Dos jóvenes fueron detenidos en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, acusados de planificar un tiroteo masivo en un establecimiento educativo. La investigación comenzó después de que el FBI detectara que uno de los sospechosos utilizaba ChatGPT para realizar consultas vinculadas con la preparación de un ataque armado. El procedimiento, a cargo de Gendarmería Nacional, terminó con el secuestro de agendas, armas blancas y material con simbología nazi.

La investigación se inició a partir de una alerta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Según la información oficial, un usuario radicado en Chaco había realizado consultas en la plataforma de inteligencia artificial en las que afirmaba contar con armas, explosivos y municiones, además de un plan detallado para cometer un ataque en establecimientos educativos. El blanco era la Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes.

La advertencia llegó a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional, que inició las actuaciones bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ese contexto, los investigadores analizaron direcciones IP, cruzaron información de redes sociales y realizaron tareas de campo en las inmediaciones de la universidad. A partir de esas medidas, lograron identificar una vivienda ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad chaqueña, donde residía el principal sospechoso.

Con una orden del Juzgado Federal de Garantías y el apoyo de la Sección Explosivos local, los gendarmes allanaron el inmueble. Durante el procedimiento encontraron dos agendas con anotaciones manuscritas que, según los investigadores, contenían detalles sobre la planificación logística del presunto atentado.

También secuestraron diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos; un bidón metálico para transportar combustible; un libro con simbología nazi y $3.280.000 en efectivo. Además, incautaron tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital.

Por disposición del magistrado interviniente, los dos sospechosos, ambos mayores de edad, fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Antecedente en Córdoba

El procedimiento en Chaco se conoció apenas seis días después de otro episodio que encendió las alarmas en el ámbito educativo. En un colegio privado ubicado en las inmediaciones del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, una alumna de primer grado ingresó al establecimiento con un arma dentro de su mochila.

Según informaron fuentes cercanas al caso a ElDoce, el revólver fue descubierto durante la jornada escolar, entre las pertenencias de la niña. Ante el hallazgo, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo de seguridad, pusieron a resguardo a los alumnos y docentes y realizaron la denuncia policial.

Las primeras averiguaciones indicaron que el arma pertenecería a la madre de la menor, integrante de la Policía. Sin embargo, todavía no se había establecido cómo llegó a manos de la niña ni si estaba cargada cuando fue encontrada.

La investigación quedó orientada a determinar las circunstancias en las que la alumna tuvo acceso al revólver y establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, no habían trascendido precisiones oficiales sobre las medidas adoptadas por el colegio ni sobre la situación de la madre.

La tranquilidad habitual de Valeria del Mar se vio alterada el sábado por la tarde, cuando un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de una vivienda de la calle Betbeder al 400, entre las 15 y las 17. Horas después, un niño de 12 años encontró a su madre, Aldana Novik Rojas, de 38, asesinada a golpes en el interior de la casa.

Por el femicidio fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de la víctima, quien, tras el crimen, llamó a su madre para decirle que “se había mandado una cagada”. Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en un descampado de la localidad balnearia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el niño había salido de la vivienda para participar de una actividad recreativa y no se encontraba allí cuando ocurrió el ataque. En la casa, en cambio, estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no es hija de Aldana. Tras el crimen, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Luego del ataque, el sospechoso se habría provocado heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar el lugar. Las lesiones, de acuerdo con las fuentes consultadas, no fueron profundas ni revisten gravedad.

Mientras era buscado por la Policía, Navarro mantuvo una comunicación telefónica con su madre. Más tarde llamó a un amigo, le contó lo que había hecho y le proporcionó su ubicación para que lo ayudara.

Lo que no sabía era que los investigadores ya habían identificado a ese amigo y estaban monitoreando la comunicación, por lo que pudieron establecer dónde se encontraba el sospechoso.

La búsqueda terminó este domingo a la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lograron localizarlo en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Navarro quedó detenido acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (Femicidio), delito que contempla la pena de prisión perpetua. Este lunes será indagado.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, no existían denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes. Tampoco se registraron antecedentes penales o causas en trámite contra el acusado en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía se aguarda el informe del Registro Nacional de Reincidencia para determinar si existen antecedentes en otras jurisdicciones.

La pareja llevaba entre un año y un año y medio de relación. Navarro había vivido anteriormente en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, y su última ocupación había sido como carnicero en el supermercado San José de Valeria del Mar.

“Estoy desesperada, gente”

El pasado 2 de agosto, poco más de dos meses antes de ser asesinada, Aldana publicó un video en el grupo de Facebook “Trabajo Pinamar” en el que contaba las dificultades económicas y familiares que atravesaba desde que se había instalado en Valeria del Mar.

“Buenas, gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, comenzaba su relato.

La mujer, que era peluquera desde hacía 20 años y madre de dos hijos de 12 y 18, explicaba que se había mudado a la Costa Atlántica por problemas familiares y que, desde su llegada, no había logrado encontrar estabilidad laboral ni económica.

“Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso”, decía frente a la cámara. En la grabación, contaba que había intentado trabajar como peluquera en un espacio que le habían ofrecido, pero que la actividad no había prosperado. Aseguraba que continuaba buscando empleo y que incluso tuvo que pedir alimentos para su familia.

También relataba que atravesaba dificultades para afrontar los gastos de una mudanza. Decía que necesitaba reunir $1.100.000 para pagar el depósito, la garantía, la comisión inmobiliaria y el primer mes de alquiler. Según explicaba, había pedido dinero prestado a conocidos, pero no había conseguido reunir la suma necesaria.

“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, expresaba. “Es muy triste porque no pensé nunca en mi vida pasar por esto. Yo siempre fui la que estuve del otro lado, ayudando, dando una mano en lo que podía a todo el mundo”, decía.

También hablaba de la soledad que sentía desde que había dejado su lugar de origen para instalarse en la Costa.

“Así que quedé varada sola a quinientos kilómetros del lugar donde yo nací y me crie. Y hoy necesito ayuda”, contaba. “Me da mucha vergüenza tener que hacer este video pidiendo solidaridad y pidiendo ayuda”, admitía.

Dos meses y medio después de aquella publicación, Aldana fue encontrada asesinada en su casa. Su pareja permanece detenida, acusada del femicidio.

La adolescente uruguaya de 15 años cuya desaparición había activado una Alerta Amber en Uruguay y el Alerta Sofía en Argentina fue hallada con vida y en buenas condiciones en una vivienda del partido bonaerense de Campana, donde permanecía junto a un hombre de 37 años que había sido señalado como responsable de su traslado desde Paysandú. La Dirección de Enlace Interpol de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado confirmó el operativo este domingo.

Según la información policial, la menor de edad habría cruzado la frontera el viernes 16 de octubre junto a Claudio Andrés Barrere Molinari, de 37 años, con documento uruguayo y DNI argentino. El traslado se habría realizado en una camioneta Peugeot Partner de color gris, vehículo que las fuerzas de seguridad lograron ubicar dentro de una vivienda en un paraje del partido de Campana durante las tareas de rastrillaje.

Un allanamiento con resultado positivo en Campana

Tras localizar el rodado, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio del barrio Los Pioneros, en Campana. El operativo se ejecutó este domingo con efectivos de la Delegación de la Policía Federal Argentina en esa localidad y personal del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, según el parte firmado por el comisario mayor Cristian De Santiago, a cargo de la Dirección de Enlace Interpol.

El resultado del allanamiento fue positivo: tanto Barrere Molinari como la adolescente fueron hallados en esa vivienda. Sobre el hombre pesa una orden de detención y se libró además una notificación roja de Interpol, el máximo nivel de alerta que emite el organismo para la búsqueda y captura de prófugos a nivel internacional.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal

Del caso intervienen la Fiscalía Letrada de Paysandú, de segundo turno, en Uruguay, y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. La causa se tramita como un pedido de cooperación internacional entre ambos países, en coordinación con la Estación de Policía Departamental de Campana y la Oficina Central Nacional de Interpol en Buenos Aires.

Hasta el momento, la investigación no difundió precisiones sobre el vínculo entre la adolescente y el detenido ni sobre los motivos por los que ambos habrían cruzado la frontera. Las autoridades adelantaron que ampliarán la información a medida que avance la causa.

Cómo había comenzado la búsqueda

La joven había sido vista por última vez la mañana del viernes 16 de octubre en inmediaciones de la calle José Pedro Varela, en Paysandú, ciudad ubicada frente a Colón, en la provincia de Entre Ríos. Según relató su padre, la menor se encontraba en su habitación durante las primeras horas de la mañana y la ausencia fue advertida entre las 6:30 y las 7:30. Su madre había expresado preocupación porque, según dijo, la adolescente no acostumbraba a salir sola.

El sábado, un día después de la desaparición, las autoridades uruguayas activaron una Alerta Amber para intentar dar con su paradero. Ante la posibilidad de que hubiera cruzado a la Argentina, el Ministerio del Interior uruguayo solicitó formalmente la intervención argentina, lo que derivó en la emisión del Alerta Sofía por parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). En Argentina, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había difundido el pedido de colaboración ciudadana a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación y del número de emergencias 911.

Quiénes participaron del operativo de rastrillaje

La coordinación internacional convocó a distintos organismos de seguridad a ambos lados de la frontera. Participaron fuerzas federales argentinas, la oficina de Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, esta última movilizada por la cercanía geográfica entre Paysandú y Colón, ciudades separadas por el puente internacional que une ambos países. El Ministerio del Interior de Uruguay había atribuido el hallazgo a la cooperación sostenida entre las policías de ambos países desde el inicio de la búsqueda.

Qué es el Programa Alerta Sofía y cómo opera

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para informar desapariciones de menores de edad que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física o biopsicosocial, según explicó Fiscales.gob.ar. El mecanismo apunta a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos mediante la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Lleva el nombre de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, aplicado también en Uruguay para este caso.

La coordinación del programa está a cargo del SIFEBU. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se incorporó a la iniciativa a partir de un convenio de cooperación firmado por la Procuración General de la Nación el 25 de noviembre de 2019, mediante la Resolución PGN 101/2019. En ese marco, el organismo integra el Comité Nacional Interinstitucional y la Coordinación Operativa Nacional del programa, mientras que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) gestiona las alertas y coordina la interrelación entre las fiscalías intervinientes.

La búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que permanece desaparecida en Corrientes, continúa sin resultados positivos. Este domingo, a 11 días de su última comunicación con la familia, la Policía provincial reforzó el operativo en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, donde se encuentra la escuela en la que trabajaba.

El despliegue cuenta ahora con 90 efectivos policiales, 16 móviles, 15 caballos, cuatro drones y tres perros especializados. Los equipos recorren sectores de monte, pastizales y caminos rurales de difícil acceso, mientras la investigación judicial intenta reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Las tareas son supervisadas en el terreno por el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, el jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón, y tres autoridades con jerarquía de comisario general.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los rastrillajes se concentran en los alrededores de la Escuela Rural Nº 626, donde Godoy se desempeñaba como directora suplente. Hasta este domingo por la tarde, las autoridades no comunicaron novedades sobre su paradero.

En paralelo, la Policía salió a aclarar dos versiones que circularon durante los últimos días. Una de ellas indicaba que había dos personas detenidas en el marco de la investigación.

Consultadas por este medio, fuentes de la Policía de Corrientes aclararon que días atrás hubo dos personas demoradas en el marco de la investigación, pero que no en calidad de detenidas.

Las mismas fuentes desmintieron las versiones que indicaban que vecinos habían encontrado la escuela desordenada y con elementos quemados. Según explicaron, el video que circuló para respaldar esa información era antiguo y había sido grabado por la propia docente.

Los últimos movimientos de Nancy Godoy

Godoy fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa cerca de las 6 de la mañana para dirigirse a la escuela rural del paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento de Esquina.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la docente acostumbraba a permanecer durante la semana en el establecimiento debido a las dificultades para trasladarse por la zona. “Para llegar es necesario atravesar caminos rurales, bañados y sectores que, en determinadas condiciones, solo pueden recorrerse a caballo”, contó su hijo, Adán, en una entrevista con Noticias Chajari.ar.

Su último contacto con su entorno ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20.30, cuando le envió un mensaje a otro de sus hijos para avisarle que estaba bien. El joven respondió aproximadamente una hora después, pero los mensajes ya figuraban con una sola tilde, sin confirmación de entrega.

En un primer momento, no interpretaron la falta de comunicación como una señal de alarma, debido a que en el paraje es habitual que no haya señal telefónica. Además, las lluvias habían complicado los caminos, por lo que creyeron que Godoy podía haberse quedado en la escuela sin posibilidad de regresar.

La preocupación aumentó cuando personas de la zona fueron hasta el establecimiento y no obtuvieron respuesta. Según relató su nuera, Alejandra Obertello, una joven de apellido Leguizamón le contó que habían encontrado las luces encendidas, pero nadie respondía.

“Me dijo que el jueves fueron a buscarla y vieron todo prendido; creían que estaba. Fueron el viernes, golpearon y no respondía nadie. Le pidió que rompiera la ventana y me hizo un video: Nancy no estaba”, explicó Obertello en declaraciones a TN.

La mujer también señaló que el establecimiento estaba ordenado y que en su interior había quedado un termo que la docente llevaba habitualmente consigo.

La denuncia por la desaparición fue presentada el jueves 15 de octubre por uno de sus hijos. Esa misma noche, familiares acompañaron a los policías hasta la escuela para comenzar a reconstruir lo ocurrido.

“Es imposible que Nancy se haya perdido”

La familia de Godoy descarta que se haya extraviado por sus propios medios. Sus allegados sostienen que conocía perfectamente la zona y que difícilmente hubiera abandonado el establecimiento sin ayuda de alguien.

“Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo. No iba a salir de ahí si no era con alguien conocido. O le pasó algo o alguien la engañó diciendo que Lourdes la estaba esperando”, sostuvo Obertello.

Lourdes, según explicó la nuera, es una mujer encargada de una estancia que habitualmente colaboraba con el traslado de la docente hasta la zona de la escuela.

El recorrido demandaba varias horas. “Es una hora y media para llegar a la estancia y de ahí otra hora y media para llegar al último puesto; desde ahí, dos horas para llegar a la escuela”, detalló.

Por el momento, la posibilidad de que Godoy haya sido engañada es una sospecha expresada por sus familiares y no fue confirmada oficialmente como hipótesis de la investigación.

La causa está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. En el marco del expediente se realizaron allanamientos y se analizaron registros de cámaras de seguridad de la ciudad.

Mientras tanto, los equipos policiales continúan recorriendo el terreno con apoyo aéreo y canes especializados. Hasta el momento, no se informaron resultados positivos de los procedimientos.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Nancy Estela Godoy se comunique al 911, al 101 o con la dependencia policial más cercana.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la calle Garzón al 3800, cuando un hombre se encontraba estacionando su auto y fue sorprendido por el sospechoso, quien lo amenazó con el arma y le robó un teléfono celular y un reloj pulsera.

Tras cometer el asalto, el delincuente intentó sustraerle las pertenencias a otra persona. Sin embargo, el hombre se identificó como oficial de la PSA y lo ahuyentó.

En medio de la huida, un vecino llamó al 911 y alertó que el sospechoso había ingresado a una vivienda ubicada sobre la calle Laguna al 9000.

A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Vecinal 9C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar e ingresaron al inmueble, donde encontraron al acusado en el comedor y procedieron a detenerlo.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora que el sospechoso había utilizado para amenazar a las víctimas.

Al identificarlo, los investigadores comprobaron que el hombre registraba 11 antecedentes desde 2018, por delitos como robo, tentativa de robo, hurto, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia contra la autoridad, entre otros.

Además, de acuerdo con la información policial, tenía dos condenas vigentes, dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.

Un episodio similar ocurrió en junio de este año en el barrio porteño de Villa del Parque, cuando un delincuente intentó asaltar una dietética con un arma de utilería. El hecho sucedió en un comercio ubicado sobre la avenida Nazca al 1500 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Como contó este medio, el sospechoso ingresó al negocio, saludó a la encargada y luego sacó una pistola de su campera para amenazarla. “Te pego un tiro, quedate ahí”, le dijo. A pesar de eso, la mujer se resistió al asalto y comenzó a gritar, lo que provocó que el delincuente escapara sin concretar el robo.

Tras la fuga, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y lograron detener al sospechoso.

El cabo primero José Galeano, de 38 años, efectivo de Gendarmería Nacional, fue hallado muerto este domingo tras más de 24 horas de búsqueda en los cursos de agua cercanos a Las Lajas, en Neuquén, después de ser arrastrado por la corriente el sábado mientras se dirigía a relevar a un compañero. La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia confirmó el hallazgo mediante un comunicado oficial.

El sábado, cerca de las 9:00, Galeano caminaba hacia el puesto Cochico-Romero para reemplazar a un compañero de guardia. Al intentar cruzar el arroyo Romero, crecido por el caudal, el agua lo arrastró. Ese curso desemboca en el arroyo Codihue, a la altura de la estancia Halcón, a unos 20 kilómetros de Las Lajas, informó La Mañana de Neuquén.

Otro integrante de la fuerza cayó al agua cuando intentó auxiliar a Galeano, pero logró ponerse a salvo al sujetarse de una rama, según fuentes citadas por el mismo medio.

El cuerpo fue localizado varios kilómetros aguas abajo del punto donde se produjo el arrastre, según el comunicado de la Secretaría de Emergencias.

“Operativo de búsqueda en Las Lajas. La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo lamenta el hallazgo sin vida del cabo primero José Galeano, efectivo de Gendarmería Nacional cuya búsqueda se desarrollaba en Las Lajas, a varios kilómetros aguas abajo del lugar donde desapareció. Se agradece el trabajo de todos los organismos e instituciones que participaron del operativo, y se expresan las más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a Gendarmería Nacional”, expresó el comunicado oficial.

El operativo de búsqueda en los arroyos de Las Lajas

Las tareas comenzaron el sábado y se extendieron durante más de ocho horas, con dos helicópteros, drones y buzos tácticos, hasta que la falta de luz obligó a suspenderlas después de las 18:30. El domingo, los equipos retomaron la búsqueda con recursos aéreos, acuáticos y terrestres.

Participaron más de 100 personas, entre ellas unos 50 efectivos de Gendarmería, bomberos voluntarios, agentes de la Policía del Neuquén, Defensa Civil de Las Lajas y Zapala, brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y especialistas en rescate acuático. Además se usaron embarcaciones, helicópteros, buzos tácticos y tres drones, uno de ellos equipado con cámaras térmicas.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, describió a la prensa local las dificultades de trabajar en la zona: el arroyo tenía “un altísimo caudal” y era “muy complejo para poder navegarlo”. La funcionaria mencionó la velocidad del agua, los cañadones profundos y la presencia de sedimentos como factores que complicaban el avance de los rescatistas.

El acompañamiento a la familia del gendarme

La esposa, una hija y una hermana de Galeano llegaron al área de búsqueda el domingo por la mañana y recibieron asistencia psicológica de la Secretaría de Emergencias. Un equipo de profesionales acompañó a la familia desde el mismo momento en que se confirmó el hallazgo.

Ortiz Luna había anticipado la dureza de ese momento antes de que se encontrara el cuerpo. “El momento más difícil fue recién, la llegada de la familia”, declaró al periódico.

Galeano tenía 38 años, era oriundo de la provincia de Buenos Aires, padre de tres hijos y llevaba ocho años destinado en el Escuadrón 31 de Las Lajas, de acuerdo con La Mañana de Neuquén. A pedido de Gendarmería, la provincia dispuso una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para asistir a sus familiares y al personal desplegado.

Godoy, de 52 años, fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió cerca de las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. Era directora suplente del establecimiento y solía permanecer allí durante la semana debido a las dificultades para atravesar los caminos de la zona.

“Lo único que sabemos es que hay dos detenidos y que habrían liberado a uno de ellos”, afirmó Obertello en declaraciones a TN. Se trataría de las últimas personas que habrían visto a la docente y la Justicia realizó allanamientos en el marco de la causa.

Obertello relató que una mujer llamada Lourdes, encargada de una estancia, pasaba habitualmente a buscar a Godoy para trasladarla hasta la zona de la escuela. El recorrido, explicó, implicaba extensos trayectos por caminos rurales y puestos de campo.

“Ella era la encargada de llevar y traer a Nancy a la escuela, que queda atrás del campo. Es una hora y media para llegar a la estancia y de ahí otra hora y media para llegar al último puesto; desde ahí, dos horas para llegar a la escuela”, detalló.

La nuera de la docente indicó que las comunicaciones eran irregulares por la falta de señal en el paraje. Según contó, Godoy habló con ella el martes y mantuvo su último contacto con Sebastián, uno de sus hijos, el miércoles. “Le dijo que estaba bien, solo eso”, señaló.

La familia esperaba su regreso durante el fin de semana siguiente para festejar el Día de la Madre. Sin embargo, una tormenta complicó los caminos y, en un primer momento, interpretaron que la docente podía haberse quedado en la escuela por la imposibilidad de trasladarse.

Hallaron la escuela ordenada y con pertenencias de la docente

La alarma se activó cuando Obertello recibió el llamado de una joven de apellido Leguizamón. La mujer le preguntó si Godoy había regresado a su casa, porque habían ido a buscarla al establecimiento y no habían obtenido respuesta.

“Me dijo que el jueves fueron a buscarla y vieron todo prendido; creían que estaba. Fueron el viernes, golpearon y no respondía nadie. Le pidió que rompiera la ventana y me hizo un video: Nancy no estaba”, relató Obertello.

Según su testimonio, dentro de la escuela encontraron todo ordenado, pero también estaba un termo que Godoy llevaba habitualmente consigo. Para la familia, ese detalle refuerza las dudas sobre lo que pudo haber ocurrido.

Godoy se quedaba durante la semana en la zona de la escuela por las condiciones del camino y regresaba a casa los viernes, según contó uno de sus hijos, Adán, en una entrevista con Noticias Chajarí. El joven explicó que para llegar al establecimiento es necesario atravesar bañados grandes y profundos, algunos de los cuales solo pueden cruzarse a caballo.

“Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo. No iba a salir de ahí si no era con alguien conocido. O le pasó algo o alguien la engañó diciendo que Lourdes la estaba esperando”, sostuvo.

El operativo de búsqueda: 83 efectivos, drones y rastrillajes a caballo

La Policía de Corrientes mantiene rastrillajes en sectores de monte, malezal y caminos de difícil acceso. El dispositivo incluye 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados, de acuerdo con la información difundida por Infobae.

La investigación está bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera. También se analizan cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina y se realizaron medidas en domicilios vinculados con la causa.

Godoy mide alrededor de 1,65 m, tiene tez morena, cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones y una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 3777-628664, al 911 o al 101 dentro de Corrientes.

La Justicia de San Isidro rechazó el pedido de recusación contra el fiscal José Ignacio Amallo, quien interviene en la investigación penal contra el camarista Ernesto García Maañón, apartado preventivamente de su cargo tras una denuncia por presunto acoso laboral y sexual presentada por una auxiliar letrada de su juzgado.

La resolución fue firmada el 9 de octubre por la jueza de Garantías Nº 3, Andrea Rodríguez Mentasty, quien concluyó que la defensa del magistrado no acreditó circunstancias que demostraran una falta de objetividad del representante del Ministerio Público Fiscal.

García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, afronta una investigación penal y un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. En agosto, ese organismo dispuso su apartamiento preventivo, a pedido del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

La defensa cuestionó la actuación del fiscal

La recusación había sido presentada por García Maañón y sus abogados, Nicolás Grimaldi y Tomás Briganti. Entre sus argumentos, plantearon que otros dos fiscales se habían apartado previamente de la causa, cuestionaron el orden de producción de las pruebas y objetaron expresiones utilizadas por Amallo durante el trámite.

También hicieron referencia a una presunta filtración a la prensa de la dirección de un allanamiento y de imágenes de armas secuestradas. La defensa sostuvo que esos elementos, sumados a otras decisiones procesales, podían revelar una pérdida de objetividad del fiscal.

El planteo incluyó críticas por la demora o falta de producción de medidas solicitadas por la defensa, entre ellas diligencias vinculadas a testigos y al análisis del teléfono celular de la denunciante. A su vez, cuestionó que el fiscal hubiera utilizado expresiones como “abuso sexual cometido en su despacho” al describir la hipótesis bajo investigación.

La magistrada sostuvo que las causales de recusación deben analizarse de manera restrictiva y requieren una demostración concreta de que el fiscal no puede actuar con objetividad.

En ese sentido, diferenció la situación de Amallo de la de los fiscales que se habían excusado con anterioridad. Según la resolución, esos apartamientos se sustentaron en vínculos personales y laborales previos con García Maañón, mientras que la defensa no expuso una razón equivalente respecto del actual fiscal.

Uno de los funcionarios había mencionado un conocimiento de alrededor de 30 años con el juez y encuentros familiares; otra fiscal refirió una relación laboral previa y una amistad entre sus hijos y uno de los hijos del magistrado. La jueza consideró que esas circunstancias eran personales y no podían trasladarse de forma automática a Amallo.

Rodríguez Mentasty señaló que el Ministerio Público Fiscal debe actuar con un criterio objetivo, incluso cuando eso favorezca a un imputado, pero aclaró que no posee el deber de imparcialidad que corresponde a un juez. Bajo ese criterio, una hipótesis de investigación sobre un posible abuso sexual no implica que el fiscal haya decidido anticipadamente sobre la responsabilidad penal del acusado.

El rechazo de una prueba no implica, por sí solo, falta de objetividad

La jueza también descartó que la decisión de no producir de inmediato determinadas medidas probatorias demostrara parcialidad. Indicó que el Código Procesal Penal bonaerense permite a las partes proponer diligencias, pero habilita al fiscal a evaluar su utilidad y pertinencia, con la obligación de fundamentar una eventual negativa.

El fallo agregó que la investigación continúa en trámite y que no puede descartarse que algunas medidas sean producidas más adelante. Las diferencias entre la teoría del caso de la Fiscalía y la estrategia de la defensa forman parte del sistema acusatorio, indicó la magistrada, y no constituyen por sí mismas una causal de apartamiento.

Sobre la presunta filtración de información del allanamiento, Rodríguez Mentasty afirmó que no había elementos concretos que vincularan esa difusión con una conducta de Amallo. También remarcó que la diligencia fue ejecutada por personal policial y que, si la defensa consideraba que hubo excesos, contaba con otras vías para plantearlo.

El rechazo de la recusación implica que Amallo continuará al frente de la investigación penal contra García Maañón. La resolución no analiza el fondo de las acusaciones, sino si existían motivos para separar al fiscal de la causa.

En paralelo, el camarista continúa sometido al procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que dispuso su apartamiento preventivo de la función judicial mientras se tramita el proceso que puede definir su eventual destitución.

La Justicia de Comodoro Rivadavia resolvió mantener por otros seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, y de su padrastro, Michel González, por el supuesto crimen del niño de cuatro años. La medida vencerá el 13 de abril de 2027, salvo que antes se realice una audiencia que modifique su situación procesal, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La decisión se tomó el pasado martes 13 de octubre, durante una audiencia de revisión en la que también se amplió por seis meses el plazo de la investigación. La Fiscalía y la querella habían solicitado ambas prórrogas ante una pericia pendiente en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo inicio está previsto para el 21 de octubre.

El caso investiga la muerte de Ángel, ocurrida el 5 de abril. Altamirano está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que González enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía.

El informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut sostuvo que el niño sufrió traumatismos craneoencefálicos múltiples, junto con una infección pulmonar. De acuerdo con la autopsia, la causa de muerte fue daño cerebral por hipoxia. La fiscalía sostiene, además, que se dio en un marco de presunto maltrato y abandono.

La pericia de la Corte Suprema será una de las pruebas pendientes

El fiscal general Facundo Oribones explicó que el Ministerio Público Fiscal pidió extender el plazo de investigación porque todavía debe realizarse una nueva evaluación forense. La medida fue solicitada por las defensas y se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El representante de la Fiscalía señaló que no hay fecha de finalización para ese estudio y que sus conclusiones podrían confirmar, modificar o requerir un nuevo análisis de la hipótesis acusatoria. Por ese motivo, requirió seis meses adicionales para recibir el dictamen, evaluarlo y definir la presentación de una eventual acusación.

La querella, que representa al padre del niño, acompañó el planteo. El abogado Roberto Castillo sostuvo que la investigación tiene características complejas porque debe reconstruir un hecho ocurrido en un ámbito privado y con una víctima que no puede declarar. En esa línea, señaló la relevancia de las declaraciones testimoniales, las pericias sobre teléfonos secuestrados, los estudios médicos y las juntas forenses.

Durante la audiencia, el representante de la acusación particular afirmó que se tomaron más de 45 declaraciones testimoniales y que existe una prueba científica pendiente que puede incidir en la reconstrucción de los hechos y en la estrategia de las partes.

Las defensoras de Altamirano y González no objetaron el pedido de ampliación. Ambas remarcaron que la pericia ante la Corte Suprema había sido requerida por las propias defensas y que su resultado puede aportar elementos para esclarecer el caso.

El juez Martín Cosmandro resolvió conceder la prórroga de la investigación por seis meses. Aclaró, de todos modos, que ese plazo no determina en forma automática la continuidad de las medidas de coerción, que deben analizarse de manera independiente.

El riesgo de fuga

En el segundo tramo de la audiencia, la Fiscalía pidió que Altamirano y González continuaran detenidos. Oribones planteó que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva en abril no cambiaron y sostuvo que, con el avance del expediente, se acentuó el riesgo de fuga.

El fiscal argumentó que los imputados no tendrían arraigo en Comodoro Rivadavia y que su hija de un año se encuentra con familiares en otra provincia. También hizo referencia a la gravedad de las imputaciones y a la expectativa de una pena que no sería de cumplimiento condicional en caso de una condena.

La Fiscalía agregó que todavía deben preservarse testimonios de personas vinculadas al entorno de los acusados hasta una eventual instancia de juicio. Según el planteo, la libertad de Altamirano y González podría afectar esas declaraciones.

La querella adhirió al pedido y desarrolló argumentos relacionados con los riesgos procesales. Castillo mencionó la falta de arraigo, supuestas conductas orientadas a eliminar información de teléfonos y prender fuego algunos elementos —quizás de prueba— mientras Ángel permanecía internado; y la existencia de testigos cercanos a la pareja.

También hizo referencia a antecedentes de violencia que, según expuso, involucrarían a Altamirano en Misiones. La defensa respondió que esos datos no forman parte del legajo de esta causa y cuestionó que se los utilizara en el debate sobre la prisión preventiva.

En tanto, la defensora de Altamirano sostuvo que la medida cautelar debe tener como único objetivo garantizar el desarrollo del proceso y cuestionó algunos de los argumentos de la querella vinculados a posibles hechos futuros o a la situación de otros niños.

De todos modos, señaló que no contaba con elementos nuevos para solicitar una morigeración de la prisión preventiva. Indicó que la medida puede revisarse si aparecen circunstancias que permitan replantear la situación de su asistida, en especial después de la pericia pendiente.

La defensa de González adoptó una postura similar. Su abogada informó que no tenía, por el momento, un domicilio que permitiera proponer una alternativa a la detención. Aclaró que trabaja sobre esa posibilidad, pero que en esta audiencia consentiría, de manera excepcional, la continuidad de la prisión preventiva.

Ambas defensas remarcaron que rige el estado de inocencia de los imputados hasta que exista una sentencia firme.

Al fundamentar su decisión, el juez señaló que el peligro de fuga aparece con mayor intensidad que el riesgo de entorpecimiento. Consideró la falta de arraigo en la ciudad, la posibilidad de que los imputados se desplacen a otros lugares del país y la gravedad de los delitos atribuidos.

El pedido de Altamirano al final de la audiencia

Antes del cierre, Mariela Altamirano pidió recibir tratamiento psicológico. Además, planteó dificultades para mantener contacto con su hija, a quien, según dijo, ve dos veces por semana durante una hora.

“Necesito un tratamiento psicológico”, expresó ante el juez. También manifestó que tiene escasa comunicación con la niña y solicitó que se autorice el uso de un teléfono con redes sociales para realizar gestiones relacionadas con transferencias y recursos destinados a su hija.

“Estoy casi sin comunicación”, aseguró ante el juez Cosmandro, quien indicó que el pedido quedaría en manos de su defensa, que deberá encauzarlo ante el juez natural de la causa.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la víctima fue identificada como Jorge Daniel Adamoli, de 70 años, auxiliar de primera retirado de la Policía Federal Argentina (PFA). El hombre murió luego de recibir varios disparos durante un intento de asalto a su domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada, cuando tres hombres llegaron a bordo de un Peugeot 307 gris hasta la casa del ex agente e irrumpieron en el predio tras dañar el mosquitero de una ventana.

Adamoli salió al patio para repeler la intrusión. En ese momento, los asaltantes abrieron fuego y le provocaron heridas de bala en el abdomen, una pierna y un brazo, antes de darse a la fuga sin llegar a ingresar a la vivienda y concretar el robo.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia, donde finalmente se constató su muerte. En el lugar del ataque se hallaron varias vainas servidas y otros signos del enfrentamiento.

Minutos después del ataque, los agresores chocaron contra un poste en la vía pública, lo que obligó los a abandonar el Peugeot y a robar a mano armada, a pocas cuadras del lugar, un Chevrolet Prisma, para continuar la huida. No estaban dispuestos a ceder pero su plan se vio rápidamente frustrado.

A partir de la hecho, la Policía desplegó de inmediato un operativo cerrojo y logró detectar el nuevo auto robado. Finalmente, tras seguirlos pudieron arrestar a los tres responsables.

Según se informó, las vestimentas y las características físicas de los detenidos coincidían con las registradas por cámaras de seguridad en el lugar del homicidio, lo que permitió vincularlos directamente con el ataque. En el operativo participaron dependencias de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II, con la colaboración de la DDI Lomas de Zamora.

Quiénes son los detenidos y qué se secuestró

Los tres aprehendidos fueron identificados como S.A.G., de 26 años y oriundo de Don Orione, con antecedentes delictivos; H.A., de 20 años y domiciliado en Alejandro Korn, y J.E.L., de 15 años y domiciliado en Longchamps.

Entre los elementos secuestrados se encontraron dos armas de fuego: un revólver marca Doberman calibre .22 largo, utilizado en el ataque, y el arma reglamentaria que pertenecía a la víctima, hallada en poder de los detenidos.

También fueron incautados los dos vehículos involucrados en el episodio: el Peugeot 307 gris utilizado para cometer la agresión inicial y el Chevrolet Prisma, robado durante el escape.

La investigación quedó radicada en la UFI N° 4 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Adolfo Castagnini, quien calificó el expediente bajo el delito de homicidio. La fiscalía avaló el rápido accionar policial que permitió la detención de los tres sospechosos e instruyó las diligencias de rigor para indagarlos en los próximos días.

La denuncia por el supuesto robo de un remis rural en Estación Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, terminó con un desenlace muy distinto al que había activado la búsqueda policial. El hombre de 57 años que aseguró haber sido asaltado por tres delincuentes admitió que le había prestado el auto a su hijo y que inventó la sustracción tras una discusión familiar.

El episodio se inició durante la madrugada del viernes, cuando el denunciante se presentó ante la Policía para relatar una escena propia de un asalto callejero. Dijo que tres personas lo habían interceptado en la zona de las calles 5 y 32, punto en el que aseguró que le habían quitado el auto que utilizaba para trabajar como remisero rural.

El vehículo señalado era un Fiat Siena gris. En el relato inicial, también indicó que dentro del automóvil había quedado un teléfono celular. Con esos datos, la denuncia abrió una pesquisa para localizar el rodado y establecer quiénes habían intervenido en el supuesto ataque.

Tras radicarse la denuncia, el personal del Destacamento Estación Chapadmalal inició las averiguaciones con el apoyo del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Octava. La prioridad era reconstruir el recorrido del denunciante, ubicar cámaras de seguridad y obtener testimonios de personas que pudieran haber visto alguna maniobra compatible con el robo.

De acuerdo con la información obtenida por La Capital de Mar del Plata, los efectivos relevaron registros de video, realizaron recorridas y consultaron a vecinos de la zona. Sin embargo, la secuencia denunciada no dejaba rastros: no aparecieron imágenes del supuesto asalto ni surgieron testimonios que permitieran confirmar la presencia de tres atacantes, el vehículo o una situación de violencia en ese lugar.

La ausencia de registros y de datos externos que acompañaran el relato llevó a los investigadores a revisar con mayor detalle los movimientos previos del automóvil y las circunstancias expuestas por el denunciante.

El Siena, que había puesto en marcha una búsqueda por un presunto robo, comenzó a aparecer bajo otra luz. La investigación se desplazó de la hipótesis de un asalto a una pregunta más doméstica y menos cinematográfica: quién tenía realmente el auto antes de la denuncia.

A medida que se reunían elementos, los policías detectaron inconsistencias en la declaración inicial. Por este motivo, el denunciante fue citado para ampliar su declaración. Finalmente, y en presencia de un testigo, habría reconocido que la sustracción no había existido.

De acuerdo con la información reunida, el relato sobre el asalto había sido creado después de haber mantenido una discusión con su hijo. Así, la confesión puso punto final a la búsqueda del supuesto grupo de asaltantes.

Al mismo tiempo que dejó sin sustento la versión de un ataque en plena madrugada, lo que había comenzado como una investigación por robo automotor se transformó en una causa vinculada con la falsedad de la denuncia.

Por este motivo, la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) tomó intervención en el caso. Asimismo, el fiscal Eduardo Layus dispuso desestimar las actuaciones relacionadas con el presunto robo del Fiat Siena, dado que la investigación concluyó que ese hecho no se había producido.

En paralelo, la fiscal Eleonora Taddeo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, ordenó iniciar actuaciones por falsa denuncia y tentativa de estafa. La calificación responde al posible uso de una versión falsa ante las autoridades, en un caso en el que la denuncia activó recursos policiales, relevamientos de cámaras y tareas de campo.

Ahora, la causa deberá determinar el alcance de la responsabilidad penal del hombre y si hubo otros elementos que permitan precisar la secuencia posterior a la discusión que mantuvo con su hijo.

La Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para los tres acusados en la investigación por el femicidio de Natalia Giménez, la mujer de 35 años asesinada en su departamento de barrio Tablada. Con el avance de la causa, la Fiscalía relacionó el ataque con una red de préstamos informales que sería administrada desde la cárcel.

Este viernes, el juez Federico Rebola resolvió que Paulo Alejandro Álvarez, señalado como autor material del homicidio, y Germán Ángel “Pelado” Carrizo y Stela Maris Palacio, imputados por usura agravada por habitualidad, permanezcan detenidos mientras continúa el proceso.

Durante la audiencia, la fiscal Paula Barros sostuvo que Álvarez habría asesinado a Giménez con ensañamiento y alevosía. Asimismo, indicó que el ataque ocurrió en la madrugada del 26 de septiembre, dentro del departamento del segundo piso de la avenida Abanderado Grandoli al 3800.

El cuerpo fue encontrado boca abajo en la cocina por los hijos de Giménez, de 13 y 17 años, alrededor de las 19:00 horas. Tras pedir ayuda a una vecina, se comunicaron con su padre, quien estaba separado de la mujer.

En la vivienda faltaban el teléfono celular de Giménez y el juego de llaves, pero no presentaba signos de haber sido revuelto durante un robo. Desde el inicio, la fiscal Barros solicitó testimonios y el relevamiento de cámaras de la zona para establecer la secuencia del crimen y determinar su posible vínculo con los reclamos por la deuda.

A partir de estas medidas, la Fiscalía reconstruyó que el día del crimen Álvarez llegó al barrio en bicicleta, con una mochila y un casco azul de motocicleta. Cerca de las 05:57 horas, dejó el rodado atado a un poste en la esquina de Grandoli y Presidente Quintana y caminó hasta el edificio donde vivía la víctima con sus hijos.

Una vez que habría ingresado en la vivienda, el acusado habría atacado a la mujer con golpes y elementos punzantes y cortantes. De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, la víctima sufrió lesiones en el rostro, los ojos, la cabeza, el cuello y las manos.

Para la Fiscalía, parte de esas heridas fueron provocadas cuando la mujer aún estaba con vida, una circunstancia que fundamentó la calificación de femicidio con ensañamiento y alevosía. En paralelo, la autopsia determinó que la muerte se produjo por un traumatismo craneofacial y cervical, además de las heridas de arma blanca y la pérdida de sangre.

Después de que el crimen se consumara, la fiscal apuntó que las cámaras de videovigilancia registraron la salida de un hombre sin la campera azul, con el casco colocado y un objeto oscuro en una mano.

Además, la investigación logró trazar el recorrido que hizo el sospechoso hasta llegar a una vivienda ubicada en Cervantes al 700, en Villa Gobernador Gálvez. Ese sería el punto donde Álvarez fue detenido el 10 de octubre. En ese procedimiento también fueron secuestradas prendas y otros elementos que los investigadores procuran cotejar con los registros fílmicos.

Mientras que el móvil del femicidio se encuentra bajo análisis, la fiscal señaló que la otra línea central del expediente se concentra en los créditos informales que recibía Giménez. En este sentido, Carrizo y Palacio fueron acusados de integrar una estructura que prestaba dinero con intereses usureros en Rosario y localidades cercanas.

Carrizo estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 6 y, según la imputación, gestionaba la actividad desde allí mediante teléfonos celulares y anotaciones manuscritas. Por su parte, Palacio habría mantenido el vínculo con quienes recibían el dinero, además de realizar reclamos y cobros fuera de la cárcel.

De hecho, durante una requisa en el lugar de detención de “Pelado”, los investigadores hallaron un cuaderno con 54 registros. Las anotaciones incluían nombres, números telefónicos, montos entregados y sumas reclamadas en concepto de devolución.

Entre los apuntes figuraba el nombre de Giménez junto a un préstamo de $ 400.000 y una exigencia de pago de $ 800.000. La Fiscalía también incorporó reclamos de cobro enviados a la víctima entre el 20 y el 24 de septiembre. A raíz de esto, la hipótesis indicaría que no se trataba de un hecho aislado, sino de una actividad habitual de la red de préstamos.

La familia de Gabriela Martínez, la mujer de 39 años que fue asesinada en el barrio Hipódromo de La Plata, inició gestiones judiciales para recuperar a su hijo de un año y medio, quien permanece en Jujuy al cuidado de una tía paterna. El pequeño había sido llevado a esa provincia por su padre, José Martín Burgos, quien continúa detenido por el femicidio.

A casi una semana del crimen que sacudió a la capital bonaerense, las hermanas de la víctima reclamaron que el menor sea regresado desde el norte del país. Según contaron, ya recurrieron a abogados para avanzar con las medidas necesarias y pedir que quede bajo su cuidado.

“Necesitamos que mi sobrino vuelva a La Plata, donde él se crió prácticamente”, afirmó Joana Martínez, hermana de Gabriela, en declaraciones al programa Hechos y Derecho, de FM Keops. Actualmente, el pequeño estaría bajo el cuidado de la hermana de Burgos.

Según la información obtenida por el medio platense 0221, las hermanas de Martínez no tenían vínculo previo con los familiares paternos, por lo que conocieron el estado de salud del pequeño a través de la Policía. En esa oportunidad, el menor fue revisado y se encontraba en buenas condiciones.

No obstante, la familia materna busca que vuelva a la ciudad para permanecer cerca de las personas con las que convivió durante buena parte de su corta vida. A pesar de esto, advirtieron que la mujer no estaría dispuesta a entregar al menor.

Por otro lado, las hermanas de la víctima contaron que había sido madre por primera vez. Además, señalaron que mantenía una relación muy cercana con su hijo, quien celebró su primer cumpleaños en La Plata.

A pesar de esto, describieron que la relación entre Martínez y Burgos duró alrededor de 15 años, pero estuvo atravesada por celos, manipulación y aislamiento. “Él no la dejaba venir a la casa de mi vieja”, recordó una de ellas al referirse a las dificultades que tenía Gabriela para mantener contacto con su entorno.

En línea con esto, contaron que la pareja había residido antes en Tierra del Fuego y se había instalado unos tres meses atrás en la vivienda de barrio Hipódromo, donde fue hallado el cuerpo de la mujer. El hallazgo se produjo el jueves pasado, luego de que Burgos confesara el crimen ante la Policía de forma espontanea.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el principal acusado del femicidio ocurrió el lunes 12 de octubre. Después de que se concretara el asesinato, el hombre contó que salió de la vivienda junto al hijo de ambos y viajó a Jujuy.

Allí dejó al nene bajo el cuidado de una familiar y, más tarde, emprendió el regreso a La Plata. Fue así que, recién tres días después del hecho, se presentó en la Comisaría Segunda y reconoció haber matado a Martínez.

A partir de esa declaración, los efectivos fueron hasta la casa de 39 entre 121 y 122, donde encontraron el cuerpo. Según los indicios, la víctima tenía signos compatibles con una asfixia. No obstante, no se dieron mayores detalles para preservar la investigación.

Desde ese momento, la causa está a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata. Por su parte, Burgos quedó detenido luego de presentarse ante la Policía y reconocer el hecho. Este sábado fue citado a declarar, pero el acusado se negó a responder las preguntas de la fiscal.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, las pericias en la vivienda y el análisis de los testimonios que ya fueron incorporados al expediente. Esas medidas deberán establecer las circunstancias de la muerte y precisar la fecha en la que ocurrió el femicidio.

“¡Feliz cumple Male! Por todos los años juntos y los que se vendrán. ¡Qué seas muy feliz! ¡Mucho sexo! De: Miguel”. La dedicatoria, que hace tiempo forma parte de una causa penal, fue enviada por el fiscal federal de San Martín Miguel Ángel Blanco García Ordás a María Aurelia, su entonces secretaria. En 2017, ella lo denunció por presunto abuso sexual.

El expediente atraviesa un largo camino judicial desde entonces. Ya acumula dos sobreseimientos, una anulación de Casación y un procesamiento que luego fue revocado. Ahora, el expediente volvió a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir sobre la validez del segundo sobreseimiento.

María Aurelia ingresó al Ministerio Público Fiscal en 1997 y llegó a ser jefa de despacho de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. García Ordás era el titular de la dependencia y ella trabajaba bajo su autoridad. Según su denuncia, las conductas que atribuye al fiscal se extendieron desde su ingreso hasta su traslado, dispuesto durante un sumario administrativo.

Según supo Infobae, el sumario administrativo se abrió después de que una compañera denunciara a María Aurelia por un supuesto rayón en su auto. En el descargo presentado en ese trámite, la empleada relató por primera vez los hechos que atribuía a García Ordás y vinculó aquella acusación con el hostigamiento y el ascenso que, según sostuvo, le había sido negado.

