El juicio por la muerte de Maradona sigue con dos testimonios clave, uno de ellos completamente nuevo para el proceso oral. Se trata de la médica legista de la prepaga, Mariana Filchman, quien redactó el acta de externación de Diego con las condiciones que se habían acordado para su recuperación en la casa de Tigre. Y donde finalmente falleció tres semanas después.

También declarará Rodolfo Benvenuti, un cirujano que supervisó la operación de cabeza de Maradona y quien le habría dado la orden a Leopoldo Luque de “no tocarlo” por pedido de la familia del Diez.

Finalmente, está previsto que se reproduzca un audio fundamental para la causa: el de la reunión donde se definió la internación domiciliaria de Diego en Tigre.

Pidió declarar Agustina Cosachov

La psiquiatra solicitó ampliar su indagatoria ante los jueces, para responder a unos chats que expusieron en la última audiencia durante la declaración de su colega Marcela Waisman. Solo va a responder preguntas de su defensor, Vadim Mischanchuk.

Arrancó la audiencia

“Algo va a pasar”: intriga por la inesperada presencia de las imputadas Cosachov y Forlini en la audiencia

La psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini están en la sala para presenciar la 14° jornada del debate oral. Son las únicas de las acusadas que, en lo que lleva el proceso oral, no han venido.

Quiénes son los testigos del día

Rodolfo Benvenuti, citado para este jueves por los fiscales, es el cirujano que supervisó la operación de cabeza a la que el astro del fútbol fue sometido unos 22 días antes de su muerte. Él fue quien intervino con aval de la familia para que Luque no ejecutara la cirugía, a pesar de que después se llevó el crédito.

Por su parte, Mariana Flichman es la médica legista que redactó el acta de externación de Diego de la Clínica Olivos, con todas las condiciones pactadas por los familiares y sus médicos de cabecera para su rehabilitación en la casa de Tigre.

David Ariel Allami se convirtió en uno de tantos símbolos del atentado a la AMIA. Acudió a asistir a los heridos aquel 18 de abril de 1994. “Yo tenía una oficina a cien metros del edificio de la AMIA y escuchamos una explosión muy fuerte. Pensamos que había sido una caja de electricidad o algo así”, afirmó en una entrevista, años atrás. Fue fotografiado entre los escombros por una agencia extranjera, en una imagen que recorrió el mundo. Años más tarde se convertiría en una figura sumamente respetada dentro de la comunidad judía ortodoxa, con el rol de sofer, el escriba de textos sagrados como la Torá.

Hoy, con 59 años, Allami está preso en el penal de Ezeiza. Tiene condenas que datan de los últimos meses. La última fue dictada este jueves. Pactó una pena de tres años en suspenso en el Tribunal Oral en lo Económico N°1. El delito: contrabando de medicamentos.

La pena anterior es la que lo mantiene en la cárcel. A fines de diciembre pasado, Allami fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de abuso de menores gravemente ultrajante, agravado por la guarda de la víctima, en concurso real con producción de pornografía infantil y corrupción de menores.

Las víctimas eran dos chicos de la comunidad religiosa que Allami integraba, hermanos entre sí. Tenían doce y catorce años al momento de los hechos denunciados que, originalmente, incluyeron la figura de acceso carnal.

“Una debilidad”

Los hechos ocurrieron en 2013, principalmente en el domicilio de Allami, en el límite entre el Once y el Abasto. Fueron denunciados por los hermanos once años después. Allí, declararon. “David Ariel Allami valiéndose de su condición de sofer –escriba de la Torá y otros textos-, cargo que ostenta desde el año 2011 dentro de la comunidad judía, logró a partir del respeto y confianza espiritual de aquel cargo jerárquico, generar y perpetrar los abusos sobre nosotros", aseguraron las víctimas, en un relato incluido en los fundamentos de la condena firmada por el Tribunal N°16 a los que accedió Infobae.

Allami tenía un vínculo con el padre de ambos chicos. Un día, en una consulta religiosa, el padre le aseguró que el mayor de los hermanos tenía “problemas de escoliosis”. Allami, allí, aseguró ser “kinesiólogo” y que podría tratarlo.

Él declaró en la Justicia que mantuvo “de quince a veinte sesiones”, encuentros semanales de treinta a cuarenta minutos de duración. En una de estas sesiones, el acusado le “refirió que tenía algo en el pene, que podía ser diabetes y que no quería que mi papá se enterara, por lo que lo iba a revisar en la habitación de arriba”. Los abusos comenzaron poco después.

Al menos uno de los niños fue fotografiado desnudo, no en la casa de Allami, sino “en el templo”, donde la familia concurría. Allí, en “una cama con un colchón con un plástico, hizo que me sacara la ropa”. “Me exhibió imágenes desde su celular de otros chicos a los que atendía y estaban desnudos, para luego proceder a tomarme fotografías sin ropa, ello con la excusa de que quería ver la evolución de mi espalda”, continuó el relato.

Allami, por su parte, negó las acusaciones. “Son falsas y mentiras, yo soy inocente, no soy un abusador, no soy kinesiólogo, ni masajista”, afirmó. También, redujo el conflicto a una deuda de 50 mil dólares con el padre de las víctimas tras un negocio fallido. El fiscal acusador Fernando Fiszer encontró llamativo “el encono” de Allami con la madre de los hermanos.

Las víctimas declararon ante peritos del Cuerpo Médico Forense. Los análisis determinaron que los relatos eran creíbles y “descartaron indicadores compatibles con la fabulación”, según la condena. Se hallaron, también, “signos y síntomas compatibles con la exposición a eventos traumáticos de naturaleza sexual”.

La propia comunidad religiosa jugó un rol en el caso. En un teléfono incautado, se encontró un diálogo entre Allami y otro referente religioso, al que el acusado le dijo que “todos tenemos o tuvimos en algún momento una debilidad”, un dato que los jueces consideraron determinante. El líder con el que Allami dialogaba habría sido anoticiado de los abusos por la propia familia de las víctimas.

Los hermanos fueron querellantes en el caso. En su alegato, sus abogados afirmaron: “Allami, a pesar de haber vulnerado sexualmente a los chicos, siguió hostigando a la familia para que no hagan la denuncia” e instó al otro líder a “mandar un mensaje fuerte a la madre para silenciar los hechos”. La condena, si no prosperan posibles apelaciones, se considerará cumplida el 26 de octubre de 2047 a la medianoche.

El misterioso europeo

La condena firmada esta semana, en la que Allami pactó por Zoom una pena de tres años en suspenso ante el juez Diego García Berro, detalla el mecanismo del contrabando de medicamentos. Allí, la organización que Allami integró se aprovechó del Régimen Especial de Envíos de Asistencia y Salvamento, establecido en el Código Aduanero, que exime de pagar impuestos a material importado para aliviar una catástrofe. Esta mercadería “pese a su carácter donativo que fuera declarado con fines sanitarios, se encontraba destinada a ser comercializada en el mercado local”, asegura el fallo.

Allami fue considerado un partícipe secundario, acusado de encontrar compradores para los remedios y realizar gestiones. Junto a él fue condenado una mujer de 41 años, oriunda de Catamarca, con domicilio en la zona de Recreo, acusada de ser la principal operadora del principal acusado, un europeo llamado Konstantin Orlov, muerto meses atrás.

Orlov tuvo tres DNI distintos en Argentina, domicilios en Catamarca, en CABA, hasta pagó un monotributo. Fue socio de la catamarqueña: ambos crearon en agosto de 2020, plena pandemia, una empresa llamada “Centro de Innovación Brasil Armenia Argentina”.

Orlov, precisamente, se vinculaba a “‘Armenia Artsakh Fund’, entidad utilizada para simular la donación e invocar indebidamente el régimen especial que posibilitó el ingreso de la mercadería sin tributar”. El europeo, por otra parte, “mantenía vínculos con funcionarios del Ministerio de Salud de Catamarca”.

La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay suspendió actividades y bloqueó sus accesos, según relataron los empleados. Aproximadamente 950 personas —la mayoría residentes de la ciudad y localidades cercanas— quedaron sin empleo y sin información clara sobre su futuro, mientras aumentan los reclamos laborales y sociales en la región.

Maxi Salazar, delegado de los trabajadores, narró en Infobae A las Nueve, la sorpresa con la que se encontraron. Fue “de un momento para el otro” y aseguró que la firma no notificó a los trabajadores. También sostuvo que dentro de la planta se hablaba del tema, pero que no existió un aviso oficial. La situación derivó en reclamos por la reapertura.

Granja Tres Arroyos ya había cerrado otra planta en Entre Ríos el año pasado, también por tiempo indeterminado. En ese momento, según relataron los trabajadores, la empresa atribuyó la decisión a un conflicto sindical y a “medidas inflexibles y desproporcionadas”.

Qué pasó en la planta de Concepción del Uruguay

Salazar detalló que el primer turno se presentó a las 03.30 y que la faena suele comenzar a las 04.00. Al llegar, encontraron “los accesos de personal cerrados, vallados” y carteles que indicaban que la empresa permanecía cerrada “hasta nuevo aviso”.

El delegado sostuvo que la compañía no entregó comunicaciones formales. “A nosotros no nos notifican nada, no nos dicen nada”, afirmó. También dijo que el cierre resultó imprevisto para la mayoría, pese a versiones internas que circulaban “en los pasillos”.

La explicación que plantea la empresa y lo que discuten los trabajadores

Ante la consulta sobre el argumento empresarial, Salazar indicó que la firma sostiene que arrastra una crisis desde hace tiempo. Según su relato, la empresa afirma que después de la pandemia no logró recomponerse y que sufrió la caída de exportaciones.

“El tema es que nosotros lo que vemos es que estos días faenamos 180 mil pollos”, dijo Salazar. Agregó que, desde la perspectiva de los trabajadores, la mercadería “se va vendiendo” y que observaron la salida de camiones térmicos y contenedores destinados a exportación.

Salazar también afirmó que Granja Tres Arroyos exporta a 40 países y que, por ese motivo, no comprende el cierre. “No podemos creer” que la empresa no pueda pagar salarios, sostuvo, al comparar la situación con otros frigoríficos de Entre Ríos que, según dijo, avanzan en infraestructura.

Cuántos trabajadores afecta y cuánto cobran, según el delegado

Según detalló el delegado, el plantel total ronda los 950 empleados. Y la mayoría reside en Concepción del Uruguay. También mencionó que hay trabajadores que viven en otras localidades, a 100 o 150 kilómetros, y que viajan todos los días.

Sobre los ingresos, indicó que el personal cobra de manera quincenal y afronta una reducción salarial. “Por mes estaremos cobrando aproximadamente $1.600.000”, dijo, al describir el monto para quienes perciben el total.

El delegado señaló que, en medio del cierre, algunos compañeros intentaron buscar “una changa” para sostenerse. Y describió problemas inmediatos en los hogares. “Hay compañeros que le han cortado la luz” y otros que afrontaron desalojos, afirmó.

Antecedentes en Entre Ríos y la unificación de plantas

El delegado relató que, hace siete u ocho meses, Granja Tres Arroyos unificó dos plantas. La empresa era dueña de Becar, que cerró, y que luego del “preventivo de crisis” hubo retiros voluntarios y despidos.

Según su testimonio, los trabajadores que quedaron de Becar pasaron a la planta de Tres Arroyos y hoy trabajan en el mismo establecimiento. Salazar explicó que Becar queda frente a la planta conocida como La China, dentro de la misma zona de Concepción del Uruguay.

En esta misma línea, Salazar indicó que los trabajadores esperan una explicación directa de la empresa. Planteó que, si la firma decidiera cerrar, debería comunicar si indemnizará o cuánto tiempo permanecerá sin actividad. “Ni siquiera tenemos eso”, afirmó, al describir la incertidumbre sobre una eventual reapertura.

El delegado vinculó el cierre con un impacto más amplio en la ciudad. Indicó que alrededor del frigorífico dependen otras actividades y familias, y sostuvo que la falta de ingresos complica gastos básicos y el traslado de quienes deben viajar largas distancias.

Sobre gestiones con el Estado, Salazar afirmó que no tuvieron confirmaciones oficiales. Contó que se habló de una reunión en la Secretaría de Trabajo de la provincia en Paraná, pero que se suspendió “hasta nuevo aviso”.

Ahora, contó, se prevé una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Concepción del Uruguay con representantes de dos gremios y delegados de la empresa. Según Salazar, esa información circuló de forma extraoficial y los trabajadores la corroboraron por cuenta propia.

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La Justicia de Córdoba resolvió que la muerte de una joven de 24 años, ocurrida el 29 de julio de 2021, fue consecuencia directa de un efecto adverso de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. El fallo, inédito en el país, ordenó indemnizar a la familia, representada por el abogado Martín Barbará.

Melín Agustina Sartori no presentaba enfermedades previas. Había recibido la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021 y murió 14 días después, tras desarrollar el síndrome que la causa identificó como trombocitopenia trombótica inducida por vacuna o VITT, su sigla traducida del inglés.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la joven. El tribunal concluyó que el fallecimiento, provocado por dicho cuadro, estuvo vinculado con la vacuna de origen ruso.

Barbará sostuvo que, al inicio de la demanda, “no existía un mecanismo claro para canalizar este tipo de denuncias por eventos adversos”.

El entorno de Sartori indicó a El Doce que la joven practicaba deporte con frecuencia antes de vacunarse. Seis días después de la aplicación empezó con cefaleas y vómitos, síntomas que motivaron una internación.

Según el mismo medio, el cuadro evolucionó hacia una trombosis con trombocitopenia y luego derivó en un deterioro neurológico irreversible. Con el avance del expediente, la Justicia valoró informes de especialistas que atribuyeron la trombosis a la vacuna contra el Covid-19.

El aporte crucial de la Conaseva

Un punto central para dictaminar este fallo inédito fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). El organismo revisó el caso y, con base en la evolución del consenso científico internacional, reclasificó el evento y reconoció el nexo causal entre la vacuna y el daño.

Barbará afirmó ante El Doce que la Sputnik V “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la falta de un sistema de seguimiento sostenido para detectar, evaluar y prevenir reacciones adversas. Ese planteo quedó incorporado como un elemento relevante dentro de la discusión del caso.

Qué es la trombocitopenia trombótica inducida por vacuna

La patología identificada como trombocitopenia trombótica inducida por vacuna, o VITT, se trata de un síndrome infrecuente porque combina plaquetas bajas con formación de coágulos.

Mayo Clinic define la trombocitopenia como un nivel bajo de plaquetas, células sanguíneas que intervienen en la coagulación. Esa disminución puede asociarse a afecciones o a medicamentos que alteran su producción, circulación o destrucción.

Una investigación de científicos del Reino Unido, Irlanda y Pakistán citada indicó que el primer caso se detectó en 2021 con la vacuna de AstraZeneca. El trabajo ubicó la ventana de aparición entre 2 y 42 días después de la aplicación de una vacuna contra el Covid.

Una vez contraído el síndrome, los coágulos aparecen con mayor frecuencia en venas cerebrales, pulmones, abdomen y piernas. Entre los síntomas de alerta figuran dolor de cabeza intenso y persistente, dificultad para respirar, dolor abdominal fuerte, hinchazón en las piernas, visión borrosa, moretones o pequeños puntos rojos en la piel.

La reacción se asemeja a la trombocitopenia inducida por heparina (TIH) en la que anticuerpos suelen dirigirse contra una proteína llamada factor plaquetario 4. Por esa razón, en el caso se evaluó que Sartori no hubiera recibido ese anticoagulante antes de confirmar el vínculo entre el evento adverso y la muerte.

Hasta 2022 se habían detectado casos de VITT luego de vacunas de AstraZeneca y de algunas de Janssen, pero no con otras de vectores adenovirales como Sputnik V, desarrollada por el instituto Gamaleya, o la de Cansino Biologics. Vacunas como las de Pfizer y Moderna, no se asociaron del mismo modo con esta patología.

El tratamiento incluye inmunoglobulina intravenosa y anticoagulantes no vinculados con heparina y, en algunos casos, corticoides.

Las imágenes muestran el momento en que la menor ingresa a la vivienda de la calle Juan del Campillo al 878, acompañada por el hombre.

Las imágenes, incorporadas al expediente judicial, contradicen la primera versión presentada por Barrelier ante la Justicia. Según su declaración inicial, cuando aún no había sido arrestado, la joven habría llegado hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, retirándose después a pie. Barrelier agregó que posteriormente vio a la nena subir a un Volkswagen Gol rojo en las inmediaciones de Urquiza y Avellaneda.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón, quien ordenó varias medidas que incluyen allanamientos y una serie de peritajes para intentar determinar qué pasó con la adolescente.

La Policía de Córdoba secuestró teléfonos celulares, computadoras y distintos elementos que ahora serán analizados.

Se realizaron análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

En diálogo con TN, la abogada Fernanda Alaniz, quien representa al padre de la menor, dijo que Agostina entró al domicilio del acusado la noche de su desaparición.

“Esperamos que declare y que diga a dónde tiene a Agostina, qué hizo con ella, porque claramente está vinculado”, señaló.

“Hubo más de cuatro horas de allanamiento en un solo lugar, intervino la policía científica y otras áreas de investigación”, indicó. “Lo más relevante como resultado ha sido que se han retirado cinco personas del domicilio principal de Barrelier y se han puesto a disposición de la fiscalía para que declaren como testigos”, agregó.

La letrada explicó que se trata de dos hombres y tres mujeres que compartían el domicilio con el ahora detenido. Por el momento, el acusado no hizo declaraciones ante la Justicia.

“No llegamos a esa instancia, puede darse en las próximas horas, estamos expectantes. Obviamente, puede hacer uso del derecho a no declarar, pero queremos novedades, queremos saber dónde está, qué pasó, qué hizo, por qué. Estamos llenos de preguntas”, añadió.

Habló el remisero

Ariel, el remisero que llevó a la menor el día de su desaparición, habló con la prensa y dio detalles de lo que observó el sábado pasado y de cómo fue encuentro con el acusado.

“Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado al auto y me hablaba así”, relató el testigo, quien optó por no mostrar su rostro para resguardar su seguridad.

Según contó, el hombre se acercó al vehículo cuando llegaron al lugar y fue quien se hizo cargo del pago. “Le dije que eran 11.300 pesos y me dijo que tenía 9.500. Me dio un dólar porque no tenía más plata”, explicó.

El chofer aseguró que el comportamiento del hombre le llamó la atención desde el inicio y que durante el trayecto, en tanto, Agostina se mostró tranquila. “Iba contenta, hablando de todo. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la mamá para darle una sorpresa”, recordó.

“Me generó confianza que ella conocía todo. Pensé que iba a haber una reunión familiar”, explicó, aunque reconoció que le llamó la atención que se suba a un remís a esa hora. Pero aclaró que al ver a la nena relativamente tranquila, no sospechó. “Corté el viaje y ellos se fueron, y volví hacia el otro lado”, siguió.

“Me da bronca no haber reaccionado en el momento. No esperaba que esto se dé así. Si ella no me decía a dónde iba y con quién, yo no la llevo”. lamentó.

Además, contó que vio la imagen de la adolescente en redes sociales durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River, y decidió comunicarse con la familia. “Le escribí a la madre y le dije que yo la había llevado”, detalló.

Además, relató que vio la imagen de Agostina en redes sociales durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River, y decidió comunicarse con la familia. “Le escribí a la madre y le dije que yo la había llevado”, reveló.

“Con los rasgos que le di, me dijo que ya sabía quién era”, afirmó.

Quién es Barrelier

Según pudo saber Infobae, Barrelier, de 33 años, está contratado por la Municipalidad de Córdoba. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés.

Anteriormente, Barrelier trabajó para Tanus Jalil e Hijos SRL, una compañía dedicada a la importación y comercialización de productos fruti-hortícolas.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que Barrelier posee antecedentes penales. Se trata de una denuncia por violencia de género, aunque no fue condenado.

En sus redes sociales, se muestra desafiante ante las cámaras. “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”, reza la leyenda con la que se presenta en su biografía de Instagram.

El caso

Agostina Vega lleva más de cuatro días desaparecida. La adolescente de 14 años salió de su casa, en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba, el sábado por la noche y tomó un remís hasta el barrio Cofico, donde se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años conocido por la familia.

Desde ese momento no hubo más rastros de la chica y su teléfono celular permanece apagado, mientras que el hombre fue detenido como principal sospechoso por orden del fiscal.

Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí abonó el viaje y ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y si el sospechoso tuvo participación.

Las autoridades consideran que es alta la probabilidad de que hayan intervenido otras personas en la desaparición. Esta sospecha surge por dos razones: la primera es porque, a pesar de la detención de Barrelier, la adolescente sigue sin aparecer. Por lo que se analiza hubo cómplices que ayudaron a trasladarla u ocultarla.

La causa se tramita bajo secreto de sumario y está caratulada como privación ilegítima de la libertad. La búsqueda se amplió a nivel nacional e internacional mediante la activación de la Alerta Sofía. La Justicia trabaja sobre todas las hipótesis posibles, como sustracción de menor, delitos vinculados a abusos sexuales y trata de personas.

Uno de los elementos clave es la versión sobre la aparición de un Volkswagen Gol rojo, al que supuestamente Agostina habría subido. Para la fiscalía, esa información parte del propio detenido y la cámara que los capta juntos permite descartar, al menos en parte, esa hipótesis y refuerza la sospecha sobre el detenido, que sigue con la misma postura: niega toda relación con el hecho.

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco, contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente.

Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

Por orden del juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, este jueves la casa de Cristian Graf, el principal sospechoso que tiene hasta el momento la causa por el crimen de Diego Fernández Lima, será objeto de una nueva pericia. En esta oportunidad, personal de Gendarmería Nacional realizará nuevas excavaciones en el fondo de la propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan, en busca de más restos óseos u otras pruebas que sean de interés para la investigación.

De acuerdo a la orden de allanamiento firmada por el juez Litvack y el secretario Omar Rojas, a la que accedió Infobae, las excavaciones que realizará personal de la GNA, con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, se focalizarán en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero de Graf, a una profundidad de unos 50 centímetros.

Este nuevo peritaje, que será encabezado por personal de la División Prospección Geofísica de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la GNA, tiene como objetivo “proceder a excavación, recuperación y conservación” de elementos de interés para la causa, según precisa la orden que el juez Litvack le envió este miércoles al fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación.

La medida fue dispuesta luego de que un estudio realizado a principios de mayo con un georradar detectara anomalías en el terreno. Los investigadores buscan determinar si aún quedan restos óseos u otros elementos vinculados al caso.

Mientras se procesaban las imágenes captadas por el georradar de la GNA, la Justicia dispuso la orden de preservar el terreno y prohibir cualquier modificación en el lugar durante al menos 60 días.

La declaración de un testigo espontáneo

A un año del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en una casa de Coghlan, la investigación sumó una declaración reservada que podría reforzar una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía de López Perrando: que el adolescente fue llevado mediante un engaño hasta la vivienda de la familia Graf y asesinado allí.

Según pudo saber este medio, un testigo se presentó la semana pasada de manera espontánea ante la fiscalía. Allí, relató una conversación que escuchó años atrás durante un asado y que, con el avance de la recolección de pruebas, cobró relevancia para los investigadores.

De acuerdo al acta que ya fue incorporada a la causa, el testigo declaró que, en 2017, participó de una celebración con varias personas. Durante esa reunión, escuchó una conversación sobre “la facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo”. Uno de los presentes mencionó un asado realizado en 2011, donde había asistido un hombre de apellido alemán.

De acuerdo al relato del testigo, durante ese asado de 2011, el hombre de apellido alemán aseguró que “vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”.

Además, contó que su hijo tenía un compañero de colegio que lo molestaba y que solía “molestarlo con sus manos”.

El testigo agregó que, según esa reconstrucción, el hombre habría explicado que decidieron tenderle una trampa al alumno. Lo citaron a una casa con la excusa de una reunión en la que iba a estar una chica que le gustaba. Cuando el adolescente llegó, fue llevado por la fuerza a un baño de la vivienda, donde, siempre según la versión, padre e hijo lo redujeron y lo asesinaron de una puñalada por la espalda.

La testimonial agrega que, posteriormente, el cuerpo fue enterrado en el jardín de la vivienda y que nunca había sido encontrado.

La aparición de este testimonio coincide con una línea que los investigadores ya venían reconstruyendo en el expediente: la existencia de conflictos entre Fernández Lima y compañeros de colegio vinculados al entorno de Cristian Graf.

En ese contexto, la fiscalía trabaja ahora sobre otro punto mencionado en el relato: la supuesta participación de una chica que habría sido utilizada como señuelo para convencer a Diego de ir hasta la casa. Según pudo saber este medio, los investigadores intentan identificarla y determinar si efectivamente existió una joven con esas características dentro del círculo escolar de la época.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves una seguidilla de jornadas frescas, con predominio de nubosidad y escasa probabilidad de lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El parte oficial anticipa temperaturas máximas que no superarán los 18°C y mínimas por debajo de 13°C durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el SMN, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta este jueves 28 una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 11°C, con cielo mayormente cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán estables hacia el viernes, donde se esperan valores térmicos similares y nubes persistentes, sin lluvias previstas.

El sábado mostrará una leve variación, con una máxima de 17°C y una mínima de 11°C, acompañadas por neblinas matinales y cielo parcialmente nublado. El domingo 31 se prevé un ascenso moderado: las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 18°C, con algunas mejoras temporarias en el cielo.

El inicio de la próxima semana prolongará la tendencia, ya que el lunes y martes de junio las temperaturas se ubicarán entre los 9°C y los 15°C, siempre con nubosidad variable y sin anuncios de precipitaciones. Para el miércoles 3 de junio se espera que la situación continúe de manera similar, con registros térmicos de 10°C a 15°C y cielo mayormente cubierto.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional destacó también la presencia de vientos moderados provenientes del sector este, con intensidades que rondarán los 7 a 22 km/h y sin ráfagas significativas durante el periodo analizado.

Entre los datos más relevantes del parte, se subraya que no se prevén lluvias significativas en la región del AMBA hasta al menos el miércoles de la semana próxima, y que las condiciones de visibilidad podrían verse reducidas por neblinas matinales en algunos sectores, especialmente el sábado.

La información difundida por el SMN sugiere que las condiciones meteorológicas en la región se mantendrán estables, con temperaturas dentro de parámetros habituales para fines de mayo y comienzos de junio, y sin fenómenos de riesgo para la población.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires hay bancos de niebla, por lo que se recomienda mantener recaudos a la hora de manejar. Las mismas continuarán durante toda la jornada. Para mañana, el cielo estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones.

El fin de semana tendrá condiciones similares, con bancos de niebla en el este y centro bonaerenses, durante la mañana del sábado; y por la tarde, con un cielo mayormente cubierto. El domingo, el firmamento se mantendrá igual.

Las alertas y advertencias en el resto del país

El SMN indicó que se mantiene la advertencia violeta por nieblas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y de Santa Fe. Sin embargo, el organismo confirmó que mañana finalizará la advertencia.

Estos llamados de atención hacen referencia a fenómenos “que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. Ante este escenario, las acciones a seguir son:

• Evitá circular.
• Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
• Encendé las luces bajas y las antiniebla.
• Reducí la velocidad.
• En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
• Mantenete informado por las autoridades.

En tanto, la zona cordillerana compuesta por el suroeste de Neuquén, este de Río Negro y noroeste de Chubut está bajo alerta amarilla por lluvias. Este tipo de avisos se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

• Evitá salir.
• No saques la basura.
• Limpiá desagües y sumideros.
• Alejate de zonas inundables.
• Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

En el marco de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón por la desaparición de Agostina Vega, la chica de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, este miércoles personal de la Policía provincial detuvo a Claudio Gabriel Barrelier, apuntado como la última persona que habría visto a la menor.

Según pudo saber Infobae, Barrelier, de 33 años, está contratado por la Municipalidad de Córdoba. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés.

Anteriormente, Barrelier trabajó para Tanus Jalil e Hijos SRL, una compañía dedicada a la importación y comercialización de productos fruti-hortícolas.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que Barrelier posee antecedentes penales. Se trata de una denuncia por violencia de género, aunque no fue condenado.

En sus redes sociales, Barrelier se muestra desafiante ante las cámaras. “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”, reza la leyenda con la que se presenta en su biografía de Instagram.

En su perfil de Facebook, en tanto, Barrelier da cuenta de su fanatismo por Instituto de Córdoba. De hecho, se muestra con camisetas de “La Gloria” y comparte postales desde el Monumental de Alta Córdoba.

El domicilio de Barrelier —donde vive con su pareja e hija— fue allanado durante la tarde del miércoles. En el operativo participaron agentes de la Policía de Córdoba y peritos del Ministerio Público Fiscal. En ese momento había varias personas en la vivienda. Se realizaron análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, en la investigación se indica que la última persona en contacto con Agostina fue Barrelier. Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí abonó el viaje y ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y si el sospechoso tuvo participación.

Uno de los elementos clave es la versión sobre la aparición de un Volkswagen Gol rojo, al que supuestamente Agostina habría subido. Para la fiscalía, esa información parte del propio detenido y la cámara que los capta juntos permite descartar, al menos en parte, esa hipótesis y refuerza la sospecha sobre el detenido, que sigue con la misma postura: niega toda relación con el hecho.

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco, contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente. Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

La causa está a cargo del fiscal Garzón, quien ordenó secreto de sumario. En el marco de la investigación, ya se ordenaron más allanamientos que se realizarán durante las próximas horas.

La desaparición de Agostina

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero. La última vez que su familia la vio fue cuando la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 30 años, quien abonó el viaje. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo.

Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes. Su teléfono comenzó a dar apagado. En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía.

En declaraciones a la prensa, la abuela de la menor aseguró que, antes de desaparecer, su nieta le envió un audio de WhatsApp a una amiga en el que le decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, lo que alimenta la sospecha de la mujer de que la niña habría sido engañada por el detenido.

El sospechoso habría asegurado ante las autoridades que no vio a la menor y negó cualquier vínculo con su desaparición. En este momento se llevan a cabo 19 allanamientos.

La familia reclamó demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.

Un hombre de 33 años fue detenido este miércoles como sospechoso de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intesamente en Córdoba desde el fin de semana.

Según confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad de la provincia a Infobae, el arrestado es la persona que recibió a la chica cuando se bajó del remís al que se la vio subir por última vez. Sería conocido de la familia.

Él, además, habría pagado el viaje, de acuerdo a los testimonios recopilados.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó secreto de sumario. En el marco de la investigación, ya se ordenaron más allanamientos que se realizarán en las próximas horas.

La desaparición de Agostina

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero. La última vez que su familia la vio fue cuando la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años, quien abonó el viaje. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo.

Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes. Su teléfono comenzó a dar apagado. En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía.

En declaraciones a la prensa, la abuela de la menor aseguró que, antes de desaparecer, su nieta le envió un audio de WhatsApp a una amiga en el que le decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, lo que alimenta la sospecha de la mujer de que la niña habría sido engañada por el detenido.

El sospechoso habría asegurado ante las autoridades que no vio a la menor y negó cualquier vínculo con su desaparición. En este momento se llevan a cabo 19 allanamientos.

La familia reclamó demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.

La inteligencia artificial no plantea, por sí sola, una barrera mayor para los adultos mayores que para otras generaciones, pero su diseño puede volverla especialmente riesgosa para cualquier usuario vulnerable si se la toma como una fuente de autoridad y no como un sistema probabilístico. Esa es la tesis que sostuvo la especialista Mariana Ferrarelli, directora de estrategia de IA en educación de la Universidad de San Andrés, al advertir que el problema central no es la edad, sino la combinación entre adopción masiva, confianza acrítica y modelos de negocio con pocos incentivos éticos.

Ferrarelli es directora de estrategia de IA en educación en la Universidad de San Andrés, donde además se desempeña como docente de grado y posgrado y cursa el Doctorado en Educación. Magíster en Metodología de la Investigación por la Universidad Nacional de Lanús y diplomada en IA y Sociedad por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, integra el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA). Su trabajo se centra en el vínculo entre inteligencia artificial, enseñanza y trabajo, con publicaciones recientes en organismos y editoriales especializadas de Iberoamérica y Europa.

Entrevista: oportunidades y riesgos para los adultos mayores

—¿Qué oportunidades y desafíos presenta la inteligencia artificial para los adultos mayores en términos de inclusión digital y acceso a la información?

—La IA como tal no representa más desafíos para adultos mayores que para otras generaciones y otras tecnologías. Así como fue la transición a manejar el lenguaje de Internet o a operar un correo electrónico. Los adoptantes tempranos, esos que son más permeables a los desarrollos y les gusta curiosear, van a estar siempre explorando y adoptando la tecnología que sea. Sobre todo en el caso de la IA generativa, que está en WhatsApp, al alcance de cualquier aplicación. Si tenés Gmail, te está sugiriendo respuestas todo el tiempo, resúmenes de archivo PDF. No me parece que haya, para esta tecnología en particular y para este grupo, nada diferente de otras tecnologías.

Ferrarelli resumió el hallazgo del informe en estos términos:

“La incorporación de IA en el ámbito laboral supera el 70 % en todas las generaciones: generación Z alcanza el 85 %, los millennials el 78 %, la generación X el 76 % y los boomers el 73 %“, una distribución que describió como “muy homogénea” entre grupos etarios.

Hay un estudio publicado en 2024 por Microsoft y LinkedIn, el Work Trend Index, que analiza la primera ola de adopción de la inteligencia artificial generativa durante 2023 y parte de 2024. Estos datos muestran que la adopción de IA es muy homogénea entre distintas franjas etarias. Puede que esto no haya ocurrido con otras tecnologías, pero actualmente la inteligencia artificial se integró de manera transversal y existe consenso en la importancia de comprender, al menos, su funcionamiento básico. Por eso, no se observan grandes desafíos específicos para la generación silver respecto al uso de la IA generativa.

El riesgo de antropomorfizar la IA

—La encíclica del papa León XIV destaca el papel de la educación frente a los cambios tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial. ¿Cuál considera que debe ser el rol de las instituciones educativas en la formación digital de los adultos?

—Hay cierto rasgo de la IA que me preocupa, sobre todo en el ámbito educativo, pensando en las nuevas generaciones y en el caso de adultos muy mayores, quienes pueden estar en situación de vulnerabilidad o necesitar algún refuerzo puntual en lo que globalmente podríamos llamar alfabetización en IA. Me refiero a lo que yo denomino antropomorfización por diseño. Las IA generativas encaran la interacción con usuarios de una manera que simula comunicación humana. No digo que sea comunicación, porque la comunicación humana tiene intencionalidades y sentidos coconstruidos. Pero el tono de rigor, de verdad que tienen las afirmaciones de la IA generativa, ya sea para dar una referencia meteorológica, predecir un partido o definir un concepto, tiene un modo de hacer afirmaciones, hablar en primera persona, pedir disculpas, expresar sentimientos, que sabemos que son simulaciones.

Puede simular que uno está interactuando con un experto en determinado tema, y esa antropomorfización por diseño es problemática y merece cierto desarmado. Podría confundir a usuarios muy jóvenes o a quienes están distraídos, necesitan apoyo psicológico o atraviesan vulnerabilidades y pueden tomar estos mensajes como verdades últimas, como un oráculo. No es solo cuestión de la generación silver, puede pasar a usuarios inexpertos de cualquier edad. Hay muchos casos, como abogados que incluyeron alucinaciones en escritos jurídicos por confiar demasiado en un asistente virtual, periodistas o docentes que tomaron ejemplos o citas alucinadas de IA generativa. No es cuestión de generación, esto ocurre de manera transversal.

—¿De qué manera pueden las escuelas y universidades contribuir a que la generación silver se apropie de las herramientas de IA y participe activamente en la sociedad digital?

—Me parece importante tomar el núcleo de la generación silver para romper prejuicios de la edad. Leí un estudio que mencionaba que el sesgo de edad es de los más presentes hoy, tanto como el sesgo de género. Y el sesgo de edad también aparece como autodiscriminación, eso de decir: “Estoy muy grande para esto, yo para estas cosas no”. Hay que romper con eso. Hoy pensar en alguien de más de 50, 55, incluso 70 u 80, no da el perfil de abuelito. Gente que se retiró hace poco o sigue activa con emprendimientos maneja la tecnología perfectamente. Hay un prejuicio que de a poco se va perdiendo tracción.

Al mismo tiempo, cada vez se ponen más en valor los aprendizajes que ocurren en otros entornos. Con la pandemia se vio mucho: los nietos enseñaban a los abuelos a usar Zoom, y los abuelos ayudaban a los chicos con la tarea. O si no, tutoriales en YouTube, alumnos enseñando a profesores. No pondría el énfasis solo en el rol de la escuela o universidad, sino también en otros espacios, clubes, hubs, como LAIA, donde organizamos actividades de educación no formal: jams de escritura, talleres para infancias, o hackatones

Lo que caracteriza a este tiempo es la transversalidad de los aprendizajes: vas a la escuela, pero sabés que vas a necesitar aprender a lo largo y a lo ancho de la vida. Te sumás a un taller un fin de semana, vas a una asociación de vecinos, buscás tutoriales en YouTube. Los adultos tienen hoy un menú mucho más variado de ofertas de formación, desde código hasta jardinería o cómo usar una IA generativa.

Democracia y memoria histórica frente a la IA

—La encíclica del papa aborda el impacto de la IA en la democracia y la memoria histórica. ¿Qué rol puede tener la generación silver en la preservación de estos valores frente al avance de las plataformas digitales?

—La encíclica me parece un documento clave para tener una síntesis transparente y contundente de algunos impactos de la IA en la vida social, cultural, económica global. No es un documento sobre tecnología, sino sobre poder, derechos, democracia, sesgos, vida en común, cuidado del planeta y de los más vulnerables. Llama a la acción a líderes globales, poblaciones e instituciones. Creo que ahí hay algo potente de la generación silver en la defensa de la memoria histórica y de los valores democráticos. Lo que me preocupa del fenómeno IA, en educación y a nivel social, tiene que ver con que para usar la IA de manera enriquecedora, no como atajo, uno tiene que sumarla a un flujo de trabajo que ya existe, a una mirada profesional, y eso no lo tiene alguien que recién ingresa a la facultad o a un nuevo trabajo.

Eso lo tiene quien ya tiene la experticia ganada, más allá de la edad, aunque suele coincidir con la generación silver. No necesariamente adoptar IA implica usarla todo el tiempo, sino usarla de manera estratégica y responsable. Las nuevas generaciones no tienen esa intuición disciplinar que da la experiencia. Las personas de la generación silver ya tienen esa experticia, intuición jurídica, económica, periodística, publicitaria, de código. Eso va más allá de lo que puede dar una IA.

Ahí hay un costado muy humano, del diálogo intergeneracional, que necesitamos preservar, porque una IA nunca va a darte esa visión construida por años de experiencia. La centralidad humana que propone la encíclica tiene que ver con no perder el norte y desarrollar tecnologías poderosas, pero manteniendo reductos humanos para el diálogo y la empatía.

Modelos de negocio y políticas públicas

—¿Cómo podrían los modelos de negocio de las grandes tecnológicas afectar específicamente a los adultos mayores, y qué políticas públicas considera necesarias para proteger sus derechos y su autonomía?

—Los modelos de negocio de las grandes tecnológicas afectan a todas las generaciones y es un tema que me preocupa especialmente. La industria va por lo rentable, no por lo éticamente posible o deseable, y tiene pocos incentivos para tomar decisiones éticas o sin sesgos, ni para cuidar a infancias, adolescencias ni adultos mayores. Por eso asocio esto con la alfabetización en IA: hay que entender estas tecnologías más allá de su cara instrumental. No son solo herramientas. Al ingresar a una interfaz de IA generativa estamos entrando a un entorno con valores culturales, una lengua en la que funciona mejor, un modelo de negocios, objetivos comerciales probablemente diferentes de los nuestros. Hay riesgos de vulneración de derechos y manipulación.

Ya hay cuestiones de salud mental en infancias y adolescencias, que suelen estar más protegidas que los adultos mayores. Las políticas públicas deben desarrollar programas de alfabetización en IA para adultos mayores, igual que protegemos a infancias y adolescencias. Esto tiene que integrarse en un programa de educación ciudadana, que incluya no solo aprender a operar interfaces, sino entender qué hay detrás: matemática, estadística, generación de texto e intereses comerciales.

Hay que manejarlas con cuidado, porque detrás del uso gratuito hay un interés en que terminemos pagando, y la tendencia es que las IA tengan publicidad incorporada. Si le decís a una IA que te duele la cabeza, puede recomendarte un medicamento porque ese laboratorio pagó publicidad, o indicarte una clínica que pagó por ese espacio. Hay cuestiones éticas y de uso responsable que deben estimularse desde las regulación y las políticas públicas. Pero no se resuelve todo con que el usuario haga un uso responsable; también necesitamos liderar el diseño de esas herramientas.

No alcanza con alertar al usuario sobre el uso manipulativo, necesitamos que las plataformas sean diseñadas bajo otros parámetros, que no busquen la interacción emocional ni manipulen. Si detectan tendencias poco saludables, deben poder alertar a sistemas de emergencia. En línea con la encíclica papal, el diseño también debe regularse. Así como los autos tienen que tener cinturón y airbags, y el Estado diseña ciudades seguras, esto es un trabajo colectivo y colegiado. No basta con que solo los usuarios se cuiden frente a sistemas sin regulación.

Un mensaje para la generación silver

—¿Qué mensaje le daría a la generación silver sobre el papel que pueden cumplir en la construcción de una sociedad digital más participativa y democrática?

—El mensaje es el mismo que le doy a los docentes que vienen a formaciones sobre IA o antes sobre transmedia en educación: animarse a explorar. Si sienten que el fenómeno IA les queda lejos, preguntarle a un hijo, a un sobrino, a un nieto, a un colega, a la pareja. Los aprendizajes informales ocurren en la cotidianeidad: mirás un video, lo pausás, probás. No es preguntar directamente cómo se usa, sino para qué lo usás vos, para qué me serviría a mí. En los inicios de las apps bancarias, mucha gente decía: “No, yo celular no, aplicaciones de banco no, dejame hacer la fila en la sucursal”. Hoy casi nadie hace eso, todos usan apps bancarias o billeteras virtuales. Con la IA va a pasar lo mismo: hoy no dudamos en usar una app bancaria o de mensajería, el teléfono se usa para todo menos para llamar.

Con la IA va a pasar igual. Además es interesante como excusa para interactuar en la familia: “¿Vos para qué lo usás? ¿Para qué creés que a mí me serviría? Mostrame, contame”. Así se va entendiendo cómo funcionan las tecnologías y se va perdiendo la ingenuidad, porque si no, después podés creer una alucinación y recién te enterás cuando ya fue. La clave es enterarse antes. Necesitamos que esto sea transgeneracional, necesitamos a los silver y a los más chicos. Probar, explorar, animarse, porque una vez que entraste ya empezás a hacerte otras preguntas, desde tu lugar generacional, profesional, disciplinar. Y ahí se va creando algo nuevo que solo podés crear vos. También es posible problematizar desde ese lugar.

Una madre intentó ingresar drogas durante una visita familiar a un establecimiento para adolescentes con problemas de adicciones, ubicado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, Tucumán. Hace menos de una semana, la misma institución había sido escenario de un motín para reclamar por la falta de estupefacientes.

Según explicó La Gaceta, el operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) previo a ingresar al Instituto Cura Brochero. Uno de los perros rastreadores marcó la presencia de sustancias en la camioneta que trasladaba a los visitantes. Los controles se concentraron luego en la madre de uno de los jóvenes alojados allí.

