Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme esta semana su condena a nueve años de prisión , Pablo Torres Lacal se entregó a la Justicia en las últimas horas. Se trata del conductor de la lancha que en marzo de 2016 chocó a otra embarcación en el Delta de Tigre y provocó la muerte de Manuel Storani, hijo del dirigente radical Federico Storani. En ese episodio, también falleció la madre del menor, Ángeles Bruzzone, y de Francisco Gotti, amigo del condenado.

Según confirmaron a Infobae, Lacal se presentó voluntariamente en una comisaría de San Isidro este viernes para ponerse a derecho y cumplir la sentencia dictada. Fue acompañado por su abogado.

Su condena quedó firme luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaran por inadmisible los recursos de la defensa para buscar la revisión de la sentencia y la pena dictada en los tribunales de San Isidro en 2023.

En el marco del juicio oral, quedó reconstruido lo que pasó ese 31 de marzo de 2016 a la medianoche: Manuel Storani (14 años) viajaba junto a su madre Ángeles y otras cuatro personas arriba de la lancha Mad II por el Canal Vinculación cuando, de repente, sin luces y por medio del cauce, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Torres Lacal, quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y otro amigo más.

No hubo tiempo de reacción: el impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad, dando en el medio del Mad II, justo del lado donde estaban ubicados Manuel y Ángeles, quienes fallecieron junto a Gotti.

De acuerdo a declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”. Los resultados toxicológicos dieron en cero, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas. Estaban yendo a un bar en el Delta.

El debate oral contra Pablo Torres Lacal llegó más de siete años y medio después de la trágica madrugada en el Delta de Tigre. Tanto Federico Storani como los amigos del colegio de la víctima se presentaron con carteles: “Justicia por Manu”. La defensa buscó plantear que había sido un accidente inevitable.

A fines de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años. La defensa apeló el fallo, pero fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En octubre del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena. En ese marco, el recurso extraordinario en queja fue presentado ante el máximo tribunal en busca de revocar la decisión. Pero la Corte Suprema también desestimó el pedido.

Tras conocerse la condena en noviembre de 2023, Federico Storani había dicho que sentía una sensación de “alivio”, aunque aclaró que el fallo no podía reparar la pérdida de su hijo y de su ex esposa.

“Siento alivio, pero no puedo estar contento porque nadie me va a devolver la vida de Manuel y Ángeles”, afirmó entonces el dirigente radical. También calificó la sentencia como “ejemplificadora” y destacó que la Justicia hubiera considerado el caso como un homicidio con dolo eventual.

Storani sostuvo además que la conducta de Torres Lacal había demostrado un “desprecio por la vida” de terceros y cuestionó las sucesivas apelaciones presentadas por la defensa durante el proceso judicial.

El incidente comenzó metros atrás: según la queja de quienes iban en el auto, el colectivo los había encerrado dos veces durante un trayecto que compartieron.

Luego, el vehículo se cruzó en el camino del colectivo y lo obligó a frenar. Fue entonces cuando la mujer que acompañaba al agresor le hizo gestos de cuernos al chofer apuntado mientras lo insultaba. Le reprochó la maniobra al menos en dos oportunidades.

Lo que vino después escaló de forma abrupta. El conductor del auto tomó carrera, saltó y descargó tres trompadas contra la ventanilla del colectivo, mientras le gritaba “¿Qué te pasa, gato?” al chofer.

La secuencia no terminó ahí: tras los golpes, metió el brazo por la ventana con la intención de arrebatarle el celular con el que el conductor lo filmaba, en un intento por evitar que el momento quedara expuesto. En ese momento, se puede escuchar que siguió insultándolo.

El chofer logró conservar el teléfono y difundió el video, que encabeza la nota. Al menos en el fragmento grabado, él toma una actitud pasiva: no insulta, no responde y su único intento de defensa fue alejar el celular cuando el agresor abrió la ventana.

Antecedente reciente

Días atrás ocurrió un episodio similar. Luis Romero, chofer de la línea 511, sufrió una brutal agresión en el partido bonaerense de Pilar a manos de un pasajero que lo golpeó dentro del colectivo. El ataque le provocó una triple fractura en el pómulo derecho. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del vehículo.

El episodio tuvo lugar en la esquina de las calles Paraguay y Baradero. El detonante fue una disputa por el timbre: el pasajero aseguró haberlo presionado para descender, pero el conductor negó haber escuchado señal alguna.

“Me dijo que había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, relató Romero en diálogo con Pilar de Todos.

La situación no se detuvo allí. Cuando el chofer se preparaba para reanudar el recorrido, el pasajero volvió a subir al rodado y marchó directo hacia él. Lo increpó y luego descargó una serie de golpes en la cabeza. El video captado por una cámara interna del ómnibus registra el momento exacto. De acuerdo a la víctima, el ataque fue perpetrado con una manopla.

Una mujer que intentó frenar la golpiza fue quien contactó al 911 y al SAME. Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde una tomografía confirmó la triple fractura de pómulo derecho con desplazamiento. Las lesiones también requirieron suturas en el rostro. En los próximos días, los médicos de la ART definirán si el conductor debe ser operado.

Tras la agresión, Romero radicó la denuncia en el Destacamento de Agustoni. Junto a delegados y autoridades de la empresa Ruta Bus, aportó las imágenes de las cámaras del vehículo para que las fuerzas de seguridad puedan dar con el agresor.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así”, lamentó. A su vez, sostuvo que el responsable “tiene que pagar” por lo ocurrido.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a cuatro años y seis meses de prisión, la Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a Samiei Sajjad Naserani, el ciudadano iraní hallado culpable de integrar una red internacional que fabricaba pasaportes falsos destinados a migrantes.

El procedimiento se concretó este viernes cerca de las 21 horas, en un departamento de la calle Caracas al 300, cuando personal de la División de Investigaciones Comuna 7 se presentó en el domicilio para dar cumplimiento a la orden de captura. Acto seguido, se gestionó un cupo en el Servicio Penitenciario Federal para coordinar su ingreso y alojamiento.

El detenido había ingresado a la Argentina en 2019 con documentos apócrifos: arribó a Ezeiza junto con su pareja, Mansoreh Sabzali, utilizando documentos que aparentaban ser de nacionalidad israelí. Sin embargo, tenían alerta roja de Interpol porque sus titulares originales los habían denunciado como robados.

A pesar de esa advertencia, el control migratorio permitió el ingreso de ambos y les devolvió los pasaportes. Horas más tarde, ya bajo la lupa de la justicia federal, ambos fueron detenidos en un apart hotel del barrio del Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, los documentos secuestrados permitieron reconstruir los vínculos de Naserani con una estructura que operó desde 2015 hasta 2019. Esa organización habría ofrecido documentos falsos para garantizar el tránsito de migrantes —principalmente de origen asiático— por rutas de España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Turquía e Irán.

La resolución de la Corte

En primera instancia, el Tribunal Oral Federal N° 6 consideró a Naserani responsable de usar documentación pública falsa agravada —es decir, documentos estatales falsos cuyo fin era suplantar la identidad— y le impuso tres años de prisión en suspenso. En ese fallo, lo absolvió de la acusación de integrar una asociación ilegal.

Su pareja Mansoreh Sabzali fue juzgada solo por uso de documento falso y también condenada a tres años en suspenso.

No obstante, la fiscalía presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Insistió en que Naserani no actuó solo, sino como parte de una red dedicada al tráfico de identidades falsas.

Así, la Sala II de la Cámara, en 2021, anuló la absolución por asociación ilícita y condenó al acusado también por integrar esa organización. También ordenó fijar una pena más alta y estableció la nueva condena en cuatro años y seis meses, un 50% más que la pena inicial.

La defensa apeló nuevamente, pero la Casación ratificó el monto. Ante esto, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que ahora desestimó el recurso: según los jueces, el planteo tenía “inconsistencias en la presentación del recurso de queja”.

Según el fallo, “la prueba reunida demostró la existencia de una organización internacional que proveía documentación adulterada y que el acusado participó activamente en al menos dos operaciones”. El tribunal consideró que Naserani era “miembro y beneficiario de la estructura”.

El modu soperandi

El modus operandi de la asociación radicaba en un tráfico constante de información entre Naserani y distintos contactos a fin de obtener no solo la documentación falsa, sino también pasajes y tarjetas de embarque para vuelos a nombre de los individuos cuya documentación falsificaban.

Durante la investigación se encontró un listado que el iraní condenado recibió del contacto “Jan Rambo” con nombres de personas y datos de vuelos y fechas, que iban desde noviembre de 2018 hasta enero de 2019.

Se registraron mensajes frecuentes en los que Naserani le encargaba pasajes a “Jan Rambo” para distintas personas. Parte de este listado también lo envió un contacto agendado como “Shafiq”, presuntamente vinculado a una agencia de viajes en Atenas, Grecia. Para los investigadores, estos dos remitentes eran los que gestionaban los pasajes para Naserani.

El grupo también manipuló documentos argentinos. Entre el 12 y el 16 de marzo, un contacto llamado “Mehdi Kachal 2″ envió a Naserani nueve DNI y pasaportes, la mayoría de los cuales tenían denuncia de robo.

Los efectivos secuestraron 5.770 kilogramos de marihuana valuados en $21.639.375.000. La carga estaba distribuida en 257 bultos y era usada como acopio para su traslado.

El procedimiento realizado ayer fue uno de los mayores de los últimos años en Misiones. Del total incautado, 4.912 kilogramos correspondían a marihuana prensada y 858 kilogramos a flores de marihuana.

El operativo fue ejecutado por efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de las Unidades Regionales III de Eldorado y XV de Montecarlo, junto con fuerzas federales del Grupo Operativo Conjunto del Nordeste Argentino.

La investigación permitió detectar un punto de acopio clandestino en un sector rural donde una organización criminal mantenía almacenada la carga.

Cómo encontraron el campamento

Una vez confirmado el lugar, los agentes ingresaron al monte e hicieron rastrillajes en chacras y sectores rurales cercanos para localizar a los responsables de la custodia del cargamento. Durante ese despliegue hallaron los 257 bultos escondidos entre la vegetación y cubiertos con lonas.

La intervención se concretó en la tarde de ayer y continuó con el traslado de toda la carga bajo un dispositivo de seguridad. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Eldorado, que ordenaron llevar el material a un predio acondicionado para el pesaje y las diligencias judiciales.

De acuerdo con el material difundido por la Policía de Misiones, el operativo conjunto sigue desplegado en la zona de Caraguatay con nuevas tareas investigativas y rastrillajes. El objetivo es identificar y detener a los integrantes de la estructura criminal que resguardaban la droga y organizaban su movimiento posterior.

La publicación oficial y los medios locales coinciden en que se trata de uno de los procedimientos antidrogas de mayor escala registrados en la provincia en los últimos años. Para las fuerzas intervinientes, el hallazgo permitió desarticular un centro de acopio dentro de la logística de la organización investigada.

Dictaron prisión preventiva a una pareja acusada de almacenar más de 200 kilos de droga en Salta

En otra causa, la Justicia Federal de Salta dictó prisión preventiva para una pareja acusada de acopiar y comercializar más de 200 kilos de marihuana y cocaína, luego de un operativo que permitió secuestrar un cargamento valuado en más de 900 mil dosis, según estimaciones oficiales. La investigación, bajo la órbita federal, se inició tras un control vehicular y derivó en el allanamiento de una vivienda en el barrio Juan Pablo II, en la zona sur de la capital provincial.

El procedimiento comenzó con efectivos de la Policía de Salta en un punto de control vial, donde detectaron inconsistencias en la documentación de un automóvil conducido por una persona identificada como J.L.M. Durante la requisa, la Policía encontró 17 kilos de marihuana en el baúl y más de un kilo de cocaína debajo del asiento. El hombre quedó detenido en ese momento y el caso pasó a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Las autoridades hallaron además comprobantes de pago de expensas vinculados a un departamento en la zona sur, lo que orientó la investigación hacia un posible lugar de acopio. Según El Tribuno, la fiscalía federal solicitó un allanamiento en ese inmueble. Allí, los agentes secuestraron nueve bolsas de arpillera con 188 kilos de marihuana y casi 400 gramos de cocaína, además de documentación relevante para la causa.

Durante el operativo en la vivienda allanada se presentó la pareja del detenido, S.A.B., quien fue arrestada luego de que testigos aseguraran que convivía con J.L.M. en ese inmueble. El sitio posiblemente funcionaba como punto de almacenamiento o distribución de estupefacientes.

La cantidad de droga incautada superó los 205 kilos y estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia.

La tranquilidad de la madrugada de este sábado para los huéspedes de un hotel céntrico de la ciudad de Mar del Plata se vio abruptamente interrumpida, luego de un violento episodio en el que un hombre destruyó una habitación luego de discutir con su mujer. Tras la intervención de la Policía, el agresor fue detenido.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, todo ocurrió en un alojamiento ubicado en la calle Alberti al 1700, en una zona céntrica de la ciudad balnearia. Luego de escuchar los ruidos, desde el hotel llamaron a la Policía.

El personal de conserjería relató a los uniformados de la Comisaría Segunda de Mar del Plata que llegaron al lugar que momentos antes una pareja alojada había protagonizado una pelea intensa, marcada por gritos e insultos. La situación llevó a los empleados del hotel a intervenir, preocupados por el resto de los huéspedes.

Por su parte, el personal de la recepción contó que comenzó a escuchar fuertes golpes y ruidos provenientes de la habitación en la que estaba el hombre, por lo que activaron el sistema de emergencias y solicitaron la presencia policial. Los efectivos, con colaboración del Comando de Patrullas, subieron al segundo piso y hallaron la puerta de la habitación cerrada, por lo que debieron ingresar para controlar la situación.

Dentro del cuarto, los agentes constataron daños materiales de consideración: una ventana con el vidrio roto, el barral de la cortina desprendido, una taza destruida, elementos de higiene personal esparcidos y el cable de antena del televisor arrancado. El mobiliario presentaba signos evidentes del desorden, producto del ataque de ira del huésped.

El supuesto motivo del ataque

Según la investigación policial, la mujer, de 57 años, había recibido la visita de una de sus hijas en el hotel, quien aparentemente le solicitó algún tipo ayuda en circunstancias que no fueron precisadas, lo que motivó el enojo del hombre, también de 57 años.

Según las fuentes consultadas por este medio, el hombre, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, reaccionó de manera violenta, empujó a la mujer fuera de la habitación y se quedó solo en el interior.

Cuando la Policía quiso dialogar con el huésped, el hombre adoptó una actitud hostil y agresiva, profirió una serie de insultos contra los efectivos y hasta intentó golpear a uno de ellos. La agresión no llegó a concretarse debido a la rápida intervención del resto de los efectivos que estaba en el lugar.

Finalmente, el violento fue reducido, identificado y trasladado a la sede policial, añadieron las fuentes consultadas por este medio que remarcaron la ira y la violencia que invadieron al agresor.

En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de daño y una citación del imputado en sede judicial.

En ese sentido, las fuentes consultadas por este medios, señalaron que la víctima no requirió asistencia médica, pero recibió contención por parte del personal policial y su familia. De acuerdo con lo que trascendió, la mujer que participó de la discusión inicial, no resultó herida ni fue atacada -al menos físicamente- por el violento.

En una historia a pequeña escala que recuerda a la de Robinson Crusoe, la fiscal del caso, Ingrid Wenner reveló que lo encontraron solo, deshidratado y desorientado, en una zona de difícil acceso por la flora.

“Aparentemente, tomaba agua ahí del brazo del río. Tenía como pasto, hojitas en la boca. Comía de la vegetación”, contó Wenner, en una rueda de prensa al brindar detalles y reconstruir los días de supervivencia del joven de 23 años.

Tras el hallazgo, el equipo de rescate lo trasladó de inmediato a un centro de salud, donde siguió bajo supervisión médica y recibió asistencia en salud mental.

“En este momento, él estaba en shock. Además, lo estabilizaron en la sala del Hospital Perrando”, ya que presentaba “un problemita” de salud mental, dijo la fiscal. “Hay que respetar este tiempo de las víctimas”, agregó.

Wenner contó que la principal hipótesis de la desaparición de Blanco fue que “perdió el celular”, y a partir de esa causa, el joven salió a buscar el dispositivo y ya no logró volver por sus propios medios. “No hay indicios de participación de terceras personas”, corroboró.

Mariel, hermana de Jonathan, expresó el sentimiento de agradecimiento de su familia tras el reencuentro, y admitió que costó reconocerlo. “Me costó reconocerlo. Está un poquito quemado, con picaduras, y tiene un poquito de chivita. Tiene el pelo más largo, sucio. Pero sí, es Jonathan”, sostuvo.

Cómo fue el operativo

Durante el operativo, una imagen térmica captada por un dron permitió ubicar a Blanco cerca de las 5.56 de la madrugada. El jefe policial Fernando Romero precisó que el joven estaba “lúcido, consciente y circulando de forma errática” cuando fue asistido.

El operativo de localización se aceleró tras encontrar el teléfono celular de Blanco cerca de la estación Cacuí, en la Chaco, lo que concentró los esfuerzos en la zona de Puerto Tirol y localidades cercanas.

Tras ser detectado por la señal térmica, en un sector boscoso a orillas de un brazo del Río Negro, agentes de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas cruzaron el curso de agua guiados por los operadores del dron.

A Blanco se lo veía del otro lado del río, en medio del monte, con la misma ropa con la que desapareció. Era un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También conservaba sus anteojos, un punto sensible para su familia porque tenía una visión muy reducida.

“Los grupos de policía que llegaron tardaron una hora y media en llegar al lugar. Gracias al dron es que se pudo encontrarlo porque estaba lejos. Tuvieron que entrar uno de los grupos con machetes para hacerse espacio en el monte”, explicó la fiscal. Al encontrarlo, los efectivos le brindaron hidratación de forma inmediata y lo trasladaron a una ambulancia para su atención.

“Le costaba reaccionar”: el estado de salud del joven

Blanco presentaba lesiones superficiales y rasguños, compatibles con la exposición prolongada a la intemperie. Los profesionales consideraron que, en términos generales, su estado era aceptable, aunque requería estudios médicos y asistencia psicológica.

La fiscal Wenner aclaró que cualquier declaración formal del joven se postergará hasta que logre una recuperación plena. “Cuando los médicos digan que está en condiciones, se le podrá tomar, si es posible, una testimonial. Hay que respetar el tiempo de las víctimas”, insistió.

Al momento del primer contacto, Mariel, su hermana, constató que a Jonathan “le costaba reaccionar”. “Yo le dije: ‘La verdad, Jonathan, yo te quiero mucho, te queremos mucho, acá estamos. Vos sabés que te estuvimos buscando’. Quedaba así, se reía... Pero yo pienso por toda esta desorientación que él estuvo, que estuvo los días sin medicamento”, contó al medio NG Federal, sobre el tratamiento que regularmente recibe el joven.

La Justicia de la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut, formalizó una investigación contra una mujer de 35 años, identificada públicamente como C.F.S.A., acusada de utilizar datos personales y biométricos de los abuelos de su novio para crear accesos de home banking en Banco Nación.

De esta forma, la presunta estafadora solicitó préstamos y transfirió el dinero a su billetera virtual. Según la fiscalía, el perjuicio económico supera los $3.102.500.

Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, $2.462.500 habrían sido transferidos desde un préstamo tomado a nombre de la abuela de su novio y otros $640.000 desde un crédito gestionado con los datos del abuelo. La investigación sostiene además que el banco informó a una de las denunciantes que debía afrontar 48 cuotas del préstamo otorgado en su nombre.

Cómo se habría gestado el plan

De acuerdo con la reconstrucción difundida por el Ministerio Público Fiscal, la acusada primero se ganó la confianza de las víctimas, ambas integrantes de su familia política. Después creó, desde su teléfono celular, un servicio digital del banco con información personal y biométrica de los damnificados.

La procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi representaron a la fiscalía en la audiencia realizada en la sala n°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. La imputada fue asistida por la abogada particular Claudia Isabel Jones.

Bernardi expuso que el primer hecho se registró el 30 de octubre de 2024 a las 17:28, cuando la acusada realizó dos movimientos para enviar a su billetera virtual el dinero de un préstamo solicitado a nombre de la abuela de su pareja. La primera transferencia fue de $1.000.000 y la segunda, hecha minutos más tarde, de $1.462.500.

La fiscalía sostuvo además que parte de ese dinero fue usada para pagar servicios de telefonía y realizar compras. En el segundo episodio, la acusación indicó que la mujer repitió el mismo mecanismo con el abuelo de su pareja, obtuvo un crédito por $640.000 y transfirió de inmediato esos fondos a la misma billetera virtual.

Para la fiscalía, la maniobra consistió en una presunta estafa basada en la apertura fraudulenta del home banking, la solicitud de créditos sin consentimiento y el desvío del dinero a cuentas bajo su control.

La estafa afectó también a una discapacitada

Según la acusación, hubo además una tercera damnificada indirecta: la hija de una de las denunciantes, representada legalmente por su madre porque es una persona con discapacidad. De acuerdo con las averiguaciones expuestas en la audiencia, el dinero robado por la maniobra estaba reservado para una cirugía en las piernas, por lo que la familia no pudo disponer de sus ahorros.

Para las investigadoras, la mujer manipuló informáticamente el sistema bancario de Banco Nación para que las operaciones aparecieran como realizadas por la titular de la cuenta, cuando en realidad las habría ejecutado la imputada. Esa es la base de la calificación legal presentada por la fiscalía en la apertura de la investigación preparatoria de juicio.

La defensa no formuló objeciones a la formalización y propuso analizar una salida alternativa del conflicto. Según el organismo judicial y la publicación local, Jones planteó que su asistida está en condiciones de ofrecer una reparación económica en un solo pago a favor de los damnificados.

El juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido fiscal, formalizó la investigación preparatoria de juicio en relación con los hechos expuestos y fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal concluya la pesquisa.

Una mujer de nacionalidad paraguaya fue detenida, acusada de regentear el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre la calle Beauchef al 500, en el marco de una investigación iniciada en abril a partir de una denuncia anónima. Tras el operativo, el establecimiento fue clausurado.

La denuncia, radicada el 16 de abril, advertía que en el lugar se explotaba sexualmente a varias mujeres y que se registraba un constante movimiento de hombres que ingresaban y salían del inmueble.

A partir de esa información, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad inició tareas investigativas para verificar los hechos denunciados y determinar la posible existencia de delitos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar. Durante el operativo fue detenida una ciudadana paraguaya identificada como la responsable del establecimiento, quien ya había sido señalada como recepcionista y administradora del local.

La medida judicial también contempló la identificación de todas las personas presentes, el secuestro de elementos de interés para la causa y la intervención de distintos organismos especializados.

Del procedimiento participaron integrantes de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, área Trata de Personas, quienes entrevistaron a las mujeres rescatadas; personal de la Dirección Nacional de Migraciones, encargado de realizar controles documentarios; y agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que efectuaron una inspección integral del inmueble.

Al momento del allanamiento había once mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por personal de Migraciones. Posteriormente, las mujeres fueron entrevistadas para determinar las circunstancias en las que se encontraban en el lugar.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y un dispositivo de cobro electrónico (Posnet), elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Por su parte, la AGC dispuso la clausura del establecimiento. La Justicia ordenó además el secuestro de los elementos hallados, la detención de la sospechosa, el cierre del inmueble y la implantación de una consigna policial en el lugar.

En la causa intervienen el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.

La Justicia de Rosario condenó este viernes a prisión perpetua a Aníbal Cabaña, de 62 años, por el femicidio de su exesposa Natalia Ocampo y el homicidio de César Valenzuela, en una causa que además quedó marcada por haber sido el primer juicio por jurados de la historia de la ciudad. El crimen fue cometido el 6 de abril de 2025 en una pensión de calle Uruguay al 5300.

La pena fue impuesta después de que un jurado popular, conformado por doce ciudadanos seleccionados para integrar el tribunal, declarara culpable a Aníbal Cabaña de manera unánime el pasado 12 de junio. La decisión fue tomada tras más de dos horas de deliberación secreta, luego de escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, así como los testimonios de testigos y peritos, y tras más de dos horas de deliberación secreta a puerta cerrada. La jueza de primera instancia Eleonora Verón aplicó la sanción máxima prevista por la ley.

Cabaña fue hallado culpable de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Natalia Ocampo. También fue condenado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de César Valenzuela, además de portación ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento y daño, todo en concurso real y en calidad de autor.

La respuesta central del caso quedó sellada este viernes cuando se informó que Cabaña deberá cumplir prisión perpetua por un femicidio y un homicidio. El caso juzgó el crimen de Natalia Ocampo, de 47 años, y el asesinato de César Valenzuela, de 48 años. La pena se detalló en la audiencia de cesura realizada en el Centro de Justicia Penal, después del veredicto de culpabilidad que un jurado popular dio a conocer durante la tarde.

Durante esa instancia, la jueza Eleonora Verón fundamentó su decisión en la gravedad de los delitos y en la contundencia de las pruebas reunidas a lo largo del debate oral. Además, consideró los argumentos planteados por la Fiscalía Regional 2, que había solicitado la sanción más severa prevista por el Código Penal debido a la violencia ejercida y a los antecedentes de conflictividad en la relación entre víctima y victimario.

El femicidio de Natalia Ocampo

Durante el juicio, la Fiscalía afirmó que el femicidio de Ocampo ocurrió en un contexto de violencia de género sostenido durante años. La relación entre ambos se había extendido por aproximadamente 18 años y existían denuncias previas por violencia desde 2010. Pocos días antes del ataque, la víctima había obtenido una prohibición de acercamiento contra el acusado. También había denunciado amenazas de muerte.

Según la reconstrucción de los crímenes, se supo que Aníbal Cabaña ingresó al inmueble con llaves que, según la acusación, le había sustraído a su expareja. Una vez dentro, subió a la planta alta, donde estaba Valenzuela, y pateó una puerta divisoria para entrar al sector de living-cocina. Allí efectuó al menos al menos 8 disparos con una pistola Bersa calibre 9 mm.

Natalia Ocampo recibió dos disparos en la cabeza y uno en el cuerpo, lo que le causó la muerte en el lugar. Por otro lado, César Valenzuela de 48 años quien era el novio de Ocampo fue atacado tras intentar defenderse durante un forcejeo. Finalmente Anibal Cabaña gatilló cinco veces contra Valenzuela, también en el cráneo y en el torso.

Tras cometer el doble homicidio, Cabaña se presentó voluntariamente en una comisaría local y reveló la ubicación del arma homicida, que había escondido en el tanque de agua de la casa de una de sus hermanas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a trece años de prisión para una sargento de la policía que mató a su media hermana tras una discusión en un departamento del barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Silvia Alejandra Rosignoli fue hallada culpable del homicidio de Yolanda Monzón, ocurrido en la madrugada del 27 de junio de 2019.

El hecho ocurrió la madrugada del 27 de junio de 2019 en un inmueble de la avenida Pueyrredón al 1000. Las investigaciones y pericias determinaron que existió una pelea previa entre ambas mujeres. Durante esa confrontación, Rosignoli utilizó una pistola Bersa y disparó de manera directa al ojo de Monzón, provocando su muerte.

Sin embargo, la acusada sostuvo desde un primer momento que el disparo se produjo de manera accidental, argumento que fue desestimado en las distintas instancias judiciales. La defensa apeló la sentencia, reclamando que el hecho debía ser considerado como un homicidio imprudente, pero la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la condena tras analizar las circunstancias y las pericias balísticas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal condenó en 2021 a Rosignoli por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de valorar las pruebas que indicaban la existencia de una pelea previa y la intencionalidad en el disparo. La defensa recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que no hubo dolo y solicitando una revisión bajo la figura menos gravosa del homicidio culposo.

En ese marco, el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja por inadmisible. Todas las instancias judiciales rechazaron este planteo y consideraron que hubo voluntad de producir la muerte. Afirmaron que la desestimación no implica validar o rechazar la justicia de la sentencia previa sino que se limita a los requisitos procesales del recurso.

Con esta resolución, la condena a trece años de prisión para Silvia Alejandra Rosignoli quedó firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios. La condenada, de 50 años y sargento primera de la Policía Federal Argentina, se encontraba en su departamento de Recoleta junto a su media hermana Yolanda Monzón, quien trabajaba como auxiliar de segunda en la Policía de la Ciudad. Ambas habían consumido alcohol el día de la tragedia.

En ese marco, Rosignoli mostró a su hermana un arma de fuego adquirida recientemente; al manipularla, disparó y el proyectil impactó en la cabeza de Monzón, quien falleció antes de recibir asistencia médica. Aunque las pruebas judiciales indican que existió una pelea previa entre las hermanas antes del disparo, no se datallaron los motivos específicos del conflicto.

El informe policial señaló que la acusada fue trasladada bajo custodia al hospital policial Bartolomé Churruca, presentando una crisis nerviosa y signos de intoxicación etílica. En la investigación intervinieron personal de la Gendarmería Nacional y la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad.

Las pruebas periciales que fundamentaron la condena de Silvia Alejandra Rosignoli incluyeron la reconstrucción de la pelea previa al disparo y, especialmente, los peritajes balísticos que determinaron que el tiro. Estas pericias permitieron descartar la versión de un accidente, ya que el tribunal consideró que existió una intención clara de matar en el contexto de una discusión violenta.

Los jueces valoraron tanto la trayectoria del proyectil como los indicios del enfrentamiento físico previo, y concluyeron que el disparo no pudo haberse producido de forma accidental. El fallo de la Corte Suprema, fechado el 18 de junio de 2026, dejó firme la condena y dispuso el archivo del caso. Por lo tanto, Rosignoli permanece detenida bajo el cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El piloto de carreras Ramiro De Bonis, de 28 años y oriundo de Ciudad Evita, logró destacarse en categoría TC Mouras, al alcanzar varios podios, tras el volante de un Chevrolet, primero, y luego de un Ford. Sin embargo, su nombre aparece ligado ahora a un intento de robo boquetero en un comercio de venta y reparación maquinaria agrícula de Junín.

Ocurrió a la 1.20 de la madrugada de este 15 de junio, día feriado, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un Gol Trend blanco y tres hombres en inmediaciones de la Av. Dr. Benito de Miguel al 700.

Al ver el móvil de la comisaría 1ra, dos de los sospechosos huyeron en el auto, aunque lograron ser alcanzados por los agentes a pocos metros. En el camino, uno de ellos descartó un buzo, una campera y guantes.

Se trataba del piloto que, en ese momento, dio una identificación falsa: la de su hermano, Lionel Aquino, de 36 años, con quien había protagonizado otro hecho delictivo.

Sucede que en julio de 2019, De Bonis ya había sido noticia por un asalto a una de las residencias del country Saint Thomas de Canning, donde los hermanos habían alquilado una casa, desde 2017, y compartían con su madre y el padre de uno de ellos.

La víctima del robo, en el que participaron ladrones que ingresaron por el acceso principal en la Jeep Renegade de De Bonis, uno de ellos en el baúl, fue una vecina que se había ido de vacaciones y, al llegar, encontró su caja fuerte, que tenía dólares, pesos y euros, vacía.

Los hermanos tenían una coartada: mientras robaban a la mujer, ellos jugaban al padel. Sin embargo, permanecieron algunos días prófugos. Fueron imputados por “robo en poblado y en banda con arma”, que prevé una pena de 3 a 10 años de cárcel. Firmaron un juicio abreviado.

En 2021, el piloto -que tenía una agencia de autos- habló sobre su causa judicial. “Si tuviera pedido de captura, no saldría los domingos por la tele. Mi causa se está cerrando ya”, aclaró sobre su situación, ante algunas versiones que hablaban de una inminente detención.

“Estaba yendo al rolo y me paró un control policial normal. Y me saltaba una captura de 2019 por un hecho del pasado, una situación muy fea que me tocó vivir. Les mostré un papel del Juzgado que me dio mi abogado y automáticamente me dieron otro papel y me fui al rolo y después a trabajar”, contó en Clasificando por FM City Rock, en ese momento.

“Yo me rompo el lomo para hacer lo que me gusta y la gente te condena públicamente… La verdad es que eso me arruina. Pero hay que salir con la frente en alto y afrontar la situación”, remarcó y siguió: “Yo salgo adelante por mi familia, que se pone mal, y trato de calmar las aguas. Todos los comentarios de la gente que me quiere que escuché en estos días sobre lo que pasó fueron buenos. Eso para mí es suficiente. Después, lo que opine el resto la verdad que mucho no importa”.

El antecedente no figuraba en los registros policiales cuando fue detenido en Junín a causa del acuerdo judicial. Sí figura en los datos bancarios que tiene un alto riesgo de insolvencia.

En el vehículo en el que fue atrapado, De Bonis viajaba junto a Braian Rocchi, un joven de 31 años que vive en esa ciudad bonaerense pero quien pasó varios años en Tierra del Fuego, donde se desempeñó en una empresa de hervicidas y en una de las industrias de producción de tecnología, como celulares. También trabajo en el rubro de aires acondicionados.

Fuentes del caso indicaron que Rocchi, deudor irrecuperable para el sistema bancario, había estado detenido o demorado en diciembre de 2025 por otro intento de robo. Indicaron, además, que “traía autos de Chile para vender acá”.

En el Gol llevaban barretas, masas, cortafierros, pinzas una cámara endoscopica, auriculares con micrófonos, una escalera telescópica y guantes. Estiman que el objetivo era la caja fuerte del comercio agrícola.

Instantes después, los policías interceptaron en Av. Circunvalacion y Ruta Nac. 7, un Ford Fiesta Kinetic Blanco, sin patente, que intentó darse a la fuga.

En el auto iban, Rubén Darío Ariza, de 49 años, Juan Ramón Gamarra, de 54, Leandro Martínez, de 66, y Eduardo Leguizamón Oviedo, de 23. Les secuestraron varias herramientas, entre ellas, amoladoras, disco de cortes, baterías y guantes. También llevaban pasamontañas.

Los investigadores comprobaron que pertenecían a una misma organización que intentó aprovechar el feriado y la previa al partido de la Selección Argentina en Texas para cometer el golpe.

De acuerdo a las fuentes, Leguizamón vive en Bernal Oeste y no registra actividad comercial. Ariza, tiene una deuda de 40 millones y vive en Villa Domínico. Es el único casado del grupo delictivo y tiene hijos.

En tanto, Gamarra es de Avellaneda y se dedica al rubro del transporte. Martínez, por último, es jubilado. Los investigadores tendrán que averiguar cómo se relacionan entre todos. El análisis de los celulares secuestrados será clave en ese sentido.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.

La causa tiene su origen en el hallazgo de una botella identificada como “FERNNABIS – Un Fernet con Extractos de Cannabis” en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía.

Ese secuestro inicial disparó una investigación que incluyó tareas de inteligencia, relevamiento de redes sociales, análisis de fuentes abiertas y, finalmente, una compra controlada con autorización judicial, que permitió confirmar la circulación del producto a través de canales digitales.

La pesquisa avanzó bajo el impulso de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, a cargo del fiscal Sebastián Basso, y por orden del juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez. Una pericia química practicada sobre una muestra obtenida durante la compra controlada arrojó resultado positivo para THC, lo que consolidó la base probatoria del expediente.

Las bebidas eran promocionadas y comercializadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. En esos canales, los responsables les atribuían efectos psicoactivos a los productos y ofrecían envíos a distintos puntos del país. Junto con la marca “FERNNABIS”, la investigación detectó otra denominación comercial, “SANNABIS”, cuyas etiquetas también fueron halladas durante el allanamiento.

El procedimiento permitió secuestrar 12 bidones de 20 litros de capacidad, aproximadamente 66 litros de preparación de alcohol y cannabis sativa, 30 botellones de 1,9 litros de fernet marca “777” y 10 botellas de bebidas alcohólicas elaboradas con principio activo cannábico, entre licores y unidades de “Fernnabis”. A eso se sumaron 19 frascos con difusor de alcohol con cannabis, 96 botellas de vidrio vacías con sus tapones y etiquetas de ambas marcas.

El inventario del lugar reveló además la existencia de un sistema de cultivo tipo indoor, dos plantas de cannabis, dos bolsas con hojas de marihuana con un peso total de 1.225 gramos y un frasco con cogollos de 195 gramos. También se incautó un frasco con colillas de cigarrillos artesanales de marihuana, dos balanzas de precisión, embudos, jarras y materiales de embalaje destinados al fraccionamiento de las bebidas.

Entre los elementos de valor para la investigación, se secuestraron dos computadoras portátiles y dos teléfonos celulares.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras la causa continúa su curso por presuntas infracciones a la Ley 23.737, que regula el tráfico y tenencia de estupefacientes en el país.

La investigación apunta ahora a establecer el alcance real de la operatoria: el volumen de producción, los canales de distribución y la eventual participación de otras personas en la elaboración y comercialización de las bebidas.

Gendarmería incautó más de 24 kilos de marihuana en Misiones

Una patrulla del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional respondió a una alerta que alteró la dinámica habitual de una Estación de Transferencia y Planta de procesamiento de residuos de Posadas, Misiones.

El aviso, recibido en la central de operaciones el pasado 4 de junio, señalaba la posible presencia de estupefacientes ocultos en un contenedor dentro del predio. Las fuerzas de seguridad se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la información.

A su llegada, los efectivos realizaron un reconocimiento visual del área y se dirigieron al contenedor indicado. La inspección permitió dar con una bolsa de nylon que asomaba entre otros residuos. El volumen del bulto y la forma en que estaba disimulado generaron sospechas de inmediato, lo que llevó a los uniformados a actuar con máxima precaución.

Tras asegurar el perímetro, los gendarmes extrajeron la bolsa y hallaron en su interior 33 paquetes rectangulares con un embalaje prolijo. La apariencia y el peso del material llevaron a los especialistas a presumir que se trataba de algún tipo de droga, por lo que se convocó de inmediato a integrantes de la sección de Criminalística y Estudios Forenses para la realización de pruebas de campo.

Los especialistas emplearon el Narcotest, un reactivo químico de uso extendido en procedimientos de detección de estupefacientes, para analizar la sustancia contenida en los paquetes. El resultado arrojó reacción positiva para “cannabis sativa”, lo que confirmó la naturaleza del material. El pesaje final realizado por los peritos estableció que la cantidad total incautada ascendía a 24 kilos 352 gramos de marihuana.

La mujer está acusada por el delito de encubrimiento agravado. La Justicia cree que la mujer le prestó a Barrelier el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Luego del proceso, Ángelo Giorgetti, abogado de Andreani, habló con A24 y subrayó que su defendida enfrenta la situación con una carga emocional considerable. “Está muy triste, muy angustiada, muy preocupada por sus hijos, muy preocupada por la situación”, dijo el letrado.

La detención, según el abogado, golpea a Andreani desde varios frentes: el impacto del crimen en sí mismo, la incertidumbre judicial y la preocupación por su familia. “Hay un femicidio de una nena de 14 años en las condiciones y en las circunstancias que ha ocurrido y esto no deja de golpear a cualquiera”, sostuvo Giorgetti.

El abogado también trazó un perfil de la relación que unía a su clienta con Barrelier. Ambos llevaban entre 10 meses y un año de noviazgo, y la convivencia era frecuente: “Por supuesto que le jorobó la vida. Vos pensá que este muchacho pernoctaba en la casa de mi clienta tres, cuatro veces por semana, llevaba a los hijos a la facultad, al colegio, compartía un domingo, un sábado, una siesta, un almuerzo, una cena”.

Luego, aclaró que ella no le tenía miedo. “Calculo que no le tenía miedo. Lo amaba, estaba enamorada de este tipo”, dijo. Y resumió: “Era la pareja”.

Esa cotidianeidad habría generado en Andreani una confianza plena en Barrelier, a quien, según Giorgetti, veía “incapaz de hacer algo así”. “Ella está totalmente sorprendida porque este muchacho era la pareja de ella y obviamente ella confiaba en él”, dijo el letrado.

Sobre el conocimiento que Andreani pudiera tener del crimen, el abogado fue tajante: aseguró que la mujer no sabe qué ocurrió con Agostina. “Sabe lo que se puede llegar a filtrar por los medios, lo poco que ha visto, pero específicamente qué ocurrió, qué no ocurrió, ella no tiene ese conocimiento”, precisó Giorgetti.

La imputada, según su defensor, habría tomado dimensión del hecho principalmente a través de la cobertura mediática, no por vínculos directos con lo sucedido. Además, aseguró que podrán comprobar que ella no actuó para encubrir a Barrelier.

Uno de los puntos que el defensor buscó instalar con fuerza fue el rol activo que habría tenido Andreani en la colaboración con la Justicia desde el primer momento. Según relató, cuando los investigadores allanaron su domicilio —tras identificarla como pareja de Barrelier—, ella no solo no obstaculizó la pesquisa, sino que entregó de manera espontánea información que los investigadores le pidieron.

“Si no, la justicia todavía está buscando el vehículo”, graficó Giorgetti para ilustrar el estado de la investigación antes de que su clienta hablara.

“Esto lo aclaro porque ella colabora desde el minuto uno”, enfatizó el abogado ante A24. Andreani habría informado que le prestó el auto a Barrelier desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde del día en cuestión, que luego fue a una ferretería y que había obreros que podían dar testimonio.

“Cuando a ella la allanan, ella dice: ‘Che, yo le presté el vehículo, ahí está, llévenlo, hagan lo que quieran. Acá están los materiales que fuimos a comprar, fui a tal ferretería, están los obreros, pueden prestar y recibirle testimonio. Toma mi teléfono’”, dijo su defensor. Y concluyó: “Ella en ningún momento obstaculiza la investigación ni mucho menos. Esa es la realidad”.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Samiei Sajjad Naserani, un ciudadano iraní hallado culpable de integrar una red internacional que fabricaba pasaportes falsos destinados a migrantes.

El acusado había ingresado a la Argentina en 2019 con documentos apócrifos. Según se constató, arribó a Ezeiza junto con su pareja, Mansoreh Sabzali, utilizando documentos que aparentaban ser de nacionalidad israelí. Sin embargo, tenían alerta roja de Interpol porque sus titulares originales los habían denunciado como robados.

A pesar de esa advertencia, el control migratorio permitió el ingreso de ambos y les devolvió los pasaportes. Horas más tarde, ya bajo la lupa de la justicia federal, ambos fueron detenidos en un apart hotel del barrio del Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, los documentos secuestrados permitieron reconstruir los vínculos de Naserani con una estructura que operó desde 2015 hasta 2019. Esa organización habría ofrecido documentos falsos para garantizar el tránsito de migrantes —principalmente de origen asiático— por rutas de España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Turquía e Irán.

La resolución de la Corte

En primera instancia, el Tribunal Oral Federal N° 6 consideró a Naserani responsable de usar documentación pública falsa agravada —es decir, documentos estatales falsos cuyo fin era suplantar la identidad— y le impuso tres años de prisión en suspenso. En ese fallo, lo absolvió de la acusación de integrar una asociación ilegal.

Su pareja Mansoreh Sabzali fue juzgada solo por uso de documento falso y también condenada a tres años en suspenso.

No obstante, la fiscalía presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Insistió en que Naserani no actuó solo, sino como parte de una red dedicada al tráfico de identidades falsas.

Así, la Sala II de la Cámara, en 2021, anuló la absolución por asociación ilícita y condenó al acusado también por integrar esa organización. También ordenó fijar una pena más alta y estableció la nueva condena en cuatro años y seis meses, un 50% más que la pena inicial.

La defensa apeló nuevamente, pero la Casación ratificó el monto. Ante esto, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que ahora desestimó el recurso: según los jueces, el planteo tenía “inconsistencias en la presentación del recurso de queja”.

Según el fallo, “la prueba reunida demostró la existencia de una organización internacional que proveía documentación adulterada y que el acusado participó activamente en al menos dos operaciones”. El tribunal consideró que Naserani era “miembro y beneficiario de la estructura”.

El modu soperandi

El modus operandi de la asociación radicaba en un tráfico constante de información entre Naserani y distintos contactos a fin de obtener no solo la documentación falsa, sino también pasajes y tarjetas de embarque para vuelos a nombre de los individuos cuya documentación falsificaban.

Durante la investigación se encontró un listado que el iraní condenado recibió del contacto “Jan Rambo” con nombres de personas y datos de vuelos y fechas, que iban desde noviembre de 2018 hasta enero de 2019.

Se registraron mensajes frecuentes en los que Naserani le encargaba pasajes a “Jan Rambo” para distintas personas. Parte de este listado también lo envió un contacto agendado como “Shafiq”, presuntamente vinculado a una agencia de viajes en Atenas, Grecia. Para los investigadores, estos dos remitentes eran los que gestionaban los pasajes para Naserani.

El grupo también manipuló documentos argentinos. Entre el 12 y el 16 de marzo, un contacto llamado “Mehdi Kachal 2″ envió a Naserani nueve DNI y pasaportes, la mayoría de los cuales tenían denuncia de robo.

