El Parlamento de Venezuela aprobó una reforma legal para acelerar el acceso a viviendas y ordenar la actividad constructora después de los terremotos del 24 de junio, que dejaron casi 6.500 muertos y más de 17.900 personas sin hogar.

La nueva norma, sancionada este viernes por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, reemplazó la anterior ley contra la estafa inmobiliaria y pasó a llamarse Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas. La iniciativa quedó orientada a facilitar la edificación de casas para los damnificados y a fijar nuevas obligaciones para las empresas del sector.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sostuvo que la ley busca permitir que los compradores accedan con mayor rapidez a las viviendas. El texto quedó integrado por 40 artículos que fijaron reglas sobre contratos, ventas, responsabilidades de las constructoras y mecanismos de control a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

La reforma dispuso la creación de un fideicomiso por parte de las constructoras y amplia las exigencias vinculadas con los permisos y la información contractual. A partir de ahora, las empresas deberán detallar en cada contrato las características de las viviendas y el cronograma de ejecución de las obras.

La norma también contempla sanciones para incumplimientos, entre ellos retrasos en la presentación de documentos, faltas en la permisología, desacato y violación de medidas preventivas. Las multas previstas oscilaron entre el equivalente a 300 y 54.000 veces la moneda de mayor valor, de acuerdo con el tipo de cambio del día. En la actualidad, esa referencia corresponde al euro, según la cotización del Banco Central de Venezuela.

La aprobación de la ley quedó directamente vinculada con la emergencia abierta por el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó al país el 24 de junio. El impacto resultó grave en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada por el desastre. Semanas atrás, el propio Jorge Rodríguez calculó en 25.000 viviendas la cantidad necesaria para atender a quienes perdieron sus casas.

En ese marco, las autoridades pusieron en marcha un censo biométrico en campamentos transitorios instalados en Caracas, Miranda y La Guaira para determinar con precisión cuántas viviendas nuevas serán necesarias. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió además que las personas damnificadas recibirán viviendas antes de fin de año.

La respuesta oficial a la crisis también incluyó un operativo de remoción y procesamiento de escombros. El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó que los restos de las edificaciones dañadas serán transformados en insumos para el plan de reconstrucción impulsado por el Gobierno chavista.

Según datos difundidos por el ministerio, en casi dos meses de tareas se recolectaron 2,1 millones de toneladas de escombros en La Guaira. Esa estimación correspondió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cada día se retiraron entre 280 y 300 toneladas de desechos domiciliarios, mientras los escombros fueron trasladados a 14 centros de disposición temporal.

De esos 14 espacios, tres quedaron destinados al tratamiento y trituración de materiales como concreto, acero, plástico y madera. Nelson Rodríguez estimó que la recolección podría extenderse durante un año y sostuvo que el proceso permitiría reducir el volumen de los restos hasta en un 80%. También descartó que los escombros fueran arrojados al mar.

(Con información de EFE)

El 28 de julio de 2024 el ex dictador Nicolás Maduro escribió un nuevo capítulo en la oscura historia política y social a la que sometió a Venezuela durante más de dos décadas. Ese día, Maduro perpetró un nuevo fraude electoral pese al triunfo de Edmundo González Urrutia en las urnas. Horas después de autoproclamarse vencedor de los comicios, desató una brutal ola represiva contra la oposición, intensificando la persecución política y consolidando un clima de hostigamiento y temor entre quienes rechazaban al régimen. Su objetivo era claro: aferrarse al poder a toda costa.

Por orden del entonces dictador -hoy detenido en una prisión de Estados Unidos-, las fuerzas de seguridad de la dictadura secuestraron y encarcelaron a cientos de dirigentes de la oposición.

El documental “Presos del régimen” expone, a través de testimonios directos, la experiencia de muchos de esos dirigentes políticos, activistas y miembros del Comando Con Venezuela que enfrentaron secuestros, torturas y reclusión en centros de detención del régimen venezolano tras las elecciones de aquel histórico 28 de julio de 2024. La producción, realizada por la consultora latinoamericana Methodo, reconstruye los episodios de persecución que se intensificaron luego de la campaña electoral y visibiliza las condiciones a las que fueron sometidos los opositores al régimen.

Entre los protagonistas se encuentran Henry Alviarez, Dignora Hernández, Gabriel González, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Lourdes Villarreal, Luis Tarbay, Henry Salazar, Víctor Castillo y María Oropeza. Cada uno relata, en primera persona, los momentos que marcaron su detención y los días de incertidumbre en las mazmorras de la dictadura. Tal como narra el documental, la represión se dirigió especialmente a quienes mantuvieron vínculos con María Corina Machado o participaron activamente en el proceso electoral de aquel año.

“Después del 28 de Julio, en el país empezó a sentirse un clima de rabia, frustración y de cierta agitación que poco a poco empezaba a brotar y paralelamente empezó a intensificarse la persecución y la búsqueda de personas ligadas al Comando con Venezuela”, manifestó Perkins Rocha.

María Oropeza, por su parte, relató el temor que sintió durante su captura: “Yo creí que me iban a matar. Si ya lo han hecho con otros, ¿por qué conmigo no?”.

Dignora Hernández también recordó el momento de su brutal detención: “Se acercaron unos hombres y unas mujeres y me hicieron lo que luego entendí en El Helicoide que se llama una ‘rueda de pescado’. Es decir, no me dejaban avanzar. En algún momento sentí zozobra e incertidumbre y duda de lo que estaba pasando. Después entendí que estaba siendo víctima del sistema al que me enfrentaba”.

El documental detalla también las condiciones de reclusión en las que permanecieron los presos políticos. Según los testimonios, algunas personas fueron trasladadas a celdas conocidas como “presurizadas”, donde enfrentaron condiciones hostiles y un trato destinado a quebrar su integridad. Henry Alviarez reconoció que sobrevivir en esas circunstancias supuso una batalla interna: “Viví un momento muy complejo que si uno no está fortalecido espiritualmente, se derrumba”.

Entre las condiciones extremas en las que fueron recluidos, los presos políticos tuvieron que dormir junto a ratas y soportar el aislamiento. Las víctimas afirman que tales condiciones formaban parte de un método sistemático para degradarlos y forzarlos a ceder. El testimonio de Lourdes Villarreal aporta otra perspectiva sobre la resistencia ante el cautiverio: “Una custodia llegó a decirme: ‘Tienes que sobreponerte. Lo que quieren ellos es que te autodestruyas. No dejes que te destruya el sistema’. Ahí dije que iba a luchar por mi hija, por salir de aquí”.

En la obra, los detenidos también explican las razones que los llevaron a involucrarse en la defensa de los derechos civiles. Luis Tarbay afirma que su motivación principal fue pensar en el futuro de las próximas generaciones: “Al final nosotros tomamos la decisión pensando en el futuro, en nuestros hijos. Que ellos no tengan que pasar por esto que nosotros pasamos”.

El equipo de Methodo diseñó la producción para preservar la memoria de las víctimas y amplificar sus voces. Según declaró Patricio Hernández, CEO de la consultora, “para nosotros, dar visibilidad a todo lo que ocurrió en Venezuela —y a lo que todavía sigue ocurriendo— es una obligación moral. No se trata solamente de contar estas historias, sino de impedir que sean olvidadas. Escuchar a sus protagonistas y ayudar a que sus voces lleguen más lejos y nunca más se repitan le da sentido a nuestro trabajo y sobre todo a nuestras vidas”.

La narrativa de “Presos del régimen” va más allá del sufrimiento para dar cuenta de la esperanza y la capacidad de resistencia de quienes soportaron el encierro, señala Methodo, que sintetiza en una frase el espíritu del documental: “Trataron de encarcelar los sueños de todo un país, pero no fue suficiente”. La producción busca demostrar que, a pesar de la represión y el temor, las convicciones de los protagonistas permanecen intactas, en momentos en que la oposición impulsa una transición para que Venezuela recupere la democracia y la libertad.

El documental completo:

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora respalda por Estados Unidos en el diálogo con el Gobierno chavista, agradeció el viernes a la Unión Europea (UE) por su respaldo al proceso de negociación y destacó que este apoyo contribuye a fortalecer la “esperanza y la confianza” con la que cada vez más venezolanos acompañan la búsqueda de acuerdos en el camino hacia una democracia plena en el país caribeño.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015 señaló que la comunidad internacional vuelve a enfocar su atención en Venezuela como “una nación con potencial para avanzar hacia una democracia sólida, estable y con visión de futuro”.

Figuera afirmó en la red X: “Cada día se suman nuevas voces a la convicción de que es a través del diálogo, de las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos democráticos, como deben dirimirse nuestras diferencias, colocando siempre por encima de cualquier interés particular el interés superior de la república”.

Medios locales reportaron que la UE expresó su respaldo a “todos los esfuerzos” dirigidos a un proceso de democratización a través del diálogo entre la delegación opositora, liderada por Figuera, y el Gobierno chavista, encabezado en las negociaciones por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La semana pasada, el chavismo y este sector opositor cerraron el primer ciclo de negociaciones con dos acuerdos principales: la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aumentando de 20 a 32 el número de magistrados tras una reforma legal, y la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. Ambas partes acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para asegurar el uso eficiente de esos recursos.

El proceso de diálogo, respaldado también por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Washington ha manifestado su “satisfacción” por el inicio de las conversaciones, señalando que “contribuye significativamente al plan de tres fases” planteado por Estados Unidos para una transición hacia elecciones democráticas en Venezuela.

En paralelo, catorce ONG solicitaron la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo, antes de diciembre, en el marco del diálogo entre el Gobierno y la oposición promovido por Estados Unidos.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que la conformación de una nueva directiva del organismo electoral y de un nuevo TSJ serían “resultados concretos” de la negociación y podrían concretarse “en los próximos meses”. Las ONG afirmaron: “No existen razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre”.

Las entidades recordaron que los procedimientos legales vigentes permiten renovar el CNE en un plazo cercano a los dos meses y propusieron octubre como una fecha factible, siempre que exista voluntad política.

Entre las ONG que firmaron el comunicado se destacan Provea, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven.

El grupo destacó que la mesa de negociación debe producir resultados tempranos, creíbles y genuinos, ya que el tema electoral “ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas”. Advirtieron que postergar la renovación del CNE podría profundizar la percepción de incertidumbre y reforzar la excepcionalidad institucional, mientras que activar la agenda electoral y judicial puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza para la población.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este viernes el nombramiento de Enrique Hilarión Ochoa Antich como embajador ante Suiza, con acreditación concurrente en Liechtenstein.

Ochoa Antich ocupará la misión que hasta ahora estaba en manos de Roy Chaderton Matos, nombrado para ese puesto en 2021.

El expediente del nuevo representante diplomático está ligado a varias décadas de actividad pública en Venezuela. Fue diputado y ha participado en distintos momentos de la vida política nacional, una trayectoria que el parlamentario Luis Romero, de Avanzada Progresista, destacó durante el debate legislativo.

Romero definió a Ochoa Antich como un “venezolano comprometido con el interés nacional” y sostuvo que su incorporación al servicio exterior puede contribuir a una mayor apertura política dentro del Ejecutivo.

“Considero este nombramiento muy importante”, afirmó el diputado, al interpretar la designación como parte de una estrategia para incorporar a sectores que no pertenecen a la cúpula chavista.

Desde que Estados Unidos depuso y capturó al dictador Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas en enero, el interinato de Delcy Rodríguez ha realizado modificaciones en varias representaciones diplomáticas. Entre los destinos alcanzados por esos cambios figuran Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, España, Francia y Bielorrusia, además de la representación venezolana ante Naciones Unidas.

En Madrid, por ejemplo, el régimen chavista designó al ex diputado Timoteo Zambrano como embajador, en sustitución de Gladys Gutiérrez. Zambrano asumió además la representación permanente ante la Organización Mundial del Turismo, cuya sede se encuentra en la capital española.

La misión en Berna también tendrá relevancia para la interlocución de Caracas con un país europeo que mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y alberga organismos y espacios de diálogo internacional. La acreditación concurrente permitirá que Ochoa Antich atienda, desde la sede, los asuntos correspondientes a ambos Estados.

La llegada de Ochoa Antich a Berna ocurre mientras Caracas también mantiene una agenda activa con organismos internacionales. Esta semana, el canciller Félix Plasencia recibió al nuevo coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, el canadiense Álvaro Rodríguez, quien reemplazó a Gianluca Rampolla después de cinco años de trabajo humanitario en el país.

Durante ese encuentro, Plasencia manifestó la disposición del chavismo a profundizar la cooperación técnica con Naciones Unidas. El funcionario destacó el papel desempeñado por las agencias del organismo después del terremoto doble del 24 de junio, que golpeó especialmente al estado La Guaira.

La emergencia sísmica dejó, según cifras oficiales, 6.438 fallecidos y generó un proceso de evaluación de daños y necesidades de recuperación. Naciones Unidas puso en marcha acciones humanitarias en las zonas más afectadas, mientras el Gobierno acordó con el organismo un programa de 60 días para determinar las prioridades de reconstrucción.

El Banco Mundial calculó posteriormente en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5. La institución advirtió que un proceso de reconstrucción lento podría afectar la recuperación económica venezolana durante los próximos diez años.

(Con información de EFE)

Tibisay Ramos vive en San Lorenzo, Paraguay, desde hace año y medio. Sin embargo, ella también es una damnificada por el doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela el 24 de junio y que se ensañó particularmente contra su estado natal, La Guaira.

“Tenía un apartamento en Playa Grande, mi única propiedad, producto de todos mis años de trabajo”, dice Ramos, de 63 años. El inmueble pasó de ser su hogar a su fuente de ingresos, pues desde que emigró lo puso en alquiler para cubrir sus necesidades en tierras paraguayas.

A consecuencia de los dos terremotos, que hasta la fecha han dejado 6.438 muertos, su edificio quedó inhabitable. Para atender la crisis, el gobierno interino de Delcy Rodríguez convocó un “censo único de viviendas”, que pretende recoger la data de los afectados con miras a ofrecer soluciones habitacionales.

Ramos le pidió a su hermano, a quien dejó un poder notariado para que la representara, que se trasladara a las oficinas del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat en Caracas con el fin de registrarla. El hombre fue este lunes 17 de agosto y chocó contra el muro burocrático levantado por el gobierno chavista.

“Le respondieron que no lo podían atender, que tenía que ir el propietario directamente”, cuenta. Y no era el único en esa situación. “Como mi hermano, había otras 20 personas que fueron rechazadas con la excusa de que el trámite tenía que hacerlo el dueño del apartamento, aunque se encuentre en el exterior”, comenta.

En el aire

El testimonio deja en evidencia otro de los puntos débiles del plan anunciado por Delcy Rodríguez: La ausencia de respuesta a los venezolanos que residen en el exterior y que también resultaron afectados por el cataclismo.

Una realidad a tomar en cuenta en un país del cual en los últimos años han salido unas 7,9 millones de personas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El último reporte oficial, publicado el 24 de julio, daba cuenta de un total de 17.907 damnificados y 23.811 personas ubicadas en 107 campamentos transitorios. Esta semana la ministra de Vivienda, Paola Posani, declaró que habían registrado a más de 40 mil familias en el censo único, que reuniría a 128 mil personas.

“Es un trato discriminatorio, no soy menos propietaria que quienes están viviendo allá”, señala Ramos. “Yo me quiero censar, no para que den una vivienda, pues no pienso regresar a Venezuela, sino para tener un documento que me avale ante cualquier trámite futuro, además de que queda la titularidad del terreno donde está el edificio”, aclara.

Ramos subraya que “yo nací en La Guaira” y considera “injusto que nos estén violando nuestros derechos fundamentales por no estar en Venezuela”. “No dejamos de ser venezolanos por el hecho de salir del país”, protesta.

Sin opciones

Al otro lado del Atlántico, en Madrid, Aimée Ceballos, de 44 años, comparte la misma inquietud. “Parece que los que estamos fuera del país no existimos o no tenemos derecho a nada”, reclama Ceballos, quien emigró en 2016 para instalarse en la capital de España.

“Cuando comenzó el censo en Playa Grande, un familiar fue con mis documentos, pero no lo dejaron registrarme porque piden la huella dactilar del propietario”, narra. Agrega que el funcionario que atendió a su pariente le ofreció como solución “que buscara a una persona que no se hubiera censado para que le ‘prestara’ su huella”, cosa que obviamente descartó.

Una vecina de Ceballos que también está fuera del país probó suerte con un amigo y lo rebotaron con la excusa de que la diligencia debía hacerla un familiar directo.

“Ella no tiene familiares directos porque fallecieron, yo igualmente perdí familiares y los que tengo en Venezuela son personas de la tercera edad que se han quedado sin viviendas y vehículos, y no pueden trasladarse a las oficinas en Caracas”, detalla.

Sostiene que el gobierno “no nos puede obligar a ir a Venezuela para hacer los trámites”, y recuerda que “muchos contaban con alquiler de su apartamento” para poder sobrellevar sus cargas económicas en el exterior.

“Esa es mi vivienda principal, la única que tengo en Venezuela, pero ahora no sabemos si los edificios son recuperables, pues cada inspector da una opinión distinta al respecto, ni qué pasará con los terrenos”, expresa sin disimular su malestar y angustia.

Ceballos recalca que “el hecho de que uno resida en otro país no significa que no estamos pendientes de Venezuela y de nuestra propiedad, que nos costó mucho adquirir”, manifiesta.

La jefa de la delegación de la oposición en el proceso de negociación, Dinorah Figuera, indicó que tienen como objetivo alcanzar un acuerdo que permita superar la intervención judicial que pesa contra los partidos opositores, y eliminar las inhabilitaciones políticas que afectan a figuras como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.

“Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, manifestó Figuera.

Machado ganó con más del 90% de los votos las elecciones primarias que la oposición organizó en octubre de 2023 para escoger a su candidato presidencial. Sin embargo, no pudo competir en la contienda del 28 de julio de 2024 porque el régimen chavista la inhabilitó. Al final, la Plataforma Unitaria Democrática tuvo que inscribir como su abanderado al diplomático Edmundo González Urrutia.

La fundadora de Vente Venezuela sigue siendo la referencia política más importante del país, según reflejan las principales encuestas; no obstante, a día de hoy no podría participar en ninguna elección porque el gobierno mantiene las sanciones en su contra.

Figuera destacó la persecución contra los partidos opositores, cuyos símbolos y directivas han sido arrebatadas a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Es un hecho público y notorio que fuimos despojados de nuestras siglas políticas”, recordó la dirigente de Primero Justicia, quien agregó: “Sin partidos no hay democracia, estamos comprometidos con esa propuesta y sobre todo a acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político”.

El cierre del primer ciclo de la negociación, diseñada y promovida por Estados Unidos, arrojó el 12 de agosto dos acuerdos: Avanzar en la renovación del TSJ, en el marco de un plan para la “transformación” del sistema de justicia, y unir “esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”. Las partes deben volver a la mesa de diálogo en septiembre.

Marco legal

La vocera opositora resaltó que buscan la derogación de normas coercitivas, entre ellas la Ley del Odio y la Ley de Fiscalización de la Organizaciones No Gubernamentales, conocida como Ley Anti-ONG.

Precisamente diversos representantes de la sociedad civil han insistido en la necesidad de desmontar todo el entramado normativo que ha levantado el chavismo durante 27 años, que le ha servido para perseguir y hostigar a la disidencia.

La negociación incluye tres puntos: Atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia -donde se discutirían los cambios al TSJ y al Consejo Nacional Electoral- y derechos y garantías políticas.

La ONG Realidad Helicoide denunció que en el país existen 49 centros de torturas donde permanecen recluidos los más de 300 presos políticos del régimen chavista.

“Los registros actuales confirman la presencia de presos políticos en 49 centros activos, desde cárceles de máxima seguridad hasta comandancias policiales regionales”, indicó la organización que toma su nombre del que fuera considerado el mayor centro de torturas del país hasta que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó su cierre.

El balance señala que la mayor concentración de detenidos, con 107, se registra en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, a unos 40 kilómetros de Caracas. Este viernes 21 de agosto, familiares de presos políticos cumplieron 224 días de vigilia frente a las instalaciones de ese recinto, donde afirman sus parientes son víctimas de tratos crueles e inhumanos.

“Tras los terremotos del 24 de junio, las denuncias se agravaron. Familiares reportan golpes, disparos con perdigones, uso de gas lacrimógeno, personas heridas sin atención médica, restricciones al contacto familiar, suspensión de la paquetería y el regreso forzado de los detenidos a celdas con presuntos daños estructurales”, indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos con respecto a la situación dentro de Rodeo I.

Pendientes

A esa cárcel le siguen el Centro Nacional de Procesados Militares y el Fuerte Guaicaipuro, los dos en Miranda, con 78 y 46 detenidos, respectivamente.

El ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, escribió el 17 de agosto en su cuenta en X: “El centro de tortura del Fuerte Guaicaipuro debe ser clausurado y todos los presos políticos militares y civiles liberados”.

El último informe de la ONG Foro Penal, difundido el 10 de agosto, daba cuenta de un total de 391 presos políticos, incluidos 163 militares. El 14 de agosto, el régimen chavista anunció la excarcelación de 131 detenidos; sin embargo, hasta la fecha distintas organizaciones de Derechos Humanos solo han podido verificar la liberación de alrededor de 80.

Tras la decisión de favorecer a estas 131 personas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos enfatizó que “excarcelar no siempre significa liberar”, pues varios de los beneficiarios siguen sometidos a medidas restrictivas como la presentación periódica ante tribunales y la prohibición de salida del país.

Realidad Helicoide apunta que “además de las 49 instalaciones físicas, se registran personas bajo medidas o condiciones excepcionales fuera de centros penitenciarios formales”, con siete personas en condición de desaparición forzada y otras diez enfrentando arresto domiciliario. Entre este último grupo figura el abogado y profesor universitario Perkins Rocha, coordinador de Vente Venezuela, partido fundado por la líder opositora María Corina Machado.

El nombramiento de Asdrúbal José Brito Hernández al frente del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) es una decisión de alto voltaje político y militar, porque coloca en una estructura clave de seguridad a un oficial con pasado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde ejerció como director de Investigaciones Penales y cuyo nombre aparece vinculado, según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, con presuntas torturas físicas y psicológicas contra presos políticos.

La designación resulta especialmente sensible porque Brito Hernández ya forma parte del mapa internacional de sancionados. En enero 2025, Canadá lo incluyó en sus medidas restrictivas por abusos vinculados con la represión de las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024 y con los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por silenciar a la oposición y mantenerse en el poder.

Meses antes, en septiembre 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo incluyó en su lista de sancionados bajo la Orden Ejecutiva 13692. Para entonces, Brito Hernández se desempeñaba como comandante del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana.

La sanción estadounidense señaló que el oficial había sido identificado como torturador en informes de Naciones Unidas y en múltiples publicaciones de prensa. Además, vinculó a la DGCIM con la denominada “Operación Tun Tun”, descrita como una campaña de acoso, detenciones y arrestos arbitrarios contra dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil tras los comicios de julio de 2024.

Lejos de marcar distancia con esos señalamientos, Nicolás Maduro convirtió la sanción en motivo de condecoración. “El gobierno imperial de los Estados Unidos los agredió y atacó con unas pretendidas sanciones, por ellos ser protagonistas en la defensa de la paz”, dijo durante el acto.

El 13 de septiembre de 2024, impuso a Brito Hernández la Orden Libertadores en su Primera Clase junto con otros tres oficiales sancionados: el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, entonces jefe del Ceofanb; el mayor general Johan Alexander Hernández Lárez, jefe del Ejército; y el mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.

Otro movimiento que destaca dentro de la Guardia Nacional es el del coronel Luseph Jesús Barrios Oliveros. El oficial fue ratificado como director general encargado del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo y, además, asumirá como segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Grupo de Acciones de Comando, en reemplazo del coronel José Isaías Rafael Ramos Salazar.

Barrios Oliveros ha estado al frente del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), un cuerpo de seguridad e inteligencia encargado de controlar y neutralizar actividades que el gobierno venezolano identifica como vinculadas a “grupos generadores de violencia”.

En conjunto, los cambios muestran una línea clara: la conducción política de la GNB no solo reorganiza mandos, sino que fortalece espacios ocupados por oficiales ligados a estructuras de inteligencia, control interno y represión.

Altos oficiales

En la resolución 1288 del 11 de agosto 2026 se establece que el nuevo Inspector de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el General de División Pedro Celestino Magallanes Torres, quien releva al GD pasado a retiro Rafael Ángel Rodríguez Sánchez. Magallanes había sido previamente nombrado por Delcy Rodríguez, en marzo 2026, como director de Apresto Operacional de la GNB.

Asume como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor el GD Roberto Alfredo Acosta Garrido, en reemplazo del GD pasado a retiro Alberto Alexander Matheus Meléndez. Acosta fue designado en marzo 2026, presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la GNB.

Para la Junta Permanente de Evaluación, según resolución 1289 fue designado el GD Ernesto Gerardo Cárdenas Gutiérrez, en sustitución de Acosta Garrido, quien solo ocupó el cargo cinco meses y pasó a Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor. Cárdenas es uno delos oficiales que en junio 2026 hizo presencia uniformado en el programa Con El Mazo conducido por Diosdado Cabello llamándolo “mi capitán”.

El GD Rufo Daniel Parra Hernández, sustituye al GD Gler Erasmo Hernández Rodríguez como director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno, quien a su vez pasa a la Dirección de Inteligencia Militar de la GNB.

Anteriormente, en enero 2026, Rufo Parra fue designado para sustituir al GD Carlos Eduardo Aigster Villamizar, en la jefatura de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Miranda, uno de los cargos claves en lo que a poder de fuego se refiere, y en el que solo estuvo ocho meses. Y había sido el Comandante de Zona de la GNB en Aragua.

El GB Ronald Benjamín Hernández Mora fue nombrado como Director de Apresto Operacional en relevo del GD Pedro Celestino Magallanes Torres, que a su vez fue enviado a la Inspectoría General de la GNB. Hernández ejercía, desde noviembre 2024, el Comando de Zona (CZGNB) en Anzoátegui.

Para la Dirección de Planificación Estratégica fue nombrado el GD Juan Leonardo Yusti Pérez, quien venía de ser Comandante de Zona de la GNB en Cojedes y en Monagas. Yusti reemplazó en el cargo al GD Óscar Vicente Pérez Mujica.

En la Dirección de Inteligencia Militar de la GNB fue nombrado el GD Gler Erasmo Hernández Rodríguez, en reemplazo del GD retirado Bladimir Humberto Lugo Armas. Hernández

Ratificado como director de Educación el GD Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez, quien ocupa el cargo desde el 2023. Antes de ese año fue comandante de Zona (CZGNB), entre el 2021 y 2022, en Trujillo.

El nuevo director de Personal es el GD Gerson Iván Medina Ontiveros, quien había ocupado cargos de comandante de Zona en el estado Falcón y del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) del estado Miranda. Medina reemplazó en Personal al GD retirado Delfín Alfredo Espinoza Torres.

En la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones fue ratificado el GD José Ismael Torrealba Silva, quien viene ocupando el cargo desde marzo 2026. Anteriormente, desde noviembre 2024, ocupaba el cargo de Comandante Nacional de Vigilancia Costera. En el 2021 comandó Zona (CZGNB) en el estado Cojedes. Hizo presencia en el programa donde Diosdado Cabello hizo una demostración de fuerza con 74 oficiales de diversos componentes,

Otro de esos oficiales que asistieron al programa El Mazo ocupa el cargo vacante de director de Régimen Especial de Seguridad. Es el GB Nemisto Segundo Valero Peña, quien anteriormente se había desempeñado como director de Inteligencia de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 5 Oriental.

En la Dirección de Logística fue nombrado el GD Leonardo Vinci Bonetto, relevando del cargo al GD que pasa a retiro Víctor Oswaldo Catamo Lisboa. Vinci Bonetto fue comandante del Cuerpo de Ingenieros “Generalísimo Francisco de Miranda” de la GNB, desde julio 2024 hasta agosto 2026.

Enroques y designaciones

La resolución 1290 especifica que asume como Comandante Nacional Guardia del Pueblo el GD Rafael José Hernández Aguirre, en sustitución del Mayor General Carlos Eduardo

Aigster Villamizar. Hernández fue designado en enero 2026 somo jefe del Comando Nacional Antidrogas de la GNB. Hernández Aguirre fue Comandante de Zona (CZGNB) en el estado Bolívar desde agosto 2022 hasta enero 2026.

En el Comando Nacional Antidrogas fue nombrado el GD Ciro José Fonseca Alvarado, en sustitución del GD Rafael José Hernández Aguirre. Fonseca fue el Comandante de Zona Nr. 53 (CZGNB) en el estado Sucre.

Para Comando Aéreo designaron al GD Bruno Alejandro Hernaiz Gerig, quien releva al GD Rafael Antonio Parucho González. Hernaiz había sido nombrado por Delcy Rodríguez, en febrero 2026, como Comandante de Vigilancia Costera de la GNB. Antes comandó el Destacamento Aéreo Nro. 12 y fue director suplente en la Junta Directiva de EMILTRA (Empresa Militar de Transporte) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En el Comando de Vigilancia Costera fue nombrado el GD Rafael Darío Alfonzo Navas, quien sustituyó al GD Bruno Alejandro Hernaiz Gerig, quien a su vez pasó al. Comando Aéreo. Alfonzo viene de ocupar el Comando de Zona de la GNB Nro. 40 en Yaracuy, desde noviembre 2024.

En Comando

Asume el comando del Cuerpo de Ingenieros “Generalísimo Francisco De Miranda” el GD Hernán Dionisio Rincón Paz, quien sustituye al GD Leonardo Vinci Bonetto, quien a su vez pasa a la Dirección de Logística. Rincón fue nombrado por Delcy Rodríguez, en marzo 2026, como director de los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo. Anteriormente, en el 2021, fue Comandante de Zona en el estado Mérida y antes el segundo jefe del CZGNB en Táchira.

Para dirigir el Sistema de Laboratorio Criminalístico, Científico y Tecnológico designaron al GD Rafael Enrique Zumeta Landaeta, quien reemplaza al GD retirado Frank Ernesto Pérez González. Zumeta fue era Director de Medios de Orden Interno de la Redi Occidental y antes Comandante de Zona en el estado Falcón.

Para el Grupo de Acciones de Comando fue ratificado el GB Edinson Antonio Miquilarena Marcano, a quien Nicolás Maduro nombró en noviembre 2024. Anteriormente estuvo como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor en el Táchira, también en Control Operacional de Cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana.

Con la resolución 1291 fueron ratificados como Segundos Comandante y Jefe de Estado Mayor los generales de Brigada Carlos Javier Pacheco Blanco en la Guardia del Pueblo quien ocupa ese cargo desde octubre 2025; Freddy Rafael Pimentel Córdova, en el CONAS; y Gustavo Javier Bustos, en el Comando Nacional Antidrogas.

Nuevos nombramientos en el Comando Aéreo donde el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor es ahora el GB Antonio José Obispo Torrealba, quien sustituye al GD Saúl Godofredo Barrios Vilera.

Amnistía Internacional (AI) y familiares de presos políticos reclamaron este jueves una “atención médica oportuna” en las cárceles venezolanas, donde, según aseguran los allegados de los detenidos, las condiciones pueden afectar o agravar la salud de los reclusos, hay demoras en las evaluaciones y falta de exámenes o imposibilidad de acceder a especialistas para afecciones específicas.

“Hay un patrón que es la falta de atención médica oportuna. Otro patrón es que subestiman las dolencias o requerimientos que van manifestando los presos políticos”, dijo Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel -detenido en 2020- e hija del exministro de Defensa de Hugo Chávez Raúl Isaías Baduel, quien falleció en prisión en 2021.

En una transmisión en YouTube, organizada por Amnistía Internacional, Andreína Baduel subrayó que las condiciones de reclusión “no se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna”.

Por su parte, el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, mencionó que han identificado “patrones” en las cárceles venezolanas, como “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y “la restricción o demora en la atención médica”.

Asimismo, subrayó que existen otras dificultades como “el ingreso regular de medicamentos, la ausencia de tratamientos acordes y oportunos, la interrupción de terapias, falta de seguimiento y problemas para cumplir dietas o cuidados específicos” que requieren algunos detenidos.

Casanova pidió la liberación de todos los presos políticos, que son más de 300 según la ONG Foro Penal, especialmente aquellos que tienen “graves patologías”.

También consideró fundamental una evaluación “integral, independiente y sin represalias de todos los detenidos”, así como el acceso a estudios y medicamentos “oportunos, indicados por especialistas”, y que se informe a los familiares de los presos políticos sobre la salud de sus parientes.

“Creemos que la custodia del Estado implica una obligación reforzada de proteger la vida y la integridad de las personas”, sentenció.

En paralelo, Amnistía Internacional publicó un comunicado pidiendo al Estado garantizar el “acceso y valoración de personal médico independiente: La realización de exámenes integrales y actualizados por parte de profesionales de la salud capacitados y de confianza de las personas detenidas”.

IA también pidió traslados hospitalarios oportunos, el acceso “efectivo a procedimientos diagnósticos (como biopsias e imágenes) suspendidos”, así como garantía plena de las personas detenidas a sus familiares y abogados.

(Con información de EFE)

La pobre condición de los puertos petroleros de Venezuela está imponiendo un techo a las exportaciones, dejando una estela de tanqueros que esperan hasta 30 días para cargar en medio del envejecimiento de la infraestructura, cortes eléctricos y problemas de calidad, según datos marítimos, fuentes y documentos.

Las demoras constituyen obstáculos en el plan de Estados Unidos de elevar las exportaciones petroleras venezolanas rápidamente, tras la firma de un emblemático pacto entre Caracas y casas comerciales globales en enero.

La pelea por acceso a infraestructura podría intensificarse conforme los socios de la estatal PDVSA se alistan para comercializar individualmente sus alícuotas de producción.

La última vez que los clientes de Venezuela enfrentaron demoras tan largas fue durante el bloqueo naval que Estados Unidos impuso a finales de 2025 como parte de una estrategia que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, la líder encargada Delcy Rodríguez se ha ceñido al plan de Washington de reanimar las exportaciones.

Pero en los últimos meses, PDVSA y sus socios no han podido superar los 1,25 millones de barriles por día (bpd) de exportación, incluso en medio del alza de la producción de crudo, el drenaje de inventarios y la elevada demanda mundial, según muestran los datos.

Cuando la producción venezolana sobrepasó 3 millones de bpd hace más de dos décadas, los terminales del país fueron capaces de manejar más de 2,5 millones de bpd de exportación, con las embarcaciones arribando y zarpando cargadas en menos de una semana.

Los problemas de carga están provocando disputas sobre demoras, calidad del crudo y contaminación de buques, según documentos marítimos, cuatro fuentes y datos de monitoreo de embarcaciones.

“La velocidad de transferencia de crudo de tanque a buque es increíblemente lenta, obligando a los barcos a quedarse en los muelles más de lo que deberían, según sus ventanas de carga. Y si un barco llega para descargar una importación, se demora aun más por la falta de capacidad de almacenamiento de combustible”, dijo una fuente de PDVSA.

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y PDVSA no respondieron a solicitudes de comentarios.

Las demoras se evidencian en las docenas de barcos que se arremolinan a la espera de cargamentos en los fondeaderos del país, particularmente cerca de la terminal de Jose en la costa nororiental, la cual despacha alrededor de 70% de las exportaciones totales del país.

Informes marítimos de la compañía a los que tuvo acceso Reuters mostraron interrupciones este año debido a fallas de equipos, problemas de calidad y cortes de energía durante las operaciones de carga y descarga en Jose.

Incluso empresas en posiciones más privilegiadas para usar los muelles tras décadas de asociación con PDVSA, como la petrolera estadounidense Chevron CVX.N, están buscando soluciones para mejorar la carga, incluyendo la solicitud de acceso a puertos hasta ahora dedicados al transporte marítimo nacional, según fuentes.

Chevron no respondió a una solicitud de comentarios.

El acuerdo de suministro con Estados Unidos, extendido varias veces, le ha permitido a firmas comercializadoras -incluyendo a Trafigura y Vitol- recibir y despachar más de 140 millones de barriles de crudo y combustibles este año.

La mayoría de los cargamentos está yendo a Estados Unidos, mientras que otros han retornado a mercados que no habían recibido barriles venezolanos en años, como India y Europa, conforme se flexibilizan las sanciones de Estados Unidos.

Pero aunque Washington impulsa un plan de reconstrucción energética de 100.000 millones de dólares en Venezuela, centrado principalmente en elevar la producción de crudo, los proyectos de procesamiento, transformación y despacho, incluida la reparación de terminales y refinerías, no han sido prioridad.

“Hoy estamos en fase de recuperación, pero la infraestructura está ahí”, dijo el vicepresidente de PDVSA, Jovanny Martínez, en un evento en Houston esta semana. “Hay deficiencias y debe mejorar la confiabilidad”.

Entre el óxido y las fugas

Parte del atasco en los fondeaderos de Jose y Pozuelos precede al actual auge de las exportaciones. Los muelles petroleros del país están repletos de vestigios de los años de sanciones severas: tanqueros incluidos en listas negras que llegaron discretamente y no han podido marcharse.

Uno de ellos, que enarbola una falsa bandera guyanesa, está atracado en el puerto de Guaraguao, operado por PDVSA en Puerto La Cruz, con su casco y la cubierta que se ven visiblemente oxidados incluso desde la distancia.

Conocido anteriormente como Syrma y utilizado para transportar petróleo a Cuba antes de ser rebautizado como Consul, ha permanecido allí dos años, resguardándose de la persecución estadounidense contra las flotas clandestinas, que ha provocado incautaciones y arrestos, según datos de transporte marítimo y bases de datos navieros.

Al igual que muchos otros, el buque está ocupando un espacio muy codiciado ahora que empresas extranjeras buscan utilizar terminales como Guaraguao para expandir sus exportaciones de crudo.

La competencia por acceso portuario ha obligado a muchos clientes a lidiar con constantes fugas de petróleo que manchan los cascos de sus barcos, provocando retrasos y costos adicionales, según las fuentes y documentos.

Mientras tanto, a PDVSA se le están cobrando cada vez más recargos por demora, los cuales ha dicho que pagará únicamente con crudo.

La estatal está exigiendo a nuevos clientes el pago de cargamentos al momento de la entrega, sin ningún tipo de crédito, lo que complica la facturación si estos reclaman recargos o descuentos por calidad, agregaron las fuentes.

Se prevé que la migración de docenas de contratos petroleros a las nuevas condiciones aprobadas en una reforma energética que entró en vigor a finales de julio exacerbe la lucha por infraestructura.

Pero PDVSA ha dejado claro, dijeron las fuentes, que mantendrá el control de sus terminales, incluida la programación de todas las cargas, al menos por ahora.

(Reuters)

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, presente en febrero pasado en el Discurso del Estado de la Unión de Donald Trump en Washington, lanzó este jueves un plan de transición institucional para Venezuela y llamó a respaldar el proceso que lidera Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro.

“Hoy iniciamos una campaña a favor de Venezuela, a favor de la transición”, declaró Márquez en una rueda de prensa celebrada en el Hotel Marriott de Caracas, donde dio a conocer el denominado Pacto por Venezuela. El dirigente aclaró que la iniciativa no constituye un partido político ni un movimiento, sino un marco de acuerdo nacional abierto a todos los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición.

El documento contempla la abolición de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, la instauración de la segunda vuelta electoral y una reforma en la representación parlamentaria de las minorías. “El que gana se lo lleva todo (...) Eso no es bueno en ningún lugar. No es bueno que quien controla el poder Ejecutivo controle el parlamentario”, argumentó. También se incluyen medidas económicas para revertir expropiaciones y propuestas orientadas a la liberación de presos políticos.

Márquez precisó que la propuesta ya fue enviada a las autoridades de Estados Unidos y a la mesa de negociación entre el chavismo y la oposición, con la instrucción de que sea debatida, analizada y modificada, incluso de manera integral.

El dirigente subrayó que el pacto no rivaliza con ese espacio de diálogo, sino que busca enriquecerlo con aportes que amplíen la deliberación hacia la ciudadanía. Para ello, anunció la apertura de una plataforma digital destinada a recibir propuestas de la población y recorridos por distintas regiones del país para escuchar a las comunidades directamente.