Dijo que, durante una serie de promociones, no fue considerada para el cargo de secretaria pese a que entendía que le correspondía. Al reclamarlo, afirmó que García Ordás le respondió que ella “sabía qué tenía que hacer” para que la ascendiera. Para la querella, la frase tuvo una connotación sexual. La defensa sostuvo que se refería al desempeño laboral que la empleada debía acreditar.

Los dos hechos por los que García Ordás fue procesado

La denuncia reunió numerosos episodios, pero el procesamiento de 2024 se concentró en dos hechos. El primero habría ocurrido en la antigua sede de la Fiscalía. María Aurelia denunció que García Ordás la tomó de los hombros y la arrinconó contra un mueble mientras le decía: “qué linda que sos”.

El segundo corresponde a supuestos rozamientos en el sector de cocina. Según su declaración, el fiscal pasaba detrás de ella y la rozaba con su zona genital.

La querella sostuvo que esos hechos debían ser analizados junto con el resto de las situaciones denunciadas: comentarios sobre su cuerpo, su vestimenta y su ropa interior; tarjetas de cumpleaños; convocatorias al despacho; y la relación jerárquica entre ambos. Además de la tarjeta con la frase “mucho sexo”, el expediente incluye otra dedicatoria que atribuía a María Aurelia “las virtudes de una gata”.

La denunciante también relató que García Ordás le mostró material pornográfico que había traído de un viaje y preservativos que guardaba en el baño de su despacho. Según su presentación, le dijo que se habían vencido porque ella no había querido usarlos con él. En otra ocasión, afirmó, la convocó para leer un artículo sobre los “beneficios del semen”.

Los testimonios y el primer sobreseimiento

La causa incorporó declaraciones de personas a quienes María Aurelia habría contado algunos episodios antes de iniciar la investigación. Su madre y su hermana dijeron que conocían relatos sobre contactos físicos y rozamientos desde antes de su casamiento, en 2002.

Un testigo declaró que tomó conocimiento de una situación en la que García Ordás habría agarrado a María Aurelia y ella habría terminado sobre un sillón. Otra persona afirmó haber visto al fiscal acercarse por detrás a su escritorio y colocarle las manos sobre los hombros.

El juez de primera instancia sobreseyó a García Ordás en julio de 2020, y la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó ese fallo en noviembre de ese año. La querella, sin embargo, recurrió ante Casación.

El 25 de agosto de 2022, Casación anuló la decisión inicial. El tribunal entendió que la prueba no había sido examinada de manera integral ni con las pautas aplicables a casos de violencia de género.

Casación también cuestionó el argumento según el cual resultaba improbable que los roces se produjeran en un ámbito laboral compartido sin que otras personas los advirtieran. Señaló que esas conductas pueden ocurrir de forma breve y procurando evitar la mirada de terceros, incluso en espacios públicos o concurridos.

La nueva investigación

Después de la anulación, la causa volvió a las instancias inferiores y se amplió la prueba: declararon nuevos testigos, varios a pedido de la defensa, y García Ordás fue citado a indagatoria.

El 2 de septiembre de 2024, el juez federal lo procesó por abuso sexual en relación con los dos episodios físicos denunciados y fijó un embargo de $ 1.500.000. La resolución sostuvo que la eventual finalidad sexual de los contactos no podía determinarse de forma aislada, sino en relación con el conjunto de los hechos relatados.

La defensa apeló. El 26 de diciembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dispuso un segundo sobreseimiento. Consideró que, aunque los roces eran materialmente posibles, resultaba difícil que una conducta reiterada de ese tipo pasara inadvertida en el lugar de trabajo.

El expediente volvió a Casación

La querella recurrió por segunda vez. Cuestiona que la Cámara haya vuelto a utilizar un razonamiento que Casación ya había objetado en 2022 y que no explicara por qué la prueba producida después de aquella anulación justificaba llegar de nuevo a un sobreseimiento.

También plantea que la resolución fragmentó el análisis de las tarjetas, los comentarios, las convocatorias, los contactos físicos y el conflicto por el ascenso, en lugar de examinarlos dentro de la relación laboral denunciada.

La causa se encuentra ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si confirma el segundo sobreseimiento o si ordena una nueva revisión del expediente.

Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) determinó que hay 12.301 personas detenidas en cárceles federales, una cifra que implica una sobrepoblación del 6,6 %. El sistema tiene 767 personas más que las 11.534 plazas declaradas por el Servicio Penitenciario Federal.

El relevamiento, elaborado con información mensual del SPF, tomó los datos del período enero-septiembre de 2026. El informe antecede al cierre de la cárcel de Devoto: los traslados desde ese establecimiento hacia el nuevo penal de Marcos Paz comenzaron el 11 de octubre. Para el final de esa semana, quedaban solo 74 internos en el Pabellón I, según confirmaron fuentes a Infobae.

La medición previa, sin embargo, arrojó precisiones sobre los detenidos. En este sentido, reveló que la mayor parte de los presos estaban alojados en cinco complejos. El Federal I de Ezeiza tenía 1.916 personas; el Federal II de Marcos Paz, 1.876; el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Villa Devoto, 1.493; el Federal VI de Mendoza, 858; y el Federal III del NOA, en Salta, 587.

Otro de los datos del informe fue el aumento de las personas extranjeras arrestadas. En septiembre eran 2.010, el 16,3 % de la población carcelaria federal, luego de una suba de 68 personas desde el comienzo del período. El incremento de 3,5 % fue el más alto entre las categorías que analiza la fiscalía especializada.

En general, la población total creció 1,1 % en comparación con diciembre de 2025, con 135 personas más. Sin embargo, el número registrado en septiembre quedó por debajo del máximo de 12.347 detenidos alcanzado en mayo de 2026.

Seis de cada diez detenidos tienen condena firme

Del total de personas alojadas en unidades federales, 7.946 tienen condena firme, lo que representa el 64,6 %. Las restantes 4.354, el 35,4 %, estaban procesadas. Desde diciembre, la cantidad de condenados aumentó en 266 personas, mientras que la de procesados bajó a 131.

Por otro lado, hasta septiembre 2026, la Justicia Nacional tenía a disposición a 6.255 detenidos, el 50,8 % del total. La Justicia Federal concentraba a 5.445 personas, el 44,3 %, y las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 601. Entre los casos bajo jurisdicción federal, el 39,5 % se encontraba en prisión preventiva.

La que más aumentó su población fue la Unidad 36 de Santa Fe, que pasó de 334 personas detenidas en diciembre de 2025 a 449 al final del período relevado, con un aumento de 115. La Unidad 6 de Rawson también sumó población y pasó de 441 a 489 alojados.

El informe contabilizó además 1.052 mujeres y personas travesti-trans, equivalentes al 8,5 % del total. La población alojada en cárceles federales es mayoritariamente masculina: 11.249 personas, el 91,5 % del total, son varones.

A su vez, arrojó que el 87,8 % de los detenidos tiene más de 21 años, mientras que 273 son jóvenes de entre 18 y 21 años. De ese grupo, el 46,4 % no tenía condena firme.

Finalmente, subrayaron que durante el primer semestre de 2026 se registraron 26 muertes en seis establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Catorce ocurrieron en Ezeiza; 17 fueron clasificadas como no traumáticas, siete como traumáticas y en dos casos todavía no se había determinado la causa.

La PROCUVIN aclaró que las cifras no incluyen a las personas privadas de libertad en cárceles provinciales, institutos penales para menores de edad ni dependencias federales de las fuerzas de seguridad.

La Policía de Corrientes mantiene un operativo para localizar a Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que dirige la Escuela Nº626 del paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento Esquina. La mujer permanece desaparecida desde hace 10 días.

Bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, se realizan una serie de allanamientos mientras continúan los rastrillajes. Hasta el momento no se informaron los lugares alcanzados por las medidas ni sus resultados.

El despliegue cuenta con 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados en búsqueda. Participan integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), la División Canes, la Dirección de Drones, dependencias de la Unidad Regional II de Goya, el Grupo Táctico de Operaciones, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

El jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, estuvo en la zona y acompañó las tareas del operativo.

Los rastrillajes se concentran en sectores de monte, malezal y caminos rurales de difícil acceso. Los efectivos realizan recorridas a pie y a caballo, con apoyo de drones para relevar áreas a las que resulta más difícil llegar. En paralelo, los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina.

Godoy se quedaba durante la semana en la zona de la escuela por las condiciones del camino y regresaba a casa los viernes, según contó uno de sus hijos, Adán, en una entrevista con Noticias Chajari.ar. El joven explicó que para llegar al establecimiento es necesario atravesar bañados grandes y profundos, algunos de los cuales solo pueden cruzarse a caballo.

De acuerdo con el parte policial, la denuncia por la desaparición fue presentada por su hijo el jueves 15 de octubre, tras una última comunicación que ubicó durante la noche del miércoles 7. En la entrevista, Adán relató que el último intercambio fue cerca de las 20:30: su madre le avisó a uno de sus hijos que estaba bien y él respondió alrededor de una hora más tarde, pero los mensajes ya figuraban con una sola tilde, sin confirmación de entrega. Desde entonces, no volvieron a tener contacto con ella.

Días después, una vecina les avisó que no había nadie en el establecimiento, situación que despertó preocupación entre sus familiares. Adán explicó que el viernes posterior al último contacto había llovido y que las condiciones climáticas suelen dificultar la salida de la zona. También señaló que en ese sector rural es habitual no contar con señal telefónica, por lo que en un primer momento no interpretaron la falta de comunicación como una situación fuera de lo común.

La noche de la denuncia, Adán acompañó a la Policía hasta la escuela, adonde llegaron cerca de la medianoche. El hijo también manifestó inquietud por los recursos desplegados en los primeros días de la búsqueda. “Lo que puedan aportar, si saben algo, algún comentario de la zona”, pidió al convocar a los habitantes de los parajes cercanos a aportar datos que puedan ayudar a encontrarla.

La búsqueda está a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador. Nancy Estela Godoy es de contextura mediana, tez morena, tiene cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones y mide cerca de 1,65 metros. No posee tatuajes visibles y tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 3777-628664, al 911 o al 101 en el interior de Corrientes, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La Justicia de Mendoza investiga la difusión de imágenes íntimas de una docente de una escuela técnica de San Martín. Por el hecho se abrió un expediente en el Fuero Penal Juvenil, ya que el sindicado es menor de edad, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. La investigación, a cargo de la fiscalía penal de menores, busca establecer las circunstancias del acceso al material privado, su descarga y su posterior circulación entre estudiantes.

El caso ocurrió en la Escuela Técnica N°4-120 General José de San Martín, ubicada en esa ciudad del este mendocino. La docente afectada presentó una denuncia penal luego de que fotos y un video de carácter íntimo comenzaran a circular por grupos de WhatsApp.

Según publicó Los Andes, el material habría sido obtenido desde una computadora de la sala de informática del establecimiento. La profesora habría olvidado cerrar su cuenta de correo electrónico tras una jornada institucional el 21 de septiembre pasado, cuando docentes utilizaron esos equipos para descargar archivos de trabajo.

Días después, un alumno habría encontrado la sesión abierta y accedido al almacenamiento virtual de la docente, donde estaban alojados los archivos privados. La investigación deberá determinar quiénes participaron del acceso, la descarga y el reenvío del contenido.

Las imágenes se propagaron entre alumnos de la institución y luego habrían llegado a estudiantes de otras escuelas del departamento. La denuncia busca frenar nuevas reproducciones del material y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Además de la investigación judicial, el episodio podría requerir la intervención de las autoridades educativas provinciales y de equipos especializados para abordar la situación dentro de la comunidad escolar.

Los casos de imágenes hechas con IA

El caso de San Martín ocurre en medio de otras denuncias conocidas en los últimos días por la difusión de imágenes sexualizadas de estudiantes, aunque con una modalidad diferente: en aquellos episodios, las fotos habrían sido manipuladas mediante inteligencia artificial.

La semana pasada, familias de alumnas de un colegio de Lomas de Zamora denunciaron que estudiantes habrían creado, compartido y vendido imágenes falsas de compañeras desnudas a partir de fotografías reales. Según los reclamos, el material habría incluido a cerca de 40 estudiantes y se habría difundido en plataformas para adultos y entre alumnos de otros establecimientos.

En el marco de ese expediente, la Justicia allanó las casas de los tres adolescentes acusados e incautó celulares y computadoras.

También se conoció la denuncia de una adolescente de 15 años de Ituzaingó, quien acusó a un compañero de descargar fotos de su perfil de Instagram, alterarlas con inteligencia artificial y publicarlas en un grupo de Telegram. Esa causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Morón.

En tanto, esta semana alumnos y familiares del Instituto Murialdo, en Villa Bosch, se movilizaron frente al colegio tras denunciar que estudiantes de distintos años habrían creado imágenes de compañeras desnudas con esa tecnología. Las familias afirmaron que parte del material se habría vendido y que algunas adolescentes fueron extorsionadas con su difusión.

La cárcel de Villa Devoto quedó cerca de ser desalojada luego de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) trasladara a 1.400 detenidos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La cifra equivale a más del 93 % de los alrededor de 1.500 internos que estaban alojados en el penal porteño antes del inicio del operativo, el domingo 11 de octubre. Los restantes permanecerán en el penal hasta la visita del papa León XVI, quién se espera que recorra el predio en el marco de su viaje previsto para noviembre.

La mudanza forma parte de la decisión del Ministerio de Seguridad Nacional de desafectar a Devoto como establecimiento penitenciario y poner en funcionamiento el nuevo complejo de Marcos Paz. En las primeras 48 horas, el despliegue había movilizado a 609 personas, el 40 % de la población carcelaria, según supo Infobae.

El traslado quedó bajo la coordinación del SPF y de un Comando Unificado Federal. El dispositivo reunió a cerca de 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Cada contingente se organizó a partir del perfil criminológico de los internos y de una evaluación de riesgos. Antes de salir de Devoto, los detenidos pasaron por controles sanitarios y fueron identificados con pulseras de código QR. Además, se prepararon unos 3.000 bolsones precintados para las pertenencias personales.

Los vehículos penitenciarios recorrieron unos 55 kilómetros entre ambos establecimientos, con monitoreo satelital, convoyes custodiados y cortes de tránsito en los alrededores del penal porteño. El Gobierno también instaló 224 teléfonos públicos en la nueva cárcel y habilitó canales de consulta para las familias.

El nuevo establecimiento está ubicado en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz y cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad. Su capacidad es de 2.232 internos, de acuerdo con los datos difundidos sobre la obra.

La construcción había sido prevista en un convenio firmado en 2018 entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La apertura estaba proyectada para 2020, pero los trabajos permanecieron paralizados durante cinco años. La obra se reactivó en diciembre de 2024, cuando la Ciudad adjudicó su terminación a la empresa CRIBA SA por $ 96.984,8 millones.

Una vez que Devoto quede sin internos, el plan oficial contempla trasladar también a unos 350 detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.

Los traslados se avisaron con 72 horas de anticipación por orden de la Justicia

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un hábeas corpus colectivo por las condiciones en las que se iniciaron los movimientos. El organismo cuestionó la falta de aviso previo a familiares, defensas y entidades de control, además de advertir sobre la continuidad de los estudios de quienes cursaban carreras en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII.

El juez en lo criminal y correccional Santiago Bignone rechazó el planteo. Luego, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Los camaristas reconocieron que no se había respetado el protocolo de comunicación previa, aunque consideraron que una eventual vuelta de los trasladados a Devoto podía empeorar sus condiciones de detención.

La Cámara dispuso que, de ahora en adelante, el SPF informe cada traslado a los jueces y las defensas con 72 horas de anticipación. También ordenó permitir el acceso inmediato de la PPN para que pueda monitorear la situación en el nuevo establecimiento.

El futuro del predio de Devoto

El terreno de la cárcel porteña ocupa unas 4,6 hectáreas entre las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá. El dominio del predio corresponde al Estado nacional.

El convenio de 2018 contemplaba destinar el 65 % de esa superficie a espacios verdes y públicos y el 35 % a viviendas. Cualquier modificación de ese esquema requerirá tratamiento en la Legislatura porteña.

El lugar también tiene sectores con valor histórico y de memoria: Devoto alojó a presos políticos durante la última dictadura y fue escenario de la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en 1978. En los próximos días, está previsto que sea visitada por el Papa León XIV en su viaje a Argentina.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe recaudó más de $1.645 millones en la subasta de 224 bienes incautados al delito, entre los que se destacaron una casa ubicada en la ciudad de Rosario, algunas lanchas, arcades y autos de lujo.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, el remate -el sexto en la historia- se desarrolló ayer viernes en la Estación Belgrano, en la capital provincial, y convocó a casi 9.000 inscriptos, otra marca para este tipo de subastas provinciales.

Los asistentes pujaron por 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, el inmueble y diez máquinas arcade retro para restaurar, incorporadas por primera vez al listado de bienes a rematar.

Lanchas, arcades y los lotes más disputados

Las dos embarcaciones puestas a la venta generaron fuerte interés entre los participantes. La Bermuda Sport 200 se vendió por 20 millones de pesos, mientras que la Kaisser R 540 alcanzó los 18 millones.

La otra novedad de la jornada fueron las diez máquinas arcade retro, que salieron a remate con una base de 20.000 pesos cada una. La más cara se adjudicó por 300.000 pesos y la más económica, por 130.000.

El inmueble ubicado en Rosario terminó siendo el lote de mayor valor de toda la subasta, con una venta final de $76 millones. En el otro extremo de la escala se ubicó la máquina arcade de 130.000 pesos, el lote más barato de los 224 ofrecidos.

La subasta de bienes incautados en Santa Fe es un mecanismo que el gobierno provincial utiliza para vender autos, motos, lanchas e inmuebles secuestrados en causas judiciales vinculadas al narcotráfico, el juego clandestino y otros delitos. Lo recaudado se destinará a reparar víctimas, financiar instituciones sociales y sostener el organismo encargado de administrar esos bienes.

Entre los automóviles, el lote 2, una camioneta Toyota Hilux, alcanzó los 45 millones de pesos, el valor más alto entre las pickups que se subastaron. El lote 54, una Ford Ranger, se vendió por 13 millones.

El automóvil de mayor valor de la jornada fue el lote 8, un Audi A6, adjudicado en 29 millones de pesos. En el otro extremo, el lote 110, un Citroën C4, se vendió por 3,5 millones.

En el rubro motocicletas, una Honda Tornado se adjudicó por 6,1 millones de pesos, la cifra más alta de esa categoría, mientras que una Guerrero 110 fue la más económica, con un precio de 650.000 pesos. Entre las bicicletas, el lote 116, una Vairo, alcanzó los 610.000 pesos, y el lote 121, una Move, se vendió por 240.000 pesos.

El gobernador estuvo en la subasta

El evento fue inaugurado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó la confianza de los presentes en el Estado provincial. “En la invencible provincia de Santa Fe, la impunidad se acabó. Esta es una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad”, afirmó.

El gobernador señaló que los resultados del remate, récord en recaudación, inscriptos y lotes subastados, reafirman el Plan de Seguridad provincial. “Vamos a seguir avanzando contra quienes cometen delitos. Estas subastas son un mensaje muy fuerte de la lucha que lleva adelante el Estado santafesino contra el crimen organizado”, concluyó.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó los resultados de la sexta subasta de la gestión y señaló que reflejan “la consolidación de una política pública”, además de la confianza de quienes participan “para hacer negocios”.

Figueroa Escauriza explicó el origen de los bienes rematados: “Vehículos y propiedades de la corrupción, del narcotráfico, de motochorros, del juego clandestino, como los arcades”. Y agregó: “Los vendemos para demostrar que al delito no hay que darle un centímetro; no podemos dejar que tengan impunidad”.

En la misma línea, Cristian Cunha, secretario de Cooperación de la Provincia, señaló: “No alcanza solamente con encontrar e incautar estupefacientes, derribar bunkers, detener a ‘soldaditos’ u ordenar las calles. Hay que seguir la trazabilidad del dinero que genera ese negocio ilícito, identificar quiénes son los facilitadores de movilizar y convertirlos en bienes aparentemente legales”.

En las cinco subastas anteriores se habían recaudado más de 5.051 millones de pesos. Esos recursos permitieron devolver fondos a la comunidad, reparar a víctimas de delitos, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La Aprad es el organismo provincial que administra bienes y efectos secuestrados o alcanzados por otras medidas dispuestas en causas judiciales por delitos o contravenciones. Su objetivo es darles una utilidad social. Entre los bienes que gestiona hay vehículos, equipos informáticos, teléfonos y joyas.

Los vehículos pueden asignarse a la Policía, a institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado provincial. También pueden subastarse o compactarse, según el caso. Otros bienes, en cambio, se entregan directamente a entidades de beneficencia.

Un grupo de 18 socios productores que invirtieron en producciones audiovisuales de Orsai Audiovisuales presentó una denuncia penal por presunta estafa ante la Justicia contra el escritor y socio gerente de la empresa Hernán Casciari, a quien acusan de haber promocionado inversiones con promesas de rentabilidad que, según sostienen, no se cumplieron y cuyo destino económico no fue debidamente informado.

Los denunciantes, representados por el abogado Ariel Gil Ces, alegan que Casciari prometió públicamente rendimientos económicos concretos —en algunos casos aseguró que la inversión se duplicaría o triplicaría— y que el dinero fue administrado de manera opaca, sin rendiciones de cuentas documentadas y, en ciertos proyectos, trasladando fondos de una producción a otra sin consulta previa a los inversores.

El conjunto de las 18 personas aportó entre USD 50 y USD 3.000 cada una a distintos proyectos de Orsai, con retornos que, en la mayoría de los casos, no superaron el 3 % del capital invertido. Varios denunciantes no recuperaron ni un dólar. En este sentido, denuncia, a la que accedió Infobae, solicita que se investigue si los perjuicios individuales responden a una operatoria común.

La presentación que actualmente investiga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires fue firmada por inversores que participaron en producciones como La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el Paraíso, Cinco Guiones, Emi On Off y D.A.M., un documental sobre Diego Maradona. En el escrito, los socios sostienen que el sistema fue presentado como una forma de producción colectiva que permitía financiar películas y series sin intermediarios tradicionales.

Bajo ese modelo, quienes compraban bonos pasaban a ser denominados socios productores. La propuesta incluía, de acuerdo con la denuncia, acceso a información financiera, rendiciones de gastos, participación en determinadas decisiones y una porción proporcional de los ingresos obtenidos por la explotación comercial de cada obra.

El reclamo se concentra en la información económica de los proyectos. Los denunciantes afirman que, ante sus pedidos, recibieron planillas con cifras generales, pero sin facturas, contratos, recibos u otros comprobantes que permitieran verificar gastos e ingresos.

También sostienen que no se presentaron presupuestos por rubro ni rendiciones diferenciadas cuando una producción cambió de formato. En el caso de Canelones, por ejemplo, explican que el proyecto fue anunciado como una miniserie de seis capítulos, luego como una serie de cuatro episodios y, más tarde, como una película.

Según el escrito, en 2024 los socios productores asistieron a una proyección de una versión con aspectos técnicos pendientes. En julio de 2026, Orsai comunicó el estreno cinematográfico para el 6 de agosto y un lanzamiento posterior en una plataforma de streaming. Los inversores cuestionan que las decisiones de distribución hayan sido informadas sin instancias previas de consulta.

Los denunciantes piden investigar presuntos cruces de fondos entre producciones

La presentación refiere a declaraciones públicas atribuidas a Casciari sobre el uso de recursos de un proyecto posterior para cubrir necesidades extraordinarias de otro. Los socios productores sostienen que esa eventual práctica debía ser explicada y autorizada, ya que los grupos de inversores variaban entre una producción y otra.

El documento vincula ese planteo con La Uruguaya, que, de acuerdo con el escrito, recaudó cerca de USD 600.000. Los denunciantes afirman que recuperaron el capital luego de la venta de derechos para América Latina, pero que no recibieron ganancias posteriores pese a anuncios sobre posibles ventas en otros territorios.

También cuestionan el resultado económico de La muerte de un comediante, dirigida y protagonizada por Diego Peretti. Los relatos consignan retornos de entre USD 1 y USD 84,60 para inversiones que, según los casos expuestos, fueron de USD 50 a USD 3.000.

El escrito suma reclamos por la comercialización de Emi On Off, un proyecto de animación sobre Emiliano Martínez. Según los denunciantes, fue cedido a PEGSA y luego vinculado a Netflix con un cambio de formato que no fue consultado con quienes habían financiado la propuesta original.

Sobre D.A.M., los inversores señalan que continuaba la venta de bonos mientras se tramitaban derechos de imagen. Añaden que Casciari habría dicho públicamente que Orsai Audiovisuales ya no existía y que el proyecto pertenecía a Orsai Tech, aunque la comercialización seguía disponible en el sitio de la firma denunciada.

Piden una auditoría contable

Los denunciantes solicitaron que la Justicia requiera información a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Banco Central de la República Argentina y el Registro Nacional de las Personas. También pidieron identificar las cuentas bancarias de la sociedad y de Casciari.

La presentación reclama una rendición integral de los proyectos y una auditoría contable sobre Orsai Audiovisuales. Como prueba, los firmantes ofrecieron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, términos y condiciones, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de intervenciones públicas.

Según el escrito, varios socios enviaron cartas documento a domicilios vinculados con la empresa y sus responsables para reclamar información y documentación, pero sostienen que fueron rechazadas, devueltas o no obtuvieron respuesta.

La denuncia pide que Casciari y cualquier otra persona que surja de la investigación sean convocados a declaración indagatoria cuando la causa alcance esa instancia.

El empresario Mariano Ernesto Páez, de 58 años y padre de Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil en una causa por gestos racistas, fue arrestado en el barrio Alberdi de la ciudad de Santiago del Estero. La causa investiga la sustracción de $ 1.500.000 de un comercio de materiales de Las Termas de Río Hondo. En el mismo operativo fue aprehendida su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34 años, señalada como presunta coautora.

El hecho, investigado por el fiscal Emanuel Sabater, ocurrió el 10 de octubre, entre las 12:15 y las 12:40, en un negocio ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Las Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Páez y Batule ingresaron al local con la intención de realizar una compra. Mientras se confeccionaba la factura, una empleada habría dejado efectivo sobre el mostrador del sector de cajas.

La acusación sostiene que Páez tomó el dinero a través de la ventanilla de pagos y se lo entregó a la mujer que lo acompañaba antes de que ambos se retiraran del local. Las cámaras de seguridad habrían registrado la secuencia, según el diario El Liberal.

La denuncia fue presentada por el representante legal de la firma y dio paso a las medidas de investigación del Departamento Robo y Hurto de Las Termas. Con esos elementos, el juez de Control y Garantías Silvio Salice ordenó los procedimientos.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Allí, la Policía detuvo a Mariano Páez y aprehendió a María Emilia Soledad Batule, quien quedó vinculada a la causa como supuesta coautora.

Durante el operativo, los agentes incautaron $ 632.600 en efectivo y una camioneta Toyota RAV4 que, de acuerdo con la información difundida, pertenece al empresario. También secuestraron un buzo gris y azul con abertura frontal y franjas blancas, además de una campera azul y otra turquesa, prendas que serían de interés para la investigación.

Los objetos y el vehículo quedaron bajo resguardo judicial. Los dos acusados continuarán detenidos a disposición de la fiscalía y se prevé que sean indagados en los próximos días.

El caso de Agostina Páez

El caso de Agostina Páez comenzó el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. La abogada santiagueña fue denunciada por un empleado, que la acusó de insultos y gestos racistas durante una discusión originada, según la investigación, por el pago de una cuenta. La Justicia brasileña la imputó por injuria racial y le impuso restricciones para salir del país.

El expediente incorporó además un video de las cámaras de seguridad del local. La defensa de Páez sostuvo que las imágenes muestran a un trabajador con gestos obscenos y provocaciones hacia ella y sus amigas antes de la reacción que se investiga. Esa versión fue planteada como parte de su estrategia judicial y no modificó la acusación que tramitaba en Brasil.

Durante el proceso, Páez tuvo el pasaporte retenido y fue monitoreada con una tobillera electrónica. En febrero se dispuso su prisión preventiva, medida que luego fue revocada; regresó a la Argentina el 1 de abril tras pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a cerca de USD 18.000, aunque la causa en Brasil seguía sin una sentencia definitiva.

Después de que se confirmara que los restos encontrados en un asentamiento de San Luis pertenecían a Gabriela Centeno, una mujer de 42 años oriunda de Mendoza, este viernes se concretó la captura de su pareja y principal sospechoso del femicidio. El acusado fue identificado como Agustín Raúl Bullones Soria, conocido como “El Vaca”, de 29.

Tras activarse un pedido de captura nacional, el sospechoso fue detenido este viernes en la localidad mendocina de Las Heras. El operativo ocurrió pocos minutos antes de las 13 horas, cuando los oficiales lo detectaron mientras caminaba por el barrio Santa Teresita.

Según trascendió, el hombre intentó escaparse a pie cuando los agentes buscaron identificarlo. Por este motivo, solicitaron refuerzos y, tras la llegada de otros móviles, concretaron la aprehensión. Acto seguido, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado.

La consulta de sus antecedentes confirmó que sobre él pesaba una orden de captura dispuesta por la Justicia de San Luis. La medida había sido emitida el 14 de octubre por la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

De acuerdo con la información obtenida por Diario El Sol, el expediente judicial está relacionado con el hallazgo del cuerpo de Centeno, que fue encontrado desmembrado en un terreno situado sobre la ex Ruta Pescadores, en la ciudad de San Luis.

Tanto el acusado como la víctima eran oriundos de Mendoza y mantenían una relación de pareja desde hacía varios años. Además, señalaron que el hombre tiene antecedentes judiciales por investigaciones vinculadas a robos cometidos entre 2018 y 2023.

Según Diario NDI, este año ambos se habían mudado a San Luis. Familiares y allegados a la mujer contaron que el acusado la había convencido de radicarse en la provincia con la expectativa de conseguir mejores oportunidades.

Fue así que la pareja se instaló en una vivienda precaria del barrio República. Con el paso de las semanas, los vecinos advirtieron que la mujer había dejado de aparecer por el lugar y comenzaron a preguntar por ella.

Ante esas consultas, Bullones Soria habría sostenido que su pareja había abordado un vehículo de Uber para regresar a Mendoza y reencontrarse con su familia. Sin embargo, el martes pasado hallaron el cuerpo de Centeno desmembrado, dentro de bolsas y enterrado en un baldío del mismo barrio donde residía.

Durante una conferencia de prensa brindada este jueves, la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, informó que la pesquisa permanece en una etapa inicial. Junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi, señaló que parte de la información será mantenida en reserva para no comprometer las medidas que están en curso.

Según pudo saber El Chorrillero, buscan reconstruir sus movimientos y vínculos en las semanas previas al crimen, tras haber logrado identificar a la víctima. Aunque todavía restan los resultados definitivos de la autopsia, la hipótesis inicial indica que la muerte habría ocurrido hace aproximadamente un mes y medio.

El hallazgo ocurrió el martes, cerca de las 15 horas, en un terreno ubicado sobre la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y cerca de la avenida Circunvalación. Se trata de un descampado donde funciona un asentamiento.

De acuerdo con Bringas, los vecinos advirtieron la presencia de los restos después de que un perro removiera la tierra y dejara expuesta una parte del cuerpo. El olor y el estado de descomposición llevaron a quienes se encontraban allí a alertar al 911 ante la posibilidad de que se tratara de restos humanos.

Tras el llamado, el personal de las divisiones Homicidios y Policía Científica, junto con agentes del Ministerio Público Fiscal de San Luis y bomberos, acudió al lugar para realizar las tareas de excavación y las primeras pericias.

La fiscal explicó que el cuerpo había sido colocado en un pozo de aproximadamente 1,5 metros de largo por un metro de ancho. Incluso, destacó que a pocos metros, los efectivos encontraron una bolsa con otras partes del cuerpo.

Los primeros informes forenses establecieron que la mujer tenía golpes en el rostro y el tórax, además de una herida cortante en el cuello. También determinaron que el desmembramiento ocurrió después de la muerte. Los peritos no detectaron indicios de abuso sexual, aunque esa posibilidad permanecerá bajo análisis hasta que finalicen los estudios.

Para la Fiscalía, las características del hallazgo y el mecanismo de muerte permiten encuadrar el expediente como femicidio. Sin embargo, la investigación deberá establecer dónde ocurrió el ataque, quién trasladó los restos hasta el terreno y si hubo más de una persona involucrada.

Al menos cuatro delincuentes asaltaron la casa de un pediatra - que también funciona como consultorio- en pleno centro de la ciudad de La Plata y mantuvieron maniatadas durante casi dos horas a varias víctimas, entre ellas una niña de 10 años. El violento episodio ocurrió a plena luz del día, a sólo dos cuadras de la sede de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Según información de medios platenses, el hecho tuvo lugar a las 13 horas de este viernes en un inmueble de calle 4 entre 51 y 53, donde funciona el consultorio del médico. El lugar se encuentra cerca también del Ministerio de Seguridad provincial y frente a la sede de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Entre las víctimas del robo estuvieron el propio pediatra, su madre de 84 años y una paciente que había llegado al consultorio junto a su hija de 10 años. Ninguna de ellas sufrió agresiones físicas, aunque atravesaron una situación de fuerte angustia durante las dos horas de cautiverio.

Según el diario El Día, y en base a lo que pudo reconstruirse a partir del procedimiento policial, todo comenzó cuando la madre del médico escuchó el timbre y se acercó a abrir la puerta. En ese momento, uno de los delincuentes la tomó del rostro, le tapó la boca e ingresó por la fuerza junto con otros dos sujetos.

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes llevaron a la mujer y a su hijo al primer piso de la propiedad, donde los ataron de manos y pies con elementos que encontraron en la habitación mientras les exigían dinero y objetos de valor. Uno de los ladrones quedó vigilando a los rehenes mientras otro recorría los ambientes en busca de pertenencias.

La secuencia se agravó cuando, en medio del robo, llegó una paciente con un turno acordado con el pediatra. Un hombre la recibió y le dijo que debía esperar afuera porque el médico estaba demorado, y simuló una conversación telefónica antes de hacerla ingresar junto a su hija. Ambas fueron conducidas luego al primer piso, a la misma habitación donde permanecían cautivos el médico y su madre, y también quedaron reducidas.

Los delincuentes permanecieron alrededor de dos horas dentro de la vivienda antes de escapar. Antes de retirarse, intentaron obligar a las víctimas a realizar transferencias desde sus cuentas bancarias, aunque en principio no lograron concretarlas, de acuerdo con la reconstrucción del hecho.

Tras la partida de los asaltantes, las víctimas permanecieron atadas durante unos minutos hasta que el pediatra logró liberarse y pudo ayudar a su madre y a la paciente. La mujer que había llegado con su hija no pudo precisar si también la robaron.

Allegados al pediatra indicaron a El Día que los delincuentes desvalijaron la vivienda y que, pese a que las víctimas no fueron golpeadas, vivieron momentos de enorme angustia. La situación resultó especialmente traumática para la niña de 10 años, que permaneció en la habitación mientras lloraba de miedo durante todo el cautiverio.

La investigación busca ahora establecer cómo ingresaron y escaparon los sospechosos del inmueble, además de determinar si contaban con información previa sobre los movimientos del consultorio y de sus ocupantes.

Personal de la Policía de Investigaciones de San Cristóbal, de la provincia de Santa Fe, con la colaboración de la División Investigaciones de la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba, recuperó 135 cabezas de ganado vacuno que habían sido adquiridas mediante cheques sin fondo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo se concretó en las últimas horas luego de un allanamiento en una zona rural de la localidad de Sinsacate, en el departamento cordobés de Totoral, en el marco de una investigación por una presunta estafa, que incluía el presunto pago de los animales con los cheques fraudulentos.

Una vez en el lugar, el personal policial procedió al secuestro de la totalidad de los animales, valuados en aproximadamente 165 millones de pesos.

Por el momento, no se informó acerca de ningún detenido, aunque aclararon que las tareas investigativas continúan para individualizar a los responsables de la maniobra, de acuerdo con lo informado por las fuentes.

Empresario agropecuario detenido en Santa Fe

En septiembre, un empresario agropecuario de Venado Tuerto, identificado con las iniciales R.A.B., quedó detenido tras nueve allanamientos simultáneos por una presunta maniobra de estafa en operaciones de compraventa de ganado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe confirmó que el operativo se ejecutó en domicilios particulares, oficinas y sedes de las sociedades vinculadas al acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la primera situación tuvo lugar en marzo del año pasado con la presunta compra a productores rurales de 360 cabezas de ganado por un valor que superó los 271 millones de pesos. Los animales fueron entregados, pero los cheques emitidos como pago resultaron rechazados por falta de fondos. Ante los reclamos, el acusado emitió al menos 37 documentos de pago pero la deuda nunca se saldó.

La maniobra tuvo un segundo episodio cinco meses después. En agosto de 2025 ejecutó una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En aquel entonces, la víctima entregó cheques por otros 100 millones de pesos pero el ganado comprometido nunca fue entregado a la compradora.

Tras más de un año de investigación, ordenaron llevar a cabo nueve allanamientos de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad a partir de los cuales pudieron secuestrar documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos y títulos valores considerados relevantes para la causa, según detalló El Litoral.

Las medidas alcanzaron tanto domicilios particulares como oficinas y espacios vinculados con las sociedades bajo investigación, con el propósito de preservar pruebas y evitar su pérdida, alteración u ocultamiento.

En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Durante varios meses, la funcionaria analizó documentos bancarios, societarios y comerciales, lo que le permitió reconstruir los movimientos vinculados con las operaciones ganaderas y los circuitos financieros asociados, a partir del cruce de información aportada por entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.

Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado a partir de la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, un factor que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas transacciones.

Entre la prueba reunida figuran registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y en una sola de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025 por un monto que superó los 982 millones de pesos.

El requerimiento fue presentado el 8 de octubre ante el Juzgado Federal de Río Grande. La acusación alcanza a tres mecánicos, identificados como J.G.G., M.A.V. y A.L.E.; al inspector D.G.S.; y al representante técnico R.O.A.B. Todos fueron imputados por el delito de accidente aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas, en calidad de coautores.

A partir de las pericias realizadas, la Fiscalía identificó como causa central del accidente la falta de locking clips o clips de bloqueo. Se trata de piezas de seguridad destinadas a impedir que los tensores de los cables de interconexión de alerones se aflojen durante el vuelo.

Como resultado de ese proceso, se produjo una desconexión de los cables y la pérdida de control de la aeronave durante el despegue. Asimismo, plantearon que las vibraciones del vuelo habrían provocado que se desenroscaran los tensores de los cables que intervienen en su funcionamiento.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, las omisiones se habrían dado en dos órdenes de trabajo ejecutadas por Air Delta S.R.L., empresa dedicada a la reparación de aeronaves. En el caso de que fueran encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena de entre 1 y 5 años de prisión.

La primera intervención cuestionada corresponde a la orden de trabajo N° 1605, realizada el 28 de febrero de 2020, que incluyó tareas de tensión de los cables. Para el fiscal, el procedimiento no se completó porque no se instaló el clip de bloqueo.

Según el sitio Fiscales, la tarea fue asignada a J.G.G. D.G.S., en su función de inspector, debía verificar que se hubiera realizado en forma correcta, mientras que R.O.A.B. tenía responsabilidades de supervisión como representante técnico del taller.

La segunda orden de trabajo, identificada con el N° 1819, fue realizada el 30 de noviembre de 2021. En esa oportunidad se revisaron los cables para constatar que no presentaran daños ni desgaste, pero tampoco se detectó ni corrigió la ausencia de la pieza de seguridad. Esa omisión fue atribuida a M.A.V. y A.L.E., además de D.G.S. y R.O.A.B.

De hecho, el ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro, perito oficial que trabajó junto con especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, concluyó que la falta de ese elemento fue determinante en el siniestro. En su informe final calificó la omisión como una “falta gravísima, causante del accidente”.

No obstante, Rapoport sostuvo que la conducta de los imputados debe ser evaluada a partir de deberes de cuidado diferenciados y sucesivos dentro del taller. Por eso, encuadró la imputación bajo las reglas de la autoría concomitante o concurrente, aplicable cuando distintas infracciones individuales confluyen en un mismo resultado.

“No nos encontramos ante un deber de cuidado común u homogéneo, sino ante deberes objetivos de cuidado específicos, delimitados y sucesivos”, afirmó el fiscal en su presentación. Además, rechazó el argumento de los acusados sobre una supuesta falta de claridad en el manual de mantenimiento.

En respuesta, el representante del Ministerio Público Fiscal apuntó que los mecánicos, el inspector y el representante técnico debían conocer la obligación de colocar los clips de bloqueo tras las tareas sobre los tensores.

Así fue la tragedia aérea de Río Grande

El 1° de julio de 2022, el Learjet 35A de la empresa Flying America S.A. debía cubrir un vuelo sanitario desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande hacia Buenos Aires. Sin embargo, luego de iniciar el despegue por la pista 26, el avión alcanzó pocos metros de altura y perdió el control.

Según describieron, la aeronave se inclinó a la izquierda, se niveló de manera momentánea y volvió a rolar hacia ese lado antes de caer. El impacto se produjo a unos 1.870 metros de la cabecera de pista y a 300 metros a la izquierda de su eje.

Poco después se confirmó que los cuatro pasajeros habían muerto producto del accidente. Las víctimas fueron el piloto Claudio Canelo, el copiloto Héctor Vittore, la enfermera Denise Torres García y el médico Diego Ciolfi. Además, el avión quedó destruido e incendiado.

Durante la investigación se analizaron las grabaciones de cabina, las comunicaciones con la torre de control, el combustible, los motores, los reportes meteorológicos, las órdenes de trabajo y el historial de mantenimiento de la aeronave y del taller.

Con el avance de la causa, los cinco integrantes de Air Delta fueron procesados sin prisión preventiva el 20 de noviembre de 2025 por el mismo delito por el que la fiscalía ahora pidió llevarlos a juicio.

El 7 de julio de 2026, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos. En cambio, revocó la situación procesal del socio gerente de la empresa, para quien dictó la falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba.

Un nene de 5 años murió este viernes en el departamento de Junín, en la provincia de Mendoza, luego de caer de la caja de una camioneta y ser atropellado por su padre dentro de una chacra. El caso se encuentra bajo investigación judicial.

El hecho ocurrió cerca de las 18:38 horas en un predio ubicado en calle Martínez sin número y Sud Alto Verde, bajo jurisdicción de la Comisaría 19.ª. Tras un aviso al 911, los efectivos policiales se trasladaron al lugar. Para ese entonces, el menor ya había sido llevado en un vehículo particular al Hospital Perrupato.

En el centro asistencial, el médico de guardia confirmó que el pequeño había muerto a causa de las lesiones que sufrió. Según las primeras averiguaciones, el nene viajaba en la caja de una Peugeot 504 que manejaba su padre, de 28 años, identificado con las iniciales A. P.

Por motivos que aún se investigan, el vehículo realizaba una maniobra de marcha atrás cuando el menor cayó al suelo y fue arrollado por el rodado. De acuerdo con la información obtenida por Los Andes, el ayudante fiscal de turno acudió a la escena y ordenó la intervención de Policía Científica, con el objetivo de establecer la mecánica precisa del accidente.

Hace casi un año, otro nene de 2 años fue atropellado por su padre

En diciembre del año pasado, se registró un caso similar en una finca de Las Violetas, en el departamento mendocino de Lavalle. En esa ocasión, un nene de 2 años sufrió politraumatismos y una posible fractura de pelvis luego de ser embestido por la camioneta que manejaba su padre durante una maniobra de marcha atrás.

Tras el accidente, el menor fue trasladado primero a un hospital de la zona y, por la gravedad de su cuadro, derivado más tarde al Hospital Notti de Guaymallén.

El accidente ocurrió durante la tarde del 12 de diciembre, cerca de las 15:20 horas. En ese momento, el padre del menor, de 32 años, conducía una Ford F-100 dentro de la propiedad cuando inició una maniobra de reversa. De acuerdo con su declaración inicial, no advirtió que su hijo se encontraba detrás del vehículo y lo atropelló.

La situación fue informada a las autoridades desde el Hospital Domingo Sícoli, donde el chico recibió la primera asistencia médica. Los profesionales determinaron que necesitaba atención de mayor complejidad y dispusieron su derivación al Hospital Notti, uno de los centros de referencia pediátrica de la provincia. El pequeño fue trasladado junto a su madre.

El diagnóstico inicial dio cuenta de la complejidad de las heridas, aunque no se difundieron precisiones sobre su evolución posterior. La derivación al Hospital Notti quedó vinculada a la necesidad de continuar con estudios, atención especializada y seguimiento médico.

En paralelo, el personal de la Comisaría 17.ª y efectivos de Policía Vial trabajaron en torno al episodio. Los agentes realizaron un test de alcoholemia al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo. Esa prueba forma parte de las medidas dispuestas en las primeras horas posteriores al accidente, junto con las actuaciones para reconstruir lo ocurrido.

De la misma manera, la Ford F-100 fue trasladada y quedó en el Hospital Sícoli para que se realizaran los peritajes correspondientes. La Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle ordenó además la intervención de Policía Científica y un dosaje al padre del niño.

El episodio de Lavalle se había dado a conocer pocos días después de otro accidente fatal ocurrido en Guaymallén. En la localidad de Los Corralitos, una bebé de 1 año murió luego de ser atropellada por una camioneta que conducía un repartidor de soda.

Según las actuaciones de ese caso, el conductor, identificado como Jonathan B., de 31 años, había terminado una entrega en la vivienda de la familia y se disponía a retirarse. Al retroceder, no advirtió la presencia de la niña.

La menor fue llevada por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro, donde los médicos confirmaron su muerte. A raíz de esto, la Fiscalía ordenó la detención del conductor y el traslado a sede judicial. Asimismo, la Oficina Fiscal de Guaymallén quedó a cargo de las actuaciones para esclarecer el hecho.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Matanza condenó a prisión perpetua a Héctor Leonel Potenzone (28), alias “Tito”, y Ángel Ezequiel Martínez (19), “Angelito”, por el asesinato de Benito Cabrera, el abuelo que protegió a sus dos nietas durante un intento de robo ocurrido en Laferrere.

La sentencia fue comunicada este viernes en una audiencia virtual, donde los jueces Eduardo Alberto Sbriz, Gabriela Silvia Rizzuto y Matías Mariano Deane consideraron acreditada la participación de los dos acusados en el ataque ocurrido el 29 de marzo de 2025 en la calle Martín Coronado, casi Hilario de Almeira.