Las cámaras de la zona mostraron el momento en que Débora fue abordada por dos delincuentes en moto. Uno descendió, la obligó a entregar el vehículo y huyó, mientras ella no opuso resistencia y se apartó unos metros.

En ese instante, activó a distancia el sistema antirrobo que había instalado bajo el asiento. Usó una pulsera digital con tres botones. Al presionarlos, envió una descarga de 6.000 voltios a través de una correa ubicada en la parte delantera del asiento, que impactó directamente en quien se sentaba allí. El ladrón perdió el control, cayó y se retiró sin poder concretar el robo.

Débora explicó en Infobae al Mediodía que tomó la decisión de instalar el dispositivo tras haber sufrido el robo de cuatro motos. “Es la primera vez que lo activo. Me animé a comprarlo después de ver el producto en persona y comprobar cómo funcionaba. Esta vez gané yo”, relató en la entrevista.

El sistema tiene un costo de $189.000, un alcance de 180 metros y funciona con una batería independiente que dura aproximadamente un mes. “Se activa presionando los tres botones al mismo tiempo. No conozco a nadie más que lo tenga, fue una decisión personal después de tantas experiencias”, detalló.

Tras la descarga, la joven decidió esperar algunos minutos antes de recuperar su moto. Los delincuentes escaparon y solo lograron llevarse el celular de trabajo, que no tenía seguro. Débora reconoció que prefirió no hacer la denuncia. “Ya me robaron varias veces. Esta vez ni hice la denuncia. Es perder horas en la comisaría y capaz te secuestran la moto para peritarla. Yo necesito la moto para trabajar”, explicó.

El relato de Débora generó identificación entre los periodistas y televidentes de Infobae al Mediodía. “No voy a mi casa en zona sur en la moto hace mucho tiempo, solo la uso en Capital Federal o para ir al norte”, comentó uno de los conductores.

Al no existir una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, la policía inició actuaciones de oficio. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que intervino tras la viralización de las imágenes. El hecho ocurrió el 11 de junio, pero la causa se abrió una semana después.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la víctima será citada para declarar y podrá evaluar si inicia acciones penales. Por ahora, los delincuentes permanecen prófugos. La moto sufrió daños menores tras la caída del ladrón, mientras que el teléfono robado no podrá ser recuperado.

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La semana pasada, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, preso en un régimen de máxima seguridad en el penal de Marcos Paz, fue procesado como presunto coautor del brutal triple crimen narco de Florencio Varela, con un embargo de mil millones de pesos. En las últimas horas, su defensor, el abogado Lucas Contreras apeló el procesamiento y también planteó un hábeas corpus ante el Juzgado Federal N°2 de Morón -a cargo de la causa del triple crimen- por la situación del acusado en prisión.

En un escrito de 44 páginas al que Infobae accedió en forma completa, el abogado apuntó “torturas psicológicas”, objetó el escaso acceso a su defendido y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, el régimen que lo mantiene encerrado en una celda individual 23 horas al día y solo le permite el contacto con su defensa de forma presencial.

Contreras planteó que “se dicte la inmediata libertad de mi asistido, en virtud de encontrarse privado de su libertad en condiciones de ilegalidad”, o que, en todo caso, lo trasladen a un encierro menos estricto.

Luego, pidió que se le garanticen dos videollamadas “con su familia, que reside en la República de Perú, dos veces por semana, como mínimo”, particularmente con su madre y su hermana.

“Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor”, afirmó Contreras Alderete, que aseguró que “no han ocurrido hechos de inconducta de mi defendido” que justifiquen el nivel de aislamiento.

“Mi defendido ha permanecido aislado del resto de la población carcelaria, relegado al confinamiento en soledad en una celda, sin la presencia ni el acompañamiento de ninguna persona”, continuó.

El abogado afirmó que a “Pequeño J” se le está imponiendo “una pena inhumana, cruel y degradante”. El juez federal Jorge Rodríguez procesó a Valverde por un delito especialmente grave: homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, una brutal carnicería que ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en una casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela. Si es condenado bajo esa calificación, “Pequeño J” podría recibir prisión perpetua.

La investigación, hoy a cargo del secretario Ignacio Calvi, incluye una ampliación de hipótesis que apuntan a delitos como tráfico de drogas y prostitución.

En su apelación, en donde pidió el cese de la prisión preventiva, Contreras afirmó que “la propia parte acusadora admite el carácter aún provisional, impreciso e insuficientemente delimitado de la imputación”. También que “ni siquiera la fiscalía puede sostener, al estado actual de la investigación, una imputación concreta y definitivamente estructurada”.

“En efecto, no existe a la fecha ningún elemento probatorio objetivo, independiente y verificable que ubique de manera cierta a mi defendido en el lugar de los hechos”, aseveró la defensa.

Soledad Andreani, una de las tres personas acusadas del femicidio de Agostina Vega, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón. Durante la audiencia, la mujer negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar.

La imputada se convirtió en la tercera detenida por el crimen, bajo la acusación del delito de encubrimiento agravado. La Justicia cree la mujer le prestó a Claudio Barrelier, su ex pareja y presunto autor material del femicidio, el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra.

Según explicó su abogado, Ángelo Giorgetti, a El Doce tv, Andreani negó el hecho y no hizo manifestaciones por recomendación de la defensa. “Pruebas propiamente dichas en su contra no hay ninguna, son todas suposiciones y conjeturas de la fiscalía”, sostuvo el letrado.

“Se abstuvo a declarar por consejo de la defensa”, afirmó el abogado, quien adelantó que durante el fin de semana analizarán las pruebas y luego pedirán la libertad de la mujer.

Y señaló: “No hay prueba, pero prestó un vehículo que se utilizó para descartar un cuerpo, con eso alcanza y sobra”. El abogado también aseguró que vio bien de ánimo a su defendida. “Está tranquila y sostiene su inocencia”, remarcó.

En ese sentido, el abogado recordó que a partir de ahora, el fiscal tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de Andreani. También reveló que desde hoy se abre el secreto de sumario, lo que permitirá a la defensa acceder al expediente.

“No hay sorpresas, no hay nada. Confío en mi defendida y en nuestro trabajo”, concluyó en su breve diálogo con el canal cordobés.

Luego de finalizada la diligencia con la imputada, la Policía de la provincia inició un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier, en la calle Campillo 878, confirmaron fuentes policiales a Infobae. Se trata de un nuevo procedimiento en el domicilio, del que por el momento se desconoce el motivo.

Las otras indagatorias

Con la declaración de Andreani concluyó la semana de indagatorias a los tres acusados del femicidio. El primer turno fue de Barrelier, quien el martes negó los hechos y se abstuvo de declarar.

El principal acusado fue trasladado a los Tribunales II de Córdoba para ser indagado por el fiscal Garzón. Tras más de media hora de audiencia, Jorge Cassini, defensor de Barrelier, confirmó que agravaron la imputación de su defendido y ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

Para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque. Luego, intentó desaparecer el cuerpo con el objetivo de lograr su impunidad.

“Se le tomó declaración a Barrelier, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de continuar declarando”, dijo el letrado en diálogo con la prensa. Al ser consultado sobre los próximos pasos en la causa, el abogado se limitó a responder que el avance de la investigación depende de la fiscalía.

Esta fue la tercera vez que Barrelier fue citado a declarar. La primera fue cuando estaba acusado por privación ilegítima de la libertad. En aquella ocasión, negó los hechos y contó que había visto a la joven subirse a un auto rojo, lo cual luego fue descartado. La segunda vez, fue convocado de urgencia por el fiscal Garzón con la intención de que confiese dónde había descartado los restos de la adolescente. Nuevamente, no aportó información útil.

Ayer, el fiscal Garzón indagó a Osvaldo Fassetta, el otro integrante del trío de presuntos asesinos. Durante la audiencia, al igual que los otros dos, negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar. En ese contexto, la Justicia resolvió mantener sin cambios la imputación por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

La decisión era seguida con expectativa porque existía la posibilidad de que el fiscal agravara la acusación. Sin embargo, según pudo saber Infobae, Fassetta continuará detenido bajo la misma calificación y regresará al penal de Bouwer, donde permanece alojado desde su arresto.

Fassetta, de 47 años, residía en una habitación ubicada en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, Claudio Barrelier asesinó a la adolescente de 14 años. Por ese motivo, para los investigadores resulta poco probable que no haya advertido movimientos o ruidos dentro de la casa.

A su vez, los investigadores buscan determinar si fue él quien mantuvo contacto con la madre de Agostina, Melisa Heredia, durante las primeras horas de la búsqueda de la joven. Según la hipótesis de la fiscalía, Fassetta podría estar detrás de una serie de llamados y mensajes enviados a la mujer con el aparente objetivo de llevar tranquilidad mientras la menor ya era intensamente buscada. Entre esos contactos figura una comunicación en la que una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

El fiscal Federico Iuspa pidió elevar a juicio oral a siete acusados de integrar una banda que extorsionaba a hombres contactados por apps de citas y solicitó además que sus dos presuntos jefes sean juzgados por instigar el suicidio del soldado Rodrigo Gómez.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro. Según el Ministerio Público Fiscal, la causa vincula la maniobra con la muerte del joven de 21 años ocurrida en diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos.

A la banda se le atribuyen tres hechos de extorsión cometidos entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año. Según la acusación, en el caso del soldado Gómez la víctima transfirió $1.413.000 el 15 de diciembre a dos cuentas de Mercado Pago; en un segundo episodio otro hombre envió $15.000 el 26 de diciembre; y una tercera víctima depositó $116.000 entre el 22 y el 28 de ese mes.

La fiscalía sostiene que la organización era liderada por T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según el Ministerio Público Fiscal, también integraban la estructura K.M.S.P., de 28 años, luego trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, junto con I.A.C., de 23, K.Y.C., de 25, E.Y.T., de 36, y C.A.M., de 24.

Para la fiscalía, las cuatro mujeres cumplían funciones logísticas para el funcionamiento del grupo. De acuerdo con el requerimiento, facilitaban cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido y aportaban chips telefónicos usados por los internos para hacer llamados desde las cárceles.

La investigación se inició tras la muerte del soldado en Olivos

La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Rodrigo Gómez en una garita de la residencia presidencial de Olivos. El soldado, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.

A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, se reconstruyó la modalidad atribuida a la organización y se identificó a sus presuntos integrantes. En el marco de la causa, se estableció que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas para contactar a potenciales víctimas y luego llevar la conversación a WhatsApp.

Según la acusación, después de ese primer contacto, estas recibían un audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y afirmaba que era menor de edad. Bajo esa excusa, advertía sobre la posibilidad de presentar una denuncia penal.

Luego intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real, según la investigación. Por teléfono exigía transferencias de dinero con el argumento de evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”.

Asociación ilícita agravada, extorsiones e instigación al suicidio

Por disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el 9 de febrero se realizaron siete allanamientos. Tres fueron en unidades penitenciarias y los otros en domicilios del conurbano bonaerense, donde quedaron detenidas las cuatro mujeres investigadas.

Más tarde, la defensa de tres imputadas pidió sus excarcelaciones y el fiscal Iuspa se opuso: argumentó que la gravedad de los hechos, la existencia de múltiples damnificados, el desenlace fatal de una de las víctimas y la posible afectación de intereses federales permitían presumir riesgos procesales. La jueza rechazó el pedido.

En base a las pruebas recolectadas, la fiscalía pidió que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por asociación ilícita agravada como jefes y como coautores de tres hechos de extorsión. También requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, que contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.

Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., el fiscal solicitó que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión atribuidos a la organización. “Las conductas desplegadas por la banda de F., evaluadas objetivamente, demuestran claramente el conocimiento sobre la finalidad ilícita de la organización y su pluralidad de integrantes”, destacó Iuspa en el requerimiento.

Iuspa agregó que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”, de acuerdo con el requerimiento fiscal. También sostuvo: “Estos elementos ponen de manifiesto que los encausados mantenían una relación estable y organizada con fines delictivos, y que actuaban bajo un plan común y previamente diseñado (explicado con lujo de detalles por F.), en el cual alternaban roles pero mantenían inalterable la metodología extorsiva”.

Agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron desde Perú a un argentino, acusado de asesinar a sangre fría a un hombre de un tiro en la cabeza en la provincia de Tucumán.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el operativo fue fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y solicitado por el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital de Tucumán, bajo la órbita del juez Daniel Leiva.

El asesino está acusado del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, por el hecho que ocurrió en marzo de 2024.

Según consta en el expediente, el imputado y un cómplice arribaron al lugar del crimen en una motocicleta y efectuaron varios disparos contra un grupo de personas, con claras intenciones de quitarles la vida. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de una de las víctimas y le provocó la muerte en el acto, mientras que otra persona resultó herida en distintas partes del cuerpo. Tras la agresión, ambos responsables se dieron a la fuga y permanecieron prófugos.

A raíz del hecho, la autoridad judicial de Tucumán solicitó la intervención de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que tramitó la captura internacional del sospechoso, de nacionalidad argentina. El Departamento Interpol de la PFA emitió la correspondiente Notificación de Índice Roja, permitiendo activar los mecanismos de cooperación internacional.

Luego de diversas tareas de inteligencia y un exhaustivo intercambio de información con Interpol Perú, se logró determinar el paradero del sospechoso en ese país. La investigación dio sus frutos y finalmente las autoridades peruanas confirmaron oficialmente la detención del imputado en septiembre del año pasado.

El hombre quedó a disposición de la justicia de ese país y sujeto al proceso de extradición.

A partir de ahí, el órgano judicial argentino remitió la solicitud formal de extradición a través del canal diplomático. Tras varios meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación recibió la confirmación de que la extradición había sido concedida por el gobierno peruano.

“Al establecer que éste se hallaba en la República del Perú, se llevó adelante un exhaustivo intercambio de información con personal de Interpol Perú, a fin de recabar la mayor cantidad de información posible para lograr su localización. Como resultado de ello, los colegas confirmaron mediante comunicación oficial la detención del investigado en septiembre de 2025 en ese territorio, quedando sometido al proceso de extradición”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La extradición se concretó tras un procedimiento internacional coordinado entre la Policía Federal Argentina, Interpol Perú y autoridades diplomáticas. Tras la aprobación de su extradición, una comisión policial argentina viajó a Lima para asumir su custodia y el traslado al país.

Los agentes asumieron la custodia del detenido y gestionaron su traslado seguro hasta la Argentina, bajo un estricto protocolo de seguridad y coordinación entre organismos de ambos países.

Al arribar al país, el asesino quedó a disposición del juez Daniel Leiva y del órgano judicial que lo requirió, a la espera del proceso penal por el delito que le imputan.

“Fue como encontrar oro en polvo”, resumió a Infobae uno de los investigadores que participó del operativo.

La investigación —coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General y llevada adelante por los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de las UFI N.º 5 y N.º 9 del Departamento Judicial Morón, con la intervención de los jueces de Garantías Laura Pinto, Ricardo Fraga y Jorge Rodríguez— comenzó a partir de reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), una organización de Estados Unidos que recibe denuncias realizadas por plataformas como Meta, Google o Discord cuando detectan posibles imágenes de abuso sexual infantil.

Según pudo saber este medio, el sospechoso había sido reportado en al menos ocho oportunidades por la presunta distribución de ese tipo de material.

Con esa información, los investigadores llegaron hasta su domicilio. Allí encontraron una importante cantidad de dispositivos de almacenamiento digital que ahora serán sometidos a peritajes. Entre el material secuestrado había teléfonos celulares, discos rígidos, memorias USB y decenas de discos cuidadosamente clasificados. Como se ve en la imagen, algunos de ellos tenían inscripciones manuscritas como “No toca botón” y “XXX”.

Pero lo que más llamó la atención fue la existencia de decenas de perfiles construidos con identidades de adolescentes, aparentemente administrados por una misma persona.

“Los groomers son depredadores sociales. Ocultan su identidad detrás de perfiles falsos y salen en busca de quién será su próxima presa”, señaló la misma fuente.

Cómo trabajan los investigadores

Según explicaron fuentes judiciales, los procedimientos en este tipo de causas presentan particularidades que los diferencian de otros allanamientos.

Para empezar, los equipos especializados cuentan con autorización judicial no sólo para ingresar a las viviendas, sino también para inspeccionar en el momento los dispositivos electrónicos que se encuentren encendidos.

La medida busca evitar que información relevante se pierda por sistemas de bloqueo, cifrado o eliminación remota de datos. Para eso se utilizan herramientas tecnológicas que permiten realizar un triage informático, una intervención preliminar mediante software especializado que permite extraer evidencia digital en el mismo lugar del allanamiento. Luego, el material secuestrado es sometido a peritajes más exhaustivos.

De acuerdo con los investigadores, quienes almacenan o distribuyen material de abuso sexual infantil suelen operar con una fuerte sensación de impunidad. Por eso no es extraño encontrar computadoras, discos rígidos, teléfonos, memorias y otros soportes de almacenamiento a simple vista dentro de las viviendas allanadas.

Las fuentes consultadas mencionaron casos en los que la evidencia apareció escondida en objetos cotidianos, como un pendrive oculto en un llavero con forma de oso de peluche. En otros procedimientos hallaron memorias guardadas en placares, cajas fuertes o junto a documentación personal.

Del análisis local a una base de datos mundial

Una vez secuestrados los dispositivos, comienza una segunda etapa de trabajo.

Lo primero que hacen los especialistas es analizar el material recuperado para descartar que los menores retratados pertenezcan al entorno inmediato del sospechoso y determinar si existe alguna situación de riesgo urgente.

Después, las imágenes son cotejadas con la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE), administrada por Interpol.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, ese sistema reúne información aportada por distintos países y permite establecer si una imagen ya había sido detectada anteriormente, si la víctima fue identificada y rescatada o si se trata de material inédito que puede abrir nuevas líneas de investigación.

“A partir del mismo se abren enormes caminos”, resumieron.

Otros hallazgos

Entre los procedimientos también apareció otro caso que llamó la atención de los investigadores. Se trata de un hombre alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 9 por una causa de amenazas en un contexto de violencia de género. La pesquisa comenzó luego de que fuera reportado por distribuir imágenes de abuso sexual infantil.

Durante el análisis de sus dispositivos, los investigadores detectaron que mantenía contacto con una menor de edad pese a encontrarse detenido.

También fue allanado un docente jubilado de 65 años acusado de almacenar y publicar cerca de 1.800 imágenes de abuso sexual infantil a través de servicios en la nube. La plataforma detectó el contenido y realizó el reporte correspondiente, lo que dio origen a la investigación judicial.

En relación con este tipo de conductas, el fiscal Claudio Oviedo explicó: “En la Argentina hay tres tipos de tenencias que la ley reprime con penas de prisión: la de estupefacientes, la de armas sin autorización y la de imágenes de abuso sexual infantil. Tener imágenes de menores es como tener armas o drogas. La ley equipara esas conductas y las sanciona con penas de prisión”.

Para el titular de la UFI N°5 de Morón, los hallazgos de esta semana se inscriben en una línea de trabajo que la Procuración bonaerense viene desarrollando desde hace años y que tuvo uno de sus antecedentes más relevantes en el caso de Orlando Tristán Novillo, el preso condenado por abusar sexualmente de una adolescente a través de redes sociales.

“Este tipo de trabajos son investigaciones largas y complejas. Muchas veces las víctimas no saben dónde pedir ayuda y eso puede derivar en situaciones gravísimas. Lo importante es que sepan que pueden pedir ayuda y que no están solas”, concluyó Oviedo.

César Sena, uno de los tres condenados por la desaparición y crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023, fue trasladado el último miércoles a la sala 13 del área de psiquiatría del Hospital Perrando por una crisis mental. Horas después fue devuelto a la cárcel, según pudo saber Infobae por fuentes cercanas a la familia.

Hasta ahora no se conoció el diagnóstico del joven que está condenado a prisión perpetua junto a su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña. No obstante, desde su entorno sí revelaron a este medio que “un familiar aseveró que César Sena no recordaba nada cuando volvió del hospital a prisión”.

La internación, en su momento había sido confirmada por el abogado Ricardo Osuna. Según El Litoral, la derivación se dispuso después de una “fuerte descompensación emocional” mientras estaba alojado en el Complejo Penitenciario I.

Antecedentes

Sena recibía asistencia psicológica desde antes de ser detenido por el caso. Pero la crisis psicológica del día miércoles tuvo mayor intensidad y motivó su traslado inmediato para observación especializada.

Poco después de la detención del exnovio de la víctima, una evaluación psiquiátrica ya había establecido que Sena podía comprender el hecho que se le imputaba de acuerdo con sus facultades mentales.

En aquel momento, la entonces defensora oficial de Sena había pedido una “evaluación integral y multidisciplinaria” y asistencia psiquiátrica, además de medicación en caso de que el profesional lo estimara.

Fuentes judiciales confirmaron que el examen previsto por el artículo 90 del Código Procesal Penal del Chaco “se hace en todos los casos” y que, una vez notificada de que ya se había practicado, la defensora “se dio por satisfecha”.

La solicitud de asistencia profesional se apoyaba en la manifestación de Sena sobre una atención previa en salud mental en la Clínica San Gabriel, de Chaco.

Las condenas por el femicidio de Strzyzowski

En febrero de este año, la jueza Dolly Fernández de la Cámara Segunda en lo Criminal condenó a Sena a prisión perpetua por el femicidio de Strzyzowski. En la misma causa, sus padres, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la misma pena.

Además, hubo otras cuatro personas implicadas en el crimen que también están detenidas. Una de ellas, el casero del campo de los Sena, quien aseguró que llevaron el cuerpo de Cecilia a un basural.

Por ello, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión por encubrimiento agravado. Fabiana Cecilia González recibió cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple. Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y 10 meses por el mismo delito y luego recuperó la libertad, mientras que Griselda Lucía Reynoso resultó absuelta.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 17.30, luego de que el agresor -identificado como Daniel Moyano- se encontró con su ex pareja en la plaza Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con medios locales, ambos comenzaron a caminar por una de las veredas y, en un momento, el agresor le propinó una cachetada a la mujer.

En ese momento, el atacante dejó en el suelo un bolso donde llevaba una pistola calibre 9 milímetros. Ante la agresión, la mujer corrió y pidió auxilio, hasta refugiarse en un local de la zona.

Según el diario La Gaceta de Tucumán, el ex militar fue perseguido por dos bicipolicías y un cuidacoches, identificado como Carlos Humberto Quinteros, de 44 años. Al verse acorralado en la esquina de 9 de Julio y General Paz, cerca de un bar, el agresor primero disparó contra el “trapito” y lo hirió en un brazo. La víctima fue trasladada al Centro de Salud, donde recibió atención y se encuentra estable.

Numerosos testigos relataron escenas de gritos, corridas y pánico. Comerciantes y vecinos señalaron que la zona, de alta circulación y cercanía con cafeterías y escuelas, quedó paralizada por el episodio. “Escuché los gritos de la mujer, después un disparo y más gritos. Todo sucedió muy rápido”, describió un empleado de un kiosco de la zona al medio tucumano.

El desenlace se produjo cuando la policía, que ya había rodeado al agresor, intentó reducirlo. Existen dos versiones sobre el accionar de los agentes: una indica que se identificaron y desenfundaron sus armas; la otra, que intentaron persuadirlo sin exhibirlas. Lo cierto es que el hombre decidió quitarse la vida delante de los agentes.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó que los efectivos siguieron los protocolos: “Primero intentaron detenerlo, después asistieron a la víctima herida y, por último, procuraron reducir al agresor sin utilizar la fuerza. Estaban tratando de convencerlo, pero se disparó”, declaró al diario.

El fiscal Carlos Sale dio intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar la cantidad de disparos.

La fiscalía, por el momento, investiga los antecedentes de violencia del fallecido y si existían denuncias previas o medidas de restricción vigentes. La víctima, afectada por una crisis nerviosa, no pudo aportar detalles sobre si contaba con medidas de protección.

“¡Es una locura lo que pasó! El tipo andaba por la calle con un arma en la mano en un horario de mucha circulación y en un lugar donde hay cafeterías, negocios y una plaza. Podría haber sido mucho peor. A ese trapito, por suerte, sólo lo hirió en un brazo, pero podría haber alcanzado a más personas”, dijo una testigo.

“Escuché los gritos de la mujer. En ese momento no pude entender qué decía. Después oí un disparo y más gritos. Ahí el hombre salió corriendo hacia General Paz, en sentido contrario al tránsito, y escuché otro tiro”, dijo Martín, un empleado de un kiosco.

Una sangrienta escena conmociona este viernes al barrio porteño de San Cristóbal, donde fue hallado el cuerpo de un hombre apuñalado durante la madrugada. Por el crimen, detuvieron a su hermano.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino alertara al 911 al observar a una persona tendida en la vía pública. La víctima, un hombre de 38 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

En la escena del crimen se observan manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse en el lugar donde ahora trabajan los investigadores.

Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y constató que el hombre ya había fallecido.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a este medio que, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, se descubrió que la víctima había mantenido una discusión con su hermano. Este, de 39 años y cuya identidad no fue revelada, quedó detenido.

Durante esta mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizaron tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, los investigadores buscan el arma homicida.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.

El Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional Argentina incautó 1.276 kilogramos de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos de contrabando durante un operativo fluvial en el río Bermejo, en la provincia de Salta. La acción se desplegó en la confluencia del río Tarija, donde los efectivos detectaron al menos nueve embarcaciones artesanales, conocidas localmente como “jangadas”, cargadas con bultos de gran tamaño.

Los involucrados, al advertir la presencia de los uniformados, abandonaron la mercadería y se internaron en la espesura del monte, evitando su detención. Fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina confirmaron que el procedimiento se realizó en el marco del Plan Güemes, destinado a reforzar el control sobre rutas fluviales utilizadas para el contrabando en la región norte del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo no permitió la aprehensión de sospechosos debido a las condiciones del terreno y la baja visibilidad. Según Informate Salta, la carga secuestrada fue trasladada a la Sección “28 de Julio” para su pesaje y conteo, en presencia de testigos habilitados.

La mercadería incautada incluía dos marcas extranjeras distintas de cigarrillos y carecía de la documentación aduanera correspondiente. La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, además de iniciar las actuaciones procesales pertinentes.

El accionar de la Gendarmería Nacional Argentina se enmarca en una serie de operativos recientes orientados a combatir el tráfico ilegal de productos en la frontera norte, donde el cruce fluvial y la utilización de embarcaciones improvisadas representan un desafío constante para las autoridades.

El procedimiento dejó en evidencia la magnitud del contrabando en la zona y el despliegue de recursos de las fuerzas federales para interceptar el ingreso irregular de mercaderías. Hasta el momento, no se han registrado detenciones vinculadas a este operativo y la investigación sigue a cargo de la fiscalía local.

Detectaron 700 kilos de hojas de coca en un micro

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional Argentina durante esta semana, permitió el secuestro de más de 700 kilos de hojas de coca. Los paquetes eran transportados en un micro que viajaba desde San Ramón de la Nueva Orán en Salta, hacia la localidad de Ingeniero Budge en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El procedimiento se concretó durante la noche del martes sobre la Ruta Provincial Nº92, en la provincia de Santiago del Estero, donde los efectivos de la Sección Quimilí del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha del vehículo, identificado como un transporte de “tour de compras”.

La inspección del micro reveló la presencia de 35 bultos de grandes dimensiones distribuidos en el pasillo del colectivo. La totalidad de la carga, cuyo peso alcanzó los 768 kilos, fue secuestrada en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que imputó a los involucrados por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

Tras identificar a los propietarios de la carga, los gendarmes corroboraron que se trataba de tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. En presencia de testigos, se procedió a la apertura de los paquetes, constatando que contenían hojas de coca en estado natural. Los cuatro propietarios fueron retirados del micro para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

El hallazgo refleja la persistencia del tráfico de hojas de coca en el país y la utilización de diferentes rutas y modalidades para su traslado, incluyendo el transporte de pasajeros. Las autoridades federales remarcaron la importancia de los controles preventivos en rutas nacionales y provinciales para impedir el ingreso y circulación de mercadería sin el aval aduanero exigido por la ley.

Un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

El episodio, que involucró a tres jóvenes a bordo de una motocicleta, se desató el miércoles último pero recién trascendió ayer.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, según informó el portal del diario El Día, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

El detenido, pese a su corta edad, ya cuenta con varios antecedentes computados.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.

Ahora, el adolescente detenido permanece bajo custodia policial en el hospital, mientras se evalúa su estado de salud y se define su situación judicial. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dadas las pruebas recolectadas en el lugar y los antecedentes del aprehendido.

En el barrio San Carlos y las zonas aledañas, el episodio reavivó el debate sobre la seguridad y la incidencia de menores en delitos graves. Las fuerzas policiales reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para brindar información que permita esclarecer el caso y prevenir futuros episodios similares.

Un hombre fue condenado a 4 años de prisión efectiva por agredir en dos oportunidades a su ex pareja en la localidad de Rincón de los Sauces al noreste de la provincia de Neuquén. El acusado tenía un frondoso historial delictivo, entre los que figuraba un homicidio.

En esta última oportunidad, las partes acordaron los años que deberá cumplir en la cárcel, al tiempo que unificaron las penas dado que el acusado ya se encontraba cumpliendo una sentencia por robo. El juez Cristian Piana homologó la decisión y contempló la declaración de la segunda reincidencia del imputado. Además, se llevó a cabo la inscripción de la sentencia en el Registro Provincial de Violencia.

La audiencia de cesura se realizó este miércoles ante la fiscal Rocío Rivero, del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien presentó un acuerdo de pena que el magistrado aceptó en su totalidad. El condenado, identificado con las iniciales M.B.F., había sido declarado penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en dos hechos cometidos en 2025: uno el 31 de mayo y el otro, dos semanas después.

Al momento del juicio, el individuo ya contaba con una sentencia a 3 años de prisión efectiva por un robo agravado. En este sentido, la fiscal solicitó 1 año de prisión por los dos episodios de violencia de género y pidió unificar esa sanción, lo que derivó en un total de 4 años, de acuerdo con lo difundido por el MPF de la provincia.

Los antecedentes

Para fundamentar el monto solicitado, la representante del MPF tuvo en cuenta varios factores agravantes, entre ellos, la extensión del daño provocado a la víctima, el contexto de violencia de género y de control ejercido por el imputado durante la relación, acreditado mediante el testimonio de la mujer y de los profesionales que la asistieron tras las agresiones. También pesaron en la evaluación los reiterados incumplimientos de las medidas de protección dispuestas por el fuero de Familia, que M.B.F. desatendió sistemáticamente.

No obstante, sobre él pesaba un extenso listado criminal, los cuales resultaron determinantes para la declaración de segunda reincidencia. Contaba con una condena previa por homicidio en ocasión de robo en la provincia de San Luis y, posteriormente, otra por robo agravado en grado de tentativa, una sentencia por la que también había sido declarado reincidente por primera vez.

Estaba condenado por violencia de género y volvió a golpearla

A mediados de mayo, un tribunal de San Juan condenó a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir a su ex pareja el 9 de octubre de 2024, cuando la mujer esperaba el colectivo sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por efectivos policiales que intervinieron en el momento y concretaron su detención, según informó el medio local Tiempo de San Juan.

No era la primera vez que Lucero, de 42 años, respondía ante la Justicia por hechos de esta naturaleza contra la misma víctima. En 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionarla. En esta segunda causa enfrentó cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por tratarse de hechos cometidos en un contexto de violencia de género.

La condena se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado negociado entre la defensa de Lucero, a cargo de la abogada María Filomena Noriega; la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras; y el fiscal Alberto Martínez, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) CAVIG. El acuerdo fue avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado. Al reconocer su culpabilidad, Lucero accedió a una pena menor a la que podría haber recibido en un juicio oral.

La causa se había reactivado luego de que el imputado fuera capturado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia. Lucero estaba prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género. Permaneció prorrateado durante casi un año hasta que los investigadores dieron con su paradero.

Una joven de 23 años, requerida por la Justicia de Corrientes, fue detenida este jueves por la tarde en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo. La aprehensión se produjo tras una investigación que la vincula con una serie de estafas a jubilados mediante la gestión fraudulenta de préstamos bancarios. Ahora, será trasladada a Corrientes para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto entre la División Investigaciones Complejas Interior Charata y la Policía de Corrientes.

Los agentes lograron localizar a la sospechosa en un domicilio de la calle Hipólito González, donde finalmente se produjo la detención.

Tras su detención, la joven fue notificada de su aprehensión y quedó alojada de manera provisoria en la Comisaría de Concepción Bermejo. Desde allí, las autoridades de Corrientes gestionan los trámites judiciales para su traslado a la provincia donde se radica la causa.

La causa está caratulada como “Supuesta Estafa” y es investigada por el Juzgado de Garantías de Corrientes.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, la investigación se inició a partir de un pedido de colaboración enviado por la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes. Este organismo aportó los datos necesarios para orientar la búsqueda en territorio chaqueño, lo que permitió la localización y posterior detención de la joven.

Según la investigación, la acusada obtenía información personal de personas mayores, especialmente jubilados, para gestionar créditos en distintas entidades bancarias sin el consentimiento de las víctimas. Estas operaciones fraudulentas fueron detectadas en la provincia de Corrientes y dieron origen a la causa judicial que culminó con su captura.

La investigación permitió identificar una serie de movimientos bancarios irregulares asociados a los datos de varias víctimas. Tras un análisis de estas operaciones, los investigadores lograron rastrear el origen de los pedidos de crédito y vincularlos con la ahora detenida.

La investigación se mantiene abierta y el traslado de la acusada a Corrientes se efectuará en las próximas horas, según se informó.

Horas atrás, una jubilada de 79 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en la ciudad de La Plata, que le generó una pérdida que superaría los $13 millones. El caso se inició cuando la mujer fue contactada a través de una falsa plataforma de inversiones identificada como Golden Finance Limited, tras visualizar una publicidad en Facebook.

Según consta en la denuncia, los estafadores se presentaron como supuestos asesores especializados en inversiones y convencieron a la víctima de ingresar al sistema con un primer depósito de $200.000. A partir de ese momento, la maniobra delictiva fue escalando.

Una vez que habían logrado que la jubilada aceptara la propuesta, fue contactada por otra persona que le había afirmado que trabajaba para YPF. Bajo este engaño, le ofreció un falso plan de inversión vinculado a sectores como el petróleo, el gas y el oro, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Tras confiar en las explicaciones recibidas, la mujer realizó una transferencia de $1,5 millones y, días más tarde, fue persuadida para aportar una suma similar. Posteriormente, los delincuentes le sugirieron invertir otros $5 millones para acceder a una supuesta categoría superior relacionada con el mercado del oro.

Para ese punto, la denunciante había liquidado todos sus ahorros. Por este motivo, ante la falta de fondos para continuar con las supuestas inversiones, los estafadores le recomendaron a la jubilada solicitar un préstamo bancario.

Fue así que la víctima accedió y transfirió esos recursos a las cuentas indicadas por los supuestos asesores. Paralelamente, comenzó a detectar movimientos extraños en su cuenta bancaria, como débitos y extracciones en dólares no autorizadas.

Como resultado, la combinación de transferencias y créditos solicitados provocó que la mujer sufriera una pérdida total de más de $13 millones. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga la maniobra bajo la figura de estafa virtual e intenta identificar a los responsables del engaño. Hasta el momento, no habría personas identificadas, ni detenidos.

La noche del jueves 18 de junio, un móvil de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo (USAR) de la Policía de Santiago del Estero impactó contra una motocicleta en la que viajaba una familia, provocando la muerte de dos adultos y lesiones graves a una menor de ocho años. El hecho, ocurrió aproximadamente a las 22.40. en la zona norte de la capital santiagueña y desencadenó una fuerte conmoción social.

Según informó El Liberal, las víctimas fatales fueron identificadas como Johana Elizabeth Ibáñez, de 38 años y embarazada, y Sergio Gordillo, de 40 años, ambos residentes del barrio Belén. La familia transitaba en motocicleta cuando el vehículo policial los embistió en la intersección de las calles Antenor Álvarez y Lugones, lo que ocasionó lesiones fatales a los adultos y heridas de gravedad a su hija de 8 años.

La menor fue la única sobreviviente de la familia y fue trasladada al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI), donde quedó internada y bajo observación médica. Los equipos de emergencia la asistieron en el lugar y luego, una joven de 20 años, identificada como testigo directa del accidente, acompañó a la menor durante el traslado y permaneció junto a ella en el centro de salud, brindando contención en las primeras horas posteriores al hecho.

Por su parte, el móvil policial que impactó contra la moto -provocando el accidente donde falleció la pareja- continuó su recorrido por la calle Antenor Álvarez y colisionó con otro motociclista y un colectivo sobre la avenida Belgrano. Los motivos por los cuales el móvil policial no se detuvo tras el primer choque no fueron esclarecidos.

La magnitud del siniestro requirió un amplio despliegue de recursos de seguridad y personal de emergencia. Las autoridades establecieron un cordón de seguridad y restringieron el acceso al área para preservar la escena y facilitar las pericias. La Justicia intervino de inmediato y dispuso la detención de los dos efectivos que se encontraban a bordo del móvil policial.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Giménez y Nahuel Salto. A ambos se les realizó un control de alcoholemia, cuyos resultados aún se aguardan. Los investigadores trabajan para determinar las causas que llevaron a que el vehículo policial impactara primero contra la motocicleta familiar y luego siguiera su trayecto hasta colisionar con otros vehículos.

El hecho generó interrogantes en la comunidad y entre los familiares de las víctimas, quienes esperan respuestas sobre lo sucedido. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos y que la investigación judicial busca establecer la responsabilidad de los agentes involucrados. El caso particular de la menor, Briana Gordillo, ha despertado una ola de solidaridad en redes sociales y entre los vecinos del barrio Belén, quienes han seguido de cerca la evolución de su estado de salud.

El despliegue policial y de emergencias fue acompañado por la presencia de familiares, vecinos y testigos, quienes colaboraron con las autoridades y brindaron apoyo a la menor sobreviviente. El Liberal remarcó que la conmoción por el hecho se extendió durante toda la noche y la madrugada, y que la investigación continuará en los próximos días a la espera de los resultados de las pericias.

La muerte de Johana Elizabeth Ibáñez y Sergio Gordillo se suma a una serie de siniestros viales recientes en la provincia, en los que han resultado involucrados tanto vehículos particulares como móviles oficiales. En marzo de este año, un policía fue detenido acusado de atropellar y abandonar a una mujer en la Ruta 21, a la altura de Bayo Muerto, en el departamento Banda. En ese caso, el agente, que prestaba servicio en la Comisaría 22 de Monte Quemado, habría intentado ocultar la camioneta utilizada y modificarla para borrar las huellas del choque.

En el marco del asesinato del agente de la Policía Federal Rodolfo Manfredi en un tiroteo ocurrido en Rosario abrió una investigación para reconstruir el ataque y este lunes, la PROCUNAR imputó a dos presuntos integrantes de una organización narcocriminal. Se dispuso la prisión preventiva por un año para ambos acusados.

Los fiscales atribuyeron a L.M.M. el homicidio calificado de Manfredi, dos tentativas del mismo delito y su participación en una asociación ilícita, mientras que a M.E.P. le imputaron haber hecho desaparecer rastros y pruebas del ataque. La investigación fue formalizada el lunes por la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, junto con el fiscal federal Matías Scilabra, responsable de la Delegación Regional NEA de PROCUNAR, y el auxiliar fiscal Gonzalo Ruggeri.

La medida fue dispuesta por el juez de garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, que también fijó en un año el plazo de la investigación. En la misma causa, el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por datos sobre el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado como líder de la estructura y presunto autor material del crimen.

Los fiscales sostuvieron que se trata de una readecuación de la estructura criminal liderada por Dalmacio “Sapo” Saravia, condenado en enero a 8 años a prisión por narcotráfico, y que el nuevo jefe era quien gestionaba la comercialización de droga, su recepción, acopio y distribución. Para los fiscales, ambos señalados actuaban como lugartenientes de Eduardo Rodolfo Muñoz, quien permanece prófugo.

De acuerdo con la acusación, L.M.M. y M.E.P. cumplían funciones de custodia de los puntos de venta y colaboraban en tareas de acopio y fraccionamiento de estupefacientes. La fiscalía también afirmó que la organización aseguraba el comercio de droga y el control territorial mediante violencia física y amenazas a vecinos.

La imputación sostiene que L.M.M. integró un grupo de al menos 10 personas “que ocasionó la muerte del policía Manfredi, e intentar dar muerte a los agentes Gómez Villafañe y Ricardo Ariel Barrios Zabala, en virtud de la condición de funcionarios de la PFA”.

Según la reconstrucción basada en testimonios recolectados por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Acusación, los efectivos policiales fueron de civil al pasillo de Gutenberg y 27 de Febrero y allí los presuntos miembros de la banda, los identificaron como policías. Primero hubo una discusión y luego comenzaron los disparos contra los agentes, que alcanzaron a responder con algunos tiros.

En ese momento, según la imputación, L.M.M. y otras personas comenzaron a disparar. La fiscalía atribuyó al acusado tres disparos que impactaron en Manfredi y le causaron la muerte inmediata. Otros dos impactos terminaron hirieron de gravedad a Emilio Gómez Villafañe en el hemitórax izquierdo y en la región inguinal izquierda, por lo que quedó internado en terapia intensiva.

El expediente también indica que, antes de caer heridos, ambos policías repelieron la agresión. En ese intercambio, L.M.M. recibió al menos dos disparos: uno en la región dorsal y otro en la axila izquierda, y fue detenido después de que un familiar lo trasladara al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, según el Ministerio Público Fiscal.

Según múltiples testimonios, M.E.P. se acercó al cuerpo de Manfredi y retiró el teléfono celular y la pistola reglamentaria del agente, objetos que no fueron hallados. La acusación contra L.M.M. también incluye la tenencia con fines de comercialización de 98 gramos de cocaína y una bolsa con 2,5 gramos de marihuana. Además, se le imputó la tenencia de un revólver calibre 22 corto, una pistola Bersa calibre 22 con cargador colocado y sin numeración, y un revólver calibre 44 Magnum Taurus sin numeración.

Una mujer de 49 años, a la que buscaban desde hacía dos meses por un robo en la vivienda que trabajaba como cuidadora, fue descubierta en un centro para personas en situación de calle de la ciudad de Rosario. La víctima era una jubilada a la que atacó y amordazó para llevarse dinero y objetos de valor.

El episodio generó indignación en el barrio Ludueña al conocerse que la agresora encerró a la jubilada de 77 años en la vivienda antes de escapar con el botín. Las autoridades iniciaron un operativo y tras varios meses de investigación lograron localizarla en pleno centro de Rosario. Como consecuencia, quedó imputada y bajo prisión preventiva.

La audiencia de formulación de cargos se celebró ante la jueza María de los Ángeles Granato en el Centro de Justicia Penal. La magistrada dio por formalizada la acusación presentada por la fiscal Guillermina Aiello y dispuso el pedido de detención por un plazo de 90 días. La acusada, identificada como María del Mar A., enfrentó los cargos de robo y privación ilegal de la libertad.

Según la reconstrucción fiscal, el episodio ocurrió el 17 de abril pasado, entre las 17 y las 18, en una vivienda ubicada en pasaje Sívori al 5400, en la intersección con San Lorenzo, donde reside la víctima. Se trata de un barrio ubicado en el noroeste de la ciudad, que rodea el cruce ferroviario de los ferrocarriles Mitre y Belgrano.

De acuerdo con el portal Rosario 3, la imputada aprovechó su rol de cuidadora para abalanzarse sobre la víctima y colocarle cinta adhesiva en la boca para impedir que pidiera ayuda. Luego tomó 5.000 dólares, 50.000 pesos, una caja fuerte, varias alhajas de oro, un teléfono celular y prendas de vestir; tomó sus pertenencias personales y abandonó la casa, dejando a la jubilada encerrada.

La víctima, una artista plástica, perdió el conocimiento y, al recuperarse, advirtió que no podía salir de la vivienda lo que la obligó a pedir auxilio desde el interior. El personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar cerca de las 20.30 de ese mismo día. Ante los agentes, la mujer relató que su empleada la había inmovilizado y amordazado antes de escapar con el dinero y los objetos de valor. En su declaración inicial, la jubilada mencionó que le faltaban 30 mil dólares, una suma superior a la que la fiscalía le atribuyó a la imputada en la audiencia celebrada el martes.

Además, denunció que se había llevado joyas de oro, tarjetas, documentación y un celular. La víctima también precisó que había contratado a la cuidadora unos seis meses antes a través de un aviso publicado en un diario. Ante este panorama la Fiscalía emitió una orden de captura el 30 de abril.

Tras esto, durante semanas, la Brigada de Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) rastreó a la sospechosa en domicilios de familiares y conocidos, sin obtener resultados. El panorama cambió cuando los investigadores recibieron el dato de que la mujer podría encontrarse en el refugio Cáritas, ubicado en Balcarce al 1000, en pleno centro rosarino.