Washington ocupa, en sus palabras, el rol de “acompañante” y “socio” en ese proceso, un papel que calificó de “tutelaje”. “El 3 de enero comenzó la recuperación de nuestra soberanía y les digo con seguridad: la vamos a recuperar completa”, afirmó, en alusión a la fecha de la incursión militar en la que fue capturado Maduro.

Respaldó el plan de tres fases impulsado por Washington: estabilización, recuperación y transición. Sostuvo que las elecciones solo podrán celebrarse una vez cumplidas esas etapas y pidió a la ciudadanía ejercer una “paciencia activa”.

Márquez estuvo encarcelado desde el 7 de enero de 2025 hasta el 8 de enero siguiente, tras participar en los comicios presidenciales de julio de 2024 y rechazar la victoria que el Consejo Nacional Electoral atribuyó a Maduro. Fue de los primeros opositores en recuperar la libertad luego de las excarcelaciones anunciadas tras el 3 de enero. Indicó que tiene previsto presentar el pacto a la líder opositora María Corina Machado y recibir su respaldo.

(Con información de EFE)

Casi dos meses después de los terremotos del 24 de junio, miles de damnificados viven en campamentos improvisados en La Guaira, entre carpas, escuelas montadas bajo lonas, pérdidas materiales y el temor a nuevas lluvias. Una parte de los sobrevivientes todavía intenta rehacer su vida tras una tragedia que dejó hasta el momento casi 6.500 muertos y cerca de 20.000 personas sin vivienda en el estado venezolano más golpeado por los sismos.

La rutina volvió a abrirse paso entre los escombros, la maquinaria pesada y los refugios levantados en sectores de Catia La Mar, donde los afectados organizaron comedores comunitarios, duchas improvisadas, tanques para almacenar agua de cisternas y pequeños espacios para sostener actividades cotidianas. En esos campamentos, las carpas donadas tras la emergencia funcionan a la vez como vivienda, escuela, lugar de trabajo y punto de encuentro para familias que perdieron casi todo.

La emergencia no terminó con el paso de los días. A la destrucción causada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 se sumó en las últimas semanas la amenaza de nuevas lluvias, en momentos en que crecieron las alertas por el impacto que puede tener el fenómeno de El Niño sobre una población que ya vive en condiciones precarias. Un aguacero que cayó el sábado sobre Caracas y La Guaira volvió a exponer la fragilidad de los campamentos.

En el campamento César Nieves, instalado en los alrededores de un estadio de béisbol de Catia La Mar, varios afectados informaron pérdidas de colchones y efectos personales por el ingreso de agua. Germán Machado, de 58 años, relató a EFE que la lluvia provocó momentos de angustia entre quienes todavía cargan con el trauma del terremoto.

Después del temporal, el calor superior a 30°C secó parte de las calles y de los enseres mojados, aunque el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de las carpas frente a otro evento climático.

La situación también afectó a la Escuela Urimare, un espacio de clases montado bajo toldos dentro del campamento. La lluvia rompió dos de las estructuras principales, derribó una lona e inundó el lugar. El agua dañó materiales escolares, cajas con cuadernos, libros, marcadores, lápices y bases de madera de pupitres, todos obtenidos por donaciones para mantener la enseñanza de más de 70 niños.

Jazmín Urimare Ramírez, maestra y fundadora del colegio, contó que perdió insumos para sostener la actividad escolar en medio de la emergencia. Todavía el lunes parte del piso seguía mojado y decenas de personas trabajaban para rescatar materiales y acondicionar el lugar ante la posibilidad de otro aguacero. La expectativa en el campamento está puesta en la llegada de tablas para construir una tarima que proteja útiles y pertenencias, en una zona donde el agua corre con facilidad y todavía quedan rastros de barro arrastrado desde un cerro cercano.

Pese a ese escenario, buena parte de los damnificados rechaza trasladarse a los refugios temporales habilitados por el Gobierno. El temor a enfrentar condiciones peores pesa más que la opción de abandonar los campamentos. Entre los sobrevivientes se impone la idea de permanecer cerca de sus redes comunitarias y esperar allí una solución habitacional definitiva. Machado pidió que, cuando se concrete la entrega de viviendas prometidas por las autoridades, estas incluyan títulos de propiedad.

La tragedia también dejó historias personales marcadas por la pérdida, las heridas y la supervivencia. Uno de esos casos es el de Adrián Troncoso, de 47 años, quien quedó atrapado bajo los escombros en la casa de su cuñada el mismo 24 de junio. Cuando recuperó la conciencia apenas pudo comprobar que una pared había caído sobre él y que parte de la estructura de la vivienda permanecía encima de su cuerpo.

Troncoso intentó ubicar a las otras cinco personas que estaban en la casa, entre ellas su hijo menor. Llamó a varios familiares, pero no obtuvo respuesta. Durante esos minutos evitó pronunciar el nombre de su hijo de 16 años por miedo a que tampoco contestara. Finalmente gritó y escuchó la respuesta de Andrés, que también estaba bajo los escombros. El joven le pidió que saliera de allí.

Con una pierna atrapada, Troncoso trató de liberarse hasta que consiguió soltarse, aunque en ese esfuerzo sufrió una lesión en el pie derecho. Entonces utilizó uno de los tirantes de la faja lumbar que llevaba puesta para improvisar un torniquete. Después tomó una tabla para incorporarse y avanzó como pudo entre los restos de la vivienda. Más tarde se tendió sobre una escalera, pidió ayuda y esperó asistencia en medio del caos.

Poco después apareció Yoidrian, otro de sus hijos, que preguntó por su abuela y su tía. Troncoso le respondió que habían muerto. De las personas que estaban en la vivienda, solo sobrevivieron él y Andrés. La esposa de Troncoso, Yoimara Vargas, llegó luego al lugar junto con un sobrino, que reunió vecinos para remover escombros y rescatar al adolescente.

El sobreviviente fue llevado primero a un hospital naval en La Guaira, donde constató que no había electricidad. Allí ingresaban heridos y muertos procedentes de las zonas afectadas por el terremoto. La familia decidió trasladarlo a otro centro en Caracas ante la situación del hospital inicial. El viaje ocurrió en una camioneta de un vecino y el trayecto agravó su dolor. Llegó a la capital alrededor de la una de la madrugada del 25 de junio, unas siete horas después del sismo. Un médico le informó que tenía la hemoglobina en seis, muy por debajo de los valores normales.

En los días siguientes, los médicos le amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Desde entonces, Troncoso atraviesa un proceso de recuperación física y adaptación a una nueva rutina. Un taller ortopédico de Caracas asumió la donación de una prótesis y prevé acompañarlo en la rehabilitación una vez concluya la cicatrización y el fortalecimiento muscular con fisioterapia.

La pérdida familiar sigue abierta para él. Los cuerpos de su suegra, su cuñada, el novio de ella y una tía de su esposa fueron recuperados entre el 25 y 26 de junio. Troncoso no asistió al entierro porque estaba hospitalizado. Su intención, cuando pueda hacerlo, es visitar la tumba de su cuñada y despedirse con girasoles, las flores que más le gustaban.

(Con información de EFE)

Catorce organizaciones de la sociedad civil exigen celeridad al proceso de negociación que llevan adelante el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, destacando que este mecanismo “necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana”.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, había declarado que las renovaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se completarían para los meses de noviembre y diciembre, respectivamente. Las ONG cuestionan el cronograma asomado por Figuera.

“No vemos razones transparentes, técnicas, ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre. Los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten realizar la renovación del organismo electoral en un plazo cercano a los dos meses. Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible”, exponen a través de un comunicado firmado por Transparencia Venezuela, Provea, Centro de Justicia y Paz, Civilis, Laboratorio de Paz y Red Electoral Ciudadana, entre otros.

Consideran que “activar la agenda electoral junto con la anunciada renovación del TSJ, puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza tanto dentro de Venezuela como entre los actores internacionales que acompañan este proceso”.

Más que el voto

Los defensores y activistas de Derechos Humanos advierten que “la transición no puede limitarse a organizar una elección: debe crear las condiciones para que los ciudadanos puedan participar, competir, informarse, organizarse y ejercer sus derechos sin miedo”.

“Nuestro compromiso no comienza ni termina con la convocatoria de una elección. Continúa hasta que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024, sea materializada a través de un nuevo proceso electoral que conduzca a la reinstitucionalización democrática, al ejercicio de las libertades y el respeto de los derechos humanos”, señalan haciendo referencia a la última elección presidencial, que según las actas de escrutinio fue ganada por el opositor Edmundo González Urrutia, aunque el CNE proclamó vencedor a Nicolás Maduro.

Las ONG enfatizan que “no es posible hablar de transición democrática mientras organizarse, protestar, informar, defender derechos o participar políticamente siga teniendo costos represivos”. Pese a que la presidenta encargada Delcy Rodríguez planteó un “nuevo momento político” y promulgó una Ley de Amnistía, aún existen en el país más de 300 presos políticos.

Sostienen que “unas elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales, libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro”.

“Venezuela lleva casi tres décadas esperando un cambio y atravesando penurias que continúan afectando la vida cotidiana de millones de personas. La sociedad venezolana ha demostrado paciencia, convicción de cambio y apuesta por la institucionalidad. Exigir un cambio democrático y una ruta clara y oportuna para alcanzarlo no es ser maximalistas: es responder a una demanda legítima y urgente de los venezolanos”, afirman las ONG.

En medio de los apagones que martirizan a los venezolanos, el ex diputado Elías Matta sostiene que la crisis eléctrica es producto de la corrupción y recuerda que el Parlamento de mayoría opositora -que funcionó entre 2015 y 2020- determinó un desfalco a la Nación que alcanzó los 26 mil millones de dólares.

“Venezuela invirtió 105 mil millones de dólares en electricidad en 20 años. Hoy tiene apagones de hasta 10 horas diarias. No hubo desinversión. Hubo saqueo sistemático”, subraya el antiguo legislador, que formó parte de la Comisión Mixta que investigó los contratos otorgados por el régimen chavista para modernizar el sistema eléctrico nacional.

El político e ingeniero civil apunta que el difunto presidente Hugo Chávez decretó la emergencia eléctrica en 2010, lo que “abrió la puerta a contratos directos sin licitación, sin control y sin rendición de cuentas”. A su juicio, “allí comenzó el saqueo mayor”.

“La Asamblea Nacional (AN) evaluó 42 proyectos ejecutados entre 2005 y 2015. Hallazgo: el Estado gastó 42 mil 550 millones de dólares, cuando el plan oficial decía no gastar más de 14 mil 915 millones. El triple. Sin justificación”, enfatiza.

Matta señala que “de esos 42 proyectos, solo cuatro se adjudicaron por licitación pública. Los otros 38 se entregaron a dedo. La AN determinó una diferencia no justificada de 25 mil millones de dólares”.

“Se compraron 14 mil 203 megavatios (MW) en plantas térmicas. Solo quedaron operativos 4 mil MW. El 72% del dinero no produjo ni un solo vatio. La AN declaró un daño a la nación superior a los 11 mil millones de dólares”, apunta el ex parlamentario.

En los siete meses que lleva al frente del Ejecutivo, Delcy Rodríguez ha lanzado dos planes de ahorro de electricidad. La iniciativa se reduce a aplicar cortes del servicio durante cinco horas o más en casi todo el país, con la excepción de Caracas.

El oficialismo culpa de esta situación a los fenómenos climáticos, las sanciones económicas que impuso Estados Unidos y más recientemente al doblete sísmico que se registró el 24 de junio. Los expertos, en cambio, afirman que la crisis obedece a la corrupción, improvisación e incapacidad de la revolución chavista.

Opaco

Matta considera que “el caso más escandaloso” lo protagonizó la empresa Derwick Associates. “Dos jóvenes sin experiencia obtuvieron 5 mil millones de dólares en contratos en 14 meses. Sobreprecios: 2 mil 900 millones de dólares. De 22 unidades instaladas, solo 4 funcionaban”.

Uno de esos “jóvenes sin experiencia” es Alejandro Betancourt, de 46 años, a quien medios internacionales identifican como asesor de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pese a que enfrenta averiguaciones por lavado de dinero en Suiza y España.

El antiguo diputado indica que el régimen chavista prometió inaugurar la central hidroeléctrica de Tocoma -ubica en el estado Bolívar, al sur del país- en 2012, tras aprobar un presupuesto de 3 mil millones de dólares. Al final, “costó 9 mil 365 millones de dólares” y la obra permanece inconclusa.

“Nunca generó un solo megavatio. Hoy el gobierno interino la vuelve a contratar con IMPSA”, expone Matta, en referencia al anuncio hecho por Delcy Rodríguez sobre el acuerdo firmado con Industrias Metalúrgicas Pescarmona para retomar los trabajos.

Relata que en su momento la Comisión Mixta citó a los ministros chavistas responsables del tema eléctrico, pero ninguno compareció y la Fiscalía -controlada por el oficialismo- tampoco actuó. “La impunidad fue política de Estado”, denuncia.

“Los números no mienten: en 2025 Venezuela genera lo mismo que en 1998 con el doble de población. Después de 105 mil millones de dólares gastados, 27 años y miles de millones perdidos para llegar al mismo punto”, sentencia Matta.

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, promovió este miércoles en Estados Unidos un “abanico” de oportunidades de inversión más allá de la explotación de crudo pesado, incluidos yacimientos de petróleo liviano y proyectos de gas natural, en un intento por proyectar estabilidad y atraer a empresas extranjeras.

Durante un evento celebrado en Houston, la capital petrolera de Estados Unidos, Henao insistió en que las reformas de la legislación energética venezolana establecen un marco normativo “mucho más claro” y permitirán acelerar las inversiones en más de 916 oportunidades de exploración que, según aseguró, su Gobierno ha identificado en todo el país.

“Creemos y confiamos en que, amparados en esta nueva reforma de la ley (...), podemos alcanzar de manera más expedita todos estos planes de inversión”, indicó Henao durante el simposio, patrocinado por el Gobierno venezolano y por una empresa de relaciones públicas con sede en Sudáfrica que trabaja con el sector energético.

El vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Jeovanny Martínez, reconoció, por su parte, que su país debe aumentar la “capacidad” y la “confiabilidad” de la infraestructura petrolera y señaló que ese objetivo solo será posible mediante la inversión.

“Nosotros hemos evolucionado en los últimos años y hoy presentamos al mundo un contrato que agrada y que establece condiciones claras”, añadió Martínez.

La visita de estos altos funcionarios del sector energético venezolano se produce en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump tras deponer y capturar al ex dictador Nicolás Maduro durante una intervención militar.

Por ahora, las grandes petroleras estadounidenses se han mostrado cautelosas ante la posibilidad de reinvertir en Venezuela, con la excepción de Chevron, la única que permaneció en el país después de que, en 2007, el Gobierno de Hugo Chávez exigiera a las compañías energéticas conceder a PDVSA una participación mayoritaria en los proyectos petroleros.

ExxonMobil y ConocoPhillips enviaron a principios de año equipos de profesionales para “evaluar” las oportunidades en el país, pero desde entonces no se han concretado acuerdos con el Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien fue la número dos de Maduro.

Al margen de las negociaciones con las grandes petroleras, Henao anunció en la víspera la firma de acuerdos con dos empresas energéticas estadounidenses: Hunt Oil, una productora independiente, y SLB, la mayor compañía de servicios petroleros del mundo.

La producción venezolana de crudo alcanzó en julio un promedio de 1,2 millones de barriles diarios (bpd), un aumento del 1,09% respecto a junio, en un contexto marcado por la emergencia provocada por dos potentes terremotos registrados el pasado 24 de junio en el norte del país, que dejaron al menos 6.438 muertos.

La mitad de la producción petrolera venezolana se exporta a Estados Unidos, según afirmó el vicesecretario estadounidense de Energía, Kyle Haustveit, durante un evento celebrado esta semana en Houston, de acuerdo con medios especializados.

Según cifras oficiales, la producción de crudo de Venezuela ha aumentado el 29,8% desde los 924.000 bpd registrados en enero, antes de la captura de Maduro y de la flexibilización de las sanciones que Estados Unidos mantenía sobre el sector energético.

Tres militares venezolanos acusados en 2024 de “traición a la patria” y vinculados a un supuesto plan para asesinar al entonces dictador del país sudamericano Nicolás Maduro, fueron excarcelados este miércoles, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Los tres —dos hombres y una mujer— se encontraban recluidos por razones políticas en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda (norte), cerca de Caracas, señaló la ONG.

“Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse”, expresó la organización no gubernamental.

Se trata de Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos, quienes fueron degradados en enero de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto con otros 30 militares vinculados también a supuestas “acciones criminales y terroristas” contra el Gobierno y el ahora depuesto ex dictador, hoy detenido en Estados Unidos.

Los tres salen de prisión luego de que el pasado viernes el Gobierno informara de 131 excarcelaciones, en medio de un proceso de negociación promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición que culminó su primer ciclo hace una semana.

La PUD contabilizó 105 excarcelaciones hasta el miércoles

Por su parte, la mayor coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizaba hasta el mediodía hora local de este miércoles 105 excarcelaciones, por lo que exigió “procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”.

A su juicio, “solo se necesita voluntad política” y “nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas”, según su propio conteo.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, había confirmado 81 excarcelados desde el pasado viernes hasta las 17:15 hora local del lunes (21:15 GMT), aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

El director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, dijo a la agencia de noticias EFE que “lo más prudente” es esperar a que las personas excarceladas acudan a los tribunales para conocer bajo qué medidas fueron liberadas.

Dirigentes y activistas, organizaciones de oposición y de derechos humanos han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 300 según Foro Penal.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.

Catorce organizaciones no gubernamentales solicitaron el miércoles la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela antes de diciembre, en el marco del diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición respaldada por Estados Unidos. El comunicado conjunto subraya que la conformación de una nueva directiva del CNE y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serían “resultados concretos” del proceso de negociación y podrían realizarse en los próximos meses.

Las organizaciones sostuvieron en un comunicado conjunto que “no existen razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación” hasta el último mes del año y argumentaron que los procedimientos actuales permiten completar la renovación del órgano electoral en un plazo cercano a dos meses. “Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible”, propusieron.

El comunicado advierte que postergar la renovación del CNE “puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional”, mientras que avanzar en la agenda electoral y judicial “puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza”.

Las organizaciones afirman que la conformación de nuevas instituciones con personas idóneas y mediante mecanismos transparentes “constituiría una señal concreta de que el diálogo puede generar cambios y abrir una ruta hacia la reinstitucionalización democrática de Venezuela”. Además, permitirían “comenzar a recuperar un activo que no puede subestimarse: la confianza de la ciudadanía”.

El texto destacó que, tras años de promesas incumplidas e incertidumbre por parte del régimen del ex dictador Nicolás Maduro, “esa confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad. Necesita hechos, plazos próximos y compromisos que la población pueda verificar”. Para las ONG, unas elecciones parlamentarias y presidenciales “libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro”.

La semana anterior, el chavismo y un sector de la oposición encabezado por la ex diputada Dinorah Figuera concluyeron el primer ciclo de diálogo con acuerdos, entre ellos la renovación integral del TSJ. Las ONG consideran que la mesa de negociación “necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana” y remarcan que el tema electoral “ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas”.

En el primer ciclo de negociación, sin la participación de los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, también se acordó la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del reciente doble terremoto.

La actual directiva del CNE, presidida por Elvis Amoroso, proclamó ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 sin difundir los resultados detallados que exigía su propio cronograma. La oposición liderada por Machado denunció fraude y reclamó la victoria de su candidato, González Urrutia, basándose en más del 80% de las actas recolectadas por sus grupos de defensa del voto.

El pronunciamiento opositor, que manifestó deseos de “resultados concretos”, fue suscrito por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (CAIPI), CECAVID, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Laboratorio de Paz, Movimientos Unidos por el Agua y los DDHH, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven.

(Con información de EFE)

Venezuela realizó este miércoles un simulacro de preparación para evaluar los terminales provisionales instalados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aéreo que sirve a Caracas y que resultó gravemente dañado tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en el norte del país.

El ejercicio de este miércoles permitió probar áreas que habilitarán al aeropuerto para operar al 40% de su capacidad previa. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en enero tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por intervención de Estados Unidos, anunció un plan para reabrir el aeropuerto lo antes posible.

Estados Unidos brindó temporalmente asistencia técnica y logística a las operaciones aéreas venezolanas tras los terremotos. Según la administración del aeropuerto, actualmente se dispone de dos terminales provisionales de salidas y dos de llegadas, todos instalados en grandes carpas fuera de los edificios dañados. Los vuelos de carga se reanudaron el 5 de agosto, aunque todavía no hay fecha prevista para la reactivación de los vuelos de pasajeros.

El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos, que dejaron un saldo de más de 6.400 víctimas fatales y destruyeron decenas de edificios. La infraestructura del aeropuerto resultó comprometida, incluidas las pistas principales, lo que restringió sus operaciones a vuelos humanitarios durante varias semanas.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar reanudó sus operaciones de carga internacional tras permanecer inactivo desde el 24 de junio. El primer vuelo recibido procedió de Panamá, según informó el Ministerio de Transporte a través de X. La cartera había anunciado la reapertura paulatina del aeropuerto para “garantizar la reanudación progresiva de los servicios”.

El Simón Bolívar, ubicado en el estado de La Guaira, sufrió daños en la infraestructura de la pista y la terminal como consecuencia de los sismos. Desde entonces, varias aerolíneas trasladaron sus operaciones a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, a 172 kilómetros de Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó el pasado 6 de julio que el país proyecta retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto, aunque no precisó la fecha de reinicio. Dos días antes, Rodríguez también había anunciado la creación de una alianza internacional para la recuperación de la terminal, sin detallar los actores implicados.

El 29 de junio, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) propuso restablecer lo antes posible la operatividad regular de la terminal aérea, incluso mediante infraestructura temporal, y ofreció asistencia técnica al Gobierno venezolano para ese objetivo.

El 6 de julio, Rodríguez anunció una alianza internacional para la recuperación de la terminal aérea de Maiquetía, aunque no brindó detalles sobre el plan, que según sus declaraciones estaría listo esta semana.

Nuevo temblor en La Guaira

Un terremoto de magnitud 4 sacudió la madrugada del martes al estado costero, sin que se reportaran daños, informó Rodríguez a través de Telegram. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) localizó el epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y a una profundidad de 10 kilómetros.

Rodríguez señaló que tras el movimiento telúrico se activó el Sistema de Protección para realizar “el monitoreo y seguimiento correspondiente”. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, afirmó la mandataria, quien agregó que las autoridades permanecen “atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”.

El sismo, registrado a las 3:07 hora local (07:07 GMT), también se percibió en varias zonas de Caracas. La Guaira, estado ubicado frente al mar Caribe y sede del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, resultó profundamente afectado por los terremotos. De acuerdo con un informe presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos a causa de aquellos terremotos ascendió a 6.438.

(Con información de AFP)

De los 24 comandantes de zona de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fueron nombrados por Nicolás Maduro Moros antes del 3 de enero de 2026, solo uno continúa en funciones: el general de brigada Liberto Giovany Vivas Contreras, nombrado en agosto de 2024 al frente del Comando de Zona de la GNB en el estado Lara. El resto fue relevado por decisión de Delcy Rodríguez, en una serie de movimientos ejecutados entre enero y agosto de 2026.

La magnitud de los cambios resulta significativa porque los Comandos de Zona de la GNB (CZGNB) son unidades operativas regionales con incidencia directa en el control territorial, el orden interno y la seguridad ciudadana en cada estado de Venezuela.

Sus titulares actúan, además, como enlace entre el Comando General de la GNB y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) ante emergencias, delitos, conflictos de orden público o situaciones consideradas amenazas a la soberanía.

De los seis comandantes de zona designados por Delcy Rodríguez en enero de 2026, cuatro generales de Brigada siguen en los mismos comandos: Ángel Roberto Puerta Saiz, en Táchira; Misael Ricardo Luna Párica, en el Distrito Capital; Reinaldo José Ramos Hurtado, en Bolívar; y Ramón Elías Rodríguez Geraldo, en Cojedes.

Los otros dos fueron trasladados en enroques; el general de brigada Oswaldo Ramón Rengifo Armas, desde Aragua enviado al CZGNB del Zulia; y el general de brigada César Junior Mendoza Medina, quien se encontraba en Delta Amacuro nombrado en el CZGNB en Miranda.

En Anzoátegui fue asignado el general de brigada Ricardo José Yánez Rosseti, quien ya había ocupado una jefatura de Comando de Zona, aunque en el estado Guárico.

Cercanos a Diosdado y González

Entre los nombramientos más relevantes aparecen oficiales cercanos a Diosdado Cabello en comandos estratégicos como La Guaira y el Distrito Capital. En La Guaira fue designado el recién ascendido general de brigada Henribsen Fidel Herrera Riso, quien en 2024 se desempeñaba como director de Migración. Antes, en 2017, estuvo al frente de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria del Instituto Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y en 2023 fue comandante del Regimiento de Cadetes.

En el Distrito Capital, Delcy Rodríguez nombró en enero de 2026 al general de brigada Misael Ricardo Luna Párica como jefe del CZGNB. Luna Párica también ocupó cargos vinculados a la seguridad aeroportuaria: en 2024 era director de Seguridad Aeroportuaria en el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM).

Otro de los movimientos destacados es el del general de brigada Mervin Gregorio Rincón Simóns, asignado al CZGNB en Carabobo. Rincón Simóns trabajó bajo el mando del actual ministro de Defensa, Gustavo Enrique González López, cuando este dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Zulia, los Andes y Llanos

Con la Resolución 1292 del 11 de agosto 2026 fueron designados los comandantes de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB) en el estado Zulia y Falcón, mientras que el de Lara fue ratificado en el cargo.

En el CZGNB Nr. 11 del Zulia, comanda ahora el GB Oswaldo Ramón Rengifo Armas, en relevo del GB José Gregorio Viloria Arcaya.

Nombrado en el CZGNB Nr. 13 de Falcón, el GB Jerry José Camacaro Salazar, quien sustituyó al GB Rafael Yastrenky Ludovich Betancourt Rivas.

Ratificado en el CZGNB Nr. 12 del estado Lara, el GB Liberto Giovany Vivas Contreras, quien ocupa el cargo desde agosto del 2024.

En los estados andinos, con la resolución 1293, se establece la ratificación del comandante en Táchira y se sustituyó a los de Mérida y Trujillo. Permanece en el cargo el jefe del CZGNB Nr. 21 del Táchira, GB Ángel Roberto Puerta Saiz, nombrado en enero 2026, después de la Operación Resolución Absoluta.

Para el CZGNB Nr. 22 de Mérida, enviaron al GB Tomás Antonio Vera Contreras, quien sustituye al GD Pedro Luis Pérez Silen. Y en el CZGNB Nr. 23 de Trujillo está comandando el GB José Rolando Ruíz Muñoz, en reemplazo del GD Luis Guillermo Marín Meléndez.

En los llanos venezolanos, según la resolución 1294, solo uno de los jefes militares de Zona fue ratificado, los restantes cuatro fueron suplantados de sus cargos de comando. Para el CZGNB Nr. 31 de Portuguesa nombrado el GB David José Rodríguez Sierra, quien sustituye al GD Carlos Augusto Chirino Zárraga. Ratificado en el CZGNB Nr. 32 de Cojedes el GB Ramón Elías Rodríguez Geraldo, quien ocupa el cargo desde enero 2026.

El nuevo jefe en el CZGNB Nr. 33 de Barinas es el GB Héctor Manuel Melgarejo Gutiérrez, quien sustituyó al GD Roberto Alexander Gil Ugas. Ocupa la jefatura del CZGNB Nr. 34 de Guárico el GB Edgar Antonio Zambrano Jurado, quien releva al GB Ricardo José Yánez Rosseti. Y para el estado Apure CZGNB Nr. 35 destinaron al GB Andrés Antonio González Silva, en reemplazo del GD Leonardo José Quintero Hernández.

Centro y capital

Estados centrales como Yaracuy, Carabobo y Aragua, tienen nuevos comandantes de zona, según la resolución 1295 del 11 de agosto 2026. Para el CZGNB Nr. 40 de Yaracuy enviaron al GB Edwar Jesús Sarmiento Paz, quien reemplazó al GD Rafael Darío Alfonzo Navas.

En el estado Carabobo el CZGNB Nr. 41 lo comanda el GB Mervin Gregorio Rincón Simóns, quien sustituyó al GB Héctor Gabriel Alviarez Blanco. Para el CZGNB Nr. 42 de Aragua fue nombrado el GB Alfonso José Rivera Rojas, quien releva al GB Oswaldo Ramón Rengifo Armas, quien en un enroque fue enviado al Zulia.

En los Comando de Zona más neurálgicos, Distrito Capital, Miranda y La Guaira hay una ratificación y dos nuevos comandantes, según la resolución 1296. En el CZGNB Nr. 43 que comprende el Distrito Capital ratificaron el nombramiento del GB Misael Ricardo Luna Párica.

Nuevo comandante de Zona de la GNB Nr. en Miranda, donde fue nombrado el GB César Junior Mendoza Medina, quien reemplaza al GB Luis Miguel Márquez Guillén. Para el CZGNB Nr. 45 en La Guaira asignaron al GB Henribsen Fidel Herrera Riso, en sustitución del GD Antonio Ramón Casadiego Pineda.

Al oriente del país

Hacia los estados del oriente, con la resolución 1297, se dieron los cambios de los comandantes de Zona en Monagas, Anzoátegui y Sucre. Para el CZGNB Nr. 51 del estado Monagas nombraron al GB Franklin José Rivero Bayone, en relevo del GD Juan Leonardo Yusti Pérez.

En Anzoátegui el nuevo jefe del CZGNB Nr. 52 es el GB Ricardo José Yánez Rosseti, quien sustituye al GB Ronald Benjamín Hernández Mora. El comandante de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana en la Nr. 53 del estado Sucre, es el GB José Gregorio Viloria Arcaya, quien reemplaza al GB Franklin José Rivero Bayone.

La reconfiguración en los nombramientos confirma un movimiento amplio dentro de la estructura regional de la GNB. Más allá de los cambios administrativos, los relevos modifican la cadena de mando en los estados y reordenan posiciones clave en la relación entre la fuerza militar, el control territorial y la gestión de la seguridad interna.

@SebastianaB

El sector manufacturero venezolano sufrió una desaceleración en el segundo trimestre del año, mientras que casi en la mitad de sus horas laborales padeció cortes del suministro eléctrico, según una encuesta publicada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

En los primeros tres meses del año, Conindustria reportó un crecimiento de 9,9%, cifra que cayó a 6,5% entre mayo y junio. El año pasado en ese mismo lapso la estadística marcó 9,5%. “Registrar un crecimiento del 6,5% frente a las adversidades demuestra la resiliencia de la empresa privada, aunque la desaceleración interanual nos advierte que es urgente alinear las políticas públicas para que el potencial industrial no se frene”, declaró el presidente de Conindustria, Tito López.

En cuanto a los principales obstáculos que enfrentan para mejorar su desempeño, los empresarios identificaron los excesivos tributos fiscales y parafiscales, las fallas del servicio eléctrico, la inflación y la devaluación, las restricciones en el acceso y movilización de divisas, y la falta de financiamiento.

La institución gremial señala que existen 206 leyes que impiden la expansión de la actividad manufacturera en el país, razón por la cual claman por una “flexibilización regulatoria” que elimine las trabas burocráticas y simplifique los trámites.

A oscuras

El sondeo de Conindustria reveló que de las 488 horas laborales durante el segundo trimestre de 2026, las empresas reportaron 214 sin suministro eléctrico. “Esto significó un 68% más de horas afectadas comparadas con el trimestre pasado”, acotan.

El estudio indica que en promedio se registraron 57 cortes “no programados” del servicio eléctrico, alrededor de cinco a la semana, lo que representa un 18% más que los contabilizados entre enero y marzo.

La entidad más afectada fue el estado Zulia, rico en petróleo y fronterizo con Colombia, que acumuló 333 horas sin luz, seguido por los Andes con 295 horas y la región centroccidental con 263. La capital, por su parte, sumó 82 horas sin fluido eléctrico.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez lanzó un plan de ahorro de electricidad y agua ante la crisis de los servicios públicos que azota a Venezuela desde hace más de una década.

La iniciativa en cuestión se reduce a aplicar cortes de luz por cinco horas o más en casi todo el país, situación que ha generado protestas en distintas ciudades.

Pequeños

Entre los hallazgos de Conindustria resalta que mientras las industrias grandes y medianas crecieron 8,4% y 5,5%, respectivamente, la pequeña se contrajo 4,7%. “Los números de la pequeña industria exigen atención y oxígeno fiscal de inmediato. Son las pequeñas empresas las que dinamizan el tejido económico regional y necesitan apalancamiento financiero urgente”, expresó López.

En cuanto los aspectos positivos encontrados en esta investigación, subrayan que la utilización de la capacidad instalada alcanzó 51,7%, mejor que el 48,4% del primer trimestre y el 46,1% del segundo trimestre de 2025. A su vez, la remuneración promedio en el sector se ubicó en 541 dólares, “un aumento de 16% con respecto al mismo periodo del año pasado”.

Se comienzan a dar los primeros pasos para materializar los acuerdos iniciales alcanzados por el régimen chavista y la oposición, en el marco del mecanismo de negociación diseñado e impulsado por la administración de Donald Trump.

Ramón López, miembro de la delegación opositora, indicó que el comité de postulaciones judiciales que conducirá el proceso de renovación de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrá ahora una mayoría de la sociedad civil, con 12 integrantes frente a los 11 diputados de la Asamblea Nacional (AN).

“Se declaró en cero el proceso que había iniciado la AN. Se va a generar un nuevo comité de postulaciones que se amplió a 23 miembros para adicionar más miembros de la sociedad civil”, declaró López a la página local Caraota Digital.

Luego del cierre del primer ciclo de la negociación, el 12 de agosto, las partes informaron que darían inicio a “un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia”, que asumiría la renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales con el fin de designar a todos los integrantes de la cúpula del Poder Judicial.

Antes de que se sellara este pacto, el Parlamento de mayoría chavista adelantaba el procedimiento para designar a los jueces con un comité de postulaciones controlado por los legisladores.

“Ahora tendrá una mayoría de la sociedad civil que conjuntamente con ellos (parlamentarios) van a revisar las credenciales de todos los postulados. Esto para generar confianza en el país y que los mejores profesionales puedan optar para ser magistrados”, explicó López.

Doble filtro

Producto de la negociación, chavistas y opositores se comprometieron a instalar “un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación”.

López indicó que esa instancia funcionará como una “válvula de seguridad” y que estará conformada por siete profesionales del Derecho de “altísimo nivel”. “Esto para que chequeen las credenciales de los candidatos que hayan sido emanados por el comité de postulaciones”, agregó el representante opositor.

La idea es que el Parlamento chavista sirva para darle juridicidad a los acuerdos políticos que se construyan en la mesa de negociación, bajo el auspicio de Estados Unidos. En ese sentido, el “consejo de revisión” complementará la labor del comité de postulaciones judiciales.

La reforma del TSJ se considera un elemento clave para lograr una transición a la democracia en Venezuela. Utilizado como un ariete por el chavismo contra la disidencia, su Sala Electoral blindó la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro que realizó el Consejo Nacional Electoral el 28 de julio de 2024 (CNE) sin presentar jamás las actas que sustentaban ese resultado.

La jefa de la Sala Electoral es Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien también preside el TSJ y fue dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La producción manufacturera privada de Venezuela registró un crecimiento del 8,1% durante el primer semestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

De acuerdo con el organismo, la producción aumentó un 9,9% en el primer trimestre de 2026 y un 6,5% entre abril y junio. Las grandes empresas incrementaron su producción un 10,8% en la primera mitad del año respecto a 2025, mientras que las medianas registraron un alza del 5,1%.

En contraste, la producción de la pequeña industria descendió un 5,4% en el primer semestre. También se observaron caídas en los sectores de plástico, caucho, maquinaria, equipo eléctrico y óptica.

La industria manufacturera operó al 51,7% de su capacidad instalada en el segundo trimestre, 3,3 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. Como referencia, Conindustria señaló que en países vecinos, como Brasil y Colombia, la utilización de la capacidad fue del 77% y 80%, respectivamente.

Entre los factores que afectan la actividad industrial en Venezuela, la organización mencionó los “excesivos” tributos, las interrupciones en el servicio eléctrico, la inflación y devaluación, las “restricciones en el acceso y movilización de divisas” y la falta de financiamiento.

Respecto a la electricidad, Conindustria detalló que, de 488 horas laborables entre abril y junio, las empresas reportaron en promedio 214 horas sin servicio, lo que representa un aumento del 68% respecto al trimestre anterior.

Sectores políticos y económicos han denunciado un deterioro en la crisis eléctrica y exigen información sobre el plan de ahorro energético anunciado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien atribuye las recientes fallas a los sismos de junio y a las condiciones climáticas.

No obstante, especialistas y opositores afirman que la corrupción y la falta de mantenimiento durante la era chavista son las principales causas.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este martes que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 7,14% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por un incremento del 9,1% en la actividad petrolera.

Por su parte, la actividad no petrolera creció un 5,79% en el segundo trimestre de 2026, en un contexto de mayor apertura en sectores como el petrolero, minero y eléctrico, tras el inicio de una colaboración más estrecha entre Caracas y Washington después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

Estados Unidos entregó a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover los escombros provocados por los terremotos del 24 de junio, según confirmaron autoridades de ambos países.

El encargado de negocios de EEUU en Caracas, John Barrett, comunicó en redes sociales que las máquinas teleoperadas, facilitadas junto a la empresa TFI Solutions, “permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso”.

Barrett añadió que con este apoyo se logrará “reconectar comunidades que quedaron aisladas tras los terremotos”.

“Seguimos avanzando hacia la reconstrucción de Venezuela”, expresó el diplomático.

Por parte de Venezuela, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, explicó que los equipos de “alta tecnología” fueron “donados en préstamo por el Departamento de Estado” de EEUU y se incorporan a los trabajos para “remover los vestigios del terremoto de manera digna, responsable y segura”.

Blanco detalló que “hasta ahora se han activado más de 650 frentes de trabajo y han participado 11.000 trabajadores, que han removido cerca de 500.000 toneladas de restos, alrededor del 25 % del total”.

Con la nueva maquinaria, el país espera “redoblar los esfuerzos y avanzar más rápido”. Blanco, también viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, agradeció al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Las cifras oficiales reportan que el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que impactó la zona norte de Venezuela, causó 6.438 muertos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que 86.358 personas recibieron atención en hospitales tras el desastre.

El Banco Mundial calcula en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría limitar la recuperación económica de Venezuela en la próxima década.

El canal privado Venevisión anunció la realización del Teletón ‘Unidos por Venezuela’ el 17 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos para las comunidades afectadas.

Venezuela recibió 30 toneladas de material médico de la Unión Europea

Un cargamento de 30 toneladas de insumos médicos y otros suministros enviados por la Unión Europea (UE) llegó este martes a Venezuela. La Delegación de la UE en Venezuela informó que los insumos fueron donados por Hungría, Países Bajos y Polonia.

“Mientras Venezuela aún se recupera de los terremotos, la asistencia de la UE sigue llegando”, afirmó la comisionada europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

En julio, la Comisión Europea anunció que destinará hasta 20 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para Venezuela, sumando este monto a los 5 millones de euros aprobados a finales de junio y los 52 millones de euros remitidos a principios de año para responder a la crisis socioeconómica.

El 4 de agosto, Venezuela recibió un cargamento de cinco toneladas de medicamentos enviados por Egipto para reforzar la capacidad del Sistema Público Nacional de Salud, según informó el Ministerio de Comunicación.

Venezuela firmó el martes un contrato con la empresa estadounidense Hunt Oil para el desarrollo de los campos de petróleo y gas Caro y Carisito en el este del país, según informó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. La funcionaria, quien lidera una delegación oficial en Estados Unidos, explicó en comunicación con el canal estatal Venezolana de Televisión que el acuerdo estableció un modelo de participación productiva para impulsar y recuperar la producción en ambas áreas.

