Una adolescente que cursa un embarazo de dos meses fue atacada a tiros en Quilmes Oeste y terminó internada luego de un episodio de violencia familiar vinculado a una disputa por un terreno.

La víctima, L. F., de 17 años, denunció que el conflicto llevaba meses, que ya había recibido amenazas y que el ataque ocurrió en una vivienda donde distintos familiares mantienen una pelea por la posesión del predio. Pese a que vive en la zona sur del Conurbano bonaerense, es oriunda de Santa Cruz, por lo que contó cómo fue lo sucedido a un medio patagónico.

Según su relato a La Opinión Austral, el ataque se produjo cerca de las 22 del jueves de la semana pasada, cuando fue con su pareja a la casa de su madre para cenar. En medio de la noche, se escucharon disparos y ella se comunicó con el servicio de emergencias. Luego salió al patio y, en ese momento, recibió los tiros.

El conflicto gira en torno a un terreno de la abuela de L. F., ubicado en Quilmes Oeste, donde viven distintos integrantes de la familia. Allí residen su madre, N. G., y otros parientes con los que mantienen una disputa por la posesión del lugar. En ese enfrentamiento, también aparecen González y Ortiz, a quienes la joven vinculó con las amenazas previas y con el ataque.

Según su testimonio, el agresor fue J. Ortiz, a quien identificó como hermano de S. González. “Me tiró dos tiros: uno me rozó y uno me dio en la espalda, atravesando hasta la panza”, afirmó la adolescente.

La joven aseguró que, después de ser herida, tuvo dificultades para ser trasladada porque el atacante y otros familiares le bloqueaban el paso. “Querían que yo me muera desangrada”, sostuvo. Finalmente, lograron evacuarla por la parte posterior de la vivienda y llevarla hasta un hospital.

El disparo no afectó el embarazo de la menor y, tras ser internada, contó que los médicos le realizaron una tomografía y una ecografía para determinar el alcance de las lesiones y verificar si el bebé había sufrido consecuencias. “Gracias a Dios, la ecografía salió bien”, dijo.

Sin embargo, aseguró que todavía tiene dificultades para caminar, sentarse y moverse con normalidad a raíz de la herida. “Estoy intentando caminar, porque al principio no estaba preparada para caminar. Me cuesta todavía”, señaló.

En relación con la investigación, la adolescente afirmó que J. Ortiz fue detenido después del ataque. También sostuvo que el padre de éste, A. Ortiz, a quien vinculó con el conflicto, permanece prófugo. La adolescente explicó que decidió hablar públicamente después de mucho tiempo de silencio por miedo. Aun con custodia y con uno de los acusados detenido, contó que le cuesta dormir y que revive lo ocurrido.

Los antecedentes de violencia familiar

Según contó la menor, antes del ataque ya habían presentado denuncias y se habrían dictado medidas perimetrales por los episodios de violencia. La adolescente sostuvo que durante mucho tiempo la familia no encontró una respuesta suficiente frente a las amenazas y agresiones que venía denunciando.

El enfrentamiento familiar ya aparecía ligado a otra causa penal. Uno de los tíos de la adolescente, B. Gómez, pareja de S. González, permanece detenido en una investigación por “intento de homicidio” relacionada con el mismo escenario de disputa.

A su vez, en una presentación realizada el 8 de diciembre de 2025 ante autoridades policiales de Quilmes, N. G. relató nuevas amenazas atribuidas a integrantes de las familias González y Ortiz, luego de ese episodio en el que Jeremías resultó herido.

La adolescente sostuvo que la discusión por el uso y la posesión del lugar fue creciendo hasta convertirse en un foco permanente de tensión. “Yo tuve que dejar el colegio porque, por ahí, llegaba una amenaza y a mí ya me daba miedo salir”, afirmó. También dijo que en varias ocasiones tuvo que resguardarse en comercios o pedir ayuda en la escuela ante el temor de sufrir una agresión cuando regresaba a su casa.

Una pareja vivió minutos de tensión en su casa en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno y se topó con un individuo que se encontraba en el interior. Luego de amenazarlos, el hombre escapó pero los vecinos lo alcanzaron y retuvieron. En el medio se produjeron golpes y fracturas que dejaron al delincuente con asistencia médica.

Todo comenzó cuando el matrimonio sorprendió al hombre de 51 años mientras revolvía sus pertenencias. En ese momento, según la denuncia, apuntó con un elemento contundente hacia la mujer que tenía al bebé en brazos. “Nos amenazó con una barreta”, relató ante las autoridades.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en el cruce de la calle Paramaribo al 2300, en la esquina de Ramón Falcón, en la zona oeste de Moreno. Tras algunos minutos, el delincuente decidió marcharse pero cuando se estaba alejando de la zona, los gritos de la pareja alertaron a los vecinos de la cuadra, que salieron a interceptarlo. El hombre logró correr algunos metros antes de intentar refugiarse en un inmueble de la calle Salto al 1800, aproximadamente una cuadra, pero lo alcanzaron.

Varios de los presentes lo golpearon de manera reiterada, le arrancaron la ropa, lo escupieron e insultaron. Finalmente, lo ataron con cables por el cuello a un árbol. La situación continuó hasta que efectivos de la Policía de la provincia llegaron al lugar y lograron apartar a la multitud para poner al detenido a resguardo. “Literalmente querían matarlo”, describió un testigo de la secuencia, según Primer Plano.

El imputado, identificado como Juan José F., perdió el conocimiento dentro del móvil policial que lo trasladaba para realizarle el reconocimiento médico de rigor. Ante ese cuadro, fue derivado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde los médicos determinaron que presentaba graves lesiones. “Sufrió diversas fracturas costales y neumotórax, motivo por el cual, previa realización de una tomografía computada, se dispuso su intervención quirúrgica”, de acuerdo con lo indicado por voceros de la investigación. El hombre quedó internado con custodia policial.

El caso quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Moreno, que imputó a F. por los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio.

En paralelo, el funcionario ordenó abrir una investigación por las palabras que el individuo mencionó antes de salir de la casa de la pareja. “Tu hermana te vendió, me dijo que acá estaba la plata”, señaló el acusado según Primer Plano.

El hombre tiene antecedentes penales y registra una exclusión del hogar ordenada por el Juzgado de Familia N° 1 de Moreno en 2022, circunstancia que los investigadores tomaron en cuenta al trazar su perfil. Mientras tanto, la causa avanza con el arresto en el nosocomio, a la espera de que su estado de salud permita continuar con las diligencias procesales correspondientes.

Entró a robar a una casa en Luján y lo mataron a golpes

Este episodio tuvo lugar a mediados de julio. Un hombre que entró a robar a una vivienda de Luján murió tras recibir golpes de las víctimas que intentaba asaltar, y dos de sus cómplices fueron detenidos días después en el marco de la investigación judicial. El hecho ocurrió en una casa de la calle 351 bis.

Omar Horacio Bourlot irrumpió en el domicilio junto a una mujer, identificada como NN Cachi. Allí encontraron a dos jóvenes de 23 y 24 años, a quienes maniataron y redujeron para exigirles dinero. Durante el forcejeo, las víctimas lograron resistirse y golpearon a Bourlot en la cabeza con un palo, mientras su cómplice escapaba del lugar. Trasladado al hospital local, el hombre ingresó con traumatismo de cráneo y permaneció internado en estado reservado. La Policía constató además que sobre él pesaba una orden de captura previa por desobediencia y amenazas. Tras más de dos semanas de internación, Bourlot falleció, lo que derivó en la recaratulación de la causa como homicidio.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°10 y el Juzgado de Garantías de Luján, avanzó con testimonios y pericias que permitieron identificar a los cómplices. El 11 de agosto, personal de la División de Delitos de Investigación (DDI) allanó una vivienda en la calle Las Margaritas 537 y detuvo a Mariano Leonel Amarillo y Agustina Denise Chavez —la NN Cachi—, acusados de homicidio y tenencia ilegal de armas. En el operativo se secuestraron dos pistolas aptas para el disparo y municiones de distintos calibres. La causa continúa abierta bajo supervisión de la UFI N°10, con la búsqueda de otros posibles implicados.

En medio de la investigación por el crimen múltiple del tecladista Jonathan Meléndez (38) y tres de sus familiares en un departamento de Atizapán de Zaragoza, México, se confirmó la detención de Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años. El caso abrió interrogantes sobre negocios compartidos y denuncias previas por presunto fraude.

La captura se produjo el 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, los investigadores lo señalaron como el presunto responsable de los asesinatos del integrante de la banda Camilo Séptimo, su esposa de 35 años —embarazada de cuatro meses—, su hija de 3 y otra mujer de 21.

Antes de la captura de Rosen Ferlini, las autoridades ya habían detenido a Gerardo Cisneros Bejarano, quien comenzó a ser investigado bajo la sospecha de que hubiera participado en los crímenes. En ese operativo de arresto, intervinieron fuerzas estatales y federales.

Los cuerpos fueron encontrados a las 23:50 horas del 1 de septiembre en un inmueble del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, en la zona de Esmeralda, en el Estado de México. Según los primeros datos oficiales, las víctimas presentaban signos de violencia y parte de ellas se encontraban atadas.

Aparentemente, dos de los adultos fueron encontrados con heridas de arma de fuego en la cabeza. La niña también sufrió una lesión de bala en la cabeza, mientras que la cuarta víctima, la mujer de 21 años, tenía un disparo en la espalda.

La investigación también incorporó un dato que amplificó el impacto del caso, ya que hasta el perro de la familia fue hallado maniatado dentro de la vivienda. Además, en el departamento fue encontrado con vida un niño de 6 años, que no presentaba lesiones.

Las primeras indagatorias ubicaron el ataque entre las 17:30 y las 19:40 horas del mismo día. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) maneja como hipótesis inicial que dos hombres ingresaron al departamento sin forzar la entrada y que uno de ellos habría aprovechado una relación de confianza con las víctimas.

El hecho de que las cerraduras no presenten rasgos de haber sido forzadas fundamenta la hipótesis de que por lo menos uno de los asesinos era tenía un vínculo con la familia. Conforme avanzó la investigación, se conoció que el argentino tenía antecedentes por fraude.

Previo al múltiple crimen, Rosen Ferlini había sido señalado meses antes en publicaciones de redes sociales por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con alquileres vacacionales en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

En una de esas publicaciones, difundida el 21 de julio de 2026 en un grupo de Facebook sobre rentas vacacionales, se lo acusó de haber cometido un fraude cercano a los 500.000 pesos mexicanos en una operación de hospedaje en Valle de Bravo. La denunciante aseguró que ya había más de 11 personas afectadas por un esquema similar.

Según esa versión, Rosen Ferlini y una mujer operaban bajo los nombres “+ Relax” y luego “NOMAD P.M.”. Por este motivo, el mensaje advertía a potenciales clientes que extremaran precauciones antes de hacer pagos o cerrar acuerdos relacionados con propiedades administradas por ambos.

A raíz de esto, la Fiscalía General del Estado de México lanzó un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en donde confirmaron que Rosen Ferlini era socio de Meléndez en el negocio de alquileres vacacionales mencionado.

A partir de esa relación comercial, se planteó la posibilidad de que el móvil del crimen hubiera estado relacionado con una presunta disputa económica por 300.000 pesos mexicanos. Sin embargo, esa motivación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Por el momento, la investigación sigue enfocada en reconstruir cómo ingresaron los agresores, qué vínculo mantenían con las víctimas y cuál fue la secuencia exacta del ataque dentro del departamento. En simultáneo, tratan de esclarecer el móvil del crimen y la responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Una salidera bancaria ocurrió este miércoles en Pilar, cuando dos hombres en moto rompieron el vidrio de una camioneta y escaparon con un bolso que contenía 26 millones de pesos en efectivo, destinados para la compra de un vehículo.

La víctima fue un hombre de unos 60 años, que había sacado el dinero minutos antes de dirigirse hacia una concesionaria, ubicada sobre la traza de la Panamericana.

El episodio ocurrió ayer pasadas las 11, cuando el damnificado salió de una sucursal de su banco con una suma superior a $26.000.000 en efectivo, abordó su vehículo y manejó hasta una agencia, situada a la misma altura, pero del otro lado de la autopista.

De acuerdo con lo informado por el portal Pilar a Diario, la maniobra delictiva fue rápida. Mientras el hombre había descendido de su Renault Kangoo blanca para ingresar a la concesionaria, una moto Yamaha negra de 250 cc se acercó al vehículo estacionado. Uno de los ocupantes rompió los cristales con un objeto contundente, se inclinó dentro del habitáculo y retiró el bolso con el dinero. Después, ambos huyeron en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora, no trascendieron detenciones ni la identificación de sospechosos. Tampoco se informó de manera oficial cuánto tiempo pasó entre la salida del banco y la llegada del hombre a la agencia.

Los investigadores buscan determinar si hubo un seguimiento desde el banco o si los ladrones detectaron la presencia del dinero cuando el utilitario quedó estacionado frente al comercio. Otra de las hipótesis que barajan es si existió algún tipo de complicidad con algún empleado del banco.

Tras el robo, las autoridades comenzaron a revisar registros fílmicos de la zona para establecer si la maniobra quedó captada por cámaras de seguridad públicas o privadas. El objetivo es precisar el trayecto de la moto, identificar rasgos de los dos ocupantes y reconstruir los movimientos previos al ataque.

Uno de los datos relevantes del hecho es que el retiro del dinero se produjo debido a que la compra no pudo concretarse por medios electrónicos. Esa circunstancia obligó a la víctima a trasladar una suma elevada en efectivo, un factor que terminó exponiéndola a un ataque en la vía pública.

Hace tan solo unos meses, una mujer fue víctima de una salidera bancaria en La Plata. El episodio trascurrió durante los últimos días de marzo en la calle 36 entre 4 y 5, a pocos metros de la entidad bancaria. Durante la huida, la alarma de vecinos alertó a las autoridades y un policía de civil avisó de inmediato a seguridad, provocando un rápido operativo.

Personal de la Policía Motorizada desplegó un operativo que permitió ubicar a los asaltantes. Aunque los delincuente escaparon a pie, dejaron abandonada una moto en la zona de 121 y 525, la cual tenía un pedido de secuestro por hurto. Finalmente, aprehendieron a un menor de 17 años en la calle 120 y 525.

Los agentes policiales recuperaron la cartera, documentación, tarjetas y el vehículo usado en el robo, aunque el dinero no fue recuperado. La causa fue caratulada como “tentativa de robo y encubrimiento” y quedó en manos de la UFI del Joven N° 3, que dispuso el alojamiento del adolescente en un centro de recepción.

A casi un mes de la desaparición de Maira Romina Cabrera (27) en Catamarca, su madre pidió que detengan a la ex pareja de la joven. “Entró a su casa y no salió más”, aseguró la mujer respecto a los movimientos que habría dado su hija el pasado 10 de agosto. Desde entonces, la familia no tuvo noticias de ella y, por el momento, la Fiscalía avanzó con la indagatoria a tres camioneros. Ellos serían las últimas personas que la vieron.

Según la reconstrucción de las autoridades, la joven desapareció en la localidad de Casa de Piedra, ubicada en el departamento La Paz. En línea con el relato de su familia, aquel día se había dirigido a la vivienda de un hombre identificado como C. Se trata del padre de uno de sus tres hijos, para pedirle dinero antes de ir a ver a los chicos.

Para la madre de Cabrera, ese fue el último contacto confirmado y el punto desde el que debe ordenarse la reconstrucción del caso.

La denuncia por la desaparición fue radicada el 14 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, en el destacamento policial de Casa de Piedra por un familiar de Cabrera.

De acuerdo con la información obtenida por El Ancasti, en esa primera presentación, se indicó que la joven habría salido de la zona por la Ruta Nacional 60 con destino a Telaritos, en el departamento Capayán, a bordo de un camión.

A partir de esta información, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y en las últimas horas sumó una nueva medida: tres camioneros que habrían tenido contacto con la joven fueron citados a declarar.

Aunque la identidad de los choferes se mantiene bajo reserva, trascendió que estos serían oriundos de otras provincias. Para las autoridades, sus testimonios podrían aportar datos para reconstruir los movimientos y rutinas de la mujer antes de su desaparición.

Pese a esas actuaciones, la madre de Maira insistió en que la principal sospecha de la familia sigue puesta en la ex pareja. “Entró a su casa y no salió más”, afirmó sobre lo que, a su entender, ocurrió el 10 de agosto.

En línea con esto, la mujer también advirtió que en el terreno donde vive el hombre hay pozos, aljibes y viviendas abandonadas, y planteó que ese sector debía ser revisado con mayor profundidad. “Puede ser que le haya hecho algo y la haya tirado ahí”, sostuvo.

“Sospechamos que él le hizo algo. Yo pido que detengan a este hombre hasta que esto se aclare”, apuntó la madre de la joven desaparecida. Además, C. ya había estado bajo la mira de la Justicia y hasta había sido detenido inicialmente.

Fue a partir de los primeros elementos reunidos en el expediente que la fiscal de Recreo, Jorgelina Sobh, ordenó el arresto de la ex pareja de Cabrera. Por esto, el hombre había sido trasladado a la sede policial de Esquiú, aunque poco después escapó de ese lugar.

Horas más tarde de darse a la fuga, se presentó de manera espontánea en una dependencia policial del departamento Capayán, acompañado por su abogado particular, Luis Tula. Luego de esa presentación, intervino el fiscal de turno del distrito Sur, que dispuso su traslado para que diera su versión de los hechos ante la funcionaria judicial que llevaba la causa.

Tras recibir su testimonio, Sobh evaluó que no había elementos suficientes para justificar que siguiera detenido y ordenó su inmediata libertad. Esa decisión profundizó el malestar de la familia, que volvió a reclamar medidas más firmes sobre el entorno de la joven desaparecida.

Aunque el hombre recuperó la libertad, la investigación continuó con un allanamiento en su vivienda. En el lugar, se realizaron rastrillajes en el terreno y búsquedas con perros de la Policía de Catamarca y drones.

Los objetos secuestrados en ese procedimiento, junto con otros elementos incautados en Santiago del Estero y La Rioja, fueron enviados al Laboratorio Satélite Forense para ser peritados. Entre ese material figuran líneas prepagas, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre el paradero de Maira.

A raíz de esto, la madre de la joven cuestionó la actuación de la Justicia y de la Policía provincial al sostener que no la están buscando. En cambio, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) catamarqueño informaron que en los operativos participan grupos especiales, personal de Trata de Personas, canes, drones y fuerzas de seguridad de otras provincias.

Mientras la causa sigue abierta y se esperan los resultados de peritajes y nuevas declaraciones, el reclamo de la familia mantiene un eje central: que se profundice la investigación sobre la ex pareja y que la Justicia revise la decisión de no mantenerlo detenido.

La familia de Rodolfo Augusto Bassi había denunciado su desaparición después de perder contacto con él. Este miércoles por la tarde, la Policía encontró el cuerpo sin vida del hombre de 61 años, en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV de Entre Ríos.

El cuerpo de la víctima estaba en el interior de la vivienda y presentaba claros indicios de una muerte violenta. De acuerdo con la información del portal ElOnce, la investigación judicial se abrió de inmediato y descartó en principio que se haya tratado de un accidente o muerte natural.

El operativo para localizar a Bassi se dio cuando desde su entorno formalizaron la desaparición ante la Comisaría Cuarta de Paraná. A partir de allí, las autoridades iniciaron una búsqueda que desembocó en el departamento que el hombre tenía ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas. El inmueble no era su residencia habitual, según informó el mismo medio provincial, pero lo estaba refaccionando con la intención de ponerlo en alquiler.

Dada la naturaleza del hallazgo, se dio intervención de manera inmediata a la División Homicidios, unidad especializada de la Policía de Entre Ríos que quedó a cargo de las primeras actuaciones en el lugar. En esa primera instancia, la escena fue encuadrada por las autoridades como una “muerte dudosa”, mientras recababan información necesaria para determinar las circunstancias del deceso.

Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada y observaban más detalles del cuerpo, comenzaron a barajar la posibilidad de que se trate de un crimen. El cuerpo presentaba elementos que permitían inferir que la muerte no se produjo de forma espontánea ni accidental. “Hay claros indicios de una muerte violenta”, sostuvieron aunque no ofrecieron detalles sobre la naturaleza de las lesiones halladas ni sobre la mecánica del hecho, en resguardo de la investigación en curso.

El fiscal Juan Pereyra quedó a cargo de la causa y ordenó las pericias correspondientes sobre el departamento. Al mismo tiempo iniciaron las medidas tendientes a reconstruir los últimos movimientos de Bassi y confirmaron que las actuaciones “se encuentran encaminadan” dado que los ejes centrales será determinar si existió participación de terceras personas en el deceso.

Una situación similar se registró este martes en Neuquén, donde Fabio Alejandro Vallejos, de 56 años, fue encontrado muerto en el departamento que habitaba en el centro de la capital provincial, con golpes y cortes visibles en el rostro. La empleada doméstica del edificio en el que viviía lo halló muerto luego de que los compañeros de trabajo de la víctima, preocupados por su ausencia, decidieran averiguar su paradero tras no poder localizarlo.

El cuerpo estaba sobre la cama de la vivienda ubicada en Diagonal 25 de Mayo al 270. Vallejos, oriundo de Mendoza, residía solo en Neuquén desde hacía un par de años y trabajaba para una empresa de servicios al sector petrolero. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que la puerta del departamento no presentaba señales de haber sido forzada, y ningún vecino de los pisos contiguos refirió haber escuchado ruidos compatibles con una situación de violencia en las horas previas al hallazgo.

Según informó LM Neuquén, la causa quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Inaudi, titular de la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, con el respaldo de efectivos de la División Homicidios de la Policía, Criminalística y Medicina Forense. Los equipos trabajaron en la escena para reunir elementos que permitieran reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble e identificar a las personas que pudieron haber estado con la víctima antes de su muerte.

El comisario Llaytuqueo confirmó al mismo medio local que “se sospecha que otra persona participó en el hecho”, aunque precisó que la investigación avanza sobre distintas hipótesis a la espera de los resultados de la autopsia.

En una causa que combinó seguimiento digital y tareas de calle, una investigación policial en Posadas, provincia de Misiones, derivó en operativos por el robo y desarme de motocicletas. En el procedimiento, se arrestó a un joven de 19 años, se retuvo a dos menores y se incautaron varios vehículos.

Este miércoles por la mañana, la Policía realizó allanamientos en los barrios A-4 y Los Lapachitos. Los allanamientos comenzaron cerca de las 7.30, contó con apoyo de la Dirección Guardia de Infantería y se desarrolló de manera simultánea en ambos puntos señalados por la pesquisa

Los investigadores de la Comisaría 16.ª de Posadas lograron identificar a los sospechosos tras revisar cámaras de seguridad de la zona y seguir publicaciones en redes sociales, donde algunos de los involucrados aparecían fotografiados junto a uno de los vehículos sustraídos. Esa secuencia de indicios permitió avanzar con medidas judiciales que terminaron en dos irrupciones ordenadas por el Juzgado Correccional y de Menores N.° 2.

La causa se había abierto a partir de la denuncia por el robo de una moto radicada el 15 de agosto. Desde entonces, la investigación se concentró en reconstruir el recorrido posterior al hecho, establecer vínculos entre los presuntos implicados y localizar los inmuebles donde podían encontrarse los rodados o sus partes.

Uno de los procedimientos se concretó en el barrio A-4. Allí, fue detenido Marcelo V., de 19 años, acusado de encubrimiento, y se secuestraron partes de una Honda Wave, plásticos presuntamente usados para alterar motocicletas, un casco y una sustancia que será analizada.

El segundo allanamiento tuvo lugar en Los Lapachitos, donde la Policía recuperó el resto de la Honda Wave que se encontraba parcialmente desarmada, que coincidiría con la sustraída en agosto. En ese domicilio, también incautó una Motomel Blitz con pedido de secuestro activo y una Keller que habría sido utilizada en los hechos investigados.

A eso se sumaron dos cascos y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en registros de videovigilancia. Ese cruce entre los objetos secuestrados y las imágenes obtenidas durante la pesquisa es uno de los puntos que ahora deberá profundizar la causa para determinar con mayor precisión el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Según El Territorio, los sospechosos se fotografiaban y exhibían en redes sociales los rodados sustraídos, una conducta que terminó reforzando las sospechas surgidas a partir del análisis de cámaras. Las publicaciones terminaron ayudando a la investigación y a seguir los movimientos de los aprehendidos.

Durante los procedimientos también fueron demorados dos adolescentes de 15 y 17 años, mientras que la fuerza provincial mantenía la búsqueda de otro menor de 15 años, mencionado como presunto integrante del grupo investigado. Tanto los jóvenes como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá definir los pasos siguientes en el expediente.

Por el momento, la información oficial conocida no precisa cuántos hechos podrían quedar finalmente vinculados con el mismo grupo. Sin embargo, el secuestro de una moto con pedido activo y la recuperación de otra compatible con la denunciada en agosto abren la posibilidad de que la pesquisa avance sobre episodios adicionales.

La familia de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado a puñaladas por su novia en Chaco, organizó una marcha para exigir justicia, tras haberse cumplido un mes del crimen. En ese contexto, su madre, Rosa Guardia, le pidió a Victoria Cantero que “diga la verdad”.

“Que ella diga por qué mató a mi hijo, que ella sea sincera”, pidió la mujer a la joven de 25 años, que fue señalada como quien apuñaló a Julián el pasado 2 de agosto. Desde ese momento, Cantero permanece detenida bajo prisión preventiva e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

En medio de la movilización que tuvo lugar en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, la madre de la víctima sostuvo: “Lo único que yo quiero es que Victoria diga la verdad. Por ella, no por mí”. Aunque indicó que espera que sea condenada a perpetua, manifestó que quisiera que pudiera pedirle perdón a su hijo.

“Ella no va a descansar nunca, porque va a tener dos doble mentira, que mató a mi hijo y que mintió a la vez”, apuntó Guardia durante un diálogo con Diario Chaco. Asimismo, cuestionó la veracidad del testimonio que aportó Facundo Cantero, el hermano de la acusada y amigo de Julián.

Tras contar que se iba a tomar el tiempo de leer las declaraciones de todos los testigos incorporados a la causa, Rosa expuso: “Ya he visto que Facundo no dijo la verdad”. Por esto, cuestionó: “¿A quién defiende Facundo? ¿Cómplice de qué es Facundo?“.

Respecto a las situaciones de violencia que habría sufrido su hijo, la mujer afirmó que tenía conocimiento de los hechos y que, incluso, le había aconsejado que terminara el vínculo. “Julián le quería. Julián le re quería a Victoria. Le re quería. De eso no hay duda”, señaló.

De hecho, Rosa recordó un episodio en el que habría presenciado una violenta escena de la joven a su hijo. Todo habría ocurrido un domingo, cuando vio que Victoria había entrado, se habría llevado una silla por delante y habría golpeado con fuerza la puerta de la habitación de la víctima.

En ese momento, la pareja habría ingresado a la vivienda y, aproximadamente media hora después, la joven se habría retirado. Sin embargo, no pudo dar detalles sobre el motivo o la conversación que ambos habrían tenido. Además, descartó que su hijo la hubiera violentado al manifestar: “Julián jamás iba a tocar a una mujer, jamás, jamás”.

Por último, cuestionó la falta de tacto por parte de los padres de la acusada, tras indicar que nunca se acercaron a hablar con ella después del crimen. “No necesito que ellos me pidan perdón, pero sí ellos le tienen que pedir perdón por no hacer las cosas que pudieron haber hecho y que no lo hicieron”, expresó al señalar que ambos serían docentes que trabajaron sobre situaciones de violencias en ámbitos educativos.

Se conocieron los resultados del informe forense sobre las lesiones que presentaba Victoria Cantero tras el crimen

Según pudo saber Infobae, los estudios se realizaron el 14 de agosto y, al momento del examen clínico, la imputada “presentaba un buen estado general de salud, sin signos ni síntomas de descompensación metabólica, neurológica o cardiorrespiratoria”. Tampoco se detectaron déficits nutricionales, aunque el informe indicó que se encontraba “angustiada” y que, durante la evaluación, lloró de forma espontánea.

Desde el inicio de la causa, la defensa de Cantero sostuvo que la joven era víctima de violencia de género y que apuñaló a su novio en defensa propia. Cuando fue detenida, tenía lesiones en la espalda, los brazos y las rodillas. El médico que la revisó entonces aclaró que, pese a las heridas, no correspondían estrictamente a golpes.

El día del crimen, un familiar de la imputada aseguró que tenía sangrado nasal. Sin embargo, el informe consignó que no se detectaron deformidades, movilidad anormal ni dolor al palpar la zona. También señaló que las fosas nasales estaban permeables.

Respecto de las lesiones en las piernas, los peritos identificaron equimosis de distintos colores y formas en ambas rodillas y en la parte superior de las piernas. En la rodilla derecha, además, observaron una cicatriz de excoriación de un centímetro de diámetro.

El estudio concluyó que las heridas tenían entre 10 y 14 días de evolución al momento de la revisión. Según los especialistas, las excoriaciones se produjeron por un traumatismo contra un objeto o una superficie rugosa o irregular, mientras que las equimosis fueron causadas por el contacto con un objeto o una superficie roma y dura.

Los peritos también determinaron que las lesiones no respondían al patrón clásico de heridas defensivas y que no pusieron en riesgo la vida de la joven. Sin embargo, la defensa aclaró a este medio que esa conclusión no descarta una agresión previa. “Que no sean lesiones defensivas no quiere decir que la agresión no haya existido”, señalaron. Además, sostuvieron que la pericia acreditó que Cantero tenía “lesiones traumáticas múltiples compatibles con la data del hecho”.

Ahora, los abogados esperan el informe psicológico de la imputada, con el objetivo de establecer si actuó bajo un estado de conmoción emocional. Según indicaron, podría presentar “amnesia lacunar”, ya que no recuerda algunos momentos del día del crimen. “Ni siquiera ella recuerda la utilización de un cuchillo”, afirmaron. No obstante, los abogados de la familia de la víctima cuestionaron esa hipótesis. Consideraron “raro” que Victoria no recuerde precisamente el momento en que tomó el cuchillo.

Dentro de una comisaría de Chimbas, provincia de San Juan, un policía fue detenido mientras se encontraba de servicio en el marco de una causa por un presunto hurto y uso fraudulento de la tarjeta bancaria de un compañero de la misma dependencia.

El procedimiento se concretó este último martes en la Comisaría 17ma, después de una investigación que avanzó en pocas horas a partir de una denuncia presentada por el uniformado damnificado.

La secuencia comenzó cuando la víctima detectó un consumo que no reconocía en su cuenta. A partir de esa irregularidad, inició averiguaciones por su cuenta y encontró un dato que terminó por orientar la pesquisa hacia el interior de la fuerza de seguridad.

De acuerdo con lo informado por el portal Tiempo de San Juan, el caso tomó otro alcance cuando la denuncia formal quedó radicada ante la Justicia y la UFI Delitos Especiales activó medidas urgentes. El expediente quedó bajo la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y de la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes solicitaron la detención del sospechoso tras reunir los primeros elementos probatorios.

De acuerdo con lo informado en la causa, el efectivo afectado advirtió durante la mañana del martes un movimiento inusual acreditado en su cuenta bancaria. Esa operación, que no había sido autorizada por él, lo llevó a revisar el origen de la compra y a buscar precisiones sobre el comercio en el que se había concretado.

En ese contacto, el vendedor del local le transmitió un dato que modificó el rumbo del caso: quien había realizado la transacción no era un desconocido, sino otro uniformado. Con ese antecedente, el denunciante se presentó ante sede judicial para formalizar la acusación y aportar la información que ya había reunido.

La reconstrucción de los hechos avanzó después con la revisión del sistema de videovigilancia del negocio. Según consta en la investigación, el denunciante observó las imágenes y reconoció allí, sin dudas, a un compañero de su misma dependencia al momento de concretar la operación.

Para los investigadores, el registro fílmico secuestrado pasó a ser una prueba clave en la causa.

Con esos elementos ya incorporados, los responsables de la instrucción solicitaron la orden de detención ante la jueza de turno. La medida fue concedida y se ejecutó durante la tarde del martes, cuando el sospechoso todavía se encontraba prestando servicio en la seccional ubicada en Chimbas.

Tras la aprehensión, el imputado fue llevado a los calabozos de la Comisaría 28va, donde permanece alojado en condición de detenido.

La audiencia de control de detención y formalización está prevista para las próximas horas, con plazo máximo hasta este viernes. En esa instancia procesal, el funcionario deberá comparecer ante la Justicia para conocer en detalle la imputación y la evidencia reunida en su contra.

Ese acto será determinante para la continuidad del expediente, ya que allí se expondrán los fundamentos de la acusación y la situación procesal del detenido. La causa quedó impulsada por la UFI Delitos Especiales y bajo revisión judicial inmediata, en un caso que se abrió y derivó en una detención en el mismo día.

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor con la que convivió durante seis años. Tras considerarlo responsable por los hechos, el Tribunal impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión efectiva.

Los hechos tuvieron lugar entre marzo y junio de 2020 en una vivienda de la capital provincial, cuando la víctima tenía 11 años y compartía domicilio con el agresor, identificado con las iniciales R.R.C.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el condenado cometió dos abusos sexuales distintos contra la misma víctima: uno sin acceso carnal y el otro sí. Por lo que la Justicia consideró que se trató de dos hechos separados e independientes entre sí, y no de una situación única que se prolongó en el tiempo.

Durante la audiencia de determinación de pena, el fiscal del caso, Gastón Medina, había solicitado al tribunal 11 años de prisión y señaló como agravantes el impacto que tuvieron estos hechos en la víctima, la diferencia de edad con el acusado cuando ocurrieron los delitos, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad socioeconómica y familiar de esta última, y el uso de violencia y amenazas durante los hechos.

Por su parte, la representante de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo, pidió una pena de 12 años de prisión efectiva durante el juicio de cesura del lunes.

A pesar de los planteos de las partes, el tribunal integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina y la jueza Natalia Pelosso, determinó una condena menor a lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la defensoría de niñez, aunque los magistrados validaron el cuadro de agravantes en su conjunto. La condena es de cumplimiento efectivo, lo que significa que el individuo no podrá acceder a ninguna modalidad de ejecución en libertad.

El veredicto se leyó este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén. El tribunal todavía tiene que redactar los fundamentos completos de la decisión, que después serán enviados a las partes dentro de los plazos que marca la ley, según explicó el MPF.

El caso no es el único fallo por abuso sexual registrado recientemente en la provincia. A fines de agosto, un tribunal de San Martín de los Andes condenó a 6 años de prisión efectiva a un hombre identificado como S.P. por abusar de una niña de su entorno familiar durante un período de diez meses, entre marzo y diciembre de 2024.

Los episodios ocurrieron tanto en el domicilio que el agresor compartía con la víctima como en una estancia, durante un viaje familiar.

El fallo, dictado por unanimidad por los jueces Juan Pablo Balderrama y Maximiliano Bagnat y la jueza Leticia Lorenzo, estableció una pena de 5 años de prisión efectiva por los nuevos hechos, que luego fue unificada con una condena previa de 3 años de prisión condicional que el individuo ya tenía por un delito similar, dictada en agosto de 2021. El resultado final fue una pena única de 6 años de cumplimiento efectivo, con la revocación del beneficio de la condicionalidad anterior.

El fiscal del caso, Scordo, había pedido 8 años de prisión por los nuevos abusos, con fundamento en “la extensión del daño, la reiteración de los hechos y los antecedentes” del acusado, según consta en el expediente del MPF. Al solicitar la unificación con la condena previa, reclamó un total de 11 años efectivos, un pedido que fue respaldado por el Defensor de la Niñez y Adolescencia. El tribunal optó por una sanción menor, aunque revocó igualmente el beneficio condicional.

Un control de rutina en una comisaría de Santiago del Estero derivó en la incautación de dosis de droga, que se encontraban ocultas dentro de un pote de dulce de leche.

La maniobra fue detectada en la Comisaría Comunitaria N° 59, cuando personal de guardia revisó los elementos que las visitantes llevaban para un joven alojado en una celda. Según la información proporcionada, el recipiente presentaba anomalías en el cierre y eso motivó una inspección más detallada.

A partir de esa observación, los efectivos hallaron en el interior del envase dos envoltorios con una sustancia vegetal. Luego intervino personal especializado, que realizó las pruebas de campo y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 24,64 gramos. Por disposición de la fiscal de Narcomenudeo, las dos mujeres quedaron aprehendidas por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Panorama, la actuación del personal especializado se produjo en la misma dependencia en la que se detectó la maniobra, luego de que la sospecha inicial surgiera del control preventivo sobre los alimentos.

Las mujeres involucradas tienen domicilio en los barrios Belén y Mariano Moreno, respectivamente.. Ambas fueron identificadas en el marco de la intervención policial posterior al hallazgo.

Hasta el momento, se desconoce si las mujeres realizaron alguna declaración al ser detenidas ni si el joven alojado en la dependencia fue imputado dentro del mismo expediente. Tampoco se informaron otros elementos secuestrados en el procedimiento.

La causa avanzó bajo la órbita judicial correspondiente al narcomenudeo, mientras las dos mujeres permanecieron alcanzadas por la medida dispuesta tras el operativo. El expediente quedó asentado con el material secuestrado y el resultado positivo de los análisis preliminares.

Un hecho similar ocurrió a principios del mes de junio, cuando una mujer de 30 años fue descubierta al intentar ingresar cocaína oculta en un pote de dulce de leche a una comisaría de la ciudad de San Javier, en la provincia de Misiones. La involucrada buscaba entregarle la droga a sus dos hermanos que están detenidos por una causa federal.

El hecho ocurrió en la Comisaría de San Javier. Durante la requisa, los agentes encargados del procedimiento divisaron que el envase de dulce de leche presentaba signos de haber sido abierto y manipulado de manera disimulada.

Ante la sospecha, inspeccionaron el recipiente y hallaron en su interior dos envoltorios con una sustancia blanca y se llamó a las unidades especializadas para que hagan los análisis correspondientes. “Les traje el postre a mis hermanos”, manifestó la mujer antes de ser descubierta.

La Sección Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VI se hizo presente en la comisaría y llevaron a cabo las pruebas de campo correspondientes y confirmaron que la sustancia encontrada era cocaína, la cual fue secuestrada como prueba para la investigación.

El procedimiento, autorizado por la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, derivó en la notificación formal de la mujer por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Se le informaron sus derechos y garantías procesales, y quedó supeditada al avance de las actuaciones judiciales mientras la investigación continúa.

Asimismo, la droga incautada quedó a disposición de la Justicia federal, que ahora intenta determinar si la joven actuó por cuenta propia o como parte de una maniobra más amplia para ingresar estupefacientes a la dependencia policial.

A un año de haberse dado a la fuga, Duamn Nihuel Cassino, de 30 años, fue detenido este miércoles en San Rafael, provincia de Mendoza. Se trata del hombre que fue declarado prófugo por una causa por tentativa de homicidio vinculada a un ataque a tiros cometido en 2025 en la zona noroeste de Rosario.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Capturas de Alto Perfil de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, con apoyo de efectivos de la Policía de Mendoza. Además, en el mismo operativo también fue arrestada su pareja, Candela Sol Díaz Ruiz, de 22 años, quien igualmente tenía pedido de captura en el expediente.

La detención ocurrió en horas del mediodía en las inmediaciones de la Ruta Provincial 154, a la altura del kilómetro 35, en el paraje Las Colonias, una zona conocida por la presencia de quintas. Los investigadores habían logrado localizar a la pareja por los indicios reunidos a partir del análisis de comunicaciones y otros datos técnicos que permitieron ubicar a la pareja en esa ciudad.

Con esa información, una comisión de la unidad viajó a Mendoza con autorización judicial y policial. Después de tareas de observación y vigilancia, los agentes identificaron la vivienda en la que se escondían Cassino y Díaz Ruiz. Ambos fueron interceptados cuando salían del inmueble y quedaron detenidos en la vía pública.

De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, durante el operativo, el personal policial secuestró un teléfono celular. Finalmente, los dos quedaron alojados en dependencias policiales de San Rafael mientras se tramita el exhorto judicial que habilitaría su posterior traslado a la ciudad santafesina.

La captura se dio apenas un día después de que se cumpliera un año del ataque armado por el cual era intensamente buscado. Según reconstruyeron los investigadores, Cassino fue señalado como el responsable de balear una casa ubicada en las inmediaciones de las Tupac Amaru y Nicaragua, en la zona noroeste de Rosario, durante la madrugada del 1 de septiembre de 2025.

Como resultado del tiroteo, dos personas resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Fernández, de 36 años, y Nahuel Chijani, de 34. En ese momento, ambos estaban fuera de peligro, pero tuvieron que ser hospitalizados producto de las lesiones.

En el caso de la mujer, ingresó cerca de las 2:25 horas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), luego de haber sido trasladada primero al Policlínico San Martín.

De acuerdo con el parte médico, presentaba heridas de arma de fuego en brazos, tórax, abdomen y pelvis, por lo que debió ser derivada a quirófano para recibir atención médica especializada. En tanto, el segundo herido llegó poco después, alrededor de las 3:00, con una fractura expuesta de tibia en la pierna derecha.

Por este motivo, en diciembre del año pasado, el Gobierno de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos para obtener datos sobre su paradero. Tras la imposibilidad de localizarlo, la medida había sido solicitada por María Cecilia Vranicich, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde el minuto cero, la causa está en manos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) del MPA de Rosario, con intervención del fiscal Ignacio Andrés Hueso. De acuerdo con el parte policial, tanto Cassino como Díaz Ruiz estaban vinculados al expediente, el cual fue caratulado como homicidio doloso en grado de tentativa.

Un vecino de La Plata que llegó herido al Hospital San Roque de Gonnet con cuatro impactos de bala fue operado de urgencia y quedó internado fuera de peligro, mientras la investigación sobre el ataque abrió además otra línea judicial: la Policía Bonaerense detectó que la propia víctima tenía pedidos de captura vigentes y antecedentes penales. Por esto mismo, quedó a disposición de la Justicia.

El episodio sumó en pocas horas dos planos distintos. Por un lado, el cuadro clínico de J.L., de 30 años, que debió ser intervenido por una lesión abdominal y recibió atención por disparos en una mano y en un brazo. Por otro, el avance de las averiguaciones sobre su identidad y situación judicial, que derivó en la confirmación de órdenes de detención vinculadas con causas por estupefacientes.

De acuerdo con la información disponible, J.L. fue trasladado por un grupo de amigos al centro asistencial ubicado en 508 entre 18 y 19, en la zona de Gonnet. Cuando ingresó al hospital, el personal médico constató que presentaba cuatro heridas de bala distribuidas en distintas partes del cuerpo.

El cuadro obligó a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon parte del intestino. Pese a la gravedad de esa herida, las fuentes indicaron que ninguno de los disparos puso en riesgo su vida y que el paciente permanecía internado fuera de peligro.

La secuencia inicial, sin embargo, dejó preguntas abiertas para los investigadores. Los amigos que lo llevaron al hospital no pudieron aportar detalles sobre lo ocurrido antes del traslado, un punto que complica la reconstrucción del episodio y limita, por el momento, la posibilidad de ubicar el escenario de la balacera.

Una vez atendido, el hombre alcanzó a dar una versión preliminar sobre el hecho. Ante las autoridades, explicó que había mantenido un altercado con varias personas antes de resultar herido. Esa referencia fue, hasta ahora, el único dato concreto incorporado al expediente sobre el origen de la agresión.

El avance de la causa quedó así sujeto a las medidas que pueda ordenar la Fiscalía para intentar establecer el recorrido previo de la víctima, identificar a quienes la asistieron y determinar si hubo testigos del episodio. La Justicia ya investiga el ataque, aunque por el momento no trascendieron datos sobre sospechosos ni sobre un posible móvil.

Mientras se desarrollaban las actuaciones por el ataque, la Policía Bonaerense revisó los antecedentes de la víctima y descubrió que tenía un amplio prontuario delictivo.

Entre esos registros figura una orden de detención por venta de estupefacientes, solicitada por el Juzgado de Garantías N°1. A eso se suma otra captura vinculada con una causa por tenencia de drogas con fines de comercialización.

Además de los pedidos de captura por hechos vinculados con drogas, las autoridades constataron que J.L. registra antecedentes por abuso de armas agravado. Esa causa se inició en 2026 y se encuentra bajo intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°11.

Con estos datos, la Justicia ordenó que la víctima permanezca internada bajo custodia policial. La investigación sigue abierta y el punto central continúa sin respuesta pública: todavía no trascendieron el lugar ni las circunstancias en que fue atacado a balazos, un dato clave para reconstruir el caso y definir el curso de la pesquisa.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización que reclutaba personas para ingresar drogas en la cárcel de Cruz del Eje, en una investigación que derivó en seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia y en la detención de cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento fue impulsado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje y se desarrollaron en los barrios Parque Liceo III Sección y Mafekin, en la ciudad de Córdoba; en Malvinas Argentinas II Sección. Además, los operativos se desplegaron el establecimiento penitenciaron Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje, donde una celda fue registrada.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los sospechosos integraban una estructura dedicada a captar personas para que introdujeran estupefacientes en la unidad penitenciaria. La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de reclutamiento destinado al ingreso de marihuana y cocaína al penal, una modalidad que vuelve a poner el foco sobre los circuitos de abastecimiento de droga en contextos de encierro.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron: 442 dosis de marihuana y 50 dosis de cocaína, además de $1.087.000 en efectivo, dos balanzas digitales, dos vehículos y otros elementos considerados de interés para la causa.

El volumen del material incautado, sumado al dinero y a los objetos utilizados presuntamente para fraccionamiento y traslado, forma parte de la prueba que ahora quedó incorporada al expediente judicial. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada de esa jurisdicción, que dispuso que los cuatro detenidos permanezcan a disposición de la Justicia por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la presunta existencia de una organización con funciones definidas para sostener el ingreso de sustancias al penal. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los involucrados no se limitaban al acopio o traslado de droga, sino que además desarrollaban tareas de captación de terceros para concretar el ingreso al complejo carcelario.

La investigación concluyó con cuatro detenidos tras el avance simultáneo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en varios puntos de la provincia. Por ahora, la causa de Cruz del Eje seguirá bajo investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y establecer si existían más involucrados en la maniobra.

El narcomenudeo en Córdoba

La investigación por el ingreso de drogas a la cárcel de Cruz del Eje se conoce en un contexto de múltiples procedimientos recientes contra redes de comercialización de estupefacientes en la provincia. En los últimos días, otra causa avanzó sobre una banda que operaba en el departamento Calamuchita y terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de varios puntos de venta.

Esa pesquisa se extendió durante cinco meses y tuvo uno de sus puntos principales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde fueron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. Luego se concretaron allanamientos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina, en un operativo que permitió avanzar sobre distintos eslabones de la estructura investigada.

En ese expediente, los investigadores secuestraron 1.550 dosis de cocaína en el procedimiento realizado sobre la ruta. Después, en los allanamientos posteriores, incautaron otras 220 dosis de cocaína, 93 de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, además de una balanza digital y otros elementos vinculados con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias.

De acuerdo con la hipótesis oficial, la organización combinaba entregas bajo modalidad de delivery con ventas desde viviendas particulares, una mecánica que aparece de manera recurrente en distintas causas recientes tramitadas en la provincia. Ese dato permite advertir que las investigaciones no sólo apuntan a puntos de venta fijos, sino también a circuitos de distribución más flexibles, con abastecimiento, traslado y entrega en varios niveles.

En el barrio de Alto Verde, ubicado en Santa Fe, Darío Víctor Ruíz Díaz fue asesinado en noviembre de 2023 durante un ataque que ocurrió en plena vía pública cuando circulaba en moto. Por el homicidio, este martes, Williams Ricardo Ocampo recibió una condena que lo sentencia a 20 años de prisión.

Williams Ricardo Ocampo, un hombre de 21 años, recibió la pena al término de un juicio oral realizado en los tribunales santafesinos. El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por la jueza Susana Luna y los jueces Héctor Aiello y Sergio Carraro, que lo condenaron por unanimidad como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Según la reconstrucción, el crimen fue cometido minutos después de las 22:00 del miércoles 15 de noviembre de 2023 en inmediaciones de la Manzana 5 de Alto Verde. En ese momento, Ruíz Díaz, de 20 años, circulaba en una moto conducida por otra persona cuando recibió un disparo.

La acusación sostuvo que Ocampo utilizó un arma calibre 9 milímetros y que efectuó el disparo a corta distancia. El proyectil impactó en el tórax de la víctima y le causó una herida de gravedad que obligó a su traslado urgente a un centro de salud.

En primera instancia, el joven fue trasladado al centro de salud Demetrio Gómez. Más tarde, fue derivado por personal del Sies 107 al hospital José María Cullen de la capital provincial. Al ingresar al hospital, los médicos ordenaron una intervención quirúrgica de urgencia. Luego de la operación, quedó internado en terapia intensiva, pero murió durante la mañana del jueves 16 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía, vecinos del barrio señalaron a Ocampo como autor del ataque y comenzaron a generar disturbios frente a su vivienda. Ante la situación, personal policial intervino para resguardar su integridad física y trasladarlo a la Comisaría 24.

Durante ese procedimiento el joven manifestó ser el autor del homicidio. La fiscalía señaló: “Ruíz Díaz comenzó a llorar, manifestó ser el autor del homicidio y dijo que había tirado al río el arma de fuego utilizada para perpetrar el ataque”.

El debate oral concluyó este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la acusación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. Además de haber encabezado la investigación desde el comienzo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación sostuvo en el juicio que la evidencia reunida durante la pesquisa permitía atribuirle a Ocampo la autoría del hecho.

Giavedoni sostuvo que la acusación logró demostrar la responsabilidad de Ocampo a partir del testimonio de vecinos, las actuaciones policiales realizadas tras el crimen y los elementos incorporados durante la pesquisa.

La defensa, a cargo del abogado Néstor Pereyra, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, el tribunal avaló la hipótesis fiscal y resolvió condenar a Ocampo a 20 años de prisión efectiva.

La condena recayó sobre Ocampo como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, una figura penal que fue sostenida por la parte acusadora a lo largo del proceso. Con la sentencia unánime, dictada por los jueces Luna, Aiello y Carraro, la causa quedó resuelta en esta instancia con una pena de 20 años de prisión.

Tras la audiencia, Giavedoni valoró la resolución y sostuvo que lo resuelto por los magistrados se ajustó al pedido de pena formulado por la Fiscalía. Con el fallo conocido este martes, la Justicia dio por acreditada la responsabilidad penal de Ocampo en un crimen ocurrido en noviembre de 2023 y cerró, en esta instancia, el juicio por el homicidio de Ruíz Díaz.

La madre de Guadalupe Mena, la joven policía bonaerense asesinada de un disparo en la cabeza en Mar del Plata el 1 de enero de 2025, reclamó públicamente que la causa lleva casi dos años sin fecha de juicio. El novio de la joven y ex integrante de la fuerza, Fabián Vázquez, permanece detenido luego de que las pericias balísticas determinaran que la bala salió de su arma reglamentaria.

En el marco de las jornadas de las Madres Unidas por el Dolor, Sonia apuntó a la demora en la causa, en diálogo con el medio 0223. “A un año, ocho meses y un día todavía sigo esperando fecha de juicio”, se quejó.

“Yo no puedo entender que te maten a un hijo y vos tengas que esperar un año, dos años porque ellos no pueden apurar las causas”, sostuvo la mujer, al mismo tiempo que cuestionó la respuesta que recibe por parte de las autoridades a su reclamo. “La Justicia me quiere tranquilizar con que el asesino, el femicida está preso, pero para mí eso no alcanza”, afirmó.

Además, volvió a poner en duda la versión que apunta a un accidente y señaló que hubo manipulación de la escena del crimen. “El día del femicidio de Guadalupe Mena estaba toda la familia. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, pero tuvieron tiempo de manipular la escena del crimen, de disparar el arma de mi hija”, apuntó.

La muerte de la joven de 19 años ocurrió la noche del 1 de enero de 2025 en una vivienda de la calle Falucho al 8600, cuando recibió un disparo en el parietal derecho que le causó una herida mortal, con orificio de entrada y sin salida. Hacía apenas nueve meses que estaba en la fuerza; había trabajado como numeraria en el Comando de Patrulla Rural de Necochea hasta que fue incorporada al Operativo de Sol a Sol. Tras el trágico desenlace la trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los esfuerzos de los profesionales no alcanzaron y murió a las 22.30.

Vázquez, de 22 años, quedó detenido esa misma noche. Ambos habían cursado juntos en la Escuela de Policía Juan Vucetich y mantenían una relación de pareja desde hacía cinco meses. Al día siguiente, el imputado declaró ante la fiscal María Constanza Mandagarán y sostuvo que Mena estaba jugando con el arma reglamentaria luego de limpiarla, que se la apoyó en la cabeza y que él intentó quitársela cuando el disparo se produjo.

“Estaban en el interior de la casa, donde había otras personas, y Mena había terminado de limpiar su arma, jugó con ella y se la apoyó en la cabeza. Dijo que él intentó sacársela y que en ese momento se le escapó el disparo que le dio en la cabeza”, describieron desde la defensa del acusado.

Sin embargo, las pericias balísticas determinaron que la bala salió del arma del joven, lo que desnudó la hipótesis de femicidio que la familia sostuvo desde el inicio. El imputado fue desafectado de la fuerza y permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, acusado de homicidio triplemente agravado por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género, por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Sobre aquella noche, Sonia recordó que nadie le informó de manera inmediata lo ocurrido con su hija. “Nadie me avisó cuando a Guada le pasó lo que le pasó, e imagínense cómo me siento como madre”, le dijo a 0223.