El 13 de junio por la mañana los efectivos de la PDI montaron una vigilancia discreta en los alrededores del lugar y actuaron cuando vieron salir a una mujer con características físicas coincidentes con las de la buscada. Al confirmar su identidad, concretaron la detención y la trasladaron a la sede de la Policía, donde quedó a disposición de la fiscal Aiello. Las autoridades deberán esclarecer el motivo por el cual la mujer se encontraba en el refugio pese al dinero robado.

La investigación judicial por el crimen de Ángel López enfrentará este viernes una audiencia clave a pedido de la defensa, quien buscará que se apruebe una revisión de las pericias por parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa están imputados Mariela Beatriz Altamirano, madre biológica del menor, y su pareja, Michel Kevin González.

Se trataría de la segunda vez que los defensores de los acusados intentan pedir la intervención del equipo que responde al máximo tribunal. Según consta en el expediente, el pedido de la defensa había sido rechazado en primera instancia por el juez de garantías Alejandro Soñís.

A pesar de esto, los imputados contarían con otra oportunidad de que la solicitud sea revisada por los jueces Raquel Tassello y Martín Cosmaro, conforme lo establece el Código Procesal. Al ser consultado sobre la estrategia, el fiscal general Facundo Oribones sostuvo que la audiencia fue solicitada únicamente por la defensa.

De acuerdo con las declaraciones que brindó a Radio 3 de Cadena Patagonia, Oribones explicó que la Fiscalía se opone a la intervención del cuerpo médico forense nacional. Como parte del argumento, remarcaron que las pericias oficiales coinciden en sus aspectos centrales, por lo que serían aspectos que no estarían bajo discusión.

Respecto al avance de la investigación, el fiscal general comunicó: “El juez de garantía nos ha autorizado un plazo de seis meses para culminar con la etapa de investigación penal preparatoria”. En línea con esto, indicó que la fecha límite para presentar la acusación será el 14 de octubre.

En paralelo, informaron que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se encuentra a la espera de recibir el informe final sobre los procedimientos que otorgaron la tenencia del menor a su madre. La revisión había sido ordenada en abril, apenas se conoció que el nene de 4 años había muerto producto del maltrato que sufrió durante el tiempo que vivió con su progenitora.

La auditoría tiene como finalidad ejercer un “contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a ese organismo por la normativa vigente”. Además, recordaron que la tarea se encuentra a cargo del Equipo Técnico Interdisciplinario.

El objetivo es reconstruir lo sucedido en el caso particular de Ángel y evaluar el funcionamiento general del sistema de protección, así como la eficacia de sus mecanismos de actuación. El foco está en determinar si existieron fallas estructurales, errores de procedimiento o debilidades en la intervención institucional.

Según indicó La Opinión Austral, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone, señaló que el proceso de revisión se encuentra en su tramo final. Asimismo, explicó que solo restaría la entrega y análisis del informe técnico definitivo, que será clave para conocer las conclusiones de la auditoría y definir los próximos pasos.

“Una vez analizado ese informe, se verá cuál es el resultado al que se arribó y, en base a eso, también se tendrán que tomar medidas”, sostuvo Giacomone. Incluso, señaló que la auditoría no se limita a investigar posibles responsabilidades penales o individuales, sino que tiene un alcance más amplio: revisar el funcionamiento del sistema en su conjunto.

En línea con esto, se analizará si el sistema está funcionando correctamente y cuáles son las posibles mejoras, incluyendo la revisión de protocolos de actuación, criterios de evaluación y herramientas de intervención ante riesgos o vulnerabilidades. Por este motivo, Giacomone consideró que el informe final podría marcar un punto de inflexión en el sistema de protección infantil de la provincia.

El caso de Ángel López reavivó el debate sobre la capacidad de respuesta de la justicia y los organismos de protección frente a situaciones de alta vulnerabilidad, luego de que el menor fuera llevado a una guardia médica en estado de inconsciencia.

Ese 5 de abril, los médicos de la guardia diagnosticaron: “Coma, paro cardiorrespiratorio en domicilio con desconocimiento de la causa del mismo, neumonitis causada por inhalación de vómito. Diabetes insípida”. Un día después, sufrió otro paro del cual no pudo ser reanimado.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, los órganos vitales del nene presentaban daños provocados por la falta de oxígeno (hipoxia), que estiman de evolución mayor al intervalo de entre 6 y 12 horas. Asimismo, los ambulancieros aportaron que el pequeño presentaba "cianosis" (coloración azulada o grisácea de la piel y las mucosas).

En ese momento, la madre de Ángel les aseguró que el pequeño presentaba dificultades para respirar, por lo que le suministraron medicación para un cuadro de broncoespasmo severo. La autopsia reveló que la muerte fue producto de un “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”.

Parte del cuadro fue causado por “bronquiolitis y bronconeumonía” y remarcaron que estos fueron “en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos”. Por este motivo, la imputación contra su madre se agravó y, actualmente, es investigado por homicidio agravado por el vínculo por comisión.

Una mujer de 32 años, identificada como Anabel Abigail Mendoza, se encuentra desaparecida tras ser vista por última vez desde el 13 de junio. La mujer habría abandonado por sus propios medios la Fundación “Reto a la Vida” de la ciudad de Córdoba, una institución dedicada a la atención y acompañamiento de personas con problemas de adicciones, situada en el barrio Guiñazú. Tras retirarse de las instalaciones ese día, no se registraron nuevos contactos ni señales que permitan establecer su ubicación actual.

La Fundación Reto a la Vida trabaja con pacientes en situaciones diversas y suele ofrecer programas de rehabilitación y reinserción social, lo que lleva a que los equipos de búsqueda consideren todas las posibilidades en torno a la desaparición de la joven. Anabel Abigail Mendoza es oriunda de la provincia de la provincia de Santa Fe y, al momento de su desaparición, vestía una calza negra y una campera blanca.

Además, la información oficial detalla que la mujer vive gran parte del tiempo en situación de calle, lo que añade preocupación sobre su estado actual y dificulta las tareas de localización. Las circunstancias en las que Mendoza salió del establecimiento, sumadas a su contexto personal, incrementaron la preocupación de familiares, amigos y autoridades.

La Fiscalía del Distrito 3 Turno 5 de Córdoba solicitó colaboración a la comunidad para dar con su paradero y buscan cualquier dato sobre dónde podría estar Anabel Abigail Mendoza para asistir a los equipos de trabajo que intentan ubicar a la mujer de 32 años.

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Anabel Mendoza debe comunicarse con la Unidad Judicial 17, con sede en Juan B. Justo 6900. También se puede comunicar a través de los teléfonos 4332810/11, 4481016, o el interno 34321. Por otro lado, se puede brindar información en cualquier dependencia policial o judicial de la provincia.

La información sobre la desaparición fue difundida rápidamente por medios y organismos oficiales, dado que se trata de una persona considerada vulnerable por su contexto social. Las autoridades mantienen activo el pedido de búsqueda. Los organismos judiciales subrayaron que las primeras horas desde la desaparición son claves para los operativos de búsqueda.

La rapidez en la denuncia permite que los organismos judiciales y policiales activen de inmediato el protocolo de búsqueda, difundan los datos y la imagen de la persona desaparecida y coordinen acciones con otras dependencias y organizaciones sociales. Este accionar temprano puede marcar la diferencia a la hora de recolectar testimonios, registrar imágenes de cámaras de seguridad y evitar que se pierdan indicios valiosos.

El Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos insisten en que no es necesario esperar 24 ni 48 horas para reportar una desaparición: cualquier persona que advierta la ausencia repentina o inusual de un familiar, amigo o conocido debe acercarse de inmediato a la dependencia más cercana. La denuncia puede realizarse en comisarías, fiscalías, unidades judiciales o incluso a través de líneas telefónicas habilitadas para emergencias.

La experiencia de los equipos de investigación demuestra que la colaboración temprana del entorno y la comunidad tiene un impacto directo en la efectividad de los operativos y en la posibilidad de encontrar a la persona en el menor tiempo posible. Por ello, la consigna de los organismos es clara: “ante la duda, denunciar de inmediato”.

En paralelo, organismos especializados recuerdan que la visibilidad pública es una herramienta fundamental para acelerar las búsquedas. Por eso, familiares, amistades y organizaciones sociales insisten en compartir la información de Anabel Mendoza en todos los canales posibles, con la esperanza de que alguna persona pueda aportar información clave para dar con su paradero.

Una jubilada de 79 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en la ciudad de La Plata, que le generó una pérdida que superaría los $13 millones. El caso se inició cuando la mujer fue contactada a través de una falsa plataforma de inversiones identificada como Golden Finance Limited, tras visualizar una publicidad en Facebook.

Según consta en la denuncia, los estafadores se presentaron como supuestos asesores especializados en inversiones y convencieron a la víctima de ingresar al sistema con un primer depósito de $200.000. A partir de ese momento, la maniobra delictiva fue escalando.

Una vez que habían logrado que la jubilada aceptara la propuesta, fue contactada por otra persona que le había afirmado que trabajaba para YPF. Bajo este engaño, le ofreció un falso plan de inversión vinculado a sectores como el petróleo, el gas y el oro, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Tras confiar en las explicaciones recibidas, la mujer realizó una transferencia de $1,5 millones y, días más tarde, fue persuadida para aportar una suma similar. Posteriormente, los delincuentes le sugirieron invertir otros $5 millones para acceder a una supuesta categoría superior relacionada con el mercado del oro.

Según la información obtenida por el medio platense 0221, para ese punto la denunciante había liquidado todos sus ahorros. Por este motivo, ante la falta de fondos para continuar con las supuestas inversiones, los estafadores le recomendaron a la jubilada solicitar un préstamo bancario.

Fue así que la víctima accedió y transfirió esos recursos a las cuentas indicadas por los supuestos asesores. Paralelamente, comenzó a detectar movimientos extraños en su cuenta bancaria, como débitos y extracciones en dólares no autorizadas.

Como resultado, la combinación de transferencias y créditos solicitados provocó que la mujer sufriera una pérdida total de más de $13 millones. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga la maniobra bajo la figura de estafa virtual e intenta identificar a los responsables del engaño. Hasta el momento, no habría personas identificadas, ni detenidos.

Estafa a jubilado de 81 años en La Plata: le vaciaron las cuentas tras un llamado falso

Un nuevo episodio de estafa virtual se registró en la ciudad de La Plata, cuando un jubilado de 81 años denunció haber perdido más de un millón de pesos tras ser víctima de un engaño telefónico en el barrio La Loma. Según lo informado, la maniobra comenzó con una llamada que simulaba provenir del área de atención al cliente de una aseguradora reconocida.

Durante el contacto, el interlocutor solicitó datos personales y bancarios, bajo el argumento de actualizar la información de la cuenta. El hombre, convencido de que la comunicación era legítima, proporcionó los datos requeridos.

Poco después, la víctima advirtió movimientos irregulares en sus cuentas. Primero notó una transferencia por más de un millón de pesos, luego otra por $100.000 y operaciones digitales que nunca había autorizado.

De la misma manera, la víctima recibió un correo electrónico confirmando la aprobación de un préstamo online que no había solicitado. De acuerdo con la denuncia, el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana y fue realizado por una persona que mostró un alto conocimiento del sistema bancario, lo que facilitó la maniobra fraudulenta.

Al detectar la situación, el jubilado procedió a bloquear y dar de baja los accesos a sus cuentas, aunque ya se habían concretado las principales transacciones. El monto sustraído representa una suma significativa para cualquier jubilado.

La denuncia fue radicada ante la Justicia, que inició una investigación para determinar la modalidad del fraude. Además, se solicitó el análisis de los registros bancarios y las pericias técnicas buscarán identificar los dispositivos y ubicaciones desde donde se realizaron las operaciones fraudulentas, así como el destino final de los fondos.

El video que encabeza esta nota muestra a dos jóvenes a bordo de una motocicleta blanca circulando a gran velocidad sobre la calle 149. Minutos después, se los ve subir a la vereda, en la intersección de 59, y es en ese lugar donde interceptaron al joven.

De acuerdo con lo informado por 0221, el adolescente, que regresaba caminando de la escuela por esa misma arteria, es sorprendido por uno de los delincuentes que se baja del rodado y comienza a golpearlo tratando de conseguir que le diera las pertenencias.

La víctima, lejos de someterse, reaccionó a tiempo y logró alejarse antes de que la situación escalara. El hecho ocurrió a plena luz del día en una zona transitada por vecinos y vehículos en el barrio de Los Hornos, sin que los sospechosos pudieran concretar el robo.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, en donde además se puede ver a los motochorros retirándose por la misma vía que habían llegado. Hasta el momento, no trascendió si la víctima o algún testigo realizó una denuncia formal ante la Policía Bonaerense, ni se conoce la identidad de los delincuentes.

Una tatuadora de San Martín frustró el robo de su motocicleta en Remedios de Escalada, partido de Lanús, al activar a distancia un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica que había instalado debajo del asiento del rodado. El hecho ocurrió pasadas las 20, y las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona se viralizaron días después.

La mujer se dirigía a trabajar cuando dos motochorros la interceptaron y le exigieron que bajara de la moto. Ante la amenaza, no opuso resistencia. Uno de los sospechosos se subió al vehículo y escapó mientras su cómplice lo seguía en otro rodado. El asaltante, sin embargo, no llegó lejos: al acercarse a la esquina, recibió una descarga de 6.000 voltios que lo hizo perder el control y caer al asfalto. Abandonó la moto en plena calle y huyó junto al otro delincuente.

Débora contó el episodio a C5N: "Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol“. Tras asegurarse de que los sospechosos se habían alejado, recuperó su motocicleta, aunque el pedal de los cambios resultó dañado por la caída.

El artefacto, conocido como Shockbag y fabricado en Uruguay, consiste en una cinta negra que se coloca alrededor del asiento y opera con una batería independiente de una duración aproximada de un mes. La descarga se activa al presionar tres botones en simultáneo desde una muñequera ajustable. Según la propia Débora, la corriente no es mortal, pero “te hace soltar lo que tengas”. El sistema también cuenta con una alarma para ubicar el vehículo en la oscuridad.

La víctima explicó que ya le habían robado cuatro motos con anterioridad y que esa experiencia la llevó a buscar una solución. “Lo compré porque estaba cansada de perder herramientas de trabajo”, afirmó. Admitió que en el momento del asalto dudó en activarlo por el miedo que le generó la situación, pero finalmente tomó la decisión. “Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta tanto comprarse las cosas”, agregó.

Ante la ausencia de una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio, según informaron fuentes policiales. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

Enviado especial a Corrientes.—Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Peña y, para la semana que viene, se espera uno de los momentos de mayor tensión en el debate. Será cuando los padres del menor se sienten a declarar ante el Tribunal Oral de Corrientes y estén cara a cara con Laudelina Peña.

La mujer imputada en la causa es la hermana de José Peña y una de las personas señaladas por la fiscalía como partícipe de la sustracción y ocultamiento del niño. También se la acusa de entorpecer y desviar la investigación mediante distintas maniobras, entre ellas la aparición del botín que, según la acusación, fue plantado.

En diálogo con Infobae, María Belén Russo Cornara, quien representa a los Peña, aseguró que para el padre de Loan, Laudelina “ya no es parte de la familia”.

La próxima semana, una vez concluidas las cuestiones preliminares, las indagatorias y los planteos pendientes de las defensas, los padres de Loan darán testimonio frente a los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. “(José y María Luisa) declararán como víctimas y testigos. No darán un relato libre. Primero responderán nuestras preguntas, luego las de la fiscalía y finalmente las de las defensas”, explicó la abogada Russo Cornara a este medio.

“Serán los testimonios más importantes del juicio”, evaluó la letrada. “No puedo calcular cuánto tiempo llevarán porque no sé con qué planteos saldrán los defensores”, agregó. Además, anticipó que espera interrogatorios intensos por parte de las defensas. “La familia será revictimizada en esa situación. Va a ser un momento duro”, sostuvo.

El anhelo de la confesión

En declaraciones recientes a una emisora correntina, María Luisa Noguera expresó que su deseo es que durante el juicio “alguien se quiebre” y cuente qué ocurrió con su hijo.

Russo Cornara comparte esa expectativa: “Si alguno de los acusados habla y responde preguntas, puede aportar información nueva que hoy no tenemos. Y con eso se pueden hacer maravillas”, afirmó.

El proceso previo al juicio tampoco fue sencillo para los padres de Loan. La abogada que los representa recordó que durante la audiencia preliminar realizada en febrero, cuando se planteó que el debate oral recién comenzaría en octubre, María no pudo contener la angustia.

“Le agarró una impotencia total. Se largó a llorar en ese momento. Por suerte el juicio se adelantó”, contó.

Sin embargo, las primeras jornadas tampoco resultaron como esperaban. La suspensión de la audiencia prevista para este jueves y las discusiones procesales que dominaron el inicio del debate provocaron una nueva frustración. “Ellos estaban esperanzados de que por fin iban a empezar a tener respuestas. Pero llegaron el martes y el miércoles y fue decepción tras decepción. Nadie esperaba lo que pasó”, expresó la letrada.

Convivir con la ausencia

La desaparición de Loan modificó por completo la vida cotidiana de José, María y sus otros siete hijos. “Pasó a faltar un miembro de la familia. Tuvieron que aprender a convivir con esa ausencia y con la espera permanente de una respuesta”, explicó Russo Cornara.

Según contó, la ilusión de encontrar al niño con vida sigue siendo el principal sostén emocional del grupo familiar.

Los padres de Loan mantienen contacto permanente con los abogados a través de un grupo de WhatsApp y videollamadas periódicas, donde reciben información sobre el avance de la causa.

“Las conversaciones son muy amenas. Uno intenta explicar qué está pasando de la manera más delicada posible. Fue muy difícil de explicar el circo que se armó en la segunda jornada del juicio, más allá de que ellos lo estuvieran viendo (por la transmisión vía YouTube). Hubo que aclararles por qué no podíamos hacer más de lo que hicimos”, concluyó la abogada.

Sin vuelta atrás

La distancia entre José Peña y su hermana no surgió de un conflicto familiar previo, sino de lo ocurrido después de la desaparición de Loan. El contraste es elocuente: el 13 de junio de 2024 ambos compartieron el almuerzo en la casa de Catalina Peña, la abuela del niño, en el paraje El Algarrobal.

De hecho, algunas de las últimas imágenes conocidas de Loan fueron tomadas durante esa reunión familiar.

Dos años después, la escena es completamente distinta. José declarará ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes como víctima y padre del niño desaparecido. Laudelina, en cambio, está en el banquillo de los acusados.

La mujer enfrentará el debate oral acusada de haber participado en la sustracción y ocultamiento de su sobrino. Además, la fiscalía le atribuye distintas maniobras destinadas a desviar la investigación. Entre ellas, la aparición de un botín que supuestamente pertenecía a Loan en un lugar alejado de donde fue visto por última vez y la instalación de la hipótesis de que el niño había muerto tras ser atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Para José, esos episodios profundizaron una fractura que, según reconoció la propia representación de los Peña, hoy parece irreversible.

Durante un operativo en Córdoba, decomisaron más de 150 kilos de carne en Villa San Nicolás, en el departamento Santa María, por presunto faenamiento clandestino. Los establecimientos inspeccionados operaban de manera irregular y carecían de las habilitaciones requeridas para procesar y vender productos de origen animal. El procedimiento se activó a partir de denuncias por presuntas maniobras de faena clandestina y comercialización irregular de carne y subproductos cárnicos.

El operativo fue realizado por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba a través de la Dirección General de Fiscalización y Control junto con la Patrulla Rural. Durante la inspección, los agentes detectaron las infracciones y determinaron que el establecimiento no reunía las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos, según el reporte difundido por las autoridades. También indicaron que no se acreditaron los controles sanitarios ni las habilitaciones exigidas para desarrollar la actividad.

Las actuaciones se encuadraron en el marco de la Ley Nº 10.326 (Código de Convivencia), que sanciona conductas que afectan la salud y la seguridad pública; la Ley Nº 6.974, que regula la comercialización de la carne y exige habilitaciones, controles sanitarios y condiciones adecuadas para la producción y venta de productos cárnicos; y la Ley Nº 5.542, que establece normas sobre marcas y señales para garantizar la correcta identificación y trazabilidad del ganado.

Estas normativas facultan a las autoridades provinciales a realizar inspecciones, decomisos y clausuras cuando se detectan infracciones vinculadas con la faena, el transporte o la comercialización irregular de carne, con el objetivo de proteger la salud pública y asegurar el cumplimiento de los estándares sanitarios y legales.

La mercadería incautada fue trasladada a un frigorífico habilitado para su destrucción. Además, se dispuso el cese inmediato de las actividades y el secuestro de los elementos utilizados para la presunta faena clandestina, según el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba. La faena clandestina dificulta el control de enfermedades zoonóticas, como la triquinosis y la brucelosis, y puede derivar en brotes alimentarios perjudiciales para la población.

En este marco, la cartera provincial recordó que los productos cárnicos destinados al consumo humano deben provenir de establecimientos habilitados, con controles sanitarios, condiciones adecuadas de elaboración y sistemas de trazabilidad. Las denuncias por establecimientos ilegales pueden realizarse en la plataforma digital de la Dirección General de Fiscalización y Control o mediante la línea gratuita 0800-8888-2476.

En este escenario, la colaboración ciudadana resulta fundamental. Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y a exigir, en cada compra, la documentación que respalde la procedencia y el control sanitario de la carne y sus derivados. El fortalecimiento de los controles y la concientización social buscan garantizar alimentos seguros y fortalecer la confianza en la cadena de comercialización, protegiendo tanto la salud de los consumidores como el trabajo de quienes actúan dentro de la legalidad.

Este procedimiento en Santa María se suma a otros operativos realizados recientemente en la provincia. A mediados de mayo, en la localidad de Hernando, departamento Tercero Arriba, el Ministerio de Bioagroindustria también decomisó cerca de 150 kilos de carne y clausuró establecimientos luego de constatar la existencia de instalaciones no habilitadas para faenamiento y desposte de medias reses, así como diversos elementos utilizados para la actividad ilegal.

En ese caso, también detectaron que los espacios no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias necesarias, carecían de habilitaciones y no contaban con análisis de laboratorio sobre la carne. Ante estas deficiencias, las autoridades dispusieron la clausura de los establecimientos, el cese inmediato de las actividades, el traslado la carne a un frigorífico y el secuestro de los instrumentos empleados.

Las autoridades provinciales remarcan que ambos casos forman parte de una política de control, orientada a prevenir la faena en distintos puntos del territorio. Estas acciones buscan resguardar la salud pública y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, en un contexto donde el consumo de carne en Argentina atraviesa niveles históricamente bajos.

Durante poco más de un mes, Mar del Plata vivió una seguidilla de robos a comercios que sembró preocupación entre los comerciantes locales. Ahora, la Justicia condenó a siete años de prisión al autor de esos asaltos.

Un hombre armado, en ocasiones acompañado por una mujer, irrumpía en heladerías, panaderías, tiendas de barrio y hasta en un hotel, exigiendo dinero y objetos de valor.

El responsable, identificado como Cristian Eduardo Lucero, de 40 años. Fue finalmente condenado a siete años y seis meses de prisión. El juez Federico Cecchi, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, lo halló culpable de seis robos agravados —cinco consumados y uno en grado de tentativa— y lo declaró reincidente. El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que la prueba reunida por fiscalía y policía resultara determinante.

La captura de Lucero

La madrugada del 27 de agosto de 2025 marcó el final del raid delictivo. Lucero fue detenido a pocos metros del lugar por personal policial. Llevaba consigo un revólver calibre 32, dinero en efectivo y la misma vestimenta que las víctimas habían descripto en sus declaraciones.

Uno de los episodios clave ocurrió el 18 de julio de 2025 en una heladería. Lucero, con parte del rostro cubierto por una bufanda, ingresó armado exigiendo la recaudación y los teléfonos celulares de los empleados. En medio del asalto, la tela se corrió y fue reconocido de inmediato por quienes trabajaban en el local. No era un cliente habitual: había sido empleado allí durante casi dos años.

Según se desprende del fallo judicial, las víctimas no solo lo identificaron por sus rasgos físicos, sino también por la voz y la contextura corporal. A este reconocimiento, se sumó la geolocalización de uno de los celulares robados, que fue localizado en las inmediaciones del domicilio de Lucero. Esta evidencia fue fundamental para vincularlo al hecho.

La investigación logró establecer que el ataque en la heladería no fue un hecho aislado. Diez días después, Lucero asaltó una panadería, nuevamente armado, llevándose dinero y otros objetos de valor. La modalidad se repitió el 17 de agosto, esta vez en una feria comunitaria de la avenida Arturo Alió. Allí, una empleada de seguridad y el propio propietario del comercio lo identificaron por conocerlo previamente del barrio Belisario Roldán.

Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto, Lucero protagonizó tres asaltos consecutivos. Primero, participó junto a una mujer en el robo a un kiosco. Horas más tarde, ambos irrumpieron armados en la Heladería Italia, ubicada en la zona de Güemes, donde amenazaron a las empleadas y escaparon con una suma de dinero aún no precisada en el expediente.

El último objetivo fue el Hotel Arena y Mar. Lucero apuntó con un arma al recepcionista y le exigió la entrega de la recaudación. La víctima se resistió, recibió un golpe y logró escapar hacia el sector de habitaciones, frustrando el robo. La huida de El hombre fue interceptado a unos 150 metros del establecimiento por personal policial, que le secuestró el arma, el dinero y la ropa utilizada en los asaltos.

Según informó el portal del diario La Capital, para reconstruir la secuencia de hechos, la fiscalía recabó testimonios de comerciantes, imágenes de cámaras de seguridad, registros de llamadas al 911 y la geolocalización de teléfonos celulares.

Las pruebas permitieron a la Justicia determinar que existía un patrón de actuación común y que los últimos tres episodios formaban parte de una misma secuencia desarrollada en pocas horas. “Los elementos reunidos permitieron confirmar la continuidad delictiva y la organización en la ejecución de los hechos”, se desprende del fallo.

Al momento de fijar la pena, el juez Cecchi consideró como atenuante la adicción de Lucero a la cocaína y otras sustancias, situación que surgió tanto de su declaración como de mensajes hallados en su teléfono, donde familiares y amigos le sugerían iniciar tratamiento. Este aspecto fue valorado en la sentencia, aunque no resultó suficiente para reducir la condena.

Como agravantes, el magistrado ponderó que los robos se cometieron en comercios abiertos al público y que uno de los hechos se llevó a cabo en la heladería donde Lucero había trabajado previamente, con conocimiento pleno del funcionamiento del local. El juez también tuvo en cuenta la reincidencia, ya que el condenado había cumplido una pena anterior.

El fallo dispuso además el decomiso del revólver utilizado en los asaltos y la declaración de reincidencia para Lucero.

Un hombre fue detenido en el sur del conurbano bonaerense, acusado de haber cometido un secuestro extorsivo. La propia víctima identificó en una rueda de personas al sospechoso, Rubén Darío Ballut, de 48 años, quien está vinculado a otros tres ataques bajo la misma modalidad. Fuentes policiales confirmaron que el acusado tiene antecedentes y había estado preso.

La investigación comenzó el pasado 5 de junio, cuando un joven de 23 años fue interceptado por dos hombres armados tras descender de un colectivo de la línea 160 en Adrogué, luego de finalizar su jornada laboral como bachero en Palermo. Los agresores, que se movilizaban en un Audi color oscuro, lo privaron ilegítimamente de la libertad y lo obligaron a desbloquear su teléfono celular. Luego, se comunicaron con su tía, a quien le exigieron el pago de dos millones de pesos para liberar al joven y la forzaron a transferir el dinero a un alias de la víctima.

Durante el secuestro, los sospechosos utilizaron el teléfono del joven para realizar una carga de combustible en una estación Shell y comprar cigarrillos en una YPF, abonando ambas operaciones a través de una billetera virtual asociada al dispositivo. Finalmente, lo liberaron en las inmediaciones de la avenida Olimpo y San Juan, en Ingeniero Budge, sin lesiones físicas.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones y movimientos financieros, personal de la DDI de Lomas de Zamora logró identificar el vehículo utilizado y a uno de los secuestradores.

El 15 de junio, tras tareas de vigilancia, Ballut fue arrestado cuando circulaba en el Audi frente al Complejo NIX de la avenida Hipólito Yrigoyen al 16.600. En el procedimiento, incautaron el automóvil, un teléfono celular, un gorro, un montgomery rojo y un barbijo.

Posteriormente, se realizaron dos allanamientos en Monte Grande. En una vivienda del Country Mirasoles, la Policía halló un gorro de lana verde y otros objetos de interés para la investigación. En el segundo domicilio, ubicado en la calle San Carlos, se identificó a los residentes, pero no se registraron secuestros relevantes.

La Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación, dispuso el reconocimiento en rueda de personas. La víctima identificó a Ballut como uno de los autores materiales del secuestro. Además, el análisis de las cámaras de seguridad y otros elementos reunidos en la causa permitió vincular al detenido con al menos tres intentos de secuestro y robo ocurridos el 14 de junio en Ezeiza y Longchamps.

Uno de los hechos tuvo como víctima a una mujer de 54 años. Según denunció, fue abordada por un hombre que descendió de un Audi negro, simuló estar armado e intentó introducirla a la fuerza en el auto. Sin embargo, solo logró robarle una mochila con documentación y efectos personales.

Ese mismo día, una joven de 19 años denunció que, mientras esperaba el colectivo, fue tomada del cuello por un sospechoso que intentó arrastrarla hacia el Audi negro estacionado en las inmediaciones. La joven logró refugiarse en una vivienda cercana y evitar el secuestro.

Ese mismo domingo, a las 2 de la madrugada, otra víctima aguardaba el colectivo junto a una amiga en la avenida Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, en Longchamps, cuando el conductor del mismo vehículo descendió, abrió el baúl y se abalanzó sobre ella, intentando subirla por la fuerza. La mujer logró zafarse y huir a pie, mientras el sospechoso se dio a la fuga.

Por último, fuentes policiales detallaron que Ballut tiene antecedentes penales por tenencia ilegal de arma (26/2/2021) y robo calificado (27/6/2003). Además, había estado alojado en la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela y al momento de su detención no registraba pedido de captura vigente.

Un nene de dos años falleció en un hospital de la localidad bonaerense de Merlo, tras dos días de agonía. La madre del menor y su pareja sostuvieron en un primer momento que el niño se había caído, pero los estudios médicos revelaron múltiples lesiones en el cuerpo y evidencias de que había sido golpeado. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, acusados del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que la investigación se inició el 16 de junio, cuando el niño ingresó inconsciente a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas. La madre del pequeño, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21, relataron que el chico se había lastimado la cabeza tras caerse de la cama. Sin embargo, los profesionales notaron la gravedad del cuadro y debieron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo.

Dada la complejidad del caso y el estado crítico del menor, al día siguiente los médicos dispusieron su traslado al Hospital Eva Perón de Merlo para que recibiera atención especializada. Una vez allí, los profesionales que lo examinaron advirtieron signos de violencia y lesiones incompatibles con una simple caída. Ante esta situación, el equipo médico dio aviso a la Policía y se comunicó con el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón, quien asumió la investigación.

La inspección médica detallada determinó que el niño presentaba una hemorragia interna en el hígado producto de un golpe, fractura de cráneo, fracturas en los huesos de la mano y los pies, así como hematomas en los brazos, las piernas y el rostro. Con estos elementos, el fiscal Ventricelli ordenó la aprehensión de Herrera y Álvarez.

Este jueves por la mañana, los médicos del Hospital Eva Perón confirmaron el fallecimiento del niño, lo que agravó la situación procesal de los detenidos. El fiscal solicitó entonces la detención formal de la madre y su pareja bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, según el entorno de la madre, en más de una oportunidad habían advertido lesiones y heridas en el cuerpo del pequeño. Respecto de la última internación, señalaron que Herrera había informado que el niño había sido hospitalizado por un cuadro de neumonía.

Por otro lado, brindaron detalles sobre la relación entre los detenidos. Desde el entorno materno precisaron que convivían desde hacía dos meses en el partido bonaerense de Merlo y que existían antecedentes de violencia en la pareja. Según pudo saber Infobae, en una ocasión Álvarez agredió a Herrera, motivo por el cual la joven decidió regresar temporalmente a la casa de su madre. Sin embargo, poco tiempo después volvió a convivir con él.

Cabe destacar que, por una restricción legal, los familiares directos de los acusados no pueden ser obligados a declarar en su contra.

Esta tarde, ambos detenidos fueron indagados por el fiscal Ventricelli. Fuentes judiciales confirmaron que tanto Herrera como Álvarez se negaron a declarar ante la fiscalía. Actualmente, permanecen alojados en el Destacamento Barrio Pompeya, mientras se aguarda el resultado preliminar de la autopsia.

El hecho ocurrió el jueves 11 de junio, pasadas las 20, en la localidad de Remedios de Escalada, aunque las imágenes se viralizaron en las últimas horas. Como se ve en el video que encabeza esta nota, uno de los sospechosos descendió de la moto en la que circulaba junto a su cómplice y se dirigió hacia la mujer para arrebatarle el rodado. Ella no opuso resistencia. Finalmente, y el delincuente se subió al vehículo y huyó del lugar. Pero no llegó muy lejos.

Cuando el ladrón se aproximaba a la esquina, la joven activó a distancia un dispositivo antirrobo que había instalado previamente debajo del asiento de su motocicleta. El aparato, diseñado para emitir una descarga eléctrica de 6.000 voltios, provocó que el sospechoso perdiera el control y cayera al suelo, por lo que abandonó el rodado en plena calle.

Tras el episodio, los dos delincuentes escaparon del lugar. La víctima aguardó unos segundos hasta asegurarse de que se habían alejado y luego recuperó su motocicleta.

Según señalaron las fuentes policiales a Infobae, al no registrarse una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

En diálogo con C5N, la mujer, llamada Débora, relató que no era la primera vez que sufría un robo de estas características y que por eso decidió comprar el artefacto. “Lo compré porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de perder herramientas de trabajo”, explicó.

Según precisó, el aparato tiene un costo de 189 mil pesos, un alcance de 180 metros y se activa presionando tres botones en un reloj digital que la víctima llevaba en la muñeca. Además, remarcó que la correa es la que transmite la descarga eléctrica y que el sistema cuenta con una batería independiente que dura un mes, sin necesidad de estar conectado a la moto.

Durante el reportaje, la joven recordó el momento en que fue asaltada y cómo logró recuperar su moto: “Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo en la muñeca, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol”. Según explicó, producto de la caída, el pedal de los cambios del vehículo resultó dañado.

También admitió que el episodio dejó secuelas emocionales. “El temor queda. En ese momento tuve miedo”, expresó y reflexionó: “Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta tanto comprarse las cosas”. Por último, admitió que, aunque pensó en el riesgo para el asaltante, la situación la llevó a priorizar la recuperación de su bien y no dudó en utilizar el dispositivo.

Después de una jornada en la que declararon tres de los siete imputados, el juicio por la muerte de Diego Maradona retomó este miércoles la ronda de testigos que convivieron con el ex futbolista durante sus últimas semanas de vida en la internación domiciliaria de Tigre.

La principal protagonista de la audiencia fue Milagros Rodríguez, más conocida como “Monona”, la cocinera que trabajó junto al Diez hasta el día de su muerte. Su nombre había aparecido repetidamente a lo largo del debate, tanto por su cercanía cotidiana con Maradona como por los cuestionamientos vinculados a la alimentación que recibía durante la internación.

Con su declaración, el proceso ingresó en su segunda mitad. Debido a la extensión prevista del debate, los jueces resolvieron continuar con audiencias durante la feria judicial de invierno, por lo que habrá jornadas extraordinarias los lunes 20 y 27 de julio.

Cuarto intermedio hasta el martes

Luque declaró para contextualizar un audio y adelantó que seguirá el martes

Al final de la jornada, el neurocirujano imputado pidió la palabra e hizo un breve descargo: “Mi idea es la semana que viene hacer una serie de aclaraciones porque se me nombró bastante con respecto a algunas decisiones, como la del médico clínico, y yo voy a demostrar que no tuve ningún contacto en ese sentido. Mi nombre aparece reiteradamente en muchas situaciones donde no aparezco ni de cerca, así que lo voy a aclarar”, adelantó.

Y siguió: “Yo no manejaba a los enfermeros, eso está clarísimo. El día de la muerte, llamé al 911 porque me pidieron los enfermeros, yo estaba operando, estaba en shock, no sabía que tenía algo malo, ni siquiera sabía que era verdad que estaba descompensado”.

“Mi teléfono está peritado de punta a punta y hay mensajes que sé que la fiscalía necesita extraer para construir una imagen mala mía, pero hay audios que yo mando en bronca. Por ejemplo, yo entiendo la seriedad del debate, de todos, y por momentos se bromea muchísimo. Entiendo que somos humanos y que esos momentos existen, pero si yo selecciono momentos de este debate podría generar una situación que no es real”, dijo a los magistrados.

“Sé que no hay una competencia de audios buenos y malos, pero también quiero demostrarles que hay mensajes sacados de contexto. Yo entiendo que a veces uno en su ambiente, más allá de que maneje situaciones muy delicadas, puede bromear sin alterar el trabajo en un paciente. Entonces, si bien acá se bromea, yo puedo entender que acá los jueces están haciendo su trabajo. Es una analogía”, concluyó.

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Los jueces le hicieron una advertencia a “Monona”

Tras un breve cuarto intermedio, el presidente del tribunal Alberto Gaig, le dijo a la cocinera de Maradona: “Vamos a seguir escuchándola, pero la estamos escuchando cautelosa. Necesitamos que responda con el mayor grado de detalle de lo que pasó. Nosotros pensamos que hay circunstancias que usted puede relatar con más detalles. Porque con sus ‘No me acuerdo’ parece que estuviera eludiendo la respuesta, evadiendo. Si usted llega a ser reticente, tendríamos que adoptar otra postura, porque usted está declarando bajo juramento de decir la verdad y omitir es ocultarla”.

Ella se justificó: “Es que me preguntan cosas y yo quiero decir la verdad, pero no me acuerdo. Pero bueno, ok”.

Los jueces pidieron un cuarto intermedio por la extraña declaración de la cocinera

Un juez le preguntó a la cocinera “Monona” si tiene vínculo con algún imputado porque “responde con temor”

La declaración de la testigo generó tensión en la sala. El fiscal Patricio Ferrari, de hecho, se mostró molesto por las reiteradas respuestas de la mujer diciendo: “No me acuerdo”.

En este contexto, el funcionario le preguntó a “Monona” cuando fue la última vez que vio con vida a Maradona, siendo este un dato clave para el caso: “La noche anterior fue la última vez que vi vivo a Maradona. Estaba en la pieza y me pidió que le lleve un té y sanguchitos y después le iban a dar la medicación”. La cocinera, sin embargo, no pudo especificar horario.

Entonces intervino el juez Alberto Gaig y le dijo: “Es muy importante que usted trate de recordar, estamos en un juicio y hay siete personas acusadas de homicidio. Porque sino es todo: ‘No me acuerdo, no me acuerdo’. Tiene que hacer un esfuerzo”.

Ella dijo: “Es que no quiero mentir. Y hay cosas que no recuerdo”.

Gaig le reiteró: “Usted no recuerda nada. No le quiero advertir, pero es raro que no se acuerde. Lo habrá recordado varios días de su vida. Le pregunto si sigue teniendo relación o si trabaja con alguien o para alguien del entorno Maradona”.

“Monona” contestó: “Maxi Pomargo (secretario de Maradona) es el padrino de mi hija. Pero yo trabajo en una fábrica de zapatos”.

El juez siguió: “Yo le pregunto porque la noto con temor”.

“Monona” contó qué le pedía Maradona para comer

La cocinera recordó sus días en la internación domiciliaria de Tigre: “Maradona comía lo que él quería. Él me decía: ‘Haceme un pollo al horno’ y yo se lo hacía. A veces tenía las cosas para hacerlo y a veces no y tenía que avisar para que vayan a comprar. De menú pedía pollo, lomo, ensalada, tenía dieta de jugos”, relató.

Sobre el rol del resto de las personas que solían estar con Diego, contó: “La medicación sé que la manejaban los enfermeros. Había un kinesiólogo que iba siempre a hacerle masajes. Sé que Maradona tenía su médico que era Luque y la psicóloga (sic) y el psicólogo. Ahora se me hizo una nube, no me salen los nombres, pero los sé”.

Después recordó: dijo “Agustina Cosachov”.

Comienza a declarar la cocinera “Monona”

La testigo Milagros “Monona” Rodríguez se demoró en llegar a la sala de audiencias. Mientras todas las partes ya estaban ubicadas para reanudar el debate, un letrado tomó la palabra y bromeó al micrófono: “Estamos esperando la receta del osobuco”, dijo. El chiste fue en referencia a un plato alto en grasas y sodio, que Monona le habría servido a Maradona a pesar de su dieta, según se supo de testimonios.

“Yo trabajé para Maradona como empleada doméstica en la época de la pandemia y un poquito antes. Estuve en la casa de La Plata y en Tigre. Yo limpiaba la casa y hacía la comida. Maradona me decía qué comer y esas cosas. Llegué a él porque necesitaba trabajo y conocía a Vanesa Morla, de mi barrio, con quien había hecho un juicio por una fábrica de donde me había echado. Yo le dije que si sabía de algún trabajo que me avisara. Primero me llamaron para ir los fines de semana y, cuando arrancó la pandemia, me quedé. Al principio en Bella Vista, después en La Plata y al final en Tigre”, comenzó explicando la mujer, de unos 40 años.

Y siguió contextualizando: “A la casa de Tigre fui el mismo día que lo externaron. Llegué en un remís, hacíamos la mudanza y justo después llegaba Diego. Estaban sus hermanas. La casa era grande. Tenía un piso arriba, patio. Yo estuve en la casa hasta después de que falleció, que nos fuimos. Yo dormía en la casa, era cama adentro. Mi habitación era arriba. Maradona dormía abajo. De modo permanente estábamos Diego, un enfermero, el sobrino, un personal de seguridad y yo. Además de los fijos había gente que iba, como los médicos, el asistente y la familia”.

Cuarto intermedio hasta las 15

“Le mostré una foto con CFK y me dijo que la amaba”, recordó el testigo

Cottaro explicó que su trabajo en profundidad comienza cuando un paciente empieza a abrirse emocionalmente. Y también que no pudo hacerlo porque cuando Diego empezó a contarle cosas, lo echaron.

“Un día le mostré una foto mía con CFK y me dijo “uhh, la amo”. Y yo ahí le pregunté “¿a quién más amás?” y me dijo ‘A Roma, a mis hijos...’. Y cuando empezó a soltarse vinieron a sacarlo y me dijeron que no esté tanto con él. Y me sacaron justo cuando empezaba a soltarse. Yo no pude ni empezar a hacer nada, porque por ahí se empieza: soltándose, abriéndose. Él nunca me dijo que le molestaba mi presencia”, declaró.

“Yo me fui el 13 y murió el 25. Yo lo vi bien. Es al día que hoy que no lo puedo creer que esté muerto. Hoy Diego tendría que estar comentando el mundial, es así”, concluyó.

“Estoy impresionado con que se haya muerto”, dijo el testigo

El acompañante Cottaro contó cómo fue su corto paso por la internación domiciliaria de Tigre: “Apenas llegué a la casa abrí la heladera para chequear que no hubiera alcohol. Cerca del mediodía se levantó Diego, desayunó, tomó unos remedios, a mi me vio de nuevo y me dijo ‘qué haces quemero acá’. Me quedé hasta el mediodía, trajeron sanguchitos, estaba todo bien”.

“A Diego lo vi bien, yo estoy muy impresionado con que haya muerto en ese lapso. Porque ese día me dijo ‘mirá lo que me regalaron de Rusia’ y sacó un parlante, puso cumbia. Lo ayudaron a bañarse, estaba bien. Con el diario del lunes, pienso que la gente que estaba alrededor no entendía de que se trataba mi trabajo porque no querían que estuviese cerca. Y es al revés, o tengo que estar cerca, tengo que saber cómo está, su ánimo, si tiene abstinencia, si quiere consumir”, reconoció el testigo.

Y agregó: “Yo lo sé porque soy un recuperado. Yo miro un adicto a los ojos y sé lo que le pasa porque yo estuve ahí. Veía que él estaba en un lugar donde estaba blindado. Me decían ‘no lo jodan, tratá de estar más lejos’. Yo no lo jodía. Eso hizo que mi trabajo no se pueda realizar. De hecho a la tarde me dijeron que no iba a necesitar más acompañamiento. Ese día me fui”.