Mientras que Martínez siguió la lectura del fallo desde la Unidad Penitenciaria N° 57, donde permanece detenido, Potenzone no pudo conectarse por inconvenientes técnicos. Según precisó el tribunal, ambos podrán solicitar su libertad a partir del 2 de abril de 2060.

“Se hizo justicia. La familia siempre buscó eso, y no venganza”, expresó Walter Fidalgo, abogado de la familia Cabrera y titular de la Asociación Civil Contención y Protección de Víctimas, tras conocerse la resolución.

De acuerdo con la información recopilada por Primer Plano Online, el juicio se resolvió en una sola audiencia. Al momento de declarar, una de las hijas de Cabrera, que conducía el auto al momento del ataque, identificó a Martínez como el autor del disparo y señaló a Potenzone como quien manejaba la moto desde la que actuaron.

En su relato, indicó que sus dos hijas viajaban en el asiento trasero. Una de ellas tenía apenas cuatro meses y estaba en una butaca infantil. Asimismo, precisó que su padre se interpuso para proteger a las niñas cuando los asaltantes dispararon contra el vehículo.

“Si mi papá no la cubría con su cuerpo, el disparo se dirigía hacia ella”, sostuvo la testigo ante el tribunal, tras plantear que los acusados habrían tenido la intención de herir a la bebé. Sin embargo, el proyectil calibre .380 ingresó por la axila de Cabrera y le provocó la muerte.

Ante la prueba recolectada, el fiscal Carlos Luppino consideró probada la intervención de ambos acusados y solicitó la pena máxima. La condena incluyó robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por criminis causa —uno consumado y otro tentado—, además de portación ilegal de arma de guerra.

Así fue el intento de robo que culminó con el crimen de Cabrera

Según la reconstrucción de la investigación, el ataque ocurrió la tarde del 29 de marzo de 2025, cuando una de las hijas de Cabrera se disponía a subir a su Chevrolet Celta. Al advertir la presencia de los delincuentes, accionó la bocina para pedir auxilio y frustró el robo. Los motochorros escaparon, pero antes dispararon contra el vehículo.

Helena, otra de las hijas de la víctima, relató que la familia regresaba de una reunión y había detenido el auto en una bicicletería para dejar la bicicleta de una sobrina de 3 años. En ese momento se produjo el intento de asalto que derivó en el homicidio.

Luego de haber sido baleado, Cabrera fue trasladado de urgencia a una clínica privada, pero llegó casi sin signos vitales y murió poco después. La investigación estuvo a cargo del fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, junto con personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

Por su parte, el Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza, bajo la conducción del comisario Flavio Marino, reconstruyó la fuga a partir de registros de cámaras de seguridad. Los investigadores establecieron que los sospechosos se dirigieron hacia Aldo Bonzi, donde se detuvieron brevemente, y luego volvieron a la zona para cometer otro robo.

Horas después del crimen, asaltaron a mano armada a un vecino de la calle Juan Campión al 1200 y le sustrajeron el auto. Más tarde se refugiaron en el barrio La Puñalada, en Tapiales. Allí, personal policial encubierto reunió información que permitió identificarlos.

Para entonces, los dos acusados ya estaban detenidos por un intento de robo en La Tablada, que terminó con un intercambio de disparos con la Policía y un choque durante la fuga. Desde ese momento, ambos permanecieron detenidos hasta el día de conocerse la sentencia.

Un operativo de seguridad se activó este viernes por la tarde en un jardín de infantes del extremo oeste de Rosario, luego de que detectaran que un nene de 4 años había llevado un revólver calibre .38 en su cartuchera. Se abrió una investigación para determinar las circunstancias y las responsabilidades penales sobre el hecho.

La situación fue advertida por una docente del turno tarde, quien informó de inmediato a la directora de la institución. Según relató, el arma de fuego se encontraba guardada junto a sus útiles escolares.

Desde el establecimiento realizaron una llamada al 911 y se activó un operativo policial. Fue así que el personal del Comando Radioeléctrico arribó al jardín e incautó un revólver Smith & Wesson calibre .38 largo.

Según la información obtenida por Rosario3, el arma no contenía balas. No obstante, se conoció que, entre las actuaciones, se procedió a la identificación del niño y de su madre. Asimismo, los agentes indicaron que no contaban con datos sobre el padre del menor.

Un alumno de 17 años llevó un arma a la escuela y baleó a un compañero en La Matanza

Esta semana también se reportó que un estudiante de 18 años resultó herido este miércoles tras recibir disparos dentro del baño de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Fue trasladado a un hospital de la zona, donde ingresó al quirófano por lesiones en el abdomen y uno de sus brazos.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 58, situada en el cruce de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. La Policía recibió una alerta al 911 a las 12:56 horas y un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego arribó cinco minutos más tarde.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento, los docentes ya habían llevado al alumno en un vehículo particular hacia un centro de salud. Poco después confirmarían que el joven había sufrido heridas de arma de fuego en el abdomen y un brazo.

De acuerdo con la información preliminar, se habría utilizado una pistola calibre .22. Del mismo modo, informaron que un estudiante de 17 años fue demorado, acusado de haber efectuado los disparos.

Antes de ser operado, el alumno herido habría dicho a personal de enfermería que conocía al adolescente señalado y que el disparo se habría producido de forma accidental mientras este le mostraba el arma. Sin embargo, esa versión todavía no fue corroborada.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza. Por esto, los investigadores buscan establecer las circunstancias del episodio y cómo el arma llegó al establecimiento.

Horas más tarde, María, madre de una alumna de 13 años que concurre a la misma escuela, cuestionó la información brindada por las autoridades a las familias después del episodio. Según relató en diálogo con Infobae a la Tarde, su hija estaba por entrar al establecimiento cuando otros estudiantes comenzaron a salir y avisaron que las clases se habían suspendido.

Más tarde, los directivos comunicaron que la decisión se debía a un conflicto entre compañeros. “Más que eso no avisaron. No avisaron de que los chicos estaban en peligro ahí afuera, no avisaron nada”, afirmó la mujer.

Al mismo tiempo que señaló que no conoce a los adolescentes involucrados, la madre de la estudiante reconoció que gran parte de los datos que circularon entre las familias surgieron de relatos de estudiantes.

En ese sentido, indicó que algunos alumnos habrían dicho que el joven manipuló el arma en varias oportunidades antes de que se efectuara el disparo. “No sé si estaba jugando o estaba mostrando, como dicen, pero después salió la bala”, contó.

Tras los disparos, según su testimonio, la Policía llegó al lugar y despejó la zona en la que se encontraban las familias. “Empezaron a llegar la Policía, empezaron a despejar y nos pusieron en la esquina”, recordó.

Frente a la situación, la mujer admitió que se encontraba afectada porque su hija asiste a una escuela del barrio. “Uno siempre mira a los de afuera y cuando nos toca a nosotros de cerca, a mí me angustió, me puso mal la situación”, expresó.

Luego del hecho, algunas madres propusieron reunirse con los directivos para conocer cómo seguirá la actividad escolar y qué medidas podrían implementarse. La mujer consideró que docentes y autoridades enfrentan limitaciones, aunque reclamó respuestas para evitar nuevos episodios.

“Ellos tampoco mucho no pueden hacer, porque me parece que no pueden revisar las mochilas”, planteó al remarcar que “la educación viene de la casa”. Por último, reconoció que teme enviar a su hija a clases, aunque no quiere que deje de asistir. “Me da miedo ahora que vaya. Me da miedo porque también quiero que estudie”, concluyó.

Gustavo Kumiega y Lucía —un nombre de fantasía utilizado para preservar la identidad de la mujer— se conocieron en 2012, mientras practicaban buceo. Él ginecólogo; ella una contadora 14 años menor. A pesar de la diferencia de edad, comenzaron una relación sentimental de la que, tres años después, nació un hijo que hoy tiene 11 años. Sin embargo, cuando Lucía quedó embarazada, en 2014, el médico habría intentado provocarle un aborto sin su consentimiento. “Quedate quieta”, le respondió, según contó ella años después ante la Justicia, cuando le manifestó que no quería que le colocara una pastilla abortiva.

El episodio ocurrió el 27 de octubre de 2014, en un consultorio de la ciudad chaqueña de Resistencia, y dio origen a una causa judicial que terminó con Kumiega sentado en el banquillo de los acusados. En abril de 2023, fue absuelto por el beneficio de la duda y la falta de pruebas suficientes. Sin embargo, la jueza que intervino consideró acreditado un contexto de violencia de género durante la relación y ordenó medidas de protección para su expareja.

El antecedente surge de una sentencia de 40 páginas de la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, a la que accedió Infobae. El documento cobra relevancia mientras el ginecólogo, hoy de 57 años, enfrenta siete denuncias por violencia médica y una por abuso sexual. En las últmas horas, fue detenido.

El embarazo y la denuncia de intento de aborto

Según declaró Lucía durante el juicio, su relación con Kumiega estuvo marcada por “separaciones y reconciliaciones”. Sumida en ese vínculo, con el tiempo comenzó a alejarse de sus amistades porque “lo quería”.

La mujer también relató que el médico cuestionaba que acudiera a otro ginecólogo. “¿Para qué vas a ir a abrirle las piernas a otra persona?”, le decía. Por ese motivo, terminó atendiéndose con él.

En octubre de 2014, cuando tenía 31 años, Lucía notó un retraso en su período y sospechó que podía estar embarazada. Se lo comunicó a su pareja, quien le pidió que fuera a su consultorio, ubicado en la calle López y Planes de Resistencia, para realizarle una ecografía intravaginal.

La cita fue el 27 de octubre. Allí, de acuerdo con la acusación, Kumiega confirmó el embarazo y le introdujo una pastilla abortiva en la vagina.

Durante el debate, Lucía relató que estaba acostada en la camilla, con las piernas abiertas, cuando ocurrió el episodio. Aseguró que le había manifestado que no quería que le colocara las pastillas.

“Dios nos iba a castigar”, recordó haberle dicho. De acuerdo con su testimonio, Kumiega le respondió: “No, quedate quieta”.

La mujer explicó que permaneció en esa posición y que no llegó a ver de dónde había sacado la pastilla. También contó que el médico le había dicho que no era momento de convertirse en padre porque tenía un juicio por mala praxis, aunque aclaró que esa explicación se la dio después, cuando regresaron a la vivienda.

Según su declaración, el procedimiento debía continuar con nuevas aplicaciones de pastillas durante los días siguientes, pero ella se negó.

“Mirá lo que me hiciste hacer”

Tras el episodio ambos regresaron a la casa y comenzaron a discutir. Allí, Kumiega la golpeó con una raqueta en el rostro y en el abdomen. “Mirá lo que me hiciste hacer”, recordó que le dijo durante la agresión.

La mujer aseguró que quedó dolorida y que el médico no la dejó salir de la propiedad hasta las cinco de la mañana.

Al día siguiente no fue a trabajar. Por la tarde, preocupada por las posibles consecuencias de la pastilla sobre su embarazo, acudió a otra ginecóloga.

La profesional le indicó una ecografía para evaluar su estado. Lucía regresó con el estudio y recibió la noticia de que el embarazo continuaba, aunque todavía debía esperar para comprobar los latidos.

“Una semana y media o dos después”, se realizó otro control que confirmó que el embarazo seguía adelante.

El 17 de junio de 2015, casi ocho meses más tarde del episodio denunciado, nació su hijo.

Kumiega lo reconoció legalmente seis meses después de su nacimiento, según contó Lucía en un informe socioambiental realizado en 2017 e incorporado al expediente.

En aquella entrevista, la mujer recordó los meses gestación con una frase que quedó registrada en la sentencia: “De milagro nació B., yo pensé que lo perdía porque tuve mucha pérdida. Pasé todo mi embarazo sola, él no quería tenerlo”.

Las amenazas y la denuncia

En el expediente también quedó registrado otro episodio que la mujer situó entre 2013 y 2014. Aseguró que, durante una discusión en la vivienda de Kumiega, el médico tomó un cuchillo de cocina y la amenazó. “Te vas de mi casa o te mato”, fue la frase que le atribuyó. Esa acusación se incorporó a la causa como un presunto delito de coacciones agravadas por el uso de un arma.

Lucía también denunció que su expareja la amenazaba con difundir fotografías íntimas suyas y que, por ese motivo, había retomado la relación en distintas oportunidades. En una de las entrevistas incorporadas al expediente describió el vínculo como “tóxico” y relató sus dificultades para pedir ayuda.

La investigación avanzó con declaraciones testimoniales, informes psicológicos, estudios médicos, fotografías y capturas de comunicaciones entre ambos. Entre los mensajes apareció uno atribuido a Kumiega que decía: “Eso es lo que vos querés. Hubieras abortado bien. O no me hubieras avisado de la existencia”.

La jueza consideraría posteriormente que ese intercambio aportaba elementos sobre una intención de interrumpir el embarazo, pero no permitía demostrar que el médico hubiera actuado sin consentimiento.

Qué dijo Kumiega en el juicio

El juicio se desarrolló en abril de 2023 ante la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, con la magistrada Liliana Soledad Puppo al frente del tribunal unipersonal.

Kumiega llegó acusado de tentativa de aborto sin consentimiento, agravada por su condición de médico, y coacciones agravadas por el uso de un arma.

Al comenzar la audiencia, negó haber colocado pastillas abortivas y haber amenazado a su expareja con un cuchillo. También sostuvo que nada de lo que ella había contado era cierto.

Al finalizar el debate, cuando le preguntaron si quería agregar algo, respondió simplemente: “No”.

Durante el juicio declararon Lucía, profesionales que la habían atendido durante el embarazo y otras testigos.

La sentencia describe la angustia y el temor que manifestó la mujer al recordar los hechos. Incluso señala que no pudo terminar su declaración porque sufrió una crisis emocional.

Al concluir el debate, el fiscal Jorge Fernando Gómez solicitó tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación profesional para Kumiega.

La defensa, a cargo de Juan Carlos Saife, pidió su absolución.

Finalmente, el 28 de abril de 2023, Puppo absolvió al ginecólogo de ambos delitos por el beneficio de la duda y la insuficiencia de pruebas.

Sobre el presunto intento de aborto, la magistrada sostuvo que no se había podido demostrar con la certeza necesaria que Kumiega hubiera actuado sin el consentimiento de Lucía. También planteó dudas acerca de si la colocación de una sola pastilla, en las circunstancias investigadas, podía considerarse el comienzo de ejecución del delito.

Respecto de la amenaza con el cuchillo, consideró que no se habían precisado suficientemente las circunstancias del episodio ni reunido elementos que permitieran acreditar la acusación.

Sin embargo, la jueza consideró acreditado que Lucía había atravesado un contexto de violencia de género.

La magistrada fundamentó esa conclusión en el testimonio de la mujer, su comportamiento durante el juicio y las declaraciones de quienes habían conocido su situación. “Todo el cuadro descriptivo que los testigos fueron configurando nos indican ese estado de subordinación en que se encontraba” la denunciante respecto de Kumiega.

Por ese motivo, pese a absolver al ginecólogo, ordenó que no se acercara a menos de 300 metros de su expareja ni se comunicara con ella por ningún medio. También dispuso que el contacto con su hijo se organizara a través de un familiar o una persona de confianza y que el médico continuara con tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Los resultados de los estudios toxicológicos complementarios a la autopsia de Alejandro Zalazar, el anestesista de 31 años encontrado muerto en febrero pasado en su departamento del barrio porteño de Palermo, confirmaron que tenía fentanilo y propofol en la sangre. Así lo informaron fuentes judiciales a Infobae, en el marco de la investigación que todavía busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Según pudo saber este medio, los estudios también detectaron lidocaína, un anestésico local que se utiliza para bloquear el dolor. Los resultados se suman a los hallazgos realizados en el departamento, donde se encontró una jeringa y un dispositivo utilizado para administrar medicación por vía intravenosa con restos de propofol, fentanilo y midazolam, un medicamento de efecto sedante.

Pese a estos elementos, todavía no se pudo determinar si Zalazar se administró las sustancias por su cuenta o si hubo otra persona involucrada en su muerte, indicaron las mismas fuentes.

La autopsia había establecido que Zalazar falleció como consecuencia de un edema pulmonar, pero los investigadores aguardaban los estudios complementarios para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

El caso

El anestesista fue encontrado sin vida el 20 de febrero de 2026, en su departamento de la calle Juncal al 4600, en Palermo. Su cuerpo estaba tendido en el piso, junto a la cama, y tenía una vía intravenosa colocada en el pie derecho. Cerca de él, los investigadores encontraron una jeringa, una ampolla y un frasco que, segppun se estableció en ese momento, podían corresponder a fentanilo y propofol, respectivamente.

Su muerte ocurrió pocos días antes de que se iniciara formalmente una investigación por el presunto desvío de anestésicos del Hospital Italiano, que posteriormente derivó en los procesamientos de Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri. Ambos están acusados de haber sustraído propofol de la institución para consumirlo fuera del ámbito hospitalario. Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara y, en agosto pasado, el fiscal Lucio Herrera pidió que los dos sean enviados a juicio oral por administración fraudulenta.

Las últimas horas de Alejandro Zalazar

Zalazar era residente de tercer año de anestesiología en el Hospital Rivadavia, realizaba una rotación de Anestesiología Pediátrica en el Hospital Gutiérrez y también trabajaba en la Fundación Favaloro.

El jueves 19 de febrero, un día antes del hallazgo de su cuerpo, había cumplido con sus actividades habituales. Según pudo reconstruir la investigación, a partir del análisis de las cámaras de seguridad del edificio y los registros telefónicos incorporados al expediente, salió de su domicilio a las 8.05 y regresó a las 20.06.

Menos de una hora después, a las 20.55, volvió a salir vestido con ropa deportiva para dirigirse a un gimnasio ubicado a tres cuadras de su casa. A las 22.01 ingresó nuevamente al edificio. Llevaba un sobre en la mano. Esa fue la última vez que las cámaras lo registraron con vida.

Esa misma noche intercambió mensajes de WhatsApp con uno de sus mejores amigos, F.M.T., con quien tenía previsto encontrarse para salir a caminar con el perro y tomar algo en un bar.

En un primer momento, Zalazar aceptó la propuesta. Sin embargo, más tarde le escribió para cancelar el encuentro: “Perdón doc, me agarró el bajón, pero mal. Perdón, posta. Podemos (hacer) algo mañana bien temprano”.

Su amigo declaró posteriormente que el médico había atravesado una separación sentimental reciente, aunque no interpretó aquellas palabras como una señal de alarma. Finalmente, acordaron verse al día siguiente, pero el encuentro nunca ocurrió.

El viernes 20 de febrero, Zalazar no se presentó a trabajar en la Fundación Favaloro. Sus compañeros comenzaron a llamarlo, pero no obtuvieron respuesta. La preocupación llevó a sus allegados hasta el edificio de Palermo, donde finalmente lo encontraron sin signos vitales.

El vínculo con los otros investigados por el propofol

Una de las personas que apareció en la investigación por la muerte de Zalazar fue Chantal “Tati” Leclercq, médica residente del Hospital Rivadavia y amiga del anestesista. Fue una de las primeras en llegar al departamento el día en que encontraron su cuerpo y, según los registros telefónicos, la última persona con la que habló la noche anterior.

En su declaración testimonial, Leclercq explicó que conocía a Zalazar por su trabajo en el Rivadavia y que mantenían una relación de amistad. También contó que en una oportunidad le había pedido ayuda para asistir a “Fini” Lanusse, a quien había encontrado bajo los efectos del propofol.

“Ale no tenía vínculo con Hernán (Boveri), pero conocía a Delfina por mí”, declaró al explicar la relación entre los profesionales.

Leclercq, además, quedó imputada en una investigación independiente por la presunta sustracción de medicamentos del Hospital Rivadavia. En ese expediente, la Fiscalía ordenó distintas medidas para reconstruir el circuito de los anestésicos, entre ellas auditorías de stock y análisis de los registros de entrega y utilización de medicamentos.

La médica también fue allanada en su domicilio del country Santa Bárbara, donde los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos, aunque no encontraron medicamentos.

Esta semana, Leclercq publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que cuestionó la exposición pública que tuvo a raíz de la investigación. “De la nada, la peligrosa era yo”, escribió al describir cómo atravesó los últimos meses.

*Con informacion de Omar Lavieri.

Los operativos apuntaron a una estructura que, según la investigación, quedó al frente de parte de la actividad de narcomenudeo en el barrio tras la caída del Clan Muñoz.

Los investigadores ubican como principal sospechoso a un hombre identificado como yerno de Dalmacio “Sapo” Saravia, quien fue condenado a principios de este año a ocho años de prisión por liderar una red de venta de droga en Villa Banana y Vía Honda.

Las irrupciones se hicieron en viviendas situadas sobre el bulevar 27 de Febrero, el pasaje Gutenberg y las calles Gálvez, Lejarza y Servando Bayo, dentro de Villa Banana. También hubo un allanamiento en la calle General Juan José Valle, en Roldán.

Además de los dos revólveres y las municiones de distintos calibres, la PFA secuestró 29 celulares, documentación considerada relevante para el expediente y material vinculado al fraccionamiento de droga. Los seis detenidos son argentinos, mayores de edad, y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737.

Los allanamientos fueron ordenados por la jueza María de los Ángeles Granato, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, a cargo de César Cabrera Molino. La pesquisa la realizó la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones.

La causa se relaciona con las investigaciones abiertas sobre los grupos que se disputan la venta de droga y el control territorial en Villa Banana. En ese barrio fue asesinado el agente federal Rodolfo Manfredi durante un tiroteo ocurrido la noche del 11 de junio.

Manfredi, de 30 años, recibió tres disparos por la espalda cuando estaba de civil junto a otros dos efectivos en un pasillo cercano al cruce de 27 de Febrero y Gutenberg. Su compañero, E.V., de 34 años, resultó herido y un tercer policía logró ponerse a resguardo durante el ataque.

Por ese crimen fueron detenidos e imputados Luis Miguel Muñoz, Mario Ezequiel Peralta, Jorge Gustavo “Morcilla” Muñoz y Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado como jefe de una organización que, para los fiscales, fue una reconfiguración de la estructura que había encabezado Saravia.

La investigación por el homicidio y la causa por narcotráfico continúan en trámite.

Un niño de 12 años permanece internado en grave estado luego de que un arco de fútbol cayera sobre su cabeza dentro de las instalaciones del Club Atlético Lanús.

El hecho ocurrió el 13 de octubre y tomó estado público tres días después, a partir de publicaciones en redes sociales. En el caso tomó intervención la Comisaría 4ª de Lanús, que inició actuaciones de oficio este jueves, cerca de las 13.06, bajo la carátula de lesiones culposas.

Según fuentes policiales, el menor fue trasladado al Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internado en condición grave y con riesgo de vida.

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo la caída de la estructura ni sobre el lugar exacto del predio en el que ocurrió.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que deberá determinar las responsabilidades por el episodio y establecer si se cumplieron las condiciones de seguridad en el sector donde estaba instalado el arco.

El caso de Lanús ocurre en un contexto de antecedentes recientes vinculados a la caída de arcos móviles en predios deportivos. Un relevamiento de pediatras del Hospital de Niños Orlando Alassia contabilizó 19 casos de lesiones graves en niños y adolescentes en la Argentina entre 2011 y junio de 2026, de los cuales 12 tuvieron desenlace fatal. La investigación asoció los episodios con estructuras que no estaban aseguradas de manera adecuada al suelo.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en enero de este año en Junín de los Andes, Neuquén. Joaquín Stefano Gatto, de 12 años, murió después de que un arco sin fijación cayera sobre él durante un campamento. El caso dio nombre a la denominada Ley Joaquín, un proyecto que se aprobó en las dos Cámaras legislativas bonaerenses y plantea requisitos de instalación, sujeción y mantenimiento para arcos y otras estructuras deportivas y recreativas. Sin embargo, la norma aún no está reglamentada.

En mayo, además, un arco cayó durante un partido de fútbol infantil en Centenario, Neuquén, y varios jugadores quedaron atrapados en la red, aunque no sufrieron heridas. Familias que asistían al encuentro denunciaron que la estructura tenía una fijación precaria y reclamaron controles sobre las instalaciones.

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tuvo este viernes una nueva jornada marcada por el testimonio de la madre de la hija del cantante y una interrupción debido a su estado de salud. Durante una hora y media, la mujer describió los conflictos que su expareja mantenía con los vecinos del barrio Samoré, en Villa Lugano, y aseguró que “lo volvían loco”.

Tras esa declaración, el músico manifestó sentirse mal mientras seguía el debate por videoconferencia desde la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar, donde permanece internado contra su voluntad. Según pudo saber Infobae, los médicos constataron que tenía la presión arterial algo elevada, por lo que se dispuso un cuarto intermedio.

Con el visto bueno de los médicos, la audiencia se retomó horas después de manera virtual y declaró un testigo más.

El juicio continuará el próximo miércoles 21 de octubre.

Fin de la audiencia 14°

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 dio por finalizada la audiencia de este viernes, en la que declararon dos testigos propuestos por la defensa del músico: la madre de su hija y un amigo de la infancia. Aunque inicialmente estaban previstas cuatro declaraciones, solo se concretaron dos.

Se retomó la audiencia y declaró un amigo de “Pity” Álvarez: aseguró que tenía miedo de bajar a la calle y que le exigían dinero

Un vecino y amigo de toda la vida de “Pity” Álvarez, con quien se crio en el barrio Samoré de Villa Lugano, declaró este viernes en el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Durante su testimonio, aseguró que el músico tenía miedo de salir a la calle porque era amenazado por grupos de personas que se reunían en las inmediaciones de su edificio y le exigían dinero.

Según pudo saber Infobae, el testigo contó que Álvarez le había manifestado en varias oportunidades que sentía “pánico” de bajar. Aseguró que él mismo había sufrido situaciones similares y recordó que un hombre al que identificó como “Nico” lo amenazó con una cuchilla para exigirle plata. También relató que en otra ocasión dos personas lo golpearon dentro del edificio para robarle.

El hombre dijo que no conocía a Díaz, pero que escuchó tres disparos. Además, sostuvo que, después del crimen, una persona se le acercó y le advirtió: “Ojo con lo que decís”. Si bien cree haberla visto entre quienes frecuentaban el grupo de la víctima, aclaró que no podía asegurarlo.

En su declaración, también describió episodios de violencia que, según afirmó, eran habituales en el barrio. Contó que durante la madrugada escuchaba gritos y, en ocasiones, disparos. También recordó que una vecina había herido a Álvarez con un cuchillo, pero que el cantante decidió perdonarla porque, según explicó, la mujer tenía problemas neurológicos.

El testigo brindó una descripción favorable de su amigo. “Es una persona excepcional, excelente, un buen ser humano”, sostuvo. Aseguró que el músico ama a los animales y a su madre, que ayudaba a vecinos que atravesaban dificultades económicas y que es una persona culta, con la que se podía conversar sobre distintos temas. Sin embargo, reconoció que “el mayor problema que tiene es la adicción a las drogas”.

Por último, manifestó que no logra comprender lo ocurrido la noche del homicidio. “No entiendo lo que pasó, cómo pasó y por qué, porque no es una persona violenta”, afirmó. Y agregó: “No sé con qué situación se debe haber encontrado en ese momento”.

La audiencia se reanudará cuando los médicos autoricen la participación de “Pity” Álvarez

El juicio continuará por videoconferencia con las declaraciones de los testigos que todavía no comparecieron, una vez que los médicos de Solar Colonial determinen que Álvarez está en condiciones de seguir participando. El debate permanece en cuarto intermedio luego de que el músico manifestó sentirse mal y fue revisado por profesionales del establecimiento donde continúa internado contra su voluntad.

Cuarto intermedio

Como sucedió en otras oportunidades, “Pity” Álvarez manifestó sentirse mal durante la audiencia y debió ser revisado por los médicos de la clínica Solar Colonial, desde donde sigue el juicio por videoconferencia.

Según pudo saber Infobae, se constató que el músico, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, presentaba la presión algo elevada. En ese contexto se dispuso un cuarto intermedio. “Está previsto que le den algo de comer mientras se aguarda la reanudación del debate”, indicaron fuentes del caso.

“Pity” Álvarez manifestó sentirse mal durante la audiencia y evalúan su estado de salud

Tras escuchar a la madre de su hija, desde la clínica Solar Colonial, el músico manifestó sentirse mal.

Según pudo saber Infobae, la situación se produjo mientras continuaban las declaraciones de los testigos de identidad reservada. Por el momento, se aguarda una evaluación de su estado de salud para determinar cómo seguirá la jornada.

“Lo volvían loco”: qué dijo la madre de la hija de “Pity” Álvarez

La mujer declaró este viernes durante una hora y media y brindó un testimonio favorable al músico. Según pudo saber Infobae, contó que conoció a “Pity” Álvarez en 2007, cuando trabajaba en el vestuario del videoclip de “Pila Pila”, y que comenzaron una relación sentimental en febrero de 2009, durante el festival Cosquín Rock. En su relato describió el barrio Samoré, de Villa Lugano, como una zona “marginal”, atravesada por los robos y el consumo de drogas.

Al igual que la madre del músico y otros testigos que ya declararon en el debate, la mujer habló de los conflictos con los vecinos y aseguró que “lo volvían loco”.

Ella tampoco estuvo exenta de esos conflictos. Durante su declaración, contó que una vecina llegó a soltarle un perro rottweiler cuando tenía a su hija en brazos y que otra había acuchillado al cantante y le pedía drogas. También aseguró que Díaz era un delincuente que le había robado una mochila a Álvarez, un episodio que, según sostuvo, había sido denunciado. “El ‘Pity’ limpió el barrio de la mugre”, afirmó al referirse al crimen por el que el músico está siendo juzgado.

La testigo también recordó que, aproximadamente un mes antes de un recital en Racing, Álvarez recibió tres disparos cuando se dirigía a ensayar a Villa Cildáñez, a pocas cuadras de su casa. Según su relato, el cantante había bajado a comprar drogas y entró en un lugar donde se estaba produciendo un robo cometido por hombres encapuchados. En esas circunstancias, recibió los disparos.

Uno de los momentos de tensión se produjo cuando la Fiscalía y luego el juez Juan María Ramos Padilla le pidieron que identificara a los vecinos mencionados. Durante el intercambio, el magistrado le recordó su condición de juez de la Nación y le exigió que se dirigiera a él con respeto.

Por último, la mujer explicó que, cuando Álvarez quedó detenido, se llevó a su hija a vivir a Capilla del Monte, Córdoba. Durante ese período, padre e hija mantenían contacto mediante videollamadas, pero aclaró que actualmente no se comunican de esa manera. Según explicó, ambos atraviesan un proceso de revinculación después de haber pasado mucho tiempo sin verse.

La primera testigo lleva más de una hora declarando

Los testigos pidieron declarar sin la presencia de la prensa

Los cuatro testigos citados para la audiencia de este viernes solicitaron prestar declaración sin la presencia de periodistas en la sala. La única que lo hará de manera presencial es la madre de la hija del cantante, los otros tres por videollamada.

“Pity” Álvarez ya está conectado desde la clínica de Castelar para seguir el juicio por zoom

“Pity” Álvarez ya se encuentra conectado por videoconferencia desde la clínica de salud mental de Castelar, acompañado por sus abogados Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci. En la sala de audiencias están presentes los tres jueces del tribunal, el abogado de la querella Fabián Améndola y representantes del Ministerio Público Fiscal. Sandro Abraldes no participa de la jornada y es reemplazado por el fiscal Fernando Fiszer.

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Un hombre de 48 años quedó detenido ayer en La Plata luego de que se presentara en una comisaría y confesara que había matado a su pareja. Tras su declaración, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en una vivienda del barrio Hipódromo de la ciudad.

El acusado fue identificado como José Martín Burgos, quien se presentó durante la tarde de este jueves en la Comisaría Segunda. Allí manifestó que había ahorcado a Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, el lunes pasado.

Según su relato, después del ataque salió de la casa junto al hijo de ambos, de un año de edad, y viajó a la provincia de Jujuy, donde dejó al niño al cuidado de familiares. Luego, pasado el mediodía del miércoles se subió a un micro en San Salvador de Jujuy con destino a Retiro, regresó a La Plata y decidió entregarse.

A partir de la escalofriante declaración de Burgos, efectivos policiales se dirigieron a la propiedad donde convivía con la víctima, situada en 39 entre 121 y 122. El cuerpo de la mujer estaba dentro del domicilio y presentaba signos de asfixia.

Fuentes policiales indicaron que el hombre quedó bajo arresto por orden de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº17 de La Plata.

La fiscal se presentó en el lugar junto con personal de Policía Científica, que realizó las pericias en la vivienda. Si bien el acusado sostuvo que el crimen ocurrió el lunes, la autopsia deberá determinar cuándo ocurrió el hecho, además de establecer la causa concreta de la muerte.

Burgos tiene domicilio principal registrado en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y antecedentes laborales en los rubros industrial, de servicios eventuales y de alquiler de maquinaria y equipos.

Hasta el momento no trascendió cuál fue la localidad de Jujuy a la que viajó ni la situación actual del hijo de la pareja.

Las autoridades sí informaron que la Comisaría de la Mujer y la Familia notificó a familiares de Martínez y les brindó asistencia inicial. Otro dato que se supo es que en los registros policiales no constaban intervenciones previas vinculadas a la pareja.

El policía exonerado Eliel Gerónimo Schiffo (37) fue acusado este jueves por haber abusado sexualmente y matado a Bárbara Camila Aragón (26) el sábado de la semana pasada en la pensión en la que vive el hombre, en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. Declaró durante la audiencia que había tomado cocaína todo el día previo al femicidio e indicó que fue un “accidente” en medio de una práctica sexual. No obstante, tanto la fiscal Marina Bertolotti y la jueza Luciana Vallarella rechazaron su argumento, por lo que quedó preso hasta la realización del juicio.

De acuerdo a los datos ventilados por la fiscal Bertolotti, Aragón fue desde la ciudad de Villa Gobernador Gálvez –donde vivía– hasta la pensión de Schiffo para brindar un servicio sexual. Lo hizo en un auto de aplicación, cuyo chofer fue clave para poder esclarecer el caso.

La joven llegó al inmueble de Juan José Paso y Banco Nación aproximadamente a las 11.45 del sábado. El traslado lo pagó vía transferencia bancaria Schiffo al conductor.

Aragón le contó al chofer de la aplicación que era trabajadora sexual y que la había citado un cliente en el lugar de destino. Es más, le pidió que una hora después vaya a buscarla a la pensión para llevarla hasta su hogar.

Todo cambió cuando la joven le mandó un mensaje al conductor a los diez minutos de ingresar para pedirle que la buscara inmediatamente, ya que el cliente no tenía dinero para pagar. El chofer volvió a la propiedad de Juan José Paso y Banco Nación, le escribió a la mujer, pero ella nunca salió. Al cabo de varios minutos, se fue.

En esa ventana de tiempo que se estima que fue de entre 15 y 20 minutos, Schiffo abusó sexualmente de la víctima, a quien asfixió con sus manos hasta matarla. También apagó el celular de ella. Fue esa situación la que advirtió a las amigas y a la familia de Bárbara, quienes hicieron la denuncia para activar la búsqueda de paradero, publicaron un pedido de colaboración de información vía redes sociales y recolectaron datos para conocer dónde había estado por última vez.

El conductor de la aplicación que había llevado a Bárbara, al ver los posteos en las redes sociales, se comunicó con la familia y le contó que él la había llevado a esa pensión y que nunca salió de la misma, pese a haberle solicitado que la recogiera. Además, brindó el nombre de quien había realizado la transferencia para abonar el viaje, que fue el último cliente que había pedido un servicio sexual. Esa situación derivó en que allegados y el Comando Radioeléctrico se dirigieran a la propiedad donde vive el policía exonerado desde julio/agosto pasado.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un sector de la cocina, debajo de la mesada, envuelto en una frazada, sobre una valija y una caja de reparto. Tenía lesiones en el cuello y signos de abuso, que posteriormente fueron constatados en la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario.

En medio de la imputación, Schiffo hizo uso de la palabra y señaló que había tomado cocaína todo el viernes. Agregó que el femicidio habría sido un “accidente” producto de una supuesta práctica sexual que se le “fue de las manos”.

“La versión que él dio no se condice para nada con la evidencia que tenemos reunida a menos de una semana de ocurrido el hecho”, afirmó después la fiscal Bertolotti en conferencia de prensa.

La jueza Vallarella ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el acusado.

Por su parte, Blanca, la mamá de la joven, dijo en Canal 3: “Fue muy doloroso, muy feo tener que escuchar todo lo que pasó, todo lo que le hicieron con tanta saña, con tanta maldad. No tiene explicación, no tiene motivo”.

“Mis nietos hoy están preguntando por su mamá y lamentablemente lo teníamos que hacer en algún momento. Esperamos el día, pero lo tuvimos que hacer hoy y tener que contarles la verdad”, añadió Blanca respecto de que tuvo que contarle el femicidio a sus dos nietos de 6 años.

Tal como publicó Infobae, Schiffo había sido condenado en 2021 a la pena de 6 años de prisión por haber tenido un rol protagónico dentro de una banda narco de su Reconquista natal. Sin embargo, luego de haber sido exonerado de la Policía santafesina, en julio de 2024 fue detenido en Rosario por usurpación de títulos y honores. Es porque lo aprehendieron en Vía Honda, una zona carenciada del suroeste de Rosario, donde se le incautó una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.

Los operativos se realizaron en las últimas horas. Uno tuvo lugar en una quinta de Presidente Perón que funcionaba como búnker de vehículos y objetos robados.

En total, fueron tres los domicilios allanados. Los investigadores incautaron un Peugeot 208 que habría tenido participación en uno de los robos bajo investigación, dos motos con numeraciones de motor y cuadro suprimidas, celulares, una tablet, una memoria externa, alhajas, relojes, una máquina para contar billetes, televisores, herramientas, sogas, guantes, pasamontañas y una caja fuerte que había sido forzada y cortada con soplete.

También se secuestraron $104 mil, USD 401 y varias patentes de vehículos y motos, una de las cuales coincidía con la de un auto utilizado por un grupo de delincuentes durante un reciente golpe comando a un barrio privado de Guernica.

Ese hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, en el acceso al Country Horizonte al Sur, situado sobre la Ruta 16 y la avenida Néstor Kirchner. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el asalto: al menos seis delincuentes llegaron en dos autos, armados, con chalecos antibalas y pasamontañas.

En las filmaciones se observa que uno de los vehículos se aproximó hasta la cabina de seguridad y varios de sus ocupantes descendieron para reducir al personal de vigilancia privada y a un policía que prestaba apoyo en el lugar. Los asaltantes golpearon a los custodios y le quitaron al efectivo su arma reglamentaria. Luego se retiraron sin ingresar al predio.

La investigación estableció que uno de los vehículos registrados por las cámaras llevaba la patente AC130RX. Durante los allanamientos vinculados con la banda investigada se encontraron dos chapas con ese dominio, que corresponde a un Volkswagen Golf.

No obstante, este no es el único hecho que se le endilga a la banda: la Justicia los investiga por otras dos entraderas en San Vicente. Una fue el 18 de septiembre, cuando al menos siete hombres intentaron ingresar a una casa tras forzar una reja. De acuerdo con el expediente, lograron llevarse una caja de herramientas que estaba en el patio y escaparon en un Peugeot 408 blanco y un Volkswagen Gol Trend gris.

El segundo episodio ocurrió el miércoles pasado. Esa vez, varios delincuentes llegaron a la propiedad de las víctimas en un Volkswagen Gol y un Peugeot 208 blanco, ingresaron por una ventana trasera y robaron dinero, zapatillas, televisores, joyas y una caja con alimentos.

A partir de tareas de campo, los investigadores localizaron la quinta donde se ocultaban vehículos y objetos robados. También identificaron domicilios vinculados con algunos de los sospechosos. Así, se solicitaron tres órdenes de allanamiento.

En uno de los allanamientos, uno de los investigados escapó a bordo de un Peugeot 208 blanco, el mismo vehículo que había sido asociado al segundo robo en San Vicente. La persecución se extendió hasta Almirante Brown, donde el auto chocó. El conductor abandonó el vehículo y huyó a pie hacia un descampado.

Además de las placas AC130RX, los agentes secuestraron otras patentes con pedido de secuestro activo. Entre ellas había una correspondiente a una Toyota Hilux denunciada como robada en Cañuelas el 19 de septiembre, otra de una Volkswagen T-Cross robada en agosto y una de una Ford Ecosport denunciada en San Vicente el 12 de octubre.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso que logró escapar, los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Vicente.

Cuando terminó la clase nocturna de artes marciales mixtas, un alumno salió del gimnasio y descubrió que faltaba la moto con la que trabajaba. Menos de un día después, una red de mensajes, una foto y la recorrida de vecinos y compañeros derivaron en la recuperación de la moto robada en el barrio San Jorge, de Florencio Varela.

El relato de esas horas lo hizo Natanael, profesor de la academia Mente Fighter, quien explicó que el vehículo era una herramienta de trabajo indispensable para su alumno. “La moto la usa para trabajar, para alimentar su familia”, dijo sobre el dueño, que se desempeña como cartero y también hace encomiendas.

El robo ocurrió un viernes, mientras el alumno asistía a una clase que había comenzado a las 19.00 y terminó una hora más tarde. Al salir, la moto ya no estaba en la puerta del gimnasio. “Se robaron justamente solamente esa, la nuevita”, afirmó Natanael en Infobae Al Mediodía.

Según el profesor, otras dos motos seguían estacionadas afuera cuando se produjo el hecho. La selección del vehículo llamó la atención del grupo, sobre todo por el uso que su propietario le daba a diario. “La moto la usa para trabajar”, insistió Natanael.

Con la urgencia de encontrarla, compañeros de la academia iniciaron una recorrida en un auto y dos motos. El primer destino fue una zona próxima a tomas del barrio, porque suponían que el rodado podía haber sido llevado allí. “Estamos cerca de tomas, que ya sabemos que siempre van ahí a parar”, explicó.

La búsqueda tuvo un límite en los accesos de tierra. Natanael contó que no pudieron avanzar por algunos sectores debido a las lluvias y al barro acumulado. “Cuando llueve ya no se puede pasar porque es todo barro”, señaló.

Mientras seguían las averiguaciones, el dueño realizó la denuncia policial. El profesor sostuvo que el trámite era necesario también por la situación del seguro. “Tiene que hacer la denuncia sí o sí”, indicó Natanael.

Un sticker en una foto permitió reconocer el rodado

La búsqueda tomó otra dirección durante la noche, cuando integrantes del sitio donde da clases difundieron un volante en grupos de WhatsApp de Florencio Varela. La intención era que cualquier vecino que viera la moto pudiera identificarla y avisar. “Empezamos a compartir por todos los grupos”, contó el profesor.

Una alumna encontró luego una imagen de una moto que tenía un detalle distintivo. En la fotografía se alcanzaba a ver un pequeño adhesivo, suficiente para que el propietario la reconociera. “Se ve un pequeño sticker”, recordó Natanael.

El texto del sticker decía “Rojo para la envidia”, de acuerdo con el entrenador. Cuando la foto llegó al dueño, la respuesta fue inmediata. “Sí, esa es mi moto”, dijo el hombre, según el testimonio de Natanael.

Durante la mañana del sábado, vecinos sumaron datos sobre el lugar donde podía estar el vehículo y sobre las personas que, según el profesor, estaban vinculadas con él. “Nos dan la dirección”, relató Natanael sobre esa información.

Hacia ese domicilio fueron alumnos de la academia, amigos del dueño y otros jóvenes que se sumaron a la búsqueda. El profesor remarcó que el grupo excedía a quienes entrenaban en el gimnasio. “No solamente de la academia, sino que se sumaron otros chicos”, explicó.

Vecinos señalaron que la moto estaba dentro de una vivienda

Al llegar al domicilio indicado, el grupo hizo sonar bocinas y motos para llamar a quienes estaban dentro. La secuencia quedó registrada en videos, según el relato del entrenador. “Empezamos a hacer ruido”, contó Natanael.

Una mujer negó en principio que el vehículo estuviera en la propiedad. “Acá la moto no está”, habría repetido ante el reclamo, de acuerdo con la versión del profesor de MMA.

La situación cambió cuando un vecino intervino desde una vivienda cercana. Natanael aseguró que esa persona dijo que la moto había sido probada poco antes y que permanecía en el lugar. “La moto está ahí adentro”, sostuvo que les advirtió.

El reclamo del grupo se concentró en recuperar el vehículo, según el entrenador. “Dame la moto y se terminó acá”, dijo al describir el pedido que hicieron en la puerta de la casa.

Natanael afirmó que, cuando una puerta se abrió, ingresaron personas que no pertenecían a la academia. Sin embargo, aseguró que el único objeto que retiraron fue el rodado buscado. “Se meten muchos”, relató, antes de remarcar que recuperaron “solamente la moto”.

Tras recuperarla, el dueño y sus compañeros advirtieron daños en los tambores, la traba y el plástico delantero de la moto. “Le rompieron el tambor, le rompieron el plástico de adelante”, detalló Natanael.

También encontraron una marca debajo del asiento que, según el profesor, había sido provocada con un elemento cortante. “Le metieron un cuchillo y quedó clavado”, afirmó al describir el estado del vehículo.

Ante esos desperfectos, alumnos y compañeros del propietario proyectaban reunir dinero para cubrir el arreglo. “Juntamos entre todos y le pagamos la reparación”, aseguró el entrenador.

El alumno pudo usar nuevamente la moto al día siguiente para retomar sus tareas, siempre según Natanael. “Él pudo salir a trabajar porque es cartero”, señaló sobre la importancia de que el rodado volviera a estar en condiciones de circular.

El miedo y los reclamos por más seguridad en el barrio

El profesor reconoció que el temor estuvo presente durante la búsqueda, ante la posibilidad de que alguien respondiera armado desde la vivienda. “Lo primero que yo sentí fue miedo”, expresó Natanael.

También admitió que el grupo no evaluó en detalle los riesgos antes de ir al domicilio aportado por los vecinos. “Eso la verdad que no lo charlamos”, reconoció el profesor de MMA.

En su descripción de la zona cercana al gimnasio, Natanael mencionó robos, un auto abandonado y otro vehículo incendiado. “Uno también lamentablemente se acostumbra a vivir así”, sostuvo.

Para el entrenador, los grupos vecinales de WhatsApp se volvieron una herramienta para advertir sobre hechos delictivos y compartir información. “El grupo de WhatsApp es superimportante en el barrio”, afirmó.

Natanael rechazó que la búsqueda y recuperación del rodado constituyeran un caso de justicia por mano propia. “No somos cazacacos”, dijo, y definió el objetivo del grupo con otra frase: “Buscamos que nos devuelvan lo que es nuestro”.

