolongado desgaste físico y psicológico atravesado por la búsqueda de su hijo—, volvió a exponer un patrón cada vez más visible: la prisión política venezolana ya no castiga únicamente a quienes son encarcelados. También consume a sus familias.

Durante meses, Carmen Teresa Navas repitió la misma pregunta ante organismos públicos, ruedas de prensa y organizaciones de derechos humanos: dónde estaba su hijo y si seguía con vida. Víctor Hugo Quero Navas había sido detenido en enero de 2025 y permaneció incomunicado desde entonces, sin información oficial sobre su estado de salud, situación judicial o lugar de reclusión.

El caso escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares tanto para el detenido como para su madre al considerar que ambos enfrentaban una situación de gravedad y urgencia. Mientras tanto, las autoridades venezolanas continuaban sin ofrecer respuestas claras.

La confirmación oficial llegó meses después. El Gobierno de transición informó que Quero Navas había muerto bajo custodia estatal en julio de 2025, presuntamente por una insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar. Para entonces, el caso ya se había convertido en símbolo de otro fenómeno menos visible: el desgaste físico y psicológico que enfrentan las madres de presos políticos en Venezuela.

No fue un caso aislado.

Meses antes, otras tres mujeres murieron mientras esperaban —o apenas alcanzaban a recibir— noticias sobre la liberación de sus hijos: Carmen Dávila, Yarelis Salas y Omaira Navas.

Las tres atravesaron años de incertidumbre, protestas y presión constante en medio de procesos judiciales opacos y detenciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos.

Carmen Dávila tenía cerca de 90 años cuando su hijo, el médico Jorge Yéspica, recuperó la libertad tras más de un año detenido. Durante meses había participado en protestas públicas exigiendo su liberación y denunciando el deterioro de salud del médico dentro de prisión.

Cuando finalmente se produjo la excarcelación, ella permanecía internada tras sufrir una crisis relacionada con la presión arterial. Yéspica logró llegar al hospital para verla, pero ya estaba inconsciente. Murió dos días después.

Un día antes había fallecido Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco, detenido desde las protestas postelectorales de 2024 y recluido en Tocorón. Salas sufrió un infarto después de participar en una vigilia frente al penal mientras esperaba noticias sobre una posible liberación.

Su hijo salió de prisión días después. No llegó a despedirse.

El 27 de enero se conoció además la muerte de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien había sido excarcelado tras pasar cuatro años detenido en una causa cuestionada por organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa.

Durante la reclusión de su hijo, Omaira Navas se convirtió en una de las voces más activas reclamando atención médica y celeridad judicial. Tras la liberación, sufrió un accidente cerebrovascular y murió pocos días después. Las coincidencias comenzaron a formar un patrón.

En Venezuela, la prisión política dejó de afectar exclusivamente a quien permanece tras las rejas. El castigo se expandió hacia las familias mediante una combinación de incomunicación, retrasos judiciales, traslados sin notificación, aislamiento y ausencia deliberada de información oficial.

En muchos casos, los familiares pasaban meses sin saber dónde estaban los detenidos, si habían recibido atención médica o incluso si seguían vivos. La incertidumbre dejó de ser una consecuencia del sistema para convertirse en parte del castigo.

Las madres terminaron ocupando el lugar más visible de esa búsqueda. Fueron quienes sostuvieron protestas frente a cárceles, hablaron ante cámaras, recorrieron tribunales y organismos de seguridad, denunciaron desapariciones y presionaron por pruebas de vida mientras el Estado respondía con silencio o intimidación.

El desgaste no fue solamente emocional.

La presión prolongada, el estrés extremo y la incertidumbre permanente comenzaron a traducirse en internaciones, crisis cardiovasculares, deterioro físico y muertes ocurridas en medio de procesos que se extendieron durante años.

Por eso las muertes de Carmen Teresa Navas, Carmen Dávila, Yarelis Salas y Omaira Navas trascienden la dimensión familiar. Exponen el impacto prolongado de un sistema represivo que convirtió la espera en una herramienta política.

La cárcel no terminaba en el detenido.

También continuaba afuera, sobre las madres que dedicaron sus últimos años a intentar encontrar, proteger o liberar a sus hijos.

La muerte anda sobre dos ruedas. El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de Venezuela señala que más de la mitad de las víctimas fatales en los accidentes de tránsito son motorizados. “Desde hace varios años el motorizado resalta en la estadística como la víctima más vulnerable entre lesionados y fallecidos”, destaca la organización no gubernamental que toma sus datos de fuentes abiertas.

“De las 145 personas fallecidas en el mes de marzo en medio de un hecho vial, al menos 69 eran motorizados, lo cual representó el 49% de los casos recabados”, refleja en su último informe el OSV, tras subrayar que “el motorizado -como actor vial- encabezó nuevamente el primer lugar en la categoría de fallecidos, siendo un dato constante en toda la estadística presentada en el referido monitor”.

La ONG apunta que en su mayoría las víctimas son jóvenes que no superan los 26 años de edad. Si bien el grueso de los fallecidos y lesionados en motos son hombres, el informe subraya que de las 155 mujeres que sufrieron siniestros viales, casi la mitad iba en el asiento trasero de una moto.

Mujeres expuestas

“El rol de acompañante de motocicleta destacó como el más letal, concentrando el 48,39% de los fallecimientos femeninos y el 47,54% de las lesionadas. Si se suman las mujeres que conducían unidades de dos ruedas, este sector abarcó el 54,84% de la mortalidad y el 64,75% de las lesiones reportadas”, exponen.

Rosibel González, coordinadora del Observatorio, señala que “los números confirman que la mujer en Venezuela es una víctima predominantemente pasiva en los siniestros viales. Casi la mitad de las muertes y lesiones ocurrieron en el asiento posterior de una motocicleta, lo que significa que su integridad física dependió totalmente de la pericia y prudencia de un tercero”.

Barato

Desde hace mucho tiempo en Venezuela las motos están de moda. ¿Las razones? Son más económicas que los carros, llegando a costar unos 2 mil dólares o menos en ciertos casos. Además, se pueden comprar por cuotas y en el mercado existen unas 16 marcas disponibles, explica el Observatorio.

“Con la pandemia aumentó el uso de la moto porque se popularizó el negocio de la entrega a domicilio, así como los traslados de pasajeros”, agregan.

El informe señala que la principal razón de estos accidentes es el “factor humano”, es decir, la responsabilidad del conductor y en segundo lugar, las fallas mecánicas. “En Venezuela sí hay leyes de tránsito, el problema es que no se respetan”, lamenta la ONG.

Carmen Navas pasó más de un año buscando a su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien estaba desaparecido en el intrincado sistema carcelario venezolano.

El 7 de mayo, a través de un comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario, se supo que Víctor Hugo había fallecido en julio de 2025. Y este domingo 17, exactamente díaz días más tarde, la señora de 81 años de edad falleció.

Con la defunción de Carmen Navas llega a su fin la trágica historia de la familia Quero Navas, marcada por la represión del régimen chavista. Víctor Hugo, un comerciante informal de 51 años, fue detenido el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y las autoridades jamás precisaron ni su centro de reclusión ni por qué lo acusaban de delitos tan graves como terrorismo y traición a la patria.

Desde las redes sociales distintas voces del mundo político y de la sociedad civil se alzaron para manifestar su pesar por la desaparición física de la señora Navas, quien de manera inesperada se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en el país.

Dignidad

“No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”, escribió en sus redes la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien apuntó que “durante meses buscó a su hijo Víctor Hugo; recorrió cárceles, tribunales y oficinas de un Estado que le respondió con silencio, humillación y mentira”.

Machado enfatizó que “la muerte de Carmen Teresa no puede separarse del sufrimiento, la crueldad y la impunidad que marcaron los últimos meses de su vida”, y subrayó que “una mujer de más de 80 años enfrentó, sola y sin miedo, a todo un aparato de terror que quiso borrar a su hijo y quebrar a su familia”.

“El testimonio de vida de la señora Carmen Navas es y será por siempre una fuente inagotable para la lucha por la dignidad en Venezuela La incesante búsqueda de su hijo develó, tristemente, que la saña institucional no ha tenido límites en el país. Que el viacrucis de esta madre de más de 80 años ilumine los pasos de un pueblo venezolano resuelto a vivir en democracia, justicia y dignidad”, expresó Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea).

Protesta

El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) convocó a una protesta para el mediodía de este lunes con el fin de reclamar el fin de la impunidad.

“La crueldad de este régimen vuelve a mostrar que no tiene límites, no les bastó con la vida de Víctor sino también con la de su madre, ambos son víctimas del cinismo de este sistema”, repudió Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal alianza opositora, llamó a los venezolanos a guardar un minuto de silencio en memoria de la señora Navas. “Recordemos a Carmen Navas como símbolo de la lucha que libran centenares de madres venezolanas que claman por justicia y la libertad de todos los presos políticos”, resaltó la coalición.

La ONG Foro Penal, que acompañó a la señora Navas en la búsqueda de información sobre el paradero de su hijo, destacó que “su entereza, su dignidad y su perseverancia frente al silencio y la incertidumbre fueron ejemplo de la fuerza de las madres y familiares de las víctimas en Venezuela”.

Hasta el momento de redactar esta nota, la única institución del Estado que había dicho algo sobre la muerte de la señora Navas era la Defensoría del Pueblo, que publicó en sus redes una esquela lamentando su fallecimiento.

Nancy Guerrero Castillo entró a Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2004 respondiendo a un aviso publicado en un diario de Ocaña, su ciudad natal en el departamento colombiano de Norte de Santander. Era administradora de empresas y buscaba trabajo. Veintidós años después, dirige la sección sudamericana de habla hispana de la organización fundada en París en los años setenta, con base en Buenos Aires y oficinas en Bogotá y Montevideo.

Su recorrido incluye misiones en América Latina, África y el sur de Asia, y la responsabilidad de la oficina institucional de MSF en Colombia desde 2023. Asumió la dirección regional en 2024, en un momento en que MSF —presente en más de 75 países y con 516 proyectos activos— atraviesa un escenario humanitario global marcado por los ataques deliberados a estructuras médicas, el desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense y la persistencia de crisis prolongadas en Haití, Gaza, Sudán y la propia región.

“En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice, para que no se vuelva parte del paisaje”, sostiene Guerrero en esta entrevista con Infobae realizada en las oficinas de MSF en Buenos Aires. La conversación recorre los frentes abiertos de la organización en el continente —desde el Catatumbo colombiano hasta los campamentos de desplazados en Puerto Príncipe— y se detiene en una pregunta de fondo: ¿cuánto resiste el sistema humanitario internacional cuando los principios fundacionales son sistemáticamente vulnerados? “Médicos Sin Fronteras, además de la asistencia médico-humanitaria, tiene el pilar de levantar la voz. Y lo hacemos con datos médicos, con testimonios, con lo que vemos directamente sobre el terreno”, afirma.

—A diez años de la resolución 2286 de la ONU, que prohíbe los ataques contra infraestructuras médicas y personal humanitario, MSF publicó un informe con 255 incidentes documentados en la última década, con pico en 2024 y 2025. ¿Qué pasó con esa resolución?

—La resolución 2286 cumplió diez años a principios de mayo. Diez años en los que Médicos Sin Fronteras tuvo mucho que ver en que se expidiera, porque fue tras el ataque al hospital de Kunduz, en Afganistán. La resolución es clara: prohíbe estas cosas. Prohíbe los ataques a infraestructura médica, al personal médico, al personal humanitario, a la población civil. Pero lo que vemos en la realidad es que sigue pasando y se sigue acrecentando. Muy cerca, aquí en el Caribe. Médicos Sin Fronteras está en más de 75 países. Podemos hablar de muchísimas crisis, pero a veces la crisis está en nuestro propio continente.

—Haití es probablemente el ejemplo más claro de eso. ¿Cómo es operar allí hoy?

—Haití sigue en medio de una gran violencia armada y una degradación institucional, un colapso como país. A finales de 2024, una ambulancia nuestra fue atacada. Llevaba heridos y los heridos fueron ejecutados. Es una violación a la acción médico-humanitaria. Suspendimos actividades de inmediato y tuvimos que cerrar puntos de atención porque no teníamos garantías mínimas de seguridad. Siempre operamos bajo nuestro principio de neutralidad: no somos parte de ningún bando, estamos con la población civil. La seguridad del personal es prioridad número uno, porque si el personal de Médicos Sin Fronteras no puede trabajar, la población no recibe la atención que necesita.

—Naciones Unidas calcula que 6,4 millones de haitianos necesitarán ayuda humanitaria en 2026, la mitad del país. ¿Qué encuentran sus equipos en el día a día?

—Es una crisis en parte olvidada, con un colapso institucional sostenido desde que mataron al presidente hace unos años, con bandas criminales controlando territorios. Lo que estamos viendo: un incremento de la violencia sexual como arma de guerra, heridos de guerra —apoyamos el hospital de traumatología, uno de los pocos hospitales funcionales que le quedan al país—, salud mental, salud sexual y reproductiva. El año pasado atendimos a más de tres mil sobrevivientes de violencia sexual. Hay muchos campamentos de desplazados. Hacemos clínicas móviles, porque muchos de esos espacios están controlados por grupos armados y la única posibilidad de acceso a atención primaria es a través nuestro. Alrededor de una cuarta parte de la población en esos campamentos ha presentado sarna y afecciones en la piel, y muchos niños tienen enfermedades respiratorias.

—El gobierno de Donald Trump busca revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y deportar a más de 350.000 haitianos con el argumento de que Haití es lo suficientemente seguro. ¿Lo es, según lo que MSF ve desde el terreno?

—Haití no es un lugar seguro. Hay extrema pobreza, crisis institucional, violencia extrema. Y todo eso tiene un impacto directo en la salud: física, sin duda, pero también mental. Es una crisis por donde la mires. Y Haití ha sido doblemente castigado: además de todo esto, por su posición geográfica sufre huracanes, terremotos. Médicos Sin Fronteras ha estado allí siempre, acompañando a las comunidades más vulnerables.

—La política migratoria estadounidense también transformó la ruta. El cruce del Darién pasó de 1,2 millones de personas entre 2021 y 2024 a unas tres mil el año pasado. Para varios gobiernos de la región y para Washington es un éxito. ¿Cómo lo lee MSF?

—La crisis migratoria en América Latina sigue siendo grave, muy marcada por políticas restrictivas, tácticas de disuasión de los estados y los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. La reducción del Darién fue brutal, pero eso no significa que el problema esté solucionado. La población está más dispersa, usando otras rutas. Mucha gente quedó varada, particularmente en México: en el norte, en el sur, en la frontera con Guatemala, en Ciudad de México. Tuvimos que reducir varios proyectos dedicados a migración porque ya no hay flujo, pero seguimos atendiendo. Los migrantes siguen siendo víctimas de extorsión, tortura, violencia sexual, violencia extrema. Y con las políticas de estigmatización y criminalización, la gente tiene miedo y no se acerca. En salud mental vemos cada vez más personas que necesitan medicación para acompañar el estrés postraumático.

—MSF trabaja en Venezuela y al mismo tiempo atiende a venezolanos a lo largo de la ruta migratoria. ¿Qué situación encuentran sus equipos hoy dentro del país, y cómo se preparan ante un escenario regional en tensión?

—En un contexto de crisis política y socioeconómica que continúa en Venezuela, Médicos Sin Fronteras trabaja para reducir las brechas en el acceso a la salud mediante la prestación de servicios esenciales y el fortalecimiento de centros de salud locales. Estamos presentes en Venezuela desde 2015. Actualmente, mantenemos proyectos activos en los estados de Anzoátegui y Delta Amacuro, donde brinda atención médica y apoyo a la red pública de salud. En ambas localidades, los equipos trabajan en atención médica general, salud sexual y reproductiva, salud materna y neonatal y control de infecciones, además de rehabilitación de infraestructura, mantenimiento de equipos, capacitación de personal local y donación de medicamentos e insumos. En Anzoátegui, las actividades incluyen también consultas de planificación familiar y atención integral para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, mientras que en Delta Amacuro los equipos continúan llegando a comunidades remotas, principalmente indígenas, para ampliar el acceso a servicios de salud y tratamiento de enfermedades como tuberculosis, VIH y desnutrición, pese a las dificultades logísticas de la región. Durante 2025, el equipo llevó adelante una exhaustiva preparación y planificación ante posibles escenarios de emergencia derivados de la inestabilidad política y de las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Nuestra prioridad hoy es preservar la aceptación y el espacio humanitario para seguir ofreciendo atención.

—A la par del descenso del flujo hacia el norte aparece otro fenómeno, mucho menos cubierto: el flujo migratorio inverso. Gente que regresa hacia el sur. ¿Qué está viendo MSF?

—Lo vimos desde el año pasado: en lugar de ir hacia el norte, empezamos a ver gente moviéndose hacia el sur. Algunos se quedaron en México tratando de regularizar su situación, pero en esa espera son objeto de atrocidades. Otros están buscando destinos como Colombia o Chile. A principios de este año iniciamos un proyecto en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde atendemos a personas migrantes y a desplazados internos. Estamos monitoreando los flujos hacia el sur ante políticas más restrictivas en Chile, Colombia y otros países. Parece que como dejó de hablarse, se solucionó. No es así. Vemos cada vez más personas con vocación de permanencia que intentan quedarse en algún lugar para sobrevivir, pero se encuentran con políticas restrictivas y sin acceso a servicios básicos.

—¿Cuál sería una política migratoria humanitaria?

—Migrar no es un delito. Los seres humanos hemos migrado desde los orígenes de nuestra humanidad. El llamado es a garantizar el acceso al asilo, a la atención médica digna, y a proteger a las personas migrantes de la violencia, la explotación y los abusos institucionales. Son seres humanos. Muchos no migran porque quieren: vienen de países azotados por la violencia, la pobreza extrema, el colapso institucional, buscando algo mejor para ellos y su familia. ¿No haríamos todos lo mismo en esas condiciones?

—Los recortes de la administración Trump a la ayuda exterior, ¿impactaron a MSF, que se financia en un 98% con fondos privados?

—Directamente, no sentimos el impacto. Pero en los territorios donde trabajamos —especialmente en migración— muchos programas de otras organizaciones cerraron por falta de financiamiento. Eso genera vacíos más grandes que Médicos Sin Fronteras encuentra al llegar. Tuvimos que repriorizar hacia actividades vitales, de emergencia. Y en muchos lugares, la reducción de fondos para vacunas o medicamentos para el VIH afectó directamente a las comunidades. Nos cuesta más mantener las mismas actividades que teníamos antes.

—Usted es colombiana, de Norte de Santander, y empezó en MSF en zonas rurales de su país. ¿Qué Colombia se encuentra hoy como directora regional?

—Las actividades han cambiado mucho. Hace veinte años, la presencia de Médicos Sin Fronteras era principalmente en zonas rurales alejadas, donde el acceso a servicios básicos de salud era imposible por el conflicto armado. Nuestros equipos caminaban horas o viajaban en mula para llegar a comunidades que tenían miedo de bajar a las zonas urbanas. Con el tiempo pasamos a intervenciones también en zonas urbanas, cuando surgieron otras formas de violencia. Hemos atendido tuberculosis, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual, y la salud mental ha sido siempre muy fuerte en Colombia. Hoy, con tantas crisis en el mundo, MSF a veces tiene que priorizar. Se han priorizado las crisis más acuciantes en África y Oriente Medio, y de algún modo se han reducido actividades en la región.

—MSF sigue trabajando en el Catatumbo, su región natal, donde la violencia se recrudeció a comienzos de 2025 tras la ruptura de las negociaciones entre el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué significa, en lo personal, ver a su región natal de vuelta en los titulares por las mismas razones que hace veinte años?

—Era zona de conflicto hace veinte años y en los últimos tiempos se recrudeció nuevamente, con disputas entre diferentes grupos armados. Desde principios de 2025, Médicos Sin Fronteras volvió a la zona. Hacemos atención primaria en salud. Vemos muchas comunidades confinadas: no pueden salir de sus casas ni de su territorio por el control que ejercen los grupos armados. Y la salud mental sigue siendo muy profunda. Es una crisis de más de cincuenta años. Es un círculo vicioso. Por cuenta del narcotráfico y el control territorial, se vuelve siempre al mismo ciclo de violencia y afectación para las poblaciones civiles. Nosotros lo vemos desde lo humano: las poblaciones civiles siguen siendo desplazadas, retornan cuando el contexto mejora un poco, y vuelven a ser desplazadas. Un sufrimiento constante.

—¿Qué balance hace MSF del plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, que prometía negociar a la vez con todos los actores armados y que hoy enfrenta cuestionamientos serios?

—Nosotros hablamos de lo que vemos en el territorio. Seguimos viendo comunidades afectadas por el conflicto, sin acceso a servicios de salud porque tampoco los servicios del Estado pueden llegar. Hay poblaciones en Colombia que siguen con restricciones de acceso a salud física y mental, salud sexual y reproductiva. Más que un análisis político, nosotros hablamos de lo que encontramos sobre el terreno.

—Antes mencionó el principio de neutralidad. En un conflicto como el de Gaza, donde MSF ha hecho múltiples denuncias sobre las acciones de Israel, ¿es posible sostenerlo?

—Nosotros hablamos desde lo que vemos en nuestros pacientes, desde los datos médicos, desde los testimonios. Con eso denunciamos. Los patrones que estamos viendo son acciones deliberadas contra servicios vitales para la población, incluyendo la salud. Médicos Sin Fronteras siempre informa la ubicación donde trabaja, a veces con coordenadas exactas, como mecanismo de seguridad. Aun así, hemos tenido ataques deliberados a infraestructuras de salud. Hoy lo que estamos viendo es el uso del agua como arma de guerra. En 2025 hemos distribuido setecientos millones de litros de agua. Vemos la destrucción deliberada de plantas desalinizadoras, la restricción de suministros básicos —alimentos, agua potable, saneamiento, insumos médicos—. Eso es deliberado. Y la restricción de los registros legales para Médicos Sin Fronteras y otras 37 organizaciones para operar en Gaza también lo es. Son acciones deliberadas para restringir el acceso a una población con necesidades extremas. La neutralidad no es indiferencia. Nosotros siempre estamos disponibles para la población civil de todas las partes. En su momento ofrecimos nuestros servicios también del lado israelí, pero ellos tienen una capacidad sanitaria muy sólida y dijeron que no necesitaban apoyo. Del otro lado hay un sistema de salud colapsado y una población con necesidades extremas. Allí es donde la ayuda es necesaria.

—En Argentina la presencia de MSF es básicamente institucional. ¿Hay condiciones para abrir algún proyecto operativo?

—Médicos Sin Fronteras interviene cuando hay un contexto que lo amerita —conflicto, epidemias, desastres—, cuando ese contexto tiene implicaciones en la salud de la población, y cuando la respuesta existente no es suficiente. No pretendemos suplir ni reemplazar los mecanismos que funcionan. El año pasado hubo inundaciones en Brasil y Uruguay. Del lado de Brasil había comunidades sin respuesta; del lado de Uruguay la afectación era similar, pero había una respuesta adecuada. MSF no fue a Uruguay. En Argentina seguimos de cerca todos los contextos, pero en muchos países hay sistemas de salud que funcionan.

—Con Gaza, Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo ocupando la agenda global, ¿hay alguna crisis latinoamericana que esté quedando fuera del radar internacional?

—Haití, sin duda. Se normaliza la crisis, se vuelve parte del paisaje y dejamos de hablar. También las comunidades indígenas en varios países. Hemos trabajado con comunidades indígenas en Brasil, en Colombia, y seguimos monitoreando. Son las poblaciones más vulnerables, las que a veces no son mediáticas. Y la migración: dejó de estar en el foco mediático, pero sigue siendo una problemática grave. Hay personas sufriendo, estigmatizadas, criminalizadas, sin acceso a nada básico.

—MSF nació en París en los años setenta, fundada por médicos franceses, y durante décadas su conducción fue mayoritariamente europea y masculina. Hoy usted dirige una sección regional desde Buenos Aires, siendo mujer y latinoamericana. ¿Qué cambia cuando ese liderazgo deja de ser europeo y deja de ser masculino?

—Lo que cambia responde a algo que buscamos como organización: Médicos Sin Fronteras es global, y queremos ser coherentes con eso. Tenemos un sistema de gobernanza muy autocrítico, siempre en proceso de transformación, buscando que las decisiones se tomen más cerca de los territorios y de las comunidades vulnerables. Tener liderazgos desde el sur global —desde Latinoamérica, desde África, desde el sur de Asia— enriquece la labor médico-humanitaria y le da un sentido más genuino: de la población civil del mundo para la población civil del mundo. América Latina no es solo receptora de ayuda humanitaria. La primera intervención de esta organización fue en Centroamérica, hace más de cincuenta años. Y desde aquí hay mucho que aportar: la resiliencia de las comunidades, las formas de organización comunitaria. Los modelos de intervención en salud mental que se desarrollaron aquí se exportaron después a otros contextos, incluso a Palestina. En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice.

Quién es Nancy Guerrero

• Nancy Guerrero Castillo (Ocaña, Colombia, 1983). Administradora de empresas con posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.
• En MSF desde 2004. Misiones en América Latina, África y el sur de Asia.
• 2023-2024: oficina de representación institucional de MSF en Colombia.
• Desde 2024: directora general de MSF Sudamérica de habla hispana, con sede en Buenos Aires.

Médicos Sin Fronteras

• Fundada en París, 1971.
• Presente en más de 75 países con 516 proyectos activos.
• 98% de financiamiento privado.
• En América Latina opera en 13 países, incluida Venezuela desde 2015.
• En Haití, su mayor operación regional: 48,3 millones de euros invertidos en 2024.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró el domingo que el país colaborará con Estados Unidos en las investigaciones que puedan abrirse a partir de la información que aporte el empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro y deportado esta semana a territorio estadounidense.

“Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas”, declaró Reimberg ante la prensa.

El ministro sostuvo que espera que “lo que diga (Saab) en la extradición” se traduzca en información y paquetes de inteligencia para países como Ecuador y permita avanzar en posibles investigaciones vinculadas a sus operaciones en la región.

Reimberg afirmó además que no cree que Saab haya sido testaferro “solo de quien dicen”, sino que “puede haberlo sido de otros políticos de otros países”. También recalcó que el régimen venezolano de Nicolás Maduro trabajó “cogidito de la mano” con el de Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017.

Tras la deportación de Saab a Estados Unidos, agregó el funcionario ecuatoriano, “muchos deben estar ahora nerviosos” y pendientes de “dónde esconderse”, porque “nada de esto va a quedar en impunidad”.

Alex Saab aterrizó el sábado en un aeropuerto de Miami tras ser deportado por el gobierno de Venezuela. El empresario colombiano es cercano a Nicolás Maduro y durante años enfrentó acusaciones en Estados Unidos por presunto enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y por actuar como supuesto testaferro del líder chavista.

El caso de Saab ya había tenido repercusiones en Ecuador a través de Foglocons, una empresa fundada en Guayaquil por uno de sus socios, según un expediente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que investigó el tema en 2021.

La comisión parlamentaria estaba presidida entonces por Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado durante un mitín de campaña en 2023.

De acuerdo con esa investigación legislativa, Foglocons obtuvo en 2011 un contrato con el gobierno venezolano para la construcción de viviendas y el material para esas obras se exportaba desde Ecuador mediante operaciones que posteriormente resultaron ser falsas.

Las transacciones se realizaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), un mecanismo de intercambio comercial impulsado por la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

Según el expediente legislativo, este sistema permitió canalizar millonarios flujos de dinero entre Ecuador y Venezuela.

La Fiscalía ecuatoriana investigó inicialmente el caso, pero el proceso quedó anulado en 2016.

En 2021, la entonces fiscal general Diana Salazar denunció ante la Asamblea Nacional la “impunidad” con la que transitaron los responsables de Foglocons y acusó a jueces del caso de haber favorecido esa situación.

Las declaraciones de Reimberg se conocieron después de la llegada de Saab a Estados Unidos y en medio de la expectativa sobre la información que el empresario colombiano pueda aportar a las autoridades estadounidenses en futuras investigaciones.

(Con información de EFE)

La madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas murió el domingo en Caracas, pocos días después de que el Gobierno de transición de Venezuela confirmara oficialmente que su hijo falleció bajo custodia del estado chavista en julio de 2025, tras más de un año de denuncias sobre su desaparición.

Carmen Teresa Navas se convirtió en una figura visible entre familiares de presos políticos en Venezuela luego de recorrer cárceles e instituciones públicas para exigir información sobre el paradero de su hijo, detenido en enero de 2025 en Caracas.

La periodista Maryorin Méndez informó en X que Navas murió este domingo a las 19:00 (hora local). La abogada Stefania Migliorini, integrante de la ONG Foro Penal, confirmó también el fallecimiento y señaló que no se conocía de inmediato la causa de la muerte.

El ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa expresó sus condolencias a la familia y afirmó: “Por un año se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura”.

El opositor Richard Blanco sostuvo que Navas “convirtió su amor y su dolor en una lucha incansable” y agregó: “Hoy, después de tanta batalla, descansa junto a su hijo”.

El partido Vente Venezuela, liderado por la líder opositora María Corina Machado, señaló que Carmen Navas fue víctima de la “crueldad más pura del régimen”. “No solo asesinaron a su hijo, Víctor Hugo Quero, sino que la obligaron a buscarlo durante meses sabiendo que ya estaba muerto”, indicó la organización política en un comunicado difundido en redes sociales.

Machado también lamentó el fallecimiento de Navas y escribió en X: “No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”. La dirigente añadió que la voz de Navas representó “la de miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos o encarcelados”.

La semana pasada, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias públicas impulsadas por su madre sobre la desaparición del detenido.

Según el comunicado oficial, Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. El ministerio afirmó que el preso político fue trasladado el 15 de julio de ese año a un hospital tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

El Gobierno de transición de Venezolano aseguró que Quero murió el 24 de julio de 2025 por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”. La revelación oficial provocó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, activistas y dirigentes opositores, quienes criticaron que las autoridades informaran la muerte casi diez meses después.

La Fiscalía venezolana, encabezada por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal sobre el caso, medida que recibió respaldo del Parlamento venezolano. Sin embargo, ONG de derechos humanos reclamaron una pesquisa independiente y con acompañamiento internacional.

Foro Penal denunció durante meses que las autoridades penitenciarias respondían a Carmen Navas que desconocían el paradero de su hijo. Organizaciones de derechos humanos describieron el caso como una “desaparición forzada”.

A comienzos de mayo, funcionarios penitenciarios informaron finalmente a la familia sobre la muerte de Quero. Después de conocer la noticia, Carmen Navas visitó la tumba de su hijo y pidió la exhumación de los restos para confirmar la identidad del cuerpo.

Posteriormente organizó un pequeño funeral religioso en Caracas. Durante la ceremonia, realizada el viernes pasado, Navas dijo entre lágrimas: “Que Dios me dé fuerza”.

Esa fue su última aparición pública.

Edilda Zambrano, amiga cercana de la familia, recordó la búsqueda que emprendió Carmen Navas durante más de un año para conocer el destino de su hijo. “Era una mujer maravillosa... una mujer valiente, persistente en todo momento”, declaró.

Familiares y allegados señalaron que Navas postergó la atención de sus propios problemas de salud mientras buscaba respuestas sobre Víctor Quero.

El caso ocurrió en medio de una crisis política y judicial que mantiene denuncias permanentes de organizaciones internacionales sobre detenciones arbitrarias y presos políticos en Venezuela.

La muerte de Quero salió a la luz pública durante una iniciativa de amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez en febrero, después de la captura en Caracas del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

(Con información de agencias)

“Alex Saab es un criminal que hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos”. Así describió Juan Pablo Guanipa, referente opositor, la reciente deportación del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, tras años de acusaciones de corrupción y vínculos con el reparto de alimentos durante la crisis humanitaria venezolana. Saab ha sido señalado como pieza clave en las finanzas del chavismo y de obtener beneficios mientras millones de venezolanos asumían carencias básicas.