Las autoridades procedieron con la revisión y encontraron marihuana en el bolso de la mujer. El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, salió a respaldar los procedimientos y aseguró: “No nos equivocamos. Hoy (miércoles) en la requisa en la visita de los familiares se encontraron sustancias tóxicas (marihuana)“. “No nos van a doblegar en la decisión de que la droga no ingrese al Instituto Cura Brochero”, insistió el funcionario.

A su vez, agregó que varios de los jóvenes alojados en el lugar presentan severos problemas de adicción y que este tipo de procedimientos se realizan de forma permanente.

Una revuelta para reclamar drogas

El domingo pasado, en este mismo lugar, dos de los diez adolescentes alojados iniciaron un motín para exigir la provisión de drogas. Lo que explicaron fuentes policiales y judiciales y que luego replicaron los portales locales fue que los jóvenes redujeron a un celador con un arma blanca y lo mantuvieron retenido. Ante esa situación, las autoridades del Cura Brochero solicitaron refuerzos al Servicio Penitenciario y a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al sitio, el resto de los jóvenes ya había generado destrozos en el interior del establecimiento. Algunos subieron a los techos y la situación se extendió por más de cinco horas. La revuelta quedó bajo control pasada la 1 de la madrugada.

“Todo el problema se inició porque no dejamos que las drogas llegaran a su poder. Vamos a mantener esta política. En esto no vamos a ceder. No nos vamos a doblegar”, sostuvo Masso de acuerdo al portal Losprimeros. El titular de la cartera de Desarrollo Social provincial contó que ese mismo día “hubo visitas y, como las requisas son muy rigurosas, se impidió que familiares y allegados ingresaran sustancias prohibidas para entregárselas". Al respecto, aseguró: “Vamos a denunciar estas situaciones porque ya hubo casos de novias que buscaron hacerles llegar drogas”.

El ministro añadió que “todo lo que se hizo durante bastante tiempo fue dañado por dos jóvenes que están perfectamente identificados. Este perjuicio se registró días después de que organismos de derechos humanos visitaran el establecimiento y confirmaran que respetaba todos los estándares. Esto no puede quedar sin que alguien se haga responsable”.

El Instituto Cura Brochero tiene aproximadamente tres meses de funcionamiento dentro del complejo de Benjamín Paz, aunque opera bajo un régimen diferente al de los presos adultos. El personal a cargo de la custodia fue seleccionado y formado por el Ministerio de Desarrollo Social, sin intervención del Servicio Penitenciario. “No vamos a tolerar incidentes de estas características ni que pasen por alto”, advirtió el funcionario.

Masso destacó que los adolescentes del instituto reciben atención de equipos técnicos, educación, alimentación y tratamiento por consumo problemático de sustancias. El ministro ratificó que el Gobierno sostendrá los controles para impedir el ingreso de droga al establecimiento: “Vamos a garantizar que la droga no ingrese ni al Instituto Cura Brochero ni a la cárcel de Benjamín Paz”, aseguró nuevamente, según explicó el portal de noticias Contexto Tucuman.

La Justicia de Catamarca elevó a juicio la causa que investiga a dos padrinos acusados de abuso sexual infantil y producción de material de explotación sexual, en un expediente que involucra a una niña de un año y ocho meses. Ambos imputados permanecen en libertad desde marzo, tras la revocación de la prisión preventiva ordenada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, lo que motivó protestas de familiares y allegados de la víctima.

El caso se originó en octubre de 2024, cuando la menor quedó al cuidado de personas de su círculo de confianza. La investigación, impulsada por la Fiscalía de Instrucción N°4 y liderada por Ricardo Córdoba Andreatta, recopiló una serie de pruebas: denuncias, testimonios, exámenes médicos, pericias psicológicas y psiquiátricas, análisis de dispositivos electrónicos y actuaciones policiales. El expediente fue elevado a juicio luego de que la fiscalía consideró que se alcanzó el grado de probabilidad suficiente para que los acusados enfrenten un proceso oral, según reportó Inforama.

La acusación formal sostiene que el hombre afronta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, producción de imágenes de abuso sexual infantil y tenencia de material pornográfico infantil. Por su parte, la mujer está imputada por producción de imágenes de abuso sexual infantil en calidad de coautora. Las pruebas recabadas permitieron a la fiscalía avanzar hasta la instancia de juicio, y la notificación ya fue enviada a todas las partes involucradas.

En marzo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para acreditar riesgos procesales que justificaran mantener la detención preventiva de los imputados mientras avanza la causa. La decisión de liberar a los imputados provocó un fuerte rechazo en la familia de la víctima, que reclama mayor celeridad y nuevas medidas de restricción.

La madre de la menor relató el impacto que tuvo la decisión judicial en diálogo con El Ancasti: “Nosotros estamos pidiendo que les sea colocado un dispositivo a ellos, que sería un monitoreo; y una caución a estas personas de 3 millones de pesos, mínimo. Ellos han salido como si nada a la calle. No es justo esto”. La mujer también manifestó que la familia no recibe asistencia psicológica por parte del Estado y que el único apoyo que espera es una respuesta efectiva por parte de la Justicia.

Luego de esa decisión, la fiscalía ordenó que los imputados establezcan un domicilio fijo, se presenten cada semana ante la Justicia, no salgan de la provincia sin autorización judicial y mantengan distancia de la presunta víctima. Por su parte, la madre de la menor subrayó el sentimiento de desprotección que atraviesa la familia. “Ellos han salido como si nada a la calle, teniendo la carátula que tienen. Eso ha generado bronca en mí porque me siento impotente. Tratamos de sobrellevarla, intentamos estar bien por nuestras hijas y que ellos se pasen como si nada”, declaró.

En paralelo, los abogados querellantes, Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, reiteraron su oposición a la liberación de los padrinos. La fiscalía solicitó copias certificadas de una denuncia por daños contra un vehículo presentada por un vecino, ocurrida después de la excarcelación de los imputados, para evaluar si existen nuevos elementos que ameriten restricciones adicionales.

Los padrinos de la beba continúan en libertad bajo vigilancia judicial y medidas restrictivas, pero sin condena firme. “No voy a bajar los brazos, voy a luchar por mi hija porque ella obtenga justicia”, aseguró la madre de la beba. Con el proceso judicial en marcha, las expectativas están puestas en el debate oral y en que la Justicia adopte medidas que garanticen la seguridad de la víctima y el avance del caso.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo este martes a un hombre de 38 años de nacionalidad peruana acusado de trata de personas tras ejecutar dos allanamientos simultáneos en el barrio La Perla de Mar del Plata, uno de ellos en un hotel.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la Secretaría Penal N°2, cuya titular es la doctora Silvana Sánchez. La PNA se presentó en el lugar con dos órdenes de allanamiento y una de detención para llevar adelante los procedimientos.

Durante los registros, las fuerzas de seguridad secuestraron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, junto a dispositivos electrónicos y otros elementos vinculados a la causa. El total de lo incautado superó los 35 millones de pesos. También detectaron la presencia de tres mujeres en los puntos allanados que fueron entrevistadas por los especialistas, aunque se desconoce el rol que cumplían.

Según informó 0223, el hombre quedó detenido y otras dos personas fueron notificadas por ser consideradas parte de la misma organización. Por disposición del magistrado interviniente, el principal imputado permanece alojado en la sede que la PNA tiene en la zona del puerto de Mar del Plata.

En el marco de los operativos, participaron representantes de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Desmantelaron una red de trata de personas en Salta

Una investigación federal permitió desarticular una red de explotación sexual de mujeres y menores en un conjunto de departamentos ubicados en avenida Artigas, en la ciudad de Salta. El operativo estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional bajo la coordinación del fiscal federal de casos complejos.

El procedimiento se desarrolló a mediados de abril. En el predio donde se ejecutaron los allanamientos, se hallaron departamentos que son prácticamente invisibles desde la calle.

Según la información a la que accedió El Tribuno, la fuerza federal inició el operativo pasado el mediodía y mantuvo estricta reserva sobre los detalles de la causa. Un camión laboratorio de Gendarmería y personal femenino especializado en rescate de personas tomaron parte en las tareas dispuestas por la Fiscalía.

Los elementos hallados durante el procedimiento no fueron informados así como tampoco la cantidad de víctimas rescatadas. El expediente pasó a la órbita federal al adquirir una dimensión mayor: “La investigación es explotación sexual de mujeres mayores y menores en esos departamentos”.

El despliegue en avenida Artigas forma parte de una serie de acciones coordinadas por la Justicia Federal en la lucha contra la trata de personas y los delitos conexos.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cada año se detectan y desarticulan redes que funcionan en distintas provincias, con base en la vulnerabilidad de mujeres, adolescentes y niñas. El fenómeno involucra tanto a víctimas locales como extranjeras, muchas captadas mediante engaños o promesas de empleo.

La Ley 26.364, promulgada en 2008 y modificada en años posteriores, establece el marco legal para la prevención y sanción de la trata de personas en la Argentina, así como la asistencia integral a las víctimas. La norma reconoce que la captación, el traslado y la explotación de personas con fines sexuales constituyen un delito federal, y dispone la intervención de fuerzas de seguridad nacionales y fiscalías especializadas en la materia.

A partir de su sanción, el Estado nacional reforzó los mecanismos de persecución penal y amplió las herramientas disponibles para los organismos intervinientes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a diversas organizaciones no gubernamentales, desarrolló protocolos específicos para el rescate y la protección de quienes logran salir de estas redes.

La noche del sábado 23 de mayo, una caminata rutinaria por la calle Vieytes, a pocos metros de la avenida Fuerza Aérea, se transformó en una pesadilla para Malena, una joven cordobesa que iba acompañada de una amiga y de su perra Mora. El recorrido habitual por el barrio se vio abruptamente interrumpido por el accionar de motochoros, una modalidad delictiva que, según denuncian vecinos, se ha vuelto habitual en la ciudad de Córdoba.

El asalto no solo dejó a Malena con lesiones en el rostro, sino que sumió a la familia en la angustia por la desaparición de su compañera de cuatro patas, arrebatada por los delincuentes en medio de la agresión. La ausencia de un teléfono móvil, que suele ser el blanco principal en este tipo de robos, llevó a los asaltantes a un acto aún más cruel: la sustracción de la mascota, que quedó registrada como el objeto del botín.

La situación, difundida inicialmente por la propia Malena a través de redes sociales, generó una ola de solidaridad y preocupación entre vecinos y organizaciones de protección animal.

Según el testimonio de la víctima, el ataque ocurrió de forma repentina y violenta. Dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a las jóvenes y exigieron pertenencias de valor. Al notar que Malena no llevaba teléfono móvil, los agresores reaccionaron con golpes. La joven recibió varios puñetazos en el rostro, mientras los delincuentes intentaban obtener algún objeto que pudieran sustraer.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, la desaparición de Mora se convirtió en la principal preocupación de Malena, quien decidió recurrir a grupos de vecinos y plataformas digitales para solicitar ayuda. La joven compartió fotos y descripciones precisas de su perra, con la esperanza de movilizar a la comunidad y aumentar las posibilidades de encontrarla.

En mensajes difundidos en redes sociales, Malena pidió a los residentes de barrios cercanos —Rosedal, Ameghino, Matienzo, Los Plátanos, Los Naranjos y zonas aledañas— que estén atentos ante cualquier avistamiento.

El caso resonó especialmente por el valor afectivo de la mascota, quien la acompaña desde hace más de una década y que, en palabras de su dueña, se volvió aún más importante tras una reciente pérdida familiar.

La movilización en las plataformas digitales permitió que la historia trascendiera el entorno inmediato y llegara a medios provinciales, ampliando el alcance del pedido de colaboración.

Malena brindó detalles sobre la condición de Mora para facilitar su identificación. Describió que la perra “está viejita, castrada, no es de ninguna raza y está ciega de un ojo”. Estas características particulares, junto con la ausencia de un pedigrí comercial, refuerzan el carácter sentimental del vínculo y la desesperación de la dueña por recuperarla.

La joven insistió en la posibilidad de que los delincuentes abandonen a la mascota en cualquier zona. “Tal vez la tiren en algún lado, por eso les pido que estén atentos así la recupero”, manifestó. La preocupación por el estado de salud de la perra, sumada a la incertidumbre sobre su paradero, motivó la rápida reacción solidaria de numerosos vecinos.

La joven solicitó a quienes tengan información sobre el paradero de Mora que se comuniquen por redes sociales o con las autoridades policiales locales, destacando que la colaboración ciudadana es clave para lograr una pronta recuperación de la perra.

Y el caso de Malena y Mora expone un episodio de violencia urbana que trasciende el daño material para instalar en la agenda pública el impacto emocional de los delitos cometidos en la vía pública. El robo de mascotas, si bien no es un fenómeno nuevo, adquiere una dimensión especial cuando se produce en contextos de agresión física y privación de compañía para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

Un hombre fue detenido ayer miércoles por la mañana en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, tras ser sorprendido cuando manipulaba el cableado de un domo policial.

El hecho se registró en calle Acoyte al 200, luego de que un operador de cámaras detectara la maniobra y diera aviso inmediato al personal policial.

El procedimiento policial se inició a partir de la observación remota realizada por el operador, quien identificó movimientos inusuales en el cableado del domo de vigilancia ubicado en una esquina del barrio. Al advertir la situación, el empleado dio el alerta a una patrulla cercana para que acudiera al lugar de manera urgente. La intervención rápida permitió organizar un operativo cerrojo en las inmediaciones, lo que facilitó la localización del sospechoso.

Según comunicó la Policía de Córdoba, instantes antes de su detención, el individuo había sido visto en la intersección de calles 25 de Mayo y Gavilán, donde fue observado violentando el cableado de un poste que sostiene uno de los domos de seguridad instalados en la zona. La descripción física y las características aportadas por el operador resultaron clave para la identificación y seguimiento del presunto autor.

El despliegue policial contempló la circulación de varias unidades por los alrededores del sector, lo que finalmente derivó en la aprehensión del hombre en Acoyte al 200. Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un rollo de cable que, de acuerdo a la información oficial, habría sido sustraído en el mismo sector momentos antes. El material incautado fue examinado a fin de determinar su procedencia y la magnitud del daño ocasionado al sistema de videovigilancia.

El hombre fue esposado y trasladado de inmediato a la Comisaría de la jurisdicción, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. El material secuestrado fue incorporado como evidencia en la causa, mientras los técnicos municipales evaluaban el estado del domo afectado y los posibles riesgos en la transmisión de imágenes de seguridad.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, la investigación se centró en determinar si el detenido actuó en solitario o si podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en el mismo barrio o sectores aledaños. Hasta el momento, no se reportaron daños adicionales en otros dispositivos de videovigilancia ni nuevos episodios de sabotaje, según indicaron las autoridades.

La Policía de Córdoba subrayó la importancia del sistema de cámaras y la colaboración entre operadores y patrullas para la rápida resolución de incidentes. El caso será analizado por la unidad judicial correspondiente, que determinará si existen elementos para ampliar la imputación o vincular al detenido con otros episodios recientes.

De acuerdo a fuentes policiales, la manipulación o el robo de cables destinados al funcionamiento de domos de videovigilancia constituye un delito que afecta tanto los recursos municipales como la prevención del delito en la vía pública. Este tipo de hechos suele investigarse bajo la figura de daños y robo, con agravantes en función del perjuicio a bienes de uso público.

Detuvieron a cinco personas por robar cables de cobre bajo tierra en Villa Devoto

Días atrás, la Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas tras ser sorprendidos en el momento preciso en que sustraían cables de cobre tendidos bajo tierra en el barrio de Villa Devoto. Según informó la fuerza, el operativo permitió desarticular una acción delictiva vinculada al robo de infraestructura urbana.

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres sospechosos de robo de cables en Villa Devoto, con imágenes de los detenidos, los cables recuperados, una escalera y la boca de un registro subterráneo.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia que alertó sobre un robo en la intersección de las calles Navarro y Segurola. Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Vecinal 11B advirtieron que una camioneta Ford F100 se desplazaba a alta velocidad por la zona. Tras una breve persecución, la policía logró interceptar el vehículo y detener a dos de los sospechosos a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Durante la inspección de la camioneta, los efectivos hallaron varios tramos de cable de cobre pertenecientes a una empresa de telefonía y listos para ser trasladados. En paralelo, otro equipo policial que permanecía en la escena observó a un hombre saliendo de una cámara subterránea ubicada en Navarro y Sanabria, actitud que despertó sospechas y motivó su inmediata demora.

a Policía incautó una camioneta Ford en la que se trasladaban los delincuentes

Al revisar dicha cámara, los oficiales encontraron a otros dos individuos junto a una importante cantidad de cables cortados y preparados para su extracción. En total, fueron secuestrados 61 tramos de cable de aproximadamente dos metros cada uno, una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas, la camioneta utilizada por los imputados y cinco teléfonos celulares.

Los efectivos sorprendieron a tres de los delincuentes bajo tierra, mientras sustraían cables

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 dispuso la detención de los cinco involucrados, así como el secuestro de todos los elementos recuperados durante el procedimiento.

Cuatro hombres acusados de integrar una organización criminal dedicada al procesamiento y venta de cocaína en Rosario fueron imputados ayer miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, según informó fiscales.gob.ar.

La investigación, que se desprende del hallazgo de un arsenal oculto en un terreno de Roldán, permitió a los fiscales federales Matías Scilabra y Santiago Alberdi atribuir a los imputados la coautoría del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Entre los señalados se encuentran Lautaro Noriega, Héctor Daniel P. y César Adrián Ch., a quienes se les suma Mauricio Iván V., imputado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, la fiscalía imputó a Noriega, César Adrián Ch. y a una mujer identificada como Tamara F. por el delito de lavado de activos, vinculado a la compra de una camioneta de alta gama presuntamente adquirida con dinero proveniente del narcotráfico.

El juez federal de garantías Román Lanzón tuvo por formalizada la investigación en los términos planteados por la fiscalía y dispuso prisión preventiva por 90 días para Noriega, Héctor Daniel P. y César Adrián Ch., mientras que para Mauricio Iván V. ordenó la misma medida por 30 días. Respecto de Tamara F., quien tiene a su cargo una hija de nueve meses, el magistrado resolvió imponer medidas no privativas de la libertad, como la obligación de presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial durante seis meses.

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, el proceso judicial tiene su origen en una articulación entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, dentro del marco de las mesas de intercambio de información. El 3 de marzo pasado, personal de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizaron allanamientos en la localidad de Roldán, donde secuestraron un arsenal oculto en un pozo acondicionado especialmente para ese fin.

Entre las armas incautadas había dos fusiles calibres 5.56 y .223, carabinas y pistolas de última generación. Los elementos secuestrados fueron atribuidos por la fiscalía a cabecillas de la organización criminal conocida como la banda de Los Menores. Durante estos procedimientos fue detenido Lautaro Noriega, a quien el MPA acusa de integrar una asociación ilícita vinculada a la mencionada banda. Al momento de su arresto, se le secuestró un teléfono celular cuya pericia forense permitió obtener información clave para el inicio de la pesquisa federal.

De acuerdo con la fiscalía, en el dispositivo se hallaron conversaciones, imágenes y videos que evidenciaban el funcionamiento de una estructura criminal organizada, con continuidad en el tiempo, dedicada al tráfico de estupefacientes en Rosario y zonas aledañas.

El avance de la investigación quedó reflejado el 14 de mayo, cuando se realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Rosario. En estos procedimientos, a cargo de la Ciope y la TOE, fueron detenidas cinco personas y se secuestraron diversos elementos de interés, entre los que se destacan casi un kilo y medio de cocaína, una prensa hidráulica de 12 toneladas utilizada para compactar droga y balanzas digitales de precisión.

En uno de los allanamientos, en Gaboto al 5200, se arrestó a César Adrián Ch. y se incautó la mencionada cantidad de cocaína distribuida en un ladrillo compacto y varias bochas fraccionadas. Por su parte, en Camilo Aldao al 3400, donde fue detenido Mauricio Iván V., se secuestraron 24 gramos de cocaína, 141 comprimidos de éxtasis (MDMA), 1,3 gramos de cristal MDMA, 2,7 gramos de marihuana, dos balanzas digitales y un cuaderno con anotaciones.

Lautaro Noriega, también conocido como “El Gordo”, permanece detenido desde marzo tras el procedimiento realizado por la Ciope en María Teresa al 700 de Roldán, donde fue hallado el arsenal atribuido a Los Menores.

La investigación permitió detectar presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a las ganancias obtenidas del narcotráfico. Entre ellas, la adquisición de una camioneta Dodge RAM 1500 5.7 V8 Laramie 4x4, valuada en 66.150.000 pesos (equivalente a 191 salarios mínimos), cuyo titular registral es César Adrián Ch. Según la imputación, el esquema de simulación y transferencia de fondos quedó documentado en mensajes hallados en el teléfono secuestrado a Noriega. El vehículo fue localizado en las cocheras subterráneas del condominio Puerto Norte.

Las medidas judiciales incluyeron la prisión preventiva para los principales acusados y restricciones no privativas de la libertad para Tamara F., pareja de Lisandro Contreras, señalado como mano derecha del cabecilla de Los Menores, Matías Gazzani, quien permanece prófugo. Contreras se encuentra detenido desde diciembre de 2024.

La estructura criminal investigada operaba con una logística que incluía el acopio de armas de fuego, la compra de vehículos de alta gama y la utilización de tecnología para el manejo de las operaciones de tráfico de drogas. La causa se originó tras la colaboración entre organismos judiciales y policiales, que permitió desarticular una parte significativa de la red y secuestrar elementos de prueba que refuerzan la hipótesis del funcionamiento organizado y prolongado de la banda.

Nazarena Fernández de 5 años, falleció hace una semana tras descompensarse en el baño del jardín de infantes Raíces y Alas, en Libertad, partido de Merlo. Este miércoles, la autopsia determinó que su muerte se produjo por una insuficiencia cardíaca aguda con edema pulmonar agudo, una conclusión que desvincula el golpe que sufrió al caer como causante.

El estudio forense también sostuvo que la descompensación hemodinámica pudo haberse originado en “alguna patología congénita” no detectada con anterioridad o en una “muerte súbita infantojuvenil inexplicada”, de acuerdo con el informe. El expediente judicial, abierto para establecer las causales de muerte, se encamina ahora al cierre por inexistencia de delito, según Primer Plano Online.

Según la reconstrucción inicial del caso, la niña de cinco años pidió permiso para ir al baño durante el horario escolar en el establecimiento educativo. Una docente la acompañó hasta la puerta del sanitario y, al advertir que no regresaba en el tiempo habitual, entró para ver qué ocurría. Allí la encontró tirada junto al inodoro, inconsciente y sin responder a los estímulos, según esa reconstrucción.

A partir de ese momento, otros integrantes del equipo educativo comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, la niña no reaccionó a los primeros auxilios realizados en el jardín y as autoridades del establecimiento llamaron al 911 y pidieron asistencia médica de emergencia.

Antes de la llegada de la ambulancia, un móvil policial arribó al lugar y, ante la gravedad de la situación, los efectivos y docentes trasladaron a la menor a la clínica San Juan Bautista. En ese centro de salud, el equipo médico continuó con las maniobras de reanimación durante varios minutos. Poco después, se confirmó su muerte tras una hora de intentos por reanimarla.

El fiscal Fernando Capello, de la Fiscalía N° 2 de Morón, ordenó la autopsia e inició una causa por averiguación de causales de muerte, según Primer Plano Online. Con el resultado forense ya incorporado, esa investigación judicial avanza hacia su cierre porque no surgen elementos de delito.

Finalmente, se determinó que Nazarena Fernández murió por una falla cardíaca aguda acompañada de edema pulmonar agudo. El traumatismo fue consecuencia de la caída luego de haberse descompensado. El informe fue elaborado por personal especializado de la Delegación Departamental de la Policía Científica de Morón, y lleva la firma de la médica Silvana Cancina. El examen estableció que la niña presentaba un hematoma en la frente, pero lo describió como una contusión superficial sin relación causal con el deceso.

La noticia generó conmoción entre el personal del jardín Raíces y Alas y entre las familias de la institución y el establecimiento permaneció cerrado. Las autoridades educativas dispusieron contención psicológica para docentes, alumnos y familiares tras el episodio. Desde la dirección informaron que colaboran con la investigación judicial y por su parte, la fiscalía reúne declaraciones de testigos, registros médicos y antecedentes escolares de la menor.

Qué exige la ley ante estas situaciones

El caso también vuelve sobre el alcance de la Ley 27.159 de Prevención de Muerte Súbita en Argentina, que establece la obligatoriedad de contar con Desfibriladores Externos Automáticos en espacios públicos y privados con gran afluencia de personas, incluidas las escuelas de gestión privada.

Esa norma fue reglamentada por el Decreto 402/2022, que precisó que la exigencia alcanza a los establecimientos educativos privados “siempre y cuando tuvieren una afluencia que, entre docentes, no docentes y estudiantes, superen las 1.000 personas”. En instituciones con menor concurrencia, los establecimientos pueden optar por contar con un desfibrilador ubicado de manera conveniente dentro de la escuela, de acuerdo con ese medio.

La regulación también contempla que, de acuerdo con la jurisdicción, los colegios sean considerados “espacios cardioprotegidos”. Para eso, deben asegurar disponibilidad del DEA en un lugar visible, de fácil acceso y con mantenimiento adecuado, y capacitación del personal docente y no docente en maniobras de RCP y en el uso del dispositivo.

A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis, el caso sumó una nueva línea investigativa luego de que el abuelo paterno de la menor, Roque Lucero, fuera imputado por dos cargos de abuso sexual a menores. Frente a esto, la querella solicitó que el celular del hombre sea sometido a pericias, con el objetivo de encontrar pruebas sobre el paradero de su nieta.

Recientemente, la abogada que representa a la mamá de Guadalupe, Soledad Poma de Otaegui, denunció que la investigación sigue trabada y sin avances positivos. En línea con esto, contó que este miércoles mantuvieron una reunión previo a una audiencia a la que tendrá que asistir por una de las causas por abuso en contra de Lucero.

Por este motivo, la querella solicitó a la Fiscalía el análisis del número telefónico del sospechoso, especialmente para reconstruir sus comunicaciones y desplazamientos en los días previos y posteriores a la desaparición de su nieta. También se pidió la intervención del cuerpo de delitos complejos de la Nación para profundizar las tareas investigativas.

“Queremos presentar la línea de investigación que seguimos”, anticipó la defensora sobre las sospechas que tendrían respecto a la vinculación entre ambas causas. Hasta el momento, el hombre permanece en libertad, aunque debe cumplir las medidas de no salir de la provincia y presentarse periódicamente ante la justicia para registrar su firma.

Durante una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Poma de Otaegui criticó: “Pasaron casi cinco años, se hizo todo mal”. En este sentido, reprochó que, como querellantes, tuvieron que iniciar “nuevamente la investigación”, tras conocerse las denuncias en contra del abuelo de Guadalupe.

En línea con esto, la abogada sostuvo que, pese a la falta de resultados, la familia de Guadalupe sigue exigiendo respuestas. “Hace poco fue el cumpleaños de su hermano y ella debía estar celebrando con él, pero no ocurre eso desde hace años. Vamos a seguir luchando”, manifestó Poma de Otaegui.

Actualizaron la foto de Guadalupe Lucero y elevaron la recompensa por datos sobre su paradero

Esta semana, el Ministerio de Seguridad Nacional incrementó a $20.000.000 la recompensa para quienes aporten datos útiles sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la nena que tenía cinco años cuando desapareció en la ciudad de San Luis el 14 de junio de 2021.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, señaló que esta actualización respondió al tiempo transcurrido desde la oferta inicial y a un pedido formulado en abril de 2026 por el equipo fiscal que interviene en la causa. De esta manera, el nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5.000.000.

Según la resolución oficial, la recompensa está dirigida a quienes brinden información que permita dar con su paradero. Las personas que cuenten con datos pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

El pago de la recompensa será realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe una representante de esa cartera, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada. El procedimiento garantiza la preservación de la identidad de la persona que suministre los datos.

Por otro lado, la solicitud presentada en abril incluyó el reemplazo de la fotografía utilizada en los afiches oficiales por una imagen de la menor proyectada a su edad actual. Esta actualización se suma a otra modificación realizada en 2023, cuando se sustituyó la imagen anterior para reflejar de manera más precisa las características físicas de la niña al momento de su desaparición.

La menor de edad fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:20 horas en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Actualmente, la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la provincia de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis.

Tras meses de investigación, un hombre de 43 años fue detenido en Berisso acusado de participar de un violento ataque el pasado 22 de febrero. Durante el episodio, la víctima fue golpeada con una llave de rueda en la ciudad de La Plata. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso, la captura se logró realizar por el seguimiento de la causa de los efectivos.

La causa está caratulada como “homicidio por ensañamiento, alevosía o insidia en grado de tentativa”, de acuerdo con 0221. El hecho tuvo como víctima a un hombre atacado en la puerta de su vivienda, que sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó internado inconsciente.

El operativo estuvo a cargo de personal de la comisaría Primera, junto al GTO de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Berisso y efectivos del Comando de Patrullas. La detención se concretó durante las últimas horas, en la zona de 162 Norte entre 30 y 31 donde también fue secuestrado un Citroën C3 Picasso gris. La investigación es llevada adelante por la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

Otro ataque brutal en Berisso

Braian Emanuel Medina, nieto de Juan Pablo “Pata” Medina, fue apuñalado con una botella rota durante un cumpleaños en Berisso el sábado 16 de mayo y quedó internado fuera de peligro en el Hospital Larrain. El caso es investigado como “lesiones” por la Unidad Funcional de Instrucción N°15, mientras el agresor sigue sin ser identificado.

El ataque ocurrió en las instalaciones del Club Estrella, donde se desarrollaba la celebración. De acuerdo con las versiones policiales, una discusión entre Medina, de 31 años, y otro hombre escaló hasta que el agresor usó una botella rota y le provocó cortes en el abdomen.

Amigos de la víctima lo trasladaron al Hospital Larrain, donde recibió curaciones y quedó en observación, aunque fuera de peligro, según 0221. Desde el centro de salud, los médicos de guardia avisaron a la Policía Bonaerense para informar lo ocurrido. Las autoridades policiales se acercaron al hospital para tomarle testimonio a Medina e intentar reconstruir cómo ocurrió el episodio, sin lograr incorporar datos relevantes para la investigación.

La noticia del apuñalamiento de Medina, se cruza con otro expediente judicial que ya tenía a Braian bajo investigación. Según 0221, el nieto del ex titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) está imputado en una causa por presuntas amenazas y aprietes en distintos obradores de La Plata.

Ese expediente avanza en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que fijó el juicio oral para el 8 de junio de 2026. En esa causa también están acusados Kevin Uriel Parrado y Gonzalo Rodrigo Pared. La investigación se abrió a partir de denuncias de empresas constructoras y trabajadores en medio de la disputa interna de la UOCRA en la capital bonaerense.

Uno de los hechos centrales del expediente ocurrió el 11 de abril de 2022 en la obra de extensión del Tren Universitario, en 72 entre 13 y 14: un grupo irrumpió en ese obrador para exigir puestos de trabajo y estaba encabezado por Medina. Durante ese reclamo, siempre de acuerdo con la acusación, se habrían lanzado amenazas contra encargados y obreros que estaban en el lugar.

El fiscal Martín Almirón pidió la elevación a juicio oral por el delito de amenazas agravadas. La defensa rechazó las acusaciones y negó cualquier episodio violento. Por su parte, Medina reconoció haber participado de reclamos sindicales, pero sostuvo que nunca hubo intimidaciones ni uso de armas. Parrado también quedó alcanzado en una serie de expedientes vinculados con la disputa interna del gremio de la construcción.

La historia trae, en simultáneo, el doble matiz de la viñeta criolla y la tragedia. Aquel furor revolucionario mexicano alcanzó también a un argentino que, además, era portador de la marca identitaria del gauchismo como asunto de espectáculo y quizá como algo más.

¿Quién era Francisco Laudelino Mujica? Porque de él se trata y ya queda presentado, con nombre y apellido. ¿Qué lo llevó a México en tan convulsionado momento histórico? “Algo” nos dice que merece ser recordado por sus compatriotas, que somos nosotros, aquí y ahora. Un “algo” visceral, que va más allá de la razón y que no perece con el tiempo ni sucumbe a la carcoma del olvido, como las ramas del enebro antiguo con que Cesare Ripa y la iconología barroca coronaron la virtud de la “memoria agradecida”. Porque ese “algo” tiene que ver con aquella verdad que se llama la “identidad” y que “siempre en el corazón tendremos esculpida”, parafraseando el verso de don Diego Hurtado de Mendoza que aprendimos en la escuela.

Francisco Laudelino Mujica, en la consunción de su vida breve, y más todavía en la tragedia de su muerte, decidida “allá lejos y hace tiempo”, sin riesgo ninguno para quien pronunció la condena sumaria, pues no se habría animado a enfrentarlo en el campo del honor, ese “Gaucho Mujica” es parte de nuestra identidad histórica argentina, con sus más airosos atributos.

La revista de actualidad e interés general Caras y Caretas anunció la noticia de su deceso en el número del 7 de noviembre de 1914. Vale decir que este año se cumplirán ciento doce de aquella sentencia irrevocable, recaída sobre un compatriota a quien casi nadie conoce. El título de la escueta nota decía “El gaucho Mujica fusilado en Méjico”. Ningún juicio de reproche a la ejecución se desprende de la pluma del cronista, que más bien esboza con trazos gruesos las aventuras de una vida azarosa.

Las fotografías que ilustran la noticia lo muestran en sus dos facetas: una, con traje civil, mirada límpida y grave, y enormes bigotes "á la page"; la otra, en plena función de doma de un potro, vestido como un gaucho bonaerense y rebenque en mano. La dualidad iconográfica venía a postular los dos mundos que habitó Mujica: el mundo real de la sociedad liberal burguesa y el mundo de la épica gauchesca, tan ficticio para entonces, como la ficción arquetípica de un ideal platónico.

Hizo su irrupción en la escena porteña en 1910, luciéndose como domador de caballos bravos en la señera “Sociedad Sportiva”, durante los fastos jubilares del Centenario de la Revolución de Mayo, y desde entonces se volvió relativamente popular. Pues, aunque la dirigencia de la “nueva y gloriosa Nación” aspiraba a confundir sus modismos de salón y el ingenio diletante de su causerie con aquellos otros de los países “civilizados” de Europa, retenía, como nota de identidad, un deporte que podía ser estimado como rémora de la “barbarie”, por decirlo en términos sarmientinos. Al fin y al cabo, los ganados y las mieses, como cantó Rubén Darío, seguían sosteniendo las rentas agro pastoriles de la grandeza nacional.

Pero Mujica no era ningún bárbaro ni vivía una vida zaparrastrosa de tapera en ruinas y de corral desvencijado, como muchos bien pensantes liberales podrían imaginar, ante la sola mención de esa ominosa palabra: “gaucho”. Al final volveremos sobre este punto, que trae abundante tela.

Mujica pudo permanecer en la Capital para cosechar los dulzores de la novedosa fama; o pudo regresar a sus pagos natales de Pergamino para sumirse en el vértigo horizontal de esos campos infinitos como un océano sin orillas. Pero, amante de la buena vida y tentado por el aplauso internacional que le habían prodigado también las comitivas extranjeras del Centenario, puso rumbo a Cuba (no sabemos la razón), y en La Habana saboreó triunfos, ganó dinero y se mezcló en reyertas. Aunque la meta de su agenda era España, marchó entonces a México junto a su troupe criolla. En este último destino selló el suyo propio.

Pronto empezó a gozar del halago de un público fascinado con sus hazañas de montura, a tal punto que es versión que el presidente, Francisco Madero, quiso conocerlo.

Pero un día, la rebelión que el mismo Madero había encendido desde Texas, en 1910, contra la continuidad reeleccionista del gobierno latifundista y oligárquico de Porfirio Díaz y los “científicos”, desbordó los cauces de su propio dinamismo, y las facciones revolucionarias mostraron sus disensos internos y su predisposición a matar con saña, o morir sin expectativa de clemencia. No cabe detallar aquí las alternativas de aquel proceso, muy complejo por cierto, que terminó malquistando a Madero tanto con los insurrectos (mayormente elementos indígenas y mestizos), como con los hacendados blancos, de cuya estirpe provenía.

Él mismo, ya renunciado y derrumbado por la muerte brutal de su hermano (hasta el ojo de vidrio le arrancaron a golpes), cayó enseguida, abatido por el tiro alevoso disparado a quemarropa por quien conduce a la víctima a su matadero con engaño, al amparo de la noche. Su familia debió asilarse en la embajada japonesa.

Envuelto en la espiral de aquel vendaval y varado en tierra extranjera, allí quedó atrapado nuestro compatriota. Aunque el ambiente era violento, ello no debió arredrarlo, porque él también, como Martín Fierro, en un punto, cedió a su costado más cerril. Debió purgar una breve condena en la cárcel por haber matado a su manager alemán, un tal Francisco Schnerb. Al menos, especulemos con el consuelo de que haya sido en un duelo por causa de honor. Dicen que no la pasó tan mal tras las rejas, porque también en la prisión era popular y porque, quizá, la mano invisible del doctor Madero, que era su admirador, le pudo proveer algún género de protección.

Al quedar en libertad, sin horizonte laboral ni artístico y con sus vínculos políticos en retroceso, se habría hecho conspirador. Y aquí aparece el problema de los motivos, cuya interrogación no conduce a ninguna respuesta fehaciente. Lo más reiterado es que fue comisionado (¿por quienes?) para asesinar a Pancho Villa y librar de tal guisa a México de aquel azote sanguinolento. En esos trámites andaría, quizá, cuando la Fortuna (deidad caprichosa, como de costumbre) le volvió la espalda y fue apresado, pero esta vez por las milicias revolucionarias del Norte, menos impresionables ante los encantos del argentino carismático.

Nada conocemos de su proceso. ¿Lo delató una fémina celosa y revanchista? ¿Lo vendió la envidia de un enemigo solapado? Vaya uno a saberlo. Sus destrezas como jinete (recordemos, de paso, que fue oficial de Caballería en nuestro Ejército) no parecen haber despertado ni la admiración ni la curiosidad de Villa. Hasta su porte inocultable de clase principal pampeana pudo haber sido un handicap, a la vista del exbandolero y avezado cuatrero, devenido exitosamente en líder agrarista y militar sin academia, aunque por cierto bastante escurridizo e ingenioso.

Más aún (y lo que sigue es conjetura enteramente mía), Villa se mostraba inclinado a la espectacularidad mediática: recordemos que se hacía acompañar habitualmente por periodistas, se complacía en que lo fotografiaran y hasta llegó a firmar, ese mismo año de 1914, un contrato con el productor hollywoodense D. W. Griffith para rodar una película que exaltaba sus correrías y donde él mismo actuaba escenas en vivo.

¿Pudo ver en aquel artista popular y valeroso que era Mujica, admirado por los hombres, encantador ante las mujeres y presumiblemente de ideas más bien conservadoras, a un competidor de su propio estrellato? ¿Pudo sentir celos de quien demostraba unas cualidades fulgurantes que él pretendía monopolizar? Es un interrogante que, hasta ahora, nadie se ha formulado. Lo que llama la atención es que la muerte de Mujica haya ocurrido cinco meses después del estreno de la película, que fue en mayo, donde Villa se infatuaba como movie star.

Corrió la versión de que el argentino lo desafió a Villa a pelear de hombre a hombre (tal vez sería un duelo a pistolas, porque su puntería era virtualmente infalible), como remedando aquel desafío sin efecto, dirigido por Marco Antonio al joven Octavio, en la tragedia shakespeariana. Pero el líder revolucionario, como el romano desafiado, habrá calculado que tenía “veinte mejores maneras de morir”, que a manos de un gaucho bravío sudamericano. ¿Para qué arriesgarse? El “centauro del Norte”, como lo apodaron sus seguidores, no llegó a batirse con ese formidable “centauro del Sur” que era Mujica. Y desde ya que nuestra mente se entretiene en imaginar el duelo frustrado y su alentador resultado.

Viene al caso recordar que en 1919, otro condenado, el viejo José de la Luz Herrera, pasado al bando carrancista, lo convidó a duelo a Villa y le escupió la cara, sin provocar otra reacción de honor (del cual claramente carecía) que su respuesta: —Para que le duela más, antes de morir Usted, va a ver cómo trueno a sus hijos—“. Tras lo cual los mató, disparándoles en la frente, a la vista del padre, que siguió la misma suerte, sin dejar de maldecirlo.

Lo cierto es que, en el caso de Mujica, cuando los fusiles tronaron su descarga, cada bala buscó su derrotero sobre el condenado, atado de pies y manos, pero erguido todavía con la hidalguía altiva de su tierra bonaerense.

Un muro encalado fue su lápida primera y el espejo temprano del resplandor de un sol de octubre, por encima del Trópico de Capricornio. El sueño de triunfar en España quedaba para siempre truncado, a sus 39 años, en el poblado llamado Aguascalientes, donde por aquellos mismos días sesionaba una convención de los jefes revolucionarios, gobernadores y generales. Tres de sus compañeros de jineteadas regresaron a la Argentina en condiciones poco menos que miserables y despojados de sus aperos, que fueron retenidos allá, junto con los de Mujica, como trofeos fáciles, arrebatados sin batalla.

Hace ya diez años, el señor Raúl Galarza (a quien no conozco pero he leído con provecho) publicó una semblanza de Mujica, aprovechando la información verbal que le facilitó el sobrino del personaje, don Mario Arnaldo Mujica Kearney (quien en 2005 tenía 83 años). En ella he abrevado, junto a otras escasas fuentes, para redactar este texto.

Y aquí vuelvo a la cuestión nodal del “gauchismo” de Mujica.

Hay en la crónica de Galarza un punto interesante, relativo a la ubicación social del personaje. No debe engañarnos el mote de “gaucho” que le dieron en su tiempo con intenciones de marketing: si bien lo era por su cuna y su crianza campera, y por sus destrezas en los menesteres del gauchaje, sin embargo, aquel seudónimo puramente artístico recaía sobre un caballero de clase terrateniente, un católico respetuoso de la práctica del precepto dominical, un hombre culto y simpático, refinado en sus gustos y afeites, sabedor de la etiqueta mundana, aunque inclinado a una existencia más “bohemia” para los parámetros de la época. Era, quizá, como Gardel o como Newbery, un auténtico “desclasado” (que no es lo mismo que “descastado”), cuyo señorío atravesaba transversalmente todos los estereotipos sociales, y lo instalaba en el firmamento del imaginario colectivo como un astro superior, con resplandor propio.

Insisto en que Villa (o alguno de sus adlátere) bien pudo sentir un arrebato de recelo envidioso ante el argentino que lograba hacerse querer y admirar por el pueblo, sin necesidad de saquear haciendas, de despojar retablos o de verter tanta sangre como se vertía en el teocali, durante un sacrificio azteca. Villa lograba el efecto de “popularidad” en la vertiente barbárica y adulona de la horda, a un costo criminal, llevando la praxis del homicidio personal a la escala colectiva de la guerra; de suerte que sus ejércitos terminaron siendo la prolongación de su propia mano asesina, que no se detenía ni ante mujeres desarmadas (recuérdese el caso de las 80 “soldaderas”, ejecutadas preventivamente en Camargo, en 1915) ni ante la totalidad de una población masculina inerme, masacrada en San Pedro de la Cueva, no privándose, de paso, de violar a las mujeres de la aldea. Porque Villa mataba por cálculo, por enojo, por venganza plebeya y hasta por mórbido placer, por “monomanía” como alguien dijo, casi por deporte, según lo ha demostrado la más reciente historiografía seria, de la mano de Reidezel Mendoza (“Los crímenes de Francisco Villa”), o Friedrich Katz (este último acuñó la frase de “el negocio de matar”, como rutina metódica del “villismo”), o los comentarios categóricos de Héctor Aguilar Camin en su blog “Divagario”.