Por otro lado, la mujer mencionó una problemática que desde el colectivo de madres -un espacio de contención que reúne a familiares de víctimas de femicidio, homicidio y accidentes de tránsito- vienen sufriendo: se trata del acceso a una representación legal sin cargo. “Sabemos que existe una ley que nos permite acceder a un abogado gratuito como lo tiene el acusado, el victimario, y no tenemos ese acceso porque dicen que es un renglón en blanco”, remarcó. En esa misma línea, se refirió a los costos que manejan los letrados y explicó que resulta inaccesible para muchas familias.

En la previa del cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, quedó atravesada por un operativo interfuerzas con 19 procedimientos positivos por infracción a la Ley de Estupefacientes en rutas de acceso a la provincia de Córdoba.

El despliegue incluyó controles sobre vehículos particulares y colectivos de hinchas, con participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Gendarmería Nacional y la Policía de Córdoba.

El procedimiento se concentró en distintos corredores viales utilizados por las parcialidades para llegar al encuentro y dejó como saldo el secuestro de marihuana, cocaína y tussi, según la información difundida oficialmente. La intervención se inscribió en un esquema preventivo diseñado para eventos de gran convocatoria, con actuación coordinada entre fuerzas provinciales y federales.

De acuerdo con la información del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, doce casos positivos fueron registrados en el peaje de Toledo y otros siete en la Autovía Río Cuarto–Córdoba, en actuaciones que quedaron bajo la órbita de la autoridad judicial competente.

Uno de los puntos de control fue instalado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje de Toledo, en la autopista Córdoba–Rosario, uno de los accesos habituales para quienes ingresan a la provincia desde el este. Allí, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico revisaron automóviles y colectivos en el marco del dispositivo montado por el partido.

Un segundo tramo de las acciones se desarrolló sobre la Autovía Río Cuarto–Córdoba, donde fueron verificados colectivos que trasladaban simpatizantes de Vélez Sarsfield. En esas inspecciones, según los datos oficiales, se confirmaron siete casos positivos vinculados a la tenencia de estupefacientes.

El operativo formó parte de una modalidad que suele activarse ante espectáculos masivos, en especial cuando se prevé un traslado significativo de hinchas. En este caso, la estrategia estuvo centrada en prevención, fiscalización y secuestro de sustancias detectadas durante el trayecto.

En ese sentido, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar el curso de cada una de las actuaciones iniciadas durante los controles. La comunicación difundida no detalló, al menos por el momento, resoluciones posteriores ni eventuales imputaciones derivadas de los procedimientos.

Hace tan solo unos días, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló 10 puntos de venta de drogas y 24 personas en un megaperativo llevado a cabo en los barrios Ampliación Cabildo y Villa El Libertador.

El resultado del operativo incluyó el secuestro de drogas, dinero, armas y vehículos, además de otros elementos vinculados con la venta de sustancias. De acuerdo con los datos difundidos por la fuerza, el valor estimado de todo lo incautado asciende a $147.445.400, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la causa se inició hace siete meses, cuando comenzaron a recibirse presentaciones en la línea habilitada para reportar actividades vinculadas al narcotráfico. A partir de esa información, la FPA desarrolló tareas de investigación que permitieron ubicar distintos puntos de expendio de drogas en el sur de la ciudad de Córdoba.

Con esos elementos, la fuerza avanzó con 13 allanamientos en dos sectores específicos: Ampliación Cabildo y Villa El Libertador. La intervención fue coordinada bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que supervisó el procedimiento judicial y el destino de los detenidos.

Parte de esos lugares allanados estaba vinculada entre sí, mientras que otros funcionaban con autonomía. Los investigadores también detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales sospechosos y relaciones de sociedad entre otros integrantes del esquema.

A un mes del crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado a puñaladas por su novia, Victoria Cantero, de 25, se conocieron los resultados del informe sobre las lesiones que presentaba la joven. Desde la defensa de Cantero, indicaron que la joven podría tener “amnesia lacunar”, ya que tiene “lagunas” de memoria y no recuerda lo ocurrido el pasado el pasado 2 de agosto.

Los estudios fueron realizados el 14 de agosto y según pudo saber Infobae, al momento del examen clínico, la imputada “presentaba un buen estado general de salud, sin signos ni síntomas de descompensación metabólica, neurológica o cardiorrespiratoria”. A su vez, no se evidenciaron déficits nutricionales, aunque sí se encontraba “angustiada”. “Durante el desarrollo del examen presentó llanto en forma espontánea”, sostiene el escrito.

Desde un primer momento, la defensa de Cantero manifestó que la joven era víctima de violencia de género y que había apuñalado a su novio en defensa propia. El día en el que fue detenida, presentaba lesiones en varias partes del cuerpo, entre ellas en la espalda, los brazos y las rodillas. En aquella ocasión, el médico que la examinó aclaró que si bien presentaba heridas, no se trataba exactamente de golpes.

El día del crimen, uno de sus familiares había dicho que la imputada presentaba sangrado nasal. “Se palpó la región nasal no detectándose deformidades, movilidad anormal ni producción de dolor al realizarla, las fosas nasales estaban permeables”, dice el informe.

En cuanto a las lesiones que presentaba en sus rodillas, el estudio detalló: “En la cara anterior de la rodilla derecha, área de equimosis color amarillo, de forma irregular. En la cara anterior del tercio superior de la pierna derecha, cicatriz de excoriación de 1 cm de diámetro, color rosa, de forma irregular. En la cara externa, tercio superior de la pierna derecha, levemente por debajo de la rodilla, equimosis color amarillo en el centro con margen moteado color violáceo suave”.

Y continuó: “En la cara anterolateral del tercio medio de la pierna, otra equimosis de color amatillo. En la cara anterior de la rodilla izquierda se observaron equimosis color violáceo, todas de formas irregulares. En la cara externa del tercio superior de la misma pierna, equimosis color amarillo, de forma irregular”.

El examen llegó a la conclusión de que las lesiones “presentaban un tiempo de evolución al momento de practicado el examen de entre 10 a 14 días aproximadamente”. Y añadió: “Las excoriativas se produjeron por traumatismo con o contra objeto o superficie rugosa o irregular. Las lesiones equimóticas se produjeron por traumatismo con o contra objeto o superficie roma y dura”.

Uno de los datos claves es que, de acuerdo a los peritos, las heridas “no guardan tampoco el patrón clásico de distribución de lesiones de tipo defensivas”. Asimismo, aseguraron que estas no pusieron en peligro la vida de la joven.

Desde la defensa le manifestaron a Infobae que si bien no son lesiones defensivas, “eso no quiere decir que la agresión no haya existido”. Y agregaron: “lo que determinó la pericia es que ella tiene lesiones traumáticas múltiples compatibles con la data del hecho”.

Por otro lado, mencionaron que se encuentran a la espera de los resultados del informe psicológico de Cantero, con los cuales buscan determinar si ella actuó en un estado de conmoción emocional. Los letrados señalaron que su defendida podría presentar “amnesia lacunar”, ya que hay ciertos momentos del día del crimen que no recuerda. “Ni siquiera ella recuerda la utilización de un cuchillo”, manifestaron.

Los abogados de la familia de la víctima expresaron su descontento frente a este planteamiento de la defensa, ya que les parece “raro” que Victoria “no recuerde justo el momento en el que agarró el cuchillo”.

Estas novedades se dieron a conocer el mismo día en que la familia de Julián organizó una marcha en la plaza 25 de Mayo de Resistencia para pedir justicia. La misma comenzó a las 19 de este miércoles y tuvo como destino final la sede de Fiscalía, sobre avenida 9 de Julio. La movilización contó con la presencia de familiares y amigos del joven asesinado.

Infobae accedió a las imágenes que ubicaron a J. G., compañero de colegio de la víctima, junto a ella camino a la antigua estación de tren donde ocurrió el hecho. El adolescente, también de 16 años, está imputado como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.

Durante la noche del 15 de julio, horas después del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra, Cecilia se quedó a dormir en la casa de una amiga, identificada como M. Ya en la madrugada del 16, alrededor de las 3.05, una cámara registró el momento en el que la joven abandonó la vivienda.

“Estoy yendo a lo de las vías”, fue el último mensaje que le envió a su amiga.

Cecilia caminó sola durante varios minutos. Cerca de las 3.28, otra filmación la captó junto a un joven vestido con un buzo oscuro. Se trataba de J. G., quien llevaba una pala en la mano derecha.

Ese elemento adquirió relevancia cuando los investigadores revisaron los mensajes que la víctima había enviado un día antes del ataque. “¿Te acordás que te había dicho que J. me invitó a ir a la estación de tren a la madrugada? Dijo que va a llevar una pala y me pidió que no le diga a nadie”, le había contado a su amiga.

“Por las dudas te dejo avisada porque no confío mucho en esta juntada con J.”, agregó.

La última imagen de los dos juntos fue registrada alrededor de las 3.47. Casi una hora y media después, a las 5.15, las cámaras captaron al sospechoso caminando solo.

Según la reconstrucción de los investigadores, en ese intervalo J. G. habría atacado a Cecilia y le habría provocado graves heridas en el cuello y las muñecas. La adolescente quedó tendida, pero logró levantarse y caminar hasta la casa de una vecina ubicada a unos 80 metros del lugar.

Una vez allí, golpeó reiteradamente la puerta para pedir ayuda, aunque nadie salió a auxiliarla. “Tenía miedo”, explicó luego la dueña de la vivienda, quien aseguró que en ese momento no comprendió qué estaba ocurriendo.

Minutos más tarde llegó la Policía. Los agentes le preguntaron a Cecilia quién la había atacado, pero la adolescente no pudo responder debido a la gravedad de las lesiones. Fue trasladada en ambulancia hacia la capital provincial, pero murió durante el viaje.

En paralelo, otra cámara registró a J. G. sin la pala y con un buzo en los brazos. Las imágenes coincidieron con los mensajes en los que había anticipado que pensaba cambiarse para evitar sospechas.

“Lo que sí tendré que llevar alguna ropa diferente abajo o un buzo”, le había escrito a su novia dos días antes del crimen. El último registro del adolescente fue tomado a las 5.25.

Horas después, los policías se presentaron en su casa y le preguntaron si había estado con Cecilia. “Yo no estuve con ella, no la vi”, respondió mientras simulaba que acababa de despertarse.

Sin embargo, cuando los investigadores advirtieron que había borrado las conversaciones con la víctima, el adolescente admitió que se había encontrado con ella en la estación de tren.

Los elementos hallados en la escena, el análisis de las cámaras y los chats que J. G. intercambió con su novia, N. Y. L. antes y después del ataque resultaron claves para identificarlo como el agresor.

Con esas pruebas, el fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, ordenó su detención. Si bien permaneció unos días alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional Quinta; el pasado 11 de agosto, la Justicia dispuso su institucionalización provisoria por un año en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.

Las conversaciones también permitieron reconstruir el presunto rol de N. Y. L. en la planificación del crimen. “Mañana es el día que me dijiste que harías eso, ¿no?”, le escribió la adolescente de 17 años a su novio antes del ataque.

A partir de esos mensajes, la joven fue imputada como coautora de homicidio agravado por alevosía.

El 28 de agosto, una jueza había dispuesto que permaneciera bajo el cuidado de su madre en un domicilio de Santo Tomé, asistiera a una escuela de esa ciudad, iniciara un tratamiento psicoterapéutico y no ingresara a Alvear.

La medida provocó el rechazo de la familia de Cecilia. “Estoy indignada porque mi hija no se puede defender, no puede hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo a mi hija no la tengo más”, expresó la madre de la víctima.

Sin embargo, el Tribunal de Revisión anuló esa resolución al considerar que no estaba debidamente fundamentada y ordenó realizar una nueva audiencia urgente para definir la situación procesal de la imputada.

Las autoridades todavía intentan establecer el móvil del crimen. Una de las hipótesis apunta a que J.G. y Cecilia mantenían un vínculo y que el ataque pudo haber sido impulsado por N.Y.L. La investigación también procura determinar si participó una tercera persona, mencionada en los chats intercambiados por la pareja.

La Justicia de Bahía Blanca investiga a tres técnicos anestesiólogos por el faltante de 25 ampollas de fentanilo detectado a fines de marzo en el Hospital Municipal. El fiscal del caso, Mauricio del Cero, analiza tres hipótesis y señaló que la más consistente, hasta ahora, apunta a una eventual maniobra para perjudicar al jefe del servicio de Anestesiología, en medio de un conflicto por la distribución de horas extras.

Los frascos desaparecieron del sector de quirófano central y reaparecieron seis días después, abiertos y sin su contenido, dentro de un cesto ubicado debajo del armario en el que se almacenaban. El episodio se conoció en un momento de repercusión pública por el caso llamado públicamente “Propofest”, otra investigación vinculada al uso indebido de anestésicos de origen hospitalario, que derivó en imputaciones contra un anestesista y una residente del Hospital Italiano.

Del Cero confirmó este jueves que la Policía Federal Argentina allanó el 27 de agosto pasado los domicilios de los sospechosos, también se revisaron lockers en el Hospital Municipal. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 11 teléfonos celulares y hallaron 81 gramos de marihuana fraccionada en cuatro frascos en una de las viviendas.

En una conferencia de prensa, el funcionario reconstruyó que la denuncia ingresó el 1 de abril, luego de que las autoridades del establecimiento detectaran la desaparición de las monodosis. Pablo Espuro, el jefe del servicio de Anestesiología, había realizado un control de stock el 27 de marzo sin advertir irregularidades. Tres días más tarde, constató que faltaban las ampollas.

El área está integrada por cerca de 10 técnicos anestesiólogos, quienes son los únicos autorizados a acceder a la oficina y al armario donde se guardan fentanilo, propofol y otros medicamentos utilizados en quirófano.

La sorpresa surgió el 6 de abril, cuando aparecieron las 25 ampollas del mismo lote, abiertas y vacías. Estaban dentro de una bolsa de nailon, en un cesto situado debajo del armario del que habían desaparecido.

“Lo más llamativo de todo es que quien quiera sustraer eso para venderlo afuera o para administrárselo como narcótico no va a devolver las botellas. No tiene sentido que alguien devuelva botellas”, sostuvo Del Cero.

La fiscalía evaluó, en primer término, que la sustracción hubiera tenido como objetivo el consumo recreativo de la sustancia. Pero se planteó que esa posibilidad presenta dificultades, ya que quien trabaja en el hospital podría acceder a remanentes de ampollas usadas sin generar una faltante de esa magnitud.

La segunda línea apuntó a una eventual venta en el mercado negro a centros médicos, clínicas o profesionales. Sin embargo, Del Cero consideró poco probable esa alternativa debido al bajo costo del fentanilo y a que las ampollas tienen identificación por lote, lo que permite seguir su recorrido dentro del sistema hospitalario.

“La tercera hipótesis que nos quedaba es aquella de que quien sustrajo el fentanilo quiso provocar un escándalo”, afirmó el fiscal, dado que el caso coincidió con la difusión pública de la causa “Propofest”.

En ese sentido, remarcó que la devolución de los envases vacíos refuerza esa posibilidad. “Solamente podría devolver las botellas alguien que quiere que se sostenga el escándalo”, consideró.

Profundizando esta hipótesis, el fiscal relató que, antes de la llegada del actual jefe de Anestesiología, la asignación de horas extras se realizaba bajo un esquema que calificó como discrecional. Según indicó, Espuro aportó planillas para demostrar que, durante su gestión, impulsó una distribución más equitativa de esas horas.

A partir de ese cambio, algunos integrantes del servicio podrían haber sufrido una reducción de sus ingresos. Esa circunstancia forma parte de la teoría que la fiscalía analiza para determinar si el faltante de fentanilo buscó afectar al responsable del área.

Lo concreto es que, hasta el momento, los elementos reunidos hasta ahora no permiten afirmar que los tres imputados hayan actuado de manera conjunta. Sin embargo, Del Cero dijo que alguno de ellos estuvo de turno el 30 de marzo, cuando se detectó la faltante, y el 6 de abril, cuando los frascos volvieron a aparecer.

También reveló que hubo un antecedente en diciembre de 2025, cuando desaparecieron entre cuatro y cinco monodosis de fentanilo del Hospital Municipal y luego fueron restituidas. Lo llamativo para los investigadores es que los técnicos que hoy están bajo sospecha se encontraban de guardia cuando ocurrió aquel episodio.

Así las cosas, el caso se investiga como un hurto de una sustancia controlada. Aunque esto podría cambiar si surgieran elementos que acrediten un acuerdo previo entre los sospechosos para perjudicar a Espuro.

La investigación es impulsada por el fiscal Adrián Spelta, de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional de Santa Fe, quien analizó movimientos de Ríos Artacho entre 2017 y 2024, cuando era su colega.

El legajo se inició después de que se detectaran irregularidades en el dinero de cuentas judiciales que se abren específicamente en determinadas investigaciones de delitos económicos. Fue porque se observaron faltantes y, en algunos casos, personas que tomaron contacto con el dinero de esas cuentas, cuando no debían hacerlo o actuaron como supuestos prestanombres de terceros.

En otro de los operativos, la Policía Federal dio con el abogado penalista Emilio Rubén B., que podría tener vínculo con las presuntas maniobras bajo investigación, ya que es el ex cuñado de Ríos Artacho. En su caso, fue localizado en las inmediaciones a los Tribunales provinciales.

Los agentes detuvieron también a Daniel B., Bruno B., Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Agostina Fabiana R., Gustavo Javier C. y Paola Elizabeth B. Entre esos arrestados hay comerciantes, dos carpinteros y una maestra.

Por la cantidad de detenidos se llegó a suponer que la acusación se hará la próxima semana por la calificación de asociación ilícita. No obstante, desde la propia Fiscalía aclararon que no está en los planes y solo se procesa información con el objetivo de formular imputaciones de hechos puntuales.

En los procedimientos se secuestraron celulares, notebooks, pendrives, tarjetas de memoria, discos rígidos, una escopeta calibre 16 y dinero en efectivo, entre pesos y dólares.

Según un comunicado del Ministerio Público de la Acusación, este caso fue priorizado por el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General dentro de los legajos en los que se investigan posibles actos de corrupción.

Mariano Ríos Artacho renunció a su cargo de fiscal a finales de junio de 2024. Fue ni bien se reincorporó tras una sanción de la Legislatura santafesina que había tenido lugar en abril de ese año por la presunta entrega irregular de un Mercedes Benz C250 Kompressor de un empresario imputado en una causa por delitos económicos y que fue observado en manos de un comisario que tenía una vieja relación de amistad con el por entonces funcionario judicial.

La renuncia se dio, según indicaron fuentes judiciales, porque al reincorporarse de la sanción el Ministerio Público de la Acusación avanzó con el análisis de una determinación que él había tomado como fiscal en un legajo conexo a la causa de Vicentin, por lo que se llegó a suponer que veía una nueva suspensión o una posible remoción al cargo. Existió también una versión extraoficial sobre una cuestión personal por la que habría tomado la decisión, aunque no cobró estado público.

De todos modos, Ríos Artacho había vuelvo a la actividad este año al ejercer la defensa penal. De hecho, tuvo una alta exposición mediática la semana pasada, ya que fue el defensor de Martín Banchero, el hombre de 55 años que el pasado 19 de agosto fue a la farmacia de su ex esposa Carina Candelas y la mató de siete puñaladas frente a sus compañeras de trabajo, causa que tuvo la audiencia imputativa el 26 de agosto.

El episodio ocurrió en agosto de 2013, durante una entrevista que el letrado concedía en el programa Contámelo todo, conducido por Leo Rosenwasser en Canal Metro. Pierri integraba entonces la defensa del encargado del edificio de la calle Ravignani, que ya estaba detenido por el femicidio de la adolescente de 16 años.

“Mangeri, ¿es inocente sí o no?”, le preguntó el conductor. “Mangeri es un señor inocente que está pasando por el peor momento de su vida”, respondió el abogado. Antes de que pudiera continuar, su hijo lo interrumpió con una frase que se volvió viral: “Pero boludo, mató a Ángeles”.

Ahora, a los 19 años, Juan Ignacio reconstruyó aquel momento en una entrevista con Puro Show, por eltrece. “Yo no tenía que estar ahí, la verdad. Mis viejos me llevaron con la condición de que me portara bien. Y terminé diciendo lo que había escuchado”, le relató a la periodista Fernanda Iglesias.

Al ser consultado sobre el origen de la información, descartó que hubiera escuchado conversaciones privadas de su padre o que contara con algún dato proveniente del expediente.

“Lo había escuchado, me acuerdo, en los canales de casa. Recuerdo haberlo escuchado a (Eduardo) Feinmann. En ese momento no sabía quién era Feinmann, pero recuerdo la imagen de verlo a él”, explicó.

También negó que la escena hubiera sido preparada: “No está armado ni nada. Yo nunca escuché a Miguel hablar en casa, siempre fue bastante profesional en eso. Los chicos escuchan y ahí se reflejaba la inocencia de un nene”.

Después de la entrevista, su madre le preguntó por qué había pronunciado aquella frase. “Yo le dije: ‘Lo escuché por la tele’”, recordó.

Juan Ignacio sostuvo que su intervención tuvo consecuencias sobre la estrategia de los abogados que representaban a Mangeri. En aquel momento, su padre trabajaba en el caso junto a Marcelo Biondi, actual esposo de su madre.

“Estaba todo encaminado para que Mangeri no fuera a la cárcel. Después de eso, a Marcelo y a Miguel les cambió la estrategia totalmente, porque ya había quedado todo muy expuesto”, afirmó.

Según recordó, la escena generó una fuerte reacción entre los televidentes. “La gente empezó a decir: ‘Los nenes dicen la verdad, tráiganlo al nene a hablar’. Y eso hizo que cambiara todo el panorama”, señaló.

Luego, le adjudicó a su frase un papel determinante: “Mi declaración cambió todo, la verdad. Yo a veces no tomaba conciencia de lo que había sucedido, pero gracias a esa declaración el caso terminó dándose vuelta”.

“Mangeri no venía mal. Estaba siendo muy bien defendido por dos grandes profesionales y esa declaración terminó de cambiar su historia”, agregó.

“Mi declaración cambió todo”

La intervención del niño tuvo un indudable impacto mediático. Sin embargo, para entonces Mangeri ya estaba detenido, procesado con prisión preventiva y era el único acusado por el crimen.

El portero fue condenado a prisión perpetua en julio de 2015 por el abuso sexual y el femicidio de Ángeles Rawson. La sentencia se apoyó en las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas los rastros genéticos de Mangeri encontrados debajo de las uñas de la víctima. La condena fue confirmada posteriormente por las distintas instancias judiciales.

“Mis viejos me protegieron porque ya era mucha exposición para esa edad”, explicó Juan Ignacio sobre lo ocurrido después de la entrevista. Y concluyó: “Mis declaraciones cambiaron muchísimo la causa y terminó dándose lo que se tenía que dar: que Mangeri estuviera en la cárcel”.

Años después, el propio Miguel Ángel Pierri modificó públicamente su postura sobre el condenado. En 2019, durante una presentación teatral junto a los periodistas Mauro Szeta y Paulo Kablan, reconoció que su hijo había estado en lo cierto: “Mi hijo Juani tenía razón. Mangeri fue el asesino, no lo volvería a defender”.

“Tenemos una relación cordial”

Durante la entrevista, Juan Ignacio también habló de su vínculo actual con Miguel Ángel Pierri. Lo definió como “cordial”, aunque aclaró que no mantienen una relación cercana.

“Estoy en contacto con él. Tengo una relación cordial. Él se equivocó muchísimo en muchos aspectos de la vida y yo tuve una convivencia dura con él. Lo veo, pero muy cada tanto. No tengo una relación de padre e hijo”, expresó.

El joven aseguró que su padre intentó recomponer el vínculo, pero consideró que no lo hizo plenamente. “Nunca sentí que hubiera apostado por todo. Tuvo actitudes muy feas conmigo”, sostuvo.

Además, contó que durante su infancia presenció situaciones difíciles en el ámbito familiar. Ante la pregunta directa de si se refería a episodios de violencia, respondió: “Hubo violencia, sí. He visto acciones muy fuertes de Miguel frente a mi vieja. Ella sufrió muchísimo y aguantó por mí”.

En contraposición, señaló a Marcelo Biondi como su principal figura paterna: “Lo quiero mucho. Para mí, él fue mi referente masculino”.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de convertirse en un abogado mediático, aseguró que no está entre sus objetivos. “Siempre me metí donde no debía. No me da miedo nadie y tengo claro quién quiero ser”, cerró.

La secuencia quedó registrada en video. En las imágenes se ve a una tercera moto que circulaba delante de los otros dos vehículos. Tras doblar hacia la Ruta 197, los rodados aceleraron. La moto que iba adelante atravesó el cruce, mientras que las otras dos avanzaron en paralelo e intentaron pasar con el semáforo en rojo.

En ese momento se produjo la colisión. El accidente ocurrió cerca de las 20 de este martes y dejó, además, otros tres heridos: dos jóvenes de 22 y 23 años que viajaban en la segunda moto y un hombre de 40 años que era pasajero de uno de los autos.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, un Fiat Cronos giró a la izquierda e impactó contra una Motomel S2 en la que circulaban Torres Rodríguez y su novia. También chocó contra una Honda Tornado, donde viajaban los dos jóvenes que habían sido aprehendidos.

Luego, un Peugeot 207 colisionó contra la Honda Tornado.

Torres Rodríguez murió en el lugar. Su novia fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada en coma. Los otros heridos también recibieron asistencia médica.

En la escena trabajaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Centro de Operaciones Municipal.

En principio, se inició una causa por homicidio culposo, con el fiscal Ariel Wassouf a la cabeza mientras avanzaban las pericias para determinar las responsabilidades en la colisión.

Tras el hecho, allegados de la víctima fatal, Axel Torres Rodríguez, aseguraron que él y su pareja escapaban de un intento de robo cometido por los ocupantes de la otra moto. Incluso, familiares y amigos difundieron esa versión en redes sociales.

A partir de ese planteo, la causa fue caratulada inicialmente como robo agravado en grado de tentativa y los dos jóvenes que viajaban en la segunda motocicleta quedaron aprehendidos.

Sin embargo, la investigación se encaminó a partir de las imágenes de cámaras privadas y municipales, además de los testimonios reunidos durante las primeras horas de la investigación. El fiscal no encontró elementos para comprobar la comisión de un delito por parte de los dos aprehendidos.

Por ese motivo, ordenó que el expediente pase a tramitarse como averiguación de ilícito y dispuso la libertad de ambos jóvenes. La medida no cerró la investigación sobre las circunstancias que derivaron en el choque.

Mientras esperan avances en la causa, familiares de Torres Rodríguez iniciaron una colecta para cubrir los gastos del sepelio.

“Te voy a extrañar, amigo. Faru era mi amigo, mi compañero de trabajo, un gran padre que todos los días esperaba llegara a su casa y estar con ellos. Qué triste loco, trabajamos juntos es obras públicas. Te voy a extrañar siempre, hermano. Muy dolorosa para todos tus amigos esta noticia. Descansa en paz, Faru”, lo despidió un amigo en redes sociales.

Al salir del hospital, Álvarez habló brevemente con los periodistas que lo esperaban en la puerta. “Me bajó un poco la presión de escuchar a los peritos”, dijo. Consultado sobre si tenía previsto volver a presenciar el juicio pese a los episodios de somnolencia y la descompensación de este miércoles, no dudó: “Sí, voy a volver, voy a volver”, aseguró.

Luego llegó una pregunta directa: “¿Sos inocente?”. “Pity” primero respondió “No sé” y, segundos después, lanzó una frase enigmática: “Todos somos culpables”.

Según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria porteña a Infobae, los médicos determinaron que el malestar que sufrió el cantante durante el juicio se debió a un cuadro de hipertensión porque no había tomado su medicación diaria.

“Le realizaron distintos estudios para descartar otras complicaciones, pero determinaron que la presión alta era la causa de cómo se sentía”, sostuvieron las mismas fuentes.

Álvarez había sido trasladado al Fernández cerca del mediodía, después descompensarse en los tribunales de la calle Paraguay. Como contó este medio, el cantante había pedido permiso para ir al baño mientras declaraba una testigo, pero no regresó a la sala.

Minutos después, una de sus abogadas informó al tribunal que se sentía mal. “Si hace falta llamen al SAME”, pidió el presidente del tribunal. De inmediato se dispuso un cuarto intermedio.

Para esa altura el músico había salido a tomar aire al patio del edificio. A pesar del frío, permanecía en remera de manga corta sentado contra la pared. “Estaba como sofocado”, contó a Infobae “Pachi”, su histórico jefe de seguridad. Mientras estaba allí, sus abogados le acercaron una Coca-Cola.

A las 12.34 llegó una ambulancia del SAME. Los médicos lo revisaron allí mismo y constataron que tenía la presión y la glucemia elevadas. Durante la evaluación, y en presencia de esta cronista, uno de los profesionales le preguntó si había consumido cocaína. “Creo que sí”, respondió Álvarez. Todavía llevaba puesta una vincha con una linterna a la altura de la frente.

Antes de la descompensación, la quinta audiencia estuvo marcada por los reiterados episodios de somnolencia de Álvarez y un nuevo cruce entre su defensa y el tribunal. El músico se había quedado dormido incluso antes del comienzo del debate y volvió a cabecear mientras declaraba la primera testigo. “No voy a permitir que el imputado ronque”, advirtió en un momento el juez Gustavo Goerner.

Durante la jornada alcanzaron a completar sus declaraciones dos de los seis testigos previstos. Uno de ellos fue el criminalista Manuel Oscar Martín, quien intervino en la escena del crimen y aseguró que, por el ahumamiento que presentaba una de las heridas en el rostro de Cristian Díaz, uno de los disparos habría sido efectuado a no más de 60 centímetros de distancia.

Luego comenzó a declarar Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia. La especialista confirmó que el cuerpo presentaba cuatro orificios de entrada y uno de salida, que se recuperaron tres proyectiles y que no era posible establecer la secuencia de los disparos. También sostuvo que Díaz no murió de manera inmediata: “Hubo una sobrevida mínima, pero la hubo”.

Fue durante su testimonio cuando Álvarez abandonó la sala y comenzó el episodio que terminó con su traslado al Fernández. La declaración de Bustos quedó inconclusa y deberá continuar el próximo lunes a las 10.30, cuando se retome el debate.

El Tribunal de Revisión en lo Criminal de Corrientes anuló este miércoles la medida de coerción que había fijado la residencia, la escolarización y el tratamiento psicoterapéutico para N.Y.L., la adolescente de 17 años acusada como coautora del espeluznante crimen de Cecilia Lazcano en Alvear.

La decisión dejó sin efecto la resolución que la jueza de Garantías subrogante Claudia Luco Montero había dictado el 28 de agosto. Esa medida establecía que la imputada quedara bajo el cuidado de su madre en un domicilio de Santo Tomé (a unos 90 kilómetros de Alvear), que asistiera a una escuela de esa ciudad y que iniciara un tratamiento psicoterapéutico, además de prohibirle el ingreso a Alvear.

El abogado querellante Juan Eduardo Saucedo, quien representa a los padres de la víctima, impugnó la resolución y reclamó que se revisara el rechazo al pedido de prisión preventiva. El planteo llegó así al Tribunal de Revisión, integrado por los jueces Diego Roberto Núñez Hüel, Karina Elizabeth Asselborn y Mario Alberto Alegre.

Según el fallo, al que accedió Infobae, los magistrados concluyeron que la resolución de Luco Montero “carece absolutamente de fundamentación suficiente”.

Al expedirse, los jueces cuestionaron que su colega hubiera descartado los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación sin analizar las circunstancias particulares del expediente ni los argumentos de la querella.

Hay que recordar que Luco Montero había sostenido durante la audiencia que la detención era una medida excepcional y que la adolescente contaba con arraigo, un lugar donde residir y disposición para colaborar con la investigación. También valoró que permaneciera en Santo Tomé, sin posibilidades de regresar a Alvear, y que recibiera atención psicológica.

Para el Tribunal de Revisión, esa explicación no alcanzó. Los jueces señalaron que la resolución no detalló los motivos por los cuales aceptó la postura de la Fiscalía, la Defensa y la Asesoría de Menores, ni explicó por qué rechazó el planteo de la querella.

“No expone el razonamiento lógico que le permite arribar a la conclusión”, indicaron los magistrados al analizar la decisión.

Asimismo, remarcaron que las resoluciones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho que las sostienen, ya que esa exigencia permite a las partes impugnar una medida y a los tribunales superiores revisar su legalidad.

“Si un juez no explica por qué toma una decisión, las partes no pueden saber si se aplicó el derecho correctamente”, resumieron.

“La adecuada fundamentación permite que este tribunal pueda revisar la decisión cuando es cuestionada, y para ello, necesita conocer los motivos del juez de la instancia de origen. Sin fundamentación, el recurso de impugnación se vuelve imposible o ineficaz, vulnerando el derecho al recurso legal. Solo con una adecuada fundamentación, este Tribunal de revisión podrá controlar la decisión impugnada”, concluyeron Hüel, Asselborn y Alegre.

De este modo, se declaró la nulidad de lo que había dispuesto Luco Montero y se ordenó una nueva audiencia urgente para definir la situación procesal de N.Y.L. Según pudo saber este medio, la misma se realizará este jueves.

En ese encuentro, la Justicia deberá volver a analizar qué medida corresponde imponer. Podría mantener una medida no privativa de la libertad con fundamentos más precisos o condiciones diferentes; disponer mayores restricciones y controles; o imponer una medida de encierro si considera acreditados riesgos procesales que no puedan neutralizarse de otra manera.

El crimen

Cecilia fue hallada con heridas graves en el cuello y las muñecas durante la madrugada del 16 de julio, en inmediaciones de la antigua estación de tren de Alvear. La adolescente fue trasladada en ambulancia, pero murió durante el viaje hacia la capital provincial.

En un primer momento, la investigación contempló la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, la autopsia, el análisis de las cámaras de seguridad y los peritajes sobre los teléfonos celulares orientaron la causa hacia un asesinato.

Los investigadores determinaron que Cecilia había salido de la casa de una amiga para encontrarse con J., un compañero de colegio de 16 años. Las filmaciones lo mostraron junto a la víctima en dirección a la estación ferroviaria, con una pala en la mano.

J. quedó imputado como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. La Justicia ordenó su institucionalización provisoria por un año en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.

La situación de N.Y.L., novia de J., se complicó luego del análisis de conversaciones que ambos habían mantenido antes y después del ataque. Para la Fiscalía, esos chats permitieron establecer que existió una planificación previa. La adolescente fue imputada como coautora de homicidio agravado por alevosía.

La investigación también busca establecer el móvil del crimen y determinar si existió la participación de una tercera persona. Esa hipótesis surgió de mensajes intercambiados por los adolescentes, aunque hasta el momento no hay otro sospechoso identificado formalmente en el expediente.

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo, según confirmaron fuentes judiciales confirmaron a Infobae.

Todo comenzó este miércoles por la madrugada, alrededor de las 2, cuando el acusado se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia. Ante el personal policial, dijo que había discutido con su pareja, que la había golpeado y que, tras la agresión, la mujer se había desvanecido.

Con esta información, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda, ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4, en la zona cercana al barrio La Bianca. Allí encontraron a Rigoni inconsciente. Fuentes cercanas al caso detallaron que, a simple vista, la mujer no presentaba lesiones de gravedad: únicamente tenía una herida en el labio.

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la autopsia preliminar al cuerpo de la víctima reveló que la causa de muerte fue una fractura de cráneo.

Debido a que no reaccionaba, fue trasladada al Hospital Masvernat, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarla, pero finalmente confirmaron su deceso.

La causa quedó a cargo del fiscal Mauro Jaume, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia, quien ordenó la detención del presunto agresor y una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de la víctima y del acusado, que serán sometidas a peritajes. Según pudo saber este medio, la vivienda no presentaba signos evidentes de una pelea, ya que “estaba todo muy ordenado”. Sin embargo, en una de las paredes hallaron una mancha de color rojizo.

En un primer momento, los investigadores analizaron si podía tratarse de sangre. No obstante, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Rigoni no había sufrido una pérdida de sangre que permitiera explicar esa marca. Por ese motivo, resta establecer mediante peritajes el origen de la sustancia hallada.

A partir del resultado de la necropsia, la principal hipótesis es que, durante la discusión, Sigwardt habría golpeado la cabeza de su pareja contra una pared.

Sigwardt quedó imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y permanece alojado en la Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sea llamado a declarar.

Fuentes judiciales aseguraron que no se habían registrado denuncias previas por violencia de género contra el detenido, aunque sí tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. Durante la inspección del inmueble, los agentes también hallaron marihuana.

El fiscal Jaume, por su parte, ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios. Según relataron algunos vecinos, era muy común escuchar discusiones y peleas en la vivienda de la pareja y aquella noche no fue la excepción.

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género, entre el 1° de enero y el 31 de agosto se registraron al menos 173 víctimas letales: 142 femicidios directos, 18 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

La cifra equivale a una víctima cada 34 horas.

El informe también contabilizó 273 intentos de femicidio —uno cada 25 horas— y señaló que el 13,9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. En el 64,1% de los casos, los acusados eran parejas o exparejas; el 42,2% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en un domicilio compartido. Al menos 182 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres.

El ex comisario Walter Maciel declarará el jueves 10 de septiembre en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, según informó este miércoles su abogado defensor, Richard Vallejos, luego de un cuarto intermedio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Maciel era el jefe de la comisaría de 9 de Julio cuando Loan desapareció el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela. El policía fue relevado de la búsqueda ocho días después y pasó de estar al frente de las primeras actuaciones a quedar bajo investigación.

La Fiscalía lo acusó inicialmente por encubrimiento, aunque luego agravó la imputación y lo ubicó como partícipe necesario en la desaparición del niño. La acusación sostiene que tuvo intervención en una serie de irregularidades durante las primeras horas del operativo.

Entre los hechos que le atribuyen figuran una demora en la activación de la búsqueda y la presunta modificación del libro de guardia de la comisaría. También cuestionan el repliegue de los rastrillajes por una versión falsa sobre el supuesto hallazgo de Loan y el manejo de la escena donde apareció una zapatilla del chico.

Además de reprocharle haber permitido la manipulación del calzado antes de su secuestro formal, la acusación también le cuestiona haber efectuado presuntas citaciones falsas y secuestros de teléfonos sin orden judicial. Otro punto bajo análisis es la autorización para que María Victoria Caillava y Carlos Pérez -otros dos imputados- dejaran Corrientes después de la desaparición.

Lo que dejó la audiencia

La audiencia de este miércoles comenzó con un descargo del presidente del tribunal, el juez Fermín Amado Ceroleni, quien se refirió al planteo para apartarlo del proceso, que había sido rechazado el lunes.

“Muy lejos estoy de tener animosidad con alguna de las partes”, sostuvo Ceroleni. En esa línea, afirmó que “se garantizó el derecho de defensa a rajatabla”. “Nosotros no estamos para agradar a nadie, venimos a juzgar”, agregó.

Durante la jornada también se resolvió la situación de Pablo Núñez, uno de los acusados de entorpecer la investigación. El abogado Marcelo Ponce, defensor de Nicolás “El Americano” Soria, asumió también su representación técnica después de la detención de Martín Castillo, quien hasta esta semana representaba a Núñez y ahora está acusado de tener vínculos con una organización narcocriminal de Rosario.

Tras ello, el tribunal escuchó a cuatro integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que cumplieron tareas de custodia en el hotel Despertar del Iberá y en la vivienda de Camila Núñez durante la investigación.

Primero, José Gerardo Alfonzo recordó que recibió la orden de realizar una custodia perimetral en el hotel y de evitar que se registrara su interior porque allí había menores. También relató que un hombre alojado en el lugar se presentó como “El Tucumano” y dijo ser médico forense. El testigo vinculó ese episodio con Federico Rossi Colombo, imputado por entorpecer la investigación.

Luego, Carlos Javier Cuevas declaró que el 7 de julio de 2024 cumplió una guardia en el mismo establecimiento. Al llegar, le informaron que dentro estaban Camila, Macarena, menores de edad e integrantes de una fundación llamada Dupuy.

A su turno, Matías Emanuel Ramírez, quien custodió la casa de Camila Núñez entre julio de 2024 y enero de 2025, relató una visita de Soria. “Bajó de su auto, se presentó con nosotros y habló con Camila un segundo desde la reja”, declaró.

El último testigo, Gonzalo Sebastián Abendaño, indicó que primero prestó seguridad en el hotel y luego estuvo diez meses destinado a la custodia de la casa de Camila. Según dijo, durante ese período ingresaron a la vivienda un policía y dos mujeres que se identificaron como integrantes del Ministerio Público. El efectivo afirmó que conversaron con Camila y con su hija.

Ese relato llevó a las partes a pedir el libro de guardias de la PNA para contrastar la declaración de Abendaño con los registros de la custodia.

La quinta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez terminó antes de lo previsto y con el músico trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. El diagnóstico: presión alta e hiperglucemia. Al cierre de esta nota, todavía permanecía internado en observación “a la espera de los resultados de los análisis que le efectuaron”, según confiaron desde su círculo a Infobae.

El primer indicio de que sería una audiencia accidentada apareció apenas veinte minutos después de su comienzo. “No voy a permitir que el imputado ronque”, advirtió el juez Gustavo Goerner. Álvarez llevaba más de media hora dormido: estuvo roncado antes de que ingresaran los magistrados y, una vez iniciado el debate, volvió a cabecear y a quedarse con la boca abierta mientras declaraba la primera testigo.

La escena provocó un nuevo cruce entre la defensa y el tribunal. Los abogados de Álvarez, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, sostuvieron que no estaba en condiciones de seguir la audiencia, mientras que Goerner recordó que ya había autorizado al acusado a retirarse si no podía mantenerse despierto. “Si no se puede retirar, lo voy a retirar yo”, advirtió. “No voy a permitir más interrupciones del debate”, agregó.

Poco más de una hora después, cerca de las 12.25, la discusión sobre el estado del músico dejó de girar alrededor de sus ronquidos. Álvarez pidió permiso para ir al baño, salió de la sala y ya no regresó. Al advertir que pasaban los minutos y seguía sin volver, una de sus abogadas fue a buscarlo. Regresó poco después con la noticia: “Dijo que se sentía mal”.

“Si hace falta llamen al SAME”, pidió el presidente del tribunal. De inmediato se dispuso un cuarto intermedio.

Para esa altura el músico se encontraba en el patio del edificio de los tribunales de la calle Paraguay al 1500. A pesar del frío, permanecía en remera de manga corta sentado contra la pared. “Estaba como sofocado”, contó a Infobae “Pachi”, su histórico jefe de seguridad. Mientras estaba allí, sus abogados le acercaron una Coca-Cola.

A las 12.34 llegó una ambulancia del SAME. Los médicos lo revisaron allí mismo y constataron que tenía la presión y la glucemia elevadas. Durante la evaluación, y en presencia de esta cronista, uno de los profesionales le preguntó si había consumido cocaína. “Creo que sí”, respondió Álvarez. Todavía llevaba puesta una vincha con una linterna a la altura de la frente.

Finalmente, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Fernández para realizarle estudios.

De los ronquidos al cruce con el tribunal

“Pity” llegó a los tribunales junto a su hermana Silvina pasadas las 10.20, envuelto en una campera camuflada amarilla y verde, en medio del alboroto habitual. Tras ingresar a la sala, se ubicó junto a sus abogados y, a los pocos minutos, se quedó dormido.

Sus ronquidos comenzaron a escucharse en una sala todavía casi vacía. La audiencia, que estaba prevista para las 10, se encontraba demorada por un inconveniente técnico.

El primero en ingresar fue el fiscal Sandro Abraldes, quien saludó uno por uno y con la mano a los cinco defensores. Cuando vio al músico roncando, esbozó una sonrisa. Luego aparecieron los jueces Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla y, segundos después, se sumó Gustavo Goerner, presidente del tribunal.

Con la llegada de los magistrados, “Pity” dejó de roncar, se puso de pie y se bajó la capucha de la campera. Por primera vez desde que comenzó el debate, no estaba presente su manager, Santiago Ruiz. Mientras se aguardaba el inicio, Álvarez permaneció recostado en su silla. En un momento tomó gaseosa y, poco después, volvió a echar el cuerpo hacia atrás.

La audiencia finalmente comenzó a las 10.55 con la declaración por Zoom de Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles, quien al momento del crimen se desempeñaba en la División Balística de la Policía de la Ciudad.

Michel explicó que realizó la pericia de cotejo del arma secuestrada. Aunque inicialmente dijo no recordar el resultado, reconoció su firma en el informe y, al repasarlo, confirmó que las vainas habían sido percutidas y los tres proyectiles disparados por la pistola analizada, que resultó apta para producir disparos.

Durante buena parte de su declaración, Álvarez permaneció dormido, cabeceando y por momentos con la boca abierta. Fue entonces cuando se produjo el cruce entre la defensa y Goerner.

Un disparo a no más de 60 centímetros

El segundo testigo fue Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística y actual subcomisario de la Policía de la Ciudad, quien intervino en la escena durante la madrugada del 12 de julio de 2018.

Martín recordó que llegó al Barrio Samoré a las 3.20 y encontró a Díaz tendido boca arriba. En el lugar hallaron cuatro vainas percutidas agrupadas a un costado del cuerpo, algo que, según explicó, indicaría que “el tirador no se movió tanto” al efectuar los disparos.

El criminalista se detuvo especialmente en una de las heridas que presentaba la víctima en el rostro. “El disparo no fue a mucha distancia, se notaba el ahumamiento en la cara”, declaró, y estimó que había sido efectuado a no más de 60 centímetros.

“Tenía cuatro disparos. Uno en la cara, en el pómulo; otro en el cuello y otro en la zona frontal. Le decimos ‘la cruz de la muerte’ porque normalmente hace un triángulo. Los francotiradores apuntan a esa parte, lo que implica que las lesiones siempre van a ser graves”, explicó.

Durante las preguntas de la defensa, Martín volvió sobre las lesiones. “El disparo en el pómulo es un disparo mortal. Si usted lo googlea, lo va a ver; no es porque lo diga yo”, afirmó.

También explicó que la cantidad de sangre observada en la escena indicaba que la víctima había sobrevivido durante un breve período después de recibir los disparos.

Mientras el perito respondía las preguntas de los abogados, Pity intercambió algunas palabras con Baños, aunque luego volvió a cabecear sentado y a roncar.

“Hubo una sobrevida mínima”

La tercera en declarar fue Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia al cuerpo de Cristian Maximiliano Díaz. La profesional contó que trabaja en la Morgue Judicial desde 2008 y que lleva realizadas entre 7 mil y 8 mil autopsias.

Ante las preguntas del fiscal Abraldes, explicó que el cuerpo presentaba cuatro orificios de entrada y uno de salida y que durante la autopsia se recuperaron tres proyectiles.

Bustos precisó que no era posible determinar en qué orden se habían producido los disparos. Sin embargo, explicó que la importante hemorragia permitía establecer que la muerte no había sido instantánea. “Hubo una sobrevida mínima, pero la hubo”, señaló.

Fue durante su declaración cuando Álvarez pidió permiso para ir al baño y salió de la sala. Su testimonio quedó interrumpido y deberá regresar el lunes próximo, cuando el debate se retome a las 10.30.

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuó este miércoles con una quinta audiencia marcada por los reiterados episodios de somnolencia del músico, un fuerte cruce entre su defensa y el presidente del TOC N° 29 y una descompensación por la que finalmente debió retirarse para ser trasladado al Hospital Fernández en una ambulancia del SAME.

De los seis testigos citados para este miércoles, solo dos pudieron completar sus declaraciones. Se trata de los especialistas que analizaron el arma y trabajaron en la escena del crimen. Luego comenzó a declarar la médica forense que realizó la autopsia de Díaz, pero su testimonio quedó interrumpido por la descompensación de Álvarez. Durante la jornada, uno de los peritos estimó que uno de los disparos fue efectuado a no más de 60 centímetros, mientras que la forense alcanzó a señalar que la víctima tuvo “una sobrevida mínima” tras recibir los balazos.

Todo ocurrió el mismo día en que se conoció un nuevo intento de la defensa por frenar el juicio. Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro presentaron un recurso de inconstitucionalidad en el que volvieron a cuestionar si Álvarez se encuentra actualmente en condiciones de afrontar el proceso y utilizaron como uno de sus argumentos los episodios de somnolencia que viene protagonizando durante las audiencias.

Cuarto intermedio hasta el lunes a las 10.30

Pity Álvarez tuvo una alta de presión y se fue del juicio

El músico se retiró en silla de ruedas en una ambulancia de SAME. Lo trasladaron con un cuadro de presión y glucosa alta al Hospital Fernández.

“Estaba como sofocado”

Tras la declaración del segundo testigo, el músico pidió permiso para ir al baño. Como no regresaba una de sus abogadas fue a buscarlo. Al regresar explicó que se sentía mal. De inmediato se dispuso un cuarto intermedio. “Si hace falta llamen al SAME”, dijo el presidente del tribunal.

Álvarez, que estaba en un pasillo, salió al patio y se sentó contra la pared. A pesar del frío, permanecía en remera de manga corta.

“Estaba como sofocado”, contó a Infobae “Pachi”, su jefe de seguridad desde hace ocho años. Mientras estaba allí, sus abogados le acercaron una Coca-Cola y unos chocolates.

“El disparo en el pómulo es un disparo mortal”

Durante las preguntas de la defensa, Martín volvió sobre la ubicación de las vainas y la mecánica de los disparos. Ante una consulta de Sebastián Queijeiro sobre lo referido anteriormente, explicó que la concentración de las vainas en un mismo sector le permitía inferir que “el tirador no se movió tanto”.

También se refirió al calibre del arma. Señaló que la calibre .25 es utilizada a distancias cortas y que, pese a tratarse de armas antiguas, puede provocar lesiones graves.

Martín puso especial énfasis en las heridas que presentaba Díaz en el rostro. “El disparo en el pómulo es un disparo mortal. Si usted lo googlea, lo va a ver; no es porque lo diga yo”, afirmó.

El perito también explicó que la cantidad de sangre observada en la escena indicaba que la víctima había tenido un período de sobrevida tras recibir los disparos. “Cuando no hay sangre, muere en el acto. Cuando es al revés significa que el corazón siguió bombeando sangre hasta que entró en paro”, sostuvo.

Mientras respondía las preguntas de la defensa, “Pity” intercambia unas palabras con Baños, aunque luego volvió a cabecear sentado y a roncar.

Declara Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística

El segundo testigo de la jornada fue Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística y actual subcomisario de la Policía de la Ciudad, quien intervino en la escena durante la madrugada del 12 de julio de 2018.

Martín recordó que llegó pasadas las 3 de la madrugada y encontró a Díaz tendido boca arriba y con cuatro heridas de bala. Además, hallaron cuatro vainas percutidas agrupadas a un costado del cuerpo, algo que, según explicó, indicaría que “el tirador no se movió tanto” al efectuar los disparos.

El perito se detuvo especialmente en una de las heridas que presentaba la víctima en el rostro. “El disparo no fue a mucha distancia, se notaba el ahumamiento en la cara”, declaró, y estimó que había sido efectuado a no más de 60 centímetros.

“Tenía cuatro disparos. Uno en la cara, en el pómulo; otro en el cuello y otro en la zona frontal. Le decimos ‘la cruz de la muerte’ porque normalmente hace un triángulo. Los francotiradores apuntan a esa parte, lo que implica que las lesiones siempre van a ser graves”, explicó.

Mientras Martín declaraba, “Pity” volvió a cabecear y roncar.

Cruce por los ronquidos de “Pity”

La declaración de la primera testigo terminó con una discusión entre el tribunal y la defensa por el estado de Álvarez. Sus abogados advirtieron que estaba dormido y que en esas condiciones no podía seguir la audiencia.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, recordó que ya había autorizado al músico a retirarse si no podía mantenerse despierto. “Si no se puede retirar, lo voy a retirar yo”, advirtió. “No voy a permitir que el imputado ronque. No voy a permitir más interrupciones del debate”, agregó.

La defensa respondió que Álvarez tiene derecho a presenciar el juicio y hacerlo lúcido, y mencionó el recurso de inconstitucionalidad presentado para suspender el proceso. Goerner insistió en que, cualquiera sea la causa —medicación, cansancio, falta de interés o patologías previas—, si no puede mantenerse despierto puede retirarse, y pidió a sus abogados que colaboren para evitar nuevas interrupciones.

Declara por zoom Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles

Es la primera de los seis testigos citados para hoy. Ante el TOC N° 29 contó que actualmente vive en Neuquén y trabaja en un centro de esquí.

Explicó que realizó la pericia de cotejo del arma secuestrada. Aunque inicialmente dijo no recordar el resultado, reconoció su firma en el informe y, al repasarlo, confirmó que las vainas habían sido percutidas y los proyectiles disparados por la pistola analizada, que resultó apta para producir disparos.

Durante buena parte de su declaración, Álvarez permaneció dormido, cabeceando y por momentos con la boca abierta.

Llegan los jueces del tribunal

A las 10.50, la audiencia todavía no había comenzado por un inconveniente técnico. El primero en ingresar fue el fiscal Sandro Abraldes, que saludó uno por uno y con la mano a los cuatro defensores. Cuando vio al músico roncando, esbozó una sonrisa. Luego ingresaron los jueces Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla. Segundos después se sumó Gustavo Goerner, presidente del tribunal.