“Yo cada una hora tenía que pasar informes, llamaba a mi hermano, todo. En la casa me preguntaban por qué llamaba tanto. Capaz se sentían vigilados, no sé. Pero la adicción es una enfermedad grave que nunca se cura. Hay que estar cerca”, sumó al final.

Declara otro acompañante terapeútico, Alejandro Cottaro

El testigo comenzó su declaración diciendo: “El 8 de noviembre de 2020 me convocó mi hermano, Carlos Cottaro, y me dijo si me podía acercar a la Clínica Olivos. Llegué, me dejaron entrar a la habitación donde estaba Diego que recién lo habían operado. Mi hermano sé que llegó ahí por recomendación, él trabaja hace tiempo con el tema de adicciones. Mi hermano me presentó a Diego, yo me quedé con él, yo soy hincha de Huracán y él me empezó a cargar. Diego estaba medio enojado ese día porque no podía ver el partido de Vélez-Gimnasia que había ese día”.

“Después llegó Gianinna, que le había ido a comprar un serenito. No me quedé mucho, me quedé cuarto horas. Él se quedó enojado porque Vélez le empató sobre el final a Gimnasia”, siguió.

Su declaración continuó: “Maradona no sabía cuál era mi función ahí. No le habían dicho que oficiaba de acompañante. Era como que yo estaba por si necesitaba algo. De hecho me dijo ‘che quemero, ¿vos sos masajita? porque me re duele el pie. Y le hice un poco de masajes y me dijo ‘uh, qué bueno’. Pero él no sabía, no entendía mucho”.

“Él nunca rechazó mi presencia en el lugar, nos reíamos, jugábamos al fútbol, charlábamos”, subrayó.

“Corría riesgo”, dijo el testigo sobre Maradona

Sobre qué pasaba si Diego no tenía acompañante terapeútico, el testigo fue claro: “Corre riesgo. Yo lo acompañaba al baño y todo por miedo a que se caiga”.

El desplazamiento inesperado de los acompañantes terapeútico

“Un día Cottaro me llamó y me dijo que no vuelva a la casa de Tigre, que iba a estar Alejandro Cottaro, otro acompañante terapeútico. Yo le dije ‘mira que no quiere estar con nadie, solo conmigo’ y me contestó que estaba todo controlado. Un poco después me llamó y me dijo que nos sacaron el servicio, no me explicó por qué pero sí que se iba a suspender un tiempo. A mi me sorprendió”, declaró Bacchini.

El acompañante terapeútico habló de la cocinera Monona, que declarará más tarde

“La comida que le daban en la casa no era sana: una persona cardíaca comiendo osobuco... Maradona era cardíaco, con problemas de corazón. Se sabe porque es voxpopuli, todos los medios lo saben. Había una cocinera que se llamaba Monona”, declaró Bacchini.

A preguntas del juez Alberto Ortolani, respondió: “No había un menú especial para Diego, era el mismo para todos”.

El testigo confirmó que Maradona no dejaba entrar a la enfermera

Bacchini dijo sobre su rol: “Yo informaba cómo estaba el paciente, cómo se sentía, quien venía, que hacía. Con esto se busca que el coordinador esté informado cada hora cómo está el paciente. Esa información se obtiene con contacto directo con él o no, uno ve más o menos cómo está, su forma de ser, cómo habla con alguien”

Acerca de la internación domiciliaria del Diez, sumó: “Yo en la casa estuve de un martes a la noche a un viernes a la mañana. En esos días, el enfermero entraba a verlo a Maradona, pero a la enfermera no. Apenas la vio, la echó. Después de eso ella seguía estando, pero afuera de la casa”.

“Diego no sabía que yo era acompañante terapeutico”

“Yo tengo entendido que él jamás supo que nosotros eramos acompañantes terapeuticos. Sé que le dijeron que yo iba a estar al lado de él, pero no sé cómo le explicaron. Cuando Cottaro le dijo que yo me iba a quedar con él, me miró de arriba abajo y me dijo ‘vení Coco, dame un abrazo’ y me quedé”, declaró Bacchini.

Luego relató ante los jueces que fue convocado a seguir su acompañamiento en la internación domiciliaria de Tigre. “Yo salí del sanatorio 10:30, 11 de la mañana. Al mediodía llegué a mi casa y a las 15 salí para el barrio privado San Andrés, a donde llegué a la tarde. El ingreso estuvo bien. Me recibieron en la casa. Cuando dejo las cosas voy a ver a Diego y cuando me vio se sorprendió, me saludó y nada más. La habitación era grande pero las ventanas estaban todas cerradas para que no entrara claridad. Estaba su cama, un silloncito, una mesita de luz y el televisor”, retrató.

Comenzó la audiencia: declara el acompañante terapeútico Carlos Bacchini

El testigo entró en la sala pasadas las 10:30. Contó que fue convocado para el tratamiento de Diego Maradona por Carlos Cottaro, un colega. “Me contó que lo habían operado de la cabeza y que había que acompañarlo. Fue el 10 de noviembre de 2020. Fui al hospital donde estaba internado él todavía y me presentaron a la familia. También a Luque”, contextualizó.

“Me dijeron que me tenía que quedar al lado de Diego en la habitación. Esos primeros días estuve con él. Me pedía que llamara al enfermero, un día me pidió si lo podía comunicar con Ruggeri y le pedí el teléfono, pero tenía dos y ninguno tenía línea. Y eso, después dormía”, declaró.

Y agregó: “Con el paciente hablé muy poco porque estaba medio dormido y no le entendía bien lo que decía. Las pocas cosas que le entendí fue cuando me pidió que lo llamara a Jony, el sobrino. Estuve una noche en el sanatorio con él. En la habitación estaba yo solo, pero me parece que se habían quedado Gianinna, Jana y Jony. Pero yo siempre en la habitación con él”.

Al ser consultado por el fiscal Cosme Iribarren sobre a quién le informaba sobre el paciente, respondió: “A partir de que yo estuve en la casa le reportaba a Carlos Cottaro. No sé a quien le informaba él. Yo nunca interactué con nadie de la salud de Maradona. Nadie me preguntó tampoco qué percibía del paciente, solo le informaba a Cottaro”.

Quiénes declaran hoy

La fiscalía llamó a testificar a la cocinera Monona y a los dos acompañantes terapéuticos que estuvieron en los primeros días de la internación domiciliaria de Tigre.

La mujer estuvo con él hasta el último día. Los otros testigos, sin embargo, fueron echados a la semana.

Un trabajador del equipo expulsado que ya declaró, aseguró que Diego la pasaba bien con ellos y que la decisión fue de su entorno. “Todos hablaban por Diego pero Diego nunca hablaba”, expresó.

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“No sé”. “No me acuerdo”. “Si, puede ser”. “Creo que no”. Esas fueron las respuestas que más repitió Milagros Rodríguez, alias “Monona”, durante su extensa declaración en el juicio por la muerte de Maradona. Se trata de la cocinera de Diego, quien vivió con él en la internación domiciliaria de Tigre hasta su fallecimiento.

La mujer estuvo con el Diez todos los días, las 24 horas, durante su última semana de vida. Y por eso mismo era una de las testigos más esperadas en el debate oral, donde se juzga a siete imputados por su responsabilidad en el fallecimiento. Sin embargo, sus reiteradas evasivas terminaron ubicándola como un testimonio, por lo menos, dudoso.

Tal fue así que generó incomodidad y tensión tanto en acusadores, como en querellantes, defensores y jueces. De hecho, los magistrados pidieron un cuarto intermedio a la mitad de su relato para analizar qué postura tomar con ella. Había una realidad: Monona no se estaba contradiciendo y no parecía que estuviera incurriendo en un falso testimonio; pero sí estaba abusando del “no me acuerdo” y así lograba no contestar muchas preguntas clave de las partes.

“Vamos a seguir escuchándola, pero la notamos cautelosa. Necesitamos que responda con el mayor grado de detalle de lo que pasó. Nosotros pensamos que hay circunstancias que usted puede relatar con más detalles. Porque por sus ‘No me acuerdo’ parece que estuviera eludiendo la respuesta, evadiendo. Si usted llega a ser reticente, tendríamos que adoptar otra postura, porque usted está declarando bajo juramento de decir la verdad y omitir es ocultarla”, le advirtió el presidente del tribunal, Alberto Gaig.

Ella se justificó: “Es que me preguntan cosas y yo quiero decir la verdad, pero no me acuerdo. Pero bueno, ok”.

La cocinera Monona estuvo con Maradona durante toda la estadía del Diez en la casa de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020. Dormía ahí, con otros cinco empleados fijos que estaban siempre en el domicilio. “Yo trabajé para Diego como empleada doméstica en la época de la pandemia y un poquito antes. Limpiaba la casa y hacía la comida. Maradona me decía qué comer y esas cosas”, explicó sobre su rol.

La mujer fue testigo de todo lo que pasó en esa vivienda: quiénes fueron, quiénes no, qué hacía cada uno, cómo estaba Diego. Incluso fue quien le hizo RCP cuando se descompensó. Sin embargo, a pesar de que la citaron a declarar en el juicio por el fallecimiento del ex DT, cuando le preguntaron por ese día sorprendentemente respondió: “No quiero hablar de eso, me genera mucha tristeza, me hace mal recordar”. El fiscal Patricio Ferrari le explicó tenía que hacerlo igual.

Entonces accedió: “Era la mañana, me desperté como siempre, desayuné, estábamos abajo y después vinieron los médicos, la psicóloga (sic) y el psicólogo que le tenían que dar los remedios. Diego estaba durmiendo supuestamente. Ellos entraron a darle la medicación, salieron y dijeron que Diego no se despertaba. Después entró el sobrino y no, no se despertaba. Y después entramos todos: yo, el de seguridad, y tratamos de hacerle reanimación con Cosachov”.

Y especificó: “Ella (por Cosachov), la enfermera Dahiana, el de seguridad y yo le hacíamos RCP mientras las personas que estaban se ve que llamaban a alguien, a la ambulancia. Yo le hacía respiración boca a boca y nos íbamos turnando. La psicóloga le hacía en el pecho, el de seguridad, la enfermera Dahiana y yo, boca a boca”.

Su relato continuó: “Después vino un médico vecino, una ambulancia con otros médicos y nosotros salimos de la pieza y ellos seguían intentando. Y después seguían viniendo ambulancias, pasando gente, venían los familiares, todo. Y después dijeron que Diego no reaccionaba y que había fallecido”.

Al ser consultada por el fiscal Ferrari sobre cómo encontró a Maradona el día de su fallecimiento, Monona se limitó a decir: “Él estaba como acostado, dormido. Estaba frío”.

El representante del MPF luego le preguntó a Monona cuando fue la última vez que vio con vida a Maradona, un dato clave para el caso: “La noche anterior fue la última vez que vi vivo a Maradona. Estaba en la pieza y me pidió que le lleve un té y sanguchitos y después le iban a dar la medicación”. La cocinera, sin embargo, no pudo especificar horario.

Entonces intervino el juez Alberto Gaig y le dijo: “Es muy importante que usted trate de recordar, estamos en un juicio y hay siete personas acusadas de homicidio. Porque todo ‘No me acuerdo, no me acuerdo’. Tiene que hacer un esfuerzo”.

El magistrado le reiteró: “Usted no recuerda nada. No le quiero advertir, pero es raro que no se acuerde. Lo habrá recordado varios días de su vida. Le pregunto si sigue teniendo relación o si trabaja con alguien o para alguien del entorno Maradona”.

Monona contestó: “Maxi Pomargo (secretario de Maradona) es el padrino de mi hija. Pero yo trabajo en una fábrica de zapatos”. El juez le explicó: “Yo le pregunto porque la noto con temor”.

La declaración de la cocinera dejó más confusiones que certezas. De tantos “no me acuerdo” o “puede ser”, nada de lo que dijo quedó demasiado claro. Ni siquiera pudo confirmar que le cocinó los camarones que comió el Diez durante su estadía en Tigre que le provocaron una descompostura y dieron lugar a la intervención del clínico imputado, Pedro Di Spagna, que solo fue al domicilio para revisarlo por ese cuadro.

Lo único que sí aclaró es que ella cocinaba lo que Maradona pedía. Y que la mayoría de las cosas no eran estrictamente saludables.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a nueve años de prisión contra Pablo Gabriel Torres Lacal, el conductor de la lancha que en marzo de 2016 embistió a otra embarcación en el Delta de Tigre y provocó la muerte de Manuel Storani, hijo del dirigente radical Federico Storani; de la madre del menor, Ángeles Bruzzone, y de Francisco Gotti, un amigo del condenado. Su detención se había dispuesto para el momento en que el fallo adquiriera firmeza.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos de la defensa para buscar la revisión de la sentencia y la pena dictada. Con este fallo, la condena quedó firme.

Según las actuaciones del caso, ese 31 de marzo de 2016 a la medianoche Manuel Storani (14 años) viajaba junto a su madre Ángeles y otras cuatro personas arriba de la lancha Mad II por el Canal Vinculación. De repente, sin luces y por medio del cauce, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Torres Lacal, quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y otro amigo más.

No hubo tiempo de reacción: el impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad, dando en el medio del Mad II, justo del lado donde estaban ubicados Manuel y Ángeles, quienes fallecieron junto a Gotti.

De acuerdo a declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”. Los resultados toxicológicos dieron en cero, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas. Estaban yendo a un bar en el Delta.

El juicio a Pablo Torres Lacal llegó más de siete años y medio después de la trágica madrugada en el Delta de Tigre. Tanto Federico Storani como los amigos del colegio de la víctima se presentaron con carteles: “Justicia por Manu”. La defensa buscó plantear que había sido un accidente inevitable.

A fines de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años. La defensa apeló el fallo, pero fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En octubre del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena. En ese marco, el recurso extraordinario en queja fue presentado ante el máximo tribunal en busca de revocar la decisión. Pero la Corte Suprema también desestimó el pedido.

Tras conocerse la condena en noviembre de 2023, Federico Storani había dicho que sentía una sensación de “alivio”, aunque aclaró que el fallo no podía reparar la pérdida de su hijo y de su ex esposa.

“Siento alivio, pero no puedo estar contento porque nadie me va a devolver la vida de Manuel y Ángeles”, afirmó entonces el dirigente radical. También calificó la sentencia como “ejemplificadora” y destacó que la Justicia hubiera considerado el caso como un homicidio con dolo eventual.

Storani sostuvo además que la conducta de Torres Lacal había demostrado un “desprecio por la vida” de terceros y cuestionó las sucesivas apelaciones presentadas por la defensa durante el proceso judicial.

La imputación incluye abuso sexual agravado, delito que prevé una pena de entre seis y quince años de prisión. “Necesito recuperar mi vida. Está en pausa”, dijo por las demoras del proceso judicial.

La causa llega a juicio oral tras un recorrido que Candia describió como extenuante. Fue ella quien, sin representación letrada propia, sostuvo el proceso desde el inicio. “Yo colaboro con la Fiscalía, no soy querellante, yo me hice cargo de mi propio proceso”, explicó.

La relación con Mazzini duró más de cuatro años. La violencia, según su relato, comenzó en 2020 y se extendió hasta el 14 de marzo de 2022, fecha en que marcó un quiebre definitivo.

Ese día, tras una discusión que volvió a escalar, Candia llamó al 911. El personal policial se presentó en su departamento y, según su testimonio, delante de los efectivos, Mazzini intentó disuadirla de avanzar con una denuncia. “Delante de la Policía me dijo que no haga la denuncia y que lo solucionábamos nosotros. Pero yo seguí”, relató.

Los policías separaron a la pareja: a él lo dejaron en el comedor, a ella la llevaron a la cocina, precisamente para evitar que la presionara. Al día siguiente, Candia se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y describió 19 episodios de violencia ocurridos durante la relación: amenazas, lesiones, hostigamiento, intimidaciones e instigación al suicidio. Un año después, el 8 de marzo de 2023, amplió la denuncia con cuatro hechos de abuso sexual ocurridos entre 2020 y 2022.

La carátula del expediente refleja la magnitud de los hechos denunciados: abuso sexual con acceso carnal, instigación al suicidio, amenazas, amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo.

La acusación fue respaldada por un volumen extenso de pruebas reunidas por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°18, a cargo del fiscal Adrián Grassi, que elevó el caso a juicio oral en mayo de 2025. El expediente incluye videos, audios, mensajes de WhatsApp, historias clínicas, informes psicológicos, registros de llamadas, documentación de la OVD y testimonios.

Pero antes de llegar a esta instancia, el camino estuvo sembrado de obstáculos. La fecha original del debate oral era el 20 de abril. Diez días antes, Mazzini presentó un escrito para solicitar la suspensión, alegando compromisos de su abogado defensor. “Mi juicio no debería estar acorde a la agenda del abogado de la defensa técnica. A mí no me lo suspende la Justicia, es un pedido de Mazzini 10 días antes porque el abogado tiene otros compromisos. Pero no es mi culpa”, expresó Candia con evidente frustración en diálogo con Infobae en Vivo.

Esa suspensión fue la que la llevó a hacer público su caso. “Cuando me suspenden el juicio, yo colapsé. Vengo luchando mucho por esto. Ahí es cuando yo hago público mi caso y pido, por favor, que no suspendan el juicio”, dijo. Las nuevas fechas quedaron fijadas para el 3, 6 y 8 de julio.

Al margen del calendario judicial, el testimonio de Candia recorre el interior de una relación marcada por el ciclo de la violencia. La conoció por internet. Al principio, según describió, era una persona completamente diferente. “Cuando comienza la violencia, teníamos semanas de estar muy bien y otras de estar muy mal. Y yo siempre tenía la esperanza de que termine la violencia”, recordó.

No convivían, pero la dinámica de control era permanente. Contó que después de cada episodio venía el pedido de perdón y lo que los psicólogos le explicaron como la “luna de miel”: ese período de calma relativa que alimentaba la esperanza de que la situación cambiara.

Lo que Candia describió con más detalle fue el mecanismo de manipulación psicológica que Mazzini ejercía sobre ella. Él se valía de su condición profesional como herramienta de dominación. “Yo soy un prestigioso cirujano del Hospital Italiano y si te digo que estás loca, estás loca, eso no pasó”, le decía, según relató. Cuando la golpeaba contra la pared, le preguntaba: “Lorena, ¿por qué te golpeás sola?”.

El maltrato siempre ocurrió en privado. Con el tiempo, Candia quedó aislada de amigos y vínculos. “Yo llegué a creerle, porque yo ya estaba aislada de mis amigos, de mis vínculos. Yo me quedé sola”, reveló.

Ese aislamiento fue el terreno sobre el que creció la duda. “Me costó mucho sacarme esta sensación de que la loca no era yo. Yo creí que estaba loca”, dijo. Y fue precisamente una confesión de Mazzini la que terminó de quebrar esa duda: “Cuando él dice ‘cómo te puedo resarcir por todo el mal que te hice’ y reconoció todo, en mí hubo algo que se despertó y llamé a la Policía”.

Aun así, el miedo no desapareció con la denuncia. El 14 y 15 de marzo, Mazzini la llamó en reiteradas ocasiones para que desistiera. “Nadie te va a creer”, le había dicho antes. “Realmente yo pensé que nadie me iba a creer”, admitió Candia.

Las consecuencias físicas y emocionales del proceso quedaron expuestas en su relato. Dejó de trabajar, desarrolló ataques de pánico, crisis de angustia, incontinencia y un aislamiento que la alejó de todo su entorno. “No volví a tener una pareja, le tengo miedo a los hombres, me es difícil vincularme con la gente”, contó. A sus 47 años, describió una vida en pausa: “Tengo 47 años. No puede ser que yo padezca de incontinencia cuando estoy muy mal, o que esté angustiada o que tenga dolor de pecho todo el tiempo”.

“Hace 4 años, tres meses y 4 días que estoy luchando para llegar al juicio oral. Yo no pido un privilegio, pido un derecho como denunciante”, cerró Candia ante Infobae en Vivo. Su pedido fue que el caso se visibilice y que haya una condena.

Osvaldo Fassetta, uno de los tres detenidos en la causa por el femicidio de Agostina Vega, fue indagado este jueves por el fiscal Raúl Garzón. Durante la audiencia negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar. En ese contexto, la Justicia resolvió mantener sin cambios la imputación por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género, según informaron fuentes judiciales.

La decisión era seguida con expectativa porque existía la posibilidad de que el fiscal agravara la acusación. Sin embargo, según pudo saber Infobae, Fassetta continuará detenido bajo la misma calificación y regresará al penal de Bouwer, donde permanece alojado desde su arresto.

Fassetta, de 47 años, residía en una habitación ubicada en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, Claudio Barrelier asesinó a la adolescente de 14 años. Por ese motivo, para los investigadores resulta poco probable que no haya advertido movimientos o ruidos dentro de la casa.

A su vez, los investigadores buscan determinar si fue él quien mantuvo contacto conla madre de Agostina, Melisa Heredia, durante las primeras horas de la búsqueda de la joven. Según la hipótesis de la fiscalía, Fassetta podría estar detrás de una serie de llamados y mensajes enviados a la mujer con el aparente objetivo de llevar tranquilidad mientras la menor ya era intensamente buscada. Entre esos contactos figura una comunicación en la que una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

En diálogo con los medios, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, volvió a sostener que Fassetta es inocente y explicó que la decisión de abstenerse respondió a diferencias con la forma en que los hechos fueron descriptos en la imputación. Según indicó, solicitará una ampliación de indagatoria para que su cliente pueda brindar su versión completa y responder preguntas ante la fiscalía. “Los hechos no estarían descriptos de la forma en que sucedieron”, sostuvo el letrado, quien aseguró además que Fassetta se encuentra “muy golpeado” por su situación procesal.

Medina Allende también cuestionó la hipótesis principal de la causa e insistió en que deberían explorarse otras líneas investigativas, incluida una posible venganza. Sin embargo, tanto la fiscalía como los investigadores sostienen que no existen elementos que respalden esa teoría y mantienen como principal hipótesis la de un abuso sexual seguido de femicidio

La investigación continuará este viernes con la indagatoria de Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier e imputada también por encubrimiento agravado. La mujer está acusada de haber facilitado el Ford Ka negro que, según la reconstrucción judicial, fue utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde fueron hallados.

Andreani estuvo internada bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental, según informó su defensora, Marina Romano. En los últimos días, además, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se la observa junto a Barrelier y al Ford Ka horas después del crimen.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia criminal investigada. Los investigadores creen que Barrelier no actuó completamente solo y que tanto Fassetta como Andreani habrían colaborado en maniobras posteriores al crimen destinadas a ocultar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también espera recibir en los próximos días nuevos resultados periciales, entre ellos los estudios psicológicos realizados a Barrelier. A eso se suman las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, consideradas claves para reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los imputados antes y después del crimen.

Los delincuentes huyeron perseguidos por la Policía Bonaerense. Se escabulleron hacia la zona de la villa La Cava. Luciano Ezequiel Pérez fue el primero en caer. Llevaba bolsos, mochilas y carteras. Al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentos que correspondían a la casa del jubilado asesinado. Tatiana Nicole Giménez, otra sospechosa, cayó poco después.

Los investigadores de la Bonaerense llegaron a la casa para inspeccionarla. Ninguna entrada había sido forzada. Una traición parecía evidente. Mientras tanto, el último prófugo en esta historia seguía suelto.

En las últimas horas, la División Homicidios de la PFA capturó con su brigada de detectives de élite a Sergio Alejandro Sena, el último sospechoso. Sena tenía un vínculo con esa casa. La conocía bien: su madre era el ama de llaves de Cocozza.

Sena se negó a declarar ayer miércoles en el marco de la causa en su contra, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb y de la secretaria Cecilia Bongiovanni. Se lo acusó del homicidio criminis causa del jubilado: los investigadores creen que mató a Cocozza para que evite delatarlo.

Su madre, por lo pronto, no se encuentra bajo sospecha en el caso, afirman fuentes del expediente.

Sena, de 23 años, que se había registrado como remisero en ARCA años atrás, fue capturado en la esquina de Honorio Pueyrredón y Apatamas, en la zona de Escobar, mientras vestía una camiseta del club Ittihad de Arabia Saudita. La pista que permitió arrestarlo fue su nueva novia: Sena cometió el error de mostrarse junto a ella en redes sociales.

Esos posteos estaban vinculados al nombre de la novia del sospechoso. Encontrar el domicilio que ambos compartían fue cuestión de tiempo. La pareja, sin embargo, tampoco figura entre los sospechosos en la causa a cargo de la fiscal Chaieb.

Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, indaga hoy por el fiscal Raúl Garzón, quien por ahora lo imputó del delito de encubrimiento agravado.

La expectativa en torno a su declaración crece ante la posibilidad de que reciba una nueva acusación. El martes, Claudio Barrelier, el principal acusado, se negó a declarar. Ante esto, el fiscal agravó la imputación y lo acusó de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y femicidio.

De acuerdo con la investigación, Fassetta tuvo un rol fue importante debido a que vivía en la misma casa que Barrelier, desde hacía 10 meses, lugar en el que fue asesinada la adolescente.

Para la fiscalía resulta poco probable que no haya escuchado ningún ruido en la casa el día de la desaparición de Agostina. A su vez, buscan determinar si Fassetta fue quien le envió mensajes a la madre de la joven durante los primeros días de búsqueda. Eduardo Medina Allende, abogado del acusado, adelantó que su defendido negará las acusaciones en su contra.

Medina Allende insiste en que su cliente es inocente y que no tiene nada que ver con la causa. El letrado, en diálogo con La Voz, aseguró que pareciera que sólo se maneja “la hipótesis de un depravado sexual”. El letrado resaltó que deberían investigarse otras hipótesis, como por ejemplo la de una venganza.

En tanto, la ex pareja de Barrelier, Soledad Andreani, también detenida en la causa por el mismo delito que Fassetta, será indagada mañana.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia criminal investigada. Los investigadores creen que Barrelier no actuó completamente solo y que tanto Fassetta como Andreani habrían colaborado en maniobras posteriores al crimen destinadas a ocultar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también espera recibir en los próximos días nuevos resultados periciales, entre ellos los estudios psicológicos realizados a Barrelier.

A eso se suman las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, consideradas una de las pruebas más importantes para reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los imputados antes y después del femicidio.

Antes de ser detenido, en declaraciones a los medios, el Fassetta sostuvo que era amigo de Barrelier y de Melisa Heredia, madre de Agostina.

Según dijo, la mujer recién comenzó a sospechar de Barrelier cuando se conoció el testimonio del remisero que ubicó a la menor junto al principal acusado. “Ella lo asoció automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó al relatar la reacción que tuvo la mamá de Agostina, cuando escuchó la descripción del hombre que había acompañado a su hija horas antes de su desaparición.

Fassetta vivía en la casa de Juan del Campillo 878 desde hacía 20 días “por un problema familiar”. De acuerdo con su relato, se ausentó de la vivienda durante la noche de la desaparición y, cuando volvió, el domingo 24 a las 12, Barrelier había cambiado un acolchado de la cama. “Habían cambiado mi acolchado”, señaló, aunque aclaró que no observó movimientos extraños ni ingresó a otros ambientes de la casa.

Además, aseguró que en la vivienda se consumían drogas.

Consultado sobre la personalidad del acusado, afirmó que nunca presenció episodios de violencia. “Barrelier no es agresivo”, dijo. También se refirió a la causa iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad calificada. Según contó, el propio acusado le aseguró que había sido víctima de una falsa denuncia. “Me dijo que le quisieron hacer una cama y no les salió”, recordó.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el pasado 30 de mayo, cerca de las 17, durante un control de rutina que suelen realizar agentes de la División Patrulla Control de Accesos Sur, en las inmediaciones del Destacamento Olímpico de la policía porteña.

En ese contexto, los agentes detuvieron la marcha de un Renault Logan gris, registrado en una aplicación de viajes, donde viajaban el conductor y un pasajero que llevaba consigo una mochila roja.

Al notar la presencia policial, el hombre que viajaba en el asiento trasero exhibió signos de nerviosismo, lo que llamó la atención de los uniformados.

Ante el pedido de los policías para que presentara su DNI, el pasajero no solo se negó a identificarse, sino que descendió del vehículo y emprendió la fuga a pie rumbo a la avenida 27 de Febrero, con dirección al Puente La Noria.

Durante la intensa persecución, el hombre ingresó a la Reserva Ecológica y se arrojó al arroyo Cildañez desde una altura de 8 metros.

El sospechoso nadó y pudo avanzar unos metros, pero en el trayecto perdió su mochila.

“El masculino se está ahogando, no hace pie”, se escucha decir a un agente en el video que encabeza esta nota.

Finalmente, los efectivos lograron recuperar el bolso, mientras que el sospechoso, identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años y con domicilio registrado en la provincia de Jujuy, quedó imposibilitado de salir del agua por sus propios medios. Personal de la reserva colaboró en el rescate, tras lo cual se procedió a su inmediata detención.

La apertura de la mochila, realizada en presencia de testigos, permitió constatar la existencia de 16.000 dólares y 2.991.000 pesos, sumas que Peñaloza no pudo justificar, y un cuaderno con anotaciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Sur, encabezada por el fiscal Gastón Favier, quien ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de desobediencia y dispuso el secuestro de la suma encontrada y del cuaderno.

Por su parte, el conductor del auto fue notificado en carácter de testigo, mientras que la investigación continúa para establecer el origen de los fondos.

La jueza Florencia Alfonso, a cargo del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores de La Rioja, procesó a una pareja por el crimen de un niño de 12 años cometido en 2024.

Los imputados son la media hermana del menor, Brisa Soria y su pareja, Mauricio Vergara (en aquel entonces ella tenía 17 y él 21 años). Ambos están acusados de ser los coautores del homicidio agravado por alevosía de Emir Paz, en la localidad de Vichigasta.

Por la resolución de la magistrada podría caberle a los dos acusados una pena de prisión perpetua. A esta medida, se sumó la prisión preventiva para ambos y el embargo preventivo sobre sus bienes.

El cuerpo de Emir fue hallado sin vida el 25 de febrero de 2024 en su propia vivienda del barrio San Pablo. Tenía una herida de arma blanca en el cuello y la autopsia determinó que murió por un shock hipovolémico. Los investigadores constataron que la muerte ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada de ese día.

En un primer momento, la hipótesis apuntó a que se trataba de un homicidio en ocasión de robo, pero poco después la investigación se corrió de eje. Las autoridades supieron que el niño —quien estaba bajo el cuidado de la procesada— había recibido una puñalada al intentar defender a su hermana durante una discusión con su novio. Esa versión fue la que finalmente avaló la jueza Alfonso al dictar el procesamiento.

El fallo se apoyó en un cuerpo probatorio que la Fiscalía y la querella consideraron sólido. Los informes forenses de ADN confirmaron la presencia de rastros genéticos de ambos sospechosos en la escena del crimen y en relación con la víctima. A eso se sumó el análisis de más de 100 fojas de registros de comunicaciones, que permitió reconstruir los movimientos de los imputados en las horas posteriores al hecho.

“Las coartadas presentadas por los imputados, quienes intentaron argumentar que se trató de un hecho de robo, fueron totalmente desvirtuadas por pruebas y elementos contundentes”, afirmó el abogado querellante Ricardo Chamia, de acuerdo al portal de noticias Nueva Rioja.

Durante la audiencia indagatoria, la familiar de la víctima—trasladada desde la ciudad de Belén, provincia de Catamarca— brindó una breve declaración, mientras que Vergara optó por guardar silencio, amparado en su derecho constitucional.

Según indicó Medios Rioja, del proceso participaron el abogado defensor Rafael Ocampo, en representación de Vergara, y la letrada Carolina Elizondo, por parte de Soria. Ahora, la defensa tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Cámara, aunque desde la querella se mostraron confiados en que la medida será ratificada. “Este procesamiento es el resultado que esperaba la comunidad de Vichigasta”, señaló Chamia.

Con esta decisión, la causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio oral. Se espera que en los próximos meses la Justicia riojana fije las fechas para la instancia de debate público, donde también se buscará determinar el móvil preciso del crimen.

En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo, el letrado se refirió al hecho que terminó con la muerte del niño y apuntó contra Soria. “No sabemos qué desencadena la situación, pero sí que él quiso defenderse. Fue brutal porque ellos quisieron ocultar lo que habían hecho”, explicó Chamia en La Red La Rioja.

“Nunca imaginé tener que escribir esto tan triste con uno de mis niños, mi querido Emir”, había escrito la maestra del nene asesinado tras conocer la noticia, y manifestó: “Es una aberración lo que sucedió. Por Dios. No solo te mataron físicamente, sino tu alegría, tus ganas de vivir, tu pasión por tu Boca querido, tus sueños, tus deseos, tus proyectos. Dejaron a una familia sin su hijo, a su seño sin su alumno, a sus amigos sin Emir, a su pueblo sin un hermoso adolescente”, decía la publicación en las redes sociales.

Esa misma noche los vecinos de Vichigasta y de la localidad de Chilecito salieron a marchar en reclamo de Justicia. La concentración terminó frente a la comisaría de la ciudad y se extendió hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, el padre del niño habló con un medio local y reconoció que por entonces circulaban múltiples hipótesis sobre lo ocurrido, aunque admitió que la familia todavía no tenía certezas. Sobre la línea que apuntaba al novio de su hija, fue cauto: “Al novio de mi hija, nunca lo vi agresivo. No sé qué pasó”, dijo.

El comisario Hugo Escudero decía sobre lo ocurrido: “Estamos ante un hecho aberrante, que nos indigna y nos duele a todos. No vamos a descansar hasta encontrar al culpable y ponerlo a disposición de la Justicia”.

Un hombre enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión tras ser acusado de nueve violaciones a las hijas de su ex pareja en Villa Mercedes, provincia de San Luis. El expediente fue elevado a juicio oral, por lo que todavía queda pendiente definir la fecha de las audiencias.

Los hechos investigados ocurrieron cuando las menores —de menos de 12 y 5 años al momento de los ataques— se encontraban bajo la custodia del acusado. Según consta en el expediente, la denuncia fue radicada por la madre de las víctimas, lo que agrava la situación procesal del imputado.

La mujer presentó la denuncia luego de que detectara presuntas situaciones de abuso, lo que dio lugar a la apertura de la causa judicial. Según la hipótesis de la Fiscalía, los ataques habrían ocurrido de manera continuada durante el tiempo en que las nenas vivían bajo el mismo techo que el acusado.

De acuerdo con la información publicada por Diario de la República, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión para el procesado, calificando los hechos como abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con las víctimas. Además, la acusación consideró que la reiteración de los ataques y la edad de las damnificadas como agravantes centrales.

Por su parte, la defensa del acusado cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía, tras haberla calificado de “exagerada”. A pesar de esto, la elevación a juicio ya fue confirmada y resta únicamente que el tribunal fije la fecha para el inicio del debate oral.

Actualmente, el imputado permanece detenido en la cárcel provincial a la espera del proceso. La resolución definitiva sobre la responsabilidad penal y la eventual condena será determinada por el tribunal que quede a cargo de la celebración del juicio oral.

Un docente abusó de nueve alumnos, pero fue condenado a cuatro años de prisión

El docente José Naim Jofré Emin fue condenado a cuatro años de prisión en Mendoza tras confesar ante la Justicia que abusó sexualmente de nueve alumnos de entre 11 y 13 años en la escuela primaria Rubén Darío de El Desaguadero, donde trabajó entre 2022 y 2024. El caso salió a la luz a mediados de 2024 durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI).

La sentencia, dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°1 de la tercera circunscripción, recayó sobre nueve hechos de abuso sexual simple agravado por la condición de encargado de la educación, todos en concurso real. El acusado tenía 37 años y admitió los hechos en una audiencia preliminar al juicio oral, tras un proceso que incluyó la denuncia inicial de otra maestra y la investigación penal correspondiente.

Todo comenzó cuando un estudiante relató en una clase de ESI lo que ocurría y señaló directamente al docente como responsable, lo que derivó en la denuncia de los padres de un total de nueve víctimas. La denuncia original fue presentada de forma online por una colega del acusado.

Según la investigación, el patrón de conducta se repetía: los estudiantes acudían al escritorio del maestro para hacer consultas o pedir ayuda con las tareas, y en esos momentos, Jofré Emin los tocaba en las manos, las piernas y las partes íntimas, conforme relataron las víctimas.

El caso incluyó también un esquema de manipulación psicológica atribuido al docente. Les decía a los estudiantes frases como: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen”. En uno de los episodios más graves, obligó a una alumna a mirar un video pornográfico bajo amenaza de no permitirle izar la bandera si se negaba.

De la misma manera, descubrieron que el docente habría utilizado un relato sobre un supuesto maestro malinterpretado para evitar que los estudiantes hablaran, solicitando explícitamente que no malinterpretaran sus abrazos.

Este planteo generó un pacto de silencio entre los alumnos: “Si habla uno, hablamos todos”. A raíz de esto, las víctimas intercambiaron notas en clase describiendo los abusos, lo que finalmente permitió que las autoridades tomaran conocimiento de la situación.

Cuando se recibieron las primeras denuncias, Jofré Emin fue citado por la Justicia, pero en ese momento solo se le tomó una declaración informativa debido a la falta de pruebas suficientes. Posteriormente, al sumarse nuevas denuncias y declaraciones en Cámara Gesell, el docente abandonó Mendoza y se trasladó a Tierra del Fuego.

El 14 de agosto de 2025, personal de la División Delitos Complejos detuvo a Jofré Emin en la ciudad de Río Grande, tras la solicitud de captura realizada por el fiscal de la causa. El acusado fue trasladado a Mendoza y puesto a disposición del fiscal de La Paz-Santa Rosa, Héctor Gustavo Rosas, quien lo imputó y ordenó su alojamiento en un penal provincial.

Casi diez meses después, el docente confesó los abusos en una audiencia preliminar, reconociendo ante el juez Armando Martínez los hechos denunciados por los padres de los menores. En esa instancia, la defensa y la fiscalía acordaron cerrar la causa mediante un juicio abreviado final, que fue homologado por el magistrado.

Después de que recibiera una pena de cuatro años de prisión por los delitos cometidos, según el sitio MDZ, algunos familiares de las víctimas manifestaron su descontento con el fallo, al considerar insuficiente la condena impuesta al docente.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes revelaron el accionar meticuloso de uno de los asaltantes. Entre los objetos sustraídos se cuentan computadoras, un microondas y herramientas de trabajo esenciales para el funcionamiento diario de la empresa.

Lescano describió la situación como un ciclo sin fin: “Hace bastante tiempo que venimos padeciendo robos de manera constante. Es un juego del gato y el ratón, donde uno pone seguridad, va sobreprotegiendo el lugar de trabajo y ellos siempre le buscan la vuelta”. El testimonio del gerente refleja la impotencia y la fatiga que genera la inseguridad en el sector.

La empresa, ubicada en una zona comercial, ha visto cómo los hechos delictivos evolucionaron en modalidad y audacia. Durante casi seis años de funcionamiento, los robos se limitaban al exterior del predio. “En casi 6 años que estamos acá nunca habían entrado al taller. Siempre fueron robos en el exterior. Se llevaron cámaras, el tanque de agua, caños y hasta el medidor de luz”, relató Lescano. Esta vez, sin embargo, los delincuentes lograron penetrar hasta el corazón operativo de la firma.

De acuerdo con el gerente, los ladrones aprovecharon daños previos en los sanitarios destinados a los clientes para acceder al interior del predio. Utilizando herramientas, realizaron perforaciones en diferentes estructuras hasta llegar a la oficina principal de ingeniería. “Se llevaron todas las computadoras y otras cosas que encontraron a su paso, incluso el microondas”, detalló Lescano sobre el botín, que incluye dispositivos esenciales para la gestión y operación diaria.

Las cámaras de vigilancia registraron la secuencia completa del delito. El hombre que ingresó al local estaba al tanto de la existencia del sistema de seguridad. “Habiendo hecho el boquete, entró arrastrándose, sabiendo que había cámaras con sonido y detector de movimiento. Ingresó arrastrándose y se fue de la misma manera con lo que pudo llevar”, explicó el gerente, subrayando el nivel de planificación y conocimiento previo que exhibieron los atacantes.

Ante la sucesión de hechos delictivos, la empresa reforzó la seguridad con alarmas internas, sensores y barreras perimetrales. No obstante, el gerente reconoció que estas acciones no han logrado frenar la frecuencia de los robos.

La reiteración de incidentes refleja un contexto de inseguridad creciente que afecta tanto a empresas como a clientes y empleados. Lescano manifestó que, a pesar de los esfuerzos de la policía local, la situación no mejora. “El problema excede la capacidad operativa de los efectivos policiales que patrullan el sector”, sostuvo, reclamando una mayor presencia y recursos de las autoridades provinciales.

La seguidilla de robos en la firma de Revisión Técnica Obligatoria puso en evidencia la necesidad de una revisión integral de las políticas de prevención del delito en zonas comerciales. Mientras tanto, la empresa continúa reforzando sus sistemas de protección, aunque reconoce que los hechos delictivos se mantienen con una frecuencia preocupante.

Luego de que fuera declarado culpable de abusar sexualmente de una adolescente, un tribunal colegiado de Neuquén le impuso una condena de 9 años de prisión. A su vez, al unificar esta pena con una condena previa registrada por C. O. J., los jueces fijaron una pena única de doce años de prisión de cumplimiento efectivo.

La decisión fue comunicada mediante notificación electrónica tras celebrarse, la semana pasada, la audiencia de determinación de la pena. En esa instancia, el fiscal del caso, Gastón Medina, solicitó que se impusiera una condena de 11 años de prisión y que, tras el proceso de unificación, se estableciera una pena única de 15 años de prisión efectiva.

Previo a esto, el tribunal, integrado por Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli, había emitido en febrero de este año el veredicto de responsabilidad, por lo que declararon culpable a C. O. J. como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el hecho juzgado ocurrió la noche del 19 de abril de 2023, cuando la víctima, una adolescente de 15 años, se encontró con el imputado y ambos se dirigieron a una obra en construcción ubicada en la calle Salta al 700.

De acuerdo con la Fiscalía, la agresión sexual se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, lo que profundizó la situación de vulnerabilidad de la víctima. Por este motivo, la investigación consideró este contexto al momento de determinar la responsabilidad y la pena impuesta al condenado, tras remarcar que la denunciante se trataba de una menor de edad.

Como parte de la sentencia, C. O. J. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). Además, el tribunal dispuso la reserva de la identidad del condenado con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima.

Dictaron prisión preventiva para el acusado de haber abusado de una nena

Luego de que el video del abuso fuera enviado de forma anónima a organismos municipales de niñez de Añelo, provincia de Neuquén, la fiscal Eugenia Titanti formuló cargos este viernes contra un hombre identificado por sus iniciales L. A. por abuso sexual y corrupción de menores y solicitó que cumpla con una prisión preventiva.

Las imágenes, que comenzaron a circular en grupos de compra-venta de Facebook, mostraban a L. A., un hombre mayor de edad con una relación de confianza con la familia de las víctimas, mientras realizaba actos de connotación sexual contra una nena en distintas áreas de una vivienda. En la grabación también se observa la participación de otro menor, quien sostuvo el teléfono y narró la situación mientras filmaba.

Durante la audiencia, la fiscal Titanti —acompañada por el asistente letrado Luciano Vidal— relató que el acusado tomó a la niña por la cintura, la condujo hasta un dormitorio y realizó tocamientos y besos de índole sexual. Posteriormente, le entregó un cigarrillo y continuó con conductas similares en otro sector del domicilio. Parte de esta secuencia quedó registrada en el video filmado por el otro niño presente.

Por este motivo, la funcionaria judicial acusó a L. A. de propiciar el desarrollo psicosexual prematuro de dos niños, lo que fundamentó la imputación por corrupción de menores. Tras la difusión del video, se generó una fuerte tensión en el barrio El Mirador, donde una multitud se congregó frente al domicilio del sospechoso con intenciones de enfrentarlo e incendiar la vivienda.

Ante esta situación de tensión, la Policía desplegó varios patrulleros tanto en la casa del imputado como en la de la familia de las víctimas para evitar incidentes violentos. La situación permaneció tensa durante la madrugada del jueves, con refuerzo de la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad.

En paralelo, la fiscal Titanti dispuso el allanamiento de la vivienda del sospechoso para secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Como resultado del procedimiento, se concretó la detención de L. A. como medida de coerción.

Entre las pruebas reunidas figuraron informes interdisciplinarios, entrevistas con el entorno familiar, el secuestro de teléfonos durante el allanamiento y una pericia médica forense. No obstante, remarcaron que la acusación está respaldada por la videofilmación incorporada al expediente.

Sobre el pedido de prisión preventiva, la fiscal argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dado que el imputado carece de trabajo registrado y de vínculos familiares cercanos en la zona. Además, restan producir pruebas clave: entrevistas en cámara Gesell a los niños involucrados, pericias sobre los dispositivos secuestrados y el análisis forense del video.