Naturalmente que los escritores inclinados a la construcción mitológica, como Martín Luis Guzmán, se han ocupado de la metamorfosis redentora de Villa, borrándole el prontuario sanguinario (que él mismo había conocido y hasta temido, como contemporáneo que era) y erigiéndolo en símbolo redentor de la grandeza revolucionaria. Incluso el año 2023 fue consagrado en México como “Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”… Un título que, puestos a elegir, mejor le cabe al verdadero caudillo del campesinado pobre, que fue Emiliano Zapata, autor del Plan de Ayala y quizá el líder más icónico de aquella revolución que, aunque tuvo motivos de sobra para alzar su enojo ante la opresión de las clases pobres, no perdió el norte de la racionalidad en sus métodos.

Pero dejemos de lado este asunto, que más bien deben dirimir los historiadores mexicanos, aunque el expediente ya ha acumulado suficientes fojas como para pronunciar un veredicto, más cercano a la verdad que el discurso populista oficial, que pone a Villa en el podio hagiográfico de los héroes, a pesar de su impedimenta, plúmbea y aberrante, de violencia sistemática.

Volviendo al tema del gauchismo a comienzos del siglo XX, voy a echar mano a una cita de Carlos Octavio Bunge, tomada del manual de lectura Nuestra Patria, edición de 1910. Precisamente el año en que Mujica hizo su fulgurante aparición en Buenos Aires.

El enfoque “martinfierrista” de Bunge (que haría revolverse en su tumba a Sarmiento y a otros “salvajes unitarios”) es apologético, provocador y casi elegíaco, respecto de la pasada gloria y la subsiguiente miseria del gaucho; el párrafo es largo y voy a abreviarlo. Dice así:

“Por su intenso amor al nativo suelo, aunque no poseyese sino confusa idea de la patria, nunca desoyó el gaucho su llamamiento. Ayudó a rechazar las invasiones inglesas, a las órdenes de Liniers. Siguió a Belgrano, a San Martín, a todos los generales de la guerra de la Independencia. Cuando las luchas de la organización nacional, formó las huestes de los caudillos rurales que levantaban pendón y caldera. Mas, apenas organizada la república, al concluir con las resistencias del indio fronterizo, caducó su gloria. En el último tercio del siglo XIX, falto de papel en el drama de la vida, estaba como demás sobre la tierra.

La decadencia del gaucho comenzó entonces, cuando se introdujo en los campos la ficción de la democracia. El juez de paz, el comandante y el comisario le explotaban, especialmente con motivo de las parodias electorales; se lo arreaba a los comicios, como en rebaño. Quien se insubordinaba contra el caudillo oficialista sufría atroz perseguimiento…”.

Por supuesto que Bunge no ignoraba los defectos del gaucho, que también menciona: arrogancia, tendencia vengativa, incuria y falta de método en el trabajo. Pero, si se hizo cuatrero, fue por necesidad y no por codicia, porque no estaba en su talante el ser ladrón. Y en este rasgo de “probidad” veía Bunge la distancia psicológica y el “escaso entroncamiento” del gaucho respecto del indio, a quien le endilga que “jamás cumplió su palabra ni respetó propiedad ajena”...

Y llegamos al presente desde el cual escribía Bunge, a ese momento aurático del siglo XX que era el año del Centenario. ¿Qué concepto tenía la sociedad argentina o la opinión pública del gaucho? Según Bunge, no era apreciado del todo, apenas se lo toleraba, viendo en él una “potencia de retroceso y de barbarie”. Y a continuación se describe la causa de este concepto:

“Es que confunden las cualidades con sus correspondientes defectos, y las épocas y los sujetos. Desconociendo lo que fue el gaucho auténtico, el histórico, el héroe de las pampas, se da ahora este nombre, más que al legítimo producto de su mezcla con el inmigrante, a ciertos espurios imitadores, como el compadrito arrabalero y el matón de pulpería, que, so color de gauchismo, ignoran las virtudes de su pretérita grandeza, para imitar los vicios de su presente decadencia. Hora es de reaccionar contra tan injusta impresión. Precisamente, para destruir la caricatura abominable ¿no será el medio más eficiente conocer y honrar al original? El gaucho ha muerto. No pudiendo sobrevivir a las nuevas condiciones ambientes, no pudiendo sobrevivirse a sí mismo, el gaucho ha muerto. No es ya más que un símbolo. Pero sus manes, por lo que antes encarnó su persona y hoy debe representar su recuerdo, no podrán menos de sernos propicios. Acaso su sombra vela sobre nosotros…”.

He allí la síntesis de lo que el “Gaucho Mujica” vino a encarnar en aquel momento preciso: ese ancestral señorío sobre la tierra, que no apeló a despojos disfrazados de reformas agrarias, ni a saqueos sacrílegos, ni a crímenes atroces. Su transformación en “matrero” fue su tragedia ontológica, psicológica, moral y personal (tal cual la pintó Hernández); pero no la convirtió en manifiesto ideológico ni la trasladó al plano de la revuelta social colectiva.

Al emplear la palabra “símbolo”, Bunge plantea, como un eco cristalino que nos viene del ayer, lo que decíamos al comienzo: hay todavía un fenómeno de identidad en ese gaucho anacrónico y heroico que Mujica venía a perpetuar en sus actuaciones y en su ethos personal. Lo mismo que en aquel atavío gaucho que siguió vistiendo Carlos Gardel, incluso muchos años después de sus primeras actuaciones.

Una vez más: Laudelino Mujica, cuyos restos quedaron para siempre lejos de la pampa argentina, merece también esa cuota de recuerdo.

“El agua no es incolora, ni inodora ni insípida”, repite con entera convicción Analía Videla, la única sommelier de agua de Argentina y la primera de América Latina, que acaba de graduarse en la prestigiosa Academia Doemens, de Alemania.

Mendocina, empresaria, especialista en vinos, fundadora de escuelas de sommelier y jurado internacional, obtuvo una distinción que la ubica dentro de un selectísimo club de apenas 300 profesionales que hay en el mundo. “La mayoría son alemanes y yo me convertí en la primera latina en obtener esta certificación que forma a expertos en análisis sensorial del agua desde 2011”, explicó en diálogo con Infobae.

Y aunque el título pueda sonar extravagante o incluso excéntrico, detrás de esa especialización hay años de formación internacional, investigación y una convicción profunda: el agua que tomamos importa muchísimo más de lo que creemos. “Tiene aroma, sabor, textura y hasta identidad propia”, remarcó la experta de 46 años.

El agua también se cata

Mientras trabajaba como jurado internacional de vinos, Analía Videla empezó a notar algo curioso: algunas aguas interferían en las degustaciones y otras las potenciaban. “Esta agua no va”, pensaba. “Esta tiene demasiada mineralidad. Esta es más redonda”, analizaba. Sin darse cuenta, comenzó a describir el agua con el mismo lenguaje técnico que utilizaba para el vino, y la fascinación por esa bebida fue creciendo.

“Cada viaje se transformó en una búsqueda de nuevas aguas minerales. Compraba botellas en distintos países y las comparaba. Probaba aguas de montaña, volcánicas, de glaciares o de manantiales profundos”, contó.

Hasta que, finalmente, encontró esa especialización en Alemania. La formación era exigente: cinco meses intensivos de teoría y práctica sensorial. Parte del cursado podía hacerse virtualmente, pero los exámenes debían rendirse de manera presencial en Alemania. Videla aceptó el desafío y se graduó el mes pasado.

“Allí aprendí que el agua tiene una complejidad química enorme y que cada componente modifica radicalmente la experiencia sensorial”, sostuvo. Videla explicó que todas las aguas tienen características propias: “Algunas poseen aromas minerales, otras presentan notas metálicas o salinas. Algunas, incluso, pueden tener coloraciones amarillentas o marrones debido a la presencia de hierro o componentes volcánicos. La diferencia es que casi nadie presta atención ni entrena los sentidos para detectarlo”.

Durante su formación como sommelier de agua, aprendió a identificar los distintos minerales mediante ejercicios extremos de degustación. “Los instructores utilizaban agua neutra y agregaban iones específicos —calcio, magnesio, sodio, bicarbonato o cloruro— para entrenar el paladar”, detalló al hacer hincapié en que cada componente generaba sensaciones diferentes.

“El magnesio aporta cierta dulzura. El calcio produce astringencia. El sodio genera notas salinas. Algunas aguas tienen acidez marcada. Otras resultan suaves y sedosas”, observó con rigurosidad.

“En boca se percibe el 70 u 80 por ciento de la información del agua”, explicó. Y para detectar esas sutilezas, el cuerpo debe estar en condiciones ideales: dormir bien, evitar café, alcohol, picantes y cualquier alimento invasivo antes de las degustaciones.

El “terroir” del agua

Uno de los conceptos más fascinantes que introduce Videla es que el agua también tiene “terroir” (concepto que sostiene que el agua posee un sabor, color y textura únicos determinados por su origen), igual que el vino. Es decir: la identidad del agua depende directamente del suelo por donde circuló.

“Las aguas extraídas de montaña suelen tener alta mineralidad debido al contacto con rocas. Las de zonas volcánicas poseen perfiles distintos. Las de acuíferos profundos, bosques o regiones arcillosas desarrollan otras características químicas. No es lo mismo un agua de montaña que una de bosque. El suelo cambia completamente el perfil”, enfatizó.

Videla considera que Argentina tiene un potencial gigantesco debido a su enorme diversidad hídrica, que podría transformarse en un sello distintivo. “Tenemos desde glaciares patagónicos hasta acuíferos andinos o manantiales serranos”, precisó Videla, quien sueña con armar una “carta del agua”, que incluya a los diferentes tipos de aguas del país. “En Alemania, eso ya existe. En Argentina todavía parece una rareza”, admitió.

¿Es buena el agua que tomamos los argentinos?

Al ser consultada por la calidad del agua en Argentina, Videla responde con cautela. “Tenemos muy buenos recursos naturales, pero es necesario cuidarlos de la contaminación y controlar los procesos de potabilización”, señaló. Y con respecto al agua de la canilla, fue contundente: “Puede ser potable, pero no necesariamente saludable. Hoy recomiendo usar filtros”.

También advierte sobre errores cotidianos que casi nadie considera. Por ejemplo, dejar agua destapada en la heladera. “El agua absorbe muy fácilmente los aromas del entorno”, explicó. Por eso, aconsejó conservarla en recipientes de vidrio, mantenerlos limpios y evitar reutilizar envases sin higienización adecuada. “El agua es extremadamente sensible”, resumió.

Así como el vino puede tener fallas, el agua también posee defectos. Y Videla especificó que existen, al menos, quince alteraciones sensoriales reconocidas técnicamente, aunque muchas de ellas resultan difíciles de detectar para el consumidor promedio.

“Puede haber aromas a humedad o ‘trapo mojado’. Otras veces aparecen notas similares a establo o suciedad. También existen perfiles vegetales intensos, similares al pimiento”, remarcó en alusión a la contaminación ambiental, los recipientes mal higienizados o ciertas alteraciones químicas pueden generar esas características. “Muchas veces creemos que el agua no tiene sabor simplemente porque no estamos prestando atención”, agregó.

Para Videla, uno de los grandes errores culturales es pensar el agua únicamente como hidratación. “El agua también nutre”, afirmó. “Las aguas ricas en magnesio favorecen el funcionamiento cardiovascular. Las que contienen bicarbonato ayudan a combatir la acidez estomacal. Algunas con sulfatos colaboran con la digestión. Otras, como ciertas aguas de Fiji, contienen silicio, asociado al bienestar de uñas, pelo y funciones cognitivas”, detalló.

El problema, dice, es que la información suele aparecer en etiquetas diminutas que casi nadie lee. Por eso, Videla impulsa cambios en la comunicación de las empresas para que los beneficios minerales estén mejor explicados y sean más accesibles para el consumidor.

De Mendoza al mundo

La historia de Analía Videla empezó lejos de los laboratorios sensoriales y de las cartas de aguas premium. Nació en Mendoza y estudió Ciencias Económicas. Como muchos mendocinos, creció rodeada de la cultura del vino, aunque no proviniera de una familia vitivinícola.

Todo cambió cuando, durante el último año de la carrera, viajó a Francia junto a su entonces novio —hoy su esposo con el que tiene tres hijos de 24, 19 y 7 años— gracias a una beca de intercambio. Él estudiaba ingeniería y había obtenido una oportunidad académica. Ella decidió acompañarlo y terminó cambiando el rumbo de su vida.

Pidió el pase universitario y terminó graduándose en una escuela de negocios de Lyon. Tenía apenas 22 años cuando un director de carrera le hizo una pregunta clave: “¿En qué querés especializarse?” La respuesta parecía inevitable.

“Francia es fuerte en vinos y yo soy mendocina”, recordó. Y así comenzó un recorrido académico impresionante que la llevó a formarse en algunos de los centros más prestigiosos del mundo: estudió marketing vitivinícola en Francia, realizó programas ejecutivos en la Universidad de Davis, en California, obtuvo certificaciones internacionales en Inglaterra, cursó una maestría en negocios vitivinícolas en Barcelona y completó un Wine MBA en Mendoza.

Pero detrás de ese currículum hay algo más que títulos. Hay una obsesión por comprender las bebidas desde todos los ángulos posibles: sensorial, cultural, comercial y turístico.

Con los años, Videla construyó un perfil poco común en la industria: combina el conocimiento técnico con una fuerte visión empresarial. Fundó Wine Institute, una escuela de formación integral orientada al mundo vitivinícola que llegó a tener sedes en Buenos Aires, Mendoza, Salta, Chile y próximamente Panamá.

El proyecto no se limitó a enseñar sommelier. También incorporó formación en marketing, idiomas, enoturismo y áreas comerciales vinculadas a las bebidas. “Quería formar profesionales integrales para la industria”, sentenció.

Además, desarrolló proyectos de inclusión inéditos en el sector. Uno de ellos fue un glosario de señas para personas sordas orientado al lenguaje del vino, realizado junto a asociaciones especializadas y bodegas argentinas. La iniciativa obtuvo reconocimiento internacional.

A los 46 años, Videla acumula casi un cuarto de siglo recorriendo viñedos, participando en ferias internacionales, organizando viajes de capacitación por Borgoña, Burdeos, Sudáfrica o Grecia, y actuando como jurado en concursos de vinos alrededor del mundo. Y fue justamente entre copas donde apareció el agua.

A Videla le gustaría que las aguas nacionales se conviertan en un producto cultural, gastronómico y turístico. “Cada agua puede representar un paisaje”, aseguró.

Su objetivo es transformarse en una embajadora internacional de las aguas argentinas, del mismo modo en que el vino argentino logró posicionarse en el mundo. Porque después de escucharla, resulta difícil volver a mirar un vaso de agua de la misma manera.

La Justicia de Córdoba confirmó la fecha de inicio del juicio oral contra el ex legislador Oscar González por el accidente vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, en donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos jóvenes sufrieron graves lesiones.

Según resolvió la Cámara del Crimen de Villa Dolores, el proceso judicial comenzará el lunes 3 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Así, poco más de tres años del siniestro vial, González será juzgado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

El choque ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando el ex legislador, al volante de un BMW de uso oficial, circulaba presuntamente en dirección Córdoba–Mina Clavero e invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara de frente contra el automóvil en el que se trasladaba Bengoa.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en el asiento trasero del vehículo viajaban también Marina, hija de la docente, y su amiga Alexa, ambas de 14 años al momento del hecho. Mientras que Marina logró recuperarse sin secuelas, Alexa sufrió lesiones irreversibles y quedó parapléjica tras el impacto.

La elevación de la causa a juicio se produjo luego de que fracasara una propuesta de la defensa de González, que pretendía una salida alternativa mediante una reparación económica. Sin embargo, la solicitud fue rechazada durante el proceso.

La investigación también dirigió su atención al vehículo oficial que conducía González en el momento del siniestro. En este sentido, el uso del BMW, perteneciente a la administración pública, es una de las aristas que será analizada durante el debate oral.

A fines de febrero, González fue excarcelado en el marco de otra causa derivada del mismo episodio. En este expediente, permanece imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. No obstante, el proceso penal por el accidente vial avanzará de manera independiente.

Así fue la tragedia de las Altas Cumbres

El sábado 29 de octubre de 2022, el siniestro vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, a pocos kilómetros de Mina Clavero, marcó el inicio de una investigación judicial que aún sigue su curso. En el hecho, el dirigente peronista y ex presidente provisorio de la Unicameral impactó su camioneta BMW X1 contra un Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, junto a las dos menores de edad.

En su primera declaración ante la fiscal Analía Gallarato, González aseguró que no recordaba los momentos previos al accidente y negó haber cruzado la línea amarilla para adelantar otro vehículo. Sin embargo, manifestó sentirse responsable por lo sucedido. “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”, manifestó.

A partir del análisis testimonial, la funcionaria judicial concluyó que el ex legislador tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Además, confirmó que no contaba con los permisos requeridos para utilizar el auto oficial, luego de que este fuera regresado a la Legislatura de Córdoba.

Una vez concluida la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio del caso, tras señalar la existencia de pruebas que comprobarían la culpabilidad del imputado. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuraron documentos periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial como por peritos de control de la parte querellante y defensora, una aclaratoria de la pericia accidentológica y el informe de reconstrucción virtual.

La acusación adelantó que también presentará testimonios, informes técnicos y pruebas informativas, documentales y periciales. Hace algunos meses, los resultados del peritaje accidentológico permitieron sostener la acusación contra González, luego de que su abogado defensor, Martín Ortíz Pellegrini, afirmara que la docente habría cambiado de carril, provocando la colisión frontal.

Sin embargo, el informe ordenado por la fiscal Gallarato reveló que ambos vehículos cruzaron la doble línea amarilla, pero el impacto ocurrió en el carril de la víctima. En línea con esto, los peritos determinaron que la mujer había adelantado a una grúa, pero al regresar a su carril, se encontró con el ex legislador quien transitaba por la vía contraria luego de haber salido de una curva.

El impacto involucró el costado frontal derecho de la BMW X1 y el frente del Renault Sandero, por lo que ambos volcaron. Asimismo, confirmaron que ninguno de los dos circulaba por encima de los 100 km/h permitidos, ya que González circulaba a 87 km/h y la docente a 74 km/h.

La Justicia de Santa Cruz dictó la prisión preventiva de Marcelo Félix Curtti y lo procesó por el asesinato y descuartizamiento de Aníbal Cepeda, el hombre de 72 años hallado desmembrado en Río Gallegos, en una causa que quedó encuadrada como homicidio criminis causa y que prevé prisión perpetua si es hallado culpable.

La resolución también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Curtti por $20 millones, según La Opinión Austral. En paralelo, la querella pidió la detención inmediata de otras dos personas que estarían presuntamente vinculadas con el homicidio.

El procesamiento fue firmado por el juez Gerardo Giménez, quien consideró que existen elementos suficientes para atribuirle a Curtti responsabilidad penal como autor del delito previsto en los artículos 45 y 80 inciso 7° del Código Penal Argentino. Esa figura castiga a quien mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad.

La decisión judicial implica que, en esta etapa de instrucción, el magistrado considera acreditada la existencia del delito y probable la participación del acusado. La prisión preventiva, a su vez, busca garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza el expediente.

La investigación por el asesinato de Aníbal Cepeda avanzó a partir de pericias criminalísticas, análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintos procedimientos policiales y judiciales. En ese recorrido, Curtti quedó en el centro de la pesquisa hasta que se dispuso su procesamiento con prisión preventiva.

Detuvieron a otras dos personas

Además de la prisión preventiva de Curtti, la querella solicitó la detención de otras dos personas que habían sido demorados en los primeros allanamientos de la División de Investigaciones, cuando todavía se desconocía el paradero de Cepeda. Uno de esos procedimientos se realizó en la calle Cantarutti y el otro en Cañadón León.

Esos operativos se originaron después de que, tras la desaparición de Cepeda, se pidiera a entidades bancarias que alertaran sobre movimientos en las tarjetas del hombre, según La Opinión Austral. En uno de los domicilios allanados se encontraron el DNI y las tarjetas de la víctima.

Sin embargo, los sospechosos sostienen su inocencia: “Nosotros solo encontramos la tarjeta y la usamos”. La querella sostiene ahora que la Justicia debe avanzar sobre su posible intervención en el crimen. La causa sigue abierta y los investigadores trabajan para establecer si, además de Curtti, hubo otras personas que participaron, colaboraron o tuvieron una intervención secundaria en el homicidio. Mientras tanto, Curtti continuará detenido bajo prisión preventiva.

El 10 de mayo, cuando fueron encontrados restos humanos descuartizados que luego se identificaron como pertenecientes a Cepeda, comenzaron a conocerse detalles sobre la mecánica del hecho. La autopsia determinó que la víctima murió por una profunda herida punzocortante en el cuello y que después el cuerpo fue desmembrado presuntamente para facilitar su traslado y ocultamiento, informó ese medio.

Uno de los elementos que abrió una línea nueva de análisis fue el hallazgo del teléfono móvil destruido de Cepeda en un descampado cercano al cementerio. La familia indicó que, tras la desaparición, allegados recibieron mensajes cuya redacción no coincidía con la forma habitual de escribir del jubilado, lo que llevó a los investigadores a intentar determinar si alguien manipuló el dispositivo después del asesinato.

En la misma línea, la Justicia continúa con peritajes sobre rastros de sangre hallados en una parrilla del complejo habitacional donde se presume que ocurrió el crimen, además de los estudios sobre teléfonos celulares y movimientos bancarios vinculados a la víctima.

La familia de Cepeda sostiene que el crimen no pudo haber sido cometido por una sola persona. Isabel Britos, nuera de la víctima, dijo: “Estamos muy tristes, muy dramático todo. No creíamos que íbamos a encontrarnos con esto”. La mujer también expresó su convicción sobre la posible participación de terceros y reclamó que se esclarezcan todas las responsabilidades.

Un operativo policial realizado este último lunes en la localidad chaqueña de Quitilipi concluyó con la detención de un joven de 27 años acusado de haber amenazado y agredido a un vecino con una botella de vidrio. El incidente se produjo tras el rechazo de la víctima a entregar dinero, desencadenando una violenta reacción que quedó registrada en cámaras de seguridad y circuló ampliamente en redes sociales.

De acuerdo a lo informado por el portal de Diario Chaco, la aprehensión se llevó a cabo en el contexto de una investigación por “supuestas lesiones leves”, luego de que efectivos policiales implementaran un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. Al momento de la detención, las autoridades constataron que el joven tenía además un pedido de captura vigente por otra causa de “supuestas amenazas”, emitido por el Juzgado Correccional de Sáenz Peña desde el 16 de mayo.

De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría local, dos hombres identificados por los apodos de “Miguelito” y “Pochaca” se presentaron en el domicilio de la víctima y le exigieron dinero. Ante la negativa, los agresores habrían comenzado a golpearlo y lo atacaron con una botella de cerveza de vidrio. La secuencia completa fue captada por las cámaras de seguridad de la vivienda, lo que facilitó la intervención policial y permitió que las imágenes se difundieran rápidamente en distintas plataformas digitales.

Una vez radicada la denuncia, la policía local inició tareas de investigación que incluyeron el análisis de las grabaciones de seguridad y el relevamiento de testimonios en la zona. Según se informó, el procedimiento permitió identificar rápidamente a los presuntos agresores, lo que derivó en la implementación de un dispositivo cerrojo para evitar su fuga.

El otro de los implicados, identificado como “Pochaca”, permanecía prófugo hasta el cierre de este reporte, mientras continuaban los esfuerzos de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

La circulación de los videos en plataformas digitales propició la rápida intervención de la policía y la identificación de los agresores. Desde la comisaría local se señaló que la colaboración ciudadana fue fundamental para avanzar en la causa y ubicar a los sospechosos.

El joven detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de aprehendido. Las autoridades informaron que la causa principal es investigada bajo la carátula de “supuestas lesiones leves”, aunque el antecedente de “supuestas amenazas” en otra causa complica su situación procesal.

La policía continúa trabajando para dar con el segundo involucrado y esclarecer todos los aspectos del caso. Se indicó que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán incorporadas al expediente como prueba y que la investigación sigue abierta.

Un joven apuñaló a un vecino y fue detenido en Córdoba

Semanas atrás, un joven de 23 años fue detenido en Villa Nueva, provincia de Córdoba por el intento de homicidio a un hombre de 38 años. El hecho ocurrió el martes por la tarde y la víctima permanece internada con pronóstico reservado y riesgo para su vida en el Hospital Regional Pasteur.

El joven abordó a la víctima y lo atacó con un arma blanca, propinándole una puñalada en el pecho. El acusado permanece imputado por homicidio en grado de tentativa. La investigación intenta esclarecer las razones por las que el aprehendido realizó la agresión.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por Silvia Maldonado, dispuso las medidas urgentes que permitieron identificar al detenido, sobre quien pesan antecedentes delictivos. El operativo que culminó con la captura también incluyó dos allanamientos simultáneos realizados en los barrios Medalla Milagrosa y Florida.

Finalmente, agentes del Grupo ETER de la Policía de Córdoba arrestaron al sospechoso e incautaron tres armas blancas de distintas características, las cuales serán sometidas a peritaje en el marco de la causa. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para confirmar los detalles de lo sucedido en Villa Nueva.

Este miércoles la Fiscalía Penal N° 4 de Chaco dictó la prisión preventiva contra Lidia Mabel Ojeda, conocida como la “falsa médica”, justo en la fecha en la que se cumplía el plazo de 10 días hábiles que establece el Código Procesal Penal de la provincia.

Ante la decisión tomada por la unidad que dirige el Dr. Gustavo Valero, y bajo subrogación del fiscal Marcelo Soto, la defensa anticipó que apelará la medida contra su defendida, quien se encuentra imputada por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y además por la muerte de un paciente de 63 años.

En paralelo existen otras investigaciones relacionadas con homicidios, como el caso de una mujer de 74 años que falleció tras recibir su atención; y lesiones graves, entre ellas el caso de un joven que sufrió la amputación de una pierna, según informó Diario Chaco.

Los abogados Cesar López y Felipe Fontanetto indicaron que la solicitud es para que su defendida pueda continuar el proceso en libertad, teniendo en cuenta las obligaciones familiares que tiene. “Solicitamos que se le permita transitar el proceso en libertad. Hemos ofrecido un fiador y acreditamos que tiene arraigo familiar, cinco hijos, tres nietos y un nieto de cuatro meses del que estaba a cargo”, expresó el segundo de ellos.

Además, argumentaron que “no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación”, y remarcaron que “de manera subsidiaria, pedirá que en caso de no concederse la libertad se le otorgue arresto domiciliario”.

Sin embargo, pocos días antes de que el caso tomara estado público, la policía de Chaco activó un pedido de detención dado que no lograron ubicarla luego de los allanamientos realizados en su residencia. Varios días después la encontraron en una vivienda de la localidad bonaerense de Santos Lugares, partido de Tres de Febrero.

Al momento de su arresto, la acusada se hallaba oculta en un domicilio situado en la calle Roberto Lage al 800, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, a menos de diez cuadras de una comisaría. Llevaba puesto un jean oscuro, un buzo negro y zapatillas blancas.

La primera denuncia fue presentada por el director de Zona Sanitaria Orlando Di Núbila por presunta falsificación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, a mediados de abril. “Fue contratada para realizar una guardia activa, pero el resto del personal se dio cuenta de que le faltaba mucha capacitación”, explicó el profesional a Diario Chaco. Poco a poco la investigación se fue ampliando al punto de quedar vinculada a fallecimientos de pacientes a los que había atendido.

Hasta el momento se sabe que la mujer de 43 años atendió a más de 1.200 personas con una matrícula ajena y llegó a firmar certificados de defunción, en un lapso de por lo menos dos años. Desde agosto de 2024 hasta abril de 2026 realizó tareas en el hospital Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, atendiendo pacientes con cuadros graves que llegaban a la guardia.

En el expediente se acumulan denuncias a las que tuvo acceso Infobae, y en ellas se repiten situaciones parecidas como pacientes con dolores físicos, heridas infectadas o cuadros graves que, según sus familiares, no recibieron la atención debida. “Es normal, ya se te va a pasar”, “Tomate un paracetamol” y “Esto iba a pasar” eran algunas de las indicaciones que daba.

El representante legal de tres grupos familiares con víctimas fatales y a la familia de Franco Escobar, un joven de 26 años que permanece internado en grave estado en el hospital Perrando tras la amputación de una pierna, señaló a Infobae que "son tantas las personas que atendió que es muy probable que aparezcan otras víctimas. Será un caso histórico”.

Un supuesto intento de robo domiciliario ocurrido el último martes por la noche en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes, terminó con la muerte de un hombre de 34 años, quien falleció horas después de ser reducido por un grupo de vecinos que respondió a los pedidos de ayuda de una familia afectada.

El hecho, que sacudió a esta comunidad, se encuentra bajo investigación judicial mientras persisten interrogantes sobre la secuencia de los acontecimientos y la responsabilidad de los involucrados.

La alarma se encendió cuando el sospechoso, según informaron fuentes judiciales, escaló un muro e ingresó sin autorización a una vivienda ubicada sobre la calle Buenos Aires. Una vez dentro, el hombre fue sorprendido por uno de los integrantes del grupo familiar, con quien mantuvo un forcejeo. De acuerdo con el fiscal Alfredo Muth, el sospechoso intentó agredir físicamente a la víctima utilizando un “objeto contundente”, lo que precipitó la reacción de los habitantes de la casa y la intervención de los vecinos.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, los gritos y los pedidos de auxilio de la familia alertaron de inmediato a los residentes de las viviendas linderas. Ante la flagrancia del episodio, varios vecinos decidieron actuar por sus propios medios, ingresando al patio de la propiedad y logrando neutralizar y desarmar al presunto delincuente. Esta intervención ciudadana, que se produjo en cuestión de minutos, fue clave para evitar mayores daños a la familia, aunque derivó en un desenlace fatal para el sospechoso.

Según medios de comunicación locales, el individuo fue maniatado y golpeado por los vecinos antes de ser entregado a las autoridades policiales. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera de Bella Vista constataron el estado del aprehendido, quien presentaba lesiones visibles. “Se dispuso de forma inmediata el examen médico de la persona aprehendida, y a partir de ahí se lo trasladó de urgencia al Hospital El Salvador, siendo atendido por el médico de guardia. Minutos más tarde se produce el deceso”, relató el fiscal Muth.

El fallecimiento del hombre, que se produjo poco después de su arribo al centro de salud, abrió un nuevo capítulo en la investigación. La Justicia busca ahora esclarecer las circunstancias que rodearon tanto el ingreso a la vivienda como la reacción vecinal, poniendo el foco en el uso de la fuerza durante la retención del sospechoso.

El fiscal informó que “todos están debidamente identificados, e incluso ya tomamos las primeras entrevistas”, en relación con las personas que participaron en el episodio. La pesquisa apunta a determinar si la respuesta de los vecinos se mantuvo dentro de los límites de la legítima defensa o si existió un exceso en el uso de la fuerza.

Por su parte, los peritos de la Policía de Corrientes inspeccionaron el lugar e identificaron el punto exacto por donde el fallecido ingresó a la propiedad. Además, se investiga la posible participación de un segundo sospechoso, quien habría actuado como campana y logró huir antes de ser identificado por la policía o los vecinos.

Las autoridades judiciales dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de Corrientes, donde se realizará la autopsia forense para determinar con precisión las causas de la muerte. El resultado de este procedimiento será clave para definir eventuales imputaciones y el rumbo de la causa.

La investigación judicial continúa su curso, con la toma de declaraciones a los testigos y el análisis de los elementos recolectados en la escena. Desde la fiscalía se indicó que se evaluará la situación procesal de todos los involucrados una vez que se reúnan los informes médicos y periciales solicitados.

La comunidad aguarda definiciones por parte de la Justicia, en tanto se mantiene la atención sobre el desarrollo del caso y el impacto que pueda tener en futuras intervenciones ciudadanas ante hechos similares.

En agosto del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dejó firme las condenas para los acusados e implicados en el asesinato de Blas Correa, ocurrido en 2020. Entre ellos se encontraba el cabo Juan Antonio Gatica, quien junto a Leandro Alexis Quevedo, recibieron cuatro años. Ambos debían presentarse el mes pasado para comenzar a cumplir la pena; sin embargo, no lo hicieron y se dieron a la fuga.

Según informó Cba24n, este miércoles, y luego de una intensa búsqueda y una orden de captura por parte de las autoridades, Gatica se entregó. El ex agente debía comparecer el 22 de abril ante el Tribunal integrado por los vocales Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Carlos Palacio Laje debido a que su sentencia había recibido doble conforme, primero por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y posteriormente por el rechazo del Alto Cuerpo al recurso extraordinario presentado por la defensa ante la Corte Suprema.

Esta última confirmación ocurrió en diciembre pasado, por lo que Gatica indicó a su abogado que se presentaría el lunes 27 de abril, pero se declaró en rebeldía y no lo hizo, al tiempo que perdió contacto con su defensor.

La condena para los dos ex integrantes de la fuerza policial —junto a otros— incluyó el “encubrimiento agravado” por el crimen.

El asesinato se produjo hace casi seis años, tras un confuso episodio que involucró a dos individuos en moto, un grupo de adolescentes en un auto, y a la Policía de la provincia. En el rodado, un Fiat Argo, se encontraba la víctima de 17 años junto a los amigos que regresaban de cenar, cerca de la medianoche del 6 de agosto.

Una breve discusión con los motociclistas derivo en un operativo policial sobre el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Romagosa que aguardaba al arribo del vehículo con los jóvenes. El conductor empezó a reducir la velocidad con la intención de frenar, sin advertir la situación. Al notar que uno de los agentes lo apuntaba con un arma, optó por acelerar, de acuerdo con su declaración ante la justicia. En ese momento los agentes dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo.

El chico de 18 años que manejaba explicó: “Lo primero que hice fue bajar la velocidad, puse tercera, hice un rebaje a segunda y cuando paso por el frente del móvil y al lado de policía, veo que levanta el arma y me apunta a la cabeza”. Sobre ese momento, relató: “Después que pasé al lado del policía, escuché ruidos, primero uno seco, de cuando se dispara el arma y un ruido de chapa, y después otro ruido seco y el ruido de rotura del cristal. Ahí giré para atrás el cuello y veo la luneta cristalizada”.

Uno de los jóvenes recordó: “No escuché ninguna voz de alto. Inmediatamente, sentí el sonido de un disparo y como un aire que me ‘peinó’ en la cabeza”. Las balas impactaron en el auto y llegaron hasta Blas que llegó a decir:“Me dispararon” y “Llévenme a un hospital”, antes de morir.

La sentencia original se dictó durante un juicio oral y público en el que estuvieron involucrados trece integrantes de la Policía provincial. Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron la condena máxima de prisión perpetua, tras ser considerados responsables del homicidio calificado por pertenecer a la fuerza, agravado por el empleo de arma de fuego, y por el intento de homicidio contra los demás amigos de Correas.

Por su parte, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga fue sentenciado a cuatro años y ocho meses; el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez, a dos años y medio en suspenso por falso testimonio, y los cabos Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica recibieron cuatro años cada uno. A la vez, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza resultaron absueltos. La agente Wanda Micaela Esquivel recibió una pena de tres años y diez meses de prisión, y la oficial Florencia Yamila Martínez, de cuatro años y tres meses.

Participaron luego en la maniobra para “plantar” un arma a las víctimas. El subcomisario Sergio Alejandro González fue condenado a cuatro años y diez meses, y los comisarios inspectores Walter Eduardo Soria y Jorge Ariel Galleguillo recibieron condenas de cuatro años y nueve y ocho meses, respectivamente, por omitir denunciar a tiempo lo sucedido.

A una semana del tiroteo en Comodoro Rivadavia, en el que fue asesinada Mariana Soledad Calfuquir (33), su pareja y también víctima del hecho, Luis Damián Uribe, publicó una serie de mensajes en tono amenazante en contra de las personas que los atacaron. Además, reveló que la mujer se encontraba embarazada de un hijo de ambos.

Luego de haber recibido un disparo en la zona abdominal, Uribe todavía permanece internado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. En ese contexto, publicó este martes una serie de mensajes en sus redes sociales, en donde juró cobrar venganza en contra de los agresores.

Desde su cuenta personal en Facebook, el hombre advirtió: “Yo no hago denuncia, agárrense bien el or...”, para luego apuntar: “Voy a extinguir a toda su familia manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua”.

En otro mensaje recuperado por El Chubut, la pareja de Calfuquir sentenció: “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante”. Además de exponer el clima de tensión tras el crimen, reforzó la postura del ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, quien había anticipado que existía una posibilidad de que Uribe no quisiera colaborar con la investigación.

En paralelo, las autoridades confirmaron que dos personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos y operativos realizados en la madrugada y primeras horas de la mañana en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Según la información obtenida por Diario Crónica, los arrestados serían dos hermanos, conocidos en el ambiente delictivo local y con antecedentes penales. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación avanza bajo estricta reserva judicial.

El crimen ocurrió el martes 19 de mayo por la noche, cuando Calfuquir viajaba junto a su pareja en un Volkswagen Track gris por la zona sur de la ciudad. En ese trayecto, el vehículo fue interceptado y recibió varios disparos de arma de fuego.

Producto de la balacera, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la mujer, quien murió en el lugar. Uribe también resultó herido, pero logró conducir el auto hasta la Seccional Séptima para pedir ayuda antes de ser trasladado al hospital.

Actualmente, la investigación se centra en la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado a conflictos entre grupos delictivos de la ciudad. De acuerdo con la principal línea investigativa, Uribe habría acudido esa noche al domicilio de una persona con la que mantenía disputas relacionadas con dinero y hechos contra la propiedad. Esto habría derivado en el ataque.

Según la reconstrucción de los hechos, Uribe se encontraba al frente del volante y, pese a que también resultó herido, logró conducir hasta la Comisaría Seccional Séptima para pedir auxilio. Cuando los efectivos intentaron socorrer a Calfuquir, constataron que ya se encontraba sin vida, por lo que solo trasladaron a su pareja hacia el Hospital Regional.

A raíz del violento episodio, la semana pasada la Policía llevó a cabo ocho allanamientos en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Aunque no se hallaron armas de fuego, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por otro lado, el ministro Iturrioz confirmó en una conferencia de prensa que la víctima no era el blanco de los disparos, ya que se habría tratado de un ataque directo en contra de Uribe. Asimismo, indicó que la mujer carecía de antecedentes penales.

En línea con esto, el titular de Seguridad calificó como “previsible” el episodio, al atribuir la responsabilidad a personas vinculadas a una organización criminal que ya había sido señalada por su participación en el homicidio de Rodrigo Nieves y el ataque a Brenda Barra.

Durante sus declaraciones, Iturrioz también criticó al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial por haber frenado una solicitud para realizar 36 allanamientos en el marco de un plan para “sacar las armas de Comodoro”. Y apuntó: “Hace 15 días les dijimos que habíamos pedido 36 allanamientos; uno de esos era el de Uribe”.

El ministro detalló que entre los fundamentos presentados estaba la publicación de fotografías de Uribe con armas en redes sociales, en las que se lo veía con silenciadores de fabricación casera y municiones. Según Iturrioz, de los 36 allanamientos solicitados, “fueron rechazados 20”.

Al mismo tiempo que sostuvo que ninguno de los involucrados en la investigación era considerado “un vecino respetable”, cuestionó la respuesta de la Justicia que argumentó que a esos “pobres pibes” no se los allanaba. “Las consecuencias están a la vista”, sentenció.

Este miércoles por la tarde, encontraron sin vida a un chofer de aplicación junto a su auto. El hallazgo ocurrió en un camino rural y poco iluminado cerca de las 17.30 en las afueras de Rosario, en Cabín 9. El caso quedó bajo investigación como una muerte de causa dudosa. En la zona trabajaba personal del Comando Radioeléctrico y de comisarías con jurisdicción.

Según Rosario3, la Policía recibió inicialmente el aviso de un vehículo abandonado y comenzó a localizar al titular por la patente. Una patrulla fue al domicilio del propietario y halló al hijo de la víctima, quien explicó que ambos trabajaban como conductores de aplicación. Según detalló Rosario3, hasta el momento no surgieron signos de violencia.

Como el hombre no respondía las llamadas, los agentes trasladaron al joven al lugar en el Camino Límite del Municipio para reconocer el vehículo. Al llegar, identificó el cuerpo de su padre junto al automóvil. Los investigadores no descartan ninguna línea de trabajo y los peritos recolectarán la información y los elementos necesarios que permitan establecer cómo ocurrió la muerte y las circunstancias previas al fatal apisodio.

El incremento de hechos violentos que afectan a conductores de aplicaciones pone en jaque la seguridad de los trabajadores, quienes reiteran sus pedidos para más controles. Por parte de la empresa, la aplicación mantiene en su sección de seguridad la promesa de colaboración con fuerzas policiales y la disponibilidad de seguros de responsabilidad civil y accidentes personales para todos los viajes.

La política de seguridad de las aplicaciones de transporte en Argentina incluye una serie de herramientas tecnológicas y protocolos pensados para proteger tanto a conductores como a pasajeros antes, durante y después de cada viaje. Entre las funciones disponibles figuran: verificación de identidad de usuarios, posibilidad de compartir en tiempo real el recorrido con contactos de confianza y la integración de un botón de emergencia, que conecta de forma directa con servicios policiales o de asistencia. Además ofrece canales de denuncia las 24 horas para reportar incidentes.

Otro chofer en Rosario fue hallado sin vida

El episodio se produce poco después de otro hecho violento que involucró a un trabajador del sector en Rosario. El 14 de marzo, Juan Carlos Baini, de 57 años, fue asesinado a balazos en el barrio Las Flores. Según el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Franco Tassini dispuso medidas reservadas para reconstruir la mecánica y la motivación del ataque.

Voceros señalaron que el 911 recibió llamados por una persona tirada en la calle. Personal policial encontró al hombre boca abajo, con múltiples heridas en la espalda, y médicos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) confirmaron que eran lesiones de arma de fuego. Finalmente, las autoridades constataron la muertes en el lugar donde la víctima fue asesinada.

La causa avanzó con tareas de campo, análisis de comunicaciones y recolección de datos que permitieron reconstruir la mecánica del crimen y determinar responsabilidades. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato se encuadra como un homicidio criminis causa, es decir, cometido para garantizar la impunidad de un robo.

Los investigadores consideran que los autores solicitaron un viaje a través de la aplicación y, cerca del destino, asaltaron a Baini. Se presume que la víctima, quien era prefecto retirado, portaba un arma y que los agresores, al advertirlo, le dispararon antes de huir con algunas de sus pertenencias.

Detuvieron a tres personas que quedaron a disposición de la Justicia, mientras la pesquisa continúa enfocada en determinar la participación de cada uno en el hecho y esclarecer el móvil del ataque. Durante los allanamientos, la Policía de Investigaciones secuestró 23 teléfonos celulares, una escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que serán peritados para establecer su relación con el homicidio.

Un hombre fue secuestrado en plena vía pública en Rosario, trasladado por la fuerza hasta una zona alejada del punto de captura y acribillado con 13 disparos de una pistola 9mm. Sobrevivió. Casi un año después, uno de los responsables del ataque recibió su condena.

Este último martes 26 de mayo, el juez Gonzalo López Quintana homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Jeremías Zuchi a 13 años y 4 meses de prisión por su participación como coautor en los hechos. La calificación legal abarcó privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, en concurso real con intento de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La resolución se dictó en el Centro de Justicia Penal de la ciudad.

