Los Tribunales de Santa Fe serán hoy el centro de atención en una audiencia clave para el caso que conmocionó a la provincia a finales de 2025: el asesinato del adolescente Jeremías Monzón. En el recinto judicial, familiares, abogados y funcionarios se preparan para debatir el futuro procesal de uno de los adolescentes implicados en el violento crimen.

El asesinato de Monzón se produjo el 18 de diciembre de 2025. Según los documentos judiciales y las partes involucradas, la víctima fue atacada con extrema violencia, recibió más de 20 puñaladas. El crimen fue grabado, lo cual contribuyó a la conmoción pública y a la gravedad con la que se investiga el hecho. Las imágenes del ataque circularon rápidamente y encendieron el debate sobre la seguridad y la intervención estatal en casos de violencia ejercida por menores.

De acuerdo con lo informado por el portal Cadena 3, se espera que hoy la Justicia determine si uno de los implicados, identificado como B. S. V., de 14 años al momento del hecho, será sobreseído. La defensora oficial solicitó la absolución del menor, argumentando los límites legales que impone la edad al momento del ataque. De ser aceptada la petición, el joven quedaría eximido de responsabilidad penal por este homicidio agravado.

Bruno Rugna, abogado de la madre de la víctima, detalló que la audiencia de hoy está enfocada en el análisis de la situación legal del adolescente. A raíz de la edad del acusado, la defensa insiste en su absolución, mientras la querella busca que, pese a la restricción de la ley, se mantengan medidas de control y seguimiento sobre el joven.

La madre de la víctima, Romina Monzón, declaró que comprende las limitaciones actuales del sistema judicial respecto a los menores de edad. Sin embargo, sostuvo: “Haré todo lo posible para que siga siendo controlado de alguna manera”, en referencia a la necesidad de garantizar algún tipo de tutela o vigilancia sobre el adolescente, más allá de una posible absolución penal.

El caso está caratulado judicialmente como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas. Para esta figura, el Código Penal argentino establece la pena de prisión perpetua, aunque las restricciones legales derivadas de la edad de los implicados plantean un escenario de difícil resolución para las partes involucradas.

El nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado recientemente, pero no es aplicable a este caso, puesto que la ley argentina prohíbe la retroactividad penal desfavorable. Según fuentes judiciales, esto significa que los acusados menores de edad al momento del hecho no pueden ser condenados conforme a las nuevas disposiciones, lo que limita el margen de acción de la fiscalía y la querella para exigir sanciones más severas.

Actualmente, la única adolescente imputada en la causa es M. A., de 16 años, quien permanece alojada en un reformatorio de Rosario. Además, la investigación avanzó sobre el entorno familiar, ya que la madre de la adolescente, N. J., fue detenida y está acusada como partícipe secundaria del homicidio. Esta última permanece privada de su libertad en una cárcel de mujeres de la ciudad.

La familia de la víctima buscó a Jeremías por cuatro días hasta que, el 22 de diciembre, un llamado alertó sobre el hallazgo de un cuerpo. Sus dos cómplices y ejecutores del homicidio son inimputables: están libres, pero se dispuso una medida de seguridad para ambos en una audiencia confidencial. Las cámaras de seguridad, la mayoría aportada por el club Colón de Santa Fe, son la principal evidencia que demuestra la premeditación de los homicidas.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como el principal sospechoso de los narcofemicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, finalmente será extraditado hoy desde Perú a la Argentina. Frente a esto, la familia de las víctimas prepara una movilización desde La Tablada hasta el juzgado de Morón.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el joven de 20 años llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes por la tarde, para luego ser indagado por el juez Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien instruye la causa que investiga los asesinatos de las tres jóvenes. Está previsto que el acusado se presente ante el magistrado el martes.

De acuerdo con la principal hipótesis de la Justicia, el triple crimen fue cometido en el marco de una represalia vinculada a una banda narco. Se presume que el objetivo era recuperar droga que habría sido robada por personas relacionadas con las víctimas.

A “‘Pequeño J’ se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

En este contexto, la familia de las víctimas convocó a una movilización para exigir justicia. La marcha comenzará a las 11 horas en la rotonda de La Tablada y tendrá como destino final el Juzgado N° de Morón, de acuerdo con la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas.

La noche del 19 de septiembre de 2025, las tres víctimas fueron engañadas en inmediaciones de Ciudad Evita, partido de La Matanza, con la promesa de una fiesta. Subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca y fueron trasladadas hasta una casa en Florencio Varela, que la investigación identifica como centro de operaciones del grupo acusado.

Lo que siguió fue descripto por las autoridades a cargo del caso como un aumento “deliberado e inhumano” del sufrimiento: lesiones agónicas, amputaciones y luxofracturas que llevaron a las tres a la muerte de forma progresiva. Las autopsias confirmaron mecanismos distintos en cada caso. Brenda Del Castillo sufrió fracturas múltiples y lesiones cortantes; Morena Verdi murió por estrangulamiento y fractura cervical; Lara Gutiérrez presentó heridas graves en sus manos, compatibles con métodos de intimidación narco.

Tras los asesinatos, los cuerpos fueron enterrados en un pozo que, según la teoría del caso, había sido cavado con anterioridad en el mismo inmueble. El Chevrolet Tracker fue incendiado en un descampado cercano para eliminar rastros.

En el caso de Gutiérrez, la acusación se agrava por tratarse de una menor de 18 años. La calificación penal incluye, además, homicidio agravado bajo múltiples figuras: concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, “criminis causa” —esto es, matar para procurar impunidad o consumar otro delito— y, en algunos imputados, el agravante de mediar violencia de género.

El expediente judicial, que tramita también ante la Secretaría Nº8 a cargo del Ignacio Calvi, sostiene la existencia de una organización compuesta por al menos otras 10 personas imputadas.

Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón.

Hace dos semanas, la Cámara Federal de San Martín dictó falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido con “Señor J”, quien era otro de los sospechosos.

Para la Cámara, por ahora, no hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio, aunque la investigación sigue abierta. El tribunal consideró que sólo hay testimonios aislados y que estaba preso por otra causa en la fecha de los hechos, por lo que, de momento, descartan su relación directa con el hecho. Continuará detenido por otra causa federal.

Las autoridades señalan que existen otros participantes en el triple crimen que aún no fueron plenamente identificados, dado el nivel de organización y los roles diferenciados que se advirtieron durante la investigación.

A todos los imputados se les atribuye, con distintos grados de intervención, la comisión del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por “la pluralidad de intervinientes”, en dos hechos.

“El expediente investiga un triple homicidio agravado precedido por secuestro coactivo, cometido en el marco de una represalia narco, con participación de al menos once personas imputadas y con una hipótesis central de actuación coordinada para captar, retener, torturar y matar a las tres víctimas”, explicaron las fuentes.

En ese sentido, indicaron que una vez que la Justicia tomó conocimiento de la presunta intervención de Tony Janzen Valverde Victoriano en el triple crimen, el joven de 20 años abandonó el país. De inmediato, la Justicia provincial dictó su captura internacional y, tras la colaboración entre las autoridades argentinas y peruanas, se logró su detención preventiva en su país de origen.

Durante el fin de semana, dos personas fueron halladas sin vida en una vivienda de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, en lo que la Justicia investiga como un femicidio calificado seguido de suicidio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho ocurrió el 2 de mayo cerca de las las 22:40 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 44 y 51. La víctima fue identificada como Teresa Yolanda Faulkner, de 58 años, y el hombre como Carlos Daniel Barrios, de 65.

Según la investigación, Barrios habría utilizado un arma de fuego para asesinar a Faulkner y luego quitarse la vida. Ambos mantenían un noviazgo desde hace dos meses, y el posible móvil relevado fue la intención de la víctima de poner fin al vínculo.

De hecho, según la información del medio local Reconsquista HOY, habría sido el propio Barrios quien se comunicó con el hijo de la víctima antes de quitarse la vida. Fue él quien encontró la macabra escena: los dos cuerpos tendidos sobre el suelo del comedor y sobre un charco del sangre. Los teléfonos celulares de ambos se encontraban sobre la mesa.

A las 22:55, quince minutos después de la alerta del 911, llegó al lugar el móvil de la División Científico Forense Región IV, mientras efectivos del Centro de Respuesta de Emergencias (CRE) de la Unidad Regional IX aseguraron la escena. Al día siguiente, se sumó la Brigada de Femicidio de la Agencia de Investigación, Tecnología y Policía de Violencia de Género (AITPVG) Región IV, que asumió las tareas de identificación de víctimas, asistencia a familiares y reconstrucción de los últimos momentos previos al hecho.

Las entrevistas a familiares y testigos apuntalaron la hipótesis sobre el crimen. El relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones arrojó resultado negativo, sin registros que aportaran datos adicionales sobre la secuencia del crimen.

El equipo científico forense realizó el relevamiento, el registro fotográfico y el levantamiento del arma hallada: un revólver Taurus calibre .32 largo, con tres cartuchos intactos y tres vainas servidas en el tambor de seis alveolos.

Tras los procedimientos, ambos cuerpos fueron trasladados para la realización de la autopsia correspondiente. El procedimiento quedó programado para las 8 de la mañana de hoy en la Morgue Judicial de Reconquista, con intervención de la Brigada de Femicidio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género de Santa Fe (UFEVGSF), con intervención de los fiscales Valentín Hereñu y Sebastián Galeano.

A mediados de abril, un joven de 22 años mató a su novia, de la misma edad, de una puñalada en el cuello.Luego, Valentín Daniel Alcida dejó una carta de despedida en el departamento en el que convivía con Sophia Civarelli, fue hasta la casa de una amiga y se quitó la vida tras arrojarse desde la terraza del edificio, ubicado en pleno centro de Rosario.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

La historia llegó a los medios a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, en 3 de Febrero al 1100, en el centro de Rosario, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, Alcida había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos, en 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes, en el macrocentro. Acto seguido, le pasó el teléfono a su allegada para que siga hablando con la operadora y se precipitó desde altura, aproximadamente, un octavo piso.

Jésica Coria (44) sintió olor a gas durante días. Se lo dijo al dueño del departamento que alquilaba en la localidad bonaerense de Virreyes, en San Fernando, donde vivía con dos de sus tres hijos. El hombre le dijo que se iba a ocupar, pero no lo hizo. Días después, al encender la luz del baño, una acumulación de gas provocó una explosión que le causó quemaduras en el 60 % del cuerpo. Murió una semana más tarde.

El hecho ocurrió el viernes 27 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Málaga al 2400, a pocas cuadras de la avenida Avellaneda, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Tras el estallido, Jésica fue trasladada de urgencia al Hospital San Cayetano y luego derivada a la Clínica Santa Juana de Arco, en Ciudadela, donde permaneció internada en estado crítico. Finalmente, falleció el 3 de abril.

A un mes de su deceso, su familia organizó una marcha para pedir “justicia”. “Esto no puede quedar así. Este hombre no puede seguir libre y caminando por la calle mientras yo no tengo a mi hija”, le dice su madre, Antonia, a Infobae. “Hay ocho familias más viviendo ahí que también corren peligro”, agrega.

Jésica tenía 44 años y tres hijos de 22, 18 y 7. Era docente y trabajaba en tres instituciones educativas, entre ellas la Escuela de Educación Primaria N° 34 “Guayaquil” y el Colegio Santo Domingo Savio, donde se desempeñaba como acompañante. Además, estudiaba. “Se iba a cursar después de trabajar”, recuerda su mamá.

Aquel 27 de marzo, antes de entrar al baño, Jésica les pidió a sus hijos que se quedaran en la habitación. “Cuidá a tu hermano”, le dijo al mayor. Segundos después, cuando encendió la luz, se produjo la explosión y se prendió fuego.

“Se quemó toda”, resume su madre. Envuelta en llamas, salió al exterior como pudo y una vecina le tiró una sábana mojada para apagar el fuego. Luego la trasladaron al hospital.

Antonia se enteró de lo que pasó por otra de sus hijas. La mujer, que es paciente dializada y se moviliza en silla de ruedas desde que le amputaron una pierna, no llegó a despedirse de su hija. “Al día siguiente la intubaron y no recuperó la conciencia”, lamenta. Según Antonia, Jésica vivía hacía casi cinco años en ese complejo de departamentos precarios sobre la calle Málaga. “Son viviendas chicas, todas encimadas. Hacía rato que había pérdidas de gas”, aseguró a Infobae.

Tras su muerte, los familiares comenzaron a exigir justicia y apuntaron contra el propietario del lugar. Según contaron al portal San Fernando Nuestro, mientras la docente agonizaba, el dueño habría realizado modificaciones en la instalación para simular que el suministro de gas estaba cortado antes de la explosión.

El caso llegó a oídos de las autoridades municipales, aunque la familia asegura que todavía no hubo respuestas concretas. “Fui al municipio dos veces para que me reciba el intendente, pero no pasó. Queremos saber qué van a hacer”, reclama la madre de la docente.

Ahora, los familiares de la docente fallecida buscan que la causa avance y que se determine la responsabilidad del propietario. Para este lunes, convocaron a una marcha a las 18 en la intersección de Avellaneda y Málaga, en Virreyes. “Jésica no merecía morir de esta manera. Se fue sufriendo”, agregaron.

Y cerraron: “Hay más inquilinos. No es solo por Jésica, que hoy ya no está, sino por la gente que sigue viviendo ahí. Hay ocho familias más que también corren peligro. A mi hermana le apagaron la vida. Ya no está como hermana, como hija, como madre, como abuela, como tía. Ya no la tenemos. Lo único que pedimos es justicia. Justicia por Jésica Coria”.

Intervino el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Mentasty, y la Fiscalía Correccional de San Fernando, a cargo del fiscal Fuenzalida, que de momento está con licencia. La causa fue caratulada como estrago doloso seguido de muerte, un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

El detonante, según fuentes policiales, fue una disputa por un auto mal estacionado en una calle cortada. El agresor fue aprehendido en el lugar y permanece detenido.

Todo comenzó como una discusión entre Abel Emilio Barboza (60) y su vecino, identificado como Jorge M.B.. El motivo de la pelea habría sido el lugar que ocupaban los vehículos de uno de los implicados en la calle en la que viven. Según los vecinos, el conflicto escaló con rapidez y, antes del disparo, hubo violencia física.

Una de las vecinas que presenció el hecho relató a TN cómo se inició la pelea. “Fue por el estacionamiento del auto. Uno de ellos tiene un camión y le pidió que corriera el coche”, contó. Según su versión, en el marco de la discusión, uno de ellos sacó un arma blanca: “Creo que le clavó un machete. Primero en la mano y después en la espalda. Y el otro se metió a la casa, agarró un arma y le metió un tiro en el pecho”, declaró.

Otra vecina aportó más detalles. De acuerdo con su relato, su padre intervino para defender a la víctima. Tras el cruce inicial, dijo, Jorge M.B. se retiró al interior de su vivienda, abrió una ventana y desde allí efectuó el disparo: “El chabón después se metió a la casa a buscar el arma, abrió la ventana y ahí es cuando sacó el tiro”, describió.

Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni de la ciudad de Buenos Aires por su hijastro, Agustín, de 24 años. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin vida al centro de salud. El disparo había impactado a la altura del pecho, del lado derecho.

Tras el crimen, el joven hizo entrega del arma a la policía. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el hijastro de la víctima manifestó habérsela quitado a Jorge M.B. en el momento del hecho. El arma incautada fue identificada como un revólver marca GMC, calibre .22 largo, número de serie 23659.

La segunda vecina que habló con TN señaló que el vínculo entre las familias, hasta días antes del hecho, era cordial. “La familia le ofrecía comidas, le ofrecía fideos, arroz, o sea, le ofrecía alimentos a la familia de enfrente”, recordó, visiblemente afectada. Sin embargo, relató que ya existían roces previos por el uso del espacio en la calle cortada, pero subrayó que la situación podría haberse resuelto de otra manera: “Podés decirlo amablemente: ‘¿Sabés qué? Me molesta tu auto, ¿podés correrlo un toque?’”.

La primera vecina, por su parte, atribuyó el conflicto a la dinámica particular de ese tipo de pasajes: “Como es una calle cortada, uno se siente con más derecho de tener autos o de estacionar”, explicó.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9, a cargo de la doctora Andrea Palin, quien dispuso la detención del imputado y la realización de las pericias correspondientes.

Los ruidos en el techo encendieron la alarma. En plena madrugada del domingo, vecinos de un hotel ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 1300, en el barrio porteño de Constitución, advirtieron movimientos extraños sobre el edificio y dieron aviso a la Policía.

Según reconstruyeron fuentes del caso, dos hombres corrían por los techos mientras arrojaban distintos elementos hacia el interior del inmueble. En el mismo llamado al 911, los testigos aportaron un dato clave: en una de las habitaciones funcionaba un búnker de venta de drogas.

Con esa información, efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron al hotel. La escena con la que se encontraron confirmó parte de las sospechas iniciales. Los dos sospechosos habían irrumpido por la fuerza en una de las habitaciones y mantenían bajo amenaza, con un cuchillo, al inquilino del lugar.

De inmediato, los agentes lograron controlar la situación: redujeron a los agresores y los detuvieron en el lugar.

En paralelo, los policías inspeccionaron los sectores externos del edificio y recuperaron varios de los objetos que habían sido arrojados desde los techos. Entre ellos, hallaron cuatro envoltorios de nailon con clorhidrato de cocaína, una bolsa con marihuana y un cuchillo tipo carnicero, que sería el mismo utilizado para intimidar a la víctima.

La investigación avanzó con un allanamiento en la habitación señalada por los vecinos. Allí, los efectivos encontraron elementos vinculados al fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes: materiales de corte, cuatro dispositivos de cobro electrónico (posnets), otro cuchillo y un walkie talkie, entre otros objetos de interés.

Para los investigadores, estos indicios refuerzan la hipótesis de que el lugar funcionaba como un búnker de narcomenudeo en la zona.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, con la intervención del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán, quien imputó a los detenidos por los delitos de comercialización de estupefacientes, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

En función de la gravedad de los hechos y del riesgo procesal, el fiscal solicitó la prisión preventiva, que fue concedida por la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28.

De esta manera, ambos imputados continuarán detenidos mientras avanza la investigación, que quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes de la Ciudad (UFEIDE).

Un hombre de 46 años quedó detenido con prisión preventiva acusado de haber amenazado con un cuchillo a su pareja y de provocar de manera intencional un incendio en el departamento en el que vivían su esposa y su hija de un año y medio, en pleno centro porteño.

La decisión, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Capital Federal, llegó tras el pedido del fiscal que interviene en la causa y luego de que se confirmara que el agresor tenía antecedentes por violencia y uso de armas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de abril en un edificio ubicado sobre la calle Paraná al 400, en la intersección con la avenida Corrientes. Según la denuncia, fue la propia mujer quien llamó al 911 para alertar que su pareja la estaba amenazando con un cuchillo y que había iniciado un incendio en un departamento de séptimo piso.

Tras ese aviso, efectivos de la Policía y Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar y detuvieron al sospechoso, mientras se desplegaba un operativo de emergencia para evacuar el edificio, de 18 pisos. En ese contexto, la mujer y su hija fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Ramos Mejía por inhalación de monóxido de carbono.

Además de ellas, otras diez personas tuvieron que ser asistidas por el SAME en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, donde el auxiliar fiscal Ricardo Becu solicitó una serie de medidas urgentes y dispuso la intervención de la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos (OFAVyT), que brindó contención a la denunciante.

De acuerdo con el informe interdisciplinario, se pudo establecer que la mujer estaba inmersa en un contexto de violencia de género y doméstica, con un alto nivel de riesgo tanto para ella como para su hija.

En paralelo, se confirmó que el imputado, de nacionalidad peruana, contaba con antecedentes penales por hechos de violencia y uso de armas. Incluso, según trascendió, tenía una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva en una causa por homicidio simple.

Con esos elementos y ante la gravedad de lo ocurrido, el fiscal pidió la prisión preventiva del acusado, medida que fue otorgada este domingo por la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28.

La violencia de género en la Argentina sigue mostrando cifras alarmantes. Según un informe del Observatorio Nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), durante el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 72 femicidios en el país, lo que equivale a un crimen por motivos de género cada 40 horas.

A esos datos se suman 356 intentos de femicidio, lo que expone la persistencia de situaciones de alto riesgo para mujeres y disidencias. Otro dato relevante es que solo el 10 % de las víctimas había realizado una denuncia previa, un indicador que refleja las dificultades en el acceso a mecanismos de protección y prevención.

Fue un olor nauseabundo lo que alertó a los vecinos de la chacra 32-33 de Posadas, Misiones. La pestilencia se filtraba desde uno de los departamentos del edificio 43, donde vivía A.M., un hombre de 38 años, según informaron fuentes policiales.

Finalmente, cerca de las 22.30, una vecina decidió llamar al 911. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con un indicio inquietante: un líquido de color escarlata que comenzaba a filtrarse desde el departamento superior hacia la vivienda de la mujer.

En ese contexto, los efectivos intentaron comunicarse con el ocupante, pero no obtuvieron respuesta. También advirtieron que una de las ventanas del inmueble estaba abierta y que desde el interior emanaba un olor aún más intenso, lo que reforzó la sospecha de que algo grave había ocurrido.

Ante ese escenario, tomó intervención el Juzgado de Instrucción N° 3 de Posadas, que autorizó el ingreso por la fuerza. Una vez dentro, los policías confirmaron el peor desenlace: el cuerpo de A.M. fue hallado en avanzado estado de descomposición.

En el procedimiento trabajaron peritos de la Policía Científica, junto al médico policial y efectivos de Bomberos. Tras las primeras pericias en el lugar, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá determinar las causas de la muerte.

Por el momento, y de acuerdo con los medios locales, la investigación busca determinar si se trató de un fallecimiento por causas naturales, un accidente doméstico o si existió intervención de terceros. La respuesta definitiva quedará en manos de los resultados forenses.

A unos 80 kilómetros de allí, en la localidad de Alem, también en Misiones, otro episodio reciente volvió a poner en alerta a los vecinos. Un nene de 11 años fue brutalmente atacado por un perro cuando regresaba a su casa y debió ser hospitalizado por la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió cuando el menor llegó a su vivienda y fue sorprendido por el animal —una cruza de rottweiler con labrador que deambulaba suelto por la zona— que lo atacó repentinamente. Según reconstruyó su madre, el perro lo mordió en distintas partes del cuerpo hasta que logró escapar. “Había sangre por todos lados”, relató la mujer tras el ataque.

El chico sufrió lesiones en el brazo, la pierna y el abdomen, con cortes que requirieron suturas, y fue derivado a Posadas para una mejor atención. Aunque ya recibió el alta, quedó con secuelas físicas y emocionales, mientras la familia denunció que el animal seguía suelto en el barrio tras el episodio.

De momento, la familia del menor espera que las autoridades provinciales o los dueños del animal tomen acciones para volver a sentirse seguros. “Vivimos presos. Le dije a mi hijo de salir y me pregunta si se llevaron al perro. Le dije que no, pero que esperemos un día más a ver si podés salir. Yo lo quiero sacar al patio, pero sigue con su temor; él quiere que le confirme que el perro no está y yo no le voy a mentir”, sostuvo la mujer.

Una madre de 32 años y su bebé de un año murieron este viernes en un accidente sobre la ruta nacional 146, en el ingreso a San Luis, cuando se dirigían a la Festividad del Santo Cristo de la Quebrada. Ambas viajaban en una camioneta particular, que era conducida por la pareja y padre de la pequeña. El hombre sobrevivió, pero permanece hospitalizado.

Las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enríquez, una cabo de la Policía Federal, y su hija Mia Nahiara Núñez Enríquez. Las dos eran oriundas de San Rafael, provincia de Mendoza, y murieron en el acto producto del impacto. Asimismo, trascendió que la oficial se encontraba de licencia y prestaba servicios en Buenos Aires.

Según la reconstrucción de los hechos, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley, cuando la Citroën Berlingo chocó de frente contra un camión Mercedes Benz con semirremolque. Aparentemente, la camioneta familiar circulaba en sentido contrario al momento de producirse el choque de frente.

De acuerdo con la información publicada por El Once, el conductor de la camioneta era el esposo y padre de la bebé, que resultó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de San Luis. Desde ese momento, el hombre, de 35 años, permanece internado con politraumatismos, pero se encontraría fuera de peligro.

Respecto a los pasajeros del camión, fuentes policiales confirmaron al medio Info YA!, que se trataban de dos personas. Por un lado, el conductor del camión, un hombre de 53 años, y su acompañante, una mujer de 45 años, resultaron ilesos. Asimismo, se conoció que habían partido desde Santa Fe con destino a San Rafael.

Por otro lado, se conoció que las víctimas y el hombre herido viajaban hacia Villa de la Quebrada para participar en la Festividad del Santo Cristo de la Quebrada, considerada el evento religioso más grande de San Luis. Este año, el comienzo de la celebración se llevó a cabo entre la noche del jueves 30 de abril y la madrugada del viernes 1 de mayo.

De acuerdo con Agencia de Noticias San Luis (ANSL), la partida se podía realizar desde dos puntos: la Plaza Virgen Desatanudos (Puente Favaloro), ubicada en la capital puntana, y la Parroquia María Santísima Reina de la Paz, desde la ciudad de La Punta.

Cada año, miles de fieles emprenden el camino hacia la Villa de la Quebrada para venerar al Santo Cristo de la Quebrada, en una manifestación de fe que constituye uno de los principales atractivos de turismo religioso en la provincia de San Luis. La peregrinación, profundamente arraigada en la identidad regional, convoca a comunidades y grupos parroquiales que organizan caminatas y actividades de recogimiento, promoviendo una experiencia colectiva de encuentro y oración.

Las caminatas nocturnas se desarrollan en un ambiente de recogimiento y reflexión grupal. Por este motivo, los organizadores recomendaron llevar ropa cómoda y abrigo debido a las bajas temperaturas nocturnas, calzado adecuado para largas distancias, agua para hidratación, alimentos livianos como frutas y elementos básicos de primeros auxilios. Además, se estableció como requisito tener más de 18 años para participar en estas peregrinaciones organizadas.

Participar de la peregrinación al Cristo de la Quebrada implica recorrer varios kilómetros durante la noche, compartir el esfuerzo y llegar al santuario, en una vivencia que combina fe, sacrificio y encuentro. Esta práctica responde a una tradición que involucra a familias, grupos de jóvenes y promesantes de diversos puntos del país.

No obstante, más allá de lo religioso, el evento tiene un impacto cultural y económico considerable. La afluencia masiva de peregrinos convierte a la Villa de la Quebrada en epicentro del turismo religioso, dinamizando la actividad local y revalorizando el patrimonio cultural regional.

El robo inicial se produjo en una farmacia ubicada en Carlos Pellegrini al 400, donde los acusados sustrajeron mercadería antes de escapar en un vehículo. Una vez recibida la denuncia, personal de la Comisaría Vecinal 1ª localizó e interceptó el automóvil sobre Carlos Pellegrini y Avenida Del Libertador, a pocas cuadras del sitio del primer hecho. Los tres fueron encontrados en posesión de perfumes, potes de crema para el cabello y una mochila donde ocultaban los productos robados.

Tras realizar la aprehensión, los agentes verificaron que la banda había actuado momentos antes en otra sucursal de la misma cadena, ubicada en Yrigoyen al 900, donde emplearon la misma modalidad para apoderarse de mercadería. Según la investigación inicial, este grupo integraría una organización dedicada a robos sistemáticos en locales comerciales de la Ciudad, un patrón observado en recientes operativos de campo.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, bajo la titularidad de Manuel Bruniard, dispuso la intervención inmediata para determinar la posible vinculación de los involucrados con otros hechos perpetrados bajo similares características en el corredor comercial porteño. Los procedimientos incluyeron la recuperación de los elementos sustraídos y su restitución a la firma damnificada.

Los tres sospechosos quedaron a disposición judicial para la continuidad de las actuaciones y eventuales cargos adicionales conforme avance la investigación.

A comienzos del mes pasado, la Policía de la Ciudad logró desarticular una banda delictiva compuesta por tres ciudadanos chilenos acusados de robos bajo la modalidad de “escruche” (robos cometidos en ausencia de moradores). La operación fue resultado de una investigación iniciada tras un asalto ocurrido la madrugada del 17 de febrero de 2026 en una empresa de alimentos situada en la calle José Martí, en Villa Soldati. La causa recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, que encomendó la pesquisa a la División Robos y Hurtos.

A partir del robo, los investigadores desplegaron un trabajo exhaustivo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y ciberpatrullaje. Gracias a estas herramientas, se reconstruyeron los movimientos de los sospechosos antes y después del hecho. Así, lograron identificar a los tres presuntos autores, determinar los domicilios que frecuentaban y el vehículo utilizado, un Peugeot 408 que fue visto cerca de la fábrica antes de un corte de luz, lo que reforzó la hipótesis de un golpe planificado.

Durante la investigación, se detectaron además conversaciones que apuntaban a la organización de futuros delitos, lo que aceleró las acciones policiales para evitar nuevos hechos. Ante el cúmulo de pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 ordenó dos allanamientos en el barrio de San Nicolás. El primero se realizó en un edificio de la calle Lavalle al 1700, donde se detuvo a dos sospechosos en la vía pública y al tercero en un departamento del noveno piso. En el lugar se secuestraron el vehículo usado en el robo, teléfonos celulares, herramientas para forzar accesos, guantes, prendas vinculadas al delito, dispositivos electrónicos tipo handy (utilizados como inhibidores de señal), pasaportes de los detenidos y otros objetos de interés.

El segundo allanamiento fue en un local comercial de la calle Paraná al 400, pero no se hallaron elementos vinculados al robo. Sin embargo, se entrevistó al responsable del local para descartar nexos con los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Benjamín Contrera Ríos, de 36 años; Sergio Antonio Espina Queupo, de 34; y Carlos Antonio Torres Fuente Alba, de 40, todos de nacionalidad chilena. Uno de ellos tenía una alerta verde de Interpol, lo que implicaba seguimiento internacional previo. Tras su detención, quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia.

La investigación contó con la participación de diversas áreas especializadas, como Ciberpatrullaje, Video Judicial, Enlace Interpol, Innovaciones Tecnológicas Especiales y Patrones Delictuales. La colaboración de estos equipos permitió reunir prueba clave para avanzar en el caso. Las autoridades consideran que el hecho quedó esclarecido y no descartan que la banda esté vinculada a otros robos similares en la Ciudad de Buenos Aires.

Dos siniestros viales ocurridos en las últimas horas en el sudeste de la provincia de Córdoba dejaron como saldo dos hombres muertos, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primero de los episodios se registró durante la noche del sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh, en el departamento Marcos Juárez. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y bomberos voluntarios tras ser alertados por un siniestro vial de consideración.

Por causas que aún no fueron establecidas, un automóvil Ford Ka conducido por un hombre de 89 años colisionó con un camión con acoplado marca Scania 111, conducido por un chofer de 34 años. El impacto motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia, que procedieron a asistir a los involucrados.

El conductor del vehículo de menor porte fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital local por personal de bomberos voluntarios. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento minutos después de su ingreso al centro de salud. En tanto, el camionero no presentó lesiones de gravedad.

Las autoridades trabajan en la recolección de peritajes y testimonios para determinar la mecánica del accidente.

En un hecho separado pero de similares características, otro hombre perdió la vida en la localidad de Canals durante la madrugada de este domingo

El siniestro ocurrió en la intersección de la ruta provincial N° 3 y la calle San Juan, donde personal policial y un servicio de emergencias médicas acudieron tras recibir un llamado alertando sobre un choque.

Al arribar al lugar, constataron el deceso de un automovilista cuya identidad aún no había sido confirmada al cierre de esta edición. Según las primeras informaciones, la víctima se desplazaba en un automóvil Ford Ka y, por motivos que se investigan, impactó contra un camión marca Fiat 619 N1 que se encontraba estacionado sobre la calzada.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del conductor del auto, sin que los equipos médicos pudieran hacer nada para salvarlo.

Choque, incendio y muerte en la autopista Córdoba-Rosario

Este sábado por la mañana, un choque fatal se produjo en la autopista Córdoba–Rosario, donde una colisión entre dos camiones derivó en un incendio y la muerte de uno de los conductores.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 660, en sentido hacia Córdoba y en cercanías de la ciudad de Pilar, donde dos camiones colisionaron por alcance.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, quienes lograron sofocar un incendio originado en la cabina de un camión marca Mercedes-Benz.

En ese vehículo, que transportaba gas licuado, se constató la muerte de su conductor, cuya identidad aún no fue establecida. En tanto, en el otro camión, un Iveco, viajaba un hombre de 37 años que fue asistido en el lugar.

A Gianinna Maradona la muerte de su papá la atraviesa profundamente. Lo extraña todos los días, lo va a visitar al cementerio y hasta le pide señales para sentirlo cerca. Por un tiempo, la tristeza la invadió tanto que creyó que no iba a poder seguir sin él y buscó ayuda profesional. Hoy, a cinco años del fallecimiento de quien fue el máximo ídolo del fútbol argentino, dice que aprendió a convivir con el dolor de su ausencia y a aferrarse a los buenos recuerdos. Y lo hace con una certeza: Diego en realidad no se fue, sigue acá.

“Se me presenta en un montón de distintas situaciones. Yo tengo señales suyas a través de canciones. Le pido eso: pongo la radio y le digo, ‘bueno, ahora necesito que vos me des una señal’ y lo hace", compartió la hija del Diez en una entrevista con Infobae y otros medios.

Los mensajes que recibe son claros y oportunos. Le llegan cuando está “sobrepasada por un montón de situaciones”, asegura. Como le pasó hace poco, cuando estaba triste y repentinamente se le trabó la radio con una frase que le decía que la vida continuaba y que iba a estar todo bien.

“Iba manejando y le dije (a su papá) ‘che, ya está, no puedo más, de verdad’. Y estaba escuchando la radio y me repitió una frase veinte veces. La radio se tildó con una canción. Me tuve que frenar porque me puse a llorar. Lo grabé porque no me pasó nunca en la vida que una radio se tilde siempre con la misma frase. Era una canción de Los Piojos, espectacular“, recordó sobre ese día.

Más allá de sus estrategias para atravesar la pérdida, hay un hecho que no la deja soltar el doloroso recuerdo de cómo Diego Maradona llegó a su triste final. Y tiene que ver con que su relato sobre esos días es fundamental para el juicio que se desarrolla actualmente en los tribunales de San Isidro, donde hay siete trabajadores de la salud acusados de descuidar al ex DT y llevarlo a su muerte.

En este contexto, el duelo se vuelve para ella un desafío aún más lento, pesado y doloroso. “Uno nunca está preparado para atravesar estas cosas, más con lo que pasamos el año pasado. Yo me sentí un poco más segura cuando me senté a declarar esta vez, porque ya sabía, más o menos, cómo era el manejo, pero uno nunca está preparado”, contó Gianinna, que fue hasta ahora la única de los hijos del Diez en testificar.

Sobre el impacto emocional de ver a los imputados, agregó: “La tristeza es absoluta. Hay algo que, aunque nosotros exijamos justicia por mi papá, él no va volver. Y eso es lo que más nos atraviesa, tanto a Dalma como a mí, como a mis hermanos. Es una tristeza absoluta tener que ir ahí, enfrentarse con esa gente, compartir un mismo lugar. La verdad que se te mueven un montón de cosas y se practica mucho la paciencia y el respeto, sobre todo".

Cuando le preguntan cómo se pudo haber evitado la muerte de Maradona, ella es contundente. “Prestándole atención. Haciendo cada uno su trabajo, básicamente, ese final se podía haber evitado. La responsabilidad, más en la salud, era de ellos. Tenían que tomarle los signos vitales a mi papá, algo muy sencillo”. Y subrayó: “Yo no soy médica, soy diseñadora, pero si no sé usar una máquina, no la voy a usar”.

En el juicio están acusados por homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. “Ahora que estamos atravesando este juicio, yo le tengo que mirar a la cara gente que desearía no ver nunca en mi vida, desearía no haber conocido directamente”, aseveró.

Gianinna se refirió puntualmente a Luque, quien —según la familia— se presentaba públicamente como el médico de cabecera de Diego. En este debate oral, él adoptó una nueva estrategia defensiva que consiste en declarar en casi todas las audiencias y dar su versión. El motivo: es su última chance para evitar ir entre 8 y 25 años a la cárcel.

“Él era la voz cantante, era su médico de cabecera. Para los medios, él lo había operado, aunque nosotros sabíamos que no. Hoy, cuando tiene que asumir esa responsabilidad, no puede hacerlo porque sabe lo que se le viene”, dijo. Sobre su defensa, sumó: “Más allá de que hoy quiera sentarse a declarar y poner esos PowerPoint, te tendrías que haber retirado en ese momento si era muchísimo para vos (por Luque). Hoy quiere ponerse en un lugar donde no le corresponde. No hizo su trabajo”.

También habló sobre el intento de los imputados de responsabilizar a la familia. “Nos quieren responsabilizar a nosotros, pero es imposible. No le cabe en la cabeza a nadie. A mí la muerte de mi papá me sigue afectando, es un dolor que, como me dice mi terapeuta, es intransferible y es difícil de poner en palabras. Ellos me quieren responsabilizar tanto a mí como a mis hermanos. Eso me dio más fuerzas para sentarme ahí y declarar. Quiero expresar todo lo que sé y quiero mostrar todo lo que tengo en mi teléfono, porque yo sé que esto es así, fue de esta manera y punto".

“Como dije el otro día, no se puede tapar el sol con la mano. Si hoy quieren defenderse responsabilizando a otros, bueno, no. Cada uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma y de las consecuencias que llevan esas decisiones", aseveró.

Y continuó sobre los acusados: “Ellos tenían miedo, porque los audios están. Dicen ‘¿cómo me cubro legalmente?’. Le querían echar la culpa a mi papá. Hay audios que son escalofriantes, más allá que estén fuera de contexto o lo que sea. Yo cada vez que cambio el teléfono o algo rezo que no se me borre WhatsApp, porque yo tengo las conversaciones ahí“.

“Había un plan”

Sobre la muerte de Maradona, Gianinna asegura que fue consecuencia de “un plan que se les fue de las manos” a los imputados y que era dirigido por más personas. Para ella, la idea era tener la vida de Diego en su poder, manejarla.

“Él venía hace un tiempo muy mal y yo venía diciéndolo, Dalma también. Cuando se habla de su entorno, más allá de que le cambiaban cada cinco días o una semana los números de teléfono y no se podía hablar con él, él tenía problemas con el alcohol. Tomaba dos copas de vino y se ponía en pedo, más que lo mezclaba con las pastillas, y era un detonante para cualquier persona. Las pastillas psiquiátricas, las pastillas para dormir y el alcohol no van de la mano, y eso sucedía”, relató sobre los meses previos al fallecimiento.

Sobre la internación domiciliaria donde el Diez pasó sus últimos 15 días, Gianinna afirmó que Luque y Cosachov los convencieron de que era la mejor opción y aseguró que Diego no se iba a querer internar en un neuropsiquiátrico porque “para una persona que tiene problemas de cualquier adicción es muy duro”. Pero también, analiza hoy, a su entorno no le servía que estuviera ahí aislado porque no iban a poder “hacer negocios con él”.

También afirmó que para la internación domiciliaria le habían prometido aparatología y una casa acorde a las necesidades del Diez, que no hubo. “Si mi papá no hubiese necesitado enfermeros, me hubiese quedado yo con él a dormir. Pero yo hay cosas que no sé. Lo único que sí se, que es lo que yo vi, es que él estaba hinchado y avisé y me explicaron que era normal, que era por estar acostado”.

“No me entra en la cabeza lo que hicieron. Sé que había un plan, seguramente había un plan, y alguien lo dirigía. Que se les fue de las manos, también se le fue de las manos”, concluyó.

A tres días del asesinato que conmocionó a La Plata, la investigación por el crimen de Paula Lastiris (47) en un cotillón de la calle 37 entre 9 y 10 avanza con nuevos elementos que complejizan el caso y abren interrogantes sobre el móvil del ataque. Luego de que se descartara el móvil económico, las autoridades evaluarían si se habría tratado de un femicidio.

Mientras la Fiscalía N° 17, encabezada por María Eugenia Di Lorenzo, intensifica las medidas para esclarecer los hechos, el principal acusado, identificado como L.O.A., de 49 años, permanece detenido sin haber declarado ante la justicia. No obstante, en las últimas horas surgió una línea investigativa producto de la relación que habrían mantenido la víctima y el sospechoso.

A partir de las declaraciones recabadas en el expediente, los investigadores indicaron que estos refirieron a una relación tensa por el alquiler del local donde funcionaba el cotillón. Sin embargo, la aparición de una serie de episodios de malos tratos hacia Lastiris estaría bajo análisis.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, no se revelaron elementos que expliquen de manera concluyente el motivo del ataque, lo que mantiene el caso en una etapa clave para la definición de la acusación.

En paralelo, las autoridades judiciales confirmaron que la hipótesis de un conflicto económico fue descartada tras corroborar que la víctima y su pareja mantenían el alquiler al día. Incluso, verificaron que el propietario del inmueble no se había presentado a cobrar el pago correspondiente a abril.

Como parte de los nuevos elementos que se sumaron al expediente, indicaron que la familia de Lastiris aportó documentación que certificó la regularidad de los pagos, eliminando así de forma definitiva este posible móvil, que había sido señalado en las primeras horas de la investigación.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio, pero la fiscal no descartaría avanzar con el cambio de calificación a femicidio. Este cambio de figura penal implicaría una agravante significativa y la pena de prisión perpetua en caso de condena. Sin embargo, esto dependerá de la valoración que pudiera realizar el Juzgado de Garantías.

De igual forma, aún estarían pendientes los resultados del informe final de la autopsia, que precisará la mecánica de las heridas sufridas por la víctima, y diversas pericias psicológicas y psiquiátricas que fueron practicadas al acusado.

Los detalles del caso

Lastiris fue asesinada de un disparo la tarde del miércoles. Pese a que llegó a ser trasladada hacia el Hospital San Martín, su estado era crítico y murió horas después debido a la herida sufrida. El presunto autor del disparo fue localizado y detenido a pocas cuadras del lugar.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, un hombre ingresó al comercio y disparó contra la mujer que atendía el local. Tras el llamado al 911, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudieron al sitio y, con datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo cerrojo.

La policía, asistida por motos del Escuadrón Motorizado, los efectivos de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU), localizó al sospechoso en calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras del lugar del crimen.

Al momento de la aprehensión, se le secuestró un revólver, presuntamente utilizado en el ataque. El detenido fue identificado y quedó alojado en una dependencia policial. En el lugar del hecho se presentó Walter, quien se identificó como esposo de la víctima.

Finalmente, el juez de Garantías Pablo Nicolás Raele avaló el pedido de la fiscal y convirtió la aprehensión en detención formal. Al momento de la indagatoria, L.O.A. se abstuvo de declarar por consejo de su defensor.

La Policía de Neuquén mantiene una búsqueda intensiva en Rincón de los Sauces tras la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, de 4 meses. Ambos fueron vistos por última vez el viernes 1 de mayo en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido. Las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos de la zona y continúan recolectando testimonios de vecinos para reconstruir los últimos movimientos de la madre y el niño. Tras la desaparición, activaron la Alerta Nati, mecanismo local para desapariciones de menores.

En la ficha oficial, se describe a Camila para facilitar su identificación: la joven mide 1,60 metros de estatura, tiene tez blanca, ojos oscuros, cabello castaño claro y contextura robusta. Al momento de su desaparición, no se pudo precisar la vestimenta que llevaba puesta, lo que dificulta aún más la tarea de búsqueda. Por otro lado, se detalló que la madre se encontraba junto a su hijo, Carlos Amir, un bebé de 4 meses que posee ojos marrones, cabello rubio corto y tez blanca. Hasta el momento no se cuenta con información adicional sobre más características físicas.

La Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 y la Fiscalía Única local se sumaron a la investigación, de acuerdo con el medio LM Neuquén. Las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad y pusieron a disposición la línea telefónica (299) 4210369, habilitada por la policía neuquina para recibir cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Camila y su hijo. La participación ciudadana es considerada clave para avanzar en la investigación y poder dar con el paradero de los desaparecidos.

La Alerta Nati

La puesta en marcha de la Alerta Nati responde a un antecedente que marcó a la provincia: la desaparición de Natalia Ciccioli el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. En ese año, era obligatorio esperar 48 horas para formalizar la denuncia de una persona desaparecida, una demora que motivó la movilización espontánea de la comunidad cordillerana y terminó impulsando la promulgación de la legislación específica.

La alerta exige la difusión urgente de la imagen y los datos del menor desaparecido para ampliar la colaboración a través de medios tradicionales y digitales, informó la policía neuquina. De esa manera, estipula un procedimiento claro: una vez recibido el aviso de desaparición, la autoridad policial activa la alerta, que debe incluir un sonido distintivo y la frase “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”, con la finalidad de captar la atención inmediata de la audiencia.

La normativa exige además que, para activar la alerta, la persona desaparecida sea menor de 18 años, esté en situación de riesgo físico grave y que haya información suficiente para facilitar su búsqueda. Desde su promulgación en 2010, la herramienta ha sido clave en la respuesta coordinada ante reportes de menores desaparecidos, según los términos especificados por la Policía del Neuquén y citados por LMNeuquén.

Desde el domingo 3 de mayo de 2026, la prioridad de las fuerzas de seguridad y la comunidad local está centrada en hallar a la joven y a su hijo ilesos y en canalizar a través de la Alerta Nati toda la información relevante que pueda surgir. La desaparición de Camila Montesino y su hijo se suma a una serie de casos de desaparición de menores que inquieta a la comunidad.