Con la llegada de los magistrados, “Pity” se puso de pie, se bajó la capucha de la campera y dejó al descubierto un detalle llamativo: llevaba una vincha con una linterna a la altura de la frente.

Por primera vez desde que comenzó el debate, hoy no está presente su manager, Santiago Ruíz. Sí lo acompaña su hermana, Silvina. Mientras se aguardaba el inicio de la audiencia, el músico permaneció recostado en su silla y, a diferencia de jornadas anteriores, no posó para las cámaras. En un momento tomó agua y, poco después, volvió a echar el cuerpo hacia atrás.

Ronquidos en la sala

En medio del alboroto habitual, “Pity” llegó al tribual junto a su hermana pasadas las 10.20, envuelto en una campera camuflada amarilla. Debajo llevaba puesta una remera de manga corta con la incripción: “No se cuanto que lo vengo esperando”, en referencia a No sé cuánto, uno de sus últimos temas. Tras ingresar a la sala, el músico se ubicó junto a sus abogados y, a los pocos minutos, se quedó dormido.

Sus ronquidos hacen eco en la sala de audiencias, donde por el momento solo están presentes, además de la defensa, los abogados de la querella.

Demorada la quinta audiencia del juicio a “Pity” Álvarez

La quinta audiencia del juicio a Cristian “Pity” Álvarez se encuentra demorada. Estaba previsto que comenzara a las 10, pero pasadas las 10.20 el músico todavía no había llegado a los tribunales.

Sus abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro lo esperan ansiosos: van y vienen porel pasillo que comunica la sala de audiencias con la vereda. Entran y salen.

En el edificio ya se encuentran el presidente del tribunal, Gustavo Goerner; el fiscal Sandro Abraldes; y los representantes de la querella Fernando Burlando, Fabián Améndola y Alejandro Díaz.

Como sucede desde que comenzó el juicio, un pequeño grupo de fanáticos del músico se concentró en la puerta de los tribunales con banderas para expresarle su apoyo. Este miércoles se sumó una nueva, con un mensaje directo: “Libertad para Pity”.

/sociedad/policiales/2026/09/02/un-recital-no-es-un-juicio-nuevo-intento-de-la-defensa-de-pity-alvarez-para-frenar-el-debate/

La Justicia le atribuye el asesinato de Daniel Omar Giménez, de 30 años, muerto a tiros en el cruce de Andonaegui y Juan B. Justo, González Catán, el 16 de julio pasado. Casco, de 23 años, cayó en la esquina de Castilla y Scarlatti. Le encontraron su arma fetiche, una pistola Glock calibre 9x19,, con diez balas en el cargador, y una empuñadura modificada, un “tuneo” a medido.

Según la investigación, “Gabi Gol” y Giménez tenían un problema barrial de larga data. Fastidiado, Casco tomó su arma aquella noche y le disparó a su vecino en plena calle. Sus amigos lo trasladaron al Hospital Simplemente Evita, donde murió. Para los investigadores, las chances de que la Glock incautada sea el arma del crimen son altísimas.

Casco dio pelea antes de caer. Dos hombres de la DDI forcejearon con él; en medio del caos, “Gabi Gol” intentó tomar su arma. Terminó herido; le vendaron la cabeza antes de entrar a su celda. Hoy viernes, enfrentó al fiscal Arribas para su indagatoria, que ocurrió en la sede de la UFI de Homicidios. La pistola Glock fue enviada a un laboratorio policial para el cotejo balístico.

Si la Glock es, o no, el arma del crimen, es un dato que será esclarecido en el correr de los días. La pericia podría vincularlo a otros hechos: se sospecha que habría cometido otras agresiones armadas en la zona. Por otro lado, los investigadores recibieron testimonios que dieron más detalles sobre el asesinato de Giménez.

El odio de Casco, si es que la versión es cierta, de verdad era profundo. Giménez, la víctima, lo habría delatado. La declaración de Giménez, aseguran fuentes policiales, ocurrió en una causa narco por la que Casco terminó preso dos años.

El rastro de datos que llevó a “Gabi Gol” también es una historia interesante. Como ocurre con tantos otros prófugos en la actualidad, prescindir del dinero en efectivo fue lo que le selló la suerte.

Todos los martes, de 20 a 22, una billetera virtual vinculada a una línea telefónica ligada a Casco realizaba transferencias. El receptor del dinero era siempre el mismo. Se descubrió que era el dueño de un kiosco de González Catán, donde Casco hacía compras, ubicado frente a una cancha de fútbol. Entonces, la DDI de La Matanza siguió el patrón, y fue por él.

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez comenzó hoy cerca de las 11, en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados enfrenta cargos por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Florencia Illbele, cronista de Infobae en Infobae a la tarde.

/sociedad/policiales/2026/08/10/juicio-a-pity-alvarez-en-la-primera-audiencia-el-musico-se-quedo-dormido-y-su-estado-desato-una-fuerte-discusion-en-la-sala/

Cuarto intermedio hasta el miércoles

Se debaten los testigos de la próxima audiencia

El Ministerio Público Fiscal informa que para esta primera jornada tiene previstos 10 testigos: nueve declaraciones presenciales y la incorporación por lectura de la presentación de un décimo.

Ante ello, el defensor Javier Marino vuelve a plantear la situación de su asistido: “No hay manera de que el señor Álvarez pueda estar atento a esta cantidad de declaraciones”.

Su pedido concreto es que se limite el número de testigos por audiencia, al sostener que el imputado no tiene la posibilidad de mantener la atención durante tantas horas.

El presidente del tribunal le pregunta cuántos testigos considera razonable escuchar por jornada.

—No me gustaría decir un número porque depende de la extensión de cada declaración —responde Marino.

—De acuerdo —contesta Gustavo Goerner.

En ese momento interviene Fernando Burlando.

“Por una cuestión de orden, quisiera saber de cuánto tiempo van a ser las jornadas. Si el miércoles empezamos a horario, ¿se va a extender hasta la noche?”.

Goerner le propone entonces al defensor una alternativa:

—¿Podemos reducir la lista de testigos, doctor?

—Yo necesitaría que fueran cinco para que la audiencia se haga en tres horas —responde Marino.

El defensor manifiesta su conformidad con esa posibilidad.

El tribunal rechaza el pedido de suspensión del debate

Los jueces advierten que la defensa vuelve a plantear argumentos que ya fueron tratados en dos oportunidades, la última el viernes pasado por ese mismo tribunal.

Recuerdan el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que Pity cuenta con una reserva cognitiva suficiente para afrontar el juicio.

“El desarrollo del juicio no puede quedar supeditado a la voluntad del acusado”, señala el presidente del tribunal.

Los jueces responden, además, al planteo del defensor sobre supuestos hechos nuevos. Sostienen que, por el contrario, el propio Álvarez demostró durante la audiencia que puede manejarse en su vida diaria.

Destacan que, al ser interrogado por el tribunal, respondió sin dificultad los datos personales que se le solicitaron, manifestó comprender la imputación que se le formuló y dijo que declarará más adelante.

También remarcan que, cuando el defensor Javier Marino le pidió que prestara atención a lo que ocurría en la sala, Álvarez inmediatamente lo hizo y siguió el desarrollo de la audiencia.

“Es decir, no se trata de una imposibilidad”, sostienen los jueces. Agregan que en ningún momento se habló de un déficit de atención que le impidiera participar del juicio.

El TOC coincide con los argumentos del fiscal Sandro Abraldes y concluye que no existe ningún impedimento técnico o médico que justifique suspender el debate oral.

El defensor dice que Pity insiste en que el músico “no está presente”. “Lo único que podemos apreciar del señor Álvarez Congiu es que aparenta estar en un estado de somnoliencia o con los ojos cerrados”, indicó el presidente del Tribunal y pidió continuar con la audiencia.

Pity continúa de brazos cruzados con la cabeza hacia abajo. Parece estar dormido y roncando.

Las partes debaten si el juicio continúa o se suspende

El defensor insiste en que se suspenda la audiencia de debate y se realicen los estudios, que —según sostiene— no llevarían mucho tiempo, “capaz dos meses”.

“Le pido que tenga la inmensa amabilidad de tener paciencia porque habré de señalar una y otra vez que mi asistido no está presente”, señala. Se trata de un nuevo pedido para que se deje sin efecto el debate.

El juez corre traslado a la fiscalía. Habla el fiscal Sandro Abraldes: “Nuevamente, el señor defensor quiere obstruir el desarrollo del debate. El planteo ya está hecho, por más que lo quiera hacer pasar por un planteo nuevo”.

Abraldes dice que esa supuesta desconexión “no se verificó en el Kempes, ni el 1° de agosto en el Roxy, ni tampoco en la reciente entrevista que dio a la revista Rolling Stone”.

“La otra posibilidad es que al señor Pity Álvarez este juicio lo aburra. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio”, afirma el fiscal.

Abraldes agrega que Casación ya rechazó el recurso presentado por la defensa.

“Si el imputado no quiere asistir puede permanecer en otra sala. Evidentemente se trata de alguien que selectivamente elige en qué actos de la vida social participa y en qué actos no. El señor elige organizar recitales, se expresa en redes sociales y el señor defensor vuelve con la solicitud de suspensión cuando esto ya está resuelto”.

La fiscalía sostiene que el planteo “carece de sustento y de asidero” y solicita que se rechace y continúe la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

Habla Fernando Burlando y adhiere al planteo de la fiscalía.

El defensor de Pity pide suspender la audiencia

“El señor Álvarez no está presente. Yo lo he advertido. No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente. Es una disminución importante de su capacidad. Pido que se tenga presente esto. No quiero ser sobreabundante, ya lo he planteado. Pediría, si se puede, suspender o dejar sin efecto la audiencia”, declaró el defensor. Sentado a su lado, Pity está cruzado de brazos, como dormido.

“La petición principal es que se suspenda la audiencia”, dice Marino. Y sumó: “Si el Tribunal no hace lugar a ese planteo, ténganle paciencia”.

El defensor de Pity le hace algunas preguntas

Pity dice que no maneja dinero y que no se ocupa de la organización de sus shows.

“Tengo una cuenta de billetera virtual donde mi hermana me deposita dinero cuando lo necesito, cada dos o tres días, y solamente eso es lo que puedo usar. Alguna que otra compra que hago se la aviso a ella y ella me la paga por sus medios”, explica.

El defensor le pregunta si durante el día debe tomar varias medicaciones.

—Sí. Me hacen acordar. Creo que tomo algo para la hipertensión —responde.

Hace referencia a su amigo, el padre César, y a su hermana, quienes le recuerdan todos los días que debe tomar la medicación.

Finalizado el intercambio pide ir al baño.

“Voy a declarar más adelante”

Pity se pone de pie, toma agua y se sienta frente al tribunal. Lleva puesta una remera que dice: “Y si esperás vas a entender”, en referencia a su tema “Nunca quise”, de Intoxicados.

—Buen día —dice, mientras se acerca al micrófono. Esta vez no será para cantar.

El presidente del tribunal le indica que puede declarar o no. “Si usted decide no declarar, no hay problema. Puede hacerlo más adelante, las veces que lo crea conveniente para su defensa”.

Consultado sobre si iba a declarar, el músico respondió: “Más adelante”.

Cuando le preguntaron si recordaba su número de DNI, dijo que no. Tampoco supo decir su domicilio anterior; solo el actual. Tiene la voz ronca y carrapea.

—Mi profesión: en este momento, la música —contestó.

Al responder sobre su estado de salud, mencionó que padece hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera, por lo que toma medicación todos los días.

Luego fue consultado sobre consumos problemáticos.

—Tal vez sí —respondió cuando le preguntaron si padecía alguna adicción—. Muy adicto a la pasta base. Por decisión propia no consumo desde el 92. Coqueteo con la marihuana, pero nada más.

Tensión en la sala

Mientras el presidente del tribunal habla, Pity se tira contra el respaldo de la silla y extiende los brazos. Tira la cabeza para atrás y cierra los ojos, como si estuviera dormido. El defensor le toca el hombro y el músico levanta la cabeza.

Formulación de cargos

El juez Gustavo Goerner le habla a Pity Álvarez y le explica que le van a formular la acusación. Pity asiente: “De acuerdo”. Se quitó el gorro y los anteojos de sol.

Al músico se le atribuyen dos causas. La primera es de 2018 y es por el homicidio agravado de Cristian Maximiliano Díaz. La segunda corresponde a un hecho ocurrido en 2016 y es por probación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas a su mánager, Claudia Crespo, y a su amiga Florencia Batalla.

Mientras leen las imputaciones, Pity juega con su gorro y una birome. Tiene el mentón hacia afuera. Desde un rincón de la sala, Jacqueline, la hija de Díaz, mira hacia el suelo.

El juez pregunta si las partes tienen cuestiones que plantear. Todos dicen que no.

El doctor Javier Aldo Marino, defensor de Álvarez, se presenta y dice que, respecto de la segunda causa, solicita que se declare la extinción de la acción penal, por tratarse de una imputación de 2016 y por haber transcurrido el plazo máximo previsto. Sostiene que resulta innecesario e impertinente continuar el proceso porque la acción penal ya no se encontraría vigente. Solicita a los jueces que sobresean al acusado.

El fiscal Sandro Abraldes pide la palabra y explica que corresponde que Álvarez sea absuelto. Y detalló que se contactó a ambas víctimas y que ninguna quiso seguir adelante con el proceso.

Arrancó la audiencia

En el inicio del juicio contra el cantante, el presidente del tribunal Gustavo Goernes informó que no hay testigos citados para el día de hoy. Mientras los escuchaba, Pity garabateaba sobre una hoja con una birome.

Las partes ingresan a la sala

Están Fernando Burlando y Fabián Améndola junto a la segunda pareja de Díaz. A su lado está sentada Jacqueline, la hija de la víctima, junto a su madre, la primera pareja de Díaz. También está presente el manager del artista, Santiago Ruiz.

A las 10.50, los jueces del tribunal entran a la sala. Pity se puso de pie junto a su defensor. Uno de los jueces avisa que va a ingresar la prensa para tomar fotografías.

Pity lleva puesto un sombrero negro y anteojos de sol.

Pity Álvarez llegó a los tribunales

En medio de un caos, el músico arribó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10.30. “El Pity es inocente”, gritan los fanáticos desde afuera y hacia los medios de prensa presentes.

En la sala también está Jacqueline Díaz, hija de Cristian, junto a su madre y primera mujer de la víctima.

Llegó el fiscal Sandro Abraldes

Unos diez minutos más tarde se sumaron los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola junto a Verónica, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija.

La previa

En la puerta del edificio de Tribunales, periodistas, cámaras de televisión y un móvil de la Policía de la Ciudad esperan la llegada de Cristian “Pity” Álvarez. Entre ellos está Johana, de 32 años, que viajó desde La Matanza especialmente para apoyar al músico, a quien sigue desde que tenía 13. Con una gorra con el nombre del cantante y un buzo de Viejas Locas, mantiene la ilusión de poder verlo cuando ingrese al edificio.

Sería la cuarta vez que logra tenerlo cerca, aunque asegura que fue a casi todos sus recitales, incluidos los dos últimos shows en Córdoba y Rosario. Para ella, Pity debería continuar en libertad porque, según sostiene, “no estaba en su sano juicio” al momento del crimen.

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El juicio oral a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continuó este miércoles con la declaración de cuatro testigos: Verónica Elizabeth Román, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Agustina Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del complejo Samoré que escuchó las detonaciones y observó parte de la secuencia posterior.

La audiencia permitió reconstruir lo ocurrido antes y después del homicidio registrado el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

En la primera sesión, el tribunal negó la solicitud de la defensa para suspender el proceso y el músico, que se quedó dormido durante la audiencia, anunció que prestará declaración más adelante.

Cuarto intermedio hasta el viernes 14 a las 10

“Yo soy el más poronga del barrio”

Durante el contrainterrogatorio, el defensor Javier Marino pidió que se leyera un tramo de la declaración que Prieto Inbernoz había prestado en 2018, en la que afirmaba que Pity consumía pasta base y que “lo hacía todo el tiempo”. El testigo asintió.

Luego le preguntó qué le había contado Agustina sobre la discusión previa al homicidio. “Ella dijo que quería sacar a Pity de la discusión, pero ‘el otro muchacho’ no lo dejaba. Lo acosaba. No fue un minuto, fue como media hora. Ella siempre me dijo que fue mucho tiempo el hostigamiento de la otra persona”, respondió.

Consultado sobre si recordaba los insultos o agresiones que, según Agustina, le dirigía Cristian Díaz a Pity, el testigo respondió: “Ahora no recuerdo todo, pero lo escupía y le pegaba. Le buscaba la reacción, lo empujaba, lo prepoteaba. Le decía: ‘No tenés huevos. Pegame un tiro si tenés huevos’”, declaró.

También aseguró que Agustina le contó que un amigo de Díaz intentó retirarlo del lugar. “Ella dijo que había un amigo del muchacho que se lo quiso llevar, pero él no le daba bola. Decía: ‘Yo soy el más poronga del barrio’”, agregó.

A pedido de la defensa se leyó además un fragmento de la declaración que había prestado el testigo el 13 de julio de 2018, donde se consignaba que Díaz “le pegaba en la gorra” a Pity y luego “le dio un cabezazo”. Sin embargo, Prieto Inbernoz respondió que ya no recordaba esos detalles.

Al ser consultado por la relación que mantenía con el músico, describió el vínculo de confianza que tenían. “En mi casa se hacía lo que yo decía. Se hacían las cuatro comidas y eran cosas que él no estaba acostumbrado a hacer. A él le gustaba venir a casa. Cada vez que quería hacer sus cosas lo mandaba al taller: ‘Después subí’”, contó. Y concluyó: “A mí me hacía caso”.

“Me dijo: ‘Me quiero entregar’”

Durante el interrogatorio de Fernando Burlando, Prieto Inbernoz relató cómo comenzó a tomar conciencia de que lo que Pity le había contado en Pinar de Rocha era cierto. “Al principio no creí que fuera verdad. Uno no quería creer que había pasado algo así”, declaró.

En su relato, el testigo contó que, junto a la madre de Pity, regresó al barrio Samoré para verificar lo ocurrido. “Fuimos al lugar y no había nada. Una señora nos dijo: ‘¿Viste lo que pasó anoche?’. Me señaló el lugar y se veía una mancha de sangre. Ahí tomé conciencia de que había habido una muerte. Ahí me cayó la ficha”, recordó.

Según su testimonio, después volvió al auto y le dijo a la madre de Pity: “Me parece que es verdad”.

También relató el viaje que hizo junto a Pity después de salir de Pinar de Rocha. “Estaba medio paranoico. Me dijo que se quería entregar en la comisaría de General Paz. Cuando llegamos a Caseros, no me voy a olvidar nunca, pasando el bingo me dijo: ‘Me bajo acá. Yo acá me arreglo, vos andate’. Hice una o dos cuadras más y lo dejé en una esquina”, contó.

El testigo explicó que, tras escuchar el relato de su hijastra, decidió llevarla a una comisaría y luego ambos fueron citados por la fiscalía. Al reconstruir lo que Agustina le contó sobre el crimen, afirmó: “Cuando pasó el hecho se fueron rápido hacia el auto. Ella no quería subir y él le decía: ‘Te llevo donde está tu viejo’. Subieron, él le dio el arma y le pidió que la tirara. Después tiró una campera”, declaró.

Agregó que Agustina tardó en contarle todos los detalles porque estaba profundamente afectada. “Le tuve que sacar las cosas a cuenta gotas porque estaba en un estado de shock. Hasta ese momento no me había dicho lo del arma; eso me lo contó cuando vino la madre de Cristian a casa. Encima ya lo habíamos escuchado por televisión”, señaló.

Sobre el estado en que vio a Pity aquella madrugada, la querella le recordó una declaración que había prestado el 13 de julio de 2018, en la que había dicho que no lo había notado tan afectado por el consumo de drogas. “La vida de él era así. Si uno lo conocía, estaba todo el tiempo de esa forma (drogado). Para los demás podía parecer normal, pero quienes lo conocíamos sabíamos cómo era... Podía estar sin dormir muchos días”, respondió.

El padrastro de Agustina contó que Pity le dijo: “Maté a un chabón”

Comienza a declarar Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina, la joven que acompañaba a Pity Álvarez la noche del crimen. Dice que es amigo del músico desde hacía dos años en 2018, aunque aclara que hace tiempo no lo ve. También señala que no conocía a Cristian Díaz ni a Verónica Román.

Interrogado por el fiscal Sandro Abraldes, relata que aquella noche habían acordado encontrarse en Pinar de Rocha, donde tocaba Ulises Bueno. “Lo estaba esperando en Pinar de Rocha. Antes habíamos estado en su casa y vimos una noticia de que tocaba Ulises Bueno. Él me dijo que iba a pasar primero por su casa porque su perra había tenido cría y se fue con mi hija. El plan era encontrarnos en la puerta del boliche, como a la una de la mañana”, cuenta.

Al recordar el encuentro con Pity, asegura que el músico llegó apurado. “Me contó lo que había pasado y yo no le creí. Me dijo: ‘Maté a un chabón’. Seguimos caminando porque pensé que era una broma. Incluso vino una chica a sacarse una foto con él”, declara.

El testigo afirma que Álvarez se movía apurado. “Creo que era porque llegábamos tarde. Yo lo había llamado un montón de veces”, explica. Consultado sobre su estado, responde: “Estaba como siempre, drogado”.

Luego relata lo que le contó su hijastra, Agustina, cuando la encontró dentro del boliche. “Se levantó, me dijo eso y se desmayó. La saqué y nos fuimos. Me contó que, cuando salieron de la casa, un muchacho abordó a Pity y empezó a apurarlo con muchos agravios. Según mi hijastra, eso duró bastante tiempo. Después se desencadenó todo. Me dijo que sacó el arma y disparó”, afirma.

“Nunca imaginamos que podía llegar a hacer eso”

Durante el contrainterrogatorio, el defensor Javier Marino intentó establecer qué alcance tenía la visión del testigo desde su departamento y cuánto tiempo transcurrió hasta que bajó al lugar. Pedroso explicó que observó la escena desde un noveno piso. “Mirando por la ventana, en diagonal hacia la derecha, como para adentro del barrio”, precisó.

Según su relato, no pasaron más de cinco minutos entre el momento en que escuchó los disparos y descendió junto a su entonces pareja, Fanny, quien en ese momento era encargada del edificio. “Fue muy poco tiempo. Cuando bajamos estábamos prácticamente solos; después se empezó a acercar más gente”, declaró.

También aclaró que no conocía a Cristian Díaz. “No lo conocía. El tiempo que conviví con Fanny no estuve mucho en el edificio”, respondió.

Consultado sobre la relación de los vecinos con el músico, Pedroso aseguró que el trato era completamente normal. “Sí, se le acercaban, por supuesto. Pero generalmente los vecinos no éramos tan cholulos. Hablábamos con él como con cualquier persona. Nunca imaginamos que podía llegar a hacer eso. Alguna que otra vez, mientras fui chofer lo llevé con mi auto a ensayar. Se portaba bien”, sostuvo.

Finalmente, recordó que esa madrugada la iluminación era tenue y que hacía frío. “Creo que había un poco de neblina”, dijo. Sobre la llegada de la Policía, estimó que ocurrió poco después. “Calculo que unos 15 minutos. Fue poco el tiempo”, concluyó.

Mientras el testigo declaraba, Pity dibuja sobre una hoja con una birome.

El relato del vecino que llamó al 911

Durante el interrogatorio que le hizo Fernando Burlando, Marcelo Pedroso aportó más detalles sobre la secuencia de los disparos que escuchó desde su departamento. “Lo que tengo en la memoria es: ‘Pa, pa’... un pequeño intervalo... y ‘Pa’”, describió al reconstruir el momento del ataque. Acá hubo un contrapunto con respecto a su declaración inicial y, después de que se la leyeron, Pedroso dijo pudo haber sido un disparo primero y despues dos seguidos.

El testigo también recordó que, al asomarse por la ventana, alcanzó a ver el cuerpo de la víctima sobre la vereda. “Se veía que era sangre, un charco muy pequeño, a la altura del torso”, respondió cuando el fiscal le preguntó si había observado lesiones en el cuerpo de Díaz.

Pedroso contó además que conocía a Pity Álvarez por ser vecino del barrio Samoré y que solía cruzárselo con frecuencia. “A veces te lo podías encontrar en un maxiquiosco o en la calle. Siempre estaba muy tranquilo, no tenía problemas con la gente”, afirmó.

El vecino que escuchó los disparos: “Cuando la chica gritó ‘¿Qué hiciste, Cristian?’, supimos que era él”

Marcelo Pedroso, un vecino que vivía en la Torre 12 A del barrio Samoré, comenzó su declaración ante el tribunal. Contó que conocía a Pity Álvarez “del barrio”, aunque aclaró que actualmente ya no vive allí y que no conocía a la víctima, Cristian Díaz, ni a Verónica Román.

Interrogado por el fiscal Sandro Abraldes, explicó que la madrugada del 12 de julio de 2018 se encontraba en su departamento junto a su pareja, después de regresar de trabajar. “No fui testigo presencial. Llegué muy tarde de trabajar, estaba por cenar con mi pareja. Escuchamos los tiros, abrimos la ventana y la persiana corrediza. Miramos para abajo y vimos el cuerpo sobre la vereda y una pareja. Había una chica que estaba retirándose”, relató.

Según Pedroso, tanto él como su pareja sospecharon de inmediato que el hombre que se alejaba era Pity Álvarez. “Nos preguntamos: ‘¿Ese es el Pity?’. Por la forma de caminar pensamos que sí podía ser. Y enseguida lo confirmamos porque la chica gritó: ‘¿Qué hiciste, Cristian?’. Cuando escuchamos el nombre dijimos: ‘Es él’”, declaró.

El testigo recordó haber escuchado tres disparos, en una secuencia de “dos y uno”, y explicó que desde la ventana de su habitación tenía una vista directa al pasillo que separa ambas torres. “Desde ahí vimos todo, hasta el auto que estaba sobre la vereda y después se fue hacia la colectora”, afirmó.

Ante una consulta del fiscal, precisó que el vehículo salió “marcha atrás y con destino a la colectora”. También aclaró que nunca escuchó decir nada a Pity después de los disparos. “No. Ella estaba como shockeada”, respondió, en referencia a la mujer que acompañaba al músico.

Cuando Abraldes le preguntó por qué interpretó que la joven estaba en ese estado, Pedroso respondió: “Porque estaba gritando muy fuerte, muy sorprendida. ‘No, no, no...’”. Al explicar cómo reconoció a Álvarez, agregó: “Lo conozco del barrio, de verlo ir a ensayar”.

Mientras el testigo declaraba, “Pity” permanecía sentado en el banquillo, garabateando una hoja con una birome.

Antes de finalizar ese tramo de su relato, Pedroso agregó: “Llamamos al 911 prácticamente enseguida”.

“Estoy cansado, pero sigamos”, dijo el “Pity” al retomar la audiencia

Al retomar el debate, el presidente del tribunal se dirigió al Pity para explicarle que la audiencia se extendió más de lo previsto. Luego le preguntó si se encuentra en condiciones de continuar. “Estoy cansado, pero sigamos”, respondió el músico.

A continuación ingresó a declarar Marcelo Pedroso, vecino que escuchó los disparos la madrugada del 12 de julio de 2018.

Desde California, Agustina Inbernoz dijo no recordar detalles de la noche del crimen

Agustina Inbernoz declaró por Zoom desde California, Estados Unidos, y aseguró no recordar con precisión lo ocurrido la noche del crimen de Cristian Díaz. Incluso, cuando durante la audiencia le leyeron partes de la declaración que había brindado durante la instrucción, respondió que no recordaba algunas de aquellas afirmaciones.

La testigo sí sostuvo que Díaz fue a encarar a Pity Álvarez y a buscar pelea. Sin embargo, aseguró que cuando escuchó las detonaciones se dio vuelta y que, por ese motivo, no vio el momento de los disparos.

Inbernoz también reconoció que descartó el arma homicida en una alcantarilla de la autopista Dellepiane y confirmó que después se dirigió junto a Pity al boliche Pinar de Rocha. Al ser consultada sobre cuánto tiempo transcurrió durante toda esa secuencia, dijo no recordarlo.

“La gente manda”

“La gente manda”. Esa es la inscripción que lleva este miércoles la remera roja de Pity Álvarez, quien, a diferencia de la primera audiencia, se muestra más despierto y atento durante las declaraciones.

Cerca de una hora después de que Agustina Inbernoz comenzara a testificar, el músico pidió permiso para salir al baño. También llamó la atención otro detalle de su vestimenta: llegó al tribunal maquillado y con un guante con luces.

En diálogo con Infobae, Jacqueline Díaz, hija de la víctima, y Marita, hermana de Cristian, dicen que el músico utiliza su vestimenta para exponer mensajes durante el juicio. Recordaron que en la primera jornada había llevado una remera con la frase “Y si esperás vas a entender” y que también lo escucharon decirles a dos periodistas “Que Dios reparta suerte”.

Declara Agustina Inbernoz, pareja de Pity al momento del crimen

Por pedido de la testigo todos se retiran de la sala.

La defensa de “Pity” preguntó por el consumo de drogas de Cristian Díaz

Durante el interrogatorio de la defensa, Javier Marino buscó precisar cómo era la relación entre Cristian Díaz y su hija antes del crimen. Verónica Román explicó que la nena no veía a su padre por “cosas de pareja” y aclaró que no existía otro motivo. Recordó que la última vez que ella vio a Díaz fue en un parque, cuando su hija tenía tres años.

Marino también le preguntó específicamente si Díaz tenía problemas de consumo de sustancias durante los años en los que estuvieron juntos. “No, cuando estaba conmigo no”, respondió Román.

“Mi hija fue muy buscada y soñábamos con tener una familia”

Ante las preguntas de Fernando Burlando, Román reconstruyó cómo era su vida junto a Díaz. Contó que convivían en la casa de los padres de él y que ambos habían proyectado formar una familia. “Mi hija fue muy buscada y soñábamos con tener una familia”, recordó. Ella trabajaba mientras Díaz hacía changas ocasionales y tenía una moto. También explicó que se enteró del asesinato cuando se preparaba para ir a trabajar, a través de un mensaje de la mujer del hermano de su ex pareja.

La querella puso especialmente el foco en las consecuencias que tuvo el crimen para la hija de ambos. Román contó que después de la muerte de su padre la nena se aisló y llegó a buscar una referencia paterna en su abuelo. Desde entonces, aseguró, ella quedó a cargo de su manutención con la ayuda de sus padres y hermanos. “Yo soy el sustento de Mica. De todo me hago cargo yo”, dijo.

También explicó que durante años intentó protegerla de la exposición del caso, aunque ahora las redes sociales hacen que resulte más difícil: “Ya ve, ya escucha”. Con el inicio del juicio, agregó, su hija volvió a preguntarle por su padre y por las circunstancias de su muerte.

Comienza a declarar Verónica Román, madre de la segunda hija de Cristian Díaz

Durante el interrogatorio del fiscal Sandro Abraldes, Verónica Román contó que mantuvo una relación de varios años con Cristian Díaz y que tuvieron una hija en 2009, que actualmente tiene 16 años. Explicó que hacía cuatro o cinco años que no veía a su ex pareja cuando ocurrió el crimen y aseguró que, durante el tiempo que estuvieron juntos, nunca lo vio portar cuchillos ni armas. También se refirió a la relación entre Díaz y “Pity” Álvarez: “Sé que era vecino porque vivía ahí. Nunca los vi con un trato frecuente”, afirmó, y dijo desconocer que existieran conflictos previos entre ambos.

Román también relató el impacto que tuvo el asesinato en su hija, que entonces tenía ocho años. Contó que recibió asistencia psicológica y que el comienzo del juicio volvió a remover lo ocurrido. “Está triste”, señaló.

Según explicó, su hija comenzó a buscar información sobre el caso y a preguntarse “por qué pasó” y quién era la persona que había matado a su padre. Al ser consultada sobre qué espera del proceso, fue contundente: “Espero que se haga justicia por él. Lo que veo es que no hay arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, puede ir preso. A mi hija la dejó sin un padre”.

Se habla de los testigos

C.U.S. no pudo concurrir por una urgencia odontológica. “Un dolor de muelas”, explica el fiscal Sandro Abraldes en la sala. Declarará el viernes.

Luego continuarán con los otros cuatro testigos previstos para esta jornada.

El defensor Javier Marino plantea algunos recaudos respecto de una testigo que reside en Estados Unidos. En un primer momento se había previsto que declarara desde un consulado argentino, pero finalmente lo hará por videoconferencia. Para acreditar su identidad, deberá exhibir su DNI ante el tribunal.

La testigo también pidió no ver a Pity durante su declaración y que su imagen no sea exhibida mientras presta testimonio.

Llegaron los jueces del tribunal y “Pity” se reincoporó

“Lo que diga la Justicia”

Las partes ya están en la sala. Ingresan los medios para tomar imágenes. Mientras los fotógrafos trabajan, una periodista le preguntó a “Pity” si está filmando una serie y si tiene miedo de volver a la cárcel.

“No”, respondió sobre la supuesta serie. “Lo que diga la Justicia”.

En ese momento intervino la secretaria del tribunal: “Preguntas no, por favor”.

Minutos después, mientras las partes esperan el inicio de la audiencia, “Pity” vuelve a recostarse contra la pared y se queda dormido.

Llegó “Pity” Álvarez

Acompañado de su hermana, el músico llegó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Llegan las partes

El primero en llegar fue el fiscal Sandro Abraldes. Más tarde ingresó Fernando Burlando, representante de la familia de Cristian Díaz. Frente al tribunal también esperan el mánager de Pity, Santiago Ruiz, un familiar y su ex abogado Sebastián Queijeiro.

A diferencia del lunes, hoy se sumaron fanáticos del músico. Llegaron con una bandera con una frase de una canción de Intoxicados: “Abriste una puerta sin darte cuenta, era la última que te faltaba abrir”, un fragmento de “Del Mar”.

“Siempre hacemos juntadas por el ‘Pity’ desde que estuvo preso en Ezeiza”, contó una de las seguidoras que esperaba en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Expectativa por la llegada de “Pity” Álvarez

La segunda audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez comenzará este miércoles a las 10.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Desde temprano, periodistas, fotógrafos y camarógrafos esperan en la puerta del edificio de la calle Paraguay la llegada del músico. Al igual que el lunes, también está Johana, la fanática que viajó desde La Matanza para acompañar a su ídolo.

Para hoy está prevista la declaración de cinco testigos, entre ellos personas que estuvieron en la escena la noche del crimen de Cristian Maximiliano Díaz y cuyos relatos serán clave para reconstruir los momentos previos y posteriores a los disparos.

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Christian Silbergreit, un empresario vinculado a emprendimientos inmobiliarios y gastronómicos fue denunciado por una presunta estafa de USD 117.093,62. La supuesta víctima de la defraudación, lo acusa de haber recibido y administrado fondos de su propiedad bajo un esquema de “cuenta corriente” o “cuenta remunerada” desde 2019.

Según la presentación realizada ante la fiscalía en turno en la Justicia Nacional por los abogados Fernando Madeo Facente y Juan Pablo Madero Facente, quienes también intervienen en los casos Induplack y Autos Premium Pilar, Silbergreit ofrecía mantener el dinero disponible y pagar intereses sobre los saldos depositados.

La denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, enumera comprobantes de transferencias internacionales efectuadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025. Sin embargo, ese volumen de operaciones no equivale necesariamente al supuesto perjuicio final reclamado, ya que la denuncia fija el saldo adeudado en USD 117.093,62.

El escrito también refiere una entrega de aproximadamente USD 26.500 en efectivo en marzo de 2021. De acuerdo con el relato, el dinero habría sido acreditado en una cuenta administrada por el denunciado.

Entre los intercambios aportados como prueba, el denunciante sostiene que Silbergreit reconoció saldos y condiciones de remuneración. En noviembre de 2019, por ejemplo, habría informado que el capital quedaba depositado en una cuenta remunerada con una tasa anual del 12%.

En la denuncia se aporta como pruebas varias conversaciones, entre ellas, una de febrero de 2024, ante una consulta vinculada con el riesgo de los fondos que se encontraban en poder del denunciado. De acuerdo a la supuesta víctima, Silbergreit le respondió; “No querido está colocada adelantando bajadas de cable u operaciones diarias de billetes. Cero riesgo de colocaciones largas. Si necesitas que te firme algún mutuo o pagaré para que tengas algo firmado cero drama.”

La relación comercial, siempre según se extendió durante cerca de seis años. El texto menciona conversaciones en las que se habría hablado de tasas de hasta 24% anual y de la posibilidad de documentar la obligación mediante un mutuo o un pagaré.

El damnificado afirmó que, a comienzos de 2025, comenzó a solicitar la devolución de los fondos. Señaló que Silbergreit dejó de responder sus mensajes entre junio y agosto de ese año.

La denuncia plantea que los hechos podrían exceder un incumplimiento contractual, ya que el denunciante considera que existió un mecanismo para captar los fondos mediante engaño. También solicita ser tenido como parte querellante y afirma que habría otros damnificados por situaciones similares.

Denuncias previas

Antes de esta nueva denuncia, Silbergleit ya había sido acusado por más de 30 personas que dijeron haberle entregado sus ahorros a cambio de intereses en dólares.

Los damnificados denunciaron pérdidas por unos USD 12 millones en una causa que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 que investiga un posible esquema Ponzi, con fondos de nuevos inversores destinados al pago de intereses de compromisos anteriores. Los contratos, en su mayoría, se habrían firmado con la firma Auto Leasing y ofrecían retornos anuales de entre 9% y 15%.

La causa tuvo un sobreseimiento inicial que luego fue revocado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En otra causa, radicada en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro lo investigan por la entrega de US$210.000 a través de un depósito en su billetera virtual.

“Estuve triste, pero ahora no”. La frase la dijo Cristian “Pity” Álvarez pasadas las 15, cuando abandonó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 al término de la segunda audiencia del juicio en su contra. Fue una respuesta breve, casi al pasar, ante la pregunta de una cronista; pero sintetizó el cambio que mostró durante toda la jornada. Es que, a diferencia del lunes, cuando pasó buena parte de la audiencia dormido y su defensa volvió a insistir con que no estaba en condiciones de afrontar el debate, este martes se lo vio un poco más lúcido.

Tras su ingreso a la sala, el músico posó para las fotos levantando el pulgar, se quitó los anteojos oscuros y dejó ver un rostro semimaquillado. También llamaron la atención los guantes con luces y la remera roja que llevaba debajo de su campera, con la inscripción “La gente manda”, la misma frase que utilizó en su reciente entrevista con Rolling Stone para presentar el proyecto con el que planea volver a recorrer el país y tocar, según dijo, “en el lugar que elija la gente”.

Durante la audiencia el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados siguió las declaraciones de los primeros testigos garabateando con una birome en una hoja y, tras un cuarto intermedio, cuando el presidente del TOC N°29, Gustavo Goerner, le preguntó si estaba en condiciones de continuar, respondió: “Estoy cansado, pero sigamos”.

El único momento en que se mostró desganado fue durante la declaración por Zoom de su ex pareja, Agustina Inbernoz. Según pudo saber Infobae, casi una hora después del inicio de ese testimonio “Pity” comenzó a quedarse dormido y lo escoltaron hasta el baño para que se refrescara la cara antes de regresar a la sala.

En ese traslado el músico se cruzó con la familia de Cristian Díaz, que eligió darle la espalda. Jacqueline, hija de la víctima, y Marita, hermana de “El Gringo”, volvieron a cuestionar su actitud y sostuvieron que utiliza su vestimenta para enviar mensajes durante el juicio. Recordaron que en la primera audiencia llevó una remera con la frase “Y si esperás vas a entender” y que ese mismo día, al ingresar a los tribunales, dijo: “Que Dios reparta suerte”.

¿Qué declararon los testigos?

Durante más de cuatro horas, los magistrados Juan María Ramos Padilla, Gustavo Rodolfo Goerner y Hugo Daniel Navarro escucharon a los primeros cuatro testigos del juicio, quienes comenzaron a reconstruir la madrugada del 12 de julio de 2018 desde distintas perspectivas.

La primera en declarar fue Verónica Román, madre de la segunda hija de Cristian Díaz. La mujer describió el impacto que el crimen tuvo en la adolescente, que tenía ocho años cuando mataron a su padre, y reclamó una condena para el músico. “No veo que haya un arrepentimiento de lo que hizo. Es como que no le importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, también puede ir preso”, dijo.

Luego fue el turno de Alejandro Marcelo Pedroso, un vecino del barrio Samoré que aseguró haber escuchado los disparos desde su departamento. Frente a los jueces, el hombre contó que, al asomarse a la ventana, vio el cuerpo de Díaz tendido sobre la vereda y escuchó a la joven que acompañaba a “Pity” gritar: “¿Qué hiciste, Cristian?”. También recordó haber visto al músico alejarse en auto y afirmó que, hasta entonces, era un vecino más del barrio. “Nunca imaginamos que podía llegar a hacer eso”, declaró.

La tercera testigo fue Agustina Inbernoz, quien declaró por Zoom desde Estados Unidos. La joven, que en ese momento era pareja de “Pity” Álvarez, solicitó no ver al músico durante su testimonio. Por pedido suyo, los medios tampoco pudieron estar presentes en la sala. Según pudo saber Infobae, la chica contó que fue Cristian Díaz quien encaró a Álvarez y comenzó a provocarlo en busca de una pelea. Sin embargo, aclaró que cuando escuchó las detonaciones se dio vuelta y, por ese motivo, no vio el momento en que se efectuaron los disparos.

Inbernoz también admitió que, mientras escapaban del lugar, arrojó el arma homicida a una alcantarilla de la autopista Dellepiane por orden de “Pity”. Luego confirmó que ambos se dirigieron a Pinar de Rocha, aunque dijo no recordar cuánto tiempo transcurrió entre el crimen y la llegada al boliche.

El cierre de la jornada quedó en manos de Raúl Alberto Prieto Inbernoz, amigo de “Pity” y padrastro de Agustina. El hombre contó que el músico llegó al local bailable y le dijo: “Maté a un chabón”, aunque admitió que en ese momento creyó que se trataba de una broma.

También reprodujo el relato que le hizo su hijastra sobre la pelea previa al homicidio: según dijo, Díaz habría hostigado durante varios minutos a Álvarez con insultos, escupitajos, empujones y frases como “Pegame un tiro si tenés huevos” y “Yo soy el más poronga del barrio”.

Cierre de la segunda jornada

Pasadas las 15.20, la segunda audiencia llegó a su fin. Con dificultad para caminar por las secuelas de una operación de cadera, “Pity” abandonó el tribunal acompañado por su hermana, Silvina; dos primos; su mánager, Santiago Ruiz y su ex abogado, Sebastián Queijeiro. Antes de subir al auto rojo que lo esperaba sobre la calle Paraguay al 1500, una cronista le preguntó cómo se sentía. “Estuve triste, pero ahora no”, respondió sin detenerse. Luego cerró la puerta y se fue.

El debate continuará este viernes 14 a las 10, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 escuche, entre otras personas, a C.U.S., el amigo de Cristian Díaz que este martes no pudo declarar por una urgencia odontológica. Su testimonio será uno de los más importantes para reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento que terminó con la muerte de “El Gringo”.

El juicio a “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuó con una de las declaraciones más esperadas desde el comienzo del debate: C.U.S., el amigo que estaba junto a “El Gringo” la madrugada del 12 de julio de 2018 y que, según la reconstrucción judicial, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.

El testigo declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, a cargo del caso.

La fiscalía también escuchó a otros vecinos del barrio Samoré para testificar: Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo y Pablo Roberto Musumano.

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“Estoy tranquilo”: la palabra de “Pity” Álvarez tras la tercera audiencia

Al salir de la tercera audiencia del juicio, “Pity” Álvarez tuvo un breve contacto con la prensa y dijo sus primeras palabras públicamente desde el inicio del debate oral.

“El que da el veredicto es el que todo lo ve. Estoy tranquilo”, aseguró el músico antes de subirse a un auto.

El juicio continuará el miércoles que viene.

El testigo Pablo Robles, vecino del barrio Samoré, no se presentó a declarar

Declara Carla Collazo, encargada del edificio donde ocurrió el crimen

La mujer dijo que conocía a “Pity” y a Díaz de un “Hola y Chau”. Consultada por Sandro Abraldes, contó que aun vive en la portería de la torre 12B, en planta baja, desde donde presenció el hecho.

“Escuché disparos y salí al patio. Escuché que la gente gritaba que había una persona muerta en el piso. Agarré el celular, llamé a la Policía y me metí en mi casa otra vez”, relató. “Yo nunca supe que era Cristian Díaz”, agregó.

Sobre el músico, sostuvo: “Yo del señor Álvarez no tengo nada malo para decir. Siempre tuve buena relación con él. Nunca vi nada raro en el edificio, nunca vi violencia. No puedo decir nada malo de él porque siempre tuve buena relación”.

Respecto de Díaz, contó que también mantenía una relación de “hola y chau” con él porque era el padre de la hija de una amiga. “Para mí era buena persona. Nunca lo vi en nada raro como para decir que andaba en cosas raras”, aseguró. Además, dijo no conocer ningún incidente previo entre Díaz y Álvarez.

Consultada por el defensor Javier Marino sobre cómo era la relación de Pity con la gente cuando caminaba por el barrio, respondió: “Saludaba, no tenía mala relación con la gente”.

Al preguntarle si había personas que se acercaran a pedirle cosas, contestó: “Yo no veía que vinieran a molestarlo en las horas de mi trabajo”.

También recordó que en aquella época la iluminación del lugar no era buena y que esa madrugada hacía frío. “El barrio siempre fue seguro, no hay problemas”, afirmó.

Por último, le preguntaron si había algún sector donde la gente soliera reunirse a tomar alcohol o consumir drogas. “Sí, en la parte de los banquitos, siempre hay gente ahí”, respondió.

Declara Laura Bellizi, vecina del barrio Samoré

Consultada por el presidente del tribunal, la testigo contó que al momento del hecho conocía tanto a “Pity” como a Díaz y que actualmente continúa viviendo en el barrio Samoré.

Interrogada por el fiscal Sandro Abraldes, recordó que la noche del crimen estaba en su habitación cuando escuchó disparos. “Me asomé a la ventana y escuché a una mujer que gritaba: ‘Se está muriendo, ayúdenlo’. Enseguida llamé a la Policía y al 911. Avisé que estaban yéndose para la avenida. Yo vi a dos masculinos, pero no los reconocí”, relató.

El defensor Javier Marino le preguntó cómo era su trato con “Pity”. “Muy bueno”, respondió. Y agregó: “Nunca escuché quejas, por lo menos en la torre del edificio 12”.

Marino también quiso saber cómo reaccionaban los vecinos cuando Álvarez caminaba por el barrio. “Me ha pasado de estar paseando al perro, verlo bajar de un remise y apurarse a venir a hablar para que no lo molestaran. Muchas veces las personas se acercaban a pedirle cosas. Lo que sea”, contó.

Mientras la testigo declaraba, “Pity” salió de la sala para ir al baño. Al regresar, tomó asiento, se secó la lengua con una servilleta y después comenzó a garabatear sobre una hoja.

La defensa también le consultó por Cristian Díaz. Bellizi dijo que solía verlo en el lugar junto a otras personas del barrio y también en el sector de la Glorieta, “donde las personas se juntaban a drogarse”.

Por último, el fiscal Sandro Abraldes le leyó parte de la declaración que la mujer había realizado el 12 de julio de 2018 e hizo hincapié en su llamado al 911 y en la cantidad de disparos que había dicho haber escuchado. La testigo respondió: “La verdad es que no me acuerdo porque pasó mucho tiempo”.

Declara Fanny Valdivia, vecina del barrio Samoré

“Conozco a ‘Pity’ Álvarez del barrio”, dijo la mujer. La testigo es de nacionalidad peruana y continúa viviendo en el barrio Samoré. Al momento del crimen, vivía en el noveno piso de la torre 12A. La noche del homicidio llamó al 911.

Contó que esa madrugada estaba cenando en el living cuando escuchó gritos. “Cuando estaba a punto de llegar a la ventana escuché gritos. Me asomé y vi a una persona tirada en el piso, a la que no reconocí, y a dos personas más. Una chica que gritaba: ‘¿Qué hiciste, Cristian?’. A la otra persona la reconocí: era ‘Pity’. Después se subieron a un auto que estaba sobre la vereda”, recordó. La mujer explicó que llamó al 911 “por una persona que estaba caída”.

Ante la consulta de Fernando Burlando, contó que trabajó como encargada durante 21 años en el barrio Samoré. “‘Pity’ era mi vecino, hemos conversado de música, de mi país. Teníamos una buena relación de vecinos. Siempre fue respetuoso conmigo. Tampoco es que andaba mucho él en el barrio. Andaba de gira”, describió.

Sobre Díaz, dijo que solía verlo sentado en los bancos y que sabía que tenía una hija que vivía en el lugar, pero aclaró que con él no intercambiaba “ni el saludo”.

Consultada por la defensa sobre las condiciones del lugar, y a diferencia del testigo anterior, la mujer aseguró que la iluminación era mala. “Como cuando las lámparas se están apagando”, comparó.

Javier Marino también le preguntó por la relación de Álvarez con los vecinos. “Los pibes del barrio le pedían cosas, le tocaban el portero. Uno lo veía como que eran cosas de artista, pero siempre estaban por ahí detrás”, contó.

Y siguió: “Todos sabemos que ‘Pity’ consumía y los chicos iban a molestarlo y han llegado a subir hasta su departamento. No sé qué le pedían, pero iban constantemente. Una vez me parece que tuvo un intercambio con un chico de mi torre”. También contó que a veces hablaba con la encargada de su entrada o con vecinas de la torre C y agregó: “Sé por otras personas que ayudaba en comedores”.

Por último, la testigo aseguró que nunca vio a Álvarez tomando bebidas alcohólicas ni consumiendo sustancias.

Declara Pablo Musumano, vecino del barrio Samoré

El testigo es arquitecto y al momento del crimen vivía en el octavo piso de la torre 11 A. “Estaba en mi cuarto. Escuché disparos. No recuerdo bien, creo que fueron cuatro. Primero uno y después una ráfaga de tres más, con un espacio. Después escuché una voz femenina pidiendo ayuda. Salí de mi cuarto, fui al living y llamé al 911”, declaró.

Consultado por la defensa acerca de cómo era el barrio Samoré en materia de seguridad en aquel momento, respondió: “A mí nunca me pasó nada, pero alguna vez puede haber habido algún suceso de robo, como en muchos barrios de la Capital Federal”.

También dijo que no veía con frecuencia a Álvarez. “¿Nunca lo cruzó?”, le preguntaron. “Sí, lo vi alguna vez, no recuerdo”, respondió. La defensa quiso saber si alguna vez había presenciado algún episodio protagonizado por el músico que le llamara la atención y el testigo dijo que no.

Por último, al ser consultado sobre cómo era la iluminación del barrio en aquella época, respondió: “Me parecía bien”.

Declara Liliana Díaz, pareja de Cristian Díaz al momento del crimen

“Estuvimos juntos ocho años. Convivíamos en Villa Fiorito”, dijo y contó que conocía de vista a “Pity”. Interrogada por el fiscal Sandro Abraldes sobre el día del crimen, la mujer recordó que había hablado con Díaz horas antes.

“Yo hablé con él ese mismo día al mediodía. Me dijo que le iba a llevar plata a Jacqueline, su hija, que se iba para Samoré”, reconstruyó. Y siguió: “Él me mandó un mensaje, pero yo lo vi después, cuando me enteré de lo sucedido. El mensaje decía que iba para casa, que le dejara la llave afuera”.

Consultada acerca del estado de Díaz durante los días previos al crimen, la mujer dijo que no había advertido ningún nerviosismo. “La noche anterior nos sentamos, cenamos, hablamos de la familia. No sospeché ni me dijo nada. Nunca me dijo nada de ‘Pity’”, contó.

Sobre el momento en que se enteró de su muerte, sostuvo que “fue un shock”. “Jamás me hubiese imaginado que podía pasar algo así. Jamás. Me enteré porque me llamó su hermana. Yo estaba durmiendo”, relató.

Además, contó que Díaz tomaba alcohol y consumía drogas, aunque no pudo precisar qué sustancias ni desde cuándo lo hacía.

C.U.S. declaró durante alrededor de una hora y media

Según pudo saber Infobae, el testigo logró reconstruir con bastante precisión la secuencia previa al crimen. Contó que esa madrugada estaba hablando y tomando algo con Díaz cuando vieron al músico. Fue entonces cuando “El Gringo” le dijo: “Esperame que voy a hablar con ‘Pity’”.

C.U.S. permaneció inicialmente a cierta distancia, pero cuando advirtió que la conversación comenzaba a subir de tono se acercó para intentar separarlos. Luego volvió a alejarse. Sin embargo, la discusión continuó y decidió intervenir nuevamente. Según relató, Díaz y Álvarez terminaron cara a cara y “El Gringo” hizo un gesto como si fuera a darle un cabezazo al músico, apyándole la cabeza en el hombro.

Fue entonces cuando Álvarez sacó el arma y efectuó un primer disparo que, según recordó el testigo, impactó “creo que en el ojo” de Díaz. La víctima cayó de espaldas y, siempre de acuerdo con su relato, Pity le disparó otras tres veces. C.U.S. contó que, tras presenciar la escena, se alejó del lugar por miedo.