Según la reconstrucción de la fiscal Carla Ranciari, el operativo comenzó en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M. Rosa, donde Axel S. —ya imputado en la causa— y un conductor aún no identificado llegaron a bordo de un Peugeot 208 y privaron de su libertad a la víctima, identificada como Iván A. El móvil del ataque, de acuerdo con la acusación, estaría ligado a disputas vinculadas con la banda de Claudio “Morocho” Mansilla.

Desde ese primer punto, Iván A. fue obligado a permanecer dentro del auto y trasladado hasta calle 1740 al 2800. Allí, dos hombres se sumaron al operativo. Uno de ellos fue Zuchi, quien tomó asiento en la parte trasera del vehículo, junto a la víctima. Lo que siguió, según la fiscalía, fue una combinación de amenazas con arma de fuego y golpes para reducir al mínimo cualquier posibilidad de resistencia.

El trayecto terminó en Julio Vanzo al 8000, en la zona oeste de la ciudad. Fue allí donde Iván A. fue obligado a bajar del auto y recibió los 13 disparos. Pese a la gravedad de las heridas, logró sobrevivir. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, donde recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente.

El proceso que derivó en la condena de Zuchi avanzó por la vía del juicio abreviado, un mecanismo por el cual el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos a cambio de una pena acordada con la fiscalía. La causa continúa abierta respecto de los demás partícipes, incluido el conductor del Peugeot 208, cuya identidad permanece sin determinar.

Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

Un hombre de 81 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba sentado al lado de la puerta de un supermercado chino, que fue atacado a tiros en la tarde-noche de este miércoles en la zona oeste de Rosario. Los gatilleros dejaron una nota mafiosa que fue secuestrada en la escena por la Policía.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por Infobae, Roberto Ferrari murió en el acto por uno de los balazos perpetrados por los delincuentes, que rápidamente se dieron a la fuga. En primer término, agentes del Cuerpo Guardia Infantería llegaron a la escena y perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, que realiza las pericias.

El hombre agregó que Ferrari vivía “al lado de donde lo mataron”. “Era un amigo de toda la vida. Nacimos acá”, amplió.

El fiscal Franco Miatello también se acercó al lugar del homicidio y tomó contacto con el personal que entrevistó a vecinos y relevó cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Los agentes luego aprehendieron a cuatro sospechosos. El fiscal libró una serie de medidas para tratar de establecer si tienen conexión con la balacera fatal.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes condenó a dos hombres por transportar más de 280 kilos de marihuana en un operativo que terminó con la muerte de una docente de 21 años en la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes.

Los hechos se remontan al 22 de mayo de 2024. Según lo acreditado en el juicio, Ferreyra y Da Rosa partieron desde la ciudad misionera de Leandro N. Alem a bordo de dos vehículos distintos. Ferreyra conducía un Renault Fluence que llevaba en su interior nueve bultos con 318 paquetes de marihuana, con un peso total de 280,675 kilogramos. Da Rosa, por su parte, se desplazaba en un Chevrolet Prisma Joy con una función específica: “escanear la ruta, detectar controles de fuerzas de seguridad y dar luz verde” al auto que circulaba detrás con la droga, según explicaron los fiscales durante el alegato.

El recorrido de ambos vehículos fue reconstruido a partir de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. Atravesaron la ruta provincial N°4, que une Leandro N. Alem con San Javier, luego la ruta provincial N°2 hacia Azara y continuaron por la ruta provincial N°94. Fue a la altura del puente del arroyo Itá Cuá, en Santo Tomé, donde Ferreyra evadió un control vehicular de la Prefectura Naval. Dos kilómetros más adelante, a alta velocidad y en un sector no habilitado para el sobrepaso, el conductor embistió a la docente Manuela Jaqueline Ponce, quien se trasladaba en motocicleta. La maestra jardinera de 21 años murió a causa del impacto.

Tras el atropellamiento, Ferreyra abandonó el Renault Fluence en el lugar y escapó junto a Da Rosa en el “coche puntero” con dirección a la localidad de Gobernador Virasoro. Personal de Prefectura encontró poco después el vehículo abandonado con los nueve bultos en su interior. Una investigación de la entonces Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo del fiscal interino Fabián Martínez, permitió concretar la detención de Ferreyra —quien residía en San Javier y era propietario de una farmacia allí— y, más tarde, la de Da Rosa.

Este proceso federal no fue el primero para Ferreyra. En julio de 2025, la justicia penal ordinaria de Corrientes ya lo había condenado a 5 años de prisión como autor del delito de homicidio culposo agravado de Ponce. En el juicio que concluyó ahora, en cambio, se juzgó exclusivamente la maniobra vinculada al transporte de estupefacientes y el riesgo asumido durante la fuga.

Durante el alegato, el fiscal general con funciones de coordinación del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello argumentaron que los hechos “pusieron simultáneamente en riesgo múltiples bienes jurídicos: la salud pública, la seguridad del tránsito y la vida de las personas que transitaban por esa ruta”. Los representantes del MPF también subrayaron que los acusados “no dudaron nunca en el inicio de la actividad, sino que además se prepararon para cualquier eventualidad y darse a la fuga”. Sobre la víctima, señalaron que era “una persona inocente, de 21 años, educadora, que estaba haciendo algo grande por esta sociedad, que es brindar educación a la comunidad”.

El MPF había solicitado 14 años de prisión para ambos imputados —un año menos que el máximo previsto para el delito— y fundamentó ese pedido en varios agravantes: la gravedad del hecho, el volumen del cargamento, el uso de una “logística avanzada” mediante la modalidad del vehículo puntero, las maniobras evasivas ante las fuerzas de seguridad y el costo en vidas humanas. También pesó en la solicitud el comportamiento posterior de los acusados: el abandono de la escena y la construcción de coartadas falsas. Schaefer y Romero Olivello fueron contundentes al trazar el vínculo entre el delito y la muerte: “El accidente es parte de la ejecución del transporte del estupefaciente. La muerte es la consecuencia de la ejecución del transporte”, afirmaron ante el tribunal.

Sobre la condición de Ferreyra como farmacéutico, el MPF remarcó que “sabía el poder de daño del estupefaciente”, y respecto del cargamento, insistió en que “no es un transporte menor”. Al cerrar su intervención, Schaefer pidió “una sentencia ejemplar, para que nunca más tengamos que lamentar una víctima inocente, por culpa de quienes deciden emprender una empresa criminal de narcotráfico“.

La sentencia, dictada por el juez Eduardo Belforte de manera unipersonal, fijó 7 años de prisión para el conductor del vehículo con el cargamento, Marcelo Raúl Ferreyra (51), y 4 años para su cómplice, Miguel Ángel Da Rosa (57), quien manejaba el denominado “coche puntero”.

El tribunal, además de las penas de prisión, ordenó el pago equivalente a 45 unidades fijas para cada uno de los condenados y el decomiso de los dos automóviles utilizados en la operación, en línea con lo requerido por el MPF. La fiscal general subrogante Tamara Pourcel también intervino en representación del Ministerio Público durante el proceso.

Schaefer anunció que recurrirá el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal al conocer el monto de las penas. Los fundamentos de la sentencia del TOF de Corrientes se darán a conocer el 9 de junio.

Agostina Vega lleva hasta este jueves más de cuatro días desaparecida. La adolescente de 14 años salió de su casa, en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba, el sábado por la noche y tomó un remís hasta el barrio Cofico, donde se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años conocido por la familia. Desde ese momento no hubo más rastros de la chica y su teléfono celular permanece apagado, mientras que el hombre fue detenido como principal sospechoso por orden del fiscal Raúl Garzón.

Hasta el momento, en la investigación se indica que la última persona en contacto con Agostina fue Barrelier. Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí abonó el viaje y ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y si el sospechoso tuvo participación.

Las autoridades consideran que es alta la probabilidad de que hayan intervenido otras personas en la desaparición. Esta sospecha surge por dos razones: la primera es porque, a pesar de la detención de Barrelier, la adolescente sigue sin aparecer. Por lo que se analiza hubo cómplices que ayudaron a trasladarla u ocultarla.

La otra razón es la existencia de elementos que apuntan a una posible intervención de terceros. Por el momento, desde la fiscalía evitaron dar detalles para no entorpecer la investigación.

La causa se tramita bajo secreto de sumario y está caratulada como privación ilegítima de la libertad. La búsqueda se amplió a nivel nacional e internacional mediante la activación de la Alerta Sofía. La Justicia trabaja sobre todas las hipótesis posibles, como sustracción de menor, delitos vinculados a abusos sexuales y trata de personas.

El domicilio de Barrelier —donde vive con su pareja e hija— fue allanado durante la tarde del miércoles. En el operativo participaron agentes de la Policía de Córdoba y peritos del Ministerio Público Fiscal. En ese momento había varias personas en la vivienda. Se realizaron análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los elementos clave es la versión sobre la aparición de un Volkswagen Gol rojo, al que supuestamente Agostina habría subido. Para la fiscalía, esa información parte del propio detenido y la cámara que los capta juntos permite descartar, al menos en parte, esa hipótesis y refuerza la sospecha sobre el detenido, que sigue con la misma postura: niega toda relación con el hecho.

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco, contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente. Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

Barrelier es empleado municipal en el área de Tránsito de Córdoba. Hincha de Instituto, en las redes sociales suele publicar fotos que reflejan su pasión por el fútbol y la militancia política.

Su abogado contó que se conoció con la adolescente y su madre en actividades barriales, más precisamente en un torneo de fútbol que frecuentaban los fines de semana. Dijo también que la menor obtuvo el número de teléfono del sospechoso porque se lo dio su propia mamá.

Justamente la madre de Agostina, Melisa Heredia, habló con la prensa durante la tarde del miércoles y pidió que se acelere la investigación. Señaló que su hija confiaba en el sospechoso y reclamó mayor celeridad para dar con su paradero.

“Nosotras a él (Barrelier) no le hicimos nada, a su familia tampoco. Éramos amigos. Mi hija confiaba en él. Quiero que la devuelvan y que dejen de estar mintiendo. Yo hablé con él ese mismo madrugada que mi hija desapareció y me mintió. Me dijo que no la había visto. Pero cuando el remisero habló, recién en ese momento dijo que la vio, que había estado con ella", afirmó.

Mientras la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna línea, se conoció también que Barrelier tiene un antecedente judicial por privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, por una causa de mayo del año pasado. Incluso llegó a estar detenido.

Un hombre de 81 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba sentado al lado de la puerta de un supermercado chino, que fue atacado a tiros en la tarde-noche de este miércoles en la zona oeste de Rosario. Los gatilleros dejaron una nota mafiosa que fue secuestrada en la escena por la Policía.

El mensaje estaba dirigido a un recluso de la cárcel de Piñero que, en 2023, protagonizó uno de los hechos más violentos de ese año: un grupo de delincuentes intentó liberarlo del hospital donde estaba internado y ejecutó a un policía que custodiaba uno de los accesos al edificio.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por Infobae, Roberto Ferrari murió en el acto por uno de los balazos perpetrados por los delincuentes, que rápidamente se dieron a la fuga. En primer término, agentes del Cuerpo Guardia Infantería llegaron a la escena y perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, que realiza las pericias.

“Él siempre venía y se sentaba ahí, sobre un cajón de Coca-Cola. Yo siempre le decía que tuviera ojo porque en este chino le quemaban cosas a los faloperos”, comentó un vecino en diálogo con Canal 3.

El hombre agregó que Ferrari vivía “al lado de donde lo mataron”. “Era un amigo de toda la vida. Nacimos acá”, amplió.

El fiscal Franco Miatello también se acercó al lugar del homicidio y tomó contacto con el personal que entrevistó a vecinos y relevó cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Los agentes luego aprehendieron a cuatro sospechosos. El fiscal libró una serie de medidas para tratar de establecer si tienen conexión con la balacera fatal.

La nota arrojada por el tirador estaba dirigida al preso Gabriel Guillermo Lencina, un interno histórico del pabellón 9 de la unidad penitenciaria de Piñero que, a mediados de noviembre de 2023, intentó ser liberado por un grupo de gatilleros mientras estaba internado en el Hospital Provincial.

Durante ese episodio, los delincuentes se enfrentaron con dos agentes penitenciarios y luego asesinaron de dos disparos al policía Leoncio Bermúdez, que se encontraba en el destacamento del centro de salud, fuera del sector de guardia.

El nombre de Lencina también fue dejado en una bandera mafiosa que fue colgada el pasado 19 de mayo en la escuela “Carlos Fuentealba”, en avenida Rouillón al 3400. En esa tela escrita en aerosol también se mencionó a varios personajes de la banda narco Los Monos con los que tendría relación Lencina.

Como ya publicó Infobae en noviembre de 2023, el recluso está en la cárcel desde 2013. Fue condenado a 22 años por un asesinato, por una tentativa de homicidio y por instigar un crimen.

A cinco días del choque fatal que se cobró la vida de una familia en San Vicente, el conductor, Leandro Panetta, continúa detenido en la Comisaría Primera de ese distrito tras negarse a declarar ante la Justicia. En las últimas horas salió a la luz que la Amarok que conducía al momento del choque registraba 12 multas de tránsito. La mayoría fueron por exceso de velocidad y semáforos en rojo. La deuda total superaría los cuatro millones de pesos.

Según consta en el sistema de infracciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Amarok registra varias infracciones de tránsito en distintos partidos del conurbano: cinco en La Plata, dos en Presidente Perón, dos más en San Isidro y otras dos en Berazategui.

La mayoría de las multas fueron labradas por exceder los límites reglamentarios de velocidad y por no respetar las luces de semáforo o barreras de pasos a nivel. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el vehículo registra una infracción por evadir el pago del peaje en la autopista.

Consultado por Infobae, el abogado del detenido, Miguel Ángel Molina, aseguró que la camioneta no pertence al acusado sino a su padre. Según explicó el letrado, el vehículo también era utilizado por los hermanos de Panetta y era “muy poco común” que su defendido manejara la Amarok.

El choque ocurrió el sábado pasado en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6. Las víctimas fatales fueron cinco integrantes de una familia que viajaba en un Peugeot 207: Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Según las primeras investigaciones, la Amarok circulaba a una velocidad muy elevada antes de embestir desde atrás al Peugeot. El impacto fue tan violento que el auto quedó completamente destruido y las cinco víctimas murieron en el acto.

Panetta fue aprehendido en el lugar y luego indagado por el juez Martín Miguel Rizzo, pero se negó a declarar. Está imputado por homicidio culposo agravado, tipificado por conducción temeraria y exceso de velocidad. La Justicia dispuso que continúe detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

Una testigo clave, Micaela Cramer, relató a Infobae que viajaba junto a su familia cuando la Amarok los sobrepasó “a unos 180 km/h” segundos antes del choque. Tras el impacto, la mujer y su pareja descendieron para asistir a las víctimas y describieron una escena estremecedora. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, recordó sobre la reacción de Panetta después del hecho.

La mujer también aseguró que el conductor nunca se acercó al Peugeot para verificar si había sobrevivientes y permaneció sentado sobre el pasto.

Por su parte, el abogado Molina indicó que una oficial que participó en el procedimiento dejó asentado que “la zona presenta escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente”. Además, señaló que al momento del arribo policial no había “luminarias públicas en funcionamiento”. Sin embargo, la testigo contradijo, en parte, esa versión: “Puede ser que no esté tan iluminada, pero visibilidad había”, sumó.

La funcionaria de Morón buscada por la Justicia en el marco de una causa por drogas quedó más complicada luego de que los investigadores encontraran medio kilo de cocaína en su casa y un miembro de su propia banda la delatara.

Se trata de Luna Soyai Ortigoza, de 27 años, que se desempañaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón y ahora está prófuga junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años. Para las autoridades, juntos lideraban una red dedicada al tráfico y venta de drogas.

Infobae obtuvo detalles de la investigación, que comenzó con una primera denuncia radicada el 25 de febrero de este año e indicaba distintos puntos de venta de estupefacientes en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, y Ferre y Pardo, en Castelar. También otros ubicados en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.

A ese reporte, le siguieron otras 7 denuncias anónimas con información similar que dieron inicio a la causa, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

En este contexto, la División Operaciones Metropolitana Oeste de Policía Federal realizó tareas de observación en las zonas mencionadas que confirmaron la actividad ilícita. A la prueba se le sumaron fotos, información de redes sociales, seguimientos y datos aportados por vecinos que pidieron resguardar su identidad por temor a represalias.

Así, los investigadores pudieron identificar a la banda detrás. En concreto, determinaron que dichos puntos de venta estaban vinculados a un grupo de traficantes encabezado por los prófugos Luna Suyai Ortigoza y Ángel Daniel Paz.

La banda se completa con el único detenido por el caso, Norberto Hernan Aliano, y Maximiliano Alexis Gelsomino, Adrian Fernandez y Alan Correa, quienes fueron individualizados en operativos, pero quedaron en libertad. Aliano, precisamente, fue quien mandó al frente a la funcionaria para intentar salvarse.

Según reconstruyeron los investigadores, los acusados traficaban estupefacientes al menudeo en la vía publica. Lo hacían en los puntos descubiertos y mediante la modalidad delivery. A dichas intersecciones concurrían eventuales compradores a adquirir pequeñas dosis de sustancia por plata y contactaban a los traficantes en el lugar y/o a través de redes sociales.

Los proveedores de la sustancia serían Ortigoza y Paz, de acuerdo a la causa. Para hacer sus ventas, se movilizaban en una Amarok color gris y Bora color oscuro, que todavía no fueron secuestrados.

Una prueba y un testimonio clave

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que entre los seguimientos efectuados, los agentes registraron una secuencia donde se ve a la investigada Ortigoza conversando con un conductor, a la altura de uno de los puntos de venta investigados. El episodio quedó registrado en fotos que están en manos de los investigadores.

Pero además, Aliano, el único detenido por la causa, expusó a la funcionaria: para deslindarse de la acusación, declaró a las autoridades haberle comprado droga a Ortigoza y pagado a través de una billetera virtual.

La situación de Ortigoza ya estaba comprometida desde que se allanó su domicilio y se incautó un total de 509 gramos de clorhidrato de cocaína, -acondicionada en un simil ladrillo y cuatro piedras compactas- y 26 gramos de marihuana. Estaban en la cocina comedor y en la habitación de la imputada.

Además, se inspeccionaron otros puntos, donde se secuestró una balanza de precisión con restos de sustancia, una cuchara con restos de sustancia, un total de 24.850 pesos en billetes de distinta denominación, dos tarjeta SIM, tres celulares, recortes varios con restos de sustancia, 7 tarjetas bancarias, el DNI de la nombrada y sellos de su rol de funcionaria.

En la casa de su novio Paz, por su parte, se encontró 1098 gramos de clorhidrato de cocaína, -también en un simil ladrillo y cinco piedras compactas- y una balanza digital. Estaban en la habitación.

En su domicilio los investigadores también constataron que Paz tenía ilegalmente un revolver calibre .32 cargado con 3 cartuchos. Él está prófugo junto a la funcionaria.

Un trabajador de 33 años murió en el Aeroparque Jorge Newbery este miércoles por la tarde tras quedar atrapado en una sala técnica del aeropuerto en medio de una fuga de gas. Además de la víctima fatal, otro operario que estaba presente resultó con lesiones leves y está fuera de peligro.

El hecho ocurrió en el primer piso del hall central, en un cuarto técnico de acceso restringido ubicado en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional. Aunque el espacio forma parte de una zona pública del aeropuerto, solo personal autorizado podía ingresar allí.

Otro dato importante es que ambos trabajadores pertenecían a la firma Maxiseguridad, una empresa especializada en protección contra incendios y contratada por Aeropuertos Argentina para realizar tareas de mantenimiento en los tubos de dióxido de carbono del establecimiento.

Según reconstruyeron fuentes policiales y aeroportuarias, los operarios realizaban arreglos sobre uno de esos cilindros cuando un tablero eléctrico se desprendió y golpeó contra la válvula de seguridad del tubo. El impacto produjo la rotura de la válvula y desencadenó un escape de gas que llenó el habitáculo cerrado. Sin vía de salida, los dos hombres quedaron atrapados dentro del cuarto.

El personal médico llegó al lugar minutos después y constató el fallecimiento de uno de los trabajadores. La víctima fue identificada como F. E. G., de 33 años, quien prestaba servicios en el sector desde 2019 y tenía antecedentes laborales vinculados a la construcción en instalaciones para edificios. El otro operario recibió atención médica en el sitio y su estado no reviste gravedad.

La empresa para la que trabajaban los involucrados opera con presencia en Argentina, Bolivia y México, y se presenta como una empresa especializada en sistemas de protección contra incendios para plantas industriales, edificios y establecimientos comerciales. La firma afirma contar con profesionales, ingenieros y técnicos capacitados para este tipo de intervenciones.

Un aspecto que las autoridades tuvieron en cuenta para entender la mecánica del accidente es la naturaleza del gas involucrado. El dióxido de carbono no es tóxico en sí mismo, pero cuando se libera en un espacio cerrado o con ventilación limitada, desplaza el oxígeno del ambiente. Esa reducción del oxígeno disponible puede provocar malestar, fatiga, mareos y pérdida de conciencia, con consecuencias letales para quienes quedan atrapados sin posibilidad de evacuar. La sospecha de las autoridades es que la víctima falleció por inhalación del gas en esas condiciones.

Tras el incidente, la Fiscalía interviniente ordenó preservar el sector donde ocurrió el accidente, dispuso el traslado del cuerpo y el secuestro de las prendas de ropa que vestían ambos trabajadores al momento del hecho. Además, se tomará declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y al de la empresa contratista.

Según informó Ámbito, el operativo interno en el aeropuerto incluyó el aislamiento del área afectada para permitir el trabajo de los equipos técnicos, sin que el flujo de vuelos se viera afectado de manera significativa.

La investigación judicial buscará determinar si el episodio constituyó un accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales. Las pericias apuntarán a establecer con precisión cómo se produjo la caída del tablero y si existieron fallas en los protocolos de seguridad dentro de la sala técnica donde se desarrollaban los trabajos.

Días atrás, tras una serie de operativos realizados por la Policía Bonaerense y la Policía Federal Argentina, fue desarticulada la banda internacional acusada de haber robado en la casa de Juan Martín Del Potro. Luego de las detenciones, el extenista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el trabajo de la Justicia y lamentó la pérdida de varias pertenencias personales de alto valor afectivo.

“Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, escribió Del Potro en su cuenta de X. Y agregó: “También mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”.

Según trascendió, los delincuentes se llevaron objetos personales y recuerdos vinculados a la carrera deportiva del ex número tres del mundo. “Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas”, expresó.

Además, el tandilense manifestó su deseo de que la ciudad recupere la tranquilidad. “Aun así, deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”, sostuvo. Y cerró el mensaje con un agradecimiento: “Muchas gracias a todos. Un abrazo grande”.

El robo ocurrió el viernes 15 de mayo en una vivienda ubicada en el barrio Don Bosco de la ciudad bonaerense de Tandil. Según la investigación, al menos tres delincuentes ingresaron tras romper uno de los ventanales del frente y aprovecharon la ausencia de la familia.

Los asaltantes recorrieron distintos ambientes de la propiedad y se llevaron dinero en efectivo, joyas y objetos de gran valor sentimental para Del Potro. Entre los elementos robados figuran alianzas, cadenas, perfumes, una raqueta marca Babolat, varios relojes —entre ellos un Rolex— y premios obtenidos durante su carrera profesional. También sustrajeron recuerdos familiares vinculados al padre del extenista.

El hecho fue descubierto por la madre de Del Potro, quien al regresar a la vivienda encontró uno de los ventanales destruido y advirtió el faltante de objetos. De acuerdo con la pesquisa, el análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo municipal permitió determinar que uno de los integrantes de la banda actuó como campana desde el exterior.

Pese al robo, los delincuentes no lograron llevarse algunos de los trofeos más importantes de la carrera del tandilense, como las medallas olímpicas, el trofeo del US Open y la réplica de la Copa Davis.

Con el avance de la investigación, los detectives lograron identificar el vehículo utilizado por la banda: un Chevrolet Astra bordó. Los movimientos del auto fueron reconstruidos a partir de cámaras de seguridad y registros obtenidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Una de las pistas clave fue una infracción de tránsito cometida en la Ciudad de Buenos Aires, que permitió avanzar sobre la identificación de los sospechosos.

En los últimos días, efectivos de la DDI de Azul y de la Policía Federal realizaron distintos allanamientos que terminaron con la detención de cinco sospechosos: cuatro ciudadanos chilenos y un argentino identificado como Walter Damián D’Amelio.

Dos de los acusados, Ignacio Zúñiga Cartes y Bastián Jiménez Freraut, tenían alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional por robos cometidos en el exterior. Según los investigadores, integraban una organización dedicada a cometer entraderas en viviendas de deportistas de élite en Estados Unidos, donde habrían sustraído objetos de lujo valuados en más de dos millones de dólares.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, relojes, una cartera y los vehículos presuntamente utilizados por la banda. La causa quedó a cargo de la UFI N°16 del Departamento Judicial Azul, encabezada por el fiscal José Marcos Eguzquiza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva advertencia violeta por niebla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Para este jueves se espera un escenario donde la combinación de humedad elevada, viento débil y temperaturas bajas favorezca la formación de bancos de niebla densos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según informó Meteored, el fenómeno responde a un patrón de bloqueo atmosférico sostenido por altas presiones que mantiene al país bajo una masa de aire estable y con escasas precipitaciones.

La advertencia de color violeta aplica para todo el AMBA, se extiende hacia el norte bonaerense, la Costa Atlántica y, hacia el oeste de la provincia, alcanza localidades como Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Tres Arroyos, Henderson, entre otras.

Por las nieblas, el riesgo más directo es la reducción de visibilidad en rutas, accesos y aeropuertos, con posibilidad de demoras y cancelaciones de vuelos, y dificultades para circular principalmente durante las primeras horas del día.

En cuanto a la temperatura, el pronóstico del organismo nacional prevé una mínima de 11 grados, con máximas de 16 para el jueves. Además de la neblina, que se extendería hasta la tarde, el cielo permanecerá nublado.

El viernes la situación seguirá la misma línea, con nuevamente máxima de 16 °C y con una mínima, en este caso, de 12 °C. Para el fin de semana se esperan días un poco más calurosos aún, con máxima de 18 °C y mínimas que rondarán los 11 °C.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

La advertencia del SMN por neblina también alcanza al sur de Santa Fe y a sectores del sur, sudeste y sudoeste de Entre Ríos, lo que configura un área de afectación extendida sobre el centro del país. El organismo define estas advertencias como mensajes oficiales ante fenómenos capaces de generar inconvenientes en el desarrollo habitual de las actividades cotidianas.

De acuerdo con la información de Meteored, los avisos pueden actualizarse varias veces por día según la evolución de la situación meteorológica, especialmente en escenarios donde la visibilidad cambia en períodos cortos.

El SMN recomienda consultar el Sistema de Alerta Temprana antes de salir a la ruta en jornadas con elevada humedad y viento escaso, condiciones consideradas altamente propicias para la aparición de nieblas densas y persistentes sobre la región pampeana y el Litoral.

El trasfondo de esta situación tiene origen en un sistema de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera que comenzará a cruzar la cordillera de los Andes en el sur de la Patagonia. Sin embargo, su impacto sobre gran parte del territorio argentino resultará más acotado de lo que podría esperarse.

La causa es la persistencia de un bloqueo atmosférico que restringe el desarrollo de precipitaciones y sostiene condiciones de estabilidad.

Ese mismo sistema dará lugar a la formación de un frente frío sobre el norte de la Patagonia el viernes, aunque permanecerá débil y con muy baja capacidad para generar lluvias relevantes sobre el centro del país. Las precipitaciones más notorias asociadas a este sistema se concentrarían sobre el área oceánica frente a las costas del sudeste y este de Buenos Aires el sábado, sin alcanzar tierra firme de manera significativa. En esas zonas continuará predominando el tiempo estable y húmedo, con nubosidad baja y escasa amplitud térmica.

La situación cambia hacia el norte del país. El modelo ECMWF prevé lluvias y tormentas localizadas sobre el extremo norte argentino el viernes 29. Las provincias de Formosa y Chaco concentran la mayor probabilidad de precipitaciones intensas, con acumulados que podrían superar los 77 milímetros en el total del episodio.

Ante ese panorama, el SMN mantiene una alerta oficial por tormentas para sectores de Formosa y Chaco, con posibilidad de lluvias localmente fuertes, caída de granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente.

Más al sur, la Patagonia continuará bajo un bloqueo atmosférico marcado durante los próximos días, producto de la combinación entre una baja presión frente a Chile y un anticiclón sobre el Atlántico Sur. Chubut, Río Negro y Santa Cruz serán las provincias con mayor nubosidad, con cielos mayormente cubiertos durante varios días consecutivos y visibilidad reducida en valles y zonas bajas.

Las lluvias de mayor magnitud seguirán concentrándose en el lado chileno de la cordillera, mientras que entre jueves y viernes solo podrían registrarse chaparrones aislados en sectores cordilleranos y áreas de Santa Cruz, sin acumulados relevantes.

Los primeros resultados se registraron en la autopista Panamericana, donde, desde la puesta en marcha del operativo, se observó una reducción de esta conducta. La merma en la frecuencia de la infracción da cuenta del impacto que el control sistemático tiene sobre el comportamiento de los conductores.

Sin embargo, los conductores que fueron sorpresivos en la autopista Buenos Aires - La Plata grabaron y compartieron las imágenes de las motos realizando las tareas de control. Los videos comenzaron a circular y se viralizaron en las redes sociales.

El esquema de intervención adoptado por la ANSV articula dos modalidades complementarias: por un lado, patrullajes en movimiento a bordo de motocicletas del organismo que recorren los tramos de ambas vías; por el otro, puestos fijos con patrullas estratégicamente ubicados para interceptar a quienes circulen por la banquina.

La combinación de ambas modalidades apunta a maximizar la cobertura y a generar un efecto disuasorio sostenido en el tiempo.

El marco legal que respalda las sanciones es el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe expresamente la circulación por banquinas en todo el territorio nacional. Bajo esa norma, los agentes de la ANSV quedan facultados para detener y aplicar las penalidades correspondientes a quienes transgredan la disposición en las vías controladas.

Dio alcoholemia positiva y tenía la licencia inhabilitada por la misma infracción

Un hombre de 42 años fue detenido en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires-La Plata con 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite legal, durante un control nocturno a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los agentes también constataron que el conductor carecía de licencia habilitante y que ya registraba antecedentes por la misma infracción.

El operativo tuvo lugar días atrás, pasada la 1 de la madrugada, bajo la responsabilidad de los efectivos de la Base Operativa Hudson, que despliega este tipo de controles de forma sistemática en ese corredor vial.

El caso adquirió otra dimensión cuando los agentes advirtieron que el hombre no llevaba su licencia. Al cotejar el sistema, confirmaron que el documento estaba inhabilitado a raíz de una alcoholemia positiva registrada con anterioridad. Con antecedentes por la misma falta, el conductor no pudo seguir al volante.

Ante la suma de irregularidades —alcoholemia que duplica el tope legal, falta de licencia vigente y antecedentes previos—, el hombre enfrenta una multa de $2.215.000 y la posibilidad de una inhabilitación para conducir cuya duración definirá la Justicia de la jurisdicción correspondiente, según informaron a Infobae.

El operativo en el peaje Hudson abarcó más que ese caso. En total, los agentes de la ANSV fiscalizaron 238 vehículos durante la jornada. De ese total, 26 conductores recibieron sanciones, se registraron 23 casos de alcoholemia positiva y se retuvieron 20 licencias.

Desde la ANSV señalaron que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la seguridad vial y advirtieron que los operativos seguirán desplegándose en rutas, autopistas y accesos de todo el país con el fin de apartar de la circulación a quienes manejen de forma imprudente. La Base Operativa Hudson lleva adelante este tipo de controles a diario en ese peaje, en el marco de una política sostenida de fiscalización que apunta a reducir los siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

El foco se registró sobre avenida Colón al 4300 y requirió el despliegue de efectivos de la Subdirección General de Bomberos, que lograron evitar que las llamas se extendieran a otras zonas del establecimiento.

El operativo de extinción se desplegó tras recibir el aviso del foco ígneo dentro del predio. Según informaron fuentes policiales, los bomberos aplicaron técnicas específicas de extinción y lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otros sectores del taller.

Una vez sofocadas las llamas, los efectivos constataron la destrucción total de un automóvil Toyota Yaris que se encontraba en el interior del establecimiento al momento del siniestro.

En paralelo al trabajo de extinción, un servicio de emergencias médicas atendió en el lugar a seis empleados del taller que presentaban síntomas de inhalación de humo. Todos se encontraban fuera de peligro y no fue necesario su traslado a centros de salud, según confirmaron las fuentes del caso.

El episodio generó una intensa presencia de humo sobre avenida Colón y el despliegue de múltiples unidades de emergencia en la zona, lo que alertó a vecinos y comerciantes del sector.

Las pérdidas materiales fueron de consideración, aunque la rápida intervención de los efectivos permitió acotar los daños dentro del establecimiento.

Las autoridades trabajan para determinar el origen del incendio y evalúan distintas hipótesis, entre ellas una posible falla eléctrica, el contacto con materiales inflamables u otra causa accidental vinculada a la actividad propia del taller.

Vecinos intentaron ahuyentar a un puma con fuego y causaron un incendio que ya quemó 40 hectáreas

Un incendio forestal que ya arrasó unas 40 hectáreas mantiene en alerta a la serranía de Lozano, en el límite con la localidad de León, en la provincia de Jujuy. El fuego, que llevaba al menos dos días activo al momento de ser reportado, habría tenido un origen tan inesperado como peligroso: vecinos del lugar intentaron espantar a un puma, y las llamas terminaron fuera de control.

Fue el director de Incendios Forestales, Jorge Torrico, quien confirmó el origen del siniestro. Según explicó en declaraciones a Todo Jujuy, la denuncia llegó el lunes, cuando pobladores de la zona alertaron sobre un foco ígneo de grandes dimensiones. “El viento hizo el resto”, señaló Torrico al referirse a la velocidad con la que las llamas se propagaron entre la vegetación de los cerros.

A partir del aviso de los vecinos, las autoridades pusieron en marcha un operativo de detección satelital para localizar los puntos calientes y obtener las coordenadas exactas del sector afectado, de difícil acceso, indicó El Tribuno Jujuy.

Desde la base de El Brete se despachó una primera cuadrilla que, con la colaboración de personas del lugar, logró llegar hasta el foco y confirmar la magnitud del desastre: el fuego llevaba cerca de dos días activo y el panorama era complicado.

Luego, la Brigada de El Brete desplegó dos cuadrillas para enfrentar las llamas. Mientras el lunes los trabajos se concentraron sobre el flanco izquierdo del incendio, este martes los esfuerzos se volcaron sobre el flanco derecho. Según precisó Torrico a Todo Jujuy, al cierre de la jornada se esperaba contar con más información sobre el comportamiento del fuego y si había bajado su intensidad.

Las estimaciones satelitales sitúan en aproximadamente 40 hectáreas la superficie afectada en el límite entre Lozano y León. Los brigadistas continúan en el terreno para contener el avance del fuego y evaluar la situación en el sector, mientras las autoridades mantienen activo el monitoreo desde el aire.

La madre de Agostina habló durante el operativo de allanamiento que la policía provincial ejecutó en el barrio Cofico, en el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años señalado como el principal sospechoso del caso. Fue una conversación cargada de angustia, de datos y de un pedido directo al detenido: que diga dónde está su hija.

“Él es la única persona que vio a mi hija y no hay rastros de ella”, afirmó Heredia en declaraciones a TN. La madre explicó que Barrelier era alguien de su círculo cercano, un amigo al que conocía desde hacía tres años y que había estado en reuniones con ella, con sus hijos y con otras personas en común. Esa confianza fue, según relató, lo que hizo posible que Agostina accediera a salir con él esa noche del sábado.

La reconstrucción que hizo Heredia ante las cámaras fue precisa. Agostina salió de su casa a las 22:30 del sábado. Tomó un remís que la llevó hasta la intersección de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en Cofico. Le dijo al remisero que iba a comprarle una sorpresa a su madre, acompañada por “el novio de mamá”, aunque Heredia aclaró que Barrelier no era su pareja. Fue el propio remisero quien luego se acercó a la familia y les contó lo que había visto: Agostina y Barrelier se alejaron juntos, conversando con normalidad. Desde las 22:30 de ese sábado, el teléfono de la menor no emitió señal.

“Si no fuera por él, estaríamos en pampa y la via con todos”, dijo Heredia sobre el remisero, a quien le agradeció el testimonio que permitió orientar la investigación. Ese relato, junto con imágenes de al menos una cámara de seguridad del barrio que captó a los dos caminando juntos, puso a Barrelier en el centro de la causa.

Lo que Heredia no podía entender, y así lo expresó, era el motivo. “No sé qué se le cruzó por la cabeza, no tenemos problema con nada, ni siquiera con él”, señaló. Recordó que la primera madrugada tras la desaparición lo llamó y él le dijo que no había visto a Agostina.

Días después cambió su versión: dijo que sí había estado con ella, pero que la había visto subirse a un auto rojo con un desconocido. La madre rechazó esa versión: “Él nunca va a dejar que mi hija suba al auto de un desconocido. Y si ese auto existiera, él conoce a esa persona”.

El abogado de la familia, presente durante la entrevista, pidió prudencia a los medios. “Tenemos un sospechoso, pero no sabemos si trabajaba solo, si trabajaba con una banda o por qué motivo se tomó esto”, advirtió. Confirmó que la Alerta Sofía ya fue activada luego de que la familia firmara el escrito el día anterior, aunque Heredia reconoció que la demora en activarla fue uno de los puntos que más la afectó. “Fui a hacer la denuncia a las cuatro de la mañana y me la tomaron a las diez”, recordó.

Sobre el allanamiento, Heredia fue contundente al desmentir versiones que circulaban en los medios: el domicilio donde trabajaba la policía era la casa real de Barrelier, donde vive con su mujer y su hija. “Yo he ido en varias oportunidades ahí”, afirmó. Señaló también que ese lugar era un punto de encuentro habitual de integrantes de la barra de Club Atlético Instituto, y que el propio Barrelier organizaba juntas allí, especialmente en días de partido.

Dos personas que habían declarado ante otro móvil de TN que ese no era su domicilio real fueron calificadas por Heredia como posibles familiares del sospechoso. “Están siendo cómplices de él también”, sostuvo.

El operativo contó con la división de canes, el Comando de Acción Preventiva (CAP) y personal especializado en pericias judiciales. Los efectivos recorrieron cada sector de la propiedad de dos plantas. El fiscal de instrucción Raúl Garzón coordinó los procedimientos, que según el abogado de la familia incluyeron también trabajo en informática y geolocalización.

Heredia cerró su mensaje con palabras dirigidas a su hija: “Sé fuerte, mi amor. Aguanta un poco más que te vamos a encontrar. Todo Córdoba te está buscando”. Y luego, a la familia de Barrelier: “Le pido a esa mujer que se ponga una mano en el corazón y le diga a su hijo que entregue a mi hija, que diga dónde está”.

Familiares y vecinos marchan por la aparición de Agostina Vega

Mientras el allanamiento se desarrollaba en Cofico, familiares, amigos y vecinos de Agostina organizaron una marcha para este miércoles a las 17:30, con concentración en la esquina de Avenida Alem y Rancagua.

Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia Capdevila. “Pedimos por la aparición de Agostina e invitamos a todos a esta marcha”, expresaron los organizadores.

El abuelo materno de la menor, Miguel Heredia, habló con esa emisora y describió la situación de la familia. “La mamá de Agostina está acá en su casa, está tomando algo porque ha andado todo el día, no come, no duerme, está destruida esperando que aparezca su hija”, declaró.

Sobre el estado de la investigación, el abuelo reconoció que la familia no contaba con novedades de la Fiscalía más allá de los allanamientos en curso.

Un nuevo round por la polémica por las obras en la entrada de un hotel en la ciudad de Funes involucró esta vez al intendente local, quien cuestionó a Vialidad Nacional por el estado de las rutas y defendió los arreglos que realizó el empresario hotelero en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba.

Todo comenzó la semana pasada cuando el dueño de Hotel Sol de Funes, Néstor Rozín, reclamó por una intimación que recibió desde Vialidad Nacional para deshacer obras que había realizado por considerarlas ilegales. “Estábamos padeciendo el problema de la calle, del camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos de cantidad de gente y además por la importancia y relevamiento de la gente que venía, ya no aguantaba más“, señaló el empresario en diálogo con medios locales.

Sin embargo, tras los reclamos que realizó el organismo estatal, el intendente de la ciudad de Funes, Roly Santacroce, se metió de lleno en la pelea y defendió las actividades realizadas por Rozín. “Estamos por llevar un arado en cualquier momento y le vamos a pasar un arado a toda la colectora, cosa que nadie pueda transitar”, sostuvo el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Frente al deterioro de la colectora, Rozín optó por una solución provisoria: contrató una motoniveladora para emparejar el acceso al hotel y adquirió piedra para mejorar la circulación en un tramo que, según Santacroce, estaba “realmente intransitable”.

El intendente respaldó esa decisión: “Tomó la decisión de llevar una motoniveladora y emparejar un poco hasta su hotel, que me pareció perfecto”, afirmó el jefe comunal, y extendió el cuestionamiento al resto de la red vial bajo jurisdicción federal: “Pueden ir a ver cualquier ruta nacional, cualquier colectora nacional, en las condiciones que se encuentra”.

Las críticas de Santacroce no se limitaron al estado de las rutas. El intendente también apuntó directamente contra el funcionario de Vialidad Nacional que suscribió la intimación y redobló su postura ante la repregunta del periodista Hernán Funes sobre si hablaba en tono irónico. “Irónico es él, al mandarle una carta documento a un empresario que puso plata de su propio bolsillo para arreglar algo que tendría que hacer el Estado Nacional”, respondió Santacroce según la misma emisora.

Y apuntó: "Estamos por llevar un arado en cualquier momento y le vamos a pasar a toda la colectora, cosa que nadie pueda pasar“.

Desde Vialidad Nacional, en tanto, confirmaron a Infobae que el foco de la intimación no son las mejoras sobre la colectora en sí, sino la bajada clandestina que conecta directamente la autopista con la puerta del hotel. Según explicaron fuentes del organismo, ese tipo de conexiones no autorizadas representa un riesgo concreto para la seguridad vial, dado que obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas e imprevistas.

“Una subida o bajada irregular que no cuenta con señalización preventiva, carriles de aceleración o desaceleración adecuados, iluminación ni diseño vial aprobado obliga a los conductores a realizar maniobras repentinas e imprevistas. Esta situación genera diferencias bruscas de velocidad entre los vehículos que circulan por la traza principal y aquellos que ingresan o egresan del corredor, incrementando significativamente el riesgo de colisiones y siniestros viales”, indica el comunicado oficial del organismo.

El ente estatal también precisó que el empresario fue advertido en reiteradas ocasiones sobre la construcción de esa bajada, y que Rozín respondió que la conexión no era de su propiedad. No obstante, desde Vialidad Nacional señalaron que el hotel es el único establecimiento de la zona que se ve beneficiado por ese acceso. Además, destacaron que a menos de mil metros del lugar existe una bajada habilitada con cruce hacia la Ruta Provincial 34, lo que reduce el desvío alternativo a aproximadamente dos minutos de circulación.