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El procedimiento se realizó este viernes 16 de octubre, tras una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos. La causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda.

De acuerdo con la información policial, los investigadores realizaron tareas de vigilancia durante un período prolongado para identificar una presunta operatoria de venta de estupefacientes en un departamento del complejo cerrado.

El predio cuenta con 50 torres de seis pisos y cuatro departamentos por planta, además de personal de seguridad privada en los accesos. Según fuentes policiales, esa disposición dificultaba el ingreso y obligó a planificar una modalidad de intervención encubierta.

Para ejecutar la orden de allanamiento, los efectivos ingresaron caracterizados como trabajadores de la construcción, jardineros y una pareja. La fuerza señaló que el objetivo era evitar alertas ante movimientos inusuales dentro del barrio.

Secuestraron cocaína, balanzas y más de $ 111.000

Una vez dentro del edificio, los agentes aguardaron el ingreso de un vecino para atravesar el acceso con cerradura inteligente. Luego subieron hasta el departamento señalado y se identificaron como policías antes de concretar el operativo.

Durante el operativo, se secuestraron 116 envoltorios de cocaína, con un peso total de 65 gramos, además de otros dos paquetes con cerca de 23 gramos de la misma sustancia, parte de ella preparada para su fraccionamiento.

También fueron incautadas dos balanzas de precisión, cinco teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, recortes de nailon y elementos presuntamente utilizados para estirar y dividir la droga. En el lugar había una pistolera y $ 111.050 en efectivo.

La policía estimó que el valor comercial de la sustancia secuestrada rondaría los $ 2.500.000. Las dos personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Personal de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, encontró el cuerpo de una mujer dentro una heladera durante un allanamiento en una vivienda, en el marco de la investigación por la desaparición de la joven Camila Belén Iglesias, de 24 años. Además de tratar de confirmar que se trata de la mujer, los investigadores buscan a su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, como presunto autor del femicidio.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, el cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio Los Altos. Los restos hallados estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada. La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba, donde se realizarán las pericias correspondientes. Hasta el momento se encuentra pendiente tanto la identificación de los restos como la determinación de la causa de muerte.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la hermana de Camila, quien declaró que mantuvo su último contacto con ella el 2 de octubre pasado. Según su relato, dos días después recibió mensajes de Gómez, quien le informó que había discutido con Camila y que la joven se había retirado del domicilio, aunque desde entonces se desconocía su paradero.

Las autoridades difundieron la fotografía de la joven y pidieron colaboración a quienes puedan aportar datos fehacientes sobre su ubicación, en un primer momento tratada como una desaparición.

Antecedentes de violencia y pedido de captura

Durante las averiguaciones, surgieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia dentro de la pareja. A partir de este dato, junto con el hallazgo de los restos en la heladera, la Fiscalía orientó la investigación hacia la hipótesis de un probable femicidio.

Familiares de Gómez manifestaron a los investigadores que el sospechoso les había expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida, indicó el MPF de la provincia.

Se estableció además que Gómez se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque se desconoce su ubicación actual. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso un pedido de captura y se realizan diligencias tendientes a establecer su paradero y proceder a su detención.

Los primeros datos de la investigación y la denuncia

Durante el procedimiento en el que hallaron los restos, los investigadores secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos figuran prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular que se encontraba destruido.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la noticia. “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, señaló el funcionario respecto al avance de la causa, en diálogo con Cadena 3.

Durante el procedimiento se constató que la vivienda se encontraba sin moradores y, en un pasillo lateral, se halló una heladera en cuyo interior había restos humanos, indicó el diario La Voz.

De acuerdo con las primeras informaciones dadas a conocer por el medio cordobés, en la vivienda, las autoridades habrían encontrado además una carta escrita por la pareja de la joven, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de darse a la fuga.

Las fuerzas policiales despliegan un intenso operativo de búsqueda en toda la zona para dar con el paradero del presunto agresor. En el domicilio ubicado en barrio Los Altos de Cruz del Eje intervino personal de Investigaciones, Policía Científica y el DUAR, bajo supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de la fiscal Sabrina Ardiles.

El mensaje del sospechoso

Romina, la hermana de Camila, reveló al medio El Doce una un mensaje que recibió de parte de Gómez, en el que le decía que había tenido una discusión con la joven y que luego se había ido. Según le dijo, él no sabía nada de su paradero.

“El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a donde, le escribo y no me responde”, arrancó el texto vía Facebook y siguió: “Por favor, si hablas con ella ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá?”.

“Hola Romina como estas? Disculpá que te moleste a esta hora, el lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor si hablas con ella le podes decir que me conteste o que vuelva acá. Si me dice dónde está la voy a buscar. Gracias, cualquier cosa avisame”, reza el mensaje completo que recibió Romina.

Tras las respuestas de la mujer donde comentaba que no podía contactar a Camila, Gómez escribió: “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”. Pasaron los días y Camila seguía sin aparecer.

La medida fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Chaco a través de un comunicado oficial. Fuentes judiciales confiaron a Infobae que la detención se produjo en el marco de una causa por presunta mala praxis que lleva adelante la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N° 6.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en tres lugares vinculados al médico: la clínica FEMEChaco, donde trabajaba, su domicilio particular y su consultorio privado. Tras los operativos, se ordenó su detención.

El caso

La investigación contra Kumiega se encuentra, por el momento, dividida entre distintas fiscalías. La causa por mala praxis que derivó en su detención está a cargo de Echarri, mientras que el Equipo Fiscal N° 2, encabezado por Ana González de Pacce, continúa con las medidas vinculadas a otras siete denunciantes. En paralelo, está previsto que el lunes declare una mujer que reside en Emiratos Árabes Unidos. Esa causa tramita bajo el ala del fiscal Jorge Cáceres Olivera, del Equipo Fiscal N° 4. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los expedientes de Echarri y Pacce podrían unificarse, aunque esa decisión todavía no fue adoptada y requiere una resolución de la Procuración.

Kumiega había sido denunciado por siete mujeres entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. Posteriormente se conocieron nuevas presentaciones, entre ellas la denuncia por mala praxis que motivó los allanamientos y su detención. Las pacientes cuestionaron distintas conductas y prácticas durante consultas ginecológicas. También se conoció la denuncia de una expareja, que lo acusó de abuso sexual por un episodio ocurrido fuera del ámbito médico.

Las denuncias describen presuntos comentarios de contenido sexual y maniobras que las pacientes consideraron inapropiadas durante los estudios ginecológicos. Algunas también denunciaron irregularidades en la atención médica.

La defensa había rechazado las acusaciones

Antes de que se conociera la detención, el abogado Zacarías Issolo, defensor de Kumiega, negó que las conductas denunciadas configuraran delitos.

El letrado sostuvo que los procedimientos médicos cuestionados se habían realizado dentro de los protocolos habituales y aseguró que su defendido había puesto a disposición de la Justicia las historias clínicas de las pacientes.

En ese momento, Issolo también explicó que el ginecólogo no estaba formalmente imputado.

Sin embargo, este viernes la investigación avanzó con los allanamientos y la posterior detención del profesional.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Infobae la medida y solicitaron a los medios de comunicación “máxima prudencia en la divulgación de la identidad y la intimidad de la víctima”.

Fuentes del Municipio indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el lunes al mediodía en pleno centro del distrito y terminó con la recuperación total del dinero sustraído, gracias a un operativo que combinó alertas vecinales, agentes a pie y el seguimiento por cámaras.

Entre los aprehendidos hay cinco mayores de edad y un menor. Todos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro luego de que la Justicia reconstruyera el recorrido completo de la fuga, desde el robo original hasta la intercepción del vehículo en el que escapaban.

Cómo fue el robo y la persecución

Según la reconstrucción del hecho y los videos de las cámaras de seguridad a los que accedió este medio, varios hombres abordaron a la víctima, un hombre de 40 años, y simularon estar armados para quitarle el bolso. El grupo escapó en dos motocicletas por las calles del centro de San Isidro.

En la intersección de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó contra un auto. Sus ocupantes la abandonaron en el lugar y subieron a un auto Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto bajaron dos de sus tres ocupantes, que también se trasladaron al auto, mientras que el tercero continuó la fuga por su cuenta.

Ese cambio de vehículo buscaba dificultar el seguimiento policial, pero terminó siendo el punto a partir del cual el Centro de Operaciones Municipal (COM) pudo trazar el recorrido completo del auto hasta su intercepción, con el bolso y la totalidad del dinero robado todavía en el interior.

El operativo cerrojo que permitió la detención

Las primeras alertas llegaron desde la calle. Un vecino avisó a través de la aplicación Ojos en Alerta que un hombre había intentado abrir un vehículo. Casi al mismo tiempo, una vecina se acercó a un oficial a pie de la Patrulla Municipal para advertirle sobre el robo. El agente, de inmediato transmitió la información al COM.

En paralelo, otro oficial que también circulaba por la zona encontró la moto azul abandonada en Alem y Rivadavia, dato que permitió reconstruir el trayecto de la fuga. Con esa información, los operadores siguieron por las cámaras de videovigilancia el recorrido del Volkswagen Up! y lo transmitieron en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando.

El auto fue detectado a la altura de Márquez e Isabel la Católica, y a partir de ese punto se montó un operativo cerrojo. Los efectivos finalmente interceptaron el vehículo en Rolón y Monroe, donde viajaban cinco hombres y una mujer, que quedaron detenidos en el acto.

En presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones dentro del auto. El dinero fue recuperado en su totalidad y restituido a la víctima.

“Ese seguimiento fue posible porque San Isidro cuenta con 2900 cámaras y puntualmente en la zona céntrica con más de 40 cámaras que hasta el año pasado no existían. La instalación de esas cámaras amplió la cobertura del COM a un área de mucha circulación de vecinos y comercios, y fue determinante para que los sospechosos no se perdieran en la fuga”, señalaron desde el Municipio a este medio.

Situación judicial

En una primera instancia, en el caso intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno al momento de las detenciones.

El martes 13, el fiscal Leandro Miguel Orduna y la fiscal Laura Elizabeth Zyseskind indagaron a los cinco mayores de edad en el marco de la causa por robo agravado en poblado y en banda. Tras la declaracion, la Justicia convirtió la aprehensión de los cinco en detención formal.

El menor detenido también permanece privado de su libertad, en el marco de la misma causa judicial, añadieron las fuentes consultadas por ste medio.

Según los testimonios recogidos por los canales TN y A24 , los episodios afectaron a alumnas de distintos cursos y no se tratarían de hechos aislados, sino de una práctica que se repite desde hace tres años sin que la institución haya dado una respuesta.

La denuncia que involucra al colegio Murialdo, que pertenece a la misma comunidad educativa que el colegio Pío XII, fue impulsada por las propias estudiantes, que decidieron visibilizar el reclamo ante la serie de hechos, y contó con el acompañamiento de padres, madres y otros familiares que exigieron medidas de protección para las adolescentes.

Uno de los principales reclamos apunta a que las alumnas afectadas continúan compartiendo el espacio escolar con los compañeros señalados como responsables de crear o difundir las imágenes manipuladas. Esa convivencia forzada es, para las familias, el núcleo del problema: la escuela no habría tomado medidas que separen a las víctimas de los presuntos autores, mientras el material circuló entre otros estudiantes y expuso a las adolescentes.

“Cuando yo vine a hablar con la institución, lo que se dijo es que a los chicos no los podían expulsar porque no existían las amonestaciones y las expulsiones por el tema de que cambió todo. Antes, cuando yo era adolescente, sí estaba la expulsión, hoy por hoy no. Dijeron que iban a tomar medidas. Las medidas que fueron tomando es que los chicos los sacaron de las aulas, al principio no los veían, es como que estaban haciendo una actividad aparte y después directamente los cambiaron de aula. O sea, están los chicos en el colegio, pero en diferentes aulas”, relató Erica, la mamá de una de las afectada en diálogo con TN.

“Eran fotos de ella y de sus amigas, que aparecieron retocadas con inteligencia o con fotomontaje. Mi hija escucha la conversación y empieza a hablar con este chico y este chico le empieza a comentar cómo había sido todo. De hecho, hay un audio que él le cuenta, ella le va preguntando, él le va contando, cómo era, quiénes compraban”, continuó la madre.

“La realidad es que ella se entera de que había una foto de ella, porque es como que la amenazan por querer más fotos. Entonces, el chico lo que hacía era tomar fotos de o WhatsApp o fotos que las chicas habían subido a Instagram, que estaban con ropa, y después las editaban y las chicas aparecían totalmente desnudas. La cuestión de que ella empieza a investigar esto y no eran fotos de un par de chicas, eran un montón de fotos y un montón de chicos que estaban comprando”, denunció Erica.

En el mismo canal, alumnas que fueron víctimas de la extorsión también contaron lo que sufrieron. “A nosotras nos hicieron un montón de fotos. Nos las mandaban por WhatsApp este chico y nos decía que si nosotras no ayudábamos con él o esas cosas, que las iba a publicar y nos iba a vender”, dijo una de la menores.

Otra alumna denunció que desde el colegio no atendieron el reclamo ni hicieron nada pese a la gravedad de la denuncia. “Nosotros fuimos a la escuela, les dijimos que teníamos un montón de pruebas sobre esto y no quisieron ver nada de todo lo que nosotros les mostramos. Dijeron que no podían ver pruebas ni escuchar ningún tipo de audios y solamente dijeron que iban a arreglar el tema. Los cambiaron de curso y hicieron una charla con una psicóloga y nada más”, dijo la menor.

“Nos pasó hace mucho, no tanto, pero nos pasó. Y ahora más que todo venimos por las chicas de segundo, que es lo más actual, y por todas las chicas que sufrieron acoso en el colegio y no pudieron tener nada de apoyo del colegio”, dijo la chica que acompañó la protesta.

“Viniendo en esta situación, nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan. La verdad que nos parece terrible, porque venir un montón de horas al colegio, se siente horrible, se siente una amenaza constante. No es lindo para ninguna de nosotras y menos para unas chicas de segundo que recién entran al secundario”, añadió.

Finalmente, la menor dijo que “no se puede hacer una denuncia a un menor, porque además no quieren ver las pruebas que tienen” y que “no las tomarían como válidas, pero siempre buscamos alguna manera de que se pueda hacer algo y podamos venir al colegio tranquilas”.

Una madre que participó de la protesta, cuya hija no fue víctima directa pero decidió acompañarla, relató a A24 que la situación se repite año tras año: “No es la primera vez que pasa. El año pasado hubo una situación y el anterior también”.

La mujer también describió el clima que generan estos episodios dentro del colegio: “Es muy incómodo seguir cruzándose en los patios, en los lugares”. Y cuestionó que el hecho sea minimizado por parte de la comunidad educativa: “Esto está pasando como algo que fuera una broma, y no es una broma”.

Según su testimonio, algunas de las adolescentes afectadas terminaron abandonando la institución como consecuencia de la exposición.

Un adolescente de 17 años fue atacado con un arma blanca cuando sufrió un intento de robo en Villa Krause, localidad ubicada en el departamento de Rawson, provincia de San Juan. La lesión que recibió en el abdomen fue superficial, por lo que no necesitó asistencia médica.

El episodio se produjo durante la noche del miércoles en el boulevard Sarmiento Oeste, específicamente en el tramo situado entre Ingeniero Krause y la avenida España. El joven caminaba por esa zona cuando fue interceptado por dos hombres.

De acuerdo con el testimonio que fue aportado por el padre de la víctima, los agresores amenazaron al adolescente con el objetivo de apoderarse de su teléfono celular y de otros objetos personales. Pese a esas amenazas, los agresores no lograron concretar el robo.

Después de que la víctima se resistiera al ataque, uno de los atacantes sacó un cuchillo y le dio un puntazo que le provocó una herida superficial en el abdomen. Según informó Tiempo de San Juan, tras la agresión los dos sospechosos escaparon a pie por la avenida España.

El padre del joven, de apellido Cruz y domiciliado en Pocito, dio aviso a la Policía sobre lo ocurrido. Efectivos de la Comisaría 6ª tomaron intervención en el caso y reunieron los primeros datos sobre los autores del ataque.

La investigación busca identificar a los dos hombres que abordaron al adolescente y establecer quiénes son. También procura determinar cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Otro ataque con arma blanca terminó con la muerte de un joven

El caso de Villa Krause se conoció mientras la Justicia también investiga un hecho ocurrido en Villa Mercedes, departamento de Jáchal. Allí, Germán Ismael Galleguillo, de 24 años, murió tras recibir cuatro cuchillazos durante una pelea en una reunión de jóvenes.

De acuerdo con la información publicada por Tiempo de San Juan, el episodio ocurrió en la madrugada del jueves en Puesto El Quirquincho, un caserío ubicado a unos siete kilómetros de Villa Mercedes. Galleguillo participaba de una reunión junto a otros jóvenes, entre ellos un adolescente de 17 años.

Las primeras averiguaciones indican que en el encuentro había consumo de alcohol y que, cerca de las 3 de la mañana, Galleguillo y el adolescente comenzaron a discutar. La situación comenzó a escalar y las circunstancias en las que sucedió la pelea son materia de investigación.

Durante el enfrentamiento, el adolescente habría tomado un cuchillo y atacado a Galleguillo. La víctima recibió cuatro heridas punzocortantes en el cuello y el tórax, lesiones que requirieron su traslado inmediato para recibir atención médica.

Inicialmente fue llevado al hospital de Jáchal, pero la gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Guillermo Rawson, en la ciudad de San Juan. El joven ingresó a terapia intensiva, pero falleció horas más tarde a causa de las lesiones sufridas.

Efectivos de la Subcomisaría de Villa Mercedes tomaron conocimiento del caso y realizaron las primeras actuaciones en el lugar donde ocurrió la pelea. Por disposición del fiscal de turno, los investigadores llevaron adelante una inspección ocular en el domicilio de Puesto El Quirquincho.

Además, durante una inspección realizada por orden judicial en el lugar donde ocurrió la pelea, la Policía secuestró un arma blanca que sería sometida a pericias. El menor quedó alojado en su domicilio por decisión de las autoridades, mientras la causa pasó a manos del juez de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial.

Actualemente, la investigación se encuentra bajo intervención del juez de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial, que deberá determinar la mecánica del hecho y la responsabilidad que pudiera corresponderle al joven.

Una mujer de 32 años fue detenida en Oberá, en la provincia de Misiones, luego de haber sido acusada de apuñalar con un bisturí a un hombre durante una discusión por una deuda de alquiler. Pese a la lesión, la víctima se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió este viernes por la mañana en una vivienda de la calle José Hernández al 200, ubicada en el barrio Loma Porá. La Policía intervino luego de haber recibido un aviso sobre el conflicto.

Al presentarse en el lugar, los efectivos de la Seccional Segunda detuvieron a Gabriela Estefanía K., quien tenía en su poder el elemento cortante que, de acuerdo con la denuncia, habría sido utilizado durante el altercado.

El denunciante, identificado como Egon Arlindo H., señaló que la pelea se originó por el atraso en el pago del alquiler del departamento. De acuerdo con la información publicada por El Territorio, tras el incidente, el hombre fue trasladado al Hospital Samic, donde recibió atención por una lesión defensiva en la mano derecha.

Por su parte, la mujer quedó detenida en la Seccional Segunda de Oberá, a disposición de la Justicia. Asimismo, confirmaron que la causa fue caratulada como lesiones leves con arma blanca y quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Dos.

A principios de septiembre, un hombre de 31 años fue detenido en la ciudad de Junín, situada en la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido acusado de amenazar con una pistola a un vecino durante una discusión por una deuda del servicio eléctrico.

Según pudo confirmar Infobae, la denuncia derivó en un allanamiento de urgencia. Como resultado, los investigadores secuestraron dos armas de fuego, municiones y un equipo de almacenamiento de imágenes.

El episodio se registró el 1 de septiembre, alrededor de las 15:50 horas, frente a un comercio ubicado sobre la calle Primera Junta al 1100. El denunciante, un joven de 23 años identificado con las iniciales M. G., aseguró que se encontraba fuera del local, que alquila, cuando fue abordado por el hijo de la propietaria del inmueble.

Según la presentación realizada en la Comisaría Segunda, Matías Spina, de 31 años, habría exhibido un arma de fuego tipo pistola durante el intercambio. El conflicto se originó por una deuda vinculada al consumo de electricidad. Asimismo, aclaró que tanto el comercio como la vivienda de la familia del acusado compartían el mismo medidor de luz.

Después de que tomara conocimiento del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de Junín, a cargo de la fiscal Biurrum, dispuso la formación de una causa por amenazas agravadas contra el hijo de la propietaria del local.

La investigación quedó inicialmente a cargo de la Comisaría Segunda. Luego intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Junín, que realizó tareas para establecer el domicilio del hombre denunciado y solicitó una orden de allanamiento.

Luego de que la Justicia aprobara la realización del procedimiento, el personal llevó a cabo las tareas en una vivienda de la calle Primera Junta al 1100, donde reside Spina. Allí, los efectivos informaron el secuestro de dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, identificadas con las series BNAL811 y CBLT401.

Durante el allanamiento, la Policía también secuestró una caja con 50 municiones Magtech calibre 9 milímetros y un grabador digital de video de la marca Hikvision. El dispositivo será analizado en el marco de la causa.

El magistrado que interviene en el expediente convalidó el operativo y ordenó que el sospechoso fuera notificado de la acusación en su contra. Actualmente, la causa permanece caratulada como amenazas agravadas.

Una joven de 19 años denunció que su pareja intentó golpearla dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio 9 de Julio de La Banda, en Santiago del Estero. El episodio ocurrió durante los primeros minutos del jueves y motivó un procedimiento policial que derivó en la detención del acusado de 21 años.

Tras recibir una alerta por un hecho de violencia, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 47 se dirigió al domicilio con apoyo de agentes de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la joven, quien relató lo sucedido. Según la información difundida por Diario Panorama, la joven explicó que su pareja había intentado golpearla dentro de la casa que ambos compartían.

Aunque el joven habría intentado alejarse del inmueble cuando advirtió la presencia policial, los agentes lo interceptaron a pocos metros y verificaron su identidad. Descubrieron que sobre él pesaba una orden de detención vigente, dictada en una causa anterior por lesiones en un contexto de violencia de género.

Ese hallazgo modificó la situación del joven durante el procedimiento. Más allá de las actuaciones que se iniciaron por la denuncia de la mujer de 19 años, la Policía debía hacer efectiva una medida judicial que ya se encontraba vigente.

El procedimiento quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de turno. El acusado fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia para cumplir con la medida judicial que ya estaba dispuesta, mientras se incorporaban las actuaciones vinculadas con el episodio denunciado por su pareja.

La remisión de las actuaciones permitirá que la Fiscalía que investiga el antecedente conozca las circunstancias de la nueva intervención. A su vez, la Fiscalía de turno deberá avanzar con las medidas relacionadas con el presunto intento de agresión denunciado en el barrio 9 de Julio.

No se difundieron detalles sobre posibles lesiones ni sobre otros elementos que hubieran sido secuestrados en el domicilio. El joven quedó detenido mientras continúan las diligencias.

En agosto, un joven de 27 años fue detenido en la ciudad de Añatuya, también en Santiago del Estero, luego de que su expareja denunciara que incumplió una prohibición de acercamiento y la agredió en la vivienda que ambos habían compartido. La mujer, de 31 años, tiene una hija de siete meses con el acusado.

La Justicia había dispuesto horas antes la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra el hombre, a raíz de un incidente registrado durante la tarde del domingo. Sin embargo, según la denuncia, durante la madrugada del lunes regresó al domicilio situado en el barrio Tradición.

De acuerdo con la presentación, el acusado intentó ingresar por la parte trasera de la casa. Al no poder acceder, se dirigió hasta una ventana y exigió que le devolvieran sus pertenencias. La mujer intentó cerrar la abertura para evitar el contacto, pero sostuvo que el hombre la sujetó del cuello, la insultó y la amenazó.

Tras un llamado de alerta, intervino personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N.º 4, que redujo al sospechoso y lo trasladó a la dependencia policial. La fiscal de turno de la Circunscripción Judicial Añatuya dispuso su aprehensión por el presunto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.

Además, la fiscal ordenó que la denunciante fuera examinada por personal médico y dispuso medidas de resguardo. Entre ellas, se incluyó la entrega de un botón antipánico para la mujer. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho denunciado y el alcance del incumplimiento de la medida judicial previa.

Un encuentro entre jóvenes en un puesto rural, cercano a Villa Mercedes, en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan, terminó con la muerte de Germán Ismael Galleguillo tras recibir cuatro heridas de arma blanca. La víctima tenía 24 años y murió luego de haber sido trasladada a un hospital de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en Puesto El Quirquincho. Allí, se encontraban reunidos Galleguillo, junto a un adolescente de 17 años y otros jóvenes, de acuerdo con las primeras informaciones conocidas sobre el caso. Todos habían consumido alcohol.

La situación cambió de repente cuando la víctima comenzó a discutir con el menor. Ese enfrentamiento derivó en una pelea, que escaló rápidamente. Todo terminó cuando el adolescente utilizó un cuchillo para atacar a Galleguillo.

De acuerdo con lo informado por el portal Tiempo de San Juan, las primeras reconstrucciones sitúan la agresión alrededor de las 3 de la mañana. En medio del altercado, el adolescente apuñaló en cuatro oportunidades al joven, quien quedó gravemente herido dentro del domicilio donde se desarrollaba la reunión.

Las lesiones se habrían concentrado en el cuello y el tórax. Por la ubicación de las heridas y la gravedad de su cuadro, quienes estaban en el lugar tuvieron que solicitar ayuda para trasladarlo a un centro de salud.

Galleguillo fue llevado inicialmente al hospital de Jáchal. Allí recibió asistencia médica, pero su estado requirió una derivación a la ciudad de San Juan. Finalmente, fue internado en el área de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson, donde falleció horas después.

Personal de la Subcomisaría de Villa Mercedes fue alertado sobre la agresión y se dirigió al sitio donde ocurrió el hecho. Luego de tomar intervención, los efectivos realizaron actuaciones en el domicilio de Puesto El Quirquincho.

Por instrucciones del fiscal de turno, la Policía efectuó una inspección ocular en el lugar. Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron un arma blanca que sería la que se habría utilizado en el ataque contra Galleguillo.

El cuchillo quedó incorporado a la investigación como un elemento de interés para determinar la mecánica de la agresión. Las autoridades judiciales deberán establecer, entre otros aspectos, cómo se produjo la discusión, qué personas presenciaron el hecho y cuáles fueron las circunstancias previas al ataque.

El joven de 17 años quedó detenido por disposición de las autoridades judiciales. La medida se concretó en su domicilio, luego de las primeras intervenciones policiales realizadas tras el ataque.

Por tratarse de un menor de edad, el expediente está bajo la órbita del Juzgado de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial. Ese tribunal deberá definir las medidas que correspondan en el marco de la investigación.

Una mujer mató a puñaladas a su esposo junto a su hija en Moreno

Hace tan solo unos días, pero en la Provincia de Buenos Aires, una mujer mató a puñaladas a su esposo, junto con su hija. El personal policial de la Comisaría 7ma de Moreno, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste II, llegó al domicilio ubicado en la calle San Nicolás 3330 y encontró a la víctima con varias heridas de arma blanca. La fiscalía a cargo del caso ordenó la detención de ambas mujeres.

El hombre fue identificado como Alberto Federico Araoz Aracena, mecánico, nacido en San Juan. Según pudo establecer la policía de la provincia de Buenos Aires, el hombre convivía en el inmueble junto a E.E.C., de 42 años, ama de casa y madre de F.A.A., de 23 años y estudiante. Las tres personas se encontraban en el domicilio al momento de la intervención policial. Ambas participaron del crimen

De acuerdo con lo relevado en el lugar, E.E.C. sufría desde hacía años violencia física y psíquica a manos de Araoz Aracena. La secuencia que derivó en la muerte del hombre habría comenzado con una discusión y agresiones dentro del hogar. Sin embargo, según confirmaron a Infobae, las autoridades verificaron que no existían denuncias previas por parte de la mujer respecto de esa situación de violencia doméstica.

Una jueza de Caviahue, provincia de Neuquén, declaró culpable a un hombre por amenazas simples contra su pareja, luego de considerar que una frase pronunciada durante una discusión tenía capacidad concreta para intimidar a la víctima. Además, el acusado ya contaba con una condena previa por homicidio.

El hecho ocurrió a principios de noviembre de 2025 en la vivienda que ambos compartían. En medio de una discusión, el acusado le dijo a la mujer: “Te tengo entre ceja y ceja. Como lo saqué con los pies para adelante al otro, lo voy a hacer con vos”.

A partir de esto, la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez plantearon que las palabras debían evaluarse dentro del vínculo de pareja y de un contexto en el que la mujer había atravesado episodios de control y violencia.

Según la información obtenida por LMNeuquén, también señalaron que el acusado había recibido una condena previa por homicidio, pena que ya había cumplido. Además, indicaron que la víctima conocía ese antecedente, por lo que ese dato permitía comprender el temor que le provocó la expresión.

Fue así que el hombre, identificado como L.F.B., llegó a debate acusado de amenazar a su pareja. Durante el juicio, su defensa solicitó la absolución y sostuvo que la denuncia se originó en una disputa económica, centrada principalmente en un vehículo que ambos compartían.

De la misma manera, los representantes del imputado cuestionaron la existencia de elementos suficientes para acreditar el delito. Entre sus argumentos, remarcaron que no hubo testigos de la conversación ni lesiones físicas constatadas.

A pesar de esto, la jueza Bibiana Ojeda rechazó la interpretación de la defensa. Después de valorar las pruebas, concluyó que la frase no podía ser tomada como un exabrupto aislado en una discusión por dinero.

Así, la magistrada consideró el relato de la denunciante y los testimonios de profesionales que describieron el temor que experimentó después de la amenaza. Con esos elementos, declaró a L.F.B. penalmente responsable de amenazas simples, en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 149 bis y 45 del Código Penal.

No obstante, la sentencia escrita se dará a conocer dentro del plazo legal. Asimismo, indicaron que la identidad completa del condenado y otros datos que podrían exponer a la víctima permanecerán bajo reserva.

Balearon a un hombre en Plottier y lo amenazaron de muerte

A mediados de agosto, un hombre de 57 años denunció haber sido atacado a golpes y baleado en una zona de chacras de la localidad neuquina de Plottier. Antes de escapar, los agresores encapuchados le advirtieron: “La próxima vez va a ser en la cabeza”.

El hecho ocurrió el martes 18 de agosto, cerca de las 20 horas, en inmediaciones de la Ruta 22 y la Autovía Norte. La víctima caminaba por un campo que identificó como de su propiedad cuando fue interceptada por dos personas.

Según relató el hombre ante la Policía, los atacantes lo golpearon y, durante un forcejeo, uno de ellos efectuó un disparo que le provocó una herida en una pierna. A pesar de la lesión, logró mantenerse consciente.

Mientras aguardaba la asistencia médica, el herido utilizó parte de su ropa para improvisar un torniquete y contener el sangrado. Incluso, un vecino colaboró con los primeros auxilios y dio aviso a las autoridades.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre con la lesión de arma de fuego. Más tarde fue asistido por personal médico y quedó fuera de peligro, sin necesidad de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Desde ese momento, los investigadores buscan establecer el móvil de la agresión. Sin embargo, no surgieron elementos que permitan sostener que se trató de un intento de robo, ya que el hombre no denunció que le hubieran sustraído pertenencias.

Además, la investigación enfrenta dificultades iniciales por la falta de cámaras de seguridad, testigos directos y precisiones sobre cómo se movilizaban los sospechosos. La víctima, oriunda de Allen, no pudo determinar si los agresores llegaron caminando o en un vehículo.

Una de las hipótesis apuntaba a un posible conflicto previo por las tierras donde ocurrió el hecho. La amenaza que escuchó la víctima después del disparo también forma parte de las líneas de análisis de la causa.

Durante la madrugada del jueves, dos ex integrantes de la Policía Bonaerense resultaron heridos tras un tiroteo desatado en la megatoma de Los Hornos, en el partido de La Plata. Ambos permanecen fuera de peligro, aunque quedaron detenidos por orden judicial mientras avanza la investigación sobre el episodio.

El hecho será investigado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, que busca establecer cómo se originó el enfrentamiento e identificar a quienes efectuaron los disparos. Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque.

Según trascendió, uno de los ex policías vive cerca de la megatoma de Los Hornos y sufrió heridas en una muñeca y una pierna. El otro, domiciliado en Temperley, recibió un disparo en la zona del pulmón.

Los dos fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221. Sin embargo, la Justicia ordenó que permanezcan detenidos mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el inicio de la pelea ni sobre la secuencia que derivó en el tiroteo. Tampoco se informó de manera oficial quiénes participaron del enfrentamiento.

Murió el policía que fue baleado por un compañero durante una guardia en Tucumán

Después de haber pasado varios días internado, este jueves, se confirmó la muerte de Nicolás Agustín Albaca Romano, el agente de 23 años, que había recibido un disparo durante una guardia policial en una garita de San Miguel de Tucumán. Por el hecho, permanece detenido uno de sus compañeros, cuya situación procesal será revisada próximamente.

El episodio se registró el 7 de octubre en una dependencia situada en la esquina de Charcas y pasaje Díaz Vélez, en la zona de El Bajo, cerca de la Vieja Terminal. En ese momento, cuatro efectivos cumplían funciones en el lugar cuando se produjo la detonación.

Desde entonces, la investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios II apunta a establecer cómo se produjo el disparo y qué responsabilidad pudo tener cada uno de los policías presentes. La investigación está a cargo de Carlos Sale.

De acuerdo con la hipótesis expuesta durante una audiencia, el agente Benjamín Eduardo Díaz estaba dentro de la garita, mientras que Albaca Romano se encontraba afuera junto a Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

Por causas que aún deben determinarse, Díaz efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano y no tuvo orificio de salida, lo que derivó en su traslado de urgencia al Hospital Centro de Salud a bordo de un patrullero.

Antes de la muerte del policía, Díaz había sido imputado por lesiones graves. Asimismo, la Justicia había ordenado su prisión preventiva hasta el 1 de diciembre por los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación que planteó la acusación.

Con la muerte de Albaca Romano, la Fiscalía deberá resolver si modifica la calificación legal del hecho. Esa decisión dependerá de los peritajes sobre el arma, el análisis de la escena y los testimonios de los efectivos que estaban de guardia.

Previo a esto, la defensa de Díaz, representada por José María Molina, sostuvo que el disparo fue accidental y que ocurrió mientras su asistido manipulaba el arma. No obstante, esa versión será contrastada con las pruebas que reúna la investigación judicial.

Tras conocerse su muerte, allegados del agente difundieron un mensaje de despedida en redes sociales. Allí lo recordaron como “un gran compañero” y destacaron su vocación de servicio. Mientras tanto, la causa busca reconstruir la secuencia completa del hecho ocurrido en la garita, para que la Fiscalía defina el alcance de la acusación contra el policía detenido.

La Policía de Córdoba detuvo a un inspector de tránsito municipal, sospechado por haber participado de un ataque a tiros de una casa por el cobro de una deuda informal. El acusado fue suspendido de su puesto mientras avanza el expediente judicial.

El ataque dejó herido a un menor de edad, hijo de la propietaria de la casa. De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, el niño logró ponerse a resguardo dentro del domicilio después de que dos personas se presentaran en una motocicleta y efectuaran varios disparos contra el frente de la vivienda.

La hipótesis que analiza la Fiscalía apunta a una posible conexión entre los disparos y un préstamo de dinero con intereses. Antes del hecho, una mujer habría exigido el pago de una suma adeudada y habría amenazado a la dueña de la casa. Los investigadores sospechan que esa persona sería la esposa del inspector detenido, identificado como Eric Gabriel “Gori” Silva.

Según informó el portal El Doce.tv, la causa está bajo la órbita del fiscal Andrés Godoy, quien procura determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados. La Justicia intenta ahora establecer si la agresión fue ordenada o ejecutada como parte de una presión para recuperar dinero de un préstamo fuera del sistema financiero formal.

La Fiscalía deberá precisar cuántos disparos se realizaron, quiénes conducían la motocicleta y de qué manera se vinculan los detenidos con la supuesta deuda. También busca definir si existieron otras personas que hayan intervenido en la planificación o en las amenazas previas.

Tras los disparos, residentes de villa La Tribu salieron detrás de los ocupantes de la motocicleta. Durante esa persecución, se produjo un nuevo episodio de violencia: los sospechosos terminaron baleados y, más tarde, quedaron detenidos por la Policía.

El expediente procura separar las responsabilidades de los distintos hechos ocurridos esa jornada. Por un lado, se investiga el ataque a tiros y la posible relación con la deuda; por otro, deberán analizarse las circunstancias de la persecución y de los disparos que hirieron a los presuntos agresores.

La principal línea investigativa sostiene que Silva podría haber prestado servicios para una estructura dedicada a otorgar dinero mediante préstamos con intereses usurarios.

Godoy no descarta que haya nuevas detenciones. Esa posibilidad dependerá de las medidas de prueba que se incorporen y de los resultados de los peritajes, declaraciones y análisis de los antecedentes de los involucrados.

Silva ingresó a la Municipalidad como contratado en 2012 y obtuvo el pase a planta permanente en 2016. Ante el avance de la investigación judicial por el ataque ocurrido en las últimas semanas, la administración local resolvió suspenderlo de sus tareas como inspector de tránsito.

En este contexto, la Municipalidad de Córdoba solicitó a la fiscalía información sobre el caso, abrió un sumario administrativo y dispuso la separación preventiva del agente de su cargo.

Según la información conocida, Silva registra antecedentes penales vinculados con robo y tenencia de armas por hechos de 2019 y 2021, período en el que ya formaba parte ded la planta permanente del gobierno municipal.

La existencia de esos registros también será evaluada dentro de las actuaciones administrativas. El municipio deberá definir qué medidas corresponden de acuerdo con el resultado del sumario y con la evolución del expediente que instruye la fiscalía.

Un trabajador rural, de 48 años, oriundo de Buenos Aires y residente en Metán, provincia de Salta, denunció que le sustrajeron $ 10.000.000 de una billetera virtual luego de ingresar a una publicación de redes sociales que se presentaba como una vía para obtener información sobre el cobro digital del peaje. El hecho habría ocurrido este miércoles y quedó asentado en una denuncia.

Según el relato del damnificado, la maniobra comenzó con un anuncio por una plataforma y continuó a través de WhatsApp y una llamada telefónica. Durante la conversación, una persona que se presentó como gestor le indicó que accediera a su cuenta de home banking y siguiera determinados pasos relacionados con transferencias.

En ese momento, también le proporcionó un CBU. La persona que se comunicó con la víctima le habría señalado que, al realizar una transferencia, el dinero quedaría depositado en una cuenta determinada. Más adelante, le compartió un segundo CBU, una situación que despertó la desconfianza del hombre.

Ante la aparición de una nueva cuenta de destino, el denunciante preguntó de manera directa si se estaban realizando extracciones de sus fondos. La respuesta que recibió, siempre según su relato, fue que no se trataba de un retiro de dinero sino de un paso necesario para completar el supuesto trámite.

La víctima advirtió movimientos irregulares cuando terminó la comunicación. Para entonces, afirmó que su cuenta bancaria había quedado sin saldo y que desde su billetera virtual se había retirado el dinero. Tras detectar la situación, resolvió bloquear sus cuentas.

Tras finalizar la comunicación, la víctima afirmó que verificó su billetera virtual y detectó la sustracción de $ 10.000.000. También constató que su cuenta bancaria no tenía fondos disponibles.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, trabajador indicó además que, antes de atender esa comunicación, ya había recibido intentos de contacto desde otra línea con característica de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante este tipo de situaciones, Mariano Brandanini, vocero de la concesionaria Autovía del Noa (AUNOA), recomendó realizar cualquier gestión vinculada con el sistema mediante el sitio oficil.

La indicación busca evitar que los usuarios ingresen a anuncios, perfiles o enlaces de redes sociales cuya procedencia no pueda verificarse. En particular, cualquier pedido de ingreso al home banking, de transferencia a un CBU informado durante una llamada o de entrega de datos de seguridad debe ser considerado una señal de alerta.

A medidados de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, detuvieron a tres personas acusadas de una estafa por 200 mil dólares mediante la modalidad “cuento del tío”.

Según la investigación, los sospechosos usaron parte del dinero para adquirir dos vehículos, un departamento en Villa Lugano y unas vacaciones en Bariloche.

Los procedimientos incluyeron seis allanamientos en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de Alejandra Provitola, con la Secretaría 122 de Nicolás Coronel.

La denunciante relató que el 16 de junio recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de una entidad bancaria. De acuerdo con su declaración, el interlocutor utilizó argumentos engañosos para que retirara el dinero de una caja de seguridad.

La mujer retiró 200 mil dólares y luego fue despojada de esa suma. La pesquisa incorporó imágenes de una cámara de seguridad privada, que registró a uno de los involucrados durante el día del robo.

La División Investigaciones Comunales 1 Sur realizó tareas durante dos meses y estableció que uno de los presuntos participantes se trasladaba con frecuencia a un domicilio de la Villa 20, en Villa Lugano.

La investigación por el hallazgo de restos humanos en la zona oeste de San Luis quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Género, que confirmó que se trata de un femicidio. La víctima es una mujer de unos 40 años cuya identidad todavía no fue establecida, debido a que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, la causa no tiene detenidos. Sin embargo, los investigadores trabajan sobre personas sospechosas y procuran reconstruir los vínculos de la víctima antes de su muerte. Pese a que aguardan los resultados de la autopsia, plantearon que la muerte habría ocurrido hace alrededor de un mes y medio.

La información fue comunicada por la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, y la fiscal adjunta Marisol Boschi, durante una conferencia de prensa. De esta manera, Bringas advirtió que las actuaciones se encuentran en una etapa inicial y que hay datos que no serán revelados para no afectar las medidas en curso.

De acuerdo con la información obtenida por El Chorrillero, las autoridades trabajan en confirmar la identidad de la víctima mediante estudios genéticos y establecer qué ocurrió en las semanas previas al crimen.

El descubrimiento ocurrió el martes cerca de las 15:00 horas en un terreno situado en la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y próximo a la avenida Circunvalación. El sector es un descampado amplio donde se instaló un asentamiento.

Según explicó Bringas, los vecinos advirtieron la situación después de que un perro escarbara la tierra y dejara al descubierto una parte del cuerpo. El olor y el avanzado estado de descomposición llevaron a quienes estaban en el lugar a sospechar que podían ser restos humanos. La alerta fue dada de inmediato a través del 911.

Tras el aviso, los integrantes de las divisiones Homicidios y Policía Científica llegaron al predio, junto con personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Luis y bomberos, que colaboraron en las tareas de excavación.

De acuerdo con la descripción de la fiscal, los restos habían sido colocados en un pozo de aproximadamente 1,5 metros de largo por un metro de ancho. A un costado, los efectivos encontraron una bolsa que contenía otras partes del cuerpo.

La disposición de los restos y las lesiones detectadas orientaron la pesquisa hacia un asesinato por razones de género. De hecho, los primeros resultados de la autopsia indicaron que la mujer fue golpeada, degollada y desmembrada después de morir.

Al mismo tiempo que informaron que la víctima presentaba numerosos hematomas en el rostro y el tórax, los peritos no detectaron signos de un ataque sexual. Sin embargo, la probabilidad no sería descartada hasta concluirse las pericias.

Para la Fiscalía, las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y el mecanismo de muerte permiten encuadrar el expediente como femicidio. Por esto, la investigación buscará determinar dónde ocurrió el ataque, quién trasladó los restos hasta el terreno y si más de una persona intervino en el hecho.

Hasta el momento, la fiscal Bringas evitó dar detalles sobre los sospechosos o sobre la posibilidad de que entre ellos esté una pareja de la víctima. Sin embargo, señaló que las primeras horas de investigación son decisivas para avanzar tanto en la identificación como en el relevamiento de contactos y relaciones de la mujer.

En línea con esto, la funcionaria remarcó la importancia del aporte vecinal. Como la estimación de la data de muerte supera el mes, los investigadores necesitan reconstruir movimientos, presencias y situaciones inusuales que puedan haber ocurrido en ese sector de la ciudad durante las últimas semanas.

Por esto, Boschi señaló que esa persona habría vivido antes en la zona donde apareció el cuerpo, una circunstancia que sustenta la hipótesis inicial, aunque todavía no hay confirmación oficial. En paralelo, localizaron a los familiares de una persona que podría ser la mujer hallada en el predio.

No obstante, las autoridades decidieron no informar la provincia de origen ni otros datos que pudieran permitir una identificación anticipada. Bringas explicó que esa reserva busca preservar a los familiares y evitar que conozcan una eventual confirmación a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con el testimonio recogido por El Diario de la República, un vecino de la zona aportó datos sobre una mujer que habría residido en el área. El hombre sostuvo que dejó de verla entre un mes y medio y dos meses atrás, un período compatible con la estimación forense conocida hasta el momento.

Según ese relato, el hombre que convivía con ella les habría dicho a los vecinos que la mujer había viajado a Mendoza en un vehículo solicitado mediante una aplicación. El testigo afirmó que solía escuchar discusiones e insultos en el lugar donde la pareja vivía, aunque aclaró que los contactos con ambos eran ocasionales, por ejemplo, cuando se acercaban a pedir agua o a cargar un teléfono.

Por último, también mencionó la existencia de un rancho en el terreno y consideró que la estructura pudo haber dificultado que alguien advirtiera lo que había debajo. No obstante, esos dichos deberán ser corroborados en el expediente, que continúa bajo secreto parcial mientras la Fiscalía espera los resultados de las pericias genéticas.

Tras ocho meses prófuga, una mujer, identificada como Abigail Ibarra, fue detenida este jueves en Mar del Plata, acusada de haber participado en el ataque a una repartidora de aplicación, que recibió un disparo en el pecho durante un robo ocurrido en febrero.

La aprehensión se concretó en el barrio Santa Rosa, luego de que investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) establecieran que la sospechosa había vuelto a la zona de Los Acantilados. La mujer quedó a disposición de la Justicia en una causa que también involucra a su pareja.

El expediente, según informó el portal 0223, investiga un hecho ocurrido el 7 de febrero, cuando una trabajadora de 36 años fue interceptada mientras se encontraba en las inmediaciones de las calles 445 y 46. De acuerdo con la información proporcionada, la víctima forcejeó con los agresores antes de ser baleada y despojada de su teléfono celular.