Tras finalizar su declaración, el testigo se retiró y Álvarez regresó a la sala. En ese momento, el tribunal pidió “que el acusado se saque la gorra”.

Declara el amigo de la víctima, que presenció la discusión y el crimen

C.U.S. declara desde hace cerca de una hora ante los jueves del TOC N° 29. El amigo de Cristian Díaz, considerado uno de los testigos clave para reconstruir los momentos previos al crimen, pidió hacerlo sin la presencia de la prensa y sin “Pity” Álvarez dentro de la sala. Por ese motivo, su testimonio es en una sala contigua donde solo puede ver a los magitrados y a los integrantes de la fiscalía y la querella. Al músico se lo ubicó en otro espacio con auriculares para que pueda escucharlo.

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Se habla de los testigos

Antes de comenzar con las declaraciones, se discutieron las condiciones en las que prestará testimonio C.U.S., uno de los testigos presenciales más esperados de esta jornada. El amigo de Cristian Díaz pidió declarar sin la presencia de la prensa y sin “Pity” Álvarez dentro de la sala. Mientras el presidente del tribunal explica que se trasladarán a la sala contigua para tomarle declaración al testigo, “Pity” permanece sentado en su lugar. Con una lupa, observa detenidamente una hoja mientras toma un café y come una medialuna.

Arrancó la audiencia

“Pity” Álvarez ya está en los tribunales

El músico llegó al palacio judicial pasadas las 10.30 de la mañana. En los próximos minutos se reanudará el debate oral con la declaración del primer testigo del día.

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El impactante ataque quedó filmado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes fueron clave para que la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara, titular de la UFI de Menores N° 7 de Lomas de Zamora, inicie una investigación de oficio para esclarecer el caso.

Según pudo confirmar Infobae a partir de fuentes judiciales, el menor, quien al momento del ataque vestía el uniforme del Colegio San Francisco Javier, atacó al animal a las 16:30, cuando circulaba por la calle Florencio Varela al 300

De acuerdo a lo que muestra el video que encabeza esta nota, el estudiante observó que el gato descansaba sobre la vereda, a la luz del sol, y se acercó para, en principio, amigablemente.

Sin embargo, tras acariciarlo por unos segundos, el adolescente miró hacia distintos lados para corroborar que no hubiera testigos cerca y actuó con total impunidad.

De un momento a otro, dejó de lado su supuesto cariño por el animal y le propinó un impresionante pisotón al gato en la cabeza, que, mal herido, pudo escapar del lugar.

Con total desprecio por la salud de la mascota, el chico escapó a pie y sin exhibir ningún tipo de remordimiento.

Al observar las imágenes del ataque en las redes sociales, las autoridades del establecimiento educativo al que asiste el menor emitieron un comunicado en el que repudiaron toda forma de maltrato y violencia hacia los animales.

“Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida”, destaca el mensaje que el Colegio San Francisco Javier de Temperley difundió en sus redes sociales.

Ante la viralización del hecho, fuentes judiciales confirmaron a este medio que la UFI N°7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora ya trabaja para dar con el responsable y determinar las circunstancias en las que ocurrió la salvaje agresión.

Según consigna el medio SM Noticias, una vecina quedó al cuidado del gato, que no presentaría lesiones aparentes y permanece dentro del domicilio por seguridad.

“Pity” Álvarez llegó esta mañana, cerca de las 10.30, a la sede judicial de Paraguay al 1500, donde desde hace una semana se desarrolla el juicio en su contra. Bajó del auto con una llamativa campera deportiva violeta y amarilla, un piluso beige y los anteojos de sol sobre la frente. Los cronistas que lo esperaban intentaron abordarlo, pero el músico no respondió preguntas. En cambio, sacó unas estampitas de San Francisco de Asís y comenzó a repartirlas entre los periodistas antes de ingresar al edificio.

Pero la de este miércoles no sería una audiencia más. Puertas adentro se terminó de concretar una decisión que cambió el rumbo de la jornada: el músico resolvió reemplazar a los tres defensores oficiales que lo representaban desde el inicio del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y, en su lugar, designar a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro.

Como sucede desde que inició el debate, Álvarez llegó acompañado por su manager, Santiago Ruiz, y su hermana Silvina. Subió al segundo piso del edificio y allí formalizó la designación de su nueva defensa. Al momento de rubricar el acta escribió “Viejas Locas”, el nombre de la banda que lideró.

El desembarco de los letrados vino acompañado de un pedido de tiempo para estudiar el expediente. Ante ese escenario, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, Gustavo Goerner, decidió suspender la audiencia de este miércoles, en la que estaba prevista la declaración de cuatro policías, y fijó la reanudación del debate para el próximo 26 de agosto.

Cómo se gestó el cambio de abogados

Hasta el día anterior, el escenario era otro. Según pudo saber Infobae, el entorno de “Pity” trabajaba para convencerlo de que asistiera a la audiencia, a la que él mismo había anticipado que no iría. Al mismo tiempo, evaluaba nuevas fechas para volver a tocar en vivo.

El “volantazo” tomó por sorpresa a las partes. La familia de Díaz se enteró del cambio en Tribunales. Según pudo reconstruir Infobae, cuando le comunicaron que la audiencia quedaba suspendida, Marita, hermana de la víctima, largó una carcajada. Dijo que, de alguna manera, lo intuía: había advertido la presencia de Sebastián Queijeiro en las audiencias anteriores.

La madre de la segunda hija de Cristian Díaz, Verónica Román, en tanto, expresó su malestar. “Entiendo que el debate sigue adelante, pero igual da un poco de bronca. Da la sensación de que para ellos es como un juego. No se dan cuenta de que del otro lado hay familias”, sostuvo en diálogo con este medio.

La querella también fue notificada de la decisión esta mañana.

Más allá de la sorpresa que provocó el recambio, Álvarez tiene derecho a elegir abogados particulares de su confianza. Hasta ahora estaba representado por los defensores oficiales Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín, quienes ya no seguirán en el caso, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

La primera consecuencia concreta del cambio fue la suspensión de la audiencia de este miércoles. Pero, según anticiparon los nuevos abogados ante los medios, esa será apenas la primera de las discusiones que pretenden abrir.

Los próximos pasos de la nueva defensa

La estrategia que anticiparon Baños y Queijeiro tiene tres etapas: primero, contar con tiempo para estudiar el expediente; luego, pedir una nueva evaluación psicofísica de Álvarez para determinar si está en condiciones de afrontar el debate; y, finalmente, plantear la nulidad del juicio por no realizarse ante un jurado popular.

La capacidad de Álvarez para afrontar el proceso fue uno de los principales obstáculos que demoraron durante años la llegada al debate oral. Una fuente vinculada al proceso describió a Infobae el clima que existe ahora en el tribunal: “El TOC ya está cansado de esperar para el juicio. Durante dos años estuvo aguardando las pericias por la presunta incapacidad de él”.

La misma fuente consideró que la exposición pública que tuvo el músico antes del inicio del debate pudo haber jugado en contra de esa postura. “Quizás si no hubiera levantado el perfil... Fue una mala decisión retomar con los shows”, evaluó.

La nueva defensa, sin embargo, volverá sobre el tema. “Por lo que yo escucho en los medios, por lo que pude ver y por lo que pude investigar, estando afuera del expediente, me parece que es una locura que se esté llevando adelante este juicio porque ‘Pity’ no entiende nada, se queda dormido en el medio de la audiencia. Claramente no está en condiciones”, sostuvo Baños.

El abogado reconoció, sin embargo, que acaba de asumir y todavía debe estudiar las actuaciones. Su análisis, aclaró, se basa hasta el momento en la información a la que pudo acceder desde afuera del expediente.

El tercer frente apunta directamente a la validez del proceso: Baños y Queijeiro anticiparon que pedirán la nulidad porque Álvarez no está siendo juzgado por un jurado popular. Y adelantaron que, ante eventuales rechazos, están dispuestos a llevar la discusión a instancias superiores: “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”.

¿Pity Álvarez podría ser juzgado por un jurado popular?

El planteo que anticipó la nueva defensa tiene una particularidad: el juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional, pero actualmente no existe un régimen de ese tipo aplicable al proceso que se desarrolla contra Álvarez ante el TOC N° 29.

“En el ámbito nacional aún no se aplica el juicio por jurados. En el caso del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires no hay reglamentación para esta figura legal en el Código Procesal Penal de la Nación”, explicó a Infobae Alejandro Díaz, integrante del equipo de Fernando Burlando que representa a la querella.

Es justamente esa falta de implementación la que cuestionarán los nuevos abogados del músico. “Existe una mala Justicia geográfica, no existe la igualdad en los procesos. Es según dónde ‘caigas’”, sostuvo Queijeiro.

Baños, por su parte, anticipó que buscará convertir esa discusión en un planteo de nulidad del juicio. “El juicio debería realizarse según los términos estrictamente constitucionales, es decir, por jurados. Si el Estado no regularizó esta situación, exigida por la Constitución y los tratados internacionales, y que ya adoptaron todas las provincias, no es responsabilidad de ‘Pity’”, argumentó.

La batería de planteos que anticipó la nueva defensa genera, sin embargo, otra lectura entre algunas de las partes del proceso: un intento por frenar el avance del debate.

Según pudo saber Infobae, esa interpretación es compartida por algunos de los actores que intervienen en el juicio, que no ven con buenos ojos la situación y consideran que puede transmitir un mal mensaje sobre la capacidad de un acusado con recursos económicos para incidir en los tiempos del proceso.

Por ahora, el próximo paso tiene fecha: miércoles 26 de agosto.

La cuarta audiencia del juicio a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz estuvo marcada por los planteos de su nueva defensa, el rechazo del tribunal y la declaración de cuatro policías que intervinieron en la investigación del crimen.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro desplegaron una serie de cuestionamientos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, entre ellos el pedido de suspender el debate por el estado de salud del músico y el reclamo para que sea juzgado por un jurado popular.

También presentaron un nuevo informe médico que puso el foco en los episodios de somnolencia de Álvarez. El TOC rechazó los planteos y dispuso que el juicio continuara.

Cuarto intermedio hasta el miércoles 2 de septiembre a las 10 am

Declararon cuatro policías que intervinieron tras el crimen

Luego de que “Pity” Álvarez se retirara de la sala, declararon cuatro policías que participaron de las primeras actuaciones y de la investigación posterior al homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Sus testimonios reconstruyeron desde la llegada de los primeros móviles al barrio Samoré hasta la búsqueda del músico durante las horas posteriores al crimen.

Facundo Enrique Iribas, que entonces era oficial primero, recordó que al llegar encontró a Díaz tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre y con lesiones visibles en el rostro. También dijo haber visto vainas y contó que una persona que estaba en el lugar le relató que la víctima había discutido con Álvarez, que hubo un empujón y que el músico disparó y continuó haciéndolo una vez que Díaz cayó.

Iribas también se refirió al hallazgo de una pistola en una alcantarilla, cerca de una parada de colectivos sobre Dellepiane, luego de que una persona alertara al 911 que había visto a alguien descartar un objeto. Aclaró que en ese momento no pudo establecerse una conexión entre el arma y el homicidio.

Los oficiales Félix Ibarra y Esteban Fernández también declararon sobre las actuaciones de aquella madrugada. Ibarra recordó que acudieron al barrio por un alerta por disparos de arma de fuego y habló del hallazgo de una pistola cerca de una parada de colectivos, aunque no pudo precisar varios detalles del procedimiento. Fernández, en tanto, aclaró que no vio ni habló con Álvarez aquella noche y que supo que era señalado como sospechoso por lo que manifestaban los testigos.

El testimonio más extenso fue el de Lisandro Suazo, por entonces integrante de la División Homicidios, quien intervino en la búsqueda del acusado. Contó que analizaron cámaras, realizaron allanamientos y relevaron posibles lugares donde podía encontrarse. Uno de los elementos que siguieron fue un Polo verde atribuido al músico, que tenía una luz defectuosa y quedó registrado por cámaras durante aquella madrugada. Suazo también enumeró distintos elementos secuestrados en el departamento de Álvarez, entre ellos “jeringas” y “papeles para envolver sustancias” y recordó que, pese a las diligencias realizadas, no lograron encontrarlo: “Recorrimos muchos lugares, pero no dimos con él”.

Finalmente, horas después, el músico se presentó ante las autoridades.

/sociedad/policiales/2026/08/26/pity-alvarez-se-duerme-o-se-hace-el-dormido-que-dicen-sus-antecedentes-medicos-y-el-informe-que-rechazo-el-tribunal/

“Pity” se retiró de la sala de audiencias

A pedido de su abogado, Sebastián Queijeiro, porque “transcurrieron las tres horas reglamentadas” el músico se retiró de la sala y saludó al Tribunal. “Chau. Muchas gracias”, dijo.

Una vez en la calle, antes de subir al vehículo que lo dejaría en su domicilio, el músico habló ante los medios y dijo que estaba satisfecho con su nueva defena. “La verdad que no sé, no entiendo mucho”, agregó.

Se debate la fecha de la próxima audiencia

La defensa de Álvarez solcita que se escuchen los testigos de la fecha y que la semana próxima el debate se retome el miércoles. El presidente del Tribunal lo consulta con el resto de las partes. La Fiscalía se opone. La querella sostiene que “no tiene reparo”. Gustavo Groener dice de retomar el lunes y que sean menos testigos, pero al final acepta el pedido y la próxima audiencia retomará el miércoles 2 de septiembre.

Retoma la audiencia

Cuarto intermedio de 10 minutos

El tribunal rechazó todos los planteos y ordenó continuar con el juicio

Tras escuchar a la defensa, la Fiscalía y la querella, el TOC N°29 rechazó todos los planteos formulados por los nuevos abogados de “Pity” Álvarez y resolvió continuar con el juicio.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, comenzó por el pedido para que el músico sea juzgado por un jurado popular. Coincidió con la postura de la Fiscalía y señaló una cuestión que consideró central: el delito de homicidio todavía no fue transferido a la competencia de la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, sostuvo que los jueces nacionales continúan siendo los jueces naturales de la causa. “El juez natural resulta, sea cual sea la fecha, los tribunales nacionales”, afirmó.

Luego abordó el planteo sobre la capacidad actual de Álvarez para afrontar el juicio. Recordó que el tribunal ya se pronunció sobre la cuestión el pasado 7 de agosto (tres días antes de que comenzara el debate) y anticipó que no volvería sobre aquella decisión. “Fácil resulta advertir que una nueva solicitud resulta improcedente y debe ser rechazada”, señaló.

El juez destacó, además, que durante el debate Álvarez pudo mantener contacto con su defensor y respondió cuando el tribunal le llamó la atención. También recordó que se le permitió ingerir alimentos durante las audiencias debido a su diabetes.

A su vez, Goerner remarcó que el objeto del juicio es determinar la responsabilidad de Álvarez por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz y no volver a discutir una cuestión sobre la que el tribunal ya se pronunció.

El cuerpo también rechazó volver a convocar a Agustina Inbernoz y C.U.S., como había solicitado la nueva defensa.

Mientras el juez desarrollaba estos argumentos, Álvarez volvió a quedarse dormido por momentos. En otros pasajes se desperezó y permaneció apoyado contra la pared con los brazos extendidos.

Los otros integrantes del tribunal, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, adhirieron.

El tribunal delibera

La querella adhirió a la Fiscalía, pero con una salvedad

Luego tomó la palabra Fabián Améndola, quien este miércoles interviene en representación de la querella. El abogado adhirió a los argumentos expuestos por el fiscal Sandro Abraldes y pidió que el juicio continúe. “Cuando asistimos a la querella, la asistimos hasta el final. Y el final no es este”, sostuvo Améndola.

A diferencia de la Fiscalía, el letrado solicitó que el nuevo informe presentado por la defensa sobre el estado de salud de Álvarez sea remitido al Cuerpo Médico Forense, con el objetivo de que sea analizado y evitar eventuales planteos de nulidad en el futuro.

“Ahí no se hace el dormido”

El fiscal también se opuso al pedido para volver a discutir la capacidad de Álvarez para afrontar el juicio y cuestionó con dureza la escena que se produjo durante la audiencia, cuando el músico se quedó dormido y roncaba mientras su abogado exponía.

Abraldes habló de un “intento sobreactuado del imputado y su defensor” a partir de un nuevo planteo sobre su presunta incapacidad y recordó que la cuestión ya fue evaluada anteriormente. Según sostuvo, Álvarez presenta una “capacidad selectiva”. Para fundamentar su posición, el fiscal hizo referencia a un video publicado apenas once horas antes en la cuenta oficial de Instagram del músico. “Se lo ve lúcido, despierto, cantando y alude concretamente a la cancelación de shows a causa de este juicio”, señaló. La publicación fue acompañada por la frase “La gente manda”, la misma que se lee en la remera que lleva puesta en la jornada de hoy.

“Ahí no se hace el dormido”, lanzó Abraldes. Según describió, en la grabación Álvarez habla “con claridad”, con un lenguaje “suelto y expresivo”. El fiscal contrapuso esas imágenes con el comportamiento del músico dentro de la sala y volvió a cuestionar lo que definió como un “show” que se pretende construir durante la audiencia.

En ese contexto, pidió rechazar el informe presentado por el perito de parte Rafael Herrera Milano y se opuso a que el especialista sea escuchado por el tribunal.

Abraldes también respondió al pedido para volver a convocar a testigos. Sostuvo que el posterior cambio de abogados no convierte en indefensión lo actuado por la defensa anterior y pidió mantener “incólumes” los actos ya cumplidos. Sobre las declaraciones cuestionadas por Baños, afirmó que pudieron seguirse mediante audio y video, que fueron controladas por todas las partes y que tanto la defensa como las acusaciones tuvieron oportunidad de preguntar y repreguntar.

Finalmente, la Fiscalía pidió rechazar los cuatro planteos formulados por la nueva defensa y continuar con el juicio.

“‘Pity’ y su defensa no quieren este juicio”

Tras la exposición de Baños, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, le dio la palabra al fiscal Sandro Abraldes, quien respondió con dureza a los planteos de la nueva defensa. “Es claro que ‘Pity’ y su defensa no quieren este juicio, no quieren estar sometidos a este juicio. Cuando planteos han podido hacer, los hicieron. Y los seguirán haciendo”, comenzó.

El fiscal también se refirió a la demora con la que comenzó la audiencia y al comportamiento de Álvarez dentro de la sala. “La audiencia de hoy empezó una hora después porque el señor Álvarez no es capaz de estar a horario. Decide no estarlo. Si quiere dormir, comer facturas o hacer un show de fotografía, esta sala de audiencias no es el lugar”, lanzó. Y agregó: “La Fiscalía no va a ser complaciente con el show que propone en este espacio institucional, que debe ser respetado en las formas, los modos y el contenido”.

Abraldes recordó además que Álvarez puede decidir no permanecer en la sala durante lo que resta del debate y quedar representado por sus abogados. “Ya no es necesario que esté acá si no quiere. Si va a permanecer acá, seremos más rigurosos. Es un ciudadano más en este tribunal y goza de las mismas garantías que gozan los ciudadanos que pasan por esta sala de juicios”, advirtió.

Acto seguido, rechazó el planteo por el juicio por jurados.

Una vez más, la defensa pidió suspender el juicio

Baños continuó con una serie de planteos y volvió sobre el eje central de la estrategia de la nueva defensa: pidió suspender el juicio hasta que cese la presunta incapacidad de Álvarez para afrontar el proceso. También reclamó al TOC N°29 que analice el informe médico presentado este miércoles. “No estamos pidiendo una simple concesión, sino un juicio válido”, sostuvo el abogado.

Hacia el final de su exposición, Baños volvió sobre el reclamo para que el caso sea juzgado por un jurado popular y se dirigió directamente a los integrantes del tribunal. “Con perdón de vuestras excelencias, y me dirijo con todo respeto al tribunal: más temprano o más tarde saben que el juicio por jurados se va a imponer en CABA, como se está imponiendo en todo el país. En ustedes está ser los magistrados que cumplan con esta gravísima deuda constitucional o pasar al anonimato de la mayoría que fomentó la vulneración de este mandato constitucional”, cerró.

Cuarto planteo: la defensa cuestionó dos declaraciones testimoniales

El cuarto planteo de Baños apuntó contra las condiciones en las que se produjo parte de la prueba testimonial durante las tres audiencias anteriores. El abogado hizo especial hincapié en las declaraciones de Agustina Inbernoz, la novia de “Pity” al momento del hecho y C.U.S., el amigo de Cristian Maximiliano Díaz que presenció el crimen, y pidió que ambos vuelvan a comparecer ante el tribunal.

Respecto de Inbernoz, Baños cuestionó que durante buena parte de su declaración no se hubiera transmitido su imagen, pese a que compareció de manera remota. “Advertimos que no se habría reflejado la imagen mientras se producía la declaración. Esto implica una imposibilidad real de confrontar esa declaración con la realidad”, sostuvo.

También señaló que la testigo manifestó en distintas oportunidades no recordar aspectos sustanciales y consideró que sus dichos no pudieron ser sometidos adecuadamente al interrogatorio de la defensa. “Nadie podía verla hasta que en un momento se prendió la cámara”, afirmó.

Baños remarcó además que la declaración se extendió durante aproximadamente una hora y media y que, mientras las partes pudieron seguirla, Álvarez permaneció en una sala separada y no pudo presenciarla.

La defensa pidió, por esos motivos, la nulidad de lo actuado y que Inbernoz vuelva a declarar. También solicitó una nueva convocatoria de C.U.S. con el objetivo de confrontarlo con declaraciones anteriores.

Mientras Baños continuaba con su exposición, el mánager del músico, Santiago Ruiz, y su hermana le acercaron un café.

Tercer pedido de nulidad: la capacidad actual de Álvarez

El tercer planteo de Baños se centró directamente en el estado actual de “Pity” Álvarez y su capacidad para continuar afrontando el juicio. Según sostuvo, las filmaciones de las audiencias anteriores muestran una “multiplicidad de episodios de desconexión” que, para la defensa, permiten advertir una probabilidad “altísima” de que exista una incapacidad sobreviniente.

“Está permanentemente desconectado de lo que sucede en esta sala de audiencias”, afirmó el abogado.

Baños también cuestionó uno de los argumentos utilizados anteriormente para sostener que el músico estaba en condiciones de afrontar el proceso: su actividad artística. “Consideramos que tocar en un recital no equivale ni por asomo a tener competencia para afrontar un juicio de estas características. Son capacidades totalmente diferentes”, planteó.

A partir de esas circunstancias, la defensa pidió suspender el debate y realizar una evaluación neuropsicológica que determine cuál es actualmente la denominada “reserva cognitiva” de Álvarez. “Lo que estamos requiriendo es que se valore si Álvarez tiene la capacidad hoy para sostener esta audiencia”, explicó Baños.

El abogado insistió en que el pedido “no es un capricho ni una maniobra dilatoria ni reeditar cuestiones ya resueltas”, sino que, según su postura, se trata de una diligencia necesaria para garantizar los derechos del acusado.

En ese punto, Baños recordó una frase pronunciada anteriormente por el presidente del tribunal acerca de que los jueces no son médicos y no pueden determinar si Álvarez se duerme o simula hacerlo. Entonces reveló que la defensa acababa de presentar el informe elaborado por el psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien se encontraba en la puerta del tribunal y, según ofreció, podía declarar este mismo miércoles.

“En la puerta del tribunal está un médico que puede explicarlo. Sería imprescindible y muy serio escucharlo”, sostuvo. Y agregó: “Es importante que se lea este informe que acabamos de presentar porque es la explicación científica y médica de por qué el señor Álvarez se duerme en las audiencias”.

Durante la exposición, Gustavo Goerner le pidió a Baños que bajara el tono de voz: “Lo estamos escuchando, no necesita gritar”. Mientras tanto, Sebastián Queijeiro cambió de lugar y se sentó junto a Álvarez para asistirlo, luego de que minutos antes el músico se hubiera quedado dormido y comenzara a roncar durante la audiencia.

La defensa pidió suspender el juicio hasta que se expida Casación

Baños continuó su exposición con un segundo planteo de nulidad, esta vez vinculado con el trámite del expediente y con un recurso que había presentado la defensa anterior sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso.

Según explicó, ese recurso fue denegado y posteriormente se presentó una queja ante la Cámara de Casación, que todavía debe pronunciarse. Para el abogado, continuar con el debate antes de que exista una decisión implica el riesgo de que todo lo actuado deba ser anulado posteriormente si el tribunal superior hace lugar al planteo.

“Sería un verdadero absurdo hacer el juicio antes para ver si después Casación dice si se podía o no”, sostuvo Baños, quien consideró que avanzar de esa manera “va contra todas las reglas de la lógica y el sentido común”.

Por ese motivo, la nueva defensa pidió la nulidad de lo actuado y la suspensión del proceso hasta que Casación se expida sobre el planteo formulado por la defensa anterior.

“Pity” permanece en la sala

Tras el llamado de atención, el músico se reincorporó en su asiento, tomó agua y se llevó una pastilla a la boca. Luego permaneció en la sala mientras continuaba la exposición de su defensa.

El tribunal advirtió por el estado de Álvarez

Mientras Baños exponía, “Pity” permanecía recostado contra la pared y comenzó a roncar. La situación fue advertida por el presidente tribunal, que interrumpió la exposición del abogado.

“Yo ya lo he dicho en audiencias anteriores: si no puede estar en condiciones adecuadas, lo invito a que se retire y quede representado por sus defensores”, señaló el presidente del TOC N°29.

Y advirtió: “No vamos a continuar en estas condiciones”.

La escena se produjo, precisamente, mientras la nueva defensa cuestionaba la capacidad del músico para afrontar el proceso y sostenía que el debate no debería haber comenzado sin acreditar con certeza que se encontraba en condiciones de hacerlo.

Comenzó la cuarta audiencia

A las 11.20 comenzó la cuarta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 anunció los testigos previstos para la jornada y, antes de avanzar, consultó a la defensa por la llegada tardía del músico, ya que el inicio estaba previsto para las 10.30.

Javier Baños explicó que Álvarez contaba con autorización para no concurrir. Sin embargo, ante el reciente cambio de abogados, el tribunal decidió esperarlo. El presidente del TOC pidió a la defensa que en las próximas jornadas “intentaran llegar a horario para evitar demoras en el debate”.

Luego, Baños pidió la palabra y comenzó a desarrollar los planteos de la nueva defensa. Mientras hablaba, “Pity” permanecía recostado en su silla con la cabeza contra la pared, los ojos cerrados y la boca abierta, como entredormido.

“‘Pity’ está siendo sometido a un proceso para el cual entendemos que no tiene la capacidad suficiente”, sostuvo el abogado. Luego avanzó entonces sobre otro de los cuestionamientos que había anticipado la defensa: el juicio por jurados.

“Más allá del respeto que sentimos por la magistratura y por este excelentísimo tribunal, consideramos que Cristian nunca debería haber comenzado este debate hasta acreditar con certeza si estaba en condiciones y no creemos que ustedes sean los jueces naturales para hacerlo”, planteó.

Llegó “Pity” al tribunal

El músico arribó al palacio judicial en compañía de su hermana, Silvina, y su otro abogado, Sebastián Queijeiro.

Los fans de siempre

Con Johana a la cabeza, la fanática que acompañó al músico desde la primera audiencia, un grupo de seguidores volvió a acercarse este miércoles hasta la puerta del tribunal. Como hicieron otras veces, llegaron con banderas para expresar su apoyo a “Pity” Álvarez, mientras aguardaban su llegada.

La presencia de los fans se produjo horas después de que el músico hiciera un anuncio a través de sus redes sociales: “Gracias a todos los que me vienen a hacer la segunda ahí al tribunal. Y por ese motivo tuvimos que suspender muchas fechas, como Tucumán, Neuquén, Potrero de los Funes, Corrientes, Salta. Teníamos todo para fin de año cubierto. Las tuvimos que suspender y es un bajón”.

Luego, el músico adelantó que está grabando canciones nuevas y, en el cierre del envío, mostró un fragmento de dicho material. Y agradeció el acompañamiento y el apoyo que recibe de sus seguidores.

“Pity” Álvarez no llega y la audiencia se demora

La cuarta audiencia del juicio todavía no comenzó. En la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ya se encuentran Javier Baños, uno de los nuevos abogados de “Pity” Álvarez, y el médico psiquiatra y especialista en Medicina Legal Rafael Herrera Milano, perito de parte que convocó la defensa. Por la querella llegaron Fabián Améndola y Alejandro Díaz. El músico, en tanto, está demorado, según indicaron desde su entorno a Infobae.

En diálogo con este medio, Herrera Milano confirmó que llegó al tribunal con un informe de 31 páginas elaborado a partir de los estudios médicos de Álvarez que constan en el expediente, que la defensa pretende presentar ante los jueces. Según adelantó el especialista, el análisis le permite sostener con un “alto grado de probabilidad de certeza” cuál es el estado de salud del músico y que no se encontraría en condiciones de afrontar el debate.

/sociedad/policiales/2026/08/25/la-nueva-defensa-de-pity-alvarez-redobla-la-apuesta-por-su-salud-mental-los-13-planteos-que-prepara-para-pedir-la-suspension-del-juicio/

La cuarta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debía comenzar este miércoles a las 10.30. Sin embargo, a esa hora el músico todavía no había llegado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Finalmente apareció en auto, pasadas las 11, junto a su hermana y su abogado y fiel amigo Sebastián Queijeiro, quien desde que comenzó el debate lo pasa a buscar religiosamente por su domicilio para llevarlo hasta la sede judicial.

Álvarez bajó del coche con anteojos de sol, calzas, una camiseta de red y, una vez más, una remera gris con la inscripción “La gente manda” estampada como un grafiti. Para entonces, en la puerta ya lo esperaban su otro defensor, Javier Baños, y Rafael Herrera Milano, el médico psiquiatra convocado por la defensa commo perito de parte, que llevaba un informe de 31 páginas sobre el estado de salud del músico.

La audiencia comenzó finalmente a las 11.20, casi una hora después de lo previsto. Antes de avanzar, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, preguntó por la demora y pidió a los defensores que en las próximas jornadas procuraran llegar a horario para no retrasar el debate. Fue el primero de varios reproches que marcarían una audiencia cada vez más tensa.

Baños pidió entonces la palabra. La nueva defensa llevó una batería de planteos, pero el más fuerte apuntaba a volver a discutir si Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio. Mientras el abogado desarrollaba sus argumentos, “Pity” se recostó contra una pared, cerró los ojos y, poco después, comenzó a roncar.

Goerner interrumpió la exposición. “Yo ya lo he dicho en audiencias anteriores: si no puede estar en condiciones adecuadas, lo invito a que se retire y quede representado por sus defensores”, señaló. Y advirtió: “No vamos a continuar en estas condiciones”.

Después del llamado de atención, el músico se reincorporó, tomó agua y se llevó una pastilla a la boca. De inmediato, su otro abogado, Sebastián Queijeiro, cambió de lugar y se sentó más cerca de él. No fue la última vez que Álvarez cerró los ojos durante la jornada.

Los planteos y la respuesta de la Fiscalía

La nueva defensa del músico sostuvo que las conductas observadas durante las primeras audiencias justificaban una nueva evaluación neuropsicológica. Para respaldar el pedido, presentó el informe elaborado por Herrera Milano y ofreció que el psiquiatra ingresara a la sala para explicar sus conclusiones. “En la puerta del tribunal está un médico que puede explicarlo. Sería imprescindible y muy serio escucharlo”, planteó Baños.

Los abogados también cuestionaron la competencia del TOC N°29, reclamaron que Álvarez sea juzgado por un jurado popular, pidieron suspender el proceso hasta que Casación resuelva un recurso pendiente. También objetaron las condiciones en las que declararon dos testigos durante las jornadas anteriores.

Cuando llegó su turno, el fiscal Sandro Abraldes dejó en claro desde el comienzo que su lectura era completamente distinta. “Es claro que ‘Pity’ y su defensa no quieren este juicio”, lanzó. Y apuntó directamente contra lo que había ocurrido en la mañana: “Si quiere dormir, comer facturas o hacer un show de fotografía, esta sala de audiencias no es el lugar”.

La tensión aumentó cuando Abraldes habló de un “intento sobreactuado del imputado y su defensor” y contrapuso la imagen de Álvarez dentro de la sala con un video que el músico había publicado apenas once horas antes en sus redes sociales. Allí aparecía despierto, cantando y hablando sobre la suspensión de sus próximos shows. “Ahí no se hace el dormido”, disparó el fiscal.

En ese contexto, la Fiscalía pidió rechazar todos los planteos. La querella, representada durante la jornada por Fabián Améndola, adhirió a esa postura.

Un revés y una salida anticipada

El tribunal también dijo que no. Rechazó los planteos de la nueva defensa, incluido el reclamo por un juicio por jurados y el pedido de volver a evaluar la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso.

Goerner recordó que esa última cuestión ya había sido resuelta antes del comienzo del debate y consideró que la conducta del músico durante las audiencias no constituía un hecho nuevo. También descartó escuchar a Herrera Milano y ordenar los nuevos estudios solicitados.

Mientras el presidente del tribunal explicaba la decisión, “Pity” volvió a cerrar los ojos por momentos.

Después hubo un cuarto intermedio de veinte minutos. Cuando se habilitó el ingreso a la sala, el músico ya no volvió a ocupar su lugar junto a los abogados. Permaneció de pie en el sector de las butacas, acompañado por su hermana y su manager, Santiago Ruiz, con un café en la mano.

A las 13.40, previo a que se anunciaran los testigos previstos para la jornada, Queijeiro pidió interrumpir la audiencia argumentando que estaban por cumplirse las tres horas de permanencia de Álvarez en el debate. Finalmente, se resolvió que el músico podía retirarse y quedar representado por sus abogados.

Antes de salir, volcó unas gotas del café que tenía en la mano y agradeció al presidente del tribunal. Mientras se encaminaba hacia la puerta, algunos periodistas le advirtieron sobre un cable que había en el piso. “Sí, sí, lo vi”, respondió. El juicio continuó sin él.

Cuatro policías y el final de la audiencia

Durante el último tramo declararon cuatro policías que intervinieron en las primeras actuaciones y en la investigación posterior al homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Los testimonios recorrieron la llegada de los primeros móviles al barrio Samoré, el hallazgo de un arma en una alcantarilla y la búsqueda posterior de Álvarez.

El último fue Lisandro Suazo, entonces integrante de la División Homicidios, quien contó que los investigadores analizaron cámaras y siguieron el recorrido de un Polo verde atribuido al músico, reconocible por una luz defectuosa. También recordó los intentos por encontrarlo durante aquellas horas: “Recorrimos muchos lugares, pero no dimos con él”.

Álvarez terminó presentándose posteriormente ante las autoridades.

Tras la audiencia, en diálogo con Infobae, Sebastián Queijeiro adelantó que evaluarán los próximos pasos a medida que avance el debate.

Además insistió en que la capacidad de Álvarez para cantar o mantener determinados intercambios no contradice el planteo sobre su estado mental. Para explicarlo utilizó una comparación: “Un menor puede realizar diferentes tipos de actos, puede cantar, puede hablar, puede entender. Pero no puede entender, por ejemplo, la criminalidad del acto. Cristian es como un nene chiquito, más complicado todavía”, sostuvo. Y agregó que el músico puede cantar porque lo hace “en modo automático”, ya que es una actividad que realiza desde hace décadas.

La próxima audiencia será el miércoles 2 de septiembre a las 10.

Un policía de 25 años que cumple funciones como escribiente en la Comisaría 17ª de Chimbas, provincia de San Juan, fue detenido este martes acusado de haberle robado la tarjeta de crédito a un compañero de la fuerza y usarla para hacer distintas compras.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la investigación comenzó este martes a la mañana, cuando la víctima se presentó ante la Justicia para denunciar una serie de consumos inusuales en su cuenta de una reconocida billetera virtual.

Al brindar su versión de los hechos en la sede de la UFI Delitos Especiales, el damnificado contó que el día anterior trabajó de guardia entre las 14 y las 22. Una vez en su lugar de trabajo, dejó la mochila sobre la mesa ubicada en el sector del “casino”, un lugar para desayunar y con acceso permitido a todo el personal. Según precisó en la denuncia, en el interior de su bolso tenía la billetera con documentación y tarjetas varias, entre ellas la correspondiente a Mercado Pago.

Ya de guardia, a la seccional ingresó un requerimiento de personal por un siniestro vial en la ciudad.

Tras acudir al lugar del hecho, la víctima regresó a la base y se encargó del cuidado del sector de calabozos. Luego, entre las 16:00 y las 17:00, una mujer ingresó a la comisaría para dejar una exposición; en ese momento, justamente, solo se encontraba el escribiente, mientras que los oficiales se encontraban en sus respectivas oficinas tomando denuncias.

Cuando llegó la hora de retirarse, el damnificado se dirigió a un kiosco y fue en ese momento cuando empezó a recibir notificaciones en su teléfono celular que lo alertaban sobre pagos con una de sus tarjetas. Y al ingresar a la aplicación de la billetera virtual, notó un faltante de alrededor de 80 mil pesos.

Al intentar determinar el origen de la operación, la víctima logró comunicarse con el comercio donde se había efectuado una de las compras.

Para su sorpresa, desde el local le informaron que la operación había sido efectuada por otro efectivo policial. Según pudo saber este medio, el sospechoso utilizó la tarjeta de crédito de su compañero para realizar algunas compras mínimas, como fiambre y distintas variedades de quesos que pretendía consumir durante la cena.

Formalizada la denuncia, se abrió un expediente a cargo de la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino, quien solicitó su detención y el pedido fue avalado por la jueza de turno.

Con las pruebas recabadas hasta ese momento, Schiattino dispuso que los investigadores analizaran las cámaras de seguridad del comercio. En consecuencia, las imágenes permitieron identificar al autor de la compra y, según la información judicial, el damnificado reconoció a su propio compañero de dependencia.

Ante ese escenario, la detención del sospechoso se concretó durante la tarde de este martes, cuando miembros de la Brigada de la UFI Delitos Especiales sorprendieron al sospechoso mientras cumplía sus tareas en la seccional. Después de quitarle el arma reglamentaria, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 28ª de Chimbas, donde hasta este miércoles continuaba detenido.

A la espera de la audiencia imputativa, que en principio fue pautada para este jueves, fuentes del caso adelantaron a este medio que el efectivo será acusado por un ilícito intramuros, hurto y utilización fraudulenta de una tarjeta bancaria perteneciente a un compañero de trabajo.

Después de un duro litigio judicial, Herman Krause relató cómo recuperó a sus dos hijos, luego de que su ex esposa los sacara ilegalmente del país. Finalmente, la Justicia de Brasil habilitó su regreso y otorgó la guarda provisoria hacia el padre.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Krause describió el proceso que atravesó tras la desaparición de sus hijos. El caso adquirió notoriedad cuando Interpol emitió un alerta amarilla para localizarlos, después de que su expareja, Juliana Magalhanes Da Rosa, se los llevó sin autorización a Brasil en julio de 2024.

“Fue un proceso muy complicado, y más en estos dos meses que se estaba por tomar la decisión allá en Brasil”, relató Krause sobre su estadía en San Pablo, donde permaneció casi dos meses aguardando la resolución judicial. “Lo que conseguimos fue muy importante, porque es muy difícil que un país como Brasil te devuelva dos niños cuando estás litigando contra una madre brasilera”, enfatizó.

Semanas atrás, la Justicia de Brasil le otorgó la tenencia provisoria y el segundo tribunal confirmó la sentencia inicial, lo que permitió el regreso de los niños y de su padre a la Argentina. “A partir de que me entregaron la guarda provisoria el 15 de julio, los primeros días fueron difíciles, porque mis hijos estaban muy alienados y pasaron mucho tiempo sin verme. Un día llegaron, me dijeron: ‘Hacete cargo’, sin una preparación psicológica de los chicos ni nada”, reconstruyó.

En ese marco, Krause narró el reencuentro y el proceso de adaptación familiar a la nueva realidad. “De a poquito nos fuimos acostumbrando los tres a estar juntos de nuevo. Ellos volvieron a entrar en confianza conmigo, y cada vez mejor. Les fui contando qué fue lo que pasó, por qué a ellos se los llevaron, qué dijo la justicia argentina y qué estaba diciendo la justicia de Brasil para permitirles estar conmigo”.

El caso

En la reconstrucción del padre, el conflicto comenzó en 2022, cuando su ex mujer le presenta la primera denuncia penal en su contra por violencia de género, lo que derivó en su salida del domicilio familiar y el inicio del proceso de divorcio. “Durante el 2023, yo teníamos la tenencia compartida de los chicos. Yo veía a mis hijos sin ningún problema”, detalló sobre la rutina previa a la fuga.

En septiembre de 2023, una nueva denuncia agravó la situación: “Me hacen denuncias por abuso sexual de mis hijos. Ahí se me inicia una causa penal y dejo de ver a los chicos, porque cuando tenés una denuncia tan grave no se te permite verlos”.

La investigación penal concluyó en octubre de 2024, cuando la Justicia archivó la causa por falta de pruebas. Fue entonces cuando Da Rosa tomó la decisión más drástica: “A la semana saca a los chicos de las escuelas y se los lleva en un taxi a Puerto Iguazú, y los cruza ilegalmente hacia Foz de Iguazú”.

Krause descubrió la ausencia de sus hijos al intentar contactarse con la escuela: “Justo esa semana habían estado faltando. No habían mandado certificado médico ni nada, porque justo esa semana había sido el archivo de la causa”.

Tras varias gestiones fallidas para comunicarse con la madre, el padre tuvo que recurrir a la policía. El alerta de Interpol y el rastreo de teléfonos en Foz de Iguazú confirmaron la sospecha: los chicos habían salido del país de manera ilegal y permanecían en Brasil.

El futuro del vínculo con la madre

Actualmente, el destino de los menores depende de la decisión del Juzgado de Familia en Argentina. Consultado sobre el vínculo con la madre, aclaró: “Ella no tiene ningún impedimento, por ahora, ni penal ni de familia para venir a Argentina. Todo va a depender de la actitud que tomen ellos, de que se hagan cargo de lo que hicieron y modifiquen su actitud”.

Krause destacó la importancia del contacto materno para sus hijos, aunque advirtió nunca “va a tomar la misma posición de separar a mis hijos de la madre”. “Mis hijos si la quieren ver, yo no voy a ser el que impida el contacto, pero siempre bajo ciertas normas que son obvias. Si veo que hay una actitud de que pueda llegar a pasar lo mismo que pasó, no lo voy a aceptar y voy a hacer las denuncias que tenga que hacer”, apuntó.

Krause reflejó toda la dificultad del proceso, y celebró que pudo retornar sin mayores problemas al país con sus dos hijos. “Mi mayor miedo era cómo iba a hacer para subir a esos nenes a un avión. Y fue lo más fácil que me pasó en todo este tiempo, porque los chicos ya estaban preparados para hacer esa vuelta”, concluyó.

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En el marco del juicio oral en contra del médico Aníbal Lotocki, acusado de la muerte de Christian Zárate, un paciente de 50 años al que operó en 2021 y que falleció un día después de esa intervención, se dio a conocer una serie de mensajes donde el cirujano se refería a la víctima con expresiones repudiables.

Se trata de varias transcripciones de audio fue fueron expuestas por la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30, en medio de la declaración como testigo de la pareja del acusado, María José Favaron.

En su testimonio, la mujer de Lotocki aseguró que ella se encargaba de coordinar las cirugías, pero que no estaba en la clínica al momento en que se realizaban. Fue entonces que la fiscal Castany le exhibió las grabaciones, en las que se escucha al cirujano hablar de Zárate con cierta frialdad y hasta con falta de empatía.

En uno de los registros previos a la operación, Lotocki le manifestó a su pareja: “Lo más importante es este tipo Zárate y la mina esta otra, que son los que pagan más”, dijo según recopiló la página oficial del Ministerio Público Fiscal.

El mensaje se dio en el marco de una conversación en la que se hablaba de cómo convencer a los pacientes para operarse antes de un eventual cierre de actividades por la pandemia del COVID-19.

En otro audio, del 15 de abril, luego de la primera cirugía, Lotocki le comentó a Favaron que el paciente “estaba sangrando y que había decidido llevarlo otra vez al quirófano y someterlo a otra operación para ver qué le pasaba.”

“Terminamos hace como una hora con este Christian, o mas capaz, lo que pasa es que estaba medio maricón, salió que quería agua, y aparte estaba sangrando un poco viste, sangra mucho el drenaje”, le dijo Lotocki a su mujer.

Castany le exhibió otro tramo de la conversación: “Estamos acá viste, hace una hora estoy mirando, sangra mucho viste, así que decidí meterlo otra vez a quirófano y abrirle la panza a ver que pasa, porque sangra mucho”.

Al día siguiente, ya con Zárate en estado crítico, Favaron le preguntó a la secretaria de la víctima -según otros audios expuestos en el juicio- si consumía drogas porque estaba “muy alterado”. Ante las preguntas de la Fiscal (MPF), Favaron declaró que sólo transmitía lo que le informaban desde la clínica.

“El cuadro clínico está bien, lo que sí asimila muy lento la medicación, me dijo Aníbal que te pregunte”, se escuchó en uno de los fragmentos correspondientes al 16 de abril, el día después de las operaciones y cuando el paciente ya estaba con complicaciones. “Nadie entiende el motivo y tampoco lo podes largar a la calle así”, expresó Favaron en esos audios.

Favaron sostuvo que desde que conoce a Lotocki se llevaron adelante unas “5000 o 6000” cirugías y que en ninguna de ellas había tenido complicaciones. En relación a la conversación que tiene con Florencia Marina Krzeczek, donde la instrumentadora quirúrgica le dijo que tenía el celular del médico y que cualquier cosa “iba a decir que era de ella”, la testigo refirió que era habitual que la imputada “le guardara” las cosas.

La mujer fue una de las seis testigos que fueron interrogadas la semana pasada en el marco del juicio contra Lotocki y otros cinco acusados: el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la contadora y directora de CEMECO Andrea Isabel Torelli enfrentan cargos de homicidio simple.

Krzeczek está acusada de encubrimiento agravado por haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores.

Cómo sigue el debate

La audiencia de hoy, la cuarta del debate, contará con la declaración de ocho testigos vinculados con las ambulancias que llegaron al Centro Médico Conde (CEMECO), donde murió Zárate.

Entre los convocados figuran empleados administrativos, médicos y paramédicos de las dos ambulancias que intervinieron en la emergencia. Además de sus relatos, se espera que durante la audiencia se exhiban los registros de las comunicaciones telefónicas y las constancias confeccionadas por el personal que recibió el pedido de auxilio.

La jornada tiene especial interés para la defensa de Lotocki, a cargo del abogado Claudio Lifschitz, que buscará poner el foco en la atención prehospitalaria y en la secuencia de llamados que se efectuaron cuando el paciente presentó dificultades respiratorias.

Fuentes consultadas por Infobae sostuvieron que, cerca de 20 minutos después de que Zárate se descompensara, se solicitó una ambulancia bajo código rojo. De acuerdo con esa versión, el servicio médico habría enviado una unidad distinta de la requerida, una circunstancia que habría impedido el traslado inmediato del paciente a un centro de mayor complejidad.

Desde el entorno de Lotoki remarcan que esta línea no ha sido investigada durante la instrucción.

La trama en General Rodríguez que implicó al ahora ex secretario de Seguridad del municipio, Nicolás Rappazzo y a Javier Tarragona, un concejal de Fuerza Patria, su propio espacio político, al que denunció por supuestos vínculos narcos, tuvo novedades en los últimos días, indicaron fuentes del caso a Infobae.

En primer lugar, el fiscal Ezequiel Freydier resolvió archivar la causa con un duro escrito en el que repara en el origen de la denuncia: los dichos de un tercero, un vecino que se acercó de manera anónima al ex funcionario y relacionó a Tarragona con una “cocina de droga”. También acusó al edil de tener vínculo con “quienes manejan la droga”, narcos que residen en un country de la zona. Rappazzo, a la vez, acompañó la presentación con un sobre cerrado con una serie de datos relacionados al concejal.

En el documento en el que comunicó el archivo al juez de Garantías, Freydier remarcó que al tomarle testimonio, el ex secretario no aportó nuevos elementos y que sólo ratificó que había obtenido la información por dichos de un tercero. Al fiscal, según su escrito, le resultó “llamativa” la repercusión mediática de la denuncia, pese a la gravedad de la misma.

“La publicidad alcanzada por la denuncia opera en sentido contrario al sigilo que debe imperar, conforme al tópico de los delitos detallados de posible comisión, lo que, en definitiva, se traduce en obstáculos para una instrucción eficiente”, señaló e indicó que el acusado se presentó de manera espontánea. Tarragona -quien fue secretario del intendente Mauro García- negó las acusaciones, presentó un recibo de sueldo, otra documentación y entregó un celular.

Según el representante del Ministerio Público, se ejecutaron diversas medidas como la obtención de datos del denunciado “en lo que respecta a domicilios consignados de residencia; de la existencia de investigaciones promovidas sobre su persona vigentes y, también, en lo pertinente a la certificación de antecedentes que pudieran ligarlo a comisión de delitos como los que se detallaren en la denuncia”. Además, dejó constancia de una consulta a la Procunar sobre posibles investigaciones que lleven su nombre o lo liguen a alguna causa narco en trámite. La respuesta fue negativa.

De esta manera, Freydier concluyó que no se acreditaron elementos de relevancia que permitan acreditar los lazos de Tarragona con el narcotráfico y que lo aportado por Rappazzo -ex fiscal- presenta evidentes falencias: “No se ciñe a una franja o ventana temporal determinada para la presunta comisión de los delitos enumerados. Tampoco se mencionan o indican nombres, apellidos, siquiera apodo alguno y/o dato de identificación de componentes de integración de banda criminal o de narcocriminalidad que permitan dirección posible a la pesquisa”. Lo mismo sobre la ubicación de la supuesta cocina de drogas.

El fiscal argumentó: “una caza de brujas” a la “búsqueda de algo a lo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer o resultar”. Por último tildó de “el no dato” a la información que ofreció Rappazzo.

Rappazzo presentó su renuncia ante el intendente García, quien la aceptó. Fuentes ligadas al ex secretario indicaron que sus sospechas siguen firmes y analiza hacer una presentación en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del procurador Julio Conte Grand, con la finalidad de que se evalúe la actuación de Freydier y la fiscalía general de Moreno-General Rodríguez.

Además, revelaron que recibió una amenaza horas después de presentar la denuncia: un balazo en la sede de su agrupación política y una nota con la leyenda “cuida a tus hijos”, junto a una bala calibre 32. Por esa razón, su familia permanece con custodia, de acuerdo a las fuentes.

Sus allegados aseguran que Rappazzo fue “criticado por el intendente y sus militantes por haber hecho una denuncia “sin sustento ni pruebas mínimas”, cuando lo único que hizo fue cumplir con su deber de funcionario público".

A la vez, remarcaron que “el anonimato en la Ley 23.737 de estupefacientes en Argentina está regulado por el artículo 34 bis, el cual garantiza que las personas que denuncien delitos previstos en dicha normativa se mantendrán en el anonimato”.

Siete policías federales retirados serán indagados por la muerte de José Delfín Acosta Martínez, un ciudadano uruguayo afrodescendiente, ocurrida hace 30 años en una comisaría del barrio porteño de Balvanera.

Según publicó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF), la medida fue resuelta por el juez Fernando Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, quien dispuso las indagatorias para octubre próximo, en línea con el pedido del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, responsable de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10.

Los imputados son el comisario inspector Horacio Raúl Bussetti (74), el comisario Claudio Oscar Cervera (62), el inspector Pedro Fabián Aguilar (59), el sargento primero Omar Justo Ojeda (64), el sargento Humberto Mario Echegaray (73), el cabo primero Marcelino Hugo Lezcano (67) y el subcomisario Alfredo Daniel González (63). Todos se encuentran retirados de la fuerza. Un octavo investigado, el sargento primero Domingo Alberto Oliva, fue sobreseído tras su fallecimiento el 23 de mayo de 2011.

Todo ocurrió la mañana del 5 de abril de 1996, cuando personal de la entonces Comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina (PFA) fue desplegado hacia las inmediaciones del local bailable “Maluco Beleza”, en la calle Sarmiento al 1700, barrio de San Nicolás, ante un aviso sobre la supuesta presencia de una persona armada. En el lugar fueron detenidos Acosta Martínez, entonces de 32 años, y dos hermanos de nacionalidad brasileña, de 20 y 26 años.

Según el dictamen del fiscal, el procedimiento “habría resultado irregular”, dado que los tres hombres habrían sido privados ilegítimamente de su libertad “en abuso funcional y en un contexto de discriminación racial”. Los detenidos fueron trasladados a la sede policial de la calle Lavalle al 1958, donde Acosta Martínez fue alojado en el sector de la guardia interna alrededor de las 8.20, mientras los hermanos brasileños fueron detenidos en una celda.

La versión policial sostuvo que la víctima, bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, comenzó a insultar al personal, se despojó de su ropa y golpeó su cabeza contra el piso en forma deliberada. Ante esa situación, los efectivos llamaron a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El médico que llegó desde el Hospital Ramos Mejía constató que Acosta Martínez sufría convulsiones y ordenó su traslado, pero el hombre falleció durante el trayecto.