En su comunicado, el organismo aclaró que no solicitó la demolición de las obras realizadas sobre la colectora, sino “la regularización administrativa y técnica de aquellas intervenciones que puedan adecuarse a las condiciones de seguridad vial exigidas”. Lo que sí se requirió fue “la corrección inmediata de las reformas ilegales y altamente peligrosas”, en referencia a la bajada no autorizada. Estas conexiones, según el texto oficial, “constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial, ya que fueron ejecutadas sin ningún tipo de autorización, evaluación técnica ni medidas de seguridad”.

La disputa incorporó además dos problemas técnicos adicionales relevados por el organismo. El primero involucra un portón de acceso eléctrico cuya circulación se encuentra interferida por una columna de tendido eléctrico de media tensión ubicada en el mismo punto de ingreso.

Según pudo saber este medio, desde Vialidad Nacional reclamaron que el empresario instaló ese portón en ese lugar; si bien se advirtió que se intentará reubicar la estructura, la responsabilidad de moverla recae sobre la empresa prestadora del servicio eléctrico. El organismo calificó esta situación como “un gravísimo problema adicional de seguridad”, dado que los vehículos que ingresan y egresan del establecimiento deben realizar maniobras en un espacio reducido y condicionado por la columna.

El segundo problema técnico detectado tiene que ver con el escurrimiento del agua de lluvia. Según las evaluaciones del organismo, las intervenciones realizadas sin el tratamiento hidráulico adecuado provocaron que el agua cruce transversalmente la calzada, lo que deteriora con rapidez las mejoras ejecutadas y genera condiciones potencialmente peligrosas para la circulación vehicular en la colectora intervenida.

Juan Ignacio Sequeira, un pensionado de 65 años que había sido internado por una neumonía bilateral, murió el viernes pasado en el Hospital Durand luego de sufrir un paro cardíaco. La Justicia investiga si el desenlace fatal se desencadenó después de que otra paciente de la institución, con problemas de salud mental, ingresó a la habitación y le desconectó el respirador.

Según reconstruyó Infobae —a partir del testimonio de familiares de la víctima, trabajadores y delegados de ATE del hospital—, el episodio ocurrió el viernes 22 de mayo al mediodía, minutos después de que uno de los hijos de la víctima terminara el horario de visita en el área de terapia intermedia.

De acuerdo con los testimonios recolectados, la mujer caminó unos 150 metros desde el pabellón Romano —donde funcionan sectores vinculados a salud mental— hasta el primer piso del pabellón central. Allí ingresó a la habitación de Sequeira y le desconectó el respirador mecánico.

Cuando comenzaron a sonar los monitores, enfermeros y médicos entraron a la habitación para verificar qué ocurría y encontraron a la mujer junto a la cama del paciente. “Tenía el tubo endotraqueal en la mano”, aseguró a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE y licenciado en enfermería, en base al relato del personal que intervino.

Los profesionales intentaron reanimar a Sequeira, pero no pudieron salvarlo. “No hubo caso”, resumió Ortiz. “Desde entonces, la mujer permanece en la guardia bajo consigna policial”, sumó.

Ante la consulta de Infobae, desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que “el viernes por la mañana en la terapia del Hospital Durand se constató el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que todavía se están analizando”.

También señalaron que “en la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud”, aunque aclararon que “no se pudo constatar relación alguna con el hecho”. No obstante, indicaron que “atento a la presencia de una persona ajena a la terapia, desde el hospital se están iniciando las actuaciones sumariales correspondientes”.

La víctima vivía en Morón junto a su pareja, también jubilada. Era padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos. Años atrás había sufrido la amputación de una pierna producto de complicaciones derivadas de la diabetes.

“Mi papá vivía tranquilo, disfrutaba mucho de su familia y de sus nietos”, contó Germán Sequeira, uno de sus hijos, a Infobae.

Según relató, el cuadro de salud comenzó el viernes 15 de mayo, cuando el hombre empezó con tos y fiebre. Como se atendía habitualmente en el Hospital Durand por su diabetes, la familia decidió llevarlo allí. Luego de realizar varios estudios, le detectaron una neumonía bilateral. También advirtieron una afección cardíaca.

Dos días más tarde, el domingo 17, el estado de salud empeoró: tenía serias dificultades para respirar y una fuerte descompensación vinculada a la diabetes. Inicialmente fue asistido con oxígeno, pero el lunes 18, debido al compromiso de ambos pulmones, los médicos resolvieron intubarlo e inducirlo a un coma farmacológico. Desde entonces permaneció en terapia intermedia.

“El viernes 22 a las 11 de la mañana nos dieron el parte médico y estaba estable. No había mejorado, pero tampoco empeorado. Saturaba bien, no tenía fiebre y le habían bajado medicación porque estaba respondiendo”, recordó Germán.

Según explicó, a las 11.25 uno de sus hermanos salió de la habitación tras visitar a su padre y apenas unos minutos más tarde recibieron la noticia de que había sufrido un paro cardíaco. “Después nos dijeron que cuando entraron a la habitación encontraron a una persona al lado de mi papá”, sostuvo. “Estaba descalza y con el tubo en la mano. No emitió una sola palabra”, sumó Germán.

En un primer momento, según el relato de la familia, desde el hospital les informaron que se trataba de una persona en situación de calle que había ingresado al sector. Más tarde supieron que era una paciente psiquiátrica que era atendida en los consultorios externos del hospital.

Héctor Ortiz aseguró que el episodio volvió a poner en evidencia problemas estructurales que desde hace años denuncian los trabajadores del Durand. Según explicó, Sequeira estaba internado en terapia intermedia, aunque por su estado clínico debería haber permanecido en terapia intensiva.

“El problema es que no había camas. Lo derivaron ahí sin tener en cuenta la falta de recursos humanos y de seguridad”, afirmó el delegado de ATE.

Otro de los representantes de ATE consultados por este medio, Rodolfo Arrechea, precisó que el hospital cuenta con 11 camas de terapia intensiva y 22 de terapia intermedia. También denunció falta de personal.

“Hace diez años que no hay nombramientos de personal administrativo en los hospitales de la Ciudad”, aseguró. Además, indicó que actualmente en terapia intensiva trabaja un enfermero cada cuatro pacientes, cuando —según los estándares recomendados— debería haber uno cada dos.

“Se juntaron una serie de factores que fallaron y ocurrió esta desgracia”, resumió Arrechea.

Mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias exactas del hecho, la familia de Sequeira reclama respuestas. “Queremos que esto no vuelva a pasar y que nos entreguen el cuerpo de mi papá”, pidió Germán.

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, una mujer de 31 años radicó una denuncia por maltrato animal contra el marido de su madre, a quien señaló como responsable de haber matado a golpes a su gata Josefina y de haber ocultado el cuerpo dentro de un gallinero. La joven llegó a esa conclusión tras encontrar el piso de una casa del barrio Moure, en la que convivían los tres, manchado de sangre y la ropa del hombre con las mismas marcas, mientras que el animal aparecía envuelto en un trapo, con el cuerpo desfigurado.

El caso generó un fuerte repudio en redes sociales tras la difusión del caso por parte del grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa.

Según pudo saber Infobae, el suceso tuvo lugar en una vivienda de calle Código 845 al 3000. La denunciante atravesaba un proceso de mudanza tras graves conflictos de convivencia con su madre y la pareja de esta. Durante un primer traslado de sus pertenencias, dejó a sus animales en la casa con la expectativa de retirarlos más tarde.

Al regresar, su gata Josefina no aparecía. La respuesta que recibió fue que los propios perros de la joven la habían matado, una versión que la denunciante rechazó de plano: sus animales “siempre convivieron con gatos y nunca atacaron a ninguno”, según difundió en un comunicado a través de redes sociales el grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa.

Lo que encontró después desmintió cualquier otra hipótesis. “Sentí un olor fuerte a pis de gato en la casa y vi que el suelo estaba manchado de sangre y también la ropa y las zapatillas del marido de mi mamá”, declaró, según reprodujo Comodoro Conciencia Activa.

Tras rastrear el lugar, la joven halló a Josefina muerta dentro del gallinero, envuelta en un trapo. El cuerpo de la felina presentaba un estado de desfiguración producto de pisotones y golpes que llegaron a dejar uno de sus ojos expuesto. En ese entonces, decide llamar a la Policía.

Ante ese escenario, los agentes que acudieron al domicilio preservaron la escena y convocaron a personal de Criminalística, que procedió al secuestro de prendas de vestir con manchas de sangre. También se realizó una inspección ocular, un relevamiento fotográfico y un rastrillaje en busca de testigos presenciales, aunque ese último procedimiento arrojó resultados negativos.

En la denuncia pública difundida por Comodoro Conciencia Activa también se señala que la madre de la denunciante habría actuado con complicidad en el hecho. La agrupación proteccionista reclamó una respuesta judicial contundente: “La comunidad está harta de la impunidad y de los constantes hechos de maltrato animal en la ciudad”, expresaron, al tiempo que exigieron a la fiscal de maltrato animal “una aplicación efectiva y ejemplar de la ley”.

En la causa intervienen la fiscal Verona Dagotto, personal de Policía Científica y el Área Veterinaria Municipal. El cuerpo de Josefina fue retirado del lugar para la realización de un examen clínico y la elaboración de un informe pericial que quedará incorporado al expediente judicial, según precisó ADN Sur. Las pruebas fotográficas y fílmicas del hecho ya fueron puestas a disposición de la justicia, informó Comodoro Conciencia Activa.

Denunciaron que un hombre maltrató y desplumó a una gallina viva en los festejos de Belgrano de Córdoba

Huellitas de Córdoba escrachó a un hombre que maltrató a una gallina durante los festejos del título obtenido por Belgrano de Córdoba. La organización protectora de animales logró rescatar al ave y llevarla a una veterinaria para su atención.

Mientras el animal se recupera, los abogados de la fundación ultiman los detalles para presentar la denuncia formal.

Al ave la llamaron Elvira desde la fundación, y quedó a cargo de Agus, veterinaria con especialización en exóticos y fauna silvestre.

Apenas la revisó, la profesional advirtió la gravedad del estado del animal. Los maltratos fueron violentos y variados, lo que derivó en múltiples lesiones. “Llegó bastante débil, sin poder caminar, le faltan muchas plumas en varias partes del cuerpo, cerca de la cola, debajo de las alas, en el pecho. Está lastimada, tiene lesiones, sangre, moretones por todos lados. Estaba con bajo peso, bastante flaca. Llegó respirando por el pico, eso es dificultad respiratoria, producto de los golpes, del estrés, ni hablar del dolor”, detalló.

Además, en diálogo con Infobae, confirmó que se recuperará bien, sin secuelas, aunque el proceso tardará alrededor de un mes.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió este martes por la mañana en la intersección de Boulogne Sur Mer y Las Heras, en el departamento de San Martín. Las imágenes muestran el momento en el que el hombre se dispone a cruzar por la senda peatonal, cuando de repente aparece un colectivo que lo embistió, provocando que la víctima se desplace unos metros por el aire.

El siniestro involucró a un interno 37 de la empresa Nueva Generación que circulaba por la avenida Leandro Alem con dirección este-oeste. Al girar hacia el sur por calle Las Heras, el colectivo —un Mercedes Benz— impactó contra el hombre identificado como S. A., de 70 años, que en ese momento atravesaba la calzada por la senda peatonal habilitada. La maniobra de giro a la izquierda fue el instante en que se produjo la colisión.

A raíz del choque, la víctima cayó varios metros hacia atrás y quedó tendida sobre el pavimento. El registro de una cámara de seguridad instalada en la zona captó el momento exacto en que la unidad embiste al peatón. Las imágenes, difundidas a través de redes sociales y atribuidas a Radio Regional, muestran con crudeza la violencia del impacto y generaron consternación entre los vecinos del departamento mendocino.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar y brindó las primeras atenciones al jubilado. Los médicos que lo asistieron en la escena constataron que presentaba politraumatismos y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Perrupato. Ya en el nosocomio, los profesionales de guardia profundizaron la evaluación clínica y confirmaron un diagnóstico más grave: ACV hemorrágico y una leve contusión pulmonar. El paciente quedó internado en observación, con pronóstico reservado dado el compromiso neurológico detectado.

El conductor del colectivo, identificado como S. R. M., de 44 años, permaneció en el lugar tras el accidente y fue sometido a los controles correspondientes por parte de las autoridades. El dosaje de alcoholemia practicado por la Policía Vial arrojó 0,00 gramos por litro, lo que descartó la ingesta de alcohol como factor en el siniestro.

En la escena intervinieron efectivos de la Comisaría 12°, agentes de la Policía Vial y personal de la Policía Científica, quienes relevaron pruebas, tomaron registros fotográficos y realizaron las pericias técnicas necesarias para reconstruir las circunstancias exactas del hecho. Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía competente de San Martín, que tiene a su cargo determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder al chofer de la unidad.

Se le trabó la mochila en la puerta del colectivo cuando bajaba, cayó al asfalto y murió atropellada

Un trágico suceso ocurrido en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio de Villa Devoto, terminó con la muerte de una mujer de 25 años. Según el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada.

Esta situación provocó que la mujer cayera al asfalto y fuera atropellada por el mismo colectivo del que acababa de bajar. Las maniobras del conductor no lograron evitar el desenlace fatal.

Pocos minutos después del hecho, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la dirección de Rodríguez y la Secretaría N° 152 de Laderach.

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34, cuando efectivos del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que realizaba el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la inspección del equipaje de los pasajeros, los gendarmes detectaron que una mujer trasladaba tres recipientes de productos lácteos, dos envases de shampoo y uno de toallas húmedas. La sospecha surgió luego de que los uniformados utilizaran un escáner portátil y observaran anomalías en el interior de los recipientes, incompatibles con los productos que debían contener.

Eso derivó en la apertura de los envases y en el hallazgo de 140 cápsulas embutidas dentro del contenido de cada recipiente plástico.

A su vez, la sospechosa les confesó a los agentes que había ingerido más cápsulas de similares características, lo que representaba un riesgo inmediato para su salud. Ante la emergencia médica, personal de la fuerza coordinó su traslado en ambulancia al Hospital “Zenón Santillán” de San Miguel de Tucumán.

Allí, los estudios radiográficos arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños y los médicos iniciaron una evacuación controlada de otras 37 cápsulas.

Posteriormente, los efectivos realizaron la prueba de campo Narcotest sobre las 177 dosis secuestradas, que dio positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos y 36 gramos.

Por último, el magistrado interviniente ordenó la detención de la mujer y el secuestro de la droga, además de otros elementos de interés para la causa.

El pasado miércoles 20 de mayo, Gendarmería Nacional llevó adelante otro operativo de alto impacto en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, cuando un ciudadano peruano que manejaba un Ford Focus proveniente de Chile y circulaba con las luces apagadas intentó evadir un control vehicular.

Al recibir la orden de detención, el conductor aceleró, embistió el dispositivo policial y escapó. La persecución se extendió durante varios kilómetros hasta que el vehículo perdió el control y volcó sobre la banquina.

Cuando los gendarmes llegaron al lugar, asistieron al conductor, que se encontraba atrapado dentro del auto y en estado de ebriedad. Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron un cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 distribuidos en cajas que ocupaban gran parte del baúl y de los asientos traseros.

Según fuentes del caso, el valor estimado de la mercadería secuestrada supera los 17 millones de pesos y estaba siendo ingresada al país sin la documentación respaldatoria correspondiente.

El operativo concluyó con la intervención de la Fiscalía Federal de Mendoza, que dispuso el secuestro del vehículo y de los productos, además de poner las actuaciones a disposición de la Aduana.

Además, la fiscalía solicitó verificar el domicilio del conductor, consultar sus antecedentes penales y migratorios y establecer una alerta migratoria. El ciudadano peruano fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza, donde quedó detenido mientras avanza la investigación por presunto contrabando.

El animal en cuestión fue identificado como Pao (PTN-006), un macho identificado por investigadores de la organización Península Valdés Orca Research (PVOR). El animal nunca lo atacó, pero la experiencia fue otra cosa.

El relato de Boris llegó a través de un audio difundido por el especialista en fauna e influencer Víctor Fratto, quien fue el primero en hablar con el kayakista tras el episodio. “Cuando miro hacia atrás, me venía persiguiendo directo”, describió el hombre, que admitió haber remado con desesperación hacia la orilla.

En medio del agua, también recurrió a los gritos. “Para que se dé cuenta de que yo no soy la comida”, explicó.

El video del momento, filmado por la habitante local Mili Yahuar y notificado a los especialistas por Fernando Mariño y Matías Acuña, se viralizó rápidamente y desencadenó la intervención de los expertos.

Fratto fue tajante al interpretar lo ocurrido: “Obviamente la orca no lo atacó”. El especialista remarcó que no existen registros de ataques de orcas salvajes a seres humanos, un dato que también confirmó PVOR en su comunicado oficial. “No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio. De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona”, expresó la organización.

Según explicó PVOR, el estímulo que atrajo a Pao hacia la embarcación fue, con alta probabilidad, el sonido de los remos al moverse en el agua. Ese ruido habría resultado similar al que producen los lobos marinos, una de las presas habituales de las orcas en la región patagónica.

Al acercarse y detectar que se trataba de un ser humano en kayak, el animal cambió de rumbo y regresó al mar sin que hubiera heridos. “Hoy, 25 de mayo 2026 en horas de la tarde, el macho Pao (PTN-006) protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes", comunicó la organización.

Fratto, más allá de la aclaración técnica, no restó peso a lo que vivió Boris. “No la pasó bien, es algo que le va a costar bastante olvidarse”, señaló el especialista. También marcó una diferencia que pocos consideran: no es lo mismo observar orcas desde la costa que encontrarse con una dentro del mar, cara a cara. El impacto emocional de ambas situaciones, dijo, no tiene punto de comparación.

El incidente tuvo lugar en La Ensenada, también conocida como Bahía Rosas, a unos 75 kilómetros de Viedma, en la costa de Río Negro. La presencia de orcas en esa franja no es un fenómeno aislado: el otoño y el invierno coinciden con los períodos de mayor acercamiento de estos mamíferos a las costas del Golfo San Matías.

Las semanas previas al episodio registraron una actividad intensa del grupo. El 17 de mayo, la hembra Valen (PTN-009) fue vista en Punta Norte junto a sus crías Emyr, Solei y una nueva cría nacida en 2026, acompañadas por Jaluel (PTN-019), quien incluso intentó una captura en la orilla.

El 23 de mayo, PVOR documentó a crías del grupo en zona de rompiente, donde las hembras adultas las guían en el aprendizaje de las técnicas de caza.

Ese proceso formativo tiene antecedentes concretos. El 17 de abril de 2026, en Estancia San Lorenzo, sobre el mismo Golfo San Matías, imágenes captadas por Héctor Casín —veedor oficial del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, presente junto a fotógrafos con permiso oficial— mostraron la destreza de las orcas en aguas poco profundas. “Desde muy pequeñas aprenden a manejarse en la orilla, donde más tarde cazarán crías de lobo y elefante marino utilizando la técnica de varamiento intencional“, señaló la organización al difundir ese material.

El varamiento intencional es la técnica por la cual las orcas se lanzan hacia la costa con la marea alta para capturar crías de lobos y elefantes marinos. Se trata de un comportamiento aprendido, que las madres transmiten a sus crías desde temprana edad, y que distingue a las poblaciones de Patagonia de otras orcas en el mundo.

Fue investigada por Patricio Ferrari, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, que ordenó a la Federal allanar cuatro objetivos ubicados en el Barrio Chino porteño y en Sinsacate, provincia de Córdoba. El blanco fue la organización en torno a la app Blue Mountain, disponible meses atrás en Google Play Store, liderada por un informático chino radicado en Argentina y que todavía no fue encontrado. Un bloqueo ordenado por el Juzgado de garantías que interviene en el expediente inmovilizó 8 millones de dólares cripto en diversas wallets vinculadas al caso.

Así, las víctimas caían, atraídas por un grupo de Facebook, que las llevaba a la aplicación en Google Play y a un grupo de WhatsApp con dos falsos asesores. La aplicación, básicamente, era una trampa, “un malware del tipo infostealer”, asegura un investigador.

La fuente continúa: “Este tipo de software malicioso se encuentra específicamente diseñado para sustraer información sensible de manera encubierta, sin generar daños visibles inmediatos en el dispositivo comprometido”. Los pagos de las víctimas son notables. Un damnificado entregó casi ochenta millones de pesos a la organización.

El hombre es una gota en el mar. “De los créditos que recibió la cuenta en el escaso tiempo que estuvo abierta, se desprenden 3010 transferencias a favor por un total de $3.388.108.876,05 pesos”, asegura una fuente del caso.

Entre los objetivos allanados se encontraban, precisamente, los domicilios registrados del empresario, que no fue hallado y cuyo nombre se mantiene en estricta reserva. El hombre, ex empleado de una tienda de baratijas, registrado como empreasario y almacenero en ARCA, había creado una serie de empresas junto a diversos socios, dedicadas, en los papeles, al negocio tech.

La empresa usada para los cobros de las víctimas fue creada por el empresario en 2023 junto a un contador de 26 años acostumbrado a hacer negocios con la comunidad china. La firma, insólitamente, figura en el Boletín Oficial como dedicada a la “compra, venta, comercialización, al por menor y/o al por mayor, distribución representación, importación y/o exportación, de todo tipo de carnes y sus derivados, aceites en general y aceite de oliva, vinos, productos alimenticios en general y todo tipo de productos comestibles”.

En 2025, durante el pico de los pagos de las víctimas, la sociedad cambió de autoridades. Dos ciudadanos bolivianos y peruanos se convirtieron en sus socios, entre ellos, un hombre peruano de 51 años con domicilio en Barracas.

Años atrás, el hombre cobraba un plan para acceder a una garrafa. Entre octubre y noviembre de 2025, ambos se convirtieron en las autoridades de dos sociedades polirubro. Una, por ejemplo, se dedicaba -siempre en los papeles- a “realizar operaciones de créditos hipotecarios, inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones, y operaciones de comercio internacional”, de acuerdo al Boletín Oficial. Luego, estaba la empresa que recibía los pagos: la pareja entró a su directorio en octubre de 2025, el mismo mes que la víctima que pagó los 80 millones de pesos denunció el caso.

El hombre allanado en Córdoba, por ejemplo, habría sido el receptor de un tercio del dinero que el grupo recaudó.

En una entrevista, Javier Ledesma reconstruyó la trayectoria de Pumper Nic, la cadena fundada por Alfredo Lowenstein en 1974, al recordar su auge y su desaparición a fines de los noventa. En Infobae a la Tarde, el youtuber analizó el impacto de la inmigración y el entramado familiar en la formación de empresas.

En la charla, Ledesma repasó los hitos empresariales de la Argentina y remarcó: “Pumper Nic fue el fast food nacional por excelencia, o por lo menos el primero que se instaló”. Además, subrayó que la historia de la cadena está atravesada por la dinámica de privatizaciones, los vaivenes económicos y la impronta de los inmigrantes en la industria local.

El auge y la caída de Pumper Nic

Ledesma explicó que “la época de Menem y los noventa es una de las más fascinantes a la hora de crear contenidos sobre negocios y empresas, porque es el momento de las privatizaciones y de negocios peculiares que empezaron a aparecer; empresas grandes que compraron nacionales y una dinámica que generó cambios profundos”.

Recordó que Pumper Nic nació en 1974 de la mano de Alfredo Lowenstein y llegó a tener más de veinte franquicias en distintas ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay. “A partir del 86, 89 es cuando empiezan a llegar las cadenas estadounidenses. Ahí cambia el juego”, relató.

Ledesma detalló que la cadena tuvo que modificar su imagen tras una demanda por similitud con marcas estadounidenses consolidadas. “Ellos se habían copiado el logo a una de las dos grandes cadenas y terminaron con un juicio y teniendo que cambiar el logo. Tuvieron que modificar toda su estética, que era supercuidada”, afirmó.

El cierre definitivo de Pumper Nic, según Ledesma, tuvo varios factores: “Tuvo que ver con el fin del menemismo y también con errores propios de la cadena, el sistema de franquicias incontrolable, la falta de manuales y de estándares. Terminás yendo a un local y el producto es distinto al de otro, el servicio más lento. Los mismos dueños empezaron a dedicarse al real estate en Miami. Hoy tienen una empresa muy importante, Lowenstein, refaccionando hoteles allá”.

Mar del Plata y el ADN de las marcas emblemáticas

Durante la conversación, Ledesma y el staff analizaron el fenómeno de Mar del Plata como cuna de marcas icónicas. “No sé qué pasa ahí, pero han nacido un montón de compañías. El padre de uno de los dueños de uno de los unicornios argentinos de Globant es el creador del Pato de Mar del Plata”, comentó, en referencia al cruce entre innovación y tradición.

El periodista atribuyó parte de ese fenómeno a la inmigración: “El alfajor nace con un italiano, un santafesino y un griego; la marca de pastas también empezó con un inmigrante, don Vincenzo, que llegó para trabajar en el ferrocarril”.

En relación al modelo familiar, Ledesma sostuvo: “Muchísimo de lo que vemos en las historias de marcas argentinas tiene ese instinto de supervivencia y de querer crear algo para las próximas generaciones. No era tanto por el hecho de generar una megaempresa y un holding como los más ricos de la Argentina, sino de poder tener algo que le dé sustento a la familia. Hay historias de inmigrantes que solo querían traer a sus familiares y darles seguridad”.

El vínculo entre Mar del Plata y el entramado empresarial fue retomado por el panel: “Ser una ciudad que es como depósito del recuerdo de tantas personas, todos esos recuerdos quedan asociados a distintas marcas o lugares”, compartió Tomás Trapé, mientras que Paula Guardia Bourdin sumó: “La primera franquicia de cerveza artesanal que se instaló por todos lados también era de Mar del Plata”.

Empresas familiares, holdings y crisis recurrentes

A lo largo del programa, Ledesma analizó cómo el capitalismo de familias fue cediendo frente a la consolidación de holdings y fondos de inversión. “Hoy estamos acostumbrados más a los holdings. Que un apellido esté asociado a un rubro o a una empresa en concreto es algo bien del siglo XX”, opinó. Sin embargo, destacó que “en el mundo de los alfajores, las marcas que fabrican millones por día siguen siendo de familias, siguen siendo pymes, a pesar de todo”.

Sobre la relación entre empresas y crisis económicas, Ledesma fue categórico: “Ves un montón de casos de crisis constantes. Hay un inicio, una crisis y medio un desenlace que nunca termina de cerrar, porque todo el tiempo hay un foco de conflicto: políticas, errores, siempre está en todas las historias”.

Ejemplificó con el caso del grupo Exxel: “En los noventa compró más de cien empresas, era un negocio financiero, terminaron vendiendo todo por mucha menos plata de la que las habían comprado. Es tremendo”.

El periodista remarcó el carácter cíclico de las historias empresariales argentinas: “Todo termina invariablemente mal en algún momento. Hay empresarios que tuvieron muchísimo éxito, un momento de auge y después terminan enjuiciados o con denuncias. Incluso la marca subsiste y el empresario queda afuera. Es como una constante en nuestro entramado empresarial”.

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El episodio fue registrado por las propias víctimas. El video, que se viralizó en las últimas horas, muestra el momento en que las tres mujeres, aterrorizadas, gritan por ayuda y llaman a la policía mientras el agresor rodea el auto y no deja de lanzar amenazas.

Nieva es taxista, tiene 34 años y fue beneficiario tiempo atrás de un plan social para la compra de garrafas, según pudo saber este medio. Su ex, identificada como M., contó que el episodio no fue un hecho aislado: “Fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años”.

En ese sentido, detalló que el hostigamiento es sistemático e involucra a todo su entorno. “Nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, dónde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y más”, afirmó. También señaló que Nieva usa perfiles falsos y distintos números de WhatsApp para hostigarla.

Para graficar sus palabras, la joven subió a sus redes sociales otras grabaciones que documentan distintos hechos de acoso sufridos en los días previos. Dos videos de cámaras de seguridad muestran a Nieva pasando en horas de la madrugada frente a la casa de la chica, gritando desde un taxi y desde una bicicleta.

En otra grabación, se observa al acusado persiguiéndola con el taxi y amenazándola: “Te voy a hacer cagar”. La joven también compartió un audio donde recibe una amenaza de muerte: “Te voy a matar, no te miento”.

“Decido escribir esto porque en las últimas horas se viralizaron videos, sin nuestra autorización, de una situación terriblemente angustiante que vivimos el domingo a la madrugada con mis amigas, y veo con mucha impotencia cómo gente que no sabe absolutamente nada del contexto opina, juzga y habla cosas que no son”, relató M., y dijo que lo que pasó el domingo “no fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer”.

Nieva ya tenía antecedentes. La propia víctima contó que lo había denunciado por el mismo motivo hace tres meses. Fuentes policiales y judiciales indicaron que, en esa ocasión, la policía secuestró el taxi y el teléfono celular del hombre. Y fue en el marco de esa causa que la Justicia dictó la restricción de acercamiento que el acusado desobedeció una y otra vez al menos en las últimas semanas.

La detención de Nieva finalmente se produjo esta mañana, tras un allanamiento ordenado por la fiscalía interviniente. El hombre está ahora alojado en la comisaría de Concepción y espera la audiencia de formalización de cargos, prevista para las próximas horas.

La víctima, en su mensaje, pidió apoyo y conciencia social. “Hoy decido hablar en primera persona porque las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la Justicia sigue su vida como si nada. También hago un llamado a la sociedad, a los vecinos y a quienes conocen a este sujeto y todavía minimizan, justifican o silencian lo que hace: la indiferencia también es cómplice”.

“No voy a naturalizar más la violencia ni las amenazas de muerte. La Justicia ya está actuando, y solo queremos que la ley actúe con la seriedad y la urgencia que corresponde antes de que tengamos que lamentar algo peor. Queremos vivir en paz y sentirnos seguras”, concluyó.

Las nuevas imágenes corresponden al momento inicial de la transacción, antes de que la situación escalara. En ese registro, la joven empleada recibe a las clientas con un gesto serio, escucha el pedido —“3 mil pesos en papitas”, según se desprende de la grabación— y avanza con la venta. Para alcanzar las bolsas de papas fritas, ubicadas en la parte alta de una góndola, la cajera coloca un balde boca abajo en el piso, se sube con cuidado y estira el brazo para tomar el producto. Una vez que lo baja, separa la cantidad solicitada en una bolsita, cobra y entrega el cambio. Toda la secuencia transcurre sin que se observe una discusión abierta entre las partes.

El punto que concentró la atención tras la aparición de esta grabación es que, si bien la joven se muestra seria durante toda la atención, las imágenes no registran insultos, gestos de maltrato ni una respuesta agresiva hacia las clientas. La escena parece una compra normal, sin señales claras de maltrato.

Ese contexto resulta central para entender lo que vino después. Horas más tarde, otra mujer —hermana de quien había realizado la compra inicial— regresó al comercio para reclamarle a la cajera por el trato que, según la familia, había recibido su hermana. Ese segundo momento fue el que se viralizó primero: la clienta discutió con la empleada, el intercambio subió de tono y, cuando parecía que la mujer se retiraba, volvió sobre sus pasos hacia el mostrador. Una frase pronunciada por la cajera en ese instante reavivó el enfrentamiento.

Lo que siguió quedó registrado en el video de la pelea en la despensa que circuló por redes sociales: la clienta arrojó el paquete de papas contra la cabeza de la cajera, ambas se agarraron del pelo y el forcejeo con golpes y empujones se prolongó por varios minutos frente a otros clientes que se encontraban en el local. La caja registradora terminó en el piso durante el altercado. Un joven que realizaba compras intentó separarlas sin éxito en un primer momento; luego ingresaron al comercio una mujer y un hombre que lograron apartar a las involucradas y llevarlas hacia sectores distintos del local.

El comercio pertenece a José y Gladys, una pareja que llegó desde Bolivia y abrió el almacén hace poco más de un año en la calle Abraham al 1500. Fue José quien le facilitó el video de las cámaras a su empleada —quien trabaja en el local desde hace seis meses— después de que esta le dijera que lo necesitaba para realizar la denuncia policial. “Estoy muy molesto porque salió la publicación del video. Yo ya había arreglado con los padres de la clienta, habíamos hablado bien y salió esa publicación que le afectó a ellos y a nosotros igual. Más que nada porque las cámaras que salieron son nuestras, de mi negocio”, declaró el comerciante en diálogo exclusivo con LM Neuquén.

José también informó que realizará una denuncia policial por la difusión de las imágenes, preocupado además porque en los videos aparecen menores. Respecto a su empleada, aclaró que continúa trabajando en el local: la contrató precisamente para que atienda el comercio, ya que él tiene otro empleo.

Con la aparición del primer video, el caso tomó otra dimensión en redes sociales. Hasta entonces, la repercusión estaba centrada en la violencia del enfrentamiento; la nueva grabación incorpora el momento previo que, según el relato de la familia, motivó el reclamo.

Hasta el momento, ninguna de las partes radicó una denuncia formal y no se reportaron heridas de gravedad en ninguna de las involucradas. Los vecinos del barrio, que reconocieron de inmediato el local en el video viral, comenzaron a acercarse al almacén para interiorizarse sobre lo ocurrido.

Una mujer de 46 años sufrió múltiples mordeduras en el rostro, brazos, piernas y muslo izquierdo tras el ataque de dos perros de raza pitbull en la localidad costera de Cayastá, en el departamento Garay, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió el martes por la noche en inmediaciones de Hernandarias y cortada Los Patíes, y derivó en el traslado de urgencia de la víctima al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con fuentes de la Unidad Regional VII, el episodio se registró cerca de las 20 horas, cuando la mujer regresaba a pie hacia su vivienda. En ese trayecto fue sorprendida por dos canes —uno de color marrón y otro atigrado marrón con negro— que la atacaron sin mediar provocación, según indicó Aire Santa Fe.

Los gritos de auxilio llegaron hasta su yerno, quien salió rápidamente y logró socorrerla. Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar tras un llamado ingresado al sistema de emergencias 911.

La atención médica comenzó en el centro de salud local, donde la víctima recibió las primeras curaciones. La médica policial de turno evaluó la gravedad de las heridas —con especial preocupación por las lesiones en el muslo izquierdo— y dispuso la derivación al hospital Cullen para una atención de mayor complejidad. El diagnóstico quedó registrado como “lesiones de carácter graves”.

Pese a la violencia del ataque, la evolución de la mujer fue favorable. Este miércoles al mediodía recibió el alta médica, aunque deberá continuar con controles y curaciones de forma ambulatoria, afirmó El Litoral.

La víctima declaró ante los uniformados que los animales pertenecerían a una vecina del barrio que ya fue identificada por las autoridades, y advirtió que no sería la primera vez que esos perros protagonizan ataques contra personas en la zona.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Helvecia, a cargo de la investigación, se ordenó el secuestro preventivo de los dos pitbull y se inició una causa judicial contra sus presuntos propietarios bajo la calificación provisoria de “lesiones culposas graves por mordedura de can”.

El caso reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos en distintos puntos de la provincia, donde episodios de esta naturaleza vienen generando creciente inquietud entre vecinos y autoridades.

Una jubilada fue atacada por 10 perros en Santa Fe

La jubilada Ana Tovani sufrió una grave lesión tras ser atacada por una jauría de perros mientras circulaba en moto por una calle de San Lorenzo.

El hecho se registró días atrás, cerca de las 8:15, en William Morris al 2200, a la altura de una gomería donde viven varios perros. La víctima se encuentra internada en el Sanatorio Laprida de Rosario con una fractura compleja en una pierna.

Según el testimonio de Tovani, el incidente ocurrió cuando se trasladaba para hacer unos trámites y luego tenía previsto ir al gimnasio. Al pasar frente al comercio, el dueño de la gomería abrió la puerta y una decena de perros salió disparada hacia la calle.

La mujer contó que uno de los animales fue directo hacia ella y le mordió la campera a la altura del cuello. Ante la agresión, soltó la moto y golpeó contra el pavimento, lo que le provocó una fractura de tibia cerca de la rodilla. “Salieron a despedazarme”, describió la víctima sobre la ferocidad del ataque.

Vecinos del sector acudieron de inmediato a auxiliarla y le confirmaron que las agresiones de la jauría no eran hechos aislados. “Están cansados de hacer denuncias”, señaló Tovani, quien remarcó que los residentes del barrio ya habían alertado sobre el problema en múltiples oportunidades.

Según informó el portal Rosario3, tras el ataque una ambulancia llevó a Tovani primero a un hospital de la zona y luego al Sanatorio Laprida de Rosario, donde permanece internada. Los médicos le diagnosticaron una fractura compleja en la pierna y estimaron que la recuperación puede llevar entre tres y cuatro meses. Además, no se descarta la necesidad de una cirugía con colocación de prótesis.

Sobre el estado de salud de la víctima, los profesionales indicaron que la gravedad de la fractura exige una inmovilización prolongada y una rehabilitación específica. Cualquier demora en la atención ortopédica podría agravar el cuadro, por lo que resulta imprescindible garantizar los insumos necesarios en tiempo y forma.

Por ese motivo, familiares y amigos convocaron a una movilización este miércoles a las 17.45 en el Obelisco para reclamar justicia y exigir el esclarecimiento de la muerte. “No sabemos si lo chocaron, lo asaltaron o se cayó”, sostienen.

En comunicación con Infobae, un amigo de Casal llamado Facundo, contó que el hecho ocurrió cerca de las 5.40 de la mañana. Sin embargo, la familia asegura que nunca recibió una notificación oficial sobre el fallecimiento y que fueron los propios allegados quienes comenzaron a buscarlo por distintos hospitales hasta encontrar el cuerpo en la morgue y la motocicleta en una comisaría.

De acuerdo con el joven, cuando los hermanos de Casal se presentaron en la seccional, policías les informaron que existía un video del hecho y que el motociclista “se había caído solo”. Después de esa explicación no volvieron a recibir mayores precisiones sobre lo ocurrido. La moto fue entregada a la familia el lunes por la tarde y Casal fue velado al día siguiente.

Ese mismo martes, la fiscalía modificó la carátula del expediente a homicidio por conducción imprudente. Según sostuvo Facundo, la familia contrató un abogado, aunque el letrado todavía no pudo acceder a la causa. “Le dijeron que recién en veinte días”, aseguró.

“Nosotros sospechamos que están tapando algo”, expresó el amigo de Casal. En ese sentido, afirmó que ni los familiares ni la defensa tuvieron contacto con la titular de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la fiscal Florencia Paglianiti, ni pudieron ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. “Se dice que hay videos, pero no nos dejan ingresar a la causa. Es todo un manoseo y nosotros seguimos sin saber nada”, señaló.

La familia también denunció la desaparición de pertenencias de la víctima tras el hecho. “Le sacaron la riñonera, la plata, el celular, todo. Al celular lo apagaron”, detalló Facundo.

Otro de los puntos que genera dudas entre los allegados es el lugar exacto donde ocurrió el episodio. Según explicaron, primero les indicaron que el hecho había sido en la esquina de Lavalle y 9 de Julio, aunque después identificaron que ocurrió una cuadra antes, en la curva de Pellegrini hacia el Obelisco.

Además, remarcaron que el episodio ocurrió en una de las zonas con mayor cantidad de cámaras de vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires. “No nos pueden decir que no hay cámaras. Es una locura que nos digan eso”, cuestionó Facundo. Según relató, la familia comprobó la presencia de domos de seguridad en el lugar donde encontraron rastros de sangre, aunque hasta ahora no pudieron acceder a las imágenes.

Respecto al estado del cuerpo, el amigo de Casal afirmó que durante el velatorio solo pudieron ver el rostro de la víctima y que el informe forense indicó “un golpe en la cabeza y traumatismos severos internos”. Hasta el momento, según indicó, no hubo confirmación de otro tipo de agresión.

El pasado 23 de mayo, familiares y amigos realizaron un corte sobre la avenida 9 de Julio para reclamar respuestas. De acuerdo con el relato de Facundo, durante la protesta un subcomisario les pidió despejar la zona y les dijo que estaban siendo observados a través de las cámaras de seguridad. “Ahora resulta que ven las cámaras, ahora que estamos parados acá”, respondió amigo de Casal.

A once días de la muerte de Javier Fernando Casal, la familia insiste en que todavía no recibió una explicación clara sobre lo ocurrido y mantiene el reclamo para que el caso sea esclarecido.

En la mañana del miércoles, un choque frontal sobre la Ruta Nacional 33, en jurisdicción bonaerense de Tornquist, dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridas.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9, en el kilómetro 85, muy cerca de Colonia San Martín. El accidente involucró a un Renault Kangoo y un camión Fiat Iveco blanco con semirremolque, que circulaban en sentidos opuestos.

El camión, conducido por un hombre identificado como F.D., de 31 años y que resultó ileso, se desplazaba en dirección Pigüé-Bahía Blanca. Por el otro carril, la Renault Kangoo se dirigía en sentido contrario, transportando a seis mujeres, entre ellas dos niñas, indicó La Nueva. De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios de Tornquist, el toque de sirena se registró a las 8:44, tras la alerta sobre el accidente de tránsito.

Por motivos que aún permanecen bajo investigación, ambos vehículos colisionaron de frente. El impacto provocó que el camión saliera de la cinta asfáltica y quedara detenido contra el alambrado de un campo lindero, mientras el utilitario quedó sobre el pavimento, completamente dañado, precisó otro medio local, La Brújula 24.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal policial y equipos de emergencia médica, quienes asistieron a las víctimas y coordinaron el tránsito en la zona.

Las dos víctimas fatales, identificadas por la policía como Jaqueline Cardozo Vargas (33 años) y Sandra Vargas Rodríguez (56 años), viajaban en la Renault Kangoo junto a las otras cuatro ocupantes. Las otras personas trasladadas a hospitales de Tornquist y Pigüé fueron las menores C.Z.C. (6 años) y M.Z.C. (1 año), además de P.R.L. (35 años) y P.F.S. (59 años). Según fuentes policiales, las seis mujeres serían familiares, aunque todavía no se ha precisado el vínculo exacto entre ellas.

Las autoridades continúan con las tareas para determinar la mecánica del hecho y garantizar la normalización de la circulación en el sector.

Tres personas murieron en un choque en Córdoba

Tres personas murieron tras un choque entre una Chevrolet Tracker y un camión Volkswagen con acoplado en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 3, en la localidad de Canals, provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió días atrás.

Los tres ocupantes de la camioneta perdieron la vida en el lugar del impacto; el conductor del camión, de 67 años, no presentó lesiones de consideración.

Las víctimas fueron dos hombres de 70 y 81 años y una mujer mayor de edad, todos a bordo de la Chevrolet Tracker al momento del siniestro. De acuerdo con la Policía, la violencia del impacto entre ambos vehículos provocó la muerte inmediata de los tres ocupantes. El conductor del transporte de carga tiene 67 años.

El comisario inspector Germán Dagatti, director de la Departamental Unión de la Policía, confirmó que en el lugar intervinieron efectivos policiales, bomberos y personal de Policía Judicial. Los trabajos operativos y periciales se prolongaron durante horas en la zona del cruce.

Desde el punto de vista geográfico y vial, el empalme de la Ruta Nacional 8 —corredor troncal que atraviesa el país de este a oeste— con la Ruta Provincial 3 es uno de los nudos más transitados y estratégicos del sudeste cordobés.

La Ruta 3 opera como un corredor productivo que conecta el norte con el sur del este provincial, articulando zonas como San Justo, Bell Ville y Justiniano Posse, por lo que el cruce en Canals absorbe un enorme flujo diario de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que conduce las diligencias para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Tras el choque, la circulación quedó completamente interrumpida en el cruce de ambas rutas. Las autoridades dispusieron desvíos y circulación asistida por caminos laterales para el tránsito de la zona mientras se realizaban las pericias en el lugar.