Henao destacó que Hunt Oil es “una empresa de reconocida trayectoria” y que aportará recursos para “apuntar a la recuperación de producción” en esos campos petroleros. Además, la ministra anunció una alianza con la transnacional tecnológica SLB (antes Schlumberger) para llevar a cabo un “estudio integrado de yacimiento” en territorio venezolano.

Los acuerdos fueron suscritos en la ciudad de Houston, donde la delegación venezolana cuenta con la presencia del viceministro de Geopolítica, Eduardo Ramírez; el vicepresidente ejecutivo de la estatal PDVSA, Jovanny Martínez; y el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Johan Álvarez. La comitiva también participó en un foro junto al subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit.

El pasado junio, Venezuela y SLB firmaron en Caracas un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de cooperación en servicios petroleros y de gas con tecnología de vanguardia.

La producción de crudo venezolano alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día (bpd), lo que representa un aumento del 1,09% respecto a junio, en un periodo afectado por dos terremotos en la zona norte del país que causaron al menos 6.438 muertos. Según cifras oficiales, la producción nacional subió un 29,8% desde los 924.000 bpd de enero, tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en la capital del país caribeño.

Desde ese momento, Venezuela abrió su economía a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en el marco de una colaboración con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump calificó recientemente la relación entre ambos países como “excelente”.

El Parlamento de Venezuela, bajo control del oficialismo, aprobó en enero una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de incentivar la inversión extranjera en el sector. Analistas interpretaron esta medida como un desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

En materia interna, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela registró un crecimiento del 7,14% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por un incremento del 9,1% en la actividad petrolera, de acuerdo con cifras oficiales difundidas este martes. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la actividad no petrolera experimentó un avance del 5,79% durante el mismo rango de meses. Las actividades financieras y de seguros lideraron el avance, con un crecimiento del 26,26%, seguidas de la construcción, que aumentó un 16,11%.

A pesar de la recuperación económica, sindicatos y trabajadores de distintos sectores advirtieron que la crisis salarial persiste en el país. El salario mínimo y la pensión equivalen actualmente a unos 16 centavos de dólar al mes según la tasa oficial, mientras que el costo de la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los 700 dólares, según estimaciones independientes.

(Con información de EFE)

El producto interno bruto (PIB) de Venezuela creció 7,14 % en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según cifras publicadas este martes por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El motor del alza fue la actividad petrolera, que registró un incremento del 9,1 % en un país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. El sector no petrolero, por su parte, avanzó un 5,79 %, impulsado según el BCV por “una mayor venta de divisas para la producción nacional y por la sinergia entre las actividades económicas”. Con este resultado, Venezuela encadena 21 trimestres consecutivos de expansión.

Entre abril y junio, todos los sectores registraron números positivos. Los de mejor desempeño fueron actividades financieras y de seguros, con un 26,26 %, y construcción, con un 16,11 %.

El contexto detrás de las cifras es una mayor apertura en los sectores petrolero, minero y eléctrico, enmarcada en la colaboración entre Caracas y Washington que arrancó luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en enero de 2026.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) proyecta un crecimiento cercano al 6,5 % para todo 2026, cifra que ya descuenta medio punto porcentual por el impacto del doble sismo del 24 de junio. El organismo estima que ese evento provocó daños directos por unos 6.700 millones de dólares y advierte que los efectos de demanda asociados a la reconstrucción podrían manifestarse con mayor intensidad en 2027. Para este año, el PNUD también prevé una inflación en torno al 385 %.

Pese a la expansión, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que el salario mínimo y la pensión equivalen a unos 16 centavos de dólar al mes a la tasa oficial. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) estimó que la canasta alimentaria para una familia de cinco personas alcanzó 727,89 dólares en julio, lo que exige cerca de 3.800 remuneraciones mínimas para cubrirse.

Esa remuneración —congelada en 130 bolívares desde marzo de 2022— cubre apenas el 0,03 % del costo de dicha cesta. La presidenta encargada Delcy Rodríguez fijó el 30 de abril un “ingreso mínimo integral” de 240 dólares, articulado en bonos sin incidencia en pasivos laborales, figura que los sindicatos rechazan y cuya distribución denuncian como discrecional e inconsistente.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 3.495 protestas en el primer semestre del año, un 181 % más que en el mismo periodo de 2025. Según el organismo, los trabajadores “retomaron un papel protagónico en la movilización social para exigir salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el respeto a las contrataciones colectivas y la restitución de derechos laborales afectados durante los últimos años”.

(Con información de EFE)

Siete organizaciones no gubernamentales presentaron a Naciones Unidas un informe que sostiene que el Estado venezolano “ha profundizado la restricción del derecho a la libertad de expresión en el país”, denunciando que “la detención arbitraria de periodistas se consolidó como un patrón de represión en Venezuela”.

El documento consignado para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU, mecanismo de revisión de Derechos Humanos de la ONU) sobre Venezuela, analiza el periodo 2022-2026 y fue elaborado por Artists At Risk Connection, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, PEN International, PEN Venezuela y Reporteros Sin Fronteras.

“Durante el período examinado, Venezuela profundizó un marco legal y político restrictivo que limita gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales. En la práctica, esto se ha traducido en patrones persistentes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento judicial, censura y autocensura”, exponen.

En el texto destacan que “el uso de conceptos vagos tales como ‘odio’, ‘zozobra’, ‘fascismo’, ‘seguridad nacional’, ‘bloqueo’, ‘traición’ o ‘intereses de la República’, da lugar a una interpretación amplia y discrecional por parte de las personas en el poder para justificar jurídicamente las limitaciones a los derechos humanos”.

Las ONG sostienen que “el marco legal venezolano no sólo restringe derechos específicos, sino que configura una arquitectura de control del espacio cívico”, con una serie de normas que se utilizan para castigar el discurso, disciplinar a los medios, controlar a las organizaciones de la sociedad civil y criminalizar la incidencia internacional.

Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura, más de diez años después, aún continúa.

A la fuerza

Recuerdan que en 2025 el número de trabajadores de la prensa detenidos llegó a 26. “Las detenciones arbitrarias de periodistas en Venezuela oscilan entre arrestos por lapsos menores de 24 horas hasta encarcelamientos por más de cuatro años”, señalan, agregando que “la violación del debido proceso fue el denominador común de esta forma extrema de atacar a la prensa independiente”.

“En todos los casos se formularon imputaciones genéricas por delitos graves como terrorismo y asociación para delinquir, los cuales no admiten libertad condicional. Ninguna de las personas procesadas judicialmente tuvo acceso a un abogado de confianza”, reseñan.

Advierten que la caída de Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales norteamericanas, no ha cambiado del todo el panorama.

“El hostigamiento continúa incluso después de que Delcy Rodríguez asumió la presidencia del país. Esto instauró un clima de terror tanto en los medios como en la ciudadanía. Como mecanismo de supervivencia frente a posibles detenciones y agresiones, muchos periodistas han tenido que elegir autocensurarse”, observan.

Silencio

El dossier recoge que “en Venezuela permanecen bloqueados 206 sitios web, 65 de los cuales corresponden a medios de comunicación social independientes y organizaciones de la sociedad civil”, medida que “corresponde a un patrón de censura sistemático ejecutado por el Estado venezolano que suma una década”. Entre los afectados por esta situación se encuentra la página de Infobae.

El informe también da cuenta de los ataques sufridos por los artistas, que entre 2022 y 2026 “enfrentaron censura, autocensura, vigilancia, detenciones arbitrarias y el uso de figuras penales amplias para criminalizar voces críticas”.

“La percepción de que las publicaciones en redes sociales, las obras artísticas o las interacciones en línea pueden ser monitoreadas o utilizadas para identificar, investigar o intimidar a artistas ha reforzado la autocensura y ha reducido la disposición de las personas a compartir su trabajo o a participar en espacios digitales de debate y difusión cultural”, indican.

Las ONG apuntan que “la combinación de vigilancia estatal, temor a represalias, autocensura, restricciones a la movilidad y debilitamiento de las industrias culturales ha generado un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de la libertad artística, cultural y de expresión en Venezuela”.

Se necesitan casi 3.800 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar en Venezuela, que alcanzó en julio los 727,89 dólares, según las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Calculado en la moneda local, la cesta que incluye 60 productos para cinco personas se ubica en 516 mil 804,22 bolívares, 15,18% más que la cifra de junio. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación del mes pasado llegó a 19,9%, superando el 500% interanual.

El Cendas-FVM apuntó que “el salario mínimo -congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022- apenas cubre el 0,03% de la canasta”. Debe indicarse que desde hace al menos cuatro años el salario mínimo -que hoy equivale a 18 centavos de dólar- dejó de ser un indicador para medir el nivel de las remuneraciones en Venezuela.

El 30 de abril la presidenta encargada Delcy Rodríguez fijó en 240 dólares el “ingreso mínimo integral”, monto que se expresa en bonos que no tienen incidencia en los pasivos laborales, política que es rechazada por los sindicatos del país.

Los representantes de los trabajadores también denuncian que el Ejecutivo reparte esas asignaciones de manera discrecional e inconsistente.

Secos

En esta oportunidad, el Cendas-FVM contabilizó el gasto que deben hacer las familias para adquirir agua potable, unos 13,52 dólares en julio.

El gobierno interino lanzó recientemente un plan de ahorro de energía eléctrica y agua, dos servicios públicos que arrastran una severa crisis que se caracteriza por cortes diarios en todo el país.

El último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social afirma que en el primer semestre de 2026 se registraron 3.495 protestas, 181% más en comparación con el mismo período de 2025.

El análisis destaca que a partir del segundo trimestre de este año, aumentó el número de manifestaciones populares en reclamo por los derechos económicos y sociales.

“Los trabajadores retomaron un papel protagónico en la movilización social para exigir salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el respeto a las contrataciones colectivas y la restitución de derechos laborales afectados durante los últimos años”, expone el Observatorio de Conflictividad.

Al proceso de negociación promovido por Estados Unidos entre el régimen chavista y la oposición le han pedido de todo: desde atender los reclamos de jubilados y pensionados, hasta liberar a todos los presos políticos, que suman más de 300 en el país. Pero ahora se ha sumado otra solicitud desde el flanco económico.

“Hay otro tema que ojalá pueda incorporarse a la negociación entre gobierno y oposición: el Banco Central de Venezuela (BCV). Sería una señal extraordinariamente poderosa que las partes pudieran acordar el nombramiento de una nueva junta directiva independiente, integrada por profesionales con credenciales técnicas y verdadera autonomía frente al Ejecutivo”, planteó el economista Asdrúbal Oliveros.

En principio, la mesa de diálogo tiene tres puntos en su agenda: Atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas.

El 12 de agosto, tras el cierre del primer ciclo de la negociación, las delegaciones anunciaron que habían sellado dos acuerdos: Promover la recuperación de los activos de la reserva internacional de Venezuela que están en el Banco de Inglaterra -unas 31 toneladas de oro que equivalen a 4,4 mil millones de dólares-, e iniciar un proceso de “transformación” del sistema judicial, que incluye la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

Refundación

Aunque el proceso no apuntaría a cuestiones propias de la gobernanza de la economía venezolana, Oliveros subraya la necesidad de cambiar no solo la constitución sino especialmente el rumbo del ente emisor para atender la crisis que padece Venezuela.

“Recuperar la credibilidad de la política monetaria exige reconstruir la institucionalidad del BCV, fortalecer su autonomía, recuperar la calidad y oportunidad de las estadísticas económicas y establecer límites claros al financiamiento monetario del gasto público”, expuso el consultor.

Hasta el 17 de abril, la presidenta del Banco Central fue Laura Guerra, ex cuñada de Nicolás Maduro. Su renuncia al cargo se interpretó como parte de la “depuración” adelantada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien ha desplazado a fichas vinculadas con el defenestrado Maduro para poner en su lugar a funcionarios de su más estrecha confianza al frente del gabinete económico.

Guerra salió del organismo, luego de que Estados Unidos levantara las sanciones contra la banca pública venezolana. Rodríguez llenó la vacante con Luis Pérez, quien venía desempeñándose como vicepresidente técnico de la misma institución.

“No se trata simplemente de cambiar nombres. Se trata de recuperar una institución fundamental para cualquier programa serio de estabilización”, enfatiza Oliveros, quien aboga por la definición de un “programa económico coherente que pueda corregir los desequilibrios” de la economía venezolana.

Un terremoto de magnitud 4 se sintió la madrugada de este martes (hora local) en el estado costero de La Guaira, el más afectado por el doble temblor del pasado 24 de junio en Venezuela, sin que se reportaran de inmediato “afectaciones de ningún tipo”, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en Telegram.

El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira a una profundidad 10 kilómetros, publicó en X la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Rodríguez indicó que a raíz del sismo se activó el Sistema de Protección para hacer “el monitoreo y seguimiento correspondiente”.

“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, agregó la mandataria, e indicó que siguen “atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”.

El temblor, ocurrido a las 3.07 hora local (07.07 GMT) se sintió también en varias zonas de Caracas.

La Guaira, un estado frente al mar Caribe que alberga al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue afectado el pasado 24 de junio por un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.

Rodríguez, quien es hermano de Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados, en 59.109 las evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 han sido catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en “alto riesgo”.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre.

Igualmente, dijo que el Gobierno ha entregado 335 viviendas tras los sismos que afectaron especialmente el estado La Guaira.

Además, señaló que 59.109 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 fueron catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en “alto riesgo”.

Rodríguez añadió que 528.222,30 toneladas de escombros han sido recogidos.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos del pasado 24 de junio y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Este lunes, el canal privado Venevisión anunció que celebrará el Teletón ‘Unidos por Venezuela’ el próximo 17 de octubre para recaudar fondos de apoyo a las comunidades afectadas por el doble terremoto.

Este espacio, cuyo formato no se organiza en el país desde la década de los años 2000, tendrá una programación continua que combinará transmisión en vivo, cobertura radial y tendrá la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, según explicó el canal en un comunicado.

(Con información de EFE)

La cifra de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio aumentó a 6.438, según el balance presentado este lunes por el titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez. El registro supone 137 muertes adicionales frente al informe anterior, mientras se mantienen las tareas de remoción de estructuras dañadas y la recuperación de cuerpos que todavía permanecen bajo los escombros.

Los movimientos telúricos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon principalmente al estado costero de La Guaira, donde la destrucción de edificaciones dejó una parte de la población sin vivienda. A casi dos meses del desastre, familiares y voluntarios continúan participando en la búsqueda de víctimas. El chavismo, sin embargo, no ha informado cuántas personas permanecen oficialmente desaparecidas.

El nuevo balance también muestra la dimensión de los daños sobre la infraestructura residencial. Hasta ahora fueron inspeccionadas 59.109 viviendas. De ese total, 34.680 fueron consideradas aptas para ser ocupadas, mientras que otras 13.733 presentan restricciones y 10.696 fueron clasificadas como construcciones de alto riesgo.

En paralelo, 86.358 personas recibieron atención médica después de los terremotos. La emergencia sanitaria no terminó con el rescate de los sobrevivientes: entre quienes lograron salir de los edificios colapsados hay personas que requieren intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y dispositivos para recuperar parte de su movilidad.

Uno de esos casos es el de Dennis Castillo, una deportista de 17 años que permaneció durante 28 horas atrapada bajo los restos de su edificio en La Guaira. Una viga comprimió su pierna izquierda y, después del rescate, los médicos determinaron que era necesario amputarla para evitar consecuencias mortales.

Su padre, Deinnis Castillo, relató el momento en que logró encontrarla entre los restos de la estructura. “En lo que me despierto, estoy atrapado entre los pasamanos de la escalera (...) Y en medio de eso yo dije ¡mi hija!”, contó.

La adolescente practicaba distintas disciplinas deportivas desde los 10 años y busca volver a entrenar. Para ello necesita una prótesis adecuada, un desafío que comparten numerosos sobrevivientes. La Fundación Dos Santos calcula que al menos 200 personas sufrieron amputaciones como consecuencia de los terremotos y que cerca de la mitad son menores de edad.

El costo de las prótesis constituye otro obstáculo para las familias. Los dispositivos pueden oscilar entre 3.500 y 30.000 dólares, dependiendo de sus características. Las destinadas a deportistas pueden incorporar sistemas hidráulicos y requieren una adaptación específica.

Mientras continúa la asistencia, el régimen informó que fueron entregadas 335 viviendas y mantienen el objetivo de alcanzar 4.000 unidades antes de finalizar el año. En los lugares donde permanecen damnificados, las condiciones también se han complicado por las lluvias. Algunas precipitaciones registradas en Caracas destruyeron carpas utilizadas como refugio temporal.

La reconstrucción enfrenta además una dimensión económica considerable. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los sismos y advirtió que una recuperación lenta podría afectar el desempeño económico venezolano durante los próximos diez años.

Hasta este lunes, las labores de limpieza habían permitido retirar 528.222,30 toneladas de escombros, una tarea que continúa mientras se evalúan inmuebles y se intenta localizar a posibles víctimas.

Como parte de la respuesta social, un canal de televisión privado anunció para el 17 de octubre un teletón destinado a recaudar fondos para las comunidades afectadas. La jornada combinará televisión y radio en una programación especial e incluirá la participación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

La decisión del Banco Central de Venezuela (BCV) de aumentar las comisiones bancarias y establecer nuevas tarifas para retiros y pagos significa un duro golpe para el ya maltrecho bolsillo del consumidor venezolano, advierte el economista Leonardo Vera.

Para las operaciones de persona a persona (P2P) en “pago móvil” -servicio de transferencia interbancaria inmediata muy popular en el país- fijan un cargo equivalente al 0,30% del monto cancelado, con una tarifa mínima de 14 bolívares. De persona a comercio (P2C) la comisión se eleva hasta 1,50% y de comercio a persona (C2P) el monto llega a un máximo de 2% en pagos interbancarios y 1,75% para operaciones dentro del mismo banco.

“Al existir una masa de más de 20 millones de pagos electrónicos diarios, la imposición de una comisión mínima (14 bolívares por operación o por transacciones fallidas) genera una transferencia masiva de recursos desde el bolsillo del usuario y el comercio”, explica el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Vera apunta que “para una transferencia pequeña de 2 o 3 dólares, aplica la comisión mínima de 14 bolívares, representando un porcentaje real muy elevado (a veces superior al 3% o 4% del valor enviado), castigando severamente las transacciones de menor valor económico”.

“Para los que quieran optar por el uso de efectivo y vayan a un ATM, el cargo es de 3%. Así que no hay para donde correr. Es un cerco contra el usuario. Débito, crédito, abonos de nómina y hasta las transacciones fallidas tienen ajustes en los cargos por comisión”, cuestiona el también investigador de la Universidad de Oxford.

Empujados

El académico señala que el BCV repite el “mismo diseño regresivo tributario” que aplica el régimen chavista, buscando “darle oxígeno a los bancos y proveedores” en un país hiperinflacionario donde no existen ni el ahorro ni la intermediación crediticia.

“Los venezolanos hace años fueron empujados a migrar a los medios de pago electrónicos, como consecuencia de la crisis inflacionaria y la pésima gestión del sistema de pagos”, recuerda Vera, tras destacar que en Venezuela “las familias de billetes caducan rápidamente” y se arrastran serias deficiencias en la circulación de efectivo.

El experto indica que la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico estima que se registran entre 8 y 10 millones de operaciones diarias por los canales digitales. “Si se suman los pagos con tarjetas de débito en puntos de venta, las plataformas de biopago, las transferencias electrónicas tradicionales por internet banking y los pagos interbancarios corporativos, estamos hablando de entre 15 y 25 millones de transacciones electrónicas diarias”, acota.

Vera calcula que bajo las actuales condiciones, se podrían generar 45 millones de dólares mensuales por esta vía. Además, critica que “toda unidad comercial o productiva que posea un punto de venta ahora debe pagar un 500% más por el mantenimiento del punto de venta. ¿Quién pagará esto? Probablemente el usuario”.

“Nos regalan la tasa de inflación más alta del mundo y nos venden un pliego de comisiones y tarifas de país desarrollado en un país que nada en la pobreza”, concluye.

Los números no cuadran. Aunque el régimen chavista informó el 14 de agosto que excarcelaría a 131 presos políticos, hasta el momento de publicar esta nota distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos dicen que menos de 80 se han beneficiado de esta medida y trascendió la denuncia sobre la desaparición de un detenido.

El anuncio del gobierno interino de Delcy Rodríguez fue celebrado en su momento hasta por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien de inmediato publicó en su cuenta en X: “La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación. Desde el 3 de enero -fecha de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales norteamericanas-, se han liberado 1.046 venezolanos”.

La liberación, además, parecía coronar el cierre del primer ciclo de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que dejó como resultado un acuerdo para renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial venezolano.

La propia Rodríguez destacó que “Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliación nacional. 1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”.

En deuda

Sin embargo, hasta este lunes 17 de agosto, la ONG Foro Penal solo había podido confirmar la excarcelación de 78 presos políticos. Al menos 24 de ellos son militares, precisó el director de la organización, Alfredo Romero.

El último balance general difundido por Foro Penal el 10 de agosto daba cuenta de un total de 391 presos políticos, incluidos 163 militares, 26 mujeres y 40 ciudadanos con nacionalidad extranjera, entre ellos el abogado argentino Germán Giuliani.

“Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de Derechos Humanos que siguen el proceso”, reaccionó en X Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación que es promovido por la administración de Donald Trump.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos enfatizó, además, que “excarcelar no siempre significa liberar”. Esto porque algunos de los beneficiados vuelven a sus hogares, pero siguen enfrentando medidas que restringen su libertad como la presentación periódica ante tribunales y la prohibición de salida del país.

En paralelo, Carlos Sotillo, abogado de Ronald González, uno de los acusados por la trama denominada Pdvsa-Cripto -donde está involucrado el exministro Tarek El Aissami- manifestó que su defendido estuvo “desaparecido”, luego de que sufriera un infarto el miércoles 13 de agosto y fuera llevado a un centro médico.

Después de tres días sin conocer su paradero, Heide Hernández, hermano del detenido, informó que pudo ver a Roland en un hospital y expresó su preocupación porque las autoridades indicaron que lo llevarían nuevamente a la cárcel. “Pido que esto no pase y que mi hermano pueda ser trasladado a una clínica donde pueda ser atendido de forma inmediata”, solicitó.

Distintas organizaciones no gubernamentales venezolanas exigen “un acuerdo político explícito -con verificación internacional y de la sociedad civil- que establezca la independencia e imparcialidad del sistema de justicia como condición previa a cualquier proceso de cambio institucional”.

La demanda de las ONG surge en respuesta al anuncio realizado al cierre de la primera etapa de la negociación entre el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, con respecto a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el sistema judicial de Venezuela.

Los activistas señalan que ese pacto entre las partes “debe incluir mecanismos que impidan la interferencia del Ejecutivo y el Legislativo y cualquier órgano del Poder Público sobre las decisiones judiciales, la depuración de funcionarios judiciales, fiscales y defensores públicos que participaron en la represión, y la suspensión inmediata de quienes tienen procesos abiertos por violaciones de Derechos Humanos”.

“En vista del proceso de potencial reinstitucionalización, coincidimos en que estamos frente a una oportunidad histórica para establecer instituciones democráticas, que ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional”, subrayan.

Entre quienes firman este comunicado están Provea, Acceso a la Justicia, Caleidoscopio Humano, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Centro de Justicia y Paz.

Con la ONU

El régimen chavista ha utilizado al Poder Judicial como un ariete contra la disidencia. Precisamente fue la Sala Electoral, presidida por la jefa del máximo juzgado, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien ratificó la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro en los controvertidos comicios del 28 de julio de 2024, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) jamás presentó las actas de escrutinio para sustentar ese fallo.

Antes de alcanzar ese cargo, la magistrada Rodríguez militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo jefe era el hoy defenestrado Maduro.

Las ONG reclaman un proceso de selección de magistrados que se ajuste a lo establecido en la Carta Magna e incorpore “un comité técnico independiente con participación de especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que acompañe la evaluación de los candidatos” a miembros del TSJ.

“Por el papel estructural que ha tenido este tribunal en la represión, la persecución política y demolición progresiva del Estado de Derecho, haremos seguimiento y monitoreo cercano de cada etapa de este proceso”, adelantan las ONG, que recalcan que “la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces, y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito”.

El número de presos políticos excarcelados en Venezuela aún está por debajo de la cifra anunciada por el chavismo, según un nuevo balance de la ONG Foro Penal. La organización ha verificado hasta este domingo la liberación de 78 personas, frente a las 131 excarcelaciones anunciadas por el interinato el viernes. El número puede aumentar a medida que se comprueben nuevos casos y se conozca la situación judicial de quienes abandonaron los centros de detención

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, explicó que la organización sigue verificando la situación de los detenidos y que el número de excarcelaciones podría aumentar con la confirmación de nuevos casos. El balance mantiene una diferencia de 53 personas respecto de las 131 liberaciones anunciadas por el régimen, por lo que todavía no se ha podido determinar cuántas de ellas recuperaron efectivamente la libertad.

La comprobación también busca establecer en qué condiciones fueron liberados los detenidos. Himiob señaló que resulta necesario esperar a que los excarcelados comparezcan ante los tribunales para conocer las medidas que pesan sobre ellos. Esto permitirá determinar si las personas quedaron completamente libres o si continúan sujetas a restricciones judiciales.

El anuncio oficial indicó que las 131 excarcelaciones fueron aprobadas por tribunales, a solicitud del Ministerio Público. La decisión se produjo después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por el oficialismo, solicitara revisar los expedientes de las personas privadas de libertad.

La falta de un listado público y verificable de los beneficiarios generó nuevos reclamos de organizaciones que siguen los casos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió que se conozcan los nombres de quienes fueron liberados, las boletas correspondientes y la situación procesal de cada uno. También reclamó que entidades independientes puedan acceder a los centros de detención para verificar directamente las condiciones de los presos.

Dinorah Figuera reclamó precisión sobre las cifras

La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, Dinorah Figuera, pidió este domingo que se aclare la diferencia entre las cifras oficiales y las confirmadas por las organizaciones de derechos humanos. La jefa de la delegación opositora que participa en conversaciones con el chavismo sostuvo que la información debe ser transparente para determinar el alcance real de las medidas anunciadas.

“Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”, afirmó Figuera.

La dirigente señaló que permanecerá vigilante para que las liberaciones se concreten y vinculó ese reclamo con una de las principales demandas planteadas por sectores de la sociedad venezolana. “Que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena”, expresó.

Figuera también sostuvo que la situación de los detenidos debe formar parte de cualquier proceso orientado hacia una transición política. “En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos”, afirmó.

El reclamo de la opositora coincide con la exigencia de organizaciones que piden verificar individualmente cada liberación. La diferencia de 53 personas entre las 131 anunciadas por el Gobierno y las 78 confirmadas por Foro Penal no significa necesariamente que los restantes casos no hayan ocurrido, sino que todavía no han podido ser corroborados por la organización. Ese punto mantiene abierto el conteo mientras continúan las verificaciones.

Desde el régimen se sostiene que las personas detenidas están vinculadas con delitos y se rechaza la existencia de presos políticos en el país.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó el anuncio de excarcelaciones como un “paso crucial” y afirmó que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde el 3 de enero. También aseguró que Estados Unidos continuará “monitoreando de cerca” el cumplimiento de los compromisos asumidos durante las conversaciones.

La salida del mayor general (Ej) José Adelino Ornelas Ferreira de la Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación (Secodena) no es un simple cambio administrativo. El movimiento, ordenado por Delcy Rodríguez y ejecutado mediante la Resolución 1302, retira de una instancia estratégica a un oficial que durante años ocupó espacios de confianza en la estructura militar y política del chavismo.

El documento, fechado el 11 de agosto de 2026 y suscrito por el ministro de la Defensa, general en jefe Gustavo Enrique González López, por orden de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, designa en comisión de servicio al mayor general Jesús Rafael Villamizar Gómez como nuevo secretario general del Secodena hasta el 30 de junio de 2027.

En los hechos, la resolución clausura una permanencia de ocho años de un oficial de confianza de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en un organismo asociado a la defensa, la seguridad nacional y la articulación del poder civil-militar.

Ornelas Ferreira no era un funcionario ordinario. Su expediente lo ubica dentro de la generación militar marcada por el 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de oficiales encabezado por Hugo Chávez intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Esa pertenencia al universo de los llamados febreristas convirtió a varios de sus integrantes en piezas recurrentes del aparato de poder construido después por el chavismo.

Egresado en el puesto número 7 de la promoción “GB Francisco de Paula Alcántara” de 1986, Ornelas compartió generación con oficiales que luego ocuparon cargos sensibles en la Fuerza Armada y en el Estado. Entre ellos figuran el general en jefe Jesús Rafael Suárez Chourio, excomandante del Ejército y también vinculado al 4F, y el general Carlos Augusto Leal Tellería, exministro de Alimentación y excomandante de la Milicia.

La misma promoción dejó otros cuadros incorporados posteriormente a áreas de gestión pública. El alférez mayor de esa cohorte fue el general de división Ángel Jesús Moreno Gudiño, quien ocupó responsabilidades en Hidroven, la Corporación Socialista del Cemento y la Corporación Venezolana de Guayana. El dato ilustra cómo aquella generación militar terminó proyectándose más allá de los cuarteles.

Una pieza de confianza

La carrera de Ornelas Ferreira muestra un patrón: la asignación reiterada a puestos donde se cruzan lealtad política, mando militar e información sensible. En septiembre de 2020, Nicolás Maduro, en sustitución de Jesús Suñarez Chourio, lo nombró jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, una posición cercana al despacho presidencial aunque ubicada fuera de la línea formal de mando. Desde agosto de 2019 también figuraba como viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno.

Antes estuvo encargado del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), fue segundo comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y jefe del Estado Mayor Conjunto entre 2017 y 2019.

También comandó la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Capital entre 2016 y 2017, fue inspector general del Ejército, director de Operaciones del Ejército y director de la Academia Militar del Ejército. La secuencia revela una ascensión sostenida dentro del aparato castrense durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

Pero el cargo que terminó marcando su perfil público fue el de comandante de la Guardia de Honor Presidencial entre 2011 y 2013. Esa responsabilidad lo colocó en el entorno inmediato de Hugo Chávez durante los años finales de su mandato, incluidos los meses de enfermedad, tratamiento en Cuba y transición hacia el primer gobierno de Nicolás Maduro, quien lo mantuvo en varios cargos.

Su conexión con el núcleo chavista venía de antes. En 2006 comandó el 421 Batallón de Infantería Paracaidista “José Leonardo Chirino”, con sede en Maracay, estado Aragua, una unidad con fuerte carga simbólica dentro del imaginario militar del chavismo. En 2011 pasó por el Cesna, otro espacio vinculado al seguimiento de información estratégica.

Sanciones internacionales

El 5 de noviembre de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó bajo la Orden Ejecutiva 13884. La medida se produjo en un contexto de señalamientos contra mandos de la Fuerza Armada por el uso de “fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física severa”. Canadá y la Unión Europea ya lo habían incluido previamente en sus listas de sancionados.

Para Washington, Ornelas formaba parte de una estructura de altos funcionarios que actuaban en nombre del gobierno de Nicolás Maduro. El entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, lo ubicó junto a otros oficiales señalados por apoyar a un poder acusado de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Los últimos días de Chávez

La figura de Ornelas Ferreira quedó atada, además, a uno de los capítulos más opacos y sensibles del chavismo: los últimos meses del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Como jefe de la Guardia de Honor Presidencial, integró el círculo que acompañó al mandatario a su tratamiento médico en Cuba y luego cuando el anuncio oficial de su muerte, el 5 de marzo de 2013.

Relató que, en sus últimos momentos, Chávez no podía hablar, pero movió los labios para decir: “Yo no quiero morir, por favor no me dejen morir”.

Ese vínculo fue reivindicado públicamente por el propio Ornelas. El 15 de marzo de 2023, durante el acto por el traslado del sable de Chávez al Cuartel de la Montaña 4F, evocó el velorio del expresidente en el salón Simón Bolívar y afirmó que entonces despedían “a un padre, a un amigo, a un soldado, beisbolista, a un camarada, a un patriota, un hermano, a un Presidente” a quien calificó de amado y querido.

En aquel discurso no solo recordó a Chávez: también cerró filas alrededor de Maduro. Sostuvo que, diez años después de 2013, el chavismo seguía “de pie más fuerte que nunca”, repitió la frase “No pudieron contigo, Comandante; jamás podrán contra nosotros” y pidió reconocer al mandatario por resistir, según sus palabras, ataques contra la patria con “paciencia, valentía, inteligencia, perseverancia, lealtad y estrategia”.

La línea de lealtad se mantuvo hasta el final de su etapa pública reciente. En diciembre de 2025, durante un acto en la Academia Militar del Ejército ante 842 alféreces de la Universidad Militar Bolivariana, Ornelas llamó a mantenerse firmes “ante las amenazas del imperialismo” y aseguró que no pudieron con Chávez “y no podrán con nuestro Presidente y Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros”. Meses después, Delcy Rodríguez ordenó su salida del Secodena.

Al menos 72 presos políticos recuperaron la libertad en Venezuela en las últimas horas, según confirmó este sábado la organización no gubernamental Foro Penal (FP), tras el anuncio del Gobierno de medidas para la excarcelación de 131 personas detenidas por razones políticas.

De los 72 liberados verificados por la ONG hasta las 10:00 hora local (14:00 GMT), 55 son hombres y 17 son mujeres. El director vicepresidente de FP, Gonzalo Himiob, precisó que “lo más prudente” es aguardar a que las personas excarceladas se presenten ante los tribunales para conocer bajo qué condiciones fueron puestas en libertad.

Según un comunicado difundido el viernes por el Gobierno venezolano, las 131 excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática —creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez— solicitara una evaluación de los casos.

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la medida como un “paso crucial” para la reconciliación y afirmó que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, fecha en la que fuerzas estadounidenses capturaron al ex dictador Nicolás Maduro en Caracas en el marco de una operación militar.

Rubio añadió que su país seguirá monitoreando el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos dentro del plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que Washington considera clave para avanzar hacia una nueva etapa política en el país.

Dirigentes, activistas y organizaciones de derechos humanos han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que según el último balance del Foro Penal, publicado el viernes, superan los 390 casos. El Gobierno, por su parte, niega la existencia de presos políticos en el país y sostiene que los detenidos cometieron delitos, una posición rechazada por diversas organizaciones y partidos opositores.

La palabra de Edmundo González Urrutia

El opositor y ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró la excarcelación de los 131 presos anunciada por el Gobierno, pero advirtió que las liberaciones “no borran” lo sufrido por los detenidos y sus familias. “Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos. Los abrazo, sí, por esa libertad tan esperada —lo he vivido—”, escribió en su cuenta de X.

González, exiliado en España desde septiembre de 2024, fue enfático: “Que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho en una concesión”.

El líder opositor también reclamó preservar la memoria de lo ocurrido: “Junto con exigir la libertad de quienes aún permanecen presos, tenemos la permanente tarea de recuperar expedientes y testimonios; escuchar a quienes estuvieron detenidos y a sus familias para preservar la memoria y establecer responsabilidades”.

Según González, la libertad recuperada debe servir como fundamento para edificar “un país donde nadie vuelva a ser privado de ella por razones políticas”.

La estructura territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) volvió a moverse. De los 29 comandantes de Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) designados por Nicolás Maduro, solo permanece en su puesto el vicealmirante Aldo Abigail Torres Falcón, al frente de la Zodimain Atlántica. El resto del mapa de mando fue reconfigurado mediante una serie de sustituciones que Delcy Rodríguez ejecutó por etapas.

El primer movimiento ocurrió el 21 de enero, cuando fueron sustituidos 12 comandantes de ZODI. Ahora, cuatro de aquellos oficiales también salen de posiciones con poder de fuego y se produce una renovación casi total de la estructura. La maniobra confirma un reacomodo profundo en los mandos responsables de la defensa territorial y la seguridad operacional local.

La relevancia de estos cambios radica en el papel estratégico de las ZODI. Estas áreas administrativas y operacionales, integradas dentro de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), funcionan como núcleos del Sistema Defensivo Territorial de la FANB. Desde allí se planifican, conducen y ejecutan operaciones tácticas locales, articulando la defensa armada con organismos de seguridad ciudadana e instituciones públicas.

Entre los nuevos nombramientos destaca el vicealmirante Virgilio José Hernández Azuaje, enviado a la ZODI Sucre. Hernández Azuaje proviene de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): en agosto de 2022, cuando era contralmirante, Maduro lo designó jefe de la Región de Contrainteligencia Militar N.° 5 Oriental. En julio de 2025 fue ascendido a vicealmirante. También se desempeñó como director de Armamento en el Comando Logístico Operacional del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb).

Entre los oficiales nombrados en enero de 2026 que no permanecieron en sus cargos figuran los generales de División (GNB) José Yunior Herrera Duarte, Rufo Daniel Parra Hernández, José Gregorio Caldera Vivas y José Freitas Gómez, quienes estaban al frente de las ZODI Falcón, Miranda, Monagas y Yaracuy, respectivamente. Freitas pasó a comandar la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI).

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) publicó los nombres de los jefes de la ZODI, algunos erróneamente como nuevas designaciones cuando ya habían sido incorporados en esos cargos en la primera razia.

Barrido total

En total, fueron ratificados nueve de los 29 comandantes de ZODI. Tres son vicealmirantes de las zonas Marítima e Insular (Zodimain): Aldo Abigail Torres Falcón, en la N.° 75 Atlántica, quien ocupa el cargo desde 2024; Juan José Solórzano Araujo, en la N.° 74 Oriental; y Uldren Alberto Gedde Díaz, en la N.° 73 Occidental, ambos designados en enero.

También continúan en sus cargos los generales de División Lumar José Hernández Vargas, en Trujillo; Carlos Augusto Bastidas Bastidas, en Táchira; Miguel Andrés Chacín Socorro, en Delta Amacuro; Gustavo Enrique Belizario Sánchez, en Barinas; Francisco Javier Sánchez Carballo, en Aragua; y el vicealmirante Pedro Elías González Rubio, en la ZODI N.° 71 Nueva Esparta.

La nueva lista de comandantes incluye a los vicealmirantes Virgilio José Hernández Azuaje, en la ZODI N.° 53 Sucre; Juan Manuel López Agudo, en la Marítima e Insular N.° 72 Central; y Héctor Demetrio Echeverría Osorio, en Falcón, una zona que ya había cambiado de mando en enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez nombró al GD José Yunior Herrera Duarte en reemplazo del GD Francisco Luis Moreno.

Entre los Divisionarios designados figuran Geovanny Ramón González, en Amazonas, quien fue segundo comandante y jefe del Estado Mayor de esa ZODI y director de Medios Terrestres de la Región Oriental del Ejército; Miguel Darío Colmenares Coronado, en Bolívar; Jesús Manuel Carpio Medina, en Carabobo; y Crismarth Darío Mavo Sánchez, en Guayana Esequiba.

Para Anzoátegui fue designado el general Manuel Emilio Belzarez Escobar, nombrado cinco meses antes como subinspector del Ejército. Es hermano del comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), MG (Ej) Rubén Darío Belzares Escobar.

La reorganización se completa con Acisclo Guillermo Chaparro Godoy, en Portuguesa; José Gregorio Caldera Vivas, en Lara; Antonio Ramón Casadiego Pineda, en La Guaira; Okler Roberto Yustiz Castillo, en Zulia; Hilars José Larrarte Sosa, en Mérida; y Luis Enrique Pinto Rosales, en Apure.

Monagas quedó bajo el mando del GD Francisco José Levison Carrillo, quien sustituye al GD José Gregorio Caldera Vivas, nombrado en enero en reemplazo del MG Romerl Enrique Romero Domínguez. En Miranda fue designado el GD Ediam Gabriel Lagonell Hernández, en sustitución del GD Rufo Daniel Parra Hernández, quien a su vez había reemplazado a Carlos Eduardo Aigster Villamizar.