En una publicación en sus redes sociales, Guanipa afirmó que el ex ministro del régimen chavista es responsable de enriquecerse ilícitamente por medio de contratos en el programa de alimentos gubernamental. El opositor sostiene que la deportación ofrece una oportunidad para que Saab enfrente a la justicia estadounidense por blanqueo de capitales y corrupción, en el marco de una profunda crisis social en Venezuela.

“Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia. En el futuro responderá también ante los tribunales de una Venezuela democrática”, agregó Guanipa.

Alex Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde, tras actuar como intermediario en importaciones estatales para el régimen de Maduro. Luego, fue extraditado en octubre de 2021 a Estados Unidos, acusado de blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela.

Durante ese periodo, el gobierno venezolano defendió a Saab, presentando su detención como un “secuestro” y, tras su excarcelación en 2023, lo recibió en Caracas como un “héroe”. Saab fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y, en octubre de 2024, ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y Saab fue destituido de todos sus cargos en febrero.

El ascenso del empresario colombiano en Venezuela estuvo vinculado a su papel en el programa CLAP, encargado de importar alimentos durante años de escasez generalizada. Según acusaciones opositoras y denuncias públicas, Saab se enriqueció mediante contratos opacos y la venta de productos alimenticios vencidos, mientras mantenía una relación cercana con altos funcionarios del chavismo.

Guanipa denunció que Saab “se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación”. Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez apartó a Saab del gabinete. Su esposa, Camilla Fabri, también perdió su puesto como viceministra en marzo, después de haber dirigido un programa migratorio.

Su proximidad al poder le permitió operar de manera discrecional hasta su caída definitiva. En contexto, cerca de 8 millones de personas dependían del CLAP para su alimentación, reflejando la magnitud de la red bajo el control de Saab y el impacto social de sus operaciones.

La decisión de deportar a Saab tuvo como argumento formal su implicación en “diversos delitos en los Estados Unidos de América”, según el comunicado de la autoridad migratoria venezolana. El texto enfatizó que se trató de una deportación, no de una extradición, para ajustarse a la legislación venezolana que prohíbe extraditar nacionales.

Tras la captura de Maduro, el gobierno interino aceleró la destitución de Saab y de otros aliados del chavismo, ejecutando una depuración interna en pocas semanas. El hecho de que Saab permaneciera menos de un mes en el gabinete de Rodríguez subraya el cambio de correlación de fuerzas y la intención de distanciarse de figuras asociadas a la corrupción.

El caso de Saab, que sigue de cerca la atención regional, pone en evidencia que figuras antes protegidas por el poder pueden enfrentar procesos fuera de Venezuela. Mientras tanto, el futuro de Saab está sujeto a nuevos juicios en el extranjero y a la expectativa de que rinda cuentas ante sistemas judiciales distintos de los que lo protegieron durante años.

La falta de definición en los límites marítimos alimenta la confusión actual sobre el Esequibo, la zona en reclamación entre Venezuela y Guayana, le asegura a Infobae el doctor Jesús Troconis, quien propone un “arreglo provisional” que permita la participación equitativa entre Guyana y Venezuela en la explotación de los recursos de la Zona Económica Exclusiva. A su juicio el arreglo provisional ofrece ventajas evidentes, porque “favorece la paz; luego impulsa la creación de sociedades mixtas o joint ventures para la explotación conjunta de recursos, especialmente petróleo y gas, mientras se espera una decisión definitiva de la Corte Internacional de Justicia”.

El internacionalista sostiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría abrir una vía de entendimiento en la controversia por el Territorio Esequibo mediante una comisión conciliadora entre Venezuela y Guyana, presidida por el secretario de Estado, Marco Rubio, con base en la figura jurídica del Amicus Curiae. Según Troconis, una instancia de este tipo permitiría generar espacios de entendimiento y consenso sobre los 160.000 kilómetros del territorio en controversia. A su juicio, una aplicación estricta del Derecho Internacional abriría la puerta a fórmulas de concesión para empresas petroleras de cualquier origen, aunque subraya que la alternativa más conveniente sería un esquema de explotación conjunta, a través de joint ventures o compañías integradas por ambos países.

El jurista advierte que la confrontación y, en particular, una eventual guerra, “no representa una vía viable hacia la paz ni favorece el aprovechamiento de los abundantes recursos de petróleo y gas presentes en la zona”. Ante ello plantea que una salida negociada que contribuiría al desarrollo económico, político y social tanto de venezolanos como de guyaneses, además de aportar estabilidad a un diferendo que supera el siglo de historia. En la conversación con Infobae, Troconis añade que Estados Unidos, como actor central en la historia de la industria petrolera, tiene capacidad de incidencia en esta coyuntura. Recuerda que Venezuela fue durante décadas un proveedor estratégico de crudo para Washington, tanto en tiempos de guerra como de paz, y destaca que en el litigio que hoy se ventila ante la Corte Internacional de Justicia los primeros asesores jurídicos del país fueron estadounidenses.

Para el académico, Trump tiene la oportunidad de traducir en hechos sus llamados a la paz, en sintonía con la tradición de juristas como Hans Kelsen, referente del Derecho Internacional y defensor de la resolución pacífica de los conflictos.

Es el petróleo

Jesús Eduardo Troconis Heredia, abogado venezolano, es especialista en Derecho Internacional Público. Ha sido profesor de las universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar, en Venezuela, y en la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo un máster en Derecho Público, tras doctorarse en la Universidad de Sorbona de París. Fue durante 15 años diputado al Congreso de Venezuela y ocupó cargos en la administración pública vinculados al área económica internacional.

Sostiene que el petróleo constituye una causa de graves desavenencias en el mundo de las relaciones internacionales, por lo que la disputa Venezuela-Guyana es, en el fondo, un conflicto geopolítico por recursos energéticos le dice a Infobae el abogado y exparlamentario venezolano Jesús Eduardo Troconis Heredia.

Sostiene que el motivo real de la controversia es que el Esequibo posee “numerosos yacimientos de petróleo y gas”, de manera que el Estado consumidor busca seguridad de suministro y el productor quiere el mayor beneficio para su desarrollo. El jurista define el concepto de geopolítica según Zbigniew Brzezinski, antiguo Asesor de Seguridad del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter: “es la lucha entre países consumidores y productores por el dominio de los hidrocarburos”.

Al referirse a los paralelos históricos, compara el Esequibo con otros conflictos por petróleo: Guerra del Yom Kipur 1973, Guerra del Golfo por Kuwait, y la guerra Israel-Hamas por el yacimiento Leviatán en Gaza.

Unilateral no vale el Laudo

Enfatiza Troconis que el Acuerdo de Ginebra de 1966, que entró en vigor durante el Gobierno del presidente Raúl Leoni; Gonzalo Barrios, ministro de Relaciones Interiores; e Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores. “Ese Acuerdo de 1966 echa por tierra la validez jurídica tanto del Tribunal Arbitral de 1897 como del Laudo Arbitral dictado en 1899, todo en virtud que no fue solicitado el Consentimiento de la República de Venezuela, condición indispensable para el funcionamiento de la Jurisdicción Internacional”, asevera el doctor el profesor y doctor en Derecho Internacional.

Explica que no existe la Instancia Arbitral sin el consentimiento de los Estados Parte, por lo que las acciones unilaterales quedan excluidas del marco regulador. La validez del ⁠Acuerdo de Ginebra es que fue suscrito entre Reino Unido, Guyana y Venezuela, “estableciendo los términos de fiel cumplimiento al arreglo amigable para resolver el despojo fraudulento de que fuimos objeto mediante el laudo arbitral de 1899, de 159.542 kilómetros cuadrados, por lo que el Laudo se estima nulo ab initio, es decir, su nulidad es absoluta”.

Los intereses y las guerras

En ese marco de los aspectos geopolíticos de la controversia sobre el Territorio Esequibo, el doctor Troconis parafrasea Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional del entonces presidente Carter, quien definía la geopolítica como la gestión estratégica de los intereses geopolíticos de los Estados. “Brzezinski reducía el concepto, a la lucha entre los países consumidores y los países productores por el dominio de los hidrocarburos, lo que lleva a Trononis a decir que “esa definición es correcta y nos lleva directo al motivo principal del conflicto entre Venezuela y Guyana”.

Recuerda que el Territorio Esequibo posee numerosos yacimientos de petróleo y gas. “Como es conocido, el Estado consumidor pretende la seguridad del suministro de los hidrocarburos para garantizar su progreso en los diferentes estadios, político, económico y social, en tanto que, el Estado productor aspira el mayor beneficio de la explotación a fin de aplicarlo a sus programas de desarrollo nacional”. No hay que profundizar para demostrar que “el petróleo constituye una causa de graves desavenencias en el mundo de las relaciones internacionales”, como queda en evidencia con la Guerra del Yom Kipur en 1973, dice Troconis, sobre el conflicto bélico llamado también guerra árabe-israelí, que enfrentó a una coalición de países árabes encabezada por Egipto y Siria contra Israel y que sucedió entre el 6 al 25 de octubre de 1973.

También es un referente “la Guerra del Golfo por la invasión de Irak a Kuwait” como pruebas irrebatibles, así como el actual enfrentamiento bélico “entre Israel y Palestina, detonado por el cruento ataque terrorista de Hamas determina que Israel ejerce el derecho de la legítima defensa, al mismo tiempo que la defensa del rico Yacimiento de Leviatán y los yacimientos de gas natural, reservas probadas, en la costa mediterránea de Gaza”, dice Troconis. Agrega lo que sostiene el profesor de Harvard, Sergey Plokhy, al respecto que Gaza es el segundo frente de la guerra de Ucrania. “Actualmente, la agresión de Rusia a Ucrania, solamente un país de paso para el transporte de los productos del gas ruso a Europa occidental se convierte en una tragedia cruel que desde la perspectiva jurídica merece la más impetuosa condena, dado que Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), cuya responsabilidad es salvaguardar la seguridad y la paz del Mundo."

Las concesiones petroleras

Para el doctor Jesús Eduardo Troconis Heredia, debe colocarse bajo objeto de estudio el otorgamiento de las concesiones petroleras que Guyana le ha otorgado a la empresa Chevron Corporation, en la Zona Económica Exclusiva.

Lo considera “un punto neurálgico o un Punctum Dolens”, porque Guyana no tiene legalidad ni legitimidad para realizar actos de administración o disposición “sobre los recursos existentes en las áreas marina o submarina comprendidas en la Zona”.

A su juicio ese complejo entramado jurídico, integrado por el Tratado de Arbitraje de 1897, el Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de delimitación de 1905, dejó una discrepancia entre el límite terrestre y el marítimo de la antigua colonia británica y la República de Venezuela.A ello se suma que “Venezuela no suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, por lo que no está obligada por sus disposiciones específicas”, dice en referencia al artículo 2.1, según el cual “la soberanía del Estado se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores”.

Considera que lo más conveniente del “arreglo provisional” con participación equitativa entre Guyana y Venezuela en la explotación de los recursos de la Zona Económica Exclusiva, es que parafraseando al exprimer ministro de Francia Dominique de Villepin, “La guerre n’est pas le plus court chemin vers la paix”, es decir, la guerra no es el camino más corto hacia la paz.

En el tablero geopolítico

Troconis dice que las observaciones del catedrático Antonio Cabanillas y del joven jurista Tomás Daniel Heredia, centradas en los asuntos energéticos, permiten subrayar que la disputa en torno a Venezuela y sus vastos recursos energéticos “ya forma parte del tablero geopolítico global”.Además, Rusia, China e Irán mantienen fuertes inversiones en el país, mientras que la influencia política de la Cuba castrista sigue siendo determinante en la toma de decisiones, en una línea que fue consolidada por el fallecido presidente Hugo Chávez al trasladar parte del centro de gravedad político de Caracas a La Habana.

El segundo elemento apunta a los esfuerzos de la Federación Rusa por alcanzar una entente con China para reforzar su influencia sobre el mar Caspio, una región estratégica cuyos Estados ribereños concentran enormes reservas gasíferas. En este punto, se cuestiona lo que se califica como una “mentira de Estado”: la afirmación de Rusia de poseer las mayores reservas de gas del mundo.Desde esta perspectiva, el diferendo no debería interpretarse como una confrontación deliberada contra Guyana. Venezuela, de hecho, reconoció la independencia de Guyana por vía diplomática tras la firma del Tratado de Ginebra de 1966.Más aún, dice Troconis para finalizar, “creemos en la necesidad histórica de la independencia guyanesa, no somos colonialistas, estamos conscientes que el Derecho Internacional Público contemporáneo lo considera un crimen internacional”.

La agencia de noticias EFE confirmó la llegada de Saab, escoltado por agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA), incluidos miembros de la DEA, al aeropuerto de Opa-locka en el condado de Miami-Dade a las 21:15 hora local (01:15 GMT).

Desde hace varias semanas, se desconocía el paradero del testaferro y aliado del ex dictador Nicolás Maduro. Las nuevas imágenes del hombre detenido lo mostraron un rostro cansado y un buzo gris, similar al atuendo utilizado por el ex líder del régimen venezolano tras su captura el 3 de enero en Caracas.

Además, en la grabación de su ingreso a la termina aérea estadounidense se lo vio marcando sus huellas digitales en un escáner para dedos, rodeado por uniformados de la agencia federal.

Según el medio AlbertoNews, Saab fue trasladado bajo custodia desde El Helicoide hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde una aeronave Gulfstream, con matrícula estadounidense N550GA, aterrizó momentos antes y partió rumbo al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, Miami.

El operativo contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), junto con la supervisión del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el SAIME en un comunicado difundido vía Instagram. El organismo precisó que la deportación se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Las autoridades federales en Miami acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero y corrupción con fondos del Estado venezolano. La investigación estadounidense se centra en operaciones de cientos de millones de dólares mediante contratos de alimentación pública, principalmente vinculados al programa CLAP.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a inicios de febrero a petición de Washington. Previamente, fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami.

Los cargos contra Saab incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos. Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, habría falsificado documentos y empleado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

El extraditado, quien ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden.

En octubre de 2024, fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez dos semanas después de la operación estadounidense en Caracas, que culminó con la captura Maduro.

El ex funcionario del régimen venezolano, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y de actuar como testaferro del ex líder chavista. Ahora, el colombiano enfrentará a la justicia estadounidense, al igual que Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en Nueva York por cargos de narcotráfico.

El ex jefe de inteligencia y seguridad del opositor venezolano Juan Guaidó, Iván Simonovis, afirmó que la transferencia de Alex Saab a la custodia de Estados Unidos no constituye únicamente un nuevo titular legal. “Puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso (Nicolás) Maduro”, señaló Simonovis.

El analista explicó que los cargos de narcoterrorismo no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que comprenden el funcionamiento de redes: cómo circula el dinero, quién lo lava, quién lo protege, quién se beneficia y cómo las finanzas ilícitas sostienen el poder político.

Simonovis reconoció a través de X que la justicia se ha percibido como insoportablemente lenta para los venezolanos, pero aseguró que en los próximos 12 meses la justicia estadounidense podría avanzar de manera metódica, “testigo por testigo, documento por documento y red por red”.

Alex Saab fue deportado de Venezuela por el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, solo cuatro meses después de la captura y traslado a Estados Unidos del ex dictador Nicolás Maduro.

La decisión, que se produjo tras semanas de incertidumbre sobre su paradero, fue justificada oficialmente por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que argumentó: “En cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” y considerando que “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

La deportación de Saab representa el desenlace de una cadena de hechos que comenzó con su detención en Cabo Verde en junio de 2020 y su posterior extradición a Estados Unidos. Allí permaneció preso entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, hasta recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden.

Al regresar a Venezuela, el régimen de Maduro lo designó en enero de 2024 como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), y pocos meses después, en octubre, como ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, la actual mandataria encargada lo destituyó del cargo dos semanas después de la captura del líder de la dictadura el 3 de enero pasado.

Tras su salida del gobierno, Saab quedó fuera del foco público, mientras su esposa, Camilla Fabri, continuó un tiempo más al frente del programa Gran Misión Vuelta a la Patria. La cobertura internacional, por su parte, intensificó la atención sobre su figura: en marzo pasado, The New York Times afirmó que la administración de Donald Trump había negociado su extradición y que fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami, después de la detención y traslado de Maduro y su esposa.

La causa judicial en Estados Unidos describe a Saab como parte central de una red de corrupción y lavado de activos, con acusaciones que incluyen conspiración para lavar dinero obtenido mediante sobornos y manipulación del sistema de control de divisas venezolano. La fiscalía solicitaba hasta 20 años de prisión por estos cargos.

Acusaciones y vínculos del testaferro

El origen de la notoriedad de Saab se remonta a 2017, cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo señaló como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. El portal de investigación Armando.info había adelantado antes que Saab presuntamente integraba una red encargada de blanquear capitales mediante exportaciones ficticias de alimentos a Venezuela, operación que habría reportado “cientos de millones de dólares” en ganancias para él y miembros del entorno presidencial.

Una investigación del mismo medio reveló que Saab firmó en 2011 un contrato con el gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas dentro del plan Misión Vivienda. Su relación con la empresa Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos a precios inflados para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), agravó los señalamientos en su contra.

En respuesta a estas publicaciones, Saab emprendió acciones judiciales contra los periodistas del medio quienes denunciaron amenazas y la difusión de su información personal, hechos que la Sociedad Interamericana de Prensa calificó como motivo de exilio.

Las autoridades de Colombia también lo buscaban por presuntos delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y fraude agravado, mientras que Venezuela insistía en su condición de “enviado especial” para misiones oficiales en Irán, cargo que le habría sido otorgado en 2018.

Detención, extradición y liberación

El arresto inicial de Saab ocurrió el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, cuando su avión hizo escala en la isla de Sal. Luego de un proceso de deportación, Saab fue trasladado a Estados Unidos en octubre de 2021. La acusación formal de la fiscalía estadounidense lo ubicaba como parte de una red que obtenía contratos públicos venezolanos a cambio de sobornos y movía el dinero a través de esquemas internacionales para ocultar el origen ilícito de los fondos.

En diciembre de 2023, tras casi dos años de detención, Saab fue liberado en el marco de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, que incluyó la ex carcelación de diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos políticos venezolanos.

La reacción de Maduro fue inmediata. Ante la prensa venezolana, el dictador describió a Saab como “un hombre valiente y patriota” que soportó “40 meses las condiciones más adversas y dolorosas de secuestro”.

Consecuencias y perspectivas

Ahora, la deportación de Saab por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez marca un giro inesperado en la política venezolana, ya que hasta hace poco el testaferro de Maduro era una figura respaldada por el chavismo. El hecho de que su salida se produjera por petición expresa de Estados Unidos y con fundamento en investigaciones de corrupción internacional evidencia el carácter estratégico de su caso para Caracas y Washington.

El proceso judicial y las investigaciones periodísticas dejaron en evidencia la compleja trama de intereses y operaciones transnacionales que rodean a Saab, quien, pese a mantener un bajo perfil durante años, terminó convertido en símbolo de las luchas de poder y los escándalos económicos vinculados al régimen venezolano.

Hasta el momento, ni Saab ni sus representantes han hecho declaraciones públicas tras la deportación. El futuro judicial y político del empresario permanece abierto, en un contexto de continuas tensiones entre los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y Colombia.

(Con información de EFE)

Alex Saab, testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos por la "comisión de diversos delitos" en el país norteamericano. Tras el suceso y luego de semanas de desconocimiento sobre el paradero del colombiano, la oposición de Venezuela celebró la extradición.

El ex jefe de inteligencia y seguridad del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Iván Simonovis, señaló que la transferencia de Alex Saab a la custodia de Estados Unidos no representa únicamente un nuevo titular legal. “Puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso (Nicolás) Maduro”, explicó.

Simonovis detalló que los cargos de narcoterrorismo no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que abarcan el funcionamiento de redes: cómo circula el dinero, quién lo lava, quién lo protege, quién resulta beneficiado y de qué manera las finanzas ilícitas sostienen el poder político.

El analista criminal reconoció vía X que, para los venezolanos, la justicia se ha percibido como insoportablemente lenta. Sin embargo, aseguró que en los próximos 12 meses la justicia estadounidense podría avanzar de forma metódica, “testigo por testigo, documento por documento y red por red”.

A su vez, el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa calificó este sábado como una buena noticia la deportación del ex ministro de Venezuela. El detenido y extraditado enfrentará cargos por presuntos delitos cometidos en Estados Unidos, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

“Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia”, expresó Guanipa en X, acompañando el mensaje con una fotografía de Saab junto al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

El ex diputado sostuvo que Saab “es un criminal” que amasó su fortuna “a costa del hambre de los venezolanos” y añadió: “Se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación”. Guanipa aseguró además que en el futuro Saab también deberá responder ante tribunales de “una Venezuela democrática”.

El SAIME informó el sábado que la deportación de Saab a Estados Unidos se realizó por la presunta comisión de delitos en ese país. “La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, detalló el organismo en un comunicado publicado en la red social Instagram.

El proceso se llevó a cabo “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

En marzo, The New York Times informó que la administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, considerado aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 tras un intercambio de prisioneros durante el gobierno de Joe Biden. Fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami, poco después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Saab, designado como diplomático por el Gobierno de Maduro en 2020, fue recibido como héroe en Venezuela en enero de 2023 y nombrado un mes después presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). En octubre de 2024, asumió como ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.

(Con información de EFE)

Tras varias semanas de muchas especulaciones sobre su paradero, este sábado Alex Saab, testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos.

“El Gobierno de la República Bolviariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”, señala el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela, en un comunicado oficial.

Y agrega: “La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

De esta manera, Saab es extraditado por decisión del gobierno interino de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, tras la reciente captura de Maduro. La medida responde a años de acusaciones formales en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero, vinculados a contratos públicos multimillonarios adjudicados durante la gestión del ex dictador chavista.

AlbertoNews informa que Saab fue trasladado de El Helicoide bajo custodia hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Allí, una aeronave Gulfstream, con matrícula estadounidense N550GA, aterrizó momentos antes con destino programado al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, Miami.

El operativo contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según las fuentes consultadas a ese medio. También supervisaron el procedimiento el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Justicia.

Las autoridades federales en Miami acusan a Alex Saab de encabezar esquemas de lavado de dinero y corrupción con recursos del Estado venezolano. La investigación estadounidense se centra en movimientos de cientos de millones de dólares mediante contratos de alimentación pública, especialmente con el programa CLAP.

Las pesquisas señalan que Saab habría canalizado fondos a través de empresas localizadas en distintas jurisdicciones internacionales. Los cargos en su contra incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab habría falsificado documentos y utilizado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

El empresario fue extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021. Su defensa ha sostenido ante distintas instancias judiciales que actuó como enviado especial del gobierno de Venezuela y que su detención violó disposiciones internacionales sobre inmunidad diplomática. El régimen venezolano lo nombró representante ante la Unión Africana en 2020, argumento que no fue reconocido por las autoridades de Cabo Verde ni por los tribunales de Estados Unidos.

Permaneció en detención judicial hasta diciembre de 2023, cuando recibió un indulto por el gobierno del ex presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros, que le permitió retornar temporalmente a Venezuela.

Alex Saab, nacido en Barranquilla y de origen libanés, inició su carrera como empresario en el comercio internacional antes de ingresar a cargos oficiales en el gobierno de Maduro. Según Armando.info, entre 2013 y 2020, obtuvo contratos que suman más de 10.000 millones de dólares mediante empresas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Tras regresar a Caracas en 2023, Maduro lo integró al gabinete primero como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP) y luego como ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024. Su gestión concluyó el 16 de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez lo destituyó y fusionó el ministerio correspondiente tras asumir el gobierno interino.

Paralelamente, Saab acumula una condena en Italia por lavado de dinero, relacionada con la adquisición de un apartamento de lujo en Roma con fondos ilícitos.

El proceso pone el foco sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores, investigados en Nueva York por la justicia estadounidense. Analistas sostienen que la cooperación o los testimonios de Saab pueden ser decisivos para desentrañar el funcionamiento de redes financieras vinculadas al chavismo y avanzar en causas abiertas contra ex altos funcionarios.

La entrega de Alex Saab a las autoridades estadounidenses podría marcar un avance fundamental en las investigaciones internacionales sobre la estructura operativa y financiera del aparato chavista, así como en los procesos penales en curso contra el ex dictador venezolano y su círculo más cercano en Estados Unidos.

Según un comunicado de la prensa presidencial, la reunión constituyó un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país y se enmarca en una nueva etapa de diálogo orientada a atraer inversiones internacionales.

En la reunión participaron también el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández. Por parte del Banco Mundial asistieron la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

La Presidencia afirmó que, con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirma su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada y abierta al mercado global. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, aunque no se ofrecieron declaraciones públicas ni trascendió el contenido detallado de lo dialogado.

Por su parte, el Banco Mundial detalló en su declaración: “Las conversaciones, que se desarrollaron en un ambiente cordial y constructivo, permitieron a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos económicos en Venezuela y explorar posibles áreas de colaboración para una asistencia técnica”.

A su vez, el organismo detalló que ambas partes prevén “profundizar este diálogo y acordaron seguir trabajando juntas” a fin de determinar las posibles necesidades de Venezuela.

El encuentro se realizó tras el anuncio en abril pasado de la reanudación de relaciones entre el Grupo del Banco Mundial y el Gobierno de Venezuela, tras una votación favorable en el Fondo Monetario Internacional (FMI), decisión que puso fin a una suspensión vigente desde 2019.

Ese mismo mes, el FMI anunció en Washington el restablecimiento de vínculos con Venezuela, en línea con la posición mayoritaria de sus miembros.

Rodríguez agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tras la reanudación de las relaciones y dijo que el país suramericano está normalizando “todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades”.

“Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional”, señaló.

El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, fue designado como gobernador de Venezuela ante el Fondo. “Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el FMI”, declaró el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

Las relaciones con ambos organismos multilaterales quedaron suspendidas en marzo de 2019, luego de que el ex dictador Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato considerado ilegítimo por la oposición y organismos internacionales, lo que derivó en la autoproclamación del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, respaldado por varios países.

El 13 de mayo pasado, el Ejecutivo anunció el inicio de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa y de la estatal PDVSA, sin precisar el monto total.

El Ministerio de Economía indicó que el objetivo es mejorar la capacidad de financiamiento del país, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. Según la ONG Transparencia Venezuela, la deuda externa del país supera los USD 170.000 millones.

(Con información de EFE)

“Siempre hemos exigido que se digan las causas, que se haga un estudio y se le informe a los trabajadores para evitar esto. Que se invierta en seguridad y se respeten los procedimientos”, explicó el sindicalista petrolero José Bodas.

La planta Lamargas, operada conjuntamente por PDVSA y la empresa china Concord Resources Corp (CCRC) bajo un contrato de participación mixta, involucra una inversión estimada de USD 1.000 millones.

Tras la explosión, se activaron los protocolos de emergencia y evacuación, y equipos especializados asistieron a los heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Videos compartidos por trabajadores y medios del sector muestran la intensidad de las llamas y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos empleados; un operario, identificado con el uniforme de CCRC, resultó con quemaduras significativas en el torso.

La petrolera venezolana informó que la explosión no afecta la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en el occidente del país. Un comité técnico analizará los factores que originaron el incidente, mientras sindicatos del sector reclaman mayor transparencia y mejores condiciones de seguridad.

Las fallas e incendios en infraestructuras energéticas venezolanas son cada vez más frecuentes. La combinación de años de desinversión y corrupción agravó el deterioro del sector. Recientemente, se produjo otra explosión en el gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón, aunque en ese caso no se reportaron heridos ni muertos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa una reforma destinada a atraer capital privado y fortalecer la industria petrolera, considerada uno de los pilares económicos de Venezuela. En este contexto, se firmaron acuerdos con multinacionales como Chevron, Eni y Repsol. Expertos del sector advierten que la recuperación integral de la infraestructura energética requerirá inversiones adicionales y sostenidas.

Bajo este contexto, hace unos días, el Gobierno de transición de Venezuela anunció una reestructuración integral de la deuda externa tanto de la República como de la estatal petrolera PDVSA, con el objetivo de aliviar lo que considera obligaciones insostenibles.

La administración informó que la firma estadounidense Centerview Partners actuará como asesor financiero en el proceso y que prevé presentar su marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda pública a la comunidad financiera internacional en junio de 2026. El comunicado no ofreció detalles sobre el cronograma, la participación de los acreedores ni los términos que se plantearán en la negociación.

Venezuela y PDVSA acumulan alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en mora desde 2017, y los pasivos totales, incluyendo laudos arbitrales e intereses, podrían superar los 150.000 millones de dólares, según estimaciones de analistas.

(Con información de AFP y EFE)

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), a cargo de Abel Ernesto Durán Gómez, se ha convertido en un enorme embudo para los trámites relacionados con las organizaciones de la sociedad civil, según comentan tres fuentes conocedoras de la materia.

Desde organizaciones defensoras de Derechos Humanos hasta la patronal Fedecámaras chocan contra el Saren cuando tratan de inscribir o actualizar sus datos.

Aunque el gremio empresarial ha estrechado sus vínculos con el gobierno chavista, todavía no ha podido incorporar a su expediente el acta de la última junta directiva que eligieron en julio de 2025.

Una fuente de la patronal comenta: “Lo hemos intentado, pero lo rechazan. Quieren borrarnos del mapa o fastidiarnos más de la cuenta”, expone haciendo alusión a la polémica Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

Los principales voceros de la sociedad civil organizada bautizaron esa norma como Ley Anti-ONG, señalando que la misma aplica serias restricciones para el funcionamiento y desarrollo de estas agrupaciones. El texto se promulgó en septiembre de 2024, en medio de las protestas que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio de ese año.

El jefe del Saren, Durán Gómez, es primo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, según la ONG Transparencia Venezuela, cuya directora está en el exilio.

Causa perdida

“Yo he intentado registrar cuatro fundaciones, una para fines culturales, dos para defensa de DDHH y otra para gestión social, y no le dan curso. Reciben el documento y te dicen que eso debe ir al Saren para que lo revise y le dé o no el visto bueno”, relata un abogado que prefiere resguardar su identidad.

¿Por qué rebotan las peticiones? “Una norma no escrita, básicamente que el Saren cree que estas asociaciones son para hacer política. Eso entra a una gaveta y no te dan respuesta, un comportamiento que se inscribe dentro de las restricciones y prohibiciones que impone el gobierno a la libertad de asociación”, contesta el experto.

Trabas

Otro abogado y fundador de una ONG subraya que “en general, al margen de la Ley Anti-ONG, en los registros la norma es obstaculizar y retrasar lo más posible cualquier trámite”. En su caso, desde julio de 2025 espera una respuesta para completar el procedimiento que demanda la normativa.

El activista cree que a diferencia de Maduro, quizá hoy Delcy Rodríguez no tiene entre sus prioridades hostigar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, estima que entre la desidia burocrática, las trabas que impone la ley y la cantidad de peticiones que se van acumulando, los procesos marchan con una lentitud que se convierte en una espada de Damocles para las asociaciones civiles.

“No tendrán ya el objetivo de perseguir, pero tampoco están apurados en normalizar la situación”, concluye.

Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2025, unas 10.853 personas fueron asesinadas por agentes del Estado, reportó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe anual presentado el 14 de mayo.

“El Estado ha normalizado el uso desmedido de la fuerza letal, menospreciando el valor de la vida”, denunció Provea, tras precisar que el año pasado contabilizaron 336 asesinatos perpetrados por policías y militares “en distintas circunstancias”, donde más de la mitad de las víctimas (54%) eran jóvenes de entre 18 y 30 años, y un 4% menores de edad.