El protocolo también se activó hace pocas semanas cuando una una adolescente de 15 años, identificada como Jennifer Ludmila Parra, fue reportada como desaparecida en la ciudad de Neuquén. La denuncia se realizó en la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén Norte.

El reporte de la Policía de la provincia describe a Jennifer para mejor identificación: mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos oscuros y cabello castaño. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean, remera blanca y zapatillas negras. Las autoridades solicitan a la comunidad aportar cualquier dato que ayude a ubicarla.

En medio de un episodio de abuso infantil, la provincia de Chaco se encuentra conmocionada. El domingo 26 de abril, la niña de 12 años dio a luz en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando”. En los siguientes días, el caso siguió avanzando y las investigaciones permitieron identificar a un hombre del entorno familiar a la mamá de la víctima, quienes fueron detenidos.

El caso trascendió al ojo público cuando la menor ingresó al centro de salud con dolores abdominales y los médicos detectaron el embarazo, lo que activó el protocolo de protección infantil. Aunque aún se desconoce el vínculo entre los adultos, el Equipo Fiscal N°6 informó que en menos de una semana se logró esclarecer la situación gracias a un trabajo conjunto.

La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal, y la investigación apunta a que el acusado sería parte del entorno cercano de la niña. El principal sospechoso, un hombre de 44 años, quedó arrestado luego de que la víctima presentara una denuncia.

La directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, explicó a Diario Chaco que la paciente no contaba con controles prenatales y presentaba signos de sufrimiento fetal, por lo que el equipo médico intervino de inmediato y resolvió practicar una cesárea de urgencia. Además detalló: “Teniamos que asegurar el resguardo de los dos menores y evaluar el contexto”.

Ante la sospecha de un delito, el personal de salud realizó la denuncia correspondiente, cumpliendo el protocolo vigente para menores embarazadas. La legislación argentina considera que toda niña embarazada menor de 14 años es presunta víctima de abuso, lo que obliga a la intervención judicial automática.

La fiscalía también ordenó la detención de la madre de la menor, bajo la figura de encubrimiento agravado. Mientras la causa avanza, la niña permanece internada bajo atención médica y resguardo de los organismos de protección de la infancia, que siguen de cerca su estado de salud y bienestar. Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de los implicados.

Otro caso de abuso infantil

El caso guarda similitudes con otro episodio reciente, donde una niña de 12 años de Monte Quemado, Santiago del Estero, fue trasladada a una clínica de Villa Ballester, Buenos Aires, con un embarazo avanzado producto de abuso sexual. En ese caso, la intervención incluyó el allanamiento de la clínica Santa María y la apertura de una investigación federal por posible trata de personas, tras hallarse varios restos fetales en el lugar.

Existen dos sospechosos prófugos, identificados tras la denuncia, actualmente con pedido de captura, y la intervención de un familiar de la menor que fue clave para romper el silencio y poner en marcha la causa penal.

El abordaje judicial incluye peritajes de ADN necesarios para determinar si los fetos recuperados en la clínica corresponden al embarazo de la menor y para comprobar posibles lazos genéticos con sus abusadores, determinación que será decisiva para la imputación. La investigación reveló que la madre de la menor afirmó, ante funcionarios judiciales, desconocer si el bebé llegó a nacer con vida.

La justicia federal, en ese caso, abrió una investigación por posible trata de personas luego del hallazgo de restos fetales en la clínica. El proceso judicial involucra a un juzgado federal y dos fiscalías, con acciones coordinadas entre el Juzgado Federal de San Martín, encabezado por el juez Nicolás Schiavo, y el juez federal Juan Manuel Culotta, quien investiga la hipótesis de que el aborto no fue consumado en condiciones estándar, sino que el niño podría haber nacido vivo y haber sido entregado a terceros, apuntando a una posible red de trata de personas.

El próximo martes 5 de mayo se cumplirá un mes del crimen de Ángel López, el nene de 4 años que fue asesinado a golpes en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Por el caso, se encuentran detenidos su madre biológica Mariela Altamirano y su padrastro Michel González, pero la familia paterna empapeló la ciudad para pedir que la causa avance con mayor celeridad.

Este fin de semana, cientos carteles con la cara del pequeño y los presuntos responsables de haberlo golpeado hasta la muerte aparecieron en el centro de la ciudad chubutense. En ellos, los familiares de la víctima no solo reclamaban por justicia, sino que convocaban a realizar una marcha multitudinaria.

Los afiches difundidos por la familia también exhibieron las caras de los funcionarios que avalaron la revinculación del niño con su madre, decisión que es cuestionada por los allegados paternos. En línea con esto, exigieron cadena perpetua para los responsables y para quienes permitieron que quedara bajo el cuidado de Altamirano.

“Por mi hermanito Ángel… los esperamos en la marcha con globos, velas y carteles, para que su voz siga viva en cada uno de nosotros", compartió en redes sociales Lara Millán, la hijastra del padre de Ángel, tras comunicar que la movilización se realizará el martes a las 20:00 horas en la Escuela N° 83, ubicada en la Avenida Rivadavia 745.

En otra publicación, la joven manifestó: “Lo hacemos con el corazón en la mano, con dolor y con amor, porque duele su ausencia y duele el silencio”. Y reiteró: “No podemos quedarnos quietos, necesitamos que nos ayuden a alzar la voz por nuestro Angelito”.

Cómo continúa la investigación por el crimen de Ángel López

En las últimas semanas, no hubo avances oficiales en la causa que investiga en qué circunstancias murió Ángel López. La más reciente actualización data del 15 de abril, cuando la madre del pequeño fue trasladada hacia el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, tras ser imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La medida fue ordenada poco después de que dispusieran que tanto ella como su pareja debían cumplir con una prisión preventiva de seis meses. Al no haber cupo en el centro de detención de la zona, la mujer tuvo que ser trasladada hacia la ciudad vecina. No obstante, González continuaría detenido en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

Durante la audiencia de imputación, el juez Alejandro Soñis consideró que había elementos suficientes para que ambos quedaran acusados como principales sospechosos del crimen. Asimismo, planteó un eventual riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, que derivó en que se extendiera el plazo de las detenciones.

Según los resultados de la autopsia a la que tuvo acceso Infobae, Ángel sufrió al menos 21 hematomas a nivel del cuero cabelludo y subgaleales, una hemorragia subaracnoidea cerebral y un edema cerebral difuso con herniación cerebral secundaria. Estos hallazgos fueron determinantes para que el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria Diana Florencia Guzmán solicitaran los arrestos.

Las lesiones corresponderían al “síndrome del sacudón”, un tipo de maltrato físico donde el cerebro del nene impacta repetidamente contra el cráneo al ser sacudido violentamente. Este mecanismo puede causar hemorragias, daño neuronal irreversible y la muerte. No obstante, los forenses aguardan estudios complementarios, en particular de la retina, para consolidar el diagnóstico.

El informe forense, firmado por Natalia Gómez, también documentó tres lesiones de vieja data no relacionadas con la muerte. Entre ellas, cicatrices en la zona frontal derecha, dorsal del tórax y submandibular derecha. Además, se consignaron lesiones atribuibles a maniobras médicas durante la reanimación que le realizaron el día de su muerte.

Durante la hospitalización, una tomografía axial computarizada evidenció la presencia de un edema cerebral difuso y herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas, correlacionados luego con la autopsia. Los especialistas explicaron que estas herniaciones, consecuencia de traumatismos múltiples, hipoxia o infecciones, provocaron la compresión de estructuras vitales en la base del cráneo, resultando en paro respiratorio, paro cardíaco y daño cerebral irreversible.

Actualmente, la causa mantiene la carátula de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, a partir de los resultados forenses y testimonios recogidos, que describieron episodios previos de violencia. Además, se incluyó una denuncia de la querella, que representa al padre biológico, Luis Armando López, sobre un intento de los acusados de incinerar prendas del niño para ocultar pruebas.

Luego de que una mujer de 30 años fuera hallada sin vida este jueves por la mañana a la vera de un camino rural en San Antonio de Litín, en el departamento Unión, la Justicia de Córdoba continúa con la investigación sobre las circunstancias en las que perdió la vida.

El cuerpo fue encontrado tras un aviso a la Policía y, al llegar, los efectivos junto a un servicio de emergencias constataron la muerte de la víctima. Horas más tarde, se constató que se trataba de Estefanía Isabel Villamea, quien era oriunda de la localidad de Oliva y madre de un nene de 5 años.

Según se informó, Villamea tenía la rutina de caminar cada mañana por ese sector rural. En este contexto, el fiscal de Instrucción Nicolás Gambini declaró en el medio local Villa María Vivo que la principal hipótesis de la investigación es que habría sido víctima de un accidente.

“Todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola, una fumigadora tipo mosquito”, explicó el investigador, pese a que no se descartarían otras líneas investigativas. No obstante, destacaron que la presencia de niebla en el momento del suceso podría haber sido un factor relevante.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la policía habría logrado identificar al conductor de la máquina agrícola presuntamente involucrada. Sin embargo, todavía estarían bajo análisis las circunstancias que llevaron a que el conductor continuara la marcha tras el impacto.

Al unir estos puntos, el fiscal brindó una aproximación de lo que podría haber ocurrido la mañana en la que murió Estefanía. En línea con esto, indicaron que habría sido atropellada por una fumigadora agrícola durante una caminata matutina, en condiciones de escasa visibilidad por niebla, y el conductor habría seguido su trayecto sin advertir lo sucedido.

A pesar de esto, remarcaron que la causa permanece en etapa de recolección de pruebas. Por este motivo, señalaron que los resultados de la autopsia serán determinantes para precisar las circunstancias de la muerte y confirmar si la hipótesis del accidente con maquinaria agrícola puede sostenerse en el tiempo.

Una adolescente de 13 años murió después de que chocara contra un camión mientras andaba en bici

Una adolescente de 13 años murió este jueves tras un choque entre un camión y una bicicleta en la localidad de Bell Ville, provincia de Córdoba. El siniestro se produjo en la intersección de bulevar Figueroa Alcorta y Vélez Sarsfield durante las primeras horas de la mañana.

Según informó El Doce.tv, el vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 28 años. Por motivos que aún se investigan, el rodado impactó contra la bicicleta que manejaba la menor. Aparentemente, el accidente ocurrió mientras el camión permanecía detenido ante el semáforo, a la espera de la luz verde, pero se trataría de un dato que las autoridades aún no ratificaron.

Tras la colisión, el personal de emergencias asistió a la víctima en el lugar y la trasladó de urgencia al hospital local, donde los médicos constataron su muerte. Poco después, se confirmó que la joven no logró sobrevivir a las lesiones ocasionadas por el impacto, pese a la intervención médica inmediata.

Las fuerzas de seguridad iniciaron tareas de reconstrucción para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Por este motivo, los trabajos periciales en la zona estuvieron a cargo del Suboficial Principal Granda y el Sargento Primero Agreti, quienes aseguraron el perímetro para permitir las labores relacionadas con la investigación.

De la misma manera, el operativo contó con la supervisión del Oficial Principal Alfonso Lucas y los efectivos del Puesto Bell Ville, según detalló Vía País. Hasta el momento, las autoridades buscarían determinar cómo se produjo el accidente y si existieron otros factores adicionales que hubieran contribuido a la muerte de la joven.

Luego de casi dos meses de fuga, Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El Loco”, fue recapturado este sábado en Trelew tras un operativo realizado por la policía provincial, según confirmó Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad. Cárdenas cumplía una condena de 15 años de prisión por homicidio y se encontraba prófugo desde el 15 de marzo, cuando escapó de una sesión de terapia en una clínica.

El operativo de búsqueda, llevada a cabo por la Dividión Policial de Investigaciones, se desarrolló en el marco de una investigación por robos agravados. La recaptura ocurrió en una vivienda del barrio Menfa, donde el convicto visitaba a su pareja, Karen Campuzano, también condenada por homicidio en 2018.

Según explicó Iturrioz a ElDoce.tv: “Fue un hecho planificado. Los vehículos en que intentó fugarse habían sido adquiridos para esa tarea. Contaban con recursos logísticos y con dinero, que esto es lo que nos preocupa porque hay gente que no trabaja en su vida y está construyendo mansiones”. En este marco, se sospecha que Cárdenas estaba vinculado a un grupo delictivo implicado en esos hechos. La investigación se concentra ahora en identificar las personas que facilitaron la fuga del recluso.

Con este resultado, Iturrioz aseguró que todos los efectivos involucrados están “felices de haberlo recapturado, sobre todo por la madre de la víctima, que recibió la noticia con mucha felicidad”. El ministro también remarcó que el prófugo “siempre estuvo en Trelew, es decir, estuvo en el valle”.

“El Loco” fue condenado a 15 años por asesinar de un disparo en la cabeza a Damián Sena en 2024. Sin embargo, durante un traslado para recibir ayudar psicológica, se dio a la fuga. La huída se ejecutó aproximadamente a las 16:00 horas cuando Cárdenas se arrojó desde el segundo piso del edificio, donde una motocicleta Zanella de color rojo lo aguardaba para completar la huida.

Las evasiones policiales de El Loco

El condenado logró escaparse dos veces de los agentes policiales. En el caso del traslado para recibir asistencia psicológica, el juez de Chubut Marcelo Nieto Di Biase, quien autorizó la consulta, fue cuestionado por la familia. La madre de la víctima, Silvia Nievas, subrayó en entrevista con Diario Jornada la capacidad del homicida para organizar su huida gracias a medios económicos y redes de protección criminal: “Tiene los medios económicos y el apoyo de la delincuencia como para hacerlo nuevamente”.

El cuestionamiento a la decisión del juez Di Biase admite la posibilidad de que existan nuevas falencias en el sistema de custodia para reclusos de máxima peligrosidad. La mamá de la víctima, declaró que podría haberse realizado de forma virtual y de esta manera evitar la fuga de “un delincuente tan peligroso, condenado por homicidio”.

“Se fugó el asesino de mi hijo. Después de la lucha que fue el juicio, la condena, se fugó. Desgraciadamente tuvo la libertad para poderse fugar”, sostuvo Nievas. Además, la mamá del fallecido en 2024 afirmó: “Es una persona peligrosa, no se sabe qué puede llegar a hacer. Está escapando, puede hacer cualquier cosa”.

Además, las autoridades de la provincia de Chubut, debieron redoblar sus esfuerzos ante la hipótesis de que Cárdenas también evadió un control policial posterior a la huída. La fuga culminó con el abandono de un Toyota Corolla a cuatro kilómetros del punto de control, lo que en su momento generó dudas sobre su paradero y la posibilidad de que el hombre recibia apoyo externo para eludir la captura. Esta persecución comenzó tras una alerta a la policía local de Chubut, ante el ingreso de un vehículo que aceleró al encontrar el control, embistió a los agentes, sin causarles lesiones.

Un hombre, identificado como Sergio L, fue detenido con prisión preventiva de 30 días tras ser acusado de participar en la eliminación remota de chats y archivos de WhatsApp de un celular incautado por Asuntos Internos en Rosario. La medida fue ordenada durante la audiencia imputativa a cargo del juez Lisandro Artacho, quien formalizó la acusación contra el imputado.

Según reportó la Fiscalía este viernes, la hipótesis principal del Ministerio Público de la Acusación indica que la supresión de los datos, tenia como objetivo alterar evidencia digital relevante para una investigación penal en desarrollo. El delito comenzó el 21 de mayo de 2025.

El expediente sostiene que, tras recuperar la libertad por una causa de falso testimonio, Norma A, madre del sospechoso, denunció la pérdida del teléfono en una sucursal de Personal. De esa manera, obtuvo una nueva tarjeta SIM y, posteriormente, se reunió con Sergio L, quien posee experiencia en reparación de celulares y conocimientos informáticos.

Detallaron que ambos instalaron la SIM en otro aparato, reactivaron la cuenta de WhatsApp mediante la cuenta de Gmail asociada al dispositivo y, desde ese momento, procedieron a eliminar de forma remota diversos mensajes, imágenes y archivos. Este material incluía conversaciones con terceras personas, así como con funcionarios públicos aún no identificados.

En este marco, el fiscal Pablo Socca imputó a Sergio L por violación de sellos y documentos, en calidad de coautor, y destacó que otras personas permanecen bajo investigación en torno a los hechos reportados por el Ministerio Público.

Hasta ahora, la defensa del aprehendido no realizó declaraciones públicas y no trascendieron versiones oficiales sobre posibles medidas adicionales. El Ministerio Público de la Acusación continúa investigando la posible existencia de una red de complicidades, con la atención puesta en eventuales vínculos entre los imputados y funcionarios públicos.

Por otro lado, la prisión preventiva de 30 días dictada busca evitar cualquier intento de entorpecimiento adicional de la investigación. La Justicia suele adoptar medidas restrictivas de la libertad cuando existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o la reiteración de conductas orientadas a destruir o modificar pruebas relevantes.

La pena por el delito de violación de sellos y documentos puede ser de 6 meses a 2 años de prisión, dependiendo de la gravedad y del impacto de la maniobra sobre la causa principal. Si se llegara a comprobar la participación de más personas, especialmente funcionarios públicos, la situación procesal de los acusados podría agravarse y derivar en imputaciones adicionales, como encubrimiento o asociación ilícita.

Este episodio también expone la necesidad de reforzar los protocolos de custodia de dispositivos electrónicos y de actualizar las prácticas judiciales frente a la creciente importancia de la evidencia digital. La sustracción o eliminación de información almacenada en la nube plantea nuevos desafíos para fiscales, jueces y fuerzas de seguridad, que deben garantizar la preservación de datos en contextos de alta sensibilidad judicial.

Cuatro imputados por extorsión en Rosario

En otro caso también trascurrido en la ciudad de Rosario, tuvo como causa principal la busqueda a desaparición de Alicia Isabel Godoy. La mujer de 30 años fue vista por última vez el 4 de abril y su búsqueda derivó en las últimas horas en la imputación de cuatro personas acusadas de extorsionar a la familia de la víctima. Según la investigación del fiscal Gastón Ávila, los acusados se contactaron con allegados a González y exigieron sumas de dinero a cambio de supuesta información sobre su paradero, en un contexto de profunda angustia e incertidumbre para los familiares.

La investigación sostiene que su desaparición podría estar vinculada a una presunta deuda por drogas y a la acción coordinada de un grupo que la privó de su libertad y exigió dinero a sus familiares bajo amenazas.

Su familia denunció que, tras la desaparición, comenzaron a recibir llamadas y mensajes intimidatorios, en los que los extorsionadores exigían pagos y transferencias a cambio de supuesta información sobre el paradero de la joven. En el contexto de estas maniobras, llegaron a entregar bienes y realizar movimientos de dinero a cuentas asociadas a dos de las imputadas.

La fiscalía atribuyó a seis personas haber actuado en conjunto, aunque la jueza Luciana Vallarella desvinculó a dos de ellas y confirmó la prisión preventiva para tres acusados: dos mujeres, Ana y María, y un hombre, Gastón. Un cuarto imputado, Yonatan, quedó en libertad con restricciones. La investigación detectó, además, el funcionamiento de una estructura de microtráfico de drogas en la zona sur, con roles definidos y múltiples puntos de venta de cocaína.

Alicia Isabel Godoy continúa desaparecida y la causa judicial sigue abierta, con el objetivo de esclarecer tanto su paradero como el posible vínculo entre la extorsión sufrida por su familia y las actividades delictivas de los acusados.

Infobae accedió al registro completo de ANMAC (hoy RENAR) de las armas que fueron desviadas, entre 2022 y 2024, del circuito legal al mercado negro por una red criminal que contaba con gestores y testaferros para obtener el armamento con credenciales de legítimo usuario, que serían tráficadas en el ámbito nacional e internacional.

El listado de armas incluye, al menos:

• 412 pistolas Bersa Thunder 380 calibre .380
• 285 pistolas Bersa Thunder 22 calibre .22
• 157 pistolas Glock 17 calibre 9mm
• 133 pistolas Glock 19 calibre 9mm
• 211 revólveres Taurus 82 calibre .38 SPL
• 139 revólveres Smith & Wesson 10 calibre .38 SPL
• 73 carabinas Ruger 10/22 calibre .22 LR
• 96 pistolas Browning Hi-Power calibre 9mm
• 56 revólveres Colt Detective calibre .38 SPL
• 54 pistolas Pietro Beretta 92 calibre 9mm
• 37 pistolas Sig Sauer P226 calibre 9mm
• 36 carabinas Marlin 60 calibre .22 LR
• 31 pistolas Taurus PT92 calibre 9mm
• 24 pistolas CZ 75 calibre 9mm
• 19 revólveres Rossi M68 calibre .38 SPL
• 15 pistolas Walther PPK calibre .380
• 10 pistolas FMK-3 calibre 9mm
• 8 revólveres Ruger SP101 calibre .357 MAG
• 5 pistolas Colt 1911 calibre .45 ACP
• 3 pistolas Glock 21 calibre .45 ACP..

También hay escopetas y unidades de Fabricaciones Militares.

El 27 de abril pasado, un operativo ordenado por el juez federal Adrián González Charvay y coordinado por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA permitió la detención de 15 personas y el secuestro de 119 armas de fuego y más de 40 mil municiones que no contaban con la documentación de respaldo correspondiente. Según informó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (RENAR), el caso surgió tras la detección de movimientos inusuales en el registro de usuarios, con múltiples compras y traspasos atípicos desde enero de 2022.

De acuerdo con un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), bajo la dirección del fiscal Santiago Marquevich, la denuncia inicial se formalizó el 26 de julio de 2024.

La investigación permitió identificar una asociación ilícita integrada por Ricardo Javier Mascato, Martín José Núñez, el policía de la Ciudad Walter Horacio Moreno, Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzatti, Daniel Niver Iglesias, Yanina Ribeiro, Daniel Alberto Ribeiro, Juan José Fogliani, Pablo Augusto Iannarelli, Fernando Héctor Rodríguez, Ailén Muriel Sanjinez y Roberto Daniel Rean, además de otras personas aún no individualizadas.

La organización funcionaba desde al menos el 22 de enero de 2022 y tenía como objetivo cometer delitos vinculados a la adquisición, transferencia, entrega y tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal, utilizando usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes. El armamento se registraba a nombre de estos usuarios, pero no permanecía bajo su control ni se hallaba en los domicilios declarados como lugares de guarda.

La investigación determinó que al menos 742 armas estaban registradas a nombre de los integrantes de la organización y no fueron localizadas en su poder ni en sus domicilios. Las tareas incluyeron la utilización de gestores administrativos y operadores ligados a armerías para facilitar la circulación irregular de armas fuera de los controles legales, tanto a nivel nacional como internacional. Se comprobó el tráfico a Uruguay y a Chile. Se estima que también podrían estar en manos de narcos locales y bandas criminales de Paraguay y Brasil.

El universo total de armas involucradas asciende a 2.269 unidades, principalmente pistolas semiautomáticas de las marcas Bersa, Glock y Taurus, en calibres 9 mm, .45 y .22. Dentro del circuito central de la causa se identificaron 743 armas, mientras que otras 1.526 quedaron vinculadas de manera indirecta.

Para desarticular la red, el 27 de abril de 2026 se efectuaron 140 allanamientos simultáneos en la Provincia de Buenos Aires (73), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (18), Tucumán (14), Mendoza (3), Santa Fe (12), San Luis (3), Córdoba (10), Corrientes (1), Neuquén (1), Salta (1), Tierra del Fuego (1), Misiones (2) y Chubut (1), con la participación de 193 brigadas y 772 efectivos de la Policía Federal Argentina.

El despliegue contó con el apoyo de la Superintendencia de Investigaciones Federales, la Superintendencia de Drogas Peligrosas, la Superintendencia de Seguridad y Custodia y la Dirección General de Inteligencia Criminal.

En septiembre de 2009, agentes del FBI aterrizaron en Córdoba para ayudar en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso. Habían sido convocados por la Justicia provincial ante un expediente trabado y sin avances claros. En ese momento, los únicos imputados en la causa eran Facundo Macarrón, hijo de la víctima, y el pintor Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”.

Los agentes analizaron el material que les entregaron: entrevistas, informes, fotos, y hasta recorrieron la casa donde ocurrió el asesinato. Al regresar a Estados Unidos, elaboraron dos informes oficiales, que forman parte del expediente y a los que accedió Infobae.

Esos documentos, con observaciones y advertencias puntuales, hoy son clave en el jury que enfrentan los tres fiscales acusados de mal desempeño y negligencia grave.

Perfil y rutina de la víctima

El primer informe, elaborado por el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI, arranca con un repaso detallado de las últimas horas de Nora.

El cuerpo de la víctima fue hallado por un vecino el domingo 26 de noviembre de 2006, en el dormitorio de su hija, dentro de su casa en el barrio cerrado Villa Golf de Río Cuarto. Estaba sola. Su esposo, Marcelo Macarrón, se encontraba en Uruguay participando de un torneo de golf. Su hijo, en Córdoba capital, y su hija, en Estados Unidos.

El viernes previo, Nora almorzó con su madre, nadó en la pileta, hizo varias llamadas telefónicas, y por la noche salió a una exposición de arte y luego a un club con amigas. Regresó a su casa después de las 3 de la madrugada. Contestó mensajes de texto a las 3:22. Todo indica que se bañó y se preparó para dormir en la cama donde al día siguiente la encontraron desvestida y con el cinto de la bata alrededor de su cuello.

Los agentes estadounidenses trazaron un perfil de Nora. Describieron su rutina, su vida social y los vínculos familiares. Apuntaron que era una mujer de 51 años, casada, con dos hijos, activa en la empresa familiar y muy atenta a su imagen personal. De hecho, era conocida por usar maquillaje incluso en su vida íntima. Tenía un círculo de amigos cercano y había mantenido por lo menos una relación extramatrimonial, según los investigadores.

El informe destaca que la familia no llevaba un estilo de vida riesgoso, aunque la casa había sido robada dos años antes y solían dejar puertas sin llave. También señala que, al momento del asesinato, la vivienda estaba en refacciones, con obreros entrando y saliendo, algo que a Nora le inquietaba en los días previos al crimen, por lo que le había pedido a su esposo que no viajara a Uruguay.

La mecánica del asesinato

En la parte central del informe, el FBI analiza el crimen en detalle. Nora fue abusada sexualmente antes de ser estrangulada hasta la muerte. Quedó claro que aquella madrugada de noviembre no esperaba recibir a nadie. Se había quitado el maquillaje antes de acostarse, lo cual “demuestra que tenía la intención de ir a la cama sola”. Eso se dedujo de los testimonios incorporados a la causa.

Respecto del momento en que ocurrió el ataque, se dijo: “Desde el punto de vista de su comportamiento, la hora de su muerte parece ser determinada, correctamente, para el sábado por la mañana”.

Para los agentes, el móvil fue sexual. No hubo motivación económica ni personal. La billetera de la víctima, con más de $800 en efectivo, quedó en el dormitorio. También un reloj Rolex y siete anillos. No faltaba nada. Las personas del entorno más cercano tenían coartadas sólidas y no existían antecedentes de conflictos graves.

El FBI también sostuvo que el crimen fue cometido por un solo autor. Explica que, de haber participado más de una persona, se habrían registrado mayores daños en el cuarto y en los objetos cercanos.

También se explicó que la seguridad del barrio, las lluvias intensas de esa noche y el horario refuerzan la idea de que fue alguien que conocía la rutina de la víctima y el acceso a la casa. El asesino entró probablemente por una puerta trasera o un balcón del segundo piso, que podía estar sin llave por las obras en la vivienda. La puerta principal estaba cerrada con llave y no había señales de forzamiento.

“Treparse para entrar en la casa en medio de la oscuridad y la lluvia con la esperanza de encontrar una puerta abierta es poco probable”, razonaron los agentes, y determinaron: “El delincuente tuvo que haber sabido de antemano que podía encontrar una entrada en la parte de atrás de la casa”.

Asimismo, descartaron que se haya tratado de un crimen “no planificado”, cometido por alguien que haya estado esa noche dando vueltas por el barrio, haya pasado casualmente por la casa de los Macarrón y haya visto las luces prendidas. Una hipótesis improbable.

Y un dato más que establecieron: quien ingresó sabía que Nora estaría sola esa noche.

“Desde el punto de vista de su comportamiento, el sospechoso parece haber sido un hombre solitario quien agredió a Nora por razones sexuales. Él no solamente supo cómo entrar en el vecindario sin levantar sospechas, sino también cómo entrar en la casa de los Dalmasso. Él fue a la casa en horas tempranas de la mañana del sábado 25 de noviembre de 2006 y probablemente usó la entrada de atrás para obtener el acceso", reza el informe.

Y sigue: “Puesto que la violencia sexual parece haber sido el motivo del delincuente, quizá no sea coincidencia el que el esposo de Nora no se encontrara en la casa la noche del crimen: el delincuente pudo haber sabido con certeza que ella estaría sola esa noche. Estos factores deberían tomarse en consideración, ya que pueden aplicar a las personas bajo sospecha de haber cometido el crimen”.

Sugerencias y advertencias para la investigación

En un apartado de sugerencias, el FBI recomendó avanzar con el análisis de ADN, pero advirtió que la presencia de material genético en la escena no probaba por sí sola la implicación en el crimen. También, que se debía eliminar sistemáticamente a los sospechosos existentes antes de buscar nuevos. Propuso así que cada sospechoso fuera entrevistado a fondo y ubicado en la línea de tiempo. Incluso planteó la posibilidad de aplicar detector de mentiras para descartar personas.

Los agentes pidieron que se investigaran las marcas en el cuerpo de Nora, como un hematoma en la zona vaginal y pequeñas lesiones en los pezones, para determinar si eran parte de prácticas sexuales habituales o signos del ataque. Aconsejaron interrogar al esposo y a algún posible amante sobre estos detalles.

Por otro lado, recomendaron revisar los antecedentes penales y conductas sospechosas de todos los hombres que trabajaron en la casa durante la semana previa. Entre ellos estaba el parquetista Roberto Bárzola, quien en la actualidad es el principal sospechoso del crimen.

Al FBI le llamó la atención que los investigadores observaron que a uno de los obreros se lo había visto en la vivienda la mañana del sábado, alrededor de las 11, pero “no determinaron la razón por la cual esto pasó”. Además, tomaron nota de que otro había alardeado con tener una relación con la víctima.

En este contexto, los agentes insistieron en que cada uno de los trabajadores debía ser investigado a fondo. “Puesto que parecen encajar en todo lo descrito arriba, y ya que otras actividades sospechosas han sido reportadas sobre algunos de ellos, cada uno debe ser considerado e investigado cuidadosamente”, concluyó.

El informe de ADN

El segundo informe, fechado en diciembre de 2010, corresponde al análisis de ADN realizado por el National Center for Forensic Science de la Universidad de Central Florida. En ese momento, la fiscalía había enviado muestras de referencia de 29 personas. Entre ellas, estaban Marcelo Macarrón y su hijo Facundo, Gastón Zárate, tres familiares directos, varios amigos y vecinos, médicos forenses, oficiales de policía y personal judicial que había intervenido en la causa y estuvieron presentes en la escena. No había muestras de Bárzola.

Se analizaron los perfiles genéticos de todos los seleccionados y se los comparó con las muestras levantadas en la escena y el cuerpo de Nora. El laboratorio remarcó que, por la presencia de mezclas de ADN en las evidencias, no era recomendable sacar conclusiones definitivas sobre los donantes. Dijo que no se podía determinar si el ADN hallado fue depositado en el momento del crimen, si era anterior, si era producto de contaminación, o si se introdujo en el proceso de recolección y análisis.

Sí detalló que, en varias muestras, el ADN masculino podía corresponder a alguien del linaje de la familia Macarrón, pero descartó a los otros 26 individuos analizados como posibles donantes principales. Y lo más relevante: en las evidencias estudiadas, hubo dos perfiles genéticos masculinos no identificados.

Respecto a Zárate, el informe fue terminante: no se detectó su ADN en las muestras de la escena.

Al momento de recibir todos estos resultados, el expediente estaba a cargo del fiscal Javier Di Santo. Zárate y Facundo Macarrón fueron sobreseídos. La investigación pasó luego a manos de Daniel Miralles y posteriormente la tomó Luis Pizarro. Estos dos últimos dirigieron las sospechas hacia Marcelo Macarrón, quien hasta tuvo que atravesar un juicio, resultando absuelto por falta de pruebas.

Di Santo, Miralles y Pizarro ahora enfrentan una posible destitución. Los tres defendieron sus actuaciones.

La causa por la desaparición de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis sumó un nuevo capítulo esta semana, después de que se conociera la noticia de la acusación por abuso sexual infantil contra Roque Lucero, el abuelo paterno de la nena buscada desde hace casi cinco años.

La noticia tomó por sorpresa a la familia materna de Guadalupe. Silvia Domínguez, abuela materna, contó que se enteraron del tema cuando la abogada de las víctimas difundió un video. “No puedo no asociarlo a Guadalupe, porque no sabemos qué pasó con ella”, dijo en diálogo con el programa “Futuro Imperfecto” qeu conduce Lorena Maciel en Radio Con Vos.

Y agregó: “Imaginate nuestra reacción cuando escuchamos la noticia. Es impactante el solo hecho de pensar en Guada en esa situación. No te puedo explicar lo que pasa por nuestra cabeza”.

Silvia relató que después de enterarse, fue junto a su hija Yamila, madre de Guadalupe, a la Fiscalía Federal para preguntar si ya conocían la situación judicial de Lucero. Según su testimonio, la información sobre la imputación nunca llegó al fuero federal, a pesar de que la denuncia contra el abuelo paterno por abuso sexual infantil existía desde 2024.

La mujer también afirmó que ya había rumores de situaciones previas vinculadas a Lucero por temas similares. “Tengo entendido de que esta persona había tenido causas anteriores de lo que había pasado con Guada. Lamentablemente, siempre lo arreglaron entre familias y nosotros nunca nos enteramos”, sostuvo.

Consultada sobre si cree que el abuelo paterno fue protegido o si hubo negligencia, Domínguez señaló ambas cosas. Dijo que Lucero trabajaba en la Casa de Gobierno provincial y que desde el comienzo de la investigación policial “el accionar de la policía de la provincia con el caso de Guada fue un desastre”.

Para finalizar, Silvia pidió que se investigue a fondo al abuelo en la causa por la desaparición de su nieta. “Si tuvo que ver en la desaparición de Guada, lo va a decidir la justicia y pagará lo que hizo. Y si no tuvo que ver, que pague por lo que le hizo a estas criaturas también”.

La reacción de la familia materna llegó después de que la abogada Soledad Poma de Otaegui, representante de la familia de Guadalupe y otras víctimas, adelantara una presentación judicial que hará el lunes: solicitará a la Justicia Federal que incorpore la acusación por abuso sexual al expediente por la desaparición de la nena.

La letrada informó que existen dos denuncias por abuso contra Roque Lucero, en una la justicia provincial ya le formuló cargos y en la otra se espera la declaración en Cámara Gesell. Actualmente, Lucero no está detenido pero tiene medidas de restricción para no acercarse a las víctimas y debió mudarse de domicilio.

La respuesta de la familia paterna

Eric Lucero, el padre de Guadalupe, rompió el silencio y cuestionó que el foco de las sospechas se pongan sobre su entorno familiar, asegurando que su padre ya había sido investigado en el expediente principal.

“Mi papá no tuvo nada que ver con la desaparición de mi hija. Se hicieron allanamientos, declaraciones y todo lo que correspondía. Ya se lo investigó y no tenía relación con la causa”, aseguró a El Chorrillero.

“No voy a juzgar ni a Yamila ni a Silvia por salir a hacer esto. Tampoco a la abogada. Entiendo que cada uno busca la forma de aclarar las cosas o de tratar de llegar a los medios, que todo sea visible. Pero me parece que involucrar la causa de mi hija, o como que mi papá tuvo algo que ver con su desaparición, me parece que ya es algo que no tiene relevancia”, acotó.

E insistió: “¿Para qué quieren volver a investigar algo que ya se investigó? No tiene lógica. Con esto volvemos a estar nuevamente en el foco, en el ojo de la tormenta otra vez, pero esta vez por una causa externa. Esto porque ni siquiera usan el nombre de mi papá, sino que es ‘el abuelo de Guadalupe’. Veo como que tratan de darle un giro a la causa”.

Un hombre fue detenido este sábado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, tras intentar asaltar a dos mujeres policías usando una réplica de arma de fuego.

Según detallaron fuentes policiales, el hecho se dio durante la madrugada, cerca de las 2, en la zona de Villa Elba. El detenido, de 42 años, se acercó a dos mujeres en la vía pública y las apuntó con lo que parecía un revólver para intentar asaltarlas. Las víctimas resultaron ser policías, quienes radicaron la denuncia luego del episodio.

Tras el intento de robo, personal de la Comisaría Undécima interceptó al sospechoso en la calle Jujuy al 2900. El hombre llevaba consigo el arma, que luego se constató que era una réplica y quedó secuestrada.

De acuerdo a lo dispuesto por el equipo fiscal en turno, el ladrón finamente fue aprehendido por tentativa de robo con arma y trasladado a la comisaría, donde lo notificaron de la causa en su contra bajo la carátula de “supuesto robo con arma en grado de tentativa”.

El procedimiento también contó con la intervención de efectivos de la Comisaría Décima, se agregó en el reporte policial.

Otro operativo en Resistencia

También durante la madrugada de este sábado, otro procedimiento policial se desarrolló sobre la avenida Lonardi al 2500, en la capital chaqueña. Varios delincuentes ingresaron a un domicilio donde también funciona un comercio y cometieron un robo a mano armada, manteniendo privadas de la libertad a personas que se encontraban en el lugar.

Efectivos de la Comisaría Novena Capital acudieron tras el aviso del 911. Al llegar, observaron a un sospechoso salir del lugar e intentar escapar en un Chevrolet Aveo. Así se inició una breve persecución.

La rápida maniobra de los policías fue clave para evitar la fuga. Uno de los agentes se ubicó junto al conductor para frenar la huida, mientras que otro ingresó por la puerta del acompañante en medio de la maniobra.

El vehículo avanzó en reversa, expulsando a uno de los policías y, a su vez, cayendo a un canal de la zona. Luego de varios minutos de forcejeo, el conductor, de 29 años, fue reducido y aprehendido. En tanto, sus cómplices huyeron.

Como consecuencia del operativo, un oficial debió ser trasladado en ambulancia por lesiones sufridas.

Las autoridades secuestraron el vehículo, dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, cartuchos calibre 12, un DVR, herramientas y otros objetos.

El dueño de la vivienda asaltada, un hombre de 36 años, denunció que al menos tres ladrones habían entrado a su vivienda, se llevaron una motocicleta Yamaha Crypton y cerca de 100.000 pesos.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sospechoso y sigue la investigación para identificar y detener a los otros implicados, así como para recuperar los bienes sustraídos. En el lugar trabajaron peritos de la Sección Rastros y del Gabinete Científico del Poder Judicial.

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de nulidad y revisión extraordinaria que habían presentado los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, con lo que el caso quedó prácticamente cerrado, a la espera de una resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

El fallo del Máximo Tribunal de la Nación apuntó contra los planteos de los abogados defensores de los asesinos que recibieron condenas por el asesinato ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.

En diálogo con Infobae, Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, expresó su conformidad con la decisión de la Corte Suprema y dijo que “este fallo es Justicia en su más puro estado”.

Asimismo, destacó que la resolución es un reconocimiento al trabajo de su equipo pero sobre todo fue un fallo por los padres de Fernando y por la víctima.

“Sin duda que feliz no es la palabra adecuada pero sí satisfecho o reconfortado al ver que nuestro trabajo alcanzó el objetivo de Justicia que nos habíamos propuesto y que era justo y necesario alcanzar. Esa satisfacción no es por nosotros, es por los padres de Fernando y por el mismo Fernando. Es por ver que no ha sido en vano el esfuerzo enorme que ha hecho el equipo y sobre todo con la sangre joven que nos nutre y nos llena de orgullo”, dijo el letrado a este medio.

En ese sentido, Burlando también aprovechó para destacar el comportamiento del Poder Judicial en la causa, pese al sinfín de críticas que recibe cotidianamente por otros casos.

“Y es por este sistema judicial tantas veces criticado pero que debe enorgullecernos. Porque por cada funcionario que pueda tener algo cuestionable, hay muchísimos más que cumplen su labor con probidad y honestidad”, agregó el abogado, quien adelantó que con la decisión de la Corte, el caso quedó cerrado.

Los recursos de los rugbiers

Las presentaciones fueron realizadas por las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, todos asistidos por el abogado Hugo Tomei. Plantearon una serie de agravios que ya habían sido rechazados por el Tribunal de Casación provincial.

Lo mismo hizo Lucas Pertossi, quien durante el trámite del incidente cambió de abogado y volvió a presentarse para sostener que había sido mal defendido por Tomei, por lo que pedía la nulidad del juicio. En ese marco, el propio Tomei también hizo llegar un escrito en la causa para contestar ese planteo y defender su actuación.

Sin embargo, los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron el recurso de queja por falta de sentencia definitiva.

Pero eso no fue todo porque, además, otro recurso presentado por Máximo Thomsen, representado por el abogado Francisco Oneto, también fue desestimado, en su caso por no cumplir con los requisitos de la acordada 4/2007, según el fallo al que también accedió Infobae.

Benicelli, Thomsen, Comelli y Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a prisión perpetua el 6 de febrero de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores los consideró responsables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”, ya que los amigos de Báez Sosa también recibieron golpes esa madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique de Villa Gesell.

Por su parte, Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito. El fallo determinó que participaron en el ataque, aunque la responsabilidad principal fue para el resto.

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó el fallo. Confirmó la prisión perpetua y descartó la existencia de alevosía. Esa resolución fue apelada y la definición final está en manos de la Suprema Corte de la Provincia.

En el caso de Lucas Pertossi, recientemente había sufrido otro revés judicial, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó un pedido de excarcelación presentado por su defensa, alegando que la prisión preventiva superó el “plazo razonable” previsto en la ley.

Aquel planteo, que se presentó el 6 de febrero y se amplió el 31 de marzo, remarcó que el joven lleva más de seis años bajo arresto sin que la condena esté firme. El pedido de excarcelación fue acompañado por los defensores particulares de los demás imputados en la causa.

El fallo del TOC N°1, firmado por los jueces María Claudia Castro y Christian Ariel Rabaia, rechazó los argumentos de la defensa. Según consta en la resolución judicial a la que accedió Infobae, el tribunal consideró que la prisión preventiva mantiene su razonabilidad y necesidad.

Un chofer de una plataforma fue baleado tras resistirse a un intento de robo en la localidad de Villa Elvira, en La Plata. El hecho ocurrió durante la noche del jueves, en la calle 78 entre 11 y 12, cuando el conductor, un hombre de 57 años domiciliado en Ensenada, acababa de finalizar un viaje y fue interceptado por dos motochorros que se movilizaban en una motocicleta 110cc.

Los asaltantes intentaron robarle el vehículo, pero al no lograr su objetivo le dispararon en dos ocasiones. El chofer recibió un balazo en la cadera y otro en el brazo derecho. Personal policial y una ambulancia del SAME acudieron tras un llamado al 911 y trasladaron a la víctima al Hospital San Martín, donde se constató que las heridas no comprometían su vida.

Por el momento, los agresores permanecen prófugos y la investigación continúa a cargo de las autoridades policiales. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables del ataque, que volvió a generar preocupación entre los trabajadores de aplicaciones y los vecinos del barrio.

Los casos recientes exponen modalidades violentas y la sensación de desprotección que atraviesan quienes prestan este servicio. A pesar de la intervención policial y de algunos resultados positivos en la recuperación de bienes y detención de sospechosos, la inquietud persiste entre choferes y usuarios. Las demandas por mayores medidas de seguridad y controles específicos siguen en aumento, mientras el temor y la incertidumbre condicionan el trabajo diario de los conductores de plataformas.

Un patrón similar en el robo y la violencia

Un hecho similar ocurrió en marzo en la zona norte de La Plata, cuando una conductora de Uber fue víctima de un asalto a manos de dos personas que fingieron ser pasajeros. El episodio sucedió en el cruce de las calles 12 y 507 bis, donde los agresores atacaron a la conductora con gran violencia para robarle sus pertenencias. Este tipo de ataques contra conductores de aplicaciones de transporte se ha vuelto cada vez más frecuente en la ciudad.

Durante el ataque, la joven fue tomada del cuello y obligada a entregar su teléfono celular y billetera. Los asaltantes intentaron además llevarse el vehículo, pero no lograron concretar el robo y escaparon a pie. La policía logró detener a los sospechosos poco después, con la ayuda de vecinos que alertaron sobre la situación.

En otro caso, en Rosario, un conductor de Uber se vio obligado a detener por sus propios medios a un delincuente que le había robado mientras esperaba a un pasajero. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad, sobre la calle Gaboto al 4100, cuando el chofer fue sorprendido.

El robo ocurrió a las 4 de la madrugada del sábado, tres personas simularon ser pasajeros y, antes de iniciar el viaje, lo amenazaron con un cuchillo y le robaron las llaves del vehículo, su teléfono celular y documentación, según confirmó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El asaltante, identificado como Amílcar A, intentó huir junto a dos mujeres, pero el conductor, tras denunciar el hecho en la comisaría 20ª, regresó al lugar con el dueño del auto y su familia para ocuparse de la situación. Poco después de las 6.30, logró identificar al sospechoso en las cercanías de la plaza Claudio Pocho Lepratti.

De acuerdo con la información judicial, las fuerzas federales recuperaron el automóvil en San Lorenzo y Paraná, en el barrio Azcuénaga, junto con la mayoría de los objetos robados. El martes, el juez Hernán Postma ordenó prisión preventiva durante 90 días para el acusado, imputado por robo calificado por uso de arma blanca, según detalló el fiscal Germán Mazzoni en audiencia.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) en la calle Cerrito al 100, en el barrio de San Nicolás, a escasas cuadras del Obelisco porteño.