En las ZODI restantes fueron nombrados los generales de dos soles Amilcar Jesús Cobos Díaz, en Guárico; Roberto Alexander Gil Ugas, en Cojedes; Yoel José Córcega Caraballo, en Capital; y Juan Carlos Sorongo Arrieta, en Yaracuy. Este último sustituye al GD José Freitas Gómez, quien había reemplazado en enero de 2026 al MG Luis Gerardo Reyes Rivero.

Cambio en las Academia

El reacomodo no se limitó a los mandos territoriales. Con las resoluciones 1274 y 1275, del 11 de agosto de 2026, el régimen de Delcy Eloína Rodríguez Gómez también hizo nombramientos y ratificaciones en distintas academias de la FANB.

El nuevo rector de la Universidad Militar Bolivariana es el mayor general de la Aviación Militar Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta, quien sustituye al MG Omar Enrique Pérez La Rosa. Serrano permaneció apenas cinco meses en el Alto Mando Militar Ampliado de la FANB, desde su nombramiento en marzo de 2026 como comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral N.° 3 Los Llanos.

Antes de ese cargo, Serrano fue director de Apresto Operacional de la Academia de la Aviación Militar Bolivariana y, en 2023, comandante de la Base Aérea “El Libertador” (BAEL), ubicada en Palo Negro, estado Aragua.

En las academias militares de los componentes fueron ratificados los directores nombrados en enero de 2026: el GB (Ej) Lansford José Castillo López, en la Academia del Ejército; el contralmirante Ronald José Briceño Huerta, en la Armada; y el GB (GNB) Franklin Martín Meléndez Rivas, en la Guardia Nacional Bolivariana. Este último es hermano de la exministra de Defensa y alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas.

La única sustitución en ese bloque ocurrió en la Academia Militar de la Aviación. El general de División Juan Carlos Sorondo Arrieta dejó la dirección y asumió el GB Ronald Rolando González Ortega. Sorondo pasó luego a comandar la ZODI Yaracuy.

En la Academia Militar de Oficiales de Tropa “Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías” fue designado el GB Gustavo Gregorio Godoy Briceño, en reemplazo del GD Jesús Rafael Calvo Araque.

Los cambios fueron más amplios en el Centro de Estudios de Oficiales Técnicos. El coronel Miguel Ángel Curbata Duque sustituyó al GB Óscar Adolfo Márquez Machado en la dirección de la Academia Técnica Militar del Ejército.

En la Academia Técnica Militar de la Armada, el contralmirante Joel Benito López Rangel ocupa ahora el cargo que tenía el vicealmirante Luis Leonardo Ortega Valles.

La Academia Técnica Militar de la Aviación Militar Bolivariana quedó bajo la dirección del GB Luis Enrique Acosta Colmenárez, quien reemplaza al GD Hernán Miguel Acosta Figueroa.

En la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, el GB Manuel Antonio Briceño Piñango reemplaza al GB Numa Alberto Coss Ferreiroa.

Fue ratificado el contralmirante Vladímir Dimitri Markovich Vivas en la dirección de la Academia Técnica Militar de Comunicaciones y Electrónica.

En el Centro de Estudios en Ciencias de la Salud también hubo movimientos. En la Academia Militar de Medicina asumió el GB Luis Manuel Camargo Salazar, en sustitución del GD Ronald Alexander Lugo Díaz, mientras que el coronel José Ángel Bolívar fue ratificado en la Academia Militar de Ciencias de la Salud.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebró este sábado las recientes excarcelaciones de presos políticos en el país, como marco del proyecto de amnistía, pero exigió la liberación inmediata y sin excepciones de la totalidad de los detenidos.

“Cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura a los brazos de sus familias nos da una alegría infinita. La dignidad y fortaleza que demuestran nos llena de orgullo”, ha asegurado en una publicación en sus redes sociales.

Machado ha valorado positivamente el anuncio del régimen de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de la liberación de las más de 130 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades.

“Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación”, ha matizado la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025.

Asimismo, la líder venezolana ha asegurado que el país avanza hacia un escenario de cambio y ha prometido que “habrá memoria, justicia y reparación” para las víctimas del régimen. En este sentido, se desconoce todavía qué papel desempeñará Machado en la transición liderada por Estados Unidos, que alega que “facilita pero no dicta”.

“Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”, ha concluido la opositora.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha celebrado este sábado la reciente liberación de las más de 130 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades de Venezuela, como marco del proyecto de ley de amnistía anunciado en enero.

“La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación”, ha destacado el mandatario estadounidense a través de una publicación en sus redes sociales.

Rubio ha recordado que, desde el pasado 3 de enero, han sido liberadas 1.046 personas en el país sudamericano. Asimismo, ha señalado que Washington continúa “monitorizando” la situación tras la captura en Caracas del expresidente Nicolás Maduro en enero y su posterior extradición a Nueva York.

“A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitorizando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, ha afirmado.

Esta medida entra dentro del proyecto de una ley de amnistía anunciada por la presidennta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a finales de enero. Esta ley está dirigida hacia los presos políticos que permanecen en las cárceles del país por motivos políticos e ideológicos, y que pretende también cerrar las instalaciones del Helicoide, un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.

(Con información de Europa Press)

La oposición y organizaciones no gubernamentales en Venezuela exigieron la liberación de todos los presos políticos, tras la excarcelación de 131 personas anunciada el viernes por el Gobierno, una decisión celebrada por Estados Unidos y que se produce luego de culminar el primer ciclo del diálogo impulsado por Washington entre el chavismo y un sector opositor, liderado por la ex diputada Dinorah Figuera.

La ONG Foro Penal confirmó hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT del sábado) un total de 64 excarcelados, de los cuales 47 son hombres y 17 mujeres. Las liberaciones ocurrieron en centros penitenciarios cercanos a Caracas, como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I. No obstante, tres hombres excarcelados declararon a la agencia EFE que no cuentan con libertad plena, ya que deberán presentarse ante el tribunal cada 30 días.

Entre las personas liberadas en el INOF figura Emirlendris Benítez, detenida desde agosto de 2018 por presunto intento de magnicidio contra el ex dictador Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, y condenada a 30 años de prisión. Según Amnistía Internacional, Benítez fue “sometida a torturas y otros malos tratos mientras estaba embarazada” y “unas semanas después de su detención, fue trasladada a la fuerza a un centro médico donde se interrumpió su embarazo sin su conocimiento ni consentimiento”.

El viernes también recuperaron la libertad personas detenidas el año pasado, a quienes las autoridades vincularon con supuestos planes terroristas en Caracas. El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, compartió en X un comunicado donde explica que las excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la decisión como “un paso crucial” hacia la reconciliación y aseguró que 1.046 venezolanos fueron excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas durante una operación militar. Rubio indicó que su país continuará “monitoreando de cerca” el desarrollo de las negociaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

La jefa negociadora opositora, Dinorah Figuera, agradeció a Rubio “por su apoyo y determinación en este proceso”, al igual que otros miembros de la delegación, como Ramón López y Jorge Millán, quienes reconocieron al jefe de la diplomacia estadounidense “por su compromiso” con la “transición democrática”.

“Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia”, sumó vía X.

Desde la delegación oficialista, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, declaró el viernes a la televisión estatal VTV que la revisión de casos “ha conducido a varias tandas de liberaciones, la última de ellas hoy”, con el objetivo de “seguir en el camino del reconocimiento, de la reconciliación y en la búsqueda de la convivencia democrática”.

Por su parte, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, escribió en X: “Absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”. Añadió: “Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación”.

Dinorah Figuera, quien esta semana se reunió con familiares de detenidos, reiteró su compromiso de trabajar “para lograr más liberaciones en los próximos días” y llamó a “seguir exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia”. La ex diputada Delsa Solórzano afirmó que “aún faltan centenares” y que “todos deben ser liberados, sin excepciones”. Los diputados opositores Tomás Guanipa y Henrique Capriles también sumaron su apoyo a este reclamo.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) solicitó a las partes del diálogo “mantener este compromiso como una prioridad impostergable dentro de las dinámicas actuales de negociación y a concretar la restitución total de derechos de quienes aún siguen privados de libertad por motivos políticos”.

El ciclo de diálogo, que concluyó el miércoles, cerró con dos acuerdos principales: la renovación total del Tribunal Supremo y la recuperación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto de junio, que dejó al menos 6.301 fallecidos.

(Con información de EFE)

Emirlendris Benítez fue excarcelada este viernes en Venezuela después de pasar años presa tras una detención denunciada como arbitraria por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, gracias a una medida que se enmarca en la aplicación de la Ley de Amnistía, junto con otros 130 presos políticos.

Su salida de prisión volvió a poner en primer plano la historia de una comerciante arrestada en agosto de 2018, acusada sin pruebas de participar en el atentado con drones contra el ex dictador Nicolás Maduro, torturada bajo custodia y condenada luego a 30 años de cárcel.

Benítez tenía una vida alejada de la política antes de quedar atrapada en una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años en Venezuela. Vivía en Barquisimeto, trabajaba como comerciante y se dedicaba a vender ropa, zapatos y cosméticos. Era madre y cursaba un embarazo de cuatro meses cuando su historia cambió de forma abrupta.

El 5 de agosto de 2018 salió de madrugada en un auto junto a su pareja, Yolmer Escalona. En el vehículo viajaban además otras dos personas. El trayecto tenía como destino Acarigua. Según las reconstrucciones posteriores del caso, Benítez aceptó acompañar a su novio en ese viaje sin conocer el trasfondo de la situación ni la identidad completa de quienes iban en el asiento trasero.

Ese mismo día, durante un acto militar encabezado por Maduro en Caracas, se produjo el atentado con drones que el régimen venezolano presentó como un intento de magnicidio. Horas después, cuando el auto en el que viajaba Benítez avanzaba por la autopista José Antonio Páez, un control policial lo interceptó antes de llegar a destino. Los ocupantes fueron requisados y trasladados bajo custodia.

A partir de ese momento comenzó el proceso que la llevó a prisión. Las autoridades sostuvieron que las personas que iban en el vehículo estaban vinculadas con el ataque y Benítez quedó incorporada al expediente. Su defensa afirmó desde el inicio que ella no participó en la planificación del atentado, que no existían pruebas directas en su contra y que su detención se apoyó en una identificación errónea y en su sola presencia dentro del automóvil.

En los días posteriores al arresto, su nombre apareció asociado públicamente al grupo acusado por la dictadura venezolana de haber participado en la operación contra Maduro. La acusación oficial avanzó antes de que el proceso judicial estableciera responsabilidades individuales. Esa secuencia marcó el comienzo de una causa en la que, según denunciaron sus abogados y organizaciones de derechos humanos, nunca se presentó evidencia creíble que demostrara su participación en los hechos.

Durante la etapa inicial de detención, Benítez fue sometida a torturas y otros malos tratos, según las denuncias reiteradas por su entorno, por su defensa y por organismos de derechos humanos.

Los relatos sobre ese período incluyeron golpes, asfixia, amenazas y agresiones físicas mientras estaba embarazada. La acusada negó desde el comienzo cualquier participación en el atentado, pero las denuncias indicaron que los interrogatorios buscaron arrancarle una confesión por la fuerza.

Alguna de las torturas que le propinaron eran algunas como estas: le golpearon el dedo gordo del pie derecho y la sometieron a métodos de asfixia, primero con una bolsa plástica y después al hundirle la cabeza en un recipiente con agua.

Semanas después de su arresto, su situación se agravó de manera irreversible. Bajo custodia, fue trasladada a un centro médico y su embarazo se interrumpió sin su conocimiento ni su consentimiento, de acuerdo con las denuncias difundidas sobre el caso. Esa pérdida quedó señalada como una de las consecuencias más graves del trato que recibió en prisión durante los primeros meses de encierro.

El proceso judicial continuó mientras su estado físico empezaba a deteriorarse. El 21 de septiembre de 2018 fue imputada por varios delitos, entre ellos terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Desde entonces permaneció privada de libertad en una causa que se extendió durante años. Su defensa sostuvo que la detención preventiva superó el límite legal previsto por la legislación venezolana y que, por ese motivo, debió afrontar el juicio en libertad.

Con el paso del tiempo, las secuelas físicas se hicieron más visibles. Las torturas denunciadas y las condiciones de detención derivaron en lesiones que afectaron su movilidad y su salud general. Benítez desarrolló problemas severos en la columna, dolor crónico, daño neurológico y parálisis parcial. Su cuadro la obligó a usar silla de ruedas y a depender de asistencia permanente para desplazarse. A la vez, su familia denunció demoras constantes para recibir atención médica, traslados demorados a centros de salud y obstáculos burocráticos pese al deterioro evidente de su estado.

Mientras atravesaba ese cuadro, sus familiares también debieron cubrir necesidades básicas dentro del sistema penitenciario. La provisión de agua, alimentos y medicación quedó en gran medida en manos de su entorno. Las denuncias señalaron que padeció condiciones de reclusión precarias, controles médicos insuficientes y episodios de descompensación, entre ellos desmayos y subas repentinas de presión arterial.

La causa sumó pronunciamientos internacionales a medida que avanzaba el encierro. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar para proteger su integridad. En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que su arresto fue arbitrario y pidió su liberación inmediata. Esas decisiones coincidieron en que el Estado venezolano debía adoptar medidas urgentes frente a su situación.

Pese a esos reclamos, la Justicia venezolana dictó sentencia. El 4 de agosto de 2022, exactamente cuatro años después del atentado con drones contra Maduro, Benítez fue condenada a 30 años de prisión. La pena incluyó cargos como homicidio calificado frustrado, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y otros delitos vinculados con el ataque. La sentencia quedó cuestionada por organizaciones y abogados que insistieron en que no existían pruebas individualizadas en su contra.

Durante los años posteriores a la condena, su caso se convirtió en uno de los más citados entre las denuncias sobre presos políticos en Venezuela. Su nombre empezó a aparecer ligado a informes sobre tortura, falta de debido proceso y uso del sistema penal contra personas acusadas en causas de alto impacto político. En paralelo, su familia mantuvo los reclamos públicos, denunció el agravamiento de sus problemas de salud y pidió atención médica especializada.

La excarcelación de Benítez reabrió ahora toda esa secuencia. Su salida de prisión devolvió actualidad a una historia que comenzó con un viaje por carretera en agosto de 2018, siguió con una detención vinculada al caso del atentado con drones, atravesó denuncias de tortura, la pérdida de un embarazo, el deterioro físico que la dejó en silla de ruedas y una condena de 30 años que organismos internacionales cuestionaron.

Con su liberación, el caso volvió a ocupar un lugar central como uno de los expedientes más emblemáticos de los últimos años dentro del sistema represivo venezolano.

(Con información de AFP y Aminstia Internacional)

La liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela representa un “paso crucial” hacia la reconciliación del país, así lo aseguró este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó que Washington continuará siguiendo de cerca el proceso de transición política venezolano.

“La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación”, sostuvo Rubio en un mensaje publicado en X. El funcionario añadió que desde el 3 de enero han sido liberados 1.046 venezolanos.

La declaración se produjo después de que el régimen chavista anunciara la salida de 131 personas que permanecían detenidas. El chavismo informó que se les aplicaron medidas alternativas a la privación de libertad.

Para Rubio, las excarcelaciones forman parte de un proceso político que Estados Unidos sigue de manera directa. El secretario de Estado señaló que Washington está observando las conversaciones presenciales entre representantes de la oposición y el chavismo, dentro del plan de tres fases impulsado para encaminar la transición.

“A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitorizando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, afirmó.

La liberación de los detenidos llegó después del primer tramo de las negociaciones entre sectores opositores y el chavismo. La excarcelación de presos políticos había sido uno de los principales reclamos planteados en torno a estas conversaciones, especialmente por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.

Entre los venezolanos liberados se encuentra Emirlendris Benítez, quien llevaba ocho años detenida tras ser acusada de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018. Fue condenada a 30 años de prisión por delitos que incluyeron terrorismo y traición a la patria.

Su caso había generado especial atención por las denuncias de torturas y tratos crueles durante su detención. Organizaciones defensoras de derechos humanos sostuvieron que Benítez sufrió graves abusos mientras permanecía bajo custodia estatal.

También quedaron en libertad personas detenidas por el denominado caso Plaza Venezuela, una investigación que llevó al arresto de unas 50 personas en 2025 bajo acusaciones de terrorismo y participación en una conspiración contra Maduro.

La organización Foro Penal confirmó durante la jornada la excarcelación de al menos 40 presos políticos y había contabilizado 391 personas detenidas por razones políticas hasta el 10 de agosto.

El anuncio tampoco significa que todos los beneficiarios hayan quedado necesariamente en libertad sin condiciones. El régimen chavista utilizó la figura de medidas alternativas a la prisión, por lo que las situaciones jurídicas pueden variar entre los excarcelados.

La dirigente opositora Dinorah Figuera, participante en las negociaciones, celebró las liberaciones, pero pidió que el proceso continúe hasta alcanzar a todos los detenidos.

“No son todos y merecen libertad plena”, afirmó.

La posición expresada por Rubio coloca las excarcelaciones como una de las primeras señales concretas de avance dentro de las conversaciones venezolanas. Washington, sin embargo, mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos y sobre las próximas decisiones de las autoridades interinas.

Sobrevivieron a un doblete sísmico, pero ahora enfrentan a otros dos enemigos temibles: la desinformación y la burocracia.

Afectados por los terremotos del 24 de junio en el estado La Guaira, declarada zona de desastre, denuncian que las instituciones bancarias del gobierno exigen muchos requisitos y no conocen los detalles del plan de créditos para la adquisición de viviendas, que anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Salimos de una incertidumbre para entrar en otra”, resume una vecina de Playa Grande, que prefiere resguardar su identidad. Su preocupación se centra en dos temas clave: “Primero, te llenan de recaudos. Y, luego, nadie sabe cómo van a liquidar los créditos, pues si es en bolívares eso no ayuda”.

La mandataria interina lanzó un plan de financiamiento para adquirir viviendas a través de tres bancos públicos bajo las siguientes condiciones:

• Hasta el equivalente a 70 mil dólares con subsidio directo de 80% y se financia el 20% restante.
• Desde el equivalente a 70 mil dólares hasta 100 mil dólares con subsidio directo del 50% y se financia la mitad restante.
• Plazo de financiamiento: hasta 25 años con periodo de gracia por 12 meses. Tasas de interés del 5% anual. Tasa de interés por mora 1% anual sobre las cuotas vencidas.

La duda está en la forma de liquidación del crédito, que parece será en bolívares. “Tengo entendido que es en bolívares, pero aquí nadie vende un inmueble en bolívares, todo es en dólares. El plan parece muy bueno; sin embargo, cuando revisas la letra pequeña, esto asfixia a la gente en burocracia y no se ajusta a la realidad de la economía del país”, insiste la señora.

En el aire

Dos residentes de La Guaira comparten sus experiencias tras la búsqueda de información en las entidades financieras del gobierno. “Fui el martes 11 de agosto a una sucursal del Banco de Venezuela y me dijeron que volviera el lunes 17 porque ellos mismos no tenían el panorama claro”, comenta una, sin disimular su frustración.

“A mí en un banco me aseguraron que la liquidación sería en dólares y en otro me juraron que sería en bolívares. Tampoco precisan si el dinero se transferirá directamente al comprador o al vendedor. Total, que estamos tirando piedras al cielo, sin criterios fijos”, agrega la otra.

Un representante del sector de la construcción cree que la “idea” del gobierno es positiva, pero admite que falta que expliquen su alcance y cómo se ejecutará. “Aunque el gobierno no ha dicho que dará crédito en bolívares, la duda es razonable. Hay que esperar la práctica o lo que diga una ley, el proyecto es muy complejo, pues en medio de una gran expectativa se están haciendo cosas distintas y por primera vez”, argumenta el empresario.

Preocupación

Un vecino de Playa Grande no se hace ilusiones con el monto de los créditos habitacionales. Dueño de un laboratorio clínico en Catia La Mar, solicitó uno como persona jurídica al Banco Digital de los Trabajadores. “Lo liquidaron muy rápido y nos dan un año muerto, pero fue en bolívares”, relata.

“Los que quedamos vivos estamos con muchas heridas y más preguntas que respuestas”, dice. “Piden muchos documentos como la certificación de ingresos. Yo tengo amigos que perdieron sus casas y son personas de la tercera edad, jubilados y pensionados. ¿Qué les ofrecen a ellos que no pueden tener una certificación de ingreso? ¿Les van a dar un crédito por 25 años a personas que tiene 70 años?”, acumula interrogantes.

Su esposa se trasladó a Valencia, capital del estado Carabobo, para tantear opciones. Las inmobiliarias han sido tajantes: Aquí nadie vende en bolívares. “Si dan los créditos en bolívares, eso trastocará aún más el mercado y los vendedores incrementarán los precios 15% o 20%. Un verdadero desastre, empiezan los juegos del hambre”, ironiza.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 8.192 reclusos murieron en cárceles del país durante los últimos 15 años, período que coincide exactamente con la existencia del Ministerio Penitenciario, y exigió a las autoridades rendir cuentas sobre la gestión de los centros de reclusión.

La ONG publicó el dato este viernes en su cuenta de X, donde citó su propio registro y nombró a los cuatro funcionarios que estuvieron al frente de la cartera desde su creación: Iris Varela, Mirelys Contreras, Celsa Bautista y Julio García Zerpa, sin detallar las causas de cada fallecimiento.

“El problema penitenciario en Venezuela no es la existencia de las cárceles ni los presos, sino cómo han sido gerenciadas”, señaló la organización, que advirtió además que la conducción del sistema no puede operar como un “espacio de improvisación”. Quienes asuman su dirección, sostuvo, deben contar con formación, experiencia y conocimiento especializado tanto en materia penitenciaria como en derechos humanos.

En su informe anual de 2025, el OVP contabilizó 181 muertes bajo custodia estatal. Entre las causas más frecuentes figuraron afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, falla multiorgánica y shock hipovolémico. La cifra parcial de 2026 suma al menos 51 reclusos fallecidos entre abril y julio, varios de los cuales padecían “enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa y diarreas agudas” que, según precisó el observatorio el 4 de agosto, “difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.

Ante ese cuadro, el organismo reclamó que cambiar ministros, crear planes o ampliar estructuras burocráticas no resuelve los problemas de fondo y que es hora de “rendir cuentas y medir resultados en la asistencia integral de las personas privadas de libertad”. La entidad instó a la Fiscalía a abrir una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada caso.

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público también recibieron el pedido de examinar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o demoras en los traslados hospitalarios, y de determinar responsabilidades cuando la inacción de un funcionario pudo haber contribuido al deterioro de un detenido. El Poder Judicial y, en particular, los jueces de ejecución, recibieron el mismo llamado a no permanecer ajenos a las condiciones en que los reclusos cumplen sus condenas. El OVP fue categórico al señalar que “cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte”, sino que está obligado a explicar por qué ocurrió y qué medidas adoptará para impedirlo.

(Con información de EFE)

Delcy Rodríguez anunció este viernes la excarcelación de 131 presos políticos venezolanos, una medida que se enmarca en la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero y que llega pocos días después del primer encuentro formal entre representantes del chavismo y un sector de la oposición. La decisión contempla medidas alternativas al encarcelamiento, por lo que no todos los beneficiarios quedan necesariamente sin restricciones judiciales.

El anuncio fue realizado por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que atribuyó las decisiones a los tribunales venezolanos después de solicitudes formuladas por el Ministerio Público. El organismo sostuvo que los expedientes revisados corresponden a personas acusadas o condenadas por hechos que el interinato vinculó con ataques contra la institucionalidad y la estabilidad del país.

La liberación constituye uno de los principales movimientos registrados desde que comenzó a aplicarse la amnistía impulsada por el chavismo. La norma abrió la posibilidad de revisar causas iniciadas desde 1999 y permitió modificar las condiciones de personas encarceladas por procesos relacionados con la confrontación política venezolana.

Sin embargo, las organizaciones que defienden a los presos políticos han advertido reiteradamente que una excarcelación bajo medidas cautelares no equivale necesariamente al reconocimiento de la inocencia de los afectados. En numerosos casos, quienes abandonan las cárceles continúan sometidos a restricciones judiciales.

Entre las personas liberadas se encuentra Emirlendris Benítez, uno de los casos más graves de persecución política denunciados durante los últimos años. Benítez fue detenida en agosto de 2018, cuando tenía cuatro meses de embarazo, después de ser relacionada con el atentado con drones ocurrido durante un acto militar en Caracas en el que participaba el ex dictador Nicolás Maduro.

La justicia chavista la condenó a 30 años de prisión y le atribuyó delitos como terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Sus abogados y organizaciones de derechos humanos rechazaron las acusaciones y denunciaron que su proceso estuvo marcado por irregularidades y abusos.

Durante su encarcelamiento, Benítez sufrió torturas que le provocaron graves daños físicos. Perdió el embarazo y quedó con problemas de movilidad que posteriormente hicieron necesario el uso de una silla de ruedas. También fueron documentados dolores crónicos y otras lesiones que sus defensores atribuyeron a los abusos sufridos bajo custodia.

Su caso llegó a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor en 2020. Dos años después, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata al considerar que su encarcelamiento no tenía una justificación válida.

La salida de Benítez se produjo junto con la de otras cinco mujeres. Posteriormente, Foro Penal confirmó 17 excarcelaciones durante la jornada y aclaró que el proceso continuaba. La organización pidió esperar a contar con información comprobada antes de establecer una cifra definitiva de liberados.

El anuncio se conoció además después de que Dinorah Figuera, representante de un sector opositor en las negociaciones con el chavismo, se comprometiera a impulsar nuevas excarcelaciones. Las conversaciones concluyeron esta semana y están orientadas a abordar distintos asuntos vinculados con la transición política y la situación institucional de Venezuela.

La liberación de los 131 presos políticos ocurre en un contexto en el que el régimen busca presentar la aplicación de la amnistía como parte de un proceso de distensión. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el punto central sigue siendo la situación de quienes continúan tras las rejas por motivos políticos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró especialmente la salida de Benítez, pero recordó que todavía existen personas privadas de libertad por causas relacionadas con la persecución política. “La lucha no termina aquí”, sostuvo la organización.

La nueva excarcelación amplía así la lista de venezolanos que han recuperado su libertad desde el inicio de este proceso, aunque en muchos casos bajo condiciones judiciales. La aplicación de la amnistía y la revisión de los expedientes serán determinantes para establecer si las autoridades avanzan hacia la liberación del resto de los presos políticos que permanecen detenidos.

La ONG SOS Orinoco denunció la existencia de una nueva mina ilegal de 5,8 hectáreas dentro del Parque Nacional Canaima, entre los estados Bolívar y Amazonas, al sur del país, declarado patrimonio mundial por la Unesco desde 1994 y donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo.

Subraya que “no se trata de un hecho aislado”, pues el último informe de esta agrupación documenta “1.852,96 hectáreas de minería ilegal dentro de Canaima y 49 dragas activas operando en el cauce del río Caroní, que se encuentra íntegramente dentro del parque”.

Señala que “lo más grave” de este caso en particular es que la mina “es impulsada por líderes indígenas pemón del Sector 2 de Canaima, en coordinación con políticos y militares, generando fracturas internas profundas dentro de las comunidades”.

“El mercurio del procesamiento se dispersa hasta 100 kilómetros río abajo y la sedimentación amenaza la vida útil de las turbinas del embalse de Guri”, en el estado Bolívar, la mayor represa hidroeléctrica del país, que padece una prolongada crisis del servicio eléctrico que incluye apagones y cortes de luz que se extienden por unas seis horas en buena parte de la geografía nacional.

La ONG cuestiona que “Venezuela sigue postergando la misión de monitoreo reactivo de la Unesco”, mecanismo que utiliza esta dependencia de Naciones Unidas para evaluar el estado de conservación de los lugares declarados patrimonio mundial que están bajo amenaza.

Riesgo

SOS Orinoco estima que la minería ilegal y las dragas activas en los ríos Caroní y Karuai “podrían movilizar 7,5 millones de toneladas de sedimentos al año, generados por la remoción de suelos y el uso de maquinaria pesada y químicos altamente venenosos como mercurio”.

“Esta carga sedimentaria fluye hasta el bajo Caroní, donde comienza el embalse del Guri; gran parte de esos sedimentos quedan atrapados en el fondo del embalse, que pierde profundidad y reduce su vida útil, al tiempo que reduce severamente su capacidad de almacenamiento y pone en riesgo operativo las turbinas hidroeléctricas de las que depende buena parte del sistema eléctrico venezolano”, alertan.

La ONG reportó el primero de agosto que al menos dos mineros murieron tapiados en un accidente en una mina ilegal ubicada en la margen derecha del río Caroní. “Esta mina clandestina funciona bajo el control directo de efectivos de la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB)”, asevera la organización civil.

Para los estándares venezolanos, la inflación en mayo fue tan baja que hasta el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, celebró el desempeño de la economía.

“En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año. Este avance demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio está dando resultados concretos. Mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos”, escribió Barrett en X.

Sin embargo, dos meses después, los precios vuelven a sus andadas. El Banco Central de Venezuela (BCV) registró en julio una inflación de 19,9%, llevando el registro interanual a 576%. “Una inflación desquiciante, que muestra una trayectoria insostenible y fuera de control”, alerta el economista y ex diputado opositor, José Guerra.

Guerra desmonta el argumento del gobierno interino de Delcy Rodríguez, que culpa al doblete sísmico del 24 de junio por el repunte del costo de la vida. Recuerda que los terremotos golpearon principalmente a Caracas y el estado La Guaira, declarado zona de desastre, pero no afectaron la distribución de bienes y alimentos en todo el país.

El experto afirma que el aumento de la inflación obedece a la macrodevaluación de la moneda que aplicó el régimen el mes pasado, con un incremento del tipo de cambio cercano al 18%. Hoy la tasa oficial se ubica en 771 bolívares por dólar, mientras que el primero de julio se cotizaba en 633,36 bolívares.

Guerra señala que el BCV “quemó” unos 9 mil millones de dólares, cerca del 63% del ingreso petrolero, en una política cambiaria que no ha arrojado resultados positivos. Indicó que la ralentización de la actividad económica, con una tasa de crecimiento menor a la esperada, sumado a la inflación y la devaluación generan una “mezcla explosiva” que pone a los venezolanos contra la pared.

Lento

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, manifestó su preocupación por la caída experimentada por la producción petrolera.

“En enero estábamos en 924.000 barriles diarios (b/d) y en julio estamos en 1,2 millones b/d. Son 276.000 bd adicionales en apenas siete meses, un aumento cercano al 30%. Eso, sin duda, es una buena noticia para una economía que necesita divisas y actividad”, observa el académico.

No obstante, Oliveros apunta que “el freno de los últimos dos meses también obliga a aterrizar expectativas: Llegar a 1,4-1,5 millones b/d al cierre de 2026 luce cada vez menos realista”.

En cuanto al comportamiento general de la economía, el profesor concluye que “mientras la depreciación del tipo de cambio siga siendo elevada, la presión sobre los precios continuará siendo significativa, afectando el poder adquisitivo, los costos de las empresas y la capacidad de planificación de hogares y negocios”.

Venezuela prevé aumentar el suministro de gas metano a su sistema termoeléctrico como parte de un plan que contempla la entrega de unos 2.000 millones de pies cúbicos al mercado interno para diciembre, informó este jueves el vicepresidente de Gas de PDVSA, Jannier Viloria.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión, aseguró que el abastecimiento de gas metano está garantizado “al 100%” en el país y que existe un plan para incorporar mayores volúmenes al sistema termoeléctrico.

“Tenemos un plan de incorporación de gas metano para lo que es el sistema termoeléctrico. Estimamos para diciembre tener una entrega del mercado interno de unos 2.000 millones de pies cúbicos de gas, no solamente para el sector eléctrico, sino también para (el) industrial, doméstico y comercial”, afirmó Viloria.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras y “saboteos”, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

El miércoles, el Gobierno de Venezuela firmó un addendum (apéndice) de contrato con la multinacional de origen argentino IMPSA para reactivar los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), en medio de un llamado al ahorro energético y fallas constantes en el servicio.

En junio pasado, el Ejecutivo chavista firmó un memorando de entendimiento con IMPSA para reanudar las obras de Tocoma.

El objetivo, según explicó entonces el Ministerio de Comunicación, es incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional con el montaje de 10 unidades generadoras.

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

Sin embargo, las obras se paralizaron con un 87,19% de avance, asegura la organización.

Venezuela otorgó el jueves licencias a tres empresas extranjeras para la búsqueda y producción de gas natural, en el marco de una apertura del sector energético impulsada por Estados Unidos. La decisión llega después de varios meses de suspensión tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 6.300 víctimas fatales y paralizaron la concesión de nuevos permisos.

Las nuevas licencias fueron concedidas a British Petroleum, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC, empresa con sede en Qatar, que colaborarán en el desarrollo del yacimiento de gas natural Loran. En junio, el gobierno había autorizado a Shell a operar en otra zona del mismo yacimiento.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez cedió ante la administración del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero y reformó la ley energética para permitir que firmas estadounidenses y de otras nacionalidades accedan a explotar los recursos del país caribeño. “Tengo un interés especial en el gas para promover el desarrollo nacional”, afirmó Rodríguez al anunciar la reactivación del proceso.

Desde la reforma legal, Venezuela firmó varios acuerdos con empresas extranjeras para la búsqueda, producción y exportación de petróleo y gas. El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial y extensos yacimientos de gas natural.

A cambio de la apertura del sector energético, Washington suavizó las sanciones impuestas durante el régimen de Maduro, permitiendo la entrada de capital y tecnología extranjera.

Caracas proyecta incrementar el suministro de gas metano al sistema termoeléctrico y alcanzar una entrega de aproximadamente 2.000 millones de pies cúbicos diarios al mercado interno para diciembre, anunció este jueves el vicepresidente de Gas de PDVSA, Jannier Viloria. En declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario aseguró que el abastecimiento nacional de gas metano está “garantizado al 100%” y que existe un plan para aumentar los volúmenes destinados tanto al sector eléctrico como a los sectores industrial, doméstico y comercial.

“Tenemos un plan de incorporación de gas metano para lo que es el sistema termoeléctrico. Estimamos para diciembre tener una entrega del mercado interno de unos 2.000 millones de pies cúbicos de gas, no solamente para el sector eléctrico, sino también para (el) industrial, doméstico y comercial”, afirmó Viloria durante la entrevista.

El sistema eléctrico venezolano enfrenta fallas desde hace años, principalmente en regiones alejadas de Caracas.

En medio de las dificultades energéticas, el gobierno chavista firmó el miércoles un addendum de contrato con la multinacional argentina IMPSA para reactivar la construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil. La reactivación de los trabajos se da en un contexto de llamados oficiales al ahorro energético y persistentes problemas en el servicio eléctrico nacional.

En junio, el gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la multinacional argentina IMPSA para reanudar las obras de la central hidroeléctrica Tocoma. Según informó entonces el Ministerio de Comunicación, el acuerdo tiene como meta incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante la instalación de 10 unidades generadoras.

La central de Tocoma integra el complejo hidroeléctrico de Guayana, junto a las plantas Guri, Macagua y Caruachi. La construcción comenzó en 2007, durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), con una fecha de finalización prevista para 2014, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela.

No obstante, el proyecto se paralizó con un avance del 87,19%, según la ONG. La reactivación busca completar la obra y fortalecer la capacidad de generación eléctrica en el país, en el contexto de las dificultades energéticas que enfrenta el sistema nacional.

(Con información de AFP y EFE)

El Gobierno de Venezuela firmó este miércoles un adéndum al contrato con la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para reactivar la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, paralizada desde 2014 con un 87,2% de avance, según la organización Transparencia Venezuela. El acuerdo, firmado en el Palacio de Miraflores, prevé incorporar 160 megavatios al sistema eléctrico nacional en un plazo de 90 días.

La firma estuvo encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien gobierna el país bajo tutela de Estados Unidos desde la salida de Nicolás Maduro. Rodríguez explicó que el objetivo del contrato es culminar Tocoma para fortalecer el sistema hidroeléctrico del país, en medio de una ola de calor que atribuyó a la emergencia climática. La funcionaria detalló que la Administración pública venezolana mantiene un esquema de trabajo interdiario para reducir el consumo eléctrico.

El acuerdo se enmarca en el plan de tres fases que la Administración de Donald Trump diseñó para Venezuela, centrado en la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática del país, según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de la red social X. La legación diplomática precisó que la meta final es alcanzar una capacidad conjunta de 2.640 megavatios entre Tocoma y la cercana represa de Macagua, que también recibirá trabajos de modernización.

El presidente de IMPSA, Jorge Rafael Salcedo, agradeció el respaldo de los departamentos de Estado y de Energía de Estados Unidos, y calificó el proyecto como uno de los más importantes para el sector eléctrico en América Latina. “Para nosotros es un voto de confianza muy importante que nos están dando y vamos a ejecutar este proyecto con la mayor eficiencia, con la mayor calidad y, sobre todo, con los más altos estándares de generación y tecnología que puede haber en el área hidroeléctrica”, afirmó Salcedo. El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, sostuvo que la culminación de la obra impulsará el desarrollo industrial de Bolívar y dará estabilidad a todo el complejo de embalses del Bajo Caroní.

La construcción de Tocoma comenzó en 2007 durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y debía concluir en 2014. Las obras quedaron truncadas por falta de financiamiento y por la crisis económica venezolana, y el proyecto se sumó a la lista de emprendimientos inconclusos heredados del chavismo. IMPSA, que llevaba casi dos décadas sin poder avanzar en los trabajos, fue privatizada en 2025 y pasó a manos del fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund, un cambio accionario que facilitó el respaldo político de Washington al proyecto.

Venezuela arrastra desde hace años fallas recurrentes en el suministro eléctrico, concentradas sobre todo en regiones alejadas de Caracas. El chavismo ha atribuido los cortes a las sanciones estadounidenses y a presuntos saboteos, mientras que la oposición y diversos expertos los explican por la corrupción y la falta de mantenimiento de la red. En las últimas semanas, los apagones han comenzado a alcanzar también a la capital, un fenómeno hasta ahora poco frecuente.

Además del pacto con IMPSA, la Administración de Rodríguez firmó convenios con General Electric para incrementar la generación eléctrica, según indicó el diario El Observador. A principios de agosto, la funcionaria pidió a la población ahorrar electricidad y agua ante el fenómeno climático conocido coloquialmente como “Superniño”, una fase de especial intensidad de El Niño que ha elevado la demanda energética en todo el país.

Las cifras sobre los plazos totales del proyecto varían según la fuente. Mientras la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno venezolano hablan de incorporar 672 megavatios en un horizonte de entre 14 y 24 meses, la empresa IMPSA había anunciado en junio un cronograma de 19 meses para esa misma meta, que luego acortó a 14. La falta de precisión sobre el origen exacto de los primeros 160 megavatios —si provendrán de las turbinas de Tocoma o de la modernización de Macagua— alimenta las dudas de organizaciones como Transparencia Venezuela, que reclaman mayor transparencia sobre los pagos realizados al consorcio y el destino de los fondos invertidos en las últimas dos décadas.

El desenlace del proyecto dependerá menos de la ingeniería que de la estabilidad del entendimiento político entre Caracas y Washington, cuyo respaldo explícito a Tocoma convierte a la represa en un símbolo tangible de la transición que Estados Unidos dice impulsar en Venezuela.

El cierre este miércoles 12 de agosto del primer ciclo de conversaciones entre el régimen chavista y la oposición, que culminó con sendos acuerdos sobre la atención a las víctimas del terremoto del 24 de junio y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), abre un nuevo capítulo en la interminable crisis política venezolana.

“Saludo y celebro este primer paso en el proceso de diálogo con el sector opositor representado en la Asamblea Nacional electa en 2015. Confío en que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos”, reaccionó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Hasta el momento de escribir esta nota, la líder de la oposición, María Corina Machado, no había fijado posición sobre los resultados del diálogo. Machado no participa directamente en este proceso, que ha sido diseñado y promovido por la administración de Donald Trump. La premio Nobel de la Paz ha dicho que no será obstáculo “a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.