“Los operativos policiales letales no se distribuyeron homogéneamente en el espacio urbano, sino que se concentraron en barrios populares. Allí donde el Estado brilla por su ausencia en términos de políticas sociales, educación, salud o infraestructura, se hace presente con todo su poder represivo”, cuestiona la organización defensora de Derechos Humanos.

Provea registró 596 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal, y “95 casos y 160 víctimas de desapariciones forzadas, que representaron un aumento de 196% respecto a 2024, y de 841% respecto al promedio general de estos últimos 25 años”.

El tema de las desapariciones forzadas está ahora mismo en el centro del debate público venezolano, luego de que el Ministerio de Servicio Penitenciario anunciara la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuyo paradero jamás fue precisado por las autoridades. Quero Navas fue detenido en enero de 2025 y murió en julio de ese año, pero el gobierno de Delcy Rodríguez informó su defunción el pasado 7 de mayo.

En la base de datos de Provea, 2025 resalta como “el segundo año con más detenciones por razones políticas con 513”, solo superado por las 2.229 de 2024, año marcado por las protestas que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas de votación

Deuda social

La ONG sostiene que 30% de los estudiantes no asiste a clases diariamente. La cifra es alarmante, pero menor al 48% que reseñaron en 2024. “Que un tercio o un cuarto de los estudiantes no haya asistido a clases diariamente sigue siendo una situación grave, puesto que aumenta las desigualdades educativas y afecta con mayor fuerza a la población más vulnerable”, alertan.

“En materia de derecho a la salud, se registraron 94.056 denuncias por fallas en el sistema público. El presupuesto cayó un 28% respecto a 2024, situándose en solo el 4,24% del gasto público. El 88% de los hospitales carece de medicamentos y el 89% de insumos. La respuesta humanitaria alcanzó apenas al 41% de la población meta y el sector salud solo cubrió el 27% de sus objetivos”, recoge el informe.

Sobre la alimentación, Provea ubica en 9,1% la desnutrición aguda en las comunidades más vulnerables del país, mientras resalta que “los adultos mayores, cuyos ingresos cubren apenas entre 9% y 23% de la canasta alimentaria, enfrentan una indigencia nutricional que acelera su morbilidad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su secretario de Estado, Marco Rubio, se veía “muy bien” en la foto viral en redes sociales en la que aparece con un atuendo similar al que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura.

“Creo que se veía muy bien con ese conjunto. Miren, no sé si yo lo llevaría, pero pienso que se veía muy bien”, bromeó ante la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de regreso a Washington tras reunirse en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

El pasado martes, durante el vuelo hacia China, el jefe de la diplomacia estadounidense vistió un conjunto deportivo gris de la marca Nike, el mismo modelo que llevaba Maduro cuando fue capturado por militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, le tomó una fotografía de pie, con gesto serio y las manos en los bolsillos, que se viralizó rápidamente y fue utilizada por cuentas cercanas al Gobierno para burlarse del depuesto líder chavista.

Preguntado en una entrevista con la cadena NBC en Pekín, Rubio negó que hubiera un mensaje oculto detrás de la imagen e incluso bromeó con que Maduro le “copió” el atuendo porque él lo adquirió primero.

“Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto”, dijo entre risas.

En las últimas semanas, Rubio ha aumentado su presencia en redes sociales, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible pugna con el vicepresidente, JD Vance, por la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2028, a las que Trump no puede presentarse.

“¡El secretario Rubio luce las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”, escribió Cheung como texto que acompaña a la foto tomada en el avión presidencial que se dirige a China a propósito de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al gigante asiático, que dará comienzo este miércoles 13 de mayo y se extenderá hasta el día 15.

Este modelo de ropa deportiva que porta Rubio se corresponde con el que vestía Maduro en la primera imagen difundida tras su captura por parte de las fuerzas especiales norteamericanas. La misma fue publicada entonces, con idéntico chándal al que luce el secretario norteamericano, por el propio Trump en su red social.

“Nicolás Maduro a bordo del ‘USS Iwo Jima’”, indicó el inquilino de la Casa Blanca en aquella publicación en la cual se veía al venezolano sujetando una botella pequeña de agua mineral, maniatado y con auriculares y un aparato que le impedía la visión, mientras permanecía de pie junto a un individuo del que solo se apreciaba que tenía impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en el uniforme.

Rubio ha sido una de las voces más críticas emergidas desde Washington contra la Administración de Maduro. Hoy también es visto como un posible candidato de los republicanos a los comicios presidenciales de 2028.

Tanto es así que el propio Trump, este mismo lunes, propuso a su vicepresidente, JD Vance, y al mismo Rubio como un “equipo ideal” de cara a las próximas elecciones presidenciales, si bien evitó decantarse por alguno de ellos.

“¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?”, preguntó el magnate republicano antes de estimar que el par de nombres “suena como una buena fórmula”, durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía.

(Con información de EFE)

En febrero de 2009, Hugo Chávez ordenó meterlo preso por amenazar de muerte al empresario Marcel Granier. Y este miércoles 13 de mayo, frente a la alcaldesa chavista de Caracas Carmen Meléndez, el cabildo de la capital venezolana lo condecoró.

El Concejo Municipal de Caracas entregó un “reconocimiento” a Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, quien en distintos momentos a lo largo de estos 27 años de chavismo se ha mostrado en videos portando fusiles de guerra, y ha jurado defender con las armas a la revolución bolivariana.

“Un reconocimiento al compañero Valentín Santana, líder popular y revolucionario, que desde hace más de 40 años viene trabajando y haciendo revolución desde las bases”, celebró en sus redes el llamado Frente Sergio Rodríguez, que agrupa a diversas organizaciones que militan en el oficialismo.

En principio, el término “colectivo” se refería a distintos grupos sociales que hacen vida en ciertas zonas populares; sin embargo, con el tiempo se ha convertido en el nombre que identifica a los grupos paramilitares que respaldan al gobierno.

Defensores de Derechos Humanos han documentado extensamente que estos colectivos han sido utilizados por las autoridades para reprimir protestas ciudadanas convocadas por la oposición, siendo presuntamente responsables de la muerte de decenas de manifestantes.

“Grupos de civiles armados durante las manifestaciones actuaban y disparaban sin que los cuerpos de seguridad se los impidiese, incluso estando a solo metros de ellos”, reseñó la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre las protestas que siguieron a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar las actas de escrutinio.

Idas y vueltas

La alianza entre el gobierno y los colectivos siempre ha tenido momentos de tensión. “Él (Santana) dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita, y él dice que le lanzaron bombas lacrimógenas a no sé quién y dice algo muy grave, que si ellos consiguen a una persona lo van a matar (...) Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie, ni tomar la justicia por su propia mano”, alertó Chávez hace 17 años.

El difunto comandante llegó a tachar de “criminal” a Santana y manifestó: “Tengo la firme sospecha de que son agentes contrarrevolucionarios. Dicen apoyar a Chávez, pero están apuñalando a Chávez por la espalda”.

No obstante, luego el propio Santana aparecía sonriente con ministros y altos funcionarios. Además, su grupo opera en el sector 23 de Enero, a escasos metros del palacio presidencial de Miraflores.

En el acto del Concejo Municipal de Caracas compartió distinción con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, el diputado y miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, y la alcaldesa Meléndez.

El acto de la cámara caraqueña tenía como fin conmemorar los 12 años de la muerte del teniente coronel Eliézer Otaiza, antiguo jefe de la policía política asesinado en 2014 y que en enero de 2002 acuñó la expresión “estado general de sospecha” para relacionar a la oposición con movimientos desestabilizadores.

El hecho, confirmado por cinco fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters y verificado a través de videos difundidos en redes sociales, dejó al menos dos trabajadores heridos y generó alarma en la zona. Según los testimonios recabados, empleados de la planta intentaron sofocar el fuego, mientras algunos se arrojaron al agua para resguardarse.

La planta Lamargas es operada por la empresa Chinaconcord y forma parte de la infraestructura estratégica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). De acuerdo con información publicada por el medio local Noticia al Día, este complejo compresor de gas se ubica en el bloque V del lago y tiene un papel fundamental en la gestión y reinyección de gas natural para mantener la presión de los yacimientos petroleros.

La planta eleva la presión del gas natural hasta rangos entre 2.400 y 3.200 psi, apoyando así la producción de crudo.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que al menos dos trabajadores resultaron heridos durante la emergencia, aunque medios locales señalaron que se desconoce el número total de personas afectadas, ya que no existe un balance oficial.

El evento ocurrió durante la mañana y, de acuerdo con reportes en plataformas sociales, una fuerte explosión precedió al incendio, lo que llevó a una rápida evacuación y a la movilización de equipos de emergencia.

Usuarios en redes sociales también reportaron la magnitud de la explosión y la posterior propagación de las llamas. “Esta mañana se registró una explosión en la planta Lamargas en el Lago de Maracaibo, ubicada específicamente en las costas del municipio Lagunillas y operada por la empresa Chinaconcord”, se afirmó en mensajes públicos.

Los videos difundidos muestran columnas de humo y trabajadores desplazándose para intentar controlar la situación.

Hasta el momento, PDVSA no ofreció respuesta a las solicitudes de información. La ausencia de comunicación institucional mantiene la incertidumbre sobre el alcance de los daños materiales y el estado de los trabajadores afectados.

Reuters subrayó que el siniestro generó preocupación en la industria energética local y regional, dada la importancia estratégica de Lamargas en el circuito de producción petrolera del país.

El complejo Lamargas ha sido objeto de procesos de automatización y mejoras técnicas para fortalecer sus sistemas de supervisión y control. No obstante, el incidente de este viernes expuso los desafíos de seguridad que enfrenta la infraestructura energética en el occidente de Venezuela.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para abordar la reconstrucción de la red eléctrica del país.

Según informó la Embajada estadounidense en Caracas, Barrett indicó que el plan de tres fases de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela prioriza la restauración de “un suministro de energía confiable" mediante "la experiencia, la inversión y la colaboración" de Washington.

La sede diplomática compartió una fotografía del encuentro, sin detallar el contenido de la conversación ni los pasos concretos para la reconstrucción del sistema. La reunión se produce en un contexto de denuncias reiteradas en redes sociales sobre prolongados cortes de luz en distintas regiones del país.

Este jueves, el diputado opositor Henrique Capriles informó en la red social X sobre “fuertes fluctuaciones eléctricas” en Caracas, Miranda, Carabobo, Anzoátegui y Táchira. Capriles señaló que “diariamente ciudades enteras pasan entre seis y ocho horas sin luz, comercios paralizados, fábricas detenidas, equipos dañados y miles de venezolanos viendo cómo trabajar”.

Añadió que sin electricidad no hay producción, empleo, inversión ni calidad de vida, y preguntó por el plan para revertir la situación del sector eléctrico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó el viernes pasado junto a los gobernadores la operatividad del sistema eléctrico nacional, un día después de que las autoridades informaran sobre un “hito en la demanda” del servicio.

De acuerdo con el equipo de prensa presidencial, se revisaron los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las principales plantas generadoras, así como el despliegue nacional de equipos de Corpoelec. El Gobierno venezolano anunció recientemente “maniobras” de estabilización y protección del sistema para garantizar el equilibrio del servicio, tras alcanzar una cifra récord de 15.579 megavatios, la más alta en nueve años.

El Ejecutivo atribuyó el aumento de la demanda a las “altas temperaturas” y al “crecimiento económico”, mientras que líderes opositores han señalado durante años la corrupción y la falta de mantenimiento como causas de la crisis.

El encuentro se enmarcó en el proceso de “estabilización y optimización de los servicios públicos”, informó la prensa estatal. Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la videoconferencia y, aunque no se revelaron detalles de lo discutido, afirmó que el objetivo es recuperar el sistema eléctrico, para lo cual “se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura”, según declaraciones del Gobierno.

VTV señaló que los sectores industriales, académicos y científicos están convocados a participar en el plan de recuperación y transformación del sector eléctrico.

El partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) responsabilizó al “desgobierno” por la crisis del sistema eléctrico, señalando que “miles de ciudadanos” en al menos doce estados sufren racionamientos y apagones diarios que los obligan a permanecer horas sin electricidad. “El sistema eléctrico venezolano atraviesa una crisis producto de años de ineficiencia, corrupción y abandono. Un desgobierno que ha llevado al país al caos y a una de las peores emergencias humanitarias de nuestra historia”, manifestó UNT en X.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia propuso utilizar el dinero bloqueado de Venezuela en el extranjero, bajo supervisión de Estados Unidos, para financiar la recuperación del sector eléctrico.

En abril, Rodríguez informó sobre negociaciones con Siemens y General Electric para atender la crisis eléctrica en el estado Zulia, en la frontera con Colombia.

(Con información de EFE)

Hasta hace pocas semanas, algunos de ellos compartían centro de reclusión. Y este sábado 16 de mayo, coincidirán todos en un acto que se realizará en el estado de Táchira, histórico bastión de la oposición venezolana, para exigir la liberación de todos los presos políticos y una transición a la democracia.

Dirigentes políticos como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Roland Carreño, Biagio Pilieri y Williams Dávila, así como el defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona, antiguos presos políticos bajo el régimen chavista, se concentrarán en la región tachirense en una actividad que marca el relanzamiento de la disidencia tras años de persecución.

“Es el inicio de una gran cruzada nacional por la libertad de los presos políticos y de Venezuela”, resume Karim Vera, vocera de Primero Justicia, partido que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática, principal alianza opositora.

El retorno

La mayoría de ellos fueron detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando sin mostrar las actas de escrutinio el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro.

El anuncio del CNE provocó una ola de protestas que fue aplastada a sangre y fuego por Maduro, dejando un saldo de 25 muertos -según la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas- y unas dos mil personas detenidas.

El hostigamiento obligó a la oposición a suspender sus reuniones públicas y un importante número de dirigentes se fueron a la clandestinidad o el exilio.

Todo eso cambió a partir del 3 de enero, cuando Estados Unidos atacó militarmente Venezuela y capturó a Maduro y su esposa Cilia Flores. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada, anunció el inicio de un “nuevo momento político” y firmó una Ley de Amnistía que facilitó la liberación de centenares de presos políticos, aunque hoy siguen tras las rejas unos 457, según la ONG Foro Penal.

Los dirigentes de la Plataforma Unitaria han retomado paulatinamente sus encuentros y visitas en los estados, al tiempo que tratan de tender puentes con otros factores de la sociedad para impulsar su “hoja de ruta” hacia una transición, que pasa por una negociación con el gobierno chavista para celebrar elecciones libres.

“Ejerzamos toda la presión que sea necesaria para lograr las condiciones, ir a elecciones y que cambie Venezuela para siempre”, expresó Guanipa rumbo al estado Táchira, que este sábado 16 de mayo medirá el pulso de la unidad opositora frente al chavismo.

La cifra de desapariciones forzadas en Venezuela en 2025 marcó un récord: la ONG Provea documentó un incremento del 196% respecto al año anterior. Durante ese año, según el informe anual de la organización, 160 personas resultaron víctimas de este delito, una escalada que superó ampliamente las 54 desapariciones registradas en 2024.

El informe, presentado en Caracas, detalló que muchas víctimas permanecieron incomunicadas durante más de 100 días y que buena parte de los casos involucraron a dirigentes sindicales, quienes además sufrieron detenciones arbitrarias.

En el mismo periodo, se reportaron 336 asesinatos cometidos por fuerzas policiales y militares, principalmente jóvenes de entre 18 y 30 años. Ninguna de estas muertes recibió investigación por parte del Ministerio Público, que entonces encabezaba Tarek William Saab.

La cifra total de personas asesinadas por agentes estatales desde el inicio de la dictadura de Nicolás Maduro, en 2013, ascendió a 10.853. Provea también consignó 659 denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Al menos 42 víctimas de tortura fueron identificadas. Óscar Murillo, coordinador general de la ONG, definió el año como una etapa de liquidación del Estado de derecho y la más grave en materia de derechos humanos de la historia reciente venezolana.

El informe de Provea se publicó en un contexto de profunda regresión democrática. En 2025, Venezuela consolidó el retroceso institucional más severo de la región, con un aumento del 102% en detenciones por motivos políticos respecto al promedio de los últimos 17 años.

El salario mínimo cerró en USD 0,45 y el 62% de la población enfrentó restricciones severas de acceso al agua potable.

El desmantelamiento de derechos laborales y sindicales se reflejó en la detención arbitraria de más de 130 dirigentes, la criminalización de la protesta y la persistencia de salarios de hambre, congelados en 130 bolívares durante más de 1.300 días. Las brechas entre quienes perciben ingresos en divisas y quienes dependen del salario oficial profundizaron la desigualdad estructural. El sector informal absorbió a más de un tercio de los trabajadores y el desempleo alcanzó el 40,3% en 2024.

La crisis ambiental se intensificó: 77% de los venezolanos no recibió agua regularmente por tuberías, ocurrieron derrames petroleros en varias regiones y la minería, legal e ilegal, se expandió con complicidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los territorios indígenas resultaron especialmente afectados, con reportes de ocupación armada, contaminación y migración forzada de comunidades enteras.

En el ámbito de la salud, se contaron 94.056 denuncias de violaciones al derecho sanitario, mientras el 94,6% de la población dependió exclusivamente del sistema público, que operó con apenas el 20% de su capacidad. El presupuesto de salud cayó un 28% y los hospitales funcionaron con carencias extremas de insumos y medicamentos. Venezuela acumuló cinco años sin publicar datos epidemiológicos oficiales, lo que agravó la opacidad y la desprotección institucional.

La impunidad permaneció institucionalizada: Venezuela ocupó el último lugar mundial en el índice global del Estado de Derecho por décimo año consecutivo. El Ministerio Público reportó cientos de funcionarios condenados, pero sin transparencia sobre los delitos cometidos ni su relación con violaciones de derechos humanos.

El informe de Provea concluyó que la estabilización y reconstrucción de Venezuela dependerán de un compromiso real por parte de las autoridades para desmontar el aparato represivo, restablecer la independencia de los poderes públicos y garantizar la plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos.

(Con información de EFE)

Estados Unidos completó la extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear de Venezuela, en una operación que el Departamento de Estado calificó como un hito clave para la seguridad internacional.

El procedimiento concluyó ahora, más de dos años antes de lo previsto originalmente, con la cooperación de Venezuela, el Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Según el Departamento de Estado, la extracción del uranio enriquecido del reactor venezolano se realizó en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales, y permitió el traslado seguro de 13 kilos de material nuclear a Estados Unidos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que el proceso respondió a estándares internacionales y forma parte de los esfuerzos globales para reducir riesgos nucleares y evitar la proliferación de materiales sensibles.

El reactor RV-1, ubicado en el Alto de Pipe, en las afueras de Caracas, permanecía en desuso y contenía material nuclear suministrado décadas atrás en el marco del programa Átomos para la Paz. A finales de abril, autoridades venezolanas acondicionaron y embalaron el uranio enriquecido que quedaba en el reactor de investigación. El material viajó primero al Reino Unido y luego llegó al sitio de Savannah River en Carolina del Sur, Estados Unidos, donde quedó resguardado para su disposición final.

El reactor experimental RV-1, construido por General Electric, funcionó como centro de investigación científica desde su inauguración en diciembre de 1960 bajo la presidencia de Rómulo Betancourt. El proyecto integró la cooperación internacional en materia nuclear, aunque el reactor quedó cerrado desde hacía años.

Estados Unidos retiró más de 7,3 toneladas de material nuclear susceptible de uso militar en distintos países. El Departamento de Estado resaltó que, con la eliminación del uranio de Venezuela, incrementó la seguridad tanto a nivel nacional como internacional.

La operación se realizó tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto de cambios políticos en el país sudamericano. La coordinación entre ambos gobiernos y el soporte del Organismo Internacional de Energía Atómica permitieron concretar la extracción y traslado del material nuclear en un plazo significativamente menor al estimado.

La gestión de esta operación marcó un precedente en la cooperación internacional para la eliminación de materiales peligrosos, mostrando la capacidad de respuesta y coordinación entre agencias y gobiernos para garantizar la seguridad nuclear global.

El comercio entre Estados Unidos y Venezuela experimentó un crecimiento del 22,7% en los tres meses posteriores a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, impulsado por la administración de Donald Trump, permitió que el intercambio bilateral alcanzara los USD 3.290 millones en el primer trimestre de 2026, con el petróleo crudo representando el 96,5% de las exportaciones venezolanas, según la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Estadounidense.

Tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, se eliminaron restricciones al capital extranjero en el sector petrolero y Estados Unidos flexibilizó sanciones, otorgando licencias a empresas para operar en el país.

Compañías estadounidenses firmaron nuevos acuerdos con el Estado venezolano, mientras que el café se consolidó como el segundo producto de exportación más relevante hacia el mercado estadounidense. Entre los principales bienes importados desde Estados Unidos destacan cereales, equipos eléctricos y alimentos para animales.

(Con información de AFP y EFE)

La universidad, histórico motor de la protesta en Venezuela, comienza a calentarse. Estudiantes y profesores convocan manifestaciones en contra del gobierno de Delcy Rodríguez exigiendo libertades políticas y mejoras económicas, mientras la nueva ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, llama a mantener canales de diálogo.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelángel Suárez, escaló el enfrentamiento este miércoles 13 de mayo al lanzar un ultimátum al Ejecutivo nacional para que ordene la liberación de todos los presos políticos, unas 457 personas según la ONG Foro Penal.

“El gobierno de los hermanos Rodríguez -Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento- tiene 15 días para sentarse con nosotros, con la sociedad civil venezolana, para resolver el tema de los presos políticos. De no darle solución en ese plazo, el movimiento estudiantil a nivel nacional y la juventud de este país vamos a responder con movilizaciones hasta que liberen a cada uno de ellos”, declaró Suárez.

El líder de la FCU-UCV marcó el límite tras encabezar una protesta exigiendo justicia por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, hecho ocurrido el 24 de julio de 2025 y que se mantuvo oculto hasta el pasado 7 de mayo, cuando el Ministerio del Servicio Penitenciario lo informó oficialmente.

“No existe paz alguna cuando en este país existen presos políticos”, exclamó el bachiller. Tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los estudiantes promovieron las primeras manifestaciones públicas demandando la liberación de los detenidos por razones políticas.

Reivindicaciones laborales

La Asociación de Profesores de la UCV tampoco retrocede y anunció que el 19 de mayo realizará un paro nacional de 24 horas “en exigencia de salarios dignos”.

La presidenta encargada Rodríguez anunció el 30 de abril un incremento del llamado “ingreso mínimo integral” que pasó de 190 a 240 dólares, pero no aumentó el salario mínimo, congelado desde hace cuatro años y que equivale a menos de 30 centavos de dólar, monto que tiene incidencia en las prestaciones laborales.

Todo el conflicto le está cayendo encima a la ministra Sanjuán, quien se está entrenando en estas funciones de gobierno. También profesora de la UCV, Sanjuán forma parte de la renovación del tren ministerial impulsada por Rodríguez, quien ha sumado al Ejecutivo a algunas figuras con perfil técnico y ajenas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro”, escribió en la red X la titular de Educación Universitaria, que a través de un comunicado lamentó “las visiones unilaterales que desconocen los esfuerzos tangibles del Ejecutivo para proteger el ingreso de los trabajadores universitarios”.

Los profesores también ratifican su apuesta por el diálogo, pero cuestionan la falta de respuestas por parte de la administración chavista y subrayan que los universitarios “llevamos más de una década trabajando de gratis”.

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a 250 oficiales en situación de retiro, sostiene que el país atraviesa una etapa de descomposición institucional, deterioro social y pérdida de soberanía. La organización reclama la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral “limpia y transparente” que restituya la vigencia de la Constitución.

La organización está presidida por el general de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt; en la Vicepresidencia el GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala; como Secretario de Organización, GB Rafael Vera Ruiz; los representantes por componente: Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación y Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.

El FIM emitió el pronunciamiento en el que llama a un “urgente despertar de conciencia” frente a la crisis que, a su juicio, atraviesa Venezuela. El comunicado, difundido tras una salutación recibida desde un medio en México, con participación de figuras de la política nacional, reivindica el deber de los militares retirados de alzar la voz en defensa de la libertad y de la nación.

La organización enfatiza que sus integrantes, como conocedores del territorio y defensores de la soberanía, rechazan la idea de que el país se encuentre en una fase de recuperación. Por el contrario, afirma que Venezuela vive un proceso de profunda desarticulación social y ética.

“Rechazamos categóricamente la narrativa interesada que pretende vender al mundo una ‘felicidad’ inexistente y un ‘florecimiento económico’ que solo beneficia a pequeñas élites”, dicen agregando que lo que se encubre es una realidad marcada por el deterioro estructural.

Entre los elementos que citan como evidencia figuran el colapso de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de vida. La falta de agua, gas y electricidad, junto con salarios y pensiones insuficientes, conforma, sostiene el Frente Institucional Militar, un escenario de supervivencia cotidiana.

El grupo de militares en retiro, que integra, desde generales a tenientes, suma a esa situación del venezolano la persistente inseguridad física y jurídica que erosiona la dignidad humana y profundiza la vulnerabilidad de amplios sectores del país.

La soberanía en riesgo

El pronunciamiento también pone el foco en la seguridad y en la pérdida de soberanía. Los militares retirados denuncian que parte del control territorial habría sido cedido a grupos armados irregulares, tanto nacionales como extranjeros, así como a facciones urbanas afines al poder en Caracas y otras regiones.

Aseveran que estas estructuras ejercen un dominio criminal sobre sectores populares y terminan desplazando la autoridad legítima del Estado, con las consecuencias que tiene para la composición de un país.

“​Como soldados de la República, no podemos callar ante la persecución sistemática por razones ideológicas”, dice la asociación que rechaza la persecución sistemática que existe en Venezuela contra el derecho a disentir que ha sido criminalizado.

En ese contexto, reclama la libertad de más de 500 ciudadanos, entre ellos civiles y casi 200 militares que, según denuncia, permanecen detenidos y sometidos a torturas, así como el retorno de miles de exiliados que abandonaron el país por defender la democracia.

Paz y elecciones

Como sustento jurídico de su postura, el documento invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República de Venezuela. La organización interpreta estas disposiciones como un mandato ciudadano de desconocer cualquier régimen que vulnere los derechos humanos o menoscabe las instituciones democráticas, y presenta su pronunciamiento como parte de esa obligación cívica y constitucional.

La Asociación Civil de militares agrupados en el FIM exhorta tanto a los ciudadanos venezolanos como a la comunidad internacional a no dejarse “seducir por la propaganda”. Advierte que ni el hambre ni la represión pueden ser encubiertos con imágenes de prosperidad aparente, y plantea que la crisis de fondo no admite maquillajes discursivos ni relatos oficiales desvinculados de la realidad social.

Para la organización, la vigencia de la Constitución constituye “el único camino hacia la paz”. En esa línea, afirma que el silencio frente a la injusticia compromete tanto el honor militar como el ciudadano, y ratifica su lealtad al pueblo venezolano.

La propuesta del Frente Institucional Militar (FIM) es que “la verdadera paz” pasa por el cese de la persecución, la liberación de los presos políticos, el regreso sin condiciones de los exiliados y la restitución plena de la legalidad constitucional.

Según subraya, finalmente, ese objetivo solo sería posible mediante un proceso electoral “limpio y transparente” que reafirme la soberanía y voluntad popular ya expresada el 28 de julio de 2024.

Aunque el presidente Donald Trump afirma que los venezolanos “están bailando en las calles”, una encuesta muestra que 60% de los industriales del país considera que la situación está igual e incluso 11% siente que se encuentra peor para su sector, en comparación con el primer trimestre de 2025.

Luces y sombras en el informe del primer trimestre de 2026 de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). Si bien el gremio resalta como positivo un crecimiento interanual de 9,9% en su volumen de producción, el balance refleja que la pequeña industria se contrajo -6,2% y que en general más de la mitad (51,6%) de la capacidad instalada sigue sin ser explotada.

Pese a que manifiestan una posición crítica sobre la coyuntura, los industriales son optimistas frente al futuro. Al preguntarles cómo consideran que será la situación dentro de un año, 57% opina que mejor y 7% que mucho mejor.

El presidente de Conindustria, Tito López, destacó la recuperación de la manufactura privada venezolana, tras recordar que entre 2013 y 2020 -el período más duro de la crisis económica, que destruyó 2/3 del aparato productivo nacional- sufrieron una caída de más del 92%.

Los empresarios identificaron los principales problemas que limitan su expansión, encabezados por un entorno macroeconómico inestable (68%), la baja demanda interna (64%), excesivos tributos fiscales y parafiscales (66%), la dificultad para acceder a divisas extranjeras (61%), la brecha entre las distintas tasas cambiarias (56%) y el escaso financiamiento bancario (47%).

El informe señala que solo 27% de los industriales recibieron créditos de la banca. “El flujo de caja propio nos trajo hasta aquí, pero el crédito bancario es el oxígeno natural de la manufactura. Una economía que aspira a expandirse agresivamente requiere financiamiento a escala”, explicó López.

Preocupación

Conindustria subrayó el derrumbe de la pequeña industria, advirtiendo que la misma “sostiene el empleo en nuestras regiones”, razón por la cual solicitan al gobierno de Delcy Rodríguez “oxígeno fiscal y operativo, así como apalancamiento financiero” y una “simplificación de trámites acompañada de un alivio tributario” para el sector.

El estudio concluye que la remuneración promedio de la industria se ubica en los 561 dólares, 12% más en comparación con el primer trimestre de 2025. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), estimó que la canasta alimentaria familiar alcanzó en marzo los 692,32 dólares.

El portavoz de los industriales llamó la atención sobre las fallas del sistema eléctrico, detallando que en los primeros tres meses del año se registraron 47 cortes no programados del servicio. “Aunque un alto porcentaje de nuestras industrias cuenta con autogeneración parcial (59%), hay procesos de alta demanda que las plantas eléctricas de emergencia no pueden sostener continuamente, requerimos de un suministro robusto para poder competir”, expuso López.

El sondeo de Conindustria precisa que un tercio de los industriales (32%) no planea invertir en su empresa en 2026, en contraste con 68% que sí proyecta hacerlo.

Ahora mismo no bailan en las calles, pero López confía en que pronto comenzarán a mover los pies. “Estamos ante una ventana de oportunidades única, la flexibilización de sanciones (impuestas por Estados Unidos contra el régimen chavista), a través de las licencias, la expansión de la industria petrolera, y la posibilidad de que capitales extranjeros inviertan en el país configuran un nuevo panorama”, describe López.

El Gobierno de Delcy Rodríguez rechazó la escalada de violencia en la región colombiana del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, y manifestó su “profunda preocupación” tras el anuncio de las Fuerzas Militares de Colombia sobre el desmantelamiento de un núcleo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con un saldo preliminar de siete posibles muertos.

En un comunicado, la Cancillería venezolana afirmó: “Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”.

El Ejecutivo de Rodríguez subrayó que Venezuela “ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano” y observó “con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera” con “graves afectaciones”.

El martes, las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre una operación en el Catatumbo en la que desarticularon un núcleo de seguridad del Comando Central del ELN y reportaron siete rebeldes muertos en la ofensiva.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró en X: “Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela”, refiriéndose a la operación en esa región fronteriza, considerada uno de los principales bastiones de la guerrilla.

El ataque consistió en una operación de interdicción aérea y asalto en una zona rural de Tibú, el municipio más importante del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, según detalló el mando militar.

En la operación participaron efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, con apoyo de la Fiscalía, que “lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre".

Según el Ejército, este grupo “tenía un alto valor estratégico para el ELN” por enfrentarse al Frente 33 de las disidencias de las FARC en la disputa por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Además, se encargaba de la seguridad de miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN “cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas”.