Allí, el imputado fue interceptado durante un patrullaje conjunto con personal del área de Espacio Público. Al verificar sus datos, los agentes comprobaron que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura emitido el 23 de abril por abuso sexual con acceso carnal agravado y por robo.

Durante el arresto, el hombre no opuso resistencia y se corroboró además que no tenía en su poder ningún elemento considerado peligroso.

Tras la consulta a la base de datos, se corroboró que el hombre acumulaba diez antecedentes en los últimos tres años, entre ellos dos causas por robo y una por hurto, además de otros delitos similares.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, luego del arresto se le dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 a cargo del juez Alejandro Litvack, que ante la Secretaría N° 56 de Isidro Omar Rojas, ordenó su inmediata detención.

Rescataron a una mujer secuestrada en Villa Soldati

Una mujer fue rescatada este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde la policía desbarató un taller de costura clandestino presuntamente liderado por un ciudadano boliviano. La víctima, que denunció haber pasado hambre, aseguró que permanecía retenida desde hacía dos meses.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio de Mataderos, luego de que vecinos alertaran que escuchaban pedidos de auxilio desde la reja de una casa. Ante el llamado, efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle San Pedro al 5700.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer, de 53 años y de la misma nacionalidad que el sospechoso, encerrada y en un ataque de nervios, según precisaron las fuentes.

De acuerdo con su testimonio, durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal de costura y a vender los productos en la feria de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También afirmó que sufría privaciones de alimentos.

En el lugar fue identificado el presunto responsable, un hombre de 66 años que inicialmente intentó evadir a la policía. Luego se confirmó que era quien estaba a cargo del taller, por lo que fue detenido.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

Un caso de violencia familiar requirió la intervención de la Policía del Chaco, luego de que una mujer pidiera auxilio porque su hijo había sido tomado de rehén por su propio padre en una vivienda de la ciudad de Resistencia. Luego de que lograran ingresar a la propiedad, el hombre quedó detenido.

El episodio sucedió este viernes cerca de las 19:00 horas en un domicilio ubicado en calle León Zorrilla. Al llegar, los agentes constataron que un hombre de 40 años se encontraba en el interior de la vivienda junto a su hijo de tres años, negándose a permitir el ingreso de otros familiares.

Según informaron las fuentes policiales, el sujeto presentaba signos de haber consumido alcohol y otras sustancias. Pese a esto, los efectivos intentaron pedir la colaboración del acusado para apaciguar la situación, pero al recibir una negativa de su parte, entraron a la fuerza para detenerlo.

Al recuperar al menor de edad, los agentes lo pusieron bajo el cuidado de su madre. De acuerdo con la información publicada por Diario Norte, la mujer formalizó la denuncia en contra de su pareja, a quien acusó de ejercer violencia verbal de manera frecuente.

Durante su testimonio, la víctima relató que en reiteradas ocasiones la había mantenido encerrada junto a sus hijos, impidiéndoles salir del domicilio. Este testimonio fue incorporado a las actuaciones de la causa y permitió caracterizar el hecho como parte de un contexto de violencia de género.

A raíz de esto, la Fiscalía de Género en turno dispuso la aprehensión del hombre y su identificación en la causa, que fue caratulada como “supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”. Además, se instruyeron nuevas actuaciones judiciales para avanzar en la investigación y garantizar medidas de protección para la mujer y los menores involucrados.

Tenía tobillera electrónica por haber abusado sexualmente de su ex, pero rompió el dispositivo y la secuestró

Una mujer de 46 años tuvo que ser rescatada en el establecimiento rural “La Lonja”, situado a unos 17 kilómetros de la ciudad de Rauch, en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, tras haber sido privada de su libertad por su ex pareja, Jairo Corsi. El operativo fue realizado por la DDI Azul, el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense y bajo las órdenes del fiscal Marcos Eguzquiza.

La víctima había denunciado el 5 de septiembre de 2025 que Corsi la llevó a un campo y la amenazó con un cuchillo para abusarla sexualmente. Siete días después de esa denuncia, el acusado fue detenido e imputado por abuso sexual y amenazas agravadas. Desde entonces, permanecía con prisión domiciliaria en una vivienda de Tandil, bajo control de una tobillera electrónica.

Sin embargo, el viernes 20 de marzo, la mujer llamó al 101 desde una estación de servicio en Juan N. Fernández, Necochea, para alertar que su ex, quien debía cumplir arresto domiciliario, la mantenía cautiva. Fue así que las autoridades comprobaron que Corsi había cortado la tobillera y abandonado su domicilio de Tandil, lo que motivó la apertura de una causa por averiguación de paradero.

Según la información a la que accedió Infobae, las cámaras de seguridad y las antenas de telefonía permitieron rastrear la ruta de Corsi y la víctima. Ambos fueron localizados en San Manuel, Lobería, un día después del pedido de auxilio.

En medio de la búsqueda, el domingo, la policía secuestró varios celulares en un allanamiento a la casa de Corsi y halló su camioneta Ford Ranger abandonada en Juan N. Fernández. Según se conoció, el imputado había cambiado de vehículo y después trasladó a la mujer en una moto hacia Rauch.

Finalmente, la madrugada del lunes, los agentes de la SubDDI de Las Flores y el Comando de Patrulla de Rauch localizaron a Corsi y su expareja en “La Lonja”. Al verse rodeado, el acusado se atrincheró y tomó a la mujer como rehén, mientras amenazaba con quitarse la vida.

Los policías negociaron primero la liberación de los dos hijos de Corsi, antes de convocar al Grupo Halcón y establecer un perímetro de seguridad. Durante más de cuatro horas y media, la tensión se mantuvo alta en el establecimiento rural hasta que los agentes irrumpieron para reducir al imputado. Aunque Corsi disparó un arma, no hubo heridos.

En el lugar, la policía incautó un revólver calibre .22 marca Tala con cinco cartuchos intactos y una vaina servida. Respecto a la situación del acusado, este fue trasladado a la Comisaría 4ª. Así, tanto la víctima como sus hijos quedaron a salvo.

Un agente de la Policía Bonaerense protagonizó un enfrentamiento armado contra dos adolescentes que habrían intentado robarle la moto en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Como resultado del tiroteo, el joven de 16 años murió en la escena, mientras que su cómplice recibió un impacto de bala y tuvo que recibir atención médica.

El hecho se registró el miércoles por la noche, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de avenida San Martín y calle 894. En ese momento, el efectivo policial fue interceptado por dos jóvenes armados bajo la modalidad conocida como “motochorros”. Según trascendió, se encontraba de franco de servicio, por lo que habría estado vestido como civil.

Acto seguido al ser abordado por los menores de edad, se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los delincuentes, identificado como Cristian V., de 16 años, murió en el lugar. Aparentemente, portaba una réplica casera metálica de arma de fuego de acuerdo con las primeras pericias que se realizaron en el área.

Según la información obtenida por Hecho en Quilmes, el segundo sospechoso se trataba de un adolescente identificado como Jeremías D. L., de 15 años, quien fue herido de bala en el muslo derecho. Por este motivo, tuvieron que trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

La causa fue calificada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes, que no dispuso medidas contra el policía involucrado. Asimismo, indicaron que las actuaciones posteriores quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 ordenó la aprehensión del menor herido y su traslado a un centro de admisión tras completar su atención sanitaria. Según el parte oficial, el adolescente ya fue puesto a disposición de la Justicia de Menores.

Un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una mujer que creyó que iba a robarle en La Matanza y terminó detenido

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido en la madrugada de este miércoles por efectivos de la Policía Bonaerense, acusado de haber matado a una supuesta ladrona durante un intento de robo en González Catán, en el partido de La Matanza.

El hecho ocurrió cuando el agente, identificado como Héctor Camejo, inspector de la fuerza porteña, se encontraba en la zona y fue interceptado por dos personas. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyos videos muestran el momento en que la presunta ladrona cae al suelo tras los disparos y a su cómplice pidiendo auxilio mientras exclama: “Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

Según la reconstrucción inicial, la víctima, aún no identificada, fue trasladada al Hospital Favaloro, donde murió por una herida de bala entre las costillas. Hasta el momento, su acompañante tampoco fue identificado por las autoridades.

El hecho fue descubierto cuando la Policía Bonaerense acudió a la esquina de Da Vinci y Montgolfier, alertada por vecinos que reportaron disparos en la vía pública. En el lugar, los agentes hallaron una motocicleta abandonada junto a varias vainas servidas.

No obstante, Camejo se presentó horas después en una comisaría de la zona, vestido de civil, donde relató que fue abordado por la pareja y que, ante un supuesto intento de robo, extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. También añadió que uno de los delincuentes habría hecho un gesto con un arma de plástico, que fue secuestrada en el lugar.

Según consta en el expediente, Camejo disparó 10 tiros y se retiró del sitio, hecho que motivó su detención por parte del personal de la Departamental de Seguridad de La Matanza. Así, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, cuyo titular es el fiscal Adrián Arribas.

Desde la fiscalía se investiga si la reacción del policía fue desmedida, ya que se hallaron diez vainas servidas y existen sospechas de que continuó disparando aun cuando los presuntos ladrones habrían dejado de actuar. Por este motivo, el investigador dispuso la búsqueda de más filmaciones en la zona para establecer con precisión la secuencia de los hechos y la ruta de escape del cómplice que logró huir.

A once meses de la trágica madrugada, en la que Juan Pedro Cides apuñaló y mató a su amigo Franco Daniel Ramírez mientras jugaban un partido de truco, la Justicia de Neuquén condenó a Cides como el autor penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía. Aunque todavía resta definir la pena, el acusado podría llegar a recibir una condena perpetua.

Todo ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando un comentario en tono de broma habría desatado el ataque mortal. Según la reconstrucción presentada por la fiscal Laura Pizzipaulo, la agresión ocurrió de manera repentina cuando ambos consumían alcohol y jugaban a las cartas.

En respuesta a la broma de la víctima, Cides reaccionó con furia al comentario, tomó un arma blanca y asestó una puñalada directamente al corazón de su amigo. La agresión resultó letal, por lo que dejó sin vida al joven en el lugar.

Según la información recopilada por El Doce.tv, la fiscal Pizzipaulo argumentó ante el tribunal que se trató de un ataque “súbito y a traición”. Además, enfatizó que la víctima se encontraba en estado de ebriedad y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad.

Durante el juicio, se expusieron testimonios presenciales, pericias y pruebas científicas que respaldaron la acusación del Ministerio Público Fiscal. Fue así que los 12 integrantes del jurado popular coincidieron en un veredicto unánime: Cides es culpable de homicidio agravado por alevosía. Según su tipificación en el Código Penal, prevé una de las penas más severas y deja al acusado al borde de cumplir con una prisión perpetua.

A pesar de esto, el proceso penal aún no finalizó. Se informó que en los próximos días la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el juicio de cesura, etapa en la que se determinará la condena definitiva para Cides.

Este lunes se conocerá la sentencia contra el hombre acusado de asesinar a su amigo y abusar de su pareja

El juicio oral por el crimen de Bruno Patricio Méndez y el abuso sexual a su pareja pasó a un cuarto intermedio para que el Tribunal Penal Uno de Puerto Iguazú decida el futuro procesal de Jonathan Nazareno Ferreira, alias Polaquito, el único imputado por el hecho ocurrido el 4 de abril de 2022.

Durante la última audiencia, declaró el padre del acusado y se dio inicio a los alegatos finales. De esta manera, el fiscal Federico Rodríguez destacó la solidez de las pruebas presentadas a lo largo del proceso y solicitó la pena de prisión perpetua para Ferreira, considerando la gravedad de los delitos imputados.

Por su parte, la defensa intentó establecer que el acusado carecía de conciencia sobre sus actos la noche del crimen, tras argumentar que habría atravesado un brote psicótico. Incluso, expuso que su cliente sufría problemas de adicciones, tenía más de 16 causas previas y, apenas semanas antes del homicidio, había sido acusado de atacar a una persona en una plaza cercana a la vivienda donde ocurrieron los hechos.

También mencionó un incidente con un inspector de tránsito, buscando vincular el historial delictivo de Ferreira al consumo de estupefacientes. En línea con esto, el abogado defensor reclamó la falta de peritajes psicológicos y solicitó la absolución bajo el beneficio de la duda.

Según la información de El Territorio, el hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta. Tras compartir bebidas alcohólicas, se produjo una pelea en la que Bruno Méndez fue apuñalado.

Mientras la víctima agonizaba, el acusado habría abusado sexualmente de la joven pareja de Méndez, de entonces 18 años, durante varias horas. La investigación sostiene que Ferreira intentó ocultar el cuerpo, pero la joven logró escapar junto a su hijo y pedir auxilio, lo que permitió la intervención policial.

Durante las audiencias declararon la víctima de abuso, familiares y vecinos. La joven solicitó testificar sin la presencia del imputado, petición que fue cuestionada por Ferreira, aunque finalmente accedió a retirarse de la sala y seguir el testimonio desde otro espacio.

De la misma manera, tres vecinos relataron cómo ayudaron a la joven y a su hijo a escapar a través de un cerco de chapas, luego de que escucharan los ruidos provenientes de la vivienda. Asimismo, otros describieron las circunstancias previas y posteriores al crimen.

Por este motivo, Ferreira llegó al juicio oral como imputado por homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Mientras que la Fiscalía solicitó la pena máxima, la defensa pidió la absolución bajo la premisa de que sufrió una incapacidad mental por adicciones.

De acuerdo con el cronograma judicial, la sentencia se conocerá el próximo lunes a las 10 de la mañana y el acusado tendrá derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata. El fatal episodio ocurrió luego de una pelea registrada alrededor de las 4:00 de este viernes, sobre la calle 72 bis, entre 142 bis y 143. El caso ha generado conmoción en el barrio, al surgir en el contexto de una pelea asociada al consumo de alcohol y durante la celebración del Día del Trabajador.

La victima fue identificada como Luis Alberto Cardozo Cubilla, un hombre de 31 años. Según informaron las fuentes policiales, Cubilla se encontraba en la vereda junto a un grupo de hombres donde varias personas consumían alcohol. Aunque aún no se esclarecieron las razones, en el lugar se desató una pelea que escaló con rapidez cuando uno de los presentes apuntó con un arma blanca.

Luego, le disparó a Cubilla en la zona abdominal, dejandole una herida que le costaría la vida. El presunto agresor, un joven de 22 años, intentó huir tras herir a Cardozo Cubilla, pero fue capturado por la Policía poco después, de acuerdo a la reconstrucción inicial del caso. La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, donde falleció debido a la gravedad de la herida, confirmó el medio 0221.

El sospechoso, identificado con las iniciales P.A.A., fue llevado a la Comisaría Tercera minutos después y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata, bajo la órbita del fiscal Martín Almirón. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recabar pruebas. El detenido prevé tomar declaración indagatoria en las próximas horas en la causa que se caratuló como homicidio. Los investigadores también precisaron que no existía vínculo familiar entre la víctima y el victimario.

Las primeras hipótesis del crimen

Tras el crímen, trascendió un video que fue grabado por los vecinos del barrio donde se escuchan gritos, rotura de vidrios y pedidos de socorro: “Sacalo afuera, apuñalaron a un amigo”. En medio de las investigaciones policiales, las imágenes también donde también se registran corridas e insultos podrían ser clave. Personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para relevar pruebas, en tanto la causa se encuentra en manos de la Fiscalía N° 8 de La Plata, dirigida por Martín Almirón.

De acuerdo a un jefe policial citado por Diario Hoy: “Se trató de una pelea de borrachos, se desconocieron y uno atacó al otro”. En las próximas horas, será indagado bajo el cargo de “homicidio”.

Este es el segundo asesinato en tres días en La Plata. El miércoles, una mujer fue asesinada tras una violenta discusión dentro de un comercio. El episodio, que ocurrió durante la tarde, involucró un altercado que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión fatal. Testigos relataron que la víctima y otra persona discutieron acaloradamente, lo que derivó en una agresión física que terminó con la vida de la mujer en el mismo lugar.

La investigación, a cargo de la fiscalía local, evalúa varias hipótesis, entre ellas un posible intento de robo, un ajuste de cuentas o un femicidio. Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue difundida y los responsables del ataque continúan prófugos, aunque la policía cuenta con descripciones físicas de los sospechosos y analiza las cámaras de seguridad del comercio y la zona para reconstruir lo sucedido.

Los hechos intensificaron el clima de preocupación en la ciudad, donde los reclamos por mayor seguridad y respuestas de las autoridades se multiplicaron en los últimos días. Los vecinos señalaron que hechos como estos se han vuelto recurrentes, generando un estado de alerta y desconfianza en torno a la respuesta estatal ante la inseguridad.

Luego de que tres hombres fueran detenidos en Rosario por haber realizado una violenta entradera en la casa de una jubilada de 77 años, dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva este viernes. El último de ellos, un menor de 17 años, quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Durante la audiencia, la jueza Luciana Vallarella dictó cuatro meses de prisión preventiva para Joan Santiago F. e Ignacio Daniel S., ambos de 20 años, acusados de participar en el robo junto con un adolescente de 17 años que permanece detenido por orden de la Justicia de menores.

Todo ocurrió el martes pasado, cuando la víctima fue asaltada en su domicilio por delincuentes armados. Según reconstruyó el fiscal Alejandro Caron, el hecho sucedió alrededor de las 02:15 horas de la madrugada en una vivienda de Pasaje Urraco al 100 bis.

De acuerdo con la imputación, los sospechosos ingresaron al inmueble tras escalar un muro y forzar la reja de una ventana de la cocina usando herramientas como una ganzúa y un cortafierro. Una vez dentro, apuntaron con una pistola 9 milímetros a la víctima y le exigieron entregar dinero en pesos y dólares, mientras mantenían contacto telefónico con una persona que les daba instrucciones.

Fue así que los delincuentes sustrajeron efectivo, celulares, joyas, relojes, tarjetas, llaves y otros objetos personales, parte de los cuales fue recuperada posteriormente por la policía. Según la información publicada por Rosario 3, después de que concretaran el asalto, la banda escapó por los techos de viviendas del barrio y de una escuela.

Después de varios minutos de persecución, la policía detuvo a uno de los sospechosos cuando descendía del techo de la escuela lindera y a los otros dos dentro del predio educativo ubicado en las cercanías de la avenida Grandoli y Ayolas.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola semiautomática marca Llama calibre 9 milímetros, hallada oculta entre una enredadera en los techos del establecimiento. Horas más tarde, el informe balístico determinó que el arma era apta para disparo y contaba con tres cartuchos intactos.

A raíz de las pruebas presentadas en la audiencia, la Fiscalía atribuyó a los imputados el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, por escalamiento, efracción y por la participación de un menor de edad.

Además de la prisión preventiva, la Justicia autorizó el análisis de un teléfono celular secuestrado en el operativo y la incorporación de imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron el desplazamiento de los sospechosos sobre los techos previos a la detención. Por este motivo, la investigación continúa con el análisis de los elementos recuperados y las comunicaciones interceptadas durante el asalto.

Se enfrentó a dos ladrones que intentaron robar en su casa, le cortaron el dedo y golpearon a su mamá no vidente

Un hombre de 54 años resultó gravemente herido tras un violento intento de robo en su domicilio de la localidad de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió a las 00:30 horas del lunes en una vivienda ubicada en Los Naranjos al 3000.

La víctima intentó evitar que los asaltantes ingresaran a la casa, lo que derivó en una agresión que le causó la amputación de un dedo y lesiones de extrema gravedad en la cabeza. De hecho, cuando el personal de la Unidad Regional II - Comisaría de Baigorria arribó al lugar, lo encontró inconsciente, tendido en la entrada de la vivienda, rodeado de un charco de sangre y con la reja de acceso cerrada.

Junto a él, su madre S. R., de 84 años y no vidente, se hallaba en estado de crisis. Por este motivo, los efectivos solicitaron la presencia del Sistema de Emergencias de Salud (SIES), que asistió y trasladó al hombre al Hospital Eva Perón.

Según se informó, permanece internado en estado crítico con asistencia respiratoria, con fracturas en la mandíbula y el cráneo, además de la amputación del dedo de la mano derecha. Una familiar de las víctimas relató a El Tres que “lo dejaron tirado, casi muerto, entre el hall y la galería, bañado en sangre”.

Incluso, señaló que el hombre “llegó casi muerto” al hospital debido a la gravedad de las lesiones. Sobre el estado de S. R., una nieta confirmó que le administraron un calmante y que no habría sufrido fracturas tras el golpe recibido durante el asalto. “Por ahora ella está bien”, indicaron.

Según reconstruyó la joven, la mujer se encontraba en la cama cuando escuchó ruidos, creyendo en un primer momento que su hijo tenía dificultades con la puerta. Fue entonces cuando uno de los asaltantes ingresó a la habitación, la sacó de la cama y la agredió.

Durante la inspección del lugar, los policías hallaron el dedo amputado, un machete de acero y un televisor LED en el patio delantero, elementos que quedaron bajo resguardo para la investigación. Dos vecinos, entrevistados por los uniformados, relataron que oyeron gritos y observaron a un hombre con vestimenta azul huyendo a pie por la calle Los Naranjos hacia el norte.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso el envío de personal de gabinete y la confección de las actas correspondientes, además de la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). Al día siguiente, a las 13:05 horas, el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II identificó en la vía pública a dos hombres cuyas características coincidían con las imágenes obtenidas del material fílmico del caso.

Ambos sospechosos ignoraron la voz de alto y huyeron hacia el Monte Celulosa. Durante la persecución, uno de ellos se desprendió de una campera azul con restos de material biológico. El operativo concluyó con la detención de R. A. M., de 25 años, y M. G., de 22 años. En la Seccional 24.ª, se constató que ambos ya estaban identificados en un acta de entrevista con una testigo.

El ex policía involucrado en el homicidio de Milagros Micaela Basto, Horacio Antonio Grasso, enfrentará juicio oral tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de un familiar de su círculo cercano. La denuncia señala la utilización de estupecientes. Los hechos sucedieron en el mismo departamento donde cumplía prisión domiciliaria por condena previa en la capital de Córdoba.

La víctima denunció que los hechos incluyeron sistemáticas agresiones sexuales, amparadas por el incumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia y la falta de respuestas institucionales, según informó el medio ElDoce.tv. Esta nueva acusación recae sobre un episodio que, según la fiscal Ingrid Vago tuvo lugar en 2021 en el mismo domicilio donde meses después se encontraría el cuerpo de Basto.

En ese mismo departamento de Buenos Aires 315, también fue hallado el cuerpo de Milagros Basto en julio de 2025. La joven de 22 años había desaparecido a finales de 2024 y se encontraba asfixiada en el mismo espacio donde se investiga a Grasso por los ataques sexuales denunciados. Este doble antecedente conecta las causas judiciales y evidencia un patrón de situaciones graves en torno al ex policía.

Entre 2021 y 2025, Horacio Grasso incumplió la prisión domiciliaria en al menos 255 ocasiones, según el abogado querellante, Carlos Nayi, en diálogo con a ElDoce.tv: “En ese departamento, 255 veces desde 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”. Este dato, surgido de registros judiciales, se transforma en uno de los elementos centrales del expediente actual.

Según el expediente, Grasso habría invitado a su familiar a una cena en el domicilio, luego la drogó y se aprovechó de la situación para abusar sexualmente de ella. El ataque sexual denunciado fue presentado el 12 de octubre de 2022 por la víctima en el Polo de la Mujer. Carlos Nayi detalló que “la mujer llegó a pedir ayuda como podía, arrastrándose al lugar donde necesitaba ser escuchada y que se le entregue un poco de justicia y empatía”.

La víctima relató que Grasso la captó inicialmente a través de redes sociales, con un discurso victimizante: “Lo que dicen los medios de prensa es mentira, soy una víctima del sistema, me persiguen por haber sido policía y a los policías la sociedad los odia”.

El expediente resalta la premeditación y la utilización de estupefacientes como elemento agravante. Además, la victima advirtió que las autoridades fueron alertadas sobre la situación los días posteriores a la denuncia, pero “nada se hizo”. “Cuando la Justicia no cumple su misión también incurre en una particular manera de matar porque en ese domicilio murió Milagros Basto”, criticó el abogado.

Los antecedentes

El hallazgo del cadáver de Milagros Micaela Basto, conocida como “Pitu”, fue realizado el 7 de julio de 2025 por albañiles que trabajaban en tareas de refacción y que descubrieron un cuerpo envuelto en frazadas y sellado con cemento dentro del placard del departamento. La autopsia determinó que la muerte se habría producido alrededor de 6 meses antes, pero el grado de descomposición era tal que los forenses necesitaron más de un mes para confirmar la identidad.

Grasso ya contaba con una condena a 27 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Facundo Novillo, un niño de 6 años, ocurrido en 2007 en barrio Colonia Lola. El ex policía accedió al régimen de prisión domiciliaria alegando problemas de salud tras esa condena. Sin embargo, el abogado querellante puso en cuestión ese beneficio, señalando que Grasso utilizaba supuestos turnos médicos para abandonar el domicilio sin autorización.

Además, Grasso había sido hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa, causas que determinaron su situación judicial previa. Según la Justicia, con la suma de los antecedentes y la gravedad de los hechos, Horacio podría enfrentar la pena máxima de prisión perpetua.

Los vecinos escucharon primero los gritos. Después, un disparo. Eran pasadas las 12 del mediodía de un sábado. Algunos salieron al pasillo a ver qué pasaba. Otros se acercaron a la puerta del departamento. Desde adentro, Pablo Fernández, policía de la Bonaerense, pedía ayuda. No podía salir: la puerta estaba cerrada y no encontraba las llaves. Tuvieron que romperla a mazazos.

Cuando por fin lograron entrar, la escena era desesperante. Ayelén Sanabria —también de la Bonaerense— estaba tendida sobre la cama, con una herida de bala en la cabeza. Fernández la cargó y la bajó como pudo por la escalera. La subió a un auto y la llevó de urgencia al hospital más cercano. Minutos después, la joven murió.

Ese episodio, ocurrido el 23 de octubre de 2021 en la localidad de Ciudadela, derivó en una acusación que llevó a Fernández a la cárcel. Se lo imputó por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género y con arma de fuego. Estuvo más de cuatro años preso.

Sin embargo, el 14 de abril pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Martín —integrado por los jueces Martín Klobovs, Aníbal Bellagio y Carolina Martínez— lo absolvió y ordenó su inmediata libertad. “Lo dejaron libre por falta de pruebas. La Justicia a veces no es justa. Estoy muy enojada y muy triste”, le dice a Infobae la hermana de la víctima, María José Sanabria.

Un debate atravesado por dudas

El juicio se desarrolló los días 6 y 7 de abril. De acuerdo con la acusación, Fernández le disparó a Sanabria con el arma de ella y la intención de simular un suicidio, ya que la suya la había dejado sobre una mesa de luz junto a la cama, donde se encontró el cuerpo de la víctima y el arma homicida. Sin embargo, los jueces entendieron que eso no se pudo probar.

El fallo es contundente en ese punto: “El Ministerio Público Fiscal no logró acreditar una acción material positiva por parte de Fernández tal como viene acusado (...) Corresponde absolver al acusado Fernández por lisa y llana aplicación del beneficio de la duda previsto”, indicó el presidente del TOC N°3.

¿Qué pesó para esa decisión? Para empezar, no hubo testigos directos: todo ocurrió dentro de la vivienda. Por otro lado, la prueba pericial no fue concluyente sobre quién disparó. De acuerdo con la perito oficial Paola Figueroa, encargada de la autopsia, Sanabria recibió un disparo en el cuello, que siguió un recorrido de abajo hacia arriba, sin signos de que la víctima intentara defenderse.

El informe balístico de Gendarmería Nacional confirmó que el arma utilizada era la reglamentaria de la víctima, pero no pudo establecer la distancia ni la mecánica exacta del disparo.

Lo que sí se estableció fue que la herida presentaba “tatuaje” de pólvora, lo que indica que el disparo fue a corta distancia pero sin el arma apoyada sobre el cuerpo, un dato que —según el tribunal— resulta relevante frente a la hipótesis de la acusación, ya que, de haber existido resistencia, el arma hubiera estado apoyada o a mayor distancia.

Además, los estudios de residuos de pólvora resultaron no concluyentes, ya que no se hallaron partículas en las manos de Sanabria ni en las de Fernández. En este sentido, el tribunal advirtió sobre la “impericia cuasi irresponsable” en la recolección de muestras, lo que debilitó la acusación.

La pericia “clave”

La reconstrucción judicial estableció que la pareja de policías tenía una relación “tóxica”, marcada por episodios de celos, discusiones y violencia de género. Él de 32 años, ella de 22; se conocieron trabajando en el Comando de Patrullas de San Isidro. Aunque no estaban en una relación formal, Fernández declaró que dormía en la casa de Sanabria entre tres y cuatro veces por semana.

Durante el debate, dos testigos narraron los minutos posteriores al disparo. Relataron que oyeron gritos y vieron a Fernández pedir ayuda, mientras intentaba abrir la puerta de la vivienda. Los vecinos debieron romper la entrada para acceder al lugar, donde hallaron a la víctima agonizando. Fernández, según los testimonios, levantó a Sanabria y la llevó junto a otros vecinos hasta el Hospital Carrillo, donde finalmente se confirmó su deceso.

La hermana de la víctima, María José Sanabria, aportó que Ayelén se encontraba muy afectada por la muerte de su madre en octubre de 2020.

En ese contexto, el punto de quiebre en la prueba fue una pericia psiquiátrica retrospectiva sobre la víctima —solicitada por la defensa del imputado— que identificó “indicadores de riesgo compatibles con situaciones de violencia de género psicológica y física”, así como “factores de riesgo autolítico”, es decir, señales de vulnerabilidad psíquica y tendencias suicidas.

En diálogo con Infobae, la abogada Liz Barrionuevo lo explicó así: “Fue una pericia brillante realizada por el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de La Plata: 90 hojas de trabajo. Con eso, el tribunal advirtió que la chica se quitó la vida”.

Según detalló Barrionuevo, ese informe reconstruyó el estado emocional de Ayelén: un cuadro atravesado por la muerte reciente de su madre y una situación de vulnerabilidad psíquica compatible con una conducta suicida.

Esa pericia, presentada meses antes del juicio, tuvo un impacto directo en el revés de la causa: en marzo, a solo semanas del debate, Fernández dejó el Complejo Penitenciario de Magdalena y obtuvo prisión domiciliaria.

El comportamiento posterior del imputado también fue analizado: “No huyó, pidió ayuda, cargó a la víctima y la llevó al hospital. Su conducta no encajaba con la de alguien que acaba de cometer un homicidio y busca escapar“, dice su abogada.

Consultada acerca de si sus conocimientos como policía podrían haberlo ayudado a manipular la escena, la letrada dijo: “No hubo ningún escenario donde él se podría haber lavado o limpiado porque de inmediato entró todo el mundo al departamento. Posteriormente se fue al hospital y ahí enseguida le pusieron los guantes y quedó detenido. No hubo ninguna anomalía, ni siquiera se le encontraron rastros de pólvora”.

El después de la absolución

Durante el debate, Fernández declaró y sostuvo siempre su inocencia. “Yo no maté a nadie. Yo quise salvarle la vida”, dijo. Según relató, la discusión de esa mañana derivó en un forcejeo por un arma, tras lo cual la joven habría tomado su pistola reglamentaria y efectuado el disparo fatal.

“Terminé preso cuatro años y medio siendo inocente… Perdí el trabajo, me perdí de ver crecer a mi hijo. Cuando pasó todo esto, él tenía seis meses. Hoy tiene cinco años”, le dice a Infobae.

En libertad desde hace quince días, Fernández sostiene que todavía no se acostumbra: “Me cuesta salir a la calle y estar en lugares con gente porque me siento observado. La condena social fue muy fuerte”.

En ese sentido, su abogada aseguró que ya inició gestiones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense para revisar la situación laboral de Fernández, quien fue apartado de la fuerza tras su detención. “Tienen que definir si lo reincorporan o toman otra decisión. También corresponde que le reconozcan estos años”, explicó. En paralelo, adelantó que analiza avanzar con acciones legales contra el Estado por el tiempo que Fernández pasó preso.

La familia de Ayelén, en tanto, sigue sosteniendo que él fue el responsable de quitarle la vida. “Como hermana, todo esto me deja muy intrigada. Durante años se habló de pruebas que lo señalaban como el culpable y, de un día para el otro, dicen que no hay evidencia suficiente y lo liberan. ¿Qué más pruebas hacen falta si el propio cuerpo de mi hermana mostraba lo que pasó? Yo salí del juicio muy mal, con dolor, enojo y mucha angustia. Es algo que no supero hace cuatro años. Para mí es una injusticia. La verdad es que él mató a mi hermana y que lo hayan liberado por falta de pruebas me llena de bronca. Estoy muy enojada con la Justicia”, se despide María José.

Luego de denunciaran que un compañero había difundido un video íntimo que involucraba a una adolescente de 17 años, la Justicia de Neuquén emitió una inédita resolución judicial que obliga a toda la comunidad educativa a capacitarse en el uso responsable de redes sociales. Así, los docentes, alumnos y padres de una escuela secundaria de Centenario deberán aprender sobre los tipos de violencia digital.

La medida fue dispuesta por la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia Adriana Luna, a cargo del Juzgado N° 6 de la I Circunscripción, tras la denuncia presentada por una estudiante de cuarto año. Según consta en el expediente, la joven acusó a un compañero de haber grabado y difundido contenido íntimo sin su consentimiento.

Ante esta situación, la magistrada argumentó que se trataba de una conducta tipificada como violencia digital, según lo establecido en la Ley Olimpia N° 27.736 y la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Por este motivo, resolvió implementar un Plan de Capacitación y Abordaje Integral sobre Violencia Digital y de Género, de aplicación “obligatoria e inmediata” en la institución.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el colegio deberá organizar talleres y jornadas de reflexión donde se aborde el uso responsable de redes sociales, la difusión no consentida de contenido íntimo, los vínculos saludables, la empatía y el consentimiento durante la adolescencia. Además, la participación será obligatoria para los estudiantes del curso involucrado, el cuerpo docente, los directivos y las familias.

En línea con esto, la jueza Luna sostuvo que el objetivo es “fortalecer la corresponsabilidad en la prevención de estas conductas y evitar la reedición de hechos como los acontecidos”. De la misma manera, en la resolución judicial subrayó que la medida busca dar una respuesta integral que involucre a toda la comunidad escolar y no se limite al castigo individual.

Previo a darse a conocer el fallo, la magistrada mantuvo audiencias individuales con los adolescentes involucrados en el caso. Asimismo, remarcó que la intervención judicial en procesos que involucran adolescentes debe regirse por los principios de interés superior del niño, oportunidad y eficacia, buscando acciones que protejan, eduquen y generen corresponsabilidad.

Por medio de un análisis del informe psicológico sobre el estado de la denunciante, determinó que el hecho generó en la menor de edad un cuadro depresivo, angustia y temor constante ante la posibilidad de exposición pública en el ámbito escolar.

A raíz de este diagnóstico, la jueza agregó una serie de medidas cautelares que incluyen la prohibición de intimidación, hostigamiento o perturbación por parte del acusado hacia la alumna denunciante.

Por último, el fallo indicó que la institución educativa tendrá un plazo de 30 días hábiles para fijar la primera jornada de capacitación, presentar un cronograma detallado de actividades y, al finalizar el proceso, elevar un informe sobre resultados, nivel de participación e impacto en la comunidad escolar. Las actividades estarán a cargo de profesionales en género, ciudadanía digital y psicología adolescente, con la intervención de equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación.

Condenaron a un preso por abusar sexualmente sin contacto físico de una menor de edad

El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón dictó una sentencia considerada de alto impacto al condenar a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una niña durante más de tres años mediante redes sociales, mensajería instantánea y videollamadas. Los hechos ocurrieron entre enero de 2020 y febrero de 2023 en Ituzaingó y Hurlingham.

La resolución, firmada por Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, reconoció que puede existir abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y a través de medios digitales, un criterio sin precedentes según las fuentes judiciales a las que tuvo acceso Infobae.

De acuerdo a la investigación, Novillo manipuló a la víctima desde que tenía 12 años, empleando identidades falsas en Instagram y WhatsApp para ocultar su verdadera condición de adulto. Fue así que el acusado ejerció dominio psicológico, amenazas y coacción, obligando a la niña a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo y sometiéndola a un esquema de intimidación constante y amenazas de difusión de material íntimo.

El fallo judicial estableció que los hechos constituyeron un caso de abuso sexual con acceso carnal cometido íntegramente a través de medios digitales. En línea con esto, los jueces consideraron probado que el sometimiento fue real y profundo, equiparable al abuso físico, y remarcaron que la violencia digital puede generar un cautiverio psicológico de igual intensidad.

Durante el juicio se acreditó que Novillo utilizó usuarios falsos para ganarse la confianza de la menor, simulando ser un adolescente. Inició el requerimiento de imágenes íntimas en enero de 2020, bajo el pretexto de una supuesta campaña de modelaje.

Posteriormente, la violencia escaló, debido a que comenzó a exigir fotos y videos desnudos. También realizaba videollamadas en las que la víctima era obligada a exhibirse y realizar actos sexuales bajo amenazas de divulgación de material íntimo.

“Mucho tiempo fue esto de fotos y videos, después fueron más videollamadas, que él me pedía... todo en contra de mi voluntad. Yo no quería”, declaró la víctima en Cámara Gesell. Además del abuso sexual, Novillo extorsionó económicamente a la familia de la víctima.

Según constató la investigación, Novillo obligó a la niña a enviar imágenes de tarjetas de crédito y débito de sus padres, lo que permitió realizar operaciones ilegales. Fue así que la familia denunció una pérdida estimada en $350.000, además de la reposición de 48 plásticos y transferencias a billeteras virtuales.

Entre las pruebas más contundentes, se rastrearon operaciones realizadas a través de Pago Fácil y Rapipago, redirigidas a una billetera digital “Prex Card” creada a nombre de Johanna Agüero, pero controlada por Novillo desde su lugar de detención.

Por otro lado, en el teléfono del condenado se hallaron 719 archivos con contenido de abuso sexual infantil. El informe psicológico oficial, realizado a los 15 años de la víctima, describió síntomas de trauma psíquico severo, baja autoestima, perturbaciones en el sueño y tendencia autodestructiva. “Las primeras noches después de contarlo dormí con un cuchillo al lado o con mis papás”, reconoció la joven.

El perfil del agresor reveló antecedentes por hechos similares, con condenas en 2008, 2012 y 2017. Por este motivo, el tribunal lo halló culpable de abuso sexual con acceso carnal, producción y tenencia de imágenes de abuso infantil, promoción de la corrupción de menores, extorsión y defraudación mediante tarjetas de crédito.

Finalmente, desde el Ministerio Público destacaron que la sentencia marca un precedente en la adaptación del Derecho penal a nuevas formas de violencia digital, y enfatizaron: “El fallo deja un mensaje claro: la violencia también se ejerce a través de entornos digitales y marca un camino para la adaptación del Derecho penal a nuevas formas de violencia en la era digital.”

El inicio de la causa por tráfico de armas, ahora en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, comenzó el 26 de julio de 2024, cuando la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (actualmente RENAR), formuló una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo de Santiago Marquevich, que inició una investigación preliminar junto al Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Este 27 de abril, se realizaron 140 allanamientos en viarios puntos del país, desde Tucumán a Tierra del Fuego. Los detectives constataron que 742 armas compradas en armerías con credenciales de legítimo usuario no estaban en los domicilios de esos legítimos usuarios. Asimismo, hay otras 1526 armas vinculadas por fuera de dicho circuito, lo que arroja un total de 2269 armas que están en calidad de “perdidas” o “extraviadas”. Es decir, que no hay certeza sobre su paradero.

Se trata, principalmente, de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres- entre ellas Bersa, Glock y Taurus- predominando los calibres 9 mm, .45 y .22. Creen que podrían estar en manos de narcos en Paraguay y Uruguay.

Sin embargo, una conversación telefónica que consta en el expediente da cuenta de uno de los detinos que tuvo el armamento: Uruguay.

En el audio, al que tuvo acceso este medio, de uno de los detenidos del operativo “armas sin fronteras” da cuenta de la operatoria de la organización criminal que contaba con testaferros y gestores como parte de la maniobra.

“Se me cortó lo que yo estaba haciendo. Yo estaba comprando y vendiendo armas y era un número, una plata me llevaba, trescientos por semana me llevaba... Y se cortó hace... desde que subió este peluquín hijo de mil putas, se me cortó. Hace unos ocho meses que no meto un laburo de esos”, relata el hombre que está señalado como uno de los prestanombres de la banda.

“¿Armas?“, le pregunta su interlocutor. “Sí, armas, legal”, responde el imputado. “¿A quién se la vendés?“, quiere saber el otro hombre. ”Yo no hago nada más que comprarlas. Así como las compro, se las llevan. Ahí mismo en el auto me pagan, pim, pam y a otra cosa. Se encarga otro de venderlas. Yo no las veo más, ¿viste? Porque las liman. Le sacan el número, todo, las liman y las mandan para Uruguay“, explica el involucrado en la causa.

“Y por cada arma me dan ciento cincuenta. Y vos, si pudieras caminar, también te llevás 150 por cada una”, agrega. “Y, ¿viste? Por eso yo... la gente decía que yo estaba rico. Mentí. Era un cuento que yo hacía", se ríe.

La intervención telefónica de uno de los miembros de la asociación ilícita investigada permitió establecer la modalidad mediante la cual obtenían las armas, limaban su numeración identificatoria, y posteriormente, las enviaban a ese país, percibiendo retribuciones económicas por cada operación realizada

Chile

Al mismo tiempo, la investigación estableció la vinculación internacional de armas registradas en el país con procedimientos policiales realizados en Chile.

Se trata de cuatro armas de fuego, tres Bersa y una Glock, registradas a nombre de usuarios argentinos, Julio Zenón Ruíz y José Victor Ávila, ambos de 70 años, que fueron secuestradas en distintos procedimientos policiales realizados en ese país, en el marco de investigaciones por delitos graves, entre ellos homicidios e infracciones a la legislación sobre estupefacientes.

Estas coincidencias surgieron a partir del cotejo de numeraciones identificatorias del armamento, sin que los titulares registrales en Argentina hubieran denunciado su robo o extravío, lo que refuerza la hipótesis de su circulación irregular fuera del país.

En diálogo con el equipo de Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, la mamá del menor describió la mecánica del ataque y la preocupación de la familia por la permanencia del animal en la vía pública.

La agresión ocurrió el lunes, cuando el niño de once años llegó a su domicilio, tocó el timbre y fue sorprendido por un perro que deambulaba por la zona. El animal, una cruza de Rottweiler con Labrador, lo atacó repentinamente.

“El perro habitualmente está suelto, la gente sale de su casa, deja el portón abierto y sale. Rompe cadenas, hemos visto como rompe las rejas de su casa y pasa el cuerpo. Es muy sigiloso”, explicó Mónica.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de un vecino. “Él cambia su objetivo y muerde a una perrita de nuestra casa, ahí mi hijo se siente liberado y empieza a correr. Sino seguiría mordiendo a mi hijo, buscaría el cuello o la cara. A él le muerde el brazo porque se cubrió la cara. Tiene heridas, mordeduras, rasguños”, detalló la madre sobre el momento asegurando que la situación pudo haber sido aún más grave.

El niño fue asistido inicialmente en el hospital de Alem y luego derivado a Posadas por la gravedad de las lesiones. El parte médico indicó que tuvo suturas de entre tres y cuatro centímetros en la pierna derecha, una herida de cinco centímetros en el antebrazo derecho y lesiones adicionales en el abdomen, con un tiempo de recuperación estimado de 25 a 30 días. Ya recibió el alta.

Además, aclaró que desde el hecho no pudo hablar con la dueña del perro. “Sé que no hizo nada. Es más, cuando el perro sale de mi casa, ella cierra mi portón y no vuelve a socorrer por mi hijo. Ella hace un abandono total de persona”, remarcó.

Mónica reconstruyó el momento en que fue alertada por su hija: “Recibo la llamada de mi hija a las 17:24, me dice ‘mamá vení porque lo atacó un perro, se está desangrando y no sé qué hacer’. Mi hija tiene 15. Le digo que cubra las heridas y me dice que había sangre por todos lados, que no sabía qué hacer. Salgo de mi trabajo, me monto a la moto, no sé cómo llegué, pero en pocos minutos estaba en mi casa. Me encuentro con mi hijo tirado en el garaje de mi casa y me dice ‘mamá no aguanto más’. Eso es lo que me dice y ahí ya, en una palidez total, se desvaneció y lo asistí”.

El episodio dejó secuelas emocionales en el menor: “Mi hijo está en la cama, tranquilo ahora. Pero al escucharlo ladrar, mi hijo tiembla y le da como escalofrío. Él dice que le da miedo. Al taparle con la frazada, con su brazo sano se destapa y me dice ‘para salí de acá, deja de morderme’. Siente que la frazada es el perro, es en sueño, porque está durmiendo. Pero está traumatizado”.

La familia realizó la denuncia policial el martes, al día siguiente del ataque, y la amplió el jueves porque el perro seguía en la calle. “Yo me presenté en la comisaría, dejé la denuncia. Les fui clara y les pedí que intervengan para que esto no termine en justicia por mano propia. La segunda vez también fui muy clara, dije lo mismo. Este jueves llevé a mi hijo para que lo revisara el médico policial, estaba el jefe de comisaría. Me preguntaba qué había pasado y le conté, me dijo que no sabía nada”, relató Mónica.