Una vez finalizado, mientras aguardaban por el resultado, el personal de la ANSV le advirtió: “Le recuerdo que la tolerancia es cero, ¿si?”. Y el hombre respondió: “Ah, ¿es cero acá?”. A los pocos segundos, el aparato indicó que había 1,90 g/L de alcohol en sangre, superando ampliamente los límites permitidos.

El operativo que se desarrolló durante la noche reunió a agentes de cinco bases operativas de la Agencia de Seguridad Vial: Hudson, Monasterio, Las Flores, Mar del Plata y Acceso Oeste.

A lo largo de la noche, el personal fiscalizó un total de 4.782 vehículos y labró sanciones contra 114 conductores. De ese universo, 84 dieron positivo en el test de alcoholemia, lo que representa la infracción más frecuente del operativo.

El conductor con la graduación máxima, que reside en la provincia de Buenos Aires y tiene 45 años, afrontará una multa superior a los 2 millones de pesos.

Además, la ANSV le retuvo la licencia de conducir en el acto y quedó sujeto a una inhabilitación cuya duración determinará la Justicia, con una estimación de 18 meses. Otras dos alcoholemias elevadas también fueron registradas durante la misma jornada: 1,80 g/L y 1,24 g/L.

El resto de las infracciones detectadas completó un cuadro variado de irregularidades. Trece conductores circulaban sin la verificación técnica vehicular (VTV), tres fueron sancionados por falta de patente o por tenerla tapada con aditamentos, y un conductor portaba una licencia inhabilitada, entre otras faltas.

Conducía alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag en medio de la niebla

La niebla cubría la autopista Buenos Aires - La Plata cerca de las 10:30 del martes pasado cuando los agentes de fiscalización vial advirtieron algo que excedía las malas condiciones climáticas: un vehículo que se desplazaba a alta velocidad con una trayectoria errática entre carriles, una situación que ponía en riesgo a cualquier conductor que transitara esa vía. La visibilidad era reducida; el peligro, real.

Entre el kilómetro 20 y el 30 de la autopista, el automóvil ejecutó cambios de carril repetidos e impredecibles a una velocidad que agravaba el peligro. El personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un operativo conjunto con AUBASA —concesionaria de la vía—, rastreó el recorrido del rodado y coordinó su interceptación en el primer punto de control disponible.

Ese punto fue el Peaje de Hudson. Allí, el conductor fue detenido y sometido al test de alcoholemia. “A mí no me grabás”, desafió el conductor a un agente que registraba el procedimiento en video. Luego, con otro tono, intentó dar explicaciones: “No consumo nada, no juego con la vida de los demás”.

El resultado fue contundente: 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite que establece la tolerancia cero vigente en la provincia de Buenos Aires tras su adhesión a la ley nacional, en vigor sobre rutas nacionales desde abril de 2023.

“Soy prudente”, quiso argumentar el infractor antes de que le labraran el acta y le fiscalizaran el vehículo por completo.

Ante la infracción comprobada, los agentes le retuvieron la licencia de conducir y labraron el acta correspondiente, en cumplimiento de la normativa de tránsito vigente.

Fernández remarcó que “la generación Z no solamente piensa que quiere cambiar de trabajo, sino que cambia de trabajo permanentemente”, y explicó que el fenómeno excede la voluntad individual: “La generación anterior siempre juzga de blanda a la siguiente. Hoy los jóvenes priorizan el equilibrio personal y la flexibilidad por encima de la estabilidad”.

Del modelo estable al mandato de flexibilidad

Fernández desarmó el contraste generacional: “En el siglo XX, el modelo exitoso de trabajo era la estabilidad. Esa estabilidad venía acoplada a derechos laborales, seguridad social y prestigio, que hoy aparecen desdibujados”.

Ante la pregunta por el ideal actual, respondió: “La generación Z busca equilibrio con la vida personal. Flexibilidad y libertad son las primeras cuestiones que aparecen”.

La columnista detalló que la rotación se volvió parte de la lógica joven: “El poder decidir cada vez más home office, horarios rotativos, cambiar de trabajo hasta encontrar uno que conecte con mi propósito es central. Uno de cada tres cambia de empleo en menos de un año”.

Tomás Trapé advirtió sobre el cambio de mirada social: “La flexibilidad laboral, que antes era una amenaza, hoy es un valor y algo deseado por los jóvenes”.

Precarización, culpa y salud mental

Fernández aportó cifras sobre el mercado argentino: “La desocupación en el último trimestre de 2025 fue del 7,5%, pero en menores de 29 años supera el 16%. En informalidad, los jóvenes llegan al 58,4%, cuando el promedio nacional es del 43%”.

La columnista vinculó esos números al malestar subjetivo: “Es una generación marcada por una promesa incumplida. La estabilidad ya no existe. Entonces, hay que buscar otras herramientas para sobrevivir. Pero además, es una generación muy marcada por la culpa: si no llego a fin de mes, es mi culpa; si renuncio, es mi culpa; si no puedo proyectarme o tener casa propia, parece que es mi culpa. Esa presión agota y afecta la salud mental”.

El panel sumó su experiencia. Manu Jove observó: “No podemos ver un capítulo de media hora sin mirar el teléfono. La ansiedad de querer todo ya se traslada al mundo laboral”.

Frente a ese escenario, Fernández propuso: “Se necesita un sistema educativo que enseñe a frustrarse y a convivir con el fracaso, no solo a reafirmar el propio pensamiento como ocurre en las redes”.

Inteligencia artificial, estigma y futuro colectivo

La columna abordó el impacto de la IA: “La generación Z es la primera que se crió con tecnología instalada, atravesó la pandemia en su educación y ahora la inteligencia artificial borra puestos de entrada. Antes, los trabajos iniciales servían para ganar experiencia; hoy esos puestos desaparecen y se exige experiencia que los jóvenes no pueden adquirir”.

Fernández sumó otro dato: “Cuatro de cada diez gerentes no quieren contratar generación Z porque creen que no van a durar. Eso genera un problema de inserción”.

Paula Guardia Bourdin advirtió sobre el riesgo de individualizar la solución: “No puede recaer sobre el individuo la tarea de mejorar su ranchito. Si no, lo público no existe”.

El cierre de Fernández fue categórico: “¿Por qué no dejamos de asociar jóvenes y precarización y pensamos en derechos laborales del siglo XXI? Jóvenes y calidad de vida, jóvenes y trabajos dignos, jóvenes y salarios que alcancen”.

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La iniciativa surgió como respuesta a la preocupación por la velocidad e inmediatez que impone la tecnología en la comunicación cotidiana. Durante su paso, una de las madres explicó: “Me sorprendió, pero después al final no tanto, porque somos un montón los que estamos en esta. No logro que mi hijo se desprenda de este aparato”.

La propuesta del teléfono fijo en la escuela

La experiencia comenzó cuando una de las madres propuso en la clase de su hija de 11 años reinstalar el teléfono fijo como medio de comunicación alternativo entre los chicos.

“¿Se acuerdan que les conté que iba a proponer en la clase del cole de mi hijita que pusiéramos teléfono fijo? Bueno, eso sucedió. Lo vi en un posteo de Instagram de otra persona. Lo propuse a mamis y papis. Se recoparon y hoy somos veintitrés hogares con teléfono fijo. Hermoso experimento. ¿Qué buscábamos? Retrasar lo máximo posible el celu, ¿no? Están en sexto, tienen once, doce. Se recoparon madres, padres y niños también”, relató.

Según la entrevistada, la clave fue contar con el apoyo de la comunidad escolar. “Enganchar un grupete que se llamen entre sí para que suene el teléfono y tenga una función. Lo bueno de esto es que en realidad no es que quería que mi hija dejara de usar el celular, sino que nunca lo usó. O sea, nunca llegamos a que tengan celular”, explicó.

La propuesta no solo apunta a demorar el acceso al teléfono móvil, sino a restablecer dinámicas de comunicación más directas y con mayor presencia emocional. Sofi Lofi detalló: “Es como el teléfono de grupé, ¿no? Se volvió así como una cosa social, alegría. Tienen la listita de los teléfonos decorada. Cuando uno le ponen teléfono a su casa, todos se pasan el teléfono, se suma a la lista”.

La caída del teléfono fijo en Argentina y el desafío generacional

Maru Duffard aportó datos oficiales del ENACOM para contextualizar el fenómeno: en 2015 había casi diez millones de líneas fijas en Argentina, mientras que en 2024 la cifra se redujo a cerca de seis millones y medio. “Bajó un poco. El salto importante, en la caída, lo tenemos en 2019, que baja de casi diez millones a casi ocho millones de personas”, describió.

El equipo reflexionó sobre las causas detrás de este descenso y las transformaciones tecnológicas en los hogares. Sofi agregó: “Cuando vos tenés el módem ya tenés una línea de teléfono, que para mí fue: ‘Che, hola’. No, ya tenés, ya la pagaste. O sea, pero nadie sabe. Faltaba comprar el aparato”.

La conversación también abordó los hábitos de comunicación de los niños, marcados por la inmediatez y el uso de mensajes escritos. “No es que los chicos hablan por teléfono, escriben. Porque hay una cosa que vos decís en el podcast bien interesante, que es las capacidades emocionales o de gestión emocional a las que pone o enfrenta el teléfono fijo en los chicos. Es el de la inmediatez de la respuesta también, el de tener una conversación en tiempo real. No que mando un WhatsApp y pienso que te contesto”, analizó Duffard.

Límites, comunidad y el rol de los adultos frente a la tecnología

Sofi enfatizó que el verdadero desafío está en la capacidad de los adultos para establecer límites y ofrecer alternativas saludables al uso del celular: “Hay mucha gente que abre el espacio al celular sin querer, sin estar contentos con eso. Si te mueve, si te hace ruido, a ver cuáles pueden ser maneras alternativas para no caer en algo que no querés que tu hijito esté ahí viéndolo, usando eso”.

Sobre el rol de los adultos, la madre entrevistada fue autocrítica: “Creo que nosotros todavía no aprendimos a regularnos. Con esto que yo digo: bueno, a ver si saco el WhatsApp de mi celular, entonces por la calle ando sin estar las veinticuatro horas superconectada. ¿Cómo le vamos a pedir a niños que se autorregulen si nosotros todavía no aprendimos?”

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Un trágico accidente se registró este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que terminó con una persona fallecida y otra fuera de peligro. Los individuos eran dos trabajadores que estaban realizando arreglos en una sala de máquinas cuando se les cayó un tablero encima, rompió un tubo de gas y provocó que se intoxiquen.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió en una sala técnica, en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional en el primer piso. Si bien era una zona pública, solo personal autorizado tenía la posibilidad de pasar allí. El incidente dejó una víctima fatal y otra persona involucrada que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, los individuos afectados eran empleados de la firma “Maxiseguridad”, que es contratada por Aeropuertos Argentina para realizar labores de mantenimiento de los tubos de dióxido de carbono. Según comentaron, los involucrados realizaban labores en un cuarto técnico que está ubicado en la planta alta del hall central.

Fuentes policiales comentaron que los involucrados estaban realizando arreglos en uno de estos tubos cuando un tablero eléctrico se les cayó encima, golpeó contra una de las válvulas de seguridad y provocó un escape de gas que dejó a los hombres atrapados en ese lugar.

Seguido a esto, el personal médico acudió para asistir a las víctimas y constataron el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras el otro presentó lesiones leves.

La víctima fue identificada como F. E. G., quien trabajaba como empleado de “Maxiseguridad” y tenía 33 años. Trabajaba en el sector desde 2019 y estuvo vinculado a la construcción en instalaciones para edificios.

Asimismo, la Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del sector, el traslado del cuerpo, como también el secuestro de las prendas de ropa. Además, se tomará la declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y personal de la empresa “Maxiseguridad”.

Un detalle relevante es que el gas involucrado en el accidente, el dióxido de carbono, no es tóxico en sí mismo para la salud humana. Sin embargo, cuando se produce una fuga en un espacio cerrado o de ventilación limitada, este gas puede desplazar el oxígeno presente en el ambiente. La reducción del oxígeno puede provocar síntomas como malestar, fatiga, mareos e incluso pérdida de la conciencia, especialmente si las personas quedan atrapadas sin posibilidad de evacuar el lugar.

Otros incidentes en Aeroparque

En diciembre pasado, una insólita pelea entre pasajeros a bordo de un vuelo que tenía como destino Florianópolis, operado por la aerolínea low cost JetSmart, terminó con tres pasajeros bajados del avión por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El incidente, registrado durante la previa del despegue y viralizado en redes sociales, se desencadenó el último fin de semana por la actitud de los involucrados que, según testigos y la policía, se encontraban en aparente estado de ebriedad.

La secuencia, que tuvo su epicentro en la puerta de embarque 16, comenzó con el pedido de intervención por parte del personal de la aerolínea y otros pasajeros. Fuentes del operativo indicaron a Infobae que los tres pasajeros ―dos mujeres y un hombre― mostraron un comportamiento disruptivo durante el preembarque del vuelo WJ 3820 con destino a Florianopolis. Tanto empleados de JetSmart como viajeros señalaron que fumaban en la cabina y no cesaban ante los reiterados llamados al orden.

Con la situación fuera de control, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se hizo presente en la aeronave para solicitar, de manera directa, que los pasajeros descendieran. Lejos de acatar la indicación, el grupo se negó, lo que generó un enfrentamiento. Las fuentes policiales y aeroportuarias coincidieron en que, durante el forcejeo, una de las pasajeras golpeó a un oficial de la PSA en el labio, lo que derivó en una mayor tensión en la cabina y en manifestaciones del resto de los pasajeros, visiblemente molestos por las demoras.

El barrio de Núñez lleva años con una de las zonas de mayor concentración de actividad urbana de Buenos Aires: el estadio Antonio Vespucio Liberti del Club Atlético River Plate, la Ciudad Universitaria de la UBA, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Parque de la Memoria y el flamante Parque de la Innovación conviven en un radio acotado. Sin embargo, la infraestructura vial que conecta ese polo con el resto de la ciudad no había acompañado ese crecimiento. El Puente Labruna, que une esa zona con las avenidas Lugones y Cantilo, operaba con un solo carril en cada sentido, un esquema que se volvió insuficiente ante el flujo diario de vehículos, peatones y ciclistas.

Ese escenario cambiará a partir del viernes 29 de mayo, cuando el Gobierno de la Ciudad habilite la primera etapa del nuevo Puente Labruna, una obra que duplicará la capacidad del cruce al pasar de un carril doble a dos carriles por sentido. La intervención, impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), consiste en la construcción de un puente paralelo al existente, que funcionará como mano hacia el río. El resultado será una conexión más directa y fluida entre el Parque de la Innovación, el estadio de River, la Ciudad Universitaria y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo.

La apertura de esta primera etapa no se limita a sumar asfalto: trae consigo una reconfiguración completa del tránsito en el entorno inmediato. Dos arterias del sector —la avenida Udaondo y la calle Campos Salles— cambiarán de sentido para adaptarse al nuevo esquema vial, y las líneas de colectivo 28 y 42 modificarán sus recorridos. El operativo de implementación contará con alrededor de 15 agentes de tránsito desplegados en la zona desde el primer día.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la dimensión del proyecto: “Esta es una obra fundamental, no solo desde el punto de vista de la movilidad urbana, sino también como símbolo de una Ciudad que busca reconectarse con el río y brindar mejores condiciones para quienes la transitan todos los días”.

La reorganización vial establece que Udaondo pasará a ser mano única hacia Libertador, desde la autopista Lugones. Campos Salles, por su parte, se convertirá en la salida hacia Lugones desde Libertador, donde se instalará un semáforo con giro a la izquierda en la mano hacia el centro. Ambas vías operarán como un par vial, un esquema que busca ordenar los flujos, reducir conflictos en los cruces y generar una conexión más directa con la autopista Lugones en sentido al centro.

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, explicó el alcance del cambio: “Con este cambio de sentido, no solo se ordena el tránsito, también se simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y se aumenta la capacidad vehicular; esto va a agilizar los viajes en una zona de altísima concurrencia”.

La reconfiguración también implica modificaciones en los giros desde la avenida del Libertador. El giro a la izquierda hacia Udaondo —que hoy se realiza entre las calles Iberá y Quesada— se trasladará a la intersección con Campos Salles, con semaforización. A su vez, se suprimirá el giro a la izquierda hacia Campos Salles en sentido al centro. Quienes transiten por Libertador y quieran acceder a Lugones o al nuevo puente para ir a Cantilo o Ciudad Universitaria deberán tomar Campos Salles. Para llegar a River o tomar Figueroa Alcorta, el recorrido será por Campos Salles hasta el final y luego retomar por Udaondo.

Para acompañar esta reconfiguración, se ejecutarán obras complementarias: el ensanche de Campos Salles para ampliar su capacidad, la adecuación de veredas y bulevares, la reorganización de isletas en Udaondo y la reubicación de las paradas de colectivos.

Las líneas 28 y 42 son las directamente afectadas. Para dirigirse a Libertador, ambas seguirán usando Udaondo. Pero para circular en sentido contrario —hacia Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria— utilizarán Campos Salles, donde tendrán sus nuevas paradas a partir del viernes 29.

Las obras no concluyen con esta primera etapa. El proyecto contempla la construcción de una pasarela peatonal de 4 metros de ancho entre ambos puentes, con una bicisenda de 2,40 metros. También se sumarán dos nuevas conexiones vehiculares: una para posibilitar el ingreso a Lugones desde arriba del Puente Labruna y otra subida adicional desde Cantilo. En paralelo, se desarrollará el espacio público con explanadas de acceso al puente que funcionarán como zonas de descanso y recreación, un aterrazado verde lindero al Parque de la Innovación con capacidad para ser usado como anfiteatro, áreas de juegos para niños, sectores deportivos, espacios gastronómicos y parquización integral tanto sobre el puente como en todo el entorno.

La zona donde se ejecuta esta transformación alberga, además de los polos ya mencionados, la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Centro de Graduados del Liceo Naval y el club CUBA, entre otras instituciones. A medida que el Parque de la Innovación avanza en su desarrollo, el flujo de personas en el sector crece de manera sostenida, lo que convierte la ampliación del puente en una respuesta directa a una demanda ya instalada.

Se trata de un chico con domicilio en esa localidad bonaerense, acusado dentro de la causa por el delito de homicidio culposo agravado. El menor, que también había resultado herido luego del choque, fue citado a declaración indagatoria por la fiscal del caso, Daniela María Bertoletti Tramuja. Si lo decide, puede abstenerse de contestar las preguntas de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió el martes 12 de mayo en la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Allí, una Honda XR 150, en la que circulaban Kevin y el adolescente de 17 años chocó contra un auto Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años. El impacto dejó a los dos menores heridos, quienes viajaban sin casco.

La moto en la que iban los menores, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, en un expediente que también se tramita en la fiscalía de Bertoletti Tramuja.

Según la Justicia, el menor de 17 conducía la moto de manera imprudente y a gran velocidad. Sin embargo, la gravedad no solo reside en la velocidad y el descuido del chico, sino también en que la motocicleta utilizada había sido robada apenas días antes.

En el documento judicial en el que se lo imputa al menor y se eleva la citación para brindar declaración indagatoria, se resalta que la adquirió o recibió sabiendo su origen ilícito. Es por esto que también fue imputado del delito de encubrimiento en concurso real entre sí.

Para la Justicia, el joven manejó de “manera imprudente y/o negligente y violando el deber de cuidado”. En ese sentido, sostienen que realizó “maniobras de alta velocidad, sin dar oportunidad para efectuar alguna acción tendiente a evitar el embestimiento".

Las pruebas incluidas abarcan actas policiales, informes médicos, inspecciones oculares y materiales fotográficos reunidos entre el 12 y el 15 de mayo. La autopsia confirmó que Kevin Martínez murió el 13 de mayo como consecuencia directa del choque.

“Con su actuar antirreglamentario el sujeto activo transgredió la norma” de varios artículos de la ley, y detalla que el acusado se muestra como autor individual de ambos delitos.

Tras el impacto, Martínez fue asistido en el hospital local y derivado a un centro de salud en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció el 13 de mayo a raíz de múltiples fracturas craneales.

No será la primera vez que el imputado enfrente un expediente judicial. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que cuenta con un historial delictivo por robos de motos y hurtos, aunque fue sobreseído en varias causas por ser menor de edad.

Concretamente, en el Juzgado de Garantías Nº1 de Dolores se le abrió un expediente por el delito de hurto, en el que fue declarado inimputable y sobreseído por su edad. El 4 de mayo fue acusado de robar una moto a una mujer, delito por el que fue allanado en su domicilio. Por el momento, se desconoce el estado del expediente.

Los otros imputados

Dentro del expediente también está imputada M.A.S., la joven que manejaba el auto Ford Ka que colisionó con la moto en la que iban los dos adolescentes. La imputación es por el delito de homicidio culposo.

El otro es Leandro Edgardo Marzzellino (50), el hombre que fue detenido el fin de semana por golpear salvajemente Kevin Martínez mientras el adolescente era atendido por médicos minutos después de sufrir un violento choque.

El hombre fue indagado el mismo sábado, día de la detención, por la fiscal de la causa por el delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.

De acuerdo con lo que señalaron las fuentes a este medio, el hombre dijo que reconoció a Kevin como un chico que supuestamente lo quiso asaltar y por eso decidió cobrarse venganza. Aseguró que “se indignó” y “le comenzó a pegar”. Luego de escuchar su explicación, la Justicia resolvió mantenerlo detenido.

La Justicia también imputó por incuplimiento de los deberes de funcionario público a los cuatro policías que estaban al momento de la golpiza, a quienes acusó de no impedir que Marzzellino golpeara a Kevin y también por no detenerlo.

Los policías imputados fueron identificados como María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell, quienes deberán presentarse a prestar declaración la próxima semana. Las pericias también establecieron que Martínez se encontraba esposado al momento de la golpiza.

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”.

Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

Emilia Basil llegó a Buenos Aires desde Beirut en los años ’40. Como tantos inmigrantes del Cercano Oriente, la llamaban “La Turca”. Trabajó años en un frigorífico hasta que, junto a su marido, pudo abrir su propio restaurante en el barrio de San Cristóbal. Lo llamó Yamile, nombre árabe que significa mujer bella. En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó el caso policial que la convirtió en uno de los nombres más oscuros de la crónica argentina.

El restaurante, la deuda y la convivencia forzada

El Yamile quedaba en Garay al 2200, a metros del viejo Teleonce, cuyos empleados eran clientela fija del local. La casa que albergaba el restaurante tenía una historia particular: Basil y su marido se la habían comprado a José Petriella, un plomero italiano, con la condición de que él pudiera seguir viviendo en una habitación del fondo hasta que la deuda quedara saldada.

Lo que parecía un arreglo transitorio se fue convirtiendo en una fuente de tensión permanente. Según explicó Kablan, el expediente recoge versiones contradictorias sobre la naturaleza del vínculo: “Ella diría después que él la acosaba, que no podía hacer mucho porque le debía plata. Otros en el expediente decían que eran amantes. Y otros, que simplemente no tenían plata para pagar”.

La madrugada del crimen

El 24 de marzo de 1973, Basil se levantó como siempre cerca de las cuatro de la mañana. Le preparó el desayuno a su marido, que salía a trabajar en una obra a las cuatro y media. Cuando quedó sola, Petriella se le acercó.

“Ella diría después que la fue a acosar como siempre, que la manoseó, y que en ese momento dejó que él avanzara para ganar tiempo”, reconstruyó Kablan. “Agarró una cuerda de nailon, la anudó en el cuello de José y apretó con mucha fuerza hasta que no respiró más y lo mató”.

Esa mañana, Basil siguió cocinando. Atendió el restaurante como cualquier otro día. En las noches siguientes fue desmembrando el cuerpo e hirviendo los restos en ollas. “Fue un espanto”, dijo Kablan. Cuatro días después, un cajón con residuos quedó en la vereda esperando a los recolectores que no pasaron. El olor llegó a los vecinos antes que el camión de basura.

En las crónicas de la época circuló una versión que Kablan no esquivó pero tampoco validó: que Basil había utilizado partes del cuerpo para cocinar y servir a los clientes del Yamile. “No está probado, nunca estuvo probado en el expediente. Mi teoría es que era una broma entre empleados”, aclaró.

El hallazgo, el juicio y la última imagen de La Turca

Una de las hijas de Basil escuchó el comentario de un vecino sobre el olor insoportable y se lo dijo a su madre. La respuesta de Emilia fue directa: “Llamá a la policía”. Cuando llegaron los efectivos, encontraron el torso de Petriella entre los desechos. El allanamiento al restaurante reveló el resto: restos humanos en distintos puntos de la propiedad y, en una olla, la cabeza de la víctima.

Ante el juez Juan Carlos Liporace, Basil confesó sin titubeos: “Mi marido y mis hijas no tuvieron nada que ver, no sabían nada. Fui sola. Lo hice y lo volvería a hacer una y mil veces”.

Solo lamentó no haber tenido un auto para deshacerse del cuerpo: “Esa fue mi desgracia. Si no, le puedo asegurar que no me descubrían más”.

La condena fue de diez años de prisión por homicidio simple. Por buena conducta, recuperó la libertad en noviembre de 1979. Perdió el restaurante, la casa y la familia. Alguien la vio una vez parada en la esquina de Garay, mirando el local. Se le acercó y le preguntó cómo estaba. “¿A usted qué mierda le importa?”, respondió. Nunca más se supo de ella.

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Según el Gobierno porteño, el operativo lo encabezó la Policía de la Ciudad y la Guardia de Auxilio clausuró la propiedad por riesgo de derrumbe. La Red de Atención censó a las personas que estaban dentro del inmueble durante el procedimiento, de acuerdo con la comunicación oficial.

De la vivienda recuperada, que comprende planta baja y primer piso, los usurpadores se negaron a abandonar el lugar y, al momento del procedimiento, intentaron desarmar cinco máquinas de coser que utilizaban en el taller. Y subalquilaban habitaciones.

La propiedad pertenece a la familia Castro desde 1968. Patricia Castro explicó que su padre, José Castro Rodríguez, fallecido en 2021, había alquilado la vivienda en 2018 a ciudadanos bolivianos que dejaron de pagar en julio de 2022 y no quisieron desocuparla.

Según relató Castro, los herederos iniciaron la sucesión, obtuvieron el reconocimiento judicial y enviaron cartas documento para reclamar la restitución del inmueble. Al no recibir respuesta, avanzaron con una demanda que concluyó con una sentencia firme de desalojo en 2023.

“Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia”, dijo Patricia Castro.

A su vez, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se reunió con ella y su madre para formalizar la devolución de la casa. El comunicado oficial indicó que lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro.

“Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así”, afirmó Macri.

Por su parte, el ministro de Seguridad porteño expresó: “Acompañamos esta política de orden que es un eje de la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada el delito bajó. Y eso se logra con decisión política y gestión”, afirmó Giménez.

En el operativo también trabajaron los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano, la Secretaría de Ordenamiento Urbano, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Agencia Gubernamental de Control y la Jefatura de Gabinete, de acuerdo con la información oficial.

La administración porteña sostuvo que los operativos de desalojo buscan garantizar el orden público, la seguridad en los barrios y el derecho a la propiedad privada. “En la Ciudad la ley es la misma, lo que cambió es la decisión política”, dijo Macri. Y sostuvo: “Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener”.

La administración porteña informó además que ya devolvió a sus dueños bienes valuados en más de USD 400 millones y que, durante la actual gestión, mantiene un promedio de una propiedad recuperada por día hábil. También informó que los barrios con más operativos fueron Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.

Linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera. Así describieron familiares y amigos en las últimas horas a Ana Lía Corte, la mujer que estuvo desaparecida durante dos semanas en la ciudad de Bariloche y cuyos restos fueron hallados este martes en un barranco del barrio Arrayanes.

Ana Lía, de 52 años, trabajaba instructora de purna yoga, una variante que combina la práctica de posturas, técnicas de respiración, meditación, relajación y mantras.

“Comparto prácticas de yoga con niñ@s, adultos, sabios (adultos mayores) embarazadas y mamás con bebés”. Así se presentaba la mujer en su perfil de la red social Instagram, donde contaba con casi 1.800 seguidores y compartía algunos de los ejercicios que practicaba en sus clases.

Amante del trekking, Ana Lía se casó el 17 de noviembre de 2001 con Milton Marques, un guía de montaña brasileño a quien había conocido en Bariloche. Padres de un niño de 12 años, en poco más de cinco meses iban a celebrar los 25 años de su matrimonio.

“Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, comienza el mensaje que el viudo compartió tras confirmarse que el cuerpo hallado este martes pertenecía a su esposa.

Luego, Milton escribió unas palabras en memoria de su mujer: “Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.

Casi en simultáneo, Cecilia, una de las primas de Ana Lía, la despidió en su cuenta de Facebook con un sentido mensaje. “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”, publicó anoche junto a una foto en la que la mujer fallecida aparece en el centro de la misma, sonriente, rodeada por su familia y vestida con una musculosa rosa.

Y con evidente angustia, completó: “Vola alto prima, donde estas ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”.

Con esas conmovedoras palabras, Cecilia hizo alusión a los problemas de salud que sufría su prima. La mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio y ya había desaparecido en otra ocasión. En 2021, protagonizó un episodio similar al dirigirse hacia la costa del lago, aunque regresó al poco tiempo. En esta oportunidad, no hubo novedades durante un período más extenso. “La falta de noticias hace todo muy difícil”, expresó Bondel.

La investigación

El cuerpo de Ana Lía fue hallado este martes por la noche en la zona de La Barda, al sur de la ciudad de Bariloche. Estaba descuartizado y fue trasladado a la morgue del hospital local, donde sus familiares, a pesar del estado del cadáver, lograron identificarlo.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el Cuerpo Médico Forense estaba abocado este miércoles a la realización de una autopsia ordenada por las fiscales Betiana Cendón y Sofía Ocampo, a cargo de la investigación.

Las investigadoras también aguardan el resultado de una una pericia papiloscópica sobre los restos hallados en un barranco del barrio Arrayanes, ubicado cerca de la intersección de las calles Arrayanes y Onelli.

El objetivo de dicha pericia, según explicaron fuentes del caso a este medio, es obtener impresiones dactilares que permitan avanzar en la identificación de la persona fallecida. La tarea consiste en relevar y analizar las huellas digitales preservadas para su posterior comparación con registros existentes en bases de datos oficiales, a fin de lograr una identificación formal.

En tanto, la zona donde se trabajó durante la noche permanece cercada y preservada en función de la investigación.

El caso

Ana Lía Corte había dejado su domicilio el viernes 8 de mayo. Su familia hizo la denuncia por su desaparición ese mismo día a las 14. De acuerdo con fuentes del caso, una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad. Esa imagen constituía, hasta el momento del hallazgo, el único indicio concreto sobre su recorrido.

En el marco de la investigación para dar con su paradero, las fiscales Cendón y Ocampo lograron establecer que la mujer había abordado el colectivo en la avenida Pioneros y luego descendió en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Vestía una campera, llevaba una mochila y su medicación, pero salió de su casa sin teléfono ni documentación.

“La fiscal autorizó la búsqueda con perros el día que desapareció Ana Lía, pero recién a las 18. Ya habían pasado seis horas. Las primeras horas son cruciales y el sistema es muy lento”, lamentó Gabriel Bondel, amigo de la familia, en diálogo con Diario Río Negro. Las cámaras del Sistema de Monitoreo municipal también se revisaron tarde, según indicó.

“El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren”, agregó el amigo de la familia. La mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y ya había desaparecido . En 2021, protagonizó un episodio similar al dirigirse hacia la costa del lago, aunque regresó al poco tiempo. En esta oportunidad, no hubo novedades durante un período más extenso. “La falta de noticias hace todo muy difícil”, expresó Bondel.

Milton Marques, esposo de Corte y ciudadano brasileño, se sumó a los rastrillajes desde el inicio de la búsqueda. Al principio, había dejado a su hijo de 12 años bajo el resguardo de unos amigos, pero con el correr de los días, optó por alejarse del operativo con el objetivo de acompañar y cuidar al niño.

Operarios que realizaban trabajos de refacción en un departamento de Riobamba al 1200, Ciudad de Buenos Aires, hallaron una granada de mano activa, lo que motivó un rápido despliegue de seguridad y la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad.

El hallazgo ocurrió durante la mañana, en el barrio porteño de Recoleta, cuando los trabajadores advirtieron la presencia del artefacto mientras removían materiales en el interior de la vivienda. Ante la situación, dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió la llegada de los equipos especializados en pocos minutos.

Fuentes policiales confirmaron que el Escuadrón Antibombas verificó la existencia de la granada y activó el protocolo de emergencia correspondiente. El sector fue aislado mientras los expertos realizaron las primeras pericias para descartar riesgos adicionales en el edificio.

Tras la consulta con la autoridad judicial, las fuerzas de seguridad anticiparon que la granada será retirada del lugar y posteriormente detonada de manera controlada. Las autoridades aún investigan cómo llegó el artefacto al departamento y si existió algún tipo de manipulación previa.

En febrero, un trabajador del servicio municipal de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba detectó la presencia de una bomba de aviación entre los desechos, mientras realizaba su recorrido habitual por el barrio Villa Belgrano.

El hallazgo ocurrió cuando el camión circulaba por la calle Blas Pascal al 5300 y, al iniciar el prensado de la basura, se escuchó un ruido metálico inusual. Al revisar el interior del vehículo, el chofer localizó un objeto fuera de lo común y, ante la sospecha de que se trataba de un artefacto peligroso, dio aviso inmediato a la Policía de Córdoba.

Al lugar acudieron agentes de la fuerza provincial, quienes implementaron un operativo preventivo y aislaron la zona para garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores. Pronto se sumaron especialistas del Departamento Brigada de Explosivos, quienes se encargaron de identificar el objeto hallado y activar los protocolos correspondientes. La intervención se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y sin demoras, según informaron las autoridades.

Los peritos confirmaron que el objeto era una bomba de aviación modelo MK-05, de unos 25 centímetros de largo. Se trata de un artefacto habitualmente utilizado en ejercicios de entrenamiento y señalización, lo que explicaría la ausencia de carga explosiva y de cartucho pirotécnico. A pesar de que el artefacto no presentaba peligro inminente, los expertos decidieron secuestrarlo por precaución y trasladarlo a los depósitos de la brigada para su análisis técnico y pericial.

El operativo fue supervisado por el comisario inspector Exequiel Bornancini, responsable de la división de Explosivos de la Policía de Córdoba. Según el informe oficial, la intervención permitió neutralizar cualquier riesgo potencial y el procedimiento concluyó sin que se registraran heridos ni daños materiales, tanto en el equipo de recolección como en las inmediaciones del hallazgo. La investigación ahora se orienta a determinar la procedencia de la bomba y cómo terminó depositada en el circuito de residuos domiciliarios de uno de los barrios residenciales del norte de la ciudad.

Otro antecedente data del mes de enero, en el barrio porteño de Palermo, cuando se halló una munición de guerra junto a un contenedor de basura, lo que también motivó un despliegue del Escuadrón Antibombas y la Policía de la Ciudad. En ese caso, el artefacto era un proyectil de artillería de 75 milímetros, sin carga explosiva, que fue detonado de manera controlada. El hecho se produjo a pocos metros de un colegio, aunque no había alumnos en el lugar. Las autoridades remarcan la importancia de reportar cualquier hallazgo sospechoso y sostienen que la manipulación de estos objetos representa un riesgo extremo.

De acuerdo con la Policía de la Ciudad, efectivos del Escuadrón Antibombas, junto con la División Delitos Constitucionales y varias brigadas especializadas, intervinieron en el lugar luego de que personal de seguridad reportó que un bolso fue arrojado al interior del edificio. De inmediato, se preservó la zona, se evacuaron las instalaciones y se solicitó la intervención de las áreas técnicas para inspeccionar el objeto.

Los equipos especializados realizaron una revisión minuciosa del bolso e informaron que el contenido resultó ser una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva ni sustancias peligrosas. Tras la inspección, las autoridades descartaron cualquier riesgo para los empleados.

La Policía de la Ciudad confirmó que la intervención incluyó la presencia de personal de Riesgos Especiales y varias brigadas de explosivos, quienes trabajaron en coordinación para asegurar el perímetro. No se registraron heridos ni daños materiales durante el procedimiento.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, cuyo titular es el doctor Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°4, a cargo del doctor Esteban Murano. El hecho fue caratulado como intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones para quienes generen alarma social mediante amenazas falsas.

Las autoridades recordaron que la manipulación o el abandono de objetos que simulan ser explosivos constituye un delito grave y reiteraron la importancia de reportar toda situación sospechosa.

La División Delitos Constitucionales tiene como función principal la investigación de delitos que atenten contra el orden democrático y las instituciones de la Nación, tales como sedición, atentados contra el orden público y actos que impidan el libre ejercicio de los poderes del Estado.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en la ciudad de Rosario debido a una amenaza de atentado con artefactos explosivos dirigida a un templo religioso de la colectividad judía.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la intervención tuvo lugar tras una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que había recibido un correo electrónico en el que un individuo aseguraba haber colocado un artefacto explosivo en la Sinagoga Kehila, ubicada en la calle Paraguay al 1100, y anunciaba la intención de transmitir en vivo el ataque a través de enlaces proporcionados de Facebook y Discord.

El mensaje apuntaba a generar un alto impacto, ya que el remitente advirtió que, en caso de que alguna persona sobreviviera, “lo remataría a tiros”. Así, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Rosario, bajo la titularidad de Federica Tiscornia Noel, solicitó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA para identificar al responsable.

Las tareas de investigación se centraron en el rastreo informático y el análisis de inteligencia mediante la metodología OSINT (Open Source Intelligence), lo que permitió a los agentes identificar a un sospechoso que aseguraba pertenecer a la organización extremista internacional “764”.

Se trata de un grupo, de carácter satánico, neonazi y nihilista, opera principalmente en plataformas como Discord, Roblox, 8chan y Telegram, y se dedica a captar y manipular menores de edad mediante extorsión para inducirlos a actos de violencia, crímenes satánicos y delitos de odio.

La organización “764” ha protagonizado múltiples amenazas contra instituciones educativas en Argentina, según los datos proporcionados por los investigadores.

El rastreo de la señal digital permitió localizar un inmueble en Rosario desde donde se habría enviado el correo intimidatorio. Con el aval de la Unidad Fiscal, la PFA realizó un allanamiento en el domicilio identificado, notificando por la causa a un ciudadano argentino de 24 años de edad.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una notebook, diversos dispositivos electrónicos y dos teléfonos celulares de interés para la investigación. Todos los elementos decomisados quedaron bajo custodia judicial, en el marco de una causa caratulada como “Intimidación pública”.

Qué es “764″

La red 764 es una organización extremista con origen en Estados Unidos, identificada por su actividad en plataformas digitales. El grupo se autodefine como una secta neonazi y satánica, con estructura en línea y métodos de captación y manipulación de adolescentes. Sus integrantes inducen a las víctimas a conductas violentas, autolesiones, abuso sexual y hasta suicidio, y buscan insensibilizarlas frente a la violencia. La red glorifica ataques masivos y promueve ideologías extremas, como el neonazismo y el satanismo.

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han advertido sobre la peligrosidad de 764, que ha protagonizado amenazas recientes a universidades argentinas como la UNTreF y la UCA, enviando correos intimidatorios con referencias explícitas a la organización. No existen pruebas de que la red tenga integrantes activos en Argentina, aunque la metodología de las amenazas resulta similar a la utilizada en casos estadounidenses.

El fundador de 764, Bradley Cadenhead, cumple una condena de 80 años en Texas por delitos vinculados a pornografía infantil. El número “764” refiere al prefijo postal del lugar de residencia de Cadenhead en Stephenville, Texas. El FBI mantiene más de 250 investigaciones abiertas vinculadas a la red, que busca notoriedad impulsando el caos y la desestabilización social.

Un increíble caso de estafa es noticia por estas horas en la ciudad de Rivadavia, provincia de San Juan, donde un colaborador de la morgue del hospital local, identificado como Daniel Gustavo Algarilla (59), está acusado de engañar a decenas de personas con una falsa tecnicatura en evisceración. Luego de que cuatro de las víctimas denunciaran el hecho ante las autoridades judiciales, el fiscal Guillermo Heredia llevó a juicio oral al falso profesor, que llegó al debate en libertad y este martes asistió a la audiencia de apertura.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el engaño de Algarilla salió a la luz en diciembre de 2024, cuando cuatro de sus alumnas se presentaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas y lo denunciaron ante el fiscal Heredia por una presunta estafa.

De acuerdo al testimonio de las damnificadas, Algarilla, empleado por la Administración Central del Gobierno de San Juan, les vendió una tecnicatura en evisceración y morgue, pero luego de pagar la cuota durante varios meses se percataron de que el curso no contaba con el aval ministerial ni la certificación del Ministerio de Educación provincial correspondientes.

Al dar inicio a la investigación, el fiscal y su equipo lograron recolectar evidencia de interés para la causa, determinaron las características del curso y el pago de las cuotas que debían abonar los damnificados para asistir a clases.

Asimismo, los investigadores descubrieron que Algarilla decía ser profesor de la UNCUYO de Mendoza, cuando en realidad ni siquiera registraba estudios relacionados a la carrera que ofrecía.

El modus operandi de Algarilla era sencillo: como trabajaba como colaborador de morgue en el Marcial Quiroga, un hospital escuela de la ciudad de Rivadavia, él aprovechaba cada clase que dictaban los profesores, a quienes les solía proveer los materiales necesarios para sus presentaciones, y extraía conceptos y ejercicios que luego incluía en las prácticas de su curso.

Las víctimas de Algarilla recién se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando comenzó a cambiar de lugar de clases. Fuentes del caso precisaron a este medio que, inicialmente, el curso se daba en un instituto local, durante la hora de la siesta, pero una disputa entre Algarilla y la dueña derivó en una primera mudanza.

Como no contaba con otro espacio físico para recibir al alumnado, Algarilla se las volvió a ingeniar para seguir adelante con su estafa: acudió a su hermano y le pidió prestada su “lomoteca”, como en San Juan se conocen a las casas de comida especializadas en lomitos.

Un mes después, Algarilla volvió a mudar su improvisada aula y alquiló un comercio. Las idas y vueltas en este sentido fueron las que despertaron sospechas en los estudiantes, que pagaban una cuota de hasta 30 mil pesos por mes y además asistían entre una y dos veces por semana a la morgue del hospital local.

Con todas las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, el fiscal Heredia solicitó que Algarilla, imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados en su contra, fuera sometido a un juicio oral, el cual comenzó este martes.

Según pudo saber este medio, en la primera audiencia encabezada por el juez Mariano Carrera se leyeron los alegatos y declararon dos de las denunciantes. En ese contexto, el fiscal Heredia mencionó que Algarilla aprovechaba su estatus de empleado para tener acceso a la morgue y hacer uso indebido de las instalaciones sin los permisos necesarios.

En contrapunto, el abogado Jorge Guillen, defensor de Algarilla, señaló que considera que el juicio es innecesario e injusto, al sostener que el hombre sí es técnico desde el 2018 y que nunca actuó como profesor, sino que era disertante de los dos institutos de donde proceden las denuncias, según consignó el medio local 0264 Noticias.

Algarilla llegó al juicio en libertad, mientras que la Fiscalía pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva.

Tras algunas denuncias anónimas con resultado negativo, este 21 de mayo, la Policía Federal allanó una propiedad de la calle Isabel Pardo, en Castelar, que alquilaba Luna Soyai Ortigoza, directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón.