La Cancillería venezolana exhortó a evitar “acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas”.

La manifestación comenzó en la sede principal de la UCV y continuó hacia la autopista Gran Cacique Guaicapuro, una de las vías más transitadas de Caracas, donde los participantes desplegaron un cartel para reclamar la liberación de todos los presos políticos.

Durante la protesta se escucharon consignas como “Víctor Hugo presente, tu justicia está pendiente”, “Delcy libera, la familia los espera” y “ni uno, ni dos, que sean todos”.

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) permitieron la protesta en la autopista tras bloquear el tránsito vehicular, aunque inicialmente intentaron persuadir a los participantes para que permanecieran fuera de la sede universitaria.

“Son muchos los presos políticos que siguen en riesgo de morir”, declaró a EFE la activista Sairam Rivas desde la autopista. Como integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Rivas afirmó que buscan alzar la voz por quienes permanecen detenidos y para evitar nuevas muertes en las cárceles del país.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Miguelangel Suárez, expresó a EFE que las protestas continuarán hasta que se logre la liberación de todos los presos políticos. Subrayó: “Tienen 15 días para sentarse con nosotros y resolver de una vez por todas el tema de los presos políticos, de no ser así se van a encontrar a toda la juventud de este país movilizada de punta a punta hasta que los liberen a todos”.

Suárez advirtió que los estudiantes no aceptarán más muertes en los centros de reclusión.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento de Quero el pasado jueves, tras 16 meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre su desaparición.

Según la información oficial, Quero estuvo detenido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El comunicado indica que murió casi diez días después debido a “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.

Diversas ONG, partidos políticos y activistas criticaron que el Estado haya informado sobre la muerte de Quero diez meses después. La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció una investigación penal respaldada por el Parlamento, aunque organizaciones civiles insisten en la necesidad de una investigación independiente y con apoyo internacional.

La producción manufacturera privada de Venezuela creció un 9,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Para ello, el sector utilizó un 48,4% de su capacidad instalada, frente al 45,8% del mismo lapso del año anterior.

Según informó este miércoles la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el repunte estuvo marcado por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Las cifras fueron presentadas en conferencia de prensa por el presidente de la confederación, Tito López, quien proyectó un crecimiento del 13,6% para este año, con la expectativa de incorporación de empresas extranjeras y grandes inversiones, incluso en el sector eléctrico.

En enero, la manufactura aumentó un 0,5%; en febrero, un 3,4%; y en marzo, la expansión llegó al 23,9%. La producción de las grandes industrias subió un 13,5% y la de las medianas, un 4,5%, mientras que las pequeñas empresas registraron una caída del 6,2%.

Los sectores con mayor crecimiento fueron fundición de metales y productos metálicos (53,2%) y autopartes (46,1%). Los rubros de alimentos y madera y papel aumentaron un 15,5% cada uno. Por el contrario, la fabricación de maquinaria, equipo eléctrico y óptica cayó un 20,5% y textil y calzado retrocedió un 11,4%.

López precisó que en los primeros tres meses del año se registraron 48 cortes no programados del servicio eléctrico, un 5% más que en el mismo periodo de 2025. De 480 horas laborables en el trimestre, las empresas reportaron un promedio de 127 sin suministro eléctrico.

Entre los factores que afectaron la actividad manufacturera, Conindustria identificó el entorno macroeconómico —inflación y devaluación—, la brecha cambiaria, los altos tributos, la escasez de divisas, la baja demanda nacional y el limitado acceso a financiamiento. Solo el 27,3% de los industriales obtuvo financiamiento el año pasado, principalmente de la banca nacional, mientras un 34% accedió a apoyo de instituciones financieras internacionales.

En materia internacional, el comercio entre Estados Unidos y Venezuela creció un 22,7% en los primeros tres meses de 2026. El intercambio bilateral alcanzó los USD 3.290 millones en el primer trimestre del año, frente a los 2.680 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Estadounidense.

Las exportaciones venezolanas a Estados Unidos sumaron USD 1.800 millones, de los cuales el 96,5% correspondió a ventas de petróleo crudo, según datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Washington y Caracas restablecieron relaciones diplomáticas en marzo, tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. El presidente estadounidense, Donald Trump, apoyó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada e incentivó una oleada de inversiones en el sector energético venezolano.

Rodríguez, una vez en el cargo, eliminó el control estatal sobre el sector petrolero para atraer capital extranjero. Estados Unidos relajó varias sanciones a la industria petrolera venezolana y otorgó licencias a empresas internacionales para operar en el país. Varias compañías petroleras estadounidenses firmaron acuerdos con el Estado venezolano, que también liberalizó su código minero.

En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, mantuvieron el lunes una reunión para avanzar en la ampliación de la conectividad aérea entre ambos países, reanudada oficialmente en abril tras siete años de suspensión, así como en el refuerzo de las exportaciones de energía.

(Con información de EFE)

Al revisar la lista que publicó a finales de abril la Asamblea Nacional con los nombres de las 94 personas que se postularon para integrar el comité de postulaciones judiciales, el ciberactivista Giuseppe Gangi encontró algo más que un error.

“Richelle Briceño, mujer trans, fue anunciada como Richard Briceño en el comité de postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia. En una sociedad libre, se consideraría una vulneración a sus derechos”, denunció Gangi en su cuenta en X.

Briceño agradeció el mensaje por “visibilizar la inacción del Estado, a pesar de las garantías legales y constitucionales que protegen a las personas trans”, y agregó: “Acudiré a la entrevista ante la Asamblea Nacional como quien soy, vivo y me relaciono: Richelle Briceño. Más allá de lo escrito en sus papeles, las formalidades y lo que digan las redes sociales”.

En medio de la controversia, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ subrayó que el Consejo Nacional Electoral y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería “tienen una deuda con el derecho a la identidad de las personas trans”, y acusó al Parlamento de “exponer” a Briceño.

Al tribunal

Siempre postergado en el debate público venezolano, el tema de los derechos de las personas trans y la comunidad LGBTIQ+ tomó fuerza por una declaración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al cumplirse el 9 de mayo los primeros cien días de la instalación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

“Frente a la sexodiversidad, quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental. Quiero pedirle a la Sala Constitucional que demos ese aporte al país, nuestro país lo espera. Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso”, solicitó la mandataria interina.

El mensaje de Rodríguez no fue bien recibido por la Red de Derechos Humanos en Movimiento, que agrupa a ocho organizaciones incluido el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, que rechazó la “instrumentalización de la diversidad como una etiqueta vacía por parte del Estado, mientras persisten violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y una omisión estructural que condena a la población LGBTIQ+ a la indefensión y a la invisibilidad inminente”.

La Red advierte que no puede existir convivencia democrática mientras “se mantengan más de 16 años de omisiones institucionales que impiden el derecho a la identidad de las personas trans”, y “continúe la falta de acceso a la salud y la desprotección frente a los crímenes de odio”.

Además de demandar “políticas públicas reales contra la discriminación, incluyendo la aplicación inmediata del reconocimiento del cambio de nombre para personas trans”, este grupo enfatiza que “la lucha por los derechos de la diversidad sexual es inseparable de la defensa de la democracia”.

Para todos

Yendri Velásquez, miembro de Amnistía Internacional Venezuela, sostiene que la política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) “se ha caracterizado por la homofobia y transfobia de Estado con la violación de los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ por acción directa o por omisión de las iniciativas que reposan en el Tribunal Supremo, el Parlamento, ministerios y distintas instancias del poder público”,

Velásquez, quien se marchó al exilio por la persecución del oficialismo, considera que el PSUV ha asumido esa posición “por su origen militar, que luego se vincula con grupos evangélicos pentecostales que vienen a endurecer aún más las políticas en contra de las personas LGBTIQ+”.

El defensor de DDHH recuerda que el máximo juzgado del país no ha dado respuesta a los recursos que buscan garantizar los derechos de pareja, a la identidad de las personas trans y a la no discriminación.

Con respecto a las palabras de la presidenta encargada, Velásquez espera que se traduzcan en acciones reales y subraya: “Los derechos de las personas LGBTIQ+ no son un tema aislado, no puede haber garantías si siguen habiendo presos políticos y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.

El régimen chavista anunció este miércoles el inicio formal de un proceso para reestructurar la deuda externa de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA, en un intento por volver a conectarse con el sistema financiero internacional después de años de impagos, colapso económico y acusaciones de corrupción vinculadas al manejo de los recursos públicos.

La medida apunta a renegociar obligaciones que, según cálculos privados, podrían superar los 170.000 millones de dólares entre bonos en default, préstamos bilaterales, intereses acumulados, demandas arbitrales y juicios internacionales derivados de expropiaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez.

En un comunicado, el régimen venezolano informó que el país inicia un proceso “formal, integral y ordenado” de renegociación de deuda. El texto sostiene que el objetivo será “reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones y estabilizar la economía”.

Sin embargo, especialistas consultados sobre el proceso remarcan que Venezuela enfrenta obstáculos importantes para avanzar en una reestructuración de semejante magnitud. Entre ellos aparecen las sanciones financieras todavía vigentes, la ausencia de datos oficiales actualizados y la compleja red de acreedores y litigios abiertos en distintos tribunales internacionales.

El Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras completas sobre deuda externa en 2018, cuando el monto rondaba los 90.000 millones de dólares. Desde entonces, la opacidad en las cuentas públicas se convirtió en uno de los principales cuestionamientos contra el aparato estatal venezolano y contra la gestión económica desarrollada durante años por el chavismo.

Organizaciones independientes y analistas financieros sostienen que gran parte del endeudamiento ocurrió en medio de denuncias de desfalco, desvío de fondos y corrupción dentro de PDVSA, una empresa que pasó de ser una de las petroleras más importantes de América Latina a convertirse en símbolo de deterioro institucional y caída productiva.

La petrolera estatal dejó de pagar bonos en 2017 y desde entonces acumuló intereses impagos y múltiples demandas de acreedores internacionales. El derrumbe de la producción petrolera, combinado con sanciones estadounidenses y años de controles estatales, agravó la incapacidad de pago del país.

El abogado venezolano José Ignacio Hernández advirtió que todavía no existen condiciones suficientes para una renegociación plena.

“Venezuela no cuenta con las capacidades necesarias para iniciar formalmente el proceso de renegociación de la deuda”, afirmó. Según explicó, persisten problemas vinculados a sanciones y a la falta de claridad sobre el verdadero volumen de obligaciones pendientes.

A pesar de esas dificultades, Caracas intenta enviar señales de apertura hacia los mercados internacionales tras el cambio político ocurrido este año, luego de la captura del narcodictador Nicolás Maduro. Su sucesora, Delcy Rodríguez, impulsó reformas en sectores petroleros y mineros para atraer inversión privada y mejorar la relación con Washington.

Estados Unidos flexibilizó algunas restricciones durante los últimos meses y autorizó determinados servicios vinculados a una eventual reestructuración. Sin embargo, el Departamento del Tesoro todavía mantiene prohibiciones sobre negociaciones directas y operaciones con bonos venezolanos y deuda de PDVSA.

En paralelo, Venezuela contrató a la firma financiera Centerview Partners para asesorar al régimen durante el proceso. Del lado de los acreedores también comenzaron movimientos de coordinación entre fondos de inversión y grupos financieros que buscan recuperar parte de los activos comprometidos.

Analistas internacionales advierten que la renegociación podría convertirse en uno de los procesos de deuda más complejos de las últimas décadas debido a la cantidad de acreedores involucrados y al deterioro institucional acumulado durante años.

“El anuncio oficial es apenas el primer paso de lo que será un proceso grande y extremadamente complejo”, señaló William Snead, analista financiero en Nueva York.

Fernando Losada, director de Oppenheimer & Co., sostuvo que además de las sanciones existen otros factores que complican el escenario.

“La coordinación entre acreedores, los litigios y las sentencias internacionales harán que el proceso sea particularmente difícil”, explicó.

Mientras el régimen venezolano intenta presentar la reestructuración como una nueva etapa económica, el tamaño de la deuda, la falta de transparencia sobre el manejo de fondos públicos y los antecedentes de corrupción alrededor de PDVSA continúan siendo algunos de los principales desafíos para recuperar credibilidad ante inversores y organismos internacionales.

(Con información de EFE, Bloomberg y AFP)

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2025), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, ofrece un dato que sirve para medir la magnitud de la crisis que atraviesa el servicio eléctrico en Venezuela.

Ante la pregunta: ¿En esta vivienda el servicio eléctrico se interrumpe? Solo 10% respondió nunca, mientras que 39% contestó que “diariamente varias horas”, 35% “alguna vez por semana varias horas” y 15% “alguna vez por mes”. Es decir, apenas 1 de cada 10 hogares venezolanos dice no ser víctima de los cortes de luz.

El problema no es nuevo. En febrero de 2010, el difunto presidente Hugo Chávez firmó un decreto que declaraba la “emergencia eléctrica”, con el fin de aprobar de manera urgente las inversiones necesarias para recuperar el sistema.

Los hechos demuestran que la orden de Chávez se hundió en las tinieblas. La ONG Transparencia Venezuela calcula que se destinaron más de 20 mil millones de dólares para unos 16 proyectos, pero aquel gigantesco desembolso terminó engullido por la corrupción y la ineficiencia, con una extensa lista de obras inconclusas.

Amenaza capital

Hasta la fecha, Caracas se había salvado de los apagones, en detrimento del resto del país. Sin embargo, la oscurana avanza hacia la capital de la República.

“Buenos días para aquellos que insisten en que en Caracas no se va la luz. Desde las 10 de la noche estamos sin servicio eléctrico, lidiando con el calor, la lluvia y una nube de zancudos. La realidad siempre termina superando el discurso”, escribió este miércoles 13 de mayo la politóloga Tamara Navarro en la red social X, donde los venezolanos se desahogan utilizando la etiqueta #SinLuz.

Darwin González, alcalde de Baruta, municipio del área metropolitana mayormente habitado por personas de clase media y alta, reconoció que también enfrentan graves fallas en el suministro de electricidad.

“Ha habido afectaciones -del servicio eléctrico- continuas en todo el municipio, lo peor ha sido el daño de aparatos eléctricos, que son costosos en una economía golpeada para todos”, reconoció González, quien confesó que a él mismo se le dañó la bomba de agua de su apartamento por las constantes subidas de tensión.

Promesas

En esta nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que comenzó tras el ataque militar del 3 de enero, la Casa Blanca identificó entre las prioridades de inversión el sistema eléctrico, pieza fundamental para impulsar el negocio petrolero.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez adelantó que está en conversaciones con las empresas Siemens y General Electric para atender la situación del estado Zulia, fronterizo con Colombia, clave en la producción de crudo y uno de los más afectados por el racionamiento eléctrico.

El titular de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, declaró que ejecutarán “inversiones a corto, mediano y largo plazo”, siendo las primeras “aquellas que nos permitan victorias tempranas y mitigar las interrupciones para que el usuario final pueda gozar del servicio de una manera continua”.

Mientras se espera el despliegue del llamado plan de recuperación y transformación del sistema eléctrico venezolano, el gobierno apela a la conciencia y los ciudadanos a la ironía. En un post de Instagram donde el Ministerio de Energía Eléctrica pedía a los ciudadanos desconectar los equipos que estén apagados, el usuario @anthony_h3 comentó: “Tranquilos, no hace falta porque igual nunca hay electricidad”.

Al menos 15 reclusos han muerto en las cárceles venezolanas entre abril y lo que va de mayo, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ente independiente que ha exigido la destitución inmediata del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

“La crisis penitenciaria venezolana se agrava cada día entre hacinamiento, retardo procesal, traslados arbitrarios, enfermedades y ausencia total de garantías para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, denunció el OVP a través de sus redes sociales.

Los escándalos se han ido acumulando en el despacho de García Zerpa. El 21 de abril, el ministerio dio cuenta de un supuesto “motín” que se saldó con cinco muertos en la cárcel de Yare III, señalando que ese es un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”.

La versión oficial fue rebatida por el abogado y defensor de Derechos Humanos, Eduardo Torres. “Fui preso político, yo estuve en Yare III y II y en ese complejo los presos no tienen ni un cortauñas porque las requisas son permanentes”, expresó Torres, quien aseguró que en esas instalaciones se aplican torturas a los detenidos.

La situación empeoró el 7 de mayo, cuando la cartera de Servicio Penitenciario anunció con diez meses de retraso la muerte del preso político Víctor Quero Navas, hecho ocurrido el 24 de julio de 2025.

El organismo sostuvo que Quero Navas, cuya ubicación jamás fue notificada por las autoridades, “no suministró datos sobre vínculos familiares y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. No obstante, fue un hecho público que la madre del fallecido, Carmen Navas, de 81 años, acudió a distintas instituciones buscando información sobre su hijo.

Doble castigo

Este martes 12 de mayo el OVP registró la muerte por tuberculosis de Willian Jonás Colina Delgado, de 59 años, en una cárcel del estado Lara, en el occidente del país.

“El Estado venezolano no atiende debidamente a sus privados de libertad, ha fallado sistemáticamente en su obligación de suministrar tratamientos médicos adecuados y oportunos”, manifestó el Observatorio.

La ONG advierte que “en la práctica, se ha transferido de manera irregular la responsabilidad asistencial a los familiares, quienes deben costear y gestionar medicamentos para sus seres queridos, aunque estos deberían estar garantizados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario”.

Acusan a García Zerpa de “no adoptar las medidas necesarias” y sostiene que “no existen protocolos de aislamiento ni jornadas de saneamiento efectivas, los recintos carecen de condiciones mínimas de higiene, convirtiéndose en espacios que vulneran la dignidad humana”.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó este martes en redes sociales una foto en la cual se ve al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vistiendo el mismo modelo de chándal que llevaba el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado en enero de este mismo año en una operación militar lanzada por Washington contra el país latinoamericano.

“¡El secretario Rubio luce las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”, escribió Cheung como texto que acompaña a la foto tomada en el avión presidencial que se dirige a China a propósito de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al gigante asiático, que dará comienzo este miércoles 13 de mayo y se extenderá hasta el día 15.

Este modelo de ropa deportiva que porta Rubio se corresponde con el que vestía Maduro en la primera imagen difundida tras su captura por parte de las fuerzas especiales norteamericanas. La misma fue publicada entonces, con idéntico chándal al que luce el secretario norteamericano, por el propio Trump en su red social.

“Nicolás Maduro a bordo del ‘USS Iwo Jima’”, indicó el inquilino de la Casa Blanca en aquella publicación en la cual se veía al venezolano sujetando una botella pequeña de agua mineral, maniatado y con auriculares y un aparato que le impedía la visión, mientras permanecía de pie junto a un individuo del que solo se apreciaba que tenía impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en el uniforme.

Rubio ha sido una de las voces más críticas emergidas desde Washington contra la Administración de Maduro. Hoy también es visto como un posible candidato de los republicanos a los comicios presidenciales de 2028.

Tanto es así que el propio Trump, este mismo lunes, propuso a su vicepresidente, JD Vance, y al mismo Rubio como un “equipo ideal” de cara a las próximas elecciones presidenciales, si bien evitó decantarse por alguno de ellos.

“¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?”, preguntó el magnate republicano antes de estimar que el par de nombres “suena como una buena fórmula”, durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía.

(Con información de Europa Press)

“Bono no es salario”, gritaban los docentes ante la sede ministerial en el centro de la capital, con pancartas donde se leían mensajes como: “Cansado de hacer magia con mi sueldo”.

El salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde 2022, cifra que entonces equivalía a treinta dólares. La inflación acumulada en lo que va de 2026 llegó al 90%, devaluando el salario mínimo a 27 centavos de dólar actualmente. Para compensar esta pérdida, el Gobierno implementa bonificaciones, que el pasado 30 de abril fueron incrementadas a 240 dólares.

“Aumenten los salarios o seguimos en la calle, no queremos bonos”, reclamaba otro grupo de manifestantes, perteneciente a un sector que ha sufrido especialmente en la última década, después de haber sido uno de los mejor remunerados junto al área de salud y seguridad.

Los profesores presentaron un documento al ministerio donde solicitaron el aumento salarial y el pago de otro bono que, según afirman, solo se ha otorgado a ciertos sectores.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, señaló que “ninguna de las bonificaciones son salarios”, ya que no se reflejan en los beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones o el cálculo de prestaciones sociales.

“Sin salario están destruyendo el valor de nuestro trabajo”, agregó Alfonso, advirtiendo que, de no haber incrementos, la protesta podría desembocar en una paralización de las actividades universitarias.

El secretario de contrato y conflicto de la Federación de Sindicatos de la Educación Superior de Venezuela, José Pérez, denunció que el Gobierno mantiene “muchas deudas” con el sector universitario y que, si el salario mínimo continúa en 130 bolívares, el pago vacacional de este año sería de apenas dos dólares.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesita más de 600 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), más de la mitad de la población venezolana vivió durante 2025 en condiciones de “pobreza multidimensional”, medida a partir de aspectos como ingresos, empleo, vivienda, servicios, educación y salud.

En las dictaduras -latinoamericanas o de otras latitudes-, acceder libremente a información y noticias independientes sigue siendo un desafío. Infobae permanece bloqueado desde octubre de 2014, cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó censurar el sitio tras la publicación de una noticia que incomodó al poder.

Más de una década después, organizaciones de prensa siguen denunciando que la censura y el bloqueo digital continúan como una política de Estado contra medios y ciudadanos.

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En un país como Venezuela donde el acceso a la información sigue bloqueado por una dictadura, la tecnología también es una forma de defensa ciudadana. Leer Infobae desde Venezuela no debería requerir atajos. Pero mientras exista censura, una VPN puede ser la puerta para entrar a noticias sin filtros.

Cómo comenzó el bloqueo de Infobae en Venezuela

El bloqueo de Infobae en Venezuela comenzó oficialmente el 10 de octubre de 2014, cuando el régimen del entonces dictador Maduro ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impedir el acceso al portal dentro del país. Ese bloqueo continúa en la actualidad pese al cambio en lo más alto del poder y la llegada de Delcy Rodríguez con promesas de cambio.

La decisión llegó después de la publicación de información relacionada con el asesinato del diputado oficialista Robert Serra y marcó uno de los primeros grandes casos de censura digital sistemática contra medios internacionales en Venezuela.

Más de una década después, organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), VE sin Filtro y Conexión Segura y Libre denuncian que la censura sigue siendo una “política de Estado” en Venezuela.

Aunque Rodríguez habla de un “nuevo momento político”, más de 200 sitios web y al menos 65 medios de comunicación continúan bloqueados, incluidos medios internacionales como Infobae.

El country manager partner de la consultora EY, Alberto Afiuni, expresó durante la ‘Tech Week’ de Caracas: “Creo que van a tener una oportunidad fantástica de conseguir socios venezolanos que necesitan capital, que necesitan tecnología (...) van a conseguir unos tremendos socios que están comprometidos en construir esa Venezuela que todos soñamos”.

En el panel ‘Líderes en acción: Visión, estrategia y casos de éxito en Venezuela’, Afiuni destacó que la mentalidad en el país petrolero es de crecimiento y alentó a la construcción de confianza entre inversionistas, emprendedores y empresarios, remarcando la importancia de las alianzas por encima de la competencia.

El presidente de la empresa de mensajería Zoom, Carlos Atencio, relató que los últimos años en Venezuela estuvieron marcados por la resiliencia y por “aguantar” una crisis económica “muy fuerte”.

Atencio detalló que Zoom ha fortalecido su posición y que, en los últimos cuatro años, realizó un proceso de “inversión acelerada”, intensificado en los primeros meses de 2026. “Lo que nos está pasando es que estamos viendo un crecimiento de la demanda en el ámbito del comercio electrónico (...) y estamos expandiendo la capacidad tecnológica, invirtiendo en tecnología, innovación para poder sostener el crecimiento”, agregó.

El director y accionista de Invaca, Horacio Velutini, indicó que este año la compañía decidió realizar una doble apuesta para continuar su expansión en Venezuela.

El CEO de Nueve Once, Alejandro Santaromita, mencionó la existencia de múltiples oportunidades de crecimiento en el sector salud, el cual identificó como uno de los más impactados por la crisis económica y las sanciones.

La segunda edición de la ‘Tech Week’ comenzó el lunes en Venezuela, con el objetivo de atraer capital europeo, en especial de origen español, en un contexto de reformas gubernamentales recientes.

El evento de tecnología, emprendimiento e innovación reúne a más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, según informó la directora ejecutiva, Patricia Zárraga.

El encuentro, celebrado por primera vez en 2024, aborda cuestiones como la seguridad jurídica, el entorno macroeconómico, la situación de la banca y el sector petrolero, entre otros.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, las relaciones entre Caracas y Washington experimentaron cambios que llevaron al Gobierno de Delcy Rodríguez a implementar reformas en sectores clave, centradas en la optimización de trámites burocráticos para incentivar la llegada de capitales.

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela presenta “graves deficiencias” y solicitó a las autoridades venezolanas que aseguren la “liberación incondicional” de quienes han sido detenidos o procesados de manera arbitraria.

“La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos”, indicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, en el informe “Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía”.

Para Goebertus, la aplicación “injusta y opaca” de la normativa, promulgada en febrero, ha “socavado aún más la liberación de los presos políticos”.

HRW remarcó que las autoridades deben implementar la ley de manera transparente y completa, y “deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios”.

El informe señala que, aunque la normativa afirma cubrir actos cometidos desde 1999, restringe la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos “en el contexto” de hechos específicos ocurridos en ciertos años. Además, la organización advierte que contiene disposiciones ambiguas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Entre las deficiencias identificadas, HRW menciona que algunos solicitantes de amnistía no han recibido información precisa sobre los cargos que enfrentan ni sobre las pruebas en su contra, “lo que hace difícil argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad de la ley, que ya de por sí son restrictivos”.

En otros casos, la ONG indica que los jueces no han fundamentado adecuadamente sus decisiones para denegar la amnistía y han limitado el acceso a los expedientes y a la defensa de abogados particulares.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, declaró que posee información sobre jueces que han recibido pagos en el proceso de amnistía iniciado en febrero y solicitó acciones contra ellos.

Familiares de presos políticos reportaron en marzo pagos en dólares en algunos tribunales para obtener la notificación de libertad plena bajo la ley de amnistía.

La normativa abarca un período de 27 años, desde 1999, pero solo contempla a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en años específicos, lo que excluye otros periodos, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según Rodríguez, más de 9.000 personas han sido amnistiadas.

Por su parte, el Foro Penal denunció que la ley de amnistía se ha convertido en un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos”.

El comercio entre Estados Unidos y Venezuela creció un 22,7% en los tres meses posteriores a la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington regresaron a su estatus diplomático y la administración del presidente Donald Trump amplió su vínculo comercial con el país caribeño.

El intercambio bilateral alcanzó los USD 3.290 millones en el primer trimestre del año, frente a los 2.680 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según informó la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Estadounidense.

Las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos sumaron USD 1.800 millones de dólares, de los cuales el 96,5% correspondió a ventas de petróleo crudo, según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Washington y Caracas restablecieron relaciones diplomáticas en marzo, tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses en la capital venezolana. El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para asumir el liderazgo del país e incentivó una oleada de inversiones sobre el sector energético venezolano.

Rodríguez, tras asumir el cargo, dispuso el fin del control estatal sobre el sector petrolero para atraer capital extranjero. Estados Unidos, por su parte, relajó varias sanciones sobre la industria petrolera venezolana y concedió licencias a empresas extranjeras para operar en el país. Varias compañías petroleras estadounidenses firmaron acuerdos con el Estado venezolano, que también liberalizó su código minero.

El café se posicionó como el segundo producto de exportación más relevante de Venezuela a Estados Unidos. Entre los principales productos importados desde Estados Unidos figuran cereales, equipos eléctricos y alimentos para animales.

En el marco del desarrollo de las relaciones bilaterales, la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, mantuvieron el lunes una reunión para avanzar en la ampliación de la conectividad aérea entre ambos países, reanudada oficialmente en abril tras siete años de suspensión, así como en el fortalecimiento de las exportaciones de energía.

Faría informó en redes sociales que durante el encuentro se definieron “puntos críticos” para la hoja de ruta conjunta, que incluyen la “elevación de la categoría de aeropuertos y aerolíneas”, lo que permitiría habilitar más frecuencias y destinos hacia Estados Unidos y otros países. A su vez, dialogaron sobre la posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo con proveedores estadounidenses para la compra de repuestos especializados.

“Estamos enfocados en la modernización de nuestros muelles y el sistema de dragado en los puertos nacionales. Queremos fortalecer nuestras capacidades para un intercambio ágil y seguro de carga y servicio postal”, señaló la ministra. Subrayó la importancia de levantar las sanciones y contar con mayor libertad en las licencias para avanzar hacia una “eficiencia total”.

“Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales para nuestro sistema Metro y la flota de autobuses adquiridos por el Gobierno nacional”, añadió Faría.

Por su parte, Barrett calificó la reunión como “productiva” y destacó el abordaje de la “ampliación de las exportaciones de energía”. El diplomático señaló que el progreso económico actual sienta bases para avanzar en el plan de tres fases del presidente estadounidense, Donald Trump, orientado a la estabilización, recuperación y transición económica en Venezuela.

El pasado 30 de abril, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, tras siete años de suspensión. Faría anticipó que esperan recibir más de 100.000 pasajeros con la nueva ruta y transformar a Venezuela en un “eje de conexión” regional.

(Con información de AFP y EFE)

Un grupo de diputados de la oposición en Venezuela afirmó el martes que la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida hace diez meses y notificada el jueves pasado, refleja un sistema de justicia que “no genera confianza” y evidencia el “deterioro” institucional.

La muerte del preso político, quien estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I a unos 30 km. de Caracas, ”es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos y que no genera confianza”, manifestó Stalin González, jefe del grupo parlamentario Libertad, en una nota de prensa.

La fracción, que también integra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, respaldó los pedidos de una investigación “seria y transparente” realizados por organizaciones y sectores de la sociedad civil.

En ese marco, González sostuvo que el caso abre la posibilidad de discutir una reforma “profunda” del sistema judicial venezolano, superando el actual debate sobre la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el Parlamento modificó para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados de la alta corte.

“Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela”, señaló González.

El pasado jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias por parte de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición del detenido.

La cartera estatal detalló que Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. De acuerdo con el comunicado oficial, falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas criticaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después. La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció el inicio de una investigación penal, medida que cuenta con el aval del Parlamento. No obstante, las ONG exigieron que la investigación sea independiente y cuente con asistencia internacional.

En paralelo a los reclamos, la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría chavista, aprobó el martes la reforma al TSJ, la cual obtuvo sanción unánime durante un nuevo proceso para designar jueces y cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”.

La modificación también reorganiza la estructura interna de la corte suprema. La Sala Constitucional pasará de cinco a siete magistrados, mientras que las salas Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa quedarán integradas por cinco miembros cada una, en lugar de tres.

Fuera del Parlamento, el abogado y analista Alí Daniels cuestionó la reforma. “El problema no es tener 20 o 32 magistrados”, sostuvo. “El problema es que tenemos que tener jueces que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo”, añadió.

Durante el debate, el diputado Luis Florido afirmó: “Parte del problema que tiene el sistema de justicia en Venezuela tiene que ver con la politización de la justicia”.

El oficialismo defendió la reforma como parte de un proceso de “transformación” del sistema judicial venezolano. No obstante, sectores disidentes y especialistas advirtieron que el principal problema radica en la falta de independencia de los tribunales respecto al poder político.

El diputado Nicolás Maduro Guerra indicó que el Parlamento recibió más de mil escritos en respaldo a la modificación legal. “Esta reforma puntual permite abrir en este nuevo momento político el compás para que el Tribunal Supremo surja de un gran acuerdo nacional”, afirmó durante la sesión parlamentaria.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que su Gobierno trabajará para lograr la liberación de “todos” los presos políticos en Venezuela y volvió a elogiar a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en medio de cuestionamientos por el ritmo de excarcelaciones tras la aprobación de la ley de amnistía impulsada por el chavismo.