El miércoles, al ver nuevamente al perro en el portón de su casa, Mónica llamó a la policía. “Mi primera reacción fue querer matar al perro. Soy sincera, porque la impotencia que tengo es muy fuerte. Los oficiales me dieron su número por si esto pasaba, que si lo veía, que no reaccionara y que los llamara a ellos. Los llamé, pero lamentablemente vinieron como treinta o cuarenta minutos después. Para eso el dueño llegó, guardó al perro”.

La madre también contó el cruce verbal con el dueño del animal y la falta de respuestas concretas: “Le dije ‘Maxi ¿qué pensás hacer con esta bestia que está acá otra vez en mi portón? ¿qué esperás que mi hijo se muera?’. Y él me respondió: ‘Ya no sé qué más hacer con este perro’. Fue una discusión de vereda a vereda. Él me decía: ‘Me pongo en tu lugar, pero ¿qué puedo hacer?’”.

La familia espera que las autoridades o los dueños del animal tomen acciones para que vuelvan a sentirse seguros. “Vivimos presos. Le dije a mi hijo de salir y me pregunta si me avisaron si se llevaron al perro. Le dije que no, pero que esperemos un día más a ver si podés salir. Yo lo quiero sacar al patio pero sigue con su temor, él quiere que le confirme que el perro no está y yo no le voy a mentir”, cerró.

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Una pelea entre una pareja en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con un hombre muerto y una mujer detenida pocas horas después de darse a la fuga. La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien murió a causa de múltiples puñaladas que le propinó su novia minutos después de que él le cortara la cara con el filo de una botella de cerveza rota.

El episodio ocurrió frente a una vivienda ubicada en Espronceda al 100, casi en el cruce con Capitán Sarmiento. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la pareja estaba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató la discusión. Los vecinos del lugar ya conocían ese tipo de enfrentamientos porque, de acuerdo a sus testimonios, las peleas entre ambos eran frecuentes.

Sin embargo, en un momento de la discusión, Ríos rompió una botella de cerveza y con el filo le provocó un corte en la mejilla a su novia, Verónica G., de 51 años. Fue entonces cuando la mujer le arrebató un cuchillo que él mismo tenía y lo atacó reiteradas veces.

En este contexto intervinieron los vecinos, que fueron quienes retiraron a la mujer de encima de la víctima. Fuentes del caso señalaron que la imputada padecería un cuadro de adicción. Tras ser tranquilizada por los presentes luego del episodio, Verónica G. se dio a la fuga.

Ríos, por su parte, fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en el cruce del Camino Presidente Juan Domingo Perón —conocido como Camino Negro— y la calle Recondo, pero murió minutos después.

Los peritos de la Policía Científica, convocados por la Justicia, determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca tanto en la espalda como en la región torácica.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción, con la carátula provisoria de “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el crimen, efectivos de la comisaría 7ª, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el área de Inteligencia Criminal llevaron adelante un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.

El procedimiento dio resultado negativo en cuanto a la presencia de la sospechosa, aunque en la puerta del inmueble se hallaron manchas hemáticas.

Pese a que la imputada se fugó del lugar del hecho, la búsqueda no se prolongó demasiado: en la tarde de este viernes, sus propios hijos llamaron a la policía para informar que su madre se encontraba en el domicilio y que tenía intenciones de entregarse. Personal policial se presentó en el lugar y procedió a su detención.

El caso de Guadalupe Lucero, la nena desaparecida en 2021 en la provincia de San Luis, sumó en los últimos días un elemento que podría significar un giro en la investigación. Roque Lucero, abuelo paterno de la nena, fue imputado recientemente por el presunto abuso sexual de una niña con discapacidad.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que se recibió una denuncia por un presunto delito contra la integridad sexual y que la investigación se encuentra en etapa preliminar. “La víctima presenta condiciones de especial vulnerabilidad, por lo que es indispensable resguardar confidencialidad en la información”, indicaron. No se brindaron más detalles para proteger a la víctima.

Pero eso no es todo, ya que Lucero además está bajo la lupa en otra causa, también por abuso contra una menor. Así lo explicó a Infobae la abogada de la familia de Guadalupe y de las víctimas, Soledad Poma de Otaegui.

Según detalló, existen dos denuncias de abuso sexual. En una de ellas, la justicia provincial ya le formuló cargos formales a Lucero, mientras que en la otra aún se está a la espera de una Cámara Gesell. De confirmarse una declaración positiva, se impulsará una nueva formulación de cargos. El expediente está radicado en la Fiscalía de Género de San Luis, a cargo de Antonella Córdoba.

Actualmente, Lucero no se encuentra detenido, pero tiene medidas de coerción que le impiden acercarse a las víctimas. La letrada explicó que, a raíz de la denuncia, se logró una orden de restricción y el imputado debió mudarse de domicilio.

Posible giro en la causa de Guadalupe

A partir de esta imputación, la abogada dijo que el abuelo quedó en el centro de las sospechas por la desaparición y anticipó que el lunes se presentará ante la Justicia Federal -que investiga el caso de Guadalupe- para que incorpore la acusación por abuso al expediente.

“Esto abre una puerta enorme. Si bien no estamos indicándolo ni acusándolo por la causa de Guadalupe, no descartamos ninguna de las teorías ni las posibilidades”, remarcó a TN.

Y añadió: “A partir del día de ayer quedó sindicado como primer sospechoso. Él no estaba siendo investigado por la Justicia, que ahora todo está en el fuero Federal. Esto deja muchas dudas respecto a la familia. Y la familia está totalmente desconcertada porque no entienden por qué se lo dejó a un costado (de la investigación)”.

En este contexto, Poma de Otaegui informó a este medio que el lunes hará la solicitud formal para que el Juzgado Federal sume la reciente acusación por abuso sexual al expediente principal.

“El lunes haremos formal la solicitud de investigación al abuelo paterno. Y denunciaremos omisiones y cuestiones referidas tanto al abuelo como al hijo. Al momento de la desaparición de Guadalupe, tenían conocimiento de que él había sido denunciado penalmente por un abuso sexual a una menor de edad y no lo investigaron como correspondía".

Finalmente, la abogada pidió que quien tenga algo para aportar a la causa de los abusos sexuales, se acerque y haga la denuncia. “También queremos hacer saber que si por ahí hay alguien que tiene información certera de esta persona o que haya sufrido, de igual manera que las personas que yo represento, abusos sexuales o cualquier información que nos pueda aportar, estamos a disposición para escucharlos y para poder hacer el aporte a la causa”, dijo.

Y siguió: “Ahora en junio van a ser cinco años que Guadalupe desapareció. En San Luis no nos olvidamos de que Guadalupe desapareció y que no tuvimos ningún tipo de indicio ni nada de qué pasó con ella”, sentenció.

Esta semana, Yamila Cialone, mamá de Guadalupe; Silvia Domínguez, abuela materna, y un tío de la nena se presentaron en los tribunales de San Luis para quejarse por no haber sido informadas sobre la causa.

“Nos enteramos hoy por los medios de la imputación al abuelo de Guadalupe. Nunca tuvimos contacto con él ni sabíamos de esta situación”, expresó Domínguez a medios locales.

En ese sentido, cuestionó que el hombre no haya sido considerado dentro de la investigación por la desaparición: “Si existían denuncias por abuso, creemos que debería haber sido investigado como corresponde. Hoy en la Justicia Federal nos dijeron que no tenían conocimiento de esto”, dijo.

Un ex legislador de Salta que ya enfrentaba cargos por contrabando agravado y asociación ilícita fue imputado por dos nuevos delitos luego de que intentara, a través de un intermediario, comprar la voluntad de un auxiliar fiscal con dinero en efectivo. La maniobra quedó registrada en una grabación que el propio funcionario judicial obtuvo al concurrir al encuentro con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera. “Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, se escucha decir al intermediario en uno de los fragmentos reproducidos durante la audiencia.

El acusado es Luis Gerónimo Cisnero, ex diputado provincial de la provincia norteña, quien desde septiembre del año pasado se encontraba bajo proceso penal por una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.

Lejos de mantenerse al margen del expediente que lo tenía como investigado, Cisnero habría diseñado una estrategia para acercarse a un integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) con vínculos en su causa y torcer el rumbo del proceso antes de una audiencia determinante prevista para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal.

La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra el exlegislador por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La audiencia de formalización se realizó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, quien calificó el episodio como un hecho de "inusitada gravedad institucional" —expresión que también emplearon los fiscales intervinientes— y dispuso la prisión preventiva de Cisnero por 60 días, con lo que dejó sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida en diciembre pasado.

La maniobra para llegar al auxiliar fiscal no fue un acercamiento improvisado. Según expuso en la audiencia la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede de Tartagal y a cargo de la investigación principal, Cisnero conocía al funcionario porque este había intervenido en una audiencia de su causa el 23 de diciembre pasado. A partir de ese momento, mientras gozaba de libertad, el exdiputado buscó contactarlo mediante vínculos personales y familiares. En una primera instancia recurrieron a una persona amiga de la familia del auxiliar fiscal, pero la falta de trato frecuente hizo que el funcionario no respondiera a los insistentes llamados. Fue entonces cuando el intermediario identificado como J.M.A. logró llegar a un amigo personal del auxiliar fiscal, a quien convenció de llamarlo por teléfono para concertar un encuentro, sin revelar el verdadero motivo.

La secuencia culminó el sábado previo a la audiencia, cuando J.M.A. interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio de General Mosconi y lo invitó a conversar dentro de una camioneta Toyota. El auxiliar fiscal, prevenido ante la situación, llegó con una grabadora oculta. Allí, el intermediario le dijo que hablaba en nombre del ex legislador y le ofreció dinero para que influyera en su favor antes del 23 de junio. “Él dice que está dispuesto a poner guita”, afirmó J.M.A. según los audios reproducidos en la audiencia por el MPF. Y agregó, en alusión directa a la funcionaria a cargo del caso: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.

Los fragmentos también revelaron referencias a supuestos pagos anteriores: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía". Para el MPF, el episodio evidenció el intento de ambos acusados de abrir un canal de influencia dentro del sistema judicial. El fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal Orsetti sostuvieron en la audiencia que el caso reviste una gravedad que no podía ser contenida con las medidas restrictivas vigentes.

La jueza Hernández coincidió con esa valoración. Al resolver los pedidos, ponderó el riesgo de fuga y, de manera particular, el argumento del MPF sobre el entorpecimiento procesal, que a su criterio no había podido ser neutralizado con la caución real ni con la libertad concedida meses atrás. Rechazó los planteos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados y extendió la prisión preventiva de 60 días también a J.M.A., a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro.

Los allanamientos realizados el martes previo a la audiencia abarcaron cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en la calle Gorriti de Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados al exlegislador y a uno de sus hijos. El avalúo preliminar de los bienes incautados asciende a 584.603.895 pesos.

Entre los objetos secuestrados en la vivienda de Cisnero en Green House figuran un automóvil Mini Cooper Countryman, un Volkswagen T-Cross y una camioneta VW Amarok, además de tres teléfonos celulares, dos notebooks, cámaras fotográficas y de video, tres pasaportes, una pistola calibre .22 con cargador y municiones, y documentación diversa. En efectivo se hallaron 36.917.700 pesos, 84.390 dólares y 500 euros. Entre las joyas se incautaron 24 cadenas doradas, 19 anillos, 11 pulseras, una barra de oro fino de 24 quilates y dos monedas bitcoin de oro, entre otros objetos de valor.

En el inmueble de la calle Gorriti, vinculado a un hijo del exlegislador, se incautaron 48.000 dólares, 374.500 pesos, moneda extranjera boliviana y mexicana, soportes digitales y una notebook. En otro domicilio del mismo barrio privado, también asociado a un hijo de Cisnero, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas KTM, un sistema de cámaras de seguridad, cuatro celulares y documentación variada. La investigación principal, en la que hay otras cinco personas imputadas además de Cisnero, tiene como próxima instancia la audiencia de Control de la Acusación prevista para el 23 de junio, paso previo a una eventual elevación del caso a juicio oral y público.

Paula Lastiris, de 47 años, fue asesinada de un disparo dentro del local de cotillón en calle 37 entre 9 y 10, en el barrio Norte de La Plata. El presunto autor del ataque es el dueño del negocio, Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años, quien fue detenido a pocas cuadras del lugar con un revólver. La hipótesis inicial apuntaba a un conflicto por el alquiler del local comercial, pero fuentes de la causa confirmaron a Infobae que no existe constancia de ninguna deuda en el expediente.

Según informaron fuentes policiales a este medio, el miércoles un hombre ingresó al comercio y efectuó un disparo contra la mujer que atendía el negocio. Ante el llamado al 911, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y, con los datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo en la zona.

El sospechoso fue localizado y aprehendido en calle 35 entre 5 y 6. Al momento de la detención, los agentes le secuestraron un arma de fuego tipo revólver, que sería la utilizada en el ataque. Lastiris fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Con el correr de las horas se confirmó su deceso a raíz de la herida de arma de fuego.

En las últimas horas se produjo un giro en la causa: fuentes de la causa precisaron a Infobae que, de acuerdo con lo declarado por el propio Romero ante la Justicia, la víctima mantenía el alquiler al día y que el propietario no se había presentado a cobrar el pago correspondiente al mes de abril. Ante esa ausencia, los inquilinos le enviaron una carta documento para comunicarle que el dinero estaba a su disposición.

“En la causa no consta que hubiera una deuda. Le pagaban el alquiler en tiempo y forma y este mes no había ido a cobrarlo el día diez, como iba siempre, lo que motivó que le mandaran una carta documento para decirle que tenían el alquiler a su disposición”, precisaron las fuentes consultadas.

Con ese dato incorporado al expediente, las autoridades descartaron el móvil económico y evalúan otras líneas de investigación. La autopsia y las pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado serán determinantes para definir el nuevo rumbo del caso.

Araoz quedó formalmente detenido y fue sometido a indagatoria, pero por recomendación de su abogado defensor se negó a declarar. El juez de Garantías Pablo Nicolás Raele consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal.

La causa es instruida por la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Las autoridades no descartan que la carátula pueda mutar a femicidio, lo que agravaría la situación procesal del acusado.

El expediente también recoge el testimonio de Romero sobre una relación tensa entre su esposa y el propietario del local, con episodios de malos tratos en el marco del vínculo locativo. Fuentes judiciales remarcaron que esos antecedentes son materia de análisis y que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del crimen.

Quién era la víctima

Paula Lastiris llevaba cuatro años al frente del cotillón “Repostillón”, en el barrio Norte de La Plata, donde también ofrecía artículos de repostería. El local había permanecido cerrado cerca de 20 años antes de que ella lo pusiera en marcha.

Tenía planes de expandir el negocio y formalizar el contrato de alquiler. Estaba casada con el estilista Walter Romero y la pareja tenía una bebé de pocos meses.

Los vecinos de la cuadra la describieron como una persona muy querida en el barrio. Una vecina del barrio recordó a la víctima en declaraciones al portal platense El Día: “La verdad que la chica era macanudísima. Yo vine un montón de veces a comprar porque soy una vecina de acá a la vuelta”. Esa misma fuente detalló que, tras el disparo, Araoz salió corriendo con el arma.

Antes de ser detenido, intentó tomar un taxi frente al Hospital Español, a pocas cuadras del lugar del crimen, con destino a la localidad de Gonnet, pero el conductor se negó a llevarlo luego de que alguien le advirtiera que el hombre había matado a una persona y que iba armado.

Luego de que la Fiscalía de Bariloche impugnara la prisión domiciliaria de Konstantin Rudnev, el presunto líder ruso de una secta transnacional dedicada a la trata de personas, su defensa presentó un hábeas corpus para reclamar que su cliente siga preso en la Unidad 6 de Rawson cuando existe una orden judicial firme para que cumpla arresto domiciliario en su domicilio de San Vicente, Buenos Aires.

La presentación, a la que accedió Infobae, fue realizada por el abogado Martín Sarubbi, quien aseguró que la situación de Rudnev “constituye un agravamiento ilegítimo” porque, aunque hay una resolución judicial firme, el traslado del detenido sigue pendiente.

Según el escrito, el Tribunal de Revisión dispuso la prisión domiciliaria el 23 de abril. El depósito de la caución económica exigida se realizó seis días después, el 29 de abril, por el monto determinado. Pero aún así, no lo llevaron a la casa.

El lugar asignado para la detención es una vivienda en San Vicente. Allí, la Justicia fijó condiciones estrictas: instalación de tobillera electrónica, intervención de garantes que aseguren el cumplimiento de las reglas, prohibición expresa de contacto con la presunta víctima y el pago de una suma de dinero como caución.

La defensa afirmó que “todas esas obligaciones ya están en regla” y resaltó que la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó al tribunal que el mecanismo de control “se encuentra disponible para su colocación y solo falta indicar la fecha de traslado”.

Sarubbi también propuso costear de forma privada y a cargo de la defensa el traslado en avión para reducir las dilaciones, señalando que la Unidad 6 de Rawson no puso objeciones. La Policía Federal Argentina debía coordinar la fase final del traslado, algo que tampoco avanzó.

Según la presentación, ni el juez interviniente ni la oficina judicial activaron los procedimientos necesarios para que se concrete el arresto domiciliario. La defensa advirtió que esta omisión es jurídicamente significativa y puede generar perjuicios irreparables.

El habeas corpus permite reclamar ante cualquier cambio ilegal o empeoramiento en las condiciones de detención. En este caso, la defensa aclaró que no solicita la libertad de Rudnev, sino que se aplique de inmediato el arresto domiciliario ya concedido, corrigiendo la situación que considera contraria a derecho.

“La demora en ejecutar la medida ya dispuesta vulnera garantías constitucionales de la persona detenida”, resaltó Sarubbi en el escrito.

La impugnación de la Fiscalía

En las últimas horas, la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche presentó un recurso de impugnación para que se revoque la prisión domiciliaria concedida a Konstantin Rudnev. La fiscalía cuestionó la decisión tomada el 23 de abril por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, quienes hicieron lugar parcialmente al planteo de la defensa y dispusieron que el imputado cumpla su prisión preventiva en su domicilio de la localidad bonaerense de San Vicente.

La impugnación se centró, entre varios argumentos, en el hecho de que el imputado cumpliría prisión domiciliaria junto a una mujer que fue investigada en la causa, aunque no resultó imputada.

Según la fiscalía, “no resulta lógico ni la experiencia indica que resulte razonable otorgar una prisión domiciliaria a R.K. en un domicilio donde conviviría con una mujer en una situación de vulnerabilidad, máxime cuando estamos ante un caso de la gravedad ya indicada y donde justamente, ambas víctimas (madre e hijo) se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema”.

El lugar elegido para la prisión domiciliaria generó reparos adicionales: se trata de un predio rural de aproximadamente dos hectáreas, ubicado a más de 1.400 kilómetros del tribunal donde tramita el expediente y de difícil acceso, ya que, según el informe realizado, se recomienda ingresar en un vehículo 4x4. Sobre el monitoreo electrónico, la fiscalía advirtió que el dispositivo “supervisa la presencia del imputado en el lugar, no supervisa el tipo de contacto que pueda tener con terceros, ni advierte sobre la presunta comisión de nuevos delitos”.

El Ministerio Público Fiscal insistió en la existencia de peligro de fuga, recordando la condena previa del imputado en Rusia —once años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, actos de violencia sexual y delitos de producción, venta y envío ilegal de estupefacientes— y el momento de su detención en el aeropuerto de Bariloche, cuando según el expediente intentaba huir de la ciudad e intentó autolesionarse con una hoja de afeitar.

En su presentación, la fiscalía concluyó que “los elementos reseñados —valorados de manera conjunta— permiten concluir que el imputado desplegó una maniobra concreta de planificación de fuga, valiéndose de mecanismos idóneos para confundir a las autoridades y maximizar sus posibilidades de evasión, lo que constituye un indicador claro y contundente del peligro de fuga en los términos del Código Procesal Penal Federal”.

La causa investiga una organización que, bajo la fachada de un espacio espiritual y de prácticas de yoga, habría captado, trasladado y acogido a la víctima y a su hijo con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, empleando engaño y coerción, aprovechando la situación de vulnerabilidad de ambos. A K.R. se le atribuye no solo la captación de la joven en su país de origen, sino también el intento de inscribir al recién nacido con su apellido, alterando así la identidad del niño.

Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el detenido integraba una red que buscaba “operar, desestabilizar y atentar” contra las instituciones democráticas. La funcionaria lo definió como “una amenaza para el orden democrático”.

En un video difundido a través de redes sociales, Monteoliva precisó que el arresto de Dmitrii Novikov se llevó a cabo en la localidad de Lanús.

Tras la detención, la Dirección Nacional de Migraciones precisó que se dispuso la cancelación de su residencia transitoria, la expulsión del país y la prohibición de reingreso con carácter permanente: “La medida se ordenó tras constatar que el involucrado desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina”, precisaron desde la cartera de Monteoliva.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó su retención preventiva. Así, Novikov deberá esperar el proceso de expulsión privado de libertad para “garantizar la efectiva ejecución de la sanción migratoria”.

El detenido había llegado al país como turista el pasado 12 de abril desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. En estos momentos se encuentra bajo custodia en la División Alcaidías.

Trabajaron en el operativo Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La denuncia por las operaciones de desinformación en Argentina financiadas por el régimen ruso

A principios de abril, el abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.

El documento reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.

El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.

Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.

La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, confirmó las condenas a los cinco imputados por una serie de secuestros extorsivos que impactaron la zona sur del conurbano bonaerense a fines de 2019 y principios de 2020. Entre las causas juzgadas, se incluyó el abuso sexual agravado que padeció una de las víctimas durante su cautiverio.

En un fallo unánime, los magistrados rechazaron los recursos presentados por las defensas de los condenados y por la fiscalía, dejando firmes las sentencias dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata.

Hechos juzgados

Según la investigación, Omar Gabriel Clavero Serrano, Brian David Guillermo, Cristian Agustín Altamirano, Javier Andrés Inglese y Gerardo Ezequiel Frutos integraban una banda que, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, cometió al menos cuatro secuestros extorsivos en las localidades de Glew, Longchamps y Guernica, partido de Almirante Brown.

El 22 de diciembre de 2019, Patricia Liliana Gari fue interceptada cuando llegaba a su casa en Glew. Encapuchada y retenida por al menos tres sujetos armados, fue llevada a una vivienda en construcción en Guernica, donde su familia fue extorsionada y forzada a pagar un rescate. Tras la entrega de dinero, recuperó la libertad, aunque le robaron el auto y otras pertenencias.

El 11 de enero de 2020, la víctima fue Esteban Amaya, quien circulaba con su camioneta en Glew. Con amenazas de arma de fuego, lo forzaron a entrar a una casa, lo golpearon y lo torturaron con picana eléctrica mientras exigían un pago a sus familiares. Amaya logró escapar antes de la entrega de dinero, aunque le robaron el vehículo y varios objetos personales.

Durante la madrugada del 14 de enero, Cristian Ezequiel Sombra Costa vivió una situación similar: fue golpeado y amenazado, mientras su familia era extorsionada. Los delincuentes sustrajeron dinero, electrodomésticos y otros bienes.

El hecho más grave ocurrió el 18 de enero de 2020, durante el secuestro de Martín Santiago Meza y NBO (cuyas iniciales se resguardan). Ambos fueron interceptados en Longchamps y llevados a un lugar de cautiverio en Guernica. Mientras se negociaba el rescate, NBO fue sometida a abuso sexual con acceso carnal por parte de dos secuestradores, bajo amenazas severas y violencia física.

Los autos utilizados, incluyendo vehículos robados a las víctimas, las llamadas extorsivas y la triangulación de teléfonos permitieron reconstruir la logística y los movimientos de los acusados.

Gerardo Ezequiel Frutos fue condenado como encubridor agravado por asistir a Clavero Serrano para eludir a la policía mientras este permanecía prófugo, facilitando traslados e información.

Las penas confirmadas

La Casación Penal confirmó las siguientes sentencias:

• Brian David Guillermo:25 años de prisión, declarado reincidente, como coautor de secuestros extorsivos agravados (tres hechos), robo agravado y abuso sexual agravado contra NBO.
• Omar Gabriel Clavero Serrano:25 años de prisión, reincidente, por igual calificación y como autor del abuso sexual durante el secuestro de NBO.
• Cristian Agustín Altamirano:17 años de prisión como coautor de secuestros extorsivos agravados en cuatro hechos, con una unificación que deriva en 24 años por acumulación de condenas previas como menor, aunque fue absuelto por el abuso sexual.
• Javier Andrés Inglese:11 años y 6 meses de prisión como coautor de secuestro extorsivo agravado y robo agravado, absuelto en relación a los hechos de abuso sexual y de algunos secuestros.
• Gerardo Ezequiel Frutos:3 años de prisión en suspenso, más reglas de conducta, por encubrimiento agravado.

También se ratificaron la prohibición de acercamiento y contacto de los condenados respecto de las víctimas, la reparación económica integral a favor de NBO, el decomiso de dinero, vehículos y teléfonos celulares usados en los hechos, y la obligación de realizar talleres de capacitación en género para algunos de los condenados.

El fallo de Casación

La Sala IV desestimó los planteos defensivos de arbitrariedad, falta de pruebas suficientes, inconstitucionalidad de la reincidencia y dilaciones procesales. Sostuvo la solidez de la investigación, la coherencia en la modalidad operativa, el grado de violencia empleada y el gravísimo impacto en las víctimas.

También fue rechazado el pedido del Ministerio Público Fiscal para extender las condenas a otros hechos y considerar partícipes necesarios del abuso a todos los presentes durante el secuestro de NBO. El tribunal evaluó las pruebas y el relato de la víctima, concluyendo que solo dos de los acusados participaron de manera directa.

El fallo está firmado por Borinsky, Carbajo y Hornos, constituyendo la última intervención de la justicia federal penal sobre la causa.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio de Mataderos, luego de que vecinos alertaran que escuchaban pedidos de auxilio desde la reja de una casa. Ante el llamado, efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle San Pedro al 5700.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer, de 53 años y de la misma nacionalidad que el sospechoso, encerrada y en un ataque de nervios, según precisaron las fuentes.

De acuerdo con su testimonio, durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal de costura y a vender los productos en la feria de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También afirmó que sufría privaciones de alimentos.

Tras el rescate, los oficiales hallaron una gran cantidad de prendas -entre ellas, camperas y chalecos-, además de máquinas de coser, mesas de corte, moldes, rollos de tela, hilados, anotaciones y otros elementos vinculados a la actividad.

En el lugar fue identificado el presunto responsable, un hombre de 66 años que inicialmente intentó evadir a la policía. Luego se confirmó que era quien estaba a cargo del taller, por lo que fue detenido.

Intervino la División Trata de Personas, que brindó asistencia y contención a la víctima, resguardando su integridad y proporcionándole apoyo psicológico.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

Un caso similar ocurrió en Parque Chas, en donde un taller textil clandestino donde trabajaban menores de edad fue clausurado en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad. El procedimiento, ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte y coordinado por la fiscal María Andrea Caleri, culminó con la recuperación de una propiedad que había estado usurpada durante 15 años.

El inmueble, ubicado en Barzana 1236, fue intervenido luego de que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) detectara riesgo edilicio en el lugar. En este contexto, los agentes debieron forzar el ingreso ya que, quienes ocupaban la vivienda, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad boliviana, se negaban a permitir el acceso.

En el interior, las autoridades encontraron a 17 menores en condiciones de trabajo y un inmigrante en situación irregular, quien fue detenido y enfrenta una orden de expulsión del país.

La Dirección Nacional de Migraciones constató que uno de los residentes tenía una orden de detención vigente solicitada por el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de la jueza Lara Correa, y cuya residencia había sido cancelada a fines de 2022.

La violenta e indignante secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio. Según se ve en la filmación, el ataque ocurrió a las 6:26 de la mañana, cuando la víctima caminaba rumbo a clases. Repentinamente, al llegar a mitad de cuadra, se ve cómo el agresor lo intercepta bruscamente por la espalda, lo toma del cuello y lo reduce al piso.

De acuerdo al medio local 0221, el delincuente había seguido largos metros al niño hasta alcanzarlo. Cuando logró tirarlo, le quitó la mochila y el buzo que llevaba.

El robo fue veloz: se concretó en apenas 25 segundos y la víctima no logró defenderse. Tras el hecho, el asaltante escapó rápidamente del lugar y el niño pidió ayuda en las inmediaciones de la zona, donde los vecinos lo asistieron.

Fueron ellos quienes luego revisaron las cámaras de seguridad y vieron la agresividad del robo al menor. La grabación luego circuló en redes sociales junto a insistentes pedidos para reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, advierten que el hecho forma parte de una serie de episodios de inseguridad recientes en distintos barrios de La Plata, donde se registraron otros robos y asaltos tanto a adultos como a menores.

Días atrás, el barrio La Loma en la ciudad de La Plata experimentó una madrugada marcada por la violencia e impotencia, cuando una vecina fue interceptada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo.

Según la información del portal del diario El Día, el episodio ocurrió en la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada.

“Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos.

La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar. “Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, manifestó al hacer pública su experiencia. El suceso no solo puso en riesgo su integridad física, sino que también dejó al descubierto la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona, que ahora vuelven a reclamar los vecinos.

Un impactante choque múltiple se registró en las primeras horas de este viernes sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio porteño de Parque Chacabuco, cuando un micro de larga distancia colisionó contra dos autos particulares. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos.

El hecho ocurrió a la altura de la avenida Del Barco Centenera, en sentido a Liniers. Al arribar al lugar, personal de bomberos de Caballito encontró al micro -perteneciente a la empresa Airbus- detenido sobre el carril lento. En el vehículo viajaban cuatro pasajeros y dos conductores, quienes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

En tanto, un Renault Clio en el que se trasladaban un hombre y una mujer mayores de edad quedó en sentido contrario. Ambos ocupantes también descendieron sin asistencia y fueron evaluados en el lugar por el SAME.

Por su parte, el conductor de un Fiat Fiorino, único ocupante del auto, también logró salir por sus propios medios y fue asistido por personal médico. Este vehículo fue el que terminó completamente lateralizado.

Según pudo reconstruir Infobae, el conductor fue detenido por manejar bajo los efectos del alcohol, por disposición de la UFLA Oeste, a cargo de Florencia Paglianiti. De acuerdo con los testimonios de los involucrados, el siniestro se originó a partir de una maniobra imprudente de este conductor, quien impactó contra el Clio, provocando que el vehículo girara y terminara colisionando contra el micro.

Fuentes policiales indicaron que se realizaron maniobras para estabilizar los vehículos involucrados. Luego, el SAME controló clínicamente a todos los ocupantes, sin que fuera necesario su traslado a centros de salud.

En el operativo trabajaron bomberos, personal del SAME y agentes de AUSA. Hay reducción de calzada.

En el barrio de Almagro, se registró otro siniestro vial en la calle Moreno, entre Maza y avenida Boedo, donde un taxi perdió el control e impactó contra un árbol.

Según las primeras informaciones, el vehículo primero chocó contra el árbol, luego se subió a la vereda y, en su recorrido, también colisionó contra un poste de luz y un cesto de basura.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas con politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía. Ambos eran los ocupantes del taxi. En el lugar intervino personal policial, que dispuso la realización de un control de alcoholemia al conductor.

En paralelo, en el barrio de Caballito, se produjo otro siniestro vial en la intersección de Directorio y Cachimayo, donde un auto perdió el control, impactó contra un vehículo estacionado y terminó su recorrido al chocar contra un contenedor de residuos.

Según se informó, el rodado primero colisionó con el auto estacionado y luego fue frenado por el contenedor. El conductor fue asistido en el lugar por personal del SAME y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Lo cierto es que se trata de una mañana marcada por múltiples incidentes. En el barrio de Devoto, también durante las primeras horas de hoy, se registró un choque seguido del vuelco de un auto. El siniestro ocurrió en la calle Asunción al 4300, donde el vehículo quedó volcado sobre uno de sus laterales.

El tránsito en la zona se encuentra interrumpido, mientras que una persona herida fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta con diagnóstico de politraumatismos.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como el principal sospechoso de los narcofemicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, finalmente será extraditado desde Perú a Argentina.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el joven de 20 años llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el próximo lunes en la tarde, para luego ser indagado por el juez Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien instruye la causa que investiga los asesinatos de las tres jóvenes. Está previsto que el acusado se presentará ante el magistrado el martes.

De acuerdo con la principal hipótesis de la Justicia, el triple homicidio habría sido cometido en el marco de una represalia vinculada a una banda narco. Se presume que el objetivo era recuperar droga que habría sido robada por personas relacionadas con las víctimas.

A “‘Pequeño J’ se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el 19 de septiembre del año pasado, las tres jóvenes fueron secuestradas mediante engaños en la localidad de Ciudad Evita, donde integrantes de la organización las subieron a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta. El vehículo se dirigió hacia una vivienda en Chañar 702, en Florencio Varela, donde fueron asesinadas salvajemente.

En la casa, las jóvenes fueron sometidas a golpizas y torturas. Según la investigación, la finalidad de la maniobra delictiva consistía en retenerlas como represalia por la presunta sustracción de estupefacientes pertenecientes a la estructura narco. Finalmente, las tres mujeres fueron asesinadas, sus cuerpos enterrados en el mismo inmueble y el vehículo utilizado en el traslado fue incendiado con el propósito de eliminar pruebas y “procurar la impunidad”.

El expediente judicial, que tramita también ante la Secretaría Nº8 a cargo del Ignacio Calvi, sostiene la existencia de una organización compuesta por al menos otras 10 personas imputadas.

Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón.

La semana pasada la Cámara Federal de San Martín dictó falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido con “Señor J”, quien era otro de los sospechosos.

Para la Cámara, por ahora, no hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio, aunque la investigación sigue abierta. El tribunal consideró que sólo hay testimonios aislados y que estaba preso por otra causa en la fecha de los hechos, por lo que, de momento, descartan su relación directa con el hecho. Continuará detenido por otra causa federal.

Las autoridades señalan que existen otros participantes en el triple crimen que aún no fueron plenamente identificados, dado el nivel de organización y los roles diferenciados que se advirtieron durante la investigación.

A todos los imputados se les atribuye, con distintos grados de intervención, la comisión del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por “la pluralidad de intervinientes”, en dos hechos.

En el caso de Lara Morena Gutiérrez, la acusación se agrava por tratarse de una menor de 18 años. La calificación penal incluye, además, homicidio agravado bajo múltiples figuras: concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, “criminis causa” —esto es, matar para procurar impunidad o consumar otro delito— y, en algunos imputados, el agravante de mediar violencia de género.

“El expediente investiga un triple homicidio agravado precedido por secuestro coactivo, cometido en el marco de una represalia narco, con participación de al menos once personas imputadas y con una hipótesis central de actuación coordinada para captar, retener, torturar y matar a las tres víctimas”, explicaron las fuentes.

En ese sentido, indicaron que una vez que la Justicia tomó conocimiento de la presunta intervención de Tony Janzen Valverde Victoriano en el triple crimen, el joven de 20 años abandonó el país. De inmediato la Justicia provincial dictó su captura internacional y, tras la colaboración entre las autoridades argentinas y peruanas, se logró su detención preventiva en su país de origen.

Un incidente en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), donde está presa la madre de “Angel”, obligó a intervenir al personal penitenciario este miércoles tras una pelea entre dos internas que derivó en la quema parcial de un colchón. No se reportaron personas lesionadas y solo una mujer fue llevada a la enfermería de manera preventiva para control de signos vitales, sin presentar complicaciones.

En las últimas horas además descartaron que el episodio estuviera relacionado con Mariela Beatriz Altamirano. Un principio de incendio se registró la noche del miércoles 29 de abril cerca de las 20 horas en el pabellón femenino del IPP, localizado sobre Ruta 3 en Trelew. El incidente fue rápidamente controlado por personal policial, según confirmó el comisario inspector Gabriel Araujo, jefe del área penitenciaria de la Policía del Chubut a FM El Chubut.

La situación adquirió repercusión tras versiones publicadas por portales locales en las que se afirmaba que el incidente había sido provocado por la presencia de Altamirano, detenida por disposición de la Justicia de Comodoro Rivadavia como presunta responsable del homicidio agravado de Ángel López de 4 años.

Sin embargo, la fuente consultada especificó que el altercado fue consecuencia de problemas de convivencia entre dos reclusas y no tuvo ningún vínculo con la madre del niño fallecido. “Se desmiente totalmente. No tiene nada que ver esa situación con la señora Altamirano”, puntualizó el comisario.

Tras el episodio, el responsable penitenciario informó que se analizarán medidas para reorganizar la convivencia en el pabellón, entre ellas el establecimiento de nuevos horarios y la revisión de la relación entre las reclusas. Las dos involucradas permanecen detenidas por robo agravado y son oriundas de Trelew, informó Araujo.

Desde comienzos de abril, Mariela Beatriz Altamirano cumple seis meses de prisión preventiva tras ser imputada por el crimen que conmocionó a Comodoro Rivadavia y generó repercusión nacional. Su pareja, Michel Kevin González, permanece detenido bajo la misma medida cautelar en otra unidad penitenciaria y está procesado como probable autor del hecho.

Caso Ángel

Tras la confirmación del fallecimiento de Ángel Nicolás López, niño de 4 años, la Justicia de Chubut ordenó la detención de su madre, Mariela Beatriz Altamirano, y de su pareja, Michel Kevin González, por presunto homicidio agravado. La investigación apunta a violentos episodios previos sufridos por el menor, con la autopsia preliminar y una serie de testimonios que delinean un posible caso de alevosía y ensañamiento.

El expediente judicial revela que Ángel ingresó el 5 de abril al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio, acompañado de un cuadro neurológico irreversible. El informe médico, firmado por el pediatra Ariel Luizaga y citado por ADNSUR, identificó lesiones compatibles con violencia física y un nivel de glucemia de +400 mg/dl, reducido luego a 388 mg/dl en terapia intensiva, valores anormales para un niño. Además, presentaba pupilas midriáticas fijas, un signo de daño cerebral irreversible, junto a hipoventilación bilateral y rales pulmonares.

Las pruebas recogidas en el último tercio del sumario judicial han sido determinantes para avanzar en la imputación. El representante del Ministerio Público declaró mediante Infobae que el menor “presentó traumatismos en la zona craneal” y que la data máxima de estos golpes sería de “diez días atrás”.

La autopsia detectó lesiones internas en la cabeza no compatibles con una simple descompensación durante el sueño, versión que había sostenido inicialmente la madre. Esta contradicción, junto a los niveles anómalos de glucosa y el estado neurológico grave, aportó elementos para definir la detención del círculo familiar cercano.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. La querella, representando al padre biológico de Ángel, Luis Armando López, denunció además que ambos acusados intentaron incinerar prendas pertenecientes al niño con el presunto objetivo de ocultar pruebas.

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena a la odontóloga María Romina Pellice por la mala praxis a un niño de 5 años. El episodio ocurrió en 2017 cuando la médica realizó una extracción de 12 dientes sin autorización de los padres. El máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia impuesta en marzo de 2025 por la jueza Ana Carolina Parra, que estableció un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional para Pellice.

El tribunal rechazó un recurso de casación de la defensa, ratificando la culpabilidad por lesiones culposas. De acuerdo con la información publicada por Diario El Zonda, los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima firmaron el fallo y fue notificado el 21 de abril de 2026. En la resolución no solo establece el cumplimiento de las formalidades procesales sino que también deja constancia de las reservas de las partes.

El expediente involucra también a María Gabriela Puigdegolas y fue impulsado por la querellante María Fernanda Lara, quien actuó junto al abogado Roberto Martín Lucero Mercado en representación de la víctima, Juan Bautista Lucero Lara.

El caso comienza cuando María Fernanda Lara llevó a su hijo al servicio de odontopediatrá del Hospital Rawson en San Juan. El niño de 5 años presentaba dolor dental y fiebre alta, y la médica de guarda se limitó a drenar el absceso y prescribir antibióticos. Sin embargo, ante la falta de mejoría, el niño fue internado en el Sanatorio Argentino y tratado con antibióticos intravenosos. Tras el alta, los padres acudieron a la consulta de Pellice.

Pellice, en vez de solucionar el problema de un carie en una muela, decidió realizar la extracción de 12 piezas dentales, sin consultar previamente a los padres. Este hecho, tipificado como mala praxis por la justicia provincial, tuvo consecuencias graves para su desarrollo físico y psicológico.

Aunque el procedimiento buscaba únicamente remover una muela afectada, la cirugía terminó dejando al menor con solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros, un daño que, de acuerdo con el informe pericial citado por el tribunal, no tenía justificación clínica. En el fallo, la jueza Ana Carolina Parra señaló que Pellice actuó con “imprudencia profesional”, sin evaluar alternativas de tratamiento y sin el consentimiento informado de los padres, detalló la abogada de la familia, Yamila Piozzi.

La profesional no logró revisar adecuadamente la boca del menor en la primera ni en la segunda consulta debido a su inquietud. Finalmente, Pellice sugirió extraer la muela dañada bajo anestesia general en el Sanatorio CIMYN el 14 de septiembre. Piozzi explicó que la odontóloga no precisó cuántas piezas serían retiradas ni ofreció opciones alternativas de tratamiento. La cirugía, que debía durar poco tiempo, se extendió por una hora y la madre recibió un frasco con los doce dientes extraídos.

La abogada declaró las múltiples secuelas del menor de edad: “El niño empezó a tener problemas para alimentarse, digestivos, psicológicos. Sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro”. Las dificultades para masticar y hablar impactaron directamente en el desarrollo del lenguaje y la curva de crecimiento del menor.

El Círculo Odontológico de San Juan, convocado como perito, concluyó que al menos cuatro de los dientes retirados estaban saludables y que no existía una evaluación integral ni un seguimiento odontológico previo que fundamentara una extracción masiva. El informe agregó: “Aún en presencia de un posible riesgo de infección generalizada, la odontóloga debió haber hospitalizado al menor, realizarle estudios complementarios y tratarlo con antibióticos intravenosos antes de una intervención tan invasiva”.

Para los peritos, la decisión de actuar quirúrgicamente sin el consentimiento escrito de los padres y sin agotar todas las alternativas supuso una negligencia profesional grave. Además, la historia clínica registró que la anestesia fue general, no local, y que esa información tampoco fue comunicada previamente.

La Justicia de Jujuy investiga un grave episodio de violencia de género ocurrido la noche del 26 de abril, cuando un hombre fue detenido tras ser acusado de disparar un arma de fuego hacia el interior de la vivienda donde se encontraba su expareja junto a sus hijos. El hecho, que no dejó heridos, generó alarma en la comunidad y motivó una respuesta inmediata de las autoridades judiciales y policiales.

Según consta en el legajo judicial, el acusado se presentó en el domicilio de la mujer con la intención de conversar. Al no recibir respuesta, permaneció en las inmediaciones, aumentando la tensión en el entorno familiar. En determinado momento, abrió una ventana desde el exterior y efectuó un disparo hacia el interior del hogar, para luego darse a la fuga. La rápida reacción de quienes se encontraban dentro permitió advertir el ataque y contactar de inmediato a la policía.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, el incidente fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, que habilitó de urgencia la intervención del fiscal Pablo De Tezanos Pintos. Se dispuso la realización de distintas diligencias para dar con el paradero del sospechoso y resguardar la integridad de la víctima y sus hijos. La investigación se orientó a reconstruir los hechos y determinar el nivel de riesgo al que estuvo expuesta la familia.

Con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Coronel Arias, los efectivos realizaron un allanamiento en un domicilio vinculado al sospechoso. Durante el procedimiento, se concretó la detención del hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente. En el lugar, los investigadores encontraron un revólver con capacidad para ocho cartuchos, el cual se encontraba cargado al momento de la intervención policial.

Además, el operativo permitió secuestrar más de 100 cartuchos de distintos calibres y municiones de aire comprimido. Desde la fiscalía se remarcó que el hecho de que el arma estuviera lista para disparar refuerza la gravedad del caso y el nivel de peligro al que estuvieron expuestas la mujer y los menores. Las autoridades subrayaron la importancia de la intervención rápida para evitar un desenlace más trágico.

Actualmente, la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía Especializada, que lleva adelante diversas medidas probatorias. La investigación busca profundizar en la reconstrucción de los hechos y esclarecer el contexto que rodeó el ataque. El acusado permanece bajo custodia mientras se avanza con el proceso judicial y se evalúan las pruebas recabadas.

De acuerdo con la investigación, el ataque fue advertido por las personas dentro de la casa en el momento en que el disparo atravesó la ventana. Afortunadamente, ninguna de ellas resultó herida. La denuncia permitió activar los protocolos de emergencia y asegurar la contención de la familia afectada.

En relación con el imputado, la fiscalía no ha difundido su identidad para resguardar el proceso y garantizar la protección de la víctima. Se informó que el hombre fue puesto a disposición de la Justicia y permanece detenido mientras se evalúan las medidas cautelares pertinentes.

El caso continúa en etapa investigativa, con la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar realizando nuevas diligencias para establecer la secuencia exacta de los hechos. Entre las medidas dispuestas figuran la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de pruebas balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Todas estas acciones buscan determinar con precisión el accionar del imputado y el alcance del riesgo generado.

Es de destacar que la Fiscalía Especializada continúa recabando elementos de prueba para avanzar en la causa y definir la situación procesal del detenido. Mientras tanto, la víctima y sus hijos cuentan con medidas de protección y acompañamiento institucional, en el marco de los protocolos previstos para casos de violencia de género.

La Justicia de Salta sentenció a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, un caso que sacudió a la provincia y tuvo amplio impacto nacional. La familia de la víctima, que atravesó un proceso judicial extenso y complejo, expresó que la resolución judicial representa un paso hacia la tranquilidad y la justicia esperada, aunque la pérdida sigue marcando sus vidas. Así lo relató Francisco Kvedaras, hermano de Mercedes, quien compartió sus sensaciones tras el fallo.