De la misma manera, destacó que uno de los menores reside cerca del domicilio del acusado, lo que reforzó la necesidad de mantener la prisión preventiva. Tras oír a las partes, el juez Marco Lupica Cristo formalizó los cargos y fijó la detención preventiva por dos meses, mientras la investigación penal continuará por un total de cuatro meses.

Un intento de femicidio conmocionó a la ciudad de Jáchal, provincia de San Juan, este miércoles. El caso involucra a un joven de 25 años que fue detenido tras intentar prender fuego a su pareja.

Según información de fuentes judiciales, el agresor, identificado como M. E. M., fue interceptado por la Policía mientras intentaba darse a la fuga.

El hecho se registró cerca de las 13 horas en una vivienda del barrio Virgen de Fátima. Allí, residía la pareja, cuya convivencia terminó abruptamente marcada por este episodio de violencia extrema. De acuerdo con los primeros datos recabados, una discusión doméstica habría sido el detonante del violento accionar del agresor.

La víctima, una joven de 20 años, sobrevivió al ataque gracias a la rápida reacción de su madre. La intervención fue clave para evitar una tragedia mayor y permitió que la joven pudiera alejarse del agresor y pedir auxilio. El caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Norte, a cargo del fiscal Gastón Salvio, quien dispuso la detención inmediata del sospechoso.

En poder del detenido se secuestró tanto el frasco de alcohol utilizado como el encendedor con el que habría intentado iniciar el fuego. Estos elementos fueron remitidos como prueba a la investigación judicial, que se orienta en principio hacia la figura de homicidio agravado por el contexto de violencia de género, en grado de tentativa. Además, se investiga una posible amenaza de muerte hacia la víctima, de acuerdo con lo denunciado por los familiares y la propia joven.

Según informó el portal el Tiempo de San Juan, la joven fue contenida por su familia y por personal policial, mientras la Justicia avanza en la calificación legal y las medidas de protección.

Un hecho similar se registró hace unas semanas en Salta, cuando un joven de 27 años prendió fuego a su pareja. El atacante permanece prófugo, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para encontrarlo, mientras organizaciones y familiares alertaron por la situación crítica en la que quedó la joven.

El hombre, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había sido liberado semanas antes por la Justicia, pese a los antecedentes de violencia de género y a un pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. Tras protagonizar el intento de femicidio, el hombre se fugo y actualmente continúan con la intensa búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con El Tribuno, el presunto agresor había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. En este contexto, la fiscal Claudia Carreras solicitó su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Así, el hombre volvió a agredir a su pareja, rociándola con un líquido inflamable y prendiéndola fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la mujer no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

El caso quedó bajo investigación de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien coordinó las medidas para esclarecer el hecho. Las tareas de campo están a cargo de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El 8 de junio la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión inicial y ordenó la detención inmediata de Carrizo, declarándolo en rebeldía.

Un operativo llevado adelante por fuerzas de seguridad permitió desarticular un punto de venta de drogas en el barrio La Movediza y detener a una mujer identificada como principal responsable de la actividad ilícita. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Misiones al 1900, tras una investigación que se prolongó durante más de cuatro meses.

El inmueble funcionaba bajo la apariencia de un comercio minorista del rubro almacén, utilizado como fachada legal para encubrir la comercialización de estupefacientes. Durante el allanamiento, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil secuestraron una cantidad significativa de cocaína, cuyo valor en la venta al menudeo se estima en casi 2,5 millones de pesos. Además de la sustancia, se incautaron balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos empleados para el fraccionamiento y distribución de la droga.

La detenida, una mujer de 30 años identificada como Ávalos Domínguez, de nacionalidad paraguaya, fue señalada como la responsable del punto de venta y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias procesales correspondientes. La causa está bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo del doctor Gabriel Di Giulio, quien ordenó el allanamiento una vez evaluadas las pruebas reunidas durante los meses de tareas de inteligencia y vigilancia sobre el domicilio.

El operativo contó con la intervención directa de la Fiscalía de Tandil, encabezada por el doctor Marcos Silvagni, quien supervisó las acciones junto a los efectivos policiales especializados en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. La coordinación entre las distintas dependencias permitió la neutralización de este punto de venta, que operaba en una zona residencial y utilizaba un comercio legal como pantalla.

Las autoridades remarcaron que el éxito del procedimiento radica en la labor investigativa sostenida, que permitió confirmar la operatoria delictiva pese al intento de ocultamiento mediante el uso de una fachada comercial. La investigación judicial continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

Otros allanamientos por narcomenudeo en Tandil

Cuatro allanamientos realizados en distintos barrios de Tandil permitieron desarticular una red de venta al menudeo de drogas y derivaron en la detención de dos personas. Los procedimientos se desarrollaron en domicilios de las calles Expedición al Desierto al 300, Maritorena 86, Urquiza 1031 y Machado 36, en el marco de investigaciones por infracción a la Ley 23.737.

La causa fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 22, dirigida por el doctor Adrián Peiretti, junto a las colaboradoras Florencia Molina y Carrizo, quienes coordinaron las pesquisas que culminaron en los cuatro operativos simultáneos. Las órdenes de allanamiento fueron autorizadas por los juzgados de garantías N°1, a cargo del doctor José Alberto Moragas, y N°3, encabezado por el doctor Juan José Suárez.

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil, con apoyo del grupo especializado GAD y la Jefatura Departamental Tandil, llevó adelante los procedimientos. Durante los operativos, los efectivos secuestraron dosis de cocaína listas para su comercialización, marihuana, metanfetamina, una balanza de precisión digital, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado, fue detenido Yonatan Darío Gonnet, de 28 años, y posteriormente se formalizó la detención de Diego José Santiago Curti, de 38. Ambos permanecen a disposición de la Justicia y se aguarda su traslado a una unidad penitenciaria mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades destacaron que los procedimientos respondieron a una labor de inteligencia previa y permitieron atacar distintos focos de venta de estupefacientes en la ciudad, reafirmando la coordinación entre las áreas judiciales y policiales para abordar el narcomenudeo en la región, de acuerdo con la información publicada por El Diario de Tandil.

La Justicia de Río Negro confirmó el 17 de junio la identidad del cuerpo hallado flotando en el río Negro, entre la Isla Jordán y la península Hiroki. Se trataba de Héctor Lucas Llamani, de 32 años, buscado por las autoridades desde fines de mayo. Llamani era oriundo de Salta y residía en el barrio Provincias Unidas de Neuquén.

El descubrimiento cerró casi un mes de incertidumbre, luego de una intensa búsqueda marcada por la dificultad del terreno y las condiciones del caudal del río. La confirmación de la identidad puso punto final a las especulaciones que surgieron en la región desde el momento de su desaparición.

La desaparición de Llamani tuvo lugar el 20 de mayo, cuando intentó robar objetos del interior de una camioneta estacionada en inmediaciones del Parque del Este, en la ciudad de Neuquén. El dueño del vehículo advirtió la maniobra y lo enfrentó, lo que provocó que intentara huir. Por evitar la detención, el hombre ingresó al río y no volvió a ser visto. El cuerpo fue hallado tiempo después en zona rionegrina, por lo cual la investigación pasó a la órbita judicial de esa provincia.

A raíz de la desaparición, se pusieron en marcha varios operativos de búsqueda que involucraron a la Prefectura y a las policías de Neuquén y Río Negro. Los trabajos se desplegaron en ambas márgenes del río, con patrullajes terrestres y rastrillajes costeros coordinados por los equipos de criminalística.

La denuncia formal presentada por la madre de Llamani, el 25 de mayo, permitió intensificar las pesquisas y sumar recursos. Durante la investigación, un amigo del fallecido reconoció haber participado junto a él en el intento de robo, lo que permitió a las autoridades reconstruir en detalle los momentos previos a la huida y orientar los operativos hacia sectores clave del río.

Entre los testimonios recogidos, uno de los más relevantes fue el de un pescador presente en la ribera en el momento de los hechos. Su relato permitió reconstruir la secuencia final: Llamani se arrojó al agua, consiguió salir una vez a la superficie y luego desapareció sin dejar rastro. Las condiciones del río en ese tramo resultaban especialmente peligrosas, con un caudal crecido y temperaturas muy bajas. Además, los investigadores establecieron que Llamani no sabía nadar, lo que redujo aún más sus posibilidades de sobrevivir.

El cuerpo fue localizado el 12 de junio, tras casi tres semanas de búsqueda, en una zona donde la corriente es fuerte y la vegetación ribereña complica la visibilidad. El avanzado estado de descomposición evidenció la cantidad de días transcurridos desde el hecho, lo que impidió la realización inmediata de una autopsia convencional.

Los restos fueron trasladados a la morgue judicial de General Roca, donde se llevaron a cabo los procedimientos forenses para determinar tanto la identidad como las causas de la muerte. La confirmación oficial se obtuvo a partir de pericias dactiloscópicas, que permitieron cotejar las huellas digitales del cuerpo con los registros oficiales y así descartar cualquier duda sobre la identidad del fallecido.

Con el hallazgo del cuerpo en territorio rionegrino, la causa quedó bajo intervención de la Justicia local. El caso generó impacto en la región del Alto Valle, tanto por la secuencia poco habitual de los hechos como por la magnitud y duración del operativo de búsqueda.

Las autoridades judiciales determinaron que la muerte de Llamani se produjo por ahogamiento, tras ingresar voluntariamente al río durante la huida. No se hallaron elementos que indicaran la intervención de terceros. La causa vinculada al hallazgo y muerte quedó cerrada tras la confirmación oficial, aunque el proceso penal por el intento de robo y la posible intervención de otras personas permanece en trámite.

Un hombre de 29 años fue detenido en Bariloche tras una persecución de la Policía de Río Negro, la cual terminó cuando el auto que conducía el sospechoso chocó contra un cesto de residuos en el sector oeste de la ciudad. El hecho ocurrió en la mañana del martes cuando el sistema de videovigilancia 911 RN Emergencias identificó la circulación de un Toyota Etios blanco que ya estaba previamente asociado a diversos delitos.

De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido en marzo de 2026 por el Juzgado de Ejecución Penal 12 de Bariloche, en el marco de causas vinculadas a hechos delictivos anteriores. El sospechoso, identificado como Javier Alejandro Ortiz de 33 años, era buscado por una condena pendiente por robo agravado cometido en banda.

Tras la detección de la camáras, se alertó a la Policía provincial que desplegó un operativo para capturar al sospechoso que involucró varias patrullas y el uso de tecnología urbana. La rápida detección del vehículo fue posible gracias a la integración de las cámaras de videovigilancia y al trabajo conjunto con las patrullas en la calle.

La persecución comenzó en la zona de avenida Bustillo y Book, y se extendió por barrios del sector oeste. Ortiz, al advertir la presencia policial cerca del kilómetro cinco, aceleró y realizó maniobras que pusieron en riesgo a otros automovilistas y peatones. Durante la huida, las patrullas coordinaron acciones a partir de la información transmitida por el sistema de monitoreo.

El trayecto se prolongó por varias cuadras hasta que, en la calle Ojos del Salado, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un cesto de residuos. En ese momento, los efectivos lograron reducirlo y evitar un nuevo intento de fuga. En el interior del vehículo se incautaron equipos de comunicación que, según la investigación preliminar, habrían sido utilizados para vulnerar sistemas de cierre centralizado y alarmas de automóviles.

El procedimiento quedó a cargo del personal de la Comisaría 27° de Melipal, que realizó la detención y la requisa del automóvil. Esta modalidad se encuentra bajo análisis de la Justicia de Río Negro para determinar su alcance y vinculación con otros hechos delictivos en la ciudad.

La verificación de antecedentes confirmó que Ortiz tenía un pedido de captura emitido en marzo de 2026 por el Juzgado de Ejecución Penal N° 12 de Bariloche, en causas de robo. El detenido debía cumplir una condena de seis años de prisión unificada por distintos robos, aunque permanecía prófugo desde que se dictó la sentencia.

La Policía de Río Negro continúa las actuaciones para determinar la posible participación del detenido en otros hechos, particularmente en aquellos en los que se utilizaron dispositivos electrónicos para sortear sistemas de seguridad vehicular. El despliegue coordinado del sistema de cámaras y la intervención de las patrullas resultaron determinantes para concretar la detención.

Un caso reciente en la región profundizó la preocupación por la escalada de episodios delictivos que terminan en situaciones extremas. El 20 de mayo, Héctor Lucas Llamani, de 32 años, intentó robar objetos del interior de una camioneta estacionada en la zona del Parque del Este, en la capital neuquina. Al ser descubierto por el propietario del vehículo, huyó a pie hacia la costa del río Neuquén y se arrojó al agua para evitar ser alcanzado.

El cuerpo fue hallado el 12 de junio entre la Isla Jordán, en Cipolletti, y la península Hiroki, en avanzado estado de descomposición. La identificación se realizó mediante huellas dactilares, ya que la desaparición había sido reportada por la madre del hombre días después de la fuga. Durante la investigación, un amigo de Llamani reconoció haber participado en el intento de robo y aportó detalles a las autoridades. La causa quedó a cargo de la Justicia de Río Negro, que confirmó la identidad de la víctima tras las pericias correspondientes.

A varios días de que un bebé de tres meses fuera internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca producto de que detectaran cocaína en su orina, este miércoles se dio a conocer que presenta buen estado general y se encuentra estable. Además, indicaron que se encuentra acompañado por su madre en el área de Pediatría. Sin embargo, revelaron que esta no fue la primera vez que sufría un cuadro de estas características.

El menor de edad fue ingresado el domingo por la tarde con fiebre y síntomas compatibles con un cuadro respiratorio. Luego de que los médicos le realizaran diversos estudios, el análisis de orina confirmó que había presencia de cocaína.

A partir de esto, los profesionales descubrieron que en la historia clínica se había registrado un ingreso previo del menor, en la que ya había sido atendido por una situación similar. Sin embargo, las fuentes hospitalarias aseguraron que el paciente “ya se encuentra en condiciones médicas de recibir el alta”.

No obstante, la salida del hospital aún no fue autorizada, ya que se espera una resolución judicial que determine cuándo y bajo qué condiciones se podrá concretar el egreso. En ese sentido, según la información obtenida por La Brújula 24, el alta médica estará supeditada exclusivamente a lo que disponga la Justicia.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades consideran que la intoxicación podría haberse producido a través del amamantamiento. A pesar de esta hipótesis, la madre, de 31 años, negó haber consumido sustancias.

Tras el nuevo episodio, el hospital activó los protocolos del Servicio Social y notificó a los organismos competentes. Por este motivo, la custodia y permanencia del niño en el establecimiento dependen de la resolución judicial en trámite. El proceso busca establecer las condiciones de seguridad y resguardo para el menor antes de autorizar el alta.

Abandonaron a un bebé recién nacido en Neuquén: tenía cocaína en sangre

A finales de mayo, un bebé de aproximadamente dos semanas de vida fue abandonado por sus padres en el Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde se le detectó cocaína en sangre, según confirmaron autoridades del Ministerio de Salud.

El recién nacido presentaba un estado general considerado bueno, aunque allegados a la familia señalaron que mostraba síntomas de abstinencia neonatal. Por este motivo, los médicos le realizaron estudios para evaluar posibles secuelas derivadas de la exposición a estupefacientes durante el embarazo, tras activarse el protocolo integral de protección infantil.

Según explicó Mónica Palomba a LU5, la internación puede extenderse entre siete y diez días, o más, mientras se completan controles y estudios. Durante este periodo se evalúa quiénes pueden asumir el cuidado del bebé al salir del hospital.

La primera alternativa es que permanezca con sus progenitores, pero se realiza una evaluación exhaustiva sobre las capacidades de los adultos responsables, considerando tanto el consumo problemático como la presencia de una red familiar de apoyo.

Cuando ningún familiar puede garantizar el cuidado seguro del recién nacido, la Defensoría puede solicitar una medida de protección excepcional ante un juez de Familia, lo que implica que el Estado asuma en forma transitoria la tutela. No se considera una solución definitiva, sino una medida temporal. Si tampoco existen familiares disponibles, se recurre a familias solidarias, incluidas en un programa estatal de alojamiento y cuidado temporal, hasta resolver la situación definitiva del niño.

Horas después del parto, la madre y el padre del bebé se retiraron del centro de salud, abandonando al niño. Según trascendió, ambos progenitores presentarían problemas de adicciones. Por este motivo, la abuela y la tía paternas comenzaron el trámite para obtener la tenencia, mientras la Justicia analiza el entorno más adecuado para el bienestar del menor.

Una amiga de la tía del bebé declaró a LM Neuquén que el hospital se comunicó con su amiga para consultar si podía hacerse cargo del niño. “Le encontraron cocaína en sangre al bebé. El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que sí”, relató.

Según la misma fuente, tanto la tía, de 27 años y con trabajo estable, como la abuela paterna, están dispuestas a asumir la responsabilidad del niño. Además, afirmó que el padre del recién nacido se presentó en el hospital y habría amenazado al personal médico, motivo por el cual se le impuso una restricción de acercamiento.

Respecto al estado de salud del bebé, la mujer indicó: “Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron”. También mencionó que habían realizado una colecta solidaria para reunir ropa, pañales y otros insumos necesarios.

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Facundo Carro y determinó que el hombre condenado por integrar la “Banda del Millón”, que se dedicaba al robo de departamentos en la ciudad balnearia, sea llevado a juicio por un hecho similar cometido en 2025.

En aquel entonces, junto a otros tres individuos, sustrajo 800 mil dólares de la vivienda de una jubilada mientras gozaba del beneficio de libertad asistida. Este miércoles, el Tribunal de Apelación descartó el pedido de sobreseimiento, con lo que la causa quedó habilitada para llegar a debate oral.

La condena anterior había llegado por los asaltos cometidos por la“Banda del Millón" de la ciudad balnearia entre 2022 y 2023. En febrero de ese año, se entregó y posteriormente fue sentenciado tras un juicio abreviado.

Pero el 20 de enero de 2025, Carro recuperó la libertad, bajo el régimen asistido y un mes después, según la acusación fiscal, volvió a actuar. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía y la información recabada por el portal La Capital de Mar del Plata, el 4 de marzo alrededor de las 15.24 un Citroën Cactus negro llegó al edificio Topacio, ubicado en Alsina al 2900, en Mar del Plata. A bordo viajaban Carro, Franco L. —quien permanece en prisión preventiva— y un tercer hombre que todavía no fue identificado. El ingreso se produjo por la cochera mediante utilizando un control remoto.

Estando dentro del edificio, dos de los tres hombres subieron al segundo piso y esperaron a que una mujer de 87 años regresara a la vivienda. Cerca de las 17.30, los acusados interceptaron a la jubilada, la obligaron a entrar por la fuerza, la maniataron de pies y manos y amordazaron. Tras revisar el departamento, lograron abrir una caja fuerte de la que sustrajeron aproximadamente 800 mil dólares y 100 mil pesos.

Luego de concretar el golpe, se dieron a la fuga en el mismo autocon el que habían llegado, mientras un tercero abandonó el edificio con una llave magnética. Horas después, el rodado apareció totalmente carbonizado en la intersección de Rufino Inda y Tripulantes del Fournier, donde los bomberos lo hallaron incendiado.

Una semana más tarde, en el marco de un proceso judicial completamente distinto por otro robo, los investigadores interceptaron una conversación telefónica entre un detenido alojado en una unidad penitenciaria de Río Negro y otro hombre que luego fue identificado. En ese diálogo, surgieron referencias al control remoto de la cochera, al acceso al departamento y a la distribución del botín. Los interlocutores precisaron que el monto real rondaba los 820 mil dólares y que el dinero se dividió entre cuatro personas.

Con ese conjunto de indicios el fiscal Moyano requirió la elevación a juicio de la causa. La Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión al rechazar todos los planteos presentados por la defensa.

El robo en 2023

Carro y A. S. se habían entregado voluntariamente a la justicia a principios de 2023 junto a otro integrante de la organización, cuando la investigación sobre la "Banda del Millón" comenzaba a cerrarse sobre el grupo.

Ambos se presentaron acompañados por su abogado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Desde allí, la Justicia dispuso su traslado a la Unidad Carcelaria 44 de Batán para que fueran indagados por el fiscal Fernando Berlingeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

La banda era investigada por al menos cuatro de estos delitos cometidos en un lapso de seis meses en departamentos del macrocentro y de la zona de Playa Grande. El botín acumulado superaba el millón de dólares, 42 millones de pesos, además de alhajas y joyas. El primer hecho se registró el 28 de julio de 2022 en un edificio de Moreno al 3000; días después, la misma organización volvió al mismo domicilio mientras sus ocupantes estaban de viaje.

El modo de operar de la banda incluía tareas de inteligencia previas para identificar propietarios con grandes sumas de dinero en sus viviendas, y la clonación de llaves para acceder a los edificios. “Hay filmaciones de cámaras de seguridad que muestran a distintos integrantes de la banda merodeando la zona los días previos a cometer los ilícitos”, explicó el fiscal Berlingeri sobre la investigación que se llevó a cabo en aquel momento.

Un asilo de ancianos de la localidad de Sauce, provincia de Corrientes, quedó bajo investigación judicial luego de que se diera a conocer que uno de sus residentes murió por desnutrición. A partir de esto, las autoridades judiciales de Curuzú Cuatiá dispusieron un allanamiento en la institución este miércoles, como parte de una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte.

La denuncia fue presentada por una enfermera que alertó a las autoridades sobre las pésimas condiciones de salud en las que se encontraba uno de los internos, identificado como Luis A.C.. Según advirtieron fuentes vinculadas a la causa, el hombre murió a consecuencia de un cuadro de desnutrición y abandono.

A partir de esto, las autoridades iniciaron actuaciones para recolectar pruebas que permitan determinar si existió responsabilidad penal por parte del personal o la administración del asilo. En línea con esto, la investigación se centrará en verificar las condiciones en las que estaba la víctima antes de morir.

De acuerdo con la información obtenida por El Litoral, los efectivos policiales y los representantes del Poder Judicial participaron del allanamiento en el asilo de ancianos de Sauce. El operativo tuvo como finalidad recopilar documentación, revisar los registros médicos, entrevistar a los empleados y constatar las condiciones edilicias y sanitarias del lugar.

Hace unos meses, la Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Provincia de Chubut clausuraron una residencia en Trevelin por las condiciones de insalubridad extrema en las que se encontraban sus pacientes. En el establecimiento, donde se encontraron plagas de chinches y una extrema vulneración de los derechos de las personas.

La inspección estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Chubut. Mediante este operativo, identificaron la presencia de chinches en las camas donde los jubilados pasaban sus días. El relevamiento detectó además adultos mayores con lesiones compatibles con picaduras de insectos, una situación que comprometía su salud, su descanso y su dignidad.

Ante ese panorama, la Defensoría labró el acta correspondiente y emitió una resolución urgente que ordenó la intervención inmediata del Ministerio de Salud provincial y del Municipio de Trevelin, la clausura preventiva del establecimiento y la reubicación de los residentes para garantizar su integridad.

“La permanencia de personas adultas mayores en condiciones insalubres, con afectación directa a su salud, constituye una forma de violencia institucional y un incumplimiento grave del deber de cuidado, cuya responsabilidad es indelegable por parte del Estado”, señalaron desde el organismo.

La Defensoría anticipó que mantendrá acciones orientadas a la plena restitución de derechos y la protección integral de las personas adultas mayores, en el marco de las políticas públicas de la provincia de Chubut bajo la gestión del gobernador Ignacio Torres.

El TOF tomó la decisión de suspender la audiencia del día siguiente y retomar el juicio con la apertura del debate el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. La razón es que uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo, no se había presentado a la primera audiencia. Fue declarado en rebeldía y ordenada su detención.

Horas después reapareció con un nuevo abogado que tenía tantas condiciones para aceptar el patrocinio que fue descartado por el Tribunal. Ahora será defendido por Juliana Machado, abogada de la Defensoría Pública. A la letrada se le concedieron las 72 horas para que se ponga al corriente del caso que prevé la normativa.

El juzgado federal que interviene en la causa por la desaparición del menor tiene un problema material en su integración. Solo uno de sus miembros es de Corrientes. Se trata de su presidente Fermín Cerolini. Uno de los vocales, Eduardo Belforte, es de Formosa, y el restante, Simón Pedro Bracco, es de Río Negro. Además de este caso, tienen despacho que atender en sus jurisdicciones lo que se suma a que deben viajar.

Cuándo declararían los imputados y los testigos

El juicio se retomará el día 24 por la mañana. Con el debate abierto, deben resolverse primero temas formales. Luego, quedaría habilitada la posibilidad de que los imputados amplíen sus indagatorias.

Una de las declaraciones más esperadas es la de Laudelina Peña, la tía de Loan. Se sospecha que tuvo un rol importante en la desaparición del niño de 5 años aquella tarde del 13 de junio de 2024.

Su abogada, Mónica Chirivin, adelantó al diario correntino Época que su defendida “va a hablar y contestará preguntas”. “Ella no es responsable de la sustracción de Loan y va a hablar en el juicio”, agregó.

Al respecto, la Fiscalía tiene expectativas que estos dichos sirvan para acercarse al fondo de la cuestión: qué pasó con Loan. Si Laudelina y los demás acusados aceptan preguntas de las otras partes “entendemos que podremos indagar a fondo sobre qué pasó, cómo fue, qué hicieron y por qué. Eso puede llegar a tener una respuesta” dijo a Infobae el fiscal de la causa, Carlos Schaefer.

— ¿Alguno podría quebrarse? - preguntó este medio.

— Si responden las preguntas, tengo la esperanza, porque trabajo con esa idea, de que pueda ser así — respondió el titular de la acusación pública.

Quien no declarará es Mónica Millapi. Así lo anticipó en la segunda jornada de juicio su defensor Roberto Hanson. La mujer, que acompañó al menor al naranjal de donde nunca regresó, está en Neuquén con arresto domiciliario, usa tobillera electrónica y se conecta por videollamada con el TOF.

Una vez que se supere esa fase, comenzarán las testimoniales. Los primeros en declarar serán José Peña y María Noguera, los padres de Loan. La exposición de ambos no tiene fecha. La abogada querellante que los representa, María Russo Cornara, inquirió al Tribunal cuándo sería. El presidente del cuerpo no pudo responder, dado que antes deben cumplirse etapas formales. Los progenitores del niño están en la localidad de 9 de Julio, a 176 km de la capital provincial.

La intención es que puedan explayarse tranquilos y que cuenten la mayor cantidad de detalles posibles.

Luego será el turno de Mariano, hermano del chiquito desaparecido. Para más adelante, están listados los otros hermanos: Cristian Ramón; Alfredo Maximiliano; José Omar; César Iván y Fernando.

En una etapa posterior se sumarán las testimoniales de Camila Núñez (prima de Loan y la que desbarató las falsas pistas del botín y del accidente que intentó plantar Laudelina) y Macarena Peña (hija de Laudelina).

También lo harán Catalina Peña, la abuela que organizó el almuerzo en donde no se supo nada más del niño, y los tíos Alberto y Ceferina Noguera.

Qué aspectos formales deben completarse antes

Para llegar a escuchar las indagatorias y testimoniales, el juicio deberá superar dos etapas previas.

Una es la identificación de los imputados, con sus datos personales completos. Para este paso, el Tribunal pidió que estén todos presentes en la sala. La excepción es Millapi, que además de la prisión preventiva y la tobillera electrónica que porta, es responsable de hijos menores. A ella se le permitirá asistir vía videoconferencia.

A la otra se la denomina «cuestiones preliminares».

Incluye planteos de nulidad de aspectos del proceso. Hay defensas que anticiparon “observaciones” a diferencias materiales entre el requerimiento formal de elevación a juicio que elaboró Fiscalía y la síntesis que se leyó en las audiencias.

También contempla reclamos de las partes, como la incorporación de pruebas que fueron rechazadas en instancias anteriores. La defensa de Laudelina anticipó que bregará por una testimonial que fue descartada durante la investigación.

Destrato y agravios de género

No todas las novedades que podrían aparecer en el caso están contenidas dentro del expediente.

Durante el duro y por momentos virulento debate se produjeron dos situaciones que podrían traer consecuencias formales y materiales.

El esquema de un juicio tiene dos bandos: la acusación, donde está la Fiscalía y la querella particular, y las defensas. Más allá de los intereses contrapuestos, las normas éticas de conducta de los abogados y el propio código ponen límites a la virulencia. El juego de partes contiene también la idea de desestabilizar al adversario y congraciarse con el Tribunal.

Durante la segunda jornada del juicio, el abogado jugó al fleje de la divisoria entre lo tolerable y no. Tuvo dos cruces fuertes con Fiscalía. Uno por la mañana y otro por la tarde. En ambos, la acusación pública pidió al TOF que intervenga ante lo que consideró agravio personal.

El primer choque fue con el fiscal Schaefer. Al abrirse la jornada, cuestionó sus capacidades por “dilatar” el debate, la parte sustancial del juicio, y por decir una cosa ante los medios y otra en el recinto.

Al cierre fue más allá: lo trató de “asalariado”. La cuestión en debate era si los abogados defensores podían o no participar vía videoconferencia de las etapas que se vienen. Baqué dijo que a diferencia de Schaefer, que es empleado del Ministerio Público, los abogados privados deben participar en otros juicios. Y no solo en el que se desarrolla en Corrientes.

Pero el punto más oscuro de sus intervenciones no fue ese.

Durante la mañana, la fiscal Tamara Pourcel tomó el micrófono a fin de objetar algo que Baqué decía. Ella es una de las dos fiscales autorizadas por el TOF para intervenir en el juicio. Entonces, el defensor particular dijo desde el otro lado de la sala: ‘No sé quién es esta señora que me habla’. Con esa sentencia, minimizó a Pourcel y su papel en la causa. Ni siquiera la miró al pronunciar la frase. Su vista estaba clavada en el estrado del Tribunal.

La funcionaria judicial no entró en el juego y se presentó con nombre y apellido. Pero su contestación no tuvo eco. Cabe destacar que las partes están identificadas desde el primer momento en el proceso judicial. Por la tarde, la escena se repitió con las calificaciones de Baqué hacia los fiscales, Schaefer y Pourcel, e intentó pedir al Tribunal que intervenga. “No sé quién es esta señora que me habla”, reiteró obviando la información que constaba en la causa y lo que la fiscal le había contestado horas antes.

Ambas situaciones podrían ser causal de una acción por falta a la ética profesional prevista en el trato entre abogados. Esto no es solo algo que prevé la colegiación de los letrados, sino incluso el Código de procedimiento. Además, en el caso de Pourcel, podría sumarse un planteo por violencia de género.

Un operativo realizado en un campo de la localidad de La Criolla, departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos, expuso una presunta situación de trata de personas con fines de explotación laboral que sacudió a la comunidad y encendió las alarmas sobre las condiciones en que se desarrolla parte del trabajo rural en la región.

El procedimiento, impulsado por una denuncia anónima, fue coordinado por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Concordia y con la intervención del Juzgado Federal local.

Según la información publicada por el medio local ElOnce, la investigación se inició a partir del reporte de presuntas irregularidades laborales y habitacionales en el predio. Según los datos reunidos por los investigadores, los trabajadores vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, residiendo en estructuras precarias sin terminar y con acceso deficiente a servicios esenciales. Las primeras inspecciones permitieron constatar que las edificaciones carecían de puertas, ventanas y sistemas de calefacción, una situación incompatible con cualquier estándar de alojamiento digno.

La gravedad de los hallazgos llevó a las autoridades a profundizar la pesquisa. Los elementos recolectados en las tareas preliminares fueron incorporados a la causa, que busca determinar si los hechos investigados pueden ser tipificados como delitos de trata con fines de explotación laboral. La Fiscalía Federal avanzó con el pedido de allanamiento para asegurar pruebas materiales y documentales que permitan esclarecer la situación de las personas involucradas en el caso.

Durante el relevamiento, se constató que las personas vivían expuestas a condiciones ambientales adversas y sin los resguardos mínimos para garantizar su integridad. La descripción de los espacios habitacionales y el estado general de las instalaciones fueron considerados por los agentes intervinientes como “incompatibles con la dignidad humana”, según se informó oficialmente tras el operativo.

Los elementos recogidos durante la inspección fueron incorporados al expediente judicial. El estado de las viviendas fue evaluado como un indicio relevante para determinar la existencia de una posible explotación laboral, en tanto configura una vulneración de derechos básicos establecidos por la normativa argentina y los tratados internacionales suscritos por el país.

Otro aspecto central de la pesquisa fue la revisión de la situación registral de los trabajadores. Los empleados del campo no se encontraban formalmente registrados, lo que suponía la ausencia de cobertura social, aportes previsionales y el acceso a derechos laborales previstos por la legislación vigente. Esta falta de formalización constituye uno de los principales indicadores de vulnerabilidad y facilita la existencia de situaciones de explotación.

En el marco del procedimiento judicial, la Justicia Federal dispuso el secuestro de documentación laboral y otros elementos de interés para el expediente. Las pruebas recolectadas serán analizadas para determinar las responsabilidades de los propietarios o encargados del establecimiento y establecer si existieron conductas que encuadren en la figura penal de trata de personas.

Las medidas adoptadas por la Fiscalía Federal de Concordia buscan garantizar la protección de los trabajadores y el efectivo cumplimiento de los derechos laborales. El avance de la investigación permitirá esclarecer si, además de las condiciones habitacionales, existieron otras formas de vulneración, como jornadas excesivas, salarios por debajo de lo establecido o retención de documentos personales.

La causa judicial continúa en etapa de instrucción y los investigadores analizan los elementos recabados para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

La Justicia de Concordia ordenó este miércoles dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta estafa, que habría ocasionado un perjuicio económico de más de 700.000 dólares.

Los procedimientos se llevaron a cabo en horas del mediodía en una inmobiliaria ubicada en la intersección de las calles Entre Ríos y Paraná, y en la vivienda del principal investigado, sobre calle Asunción al 100.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental, tras una solicitud del fiscal José Arias bajo la autorización del juez de Garantías Francisco Ledesma.

De acuerdo con la información brindada por el portal de la provincia El Once, la causa se originó tras la denuncia presentada en los primeros días del mes por una persona que afirmó haber entregado sumas de dinero al titular de la firma quien le prometía obtener una elevada rentabilidad por esas inversiones.

Según el relato de la víctima, las entregas se hicieron en partes durante un tiempo prolongado, pero cuando el denunciante reclamó la restitución de los fondos no obtuvo respuestas. El monto total denunciado asciende a los 700.000 dólares, tal como pudieron reconstruir los investigadores.

Fuentes vinculadas al expediente y citadas por el mismo portal local precisaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que aún restan determinar varios aspectos de la operatoria denunciada.

Sin embargo, el portal Elentrerios remarcó que no existía documentación formal en gran parte de las operaciones y que los aportes de dinero habrían sido respaldados únicamente mediante pagarés, sin instrumentos que establecieran con claridad las responsabilidades entre las partes.

La fiscalía analiza además los antecedentes del denunciado dado que trascendieron posibles hechos vinculados a la ludopatía.

Tras los allanamientos, las autoridades buscan determinar el alcance real de la presunta maniobra y establecer si existen otras víctimas que aún no se hayan presentado ante la Justicia.

Estafa a un jubilado en La Plata

Un jubilado de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en el barrio La Loma de La Plata, que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos. Los delincuentes, que se presentaron como empleados del servicio de atención al cliente de una aseguradora, lograron obtener sus datos personales y bancarios durante una llamada recibida alrededor de las 10 de la mañana del martes.

Con esa información, los estafadores realizaron transferencias y tramitaron un préstamo online a nombre de la víctima sin su autorización. Según informó el portal 0221, entre las operaciones detectadas figuran una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones a través de aplicaciones digitales que el hombre nunca validó.

El jubilado advirtió el fraude al revisar los movimientos de sus cuentas y constatar irregularidades. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, declaró ante las autoridades policiales. Tras tomar conciencia de lo ocurrido, procedió a bloquear y dar de baja los accesos a sus cuentas bancarias, aunque las principales operaciones fraudulentas ya se habían concretado.

De acuerdo con el mismo portal, la denuncia fue presentada de inmediato ante la Justicia, que tomó declaración a la víctima y solicitó los registros de movimientos bancarios para rastrear el destino de los fondos. Las pericias técnicas buscan identificar los dispositivos y ubicaciones desde donde se ejecutaron las transferencias, así como el recorrido del dinero sustraído.

El caso expone la modalidad conocida como “vishing”, en la que los estafadores se valen de llamadas telefónicas con un tono profesional y conocimiento del sistema financiero para ganar la confianza de sus víctimas antes de vaciar sus cuentas.

Como fruto de una investigación originada por el robo de una motocicleta Yamaha FZ, tres personas fueron detenidas en La Plata luego de que hallaran un presunto desarmadero en funcionamiento. Tras la sospecha de que pudiera tratarse de una actividad ilícita, se abrió una causa judicial por el hecho.

El caso se inició con la denuncia de un vecino de 54 años, quien informó que su vehículo había sido sustraído mientras estaba estacionado en la zona de 38 entre 16 y 17. A partir de esto, los efectivos de la comisaría Cuarta comenzaron tareas investigativas para identificar a los responsables del robo.

Por medio de las diligencias, lograron establecer la identidad de uno de los sospechosos y detectaron varios domicilios presuntamente utilizados para almacenar y desarmar motos robadas. Con esos elementos, solicitaron órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas el martes en diferentes puntos de la ciudad.

Según la información publicada por el medio platense 0221, durante los procedimientos, la Policía recuperó piezas de la motocicleta sustraída, entre ellas cachas negras correspondientes a una Yamaha FZ. Además, secuestraron una gran cantidad de autopartes y repuestos de distintas marcas, junto con numerosos componentes cuya procedencia está bajo investigación.

En los inmuebles allanados también se encontraron tres bicicletas de alta gama con la numeración del cuadro presuntamente adulterada o eliminada. De acuerdo con el parte oficial, las bicicletas recuperadas correspondían a una Ridetech rodado 29 y dos Fire Bird rodado 29.

Finalmente, fueron detenidos M. J. L., L. N. L. y M. Á. L. Actualmente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de La Plata, conducida por la fiscal Ana Medina, que continuará con las diligencias para determinar el alcance de la actividad ilícita y la procedencia de los elementos incautados.

Cayó banda tras robo a una mujer y descubren desarmadero con autopartes ilegales

Un operativo de la Comisaría Norte 1ª de San Justo concluyó con la detención de dos personas y el hallazgo de un desarmadero clandestino presuntamente vinculado a robos automotores en el partido de La Matanza. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 y la UFI N°1 de La Matanza, a cargo del fiscal Luciano Borda, tras el robo a mano armada de un Peugeot 2008 gris.

La investigación se inició luego de un asalto ocurrido en la intersección de las calles Jujuy y Cisneros, donde tres individuos en dos motocicletas interceptaron a una mujer de 53 años cuando ingresaba a su domicilio. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes le sustrajeron el vehículo y otras pertenencias, huyendo del lugar en cuestión de segundos.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa la secuencia del robo y la huida de los delincuentes. A partir de este, el Grupo Táctico Operativo identificó el domicilio donde se ocultaban las motocicletas empleadas y parte del botín.

Durante el allanamiento, los efectivos aprehendieron a Brisa Ornella Ceccotti, de 19 años, y secuestraron un teléfono celular Samsung S23 y la llave de encendido del Peugeot robado, ambos pertenecientes a la víctima. En línea con esto, la inspección reveló la existencia de un desarmadero clandestino en el inmueble.

Allí, se encontraron más de 20 llaves de ignición, 20 puertas, 15 capots, 30 paragolpes, cinco motores y seis cajas de cambios, entre otras autopartes. Además, se hallaron piezas correspondientes a vehículos con pedido de secuestro activo, incluyendo un Fiat 500, una Dodge Journey, un Toyota Etios, un Chevrolet Meriva y un Honda Legend, que habían sido denunciados por robo o hurto en distintas jurisdicciones del conurbano bonaerense.

Durante el operativo se secuestraron también diez butacas, llantas de diferentes modelos y una chapa patente vinculada a otra investigación. Entre las motocicletas halladas figuraban una Honda GLH azul sin dominio colocado y una Kawasaki Versys blanca y negra, esta última con pedido de secuestro activo por un robo denunciado el 29 de mayo en el partido de Morón.

Horas después del procedimiento, los investigadores detuvieron a Kevin Rodrigo Ruiz Saez, de 20 años, quien fue identificado como el conductor de una de las motocicletas utilizadas durante el robo del Peugeot. Según las fuentes consultadas, Ruiz Saez quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego no habida.

Un hombre fue detenido en la madrugada del miércoles del centro de Córdoba, acusado de robar celulares durante los festejos por el triunfo de la selección argentina.

La escena se desarrolló cerca de las dos de la mañana, en las inmediaciones de calle Balcarce al 330, en un contexto de calles colmadas por la celebración futbolística. El hecho encendió la alerta entre los asistentes y movilizó a las fuerzas de seguridad en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Mientras la multitud festejaba, la atención de un grupo de personas se desvió por la pérdida de sus teléfonos móviles. La denuncia inmediata permitió que personal policial interviniera de manera rápida. Las primeras versiones indican que el acusado habría aprovechado el clima festivo y el descuido de los presentes para sustraer varios dispositivos de alta gama.

Según fuentes policiales, el sospechoso intentó evadir a los uniformados al percatarse de su presencia. De acuerdo con el parte oficial, el hombre buscó refugio en una habitación de un hotel cercano, ubicado en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, la maniobra no resultó suficiente para escapar: el individuo fue localizado y aprehendido en pocos minutos por los efectivos en el interior del establecimiento.

El parte policial indica que, tras el operativo, se recuperaron ocho celulares de alta gama que habían sido sustraídos momentos antes. Los dispositivos, según se aclaró, fueron trasladados para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su devolución a los propietarios identificados.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y formalizar la devolución de los elementos recuperados a sus legítimos dueños.

Un padre y su hijo fueron detenidos por robar un local de celulares en Mendoza

Horas a atrás, durante la madrugada del pasado lunes, agentes de la Policía y preventores municipales detuvieron a un hombre y su hijo menor de edad tras confirmar que ambos habían realizado un robo en un local de celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca en el centro de la ciudad de Mendoza. El caso se inició cuando la alarma del comercio alertó sobre la presencia de personas dentro del local.

Los sospechosos violentaron la persiana metálica para acceder al comercio. Una alarma de seguridad se activó mientras ambos permanecían dentro del local, lo que alertó de inmediato a las autoridades. El seguimiento policial se facilitó gracias a la intervención del Centro de Operaciones y Videovigilancia, cuyos operadores lograron detectar a dos personas con las características de los presuntos autores.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo los involucrados caminaron por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Posteriormente, se subieron a un taxi en la calle Godoy Cruz. Con esa información, personal policial y preventores municipales iniciaron un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos a pocas cuadras del lugar.

Personal policial y preventores municipales realizaron el operativo coordinado que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo. Una vez identificados, se confirmó que se trataba de un padre y su hijo menor de edad. El hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición del Polo Judicial, a la espera de que un familiar acudiera a retirarlo.

Las autoridades destacaron que el accionar del sistema de videovigilancia resultó clave para el seguimiento y detención de los implicados. Además, el caso generó comentarios en redes sociales por la relación familiar de los detenidos y el hecho de que un menor estuviera involucrado en el delito. La causa quedó bajo investigación para determinar la participación precisa de cada uno de los detenidos y para establecer si existieron otros posibles involucrados en el hecho.

J. D. A. permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado tras haber sido víctima de una balacera en un barrio de la ciudad salteña de Orán.

Por el hecho, detuvieron e imputaron en las últimas horas a dos jóvenes de 20 y 21 años, como responsables de haber disparado contra el adolescente de 18 años durante el fin de semana.

El ataque se produjo durante la madrugada del domingo en la intersección de la avenida Constituyentes y la calle España, cuando desde un automóvil abrieron fuego contra la víctima, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. El joven fue trasladado de inmediato al hospital San Bernardo, donde continúa bajo asistencia médica crítica.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a los dos detenidos como coautores del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que ambos permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación.

El caso fue inicialmente recibido por la Fiscalía Penal 2 del distrito. Al determinarse la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que asumió la conducción del proceso, de acuerdo a los datos proporcionados por El Tribuno.

Los sospechosos cayeron tras la investigación iniciada por los integrantes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que lograron localizarlos a partir de las diligencias realizadas en las horas posteriores al ataque.

Uno de ellos fue capturado directamente por los investigadores de la UGAP; el segundo fue detenido por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la jurisdicción.

La fiscalía dispuso numerosas medidas de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existieron otros partícipes dado que se desconoce si los jóvenes involucrados viajaban con otras personas dentro del vehículo desde donde se produjo la balacera.

Recibió un disparo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandas

Pocos días después de haberse producido este violento episodio en Salta, en el conurbano bonaerense una joven de 20 años era trasladada a un nosocomio tras quedar en medio de un enfrentamiento a tiros.