“Vamos a sacarlos a todos”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar una visita oficial a China. El mandatario sostuvo además que “Delcy está haciendo un gran trabajo” y afirmó que la población venezolana “está eufórica con lo que ha pasado”.

Las declaraciones llegaron semanas después de que el Gobierno de Rodríguez diera por concluido, el pasado 24 de abril, el proceso de aplicación de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional venezolana. El chavismo sostiene que más de 8.000 personas recibieron beneficios judiciales o penitenciarios, aunque familiares de detenidos y organismos internacionales cuestionan esas cifras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que solo 186 personas recuperaron la libertad plena, mientras que otras 554 abandonaron las cárceles bajo medidas cautelares.

Trump también defendió la política de acercamiento impulsada por Washington hacia Caracas tras la captura y salida del poder del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrida en enero con apoyo estadounidense.

“Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos”, señaló el mandatario republicano.

Desde la caída de Maduro, la Casa Blanca implementó un plan dividido en tres etapas —estabilización, reconstrucción y transición— con el objetivo de normalizar la situación política y económica de Venezuela. Funcionarios del Departamento de Estado indicaron en los últimos días que la primera fase ya terminó.

El nuevo escenario político abrió además la puerta al regreso de grandes compañías energéticas estadounidenses al país sudamericano, tras el alivio parcial de sanciones económicas sobre el sector petrolero venezolano.

“Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías entrando al país caribeño”, afirmó Trump. “Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años”, agregó.

Entre las empresas mencionadas por el mandatario aparecen ExxonMobil y Chevron, que retomaron operaciones y negociaciones en Venezuela tras años de restricciones financieras y comerciales.

La administración republicana considera que la apertura económica debe derivar posteriormente en una transición política que desemboque en elecciones “libres y transparentes”. Sin embargo, persisten dudas sobre los próximos pasos del chavismo y sobre la velocidad del proceso de normalización institucional..

Sectores opositores venezolanos y organizaciones de derechos humanos cuestionan que Washington no incremente la presión sobre Caracas para acelerar la liberación total de presos políticos y fijar una fecha para nuevos comicios presidenciales.

Mientras tanto, las fuerzas contrarias al chavismo reclaman garantías electorales y un cronograma claro para la transición democrática. La principal dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, insistió en las últimas semanas en la necesidad de convocar elecciones bajo supervisión internacional.

En paralelo, Trump volvió a generar polémica al reiterar recientemente una propuesta sobre el futuro político de Venezuela. El mandatario afirmó que evalúa “seriamente” la posibilidad de convertir al país sudamericano en el estado número 51 de Estados Unidos.

La iniciativa provocó rechazo tanto dentro del chavismo como en la oposición venezolana. Rodríguez descartó esa posibilidad y remarcó que Venezuela “es un país soberano”. Machado también rechazó la idea y sostuvo que cualquier transición debe preservar la independencia nacional.

(Con información de EFE y AFP)

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este martes una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amplía de 20 a 32 el número de magistrados de la máxima corte del país. La medida fue sancionada por unanimidad en medio de un nuevo proceso de designación de jueces para cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”.

La modificación reorganiza además la composición interna del TSJ. La Sala Constitucional pasará de cinco a siete magistrados, mientras que las demás salas —Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa— tendrán cinco integrantes cada una, en lugar de tres.

El chavismo intentó defender la reforma como parte de un proceso de “transformación” del sistema judicial venezolano. Sin embargo, sectores disidentes y especialistas advirtieron que el principal problema no es la cantidad de magistrados sino la falta de independencia de los tribunales frente al poder político.

Durante el debate parlamentario, el diputado Luis Florido sostuvo que el deterioro del sistema judicial está ligado directamente a la influencia política sobre los jueces.

“Parte del problema que tiene el sistema de justicia en Venezuela tiene que ver con la politización de la justicia”, afirmó en el pleno legislativo.

También el legislador Stalin González cuestionó el alcance de la reforma y pidió discutir cambios más profundos. Según dijo, la reciente muerte del preso político Víctor Quero Navas bajo custodia estatal expone las fallas estructurales del aparato judicial venezolano. Para González, el debate debería enfocarse en garantizar derechos y no únicamente en ampliar el número de magistrados.

Fuera del Parlamento, el abogado y analista Alí Daniels también criticó la iniciativa. “El problema no es tener 20 o 32 magistrados”, señaló. “El problema es que tenemos que tener jueces que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo”, agregó.

Desde el chavismo, en cambio, la reforma fue presentada como un intento de ampliar el acceso a la Justicia. El diputado Nicolás Maduro Guerra aseguró que el Parlamento recibió más de mil escritos respaldando la modificación legal. Según explicó, el aumento de magistrados busca “democratizar” el sistema judicial y acelerar procesos que actualmente enfrentan fuertes retrasos.

“Esta reforma puntual permite abrir en este nuevo momento político el compás para que el Tribunal Supremo surja de un gran acuerdo nacional”, afirmó Maduro Guerra durante la sesión.

El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió además a la comisión legislativa encargada de seleccionar nuevos magistrados que adapte el proceso a la nueva estructura aprobada este martes.

La reforma también modifica el control institucional sobre organismos clave vinculados al sistema judicial. La Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasarán a depender directamente de la Sala Plena del TSJ.

Además, en caso de vacantes absolutas en esos organismos auxiliares, será la Asamblea Nacional la encargada de nombrar a sus nuevas autoridades.

La iniciativa forma parte de una serie de cambios impulsados por el régimen chavista tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro. En abril, Delcy Rodríguez instaló una comisión para debatir una reforma del sistema penal venezolano y prometió “enfrentar” problemas históricos como el retardo procesal y la corrupción.

El TSJ venezolano ha sido cuestionado durante años por organizaciones de derechos humanos, partidos opositores y expertos internacionales, que lo acusan de actuar alineado con el chavismo. La corte respaldó decisiones clave del oficialismo en los últimos años, incluidas medidas contra dirigentes opositores y resoluciones políticas favorables al Ejecutivo.

La ampliación del número de magistrados ocurre ahora en un contexto de redefinición institucional dentro de Venezuela y bajo presión internacional por reformas judiciales. Mientras el oficialismo insiste en que la medida permitirá mejorar el funcionamiento de los tribunales, los sectores críticos sostienen que el debate central sigue siendo la independencia de la Justicia frente al poder político.

(Con información de EFE y AFP)

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos celebraron a finales de abril la “remoción segura” de 13,5 kilos de uranio enriquecido, que se encontraban en un reactor en desuso ubicado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

“En una victoria para los Estados Unidos, Venezuela y el mundo, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los EE.UU. (DOE/NNSA), en colaboración con socios internacionales, completó la retirada de todo el uranio enriquecido restante de un reactor de investigación heredado en Venezuela”, destacó un boletín publicado por la embajada norteamericana en Caracas.

Sin embargo, un grupo de profesores del IVIC, encabezado por el investigador Eduardo Greaves, considera que el gobierno de Delcy Rodríguez tomó una decisión “inconveniente y desacertada”, que atenta contra “la formación del personal venezolano idóneo que pueda manejar reactores de energía nuclear en el futuro”.

“Este combustible nuclear por sus características especiales -enriquecimiento de 20%, forma geométrica de láminas en vez de barras- es un material que tiene un valor monetario muy alto y de difícil adquisición, pero tiene aún mayor valor desde el punto de vista de constituir un elemento esencial, si se decide reactivar el reactor, ya sea con sus características originales o como un reactor subcrítico con fines docentes, de investigación y aplicación”, señalan los expertos a través de un comunicado.

¿Por qué?

Al anunciar la noticia, la administración de Rodríguez apuntó que el Reactor Experimental RV-1 finalizó su ciclo operativo en 1991. Seis años después, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), “se decidió su clausura definitiva, iniciándose operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado y de custodia técnica del material restante”.

“El material que no fue extraído durante las operaciones realizadas a finales de la década de 1990 permaneció desde entonces bajo condiciones seguras de enfriamiento, control y almacenamiento, a la espera de que los actores internacionales responsables de su origen, recepción y salvaguardias adoptaran las medidas correspondientes”, indicó Caracas.

Venezuela justificó la “urgencia de ejecutar” esta operación que el país “venía solicitando desde hacía largo tiempo” por el ataque militar perpetrado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Según Miraflores, las bombas norteamericanas lanzadas sobre el IVIC cayeron “a escasos 50 metros del antiguo reactor”, lo que “incrementó objetivamente el nivel de riesgo”.

Oportunidad perdida

Pese a lo expuesto por el gobierno de Rodríguez, profesores del IVIC estiman que lo correcto habría sido “reactivar el reactor como un instrumento docente para potenciar la investigación de la ciencia nuclear aplicada, y formación de personal venezolano en el área de física e ingeniería nuclear”.

Los académicos recuerdan que la Universidad Nacional de las Ciencias tiene previsto “la creación de carreras a nivel de pre y posgrado en física nuclear”, al tiempo que la Universidad Simón Bolívar está en proceso de lanzar una maestría en Ingeniería Nuclear, “programa para el cual se ha solicitado financiamiento a la OIEA para el bienio 2028-2029”.

El profesor Greaves resalta que además del valioso combustible, “se llevaron el núcleo del reactor de manera de cercenar cualquier intento de ponerlo en funcionamiento”.

“El acto de la exportación de las barras de uranio fue un duro golpe al futuro de las ciencias nucleares venezolanas, y nuestros futuros técnicos e ingenieros nucleares”, lamenta el científico.

La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas ha puesto sobre el tapete la situación que enfrenta el ciudadano ítalo-venezolano Hugo Marino, experto en salvamento marítimo y propietario de la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos, reportado como desaparecido desde el 20 de abril de 2019.

Ambos casos tienen algunos elementos en común. Según las denuncias presentadas, estos hombres fueron arrestados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Sus capturas se enmarcarían dentro de la definición de “desaparición forzada”. Y lo más relevante: quienes han encabezado la lucha por su libertad han sido sus madres, que superan los 80 años de edad.

“A lo mejor juegan al cansancio, a que uno se rinda, pero lamentablemente una madre por un hijo no se rinde nunca”, expresó la señora Beatriz de Marino, de 83 años, en una entrevista al portal El Pitazo.

La última vez que Beatriz de Marino habló con su hijo, acababa de aterrizar en Maiquetía, principal aeropuerto internacional del país que sirve a Caracas. Llegaba con la intención de disfrutar unos días con sus familiares, de acuerdo con el testimonio de sus allegados. Sin embargo, agentes de la DGCIM lo habrían detenido y desde hace siete años no hay información sobre su paradero.

Historias cruzadas

El Ministerio de Servicio Penitenciario informó el 7 de mayo el fallecimiento de Quero Navas, quien fue apresado el 3 de enero de 2025. Las autoridades jamás precisaron su centro de reclusión, a pesar de la insistencia de su madre, Carmen Navas, de 82 años, quien emprendió una peregrinación por distintos entes públicos en búsqueda de su hijo.

A través del comunicado mediante el cual anunció el deceso, la cartera de Servicio Penitenciario indicó que “el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Esta declaración atizó la indignación de la opinión pública, que fue testigo del esfuerzo que durante más de un año emprendió la señora Navas para reencontrarse con Víctor Hugo, un comerciante informal de 51 años que por razones desconocidas terminó siendo acusado de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Tampoco nadie tiene claro por qué Marino fue aprehendido. La familia afirma que también le imputan los delitos de terrorismo y traición a la patria.

Dolor

En el marco del juicio por un desfalco en Petróleos de Venezuela, que el Ministerio Público chavista cifra en más de 5 mil millones de dólares, uno de los procesados reveló haber compartido celda con Marino, reportó la periodista Maryorin Méndez.

“Los detalles que se dijeron de Hugo Marino no voy a decirlos por respeto a su madre, pero Hugo Marino estuvo detenido en una celda del DGCIM, donde contó a uno de ellos (el procesado) todo el sufrimiento que estaba padeciendo y habría ocurrido algo terrible hace dos años, es por eso que no le han dicho a su madre dónde está Hugo Marino”, expresó Méndez a través de un video en Instagram.

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la suerte de Marino, cuyo expediente ha sido ventilado en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante el silencio oficial y tras conocerse el fallecimiento de Quero Navas, la señora Beatriz de Marino ha elevado la voz por su hijo.

“Yo no me voy a rendir. Espero que en algún momento esto salga a la luz, porque para mí mi hijo está vivo. No voy a darle chance a que ellos hagan lo que quieran, me deben dar respuestas”, exclamó la madre de Marino.

La tasa de cambio oficial en Venezuela amaneció este martes 12 de mayo en 504,91 bolívares por dólar. Hace exactamente un año, era 93,04 bolívares. Una devaluación de 442,6%, sin olvidar el hecho de que en estos 27 años el régimen chavista le ha quitado 14 ceros a la moneda venezolana.

La revolución bolivariana pasó de imponer un férreo control de cambio a alentar una especie de dolarización de facto, que luego ha tratado de revertir con la imposición de tributos como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que pese a su nombre en realidad pecha con el 3% a cualquier operación que se haga en divisas.

En esta última etapa, el gobierno de Delcy Rodríguez ensaya una nueva fórmula para nutrir al mercado de dólares. Sin embargo, el mecanismo sigue arrastrando las fallas que han provocado los desequilibrios en las cuentas del país, advierten dos economistas que prefieren resguardar sus identidades.

Quién da más

Los expertos detallan que antes se aplicaba un modelo de subastas. ¿En qué consistía este proceso? “Los bancos recibían una determinada cantidad de divisas a ser vendidas en subastas a sus clientes. El Banco Central de Venezuela (BCV) aprobaba el destino (empresa) y precio al que serían vendidas las divisas”, responden.

“Había que esperar al final del día que el BCV aprobara cada orden y nunca se construyó un esquema de señalización que explicara los motivos por los cuales no se validaba una asignación”, resaltan, tras enfatizar que el modelo de subastas fue “inoperante, desordenado, opaco y discrecional”.

Los economistas sostienen que “para las empresas significaba tener congelado los bolívares hasta el incierto momento de una aprobación. La incertidumbre y la premura hacían que las empresas salieran a buscar divisas al mercado y con ello, aumentaba la presión al alza en el precio del dólar y la perniciosa brecha cambiaria”.

La sequía

Las subastas quedaron atrás y desde el 31 de marzo se emplea el sistema de “intervención”, donde se asigna una cantidad de divisas a los bancos que deben vender en el transcurso de la semana. Pero para dosificar la venta, el BCV debe autorizar el monto a ser vendido, cuando anuncia la intervención a primera hora de la mañana.

“Hemos interpretado esto como un mecanismo que busca alargar la duración de las divisas recibidas desde el fideicomiso en los Estados Unidos. Es decir, estirar hasta la llegada del siguiente lote de divisas. Dichos lotes han sido de unos $500 millones y el BCV ha confiado a los bancos que estarán llegando cada dos semanas aproximadamente”, describen las fuentes.

Los economistas apuntan que el gobierno raciona y extiende la duración de las divisas porque no sabe con precisión la frecuencia con la que llegarán desde el fideicomiso. “Temen una sequía mientras esperan otro lote y el mercado es sumamente sensible”.

Lo mismo

Pese a las modificaciones, se incurren en las mismas prácticas. “El BCV puede no anunciar la intervención aunque ya el banco tenga las divisas disponibles y, por lo tanto, los clientes de los bancos se quedan en espera hasta otro día. De nuevo, los clientes se van al mercado para no detener la actividad de sus empresas”.

Los analistas indican que las autoridades “cometen un grave error al decirle al banco: Aquí tienes 50 millones y el primer día vende 10. Así no logras el efecto estabilizador. Si la empresa no sabe cuándo podrá comprar, se va al mercado paralelo”.

A la falta de transparencia y reglas claras, se suma la insistencia en vender divisas por debajo del precio del mercado, incentivando el arbitraje. “Se vienen incrementando las asignaciones a personas naturales, entonces, el cliente compra divisas subsidiadas, le entregan una tarjeta de crédito digital que convierte en dólares que deposita en una cuenta o lleva a criptos para obtener bolívares, y después repite la misma transacción”.

Al final, funcionan tres tasas: La del BCV (504 bolívares a día de hoy), la del modelo de intervención (611 bolívares) y el mercado negro, donde el cielo es el límite. Como resultado, la inflación en los últimos 12 meses alcanzó 611,19%.

“Este nuevo sistema de intervención dosificador sale con una tasa fija de 611 bolívares. Esa tasa no se refleja en la tasa del BCV, porque todo el mundo está obligado a facturar con esa tasa (504 bolívares para este martes) y eso tendría un impacto en la inflación, así como en los bonos del sistema patria (que otorga el gobierno), que están indexados a la variación de la tasa BCV”.

Bancarrota

El profesor José Manuel Puente, doctor en Economía Política de la Universidad de Oxford, resalta que “Venezuela está viviendo serios desequilibrios macroeconómicos, donde sin lugar a dudas el más complejo es el desajuste cambiario con una moneda que se devalúa fuertemente todos los días”.

Puente opina que en en esta materia, el gobierno de Delcy Rodríguez “cambió para no cambiar”. El consultor identifica los motivos que impiden alcanzar la estabilidad. “Hay una gran incompetencia en el manejo macroeconómico, no contamos con un programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, registramos las reservas internacionales más bajas de los últimos 30 años y tampoco tenemos reservas de oro monetario porque se han vendido”.

Puente asevera que Venezuela enfrenta una especie de tormenta perfecta, donde a todos los problemas económicos se añade “una crisis política muy aguda”. “Los mercados te leen y toda esa inestabilidad afecta el tipo de cambio”, subraya.

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría; y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, mantuvieron un encuentro en el que discutieron la ampliación de la conectividad aérea entre ambos países, restablecida oficialmente en abril tras siete años de suspensión, así como temas vinculados a las exportaciones de energía.

A través de Instagram, Faría señaló que durante la reunión identificaron “puntos críticos” para la hoja de ruta, como “elevar la categoría de aeropuertos y aerolíneas, abriendo las puertas a más frecuencias y destinos a Estados Unidos y el resto del mundo”.

También abordaron la “posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo” con proveedores estadounidenses para la compra de “repuestos especializados y puentes de guerra”.

Faría destacó: “Estamos enfocados en la modernización de nuestros muelles y el sistema de dragado en los puertos nacionales. Queremos fortalecer nuestras capacidades para un intercambio ágil y seguro de carga y servicio postal”.

La ministra consideró “imperativo” el cese de las sanciones y abogó por una “mayor libertad en las licencias” para “avanzar hacia una eficiencia total”.

Según Faría, "Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales para nuestro sistema Metro y la flota de autobuses adquiridos por el Gobierno nacional".

John Barrett, por su parte, calificó el encuentro como una “reunión productiva” y señaló que se trató la “ampliación de las exportaciones de energía”.

“El progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases del presidente estadounidense, Donald Trump”, afirmó el diplomático, aludiendo a las etapas de estabilización, recuperación y transición que propone Washington.

El 30 de abril, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras siete años de suspensión de vuelos entre ambos países.

En ese momento, la ministra de Transporte anticipó que esperan recibir a más de 100.000 pasajeros con la nueva ruta y que Venezuela se convierta en un “eje de conexión” regional.

Finalmente, Caracas y Washington restablecieron sus lazos diplomáticos en marzo, después de haber estado interrumpidos desde principios de 2019, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en territorio venezolano.

Cumplidos cuatro meses de la noche en la que fue liberado del penal de máxima seguridad de El Rodeo y de que el ministro Diosdado Cabello, en persona, lo entregara a la Embajada de España en Caracas junto a cuatro españoles más, el periodista canario Miguel Moreno defiende que Venezuela los “secuestró” y utilizó como “rehenes políticos”.

De 34 años, Moreno ha preferido hasta ahora no hablar de cómo la Armada Bolivariana apresó el barco de bandera panameña y capitán neerlandés para el que trabajaba, dedicado a buscar pecios hundidos, ni de sus 209 días de cautiverio. Ha permanecido callado hasta que todos sus compañeros han sido liberados, para evitar perjudicarlos.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, denunció que los nueve tripulantes del buque N35 fueron capturados el 11 de junio de 2025 sin causa en aguas internacionales, los “secuestraron” y los acusaron sucesivamente de espiar para Guayana, de buscar yacimientos petrolíferos en aguas de Venezuela y de colaborar con el narco.

Nada de ello se sustanció. Tras seis días en Isla Margarita, donde los interrogó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los condujeron al estado de Miranda, al penal de El Rodeo, y al cabo de un mes los sentaron ante un juez para leerles los cargos.

Acusado de terrorismo

Fueron estos: terrorismo, financiación del terrorismo, asociación de terrorismo y atentado contra la soberanía de Venezuela, los mismos que figuran en el documento con el que Moreno salió de prisión y entró en la Embajada española en Caracas, acompañado de Andrés Martínez, José María Basoa, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel, los otros presos españoles.

El periodista canario no ha regresado aún del todo a su vida. Tampoco ha recuperado su trabajo ni Venezuela les ha devuelto el barco. Además, su mente le devuelve a El Rodeo con más frecuencia de la que desearía, al recordar a los presos que permanecen allí.

“El momento más duro es cuando se cierra la celda”, rememora. En sus casi siete meses en El Rodeo, Miguel Moreno habitó en un cubículo de 1,80 por 3,50 metros, donde, “si abría los brazos, tocaba las paredes”. Compartido con otro preso, poco ventilado, con colchones en el piso y un agujero en el suelo como váter.

“Cuando escuchas el candado a tus espaldas es durísimo. Te das cuenta de que has llegado a la estación final”, relata.

Las condiciones de retención eran miserables, subraya: las cucarachas y los mosquitos hacían estragos. Los sacaban al patio de 45 a 60 minutos diarios, solo de lunes a jueves. En la celda, ninguna distracción, nada que leer, apenas una Biblia. Eso para los extranjeros, precisa, que eran “rehenes de alto standing”, pero para los venezolanos había un lugar aparte, “un hoyo aún más profundo”.

“Muchos caían en la depresión. Intentos de suicidio había cada dos semanas. Algunos lo intentaban incluso tirándose de cabeza al suelo desde la litera. Si pensabas en el sufrimiento de la gente que te esperaba fuera, te afectaba. Era mejor dejarlo de lado y concentrarse en lo que dependía de ti”, cuenta.

Propaganda oficial en la megafonía

En El Rodeo, los reclusos están aislados de lo que sucede en el mundo, solo reciben las noticias que traen los recién llegados y la propaganda oficial reproducida por la megafonía de la prisión.

Por los programas de Maduro y Cabello (‘Con Maduro más’ y ‘Con el mazo dando’), comenzaron a intuir que algo grave sucedía o estaba a punto de pasar con Estados Unidos, una crisis militar. En realidad, relata el periodista, leían entre líneas, percibían un cambio entre las primeras arengas de resistencia del oficialismo y los últimos discursos de Maduro definiendo a Venezuela como “una nación de paz”.

“Escuchaba aquello y me decía: Tío, ya no soy ni preso político, yo soy prisionero de guerra. Este país está en guerra. Le están hundiendo barcos en el este. Esta gente habla de guerra”, relata.

Guerra no hubo, pero sí una operación militar relámpago en la madrugada del 3 de enero, que capturó a Maduro y se lo llevó a Nueva York. En El Rodeo, vivieron en directo lo que estaba pasando en forma del ruido de los aviones y helicópteros sobrevolando toda la noche sobre el penal, pero no supieron los detalles hasta dos días después.

“Aún no sé por quién estoy libre”

El día 8 de enero de 2026, a los españoles les afeitaron la cabeza y los liberaron. “Fui un rehén político al que se usó no sé para qué. A mí, a día de hoy, me pregunta mucha gente por la calle ¿tú, por quién estás libre? ¿Por Trump (el presidente estadounidense) o por Zapatero (el ex presidente español)? Y no lo sé”.

“Tampoco sé por qué acabé preso, ni qué negociaciones se llevaron a cabo o qué importancia teníamos para quien fuera. Pero llegó un momento, después de la captura de Maduro, en el que se empezó a liberar a todos los internacionales en bloque”, apunta.

Ahora que ya está en casa, tiene un reproche colectivo para todos los gobiernos de los europeos liberados, incluido el de España: cree que no se han ocupado como es debido de ellos.

“Como no somos culpables ni somos nada, estamos en un limbo, no nos van a ayudar a reinsertarnos”, se lamenta, mientras muestra una foto de compañeros suyos de reclusión protestando ante la sede de la ONU en Ginebra, encapuchados, como cuando los trasladaban.

“Es como si lo que nos ha pasado no hubiera existido. Entiendo que esto no pase de manera habitual, pero no es excusa para que el Estado entero se desentienda y no hayamos recibido ningún tipo de atención por su parte”, razona.

(EFE)

La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, sostiene el abogado y ex diputado Juan Bautista García Escalona, quien advierte que desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio y levantan empresas y operaciones de forma casi inmediata.

Para García Escalona, lo que está en juego en Apure no es únicamente la seguridad de una región. “La integridad misma del país” está comprometida, asegura, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.

El también dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona, en la conversación con Infobae, la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. A su juicio, afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo hace el Gobierno, “no solo es una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado”. En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, entre ellos vehículos, armas y lanchas.

Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está hoy fragmentado por actores armados, con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, dice, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva.

Frente a ese escenario, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. En su opinión, sin una respuesta institucional seria, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.

Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. Asegura que, desde hace años, se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de “sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos”.

El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de una investigación. Según relata, la respuesta que recibió fue una advertencia para que no regresara porque podía ser detenido.

Está convencido que lo que ha ocurrido en la frontera no responde a un episodio aislado ni a una desviación temporal, sino a la consolidación de un “modelo de control paralelo que debilitó la soberanía del Estado”. Bajo esa lógica, amplias zonas del país fueron convertidas en “espacios en disputa, dominados por economías ilegales, redes armadas y actores con intereses criminales”, sostiene en la entrevista con Infobae.

- Usted en el pasado como parte del Movimiento Quinta República (MVR), apoyó al entonces proceso. ¿A qué conclusión ha llegado de lo que ha ocurrido en la frontera con el territorio y la soberanía?

- Desde esa experiencia, y particularmente desde Apure, he podido comprender cómo se configuró un sistema perverso de entrega territorial a grupos irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a otras estructuras armadas y políticas que encontraron respaldo, tolerancia y protección dentro del poder.

- Especialmente en las zonas fronterizas. ¿Cuál fue el atractivo que tenía ese territorio?

- No olvide que ese proceso no se limitó a Apure, se extendió con distintas formas y dinámicas a regiones fronterizas como Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar. ¿El atractivo? Pues el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas que terminaron consolidando redes de enorme poder, en el caso de Bolívar, además, el interés por el oro ha profundizado todavía más la voracidad de estas estructuras, que no solo se disputan las rutas y recursos, sino que han corrompido funcionarios e instituciones enteras, destruyendo la vida comunitaria, sin que nadie haga nada, el poder del dinero y de las armas es el que se impone.

- Alguna vez ha tenido respuesta al ¿por qué Apure ha sido azotado por esas perversas redes?

- Considero que Apure empezó siendo una especie de laboratorio de ese abandono, donde los grupos irregulares dejaron hace tiempo de ser una amenaza lejana.

- ¿Qué los acercó?

- Bueno, su existencia se sabía desde hace muchos años, pero se convirtieron en actores con capacidad real de mando sobre comunidades rurales enteras, sobre actividades económicas básicas y sobre la vida cotidiana de la población, la pesca, la ganadería, el comercio local y hasta la relación social entre los habitantes fueron penetrados por la lógica de la violencia, la coacción y la dependencia.

- ¿Las consecuencias de ese hecho perturbador?

- Produjo un fenómeno profundamente doloroso. Una parte de la población rechaza y detesta esa realidad porque aspira a libertad y democracia plena, pero otra parte terminó normalizándola por necesidad, por miedo o por dependencia económica, y ahora hasta por vínculos familiares con mandos de las organizaciones irregulares, pues milicianos de las FARC, formaron familia con muchos pobladores, creando allí un lazo que ha trascendido del dominio y control de las armas.

- ¿No le parece que eso trae un impacto social y cultural con raíces profundas difíciles de enfrentar?

- Si, las consecuencias no solo son políticas o de seguridad, también humanas y antropológicas. En zonas donde durante años la presencia armada se hizo cotidiana, surgieron vínculos complejos entre comunidades y combatientes, incluso relaciones familiares y de convivencia que reflejan una fractura social profunda.

- ¿Puede compartir algunos casos?

- Por ejemplo, la hija del comisario rural, de una población del municipio Pedro Camejo tiene hijos con el comandante de la guerrilla. En Achaguas igual, comandantes de la policía, militares, las relaciones son abundantes. Algunos de ellos asumieron estos hechos con orgullo, aun cuando sabían que la violencia es el sistema para convivir con los pobladores, así la frontera se transformó en territorio de subordinación.

- ¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones?

- El Estado sencillamente abdicó su responsabilidad para que el crimen ocupara su lugar. Son múltiples las veces que los comandos del Ejército, y la Guardia Nacional le han recomendado a los pobladores que hagan la denuncia de los robos y abigeatos ante los líderes de las FARC y el ELN, porque son los que según ellos tienen como resolverles el problema. Es aterrador el nivel de degradación institucional que ha sufrido la frontera, por ejemplo, ante lo que ocurre con una población tan vulnerable como son los indígenas.

- ¿A qué se refiere con los indígenas? ¿Son casos puntuales?

- No, no estamos hablando de hechos aislados, sino de síntomas de una descomposición profunda que no puede seguir siendo negada, y mucho menos desatendida. La población indígena en Apure ha sido vulnerada, nuestros indígenas han sido expulsados del territorio, esclavizados muchas veces y las niñas indígenas abusadas sexualmente, tenemos años denunciándolo, lo hicimos desde Fundaredes, muchas veces ante el Ministerio Publico, y nada importó, nunca desarrollaron ni una sola investigación, al contrario, en una oportunidad se me indicó que no fuera más al Ministerio Publico a llevar ninguna denuncia en nombre de Fundaredes, porque me iban a detener. Luego encarcelaron a Javier Tarazona casi 5 años, y todo el esfuerzo por desmantelar el trabajo de la ONG se materializó.

- En Infobae se hizo seguimiento a los sucesos de la frontera en 2021 entre el ejército venezolano y las FARC. Hubo 16 militares fallecidos, varios guerrilleros muertos y campamentos desmantelados. ¿Fue importante para el estado Apure el combate contra esa guerrilla?

- El enfrentamiento de La Victoria, municipio Páez, del estado Apure, entre la Fuerza Armada (FANB) y el Décimo Frente de las FARC no resolvió el problema, se agravó, porque el Estado terminó apoyándose en el ELN para combatir al Décimo Frente de las FARC, y esa decisión implicó más control territorial, más brutalidad y más sufrimiento para la población civil. La frontera quedó atrapada entre estructuras armadas que disputan rutas, economías y poder, mientras el ciudadano común permanece desprotegido, silenciado y sometido, teniendo ahora un monstruo en el ELN, con todo el control que poseen sobre el territorio y la población.

- ¿Cómo queda la responsabilidad de la Fuerza Armada que constitucionalmente tiene como función esencial la defensa del territorio y la soberanía?

- Lo que hoy exhibe la FANB son graves señales de deterioro institucional, falta de preparación de muchos oficiales y de la tropa, pero también la pérdida de identidad, de doctrina y de compromiso real con el país. Una Fuerza Armada sin claridad moral, sin sentido nacional y sin formación adecuada termina siendo vulnerable frente a las presiones del poder, de la corrupción y de las redes criminales. El deterioro es tan brutal en tantas áreas de la frontera que muchos niños van a la escuela en Colombia y no en Venezuela, se saben el himno nacional de Colombia y no el de Venezuela.