“La designación de un nuevo TSJ es urgente y necesaria para avanzar en la reinstitucionalización de Venezuela”, destacó Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, partido que sí interviene en la negociación.

Guanipa, quien tiene una estrecha relación con Machado, subrayó que “recuperar la justicia es indispensable para desmontar el aparato represivo y avanzar hacia una transición democrática con elecciones libres”.

Como Guanipa, Andrés Velásquez forma parte de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática y aúpa el liderazgo de Machado. Sin embargo, su visión sobre el diálogo es distinta. “Lo acordado es poco y decepcionante”, espetó y opinó que “el país esperaba que el inicio de estás conversaciones acordara la liberación de todos los presos políticos”.

Perkins Rocha, coordinador de Vente Venezuela, partido de Machado, también declaró en tono crítico. “En el entendido de que lo leído por ambos representantes del diálogo tutelado son planteamientos compartidos, concluyo preliminarmente que es penoso que la urgencia por alcanzar el oro se haya expresado antes que la necesidad por alcanzar la libertad”, escribió Rocha, quien está sometido a arresto domiciliario.

El comentario sobre el oro se refiere a que las partes pactaron trabajar por la recuperación de los activos de la reserva internacional de Venezuela que están depositados en el Banco de Inglaterra, oro que quedó “congelado” en esa institución a consecuencia de las sanciones impuestas contra el régimen chavista.

“Luego de los importantes anuncios hechos por la delegación de negociación quiero reiterar mi respaldo al acuerdo, que establece la conformación de un nuevo TSJ y la creación de una comisión de juristas independiente para garantizar que nuevos magistrados cumplan con los requisitos de la Constitución”, recalcó Adriana Pichardo, vocera de Voluntad Popular, partido que integra la Plataforma Unitaria y la comisión negociadora.

Cambio necesario

Dentro de la sociedad civil se levantaron distintas voces para reconocer los avances de esta etapa de la negociación. “Los acuerdos anunciados en esta primera ronda, en torno al TSJ y el sistema de justicia, pueden devenir en el cambio más importante del sistema político venezolano del último cuarto de siglo. Siendo la primera ronda, vamos, a mi juicio, en la dirección correcta”, sostuvo el politólogo Guillermo Aveledo Coll.

El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, enfatizó que “los anuncios sobre el sistema de justicia responden a la necesidad de una reforma del Poder Judicial, dado el grave socavamiento de la independencia judicial que, a su vez, profundizó la crisis institucional que nos trajo hasta acá en desmedro de los derechos ciudadanos”.

“Renovar el TSJ y el Comité de Postulaciones en Venezuela es un hito necesario para rescatar el Estado de Derecho. El reto decisivo será su ejecución, priorizar la meritocracia e independencia técnica por encima del reparto de cuotas políticas”, apuntó Joel García, abogado y defensor de Derechos Humanos.

El economista José Toro Hardy se mostró optimista. “Una brisa fresca sopla hoy en Venezuela. El cambio del TSJ comienza a devolvernos la esperanza. Esperemos que lo mismo ocurra pronto en el Consejo Nacional Electoral”.

El economista venezolano Miguel Ángel Santos estima que la fuga de capitales durante la vigencia del férreo control de cambio que impuso el régimen chavista entre 2003 y 2016, alcanzó los 161 mil 300 millones de dólares.

“Esa cifra equivale a quince años de importaciones de comida medidas en su año pico”, calcula Santos, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey -México- y colaborador de la Escuela de Gobierno de Harvard.

Santos llegó a ese número tras revisar los últimos datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV). A su juicio, “está claro que el control de cambio, levantado a raíz de las sanciones petroleras, no se creó para detener la fuga de capitales, sino para decidir quién se fugaba y se hacía rico”.

El control de cambio ha sido uno de los grandes focos de corrupción del régimen chavista. Altos funcionarios terminaron admitiendo que miles de millones de dólares se desviaron a empresas de maletín, que se aprovecharon de la asignación de dólares preferenciales para sus negocios irregulares.

El propio Nicolás Maduro eliminó la oficina gubernamental que administraba el control de cambio y declaró en 2013: “Yo le voy a exponer al país la verdad de lo que sucedió ahí. Hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas… hubo un fraude”.

Incluso, Maduro nombró una comisión especial, integrada entre otros por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para investigar el saqueo de los fondos públicos, pero aquello no arrojó ningún resultado concreto.

El retorno

A partir de 2017, Estados Unidos comienza con su política de sanciones contra el gobierno de Caracas. En lugar de profundizarse la fuga a consecuencia de la ofensiva norteamericana, Santos observa que desde ese año “se registra una entrada neta de capitales sin precedentes en la economía venezolana”.

El profesor apunta que “esta entrada de capitales corresponde a importaciones reales e inversiones hechas con dólares no registrados en balanza de pagos, derivados de desacumulación de activos privados en el exterior y otras entradas recogidas bajo errores y omisiones”.

“Muy posiblemente la entrada de capitales sea una consecuencia de las sanciones -capitales fugados ilegítimos buscando evadir las sanciones- y de la mayor libertad que a raíz de las sanciones se abrió a privados para importar y vender al precio que quisieran”, acota el académico.

Sin embargo, precisa que “como proporción de lo que se fugó, lo retornado entre 2017-2025 es una cifra muy modesta: 12.300 millones de dólares (menos de 10%)”.

El especialista aclara que “estas entradas netas de capital son distintas a las remesas, que de acuerdo con la balanza de pagos del Banco Central se ubican entre 3.100-3.700 millones de dólares desde 2019”.

Con este análisis, Santos busca sostener su punto: Es falso el argumento del chavismo que culpa a las sanciones por la crisis económica que padece Venezuela desde hace más de una década.

“A la economía venezolana la destruyó el chavismo y lo hizo ex profeso para perpetuarse en el poder. Cuando el sospechoso a quien los Rodríguez -Delcy y su hermano Jorge, presidenta interina y jefe del Parlamento, respectivamente- quieren usar como chivo expiatorio llegó a la escena del crimen, el cadáver ya estaba frío”, concluye.

Al menos 26 grupos armados organizados (GAO), encabezados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), están presentes en los estados venezolanos de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, donde se ubica el Arco Minero del Orinoco, según un estudio realizado por SOS Orinoco y la Fundación para el Debido Proceso.

La investigación, basada en fuentes abiertas y que revisa el periodo 2022-2026, identifica al estado Bolívar, al sur del país, como “el principal núcleo de actividad criminal”, donde las guerrillas colombianas y distintas bandas locales “ejercen un dominio focalizado sobre enclaves estratégicos de extracción aurífera”.

El informe resalta que los GAO “no operan únicamente como organizaciones dedicadas a actividades ilícitas, sino como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio”.

“La evidencia recopilada apunta a la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas”, afirman.

Tras registrar que funcionarios civiles y militares favorecen la actuación de los GAO y la explotación ilegal de recursos minerales, advierten que en la zona ocurre “una progresiva pérdida institucional del territorio, en la que corrupción, violencia, economías ilícitas y degradación ambiental forman parte de un mismo sistema de gobernanza”.

La publicación del análisis de SOS Orinoco y la Fundación para el Debido Proceso coincide con el anuncio del asesinato este martes 11 de agosto del capitán indígena Julio Rodríguez, quien había sido secuestrado por miembros de las disidencias de las FARC en la localidad de Mapoyo, estado Bolívar, según denunciaron voceros de la comunidad.

Fuentes

La investigación señala que si bien la explotación ilegal del oro es la fuente de ingresos principal de los GAO, existe una “diversificación criminal” con “economías secundarias, pero altamente rentables: el tráfico de drogas y de armas, la extorsión generalizada a comerciantes y un flagelo alarmante, la trata de personas con fines de explotación sexual dentro y en los alrededores de los campamentos mineros”.

“Los GAO con mayor presencia entre los distintos estados y municipios del sur venezolano fueron el ELN y las FARC, encontrándose en 16 de los 21 municipios (76,1% del total)”, expone, al tiempo que reporta las “alianzas comerciales” de estos grupos con las megabandas brasileñas Comando Vermelho y Familia do Norte.

Afirman que “los registros cualitativos del ELN mapean su red transnacional conectándola explícitamente con el Comando Vermelho y la Familia do Norte en Brasil, operando como proveedores logísticos y de protección en las rutas de salida de oro y estupefacientes”.

SOS Orinoco y Fundación para el Debido Proceso enfatizan que “ninguna organización criminal puede operar de manera sostenible en el sur sin interactuar con la Fuerza Armada Nacional”, pues los militares despliegan alcabalas en la zona, y regulan el suministro de combustible y “posiblemente el acceso al mercurio”.

“Los GAO tendrían el control de la mano de obra y de la extracción directa en las minas, mientras que los militares se posicionan por encima, regulando quién opera y cobrando peajes por la salida del mineral y la entrada de insumos estratégicos. Si un grupo se insubordina, la FANB activa su capacidad de control mediante operaciones militares”, describen.

Partiendo de esos hallazgos, subrayan que “cualquier estrategia de recuperación del Estado de Derecho requerirá no sólo acciones de seguridad contra los grupos armados, sino también profundas reformas institucionales”.

Al menos 84 ex presos y perseguidos políticos solicitaron este miércoles a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela que se garantice la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente, tras denunciar que ambos organismos están compuestos por personas vinculadas al chavismo.

En un comunicado que respalda la negociación impulsada por Estados Unidos, los firmantes señalaron que para reconstruir Venezuela es imprescindible comenzar con la elección de un “nuevo TSJ y un nuevo CNE, elegidos con criterios de independencia y mérito, capaces de convocar elecciones libres y de garantizar que sea el pueblo, en democracia, quien decida el futuro del país”.

Los opositores, entre quienes figuran los ex diputados Freddy Superlano, Américo De Grazia y activistas como Roland Carreño, Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas, afirmaron: “Solo así se restablece la separación de poderes que el régimen destruyó, y solo así se evita que una nueva dictadura vuelva a repetirse en Venezuela”.

La solicitud trascendió poco antes de que finalizara el primer ciclo de diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición, que inició el 6 de agosto en Caracas con el objetivo de avanzar hacia una transición, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en enero pasado.

Los ex detenidos expresaron su convicción de que esta negociación representa “el camino hacia elecciones libres, hacia la justicia y hacia la libertad, no solo de todos los presos políticos, (sino) de toda Venezuela”.

“El pueblo de Venezuela necesita una transición en paz hacia la democracia”, agregaron.

El chavismo y la oposición venezolana se reunieron este miércoles en un hotel de Caracas tras una semana de conversaciones orientadas a tratar las consecuencias de los terremotos del 24 de junio y la reinstitucionalización del TSJ y del CNE.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la ex diputada Dinorah Figuera por el sector opositor, mantuvieron un primer contacto telefónico el 1 de agosto.

En este proceso no participan los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Ambos equipos suscribieron el 6 de agosto principios como el respeto a la soberanía nacional, negociar de buena fe, buscar beneficios para Venezuela, alcanzar una solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como reconocimiento e igualdad entre las partes y trato paritario en la mesa.

La producción de crudo en Venezuela registró en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día (bpd), lo que representa un incremento del 1,09% respecto a junio. Este periodo estuvo marcado por la emergencia generada tras dos terremotos de gran magnitud en la zona norte del país, con un saldo de al menos 6.301 fallecidos.

De acuerdo con datos oficiales, incluidos en un informe divulgado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial, produjo en junio 1.187.000 bpd.

En lo que va de 2026, el volumen de extracción se elevó un 29,8% comparado con enero, cuando se reportaron 924.000 bpd. En ese mes, Estados Unidos mantenía restricciones sobre buques petroleros sancionados que operaban en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Tras estos hechos, el país sudamericano permitió la entrada de capital extranjero en áreas estratégicas como el sector petrolero, minero y eléctrico, en el marco de una colaboración cercana con EEUU. El presidente estadounidense, Donald Trump, describió recientemente la relación bilateral como “excelente”.

En enero, la Asamblea Nacional venezolana —con mayoría oficialista— sancionó una reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión foránea. Especialistas consideraron la medida como un cambio profundo respecto al legado de Hugo Chávez (1999-2013).

Durante febrero, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó Caracas y pactó junto a Rodríguez una alianza energética de largo plazo.

El 23 de julio, Trump afirmó que Wright “está dirigiendo Venezuela” y añadió: “Mejor que nadie nunca antes”.

El mandatario también aseguró en julio que Venezuela “está yendo mejor que nunca con el petróleo” y que Estados Unidos recibe una parte significativa del crudo, “como debe ser”.

Especialistas prevén que la producción continuará en aumento durante los próximos meses, favorecida por nuevos convenios con empresas transnacionales.

No obstante, representantes sindicales y trabajadores de distintos sectores advierten que la crisis salarial persiste. El salario mínimo y la pensión en Venezuela equivalen actualmente a 17 centavos de dólar mensual según la tasa oficial.

Venezuela registró una inflación de 19,9% en julio, lo que representó un aumento de 6,1 puntos respecto a junio, cuando el crecimiento de precios fue de 13,8%, según informó el Banco Central de Venezuela (BCV).

El organismo indicó: “Este aumento fue coyuntural y se debió al impacto del doblete sísmico del pasado 24 de junio, que afectó la distribución de bienes”, en una breve nota de prensa publicada en su sitio web.

El BCV anticipó una posible disminución de la inflación para agosto, ya que “el tipo de cambio se desaceleró en las últimas tres semanas de julio”.

Entre los sectores con mayores incrementos en julio se encuentran servicios de educación (23,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (21,6%), salud (21,5%), vestido y calzado (20,8%), equipamiento del hogar (20,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (19,3%), bienes y diversos servicios (19,8%), así como transporte, comunicaciones, restaurantes y hoteles (18%).

El indicador mantiene una tendencia ascendente, tras ubicarse en 13,8% en junio y 6,3% en mayo.

En junio se produjeron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, con un saldo de al menos 6.301 fallecidos, según el balance más reciente.

El Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) anunció el lunes la aprobación de una contribución de un millón de dólares para el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, creado tras los sismos.

Este fondo fue establecido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de centralizar aportes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones y personas naturales dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Un informe del Banco Mundial estima que los daños ocasionados por los terremotos tendrán un costo de 19.600 millones de dólares.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el miércoles el “primer paso“ en el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, que concluyó su primer ciclo con el acuerdo para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y recuperar los activos depositados en el Banco de Inglaterra.

La mujer al mando del Ejecutivo instó a todas las fuerzas políticas a sumarse al proceso de diálogo, “poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela”. Este acuerdo representa el avance formal en la búsqueda de consensos institucionales y económicos en el país.

“Confío en que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos”, afirmó Rodríguez en un mensaje difundido a través de Telegram.

El Gobierno chavista de Venezuela y representantes de la oposición concluyeron el miércoles una primera ronda de conversaciones orientadas a la reconciliación nacional, luego de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en enero tras una operación de Estados Unidos en Caracas.

En un comunicado conjunto, las partes resaltaron el acuerdo alcanzado tras varios días de diálogo en torno a la reforma del poder judicial y la gestión de fondos congelados destinados a la recuperación tras los terremotos del 24 de junio, que provocaron más de 6.300 víctimas fatales.

Ambos sectores acordaron “iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia”, con énfasis en reformas a la Ley Orgánica del TSJ. El Tribunal había validado la reelección de Maduro como presidente en 2024 pese a denuncias de fraude y la ausencia de publicación de resultados oficiales. El texto no hace referencia al Consejo Nacional Electoral, organismo cuya reforma la oposición considera prioritaria tras su papel en la ratificación de la última victoria del ex dictador.

La renovación del TSJ forma parte de una agenda de reinstitucionalización que ya había sido planteada como uno de los ejes de las nuevas conversaciones entre el régimen y la oposición. El proceso comenzó formalmente a principios de agosto y cuenta con respaldo de Estados Unidos.

En respuesta a los sismos, se acordó trabajar para liberar los activos internacionales de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, recursos que el país intentó sin éxito recuperar bajo la administración de Maduro. Ambas partes solicitaron establecer “mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría” para asegurar el uso correcto de los fondos destinados a la reconstrucción.

El Gobierno liderado por Rodríguez participó en la ronda de negociaciones con una delegación encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Por la oposición, la representación estuvo a cargo de Dinorah Figuera, líder del bloque político que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, la última elegida en un proceso reconocido internacionalmente.

Durante los seis días de conversaciones, Figuera mantuvo reuniones paralelas con representantes de presos políticos, jubilados y trabajadores de los medios de comunicación, comprometiéndose a defender sus demandas en la mesa de diálogo.

“Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos, quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa. Estamos en este proceso para lograr una Venezuela democrática y libre”, manifestó la dirigente en su cuenta de X el martes. En el exterior del hotel donde se desarrollaron las negociaciones, decenas de simpatizantes de la oposición se congregaron para expresar su apoyo al proceso.

(Con información de EFE)

El chavismo y la oposición venezolana acordaron este miércoles iniciar una transformación del sistema de justicia y trabajar en la recuperación de activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, según un comunicado firmado por las delegaciones de Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera al término del primer ciclo de conversaciones en Caracas.

El documento, fechado el 12 de agosto de 2026, establece que ambas partes concentrarán esfuerzos en dos áreas principales: la atención de la emergencia provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

En materia económica, las delegaciones acordaron “promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra” y establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para garantizar que esos recursos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de los afectados por los sismos.

Las partes plantearon fortalecer los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.

“Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados”, señala el comunicado.

Acuerdan renovar a todos los magistrados del TSJ

Uno de los principales puntos políticos del acuerdo contempla iniciar un proceso para transformar el sistema de justicia, con especial atención al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las delegaciones acordaron impulsar reformas a la Ley Orgánica del TSJ y a otras leyes del sistema de justicia, además de renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales.

El documento también establece la activación de “un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ”.

Como parte de ese proceso, las partes acordaron conformar un consejo encargado de revisar las credenciales y los requisitos de los candidatos postulados al máximo tribunal.

Ese organismo deberá verificar que los aspirantes cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución, las leyes y el baremo de evaluación.

La renovación del TSJ forma parte de una agenda de reinstitucionalización que ya había sido planteada como uno de los ejes de las nuevas conversaciones entre el régimen y la oposición. El proceso comenzó formalmente a principios de agosto y cuenta con respaldo de Estados Unidos.

Dos mesas técnicas y diez reuniones

Durante este primer ciclo se instalaron dos mesas técnicas: una dedicada a la atención de la emergencia generada por el doble terremoto y otra centrada en el “fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral”.

Según el comunicado, se realizaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y otras cinco reuniones plenarias entre las dos delegaciones.

Las partes también aprobaron la metodología de funcionamiento de la iniciativa y de las mesas técnicas, con el objetivo de dar continuidad al proceso y establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

El comunicado establece que el cronograma de ejecución comenzará este mismo mes de agosto, con anuncios oficiales y acciones concretas.

“El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”, señala el documento.

El texto fue firmado por Jorge Rodríguez, en representación de la delegación del chavismo, y Dinorah Figuera, por la delegación de la Asamblea Nacional de 2015.

El cierre del primer ciclo se produce después de una semana de reuniones entre ambas partes. Las delegaciones habían acordado mantenerse en sesión permanente hasta este 12 de agosto para definir los primeros compromisos y la continuidad del proceso.

La organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón (JEP) denuncia que los familiares de los presos políticos son víctimas de la práctica del “castigo extendido”, como parte de una “asfixia sistemática” que lleva adelante el régimen chavista contra los seres queridos de los detenidos.

La ONG advierte que “no se trata únicamente del acoso institucional activo, sino de la amenaza latente de persecución, represalias y hostigamiento que pende sobre los familiares si hablan, denuncian o manifiestan algún tipo de queja”.

Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez dice haber beneficiado a más de 8 mil personas en el marco de la Ley de Amnistía promulgada por el Ejecutivo, JEP afirma que más de 500 personas siguen en prisión por razones políticas.

Como aún la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, no han cumplido su promesa de liberar a todos los presos políticos, familiares desarrollan vigilias frente a distintos centros de reclusión e incluso en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Caracas, exigiendo su inmediata excarcelación.

JEP destaca “el desgaste diario y la zozobra de quienes se ven obligados a mantener vigilias prolongadas bajo condiciones de extrema precariedad a las afueras de los centros penitenciarios”, subrayando el sacrificio que representa para los manifestantes que “pertenecen en su gran mayoría a los sectores socioeconómicos más vulnerables”.

Quiebre

Llaman la atención sobre los casos de las familias “en situación de migración forzada, quienes debieron huir del país para resguardar su propia integridad y ahora, sumidos en la incertidumbre tras el reciente terremoto, carecen de los medios económicos o legales para acercarse al sitio y constatar el estado real de sus allegados”.

“Al forzar el desarraigo, la asfixia económica y el quiebre psicosocial del núcleo familiar, el aparato estatal ejecuta una transgresión directa de este mandato convencional, convirtiendo a la familia en un sujeto co-penado de facto”, sostiene JEP, tras recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”.

La organización defensora de Derechos Humanos afirma que esta situación ha empeorado tras el doblete sísmico del 24 de junio, que también afectó las cárceles donde están internados los presos políticos.

“La vigencia de este entramado de terror psicológico, silencio y exclusión económica se confirmó este último fin de semana. Las graves denuncias de torturas que se dieron en la cárcel Rodeo I a partir del 5 de julio, han sido recibidas con una opacidad absoluta por parte del aparato estatal, el cual, al omitir cualquier tipo de explicación o pronunciamiento oficial, prolonga deliberadamente la desesperación y la tortura psicológica sobre las familias”, indican en el informe.

El análisis de JEP concluye que “mantener a las familias en un estado de incertidumbre legal prolongada y bajo la amenaza latente de recapturas opera como un suplicio psicológico continuo que destruye la salud mental del entorno, lo que encuadra perfectamente en los estándares internacionales sobre tortura psicológica por extensión”.

Un grupo de venezolanos se concentró este miércoles en Caracas para reclamar información sobre las conversaciones que mantienen representantes del chavismo y un sector de la oposición, un proceso que se desarrolla bajo reserva desde el pasado 6 de agosto y que busca establecer condiciones para una eventual transición política en Venezuela.

La protesta se produjo mientras las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, y Dinorah Figuera, presidenta la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015, se disponían a cerrar la primera etapa de las negociaciones. Durante seis días, los encuentros se realizaron sin acceso público a los detalles de los asuntos discutidos ni a los posibles acuerdos alcanzados.

Con banderas venezolanas, los manifestantes reclamaron la presencia de Figuera y exigieron conocer qué está negociando la oposición. “Qué salga Dinorah”, corearon frente al lugar donde esperaban obtener respuestas sobre el proceso.

El reclamo también estuvo vinculado con demandas sociales y humanitarias. Luis Antonio Correa, un vigilante de 54 años que participó en la concentración, pidió que los dirigentes que negocian escuchen directamente las exigencias de quienes atraviesan la crisis dentro del país. “Queremos escuchar el diálogo de ella (...) nosotros la queremos aquí afuera”, afirmó.

Correa enumeró además algunas de las principales preocupaciones de los manifestantes: la situación de los detenidos por motivos políticos, los bajos ingresos y las dificultades económicas que persisten después del cambio de régimen ocurrido en enero. “Queremos que suelten a los presos políticos, (que aumenten) el salario de nosotros (...), y que nos ayuden a resolver este problema”, reclamó.

La falta de información sobre las conversaciones alimentó cuestionamientos dentro del propio espacio opositor. Figuera mantuvo durante los últimos días reuniones con representantes de familiares de presos políticos, jubilados y trabajadores de medios de comunicación. Según lo informado por personas vinculadas al proceso, esos encuentros tuvieron como objetivo trasladar las demandas recibidas a la mesa de negociación.

Las conversaciones cuentan con participación estadounidense en calidad de respaldo y mediación. Cuando las delegaciones enfrentan asuntos considerados especialmente delicados, se establece contacto con representantes de Washington para facilitar las discusiones. El proceso se desarrolla además mientras la administración de Donald Trump mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución política venezolana.

Uno de los puntos centrales planteados por la oposición es la modificación de las instituciones encargadas de garantizar el funcionamiento del Estado de derecho. Entre sus propuestas figura la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, organismo cuestionado por su actuación en el proceso que validó la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro en 2024.

La reforma judicial también está relacionada con otras demandas. La oposición busca eliminar disposiciones legales utilizadas durante los últimos años para procesar a dirigentes y activistas, entre ellas normas vinculadas con delitos de odio y terrorismo.

El futuro electoral constituye otro de los asuntos pendientes. La propuesta opositora contempla que cualquier nuevo cronograma de elecciones sea definido después de una renovación del Consejo Nacional Electoral, dentro de un proceso más amplio de cambios institucionales.

Aunque Figuera enfrenta cuestionamientos de sectores que ponen en duda su representación, quienes participan del diálogo sostienen que la mesa reconoce a María Corina Machado como principal referente de la oposición. La dirigente permanece fuera de Venezuela y no forma parte directamente de las conversaciones, aunque ha manifestado que no se opondrá al proceso.

“María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana (...) es la voz que los venezolanos identifican como su propia voz”, sostuvo una persona cercana a las negociaciones.

La primera ronda de conversaciones concluye este miércoles mientras persiste la presión de sectores de la sociedad venezolana para que el proceso abandone el secretismo y muestre resultados verificables sobre derechos políticos, condiciones económicas y garantías para una futura competencia electoral.

Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de un “plan de ahorro de electricidad y agua”, lo cierto es que nadie en Venezuela tiene claro ni cuándo ni por cuánto tiempo sufrirá los cortes de luz que se aplican diariamente. Los apagones ocurren en cualquier momento y pueden extenderse por cuatro o cinco horas, trastocando la rutina de los venezolanos.

Para tratar de darle un poco de orden al caos eléctrico, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) señaló al Ejecutivo nacional “la necesidad de contar con un cronograma de racionamiento de energía eléctrica, claro, público y sectorizado, en cada uno de los 335 municipios del país”.

“La falta de un calendario de cortes y la limitada capacidad de autogeneración provocan un impacto crítico que complejiza la actividad comercial y la prestación de servicios a nivel nacional”, advierte Consecomercio, miembro de la patronal Fedecámaras.

Los comerciantes indican que “las constantes interrupciones del servicio público afectan áreas neurálgicas del sector”, entre ellas la pérdida de la cadena de frío que termina dañando los inventarios de alimentos y medicinas, pérdidas directas en las ventas ante la imposibilidad de procesar pagos, y “aumento de accidentes de empleados al trabajar a oscuras”.

El organismo gremial recuerda que “a pesar de las limitaciones y consecuencias por la falta de suministro eléctrico, los costos fijos se mantienen, tales como las obligaciones de pagar remuneraciones, alquileres y seguros durante horas de inactividad forzada y pago de tributos que sin haber generado ganancia alguna se deben seguir cumpliendo”.

A oscuras

Consecomercio apunta que solo las grandes cadenas de supermercados y farmacias cuentan con equipos de autogeneración, lo que según sus estimaciones cubre las necesidades del 30% de la población.

“El 70% restante es atendida por pequeños comercios, panaderías, abastos, farmacias, ferreterías, que se encuentran en los sectores populares. Estos últimos resultan ser los más afectados al no contar con un cronograma de cortes que le permita planificar su operación diaria”, alertan.

Con el fin de mitigar el impacto de la crisis del sistema, proponen coordinar los cortes eléctricos en las horas de menor afluencia comercial, solicitar la exoneración de aranceles e impuestos a la importación de plantas eléctricas, y “descuentos en facturas por servicio de electricidad no prestado”, entre otras medidas.

“Consecomercio insiste en la necesidad urgente de un sistema eléctrico confiable, que permita y acompañe la reactivación económica que tanto necesita el país”, enfatiza, al tiempo que “exhorta al sector público y privado a trabajar en alianza para lograr la pronta recuperación y modernización del servicio”.

Un grupo de ex presos políticos de Venezuela se reunió con la delegación opositora encargada del diálogo con el chavismo y solicitó la liberación de más detenidos, según informaron participantes del encuentro.

“Hoy nos reunimos (...) familiares de los presos políticos y ex presos políticos para hablar sobre la libertad de quienes todavía permanecen injustamente tras las rejas”, expresó en Instagram el dirigente Roberto Marrero, quien estuvo detenido por motivos políticos y regresó en mayo a Venezuela tras casi seis años de exilio.

El opositor destacó el trabajo de la comisión liderada por la ex diputada Dinorah Figuera, quien, según Marrero, está actuando “por la transición” después de la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.

Por su lado, Figuera confirmó la reunión y reafirmó su objetivo de “lograr una Venezuela democrática y libre”.

“Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos, quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa”, afirmó la opositora.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en el país hay actualmente 382 presos políticos, tras cientos de liberaciones este año en el marco de excarcelaciones ordenadas por el Gobierno y la aprobación de una ley de amnistía en febrero, que benefició principalmente a personas con libertad restringida.

Durante el proceso, impulsado por Estados Unidos, el chavismo y un sector de la oposición (integrado por ex diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y sin la participación de María Corina Machado ni Edmundo González) acordaron mantener hasta este miércoles un primer ciclo de diálogo, luego de definir la metodología, fases de trabajo y la agenda de temas.

Ambas partes suscribieron principios como el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela, la solución política, pacífica, democrática y constitucional, y el reconocimiento y respeto mutuo, así como la igualdad política y el trato paritario en la mesa.

Asimismo, pactaron el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de todas las fuerzas.

El Frente Institucional Militar (FIM) elevó el tono frente a la instalación de la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen venezolano. En un comunicado, la organización dejó claro que no reconoce ese espacio como una instancia con autoridad para negociar el destino político del país, salvo en un punto concreto: abrir paso, sin más dilaciones, a un cronograma electoral para 2026. Describió la situación del país como “caótica”, advirtiendo que la soberanía popular “no admite tutelajes, intermediarios ni componendas a espaldas de los ciudadanos”.

La directiva del Frente Institucional Militar (FIM) la preside el General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt, junto al vicepresidente General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y el secretario de Organización GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los representantes por cada componente: GB (EJ) Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchszer Cabriles, Armada; GB (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación; y GB (GN) Simón Figuera Pérez, Guardia Nacional.

La organización, conformada por 243 oficiales retirados, sostiene que la ruta está clara y los plazos vencen. “El foco de la mesa es el cronograma electoral para el 2026; la urgencia en la calle es la justicia, la libertad y la supervivencia del pueblo soberano”, señaló el FIM en el mensaje dirigido a militares activos, a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional.

El FIM retrató al país como una nación atrapada en el colapso institucional, social y económico. En ese contexto, sostuvo que la soberanía popular “no admite tutelajes, intermediarios ni componendas a espaldas de los ciudadanos”, e invocó el artículo 5 de la Constitución venezolana para remarcar que el poder reside de manera intransferible en el pueblo.

Desde esa posición, los militares desconocen “categóricamente” cualquier forma de usurpación, “interinato o maniobra de actores externos o fácticos” que pretendan decidir por los venezolanos. La organización también puso en entredicho la mesa recién instalada, al señalar que carece de “validación directa del soberano” y, por tanto, no puede asumir facultades que no le han sido conferidas por el voto ciudadano.

Para el FIM, el margen de acción de esa mesa es estrecho y no admite ambigüedades: debe ceñirse “de forma estricta, unívoca y sin dilaciones” a preparar las condiciones técnicas, logísticas y políticas de unas elecciones definitivas que garanticen el sufragio universal durante 2026. La organización advirtió que cualquier intento de ampliar la agenda hacia pactos de gobernabilidad, reparto de cuotas o administración de la crisis sería una desviación del único mandato aceptable: devolver la palabra al electorado.

Liberar a presos políticos

Los oficiales que suscriben el comunicado exigen romper el cerco de una negociación entre cúpulas. El FIM planteó ampliar la composición de la mesa para incorporar voces independientes de sectores que, a su juicio, han sido marginados de las decisiones nacionales: academias, fuerzas de seguridad y defensa, movimiento estudiantil y gremios profesionales.

La organización reclamó además que la representación opositora vinculada a la Asamblea de 2015 abandone las fórmulas ambiguas y emita un pronunciamiento “categórico e inmediato” sobre tres asuntos que considera innegociables. Para el FIM, esos puntos no pueden quedar atrapados en la lógica de la transacción política ni ser utilizados como fichas dentro de una negociación.

El primero es la exigencia de liberar a todos los presos políticos, “sin importar si sobre ellos pesa o no una viciada condena judicial”. El segundo apunta a garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos que cumplan los requisitos y desmontar las inhabilitaciones que han sido utilizadas para sacar de la competencia electoral a dirigentes opositores.

En el tercer punto endureció su postura frente a la emergencia humanitaria causada por los recientes sismos. La organización pidió que el control, financiamiento y ejecución de la ayuda a las víctimas quede fuera de las manos del régimen y sea asumido exclusivamente por organismos técnicos de defensa civil y agencias internacionales humanitarias.

Según el comunicado, solo instituciones independientes, con autoridad plena y recursos suficientes, pueden responder a una población golpeada por el colapso de los servicios públicos, la destrucción del salario y una crisis de subsistencia que mantiene a más de 60% de los venezolanos en situación de desamparo.

En ese escenario, el FIM advierte que la negociación no puede convertirse en una cortina de humo: debe producir garantías concretas o quedará reducida a otro capítulo de la parálisis política nacional.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Venezuela cercano al 6,5% en 2026 respecto al año anterior, y estima la inflación en aproximadamente 385%, según un informe publicado este martes.

El Reporte Macroeconómico de Venezuela del primer semestre de 2026 señala que la proyección de crecimiento “ya incorpora la reducción de medio punto porcentual asociada al impacto inicial del (doble) sismo” ocurrido el 24 de junio, fenómeno que el PNUD calcula generó daños directos cercanos a 6.700 millones de dólares.

El organismo aclara que la estimación de crecimiento no contempla “plenamente los efectos de demanda derivados de la reconstrucción, que podrían manifestarse con mayor intensidad durante 2027”.

Según el PNUD, la economía venezolana mantuvo su expansión durante los primeros seis meses de 2026, impulsada sobre todo por la recuperación de la industria petrolera, el aumento de la actividad comercial y una mayor disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones.

La producción de crudo promedió en el semestre 1,09 millones de barriles diarios. Los ingresos fiscales, tanto tributarios como petroleros, experimentaron una “recuperación significativa”, de acuerdo al organismo.

El informe destaca que los fondos generados por la industria petrolera podrían destinarse a inversiones productivas, aumentar la capacidad de crecimiento y contribuir a la reconstrucción después de los terremotos.

No obstante, advierte que la alta inflación, la volatilidad del tipo de cambio, las restricciones del sistema eléctrico y la pérdida de capacidad productiva acumulada se presentan como obstáculos principales para la sostenibilidad del crecimiento en el mediano plazo.

El doble sismo del pasado 24 de junio provocó al menos 6.301 fallecidos, afectó 856 edificios y causó el colapso de 190, de acuerdo a cifras oficiales.

La ONG Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, reportó el asesinato de Julio Rodríguez, jefe indígena del pueblo Jivi Ekunay, quien permanecía desaparecido desde el 2 de agosto en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil. El hecho ocurrió en la comunidad Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos, la noche del 2 de agosto, cuando hombres armados se llevaron a Rodríguez por la fuerza.

“Confirman el asesinato del capitán indígena del pueblo Jivi Ekunay Julio Rodríguez, quien se encontraba en situación de desaparición forzada (...) tras haber sido secuestrado por presuntos miembros de las disidencias (del grupo guerrillero colombiano) de las FARC”, informó la organización en su cuenta de X.

Según la organización, tras la desaparición de Rodríguez, un grupo de líderes y jóvenes indígenas salió a buscarlo y fue emboscado. “Los afectados denunciaron que fueron atacados por drones que sobrevolaron la zona, lanzando artefactos explosivos”, detalló Provea, que indicó que un hombre resultó gravemente herido y que estos hechos fueron presentados ante la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal.

La ONG exigió una investigación y “sanción oportuna” a los responsables de la muerte de Rodríguez, así como la adopción de “medidas urgentes” para salvaguardar los territorios indígenas.

De acuerdo con los registros de Provea, más de 48 indígenas, pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayuu, fueron asesinados desde 2010 por agentes de la fuerza pública y actores no estatales, incluidos presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN, en el marco de conflictos en territorios indígenas bajo control militar o disputados por estructuras criminales.

“Mientras persistan la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas”, agregaron desde Provea en el comunicado difundido vía X.

Venezuela, reconocida por contar con las mayores reservas de petróleo del mundo, alberga también importantes yacimientos de oro, diamantes y tierras raras en su región minera. Esta zona se encuentra en gran medida bajo el control de bandas armadas y grupos guerrilleros, entre los que figuran las FARC y el ELN. En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promovió una nueva ley minera, impulsada bajo presión de Washington, que otorga mayores beneficios a los inversores privados, especialmente a los capitales extranjeros.

El sufrimiento de Jivi Ekunay

Las autoridades indígenas señalaron que las familias de la comunidad Jivi Ekunay viven bajo un régimen de amenaza constante y zozobra permanente. Indicaron que las disidencias de las FARC “todas las noches hacen presencia” en el sector, mantienen el control de las áreas circundantes y bloquean el acceso a las zonas tradicionales de caza, pesca y recolección, lo que destruye la soberanía alimentaria de la comunidad.

Los voceros informaron la situación a la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, para que transmitiera sus demandas a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los afectados exigen al Estado que garantice la soberanía nacional y la paz pública mediante la retirada y expulsión definitiva de los grupos armados irregulares que operan impunemente en territorio indígena.

La comunidad reclama a la Fuerza Armada Nacional y a los organismos de inteligencia el despliegue de planes de seguridad en coordinación con las autoridades tradicionales indígenas, así como la ocupación del territorio con un “plan de desarrollo integral” destinado a los habitantes del sector.

(Con información de EFE)

Una combinación de factores geológicos, condiciones del terreno y deficiencias en la construcción contribuyó a los daños sin precedentes provocados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela a finales de junio, según coincidieron expertos. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocasionaron más de 6.300 víctimas fatales y el colapso de 190 edificios, mientras otros 856 sufrieron daños estructurales, de acuerdo con los balances oficiales.

En el barrio costero de Catia La Mar, la vivienda de Jennire García quedó inhabitable tras los temblores que devastaron el estado de La Guaira. García y su familia ahora residen en tiendas de campaña junto a las ruinas de su hogar. “Estoy enferma de estrés todo el día”, relató la mujer de 42 años.

La zona afectada coincide con el área donde ocurrieron los deslizamientos de tierra de 1999, que dejaron miles de muertos. Según el ingeniero Feliciano De Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, los suelos “no consolidados” de la región agravaron la magnitud del desastre. “Estos suelos suelen ser sueltos y provocaron que el terreno se moviera con aún mayor intensidad”, explicó De Santis.

El complejo residencial donde vivía García, construido tras el deslave de 1999, fue declarado inhabitable. En la región, se logra divisar como las grietas profundas aún atraviesan los muros de los edificios que no colapsaron por completo, varios balcones destruidos y algunos rascacielos derrumbados por completo.

Los equipos de rescate desplegados en la zona afectada por los sismos continúan la búsqueda de víctimas entre los escombros y trabajan entre los restos de edificios de hasta 12 plantas de altura. La labor se mantiene activa a pesar de la magnitud de los daños y la complejidad del terreno.

La última actualización de la normativa antisísmica en el país se realizó en 2019; la anterior databa de 1967, tras un sismo de magnitud 6,6. Un análisis detallado de la infraestructura en La Guaira colocó en evidencia graves deficiencias constructivas, según explicó el ingeniero japonés Kit Miyamoto, quien recorre la región con apoyo de Washington.

Miyamoto señaló que, aunque la presencia de grandes cantidades de acero en las estructuras puede parecer positiva, “una vez que te fijas en cómo está conectada la barra de refuerzo (de acero) a los cimientos, no es gran cosa”.

A comienzos de la década de 2010, el gobierno de Hugo Chávez edificó 43 torres de gran altura destinadas a viviendas sociales en la zona. Los recientes terremotos destruyeron 16 de estos edificios, causando la muerte de cientos de residentes que se encontraban en el interior.