La pesquisa fue llevada adelante por personal de la Oficina de Judiciales de la DDI, que reunió testimonios y revisó registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo sucedido e identificar a las personas señaladas por el ataque.

Como resultado de esas tareas, los investigadores determinaron la presunta participación de Exequiel Crespo y Abigail Ibarra en el robo y la agresión contra la repartidora. Crespo fue detenido a comienzos de marzo, mientras que Ibarra logró eludir a la Policía durante los meses siguientes.

El hecho fue encuadrado por la Justicia como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa.

La detención de Ibarra se produjo luego de que el personal policial recibiera información que indicaba que la mujer había regresado al área de Los Acantilados. A partir de ese dato, se desplegaron tareas para establecer su paradero.

Los agentes finalmente la ubicaron en la calle 443 bis y 54, dentro del barrio Santa Rosa. Allí concretaron su aprehensión.

Tras la detención, el fiscal Carlos Russo dispuso el alojamiento de Ibarra en el complejo penitenciario de Batán, en el marco de la causa que investiga el robo y la tentativa de homicidio.

Cayó un prófugo en Coronel Suárez

Un par de días atrás, la Policía arrestó en Coronel Suárez a Gustavo Edgardo Casali, un hombre que permanecía prófugo desde hacía dos años tras la confirmación definitiva de una condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Deberá cumplir una pena de cuatro años y seis meses de prisión.

El procedimiento se concretó después de que los investigadores detectaran su presencia en esa ciudad bonaerense durante las últimas jornadas. Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Pueblo San José montaron el operativo que permitió localizarlo y detenerlo.

La captura puso fin a una búsqueda iniciada luego de que Casali no fuera encontrado en su domicilio, cuando la Justicia ordenó su detención para ejecutar la sanción. La condena había adquirido firmeza en mayo de 2024, tras una serie de resoluciones de tribunales de distintas instancias.

La orden de arresto fue emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 1. El tribunal intervino una vez que quedó firme la sentencia dictada el 2 de marzo de 2022 contra Casali, a quien también se declaró reincidente.

El expediente se originó a partir de un allanamiento realizado en agosto de 2019 en una vivienda situada sobre avenida Balcarce al 400, en Coronel Suárez. Durante ese procedimiento, los uniformados secuestraron cocaína y otros objetos que luego formaron parte de la investigación judicial.

A partir de las pruebas incorporadas a la causa, Casali fue llevado a juicio y recibió la condena en 2022.

Después de la sentencia de primera instancia, la defensa de Gustavo Edgardo Casali recurrió la decisión ante el Tribunal de Casación. Sin embargo, a mediados de 2022 ese tribunal confirmó la condena y, además, rechazó el planteo para presentar un recurso extraordinario.

El recorrido judicial continuó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en mayo de 2024 desestimó un recurso de queja. Con ese pronunciamiento, ya no quedaron instancias ordinarias pendientes que pudieran suspender la ejecución de la pena.

De esta manera, la condena quedó firme, más de dos años después de que fuera dictada. La firmeza de la resolución habilitó al tribunal a ordenar el cumplimiento efectivo de la prisión establecida para el condenado.

El 30 de julio de ese año, el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del tribunal bahiense que intervino en el caso, dispuso la detención de Casali. La medida tenía como finalidad que comenzara a cumplir la condena de cuatro años y medio.

Cuando se intentó concretar la orden judicial, Casali no pudo ser localizado en su domicilio. Desde entonces, quedó registrado como prófugo y se iniciaron las tareas para determinar dónde se encontraba.

La investigación para ubicarlo se extendió durante alrededor de dos años. Según los voceros judiciales, las averiguaciones recientes permitieron establecer que el condenado estaba nuevamente en Coronel Suárez, lo que derivó en la organización del procedimiento policial y culminó con su detención.

Al momento de ser localizado, el acusado tenía una notificación roja de Interpol emitida a pedido de la Justicia georgiana. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la investigación tiene como blanco a una organización que ofrecía, a través de redes sociales, gestiones migratorias a personas que buscaban radicarse en Estados Unidos y, más tarde, obtener visas para Canadá.

De acuerdo con la acusación de las autoridades georgianas, el detenido organizaba y participaba de una estructura que contactaba a potenciales clientes por redes sociales. El grupo ofrecía servicios de inmigración a ciudadanos georgianos que pretendían viajar a Estados Unidos.

No obstante, indicaron que la maniobra se habría adaptado a las modificaciones en las políticas migratorias estadounidenses. A raíz de esto, la organización comenzó a promocionar supuestas gestiones para obtener visas canadienses, operaciones que habrían provocado perjuicios económicos por miles de dólares.

Después de que se recibiera el requerimiento internacional, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA inició las averiguaciones. Por este motivo, los agentes revisaron registros de organismos públicos y privados, además de sistemas de Interpol y perfiles en redes sociales para dar con su paradero.

Fue así que el intercambio de información con la Oficina Central Nacional de Tiflis permitió establecer que el requerido podía encontrarse en una vivienda de Palermo. Tras realizar tareas de vigilancia, los efectivos lo identificaron y detuvieron en la calle Soler al 3800.

Luego de que se constatara que el hombre se encontraba en esa propiedad, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, la PFA allanó el domicilio vinculado al acusado. En el procedimiento incautó pasaportes, documentación en idioma georgiano, una computadora portátil y un teléfono celular.

Tras el hallazgo, los investigadores consideran que parte del material podría estar relacionado con la tramitación de documentos apócrifos y será incorporado a la causa de extradición. El operativo contó, según informó la fuerza a este medio, con coordinación de autoridades de seguridad de Estados Unidos.

Una vez completados los trámites judiciales, las autoridades aprobaron el traslado del acusado a su país de origen. El dispositivo se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con participación de personal de Interpol Georgia y de las divisiones Operaciones Especiales y Escolta de la PFA.

Finalmente, informaron que el hombre quedó a disposición de la Justicia de Georgia, donde enfrentará cargos por los delitos de fraude agravado, facilitación de migración ilícita y fabricación o venta de documentos falsificados.

La Corte Suprema confirmó la extradición a Chile de un acusado de abuso sexual infantil

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la extradición a Chile de un hombre requerido para ser juzgado por presuntos abusos sexuales contra su hija, luego de rechazar los planteos presentados por la defensa.

El acusado, identificado en el expediente con las iniciales C.A.H.M., es investigado por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2020 en Angol, una localidad de la región chilena de La Araucanía. Según la causa, la niña tenía menos de 14 años al inicio de los episodios denunciados.

En este contexto, a mediados de septiembre, el máximo tribunal confirmó la resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mendoza, que había declarado procedente el pedido de extradición formulado por las autoridades chilenas.

No obstante, la defensa cuestionó la falta de precisión de la acusación, solicitó la producción de otras pruebas y objetó la imparcialidad del magistrado federal que intervino durante el trámite. También pidió que el imputado fuera juzgado en la Argentina.

Frente a esto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron esos planteos y remitieron a los fundamentos de la Procuración General. El fallo sostuvo que el procedimiento de extradición no tiene por objeto definir la responsabilidad penal del requerido ni establecer si cometió los delitos atribuidos.

La Corte indicó que, en esta etapa, corresponde verificar si el Estado solicitante cumplió los requisitos legales para que la persona reclamada sea entregada. Por ese motivo, no examinó los argumentos vinculados al contenido de la acusación que tramita en Chile.

El tribunal tampoco trató el pedido para que C.A.H.M. fuera juzgado en territorio argentino, al considerar que esa cuestión no integra la instancia judicial del proceso de extradición. Además, ordenó al juzgado federal mendocino informar a las autoridades chilenas el tiempo que el acusado permaneció detenido en la Argentina, ya que ese período deberá ser tenido en cuenta en el expediente que enfrenta en el país vecino.

El juicio contra“Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se retomará este viernes a las 11.30, con la declaración de cinco testigos propuestos por la defensa. Será la audiencia número 14 desde el comienzo del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en agosto pasado.

La particularidad de esta jornada será la participación del músico desde Solar Colonial, la institución de salud mental de Castelar donde permanece internado desde el 2 de octubre. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, se organizó un dispositivo para que Álvarez pueda seguir las declaraciones por videoconferencia.

Para ello, sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro se dividirán las tareas. El primero estará presente en la sala de audiencias, mientras que el segundo se trasladará a la clínica con su computadora para facilitar la conexión. También está previsto que concurran dos representantes del tribunal y que intervengan médicos del establecimiento, en un intento por garantizar que el cantante pueda participar de la jornada mientras continúa bajo tratamiento.

En cuanto a los testigos, se trata de personas propuestas por la defensa, entre ellas, la madre de la hija de Álvarez. Todos declararán bajo reserva de identidad.

La audiencia se realizará una semana después de que el tribunal rechazó el pedido de los abogados del músico para anular el juicio y comenzar nuevamente desde cero. También desestimó sus cuestionamientos al último informe del Cuerpo Médico Forense, que el 5 de octubre concluyó que Álvarez está en condiciones de comprender el proceso penal y participar de él. Los peritos de la defensa, en cambio, consideran que su estado de salud mental no le permite afrontar el debate.

Durante aquella jornada, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, defendió las conclusiones de los especialistas oficiales. “No cualquier internación impide la continuidad de un juicio”, sostuvo. También cuestionó los pedidos de los abogados para comenzar nuevamente el debate y advirtió sobre las consecuencias que las demoras podrían tener para el acusado. “Creo que una de las cosas que lo abruman a Álvarez Congiu es la incertidumbre. Pensará: ‘¿Qué va a pasar conmigo?’”, expresó.

En paralelo, la defensa recibió otros dos reveses judiciales. El 13 de octubre, la Cámara Nacional de Casación rechazó un recurso con el que los abogados buscaban cuestionar la decisión de mantener a los tres jueces a cargo del juicio. La defensa había intentado apartarlos, pero ese pedido ya había sido rechazado. Ahora, el camarista Nicolás Grappasonno consideró que los abogados no habían presentado argumentos suficientes para demostrar que aquella decisión fuera arbitraria o vulnerara garantías constitucionales.

El segundo rechazo llegó por un hábeas corpus presentado para intentar frenar las audiencias mientras Álvarez continúa internado. El juez Maximiliano Callizo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58, sostuvo que ese recurso no era el mecanismo adecuado para suspender el juicio, ya que las decisiones sobre su continuidad corresponden al tribunal que lo lleva adelante. Además, señaló que los magistrados no habían ordenado que el músico asistiera a Tribunales ni que participara obligatoriamente por videoconferencia. La resolución fue elevada en consulta a la Cámara de Apelaciones.

Con estos antecedentes, los jueces Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro retomarán la recepción de testimonios. Hasta el momento declararon 27 testigos en el proceso por el crimen de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres”, que interceptó una Ford Ecosport en la zona comprendida entre la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 11. Los ocupantes del vehículo, ambos provenientes de Jujuy, quedaron a disposición de la Justicia federal.

La intervención se inició a partir de información remitida por la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca”. Tras detener la marcha de la camioneta, los gendarmes realizaron una inspección y advirtieron irregularidades en distintos sectores de la estructura.

Esa observación motivó una requisa más detallada. El personal detectó compartimientos ocultos bajo los asientos y en el piso del baúl, donde estaba escondida la carga. Las imágenes del procedimiento muestran que los paquetes habían sido acondicionados en cavidades bajo chapas y revestimientos del vehículo, fuera de la vista de los ocupantes.

Con la presencia de testigos, los efectivos utilizaron herramientas de corte para remover parte de esa estructura y acceder a los espacios acondicionados. De allí retiraron 34 paquetes rectangulares.

Las pruebas de campo Narcotest determinaron que el contenido era clorhidrato de cocaína. El pesaje final arrojó 35 kilos con 180 gramos de esa sustancia. En el operativo también fue hallado un envoltorio con 155 gramos de marihuana.

La Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención de los dos hombres en carácter de incomunicados. También ordenó el secuestro de los estupefacientes, la Ford Ecosport y los dos teléfonos celulares encontrados durante el procedimiento.

Los operativos de Gendarmería en las rutas pueden originarse en controles preventivos o en datos aportados por las áreas de inteligencia criminal. Según las características de cada procedimiento, la fuerza puede recurrir a perros detectores, escáneres móviles y personal especializado para profundizar las inspecciones.

La investigación continuará para establecer de dónde provenía la droga, cuál era su destino y si había otras personas involucradas en el traslado.

En la Ruta 34 hallaron 108 kilos de cocaína dentro de un camión

En otro procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en el norte del país, los efectivos secuestraron 108 kilos de cocaína que eran transportados en un camión cisterna con patente de Bolivia. El operativo se concretó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 34.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los gendarmes inspeccionaron la cabina y el sector de la cisterna. Durante esa revisión advirtieron que tres mochilas de gran tamaño tenían un peso inusual, por lo que profundizaron el control.

Ante la presencia de testigos, el personal abrió los bolsos y encontró paquetes compactos con una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo dieron positivo para cocaína y el pesaje total alcanzó los 108 kilos. Además de la droga, fueron secuestrados el camión y los teléfonos celulares encontrados durante el procedimiento.

El conductor, de nacionalidad boliviana, quedó detenido e incomunicado por orden de la Justicia federal. La investigación buscará reconstruir el recorrido que tenía previsto el transporte y establecer si existieron otras personas involucradas en la maniobra.

Según informó la fuerza, los camiones que transportan combustible pueden ser utilizados para ocultar cargamentos ilegales porque el olor intenso propio de ese tipo de vehículos puede dificultar la detección por parte de los perros antinarcóticos. Ese aspecto forma parte de las modalidades que se analizan en investigaciones sobre el traslado de estupefacientes por rutas del norte argentino.

La Justicia condenó a los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti por cobrar dinero a cambio de emitir formularios de verificación automotor fuera del procedimiento establecido en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe. Ambos recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional y quedaron inhabilitados de manera perpetua para desempeñarse como policías.

Las sentencias incluyeron sanciones económicas de distinta magnitud. González, de 54 años, deberá abonar una multa de $11.520.000, mientras que Vignatti, de 36, tendrá que pagar $8.000.000. Además, los dos tienen prohibido portar o poseer armas de fuego durante tres años y no podrán acercarse a menos de 200 metros ni contactar a testigos y otros imputados en el expediente.

La investigación, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, se concentró en presuntos pagos para obtener formularios 12, documentos exigidos para transferir la titularidad de vehículos o registrar unidades cero kilómetro. Los policías elaboraban, sellaban o firmaban esos documentos sin realizar las inspecciones sobre los automotores que prevé el trámite administrativo.

El juez Leandro Lazzarini dictó las condenas en un juicio de procedimientos abreviados realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. González y Vignatti fueron considerados autores de cohecho pasivo, figura penal que castiga al funcionario público que recibe dinero u otros beneficios para ejecutar u omitir actos vinculados con su cargo.

El fiscal Ezequiel Hernández, responsable de la causa, señaló que las conductas bajo investigación se habrían desarrollado de manera sostenida dentro de la planta de verificación vehicular de Esperanza.

De acuerdo con la acusación, el período investigado abarcó desde, al menos, enero de 2020 hasta septiembre de este año. La pesquisa no se limita a los dos policías condenados ahora, ya que contempla a otros integrantes de la fuerza y a una gestora vinculada con la circulación de los formularios.

El formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) certifica la verificación física de un vehículo y resulta obligatorio para determinadas inscripciones registrales, entre ellas las transferencias de dominio y el patentamiento de unidades nuevas. Su emisión exige una revisión por parte del personal habilitado.

Hernández sostuvo que una gestora entregaba dinero a policías para conseguir formularios confeccionados sin respetar ese circuito. “Los policías actuaban sin seguir el trámite administrativo estipulado y sin que los verificadores inspeccionaran por sí mismos los vehículos”, explicó el fiscal.

Según detalló el representante del Ministerio Público de la Acusación, algunos formularios ya se encontraban completos cuando eran intervenidos por los agentes. En otras situaciones, los efectivos los entregaban firmados, pero sin completar los datos correspondientes. Esa modalidad permitía que el documento fuera utilizado posteriormente sin que existiera una constatación directa del vehículo por parte de quien debía efectuarla.

El pago se habrían concretado mediante dos mecanismos. Parte de los pagos se hacía en efectivo durante encuentros personales y otra parte mediante transferencias bancarias.

Antes de las condenas de González y Vignatti, la causa ya había derivado en una sentencia contra el subinspector Luis Rodrigo Ulerich, de 35 años. Recibió tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer como policía y una multa de $17.260.000.

Con las nuevas resoluciones, son tres los funcionarios policiales condenados dentro de la investigación. A la vez, existe un cuarto integrante de la fuerza que permanece en prisión preventiva, mientras que una gestora fue imputada por su presunta participación en las maniobras examinadas por la Fiscalía.

Un copiloto de Aerolíneas Argentinas con más de una década de antigüedad en la compañía fue imputado por presunto contrabando tras detectarse en su equipaje despachado a bodega una serie de joyas envueltas en papel metálico, en un procedimiento que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El tripulante, que tenía previsto volar a Madrid, no fue detenido en el momento y se le permitió continuar con su viaje, pero a su regreso ya lo esperaba una causa penal económica abierta y una citación a indagatoria.

Según confirmaron fuentes de la PSA a Infobae, el episodio comenzó el pasado sábado 3 de octubre cerca de las 17:30, cuando el personal que operaba los equipos de rayos X de la Nueva Terminal de Partidas identificó dentro de una valija elementos que, por su forma, color y densidad, podían corresponder a metales del tipo oro. Se convocó a testigos y, en presencia del pasajero, se abrió el equipaje. En su interior aparecieron dos cadenas y varios anillos, todos de color plateado.

Lo que determinó la apertura de la causa no fue la posesión de las piezas en sí, sino la forma en que estaban acondicionadas. Las cadenas, los anillos y los aros se encontraban envueltos en un material tipo papel de aluminio, un método que, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, buscaba impedir que los escáneres detectaran su composición real.

Si el contenido no hubiese estado disimulado, el tripulante podría haber alegado que se trataba de pertenencias personales. Ese intento de ocultamiento es, precisamente, lo que configura la sospecha de contrabando.

El inventario de los elementos secuestrados fue detallado. Se incautaron dos cadenas con un peso conjunto de 304 gramos. También se retiraron ocho anillos (48 gramos en total) y diez pares de aros (96 gramos).

El imputado fue identificado como D.O.L.. Según fuentes de la aerolínea, se desempeñaba como copiloto y acumulaba más de diez años dentro de la empresa.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, con intervención de la Secretaría N°12, a cargo del fiscal Guillermo Brugo.

Fue Brugo quien, tras dos comunicaciones telefónicas con el jefe de turno de la PSA durante el procedimiento, ordenó las diligencias a seguir. Entre ellas, una que llamó la atención: permitió que el investigado continuara con su viaje a Madrid sin más trámites. La decisión obedeció a que, en ese momento, aún restaba verificar si los elementos incautados eran efectivamente oro.

La aerolínea de bandera no formuló declaraciones públicas sobre el caso. Sin embargo, fuentes internas confirmaron que el piloto fue suspendido de sus funciones una vez que la empresa tomó conocimiento de la situación. D.O.L. no se encuentra detenido, pero ya fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juzgado interviniente.

El expediente también consigna que la Justicia prohibió la difusión de las imágenes obtenidas durante el procedimiento a la prensa de la PSA. El damnificado en la causa es el Estado Nacional, y la investigación continúa abierta mientras se aguardan los resultados de los peritajes que determinarán la composición real de las piezas secuestradas.

Justo Fernando Barrientos, único acusado por el ataque en el que murieron tres mujeres y otra sobrevivió con graves secuelas, declaró por primera vez en el juicio y negó haber provocado el incendio en una pensión del barrio porteño de Barracas. “No inicié el fuego”, afirmó este jueves durante la audiencia virtual.

El imputado habló desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde permanece con prisión preventiva. Fue la última audiencia de prueba antes de los alegatos, que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 fijó para el lunes 26 y el miércoles 28 de octubre.

Barrientos está acusado por los homicidios de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, además de la tentativa de homicidio contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del salvaje ataque ocurrido en mayo de 2024.

En un relato breve, negó haber utilizado nafta o pintura para provocar las llamas y sostuvo que no recuerda detalles de aquella madrugada. Tampoco respondió preguntas de la fiscalía, las querellas ni la defensa.

Sobre las cuatro víctimas, dijo que no conversaba con ellas sobre “cuestiones personales ni gustos sexuales”. “Ellas pareciera que eran pareja”, expresó. Luego afirmó que tenía “respeto hacia ellas y la diversidad”.

En otro tramo, Barrientos apuntó contra dos vecinos que, durante el debate, declararon haberlo visto golpear a una de las mujeres cuando ella intentaba salir de la habitación y apagar las llamas.

La acusación justamente sostiene que el ataque no se limitó al inicio del fuego. De acuerdo a testimonios de vecinos, el imputado habría agredido a una de las víctimas en el pasillo de la pensión cuando buscaba escapar.

Después del incendio, el hombre fue hallado en un baño de la terraza del edificio con una herida en el cuello y un cuchillo. Fue trasladado al Hospital Argerich, donde los médicos concluyeron que se trató de una autoagresión. Para entonces, ya estaba bajo custodia policial.

La declaración de Barrientos contrastó con parte de la prueba técnica expuesta durante las audiencias. Peritos especializados y bomberos coincidieron en que el incendio tuvo un origen intencional y que comenzó en una de las camas de la habitación que compartían las cuatro mujeres. En esa línea, un experto explicó que las marcas de combustión resultaban compatibles con la presencia de un líquido acelerante, mientras que un bombero que intervino en el operativo aseguró que había un fuerte olor a alcohol en el pasillo que conectaba la habitación con los espacios comunes.

Cabe recordar que en el lugar también se secuestró un tacho de pintura utilizado como balde, que presentaba marcas de tiznamiento y derretimiento en su manija.

A su vez, durante el debate un perito químico informó que detectó hidrocarburos en tres textiles analizados, entre ellos prendas quemadas de las víctimas. El especialista aclaró que no podía determinar de qué sustancias se trataba, debido a los efectos de la combustión y del paso del tiempo sobre las muestras.

En el juicio también hubo testimonios que reconstruyeron situaciones previas de hostigamiento hacia las mujeres. Vecinos, personas allegadas y profesionales que asistieron a Andrea y Sofía antes y después del ataque mencionaron episodios de miedo, insultos y dificultades para circular por espacios comunes.

La única sobreviviente no prestó declaración en el proceso. El Cuerpo Médico Forense concluyó que no estaba en condiciones de hacerlo.

Castro Riglos estuvo internada cerca de un mes después del ataque y continúa con atención médica. En el juicio se discutió la posibilidad de incorporar, mediante su lectura, dos declaraciones que había dado ante personal policial durante su internación, aunque su representación desistió de ese pedido para evitar una nueva instancia que pudiera afectar su salud.

Amnistía Internacional Argentina siguió las audiencias y señaló que los agravantes imputados responden a los reclamos de organizaciones de derechos humanos y de la diversidad para que el hecho sea analizado con perspectiva de género y orientación sexual.

El hecho

Ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión de la calle Olavarría al 1600. Cobbas, Figueroa, Amarante y Castro Riglos descansaban en una habitación del lugar.

Según la fiscalía, Barrientos provocó un incendio dentro del cuarto. Las querellas sostienen que el ataque estuvo atravesado por la violencia de género y el prejuicio contra la orientación sexual de las víctimas.

Cobbas murió pocas horas después del incendio. Figueroa falleció dos días más tarde y Amarante murió luego de seis días de internación.

La convocatoria incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. La administración provincial calcula que el remate permitirá recaudar entre $ 700 millones y $ 800 millones.

Como adelanto de la jornada, este miércoles fueron exhibidos 15 autos y camionetas, además de dos lanchas, en la cabecera oeste del Puente Colgante. Quienes completaron la inscripción podrán revisar la totalidad de los bienes el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano.

Las acreditaciones para participar se iniciarán a las 14.30 y el remate está previsto para las 16.20. Los precios de base fueron fijados entre el 30 % y el 50 % de los valores de mercado, según informó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

“Queríamos que esta subasta les diera la posibilidad de participar a todas las personas que quisieran hacerlo”, sostuvo el funcionario. También vinculó el aumento de la convocatoria con una política que apunta a quitarles activos a las organizaciones y personas investigadas por delitos para luego darles un destino público.

La amplia variedad de bienes responde, de acuerdo con Figueroa Escauriza, a los distintos perfiles económicos de quienes fueron alcanzados por decomisos. Entre los lotes hay desde motos vinculadas a robos callejeros hasta vehículos y otros bienes de mayor valor.

La inscripción ya finalizó y la Aprad realiza cruces de información para impedir que intervengan personas ligadas a las organizaciones criminales a las que pertenecían los bienes. El director provincial de la agencia, Martín Domene, indicó que ese control suele dejar fuera del proceso a entre 80 y 100 anotados, incluidos quienes tienen pedidos de captura.

Del total de inscriptos, 7.139 son residentes de Santa Fe. Entre las provincias con mayor participación figuran Entre Ríos, con 565 personas; Buenos Aires, con 519; y Córdoba, con 214. También hubo registros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 19 jurisdicciones.

Los pagos podrán realizarse mediante transferencia bancaria o en efectivo. Los compradores deberán entregar una seña equivalente al 10 % de la oferta, abonar el 90 % restante cuando se apruebe el lote y afrontar, además, un 10 % de comisión para el martillero.

¿Dónde se destinará lo recaudado?

El dinero obtenido se aplicará a la reparación de víctimas de delitos y al sostenimiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales. Según explicó Domene, el organismo no recibe recursos provenientes de impuestos y el excedente se dirige a donaciones y contribuciones sociales.

Para esta edición, el Gobierno de Santa Fe proyecta destinar lo recaudado a asistencia para víctimas y a programas relacionados con escuelas, salud mental y consumos problemáticos.

El comentario forma parte de una de las comunicaciones incorporadas a la causa contra la red de servicios médicos investigada en Florencio Varela, acusada de ofrecer atenciones y traslados con personal que, según las autoridades, no contaba con las habilitaciones requeridas.

En otra conversación, una mujer identificada como Alejandra recibe el aviso de un paciente con una saturación de oxígeno del 66%, muy por debajo del rango habitual. Un interlocutor le comunica que el médico atribuía el cuadro a la postura del hombre y que, tras tomar una gaseosa, había mejorado. Ella corta la explicación: “¿Y qué esperan para trasladarlo?”.

Otra escucha apunta a las condiciones en que se realizaban algunas prácticas. Una médica consulta si puede suturar en un domicilio a un paciente que se había cortado con una motosierra. Dice que cuenta con hilo de sutura, bisturí y una pinza, pero que le faltaban unas tijeras y otros elementos.

“Si lo puede hacer, sí, no hay problema”, responde Alejandra. La profesional había calculado que la herida requería entre tres y cuatro puntos. Si no podía realizar la sutura en el domicilio, la alternativa era trasladar al paciente a un centro de salud de Belgrano.

Las comunicaciones también incluyen un diálogo referido a documentación médica. Un hombre que se presenta como Elvio advierte que una profesional que figuraba en un remito tendría una matrícula correspondiente a enfermería. Por eso, le pide a Alejandra que rehaga el documento con otro médico.

“Yo, como ese paciente ausente, voy a necesitar que me hagas de vuelta el remito con otro médico”, dice Elvio. Después solicita que le indiquen qué días había trabajado esa mujer para alertar a otra persona sobre los comprobantes. “Así no pisamos el palito”, agrega.

En otra conversación, un interlocutor consulta si el móvil que integra debía asistir a un paciente con dificultad respiratoria pese a que no disponía de oxígeno. Alejandra admite que el insumo debió haberse retirado temprano, pero que eso no ocurrió. Luego propone que evalúen administrar “una dex o una hidro” (NdR: dexametasona e hidrocortisona) y les pide que vean si podían “zafar” la situación.

En los registros también aparece el caso de un paciente que quedó internado en terapia intensiva luego de ser trasladado al Hospital “Mi Pueblo”, de Florencio Varela. Los interlocutores discuten cómo recuperar una camilla que había quedado en el lugar, ya que mencionan que el establecimiento pedía la presencia de un médico con matrícula.

Otra llamada registra la conversación entre Alejandra y la hija de una mujer de 93 años que había sido atendida en su domicilio. La familiar cuenta que, después de recibir una inyección, su madre sufrió convulsiones, se puso “azul” y fue internada. La paciente quedó intubada.

Alejandra le responde que la mujer recibió diclofenac y dexametasona, y sostiene que el deterioro se explicaba por un cuadro de COVID-19, no por la medicación. La hija expresa su desesperación: “Mi vieja se está muriendo, está intubada”. La comunicación no permite establecer la causa médica del cuadro.

Todas estas grabaciones forman parte de los elementos analizados en el expediente en el que se investigan una presunta asociación ilícita, el ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de títulos y posibles maniobras fraudulentas vinculadas a prestaciones de salud.

Por el caso hay 29 detenidos y la Justicia busca establecer si hubo más personas involucradas. También procura determinar si existieron derivaciones desde una empresa de Avellaneda e irregularidades en prestaciones facturadas a obras sociales, entre ellas el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Leonardo Cositorto (56), el fundador de Generación Zoe, condenado por estafas y asociación ilícita, fue operado este miércoles de un tumor en la zona genital y permanece internado bajo custodia penitenciaria en el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes.

Según pudo saber Infobae, la intervención se realizó en medio de un cuadro de salud delicado por la diabetes y la hipertensión que padece. Su abogado, Guillermo Dragotto, adelantó que prepara un pedido de prisión domiciliaria y denunció que su defendido no recibió la atención médica adecuada durante los cuatro años y medio que lleva detenido.

El procedimiento consistió en la extracción de un tumor en la región inguinal-genital. Pese a las complicaciones que representaban sus niveles de glucemia, la operación se desarrolló satisfactoriamente, según indicó el letrado. Sin embargo, todavía deben esperar los resultados de la biopsia. Al cierre de esta nota, la defensa no contaba con el parte oficial del equipo médico que realizó la cirugía.

Por indicación médica, Cositorto deberá permanecer internado durante varios días, bajo controles posoperatorios. Su pareja viajó desde Córdoba para acompañarlo durante la recuperación.

Dragotto vinculó el cuadro de salud del empresario con las condiciones de detención. “Hemos hecho los reclamos de que no hay atención médica”, sostuvo en diálogo con Infobae.

El abogado aseguró que Cositorto había presentado lesiones en la piel, que relacionó con la diabetes, pero que solo recibía cremas como tratamiento paliativo. También cuestionó las condiciones de alojamiento en Corrientes, donde, según su relato, tiene poco tiempo de patio, lleva una vida sedentaria y no recibe la medicación que corresponde.

“Sin sol, sin aire, sin visitas”, resumió el defensor sobre la situación que atraviesa su cliente.

Ante este escenario, Dragotto adelantó que buscará que Cositorto continúe su detención en su domicilio. “Yo estoy por tramitar un pedido de prisión domiciliaria en base a eso”, afirmó, en referencia a la operación y las enfermedades preexistentes.

No es la primera vez que Cositorto intenta acceder a la prisión domiciliaria por motivos de salud. En octubre de 2025, la Justicia rechazó una solicitud de la defensa, que había argumentado que el empresario se encontraba débil y desnutrido.

La nueva presentación todavía no fue realizada. Dragotto aguarda información médica oficial sobre la evolución de su defendido para fundamentar el planteo.

Las condenas contra el fundador de Generación Zoe

Cositorto acumula dos condenas de prisión por las maniobras de Generación Zoe, la organización que captaba inversores mediante promesas de elevados rendimientos económicos.

En febrero de 2025, la Justicia de Corrientes lo condenó a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa. La sentencia fue confirmada en diciembre de ese año, aunque la defensa mantiene una queja ante la Corte Suprema.

En julio de 2025, también recibió una condena a 11 años de prisión en Salta, por estafas reiteradas y asociación ilícita. En ese expediente, la defensa interpuso un recurso de casación.

Según precisó Dragotto a Infobae, ninguna de las dos condenas se encuentra firme. El abogado cuestionó además la extensión de las penas en relación con la cantidad de hechos y los montos involucrados, y explicó que ambas deberán ser unificadas en algún momento.

Por el hecho fueron detenidas la madre y su hija, y se secuestró un tubo de gas pimienta que fue utilizado durante el enfrentamiento. Según trascendió, el altercado se habría desatado en medio de una discusión por las ubicaciones.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó este miércoles alrededor de las 22.55, en la sala 4 del cine “Las Tipas”, dentro del centro comercial situado en la intersección de Corrientes y San Lorenzo. Tras recibir una alerta al 911 por parte del personal del shopping, agentes de la Policía provincial se presentaron en el lugar para intervenir.

El video que encabeza esta nota, registrado por un testigo, muestra el momento en el que se encendieron las luces de la sala, luego de que el encargado advirtiera que había un enfrentamiento entre los asistentes.

“¡Perdí todo el pelo con el cáncer, no me lo saqués!” y “¡Están rompiendo las pelotas desde hoy!” son algunos de los gritos de las involucradas que se escuchan en la grabación casera, mientras las dos mujeres y el otro grupo de espectadores intercambiaban empujones, golpes de puño y patadas.

En ese contexto, una de las agresoras extrajo de su cartera un tubo de gas pimienta y lo accionó en medio de la sala, lo que provocó que los presentes comenzaran a evacuar el lugar.

No obstante, la violenta discusión continuó en los pasillos del shopping, con insultos y acusaciones entre las partes.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se dirigieron hacia el sector del estacionamiento y demoraron a dos mujeres que se encontraban en un Honda Civic. Se trataba de una mujer de 51 años y su hija, de 27, ambas domiciliadas en Paraná.

Asimismo, los agentes identificaron a la damnificada, una joven de 27 años, y verificaron que otros espectadores también se habían visto afectados por el gas pimienta. Ante esta situación, personal médico asistió a quienes presentaban molestias.

En diálogo con el programa Viendo qué pasa (Canal 9 Litoral), el segundo jefe de la División 911, comisario Guillermo González, brindó precisiones sobre el operativo policial y relató cómo se desencadenó el episodio. “Aproximadamente a las 23 horas se recibieron varios llamados a la División 911 donde alertaban de este percance en el shopping Paso del Paraná, específicamente en una de las salas del cine Las Tipas”, explicó el funcionario.

En esa línea, detalló: “El problema se origina en primera instancia por la ocupación de los asientos y eso genera un intercambio de dichos y de palabras de estas personas”.

Consultado por la detención de las dos involucradas, el comisario González precisó que los uniformados también secuestraron el recipiente de gas pimienta. “Se trataba de un recipiente de 60 centímetros cúbicos que es de venta libre según la ley”, precisó.

Respecto de la utilización de este producto en un ambiente cerrado, explicó: “Obviamente se puede utilizar en casos exclusivos de legítima defensa ante un hecho inminente, no en este caso puntual donde era un recinto cerrado y había muchas personas que también fueron afectadas producto del gas. Tampoco era una situación de suma gravedad o de legítima defensa como para utilizar este gas”.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se dispuso que la damnificada radicara la denuncia correspondiente y fuera examinada por el médico policial.

Entre los detenidos hay cinco hombres y cuatro mujeres de entre 29 y 73 años. A la vez, fueron aprehendidos otros 13 hombres y siete mujeres de entre 19 y 65 años. La Justicia los investiga por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina mediante el uso de nombres y matrículas de terceros, usurpación de títulos y maniobras fraudulentas vinculadas a prestaciones de salud.

En concreto, se sospecha que conformaban una estructura que ofrecía atención domiciliaria y traslados de pacientes hacia hospitales y centros especializados.

La hipótesis de los investigadores sostiene que, para ello, utilizaban camionetas ploteadas como ambulancias y con un acondicionamiento parcial. Las unidades eran tripuladas por choferes y personas que cumplían tareas de enfermería o medicina sin contar con las habilitaciones y matrículas necesarias.

La causa también apunta a que los pacientes podían ser captados mediante maniobras engañosas. Y en algunos casos, las prácticas realizadas habrían agravado sus cuadros de salud, según los informes policiales.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de Quilmes, encabezada por el fiscal Darío Provisionato, solicitó una serie de allanamientos al Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo del juez Marcelo Villagra.

Tras la orden del magistrado, los procedimientos se realizaron el miércoles en domicilios de Florencio Varela, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

En los operativos los agentes de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Bonaerense secuestraron siete ambulancias, un Renault 12, una Renault Sandero Stepway, una motocicleta Honda Wave y autopartes que tenían pedido de secuestro por una causa de robo automotor. También incautaron sumas de dinero: $5.780.200 y USD 19.368.

El material incautado sumó 57 teléfonos celulares, cinco notebooks, cuatro CPU, discos rígidos, una tableta, una tarjeta microSD y un chip telefónico. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar las comunicaciones internas de la organización y la eventual coordinación de los servicios investigados.

Además, los efectivos hallaron 22 sellos médicos, 65 sellos de instituciones sanitarias, sellos de una contadora, recetarios, formularios de evaluación médica, historias y planillas de traslados. Entre la documentación también había una lista de precios por kilómetro, una grilla de choferes, formularios de derivaciones, un talonario de recetas del PAMI y papeles vinculados a la firma Serca Omni Salud S.A.

Asimismo, se encontraron tensiómetros, estetoscopios, oxímetros, glucómetros, camisolines, instrumental quirúrgico, jeringas, agujas, sondas, bolsas colectoras de orina, placas radiográficas, medicamentos y prendas con inscripciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la provincia de Buenos Aires.

La investigación sigue. Las autoridades ahora trabajan para establecer el grado de participación de cada sospechoso y si hubo más personas involucradas.

También buscan determinar si los servicios eran derivados por una empresa radicada en Avellaneda y si existieron irregularidades en prestaciones facturadas a obras sociales, entre ellas el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

La periodista misionera Vanina Naumtchuk denunció que un hombre al que no conocía la acosó durante más de un año en Misiones mediante videos, imágenes manipuladas con inteligencia artificial y contactos con empresas para las que trabajaba, y que el hostigamiento continuó incluso después de que el acusado fuera identificado, detenido y liberado.

La situación alcanzó otro nivel cuando alguien contactó a Naumtchuk para preguntarle si estaba bien, tras ver una publicación en redes sociales titulada “Justicia por Vanina”. El perfil atribuido al denunciado había difundido una imagen que instalaba la versión de su muerte.

Esa publicación derivó en la entrega de un botón antipánico a la periodista y describió los cambios que el acoso impuso en su vida cotidiana.

El relato sobre el acoso digital

Naumtchuk situó el inicio del hostigamiento en agosto de 2025, aunque precisó, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que lleva “más de un año” lidiando con la situación. Sobre el hombre al que denunció, remarcó que no existía ningún vínculo previo: “Una persona que yo no conozco, con la que nunca tuve ningún tipo de trato ni de contacto y con la que no tengo absolutamente ninguna persona en común”.

La periodista describió una escalada de publicaciones en distintas plataformas. “Decidió obsesionarse conmigo y comenzar a crear videos, videos y videos a través de diferentes plataformas, hablando de mí, insultándome, usando mi nombre, mi cara, mi apellido, mi lugar de trabajo”, afirmó.

El contenido no se limitó a videos o menciones. “Contactándose con las empresas con las que trabajo a través de redes sociales e incluso creando imágenes mías, utilizando inteligencia artificial, de connotación sexual y también de apología al consumo de cocaína”, relató Naumtchuk al describir las acciones que atribuye al denunciado.

La difusión de esas imágenes y los contactos laborales marcaron un salto en el caso. Según explicó la periodista, el objetivo habría sido perjudicar a la periodista en su trabajo, tras una etapa inicial en la que Naumtchuk había tomado las primeras publicaciones como mensajes aislados.

La denuncia y las medidas que no detuvieron el hostigamiento

Naumtchuk explicó que acudió primero a la Policía y después a la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de Misiones. “Lo que logré fue, en principio, que le cierren todas las cuentas que utilizaba tanto en Instagram como en YouTube, así como también que lo pongan preso”, dijo.

La periodista aseguró que la detención fue temporal y que, tras la liberación, debió modificar de forma profunda su vida cotidiana. “Estuvo detenido un tiempo, pero la realidad es que estuvo detenido el tiempo que puede estar, porque nadie recibe perpetua por acosar virtualmente a alguien ni por amenazar a alguien”, expresó.

El acusado habría utilizado distintos usuarios y pseudónimos para continuar con las publicaciones, y precisó que Naumtchuk pidió que no se difundiera su nombre. La documentación del caso fue presentada ante la fiscalía especializada y la publicación sobre la supuesta muerte de la periodista fue denunciada.

Tras la liberación del hombre denunciado, Naumtchuk dijo que el hostigamiento se redujo, pero que no recuperó su vida anterior. “Una vez que recuperó su libertad, la situación estuvo un poco más tranquila, más allá de que yo tuve que alterar básicamente toda mi vida”, afirmó la periodista.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició a partir del seguimiento de un lector automático de patentes, que detectó a un Peugeot 208 de color negro.

A través de las cámaras de seguridad, los operadores del COM detectaron que un hombre había descendido del vehículo y, mediante el presunto uso de una llave falsa, logro abrir una camioneta Toyota Hilux roja estacionada en el playón de un hipermercado Makro, ubicado en el cruce de la avenida Champagnat y Alvarado.

Luego de recibir la alerta, personal policial inició el seguimiento del auto, pero a las pocas cuadras, en inmediaciones de avenida Champagnat y Alberti, quedó atrapado en un embotellamiento.

En ese contexto, y al percatarse de la presencia policial, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó escapar a pie. “El sujeto se da a la fuga”, informó el operador de turno en el video que encabeza esta nota.

Finalmente, el sospechoso, de 23 años, fue reducido a los pocos metros por un hombre que le cerró el paso en la esquina de avenida Champagnat y Belgrano. Ya reducido, efectivos de la Bonaerense procedieron a su detención.

Consumado el arresto del sospechoso, el seguimiento al Peugeot continuó hasta que fue localizado sin ocupantes y sin chapas patentes en inmediaciones de avenida Champagnat y Rivadavia.

Luego, con intervención de la Comisaría 9ª y autorización de la Fiscalía de Flagrancia, se realizó un allanamiento en un domicilio de Pasaje Las Vías al 6600. Si bien no se logró localizar al investigado ni al presunto conductor del vehículo, la requisa permitió secuestrar elementos de interés para la investigación.

Entre los objetos incautados había dos chapas patentes correspondientes al Peugeot 208, dos destornilladores, una llave casera con mango en forma de T —conocida como “yuga”—, un equipo portátil de comunicación, dinero en moneda nacional y extranjera, una gorra, una motosierra y dos infladores portátiles.

Las fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que el vehículo utilizado por la banda estaría vinculado con un hecho denunciado el pasado 2 de octubre, cuando la víctima sufrió el robo de diversos elementos del interior de su camioneta Toyota SW4, la cual se encontraba estacionada sobre la calle Falucho al 30. La investigación derivó en un allanamiento realizado cinco días después de ese hecho en el domicilio del sospechoso, donde no se logró encontrarlo ni secuestrar el vehículo utilizado.

El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, avaló el procedimiento y dispuso actuaciones por hurto agravado por el uso de llaves falsas o instrumentos semejantes en grado de tentativa, el secuestro del automóvil y de los elementos de interés, y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

La investigación continúa para establecer la participación de los demás involucrados.

Ramón Dupuy declaró en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El abuelo de Lucio Dupuy y titular de la fundación que lleva el nombre de su nieto, lo hizo por videoconferencia. También estuvo citada Betiana Soledad Caballero, una familiar del niño que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

La declaración de Dupuy estuvo vinculada con la presencia en 9 de Julio de un grupo de personas que utilizó su nombre y el de la Fundación como referencia para justificar su participación en el caso. Nueve integrantes de ese grupo quedaron imputados por presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos, entre ellos estafa calificada.

El hombre prestó testimonio desde una sede judicial de La Pampa, donde reside. Su comparecencia había sido fijada inicialmente para septiembre, pero el tribunal dispuso que fuera presencial luego de que las partes objetaran una primera modalidad remota.

El testigo solicitó luego volver a declarar a distancia por problemas de salud. Finalmente, el tribunal aceptó que la audiencia se realizara por Zoom y reprogramó su intervención para este jueves.

En su declaración, Dupuy detalló cómo tomó conocimiento de la desaparición del Loan a través de la televisión y su posterior contacto con Alan Cañete, uno de los acusados en la causa paralela por entorpecimiento de la investigación.

El contacto con Cañete

Alan Cañete lo contactó por teléfono mientras viajaba hacia Corrientes tras la desaparición de Loan Peña y le pidió autorización para invocar su nombre con el fin de “abrir las puertas mucho más rápido” en la zona. Dupuy relató que aceptó la petición bajo una condición explícita: el permiso regía solo para asistir a menores, nunca para gestiones vinculadas a adultos.

Según su testimonio, Cañete se presentó como abogado, aunque Dupuy aclaró que nunca verificó credencial ni matrícula alguna. El contacto entre ambos se limitó a llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y un encuentro previo en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde la fundación había intervenido en un hogar donde, según el testigo, se rescató a chicos que sufrían maltrato y abuso.

Dupuy reprodujo ante la comisión la frase textual que le dirigió a Cañete al momento de habilitarlo a usar el nombre de la Fundación: “Si vas por los chicos, sí podés nombrarme. Ahora, por los adultos no, no vayas por los adultos porque yo no te voy a apoyar [...] Te retiro los embajadores”. El testigo explicó que Cañete no detalló por qué necesitaba esa autorización, aunque supuso que buscaba agilizar su intervención en la zona del hecho.

El abuelo de Lucio Dupuy dijo que Cañete le transmitió que viajaba junto a un equipo del estudio jurídico, entre quienes mencionó a la abogada Elizabeth Cutaia, otra de las acusadas. Con ella, Dupuy mantuvo un intercambio de mensajes de WhatsApp y el envío de dinero destinado a la compra de mercadería para los menores que, según le informaron, permanecían sin bañarse ni alimentarse en la zona del naranjal.

Manifestó su indignación al enterarse por los medios sobre una supuesta donación de $2.800.000 realizada por el intendente de 9 de Julio a la asociación y que luego le recriminó a Cutaia porque “con los niños no se lucra”.

También detalló cómo se sumó al operativo el psicólogo Esteban Federico Rossi Colombo (otro imputado), a quien conoció en un panel en Tucumán sobre la problemática de la niñez en Argentina. Cuando Colombo le pidió ayuda para conseguir trabajo, Dupuy cruzó su contacto con Cañete, que en simultáneo necesitaba un profesional para la “contención de los chicos” que, según le transmitieron, se hallaban desatendidos.