Francisco Kvedaras declaró en diálogo con ElTribuno, que la condena no logra devolverles a su hermana, pero sí les otorga “paz y tranquilidad”. “No hay nada que festejar, pero esta sentencia nos da una sensación de justicia, como lo esperábamos”, afirmó. El hermano de la víctima describió la experiencia del juicio como emocionalmente difícil y dolorosa, sobre todo por la exposición pública y las declaraciones escuchadas durante el proceso.

Además, manifestó que durante el juicio, la familia enfrentó argumentos de la defensa que consideró que “no eran ciertas”. A lo largo del debate, el círculo íntimo de Mercedes Kvedaras sostuvo que el objetivo era que el acusado dijera la verdad sobre lo ocurrido.

El hermano recordó la figura de Mercedes con afecto: “La recuerdo bien, con mucha felicidad y paz. Y en sus hijos la veo a ella todos los días”. También señaló que el proceso judicial significó un momento de cierre y la posibilidad de mirar hacia adelante, siempre con la esperanza de que algún día el condenado exprese verdadero arrepentimiento por sus acciones.

El caso de Mercedes Kvedaras se inscribe en un contexto de violencia de género reiterada, donde los familiares y allegados remarcaron la dificultad para identificar y abordar situaciones de abuso dentro de la pareja. La víctima había manifestado su intención de separarse de José Figueroa, pero el acusado no aceptó la decisión y ejerció diferentes formas de control y agresión en el ámbito privado. El entorno de la víctima coincidió en que existía una dinámica de poder desigual que derivó en el desenlace trágico.

El juicio de José Figueroa

Durante el juicio, la autopsia y los informes periciales resultaron determinantes para la calificación de los hechos. Los especialistas concluyeron que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Este dato, junto a las lesiones encontradas y el testimonio de testigos, permitió al tribunal dictar la prisión perpetua, pena máxima prevista por la ley ante el delito de femicidio.

El tribunal de Salta, compuesto por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, resolvió por unanimidad la condena para José Eduardo Figueroa. Además, ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, una medida que busca reforzar los mecanismos de prevención y persecución penal en delitos de violencia de género.

La defensa intentó desacreditar el contexto de violencia de género alegado por la fiscalía y argumentó que la muerte podría haberse generado en un estado de “emoción violenta”, buscando así una pena menor. A este debate se sumó una disputa técnica por el cuestionamiento de peritajes presentados por la defensa, que derivó incluso en pedidos de investigación por presunto falso testimonio a algunos especialistas.

Antes de conocer la sentencia, Figueroa solicitó la palabra para pedir disculpas a las familias involucradas y a sus propios hijos: “Les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”.

La causa obtuvo visibilidad pública y reavivó el debate acerca de la respuesta institucional frente a los femicidios. Organizaciones sociales y especialistas en violencia de género valoraron la sentencia como un antecedente importante en el ámbito judicial salteño. Para el entorno de Mercedes Kvedaras, el proceso judicial no borra el sufrimiento, pero representa una instancia de reparación y una oportunidad para continuar junto a los hijos de la víctima.

Un joven de 18 años falleció tras recibir un disparo en la cabeza en el barrio Villa Inés, en la ciudad de Córdoba. De acuerdo a la información policial, la víctima fue trasladada de urgencia desde un domicilio situado en la manzana 5 hacia el Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde ingresó con una herida de arma de fuego. Los profesionales médicos constataron su muerte poco tiempo después del ingreso, pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida.

La investigación del hecho se encuentra en sus primeras etapas y la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el disparo fue resultado de la manipulación de un arma de fuego dentro del domicilio.

Por el hecho, otro joven de 18 años, identificado como primo de la víctima, fue detenido por la Policía mientras avanzan las tareas para esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso. Según se informó, ambos jóvenes se hallaban juntos en el momento en que se produjo el disparo.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, el caso generó conmoción en la comunidad de Villa Inés, donde familiares y vecinos de los involucrados se acercaron al sitio tras conocerse la noticia. La Policía de Córdoba procedió a acordonar el área para preservar la escena y facilitar el trabajo del personal judicial y peritos balísticos.

Los efectivos policiales que respondieron al llamado de emergencia detuvieron en el lugar al primo de la víctima, también de 18 años, quien se encontraba junto al joven fallecido. La información difundida por fuentes policiales y citada por eldoce.tv indica que la detención se realizó de manera preventiva hasta tanto se establezcan los detalles de lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre 38, que será sometido a peritajes balísticos en el marco de la investigación. El arma fue hallada en el interior de la vivienda donde tuvo lugar el hecho, y su análisis será clave para determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida del joven.

La fiscalía de distrito dos turno quinto quedó a cargo de la causa e inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque la línea principal de investigación se orienta a determinar si se trató de un episodio accidental resultado de la manipulación imprudente del arma de fuego.

La versión preliminar recabada por la policía sostiene que los dos jóvenes se encontraban manipulando el revólver cuando, por circunstancias que todavía se investigan, se produjo el disparo que impactó en la cabeza de la víctima. No se reportaron testigos directos fuera de los involucrados y las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos a partir de peritajes y declaraciones.

El hecho de que los protagonistas sean familiares directos y la ausencia de indicios iniciales de conflicto previo refuerzan la hipótesis de un posible accidente. No obstante, la fiscalía no descarta ninguna posibilidad y aguarda el resultado de las pericias técnicas sobre el arma y los informes de laboratorio, que podrían arrojar luz sobre la mecánica del disparo.

En este contexto, la investigación se centra en determinar la procedencia del revólver, el modo y tiempo en que los jóvenes tuvieron acceso al arma y si existía algún conocimiento previo sobre su funcionamiento. El análisis de huellas y restos de pólvora será fundamental para establecer la secuencia precisa de los hechos.

Balearon a un nene en La Plata

Hacia fines del mes de marzo pasado, un nene de 12 años ingresó recientemente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, en La Plata, con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda, un hecho que ahora es investigado por la Justicia ante posibles maniobras de encubrimiento.

La secuencia se inició cuando la directora del Centro de Formación Integral N°3, ubicado en la intersección de las calles 174 y 518 en La Plata, detectó inconsistencias en el relato familiar sobre el origen de la lesión.

La directora del establecimiento relató que, tras conversar con la madre del alumno herido, recibió una primera versión que señalaba a un primo de 14 años como autor del disparo. Según ese testimonio, la familia habría optado por no acudir a las autoridades debido a amenazas de muerte proferidas por la madre del presunto agresor.

La situación tomó otro giro cuando el alumno retornó a la escuela con la pierna vendada. La madre, al ser consultada nuevamente, afirmó que su hijo se había lastimado jugando al fútbol, contradiciendo la versión inicial. Esta discrepancia llevó a la directora a radicar una denuncia formal en la comisaría Decimocuarta de La Plata, acompañando al menor y a su madre al hospital para que recibiera atención especializada.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ahora debe determinar las circunstancias en las que el niño resultó herido y si existió un intento deliberado de ocultar lo ocurrido. Los profesionales del Hospital Alejandro Korn confirmaron que el menor presentaba una herida compatible con arma de fuego, con orificio de entrada y salida, y procedieron a realizar las curaciones necesarias antes de que el paciente regresara a su domicilio.

La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, bajo la coordinación de Fernando Arrigo y con la intervención de los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, presentó un recurso de impugnación para que se revoque la prisión domiciliaria concedida recientemente a Konstantin Rudnev, ciudadano ruso señalado como presunto líder de una organización transnacional dedicada a la trata de personas. La fiscalía cuestionó la decisión tomada el 23 de abril por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, quienes hicieron lugar parcialmente al planteo de la defensa y dispusieron que el imputado cumpla su prisión preventiva en un domicilio de la localidad bonaerense de San Vicente.

La resolución judicial había establecido también la prohibición de contacto con la víctima —una mujer rusa que dio a luz a un bebé el año pasado en un hospital de Bariloche—, su hijo y su entorno cercano. Además, el tribunal ordenó la colocación de una tobillera electrónica al acusado y fijó una caución real de 30 millones de pesos. Los magistrados fundamentaron la decisión en el tiempo de detención preventiva que ya había cumplido el imputado, quien permanecía en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, Chubut, desde hacía más de un año.

En la audiencia previa del 1° de abril, el juez subrogante de Garantías de Bariloche, Gustavo Zapata, había prorrogado la prisión preventiva de K.R. a pedido del Ministerio Público Fiscal, argumentando que persistían los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga.

El expediente judicial da cuenta de un intento previo de evasión en un aeropuerto y de la capacidad económica del acusado para facilitar una fuga. En cuanto a los otros veinte imputados de la causa —diecinueve mujeres y un hombre—, se mantuvo la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse regularmente ante dependencias policiales cercanas a sus domicilios.

A la vez, el juez extendió por doce meses la investigación penal preparatoria, medida que también fue impugnada por la defensa aunque luego confirmada por los jueces revisores. En el recurso presentado, el auxiliar fiscal Labal sostuvo que “la resolución impugnada no constituye una derivación razonada del ordenamiento adjetivo vigente e incurre en una clara y manifiesta arbitrariedad fáctica y normativa”.

Además, calificó la decisión como producto de una “valoración parcial, fragmentada y errónea de los elementos de convicción que fundaron la modalidad de la medida de coerción oportunamente dispuesta”.

La fiscalía señaló que el criterio de “proporcionalidad en el tiempo” esgrimido por los jueces revisores no puede evaluarse de manera automática, sino en correlato con el estado del caso, las características y gravedad de los hechos, el presunto delito y la expectativa de condena. En palabras del Ministerio Público Fiscal, “nos encontramos ante una pluralidad de hechos que comprenden delitos de especial gravedad en nuestro ordenamiento de fondo sobre los cuales el Estado argentino asumió el compromiso de prevenirlos, erradicarlos y sancionarlos”.

La impugnación también se centró en el hecho de que el imputado cumpliría prisión domiciliaria junto a una mujer que fue investigada en la causa, aunque no resultó imputada. Según la fiscalía, “no resulta lógico ni la experiencia indica que resulte razonable otorgar una prisión domiciliaria a R.K. en un domicilio donde conviviría con una mujer en una situación de vulnerabilidad, máxime cuando estamos ante un caso de la gravedad ya indicada y donde justamente, ambas víctimas (madre e hijo) se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema”.

El lugar elegido para la prisión domiciliaria generó reparos adicionales: se trata de un predio rural de aproximadamente dos hectáreas, ubicado a más de 1.400 kilómetros del tribunal donde tramita el expediente y de difícil acceso, ya que, según el informe realizado, se recomienda ingresar en un vehículo 4x4. Sobre el monitoreo electrónico, la fiscalía advirtió que el dispositivo “supervisa la presencia del imputado en el lugar, no supervisa el tipo de contacto que pueda tener con terceros, ni advierte sobre la presunta comisión de nuevos delitos”.

El Ministerio Público Fiscal insistió en la existencia de peligro de fuga, recordando la condena previa del imputado en Rusia —once años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, actos de violencia sexual y delitos de producción, venta y envío ilegal de estupefacientes— y el momento de su detención en el aeropuerto de Bariloche, cuando según el expediente intentaba huir de la ciudad e intentó autolesionarse con una hoja de afeitar.

En su presentación, la fiscalía concluyó que “los elementos reseñados —valorados de manera conjunta— permiten concluir que el imputado desplegó una maniobra concreta de planificación de fuga, valiéndose de mecanismos idóneos para confundir a las autoridades y maximizar sus posibilidades de evasión, lo que constituye un indicador claro y contundente del peligro de fuga en los términos del Código Procesal Penal Federal”.

La causa investiga una organización que, bajo la fachada de un espacio espiritual y de prácticas de yoga, habría captado, trasladado y acogido a la víctima y a su hijo con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, empleando engaño y coerción, aprovechando la situación de vulnerabilidad de ambos. A K.R. se le atribuye no solo la captación de la joven en su país de origen, sino también el intento de inscribir al recién nacido con su apellido, alterando así la identidad del niño.

Pedro Federico Arhancet, un jubilado de 76 años, fue hallado muerto el viernes 24 de abril en su duplex del octavo piso de la calle Moldes al 1100, en el barrio de Colegiales. El lugar se había incendiado. El cadáver de Pedro Federico fue hallado entre las llamas. Tenía una notable lesión en la cabeza. A su lado, se encontró una pistola. Lo habían matado. Posiblemente, incendiaron su casa para ocultar el crimen, para que el fuego se lleve la prueba clave. El jubilado, según un reporte inicial, ya llevaba “90 horas de muerto”, o más. Tenía un gato gris y blanco como mascota. El gato, tiempo después del crimen, desapareció.

Esta semana, la Policía de la Ciudad arrestó a quien sería su pareja, o su última pareja, una mujer trans de 36 años llamada Angelina. La mujer convivía con Pedro Federico; se había mudado del dúplex días antes del incendio a un monoambiente sobre la avenida Scalabrini Ortiz, donde finalmente la arrestaron. Así, el caso parecía cerrado. Hasta aquí, todo normal, al menos, dentro de los parámetros del caos de un homicidio.

Sin embargo, para el juez Martín Peluso y el secretario Diego Villanueva, a cargo de esclarecer el hecho, no es todo tan simple. El relato no cierra. Para empezar, está la autopsia al cuerpo.

Trascendió que Arhancet murió de un tiro, que lo balearon en la cabeza. Pero los forenses de la Morgue Judicial no encontraron bala alguna. El impacto en su cabeza era un golpe, causado por un objeto romo, determinó el estudio del Cuerpo Médico Forense. También tenía una lesión compatible con un arma blanca en la panza, que no era de ninguna manera letal.

Pero estudiar al cuerpo y la naturaleza fue sumamente difícil. Para empezar, estaba atravesado por fauna cadavérica, gusanos. Luego, estaba casi desangrado. La explicación: Arhancet había muerto mucho antes de la data inicialmente estimada.

Que fue asesinado, fue asesinado. Peluso y Villanueva no tienen dudas al respecto. No lo mató el incendio, por otra parte. La autopsia no halló restos de humo en sus vías respiratorias. El incendio fue intencional. La pericia de Bomberos de Policía de la Ciudad determinó que un agente acelerante fue empleado en el fuego, un combustible, alcohol tal vez.

Y luego, está la detenida. Angelina declaró en los tribunales de la calle Talcahuano esta semana, poco antes de ser enviada al penal de Ezeiza.

El arreglo de conveniencia

Angelina negó ser la autora del crimen. Aseguró que tampoco era la novia de Pedro Federico. Al menos, ya no. Habían comenzado su vínculo hace al menos siete años, se separaron durante la pandemia, y luego regresaron. Vivían juntos, sí, pero ya no eran pareja. Angelina habitaba la parte de abajo del dúplex; Pedro Federico, la de arriba, donde fue hallado muerto y se inició el incendio.

¿Por qué convivían? Simple. Era una suerte de arreglo de conveniencia, explicó Angelina, oriunda de Jujuy. La mujer se dedicaba a cuestiones de la casa. El domicilio de la calle Moldes, precisamente, es su domicilio fiscal.

Angelina aseguró, también, que tenían una relación volátil, conflictiva. Había denunciado a Pedro Federico, incluso, años atrás, en una denuncia que el juzgado de la causa aún no certificó. Sin embargo, la mujer no se definió como una víctima de violencia de género.

El ninja y la cámara de seguridad

Falta, desde ya, establecer el móvil, por qué lo mataron. Angelina, si es que lo mató, ¿lo mató por codicia? ¿Por plata? No parece. La mujer tiene un perfil de deudas en blanco, por lo visto, manejable, lejos del rojo o el bordó incobrable. También, tiene un empleo en el Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a sus registros.

No tiene, por ejemplo, antecedentes penales. La causa por el homicidio simple de Pedro Federico es la única vinculada a su número de DNI en la Cámara Criminal y Correccional porteña. Le secuestraron varios teléfonos, que podrán ser peritados. Allí, probablemente, se encuentra alguna respuesta.

El jubilado ciertamente tenía dinero, un buen pasar. No tenía hijos. Casi no tenía famila; apenas una hermana se presentó en la Justicia tras el crimen. Estaba registrado en los rubros de cría de ganado de la ex AFIP, según su perfil.

Los testimonios lo definen como un hombre “bohemio”, proclive a acumular cosas innecesarias en su casa, un tanto irascible. En 2020, el consorcio de su complejo en la calle Moldes lo demandó ante la Justicia civil por expensas impagas, un monto de más de 600 mil pesos. Arhancet, representado por dos abogados, finalmente arregló.

Hay una prueba final, más clave que cualquier otra prueba clave: las cámaras de seguridad. Un video muestra a una sospechosa, o un sospechoso, en el ingreso del edificio en los minutos previos al incendio. ¿Es Angelina? La figura misteriosa “está vestida de negro de pies a cabeza, toda cubierta”, asegura una fuente del caso: “Parece un ninja”. Una serie de pericias forenses podrá determinar mediante comparaciones si, efectivamente, esa figura es la mujer detenida.

La Justicia decidió entregar el dúplex a la hermana de Arhancet este último miércoles, mientras se disponía el traslado de Angelina al penal de mujeres de Ezeiza. El gato gris y blanco de la víctima, que había desaparecido, regresó.

Una compleja trama aparece detrás de la desaparición de Alicia Isabel Godoy, una joven de 30 años que fue secuestrada el pasado 4 de abril en su casa de la zona sur de Rosario luego de haber contraído una deuda con transeros del barrio debido a su consumo problemático de droga. La familia de la mujer hizo transferencias y entregó una bicicleta rodado 29 en concepto de rescate, aunque ella no volvió a ser vista desde la fecha del rapto.

La fiscal Paula Barros imputó este jueves a cinco personas por el caso: María Belén “La Pelada” Salinas, Ludmila Gisel Leiva, Kevin Josué Torres Cabrera, Gastón Laureano D’Agostino y Ana Laura Salinas. Todos cayeron en los quince allanamientos que realizó desde comienzos de la causa la brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo a los indicios recolectados en las últimas tres semanas de medidas –que incluyeron rastrillaje con perros, uso de luminol y recorrido de cámaras con inteligencia artificial–, a Godoy la raptaron en su casa de Flammarion al 4900. Se presume que la trasladaron hasta un domicilio de Vuelta de Obligado al 4900, donde fue retenida al menos hasta el 8 de abril.

Desde entonces se perdió todo tipo de rastro. Después del secuestro, personas del entorno de los acusados fueron hasta un inmueble de la familia de la joven y comunicaron que tenían que pagar 150 mil pesos para no hacerle daño.

Los parientes de la mujer dieron una Venzo rodado 29 e hicieron dos transferencias por el monto de 50 mil pesos –una de 10 mil y la otra de 40 mil– el pasado 5 de abril, día posterior al hecho. Las cuentas que recibieron el dinero están a nombre de María Belén y Ana Laura Salinas.

El 8 de abril, los familiares recibieron un mensaje mafioso en un trozo de cartón en el que daban detalles de las identidades del entorno de Alicia Godoy, lo cual reforzó la idea de que extorsionaban en busca de más plata.

Por eso, la fiscal Barros atribuyó a Ana Laura Salinas, María Belén Salinas, Gastón D’Agostino, Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas. También los acusó por microtráfico de droga en la zona de Flammarion al 5000, ya que halló indicios en los procedimientos en sus domicilios y en sus celulares de que se dedicarían al narcomenudeo.

Para Barros, María Belén Salinas es quien coordinaba la venta de estupefacientes, Noelia Fernández la encargada de conseguir las sustancias y Gastón D’Agostino, Ana Laura Salinas y Agustina Aguirre tenían como rol el de vendedor en búnkeres situados en las inmediaciones de Flammarion al 4900.

Este jueves, tras cinco horas de audiencia, la jueza Luciana Vallarella tomó una resolución de lectura compleja. Por un lado, rechazó un planteo de la defensa que indicaba que la causa por secuestro extorsivo debía tramitarse en la Justicia federal. Después de ratificar la competencia, recalificó el caso a extorsión, rechazó las acusaciones de Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera y los dejó en libertad.

Además, la magistrada dispuso la prisión preventiva efectiva por cuatro meses para Ana Laura Salinas, María Belén Salinas y Gastón D’Agostino.

El debate oral por la causa Maradona continuó este jueves desde las 10.30. Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona, declaró cerca de tres horas ante el tribunal.

Más tarde se escuchó el testimonio del médico Colin Campbell, que fue el primero en asistir al Diez cuando se descompensó. Luego llegó el turno del psicólogo imputado Carlos Díaz. El último del día fue Leopoldo Luque, que amplió su indagatoria por quinta vez.

Luque lloró en el final de la audiencia y Ojeda le gritó

Al finalizar su nueva declaración, Leopoldo Luque expuso un audio de Ojeda con Maradona. Al Diez se lo escucha alcoholizado.

“Yo a Diego lo quería. Pero esto me genera mucho dolor. Me parece muy injusto”, dijo el neurocirujano tras la reproducción.

El momento generó un cruce con Verónica Ojeda, que estaba presente en la sala: “No te metas con mi hijo, hijo de puta”, le gritó la expareja de Maradona.

Los jueces intervinieron.

En el audio en cuestión, que se filtró en 2021, se escucha una conversación entre Ojeda y la contadora, a la que luego se suma el Diez con una voz casi irreconocible. “Andre, ¿cómo estás? Buenos días, recién hablé con Silvana sobre el tema del tratamiento de Dieguito de Estados Unidos. Acá estoy con Diego justamente y te damos el OK para que sigas adelante con todo. Decile, dale el OK”, le dice Ojeda a Diego para que hable.

Luego, se escucha la voz del ex DT, casi irreconocible.“Sí, Andrea, te saludo a la distancia, dale para adelante, mientras sea para mi hijo, la vida”. En ese momento, Verónica aclara: “Está medio dormido igual, pero dijo que mientras sea para el bien para Dieguito, todo. Así que te está dando el OK. Te mando un beso”.

Luque apuntó contra Verónica Ojeda y aseguró: “Yo no quería la plata de Diego”

Leopoldo Luque continuó con su defensa: “Entiendo el dolor de los familiares de Diego. Lo entiendo y lo respeto. Pero me cuesta muchísimo entender cómo Verónica Ojeda dice que lo ve mal a Maradona el 23 de noviembre y no le avisa a nadie. Y encima le dice a Agustina Cosachov que se despidió muy bien. Si ella hubiese alertado a alguien, por ahí la historia era otra”.

Luego respondió a los dichos de Verónica Ojeda, que dijo que el Diez lo quería tanto a Luque que hasta le compró una moto: “Yo no quería la plata de Diego. Obviamente me tenían que pagar porque era mi trabajo, pero la moto me la compré yo con mucho esfuerzo”. Y concluyó: “Se dice que nosotros manipulábamos a la familia para que se peleen entre ellos. Eso no es verdad”.

“Siento una alevosía”, dice Luque

El neurocirujano continuó su defensa haciendo algunas aclaraciones con respecto a la inflamación de su abdomen. Él insiste en que Maradona se hinchó producto de las maniobras de RCP realizadas cuando el Diez se descompensó y que no era un cuadro que venía avanzando y nadie advirtió. “Yo lo vi el 18 de noviembre y no estaba hinchado”, aseguró.

Sobre el juicio, subrayó: “Siento una alevosía, que ante la duda todo es Leopoldo. Me tengo que defender”.

/sociedad/policiales/2026/04/30/no-cobre-un-peso-queria-ayudarlo-el-psicologo-imputado-por-la-muerte-de-maradona-se-defendio-en-el-juicio/

Luque: “Yo no desconozco ser médico de Maradona”

El neurocirujano Luque volvió a exponer varios audios y chats para defenserse otra vez ante el tribunal. Hasta mostro un power point con varios puntos a contradecir.

“Yo no quiero responsabilizar a nadie penalmente porque mi teoría es que Diego muere durmiendo y lo voy a probar”, dijo el acusado a los jueces.

Y siguió: “Yo no desconozco ser médico de Maradona, yo aclaro mi incumbencia. Eso remarco. Me tengo que defender”.

Se reanudó la audiencia y declara Leopoldo Luque

El neurocirujano pidió ampliar su indagatoria por quinta vez desde que arrancó el juicio oral. Es para responder dichos de Verónica Ojeda.

Cuarto intermedio de media hora

Carlos Díaz: “La muerte de Maradona solo me trajo pérdidas”

Al ser consultado por su abogado Diego Olmedo sobre qué ganó con la muerte del Diez, el psicólogo respondió: “Todo pérdida. Yo le agradezco a mis pacientes que confían y saben lo que es tratar a un adicto. Tuve pérdida económica, emocional, porque lo que más impotencia me da a mí, más allá de estar sentado acá, es que yo notaba que él tenía ganas de estar sobrio”.

Y concluyó: “La evidencia marcó eso, el examen toxicológico lo marcó. Maradona arrancó consumiendo todos los días y terminó limpio con 23 días sin consumir. Me parte el alma eso. Estoy convencido de que se podía lograr, sigo convencido de eso y es lo que me da más bronca”.

“Yo no cobré un centavo por todo esto”, dijo el imputado

El psicólogo de Maradona resaltó en su indagatoria: “Yo no cobré un centavo por todo esto. Yo quería ayudar a Diego. Cuando me llamaron dije sí sin cobrar un mango. Y menos cuando lo vi y me retrotrajo a mi papá alcohólico, muy sensible para mí”.

Díaz respondió a la acusación sobre que él lo “aisló” a Maradona

“El 18 de noviembre fue un día bisagra porque Maradona echó a todos de la casa. Yo después de eso digo de darle a Diego su celular y que él defina a quien quiere recibir”, contextualizó el imputado Carlos Díaz para explicar la acusación de que él ‘lo aisló’ al Diez.

“Todos queríamos lo mejor para Maradona. La familia a pesar de tener disputas también. Yo no planteé la abstención para hacerle mal al paciente, al contrario, es una obviedad”, dijo contundente.

El psicólogo imputado dijo que días antes de morir “Maradona estaba excepcional”

Díaz recordó que el plan que pautó para el tratamiento del Diez era verlo una vez en la semana y otra el fin de semana. También contó que a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov los conoció por esos días y en ese contexto.

Sobre las veces que lo fue a ver en su internación domiciliaria en Tigre, recordó: “El 12 de noviembre lo fui a ver con Agustina Cosachov. Lo vi bárbaro. Maradona estaba excepcional. Sólido, lúcido, conectado y con ganas de estar bien. Ahí coordino para ir el domingo 15 y fue algo que no hubiera imaginado ni en el mejor escenario posible. Estuve cuatro horas con él, el promedio son 50 minutos. Yo asombrado, contento, pero siempre cauto”.

“Después le dije que el miércoles 18 volvía, pero ese día antes me reuní con Gianinna para seguir recabando información del paciente. Ahí ella me sugirió ver al doctor Cahe, con quien hablé después, y de ahí a Maradona. Cuando voy, al mediodía, quise abrir la puerta para verlo y me gritan ‘no es el momento’, continuó.

Luego aclaró sobre un audio suyo que se reprodujo en el juicio y generó críticas: “Yo ahí le mando un audio a Agustina Cosachov y le digo que es ‘un monstruo mal’. Pero me refería a lo anímico, no a lo físico. Era propio del trastorno bipolar. No lo llegué a ver”.

“A Maradona lo conocí 29 días antes de su muerte”, afirmó Carlos Díaz

Carlos Díaz comenzó su primera declaración ante los jueces aclarando que solo iba a responder preguntas de su abogado Diego Olmedo. Luego hizo un repaso por toda su carrera profesional: resaltó que es psicólogo, docente, especialista en adicciones y que trabajó durante muchos años en barrios vulnerables. También que actualmente tiene un centro de internaciones.

“Conocí a Maradona 29 días antes de su fallecimiento. El 26 de octubre”, aclaró. El nexo fue un paciente suyo, Maximiliano Trimarchi. Y agregó: “Yo a él lo traté varios años por alcoholismo, todavía lo hago, y mejoró muchísimo. Él era el chofer de Matías Morla y ese fue el nexo. Me recomendó, tuve una reunión con él y me dijo que creía que lo podía ayudar a Diego. Yo le dije que me encantaría”.

Díaz contó que lo vio a Maradona por primera vez unos días después de su cumpleños de 60, a fines de octubre de 2020. “La primera imagen que vi me impactó porque me recordó a mi padre alcohólico. Me recibió sentado en el sillón y bebiendo una copa de vino”, declaró.

Sobre ese día sumó: “Me dejaron solo con Diego, charlé con él y detecté que él tenía un verdadero deseo de cambio. Él estaba comprometido. Yo le expliqué que lo que funcionaba para un perfil como él era la abstención. Alcohol 0”.

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Declara por primera vez el psicólogo imputado Carlos Díaz

El testigo definió la habitación de Maradona como “sucia y dejada”

“La habitación estaba muy desordenada, dejada, sucia. Había un baño químico a la derecha y un sillón de masajes en la izquierda. Estaba muy dejada la habitación. Menos elementos médicos había cualquier cosa. No había botiquín, tubo de oxígeno, elementos de ningún tipo”, recordó Colin Campbell.

“Ya no tenía pulso”

El médico vecino de Diego aseguró que, para cuando llegó a la casa del Diez, ya no estaba con vida. También dijo que en la habitación donde estaba descompensado no tenía ningún elementos para ayudarlo.

“Pregunté si había otros elementos en la habitación, pero solamente pude usar mi estetoscopio y tensiómetro. Tenía una temperatura por debajo de lo normal, seguí haciendo masaje cardíaco, no tenía pulso y tampoco se escuchaba actividad cardíaca con el estetoscopio. Pregunté si ya venía la ambulancia, llegó a los minutos con un desfibrilador y un botiquín”, aseguró Campbell.

Y siguió: “Ahí con el médico retiramos la cama que estaba contra la pared e intenté yo con el doctor intentar buscar actividad eléctrica con el desfibrilador. También intentamos tener acceso a la vía aérea pero era casi imposible por la rigidez de su mandíbula y por no poder ingresar a la vía aérea empezamos a usar un ambú y seguimos con los masajes y actividad de reanimación. Al poco tiempo llegó el resto de las ambulancias y por una cuestión de mayor jerarquía, yo me quedé a un costado de la habitación. Cuando se llenó de gente me fui afuera para no molestar”.

El médico que le hizo RCP a Maradona contó cómo se enteró de que estaba descompensado

Colin Campbell contó ante los jueces que el día de la muerte del Diez lo llamaron a las 12:26 desde la guardia del barrio San Andrés para pedirle ayuda.

“Me llamó la guardia del barrio cuando estaba por irme al consultorio. Me dijo que él estaba descompensado y me preguntó si podía ir a revisarlo. Me avisó que ya había llamado a la ambulancia para asistirlo. Agarré un estetoscopio y tensiómetro que estaba en mi casa, fui en auto para ir más rápido aunque era cerca. Eran unos 100 metros como mucho. Cuando llegué había dos personas, una me acompañó adentro hasta donde estaba Maradona”, recordó sobre ese día.

Luego detalló sobre su ingreso a la casa y su intervención: “Estaba con tres personas. Estaba pálido, con sudoración fría, estaba muy frío y con una inflamación, edema muy importante. Una mujer estaba haciendo masaje cardíaco, un hombre respiración boca a boca y otra persona en los pies de la cama. Pregunto cuando fue la última vez que lo vieron, me dijeron que se había levantado a desayunar, que volvió a ingresar a la habitación y no lo vieron más”.

A preguntas del fiscal Patricio Ferrari, respondió que la persona que hacía RCP era la enfermera Dahiana Madrid, el que hacía respiración boca a boca era el custodio de Diego y quien estaba al pie de la cama era la psiquiatra Agustina Cosachov.

Se reanuda la audiencia con el testimono del médico Colin Campbell

El testigo es cirujano plástico y vivía en el barrio San Andrés de Tigre cuando murió Maradona. Era su vecino y fue el primero en asistirlo cuando se descompensó.

Infobae en vivo desde el Tribunal

Terminó de declarar Verónica Ojeda y hay cuarto intermedio hasta las 14:30

Se reanudó la audiencia

Tras el interrogatorio del fiscal Cosme Iribarren y el abogado querellante Fernando Burlando, Verónica Ojeda continúa respondiendo preguntas de las defensas. Arrancan los representantes de Leopoldo Luque.

Cuarto intermedio de 15 minutos

“Mataron al padre de mi hijo”, cerró Ojeda contundente su declaración

Al finalizar su testimonio, a Verónica Ojeda le preguntaron sobre cada uno de los imputados: “Ya saben todos lo que yo pienso. Y si lo digo no les va a gustar porque va a salir lo peor de mi. Yo estoy intentando ser muy respetuosa con ellos”, advirtió.

Y agregó: “Ellos mataron al padre de mi hijo. Mi hijo perdió a su papá, mi hijo necesitaba de su papá. Sus abrazos. Mi hijo tiene una condición. Nos cuesta mucho. Quiero tener un poco de tranquilidad y paz para mi hijo. Hay noches que llora mucho por su padre, dice que habla con él, yo le creo, tenían una conexión re fuerte ellos”.

Ojeda explotó contra los imputados: “Asesinos hijos de puta”

Tras leer unos chats y escuchar audios de una conversación entre los imputados Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, Verónica Ojeda explotó contra los acusados.

“Yo soy una mamá que hacía lo que estaba a mi alcance. Y me da mucha impotencia escuchar esto y que me traten a mí, porque yo nunca los traté mal a ellos, siempre estuve a disposición. Me pelee con todos para ayudarlos a ellos, a Luque, a Agustina, a Díaz, ¿y que me traten así como persona? Me parece que no nos merecemos esto”, dijo.

Y siguió: “Todas las cosas que nos hacen estos asesinos hijos de puta. Toda la manipulación a la familia, porque a mí me decían una cosa y a las hijas otras, para que nosotros nunca estemos unidos. Aprovechaban esas cosas para que nosotros no tengamos comunicación. Es como una secta, toda una gente podrida que querían sacarle cosas a Diego. ¿Cómo puede hacer un médico esto? ¿Cómo pueden hacer eso?"

“A Luque, que Diego tanto que lo quería, hasta le regaló una moto. Y él venía en moto a Olivos. Hasta eso. No entiendo por qué le hicieron eso a Diego, porque nos manipularon de esa manera. Yo quiero Justicia”, concluyó.

Ojeda aseguró que había advertido que Maradona estaba hinchado

“El 18 de noviembre de 2020 lo vi a Diego y ya no estaba bien, estaba hinchado, estaba malo. Solo a Dieguito lo dejaba entrar. Ese día estaba agresivo, enojado, insultaba. Y nadie quería entrar. Yo estuve muy poco tiempo. Yo avisé de esto, porque no podía ser. Nadie lo iba a atender. Carlos Díaz (el psicólogo imputado) había estado ese día, pero entró y se fue. No podía ser así”, declaró.

“Nos dijeron todo al revés”

Sobre la internación domiciliaria, Verónica Ojeda recordó que la idea fue de Agustina Cosachov y Leopoldo Luque. “Ellos nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria y que iba a tener todo. Eso está en el audio que aporté el otro día a los jueces. Nos dijeron que iba a haber de todo y no había nada, ni un aparato para la presión. En esa reunión nos dijeron todo al revés”, dijo sobre el encuentro en la Clínica Olivos donde se definió la externación del Diez.

“Diego no tenía ni para bañarse”: la descripción de Ojeda sobre la casa donde murió Maradona

Verónica Ojeda reanudó su declaración describiendo la casa donde estuvo Maradona en sus últimos días. “La casa no estaba en condiciones para una internación domiciliaria. Había dos baños, el de arriba estaba óptimo para Diego, pero abajo había solo un toilet, era un inodoro y lavatory. No tenía nada para bañarse. No se podía asear”, dijo en tono de indignación.

“Por eso pusieron una pelela adentro de la habitación de Diego, que en realidad era un playroom, con una cortina plegadiza que se veía a un metro más o menos la luz, no se cerraba del todo. Había mucha suciedad, la habitación de Diego estaba en muy mal estado. Había un olor terrible, no se podía estar”, siguió.

Entró a declarar Verónica Ojeda

La expareja del astro argentino comenzó a brindar su declaración pasadas las 10.30. Se esperan definiciones clave.

Gianinna Maradona espera en la sala la declaración de Verónica Ojeda

Como todos los martes y jueves, la hija del Diez asistió a la audiencia del juicio por la muerte de su padre. No solo escucha, sino que tiene un rol activo: comenta con su abogado Fernando Burlando y en los cuartos intermedios debate y hace sugerencias.

Arranca la audiencia

La jornada comenzó media hora más tarde de lo pautado. El juez Alberto Gaig, al ingresar a la sala, llamó la atención de las partes y pidió a todos que se comprometan con el horario de las 10 de la mañana.

Leopoldo Luque llegó más confiado y entró al tribunal sin custodia

El desarrollo del juicio lo tiene conforme al principal imputado de la causa. Este jueves, por primera vez, entró sin personal policial al tribunal.

Ingresó con su abogado Francisco Oneto.

Llegó Ojeda

Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona, llegó a los tribunales de San Isidro con casi una hora de anticipación. Seguirá declarando ante el tribunal y, luego, las partes deberán decidir si se reproduce o no el audio que ella misma presentó el martes como nueva evidencia.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves los recursos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020. La decisión mantiene así las condenas y deja la causa a la espera de una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El fallo apunta contra los planteos de nulidad y revisión extraordinaria de los abogados defensores, que representaron a quienes recibieron condenas por el asesinato que sacudió a la sociedad por la violencia y la exposición pública del caso.

Las presentaciones fueron realizadas por las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, todos asistidos por el abogado Hugo Tomei. Plantearon una serie de agravios que ya habían sido rechazados por el Tribunal de Casación provincial.

Lo mismo hizo Lucas Pertossi, quien durante el trámite del incidente cambió de abogado y volvió a presentarse para sostener que había sido mal defendido por Tomei, por lo que pedía la nulidad del juicio. En ese marco, el propio Tomei también hizo llegar un escrito en la causa para contestar ese planteo y defender su actuación.

Lo concreto es que, finalmente, los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron el recurso de queja por falta de sentencia definitiva.

Pero eso no fue todo porque, además, otro recurso presentado por Máximo Thomsen, representado por el abogado Francisco Oneto, también fue desestimado, en su caso por no cumplir con los requisitos de la acordada 4/2007, según informaron fuentes judiciales.

Cabe recordar que Benicelli, Thomsen, Comelli y Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a prisión perpetua el 6 de febrero de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores los consideró responsables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”, ya que los amigos de Báez Sosa también recibieron golpes esa madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique de Villa Gesell.

Por su parte, Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito. El fallo determinó que participaron en el ataque, aunque la responsabilidad principal fue para el resto.

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó el fallo. Confirmó la prisión perpetua y descartó la existencia de alevosía. Esa resolución fue apelada y la definición final está en manos de la Suprema Corte bonaerense.

En el caso de Lucas Pertossi, recientemente había sufrido otro revés judicial, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó un pedido de excarcelación presentado por su defensa, alegando que la prisión preventiva superó el “plazo razonable” previsto en la ley.

Aquel planteo, que se presentó el 6 de febrero y se amplió el 31 de marzo, remarcó que el joven lleva más de seis años bajo arresto sin que la condena esté firme. El pedido de excarcelación fue acompañado por los defensores particulares de los demás imputados en la causa.

El fallo del TOC N°1, firmado por los jueces María Claudia Castro y Christian Ariel Rabaia, rechazó los argumentos de la defensa. Según consta en la resolución judicial a la que accedió Infobae, el tribunal consideró que la prisión preventiva mantiene su razonabilidad y necesidad.

Un hombre de 43 años era buscado por la Justicia de Venado Tuerto por el robo de $3.000.000 del cuarto de un sacerdote en la Catedral Inmaculada Concepción. Horas más tarde, lo encontraron en el casino City Center de Rosario, adonde se habría trasladado en un remise. Quedó detenido.

Todo comenzó este miércoles 29 de abril en la parroquia venadense ubicada en la calle Belgrano al 700 donde, además de funcionar la iglesia, reside el sacerdote, que fue víctima del hurto.

Según fuentes policiales, el sospechoso aprovechó un acceso sin medidas de seguridad para ingresar al sector privado del inmueble y se apoderó del dinero que se encontraba en el interior de la habitación del religioso, luego identificado como Javier Menna Buzatto.

Tras efectuar la denuncia, el jefe de la Región 3 de Venado Tuerto, el comisario supervisor González Luero, alertó a sus pares rosarinos sobre la posible presencia del sospechoso en la ciudad. El dato activó un operativo cerrojo que fue canalizado por el jefe de la Región 2 en Rosario, el comisario supervisor Cristian Rodríguez, quien puso en alerta a la brigada de turno.

Para dar con el paradero del imputado en Rosario, las autoridades de la Región 3 facilitaron a la brigada capturas de pantalla extraídas de registros fílmicos. Esas imágenes permitieron identificarlo dentro del casino, lo que orientó el operativo policial.

Al ser abordado, el hombre se identificó por sus propios medios: dijo llamarse Carlos Germán González, ser argentino, estar casado y tener domicilio en la provincia de La Rioja.

Según informaron algunos medios rosarinos, tras cometer el robo, el acusado contrató un remise para viajar directamente hacia el casino de Rosario, ubicado a más de dos horas de distancia desde Venado Tuerto. Lo ubicaron cuando intentaba volver a contactar al chofer para solicitarle una operación financiera.

El operativo fue el resultado de una colaboración entre la Brigada Operativa N°1 de la Policía de Investigaciones (PDI), perteneciente a la Región 2 de Rosario, y la Región 3 de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.

Tras recibir la orden de detención correspondiente, el personal de la PDI trasladó al sospechoso a la base operativa de la institución. Al momento del procedimiento, le secuestraron el teléfono celular y documentación personal, que quedaron a disposición de la causa.

Ya en la sede policial, el personal realizó consultas con la mesa de enlace de la PDI, desde donde la causa fue derivada a la operadora del Ministerio Público de la Acusación. La investigación tramita ante la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco, bajo la carátula de hurto simple.

En paralelo, se busca determinar si el dinero sustraído fue parcialmente apostado en el casino, mientras continúan las tareas investigativas.

Se trata de Ni Fei (38), un ciudadano de nacionalidad china y con documentación argentina, quien se presentó ante la fiscal Florencia Salas para explicar los motivos que lo llevaron a escribir el mensaje en el local de la calle Fleming al 100.

Según fuentes judiciales, el acusado reconoció que hizo la pintada, pero rechazó haber amenazado de muerte al otro supermercadista. Dijo que lo que escribió no contenía ninguna referencia a matar a nadie y que el texto tenía otro significado, algo así como “acá no podés abrir”.

El denunciante, por su parte, aseguró que la advertencia era clara y decía: “Si abrís el local, te matamos”

La fiscalía ahora aguarda el análisis de un traductor especializado para determinar con precisión qué dice la frase, que fue escrita en chino.

Siempre de acuerdo a la investigación, Ni Fei explicó que la pintada se relaciona con una norma interna que suele respetarse entre supermercadistas chinos, la cual establece una distancia mínima de 500 metros entre comercios de la misma colectividad.

Según su versión, el nuevo supermercado iba a abrir a menos de esa distancia de su local, lo que generó el conflicto.

En la indagatoria, el sospechoso también presentó documentación para respaldar la tenencia legal de las armas encontradas en su comercio (son de su padre) y justificar el origen de los 184 millones de pesos (aportó facturas de dos negocios familiares) secuestrados durante el operativo.

A partir de esos elementos y de que Ni Fei no registra antecedentes penales, la fiscalía decidió no pedir la conversión de su aprehensión en detención.

De esta manera, el proceso judicial seguirá con el imputado en libertad.

El caso

Todo comenzó el pasado 23 de abril a partir de una denuncia presentada por Chen Jian Iao, otro ciudadano chino con DNI argentino, tras haberse sorprendido con las pintadas con aerosol rojo sobre la persiana de su negocio, próximo a abrir sus puertas.

Según indicó el comerciante, el rojo es utilizado por la “mafia china” para simbolizar la sangre de las víctimas. De acuerdo con su hipótesis, los autores buscaban que no abriera el supermercado o que pagara por protección.

En el marco de un expediente por el delito de “coacción”, agentes de la DDI Mar del Plata analizaron cámaras de seguridad, realizaron seguimientos y revisaron movimientos en la zona. Tras identificar a Ni Fei, fueron a buscarlo a su supermercado localizado sobre la calle Cerrito.

En el operativo se secuestró el mencionado monto millonario de dinero en efectivo, las dos pistolas calibre 9 milímetros y también teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux SW4 negra. Además, fue detenido otro sospechoso, Liao Deping de 36 años, liberado horas después.

Migraciones constató que ambos tenían su documentación en regla, y la Municipalidad de General Pueyrredón clausuró el comercio allanado por cuestiones edilicias y de seguridad.

El tribunal consideró acreditado que se trató de un homicidio doblemente calificado: por el vínculo —en el marco de una relación de pareja preexistente— y por haber mediado violencia de género.

Antes de la lectura del veredicto, al ejercer su derecho a las últimas palabras, Figueroa pidió perdón a la familia de la víctima, a sus propios familiares y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir”. Ya lo había hecho días, cuando pidió la palabra para transmitir un mensaje personal: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó.

Tras la deliberación, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans dieron a conocer el fallo, al que arribaron por unanimidad, y lo declararon autor material y penalmente responsable del delito. En la misma resolución, el tribunal ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

Al momento de escucharse el veredicto del tribunal, familiares de la víctima celebraron la condena a prisión perpetua en la sala de audiencias.

El caso y el debate oral

El femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el country El Tipal, en la provincia de Salta. Por el hecho fue imputado desde el inicio su esposo, José Eduardo Figueroa, con quien tenía dos hijos.

La investigación descartó desde el comienzo otras hipótesis y se centró en la dinámica de la pareja. Para la fiscalía, el crimen se produjo en un contexto de violencia de género sostenida, marcado por una relación desigual de poder. Testigos del entorno coincidieron en que la víctima atravesaba situaciones de violencia psicológica y buscaba separarse, algo que el acusado no aceptaba.