Esta vez, el resultado fue diferente: en la cocina comedor y en la habitación de la ahora exfuncionaria, los agentes de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste hallaron 509 gramos de cocaína, acondicionada en un símil ladrillo y cuatro piedras compactas, y un total de 26 gramos de marihuana. “Todo bajo su esfera de custodia y a su entera disposición, con fines de comercialización”, remarcaron fuentes del caso a Infobae.

Asimismo, encontraron una balanza de precisión y una cuchara con restos de sustancia, casi 25 mil pesos, dos tarjetas SIM de la empresa Claro sin abrir, un celular Samsung color celeste, un celular azul, otro celular azul, siete tarjetas bancarias y el DNI de Ortigoza, que, al cierre de esta nota, se encontraba prófuga.

También lo está su novio, identificado como Ángel Daniel Paz, de 34 años y empleado de una empresa de seguridad privada que presta servicio en edificios consorcios, galerías, empresas e instituciones.

Es considerado el jefe de un grupo dedicado al narcomenudeo en ese distrito de la zona oeste. Los fiscales de Morón Emiliano Reggiani y Marisa Monti pidieron la captura y la detención de ambos a la jueza de Garantías Laura Pinto.

De acuerdo a la investigación, aunque Paz aparece por encima en jerarquía de Ortigoza, “juntos, vendían y distribuían. Ellos movían en camioneta y hacían delivery en una motito”, indicaron las fuentes.

Los federales también acudieron a su casa en el Pasaje Florit. Incautaron más de un kilo y cinco piedras compactas y una balanza digital, hallados en la habitación de Paz. Secuestraron, además, un revólver calibre 32 cargado con 3 cartuchos.

Por último, realizaron un procedimiento en una vivienda de Eduardo Cogliatti, también en Castelar, donde detuvieron a Norberto Hernán Aliano, señalado como miembro de la banda. Le encontraron 2,4 gramos de clorhidrato de polvo blanco fraccionado en dos dosis, y 43,9 gramos de marihuana. Le secuestraron un celular Samsung color negro y una hoja con anotaciones.

Ahora bien, qué se sabe de Ortigoza. La ex directora de Género es madre de una menor de edad y es catalogada como una deudora “irrecuperable” por el sistema financiero. Debe casi 6 millones de pesos.

Había sido nombrada el 16 de junio de 2025 por el Decreto municipal N° 6769/58, en el cargo de Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, con cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Abordajes de las Violencias por Razones de Géneros y Dispositivos Integrales de Protección, perteneciente a la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El decreto fue firmado por Estefania Franco, secretaria de Unidad Intendente, el Secretario de Legal y Técnica Hernán Sabbatella y el intendente Lucas Ghi.

Fuentes cercanas al entorno político de Morón indicaron a este medio que Ortigoza respondía a Sabbatella, quien fue apartado preventivamente del Municipio en octubre de 2025, con una licencia por tiempo indeterminado, tras una denuncia por violencia de género hecha por su ex esposa, Natalia Bazán. Ortigoza reemplazo a Cinthia Frías, en ese momento titular del área de género, quien acompañó a la víctima.

En abril de ese mismo año, una mujer de 28 años había denunciado al hermano de Martín Sabbatella -quién lo expulsó de su espacio- en San Isidro. De acuerdo a su relato, “la drogó y la abandonó en la calle sin celular ni documentación, en estado de inconsciencia”. Su abogado, el ex fiscal Javier Baños, no descartó el abuso sexual.

A la vez, en octubre, Baños solicitó la revisión de la investigación a la Fiscalía General de San Isidro luego de que se dispusiera el archivo de la causa. Según indicaron fuentes ligadas al expediente, el penalista encontró dificultades para avanzar tanto en la Justicia de ese distrito como en la dependencia de género en Morón que ya estaba bajo la óbita de Ortigoza.

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer y de su pareja malherida, ocurrido el pasado viernes por la tarde en la localidad de Villa Amelia –ubicada a 30 kilómetros de Rosario–, tuvo un brusco giro en las últimas horas. Al principio la principal hipótesis fue un femicidio. Pero ahora, las autoridades detuvieron a un sospechoso como posible autor material del ataque.

Según las pericias, María Esther Ramírez (65), la víctima, tenía un impacto de bala en la espalda y quemaduras que habrían sido provocadas por un tercero. En tanto, su pareja Omar Gamarra (70) tenía tres heridas de arma de fuego en el cráneo además de las lesiones provocadas por el fuego.

Este miércoles fue detenido Tiago R. (27), sindicado como presunto responsable del crimen que tendría un trasfondo narco.

La causa, en la que interviene la fiscal Noelia Navone del Ministerio Público de la Acusación, tuvo diferentes hipótesis. Al comienzo, sobre la base de la primera revisión de la escena hallada en el domicilio de la pareja de Larrea al 200 de Villa Amelia, se pensó que se había tratado de una explosión de una estufa, de acuerdo al testimonio que brindó uno de los hijos, que fue quien ingresó al lugar.

Con el correr de las horas se detectó un disparo en el costado izquierdo dorsal de la mujer, por lo que se buscó determinar si se había tratado de un femicidio seguido de un intento de suicidio. No había arma de fuego en el lugar, pero sí doce vainas servidas calibre 22.

Todo cambió cuando los médicos del Hospital Provincial examinaron a Omar Gamarra, que además de quemaduras tenía tres heridas de bala en el cráneo, por lo que permanece en la unidad de terapia intensiva, en estado crítico.

Luego de una serie de medidas pedidas por la fiscal, la brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género aprehendió a Tiago R. (27) en su casa de Mendoza al 300, también en la pequeña localidad santafesina.

Casualmente, en la propiedad donde fue hallado el sospechoso se secuestró una pistola calibre 22 y 36 cartuchos del mismo calibre, que a su vez coincide con el encontrado en la escena del crimen.

A Tiago R. también le incautaron una escopeta calibre 12, cinco celulares y prendas que podrían ser de interés para la causa.

Según comentaron varios investigadores policiales a Infobae, la pareja atacada estaba vinculada a la venta minorista de droga, a tal punto que su domicilio había sido allanado en 2024 y 2025. De hecho, uno de sus hijos, Rodrigo, cayó el año pasado por una causa por narcomenudeo –y por manejar con un carnet apócrifo a pesar de no tenerlo permitido por un siniestro vial que había protagonizado–.

En tanto, el sospechoso arrestado este miércoles también tendría conexión con el comercio de estupefacientes. Es por eso que se supone que el trasfondo del crimen y tentativa de homicidio podría tener que ver con el microtráfico de droga.

Aterrizó en el aeropuerto de El Palomar en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina el 4 de mayo pasado, tras ser extraditado desde Perú. El plan original era trasladarlo a una celda de la Policía Federal en la calle Madariaga, zona de Villa Lugano, la misma fuerza que se encargó de su traslado desde Lima. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal intercedió en tiempo récord y aseguró un cupo en prisión.

Así, una camioneta gris del SPF rodeada por un convoy de patrulleros lo trasladó a su nueva celda. Desde ese entonces, Valverde Victoriano, uno de los imputados más célebres de la historia reciente, el foco de una cacería policial internacional y el primer nombre de peso en conocerse en la lista de acusados de matar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, pasa sus días en el pabellón A de jóvenes adultos del penal. Y los pasa completamente solo.

A pesar de encontrarse en el área de jóvenes adultos -y de ser acusado de ser, con suerte, un tercera línea en la banda que mató a las tres chicas-, el SPF le impuso un régimen idéntico al que atraviesan capos narco y delincuentes de altísima peligrosidad como “Mameluco” Villalba y “Banana” Espiasse. El régimen al que está sometido es idéntico al que tuvo, por ejemplo, Uriel Cantero, principe heredero de Los Monos, hasta que cumplió los 21 años.

Encerrado en una celda solitaria, Valverde Victoriano sale de ella dos veces por día para realizar ejercicio. No tiene contacto con otros detenidos. Tampoco realiza talleres educativos. “Puede realizar una llamada semanal de 20 minutos y recibir una visita cada 15 días”, afirma una fuente clave en torno a su encierro. Sin embargo, nadie lo va a visitar. Su tío, su único familiar que vivió en Argentina, está prófugo por el triple crimen.

Mientras tanto, Valverde trabaja en su defensa, encabezada por el abogado penalista Lucas Contreras Alderete, con un virtual equipo integrado por su madre y una de sus hermanas, que contactaron al defensor para que represente a Tony Janzen. “El contacto con el abogado es libre”, asegura una fuente oficial. Sin embargo, cerca de “Pequeño J” afirman que el contacto con la defensa suele ser difícil en la dinámica penitenciaria. Un planteo de hábeas corpus al respecto es una de las posibilidades en la mesa.

Poner la cara por “Pequeño J”

Contreras llevó a “Pequeño J” a ampliar su indagatoria. Allí, negó su presunta parte en el triple crimen, aseguró que llegó solo y de forma ilegal al país, que trabajó de revender ropa en La Salada y que se estableció en la Argentina porque le gustaron el locro y el asado.

También planteó su excarcelación ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, que fue denegada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, al invocar “la posibilidad de contaminación de la prueba y de elusión de la Justicia”. Luego, Contreras apeló ante la Cámara Federa de Morón, con una reserva para la instancia superior.

En su pedido de excarcelación, Contreras planteó una figura desconocida en la causa: una garante, alguien que puso la cara por “Pequeño J” para que reciba la prisión domiciliaria. No solo puso la cara, sino también su domicilio.

La figura surgió ante la consulta del abogado, para ver si existía la chance de una fiadora que ayudara en el proceso. “Llamen a Eugenia”, pidió “Pequeño J”. Y Eugenia aceptó. La joven es, básicamente, “una amiga”, aseguran fuentes cerca del presunto narco peruano.

Eugenia, oriunda de Jujuy, tiene 27 años, un domicilio en La Boca, al menos un hijo y cobra planes sociales. Contreras la presentó en su pedido como “una persona con una intachable conducta y moral, quien se compromete a su cuidado y vigilancia y responder por él en caso de incomparencia”. Su nombre, al menos, no figura en condenas y apelaciones de primera o segunda instancia en el fuero porteño federal o de instrucción.

El nombre de Eugenia es algo desconocido en la causa del triple crimen. No fue mencionado en sus diversos raccontos por los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que esclarecieron el caso. Tampoco es la novia que lo refugió en Isidro Casanova.

Para la Justicia federal, con un investigación hoy a cargo del secretario Ignacio Calvi, “Pequeño J” habría estado en la casa donde se cometió el triple crimen en Villa Vaettone.

En su última apelación, el abogado aseguró que no existen riesgos procesales concretos para mantener a “Pequeño J” encerrado. También, que las pruebas en su contra no serían tan fuertes.

“La pretendida ubicación espacio-temporal de mi asistido descansa exclusivamente sobre relatos de terceros cuya credibilidad se encuentra seriamente comprometida. Ello ocurre, por un lado, respecto de manifestaciones provenientes de una coimputada —como la señora Celeste Magalí González Guerrero— quien podría tener un interés directo en mejorar su propia situación procesal; y, por otro, respecto de testimonios cuya identidad no fueron suficientemente individualizados circunstancia que impide un adecuado control de fiabilidad", afirmó.

En su pedido de excarcelación, el abogado también apuntó a la construcción mediática del caso. “Mi defendido fue sindicado como culpable sin sustento alguno, e incluso, con el devenir de los días su imagen trascendió a los medios de comunicación y fue expuesta sin ningún tipo de reparo”, apuntó.

El embarazo, que se siguió bajo los protocolos de un caso de riesgo, tuvo en La Banda un final feliz: el parto se realizó sin complicaciones mayores.

La beba se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios la apodaron la “superbebé santiagueña”, debido a su insólito peso. Ella, con 6,5 kilos, superó con creces los 4 kilos, con los que muchos recién nacidos son considerados macrosómicos. Esa condición puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el parto para la madre y el bebé.

La madre de la recién nacida es Yohana, una joven oriunda de Colonia Dora, una localidad ubicada a 160 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

En un video difundido en TikTok, ella dijo: “Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”. Y, en el mismo video, agregó: “La bebé está perfectamente”. Tras el nacimiento, madre e hija quedaron bajo controles médicos de rutina y evolucionan favorablemente.

El nacimiento de Nazarena sumó interés porque, según relató Yohana, ya había tenido otros hijos con peso por encima del promedio: su primera hija nació con 3,8 kilos y su segundo hijo pesó 4 kilos.

¿Qué es la macrosomía fetal?

El nacimiento de la bebé de 6,5 kilos en Santiago del Estero volvió a poner el foco en la macrosomía fetal, una condición que se define por el peso elevado al nacer.

El caso, difundido en TikTok, coincidió con datos médicos que ubican la macrosomía entre el 8% y 10% de los nacimientos globales. La detección prenatal tiene límites.

El ensayo Big Baby Trial, halló que 60% de los fetos señalados como grandes en una ecografía no lo eran al nacer. El mismo medio indicó que, incluso cuando se realiza la estimación, el peso calculado puede desviarse hasta 10% respecto del real, lo que complica decisiones clínicas.

La macrosomía se define como el nacimiento de un recién nacido con un peso igual o superior a 4.000 gramos, aunque algunos especialistas fijan el umbral en 4.500 gramos. El término “grande para la edad gestacional” se usa cuando el peso supera el percentil 90 para la semana de gestación.

Los riesgos ante este tipo de embarazos

Entre los factores de riesgo, Cleveland Clinic señaló la diabetes previa o gestacional: el exceso de glucosa materna puede pasar al feto, que responde con mayor producción de insulina y hormona del crecimiento, lo que favorece la acumulación de grasa y un mayor tamaño corporal.

La obesidad antes del embarazo eleva entre cuatro y 12 veces la probabilidad de macrosomía. La institución también mencionó como factores asociados el aumento excesivo de peso durante la gestación, los antecedentes familiares de bebés grandes, partos previos con macrosomía, embarazos que superan las 42 semanas y la estatura materna elevada.

La macrosomía aumenta la probabilidad de cesárea y de dificultades durante el nacimiento. Según Cureus, la madre puede elevar el riesgo de hemorragia posparto, desgarros vaginales, ruptura uterina y partos prolongados en la fase de expulsión.

Para el bebé, uno de los principales riesgos es la distocia de hombros: quedan atrapados en la pelvis materna. El cuadro puede requerir maniobras obstétricas y, en casos poco frecuentes, derivar en lesiones o en la necesidad de reanimación neonatal.

Otras complicaciones neonatales posibles son dificultades respiratorias, la hipoglucemia, la ictericia y un recuento elevado de glóbulos rojos. Pero la mayoría de los partos de bebés grandes transcurre sin complicaciones graves.

La controversia clínica aparece cuando el diagnóstico se basa en estimaciones prenatales. El Big Baby Trial citado indicó que una proporción alta de fetos señalados como grandes por ecografía termina naciendo con un peso dentro de rangos esperables.

El mismo medio advirtió que el margen de error de la ecografía puede condicionar la planificación del parto, en especial cuando se evalúa la necesidad de intervenciones como inducción o cesárea.

Qué medidas se recomiendan para reducir el riesgo

El manejo preventivo se centra en factores modificables. Uno de ellos es mantener un peso saludable antes y durante el embarazo, sostener una dieta equilibrada, realizar actividad física adecuada y asistir a controles prenatales regulares, incluidas las pruebas de tolerancia a la glucosa para detectar diabetes gestacional.

Cuando se diagnostica diabetes durante el embarazo, el control estricto de la glucemia reduce el riesgo de tener un bebé grande. También se destacó la importancia del acompañamiento profesional para sostener hábitos de salud durante la gestación.

Se confirmó el peor desenlace. Durante la madrugada de este miércoles, se comprobó que los restos hallados este martes en un descampado de la ciudad de Bariloche corresponden a Ana Lía Corte, la mujer de 54 años que era buscada intensamente desde el pasado 8 de mayo, cuando se la vio por última vez a bordo de un colectivo. “Volá alto prima, donde estés ya no hay padecimientos”, escribió en redes sociales Cecilia, una de sus primas, al identificar el cadáver.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que familiares de Ana Lía asistieron a la morgue judicial del hospital zonal y lograron individualizar el cuerpo, a pesar de que todavía restan las pericias correspondientes para que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro oficialice su identidad.

En este sentido, entre las medidas ordenadas por la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal Sofía Ocampo resta la realización de una pericia papiloscópica sobre los restos hallados en un barranco del barrio Arrayanes, ubicada cerca de la intersección de la calle Arrayanes con Onelli y La Barda.

El objetivo de dicha pericia, según explicaron fuentes del caso a este medio, es obtener impresiones dactilares que permitan avanzar en la identificación de la persona fallecida. La tarea consiste en relevar y analizar las huellas digitales preservadas para su posterior comparación con registros existentes en bases de datos oficiales, a fin de lograr una identificación formal.

Asimismo, se llevará a cabo la autopsia correspondiente para relevar información vinculada a la causa de muerte y determinar signos de un ataque criminal.

En tanto, la zona donde se trabajó durante la noche permanece cercada y preservada en función de la investigación.

“Asi te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”, publicó anoche en su cuenta de Facebook Cecilia, una de las primas de Ana Lía, junto a una foto en la que la mujer fallecida aparece en el centro de la misma, sonriente, rodeada por su familia y vestida con una musculosa rosa.

Y con evidente angustia, completó: “Vola alto prima, donde estas ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”.

El caso

Ana Lía Corte había dejado su domicilio el viernes 8 de mayo. Su familia realizó la denuncia por su desaparición ese mismo día a las 14. De acuerdo con fuentes del caso una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad. Esa imagen constituía, hasta el momento del hallazgo, el único indicio concreto sobre su recorrido.

En el marco de la investigación para dar con su paradero, las fiscales Cendón y Ocampo lograron establecer que la mujer había abordado el colectivo en la avenida Pioneros y luego descendió en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Vestía una campera, llevaba una mochila y su medicación, pero salió de su casa sin teléfono ni documentación.

“La fiscal autorizó la búsqueda con perros el día que desapareció Ana Lía, pero recién a las 18. Ya habían pasado seis horas. Las primeras horas son cruciales y el sistema es muy lento”, lamentó Gabriel Bondel, amigo de la familia, en diálogo con Diario Río Negro. Las cámaras del Sistema de Monitoreo municipal también se revisaron tarde, según indicó.

“El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren”, agregó el amigo de la familia. La mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio y ya había desaparecido en otra ocasión. En 2021, protagonizó un episodio similar al dirigirse hacia la costa del lago, aunque regresó al poco tiempo. En esta oportunidad, no hubo novedades durante un período más extenso. “La falta de noticias hace todo muy difícil”, expresó Bondel.

Milton Marques, esposo de Corte y ciudadano brasileño, se sumó a los rastrillajes desde el inicio de la búsqueda. Al principio, había dejado a su hijo de 12 años bajo el resguardo de unos amigos, pero con el correr de los días, optó por alejarse del operativo con el objetivo de acompañar y cuidar al niño. “Creo que solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”, escribió Marques en una carta pública.

El hallazgo de restos humanos en un terreno mantenía este martes un intenso operativo policial y judicial en la zona del barrio Alto de Bariloche. Las autoridades, con la intervención de peritos forenses y la fiscalía local, investigan si corresponden a Ana Lía Corte, la mujer que se fue de su casa el 8 de mayo pasado y al momento no se sabe nada de ella.

Según indicó el portal Río Negro, la confirmación oficial depende de los resultados de la autopsia y los estudios genéticos que se realizarán en las próximas horas, por lo que la posibilidad de que sea la mujer de 52 años desaparecida aún permanece en vilo.

Las tareas comenzaron cuando una persona del barrio Arrayanes notificó a la policía sobre la presencia de restos en su propiedad, ubicada cerca de la intersección de la calle Arrayanes con Onelli y La Barda, sostuvo el mencionado medio local.

Los efectivos de la Policía de Río Negro, arribaron a la zona junto con el gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Una vez allí, procedieron con el resguardo del área y los primeros movimientos técnicos. También la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal Sofía Ocampo se trasladaron al sitio para coordinar las diligencias junto a peritos forenses, bomberos y personal policial.

De acuerdo a lo informado por LM Neuquén, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado explicando la situación y aclaró que “se deberá esperar el resultado de la autopsia y los análisis genéticos para confirmar la identidad” los cuales se llevarán a cabo este miércoles. Los restos serán trasladados a la morgue del hospital zonal para su análisis por parte del Cuerpo Médico Forense. Además, se indicó que las muestras extraídas serán sometidas a estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del organismo judicial.

El rastrillaje se extendió con la colaboración de bomberos voluntarios, quienes aportaron iluminación para continuar con las tareas en la zona del barranco donde finaliza la calle Arrayanes. De acuerdo con el parte oficial, “la Fiscalía en turno dispuso el inmediato resguardo del lugar y la continuidad del rastrillaje durante la noche, con intervención de equipos de Criminalística y la Brigada de Investigaciones”, según reportó LM Neuquén.

Tras 19 días de búsqueda y una única pista previa antes del hallazgo, la familia de la mujer desaparecida sigue expectante y más en estos momentos en los que se produjo el hallazgo de restos humanos. Todo depende ahora de los informes del Cuerpo Médico Forense y los análisis de ADN en el laboratorio judicial, lo que provoca incertidumbre.

Ana Lía Corte dejó su domicilio el viernes 8 de mayo. Su familia realizó la denuncia por su desaparición ese mismo día a las 14. De acuerdo con fuentes del caso una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad. Esa imagen constituye hasta el momento el único indicio concreto sobre su recorrido. Se estableció que abordó el colectivo en la avenida Pioneros y bajó en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Vestía una campera, llevaba una mochila y su medicación, pero salió de su casa sin teléfono ni documentación. “La fiscal autorizó la búsqueda con perros el día que desapareció Ana Lía, pero recién a las 18. Ya habían pasado seis horas. Las primeras horas son cruciales y el sistema es muy lento”, señaló Gabriel Bondel, amigo de la familia, en diálogo con Diario Río Negro. Las cámaras del Sistema de Monitoreo de la Municipalidad también se revisaron tarde, según indicó.

“El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren”, agregó el amigo de la familia. La mujer se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio y ya había desaparecido en otra ocasión. En 2021, protagonizó un episodio similar al dirigirse hacia la costa del lago, aunque regresó al poco tiempo. En esta oportunidad, no hubo novedades durante un período más extenso. “La falta de noticias hace todo muy difícil”, expresó Bondel.

Milton Marques, esposo de Corte y ciudadano brasileño, se sumó a los rastrillajes desde el inicio de la búsqueda. Al principio, había dejado a su hijo de 12 años bajo el resguardo de unos amigos, pero con el correr de los días, optó por alejarse del operativo con el objetivo de acompañar y cuidar al niño. “Creo que solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”, escribió Marques en una carta pública.

Cuando Sebastián encendió el motor de su Honda África Twin, “Pantera”, el 5 de marzo de 2021, el mundo entero estaba paralizado por la pandemia; pero él decidió desafiar la quietud colectiva con un sueño monumental: recorrer el continente americano de punta a punta.

Cinco años y dos meses después, esa quimera se convirtió en una hazaña completada tras unir la ciudad más austral del planeta, con las indómitas auroras boreales de norteamérica. La odisea concluyó con un regreso triunfal el pasado 1° de mayo, cuando una multitud de fanáticos, amigos y familiares lo recibieron como a un héroe en el Obelisco de Buenos Aires.

Sin embargo, detrás de las fotos del éxito y los abrazos en el asfalto porteño, se esconde el capítulo más oscuro y desgarrador de su bitácora: el momento exacto en que la línea entre la aventura y la muerte se volvió peligrosamente delgada en el infierno blanco del Yukón, el más pequeño y occidental de los tres territorios federales de Canadá, famoso por su naturaleza salvaje y sus picos montañosos imponentes.

Si bien el viaje de ida hacia el norte estuvo marcado por el descubrimiento y la hospitalidad; el regreso desde Alaska, iniciado en las postrimerías del verano septentrional, lo enfrentó a la experiencia más extrema y peligrosa de su vida. Al ingresar al territorio del Yukón, en el noroeste de Canadá, el invierno ártico se adelantó con una ferocidad inusitada. No se trataba de la idílica nieve que decora los paisajes cuando el termómetro roza los cero grados centígrados; el escenario era el del hielo negro y cristalizado, con temperaturas que se desplomaron hasta los -40 °C.

“A esa temperatura, las reglas de la física y de la resistencia humana cambian por completo. No sentís el frío; simplemente dejás de sentir”, admitió Sebastián en diálogo con Infobae.

La hostilidad del entorno se manifestó primero en la mecánica. “La moto durmió a la intemperie, con -17 °C. y amaneció completamente congelada”, contó. Así fue como el motociclista tuvo que pasar un día entero combatiendo los fluidos solidificados del motor para lograr que “Pantera” reaccionara. Pero lo peor estaba por venir en la última etapa de 260 kilómetros hacia el sur.

“En esa latitud, durante el invierno, la actividad humana se reduce a cero. Las estaciones de servicio, los paradores de camiones y los alojamientos de la mítica Alaskan Highway cierran sus puertas de forma definitiva. No había un solo lugar donde buscar refugio, ni un alma transitando una ruta que parecía la superficie de otro planeta”, describió Sebastián.

Para avanzar sobre el asfalto congelado con una motocicleta que, con el equipaje y el combustible, superaba los 330 kilogramos de peso, Sebastián tuvo que instalar clavos en los neumáticos. Viajar a 70 kilómetros por hora bajo esas condiciones requería una concentración milimétrica; cualquier pérdida de adherencia en el hielo plano se habría traducido en una caída fatal en medio de la nada.

Fue durante esa jornada cuando su cuerpo empezó a apagarse por un principio de hipotermia. A pesar de contar con indumentaria técnica de alta densidad, el frío extremo comenzó a colonizar sus extremidades. “No sentía los dedos, habían perdido toda sensibilidad. La boca se me durmió al punto de impedirme hilar palabras de forma coherente y la respiración prolongada del aire congelado terminó por causar quemaduras internas en las vías respiratorias y los pulmones”, contó sobre el principio de hipotermia que padeció.

Las secuelas físicas de aquella jornada fueron severas. Cada vez que Sebastián detenía la marcha para volar el dron y documentar esa inmensidad blanca, la exposición de sus manos desnudas al viento helado provocaba quemaduras por congelación. “Mi mano izquierda quedó cubierta de costras y escaras como si hubiera estado expuesta al fuego directo”, describió.

Sin embargo, el impacto más grave sufrió en los ojos. “La combinación del frío extremo, el viento filtrado por el casco y el reflejo de la luz solar sobre la nieve terminaron quemando y deformando mis córneas”, remarcó. Ese preocupante cuadro de salud lo llevó a tomar una drástica decisión.

“Si sigo manejando en estas condiciones, me muero”, se auto convenció. Me costó tomar la decisión pero tenía que tomarla porque si no me moría de verdad", agregó. Así fue como en Watson Lake, un remoto pueblo canadiense, contrató un servicio de transporte logístico para enviar la moto mil kilómetros hacia el sur, mientras él tomaba un vuelo de cabotaje hacia la ciudad de Edmonton. “Gracias a esa retirada a tiempo, hoy puedo decir que fue la experiencia más increíble y extrema de mi vida”, reconoció.

Aunque en Edmonton, el termómetro tampoco cedía y marcaba -15 °C, pero la distancia entre un refugio o un café era de apenas 50 kilómetros. “Eso transformaba el peligro de la nieve, el frío y la ruta congelada en un entorno controlable”, admitió Sebastián, quien al regresar a la Argentina tuvo que someterse a una cirugía correctiva de la vista.

Un “error de cálculo” que se podría haber evitado

Con el “diario del lunes”, Sebastián Villanueva reconoce hoy que hubo un “error de cálculo” que se podría haber evitado. “Subestimé la brutalidad del invierno canadiense”, admitió. “Quería vivir el invierno de Canadá, quería sentirlo, ver cómo era. Pero fue una mala idea hacerlo en moto”, confesó.

La decisión de emprender el regreso desde Alaska justo cuando comenzaban las primeras nevadas no fue casual. Sebastián sabía perfectamente que se acercaba una de las épocas más hostiles del año en el norte del continente. Aun así, eligió seguir adelante. Había algo de búsqueda personal y también de fascinación por experimentar uno de los climas más extremos del planeta.

Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más dura de lo que imaginaba. “No era nieve. Ese fue el problema. Era hielo puro”, explicó sobre las rutas del Yukón canadiense.

En su cabeza, el desafío estaba asociado a manejar entre paisajes nevados, temperaturas bajas y tormentas ocasionales. Pero lo que encontró fue otra dimensión del invierno: carreteras completamente congeladas, pueblos cerrados, ausencia total de refugios y temperaturas que descendían a niveles capaces de destruir un motor… o un cuerpo humano.

El error, según reconoce ahora, fue pensar que podía administrar esas condiciones extremas solamente con experiencia y equipamiento. De hecho, antes de someter su cuerpo a las rutas congeladas, Sebastián se vio forzado a hacer una pausa estratégica en el territorio, que duró más de 20 días, para intentar mitigar la desprotección térmica.

“En ese tiempo viví un poco con lo que eran culturas nativas de allá y con actividades típicas como, por ejemplo, pasear en trineo con perros o hacer pescar en una laguna congelada”, contó. “Para pescar las truchas teníamos que hacer un agujero en el hielo y después las cocinábamos al fuego”, recordó. “Fueron experiencias inusuales para mí, que le dieron un valor agregado a todo mi paso por el invierno canadiense”, admitió.

La travesía estadounidense y el contraste de la ruta

Una vez superado el bloqueo del Yukón, el invierno cambió de fisionomía. Sebastián atravesó los Estados Unidos de norte a sur en medio de temporales históricos de nieve. Fueron más de cinco mil kilómetros de conducción invernal, cruzando ciudades emblemáticas bajo condiciones rigurosa. “Chicago me recibió a -17 °C y Nueva York, en diciembre de 2025, me despidió con una marca de -12 °C, apenas una semana antes de que una gran ola de frío polar paralizara por completo la costa este norteamericana”, recordó.

La logística diaria exigía una obsesión: encontrar estacionamientos cerrados o talleres donde resguardar a “Pantera” por las noches para evitar que el motor volviera a bloquearse por el congelamiento de sus componentes esenciales.

El quiebre psicológico y térmico de la travesía ocurrió en Florence, un pequeño pueblo en la ruta I-95 hacia el sur. Tras semanas de encierro bajo capas de cordura, guantes térmicos y pasamontañas, Sebastián se despertó una mañana con un sol diáfano y una temperatura de 5 °C. “Para los lugareños era una jornada invernal cruda; pero para mí, que venía de sobrevivir a los -40 °C del Ártico, aquel clima era la gloria misma”, reconoció.

La imagen resultó casi surrealista: Sebastián salió a caminar por el estacionamiento del hotel de ruta en pantalones cortos, remera y ojotas, disfrutando del calor residual del sol ante la mirada atónita de los residentes locales que lo observaban como a un auténtico demente.

El regreso por la calidez de América Latina y los peligros del Amazonas

Para agilizar el retorno y evitar repetir las rutas de Centroamérica y México que ya había explorado a la ida, Sebastián despachó la moto por vía aérea desde Florida hasta Bogotá, Colombia. La última etapa del viaje de regreso combinó la inestabilidad política de las fronteras con la inmensidad hostil de la geografía sudamericana.

“Ingresé a Venezuela en un contexto sumamente complejo, apenas dos semanas después de la caída de Nicolás Maduro”, dijo en alusión a que el acceso al país estaba vedado para la prensa internacional pero no para los viajeros como él.

Ese “status” le permitió sortear los controles migratorios, no sin antes someterse a un riguroso proceso de seguridad: “Me hicieron tres entrevistas exhaustivas, me revisaron todas la conversaciones de WhatsApp y accedieron a mi galería de fotos”. Además, le hicieron hacer un registro audiovisual donde debió posar con el pasaporte en la mano frente a una pared explicando sus motivos para ingresar al país. Tras un mes y medio recorriendo el territorio venezolano, cruzó hacia el norte de Brasil por la mítica región de la Gran Sabana.

El ingreso a la cuenca del Amazonas expuso a su moto “Pantera” a un entorno completamente opuesto al hielo canadiense, pero igualmente peligroso. Tras navegar un día y medio por vía fluvial desde Manaos hasta Santarém, Sebastián se incorporó a las rutas del Mato Grosso, interminables rectas de asfalto que cruzan el corazón agrícola de Brasil.

“Allí, el peligro no fue climatológico, sino humano: la ruta estaba monopolizada por miles de camiones bitrén que transportan soja y grano hacia los puertos. Mi moto se volvió invisible e insignificante. Los transportistas, unos verdaderos “asesinos al volante”, te obligaban a tirarte a las banquinas de tierra para no ser atropellado”, contó.

El mapa humano de la travesía

Al balancear los cinco años de ruta, Sebastián Villanueva comprende que el verdadero valor de su hazaña no radica en los odómetros de su moto, sino en la transformación cultural que operó en su interior. El viaje modificó su percepción de la distancia y el tiempo. El “chip” de turista occidental se destruyó cuando asimiló que no había un itinerario rígido que cumplir; la ruta se convirtió en su dirección postal diaria y las estancias de diez días en hogares de desconocidos dejaron de ser retrasos para volverse la esencia misma de su cotidianidad.

Aunque el gringo del norte estadounidense se mostró correcto pero distante, fue en el entramado humano de Sudamérica donde Sebastián encontró el verdadero refugio emocional tras la crudeza del invierno ártico. Desde Ecuador hasta el Caribe colombiano, y muy especialmente en Venezuela, la calidez de las familias latinoamericanas operó como un bálsamo.

“Encontré sociedades golpeadas, fracturadas por la migración, pero con una capacidad de resiliencia y una hospitalidad que me hicieron sentir en mi propia casa en cada pueblo del camino”, reconoció.

Cinco años después de su partida, Sebastián Villanueva regresó a Buenos Aires el 1° de mayo. En los ojos lleva las cicatrices del Yukón y en la piel las marcas del sol del Amazonas, pero sobre todo, trae consigo la certeza de que “Pantera” no solo lo llevó hasta el final del mundo habitado, sino que lo trajo de vuelta para reencontrarse con su familia, amigos y una comunidad de casi 850 mil personas que siguieron su viaje por YouTube e Instagram.

Un nuevo fenómeno meteorológico sorprendió a gran parte del país desde este lunes con una intensa niebla que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires como a gran parte del centro y la región del litoral. Las impactantes imágenes de las nubes que cubrían países completos rápidamente se hicieron virales y trajeron una advertencia violeta por parte de los organismos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia específica que se extenderá durante las jornadas del miércoles y jueves. Las provincias con riesgo de reducción de visibilidad son la mayor parte de Buenos Aires, incluido CABA —con especial incidencia en el norte y el este bonaerense—, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

En los peores momentos, la visibilidad puede caer por debajo de los 100 metros, lo que en meteorología se denomina “cielo invisible”: la condición que un observador registra cuando no logra distinguir objetos a esa distancia. Bajo ese umbral, según advirtió Meteored, es probable que colapsen los accesos urbanos, rutas y los principales aeropuertos de la zona núcleo y el NEA.

El factor que explica la persistencia del fenómeno es el viento. En las provincias afectadas, las corrientes de aire serán demasiado débiles para mezclar el aire húmedo con el aire relativamente más seco y disipar las nieblas en las primeras horas de la mañana. El SMN informó que las condiciones de visibilidad se verán afectadas durante el miércoles por la mañana y bajará la intensidad el jueves, aunque seguirá afectando la neblina. La advertencia del ente nacional podría extenderse con el avance de las horas.

En cuanto a la temperatura, el organismo nacional no espera grandes variaciones. Durante el miércoles, la mínima será de 9°C, mientras que la máxima ascenderá hasta los 16°C. Esta jornada, con neblina, será la más fresca de lo que resta de la semana. Luego, el termómetro seguirá una tendencia bastante par, con mínimas que rondarán los 11°C y máximas de 17°C. La situación, incluso, podría mantenerse durante el fin de semana.

Cómo afectará la neblina en el resto del país

El Litoral y el Noreste Argentino (NEA) concentran además el único foco de precipitaciones previsto para esta semana. Las provincias de Chaco, Formosa y Misiones recibirán abundante nubosidad y podrían registrar lluvias de carácter leve a moderado, producto de un flujo de humedad en niveles bajos.

La combinación de humedad estancada y escaso gradiente de presión convierte a estas provincias en focos de nula visibilidad durante la madrugada del miércoles.

Para el resto del país, el panorama es de ausencia de precipitaciones hasta, al menos, los primeros días de junio. El bloqueo atmosférico impide el ingreso de sistemas frontales, y recién a partir de la próxima semana los modelos anticipan un avance frontal que podría quebrar este escenario estable y traer lluvias sobre la región central.

En la Patagonia, el único sector que escapa a la calma generalizada es el sudoeste de Santa Cruz. El SMN mantiene una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad para esa zona, con acumulaciones proyectadas de hasta 20 centímetros durante este martes, con posibilidad de superar ese valor en forma puntual en zonas cordilleranas. En los niveles más bajos, la precipitación se dará en forma de lluvia.

El resto de la Patagonia permanecerá bajo la influencia de altas presiones, con nubosidad variable y probabilidad de formación de nieblas en valles y zonas costeras, de acuerdo con la información de Meteored.

Cuyo, por su parte, transita una recuperación térmica tras la fuerte anomalía negativa registrada días atrás, cuando las heladas dominaban la escena. Las simulaciones numéricas proyectan tardes más benévolas en la primera mitad de la semana, en línea con la tendencia al calentamiento paulatino que se dará en el centro del país.

El Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20.000.000 la recompensa para quien aporte datos útiles sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años, desaparecida en la ciudad de San Luis desde el 14 de junio de 2021. Según el Boletín Oficial, esta actualización responde al tiempo transcurrido desde la oferta inicial y a un pedido formulado en abril de 2026 por el equipo fiscal que interviene en la causa.

La medida fue firmada el 26 de mayo por la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva y entró en vigor el 27 de mayo, de acuerdo con el Boletín Oficial. El nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5.000.000, que había sido fijada por la Resolución 434/2021, según el mismo texto oficial.

La resolución precisa que Guadalupe Belén Lucero Cialone fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:20 en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. La recompensa está dirigida a quienes brinden información que permita dar con su paradero. Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos

El texto agrega que la solicitud incluyó la sustitución de la fotografía utilizada en los afiches por una imagen de la menor proyectada a su edad actual. Esa actualización se suma a una modificación previa dispuesta en 2023, cuando se reemplazó la imagen incorporada en el afiche de difusión para reflejar de manera más precisa las características físicas de la niña al momento de su desaparición.

La resolución también recuerda que la causa por la alerta Sofía tramita ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la provincia de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis. El fundamento legal de la decisión se apoya en la Ley 26.538 y en la Resolución 828/2019. Esa normativa establece que los montos de las recompensas pueden modificarse por la complejidad y gravedad del delito y que deben actualizarse en consideración al tiempo transcurrido desde el ofrecimiento original.

El pago será realizado por el ministerio o en el lugar que designe una representante de esa cartera, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada. Además, el procedimiento preserva la identidad de la persona que suministre los datos.

Imputaron al abuelo de Guadalupe por abuso sexual

A principios de Mayo, la abogada Soledad Poma de Otaegui solicitó a la Justicia Federal que incorpore al expediente por la desaparición de Guadalupe Lucero la reciente imputación contra su abuelo paterno, Roque Lucero, por el presunto abuso sexual. Esto reordena las sospechas en una causa abierta desde 2021 en San Luis y que en junio cumplirá cinco años sin indicios sobre el destino de la menor.

La letrada sostuvo que también existen dos denuncias por abuso sexual gravemente ultrajante contra Lucero. En una de ellas ya hubo formulación de cargos en la justicia provincial, mientras que en la otra aún se espera una Cámara Gesell y, si esa declaración resulta positiva, se impulsará una nueva imputación.

Roque Lucero no está detenido, pero tiene medidas de coerción que le impiden acercarse a las víctimas, según explicó Poma de Otaegui. La abogada agregó que, a partir de la denuncia, se dictó una orden de restricción y el imputado debió mudarse de domicilio.

Fuentes judiciales confirmaron que la pesquisa se encuentra en etapa preliminar. “Ahora en junio van a ser cinco años que Guadalupe desapareció. En San Luis no nos olvidamos de que Guadalupe desapareció y que no tuvimos ningún tipo de indicio ni nada de qué pasó con ella”, recalcó la abogada.

La fiscalía federal de Mendoza pidió elevar a juicio oral la causa que tiene imputadas a 34 personas por integrar una banda dedicada al contrabando de armas hacia Chile, con conexiones también en Brasil.

El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza (UFM), tras considerar que la investigación -que se extendió por más de dos años y que derivó en el secuestro de 36 armas, 32 cargadores y más de 2.000 municiones de distintos calibres- había reunido el material suficiente para avanzar en este proceso.

La acusación estableció que la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, y estaba integrada por ciudadanos argentinos y chilenos. Según la investigación, existían dos jefes radicados en Chile que definían el origen del armamento y los itinerarios. En tanto, otro grupo de colaboradores se ocupaba de coordinar la logística en territorio argentino que implicaba el transporte y el cruce clandestino de las armas hacia el país vecino.

Traslados en camiones

El Ministerio Público Fiscal explicó que el circuito comenzaba con viajes a Brasil para adquirir el material; luego era ingresado de forma irregular al país —en la provincia de Buenos Aires— y trasladado hacia Mendoza para su posterior cruce por el Paso Internacional Cristo Redentor, oculto en las cabinas de camiones de carga internacional.

Entre los episodios, detallaron uno ocurrido en abril de 2022 cuando efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de La Paz, a uno de los acusados que viajaba en un colectivo de larga distancia con once armas y 18 cargadores ocultos en su equipaje. El análisis de su teléfono celular permitió identificar comunicaciones con otros integrantes de la banda y rastrear un viaje previo a la frontera con Brasil para la compra del armamento.

Dos semanas más tarde, un camionero fue detenido en Uspallata cuando transportaba hacia el país trasandino once armas, siete cargadores y más de 2.000 municiones escondidos en la cabina de su vehículo, que llevaba una carga de azúcar como fachada. El tercer caso se registró a fines del año siguiente cuando dos ciudadanos chilenos fueron interceptados en la ruta nacional 38, en Tucumán, con ocho pistolas y cinco cargadores ocultos entre su ropa y equipaje en un colectivo de pasajeros.

A su vez, detectaron que en distintos domicilios del departamento mendocino de Maipú se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, balanzas y registros de ventas. Para el MPF, parte de los integrantes de la organización utilizaba la misma infraestructura logística del tráfico de armas para comercializar drogas. Por esa razón, algunos de los acusados enfrentan también cargos por infracción a la ley de estupefacientes, además de los delitos de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y tenencia ilegítima de armas.

La evidencia reunida incluyó escuchas telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, informes financieros y tareas de seguimiento, además de cooperación internacional con Chile. El fiscal Alcaraz sostuvo que ese material permitió “develar la estructura y organigrama del grupo criminal” e identificar el nivel de participación de cada imputado. La organización se manejaba con transferencias de dinero entre ambos países para financiar viajes, compras de armas y traslados.

El operativo de mayor envergadura se realizó el 23 de mayo de 2024, con allanamientos simultáneos en más de 30 domicilios de Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile, coordinados junto al fiscal chileno Ricardo Reinoso Varas, de la Fiscalía Regional de Valparaíso. En los procedimientos intervinieron la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, y se secuestraron armas, teléfonos, documentación y otros elementos de interés para la causa.