Una investigación de Armando.info reveló que “los contratos adjudicados discrecionalmente a empresas cuya experiencia se desconocía” contribuyeron a agravar los daños estructurales en las edificaciones afectadas.

En Chacao, el barrio más afectado de Caracas, el saldo de los terremotos fue de 68 muertos, tres edificios colapsados y decenas de estructuras declaradas inhabitables. La mayoría de los inmuebles afectados datan de antes del sismo de 1967, según la Orden de Ingeniería de Venezuela.

“Algunas estructuras habían sido reforzadas”, explicó el ingeniero Felix Ojeda, representante de la organización, y añadió que el análisis de muestras de escombros recogidas en el lugar puede aportar información sobre el estado real de la infraestructura.

El ingeniero Kit Miyamoto consideró que “el siguiente paso lógico es demoler los edificios”, aunque también subrayó la importancia de rehabilitarlos y reforzarlos en la medida de lo posible.

La opinión pública ha manifestado su descontento por la lentitud de la respuesta gubernamental ante la emergencia. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien ejerce el poder bajo la influencia de Washington tras la salida del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, prometió la entrega de alrededor de 4.000 viviendas durante este año.

En Catia La Mar, Jennire García expresó su tristeza por la vivienda que perdió: “Me entristece porque lo veo allí todos los días. Pienso en las comodidades que tenía y que no puedo tener aquí”. Y agregó: “Estamos muy ansiosos, esperando una respuesta, y no la tenemos”.

(Con información de AFP)

La Defensoría del Pueblo de Venezuela comunicó que este miércoles instalará una mesa técnica junto a la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos con el propósito de profundizar la revisión y el seguimiento individual de los casos presentados por la organización. La iniciativa responde a solicitudes de mediación en áreas clave como atención médica oportuna, celeridad procesal, condiciones de detención y respeto a la dignidad humana, según indicó la propia Defensoría en una nota de prensa.

La ONG detalló que entregó la lista completa de presos políticos y acordó con las autoridades la instalación de la mesa técnica el 12 de agosto, con la participación de familiares de los detenidos. Además, propuso revisar la situación jurídica de los presos, que según Foro Penal ascienden a 382 personas. El Gobierno sostiene que los arrestos se deben a delitos cometidos, una afirmación que los partidos opositores rechazan.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, expresó que su despacho mantiene una “política de puertas abiertas” y continuará atendiendo las peticiones de familiares, organizaciones sociales y diversos sectores de la sociedad, dentro de sus competencias constitucionales. “Ratificamos la disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de nuestras competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso”, afirmó González Lobato.

Por otra parte, un grupo de ex presos políticos de Venezuela sostuvo una reunión con la delegación opositora encargada del diálogo con el chavismo, en la que solicitaron la liberación de más detenidos por motivos políticos. Varios participantes revelaron este martes que el pedido de excarcelaciones fue presentado directamente ante la comisión negociadora.

“Hoy nos reunimos familiares de los presos políticos y ex presos políticos para hablar sobre la libertad de quienes todavía permanecen injustamente tras las rejas”, expresó el dirigente Roberto Marrero a través de Instagram.

Marrero, quien estuvo privado de libertad por razones políticas y regresó al país en mayo tras casi seis años de exilio, reconoció el trabajo de la comisión opositora encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera, asegurando que está trabajando “por la transición” después de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.

Figuera confirmó el encuentro y reafirmó su compromiso con el objetivo de “lograr una Venezuela democrática y libre”. “Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos, quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa”, publicó la opositora en X.

La semana pasada, activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) acudieron a la sede de la Cancillería en Caracas para solicitar el ingreso de organismos internacionales que puedan constatar las condiciones y presuntas violaciones de derechos humanos en los centros de detención. El documento presentado contiene cinco solicitudes, entre ellas, que la Cancillería oficialice la invitación y facilite los protocolos para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la cooperación de la Misión Independiente de la ONU.

La petición también incluyó autorizaciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda regularmente a los centros de detención de Venezuela y evalúe el estado de salubridad, integridad física, nutrición y atención médica de las personas privadas de libertad.

(Con información de EFE)

La situación de los presos políticos en Venezuela integrará la agenda de diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición, bajo la mediación de Estados Unidos, según confirmó la jefa negociadora opositora, Dinorah Figuera. La mesa de negociaciones, que busca facilitar una transición democrática en el país, se desarrolla en Caracas desde el 6 de agosto y finalizará este miércoles, siete meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro durante una operación estadounidense.

El proceso incluye la revisión del estado de los detenidos por motivos políticos, un asunto que la delegación opositora encabezada por Figuera llevó de manera explícita a la mesa. “Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa”, publicó en X, junto a una imagen con personas excarceladas en los últimos meses. Y agregó: “Estamos en este proceso para lograr una Venezuela democrática y libre”.

Figuera mantuvo también reuniones con representantes de sectores como jubilados y el sindicato de prensa, a fin de escuchar sus demandas en este ciclo de negociaciones, que se suma a instancias previas realizadas durante el régimen del Maduro entre 2013 y 2026.

La ronda de diálogo tiene lugar sin la participación de María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz. Las conversaciones se desarrollan sin acceso de la prensa.

Organizaciones como Foro Penal cifran en 382 los presos políticos en Venezuela. Entre las voces de familiares, Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel —fallecido en prisión en 2021—, expresó a AFP sus expectativas: “Que no sea un instrumento más que use el régimen como tantos que ha habido durante años para prolongar el dolor, para revictimizarnos, para ganar tiempo y perpetuarse en el poder”. Su hermano Josnars Adolfo Baduel recibió en 2024 una condena de 30 años acusado de traición a la patria y terrorismo.

Rosario Pacheco, madre de Robert Villamarín Pacheco —detenido desde 2023 por supuesta participación en un atentado con drones contra Maduro—, consideró que la liberación de presos políticos y la revisión de causas judiciales “debe ser una condición transversal en las mesas de negociación política”.

La mesa de diálogo cuenta con la conducción de Jorge Rodríguez desde la parte del Gobierno chavista, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y de Figuera, representante de la bancada opositora que obtuvo la mayoría legislativa en 2015.

El Gobierno de Estados Unidos celebró la apertura del proceso y, definió su hoja de ruta en tres fases para la recuperación del país caribeño: “estabilización, recuperación económica y reconciliación política”.

La Defensoría del Pueblo de Venezuela anunció que este miércoles instalará una mesa técnica junto a la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos con el objetivo de profundizar la revisión y el seguimiento individual de los casos presentados por la organización. La convocatoria responde a las demandas de activistas que solicitaron la mediación y actuación de la institución en lo relativo a la atención médica, la celeridad procesal, las condiciones de detención y el respeto a la dignidad humana, según una nota de prensa oficial.

La ONG informó que entregó la lista completa de presos políticos y se acordó la conformación de la mesa técnica el 12 de agosto, que contará también con la participación de familiares. Durante el encuentro, la organización planteó la necesidad de revisar la situación jurídica de los detenidos, cifra que asciende a 382 casos. El Gobierno chavista sostiene que las detenciones se produjeron por la comisión de delitos, una postura que rechazan los partidos políticos opositores.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, afirmó que su despacho mantiene una “política de puertas abiertas” y continuará recibiendo y atendiendo las peticiones de familiares, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad conforme a sus competencias constitucionales. “Ratificamos la disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de nuestras competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso”, declaró González Lobato.

(Con información de AFP y EFE)

Venezuela inició inspecciones en empresas privadas para verificar el cumplimiento del plan de ahorro eléctrico ordenado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mientras el país registra el pico de demanda más alto en ocho años ante las altas temperaturas y los efectos de los sismos de junio.

Equipos del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional recorren establecimientos del sector privado, entre ellos cadenas de supermercados y hoteles de Caracas, para constatar la aplicación de medidas de uso racional de la energía. El plan apela a la conciencia ciudadana sin fijar parámetros precisos, según informó el propio Gobierno.

El Saime —Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería— redujo “momentáneamente” sus horarios de atención desde el lunes en oficinas de Caracas, Aragua y Lara. El organismo lo anunció a través de Instagram en el marco de esa misma directiva.

El lunes a las 14:44 hora local (18:44 GMT), la demanda alcanzó 15.625 megavatios (MW), un alza del 3,6 % frente al máximo registrado durante 2025, de acuerdo con el Ministerio de Energía Eléctrica. La institución atribuyó ese incremento a las temperaturas elevadas y al “crecimiento económico que mantiene su impulso”.

El 2 de agosto, Rodríguez había convocado a los venezolanos a reducir el consumo de luz y agua ante el “Superniño” —denominación coloquial de un episodio de El Niño de gran intensidad— y anunció un plan para incorporar 4.800 MW al sistema antes de que concluya el año.

Para alcanzar esa meta, el Gobierno firmó acuerdos con General Electric (GE) Vernova y con la empresa estadounidense-argentina IMPSA. La presidenta encargada atribuyó parte del déficit al doble terremoto del 24 de junio, que dañó torres, líneas de transmisión y una planta termoeléctrica.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, precisó que solo en la zona central del país las infraestructuras afectadas por los sismos representaron una pérdida de “600 megavatios” para la red nacional. También citó el fenómeno de El Niño como factor agravante de los cortes que afectan gran parte del territorio.

Venezuela arrastra fallas crónicas en el suministro que el chavismo atribuye a sanciones extranjeras, mientras la oposición y analistas las vinculan a corrupción y ausencia de mantenimiento. En ese marco, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que un equipo técnico del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico de la principal hidroeléctrica venezolana para definir una ruta de modernización.

El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, y advirtió que una reconstrucción lenta podría comprometer la recuperación económica del país durante la próxima década.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Venezuela informó este martes que llegó a un acuerdo con Israel para establecer un mecanismo de coordinación consular, un paso que busca facilitar la atención a los ciudadanos de ambos países. La medida llega 17 años después de que Caracas rompiera relaciones diplomáticas con Tel Aviv, y se da luego de que una delegación humanitaria israelí visitara Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio.

El anuncio se conoció a través de un comunicado de la Cancillería venezolana publicado en X, y fue confirmado en paralelo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El canciller venezolano, Félix Plasencia González, precisó en su cuenta que ambos gobiernos acordaron dar continuidad a la cooperación técnica bilateral surgida de los esfuerzos de emergencia y reconstrucción, además de crear un mecanismo que permita prestar servicios consulares a sus respectivos ciudadanos.

Desde el lado israelí, la cancillería señaló que el entendimiento se produjo tras conversaciones entre funcionarios de alto nivel de ambos países, posteriores a la visita de la delegación humanitaria. Los dos gobiernos coincidieron además en destacar el vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, al que describieron como un puente de amistad histórico entre ambos países.

El origen inmediato del acercamiento se remonta al doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el 24 de junio y que dejó más de 6.300 fallecidos, según cifras oficiales. Tras la catástrofe, una comitiva israelí llegó al país sudamericano con apoyo de la comunidad judía local. Según informó Prensa Presidencial, el equipo incluyó ingenieros civiles que trabajaron en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia para la gestión de la emergencia. También formó parte de la misión Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien colaboró en el manejo de los residuos generados por el desastre.

En julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había agradecido públicamente a la delegación israelí por sus tareas de auxilio y asistencia humanitaria en el país.

El restablecimiento de un canal de coordinación consular marca un giro en una relación bilateral que se mantuvo congelada desde el 15 de enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó romper “todo tipo de relaciones” con Israel, una semana después de expulsar al embajador israelí en Caracas. La decisión se enmarcó en el respaldo del chavismo a la causa palestina. En aquel momento, el Ejecutivo venezolano también anunció que insistiría ante la comunidad internacional para que los líderes israelíes fueran denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Desde entonces, el discurso oficial venezolano mantuvo una postura crítica hacia Israel, con Chávez y sus sucesores calificando en reiteradas ocasiones al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como “criminal de guerra”, en paralelo a un respaldo constante a Palestina en los foros internacionales.

El acuerdo anunciado esta semana no implica, por el momento, la restitución formal de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, sino la creación de un canal técnico y consular acotado a la asistencia a ciudadanos y a la cooperación derivada de la emergencia sísmica. Ni Caracas ni Tel Aviv anticiparon plazos concretos para la puesta en marcha del mecanismo ni detallaron qué instancias administrarán los trámites consulares en cada país.

Tres figuras relevantes de la Iglesia católica venezolana expresaron su interés en acompañar el proceso de negociación que llevan adelante el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, y destacaron la necesidad de sumar a esta iniciativa a distintos factores de la sociedad venezolana.

“La mesa de conversaciones busca dar respuesta pronta y eficaz a los problemas prioritarios sociales y políticos. Estimamos que este fin (...) requiere incorporar, oportuna y gradualmente, a diversas instituciones y organismos, con miras a concretar aportes eficaces para un proyecto nacional unificado”, manifestaron a través de un comunicado los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón, y monseñor Ovidio Pérez Morales.

Los líderes religiosos subrayan que “solo una visión amplia, con decidida orientación hacia el bien común puede garantizar el éxito de la mesa técnico-política paritaria hacia una transición política de institucionalidad democrática, aspiración y meta de todos los venezolanos”.

El proceso de negociación comenzó formalmente el primero de agosto con un contacto telefónico entre los jefes de las delegaciones, el chavista Jorge Rodríguez y la opositora Dinorah Figuera. La primera reunión presencial en Caracas se llevó a cabo el 6 y las partes se declararon en sesión permanente hasta mañana miércoles 12.

La agenda que está sobre la mesa incluye tres puntos: Atención al doble terremoto ocurrido el 24 de junio, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. Se espera que de allí surja un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se concrete la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hoy absolutamente controlados por el oficialismo.

Refundación

Porras, Padrón y Pérez Morales alzaron sus voces para exigir “la inmediata liberación de los presos políticos”, la superación de la “hegemonía comunicacional” que ejerce el régimen y “la estructuración de los organismos y medios hacia una pronta elección presidencial por obra exclusiva del soberano, como vehículo necesario y suficiente de legitimación de los poderes públicos y de su oportuna reestructuración”.

“Todos los signos anteriores se suman al propósito sincero de justicia y equidad de saldar la gran deuda pendiente y postergada: la agilización de una respuesta pronta y eficiente a la crisis económica, social y educativa de la inmensa mayoría del pueblo empobrecido: salarios justos, servicios básicos de salud, vivienda y escolaridad, suministros regulares y eficaces de agua, electricidad e internet”, expresan los prelados.

Abogando por “el reencuentro de los venezolanos en un ambiente de libertad, unidad y solidaridad para que alcancemos la paz”, estos voceros de la Iglesia observan que el proceso de negociación que impulsa Estados Unidos “equivale a una ‘refundación nacional’, como lo ha propuesto en otras circunstancias el Episcopado venezolano”.

El sacerdote José Gregorio Terán, director del movimiento de educación popular y promoción social Fe y Alegría en Venezuela, fue tajante en su declaración: “No podemos pedirle a nuestros docentes que sean el pilar de la reconstrucción cuando no tienen para comer”.

Al ofrecer una evaluación sobre los daños materiales sufridos por el doblete sísmico del 24 de junio, Terán advirtió que los maestros “no tienen calma para acompañar a sus estudiantes porque su cabeza está en cómo llegan a finales de mes”. “Por eso es imperativo atender las condiciones socioeconómicas del personal educativo venezolano”, apuntó el religioso.

A pesar de la precariedad que padece este sector, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, publicó un balance del fin de año escolar 2025-2026 que habla de una disminución del déficit de docentes especialistas y un aumento del plan nacional de formación de docentes.

El resumen que presentó Rodríguez en sus redes no hace referencia al tema salarial, “principal demanda del magisterio”, señala José Javier Salas, coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

“La ausencia de seguridad social pretende ser satisfecha con las gráficas de atención en salud, dato que se hace difícil de validar al no manejar el número total de docentes. Pero solo en cirugías se observa un número muy inferior a la demanda que un colectivo tan grande debe requerir en un año”, expone Salas.

Rodríguez difundió una lámina sobre la “atención a trabajadoras y trabajadores de la Educación”, que no menciona el salario y asegura que en este periodo realizaron 11.296 cirugías, 32,92% más que el año anterior, y entregaron 3 millones 36.338 “combos de alimentación”.

Venezuela atraviesa desde hace años lo que se denomina un proceso de “bonificación” del salario. El régimen chavista no aumenta el salario, lo que tiene implicaciones en los pasivos laborales, y en su lugar paga bonos que en total superan levemente los 200 dólares.

“Dado que el ingreso del personal docente y de mantenimiento (limpieza) es esencialmente bonos, las diferencias entre ambos son muy pocas. Esto no demerita que los dos requieren un salario digno, solo describe una igualdad que no reconoce responsabilidades y estudios previos para el ejercicio de las funciones docentes, ya que dichas diferencias solo están consideradas en la tabla de sueldos y salarios que sigue congelada”, acota Salas.

Duda

El investigador Tulio Ramírez subraya que “los salarios de los maestros son infames y eso explica el porqué desde hace más de diez años la matrícula de Educación no aumenta, al igual que el número de egresados para ejercer la carrera”.

El ministro Rodríguez afirma que el déficit de docentes especialistas pasó de 25.393 en julio de 2025 a 13.834 este año; es decir, una disminución de 11.559.

El antiguo director de los doctorados de Educación de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, no entiende cómo se logró esta supuesta mejora sin aumento de salarios y cuando el propio Rodríguez llamó a los jubilados a retornar a sus puestos para llenar las vacantes.

“Si no hay buenos salarios ni beneficios sociales, no hay posibilidad de que los bachilleres se entusiasmen a estudiar la carrera y cada vez habrá menos egresados y especialistas”, enfatiza Ramírez, quien recuerda que la Federación Venezolana de Maestros ha denunciado un déficit de 200 mil docentes. “El ministro difunde láminas y lo que necesitamos ver es la memoria y cuenta del organismo, que no publican desde hace años”.

Salas coincide al destacar que “ante la ausencia de estadísticas oficiales confiables sobre el número total de docentes, cantidad de docentes por nivel, grados académicos y distribución por estados, poco podemos hacer más allá de confiar o no en lo que se dice”.

Durante la rueda de prensa semanal del partido, Cabello cuestionó que existan personas que nieguen el impacto de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Claro que sí”, señaló, indicando que “solo en el centro del país” se dañaron infraestructuras que provocaron la pérdida de “600 megavatios”. Añadió: “¿Cómo tú recuperas 600 megavatios?... hay que hacer el trabajo”.

Cabello, también ministro de Interior, aseguró que la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) está trabajando para optimizar el sistema eléctrico. En este contexto, destacó los acuerdos alcanzados con otras empresas y “el esfuerzo” del Gobierno para enfrentar la situación.

Desde hace años, Venezuela enfrenta fallas en el suministro eléctrico. El oficialismo atribuye estas dificultades a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos señalan la corrupción y la falta de mantenimiento como causas principales. Los apagones pueden extenderse hasta seis horas en diferentes regiones.

El 2 de agosto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó a la población reducir el consumo de luz y agua ante el fenómeno del ‘Superniño’, como se denomina a un episodio intenso de El Niño.

Además, anunció un plan para incorporar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico antes de fin de año y pidió “planes específicos” para afrontar el incremento de temperaturas y la disminución de fuentes hídricas, con el objetivo de fortalecer la generación termoeléctrica.

El sábado, Rodríguez nombró a Juan Crisóstomo Fernández como nuevo presidente de Corpoelec para reforzar el equipo encargado de la recuperación del sistema eléctrico.

Delcy Rodríguez se reunió con una delegación de EEUU

En otro orden, Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con una delegación del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos para evaluar una agenda de “desarrollo económico”, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, informó el lunes Prensa Presidencial.

El encuentro permitió abordar la posibilidad de “robustecer” acuerdos vigentes en distintas áreas, entre ellas los sectores comercial, energético y financiero, según una nota difundida por el Gobierno venezolano.

Las partes también analizaron mecanismos financieros destinados al desarrollo socioeconómico del país y la búsqueda de una estabilización del mercado energético.

La reunión se produjo en un contexto de flexibilización temporal de determinadas medidas de supervisión financiera de Estados Unidos sobre operaciones autorizadas vinculadas con Venezuela. La medida fue anunciada en julio por el Departamento del Tesoro estadounidense y contempla facilidades para transacciones relacionadas con la recuperación económica y la asistencia humanitaria tras los terremotos registrados el 24 de junio de 2026.

A una administración pública que ya marchaba a media máquina, el gobierno interino de Delcy Rodríguez prácticamente le acaba de bajar el interruptor en el marco del plan de ahorro de electricidad y agua que aplica para mitigar la crisis de los servicios públicos en Venezuela.

Distintas instituciones del Estado venezolano están trabajando la mitad de la jornada habitual o solo tres días a la semana. Por citar un ejemplo: El Ministerio de Educación Universitaria impuso a sus dependencias, incluidas universidades experimentales, politécnicas y colegios e institutos universitarios, un “esquema de trabajo interdiario con jornada parcial”. Esto es, funcionarán lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía.

Junior Abreu, presidente de la asociación de profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales en el estado Barinas, señala que esta medida no solo crea malestar y complica las actividades regulares, sino que deja en evidencia la desorganización del gobierno, pues en ocasiones los cortes de luz ocurren precisamente en las únicas horas en las que deberían estar cumpliendo sus labores.

Abreu recuerda que antes de que se desplegara este nuevo plan de ahorro, los organismos públicos operaban con severas limitaciones “por los bajos sueldos que percibe el personal”.

El caso más emblemático se presentó en el sistema educativo venezolano con el llamado “horario mosaico”, donde los maestros asistían a clases tres o cuatro días a la semana en unos horarios reducidos, lo que les permitía dedicar el resto del tiempo a actividades más lucrativas.

El 21 de marzo, Delcy Rodríguez anunció la activación de un plan de ahorro de energía eléctrica. Lejos de amainar, la situación empeoró y el 2 de agosto volvió a lanzar “un plan de ahorro de energía eléctrica y agua, para promover la conciencia y el compromiso de cada venezolano en el uso responsable de estos recursos”.

El régimen chavista argumenta que el deterioro de los servicios responde a causas climáticas, el impacto de los terremotos del 24 de junio y las sanciones económicas de Estados Unidos.

Sin embargo, esta emergencia comenzó en 2009 y los expertos afirman que es producto de la falta de planificación y mantenimiento, la incapacidad de las autoridades y los mil millonarios escándalos de corrupción en proyectos que jamás se culminaron.

Estancado

En el estado Amazonas, al sur del país, la gobernación, la alcaldía de la capital y otros entes atienden al público de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pero eso no guarda relación con las restricciones establecidas por Delcy Rodríguez. “Después de la pandemia, las instituciones se quedaron estancadas en ese horario”, cuenta el periodista Mickey Véliz, de 42 años.

Véliz aclara que en su región “no hay un plan, simplemente suspenden el servicio eléctrico y eso nos cae de sorpresa”. Pese a los malos ratos sufridos, admite que los amazonenses tienen suerte. “Solo nos quitan la luz tres o máximo cuatro horas”, dice, consciente de que en otras zonas del país las interrupciones se extienden por cinco horas o más al día.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) también se plegó a la jornada reducida, lo mismo que la Defensoría del Pueblo. “Nosotros vamos a colaborar con el ahorro energético, pero sin sacrificar la defensa de los derechos fundamentales que incluye justamente el tema de los servicios públicos”, acotó un representante del organismo.

Hasta la fecha, Caracas es la única ciudad que se ha salvado de los cortes de luz, situación que ha generado ciertos roces con los habitantes del interior de la República. Al momento de anunciar que se ajustaría al horario especial, la alcaldesa de la capital, Carmen Meléndez, manifestó que espera que “lo que ahorremos vaya a los estados que tienen administración de carga”.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia tiene un origen tectónico distinto al de los sismos registrados recientemente en Venezuela, pese a que ambos alcanzaron magnitudes similares, explicó a la agencia de noticias EFE Viviana Dionisio, sismóloga de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), en límites con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, a 103 kilómetros de profundidad, lo que lo convierte en un sismo de “profundidad intermedia” y explica, en parte, que sus efectos se hayan sentido en una amplia zona del país, donde causó al menos 132 muertos.

“Fue un sismo tectónico asociado principalmente a un mecanismo de subducción”, señaló Dionisio, quien explicó que Colombia está asentada sobre la placa Sudamericana, en el océano Atlántico.

El fenómeno de subducción ocurre cuando la placa de Nazca, en el océano Pacífico, se mete debajo de la placa Sudamericana, lo que provoca una acumulación de energía en el contacto entre ambas y puede ocasionar terremotos de gran magnitud, como los registrados históricamente en países situados en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

“Cuando una placa tectónica se está metiendo debajo de otra se dice que es un sismo de subducción. Entonces se producen, en general, en las costas”, explicó la sismóloga, quien comparó el terremoto colombiano con grandes sismos ocurridos en Chile, Japón y Ecuador.

En cambio, los terremotos registrados en Venezuela, que dejaron más de 6.300 muertos, responden a otro mecanismo y no están directamente conectados con el ocurrido en Colombia, pese a que fueron de una magnitud similar, de 7,2 y 7,4.

Según Dionisio, el caso del país vecino fue consecuencia de una interacción entre la placa Caribe y la Sudamericana, mediante un movimiento lateral.

“Los sismos de Venezuela son sismos más superficiales y tienen que ver con otro mecanismo, que es un mecanismo de rumbo. Este es un sismo más profundo, que es un sismo de subducción”, enfatizó Dionisio.

El factor profundidad

La profundidad es uno de los elementos que permite entender por qué un terremoto de gran magnitud no provoca los mismos daños que otro de magnitud similar.

La experta explicó que, cuando un terremoto es superficial, las ondas sísmicas recorren una menor distancia antes de alcanzar la superficie y pueden llegar con mayor intensidad a las zonas próximas al epicentro. En los sismos profundos, en cambio, las ondas atraviesan una mayor cantidad de material y pierden energía durante su recorrido.

Sin embargo, la especialista advirtió que la profundidad no determina por sí sola la magnitud de los daños, pues estos también dependen de la vulnerabilidad de las edificaciones y de las condiciones del terreno.

Además detalló que Colombia es un país con una amenaza sísmica importante debido a la interacción de varias placas tectónicas y a la existencia de numerosas fallas asociadas principalmente a las cordilleras de los Andes y al Pacífico.

Por ello, la experta apuntó que no resulta inusual que un terremoto de estas características tenga su epicentro en el Chocó, situado en la región del Pacífico, debido a la dinámica tectónica del oeste colombiano y a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

El Servicio Geológico Colombiano informó que se han registrado 33 réplicas del terremoto de este lunes, la más fuerte de magnitud 4,8.

“Un sismo de estas magnitudes genera un cierto número de réplicas que en general van disminuyendo en frecuencia y en magnitud los siguientes días o semanas”, puntualizó Dionisio.

El sismólogo y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, Rodrigo León, precisó que los terremotos no pueden predecirse y que tampoco es posible anticipar cuándo ocurrirá una réplica o descartar por completo la posibilidad de nuevos movimientos de mayor magnitud.

“Aunque hemos estado viendo que los daños son bastante extensos (...) considerando la magnitud” pudieron haber sido peores, añadió el sismólogo.

(EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con una delegación del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos para evaluar una agenda de “desarrollo económico”, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, informó el lunes Prensa Presidencial.

El encuentro permitió abordar la posibilidad de “robustecer” acuerdos vigentes en distintas áreas, entre ellas los sectores comercial, energético y financiero, según una nota difundida por el Gobierno venezolano. Las partes también analizaron mecanismos financieros destinados al desarrollo socioeconómico del país y la búsqueda de una estabilización del mercado energético.

La reunión se produjo en un contexto de flexibilización temporal de determinadas medidas de supervisión financiera de Estados Unidos sobre operaciones autorizadas vinculadas con Venezuela. La medida fue anunciada en julio por el Departamento del Tesoro estadounidense y contempla facilidades para transacciones relacionadas con la recuperación económica y la asistencia humanitaria tras los terremotos registrados el 24 de junio de 2026.

De acuerdo con Prensa Presidencial, la delegación estadounidense estuvo encabezada por Jonathan Greenstein, subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, y Jonathan Burke, subsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo.

Rodríguez estuvo acompañada durante la reunión por el vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el canciller, Félix Plasencia; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.

Según la información oficial, uno de los asuntos tratados fue la reactivación de mecanismos financieros que puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de Venezuela. La reunión también incluyó la búsqueda de mecanismos para la estabilización del mercado energético, aunque las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre los acuerdos o medidas concretas analizados durante el encuentro.

La flexibilización anunciada por el Tesoro estadounidense en julio establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.

La disposición está orientada a facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones autorizadas vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos.

El mecanismo también busca reducir los riesgos regulatorios para las entidades financieras estadounidenses que participen en esas operaciones, en un contexto en el que Venezuela continúa bajo sanciones de Estados Unidos.

Los terremotos del 24 de junio provocaron daños materiales de gran magnitud en Venezuela. Un informe del Banco Mundial citado en la información oficial estima que el costo de los daños ocasionados por los sismos asciende a 19.600 millones de dólares.

En este contexto, la agenda económica abordada por Rodríguez y la delegación estadounidense incluyó cuestiones relacionadas con la recuperación financiera y económica del país, además de asuntos vinculados con el sector energético.

El Gobierno venezolano presentó la reunión como parte del proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales y destacó la intención de consolidar acuerdos vigentes en áreas consideradas prioritarias para la economía venezolana.

La información oficial no precisó cuáles serán los próximos pasos derivados de las conversaciones ni detalló nuevos acuerdos financieros, comerciales o energéticos alcanzados durante la reunión.

(Con información de EFE)

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela subió a 6.301, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes, en una actualización que agregó 176 víctimas fatales al reporte anterior y volvió a poner el foco sobre la magnitud de la emergencia abierta desde el 24 de junio. El dato fue presentado por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, mientras el país mantiene operativos de atención sanitaria, evaluación de daños habitacionales y remoción de escombros, sobre todo en La Guaira, el estado que concentró el mayor impacto de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

La actualización oficial también señaló que 73.356 personas han recibido atención en hospitales. A esa cifra se suman las acciones de asistencia habitacional: la cúpula chavista informó la entrega de 287 viviendas para familias afectadas por el doble sismo.

En materia de infraestructura residencial, el régimen chavista indicó que 53.314 viviendas fueron evaluadas por equipos técnicos. De ese total, 31.336 quedaron clasificadas como habitables, 12.411 presentan restricciones de uso y 9.567 fueron catalogadas de alto riesgo.

El volumen de destrucción también aparece en los trabajos de limpieza. Rodríguez informó que las brigadas han retirado 483.525,41 toneladas de escombros. La remoción de restos de construcciones se ha convertido en una tarea central en las zonas más afectadas, donde calles, accesos y sectores costeros todavía arrastran obstáculos para la circulación y el retorno parcial de servicios.

El aumento del número de fallecidos coincidió con un nuevo llamado técnico para revisar las reglas de construcción en el país. El Colegio de Ingenieros de Venezuela planteó este lunes la necesidad de actualizar las normas sismorresistentes y de revisar la planificación urbana. Su presidente, Enzo Betancourt, propuso crear una “Comisión Nacional Sismorresistente” que asuma la evaluación de los colapsos y publique diagnósticos sobre lo ocurrido.

En la nota difundida por esa organización, Betancourt sostuvo que esa instancia debería emitir “informes públicos sobre las causas de los colapsos” y también formular recomendaciones para reforzar la normativa vigente. La propuesta añade otra tarea: revisar leyes de ordenamiento urbano, así como criterios de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificios e infraestructura. La última actualización de las normas sismorresistentes venezolanas se realizó en 2019, según la propia agremiación.

La discusión técnica se da en paralelo con las estimaciones económicas sobre el impacto de la catástrofe. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los dos terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década. Ese cálculo no se limita al costo de reparar inmuebles y servicios: también funciona como una advertencia sobre los efectos prolongados que puede dejar un proceso de rehabilitación incompleto o tardío.

En La Guaira, donde la destrucción alteró barrios enteros y zonas costeras, la respuesta social ha incluido jornadas de limpieza organizadas por voluntarios. Cientos de personas participaron este domingo en una convocatoria impulsada por la fundación Sonrisa de Ángel, con apoyo del proyecto Fuerza Azul, para retirar basura y reducir riesgos sanitarios en espacios públicos. “Procuramos tratar de evitar tantas infecciones en el ambiente”, dijo Yarlín Salazar, fundadora de la organización.

La activista explicó que grupos procedentes de Valencia, Maracay y Caracas ya habían realizado varias jornadas en el estado. Ese domingo, 210 voluntarios se distribuyeron en distintos puntos con bolsas, guantes, lentes de protección, cubrebotas y tapabocas. Jofrer Romero, uno de los participantes y oriundo de la región, resumió el estado de ánimo de parte de la población local con una frase breve: “Todavía estamos rotos pero sentimos esperanza de que el estado pueda otra vez levantarse”.

A la vez, el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces, informó que en La Guaira operan tres plantas trituradoras con capacidad para procesar más de 600 toneladas de escombros por hora.

La ONG Provea denunció que disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron al capitán indígena venezolano Julio Rodríguez en la localidad de Mapoyo, en el estado Bolívar, al sur del país.

El hecho ocurrió en la comunidad Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos, la noche del 2 de agosto, cuando hombres armados se llevaron a Rodríguez por la fuerza.

“Dos días después, una comisión de líderes y jóvenes indígenas que salió a buscarlo fue emboscada en el sector Vincler. Denuncian que drones sobrevolaron la zona y lanzaron artefactos explosivos. Alirio Rodríguez, adulto mayor, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Los Pijiguaos”, relató la ONG defensora de Derechos Humanos.

Provea destaca que en esa localidad habitan comunidades Mapoyo, Jivi, Huottüja y Baniva, y que su tradición oral fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2014. “Hoy enfrenta la presión de la extracción ilegal de coltán, estaño, oro y tierras raras, con yacimientos controlados por grupos armados irregulares”, señalan.

“Instamos al Estado venezolano a garantizar el retorno seguro del capitán Julio Rodríguez, a expulsar a los grupos armados irregulares que operan en territorio indígena y a detener las actividades mineras ilegales en las áreas adyacentes”, manifestó la ONG.

Zozobra

A través de un comunicado, las autoridades indígenas afirman que fueron víctimas de un “acto de guerra” y que “las familias de la comunidad Jivi Ekunay se encuentran bajo un régimen de amenaza constante y zozobra permanente”.

Indican que las disidencias de las FARC “todas las noches hacen presencia” en el sector y “mantienen el control sobre las áreas circundantes y bloquean el acceso a nuestras zonas tradicionales de caza, pesca y recolección, destruyendo la soberanía alimentaria”.

Los voceros informaron de esta situación a la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, con el fin de que transmitiera sus inquietudes a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los afectados exigen al Estado que “garantice la soberanía nacional y la paz pública mediante el repliegue y expulsión definitiva de los grupos armados irregulares que operan impunemente en territorio indígena”.

Los representantes de la comunidad demandan a la Fuerza Armada Nacional y los organismos de inteligencia que desplieguen planes de seguridad en coordinación con “las autoridades tradicionales indígenas”, y que ocupen el territorio con un “plan de desarrollo integral” para los habitantes del sector.

Distensión

La zona del llamado Arco Minero de Venezuela ha estado bastante movida en las últimas semanas. El viernes 12 de junio, el presidente Donald Trump anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua conocido como “Niño Guerrero”, en una operación conjunta ejecutada por fuerzas de Estados Unidos y Venezuela en Las Claritas, estado Bolívar.

La eliminación de “Niño Guerrero” se interpretó como parte de una “limpieza” que estaría llevando a cabo el gobierno venezolano para facilitar la llegada de los inversionistas norteamericanos al negocio de la minería. Sin embargo, el ex diputado opositor Américo De Grazia, aseguró que el lugar dejado por “Niño Guerrero” había sido tomado por otros dos líderes criminales con la complicidad de jefes militares de la entidad.

En paralelo, dirigentes políticos y sociales del estado Bolívar resaltan que tanto las disidencias de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia siguen activos en la región.

“El secuestro del capitán Julio Rodríguez en Los Pijiguaos fue ejecutado por disidentes de las FARC que operan en nuestros predios a sus anchas, al igual que el ELN, zonas de distensión territorial otorgadas en su momento por Hugo Chávez”, recordó De Grazia.

Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez habla de un “nuevo momento político”, que ha incluido una cierta apertura en el ejercicio de la libertad de expresión, el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas contabilizó 134 ataques contra periodistas y medios comunicación entre enero y julio de este año.

La organización gremial señala que bajo el gobierno interino de Rodríguez continúa “el sistemático deterioro de las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”. En ese sentido, denuncian “la consolidación de un patrón de acoso institucional y policial orientado a frenar la cobertura informativa, acentuado durante coyunturas de gran interés público nacional, como las coberturas tras los sismos registrados en junio”.

El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cargó contra los corresponsales que vinieron a cubrir las noticias sobre el cataclismo. “Lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una fiesta de sangre, de muerte”, fustigó el funcionario, que constantemente embiste al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, acusándolo de promover una “guerra mediática enfermiza” contra las instituciones.

Rodríguez también declaró que decidió militarizar el estado La Guaira, declarado zona de desastre por el doblete sísmico del 24 de junio, “porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”.

El régimen chavista argumenta que todas las críticas a su gestión ante los terremotos responden a “matrices” que buscan desestabilizar al Ejecutivo.

Persecución

El balance presentado por el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas recoge 24 actos de intimidación, 23 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros y cuatro cierres de emisoras. Además, las autoridades obligaron a 12 periodistas a borrar el material que habían registrado.

El informe destaca que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que responde al ministro Cabello, y otros cuerpos de seguridad obstaculizaron, amedrentaron y hostigaron a reporteros mientras intentaban cumplir con sus labores en las zonas golpeadas por los terremotos en La Guaira y Caracas.

“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza. Se insiste en normas y medidas coercitivas forzadas buscando amedrentar, incitar a la autocensura y judicializar la labor de quienes reportan la realidad”, manifestó Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas de la capital.

El gremio periodístico y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos mantienen el reclamo con respecto al bloqueo que afecta a decenas de páginas web informativas, entre ellas Infobae. Pese a que el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, creado por Rodríguez, se comprometió a levantar las restricciones, la censura sigue igual.

Más oscuro que el petróleo. “La magnitud de los recursos generados por la renta petrolera venezolana en 2026 contrasta con la opacidad casi total sobre su administración, tanto en el diseño institucional del Fondo Petrolero como en el manejo de los ingresos que corresponden al Estado venezolano”, advierte en un informe la ONG Transparencia Venezuela.

¿Cuál es el verdadero monto de la factura petrolera venezolana durante 2026? ¿Y cuánto de ese dinero ha sido transferido al régimen chavista? No hay una respuesta oficial a esas interrogantes.

El 9 de enero, seis días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, la administración de Donald Trump constituyó un Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (conocido como Fondo Petrolero) para administrar los ingresos venezolanos por exportación de petróleo, gas y minerales.

Aunque en un principio se habló de enviar el dinero a una cuenta en Catar, pronto se resolvió que los recursos se depositarían en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Para marcar la singularidad de esta iniciativa, Transparencia Venezuela subraya las diferencias que existen con casos como el programa Petróleo por Alimentos que se aplicó en Irak en 1995 y el Fondo para el Pueblo Afgano de 2022.

“El Fondo Petrolero venezolano no cuenta con un mecanismo de gobernanza especial, ya que no se trata de la administración de fondos humanitarios de terceros, sino de fondos venezolanos protegidos por Estados Unidos”, precisa la ONG.

Números

El diario Financial Times estima que Washington ha recaudado unos 13 mil millones de dólares por la comercialización del crudo venezolano. Al ser consultado sobre ese monto, el presidente Trump respondió: “¿13 mil millones de dólares de Venezuela? Creo que más de eso (…) Hemos pagado por esa guerra muchas veces. Y eso va a pasar con Irán también. Hemos pagado por la guerra muchas veces”.