La víctima habría dicho frases como “ahora los voy a hacer cagar a todos”, tras lo cual “en forma deliberada e intencional se arroja al piso de cabeza; por cuanto se lo trata de calmar y al intentar reincorporarlo, se niega rotundamente y comienza a golpear su cabeza contra el piso para proferir a gritos: ‘ahora pídanme una ambulancia hijos de puta que los voy a mandar al frente’”, señaló el MPF.

La causa fue archivada por primera vez el 25 de abril de 1996, cuando el Juzgado N°10 concluyó que no existió delito. La familia repatrió el cuerpo a Uruguay, donde una segunda autopsia impulsó la reapertura del expediente en Argentina en mayo de 1998. El juzgado volvió a archivar la causa el 5 de agosto de 1999, al considerar que la muerte fue producto del alcohol, las drogas y lesiones autoinfligidas.

Agotadas todas las instancias locales —incluyendo recursos ante la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Violencia Social, Policial-Judicial e Institucional (COFAVI), junto con el Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías Legales Populares (CISALP) y la abogada Paola Gabriela Canova, hicieron una petición en junio de 2002 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre de las víctimas.

En marzo de 2020, durante una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado argentino reconoció su responsabilidad. El 31 de agosto de ese año, el tribunal internacional declaró por unanimidad a la Argentina como responsable por la detención arbitraria e ilegal de Acosta Martínez, su muerte en una dependencia policial y la afectación a la integridad de sus familiares, entre otras violaciones. La Corte exhortó además a promover y continuar las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

La primera autopsia, realizada el día de la muerte, concluyó que el deceso se había producido por “edema agudo pulmonar” y “hemorragia intrapulmonar”. La segunda autopsia, practicada en Uruguay, determinó que “existió traumatismo encéfalo craneano, sin fracturas”, cuya entidad no había podido ser valorada por la ausencia del contenido craneal.

En octubre de 2022, en el marco de las actividades de supervisión del cumplimiento de sentencias de la Corte IDH, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió a una comitiva especial del tribunal internacional en la que se abordó, entre otros, el caso de Acosta Martínez.

La nueva investigación

El Juzgado N°10 dispuso el desarchivo y la reapertura de la investigación el 14 de marzo de 2019, delegándola en la fiscalía, que a su vez encomendó a la PROCUVIN continuar el trámite.

La PROCUVIN destacó la relevancia “a la hora de valorar el carácter arbitrario y discriminatorio del accionar policial”, que tanto los policías que intervinieron en las detenciones como otros testigos habían señalado que Acosta Martínez gritaba: “Siempre se agarran con los negros”. Para la fiscalía especializada, las aprehensiones no habrían obedecido a la conducta de las personas detenidas, sino a “su perfil étnico-racial”.

La procuraduría especializada entendió que “las graves lesiones verificadas en el cuerpo de la víctima, las que fueron cocausales de su muerte (conforme los dictámenes médicos realizados en autos), le fueron ocasionadas sin duda alguna en el momento de su estancia en el interior de la referida Guardia Interna de la ex Seccional 5ta. de la PFA”.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, “los referidos esfuerzos realizados a fin de ‘calmar’ al detenido, en realidad, consistieron en la aplicación de golpes, propinados directamente por quienes realizaron la maniobra de sujeción —Cervera y Oliva—, en tanto se encontraban más próximos al detenido”. Consideró que “ello aconteció ante la mirada pasiva o complaciente de los demás funcionarios que allí se encontraban presentes quienes, cuanto menos, nada hicieron al respecto, asegurando la escena de los hechos”.

Para la PROCUVIN, la evidencia científica incorporada a la causa permite sostener que “en absoluto estado de vulnerabilidad, y en un estado de gran nerviosismo debido a la situación vivida al ser detenido arbitrariamente, José Delfín Acosta Martínez fue golpeado e inducido de ese modo en el estado clínico en el que lo encontró el médico del SAME a su arribo al lugar”.

A partir de estos elementos, el fiscal general Alberto Gentili solicitó al juez Caunedo la indagatoria de los ex policías.

El fiscal los acusa de haber “actuado en abuso de sus facultades funcionales, a sabiendas de estos extremos y mediante un acuerdo funcional, basado en una división coordinada de tareas, esenciales para la materialización de la secuencia que culminara con la privación ilegítima de la libertad de Acosta” y su posterior muerte.

Se destacó que ninguno de los efectivos hizo nada para evitar lo ocurrido con el damnificado y que, mediante un acuerdo previo mancomunado “todos sostuvieron una misma secuencia mendaz en torno a la producción de las lesiones que posteriormente fueran verificadas en el cuerpo de la víctima, es decir, que Acosta presuntamente se había autoinfligido lesiones al arrojarse al piso y golpearse deliberadamente así mismo su cabeza y/o al sufrir una convulsión mientras estaba acostado”.

Finalmente, la PROCUVIN concluyó que “la arbitraria detención y la posibilidad de relación causal entre un presunto accionar violento de funcionarios policiales y la muerte de José Delfín Acosta Martínez mientras se encontraba bajo custodia estatal, da lugar a considerar al caso, sin duda alguna, como inmerso en un supuesto de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Se trata de Javier Tarragona de Fuerza Patria -el mismo espacio político del jefe comunal Mauro García y Rapazzo- quien asumió su banca en 2023. Antes, desde 2020, se desempeñaba como secretario privado del intendente.

“En los barrios se comenta hace un tiempo que estaba metido con narcos que viven en Terravista, el country más exclusivo de General Rodríguez”, indicaron las fuentes.

La presentación de Rapazzo, ex fiscal, fue realizada en la mañana de este martes en la UFI N°12 Moreno-General Rodríguez, especializada en la temática y a cargo de Ezequiel Freydier

La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, puntualiza que un vecino —que se negó a aportar sus datos personales por temor a represalias— relató “hechos de extrema gravedad institucional”.

De acuerdo a Rapazzo, el hombre le manifestó que el concejal “forma parte de una asociación ilícita que se dedica a la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez, la cual posee distintos puntos de venta en nuestros barrios”.

Según ese testimonio, el edil responde a un grupo de personas que “manejan la droga en Rodríguez”. El denunciante detalló que Tarragona había intentado, sin éxito, averiguar los allanamientos que se realizarían en el distrito, con el fin de advertirles a sus jefes antes de que se ejecuten los procedimientos.

El vecino puntualizó que el concejal tendría a su cargo el “manejo de una cocina de cocaína” en el territorio. También dio “información detallada de los vehículos utilizados por Tarragona” y aportó abonados telefónicos a través de los cuales el concejal se comunicaría con los “capos narcos” a los que hizo referencia el testigo.

Asimismo, el denunciante anónimo manifestó un posible enriquecimiento ilícito del mencionado legislador local a raíz de la actividad delictiva. El secretario de Seguridad presentó información confidencial en un sobre cerrado, para evitar que se filtre y ponga en peligro la investigación. Por último, solicitó medidas urgentes a la fiscalía.

De acuerdo a las fuentes, tras la denuncia, la fiscalía activó una investigación a fin de determinar las responsabilidades del concejal y determinar las identidades de los supuestos narcos que residen en el country mencionado por el funcionario.

Rapazzo, que formó parte del Ministerio Público Fiscal por 16 años, indicó a este medio que el testimonio del vecino llegó a través de un sistema de denuncias anónimas implementado durante su gestión. “Viene funcionando muy bien, ya recibimos más de 500 denuncias por venta de drogas, desde enero de 2025. Yo presenté cada denuncia”, indicó.

Al mismo tiempo, agregó que ese año se registró un secuestro récord de estupefacientes en General Rodríguez para la provincia y un aumento del 10 mil por ciento de incautaciones, en relación al 2024. “Yo no trabajo para la política, trabajo para los vecinos. Cuando asumí, mi prioridad fue la lucha contra el narcotráfico y el intendente me dio su total apoyo. Caiga quien caiga”, dijo en relación a la denuncia al ex secretario de García.

En tanto, el concejal denunciado estuvo muy activo en sus redes sociales, en las que suele compartir actividades en los barrios y transmitir su apoyo a García. Al cierre de esta nota, publicaba en sus historias de Instagram los horarios de las farmacias de turno en el distrito. No hizo ninguna mención a las acusaciones. Tampoco respondió mensajes de este medio.

El último viernes, la causa por el brutal crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente de 16 años que fue asesinada el pasado 16 de julio en Alvear, provincia de Corrientes, contó con una audiencia de coerción tan relevante como polémica.

Celebrada en la Oficina Judicial de la V° Circunscripción, en la ciudad de Santo Tomé, la jueza de garantías en turno, Claudia Luco Montero, dispuso que N.Y.L., la menor acusada por ser coautora del crimen de Cecilia Lazcano, continúe los estudios en otra escuela.

Según consta en la resolución a la que accedió Infobae, la magistrada ordenó que N.Y.L. concurra a un establecimiento escolar de la ciudad de Santo Tomé, el cual podía ser informado hasta este miércoles ante la Oficina Judicial (Ofiju).

En ese sentido, fuentes del caso explicaron a este medio que la jueza Luco Montero se apoyó en la ley de menores vigente, la cual aboga por la contención y el desarrollo del menor, y no en su marginación ni encierro como primera medida.

Hasta esta mañana, fuentes con acceso al expediente confirmaron a este medio que la escuela seleccionada no había sido comunicada hasta ese entonces, aunque al mismo tiempo aclararon que ese dato deberá mantenerse “en secreto”.

La medida de coerción para la imputada incluye la obligación de estar bajo el estricto cuidado de su progenitora y en un domicilio de la ciudad de Santo Tomé. Así, una mujer que se identificó como madrina del padre de la menor puso a disposición su domicilio, un departamento de alquiler ubicado en el barrio Cerro.

Un momento llamativo de la audiencia se registró cuando la mujer titubeó al ser consultada por el nombre de su ahijado. “Eeeh... (risa incómoda), Orlando Lescano”, dijo tras dudar unos segundos.

Sobre este punto, la jueza Luco Montero argumentó su resolución al destacar que la privación de la libertad era una medida “excepcional”, que únicamente se aplica en caso de una posible fuga o la obstaculización de la investigación.

Según su punto de vista, la adolescente “va a tener un lugar donde estar, hay arraigo, colaboró con la investigación, residirá en Santo Tomé, sin posibilidades de retornar a Alvear, y se someterá a una terapia psicológica”, sostuvo.

A su vez, N.Y.L. deberá someterse a un tratamiento psicoterapéutico conforme a lo recomendado por la psicóloga forense, debiendo acreditar tratamiento y seguimiento dentro de un plazo de 15 días desde la notificación.

La menor, además, tiene prohibido salir de los límites de Santo Tomé sin previo aviso a la Fiscalía local, como así también el ingreso a la ciudad de Alvear.

En este marco, la jueza Luco Montero dispuso que personal de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) provincial se encargue, durante la vigilancia de la menor, de su asistencia psicológica, psiquiátrica, su reinserción escolar, vinculación familiar y toda otra medida que asegure el respeto a la integridad psicofísica de la misma.

Ante este escenario, el abogado querellante Juan Saucedo tomó la palabra y no solo expresó su rechazo a la resolución. Además, anunció que presentará su impugnación e instó al fiscal Facundo Cabral a que apele la negatoria del pedido de prisión preventiva para la acusada.

La indignación de los padres de Cecilia Lazcano

A través de una videollamada, los padres de la víctima siguieron de cerca la audiencia de coerción para la imputada y manifestaron su profundo rechazo a lo resuelto por la magistrada.

“Estoy indignada (por la decisión judicial) porque mi hija no se puede defender, no puede hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo a mi hija no la tengo más”, se quejó Corintia Vila, según pudo saber este medio. Y en esa misma línea, planteó: “¿Qué más pruebas necesitan? Están todos los mensajes (que la menor cruzó con su novio, imputado como autor material del crimen)”.

Decepcionada por el accionar de la justicia, la mujer sostuvo que la imputada “seguirá estudiando, se va a recibir y luego todo quedará en el olvido”. Y cerró: “Fin de la historia”.

El hecho

Aún con vida, Cecilia fue encontrada el último 16 de julio en la antigua estación de tren de Alvear con heridas graves en el cuello y las muñecas. Inmediatamente, la trasladaron en ambulancia hacia la capital provincial, pero murió en el camino debido a las lesiones. Desde ese primer momento, las características de las heridas generaron dudas entre los investigadores. El fiscal describió que la “ferocidad de la lesión” no resultó compatible con la hipótesis inicial del suicidio, lo que encendió las alarmas del Ministerio Público Fiscal.

El avance de la causa estuvo determinado por el trabajo articulado entre el área de Delitos Complejos y la Comisaría local de la Policía de Corrientes. La clave del giro investigativo radicó en el peritaje de los dispositivos móviles secuestrados y las cámaras de seguridad.

A ese elemento se sumó el rastreo del teléfono de la víctima, que permaneció encendido de manera sospechosa durante varios días tras su muerte. Los registros fílmicos de la zona aportaron otro indicio que muestra a Lazcano dirigiéndose hacia el lugar del hecho junto a un joven que llevaba una pala en la mano. Se trataba del ya mencionado J.

Según detalló el fiscal, las cámaras también registraron al sospechoso regresando solo al lugar y con ropa diferente a la que vestía momentos antes.

Los peritajes incluyeron el análisis de mensajes recuperados del celular del joven, lo que dejó al descubierto una planificación previa al crimen, además de conversaciones registradas con posterioridad al hecho. “Se pudo determinar algo atroz porque se pudo ver la planificación del homicidio”, afirmó Cabral.

También se ejecutaron allanamientos en donde secuestraron zapatillas con manchas de sangre y se halló una huella de calzado específica en la escena del crimen.

A poco de que inicie la quinta audiencia, la defensa de “Pity” Álvarez abrió una nueva vía judicial para intentar frenar el juicio contra el músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Sus abogados, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y solicitaron que se suspenda de inmediato el debate hasta que se determine si el músico se encuentra actualmente en condiciones de afrontarlo.

Es la cuarta vez desde los días previos al comienzo del juicio que la defensa intenta suspender el debate. El primer planteo fue realizado por los anteriores abogados de Álvarez y rechazado tres días antes de la audiencia inaugural. El 10 de agosto, ya durante la primera jornada, volvieron a reclamar que se frenara el proceso al advertir que el músico se quedaba dormido en la sala. El tercer intento llegó el 26 de agosto, esta vez de la mano de sus nuevos defensores, quienes insistieron sobre su estado de salud y su capacidad para afrontar el proceso. Ahora, tras un nuevo revés en Casación, Baños y Queijeiro volvieron a pedir la suspensión mediante un recurso de inconstitucionalidad con el que buscan llevar la discusión ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Entre los argumentos de la nueva presentación, los abogados dedicaron un apartado a cuestionar uno de los elementos que ya apareció varias veces en la discusión sobre las capacidades de Álvarez: su regreso a los escenarios.

“El recital no es un juicio. Un testimonio no es una canción previamente ensayada. Una declaración inesperada no constituye una conducta automatizada”, escribieron Baños y Queijeiro.

Según explicaron, participar de un debate implica “incorporar información novedosa a medida que se produce, mantener la atención durante largos períodos, retener datos, contrastarlos con otros hechos, detectar inconsistencias, comprender consecuencias jurídicas y comunicarse inmediatamente con los defensores”.

Para los abogados, esas capacidades no pueden equipararse con las necesarias para dar un concierto. Sostienen que la ejecución musical es para Álvarez “una actividad aprendida, repetida y desarrollada profesionalmente durante décadas”, mientras que durante un juicio debe reaccionar frente a información que desconoce de antemano.

La defensa contrapuso incluso ambas situaciones con lo que, según su interpretación, viene ocurriendo durante las audiencias: “Álvarez podrá haber permanecido sobre un escenario. Pero durante el juicio se desconecta, está ‘en otro mundo’ o directamente se duerme pese a los esfuerzos realizados para mantenerlo atento”.

Por eso, afirmaron, “son los hechos concretos del juicio”, y no aquello que el músico pueda hacer sobre un escenario, los que deben tenerse en cuenta para determinar si está en condiciones de continuar siendo juzgado.

Los “hechos nuevos” que alega la defensa

Es justamente lo ocurrido desde el inicio del debate lo que Baños y Queijeiro presentan ahora como “hechos nuevos” para volver a discutir la capacidad de Álvarez.

En particular, mencionaron los episodios de somnolencia registrados durante las audiencias y lo sucedido el 26 de agosto, cuando el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, interrumpió la exposición de Baños al advertir que Álvarez se estaba quedando dormido y señaló que el debate no podía continuar en esas condiciones.

En el recurso, la defensa afirma que el músico tuvo “reiterados episodios de somnolencia y desconexión” y sostiene que las filmaciones permiten observar que “pierde el hilo de lo que sucede, se duerme y no logra mantener un estado de alerta sostenido”. Por ese motivo, pidieron que se requieran las videograbaciones del juicio.

Los defensores acompañaron además el informe del psiquiatra y especialista en Medicina Legal Rafael Herrera Milano, un perito de parte que se presentó en Tribunales durante la audiencia del 26 de agosto y a quien Baños pidió que se escuchara.

El trabajo del profesional no constituye una nueva evaluación clínica directa de Álvarez, sino una reconstrucción de la documentación psiquiátrica, psicológica, neurocognitiva, neurológica, toxicológica y asistencial que ya existe en la causa, con especial atención a los episodios de somnolencia.

Según reproduce el recurso, Herrera Milano concluyó que existen “fundamentos científicos serios” para poner en duda que Álvarez tenga actualmente una capacidad neuropsíquica suficientemente estable, continua y previsible para sostener las exigencias de un juicio oral. El especialista aclaró, sin embargo, que esto no implica afirmar una incapacidad absoluta o irreversible y recomendó una nueva evaluación multidisciplinaria.

El nuevo revés que llevó a la defensa al TSJ

El recurso de inconstitucionalidad llega después de una resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional del pasado 28 de agosto, que rechazó una queja presentada por la anterior defensa de Álvarez.

El planteo buscaba revisar lo resuelto por el TOC N°29 el 4 de mayo, cuando los jueces rechazaron una nueva evaluación neurocognitiva, resolvieron reanudar un proceso que había permanecido suspendido durante más de tres años y fijaron el comienzo del juicio para el 10 de agosto.

Casación consideró que aquella resolución no era una sentencia definitiva y que los eventuales agravios podían ser revisados una vez terminado el debate. También calificó como “conjeturas” las advertencias sobre las consecuencias que el proceso podía provocar en la salud de Álvarez y señaló que, si durante el juicio aparecía algún “indicio concreto”, el TOC podía adoptar las medidas correspondientes.

Es precisamente sobre ese punto que los nuevos defensores apoyan parte de su planteo: sostienen que los episodios ocurridos desde el 10 de agosto transformaron aquel riesgo que Casación consideró hipotético en una situación que, según ellos, ya puede observarse durante las audiencias.

Baños y Queijeiro también cuestionaron que la discusión pueda quedar para después de la sentencia. “Una sentencia absolutoria podría, naturalmente, eliminar el peligro de una condena”, señalaron, pero afirmaron que lo que “jamás podría hacer” es devolverle al imputado una audiencia transcurrida sin haber podido participar efectivamente de ella.

Con esos argumentos, solicitaron que el recurso sea concedido con efecto suspensivo y que el debate ante el TOC N°29 sea detenido mientras se discute la cuestión. Además, dejaron interpuesta subsidiariamente una acción de habeas corpus y mantuvieron sus cuestionamientos vinculados con el juez natural, el juicio por jurados y las nulidades planteadas durante el proceso.

La Justicia argentina ordenó la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger después de que el exfuncionario del gobierno de Carlos Menem no se presentara a la audiencia en la que debía fijarse la condena por su responsabilidad en el caso Narcoarroz, la causa por el intento de tráfico de casi 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz con destino a África.

La orden fue dictada el 8 de julio por el juez Adrián Grunberg, integrante del Tribunal Oral Federal N° 5, luego de que la defensa invocara problemas de salud para justificar la ausencia del 26 de junio en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. El magistrado sostuvo que esas circunstancias no fueron acreditadas de manera suficiente y dispuso la “inmediata captura y detención internacional” del exfuncionario.

La decisión quedó reforzada el 21 de julio, cuando la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por “inadmisible” el recurso de queja presentado por la defensa. Los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky entendieron que la impugnación no refutó los argumentos del tribunal y que tampoco acreditó una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

La Corte dejó firme la revisión de la absolución

Heisinger había sido absuelto en julio de 2020 por el TOF N° 5, pero esa resolución no quedó firme. El fiscal general Diego Velasco apeló el fallo, la Cámara Federal de Casación Penal lo revocó y ordenó que fuera condenado con una pena acorde con la responsabilidad penal atribuida. Después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esa decisión.

Heisinger ya no estaba amparado por la absolución dictada en el juicio oral. La Corte Suprema convalidó en mayo de 2024 que se anulara ese fallo favorable y que se dictara una nueva sentencia en su caso.

En la misma resolución, el máximo tribunal dejó firmes las condenas de siete años y ocho años de prisión contra Williams Triana Peña y Carlos Olmedo Silva Cárdenas. Ambos habían sido condenados por la operación en la que se intentó sacar del país droga oculta en un embarque de arroz desde el puerto de Rosario con destino final a Marruecos y Guinea-Bisáu.

Cómo se inició la causa

El caso Narcoarroz se inició a partir de información aportada en 2011 por la Policía Nacional de Colombia y Ameripol sobre una organización integrada en su mayoría por ciudadanos colombianos.

La estructura fue desbaratada en septiembre de 2015, cuando tenía listo el envío de casi 40 kilos de cocaína líquida impregnados en un cargamento de 46 toneladas de arroz vinculado al programa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas.

De la investigación participaron el fiscal federal Federico Delgado, ya fallecido; la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias; y efectivos de la Gendarmería Nacional.

Cuando procesó al abogado, el entonces juez federal Sergio Torres afirmó: “De acuerdo con la profusa investigación desplegada, se puede posicionar al imputado en los niveles jerárquicos más altos”. Hoy, Torres ejerce la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Heisinger estuvo preso más de cuatro años

Heisinger permaneció detenido desde el 19 de septiembre de 2015 hasta el 19 de diciembre de 2019. Tras recuperar la libertad, quedó sometido a un régimen restringido con monitoreo mediante tobillera electrónica hasta el veredicto absolutorio de 2020, después revertido por los tribunales superiores.

Durante el gobierno de Menem había sido subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio del Interior y antes había cumplido funciones en el Ministerio de Educación. En su sitio web personal se presenta como nacido en 1959 en San Isidro, egresado del Colegio Marín y abogado graduado en la Universidad Católica Argentina.

En una entrevista concedida en julio de 2020 a Infobae, tras aquella absolución, luego anulada, describió su paso por la cárcel con estas palabras: “En la cárcel todo es un toma y daca, todo tiene un precio, comerse una banana tiene un precio, tomar una coca cola tiene un precio, no ganan los hábiles, lo que manda es la fuerza”.

Ese mismo medio consignó que pasó los cuatro años de detención en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza y que fue secretario académico del programa UBA 22 del Centro Universitario de Ezeiza. También relató que en febrero de 2020 se casó con su novio colombiano, a quien había conocido en 2007.

Heisinger además escribió el libro Francisco íntimo. Según la portada de esa publicación, reúne “palabras, recuerdos, su pensamiento y su legado” de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fallecido el año pasado.

La red incluía sociedades comerciales y otros acusados

En el juicio oral, que se extendió durante dos años, hubo 13 condenas y cinco absoluciones. Entre los sentenciados estuvo Williams Triana Peña, uno de los señalados líderes de la organización, quien recibió siete años de prisión.

Su hermano Erman Triana Peña había permanecido prófugo durante años hasta ser detenido en Portugal. Más tarde fue condenado a seis años de prisión y expulsado de la Argentina tras cumplir la mitad de la pena, mientras enfrentaba otro proceso por narcotráfico en Europa.

Otro de los investigados, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, nunca llegó a ser juzgado en la Argentina. En octubre pasado fue asesinado a balazos en un bar frente a una sede de la Fiscalía General de Colombia, en Bogotá, después de haber permanecido casi siete años prófugo.

Duarte Díaz había llegado al país en 2010 y obtuvo de forma irregular un DNI argentino, lo que le permitió crear sociedades, firmar contratos y moverse con libertad mientras lavaba dinero del narcotráfico. Su principal empresa era International Trade and Commerce SA, constituida en 2011 junto con Heisinger, y entre 2011 y 2015 administró un patrimonio millonario.

Duarte Díaz también presidía Agro Beef SA, figuraba como socio de Hard Business SA, tenía oficinas en Viamonte 611 y residía en Nordelta en una propiedad registrada a nombre de un testaferro. Iba y venía entre Buenos Aires, Rosario y Uruguay hasta que fue asesinado en su país natal.

En el barrio La Celeste de Junín, efectivos de Drogas Ilícitas de Junín detuvieron a tres personas y secuestraron cocaína, marihuana, un revólver y dinero producto de la venta de estupefacientes, luego de que vecinos del barrio La Celeste denunciaran amenazas y hechos de violencia vinculados a la comercialización de drogas al menudeo en tres viviendas del sector.

Los operativos se concretaron el jueves 27 de agosto por la tarde-noche, con el apoyo de personal del Comando Patrulla Junín, en tres domicilios ubicados en las intersecciones de las calles Arquímedes y Falucho, y en Arquímedes entre San Lorenzo y Falucho.

La investigación, que se extendió por varios meses, comenzó a partir de denuncias anónimas recibidas tanto en la dependencia policial como en la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín, a cargo de Mario Olmedo. A esa oficina se acercaron numerosos vecinos del barrio para reclamar una solución ante la problemática que atravesaban.

La orientación judicial del caso estuvo a cargo de la Unidad Funcional Especializada de Estupefacientes, con los fiscales Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, y de la UFIJ N°4, conducida por el fiscal Esteban Pedernera. El Juzgado de Garantías N°3, con la jueza María Laura Durante, intervino en el proceso.

De acuerdo con la información policial, compradores ocasionales, algunos provenientes de otros barrios de la ciudad, concurrían al lugar y generaban desórdenes que alteraban la tranquilidad del vecindario. En varias oportunidades, esas reuniones derivaron en riñas entre los asistentes, que consumían alcohol y drogas en el sitio y se tornaban violentos.

La Policía realizó tareas encubiertas con distintas modalidades, dado que los tres hombres y la mujer bajo investigación contaban con antecedentes por venta de estupefacientes. El trabajo de los detectives permitió corroborar el hecho denunciado y constatar la concurrencia habitual de compradores de droga a las viviendas señaladas.

En los procedimientos se secuestraron varios envoltorios de cocaína fraccionados en dosis listas para la venta al menudeo, envoltorios de marihuana, sustancia de corte, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, teléfonos celulares y dos balanzas digitales.

También fue hallado un revólver marca Tanque con la numeración limada, junto con otros elementos de interés para la causa. Según la investigación, las viviendas allanadas funcionaban como puntos de venta permanente, descriptos como “narco-kioscos”.

De acuerdo a las fuentes, los tres detenidos se manejaban en el barrio “como si fueran los dueños del lugar” y llegaron a amenazar a los vecinos, quienes por temor evitaban formalizar denuncias por el accionar ilegal que se desarrollaba en el sector.

Al momento de concretarse los allanamientos, el personal policial fue recibido de forma hostil por los sujetos investigados y sus familiares, quienes arrojaron piedras y otros elementos contra los efectivos. No se registraron heridos.

En el operativo fueron aprehendidas una mujer identificada con las iniciales K.G., de 29 años, y dos hombres, identificados como A.J.R., de 24 años, y J.A.V., de 49 años. Los tres quedaron imputados por infracción al artículo 5°, inciso c, de la Ley 23.737, que sanciona la comercialización de estupefacientes.

El 10 de diciembre de 2024, cinco delincuentes entraron en plena noche al domicilio de Alberto Espínola Castillo, comerciante, oriundo de Paraguay, dedicado al negocio de la construcción. Los ladrones, tras escalar hasta el primer piso de la casa y entrar por el balcón, ataron a Espínola y a su mujer. Al hombre le dieron una paliza. Le exigieron que cante, golpe tras golpe, que entregue el dinero que supuestamente escondía. Espínola cedió. Al final, los ladrones se fueron de la casa, ubicada en el barrio La Loma de Lomas de Zamora, con seis mil dólares en el bolsillo.

Espínola, humillado frente a su mujer, murió poco después por las heridas que sufrió. No le quedaba mucho para jubilarse: cumpliría los 65 años en dos meses.

Así, el tiempo pasó. La UFI N°4 de la jurisdicción, con la fiscal Silvina Estevez, se dedicó a buscar a la banda. Le confió la investigación a la División Homicidios de la PFA, parte de la DFI de la fuerza, una de las divisiones con mayor tasa de arresto de prófugos en la Argentina, reconocida por su eficiencia y la resolución de casos fríos.

Esta semana, sus detectives capturaron al posible jefe de la banda. Se trata de Tomás Ignacio Felice, alias “El Cica”, o “Cara de Bebé”, de 23 años. “Un picante”, lo definió un investigador. Sin embargo, este picante cayó por un desliz singularmente torpe.

“Cara de Bebé” cayó en Remedios de Escalada. Tras el crimen, descubrieron los investigadores, había dejado su domicilio en Gerli y cerrado sus redes sociales. Sin embargo, las billeteras virtuales del acusado podrían ser una pista. Parecía que había cerrado todas también, no tenía ninguna activa. Sin embargo, quedaba una, y la empleaba a su nombre. La División Homicidios encontró sus movimientos, pagos chicos.

A quienes Felice les pagaba se convirtió en la pistan siguiente. Los receptores de su plata eran varios jóvenes de la zona de Villa General Balcarce en Remedios de Escalada. Al contrario de “Cara de Bebé”, estos jóvenes, sus amigos, sí usaban sus redes sociales. Posteaban stories en Instagram; la Federal comenzó a monitorearlas.

Allí, vieron cómo el prófugo por el crimen de Espínola posaba con sus amigos. Los murales que se veían en las imágenes dieron las coordenadas. Tras montar una vigilancia, lo encontraron en la calle San Salvador al 3000.

Felice comenzó a correr tras escuchar el grito de “alto, policía”. Los detectives lo alcanzaron una cuadra y media después. Varias personas del barrio salieron en su defensa; atacaron a la Federal a piedrazos. La Bonaerense fue llamada para intervenir en el tumulto.

La acusación en contra de Felice es la de homicidio criminis causae en concurso real por robo en banda agravado, con una posible pena de prisión perpetua si es que un tribunal lo halla culpable.

Un hombre de 31 años fue aprehendido en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, luego de amenazar a un vecino con un arma de fuego en medio de una disputa por una deuda de electricidad. El episodio derivó en un allanamiento de urgencia en el que la policía secuestró dos pistolas Glock, munición y un dispositivo de almacenamiento de imágenes.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre pasado, alrededor de las 15:50, en las inmediaciones de un comercio ubicado en la calle Primera Junta al 1100. M.G., de 23 años, denunció que se encontraba fuera del local Fast Market, del cual es locatario, cuando fue increpado por un hombre identificado como Matías Spina, de 31 años, hijo de la propietaria del inmueble donde funciona el negocio, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Segunda de Junín, Spina le exhibió al inquilino un arma de fuego tipo pistola durante la discusión. El conflicto entre ambos se originó por una deuda por el servicio eléctrico, dado que el comercio comparte el medidor de luz con la vivienda de la familia de Spina.

Tras la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 de Junín, a cargo de la fiscal Biurrum, dispuso la formación de la causa por amenazas agravadas y encomendó las primeras tareas a la Comisaría Segunda.

Agentes de la DDI Junín tomaron intervención en la causa y avanzaron con tareas investigativas hasta establecer el domicilio de Spina. Con ese dato, la fiscal autorizó un allanamiento de urgencia.

El operativo se concretó en una vivienda de la calle Primera Junta al 1100, donde reside el hombre señalado por las intimidaciones. Allí, los investigadores secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, identificadas con las series BNAL811 y CBLT401, una caja con 50 municiones marca Magtech del mismo calibre y un grabador digital de video (DVR) de la marca Hikvision.

El magistrado interviniente convalidó lo actuado durante el procedimiento y dispuso notificar a Spina del delito que se le imputa. Además, fijó una audiencia con el sospechoso para este miércoles 2 de septiembre, precisaron las fuentes a este medio.

El expediente fue caratulado como amenazas agravadas. El procedimiento fue conducido por el comisario mayor Cristian Caggiano, director de la DDI Junín.

A mediados de agosto pasado, se registró un caso similar en Zapala, Neuquén, cuando un hombre fue asesinado por una deuda. En esa oportunidad, un hombre llegó armado con una ametralladora a una vivienda y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble. Producto del ataque, Cristian Montesino, de 37 años, murió, y un amigo de la víctima resultó gravemente herido, por lo que debió ser trasladado a un hospital local.

La Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería, acusados de haber defraudado al PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que nunca fueron realizadas. Según la investigación, ambos fueron acusados de haber cobrado aproximadamente $700 millones a través de esta maniobra.

Los imputados son el cardiólogo M.G.A. y el enfermero M.A.P., quienes ya habían sido detenidos e imputados en junio pasado por la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.

Esa causa se había iniciado como un desprendimiento de la causa por las maniobras presuntamente defraudatorias contra PAMI que ahora fueron formalizadas en Rosario. La acusación fue presentada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración del fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la UFI-PAMI.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Fiscales, la audiencia de formalización se realizó el 26 de agosto, donde el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y fijó un plazo de investigación de seis meses, hasta el 25 de febrero de 2027.

En ese sentido, se indicó que todavía se esperan los peritajes sobre teléfonos y computadoras secuestrados. Además, el magistrado dispuso medidas de coerción consistentes en la obligación de sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por la UFI-PAMI, que advertía sobre presuntas maniobras irregulares. Según la acusación, a través del sistema CUP del PAMI, el cardiólogo reportó haber realizado entre octubre de 2023 y octubre de 2024 un total de 36.085 prácticas médicas a nombre de 4.982 afiliados. Entre ellas figuraban ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios, conocidos como estudios Holter. Por esas prestaciones, la obra social abonó 579.943.598,88 pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el médico también había informado otras 14.546 prácticas supuestamente realizadas a 2.275 afiliados, por un monto de 147.974.775,68 pesos. Sin embargo, ese pago no llegó a concretarse luego de que se detectaran irregularidades.

Las evidencias reunidas por el área de Criminalidad Económica, Trata y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal Soledad García, incluyeron testimonios de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haberse atendido con el profesional.

A eso se sumó la imposibilidad material de concretar la enorme cantidad de prácticas facturadas y el cruce con bases de datos migratorias, que indicó que el cardiólogo no se encontraba en el país cuando parte de esos estudios habrían sido realizados.

Incluso, la Fiscalía sostuvo que los acusados habrían utilizado datos personales de afiliados de todo el país para concretar la maniobra. También señaló que en junio de 2024 compraron una vivienda y que, para esa operación, habrían presentado documentación apócrifa ante la escribana interviniente.

Según la acusación, la compra se realizó a través de una sociedad constituida por ambos, sin actividad comercial real, que habría sido utilizada como pantalla para dar apariencia de legalidad a los fondos.

A raíz de haberse incorporado estos elementos en el expediente, los fiscales encuadraron los hechos como defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter consumado y en grado de tentativa, además de lavado de activos.

El antecedente en Venado Tuerto

La denuncia por la presunta defraudación contra PAMI fue también el punto de partida de la investigación que derivó, en junio pasado, en la detención de los mismos acusados por parte de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto.

Tras allanamientos en domicilios de Acebal y Wheelwright, los investigadores encontraron elementos que indicaban el funcionamiento de un consultorio médico sin habilitación. Entre otros secuestros, se hallaron 243 ampollas de fentanilo utilizadas, 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y materiales para prácticas médicas.

Al formalizar esa investigación, la fiscalía de Venado Tuerto atribuyó al médico M.G.A. y al enfermero M.A.P. los delitos de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos previstos por la terapéutica y con destino ilegítimo —al primero como autor y al segundo como partícipe necesario—, además de ejercicio ilegal de la profesión, en carácter de coautores.

En ese expediente, el juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, formalizó la investigación y dictó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva de ambos por 90 días.

Un empresario agropecuario de Venado Tuerto, identificado con las iniciales R.A.B., quedó detenido tras nueve allanamientos simultáneos por una presunta maniobra de estafa en operaciones de compraventa de ganado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe confirmó que el operativo se ejecutó en domicilios particulares, oficinas y sedes de las sociedades vinculadas al acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la primera situación tuvo lugar en marzo del año pasado con la presunta compra a productores rurales de 360 cabezas de ganado por un valor que superó los 271 millones de pesos. Los animales fueron entregados, pero los cheques emitidos como pago resultaron rechazados por falta de fondos. Ante los reclamos, el acusado emitió al menos 37 documentos de pago pero la deuda nunca se saldó.

La maniobra tuvo un segundo episodio cinco meses después. En agosto de 2025 ejecutó una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En aquel entonces, la víctima entregó cheques por otros 100 millones de pesos pero el ganado comprometido nunca fue entregado a la compradora.

Tras más de un año de investigación, ordenaron llevar a cabo nueve allanamientos de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad a partir de los cuales pudieron secuestrar documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos y títulos valores considerados relevantes para la causa, según detalló El Litoral. Las medidas alcanzaron tanto domicilios particulares como oficinas y espacios vinculados con las sociedades bajo investigación, con el propósito de preservar pruebas y evitar su pérdida, alteración u ocultamiento.

En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Durante varios meses, la funcionaria analizó documentos bancarios, societarios y comerciales, lo que le permitió reconstruir los movimientos vinculados con las operaciones ganaderas y los circuitos financieros asociados, a partir del cruce de información aportada por entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.

Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado a partir de la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, un factor que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas transacciones.

Entre la evidencia reunida figuran registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y en una sola de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025 por un monto que superó los 982 millones de pesos.

R.A.B. quedó a disposición de la Justicia. La imputación formulada en su contra tiene carácter provisorio y deberá ser evaluada en las próximas audiencias, en el marco del principio de inocencia.

Procesaron a una funcionaria por comprar cuentas para lavar dinero

En otro caso de presunta defraudación financiera, una funcionaria judicial de La Plata fue procesada por estafa, lavado de activos y asociación ilícita en el marco de una investigación que apunta al manejo irregular de aproximadamente $27.000 millones movilizados en el término de un año.

La acusada, identificada con las iniciales A. M. e integrante del Patronato de Liberados, se negó a declarar ante la fiscal Betina Lacki.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la organización que habría liderado la acusada captaba personas en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos. Con esa información se abrían cuentas en billeteras virtuales que luego operaban como “mulas” para recibir y transferir fondos de origen desconocido.

La operatoria, conocida como “smurfing” o “pitufeo”, consistía en fraccionar grandes sumas en múltiples transacciones menores para eludir los controles financieros. Una vez completado ese circuito, el dinero era derivado a un casino online ilegal, donde se convertía en supuestas ganancias de juego para dificultar el rastreo de los fondos.

El avance clave de la causa se produjo el 16 de abril de 2026, cuando Lacki ordenó múltiples allanamientos sobre la base de pruebas reunidas durante meses de análisis técnico. Las autoridades investigan el papel que desempeñó cada integrante de la estructura y sospechan que A. M. habría utilizado su posición en el Patronato para acceder a personas bajo supervisión judicial o en contextos de vulnerabilidad social, circunstancia que podría derivar en un cargo adicional por abuso de función pública.

Más de cuatro años después del ataque a tiros dentro de un gimnasio de Puerto Madryn, la Justicia volvió a poner el foco sobre Marco Antonio “el Karateca” Álvarez. La Cámara Penal confirmó la condena a 12 años de prisión por el asesinato de Fabián Acuña. Tras la resolución que se dio a conocer esta semana, la Fiscalía pidió su detención y ahora pesa sobre el acusado un pedido de captura.

En 2023, un tribunal oral había condenado a Álvarez a 17 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Más tarde, la Cámara Penal revocó esa sentencia y lo absolvió. La Fiscalía recurrió esa decisión y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut entendió que el análisis de la prueba debía revisarse otra vez. Ese nuevo examen derivó en la condena a 12 años que ahora reactivó su búsqueda.

El caso se remonta al 18 de enero de 2021. Esa noche, Fabián Acuña, de 54 años, estaba en el Tupac Gym, en Puerto Madryn, cuando un hombre entró al lugar con el rostro cubierto, guantes y un arma de fuego. Según la reconstrucción de la investigación, no hubo una discusión previa ni una secuencia larga dentro del local. El atacante ingresó y a sangre fría, disparó cinco veces. Los tiros impactaron directamente en Acuña, quien falleció al poco tiempo. El hombre huyó casi de inmediato del lugar y escapó en una motocicleta.

La acusación construyó su hipótesis a partir de varios indicios que, según sostuvo la Fiscalía, encajaban entre sí. Las cámaras de seguridad permitieron observar a un hombre con casco, lentes, guantes, campera y ropa deportiva. La contextura física, el modo de desplazarse y un detalle puntual de la vestimenta empezaron a orientar la pesquisa.

Uno de esos elementos fue un pantalón deportivo con letras orientales, que apareció en las filmaciones y que después fue vinculado con Álvarez. La investigación también incorporó imágenes de redes sociales en las que el acusado aparecía con prendas similares. A eso se sumaron testimonios, peritajes sobre dispositivos electrónicos y análisis de telefonía para reconstruir movimientos antes y después del homicidio.

A medida que avanzó la pesquisa, los investigadores intentaron establecer no sólo quién había disparado, sino también cómo había sido preparado el ataque. En esa reconstrucción, cobraron peso los movimientos previos del sospechoso, el análisis de su celular y la hipótesis de que el autor tomó recaudos para evitar ser reconocido, con el rostro cubierto y elementos que dificultaran su identificación en las cámaras.

Con el avance del expediente, investigaron el vínculo previo entre ambos. Según la causa, Álvarez había sido profesor de jiu-jitsu en el gimnasio de la víctima y mantenía con Acuña una relación atravesada por conflictos. La Fiscalía incorporó como dato central una deuda de 250.000 pesos vinculada con la venta de una camioneta.

Los testimonios y documentación analizada en el juicio señalaron que ese reclamo económico había generado un fuerte resentimiento. Ese trasfondo permitió a la acusación sostener un móvil para el crimen. La hipótesis fue que el asesinato no respondió a una reacción espontánea, sino a una decisión previa, apoyada en un conflicto que venía de tiempo atrás.

La nueva condena reactivó de inmediato la búsqueda del acusado. Apenas se conoció el fallo, el fiscal Alex Williams pidió la detención de Álvarez y la Policía provincial quedó a cargo de localizarlo. En una audiencia realizada a comienzos de agosto, Álvarez dijo que vivía en Comodoro Rivadavia y aportó un domicilio en esa ciudad. Después de la confirmación de la condena, la búsqueda se concentró también allí, con intervención de la policía local en coordinación con los investigadores de Puerto Madryn.

En la localidad entrerriana de Concordia, una investigación por robo en una vivienda cambió de rumbo en pocas horas y puso bajo sospecha a quien había denunciado el hecho. El hombre, de 49 años y cuidador del predio, pasó de presentarse ante la Policía como damnificado a quedar señalado como uno de los presuntos autores, según la hipótesis que surgió a partir del análisis de cámaras de seguridad y de otras diligencias ordenadas en la causa.

El caso, según informó el portal El Once, se inició después de una denuncia por la sustracción de objetos en un inmueble ubicado sobre un camino de ripio, en la zona de la ex Ruta Provincial Nº 14. En un primer momento, la secuencia parecía responder al esquema habitual de un ingreso forzado durante la ausencia de los ocupantes. Sin embargo, el avance de las actuaciones abrió otra línea de investigación y reordenó el expediente.

En ese marco, los efectivos entrevistaron al cuidador del predio, un hombre de 49 años, quien en esa primera instancia se presentó como víctima del hecho.

Según su relato ante los policías, se había retirado del lugar el domingo 30 de agosto alrededor de las 12:30 y regresó cerca de la medianoche. Al volver, afirmó que encontró dañado el candado de ingreso a su vivienda particular y que advirtió la falta de pertenencias. Esa declaración fue el punto de partida de las primeras actuaciones.

Pocas horas más tarde, cerca de las 11 del lunes, la propietaria del predio llegó al inmueble y comprobó que también habían entrado a la casa principal. Allí, siempre según lo denunciado, los autores habrían forzado una ventana para ingresar y llevarse distintos objetos del interior.

A partir de esa constatación, la investigación incorporó un segundo escenario dentro del mismo predio y sumó la intervención de otra dependencia policial por razones de jurisdicción. En las actuaciones, también participó personal de la Comisaría Novena, mientras se avanzaba con la reconstrucción de lo sucedido entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

En paralelo, agentes de la División Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el lugar. Entre las medidas adoptadas figuraron el relevamiento del inmueble y el levantamiento de rastros que pudieran resultar útiles para la causa.

Hasta ese momento, la investigación seguía la hipótesis inicial de un robo cometido por terceros que habían aprovechado la ausencia del cuidador y el posterior acceso a la vivienda principal.

El giro en la causa se produjo cuando los investigadores avanzaron sobre registros de cámaras de seguridad. A partir de ese análisis, la Policía concluyó que el cuidador, que figuraba en el expediente como uno de los damnificados, habría participado del ilícito junto con otra persona.

Ese cambio de enfoque colocó al hombre en el centro de la pesquisa y reordenó las diligencias posteriores. La hipótesis de los investigadores indicó que los bienes robados habrían sido cargados en un flete y llevados luego a domicilios de allegados al sospechoso. De acuerdo con esa línea, el objetivo habría sido mantener los elementos bajo “resguardo”, una expresión que surge de la propia información policial incorporada al caso.

Con esa orientación, la Policía desplegó nuevas diligencias con colaboración de efectivos de la Comisaría Séptima. El procedimiento permitió seguir el rastro de los bienes denunciados y ubicar los lugares a los que habrían sido trasladados tras el hecho investigado.

Los elementos fueron entregados de manera voluntaria en viviendas situadas sobre calles Líbano y Córdoba, además de otro domicilio ubicado en Colonia Ayuí. Ambas vinculadas al cuidador.

La causa continuó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas en el episodio. En esa instancia, el fiscal José Arias dispuso formalmente el secuestro de todos los elementos recuperados para su incorporación al expediente.

Y más tarde, el funcionario judicial ordenó la restitución de esos objetos a la propietaria del predio, una vez cumplidas las medidas procesales correspondientes. La investigación quedó enfocada en establecer las responsabilidades penales derivadas de la maniobra reconstruida por la Policía.

Una disputa por la ubicación de puestos de venta de frutillas en la Ruta Nacional 168 terminó el domingo por la tarde en una balacera que dejó a un hombre internado en terapia intensiva y a una mujer herida en una mano, en un episodio ocurrido en la zona de Colastiné Sur, a la altura del kilómetro 480 en cercanías del exatracadero de la balsa. El conflicto se inició por el control de un espacio de comercialización y escaló en pocas horas.

El relato más detallado sobre cómo empezó la secuencia lo aportó una de las víctimas de 28 años que habló este martes con Aire de Santa Fe mientras esperaba avanzar con su declaración judicial. Según su versión, el conflicto se desencadenó cuando dos hombres llegaron al puesto de su familia, instalado pocos días antes, y reclamaron ese espacio como propio.

“Estábamos vendiendo frutillas ahí cuando llegaron dos hombres a querer sacarnos del puesto. Ellos dijeron que eran los que vendían frutillas sobre toda la ruta”, afirmó la mujer.

Tras ser intimados, el grupo que había instalado la nueva estructura, trasladó el puesto hacia el sentido de Santa Fe. Sin embargo, el cambio de ubicación no cerró la tensión. Horas más tarde, se produjo una nueva discusión, que fue creciendo hasta derivar en una pelea entre varias personas. Alrededor de las 17:15 del domingo, el conflicto escaló y terminó en disparos.

El saldo más grave del episodio fue la situación de un hombre de 40 años, que recibió dos impactos de bala. Uno de los proyectiles ingresó y salió por la zona de la rodilla izquierda, mientras que el otro quedó alojado en la cadera derecha. Fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Después de la operación, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

En el mismo hecho resultó herida una mujer de 28 años, quien dio su testimonio de lo ocurrido. La joven fue alcanzada por un disparo en la mano izquierda. Los profesionales que la asistieron determinaron que se encontraba fuera de peligro. Uno de esos proyectiles impactó en uno de sus dedos. La causa también incorporó a otras personas que habrían tenido distintos grados de participación en el enfrentamiento, entre ellas una mujer de 42 años que denunció haber sido agredida.

En su testimonio, la víctima agregó un elemento central para la investigación: aseguró que, después de la pelea, uno de los involucrados disparó desde el otro lado de la ruta hacia el grupo. “Tiró al montón, a donde estábamos todos”, relató.

Otro aspecto que expuso la mujer fue la presencia de menores de edad durante el episodio. Según contó al medio santafesino, en el lugar había menores dentro de un vehículo cuando comenzaron los disparos y la escena de violencia. “Mis sobrinas estaban adentro del auto. La hija de mi cuñada le tapaba las caras a mi sobrina con una almohada para que no vea todo lo que pasó”, dijo.

“Sinceramente, yo tengo mucho miedo. Ya dos veces me fueron a tirotear en mi casa”, expresó la mujer en diálogo con Aire de Santa Fe. También anticipó que solicitará medidas de protección.

La pesquisa quedó orientada a determinar quiénes efectuaron los disparos, cómo se desarrolló cada tramo del enfrentamiento y qué participación tuvo cada una de las personas que estaban en el lugar. Después del episodio, un hombre de 44 años fue detenido. Antes de la llegada de la Policía habría sido retenido y golpeado por un grupo que permanecía en la zona.

A su vez, otro hombre que habría intervenido en la secuencia era buscado por los investigadores. La causa fue caratulada de manera provisoria como lesiones graves y leves calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma, bajo intervención de la Fiscalía.

A tres años del brutal femicidio de Luisina Leoncino, la joven de 24 años que fue asesinada y descuartizada, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, condenó a Horacio Rafael Benítez a cumplir la pena de prisión perpetua. Previo a esto, ya había sido declarado culpable por un jurado popular.

Después de que el pasado 6 de agosto un jurado popular de Chajarí considerara a Benítez culpable por homicidio agravado por femicidio, en un caso atravesado por un contexto de violencia de género, la sentencia se dio a conocer esta semana.

Cabe destacar que, durante la audiencia de cesura, realizada el 13 de agosto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos había solicitado la pena de prisión perpetua. En esa oportunidad, el organismo estuvo representado por las fiscales Julia Rovira y Natalia Conti, junto con el fiscal Mario Guerrero.

Ese planteo había sido acompañado por la querella particular, a cargo de la abogada Carolina Fontana. Sin embargo, la defensora oficial de Benítez, Magdalena Vedoya, había planteado la inconstitucionalidad de la condena de prisión perpetua.

Luego de que el juez Larocca Rees evaluara las pruebas presentadas y los argumentos de las partes, se determinó que el acusado deberá purgar la pena máxima, tal como establece el Código Penal en este tipo de casos.

Por otro lado, el magistrado dispuso que el condenado continúe detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta que la sentencia quede firme. Se trata de la misma cárcel en la que permaneció detenido desde que confesó el crimen y le impusieron una prisión preventiva.

Los detalles del crimen y la confesión del acusado

Todo comenzó con una denuncia de desaparición, luego de que Luisina fuera vista por última vez el 9 de julio de 2023. La investigación comenzó a enfocarse sobre Benítez a partir del relato de un remisero, quien dijo haber llevado a la víctima durante la madrugada del 10 de julio hasta una vivienda de la calle Santos Vega al 1200, en el barrio 6 de Febrero.

Las cámaras de seguridad habían registrado a la joven cuando ingresó a esa casa, pero no la mostraron salir. Días después, los mismos registros captaron a Benítez cuando dejaba la vivienda con bolsas negras grandes, mientras llevaba guantes y casco.

Poco después de que el sospechoso fuera detenido y encontraran parte de sus restos en un descampado, él mismo confesó que había asesinado a Leoncino. Así, indicó que el crimen ocurrió el 10 de julio y aseveró que había actuado solo.

Respecto a la forma en la que asesinó a la joven, relató que la había golpeado en la cabeza con un objeto contundente. Además, también había aportado información clave para que se encontraran otras partes del cuerpo que habían sido descartadas en un basural.

Desde el inicio de la causa, Benítez, conocido como “El Ñoño”, fue el único detenido e imputado en la causa. Según el jefe de fiscales de Concordia, José Costa, la confesión “permitió aclarar un poco todo” porque el imputado dio detalles que habían coincidido con la línea principal que seguía la investigación.

Por su parte, la fiscal Julia Elena Rivoira, quien estuvo a cargo de la etapa de instrucción, señaló que el procedimiento fue complejo por las condiciones del terreno y la falta de luz en el lugar. Sin embargo, el propio acusado había logrado orientarse y marcar el sitio.

Luisina era madre de dos pequeños y hermana de Valeria Leoncino, quien había sido asesinada en marzo de 2023 en otro femicidio. La noche del lunes 6 de marzo, Valeria fue asesinada de tres balazos en la puerta de su vivienda por un compañero de trabajo que “tenía una obsesión con ella” y que se quitó la vida tras el hecho.

Una adolescente de 15 años fue aprehendida en Bahía Blanca tras haber ingresado a la vivienda de dos jubilados a los que amenazó con arma para robarles.

El hecho ocurrió este martes en una casa de la calle Borlenghi al 700, a donde la menor entró por la puerta principal y apuntó a la pareja con una pistola calibre 22 largo.