- ¿Siendo abogado cómo entiende lo que institucionalmente ocurre con el aparato institucional del Estado?

- En el silencio institucional que tampoco puede seguir ignorándose. En Venezuela prácticamente no se investiga nada que involucre a los grupos irregulares o a sus vínculos con el poder. La impunidad se ha convertido en norma, y esa impunidad protege a quienes actúan desde la sombra como a quienes, desde posiciones públicas, han permitido la expansión de estas redes.

- ¿Como ocurre con funcionarios y líderes políticos relacionados con jefes guerrilleros? ¿O con cabecillas de grupos irregulares en cargos públicos?

- Fíjese el caso de las FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación); miembros de su alto mando han ocupado alcaldías, gobernaciones y escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional, lo que demuestra que no se trata solo de un actor armado, sino de una estructura con capacidad de inserción política e institucional, que crecieron por el apoyo, en su momento, de Elías Jaua Milano en la Vicepresidencia de la República, y del desastre que ha significado el Ministerio Publico, desde Luisa Ortega Díaz, que prefería voltear para otro lado, y que se profundiza con Tarek William Saab, quien abiertamente apoyó delincuentes.

- En Infobae recibimos numerosas denuncias, como un secreto a voces en la frontera, la estrecha relación de funcionarios militares con la guerrilla de las FARC y el ELN.

- Si, son innumerables las denuncias de colusión de funcionarios militares con grupos irregulares, cuando por acción u omisión, terminan facilitando el funcionamiento de estas estructuras. ¿Cómo hay así soberanía posible? Hay sectores armados del Estado que sirven de puente, protección o cobertura a organizaciones que operan al margen de la ley; esa realidad exige una reflexión seria, urgente y sin maquillajes. Los grupos irregulares no pueden seguir utilizando los recursos de la FANB, eso tiene que acabar y me refiero a vehículos, armas, lanchas, y sabrá Dios que más.

El director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink, expresó optimismo sobre la inversión en Venezuela tras la transformación impulsada por la destitución de Nicolás Maduro.

“Soy muy optimista sobre la oportunidad de invertir en Venezuela”, declaró Fink en un panel en Nueva York el lunes, añadiendo que la nación petrolera podría “recuperar su antiguo esplendor”.

Los inversionistas han estado invirtiendo masivamente en los activos del país desde la destitución de Maduro por la administración de Donald Trump en enero, lo que alimenta las expectativas de que un reinicio político pueda allanar el camino para las negociaciones de reestructuración de la deuda. La semana pasada, el gobierno estadounidense autorizó a Venezuela a contratar asesores para posibles negociaciones de deuda, un paso clave en el tan esperado camino hacia la reestructuración de los 60 mil millones de dólares en bonos en mora del país.

El director de la mayor gestora de activos del mundo afirmó que Latinoamérica, en general, está saliendo de lo que describió como un período prolongado de “tiempo perdido”, marcado por frecuentes cambios políticos. “Ahora empezamos a ver un poco más de esperanza en la región”, declaró. Añadió que la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial también podría beneficiar a las economías con abundantes recursos de energía solar e hidrocarburos.

“La demanda crece más rápido que la oferta”, dijo Fink. “Esto podría ser muy beneficioso para Brasil y para muchos otros países”.

Los mercados bursátiles de Brasil, Chile y México se encuentran cerca de máximos históricos, y los inversores citan la relativa independencia de la región de las tensiones geopolíticas y su exposición a empresas que se benefician de la creciente demanda de materias primas y minerales críticos vinculados a la IA.

(Bloomberg)

Donald Trump afirmó este lunes que está “considerando seriamente” anexar Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos, declaración que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó de forma categórica desde La Haya, donde participaba en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La respuesta de Rodríguez llegó a través de una periodista de la cadena oficialista Telesur, que la abordó a su salida de las sesiones. “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró la mandataria. Agregó que Venezuela es “no una colonia, sino un país libre”, construida por la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” por su soberanía.

La declaración de Trump fue recogida por John Roberts, copresentador de Fox News, quien publicó en su cuenta de X que el presidente le había dicho telefónicamente estar “considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51”, y que los venezolanos “le aman”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre el asunto.

En esa misma llamada, Trump insistió en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”. El pasado miércoles ya había afirmado que los ciudadanos venezolanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones petroleras en el país. Una proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicada a finales de abril estima que Venezuela obtendrá en 2026 más de USD 22.000 millones en ingresos por exportaciones petroleras, cifra que supera en más del 50% los USD 14.713 millones registrados el año anterior.

No es la primera vez que Trump hace este tipo de comentarios sobre Venezuela. En marzo, tras la derrota del equipo estadounidense ante Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, publicó un mensaje sarcástico en su red social aludiendo a esa posibilidad. Trump ha formulado declaraciones similares respecto a Canadá.

Rodríguez asumió el poder en enero, luego de que una operación militar estadounidense en Caracas resultara en la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado no culpable. Desde entonces, su gobierno interino buscó restablecer vínculos con Washington: en marzo se normalizaron las relaciones diplomáticas que Maduro había roto siete años atrás. La mandataria subrayó que su administración trabaja en “una agenda diplomática de cooperación” con la administración Trump.

Las palabras de Rodríguez se produjeron en el último día de audiencias en la CIJ por la disputa territorial que Venezuela mantiene con Guyana sobre la región del Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.580 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas) que representa dos tercios del territorio guyanés y alberga reservas de oro, diamantes, madera y petróleo. Los yacimientos costa afuera de esa zona producen en promedio 900.000 barriles diarios, cifra cercana al millón de barriles que Venezuela extrae por día.

Ante los jueces, Rodríguez argumentó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece que la disputa debe resolverse mediante negociaciones políticas entre ambos países, no por vía judicial. Acusó al gobierno de Guyana de haber actuado de forma “oportunista” al llevar el caso ante la CIJ en 2018, decisión que, según señaló, “coincidió con el descubrimiento en 2015 del yacimiento que se volvería mundialmente conocido”.

Venezuela sostiene que el laudo arbitral de 1899, que trazó la frontera a lo largo del río Esequibo a favor de Guyana, quedó sin efecto con la firma del acuerdo de 1966. Guyana solicitó a la CIJ que ratifique ese fallo decimonónico. El tribunal tardará previsiblemente varios meses en emitir una sentencia definitiva y vinculante, y Venezuela advirtió que su participación en las audiencias no implica reconocimiento de la jurisdicción del tribunal.

(Con información de EFE, AFP y AP)

Otro preso político venezolano falleció bajo custodia del Estado, confirmó este domingo la organización no gubernamental Foro Penal, lo que constituye el segundo caso documentado en menos de una semana y eleva a 20 el total de personas detenidas por motivos políticos que han muerto en cárceles de Venezuela desde 2014. El cuerpo del ex concejal José Manuel García Sabino fue hallado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, a unos 400 kilómetros de Caracas.

Hasta el momento, las autoridades policiales y el Ministerio Público no han proporcionado información oficial sobre las causas del fallecimiento. Según la coordinadora regional de Foro Penal, el cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar del mismo estado, con el objetivo de determinar oficialmente la causa de muerte, procedimiento cuyo resultado no ha sido comunicado.

García Sabino había denunciado hechos de corrupción en la alcaldía de Anaco, según declaró el exfiscal Zair Mundaray, quien se encuentra en el exilio. Mundaray calificó la detención del exconcejal como “claramente política”. La organización Foro Penal indicó que no existen reportes oficiales sobre el motivo de la detención o el estado de salud previo de García Sabino antes de su fallecimiento.

Este caso se produce tan solo dos días después de que las autoridades venezolanas admitieran la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, otro preso político cuyo deceso ocurrió nueve meses antes y fue mantenido en secreto. Quero Navas, de 51 años, fue detenido arbitrariamente entre el 1 y el 3 de enero de 2025, sin orden judicial, de acuerdo con testimonios de su familia y activistas. Su madre, Carmen Navas, de 82 años, realizó gestiones en varios centros de reclusión —incluidos El Helicoide, Rodeo I y II y sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar— sin recibir confirmación sobre su paradero. Pese a que las autoridades continuaron simulando trámites judiciales, la realidad era distinta.

Víctor Hugo Quero falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, según la información oficial difundida en mayo de 2026 por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que atribuyó la causa a una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Sin embargo, activistas señalaron que Quero fue internado inicialmente por hemorragia digestiva y fiebre, condiciones que podrían estar vinculadas a las circunstancias de su reclusión. Tres días después de su muerte, Quero fue enterrado en el Cementerio Jardín La Puerta sin que su familia fuera notificada. La justificación oficial fue que el interno “no suministró datos sobre vínculos familiares”. En octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo aún emitía documentos asegurando que Quero seguía privado de libertad. No fue sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando las autoridades permitieron a su madre identificar el lugar de enterramiento y procedieron a una exhumación bajo supervisión de la Fiscalía y acompañamiento de Foro Penal.

Tanto Foro Penal como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han condenado públicamente el trato recibido por los detenidos y sus familiares, señalando la falta de atención médica oportuna y el ocultamiento deliberado de la muerte como graves violaciones a los derechos humanos. Ambos casos ilustran la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, donde, según el último conteo de Foro Penal al cierre de abril, permanecen 454 presos políticos.

Luego de la captura del ex dcitador Nicolás Maduro en enero de este año por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. La jefa de Estado encargada impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos, pero el proceso se desarrolló sin transparencia: durante varias semanas no se informó de manera detallada quiénes fueron beneficiados, y los registros de liberaciones elaborados por organizaciones no gubernamentales no coinciden con los escasos datos oficiales disponibles. Las instituciones estatales responsables de estos reportes continúan bajo control de sectores vinculados al chavismo, lo que dificulta la verificación independiente de la situación de los detenidos y de los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Estado.

La condena de 30 años, dictada el 5 de mayo 2026, contra María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador, por un caso iniciado en 2022, lejos de clausurar la controversia, reabre interrogantes sobre la legalidad del proceso contra los llamado Tancol. Familiares y defensores denuncian que el expediente se construyó en medio de desapariciones temporales, torturas e irregularidades.

Nurys Villamizar, madre de Luis y Richard Domador, aseguró que sus hijos estuvieron desaparecidos durante ocho días tras su detención. Según su testimonio, durante ese lapso fueron trasladados al río Torbes, obligados a arrodillarse y amenazados de muerte por funcionarios. También denunció que fueron golpeados, asfixiados con bolsas y colgados durante varios días.

Villamizar sostiene que sus hijos fueron detenidos en San Cristóbal, estado Táchira, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y luego trasladados a Rodeo II y posteriormente a Yare. La familia denuncia que, antes de cualquier sentencia firme, ya eran presentados como terroristas. Para los allegados, esa marca previa no solo condicionó la percepción pública del caso, sino que también comprometió garantías básicas del debido proceso.

En La Victoria, estado Apure, Doraima Villamizar y Teresa Sánchez, tía y abuela de Richard Alberto y Luis Alejandro Domador Villamizar, insisten en la misma exigencia: revisión del caso y libertad para sus familiares, hoy recluidos en Yare II.

El expediente tampoco aparece como un hecho aislado.

El grupo Surgentes, del que forma parte el sociólogo Antonio González Plesmann, documentó 67 casos similares solo en los dos primeros meses de 2026. Para la organización, la cifra sugiere un patrón alarmante: detenciones envueltas en miedo, familias sin recursos para litigar y denuncias que tardan en emerger por temor a represalias.

González Plesmann sostuvo que en los llamados casos de falsos positivos Tancol existen patrones recurrentes de tortura, desapariciones y fabricación de pruebas. En ese contexto, pidió que las personas afectadas no queden excluidas de eventuales medidas de amnistía y que se abra, al menos, un proceso de reparación parcial para las familias que aseguran haber sido perjudicadas por la actuación del Estado.

Asegura que “hay patrones claros en los casos de falsos positivos Tancol: tortura, desapariciones y forjamiento de pruebas. No pueden seguir siendo excluidos, ahora, de la posibilidad de ser amnistiados y que se inicie un proceso de reparación parcial del daño que el Estado ha causado a estas familias”

El término Tancol (Terroristas Asesinos Narcotraficantes Colombianos) fue mencionado por primera vez por el general Domingo Antonio Hernández Lárez, ex jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (FANB), para confundir a organizaciones guerrilleras con grupos paramilitares y bandas criminales.

Inteligencia secreta, testigos limitados

La versión policial sostiene que los arrestos fueron practicados por funcionarios de la Base de Contrainteligencia Militar N.° 21, con sede en San Cristóbal y bajo el mando del comisario José Leonel Ramírez. El procedimiento quedó inscrito en la operación “Escudo Bolivariano Q/F Aplastamiento del Enemigo IV”, desplegada por la FANB y otros organismos de seguridad en la frontera colombo-venezolana. Pero el nombre y la amplitud del operativo no despejan, por sí mismos, las dudas sobre cómo se construyó la imputación contra los acusados.

Según la DGCIM buscaban a un grupo presuntamente enviado desde Arauca, Colombia, por Fabian Guevara Carrascal alias Ferley o Fabian González; Hilain Mahecha Peñaloza, alias Jaime Chucula; y Gerardo Antonio Sanguino Fraco alias Anderson”. La orden de la guerrilla sería “establecer casas seguras” destinadas a los principales líderes del Frente Décimo “Martín Villa” de las FARC-EP.

Revelan que se implementó el “Aparato de Colaboradores Secretos (cc/ss), Personas de Confianza (pc) y Fuerzas No Profesionales (FNP)” para recabar información “de gran interés” que supuestamente arrojó la identificación “de un grupo de sujetos” por los alias y la descripción física. Ese punto resulta sensible: cuanto más opaco es el origen de la información, mayor es la exigencia de verificar con rigor la cadena que conduce a la acusación.

La comisión actuante afirmó que, tras detectar a los sospechosos, ubicó a dos testigos: Luis José Meneses Carrillo y Adrián Alejandro Sanquiz Escalante. No obstante, de acuerdo con el reporte policial, sus declaraciones no describen una operación clandestina ni la comisión directa de un delito, sino apenas la presencia de funcionarios y de varias personas reunidas en la calle junto a bolsos, teléfonos celulares y una motocicleta. La distancia entre ese relato y la gravedad de la acusación es uno de los puntos que alimenta las dudas.

La DGCIM aseguró que, en una zona céntrica de San Cristóbal, capital del estado Táchira, observó a una mujer y dos hombres conversando con dos motorizados que se desplazaban en una motocicleta con un compartimiento considerado sospechoso. Tras el abordaje, reportó el hallazgo de ropa, teléfonos, una moto y documentos presuntamente vinculados con las FARC-EP.

En los bolsos solo encontraron ropa, “incluyendo cacheteros de la muchacha” y “bóxer de los hombres”, además una libreta pequeña con un logo alusivo a las FARC-EP, donde se puede leer “Estatutos Milicias Bolivarianas, perteneciente a Allen Harold Díaz Lara. Y dos hojas pequeñas de papel donde se puede leer Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército de Pueblo FARC-EP“, Montañas y Sabanas de Arauca x Frente Martin Vila de Las FARC-EP“, pertenecientes a Jhonatan Traslaviña López.

Imputados y funcionarios

En la cadena de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaba a nivel nacional el Mayor general (Ej) Iván Rafael Hernández Dala; el comandante de la Región de Contrainteligencia Militar (RCIM) Nr 2 Los Andes, GD Homero Miranda Cáceres, quien pasó a retiro en julio 2025; y el jefe de la Base de Contrainteligencia Militar (BCIM) Nr. 21, San Cristóbal, Táchira, Comisario (Dgcim) José Leonel Ramírez.

En el Táchira el fiscal que los imputa fue el Nr. 29 abogados Handenson Rosales. El 18 de marzo 2022, en la Audiencia de Presentación el Juez Tercero de Control del Táchira, Héctor Emiro Castillo González declinó la competencia en el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas con competencia en Terrorismo. El expediente pasa a la juez Claudia López y al fiscal Jonathan Carrero.

La comisión que los detuvo la conformó: los agentes de la DGCIM Tulio Ramón Ortiz López, Junior José Torrealba Pérez, Wilfredo José Paredes Medina, Moisés Eduardo Bermúdez y Leonel Adolfo Brokate Barrios. Y se le agrega la Subinspectora (Dgcim) Mildred Carolina Vargas Contreras quien revisó lo que portaba María Laura Rondón Tovar.

Son cinco los detenidos, señalados de ser miembros de grupos TANCOL (Terroristas, Asesinos y Narcotraficantes Colombianos) y de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), por los delitos de Asociación para delinquir y terrorismo. Las únicas pruebas son ropa interior, la portada de una libreta con el logo de las FARC y dos papelitos con nombre de las Frac.Los detenidos son:

Richard Alberto Domador Villamizar (30), doble nacionalidad, agricultor, oriundo de La Victoria, Apure, residenciado en San Cristóbal. Conductor de la moto al que le encontraron un teléfono.

Luis Alejandro Domador Villamizar (21), doble nacionalidad, oriundo de San Cristóbal, Táchira, agricultor y residenciado en La Victoria estado Apure. El “interés criminalístico” era que llevaba un celular.

María Laura Rondón Tovar (24), oriunda de San Cristóbal, comerciante, domiciliada en El Amparo, estado Apure. “Tenía una maleta viajera con tres mudas de ropa, pijama y dos cacheteros color negro de encaje”Allen Harold Diaz Lara (36), taxista oriundo de Guasdualito, Venezuela, y residenciado en Casanare, Colombia. “Libreta con el logo de las FARC y donde se lee Estatutos Milicias Bolivarianas’”. Y que en el reverso presenta un “formato computarizado color negro donde se lee: ‘contra la oligarquía, y por la patria, contra el imperialismo, y por el pueblo, somos la FARC, Ejercito del Pueblo. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza”.

Jhonatan Traslaviña López (33), colombiano, agricultor. Tenía un bolso con muda de ropa. “Hojas de papel pequeñas donde se puede leer: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, Montañas y Sabanas de Arauca X Frente Martin Villa de las FARC-EP”.

En la audiencia realizada en el Táchira, el defensor publico N° 107 Penal, abogado Luis Peña dijo que no se oponía la investigación por el procedimiento ordinario, porque faltan diligencias, enfatizando “no hay un testigo, no hay testigo que avalen lo que dice el acta policial” de manera que no hay con qué vincular a los defendidos con las bandas de delincuencia denominada TANCOL “no se evidencia relación con las FARC, por lo que difiero de la calificación de terrorismo, asociación y conspiración”.

Cuando el caso pasa al Tribunal de Terrorismo en Caracas, la juez Claudia López ordenó que los cuatro hombres detenidos fueran enviados a la cárcel Rodeo III, y a María Laura Rondón Tovar la envió al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

El único argumento de la juez Claudia López para dejarlos detenidos fueron los “elementos de convicción”, donde solo está el “acta de investigación penal” realizada por los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de San Cristóbal, Táchira.

Muchos otros casos

El 29 de abril 2026, viajaron hasta Caracas, desde varios sitios de la frontera, 28 familiares de varios de los detenidos como TANCOL, para solicitar que se les incluyera en la Ley de Amnistía, argumentando que sus parientes han sido judicializados sin pruebas y como “falsos positivos”.

El luchador social Oglis Euclides Ramos Garrido, quien fue liberado el 22 de febrero 2026, luego que el 26 de mayo 2025, cuatro hombres armados se lo llevaran de casa de sus padres, acusándolo de ser Tancol, es hermano de Jhonny José Ramos, detenido el 2021 y continúa preso.

Oglis Ramos dijo que “nuestros familiares son personas humildes de la frontera, presentadas por cuerpos de seguridad como terroristas solo para llenar cuotas de procedimientos. Son campesinos, ordeñadores y trabajadores a quienes les forjaron pruebas tras ser víctimas de desapariciones forzadas y torturas”.

Por otra parte Doris Izarra, abuela de Erwin Jesús Álvarez Izarra, un adolescente de 15 años que trabajaba como ordeñador, detenido por la DGCIM el 2 de junio 2022 en Boca del Guaratarito, estado Barinas, narra que su nieto “fue golpeado y lanzado atado de manos al río varias veces. Estuvo desaparecido cinco días; cuando lo vimos, estaba lleno demorados y nos contó que lo obligaron a grabar un video. Lo condenaron a 10 años por terrorismo”.

Los 28 familiares se reunieron con la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, quien manifestó su disposición a facilitar justicia y adoptó medidas inmediatas a favor de la salud de algunos de los detenidos.

También fueron recibidos, por instrucciones del Fiscal General Larry Devoe, por la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Lucrecia Hernández, quien se comprometió a revisar cada uno de los expedientes para corregir irregularidades, así como medidas inmediatas vinculadas con la salud de los detenidos.

Cacería en la frontera

Como lo reporta un informe de la ong Fundaredes “el conflicto en Apure se intensificó el 21 de marzo de 2021 con la operación militar Escudo Bolivariano 2021, que enfrentó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contrafacciones disidentes de las FARC-EP y otros grupos armados irregulares”, destacando los enfrentamientos tienen como antecedente “septiembre 2020, con la disputa entre guerrillas por el control del narcotráfico y el apoyo estatal a la Segunda Marquetalia”.

Pero el enfrentamiento se mantiene durante meses, causando la muerte de 16 militares de diversos componentes de la Fuerza Armada Venezolana. Después hubo cacería de personas para relacionarlas o que estaban relacionadas con la guerrilla, lo que es muy frecuente en la zona fronteriza.

A cuatro años de las detenciones y tras una condena de máxima severidad, la pregunta que sigue abierta es si el expediente logró probar los hechos más allá de toda duda razonable o si terminó consolidando, bajo apariencia judicial, un caso signado por denuncias de abuso y posible fabricación probatoria.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a Países Bajos para liderar la defensa de su país en la disputa por el territorio del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Su viaje marca un momento clave en el diferendo territorial con Guyana, en un escenario internacional donde Caracas busca reafirmar lo que denomina sus “derechos históricos” sobre la región en litigio. Asimismo, la mandataria chavista encabeza la delegación venezolana en medio de un contexto político especialmente sensible tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Se trata, además, de la primera salida oficial de la funcionaria fuera del Caribe desde que asumió la presidencia encargada de Venezuela.

Rodríguez anunció en una alocución transmitida por la televisora estatal que su misión principal será exponer ante el tribunal internacional los argumentos de Venezuela y defender la soberanía nacional sobre el Esequibo, una zona de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que constituye cerca de dos tercios del territorio guyanés actual y alberga importantes yacimientos minerales y reservorios de petróleo.

“Me corresponde viajar en las próximas horas para defender a nuestra patria”, había declarado el sábado durante su intervención televisiva. La funcionaria subrayó que su participación personal en las audiencias públicas de la CIJ responde a la importancia crítica que Caracas otorga a la controversia fronteriza con Guyana.

El proceso judicial inició el pasado viernes y se extenderá hasta el 11 de mayo. Durante estos días, ambas delegaciones presentan sus argumentos ante el tribunal, que analiza la validez de las reclamaciones históricas y jurídicas sobre el Esequibo. La delegación venezolana, encabezada por Rodríguez, se apoyará en un equipo legal que expondrá lo que denomina “la verdad y las razones históricas” que sustentan la demanda nacional sobre el territorio.

La intervención de la presidenta encargada ocurre tras las declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, quien desde La Haya reiteró la postura oficial de su país. Gil aseguró que la única vía legítima para resolver la controversia es la negociación directa entre las partes, sin la intervención de terceros. “La única vía, que es donde va a concluir esta controversia, es la negociación directa, cara a cara, sin intervención de terceros”, afirmó el canciller. Además, Gil rechazó los argumentos presentados por la delegación guyanesa, calificándolos como “negacionistas” y “repetitivos” al considerar que niegan incluso la función de la propia corte internacional.

En paralelo al desarrollo judicial, la situación en la frontera entre Venezuela y Guyana evidencia un aumento en las tensiones militares. La Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, por sus siglas en inglés) reportó recientemente que sus patrullas fueron objeto de ataques armados en dos ocasiones mientras realizaban tareas de seguridad en el río Cuyuni, en la Región Siete, próxima al área en disputa. “Nuestra patrulla enfrentó fuego hostil dos veces”, comunicó la GDF, señalando que los incidentes se produjeron durante la escolta de embarcaciones civiles. Según el parte oficial, no se registraron heridos, aunque las autoridades reforzaron la presencia militar en la zona, priorizando la salvaguarda de la integridad territorial y la seguridad de las comunidades limítrofes.

Estos hechos se suman a un episodio previo en el que un soldado guyanés resultó herido por disparos contra una lancha de patrulla en el mismo sector. Las autoridades de Guyana consideran estos ataques como actos hostiles y han reiterado su compromiso con la protección de la zona en disputa.

El origen del litigio territorial entre Venezuela y Guyana se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del Esequibo a la entonces Guayana Británica. Caracas declaró nulo ese laudo en 1962, alegando irregularidades en el proceso. Uno de los abogados que representó a Venezuela, Severo Mallet-Prevost, dejó constancia en un memorándum póstumo sobre la supuesta colusión entre los árbitros, lo que habría motivado una decisión desfavorable para Venezuela. En 1966, ambos países firmaron el Acuerdo de Ginebra, que establece la búsqueda de una solución mutuamente aceptable a la disputa. Para Caracas, este acuerdo constituye el marco legítimo para cualquier resolución del diferendo.

La postura guyanesa, en cambio, sostiene que la vía judicial es el único mecanismo válido para zanjar la controversia. En 2018, el gobierno de Georgetown presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia solicitando el reconocimiento del laudo de 1899 y la delimitación definitiva de la frontera. Venezuela, en respuesta, ha rechazado la jurisdicción de la CIJ, insistiendo en la negociación bilateral como único camino para resolver el conflicto territorial.

Mientras la CIJ analiza los argumentos de ambas partes, la visita de Delcy Rodríguez a Países Bajos representa un movimiento diplomático relevante por parte del gobierno venezolano. Caracas busca reforzar su posición en un momento en que la controversia por el Esequibo concentra la atención internacional y la frontera permanece bajo vigilancia por el incremento de la actividad militar. La resolución del tribunal será determinante para definir el futuro del histórico litigio entre los dos países sudamericanos.

La ONG Foro Penal informó el sábado su balance de presos políticos que aún están encarceladas y crifró en 457 personas bajo custodia estatal por motivos políticos, de las cuales 42 son extranjeras o tienen doble nacionalidad.

La organización que solicitó en varias ocasiones la liberación de todas las personas aprehendidas ilegalmente por el régimen venezolano señaló que se mantiene vigente la Ley de Amnistía, aunque limitada a ciertos delitos y periodos de tiempo específicos.

Foro Penal indicó que hubo una excarcelación reciente y que la organización recibió cuatro nuevos reportes de detención. Del total, 414 son hombres y 43 mujeres, entre ellos un adolescente. La organización contabiliza 270 presos políticos civiles y 187 militares.

De acuerdo con el informe, 164 personas ya fueron condenadas, mientras que 293 permanecen sin una sentencia firme. La organización, que envía estos datos a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que desde 2014 se produjeron 19.092 detenciones políticas en el país y que, además de los presos políticos, más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad.

En febrero se aprobó una ley de amnistía que abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero solo contempla personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años, lo que excluye otros periodos y casos relacionados con operaciones militares, corrupción y homicidio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el sábado que dispone de información sobre jueces que habrían cobrado por tramitar la amnistía y exigió que se tomen medidas contra ellos. En marzo, familiares de presos políticos denunciaron pagos en dólares en algunos tribunales para recibir la notificación que concede la libertad plena a sus allegados.

Rodríguez aseguró que más de 9.000 personas fueron amnistiadas. Sin embargo, Foro Penal denunció que la aplicación de la Ley de Amnistía “se ha convertido en un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos”.

El viernes, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exigió la liberación de todos los presos políticos “antes de que mueran más”, tras condenar el fallecimiento bajo custodia estatal de Víctor Hugo Quero Navas, deceso reconocido oficialmente por el Gobierno esta semana después de meses de búsqueda por parte de su madre.

Por este caso que conmocionó a todo Venezuela, Alfredo Romero, quien acompañó las gestiones de Carmen Navas ante los tribunales, afirmó que el caso del preso político fallecido “es la constatación clara de la desaparición forzosa y de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela”.

En su comunicado, el Ministerio de Servicio Penitenciario señaló que Quero Navas “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Romero consideró esa declaración como “una bofetada que le dan al pueblo venezolano, a los defensores de Derechos Humanos y a los familiares de presos políticos”.

El activista recordó que los detenidos bajo estas condiciones “no tenían contacto con el exterior por mucho tiempo y es el Estado el responsable de conseguir al familiar”. Añadió: “Es un insulto a la madre, que me consta que llevaba más de un año buscando a su hijo, preguntaba en la cárcel de Rodeo I —donde según las autoridades estuvo recluido— y allí le decían que no sabían nada”.

(Con información de EFE)

Delcy Rodríguez anunció este sábado que emprenderá su primer viaje fuera del Caribe desde que asumió el poder en Venezuela para representar al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se desarrolla la controversia territorial con Guyana por la región del Esequibo. La mandataria chavista informó sobre su partida en una alocución emitida por la televisora estatal, marcando un nuevo capítulo en el histórico diferendo entre ambos países sudamericanos.

Rodríguez comunicó que asumirá personalmente la defensa de la posición venezolana ante el tribunal con sede en La Haya, en momentos en que la nación enfrenta una coyuntura política sin precedentes tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses en enero. “A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria”, expresó durante su intervención, en referencia explícita a la zona rica en recursos naturales que Caracas reclama como parte de su territorio histórico.

La intervención de la mandataria ocurre después de que el canciller Yván Gil reiteró, también desde La Haya, la postura oficial de Venezuela. Según el funcionario, la controversia por el Esequibo solo podrá resolverse mediante una negociación directa entre las partes, excluyendo la intervención de terceros actores. “La única vía, que es donde va a concluir esta controversia, es la negociación directa, cara a cara, sin intervención de terceros”, afirmó Gil en declaraciones recogidas por la televisora gubernamental.

El canciller del régimen venezolano también rechazó los argumentos presentados por la delegación de Guyana ante la CIJ, describiéndolos como “negacionistas” y “repetitivos”. “No hemos escuchado ningún elemento novedoso, más allá de lo que ha repetido durante toda la historia. Decimos negacionistas porque, en primer lugar, niega la función de la propia corte. Venezuela ha dicho que no reconoce la jurisdicción de esta corte para resolver este caso”, subrayó.

En este contexto, el equipo legal venezolano se alista para exponer el próximo lunes lo que considera “la verdad y las razones históricas” que respaldan la reclamación nacional sobre el Esequibo, una región de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados que cuenta con valiosos yacimientos minerales y reservas petroleras. Según datos oficiales, la zona en disputa representa aproximadamente dos tercios del territorio de la actual Guyana.

La controversia diplomática se produce en un clima de creciente tensión militar en la zona fronteriza. La Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) denunció la semana pasada que sus patrullas fueron atacadas en dos ocasiones mientras realizaban tareas de seguridad en el río Cuyuni, ubicado en la Región Siete del país. “Nuestra patrulla enfrentó fuego hostil dos veces”, informó la GDF en un comunicado, especificando que los incidentes ocurrieron el martes cuando escoltaban buques civiles y que no se reportaron heridos entre sus efectivos. El alto mando militar guyanés aseguró que mantienen “una presencia operativa activa a lo largo de la frontera occidental” y que su prioridad es “la salvaguarda de la integridad territorial de Guyana y de la seguridad de las comunidades fronterizas”.