Dupuy indicó que Cañete le adelantó que el equipo planeaba presentarse en la causa judicial para colaborar con el tribunal, y que mencionó trabajar junto a una persona vinculada al FBI o a Interpol, sin precisar cuál de los dos organismos. El testigo reconoció que nunca pudo verificar esa afirmación.

Respecto de la hipótesis manejada por el equipo de Cañete, Dupuy sostuvo que únicamente le transmitieron la versión difundida públicamente, según la cual a Loan “se lo habían llevado”, sin precisar autores ni mencionar en ningún momento la palabra trata. Negó haber viajado a Corrientes en algún momento del proceso y dijo no recordar si el equipo mantuvo contacto con los padres del niño, aunque cree que sí se entrevistaron con su hermano.

“La asociación no tiene nada que ver”

Dupuy negó haber tenido injerencia alguna en el alojamiento de familiares del niño y de otros menores en el hotel Despertar del Iberá, en la localidad de 9 de Julio. El testigo sostuvo que se enteró de esa situación a través de Cañete, quien le informó que el intendente local había cedido el establecimiento para el cuidado de los chicos.

Afirmó que desconocía cómo se había gestionado el traslado al hotel, quién lo había dispuesto, la distribución de las habitaciones o con quiénes dormían los menores. “Absolutamente no”, respondió al ser consultado sobre si la asociación había tenido alguna intervención en la tramitación de ese alojamiento. También negó haber indagado sobre esas cuestiones ante Cañete en algún momento.

“No me recuerdo la cantidad de niños que tenía ahí en el hotel, cuidándolos y alimentándolos. ”La asociación no tiene nada que ver. Yo le dije a Cañete que sí me podía nombrar a mí, si podía, si iban a cuidar los chicos. La asociación nunca intervino en nada allá en Corrientes", reiteró.

Dupuy precisó que su único intercambio con Cañete se limitó a autorizar que usaran su nombre si se trataba de cuidar a los chicos, pero remarcó que la Fundación Lucio Dupuy nunca intervino en actividades desarrolladas en la provincia de Corrientes. “La asociación no tiene nada que ver”, insistió ante las preguntas de la fiscalía.

La causa paralela investiga a diez personas por presuntas maniobras para entorpecer la búsqueda de Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Entre los principales imputados figuran Cutaia y Cañete, a quienes la fiscalía atribuye un rol central en las actividades del grupo, además de Nicolás Gabriel Soria, Esteban Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio.

Dupuy relató que organizó una colecta solidaria a través de una red social para asistir a los niños vinculados a la causa. “Juntamos unos pesos, no muchos tampoco, pero se lo giramos a la doctora Cutaia para que comprara mercadería para llevarle a los chicos”, detalló. Según explicó, el dinero recaudado mediante TikTok fue depositado en el teléfono de su esposa y luego transferido a la cuenta de Cutaia por indicación de Cañete, aunque aseguró que nunca le explicaron el motivo de esa modalidad.

El testigo recordó además haber participado de una transmisión en vivo junto a Cañete, en la que este explicaba la situación que atravesaban en Corrientes. Respecto de los fondos, Dupuy sostuvo que no debía rendir cuentas a nadie porque la recaudación se realizó de manera directa a través de redes sociales y no por canales institucionales de la fundación.

Dupuy denunció que el intendente de 9 de Julio había declarado públicamente haber donado dos millones ochocientos mil pesos a la Fundación Lucio Dupuy, una suma que, según el testigo, nunca llegó a la organización.

“Me cansé de llamarlo al intendente”, afirmó, y agregó que su abogado envió una carta documento al municipio y al Concejo Deliberante que permanece sin respuesta. El testigo mencionó haber visto con posterioridad tickets de gastos pagados por la intendencia que contradecían la versión oficial sobre el destino de esos fondos.

Consultado sobre si consideraba que el grupo investigado había lucrado con los niños, Dupuy evitó una afirmación categórica, pero remarcó que la metodología de la Fundación excluye cualquier forma de lucro vinculada a la vulneración de derechos de menores.

Un golpe a la Fundación Dupuy y “la confianza” en Cañete

Dupuy relató que se enteró de la detención de los integrantes del grupo a través de la televisión, sin poder precisar la fecha exacta. Indicó que el primer antecedente fue la detención del psicólogo Federico Colombo, sobre la cual fue consultado por Cutaia mediante un mensaje de WhatsApp. Tras conocerse la causa, el testigo afirmó haber solicitado explicaciones tanto a Cañete como a Cutaia, pero la comunicación con ambos se cortó y, según remarcó, continúa a la espera de una disculpa hasta el día de la audiencia.

El testigo señaló que el episodio afectó tanto a su familia como al funcionamiento de la Fundación Lucio Dupuy, que perdió el respaldo de un donante que iba a financiar una sede destinada a la atención psicológica y social de niños de La Pampa y provincias vecinas. “Estoy a punto de deshacerme por esto”, expresó Dupuy al describir el impacto emocional del proceso.

Dupuy negó haber tenido contacto con los padres del niño, María Noguera y José Peña, y también con sus hermanos. “Nunca”, respondió de forma tajante ante la consulta de la querella.

Le consultó a Dupuy si había recibido algún mensaje que hiciera referencia a la detención de alguna de las personas involucradas en la causa. El testigo recordó un mensaje de Cañete, uno de los integrantes del grupo que utilizó el nombre de la fundación, en el que le informaba: “La metimos presa a Laudelina”.

Al ser consultado por la actuación de Cañete y su grupo en la causa por la desaparición de Loan, Dupuy dijo que le habían comentado que buscarían presentarse ante las autoridades “como amigos del tribunal” para colaborar en la búsqueda.

El testigo sostuvo que no esperaba una acción concreta, aunque remarcó que confió en los dichos de Cañete sobre la defensa de niños y la ayuda para localizar al menor.

“Yo confié en la palabra de Cañete, que decía que iba a cuidar a los niños, nada más, y en la ayuda de buscar a Loan”, manifestó. Ante la pregunta de si esperaba una situación similar al hogar Siand de General Rodríguez, respondió: “Totalmente. Si no, no hubiese dicho que sí”.

La defensa de Cañete pidió reproducir un fragmento de una entrevista periodística que Dupuy había dado y que estaba incorporada al expediente. El tribunal autorizó la exhibición para refrescar la memoria del testigo. En el video, Dupuy expresó su “preocupación y desesperación” por no saber dónde está Loan y afirmó que “presentía que el niño estaba vivo”.

“No puedo asegurar si Cañete hizo algo irregular el 9 de julio”

Una de las defensas le preguntó a Dupuy si le constaba de manera personal que Alan Cañete hubiera cometido alguna irregularidad el 9 de julio. El testigo respondió que no podía afirmarlo.

“No, no puedo asegurar”, dijo inicialmente, antes de mencionar versiones que había escuchado. El abogado insistió en que se limitara a lo que hubiera percibido de forma directa. Dupuy sostuvo entonces que calculaba que habían ido a ayudar.

También declaró que no sabía que Cañete había estado detenido ni que, como imputado, tenía restricciones para comunicarse con las partes. Dupuy había dicho que esperaba una llamada de disculpas por parte de Cañete.

El testimonio sobre el Hogar Siand y el vínculo con Cañete

Dupuy relató que conoció a Cañete a raíz de una situación en el Hogar Siand, en General Rodríguez. Contó que acudió al lugar tras recibir un aviso y afirmó que allí había 22 niños en situación de vulnerabilidad.

Según su versión, pudo ingresar al establecimiento porque era “el abuelo de Lucio”. Dijo que no permitieron el acceso de otras personas, entre ellas Cutaia.

Dupuy afirmó que, durante su visita, vio a cinco niños sentados en un sillón mientras miraban una película en un teléfono y un televisor. Sin embargo, sostuvo que antes de entrar había escuchado desde afuera que golpeaban a menores.

“Me di cuenta de que esas criaturas estaban sometidas al maltrato y a no decir nada”, declaró. También indicó que, después de la visita, Cañete lo llevó a realizar una denuncia.

Aseguró que su percepción era que Cañete y Cutaia intervenían por interés en la situación de los menores y no porque respondieran a otra persona. “Ellos eran los que llevaban la voz cantante ahí en Rodríguez”, manifestó.

Luego de casi dos horas, finalizó la declaración del testigo y se comunicó que el debate continuará la próxima semana.

El hecho comenzó a tomar forma el 14 de octubre de 2026, cuando una mujer se presentó ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen para denunciar la desaparición de su padre, Hugo Alberto Juárez (78). Según relató, su madre, le comunicó alrededor de las 10:30 que su pareja no había vuelto a su casa.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Juárez había hablado con su hijo esa misma mañana y luego partió a bordo de su Peugeot 308 blanco. Su última conexión de WhatsApp quedó registrada a las 10:52, tras lo cual el teléfono celular —abonado 2396-627924— se apagó sin que nadie pudiera volver a contactarlo.

La familia indicó a los investigadores que Juárez se dedicaba habitualmente a la compra y venta de dólares estadounidenses, y que sospechaban que el día de su desaparición podría haber concretado alguna transacción vinculada a esa actividad. Ese dato orientó de manera decisiva las líneas de pesquisa que siguió la DDI.

Efectivos de la DDI de Trenque Lauquen y de la Policía de Seguridad Comunal (PSC) de Pehuajó, bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, activó el protocolo de búsqueda. En el marco de ese operativo, el vehículo de la víctima fue localizado en calle Encina, sin ocupantes. Se solicitó de inmediato la intervención de Policía Científica para relevar el rodado.

Un conflicto de dinero y amenazas previas apuntaron al sospechoso

Las tareas investigativas y los testimonios recabados durante las horas siguientes permitieron establecer que existía un conflicto económico entre Juárez y Kevin Rafael Gamarra Colman (27), de nacionalidad paraguaya. Según los elementos reunidos, el joven habría amenazado a la víctima en un contexto vinculado a cuestiones de dinero.

Con esos indicios, el fiscal Ruiz Schenstrom autorizó el allanamiento del domicilio de Gamarra, a escasos metros de donde había sido encontrado el auto de Juárez.

La medida arrojó un resultado trágico: en el interior del inmueble fue hallado el cuerpo sin vida del cambista. De manera inmediata se procedió a la aprehensión de Gamarra Colman y al secuestro de un teléfono celular marca iPhone que tenía en su poder.

Policía Científica intervino en el lugar del hallazgo para llevar adelante las pericias correspondientes. El detenido fue trasladado y quedó alojado en la sede de la DDI de Trenque Lauquen.

Un termo fue identificado como el arma utilizada

En el interior del departamento donde se produjo el hecho, los investigadores secuestraron la llave de encendido del Peugeot 308 de la víctima y un termo marca Stanley de 1,5 litros, color verde, que fue identificado como el arma impropia empleada en el ataque. También se secuestró un Peugeot 208 a fines periciales.

Tras la recolección de las pruebas, las actuaciones fueron recaratuladas como homicidio. La causa quedó radicada en la UFI 8, cuyo titular autorizó la difusión del procedimiento a la prensa.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los hechos se registraron durante la madrugada del lunes 27 de julio en las inmediaciones de Araoz de Lamadrid y Necochea. De acuerdo con la reconstrucción policial, dos hombres, uno de ellos armado, interceptaron primero a un chofer de la aplicación Uber y le robaron la moto.

Una hora más tarde, y en el mismo cruce, los mismos asaltantes atacaron a un segundo conductor. Durante este segundo hecho, uno de los delincuentes resultó herido por un disparo que efectuó su propio cómplice.

Minutos después, personal de la Comisaría Vecinal 4C fue convocado por un hombre herido de arma de fuego en un inmueble de la calle Olavarría al 250. Allí los efectivos encontraron al delincuente, identificado como Alex Benicio Beltrán, de 19 años, que con el correr de la investigación quedó vinculado a ambos asaltos.

La División Investigaciones Comunales (DIC) 4 reconstruyó la secuencia a partir del análisis de cámaras de seguridad y domos ubicados en la zona. Las imágenes permitieron determinar que los dos sospechosos se cambiaban de ropa entre un hecho y otro, aunque mantenían puesto el mismo calzado, un dato que resultó determinante para vincularlos con ambos robos.

Con Beltrán ya detenido por el disparo que había recibido, los investigadores avanzaron con los trabajos para identificar al segundo integrante de la banda, señalado como el autor de los disparos durante el segundo asalto.

El análisis de antenas de telefonía celular permitió establecer un patrón de desplazamientos del sospechoso y determinar que se había trasladado hacia el norte argentino, con posibles domicilios en la provincia de Tucumán. A partir de ese dato, la Justicia autorizó a los investigadores porteños a desarrollar tareas en esa jurisdicción.

Así, personal de la DIC 4 viajó rumbo a la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde localizó al sospechoso en las cercanías del domicilio señalado por la pesquisa y procedió a su detención.

Kevin Benjamín Leiva, de 23 años, fue trasladado de manera provisoria a la Comisaría Seccional 4 de la capital provincial, mientras se completan las diligencias necesarias para su posterior traslado a la ciudad de Buenos Aires, donde deberá responder por la causa de robo con armas.

En la investigación intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del juez Mariano Iturralde, con la secretaria a cargo de María Laura Turconi, y el Juzgado de Garantías/Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 4 de San Miguel de Tucumán, a cargo del fiscal Eduardo Martín González.

El oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, integrante de la Policía de Mendoza, fue acusado formalmente por la Justicia de violar a una mujer que estaba detenida en una comisaría.

Según medios mendocinos, el agente fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado tras la denuncia de la víctima, de 42 años, que permanecía arrestada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, que investiga si el policía abusó de la mujer mientras cumplía tareas de escribiente. La denunciante, que estaba privada de libertad por causas de estafa, y señaló que fue abusada después de que había pedido ir al baño.

De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, especialistas del Cuerpo Médico Forense realizaron pericias psicológicas y físicas a la víctima y determinaron que hay rastros compatibles con una relación sexual. En ese sentido, la Fiscalía considera que, por el contexto de encierro, la mujer no podía prestar un consentimiento válido para ese acto sexual.

La Fiscalía calificó el expediente como “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones”.

Según la denuncia, Moyano Sánchez llevó a la mujer desde la celda 6 hasta el baño de la comisaría. Allí habría ocurrido el abuso. Una hora después, la detenida pidió un teléfono para comunicarse con su abogado y le relató lo sucedido. El letrado presentó la denuncia ante la Fiscalía de Homicidios. La Fiscalía ordenó la detención del uniformado y su traslado a las celdas del Polo Judicial.

También se secuestraron el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambos. Los análisis habrían encontrado elementos compatibles con una relación sexual.

Pericias y medidas en la Comisaría Séptima

La Fiscalía analiza las cámaras de seguridad de la Comisaría Séptima, los libros de detención y las declaraciones de otras mujeres que estaban alojadas en esa dependencia al momento del hecho.

La denunciante estaba detenida desde el 9 de agosto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Tenía antecedentes por estafa genérica, estafa mediante nombre supuesto, calidad simulada y apariencia de simulación, además de otros tres casos de estafa genérica.

El acusado no portaba su arma reglamentaria porque había estado detenido por una causa de violencia de género y se encontraba bajo control psicológico, según indicó el medio.

El Ministerio de Seguridad y Justicia ordenó el apartamiento inmediato del efectivo de la Comisaría Séptima, con un posible pase a situación pasiva.

Un caso aberrante se dio a conocer este miércoles en Chaco, luego de que la Justicia ordenara la captura de una mujer de 47 años y un hombre de 41. Luego de que fueran detenidos, tras una serie de procedimientos, ambos serán investigados por el presunto abuso sexual de una adolescente de 16 años, quien se encuentra embarazada de cinco meses.

La situación salió a la luz cuando la víctima concurrió a un centro de salud del barrio. Allí, una médica ginecóloga detectó que cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, un hallazgo que motivó la intervención policial y judicial.

Según pudo reconstruir la Justicia, la joven habría manifestado que sufría los abusos desde los 14 años. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la hermana de la menor. Así, quedaron bajo la lupa la madre de la adolescente, por presunto encubrimiento, y su pareja, acusada de haber sido el autor de los ataques sexuales.

A partir de la denuncia y los testimonios reunidos durante las primeras horas de la pesquisa, la Fiscalía Penal Nº 6 dispuso la detención tanto del presunto abusador como de la madre de la víctima. De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, la mujer fue localizada en una vivienda del pasaje España, ubicada en el barrio La Rubita de Resistencia, y la trasladaron a la Comisaría Quinta Metropolitana.

En ese momento, el hombre no se encontraba en el domicilio. No obstante, tras recibir información de familiares del sospechoso sobre su regreso al domicilio, los efectivos policiales montaron un dispositivo de vigilancia en la zona. Cuando lo vieron salir de la vivienda, lo interceptaron en la vía pública y concretaron la detención.

Por disposición de la Fiscalía, ambos detenidos fueron notificados de su situación procesal y trasladados a la dependencia policial correspondiente. La investigación continúa en curso para esclarecer los hechos denunciados y determinar el alcance de la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Denunciaron a un ginecólogo de Chaco por abuso sexual y violencia médica

Una mujer que reside en Emiratos Árabes Unidos denunció al ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega por un presunto abuso sexual ocurrido en 2022, durante un encuentro privado en la vivienda del médico en Resistencia. La denunciante declarará por videollamada el próximo lunes 19 de octubre ante la Justicia provincial.

La presentación quedó radicada ante el Equipo Fiscal Nº 4 de Resistencia, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera. La mujer entregó capturas de conversaciones posteriores al episodio, en las que le reprochó al profesional que hubiera mantenido relaciones sexuales pese a que ella lloraba y le había expresado que no quería hacerlo.

Según relató, ambos se conocían por redes sociales y no existía entre ellos una relación médico-paciente. En agosto de 2022, aceptó reunirse con Kumiega en su domicilio. Allí, compartieron una cena y bebidas alcohólicas antes de que él le propusiera pasar la noche en la vivienda.

La denunciante afirmó que le manifestó al ginecólogo que no quería tener relaciones sexuales. Sin embargo, al despertarse con malestar físico, el médico comenzó a besarla, quitarle la ropa y la abusó.

“Yo le manifesté que estaba triste y que no tenía ganas de tener relaciones sexuales. Durante ese momento, mi cuerpo permaneció paralizado. Me encontraba en estado de shock, llorando sin poder reaccionar de la manera en que hubiera querido”, expresó en la denuncia. Después, regresó a su departamento sin contar de inmediato lo ocurrido a familiares o amigos.

Los mensajes que aportó en la causa muestran que el contacto entre ambos continuó durante los meses siguientes. En uno de los intercambios, la mujer le recriminó la situación, a lo que el acusado solo respondió con un “Besos”. Más adelante, según las capturas, el médico volvió a escribirle en varias oportunidades mediante Instagram.

La denuncia por presunto abuso sexual se conoció mientras otras presentaciones contra Kumiega avanzan en la Justicia chaqueña. Hasta el momento, ocho mujeres lo denunciaron por distintos hechos. Las primeras seis causas se vinculan con situaciones ocurridas durante consultas ginecológicas y están bajo análisis de la fiscal Ana González de Pacce.

En esos expedientes se investigan posibles hechos de violencia médica, tratos degradantes y un eventual uso excesivo de la fuerza durante prácticas profesionales. Al caso, se incorporó la denuncia de otra paciente, que cuestionó una cirugía que le realizaron en marzo de 2022 en el Sanatorio Femechaco.

En su presentación, la mujer aseguró que fue intervenida tras un diagnóstico de miomas y que luego advirtió, a partir de estudios posteriores, que conservaba el útero pese a haber interpretado que se lo habían extirpado. “Me animo a contarlo ahora porque vi que le pasó a otras personas y no quiero que le pase a nadie más”, señaló la denunciante.

Frente a esto, la defensa de Kumiega, a cargo del abogado Zacarías Issolo, señaló previamente que las prácticas cuestionadas se realizaron dentro de los protocolos médicos y negó que las conductas denunciadas constituyan delitos sexuales.

Un alumno de 13 años llevó una arma de fuego dentro de su mochila a una escuela técnica de Carmen de Patagones. El hallazgo se produjo cuando las autoridades del establecimiento advirtieron la presencia de la pistola y solicitaron la intervención policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana durante la jornada del miércoles en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 Ingeniero Mario Rovere, ubicada en Jaime Harris 41.

Según informó La Brújula 24, se trataba de un arma calibre 32 que presentaba un importante deterioro y signos de oxidación. Además, tenía colocado un cargador sin municiones y se encontró un proyectil calibre 9 milímetros suelto.

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es si el arma estaba en condiciones de efectuar disparos. Debido a su estado de conservación, esa cuestión quedó sujeta a las pericias correspondientes. Hasta el momento de las primeras informaciones, no se había establecido cómo llegó a las manos del adolescente ni por qué la había llevado al establecimiento.

Luego de constatar la situación, los efectivos secuestraron la pistola para someterla a los estudios pertinentes. El estudiante fue trasladado preventivamente a una dependencia policial y posteriormente quedó al cuidado de sus familiares responsables.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Las actuaciones se iniciaron por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia de armas de fuego.

Por tratarse de un menor de edad, la investigación deberá desarrollarse bajo las garantías correspondientes al régimen de responsabilidad penal juvenil. Las autoridades buscan establecer cómo obtuvo el arma.

Un alumno de 17 baleó a un compañero en La Matanza

Un estudiante de 18 años recibió dos disparos dentro de la Escuela N.º 58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio también ocurrió el miércoles 14 de octubre, en uno de los baños del establecimiento, y la víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde ingresó al quirófano por las heridas sufridas en el abdomen y uno de sus brazos.

Según informó Infobae, la Policía recibió un llamado al 911 a las 12.56 y efectivos de la Comisaría Sur 4.ª de Villa Dorrego llegaron al colegio cinco minutos después. Para entonces, docentes ya habían trasladado al joven herido en un vehículo particular hasta un centro de salud.

El alumno de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado. Los investigadores buscan establecer cómo ingresó el arma al establecimiento y en qué circunstancias se produjo el ataque.

Uno de los datos que surgieron durante las primeras actuaciones fue el relato que la víctima habría brindado al personal de enfermería antes de ingresar al quirófano. Según esa versión, el joven dijo que el otro estudiante era su amigo y que los disparos se habrían producido accidentalmente mientras le mostraba una pistola calibre .22.

Sin embargo, esa explicación todavía no había sido corroborada por las autoridades, por lo que las circunstancias del episodio continuaban bajo investigación. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º2 de La Matanza, que deberá esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los dos hechos volvieron a poner el foco en la presencia de armas de fuego dentro de las escuelas y los riesgos que esto implica para la comunidad educativa. Mientras que en Carmen de Patagones el arma fue detectada antes de que se registraran heridos, en González Catán un estudiante recibió dos disparos y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Un golpe comando fue registrado durante la madrugada del miércoles en una fábrica de colorantes para plásticos en la localidad de Melchor Romero, ubicada en La Plata. Según trascendió, al menos cuatro delincuentes encapuchados sustrajeron una suma millonaria en efectivo tras desactivar el sistema de alarma del establecimiento.

El responsable de la firma se enteró del hecho por un llamado de un compañero de la planta, quien le avisó que el personal de seguridad había detectado el robo. Al llegar al lugar, el hombre constató que faltaban 80 millones de pesos de una oficina de uso común.

Según su declaración, el dinero permanecía allí de manera excepcional, porque la empresa debía afrontar una serie de obligaciones económicas esa misma jornada. Por esto, no era habitual que una suma de esa magnitud quedara guardada dentro de la fábrica.

Hasta el momento, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la fábrica, ubicada en 161 entre 516 y 517, permitieron reconstruir parte de la secuencia del robo. Así, se constató que los asaltantes ingresaron con los rostros cubiertos y guantes, cubrieron los detectores con papel u otro material similar antes de dirigirse hacia la central de alarma, que dejaron fuera de servicio.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, los sospechosos permanecieron más de una hora dentro de las instalaciones. Para llegar hasta el dinero, rompieron la reja de una ventana que daba acceso a la oficina donde estaba guardado el efectivo.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la precisión con la que se movieron, debido a que, pese a la cantidad de construcciones que hay dentro del predio, el grupo fue directamente al sector donde se encontraba el dinero, sin recorrer ni inspeccionar otras áreas.

A raíz de esto, la principal línea de investigación buscaría establecer si los autores del robo contaban con información previa sobre la presencia del dinero en la fábrica y sobre los movimientos internos de la empresa.

Por este motivo, la forma de ingreso, la desactivación puntual de la alarma y el desplazamiento directo hacia la oficina del efectivo son elementos que los investigadores analizarán para reconstruir cómo se planificó el golpe. Aún no hay personas identificadas como responsables del hecho.

La causa quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, que trabaja en la reconstrucción de los movimientos de los sospechosos y busca determinar cómo obtuvieron la información que les permitió llegar directamente hasta el dinero.

Entraron por el techo y robaron $12 millones de un comercio en La Plata

A finales de mayo, se registró un hecho similar, donde una banda de delincuentes robó 12 millones de pesos en efectivo de un reconocido local de materiales eléctricos de La Plata. Todo ocurrió durante la madrugada del sábado 30 de mayo, cuando abrieron un boquete en el techo del establecimiento y llegaron hasta el dinero que el propietario ocultaba entre los paneles del cielorraso.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la avenida 44, entre las calles 153 y 155. Según fuentes policiales, los autores accedieron al interior del local a través de un agujero practicado en la estructura del techo, una modalidad que para los investigadores revela un conocimiento previo de la disposición interna del edificio.

Sin embargo, los delincuentes recorrieron distintos sectores del comercio hasta dar con el dinero. El efectivo no estaba guardado en una caja fuerte ni en otro elemento de resguardo visible, sino escondido entre los paneles del cielorraso, y fue detectado y sustraído sin que los asaltantes debieran forzar ningún mecanismo de seguridad convencional.

El golpe se produjo entre las 2 y las 3 de la madrugada, horario en el que la empresa de alarmas del local detectó movimientos sospechosos y emitió una alerta al propietario. Pese a ese aviso temprano, los delincuentes lograron completar el robo y escapar antes de que se activara una respuesta efectiva.

La secuencia completa del hecho recién se conoció en horas de la mañana, cuando los empleados del comercio llegaron a sus puestos cerca de las 8:30. Al ingresar, se encontraron con daños evidentes en la infraestructura del techo y con la ausencia del dinero que, hasta la noche anterior, permanecía oculto en el cielorraso.

El propietario relató que, al llegar al comercio tras la notificación, halló su oficina completamente revuelta. “Todavía no pude determinar si, además de la plata, se llevaron material del negocio”, sostuvo el hombre durante un breve diálogo con 0221.

El hecho fue caratulado como robo agravado y la investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que trabajó en la recolección de pruebas y analizó posibles vínculos con otros hechos recientes de características similares.

Una disputa familiar por una vivienda derivó en un violento enfrentamiento en Paraná, que dejó a un hombre con dos heridas de bala y a otras dos personas lesionadas. El conflicto se habría originado cuando algunos integrantes de la familia intentaron quedarse con la propiedad. Por el hecho, tres hombres fueron detenidos.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en la zona de Villa Huesito y se extendió hasta las inmediaciones del arroyo del barrio 33 Orientales, en Paraná, Entre Ríos.

De acuerdo con las declaraciones del comisario Guillermo González en diálogo con Elonce, la disputa comenzó cuando algunos integrantes de la familia habrían intentado quitarles la vivienda a otros miembros del mismo grupo familiar. La situación fue escalando hasta que comenzaron las agresiones y se utilizaron armas de fuego y elementos cortantes.

En medio del enfrentamiento, uno de los hombres recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en el abdomen. Tras resultar herido, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. Según precisó el funcionario policial, el hombre no presentaba riesgo de vida, aunque debía continuar bajo evaluación médica.

Además, otras dos personas sufrieron heridas provocadas con armas blancas durante la pelea. Las circunstancias específicas en las que se produjeron las lesiones deberán establecerse a partir de las declaraciones de los involucrados y de las pruebas reunidas durante la investigación.

Tras recibir la alerta sobre el enfrentamiento, efectivos de la garita policial del barrio 33 Orientales, personal de la División 911, de la Comisaría Primera y de la División Homicidios participaron del operativo.

El procedimiento permitió detener a tres hombres mayores de edad que habrían estado involucrados en el episodio. Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las responsabilidades penales.

De acuerdo con lo informado por González, dos de los detenidos son investigados por el supuesto delito de tentativa de homicidio. La calificación es provisoria y deberá evaluarse a partir de las pruebas reunidas durante la investigación.

Las identidades de los arrestados no fueron difundidas públicamente. El funcionario policial señaló que los involucrados pertenecen al mismo entorno familiar, aunque tienen distintos apellidos, y que el origen de la disputa estaría relacionado con el intento de desplazar a algunos integrantes de la vivienda.

Uno de los objetivos centrales del operativo fue localizar el arma de fuego utilizada durante el enfrentamiento. Los investigadores sospechan que pudo haber sido descartada en las inmediaciones del arroyo del barrio, por lo que se realizaron rastrillajes en el sector.

Para ampliar la búsqueda, la Policía solicitó la colaboración de personal de Bomberos. Los efectivos recorrieron distintos puntos de la zona, incluso durante la noche, mientras intentaban dar con el elemento.

De igual forma, los investigadores sí lograron secuestrar las dos armas blancas. Según las primeras actuaciones, estas también habrían sido utilizadas durante el enfrentamiento. Los elementos quedaron incorporados a las diligencias para determinar su vinculación con las lesiones sufridas por las otras dos personas.

El despliegue comprendió distintos sectores de Villa Huesito, la zona de calle Ituzaingó antes de Florencio Sánchez y las inmediaciones del arroyo, a la altura del barrio 33 Orientales.

La Policía también dispuso mantener una presencia preventiva en el barrio durante la noche para reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos entre los familiares.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá reconstruir el episodio y determinar las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, los investigadores siguen trabajando para localizar el arma de fuego y reunir elementos que permitan esclarecer un conflicto.

Una red de puntos de venta de droga al menudeo quedó desarticulada en distintas zonas de Jujuy tras una jornada de controles que combinó allanamientos, operativos de saturación en la vía pública y procedimientos dentro del Servicio Penitenciario. El resultado: más de mil dosis de estupefacientes secuestradas y 23 personas demoradas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos ejecutaron 18 procedimientos contra la venta al menudeo en San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Perico, San Pedro, Monterrico y Libertador General San Martín.

Según lo informado por el portal Jujuy al Momento, las actuaciones se desarrollaron de manera simultánea en las seis localidades jujeñas y estuvieron coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación, con el apoyo de grupos especiales de la Policía de Jujuy. El operativo combinó inteligencia previa con controles preventivos en la vía pública, lo que permitió identificar tanto bocas de expendio fijas como puntos de comercialización ocasional.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, además de 692 dosis de marihuana y diversos plantines de cannabis sativa. El procedimiento también permitió el secuestro de siete teléfonos celulares y una balanza de precisión utilizados para la comercialización.

El secuestro de estos objetos resulta relevante para las investigaciones, ya que los teléfonos pueden aportar datos sobre contactos, transacciones y la estructura de distribución de cada punto de venta.

A mediados de julio, una investigación de seis meses llevada a cabo por Gendarmería Nacional Argentina permitió desarticular un clan narco que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta. El operativo culminó con la detención de siete personas, entre ellas un preso, quien coordinaba las maniobras desde una cárcel federal. Además, se incautaron más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos y una importante suma de dinero.

Las acciones se desplegaron los días 18 y 19 de julio con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto a efectivos de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”.

Durante la investigación, los agentes detectaron un vehículo con modificaciones destinadas al ocultamiento de estupefacientes. Ante esto, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, cuya intervención resultó clave.

Durante un control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas. La inspección permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos del rodado, con un peso total de 61 kilos con 514 gramos.

A partir de este hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en varias viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y en una cárcel federal, donde uno de los miembros coordinaba las maniobras desde su celda.

Durante el operativo, incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.

A su vez, detuvieron a siete personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Según pudo saber Infobae, entre ellos figura un hombre que, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba coordinando maniobras desde una cárcel federal a través de comunicaciones telefónicas.

El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de la provincia de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy.

Un hombre de 42 años fue detenido este miércoles por la mañana en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, tras haber sido acusado de abuso sexual con acceso carnal contra un joven de 17 años. También está bajo investigación por grooming, debido a que habría utilizado las redes sociales para contactar y captar a la víctima.

El operativo se realizó en una vivienda de la calle Almirante Brown al 1900, ubicada en la zona de la costanera de la capital santacruceña. Allí, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento y distintas pericias en el marco de una causa que se inició tras la denuncia presentada por la familia del adolescente damnificado.

La investigación está vinculada con un presunto acercamiento al menor a través de redes sociales. Por este motivo, la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz intervino en el expediente junto con otras dependencias policiales y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, la detención se concretó cerca de las 09:30 horas de este miércoles, cuando los efectivos llegaron al domicilio para ejecutar la orden de allanamiento. El hombre se resistió al accionar policial, pero, finalmente, fue trasladado a una dependencia de la ciudad.

Durante el allanamiento, los investigadores detectaron contradicciones en la declaración del acusado. El hombre había negado tener una furgoneta blanca que resultaba de interés para la causa, pero los efectivos la hallaron oculta en un garaje de la propiedad al ingresar al domicilio.

Tras este hallazgo, los investigadores buscarán determinar si ese vehículo fue el lugar donde se habría producido el abuso denunciado por el adolescente. Por esto, el personal de Criminalística trabajó en la vivienda con el objetivo de recolectar elementos de interés, realizar pericias biológicas y analizar posibles pruebas que permitan reconstruir las circunstancias del hecho.

En este sentido, la investigación también apuntaría a esclarecer de qué manera se produjo el contacto entre el acusado y la víctima. Como la causa está vinculada con una presunta captación a través de redes sociales, los investigadores prevén analizar los dispositivos electrónicos y las comunicaciones digitales del detenido para determinar la modalidad de acercamiento.

Entre las hipótesis que se examinan figuraría el posible uso de perfiles falsos para vincularse con menores de edad. Hasta el momento no se informó oficialmente qué plataforma habría sido utilizada ni si existen otras posibles víctimas o personas involucradas en la causa, que continúa en etapa preliminar.

Otro de los datos que surgieron durante el procedimiento es que el acusado ya había estado preso durante aproximadamente diez años por delitos vinculados con la corrupción de menores y la tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Ese antecedente se remontaría a una década atrás, cuando el hombre trabajaba como guía turístico en el estuario de Río Gallegos. A partir de esta actividad, el acusado estableció contacto con menores que visitaban el lugar, según consta en los antecedentes de aquella causa.

Condenaron a un hombre a más de 13 años de prisión por abusar de su hijastra en Santa Fe

A principios de octubre, un tribunal de la ciudad de Tostado impuso una pena de 13 años y seis meses de prisión contra un hombre identificado con las siglas C.D.C., de 33 años, por abusar sexualmente de una menor de edad durante varios años. Los hechos ocurrieron en el departamento Nueve de Julio, donde el condenado convivía con la madre de la víctima.

Según informó el portal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, los abusos se extendieron desde 2015 hasta 2021, un período en el que la nena cursaba la escuela primaria. C.D.C. era pareja de la madre de la víctima y convivió con ambas en distintas viviendas, circunstancia que, según la acusación, le permitió quedar a cargo del cuidado de la menor en reiteradas ocasiones.

El fallo fue dictado por los jueces Javier Bottero, José Boaglio y Cecilia Álamo, quienes resolvieron por unanimidad la responsabilidad penal del acusado. De esta manera, lo condenaron como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores. Además, las tres figuras fueron agravadas por la situación de guarda que el condenado ejercía sobre la víctima al momento de los hechos.

En línea con esto, la fiscal Fabiana Bertero, a cargo de la acusación, sostuvo durante el proceso que la reiteración de los abusos y la relación de convivencia conformaron el cuadro probatorio que permitió atribuir los delitos al acusado. “El accionar del condenado tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”, argumentó en su intervención ante el tribunal.

C.D.C. había llegado al debate oral también imputado por un hecho de abuso sexual simple agravado por el vínculo. Sobre ese punto, el tribunal dispuso su absolución, mientras que mantuvo la condena por los tres delitos restantes, que en conjunto derivaron en la pena de 13 años y seis meses de prisión.

Un operativo con más de 350 efectivos desplegados en simultáneo permitió desarticular dos organizaciones dedicadas a la venta de drogas que operaban en distintas localidades del departamento Río Cuarto. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó 32 allanamientos que derivaron en 28 personas detenidas, entre ellas 19 hombres y nueve mujeres, todas mayores de edad.

El despliegue alcanzó a cinco localidades cordobesas: Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina. El operativo fue producto de intensas tareas investigativas y buscó golpear de manera simultánea las dos estructuras delictivas identificadas por las autoridades.

De acuerdo a lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado de los procedimientos dejó un saldo económico que supera los 117 millones de pesos entre dinero en efectivo, droga, vehículos y armas secuestradas, un dato que ilustra la escala del entramado económico que sostenían ambas bandas en la región.

Entre los elementos incautados se contabilizaron 2.950 dosis de cocaína y 701 dosis de marihuana, además de 21 plantas y 56 semillas de cannabis sativa que indicarían actividad de cultivo propio por parte de alguna de las organizaciones. El hallazgo de plantines sugiere una producción paralela a la comercialización de sustancias ya fraccionadas.

En materia económica, los investigadores secuestraron 15.452.100 pesos en efectivo y 10.071 dólares estadounidenses, montos que se suman al valor de las drogas decomisadas para completar el total general informado de 117.943.430 pesos.

El operativo también incluyó el secuestro de cuatro vehículos y cuatro armas de fuego, junto con otros elementos considerados de interés para la causa judicial, cuya naturaleza específica no fue detallada por las fuentes oficiales.

Un dato relevante de la investigación es que las dos bandas desmanteladas no mantenían conexión operativa entre ellas. Según se estableció durante la causa, cada organización operaba de manera independiente, con una dinámica de funcionamiento propia, sin que existiera vinculación entre ambas estructuras delictivas pese a actuar en el mismo departamento.

Ambas redes se dedicaban a la distribución y comercialización de estupefacientes en las ciudades mencionadas del departamento Río Cuarto, de acuerdo con lo establecido por la pesquisa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la causa, ordenó la remisión de todos los elementos incautados durante los procedimientos y dispuso el traslado de los 28 aprehendidos a sede judicial. Los detenidos deberán responder por el delito de Comercialización Agravada de Estupefacientes.

Un par de días atrás, tres allanamientos vinculados a una investigación por drogas terminaron con dos personas mayores de edad aprehendidas en las localidades de General Baldissera y Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Los procedimientos fueron ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

La intervención abarcó tres domicilios situados en dos localidades del departamento Marcos Juárez. Según la información oficial, los registros permitieron el secuestro de dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros objetos considerados relevantes para el avance de la causa.

La actuación judicial mantiene relación con un operativo anterior, concretado el 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera. En ese caso, la FPA informó que fueron desarticulados tres puntos de venta de drogas y detenidas tres personas.

Los nuevos procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Venezuela sin numeración y Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. El tercer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

La FPA intervino en los tres domicilios como parte de una pesquisa dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Las autoridades no difundieron las identidades de las dos personas aprehendidas ni precisaron el vínculo que tendrían con los lugares inspeccionados.

Durante las medidas ordenadas por la Justicia se incautaron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa. También fueron secuestrados elementos que quedaron incorporados a la investigación, aunque no se informó públicamente el detalle de esos objetos ni las cantidades exactas de sustancia hallada.

Los elementos incautados serán analizados dentro del expediente judicial. La información disponible no señala, por el momento, qué imputaciones podrían corresponderles a los aprehendidos ni si se solicitarán nuevas medidas en el marco de la causa.

Un hombre fue víctima de un violento robo en Melchor Romero, localidad de La Plata. Allí, cuatro delincuentes encapuchados lo sorprendieron mientras permanecía dentro de su automóvil, lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon antes de escapar con el vehículo.

Según informó 0221, el asalto se produjo alrededor de las 21 en la zona de 167 y 32. La víctima se encontraba estacionada dentro de un Volkswagen Suran negro, con el motor apagado, mientras esperaba la llegada de un amigo. En ese contexto, fue sorprendida por un grupo de cuatro hombres.

De acuerdo con la denuncia, uno de los delincuentes intentó abrir la puerta del acompañante, pero no pudo hacerlo porque estaba trabada. Ante esa situación, otro de los integrantes del grupo apuntó un arma contra el conductor y le exigió que descendiera.

Sin embargo, mientras salía del vehículo, uno de los asaltantes lo golpeó en la cabeza. De esa manera, el robo no se limitó a la sustracción del automóvil, sino que también incluyó una agresión física contra la víctima.

Los sospechosos se robaron el auto y escaparon por la calle 32 en cuestión de segundos. Además, se llevaron distintos elementos: entre las pertenencias había documentación personal, herramientas, ropa y un teléfono celular.

Tras el episodio, la investigación quedó orientada a establecer quiénes fueron los autores del asalto y cuál fue el recorrido que realizaron después. Uno de los puntos que podría resultar importante para avanzar con las actuaciones es la existencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones de 167 y 32.

Las imágenes que eventualmente puedan obtenerse permitirían reconstruir parte de la fuga y aportar información para identificar a los involucrados. Por el momento, de acuerdo con la información difundida por 0221, las tareas se concentran en reunir elementos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Otro robo en La Plata: sustrajeron una tarjeta de un auto estacionado

En otro episodio de inseguridad ocurrido en La Plata, una joven sufrió el robo de varias pertenencias que había dejado dentro de su automóvil estacionado en el centro de la ciudad. Entre los objetos, había una tarjeta de crédito que, posteriormente, fue utilizada para realizar una compra en un local de la cadena de comidas rápidas.

El hecho ocurrió el miércoles 7 de octubre en la avenida 44, entre las calles 10 y 11. El sospechoso se acercó a uno de los vehículos estacionados y aprovechó una ventanilla para retirar distintos objetos del interior.

Entre los elementos robados había una computadora portátil Asus Vivobook, un bolso deportivo que contenía una plancha para el pelo y un cepillo secador, además de una cartera con una billetera y tarjetas. Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia.

Después de denunciar el hecho, la víctima pudo avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido a partir de los movimientos registrados en su tarjeta de crédito. Así descubrió que se habían realizado consumos en una sucursal.

La joven se dirigió al establecimiento y, tras comunicarse con las autoridades, consiguió acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio. En las grabaciones se observa a dos sospechosos realizando la compra con la tarjeta sustraída. Según el relato publicado por el medio, ambos vestían la misma ropa que llevaban durante el robo en la zona céntrica.

Las imágenes también permitieron advertir que el autor del robo habría actuado junto con un cómplice y que ambos se retiraron en un Renault Clio que se encontraba en la cuadra. Hasta el momento de la publicación, no se había informado la identificación de los sospechosos.

En los dos casos, las denuncias y las imágenes de las cámaras de seguridad pueden resultar fundamentales para reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de los responsables.

Un efectivo policial que circulaba con 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, según la investigación, embistió a una mujer que cruzaba la ruta provincial 36 en la provincia de Salta. Por esto mismo, deberá presentarse hoy ante la Justicia en una audiencia de imputación.

El siniestro ocurrió el pasado 3 de octubre a las 6 de la mañana. La víctima intentaba cruzar la calzada en dirección a barrio Rastreador Fournier cuando fue alcanzada por la motocicleta en el kilómetro 9 de la ruta, a la altura del ingreso a esa zona residencial. Según su propio relato, antes de avanzar había mirado hacia ambos lados sin advertir la presencia de ningún vehículo. El impacto se produjo cuando ya había recorrido casi la totalidad del cruce.

La mujer, de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de peroné izquierdo que debió resolverse con una cirugía y la colocación de tornillos. El certificado médico incorporado a la causa fijó un plazo estimado de curación e incapacidad laboral de 90 días, salvo que se presenten complicaciones o secuelas posteriores.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, resolvió citar al efectivo policial a una audiencia de imputación en calidad de presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito. La figura está prevista en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal, que contempla un agravante específico cuando el responsable del siniestro conducía bajo los efectos del alcohol.

La audiencia se desarrollará este jueves en el marco de la causa abierta por el siniestro vial. Según pudo reconstruirse, tanto la damnificada como un testigo presencial coincidieron en señalar que la motocicleta circulaba a gran velocidad en dirección a Campo Quijano al momento del impacto.

Entre las actuaciones incorporadas al expediente figura el test de alcoholemia practicado al conductor de la moto, que arrojó un resultado de 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos para circular. Ese dato, sumado a las declaraciones testimoniales, la denuncia de la víctima y el certificado médico que acredita las lesiones, conformó la base probatoria sobre la que el fiscal Escalante sustentó el pedido de imputación.

A partir de las circunstancias relevadas durante la investigación, la Fiscalía dispuso además oficiar, en carácter de recomendación, a los municipios de Rosario de Lerma y Campo Quijano, así como a la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia. El objetivo de la medida es que se intensifiquen los controles de tránsito periódicos en el tramo donde ocurrió el siniestro, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones legales para circular, entre ellas los límites de velocidad y los controles de alcoholemia a conductores

La causa continuará su curso tras la audiencia de imputación prevista para hoy jueves, en la que el fiscal Escalante formalizará los cargos contra el efectivo policial investigado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de Luis Víctor Tourn, uno de los civiles que fue condenado en la causa conocida como “Leones blancos”, y dejó firme el rechazo a su pedido para cumplir prisión domiciliaria por razones de salud.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación de la defensa de Tourn, conocido como “l Polaco”, que buscaba una morigeración de su detención. Actualmente, purga una pena de nueve años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su comisión en forma organizada por tres o más personas.

Según el fallo al que tuvo acceso Infobae, el planteo se apoyaba en el cuadro médico del condenado: hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes y una intervención coronaria previa.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín ya había rechazado el pedido. Para resolverlo, tuvo en cuenta informes del Cuerpo Médico Forense y de los profesionales del Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

En esa oportunidad, los jueces concluyeron que Tourn podía recibir en la cárcel la asistencia y los controles necesarios. Además, señalaron que persistían riesgos procesales que impedían concederle el beneficio. Poco después, la Cámara Federal de Casación Penal también declaró inadmisible la apelación contra esa decisión.

Frente a este panorama, la defensa, representada por los abogados Marcelo Héctor Rodríguez Jordán y Martín Leiro, recurrió a la Corte Suprema. Sin embargo, tras darse a conocer la decisión del máximo tribunal, se cerró la vía para obtener la morigeración de la detención.

El caso Leones Blancos, que develó una trama de corrupción policial, extorsiones y narcotráfico

La investigación por el caso “Leones Blancos” concluyó que un procedimiento realizado el 29 de diciembre de 2013 en una quinta de Moreno fue fraguado y que parte de la cocaína incautada terminó en poder de una organización integrada por policías bonaerenses. Por esos hechos, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín dictó condenas contra 13 acusados.