En un momento de descuido, los propietarios lograron escapar y alertar a los efectivos de la Comisaría Primera, que se trasladaron hasta el lugar. Los agentes hallaron a la menor cuando todavía estaba en el interior y procedieron a desarmarla y reducirla.

En el operativo se secuestró un revólver calibre .22 largo con nueve municiones intactas, precintos, guantes, una billetera y $21.000 pertenecientes a las víctimas.

Según precisó el portal La Nueva, la adolescente, conocida como “La Picante” tiene antecedentes en hechos delictivos de similar naturaleza y es considerada de alta peligrosidad.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y la instrucción del expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3.

Un episodio de similares características se registró este fin de semana en Mar del Plata, donde un adolescente de la misma edad fue identificado y detenido tras asaltar a mano armada a un hombre dentro de un galpón.

El menor fue arrestado este sábado en Mar del Plata tras ser identificado a través del análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona. El operativo lo llevó adelante la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que intervino luego de que la víctima alertara al 911.

El asalto ocurrió en un predio ubicado en la intersección de Arana y Goiri, donde un hombre de 42 años limpiaba su camioneta dentro del depósito. Dos jóvenes aprovecharon que el portón estaba abierto, sorprendieron al propietario y, según la denuncia, lo amenazaron con un arma de fuego para sustraerle distintos objetos.

Tras concretar el robo, los sospechosos huyeron en la Volkswagen Amarok blanca de la víctima. La pesquisa de las imágenes registradas por los dispositivos del sector fue clave para establecer la identidad de uno de los presuntos autores.

El vehículo fue localizado poco después en la zona de Grecia y Rawson, junto con parte de los bienes denunciados como robados. Según informó el medio marplatense 0223, entre los objetos recuperados se contaban herramientas de trabajo, tarjetas bancarias, un teléfono celular Motorola G22, $389.000 en efectivo y 281 dólares. Las fuentes también confirmaron que el propietario no sufrió lesiones durante el episodio.

Por disposición judicial, la camioneta y la totalidad de los objetos recuperados fueron devueltos a su dueño. El menor, en tanto, quedó a disposición de la Justicia tras su aprehensión. La causa fue radicada en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del juez Yanes Urrutia, quien ordenó notificar al adolescente por el delito de robo agravado en poblado y en banda.

El magistrado también dispuso el traslado del joven al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y el avance de las diligencias procesales correspondientes. La investigación continúa abierta para determinar el rol del segundo sospechoso que habría participado en el asalto y que permanece sin identificar ni aprehendido.

En Garín, partido de Escobar, un hombre de 51 años fue asesinado dentro de su casa frente a su familia, en un ataque a tiros que los investigadores analizan como un posible ajuste de cuentas. La secuencia, según los primeros elementos incorporados al expediente, incluyó amenazas previas, varios disparos contra la vivienda y la huida de los agresores en motocicleta.

El crimen ocurrió durante el fin de semana mientras la víctima estaba junto a su pareja y sus tres hijos, de 18, 13 y 11 años. De acuerdo con el relato reunido por la investigación, los atacantes llegaron con cascos, permanecieron fuera del domicilio y dispararon sin ingresar, aunque en un momento intentaron forzar la entrada. La causa quedó bajo la órbita de la comisaría Escobar 3ra y de la Fiscalía de turno, que trabajan para identificar a los responsables.

Uno de los disparos hirió en el pecho a Carlos Alberto Sian, provocándole la muerte de manera inmediata. Hasta el momento, no hay detenidos y una de las líneas de análisis apunta a establecer si el homicidio estuvo vinculado con actividades previas de la víctima, mencionadas en el expediente a partir de testimonios y datos recolectados por los investigadores.

De acuerdo con lo informado por el portal Pilar a Diario, la pareja de Sian declaró que los hombres patearon la puerta y dispararon contra la cerradura en un intento de acceso. Como no lograron abrir, continuaron efectuando tiros hacia el interior. En ese contexto, uno de ellos introdujo una mano por una ventana.

La mujer afirmó ante la Fiscalía que los agresores gritaban “te venimos a matar” y “dejanos entrar, te vamos a matar igual”, expresiones que quedaron asentadas en su declaración y que orientan la pesquisa hacia un homicidio premeditado.

La agresión terminó cuando los dos hombres escaparon en la motocicleta en la que habían llegado. Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal confirmó que Sian había muerto, debido a la gravedad de la herida.

El episodio concentró desde el inicio la intervención de peritos y policías, tanto por la mecánica del ataque como por la cantidad de personas que se encontraban en el domicilio. La investigación busca determinar con precisión cuántos disparos fueron efectuados, desde qué posiciones y si hubo una coordinación previa para concretar el homicidio.

Tras el crimen, la Policía Científica realizó peritajes en la vivienda y secuestró cinco vainas servidas de una pistola, un dato central para reconstruir la balística del hecho. Ese material será sometido a análisis para intentar establecer el arma utilizada y, eventualmente, relacionarla con otros episodios.

Durante el procedimiento también fue incautada una escopeta con dos cartuchos intactos que pertenecía a la víctima y que no llegó a ser usada durante el ataque. Ese elemento pasó a formar parte del expediente, aunque la principal atención de los investigadores está puesta en identificar a los tiradores y en reconstruir su recorrido previo y posterior al asesinato.

La víctima se dedicaba a la venta de armas, la compra y venta de teléfonos celulares y los préstamos de dinero. Además, según esas mismas fuentes, registraba antecedentes por distintos delitos. Ese conjunto de datos es evaluado ahora por quienes llevan adelante la causa para determinar si alguna de esas actividades pudo haber funcionado como móvil.

Cecilia Emilce Lazcano (16) fue asesinada en la localidad correntina de Alvear el pasado 16 de julio. El principal acusado del crimen es J., un compañero de colegio que fue detenido. El sospechoso había intentado montar un supuesto suicidio, pero el avance de la investigación reveló una trama de terror.

Este viernes, el caso tuvo novedades: la Justicia provincial imputó como coautora del homicidio a la novia de J. Se trata de una adolescente de 17 años, quien además recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a que la querella había solicitado su detención en un instituto para menores.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, también ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los padres de la imputada, ante sospechas de posibles maniobras para entorpecer la investigación.

En línea con esto, se determinó que el cuidado y la vigilancia de la menor quedarán a cargo de su madre, que también deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas. Al mismo tiempo que deberá acompañar durante el proceso de reinserción escolar, la adolescente también tendrá que iniciar un tratamiento psicoterapéutico.

De esta manera, la pareja de adolescentes quedó imputada por el homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Según pudo corroborar este medio, la acusación se basó en los análisis de las conversaciones que ambos mantuvieron en WhatsApp antes y después de que se consumara el ataque.

Estos intercambios, extraídos del teléfono del joven, permitieron al fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, confirmar la existencia de una planificación previa. El primer registro data del 14 de julio por la tarde, casi dos días antes de que J. degollara a la adolescente.

En ese diálogo, la novia preguntó si seguía adelante el plan acordado, a lo que respondió que todo estaba listo. Durante el intercambio, la joven expresó dudas sobre la ejecución del asesinato, pero el acusado insistió en que cumpliría lo pactado y aseguró: “Yo mato, pero jamás te dañaré ni siquiera un pelo a ti”. Además, afirmó haber matado anteriormente, llegando a mencionar trece víctimas.

En los primeros momentos, J. planeaba atacar a Cecilia solo con un cuchillo, aunque más tarde evaluó sumar un arma de fuego por precaución y llevar ropa para cambiarse tras el crimen. También se discutió cómo ocultar el cuerpo; el acusado propuso enterrarlo bajo tierra y cubrirlo con maleza o incluso con un animal muerto para evitar sospechas.

A través de los chats, se evidenció que los acusados contemplaban involucrar a una tercera persona, aún no identificada, para retrasar el hallazgo del cuerpo de Cecilia. Inicialmente, se sospechó del hermano de J., pero ahora se consideraría la posibilidad de un familiar de la madre de la novia como posible implicado. Además, todavía no determinó el móvil del crimen.

La madrugada del 16 de julio, J. atacó a la víctima en la vieja estación de tren de Alvear. Según se estableció, el ataque ocurrió entre las 3:16 y las 4:28. El acusado intentó encubrir el ataque simulando un suicidio y trasladó a la víctima bajo engaño hasta el lugar del hecho.

Después del hecho, el joven notificó a su pareja que Cecilia seguía viva y le pidió ayuda para ejecutar la segunda parte del plan. “Se me fue todo de las manos. No sé cómo pero ella está viva. Por favor, necesito su ayuda, mi amor”, se lee en uno de los textos enviados.

Los investigadores determinaron que, aunque el plan incluía descuartizar el cuerpo para fortalecer la coartada, J. no pudo concretarlo por el desarrollo de los hechos. Según relató el joven a su pareja, el corte en el cuello no fue suficiente para causar la muerte inmediata y había intentado aparentar que las lesiones habían sido autoinfligidas.

En sus conversaciones, J. dejó en claro su prioridad de cumplir con su pareja y mostró preocupación por la posibilidad de que el cuerpo fuera hallado antes de lo previsto. Su novia, aunque en un principio colaboró en la planificación, expresó dudas y cuestionó el accionar de J. tras el ataque. Poco después del crimen, el personal policial se presentó en el domicilio del principal sospechoso.

Cuando los compañeros de trabajo de Fabio Alejandro Vallejos detectaron que no se había presentado a trabajar, comenzaron a preocuparse. Poco después supieron que la empleada doméstica del edificio donde vivía en Neuquén lo encontró muerto. Tenía golpes y cortes en el rostro.

El cuerpo del hombre de 56 años yacía sin vida sobre la cama del departamento ubicado en Diagonal 25 de Mayo al 270, en el centro de la ciudad. Vallejos residía solo en la capital desde hacía un par de años y se desempeñaba como empleado de una empresa que presta servicios al sector petrolero.

Este martes el hombre oriundo de Mendoza no se presentó a trabajar y eso inquietó a sus compañeros, por lo que decidieron averiguar qué había ocurrido dado que tampoco lograban contactarlo.

Cerca de las 11, la mujer que lo halló entró en la vivienda situada en el tercer piso; al presenciar la escena, se comunicó con las autoridades. De forma inmediata, la intervención de la Fiscalía de Homicidios tuvo lugar, sin excluir la posibilidad de que hubiera implicación de un tercero, de acuerdo con lo consignado por LM Neuquén de fuentes del caso. El hombre ya había fallecido, según constató el personal médico de SIEN que acudió al sitio.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que la puerta de acceso al departamento no presentaba signos de haber sido violentada. Los vecinos de los departamentos contiguos tampoco escucharon gritos, golpes fuertes u otro tipo de ruidos que pudieran estar asociados a una situación de violencia durante las horas previas al hallazgo.

La causa quedó en manos de la fiscal María Eugenia Inaudi, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, junto con personal de la División Homicidios de la Policía, Criminalística y Medicina Forense.

Los equipos trabajaron en la escena con el objetivo de reunir elementos que permitieran reconstruir lo ocurrido dentro del departamento y establecer qué personas estuvieron con la víctima antes de su muerte.

En declaraciones al mismo medio local el comisario Llaytuqueo confirmó que los primeros indicios encontrados en el cuerpo apuntan a una muerte violenta. “Se sospecha que otra persona participó en el hecho”, precisó el jefe policial, aunque aclaró que la investigación avanza sobre distintas hipótesis y aguardan los resultados de la autopsia para determinar cómo se produjo el deceso.

En paralelo, Criminalística trabajó en el levantamiento de pruebas dentro de la vivienda, mientras que la Fiscalía avanzó recabando datos de vecinos y allegados que pudieran brindar alguna información relevante.

Otro crimen en Neuquén

El 3 de agosto encontraron el cuerpo de Mario Andrés Forquera (46) tras casi un mes de búsqueda. Estaba en estado de descomposición en un predio del Parque Industrial de Senillosa, a unos 340 metros de las casillas del lugar, entre la vegetación, y su identidad debió confirmarse mediante un estudio dactiloscópico.

Lo que comenzó como una búsqueda de persona desaparecida derivó en una causa por homicidio agravado con alevosía y ensañamiento. La familia había denunciado su desaparición el 8 de julio y durante semanas la Policía realizó rastrillajes sin resultados. Fue el hallazgo de su ropa en la zona del criadero lo que orientó la búsqueda hasta el lugar donde apareció muerto y desnudo.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF), todo ocurrió entre la noche del 4 de julio y la madrugada del 5, en un predio de Senillosa propiedad de uno de los imputados, identificado como R.J.C. Forquera estaba allí junto a los tres acusados y otro hombre, consumiendo alcohol y drogas, cuando R.J.C. lo acusó de haber robado un taladro. Según la fiscal Guadalupe Inaudi, él y D.A.Z. lo golpearon, redujeron y desnudaron, “le colocaron una escopeta en la boca” y le provocaron heridas con dos armas blancas en las piernas y el abdomen. Ya herido y atado de pies, los tres imputados —con la incorporación de D.E.D.L.— lo arrastraron hasta los corrales de cerdos y “lo arrojaron dentro del primer chiquero para que muriera en ese lugar”. Las autoridades estiman que Forquera logró salir de los corrales por sus propios medios, lo que explicaría la ubicación del cuerpo.

Tras los resultados de la autopsia, el MPF ordenó siete allanamientos simultáneos en Neuquén y Senillosa, en los que los tres imputados fueron detenidos. La acusación fue presentada ante el juez de garantías Luciano Hermosilla, quien concedió cuatro meses de prisión preventiva —en lugar de los seis solicitados— y fijó el mismo plazo para el avance de la investigación, con prohibición expresa de intimidar testigos.

En la provincia de Neuquén, una ofensiva judicial sobre la venta minorista de drogas derivó en la imputación de 11 personas por presunto comercio de estupefacientes agravado y en una batería de medidas para cortar la actividad en distintos puntos del barrio Cuenca XV. La Fiscalía avanzó sobre dos expedientes conectados por el territorio, con allanamientos, secuestro de droga, dinero, armas y el pedido de restricciones para impedir que los acusados regresen a los lugares donde, según la investigación, operaban.

La acusación fue formulada por la fiscal del caso Silvia Moreira, con intervención del Ministerio Público Fiscal y del departamento de Antinarcóticos de la Policía provincial, luego de procedimientos realizados durante el fin de semana y autorizados por un juez de garantías. En uno de los legajos se atribuyó a cuatro hombres la comercialización organizada de cocaína y cannabis; en el otro, a siete integrantes de un grupo familiar al que se le adjudicó una estructura coordinada para vender y fraccionar droga en varios domicilios.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la causa quedó abierta en un contexto de medidas cautelares que incluyeron arrestos domiciliarios, prohibiciones de contacto con testigos, restricciones de ingreso a sectores del barrio y clausuras de inmuebles. El juez de garantías Marco Lupica Cristo abrió la investigación por cuatro meses hasta el 29 de diciembre de 2026, mientras la fiscalía intenta consolidar la prueba reunida en los operativos.

El primer bloque de cargos fue presentado el viernes por la tarde contra F.E.S., P.L.H., A.D.L. y S.A.A. De acuerdo con la exposición de Moreira, los cuatro habrían comercializado estupefacientes en al menos dos viviendas de Cuenca XV entre el 20 de mayo y el 27 de agosto de 2026, en distintos horarios y con un esquema de atención a compradores que llegaban a las bocas de expendio.

Según la acusación, los pagos se hacían en efectivo o mediante billeteras virtuales, un dato que la fiscal remarcó al describir la modalidad presuntamente utilizada. Durante los allanamientos, el personal interviniente encontró 84 gramos de clorhidrato de cocaína y 61 gramos de cannabis sativa, además de dinero en efectivo en los inmuebles vinculados con ese tramo del caso.

A esos cuatro acusados se les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en carácter de coautores. Como respuesta cautelar, se dispuso por dos meses la detención domiciliaria de P.L.H., A.D.L. y S.A.A., con consigna policial hasta la colocación de tobilleras electrónicas y con prohibición de contacto con los testigos incorporados al expediente.

En el caso de F.E.S., la medida fue distinta. El juez estableció la prohibición de ingresar al barrio Cuenca XV, una decisión orientada a impedir un eventual retorno al área bajo investigación mientras avanza el trámite judicial. Además, se ordenó la clausura de un inmueble ubicado sobre la calle Delegados Territoriales Neuquinos.

El segundo tramo de la investigación se formalizó el sábado por la tarde, cuando Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega imputaron a otras siete personas por integrar una organización familiar dedicada, según la hipótesis fiscal, a la comercialización y fraccionamiento de cocaína y marihuana en distintos domicilios de Cuenca XV y zonas cercanas.

La acusación alcanzó a J.A.Y., C.B.F., O.G.F.S., M.E.M., J.M.M., T.B.S. y C.N.F.S. Para la Fiscalía, la actividad se habría extendido desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026, con una división de roles entre los integrantes y con puntos de venta que funcionaban de manera articulada. Dentro de ese esquema, los compradores podían ser derivados de una vivienda a otra y los pagos también podían concretarse en efectivo o por medios digitales.

La imputación para los siete fue la misma figura base que en el primer expediente, es decir, comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, siempre en calidad de coautores. En dos casos, O.G.F.S. y M.E.M., la fiscalía agregó además el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego, en concurso real.

En los procedimientos realizados el 27 de agosto, la investigación incorporó elementos que la fiscalía presentó como respaldo de la maniobra atribuida. En esos allanamientos se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana preparados para la venta, balanzas de precisión y anotaciones con precios y nombres.

También fueron incautados dinero en efectivo en pesos, dólares y pesos chilenos, junto con armas de fuego y municiones.

Además, el juez hizo lugar al embargo de cuentas y billeteras virtuales de J.A.Y. y C.N.F.S. hasta un límite de 30 millones de pesos por persona, aunque excluyó de esa medida las cuentas destinadas al cobro de subsidios o con finalidad alimentaria.

Como medida de coerción para el grupo de siete imputados, la fiscalía había solicitado cuatro meses de detención domiciliaria en viviendas alternativas ubicadas fuera de Cuenca XV, con monitoreo mediante tobilleras electrónicas. También requirió controles policiales sorpresivos, con al menos tres rondines diarios hasta que esos dispositivos estuvieran operativos, además de una prohibición absoluta de contacto con testigos de identidad reservada y vecinos denunciantes.

Durante un procedimiento policial en Guaymallén, provincia de Mendoza, se secuestraron casi 34 kilos de cocaína, 18.200 dólares en efectivo y otros elementos incorporados a la investigación judicial. Además, detuvieron a tres personas y la causa quedó en manos de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar sobre el origen del cargamento, el destino previsto y el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

El operativo fue ejecutado por la Policía contra el Narcotráfico con intervención de áreas de Investigaciones, luego de una pesquisa previa que siguió movimientos vinculados con el acopio de estupefacientes. Según Los Andes, el procedimiento permitió detectar y frenar el cargamento antes de que comenzara su distribución en el mercado ilegal.

La sustancia secuestrada presentaba un alto grado de pureza y estaba acondicionada en panes. La valuación oficial del cargamento superó los 350.000 dólares, una cifra que da cuenta de la dimensión económica del golpe para la estructura que operaba con esa droga.

Los tres aprehendidos son mayores de edad y quedaron a disposición del fuero federal bajo sospecha de haber participado en tareas de acopio y resguardo del estupefaciente. Por el momento, la información pública no precisa si existían pedidos de captura previos ni si los detenidos integraban una organización con alcance provincial o conexiones fuera de Mendoza.

La presentación del cargamento abrió otra línea de análisis. Los paquetes estaban envueltos con cinta verde y amarilla, una modalidad que ya había sido detectada en operativos recientes en Mendoza. Entre esos antecedentes figura el secuestro de alrededor de 90 kilos de cocaína en Maipú, a fines del año pasado.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió al operativo a través de sus redes sociales y remarcó el impacto del secuestro tanto sobre la sustancia como sobre el dinero asociado a estas maniobras. “Seguimos golpeando donde más les duele, sobre la droga, el dinero y quienes sostienen estos negocios”, expresó la funcionaria.

Rus también felicitó a los equipos de Investigaciones y de la Policía contra el Narcotráfico por el trabajo previo y la precisión del procedimiento. Más tarde insistió en que la persecución de estas estructuras demandará continuidad y presencia sostenida de las fuerzas de seguridad. “Esta es una batalla larga y la vamos a dar todos los días con la Policía de Mendoza”, sostuvo.

Teniendo en cuenta el volumen total de droga que fue secuestrada durante el procedimiento, junto con la suma de dinero que fue incautada en el mismo operativo, quienes están a cargo de la investigación sostienen la hipótesis de que no se trató de un episodio aislado. Tampoco consideran que se haya tratado de una simple tenencia destinada a la venta en pequeña escala.

El operativo realizado en Guaymallén se inscribe en una seguidilla de procedimientos por narcotráfico que en los últimos meses tuvieron como escenario distintos puntos de Mendoza. Una vez más, la modalidad de emplear viviendas y ubicaciones urbanas para almacenar, proteger y luego distribuir estupefacientes queda expuesta por la investigación.

Una investigación de la Policía Federal Argentina derivó en 12 allanamientos simultáneos y en la detención de cinco personas acusadas de integrar una estructura dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y comercialización de droga en la provincia. Según la información difundida entonces, la banda operaba principalmente en Las Heras y Guaymallén, con ramificaciones hacia otros departamentos mendocinos, incluida la zona Este.

En ese expediente, los procedimientos permitieron secuestrar cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo y un vehículo. La causa avanzó sobre la hipótesis de una organización con cierto grado de coordinación territorial, capaz de mover estupefacientes entre distintos sectores del Gran Mendoza.

Durante un operativo policial para desarticular una banda narco, las autoridades capturaron a un hombre de 41 años que era intensamente buscado por el crimen de un comerciante ocurrido a mediados de marzo en Ituzaingó. El sospechoso también estaba señalado por torturar a dos ancianas durante un robo en el misma municipio.

Jorge Facundo F. tenía una orden de captura nacional e internacional. Al momento de su detención, las autoridades advirtieron de inmediato su condición y lo pusieron a disposición de la fiscal María Alejandra Bonini -titular de la UFI Descentralizada N° 2- a cargo de la investigación por ambos hechos.

Este martes fue trasladado a Morón para ser indagado judicialmente, además de someterlo a extracción de sangre para cotejar su ADN con el material hallado en la escena del crimen, según indicó Primer Plano Online.

La causa se inició en marzo de 2026, luego de que la hermana de Andrés Raúl Cerviño lo encontrara sin vida en su vivienda de la calle Bacacay al 900, en la intersección con General Soler. La mujer había ido a visitarlo y encontró la puerta de ingreso abierta. Al ingresar, halló el cuerpo del hombre de 54 años tendido en el suelo, atado de pies y manos, en medio de un importante desorden. La reja de una de las ventanas estaba forzada. Cuando llamó al 911 y los efectivos policiales arribaron, confirmaron que ya estaba muerto.

La autopsia dispuesta por Bonini arrojó que el comerciante había muerto por asfixia mediante compresión y sofocación, es decir, fue ahorcado desde atrás con un brazo. El cuerpo presentaba además múltiples heridas en el rostro y las piernas. “Fue muy torturado”, revelaron fuentes de la investigación.

Días antes del crimen, el mismo grupo de delincuentes había entrado al domicilio de dos ancianas, también en la zona oeste del Gran Buenos Aires, a quienes les quemaron las yemas de los dedos con cera de vela para que revelaran dónde guardaban dinero, les arrojaron agua caliente y les colocaron bolsas en la cabeza.

El vínculo entre ambos hechos quedó establecido a través de las imágenes recopiladas por el Laboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó y los registros fílmicos de las cámaras privadas de los vecinos. Durante el análisis detectaron que los delincuentes se movían en un vehículo gris modelo Renault Fluence cuya patente quedó registrada en varios domos. Ese mismo rodado había sido publicado para la venta en octubre del año pasado con un perfil apócrifo, en la sección de ventas de Facebook. A su vez, la patente figuraba registrada en una aplicación de viajes, donde todavía estaba activo.

La información recabada por la Policía de la Ciudad y municipios linderos permitió rastrear el auto hasta que lo divisaron circulando por la intersección de las avenidas Castañares y Larrazabal, en el barrio porteño de Mataderos. Allí, fue detenido Víctor Fernando David Cequeira (42), quien además llevaba puesta la misma gorra amarilla que había usado en ambos asaltos. La fiscal ordenó el secuestro del vehículo y su teléfono celular, y el allanamiento de su domicilio de la calle Huabac al 6700, en la Ciudad de Buenos Aires. En la vivienda secuestraron tres teléfonos adicionales.

De esta manera, las autoridades lograron dilucidar quién era el segundo sospechoso. Las antenas del teléfono que usaba impactaron en los registros de ambas entraderas, lo que lo ubicó en la escena de los dos hechos. Pese a los sucesivos allanamientos realizados por la SubDDI de Ituzaingó, Jorge Facundo F. no había podido ser capturado, hasta que el reciente operativo en Lomas de Zamora lo delató.

“Es uno de los sujetos que estuvo en el interior de la casa de Cerviño, y creemos que fue coautor material del crimen”, indicaron fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online.

Tanto Cequeira, que permanece detenido, como el individuo de 41 años enfrentan cargos por homicidio agravado —cometido con ensañamiento y para consumar el robo— y robo agravado por fractura de lugar habitado.

Luego de haber permanecido dos días en coma producto de una violenta agresión, este martes se confirmó la muerte de Luis Armando Ramos, un vecino muy conocido de la localidad de Corral Quemado, ubicada en la provincia de Catamarca. Por el hecho, hay un joven detenido, acusado de haberlo agredido y enviado al hospital.

El episodio se habría producido el domingo entre las 19 y las 23 horas, en las inmediaciones del Club River de Corral Quemado, donde se desató una discusión entre la víctima y un joven de 20 años. Hasta el momento, no se conocieron detalles del conflicto que habría desencadenado la pelea entre ambos.

Según la información incorporada a la causa, en medio del tenso intercambio, el sospechoso le habría aplicado un golpe en el rostro a Ramos. Esto habría provocado que perdiera el equilibrio, cayera al suelo y quedara inconsciente.

Tras la agresión, el adulto mayor fue asistido en el centro de salud local y luego derivado a la ciudad de Belén, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Durante su internación presentó un cuadro de politraumatismos y posteriormente se informó que tenía muerte cerebral. Fue así que su muerte se confirmó este martes.

A raíz de esto, el joven fue detenido y permanece a disposición de la justicia. De acuerdo con la información obtenida por El Ancasti, será indagado en las próximas horas. Asimismo, una comitiva de la División Homicidios viajará a la localidad para realizar pericias y determinar si el golpe y la posterior caída fueron la causa directa de la muerte.

Murió un hombre de 82 años durante un violento asalto en San Justo

Hace casi dos semanas, se dio a conocer que un hombre de 82 años murió durante un asalto ocurrido en una vivienda de la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, en un hecho que es investigado como homicidio en ocasión de robo. El ataque se produjo durante la madrugada del 21 de agosto, cuando al menos tres delincuentes irrumpieron en la casa donde vivía junto a su esposa.

La víctima fue identificada como Lorenzo Fiorentino, de 82 años, quien residía en el domicilio junto a A. B., de 80. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los asaltantes habrían ingresado entre las 5 y las 6 de la mañana tras cortar la reja de una ventana ubicada en la parte trasera de la propiedad.

Según el testimonio de la mujer, los ladrones actuaron con pasamontañas y guantes, y al menos uno de ellos portaba un arma de fuego. Una vez dentro de la vivienda, revolvieron distintos ambientes, agredieron a la pareja y escaparon por la puerta principal con dinero en efectivo y las llaves de la casa.

El hecho fue denunciado cerca de las 6.30 horas, cuando los delincuentes ya se habían dado a la fuga. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer con signos de haber sido golpeada, mientras que su esposo había sufrido una descompensación en medio del robo. Minutos después, se confirmó su muerte en la vivienda.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones y del Grupo Táctico Operativo, que trabajan para identificar a los autores del ataque. Además, buscarán establecer si la banda contaba con información previa sobre el domicilio o sobre sus ocupantes.

Entre las medidas dispuestas figuraroenviadon el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios en la zona y las pericias en la escena del hecho. Hasta el momento, los sospechosos continúan prófugos y la Justicia espera avanzar con nuevas declaraciones para reconstruir con mayor precisión la secuencia del asalto.

La causa por el triple homicidio en la zona norte de Santa Fe sumó ayer martes un nuevo imputado. Se trata de un hombre de 20 años identificado por sus iniciales, K.A.S., a quien el Ministerio Público de la Acusación le atribuyó haber participado como coautor en el ataque ocurrido el 31 de diciembre del año pasado, cuando fueron asesinados dos hermanos y una adolescente en una vivienda de la capital provincial.

La acusación fue formulada en los tribunales de Santa Fe durante una audiencia ante el juez Luis Octavio Silva. Allí, el fiscal Carlos Lacuadra sostuvo que el acusado integró el grupo que intervino en el hecho y anticipó que pedirá su prisión preventiva cuando se realice la audiencia de medidas cautelares, cuya fecha todavía debe ser definida por la Oficina de Gestión Judicial.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, las víctimas fueron Isaías Uriel Álvarez, de 20 años; su hermano Alexis Yamir Álvarez, de 22; y Juliana Ojeda, de 17, quien era pareja del menor de los dos varones.

Según expuso el fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana del jueves 31 de diciembre del año pasado en una casa situada sobre Diagonal Obligado sin número, entre Carlos Lehuman y Pasaje Público, en el norte de la ciudad. La imputación fue por triple homicidio calificado por el empleo de arma de fuego, una figura que el fiscal le adjudicó en calidad de coautor.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, el ataque no fue ejecutado por una sola persona. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación afirmó que intervino un grupo de alrededor de ocho personas, entre ellas el imputado, dos menores de edad y otros participantes que aún no pudieron ser identificados.

Ese punto fue uno de los ejes centrales de la atribución penal. La acusación no ubica a K.A.S. como autor individual exclusivo, sino como parte de una acción conjunta. En esa línea, la investigación sostiene que la agresión fue desplegada de manera coordinada por varios atacantes.

Durante la audiencia, Lacuadra indicó que para concretar los asesinatos los atacantes utilizaron al menos dos armas de fuego calibre 9 milímetros.

El expediente también distingue la situación procesal de los menores señalados en la investigación. Según se informó, los adolescentes involucrados quedaron bajo la órbita de los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), mientras que la pesquisa sobre los demás participantes continúa abierta.

La referencia a personas todavía no identificadas muestra que el caso no está cerrado en términos investigativos. Por el contrario, la imputación a K.A.S. aparece como un paso dentro de una causa más amplia, en la que la Fiscalía todavía intenta determinar la identidad y el grado de intervención del resto de los presuntos coautores.

La acusación fiscal detalló además cómo resultaron heridas las víctimas. En el caso de Isaías Uriel Álvarez, el funcionario judicial señaló que recibió 10 disparos de arma de fuego. Juliana Ojeda, de 17 años, sufrió un disparo en el pecho, siempre según la descripción expuesta en la audiencia.

La tercera víctima, Alexis Yamir Álvarez, fue alcanzada por múltiples disparos. A diferencia de los otros dos jóvenes, no murió en el mismo momento del ataque. Fue trasladado al hospital Cullen, donde quedó internado, fue sometido a una intervención quirúrgica y finalmente murió el sábado 7 de febrero de este año.

Ese tramo de la secuencia es uno de los elementos más relevantes del caso, porque extiende en el tiempo las consecuencias del ataque y forma parte de la imputación por las tres muertes. La investigación judicial considera que todas derivaron de la misma acción armada ocurrida a fines del año pasado.

Tras la imputación formal, el próximo paso procesal será la discusión de las medidas cautelares. El juez dispuso que esa audiencia se realice en un día y horario que deberá establecer la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda en Mar del Plata tras ser acusado por un grupo de personas de haber robado una bicicleta. La víctima iba a comprar milanesas junto a un amigo cuando ocurrió el ataque este lunes por la noche en el barrio Regional.

Se trata de Maximiliano Zabala quien falleció a los pocos minutos de haber ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). E.B., quien se encontraba con él al momento del hecho, relató cómo ambos fueron interceptados por al menos 10 personas en la esquina de las calles Grecia y Peña. Los agresores los señalaron como autores de un robo y comenzaron a golpearlos.

Según la reconstrucción difundida por el sitio 0223, el episodio tuvo lugar entre las 19 y las 20 en el sector de Villa La Palangana. Allí Zabala recibió un tiro por la espalda mientras que el otro hombre, de 36, logró escapar. Su amigo quedó tendido en el piso con una herida de bala y a los vecinos de la zona se habían acercado para asistirlo mientras esperaban que llegara la atención médica.

“Le dieron un tiro a Maxi y así murió”, dijo el amigo de Zabala quien también estaba golpeado.

El portal local confirmó que el hombre asesinado era padre de un nene de 9 años y vendedor ambulante. Sus conocidos indicaron que se ganaba la vida vendiendo medias en la zona céntrica de la ciudad. “Se las arregló siempre para salir adelante”, dijo otro de los amigos más cercanos a 0223. Quienes lo conocían relataron que sus papás habían fallecido y que solo tenía una hermana a la que hasta el momento no habían podido contactar.

“Su familia somos sus amigos”, aseguraron. En la misma línea, sus allegados rechazaron la versión que lo vinculaba con un robo. “Pongo las manos en el fuego por él, no estaba metido en nada raro”, indicaron. El amigo insistió en que Zabala había salido únicamente a comprar comida y que en ese momento incluso estaba quedándose en su casa. El hombre lo definió como alguien que “siempre contagiaba una sonrisa”.

Las autoridades trabajan en el caso para identificar a la persona que ejecutó el disparo y a los que integraban el grupo que los atacó. Por ahora, ninguna persona fue arrestada ni acusada en relación con el asesinato. El expediente está bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, cuyo titular es el fiscal Carlos Russo, y el caso quedó caratulado como homicidio, indicó el portal Ahora Mar del Plata.

La Policía Científica y el gabinete técnico operativo trabajaron en la recolección de rastros balísticos, el relevamiento de cámaras y la identificación de los agresores, en tanto la autopsia se llevará a cabo este miércoles.

El historial de ambos

La información consignada por La Capital de Mar del Plata indicó una serie de antecedentes judiciales que pesaban tanto sobre la víctima como en el segundo hombre atacado. Esto llevó a los investigadores a barajar la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Según surge de los registros, Zabala tenía causas por robo en 2013; por tentativa de robo, tenencia simple de estupefacientes y un pedido de paradero activo en 2014; por robo agravado en grado de tentativa y por robo junto con atentado a la autoridad en 2016; por robo agravado en grado de tentativa en 2017; por lesiones y averiguación de identidad en 2022; y por tenencia simple de estupefacientes en 2024.

Su amigo acumulaba procesos por robo agravado en 2010; por robo, robo en domicilio y tentativa de robo en 2013; por tentativa de robo y tentativa de robo agravado en poblado y en banda en 2014; por infracción a la Ley de Drogas y contravenciones en 2017; por lesiones leves agravadas y un allanamiento vinculado a una investigación por tentativa de homicidio en 2020, además de una infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal durante la cuarentena; por lesiones leves y dos contravenciones en 2021; por lesiones graves en 2022; y por robo en la vía pública en 2024.

Un hombre de 40 años fue condenado en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a 16 años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas, hijas de quien era su pareja al momento de los hechos. La sentencia fue resuelta por unanimidad en un juicio oral que terminó este jueves.

El tribunal que dictó el fallo estuvo presidido por Leandro Martín e integrado además por Lorena Garini y Adrián Godoy. En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), intervino la fiscal María Florencia Schiappa Pietra, quien tras conocer el veredicto señaló que analizará los fundamentos de la resolución para evaluar los pasos a seguir.

Según expuso la fiscal durante el debate, el condenado cometió los hechos en la casa en la que residía junto al grupo familiar. De acuerdo con la acusación, abusó de una de las víctimas entre 2012 y 2013 y volvió a cometer hechos de características similares contra la otra niña entre 2016 y 2019.

Aunque hoy ambas víctimas son mayores de edad, Schiappa Pietra precisó que ambas eran menores de edad y transitaban la primaria al momento de los hechos. También indicó que el acusado amenazaba a una de ellas para impedir que lo denunciara. Detalló que le decía que, si alguien se enteraba de lo ocurrido, “todos” la iban a odiar y la familia se separaría.

La investigación avanzó después de que las jóvenes lograran identificar como abuso sexual lo que habían vivido años antes. Según explicó la fiscal, ese reconocimiento fue posible, en parte, a partir de contenidos abordados en clases de Educación Sexual Integral (ESI).

De acuerdo con lo informado por el MPA, en julio de 2024 una de ellas logró contarle a su madre lo que había sucedido. Tras ese relato, “la mujer radicó la denuncia que motivó las primeras diligencias” que dio inicio a las primeras medidas investigativas. Para entonces, la relación de pareja con el agresor ya había terminado.

La funcionaria judicial agregó que, en mayo del año pasado, cuando el hombre ya estaba en prisión preventiva, la otra víctima denunció que también había sido abusada por él en numerosas ocasiones. En los dos casos, los delitos fueron agravados por haber sido el encargado de la guarda y por la convivencia preexistente con las víctimas, que eran menores de edad.

El hombre, identificado como D.D.R., fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una de las niñas y de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de ambas. La identidad completa del condenado no fue difundida con el objetivo de evitar la revictimización de las personas que denunciaron los abusos.

Por otro lado, el tribunal decidió absolverlo respecto de la acusación por desobediencia de un mandato judicial. Este cargo también formaba parte de las imputaciones que se habían incorporado en el desarrollo del proceso.

Otro antecedente en Santa Fe

Un antecedente reciente en la provincia de Santa Fe tuvo una resolución similar en cuanto a la pena. Un hombre fue condenado en Rafaela a 16 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja.

El caso fue resuelto mediante un juicio abreviado, a partir del reconocimiento de culpa del acusado y del acuerdo de las partes. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5, y la sentencia fue dictada por el juez Nicolás Stegmayer.

Los abusos se cometieron en reiteradas oportunidades durante 2024, en momentos en que la niña, que cursaba los últimos años de la escuela primaria, quedaba al cuidado del condenado. El tribunal lo declaró responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia, en perjuicio de una menor de 13 años. Aunque se trata de un expediente distinto, el fallo aparece como un antecedente reciente dentro de la jurisdicción santafesina.

Fue la primera vez que se lo vio en público desde su detención. Llegó esposado, bajo un estricto operativo de seguridad, a bordo de un camión celular de la Dirección de Unidades Especiales Antimotín (DUEA) del Servicio Penitenciario Provincial.

Asistido por Marcelo Flores, su nuevo abogado defensor, Villarreal fue notificado de los delitos que se le atribuyen. Aunque negó los hechos, optó por abstenerse de declarar. Además, la fiscal Analía Cepede resolvió ampliar la imputación.

De esta manera, a las acusaciones iniciales por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado se sumó el delito de promoción a la corrupción de menores. La situación judicial del acusado se agravó luego de que se difundiera un audio suyo de campaña política en el que se refería a mujeres con expresiones denigrantes y mencionaba la entrega de distintos elementos para vincularse con ellas.

Según la información obtenida por El Doce.tv, las víctimas tienen entre 13 y 16 años y los hechos bajo investigación ocurrieron en Villa de María de Río Seco. Al momento de los episodios denunciados, Villarreal se desempeñaba como asesor del, por entonces, legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores.

La pesquisa, encabezada por Cepede, ya tiene 16 personas imputadas. También se investiga si uno de los presuntos abusos ocurrió en un campo de Flores, quien este lunes presentó su renuncia al cargo. “Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario”, sostuvo.

“Preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones; también implica saber cuándo dar un paso al costado”, explicó el ex legislador al afirmar que se va “con la conciencia absolutamente tranquila” y que no tiene “nada que ocultar”.

El testimonio de una víctima que complicó a Villarreal

La semana pasada, la causa incorporó el testimonio de una de las víctimas, quien apuntó directamente contra Villarreal. La mujer, identificada como Marfa, habló desde el hospital en el que permanece internada por una grave enfermedad. Según contó, fue su primera víctima y convivió con su entorno desde los dos años hasta los 16.

“Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”, recordó al referirse a los años en los que estuvo con la familia del imputado. Además, señaló que logró alejarse de ese entorno cuando era adolescente.

En diálogo con Noticiero Doce, la mujer contó: “Decidí irme para venir a Río Seco, estaba cansada de los maltratos. No fue difícil, pude irme”. También acusó a la madre de Villarreal por agresiones físicas: “Me llevaba a la vuelta de la casa y me pegaba”.

Tras conocer la detención de Villarreal, expresó: “Por fin se hizo justicia después de muchos años. Ahora creo que cambiaron las cosas”.

Cómo se destapó el caso

Todo comenzó a comienzos de mes, cuando la Justicia desarticuló una presunta red de explotación sexual que, según la investigación, tenía como víctimas a dos adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco.

El expediente se activó en el marco de la búsqueda de una adolescente de 14 años denunciada como desaparecida por su familia. El protocolo desplegado por la Justicia provincial y la Departamental Ischilín permitió localizarla en Santiago del Estero el 2 de agosto.

“Estamos hablando de una menor de edad”, señaló la fiscal Analía Cepede, en declaraciones a ElDoce.tv. En una primera etapa, la causa derivó en la detención de siete hombres, que luego fueron alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje.

La mayoría son remiseros y choferes de aplicaciones irregulares que operaban en la zona. “Lamentablemente, las siete detenciones que tenemos son siete personas mayores de edad, una franja muy elevada entre la víctima y los victimarios”, sostuvo Cepede.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la captación y circulación de la información sobre la disponibilidad de las víctimas se habría dado de manera informal, sin el uso de plataformas digitales. “La contactación y pasarse el dato de que estas chicas ejercían este tipo de actividad, hablamos de una prostitución infantil importante”, afirmó la funcionaria.

A partir del hallazgo de la menor, la investigación quedó dividida en dos tramos jurisdiccionales: uno en Córdoba, por los hechos ocurridos en esa provincia, y otro en Santiago del Estero, por los episodios vinculados que habrían sucedido allí.

En ese expediente, Villarreal fue imputado por abuso sexual agravado, y la Fiscalía sospecha que podría haber facilitado el traslado y sometimiento de las víctimas.

Un alumno llevó una réplica de arma y tres balines a un colegio secundario en el barrio Villa Corina, ubicado en Córdoba. El episodio de este martes volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia escolar de la provincia, donde días antes otro operativo había terminado con el secuestro de un revólver de aire comprimido, un cuchillo y una manopla.

En el caso más reciente, los alumnos advirtieron sobre presuntas amenazas realizada por uno de sus compañeros hacia sus pares. La Policía intervino después de que autoridades del establecimiento fueran alertadas.

Los efectivos secuestraron una réplica de arma de aire comprimido, tres balines y una mochila. La réplica y la munición estaban en la mochila y no tenía número de serie. El material fue hallado luego de que una adolescente entregara voluntariamente ese bolso al personal policial.

Por el momento, el episodio quedó bajo investigación para determinar cómo ingresó el elemento al establecimiento y qué ocurrió en detalle entre los estudiantes involucrados. La reconstrucción difundida por ElDoce.tv agregó que el hecho se produjo cerca del mediodía del martes en un Ipem de la zona noreste de la capital provincial.

Mientras avanzaba el procedimiento, también surgieron cuestionamientos de familias del colegio sobre la forma en que se manejó la situación dentro del establecimiento. Una madre relató que durante el operativo los chicos permanecieron en las aulas y que no recibieron información oficial inmediata por parte de los directivos.

“A los chicos no los dejaban salir. Los maestros y preceptores no pudieron contenerlos. Ningún directivo se comunicó con los padres ni dieron aviso de lo que estaba pasando”, afirmó la mujer en diálogo con ElDoce.tv. La madre también agregó que “antes de las 12 ya tenían a los chicos encerrados en el aula” y que no los dejaron salir al último recreo porque la situación ya se estaba desarrollando.

Otro caso de violencia escolar en Córdoba en una semana

El episodio no quedó aislado. Apenas seis días antes, el 26 de agosto, otro procedimiento policial se desarrolló en una escuela de la zona norte de Córdoba capital, también después de una denuncia interna de alumnos.

En ese caso, estudiantes alertaron que un grupo de jóvenes de sexto año manipulaba lo que parecía ser un arma. La directora avisó a la Policía y los agentes identificaron a los señalados. Después del control, los propios alumnos indicaron que dentro de un aula había una mochila perteneciente a uno de ellos.

En ese bolso, los efectivos encontraron un cuchillo, manoplas y un revólver de aire comprimido con el tambor completo, que no se trataba de un arma de fuego. Como consecuencia del procedimiento, un joven mayor de edad fue aprehendido como supuesto infractor al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana, mientras que otros tres menores quedaron a disposición de sus padres por directiva de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

En torno al hecho también circularon versiones sobre un posible conflicto con estudiantes de otra institución. La investigación todavía debía establecer con precisión el motivo por el que esos objetos llegaron a la escuela.

También en ese caso hubo reclamos de familias por la comunicación institucional. Una madre contó a ElDoce.tv que en el nivel primario les avisaron sobre una situación que activó un protocolo de seguridad media hora antes del ingreso, y que por esa razón los alumnos entraron por otra puerta distinta a la del secundario.

La reiteración de procedimientos policiales dentro de escuelas volvió a poner el foco sobre los protocolos de prevención, la convivencia escolar y la respuesta del Estado ante amenazas o episodios vinculados con armas, aun cuando se trate de réplicas o armas de aire comprimido.

El juicio oral contra Aníbal Lotocki y otros profesionales de la salud tendrá este miércoles, desde las 10, su cuarta audiencia con la declaración de ocho testigos vinculados con las ambulancias que llegaron al Centro Médico Conde (CEMECO), donde murió el paciente Christian Zárate luego de una operación estética en abril de 2021.

Según pudo saber Infobae, entre los convocados figuran empleados administrativos, médicos y paramédicos de las dos ambulancias que intervinieron en la emergencia. Además de sus relatos, se espera que durante la audiencia se exhiban los registros de las comunicaciones telefónicas y las constancias confeccionadas por el personal que recibió el pedido de auxilio.

La jornada tiene especial interés para la defensa de Lotocki, a cargo del abogado Claudio Lifschitz, que buscará poner el foco en la atención prehospitalaria y en la secuencia de llamados que se efectuaron cuando el paciente presentó dificultades respiratorias.

Fuentes consultadas sostuvieron que, cerca de 20 minutos después de que Zárate se descompensara, se solicitó una ambulancia bajo código rojo. De acuerdo con esa versión, el servicio médico habría enviado una unidad distinta de la requerida, una circunstancia que habría impedido el traslado inmediato del paciente a un centro de mayor complejidad.

Desde el entorno de Lotoki remarcan que esta línea no ha sido investigada durante la instrucción.

El caso

Zárate, de 50 años, murió el 16 de abril de 2021, un día después de someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía en la mencionada clínica, ubicada en el barrio porteño de Caballito. El procedimiento había estado a cargo de Lotocki y requirió una segunda intervención luego de una complicación.

El mediático médico enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, bajo la hipótesis de que realizó una cirugía de riesgo sin adoptar las medidas necesarias para prevenir un desenlace fatal.

La acusación también cuestiona las condiciones de la clínica, la falta de un monitoreo adecuado durante el postoperatorio, la ausencia de una unidad de terapia intensiva de respaldo y la presunta alteración de la historia clínica tras la muerte.

Durante la segunda jornada del debate, la pareja y un amigo de Zárate relataron que el paciente sufrió fuertes dolores durante la noche posterior a las dos operaciones. Ambos declararon que el hombre se descompensó a la mañana siguiente y que el establecimiento precisamente no contaba con los recursos para asistirlo.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 -integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego, Juan Giudice Bravo y María Elisa Gaeta- y tiene otras cuatro audiencias programadas hasta fines de septiembre.

Además del caso de Zárate, Lotocki es juzgado por las lesiones gravísimas que, según la acusación, sufrieron cuatro mujeres que se sometieron a intervenciones realizadas por él entre 2009 y 2021.

Llegaron también a juicio la directora de CEMECO, Andrea Isabel Torelli, y otros tres profesionales de la salud acusados por el homicidio.

Estos últimos declararon ante el tribunal. El anestesista Santiago Luis Olguín aseguró: “Nunca conocí a Lotocki, ni antes ni después de ese día, no formo parte de su equipo quirúrgico, no tomé parte de los estudios previos ni de la decisión del plan quirúrgico”.

Olguín explicó que se presentó en la clínica para reemplazar a un colega y que, tras la operación, dejó al paciente bajo cuidado de otra médica. Añadió que no tuvo injerencia en el postoperatorio ni fue notificado de la descompensación que sufrió el paciente al día siguiente.

“Yo no tuve ninguna decisión en el requerimiento de la Unidad de Terapia Intensiva frente a la descomposición del paciente, como tampoco en la actuación de la infusión de glóbulos rojos y plasma. Nadie me anotició de que estaba pasando eso, si bien mi teléfono de contacto lo tenían todos”, explicó.

Por su parte, el cirujano Polansky Peláez Hoyos subrayó que su rol se limitó a la asistencia. “Siempre fui ayudante”, sostuvo, y aclaró que se retiró cuando el paciente estaba estable, sin haber intervenido en el segundo acto quirúrgico ni haber sido consultado por el estado posterior del paciente.

Al igual que Olguín, subrayó que Lotocki era el cirujano principal. “Cuando me fui, el paciente no tenía signos de alarma. Lo dejé con un equipo completo de médicos con elementos”, afirmó. Y agregó: “No intervine en el segundo acto quirúrgico, no fui contactado para volver a la clínica y tampoco me consultaron por el paciente”.

En tanto, el cirujano Daniel Enrique Zambrano García también intentó desligarse de la conducción de la operación.

“No formaba parte del equipo, fui convocado para la cirugía y llegué una vez comenzada la operación, cuando habían hecho todo el proceso de la liposucción”, afirmó.

En esa línea, destacó que su participación fue como ayudante y que desconocía los antecedentes del paciente, así como los detalles del postoperatorio.

“Al día siguiente volví a preguntar y me dijeron que lo iban a intervenir. Cuando fui, el paciente ya estaba siendo intervenido. A los diez minutos comenzó con un paro cardiorrespiratorio. Fui convocado, llegué a la clínica en calidad de ayudante. El doctor verificó todo lo que habíamos hecho, yo no tuve participación ni toma de decisiones en el postoperatorio. Ignoraba todo esto”, relató.

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuará este miércoles con una audiencia marcada por la prueba científica. Luego de escuchar la semana pasada a cuatro policías que intervinieron durante las primeras horas de la investigación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 recibirá ahora a médicos y peritos que participaron de distintas medidas realizadas después del crimen.

Está previsto que declaren Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y los médicos del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

Los testimonios permitirán recorrer dos aspectos centrales del expediente. Por un lado, las heridas que provocaron la muerte de Díaz y la evidencia balística que vinculó los proyectiles y las vainas con la pistola secuestrada después del hecho. Por el otro, las evaluaciones realizadas sobre Álvarez durante los meses posteriores a su detención.

Este último punto adquiere especial relevancia después de la audiencia de la semana pasada, en la que los nuevos abogados del músico volvieron a cuestionar su capacidad para afrontar el proceso y pidieron una nueva evaluación neuropsicológica.

Qué dijeron los médicos sobre “Pity”

Uno de los testigos convocados es Esteban Toro Martínez, psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, quien examinó al músico en 2018.

Durante aquella evaluación, el especialista describió a Álvarez como “vigil” y orientado respecto del entorno y de su persona, con “noción situacional”. Si bien advirtió que presentaba la atención levemente disminuida y cierto enlentecimiento en la percepción y el pensamiento, señaló que “la exploración de la memoria no denota fallas significativas” y que mantenía la “prueba de realidad conservada”. El músico también refirió trastornos del sueño.

Finalmente, concluyó: “Cristian Gabriel Álvarez presenta un trastorno de la personalidad con antecedentes de uso de sustancias. Al momento del examen se encuentra psíquicamente compensado y en condiciones de estar en juicio”.

En ese informe, además, se incorporaron antecedentes médicos de los días posteriores al crimen. Entre ellos aparece una evaluación realizada en PRISMA el 15 de julio de 2018, apenas tres días después del hecho, en la que “Pity” fue descripto como “tranquilo, somnoliento al responder”. Los profesionales señalaron que estaba orientado en espacio y persona, aunque no en tiempo, y que presentaba “pensamiento de curso enlentecido”, además de fallas en la memoria.

También está citada Celminia Guzmán, médica del Cuerpo Médico Forense, quien examinó al músico el 18 de octubre de 2018, tres meses después del hecho, para informar a la Justicia sobre su estado de salud.

Hay un detalle de aquel informe que, a la luz de lo ocurrido durante la mayoría de las audiencias, adquiere una nueva dimensión. Guzmán describió a Álvarez como “somnoliento”, aunque inmediatamente dejó asentado que presentaba “lenguaje fluente, comprensión, expresión y articulación del mismo conservadas”.

La somnolencia se convirtió precisamente en uno de los focos de discusión durante el juicio actual. En la última audiencia, “Pity” se quedó dormido y llegó a roncar mientras sus abogados argumentaban que no se encuentra en condiciones de afrontar el debate. La defensa presentó entonces un informe realizado por un perito de parte para intentar que fuera nuevamente evaluado, pero el TOC rechazó el planteo.