La víctima quedó internada en estado crítico también por un disparo en la cabeza durante una violenta pelea entre bandas en González Catán. La joven fue identificada como L. A. S., quien no tenía vínculo alguno con los grupos y quedó en medio del fuego cruzado.

El incidente ocurrió en la noche del martes en la esquina de las calles Sanabria y Chicago, cuando transitaba por el sector al momento en que estalló la pelea armada. Un proyectil la alcanzó en la cabeza y debió ser trasladada de urgencia al hospital Simplemente Evita, donde ingresó sin conocimiento.

Los médicos le practicaron una intervención quirúrgica para descomprimir la zona afectada por el impacto y le administraron la medicación de protocolo. Fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online describieron el estado de la paciente como “muy delicado” y señalaron que la evolución en las próximas horas será determinante para su pronóstico.

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho. La Policía Bonaerense trabaja en la identificación de los responsables del tiroteo a partir de las diligencias iniciadas tras el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Sebastián Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Laferrere, quien caratuló el hecho, en principio, como lesiones graves provocadas por el uso de arma de fuego. Las autoridades aguardan información sobre el estado de salud de la víctima.

Este miércoles 17 de junio se llevó a cabo un megaoperativo contra la explotación sexual infantil en la provincia de Buenos Aires. Bajo el nombre de “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se realizaron 121 allanamientos coordinados y simultáneos en 76 localidades bonaerenses, con el objetivo de desarticular redes de ciberpedofilia, grooming, tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

La acción, que constituye la séptima edición de este tipo de operativos, fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto con fiscales especializados en la temática. La investigación se desarrolló bajo la órbita del Procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand.

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal bonaerense, el procedimiento tuvo como objetivo desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. En ese marco, se investigaron delitos previstos en los artículos 128 y 131 del Código Penal, que sancionan la distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea, conocido como grooming. Además, se buscó desarticular tanto la circulación de contenido ilegal como los contactos directos con menores de edad por parte de los agresores.

La investigación se inició sobre un total de 138 objetivos, lo que derivó finalmente en 121 allanamientos en domicilios ubicados en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Ocho fiscalías especializadas funcionaron como nodos de investigación y detección de los responsables, entre ellas dependencias de General Madariaga, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui y San Isidro.

Como resultado de la operación, se investigó a 111 personas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres, con edades que van desde los 15 hasta los 75 años. Entre los investigados se detectó a dos menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil. Además, se constató que seis de los involucrados trabajan en contacto directo con niños, niñas o adolescentes.

A su vez, los investigadores identificaron 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Uno de los domicilios allanados corresponde a una unidad carcelaria, donde los investigados ya se encontraban privados de la libertad por delitos sexuales contra menores.

Entre los objetivos allanados se identificó a una persona con antecedentes por abuso sexual infantil. Además, una de las investigaciones surgió a partir de un operativo previo por tenencia de material de abuso sexual infantil y permitió detectar a una nueva imputada por producción y distribución de ese tipo de contenido.

Durante los procedimientos se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Además, se realizaron 31 triages o análisis preliminares sobre los dispositivos digitales incautados.

La red de fiscales y ayudantes fiscales que llevó adelante la operación contó con representantes de distintos departamentos judiciales de la provincia. También participaron efectivos especializados de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argentina y diversas divisiones especializadas en delitos informáticos, ciberpedofilia y delitos contra la integridad sexual.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Libertad al 200, donde los efectivos lograron capturar al sospechoso luego de varios meses de búsqueda.

Vázquez integraba la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe y sobre él pesaba un pedido de captura por el crimen de Bracamonte, ocurrido el 9 de noviembre de 2024. Además, se encuentra vinculado a una causa federal por narcotráfico. Las autoridades provinciales ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos para quien aportara datos que permitieran localizarlo.

Fuentes de la investigación indicaron que el detenido está sindicado como el autor material del ataque en el que fueron asesinados Bracamonte y Daniel Raúl Atardo, alias “Rana”, cuando ambos se retiraban de las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito tras un partido de Rosario Central. También es señalado como uno de los presuntos sicarios vinculados a Lisandro “Limón” Contreras, identificado por los investigadores como uno de los líderes de la denominada Banda de los Menores.

La captura representa un avance significativo en una de las investigaciones criminales más resonantes de Rosario. El nombre de Vázquez ya había cobrado notoriedad el año pasado, cuando la Tropa de Operaciones Especiales estuvo cerca de detenerlo durante un operativo realizado en la ciudad entrerriana de Victoria. En aquella oportunidad logró escapar y permaneció prófugo hasta este martes.

Con su arresto, ya son tres las capturas de alto perfil concretadas por las fuerzas de seguridad santafesinas en los últimos ocho días. Antes habían sido detenidos Andrés “Plin” Acosta, en la Ciudad de Buenos Aires, y Samuel Elías Reyes, en la provincia de Córdoba.

La búsqueda de Vázquez se había intensificado en los últimos meses. Sobre él pesaban pedidos de captura tanto de la Justicia provincial como de la Justicia federal, que también lo investiga en una causa vinculada al narcotráfico. Ante las dificultades para localizarlo, las autoridades llegaron a ofrecer una recompensa millonaria para quienes aportaran información sobre su paradero.

Para los fiscales que llevan adelante la investigación, Vázquez integró el grupo que ejecutó el ataque en el que fueron asesinados Bracamonte y Atardo. Con el avance de la causa pasó a ser señalado como el presunto autor material de los disparos que terminaron con la vida del histórico líder de la barra brava de Rosario Central.

Los investigadores también lo vinculan con la banda criminal conocida como “Los Menores”, una organización con fuerte presencia en Rosario. De acuerdo con la hipótesis judicial, Vázquez mantenía vínculos con Lisandro “Limón” Contreras, uno de los referentes de ese grupo delictivo.

La captura se produjo casi un año después del crimen y luego de una extensa búsqueda. Durante ese período, Vázquez logró mantenerse prófugo e incluso escapó de un operativo realizado por la propia Tropa de Operaciones Especiales en la ciudad entrerriana de Victoria, donde estuvo cerca de ser detenido.

Cinco braseros distribuidos en una habitación, ventanas selladas con cinta adhesiva, dos detectores de monóxido ocultos debajo de una cama y una carta de despedida. Esa fue la impactante escena que encontraron los investigadores en la vivienda de General Lagos donde fueron hallados muertos Horacio Nicolás Colombo (46) y sus hijos Gian y Giulia, de 10 y 4 años, según revelaron fuentes judiciales a Infobae. Los elementos encontrados en el lugar refuerzan la hipótesis de un doble homicidio agravado seguido de suicidio.

El hallazgo ocurrió el 15 de junio, cerca del mediodía, en una casa situada sobre la calle España al 900. Todo comenzó cuando la madre de los niños, identificada como V.M., alertó a la policía porque no lograba comunicarse con sus hijos desde la noche anterior. Además, la ubicación de uno de los teléfonos de los menores marcaba actividad en el domicilio paterno. Finalmente, los efectivos ingresaron al inmueble junto a un hermano de Colombo y encontraron los tres cuerpos sin vida dentro de una de las habitaciones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el dormitorio donde yacían las víctimas tenía las ventanas cerradas, las hendijas selladas con cinta adhesiva, el aire acondicionado encendido y cinco braseros distribuidos en el ambiente, lo que generó un espacio herméticamente cerrado. Además, debajo de la cama de los menores hallaron dos detectores de monóxido de carbono.

Para los investigadores, este último hallazgo resulta particularmente perturbador. Según indicaron, los dispositivos le habrían permitido monitorear la concentración del gas en el ambiente y verificar que el proceso se desarrollara de la manera prevista.

Y eso no fue todo. Sobre una mesa encontraron una nota impresa en computadora cuyo contenido incluía manifestaciones de despedida, la imposibilidad de sobrellevar una situación de dolor y la decisión de quitarse la vida junto con la intención de llevarse consigo a sus hijos.

En el entorno familiar existían antecedentes de violencia de género. El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que la madre había denunciado a Colombo en febrero por violencia económica, psicológica y simbólica. Por esa presentación, la Justicia dictó una restricción de acercamiento que protegía a la mujer, pero no a los niños, quienes continuaron con las visitas regulares al domicilio paterno.

El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), explicó que las autopsias establecieron que las víctimas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono. “El ambiente fue acondicionado para impedir el ingreso de aire y asegurar la acumulación letal del gas”, detalló el fiscal.

Los dispositivos de combustión hallados en la habitación habían sido manipulados para arder sin llama, lo que elevó la concentración del gas tóxico. Asimismo, los primeros exámenes sobre los cuerpos no detectaron signos de violencia física. “No hay indicios de agresiones. Las víctimas fallecieron producto de la intoxicación”, precisó Tassini.

En tanto, el director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, indicó que los equipos continúan trabajando sobre los indicios recolectados y remarcó que “todas las evidencias reunidas permiten sostener una hipótesis de trabajo muy sólida”.

Además, confirmó que serán peritados distintos dispositivos electrónicos secuestrados en el domicilio para determinar si el hombre realizó búsquedas vinculadas con la modalidad empleada. “Encontrar a dos niños fallecidos genera una conmoción muy grande en todo el personal policial”, afirmó el funcionario.

En estos momentos, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones analizan las cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para descartar cualquier participación de terceros. El hallazgo de la carta y la disposición de los elementos en la habitación orientan la investigación hacia una acción premeditada y refuerzan la hipótesis de la fiscalía, que caratuló la causa como doble homicidio agravado seguido de suicidio.

Rubén Augusto Lima (55), el portero del Jardín de Infantes Nº 261 “Paulo Freire” del barrio Empalme Graneros, de la zona noroeste de Rosario, que fue denunciado por abusar de varios niños en el interior del establecimiento educativo, finalmente fue llevado a audiencia imputativa. Este miércoles, la fiscal Antonela Valente lo acusó por tres ataques sexuales mientras analiza una docena de presentaciones que se radicaron en la última semana.

Ante el juez penal de primera instancia Rafael Coria, la fiscal de la unidad especializada en Violencias de Género y Delitos contra la Integridad Sexual imputó al portero por abuso sexual simple hacia dos nenes de 4 años y uno de 5 años, a quienes amenazó para que no cuenten a sus padres y madres lo ocurrido. Los detalles de los hechos se resguardaron durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal para proteger a los menores, al punto tal que la prensa no tuvo acceso a la sala.

Lima quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, que se prorrogarán automáticamente hasta la finalización de la audiencia preliminar en caso de que la fiscal presente la elevación a juicio oral antes de que se cumpla dicho plazo.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que por fuera de los tres casos imputados, la fiscal trabaja con varias medidas en simultáneo sobre otras once denuncias más, todas de niños del mismo jardín de infantes.

“Desarrollamos toda una logística donde los niños puedan hablar con las palabras que tienen, con el grado de desarrollo que tienen, en un espacio cuidado. Trabajamos con un equipo de psicólogas que se han puesto a disposición con el Ministerio Público de la Acusación y en forma conjunta se han entrevistado por un lado a las mamás. Y a su vez, a los niños, que contaron con un equipo de psicólogas especialistas”, comentó Valente en conferencia de prensa al terminar la audiencia.

La fiscal agregó que Lima hizo uso de la palabra durante la audiencia, negó los hechos y los pormenores que se dieron a conocer. Consultada sobre su forma de atacar a los menores, dijo: “No puedo dar muchos detalles con relación a ellos porque se trata de menores de edad y en un contexto escolar, sí lo que puedo decir es que hablan los niños con relación a los mismos espacios físicos donde sucedían los hechos”.

“La escala penal va de 3 a 10 años de prisión efectiva. No tenía antecedentes penales. Sí había reclamos administrativos previos o reclamos ante la institución por conductas del señor respecto a los niños”, amplió.

El caso salió a la luz el martes de la semana pasada, cuando una de las víctimas le contó a su madre que el portero lo había violado. Tras una comunicación entre padres y madres de los menores que asisten a ese lugar, Lima fue agredido a la mañana siguiente, el miércoles 10 de junio, y posteriormente fue arrestado por el Comando Radioeléctrico.

Por la extrema tensión que había en el jardín situado en las inmediaciones de Cabal y La República se dispuso un nutrido operativo policial, ya que se habían causado roturas en puertas y buscaban al portero y a las autoridades para confrontarlos. Hubo enfrentamientos, policías y civiles lesionados y personas demoradas en distintas comisarías.

El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino el jardín horas después de los incidentes y de la grave denuncia. Resolvió reemplazar a todo el personal de la institución, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.

La mujer, llamada Carla, aseguró que trabajó en el lugar entre 2020 y 2024 y que fue la propia Andreani quien la incorporó al local. “Fui a trabajar sabiendo que era por un trabajo sexual”, manifestó en una entrevista con El Doce.

De acuerdo con su versión, Andreani administraba los encuentros con clientes, fijaba condiciones y recibía una parte del dinero obtenido por las mujeres. “Esto era un 50 y 50. Un servicio de 5 mil pesos en aquel momento, yo me quedaba con la mitad y la otra mitad iba para ella”, sostuvo.

La mujer también afirmó que Andreani seleccionaba personalmente a quienes trabajaban en el lugar. “Tenías que ser linda, si eras fea no entrabas”, recordó. Además, aseguró que muchas aceptaban las condiciones por necesidades económicas y acusó a la imputada de aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad.

Otro de los puntos más delicados de su declaración estuvo relacionado con la presunta presencia de menores de edad en el local. Según sostuvo, algunas de las jóvenes que realizaban servicios sexuales no habían cumplido los 18 años. Esa afirmación todavía no fue corroborada judicialmente.

Carla también aseguró que Andreani llevaba registros escritos de la actividad. “Tenía cuadernos donde anotaba las salidas de cada una”, señaló.

Respecto del funcionamiento interno del local, describió el lugar como “asqueroso” y afirmó que allí circulaban drogas y alcohol. Según denunció, algunos clientes eran drogados sin su consentimiento y también se comercializaban estupefacientes dentro del establecimiento. “Nosotras sabíamos que les iban a poner drogas en los vasos”, afirmó.

La mujer indicó además que el espacio destinado a los encuentros sexuales estaba ubicado en el primer piso del inmueble y describió el ambiente como precario y en malas condiciones de higiene.

Otro de los pasajes más impactantes de la entrevista estuvo relacionado con su salida del lugar. Carla aseguró que decidió alejarse definitivamente cuando sospechó que Andreani intentó suministrarle drogas sin su consentimiento.

“Un día me empecé a sentir mal. Como yo ya consumía, sabía que me habían puesto algo”, relató. Y siguió: “Desde esa vez que me quiso drogar no volví nunca más”.

En ese sentido, calificó a Andreani como una persona “manipuladora” y “mentirosa”. También mencionó a una mujer conocida como “La Gringa” Ludmila, a quien identificó como presunta socia de Andreani y supuesta pareja de Claudio Barrelier.

Las acusaciones formuladas por la mujer tuvieron repercusión inmediata en la Justicia. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Carla declaró este miércoles ante el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el femicidio de Agostina Vega.

De acuerdo con lo informado por el propio fiscal, los hechos denunciados por la ex trabajadora de Wachitas Bar se remontan al período comprendido entre 2020 y 2023. Por ese motivo, la información aportada en su testimonio será remitida a las áreas especializadas en narcotráfico e integridad sexual para que evalúen si corresponde impulsar investigaciones sobre los presuntos delitos mencionados.

Fuentes judiciales aclararon, sin embargo, que por el momento no existe ningún elemento que vincule las actividades denunciadas en Wachitas Bar con el femicidio de Agostina Vega. En ese sentido, remarcaron que la investigación por el crimen de la adolescente y las acusaciones relacionadas con el local nocturno avanzan por carriles separados.

De momento, Soledad Andreani permanece imputada por encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega y será indagada este viernes por el fiscal Garzón, mientras que mañana será el turno del otro imputado por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta.

Continúa en la provincia de Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, audiencia que comenzó ayer en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería con 17 acusados, 30 abogados defensores y cerca de 200 testigos por declarar.

Hoy, los padres del menor, José Peña y María Luisa Noguera iban a declarar ante el Tribunal Oral Federal, pero el Tribunal decidió que esto se postergue. También iba a testificar Mariano Peña, uno de los hermanos del niño.

Lo más llamativo de la jornada de ayer fue cuando apareció por zoom Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los acusados del denominado grupo del hotel. El imputado aseguró que no pudo viajar a Corrientes porque no tenía dinero ni para costear el traslado ni para contratar un abogado.

El proceso judicial busca establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido hace dos años mientras, en la capital provincial, el inicio del debate convive con otras preocupaciones y perdió centralidad en la vida cotidiana.

Las audiencias no son filmadas ni transmitidas y el acceso al predio tendrá restricciones por un operativo de seguridad.

Casi todos los imputados fueron trasladados a Corrientes capital en los días previos al inicio del debate y quedaron alojados en distintas dependencias cuyos lugares se mantienen bajo reserva por razones de seguridad. El debate oral se realiza fuera del edificio judicial y en instalaciones de Gendarmería.

Chocó el micro que traslada a los detenidos

La extensa jornada del juicio por la desaparición de Loan sumó un episodio inesperado. El micro utilizado para trasladar a los imputados protagonizó un incidente al retirarse del predio donde se desarrolla el debate oral.

Según pudo saber Infobae, el vehículo impactó contra un árbol y rompió el espejo retrovisor derecho. No se reportaron heridos ni mayores consecuencias, aunque el hecho generó sorpresa entre quienes se encontraban en las inmediaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería, donde se realiza el juicio.

El fiscal Schaefer defendió el avance del juicio y se mostró expectante por las indagatorias

El fiscal general Carlos Schaefer relativizó las demoras que marcaron las primeras jornadas del debate y destacó que el juicio finalmente comenzó cuatro meses antes de lo previsto. “En febrero el tribunal nos decía que este debate iba a comenzar en octubre. Estamos a 17 de junio y comenzó hoy. La familia va a tener respuestas por lo menos para esta parte”, sostuvo al término de la audiencia en diálogo con Infobae.

Respecto de la suspensión de la jornada prevista para este jueves, el representante del Ministerio Público recordó que la fiscalía se opuso a la postergación, aunque consideró que los padres de Loan merecen declarar sin limitaciones de tiempo. “La idea es que tengan un día completo, que se les pueda preguntar tranquilos, porque ellos son las víctimas”, explicó.

Schaefer también se mostró expectante por las indagatorias previstas para la próxima semana. Según indicó, algunas defensas ya adelantaron que sus representados podrían declarar. “Más que declaren, nosotros necesitamos que acepten preguntas. Si aceptan preguntas, podemos indagar a fondo qué pasó, cómo fue, qué hicieron y por qué lo hicieron”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que alguno de los imputados aporte información relevante, el fiscal no ocultó sus expectativas: “Yo tengo la esperanza de que eso pueda pasar”.

Cuarto intermedio hasta el miércoles.

Los padres de Loan deberán seguir esperando

La audiencia prevista para este jueves fue suspendida por decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes para permitir que la nueva defensa de Esteban Federico Rossi Colombo pueda interiorizarse en el expediente y preparar su estrategia. Como consecuencia, quedó sin efecto la convocatoria de María Luisa Noguera y José Peña, los padres de Loan, cuyos testimonios eran esperados como uno de los momentos más sensibles del juicio.

Los jueces tampoco confirmaron que ambos puedan declarar el próximo miércoles. Antes de llegar a la etapa testimonial, el tribunal deberá resolver los planteos de nulidad que anticiparon algunas defensas y completar las indagatorias de los imputados. Recién después comenzará la ronda de testigos.

Según pudo saber Infobae, el defensor de Mónica Millapi adelantó que su defendida no declarará. Tiene prisión domiciliaria con tobillera y la cumple en Neuquén donde vive. El Tribunal decidió que, en su caso particular y por tener hijos menores, podrá declarar a la distancia.

El detalle del chaleco antibalas

Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui” es el único de los imputados del grupo que se presentó en 9 de Julio como integrante de la Fundación Dupuy que lleva chaleco antibalas. ¿El motivo? Es el único integrante de esa banda que está detenido. Los demás fueron excarcelados.

Soria se presentó como miembro de Interpol y mostró una credencial. No lo era. Lo que exhibió fue un carné de conductor del estado de La Florida. También dijo que era ciudadano norteamericano pero era otro dato falso. Es oriundo de Wilde y tenía, al momento de su detención, una visa provisoria de residencia vencida

Se leen las acusaciones contra “La banda del hotel”

Tras completar nuevamente la lectura de la síntesis del requerimiento fiscal contra los siete acusados del denominado “grupo del almuerzo”, la audiencia avanzó hacia el segundo expediente de la causa.

A partir de ahora, la secretaría del tribunal expone las acusaciones contra los diez imputados vinculados al grupo que llegó a 9 de Julio presentándose como integrante de la Fundación Lucio Dupuy. Según la fiscalía, esas personas desplegaron maniobras destinadas a entorpecer la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña e influir sobre testigos y familiares del niño.

Una imputada que ejerce su propia defensa

Elizabeth Cutaia, sindicada como una de las cabecillas del grupo que llegó a 9 de Julio días después de la desaparición de Loan como supuestos representantes de la fundación Dupuy, es abogada y se defiende a sí misma. Cuenta con el apoyo de otro letrado, Rodolfo Baque. Por eso está sentada en el estrado de defensores y no en la segunda hilera donde se ubican los imputados.

Al grupo que lideraba Cutaia se lo acusa de haber desviado la investigación al influenciar a menores y mayores que eran testigos del hecho. Incluso montaron una puesta en escena en la que hicieron una reconstrucción de lo ocurrido en el almuerzo del 13 de junio del 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio.

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Se reanudó la audiencia y avanza la lectura de la acusación contra el ex comisario Maciel

El Tribunal Oral Federal reanudó la audiencia y confirmó que la jornada se extenderá hasta las 18. Luego de releer las acusaciones contra Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Pérez, la secretaria del tribunal comenzó a exponer los cargos atribuidos al ex comisario Walter Maciel, acusado de haber entorpecido la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Cuarto intermedio

“Pareciera que se está olvidando cuál es el verdadero punto, que es Loan”, dijo la abogada de los padres del menor a Infobae

La posibilidad de que María Luisa Noguera y José Peña brinden testimonio esta semana quedó atada al avance de una audiencia que volvió a acumular demoras.

La abogada de la familia, María Belén Russo Cornara, expresó su preocupación por el impacto que la situación tiene sobre los allegados del niño desaparecido. “Tengo esperanzas de que hoy se termine todo esto y que mañana María y José puedan declarar”, sostuvo.

La letrada admitió que la jornada del martes fue especialmente difícil para los padres de Loan. “Se perdió prácticamente un día. Es algo que ya se hizo y se está repitiendo”, lamentó.

Russo Cornara también advirtió que las discusiones procesales terminaron desplazando del centro de la escena el motivo por el que se desarrolla el juicio. “El primer día fue muy duro para la familia. Pareciera que se está olvidando cuál es el verdadero punto acá, que es Loan. Empiezan a discutirse distintas cuestiones procesales y lo único que generan son dilaciones tras dilaciones”, afirmó.

Fastidio en la sala

La decisión del Tribunal de volver a leer desde cero el requerimiento fiscal generó fastidio entre varios defensores, que ya habían escuchado durante horas la primera parte de la acusación el día anterior. El abogado Rodolfo Baqué incluso propuso que quienes ya habían presenciado esa lectura pudieran retirarse de la sala mientras se repetía el trámite. El planteo fue rechazado por los jueces.

Mientras avanzaba la extensa lectura, la mayoría de los abogados buscó distintas formas de sobrellevar la espera. Algunos revisaban sus teléfonos celulares de manera constante. El caso más llamativo fue el de Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, que siguió parte de la audiencia con auriculares colocados mientras la secretaria del tribunal repasaba nuevamente el documento acusatorio.

El Tribunal decidió juzgar a todos los imputados en un solo debate y sumó a Rossi Colombo como acusado

Luego de las casi dos horas que duró el prolongado cuarto intermedio, el Tribunal decidió descartar las otras medidas solicitadas por las partes.

En primer lugar, se dejó de lado la alternativa de separar el juicio por la desaparición de Loan, donde hay 7 imputados que participaron en el almuerzo en casa de catalina, del desvío de la investigación, en el que se acusa a 10 personas que llegaron a 9 de Julio sosteniendo que eran parte de la fundación Dupuy.

También se rechazó el planteo de separar a Rossi Colombo de este juicio y juzgarlo más adelante. El Tribunal consideró que sería “una afrenta a la familia de Loan y a la sociedad toda, un dispendio de recursos y abría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias”.

Asimismo, evaluó que no hay afectación al derecho a defensa de Rossi Colombo porque la letrada oficial que lo patrocina tiene las grabaciones a su disposición. Sin embargo, determinó que el único acto que se había empezado a cumplimentar (la lectura del requerimiento fiscal) se retomará desde cero.

Y ordenó que para evitar retrasos en el inicio de las jornadas, los imputados que están en libertad (vinculados con el accionar del grupo que se presentó como parte de la fundación Dupuy) deben estar en la sala de audiencias una hora antes del inicio previsto. De esta manera, descartó el pedido de detención que había hecho fiscalía.

Además, ninguna de las partes objetó la decisión del Tribunal ni hizo reserva de Casación lo que hubiera permitido que una instancia posterior revise esta medida. Por ende, una vez que leyó la resolución, la secretaría comenzó de inmediato a leer el primer resumen del requerimiento fiscal, centrado en lo que ocurrió durante el almuerzo y los primeros días de búsqueda de Loan.

Por todas estas demoras, también se anunció que la audiencia de hoy durará hasta las 18.

Hoy no declararán los padres de Loan

El Tribunal decidió que hoy no habrá testimoniales de José Peña y María Luisa Noguera, los padres del niño desaparecido, algo que estaba pactado para la audiencia de hoy. La decisión se tomó tras el cuarto intermedio que iba a ser de 40 minutos y terminó sumando casi dos horas.

El Tribunal retomó la audiencia y decidió resetear el juicio: se leerá de vuelta el requerimiento fiscal

Para evitar afectar el derecho a defensa de Rossi Colombo, y la posibilidad de que el fiscal no pueda acusarlo, el tribunal resolvió resetear el juicio y releer el requerimiento fiscal desde el principio.

A las 13:05 la secretaria Estefanía Acosta comenzó la lectura de los hechos y delitos que se le imputan a cada uno de los participantes del almuerzo en la casa de la abuela de Loan.

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Extendieron el cuarto intermedio hasta las 12:20 horas

Aún no reanudó la audiencia luego del cuarto intermedio

El Tribunal continúa deliberando para decidir si otorga o no el plazo que solicitó la defensa de Rossi Colombo, lo que paralizaría el juicio hasta la semana próxima y anularía las testimoniales de los padres de Loan previstas para hoy.

Se interrumpió el juicio por el pedido de una abogada

El juicio por Loan Peña se empantanó y se solicitó un cuarto intermedio de 40 minutos. La situación planteada por la ausencia y reincorporación al debate de Esteban Federico Rossi Colombo volvió a trabar la audiencia. La defensora oficial designada para el psicólogo, que está en Tucumán y sigue por Zoom las actuaciones, Juliana Machado, indicó que necesita 72 horas para ponerse al corriente de la causa.

El fiscal Carlos Schaefer advirtió al Tribunal que la decisión de meter por la ventana a un acusado que había sido declarado en rebeldía y ordenado su detención podría provocar nulidades. “No queremos que pase lo mismo que con el juicio de Maradona”, señaló el acusador oficial.

Tras una serie de planteos de las defensas, fiscalía y la querella particular, ahora el Tribunal pasó a un cuarto intermedio de 40 minutos.

También tiene un requerimiento de volver a separar el juicio: juzgar por un lado a los que estaban en el almuerzo y que son acusados de la desaparición de Loan y por otro a los de la falsa Fundación Dupuy que entorpecieron la investigación luego.

Un tercer elemento a resolver es si vuelve sobre sus pasos y aparta a Rossi Colombo para seguir con el juicio. Por último, hay un pedido de Fiscalía para que todos los imputados queden detenidos. La razón es evitar lo que pasó con el psicólogo tucumano y evitar las demoras que se vivieron hoy, cuando Alan Cañete dijo sentirse descompuesto y retrasó 40 minutos el comienzo de la audiencia.

El presidente del Tribunal, Amado Ceroleni, le preguntó a Rossi Colombo si daba por conocida la acusación en su contra. “Tendría que consultarlo con mi abogado”, contestó. Esto desbarató un poco la idea de avanzar dando por superado el requisito de conocimiento de los hechos que se le imputan.

La abogada de Rossi Colombo presentará en Casación una propuesta para que se posterguen las audiencias

La defensora oficial de Federico Esteban Rossi Colombo, la doctora Juliana Machado, anticipó que presentará un recurso en la Cámara de Casación por no lograr una postergación de las audiencias para ponerse al corriente de la causa.

La intempestiva presentación en el juicio del psicólogo forense abrió una discusión entre las defensas y la fiscalía acerca de quién debía asumir su representación legal. En un primer momento, el abogado cordobés Segundo Delgado se presentó como su nuevo defensor y solicitó tiempo para interiorizarse de la causa. Pero el planteo fue rechazado por el tribunal.

También fue descartada la posibilidad de que lo representara Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, otro de los imputados en el mismo expediente. La fiscalía se opuso al entender que podían existir intereses contrapuestos, ya que Cañete fue quien convocó a Rossi Colombo para sumarse al grupo que desembarcó en Corrientes durante la investigación.

Finalmente, los jueces dejaron sin efecto la orden de detención y resolvieron que el psicólogo continuara formando parte del juicio. Durante el resto de la audiencia fue asistido de manera provisoria por la defensora Mirta Pellegrini, mientras que a partir hoy quedó bajo la representación de la letrada citada con anterioridad.

El imputado que aún no llegó al tribunal: está “descompuesto”, dijo su abogado

Alan Cañete, acusado como coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento, aún no ingresó al recinto. Su abogado dijo que estaba “descompuesto” y “en camino”. También se lo acusa del delito de usurpación de títulos por arrogarse ser abogado. Está en libertad.

El ingreso de Carlos Pérez y Laudelina Peña al recinto

Las Madres Corajudas (también conocidas como Mujeres Guerreras) el colectivo integrado por decenas de mujeres correntinas, están presentes otra vez en el recinto, unidas para exigir la aparición con vida y justicia por el niño Loan Danilo Peña.

Ellas les mostraron carteles de Loan a Victoria Caillava, Carlos Pérez y Laudelina Peña, tres de los acusados.

Comenzó la segunda jornada del juicio

La fiscalía busca incluir en el juicio al psicólogo que ayer salió por zoom

Fiscalía hará un planteo al comienzo de la audiencia por la inclusión en el juicio de Ernesto Rossi Colombo. Es el psicólogo que estuvo en rebeldía, con orden de detención y apareció por zoom al que el tribunal le designó una defensora pública. Consideran que puede complicar la marcha del juicio e incluso dar lugar a nulidades futuras.

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sigue sumando escenas singulares. Este miércoles, en el salón acondicionado dentro del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde el Tribunal Oral Federal de Corrientes —integrado por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco— lleva adelante el debate, una imagen llamó la atención.

En la primera fila de la sala, reservada para los abogados, una presencia rompió la lógica del juicio. Sentada junto a los defensores estaba Elizabeth Noemí Cutaia, una de las acusadas.

Mientras el resto de los imputados seguía el debate desde la fila posterior, detrás de sus abogados y bajo custodia, Cutaia ocupaba un lugar frente al tribunal. La razón: se defenderá a sí misma. Por eso comparte el sector reservado a los letrados con Rodolfo Amadeo Baqué, quien la asistirá durante todo el debate.

La mujer llegó al juicio en libertad, pero pasó 39 días detenida. Fue arrestada el 15 de septiembre de 2024 en la localidad bonaerense de Hurlingham y liberada el 23 de octubre de 2024 por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, aunque continuó vinculada al expediente y ahora enfrenta el debate oral como una de las principales acusadas.

Cutaia, de 45 años y abogada de profesión, está señalada por la fiscalía como una de las figuras centrales de la denominada “banda del hotel”, el grupo que desembarcó en 9 de Julio pocos días después de la desaparición de Loan presentándose como representante de la Fundación Lucio Dupuy. De acuerdo con la requisitoria de elevación a juicio, ella, Alan Cañete y Nicolás Soria, alias “El Americano”, desempeñaron un “rol preponderante o de liderazgo” dentro de la organización.

Según la acusación, llegó a Corrientes entre el 23 y el 24 de junio de 2024 y asumió distintas tareas vinculadas al caso. Los fiscales destacan que patrocinó judicialmente a Camila Núñez, una de las testigos clave del expediente, y que participó activamente de las actividades desplegadas por el grupo en el hotel Despertar del Iberá.

Por aquellos días, Cutaia se convirtió además en una de las voceras más visibles del grupo. En entrevistas televisivas aseguró que su objetivo era encontrar a Loan “con vida” y convocó a cualquier persona que tuviera información a acercarse a ellos para recibir “apoyo y contención”. También acompañó públicamente a Macarena Peña —hija de Laudelina Peña y prima de Loan— cuando la joven comenzó a denunciar presuntas amenazas vinculadas a la causa y sostuvo que la chica tenía miedo por ella y por sus hermanos.

La requisitoria también la ubica entre quienes impulsaron la denominada reconstrucción realizada el 3 de julio de 2024 en el paraje El Algarrobal. “A Loan se lo llevaron de acá”, aseguró en ese momento. Aquella puesta en escena, realizada al margen de la investigación oficial, reunió a familiares, testigos y miembros del grupo que decía representar a la Fundación Dupuy y es considerada por la fiscalía una de las maniobras destinadas a interferir en la pesquisa.

Para los investigadores, la organización desplegó acciones orientadas a “frustrar, entorpecer o alterar el curso de la investigación judicial” por la desaparición del niño. En ese contexto, sostienen que menores de edad y familiares de Loan permanecieron durante varios días alojados en el hotel bajo la órbita del grupo, donde habrían sido influenciados en sus declaraciones mientras avanzaba la búsqueda.

Otro de los puntos de la acusación se relaciona con fondos públicos. Según el requerimiento fiscal, la Municipalidad de 9 de Julio realizó pagos bajo el concepto de “gastos causa Loan” destinados a cubrir alojamiento, traslados y asistencia profesional para las actividades desarrolladas por el grupo.

Por esos hechos, Cutaia llegó a juicio acusada de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. Mientras escuchó la lectura de las acusaciones sentada en la mesa de los abogados, la fiscalía la ubica entre las presuntas líderes de una de las tramas paralelas más controvertidas surgidas alrededor del caso Loan.

El empresario Marcelo Porcel, imputado por abusar sexualmente a 10 alumnos del colegio Palermo Chico, recibió una de cal y una de arena por parte de la Justicia. Por un lado, le informaron que ya no podrá apelar ni su procesamiento ni su embargo. Esto quiere decir que la causa está encaminada al juicio oral: “Para julio se podría sortear el tribunal”, aseguró una fuente del caso a Infobae. Por el otro, le permitieron que siga con su reclamo por la extracción de ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos, a cuya toma se resiste.

La resolución, a la que accedió este medio, fue emitida en las últimas horas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que ratificó la última decisión judicial -en la que Porcel quedó procesado y embargado por $111.564.950- y descartó que existan motivos para una revisión excepcional, como pedía su defensor Roberto Rallín.

El abogado del empresario había apelado el procesamiento al afirmar que se trataba de “una manifestación de arbitrariedad judicial” e intentó fundamentar el recurso en una “cuestión federal”, una categoría usada para denunciar garantías constitucionales.

Los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Julio Marcelo Lucini, sin embargo, consideraron que estos argumentos no eran suficientes y señalaron que el intento de la defensa “sólo evidencia una disconformidad con cómo el tribunal valoró la prueba existente hasta ahora".

Asimismo, explicaron que el procesamiento al empresario no es una sentencia definitiva, por lo que no se lo puede elevar a Casación. Más allá de la negativa, desde la defensa de Porcel adelantaron que igual lo intentarán.

El abogado de Porcel también había pedido que se reduzca o revoque el embargo millonario. El tribunal lo rechazó: alegó que las decisiones sobre medidas cautelares no pueden ser apeladas ante la Cámara de Casación porque no resuelven sobre la culpabilidad ni terminan el proceso.

La única noticia que conformó mínimamente al empresario procesado fue que la Justicia le permitió continuar con su reclamo sobre la extracción de ADN para sumar al Registro Nacional de Datos Genéticos.

En la última audiencia, los jueces habían autorizado a que le tomen una muestra para incorporarla al banco donde está la información de las personas vinculadas a investigaciones criminales.

La defensa, sin embargo, había cuestionado la medida al sostener que al momento de los hechos, la ley que estaba vigente decía que la extracción solo se podía hacer a quienes tuvieran condena firme. Así, alegó que la decisión vulneraba los derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la intimidad.

En este aspecto, la Justicia lo autorizó a que el reclamo siga su curso por la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, por lo que, al momento, no se le solicitará ninguna muestra biológica.

En contraparte, los querellantes ven esto como un indicio más que lo incrimina: deslizan que, si no fuera culpable, “daría el ADN de manera inmediata”.

“Por algo se negó desde un primer momento. Cuando entra un nuevo ADN al Registro del Banco de Datos Genéticos, con identificación de su titular, puede llegar a descubrirse que es igual a un rastro genético rescatado de otro hecho anterior o contemporáneo respecto del cual todavía no existía identificación de pertenencia/titularidad”, explicaron a este medio.

Las primeras horas del juicio por Loan Peña podrían ilustrarse con la icónica escena de la película Esperando la carroza, donde Elvira Romero de Musicardi -el personaje que inmortalizó China Zorrilla- grita: “Aquí no ha pasado nada”.

Las idas y vueltas con un acusado que faltó, fue declarado en rebeldía, se pidió su detención y luego terminó siendo disculpado y aceptado, forzaron a los magistrados a cargo del caso a hacer borrón y cuenta nueva en tiempo récord. El volantazo evitó que el proceso se anule.

Fue un efecto “bola de nieve”: una piedrita que cayó y terminó formando una avalancha que estuvo a nada de arrasar con todo.

La historia comenzó a primera hora del martes, en la jornada de apertura. Esteban Rossi Colombo, uno de los imputados por obstaculizar la investigación del caso, no estaba en la sala de audiencias montada en el Batallón 48 de Gendarmería Corrientes. Tampoco se había hecho presente su abogado Patricio Damián Char Bodegue.

El fiscal Carlos Schaefer solicitó que se lo declare en rebeldía y que se ordene su detención. El Tribunal avaló el planteo y avanzó con la lectura de la acusación, que fue resumida dado que, originalmente, los documentos donde se relatan los hechos y delitos que se les imputan a los 17 implicados sumaban cientos de página.

El juicio de Loan es uno solo. Pero en rigor se trata de la unificación de dos expedientes. El primero se centra en las responsabilidades de las personas que estuvieron en el almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Son siete imputados acusados de la desaparición del menor en la localidad de 9 de Julio.

A ellos se suman una decena de personas. Son los que llegaron días después a la zona. Decían representar a la fundación Dupuy y se los acusa de desviar la investigación a través de incidir en los testimonios de menores y mayores que debían declarar. Para ello, montaron base en el hotel Despertar del Iberá.

Por disposición del Tribunal Oral Federal (TOF), ambos casos se debaten en conjunto.

La fiscalía preparó, por separado, una síntesis de cada episodio. La lectura comenzó el martes por la mañana. Pero todo cambió tras el cuarto intermedio del mediodía, cuando la pantalla mostró la imagen de Rossi Colombo -que hasta ahora no estaba- acompañado de un hombre vestido con pullover rojo y que hablaba con tonada cordobesa. Se presentó como el abogado Segundo Delgado, nuevo defensor del psicólogo tucumano acusado de integrar el grupo del hotel.

Delgado pidió 72 horas de postergación del juicio para ponerse al corriente. La fiscalía se opuso y solicitó que se mantenga su exclusión y el pedido de detención. El Tribunal descartó ambas cosas. El argumento, que incluso habían propuesto algunas de las defensas, fue que aún no se había leído la segunda síntesis del requerimiento fiscal que es donde están los cargos en contra de Rossi Colombo.

Schaefer también advirtió sobre la posibilidad de que se vulnere el derecho de defensa. Pero el Tribunal no hizo lugar a la queja. La gota que rebalsó el vaso fue cuando Delgado solicitó no asistir a la audiencia del miércoles. Esgrimió que tenía prevista otra audiencia en Córdoba.

Así las cosas, el Tribunal pasó a cuarto intermedio. Al regresar, ordenó que la defensa del psicólogo tucumano esté a cargo de la Defensoría Pública y se designó a una profesional que no estaba presente. Schaefer insistió con el riesgo de afectar la legítima defensa, lo cual podría hacer caer todo el juicio. Entonces se decidió que otra defensora oficial, que ya tenía un pupilo en el proceso, se hiciera cargo de forma temporal.

“Sea breve”

Ni bien se abrió la segunda jornada hubo otra novedad que dilató el juicio. Alan Cañete, también de la causa por entorpecimiento, no estaba. Su abogado, Martín Leiro, dijo que había tenido una descompostura la noche anterior y que estaba a doscientos metros.

Mientras se lo esperaba, Juliana Machado, la nueva defensora de Rossi Colombo plantó bandera. O le daban 72 horas para estudiar el caso o apelaría la decisión a una instancia judicial posterior. Esto traería el riesgo de nulidad de todo lo actuado.

El fiscal insistió entonces en el corrimiento del acusado del juicio por el doble riesgo de afectar la legítima defensa y de impedirle la acusación por el delito que se le imputa.

La alternativa, que surgió del Tribunal, era que Rossi Colombo y su abogada aceptaran que estaban al corriente de los hechos y cargos que se le imputaban. Pero el acusado, al ser interrogado vía teleconferencia, dijo que era algo “que debía conversar con su abogado”. El escape que el Tribunal había ideado para encontrar una salida se había cerrado.

Se registró entonces una secuencia dantesca de sucesos. Los defensores y fiscales cruzaron recriminaciones y planteos. Parecía que volaban cosas de un lado y otro de la sala.

La fiscalía pedía que todos los imputados del apartado del hotel queden detenidos. Schaefer llegó a esgrimir que podría ocurrir con el juicio del caso Maradona, que terminó siendo anulado. Rodolfo Baqué, defensor de Elizabet Cutaia (sindicada como cabecilla de la banda del hotel), intervino.

Pidió la palabra a fin de rechazar el reclamo fiscal que podría terminar con su pupila en la cárcel. “Sea breve”, le pidió el presidente del Tribunal, Fermín Cerolini.

El letrado comenzó a hablar y parecía que no terminaría más. Además de rechazar el planteo de la acusación pública, recordó que había estado en el primer juicio por el fallecimiento de Maradona. Y que había sido excluido y repuesto por Casación. Incluso relató que fue el último en hablar en una audiencia con la jueza Julieta Makintach, la magistrada que fue removida por pretender filmar un documental del caso.

El remate de su intervención, donde además tuvo un cruce con Schaefer por una supusta agresión personal y la fiscal Tamara Pourcel (“no sé quién es, no sé como se llama”, llegó a decirle Baqué), el letrado habló de que los planteos de la acusación pública ya habían sido respondidos y estaban dilatando el proceso. “Estamos debatiendo sobre el sexo de los ángeles”, expresó ante la sorpresa del público asistente.

La defensora Cristina Lara Leguizamón mocionó que el Tribunal vuelva sobre sus pasos, separe los expedientes y que el juicio continúe solo con los acusados del almuerzo. Esto dejaba fuera a los integrantes de la banda del hotel, entre ellos Rossi Colombo. Era una salida que permitiría avanzar sin perder lo hecho.

Aquí no ha pasado nada

María Belén Russo Cornara, abogada querellante que representa a los padres del chico desaparecido, puso un poco de cordura. Recordó que el sentido del juicio era hacer justicia por lo sucedido con Loan.

Había pasado una hora desde la apertura de la jornada. Sobre las 11.05, el Tribunal pasó a deliberar. El cuarto intermedio anunciado era de 40 minutos. Pero duró casi dos horas.

Los magistrados debían responder los planteos de las partes y resolver la situación de Rossi Colombo para evitar que el juicio caiga o sufra una postergación.

La salida que proponía la fiscalía (excluir al psicólogo tucumano, detenerlo y avanzar) hubiera implicado reconocer que la decisión que habían tomado el día anterior había sido errónea.

La alternativa que había planteado la defensora oficial de separar los expedientes también implicaba confesar un yerro del Tribunal, que los había unificado a pesar de la oposición de los fiscales.