La autopsia fue una de las pruebas clave del expediente: determinó que Kvedaras murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Los peritos señalaron que hubo una acción sostenida durante varios minutos y múltiples lesiones compatibles con una situación de lucha.

Durante el juicio oral, que se desarrolló durante el mes de abril de 2026, declararon familiares, empleados de la casa y especialistas. Sus testimonios permitieron reconstruir la vida cotidiana de la pareja y aportaron elementos sobre el vínculo, atravesado —según la acusación— por episodios de control y agresiones.

En los alegatos, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, sostuvo que el acusado mató a su esposa cuando ella decidió poner fin a la relación y recuperar su autonomía. En esa línea, calificó el hecho como femicidio y pidió la pena de prisión perpetua.

La defensa, en cambio, intentó desacreditar la hipótesis de violencia de género y planteó que el hecho pudo haber ocurrido en un contexto de “emoción violenta”, con el objetivo de obtener una pena menor.

El juicio quedó atravesado también por una fuerte disputa técnica: la fiscalía y la querella cuestionaron informes periciales presentados por la defensa e incluso pidieron investigar a algunos especialistas por presunto falso testimonio.

Finalmente, tras la ronda de alegatos y las últimas palabras del acusado, el tribunal avanzó hacia el veredicto que este mediodía lo condenó a prisión perpetua.

La audiencia del 29 de abril fue la tercera del juicio oral que se sigue contra Guzmán, acusado de homicidio agravado por alevosía y privación ilegítima de la libertad agravada. La acusación está a cargo de la fiscal general Ana Helena Díaz Cano y el auxiliar fiscal Nicolás Tecchi, de la Fiscalía N° 15 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional. El dueño del local declaró como testigo de la querella, en su calidad de damnificado.

Según su relato, ese día todo parecía transcurrir con normalidad, con una sola excepción: Guzmán llegó al trabajo completamente rapado. En la audiencia anterior, el encargado del local ya había revelado que fue él quien le hizo ese corte a pedido del acusado, y que durante esa misma conversación Guzmán le dijo que necesitaba “paz mental” y que quería hablar con él y con el dueño. Al invitarlo a tomar un café, la respuesta fue lapidaria: “Es el último café que me vas a pagar”.

La jornada cerró como tantas otras veces. Era habitual que el grupo de trabajo se quedara después de hora a compartir algo, y esa noche no fue distinto. Fue el propio Medina quien salió a comprar unas cervezas para la ronda. Una vez que volvió, el acusado cerró puertas y persianas, se acercó al dueño y le preguntó si tenía algo para decirle. La respuesta fue que hablarían al día siguiente. Guzmán no aceptó esa respuesta: insistió en que la conversación tenía que ser en ese momento, sacó un arma y apuntó a todos los presentes.

"Nos repetía que nos iba a volar la cabeza a todos“, recordó el dueño ante las preguntas de la fiscal Díaz Cano. Lo que siguió fue, según describió, muy rápido. "Germán no dijo ni una palabra y le disparó“, sostuvo, y agregó que tras el disparo Guzmán lo miró a él y volvió a cargar el arma.

El dueño corrió hacia su oficina y terminó refugiado en el baño mientras el acusado lo buscaba por el local. Desde allí llamó al 911. La policía llegó minutos después y, al revisar las cámaras de seguridad, pudo verse la secuencia completa: la previa al disparo, el momento del hecho y la fuga posterior. Las imágenes también confirmaron que Guzmán había cerrado las puertas antes de actuar. "Él nos encerró ahí porque nos quería matar a todos“, remarcó el testigo.

Antes de su testimonio, una empleada que también estaba en el local esa noche declaró a puertas cerradas, sin presencia de público en la sala. En audiencias previas, la recepcionista había contado que el miedo fue generalizado porque “cualquiera podía ligar” y que Guzmán amenazó con disparar si alguien se movía. Además, señaló que el acusado solía dirigirle expresiones homofóbicas a Medina.

El dueño describió el último mes de trabajo de Guzmán como complejo y señaló el uso de formol —sustancia prohibida por sus efectos tóxicos— como el eje de las tensiones. “Hacía cosas para hinchar, para fastidiar a todos”, afirmó. Pese a que le retiró la llave y le prohibió expresamente usar ese producto en sus trabajos de alisado capilar, el acusado continuó haciéndolo. “Le saqué la llave y le prohibí usar formol, pero seguía”, relató ante el tribunal.

Esa disputa había quedado registrada en el chat grupal de trabajo del 24 de febrero de 2024, semanas antes del crimen. El dueño, Facundo Verdini, envió al grupo un video en el que dejaba en claro la prohibición del formol, en referencia directa a Guzmán, el único que lo usaba. La reacción del acusado fue inmediata: “Te olvidas de quién sos… siempre estuve y nunca te abandoné y te portas así conmigo. No quiero más, mañana te busco en la pelu y lo resolvemos mañana mismo”. Fue entonces cuando Medina intervino: “Hasta donde yo entiendo, se hace lo que el jefe dice y si no, patada en el tuje. Onda, ¿dónde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo?”.

La madre y la hermana de la víctima también prestaron declaración en audiencias anteriores. La madre contó que su hijo le había comentado que clientas se quejaban por el olor a formol y que una mujer en tratamiento de quimioterapia debió retirarse del local porque no toleraba el ambiente. La hermana agregó que Medina había advertido a sus jefes sobre el uso de esa sustancia.

El propio Guzmán reconoció los hechos en la primera audiencia del juicio, el 15 de abril. “Me cegué, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, dijo ante los jueces. Señaló que el conflicto laboral y económico con el dueño fue determinante: reclamaba una indemnización de más de 55 millones de pesos que nunca logró acordar. “El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada”, sostuvo.

Las pericias psicológicas incorporadas al expediente determinaron que Guzmán no presenta trastornos mentales ni déficit cognitivo, que tiene conciencia de su situación procesal y que es plenamente imputable. Tras el crimen, huyó por una ventana y permaneció prófugo 70 días hasta que fue detenido en Paso del Rey, en el conurbano bonaerense, gracias a la información aportada por un testigo de identidad reservada que se contactó con la línea de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los alegatos de las partes acusadoras están programados entre el 5 y el 7 de mayo.

El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de Av. Colón y Boulogne Sur Mer, en el barrio Quebrada de las Rosas, y terminó con la mujer mayor de edad a disposición del magistrado interviniente.

Todo comenzó a bordo de la unidad de transporte público, donde la mujer subió con una actitud violenta que de inmediato generó alarma entre los presentes. El conductor del colectivo relató a los efectivos que la pasajera dijo insultos tanto hacia él como hacia el resto de los viajeros desde el momento en que abordó el vehículo. Ante la continuidad de la situación, el chofer solicitó la intervención policial.

El personal de Cordobeses en Alerta llegó al lugar y, al intentar reducirla, la mujer opuso resistencia. Lejos de ceder, agredió a uno de los uniformados y le provocó un corte en una de sus manos. La lesión al efectivo derivó en la detención inmediata de la agresora.

La mujer quedó detenida a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos a seguir en el marco de la causa.

El antecedente de una pelea entre un colectivero y un pasajero en Flores

Un incidente de gravedad sacudió la Ciudad de Buenos Aires cuando un colectivo de la línea 113, que cubre el trayecto entre Barrancas de Belgrano y San Justo, fue escenario de una pelea a puñetazos entre el conductor y un pasajero.

Todo comenzó cerca de las 23:15 del pasado 25 de enero, en el cruce de Avenida Rivadavia y Nazca, en el barrio porteño de Flores. En un momento de extrema tensión, el chofer dejó el volante y se fue a las manos con el pasajero, mientras la unidad continuaba su marcha sin nadie al mando.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, registran cómo el colectivo avanzó sin conductor: cruzó semáforos en rojo y circuló varios metros en contramano en plena Avenida Rivadavia, con el riesgo que eso supuso tanto para peatones como para otros automovilistas.

En medio del caos, uno de los pasajeros saltó del vehículo en movimiento para escapar del peligro antes de que el colectivo se detuviera. Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque la preocupación generada se extendió mucho más allá del momento.

Tras la difusión de los videos, la empresa de transporte actuó con rapidez y dispuso el despido inmediato e irrevocable del chofer. Según informó TN, el conductor ya había exhibido comportamiento agresivo durante su tiempo de servicio, aunque no trascendieron mayores detalles sobre antecedentes previos.

En un audio dirigido a sus compañeros, el propio conductor intentó justificar su accionar: “Me defendí, la medida es injusta”, afirmó, de acuerdo con la señal de noticias.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 26 de enero, efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el cruce de Rivadavia y Nazca tras recibir el aviso de transeúntes por la pelea entre el chofer y el pasajero.

Ante la fuerza porteña, el pasajero denunció haber sido golpeado por el conductor y presentaba signos de haber consumido alcohol. El chofer, por su parte, sostuvo que su reacción fue una respuesta ante la actitud amenazante y los disturbios previos del pasajero.

La Unidad de Flagrancia Oeste tomó intervención y ordenó la detención de ambos. El conductor quedó imputado por lesiones, en tanto que el pasajero fue acusado por amenazas.

Carlos Díaz, el psicólogo imputado por la muerte de Diego Maradona y el principal acusado de haberlo aislado en sus últimos días de vida, declaró este jueves por primera vez en el juicio donde se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El profesional, especialista en adicciones, había intentado ampliar su indagatoria varias veces en este debate oral y en el de 2025, que resultó nulo. El año pasado, justo cuando quiso declarar, se descubrió el documental clandestino que hacía la exjueza Julieta Makintach y todo se postergó. Este año, durante la jornada que había pedido declarar -el martes pasado- hubo un problema técnico que hizo que la audiencia se levantara.

Su turno finalmente llegó este jueves, luego de una extensa declaración de la expareja de Diego, Verónica Ojeda. Antes de comenzar, le aclaró al Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro que solo iba a responder preguntas de su abogado Diego Olmedo. Luego se presentó con un repaso por toda su carrera profesional: resaltó que es psicólogo, docente, especialista en adicciones y que trabajó durante muchos años en barrios vulnerables. También que actualmente tiene un centro de internaciones.

Su defensa fue contundente. En primer lugar, aclaró -tal como lo había adelantado su defensor en los lineamientos- que él apenas conocía al astro del fútbol para el momento de su muerte. También que lo vio muy pocas veces.

“Conocí a Maradona 29 días antes de su fallecimiento. El 26 de octubre”, aclaró. El nexo fue un paciente suyo, Maximiliano Trimarchi. “Yo a él lo traté varios años por alcoholismo, todavía lo hago, y mejoró muchísimo. Él era el chofer de Matías Morla y ese fue el nexo. Me recomendó, tuve una reunión con él y me dijo que creía que lo podía ayudar a Diego. Yo le dije que me encantaría”.

Díaz contó que lo vio a Maradona por primera vez unos días después de su cumpleños de 60, a fines de octubre de 2020. “La primera imagen que vi me impactó porque me recordó a mi padre alcohólico. Me recibió sentado en el sillón y bebiendo una copa de vino”, declaró. En ese mismo contexto dijo que tomó contacto por primera vez con su entorno, al que aseguró no conocer previamente.

Sobre ese encuentro, sumó: “Me dejaron solo con Diego, charlé con él y detecté que él tenía un verdadero deseo de cambio. Él estaba comprometido. Yo le expliqué que lo que funcionaba para un perfil como el suyo era la abstención. Alcohol 0”.

El psicólogo de Maradona sintió necesario remarcar en su indagatoria la cuestión sobre la recompensa económica por tratar al Diez: “Yo no cobré un centavo por todo esto. Yo quería ayudar a Diego. Cuando me llamaron dije que sí, sin cobrar un mango. Y menos cuando lo vi y me retrotrajo a mi papá alcohólico, un tema muy sensible para mí”.

Sus visitas en la internación domiciliaria de Tigre

Díaz definió a Maradona como un paciente inestable e impredecible y remarcó que el plan que pautó para su tratamiento consistía en verlo una vez en la semana y otra el fin de semana.

“No conozco otra manera de trabajar, a ningún paciente lo veo todo los días”, dijo con respecto al cuestionamiento de la familia que reclama que los médicos no estaban todo el tiempo con el paciente.

También contó que a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov los conoció por esos mismos días y en ese contexto, descartando las teorías que hablan de algún plan previo contra Maradona.

Sobre las veces que lo fue a ver en su internación domiciliaria en Tigre, recordó: “El 12 de noviembre fue la primera vez. Lo fui a ver con Agustina Cosachov. Lo vi bárbaro. Maradona estaba excepcional. Sólido, lúcido, conectado y con ganas de estar bien. Ahí coordiné para ir el domingo 15″.

“Ese 15 de noviembre fue algo que no hubiera imaginado ni en el mejor escenario posible. Fui y estuve cuatro horas con él, teniendo en cuenta que el promedio son 50 minutos. Yo asombrado, contento, pero siempre cauto”, siguió declarando Díaz.

Y agregó: “Después le dije que el miércoles 18 volvía, pero ese día antes me reuní con Gianinna para seguir recabando información del paciente. Ahí ella me sugirió ver al doctor Cahe, con quien hablé después, y de ahí a Maradona".

Carlos Díaz dijo que hubo un momento bisagra ese día. “Cuando voy, al mediodía, quise abrir la puerta para verlo y me gritan ‘no es el momento’. Maradona echó a todos de la casa”.

Luego aclaró sobre un audio suyo que se reprodujo en el juicio y generó críticas: “Yo ahí le mando un audio a Agustina Cosachov y le digo que es ‘un monstruo mal’. Pero me refería a lo anímico, no a lo físico. Era propio del trastorno bipolar”.

Sobre ese día, siguió: “Yo después de eso digo de darle a Diego su celular y que él defina a quien quiere recibir”, contextualizó el imputado Carlos Díaz para explicar la acusación de que él ‘lo aisló’ al Diez.

En este sentido, explicó que la decisión -que la consultó con la familia Maradona y dijo que todos estuvieron de acuerdo- fue basado en su propia experiencia y considerando que Diego era un paciente que él veía capaz de tomar decisiones.

Señaló que quiso darle las “riendas” de su vida y asegurando que, en casos de este estilo donde se le cambia la rutina a un paciente adicto, hay que darle espacio para que se acostumbre.

“Todos queríamos lo mejor para Maradona. La familia a pesar de tener disputas también. Yo no planteé la abstención para hacerle mal al paciente, al contrario, es una obviedad”, dijo contundente.

“Su muerte fue todo pérdida”

Al finalizar, fue consultado por su abogado Diego Olmedo sobre qué ganó con la muerte del Diez. El psicólogo respondió: “Todo pérdida. Yo le agradezco a mis pacientes que confían y saben lo que es tratar a un adicto. Tuve pérdida económica, emocional, porque lo que más impotencia me da a mí, más allá de estar sentado acá, es que yo notaba que él tenía ganas de estar sobrio”.

Y concluyó: “La evidencia marcó eso, el examen toxicológico lo marcó. Maradona arrancó consumiendo todos los días y terminó limpio con 23 días sin consumir. Me parte el alma eso. Estoy convencido de que se podía lograr, sigo convencido de eso y es lo que me da más bronca”.

Fuentes de PNA consultadas por Infobae precisaron que los restos de Herrera fueron hallados a unos 6 kilómetros aguas adentro, a la altura de Rada La Plata, una bahía natural en el Río de la Plata, a la altura de la zona costera que posee la localidad de Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada.

De acuerdo a los detalles del hallazgo brindados a este medio, el cuerpo encontrado presentaba el tatuaje de un pergamino e inscripciones de tres nombres de pila, una característica que los familiares de Herrera habían informado al presentar la denuncia sobre su desaparición.

Una vez consumado el hallazgo, personal de PNA desembarcó en el Puerto de La Plata y entregó el cuerpo a la Policía Bonaerense, la fuerza encargada de trasladar los restos a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde la familia de los pescadores había radicado la denuncia por averiguación de paradero, para el posterior reconocimiento por parte de la familia.

Los hombres habían ingresado el pasado domingo a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda, con condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento intenso que dificultaron las tareas de búsqueda en la zona ribereña que incluye las costas de Quilmes y La Plata.

El operativo comenzó a las 4:50 de la mañana del lunes, horario en que PNA recibió la denuncia del hecho a través de la Comisaría 4ª de Avellaneda. “Antes de comenzar a buscar por agua, por protocolo internacional, se realizó un barrido y patrullaje terrestre y pedestre en la costa de Dock Sud. Ante el resultado negativo se procedió a la búsqueda marítima”, había explicado a Infobae el prefecto principal Alfredo Zappa, quien estuvo a cargo del operativo y trabaja en el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA.

Acerca de los trabajos, el prefecto había indicado: “El operativo en el Río de la Plata comenzó el lunes a las 6:50 con un buque guardacostas de porte medio, frente a las playas de Dock Sud, entre el río Sarandí y el Rio de la Plata, dos millas aguas adentro, que buscó durante 24 horas”.

Luego del resultado infructuoso, se sumó al operativo una embarcación de igual porte para navegar la zona. “Y también hay un semirrígido, dos motos de aguas, provenientes de Quilmes, para peinar y barrer las zonas de menor profundidad como así también se dio aviso a Prefectura de Colonia del Sacramento, Uruguay, ya que el viento proviene de la ciudad hacia las costas vecinas (viento de tierra) por lo cual la embarcación podría estar mar adentro”, agregó Zappa.

Quiénes eran los pescadores

Ledesma, de nacionalidad paraguaya y 47 años, junto a Herrera -argentino- habían salido a pescar a bordo de una canoa gris, equipada con un pequeño motor.

Ambos zarparon en la embarcación tras estacionar una camioneta Peugeot Partner blanca en el Parque del Río, un área recreativa municipal situada sobre terrenos recuperados y lindantes a la costa, operativa como paseo público desde 2018.

Los hombres habían dejado sus teléfonos en el vehículo, por lo cual se imposibilitó comunicación alguna. Esto era una señal que la salida iba a ser breve, tal cual lo confirmaron sus familiares.

Padre de Aldana, su única hija, y amante de la pesca, Ledesma Patiño residía en la localidad de Remedios de Escalada, partido bonarense de Lanús.

Según pudo corroborar este medio, el hombre trabajó como operario de López Hnos, una compañía dedicada a la fabricación de bicicletas y motopartes para distintas marcas. El centro de distribución se encuentra emplazado a la altura del kilómetro 1000 de la ruta nacional 11, en las afueras de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Sin embargo, se desconoce si actualmente estaba empleado.

Mientras la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar, avanza en la causa por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género contra Federico Balbuena (34), la víctima compartió una muestra de las violentas amenazas que el imputado le enviaba a los empleados de su empresa antes de ser detenido.

“Donde vivas, te voy a encontrar. Y me encanta dar lecciones de respeto”, decía uno de los mensajes.

A pesar de que Balbuena fue detenido este martes en su casa, en un barrio privado del partido bonaerense de Luján, Camila sigue con miedo y volvió a apelar a las redes sociales para exponer la violencia con la que se solía manejar su exnovio. “Esta es la razón por cual recurrí a los medios… Este mensaje me lo mandó un ex empleado de Car Center Asociados, en el cual Federico los amenaza en un grupo de trabajo que se llama ‘Titanes-Car Center’. El juez aún no dictó la prisión preventiva. No voy a parar”, dice el posteo que compartió este jueves a la madrugada en su cuenta de Facebook.

En el posteo incluyó además uno de los mensajes intimidatorios que Balbuena le llegó a enviar a sus empleados, en el cual les advierte sobre las consecuencias que podrían llegar a sufrir ante llegadas tarde o el pedido de licencias por enfermedad.

“Buenos días. Aclaro para los que se enferman, para los que se retrasan, etc. Si explotan la operación, una vez aprobada y firmada, les mando el médico a su casa así los cura”, ironizó Balbuena al comienzo de su advertencia.

Pero luego fue más tajante: “Así que cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema, y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los huevos”.

Acto seguido, Balbuena aseguró que contaba “con poder político”, debido a las supuestas amistades con “fiscales, jueces, comisarios e intendentes”.

“Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones de respeto. Así que espero que no se enfermen más. No lleguen tarde y no se confundan conmigo”, concluyó la fuerte advertencia para sus trabajadores.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del caso confirmaron la existencia de este mensaje, que según expuso Camila, lo recibió un exempleado de la concesionaria de autos de Balbuena.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación explicaron a este medio que la víctima recibió esa prueba el pasado martes, cuando se presentó ante la fiscal Semería para ampliar su indagatoria y aportar nuevas pruebas a la causa.

En cuanto al agresor: sigue detenido y la fiscal Semería está abocada a reunir todas las pruebas necesarias para solicitar su prisión preventiva.

La otra denuncia contra Balbuena

En las últimas horas, Federico Balbuena sumó una nueva causa judicial en su contra. Una joven que trabajó con él en su concesionaria lo denunció por abuso sexual y amenazas y compartió en redes sociales los chats y audios en los que Balbuena la insultaba, la denigraba y la amenazaba con frases como: “Si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

Nadine Gervas, quien fue empleada de la agencia de autos Car Center Adjudicados en 2024, relató que la relación con su empleador comenzó como un vínculo laboral. Según contó en una entrevista en Desayuno Americano (América TV), nunca tuvieron una relación de pareja. El acusado era su jefe y, después de acercarse a ella en reuniones sociales de la empresa, empezó a manipularla, maltratarla verbalmente y luego amenazarla.

Nadine explicó que sufrió tres abusos sexuales, uno de ellos cerca de una estación de servicio durante un viaje y los otros dos en el domicilio del detenido, donde él la amenazó con un arma delante de otras personas.

De acuerdo a su relato, Nadine quedó embarazada como consecuencia de esos abusos. Afirmó que Balbuena la echó, negó completamente lo sucedido y tampoco reconoció a su hijo.

En redes sociales, la joven publicó capturas de chats de WhatsApp con el acusado, incluidos varios mensajes de voz en los que él la trataba de “estúpida” y le decía: “No me servís para nada, querés ir a laburar andá, cada vez que te equivoques te voy a penalizar y si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

“Yo no puedo tratarte bien porque te la pasás haciendo cagadas en la empresa hace una banda de meses. Al principio era bueno, hasta que me voy cansando. Y te voy a seguir insultando porque sos una estúpida y me molestan los estúpidos”, se escucha en otro audio.

Según pudo averiguar este medio, la denuncia ingresó a fines de febrero de este año en la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal Mariana Suárez, y la causa está en plena etapa investigativa. Al no tratarse de un caso reciente ni de un episodio filmado, es más dificultosa la reconstrucción de los hechos. La fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y aún no definió una calificación precisa.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar desarticuló en las últimas horas un centro clandestino de apuestas ilegales tras un allanamiento en un local del barrio de Villa Riachuelo, en la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. El lugar operaba sin autorización estatal en ninguna de sus modalidades y captaba clientes de forma activa en una zona limítrofe con la provincia de Buenos Aires.

El local no era una operación menor ni improvisada. Al momento del ingreso de los efectivos, las autoridades hallaron un despliegue que abarcaba desde mesas de póker y una gran cantidad de mazos de cartas hasta terminales tecnológicas preparadas para recibir apuestas de casinos virtuales y eventos deportivos. A eso se sumaban quiniela clandestina y juegos de cartas de diversa índole, todo bajo el mismo techo y sin ningún tipo de habilitación legal.

Lo que terminó con ese esquema fue una cadena de acciones institucionales que comenzó con una denuncia y derivó en un allanamiento con secuestro de pruebas. El proceso dejó al descubierto no solo la variedad de actividades que allí se desarrollaban, sino también la infraestructura montada para sostenerlas y la documentación que acreditaba su funcionamiento sistemático.

El origen del caso se remonta a la labor de fiscalización de Lotería de la Ciudad (LOTBA), que detectó las irregularidades y radicó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo del fiscal Juan Rozas y con la secretaría única de Rodrigo Branca.

A partir de esa presentación, Rozas ordenó tareas de constatación a la Policía de la Ciudad, que realizó relevamientos en las inmediaciones del local y logró documentar el flujo constante de personas y el modo en que se captaban apuestas, lo que confirmó las sospechas iniciales.

Con ese caudal probatorio, la FEJA solicitó el allanamiento, que fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, subrogado por la jueza María Julia Correa. El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ) y se ejecutó con la participación de la División Conductas Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad y personal de LOTBA.

Al ingresar al inmueble, los oficiales y los representantes del organismo regulador se encontraron con una escena que excedía ampliamente la quiniela tradicional. El secuestro incluyó una mesa de póker, gran cantidad de mazos de cartas y máquinas de apuestas, junto con folletería publicitaria, libretas con anotaciones, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Cada uno de esos elementos pasó a formar parte del expediente como prueba de que el negocio tenía estructura, proyección y voluntad de crecer dentro del barrio.

La presencia de LOTBA durante todo el procedimiento permitió certificar que el local operaba por fuera del dominio .bet.ar, el único que identifica al juego legal en el país y que garantiza condiciones de juego responsable bajo supervisión estatal.

Hasta el momento, la FEJA imputó a una persona por explotar, administrar, operar u organizar juegos de azar sin autorización, un delito que prevé penas de hasta 6 años de prisión. La causa continúa abierta.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF) enmarca este procedimiento en una política sostenida de persecución del juego ilegal en sus modalidades físicas y digitales. Desde ese organismo advirtieron que el juego clandestino no constituye una infracción menor: alimenta redes de captación, sustrae recursos del circuito regulado y expone a los sectores más vulnerables de la comunidad —en particular, niñas, niños y adolescentes— a dinámicas de adicción que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa ubicada en el lote 45 del barrio privado San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez, Tigre. Esa vivienda, hoy, es considerada una prueba fundamental en el juicio por la muerte de Maradona, donde se debaten las responsabilidades médicas en el fallecimiento del Diez.

Para la Fiscalía y los abogados de la querella, la casa es clave porque fue el lugar elegido para montar la internación domiciliaria en la que el ex DT pasó sus últimos días. En este sentido, buscan demostrar que el lugar no era apto para sus condiciones físicas y que los imputados utilizaron el domicilio para “aislar a Diego” y “condenarlo al olvido”.

Maradona estuvo en esa vivienda desde el 11 de noviembre de 2020, cuando recibió el alta de la operación de cabeza a la que había sido sometido a principios de ese mes en la Clínica Olivos.

La casa estaba ubicada a unos 700 metros de la entrada del barrio. Esta distancia, para la acusación, era demasiada para que una ambulancia pudiera llegar rápido en caso de una emergencia como la que finalmente ocurrió.

Tenía dos pisos. En la planta alta, estaban las habitaciones principales y el baño más grande. Pero para subir, había una escalera angosta y sin barandas que el Diez no podía usar por su estado físico. Por eso, se acondicionó un dormitorio para él en la planta baja.

Ese cuarto era originalmente un playroom y estaba ubicado al lado del living y a pocos metros de la cocina. Solo tenía cerca un baño pequeño con inodoro y lavamanos, sin ducha.

La habitación tenía una estantería, un televisor, una heladerita y una cama de dos plazas sin respaldo, donde Diego falleció. También tenía un sillón masajeador a un costado -que su familia dice que Maradona ya no usaba porque solo estaba acostado- y una pelela.

La puerta era corrediza y, de acuerdo a la declaración de varios testigos, no llegaba hasta el piso. Por ese hueco, pasaba luz y ruido que “no dejaban descansar al paciente”, asegura la acusación.

El baño y la cocina

El baño con ducha estaba en la planta alta, pero Maradona no podía subir.

Su aseo era con un duchero en el toilett que estaba abajo, el cual -de acuerdo a las definiciones de los testimonios en el juicio- era de dimensiones pequeñas y solo contaba con un inodoro y un lavamanos.

La cocina, por su parte, era “bastante chica”, de acuerdo a los relatos, y había un living donde siempre había gente.

Allí pasó sus últimos días Diego Maradona acompañado de su cocinera “Monona”, su sobrino y el equipo médico que lo atendía.

La descripción de Ojeda sobre la casa

Durante su declaración en el debate oral, la expareja del futbolista, Verónica Ojeda, describió: “La casa no estaba en condiciones para una internación domiciliaria. Había dos baños, el de arriba estaba óptimo para Diego, pero abajo había solo un toilet, era un inodoro y lavatorio. No tenía nada para bañarse. No se podía asear”, dijo en tono de indignación a los jueces.

Y siguió: “Por eso pusieron una pelela adentro de la habitación de Diego, que en realidad era un playroom, con una cortina plegadiza que no se cerraba del todo. Había mucha suciedad, la habitación de Diego estaba en muy mal estado. Había un olor terrible, no se podía estar”.

Una descripción similar brindó este jueves el médico Colin Campbell, vecino del barrio donde estaba el Diez y el primero en asistirlo cuando se descompensó.

“La habitación estaba muy desordenada, dejada, sucia. Había un baño químico a la derecha y un sillón de masajes en la izquierda. Menos elementos médicos, había cualquier cosa. No había botiquín, tubo de oxígeno, elementos de ningún tipo”, recordó.

Ante el fiscal, Camejo, oficial de la Policía de la Ciudad, reconoció el hecho. Aseguró que temió por su vida al ver que la delincuente y su cómplice le exhibieron una pistola -que resultó ser una réplica de plástico- y que disparó, para luego escapar y entregarse en una comisaría cercana de la Policía Bonaerense.

Arribas, que lo acusa del delito de homicidio en exceso de la legítima defensa, pidió que Camejo quede detenido. La defensa del policía pidió su excarcelación.

La delincuente murió de, al menos, dos disparos. Su identidad todavía se desconoce. Una supuesta tía de la mujer, domiciliada en San Justo, se presentó en la fiscalía del caso. Arribas realizó las gestiones para que reconozca el cadáver, que se encuentra en la Morgue de Lomas de Zamora. El resultado preliminar de la autopsia, por lo pronto, no está disponible.

Camejo habría realizado 17 disparos. Se encontraron diez vainas en la escena, con tres proyectiles intactos. El inspector entregó la pistola que empleó en el hecho, su Beretta reglamentaria calibre 9 milímetros, para que sea peritada.

La secuencia de la muerte de la delincuente y la fuga de su cómplice fue captada en video por una cámara de seguridad de la zona. En la filmación, que ilustra esta nota, se escuchan los disparos. Se ve a la ladrona caer y a su cómplice decir:“Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

El hecho fue descubierto cuando la Bonaerense llegó a la escena, en la esquina de Da Vinci y Montgolfier, luego de que vecinos reportaran una serie de disparos. Una moto estaba abandonada en el lugar.

Camejo mismo se entregó: se presentó en una comisaria de la zona con ropa de civil. Allí, en un testimonio que hoy ratificó ante el fiscal del caso, aseguró que fue abordado por la pareja y que extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. Agregó que el delincuente “hizo un gesto” con un arma de plástico, que fue secuestrada en la escena.

La Justicia de San Luis investiga el caso de un barbero acusado de haber estafado a su círculo cercano mediante un esquema Ponzi. Son 19 los afectados y el perjuicio económico se estima en unos 100 millones de pesos.

Según pudo saber Infobae, el detenido -de apellido Pérez- captaba fondos de amigos, familiares y clientes de su barbería, a quienes les proponía invertir en distintos negocios. Las maniobras habrían comenzado entre fines de 2024 y principios de 2025, y se habrían extendido hasta enero de este año.

El dinero era aportado tanto en efectivo como por transferencias, bajo la promesa de obtener altos rendimientos. El esquema incluía supuestas operaciones de compra y venta de teléfonos iPhone importados, así como inversiones vinculadas a su propia barbería.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, al principio, el acusado cumplía con los pagos y ofrecía ganancias con intereses muy elevados, lo que generaba confianza entre los inversores. Sin embargo, hacia fines del año pasado dejó de pagar y cortó toda comunicación con las víctimas.

A partir de ese momento, los damnificados comenzaron a reclamarle y a intentar ubicarlo, pero Pérez dejó de contestar llamados y desapareció. Tiempo después, fue encontrado internado en un hospital de salud mental tras un presunto intento de suicidio.

Tras recibir el alta médica, se trasladó a la ciudad de San Francisco, al este de la provincia Córdoba, donde residen sus padres. Según relataron las víctimas, en esa ciudad también habría personas previamente estafadas por el acusado.

El caso lo investiga la Fiscalía de Instrucción N° 1 de San Luis que, de momento, ordenó la prisión prevenetiva del acusado por 120 días. La imputación es por estafa reiterada en 19 hechos, todos en concurso real.

Una de las víctimas, identificada como Daniel Bollati, brindó mayores detalles sobre la estafa en declaraciones a Infobae En Vivo. Durante el streaming, precisó que mantenía una relación de amistad de aproximadamente ocho años con el imputado: “Ha ido hasta la casa de mis padres a pasar las fiestas”.

Según su relato, en marzo del año pasado el presunto estafador le propuso un negocio de compra y venta de teléfonos. Bollati aportaba el dinero faltante para adquirir los equipos y, una vez que Pérez concretaba la venta, recibía una parte del rendimiento.

Durante todo el año, la cantidad de teléfonos aumentó, pero en diciembre el acusado dejó de pagar los intereses: “Decía que la gente no le pagaba, que se estaba demorando, que tenía un problema...”.

La víctima decidió entonces pedirle al barbero que le proporcionara los contactos de las personas a las que aún debía pagar. Sin embargo, al intentar comunicarse, ninguno respondía y los números no correspondían a abonados en servicio.

Una semana después, le solicitó explicaciones. En ese momento, el barbero le confesó que había dado de baja todos los teléfonos. Si bien se había comprometido a entregarle un listado de los supuestos clientes, esto nunca ocurrió. Tampoco existían pruebas de las conversaciones con esas personas.

“Yo le dije: ‘El viernes quiero la plata’ y el lunes 12 de enero desapareció. Dejó una nota muy rara en Instagram pidiendo perdón y desapareció. Nos enteramos que estaba internado porque se había empastillado, se había querido matar”, continuó Bollati.

Tras recibir el alta médica, se trasladó a Córdoba y desde entonces no volvieron a tener noticias suyas: “Muchos eran clientes, muchos éramos amigos. Así como yo, hay un montón. Mucha mentira por atrás”.

De acuerdo con Bollati, el barbero “vivía trabajando” y no llevaba una vida de lujos. Sin embargo, advirtió que, al hablar con la dueña del departamento donde residía, esta les comentó que había escuchado que tenía problemas con el juego.

La maniobra comenzó entre finales de 2024 y principios de 2025, extendiéndose hasta enero de 2026. El monto reclamado supera los $100 millones y la mayoría de las víctimas fueron clientes de su barbería.

La Fiscalía de Instrucción N°1 de San Luis sostiene que Nicolás P. convencía a conocidos, amigos, familiares y clientes de invertir con la promesa de altos rendimientos mediante la compraventa de teléfonos importados. El dinero era entregado en efectivo o por transferencia. Al principio, pagaba intereses elevados, simulando el éxito del esquema. Con el tiempo, dejó de cumplir con los pagos y cortó el contacto con las víctimas.

El caso derivó en su detención el 13 de marzo de 2026. La imputación es por estafa reiterada en concurso real en 18 hechos independientes, lo que podría agravar su situación judicial. Según la fiscalía, existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que la cantidad de damnificados puede aumentar mientras avance el expediente.

“Era mi amigo”: testimonio directo de una víctima

Daniel Bollati, víctima de la estafa y residente de San Luis, compartió su experiencia: “Teníamos una relación de amistad más o menos de ocho años. Ha ido hasta la casa de mis padres a pasar las fiestas. O sea, era un amigo”.

En marzo de 2025, Nicolás P. le propuso sumarse a una operación de compraventa de teléfonos. Bollati relató: “Yo le tenía que pasar a él la plata que le faltaba a los clientes para que pudiera comprar al proveedor el teléfono y él le vendía el teléfono al cliente".

Seguidamente explicó: “Mi ganancia era el interés que le cobraba al cliente por esa plata que le faltaba para pagar el total del teléfono”. Durante varios meses, la operatoria pareció funcionar. Bollati confirmó: “Durante todo el año fue bien, todos los meses aumentaba la cantidad de teléfonos, hasta que en diciembre ya dejó de pagar totalmente”.

Interrupción de pagos y desaparición del acusado

El dinero dejó de llegar: “Supuestamente, después de esto yo le digo: ‘Mirá, el viernes quiero la plata. Y Desaparece. El lunes 12 de enero, él desaparece. Deja una nota en Instagram muy rara, pidiendo perdón, y desapareció”.

Bollati explicó: “Nos enteramos que estaba internado porque se había querido matar. Vino el padre a verlo. Resulta que uno de los chicos pudo hablar con el padre, pero después también se borró. Cuando le dieron el alta, desapareció. Se lo llevó el padre a Córdoba y no supimos más nada”.

Pérez utilizaba la confianza generada con amigos y clientes para captar capital. Muchas de las víctimas tenían una relación personal cercana. Bollati aclaró: “Muchos eran clientes. Es más, muchos éramos amigos”.

Un posible perjuicio superior y maniobras confusas

El daño percibido por las víctimas podría ser aún mayor: “Nosotros calculamos arriba de $250 millones”, aseguró Bollati. Agregó que Pérez no ostentaba lujos ni grandes gastos: “Lo veíamos con una moto un día, una moto otro día, un auto otro día. Resulta que después, cuando nos juntamos todos a hablar, el auto era de un amigo, que él se lo había comprado, le había pagado una parte y había quedado pagándole, resulta no le pagó más. El auto desapareció. Hasta hoy en día no se encuentra el auto”.

La maniobra se extendió a objetos a nombre de terceros: “Una de las motos la entregó como parte de pago a uno de los que le debía, que después, juntándonos: ‘Che, a mí me desapareció esta moto’. ‘Ah, la tengo yo’.”

El perfil de confianza quebrada y posibles antecedentes

Sobre el perfil de Nicolás P., Bollati explicó: “Vivía trabajando, vivía en la barbería. Hasta las doce de la noche trabajando”. Consultado sobre posibles adicciones, respondió: “Por lo que hablamos con la dueña del departamento donde vivía, ella nos dijo que le había llegado el comentario que tenía problemas con el juego. Nunca nosotros, amigos, vimos esa parte ni sospechamos nada de eso”.

La estafa se habría consumado en un lapso de menos de un año: “En menos de un año, $250 millones”, aseguró Bollati. No hubo evidencia de viajes o gastos lujosos. Sobre el paradero de Pérez, Bollati contó: “La última vez que lo vi fue en marzo, el 13 de marzo, cuando fue la audiencia. No lo vi cara a cara porque estaba escondido atrás del abogado. Que tuve contacto con él fue en diciembre”.

Algunos damnificados lograron comunicarse con él mientras estaba internado. “Les pidió perdón, llorando. Decía que no podía hacer nada porque estaba amenazado, que estaba amenazada la familia, que había gente muy pesada metida”.

Sospechas de maniobras previas y organización entre damnificados

Tras la denuncia, algunas víctimas comenzaron a investigar y detectaron posibles antecedentes en San Francisco, Córdoba, de donde es originario el acusado. “Empezamos a publicar en grupos de San Francisco y apareció gente que también había sido estafada”, indicó Bollati.

El grupo de damnificados de San Luis se organizó por WhatsApp. “En ese grupo hay 35 personas. Algunas todavía no figuran en el expediente, pero el perjuicio del que hablan es de $250 millones de pesos al menos”, señaló.

Mientras, Nicolás P. continúa detenido con prisión preventiva por 120 días, mientras sigue la investigación. Daniel Bollati estimó: “En mi caso, son como 7 millones. No sé cómo se maneja la justicia en estos casos ni si se puede recuperar algo, pero por lo menos que vaya preso unos cuantos años”, concluyó.

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Un trágico accidente golpea por estas horas a la ciudad bonaerense de Mercedes, donde un hombre mató de un disparo en la cabeza a su hijastra de 14 años, mientras manipulaba un arma. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el tiro se escapó de manera involuntaria e impactó en la menor.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el padrastro de la adolescente ―identificado con las iniciales T.P.― fue detenido y será indagado en las próximas horas. Sin embargo, en base a la historia familiar que trascendió, todo apuntaría a que se trató de un accidente.

Según medios locales, el episodio ocurrió la noche del martes en una vivienda ubicada sobre la calle 13, a metros de su intersección con calle 52. En el domicilio también estaban la madre de la adolescente junto a otros dos menores, de 8 años y 2 meses. Luego del disparo, el tirador permaneció en el lugar hasta que llegó la Policía. Los médicos del SAME atendieron a la chica en el lugar y dictaminaron que no era necesario el traslado a un hospital.

Las fuentes consultadas por estos medios señalaron que la autopsia al cuerpo de la chica fue realizada ayer y que, de acuerdo con la investigación que lleva adelante la Justicia de Mercedes, no se encontraron denuncias previas por maltratos o violencia familiar, ni ningún elemento que pudiese indicar una mala relación entre el hombre y su hijastra.

En ese sentido, las fuentes calificaron como una “desgracia triste”. Respecto a los detalles del hecho, más allá de que se confirmó que todo ocurrió mientras el padrastro manipulaba el arma, no se precisó en qué situación estaba la víctima.

El caso se maneja con total hermetismo por parte de la familia y la Justicia. De hecho, en las redes sociales se originó un gran revuelo porque se publicaron fotos de la adolescente de 14 años y sus familiares pidieron que no se difundieran las imágenes.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Fiscalía de Mercedes calificó el hecho ―por el momento― como homicidio culposo.

Disparo accidental en Santa Teresita

A finales de marzo, la localidad bonaerense de Santa Teresita, en el partido de La Costa, fue escenario de un impactante episodio que casi termina en tragedia: un jubilado, que tenía un arma dentro de una bolsa, le disparó por accidente en la calle a un vendedor de flores. La víctima debió ser operada de urgencia.

El dueño del arma, un hombre de 71 años, manipulaba una bolsa blanca en una vereda del centro de la localidad balnearia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el objeto cayó o se movió bruscamente, lo que provocó la detonación que dejó a un vendedor de flores gravemente herido.

Se ve cómo la víctima cayó al piso luego de recibir el disparo en una de sus piernas. En la filmación se observa que mientras el hombre mayor revisaba la bolsa, una mujer acomodaba su cartera a su lado y Beto García, un conocido florista de 53 años del lugar, permanecía de pie frente a ellos.

Dos mujeres reaccionaron con sorpresa, mientras el agresor rápidamente se acercó al herido. El hombre, que utilizaba bastón, recogió del suelo la bolsa donde presuntamente estaba el arma de fuego. Una de las mujeres se aproximó para pedir explicaciones y otra persona corrió a buscar ayuda. La víctima se salvó y el jubilado fue imputado por lesiones graves culposas y portación ilegal de armas.

“No vamos a ceder ante extorsiones ni amenazas”, sostuvo el gobernador Leandro Zdero, luego del operativo que impidió el piquete en el noreste provincial.

“No más cortes. Garantizamos libre circulación”, agregó el mandatario en su cuenta de X. El posteo incluyó un video en el que se compilan imágenes del procedimiento.

El operativo se realizó en la intersección de las rutas provinciales 3 y 4. Participaron uniformados de Infantería y la Montada. El cruce se ubica a 15 kilómetros del centro de Pampa del Indio. La localidad, de unos 20 mil habitantes, tiene una fuerte presencia de pueblos originarios.

El intendente de la ciudad es el justicialista Gustavo Karasiuk. Va por su cuarto mandato al frente del Municipio.

El accionar de los uniformados evitó que se interrumpiera el tránsito en la zona. El sitio es un lugar donde se realizaban piquetes de modo habitual. La mayoría tuvo a las comunidades originarias como protagonistas.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se concretó durante las primeras horas del miércoles 29. En las banquinas del cruce de las rutas se había agolpado un gran número de personas. Muchos tenían elementos contundentes en su poder y llevaban el rostro cubierto.

La presencia policial, las requisas y la acción disuasoria impidieron que se interrumpiera el tránsito.

En la intersección se realizó una protesta de la comunidad Qom hace unas semanas. La movilización se concretó el 19 de abril, día del aborigen americano. Los planteos esgrimidos giraban en torno a reclamos históricos que no habrían sido escuchados por las autoridades.

Qué se secuestró durante el operativo

El Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, informó que durante el miércoles llevó adelante “un operativo en la localidad de Pampa del Indio para garantizar el orden público y la libre circulación”. El accionar de la fuerza se justificó “ante intentos de bloqueo en rutas provinciales”.

El parte oficial dio cuenta de que “desde las primeras horas de la jornada, grupos de personas intentaron interrumpir el tránsito en la intersección de las rutas 3 y 4. Frente a esta situación, las fuerzas del orden actuaron bajo la premisa de flagrancia”, indicó la cartera de Seguridad chaqueña. Así se evitó “en reiteradas oportunidades el avance de manifestantes que evidenciaban conductas violentas”, consignó.

“Como resultado de las intervenciones, se procedió al secuestro de diversos elementos peligrosos”, indicó el parte. El detalle listó “armas blancas, hachas, palos, gomeras, cadenas y piñones de motocicletas utilizados como proyectiles”. El accionar policial priorizó “en todo momento la preservación del orden y la seguridad de la comunidad”, agregó el comunicado del Gobierno.

El Ejecutivo provincial remarcó que el interés general “prevalece por sobre los reclamos particulares”. En ese sentido, se ratificó que el Estado “continúa brindando asistencia a los sectores más vulnerables, pero mantiene una postura firme ante este tipo de situaciones”.

Además, se destacó que la gestión provincial sostiene el diálogo con quienes “respetan la normativa vigente”.

Asimismo, advirtió que se aplicará “todo el peso de la ley” a los que “intenten vulnerar derechos de terceros mediante hechos de violencia”. Por último, las autoridades chaqueñas ratificaron “el compromiso del Gobierno con la paz social y el cumplimiento de la ley”.