La autopsia al cuerpo de Cristian Díaz

Otro de los testimonios centrales será el de Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Cristian Maximiliano Díaz en la Morgue Judicial durante la mañana del 12 de julio de 2018, pocas horas después del crimen.

Su declaración permitirá ingresar formalmente al debate las conclusiones médico-legales sobre la cantidad de disparos que recibió la víctima y las lesiones que provocaron.

El informe describe, entre otras heridas, un disparo que ingresó por la región malar izquierda, atravesó el macizo facial y lesionó la base del cráneo antes de salir por la región parietal posterior. La trayectoria fue establecida “de adelante atrás, de abajo arriba y de izquierda a derecha”.

La pistola calibre .25

La audiencia tendrá además un capítulo dedicado al arma homicida y a la evidencia balística.

Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles, intervino en el análisis de la pistola Lorcin modelo L25 calibre .25 que “Pity” utilizó para matar a Díaz. La especialista realizó pruebas para determinar su funcionamiento y cotejó las vainas y los proyectiles incorporados al expediente con material obtenido mediante disparos experimentales.

Las conclusiones fueron contundentes. La pistola resultó “apta para producir disparos y de funcionamiento mecánico normal”. Pero, además, un cotejo microscópico permitió vincularla directamente con la evidencia recogida en la causa.

También declarará Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística e integrante de la Unidad Móvil Criminalística, quien participó de la inspección ocular realizada en la escena del crimen, en la intersección de Escalada y Dellepiane Sur, en el barrio Samoré. Su tarea consistió en buscar, registrar, clasificar y posicionar los indicios de interés pericial para contribuir a la reconstrucción del hecho.

Entre los elementos documentados durante ese trabajo aparecen las cinco vainas servidas que luego serían sometidas al peritaje balístico. El procedimiento quedó plasmado además en un croquis de la escena, fotografías y material fílmico.

El dueño de un gimnasio fue asalatado cuando llegó a su local en La Plata por dos motochorros. Le robaron el celular, la documentación y su moto.

El episodio ocurrió cerca de las 7, en la zona de 72 entre 25 y 26, y según la información difundida, los atacantes incluso efectuaron disparos para forzar a la víctima a alejarse.

El hombre acababa de llegar al lugar cuando fue sorprendido al bajar de su vehículo. De acuerdo con el relato al que pudo acceder el medio local 0221, los delincuentes se desplazaban en una moto 110 blanca, frenaron junto a él y bajaron con rapidez para concretar el asalto. En pocos instantes, le sustrajeron su moto Boge 500 negra, además de objetos personales que llevaba consigo.

Aunque los tiros habrían sido dirigidos hacia sus piernas, la víctima no sufrió heridas. Tras apoderarse del rodado, escaparon por calle 72 en contramano con dirección al cementerio. Hasta el momento, no se informó públicamente que hayan sido identificados ni detenidos. Tampoco trascendieron, al menos de manera oficial, precisiones sobre un eventual seguimiento de cámaras de seguridad o rastros que permitan reconstruir el trayecto posterior a la fuga.

La investigación deberá avanzar ahora sobre la identificación de los responsables y sobre el destino del vehículo robado.

Un policía se tiroteó con cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó

Días atrás, un agente de la Policía de la Ciudad intervino en un intento de robo y desató un intenso tiroteo con cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano bonaerense. El episodio ocurrió la mañana del viernes de la semana pasada, aproximadamente media hora antes del ingreso de los niños a la institución educativa.

El hecho comenzó cuando un enfermero que circulaba en moto fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas sobre la avenida Santa Rosa, en el límite entre Morón e Ituzaingó, cerca de una estación de servicio ubicada en el cruce con la calle José María Paz. Los atacantes lograron desestabilizar al motociclista y le sustrajeron una mochila.

En ese momento, el agente de la Policía de la Ciudad, identificado como D.D.M., se encontraba dentro de su vehículo particular esperando el cambio del semáforo en la mano contraria. Al presenciar el asalto, descendió del auto, se identificó y, con su arma reglamentaria, intentó dispersar a los delincuentes. La intervención derivó en un intercambio de disparos con los asaltantes, quienes finalmente escaparon sin concretar el robo.

El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En la escena del tiroteo, los peritos hallaron ocho vainas servidas, de acuerdo con datos brindados por fuentes policiales.

El episodio generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa, ya que ocurrió en plena mañana y en las inmediaciones del jardín de infantes, apenas minutos antes del horario previsto para el ingreso de los niños. Voceros policiales manifestaron que, de haberse producido el enfrentamiento algunos minutos después, la situación podría haber tenido consecuencias más graves.

Ninguna persona resultó herida durante el tiroteo. Tanto el agente como el enfermero se encontraban ilesos tras el hecho. Los cuatro sospechosos lograron huir de la zona y ahora son buscados por los investigadores, que analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, conducida por la fiscal María Alejandra Bonini, y la causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Dos viviendas del barrio Bella Vista, en Centenario, Neuquén, fueron atacadas a tiros durante la madrugada de este martes. Los hechos, separados por casi cuatro horas, terminaron con un joven de 19 años herido de gravedad y trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina.

El primer tiroteo ocurrió alrededor de las 00.15 en una casa ubicada entre las calles Simón Bolívar y María Eugenia Figueroa. Más de 20 disparos impactaron en el frente de la vivienda en cuestión de segundos, un ataque que obligó a algunas personas a arrojarse al suelo para resguardarse. Según los primeros relevamientos, los tiros fueron efectuados desde una motocicleta en la que se movilizaban al menos dos personas, que después de la balacera huyeron hacia el sur, en dirección a la meseta.

Personal de la Comisaría Quinta y de la Comisaría 52 llegó al lugar minutos después de recibir el alerta. Los efectivos entrevistaron a una mujer que se encontraba en la vivienda y constataron los daños: una ventana y un paredón con impactos de bala. Dentro del domicilio se hallaron tres plomos deformados, mientras que en la vía pública quedaron siete vainas servidas. El personal de Criminalística fue convocado para intervenir en la causa.

Cerca de las 4.00 de la madrugada,, se produjo un segundo ataque en la intersección de Hugo Chávez y Santa Fe, también dentro del barrio Bella Vista. En esa oportunidad, un joven de 19 años resultó herido en el pecho y en una pierna.

La gravedad de las lesiones llevó a que la víctima fuera trasladada primero en un vehículo particular hasta el Hospital Natalio Burd de Centenario. Desde ese centro de salud se decidió derivarlo de inmediato al Hospital Castro Rendón para que recibiera atención especializada. El joven permanece internado en estado reservado.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la segunda vivienda atacada, no encontraron a nadie en su interior. Minutos después establecieron que los propios residentes del lugar habían sido quienes trasladaron al herido hasta la guardia del hospital local, antes de que llegara la Policía. En el sitio, los uniformados relevaron varias vainas servidas sobre la calle y cinco plomos deformados en el sector del patio.

Un dato adicional sobre el segundo hecho lo aportó el medio local Centenario Digital: cuando los agentes se dirigían hacia el lugar de la balacera, en el cruce de las calles Córdoba y Cuba, se cruzaron con un auto en el que viajaban varios ocupantes y que circulaba a gran velocidad. Por el momento, no se estableció si ese vehículo tuvo relación con el ataque.

Los dos episodios permanecen bajo investigación y hasta el momento no fue determinado el móvil de ninguno de los ataques. Tampoco se confirmó si existe una vinculación entre ambos hechos, ocurridos a pocas cuadras de distancia dentro del mismo barrio y en un lapso de menos de cuatro horas.

Este violento episodio se produjo tan solo cinco días después de que un joven de 23 años fuera baleado en la cabeza al final de un viaje solicitado por aplicación. Murió horas después. El ataque ocurrió el jueves por la noche en Centenario, provincia de Neuquén, y es investigado como un homicidio cuya secuencia todavía no pudo ser reconstruida por completo.

Según informó LM Neuquén, el ataque ocurrió cuando una chofer de una app de viajes llegó en un Renault Sandero hasta una vivienda ubicada al final de la calle Cuba, en el sector Parcelas de Centenario. En el auto iban su hija menor de edad y dos pasajeros. Uno de ellos era Walter Subensa Figueroa, de 23 años.

Cuando el vehículo arribó al destino, el acompañante de Walter descendió primero, mientras el joven de 23 años permaneció en el asiento trasero. Segundos después se oyeron disparos. Los primeros peritajes indicaron que al menos uno de los proyectiles ingresó por la luneta e impactó en la nuca de la víctima.

La conductora lo trasladó de urgencia al hospital Natalio Burd de Centenario. Desde allí fue derivado al hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, donde quedó internado en terapia intensiva. Su muerte se confirmó horas más tarde y a partir de ese momento la pesquisa quedó encuadrada como un caso de homicidio.

Con el fallecimiento de la víctima, la investigación quedó de lleno bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien intervino desde las primeras diligencias. La funcionaria dispuso la realización de una autopsia y coordinó un trabajo conjunto con distintas divisiones policiales. Participaron la Comisaría 52, personal de Criminalística, efectivos de Seguridad Personal en Homicidios y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto en el establecimiento “Silecia”, ubicado sobre el camino de La Polola, en las afueras de Mar del Plata. Allí, un grupo de entre seis y ocho ladrones entraron armados y encapuchados al campo de Hernández y le robaron una pistola 9 calibre 9 milímetros, un arma de fuego, joyas, dinero en efectivo, celulares y una camioneta Toyota Hilux SW4, la cual fue incendiada y abandonada minutos después en calle Puan y Vignolo. Tras el asalto, se dieron a la fuga.

La causa quedó en manos de la UFI N°13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien ordenó una serie de medidas, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y diversas tareas de campo.

Tras las diligencias, el juez Gabriel Bombini, del Juzgado de Garantías N° 5, ordenó un allanamiento en una vivienda en el barrio El Boquerón de Batán, el cual fue llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 8ª y dependencias de la Estación de Policía Departamental de Seguridad General Pueyrredón, con colaboración del Destacamento Chapadmalal, GTO de las Comisarías 1ª y 12ª y apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante el operativo, los agentes aprehendieron a uno de los miembros de la banda, identificado como F. A. F. (33). A su vez, secuestraron una camioneta Kia K2700 que estaría vinculada con la logística del ilícito. Fuentes cercanas al caso detallaron que el vehículo presentaba impactos balísticos de munición antitumulto en el parante izquierdo provenientes del exterior. Al inspeccionar el rodado, la Policía Científica extrajo de su interior tres perdigones intactos, los cuales serán peritados. Además, incautaron el teléfono celular del sujeto.

El aprehendido, por su parte, quedó imputado y fue trasladado a la sede de la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP). En estos momentos, se encuentra a disposición de la Justicia.

El fiscal Moyano y los agentes de la Policía Bonaerense trabajan para identificar y localizar a los demás miembros de la banda que permanecen prófugos.

El caso

El fin de semana pasado, una banda de delincuentes asaltó al ex campeón de TC, lo obligaron a subirse a su propia camioneta lo trasladaron durante varios kilómetros y finalmente lo hicieron descender para continuar con la fuga. El vehículo fue encontrado posteriormente incendiado.

Durante el ataque, el productor recibió un golpe de puño en el abdomen y otro en la cabeza. Pese a las agresiones, las lesiones no fueron de gravedad y, de acuerdo con la información policial, no requirió asistencia médica.

Tras el aviso del robo, personal policial se trasladó hasta la finca y brindó contención a la víctima. Los investigadores buscan determinar si la banda contaba con información sobre Hernández antes de ingresar al establecimiento.

La Policía Bonaerense detuvo este martes al acusado del crimen de Thiago Díaz, el chico de 13 años que recibió una puñalada mientras jugaba a las escondidas con amigos en la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, en septiembre de 2024.

Se trata de Luis Alberto Soto, de 37 años, quien estaba prófugo desde octubre de ese año. Según fuentes policiales, había escapado a Brasil tras quedar identificado en la investigación. Y ahora, fue encontrado en una vivienda de la calle Llavallol al 1800, a unas siete cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 de San Martín y estuvo a cargo de la DDI local, en el marco de una causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de ese distrito, que dirige el fiscal Rodrigo Suárez.

El homicidio ocurrió el 13 de septiembre de 2024. Thiago jugaba a las escondidas en la vía pública junto a amigos cuando se ocultó detrás de un árbol, sobre la calle Esteban Gómez, cerca de la intersección con Paso de los Andes.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el chico salió de allí y le dijo a una de sus amigas que iría a su casa. Al llegar al portón, se desplomó. Sus familiares advirtieron que estaba herido, lo trasladaron al Hospital de Trauma de Pablo Nogués y luego murió a causa de la lesión.

En un primer momento, la falta de cámaras de seguridad y el relato de la menor, que aseguró no haber visto a nadie cerca de Thiago, dificultaron el avance de la causa. La investigación incluso contempló la posibilidad de un accidente.

Con el avance de las medidas ordenadas por la fiscalía, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de José C. Paz obtuvo testimonios en cámara Gesell que, según la Policía Bonaerense, señalaron a Soto como autor del hecho.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura nacional e internacional. Además, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había difundido una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aportaran información que permitiera localizarlo y detenerlo.

La resolución oficial lo identificaba como imputado por homicidio simple y consignaba como último domicilio conocido la misma dirección de Llavallol al 1800 donde fue detenido este martes.

El detenido será indagado en las próximas horas.

Quién era Thiago

La víctima era el menor de cinco hermanos, asistía al primer año del secundario, le gustaba dibujar y jugar fútbol. Todas las tardes llegaba del colegio para jugar con sus amigos.

“Jugaba a la pelota con los chicos de enfrente. Era inocente todavía. Jugaba a la bolita, se tiraba en la vereda de enfrente a jugar con los perritos de la casa. Nosotros lo queríamos anotar para que estudie dibujo. Pero no daba todavía con la edad para los cursos”, recordó la madre en una entrevista con Infobae tras el crimen.

La mujer, lamentó: “Él estuvo en un lugar equivocado. No tenía que haber estado ahí en esa hora. Nunca se separó de los amigos. En un video se lo ve a él con los chicos, que están pegados detrás de él. Se lo ve cuando mi nene cruza de una vereda a la otra y uno de los nenes está detrás suyo”.

En las últimas horas, la situación del patovica que fue detenido acusado de agredir a varios jóvenes en un boliche ubicado en el barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba se complicó aún más. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la querella presentó nuevas denuncias por otras tres golpizas de características similares.

Si bien en un primer momento, la causa tenía como principal damnificado a un adolescente de 17 años que sufrió una doble fractura de mandíbula, en los últimos días comenzaron a aparecer más víctimas. Se trataría de entre tres y cuatro jóvenes que también habían sido atacados esa noche por el mismo guardia de seguridad.

Por lo tanto, los representantes de los damnificados buscan ampliar la denuncia para incorporar estas agresiones a la causa, la cual se encuentra en plena etapa de investigación.

En estos momentos, el sospechoso se encuentra a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4 Turno 2, a cargo del fiscal Horacio Vázquez. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el patovica, quien está acusado como presunto autor del delito de lesiones graves, continuará detenido hasta que preste declaración.

En esta misma línea, el abogado del acusado, Martín Panceyra Garrido, manifestó que su cliente permanecerá privado de su libertad hasta esa instancia. Sin embargo, aseguró que desde la defensa ya ofrecieron distintas garantías para que pueda atravesar el proceso en libertad.

“Hemos pedido la libertad de él, entendemos que las condiciones personales son muy buenas, ofrecimos fianza real y personal y otras medidas de garantía”, sostuvo, en diálogo con ElDoce.tv.

El letrado aclaró que, en caso de recuperar la libertad, su defendido no volverá a desempeñarse como guardia de seguridad en el boliche: “Un hombre le va a dar trabajo en una verdulería. Ya le hemos ofrecido su contacto a la Fiscalía para que lo puedan contactar”.

Por otro lado, señaló que desde hace varios fines de semana se viven hechos de inseguridad en el boliche donde ocurrió la agresión. “Hay reclamos del boliche y del equipo de seguridad porque entienden que hay personas que van al lugar con el único fin de robar celulares. Ese altercado que se viralizó surge por un robo de teléfono”, mencionó Garrido.

En un primer momento, comenzó a circular el rumor de que el patovica tenía antecedentes y que sabía artes marciales. Su defensor negó ambas afirmaciones.

El caso

El hecho ocurrió el domingo 23 de agosto en el boliche Río. Allí, se produjo una pelea que involucró a dos grupos de jóvenes y en la que intervinieron varios miembros del personal de seguridad del lugar. En medio del tumulto, un guardia le dio un golpe en la cara a un adolescente de 17 años.

“Se armó un tumulto entre mi grupo de amigos y otro porque le habían querido robar el celular a un chico de nuestro grupo”, explicó la víctima. Según relató, él y su primo intentaron separar a los jóvenes para frenar los disturbios. Fue entonces cuando intervino el patovica que terminó agrediéndolo a él, a su primo y a otro integrante del grupo. “El guardia no medió palabras y nos pegó”, afirmó.

Tras el ataque, se dirigió al Hospital Cura Brochero, donde le indicaron que asistiera a otro centro de salud para realizarse estudios. Finalmente, tras consultar a otros especialistas, le diagnosticaron una doble fractura de mandíbula.

Tras el análisis de las imágenes que se viralizaron en redes sociales, los investigadores identificaron y localizaron al agresor. El miércoles pasado, personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles realizó un allanamiento en un domicilio, donde detuvo al presunto atacante.

El niño M., de 6 años, permanece dentro del Colegio Millaray de Neuquén, desde este lunes a las 7 de la mañana, cuando su madre, Alexandra Sabio se presentó a retirarlo, pese a que una orden judicial se lo impide. Desde entonces, se vive un drama en el establecimiento educativo, que debió suspender las clases mientras la mujer y un grupo de personas acampan en la puerta.

El conflicto surge por un gran entramado judicial que tiene como protagonistas a los padres del nene. Por un lado, la mamá está en un proceso de revinculación con su hijo tras ser condenada a seis meses de prisión por el delito de impedimento agravado, entre agosto de 2022 y el mismo mes de 2023. Es decir, cuando un padre o tercero obstruye o impide ilegalmente el contacto de un menor de edad con su progenitor. Ante esta situación, el padre, Claude Staicos, tiene el cuidado personal unilateral del niño, un régimen que implica que solo él tiene la responsabilidad de la vida diaria del menor, mientras que el otro progenitor mantiene comunicación a través de visitas.

La medida, sin embargo, venció el 20 de agosto. Por eso, la mujer reclama su tenencia y denuncia que su hijo está “privado de su libertad” en el colegio. El problema es que ella no se presentó a las últimas tres audiencias de revinculación fijadas, por lo que incumplió con lo requerido por la Justicia de Familia.

En este contexto, antes de la medianoche de hoy, el defensor de Menores N°3 Juan Arévalo solicitó medidas de protección inmediatas para el niño y recordó que está firme el fallo que impide a Sabio tener contacto presencial directo con sus hijos.

La sentencia -que la condenó a seis meses de prisión por el delito de impedimento agravado- fue resuelta por el juez de Garantías Juan Ignacio Guaita, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y estableció reglas de conductas que la mujer no cumplió. Por ejemplo, no difundir la imagen ni el nombre del menor. La sentencia también impide el acercamiento al padre del nene.

A eso se le suma que el 18 de junio pasado, el Juzgado de Familia N° 5, a cargo de Adriana Saralegui, estableció que Sabio “no se encuentra autorizada a mantener contacto presencial directo con M. por lo que no puede utilizar el ámbito escolar para abordar al niño, retirarlo, permanecer a solas con él, generar instancias de interacción directa o modificar por vías de hecho la modalidad de comunicación fijada judicialmente por la Cámara de Apelaciones”.

En pocas palabras, la sentencia contra la madre del nene dice que no puede mantener contacto presencial directo con él en la escuela. El modo de comunicación entre ambos debe ser por teléfono o videollamadas.

“Es una situación dramática. Es un caso de impunidad extremo, está incumpliendo todas las reglas de conductas impuestas”, indicaron fuentes judiciales a Infobae que permanecen desde la madrugada al tanto de la situación. Los agentes judiciales están atentos a las publicaciones en Instagram que realiza la madre de M. desde la puerta del colegio. En el caso también interviene la jueza Patricia Mónica Clerici de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial de Neuquén

Dentro, los directivos que acompañan a M. esperan que la situación pueda resolverse cuanto antes. En diálogo con este medio, el padre del niño indicó que su hijo pasó bien la noche pero que esta mañana había comenzado a angustiarse. “No me presenté porque tengo temor que se desate algún incidente de violencia”, remarcó. Tiene a su disposición un botón antipánico.

La versión de la madre de M.

“Es increíble lo que tengo para decir, pero son las 3:40 de la mañana y mi hijo de 6 años sigue retenido acá dentro del Colegio Millaray. Se acercó la Policía. Vinieron a leernos un oficio del Defensor del Niño. Lo único que dice es que le den comida y agua al niño que se encuentra dentro del establecimiento. Una locura total”, relató Sabio en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Estoy desde las cuatro de la tarde esperando a mi hijo y no me voy a ir. Tengo todo el derecho de retirar a mi hijo porque soy la mamá y porque no existe ninguna restricción de acercamiento. El progenitor no ha ingresado, nadie vino a ver en qué estado psicológico, emocional y físico está M.. No me voy a ir de acá. Y si tengo que armar un campamento acá, voy a armar un campamento y acá me voy a quedar”, afirmó.

Esta mañana volvió a subir otro video. “Milo lleva más de 21 horas en el colegio Millaray. Pasó toda la noche acá. El colegio está cometiendo el delito de tener retenido a un pequeño de 6 años. Se llama privación ilegal de la libertad. Mi abogado ya hizo la denuncia correspondiente”.

“Yo tengo el derecho, el deber y la obligación de llevarlo a casa, cocinarle, estar con él, dejarlo descansar. La Justicia está siendo cómplice de todo esto. Me toman el pelo, me dicen que vaya a hablar al juzgado y cuando le transmito mi propuesta, que es que me dejen ver a M. y hablar con él y que me comprometo a traerlo mañana al colegio, me dicen que, que no. Me están tomando el pelo”, remarcó.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la causa comenzó cuando el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo de Guillermo Gustavo Lleral, con intervención de la Secretaría Criminal y Correccional de Gustavo Fabián La Torre, le solicitó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado identificar a los responsables del envío de estupefacientes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Chubut.

Los investigadores descubrieron que la droga llegaba a la provincia patagónica a través de dos empresas de encomiendas. En paralelo, la Policía de Chubut se encontraba siguiendo los pasos de una mujer vinculada con la distribución local de sustancias ilícitas. El cruce de ambas investigaciones permitió establecer que ese eslabón tenía conexión con los envíos investigados por la fuerza federal.

En este contexto, la PFA y la fuerza chubutense llevaron a cabo varios allanamientos, tanto en esa provincia como en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los procedimientos se incautaron más de seis kilogramos de marihuana, 1,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína y documentación que permitió avanzar con la investigación.

Con esos elementos, los investigadores concluyeron que no se trataba de maniobras aisladas, sino de una organización narco con una estructura interprovincial. La Policía de Chubut quedó a cargo de profundizar la investigación sobre la distribución local y el menudeo, mientras que el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA avanzó sobre el patrimonio de los sospechosos y el circuito del dinero.

La Justicia autorizó la intervención de 20 líneas telefónicas. El análisis de esas comunicaciones permitió identificar a “El Gusano”, también conocido como “Berlín”, como presunto jefe de la red.

Según pudo saber este medio, la organización contaba con proveedores de estupefacientes y personas encargadas del traslado y la distribución. Además, tenía “mulas bancarias” y administradores de cuentas que se encargaban de fragmentar, mover y ocultar el destino final del dinero.

A su vez, detectaron empresas y sociedades comerciales radicadas en Chaco y Corrientes, las cuales habrían sido utilizadas para “lavar” dinero proveniente del tráfico de drogas. Entre ellas figuran una red de gimnasios, una casa de comidas y una firma distribuidora de agua. Uno de los datos que llamó la atención es que dos hijos de “El Gusano” figuraban como directivos de esas sociedades.

Luego de identificar a la totalidad de los presuntos integrantes de la red y localizar los inmuebles vinculados con la estructura, el juez Lleral ordenó 16 allanamientos en distintos puntos del país. Los procedimientos fueron llevados a cabo en Quilmes, Corrientes, Resistencia, Jujuy y Catamarca, y culminaron con la captura de 12 sospechosos, entre ellos dos hijos del presunto jefe.

Asimismo, los agentes secuestraron dosis de cocaína y cuatro armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre .22 largo, un revólver calibre .38 Special y otro calibre .32. También, incautaron 391 cartuchos de distintos calibres.

El dinero decomisado incluyó 73.980.000 pesos, 14.689 dólares, 2.495 euros y 1.151.000. guaraníes. A su vez, secuestraron cinco automóviles, una motocicleta, nueve tarjetas bancarias, seis dispositivos de cobro electrónico, una máquina para contar billetes, una balanza de precisión, 36 teléfonos celulares, cinco notebooks, tres tablets, dos computadoras, siete CPU, 12 pendrives, seis tarjetas SIM, 12 tarjetas de memoria, 18 discos rígidos, nueve DVR, un dron y documentación de interés.

En el marco de la misma investigación, la Policía de Chubut realizó otros allanamientos, detuvo a más personas ligadas a la estructura y secuestró estupefacientes. Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal N°2 de Rawson, en una causa por infracción a la Ley 23.737 y lavado de activos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó la recusación contra el juez Fermín Amado Ceroleni, presidente del debate por la desaparición de Loan Danilo Peña, por lo que el juicio se reanudará este miércoles.

El planteo había sido presentado por el defensor público oficial Enzo Di Tella, representante de Bernardino Antonio Benítez. El letrado sostuvo que existía un “temor objetivo de parcialidad” por el modo en que Ceroleni dirigió las audiencias.

En concreto, cuestionó interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, limitaciones para profundizar respuestas de testigos y diferencias en el tratamiento de las objeciones planteadas por las partes.

En esa línea, la presentación tomó como último episodio una situación ocurrida el 26 de agosto, cuando el imputado Nicolás “El Americano” Soria pidió responder únicamente las preguntas de su defensor luego de ampliar su declaración indagatoria. En un primer momento, Ceroleni le negó esa posibilidad, aunque el tribunal luego revisó esa decisión y autorizó el intercambio entre Soria y su abogado.

Al expedirse, los jueces Eduardo Ariel Belforte, Simón Pedro Bracco y Estefanía Daniela Acosta señalaron que no se verificaron conductas de hostilidad hacia alguna de las partes ni un trato preferencial para la acusación.

Por el contrario, “lo que se observa es una mera disconformidad del defensor oficial para con la presidencia del debate; circunstancia que no alcanza para configurar el temor objetivo de parcialidad alegado por la parte para apartar a uno de los jueces naturales del caso”, consideraron.

Y agregaron: “Por lo demás, se advierte que aquella discrepancia con el modo de conducción del juicio tampoco ha sido manifestada durante el desarrollo de las audiencias en las que se habrían adoptado los temperamentos sobre los que reposa su planteo, ni ha recurrido en dicho escenario a los remedios que prevé la manda procesal para intentar revertir las decisiones que a su criterio pudieron haberle ocasionado un agravio”.

Por último, el tribunal tuvo presente la reserva del caso federal formulada por Di Tella, que ahora podría recurrir la decisión ante una instancia superior.

Nueva audiencia

La jornada de este miércoles tendrá como testigos a cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina: José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño.

La audiencia también estará atravesada por la situación de Pablo Núñez, acusado junto con otras nueve personas de haber interferido en el avance de la investigación. Es que su defensor, Martín Castillo, fue detenido este lunes en el barrio porteño de Palermo.

Castillo está bajo sospecha de integrar una organización narcocriminal de Rosario vinculada a Francisco “Fran” Riquelme, un capo que en mayo pasado recibió la pena de prisión perpetua por asociación ilícita, homicidios, balaceras y extorsiones entre 2021 y 2023 en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros de la ciudad santafesina.

La acusación sostiene que Castillo habría actuado como nexo en comunicaciones entre integrantes de esa estructura, además de oficiar como defensor particular de algunos miembros de la banda.

La solicitud de la detención fue hecha por las fiscales Marina Vigo y Mercedes Banchio, de las unidades de Violencias Altamente Lesivas y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. El letrado deberá comparecer el próximo viernes en una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Ante esta situación, el tribunal del caso Loan deberá establecer quién ejercerá la representación técnica de Núñez para garantizar su derecho de defensa durante la continuidad del debate oral.

La causa que investiga el crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años que fue asesinada en la ciudad correntina de Alvear sumó nuevos detalles. Si bien en un principio se creyó que se había tratado de un suicidio, con el correr de los días comenzó a tomar fuerza la hipótesis de un homicidio. Hoy, el caso tiene dos imputados, uno de ellos compañero de colegio de la víctima, y la Justicia investiga la presunta intervención de un tercero.

Según pudo saber Infobae, la secuencia de terror ocurrió el pasado 16 de julio, horas después del triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial. Aquella madrugada, una vecina del barrio estaba durmiendo cuando escuchó varios golpes en la puerta de su casa.

Cuando se acercó y preguntó, no tuvo respuestas. Los golpes, sin embargo, continuaron. Cuando miró por la mirilla, observó lo que describió como “un bulto” en el suelo. La mujer indicó que al principio no quiso abrir porque “tenía miedo”. Luego lo hizo. Y así alcanzó a ver a una chica que parecía estar golpeada. En ese momento no logró precisar qué le había ocurrido.

Minutos después llegó la policía a la zona. Una vez en la escena, los agentes le preguntaron a la joven quién la había atacado, pero no pudo responder por la gravedad de su herida. Así, le consultaron directamente si había sido su novio o algún familiar. La víctima solo llegó a negarlo a través de gestos: no podía hablar producto del corte profundo que presentaba en su cuello.

Cecilia fue trasladada a un hospital local y luego derivada a un centro de salud de Santo Tomé por la complejdad de su caso. Ese mismo jueves 16 de julio, falleció durante su traslado a Corrientes.

Según pudo saber este medio, la autopsia reveló que la causa de muerte fue “lesiones vasculares y viscerales del cuello producidas por un elemento con filo”. En un primer momento, se creyó que se había tratado de un suicidio debido a los cortes que la joven tenía en las muñecas. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores fue la ferocidad del corte que presentaba en el cuello.

En este contexto, el fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, ordenó las primeras averiguaciones. Los efectivos se hicieron presentes en la vivienda de M., donde Cecilia se había ido a dormir la noche previa al hecho. Una vez allí, la amiga de la joven relató que la adolescente se había quedado en su casa la noche del 15 de julio, pero que alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente “se fue porque quedó en encontrarse con un chico”.

Con este nuevo dato los agentes se apersonaron en el domicilio de J. G., un joven de 16 años que iba al mismo colegio que Cecilia. “Yo no estuve con ella, no la vi”, fue la respuesta del adolescente al ser consultado sobre si en las últimas horas había estado con la víctima.

Al revisar el celular del menor, los agentes descubrieron que había borrado las conversaciones con Cecilia, con quien aparentemente habría tenido una relación. “Mi novia es celosa”, fue la explicación de J. Luego, confesó que había acordado juntarse con la joven en la vieja estación de trenes de Alvear, un lugar muy concurrido por los adolescentes de la zona.

Al inspeccionar la zona, encontraron una campera negra que estaba manchada con sangre, dos llaves y varios fragmentos de vidrio. A su vez, en una de las habitaciones de la construcción abandonada hallaron en el piso una importante mancha de sangre.

El análisis de las cámaras de seguridad fue clave para identificarlo a él como el agresor y reconstruir parte del recorrido de Cecilia. Pasadas las 3 de la mañana, la joven fue captada saliendo de la casa de su amiga. Minutos después, se la observa caminando acompañada de J. G., quien vestía un buzo gris y tenía una pala en su mano derecha. Esa fue la última imagen de Cecilia, antes de ser brutalmente atacada en la estación de tren.

Si bien aún se desconoce el motivo por el cual ambos se juntaron allí, los investigadores sospechan que J.G. la habría llevado engañada hasta el lugar.

Días más tarde, uno de los tíos de la víctima se presentó ante la Policía y entregó la pala voluntariamente. El hombre la había hallado en las inmediaciones del lugar donde se produjo la agresión, pero no le había dado importancia ya que desconocía que se trataba del arma homicida. Por otro lado, el 25 de julio los efectivos hallaron el celular de la víctima a unos 200 metros de la estación.

Los chats que complicaron al menor

El análisis del celular de J.G. también arrojó resultados que complicaron aún más su situación. Los investigadores hallaron chats entre el joven y su novia, identificada como N. L., que daban cuenta que el ataque había sido previamente planeado por la pareja. “Mañana es el día que me dijiste que harías eso, ¿no?“, le preguntó la joven a su novio el 14 de julio, dos días antes del ataque. “Si mi amor hermoso, ya está todo preparado y listo”, fue su respuesta.

“Bebé hermoso, no tienes por qué tenerme miedo corazón, yo mato, pero jamás te dañaré ni siquiera un pelo a ti bebé de papi”, dice otro de los mensajes que J. le envió a N.

“Si lo hice”, fue el primer chat que le mandó el adolescente a su novia tras cometer el ataque. Y continuó: “Se me fue todo de las manos. No se como pero ella está viva. Por favor, necesito su ayuda mi amor”.

“La hija de re mil está viva. Con un bruto corte en la garganta”, manifestó J. “Por eso se cortan todas las partes”, fue la respuesta de su pareja.

La detención del sospechoso

Con todos estos elementos, el 2 de agosto el fiscal ordenó la detención del menor debido a que entendía que existía riesgo de fuga y entorpecimiento. Durante el procedimiento, se secuestraron cuadernos, cartas, anotaciones y demás elementos de interés para la causa.

Fuentes judiciales detallaron que las cartas no tenían contenido de índole sexual, sino que era místico e incluso había pasajes bíblicos. “Te voy a comer el corazón para que latas en mí”, decía uno de los escritos.

Durante los primeros días, el joven que está imputado por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, en calidad de autor material, permaneció alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional Quinta, hasta que el 11 de agosto, ordenaron su institucionalización provisoria por un año en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes, donde cuenta con acompañamiento psicológico, psiquiátrico, educativo y familiar.

El viernes pasado, la Justicia correntina imputó a N. como coautora de homicidio agravado por alevosía. La adolescente de 17 años, novia del principal apuntado, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a que la querella había solicitado su detención en un instituto para menores. Su celular también fue secuestrado y se encuentra bajo análisis para esclarecer el hecho y su presunta participación.

Las hipótesis

En estos momentos, las autoridades trabajan para establecer el móvil del crimen. Una de las hipótesis que manejan es que J. y Cecilia mantenían una relación, por lo que N. le habría ordenado a su novio que debía matarla. Mientras que otra de las líneas de investigación apunta a la presunta participación de un tercero.

Durante la conversación entre la pareja, aparece el nombre de M. La sospecha es que N. podría haber funcionado como nexo entre J. y ese tercero. En uno de los intercambios posteriores al ataque, cuando el joven descubrió que Cecilia había sobrevivido, escribió: “M. me va a querer ahorcar” y luego agregó que era mejor contarle a él porque “mueve un dedo y arregla todo”.

Para los investigadores, estas frases sugieren que J. atribuía a M. capacidad para intervenir frente a lo ocurrido. Sin embargo, el sospechoso aún no fue identificado y hasta el momento, tampoco lograron probar su participación en el plan criminal.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho sucedió a las 10:30 de la mañana, cuando las víctimas regresaban de cobrar la jubilación del hombre mayor y realizar algunas compras. Para llevar a cabo el traslado, pidieron un auto de una aplicación de viajes, que los llevó desde el centro de la ciudad hasta el barrio Villa Revol.

El video que encabeza esta nota permite ver que el delincuente disfrazado de chofer de aplicación aprovechó un descuido del jubilado, que al descender del vehículo de color gris, dejó la mochila con el dinero en el asiento trasero.

Al notar que los pasajeros habían cerrado las puertas del auto y ya estaban parados sobre la vereda, el conductor aceleró a fondo sin mediar palabras y huyó del lugar. Se llevó un bolso en cuyo interior había poco más de 1.600.000 pesos en efectivo, correspondientes a la jubilación de uno de los damnificados.

“Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó Misael Barzola en diálogo con Cadena 3.

Luego, el joven explicó que él bajó primero del auto para asistir a su abuelo para que pudiera descender del vehículo sin inconvenientes. “Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.

“¡Pará, pará, pará!“, se escucha gritar a Misael, desesperado, al notar que el chofer se marchaba con el dinero de su abuelo.

En cuanto a las cámaras de seguridad que registraron el hecho, Misael detalló que las imágenes muestran cómo el asaltante estaba al tanto de que el bolso contenía dinero en su interior. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, aseguró.

Consumado el robo, Misael y su abuelo radicaron la denuncia en una comisaría cercana y, luego, también acudieron a la Fiscalía n.º 1, turno 4, de Córdoba, a cargo de la investigación para encontrar y detener al sospechoso.

Según consigna el citado medio cordobés, de la investigación surgió que el automóvil utilizado por el conductor figuraba como dado de baja y estaba denunciado como robado.

La actuación de la aplicación de viajes

Desde Uber reconocieron al chofer acusado como socio conductor de su aplicación y explicaron que cuando recibieron el reporte, el equipo de Soporte de Seguridad activó el protocolo de investigación interna, que incluye el contacto con las partes involucradas. “Asimismo, nos pusimos a disposición de las autoridades a cargo de la investigación para colaborar en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento del caso”, indicaron.

“Hasta el momento, del análisis realizado por nuestro equipo de soporte especializado sumado al análisis de los datos que brindan nuestras herramientas de tecnología, podemos informar lo siguiente: El usuario solicitó un viaje que fue aceptado por un socio conductor que cuenta con la documentación de identidad y del vehículo verificadas, además certificado de antecedentes penales sin anotaciones. El viaje concluye sin inconvenientes en el punto de destino”, señalaron en un comunicado.

Y concluyeron: “El proceso de investigación continúa abierto. Mientras tanto y como parte de las medidas de seguridad, hemos tomado acciones preventivas que incluyen, entre otras, inhabilitar preventivamente la cuenta del socio conductor mientras las autoridades públicas esclarecen la situación”.

Dentro de la sinagoga había un grupo de personas que se resistía al procedimiento ordenado por el juez Camilo Jorge Almeida Pons, en el expediente 65521/2026.

El operativo se inició desde temprano a la mañana, tras la resolución judicial que otorgó la posesión del templo a uno de los grupos litigantes, luego de que este obtuviera un fallo favorable en el juicio civil. El otro sector, que aún ocupa el edificio, manifestó su negativa a desocuparlo, motivando la intervención de las autoridades.

Durante el procedimiento, un Oficial de Justicia se presentó en el lugar y logró establecer un canal de diálogo con las personas que permanecen en el interior del templo. Ambas partes arribaron a un acuerdo que permite “un tiempo prudencial” para que, aproximadamente 30 fieles concluyan sus rezos antes de continuar con la ejecución de la orden judicial. El objetivo, remarcó la Policía de la Ciudad, era cumplir la manda judicial con respeto a las prácticas religiosas y evitar incidentes.

Según indicó TN, la fuerza policial tenía apostados un total de cuatro patrulleros y la calle de la sinagoga aún se encuentra momentáneamente cerrada. En tanto, desde C5N puntualizaron que el dueño del inmueble “quiso vender” el predio, mientras que quienes lo ocupan como templo se negaron a abandonarlo.

A las 9.42, el templo continuaba con los casi 30 fieles y un rabino dentro del inmueble. Afuera se agolpaban efectivos policiales y comerciantes. “Vamos a avanzar con el desalojo”, confirmó un oficial policial a un móvil de TN. A su vez, se hizo presente Policía Federal.

Sin embargo, el conflicto escaló. “Mis abuelos y mis padres fueron los compradores (del inmueble). Es un templo de 70 años que fue comprado y está escrito en Los 10 Mandamientos que un templo nunca se puede demoler o vender, que queda para la historia y acá hay 70 años. Nos enteramos hace cinco meses atrás nos tiraron la información que nos teníamos que ir y nosotros somos los titulares y dueños”, declaró frente a la prensa un hombre que se presentó como el presidente del templo. A su vez, el entrevistado indicó que, dentro del edificio, se encontraban “los hijos y los nietos” de los dueños legítimos.

Luego denunció: “Me fui a una inmobiliaria y me dijeron que fueron con un título de propiedad adulterado y que se había vendido la propiedad. Está todo en AMIA, nos vamos a quedar toda la vida y el lugar va a quedar para nuestros nietos y bisnietos. De ninguna manera lo vamos a entregar”. Y afirmó que los supuestos compradores desean “ampliar la galería” que se ubica al lado del templo.

Cerca de las 10.35 arribó una ambulancia del SAME por la descompensación de uno de los fieles atrincherados. “Hay mucha angustia acá de gente que está conectada con esta comunicada desde que levantaron estos cimientos. No queremos que se produzca el desalojo”, declaró a A24 Viviana Broitman, abogada y una de las fieles que resisten dentro del templo.

Sin embargo, y pasadas las 11 de la mañana, el juez de la causa decidió suspender la orden de desalojo. “Es una alegría porque era la justicia”, celebró uno de los fieles del templo. En ese mismo sentido, el hombre que se presentó como presidente de una de las partes, y que habló con la prensa, declaró: “Me informaron por celular que llamó el dueño y comprador que, al escuchar que la gente que estaba adentro rezando no quería salir y quería seguir rezando a Dios, y que no hay otro lugar para rezar, entonces logramos que esta propiedad no va a cerrar. Y va a ser continuada por los rezos”.

La denuncia

La Comunidad Israelita Ortodoxa había presentado una denuncia ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la restitución de su antiguo templo de Helguera 270/2. Según la presentación a la que accedió Infobae, la comunidad sostuvo que personas desconocidas ingresaron sin autorización al inmueble y alteraron los accesos, impidiendo que los miembros continuaran retirando objetos religiosos y mobiliario.

El conflicto se inició tras la venta del inmueble en junio de 2025 a la sociedad Kal Nidre S.A.. Ambas partes acordaron un contrato de comodato que permitía a la comunidad mantener la tenencia del templo hasta el 31 de agosto de 2026 para trasladar gradualmente sus pertenencias a la nueva sede, ubicada en Luis Viale 2643. La representante legal, Paola Fernanda Naranjo, denunció que, a fines de julio de 2026, el acceso al templo fue bloqueado. El escrito judicial detalla que los ocupantes actuaron sin autorización ni derecho sobre la propiedad, y que la situación fue constatada por una denuncia policial y una resolución de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22.

Entre los elementos aportados a la causa figura la confirmación de las autoridades judiciales sobre la falta de legitimación de los ocupantes. Según la resolución fiscal citada por Infobae, “los mismos carecen de legitimación para reclamar cualquier tipo de título sobre el bien inmueble donde funciona la sinagoga”. La comunidad advierte que la ocupación compromete objetos litúrgicos y libros sagrados de alto valor, además de poner en riesgo el cumplimiento del acuerdo con Kal Nidre S.A., que exige la entrega del inmueble completamente desocupado antes del plazo fijado.

La demanda incluye un pedido urgente de medida cautelar bajo el régimen del artículo 616 del Código Procesal Civil y Comercial, solicitando la restitución inmediata del templo antes de que se notifique a los demandados. Los abogados de la comunidad argumentan que existe “peligro en la demora” por el riesgo de incumplimiento contractual y la amenaza sobre el patrimonio religioso. Además, reclaman facultades extraordinarias para el oficial de justicia encargado del operativo, incluyendo el uso de la fuerza pública y la intervención de la Policía Federal Argentina y del Cuerpo Médico Forense si hay personas vulnerables.

El expediente, titulado “Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil c/Ocupantes Inmueble Helguera 270/2 CABA s/Interdicto” (Expte. 65521/2026), tramita en la justicia civil porteña.

El 10 de junio de 2024, un grupo de delincuentes intentó matar a tiros a un joven de 27 años frente a la disco Input en Palermo. Sus propios amigos lo trasladaron a la guardia, con un tiro en el pecho. No apareció en un hospital porteño, sino en Evita de San Martín. Lautaro era su nombre, de 27 años de edad.

Quedó internado. También quedó detenido. Al registrar su nombre, los investigadores descubrieron que tenía un pedido de captura por robo. Tenía un domicilio en la Villa La Rana, partido de San Martín.

En paralelo, un chico de 17 años había sido brutalmente agredido en la puerta del boliche, y en la misma secuencia. Recibió una serie de patadas y culatazos en el cráneo, aunque los informes iniciales aseguraban que una bala le había rozado la cabeza. Entre sus ropas, llevaba cuatro bolsas con restos de polvo rosa y un cogollo de porro envuelto en un billete de mil pesos. También era oriundo de la periferia de Villa La Rana.

Un conflicto por la venta de droga o una venganza barrial fueron las hipótesis en torno al intento de homicidio. Los pistoleros, se creyó en un momento, podrían venir de Villa La Rana también. Sin embargo, las balas vinieron literalmente, de la otra dirección. Dos años después, la División Homicidios de la Policía Federal cierra la historia.

En los últimos días, sus detectives de elite -con una alta tasa de capturas exitosas en la historia reciente- detuvieron al segundo sospechoso del caso en caer, y el principal acusado en la trama. Se trata de Mirco C., oriundo de Dock Sud, de 19 años de edad, con un interesante prontuario.

Mirco C. fue detenido en la Isla Maciel, su barrio, por orden de la UFECRI dirigida por el fiscal José Campagnoli y el Juzgado de Menores N°5 a cargo de Gonzalo De Tezanos. Tiempo antes, el primer sospechoso, Ian P., -hoy de 18 años, menor de edad al momento del hecho- fue arrestado también.

Mirco cayó, literalmente, en el domicilio que años atrás había registrado ante las autoridades, tras ir y venir de la casa de un familiar en Avellaneda. Intentó escapar al oir la voz de alto. Como menor de edad, ya había enfrentado dos causas por robo a mano armada.

La hipótesis oficial del motivo de intento de asesinato en la disco no fue la venta de droga, o la venganza del barrio, sino un simple robo. Ocurrió a las 7 AM de ese lunes, cuando la disco cerraba sus puertas. El chico de 17 años fue encarado por ambos delincuentes, que intentaron quitarle su cadenita de oro. Así, le dieron una paliza.

Lautaro, la segunda víctima, intercedió para salvarlo. Se llevó la peor parte, con un tiro en el pecho. Los delincuentes huyeron en un Toyota Etios, que fue hallado en la villa Zavaleta. El auto, descubrieron los investigadores, tenía un pedido de secuestro por robo también.

A tres años de la muerte de la modelo Silvina Luna, este martes se llevó adelante una nueva Junta Médica ordenada en el marco de la causa por homicidio que tiene al cirujano Aníbal Lotocki como principal acusado de su fallecimiento.

La pericia tuvo lugar en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires y se extendió entre las 10 y las 12:30 del mediodía. Durante la reunión, el equipo interdisciplinario de peritos forenses de la Morgue Judicial -integrado por especialistas en tanatología, patología, cirugía plástica, infectología, clínica médica y terapia intensiva- ampliaron las respuestas de su último informe realizado en septiembre de 2025 y se expidieron sobre cuestiones puntuales solicitadas por la defensa del imputado.

En este contexto, fuentes del caso indicaron a Infobae que los expertos contestaron todos los puntos consignados y que el nuevo informe quedó incorporado a la causa. La conclusión, a grandes rasgos, ratificó que el cirujano no le brindó un seguimiento adecuado a Silvina Luna tras su operación estética y que, de haberlo hecho, pudo haber evitado el rápido deterioro de su salud.

El resultado no dejó satisfecho a Lotocki. Por eso, el documento fue firmado en conformidad por la querella, representada por el perito de parte Jorge Dri, el equipo del abogado Fernando Burlando, mientras que la defensa firmó en disidencia y no quiso aportar comentarios. Por ahora no está prevista una nueva junta.

Las nueve preguntas que respondieron los peritos

El equipo de expertos que participaron de la pericia debieron contestar nueve preguntas sobre el caso de Silvina Luna. El cuestionario, al que accedió Infobae, fue:

1. Teniendo en cuenta el momento de la aparición de los granulomas (células inmunitarias que se forma cuando el cuerpo intenta aislar sustancias extrañas que no puede destruir por completo) en quien en vida fuera Silvina Luna, ¿qué tipo de tratamiento/intervención se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva?

2. ¿En qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento/intervención?

3. ¿Los controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki fueron los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevara a cabo?

4. ¿El nombrado se encontraba en condiciones -de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso- de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud?

5. Durante dicho período de seguimiento (realizado por Lotocki), ¿existían signos clínicos objetivos que hicieran previsible y evitable la aparición de un proceso granulomatoso con repercusión sistémica, tal como hipercalcemia?

6. ¿La hipercalcemia y la insuficiencia renal progresiva pueden desarrollarse como consecuencia de una evolución clínica gradual y multifactorial, no necesariamente inmediata ni directamente vinculada a la intervención inicial?

7. Conforme el cuadro de salud de quien fuera en vida Silvina Luna, ¿la intervención médica postoperatoria fue totalmente dirimente y necesaria en el resultado muerte?

8. Indíquese si, conforme al estado del arte de la medicina y las especialidades habilitadas legalmente al momento de la intervención, existía algún procedimiento médico, quirúrgico o terapéutico que permitiera la extracción del PMMA (metacrilato) ya inyectado en el cuerpo de la paciente, o su neutralización, sin riesgo vital o daño funcional severo.

9. Teniendo en cuenta que el Cuerpo Médico Forense manifestó en su oportunidad que no era posible atribuir de manera directa a la colocación de PMMA la aparición de hipercalcemia ni hipervitaminosis D, se indique qué elementos nuevos, científicos o clínicos, han surgido desde aquella conclusión forense hasta el momento actual que justifiquen una eventual modificación de criterio diagnóstico.

Qué determinó la primera pericia

La primera Junta Médica fue realizada hace exactamente un año y brindó una reconstrucción pormenorizada del derrotero médico de Silvina Luna desde 2008.

En ese informe, se puso de manifiesto la existencia de un nexo causal entre la práctica estética con metacrilato y la enfermedad sistémica que derivó en la insuficiencia renal de Silvina Luna. También constataron que la modelo sufrió cuadros reiterados de hipercalcemia, litiasis renal, reacciones autoinmunes y un deterioro progresivo.

En detalle, la Junta había detallado cronológicamente los hechos de la siguiente manera:

• Antes de la cirugía estética en 2011 Silvina Luna no presentaba alteraciones renales ni metabólicas relevantes. Sus controles de laboratorio, incluyendo función renal, calcemia y otros parámetros clínicos, estaban dentro de rangos normales.
• En 2011 se sometió a una cirugía estética con inyección de metacrilato en glúteos realizada por Aníbal Lotocki.
• A partir de 2013 se detectan los primeros signos de insuficiencia renal e hipercalcemia. En 2014 tuvo su primera internación por insuficiencia renal e hipercalcemia, registrándose múltiples granulomas en regiones donde se le aplicó el material de relleno.

Los peritos señalaron en la pericia que “la hipercalcemia y la insuficiencia renal fueron secundarias a una reacción granulomatosa sistémica por cuerpo extraño (metacrilato/PMMA)”, con producción extrarrenal de vitamina D, lo que llevó a la paciente a una progresiva disfunción renal e innumerables complicaciones médicas.

Además, constató, mediante biopsias y estudios por imágenes, la presencia de granulomas y nefrocalcinosis atribuibles a la reacción al material inyectado. También que la función renal de la paciente nunca logró estabilizarse plenamente, aún con diversos tratamientos inmunosupresores, corticoides y drogas inhibidoras del metabolismo de vitamina D.

El informe también puntualizó que no hubo antecedentes familiares ni personales de enfermedades renales que pudieran explicar el cuadro y reforzó la relación causa-efecto entre la intervención estética y el deterioro de salud de Silvina Luna.

El Ministerio Público del Departamento Judicial de Morón, resolvió archivar la investigación contra un ex profesor de música, acusado de abusar sexualmente de niñas y niños del Jardín del Bosque 901, ubicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El caso, que comenzó en junio de 2019, involucró 31 denuncias y una movilización social inédita.

La decisión se dictó el pasado 21 de agosto, luego de casi siete años de una investigación que no llevó a nada. Según la resolución, a la que accedió Infobae, no existen pruebas sólidas ni relatos consistentes para sostener los hechos denunciados. Así, el expediente quedó archivado “por carecer de prueba suficiente sobre la existencia de los hechos”.

El expediente comenzó cuando la madre de una nena de 5 años denunció un juego en la hora de música al que llamaban “chocar lenguas”. La situación rápidamente se replicó en el grupo de WhatsApp de las madres, quienes compartieron audios e historias sobre comportamientos que consideraban extraños en el aula.

El número de denuncias ascendió a 31 en pocos días. Las versiones iban desde “juegos de chocar lenguas” y “juego del tiburón”, hasta relatos de presuntos tocamientos. Las madres organizaban reuniones en casas, grababan a sus hijas e hijos y buscaban explicaciones en docentes y directivos.

Varios menores fueron entrevistados por cuatro equipos periciales distintos. El diagnóstico en la mayoría de los casos fue similar: los relatos de los chicos eran ambiguos, cambiantes o insuficientes.