Transparencia Venezuela hizo sus propios cálculos: 15.166,8 millones de dólares en ventas por exportaciones, de los cuales entre 12 mil y 13 mil millones de dólares ingresaron al Fondo Petrolero, y entre 6 mil y 8 mil millones de dólares llegaron a las arcas del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“La producción petrolera pasó de 924 mil barriles diarios (b/d) en enero a 1.187.000 b/d en junio (+28,5%), mientras que las exportaciones alcanzaron los 1.254.000 b/d en mayo, con una variación de 70% respecto de enero. En el semestre se habrían producido unos 196,26 millones de barriles y exportado 190,52 millones”, sustentan sus cómputos.

Agregan que “el Banco Central de Venezuela publicó, tras siete años de incumplimiento, que la balanza comercial del primer trimestre registró USD 5.491 millones por exportaciones petroleras, para el segundo trimestre, el precio promedio del crudo venezolano fue de USD 86,62 por barril”.

Transparencia Venezuela indica que “la Orden Ejecutiva de Estados Unidos otorga al Departamento de Estado la definición de la política de erogaciones y al Departamento del Tesoro su ejecución operativa”; sin embargo, ninguno de los dos organismos ha publicado las normas que regulan estas funciones.

Recuerda que el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró ante el Senado norteamericano que “los desembolsos consideran solicitudes mensuales del gobierno de Venezuela, lo que sugiere que la ejecución del presupuesto público venezolano depende de las transferencias del Fondo”.

Hasta la fecha, solo se tiene el registro oficial de unos 300 millones de dólares que el régimen chavista admitió haber recibido para un fondo de protección social. El monto equivaldría al 2% de lo que se cree ha generado el Fondo Petrolero.

La Orden Ejecutiva protege el dinero ante acreedores y demandas, pero Transparencia Venezuela “no identificó que el gobierno de Delcy Rodríguez cuente con algún mecanismo de rendición de cuentas que permita conocer el monto administrado por el Fondo ni el destino de los recursos”.

El diario ABC de Madrid informó que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) del Congreso de Estados Unidos abrió una investigación sobre el Fondo Petrolero venezolano.

¿Dónde?

El economista Asdrúbal Oliveros apunta que el dinero que transfiere la Casa Blanca al régimen chavista “se destina principalmente al mercado cambiario y a la recuperación de la industria petrolera”.

“La sensación de frustración de buena parte de la sociedad sigue siendo comprensible. Los hospitales continúan necesitando inversiones. Las escuelas siguen deterioradas. Las carreteras muestran años de abandono. Los sistemas eléctrico y de agua potable operan con enormes limitaciones. Los salarios públicos permanecen muy lejos de lo necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido”, enumera el experto.

Oliveros sostiene que “Venezuela no enfrenta un problema de miles de millones de dólares. Enfrenta un problema de decenas de miles de millones de dólares”.

“Después de más de veinte años de políticas públicas ineficientes, corrupción, pérdida de capacidad institucional y destrucción de capital físico, el país acumuló un déficit de inversión gigantesco. A ese panorama se suman ahora las necesidades derivadas de la reconstrucción tras los terremotos de junio, que por sí solas exigen recursos equivalentes a varios puntos del PIB. La conclusión es antipática: aunque el flujo petrolero haya mejorado, sigue siendo insuficiente para cubrir el tamaño del deterioro acumulado”, enfatiza el consultor.

Medidas

Transparencia Venezuela propone “conformar una unidad independiente de coordinación, gestión, monitoreo y transparencia de los recursos recibidos por Venezuela, sean del Fondo Petrolero o de ayuda humanitaria”.

A su vez, aboga por la divulgación de “las regulaciones sobre la administración del Fondo Petrolero y los informes de gestión del gobierno de Venezuela, previstos en la Orden Ejecutiva”, y exige a Petróleos de Venezuela “un informe sobre las exportaciones amparadas por la Orden Ejecutiva, con identificación de compradores, precio, volumen y condiciones de venta”.

La ONG reclama al Ministerio de Finanzas y al Banco Central de Venezuela que brinden detalles sobre los recursos recibidos desde el Departamento del Tesoro, y a la Contraloría General de la República que “audite los reportes de Pdvsa sobre las ventas amparadas por la Orden Ejecutiva”.

“Cerrar esa brecha de información es, para Transparencia Venezuela, una condición indispensable para que la recuperación económica del país beneficie a la ciudadanía y no únicamente a la industria y a los actores políticos y económicos que hoy controlan su gestión”, concluye.

Los ascensos a generales en el Ejército venezolano, que hizo Delcy Rodríguez, recaen sobre oficiales integrados a la estructura de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con responsabilidades en zonas operativas, regiones estratégicas, brigadas de combate, unidades de ingenieros y cuerpos de fuerzas especiales. Se trata de cuadros alineados con la doctrina cívico-militar y con la orientación política oficialista de la revolución bolivariana.

La lista confirma el peso de cuadros alineados con la doctrina cívico-militar y con la orientación política de la llamada revolución bolivariana. Entre los casos que llaman la atención figuran tres oficiales ascendidos a generales de División pese a pertenecer a promociones anteriores: 1994, 1995 y 1997, correspondientes a las promociones “II GJ José Antonio Páez”, “II General Rafael Urdaneta” y “Cnel. Luis María Rivas Dávila”.

Uno de los nombres destacados en el ascenso a general de Brigada es Ángel David Navas Rumbos, ubicado en el número 3 de la lista. Navas Rumbos ocupó el puesto 110 en el orden de mérito de la promoción 2001 “GB Juan Guillermo Iribarren” y era el oficial que cargaba el maletín de Nicolás Maduro Moros. Además, es hermano del GD (Ej) Henry Antonio Navas Rumbo, actual jefe de la Guardia de Honor Presidencial y número 26 en el orden de mérito de la promoción 1997 “Coronel José María Rivas Dávila”.

Entre los promovidos sobresalen los dos mayores generales: Miguel Antonio Yilales Arteaga y Javier Enrique Magallanes, ambos vinculados a mandos regionales de alto valor estratégico en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Magallanes, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental, figura entre los nuevos trisoleados. En 2024 fue designado comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia y previamente desempeñó cargos tácticos y operativos dentro del Ejército Bolivariano. Pertenece a la promoción de 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez” de la Academia Militar del Ejército de la que egresó de Nr. 109.

El otro mayor general es Miguel Antonio Yilales Arteaga, actual comandante de la REDI Guayana. Desde octubre de 2024 estuvo al frente de la ZODI Bolívar. Yilales Arteaga ocupó el puesto número 12 en el orden de mérito de la promoción de 1996 del Ejército.

El segundo sol

En el grupo de generales que recibieron el segundo sol ascendiendo a generales de División figura Yoel José Córcega Caraballo, comandante de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Bolivariano. Antes estuvo al frente de la 83 Brigada Logística “General de División José de Austria” y se desempeñó como jefe de Secretaría Ejecutiva. Es el Nr. 4 en orden de mérito de la promoción 1998 “Coronel Vicente Campo Elías”.

También fue ascendido Ezequiel Ramón Espinoza Escobar, quien en 2023 había sido promovido por Nicolás Maduro a general de brigada y ahora pasa a la categoría de divisionario. Espinoza Escobar pertenece a cuadros operativos de la 61 Brigada de Acondicionamiento de Ingenieros “General de Brigada Agustín Codazzi” y ha participado en vocerías y eventos institucionales, incluidos despliegues de apoyo social, la Consulta Popular Nacional y efemérides patrióticas. Egresó de la Academia Militar de Nr. 35 en 1998.

Okler Roberto Yustiz Castillo, a pesar de su reciente ascenso al grado de General de División (GD), continúa al mando de la 32 Brigada de Caribes “General en Jefe José Antonio Páez”, con sede operativa en el Fuerte Paramaconi, Monagas. Tiene amplia trayectoria en unidades fronterizas y tribunalicia militar, además ha estado a cargo del adiestramiento táctico, orden cerrado de las tropas operativas y la formación ideológica de la Fuerza de complemento de la Milicia Bolivariana. Es el Nr. 110 promoción 1998.

Jesús Manuel Carpio Medina, este alto Oficial del Ejército ha estado en responsabilidades tácticas y administrativas dentro del Comando General del Ejército, además de comandante de la 41 Brigada Blindada “Cap. Juan Ángel Bravo Martínez”. Nr. 67 promoción 1998.

El ascendido a Divisionario Francisco José Levison Carrillo, se ha desempeñado como director del Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la FANB “Libertador Simón Bolívar” (Ieseofanb), perteneciente a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es el Nr. 98 promoción 1998.

Miguel Darío Colmenares Coronado, ejerce como comandante de la 25 Brigada de Infantería Mecanizada “GD Juan Manuel Valdés”, unidad militar estratégica centrada en la custodia del eje norte del Táchira, en la frontera con Colombia. En agosto de 2023, fue nombrado jefe del Estado Mayor y Segundo comandante de la ZODI Apure. No está en la lista de los egresados de la Academia Militar en 1996, 1997 ni 1998.

Walner Humberto Vivas Méndez es el jefe de la Milicia Bolivariana en la ZODI La Guaira, con responsabilidades operativas dentro del sistema de defensa territorial de la Fuerza Armada. Nr. 14 promoción 1998.

Jesús Rafael Calvo Araque, comandante del Fuerte Militar Guaicaipuro, estado Miranda, y director de la Academia Militar de Oficiales de Tropa “C/J. Hugo Rafael Chávez Frías” (Amothch), adscrita a la Universidad Militar Bolivariana. Nr. 155 de la promoción 1998.

Crismarth Darío Mavo Sánchez, especializado en logística y comandos de zona, era el director de la Academia Militar del Ejército hasta enero 2026, cuando fue sustituido por el General de Brigada Lansford José Castillo López. Nr. 128 promoción 1998.

Ronald Alexander Lugo Díaz, es el director de la Academia Militar de Medicina. Comandó el cuerpo de Cadetes y fue director del centro de estudios de Ciencias de la Salud. Es un oficial de comando que en el 2007 fue parte de Brigada Internacional de Rescate y Ayuda Humanitaria Simón Bolívar enviada en misión de asistencia a Haití. El Nr. 6 promoción 1998.

Acisclo Guillermo Chaparro Godoy, Nr. 29 de la promoción 1998, en el 2023 Nicolás Maduro lo nombró comandante de la 22 Brigada de Infantería Mecanizada “Cnel. José Antonio Rangel Becerra”, acantonada en el estado Mérida, con responsabilidades en unidades de maniobra e instrucción militar.

Manuel Emilio Belzares Escobar, fue nombrado por Delcy Rodríguez, en marzo 2026, como subinspector del Ejército; es un oficial especializado en áreas de inteligencia y logística territorial. Su hermano, el Mayor General Rubén Darío Belzares Escobar, fue nombrado en la misma fecha, como comandante general del Ejército. El Nr. 153 en orden de mérito de su promoción 1998.

Hilars José Larrarte Sosa, es el director de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ejército; hasta enero 2026 fue comandante de la 14° Brigada de Infantería Mecanizada “GD Domingo Alberto Faneite Medina”, con sede en Barquisimeto, estado Lara. El 92 de la promoción 1998.

Trino Alexander Pabón Castellanos, es un oficial superior destacado en unidades operativas del Ejército, que siendo Comandante de la 82 Brigada Logística del Ejército, fue nombrado el 5 de julio 2026 jefe de la Unidad de Tarea Especial “Gran Mariscal Antonio José de Sucre”, adjunta al Ministerio de la Defensa y creada para atender emergencias y contingencias ante desastres naturales; Delcy Rodríguez lo designó diciéndole “ahora junto a su unidad está investido de autoridad para salir a salvar vidas y atender emergencias”. Pabón es el Nr. 122 de la promoción 1998.

Alex Alberto Monsanto Obando, comandante de la 12ª Brigada de Caribe, desempeñando funciones en la frontera con Colombia, principalmente en el municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia. El Nr. 50 de la promoción 1998.

Marlon Alexandr Ramírez Chacón, comandante de la 43 Brigada de Artillería de Campaña “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, que es una unidad táctica superior de gran relevancia para el sistema defensivo terrestre. Anteriormente fue el Segundo comandante y Jefe del Estado Mayor de la ZODI Miranda. Es el Nr. 115 de la promoción 1998.

José Sebastián Mota, comandante de la 81 Brigada Logística “GD Mariano Montilla”, con sede en el Fuerte Terepaima, municipio Palavecino, estado Lara. Pertenece a la promoción “Cnel. Vicente Campo Elías” 1998 de la que egresó en el Nr. 93 en orden de mérito.

Mario José Arana Araque, el 112 de su promoción 1998. Nicolás Maduro lo nombró en el 2024 comandante de la Brigada de Defensa Aérea Los Andes Nr. 79, unidad militar táctica adscrita al Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), abarcando los estados andinos Táchira, Mérida y Trujillo.

Oscar Lisandro Quevedo Quintero, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dependencia adscrita a la Inspectoría General de la Fuerza Armada. Anteriormente fue comandante de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial (BGHP). En el 2023 jefe de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada. Egresó de la Academia Militar del Ejército entre los primero, de Nr. 5, de la promoción “Cnel. Vicente Campo Elías” en 1998.

Darwin José Reyes Romero, en agosto 2023 Nicolás Maduro lo designó Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Zona Operativa de Defensa Integral N.º 23 (ZODI) Trujillo. Este Oficial de comando con trayectoria en regiones operativas estratégicas, egresó de Nr. 94 de la promoción 1998.

Luis Enrique Pinto Rosales, el Nr. 114 de la promoción 1998. En el 2023 es nombrado por Nicolás Maduro para que comande la 91 Brigada de Caballería Blindada e Hipomóvil “General de Brigada Pedro Pérez Delgado”.

Luis Alberto Moreno Coronado, Nr. 73 en orden de mérito de la promoción 1998. Desde septiembre 2024, bajo el régimen de Nicolás Maduro, fue nombrado presidente de la empresa estatal militar Neumáticos del Alba, S.A. (Neumalba, S.A.).

Edickson José Martínez Prato, el Nr. 116 de su promoción 1998; fue comandante de la Unidad Especial de Milicia de la Guardia de Honor Presidencial (UEMGHP), comandante de Medios de Milicia de la ZODI Carabobo, jefe del Comando de Zona de Milicia de la Región Central (CMMZ Carabobo), Director de la Escuela de Artillería y director del Centro de Adiestramiento de Combate (C.A.C.) Cacique Conopoima.

Marlon Rafael Hernández Barrios, asumió, el 5 de junio 2026, como comandante del Sexto Cuerpo de Ingenieros; anteriormente fue comandante de la 63 Brigada de Ingenieros de Construcción y Mantenimiento “General de Brigada Juan Aguerrevere y Echenique”. Fue el Nr. 69 en orden de mérito de la promoción 1997 “Cnel. Luis María Rivas Dávila”.

Johnnie Javier Arévalo Vargas, jefe del Puesto Comando del Ejército Bolivariano, Comandante de la 13 Brigada de Infantería “G/J Rafael Urdaneta Farías” del Ejército ubicada en el municipio Indígena Bolivariano Guajira, en el estado Zulia. Egresó de Nr. 15 en orden de mérito de la II promoción “General Rafael Urdaneta” del año 1995.

Tito Armando Gómez Ávila, es el Nr. 90 en orden de mérito de la II promoción “GJ José Antonio Páez” que egresó en 1994. Director de la Escuela de Tropas Profesionales “GJ José Félix Rivas” (Eftpejb) y director de la Escuela de Músicos Militares de la Fuerza Armada (Emmtpfanb). En el 2017 fue Viceministro de Producción Alimentaria del Ministerio de la Defensa. Después que Nicolás Maduro llegó al poder, y desde el 2014, Gómez tuvo cargos relacionados con el manejo de las empresas estatales de alimentos: Comando para el Abastecimiento Soberano (GMAS), Mercal, Pdmercal y Fundaproal.

Los de Brigada

Del grado de coronel fueron ascendidos a generales y recibieron su primer sol: Gustavo Gregorio Godoy Briceño, Jhan Frank Romero Dale, Ángel David Navas Rumbos, Juan Manuel Lugo Rivera, Jhobermar Antonio Escalona Yusti, Héctor José Castillo Riera, Ramón Ali Osorio Merchan, Jorge Luís Montilla Seijas, Helmer Miguel Prato Veloz, Luís Manuel Camargo Salazar, Nerio Enrique Schmilinski Dávila, Armind Josueth Salazar Álvarez, Germán Alexander Ojeda Moreno, Nico Emilio García Coro, Joel Antonio Alayon Poveda, Samuel Guillermo Testamarck Díaz.

También, William José Ortega Tejada, Luis Enrique Tovar Bastidas, Jhefferson Jesús Quiñones Chirino, Javier Paul Páez López, Martín Socrate Rodríguez Sotillo, Alexander De Jesús Torres Fernández, Eduan Wigerard Rodríguez Díaz, David Arnaldo Mendoza García, Ángel Jesús Molina Peña, Luis Argenis Rivero Delgado, Rafael Méndez Castillo y Rogelio Enrique Antúnez González.

El Gobierno de transición de Venezuela inspeccionó 51.124 edificaciones después del doble terremoto del 24 de junio, una revisión técnica que permitió clasificar inmuebles seguros, en observación y con alto riesgo, mientras continúan la reparación de viviendas y la atención a miles de damnificados.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien también dirige la comisión presidencial encargada de evaluar la habitabilidad de las infraestructuras, informó que el 58% de los inmuebles revisados recibió etiqueta verde, condición que autoriza su ocupación. Otro 23% quedó bajo etiqueta amarilla, categoría que exige alerta y nuevas revisiones, mientras el 18% fue marcado con etiqueta roja por el nivel de peligro detectado.

El operativo contó con 3.071 inspectores, desplegados para examinar edificios en distintas zonas del país tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. La tarea buscó determinar qué estructuras podían seguir en uso, cuáles requerían controles adicionales y cuáles debían quedar desocupadas.

La emergencia también golpeó al sector habitacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el jueves que las autoridades ya repararon más de 13.000 viviendas afectadas por el desastre. El último balance oficial elevó a 41.624 la cantidad de hogares perjudicados.

Dentro de ese plan de respuesta, Rodríguez afirmó que en una semana reciente el programa oficial benefició a más de 2.000 personas, entre familias que recibieron una vivienda y otras que pudieron regresar a sus casas tras obras de recuperación. La funcionaria presentó ese balance durante un encuentro con juntas de condominio del municipio Sucre de Caracas, una de las zonas alcanzadas por el impacto del terremoto.

El Ejecutivo también puso en marcha un esquema de financiamiento para facilitar soluciones habitacionales. La banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas, con un subsidio estatal de 80% para inmuebles de hasta USD 70.000. Para propiedades con valores superiores a esa cifra y de hasta USD 100.000, la ayuda oficial cubrirá 50% del costo.

Esa política aparece como una alternativa para familias que perdieron su vivienda o que todavía no pueden volver a ocuparla por daños estructurales. A la vez, el Parlamento venezolano aprobó una nueva ley de arrendamiento con el objetivo de estimular el mercado inmobiliario después de los sismos y ampliar las opciones de acceso a una vivienda.

La recuperación también alcanzó instalaciones estratégicas. A 45 días del desastre, continúan las obras en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país. Rodríguez señaló que el Gobierno trabaja en la apertura de un “aeropuerto temporal”, aunque no precisó una fecha para su habilitación.

Según el balance oficial citado en la información disponible, el doble terremoto dejó más de 6.000 muertos y más de 16.000 heridos, además de decenas de miles de viviendas afectadas. A ese cuadro se sumó la estimación del Banco Mundial, que calculó en USD 19.600 millones los daños físicos directos causados por los sismos. El organismo advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década.

(Con información de EFE)

En cuestiones de moralidad interactiva cómo son los procesos de diálogo en Venezuela, en los que la mayoría de las predicciones desiderativas siempre han sido erróneas y siempre van a ser erróneas; la justicia y la democracia han sido bienes ilusorios de estos procesos y ningún resultado se ha aproximado remotamente a estas dos necesidades venezolanas. En una lectura más amena y pragmática de la historia fallida que surge de los diálogos, nos lleva a una muestra permanente de oportunidades perdidas en el mejor de los casos, pero, fundamentalmente, constituyen maniobras disuasorias, estrategias de ganar tiempo y búsquedas furtivas de legitimación. La interacción política y social en un sistema democrático concibe la justicia como un bien de gran valor. Quizás en Venezuela la conducta frente a la verdad y a la justicia en lo que va de este siglo se reduce al conocimiento de los casos y de una verdad que se expresa en el conocimiento popular pero siempre lejos de las instancias jurisdiccionales. Incluso si la aceptamos como parte de nuestra propia historia porque hicimos los mayores esfuerzos para abrir la investigación en la Corte Penal Internacional y para el procesamiento de Maduro, presentando informes y evidencia probatoria contundente, la justicia sigue operando sobre la base de la lentitud y la impunidad. Algunos sesgos de esta tendencia se encuentran hoy en perspectivas opuestas, de hecho, hubo posicionamientos sobre los procesos de la justicia internacional en los que han sido coincidentes las perspectivas de EUA y de las autoridades del régimen. En el antidemocrático siglo XXI venezolano, la persecución política, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales han sido las constantes, la conculcación de libertades y garantías fundamentales era la norma. Ahora, en perspectiva, podemos decir con mucho fundamento que el papel de la fiscalía de la CPI de ir rápido en algunos casos y muy lento en el caso venezolano deja muchas dudas en cuanto a la corrección ética de las acciones llevadas a cabo o no llevadas a cabo. No podemos dejar de lado muchas cosas, porque primero debemos preguntarnos cómo se ha descuidado tanto la justicia. No hay que ser un racionalista-analítico jurídico para sentir lo que sienten las víctimas y los familiares de las víctimas. No ha habido justicia. En la simple observación de la evolución de este proceso de “transición” vemos algo que hemos visto antes: hay uno (dos) que paga(n) (Nicolás Maduro-Cilia), pero otros integrantes tempranos en estas listas de las personas que conformaban la cadena de mando de la dictadura, especialmente en lo que respecta a la justicia de los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad, que parece que se les estuviera permitiendo una posibilidad de impunidad. Como que eso parecería ser el precio para alcanzar una semidemocracia o una democracia tutelada. Indudablemente, Maduro tiene mucho que responder ante la justicia y las víctimas, pero también muchos tienen muchas cosas que aclarar respecto a tantas cosas.

El análisis de una posible “democracia” sin justicia acompaña la “transición” y tiene como objetivo informar respecto a este proceso de comunicación de contenido e información relacionados con estimular las expectativas de millones de venezolanos. Un proyecto ético para la democracia en Venezuela debería basarse en la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición. El propósito de ello es orientar al sistema judicial respecto a un proceso específico o justificar un enfoque integral de acuerdo con el espíritu de la Constitución, las convenciones de derechos humanos y la ley. Por lo tanto, el nivel básico se considera clave para establecer una taxonomía de la racionalidad de los tipos de responsabilidad criminal que deben guiar la referida racionalidad de la justicia de los Derechos Humanos. Desde la perspectiva de los mismos, sería erróneo suponer que el líder original de la dictadura sea condenado por un tribunal o un jurado, pero que coautores, cómplices, encubridores, ejecutores e ideólogos evadan su responsabilidad, dada su funcionalidad en un proceso de transición. Esto no solo es ilegal, sino también inmoral. Este tema afecta la integridad de la democracia, le da un contenido vil y hace que sus bases sean absolutamente vulnerables. La necesidad de justicia implica examinar las acciones más relevantes, esperadas y dirigidas del sistema e iniciar acciones legales tras una interacción constructiva entre los exponentes de ideas opuestas, todos los actores del desarrollo democrático y aun las partes con desacuerdos morales. Es esencial recopilar una lista de estos posicionamientos y proteger los sistemas de justicia y el modo en que esta se desarrolla. Pero es absolutamente claro que no puede haber democracia sin justicia y no puede haber justicia si hay impunidad.

La justicia implica, en última instancia, comprender el orden de las interacciones con respecto a las acciones y el comportamiento de otros sistemas activos en la democracia, así como las acciones a escala global. Elegir la democracia con justicia exige liberarse de las limitaciones en el funcionamiento que pudiera tener el sistema, especialmente en lo que respecta al Estado de Derecho como valor fundamental y principio rector de la más plena vigencia del orden constitucional. Un país sin certeza jurídica es un país sin certeza económica ni política. Solo la justicia construye las mejores condiciones para la participación sistémica y representa, sin duda, una síntesis de razón y estructura suficientes. Pero si el contexto político considera dar prioridad a variables políticas que desajustan estos principios, el impacto histórico de esas ideas será extremadamente negativo y discrecional. Los diálogos se deben centrar en las acciones beneficiosas que resalten las perspectivas morales dentro de las interacciones. Ojalá en este diálogo inducido pronto se entreguen elementos que otorguen plena fe a la opinión pública para una pronta elección libre, justa y transparente. Ojalá la interacción en el diálogo sea fructífera y transparente. Ojalá se respeten los derechos políticos de todos los liderazgos políticos de Venezuela. Ojalá no haya ninguna forma de impunidad. Todo esto está inextricablemente ligado a la justicia que Venezuela no ha tenido hasta ahora.

Luis Almagro

Instituto CASLA

Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos pidieron el viernes, en la sede de la Cancillería en Caracas, que se permita el ingreso de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Venezuela con el objetivo de analizar las presuntas violaciones del Gobierno chavista a las normas que protegen la dignidad de las personas.

Andreína Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento en el que pidió también la autorización para que la Cruz Roja Internacional pueda acceder a las cárceles del país y verificar las condiciones de detención. “Queremos que la Cruz Roja y la CIDH puedan constatar las violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos”, afirmó Baduel a los medios presentes.

Baduel, hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió como preso político en 2021, solicitó además el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU. En ese sentido, subrayó que este equipo de Naciones Unidas solicitó visitar Venezuela para “constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido”.

El documento presentado por el CLIPP incluyó cinco solicitudes, entre las que destaca que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos para la visita de la CIDH, así como la cooperación con la misión independiente de la ONU. Además, pide que el Comité Internacional de la Cruz Roja obtenga autorización para acceder regularmente a los centros de detención y evaluar condiciones de “salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica” de las personas privadas de libertad.

Finalmente, el texto reclama establecer un mecanismo de comunicación directa entre el CLIPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre “muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidas”.

La organización no gubernamental solicitó a su vez a la Cancillería de Venezuela que “asuma un rol activo” en la implementación de la Ley de Amnistía, la cual establece un período de 27 años desde 1999, año en que el chavismo accedió al poder. Sin embargo, la ONG advirtió que la norma solo contempla la amnistía para personas relacionadas con 13 hechos ocurridos en igual número de años, lo que deja fuera otros períodos y casos vinculados a operaciones militares y delitos adicionales.

En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que al menos 51 presos comunes murieron en Venezuela entre abril y julio de 2026, según el conteo publicado el viernes. El pasado martes, el OVP detalló que algunos de los fallecidos “padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.

La organización Foro Penal, referente en la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que 382 personas continúan encarceladas por motivos políticos en el país. Entre los detenidos, cuatro casos fueron reportados recientemente, aunque la ONG no ofreció detalles sobre estas situaciones.

Según el balance difundido por Foro Penal en X, con corte al 3 de agosto, 356 hombres y 26 mujeres permanecen privados de libertad, de los cuales 222 son civiles y 160 militares. El informe señala que se desconoce el paradero de una persona.

El reporte precisa que 40 de los detenidos son extranjeros. Además, el balance indica que 158 personas cumplen condena, mientras 224 esperan sentencia en procesos judiciales relacionados con causas políticas.

(Con información de EFE)

La justicia de Venezuela otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni, según comunicó su familia este viernes, tras más de 15 años de proceso judicial y restricciones en uno de los episodios más controvertidos del sistema judicial venezolano.

“Importante, en la tarde de hoy mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de libertad plena y cierre total del caso contra la jueza María Laura Afiuni. Ella, junto con mi madre, están en la clínica y me dirijo a casa de mis padres para obtener la notificación y publicarla”, dijo el hermano de la jueza, Nelson Afiuni, en su cuenta de X.

La decisión, según el comunicado familiar, puso fin de manera definitiva al expediente y restituyó la libertad de la magistrada, cuya situación estuvo atravesada por detenciones, medidas sustitutivas y limitaciones a sus derechos durante más de una década.

María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras conceder la libertad bajo fianza a un banquero y se convirtió en un símbolo de las represalias dentro del sistema judicial en Venezuela.

En ese momento, el entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente la condena máxima de 30 años de prisión y acusó a la magistrada de facilitar la fuga del empresario, que abandonó el país tras su liberación.

Afiuni permaneció en prisión dos años y, posteriormente, fue trasladada a arresto domiciliario por problemas de salud. Esa situación se prolongó hasta 2013, cuando obtuvo libertad condicional.

Desde entonces, su vida quedó marcada por restricciones: no podía salir de la ciudad ni comunicarse con la prensa o en redes sociales; estaba impedida de votar, obtener pasaporte y ejercer derechos políticos. En 2019, la justicia le impuso una condena de cinco años por “corrupción espiritual”, cargo que, según la propia fiscalía, no implicó ningún beneficio económico para la jueza.

La familia de Afiuni y su defensa legal, encabezada por su hermano Nelson Afiuni y la abogada Thelma Fernández, comunicaron que la resolución cerró “un largo y doloroso capítulo”, marcado, según su versión, por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

El caso de Afiuni fue señalado internacionalmente como muestra de la falta de separación de poderes y del uso del sistema judicial como mecanismo de represalia. La ONU calificó el procedimiento como arbitrario y denunció reiteradas violaciones al debido proceso.

La familia aseguró que la clausura definitiva del expediente no logró reparar el sufrimiento ni los daños ocasionados durante más de una década de restricciones y persecución.

A la situación judicial se sumó en los últimos días la preocupación por la salud de Afiuni. Sus familiares informaron que la jueza padece tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo y requiere atención médica inmediata. Esta condición motivó la petición de cierre definitivo del caso, presentada la víspera por la familia ante las autoridades venezolanas.

En el comunicado, los allegados de Afiuni agradecieron a quienes acompañaron la causa durante los años de proceso y destacaron la firmeza de quienes apoyaron la restitución de la independencia judicial.

Además, expresaron que la noticia se recibió como el fin de una etapa signada por el aislamiento, la vigilancia constante y la imposibilidad de ejercer derechos básicos.

(Con información de AFP y EFE)

El Gobierno venezolano y una delegación opositora celebraron este viernes en Caracas la segunda reunión del primer ciclo de diálogo sobre la transición política del país, en un proceso que excluye a las figuras opositoras María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y que cuenta con el respaldo explícito de Washington.

El encuentro se desarrolló en un hotel de la capital venezolana con acceso restringido para la prensa: solo se permitió el ingreso de fotógrafos, sin que ninguna de las partes ofreciera explicaciones sobre esa limitación, al igual que ocurrió en la sesión inaugural del jueves.

Las conversaciones están encabezadas por el chavista Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno y hermano de la mandataria Delcy Rodríguez, y por la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y viajó desde España a Venezuela el miércoles para participar en el proceso. Ambas delegaciones suscribieron, en un comunicado conjunto difundido en redes sociales, principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de una solución política, pacífica, democrática y constitucional.

También acordaron igualdad política en la mesa, cumplimiento verificable de compromisos y protección de los derechos humanos y políticos “de todas las fuerzas”. Las partes fijaron el 12 de agosto como fecha límite para este primer ciclo, cuya metodología y agenda temática quedaron definidas en la reunión inaugural celebrada en la base aérea La Carlota, en Caracas.

La delegación opositora está integrada, además de Figuera, por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza. El chavismo está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su apoyo al proceso mediante un comunicado en el que calificó el inicio de las negociaciones como “una oportunidad única” para alcanzar resultados concretos. La administración del presidente Donald Trump señaló que las conversaciones forman parte de un plan de tres fases orientado a lograr una transición hacia elecciones democráticas en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

Washington sostuvo que el proceso puede contribuir a ampliar las libertades políticas, atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y construir “un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”. “Instamos a todas las partes interesadas a apoyar este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos”, concluye el comunicado.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) proponen que el proceso de reconstrucción tras los devastadores terremotos del 24 de junio, se apoye principalmente en los insumos producidos por los empresarios nacionales.

Industriales y constructores locales plantean “producir primero en Venezuela”, partiendo del principio de que son quienes “cuentan con la capacidad operativa, experiencia en el negocio, canales de distribución y calidad de servicio” para avanzar con la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico.

Los representantes de Conindustria y la CVC expusieron esta idea en una reunión con la coordinadora de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Tomiris Useche. “Los recursos que se utilicen en esta fase deben basarse en una lógica irrenunciable: darle preponderancia y preferencia a la producción nacional, que es de donde debe salir la mayoría de lo necesario para reconstruir nuestro país”, enfatizó Lawrence Dow, segundo vicepresidente del gremio de los constructores.

El Banco Mundial (BM) calcula que el cataclismo dejó daños materiales por el orden de los 19 mil 600 millones de dólares.

“Con los niveles actuales de inversión pública y privada, la reconstrucción requeriría, en gran medida, redirigir recursos de otros proyectos de inversión. En este escenario, la reconstrucción permanecería incompleta durante un horizonte de diez años, con efectos negativos duraderos sobre la actividad económica. En contraste, un esfuerzo de reconstrucción más acelerado, respaldado por una mayor inversión pública y privada, mitigaría el impacto económico y social de los terremotos”, subraya el análisis del BM.

Rápido

Conindustria y CVC afirman que en el país existen “más de 200 leyes restrictivas” que obstaculizan el flujo de inversiones para la reconstrucción. “Ante la inviabilidad de reformar individualmente” cada uno de esos textos, sugieren aprobar “una normativa transitoria que sea un ‘puente’ entre la legislación existente y la deseada”.

Ese “puente” serviría para “destrabar la economía, con estímulos fiscales y parafiscales, simplificando trámites administrativos, flexibilizando el acceso al crédito de las empresas y que también facilite a los ciudadanos adquirir o alquilar viviendas en corto plazo y con condiciones favorables para las partes”.

Los empresarios advierten que “sin un marco legal ajustado a las dimensiones de la tragedia, la recuperación no logrará materializarse oportunamente”, al tiempo que también destacaron la necesidad de alcanzar la “reinstitucionalización del país” con el fin de “superar los múltiples obstáculos que hoy continúan frenando el crecimiento sostenido del sector industrial”.

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en noviembre y Consejo Nacional Electoral (CNE) en diciembre. Ese sería parte del cronograma del proceso de negociación que inició formalmente este jueves 6 de agosto en Caracas, según la jefa de la delegación de la oposición, Dinorah Figuera.

El sábado primero de agosto los representantes del gobierno chavista y la oposición presentaron la agenda que guiará las conversaciones, la cual consta de tres puntos: atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia, y derechos y garantías políticas.

Aunque no han ofrecido mayores detalles sobre el temario, Figuera ya le puso fecha a una cuestión clave: La renovación del TSJ y el CNE, instituciones controladas por el oficialismo que ejercieron un rol fundamental en el fraude electoral denunciado por la oposición el 28 de julio de 2024, cuando proclamaron ganador a Nicolás Maduro sin publicar las actas de escrutinio que sustentaran el resultado.

En la actualidad, los poderes Judicial y Electoral están siendo presididos por dos ex dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos totalmente identificados con Maduro y su esposa Cilia Flores, hoy presos en Nueva York tras ser capturados por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero.

Reconocimiento

El Parlamento encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, había iniciado la discusión para reformar el TSJ. De hecho, aprobó una ley que redujo de 32 a 20 el número de magistrados que conforman la Sala Plena. Sin embargo, el debate se paralizó y ahora ese asunto se trasladó a la instancia de negociación, que promueve el Departamento de Estado.

“Estas conversaciones directas representan una oportunidad única. Aplaudimos los esfuerzos destinados a atender las necesidades urgentes de las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, declaró el portavoz del despacho de Marco Rubio en el marco del primer intercambio presencial en Caracas entre chavistas y opositores.

Si el refrescamiento de estos organismos pavimenta el camino hacia las elecciones, luego tocará definir quiénes pueden transitar la ruta. La oposición incluye entre sus reclamos levantar las inhabilitaciones políticas que afectan a figuras como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, permitir el retorno de los exiliados y revertir los fallos judiciales que arrebataron a los partidos sus símbolos.

Las partes anunciaron que se mantendrán en sesión permanente hasta el miércoles 12 de agosto y se comprometieron a desarrollar una “negociación de buena fe” con “reconocimiento y respeto recíproco”, algo que prácticamente jamás ha existido entre estos dos adversarios políticos en los últimos 27 años.

“Nueva fase de diálogo entre venezolanos. Entendimientos y encuentros para atender los problemas y asuntos prioritarios del pueblo. La prosperidad de Venezuela es nuestra gran coincidencia”, expresó el diputado y miembro de la delegación oficialista Jorge Arreaza, dando la bienvenida al enésimo intento de negociación entre chavistas y opositores, aunque este proceso tiene un factor que lo distingue de los anteriores: la participación directa de Washington.

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado lamentó la muerte del preso político venezolano-uruguayo José Breijo, un septuagenario que cumplía arresto domiciliario en Caracas, y responsabilizó al Gobierno de su fallecimiento.

“Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen. Hoy lamentamos profundamente la muerte de José ‘Pepe’ Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años, quien falleció tras sufrir el horror del secuestro y la injusticia”, dijo Machado en un mensaje en X.

Además, señaló que el arresto domiciliario de Breijo era una “forma de cautiverio”.

Más temprano, el Comité de Derechos Humanos de su partido Vente Venezuela (VV) publicó un comunicado publicado en X en el que señaló que la responsabilidad de la muerte de Breijo “recae plenamente sobre el régimen, que lo privó arbitrariamente de su libertad en el año 2023 bajo el absurdo e infundado señalamiento de ‘terrorismo’”.

Además, denunció que Breijo permaneció más de dos años detenido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, donde sufrió “desnutrición severa, perdiendo más de 50 kilos de peso, y un deterioro irreversible de su salud, especialmente de su sistema respiratorio”.

El comité recordó que, el pasado mayo, cuando regresó a su casa en la capital luego de que le otorgaran arresto domiciliario, Breijo “descubrió que uno de sus propios captores, un funcionario del GOES (Grupo de Operaciones Estratégicas), había invadido y desvalijado su apartamento”.

“Todas estas arbitrariedades destruyeron progresivamente la vida de José Breijo y lo condujeron a una muerte que pudo y debió evitarse”, expresó el comité, que exigió una investigación independiente.

El pasado 27 de mayo, Breijo, detenido luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes, logró recuperar su vivienda pero sin ningún tipo de mobiliario.

Breijo dijo entonces a EFE que a la medianoche de ese día un hombre llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

En la vivienda solo había una mesa, un mueble y una nevera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, así como una cama donada por sus vecinos.

El 28 de mayo fue trasladado a un centro de salud para tratar diversas dolencias, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.

Ese mismo mes el régimen informó de la muerte, ocurrida en julio de 2025, del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el 17 de mayo de este año.

(Con información de EFE)

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), promovió este jueves que haya “avances reales” en el diálogo entre el chavismo y un sector opositor, que inició formalmente esta semana y en el que no participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

“Nuestro compromiso estará con todo esfuerzo que produzca resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país”, indicó la PUD en un comunicado publicado en X.

En este contexto, subrayó que el “cese de la persecución política”, el regreso de los exiliados y la restitución de los derechos civiles y políticos son “condiciones indispensables para avanzar hacia una verdadera reconstrucción nacional”, que además “exige instituciones legítimas y eficaces”.

La PUD prometió trabajar por una “transición democrática, constitucional, pacífica y sostenible que permita reconstruir el país y abrir un futuro de libertad, justicia y prosperidad para todos”.

En este diálogo, no participan Machado ni González Urrutia, quienes lideran la PUD, pero algunos de los partidos que integran el bloque, como Voluntad Popular y Primero Justicia, han respaldado las conversaciones, que encabezan por el chavismo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por el grupo de opositores la ex diputada Dinorah Figuera.