Los jueces del TOF tienen una pelea evidente, pero discreta con el Ministerio Público Fiscal. Hubo, y habrá, distintos rounds. La unificación de expedientes la ganó el Tribunal. El adelantamiento del juicio, que se había programado en primer término para octubre, fue una victoria de Fiscalía. Reducir la acusación pública a dos fiscales también fue una cucarda que se colgó el TOF.

Si los magistrados volvían sobre sus pasos y reconocían su error era equivalente a darle la razón a los fiscales.

Entonces salieron del laberinto por arriba. Al regresar del cuarto intermedio anunciaron que habían decidido resetear el juicio. Rossi Colombo seguía dentro del juicio. Y se volvería al punto de inicio para garantizar su derecho a defensa. Ninguna de las partes cuestionó la decisión, que quedó firme y no podrá ser revisada en instancias posteriores.

Casi de inmediato, la secretaria del Tribunal, Estefanía Acosta, comenzó la lectura del primer resumen de la requisitoria fiscal, tal cual había hecho 26 horas antes.

Diez policías de Rosario fueron llevados a audiencia imputativa este martes por haber realizado un allanamiento ilegal el 27 de mayo de 2024 en la zona norte de la ciudad, donde le dieron una paliza a un hombre de 42 años, al que luego rociaron con alcohol y prendieron fuego su rostro.

Los agentes fueron acusados por el fiscal provincial Pablo Socca por tentativa de homicidio, amenazas a testigos y falsificación del acta de procedimiento. Incluso se debatió públicamente si la calificación legal no debería ser tortura, teniendo en cuenta los tormentos a los que fue sometida la víctima, que quedó con lesiones irreversibles.

Ante el juez Rafael Coria, el fiscal imputó a David Zeballos, Omar Lorenzo Cabral, Maximiliano Ortiz, Juan José Feliciano González, Jesús Ángel Balais, Maximiliano Nicolás Cuevas, Germán Alexis Narvaja, Isaías Esteban Basualdo, Estela Ailén Berón y María Eugenia Núñez, todos integrantes en ese momento de la Policía de Acción Táctica. Salvo Núñez, que quedó bajo arresto domiciliario hasta mediados de agosto, todos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Según la teoría del caso, Zeballos, Cabral, González, Ortiz, Balais y Cuevas entraron en un domicilio situado en un pasillo de Larrechea al 1900 bajo el argumento de que allí se habían escondido un grupo de personas con una mochila “sospechosa”. Fue allí que fueron aprehendidos tres hombres y un cuarto resultó gravemente lesionado. El acta policial indicó que el herido había querido prender fuego la mochila en el baño y se quemó solo por accidente.

La pericia de Bomberos y los testimonios recolectados derrumbaron la versión de los agentes, ya que el bolso no tenía rasguño alguno y las declaraciones tomadas dieron cuenta de que R. A. A. (de 42 años en ese momento) había sido atacado a golpes y tirado al suelo.

Fue en el piso que el suboficial Zeballos arrojó alcohol etílico en el rostro del hombre y lo prendió fuego con un encendedor. Pero ese no fue el único material que los comprometía con el hecho, ya que ellos mismos hablaron de lo ocurrido en un grupo de Whatsapp donde constantemente exponían información confidencial para cometer delitos en ese tipo de procedimientos.

La víctima corrió por distintos ambientes de su casa con la cabeza en llamas hasta que llegó al baño, donde se tiró la orina que estaba en el inodoro, lo que empeoró el cuadro porque generó una infección.

“Te la re mandaste”, la mujer policía que estaba en el mismo operativo. Acto seguido, Zeballos y Cabral amenazaron a los tres demorados que estaban en el domicilio junto con R. A. A. “Fíjense lo que dicen de nosotros... yo... yo soy re sicario, yo robo, los mato a uds, soy más sicario más que cualquiera de acá, saben porque? porque yo soy policía y hago lo que quiero. Ustedes acuérdense lo que van a decir. Tienen que decir que el otro muchacho se prendió fuego porque ya sé dónde viven”, dijeron ambos, de acuerdo a la alocución del fiscal en la audiencia.

Zeballos fue imputado por tentativa de homicidio triplemente calificado –ensañamiento, alevosía y abuso de sus funciones durante su ejercicio como personal policial– en carácter de autor, mientras que Cabral, González, Ortiz, Balais y Cuevas como partícipes primarios.

En el caso de Cabral y Zeballos también fueron acusados por falso testimonio, ya que el pasado 26 de junio fueron citados al Centro de Justicia Penal y ratificaron el acta falsificada.

Es por la presencia de Jesús Balais en ese procedimiento que el fiscal Socca admitió públicamente que el caso podría pasar de tentativa de homicidio a torturas con lesiones gravísimas. En primer término porque el hombre estuvo 40 días en terapia intensiva en estado crítico, intubado, traqueotomizado, con pérdida irreversible de la voz por la grave afectación a las cuerdas vocales y alteración respiratoria permanente. En segundo término, porque Balais está preso en Marcos Paz, donde purga una condena a 7 años por robar, torturar con una picana eléctrica y robar a un narco de la zona oeste de Rosario en un allanamiento ilegal de agosto de 2024.

Por su parte, los policías Narvaja, Basualdo y Berón, que arribaron al domicilio tras el ataque, tomaron conocimiento de lo que había pasado y no denunciaron el caso. Es por eso que el fiscal les atribuyó encubrimiento agravado, omisión de persecución penal e incumplimiento en los deberes de funcionario público.

El caso de María Eugenia Núñez es especial porque no participó en el procedimiento, no fue al lugar de los hechos, pero sí conoció lo que había pasado a través del grupo de Whatsapp que integraba con los otros agentes, hizo preguntas respecto de lo ocurrido y tampoco hizo la denuncia pertinente.

De hecho, es por una pregunta de Núñez en ese grupo que todo quedó bastante claro respecto a los roles. “¿Fue Z entonces el que lo prendió fuego”, interrogó, a lo que Ortiz respondió “Sí, sí”.

Una investigación de la Justicia de Santa Fe destapó un horror dentro de una familia de la ciudad capital: un policía de la provincia habría abusado sexualmente de al menos siete sobrinos menores de edad. Ahora, la Justicia le dictó la prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente, los abusos sexuales habrían ocurrido desde mediados de la década de 1990 hasta 2014, es decir, durante aproximadamente 20 años. Algunas de las víctimas habrían sido abusadas “desde que eran muy pequeñas, en reiteradas oportunidades y durante años”.

Las víctimas -sobrinos del presunto abusador- son hermanos y los investigadores creen que el policía utilizó estrategias de manipulación “para generarles confusión, culpabilización y autoresponsabilización”.

Además, si bien todos ellos ya son mayores de edad y la mayoría pudo declarar, las fuentes señalaron que “les costó muchísimo poder hablar e incluso poner en palabras las pretensiones que tenían”.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que las víctimas del acusado, identificado con las iniciales R.M.L., son cuatro nenes y tres nenas de su círculo familiar.

“Si bien la Defensa planteó la prescripción de los ilícitos, el juez entendió que uno de los hechos no estaría prescripto, razón por la cual consideró que podía analizar el objeto de la audiencia, que era la imputación y el pedido de la cautelar”, indicó al respecto Vivian Galeano, la fiscal a cargo del expediente.

La medida cautelar contra el acusado, de 41 años, fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg a pedido de Galeano y del fiscal Ezequiel Hernández, durante una audiencia realizada este martes por la tarde en los Tribunales de Santa Fe.

En relación con el planteo de la defensa sobre la prescripción de los hechos debido al tiempo transcurrido, Galeano explicó que el magistrado tomó en consideración uno de los episodios denunciados y concluyó que, al momento en que habría ocurrido ese abuso, ya se encontraba vigente la ley Piazza.

“(La normativa) habilita a las personas que fueron víctimas de este tipo de delitos cuando fueron menores de edad, a denunciar cuando son mayores”, explicó la fiscal al respecto.

A partir de ese análisis, el juez entendió que al menos uno de los hechos investigados no se encontraba prescripto y que, por lo tanto, estaban reunidos los requisitos necesarios para dictar la prisión preventiva del acusado.

Una de las razones por las que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la prisión preventiva es que el imputado se desempeñaba como policía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según advirtieron los investigadores, por las características de su trabajo mantenía contacto con menores de edad que habían sido víctimas de abusos.

“Por sus funciones, podría tener contacto con niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, se realiza una entrevista en Cámara Gesell”, precisó la fiscal. Asimismo, la funcionaria consideró que “podría haber más víctimas”.

En paralelo, las autoridades continúan analizando la información obtenida a partir de los elementos secuestrados en la vivienda del acusado.

La acusación

A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, al policía se le atribuyeron distintos delitos sexuales en perjuicio de las siete víctimas. En uno de los casos, fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal”; en cinco, por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”; y en el restante, por “abuso sexual simple agravado”.

Según la acusación, en todos los hechos concurre la agravante de que el imputado era el encargado de la guarda de los niños y niñas al momento en que habrían sido cometidos los abusos.

Además, en los siete casos, la representante del MPA le atribuyó la autoría del delito de “promoción a la corrupción de menores agravado”, tanto por su rol como responsable de la guarda de las víctimas como porque estas eran menores de 13 años.

En solo dos audiencias, el juicio por Loan Peña se empantanó. Este miércoles, al comienzo de la segunda jornada, la sala del Escuadrón 48 de la Gendarmería de Corrientes quedó inmerso en un clima de tensión por el planteo de una abogada para postergar el debate una semana: se trata de la defensora oficial asignada para el acusado que faltó al primer día. Para la acusación, sin embargo, esto podría provocar una nulidad. “Que no pase lo mismo que en Maradona”, advirtieron entre los gritos de todos.

La situación que generó trabas fue la ausencia y reincorporación al debate de Ernesto Rossi Colombo, el psicólogo acusado que no asistió al debate ayer y apareció por zoom tras ser declarado en rebeldía. Ahora participa de manera virtual y se le asignó una defensora oficial, Juliana Machado, quien dijo que necesita 72 horas para ponerse al corriente de la causa.

El fiscal Carlos Schaefer, no obstante, reclamó la solicitud. A su turno, retomó los argumentos de la defensora oficial Machado y advirtió al Tribunal que “no le puede garantizar el derecho a la defensa”.

Luego, volvió sobre la decisión de los jueces de habilitar a Rossi Colombo a participar en este debate. Para eso, los magistrados tuvieron que dejar sin efecto la decisión que había tomado horas antes: su apartamiento (lo que implicaría repetir el juicio solo por él) y su detención por violar las condiciones de la excarcelación.

“Esta resolución puede provocar una nulidad porque no se le impusieron los hechos completos”, señaló el fiscal. Es que durante las horas en las que Rossi Colombo no estuvo en el juicio se describió, casi en su totalidad, la requisitoria de elevación a juicio del primero de los dos expedientes del proceso. Se trata del que relata los hechos ocurridos en el almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan, y las acusaciones a los siete imputados por la desaparición del menor.

El psicológo está en el otro tramo: el que ahonda en las responsabilidades de los integrantes del grupo que decía representar a la Fundación Dupuy. A ellos se les endilga haber desviado la investigación al influir en testigos. Y ninguno tiene prisión preventiva.

“No son dos juicios. Es uno acumulado”, explicó el fiscal recordando la determinación del Tribunal de unificar ambos expedientes.

Así, Schaefer sentenció que Rossi Colombo “entró por la ventana”. “La unica salida es que él y su defensa digan que conocen los hechos. Pero me están diciendo que no”, dijo.

Por último, reclamó: “No queremos que ocurra un nuevo caso Maradona. Este juicio no se puede caer”. La referencia es al juicio por la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino, que marcó un insólito precedente judicial cuando se anuló el primer debate oral por una irregularidad de la entonces jueza Julieta Makintach. Ahora atraviesa su segundo juicio.

Tras una serie de planteos de las defensas, fiscalía y la querella particular, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio de 40 minutos para decidir si otorga o no el plazo que solicitó la defensa de Rossi Colombo, lo que paralizaría el juicio hasta la semana próxima y anularía las testimoniales de los padres de Loan previstas para este miércoles.

También hay pedido de la Fiscalía para que todos los imputados queden detenidos. La razón es evitar lo que pasó con el psicólogo tucumano y evitar las demoras que se vivieron hoy, cuando Alan Cañete dijo sentirse descompuesto y retrasó 40 minutos el comienzo de la audiencia.

Gritos y acusaciones cruzadas en la sala

El planteo de la abogada generó peleas, gritos y sobreposición de expresiones entre las defensas, la fiscalía y la querella particular.

En algún momento pareció que el juicio se le escapaba de las manos al juez Cerolini, presidente del tribunal. Incluso, en un momento, el juez Bracco tuvo que tomar el micrófono y ordenar a las partes que querían presentar objeciones y planteos.

La tensión se trasladó a la bancada de las defensas cuando el defensor del comisario Maciel, Richard Vallejos, avaló el pedido de la Fiscalía de que se detengan a los integrantes del grupo Dupuy.

El abogado Rodolfo Baqué también cuestionó a fiscalía por reiterar planteos que ya habían sido rresueltos por el tribunal. “Estamos discutiendo el sexo de los ángeles”, lanzó.

En otro tramo, tuvo un cruce directo con el fiscal Schaefer: el defensor cargó contra la fiscalía y el titular de la acusación pública le dijo al tribunal que estaba siendo agredido en forma personal.

Baqué bajó el tono y dijo que respetaba en lo profesional e intelectual al fiscal, y le aclaró que el tema no era personal, sino un asunto de debate entre dos partes.

La Prefectura Naval Argentina mantiene un operativo de gran escala por aire, tierra y agua para localizar a cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, quienes permanecen desaparecidos tras zarpar desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, para realizar pesca deportiva en el Río de la Plata.

Según detallaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, las tareas de rastreo se desplegaron luego de que el personal del Camping Hudson alertara que los pescadores, cinco hombres adultos, no habían regresado al finalizar la jornada del domingo, quedando sus vehículos estacionados en el predio.

Durante este miércoles, la Prefectura prevé extender el rastrillaje por aire, agua y tierra. La aeronave PA-62 sobrevolará la zona y los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin” continuarán navegando el área de emergencia.

El despliegue incluye embarcaciones menores, como semirrígidos y una moto de agua, que permiten acceder a sectores de baja profundidad y actuar coordinadamente con los demás medios.

De acuerdo con información, la tripulación está conformada por Carlos Kovach (60 años), Claudio Kovach (50 años), Alejandro Boscardin (28 años), Damián Giubu (42 años) y Sebastián Romegialli (50 años).

Los dos primeros son hermanos y aficionados a la pesca, aunque ninguno de los integrantes es profesional.

Romegialli es miembro del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y se desempeña en una empresa de bebidas. En sus redes sociales se manifiesta como entusiasta de la pesca.

Actualmente, el operativo abarca un área de 60 kilómetros por 15 kilómetros y podría ampliarse hacia el sureste, más allá de La Plata, si las proyecciones lo requieren.

Qué pasó

La última vez que se vio la embarcación fue entre las 6 y las 8:30 del domingo, cuando partió desde el Camping Hudson.

La alarma se activó a las 20:50, cuando el personal notó la ausencia del grupo. Desde ese momento, el operativo no se ha detenido, tal como relató Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, en diálogo con Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se centraron en el área comprendida entre Hudson y Quilmes, utilizando guardacostas de gran porte durante toda la noche.

El lunes, la Prefectura incorporó el avión Papa Alfa 62, que cubrió más de 110 kilómetros de costa del río sin obtener resultados positivos.

Rodríguez explicó que la falta de indicios materiales sobre la superficie del río ha dificultado el avance de las tareas, forzando la expansión progresiva del área de búsqueda.

Las condiciones climáticas al momento de la desaparición eran óptimas y la hipótesis de mal tiempo se descartó. La principal teoría señala que la embarcación pudo haber sido desplazada por la corriente hacia sectores no previstos por los pescadores.

Rodríguez precisó: “En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, declaración recogida por Infobae.

El grupo llevaba a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF. A pesar de los reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular, hasta este momento no se han obtenido respuestas.

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban la zona y a la parte uruguaya del río, sin recibir reportes de llamadas o avistamientos de bengalas. Rodríguez remarcó que la embarcación no contaba con radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico que permitiera detectar una última ubicación.

La causa está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Silvia Noemí Borrone.

La Policía bonaerense detuvo a seis hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo agravado en poblado y en banda, tras frustrar un intento de robo boquetero en un comercio de venta de maquinaria agrícola ubicado en la ciudad de Junín.

El operativo de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Oeste II se concretó la madrugada del 15 de junio, tras una alerta recibida a través del 911, según informaron fuentes de la causa a Infobae.

El incidente comenzó en la sucursal de SyR Maquinarias Agrícolas, situada sobre avenida Benito de Miguel al 700, donde varios sospechosos intentaron ingresar al local con fines delictivos.

Al arribar al lugar, los agentes observaron un Volkswagen Gol Trend blanco —con solo la patente delantera colocada— y procedieron a identificar a sus ocupantes. En ese momento, el conductor aceleró para huir, dando inicio a una persecución que finalizó en la intersección de calle Yanquelen y avenida Circunvalación. Allí, tres hombres descendieron y escaparon a pie, aunque fueron capturados a pocos metros.

Los primeros aprehendidos fueron Braian Rocchi, de 31 años y oriundo de Junín, a quien le incautaron herramientas tales como barretas, masas, cortafierros, pinzas, guantes, y un sofisticado equipamiento para cometer el golpe.

Se trata de una cámara endoscópica, utilizada para inspeccionar visualmente espacios estrechos o lugares donde el ojo humano no puede acceder directamente, evitando desarmar estructuras; auriculares con micrófono y una escalera telescópica diseñada con un sistema de tramos deslizables que le permite extenderse y retraerse, similar a un telescopio. Esta particularidad permite ajustar su longitud para diferentes trabajos y guardarla en espacios muy compactos.

También fue detenido Ramiro De Bonis, de 29 años, con residencia en La Matanza y quien descartó prendas de vestir al intentar escapar.

Minutos más tarde, en un operativo coordinado, la policía interceptó un segundo vehículo involucrado: un Ford Fiesta Kinetic blanco sin chapas patentes visibles, que intentó eludir el control en avenida Circunvalación y Ruta Nacional 7.

Dentro del automóvil viajaban Rubén Darío Ariza (49), de Villa Domínico; Juan Ramón Gamarra (54), de Avellaneda; Leandro Martínez (68) de San Vicente; y Eduardo Leguizamo Oviedo (24), de Quilmes.

Durante la requisa, los efectivos hallaron amoladoras, discos de corte, baterías, pasamontañas, guantes y teléfonos celulares.

Según el análisis de las cámaras de seguridad y diversos testimonios recogidos en el lugar, los seis detenidos pertenecerían a la misma banda, que habría intentado cometer el robo en el comercio.

Las autoridades indicaron que ninguno de los vehículos poseía impedimentos legales para circular, aunque el Volkswagen Gol Trend registraba una prohibición de circular vigente.

La causa quedó a disposición de la UFI N°6 de Junín, que avaló el procedimiento policial, dispuso la notificación formal de la imputación y el traslado de los aprehendidos para el 16 de junio para su indagatoria.

Durante este fin de semana, la DOUF de la PFA junto a los agentes de la policía bonaerense, frustraron otro golpe boquetero en bancos Nación de Morón y Provincia de Baradero, liderado por Carlos Maidana, un ex policía federal exonerado, con antecedentes por secuestros extorsivos y arrepentido de la causa “Leones Blancos”, que terminó por la destitución del ex fiscal de Tigre Claudio Scapolán.

La organización contaba, además, con un hacker capaz de desactivar alarmas antisísmicas y un uruguayo, alias “topo”, experto en perforaciones tácticas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el violento episodio se registró alrededor de las 6 de la madrugada en las puertas de Steel, un local bailable ubicado en el cruce de Paraguay y Ruta 7, justo en la primera rotonda de Centenario.

El video que encabeza esta nota, filmado por un testigo del hecho, muestra que la víctima fue abordada por al menos cinco personas, todos menores, cuando salía de bailar.

Sin mediar palabras, los agresores se abalanzaron sobre el chico, lo arrojaron al asfalto y le dieron golpes de puño y patadas en la cabeza, a pesar de que se encontraba totalmente indefenso.

En ese contexto, uno de los atacantes arrastró unos metros al damnificado y empezó a darle golpes en el rostro. “Dejalo, dejalo”, se escucha que el golpeador le dice a uno de sus cómplices, justo cuando intentaba sumarse al brutal castigo.

Tras unos segundos, una chica que observaba cómo se desarrollaba el hecho intervino para disuadir a los violentos. “¡Soltalo, soltalo!“, le llegó a suplicar al agresor, a quien algunos de los presentes apodaban ”Santi".

Finalmente, algunos de los amigos del atacante lograron frenarlo en plena golpiza y la víctima pudo reincorporarse por sus propios medios.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el menor no supo determinar los motivos que desencadenaron el ataque en patota.

En diálogo con este medio, el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, confirmó que las autoridades no intervinieron en el momento del hecho porque no se radicó una denuncia inmediata, sino que tomaron conocimiento del caso a partir de las grabaciones que se viralizaron en las redes sociales.

La víctima sufrió una lesión en el cuello y un hematoma en uno de sus pómulos, mientras que los padres de los agresores se pusieron en contacto con la denunciante, la madre del damnificado, y quedaron a disposición para lo que pudieran necesitar a futuro.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Juveniles.

Un hombre de nacionalidad dominicana fue declarado inimputable y deberá permanecer internado durante un máximo de 10 años en un centro de salud mental, tras ser investigado por el homicidio de Olga Delina Quinteros en la ciudad de Piedra del Águila, provincia de Neuquén.

El fallo se dio a conocer este martes luego de que las autoridades determinaran que el acusado “no era capaz de comprender sus actos ni dirigir sus acciones” al momento del hecho. Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino, la decisión judicial se fundamentó en informes médicos que le practicaron luego de que fuera detenido.

El hombre había sido arrestado el 17 de marzo de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tres días después del crimen. Desde entonces, permanece internado en un centro de salud mental por orden del juzgado de Rogatorias de la Nación en CABA.

En principio, el caso era investigado como un presunto femicidio, pero luego se calificó como robo calificado por homicidio en carácter de autor. No obstante, durante la audiencia celebrada el 17 de abril pasado, el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora, solicitaron la declaración de inimputabilidad.

De acuerdo con el planteo presentado por la Fiscalía, el 14 de marzo de 2025, el imputado había ingresado a la vivienda de Quinteros, de 70 años, con fines de robo. En el lugar, agredió a la víctima y sustrajo dinero, una cadena, un reloj, anillos y un automóvil Volkswagen T-Cross.

Luego de haberse apoderado del vehículo, lo utilizó para huir hasta la localidad bonaerense de Azul, donde lo abandonó tras quedarse sin combustible. En la reconstrucción de la fuga, indicaron que para poder llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había sido trasladado por un camionero.

Fue así que, tras tareas de localización, el acusado fue detenido al intentar ingresar al consulado de República Dominicana en CABA, en donde habría intentado buscar protección. A pesar de esto, el Ministerio Público Fiscal fundamentó la solicitud de inimputabilidad en informes psiquiátricos.

Estos fueron realizados por el hospital donde el imputado permanece internado y el área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén, que concluyeron que el hombre “no se hallaba en condiciones de comprender sus actos ni dirigir sus acciones”.

Ante este diagnóstico, el juez de garantías Ignacio Pombo avaló la declaración de inimputabilidad y el sobreseimiento, además de la medida de seguridad de internación obligatoria. En línea con esto, dispuso que la internación se lleve a cabo en “un dispositivo de salud mental”, con la condición de que la medida cese si se revierten las condiciones médicas y los riesgos.

De la misma manera, la resolución estableció que, si la internación cesa por el agotamiento del plazo máximo o por desaparición de los riesgos para sí o para terceros, una semana antes del vencimiento deberá intervenir el equipo interdisciplinario de salud mental tratante. En ese caso, la continuidad quedará bajo control de la Justicia civil interviniente.

Por este motivo, se informó al centro de salud de CABA, donde el hombre permanece internado desde su detención, que deberá continuar con la atención médica bajo la modalidad de internación involuntaria hasta que se concrete su traslado a otra institución de salud mental.

Finalmente, el fallo ordenó notificar al Juzgado de Rogatorias de la Ciudad de Buenos Aires para que colabore en la vigilancia de la medida de seguridad, disponiendo custodia policial permanente sobre la internación. También se instruyó al defensor público civil y al juez civil interviniente sobre el control y seguimiento de la medida, que quedará bajo la órbita del Juez de Ejecución Penal, con revisión trimestral de la situación del paciente.

Un hombre de 31 años sufrió graves heridas en la cabeza después de ser atacado con un ladrillo durante una pelea callejera en Guaymallén, provincia de Mendoza. El episodio tuvo lugar la noche del lunes 15 de junio en plena vía pública, en la esquina de las calles Solari y Famatina, donde la víctima intentó escapar. La secuencia, de una violencia inesperada, despertó alarma entre los vecinos que presenciaron parte de lo ocurrido y que dieron cuenta del nivel de inseguridad que atraviesa la zona.

De acuerdo con El Sol, el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad domiciliaria ubicada en las inmediaciones del lugar del ataque. Las imágenes, que luego fueron analizadas por las autoridades, muestran cómo la víctima corría desesperadamente por la calle, en un intento por alejarse de su perseguidor. El atacante, identificado como un joven de 28 años, logró alcanzar al hombre de 31 a pocos metros y le arrojó un ladrillo que impactó de lleno en su cabeza, provocando que el hombre cayera al suelo.

Tras el impacto, el agresor no se detuvo: continuó la golpiza con patadas y puñetazos, lo que agravó aún más el estado de la víctima. La madre del herido fue quien alertó a la policía a través de una llamada de urgencia al 911, tras encontrar a su hijo con lesiones severas. El ataque se produjo en el marco de una pelea callejera y la rápida intervención de las autoridades permitió recolectar pruebas en la escena.

A pesar de la gravedad del golpe sufrido, la víctima logró trasladarse por sus propios medios a la guardia del Hospital Central. Allí, el personal médico le diagnosticó un traumatismo de cráneo severo y, debido a la evolución de su cuadro, dispuso su internación inmediata en la Unidad de Terapia Intensiva. Según los últimos partes médicos, el paciente permanece bajo estrictos cuidados, con pronóstico reservado y riesgo vital, situación que mantiene en vilo a su familia y allegados.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa Departamental de Guaymallén y la Unidad Fiscal de Homicidios. El análisis de los registros fílmicos fue determinante para identificar y detener al presunto atacante, quien quedó imputado en la causa y a disposición de la Justicia. Fuentes policiales no descartaron la hipótesis de un ajuste de cuentas como móvil del ataque, aunque la pesquisa continúa abierta y no se han precisado detalles sobre las circunstancias previas a la agresión. También intervino Policía Científica para recabar pruebas complementarias en el lugar.

La rápida intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la Unidad Fiscal de Homicidios resultó decisiva para identificar al presunto agresor. El joven de 28 años fue arrestado poco después y quedó imputado por tentativa de homicidio, a la espera de la evolución clínica de la víctima, que podría modificar la carátula judicial.

El violento episodio generó gran preocupación en la comunidad local, por la brutalidad de los hechos en plena vía pública y por el estado de salud de la víctima. Según los últimos partes médicos, el estado clínico del hombre sigue siendo crítico, mientras tanto la familia aguarda novedades sobre su evolución. Los traumatismos de cráneo severos suelen requerir monitoreo neurológico continuo, ya que existe riesgo de hemorragias, edema cerebral y deterioro repentino del estado de conciencia durante las primeras horas posteriores a la lesión.

El sospechoso permanece detenido en la Comisaría 25 de Guaymallén. La investigación sigue en curso para determinar la motivación exacta del ataque y si existen otros implicados en el episodio. Mientras tanto, las autoridades continúan con la pesquisa y no descartan nuevas medidas a partir del avance de la causa y de los testimonios que puedan sumarse en los próximos días.

La madrugada del lunes, agentes de la Policía y preventores municipales detuvieron a un hombre y su hijo menor de edad tras confirmar que ambos habían realizado un robo en un local de celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca en el centro de la ciudad de Mendoza. El caso se inició cuando la alarma del comercio alertó sobre la presencia de personas dentro del local.

De acuerdo con Diario Mendoza Today, los sospechosos violentaron la persiana metálica para acceder al comercio. Una alarma de seguridad se activó mientras ambos permanecían dentro del local, lo que alertó de inmediato a las autoridades. El seguimiento policial se facilitó gracias a la intervención del Centro de Operaciones y Videovigilancia, cuyos operadores lograron detectar a dos personas con las características de los presuntos autores.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo los involucrados caminaron por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Posteriormente, se subieron a un taxi en la calle Godoy Cruz. Con esa información, personal policial y preventores municipales iniciaron un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos a pocas cuadras del lugar.

Personal policial y preventores municipales realizaron el operativo coordinado que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo. Una vez identificados, se confirmó que se trataba de un padre y su hijo menor de edad. El hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición del Polo Judicial, a la espera de que un familiar acudiera a retirarlo.

Las autoridades destacaron que el accionar del sistema de videovigilancia resultó clave para el seguimiento y detención de los implicados. Además, el caso generó comentarios en redes sociales por la relación familiar de los detenidos y el hecho de que un menor estuviera involucrado en el delito. La causa quedó bajo investigación para determinar la participación precisa de cada uno de los detenidos y para establecer si existieron otros posibles involucrados en el hecho.

Robo a una farmacia en Mendoza

La encargada de una farmacia ubicada en la intersección de Alem y Olascoaga, en San Rafael, descubrió durante la mañana del lunes un robo que afectó al comercio. Según describió Mendoza Post, al llegar a su lugar de trabajo, la empleada notó la falta de una suma de dinero, medicamentos y diversos daños en la estructura del local.

De acuerdo con el reporte policial, los autores del hecho lograron acceder al establecimiento tras forzar un ventiluz ubicado en el subsuelo. En el lugar, personal de la Comisaría 8ª verificó el ingreso y constató la sustracción de aproximadamente 30 mil pesos en efectivo y una cantidad no precisada de medicamentos, junto a otros efectos personales.

Durante la inspección, los agentes hallaron un ladrillo cerca del ventiluz, lo que indica el punto de acceso utilizado por los delincuentes. Además, se supo que los involucrados intentaron abrir la caja fuerte mediante el uso de una amoladora, aunque no consiguieron su objetivo. La denuncia del episodio fue formalizada en la comisaría jurisdiccional, y la causa quedó a cargo del ayudante fiscal de turno.

La investigación se orienta ahora a la recolección de pruebas y al análisis de posibles registros de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El caso se suma a una serie de hechos delictivos recientes que han generado preocupación en el sector comercial de San Rafael, donde el robo de medicamentos y dinero afecta a la seguridad del barrio. El hecho permanece bajo pesquisa judicial y policial aunque aún no hay novedades sobre los autores al cierre del reporte.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Ucrania y Pedernera, cuando la víctima, identificada como Daniel, se encontraba entregando un pedido de pizzas a bordo de su vehículo particular. Según se pudo observar en el video, el hombre llegaba hacia la puerta de los clientes y, mientras esperaba, fue abordado por un delincuente armado.

De acuerdo con la información obtenida por Data Conurbano, el ladrón había descendido de un automóvil que se detuvo bruscamente junto a la víctima. Tras lograr acorralarlo, este lo amenazó de muerte y le exigió sus pertenencias y las llaves del coche.

Aparentemente, la reacción demorada del hombre, producto de la tensión del momento, desencadenó que el asaltante le disparara directamente en el abdomen antes de escapar del lugar. Luego de que recibiera el disparo, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica inmediata.

Según confirmaron los profesionales de la salud, el disparo no puso en riesgo su vida. De hecho, la propia víctima relató a sus allegados, ya en etapa de recuperación, que su panza voluminosa ayudó a que la bala quedara atascada y no provocara heridas fatales.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la policía y la justicia, quienes analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el vehículo en el que se movilizaban los autores del ataque y avanzar en su captura.

Robo piraña en Lanús

Una banda de cinco delincuentes protagonizó un robo piraña el jueves pasado en la localidad bonaerense de Lanús, donde una mujer fue asaltada de manera violenta en plena luz del día. El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas en la calle Guillermo Gaebeler al 2100, según registraron las cámaras de seguridad.

La víctima, identificada como Cristina, había salido de su casa para buscar a su perro y, al regresar, fue interceptada por el grupo. En cuestión de segundos, los asaltantes la golpearon para arrebatarle las llaves de su Toyota Yaris, además de su cartera y su teléfono celular, informaron fuentes a Infobae.

Según registraron las cámaras de seguridad, en menos de 10 segundos, lograron subirse al vehículo y huir. Mientras que la mujer quedó golpeada en la puerta de su casa. Todo sucedió mientras la puerta de su casa permanecía abierta, con su hijo en el interior, detalló la víctima en declaraciones a A24.

Cristina relató que uno de los asaltantes se mantuvo junto a la puerta, con la intención de impedir que su hijo pudiera salir a ayudarla. El episodio ocurrió a plena luz del día y en una zona residencial, lo que generó preocupación entre los vecinos.

En su testimonio, Cristina afirmó: “Me encontraron a mí, indefensa, y se llevaron el auto, la cartera y el celular”. Además, la víctima remarcó que los delincuentes “eran muy chiquitos” y consideró que “tendrían que estar estudiando o trabajando”. A pesar del shock, manifestó: “Dentro de todo lo malo, estoy bien. Siempre soy una mujer precavida, pero no sirve de nada”.

El caso expuso la modalidad del robo piraña, caracterizada por la velocidad y violencia con la que actúan bandas numerosas, enfocándose en víctimas desprevenidas y zonas residenciales. Frente a esto, las autoridades locales analizan las imágenes captadas para intentar identificar a los involucrados, quienes permanecen prófugos.

Un hombre de 27 años, identificado como Ramón Alberto Romero, fue sentenciado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual y grooming contra una adolescente en una localidad del departamento de Vera, provincia de Santa Fe.

El fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero durante un juicio oral celebrado en los tribunales verenses, en una causa que expuso la gravedad de los delitos cometidos a través de medios digitales y el impacto sobre las víctimas menores de edad.

La resolución judicial marcó un punto de inflexión en la investigación que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por la fiscal Elizabet Aguirre. Según la información oficial difundida, el acusado mantuvo reiterados contactos con la víctima entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Durante ese período, utilizó WhatsApp como canal para establecer una relación de confianza con la joven, vulnerando su integridad y aprovechando la diferencia de edad y madurez.

La fiscal Aguirre destacó la valoración del tribunal respecto a la prueba presentada: “El magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”. El fallo, que condena a Romero por abuso sexual y grooming, fue recibido como un respaldo a la labor de quienes investigaron el caso y a la voz de la víctima, que denunció los hechos gracias a la intervención de su madre.

Según la acusación, Romero inició los contactos a través de mensajes de WhatsApp, valiéndose de la inmadurez sexual de la adolescente y la asimetría de poder para convencerla de que le enviara fotografías íntimas. La fiscalía subrayó que estas acciones fueron reiteradas durante varios meses, configurando el delito de contacto telemático con fines sexuales, conocido como grooming.

La situación se agravó el 21 de febrero de 2024, cuando durante la madrugada Romero contactó nuevamente a la joven y acordó un encuentro. De acuerdo con la investigación, se dirigió hasta el domicilio de la víctima, la esperó afuera y posteriormente ambos se trasladaron a la vivienda de Romero, donde se concretó el abuso sexual.

La secuencia delictiva fue descubierta por la madre de la adolescente, quien encontró en el celular de su hija mensajes, fotos y videos que daban cuenta de la relación mantenida con el imputado. La mujer realizó la denuncia de inmediato, lo que permitió la intervención del MPA y el inicio de la causa judicial.

Durante el juicio oral, la fiscal Aguirre expuso en detalle las pruebas reunidas y el modo en que Romero se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima. El tribunal entendió que la evidencia era suficiente para acreditar la autoría de los delitos de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual y grooming, por lo que dictó una condena a cinco años de prisión.

En el desarrollo del debate, la representante del MPA solicitó además la prisión preventiva del condenado a la espera de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez, lo que significa que Romero aguardará en libertad hasta que la condena quede firme.

En los últimos años, el delito de grooming ha cobrado mayor visibilidad en Argentina, a partir de la proliferación de casos donde adultos contactan a menores de edad a través de plataformas digitales con fines sexuales.

El Ministerio Público de la Acusación ha sostenido que la detección temprana y la denuncia por parte de las familias resultan fundamentales para la persecución penal de estos delitos.

Una joven de 20 años permanece internada en estado crítico luego de que recibiera un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre bandas ocurrido en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho.

El enfrentamiento armado tuvo lugar anoche en la intersección de las calles Sanabria y Chicago, cuando L. A. S. fue alcanzada por un proyectil mientras caminaba por la zona. Pese a que se encontraba en el lugar al momento de la pelea, se dio a conocer que era completamente ajena a los grupos.

Luego de que resultara herida, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Simplemente Evita, donde ingresó inconsciente. Por este motivo, los médicos realizaron una intervención quirúrgica para descomprimir la zona afectada y aplicaron la medicación de protocolo correspondiente.

Según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, el estado de L. A. S. es “muy delicado” y su pronóstico depende de la evolución en las próximas horas. Mientras tanto, el personal de la Policía Bonaerense trabaja en la identificación de los responsables del tiroteo.

Actualmente, la causa quedó en manos del fiscal Sebastián Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Laferrere, quien decidió caratular al hecho, en principio, como lesiones graves provocadas por el uso de arma de fuego.

Crimen del comisario Ponce: ya son dos los detenidos y buscan a dos prófugos

Un adolescente de 16 años se entregó en la Defensoría del Menor del Departamento Judicial de La Matanza y quedó detenido como sospechoso de participar en el asesinato del comisario Diego Fernando Ponce, atacado por motochorros en el barrio Villa Dorrego de González Catán.

Con esta detención, ya son dos los arrestados por el caso. Previamente, Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, había sido capturado en el Hospital Paroissien tras haber llegado herido de bala, informaron fuentes judiciales a Infobae. Se negó a declarar luego de ser indagado.

Desde ese momento, el sospechoso de 16 años quedó a disposición del fiscal Marcelo Germinario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil N°2 de La Matanza. Actualmente, la investigación continúa con la búsqueda de otros dos sospechosos, ya identificados por los investigadores, que permanecen prófugos.

El comisario Ponce, de 46 años, trabajaba en la Escuela de Policía Juan Vucetich y fue asesinado el lunes 1 de junio cerca de las 20:30 horas en la esquina de Apipé y Obligado. La víctima se encontraba de franco y había acudido al lugar para buscar a su hija de 14 años, quien asistía a una clase de inglés. En ese momento, cuatro delincuentes en dos motos intentaron robarle la camioneta Ford EcoSport.

Según la reconstrucción, Ponce se identificó como policía y se produjo un intercambio de disparos. El comisario recibió varios impactos en el abdomen, la espalda y el coxis. El ataque quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad, que muestran a los agresores girando hacia la víctima y, segundos después, se escuchan varias detonaciones.

Las detenciones se produjeron tras identificar a Lobo, quien fue atendido por una herida de bala en el hospital Paroissien. Una cámara de seguridad registró su llegada: caminaba por sus propios medios, con el torso desnudo y presionándose el pecho con una prenda, acompañado de su hermana. Ella declaró que le habían disparado en la puerta de su casa en Gregorio de Laferrere, versión que fue descartada por los investigadores al constatar que no hubo ningún tiroteo en esa zona.

Las pruebas recolectadas incluyeron la coincidencia del calibre del proyectil recuperado en el hospital con el arma reglamentaria de Ponce, una Bersa Thunder Pro que no fue hallada en el lugar del hecho. Además, el acusado vestía un pantalón de jogging deportivo coincidente con el que usaba uno de los motochorros identificados en las imágenes de video.

El caso adquirió mayor gravedad al comprobarse que Lobo cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica al momento del crimen. Además, registros oficiales señalaron que tenía tres antecedentes por encubrimiento agravado cometidos entre julio de 2024 y septiembre del año pasado, cuando aún era menor de edad.

Una joven de 21 años quedó detenida este martes como sospechosa del crimen de su ex pareja, ocurrido en la ciudad entrerriana de Colón. La víctima recibió una puñalada en el pecho y murió horas después en el Hospital San Benjamín.

La agresión, que derivó en la muerte de la víctima, ocurrió en las inmediaciones de la calle Tucumán al 1300 el lunes por la noche y el personal de la Jefatura Departamental Colón arribó al lugar tras un llamado que alertaba sobre una persona herida con un arma blanca en las cercanías de las calles Castelli y Reibel.

Los efectivos constataron que la víctima había sido trasladada al nosocomio por sus allegados. De acuerdo con la información indicada por el portal El Once, el hombre ingresó con una herida cortopunzante en la región torácica. Los médicos determinaron que la lesión había comprometido el pericardio, la membrana que rodea al corazón. El equipo quirúrgico intentó reparar las lesiones, pero no logró estabilizar al paciente, y el fallecimiento se produjo en el quirófano horas después.

Desde las primeras actuaciones, los investigadores de la Unidad Fiscal de turno apuntaron a la ex pareja de la víctima como principal sospechosa, que quedó más comprometida a partir de los elementos encontrados por las autoridades.

La Policía realizó rastrillajes en las inmediaciones de su domicilio y, como resultado de esas tareas, secuestró un cuchillo con aparentes manchas hemáticas y un par de zapatillas. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a pericias que determinen su vinculación con el hecho.

La sospechosa fue localizada posteriormente en una vivienda ubicada en la zona de calle 9 de Mayo al 200 y, por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, quedó aprehendida. Posteriormente, la trasladaron a una dependencia policial, donde permanece alojada a disposición de la autoridad judicial.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que trabaja para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque.

Otro crimen en Entre Ríos

A comienzo de este mes, un hombre de 38 años murió baleado en la localidad de San Benito al intervenir en defensa de sus hijos en el marco de un conflicto barrial. El hecho ocurrió por la tarde en la intersección de las calles Crespo y Rivadavia, en el barrio San Martín.

Según los testimonios de vecinos, Víctor Ledesma llegó al lugar en su Ford Falcon luego de que sus hijos hubieran sido agredidos previamente. Recibió entre uno y tres disparos en el pecho y fue trasladado por particulares hasta un dispensario de la zona, donde los médicos constataron su muerte poco después de su ingreso. Residía a pocas cuadras del lugar del ataque, en inmediaciones de las calles Santa Fe y Libertad, y era padre de cuatro hijos, según constató El Once.

“Es una zona terrible, no saben diferenciar los golpes de los tiros”, relataron los residentes, quienes manifestaron que cerca de las 18, escucharon numerosos impactos. “Él vino a defender a sus hijos y recibió la muerte”, afirmó Elsa, tía de la víctima, quien rechazó versiones que vinculaban el origen del enfrentamiento con una disputa por chatarra.

La mujer señaló a los jóvenes conocidos como los “Rinchi”, de apellido Zárate, como responsables de los conflictos reiterados en el barrio. Quienes lo conocían lo describieron como un trabajador sin antecedentes policiales que se desempeñaba como fletero y albañil.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pereira, quien dispuso la intervención de la División Homicidios, Criminalística y efectivos de la comisaría local. Cuatro personas fueron demoradas y trasladadas a la comisaría. El subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez, indicó que se determinará si participaron como testigos o tuvieron una participación activa en el hecho.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita la captura de Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado por la justicia como sospechoso del homicidio del agente de la Policía Federal Argentina Rodolfo Manfredi. La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, se da en el marco de la investigación por el crimen ocurrido durante un tiroteo en el barrio Villa Banana, en Rosario, el pasado 11 de junio.

La medida responde a una solicitud de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigo de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). La causa, caratulada como “Homicidio agente de PFA en Villa Banana”, se tramita en el Colegio de Jueces de Garantías del Distrito Federal Rosario.

Eduardo Rodolfo Muñoz es argentino, tiene 37 años y mantiene antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico y cuenta con una condena a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El 12 de junio, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó su captura en el contexto de la investigación por la muerte de Manfredi, quien recibió varios disparos en medio de un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, la recompensa está destinada a quienes, sin haber participado en los hechos, brinden datos útiles para localizar y detener a Muñoz. El documento detalla la identidad y último domicilio conocido del sospechoso: calle Virasoro 5028, barrio Triángulo, Rosario, Santa Fe. La línea telefónica habilitada para aportar información es el número gratuito 134.

El crimen de Rodolfo Manfredi, de 30 años, conmocionó a Rosario y a las fuerzas federales. La noche del 11 de junio se produjo un tiroteo en Villa Banana, donde además resultaron heridos otro efectivo y uno de los sospechosos. Tras la balacera, la Policía Federal desplegó un megaoperativo que incluyó 35 allanamientos. Durante los procedimientos, incautaron: 3 armas de fuego, 162 municiones de diferentes calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 celulares y un dispositivo de cobro electrónico.