El nombre del expediente surgió de dos grandes figuras de leones blancos instaladas junto a la pileta de la propiedad, que pertenecía al clan Loza. Allí, se halló una pequeña parte del estupefaciente. El resto, más de 480 kilos, estaba en una camioneta que salió de la quinta y fue interceptada por integrantes de la estructura policial.

Según la acusación, el vehículo transportaba además otra media tonelada de cocaína que no fue incorporada al procedimiento. La banda se habría apropiado de esa carga y la habría trasladado a Santa Clara del Mar, desde donde proyectaba distribuirla en localidades de la costa bonaerense. Otra porción tenía como destino el mercado internacional y estaba embalada en envases termosellados.

La droga sustraída fue valuada entre USD 2,6 millones y USD 2,8 millones.

De los 13 condenados por “Leones blancos”, diez integraban la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes. Fue así que se comprobó que en esa dependencia se elaboraron las actuaciones falsas que atribuyeron el inicio del procedimiento a un llamado anónimo y luego derivaron en el allanamiento de la quinta de Moreno.

Las penas más elevadas recayeron sobre el comisario Marcelo Roberto Di Rosa, jefe de la delegación; el subcomisario Juan José Magraner, responsable de Operaciones; y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta.

Di Rosa y Baeta fueron considerados coautores de uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Este último delito fue agravado por la actuación organizada de tres o más personas y por la condición de funcionarios públicos encargados de prevenir o perseguir infracciones a la ley de estupefacientes.

El teniente primero José María Delgado recibió 11 años de prisión, además de las penas accesorias, por los mismos delitos y con igual grado de intervención. Magraner fue condenado como coautor de uso de documento público falso, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

El oficial principal Juan Alberto Elizalde y el subcomisario Marcelo Carlos Blanco, ambos pertenecientes a la delegación de Quilmes, recibieron 14 años y seis meses de prisión, la multa máxima y una inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos durante diez años.

Mientras que Elizalde fue condenado como coautor de uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, Blanco recibió una condena como coautor de falsedad ideológica de documento público, reiterada en siete oportunidades, y como partícipe necesario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

Por los mismos delitos atribuidos a Blanco, el subcomisario Héctor Hugo Alberto Correa fue condenado a 11 años de prisión, la multa máxima y ocho años de inhabilitación especial. Asimismo, la sargenta Tamara Silvina Machuca recibió 11 años de prisión y las mismas sanciones accesorias que Elizalde, por los mismos delitos y grado de participación.

El subteniente Adrián Osvaldo Dos Santos fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por siete años por falso testimonio agravado, cometido en una causa criminal en perjuicio de los imputados. La agente Johana Belén Medina, en tanto, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por seis años por uso de documento público falso.

Entre los civiles condenados por el caso se encuentran Cristian Esteban Seu, Luis Víctor Tourn y Carlos Daniel Maidana, quien al momento de los hechos ya era ex policía. Recibieron penas de 12, nueve y ocho años de prisión, respectivamente.

Seu fue señalado como coautor de falsedad ideológica de documento público y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas. También fue considerado partícipe necesario del delito de peculado.

Tourn, conocido como “El Polaco”, y Maidana fueron condenados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. Maidana también fue declarado partícipe necesario del delito de peculado.

El expediente “Leones blancos” fue anulado en agosto de 2016 por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín. La decisión, que luego confirmó la Cámara Federal de Casación Penal, derivó en la liberación de los acusados en aquel proceso, quienes eran señalados como presuntos integrantes de organizaciones criminales.

Según la hipótesis fiscal, los integrantes de distintas dependencias de la Policía Bonaerense utilizaron estructuras estatales destinadas a combatir el narcotráfico para intervenir en ese mercado, definir territorios, seleccionar a quién perseguir y obtener beneficios económicos.

Por este motivo, la Fiscalía General sostuvo que las maniobras contaron con la complicidad del ex fiscal provincial Claudio Scapolán, destituido en 2023. Scapolán no fue acusado en este debate, aunque el Ministerio Público Fiscal pidió que las actuaciones surgidas durante el juicio sean remitidas a la etapa de instrucción para incorporarlas a las investigaciones en curso sobre el ex funcionario y otros presuntos responsables policiales y judiciales.

La investigación sobre esas irregularidades abrió otras causas. Los casos “Bustamante”, “Basaldúa”, “Santellán” y “Acosta” incluyeron acusaciones por extorsiones a personas investigadas por narcotráfico, cobro de coimas para evitar procesos penales y fraguado de procedimientos.

Finalmente, por estas causas, resultaron condenadas otras 12 personas, en su mayoría ex integrantes de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro.

Una mujer embarazada de 29 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 15% de su cuerpo en una vivienda de Granadero Baigorria permanece internada en estado delicado. El hecho ocurrió el lunes en la casa que compartía con su pareja, un hombre de 36 años que permanece detenido mientras se investiga el caso como una presunta tentativa de femicidio.

La víctima ingresó al Hospital Eva Perón trasladada por el propio sospechoso. La gravedad de las lesiones, que afectaron distintas partes del cuerpo y comprometieron las vías respiratorias, obligó al equipo médico a intervenir de urgencia.

La mujer cursaba un embarazo de 33 semanas cuando ingresó al centro de salud, por lo que los profesionales resolvieron realizarle una cesárea para preservar la vida del bebé. La investigación judicial, en paralelo, busca determinar cómo se produjeron las quemaduras y cuál fue la participación del hombre detenido.

El bebé nació prematuro, con un peso de 1,840 kilogramos. Tras permanecer intubado durante las primeras horas, continúa estable en Neonatología con asistencia respiratoria no invasiva. La madre, en tanto, sigue en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Los últimos reportes de este martes, indicaban que su estado permanecía estable, aunque con pronóstico reservado. La evolución clínica y la extensión de las lesiones serán aspectos centrales para determinar el alcance de las consecuencias del episodio.

Por el hecho está detenido Maximiliano C., de 36 años y pareja de la víctima. La investigación está a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía solicitó informes médicos que permitan establecer el alcance de las lesiones de la mujer, su posible recuperación y las consecuencias del episodio. Esa documentación será incorporada antes de la audiencia en la que se formalizará la imputación contra su pareja.

La audiencia imputativa todavía no fue fijada de manera definitiva. De acuerdo con la información disponible, la calificación provisoria que se analiza es tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El hombre permanece alojado en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. La detención no implica una condena, su situación procesal deberá ser resuelta por la Justicia a partir de los elementos que presente la Fiscalía, las pruebas que produzca la defensa y la decisión del juez que intervenga en la audiencia.

El episodio ocurrió en la casa que compartía la pareja, ubicada en Rafael Obligado al 400. En ese domicilio, la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones secuestró una botella de alcohol y prendas con signos de quemaduras, entre ellas una remera blanca. Los objetos serán sometidos a peritajes para establecer si pueden aportar precisiones sobre el origen del fuego y la mecánica del hecho.

Entre las declaraciones mencionadas en las publicaciones periodísticas figura la de una mujer que habría podido hablar con la víctima antes de su traslado al hospital. Según informó Infobae, durante esa conversación la joven manifestó que no había iniciado el fuego que le provocó las quemaduras.

Ese testimonio forma parte de los elementos que la investigación deberá analizar junto con las pericias y las declaraciones de otras personas. Su alcance y valor probatorio serán determinados en el marco del proceso judicial.

Los investigadores también analizan indicios de que el episodio habría sucedido en presencia de los dos hijos de la pareja, de 3 y 8 años. Uno de ellos tendría una discapacidad.

Entre los elementos que analiza el fiscal Tassini aparecen declaraciones sobre presuntos episodios previos de violencia de género. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, la mujer habría atravesado situaciones de agresión en otras oportunidades, aunque no existirían denuncias formales previas.

Hasta el momento no se conoció una explicación oficial sobre la secuencia que provocó las quemaduras. La reconstrucción dependerá de los estudios médicos, los peritajes sobre la ropa y la botella secuestradas, y los testimonios que todavía se encuentran en proceso de recolección.

“Vengo acá y me acuerdo de vos”. Ese fue uno de los mensajes que el ginecólogo Gustavo Kumiega le envió a Romina C. en diciembre de 2022, unos cuatro meses después del encuentro en el que, según denunció, fue abusada sexualmente por él. El médico continuó contactándola a través de Instagram, con saludos, fotografías y comentarios sobre sus publicaciones, pese a que ella ya no quería mantener ningún vínculo. Este lunes 19 de octubre, la mujer declarará por primera vez ante la Justicia chaqueña, de manera remota desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside actualmente.

Romina C. decidió acudir a la Justicia después de que otras mujeres comenzaran a denunciar al ginecólogo por prácticas médicas irregulares. En su presentación, a la que accedió Infobae, relató lo que asegura haber vivido durante un encuentro privado en la vivienda del profesional, en Resistencia, y aportó capturas de las conversaciones que mantuvieron posteriormente.

Una de ellas, fechada el 21 de agosto de 2022, contiene un reproche directo al médico: “Qué loco que vos estés insinuando que yo soy mala persona cuando a vos te importó una mierda que yo esté llorando y no tenía ganas de tener relaciones y lo hiciste igual”. La respuesta que aparece en el intercambio atribuido a Kumiega fue una sola palabra: “Besos”.

A diferencia de las otras denunciantes, que cuestionaron situaciones ocurridas durante consultas ginecológicas, Romina no era paciente de Kumiega. Lo había conocido a través de las redes sociales y entre ambos existía un vínculo de carácter personal.

“Hagamos algo este finde”

Las conversaciones que la mujer acompañó a su denuncia permiten reconstruir parte de la relación. El 17 de agosto de 2022, el ginecólogo le propuso encontrarse durante ese fin de semana. “Hagamos algo este finde”, “Te va a hacer bien” y “Vamos a algún lugar lindo”, fueron algunos de los mensajes que le envió.

Ella respondió que necesitaba salir y que le haría bien. En el mismo intercambio, el médico le propuso que fuera a su casa esa noche. “Sí, me gustaría, no tengo clases así que me queda cómodo”, contestó Romina.

Según relató en su presentación, que remitió por escrito a la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano (UDAVyC) del Poder Judicial del Chaco, ambos llegaron a la vivienda del ginecólogo en el automóvil de él. Allí cenaron y conversaron sobre sus vidas. Durante la noche, Kumiega preparó gin tonic y la mujer recordó haber bebido más de tres o cuatro copas.

En determinado momento, el médico le propuso subir a su habitación para mostrarle el dormitorio y su gato. Allí intentó besarla y le sugirió quedarse a dormir porque “no estaba en condiciones de conducir”.

Romina aceptó pasar la noche en la vivienda, pero aseguró que le aclaró expresamente que no quería mantener relaciones sexuales. De acuerdo con su relato, él le respondió que se relajara.

“Yo le manifesté que no tenía ganas de tener relaciones sexuales”

La mujer explicó que tiene recuerdos fragmentados de las horas siguientes y que no puede precisar qué ocurrió durante ese período. Sin embargo, afirmó que recuerda con claridad haberse despertado aproximadamente a las seis de la mañana, con resaca, y que Kumiega comenzó a besarla insistentemente y a quitarle la ropa.

“Yo le manifesté que estaba triste y que no tenía ganas de tener relaciones sexuales. Durante ese momento mi cuerpo permaneció paralizado. Me encontraba en estado de shock, llorando sin poder reaccionar de la manera en que hubiera querido”, expresó en la denuncia.

Según su versión, el médico mantuvo relaciones sexuales con ella pese a que le había manifestado que no quería.

“Recuerdo particularmente que, al finalizar, eyaculó en mi rostro. Ese momento fue especialmente impactante para mí y recuerdo que fue entonces cuando reaccioné emocionalmente ante lo que acababa de suceder. Sentí que había sido abusada, además de sentir mucho asco, tanto hacia él como hacia mí misma”, sostuvo.

La denunciante también relató que, después del episodio, Kumiega se recostó en la cama, aparentemente relajado, e hizo un comentario que ella recordó como algo similar a “qué buena mañana”.

Romina aseguró que se cambió, se lavó el rostro y regresó a su departamento, aunque no pudo precisar si el médico la llevó o si volvió en un vehículo solicitado por una aplicación.

“Recuerdo que en ese momento estaba muy enojada, pero no le grité ni hice nada que pudiera considerarse una confrontación. Me sentía completamente indefensa y muy pequeña frente a la situación”, expresó.

Según su relato, al llegar a su casa se bañó y se acostó. No le contó lo sucedido a nadie en ese momento.

Los chats que aportó a la Justicia

Días después del encuentro, Kumiega volvió a contactarla a través de Instagram. Según consta en la denuncia, el médico respondió a una de sus historias provocándola: “Qué loco es verte hacer el bien y que personalmente seas tan diferente. No estás en un buen momento”.

Fue entonces cuando Romina le reprochó lo ocurrido aquella mañana y recibió como única respuesta un escueto “Besos”. Sin embargo, el contacto no terminó allí.

El 26 de septiembre de 2022, el ginecólogo volvió a escribirle: “Espero que mejor”. Al día siguiente, le envió otro mensaje en el que mencionaba una salida: “Mañana salen birritas en Patagonia Corrientes”.

Durante los meses siguientes, el profesional continuó enviándole fotografías de comidas, viajes y otros momentos de su vida cotidiana. “Cociné yo”, escribió junto a unas imágenes de comida. Para Navidad, le mandó una tarjeta con un saludo y, el 31 de diciembre de 2022, después de compartir una fotografía de un café con leche y unos scones, le escribió: “Vengo acá y me acuerdo de vos”.

Las conversaciones muestran que el contacto se prolongó al menos hasta enero de 2023, cuando el médico volvió a enviarle fotografías personales. Romina aseguró que, pese a esos mensajes, no tenía intención de retomar el vínculo.

Cuál es la situación judicial de Kumiega

La denuncia de Romina C. quedó a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera, titular del Equipo Fiscal Nº 4 de Resistencia, quien la citó a declarar por videollamada para el próximo lunes 19 de octubre. Será su primera declaración formal ante la Justicia, en la que se buscará profundizar en las circunstancias del abuso sexual.

En paralelo, este miércoles se sumó una nueva denuncia contra Kumiega. Melisa V. acusó al ginecólogo de presunta mala praxis durante una cirugía realizada el 9 de marzo de 2022 en el Sanatorio Femechaco.

Según relató, fue al médico por irregularidades menstruales y dolores abdominales. Kumiega le advirtió que tenía tres miomas de gran tamaño, que comparó con la cabeza y las orejas de Mickey Mouse, y que debía operarse de urgencia.

La mujer aseguró que confió en el diagnóstico y aceptó la intervención. Después, el médico le envió una fotografía de una pieza anatómica y ella entendió que le habían extirpado el útero. “Le creí. Viví meses convencida de que algo irreparable había pasado”, sostuvo.

Sin embargo, continuó menstruando y, de acuerdo con la denuncia, estudios realizados en 2023 confirmaron que conservaba el útero. También cuestionó la necesidad de la cirugía, ya que el análisis anatomopatológico describía miomas pequeños y benignos.

“Me animo a contarlo ahora porque vi que le pasó a otras personas y no quiero que le pase a nadie más”, expresó Melisa, quien aportó documentación médica y conversaciones de WhatsApp.

Con esta presentación, que todavía se encuentra bajo análisis, ya son ocho las mujeres que denunciaron a Kumiega. Las primeras seis causas, vinculadas con la atención de pacientes, tramitan ante la fiscal Ana González de Pacce, quien aún no formuló una imputación. Según pudo saber Infobae, se investigan posibles situaciones de violencia médica, tratos degradantes y uso excesivo de la fuerza durante las prácticas ginecológicas.

Por su parte, Zacarías Issolo, abogado defensor de Kumiega, confirmó que el médico lo designó como representante legal, aunque todavía aguardaba la formalización de su intervención.

En declaraciones anteriores a Infobae, el letrado rechazó que las conductas atribuidas a su defendido constituyan delitos sexuales, sostuvo que las prácticas se realizaron dentro de los protocolos médicos y confirmó que presentó las historias clínicas de las seis pacientes.

Un megaoperativo ejecutado este miércoles terminó con una organización criminal que operaba un servicio de ambulancias truchas y falsos médicos en el conurbano bonaerense, y que estafaba al Estado Nacional mediante la facturación de prestaciones médicas que nunca se realizaron o fueron ejecutadas por personas sin habilitación profesional.

La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, llevó adelante 38 allanamientos simultáneos en Florencio Varela, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación se extendió durante más de cinco años y quedó bajo la órbita de la UFIyJ Nro. 1, a cargo del agente fiscal Darío Provisionato, con la intervención del juez de garantías Marcelo Villagra, del Juzgado Nro. 8 descentralizado de Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes.

Según las fuentes del caso, la organización estaba liderada por una pareja de nacionalidades peruana y argentina, con base operativa en Florencio Varela. La estructura utilizaba como fachada comercial una empresa de servicio de asistencia médica y ambulancias privadas. A través de maniobras fraudulentas de intermediación, la banda logró que grandes obras sociales estatales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA le tercerizaran prestaciones de traslados y emergencias médicas, lo que les aseguró un flujo constante de dinero público.

Las unidades eran tripuladas por choferes y acompañantes que carecían de títulos, habilitaciones o conocimientos en medicina, pero que se desempeñaban como enfermeros y médicos de urgencia. Cubrían turnos de 12 y 24 horas, vestían ambos médicos y portaban instrumental quirúrgico como parte de una puesta en escena.

La operatoria contaba, además, con profesionales de la salud matriculados que facilitaban sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de retribuciones económicas periódicas. Esos sellos eran utilizados por la célula operativa para confeccionar historias clínicas, validar diagnósticos y firmar recetarios de medicamentos.

El pilar de la investigación fue la intervención de 13 líneas telefónicas, que arrojaron un registro de más de 30.000 horas de escuchas. El análisis de esas comunicaciones, complementado con apertura de celdas de antenas y geolocalización dinámica, permitió establecer rutas, puntos geográficos y la mecánica interna de la organización.

De acuerdo con las mismas fuentes, en los audios captados quedó documentado cómo los imputados asistían a los pacientes sin poseer conocimiento alguno de medicina. El punto de mayor gravedad, según la investigación, surgió de conversaciones donde los coordinadores de la red daban instrucciones en tiempo real sobre cómo suturar a personas heridas. Ante cuadros críticos en el interior de los vehículos, se guiaba telefónicamente a los falsos enfermeros sobre cómo introducir la aguja y realizar nudos en heridas abiertas, sin respetar normas elementales de asepsia ni anestesia. El objetivo, según surge de las actuaciones, era no perder la cápita de la prestación médica.

El engranaje financiero de la banda funcionaba en oficinas administrativas y estudios contables. Las empresas vinculadas a la organización confeccionaban boletas y facturas apócrifas con sobreprecios: cobraban por servicios médicos de alta complejidad que no se prestaron o que fueron realizados por personal no calificado dentro de ambulancias reacondicionadas de forma precaria.

Una vez que el dinero ingresaba, los contadores utilizaban sociedades pantalla y empresas fantasma para reintroducirlo al circuito comercial legal mediante contratos simulados y balances adulterados. Ese mismo equipo contable tramitaba las habilitaciones fraudulentas ante los organismos de control.

El resultado del procedimiento fue la detención de 9 personas identificadas como los principales integrantes de la estructura, y la aprehensión de otras 20, todas puestas a disposición de la justicia.

Entre los elementos secuestrados se contaron 7 ambulancias, $ 5.780.200 en pesos argentinos, USD 19.368 en dólares, 57 teléfonos celulares, 5 notebooks, 22 sellos médicos, 65 sellos de instituciones médicas, 19 estetoscopios, cajas con instrumentos quirúrgicos, medicamentos diversos, indumentaria con inscripciones del SAME y de empresas de emergencias médicas, y documentación vinculada a la firma Serca Omni Salud S.A., entre la que figuraban recetarios de PAMI, planillas de precios de Swiss Medical, grillas de choferes y formularios médicos en blanco.

También se secuestraron puertas y portones laterales de un vehículo con dominio grabado que registraba un pedido por robo automotor en la comisaría 9na. de Lomas de Zamora. El magistrado interviniente avaló la totalidad de lo actuado y dispuso el resguardo de los elementos conforme a los protocolos vigentes.

Según los videos a los que tuvo acceso Infobae, la pareja fue registrada el domingo pasado mientras recorría Puerto Banús, en Marbella. En esas imágenes, se los pudo ver juntos, de espaldas, cuando recorrían el puerto deportivo y complejo turístico.

Las grabaciones se conocieron una semana después de que Arizaga y Moyano fueran captados juntos por primera vez desde la apertura del expediente judicial. En esa oportunidad, las imágenes los ubicaron en Madrid.

A partir de entonces, ambos publicaron fotos y videos juntos en sus respectivas redes sociales. Estos registros motivaron a la Fiscalía especializada en violencia de género, que está a cargo de la investigación, a citar a la joven a declarar el próximo lunes 19 de octubre ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

El objetivo detrás de la citación será que la joven vuelva a ser evaluada por la fiscal Florencia Nocerez y un equipo interdisciplinario, con la intención de revisar y garantizar su resguardo mientras la causa sigue su curso. No obstante, su abogado, Roberto Herrera, indicó a este medio que su representada evaluará si se presentará a la cita.

En línea con esto, el representante legal de Arizaga cuestionó la evaluación propuesta, tras remarcar que desde el inicio de la causa había diferencias entre las posturas de la Fiscalía y de Arizaga. Mientras la fiscal planteó la posibilidad de que la influencer estuviera en una situación de vulnerabilidad, ella realizó tres pedidos para que se revoque la restricción de acercamiento.

De hecho, la joven rechazó haber denunciado a su novio por violencia de género en medio de las repercusiones por las imágenes compartidas desde España. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

En línea con esto, Arizaga también cuestionó las versiones que comenzaron a circular desde el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de ella mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, en Belgrano. Esa madrugada intervino la Policía de la Ciudad y la joven fue trasladada al Hospital Pirovano.

“De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, sostuvo al referirse a aquel episodio. Además, pidió cautela ante los cuestionamientos en redes: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar, pónganse a investigar un poco de la situación”.

Por este motivo, el abogado de Arizaga cuestionó la relevancia que se le dio al testimonio ofrecido por el oficial inspector Ezequiel Ríos, uno de los primeros agentes que intervino aquella madrugada. Al ser consultado, afirmó que vio a la joven correr por la zona y que la siguió hasta interceptarla.

Según su relato, en ese momento la joven le dijo que Moyano la había golpeado y que la retenía contra su voluntad en el departamento. Ríos luego ratificó esa versión ante la Fiscalía. Sin embargo, Arizaga negó más tarde haber hecho esas manifestaciones.

Al momento de ampliar su declaración ante la fiscal Nocerez, la influencer sostuvo que “en ningún momento” dijo que la hubieran golpeado o que estuviera secuestrada. También vinculó su conducta de esa madrugada con el consumo de cocaína y con un cuadro que definió como de “delirio, psicosis”.

Las tres policías que declararon esa misma jornada tampoco afirmaron haber escuchado de parte de la joven un relato sobre una agresión o un encierro. Esa circunstancia, sin embargo, no contradice de forma directa la declaración de Ríos, quien ubicó la presunta manifestación en el momento preciso en que interceptó a Arizaga.

En ese contexto, la defensa de Moyano también cuestionó la versión del policía. “Ha sido desmentido por todos. La aislada versión incorporada en el acta de procedimiento condicionó toda la investigación e indujo a error a la fiscalía en los primeros momentos de la causa”, sostuvo el abogado del ex diputado, Miguel Molina, en diálogo con Infobae.

“Nadie refrenda sus dichos, ni Candela, ni las oficiales de policía, ni los amigos de Candela, ni los testigos de actuación, ya que llegaron una hora y media más tarde; es decir, nunca vieron aquello que firmaron en el acta”, concluyó el letrado.

Un policía recibió un disparo mientras cumplía una guardia en una garita de San Miguel de Tucumán y murió luego de permanecer varios días internado. Nicolás Agustín Albaca Romano, de 23 años, fue herido a comienzos de octubre por un compañero, que continúa detenido mientras avanza la investigación judicial.

El caso ocurrió el 7 de octubre en una dependencia ubicada en la esquina de Charcas y pasaje Díaz Vélez, en la zona de El Bajo, cerca de la Vieja Terminal. En ese lugar, cuatro efectivos se encontraban de guardia cuando se produjo la detonación que dejó gravemente herido a Albaca Romano.

La situación quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. Hasta antes del fallecimiento del agente, el compañero acusado había sido imputado por lesiones graves. Ahora, la Fiscalía deberá analizar si corresponde modificar la calificación legal ante el desenlace fatal.

De acuerdo con la reconstrucción que el Ministerio Público Fiscal expuso durante una audiencia, el agente Benjamín Eduardo Díaz se encontraba dentro de la garita. En el exterior estaban Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

Por motivos que todavía deben ser esclarecidos, Díaz efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil disparado por Díaz impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien sufrió una herida con orificio de entrada y sin orificio de salida.

La gravedad de la lesión obligó a un traslado inmediato al Hospital Centro de Salud. El joven agente fue llevado en un patrullero y permaneció internado durante varios días, hasta que este martes se confirmó su muerte.

La secuencia ocurrida en la garita es el eje de la pesquisa. La Fiscalía busca determinar en qué circunstancias se produjo el disparo, cuál era la posición de cada efectivo y si existieron elementos que permitan establecer responsabilidades penales por lo sucedido.

Tras la muerte de Albaca Romano, familiares, amigos y compañeros lo despidieron en una publicación difundida en redes sociales. Allí lo definieron como “un gran compañero” y “un ser humano de enorme corazón”, y destacaron que había entregado “lo mejor de sí en cada servicio”.

“Tu vocación, tu entrega y tu alegría dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de compartir camino contigo”, señalaron en el mensaje. También lo recordaron como un amigo y un ejemplo de “esfuerzo, valores y amor por esta profesión”. “Hasta siempre, compañero”, concluyeron en el mensaje.

La acusación contra el compañero

Durante la audiencia en la que Díaz fue formalmente acusado, el auxiliar fiscal Alejandro Andole detalló la hipótesis inicial de la acusación y solicitó que el imputado permaneciera privado de su libertad. El representante del Ministerio Público sostuvo que existían riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La Justicia hizo lugar al pedido y ordenó prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. La medida había sido dictada cuando la causa estaba caratulada como lesiones graves, debido al estado de salud que presentaba Albaca Romano.

Por su parte, José María Molina, defensor de Díaz, planteó que el disparo se produjo de manera accidental mientras su asistido manipulaba el arma. La defensa cuestionó la resolución judicial y sostuvo una versión que deberá ser contrastada con los peritajes sobre el arma, la escena y los testimonios de quienes estaban en el lugar.

La muerte del agente abre una nueva etapa. La Fiscalía deberá revisar la imputación contra el policía detenido, ya que el resultado fatal puede derivar en una acusación con una escala penal más alta. Esa decisión dependerá de la evaluación de las pruebas reunidas y de la reconstrucción definitiva de los hechos.

Entre los envoltorios incautados había paquetes identificados con la imagen de un delfín, un sello que en la historia criminal alguna vez caracterizó, por ejemplo, a la banda que dirigía el capo narco salteño Delfín Reinaldo Castedo, más conocido como el “Patrón del Norte”.

Esta causa en particular apunta a una organización con base en Mar del Plata que, de acuerdo con la acusación, tenía una estructura destinada al transporte, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes. Los investigadores identificaron distintos niveles dentro del grupo, desde quienes se ocupaban de la logística y la administración hasta distribuidores y vendedores al menudeo.

Los procedimientos se realizaron entre ayer y hoy en Mar del Plata y también en Ezeiza y General Pico, La Pampa. Además, hubo una interceptación vehicular sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen. En la ciudad balnearia, los operativos alcanzaron 11 barrios, entre ellos Chauvin, San José, Loma de Stella Maris, Las Dalias, Microcentro, Santa Elena, Parque Independencia y San Jorge.

Según fuentes policiales, los investigadores detectaron que algunos de los sospechosos vivían en edificios cercanos al circuito comercial de Güemes y participaban como pilotos en competencias automovilísticas, una actividad a la que, de acuerdo con las actuaciones, destinaban sumas importantes de dinero.

Durante las dos etapas del operativo fueron detenidos tres hombres de 24, 28 y 28 años, señalados por su participación en tareas de conducción, coordinación, acopio y distribución. También fue arrestada una mujer de 45 años, acusada de actuar como distribuidora e intermediaria. En tanto, un hombre de 35 años quedó imputado en el marco de la investigación.

En los procedimientos se secuestraron $26.551.500, USD 50.013 y 855 euros, además de 22 celulares, cinco computadoras portátiles, balanzas, documentación y dos vehículos que habrían sido utilizados para trasladar droga: un Volkswagen Polo y un Ford Fiesta.

También se incautaron ketamina, tusi y marihuana. El detalle preliminar incluyó tres kilos de cocaína en los allanamientos iniciales y otros siete kilos en una vivienda de Las Dalias, donde intervino Prefectura Naval Argentina por orden judicial. Las autoridades mantuvieron ambos registros diferenciados hasta consolidar las actas y los pesajes.

En ese domicilio, la Policía Bonaerense informó que uno de los investigados abrió fuego durante el ingreso de los efectivos y luego se atrincheró en el baño. El hombre, identificado como Raúl A., de 30 años, sufrió una herida de arma de fuego y murió más tarde en un centro asistencial.

La mecánica del hecho quedó bajo análisis judicial y la intervención posterior en la vivienda estuvo a cargo de Prefectura, con peritajes de la Policía Federal Argentina.

Allí fueron hallados una pistola Taurus calibre 9 milímetros, municiones, balanzas, teléfonos y envoltorios vacíos. Catorce de los 22 envoltorios secuestrados en el operativo tenían estampado un delfín, una marca que también apareció en lotes de cocaína.

En la causa por infracción a la Ley 23.737 intervienen la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, y el Juzgado Federal de Garantías encabezado por Santiago Inchausti.

En una conferencia de prensa posterior a los allanamientos, el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense, Sebastián Fernández Ciatti, remarcó que se hicieron seguimientos de vehículos, se analizaron recorridos y se realizaron tareas de inteligencia para reconstruir el circuito de abastecimiento, con el objetivo fue identificar a quienes se encontraban por encima de los puntos de venta y cortaban el ingreso de drogas a distintos barrios marplatenses.

“Si uno no ataca la línea de abastecimiento, se vuelve a regenerar la misma situación”, sostuvo.

El médico clínico Pedro Di Spagna se convirtió en el único profesional absuelto en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Ni la fiscalía ni los cinco abogados quellantes que representan a la familia del Diez decidieron presentar cargos contra él. La decisión fue fundamentada por todas las partes con que no hubo pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad en el fallecimiento del ex DT.

Como todos los acusadores retiraron la acusación, Di Spagna quedó libre del proceso y su defensora María Julia Marcelli no tendrá que alegar la próxima semana.

El médico clínico, de 53 años, había llegado al debate oral acusado de homicidio simple con dolo eventual, al igual que los otros siete imputados que tiene el proceso: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni.

Sin embargo, durante el juicio, se comprobó que él había actuado solamente como un interconsultor y apenas había visto a Maradona una vez durante en la internación domiciliaria donde falleció. Fue tras un llamado por un episodio de vómitos.

Di Spagna es médico clínico y siempre trabajó en el ámbito del deporte. Actualmente forma parte del plantel profesional del Club Atlético Huracán, que nunca lo desafectó a pesar del avance de la causa por la muerte de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.

Durante los cinco años que duró la causa, el clínico no pudo salir del país y debió cumplir medidas de la Justicia. En varias conversaciones con la prensa, él mismo dijo que “nunca en su vida” pensó que lo fueran a imputar. Al contrario, creyó que probablemente lo fueran a llamar en calidad de testigo al debate oral donde terminó sentado en el banquillo de acusados. La pena a la que se enfrentó fue de hasta 25 años de prisión.

Si bien a lo largo del juicio absolutamente todas las partes cuestionaron la acusación contra él, ni los fiscales ni los querellantes dieron a entender alguna vez que levantarían los cargos. Sin embargo, durante su alegato, el abogado Mario Baudry —que representa a Dieguito Fernando— admitió que siempre fue “un perejil”.

“La fiscalía con buen criterio sabía que le iban a meter a un perejil en el expediente y los dejaron seguir. Hace seis años a este pobre hombre lo tenemos dando vuelta. Yo durante mucho tiempo decía: ‘¿Qué hace este pobre hombre acá?’, pero obviamente no sabía la estrategia de la fiscalía”, dijo el letrado a su turno.

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari dijeron al presentar su alegato: “La fiscalía con criterio objetivo hace saber al tribunal que no presentará cargos contra el doctor Pedro Di Spagna. Las razones son sobradas. Desistiremos de su acusación. Existen argumentos que demuestran que Di Spagna no tiene responsabilidad penal en el hecho. Él era interconsultor. No ha tenido ni potestad ni decisión en la salud”, dijeron.

Y argumentaron: “¿Qué posibilidad tenía Di Spagna de torcer la vida de Maradona si fue el único que hizo lo que tenía que hacer?. Ninguna acción ni omisión aumentó el riesgo. Él siempre estuvo a disposición. Por eso vamos a retirar los cargos y pedir en consecuencia su libre absolución”.

El juicio por la muerte de Maradona cerró este miércoles la etapa de alegatos de la parte acusadora. La Fiscalía y las querellas expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro sus pedidos de condena para los siete profesionales de la salud juzgados por la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Las penas solicitadas llegaron hasta los 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Ambos pedidos fueron formulados por Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, aunque los distintos acusadores plantearon condenas diferentes para cada imputado.

Las mayores diferencias surgieron en torno a la responsabilidad del psicólogo Carlos Díaz: mientras dos querellas solicitaron su absolución, las restantes y la Fiscalía reclamaron penas de hasta 12 años de prisión.

En cambio, todos coincidieron en pedir la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no había pruebas suficientes para sostener una acusación en su contra.

En cambio, todos coincidieron en pedir la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no había pruebas suficientes para sostener una acusación en su contra.

El último en alegar fue Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, quien pidió 15 años de cárcel para Luque, 12 para Forlini y 10 para la psiquiatra Agustina Cosachov. También solicitó condenas para Díaz y los dos enfermeros imputados.

A continuación, uno por uno, los pedidos de pena de la Fiscalía y las querellas para cada acusado.

Leopoldo Luque

El neurocirujano fue el médico personal de Maradona durante sus últimos años y uno de los principales señalados por la acusación. Se le atribuye haber mantenido un rol de responsabilidad sobre la salud del Diez durante su internación domiciliaria, pese a que sostuvo que había dejado de estar a cargo del tratamiento.

La Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitó 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, además de diez años de inhabilitación profesional.

Eduardo Ramírez (abogado de Diego Maradona Junior) coincidió con el pedido de 12 años de prisión. Lo mismo hizo Félix Linfante (representante de Jana Maradona), quien también reclamó diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Por su parte, Mario Baudry (abogado de Dieguito Fernando) reclamó 16 años de cárcel, la pena más alta solicitada para el neurocirujano.

Pablo Jurado (representante de las hermanas de Diego) pidió ocho años de prisión, mientras que Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna) solicitó 15 años de cárcel y la inhabilitación profesional.

Nancy Forlini

La médica de Swiss Medical estaba a cargo de la coordinación de la internación domiciliaria desde la prepaga. La acusación le reprocha no haber garantizado los recursos, controles y profesionales necesarios para atender el cuadro de salud de Maradona.

La Fiscalía solicitó diez años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, pena con la que coincidieron Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior), Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego).

En cambio, Mario Baudry (Dieguito Fernando) reclamó 16 años de cárcel, mientras que Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) pidió 12 años de prisión, también por homicidio simple con dolo eventual, más la inhabilitación profesional.

Agustina Cosachov

La psiquiatra integraba el equipo médico personal de Maradona y tuvo participación en la organización de la internación domiciliaria. También llegó al juicio acusada de falsedad ideológica por la confección de un certificado médico.

La Fiscalía solicitó ocho años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

Por su parte, Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) pidió diez años de cárcel, mientras que Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) reclamaron ocho años y dos meses, contemplando también la acusación por falsedad ideológica, además de la inhabilitación profesional.

Mario Baudry (Dieguito Fernando) solicitó 14 años de prisión, mientras que Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) pidió diez años de cárcel y la inhabilitación profesional.

Carlos Díaz

El psicólogo especializado en adicciones fue uno de los imputados que generó mayores diferencias entre los representantes de la familia Maradona.

La Fiscalía solicitó cinco años de prisión por homicidio culposo, una calificación distinta de la de homicidio simple con dolo eventual por la que había llegado acusado al debate.

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) coincidió con ese pedido, mientras que Mario Baudry (Dieguito Fernando) reclamó una condena de 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual.

En cambio, Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) solicitaron su absolución. Ambos consideraron que no se había demostrado una responsabilidad penal del psicólogo en el fallecimiento.

La postura provocó una fuerte reacción de Dalma y Gianinna. Durante el alegato de Jurado, Gianinna se tomó la cabeza y se largó a llorar al escuchar el pedido de absolución.

El equipo de Fernando Burlando (Dalma y Gianinna), por su parte, sostuvo la acusación contra Díaz por homicidio culposo. Fabián Améndola, integrante de esa querella, cuestionó los argumentos de sus colegas y sostuvo que el psicólogo tomó decisiones que afectaron el tratamiento de Maradona. Finalmente, solicitaron cinco años de prisión para Díaz.

Mariano Perroni

Era el coordinador del equipo de enfermería encargado de atender a Maradona durante su internación domiciliaria. La acusación le atribuye deficiencias en la supervisión de los controles y en el seguimiento de los signos de alarma.

La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo, además de ocho años de inhabilitación para ejercer la enfermería.

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) y Mario Baudry (Dieguito Fernando) también reclamaron cuatro años de cárcel.

Por su parte, Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) pidieron tres años de prisión y seis años de inhabilitación profesional.

Finalmente, Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) solicitó cuatro años y seis meses de cárcel, la pena más alta reclamada para el coordinador de enfermería.

Ricardo Almirón

El enfermero estuvo a cargo de la atención de Maradona durante parte de sus últimos días y se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el fallecimiento.

Los acusadores le reprochan no haber realizado los controles correspondientes ni advertido adecuadamente sobre el deterioro del paciente.

La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo, además de ocho años de inhabilitación profesional.

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) y Mario Baudry (Dieguito Fernando) coincidieron con el pedido de cuatro años de cárcel.

En tanto, Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) reclamaron tres años de prisión y seis años de inhabilitación, mientras que Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) solicitó cuatro años y seis meses de cárcel.

Pedro Di Spagna

El médico clínico es el único de los siete imputados para quien todos los acusadores solicitaron la absolución.

La Fiscalía consideró que no había elementos suficientes para sostener una acusación penal en su contra. Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior), Mario Baudry (Dieguito Fernando), Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) coincidieron con esa conclusión.

El último en solicitar su absolución fue Fernando Burlando (Dalma y Gianinna), quien sostuvo que no había pruebas para responsabilizarlo penalmente.

De esta manera, Di Spagna quedó sin acusaciones en su contra y no tendrá obligación de asistir a las audiencias restantes. Tampoco será necesario que su defensora presente un alegato. Su absolución formal, sin embargo, deberá ser resuelta por el tribunal.

Cómo sigue el juicio

Concluidos los alegatos de la Fiscalía y las querellas, la próxima semana será el turno de las defensas, que expondrán sus argumentos ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Están previstas audiencias para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La última jornada se extenderá hasta el mediodía, cuando está previsto que los jueces se retiren a deliberar. El veredicto podría conocerse más adelante.

La fiscal del caso, Paula González, le atribuyó haber contribuido a la evasión de Diego Ezequiel Bastías, Lucas Nicolás Cruces, Rogelio Alejandro Rojas Cisterna y Jeremías Fresco, quienes estaban alojados en la dependencia policial de la capital provincial.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal neuquino, el enrejado de una terraza situada sobre un patio del pabellón 3 tampoco tuvo custodia durante ese lapso. Por ese punto escaparon los cuatro presos, que habían dañado la estructura para salir de la unidad.

La fiscalía indicó que Quiroz mantuvo comunicaciones telefónicas con la madre de uno de los detenidos durante el mes anterior al escape. De acuerdo con el planteo de la acusación, el efectivo recibió luego transferencias de dinero enviadas por esa mujer. Los comprobantes de dichas operaciones bancarias fueron hallados en el teléfono celular de la sospechosa.

Entre los elementos reunidos en el expediente figura la declaración de un interno, quien señaló que el policía habría recibido dinero para permitir la fuga y también el ingreso de teléfonos celulares a la dependencia. El testigo, además, sostuvo que Quiroz entregó la sierra con la que los presos habrían cortado el enrejado.

Entre las pruebas reunidas hasta el momento hay entrevistas realizadas por la División de Asuntos Internosde la Policía de Neuquén, registros de cámaras de seguridad, informes sobre llamadas e intervenciones telefónicas, además de los comprobantes de las transferencias.

También se incorporó un plano de la dependencia policial que fue secuestrado durante un allanamiento en la casa del imputado.

Los internos escaparon el 17 de noviembre de 2025 y fueron recapturados al día siguiente, después de un operativo policial que incluyó una persecución en la zona de Senillosa y el barrio Gran Neuquén.

Dos de los prófugos fueron detenidos cuando descendieron de un Volkswagen Virtus gris que había sido detectado por efectivos policiales. Los otros dos continuaron la fuga en el vehículo, pero chocaron contra un montículo de tierra y quedaron arrestados poco después.

La jueza de garantías dio por formulados los cargos contra Quiroz por favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público, en carácter de autor. También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

El policía fue puesto en disponibilidad por un máximo de cuatro meses dentro del expediente administrativo abierto por la fuerza.

La defensa pública anticipó una teoría del caso distinta, aunque no cuestionó la formulación de cargos, la calificación legal ni el plazo requerido por la fiscalía.

El letrado acusó de homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano Leopoldo Luque, para quien pidió 15 años de cárcel; a Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, para quien reclamó 12 años; y a la psiquiatra Agustina Cosachov, para quien solicitó 10 años. También requirió la inhabilitación profesional de los tres.

Para el psicólogo Carlos Díaz, Burlando pidió 5 años de prisión por homicidio culposo, mientras que para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni, solicitó 4 años y 6 meses de cárcel para cada uno por el mismo delito.

En cambio, pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien quedó sin acusaciones en su contra luego de que la Fiscalía y todas las querellas coincidieran en que no había pruebas suficientes para responsabilizarlo penalmente.

La jornada también estuvo marcada por las diferencias entre los representantes de la familia Maradona. Pablo Jurado, abogado de las hermanas del Diez, solicitó la absolución de Carlos Díaz, en línea con lo planteado el martes por Félix Linfante, representante de Jana. El pedido provocó el llanto de Gianinna, quien presenció la audiencia junto a Dalma y su madre, Claudia Villafañe.

Concluidos los alegatos de los acusadores, el debate continuará la próxima semana con las exposiciones de las defensas.

Los pedidos de pena de Fernando Burlando

• Leopoldo Luque: 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.
• Nancy Forlini: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.
• Agustina Cosachov: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.
• Carlos Díaz: 5 años de prisión por homicidio culposo.
• Mariano Perroni: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.
• Ricardo Almirón: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.
• Pedro Di Spagna: solicitó su absolución por falta de pruebas.

Burlando también pidió que, en caso de condena, las inhabilitaciones profesionales comiencen a regir desde el momento del fallo.

Con una seguidilla de audios de los imputados Burlando cerró sus alegatos

Antes de hacer referencia a las penas, el letrado pidió al tribunal reproducir algunos de los audios de los imputados, entre ellos, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini que ya habían sido reproducidos durante el debate oral.

Durante su intervención, el letrado también explicó que había dividido su alegato en diez capítulos, en referencia al número que identificó al exfutbolista a lo largo de su carrera.

Tras el receso, Fernando Burlando retoma sus alegatos finales

Cuarto intermedio de diez minutos

Fernando Burlando sigue alegando a pesar de que se excedió de las 3 horas acordadas

El abogado de Dalma y Gianinna realiza el alegato más extenso de las querellas. A pesar de la advertencia de los jueces, que le dijeron que se había excedido de las 3 horas acordadas para hablar, el letrado continúa explayándose sobre 10 puntos que considera centrales para realizar su acusación final. Va por el 5to.

En este contexto, el juez Alberto Gaig le adelantó a Francisco Oneto, defensor de Luque, que si necesita extender el suyo se lo permitirá debido a esta situación.

“Ellos sabían que le iba a pasar esto”, dijo Burlando sobre los médicos de Maradona

El abogado de Dalma y Gianinna continuó en su alegato: “Tuvieron tiempo de darle tiempo de sobrevida a Diego Armando Maradona. No solo una vez, no puedo ni contar la cantidad de veces que hubieran podido salvarle la vida si no hubiera estado abducido en medio de este marco de salud”.

Y subrayó: “Diego llega a esa casa que yo califiqué inapropiadamente como pocilga. Me parece que me quedo corto. Era una casa donde la atención, el control y el cuidado era importante. Pero Diego llegó vivo a esa casa. Ahora, inexplicablemente, para los normales a los 14 días Diego fallecía inexplicablemente para los normales. Pero evidentemente esto no era de la misma naturaleza para los profesionales a cargo de su salud, que sí sabían lo que le iba a pasar a Diego. Ignoraron señales, síntomas que preocuparían a cualquier ser humano. No hicieron absolutamente nada en incontables oportunidades. La indiferencia fue brutal”.

Burlando habló del “asesinato” de Maradona: “Esta es la historia de su triste final”

El letrado ratificó en su exposición que a Diego lo asesinaron. “Aunque la gente no lo crea, esta es la triste historia del final de Diego Maradona. Es la secuencia de sus días finales. Recuerdo que al comienzo de este juicio les dije que Diego Maradona fue asesinado. Sí, asesinado. Y que para esa tarea alguien convocó a un equipo de profesionales para hacerlo de una manera lenta pero igualmente cruel. Una maniobra que empezó a ejecutarse el 11 de noviembre hasta el 25 de noviembre”, alegó Burlando.

Luego se refirió a las reacciones que vio en el juicio cuando él dijo el primer día que había sido un crimen: “Me dolía el alma decir que lo habían asesinado. Y vi todas las caras, todas. Algunos sonrieron, otros se preocuparon. Otros me miraron diciendo que esta afirmación era una exageración. No estoy acá para discutir ni analizar cuál fue la reacción de cada persona, pero sí les dije que esto lo iba a probar. Y no le pedí al tribunal que me creyera. Dije que lo íbamos a probar y pasaron días, jornadas, meses de debate. Pasaron por esta sala infinidad de testigos, médicos, peritos”.