Machado y González Urrutia, quienes propusieron en mayo una negociación “seria” con el régimen y con el acompañamiento de EE.UU. para “restaurar la democracia”, dijeron recientemente que no serán “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.

Ambos aclararon que evaluarán el proceso “con base en logros concretos y verificables”, entre los que mencionaron “la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones” y “un cronograma electoral presidencial oportuno”.

Este jueves, en su primera reunión presencial, celebrada en la base aérea La Carlota de Caracas, las delegaciones acordaron mantener un primer ciclo de conversaciones hasta el próximo 12 de agosto, además de definir la metodología y las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán.

El encuentro concluyó con un comunicado conjunto, en el que ambas partes informaron que acordaron la metodología de trabajo, los ciclos de negociación y los principios que servirán de base para el proceso.

Según el documento, las delegaciones permanecerán en sesión permanente durante el primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto. Al finalizar esa etapa se evaluará la continuidad de la plenaria, tomando en cuenta el desarrollo de los trabajos y los resultados alcanzados.

Uno de los principales avances de la jornada fue la adopción de un marco de principios compartidos que, de acuerdo con el comunicado, deberá orientar toda la negociación. Entre ellos figuran la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela, una solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto mutuo entre las partes.

El texto también incorpora compromisos sobre igualdad política y trato paritario en la mesa de negociación, el cumplimiento verificable de los acuerdos que se alcancen y la protección tanto de los derechos humanos como de los derechos políticos de todas las fuerzas participantes.

Asimismo, las delegaciones señalaron que informarán de manera oportuna a la población sobre los avances que se produzcan durante las conversaciones, con el propósito de mantener seguimiento público del desarrollo del proceso.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera, calificó la instalación de la mesa como el inicio de una nueva etapa política.

“Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

La dirigente agregó que “estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, al referirse al comienzo formal de las conversaciones.

(Con información de EFE)

El inicio de una nueva mesa de diálogo en Venezuela volvió a dejar en evidencia las restricciones que enfrentan los periodistas para cubrir hechos de interés público. La reportera Deisy Martínez, del medio Efecto Cocuyo, denunció que seis funcionarios armados y vestidos de negro la interceptaron cuando salía de La Carlota, sede del encuentro al que previamente habían sido convocados medios de comunicación. Según la denuncia, los funcionarios revisaron su teléfono, borraron imágenes, la intimidaron y fotografiaron su carné de identificación.

Martínez informó que los participantes del diálogo se reunieron sin presencia de la prensa. Solo se permitió el ingreso de fotógrafos, a quienes se les impidió usar sus teléfonos durante el acto para evitar la grabación de videos. Ante la negativa de acceso al salón de convenciones donde estaban las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, los periodistas se ubicaron cerca de la carpa instalada en el Parque Simón Bolívar, dentro de la Base Aérea La Carlota.

El lugar elegido para la instalación de la mesa no es menor. La Carlota ocupa unas 103 hectáreas en Altamira, al este de Caracas, y alberga instalaciones de la Aviación Militar Bolivariana. Por su ubicación y conexión directa con la autopista Francisco Fajardo, rebautizada por el chavismo como Gran Cacique Guaicaipuro, se trata de un punto estratégico de control político, militar y logístico.

En ese mismo complejo se encuentra el Parque Simón Bolívar, un espacio público de unas 12 hectáreas que ocupa parte del antiguo aeropuerto y conecta, mediante una pasarela sobre la autopista, con el Parque del Este, denominado oficialmente por el chavismo Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

En el marco de la Operación Resolución Absoluta, cuando fuerzas militares de Estados Unidos extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano, blancos militares de La Carlota, incluyendo la Comandancia de la Aviación, recibieron el impacto de bombardeos, principalmente en el lugar donde se encontraban los sistemas de defensa antiaérea y vehículos militares.

El episodio ocurre en medio de señalamientos persistentes contra los cuerpos de seguridad venezolanos por su actuación frente a medios y trabajadores de la prensa. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), lo sucedido contradice las garantías democráticas que el proceso de diálogo dice promover.

Nada cambia

De acuerdo con el SNTP, los funcionarios obligaron a Martínez a entregar su teléfono, revisaron el contenido, eliminaron las imágenes captadas durante la cobertura y registraron su identificación. La organización consideró grave que el comienzo del diálogo estuviera marcado por restricciones a la cobertura y por el hostigamiento a una periodista.

“Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre, seguro y sin discriminación”, señaló el SNTP en su pronunciamiento.

La denuncia también incluyó un dato especialmente sensible: durante el procedimiento, los funcionarios discutieron por radio si debían trasladar a la periodista a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Finalmente, recibieron la orden de dejarla ir, según informó el gremio.

La DGCIM está presidida por el contralmirante Germán Edoardo Gómez Lárez, señalado como primo de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Fue designado al frente del organismo el 18 de marzo de 2026, después de ocupar cargos en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y en Bolivariana de Puertos. Nicolás Maduro Moros lo nombró, en septiembre de 2023, presidente del INEA y, en septiembre de 2024 lo designó presidente de Bolivariana de Puertos SA (Bolipuertos) así como jefe de la Junta Interventora de los puertos del país.

El contralmirante mantenía relación con la DGCIM desde hacía años. El capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero le dijo a Infobae, en junio de 2023, que lo identificó como uno de los funcionarios que, en el 2019, lo torturó luego de ser secuestrado por hombres armados y encapuchados en una pizzería, frente a su esposa embarazada y a su hija, en el 2019. Identificó plenamente a Gómez, quien fue su compañero en el pelotón en la Escuela Básica de la Fuerza Armada en Maracay.

La prensa como objetivo

El patrón de presión sobre periodistas y medios independientes ha sido documentado por distintas organizaciones. Un Mundo Sin Mordaza registró, en su informe sobre el primer trimestre de 2025, 231 casos que derivaron en 302 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre ellas detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones, bloqueos digitales y confiscación de equipos.

La organización también advirtió sobre el avance de la censura digital, con bloqueos por TCP/IP, UDP, DNS y HTTP que afectan el acceso a medios independientes y limitan el derecho colectivo a estar informado.

Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, expresó solidaridad con Martínez y con Efecto Cocuyo. La organización sostuvo que interceptarla sin flagrancia ni orden judicial vulnera garantías constitucionales, y que revisar su teléfono y borrar imágenes constituye una forma de intimidación contra el derecho a la información.

Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, cuestionó la opacidad del proceso. “Una mesa de entendimiento en la que los periodistas no tienen acceso a las partes, ni para el saludo oficial. Es parte de la opacidad que caracteriza a los autoritarismos”, publicó.

El contexto de restricciones se suma a las advertencias formuladas por el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos, que en 2023 sostuvo que las reformas institucionales del gobierno venezolano eran superficiales y contribuían a un marco de impunidad que obstaculizaba la rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional.

Condiciones necesarias

Horas antes del incidente con la periodista Martínez, el SNTP había difundido diez condiciones para que un proceso de transición pudiera avanzar hacia una democracia real, garantizando “legitimidad y capacidad para producir cambios duraderos” y que la ciudadanía esté informada con “fuentes públicas abiertas y participación en igualdad de condiciones en el debate público”.

Las diez condiciones que el SNTP había publicado antes de lo ocurrido con la periodista de Efecto Cocuyo, contemplan lo siguiente:

1) Libertad plena para quienes han sido perseguidos por expresarse. Cerrar causas arbitrarias, levantar medidas cautelares y eliminar restricciones impuestas por opiniones, denuncias o participación en asuntos públicos.

2) Fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos. Cesar la revisión de teléfonos, el ciberpatrullaje y el uso de información privada para perseguir opiniones o armar expedientes políticos.

3) Cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales. Autoridades y funcionarios deben dejar de señalar o amenazar, y no usar acreditaciones, trámites, fuentes oficiales o recursos públicos como premio o castigo.

4) Desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales. Restituir el acceso a portales, redes, mensajería y herramientas de privacidad. Toda restricción excepcional debe tener base legal y control judicial.

5) Transparencia y acceso efectivo a la información pública. Publicar datos y decisiones de interés público, responder solicitudes de información y abrir salas de prensa y vocerías sin discriminación.

6) Acceso igualitario a medios y espacios de comunicación. Garantizar a todas las corrientes de opinión acceso a medios públicos, privados y comunitarios en condiciones objetivas y no discriminatorias, especialmente en procesos electorales.

7) Restitución y sostenibilidad del ecosistema de medios. Revisar cierres, revocaciones y retención de equipos. Asegurar reglas transparentes para publicidad oficial y condiciones económicas que permitan medios plurales e independientes.

8) Reforma de las leyes e instituciones utilizadas para restringir la expresión. Derogar o reformar figuras como desacato, vilipendio e instigación al odio. Restablecer la independencia técnica de CONATEL y separar la regulación de telecomunicaciones del control de contenidos.

9) Transformación de los medios estatales en un servicio público plural: garantizar autonomía editorial, rendición de cuentas y representación de diversas voces. Diferenciar información de servicio público, comunicación gubernamental y propaganda.

10) Protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa. Crear mecanismos independientes de prevención, atención, investigación y reparación, y protocolos claros para la actuación de cuerpos de seguridad en coberturas de interés público.

En ese escenario, la denuncia por el hostigamiento a Martínez refuerza una contradicción central: mientras se anuncia un proceso de entendimiento político, la prensa independiente afirma seguir enfrentando controles, obstáculos y amenazas para cumplir su labor informativa.

Representantes del chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 dieron este miércoles el primer paso formal del nuevo proceso de diálogo político en Caracas al instalar la plenaria de negociaciones, aprobar el mecanismo de funcionamiento de las conversaciones y ratificar la agenda que orientará las discusiones en los próximos días.

El encuentro concluyó con un comunicado conjunto, en el que ambas partes informaron que acordaron la metodología de trabajo, los ciclos de negociación y los principios que servirán de base para el proceso.

Según el documento, las delegaciones permanecerán en sesión permanente durante el primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto. Al finalizar esa etapa se evaluará la continuidad de la plenaria, tomando en cuenta el desarrollo de los trabajos y los resultados alcanzados.

Uno de los principales avances de la jornada fue la adopción de un marco de principios compartidos que, de acuerdo con el comunicado, deberá orientar toda la negociación. Entre ellos figuran la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela, una solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto mutuo entre las partes.

El texto también incorpora compromisos sobre igualdad política y trato paritario en la mesa de negociación, el cumplimiento verificable de los acuerdos que se alcancen y la protección tanto de los derechos humanos como de los derechos políticos de todas las fuerzas participantes.

Asimismo, las delegaciones señalaron que informarán de manera oportuna a la población sobre los avances que se produzcan durante las conversaciones, con el propósito de mantener seguimiento público del desarrollo del proceso.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera, calificó la instalación de la mesa como el inicio de una nueva etapa política.

“Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

La dirigente agregó que “estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, al referirse al comienzo formal de las conversaciones.

La instalación del diálogo se produjo casi una semana después de la fecha inicialmente prevista para su inicio y siete semanas después del encuentro celebrado en Caracas entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, reunión que abrió el camino para la conformación de esta mesa de negociación.

El proceso cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos, que ha respaldado públicamente la iniciativa. Tras conocerse el inicio de las conversaciones, el Departamento de Estado sostuvo que el diálogo constituye “una oportunidad única” para atender necesidades urgentes del país.

“Aplaudimos los esfuerzos para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, expresó Washington en un comunicado.

La dependencia estadounidense también reiteró que mantiene su respaldo al proceso liderado por actores venezolanos, al considerar que forma parte del plan de estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición pacífica impulsado tras los acontecimientos ocurridos a comienzos de este año.

El sábado, Jorge Rodríguez y Figuera sostuvieron una conversación telefónica en la que definieron los asuntos prioritarios que serían incorporados a la agenda. Entre ellos figuran la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y la restitución de derechos y garantías políticas.

El nuevo diálogo se desarrolla siete meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero que derivó en la captura del ex dictador Nicolás Maduro y abrió un nuevo escenario político en Venezuela. Aunque la líder opositora María Corina Machado anunció que no participará directamente en las negociaciones, manifestó que no obstaculizará los acuerdos que representen avances concretos para la transición democrática.

El primer encuentro dejó establecidos los mecanismos de trabajo y un conjunto de principios compartidos que servirán de base para las siguientes rondas de conversaciones previstas en Caracas.

Las cifras oficiales de Venezuela sitúan en más de 6.000 los muertos por los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, pero el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez mantiene un silencio calculado sobre cuántas personas continúan desaparecidas. Mes y medio después de la catástrofe, nadie en el país sabe con certeza cuántos venezolanos siguen sepultados bajo los escombros.

El último informe gubernamental, difundido el lunes, contabilizó 6.125 fallecidos y 60.992 personas atendidas por servicios médicos desde el desastre. El documento añadió que 43.679 hogares resultaron afectados y que se retiraron 346.755 toneladas de escombros en las zonas más golpeadas, principalmente el estado La Guaira. En ningún momento el texto oficial mencionó una cifra de desaparecidos.

En Caraballeda, en la costa de La Guaira, decenas de voluntarios continúan cavando manualmente entre los edificios colapsados. Víctor Morales, carpintero de 50 años, busca desde el primer día a su nieto de 11 años, después de haber recuperado ya el cuerpo de su nieta de 13. “Vamos a seguir. Es mi nieto”, dijo entre lágrimas a la agencia France-Presse. “Llevamos aquí desde el primer día, cavando hasta la planta baja. Hasta que no lo encuentre, no voy a parar.”

Las estimaciones sobre el número de desaparecidos varían de forma extrema según la fuente. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, calculó en los días posteriores al sismo que más de 50.000 personas seguían sin localizarse, una cifra que calificó de “terroríficamente plausible” y que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) llegó a respaldar junto con el Comité Internacional de Rescate. Una fuente diplomática consultada por AFP relativizó ese número y situó la cifra real “en torno a 10.000 o más”, aunque reconoció que “es imposible saberlo con exactitud”.

A esa incertidumbre contribuye la falta de un censo poblacional actualizado en Venezuela, cuyo último recuento data de 2011. Las sucesivas crisis económicas y políticas del país impidieron levantar uno nuevo, lo que se suma a la reticencia habitual del Gobierno a difundir estadísticas demográficas o económicas, que solo publica en momentos que considera oportunos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, ofreció el 30 de junio una reconstrucción parcial: dijo que 30.000 personas se encontraban en la zona del desastre cuando ocurrieron los sismos, de las cuales 19.000 habían sido evacuadas o rescatadas, mientras la cifra de muertos rondaba entonces los 2.000. La resta deja unas 9.000 personas sin explicación oficial. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, ofreció el 3 de agosto un dato muy distinto, basado en un registro vecinal: 1.579 desaparecidos.

Ante el vacío informativo oficial, ciudadanos venezolanos crearon plataformas digitales para intentar localizar a las víctimas, aunque sus resultados también son dispares. El sitio Venezuela Te Busca reportó inicialmente 44.274 personas desaparecidas, de las que 17.790 seguían sin aparecer. La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela elevó la cifra a 44.418 personas, con 29.518 catalogadas como “incontactables”. Venezuelareports.org, por su parte, contabilizó 41.311 desaparecidos. La fuente diplomática citada por AFP resumió el problema: “No hay cifras fiables”.

El terremoto, el más potente registrado en Venezuela en más de un siglo, revive el fantasma de la tragedia de Vargas de 1999, cuando un alud de lodo provocado por lluvias torrenciales dejó unos 15.000 muertos o desaparecidos en la misma región costera y el Gobierno de entonces nunca ofreció un balance oficial. Investigadores de la Universidad Central de Venezuela documentaron pérdidas superiores a los 3.500 millones de dólares y la destrucción de más de 15.000 viviendas en aquel desastre.

Esteban Chala, voluntario argentino de rescate con años de experiencia en catástrofes, explicó a AFP que la situación no es inédita: “En desastres de esta magnitud, siempre ocurre que algunas personas no se encuentran y permanecen desaparecidas”. Fernando Bencomo, policía de 50 años, encendió un cigarrillo mientras un equipo especializado retiraba de las ruinas el cuerpo irreconocible de su hijo Fernando Antonio, estudiante de 21 años, junto con el de su perro. Localizarlo tomó 40 días. “Tenía toda la vida por delante”, dijo a AFP. “Desde el primer día he estado aquí buscando. No quería parar hasta que pudiera descansar en paz.”

Con cada cuerpo recuperado, la lista de desaparecidos se reduce en una persona, pero el balance de muertos sigue creciendo. Mientras el Gobierno venezolano evite publicar una cifra oficial de personas sin localizar, la magnitud real de la tragedia de junio permanecerá, como sus víctimas, bajo los escombros.

Estados Unidos manifestó este jueves su apoyo al inicio de las conversaciones presenciales en Caracas entre representantes del chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, al considerar que el proceso puede contribuir a una transición democrática, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia la estabilización del país.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado respaldó la llegada a Venezuela de la delegación encabezada por Dinorah Figuera para participar en la primera ronda de reuniones cara a cara con el chavismo.

La administración estadounidense calificó el inicio de las negociaciones como una oportunidad para alcanzar resultados concretos.

“Estas conversaciones directas representan una oportunidad única”, señala el texto. Asimismo, indicó que respalda los esfuerzos dirigidos a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto, ampliar las libertades políticas y construir “un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por venezolanos”, afirmó el Departamento de Estado, al sostener que las conversaciones forman parte del plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Además, exhortó a todos los sectores involucrados a respaldar las negociaciones para que produzcan avances tangibles.

“Instamos a todas las partes interesadas a apoyar este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos”, añadió el comunicado.

La instalación formal de la mesa de diálogo se produce siete meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense y mientras Delcy Rodríguez enfrenta presiones internacionales para avanzar hacia un proceso de apertura política.

La agenda anunciada por ambas delegaciones contempla temas relacionados con la atención a las víctimas de los terremotos, el fortalecimiento institucional, los derechos y garantías políticas y reformas orientadas a la reinstitucionalización democrática.

Figuera señaló previamente que los trabajos se desarrollarán durante varios meses y que será hacia diciembre cuando se presente el resultado formal de las negociaciones. También adelantó que entre los asuntos que serán discutidos figura la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Elecciones libres

Previo al inicio de las conversaciones, organizaciones de la sociedad civil realizaron una protesta frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional para exigir que uno de los primeros acuerdos sea la designación de nuevas autoridades electorales independientes.

Los manifestantes entregaron cartas dirigidas tanto a Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, como a Dinorah Figuera, en las que solicitaron un proceso de selección imparcial para renovar el CNE y garantizar la organización de elecciones presidenciales y parlamentarias con estándares democráticos.

Entre las demandas presentadas figuran el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, la legalización de todas las organizaciones partidistas, la actualización del registro electoral y la elaboración de un cronograma para futuros comicios.

El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, sostuvo que “la transición no puede esperar más” y afirmó que “es necesario un cambio político” para poner fin al “Gobierno autoritario”. También reclamó la liberación de los presos políticos y el desmantelamiento del aparato represivo.

Por su parte, la socióloga Emma Salazar expresó que espera que las conversaciones permitan “un cambio de verdad”, se desarrollen “de forma pacífica” y no se conviertan en “diálogos estériles”. Además, pidió revisar las inhabilitaciones políticas, incluida la que afecta a María Corina Machado, y sostuvo que “debe cesar la persecución”.

Garantizar la libertad de expresión

En paralelo al inicio de las negociaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) presentó un documento con diez propuestas que considera indispensables para que el proceso desemboque en una transición democrática con garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales.

Entre sus principales solicitudes figura la liberación de las personas que considera perseguidas por expresar sus opiniones, el fin de la vigilancia y la revisión de dispositivos electrónicos, el cese del ciberpatrullaje y del uso de información privada para perseguir ciudadanos.

El sindicato también pidió poner fin a las represalias contra medios y periodistas por razones editoriales, desbloquear plataformas digitales y garantizar el acceso a la información pública. Asimismo, propuso reformar las normas que, a su juicio, restringen la libertad de expresión, fortalecer el pluralismo en los medios estatales y establecer mecanismos efectivos de protección para periodistas y trabajadores de la prensa durante el proceso de transición.

Propietarios de edificios afectados por el doblete sísmico en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, solicitan al gobierno interino de Delcy Rodríguez la aprobación de un marco regulatorio especial para los condominios, con el fin de suspender inmediatamente los cobros ordinarios y ejecuciones en los urbanismos que presentan daños severos.

“La anarquía de las juntas de condominio agrava la tragedia de los damnificados”, señala el vocero de un grupo de vecinos que prefiere resguardar su identidad. Destaca que sobrevivientes de los terremotos que el 24 de junio golpearon la región centro-norte de Venezuela, no solo deben enfrentar el duelo por la pérdida parcial o total de su patrimonio, sino que también tienen que lidiar con el “acoso sistemático” de algunas juntas de condominio.

“Lejos de mostrar empatía o solidaridad ante una catástrofe natural, varias juntas han desatado una campaña de presión agresiva para exigir pagos de cuotas ordinarias, gastos comunes y presuntas deudas acumuladas previas y posteriores” al cataclismo que destruyó decenas de torres residenciales en el litoral central venezolano.

Sin razón

La fuente cuestiona que “exigen pagos de mantenimiento para áreas comunes que ya no existen, no pueden usarse o pertenecen a edificios condenados a la demolición”. Además, rechaza que “pretendan obligar a los copropietarios a financiar estudios técnicos e inspecciones privadas por cuenta propia, sin consenso en asambleas válidas ni regulación”.

Destaca el comportamiento de las “juntas de condominio éticas, que decidieron congelar cuentas y cuotas a la espera de un marco regulatorio oficial”, en contraste con aquellas que actúan “con absoluta arbitrariedad”.

“Resulta insólito e inhumano que a una persona que no puede entrar a su casa porque el edificio se va a caer, o que vio su apartamento colapsar, se le pretenda cobrar como si viviera en un condominio plenamente funcional”, observa.

El denunciante sostiene que las juntas de condominio que proceden de esta manera están violando las leyes venezolanas y recuerda: “La cuota de condominio existe para sufragar la conservación de bienes compartidos. Si el bien no es habitable ni requiere mantenimiento ordinario, el cobro carece de causa legal”.

De la prisión política a la muerte. El ex preso político uruguayo-venezolano José Breijo, de 71 años, falleció la madrugada de este 6 de agosto, informó el periodista Carlos Julio Rojas, también antiguo preso político del régimen chavista.

Breijo fue detenido en 2023 e imputado por terrorismo. Las autoridades sustentaron una acusación tan grave señalando que el cocinero había tomado una fotografía de una bandera con inscripciones árabes.

El estandarte se encontraba en la oficina de un supuesto grupo islamista en Caracas, y Breijo presuntamente trató de vender la imagen para costear un tratamiento de salud, según reseñó la página Montevideo Portal.

El hombre murió sin recuperar jamás su libertad plena. A finales de mayo de este año, en el marco de la amnistía decretada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, salió de la cárcel, pero con una medida de arresto domiciliario.

Invadido

Cuando retornó a su apartamento, arrastrando graves problemas de salud, se encontró que había sido tomado de forma irregular por un policía y terminó durmiendo por unos días en los pasillos del edificio. Al final, la Defensoría del Pueblo intervino y las autoridades le devolvieron su inmueble.

Al anunciar su deceso, Rojas subrayó que Breijo fue “acusado injustamente de terrorismo” y pasó “más de dos años secuestrado en (la cárcel de) Tocuyito en condiciones inhumanas”.

“La dictadura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez le negó hasta su último aliento la anhelada libertad, ‘Pepe’ eres un mártir y nuestro mayor homenaje es luchar hasta recobrar la democracia en Venezuela”, expresó el activista y secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas.

Breijo llegó a Venezuela en 1979. Tenía un hijo en Buenos Aires que quiso venir a verlo tras su excarcelación, pero su padre le pidió que no lo visitara por temor a que fuera detenido en territorio venezolano, reportó la agencia EFE.

El hombre que pesaba más de 100 kilos al momento de su captura, abandonó la prisión con poco más de 60 kilos y un edema doble pulmonar.

El último balance presentado este 3 de agosto por la ONG Foro Penal indica que en el país aún existen 382 presos políticos. De ese total, cuarenta tienen nacionalidad extranjera, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.

Los daños provocados por el doble terremoto de junio en Venezuela amenazan con interrumpir el servicio educativo de 18.727 jóvenes si no se reparan los 31 espacios críticos de la red de escuelas de Fe y Alegría antes del próximo período académico, previsto para septiembre, según advirtió la organización.

“18.000 estudiantes pueden quedar afectados sin clases si no logramos arreglar esos centros educativos”, señaló el director general, el padre José Gregorio Terán, durante una conferencia de prensa. Indicó además que casi 1.700 personas trabajan en esos centros.

Aclaró que, aunque “ninguna de las escuelas se desplomó, los daños son considerables”.

Hasta ahora, han conseguido presupuestar la recuperación de solo 14 centros, con un monto de 1,25 millones de dólares, por lo que Terán hizo un llamado a la colaboración de la comunidad venezolana e internacional.

“Eso no lo tenemos y por eso el llamado a los donantes”, expresó Terán, quien también informó que los sismos dañaron las viviendas de al menos 715 estudiantes y 288 trabajadores, quienes “hoy no tienen techo”.

Terán consideró que la reconstrucción debe enfocarse tanto en la infraestructura como en el fortalecimiento de las capacidades, la sociedad y las instituciones.

“Venezuela no es solo petróleo, Venezuela es su gente y en la medida en que logremos que nuestra gente esté formada, comprometida y fortalecida, reconstruiremos país”, explicó.

Fe y Alegría desarrolla proyectos para financiar las reparaciones y restablecer los servicios de saneamiento e higiene, además de ofrecer becas para evitar que la pobreza y el desastre provoquen deserción escolar.

Terán informó que hubo una docente fallecida y 31 estudiantes muertos, de los cuales 30 asistían a la institución Simón Bolívar en Caraballeda, una de las áreas más afectadas en la región de La Guaira, cercana a Caracas.

El director de esa escuela, Leonardo Suárez, detalló que se trataba de jóvenes desde “preescolar hasta estudiantes que estaban a punto de egresar como técnico medio en aduana”.

“Nuestras familias siguen sufriendo, emocionalmente están bastante afectadas, algunas con mucho miedo, ansiedad y preocupación”, afirmó.

La coordinadora nacional de Ciudadanía, Yameli Martínez, remarcó la necesidad de “apoyar mucho en el ámbito psicoemocional y formar mucho en gestión de riesgos” en las escuelas.

Martínez indicó que están preparando el nuevo año académico, evaluando diferentes modalidades, como la semipresencialidad o la reubicación de alumnos en otras instituciones.

Los sismos provocaron al menos 6.125 muertes, más de 16.700 heridos, alrededor de 18.000 personas sin hogar y daños materiales valorados por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares.

El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, reanudó este miércoles sus operaciones de carga internacional tras la llegada de un vuelo procedente de Panamá, luego de haber estado inoperativo desde el 24 de junio por los daños ocasionados por el doble terremoto.

El Ministerio de Transporte comunicó a través de X que este reinicio corresponde al proceso de restablecimiento progresivo de la terminal aérea, que aún no cuenta con vuelos comerciales.

El pasado viernes, el Ministerio informó sobre la reapertura gradual del aeropuerto con el objetivo de “garantizar la reanudación progresiva de los servicios”.

El Simón Bolívar, que tuvo daños en su infraestructura tanto en la pista como en la terminal, se ubica en la región de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

Desde ese momento, varias aerolíneas trasladaron sus operaciones a Valencia, capital del estado Carabobo, localizada a 172 kilómetros de Caracas por carretera.

El 6 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país prevé retomar próximamente algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto Simón Bolívar, aunque no precisó la fecha para esa reanudación.

Dos días antes, Rodríguez también comunicó el inicio de una alianza internacional para la recuperación de la terminal, sin detallar los actores involucrados.

El doble terremoto ha provocado al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados, conforme a datos oficiales.

Copa Airlines anunció vuelos directos a la venezolana Isla Margarita

En otro orden, la aerolínea Copa Airlines informó el inicio de vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá y el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño en la Isla de Margarita, Venezuela.

Los vuelos tendrán tres frecuencias semanales —martes, jueves y domingos— a partir del 26 de noviembre.

El presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, declaró: “En Copa Airlines creemos que una mayor conectividad genera más oportunidades para las personas, empresas, comunidades y el desarrollo económico de nuestra región”.

Añadió que la integración de Porlamar a la red de destinos “nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos”.

Porlamar, ubicada cerca del aeropuerto, es el principal núcleo comercial y turístico de la Isla de Margarita, una zona con cerca de 500.000 habitantes reconocida por sus playas, gastronomía y riqueza cultural, según datos de la aerolínea.

La ONG Foro Penal informó que 382 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según el balance publicado con fecha de corte del 3 de agosto. La institución señaló que revisa de manera permanente denuncias de detenciones ocurridas en el pasado y no informadas previamente a la organización.

Según las cifras, del total de presos políticos en territorio venezolano, 356 son hombres y 26 mujeres; 222 corresponden a civiles y 160 a militares, mientras que se desconoce el paradero una persona. Además, 40 de los detenidos son extranjeros. El informe, divulgado en la red social X, detalla que 158 personas ya recibieron condena y 224 esperan sentencia. El balance indica que cuatro de los casos fueron reportados recientemente, aunque no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias.

La cifra representa un aumento respecto al informe del 27 de julio, cuando se registraban 379 detenidos por razones políticas. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron en reiteradas ocasiones un patrón de “puerta giratoria” en el país caribeño, con liberaciones y nuevas detenciones de opositores.

En febrero, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía para 13 hechos ocurridos en distintos años, beneficiando, según el Gobierno chavista, a más de 8.000 personas, aunque la mayoría ya tenía libertad restringida. Además, familiares denuncian que las autoridades aún no completaron el proceso de excarcelaciones masivas anunciadas en febrero.

Desde 2014, Foro Penal contabiliza 19.175 detenciones políticas en Venezuela. El Gobierno, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostiene que no hay presos por motivos políticos y asegura que los detenidos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la oposición y diversas ONG.

Cabe mencionar que al menos 49 presos comunes murieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización denunció que el Estado “incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia”. De los fallecidos, 48 eran hombres y una mujer; 47 murieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.

El OVP subrayó que detrás de cada cifra hay historias distintas, pero todas reflejan una realidad común: personas que dependían del Estado para acceder a atención médica, medicamentos, exámenes o traslados oportunos a centros de salud.

Según el informe, las muertes se debieron a enfermedades prevenibles o tratables, como tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que, con atención médica adecuada, no habrían resultado fatales.

La organización sostuvo que, en caso de fallecimiento por falta de atención médica, el Estado debe explicar las causas, identificar a quienes no actuaron y adoptar medidas para evitar que estos hechos se repitan. El OVP instó a la Fiscalía a iniciar una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada caso, para determinar las responsabilidades correspondientes.

El organismo exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la puesta en marcha de una atención humanitaria por razones de salud para los presos en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.

La semana pasada, Foro Penal reportó la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, quien había sido detenido el 9 de agosto de 2024 tras expresar a un subalterno su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó la victoria del ex líder del régimen venezolano Nicolás Maduro. El 8 de julio de 2025, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia condenó a Lozano Mogollón a cuatro años de prisión por el delito de instigación a la rebelión.

(Con información de EFE)

La ex diputada opositora Dinorah Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España para participar en la primera ronda de negociaciones con el chavismo, un proceso respaldado por Estados Unidos que busca avanzar hacia una transición política y una reforma institucional. La dirigente arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, junto a una comisión de ex diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y posteriormente se trasladó a Caracas para el inicio de la agenda de conversaciones.

El proceso comenzó formalmente después de una llamada telefónica que Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, mantuvieron el pasado sábado para anunciar el inicio de las conversaciones en la capital venezolana.

La mesa de diálogo se instaló siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada del país.

A su llegada al aeropuerto, Figuera afirmó que la prioridad inmediata de la comisión será atender las consecuencias de los sismos registrados el pasado 24 de junio, una tragedia que, según las cifras oficiales citadas, dejó más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

“Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar”, declaró la dirigente al medio El Diario.

Figuera también explicó que la agenda de negociación incluirá reformas institucionales consideradas fundamentales para el proceso político.

Entre ellas mencionó la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirlo en un organismo “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

En declaraciones a Televen, sostuvo que el proceso requerirá varios meses de trabajo antes de presentar resultados concretos. “Atentos a lo que es en esta semana la apertura oficial de este proceso de diálogo que busca la reinstitucionalización de la democracia”, expresó al llegar al país.

La dirigente agregó que el cronograma prevé la presentación formal del trabajo realizado hacia finales de este año. “Hasta diciembre de 2026” se presentará “formalmente todo el producto” del proceso, señaló.

Asimismo, agradeció al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el respaldo brindado para la construcción de la agenda de trabajo que orienta las conversaciones.

De acuerdo con la información disponible, el Departamento de Estado de Estados Unidos encomendó a Figuera la conducción del diálogo con el chavismo tras la captura de Maduro, con el objetivo de facilitar un proceso de transición política.

Figuera encabezó la Asamblea Nacional elegida en 2015, un Parlamento reconocido por Washington como legítimo y cuya continuidad continúa defendiendo, pese a que el gobierno de Maduro desconoció sus funciones.

La delegación opositora está integrada además por los ex diputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Por parte del Gobierno participan el presidente del Parlamento y jefe negociador Jorge Rodríguez, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Las conversaciones se desarrollan sin la participación de la líder opositora María Corina Machado ni del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Ambos manifestaron previamente que esperan que este acercamiento conduzca a la celebración de elecciones presidenciales, aunque no forman parte de la mesa instalada en Caracas.

Por su parte, el ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, dio la bienvenida a la delegación opositora y rechazó que el proceso represente una rendición del chavismo. “Nosotros los recibimos, esperamos que vengan dispuestos a conversar, que vengan dispuestos a incorporarse, a seguir trabajando por este país”, afirmó durante su programa semanal transmitido por la televisión estatal.

Cabello también subrayó que el Ejecutivo no intervino en la conformación de la representación opositora. “El gobierno interino no tuvo injerencia en la selección de la gente que estará representando a la oposición”, sostuvo.

El inicio de las negociaciones abre una nueva etapa de contactos políticos entre ambas partes con una agenda que contempla la atención de la emergencia provocada por los sismos, la reforma de instituciones del Estado y la definición de un cronograma de trabajo que, según Figuera, concluirá con la presentación de propuestas formales en diciembre de 2026.

(Con información de AFP y EFE)

El deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas no es, para el contralmirante Daniel Lino Comisso Urdaneta, un fenómeno casual ni repentino. A su juicio, la percepción ciudadana sobre la institución ha transitado, desde 1998, por una ruta de creciente desencanto: primero la decepción, luego el rechazo, después el desprecio y, finalmente, la convicción de que la estructura actual debe ser eliminada y reemplazada.

Afirma comprender esa postura, que considera una reacción lógica de una sociedad que se sintió traicionada por una institución que durante décadas percibió como propia. “¿Qué se puede esperar de ciudadanos que han sufrido las graves consecuencias de la traición de sus FAN” dice recordando que, antes de 1998, las FAN figuraban entre las tres instituciones de mayor prestigio en Venezuela.

Comisso es egresado de la Escuela Naval de Venezuela en el año 1975, integrante de la promoción Almirante Padilla y uno de los oficiales que se pronunció contra Hugo Chávez el 11 de Abril y en la Plaza Altamira en el año 2002.

En su reflexión, el oficial retirado parte de una premisa central: “las Fuerzas Armadas pueden ser útiles, inútiles o incluso dañinas para un país”, según el modo en que respondan a los intereses nacionales y a sus ciudadanos. En el caso venezolano, sostiene que la institución inició una “degeneración” que la llevó de las FAN tradicionales a las llamadas fuerzas armadas bolivarianas y, luego, a una estructura de carácter miliciano y revolucionario.

Para Comisso, toda fuerza armada debe ser concebida como parte de un sistema más amplio de seguridad y defensa, articulado con áreas como justicia, economía, relaciones exteriores e interiores, educación y salud. Ese diseño, afirma, debe responder a una concepción estratégica nacional claramente definida.

Orgullosa para el país

Según su análisis, una FAN será útil si cumple de manera continua sus funciones fundamentales: defender la soberanía nacional, salvaguardar el patrimonio del país y contribuir al desarrollo nacional. “Así era hasta 1998”, sostiene, al recordar su experiencia dentro de la institución.

Entre los hechos que menciona como muestra de esa utilidad, señala la neutralización de la guerrilla castrista, la actualización de capacidades operativas frente a amenazas e hipótesis de conflicto, la defensa del Golfo de Venezuela y el combate contra grupos de la guerrilla colombiana como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

También destaca el contralmirante las labores de patrullaje y presencia en espacios aéreos, marítimos y terrestres; apoyo a zonas periféricas del territorio; protección de reservas ecológicas e instalaciones estratégicas; participación en contingencias nacionales; respaldo a autoridades regionales ante emergencias; formación de ciudadanos y apoyo logístico en eventos críticos, incluido el deslave de Vargas de 1999.

“En contribución al desarrollo del país: formaron, adiestraron y educaron a contingentes de venezolanos a todos los niveles, quienes regresaban a sus actividades como ciudadanos útiles a la patria; apoyaron a los ciudadanos en todas las emergencias y contingencias”, sostiene.

Destaca el apoyo a los ciudadanos “en los sucesos del 11 abril 2002, solicitando la renuncia de Chávez”, además de resguardar la seguridad y la logística de los procesos electorales en todo el territorio nacional. “Generaban polos de crecimiento económico y comercial, en torno a sus comandos y sedes, en el sector civil, que, a su vez, prestaba servicios indispensables para el mantenimiento de las capacidades operativas y logísticas de las unidades”.

Es “parásita, dañina y traidora”

El punto de quiebre, según Comisso, se produjo con la llegada al poder del proyecto castro-chavista. Desde entonces, afirma, se consolidó un proceso de transformación cuyo objetivo fue alterar la esencia de las FAN para ponerlas al servicio del régimen revolucionario “y en ese proceso pasaron a ser fuerzas armadas bolivarianas y luego milicias revolucionarias”.

En esa línea, sostiene que la institución se volvió inútil para los intereses de la República y de sus ciudadanos. Entre sus señalamientos, menciona la entrega de áreas de influencia a Cuba y luego a Rusia, China e Irán; la cesión de territorio a guerrillas y grupos irregulares; y la redefinición del conflicto interno, que habría colocado a los propios venezolanos como enemigos.

Comisso también acusa a la FANB de haberse convertido en cómplice de la delincuencia organizada, del terrorismo y de la explotación irregular de recursos naturales estratégicos. Afirma, además, que participó en el desmontaje del aparato productivo nacional y que dejó de cumplir su compromiso de salvaguardar el patrimonio del país.

Considera que las FAN “compartiendo y compitiendo en la explotación anárquica de los recursos naturales estratégicos y en tráfico de drogas hacia el continente y Europa; se convirtieron en la fuerza del proceso que articuló la expropiación y desmantelamiento del sector productivo nacional”.

Para Comisso Urdaneta la FAN “al convertirse en la fuerza miliciana

de soporte del proceso” cometieron la mayor catástrofe nacional, “el daño antropológico a tres o cuatro generaciones de venezolanos; torturaron, reprimieron y asesinaron a miles de ciudadanos; y propiciaron la salida forzada del país de millones de venezolanos”.

Así mismo “cohonestaron el descalabro de los servicios de educación y salud de todo el país, incluidos sus sistemas de previsión social, dejando desamparados a todos esos sectores”.

En su balance más severo, califica a la FANB revolucionaria como una estructura “parásita, dañina y traidora” a los intereses nacionales. Por ello, plantea que la institución actual debe ser eliminada y sometida a un proceso de investigación que alcance a altos mandos, comandos superiores y presuntos testaferros vinculados con los delitos que enumera.

El contralmirante concluye que Venezuela deberá emprender un proceso de reconstrucción, rediseño y reinstitucionalización de sus Fuerzas Armadas. El objetivo, sostiene, debe ser crear una nueva estructura militar útil, medible y adaptada a las exigencias geopolíticas, estratégicas, tecnológicas y operativas del futuro.