La voz de las psicólogas y los peritos

Las pericias oficiales recogieron frases como “el profesor Diego hizo algo malo… nos hacía chocar las lenguas a todos los compañeros… Me quiso tocar la cola y yo cerré las piernas”. Los especialistas evaluaron que, a esa edad, el límite entre juego, fantasía y realidad suele ser difuso.

Según la perito G.d.C, la menor mostraba una narrativa “consistente”, aunque sin indicadores claros de abuso sexual infantil. Por el contrario, el perito de parte A.D. advirtió que “antes de los 6 años el niño no discrimina entre mentira, actividad lúdica y fabulación”. “En el análisis no se registraron elementos compatibles con abuso ni con trastorno fonoudiológico”, continuó.

Mientras la pericia oficial detectaba coherencia, los peritos de parte desestimaban la credibilidad de los relatos infantiles, señalando que “la evaluación del testimonio en relación a los hechos que se investigan no es creíble”.

Qué aportaron los testigos y los audios

Además de los interrogatorios en sede judicial, las madres grabaron a sus hijas e hijos en sus casas. Estas grabaciones, convertidas en pruebas clave, eran analizadas por los peritos psicólogos. El resultado fue contundente: los audios reflejaban “preguntas sesgadas, insistentes, o que sugerían respuestas a los niños”.

En palabras de la perito de parte C.R., “la información sobre los hechos comenzó a circular entre adultos, en grupos de WhatsApp y medios. Los adultos interrogaron a los niños para buscar que confirmen las versiones que habían escuchado”.

Un ejemplo concreto lo dio A.B.C., vecina y docente, quien fue convocada por varias madres para hablar a solas con sus hijos. Corbalán grabó los relatos y relató: “Las preguntas formuladas buscaban confirmar versiones ya instaladas. Los chicos terminaban repitiendo lo que los adultos sugerían”.

En la mayoría de los casos analizados, las autoridades y los peritos observaron inconsistencias. Por ejemplo, niñas que un día relataban un juego y luego, ante eventuales repreguntas o en contextos más formales, no recordaban los hechos o se remitían a relatos difusos sobre actividades normales en la sala.

Muchos chicos no accedieron o no pudieron declarar. Otros, como ocurrió en varias evaluaciones, “simplemente no tenían recursos discursivos para sostener una denuncia”.

El propio informe oficial remarcó que “en las evaluaciones periciales no se registraron develaciones espontáneas ni consistentes de situaciones de abuso sexual. En cambio, los relatos infantiles giraron en torno a juegos y canciones escolares habituales”.

En algunas pericias, además, se observó que la repetición de preguntas o exigencias de los adultos podía “generar contaminación narrativa”, esto es, influir involuntariamente en lo que los chicos manifestaban. Un dato que aparece subrayado en los informes: la información circuló primero entre grandes y recién luego fue trasladada a los menores.

Las sospechas sobre los adultos y la escuela

Las pocas niñas y niños que dieron relatos más detallados mencionaron no solo al docente de música, sino también a otros adultos, maestras o incluso a familiares. Hubo comentarios sobre amenazas como “el profe dijo que no contemos nada porque nos retan”, pero tampoco se lograron pruebas directas.

Los directivos del jardín y otros docentes declararon que nunca observaron conductas inadecuadas del profesor. La directora del jardín, Irene Lombardi, afirmó que “sería imposible que hechos así ocurran sin que el personal lo advierta”, y que la arquitectura del edificio cuenta con aulas con grandes ventanales y puertas, lo que multiplica las posibilidades de control.

En paralelo, una docente aportó el acta de una conversación con una madre, quien habría dicho que “la denuncia se les fue de las manos” y deslizó sospechas sobre otros entornos ajenos a la escuela, aunque tampoco pudo ser corroborado por la Fiscalía.

El criterio judicial y el impacto social

El expediente, a lo largo de 67 fojas y más de treinta menores involucrados, revela la dimensión del impacto colectivo y la dificultad para determinar lo que realmente sucedió. La fiscalía liderada por la Unidad Funcional de Investigación N°1, con sede en Ituzaingó, entendió que los elementos reunidos no alcanzan el grado de certeza necesario para avanzar en una acusación penal.

En el dictamen de archivo puede leerse: “Por todo lo expuesto y los bastos elementos recolectados, entiendo que los mismos no alcanzan la entidad suficiente como para tener acreditado con el grado de certeza que se requiere en este estadio la existencia de los hechos denunciados...”.

“En el análisis de las evaluaciones periciales no se registraron develaciones espontáneas ni consistentes de situaciones de abuso sexual vinculadas al docente investigado... Los relatos infantiles se centraron en actividades propias del contexto escolar cotidiano”, señaló la resolución.

Qué sigue para el expediente

El archivo fue dispuesto con referencia al artículo 268, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal bonaerense, que habilita cerrar una causa penal si no hay suficientes pruebas de la existencia del delito.

El juzgado de Garantías y las partes quedaron notificadas. El legajo se remitirá a archivo y, según establece la Ley, deberá ser destruido transcurridos diez años desde la fecha de la resolución.

“Fueron siete años de defensa técnica, con un colega abogado y un equipo interdisciplinario de peritos psicólogos de parte. Fue un calvario para mi asistido. Se denunciaron 31 supuestos casos de abuso sexual infantil y todos fueron desechados por falta de pruebas. Creo que no hay antecedentes de causas de tal magnitud, que culminen en un archivo”, dijo Sebastian Chouela, abogado defensor a Infobae.

“Claramente, se advierte una resolución que evidencia la contaminación de los relatos falsos o equivocados a través de los grupos de chats de whatsapp de madres y padres y de otros medios virtuales, así como la iatrogenia y mala praxis en entrevistas de menores de edad. Esto debe marcar tendencia y ser un buen precedente en temas de causas masivas falsas o erróneas en contra de docentes”, concluyó el letrado.

El local, conocido como Ganga, tenía seis cortinas metálicas, rejas, vidrios antivandálicos, alarmas monitoreadas y refuerzos en puertas y ventanas. Los delincuentes se llevaron prendas valuadas en cinco millones de pesos, computadoras y dinero en efectivo. Aunque la alarma activó la respuesta policial y la llegada del hijo del comerciante, los ladrones ya habían escapado. La familia reforzó la seguridad tras varios intentos previos de robo. Incluso alquiló y cerró con rejas los locales linderos para impedir accesos alternativos.

Eliseo López, comerciante robado, lo resumió con amargura: “Nosotros invertimos mucho en seguridad. No se puede creer”. Y agregó: “Directamente, si no me protegen, me tengo que proteger solo.”

Inseguridad persistente y reclamo vecinal

En diálogo con Infobae en Vivo, López remarcó que el apoyo vecinal no basta sin presencia estatal. “No alcanza la policía, es evidente que no alcanza, algo van a tener que hacer”, afirmó. La reacción policial fue rápida, pero no suficiente para evitar el robo. El comerciante lamentó la ausencia de cámaras públicas en la zona y la falta de respuestas de las autoridades locales y provinciales.

El sentimiento de fatiga es generalizado entre los habitantes y comerciantes de la ciudad. López lo expresó sin rodeos: “Estamos agotados con esto de que tenemos que escondernos. Nosotros damos todas las facilidades, invertimos en seguridad, más no se puede.” En el último tiempo, los vecinos confeccionaron un mapa del delito con 971 hechos denunciados, aunque reconocen que muchos otros robos no se reportan. La autodefensa se refleja en la organización de alarmas comunitarias y marchas barriales.

Frente a la adversidad, López admitió el impacto emocional del robo: “Estamos destrozados”. Sin embargo, la necesidad de sostener el trabajo lo impulsó a reabrir el local al día siguiente. “Necesitamos trabajar. No sobra el trabajo, pero seguimos apostando porque en algún momento va a cambiar”.

Golpe económico y decisión de seguir

La cadena Ganga mantiene su política de ofrecer créditos a seis meses sin interés para facilitar la compra de ropa en un contexto adverso. López explicó: “Damos crédito solo con DNI. Es increíble, pero sabemos que la gente del barrio cumple”. Los créditos rondan entre cuarenta y cincuenta mil pesos, con devolución en seis cuotas sin recargo.

El vínculo con la comunidad es un pilar del comercio. “La gente es consecuente con nosotros. Somos gente de barrio, apostamos en los barrios porque el trato diario es distinto”, afirmó López. Subraya la importancia del negocio familiar y del empleo local, especialmente en tiempos difíciles.

López también reclamó acciones concretas al intendente y al ministro de Seguridad. “No quiero politizar, pero que por favor solucionen esto porque Mar del Plata se está volviendo imposible, pero igual es nuestro lugar”, advirtió. La ausencia de respuestas oficiales profundiza la sensación de desprotección.

Resiliencia y adaptación en tiempos difíciles

A pesar de cuatro robos en tres años, López no piensa en abandonar la actividad. Resalta su fortaleza personal: “No sé cómo saco tanta fortaleza, pero tengo la suerte de estar bien de salud y mentalmente. Le vamos a seguir pegando para adelante”. La familia apuesta a la innovación y la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo. “Cambiaron los hábitos de venta. Nos acoplamos a eso y seguimos adelante”, concluyó.

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A tres años de la muerte de Silvina Luna, este martes se llevó a cabo una nueva junta médica para ampliar los puntos de la pericia realizada en 2025 y determinar si existió un nexo causal entre la intervención estética realizada por Aníbal Lotocki y el fallecimiento de la modelo, ocurrido el 31 de agosto de 2023.

La reunión de los expertos se extendió entre las 10 y las 12:30 del mediodía y se realizó en el Cuerpo Médico Forense. Forma parte de la causa en la que se investiga al cirujano por homicidio.

En este sentido, la pericia buscó responder una cuestión central para el futuro del expediente: si el deterioro de la salud de Luna y su posterior muerte podrían haberse evitado y cuál fue la incidencia de la actuación de Lotocki después de la intervención estética.

Para eso, los especialistas analizaron, entre otros puntos, qué tratamiento o intervención podría haberse realizado a partir de la aparición de los granulomas para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal progresiva, y en qué momento habría sido oportuno llevarlo adelante.

También determinaron si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron adecuados para el tipo de intervención que había practicado y si, por su experiencia y conocimiento del caso, se encontraba en condiciones de actuar para impedir que los granulomas provocaran las consecuencias que finalmente tuvo Luna en su salud.

Otro de los interrogantes apuntó a establecer si durante el período en el que el cirujano realizó el seguimiento de la paciente existían signos clínicos objetivos que permitieran prever y evitar la aparición de un proceso granulomatoso con repercusión sistémica, como la hipercalcemia.

Sin embargo, la junta también debió evaluar otras posibles explicaciones para el deterioro de la salud de Luna. Los médicos se expidieron acerca de si la hipercalcemia y la insuficiencia renal progresiva pueden desarrollarse como parte de una evolución clínica gradual y multifactorial, sin estar necesariamente vinculadas de manera inmediata o directa con la intervención inicial.

A su vez, determinaron si, teniendo en cuenta el cuadro de salud de la modelo, la intervención médica durante el período postoperatorio fue determinante y necesaria respecto del resultado muerte.

¿Se podía extraer o neutralizar el PMMA?

Otro de los ejes centrales de la pericia estuvo puesto en el polimetilmetacrilato (PMMA) que había sido colocado en el cuerpo de Luna.

La Justicia pidió a los especialistas que establezcan si, de acuerdo con los conocimientos y técnicas médicas disponibles al momento de la intervención, existía algún procedimiento médico, quirúrgico o terapéutico que permitiera extraer o neutralizar el PMMA sin generar un riesgo vital o un daño funcional severo para la paciente.

Además, contestaron si Lotocki, de acuerdo con su formación y la especialidad médica que tenía oficialmente registrada, estaba legal y técnicamente habilitado para realizar la extracción del material implantado.

Este punto está directamente relacionado con otro de los interrogantes que deberán resolver los médicos y que puede resultar relevante para la investigación: qué se sabía científicamente sobre la relación entre el PMMA y la hipercalcemia en la época en que Luna fue intervenida.

En ese sentido, la Justicia recordó que el propio Cuerpo Médico Forense —incluida una de las actuales peritos, había sostenido que no era posible atribuir de manera directa a la colocación de PMMA la aparición de hipercalcemia ni de hipervitaminosis D.

Las conclusiones de la junta serán incorporadas al expediente y tendrán especial relevancia para determinar si existió un vínculo entre la actuación atribuida a Lotocki y la muerte de Silvina Luna en 2023, luego de años de complicaciones de salud.

La medida se realizó mientras Lotocki atraviesa otro juicio oral por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció tras una operación estética realizada en 2021. En ese mismo debate también está acusado por las lesiones gravísimas sufridas por otras cinco mujeres.

Un hombre de 37 años fue procesado por la Justicia Federal, tras ser acusado de amenazar con un atentado a la Embajada de México en Argentina, mediante al menos 13 mensajes de WhatsApp. El procesamiento lo dictó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, quien además le fijó un embargo de un millón de pesos.

De acuerdo con la investigación, el imputado, residente en la localidad de Mar del Tuyú, partido bonaerense de La Costa, envió los mensajes el 12 de agosto pasado entre las 12:45 y las 12:47 al teléfono de la sede diplomática, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. “Se les viene el atentado”, rezaba uno de los textos descubiertos. Las comunicaciones también contenían agresiones contra ciudadanos mexicanos, incluidas mujeres y niños, según consignó el portal oficial del MPF.

El acusado fue imputado por el delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal argentino. Esa figura contempla una pena de dos a seis años de prisión para quien, con el fin de infundir temor público o provocar tumultos, amenace con la comisión de un delito de peligro común o emplee medios aptos para producir tales efectos.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del fiscal Ramiro González. Pese al procesamiento, el hombre fue liberado: Martínez de Giorgi estimó que no existían elementos que permitieran prever un riesgo de fuga.

Cómo se identificó al imputado

La causa se inició a partir de una denuncia formal presentada por la propia Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, según consignó el sitio oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los mensajes, según la denuncia, amenazaban con llevar a cabo un atentado destinado a asesinar a personas de nacionalidad mexicana que residieran en Argentina.

Ante ello, el juzgado convocó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos efectivos desplegaron tareas de campo, análisis de información y trabajos de ciberpatrullaje que incluyeron el uso de herramientas OSINT (Open Source Intelligence).

Los registros de la compañía telefónica permitieron establecer que la antena de conexión utilizada era la más próxima al domicilio del imputado. La fiscalía también solicitó informes a WhatsApp y a Mercado Libre para obtener datos adicionales del titular de la línea.

La investigación se extendió luego al perfil del sospechoso en redes sociales, donde se halló una cuenta con imágenes suyas incendiando una bandera de México, dato que el Gobierno señaló como parte del cúmulo de pruebas reunidas antes del allanamiento.

El 20 de agosto, Martínez de Giorgi ordenó el registro del domicilio del acusado, ubicado en la calle 94 de Mar del Tuyú. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y una computadora, que permanecen bajo peritaje.

Durante su indagatoria, el imputado reconoció los hechos, pidió disculpas y sostuvo que era incapaz de cometer un atentado y que no pretendía generar temor. Alegó haber enviado los mensajes “en repudio” de videos que circulaban en redes sociales en los que ciudadanos mexicanos hablaban en contra de Argentina, y calificó lo ocurrido como “una broma de mal gusto”.

La respuesta del juez al descargo del acusado

Martínez de Giorgi rechazó el argumento del acusado. Señaló que la justificación del imputado no alcanzaba para desvirtuar las pruebas reunidas en la causa ni para alegar desconocimiento sobre las consecuencias de sus actos, dado que lo hizo activó el protocolo antiterrorista y el desplazamiento de fuerzas de seguridad que, de haber existido una amenaza real, habrían demorado su intervención.

El magistrado consideró probado que el acusado “refirió la cercanía de un mal o un peligro que resultó inexistente” con el propósito de infundir temor público. Agregó que el imputado actuó de forma anónima por ser consciente de que su accionar “era suficiente para turbar la tranquilidad pública”, y que eligió ese medio aun cuando los mensajes se enviaron al interior de una sede diplomática con una cantidad indeterminada de personas en su interior.

La Justicia ordenó que Callejero Fino quede detenido por portación de armas tras un pedido realizado en las últimas horas por el fiscal Cosme Iribarren. La decisión incluye el secuestro y la apertura de su celular que, según la fiscalía, podrían contener pruebas clave para la investigación.

El cantante de RKT fue arrestado el domingo en Villa La Ñata, Tigre, luego de que la Policía Bonaerense le descubriera en un control vehicular una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de su camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba sin patente.

La decisión de que quede detenido fue fundada en la existencia de “indicios fuertes” aportados por el fiscal que permitirían sostener que tanto Callejero Fino como la persona que circulaba con el -también detenido- participaron en la conducta investigada. El fallo, al que accedió Infobae, también tuvo en cuenta que el cantante tenía una condena previa y advirtió que existen riesgos procesales de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

En un principio, el fiscal caratuló la causa como tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de indagar, Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo es de tres años de cárcel ante una posible condena, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Es excarcelable.

Al momento de ser interceptado por los agentes, Callejero Fino les explicó que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

Según relataron fuentes del caso a este medio, al advertir que sería detenido, el cantante reaccionó con una frase de preocupación: “Me quiero matar”, dijo.

Horas más tarde, el cantante -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- aceptó declarar ante el fiscal y negó que el arma fuera suya. Sin embargo, su defensa no fue suficiente y tras la indagatoria volvió a su celda en una comisaría bonaerense.

El hecho y la condena previa

Los antecedentes de Alvarenga se habían convertido en una preocupación para su defensa: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

Esta condena, precisamente, fue la clave que consideró el fiscal Iribarren para dejar preso al cantante. “En caso de condena, sería un reincidente”, asegura una alta fuente judicial.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

Hoy martes, el cuerpo de Max Higgins todavía aguarda en una morgue judicial de la zona oeste. Nadie lo retiró todavía. El hombre oriundo de Jamaica, en situación de calle hace más de 15 años, fue hallado muerto la semana pasada entre mantas, a pocos metros de la terminal de la línea 216 en la zona de Merlo, donde se había instalado sobre la vereda de la calle Libertad, hace pocas semanas. Una bolsa de pan que había mendigado y un poco de agua cargada en una botella de gaseosa lo acompañaban, sus últimas pertenencias. La muerte de Higgins, más o menos, es el fin de una fábula curiosa para la Argentina.

Higgins se había convertido en un símbolo bizarro de la post-crisis de comienzos de siglo. Empresario según él mismo, productor de grandes eventos, fundó en febrero de 2007 su bizarra empresa, Higgins Warner Group, junto a tres argentinos. Todos fijaron domicilio en la pensión de San Telmo donde Higgins vivía, antes de mudarse a Puerto Madero. Entre ellos estaba Sandra Noemí Zapata, su mujer de aquel entonces, la madre de su hija.

Higgins viajaba en limusinas desde sus oficinas en Puerto Madero para mostrarse con figuras como Diego Armando Maradona. Contrató al grupo Duran Duran para el lanzamiento de su espectáculo, el World Football Idol, donde se mostraba con la capa de piel propia de un rey de Inglaterra. Prometió construir un parque estilo Disney en San Pedro. Emplazó carteles con su cara en la zona.

Todo era mentira. Higgins terminó en la calle, mendigando sándwiches en kioscos, hablándole de sus planes de regreso a quien le preguntara. En 2023 fue trasladado al Hospital Borda, donde se lo consideró un peligro para sí mismo y para terceros, y luego en la calle otra vez.

La UFI N°3 de Morón con la fiscal Valeria Courtade, a cargo de esclarecer su fallecimiento, recibió el informe de la autopsia al cuerpo de Higgins a comienzos de esta semana. Un edema pulmonar fue la causa inmediata de muerte. Los forenses también descubrieron que el jamaiquino sufría una cardiopatía. Ahora, resta su funeral. Higgins solo necesita alguien que lo entierre.

Ayer lunes, tras ver la muerte de Higgins en los medios, Sandra Noemí Zapata se presentó en la UFI N°3.

Allí, según confirmaron altas fuentes del caso a este medio, la mujer aseguró que se pondría en contacto con una cochería.

La historia entre ambos estuvo atravesada por conflictos. Zapata lo había acusado de violencia familiar en 2008, con la hija de ambos recién nacida. “Max es un farsante. Cuando empecé a sospechar de sus negocios y de su entorno, se puso agresivo conmigo”, dijo Zapata a la revista Noticias en aquel entonces. Recordó la pensión en la calle Piedras, que se volvió el primer domicilio fiscal en el país, “donde compartíamos cocina y baño”, en una vida con “toda clase de carencias”. En cuestión de meses, Higgins posaba para revistas en trajes de diseño, copa de champagne en mano.

En 2019, Zapata volvió a la vida de Higgins, en cierta forma: lo demandó en el fuero comercial porteño, en una demanda que terminó archivada. Hoy, se presenta en la causa que investiga su muerte. La hija de ambos, que lleva el apellido de Higgins, ya es mayor de edad.

María Angélica Romero fue vista por última vez en la localidad salteña de La Silleta el 12 de marzo del año pasado. Desde su entorno denunciaron la desaparición tras varios días sin tener noticias de ella. Este lunes, trascendió que los restos óseos hallados en una finca de El Encón Grande pertenecen a la docente.

Con este resultado, las autoridades pusieron fin a la búsqueda que comenzó hace 17 meses, cuando la mujer de 64 años desapareció. Los resultados de los estudios genéticos fueron comunicados por la División Búsqueda de Personas de la Policía de Salta al Ministerio Público Fiscal y a los familiares, indicaron desde el portal Agenda Salta.

El caso se remonta a marzo de 2025. Los allegados de Romero contaron que no era habitual que se alejara sola de su entorno. La mañana de su desaparición había salido de su domicilio vistiendo una campera cuadrillé roja y negra, sin documentos, dinero ni pertenencias, según detalló Informatesalta. En aquel entonces, tres vecinos dijeron que la vieron pasar a las 7:30 en la bajada de La Silleta, en inmediaciones del río Arenales, lo que orientó a las autoridades en las primeras tareas de rastrillaje.

El operativo de búsqueda se inició esa misma tarde y se extendió durante horas, aunque debió interrumpirse de madrugada por la dificultad del terreno y la escasa visibilidad. Al día siguiente se retomaron las tareas con refuerzos: se incorporaron efectivos del Cuerpo de Bomberos Martín Albarracín de San Luis, el equipo de combate de La Silleta y la División Canes, que amplió el radio de exploración hacia El Encón. En los días y meses posteriores, los rastrillajes se extendieron también hacia zonas rurales y áreas cercanas al río.

Durante los primeros días aparecieron algunas pertenencias que fueron vinculadas con la mujer aunque no obtuvieron datos concluyentes. Se analizaron distintas hipótesis y se recabaron testimonios de vecinos y posibles testigos, pero ninguno condujo a un resultado definitivo. Con el paso de los meses, el caso quedó sin resolución.

El aviso de un trabajador

El panorama cambió con el descubrimiento en febrero de restos óseos en una finca de El Encón Grande —ubicado al noroeste cerca de La Silleta y Potrero de Linares— justo en la zona hacia donde se había dirigido la mujer, de acuerdo con lo que habían podido reconstruir de testimonios.

El propietario de una finca ubicada en los márgenes del río Arenales halló un cráneo con características compatibles con restos humanos cuando estaba trabajando en el arreglo de un alambrado. De inmediato, dio aviso a las autoridades y los efectivos del destacamento policial de la zona se hicieron presentes para preservar la escena a la espera del arribo de personal especializado.

La investigación quedó a cargo de los fiscales penales Luján Sodero y Daniel Escalante, quienes intervinieron de manera conjunta. Por disposición de la Unidad Fiscal, se dio participación a la División de Género del Departamento de Investigaciones Criminalísticas (DIC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Luego, los restos óseos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizaron los estudios correspondientes que finalmente arrojaron datos esclarecedores.

Durante ese período, la familia de Romero atravesó una nueva etapa de espera dado que existía la posibilidad de que los restos fueran de la docente desaparecida, pero era necesario aguardar la confirmación oficial antes de cerrar la búsqueda.

Los resultados del análisis genético determinaron finalmente que correspondían a la mujer. La confirmación oficial llegó casi un año y medio después de la última vez que fue vista con vida. Al momento se desconocen los detalles de la investigación.

En la provincia de Córdoba, una investigación que se extendió durante siete meses derivó en un megaoperativo contra el narcomenudeo con 13 allanamientos, 10 puntos de venta desarticulados y 24 detenidos, entre ellos un menor de edad. El procedimiento se concentró en los barrios Ampliación Cabildo y Villa El Libertador, donde la pesquisa había detectado una red de comercialización de estupefacientes con distintas modalidades de venta.

El despliegue fue ejecutado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a partir de denuncias recibidas en la línea 0800-888-8080. Según la información oficial, los investigadores establecieron conexiones entre varios de los domicilios intervenidos y también identificaron estructuras que operaban de manera separada, aunque dentro del mismo circuito delictivo.

El resultado del operativo incluyó el secuestro de drogas, dinero, armas y vehículos, además de otros elementos vinculados con la venta de sustancias. De acuerdo con los datos difundidos por la fuerza, el valor estimado de todo lo incautado asciende a $147.445.400, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la causa se inició hace siete meses, cuando comenzaron a recibirse presentaciones en la línea habilitada para reportar actividades vinculadas al narcotráfico. A partir de esa información, la FPA desarrolló tareas de investigación que permitieron ubicar distintos puntos de expendio de drogas en el sur de la ciudad de Córdoba.

Con esos elementos, la fuerza avanzó con 13 allanamientos en dos sectores específicos: Ampliación Cabildo y Villa El Libertador. La intervención fue coordinada bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que supervisó el procedimiento judicial y el destino de los detenidos.

Según lo informado oficialmente, el operativo permitió cerrar 10 puntos de venta de estupefacientes. Parte de esos lugares estaba vinculada entre sí, mientras que otros funcionaban con autonomía. Los investigadores también detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales sospechosos y relaciones de sociedad entre otros integrantes del esquema.

Uno de los aspectos destacados de la pesquisa fue la identificación de las modalidades de comercialización. De acuerdo con la reconstrucción del caso, los investigados utilizaban sistemas de kiosco y delivery para distribuir las sustancias en los barrios alcanzados por los procedimientos.

La información oficial indicó que no todos los domicilios cumplían la misma función. Algunos estaban dedicados a la venta de cocaína, otros a la de marihuana y, en al menos una vivienda, los agentes hallaron indicios de comercialización de psicofármacos. Ese esquema mostró una organización segmentada por tipo de producto y por punto de distribución.

Durante la irrupción policial, varios de los sospechosos que realizaban ventas en la vía pública intentaron escapar. Sin embargo, fueron detenidos en ese mismo contexto, según precisó la fuerza interviniente. Entre los 24 apresados hay un menor de edad, un dato que quedó incorporado a la causa judicial.

En materia de secuestros, el procedimiento dejó 4.400 dosis de cocaína y 380 dosis de marihuana, además de plantas de cannabis sativa y psicofármacos.

A eso se sumó la incautación de $9.586.700 y 3.052 dólares, cifra que las autoridades asociaron a la presunta actividad de comercialización investigada. También fueron secuestradas cuatro armas de fuego y seis vehículos, de los cuales cuatro eran automóviles y dos motocicletas.

El detalle difundido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico incluyó además otros elementos considerados de interés para la causa, todos vinculados con la presunta venta de drogas. El monto total estimado de los bienes secuestrados fue calculado en $147.445.400, según la valuación oficial informada al cierre del operativo.

Un chico de 11 años terminó hospitalizado tras quedar herido de bala en medio de un tiroteo entre grupos rivales en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

La secuencia comenzó cerca de las 20 del domingo, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones en la vía pública. De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, las advertencias apuntaban a un enfrentamiento entre bandas en el interior del barrio y a una consecuencia inmediata: un niño había quedado en la línea de fuego.

En ese contexto y de acuerdo con lo informado por el portal El Sol, la víctima fue trasladada por su madre al Hospital Paroissien, donde los médicos constataron una lesión por arma de fuego. Más tarde, por la entidad del cuadro, el menor fue derivado al Hospital Notti. Allí, quedó internado, aunque estable y en sala común, mientras la investigación judicial avanzó con las primeras medidas en la escena.

Tras la denuncia, en la escena trabajó Policía Científica, que realizó peritajes para reconstruir la dinámica del ataque y recolectar pruebas. En el lugar, los especialistas secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros y .22, un elemento que puede resultar clave para determinar cuántas armas fueron utilizadas y cómo se produjo el intercambio de disparos.

Ese material quedó incorporado al expediente y será analizado en el marco de la investigación. La presencia de vainas de distintos calibres refuerza, en esta etapa preliminar, la hipótesis de un cruce armado entre varias personas.

La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que ordenó la intervención de la Unidad de Investigación Departamental para avanzar con la recolección de testimonios, el análisis de la escena y la identificación de los responsables.

A mediados del mes de julio pasado, un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna en La Paz, Entre Ríos, en un episodio que la justicia investiga como presunto abuso de armas. El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, sector habitualmente transitado de la ciudad.

El hecho se originó tras un intercambio verbal entre dos grupos de jóvenes. La situación escaló hasta que uno de los participantes, de 16 años, efectuó un disparo que impactó en la pierna izquierda del adolescente de 15 años. El ataque sucedió en plena vía pública, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona.

El agresor huyó rápidamente del lugar acompañado por otro joven en una motocicleta. El personal de la Comisaría Primera de La Paz inició un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien fue localizado en las horas posteriores. La policía informó que, por tratarse de un menor de edad, se siguieron los protocolos legales.

El joven fue examinado con dermotest para buscar rastros de pólvora o residuos de disparos en las manos del sospechoso y verificar si manipuló o disparó un arma de fuego. Además, como es menor de edad y no puede ser detenido, la policía lo entregó a sus padres o tutores luego de constatar su identidad y realizar las pruebas.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital 9 de Julio donde la médica de guardia constató una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pantorrilla izquierda. La intervención policial y el rápido traslado del herido permitieron evitar complicaciones médicas. Tras los estudios realizados, se descartaron lesiones óseas o daños de mayor gravedad y el adolescente recibió el alta médica horas después de la agresión.

El violento episodio motivó la apertura de una causa judicial bajo la carátula de “presunto abuso de armas”. La investigación está a cargo de la autoridad judicial competente, que busca determinar la procedencia del arma utilizada, la secuencia exacta de los acontecimientos y la eventual participación de otros jóvenes en el altercado.

Una escapada de fin de semana a la localidad de Pueblo Andino terminó con una vuelta marcada por el desconcierto en la zona oeste de Rosario. Al regresar a su vivienda este domingo por la tarde, una pareja encontró patrulleros en la puerta y supo que había sido víctima de un escruche en su domicilio, de donde se llevaron dinero, ropa, electrodomésticos y una moto.

El caso comenzó a reconstruirse antes de que los dueños entraran a la casa. La Policía halló una Zanella azul de 150 cc abandonada en Magallanes y Cerro Catedral, en el sector del Parque Oeste, con la alarma encendida. A partir de la patente, los agentes localizaron la dirección de la titular y se dirigieron al domicilio, situado a unas seis cuadras del lugar.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, cuando la dueña llegó, advirtió que el portón había sido forzado y que en el interior faltaban varios objetos de valor. Según su testimonio, el ladrón actuó solo, utilizó un palo del toldo para hacer palanca y desordenó una de las habitaciones antes de escapar.

La mujer relató que el regreso estuvo atravesado por una escena inesperada. “Llegamos a las seis y media de la tarde. Teníamos los patrulleros en la puerta”. En ese momento, según explicó, una agente le preguntó si era la dueña de una moto que había sido dejada en la feria de la zona.

Una vez dentro del domicilio, la pareja comprobó que el robo no se limitaba al vehículo. De acuerdo con lo denunciado, faltaban un televisor, diez pares de zapatillas, cinco perfumes, dinero, una manta y otros elementos de valor que estaban dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información recabada por el medio local Rosario3, forzaron el portón de entrada de la casa. “Fue una sola persona. Hizo palanca con un palo del toldo y se metió en la pieza, donde desarmó todo”, afirmó.

La mujer indicó que una vecina observó a un hombre que dejó la moto y que llevaba consigo una manta con una gran cantidad de objetos en su interior. Esa situación motivó una llamada inmediata al 911.

De esta manera, la intervención policial se produjo, entonces, por dos vías complementarias: el hallazgo del vehículo abandonado y la advertencia de una persona de la zona que vio una maniobra llamativa en la calle.

Por ahora, la información difundida da cuenta de un autor que habría actuado sin acompañantes y de un ingreso forzado a una casa de la zona oeste rosarina. No se informaron arrestos ni secuestros del resto de los objetos robados, mientras continúan las actuaciones para determinar la identidad de quien entró al domicilio.

Ahorraban para viajar a Europa, el dato se filtró y los desvalijaron: su consuegra los entregó

La investigación por el violento robo a un matrimonio de jubilados en Córdoba dio un giro inesperado cuando la pesquisa comenzó a apuntar hacia el propio entorno de las víctimas: la consuegra de la pareja fue detenida bajo sospecha de haber aportado la información que permitió concretar el asalto.

El hecho ocurrió el pasado 24 de julio en una casa ubicada en la calle Olleros al 2900, en el barrio San Salvador, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Aquella madrugada, dos delincuentes rompieron una de las ventanas del inmueble y sorprendieron a la pareja mientras dormía.

La mujer, identificada como Analía Palacios, de 44 años, tenía información sobre que Carlos y Victoria, ambos de alrededor de 80 años, guardaban ahorros en su casa porque planeaban realizar un viaje a Europa. La hipótesis de los investigadores es que ese dato llegó luego a los dos hombres señalados como autores materiales del robo. Uno de ellos ya fue detenido y el otro permanece prófugo.

Según denunciaron las víctimas, los ladrones, que estaban armados con cuchillos y púas, los amenazaron y golpearon para exigirles que entregaran todos sus ahorros. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que los asaltantes se llevaron unos 6500 dólares, 2500 euros y 2.500.000 millones de pesos que el matrimonio había reunido, entre otros motivos, para realizar el viaje.

De acuerdo con el relato de los jubilados, los delincuentes continuaron golpeándolos antes de escapar. “Lo que me preocupa es la violencia con la que actúan: entran a matar”, expresó Carlos posteriormente en una nota para ElDoce. Y lamentó: “Somos dos viejos de 80 años, ¿qué resistencia podemos ofrecer nosotros?”.

Tras haber sido detenidos por el crimen de Kevin Samuel Rueda (21) ocurrido durante la madrugada del sábado 29 de agosto en la capital provincial, la Justicia imputó a los principales sospechosos y ordenó la prisión preventiva para ambos.

Isaías D. (33) y Juan Manuel C. (35) fueron arrestados en el transcurso del fin de semana luego de haberse dado a la fuga tras provocar la muerte del cadete de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán para robarle la moto Honda Wave en la que circulaba. El informe preliminar de autopsia determinó que la muerte se produjo por un shock hipovolémico, provocado por la herida de arma de fuego, con lesiones en los pulmones y el corazón.

Durante la jornada de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares realizada en la tarde de este lunes en Tucumán, un juez dispuso la prisión preventiva por 180 días por lo que ambos quedarán detenidos hasta el 26 de febrero de 2027 en una unidad del Servicio Penitenciario. La medida fue dictada por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal (MPF) en donde estuvo presente el fiscal Carlos Sale.

Según supo Infobae de fuente vinculadas al caso, la acusación que pesa sobre ambos imputados es la de coautores del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, una figura que prevé una pena mínima de 13 años de prisión. Esta decisión se tomó bajo los argumentos de que existen riesgos procesales de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, según confirmó Sale. Además, indicó que la medida busca proteger a los testigos de posibles situaciones de amedrentamiento.

Antecedentes

En el proceso, el funcionario del MPF confirmó que ambos imputados poseen un “frondoso prontuario” por delitos que incluyen robos, homicidios, amenazas y portación ilegal de armas, y que “fueron privados de su libertad en reiteradas oportunidades, incluso con condenas previas y causas elevadas a juicio”, tal como había trascendido al momento de la aprehensión.

Isaías D., alias “El Rey”, fue el primero en ser capturado y a partir de su detención, los investigadores obtuvieron datos sobre su cómplice. El segundo individuo, “Cucú”, fue hallado escondido en un monte de la localidad de Leales en un operativo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía de Tucumán.

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron una motocicleta KTM Duke, de color naranja y negro, que habría sido utilizada por los acusados para cometer el hecho y que fue encontrada entre las malezas del barrio Ampliación San Francisco. El menor de los imputados admitió ante la policía que se movilizaba en ese rodado con su cómplice, contó que robaron la moto de la víctima y dijo que el disparo lo efectuó “Cucú”, de acuerdo al dato oficial que pudo constatar este medio.

Sale dijo que los delincuentes actuaron como de una “peligrosidad desmedida” al interceptar violentamente al joven de 21 años en la vía pública y calificó el ataque como “una ejecución a quemarropa”, dado que el disparo le perforó ambos pulmones y el corazón.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, Rueda se desplazaba de sur a norte por avenida Colón en su motocicleta Honda Wave alrededor de las 5 de la mañana del sábado, con destino a un desfile institucional en la localidad de Juan Bautista Alberdi. Al llegar a la intersección de esa avenida con calle Fortunata García, fue interceptado por los dos individuos. Para apoderarse del rodado de la víctima, Juan Manuel C. descendió de la moto con un arma calibre 9 milímetros y efectuó un disparo que impactó en la zona axilar del cadete. Luego huyeron con los dos vehículos.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó en la escena el levantamiento de un proyectil y una vaina servida, ambos calibre 9 milímetros, junto con residuos de disparo e hisopados. El médico legal que examinó el cuerpo constató un orificio de entrada en el hemitórax izquierdo —es decir, la mitad izquierda del tórax— con salida por el lado derecho.

La investigación continúa abierta. Entre las pericias pendientes se encuentran el análisis de ADN sobre los hisopados tomados en las motocicletas secuestradas, los estudios de residuos de disparo, la extracción y análisis de datos de los teléfonos celulares de los imputados, las pericias balísticas y nuevas declaraciones testimoniales.

La causa por el crimen de Juana Mailén Antonich sumó un nuevo paso judicial con el pedido de prisión preventiva para Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, los dos acusados por el femicidio de la joven de 24 años hallada muerta en las inmediaciones del Balneario N.° 0, en la zona de SeaView y Punta Cantera en la ciudad de Mar del Plata.

La solicitud de la Fiscalía quedó respaldada en una reconstrucción que combina resultados forenses, registros de cámaras, rastros biológicos, peritajes telefónicos y testimonios incorporados durante la investigación.

La acusación sostiene que ambos imputados actuaron en conjunto y que sometieron a la víctima en un contexto de violencia de género. Según la hipótesis fiscal, la agresión ocurrió entre las 0 y las 15 del 1 de agosto de 2026, aunque la secuencia que derivó en el crimen había comenzado el día anterior, cuando la joven llegó al predio luego de ser trasladada por un hombre que le había ofrecido una supuesta entrevista laboral.

Díaz Bartolomé y Aquino están imputados por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por femicidio, bajo los incisos 6 y 11 del artículo 80 del Código Penal.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la acusación, a la que tuvo acceso el medio local La Capital, Johana Mailén Antonich fue reducida por los dos imputados, que habrían aprovechado la diferencia física respecto de la joven para inmovilizarla. La investigación indica que fue atada de manos y pies, despojada de su ropa y sometida a agresiones físicas y sexuales.

La autopsia incorporada a la causa determinó que la víctima sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y heridas cortantes múltiples en la cabeza, el rostro y la región cervical. El informe concluyó que murió por una hemorragia masiva causada por una lesión de arma blanca en el cuello.

Entre los hallazgos forenses también figura una luxación cervical C1-C2, lesiones defensivas en las manos y señales de un castigo corporal intenso. A eso se sumó la detección de monóxido de carbono en sangre, un dato que, para los investigadores, indica que la joven estuvo expuesta a combustión cuando todavía se encontraba con vida.

El cadáver de la joven fue encontrado detrás de un contenedor del Balneario N.° 0, enterrado, semidesnudo, envuelto en una frazada y con ataduras en manos y pies. Durante la inspección en el lugar, los peritos secuestraron cables y sogas con características compatibles con las utilizadas para inmovilizar a la víctima.

La investigación también ubicó manchas de sangre dentro de la cabaña utilizada por los acusados. Además, a Agustín Nicolás Díaz Bartolomé le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, elemento que quedó incorporado a las pericias ordenadas en la causa.

Uno de los puntos centrales del expediente es el examen de las lesiones que presentaban los propios acusados después del hecho. José Luis Aquino fue atendido en la mañana del 1 de agosto en la UPA 8 de Punta Mogotes con heridas cortantes en el rostro, el cuello y las piernas, además de una equimosis en un brazo e inyección conjuntival.

Para los investigadores, esas lesiones son compatibles con maniobras defensivas realizadas por la víctima durante el ataque. La acusación añade que Aquino habría intentado explicar esas heridas con una versión falsa al afirmar que había sido víctima de un robo.

En el caso de Díaz Bartolomé, los peritos detectaron excoriaciones lineales en la espalda compatibles con marcas de uñas humanas. Ese dato también fue incorporado como indicio de resistencia por parte de Antonich en el momento de la agresión.

Los estudios practicados sobre prendas secuestradas a ambos imputados arrojaron resultados que la Fiscalía considera de peso. Los peritajes detectaron manchas de sangre humana y antígeno prostático específico (PSA) en ropa de los acusados y en la frazada que envolvía el cuerpo de la joven.

La presencia de esos rastros fue sumada al análisis del interior de la cabaña ocupada por los acusados, donde también se encontraron manchas de sangre. Ese conjunto de elementos reforzó la hipótesis de que en ese ámbito se produjeron hechos vinculados con el crimen investigado.

La acusación aún debe precisar con mayor detalle la intervención individual de cada imputado, pero sostiene que la evidencia reunida hasta ahora permite ubicar a ambos dentro de una misma secuencia delictiva.

La pesquisa también avanzó con apoyo de imágenes de seguridad. Las cámaras del balneario registraron el ingreso de Mailén a las 17.10 del 31 de julio. Poco después, según el expediente, un hombre con campera verde apareció en la secuencia y la agredió físicamente.

A ese material se agregaron registros de cámaras privadas y municipales que captaron una Volkswagen Suran roja perteneciente a la persona que había llevado a la víctima hasta el lugar con el argumento de una supuesta entrevista laboral. Los videos también mostraron actividad ígnea y humo dentro del predio durante la mañana del 1 de agosto.

En paralelo, el análisis de comunicaciones estableció que a las 15.31 del 31 de julio se produjo una llamada desde una línea atribuida a Aquino hacia el teléfono de la víctima. Otro dato considerado clave fue el hallazgo de la tarjeta SIM del celular de Mailén Antonich en el bolsillo interno de una campera secuestrada a Aquino.

Los estudios sobre antenas telefónicas añadieron otro elemento. Según la investigación, el teléfono utilizado por Díaz Bartolomé permaneció enlazado con la antena correspondiente al Balneario N.° 0 durante la franja horaria que los investigadores consideran crítica para reconstruir el crimen.

Después del hecho, la Fiscalía sostiene que los imputados llevaron adelante maniobras para hacer desaparecer elementos comprometedores. Familiares y testigos declararon haber visto a ambos quemando objetos dentro de un tambor de aceite de 200 litros.

Al inspeccionar, los investigadores encontraron restos de telas con sangre y partes de una campera verde, una pieza que aparece mencionada en la reconstrucción basada en las cámaras. Para la acusación, esa conducta forma parte de un intento deliberado de borrar huellas del ataque.

El expediente agrega que, tras el crimen, los acusados dieron versiones falsas a familiares de la víctima para ocultar su presencia en el lugar. Luego, siempre según la investigación, escaparon por la playa y fueron encontrados escondidos entre arbustos en inmediaciones del Parador Waikiki, donde quedaron aprehendidos.

La causa también reunió elementos sobre la relación previa entre Aquino y la joven asesinada. El testimonio de una mujer y chats recuperados de un usuario identificado como “Cuni Alvarado” en Facebook Messenger permitieron reconstruir, según la acusación, un comportamiento insistente del imputado hacia la víctima desde marzo de 2026.

La investigación por el violento robo a un matrimonio de jubilados en Córdoba dio un giro inesperado cuando la pesquisa comenzó a apuntar hacia el propio entorno de las víctimas: la consuegra de la pareja fue detenida bajo sospecha de haber aportado la información que permitió concretar el asalto.

La mujer, identificada como Analía Palacios, de 44 años, habría sabido que Carlos y Victoria, ambos de alrededor de 80 años, guardaban ahorros en su casa porque planeaban realizar un viaje a Europa. La hipótesis de los investigadores es que ese dato llegó luego a los dos hombres señalados como autores materiales del robo. Uno de ellos ya fue detenido y el otro permanece prófugo.

El hecho ocurrió el pasado 24 de julio en una casa ubicada en la calle Olleros al 2900, en el barrio San Salvador, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Aquella madrugada, dos delincuentes rompieron una de las ventanas del inmueble y sorprendieron a la pareja mientras dormía.

Según denunciaron las víctimas, los ladrones, que estaban armados con cuchillos y púas, los amenazaron y golpearon para exigirles que entregaran todos sus ahorros. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que los asaltantes se llevaron unos 6500 dólares, 2500 euros y 2.500.000 millones de pesos que el matrimonio había reunido, entre otros motivos, para realizar el viaje.

La violencia, sin embargo, no terminó cuando consiguieron el dinero. De acuerdo con el relato de los jubilados, los delincuentes continuaron golpeándolos antes de escapar. “Lo que me preocupa es la violencia con la que actúan: entran a matar”, expresó Carlos posteriormente en una nota para ElDoce. Y lamentó: “Somos dos viejos de 80 años, ¿qué resistencia podemos ofrecer nosotros?”.

Victoria, por su parte, contó que el episodio les provocó una crisis emocional “inmensa”. “Nos han invadido nuestro lugar, nuestro refugio”, aseguró. “Nos robaron la tranquilidad”, resumió su marido.

La investigación quedó a cargo del fiscal Horacio Vázquez, de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4. Aunque en un comienzo, la pesquisa avanzó con dificultades y con poca colaboración de personas de la zona, el análisis de cámaras de seguridad permitió obtener los primeros resultados, según indicaron fuentes cercanas al expediente.

En ese contexto, los investigadores lograron identificar a los dos hombres sospechados de haber ingresado a la vivienda y detuvieron a Miguel Cabrera (35).

Sin embargo, la pesquisa no terminó allí. Había un interrogante que todavía debía resolverse: cómo supieron los ladrones que el matrimonio tenía dinero guardado en su casa.

Con el avance de las medidas surgió entonces una pista que conducía al entorno familiar de las víctimas. Los investigadores comenzaron a sospechar que alguien que conocía la existencia de los ahorros había transmitido esa información a los autores del asalto.

A través de testimonios, allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares, la investigación llegó hasta Analía Palacios.

La mujer es la madre de la pareja de uno de los hijos del matrimonio, con quien su hija tiene hijos en común. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron a Infobae que Palacios prácticamente no tenía relación con los jubilados y que tenían sus diferencias .

En paralelo, los investigadores reconstruyeron vínculos de la sospechosa con personas de un entorno atravesado por consumos problemáticos de drogas. Esa línea, según explicaron las fuentes consultadas, resultó clave para avanzar sobre quienes finalmente quedaron señalados como los presuntos autores del robo.

Por el moemnto, la hipótesis principal de la Fiscalía es que Palacios se enteró de que Carlos y Victoria tenían ahorros destinados a un viaje a Europa y transmitió esa información a otras personas, que posteriormente habrían concretado el asalto.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la mujer fue detenida. La semana pasada prestó declaración y negó cualquier participación en el hecho. “No tengo nada que ver”, dijo. Actualmente permanece alojada en un establecimiento penitenciario.

La Justicia analiza ahora el grado de intervención que le atribuirá en el robo, si fue instigadora o partícipe necesaria, mientras que los otros involucrados están imputados como coautores de robo calificado por el uso de arma.

Hasta el momento, el dinero robado no fue recuperado. Para los investigadores, el caso está prácticamente esclarecido, aunque todavía resta una medida central: capturar al segundo sospechoso, que continúa prófugo.

Una beba de 11 meses murió y su madre, de 18 años, permanece internada en grave estado luego de que ambas fueran alcanzadas por un disparo dentro de una vivienda de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús.

Por el hecho fue detenido E.A.B., de 22 años, tío paterno de la menor. Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, el joven se encontraba manipulando una pistola cuando se le habría escapado un tiro que alcanzó a las dos víctimas.

El episodio ocurrió este domingo por la tarde en una vivienda de la calle San Judas. La Policía tomó conocimiento del caso a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de dos personas heridas de arma de fuego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

Ante la complejidad del cuadro, una ambulancia del SAME trasladó a la beba, llamada Cataleya, y a su madre, identificada como Micaela T., al Hospital Evita de Lanús. La menor presentaba una herida de bala con entrada en el lado izquierdo del abdomen y salida por el muslo derecho. Pese a los esfuerzos de los médicos, murió poco después de ingresar al centro de salud.

Su madre recibió un disparo por la espalda, también con orificio de salida, y debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. De acuerdo con la última información oficial, su estado es grave e inestable.

Tras las primeras averiguaciones, los investigadores aprehendieron al joven de 22 años, hermano de E.G.A., de 18, padre de la beba fallecida.

La principal hipótesis surgida de los testimonios incorporados hasta el momento indica que el sospechoso manipulaba un arma de fuego tipo pistola cuando se produjo el disparo. La mecánica exacta del episodio, sin embargo, todavía es materia de investigación.

Uno de los puntos que los investigadores intentan esclarecer es qué ocurrió con el arma utilizada, ya que no fue encontrada en la escena.

La Policía preservó la vivienda para el trabajo de los peritos, pero no logró hallar la pistola ni evidencias balísticas en el lugar, según consta en el parte policial.

En el marco de las primeras medidas, además, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la parte trasera del inmueble. Allí fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, que no sería la utilizada en el episodio.

Posteriormente, a partir del testimonio de familiares de las víctimas, los investigadores allanaron otra vivienda donde sospechaban que podía haber sido ocultada la pistola. Sin embargo, el procedimiento dio resultado negativo y el arma continúa sin aparecer.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión del sospechoso en una causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

También ordenó la autopsia del cuerpo de la beba.

Conmoción en el barrio

La muerte de la menor provocó conmoción entre los vecinos. Alejandro Crespo, responsable del merendero Los Risueños, del barrio 10 de Enero, en Villa Caraza, contó a Infobae que conocía a la familia porque solía acercarse al lugar, que actualmente brinda asistencia a unas 160 personas por día.

“Venían, no muy seguido, pero iban. Vivían a dos cuadras”, explicó Crespo. Además, señaló que tiene un vínculo familiar indirecto con las víctimas: la madre de la beba fallecida es hermana de su nuera.

El vecino aseguró que en el barrio circulan distintas versiones sobre qué habría ocurrido dentro de la vivienda antes del disparo, aunque aclaró que se trata de comentarios que no pudo corroborar personalmente. Una de ellas habla de una discusión entre los hermanos por dinero; mientras que otra sostiene que habría existido una pelea con la mujer. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente y la investigación continúa abierta.

Crespo también puso el foco en un elemento que genera interrogantes entre los vecinos: la desaparición del arma después del disparo. Según contó, entre los habitantes de la zona circulan versiones acerca de que la pistola podría haber sido retirada de la vivienda. Este punto sí forma parte de las medidas que lleva adelante la Justicia: la Policía realizó distintos procedimientos para encontrarla, pero hasta el momento no logró localizarla.

Mientras avanza la causa, esta tarde, vecinos de la zona cortaron la calle para reclamar justicia por la muerte de la beba y acompañar a su madre, que continúa internada en grave estado.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se dio a conocer tras la denuncia de la madre de la víctima. La mujer le relató a los efectivos que el jueves 28 de agosto, cerca de las 21, perdió de vista a su hija mientras se encontraba en la vereda de su casa. De acuerdo con su testimonio, momentos después la menor apareció junto a una vecina.

Fue la propia víctima quien detalló lo ocurrido durante ese tiempo. La niña contó que un sujeto la había llevado en brazos hacia un descampado que se encuentra a pocas cuadras de su domicilio. Allí, según el relato de la menor, el hombre le exhibió sus partes íntimas.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en el que el sujeto, quien llevaba un buzo negro y residía en una vivienda lindera a la de la víctima, salió de su casa y deambuló durante varios minutos por la vía pública.

Segundos después de que la niña ingresó al domicilio, el hombre la siguió. Una de las cámaras de seguridad de la zona lo captó agarrándola del brazo y llevándola al descampado.

Según informó el medio Primer Plano Online, el sospechoso le habría ofrecido una fruta a la niña y la habría engañado bajo la excusa de que era amigo de su mamá. Durante el hecho, la menor habría logrado zafarse y escapó corriendo.

Una vecina del barrio encontró a la niña y la puso a resguardo. Luego, la llevó hasta el domicilio de la menor, donde la estaba esperando su mamá.

A partir del análisis y el relevamiento de las cámaras de seguridad del municipio, los agentes de la Policía Bonaerense lograron identificar al sospechoso y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta de Merlo logró aprehenderlo.

La causa quedó en manos de los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Morón, quienes lo imputaron por rapto, sustracción de menores y exhibiciones obscenas. Asimismo, ordenaron el traslado del detenido a sede fiscal, donde será indagado.

Si bien las cámaras de seguridad del municipio registraron el momento del rapto, aún resta determinar si existió algún tipo de abuso.