Estos episodios se suman al ataque sufrido el lunes anterior, cuando un soldado guyanés resultó herido por disparos contra una lancha de patrulla en el mismo sector fluvial. Las autoridades de Guyana consideran estos hechos como actos de hostilidad y han reiterado su compromiso con la protección del área en litigio.

El origen de la disputa por el Esequibo se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que atribuyó la soberanía de la región a la entonces Guayana Británica. Caracas declaró nulo ese laudo en 1962, argumentando que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Uno de los abogados que representó a Venezuela en aquel arbitraje, Severo Mallet-Prevost, dejó constancia en un memorándum póstumo sobre la supuesta colusión entre los árbitros, lo que habría llevado a una decisión “injusta para Venezuela”.

En 1966, ambas partes suscribieron el Acuerdo de Ginebra, un instrumento jurídico que establece el compromiso de buscar una solución mutuamente aceptable. Para las autoridades venezolanas, este acuerdo constituye el marco legítimo para abordar el diferendo. “La única vía para resolver la disputa por el Esequibo es el Acuerdo de Ginebra de 1966”, reiteró el canciller Gil.

Guyana, en cambio, sostiene que la vía judicial es la única opción legítima para zanjar la controversia. En 2018, el gobierno de Georgetown presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando que se reconozca la validez y el carácter vinculante del laudo de 1899, así como la delimitación definitiva de la frontera. Venezuela ha cuestionado históricamente la jurisdicción del tribunal, insistiendo en la negociación bilateral como único mecanismo válido.

Mientras el litigio se ventila en la CIJ, la tensión en la frontera y la movilización diplomática cobran protagonismo. El viaje de Delcy Rodríguez a La Haya busca reforzar la posición venezolana en el proceso, al tiempo que la delegación nacional prepara su defensa en una fase crucial del expediente internacional.

La líder del partido Vente Venezuela hizo un llamado a “los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado”.

“Para Víctor Hugo y para Carmen ya fue demasiado tarde”, expresó con enojo y angustia la dirigente opositora, quien reclamó justicia para ambos. Machado sostuvo que aún hay cientos de presos políticos en las prisiones venezolanas y que sus familias desconocen si “están vivos, siendo torturados, muriendo o ya muertos”.

La ex diputada relató que Carmen Navas “pasó 16 meses buscando desesperadamente a su hijo”, un vendedor ambulante de ropa en Caracas, tras ser “detenido arbitrariamente por el régimen el 1 de enero de 2025”.

Machado denunció que Quero Navas fue víctima de desaparición forzada, encarcelamiento sin debido proceso, tortura y muerte bajo custodia estatal, además de haber sido enterrado sin informar a la familia y con el fallecimiento oculto a su madre durante más de nueve meses.

La líder opositora afirmó que “obligaron a Carmen a vivir esta búsqueda agonizante”, calificando la situación como una “decisión deliberada para torturar psicológicamente a una madre anciana” y responsabilizó al régimen venezolano y a los funcionarios penitenciarios que actúan bajo la autoridad y mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Machado añadió que, como “un acto final de cinismo y crueldad”, recientemente le fue negada la amnistía a Víctor Hugo Quero Navas “sabiendo ya que estaba muerto”.

El Ministerio del Servicio Penitenciario venezolano confirmó el jueves la muerte de Quero Navas, detallando que permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y que fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese año por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Según el comunicado, Quero falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Tras la noticia, Machado escribió vía X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”. “Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, señaló sobre la representación del caso que conmocionó a Venezuela.

Las organizaciones venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea informaron este viernes que 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas.

Ambas ONG publicaron vía Instagram una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, fallecido en prisión en 2021 tras doce años detenido.

De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro fallecimientos.

“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

El cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas fue exhumado el viernes por autoridades venezolanas, luego de que el Gobierno reconociera el jueves su muerte hace nueve meses y la Fiscalía ordenara una investigación para dar con los responsables del silencio estatal.

“La exhumación se está produciendo el día de hoy. Entiendo que está la madre, Carmen Navas, y hay alguien que la está acompañando en ese momento”, declaró a la agencia EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tinedo.

El procedimiento se realizó en un cementerio del sureste de Caracas con la presencia de patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), que inició una investigación en marzo tras enterarse del caso por redes sociales, según información oficial.

La ONG JEP expresó preocupación por la independencia del proceso: “Esa es una comisión que debería haber estado integrada por investigadores independientes, de ser posible internacionales. Lamentablemente ya iniciaron la investigación de esta forma y lo que seguiremos es exigiendo que esta investigación conduzca a la verdad y el establecimiento de las responsabilidades”.

El medio constató que, posteriormente, los restos de Quero Navas fueron trasladados en una carroza fúnebre, escoltada por una caravana de funcionarios del CICPC y de la Defensoría del Pueblo. El cortejo arribó pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT) a otro cementerio en el sureste de Caracas, donde la prensa no tuvo acceso.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) condenó que Carmen Navas, de más de 80 años, se haya visto obligada a reconocer a su hijo en circunstancias que estremecen al país y evidencian la crueldad de un sistema capaz de desaparecer personas, ocultar información a las familias y silenciar durante meses la verdad sobre una muerte.

Víctor Hugo Quero Navas permanecía detenido desde el 1 enero de 2025. Según la ONG Foro Penal, el “motivo aparente” de su arresto estaba vinculado a su pasado institucional, ya que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023. Su madre denunció durante meses la detención y desaparición forzada, pero la confirmación oficial de la muerte llegó recién el jueves pasado por parte del Ministerio del Servicio Penitenciario.

El organismo estatal informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese mismo año tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El preso político falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

La JEP, junto a la ONG Provea, informó que 27 personas detenidas por motivos políticos murieron bajo custodia estatal desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas. De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro decesos.

Ambas ONG publicaron una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también la muerte de Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2025), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB), halló que los migrantes venezolanos que residen en Argentina son quienes muestran “mayor potencial de retorno” al país.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la Encovi se ha convertido en la principal fuente para evaluar el comportamiento de los indicadores sociales en Venezuela.

La edición de este año, presentada el jueves 7 de mayo, concluye que en promedio 10% de los migrantes venezolanos tiene planes para volver y 74% lo descarta.

“Argentina no es el principal receptor, pero mostró el mayor potencial de retorno, seguido por Colombia, Estados Unidos y Chile”, destaca el estudio, que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2025 y se basa en los testimonios de hogares que tienen migrantes.

Con respecto a quienes están en Argentina, 71% respondió que no tenía planes de retorno y 29% sí. En los casos de Colombia, Estados Unidos y Chile, consideran el regreso 20%, 16% y 15%, respectivamente. “Pareciera que el incentivo por retornar estaría más presente cuando el hogar de origen es pobre”, expone el informe.

En casa

La Encovi brinda datos sobre los “migrantes retornados reportados por los hogares encuestados”. En cuanto a las naciones de procedencia, destaca Ecuador en el primer lugar con 28% contra 72% que permanece allá.

“En segundo lugar se posiciona Colombia (13% de retornados contra 87% que siguen del otro lado de la frontera). Este país ha sido el mayor receptor de la migración venezolana y dado su carácter fronterizo los movimientos de retorno pueden ser más frecuentes, incluso puede haber cierta circularidad que no estamos captando”, reconocen los expertos.

De acuerdo con las mediciones de 2021, 2023 y 2025, “el retorno se estima alrededor del 7% del total de las personas emigradas reportadas por sus hogares”. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estima que existen “casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo”.

Sin clases

La encuesta calcula que 68,5% de los hogares venezolanos son pobres y 31,7% están sumidos en la pobreza extrema. Una mejora si se considera que en 2024 los números eran 73,2% y 36,5%, respectivamente.

“En cuanto a los niveles de pobreza extrema es evidente su disminución después del 2021 (68%), pero todavía en 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, subrayan.

La investigación dirigida por la UCAB contrasta la demanda potencial de educación, estimada en 11.064.592 -personas de 3 a 24 años de edad-, y la población escolarizada que llegaría a 7.128.882, dando una diferencia que se acerca a los 4 millones. “La cobertura total no ha conseguido remontar a los niveles alcanzados antes de la pandemia”.

La Encovi concluye que 1,2 niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo. “Las brechas sociales en el acceso a la educación se han mantenido a lo largo de una década”, sostiene, tras indicar que mientras en el quintil más rico de la sociedad la cobertura educativa llega a 82%, en el más pobre cae a 57%.

Menos

Tomando como referencias las proyecciones de Naciones Unidas, la Encovi apunta que la población venezolana está alrededor de los 28,5 millones de personas.

“Esta misma fuente había previsto en la revisión del año 2015 (WPP-2015) que la población de Venezuela en el año 2025 superaría los 34 millones. Esa diferencia se debe principalmente a los efectos de la migración, pero también a la pérdida de efectivos por el incremento de la mortalidad y los nacimientos no ocurridos en Venezuela”, explican.

En 1990, el tamaño de los hogares promedio en el país era de 4,8 personas. Hoy llega a 3,1. Cerca de 1 de cada 7 habitantes son adultos mayores.

“Una relación de dependencia demográfica estimada en 65 dependientes infantiles y adultos mayores por cada 100 personas en edades activas. Ese nivel de la carga demográfica corresponde con el que se estimaba para Venezuela hacia el año 2040, de acuerdo con las perspectivas demográficas que se tenían previas al éxodo migratorio”, resalta la Encovi.

Carabobo es un estado ubicado en la región centro-norte de Venezuela. Pero, desesperado por la crisis eléctrica, está aplicando una fórmula del viejo oeste norteamericano.

Aplicando una medida absolutamente atípica en el país, el gobernador de la entidad, el chavista Rafael Lacava, ofrece una recompensa de mil dólares a todo aquel que ofrezca “información correcta y fidedigna” sobre la ubicación de granjas de minería de criptomonedas que operen en su territorio.

Antes de hacer el anuncio, Lacava reconoció que padecen un “drama eléctrico”. “La gobernación de Carabobo y fundamentalmente yo ante esta situación que estamos viviendo, hemos decidido (...) ofrecer una recompensa en dinero por la información que nos lleve a las granjas de minería que están en el estado”, manifestó.

El mandatario regional dijo que le causa “mucha suspicacia y curiosidad” que en ciertos circuitos “protegidos”, donde se encuentran instalaciones como hospitales, el consumo de energía se ubique “muy por encima de lo que deberían tener”.

“Sin embargo, en las investigaciones que se hacen, no hemos logrado dar con lo que estamos buscando”, confesó Lacava, quien resolvió apelar a la comunidad para encontrar lo que persigue.

“Yo voy a pagar mil dólares por cada información correcta y fidedigna que me haga llegarle a gente que está minando”, prometió el dirigente chavista, que facilitó un número de Whatsapp para que le transmitan los datos y “preferiblemente la foto de donde están las máquinas de minería”.

Sin luz

Toda Venezuela, con la excepción de Caracas, sufre racionamientos y cortes de electricidad a diario. El gobierno de Delcy Rodríguez indicó que el jueves 7 de mayo “hemos alcanzado en el país un hito en la demanda eléctrica, que alcanzó la cifra récord de 15.579 megavatios, siendo la más alta en los últimos nueve años”.

Las autoridades atribuyen el repunte a “las altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso”.

En el comunicado oficial subrayan que “se mantiene la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional”, y advierte que “quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad serán sancionados con todo el peso de la ley”.

La presidenta encargada anunció el 26 de marzo un plan de ahorro de energía eléctrica, sin ofrecer detalles de cómo funcionaría. “Durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica”, declaró.

Rodríguez cambió al ministro de Energía Eléctrica y ha adelantado que está en conversaciones con las empresas Siemens y General Electric para recuperar el sistema.

El oficialismo culpa desde el calentamiento global hasta las sanciones de Estados Unidos por la crisis eléctrica; no obstante, los expertos afirman que la causa del problema es la falta de mantenimiento, la desinversión y los milmillonarios escándalos de corrupción. El propio Hugo Chávez firmó un decreto de emergencia eléctrica hace 16 años.

Viejo enemigo

El Ministerio de Energía Eléctrica anunció en 2024 su intención de desconectar “todas las granjas de minería de criptomonedas en el país, evitando el alto impacto en la demanda”, con el fin de “seguir ofreciendo un servicio eficiente y confiable a todo el pueblo venezolano”.

En ese tiempo, Lacava también pidió al público su colaboración, pero sin ofrecer nada a cambio. “Si usted, vecino, ve una casa, que usted conozca, dígale a esa persona que apague la granja o sino infórmelo”, planteó el mandatario regional.

Dos años más tarde, el gobernador chavista que se hace llamar “Drácula”, se lanza nuevamente contra aquellos que le chupan la sangre al debilitado sistema eléctrico venezolano.

Una ola de indignación recorre Venezuela luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario informara la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, un absoluto desconocido para la mayoría del país hasta que su madre Carmen Teresa Navas, de 81 años, emprendió una solitaria cruzada para conocer el paradero de su hijo desaparecido.

“Los 27 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia del Estado -desde Rodolfo González y Fernando Albán hasta Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero- son el testimonio de un sistema en el que la muerte fue el desenlace de la persecución política”, denunció la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón.

Quero Navas era, en realidad, un personaje anónimo. Comerciante informal, habría sido detenido el 3 de enero de 2025 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Jamás quedó claro por qué lo acusaron de delitos tan graves como terrorismo, conspiración y traición a la patria, aunque se especula que todo puede tener relación con su pasado en el servicio militar.

Nadie habría reparado en este caso de no haber sido por la lucha que emprendió su octogenaria madre, la señora Carmen Teresa Navas, quien durante más de un año recorrió cárceles y distintas instituciones del Estado buscando a su hijo, cuya ubicación jamás fue precisada por las autoridades.

Este jueves 7 de mayo, el Ministerio de Servicio Penitenciario dijo que Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

“Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio, hasta hoy (jueves 7 de mayo): le informan que su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses. Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, reaccionó María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz.

Bofetada

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, quien apoyó las diligencias de la señora Navas ante los tribunales, expresó que lo ocurrido a Quero Navas “es la constatación clara de la desaparición forzosa y de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela”.

En su comunicado, el Ministerio de Servicio Penitenciario señala que Quero Navas “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Romero sostiene que esa declaración “parece una bofetada que le dan al pueblo venezolano, a los defensores de Derechos Humanos y a los familiares de presos políticos”.

El activista recordó que los detenidos bajo estas condiciones “no tenían contacto con el exterior por mucho tiempo y es el Estado el responsable de conseguir al familiar”. “Es un insulto a la madre, que me consta que llevaba más de un año buscando a su hijo, preguntaba en la cárcel de Rodeo I -donde según las autoridades estuvo recluido- y allí le decían que no sabían nada”.

Negado

La Plataforma Unitaria Democrática -principal coalición opositora del país- condenó el hecho y destacó otro elemento que ha provocado el repudio generalizado: Pocas horas antes de que se oficializara el deceso de Quero Navas, un tribunal le había negado el derecho a acogerse a la Ley de Amnistía promulgada hace dos meses por el gobierno de Delcy Rodríguez, argumentando que los delitos que le imputaban no eran recogidos en la norma.

“Burlándose de su familia al negarle la amnistía por no calificar como beneficiario a pesar de tener conocimiento de su muerte desde hace diez meses”, subrayó la alianza, que manifestó su rechazo contra “el silencio cómplice de las instituciones”.

La ONG Provea enfatizó que “la muerte de una persona en situación de desaparición forzada, reafirma la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos al no haber instituciones independientes, capaces de afrontar el abuso de poder y las violaciones de Derechos Humanos”.

Al demandar una investigación sobre lo acontecido, Provea advierte que “el que se haya ocultado información a sus familiares sobre la muerte de Víctor Quero, induce a considerar que su muerte podría haber ocurrido como consecuencia de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Asco

Hasta el momento de escribir esta nota ni Delcy Rodríguez ni el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habían fijado posición sobre la muerte de Quero Navas.

El Ministerio Público, controlado por el oficialismo, sí anunció el inicio de una averiguación penal y ordenó “realizar con prontitud la exhumación del cadáver”.

El caso ha sido tan escandaloso que también ha provocado comentarios críticos dentro de las filas que respaldan a la revolución. “Como chavista, siento una profunda vergüenza y asco por todo esto”, escribió en su cuenta en X el comunicador Luigino Bracci Roa.

“El verdadero chavismo debe comportarse así ante situaciones de Derechos Humanos: Investigar no importa quién caiga, y no permitir que amistades o colores políticos se pongan por encima de violaciones de Derechos Humanos”, espetó Bracci Roa.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, responsabilizó este jueves a la administración venezolana por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, a quien acusó de haber sido “desaparecido, torturado y asesinado” bajo custodia de oficiales del Servicio Penitenciario.

La líder del partido Vente Venezuela denunció a través de su cuenta en X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”.

Machado destacó que, Carmen Teresa Navas, madre de Quero, recorrió cárceles en una búsqueda sin respuestas. “Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio hasta hoy: le informan que su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses”, escribió.

La dirigente subrayó que la familia del detenido recién el jueves supo que Quero “yace en una tumba desde hace 9 meses”, luego de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) admitiera que el fallecimiento ocurrió en julio de 2025 mientras permanecía bajo custodia del chavismo.

María Corina Machado afirmó que el caso refleja “el horror sistemático contra una nación que exige justicia” y sostuvo: “No nos detendremos hasta que haya justicia y libertad en Venezuela”. El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, calificó la muerte de Quero como “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”, descartando que se tratara de un fallecimiento común.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

Al enterarse del fallecimiento, el político exiliado agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El malestar social de las organizaciones que luchan por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela también se hizo notar. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, por lo que calificó como “indignante” la situación.

El Gobierno venezolano, a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reconoció el jueves la muerte del preso político, 9 meses después del fallecimiento y tras más de un año de denuncias de desaparición forzada por parte de su familia, según informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero, de 51 años, permanecía fuera del alcance de la amnistía impulsada por Rodríguez, de acuerdo con su defensa. Durante el tiempo que Quero estuvo arrestado, su madre, Carmen Navas, lo buscó sin descanso y nunca pudo verlo.

El jueves, autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios trasladaron a Navas, de 81 años, al Parque Memorial Jardín La Puerta en Caracas, donde supuestamente fue enterrado su hijo. Tras colocar flores sobre el lugar señalado como tumba de Quero, la madre solicitó la realización de una prueba de ADN para confirmar la identidad del cuerpo.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios indicó que Quero murió el 24 de julio de 2025 cerca de la medianoche “por insuficiencia respiratoria”, luego de haber sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

El Ministerio Público de Venezuela anunció el jueves la apertura de una investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, después de que el régimen confirmara que el preso político falleció hace casi un año tras varios meses de denuncias familiares sobre su desaparición.

El Ministerio Público informó en un comunicado difundido en redes sociales que la Fiscalía 80 Nacional, con competencia en protección de derechos humanos, está a cargo de las diligencias. A su vez, comunicó que ordenó “con prontitud la exhumación del cadáver” de Quero, procedimiento que estará a cargo de un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, “de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal”.

“Para el desarrollo de esta investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial”, precisó el organismo.

El anuncio se produce en un contexto de reclamos de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y la Defensoría del Pueblo por una investigación exhaustiva e independiente sobre el fallecimiento del detenido durante la dictadura liderada por el ex autócrata Nicolás Maduro en Venezuela.

La Defensoría del Pueblo sostuvo: “Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia”.

La entidad también remarcó que este hecho “evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país”. La muerte de Quero Navas reabrió el debate sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la situación del sistema judicial, que la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió reformar.

La confirmación oficial de la muerte Quero bajo custodia estatal reactivó reclamos y protestas en el país caribeño por parte de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y activistas. El gobierno a cargo de Rodríguez informó el jueves que el aprehendido falleció en un hospital nueve meses atrás.

Diversas ONG y partidos señalaron que urge una revisión de las condiciones carcelarias y la actuación de las autoridades judiciales, mientras familiares de detenidos reiteraron su preocupación por los casos de desapariciones y falta de información sobre el paradero de personas bajo custodia.

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, permanecía detenido desde enero de 2025, según la ONG Foro Penal, por su supuesto pasado militar vinculando su arresto a su servicio en 2023.

El Ministerio Público informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio acusando “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El texto oficial señaló que Quero murió casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Las autoridades penitenciarias afirmaron que el detenido “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Sin embargo, organizaciones y dirigentes políticos rechazaron esta versión. Justicia, Encuentro y Perdón indicó vía X que el “supuesto desconocimiento de los vínculos familiares” de Quero “carece de sustento documental” y aseguró que Carmen Navas realizó “múltiples diligencias” ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, calificando la situación como “indignante”.

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido” y agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, manifestó que la muerte del preso político “no es un fallecimiento común”, sino “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”.

De acuerdo con el registro de Foro Penal hasta diciembre pasado, 17 presos políticos murieron en custodia estatal desde 2014. Actualmente, la organización contabiliza 454 presos políticos en Venezuela, pese a la aprobación de una ley de amnistía en febrero como parte del nuevo momento político impulsado por la presidenta encargada del país.

(Con información de AFP y EFE)

El régimen venezolano completó entre el 18 y el 29 de abril la retirada del material nuclear restante del Reactor Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), una operación que llevaba casi tres décadas incompleta y que la proximidad de los bombardeos del 3 de enero terminó por hacer urgente. La extracción se realizó con la participación de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) de Estados Unidos, el Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil, señaló que el ataque militar del 3 de enero “en las inmediaciones de las instalaciones del IVIC, a escasos 50 metros del antiguo reactor, incrementó objetivamente el nivel de riesgo y confirmó la urgencia de ejecutar una operación que Venezuela venía solicitando desde hacía largo tiempo”. El material fue trasladado por tierra desde el IVIC, en el estado Miranda, hasta los muelles de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, donde fue embarcado para su disposición final fuera del país.

El RV-1 fue el único reactor nuclear que operó en Venezuela y uno de los primeros de América Latina. Concebido por el científico venezolano Humberto Fernández-Morán, alcanzó la criticidad en 1960 en el marco del programa Átomos para la Paz impulsado por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, que incluyó una donación de 300.000 dólares para su construcción. Funcionó durante décadas como plataforma de investigación en física, radioquímica y producción de radioisótopos, hasta que cesó su actividad en 1991.

En 1997, Venezuela y el OIEA acordaron la clausura definitiva del reactor e iniciaron operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado. Sin embargo, una parte del material permaneció en las instalaciones bajo condiciones de enfriamiento, control y almacenamiento controlado, a la espera de que los actores internacionales responsables de su origen y recepción adoptaran las medidas necesarias para completar el proceso. Caracas reclamó durante años ante el OIEA la retirada de ese remanente sin obtener respuesta suficiente.

El detonante fue la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, conocida como Operación Resolución Absoluta, que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas y culminó con la captura de Nicolás Maduro. Esa madrugada, las instalaciones del IVIC sufrieron daños directos: según informó a EFE el director del instituto, Alberto Quintero, el ataque afectó la red eléctrica del centro y comprometió el suministro en al menos la mitad de sus 24 centros de investigación, donde trabajan cerca de 1.800 personas, así como el sistema de bombeo de agua. El régimen venezolano señaló que también resultaron afectados el Centro de Matemática, el Centro de Física, el Centro de Química, el Centro de Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear.

En la operación de abril participaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, la NNSA —adscrita al Departamento de Energía de Estados Unidos— y el Reino Unido, que asumió la gestión del transporte marítimo especializado. El OIEA supervisó las salvaguardias, realizó la verificación técnica correspondiente y proporcionó capacitación al personal venezolano. El Gobierno no precisó el destino final del material extraído.

Caracas presentó la operación como un gesto de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en no proliferación, en particular el Tratado de Tlatelolco —que establece una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe— y el Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA. La paradoja que encierra el anuncio no es menor: fue precisamente la acción militar de Washington la que aceleró una cooperación nuclear que durante años había permanecido bloqueada.

El Gobierno de transición de Venezuela confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un detenido cuya desaparición había sido denunciada reiteradamente por su madre durante meses.

El Ministerio para los Servicios Penitenciarios, detalló el arresto de Quero Navas en la cárcel El Rodeo I, cerca de Caracas, el 3 de enero de 2025, y su fallecimiento el 24 de julio del mismo año en el Hospital Militar Carlos Arvelo a causa de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. La madre del detenido, Carmen Teresa Navas, había solicitado información sobre el paradero de su hijo ante el silencio de las autoridades.

El lunes anterior a la confirmación oficial, Carmen Navas reiteró su exigencia de conocer si su hijo seguía con vida, durante una rueda de prensa junto a representantes de la ONG dedicada a la defensa de presos políticos.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó a la agencia EFE que la detención de Víctor Hugo Quero Navas ocurrió tras ser interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una plaza de Caracas en 2025.

El motivo de la detención estaría vinculado a su pasado institucional, ya que prestó servicio militar en 2023. Esta relación habría desencadenado la apertura de un proceso judicial bajo cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.

El 18 de abril de 2026, la CIDH adoptó la Resolución 27/2026, otorgando medidas cautelares en favor de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, al considerar que ambos se encontraban en situación de gravedad y urgencia por el riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud en Venezuela.

Quero Navas era comerciante y fue detenido el 1 de enero de 2025. Permaneció incomunicado desde entonces, sin que sus familiares o representantes tuvieran información sobre su estado de salud, condiciones de detención, situación jurídica o ubicación oficial.

La madre del detenido, una persona adulta mayor, habría sido objeto de advertencias e intimidaciones por parte de funcionarios estatales, mientras el Estado no proporcionó información a la Comisión sobre las acciones emprendidas para atender o mitigar la situación de riesgo.

El Ministerio para los Servicios Penitenciarios comunicó que el 10 de marzo, tras la viralización del caso en redes sociales y la presión de varias ONG, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inició una investigación para esclarecer el paradero de Quero Navas.

La madre fue citada por el CICPC dos días después, y el 25 de marzo se recibió un oficio solicitando información sobre la ubicación del detenido, lo que llevó a una revisión de expedientes.

Además, la CIDH consideró que las advertencias e intimidaciones hacia Carmen Tlresa Navas evidenciaron un contexto de riesgo bajo la actual situación del país.

(Con información de EFE)

La propuesta para elevar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una propuesta de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez Gómez, reabre el debate sobre el impacto presupuestario del máximo tribunal: seguridad, vehículos y mantenimiento, con recortes visibles solo en sueldos y pensiones.

La ampliación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 32 magistrados, planteada en una reforma parcial de su Ley Orgánica, implica un aumento sustancial de los costos asociados al funcionamiento del máximo tribunal, de acuerdo con estimaciones que reabren el debate público.

Mantener una Sala Plena de 32 jueces supondría no menos de 100 escoltas, cuatro por cada magistrado, y una flota cercana a los 40 vehículos tipo camioneta de alta gama. En ese cálculo, una unidad quedaría asignada a cada magistrado y otras siete se sumarían como “extras”, una por cada integrante de la Sala Constitucional, para un total de 39 vehículos, sin contar los asignados a la presidencia del TSJ, que elevarían la cifra a alrededor de 45.

Bajo esta lectura, el nuevo esquema no reflejaría un recorte o ahorro presupuestario para el país, salvo sueldos y pensiones. El foco está en la propuesta legislativa que busca revertir la reducción aplicada en años recientes y volver de 20 a 32 magistrados.

El planteamiento fija que cinco salas —Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral— pasen de tres a cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional aumente a siete integrantes.

En paralelo, durante una sesión parlamentaria se incorporaron magistrados suplentes para cubrir de forma temporal las vacantes dejadas por ocho funcionarios jubilados y se conformó un comité para evaluar a más de 90 postulados para las nuevas magistraturas.

Las críticas también apuntan a la seguridad jurídica: diputados omitieron respetar la adscripción por sala de magistrados suplentes, lo que reaviva la pregunta sobre el sentido de designarlos para una sala específica si, llegado el momento, se les reubica “donde mejor parezca”, sin atenerse a la normativa vigente.

A este panorama se suma un elemento político: hace años, la hoy presidenta interina, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, cuestionó públicamente el costo de mantener 32 magistrados; la reforma, sin embargo, devuelve al TSJ a esa misma cifra.

Además del personal y la flota, los costos se ampliarían con el mantenimiento y el combustible de los vehículos, el armamento y la dotación de cada escolta, así como los gastos logísticos asociados (alimentación, entre otros).

Sala Constitucional

Los nombrados en 2022 como principales: Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tanía D’amelío Cardiet. Los suplentes: Cristóbal Cornieles Perret, Michel Adriana Velásquez Grillet, Olga Asunción Álvarez Álvarez, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño y René Alberto Degraves Almarza.

Según los nuevos nombramientos hechos por la Asamblea Nacional Tania D’amelio, magistrada sancionada por EEUU y quien fuera rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), ocupa la presidencia de la Sala.

Como vicepresidenta Lourdes Anderson, designada desde que nombraron a los magistrados exprés. Michel Velásquez, designada suplente de Calixto Ortega es familia de Cilia Flores.

Janet Córdova, suplente de Gladys Gutiérrez, pertenece a la Sala de Casación Civil. Y Anabel Hernández, suplente de Luis Damiani, es suplente de la Sala Electoral.

Sala Político Administrativa

Los que están como principales en la Gaceta Oficial de 2022 son: Malaquías Gíl Rodríguez, Bárbara Gabriela César Siero y Juan Carlos Hidalgo Pandares. Los suplentes: Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Emilio Antonio Ramos González y Luis Emilio Rondón González.

Ahora, como presidente de la Sala Político Administrativa fue designado Jaime Jesús Báez Jiménez, cuando es integrante como suplente de la Sala de Casación Civil.

El nombrado vicepresidente es Juan Pablo Torres Delgado quien en Gaceta aparece como suplente de la Sala Electoral. ¿Por qué preside la Sala Civil si era el rector de los tribunales civiles de Caracas?

En el caso de Luis Emilio Rondón, era suplente de la Político Administrativa.

Sala Electoral

Los principales, desde 2022, son: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Los suplentes: Grisell De Los Ángeles López de Zacarias, Juan Pablo Torres Delgado y Anabel Del Carmen Hernández Robles.

En el reacomodo que hace la Asamblea Nacional sigue Caryslia Rodríguez.

Sala de Casación Civil

En 2022 fueron designados como principales: Carmen Eneida Alves Navas, Henry José Timaure Tapia y José Luis Gutiérrez Parra. Como suplentes: Jaime Jesús Báez Jiménez, Janette Trinidad Cordova Castro y Juan Carlos Cuenca Vivas.

El parlamento actual designa como presidente de esta Sala a Emilio Antonio Ramos González, quien pertenece a la Sala Político Administrativa, pasando por encima a un magistrado principal al suplir a Henry Timaure.

Ninguno de los magistrados que se identifica opositores preside alguna Sala. Dejan como vicepresidente a José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez (AD). Inocencio Figueroa pieza cercana a Henry Ramos Allup y José Gregorio Correa.

Sustituye a Carmen Alvez, la magistrada Jacqueline Del Valle Sosa Mariño, que en realidad aparece en Gaceta Oficial de 2022 como suplente en la Sala Constitucional.

Sala Penal

En 2022 fueron designados como principales: Elsa Janeth Gómez Moreno, Maikel José Moreno Pérez y Carmen Marisela Castro Gilly. Y suplentes: Heriberto Antonio Peña, Katherine Nayarith Haringhton Padrón y Pablo Antonio Gómez.

La Asamblea designa ahora para presidir la Sala a Marisela Castro, quien había sido Defensora Pública General, por lo tanto de confianza de Adelaida “Lala” Maduro, hermana de Nicolás Maduro Moros y con un hijo que era directivo del Banco Central de Venezuela (BCV).

Designan en la Penal a Grisell de Los Ángeles López de Zacarias, quien es suplente de la Sala Electoral. Y Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, quien aparece en la Sala Político Administrativa pero la nombran en la Sala Penal.