Aún antes de ser electo gobernador, Zdero había cuestionado la práctica de los piquetes. “Afectan al docente, al trabajador, al comerciante, al hombre de campo y al que debe transitar, como un derecho tal cual lo establece la Constitución”, dijo siendo legislador provincial.

Incluso llegó a presentar un proyecto de ley, que no prosperó, para cancelar los cortes. La iniciativa impedía “obstaculizar, bloquear y/o afectar el uso público o el libre tránsito”. Apuntaba a resguardar ”caminos, calles, avenidas, rutas, autopistas, accesos a ciudades o a cualquier vía pública de circulación”.

Si una organización motorizaba una actividad de este tipo, perdía toda subvención oficial. “Un puñado de personas con palos y quemando gomas no deben impedir el paso a otro chaqueño. El artículo 14 de la Constitución Nacional pone de manifiesto que la libre circulación es un derecho y no un privilegio”, sostuvo en su momento.

Aunque el operativo terminó con 119 armas de fuego secuestradas, una granada de mano de origen nacional modelo FMK- 2 MOD 0 y más de 40.000 municiones incautadas que no tenían el respaldo o presentaban inconsistencia en su documentanción, preocupa a los investigadores el destino de las armas que desaparecieron, que deberían estar en un domicilio y, simplemente, no están. Creen que alimentaron el circuito delictivo local.

Y el hallazgo de armas que estaban siendo buscadas en Chile y Uruguay confirma una segunda teoría: que las armas se vendieron al exterior, deducen que a bandas criminales de Paraguay y Brasil. No hay certeza.

De acuerdo a la investigación, la banda operó desde 2022, hasta que en julio de 2024, la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (actualmente RENAR), formuló una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo de Santiago Marquevich, dando cuenta de irregularidades detectadas en la adquisición y circulación de armas mediante usuarios que registraban múltiples compras y transferencias atípicas.

Lo que hacían era utilizar el nombre de alguna persona, a quien un gestor le sacaba un carnet de legítimo usuario, para adquirir armas. “Compraban en lote personas partículares. ¿Para qué quiere alguien 7 Glock iguales si no es una empresa de seguridad? Estas personas, cuando se le preguntaba, no sabían explicar por qué no la tenían o siquiera sabían que tenían armas a su nombre".

Las fuentes puntaulizaron que se estableció un universo de 743 armas involucradas dentro del circuito investigado, asimismo, otras 1526 armas vinculadas por fuera de dicho circuito, lo que arroja un total de 2269 armas involucradas. Se trata, principalmente, de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres- entre ellas Bersa, Glock y Taurus- predominando los calibres 9 mm, .45 y .22.

Los detenidos

Las 193 brigadas que realizaron los procedimientos en Buenos Aires, en la Ciudad, en Tucumán, en Mendoza, en Santa Fe, en San Luis, en Córdoba, Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Misiones y Chubut tuvieron otro objetivo: detener a las personas detrás de la maniobra y, principalmente, a sus líderes.

Se trata de un policía de la Ciudad, un jubilado, un empresario de la construcción y un hotelero vinculado a una defraudación con cheques en Colón, Entre Ríos.

Ricardo Javier Mascato: Un hotelero considerado el organizador de la asociación ilícita. Coordinaba la adquisición de armas de fuego utilizando a terceros registrados como legítimos usuarios. Gestionaba la registración y la circulación irregular de las armas, incluyendo su transferencia a personas no autorizadas. Entregaba dinero y credenciales para la compra y daba instrucciones sobre las operaciones.

En 2007, su nombre apareció ligado a una defraudación con cheques vinculado a la Municipalidad de Colón, en Entre Ríos, y un festival local.

Martín José Núñez: Jubilado. Encargado de buscar y reclutar usuarios o testaferros para registrarlos como usuarios habilitados de armas. Facilitaba la adquisición de armas que luego retiraban otros miembros de la organización. Gestionaba los datos para tramitar credenciales, cobraba por cada operación y participaba en las transferencias de armas.

Walter Horacio Moreno: Oficial Primero de la Policía de la Ciudad. Gestor e intermediario en trámites de registración de armas. Como instructor de tiro, gestionaba la documentación para el registro, transferencia y habilitación de usuarios y armas. Certificaba firmas en transferencias y participaba en operaciones registrales, recibiendo pagos de los dueños de armerías. Transfería armamento registrado a su nombre a usuarios irregulares. La fuerza lo pasó a situación pasiva.

Maximiliano Gómez Veras: Dedicado, en los papeles, a la construcción. Intermediario vinculado a trámites de registración de armas y participaba en la transferencia de armamento registrado a nombre propio hacia usuarios irregulares.

En el expediente también hay dueños de armerías apuntadas: Daniel Niver Iglesias (La Perdíz, de Quilmes), Yanina Ribeiro y Daniel Alberto Ribeiro (armería La Nona, de Lanús) quienes, según la causa, intervenían en la certificación, registración y transferencia de armas de fuego registradas a nombre propio y otras a través de las armerías, facilitando la circulación de armamento entre distintos usuarios vinculados al grupo, contribuyendo con la infraestructura comercial y registral necesaria para la ejecución de las maniobras investigadas.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se centró en una banda integrada por dos familias, con ocho miembros imputados y la detención de uno de los involucrados, que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.

La organización utilizaba esquemas vinculados a criptomonedas y operaba a través de cuevas financieras, sociedades fantasmas y aplicaciones ficticias.

La causa, iniciada en 2023 a partir de una denuncia por estafa en Puerto Madryn, Chubut, reveló que la víctima había invertido más de 100 millones de pesos, pero el dinero no fue devuelto tras el primer mes de ganancias.

La banda ofrecía inversiones en supuestas empresas que cotizaban en la Bolsa y permitía a las víctimas visualizar falsos movimientos financieros a través de una app ficticia especialmente creada para ese fin. Según indicaron las fuentes del caso a este medio, existen al menos 200 damnificados en todo el país y que la cifra podría incrementarse tras el hallazgo de nueva evidencia.

El operativo se desplegó en 12 domicilios y oficinas de la ciudad de Buenos Aires, ubicados en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, además de 9 locaciones en territorio bonaerense, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

Durante los procedimientos, la Policía incautó más de 172.000 dólares en efectivo, criptoactivos por un valor estimado de 80.000 dólares, 6 millones de pesos, cheques, vehículos, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación financiera con anotaciones. Parte del botín se encontraba en propiedades que operaban bajo la fachada de agencias de viajes y casas de cambio.

La “Ruta del Dinero Digital”

La investigación permitió reconstruir las maniobras que la banda realizaba para transformar el capital obtenido mediante estafas en activos digitales, la adquisición de vehículos y la importación de electrodomésticos para su posterior venta en canales online.

Los roles de los integrantes de la organización, además, eran bien marcados: uno de los imputados era responsable de crear empresas ficticias; otros dos administraban inmobiliarias que canalizaban fondos a través de alquileres, y el resto figuraba como titulares de agencias de turismo que funcionaban como centros financieros.

Según concluyeron los investigadores, los responsables justificaban la imposibilidad de devolver los fondos a las víctimas alegando restricciones administrativas impuestas por el Banco Central.

La investigación continúa abierta, con expectativas de identificar más víctimas y avanzar en el análisis de los dispositivos secuestrados, que podrían arrojar nuevos elementos sobre la operatoria y el alcance de la organización.

La División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad coordinó la investigación junto con autoridades judiciales de CABA, provincia de Buenos Aires y Chubut, bajo la articulación del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.

En tanto, en los operativos participaron brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

Un fuerte accidente se produjo en las primeras horas de hoy en el barrio porteño de Mataderos, donde dos vehículos colisionaron y, por la violencia del impacto, terminaron volcados. Hay seis personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:30 en la intersección de José Enrique Rodó y Montiel, e involucró a una camioneta Ford Ranger y un Chevrolet Agile.

Según las primeras informaciones, al arribar al lugar, personal de Bomberos de la Ciudad encontró ambos vehículos en posición invertida. Los ocupantes, afortunadamente, lograron salir por sus propios medios.

En la camioneta circulaban una mujer mayor de edad y dos menores de edad, un varón y otra mujer. En tanto, en el Chevrolet viajaban un hombre y una mujer mayores de edad junto a un menor.

Debido a la violencia del impacto, las víctimas fueron asistidas en el lugar y colocadas sobre tabla rígida con collar cervical. Posteriormente, todos fueron trasladados a los hospitales Santojanni y Vélez Sarsfield con diagnóstico de politraumatismos.

Un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes permitió detectar 300 ampollas de fentanilo ocultas dentro de un taxi. El procedimiento se realizó durante un control de rutina sobre la ruta provincial N° 34, a la altura del cementerio Santo Tomás, en las inmediaciones de la ciudad de Ituzaingó.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad nacional a Infobae, el personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 47 “Ituzaingó” detuvo la marcha de un automóvil Chevrolet Classic que prestaba servicio de taxi. El conductor, que viajaba solo, exhibió un comportamiento sospechoso, lo que llamó la atención de los efectivos y, en consecuencia, procedieron a revisar el interior del vehículo. Bajo el asiento del chofer encontraron tres cajas ocultas que contenían ampollas con una sustancia líquida.

Los gendarmes solicitaron la documentación correspondiente que acreditara la legal tenencia y transporte de las ampollas, pero el conductor manifestó no poseer ningún aval. Ante esta situación, dieron aviso al magistrado interviniente, quien ordenó el secuestro inmediato de las sustancias halladas.

Personal especializado de Criminalística abrió las cajas y realizó el conteo de las ampollas, que sumaron un total de 300 unidades de 2 miligramos cada una. Las pruebas de orientación de campo arrojaron resultado positivo para fentanilo, un opioide sintético producido por un laboratorio de la República del Paraguay.

La Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de la totalidad de las ampollas, el secuestro del vehículo y la detención del taxista, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no informaron la identidad del detenido ni el destino final de las sustancias.

Desde la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva advirtieron que el fentanilo es considerado hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Su uso autorizado se limita al ámbito médico, principalmente para el tratamiento de dolor intenso en cuidados paliativos y procedimientos quirúrgicos.

El hallazgo se enmarca en los controles preventivos que la Gendarmería Nacional realiza de manera periódica en rutas de la región para detectar posibles delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas y productos farmacéuticos de origen extranjero.

El antecedente en Chubut

Días atrás, un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales permitió desarticular un circuito de traslado ilegal de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico, tras la interceptación de una encomienda en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn.

La investigación, encabezada por la sede fiscal descentralizada de Rawson, derivó en la detención de una persona y múltiples allanamientos en la provincia de Entre Ríos, donde se incautó una importante cantidad de sustancias, dinero en efectivo y armamento.

El procedimiento se inició el pasado jueves, cuando efectivos detectaron una caja sospechosa proveniente de Entre Ríos. Al inspeccionarla, encontraron en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, dos potentes opioides utilizados en contextos médicos controlados, principalmente en anestesia.

A partir de este hallazgo, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional en Rawson articuló un trabajo coordinado con su par en Paraná. El intercambio de información permitió avanzar rápidamente sobre el origen del envío y solicitar allanamientos en domicilios vinculados al remitente.

Durante los operativos realizados en la ciudad de Paraná, los gendarmes lograron secuestrar un significativo volumen de fármacos: 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, otras 50 de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 de remifentanilo.

Además, incautaron documentación relevante para la causa, grandes sumas de dinero en distintas monedas —más de 15,8 millones de pesos argentinos, 17.100 dólares y 3.200 reales—, así como armas de fuego y municiones.

El episodio motivó una investigación que quedó a cargo de la fiscalía número 10 de Escobar. Según relató la periodista Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer, “Renata tenía trece años y murió ahogada en una pileta sin que nadie la viera. Tenía una discapacidad y frecuentaba ese centro terapéutico todos los fines de semana. Entró a la pileta, nadie la controló, nadie la vio”.

De acuerdo con datos brindados por la fiscalía, "pasó 30 minutos debajo del agua sin que nadie se diese cuenta dónde estaba. Terminó falleciendo, lamentablemente, el último sábado. Su familia pide justicia”.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Rubinska, la adolescente asistía al lugar, llamado AUPA, desde hacía aproximadamente un año y medio. Se trata de un espacio que organiza actividades para jóvenes con distintas formas de discapacidad. Renata tenía el hemisferio izquierdo del cuerpo prácticamente inmovilizado, motivo por el cual requería asistencia constante, sobre todo al momento de ingresar a la pileta.

Investigación judicial y pedido de justicia

El acceso a registros de cámaras de seguridad resultó clave para la investigación. Según la periodista, “las cámaras de seguridad muestran cómo entran seis chiquitos a la piscina y de repente nadie los controla. Y Renata estaba allí con la dificultad del caso, porque ella no puede moverse por sí misma, necesita permanentemente de ayuda. Estaba en el borde, en la baranda. Esto está filmado y lo tiene la fiscalía, que es lo que le narra esta situación a la familia”.

Cuando notaron la ausencia de Renata, el personal inició la búsqueda y la hallaron ya sin vida en la misma piscina. En ese marco, la familia de la víctima solicita que se aceleren los tiempos judiciales y se exijan mayores controles en ese tipo de instituciones.

Las autoridades confirmaron que hay tres personas imputadas, todos guardavidas del centro, entre los que se encuentra una joven de 22 años y un terapeuta. La investigación seguirá el curso judicial en la fiscalía de Escobar, mientras el centro terapéutico continúa abierto y funcionando con normalidad.

Según el testimonio de Rubinska, la familia de Renata ya había detectado irregularidades en la supervisión antes del episodio fatal. La periodista señaló: “Ya había algunas advertencias que después la familia empezó a contar y empezó a cerrar el descuido que se vivía allí dentro”.

La familia denunció que “no recibe respuestas” de las autoridades del centro y que no hay explicaciones oficiales sobre los mecanismos de control. Rubinska declaró: “Este centro de rehabilitación no responde el teléfono, no da ningún tipo de explicación. Abrió las puertas, siguió trabajando como si nada hubiese pasado”, concluyó.

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La UFI N°14 de San Martín, con un expediente a cargo de la fiscal Vanesa Leggio, requirió a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense que analice los ocho fetos allanados, afirmaron fuentes judiciales a Infobae. En particular, se requirieron las extracciones y estudios de perfiles de ADN. Cinco de estos fetos estaban completamente formados; tres eran poco más que embriones.

El propósito aquí es triple. La fiscal Leggio, con un expediente por averiguación de ilícito en sus manos, primero busca determinar si estos abortos fueron realizados de forma ilícita o en el marco de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Una inspección del Ministerio de Salud provincial realizada a la clínica Santa María halló solo infracciones menores; el centro médico continúa abierto.

También, deberá encontrar entre ellos al embarazo que gestó la menor, oriunda de Monte Quemado, una pequeña ciudad de Santiago del Estero, mediante un cotejo de perfiles genéticos. El aborto a la niña, según la historia clínica secuestrada por la Policía Bonaerense, fue practicado. Otros dos procedimientos similares se habían llevado a cabo ese día, de acuerdo al documento.

El magistrado Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, investiga la posibilidad de un delito de trata de personas, ante la hipótesis de que -dado el avanzado estado del embarazo- el niño haya nacido vivo, para ser entregado o vendido. Si este niño se encuentra entre los fetos estudiados, entonces, su causa quedará cerrada.

De vuelta en Monte Quemado, el fiscal Santiago Bridoux del MPF santiagueño tiene un claro interés en este estudio también. Si se encuentra entre los fetos al gestado por la niña, entonces, podrá tener acceso al ADN de su violador.

Hay dos prófugos en su causa, iniciada en febrero último luego de la denuncia de un familiar de la niña. El principal sospechoso es un primo de la menor, un jornalero de 27 años que lleva su mismo apellido.

El drama de la víctima y el rol de la fundación

La vulnerabilidad en la situación es clarísima. A la edad de la menor se suma la situación familiar: el único sostén de la niña es su madre, una pensionada de 47 años sin empleo registrado ni cobro de planes sociales. Su pensión sería su único ingreso.

Ambas viven en una zona alejada del área principal de Monte Quemado, pleno campo. Su padre falleció años atrás. “Murió de cáncer”, aseguran vecinos de la familia. La niña, por su parte, se encuentra escolarizada.

De vuelta en el fuero penal de San Martín, las fuentes consultadas no aclararon si planean citar a declarar -sea como testigos o imputados- a representantes de la Fundación CIGESAR, una ONG porteña dedicada al acceso al aborto legal y a la salud reproductiva que intervino en la interrupción del embarazo. Fuentes en la Justicia creen que CIGESAR podría haber pagado los pasajes y la estadía de la menor y su madre, entre otros puntos.

El médico Damián Levy, presidente de CIGESAR, afirmó en un comunicado pegado en el vidrio de la clínica Santa María que el aborto se hizo dentro del marco de la ley. Sin embargo, no explicó en ese comunicado las circunstancias de su aparición en la trama, que sorprendió a la Justicia. El fiscal Bridoux entendía que el aborto sería practicado en La Banda, Santiago del Estero.

La repentina salida de la niña a Buenos Aires motivó el allanamiento realizado por la Superintendencia de Delitos Complejos de la Bonaerense, en una carrera contra el tiempo para asegurar, precisamente, el ADN del violador de la niña dentro del feto, lo que llevó al hallazgo de los ocho fetos y al escándalo posterior.

Hay una posibilidad final, la más escalofriante de todas: que, entre todos estos fetos, no se encuentre el que gestó la menor. Los análisis de la Asesoría Pericial deberán determinarlo.

Efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” de Gendarmería Nacional Argentina decomisaron 10 kilos 350 gramos de marihuana, ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta durante un control sorpresivo en el kilómetro 1.298 de la Ruta Nacional Nº 86, en la provincia de Formosa. Tres ciudadanos masculinos, que viajaban en el vehículo, resultaron detenidos tras el operativo realizado la semana pasada.

Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Dreyco” indicó la presencia de sustancias ilícitas al posicionarse sobre el neumático extra, procedimiento que dio origen al hallazgo, de acuerdo a NoticiasFormosa. Los gendarmes extrajeron 14 paquetes de diferentes formas y tamaños con cannabis sativa tras desarmar el neumático utilizando herramientas de corte.

La Unidad Fiscal de Formosa autorizó el uso de escáner para revisar la cubierta, donde se visualizaron bultos amorfos compatibles con material vegetal. Además de la camioneta y los teléfonos celulares incautados, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente desde 2019.

El tráfico ilícito de marihuana se encuentra tipificado en la Ley N° 23.737 y sus modificaciones, que establecen penas de prisión y multa para quienes transporten, comercialicen o faciliten estupefacientes. En el caso de cannabis, la ley prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión para quienes trafiquen cantidades significativas o lo hagan como parte de una organización.

Casos similares en Formosa

Las autoridades decomisaron un inmueble en Formosa que era utilizado para traficar marihuana a la provincia de Buenos Aires. El predio está ubicado en Villa del Carmen, sobre la Ruta Nacional 11 de Formosa y le pertenecía a Ángel Gaspar Jiménez. La propiedad fue utilizada para la preparación de casi una tonelada de marihuana destinada a Buenos Aires.

La decisión fue a partir de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en respuesta a un planteo de la Fiscalía Federal N°2, encabezada por Luis Benítez. La juez estableció que el inmueble representó un elemento central para la comisión del delito, lo que motivó su traspaso al Estado. La causa permitió la desarticulación de una red con actividad entre Formosa y Esteban Echeverría, y en 2025, dos imputados recibieron condenas a 8 años de prisión.

Por otro lado, a mediados de abril, una mujer de nacionalidad paraguaya fue detenida por efectivos de la Gendarmería Nacional tras hallarse 2 kilos 125 gramos de cocaína ocultos en su equipaje, durante un control en un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional N° 11 a la altura del kilómetro 1286.

El equipaje quedó bajo sospecha luego de que personal del Escuadrón 16 “Clorinda” advirtiera actitudes nerviosas y respuestas contradictorias por parte de la pasajera. El bolso de mano, que viajaba envuelto en una frazada, fue inspeccionado con el escáner del puesto de control “Gendarme Fermín Rolón”, donde se detectaron elementos rectangulares inusuales.

La revisión se realizó en presencia de testigos y permitió hallar dos paquetes que, tras las pruebas de campo, dieron positivo para clorhidrato de cocaína. La droga, junto a un teléfono celular, fue secuestrada por orden de la Unidad Fiscal Federal de Formosa, que dispuso además la detención inmediata de la involucrada.

Un hombre de 33 años permanece internado bajo cuidados médicos en el Hospital Schestakow tras haber sido apuñalado en el barrio El Molino, una de las zonas más densamente pobladas de San Rafael, en la provincia de Mendoza.

Según informó la Policía de San Rafael, el hombre declaró que se encontraba transitando el complejo habitacional de El Molino cuando fue sorprendido por un individuo en la prolongación de El Libertador, una calle conocida del sector. La víctima relató que el atacante se le acercó de manera sorpresiva, lo apuñaló y luego huyó de la escena sin mediar palabra ni robar pertenencias.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Mendoza Today, a pesar de la gravedad de la herida, el afectado logró desplazarse hasta el Centro de Salud del Barrio El Molino, donde recibió las primeras atenciones médicas. Los profesionales constataron una lesión punzante en el omóplato derecho. Poco después, efectivos policiales arribaron al centro sanitario para recabar información sobre el hecho, pero la víctima decidió no aportar detalles relevantes sobre la identidad del agresor ni las circunstancias exactas del ataque.

El hombre se negó a radicar la denuncia formal, limitando el avance de la investigación. No obstante, ante la complejidad del cuadro clínico —ya que el paciente presentaba síntomas compatibles con neumotórax producto de la herida cortante—, los médicos determinaron su inmediato traslado al Hospital Schestakow, donde permanece internado y bajo observación.

Actualmente, la víctima recibe asistencia especializada y su estado es reservado, a la espera de nuevas evaluaciones clínicas.

La policía local destacó que la víctima cuenta con un extenso prontuario policial, lo que añade complejidad a la investigación sobre el origen del ataque. Pese a la negativa del herido de colaborar con detalles sobre el agresor o los motivos del incidente, las autoridades creen que el hecho podría estar vinculado a una pelea reciente en la vía pública en la que habría participado el propio afectado.

En relación con la investigación, los efectivos policiales continuaron con tareas de relevamiento en la zona de la prolongación El Libertador, en busca de testigos o registros de cámaras de seguridad que permitan identificar al atacante.

Dos prófugos de homicidio se ocultaban en el desierto de Mendoza

A principios de semana, se conoció la noticia de la captura de dos prófugos de homicidio que furon capturados en el desierto de Lavalle.

Los arrestos se concretaron en el paraje El Retiro de San Miguel, una zona ubicada cerca de la ruta 142, durante un despliegue coordinado entre el destacamento El Retamo y efectivos de la UID Lavalle, según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El operativo surgió a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ontivero Díaz, ocurrido el 18 de marzo en Las Heras. Con información precisa sobre los sospechosos y sus características físicas, los uniformados se dirigieron al lugar y divisaron a tres sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron huir por distintas direcciones.

El despliegue policial permitió la localización de dos de los fugitivos. Ambos se ocultaban en un corral caprino, ubicado detrás de una vivienda del paraje. La intervención concluyó con la custodia de los detenidos y el hallazgo de diversos elementos relacionados con la caza en las inmediaciones, entre ellos cuatro trampas de zorro, un huevo de choique, un caparazón de quirquincho, un zorro muerto, una cuchilla, dos cuchillos y seis cueros. Estos elementos dan la pauta de que cazaban para sobrevivir. A las pocas horas, capturaron a un tercer sospechoso.

El hombre de 54 años, que fue víctima de un violento asalto en la puerta de su casa de Granadero Baigorria en Santa Fe y debió ser internado en estado crítico, mostró en las últimas horas una leve mejoría.

El episodio ocurrió pasada la medianoche del lunes, alrededor de las 00:30, en una vivienda ubicada en la calle Los Naranjos al 3000. El ensañamiento fue de tal magnitud que la víctima sufrió una fractura expuesta en el cráneo, múltiples lesiones en la cabeza y la mandíbula, y la amputación de un dedo.

C. R. fue atacado cuando intentó evitar el ingreso de dos delincuentes a su casa. Los agresores también golpearon a su madre, una mujer no vidente de 84 años, quien se encontraba en la cama al momento del ataque. El personal policial de la Unidad Regional II arribó al lugar tras ser alertado por la central 911 y halló al hombre tendido en la puerta de su casa, inconsciente y rodeado de un charco de sangre. Su madre estaba en estado de crisis tras el episodio, aunque su salud no corría riesgos.

La gravedad de las heridas llevó a la intervención urgente del Sistema de Emergencias de Salud (SIES), que asistió al hombre y lo trasladó al Hospital Eva Perón, donde continúa bajo asistencia respiratoria. “Llegó casi muerto” al hospital, debido a la gravedad de las heridas que sufridas, indicaron. Al respecto, la familia señaló a El Tres TV: “Le bajaron la cantidad de medicamentos que tomaba y hay que esperar a este jueves (hoy) a ver si puede respirar por sus propios medios“.

En el lugar del hecho, los efectivos policiales secuestraron un machete de acero, el dedo índice de la mano derecha amputado y un televisor LED que los delincuentes intentaron llevarse. Los vecinos relataron que escucharon gritos y, segundos después, observaron a un hombre saltando la reja del domicilio para huir a pie por la calle que ingresaron en dirección norte. Los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona lo que les permitió visualizar a los atacantes.

Para el avance del caso, la Fiscalía de Flagrancia dispuso la intervención del gabinete criminalístico, la confección de las actas correspondientes y libró comunicación con la Policía de Investigaciones (PDI) para profundizar las diligencias. El martes por la tarde, personal del Comando Radioeléctrico localizó a dos hombres cuyas características físicas y la vestimenta coincidían con los individuos de video. Al ser identificados, los sospechosos intentaron fugarse hacia el Monte Celulosa. Finalmente, los uniformados los detuvieron. Fueron identificados como Rodrigo Alejandro M., de 25 años, y Jeremías Gabriel M., de 22 años, y trasladados a la Seccional 24.

Estando en la dependencia policial, se constató que ambos detenidos habían sido mencionados por un testigo. Los familiares de los agredidos manifestaron alivio tras la detención de los sospechosos; sin embargo, aseguraron: “No vamos a quedarnos tranquilos hasta que (C. R.) salga de todo esto”.

Los antecedentes de uno de los detenidos

Jeremías Gabriel M., de 22 años, es uno de los agresores identificados en el video del violento asalto a una jubilada y su hijo, en Granadero Baigorria. Es conocido tanto en esa localidad como en Capitán Bermúdez, debido al historial delictivo que posee. Su domicilio está ubicado en el sector conocido como Monte Celulosa, en el límite entre ambas ciudades. Tras el reciente ataque, vecinos de la zona donde ocurrió el robo el lunes por la noche, mencionaron su nombre a la policía.

No es la primera vez que Jeremías M. enfrenta a la Justicia. El pasado 9 de marzo, compareció en audiencia imputativa en los Tribunales provinciales de San Lorenzo. La fiscal Melisa Serena le atribuyó tres hechos cometidos en Capitán Bermúdez: una violación de domicilio del 9 de febrero y dos robos simples, ocurridos el 19 de mayo y el 18 de octubre del año anterior. Pese a este prontuario, el joven había recuperado la libertad semanas antes del reciente episodio.

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron identificados y demorados tras una amenaza de tiroteo en un colegio en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. La preocupación atravesó a la comunidad educativa por los presuntos mensajes intimidatorios dirigidos contra establecimientos escolares de la ciudad, un episodio que movilizó un operativo policial de urgencia orientado a frenar potenciales riesgos y contener el impacto social.

Luego de la identificación de los menores, la Policía realizó allanamientos simultáneos junto a la incautación de celulares y una computadora portátil, pertenecientes a los menores. Las autoridades persiguen el objetivo de reconstruir el origen de los mensajes intimidatorios. Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para dilucidar la autoría de las amenazas.

El caso adquirió visibilidad tras la circulación de mensajes que advertían: “Mañana no vengan, tiroteo”, generando alarma inmediata en alumnos y docentes, quienes notificaron a las autoridades y activaron protocolos preventivos. La División de Investigaciones, bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil, avanzó rápidamente en la pesquisa y promovió los allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

El despliegue incluyó al personal del Comando de Patrullas, el área de Apoyo Tecnológico y la supervisión del Ministerio de Seguridad, según el medio La Opinión Austral. Este tipo de operativos no solo busca garantizar la eficacia investigativa, sino también desalentar la repetición de incidentes similares en el entorno escolar.

La pesquisa indaga no solo la posibilidad de conductas delictivas, sino también los factores sociales y psicológicos que inciden en estos comportamientos, considerados en ocasiones por los propios adolescentes como “bromas” o desafíos de grupo, sin dimensionar las consecuencias reales que implican la movilización de recursos y el incremento de la angustia en el ambiente escolar.

El hecho se produce una semana después de otro incidente grave en la provincia. En El Calafate, la Justicia intervino de oficio luego de que una menor difundiera una imagen portando un arma de fuego. La División de Investigaciones localizó a la adolescente, ejecutó un allanamiento autorizado por el juzgado y secuestró un revólver calibre 32.

Los episodios de violencia escolar siguen siendo consistentes en distintas provincias del país y genera una gran preocupación a padres, alumnos, profesores y a las autoridades. Ante un patrón de amenazas, la respuesta policial y judicial busca articular una política de prevención que contemple tanto el resguardo físico de la comunidad educativa como la atención de los factores de riesgo social.

¿Cuáles son las razones de la repetición de amenazas en los colegios?

Según los especialistas, hay varias razones que podrían estar provocando este brote de violencia en las escuelas. En la búsqueda de explicaciones, surgen teorías como el bullying, las redes sociales, la familia, etc. El Dr. Enrique De Rosa Alabaster afirmó en Infobae que “mezclar todo genera impacto, pero impide el análisis“.

Dentro del los comportamientos violentos, existe el fenómenos de la imitación o también conocido como “efecto copycat”, explicando la repetición de amenazas tras hechos de alto impacto mediático. La circulación de mensajes intimidatorios en redes sociales y su viralización generan un clima de alarma, al tiempo que pueden incentivar nuevas amenazas por imitación. Las autoridades educativas y de seguridad insisten en desincentivar la difusión de estos mensajes, ya que su propagación potencia el riesgo de réplica.

La influencia de las redes sociales es otro factor relevante porque la violencia ya no solo ocurre sino que se comparte en la búsqueda de visibilidad. Los likes y comentarios puede incentivar conductas de riesgo, en especial entre adolescentes que buscan reconocimiento o validación dentro de sus grupos. Este fenómeno complejiza el abordaje preventivo y exige nuevas estrategias de intervención por parte de la comunidad educativa y las familias.

La violencia escolar requiere respuestas articuladas que incluyan tanto el fortalecimiento de los espacios de contención y escucha en las escuelas, como la promoción de políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias y la regulación del uso de tecnologías entre los jóvenes.

Un operativo policial realizado en la zona norte de Misiones culminó este miércoles al mediodía con la detención de un hombre, de 28 años y oriundo de Brasil. Fue capturado con más de 110 kilogramos de marihuana.

El procedimiento, desarrollado bajo una intensa lluvia en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, movilizó a distintas dependencias de la Unidad Regional V y a la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, quienes coordinaron la intervención en un punto estratégico de la Ruta Provincial N.º 19.

Todo comenzó cuando los efectivos mantenían un control vial frente al puesto de Guardaparques Uruzú. En ese contexto, un automóvil Fiat Uno con patente brasilera intentó eludir la inspección policial y escapó a gran velocidad por caminos rurales. La reacción de los uniformados fue inmediata: se desplegó un seguimiento controlado, manteniendo contacto visual con el vehículo a través de senderos internos de un yerbal.

Pocos minutos después de iniciada la persecución, el auto fue encontrado abandonado tras despistar y terminar en una alcantarilla. Los agentes, sin perder tiempo, organizaron un operativo de rastrillaje en la zona, lo que permitió localizar al conductor oculto entre la vegetación, aproximadamente a cincuenta metros del rodado. El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar, sin que se registraran incidentes durante el procedimiento.

De acuerdo con lo informado por el portal Primera Edición, el hombre aprehendido fue identificado por la Policía como E. M. D. R., de 28 años, con domicilio en la zona limítrofe entre Bernardo de Irigoyen y Brasil. Según las fuentes consultadas, su detención se produjo minutos después de que intentara evadir el control policial, lo que generó sospechas inmediatas sobre la carga que transportaba en el vehículo.

En el interior del Fiat Uno, los efectivos detectaron tres bultos de grandes dimensiones. Con la intervención de la División Drogas Peligrosas, se procedió a realizar un test orientativo que confirmó la presencia de cannabis sativa. El pesaje posterior arrojó un total de más de 110 kilogramos de marihuana, cantidad que fue inmediatamente puesta bajo custodia.

La maniobra delictiva quedó formalmente encuadrada en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. El Juzgado Federal de Puerto Iguazú dispuso la detención del sospechoso y el secuestro tanto de la droga como del automóvil de patente extranjera.

El operativo de secuestro y traslado de la sustancia vegetal se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad. El personal de la policía provincial fue el encargado de trasladar la marihuana incautada hasta la sede policial, donde quedó a resguardo junto al detenido, a la espera de las instrucciones judiciales correspondientes.

Detuvieron a dos jóvenes con droga y balanzas ocultas en el techo del auto

Días atrás, dos jóvenes de Córdoba capital fueron detenidos tras una investigación que reveló una red de venta y distribución de estupefacientes en diferentes puntos de la provincia. El operativo, a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de la droga.

En procedimientos realizados de manera simultánea, los agentes intervinieron en dos puntos estratégicos: la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16 en la localidad de San José de la Dormida y un domicilio ubicado en la calle Rafael de Palencia al 3.400 en barrio Yofre Norte.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer, quienes, según la investigación, gestionaban un punto de venta en la capital provincial y ofrecían un sistema de entrega a domicilio durante los fines de semana en localidades del norte.

La intervención de la FPA comenzó tras detectarse movimientos irregulares en la zona, lo que llevó a la apertura de una investigación coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes. La causa fue caratulada por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, según se informó oficialmente.

Durante los allanamientos, se incautaron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el modo en que los acusados intentaban eludir los controles: parte de la droga y la balanza estaban ocultas en el cielo raso de un Chevrolet Corsa, lo que evidenció una estrategia para dificultar la detección policial.

El procedimiento, realizado bajo la supervisión de la fiscalía, incluyó la requisa exhaustiva del vehículo, donde se encontraron los elementos disimulados en compartimientos especialmente adaptados. Esta maniobra, señalaron fuentes policiales, era utilizada en los desplazamientos hacia las localidades de San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, donde los fines de semana los detenidos ofrecían servicio de entrega directa de estupefacientes.

Las autoridades de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, detuvieron este miércoles a un hombre luego de que los vecinos denunciaran que estaba efectuando disparos al aire con una escopeta.

El operativo de detención ocurrió al mediodía sobre la calle Doutor José Alfredo Ferreyra casi en la esquina con Carlos Longa. De acuerdo con el relato de los testimonios, varias detonaciones se escucharon en la zona, lo que llevó a dar aviso inmediato al personal de la Comisaría Segunda.

La Policía se presentó en el lugar tras el llamado de los vecinos y puso en marcha un operativo para localizar al hombre. Durante el procedimiento, el sospechoso entregó de manera voluntaria una escopeta marca Rossi calibre 12, con culata de madera y cañón cromado. El registro fílmico aportado al caso, lo mostraban al sospechoso -identificado como M.E.R.- manipulando y efectuando un disparo, según informó Actualidad Esquina y El Litoral.

La intervención se realizó en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Gustavo Javier Mosquera, que dispuso la apertura de actuaciones judiciales por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego. El individuo quedó demorado y permanece a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.

Semanas atrás, un joven de 26 años fue detenido en la madrugada del lunes en la ciudad de Rosario tras ser señalado por efectuar disparos dentro del club Recuerdos de Evita, ubicado en la intersección de las calles Pedro Lino Funes y La Paz, en la zona oeste. El operativo policial se inició cuando un vecino alertó al 911 sobre detonaciones y gritos provenientes del interior de la institución, lo que generó alarma entre los habitantes del barrio Villa Urquiza.

El personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar y, tras ingresar al establecimiento, constató la gravedad de la situación. Durante la inspección realizada en el primer piso, los agentes hallaron una vaina servida en un baño, señal clara de que se habían realizado disparos recientemente. En un entrepiso de madera, encontraron una pistola austriaca marca Glock, con numeración visible y equipada con un cargador circular de alta capacidad para 50 municiones. Tanto el arma como el cargador fueron incautados de manera preventiva.

El joven identificado como R. A. M. se encontraba en el club al momento de la intervención y fue demorado por la posesión de la pistola y el cargador especial. La procedencia y legalidad del armamento se encuentran bajo investigación judicial. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 32ª y permanecía a disposición de las autoridades mientras avanzaban las actuaciones.

Las fuentes policiales no informaron si el detenido presentaba antecedentes previos ni detallaron las circunstancias que derivaron en la detonación dentro del club, aspectos que serán esclarecidos a partir de las pruebas recolectadas y la identificación de posibles testigos que se encontraban en el lugar durante los hechos.

El caso despertó una alarma debido a la gravedad del hecho en un espacio social y deportivos de Rosario y motivó un despliegue preventivo para evitar nuevos incidentes. Las autoridades mantuvieron el procedimiento bajo reserva inicial mientras se analizaban las evidencias y se coordinaba la investigación con la fiscalía en turno.

El episodio estuvo enmarcado en una jornada de violencia armada en la ciudad. Horas antes, en el barrio Puente Gallego, una despensa familiar ubicada en Camino Viejo a Soldini al 3400 fue atacada a balazos, recibiendo cuatro impactos, dos de los cuales atravesaron la exhibidora del negocio. Ambas situaciones mostraron la reiteración de hechos violentos en distintos puntos de Rosario. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades y prevenir nuevos episodios similares.

A dos semanas del crimen de Víctor Hugo “Vica” Monteros, la mujer trans de 44 años que fue hallada sin vida el 12 de abril en la provincia de Córdoba, la familia de la víctima enfrenta el dolor y la búsqueda de justicia luego de que la Fiscalía ampliara la acusación contra el único detenido, Maximiliano Sallito, al incorporar el agravante de odio a la orientación sexual (rechazo o aversión hacia la orientación sexual, identidad de género o su expresión de la víctima). “No entiendo el odio”, lamentó la hermana de “Vica”.

La reconstrucción oficial indica que Monteros fue atacada dentro de su domicilio mientras finalizaba el fin de semana, y que el agresor intentó incendiar la vivienda después del homicidio.

Su hermana, Luciana, vive en Tucumán, provincia donde también nació Vica y se conmocionó al hablar de lo sucedido: “Mi hermano Víctor (Vica) no es un caso, no es un número. Para mí es mi hermano, una persona llena de amor, con una sensibilidad única, con una forma muy especial de ver el mundo”.

“Quiero que se respete cómo era, cómo se percibía, porque eso también es parte de quién fue. Pero por sobre todo, quiero que se entienda que era una persona… alguien que vivía su vida sin hacerle daño a nadie”, sostuvo Luciana en diálogo con ElDoceTV.

También recordó la relación que tenían: “Conmigo tenía un vínculo muy profundo. Nuestras charlas eran de sueños, de proyectos, de crecer”. Agregó: “Era mi fan número uno. Estaba en cada publicación, en cada historia, en cada paso que daba. Me hacía sentir importante, capaz… me hacía sentir amada. Me decía ‘te amo gorda’, y esas palabras hoy me acompañan más que nunca”.

“No entiendo el odio. No entiendo cómo alguien puede perder la vida por ser quien es, por vivir a su manera, por amar o pensar diferente", declaró la hermana de la víctima. En esta misma línea remarcó: “Mi hermano no era una amenaza para nadie. Era amor. Era libertad. Era una persona con sueños, con proyectos, con una vida por delante”.

El avance de la causa

Según datos proporcionados por el fiscal González durante una conferencia de prensa, las hipótesis señalan que Monteros fue sorprendida cuando alguien tocó el timbre de su casa, en la calle Mendoza al 300. Aunque aún no se ha determinado si la víctima permitió el ingreso del agresor voluntariamente o fue forzada, la evidencia reunida sugiere que todo el ataque ocurrió puertas adentro.

La cronología del episodio revela que el asesino intentó prender fuego la casa y luego huyó de la vivienda. Sin embargo, una vecina alertó a los bomberos al notar el humo que provenía de la vivienda y los ladridos de la mascota de Monteros. Esta rápida reacción permitió el hallazgo del cuerpo y el inicio de las pesquisas.

El fiscal imputó al detenido bajo la figura de homicidio calificado, al considerar que existen indicios de alevosía en la ejecución del ataque. En el relato reconstruido con base en la información judicial, se describe que Monteros fue atacada con 37 puñaladas en la espalda, sufrió diversos golpes y que, una vez perpetrado el crimen, el agresor prendió fuego la vivienda para “ocultar las marcas del crimen o causar un daño mayor”, según la investigación. Además, el fiscal González sumó cargos por hurto y daño.

Durante su indagatoria, el acusado optó por abstenerse de declarar. El avance de la causa incluyó también la llegada de la madre y la hermana de la víctima, Ofelia Herrera y Luciana. En declaraciones emitidas por radio Mitre Córdoba, la madre manifestó: “Siempre ha sido una persona prolija. Era un chico amado por todo el mundo. Nos amábamos. Quiero justicia”.

En 2021, 14 adultos mayores fallecieron por coronavirus en el Hogar de Ancianos San Luis Gonzaga de Monte Comán, provincia de Mendoza, donde ninguno de los residentes había sido inmunizado, de acuerdo con la denuncia presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). En este marco, se abrió una causa donde se investiga lo sucedido en el geriátrico y tras un cuarto intermedio, este miércoles anunciaron que se reanudará el juicio.

El establecimiento estaba dirigido por Fernando Yañez, ex sacerdote de reconocida postura antivacunas, lo que intensificó la controversia sobre la gestión y la asignación de responsabilidades institucionales. El debate judicial responde a la denuncia de organismos de derechos humanos que acusan al responsable del establecimiento de negligencia grave y decisiones opuestas a las recomendaciones sanitarias durante la pandemia.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Mendoza, tras la primera audiencia, el juez de Garantías Gabriel Ravagnani dispuso un cuarto intermedio luego de escuchar al abogado Richard Ermili, quien representa a la APDH como querellante en la causa.

De hecho, Ermili sostuvo que “existe una relación entre la imprudencia, la negligencia, la inobservancia de la normativa y el resultado final con la muerte de los ancianos”.

De esta manera, la audiencia quedó suspendida y se reprogramó para el 8 de mayo. El Ministerio Público Fiscal había solicitado el archivo de la causa cinco años después de los hechos, es decir, que se cierre sin llegar a una sentencia, por considerar que no hay elementos suficientes para continuar o que ya no corresponde seguir investigando. Sin embargo, la postura firme de las querellas forzó la reanudación del proceso.

Las declaraciones del sacerdote

Hace pocos días, Fernando Yáñez declaró en diálogo con Vibra FM que el Hogar funciona actualmente sin apoyo estatal y bajo la administración de la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga, brindando atención a 26 adultos mayores gracias a la ayuda limitada de la municipalidad y donaciones de un mayorista de Mendoza. El sacerdote aclaró que utiliza recursos personales para mantener en funcionamiento la institución y hasta estudia la posibilidad de vender propiedades familiares para asegurar la continuidad de la obra.

Yáñez rechazó la versión de que el Hogar hubiera rehusado la vacunación contra el COVID-19 para sus residentes. En su testimonio, desmintió que los ancianos estuvieran desprotegidos, afirmando: “Eso es un invento, en el expediente quedó claro que no había vacunas contra el COVID, solo dosis contra la gripe que fueron aplicadas a todos los internados”.

A su vez, añadió que, cuando arribaron las primeras vacunas específicas, ya había contagios en curso y las autoridades sanitarias recomendaron no aplicarlas por haber sido administradas recientemente las vacunas antigripales. De esa manera, negó toda vinculación con posturas ‘antivacuna’ y señaló: “Yo no estoy en contra de las vacunas y si alguien me pide un consejo les digo que se las apliquen”.

El sacerdote también refutó versiones que lo señalan como responsable de impedir el acceso a las vacunas, reafirmando que la situación fue distinta a la atribuida por algunos sectores de la querella. Destacó que la médica responsable, Dra. Parlavecchio, aun en estado de embarazo, atendió a múltiplos residentes del Hogar y que la responsable del área Sanitaria del Sur Mendocino, Verónica Martínez, declaró en cuatro ocasiones para respaldar la versión presentada por Yáñez sobre la gestión de la pandemia en la institución.

Por otro lado, el coordinador del Ministerio de Salud para el sur de Mendoza, Abel Freidemberg, afirma que las vacunas asignadas a los residentes nunca fueron aplicadas ya que Fernando Yañez, mantenía “una postura antivacunas” y no cumplía las restricciones de aislamiento vigentes. A este cuadro se sumó la constatación de la ausencia de protocolo sanitario, la falta prolongada del médico responsable y una inhabilitación formal del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

El informe preliminar de la autopsia reveló que el hombre encontrado muerto en su casa de Posadas, Misiones, fue asesinado a golpes. Por el crimen, ya hay tres detenidos.

La víctima fue identificada como Enrique Ramón Azamé, de 84 años. Su cuerpo fue encontrado por su hermano, quien alertó a la Policía tras hallar a la víctima herida junto a su cama, en una vivienda ubicada en la avenida Santa Cruz.