“Hoy, después de toda esa prueba de muchísimo valor, creo que las caras son totalmente diferentes. Porque hoy esa afirmación ya no descansa en lo que yo podía pasar o en lo que sostenían Dalma y Gianinna Maradona. Hoy, mis afirmaciones sobre el asesinato de Diego Armando Maradona, descansa en la evidencia que se produjo en esta audiencia”, siguió.

Fernando Burlando: “Mataron a un héroe mitológico”

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona comenzó su abogado de manera contundente: “Sin lugar a dudas hoy tenemos una gran cita con la historia. Lo que ustedes decidirán en este juicio quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más. Y lo será no solamente por el nombre de la víctima, por su apellido, sino por su trascendencia, su impotancia y su sello particular. Pero también lo va a ser por los ribetes de este juicio y por las características de la matanza de Diego Maradona”.

Y siguió: “Es una de las verguenzas ajenas más inimaginables. Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma”.

Se reanuda el último alegato de la querella

Cuarto intermedio de 10 minutos

Toma la palabra Fernando Burlando: su equipo ya protagonizó el alegato más extenso

Cada equipo querellante tiene un máximo de tres horas para alegar. Hasta ahora, ninguno se extendió por más de hora y media. Sin embargo, Fernando Burlando hizo que todos los integrantes de su equipo alegaran. Para cuando él tomó la palabra, le quedaba una hora.

Améndola acusó al psicólogo Díaz de homicidio culposo

El abogado presentó cargos contra Luque, Forlini y Cosachov por homicidio con dolo eventual, mientras que remarcó su desacuerdo con los pedidos de absolución para el psicólogo Díaz y lo acusó de homicidio culposo.

“A nuestro criterio, tanto Luque, Forlini y Cosachov tenían plena consciencia de que el dispositivo que habían armado constituía un riesgo cierto para Diego Maradona. Y aún así actuaron con total indiferencia”, señaló Améndola.

Sobre Díaz, alegó: “Quiero disentir con lo que dijo Jurado respecto de la actividad de Carlos Díaz y su pedido de absolución. Para nosotros no hay ninguna duda de que él es responsable del calidad de autor de homicidio culposo. Y esta afirmación no se va a fundar en no haber tomado una decisión o un diagnóstico cardíaco porque él es licenciado en psicología. La defensa estuvo centrada en que siendo psicólogo no tuvo responsabilidad en el tratamiento médico y eso es falso, porque Carlos Díaz tomó decisiones e hizo cambiar decisiones del cuerpo médico tratante que fueron cruciales para que el sistema de control de Diego Armando Maradona fallara”.

Améndola coincidió con los argumentos del abogado Pablo Jurado, que había hecho enojar a Dalma y Gianinna

Al explayarse sobre el rol y las responsabilidades de los acusados, el letrado que representa a las hijas mayores del Diez junto a Fernando Burlando adelantó que sus argumentos coinciden en gran parte con los de su colega Pablo Jurado. Se trata del representante de las hermanas de Diego, con quien Dalma y Gianinna se enojaron por haber pedido la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

Fabián Améndola adelantó que pedirá la absolución para Pedro Di Spagna

Con esta decisión, el médico clínico no tendría cargos en su contra y podría quedar absuelto definitivamente al finalizar la jornada. Todos coincidieron en que no hay pruebas en su contra.

“Fue librado a su suerte”

Fabián Améndola fue el segundo en tomar la palabra del equipo de Fernando Burlando. En su alegato, adelantó que acusará a tres imputados por homicidio con dolo eventual y a otros tres por homicidio culposo. También que pedirá una absolución. Aunque no dio nombres, se estima que será para Pedro Di Spagna.

Los tres primeros el abogado señaló: “Maradona fue librado a su suerte. Dijeron que pase lo que tenga que pasar. No se ejecutó desde los médicos alguna medida que nos permita pensar que actuaron con culpa y no con dolo”.

Silvia Petroff, socia de Burlando, comenzó el alegato del equipo

La abogada comenzó su alegato señalando que los acusados “asumieron voluntariamente cada uno su rol y ocuparon materialmente sus funciones, infringiendo todos los deberes que cada uno tenía a su cargo. Ante el conocimiento del riesgo que implicaba el cuadro de salud en el que ingresó Diego a la casa del lote 45, representándose la muerte de Diego Armando Maradona, aún así colocaron y colaboraron a colocar un cúmulo de factores y circunstancias notoriamente burdas”.

Y enfatizó: “Ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar actos específicos que debieron desarrollar en tomo de su función. Agravando voluntariamente el cuadro de salud de Diego Armando Maradona de manera prolongada y sostenida durante 14 días”.

Se reanuda la audiencia: comienza el alegato del equipo de Fernando Burlando

Cuarto intermedio hasta las 13:30

Los pedidos de pena del abogado de las hermanas de Diego

Pablo Jurado acusó por homicidio simple con dolo eventual a Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini.

Para la coordinadora de la prepaga pidió la pena más alta, a 10 años. Para el neurocirujano solicitó 8 años de prisión y para la psiquiatra 8 años y 2 meses sumando el delito de falsedad ideológica. A todos le sumó la inhabilitación para ejercer su profesión.

Al coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón los imputó por homicidio culposo y pidió penas de 3 años de prisión más su inhabilitación por el doble de tiempo.

Pablo Jurado también pidió la absolución para el psicólogo y el médico clínico

Sobre Pedro Di Spagna dijo que se alineaba con el pedido de la Fiscalía y que iba a pedir su absolución.

Sobre el psicólogo Carlos Díaz, alegó: “Carlos Díaz era el psicólogo de Maradona. Pudo haber detectado síntomas del paciente. Pero es cierto que siendo psicólogo no puede detectar la gravedad de las circunstancias. Por esas razones no formularé cargos contra él”.

El pedido generó la reacción inmediata de Gianinna Maradona que se agarró la cabeza y se largó a llorar.

Jurado sobre el rol de los imputados Perroni y Almirón

El abogado de las hermanas del Diez describió la responsabilidad del enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni.

Sobre el último, dijo: “La evaluación y el control de las funciones asistenciales de enfermeria era cuestion de las funciones de Perroni, coordiandor de enfermería. Y el control y resguardo de las planillas. Ninguna de las dos obligaciones fue cumplida por el imputado. Perroni recibía todos los días información cardíaca y omitió que los enfermeros realicen controles. Una enfermera no lo controlaba y no tomó temperamento. Fue realmente grave”.

Sobre el enfermero Almirón alegó: “Que un paciente esté edematizado es un signo que un enfermero debe controlar. El 24 y 25 de noviembre los controles fueron deficitarios o inexistentes. No hay constancia de que el enfermero lo haya controlado al paciente entre el 24 y 25 de noviembre, cuando transcurría el período agónico de Maradona”.

En este sentido, remarcó que ambos tuvieron responsabilidad directa en el fallecimiento.

La acusación del abogado de las hermanas de Maradona sobre Nancy Forlini

Pablo Jurado describió en su alegato sobre el accionar de la coordinadora de la prepaga: “Nancy Forlini, jefa médica de cuidados domiciliarios, tenía que gestionar la internación domiciliaria y omitió cumplirlo. No verificó las condiciones edilicias, no equipó con aparatología, no dotó la internación de personal especializado, no compartió la historia clínica, generó desconexión entre todos los profesionales, recibió parte diario de enfermería sin tomar acción ni compartirlo con los médicos tratantes, no adoptó temperamento ante los conflictos de los enfermeros para tratar a Maradona”.

Luego continuó: “No hubo aparatología para un paciente VIP como lo llamaban los trabajadores de Medidom. Si no hubo aparatología para un paciente VIP, qué queda para los demás. Tiene que ser declarada responsable por este tribunal”.

La acusación de Pablo Jurado contra Luque y Cosachov

“Luque era el médico de Maradona desde antes de la internación domiciliaria. Todos lo identificaron sin dudar como su médico a cargo. Tenía postura de garante. No confeccionó historia clínica, omitió asistir al paciente y propiciar la debida atención médica, ignoró los signos de insuficiencia cardíaca avisados por distintas personas y ante la advertencia de un posible edema agudo de pulmón no actuó y hasta manifestó indiferencia”, dijo el abogado sobre el neurocirujano imputado.

“Nunca renunció a su mandato profesional, seguía a cargo de su salud. Es clara la omisión y la responsabilidad del acusado y así lo vamos a solicitar”, adelantó Jurado.

Sobre la psiquiatra, dijo: “De Cosachov es clara también su posición de garante. Partiendo de su condición de responsabilidad impuso el traslado del paciente a un domicilio no adecuado, organizó la internación domiciliaria, no controló la toma de los psicofármacos ni el impacto de esas drogas e ignoró los síntomas de Maradona”.

Y sumó: “Además, siendo la única profesional el 25 de noviembre de 2020, se negó a hacer las tareas de reanimación, omitiendo nuevamente su accionar profesional. Toda su responsabilidad ha sido probada y así lo vamos a solicitar”.

“No hubo control”, aseguró Pablo Jurado sobre los médicos imputados

En su alegato, Jurado relató que desde el primer día de la internación domiciliaria los enfermeros reportaron en sus planillas síntomas de alarma en Maradona. “El 11 de noviembre de 2020 ya tenía taquicardia”, recordó el letrado. Luego, hizo una cronología día a día señalando que desde el 12 y hasta el 25 de noviembre -fecha de la muerte- se reportó diuresis reiterada, edema en pie derecho, presión arterial elevada, falta de apetito, más taquicardia en diferentes horarios y todos los días, lituria y descanso excesivo.

“Todos los días desde la externación se reportó alguna situación anormal en su salud que no fue informado. Y todo eso fue reportado por un control de enfermería deficitario. No hubo control de peso, de la dieta. Todos estos síntomas fueron concordantes con la autopsia del paciente que dio insuficiencia cardíaca, daño renal y hepático”, alegó el abogado.

Y sumó: “Señores jueces, debo mencionar que van a escuchar de las defensas hablar de muerte súbita, de evento agudo no detectable ni evitable, que se aleja de la prueba producida en el debate”.

Comenzó la audiencia: alega Pablo Jurado

El abogado que representa a las hermanas del Diez tomó la palabra pasadas las 11 de la mañana. “La primera pregunta que nos tenemos que hacer es de qué murió Diego Armando Maradona. Fue de una insuficiencia cardíaca congestiva. La segunda cuestión es qué relación tuvo la acumulación de líquidos en el cuerpo del paciente con el resultado de muerte. Este es un signo secundario de la insuficiencia cardíaca, según declararon peritos expertos en el juicio. Esto provoca derrame pleural, pericárdico, edemas en las piernas y manos. Una sobrecarga hídrica que hace que el corazón falle y se provoque la muerte”, comenzó diciendo Jurado.

“No fue una cuestión súbita, la muerte se venía gestando”, siguió.

Dalma, Gianinna, Claudia y Verónica Ojeda ya están en la sala de audiencias

Las hijas mayores del Diez y su madre aguardan desde temprano el comienzo de los alegatos finales de la parte acusadora. En el mismo sector donde se sentaron está Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando.

Las hermanas de Diego también están presentes, pero se sentaron entre el público y lejos de su familia. Jana Maradona, por su parte, se sentó al lado de sus abogados Gustavo Pascual y Félix Linfante. Sus hermanas están enojadas con ella porque su representante legal pidió la absolución para el psicólogo Carlos Díaz.

/sociedad/policiales/2026/10/13/el-abogado-de-jana-pidio-la-absolucion-del-psicologo-de-maradona-y-genero-tension-entre-las-hermanas-la-reaccion-de-dalma-y-gianinna/

“Sin lugar a dudas hoy tenemos una gran cita con la historia. Lo que ustedes decidirán en este juicio quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más. Y lo será no solamente por el nombre de la víctima, por su apellido, sino por su trascendencia, su importancia y su sello particular. Pero también lo va a ser por los ribetes de este juicio y por las características de la matanza de Diego Maradona”.

Así comenzó la última exposición del abogado Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona, quien, en representación de Dalma y Gianinna, se encargó de finalizar este miércoles con los alegatos de la parte acusadora.

En su exposición, que duró 5 horas, el letrado aseguró ante el tribunal que el Diez fue asesinado y librado a su suerte por sus médicos personales. En este contexto, acusó de homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano Leopoldo Luque y le pidió la pena de 15 años de prisión. A Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical, le solicitó 12 años de cárcel por el mismo delito mientras que para la psiquiatra Agustina Cosachov, 10 años. Todos con inhabilitación profesional, que pidió comience a regir al momento del fallo en caso de ser de culpabilidad.

Para el psicólogo Carlos Díaz, por su parte, pidió que sea condenado por el delito de homicidio culposo a 5 años de prisión. Por ese delito también acusó al enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni, para quienes solicitó 4 años y 6 meses para ambos.

“Es una de las vergüenzas ajenas más inimaginables. Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma”, aseguró Burlando en su alegato.

A Pedro Di Spagna no lo acusó: solicitó que sea absuelto por falta de pruebas. Así, el médico clínico se convirtió en el único absuelto de esta causa. Como ningún acusador presentó cargos en su contra, no será necesario que asista a las tres audiencias restantes; su defensora tampoco deberá alegar obligatoriamente. Al escuchar al letrado, Di Spagna asentó con la cabeza.

Antes de Fernando Burlando fue el turno de Pablo Jurado, representante de las hermanas del Diez, quien solicitó penas más bajas para los imputados y coincidió con el abogado de Jana Maradona en solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz por el beneficio de duda.

El pedido provocó la reacción de Dalma y Gianinna, presentes en la audiencia junto a su madre Claudia Villafañe, quienes se mostraron indignadas y hasta se enojaron con su hermana menor.

En sumatoria, las querellas pidieron entre 12 y 16 años de prisión para Leopoldo Luque; entre 10 y 12 para Nancy Forlini; entre 8 y 10 para Agustina Cosachov; hasta 5 para Carlos Díaz y hasta 4 años y 6 meses para Almirón y Perroni.

La semana que viene el debate oral continuará con los alegatos de las defensas. Habrá audiencia el martes, el miércoles y el jueves 22 de octubre hasta el mediodía. Esa será la última jornada, en la que los jueces del TOC N°7 de San Isidro se retirará a deliberar.

Un hombre que había sido condenado a 16 años de prisión por el asesinato de un periodista en Mendoza volvió a quedar detenido, esta vez acusado de robar un perfume de una mercería. Se trata de Diego Arduino, de 48 años, quien fue arrestado junto a una mujer durante la noche del martes y este miércoles quedó formalmente imputado por hurto simple.

El episodio ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 20.45, en un comercio ubicado en San Luis 73, en la capital mendocina. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la intervención comenzó a partir de la activación de una alarma que alertaba sobre la presencia de un sospechoso dentro del establecimiento.

Cuando los efectivos de la Comisaría 16ª llegaron al lugar, encontraron a una mujer que estaba siendo retenida por la propietaria del negocio. La comerciante explicó que, minutos antes, la sospechosa había ingresado acompañada por un hombre y que ambos comenzaron a consultarle por distintos productos.

En un momento, el hombre salió rápidamente del local. Fue entonces cuando la dueña advirtió que faltaba un perfume rojo de la marca Natura, de la línea Humor. Ante esa situación, decidió cerrar las rejas del comercio y le advirtió a la mujer que no podría retirarse hasta que llegara la Policía.

Sin embargo, antes de que finalizara el procedimiento, el sospechoso regresó a la mercería. Le entregó el perfume a la propietaria y le pidió que dejara salir a su acompañante. Como la comerciante se negó, volvió a retirarse del lugar.

Con las características físicas aportadas por la víctima, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje iniciaron una búsqueda por la zona y lograron localizar al sospechoso en la intersección de las calles San Luis y 25 de Mayo, donde fue aprehendido.

El procedimiento terminó con el secuestro del perfume y la detención de ambos sospechosos, que fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte. Según el informe policial, no se registraron daños en el establecimiento y la comerciante no sufrió lesiones.

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el fiscal Tomás Guevara imputó a Arduino y a Natalia Magalí Castro Bravo, de 30 años, por el delito de hurto simple.

La Fiscalía confirmó, además, que ambos continuarán detenidos. En el caso de Arduino, por sus antecedentes penales, mientras que Castro Bravo permanecerá privada de la libertad por reiterancia delictiva.

El asesinato del periodista Alejo Hunau

La identidad del detenido volvió a poner en primer plano un crimen que conmocionó a Mendoza hace más de dos décadas.

El 23 de noviembre de 2004, Alejo Hunau, de 33 años, fue encontrado asesinado en su departamento de la calle Pedro Vargas, en la capital provincial. La víctima era periodista y había trabajado como asesor durante la gestión del exgobernador Roberto Iglesias.

La autopsia determinó que había muerto como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza provocado con una botella.

La investigación se concentró en Arduino, identificado como una de las últimas personas que había estado con Hunau. Los peritajes encontraron sus huellas dactilares en un vaso y rastros de su ADN en colillas de cigarrillos halladas en el departamento.

Durante su declaración, según informó el diario Los Andes, el sospechoso sostuvo que había concurrido a la vivienda para venderle un perfume al periodista, pero que se había retirado antes de que ocurriera el homicidio.

En 2005, la Segunda Cámara del Crimen lo absolvió. Sin embargo, la madre de la víctima, Silvia Ontivero, impulsó la revisión de aquella decisión.

Finalmente, en septiembre de 2007, la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza condenó a Arduino a 16 años de prisión por homicidio simple y robo. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia provincial en 2008.

En abril de 2020, cuando llevaba aproximadamente 14 años de pena computados, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Según reconstruyó el diario mendocino Diario UNO, el 25 de junio de 2022 terminó de cumplir la pena que se encontraba ejecutando, que también incluía una condena por estafa.

Sus antecedentes penales

El homicidio de Hunau no fue el único delito por el que Arduino recibió una condena.

En 2021 fue investigado por una estafa cometida mediante una falsa oferta de materiales para la construcción publicada en Facebook. Una de las víctimas transfirió 60.000 pesos por mercadería que nunca recibió. Por ese episodio, recibió una condena de cinco meses de prisión.

A fines de 2022 volvió a ser detenido, esta vez por un episodio de violencia de género contra una expareja. Según reconstruyó Diario UNO, el hombre se presentó en la vivienda de la mujer pese a tener una prohibición de acercamiento, pateó la puerta y la amenazó con un arma blanca. En mayo de 2023 fue condenado a un año y un mes de prisión efectiva por ese hecho.

Su antecedente más reciente ocurrió el 23 de marzo de este año, cuando fue sorprendido mientras intentaba sustraer dos bandejas de carne de un supermercado COTO de la ciudad de Mendoza.

Personal de seguridad privada detectó la maniobra y evitó que abandonara el establecimiento con los productos ocultos entre sus prendas. Por ese episodio recibió una condena de dos meses de prisión efectiva por tentativa de hurto simple. Recuperó la libertad el 23 de mayo pasado, según informó Diario UNO.

Menos de cinco meses después, Arduino volvió a quedar detenido, esta vez por el episodio del perfume. La nueva causa quedó bajo la órbita del fiscal Guevara, quien dispuso su imputación junto con la mujer que lo acompañaba. Ambos permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación.

En una decisión firmada este miércoles, el máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso de queja que había presentado la defensa de Fernández, quien cuestionaba las resoluciones que mantuvieron la sentencia dictada en su contra.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos extraordinarios sin tratar sus argumentos de fondo.

Con esa resolución, quedó sin efecto la última vía que buscaba revertir la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal de La Matanza en agosto de 2018.

Fernández fue condenado como autor de dos homicidios calificados por alevosía, agravados por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, además de hurto simple y portación ilegal de arma de guerra.

El fallo de la Corte también intimó a la defensa a presentar, dentro de los cinco días desde la notificación, la resolución que le concedió el beneficio de litigar sin gastos o realizar el depósito previsto en el artículo 286 del mismo código.

Lorenzetti agregó un voto en el que aclaró que el rechazo de un recurso mediante el artículo 280 no implica que la Corte confirme o avale el contenido de la sentencia apelada. La medida simplemente significa que el tribunal resolvió no intervenir en el planteo.

El doble crimen ocurrió la noche del 20 de octubre de 2016 en la avenida Cristianía, en el barrio Atalaya de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Fernández llegó al lugar acompañado por su hijo, que entonces tenía 17 años, y se cruzó con González y Oxance frente a la panadería de este último.

La investigación estableció que Fernández mantenía conflictos previos con el entorno de González, originados en un choque ocurrido un par de años antes. Desde entonces habían tenido varios encontronazos hasta el desenlace criminal.

Durante aquel encuentro, Fernández sacó un arma y disparó contra los dos integrantes de la Policía Federal Argentina. Una cámara de seguridad registró la secuencia. Las imágenes fueron una de las pruebas centrales del expediente.

En el video que encabeza esta nota se ve cómo el asesino mantiene un diálogo a distancia con las víctimas hasta que, inesperadamente, sacó el arma y gatilló. Primero le tiró dos veces a Oxance, quien estaba armado porque tenía que irse a trabajar pero antes había pasado por el local para cerrarlo. Después fue el turno de González, que estaba desarmado y había quedado acorralado contra la pared del local.

Sin conformarse con eso, Fernández volvió sobre el propietario del local y lo remató de un tiro en la cabeza. Además, se tomó el tiempo de sacarle la pistola y vaciar su cargador contra una camioneta.

En medio del ataque, además, el hijo del homicida le pateó la cabeza a una de las víctimas cuando ya había sido baleada. “Los pateé porque tenía miedo de que mi papá me matara a mí también”, dijo en ese momento para defenderse. “Tuve que pegarles patadas a los policías por miedo a que mi papá me mate. Es muy violento y tenía el arma en la mano. Yo les di patadas en la cabeza a los dos hombres en el suelo porque me gritó mi papá para que lo haga. Me dijo después que me fuera y lo hice, fui corriendo a la casa de mi abuela”, declaró.

Fernández sostuvo ante la Justicia que había actuado en defensa propia, una versión que fue descartada en el juicio. Su hijo, por haber sido menor de edad al momento del hecho, fue sometido a un proceso separado.

En ese contexto, María, madre de una alumna de 13 años que asiste a la misma escuela, habló con Infobae a la Tarde y cuestionó la comunicación de las autoridades con las familias. Según contó, su hija estaba por ingresar al colegio cuando otros estudiantes comenzaron a salir y a repetir que no había clases. Después, los directivos informaron que la jornada se suspendía por un conflicto entre compañeros.

“Más que eso no avisaron. No avisaron de que los chicos estaban en peligro ahí afuera, no avisaron nada”, sostuvo la mujer, que se enteró de lo ocurrido mientras su hija se encontraba en las inmediaciones del establecimiento.

La madre explicó que tampoco conoce a los adolescentes involucrados y que buena parte de la información que circuló entre las familias provenía de versiones de otros estudiantes. Sobre la secuencia del hecho, señaló que algunos alumnos habrían contado que el joven accionó el arma varias veces antes de que saliera un disparo. “No sé si estaba jugando o estaba mostrando, como dicen, pero después salió la bala”, relató.

Según la información preliminar, el adolescente herido habría dicho al personal de enfermería que el otro estudiante era su amigo y que los disparos se produjeron cuando le mostraba una pistola calibre .22. Esa versión deberá ser esclarecida durante la investigación.

Las denuncias de las familias y el temor por el regreso a clases

Durante la entrevista, María aseguró que otras madres le habían comentado sobre situaciones de violencia anteriores en la escuela y sus alrededores. Mencionó episodios de bullying, peleas y una presunta agresión en la que habría intervenido un martillo, aunque aclaró que no presenció esos hechos. También afirmó que algunos alumnos fumarían marihuana dentro del establecimiento.

La mujer contó que, después de los disparos, la Policía llegó al lugar y las familias fueron desplazadas de las inmediaciones. “Empezaron a llegar la Policía, empezaron a despejar y nos pusieron en la esquina”, recordó.

María dijo que el episodio la afectó especialmente porque ocurrió en la escuela de su barrio, a la que asiste su hija. “Uno siempre mira a los de afuera y cuando nos toca a nosotros de cerca, a mí me angustió, me puso mal la situación”, expresó.

Tras lo ocurrido, algunas madres propusieron organizar una reunión con los directivos para conocer cómo continuará la actividad escolar y qué medidas podrían adoptarse. María también señaló que entiende las limitaciones que enfrentan los docentes y las autoridades, aunque consideró necesario encontrar respuestas para prevenir nuevos episodios.

“Ellos tampoco mucho no pueden hacer, porque me parece que no pueden revisar las mochilas”, dijo. Y agregó: “La educación viene de la casa”.

La madre reconoció que ahora teme enviar a su hija a clases, aunque no quiere que interrumpa sus estudios. “Me da miedo ahora de que vaya. Me da miedo porque también quiero que estudie”, afirmó.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años de prisión contra Raúl Reynoso, quien estuvo al frente del Juzgado Federal de Orán, en Salta, por haber recibido dinero a cambio de beneficiar con resoluciones judiciales al narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso de queja presentado por la defensa del exmagistrado por falta de fundamentación autónoma. De esta manera, quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que lo condenó por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión.

Además de la pena de prisión, Reynoso recibió una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta por el término de la condena. El fallo había sido confirmado en junio de 2025 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, pero la defensa acudió al máximo tribunal para intentar revertirlo.

Según se determinó durante el juicio, el entonces juez federal recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de dictar resoluciones contrarias a derecho que favorecieran al narcotraficante. También fue condenado por haber exigido sumas de dinero a Pablo Elías Torres para autorizar el ingreso de mercaderías al país, pese a las restricciones existentes.

La investigación permitió reconstruir una serie de decisiones judiciales que beneficiaron a Castedo mientras era investigado por asociación ilícita y lavado de activos.

En febrero de 2007, Reynoso había imputado al narcotraficante, ordenado su detención y dispuesto que fuera citado a declaración indagatoria. Sin embargo, en mayo de 2008, mientras permanecía prófugo, Castedo presentó un pedido de excarcelación que fue concedido al mes siguiente.

El argumento utilizado por el magistrado fue que el acusado se encontraba a derecho por haber presentado aquella solicitud. Para la Fiscalía, esa decisión constituyó el primer acto de prevaricato atribuido a Reynoso. Según se sostuvo en el expediente, el propio Castedo declaró que había pagado para obtener ese beneficio.

Las irregularidades continuaron años después. De acuerdo con la documentación judicial, en 2013 se habría concretado una declaración indagatoria del narcotraficante. Sin embargo, Castedo negó posteriormente haber participado de ese interrogatorio y haber firmado el acta correspondiente. Un peritaje respaldó esa versión.

Pese a ello, aquella supuesta declaración fue utilizada por Reynoso para concederle una segunda exención de prisión.

En 2014, cuando Castedo ya figuraba entre los criminales más buscados y llevaba ocho años prófugo, acusado de ser el autor intelectual del crimen de Liliana Ledesma, ocurrido en Salvador Mazza, el juez volvió a adoptar una decisión favorable: lo procesó, pero sin dictarle prisión preventiva.

Para la Fiscalía, aquellas resoluciones formaron parte de una serie de beneficios judiciales otorgados a cambio de dinero.

En el mismo expediente también fue condenado Luciano Ciscato, abogado de Castedo, quien recibió una pena de dos años y seis meses de prisión.

La sentencia contra Reynoso fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2025. La defensa del exmagistrado intentó llevar el caso ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó el planteo por cuestiones de fundamentación, sin ingresar a una nueva revisión de los hechos.

Con esa decisión, la condena a cinco años de prisión quedó firme.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó este miércoles la detención de Agustín Ibarra por falso testimonio, luego de que declarara durante más de dos horas en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Personal de Gendarmería lo retiró de la sala y quedó a disposición del fiscal federal de turno.

Ibarra fue el chofer que trasladó a Laudelina Peña cuando la tía del niño presentó ante la Justicia provincial la versión de que su sobrino había muerto tras un supuesto accidente de tránsito. Esa hipótesis luego fue descartada por la propia imputada, quien afirmó que había mentido al declarar.

La medida fue solicitada por Marcelo Ponce, defensor de Nicolás “El Americano” Soria y Pablo Núñez. El letrado cuestionó las reticencias del testigo, la falta de precisión en sus respuestas y contradicciones durante su testimonio. Al planteo adhirieron el Ministerio Público Fiscal, la querella y Mónica Chirivín, defensora de Laudelina.

Tras un cuarto intermedio, los jueces resolvieron que Ibarra efectivamente se había mostrado “manifiestamente reticente” ante las preguntas vinculadas con su participación en los hechos. El tribunal señaló que el testigo respondió en varias oportunidades que no recordaba situaciones sobre las que era consultado.

Los magistrados también tuvieron en cuenta la importancia de los hechos investigados y el tiempo que Ibarra estuvo en contacto con Laudelina y con Macarena Peña, hija de la imputada. Según la resolución, su conducta durante la audiencia fue “elusiva, inconsistente y esquiva”.

Durante la declaración, los jueces le pidieron en varias ocasiones que intentara recordar detalles sobre ese traslado y los encuentros previos a la declaración que Laudelina brindó en Corrientes a fines de junio de 2024.

Ibarra tiene 49 años y actualmente trabaja en la Municipalidad de Concepción. Al momento de los hechos, se desempeñaba en la Municipalidad de Corrientes: era chofer del senador provincial Diego Pellegrini. Fue propuesto para declarar por Chirivín y por Ponce.

Su declaración era esperada porque condujo el vehículo en el que Laudelina fue trasladada junto con el abogado José Fernández Codazzi para declarar la teoría del accidente. En una rectificación posterior, la imputada aseguró que esa versión era falsa y afirmó que había recibido $ 50 mil para instalarla.

En la audiencia, Ibarra sostuvo que es amigo de Pellegrini, aunque aseguró que no tiene una relación de amistad con Codazzi.

Además de Ibarra, este miércoles declararon María del Carmen Núñez, ex pareja de uno de los hermanos de Loan; María Agustina Subiría, subinspectora de la Policía Federal Argentina (PFA); María Custillo, una vecina de 9 de Julio que participó como testigo en el hallazgo de manchas de sangre a la salida de un campo sobre la Ruta 123; y Ronald Serrano, dueño de un taller de motos ubicado cerca de la comisaría de 9 de Julio, donde quedaron los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava después de los procedimientos realizados en la investigación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo de siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. Esta vez, el máximo tribunal intervino en una causa penal que los propios acusados habían impulsado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes atribuían una serie de irregularidades durante las primeras horas del expediente.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada.

El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. Los siete habían denunciado que, durante las indagatorias realizadas pocas horas después del asesinato, no se les habían informado correctamente los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra.

También cuestionaron las circunstancias en las que fueron confeccionadas y firmadas las actas de aquellas declaraciones. Según sostenía la defensa, los procedimientos no habían respetado las garantías previstas por el Código Procesal Penal bonaerense.

Esos argumentos formaron parte de la estrategia defensiva dentro de la causa principal por el homicidio. Sin embargo, Tomei también decidió avanzar por una vía independiente y promovió una denuncia penal por los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Entre los denunciados se encontraban la fiscal Verónica Zamboni, quien estuvo a cargo de la investigación del crimen; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dictado la prisión preventiva de los imputados.

La controversia comenzó en febrero de 2020, cuando Tomei cuestionó públicamente el procedimiento seguido durante las primeras indagatorias. En ese momento, el abogado sostuvo que existían inconsistencias en los horarios consignados en las actas, ya que algunas declaraciones aparecían registradas con diferencias de apenas minutos.

Para la defensa, esos intervalos resultaban insuficientes para cumplir con todas las formalidades exigidas por la ley, entre ellas informar a cada detenido sus derechos, comunicarle los hechos atribuidos y poner en su conocimiento las pruebas existentes.

El abogado también cuestionó la actuación de Zamboni y solicitó apartarla de la investigación, aunque ese pedido fue rechazado por el juez Mancinelli.

La denuncia penal continuó su propio recorrido judicial. En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió que los rugbiers fueran considerados particulares damnificados dentro de ese expediente, una decisión que les permitió intervenir formalmente como denunciantes.

Sin embargo, la investigación no prosperó. La denuncia fue desestimada por ausencia de dolo y también se rechazó recibir declaración testimonial a los rugbiers en calidad de víctimas, así como otras medidas de prueba solicitadas por su representante.

Ante esa resolución, Tomei pidió una revisión al superior del fiscal, mediante el procedimiento previsto en el artículo 290 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. La decisión fue ratificada.

El abogado acudió entonces al juez Mancinelli, a quien recusó, y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento. Argumentó que el mecanismo utilizado para revisar la desestimación de la denuncia resultaba arbitrario y les impedía a sus representados ejercer su derecho a ser escuchados por un juez imparcial.

El magistrado rechazó tanto la recusación como el planteo de inconstitucionalidad. Esa decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

El expediente llegó después a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que en agosto de 2025 rechazó un recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario que buscaba llevar la discusión a la instancia nacional.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora rechazó la presentación por deficiencias en su fundamentación.

La resolución no implica una nueva revisión de las condenas por el asesinato de Báez Sosa, sino que pone fin a este recorrido recursivo relacionado con la denuncia contra los funcionarios judiciales.

Las condenas por el crimen de Fernando Báez Sosa

Fernando Báez Sosa fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. El joven de 18 años había mantenido una discusión con un grupo de rugbiers dentro del local y, poco después, fue atacado a golpes en la vía pública.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, considerados coautores del homicidio.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal. Los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño descartaron la agravante de alevosía, pero mantuvieron la del concurso premeditado de dos o más personas.

Desde entonces, las defensas presentaron distintos recursos para intentar revertir las decisiones judiciales.

En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había rechazado otros planteos de los condenados, entre ellos recursos de nulidad y revisión extraordinaria.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada frente a la propiedad. Las imágenes muestran la desesperación del cronista y su familia al regresar, cuando los delincuentes todavía se encontraban en el interior del lugar.

Las grabaciones ya se encuentran en poder del fiscal Luciano Borda, de la UFI N° 1 departamental, quien encabeza la investigación y trabaja para identificar y localizar a los sospechosos.

“Le taparon la cara a mi hija”, lamentó este miércoles un angustiado Juan Fernández, durante su participación en el programa Buen Día A24, emitido por la señal homónima.

Según contó el propio Fernández al aire, y tal como se observa en el video que encabeza esta nota, la secuencia comenzó a las 15.37, cuando un auto negro, sin patentes colocadas, comenzó a merodear por las inmediaciones de la vivienda. En ese momento, Fernández había salido a comprar helado junto a su mujer, su hijo de 11 años y sus dos sobrinos.

Tras unos 20 minutos de recorrer la zona y estacionar en tres lugares diferentes, dos de los delincuentes descendieron del vehículo y caminaron hacia el portón del garaje de la propiedad. Mientras tanto, el tercero se dirigió a la puerta principal.

En ese contexto, los asaltantes lograron abrir una puerta de acceso que, según precisó el periodista, estaba cerrada, aunque sin llave. Una vez adentro, trabaron la puerta y bajaron las persianas del living.

En ese momento, E., una de las hijas de Fernández, escuchaba música en su habitación. De acuerdo con el relato de la adolescente a su familia, los hombres entraron a su pieza, le taparon la boca y le colocaron un pantalón sobre la cabeza para impedirle ver sus movimientos y reconocer sus rostros.

Una vez que la menor fue reducida, la llevaron a la habitación de su hermano menor, que da al patio, y la encerraron.

Al brindar su testimonio, Fernández contó que, al regresar, su mujer escuchó un ruido mientras pasaba por la cochera. Al advertir que algo no estaba bien, se acercó a la puerta, miró por la cerradura y descubrió que había un desconocido dentro de la vivienda.

Desesperado, el periodista corrió por la vereda hasta la ventana de la habitación de su hija e intentó verla desde afuera. Sin embargo, al no encontrarla allí, comenzó a temer lo peor.

“Lo único que rogaba es que cuando yo abriera la ventana, verla a ella en la habitación. O atada, o como fuera. Pero que esté ella”, recordó durante la entrevista televisiva.

Al no ver a su hija, Fernández comenzó a gritar su nombre y a pedir ayuda a los vecinos y a la Policía. En ese momento, uno de los delincuentes salió de la vivienda armado y lo apuntó para obligarlo a alejarse. “Yo me acerco y me vuelvo a alejar porque él me apuntaba para que me aleje. Estaba apuntando”, relató mientras observaba las imágenes del episodio.

Según contó Fernández, los hombres también amenazaron con sus armas a los vecinos que comenzaron a salir de sus casas al escuchar los pedidos de auxilio del periodista y su familia. “¡Hijos de puta! ¡La concha de su madre!”, se escucha gritar al cronista mientras los delincuentes escapaban del lugar.

El video concluye con la aparición de la adolescente. Entre lágrimas, salió por la puerta principal de la vivienda y abrazó a su padre, mientras intentaba contarle lo que acababa de vivir.

Fernández aseguró que su principal preocupación ahora es el impacto emocional que el episodio pueda tener en su hija. Desde el asalto, la adolescente ya no se queda sola en su casa y, por el momento, dejó de asistir al colegio.

Finalmente, los delincuentes huyeron sin llevarse objetos de valor y permanecen prófugos. Son buscados por la Policía Bonaerense, bajo las directivas del fiscal Borda.

Un alumno de 18 años fue baleado este miércoles por un compañero de 17 dentro de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima sufrió heridas en el abdomen y en uno de sus brazos y debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El episodio ocurrió en la Escuela N°58, ubicada en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el ataque se produjo dentro de uno de los baños del establecimiento educativo.

La Policía recibió un llamado al 911 a las 12:56 y un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegó al lugar apenas cinco minutos después, a las 13:01.

Sin embargo, cuando los efectivos arribaron, el estudiante herido ya había sido trasladado por docentes de la institución en un vehículo particular hasta un hospital de la zona, donde recibió asistencia médica y posteriormente ingresó al quirófano.

De acuerdo con la información preliminar, el arma utilizada es una pistola calibre .22. En tanto, el chico de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado.

Un dato que ahora deberán esclarecer los investigadores surgió del propio relato de la víctima. Según pudo saber este medio, antes de ingresar al quirófano, el joven alcanzó a conversar con personal de enfermería y aseguró que el adolescente que le disparó era su amigo.

En ese intercambio, habría explicado que los disparos se produjeron accidentalmente mientras su compañero le mostraba el arma de fuego.

Por el momento, esa versión no fue corroborada y las autoridades intentan reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hecho, así como determinar cómo ingresó el arma al establecimiento educativo.

En el caso interviene el fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza.

Dos hombres fueron detenidos este miércoles en Junín como parte de una investigación por estafa bajo la modalidad “cuento del tío”, luego de que una mujer de 79 años perdiera dinero en dólares tras ser engañada telefónicamente por un individuo que se hizo pasar por su hijo.

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) L.N. Alem concretó las detenciones de C.L.A. (44) y D.M.A. (24) en el marco de cuatro órdenes de allanamiento ejecutadas en Junín el 14 de octubre de 2026. Las medidas contaron con la colaboración del GTO EPC Alem.

Según el resultado de la investigación, C.L.A. habría sido el encargado de realizar las llamadas a la víctima, mientras que D.M.A. habría actuado como chofer durante la maniobra.

Un tercer integrante, identificado únicamente como “NN Nico”, fue quien habría retirado el dinero en forma directa de la víctima; hasta el momento permanece prófugo.

El operativo de engaño en Vedia

El hecho que desencadenó la causa tuvo lugar el 11 de septiembre de 2026 en la intersección de avenida Dunckler y Los Andes, en Vedia, a una hora de distancia de Junín. La víctima, de 79 años, recibió una llamada de alguien que simuló ser su hijo y la convenció de entregar una suma de dinero en moneda estadounidense a un desconocido que se presentó en su domicilio. Tras hacerse con el efectivo, el individuo escapó en un Fiat Cronos.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que el Fiat Cronos circulaba habitualmente en Junín. Personal de la SDDI localizó el rodado, pero al intentar interceptarlo, dos sujetos abandonaron el vehículo y huyeron en un VW Polo negro. El Fiat fue secuestrado; en su interior se hallaron un teléfono celular y prendas utilizadas en el hecho.

La huida y el secuestro del Polo en Ruta 7

La investigación continuó el 12 de septiembre de 2026, cuando el seguimiento de cámaras permitió identificar el Polo, que fue detectado circulando por Ruta 7 con destino a Chacabuco.

El Grupo Avanzada de esa localidad lo interceptó en la estación de servicio YPF del km 201, donde se identificó a sus dos ocupantes. Del vehículo se secuestraron dos notebooks del gobierno y vestimenta vinculada al ilícito.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro del rodado y la aprehensión de C.L.A. y O.L.J. (21) por el delito de estafa.

La investigación incluyó el análisis de comunicaciones, material fílmico y testimonios. En los procedimientos del 14 de octubre, el personal actuante secuestró tres teléfonos celulares, una tarjeta SIM de Movistar, una campera negra marca Puma, documentación variada y materiales de construcción adquiridos con posterioridad al hecho.

En el marco de la investigación que intenta esclarecer la violenta entradera que sufrió hace más de tres semanas el reconocido abogado Guillermo Cabanellas (76), cuando descansaba junto a su esposa en su casa de Martínez, partido de San Isidro, el pasado viernes personal de la Policía Bonaerense logró capturar a Andrés Alberto Ponce, un delincuente de 20 años que participó del hecho y permanecía prófugo desde el pasado mediados de agosto, cuando escapó de un penal de Campana.

De esta manera, Ponce se suma a los otros dos detenidos en la causa que encabeza la fiscal Carolina Asprella, titular de la UFI N° 1 de San Isidro: Braian Agustín Britez, de 24 años, con domicilio en Don Torcuato, exempleado de una empresa de limpieza de edificios de Tigre, y Katherine Lovaiza, quien cayó tras un insólito descuido poco después de cometer la entradera.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la detención de Ponce se concretó en las inmediaciones de la casa de su propio padre, ubicada en la localidad de Los Polvorines, partido bonaerense de San Miguel, luego de una serie de medidas investigativas que dispuso la fiscal Asprella para dar con su paradero.

De acuerdo a la información aportada por fuentes del caso a este medio, la captura de Ponce fue posible gracias a la apertura del teléfono celular de Britez, el primero de los detenidos, que arrojó información “interesante” para solicitar el cruce de antenas.

Así, los investigadores lograron determinar que el sospechoso se ocultaba en la casa de su papá y el último viernes, en medio de los trabajos de campo, lo divisaron cuando llegaba en un auto de aplicación de viajes.

Al percatarse de la presencia policial, Ponce intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido tras una corta pero intensa persecución.

Según precisaron fuentes con acceso al expediente, el tercer y último detenido por la entradera al abogado Cabanellas estaba prófugo de la justicia desde el pasado 20 de agosto, cuando escapó de la Unidad N° 57 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Campana, donde se encontraba encerrado por participar de otro robo.

Junto con otro interno, elaboraron una soga con telas a las que les pusieron un gancho de hierro, escalaron un muro perimetral del penal y huyeron.

Consumada la detención de Ponce, los agentes allanaron el domicilio de su padre y hallaron pertenencias de los Cabanellas, entre ellas algunas joyas de valor y elementos de plata. Además, secuestraron el teléfono celular del sospechoso. “Está acreditado que participó del hecho”, aseguraron las fuentes con acceso al expediente.

En medio del operativo para trasladar a Ponce desde la casa de su progenitor hasta el patrullero, un grupo de vecinos se presentó en el lugar y trató de linchar al detenido. Sin embargo, los efectivos que se encontraban en el lugar actuaron a tiempo y evitaron la golpiza.

Al día siguiente, la fiscal Asprella lo citó a declarar, pero Ponce hizo uso de su derecho y se negó a hablar sobre el hecho que se le imputa.

Con las detenciones de Britez y Ponce, quienes ingresaron al domicilio de los Cabanellas, y Katherine Lovaiza -quien participó del hecho, pero no accedió a la propiedad-, ahora los investigadores trabajan para dar con los otros dos sospechosos que integran la banda.

El hecho y los otros dos detenidos

El domingo 27 de este mes, el reconocido abogado y economista Guillermo Cabanellas sufrió un feroz asalto comando en su casa en Martínez, jurisdicción de San Isidro. Al menos cuatro delincuentes irrumpieron en su casa, mientras dormía con su pareja; al llegar, uno de ellos le dio un golpe en el ojo izquierdo al letrado.

Tras reducir a sus víctimas, la banda se llevó 4.800 dólares, teléfonos celulares, joyas y tarjetas de crédito. Luego, huyó.

Dos días después del hecho, la Policía Bonaerense arrestó a tres sospechosos, en un trabajo unificado de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro y la Departamental San Isidro bajo la Superintendencia AMBA Norte I del comisario general Lucas Borge.

Los detenidos fueron identificados como Braian Agustín Britez, de 24 años, con domicilio en Don Torcuato, y Katherine y Tamara Lovaiza, dos hermanas oriundas de Maquinista Savio y José C. Paz.

La ruta de cámaras de seguridad relevada por la Secretaría de Seguridad local los complicó particularmente; la Bonaerense obtuvo el video de la fuga de la banda, a bordo de un Volkswagen Bora, en un video que ilustra esta nota. El vehículo finalmente fue encontrado en los allanamientos al grupo; ya había sido grabado por cámaras de seguridad municipales, camino al hecho.

Britez, por su parte, tiene largo prontuario según autoridades policiales. No solo había sido investigado por varios hechos de robo previos, con antecedentes desde 2019 como menor de edad y un paso tumbero por la Unidad N°47 de San Martín en 2025. También tenía un pedido de captura vigente por robo, con una causa que databa de este año por otro asalto a mano armada. La investigación por este último expediente, insólitamente, tenía escuchas telefónicas en curso.

Sin embargo, la ruta de la plata que siguió al asalto fue la prueba que terminó con la banda presa.

Tamara Lovaiza solo fue identificada y recuperó la libertad poco después de ser trasladada a la comisaría. El VW Bora se encuentra a su nombre, sin embargo, se constató que no participó de la entradera.

Su hermana Katherine, sin embargo, cometió el peor traspié. La banda le robó tarjetas de crédito a los Cabanellas. La detuvieron teñida de rubio. Con su pelo todavía de color negro, recogido tras un buzo, se presentó en una conocida cafetería de la zona de Pilar horas después del asalto. Allí, filmada por una cámara de seguridad, pidió un café. Lo pagó, supuestamente, con la tarjeta de una de sus víctimas.