Sala Social

En 2022, los magistrados principales de esa Sala: Édgar Gavidia Rodríguez, Carlos Alexis Castillo Ascanio y Elías Rubén Bittar Escalona. Y los suplentes: Edelio Isabel González Díaz, Eneida Alexandra Moreno Pérez y Silio César Sánchez Zerpa.

Ahora es nombrado presidente Elías Rubén Bittar. Como suplente nombran a Eneida Alexandra Moreno Pérez, quien era suplente en la Sala de Casación Social. Igual ocurre con el sustituto de Gavidia,

A Gavidia lo sustituye Edelio Isabel González Díaz, quien era suplente en la Sala de Casación Social.

La historia se repite. Hace 22 años, Hugo Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ampliar el número de magistrados de 20 a 32.

Tras un cambio que en 2022 redujo la cantidad a la veintena original, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve ahora una nueva modificación para volver a los 32, blindando la mayoría chavista en una institución clave para el control del poder en Venezuela.

¿Por qué Chávez incrementó el número de miembros de la Sala Plena? El 11 de abril de 2002, el difunto comandante sufrió un golpe de Estado que lo sacó de Miraflores por unas 48 horas.

En agosto de ese mismo año, con una votación de 11 a 9, la mayoría del máximo juzgado determinó que el hecho no había sido una rebelión sino un “vacío de poder” que se había provocado por la supuesta renuncia del Presidente, lo que exoneraba a los jefes militares involucrados de ser procesados.

El líder revolucionario montó en cólera. “Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen moral, son unos inmorales. Lo que pusieron fue una plasta”, bramó.

En ese momento sobre el TSJ ejercía una gran influencia Luis Miquilena, mentor del propio Chávez y quien desde la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente había intervenido directamente en la “remodelación” de los poderes públicos. Miquilena rompió públicamente con Chávez el mismo 11 de abril.

Tan pronto se alteró la composición del máximo juzgado, en marzo de 2005, la Sala Constitucional anuló el fallo que había favorecido a los oficiales relacionados con el golpe.

Alineados

En 2022, el chavismo decidió regresar a los 20 magistrados en el TSJ “a los fines de fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia”, según plasmaron en la exposición de motivos de la reforma de la ley.

El resultado de esta transformación fue un máximo juzgado hecho a la imagen y semejanza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denunciaron actores políticos y organizaciones civiles. Varios de los jueces tenían vínculos directos con la pareja presidencial, incluidos los presidentes de las salas Social, Edgar Gavidia Rodríguez, y Penal, Elsa Gómez, el primero hermano del ex esposo de Flores y la segunda tía de la ex esposa de un hijo de Flores.

El ataque de Estados Unidos del 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y Flores, ha dado pie a un “nuevo momento político”, en palabras de Delcy Rodríguez. Esta etapa vendría marcada por la renovación de las instituciones. La Asamblea Nacional ya nombró a un nuevo fiscal general, Larry Devoe, ficha cercana a la mandataria interina, que reemplazó en el cargo a Tarek William Saab, fiel a Maduro.

Si hace cuatro años el chavismo justificó la disminución de magistrados invocando “eficiencia, eficacia y efectividad”, en estos momentos aúpan el aumento declarando que es “una medida estratégica para robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

No más

“Se plantea nuevamente elevar el número de magistrados a 32, un cambio meramente cuantitativo que no implica una reforma significativa en un Poder Judicial que ni es autónomo ni es independiente”, reaccionó la ONG Acceso a la Justicia tras conocer el proyecto aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista.

Esta asociación civil recuerda que “varias veces se ha cambiado la composición del TSJ y la situación de la justicia no ha hecho sino empeorar: ¿por qué ahora sería diferente?”. “Aumentar el número de magistrados no es la solución a los gravísimos problemas del Poder Judicial, la solución es elegir magistrados imparciales”, sostiene.

En la misma línea, la ONG Provea expresa tajante: “No necesitamos más magistrados en el TSJ”. “Necesitamos que actúen con independencia, apegados a la Constitución y con su obligación de garantizar justicia conforme al derecho”, exige Provea, al advertir que “una reforma que no parta de estos principios no transforma el sistema, lo maquilla”.

Nuevos jefes

La fracción opositora en el Parlamento dijo verse sorprendida por la propuesta chavista, entregada apenas una hora antes de la primera discusión que se llevó a cabo el martes 5 de mayo.

“Claro que debemos avanzar hacia una reforma del sistema judicial venezolano, pero esa transformación tiene que construirse con responsabilidad, equilibrio y absoluto respeto constitucional”, manifestó el diputado Stalin González, jefe de la bancada que salvó su voto.

El abogado y profesor universitario Rafael Chavero Gazdik observó que “el aumento o reducción de magistrados del TSJ debe atender a criterios técnicos y estadísticos serios” como “número de sentencias, plazos de decisión y causas pendientes, entre otros. Nada de eso vimos en el debate de la AN”.

Chavero Gazdik alerta que este movimiento promovido por Delcy Rodríguez “huele a un nuevo ‘court-packing’”, término que se refiere a la manipulación del número de jueces para favorecer al gobierno en funciones.

El régimen de Nicaragua, dirigido por los esposos y “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo, volvió a designar a la periodista Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora en Venezuela, según informó el Diario Oficial La Gaceta.

Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos y también ejerció como vicealcaldesa (2008-2009), ya había sido embajadora ante el Gobierno venezolano entre el 21 de marzo de 2023 y el 29 de enero de 2026.

La periodista perdió su puesto diplomático casi cuatro semanas después de la captura de Nicolás Maduro y luego fue designada como embajadora en Cuba, donde permaneció menos de dos meses.

El Ejecutivo sandinista retiró el cargo a Isidro Antonio Rivera Guadamuz como embajador nicaragüense en Venezuela, donde estuvo menos de tres meses. Rivera Guadamuz fue el tercer diplomático separado de la embajada en Caracas tras la captura de Maduro el 3 de enero. Sustituyó a Valezka Fiorella López, quien había estado menos de un mes en el cargo.

López Herrera, que era ministra consejera de la embajada en Caracas cuando fue ascendida, fue nombrada embajadora casi cuatro semanas después de la captura de Maduro, reemplazando a Torres Bosques, quien anteriormente había sucedido a Orlando José Gómez desde el 21 de marzo de 2023.

Los gobiernos de Managua y Caracas mantienen una alianza política y económica desde la llegada al poder de la revolución bolivariana en 1999, encabezada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a las protestas.

Tras la caída de Maduro el 3 de enero, Ortega y Murillo han adoptado una postura más cauta frente al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por su llamado a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en el país hay 454 personas detenidas por razones políticas.

Desde su cuenta en X, Machado manifestó que el “desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela”.

Machado sostuvo que “los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y reclamó su liberación inmediata.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, afirmó ante el Consejo Permanente de la OEA: “La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela”.

Por su parte, Albert Ramdin instó a las autoridades venezolanas a acelerar la liberación incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. “Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita”, expresó.

Respecto a la ley de amnistía aprobada en febrero, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, aunque advirtió sobre artículos que, en su opinión, podrían emplearse contra opositores y condicionar futuros procesos de rendición de cuentas.

Reneaum señaló que, pese a que las autoridades reportan más de 8.000 beneficiarios de la ley, las organizaciones civiles solo registran 186 personas con libertad plena y otras 554 bajo medidas cautelares, situación que calificó de “libertad vigilada”.

El Gobierno de Venezuela suele referirse a estas personas como “políticos presos”, argumentando que están encarceladas por la comisión de delitos, una postura rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

La vicepresidenta de Formación de PJ en el estado Zulia, María Gabriela Retamoza, señaló a la agencia de noticias EFE la necesidad de una apertura real del proceso con un cronograma claro para que los jóvenes puedan inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral.

Según la dirigente, resulta fundamental que se instalen máquinas para el registro en cada municipio del país. “Aquí tiene que haber una apertura real, las máquinas son del pueblo y tienen que estar visibles para todos”, afirmó.

Los jóvenes buscaron entregar una carta con estas exigencias en la sede del CNE en Zulia, pero las autoridades no la recibieron.

La presidenta adjunta de PJ en el Zulia, Patricia Cuevas, sostuvo que para que la juventud pueda formar parte del cambio político en Venezuela debe “tener sus derechos”, incluido el de participación.

“Desde hoy empezamos a trabajar en esto y no los vamos a dejar solos, porque los derechos tienen que estar para todos y deben ser respetados por igual para todos”, expresó.

El lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que las elecciones en el país deberían realizarse en los próximos 12 meses “como máximo”.

Machado insistió en la urgencia de adelantar los comicios en Venezuela, respetando el plan de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Conferencia Global 2026 organizada por el Instituto Milken en Los Ángeles (California).

Hasta el momento, las autoridades venezolanas han relegado el tema electoral, al otorgar prioridad a cuestiones económicas. El 2 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, declaró que no era “perentorio” definir una fecha para los comicios.

Por su hablar pausado y trato afable, Feliciano Reyna (Caracas, 1955) siempre transmite serenidad. Pero en la Venezuela del conflicto perenne este defensor de Derechos Humanos y director de la ONG Acción Solidaria, fundada en 1995 para la atención de personas con VIH, ha terminado en el ojo del huracán.

La decisión de sumarse al Programa para la Paz y Convivencia Democrática, instalado el 23 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, le ha granjeado a Reyna duras críticas por parte de sectores de la sociedad civil, que ponen en entredicho el aporte de esta iniciativa a la construcción de una transición democrática.

Considerado uno de los activistas sociales más destacados del país, resiste los reproches y justifica el paso dado argumentando que ve en la convocatoria de la mandataria interina una posibilidad para avanzar hacia la democracia en Venezuela.

- ¿Quién lo invita a participar en el programa y por qué aceptó el llamado?

- A mí me invitan a participar temprano, cuando se designa primero como comisión y después como Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Recibo un mensaje de Ana María Sanjuán -recién designada ministra de Educación Superior-, con quien había tenido trato desde hace un tiempo ya. También estaba una persona amiga, el profesor de Ciencia Política, Michael Penfold. Me pareció que era un espacio en el que podía traer algunos temas que para mí son muy importantes.

- Tengo entendido que tiene una relación de amistad con Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada. ¿Eso influyó en su decisión de sumarse al programa?

- Más que amistad, hemos tenido un trato desde hace tiempo. De hecho, fue mi primer enlace con una persona que estaba en el gobierno en el año 2020, en plena pandemia, cuando me contactaron dos familias que tenían a personas presas con problemas de salud serios, una en El Helicoide, y la otra en la cárcel militar de Ramo Verde.

Allí pude hacer un enlace con él para ver cómo podíamos incidir no solo por estas dos personas, sino por los casos de otras más que tenían problemas de salud en aquel momento. Esas dos reuniones iniciales fueron virtuales y de allí hemos establecido siempre una relación de trato muy respetuoso y en los temas que hemos considerado de interés, hemos tenido siempre esa interlocución.

Pero en este caso no fue una invitación de Jorge Rodríguez, más bien como decía fueron Sanjuán, con quien he venido hablando de otras áreas de preocupación por el país, y Michael Penfold.

- Activistas cuestionan que el programa no forma parte de un esfuerzo de justicia transicional. sino que se reduce a un espacio político para promover el diálogo.

- Es que para poder estar pensando en los temas de justicia transicional tiene que haber empezado un proceso de transición a partir de unos momentos previos, que tienen que ver con la reinstitucionalización del país, con la posibilidad incluso de llegar acuerdos entre quienes están en el poder y quienes aspiran a estarlo. Pero todo eso es un camino de negociaciones que en todo caso si estuviera allí, no deja de ser incipiente. El camino para eventualmente poder decir que hay todo un cambio institucional que te permita también tratar de fondo los temas de justicia, reparación y garantías de no repetición, no es algo que pueda estar ocurriendo en este momento.

Sí es posible con los espacios que se han abierto ir incidiendo, yo he llevado tres temas: la respuesta humanitaria que es muy urgente, pues todavía hay más de 5 millones de personas en condiciones muy vulnerables; el tema normativo que nos afecta a las organizaciones; y todo el tema de las personas privadas de libertad, más allá de las personas detenidas por razones políticas. Hay una serie de casos muy importantes que han afectado a personas pobres, en frontera, indígenas, todo eso requiere atención. Si ese espacio existe, a mí me parecía importante entrar donde pudiera hacer mi contribución.

- Otra crítica guarda relación con la supuesta falta de transparencia e institucionalidad. El programa no tiene un marco institucional ni jurídico, y tampoco ofrece información sobre sus actividades y decisiones.

- Lo que ha ocurrido es que el programa empieza con algunas primeras reuniones, efectivamente de una manera todavía no totalmente formalizadas, pero fue despertando mucho interés. Para mí fue impresionante pensar que más de 350 personas se fueron a reunir con el programa para plantear sus casos de familiares privados de libertad, y después más de 800 se registraron en línea. Allí tienes más de 1.100 personas registradas que pensaron que aquí existe una posibilidad de que se conozcan sus situaciones.

Después ha habido reuniones con medios, sindicatos, grupos que trabajan los derechos de las mujeres, un conjunto de actores muy interesantes que se han acercado al programa para ser escuchados y hacer propuestas.

De repente se vio al grupo hasta sobrepasado por las expectativas de respuesta y, al final, la sistematización comenzó a mitad de camino. El programa está llegando a sus 100 días, que era su mandato original, se está preparando un informe y de allí saldrá una versión para el público, pero hasta ahora ha sido ir sobre la marcha.

Entiendo que para algunos el programa tiene ya que comunicar, pero quizá parte de su virtud ha sido escuchar a muchos grupos. Creo que van a aparecer allí un conjunto de recomendaciones que si el programa continúa, contribuirá para que se lleven a implementación. Hay que pensar que el programa no es un implementador, recibe solicitudes de interlocución, escucha, recibe recomendaciones y después eso va a quienes son los responsables de implementar. Para mí es un momento de ver cómo se avanzará en los próximos días, tras cumplir su mandato.

- Defensores de DDHH señalan que las víctimas no son el centro de la actuación del programa. ¿Qué responde a esa observación?

- Allí sí estaría en desacuerdo. El programa ha recibido más de 350 casos y después más de 800 se comunicaron en línea. Recientemente vino el grupo de familiares de estos casos dramáticos de personas sin apoyo, pobres, desconocidas, de frontera, que vinieron a hacer denuncias muy serias de detención arbitraria de sus familiares que tienen 4 años presos, casos que no tienen resolución, audiencias que no ocurren. Si uno se va a los casos más extremos, que son los de las personas privadas de libertad, la verdad es que sí se han atendido.

Recientemente hubo una reunión con el fiscal general de la República, Larry Devoe, y cuatro organizaciones muy reconocidas, lo que también abre un espacio para trabajar casos que requieren atención. En esa reunión se plantearon temas de fondo sobre el funcionamiento de la Fiscalía como garante de los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, casos grupales e individuales.

En mi caso particular, que trabajo desde hace mucho en el ámbito humanitario, allí hay una afectación de por lo menos 5,5 millones de personas en situación de necesidad, datos que compartí con el programa. Aquí de ninguna manera se ha invisibilizado ni desconocido el clamor y los deseos de justicia de una parte importante de la población.

- También han advertido que el hecho de que se mantenga intacta la estructura de represión que impuso el régimen chavista, puede inhibir a las víctimas de participar en iniciativas como el programa.

- Una de las cosas que para mí ha sido muy positiva es que van acercándose familiares de detenidos, incluso en casos que no responden a detenciones políticas. Sea lo que sea que haya hecho una persona, tiene derecho al debido proceso. Entonces, se han ido acercando al programa y creo que eso sí ha tenido que ver con algunos mensajes que vamos dando varios desde aquí, de decir traiga su caso, hay que documentarlo.

Muchas veces me toca referirlos al equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH que ha estado en el país y, a la vez, registrarlos como parte del programa. Diría que el programa es un espacio más que genera confianza en algunas personas para poder traer sus casos, y esto de ninguna manera excluye el trabajo que siguen haciendo las organizaciones de DDHH. Otros espacios que puedan crearse de interlocución creo que son importantísimos.

- Pero en su condición de defensor de DDHH, ¿le frustra o decepciona que aún se mantenga esa estructura de represión

- Ese desmontaje uno espera que vaya ocurriendo pronto. Ha habido protestas con alguna situación de represión pero, por ejemplo, recuerdo una en la que hubo cuatro detenidos y esos cuatro detenidos no se quedaron, salieron al día siguiente. Allí hay una situación algo distinta. Creo que empieza a haber una conducta de quien tiene que garantizar que si alguien es detenido, se cumpla el debido proceso.

Creo que el papel que pueden estar jugando ahora el Ministerio Público con el fiscal Devoe, y la Defensoría del Pueblo con Eglée González Lobato, pueden empezar a dar señales de que aunque exista el aparato que vamos a llamarlo de fuerzas del orden público, no sea ya un aparato represor sino un conjunto de instituciones que cumplan con su deber y su responsabilidad.

Yo estoy viéndolo más como esa posibilidad y me parece importantísimo porque es otro tema de los que he compartido, que para que el país pueda tener un avance real, tiene que existir el espacio de deliberación pública sin represión ni mordazas. Para resolver los problemas necesitamos que haya apertura para expresar lo que no está funcionando bien. Creo que hay un espacio para actuar y una responsabilidad de quienes seguimos viendo que hay mucho que resolver.

- Hay quienes advierten que el régimen puede estar utilizando esta iniciativa para tratar de lavarse la cara y dar una sensación de apertura que es falsa.

- Es posible que los objetivos que uno se plantee en términos de lo humanitario, el debate público y personas privadas de libertad no terminen en todo lo deseable, pero creo que ahora hay posibilidades. Y si hubiera cosas que vayamos logrando, creo que van a ser importantes para las personas. Las excarcelaciones son importantísimas para las personas detenidas y sus familias, al igual que el programa humanitario para más de 5 millones de personas vulnerables y todo el espacio de deliberación pública para el conjunto de la sociedad civil.

Si se abren espacios en estos momentos, creo que tiene sentido hacer el intento. Sería una pérdida de posibilidades si personas de prestigio, honorables, no ponen su nombre para el Tribunal Supremo de Justicia. Va a seguir habiendo enormes retos, claro que sí, pero creo que es un costo a pagar que se justifica cuando el país en este momento está exigiendo tanto y, al mismo tiempo, en un momento de oportunidades para lograr esos cambios institucionales que hemos estado demandando.

- ¿Cree que Delcy Rodríguez facilitará la transición a la democracia en Venezuela?

- Creo que en este momento es muy difícil no facilitarlo. Creo que es en bien de todos facilitar ese proceso. Entre el camino que todavía hay que andar para la reinstitucionalización, incluso con las mejoras económicas y sociales, y si llega a haber un proceso de elecciones en el periodo que puedan ocurrir, de renovación y pluralización de la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías, yo creo que facilitar eso al final también te da larga vida política.

Vas a necesitar acuerdos y llegados allí es imposible imaginar que personas que se han visto agraviadas en sus derechos no vayan a exigir procesos de justicia, reparación y garantías. Pero creo que en este momento, después de todo lo que nos ha pasado y que derivó en esta situación del 3 de enero, me parecería difícil imaginar que para todos los actores políticos no sea lo razonable avanzar en aperturas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de una disparidad en las cifras sobre la liberación de presos políticos en Venezuela y advirtió sobre un estado de "libertad vigilada" para los favorecidos por la ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez sostiene que hay más de 8.000 beneficiados, mientras que, según la sociedad civil, solamente 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según detalló el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un informe dirigido al Consejo Permanente de la OEA.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), monitorea la situación venezolana, aunque no ha logrado ingresar al país para revisar el sistema carcelario pese a solicitudes reiteradas desde 2017.

Venezuela no forma parte de la OEA, que denunció las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro resultó reelecto como presidente.

“Prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad: es libertad vigilada”, afirmó Ralón Orellana al referirse a la condición de los excarcelados.

El Consejo Permanente solicitó a la CIDH un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, en el marco de un esfuerzo sostenido de países como Argentina, que priorizan este tema.

La CIDH indicó que “toma nota” de la ley de amnistía promulgada en febrero tras los cambios políticos derivados de la caída de Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos.

La Comisión criticó la “cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros [que] introduce un tipo [de delito] abierto, aplicable contra opositores”, según el mensaje de Ralón Orellana, quien también es relator especial para personas privadas de libertad.

“La eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas”, advirtió.

“Los tribunales y la fiscalía, llamados a aplicarla, son los mismos que han sostenido las detenciones arbitrarias. No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”, agregó.

La CIDH reclama una lista oficial de presos liberados.

Por su parte, la presidenta Rodríguez solicitó hace un mes que se dé “seguimiento” a la aplicación de la amnistía y advirtió que algunos beneficiados estarían “planificando el conflicto”.

“Los jueces tienen que actuar con independencia, garantizar que haya justicia”, expresó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea. El miembro de la organización subrayó que los jueces deben ser designados por concurso, al considerar que este mecanismo garantiza la estabilidad judicial y constituye “la condición mínima para que exista independencia en tribunales”.

A través de un video difundido en X, Alvarado insistió en que toda reforma del TSJ debe basarse en la Constitución y no en decisiones discrecionales. “El derecho a la defensa y el debido proceso también están consagrados constitucionalmente. Los jueces deben decidir con base en el derecho y en las pruebas presentadas, no en consultas a superiores ni en llamadas de terceros. Esa práctica debe cesar”, criticó el coordinador.

El martes, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el TSJ de 20 a 32, iniciativa que aún debe superar una segunda votación en la Cámara para entrar en vigor.

Durante la sesión ordinaria del martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó la reforma y argumentó un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.

Rodríguez detalló que la propuesta de reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ —la Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral— estén integradas por cinco magistrados cada una, dos más que en la actualidad. La Sala Constitucional pasaría a contar con siete magistrados, en vez de cinco.

La iniciativa legislativa surge en paralelo al proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones en corte suprema. En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el objetivo de superar los problemas persistentes en el sistema judicial, como el retardo procesal y la corrupción.

El diputado opositor Tomás Guanipa, en nombre del bloque parlamentario Libertad, protestó por la falta de tiempo para revisar el proyecto —recibido poco más de una hora antes de la sesión— y reclamó una discusión más amplia y de consenso sobre el sistema de justicia.

“No debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo qué debe ser la justicia en Venezuela (...). Este no es tema ni de cargos ni de nombres, sino de un sistema completamente corrompido, como lo es el sistema de justicia en Venezuela”, manifestó Guanipa.

Rodríguez pidió evitar provocaciones y recalcó que “cada quien tiene derecho a equivocarse como quiere”, en alusión a las críticas opositoras.

La ONG Provea demandó en X que la reforma judicial garantice una “selección transparente, amplia y apegada a la Constitución” de los nuevos magistrados, y expresó su preocupación por la posibilidad de que el proceso quede reducido a intereses de tutelaje transnacional, dejando de lado la participación de la academia, ONG, víctimas y organismos internacionales.

En abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló la comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de enfrentar problemas persistentes como el retardo procesal y la corrupción en el sistema judicial venezolano.

(Con información de EFE)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles sobre la marcada diferencia entre las cifras de liberación de presos políticos anunciadas por el chavismo en Venezuela y los datos verificados por organizaciones civiles independientes.

El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que, mientras el régimen de Delcy Rodríguez afirma que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía, solo 186 cuentan con libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según monitoreos independientes.

El informe, presentado a solicitud de varios países miembros, señala que la mayoría de las personas liberadas enfrentan un régimen de “libertad vigilada”.

Ralón Orellana precisó que estas restricciones incluyen prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y limitaciones para manifestarse o hablar con medios de comunicación.

“Eso no es libertad: es libertad vigilada”, afirmó el titular de la CIDH, subrayando la naturaleza condicionada de las excarcelaciones.

La ley de amnistía promulgada en febrero fue presentada como una medida destinada a favorecer la reconciliación nacional tras la intervención militar que precipitó la caída del narcodictador Nicolás Maduro. Sin embargo, la CIDH advirtió que persisten cláusulas ambiguas en la legislación, especialmente en el artículo 9, que deja abierta la posibilidad de procesar a opositores por supuestos vínculos con actores extranjeros.

Según Ralón Orellana, “la cláusula residual del artículo 9 introduce un tipo abierto, aplicable contra opositores”.

El organismo regional, que no ha podido realizar visitas in situ al sistema carcelario venezolano desde 2017, también cuestionó la eliminación de antecedentes sin salvaguardas de archivo, lo que podría dificultar futuros procesos de rendición de cuentas.

“La eliminación de antecedentes sin controles compromete la prueba para futuros procesos”, advirtió el relator especial para personas privadas de libertad.

La CIDH enfatizó que los tribunales y la fiscalía encargados de aplicar la ley de amnistía son los mismos que participaron en detenciones arbitrarias durante el régimen anterior.

“No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”, expresó Ralón Orellana.

El organismo solicitó al régimen chavista la entrega de una lista oficial y verificable de las personas liberadas bajo la nueva normativa.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, consideró que la privación de libertad por motivos políticos “es una de las expresiones más graves del derrumbe del estado de derecho” en Venezuela. Reclamó la liberación inmediata de quienes continúan detenidos por razones políticas, y sostuvo que “la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad”.

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Bernardo, respaldó la necesidad de transparencia y reiteró el pedido para que la CIDH pueda visitar el país.

“Creo que hay una pequeña luz en Venezuela, pero eso no significa tranquilidad mientras todos los detenidos y desaparecidos no estén en libertad”, sostuvo.

Organizaciones civiles como Foro Penal reportan la existencia de 454 presos políticos en Venezuela, de los cuales 41 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

La CIDH reconoció que la ley de amnistía excluye formalmente los delitos graves de violaciones a los derechos humanos, pero alertó que algunas disposiciones podrían usarse para perseguir a opositores.

El clima de vigilancia y las restricciones impuestas a los excarcelados reflejan, según el informe, un escenario en el que la libertad sigue siendo limitada y condicionada por el aparato judicial y de seguridad.

A pesar de la aprobación de la amnistía y los anuncios oficiales de apertura, la mayoría de los excarcelados continúan sujetos a un sistema de control estatal que impide su libre participación en la vida política y social.

La CIDH concluyó que solo una lista clara y verificable de liberados, junto con la eliminación de restricciones arbitrarias, permitirá evaluar un verdadero avance en materia de derechos humanos y democracia en Venezuela.

(Con información de EFE y AFP)

El hotel J.W. Marriott de Caracas se convirtió en el principal punto de operaciones políticas, diplomáticas y económicas tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro y el desembarco de delegaciones extranjeras interesadas en el futuro del país.

En sus instalaciones se concentran funcionarios estadounidenses, inversores y analistas que participan de la reconfiguración de Venezuela, en un contexto marcado por el fin del aislamiento y el inicio de negociaciones clave.

Ubicado en una zona financiera que perdió dinamismo en los últimos años, el edificio de 17 pisos alberga ahora una actividad inusual. En su interior, ejecutivos del sector energético, financistas y diplomáticos mantienen reuniones constantes, mientras equipos vinculados al gobierno de Estados Unidos operan desde allí. Según describe The New York Times, el hotel se transformó en un espacio donde “es evidente que no es un hotel cualquiera”, debido a la presencia de grupos de estadounidenses que supervisan los movimientos en el lugar.

La transformación del Marriott responde, en parte, a que el último piso funciona como sede provisoria de la embajada estadounidense.

El complejo diplomático oficial, ubicado a pocos kilómetros, permanece en proceso de reacondicionamiento tras haber sido abandonado en 2019 cuando Caracas rompió relaciones con Washington. Mientras tanto, el personal diplomático trabaja en oficinas improvisadas dentro del hotel.

En ese nivel, restringido al público, se instalaron espacios de trabajo para funcionarios y salas de reuniones adaptadas. De acuerdo con The New York Times, allí “el Departamento de Estado ha instalado su embajada provisional en varias suites”, donde los empleados operan en condiciones limitadas mientras avanzan las gestiones políticas y económicas.

Entre los funcionarios instalados en el edificio se encuentra John Barrett, quien encabeza la misión diplomática en esta etapa inicial. Desde espacios adaptados dentro del hotel, el enviado mantiene reuniones con empresarios y representantes internacionales en un salón acondicionado como sala de conferencias, en medio de los esfuerzos por restablecer la presencia formal de Washington en el país.

La presencia estadounidense no se limita a lo institucional. Empresarios, especialmente del sector petrolero, comenzaron a llegar a Caracas para evaluar oportunidades tras el cambio de escenario.

Conversaciones sobre activos energéticos, deuda y posibles inversiones se repiten en distintos espacios del hotel. En ese entorno, las negociaciones se desarrollan de forma discreta.

“Es sin duda donde está la acción”, afirmó el empresario venezolano Ricardo Cusanno, quien participó en reuniones con delegaciones extranjeras, en declaraciones a The New York Times.

La concentración de actividad en el hotel también es reflejo de las limitaciones operativas actuales. El personal diplomático tiene restricciones para desplazarse fuera de la zona inmediata. Según el reporte, esto implica que intentan comprender la realidad de un país extenso con movimientos limitados dentro de la capital.

En el exterior del edificio, vehículos destinados al uso de la delegación estadounidense permanecen disponibles para traslados puntuales. Mientras tanto, dentro del hotel, decenas de funcionarios y asesores se alojan de forma temporal, a la espera de establecer una presencia permanente en la ciudad.

El flujo constante de visitantes incluye también analistas de riesgo, operadores financieros y representantes de distintos sectores económicos. Las conversaciones abarcan desde el valor de bonos en default hasta la reactivación de industrias clave.

En paralelo, funcionarios buscan definir el marco institucional que regirá la transición.

Sin embargo, el protagonismo del Marriott contrasta con la situación general del país. El acceso a este tipo de espacios sigue siendo limitado para la mayoría de la población, que aún no percibe cambios concretos en su vida cotidiana. La reactivación económica se encuentra en una etapa inicial y depende de acuerdos en desarrollo.

Jorge Barragán, asesor en riesgo político, sintetizó ese contraste al señalar que “gran parte de la transformación esperada se está guiando desde el Marriott”, según consignó The New York Times. La frase refleja cómo, en esta etapa, las decisiones clave se concentran en un entorno reducido mientras el país atraviesa la crisis de los servicios básicos.

El edificio, que antes funcionaba como un hotel corporativo más, pasó a ser un nodo central en la redefinición del poder en Venezuela. Allí convergen intereses diplomáticos, económicos y estratégicos en un momento en que el país busca reinsertarse en el escenario internacional tras años de aislamiento.

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, destituyó a Isidro Antonio Rivera Guadamuz de su cargo como embajador en Venezuela, función que ejerció menos de tres meses, según informó el Diario Oficial La Gaceta.

Mediante un acuerdo presidencial, la administración de Ortega y Murillo anuló el nombramiento de Rivera Guadamuz como embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, posición para la que había sido designado el 26 de febrero. El documento establece: “El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha”, sin detallar las razones de la destitución.

Rivera Guadamuz es el tercer diplomático retirado de la Embajada de Nicaragua en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Sustituyó a Valezka Fiorella López, quien ocupó el puesto menos de un mes. López Herrera, que era ministra consejera en la embajada de Managua en Caracas antes de ser ascendida, asumió el cargo de embajadora casi cuatro semanas después de la captura de Maduro.

López Herrera reemplazó a la periodista Daysi Ivette Torres, ex alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos y embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023. Antes de Torres, el puesto había sido ocupado por Orlando José Gómez.

Los ejecutivos de Managua y Caracas mantienen una alianza política y económica desde la instauración de la revolución bolivariana en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a las protestas y denuncias de fraude.

Tras la caída de Maduro el 3 de enero, Ortega y Murillo han optado por una actitud más cautelosa frente al gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.