De acuerdo con su testimonio, la víctima presentaba un golpe visible en el rostro en el momento del hallazgo, lo que motivó el inmediato pedido de asistencia médica. Azamé fue trasladado en ambulancia al Hospital Favaloro, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El informe de los médicos forenses detalló que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo ocasionado por golpes en la cabeza. Si bien se presume el uso de un objeto contundente, hasta el momento no se ha identificado el elemento utilizado, lo que representa una dificultad adicional para la investigación.

Con la confirmación de la muerte violenta, la investigación avanzó rápidamente hacia el entorno inmediato de Azamé. Tres personas —un hombre y dos mujeres trans— se encuentran actualmente bajo sospecha y fueron detenidas de manera preventiva. Las detenidas, identificadas como J. M. D. S., de 29 años y nacionalidad brasileña, y V. M. D. S., de 26 años, habrían sido vistas frecuentando el domicilio de la víctima, según información provista por fuentes policiales.

El tercer sospechoso, R. A. C. (42 años), fue aprehendido horas más tarde por personal de la Dirección de Investigaciones Complejas en colaboración con la Comisaría Decimoséptima. Se espera que en los próximos días los tres detenidos sean trasladados al Juzgado de Instrucción Dos para ser indagados y formalmente notificados de las pruebas recabadas en su contra hasta el momento.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, los investigadores aguardan información complementaria que permita esclarecer el móvil del ataque y el posible vínculo entre los acusados y la víctima. Por el momento, la causa permanece caratulada provisoriamente como homicidio simple, a la espera de nuevas pruebas periciales y testimoniales.

Azamé habría recibido amenazas días antes de ser hallado muerto. Según allegados, las advertencias se habrían originado luego de que el vecino denunciara públicamente ante medios de comunicación distintos hechos de inseguridad registrados en la zona de la avenida Santa Cruz, incluyendo la presencia de trabajadoras sexuales y episodios delictivos recurrentes.

Esta información refuerza la hipótesis de un posible hecho premeditado, motivado por las denuncias y la exposición mediática de Azamé sobre la problemática local. Los investigadores continúan analizando el entorno social y los antecedentes de conflictos para determinar la relación entre las amenazas y el desenlace fatal.

La escena del crimen presentó elementos que serán materia de análisis en la instrucción judicial, aunque en la inspección inicial no se detectaron signos evidentes de violencia en la vivienda, salvo las lesiones en la víctima.

El caso ha generado conmoción en la ciudad de Posadas, donde persisten interrogantes en torno al motivo y la mecánica del crimen. Los sospechosos permanecen detenidos a la espera de su presentación ante la Justicia, instancia en la que podrán ejercer su derecho de defensa y serán informados de las pruebas recolectadas en su contra.

La pesquisa se mantiene enfocada en determinar el móvil exacto, el posible grado de premeditación y la identificación de todos los implicados en el hecho.

Dos docentes de un jardín de infantes de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, fueron detenidas en el marco de una causa por presunto maltrato infantil. No se descarta que se sumen nuevas denuncias a la causa. El caso tiene como víctimas a niñas de 4 años que asistían a la misma sala dentro de la institución.

Desde que el caso tomó estado público, entre 10 y 14 familias habrían optado por retirar a sus hijos del jardín de infantes, preocupadas por la falta de respuestas y el avance de la causa judicial. Mientras tanto, la Justicia trabaja en la recolección de testimonios y pruebas que permitan determinar la existencia o no de hechos vinculados entre las denuncias.

A raíz de esto, este mismo miércoles la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, confirmó la detención de dos docentes que podrían estar implicadas en el caso por presuntos maltratos.

Según el Ministerio Público Fiscal, la primera detenida se trató de la docente que estaba a cargo de la sala donde habrían ocurrido los hechos. El arresto se produjo hace varios días, por lo que se le tomará declaración en carácter de imputada. En línea con esto, el fiscal a cargo del caso le atribuiría cargos como presunta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas.

En cuanto a la segunda detenida, afirmaron que se trata la directora de la institución. El pedido fue argumentado bajo la premisa de que la acusada habría tenido conocimiento de los hechos, por lo que fue imputada por el delito de encubrimiento.

La más reciente denuncia fue presentada por la madre de una alumna, quien advirtió cambios de conducta y episodios de pesadillas en su hija a lo largo de varios meses. Según explicó la abogada Macarena Martín Ubiergo, representante de las familias, la comunicación entre las madres permitió detectar similitudes en los relatos de las menores.

En esta tercera denuncia, a diferencia de las anteriores, no se pudo establecer una fecha precisa del supuesto abuso, aunque los relatos ubicaron el episodio en un período cercano al de las primeras presentaciones. Asimismo, trascendió que se trataría de una menor que también compartía la misma sala que las primeras dos denunciantes.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, las familias denunciantes también manifestaron disconformidad con la respuesta brindada por la institución educativa. Según indicó la abogada, el único contacto formal fue una reunión breve con el representante legal del colegio, quien les informó que “ya se investigará”. No obstante, sostuvo que la situación no tendría relación con el ámbito escolar.

Frente a esto, Martín Ubiergo cuestionó la actitud de la institución al señalar: “Estamos hablando de familias que han tenido a sus hijos por más de 10 años en la institución y la realidad es que las respuestas han sido prácticamente nulas”.

El relato de la mamá de uno de los menores que habría sido víctima

Una madre denunció que su hijo de ocho meses resultó con múltiples lesiones tras asistir a un jardín de infantes en Córdoba el pasado 19 de febrero, día del paro general. Fernanda, madre del menor, relató que fue notificada por la directora del establecimiento a las 10:50 horas mientras trabajaba. Según su testimonio, le informaron que “se había golpeado” y acusó a la escuela de intentar minimizar la situación al asegurar que solo presentaba un “golpecito en la cara”.

Al no poder acudir de inmediato, la mujer le pidió a su madre que retirara al niño, pero se encontró con obstáculos para que la dejara ingresar. La situación le generó sospechas sobre la gravedad del incidente. Finalmente, al llegar al jardín, halló a su hijo con múltiples golpes y consultó si se había llamado a emergencias, pero la directora respondió que no lo consideró necesario, ya que “estaba bien él”.

Fernanda narró que la explicación de la docente difería de la versión de la directora. Mientras que la primera aseguró que el niño solo “se había raspado”, la segunda insistía en que el golpe era menor. Ambas versiones fueron ofrecidas tanto a Fernanda como a su madre.

Debido a que no se pidió asistencia médica, la mujer llevó al menor de inmediato a una clínica, donde permaneció bajo observación durante seis horas. “Le hicieron tomografía, le hicieron laboratorio, lo tuvieron en observación seis horas”, precisó.

Por recomendación médica, Fernanda presentó la denuncia ante la Justicia. Incluso, intentó acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del jardín, pero la respuesta no fue inmediata, ya que le indicaron que requería autorización de los padres de los demás alumnos.

En línea con esto, la madre indicó que no era la primera vez que detectaba marcas en su hijo tras asistir al jardín. En una oportunidad, recordó haber observado un hematoma en el ojo, un corte en la oreja y, en la última oportunidad, lesiones más evidentes.

“Otra vez al mes que iba mi hijo había venido una vez con el ojo medio morado, que yo dije ‘se ha golpeado’, ellas lo minimizaron, yo lo minimicé. Dos veces más con un corte en la oreja y la última vez que fue demasiado obvio, que algo más había pasado”, relató.

En un episodio que conmocionó a la zona norte de la ciudad de Córdoba, una cabo de policía fue detenida e imputada tras la muerte de su pareja, Juan Pablo Abazo, de 39 años. El hombre agonizó durante días, debido a las graves lesiones sufridas. Según la reconstrucción, la víctima estuvo en medio de un incendio, pero luego las pericias confirmaron que todo habría sido intencional: el objetivo era ocultar una puñalada.

Todo comenzó la tarde del viernes 10 de abril, cerca de las 18, cuando patrullas policiales y una dotación de bomberos acudieron a una vivienda ubicada en las calles Sudamérica y Atahualpa Yupanqui tras el llamado de los vecinos por un incendio.

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia lograron controlar las llamas, que se habían iniciado en el dormitorio y se extendieron rápidamente al resto de la vivienda. Durante el operativo, los efectivos encontraron a un hombre con graves quemaduras externas e internas, aún con vida, y a una mujer en el lugar, identificada como la policía I. C. P., de 42 años.

La víctima fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado de barrio Pueyrredón, donde ingresó en estado crítico a terapia intensiva. El cuerpo médico que lo atendió detectó, además de las quemaduras, al menos una herida compatible con arma blanca en la zona torácica. La mujer, que se encontraba en uso de licencia psiquiátrica en la Departamental Sierras Chicas, fue llevada también a un centro de salud, donde se constató que resultó ilesa.

Sin embargo, la situación procesal de la mujer se agravó en los últimos días tras la muerte de Abazo. Frente a esto, el fiscal de instrucción Alejandro Smith ordenó la detención de la policía y la imputó por homicidio calificado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior, la acusada fue internada en un centro de salud mental provincial bajo custodia policial, mientras se le practican estudios psicológicos para determinar si al momento de los hechos comprendía la criminalidad de sus actos.

La investigación avanza con la toma de testimonios a vecinos y allegados, el análisis de comunicaciones y mensajes de los teléfonos celulares de los involucrados, y la realización de peritajes en la escena. De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, los informes periciales preliminares indicarían que el incendio fue provocado de manera intencional en el dormitorio de la pareja.

Según trascendió en la investigación, el vínculo era conflictivo, agravado por el presunto consumo de sustancias dentro del hogar. La hipótesis principal sostiene que la tarde del 10 de abril se produjo una discusión que escaló a una pelea física, durante la cual Abazo fue apuñalado en el tórax. Luego, se habría originado el fuego de manera deliberada, para encubrir el crimen.

El hombre presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo y daños severos en las vías respiratorias internas, producto de la inhalación de humo y gases.

Tras la muerte de Abazo, la fiscalía profundizó la pesquisa y dispuso nuevas medidas probatorias, entre ellas el análisis de los informes forenses y de los peritajes realizados por los bomberos.

El hecho de que la policía I. C. P. estuviera en uso de licencia psiquiátrica al momento del episodio es uno de los puntos centrales de la pesquisa, dado que los resultados de los estudios médicos podrían incidir en el desarrollo judicial del caso y en la responsabilidad penal de la acusada.

A casi un mes de haber comenzado el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras -ocurrido en agosto de 2023 en un barrio privado de Salta- la Justicia dará a conocer finalmente la decisión que tomó sobre el único acusado del crimen, el ex marido de la víctima, José Eduardo Figueroa.

El fallo condenatorio tendrá lugar este jueves -de acuerdo con lo informado por El Tribuno- tras la jornada de alegatos que se construyó el día anterior, en donde la fiscal que representa al Ministerio Público Fiscal, María Luján Sodero Calvet, pidió que se imponga una prisión perpetua para Figueroa. La jornada del miércoles estuvo marcada por exposiciones intensas y posturas enfrentadas entre las partes.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta explicó su pedido al considerar que “no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua”. Sodero Calvet fundamentó su pedido en la magnitud del daño ocasionado y la gravedad de la conducta atribuida al acusado, subrayando que la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional. Incluso, el mismo Figueroa reconoció durante la última ronda de testigos su responsabilidad. “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”, indicó.

“Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión, lucidez, determinación y voluntad”, indicó la funcionaria del MPF y requirió que el imputado permanezca detenido hasta la confirmación de la sentencia. Además, solicitó una indemnización económica para la familia de la víctima por el daño ocasionado.

Sodero Calvet remarcó que el caso se encuentra completamente abarcado por el agravante de violencia de género. En este sentido, explicó: “El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal“.

La fiscal enfatizó que la relación entre la víctima y el acusado estuvo marcada por manipulación, control y episodios reiterados de violencia, acompañados de compensaciones materiales posteriores. Al respecto sentenció: “Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”.

La fiscal recordó que, de acuerdo al resultado de la autopsia, la mujer murió por asfixia mecánica y presentaba golpes en todo el cuerpo, además de heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca y raspaduras en las rodillas.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada”, aseguró mientras repasaba el pliego probatorio y criticaba la estrategia de la defensa, señalando que no logró consolidar una teoría alternativa ni desacreditar la hipótesis del Ministerio Público. Sostuvo que los testigos presentados por la defensa no refutaron el encuadre legal propuesto y que la violencia de género estuvo presente en todas las etapas de la relación y en el hecho investigado.

El 4 de agosto de 2023, el cuerpo sin vida de Kvedaras fue hallado en el barrio privado El Tipal, mientras que su esposo “Jota” Figueroa, presentaba lesiones y estaba dentro del auto familiar, con lesiones. La búsqueda se inició luego de que los familiares advirtieran que los hijos del matrimonio habían quedado solos en la vivienda. El hallazgo ocurrió cuando un allegado al propietario del vehículo acudió al lugar tras recibir un mensaje de WhatsApp de Figueroa en el que manifestaba no poder afrontar la situación.

Al llegar al barrio privado, las autoridades encontraron a la mujer sin signos vitales y trasladaron a Figueroa a un hospital local, donde permaneció internado un día hasta que se constató que sus lesiones no revestían gravedad. La investigación determinó que la muerte de Kvedaras fue violenta, descartando un accidente y el uso de arma blanca como causa principal.

El proceso judicial por la causa Lucía Pérez inició una nueva fase con la apertura de audiencias destinadas a fijar una nueva condena para Matías Farías. Después de que la Justicia rechazara condenarlo por femicidio en 2023, en este nuevo juicio, llegó imputado por el delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes.

Durante esta primera audiencia, el tribunal, integrado por Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert, escuchó los planteos iniciales del fiscal Carlos Russo y de la defensora oficial María Laura Solari. Además, intervino el abogado de la familia de la víctima, Juan Pablo Gallego, quien anticipó que pedirán la mayor pena posible.

La reapertura de este debate se produjo luego de que la Cámara de Casación anulara la condena dictada en febrero de 2023, que había impuesto prisión perpetua a Farías por considerarlo responsable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y por el suministro de sustancias estupefacientes en concurso ideal con femicidio”.

Según el fallo de Casación, la figura de femicidio no podía ser atribuida al acusado en la muerte de la adolescente de 16 años, por lo que debía determinarse una nueva pena únicamente por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes”.

De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, Farías siguió la audiencia de forma remota, mientras declararon como testigos los padres de la adolescente fallecida en octubre de 2016. La defensa también presentó a sus propios testigos, al tiempo que insistieron ante la Suprema Corte para que se revise la decisión de Casación de no considerar el caso como femicidio.

Por este motivo, aclararon que en este tramo de la causa no se vuelve a discutir el hecho, sino que se evalúan atenuantes y agravantes que determinarán la condena. Así, las partes presentarán sus alegatos el jueves y se prevé que la sentencia se conozca la próxima semana.

De acuerdo con el Código Penal argentino, en esta nueva instancia Farías podría llegar a ser condenado a una pena máxima de 15 años de prisión. De esta manera, los años que podrían atribuirle tras las rejas se sumarían a la condena previa de 8 años por dedicarse a la venta de drogas.

La reconstrucción de la muerte de Lucía Pérez

En octubre de 2016, la adolescente contactó a Farías y Juan Pablo Offidani para comprar estupefacientes. Al día siguiente, acordó encontrarse con Farías, quien la llevó a su vivienda ubicada en la calle Racedo 4825.

Según determinaron en el expediente de la causa, Pérez y Farías estuvieron juntos menos de cinco horas, periodo en el que ella consumió marihuana y cocaína provistas por el acusado. También mencionaron que mantuvieron relaciones sexuales, tras lo cual la joven sufrió una descompensación.

Alrededor de las 15:00 horas, Offidani llegó al lugar acompañado por Alejandro Maciel, un terapeuta especializado en el tratamiento de adicciones. Fue así que los tres trasladaron el cuerpo de la adolescente a la sala de salud de Playa Serena, donde se constató su muerte.

Luego de que el período de investigación concluyera, en noviembre de 2018, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 condenaron a ocho años de prisión a Farías y Offidani únicamente por venta de droga, absolviéndolos de los delitos de abuso sexual y femicidio.

Esta decisión derivó en la apertura de un jury en contra de los Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, luego de que la querella repudiara el fallo contra los acusados. Finalmente, en noviembre de 2024, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense resolvió absolverlos.

Previo a esto, el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, había solicitado la destitución de los magistrados, quienes habían llegado al proceso bajo una suspensión y un embargo de sus sueldos.

Una multitudinaria caravana de motos atravesó las calles del barrio Pueyrredón en la provincia de Córdoba para despedir a Tomás Orihuela, el joven de 19 años que falleció en una celda de la Comisaría Sexta de barrio General Paz. El velorio contó con la presencia de cuatro familiares que están presos y la Policía desplegó un operativo para realizar el traslado de los mismos.

Se trata de dos hermanos y dos primos del joven fallecido que fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer y desde el penal de Cruz del Eje bajo custodia para participar del velorio. El cortejo fúnebre recorrió varias cuadras y estuvo marcado por características de una “despedida tumbera” con humo y ruido de los cortes de caño de escape.

La decisión está amparada por la ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria que contempla salidas extraordinarias. El articulo 166 autoriza, en caso de enfermedad, accidente grave, fallecimiento de familiares o allegados el derecho a visita. Esto sucede en caso de que existan razones humanitarias para su presencia y que se cumpla con ciertos deberes morales. Sin embargo, la misma ley faculta a la autoridad judicial a rechazar la salida si existen “motivos serios y fundamentados” para denegar el permiso

La intervención judicial resulta ineludible en todas estas situaciones. La autorización puede ser emitida por un juez, un fiscal o un tribunal, dependiendo del estado procesal de la persona detenida. En el caso de los parientes de Orihuela, la decisión recayó en una prosecretaria y no en la jueza de Ejecución Rita Fonzalida, debido al breve margen temporal. En el caso de Orihuela, todas las autorizaciones debieron resolverse antes de las 24 horas.

Sobre la lógica que rige estos operativos y la interpretación legal, el abogado penalista Facundo Pérez Lloveras señaló en Telenoche que la orden para el traslado debe ser emitida por “el funcionario judicial que tiene la custodia del detenido”, y añadió: “El Servicio Penitenciario toma noticia de esta circunstancia, primero se toma la decisión de la visita y después se arma el operativo de traslado”.

De acuerdo con Pérez Lloveras, el diseño del dispositivo de seguridad —incluida la cantidad de agentes destinados— depende del “riesgo que implique el traslado del detenido a ese lugar”, y corresponde exclusivamente a la autoridad penitenciaria abordar el terreno y definir el protocolo, una vez concedido el permiso judicial.

El permiso no es automático: “La Justicia autoriza la procedencia o improcedencia del traslado, mientras que el Servicio Penitenciario define el operativo específico”, afirmó Pérez Lloveras a El Doce. La evaluación se realiza sobre cada situación en particular y contempla antecedentes, riesgos y el tipo de relación familiar o de cercanía del detenido con la persona fallecida.

El pedido de la familia

El caso de Tomás Orihuela abre nuevamente el debate sobre las prácticas y controles en las detenciones policiales. El joven fue arrestado en dos ocasiones durante pocos días y su familia asegura que la orden de detención presentada por los efectivos estaba caducada.

Además, los familiares insisten en que no pudieron verlo la noche de su muerte, luego de que la madre acudiera a la Comisaría Sexta para entregarle alimentos y abrigo. Según narró su hermana Mariana: “Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 22:00 y ya sabía que lo tenían que largar”.

La familia sostiene que Orihuela habría sido golpeado en la dependencia policial y exponen que el joven presentó “un edema cerebral, además de complicaciones en un pulmón y un riñón”, hechos que no coincidiría con el presunto suicidio. Su reclamo principal es que hubo una acción violenta de los agentes, lo que ha generado un fuerte malestar social reflejado en la masiva despedida.

La noche del fallecimiento, un patrullero se acercó al domicilio familiar para pedirles que se presentaran de urgencia en el Hospital Córdoba, informando que Tomás había sufrido un accidente. El primer informe médico señalaba muerte cerebral, aunque al día siguiente la situación clínica registró actividad cerebral en el Hospital Eva Perón. Finalmente, su muerte se confirmó este lunes por la tarde.

El caso permanece abierto bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 8. Ante la conmoción generada y la persistencia del reclamo social, la presión para que se identifiquen responsabilidades y se conozcan las circunstancias exactas de la muerte del joven Tomás Orihuela sigue creciendo en la provincia de Córdoba.

La última audiencia del juicio por la muerte de Maradona generó una ola de repercusiones adentro y afuera de la sala de debate. Verónica Ojeda, la expareja de Diego, comenzó a declarar el martes y admitió ante los jueces que tenía un nuevo audio clave para la causa, que pidió incorporar. El episodio provocó sorpresa, los abogados y los fiscales discutieron al respecto, y el tribunal se retiró a debatir. Finalmente, decidieron que la testigo aporte el material para el caso.

En este contexto, se renaudará este jueves el debate oral. La madre del hijo más chico del Diez continuará testificando y las partes técnicas luego deberán definir si reproducen o no ante todos la prueba agregada por ella.

Se trata de un audio en el que quedó registrada la reunión que se realizó a principios de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, donde la familia y el equipo médico de Maradona definieron las condiciones de la internación domiciliaria en Tigre, en la que el ex DT murió 25 días después.

El expediente ya tiene un audio de ese encuentro que dura una hora y 5 minutos. Lo aportó el médico Rodolfo Benvenutti, que estuvo en la operación de cabeza que se hizo Diego ese mismo mes. Sin embargo, el que suma Ojeda, que dijo haber grabado ella misma, promete ser más completo. Por lo pronto, dura 1 hora y 45 minutos y tendría algunos datos nuevos, pero que serían “clave”.

Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que encabezan la acusación pública, la grabación de la ex pareja de Maradona tendrá algunas palabras más pero no consideran que modifique el contenido. Además, tal como remarcaron en la audiencia pasada, el abogado de Verónica Ojeda validó la incorporación de la otra filmación como prueba y esta nunca la había aportado.

La cuestión sobre si se reproducirá o no en el marco del juicio se resolverá en la audiencia de este jueves.

Por otro lado, también está citado a declarar el médico Colin Campbell Irigoyen, quien era vecino de Maradona en el barrio privado de San Andrés, en Tigre, y fue el primero en dar auxilio cuando se descompensó.

Campbell le hizo RCP a Maradona y describió que, cuando llegó a la casa, “Diego ya no tenía signos vitales hace mucho tiempo”.

También se espera que pueda ampliar su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz, que ya había pedido declarar durante la última jornada pero no llegó a hacerlo por un problema técnico que hizo levantar la audiencia.

El imputado, que es defendido por el abogado Diego Olmedo, era quien estaba a cargo de la rehabilitación por drogas de Maradona. Es especialista en adicciones y patologías mentales severas y había comenzado a trabajar con el astro del fútbol apenas un tiempo antes del trágico 25 de noviembre de 2020.

Está acusado por la fiscalía y la propia familia del futbolista de ser quien mantuvo aislado a Diego en sus últimos días de vida dentro de la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

Nadine Gervas, quien fue empleada de la agencia de autos Car Center Adjudicados en 2024, relató que la relación con Balbuena comenzó como un vínculo laboral. Según contó en una entrevista en Desayuno Americano (América TV), nunca tuvieron una relación de pareja. El acusado era su jefe y, después de acercarse a ella en reuniones sociales de la empresa, empezó a manipularla, maltratarla verbalmente y luego amenazarla.

Nadine explicó que sufrió tres abusos sexuales, uno de ellos cerca de una estación de servicio durante un viaje y los otros dos en el domicilio del detenido, donde él la amenazó con un arma delante de otras personas.

De acuerdo a su relato, Nadine quedó embarazada como consecuencia de esos abusos. Afirmó que Balbuena la echó, negó completamente lo sucedido y tampoco reconoció a su hijo.

En redes sociales, la joven publicó capturas de chats de WhatsApp con el acusado, incluidos varios mensajes de voz en los que él la trataba de “estúpida” y le decía: “No me servís para nada, querés ir a laburar andá, cada vez que te equivoques te voy a penalizar y si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

“Yo no puedo tratarte bien porque te la pasás haciendo cagadas en la empresa hace una banda de meses. Al principio era bueno, hasta que me voy cansando. Y te voy a seguir insultando porque sos una estúpida y me molestan los estúpidos”, se escucha en otro audio.

En otra conversación, Balbuena alternaba entre la intimidación y un tono paternalista: “Mi incondicionalidad la tenés porque vos me la das a mí”.

En su publicación, junto a esos mensajes de voz, Nadine escribió: “Mi abusador se llama Federico Nicolás Balbuena. Escribo desde el dolor y de la bronca, sabiendo que esta persona está impune hasta hoy. Me animo a hablar públicamente a raíz de mi denuncia realizada en la UFI 9 de Luján, y otras denuncias también por abuso sexual agravado y maltrato hacia otras personas por parte de él. Quedé embarazada a raíz de su abuso y, aunque me da mucha vergüenza y humillación confirmar que esta persona es el padre de mi hijo, quiero justicia”.

La denuncia de Nadine quedó radicada en la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal Mariana Suárez.

Según pudo saber Infobae, la denuncia ingresó a fines de febrero de este año y la causa está en plena etapa investigativa. Al no tratarse de un caso reciente ni de un episodio filmado, es más dificultosa la reconstrucción de los hechos. La fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y aún no definió una calificación precisa.

En la entrevista televisiva, Nadine también contó que tardó más de un año en poder hablar de lo ocurrido y que su único apoyo fue su familia, que la acompañó desde el momento en que contó lo que había vivido. Dijo que no pudo pagar el alquiler después de ser echada y que Balbuena nunca accedió a hacerse un ADN para reconocer a su hijo.

El caso de Nadine se suma al de Camila Natalia, quien denunció a Balbuena por abuso sexual, amenazas y brutales golpizas. Camila difundió videos en redes sociales en los que se observa a Balbuena golpeándola y asfixiándola en el departamento de la víctima, en Pilar, en mayo de 2025.

La denuncia la radicó en noviembre de 2025, seis meses después de la paliza. El caso es investigado por la fiscal Marcela Semería, quien tomó testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, quienes confirmaron que Balbuena maltrataba y denigraba a Camila delante de otros empleados.

Tras la viralización de los videos y la presentación de nuevas pruebas, Balbuena fue detenido este martes en su domicilio de un country en Luján. En la indagatoria, el acusado se negó a declarar.

El caso activó una investigación judicial que terminó con dos sospechosos detenidos, el secuestro de armas y una suma millonaria de dinero en efectivo.

El operativo fue llevado adelante por personal de la DDI Mar del Plata y estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la UFI N° 1, quien dio inicio a una causa por el delito de “Coacción”.

La víctima fue identificada como Chen Jian Iao, un ciudadano chino con DNI argentino, quien el pasado 23 de abril radicó la denuncia tras encontrar las pintadas intimidatorias en su comercio de la calle Fleming al 100, próximo a abrir sus puertas.

Según indicó, el rojo es utilizado por la “mafia china” para simbolizar la sangre de las víctimas. De acuerdo con la hipótesis del comerciante, los autores buscaban que no abriera el supermercado o que pagara por protección.

A partir de la denuncia, la DDI inició tareas de inteligencia que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad, seguimientos encubiertos y análisis de movimientos en la zona. Con esos elementos, lograron identificar a los presuntos autores y el vehículo utilizado en el hecho. Con esa información, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y requisa vehicular, que fueron autorizadas por la Justicia.

Los procedimientos se concretaron en las últimas horas en un comercio ubicado sobre la calle Cerrito al 300 (a unas seis cuadras), donde fueron aprehendidos dos hombres: Ni Fei, de 38 años, y Liao Deping, de 36, ambos de nacionalidad china y con documentación argentina.

Durante el operativo, los agentes secuestraron 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con cargadores y 13 municiones, además de teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el episodio intimidatorio. También se incautó una camioneta Toyota Hilux SW4 negra, aunque en el interior no se encontraron elementos de interés para la causa.

Fuentes del caso indicaron que Ni Fei fue imputado por coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que Liao Deping enfrenta cargos por coacción. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que en las próximas horas deberá resolver su situación procesal.

En paralelo, intervino personal de Migraciones, que constató que los sospechosos no presentaban irregularidades en su situación documental en el país. Asimismo, inspectores de la Municipalidad de General Pueyrredón dispusieron la clausura del comercio allanado por graves falencias edilicias y de seguridad.

Según el diario La Capital de Mar del Plata, el supermercado ubicado en la calle Cerrito al 300 es uno de los primeros en la ciudad y sus dueños poseen otro a poca distancia de allí.

En ese mismo medio indicaron que el conflicto podría estar vinculado a una regla no escrita entre supermercadistas de esa colectividad: evitar la apertura de nuevos comercios en un radio cercano —estimado en unos 500 metros— cuando ya existe otro en funcionamiento.

Por caso, la investigación continuará para determinar si los detenidos actuaban de manera autónoma o si formaban parte de una estructura más amplia. En ese sentido, no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en especial a partir del análisis del contenido de los celulares secuestrados y el origen del dinero incautado.

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo este miércoles por la tarde dentro de un local de cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10, en el barrio Norte de La Plata. La víctima, Paula Lastiris, fue trasladada al Hospital San Martín en estado crítico tras el ataque y murió horas después a causa de la herida recibida. El presunto autor del disparo fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, un hombre ingresó al comercio y efectuó un disparo contra la mujer que atendía el negocio. Ante el llamado al 911, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y, con los datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Del procedimiento participaron motos del Escuadrón Motorizado, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

El sospechoso fue localizado y aprehendido en calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras del comercio donde ocurrió el crimen. Al momento de la detención, los agentes le secuestraron un arma de fuego tipo revólver, que sería la utilizada en el ataque. El acusado fue identificado como L.O.A., de 49 años, y quedó alojado en una dependencia policial.

La víctima, identificada como Paula Lastiris, de 47 años, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Con el correr de las horas se confirmó su deceso a raíz de la herida de arma de fuego.

En el lugar se presentó Walter, quien se identificó como el esposo de la fallecida y aportó un dato a los investigadores: según su testimonio, L.O.A. sería el propietario del local de cotillón y existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler del comercio, lo que habría desencadenado el violento episodio.

La causa quedó caratulada como “homicidio” y la Justicia avanza en la determinación de las circunstancias exactas del crimen.

Hace tres días, en la ciudad de San Pedro, de la provincia de Misiones, se registró un hecho similar. Un prestamista de la zona, identificado como Andrés Winck (46), discutió por una deuda con Daniel Kaiser (50), alias “Negro”, y lo asesinó a tiros en su propio taller de autos. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el frente del domicilio de la víctima, cuyas imágenes fueron clave para individualizar y detener al asesino.

El episodio transcurrió en el barrio 29 de Junio y cerca de las 16. Minutos después, según precisaron fuentes policiales a Infobae, efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV acudieron al lugar tras ser alertados sobre una persona herida con arma de fuego. Al arribar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo con múltiples lesiones.

El video muestra que Winck —quien aparece en pantalla al lado de una moto, vestido con una musculosa blanca, bermudas grises y zapatillas oscuras— y Kaiser mantenían una discusión sobre la vía pública.

El motivo, de acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, era una deuda que la víctima, es decir Kaiser, tenía con el asesino.

Pero en medio del debate, Winck perdió los estribos: extrajo un arma de fuego del morral negro que llevaba colgado en uno de sus hombros y efectuó cinco disparos contra Kaiser, cuyos gritos de dolor llegan a escucharse en la filmación.

No conforme con el violento ataque, Winck sacó otro cargador de su bolso y volvió a disparar en tres oportunidades contra el mecánico.

La esposa de Kaiser escuchó las detonaciones y salió desesperada para ver qué había ocurrido. Al encontrar a su marido tendido en el suelo, y al agresor todavía enfrente de él empuñando un arma, corrió a pedir ayuda a los gritos.

Finalmente, Kaiser fue trasladado por personal policial y Bomberos Voluntarios al hospital local, donde el médico de turno constató su fallecimiento.

El llamativo y masivo cortejo se extendió a lo largo de varias cuadras y se desarrolló en la avenida Patria, la cual recorrieron los autoconvocados hasta llegar frente a la casa de sepelios donde fue el velatorio.

En el recorrido, los amigos y la familia de la víctima realizaron los actos característicos de estos funerales: siguieron el féretro con varias motos, realizaron cortes de caño de escape con los vehículos -una práctica habitual en este tipo de homenajes urbanos- y generaron una columna de ruido y humo.

La despedida se hizo en conjunto con un pedido de Justicia, ya que los allegados de la víctima piden que su muerte sea investigada ante la sospecha de un posible caso de violencia policial.

El fallecimiento de Orihuela se produjo después de haber permanecido detenido en la Comisaría Sexta del barrio General Paz. La versión oficial sostiene que el joven habría intentado quitarse la vida dentro de la dependencia policial, lo que derivó en su internación en estado de coma y, posteriormente, en su muerte.

Sin embargo, el caso generó cuestionamientos sobre el accionar policial y las condiciones en las que se produjo la detención.

En ese contexto, la Fiscalía de Instrucción N° 8 inició de oficio una investigación por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos y entorpecimiento funcional, con el objetivo de determinar el origen de la filtración del informe preliminar de la autopsia.

La medida fue confirmada en las últimas horas por el Ministerio Público Fiscal, que busca establecer quién difundió de manera no autorizada ese documento, publicado durante la jornada.

Durante el velorio, los familiares y amigos resaltaron que Orihuela fue arrestado dos veces en pocos días y remarcaron que la orden de detención exhibida por los efectivos policiales estaba caducada.

El recorrido de la caravana, con fuerte presencia de motos y manifestaciones de duelo, se extendió por sectores cercanos al Bajo Pueyrredón, zona donde había sido detenido el joven.

El último intento de contacto de la familia

Según el relato de la familia de Orihuela, la madre del joven se presentó esa noche en la Comisaría Sexta para llevarle un alfajor, una bebida y una campera. Sin embargo, no pudo verlo, ya que los efectivos le informaron que se encontraba dormido.

“Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 10 de la noche y ya sabía que lo tenían que largar”, contó Mariana, la hermana.

Horas más tarde, un patrullero se dirigió al domicilio de la familia para informarles que debían presentarse en el Hospital Córdoba, ya que Tomás había sufrido un accidente. El primer parte médico de la guardia indicó muerte cerebral.

Si bien al día siguiente se detectó actividad cerebral en el Hospital Eva Perón, su muerte fue confirmada este lunes en las últimas horas.

Los familiares de Orihuela sostienen que habría sido golpeado por efectivos policiales y que se les fue “la mano”, ya que presentaba un edema cerebral, además de complicaciones en un pulmón y un riñón.

“No hay lugar para la mentira”

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia, aseguró que se entregarán todas las pruebas del caso a la Justicia: “No hay lugar para el ocultamiento, no hay lugar para la mentira, muchísimo menos para el encubrimiento”.

En declaraciones a Cadena 3, continuó: “Quiero decir que hay cámaras que tienen que haber registrado lo que sucedió, con lo cual el fiscal las va a tener en las próximas horas. Se secuestraron los celulares de los policías involucrados, que van a estar siendo abiertos, si es que no lo han sido ya”.

El domingo se registraron fuertes enfrentamientos entre la Policía y allegados a Orihuela en el acceso a Córdoba por la ruta 19. Los incidentes se repitieron anoche y dejaron un saldo de tres detenidos.

El comisario mayor de la Policía de la provincia, Juan Pablo Esquivel, explicó que tanto los efectivos como los vehículos que circulaban por la zona fueron agredidos con piedras y palos.

Además de las detenciones, las autoridades secuestraron una “gomera” que habría sido utilizada para atacar al personal policial.

Un operativo judicial desarrollado en los últimos días expuso la existencia de un sistema de negocios ilegales y privilegios excepcionales para presos en lo que denominaron el pabellón VIP de la Unidad Penal N°9 de La Plata.

En un procedimiento encabezado por la fiscal Virginia Bravo y autorizado por la jueza Marcela Garmendia, las autoridades recorrieron celda por celda y secuestraron una importante cantidad de objetos prohibidos.

Según consta en el acta de registro, agentes judiciales y personal de la DDI local junto a Policía Científica ingresaron al sector donde están alojados exmiembros de fuerzas de seguridad. El pabellón cuenta con 54 celdas distribuidas en dos niveles, además de espacios como gimnasio, biblioteca, duchas, cocina, peluquería y sectores de depósito. De acuerdo con la documentación, ese día se requisaron las pertenencias de 97 internos.

Durante el operativo, se incautaron más de 60 celulares, notebooks, computadoras personales, routers, discos de almacenamiento, memorias externas y consolas de videojuegos, entre ellas varias PlayStation.

Los investigadores también retiraron heladeras, freezers con alimentos, cigarrillos y otros productos destinados a la comercialización interna.

La causa judicial se activó tras una denuncia que describe la existencia de negocios clandestinos y cobros internos. Según esa presentación, en el pabellón funcionaban una rotisería y una repostería que ofrecían pizzas a $17.000, sándwiches de milanesa a $15.000 y tortas a $9.000, entre otras cosas.

De acuerdo a la denuncia, los productos se pagaban en efectivo o por billetera virtual, con insumos provenientes del propio penal, como carne, pollo, harina y aceite, almacenados en freezers bajo llave.

El escrito también señala que se comercializaban cigarrillos a $3.000 el paquete, con ventas diarias a internos de distintos pabellones.

Además, había una peluquería donde los cortes de cabello se cobraban a $4.000 o tres paquetes de cigarrillos, los cuales luego eran revendidos.

Para permanecer en el sector y evitar el traslado a pabellones comunes, los internos debían pagar una cuota mensual de dos paquetes de cigarrillos. Mientras que el acceso al gimnasio requería el pago adicional de tres paquetes mensuales y para utilizar el salón de usos múltiples las familias entregaban dinero, alimentos o productos de limpieza, según la denuncia.

Entre las irregularidades denunciadas en el pabellón también figura el uso de teléfonos y routers para montar un supuesto “call center” dedicado a estafas electrónicas. Aparentemente, algunos internos ofrecían acceso a la red wifi a cambio de sumas mensuales en efectivo, lo que facilitaba la realización de maniobras de fraude digital desde el interior del penal.

El caso, que abrió un fuerte interrogante sobre los controles y el funcionamiento interno del sistema penitenciario bonaerense, continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas.

En febrero de este año, otro caso en la misma unidad penitenciaria de La Plata despertó polémica por las condiciones de detención de un interno señalado como líder de una banda delictiva. Se trató de Hugo Isaias Castillo San Martín, conocido como “Huguito”, acusado de liderar “La Banda del Millón”, una organización vinculada a robos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense.

Un video difundido entonces mostró el interior de la celda de Castillo San Martín: un televisor inteligente, parlante, luces LED y marihuana, que evidenciaban comodidades y objetos de acceso restringido para cualquier detenido. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre los controles dentro del penal.

Según la investigación, Castillo San Martín había continuado coordinando delitos desde el interior de la cárcel, utilizando redes sociales para mantener contacto con su banda. El joven de 20 años permanecía detenido desde noviembre de 2025, tras ser capturado luego de un tiempo prófugo.

En los últimos días, una red de dimensiones inéditas dedicada al tráfico de armas fue el blanco de una ola de 140 allanamientos ordenados por la Justicia federal. Los investigadores sospechan que la organización se dedicaba a enviar escopetas, fusiles de asalto, ametralladoras de alto calibre y hasta explosivos a países como Chile y Uruguay, obtenidas en el mercado legal con una serie de testaferros en la ANMAC, prestanombres que permitirían comprar el material.

Tras una denuncia originada por la ANMAC misma, el Departamento Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA detuvo a 34 sospechosos en CABA y en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta, Tierra del Fuego. El expediente está a cargo del juez federal Adrián González Charvay, junto a la UFECO del fiscal Santiago Marquevich.

Entre los detenidos se encuentra, por ejemplo, un efectivo de la Policía de la Ciudad con domicilio en Virrey del Pino.

El material incautado es notable. Se hallaron 25 escopetas calibre 12,70mm, 55 pistolas calibres 9mm, 45mm, y 22mm, 17 revólveres calibres 38mm, 357mm y 32mm, 7 fusiles calibre 308mm, 8 ametralladoras calibre 9mm, 5 carabinas calibre 22mm, tres pistolones, 32 cargadores de diferentes calibres, una máquina de recarga, 43.100 municiones de diferentes calibres, dos cañones de pistola, una granada MK2, dos cuñetes de pólvora, diez teléfonos celulares y un surtido de tusi, cocaína y marihuana.

El sistema de testaferros se volvió evidente, aseguran investigadores, cuando usuarios comenzaban a comprar armas de gran calibre en gran cantidad, con un nivel de compras que no se condecía con su capacidad económica.

El caso, comenzó, precisamente, con un fuerte volumen de compra de pistolas semiautomáticas de marcas como Glock. El decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei en noviembre del año pasado, habilitó a civiles y entidades de tiro la compra y tenencia de armas semiautomáticas como fusiles, carabinas, subametralladoras.

La organización incluía, en sus niveles superiores, a responsables de armerías y a una figura inquietante: los gestores e instructores de tiro. Estos gestores, aseguran fuentes de la causa, certificaban los tramites a cambio de dinero, con aptos médicos y psicológicos para los testaferros.

Los usuarios truchos, por otra parte, eran reclutados a cambio de una suma de dinero, usualmente baja.

El juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, condenó a 6 años de prisión al abogado Iván Carlos Méndez tras homologar un acuerdo pleno de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El letrado, de 53 años, fue hallado culpable de integrar una asociación ilícita que mantenía activas estructuras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios federales, con líderes de alto perfil vinculados al narcotráfico como cabezas visibles.

La condena, dictada el 16 de abril pasado, también incluyó una multa, inhabilitación especial por 8 años para el ejercicio de la abogacía y declaración de reincidencia. Méndez, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, fue hallado responsable de seis delitos en concurso real: asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego.

El caso fue llevado ante el tribunal por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Matías Mené, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), representada por su titular, el fiscal Diego Iglesias, y el secretario Matías Lucena Vernengo. Las audiencias se celebraron entre el 31 de marzo y el 16 de abril, fecha en que Vera Barros homologó el acuerdo. Durante ese tramo procesal, el MPF presentó intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada que confirmaron el rol del imputado dentro de la estructura criminal.

Méndez reconoció de forma expresa los hechos de la acusación, su participación, los antecedentes probatorios, la calificación legal atribuida y la pena requerida por la fiscalía. Antes de llegar a ese punto, la investigación había reconstruido con precisión el entramado de vínculos que el abogado sostenía con una decena de internos del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

Entre esos internos figuraban Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y señalado como uno de los principales abastecedores de cocaína en Rosario; Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina” y condenado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas; Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, integrante de Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del Barrio Padre Carlos Mugica de la Ciudad de Buenos Aires; y Cristian Avalle, condenado a prisión perpetua e identificado como líder de una banda ligada a Los Monos.

El MPF sostuvo que Méndez aprovechaba su condición de abogado para entrevistarse con los detenidos y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo las restricciones del SIGPPLAR. El fiscal Matías Scilabra, de la PROCUNAR, fue categórico al respecto durante las audiencias: “Lo que hizo fue garantizar la comunicación de los condenados con el exterior, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel. Incluso, conecta organizaciones criminales a partir de la información que obtiene”.

Lejos de ejercer la defensa técnica de sus representados, Méndez triangulaba comunicaciones, retransmitía mensajes y coordinaba gestiones patrimoniales. Desde al menos el 29 de enero de 2025 y hasta su detención el 17 de septiembre de ese año, actuó como nexo entre los líderes encarcelados y sus estructuras operativas en el exterior. Las conversaciones interceptadas mostraron que cobraba por esos servicios: tarifas mensuales de entre USD 3.000 y USD 4.000, o USD 500 por mensaje.

Entre los hechos específicos que le atribuyó el MPF se destacan la triangulación de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., quien le informaba sobre alquileres y propiedades vinculadas al patrimonio del condenado; el enlace con allegados de Morán de la Cruz en el barrio Padre Carlos Mugica para transmitir información y coordinar gestiones; y la intermediación para que Segovia analizara la compra de un campo perteneciente a Morán de la Cruz. También se le imputó haber participado entre febrero y agosto de 2025 en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15.000 dólares y en la entrega de un Fiat Cronos modelo 2021. Como parte de pago por sus servicios, recibió un Ford Mondeo transferido a su nombre el 29 de abril del año pasado.

El 17 de septiembre de 2025, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron el domicilio del abogado en Flor de Otoño al 400, en el barrio Padre Mugica —ex Villa 31 de Retiro—, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí secuestraron 10,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, piezas de una carabina Anderson AM-15 calibre .223 con numeración suprimida, un cargador de pistola Glock calibre 9 milímetros y tres cajas de municiones.

El material bélico resultó llamativo: las piezas para el armado del fusil de asalto AR-15 eran muy similares a las que Segovia importaba y contrabandeaba desde el penal de Ezeiza, actividad que derivó en una nueva condena de 13 años de prisión para el “Rey de la Efedrina” en abril del año pasado.

La resolución del juez Vera Barros dispuso el decomiso y posterior destrucción de los estupefacientes, la balanza, las piezas del arma y las municiones. Además, ordenó el decomiso de 240.700 pesos y de dos vehículos —un auto y una camioneta—, que quedarán a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF). También se dispuso la destrucción de teléfonos celulares, una notebook, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la causa.

El MPF subrayó que el perfil del condenado acentuaba la gravedad del caso: Méndez es un ex interno del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con dos condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico, que obtuvo su título de abogado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto. Esa trayectoria le permitió conocer desde adentro el funcionamiento del sistema penitenciario y explotar sus resquicios para operar como lo hizo. Para la fiscalía, sus maniobras permitieron que organizaciones de alta peligrosidad conservaran capacidad operativa fuera de las prisiones, con impacto directo sobre la seguridad pública.