Durante el operativo desplegado también se detuvo a dos personas en Rosario. Uno de los aprehendidos fue Luis M., quien ingresó herido al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y quedó bajo custodia policial después de recibir el alta médica. La fiscal Laura Ricardo lo imputó por su posible vinculación con el ataque. Su hermano, Juan Carlos M., fue inicialmente demorado, ya que lo trasladó en un vehículo particular al centro de salud después del tiroteo. Posteriormente, la Fiscalía Regional de Rosario decidió liberarlo, aunque permanece vinculado a la causa.

La resolución oficial cita antecedentes de Muñoz en una causa por narcotráfico, condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario. La pena incluyó una multa de 45 unidades fijas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

El Ministerio de Seguridad instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional para difundir la resolución y el afiche con los datos del fugitivo en medios nacionales y locales. Además, ordenó a las fuerzas federales la publicación de la recompensa en todas sus dependencias y canales oficiales. Según el Boletín Oficial, la recompensa se abonará previa verificación de la utilidad de la información aportada y preservando la identidad de los denunciantes.

La búsqueda de Eduardo Rodolfo Muñoz se inscribe en un contexto de alta conflictividad en Rosario, con operaciones policiales que buscan desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El asesinato de un agente federal en servicio profundizó la preocupación de las autoridades nacionales y locales, que despliegan recursos y acciones para dar respuesta a estos episodios de violencia.

El barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba fue escenario de una secuencia inesperada que combinó un accidente de tránsito que derivó en un robo en plena mañana.

Todo comenzó cuando dos vehículos, una Volkswagen Amarok y un Renault Megane, chocaron en la intersección de Sargento Cabral y Bernardo Bustamante, dando inicio a lo que parecía ser un simple intercambio de datos para trámites del seguro. La calma se vio interrumpida abruptamente cuando un motociclista armado apareció en la escena y despojó a ambos conductores de sus teléfonos celulares.

La situación se tornó aún más tensa cuando, durante el asalto, uno de los damnificados resultó herido en la cabeza. Según indicó la Policía de Córdoba, el lesionado debió ser trasladado a un centro médico cercano, donde fue asistido y luego dado de alta minutos después. El incidente, ocurrido a plena luz del día, generó preocupación entre los vecinos y puso en alerta a las fuerzas de seguridad de la zona.

Según informó el portal El Doce.tv, el robo se produjo mientras los conductores intentaban resolver el siniestro vial, en una esquina transitada del barrio. De acuerdo con la información oficial, el motochorro aprovechó el momento de distracción y la vulnerabilidad de las víctimas para concretar el asalto. La rapidez de la acción y la violencia ejercida pusieron en riesgo la integridad física de quienes ya se encontraban afectados por el choque.

Minutos después del asalto, la Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones. El seguimiento permitió localizar al sospechoso en la intersección de Bailén y Sanavirones, donde fue detenido. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego, una gorra y un par de zapatillas, elementos que estaban en poder del detenido.

El arresto del presunto autor del robo se concretó en cuestión de minutos, gracias a la rápida respuesta policial y la colaboración de testigos que aportaron datos sobre la dirección de fuga. Tanto el individuo como los objetos incautados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación para determinar la responsabilidad penal y el posible vínculo con otros hechos similares en la zona.

Ahora, la fiscalía interviniente analizará las cámaras de seguridad del sector y tomará declaración a las víctimas y testigos a fin de reconstruir la secuencia exacta del asalto.

El detenido, cuya identidad no fue informada por la Policía, fue trasladado a la comisaría correspondiente junto con lo incautado. La Justicia deberá determinar si el hombre actuó solo o si existen otros involucrados en el hecho, así como su participación en posibles robos previos bajo la misma modalidad.

Hace unos meses, un joven de 27 años fue víctima de un violento robo en la localidad bonaerense de Berazategui, cuando dos motochorros armados lo abordaron y uno de ellos le disparó dos veces a los pies para robarle la moto.

El hecho ocurrió en la calle 16 al 2700, en la esquina con 127, frente a un almacén atendido a través de una ventana enrejada.

El joven, que trabaja como repartidor, había llegado en su moto Honda GLH roja. Tras esperar unos segundos su turno para comprar, cuando comenzó a ser atendido fue sorprendido por los asaltantes.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del comercio y las imágenes muestran que, tras escuchar el ruido del motor y darse vuelta, la víctima fue interceptada por el acompañante, quien bajó armado y le apuntó directo.

El ladrón, de aspecto joven, con menos de 20 años según la comerciante, gritó varias veces: “¡Dame la llave, dame la llave!”, intentando intimidar al joven, que, nervioso, se resistió unos segundos.

En ese momento, el motochorro disparó al piso, a centímetros de las zapatillas de la víctima, mientras este suplicaba: “¡Pará, pará!”. Los balazos fueron tan cercanos que dejaron marcas en la vereda y en la ventana del local.

Bajo amenaza, el delincuente le sacó las llaves y el celular y fue hacia la moto de la víctima, que estaba estacionada en la vereda. Tras encender el vehículo, el repartido, aún en shock, reaccionó arrojándole su casco al ladrón antes de empezar a correrlo por la calle.

En ese instante, se activó una alarma vecinal, mientras los asaltantes escapaban en dos motos: la robada y la que utilizaron para llegar.

Lo que en un comienzo parecía ser una muerte por inhalación de monóxido de carbono tuvo en las últimas horas un vuelco inesperado. Las autoridades determinaron que el hombre y sus dos hijos hallados sin vida en una vivienda de General Lagos días atrás, fueron víctimas de un crimen silencioso.

La Fiscalía de Santa Fe caratuló el caso como doble homicidio agravado seguido de suicidio luego de que el fiscal Franco Tassini confirmara que Horacio Nicolás Colombo, de 46 años, habría planificado el crimen con anticipación y dejó una nota manuscrita en la que anticipaba que atentaría contra la vida de sus hijos y luego se quitaría la vida.

Los niños, Gian y Giulia, de 10 y 4 años respectivamente, se encontraban en la casa de su padre para pasar el fin de semana cuando ocurrieron los hechos. Las autopsias confirmaron que ambos murieron por intoxicación con monóxido de carbono y que no presentaban signos de agresiones físicas previas. Según las pericias, Colombo acondicionó una de las habitaciones para generar una acumulación letal del gas: el ambiente había sido sellado herméticamente para impedir el ingreso de aire.

La causa quedó en manos de Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), quien también reveló durante una conferencia de prensa de este martes que existían antecedentes de violencia de género. Según informó el Gobierno de la provincia de Santa Fe, la madre de los menores, identificada como V.M., había denunciado al hombre en febrero por violencia económica, psicológica y simbólica. A raíz de esa presentación, la Justicia dictó una restricción de acercamiento que protegía a la mujer, pero que no alcanzaba a los niños, por lo cual continuaban con las respectivas visitas.

Cómo encontraron a las víctimas

Los cuerpos fueron descubiertos el lunes cerca de las 12.30 en la vivienda ubicada en la calle España al 900 en la localidad de 5.000 habitantes ubicada al sur de Rosario. La alerta la dio la mamá ante la desesperación de no poder comunicarse con sus hijos desde la noche anterior al crimen. La ubicación del teléfono de uno de los menores marcaba en ese domicilio, lo que llevó a las autoridades a presentarse en el lugar. Al ingresar por la puerta trasera de la vivienda, junto a un hermano de Colombo, los efectivos descubrieron los tres cuerpos dentro de una de las habitaciones.

La Policía de Investigaciones detectó, en el marco de las pericias, dispositivos manipulados para que el material de combustión ardiera sin llama y se mantuviera incandescente. Esa alteración cobra relevancia en la investigación porque ese mecanismo produce monóxido de carbono en niveles letales sin generar indicios visibles que pudieran advertir a quienes estaban en la habitación.

El fiscal añadió: “El padre permaneció en el lugar durante todo ese tiempo y terminó falleciendo también como consecuencia de la exposición al mismo gas tóxico”.

Las primeras medidas en la escena revelaron que las ventanas y otras aberturas de la vivienda estaban cerradas y que había un brasero encendido. Esos indicios orientaron desde el inicio la investigación hacia la intoxicación con monóxido de carbono como causa de muerte, hipótesis que las autopsias terminaron por confirmar. La nota manuscrita hallada en el interior de la casa se convirtió en una de las pruebas centrales dado que en el escrito, el hombre de 46 años anticipaba el plan que llevaría a cabo contra sus propios hijos.

Según Darío Chávez, director provincial de Investigación Criminal, la investigación avanza sobre los indicios y evidencias reunidos en las primeras actuaciones, y todos los elementos incorporados a la causa apuntan en la misma dirección. Chávez precisó que los dispositivos electrónicos secuestrados en la vivienda serán peritados para determinar si el hombre realizó búsquedas vinculadas con el método utilizado, y reconoció el fuerte impacto que el hallazgo tuvo en los efectivos que participaron del procedimiento.

Un joven de 19 años atacó con un arma blanca a su hermana y fue detenido por la Policía del Chaco por el violento episodio familiar en un domicilio de la calle Bosch al 800, en Resistencia. Las autoridades acudieron al lugar luego de recibir un llamado por un desorden doméstico y hallaron a una joven que denunció haber sido atacada.

De acuerdo con Diario Chaco, los agentes de la División Patrulla Preventiva entrevistaron a la víctima, quien relató que su hermano la agredió utilizando un cuchillo. Los efectivos procedieron a la detención del sospechoso, quien aún portaba el arma empleada en la agresión.

La joven se trasladó a la Comisaría local para formalizar la denuncia. Por otro lado, el joven fue detenido y trasladado a la división Medicina Legal para los exámenes de rigor. Durante la verificación de antecedentes, la policía constató que el joven tenía un pedido de captura vigente por una causa de Supuesto Encubrimiento.

El detenido quedó notificado de las actuaciones legales y fue puesto a disposición de la justicia, alojado en la Comisaría Quinta por cuestiones de jurisdicción. Las autoridades investigan las circunstancias de la agresión y el vínculo entre los hechos recientes y la causa por la que estaba siendo buscado previamente.

El procedimiento se completó sin incidentes adicionales y la víctima logró radicar la denuncia tras el ataque. La investigación judicial continúa para esclarecer el trasfondo del conflicto familiar y el estado procesal del acusado.

Un hombre atacó a tiros a su hermana en La Plata

El tenso episodio ocurrió durante la jornada del viernes 15 de junio en la intersección de las calles 80 y 3, en Villa Elvira. Un hombre disparó contra el auto en el que viajaba su hermana y otros familiares.

Cuando la víctima, una mujer de 33 años, quien se disponía a retirarse de una vivienda, vio a su hermano salir armado a la vereda y amenazarla antes de abrir fuego. El acusado efectuó al menos tres disparos contra el Fiat Punto en el que la mujer viajaba junto a otros familiares. Uno de los impactos destruyó una rueda trasera y otro alcanzó una de las puertas del vehículo.

El acusado, un hombre de 40 años fue detenido en La Plata después de disparar contra el auto en el que viajaba su hermana. El ataque no dejó heridos pero derivó en el secuestro de varias armas y municiones y junto a eso, se abrió una investigación judicial por un conflicto familiar.

La Justicia ordenó tareas investigativas que derivaron en un allanamiento sobre el domicilio del acusado. Cuando los efectivos ingresaron, localizaron al sospechoso dentro de la propiedad, aparentemente atrincherado tras el ataque. Durante la requisa, los agentes advirtieron que llevaba en la cintura el revólver calibre 22 cargado.

Tras el operativo, la Policía Bonaerense encontró en la vivienda: un revólver calibre 22 con ocho municiones, un pistolón marca Rexto, una escopeta doble caño calibre 16, 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta. Todo quedó secuestrado como evidencia.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, que ahora debe definir su situación procesal y los próximos pasos de la causa. Las fuentes consultadas señalaron además que existían antecedentes de disputas familiares entre el agresor y la víctima, una situación que, de acuerdo con esas fuentes, habría motivado el ataque.

Ambos hechos, ocurridos en contextos familiares diferentes pero con desenlaces similares, reflejan la gravedad de la violencia intrafamiliar. Tanto en Chaco como en La Plata, se abrieron las causas judiciales tras la intervención policial. Mientras tanto, las investigaciones judiciales avanzan en cada jurisdicción para reconstruir lo sucedido y establecer el desarrollo de los episodios.

La Justicia Federal de Salta dictó prisión preventiva para una pareja acusada de acopiar y comercializar más de 200 kilos de marihuana y cocaína, luego de un operativo que permitió secuestrar un cargamento valuado en más de 900 mil dosis, según estimaciones oficiales. La investigación, bajo la órbita federal, se inició tras un control vehicular y derivó en el allanamiento de una vivienda en el barrio Juan Pablo II, en la zona sur de la capital provincial.

El procedimiento comenzó con efectivos de la Policía de Salta en un punto de control vial, donde detectaron inconsistencias en la documentación de un automóvil conducido por J.L.M. Durante la requisa, la Policía encontró 17 kilos de marihuana en el baúl y más de un kilo de cocaína debajo del asiento. El hombre quedó detenido en ese momento y el caso pasó a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Las autoridades hallaron además comprobantes de pago de expensas vinculados a un departamento en la zona sur, lo que orientó la investigación hacia un posible lugar de acopio. Según El Tribuno, la fiscalía federal solicitó un allanamiento en ese inmueble. Allí, los agentes secuestraron nueve bolsas de arpillera con 188 kilos de marihuana y casi 400 gramos de cocaína, además de documentación relevante para la causa.

Durante el operativo en la vivienda allanada se presentó la pareja del detenido, S.A.B., quien fue arrestada luego de que testigos aseguraran que convivía con J.L.M. en ese inmueble. El movimiento constante de personas en el departamento seria uno de los elementos que va a ser analizado para determinar si el sitio funcionaba como punto de almacenamiento o distribución de estupefacientes.

La cantidad de droga incautada superó los 205 kilos y estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia. La Fiscalía Federal de Transición y el Juzgado Federal N°1 de Salta coordinan la investigación, que ahora apunta a esclarecer el origen del cargamento, identificar el destino final y determinar si existen otros implicados en la red de tráfico.

El juez federal Julio Bavio formalizó la imputación por transporte, acopio y comercialización de estupefacientes. En el caso de J.L.M., la prisión preventiva fue fijada por 60 días, mientras que para S.A.B. la medida se dictó por un plazo inicial de 10 días, al considerar la gravedad del caso y el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. La decisión incluyó el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los acusados, así como la realización de peritajes sobre la droga y los dispositivos electrónicos secuestrados.

La fiscalía consideró que el volumen de droga y los elementos hallados refuerzan la hipótesis de una maniobra vinculada a una estructura criminal más amplia. “Las evidencias permiten suponer la existencia de una organización narcocriminal mayor”, sostuvo el fiscal Carlos Martín Amad. Además, remarcó la importancia de asegurar el análisis de los teléfonos y la reconstrucción patrimonial de los imputados para esclarecer el circuito de distribución.

Durante la audiencia judicial, la defensa de S.A.B., quien cursa un embarazo de tres meses, solicitó el arresto domiciliario, argumentando su desconocimiento de las actividades ilícitas de su pareja. “Mi pareja no tiene nada que ver con esto, ella no sabía lo que yo hacía”, declaró J.L.M. ante el juez. La fiscalía se opuso, aludiendo a la necesidad de preservar la investigación.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que profundizará los peritajes y el análisis de los bienes y documentos incautados. Además de la droga, los agentes secuestraron dos motocicletas de alta cilindrada, una balanza de precisión y documentación de interés. El caso forma parte de una serie de operativos recientes que permitieron desarticular redes de tráfico en la región, involucrando a múltiples dependencias y recursos federales.

La investigación sigue abierta y las autoridades buscan identificar si existen otros integrantes, proveedores o destinatarios del cargamento, así como reconstruir el flujo de dinero y las conexiones entre distintos domicilios y puntos de venta.

Enviado especial a Corrientes.— Después de una primera jornada marcada por sucesivos cuartos intermedios, discusiones procesales y situaciones inesperadas, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles uno de sus momentos más sensibles. Será cuando declaren los padres del niño ante el Tribunal Oral Federal, integrado por Fermín Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte.

María Luisa Noguera y José Peña, cuentan con la representación de María Belén Russo Cornara, quien asumió el patrocinio luego de la renuncia de Fernando Burlando. Siempre que los tiempos lo permitan, y según lo previsto por el cronograma de testigos, también podría testificar Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan y una de las personas que participó activamente de la búsqueda desde las primeras horas posteriores a su desaparición en el paraje El Algarrobal, en Corrientes.

La declaración de la madre y el padre de Lian será relevante porque permitirá reconstruir cómo transcurrió aquella jornada del 13 de junio de 2024, el vínculo del niño con las personas que participaron del almuerzo en la casa de Catalina Peña y los primeros momentos de la búsqueda, cuando todavía se creía que el menor podía haberse perdido en la zona rural de 9 de Julio.

En forma previa, el Tribunal Oral Federal deberá completar los trámites procesales pendientes de la primera jornada. Es que, el martes 16, cuando se abrió el debate, los inconvenientes organizativos, la demora en el comienzo de la audiencia y los problemas generados por la ausencia del acusado Esteban Federico Rossi Colombo impidieron que se cumpliera con todo el cronograma previsto.

La idea original era que durante la primera jornada se leyeran los resúmenes de los dos requerimientos de elevación a juicio preparados por la fiscalía. En el primero están contenidas las acusaciones contra quienes participaron del almuerzo familiar, la última reunión en la que Loan fue visto antes de desaparecer. En el segundo figuran los cargos contra la denominada “banda del hotel”, el grupo que se presentó como integrante de la Fundación Lucio Dupuy y que, según la acusación, buscó desviar la investigación e impedir el esclarecimiento del caso.

Sin embargo, el tribunal solo logró completar la lectura de la acusación contra el denominado “grupo del almuerzo”. La exposición de los cargos contra los integrantes de la banda del hotel quedó pendiente para este miércoles, cuando la audiencia se reanude a las 9.30.

La lectura de la acusación contra los siete imputados del primer expediente demandó prácticamente toda la jornada del martes. Este miércoles, la secretaria del tribunal, Estefanía Acosta, y la funcionaria Anahí Vassel deberán exponer las circunstancias y los cargos atribuidos a los diez acusados restantes.

Durante la primera audiencia hubo planteos de un grupo de abogados defensores para que esa lectura fuera omitida y se la diera por realizada. Sin embargo, otros letrados se opusieron. Frente a esa discrepancia, el tribunal resolvió continuar con el procedimiento.

Incluso, ante la posibilidad de futuros planteos de nulidad por parte de algunas defensas, el fiscal general Carlos Schaefer llegó a sugerir que se leyeran los requerimientos completos y no las versiones resumidas. La propuesta no prosperó. De haber sido aceptada, hubiera extendido considerablemente los tiempos del juicio: el requerimiento correspondiente al grupo del almuerzo tiene 126 fojas y el de la banda del hotel alcanza las 191.

Un nuevo episodio de estafa virtual sacudió a la ciudad de La Plata. Un jubilado de 81 años denunció haber sido víctima de un engaño telefónico que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos.

El hecho, que ocurrió en el tradicional barrio La Loma, expone la sofisticación creciente de los métodos utilizados por los delincuentes para acceder a datos bancarios y vaciar cuentas mediante aplicaciones digitales.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

La víctima explicó que, tras advertir la situación, procedió a bloquear y dar de baja distintos accesos a sus cuentas bancarias. No obstante, ya se habían concretado las principales operaciones fraudulentas. El monto total sustraído supera ampliamente el millón de pesos, una cifra que representa ahorros de toda una vida para muchos jubilados.

El caso fue reportado inmediatamente a las autoridades, quienes iniciaron una investigación para determinar la modalidad exacta del fraude. La causa quedó en manos de la Justicia, que ya tomó declaración a la víctima y solicitó los registros de movimientos bancarios para rastrear el destino de los fondos. Las pericias técnicas buscarán identificar desde qué dispositivos y ubicaciones se concretaron las operaciones, así como el recorrido de las transferencias.

Este tipo de delitos se volvió cada vez más recurrente. De hecho, a finales de mayo, la Policía porteña desarticuló una banda dedicada a realizar estafas virtuales. Así, detuvieron a 3 personas tras realizar 10 allanamientos en la Ciudad y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ordenados luego de un operativo inicial que, hace un mes, permitió desarticular la estructura principal de la organización y secuestrar más de 250 mil dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene once imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera.

Según la investigación, los acusados ofrecían supuestas oportunidades de ganancias en acciones de empresas y activos digitales, mientras simulaban movimientos bursátiles a través de una aplicación apócrifa diseñada para engañar a las víctimas.

El nuevo operativo fue coordinado por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la Policía Bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson. También intervino el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.

De los diez allanamientos realizados en esta etapa de la investigación, ocho se concretaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

La Policía Federal Argentina secuestró más de 2.000 álbumes oficiales del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un operativo orientado a desarticular el ingreso ilegal de mercadería valuada en sumas millonarias. La acción, denominada “El álbum más buscado”, fue supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

La investigación comenzó a fines de mayo, cuando agentes del Departamento Delitos Fiscales realizaban controles sobre la Avenida Suárez al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una recorrida preventiva, advirtieron la circulación de dos vehículos que transportaban bultos de gran volumen. Al ser interceptados, los ocupantes no pudieron acreditar la documentación de la carga, que consistía en 2.200 álbumes de figuritas de la Copa Mundial FIFA 2026 con la inscripción “PANINI” y de origen brasileño. Según fuentes policiales, los productos no contaban con documentación aduanera que respaldara su ingreso al país.

La aparición de figuritas, pero no de álbumes, provocó una demanda inusual en todo el país y derivó en faltantes de stock en kioscos y comercios. Esto, según los investigadores, incentivó la creación de canales informales de abastecimiento y comercialización, donde se detectó el ingreso irregular de álbumes sin aval legal.

Tras el hallazgo, el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°8, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, ordenó el traslado de la mercadería y de los dos implicados. En la sede policial, verificadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contabilizaron 2.200 álbumes, valuados en 100 millones de pesos. La Justicia dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de la carga.

A partir del procedimiento, se realizó un allanamiento en un depósito de Lanús y una presentación en un comercio de encomiendas en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Policía Federal constató el almacenamiento de mercadería de diversos rubros.

Durante el operativo, un hombre fue notificado de la causa y se incautaron 1.500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, siete notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de DVD, 60 controles de videojuego, 20 aspiradoras y 20 pistolas de hidrogel, entre otros elementos. El valor de lo secuestrado asciende a 98 millones de pesos.

Todos los detenidos y la mercadería secuestrada quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero. El operativo apunta a combatir el contrabando y la comercialización ilegal de estos productos en el mercado argentino.

A mediados de mayo, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en Mendoza a un ciudadano peruano que intentó evadir un control policial y terminó volcando con su auto. En el vehículo hallaron una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos.

Tras el accidente y el hallazgo, la Justicia dispuso el secuestro del vehículo y de la mercadería, que quedaron a disposición de la Aduana. El conductor fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza, donde permanece detenido por contrabando.

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el procedimiento, solicitando la verificación del domicilio del conductor, la consulta de antecedentes y una alerta migratoria

Esteban Federico Rossi Colombo pasó, en pocas horas, de estar declarado en rebeldía a participar por videoconferencia en la primera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El psicólogo de 43 años, acusado de integrar el grupo que decía representar a la Fundación Lucio Dupuy, faltó al inicio del debate oral, lo que motivó una orden de detención en su contra. Sin embargo, más tarde apareció por Zoom, explicó que no había viajado por falta de dinero y logró que el tribunal revocara la medida.

Rossi Colombo vive en San Miguel de Tucumán y ya había estado detenido en el marco de esta causa. Actualmente transita el proceso en libertad. Según la acusación, integró el grupo que desembarcó en 9 de Julio pocos días después de la desaparición de Loan bajo la supuesta representación de la ONG y participó de distintas actividades vinculadas al caso durante las primeras semanas de la investigación.

Entre los hechos que se le atribuyen figura su participación en la denominada “reconstrucción particular” de la desaparición realizada el 3 de julio de 2024 en el paraje El Algarrobal junto a otros integrantes del grupo y familiares del niño. Aquella puesta en escena quedó luego bajo sospecha judicial y pasó a formar parte de la acusación fiscal.

A diferencia de Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia y Alan Cañete, Rossi Colombo no está señalado como uno de los dirigentes de la organización. Sin embargo, la acusación sostiene que formó parte de la estructura que operó en Corrientes bajo el nombre de la Fundación Lucio Dupuy y que habría retenido a menores de edad y familiares de Loan en el hotel “Despertar del Iberá” mientras avanzaba la investigación.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los integrantes de ese grupo habrían restringido la libertad de esas personas e influido sobre sus declaraciones. Para la fiscalía, esas maniobras tuvieron como finalidad “frustrar, entorpecer o alterar el curso de la investigación” por la desaparición del niño.

La situación procesal de Rossi Colombo también presenta particularidades. La acusación sostiene que incurrió en falso testimonio durante una declaración prestada ante la Justicia el 11 de septiembre de 2024. Según el requerimiento, el psicólogo habría incurrido en “diversas contradicciones sobre el mismo tema” a lo largo de esa audiencia pese a encontrarse bajo juramento de decir verdad.

Además, la fiscalía le atribuye haber divulgado información obtenida durante su intervención profesional con menores vinculados a la causa. El requerimiento sostiene que, “en razón de su profesión de psicólogo”, tomó conocimiento de datos reservados y posteriormente los difundió públicamente, pese a que esa información podía afectar a niños que aparecían como potenciales testigos del expediente.

Por esos hechos, Rossi Colombo llegó a juicio acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa y encubrimiento junto al resto del denominado grupo del hotel. Además enfrenta cargos por falso testimonio, violación de secretos profesionales y ejercicio irregular de la psicología en Corrientes, ya que la fiscalía sostiene que no contaba con habilitación para desempeñarse profesionalmente en esa provincia.

La ausencia de Rossi Colombo en la audiencia inaugural generó uno de los principales contratiempos de la jornada. Al no presentarse al inicio del debate, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo declaró en rebeldía y ordenó su detención. Sin embargo, horas después compareció por videoconferencia desde Tucumán y explicó que no había viajado por problemas económicos.

Su presentación abrió una discusión entre las defensas y la fiscalía acerca de quién debía asumir su representación legal. En un primer momento, el abogado cordobés Segundo Delgado se presentó como su nuevo defensor y solicitó tiempo para interiorizarse de la causa. Pero el planteo fue rechazado por el tribunal.

También fue descartada la posibilidad de que lo representara Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, otro de los imputados en el mismo expediente. La fiscalía se opuso al entender que podían existir intereses contrapuestos, ya que Cañete fue quien convocó a Rossi Colombo para sumarse al grupo que desembarcó en Corrientes durante la investigación.

Finalmente, los jueces dejaron sin efecto la orden de detención y resolvieron que el psicólogo continuara formando parte del juicio. Durante el resto de la audiencia fue asistido de manera provisoria por la defensora Mirta Pellegrini, mientras que a partir de la próxima jornada quedará bajo la representación de la defensora oficial Juliana Machado.

La jornada se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad en un salón del Escuadrón de Gendarmería 48. El ámbito no estaba preparado para un juicio. Pero el personal de la Justicia Federal lo acondicionó de la mejor manera.

En ese contexto, los abogados defensores —que sumaban una treintena— debieron ubicarse en espacios reducidos. Detrás de ellos se sentaron los acusados.

La incomodidad fue motivo de varios comentarios a lo largo de la jornada. Por ejemplo, Mónica Chirivín, abogada de Laudelina Peña, pidió que dos gendarmes se ubicaran de manera tal que dificultaran la visión directa de la acusada desde el sector reservado para la prensa y el público.

La disposición de los lugares también permitió advertir algunos intercambios entre los imputados. Laudelina Peña y Victoria Caillava, acusada de la sustracción y ocultamiento del menor junto a su marido Carlos Pérez, se saludaron con un beso al ingresar a la sala. Al igual que el matrimonio, minutos antes. El gesto fue comentado entre los presentes.

Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de un anillo en una de las manos del ex comisario Walter Maciel. Habitualmente, las personas detenidas no conservan efectos personales de ese tipo durante los traslados. Maciel, además, mantuvo breves conversaciones con algunos efectivos policiales que participaban de la custodia del lugar.

Sin embargo, quien terminó en el centro del debate fue el imputado Esteban Federico Rossi Colombo, el psicólogo tucumano acusado de integrar el grupo que decía pertenecer a la Fundación Dupuy y que, según la fiscalía, intervino para desviar la investigación.

Rossi Colombo ya había estado detenido en 2024, pero actualmente transita el proceso en libertad. Al no presentarse al inicio de la audiencia, los jueces dispusieron su rebeldía y ordenaron su arresto. La resolución incluyó apartarlo de este procedimiento, lo que implicaba la realización de un nuevo juicio más adelante. También se dispuso apartar a Patricio Damián Char Bodegue de la representación legal del imputado.

Horas después, y cuando la noticia ya circulaba por los medios, Rossi Colombo apareció en el debate conectado por videoconferencia. La novedad quedó manifiesta al regreso del cuarto intermedio para almorzar. El acusado vestía traje oscuro. Junto a él se ubicaba el abogado cordobés Segundo Delgado.

El presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, comunicó la novedad y le dio la palabra a Rossi Colombo. El hombre dijo que no tenía dinero para pagar a su abogado anterior ni tampoco para viajar a Corrientes. Por eso nombraba a Delgado como nuevo defensor. El letrado pidió 72 horas para interiorizarse de la causa. El planteo obligó al Tribunal a retirarse para deliberar.

Al regresar, Ceroleni indicó que, junto a los vocales Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte, habían decidido aceptar que Rossi Colombo participara del juicio. Como fundamento, los magistrados señalaron que todavía no se había leído la acusación fiscal en su contra. También avalaron que fuera asistido por Delgado. Pero para ello, el abogado debía desistir de su pedido de 72 horas de plazo.

Hubo además otro elemento. El tribunal aceptó que el psicólogo siguiera las audiencias desde una dependencia de Gendarmería en Tucumán. La decisión generó malestar entre algunas defensas, que señalaron que sus asistidos habían sido trasladados especialmente para participar del debate.

El fiscal Carlos Schaefer cuestionó con dureza la decisión y reclamó que se le concediera la palabra para fijar posición. Luego pidió que se mantuviera la resolución inicial: Rossi Colombo fuera del juicio y con la orden de detención vigente.

El Tribunal se mantuvo firme en su postura y decidió avanzar. Sin embargo, un nuevo planteo de Delgado volvió a complicar el escenario. El abogado indicó que el miércoles debía intervenir en un juicio por homicidio en Córdoba. Si se avalaba su ausencia, el Tribunal del caso Loan debía posponer la audiencia.

La intención del letrado Martín Leiro de asumir la defensa ad honorem también quedó descartada. El abogado representa a Alan Cañete, señalado por la Fiscalía como la persona que convocó a Rossi Colombo para sumarse al grupo que trabajó en 9 de Julio días después de la desaparición de Loan.

El murmullo que acompañaba la audiencia se transformó en protestas abiertas dentro de la sala. En ese contexto, afloraron diferencias entre el Tribunal y la Fiscalía respecto de la organización y el desarrollo del juicio. Ceroleni recordó que originalmente las audiencias habían sido previstas para octubre, mientras que Schaefer respondió que existía un interés social evidente en que el debate comenzara cuanto antes.

Otro punto de tensión giró en torno a la representación del Ministerio Público Fiscal. En la audiencia solo pueden intervenir dos fiscales, mientras que en la sala había alrededor de 30 abogados defensores. La posibilidad de ampliar esa representación se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras el planteo de Delgado, la situación volvió a tensarse. Schaefer y el abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, intercambiaron cuestionamientos. La voz del presidente del Tribunal se perdía entre las intervenciones y por momentos resultaba difícil seguir el desarrollo de la audiencia.

El Tribunal dispuso entonces un nuevo cuarto intermedio. Estaba previsto que durara cinco minutos, pero finalmente se extendió durante media hora. Al regresar, resolvió mantener a Rossi Colombo dentro del juicio y asignarle una defensa oficial.

Schaefer volvió a cuestionar la decisión. El juez le negó la palabra y desestimó su advertencia respecto de la representación legal del acusado y la posible existencia de intereses contrapuestos. Finalmente, el Ministerio Público de la Defensa designó de manera provisoria a Mirta Pellegrini —que ya representa a otros integrantes del grupo vinculado a Rossi Colombo, como Valeria López y Francisco Méndez—. A partir del miércoles asumirá Juliana Machado.

Tras esta primera e intensa jornada, el debate se retomará mañana. Policía de Corrientes instaló un vallado perimetral alrededor del Escuadrón y controla los accesos externos. Dentro del predio, Gendarmería se encarga de revisar bolsos, mochilas y pertenencias personales. Los controles se repiten incluso cuando alguien sale momentáneamente a utilizar los baños químicos instalados sobre la calle, los únicos habilitados para quienes siguen la audiencia.

El juicio por la muerte de Maradona entró en una instancia de “todos contra todos”. Ahora, los siete imputados se apuntan mutuamente para intentar despegarse, de a poco, de la acusación de homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre ellos. Es un momento que los fiscales y abogados querellantes sabían que tarde o temprano iba a llegar: con el avance del debate, la producción de prueba y las declaraciones de los testigos, se van aclarando los roles de cada uno en la internación domiciliaria donde murió Diego, las responsabilidades que habían asumido y cuáles fueron las fallas.

En este contexto, este martes imputado Mariano Perroni, jefe de enfermeros, adelantó que iba a responder preguntas de todos los abogados para aclarar su situación.

Por otro lado, la acusación convocó a dos acompañantes terapeúticos que fueron echados de la internación domiciliaria de Maradona a los pocos días de que el Diez se instalara.

Cuarto intermedio hasta el jueves

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“Todos hablaban por Diego, pero Diego nunca hablaba”

El testigo Cottaro declaró que había logrado entablar una buena relación con Maradona, que solían charlar, cantar, mirar fútbol juntos. También dijo que a veces peleaban, pero después se arreglaban. En general transmitió que Diego estaba a gusto con su compañía y con la de sus compañeros, con quienes se turnaban.

“A mi Cosachov me dijo un día que hagamos un impasse y nunca más me volvieron a llamar. También me llamó mi hermano (otro acompañante) y me dijo que le dijeron lo mismo. Que le habían dicho que era mucho, que Diego estaba molesto por tanta gente. Todos hablaban por Diego, pero Diego nunca hablaba. Lo decía el entorno de Diego”, declaró.

Y subrayó: “Yo creo que nadie sabía de la importancia que tiene el acompañamiento. No es de hablar solo de la vida, es para ir viendo cómo está, con quiénes se siente cómodo, en qué momento. Lo que tenía él era multicausal y había que tratarlo desde muchos lados distintos. Pero en ese momento el tiempo premiaba, no sé”.

Declara uno de los acompañantes terapeúticos que echaron de la internación domicilaria

Carlos Cottaro fue convocado por el médico Mario Schiter para estar con Diego desde que se operó de la cabeza. “Yo fui adicto y por mi experiencia tenía otro tipo de llegada y empatía con los pacientes”, contextualizó ante los jueces, a quienes les contó que, desde que él se recuperó, siempre quiso ayudar a otros con el mismo problema.

Cottaro relató que estuvo con el Diez desde que se despertó de la cirugía hasta el 11 de noviembre, cuando ya estaba en la internación domiciliaria de Tigre. Recordó que logró entablar una buena relación, que él no era cholulo porque sabía que estaba ahí para ayudarlo y admitió que le tomó por sorpresa que lo desplazaran.

Sobre la casa donde estuvo alojado hasta su muerte, dijo que era de “veraneo” y que tenía una escalera “chiquita” por donde Maradona no pasaba. También que todos los que entraban tenían que dejar su celular afuera por orden de su entorno.

Cosachov volvió a apuntar contra la imputada Forlini

Agustina Cosachov mostró chats con la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini que datan de apenas unos días después de la externación del Diez, donde ambas blanquean que hubo un desentendimiento entre el acta de externación y el pedido de la psiquiatra para la internación domiciliaria.

En los mensajes, Forlini le decía que todo el tratamiento clínico dependía del cuerpo médico tratante; mientras que Cosachov le aseguraba que no era lo que habían pedido. “Es lo que firmaron”, se lee que le decía la coordinadora de la prepaga.

En este contexto, la psiquiatra dice que, después de notar este desacuerdo, le avisó al psicólogo acusado Carlos Díaz de la situación, leyeron el acta y se dieron cuenta de que la prepaga advertía que no se iba a hacer cargo de la salud de Maradona, sino solamente aportar lo que pidieran formalmente. Cosachov se queja que nadie le aclaró esto hasta que ya era tarde.

Declara la psiquiatra Agustina Cosachov

“La idea de esta ampliación tiene que ver con puntos de la audiencia pasada y cuestiones de la declaración de Perroni que me gustaría aclarar. Empiezo con esta presentación de mis pedidos para la internación domiciliaria que se la mando al auditor de la prepaga, Espeche, que en todo momento me dijo que estaba todo ok”, declaró la imputada.

Y agregó: “Quiero enfatizar en la solicitud del médico clínico y la ambulancia con la legislación vigente con los vehículos de traslado. En este pedido y en el que refuerzo el día 13, en ningún momento pido acompañantes terapeúticos porque en ese momento no lo consideré indispensable”.

“Del día 4 al día 11 de noviembre de 2020 mi criterio no había cambiado y tampoco en las reuniones con la familia y directivos de la prepaga. Pero evidentemente algo sucede entre el 11 al mediodía y los días posteriores a la internación”, deslizó Cosachov.

Se demora la reanudación del juicio porque se fueron los testigos.

El imputado Di Spagna defendió a las hijas de Maradona: “Tienen amor por su padre”

Al reconstruir el día que fue a revisar a Maradona, el imputado Di Spagna recordó que las hijas de Diego intentaron convencer a su papá de que acepte la visita médica.

"Yo el 18 vi dos hijas con amor a su padre. Vi a Gianinna y a Jana que iba y venía para intentar convencer a su padre. Yo vi a dos hijas que tenían amor por su padre. Yo lo vi en carne propia, lo quiero decir, porque después en los medios se dice otra cosa“, declaró.

Declara por primera vez el imputado Pedro Di Spagna

El médico clínico imputado pidió hacer una aclaración ante los jueces para contextualizar un fragmento de la indagatoria a Perroni. Se trata de un chat que se mostró donde Di Spagna dice en un grupo que quería dejar “constancia legal” sobre un episodio de la internación domiciliaria que no quedó claro.

“Quedó claro que el 18 de noviembre yo voy a revisarlo a Maradona con un nutricionista y nos rechazan. Al día siguiente yo quiero volver a ir y me mandan un audio de la doctora Forlini, diciéndome que no”, declaró Di Spagna, que reprodujo el material.

En la grabación queda claro, según me dice Forlini, que me rechazan los “médicos tratantes”. Yo iba solo en modo de interconsultor y una vez por semana. También dicen que los médicos tratantes iban a tratar de ir en ese lapso. Yo acaté la decisión de los médicos tratantes, yo soy interconsultor, me dijeron que programemos para la otra semana”, aclaró.

Y sumó: “Yo el 19 quise volver a ir y me lo negaron. Yo quería una constancia legal para que quedara que yo quería volver a ir y me lo niegan. Al día siguiente me dicen que hay una ambulancia y que cualquier inconveniente en el domicilio lo iban a llamar. Yo me quedé tranquilo que cualquier eventualidad iban a llamar a una ambulancia”.

Terminó la declaración de Perroni

El imputado se negó a responder preguntas de los defensores y finalizó su indagatoria, que se extendió por dos días.

El imputado Perroni desmintió la principal acusación contra él

El coordinador de enfermeros está señalado principalmente por manipular las planillas de enfermería de Maradona tras su muerte. Los fiscales aseguran que él completó la información que faltaba con datos falsos, haciéndose pasar por los enfermeros. Particularmente por Gisela Madrid, que estaba con el Diez cuando murió.

“Yo le pedí a ella que completara la planilla. Después de que declare en la fiscalía la acompañé a la casa de Tigre a buscar sus cosas, yo la esperé afuera y ella llenó su planilla adentro. Yo no lo hice”, aseguró. Lo mismo había repetido el jueves pasado.

Perroni admitió que Maradona tuvo taquicardia varios días y que no lo controlaban

Tras las preguntas del abogado Mario Baudry, el imputado Mariano Perroni dejó en claro dos cuestiones fundamentales para el caso. La primera complica a todos: aseguró que Maradona estuvo con taquicardia desde el 19 de noviembre de 2020 (murió el 25) y nadie tomó intervención. La segunda, al grupo de enfermeros: Perroni dijo que solo uno de los dos trabajadores que estaba en la casa le tomaba los signos vitales (Ricardo Almirón) y que su compañera (Gisela Madrid) no porque Diego no la dejaba. Los turnos de cada uno eran de 12 horas. Es decir: durante su última semana de vida, Maradona tenía elevada su frecuencia cardíaca -era sabido por todos, ya que el dato se reportaba en los partes médicos- y tenía una enfermera que durante la mitad del día no le controlaba los signos.

“No era obligatorio tomárselos, no nos lo habían pedido”, aclaró Perroni en su declaración.

Y siguió: “Estábamos con un paciente que veía un ambo blanco y algunas veces se alteraba. Eso podía elevar la frecuencia cardíaca. La enfermería transmite: mirá, tiene estos valores. Yo tengo entendido que Forlini (coordinadora de la prepaga) lo comunicaba a los médicos tratantes”.

Al ser consultado por si, ante la complicación que tenía Madrid para controlar a Maradona, él como coordinador la sustituyó respondió que no.

Comenzó la audiencia: el imputado Perroni ahora responde preguntas del abogado Mario Baudry

La jornada comenzó pasadas las 10:30, cuando el jefe de enfermeros manifestó su intención de seguir declarando ante el tribunal. De traje, se sentó ante los jueces y antes de continuar su relato dijo: “Me quiero disculpar porque me ganó la emoción la vez pasada y no pude terminar”.

Luego le dieron la palabra a Fernando Burlando, que el jueves debió suspender su interrogatorio por un tenso cruce con Perroni. El representante de Dalma y Gianinna, sin embargo, le cedió su turno a Mario Baudry.

A preguntas suyas, el acusado ratificó lo que ya había dicho: “Para organizar la internación de Maradona solo me dijeron que era un paciente post quirúrgico de un hematoma subdural y con abstinencia, nada más”.

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El principal acusado fue trasladado esta mañana a los Tribunales II de Córdoba para ser indagado por el fiscal Raúl Garzón. Tras más de media hora de audiencia, Jorge Cassini, defensor de Barrelier, confirmó que agravaron la imputación de su defendido y ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

Según informó el medio local La Voz, para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque. Luego, intentó desaparecer el cuerpo con el objetivo de lograr su impunidad.

En diálogo con la prensa, Cassini detalló: “Se le tomó declaración a Barrelier, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de continuar declarando”. Al ser consultado sobre los próximos pasos en la causa, el abogado se limitó a responder que el avance de la investigación depende de la fiscalía.

Por otro lado, Cassini señaló que por el momento no fue notificado sobre una nueva indagatoria a Barrelier y evitó brindar mayores detalles.

Esta fue la tercera vez que Barrelier fue citado a declarar. La primera fue cuando estaba acusado por privación ilegítima de la libertad. En aquella ocasión, negó los hechos y contó que había visto a la joven subirse a un auto rojo, lo cual luego fue descartado. La segunda vez, fue convocado de urgencia por el fiscal Garzón con la intención de que confiese dónde había descartado los restos de la adolescente. Nuevamente, no aportó información útil.

En estos momentos, Barrelier se encuentra detenido en el penal de Bouwer. Previamente, había estado internado en el Hospital Modular, el cual se encuentra en dicho complejo penitenciario, tras manifestar conductas suicidas.

Se espera que el miércoles sean indagados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes están acusados de encubrimiento agravado. Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que la acusación contra ambos pueda agravarse.

Fassetta, amigo de Barrelier y residente de la vivienda ubicada en el barrio Cofico, donde habría ocurrido el crimen, es investigado ya que para la fiscalía resulta poco probable que no haya escuchado ningún ruido en la casa el día de la desaparición de Agostina. A su vez, buscan determinar si Fassetta fue quien le envió mensajes a la madre de la joven durante los primeros días de búsqueda. Eduardo Medina Allende, abogado del acusado, adelantó que su defendido negará las acusaciones en su contra.

Por otro lado, Andreani, ex pareja de Barrelier, es investigada por ser la dueña del auto Ford Ka que el principal acusado habría utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado. Según detalló su defensora, Marina Romano, Andreani se encuentra bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental.

Por último, en los próximos días la fiscalía espera recibir los estudios psicológicos realizados a Barrelier y las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.