La causa absorbió también investigaciones paralelas de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de la fiscal Alejandra Mángano, y de la fiscalía federal de Tucumán, a cargo del fiscal Agustín Chit. Los 34 acusados se encuentran actualmente con prisión preventiva en distintas modalidades mientras aguardan la definición de la fecha de inicio del debate oral.

Comenzó ayer martes el juicio por el femicidio de Corina Mabel Mena y las lesiones sufridas por una amiga de la víctima, en un hecho ocurrido en junio de 2025 en Junín de los Andes.

El caso es seguido de cerca por la comunidad debido a la gravedad de los hechos y al contexto de violencia de género que la fiscalía atribuye al imputado. El debate judicial se desarrolla ante un jurado popular compuesto por doce personas titulares y presidido por el juez técnico Juan Pablo Balderrama.

La expectativa de pena para el acusado es la de cadena perpetua, por lo que la instancia del jurado popular resulta obligatoria según la legislación vigente. El proceso está previsto hasta el viernes 30 de mayo, aunque podría extenderse si los alegatos finales y la deliberación así lo requieren. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora.

El hecho investigado ocurrió el 7 de junio de 2025, cerca de las 6:40, en una vivienda del barrio Los Pobladores en Junín de los Andes. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a la amiga de Corina, identificada como M.D.G.T., provocándole una herida abdominal que requirió aproximadamente 25 días de recuperación.

Segúnlo informado por el portal LM Neuquén, cuando Mena intervino para recriminar la agresión, recibió una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte por una lesión cardíaca perforante y hemotórax.

Según expuso Ávila en su alegato de apertura ante el jurado, la fiscalía sostiene que se trató de un crimen motivado por celos y conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima, en el marco de una relación marcada por episodios de violencia psicológica. La acusación descarta la hipótesis de un hecho aislado y apunta a la existencia de antecedentes de maltrato y control en la pareja.

De acuerdo con la fiscalía, el crimen de Corina Mabel Mena no fue un episodio casual, sino la culminación de una relación atravesada por violencia de género. El fiscal jefe señaló que el acusado ejercía “conductas de control” y que la víctima había sufrido situaciones previas de violencia psicológica. Tras cometer el ataque, el imputado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, según la acusación.

El Ministerio Público Fiscal interpreta estas acciones como señales de que el acusado “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”, por lo que buscará demostrar la existencia de premeditación y la intencionalidad en el hecho. La fiscalía presentará pruebas testimoniales de familiares, amistades y profesionales que intervinieron en el caso, junto a peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos, además de registros fílmicos relevados durante la investigación.

Uno de los testimonios clave será el de M.D.G.T., quien sobrevivió al ataque y podrá aportar detalles sobre la dinámica de los hechos y la relación entre el acusado y la víctima. Según la acusación, la agresión fue consecuencia de una discusión por celos dentro de la vivienda.

La defensa del imputado solicitó que el jurado estuviera integrado, al menos en parte, por miembros de la comunidad mapuche, dado que el acusado pertenece a ese pueblo originario. El pedido fue rechazado por el juez Balderrama, quien coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal. El magistrado explicó que la ley no exige que los jurados sean miembros de comunidades originarias, sino que cuenten con conocimiento sobre su cultura, costumbres y formas de vida.

Durante la audiencia, el juez citó el artículo 109 del Código Procesal, que remite a convenios internacionales sobre el juzgamiento de integrantes de pueblos originarios. Balderrama aclaró que la normativa establece la necesidad de conocer las pautas culturales, pero no implica necesariamente que los jurados deban formar parte de esas comunidades. Tras entrevistar a los convocados, el juez consideró que el tribunal reunía condiciones de pluralidad y diversidad cultural suficientes, sin requerir la fijación de un cupo obligatorio.

El juicio continuará durante la semana, con la exposición de pruebas y los testimonios previstos, y podría extenderse si el calendario de audiencias lo requiere. La expectativa de la fiscalía es que el proceso permita demostrar la existencia de violencia de género previa y la responsabilidad penal del acusado en los delitos imputados.

El desarrollo del juicio será seguido por la comunidad y por organizaciones que reclaman justicia en casos de femicidio, atentos a la aplicación de la perspectiva de género y el respeto por los derechos de las víctimas y sus familiares.

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó la muerte de un hombre de 64 años por gripe A (H3N2) en Rosario y alertó sobre un incremento relevante de casos de psitacosis en la provincia. El dato se dio a conocer tras la publicación del Boletín Epidemiológico Provincial de la semana 19 de 2026, que abarcó del 9 al 16 de mayo.

De acuerdo con los datos oficiales, la muerte estuvo asociada a un caso de influenza A. Tras confirmarse que el paciente residía en Rosario, destacaron que se trataba de una persona con comorbilidades y sin la vacunación antigripal actualizada.

En línea con esto, las autoridades sanitarias señalaron que los cuadros respiratorios graves aumentaron de forma significativa respecto al año anterior. Hasta el momento se notificaron 12.180 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas, junto con otros 269 casos confirmados de virus respiratorios.

Dentro de ese universo, la influenza A fue el virus predominante en las últimas semanas. El boletín reportó que el 76% de las detecciones positivas en pacientes internados correspondieron a este tipo de gripe, según la información publicada por Rosario 3.

El informe indicó que los casos graves de infecciones respiratorias aumentaron un 63% respecto al mismo período de 2025. Asimismo, se informó que el crecimiento de estos cuadros se concentra en internaciones y afecta a múltiples grupos etarios de la provincia.

La suba de casos de gripe A y otras infecciones respiratorias en Santa Fe generó preocupación en el sistema sanitario provincial, debido a que se notificaron más de 12 mil internaciones por infecciones respiratorias agudas graves en lo que va de 2026.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron reforzar la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo, además de mantener medidas preventivas para evitar contagios.

Síntomas, contagio y prevención de la gripe H3N2

La variante H3N2 de influenza se caracteriza por provocar cuadros clínicos más intensos que otras formas de gripe y aumentar el riesgo de complicaciones como neumonía, infecciones bacterianas secundarias o descompensación de patologías crónicas, según especialistas.

La transmisión se produce principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar, así como por contacto con superficies contaminadas seguido del contacto con mucosas. Por esto, el rápido contagio del virus en comunidades cerradas, escuelas o centros de atención sanitaria se atribuye a esta vía de transmisión.

La infección por influenza H3N2 suele comenzar de forma brusca, con fiebre alta que puede superar los 38 grados, acompañada de escalofríos, dolores musculares intensos, cefalea persistente y un cansancio marcado que puede extenderse más allá de la fase aguda. Se diferencia de un resfriado común por su impacto sistémico más profundo.

El cuadro respiratorio se completa con tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En niños y adultos mayores pueden aparecer síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea. Frente a estos síntomas, los especialistas insisten en la importancia de no automedicarse y consultar precozmente en centros de salud si la intensidad o persistencia de los síntomas lo requiere.

Las personas con enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica y otras condiciones específicas presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de influenza. Para estos grupos, la prevención es prioritaria.

Por este motivo, la vacunación anual contra la influenza sigue siendo el pilar fundamental para reducir el riesgo de cuadros graves, hospitalizaciones y muertes, incluso si la protección frente a la infección no es absoluta. Los especialistas recomiendan aplicarse la vacuna si no se ha recibido durante el año, especialmente antes de realizar viajes internacionales.

Entre las principales medidas preventivas se destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de pañuelos descartables al toser o estornudar y la reducción del contacto cercano con personas con síntomas respiratorios. El uso de mascarilla en personas convivientes y el aislamiento domiciliario en caso de síntomas contribuyen a limitar la propagación.

En caso de sospecha de gripe H3N2, se aconseja guardar reposo, mantener una adecuada hidratación y evitar concurrir a lugares de trabajo o espacios sociales para disminuir la transmisión. Los especialistas subrayan que, aunque la estructura básica del virus es conocida, las mutaciones recientes de H3N2 justifican mantener alertas sanitarias activas y reforzar las estrategias de prevención.

Alertaron por el crecimiento de casos de psitacosis

Por otro lado, el boletín también encendió alertas por el crecimiento de la psitacosis, una enfermedad transmitida principalmente por aves infectadas. En 2026 se notificaron 98 casos sospechosos, con 50 confirmados o probables.

Hasta el momento, se confirmaron dos muertes vinculadas a la psitacosis. Las víctimas fueron identificadas como dos hombres de 37 y 56 años, residentes en los departamentos Rosario y La Capital. Además, destacaron que el 84% de los pacientes requirió internación, lo que refleja la gravedad de los cuadros detectados.

Según describió el Ministerio de Salud santafesino, la enfermedad puede causar fiebre alta, neumonía y complicaciones respiratorias severas. Por este motivo, recomendaron la consulta médica temprana ante síntomas compatibles y evitar el contacto con aves enfermas o de origen desconocido.

Hace poco más de un mes, el Gobierno decidió ajustar los lineamientos del Programa de Acompañamiento Social para hogares vulnerables, que tiene como fin profundizar la inclusión y mejorar las condiciones de vida. Hoy, a través de Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano publicó la resolución 209/2026 para realizar algunas modificaciones sobre el mismo relacionadas con las condiciones de acceso.

La medida firmada por la titular de la cartera, Sandra Pettovello, actualiza el apartado “Situación Penal” del reglamento operativo del programa, que refiere a las compatibilidades e incompatibilidades para el acceso a la asistencia.

El texto aprobado establece tres causales de incompatibilidad vinculadas a la situación judicial de los postulantes: ser prófugo de la justicia penal o correccional, ya sea en el ámbito nacional, provincial o federal; estar detenido a disposición del Poder Judicial, hasta que cese esa condición; o estar cumpliendo una condena penal con sentencia firme, hasta la finalización de la pena. Estas tres categorías quedan incorporadas al artículo 9°, Título IV del reglamento.

Ya en la resolución 202/2025 el ministerio había incluido como incompatibles a quienes estuvieran a disposición de la justicia o cumpliendo una condena. La posterior resolución 90/2026 sustituyó los lineamientos generales y operativos del programa, lo que generó la necesidad de consolidar nuevamente esas disposiciones en el texto vigente. La nueva normativa integró esas situaciones.

El Programa de Acompañamiento Social fue creado por el decreto 198/2024, con el objetivo de promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad. En abril, el Poder Ejecutivo estableció que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, encargada de la coordinación y supervisión del programa, mantendría su funcionamiento durante 48 meses, a menos que cumpla antes el objetivo para el cual fue creada.

El último ajuste devino de los datos sobre pobreza e indigencia que el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) había publicado en marzo respecto al segundo semestre de 2025.

Según el informe, la pobreza afectó al 28,2% de la población en los principales centros urbanos del país, mientras que la indigencia se ubicó en el 6,3%. Extrapolados al total de habitantes, los números indican que aproximadamente 13,5 millones de personas permanecen bajo la línea de pobreza y cerca de 3 millones en condición de indigencia, al cierre del segundo año de gestión del presidente Javier Milei.

Los registros marcan los valores más bajos en ambos indicadores desde el primer semestre de 2018, cuando la pobreza había llegado a 27,3% y la indigencia a 6,7%. Frente al segundo semestre de 2024, la reducción fue de 9,9 puntos porcentuales en pobreza —que entonces se ubicaba en 38,1%— y de 2,1 puntos en indigencia, que había cerrado ese período en 8,2%. La comparación con el primer semestre de 2025 también arroja descensos: 3,4 puntos en pobreza y 0,6 puntos en indigencia.

En cifras absolutas, entre el primer y el segundo semestre de 2025, 1,54 millones de personas superaron la línea de la Canasta Básica Total (CBT) y 269.000 salieron de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Tomando como punto de comparación el pico registrado en el primer semestre de 2024, la reducción acumulada alcanza 11,4 millones de personas en pobreza y 5,5 millones en indigencia.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la mejora al crecimiento de la actividad económica, a la desaceleración de la inflación y al fortalecimiento de los programas sociales con transferencia directa a los beneficiarios, sin intermediación. Al inicio de la administración de Milei, tras la devaluación del peso aplicada en diciembre de 2023, la pobreza había trepado a 52,9% y la indigencia a 18,1%. A lo largo de 2024, con la implementación del programa económico y la baja gradual de la inflación, ambos indicadores retrocedieron hasta cerrar el año en 38,1% y 8,2%, respectivamente.

El Poder Ejecutivo apuntaba a sostener esa tendencia a la baja, aunque la aceleración de los precios en los últimos meses de 2025, particularmente en el rubro Alimentos y bebidas, representó un factor de presión sobre la CBT y la CBA, que miden los umbrales de pobreza e indigencia.

Una profunda conmoción sacude a la pequeña localidad de Grütly, situada a 230 kilómetros de Rosario, tras la muerte de un niño de ocho años a raíz de una grave obstrucción de las vías respiratorias. El menor, oriundo de la zona rural de esta localidad santafesina, falleció luego de atragantarse con una bolita de vidrio, hecho que movilizó a toda la comunidad y puso en marcha un rápido operativo de emergencia.

La tragedia se desencadenó en la noche del lunes, cuando el niño jugaba en su casa y, en circunstancias que se investigan, sufrió un atragantamiento. La médica de guardia de la localidad fue la primera en asistirlo, actuando de inmediato ante la gravedad del episodio. Pese a las maniobras iniciales, se determinó la necesidad de trasladar al menor con urgencia a un centro de mayor complejidad.

El traslado fue dispuesto bajo el protocolo de código rojo hacia el Samco “Dr. Alonso Criado” de Esperanza, centro asistencial ubicado a unos 30 kilómetros de Grütly. El operativo, coordinado por la central operativa del Seliar 107 Esperanza, contó con la colaboración de agentes de tránsito de la Municipalidad de Esperanza y efectivos de la policía de Santa Fe, quienes implementaron una burbuja de seguridad para que la ambulancia pudiera acceder rápidamente al hospital.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital, al llegar al Samco de Esperanza, el equipo médico realizó intensas maniobras para intentar desobstruir la vía aérea del niño. Según informaron fuentes del centro de salud, el paciente ingresó con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía la entrada de aire. El objeto fue identificado como una bolita de vidrio, la cual habría quedado atascada en la glotis, una pequeña abertura situada en la laringe que regula el paso del aire hacia los pulmones.

A pesar de los esfuerzos concertados por el personal de salud, no fue posible revertir el cuadro crítico. “Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital respecto al trabajo realizado para salvar la vida del menor. Las maniobras incluyeron técnicas de reanimación y procedimientos destinados a liberar la obstrucción, pero la gravedad de la situación no permitió un desenlace favorable.

Otra muerte de un menor por atragantamiento

A fines del mes de enero último, un nene de dos años murió en la localidad de Tolosa, La Plata, luego de atragantarse con comida durante la cena que compartía con su madre.

El hecho ocurrió cuando Líam Mahún se atragantó mientras cenaba con su madre, Milagros Mahún, en su casa de la calle 521, entre 116 y 117. Ante la urgencia, la madre trasladó de inmediato al niño en su propio vehículo al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Los reportes oficiales indican que el menor ingresó sin signos vitales y, a pesar de los continuos intentos de reanimación por parte del personal médico, el fallecimiento se confirmó oficialmente a las 21:50.

Tras la confirmación de la muerte, la investigación judicial recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y el apoyo de la Defensoría N° 21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, paso habitual cuando se busca esclarecer con precisión las circunstancias de decesos inesperados. Personal de la Comisaría 6.ª y del Grupo Táctico Operativo (GTO) participó en el operativo policial que se desplegó tras el episodio.

Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo y la Justicia solicitó la intervención de peritos en la vivienda del barrio Tolosa para realizar estudios complementarios que puedan arrojar más luz sobre el contexto del accidente.

El entorno familiar expresó su dolor públicamente. Una tía del niño publicó un mensaje en redes sociales: “Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”.

Amigos de la familia iniciaron una campaña para recaudar fondos para ayudar con los gastos de sepelio.

“Con todo el respeto que se merecen y merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima! Necesitamos de su colaboración para poder velarlo ya que son de bajos recursos, así sea con 10, 20 o 100 lo que puedan ayudar todo es bienvenido! El alias directo de la familia Maria.estudiantes.mp. Sale a nombre de Maria Alejandra de la cruz”, escribió en sus redes sociales Milagros Salguero.

Este martes comenzó el juicio por el crimen de Ayelén Estefanía Arredondo, ocurrido en La Plata en abril de 2021. La joven estudiante fue hallada sin vida en su casa del barrio Altos de San Lorenzo y por el hecho está imputado un remisero de confianza de la familia.

La primera audiencia tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de la ciudad capital, con la declaración del principal imputado y el testimonio de los padres de la víctima, quienes reclamaron la pena máxima, según informó El Día.

Todo comenzó cuando los padres de la joven de 23 años salieron de su casa ese 21 de abril cerca de las 5 de la mañana y se subieron al VW Polo de Marcelo Alejandro S., con destino a la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde estaba detenido su otro hijo.

El chofer debía esperarlos durante el tiempo que durara la visita y luego regresarlos a su casa; por eso la pareja había dejado las pertenencias adentro del vehículo debido a que no podían ingresarlas al penal por las medidas de seguridad.

Mientras los padres de Ayelén continuaban en la visita, el conductor tomó las llaves de la casa que se encontraban junto a una riñonera con los celulares, documentación y un poco de dinero y se dirigió a la calle 75 entre 21 y 22 de la localidad platense, con el objetivo de cometer un robo. Así lo reconoció el propio imputado ante los jueces.

Ese día, la estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se encontraba en la vivienda cuando el individuo llegó. Alrededor de las 10, un vecino observó a un hombre que abandonaba la vivienda de la familia Arredondo, con un bolso y una actitud sospechosa. Para verificar que todo estuviera en condiciones normales, el testigo subió la escalera que conecta la calle con el departamento de dos ambientes de la pareja y, al mirar por la ventana, vio el cuerpo de una mujer con rastros de sangre. Inmediatamente, pidió ayuda a otras personas y se subió a su camioneta para buscar al hombre. Lo encontró caminando cerca de la intersección de las calles 24 y 75.

Dieron aviso a la Policía y lo retuvieron hasta que un grupo de efectivos de la Comisaría 8va lo aprehendió en el lugar. De acuerdo a lo trascendido, en el bolso había casi 10 mil pesos en efectivo; también guantes y una barreta de hierro.

La autopsia

El cuerpo de la joven fue hallado sobre un sillón manchado de sangre, frente al televisor encendido. Presentaba múltiples lesiones en la cabeza y el rostro, que no lograron reconocerla incluso llegaron a pensar que se trataba de la madre. Intentaron sin éxito comunicarse con el esposo, pero seguía adentro del penal.

Poco después la visita terminó y se encontraron con que el remisero que los había llevado ya no estaba y tampoco sus pertenencias. Tomaron otro auto de regreso y al llegar los notificaron de lo ocurrido. La autopsia determinó que la estudiante murió como consecuencia de graves traumatismos craneales provocados por un objeto contundente.

Al momento del crimen Marcelo Alejandro S. tenía 55 años, estaba domiciliado en el Barrio UOM de la ciudad de Ensenada y trabajaba en una remisería de la zona. En la investigación se supo que había sido despedido, supuestamente, tras ser acusado de un robo un dato que la familia de Ayelén desconocía. Él les había facilitado su número particular para que lo contacten para el viaje.

Fuentes del caso informaron a este medio que el hombre tenía antecedentes por robo calificado en La Plata. Fue condenado por un hecho ocurrido en 2011 y recuperó la libertad en 2018.

Tres agentes de la Policia de Rosario fueron condenados este martes tras aceptar un juicio abreviado en la investigación por corrupción y fraude ligada a la carga de combustible para patrulleros de la Unidad Regional II. Los condenados, en calidad de imputados colaboradores, son Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez.

En paralelo, el subsecretario de Control de las fuerzas de seguridad provincial Lucas Covacich elevó un escrito ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe para solicitar la destitución de todos los imputados en el legajo. En ese listado incluyó a: Rodrigo Domínguez, Gerardo Ramírez, Héctor Daniel Saucedo, Roberto Gabriel Blanco, Diego Santamaría, Fabián Fantín, Sergio López, Juan Alberto Villordo, Nanci Gabriela Plomer, Mario Rodrigo Brest, Fabián Oscar Becerra, Juan Manuel Herrera, Jorge Delgado y Gustavo Adrián Bazán.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal, donde la jueza Silvana Lamas González homologó el acuerdo entre el fiscal José Luis Caterina y las defensas, con penas reducidas por el aporte de los acusados. Inicialmente, el Ministerio Público de la Acusación solicitó penas de entre cinco y siete años de prisión, de acuerdo con el rol atribuido a cada uno.

Según la sentencia, Ramírez recibió 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo. López fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Delgado recibió 2 años y 3 meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta, en ambos casos por asociación ilícita, cohecho pasivo, defraudación agravada y falsedad ideológica.

Los tres deberán cumplir durante tres años reglas de conducta, entre ellas firma mensual ante la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria, fijar domicilio y no tener contacto con otras personas vinculadas al legajo, precisó Rosario3. En el mismo escrito, se solicitó la destitución de Daniel Acosta. Aunque el exjefe de Policía ya se encuentra retirado, esto implicaría un cese de su haber mensual.

La maniobra fraude

La fiscalía identificó como principales responsables al ex jefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta, para quien solicitó 12 años de prisión, y a su ex secretario privado Rodrigo Domínguez, para quien pidió una pena de 14 años. Ambos encabezaron una asociación ilícita que usó la cadena jerárquica policial para organizar la maniobra.

La fiscalía sostiene que fondos públicos asignados a la carga de combustible de móviles policiales fueron desviados mediante consumos inexistentes o inflados, con participación de mandos policiales y de la estación Gas Auto Tiferno, y que parte del dinero regresaba como retorno ilegal a los integrantes de la estructura.

El documento de la fiscalía reconstruye una organización vertical que partía de Acosta y Domínguez y descendía hacia mandos medios y responsables operativos. En ese esquema también aparece Mónica Bianconi, titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, para quien se pidió una condena de 8 años de prisión por haber facilitado la operatoria.

La evidencia reunida describe cargas diarias en patrulleros que estaban inmóviles, fuera de servicio e incluso incendiados. Los informes de GPS permitieron detectar que varios vehículos figuraban como abastecidos cuando no se movían o ya no estaban en circulación. Los investigadores también incorporaron fotografías de efectivos que retiraban sobres con dinero en la estación Tiferno.

La acusación afirma que Daniel Acosta empezó a diseñar el esquema antes de asumir la jefatura y ubicó en puestos clave a personas de su confianza. Desde ese cargo autorizaba cargas extraordinarias con el argumento de la emergencia en seguridad y la necesidad de incrementar los patrullajes.

Con respecto a Rodrigo Domínguez, la fiscalía lo presenta como el organizador operativo de la recaudación ilegal y el encargado de disciplinar a los mandos medios. Según la acusación, Domínguez reclamaba pagos ilegítimos de manera sostenida y llegó a exigir entregas de dinero incluso mientras vacacionaba con Acosta en Brasil. El escrito fiscal sostiene además que acumuló un enriquecimiento considerable a partir de la maniobra.

Un episodio de violencia de género sacudió la tranquilidad de Berisso el último fin de semana, cuando una joven fue hallada encerrada en su vivienda tras una discusión con su pareja. La intervención policial se produjo luego de que vecinos advirtieran gritos de auxilio provenientes del interior de una casa ubicada en la zona de 148 bis entre 10 y 11, lo que activó un operativo de emergencia y movilizó a las autoridades judiciales.

La situación se desarrolló el sábado, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio alertados por un llamado que informaba sobre una mujer pidiendo ayuda desde una ventana. Durante varios minutos, los agentes intentaron comunicarse sin éxito hasta que finalmente lograron establecer contacto verbal con la joven a través de una abertura del inmueble. En ese intercambio, la víctima relató que, tras una fuerte discusión, su pareja la había dejado encerrada bajo llave y se había marchado llevándose a la hija menor de ambos.

El hecho de que la mujer permaneciera privada de su libertad en el interior de la vivienda y separada de su hija generó alarma en el barrio y en las autoridades actuantes. Poco después, la madre del acusado se presentó en el lugar y facilitó la apertura de la propiedad, permitiendo que la víctima pudiera abandonar el encierro y reencontrarse con sus familiares.

Según la reconstrucción del caso, la joven aseguró a los agentes que no había sido golpeada ni amenazada durante el episodio. De todos modos, manifestó su voluntad de no formular una denuncia penal contra el joven, lo que no impidió que la Justicia interviniera de oficio. Dada la gravedad de la situación y la presencia de una menor, la Fiscalía avanzó con una investigación por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, la decisión de iniciar el proceso judicial sin el impulso directo de la víctima responde a la necesidad de garantizar su protección y la de la niña, considerando el riesgo implícito en hechos de esta naturaleza. En este tipo de casos, la intervención estatal se activa automáticamente para prevenir eventuales nuevos episodios y preservar los derechos de las personas afectadas, más allá de la denuncia formal.

En el marco de la investigación, el personal policial realizó tareas de rastreo y localización del acusado, identificado como un joven de 25 años. La búsqueda se orientó a distintos puntos donde podría haberse refugiado, hasta que finalmente fue hallado y detenido. El sospechoso fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5.

La intervención de la Justicia en este caso se fundamenta en la jurisprudencia vigente que obliga a actuar ante situaciones de violencia de género, aun cuando las víctimas no deseen impulsar acciones penales. La privación ilegítima de la libertad en el contexto de una relación de pareja configura una conducta de extrema gravedad para los organismos judiciales y policiales, que procuran resguardar la integridad física y emocional tanto de la mujer como de la menor involucrada.

El joven detenido por decisión de la fiscalía enfrenta ahora una investigación formal por el delito de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, cargo que puede derivar en sanciones penales y la imposición de medidas restrictivas de acercamiento a las víctimas. La Justicia analizará los elementos reunidos en la causa, entre ellos el testimonio de la joven, las circunstancias del encierro y la presencia de la menor, para determinar las responsabilidades y eventuales medidas cautelares.

En el barrio, el episodio generó preocupación y reacciones de solidaridad con la víctima, mientras la policía y la fiscalía continúan con las actuaciones judiciales. El caso pone en relieve la importancia de la intervención rápida y el accionar articulado entre vecinos, fuerzas de seguridad y organismos judiciales para abordar situaciones de violencia en el ámbito familiar.

Desde hace 72 horas, una adolescente de 14 años es intensamente buscada en Córdoba. Se trata de Agostina Vega, quien salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas y, desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

La última vez que su familia la vio fue la noche del sábado 23 de mayo, cuando indicaron que la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. Sería en este punto donde pudo ser ubicada.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años, quien abonó el viaje. Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes.

Según la información recopilada por El Doce.tv, el hombre que la recibió en Cofico aseguró que la menor habría caminado una cuadra por Juan del Campillo. En ese momento, indicó haberla visto subir a un Volkswagen Gol rojo entre Avellaneda y Urquiza.

Esta versión es investigada por la Fiscalía a cargo del caso y constituye la principal hipótesis sobre el destino inmediato de la adolescente. Hasta el momento, no existe información certera sobre su paradero, por lo que los familiares de la menor expresaron malestar por la lentitud de la investigación. Asimismo, señalaron que aún no accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

En línea con este reclamo, la familia denunció demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Durante la protesta, solicitaron la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y exigieron la activación del protocolo de la Alerta Sofía para casos de desaparición de menores. El objetivo de la movilización fue visibilizar el caso y presionar para que se aceleren las tareas de búsqueda.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.

La familia de Delicia Mamani exige que el caso sea investigado como trata de personas

La desaparición de Delicia Mamani Mamani mantiene en vilo a su entorno desde hace más de seis meses. La joven, estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y residente en el paraje Punta de Agua, en Malagueño, fue vista por última vez el 21 de noviembre del año pasado en Córdoba, cuando salió de su casa sin despedirse y sin llevar dinero.

Este jueves, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa realizaron una concentración frente a los Tribunales Federales de Córdoba, exigiendo la aparición de Delicia y reclamando que la causa sea investigada bajo la carátula de trata de personas en el fuero federal, según indicó Cba24n.

La movilización se desarrolló entre las 10:30 y las 13:30 en la avenida Concepción Arenal y Wenceslao Paunero, en el barrio Rogelio Martínez. Participaron docentes, allegados y la madre de la joven, María Mamani Mamani, de origen boliviano y hablante de quechua, quien asumió el rol de querellante particular tras enfrentar dificultades en el acceso a la justicia.

La familia de Delicia denunció públicamente que sufrió un trato inadecuado en varias dependencias judiciales, incluyendo largas esperas y negativas para iniciar el expediente. La defensora Natalia Lescano señaló que, como víctima de un delito, Delicia tiene derecho a una tutela judicial efectiva y protección integral conforme a las 100 Reglas de Brasilia.

De la misma manera, la querella expresó preocupación porque el expediente permanece bajo estricto secreto de sumario y no existen imputados formales, lo que limita el acceso de la familia a información sobre el avance del caso.

En diciembre de 2025, la abogada Lescano presentó ante la Fiscalía de Córdoba una denuncia formal para que se investigara a un hombre del entorno cercano, identificado como el yerno de María Mamani Mamani. Se entregaron pruebas como capturas de conversaciones en TikTok y WhatsApp, además de imágenes y videos. La causa, en ese momento, ya articulaba una investigación conjunta entre las justicias de Jujuy y Córdoba.

En los meses previos a su desaparición, Delicia había manifestado dificultades emocionales y, según sus compañeras de estudio, habría mantenido contacto por redes sociales con un hombre mayor al que nunca conoció personalmente. Este dato generó alarma sobre una posible captación vinculada a redes criminales.

Por este motivo, la defensora Lescano subrayó el riesgo de captación por redes de trata de personas y solicitó la activación de todos los protocolos de investigación en la Unidad Judicial 2 de Córdoba. Asimismo, los docentes de Delicia denunciaron que en los primeros días posteriores a la desaparición, en Malagueño no se notificó a ninguna unidad judicial, lo que provocó la pérdida de tiempo clave.

“La familia vive en absoluta precariedad y la mamá casi no habla español. Cuando intentó denunciar, en Malagueño no avisaron a ninguna unidad judicial. Se perdieron días claves, días vitales”, relató una docente. De hecho, la búsqueda se intensificó recién diez días después de la desaparición.

Seis meses después de la desaparición de Delicia Mamani Mamani, su familia y allegados continúan exigiendo respuestas. El teléfono móvil y las redes sociales de la joven no registraron actividad desde el 21 de noviembre, fecha en la que también se dieron de baja sus cuentas.

Un bebé nació hace aproximadamente dos semanas y tras ser abandonado por sus padres en el Hospital Catro Rendón, le detectaron cocaína en sangre. El caso de Neuquén activó un protocolo de protección contra menores e intervino la Justicia mientras el recién nacido permanece internado bajo observación.

El Ministerio de Salud confirmó que el bebé presenta un buen estado general. Allegados a la familia también indicaron que el bebé presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal y que los médicos continúan con estudios para evaluar posibles secuelas por exposición a estupefacientes durante el embarazo.

Según lo publicado por Los Andes, pocas horas después del parto, la madre y el padre se retiraron del centro de salud y lo dejaron allí. Trascendió que ambos sufrirían problemas de adicciones. La abuela y la tía paternas iniciaron la documentación para obtener la tenencia, mientras la Justicia analiza el entorno más adecuado para garantizar el bienestar del niño.

En declaraciones de Iara Pérez, amiga de la tía del bebé, a LM Neuquén, la mujer señaló que el hospital contactó a la tía para consultar si se haría cargo: “Le encontraron cocaína en sangre al bebé. El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que sí”.

Pérez también afirmó que la tía del recién nacido tiene 27 años y trabajo estable, al igual que la abuela paterna, y que ambas están dispuestas a hacerse cargo. Además, según su relato, el padre se presentó en el hospital y habría amenazado al personal médico, motivo por el cual se le impuso una restricción de acercamiento. Afirmó que no sería la primera vez que el padre abandona uno de sus hijos.

En relación al estado de salud del bebé contó: “Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar". En este marco, Pérez difundió una colecta a través de sus redes para recibir ropa, pañales, o cualquier aporte.

Cómo interviene la Justicia ante estos casos

La Justicia, la Defensoría, el Hospital Castro Rendón y los equipos de salud y niñez activan en Neuquén una intervención estatal integral cuando un bebé nace con metabolitos positivos de cocaína en sangre, un procedimiento que busca proteger de inmediato al recién nacido sin perder de vista que. El objetivo central es que el niño pueda crecer dentro de su familia si existen condiciones adecuadas.

El alta hospitalaria, según explicó Mónica Palomba a LU5 no es inmediata, la internación puede extenderse entre siete y 10 días o incluso más tiempo mientras se realizan controles y estudios específicos. En ese lapso también se define quiénes estarán en condiciones de asumir su cuidado cuando salga del hospital.

La primera alternativa que se analiza es si el recién nacido puede permanecer con sus progenitores. La evaluación no se limita a verificar la existencia de un consumo problemático de sustancias, sino que examina si los adultos responsables tienen herramientas concretas para brindar cuidados adecuados. Esa revisión también incluye la red familiar y afectiva disponible. Abuelos, tíos u otros referentes cercanos pueden asumir un papel de sostén para proteger al niño sin romper el vínculo con su familia de origen.

No todos los casos derivan en una medida judicial, según explicó Palomba. Cuando las evaluaciones concluyen que ningún integrante del entorno familiar puede garantizar el cuidado del recién nacido, la Defensoría puede pedir una medida de protección excepcional ante un juez de Familia. Esa decisión implica que el Estado asuma de manera transitoria el resguardo del bebé. Esa separación no se considera una solución definitiva, sino una medida excepcional y temporal.

Cuando el bebé no puede permanecer ni con sus padres ni con familiares cercanos, el primer recurso no son los hogares institucionales, sino las familias solidarias. Se trata de un programa estatal integrado por personas previamente evaluadas que aceptan brindar alojamiento y cuidados temporales mientras se resuelve la situación familiar del niño.

La Unidad Penal 39 de Ituzaingó se convirtió ayer por la mañana en el epicentro de una intensa movilización policial tras la sorpresiva evasión de José Alberto Santillán Galván, un interno que se encontraba en la etapa final de su condena.

La fuga, que ocurrió mientras el hombre practicaba deportes, activó de inmediato los protocolos de alerta tanto en el ámbito carcelario como en el judicial, impulsando una búsqueda en distintos puntos del conurbano bonaerense.

El episodio sucedió poco después de iniciado el día, cuando Santillán Galván, vestido con un buzo gris con rayas verdes, participaba de actividades recreativas dentro del penal. Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), “el interno estaba practicando deportes, corrió hasta el paredón y lo saltó”. Esta secuencia, rápida y sin resistencia, motivó la inmediata notificación a la Policía y a la Justicia.

Según informó el portal Primer Plano Online, la evasión de Santillán Galván se da en un contexto particular: el interno transitaba la fase final de una condena de 11 años de prisión, pena que debía finalizar en abril de 2027. Bajo la tutela del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Morón, el detenido gozaba de un régimen abierto, caracterizado por una menor vigilancia y un sistema basado en la autodisciplina, con el objetivo de favorecer la reinserción social.

Cabe destacar que en el ámbito penitenciario, el régimen abierto representa el paso previo a la reincorporación plena a la sociedad. Este sistema implica reducir la presencia armada de los guardias y flexibilizar los controles, permitiendo a los internos realizar actividades deportivas, laborales o familiares dentro o fuera del penal, según dispongan los jueces a cargo del seguimiento.

A diferencia de otros sectores más restrictivos, los internos ubicados en esta modalidad son considerados aptos para el egreso próximo, lo que conlleva una mayor confianza en su capacidad de autocontrol y adaptación a la vida fuera de la cárcel. Por ello, la fuga de Santillán Galván no se asimila a una evasión violenta ni a una acción delictiva convencional, ya que no se emplearon armas ni se registró resistencia física durante el escape.

En términos legales, la acción de Santillán Galván se encuadra más como un quebrantamiento del régimen abierto que como un delito de fuga, dado que no hubo violencia ni daño a terceros. Ante esta situación, el protocolo establece que, en caso de ser recapturado o de presentarse voluntariamente, lo más probable es que se modifiquen las condiciones bajo las que transcurre la última parte de su condena, restringiendo los beneficios de salida o flexibilización que había adquirido.

Tras la confirmación de la fuga, el Servicio Penitenciario Bonaerense dio aviso inmediato al 911 y a las autoridades judiciales, quienes impulsaron un despliegue en los lugares vinculados al entorno del interno. La Policía bonaerense investiga posibles paraderos y mantiene el operativo abierto, mientras solicita colaboración a la ciudadanía para aportar información sobre el paradero de Santillán Galván.

Las autoridades remarcaron que, aunque no se trata de una fuga violenta, la recaptura del interno es prioritaria para el sistema penitenciario. Se solicita a quienes puedan ofrecer datos sobre el paradero del evadido que se comuniquen de inmediato al número de emergencias, evitando cualquier contacto directo.

La investigación y el operativo de búsqueda continúan en marcha, con la expectativa de que la colaboración ciudadana aporte elementos clave para resolver el caso.

El caso de Santillán Galván pone sobre la mesa el debate acerca de los alcances y limitaciones de los regímenes carcelarios abiertos en la provincia de Buenos Aires. Mientras el objetivo de estos sistemas es fomentar la reinserción y reducir la reincidencia, la flexibilidad en la supervisión puede derivar en situaciones imprevistas como la ocurrida en Ituzaingó.

En la causa conocida como secta rusa donde Konstantin Rudnev fue imputado por trata de personas con fines de explotación sexual en Bariloche, este martes, el juez autorizó su traslado. Rudnev, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, necesita intervención quirúrjica y por eso viajó a Buenos Aires.

El detenido por los crímenes, fue trasladado y sometido a una cirugía por una hernia inguinoescrotal, un procedimiento que debía realizarse “sin alternativa”, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La derivación fue autorizada por el juez federal de garantías Gustavo J. Zapata. El detenido permaneció esposado durante el traslado y en una clínica privada bonaerense.

El viaje fue seguido y custodiado por la Policía Federal Argentina (PFA). La solicitud la inició el abogado defensor Martín Sarubbi, que presentó órdenes médicas para sustentar la necesidad de la intervención y evitar un agravamiento del cuadro. Rudnev, de 58 años, presenta problemas de salud por secuelas de un ACV.

Desde hace días se encuentra en el Complejo Los Cedros, en el partido bonaerense de San Vicente, junto con su esposa, Tamara Rudneva, quien fue investigada en la causa, aunque sin cargos formulados. Además, la mujer firmó como garante de la prisión domiciliaria. Este beneficio fue autorizado el pasado 17 de mayo para que el imputado termine la condena en el lugar. La Justicia le otorgó una tobillera electrónica y el pago de $30 millones como caución.

La causa principal sigue en etapa de instrucción y Konstantin Rudnev aún no recibió su condena en Argentina. El expediente incorpora análisis de comunicaciones, peritajes y testimonios, mientras la fiscalía evalúa nuevas medidas restrictivas para los imputados. El proceso judicial continuará en las próximas semanas con nuevas audiencias y la revisión de los elementos secuestrados en los allanamientos.

El caso

Konstantin Rudnev fue detenido en marzo de 2025 en el Aeropuerto de Bariloche, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a San Pablo, acusado de presuntos delitos vinculados a la trata de personas y rituales sexuales coercitivos. Durante ese operativo, también fueron arrestadas siete mujeres que lo acompañaban. Otros seis miembros del grupo resultaron detenidos en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, todos con el mismo itinerario de viaje.

La detención de Konstantin Rudnev en el aeropuerto reveló la existencia de una estructura internacional dedicada a la trata de personas bajo el liderazgo del ciudadano ruso, quien ya había sido condenado en su país de origen por abuso sexual. La organización operaba bajo la fachada de una secta denominada Ashram Shambala, captando principalmente jóvenes rusas para su explotación.

Las investigaciones señalan que el grupo trasladó a una joven identificada como E.M. desde Moscú hasta Argentina, donde fue alojada en Bariloche y dio a luz en el Hospital Ramón Carrillo. El objetivo era inscribir al recién nacido con el apellido de Rudnev, lo que le permitiría acceder a la nacionalidad argentina y, posteriormente, tramitar residencia en Brasil. La maniobra fue detectada cuando personal hospitalario advirtió un intento de modificar la partida de nacimiento del bebé, hecho que activó la causa penal.

La imputación a Rudnev y su entorno incluye los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, además de falsedad ideológica en grado de tentativa y transporte de estupefacientes. Durante los allanamientos realizados en varios puntos del país, se incautaron documentos, drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las autoridades también identificaron pautas de control extremo sobre las víctimas, como restricciones alimentarias, aislamiento y castigos.

El operativo concluyó con 21 personas imputadas, de las cuales trece permanecen detenidas en cárceles y dependencias policiales de Bariloche, Buenos Aires y Neuquén. El resto fue excarcelado, aunque sigue bajo investigación. La causa sigue su curso en la justicia federal, con análisis de comunicaciones y elementos secuestrados en los diferentes allanamientos.

Una joven madre fue apuñalada este martes por la tarde dentro de la Escuela Nº88 “Bartolomé Mitre” en el barrio Belgrano de Paraná, provincia de Entre Ríos, en un episodio de violencia que involucró a un grupo de aproximadamente 20 personas armadas con cuchillos y piedras. El ataque ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando los alumnos del nivel primario se preparaban para salir y volver a sus casas.

La víctima, de unos 26 años, había acudido al establecimiento para buscar a su hijo de siete años, pero, en el momento que esperaba en la puerta, fue abordada por los agresores. Según describieron los testigos, había mujeres, niños y adolescentes involucrados, que la arrastraron de los pelos hacia el hall interno, donde recibió una puñalada profunda en el muslo.

“Fue una situación extrema”, afirmó el director de la institución, Mario Franchi, tras señalar que intentó intervenir en la situación, luego de que uno de los padres de otro alumno le avisara sobre el ataque. Asimismo, consideró que la acción fue directa y premeditada contra la mujer, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín debido a la gravedad de la herida.

Según relató a El Once, el violento episodio ocurrió frente a numerosos estudiantes, incluidos niños de nivel inicial. “La toman de los pelos y la meten en el hall. Ahí recibe la puñalada”, relató Franchi al indicar que el corte fue profundo. “Casi le toca la arteria femoral”, indicó sobre la herida que podría haber tenido consecuencias fatales.

Tras consumarse el ataque, el personal de la escuela brindó primeros auxilios improvisados y realizó un torniquete hasta la llegada de la ambulancia, que demoró unos diez minutos. Al mismo tiempo, la policía desplegó un operativo inmediato, que contó con la presencia de tres patrulleros.

A pesar del rápido accionar, el director escolar aseguró que la escena dejó un fuerte impacto emocional entre docentes, alumnos y familias presentes. “Mis alumnos no tienen por qué vivir esto ni crecer con esa imagen”, lamentó Franchi.

En línea con esto, Franchi negó que el conflicto se hubiera originado dentro de la escuela, tras contar que la familia de la víctima ya había enfrentado situaciones de violencia en otro sector de la ciudad. “La Mitre los adoptó porque somos escuela NINA (de doble escolaridad) y tratamos de contener de otra manera”, indicó al contar que buscaron integrarlos ofreciendo talleres y contención emocional.

“Nunca esperamos que vinieran a tomar venganza desde esa zona, a la escuela Mitre y que ingresaran al interior del establecimiento educativo”, manifestó el director al señalar que los agresores se habrían desplazado desde el barrio El Pozo hasta las inmediaciones escolares.

Luego de que recordara que también hubo balaceras y amenazas en otra escuela de la zona, Franchi enfatizó la necesidad de visibilizar la problemática. “La violencia está presente y no la podemos prevenir. Un cuchillo es un segundo y una vida queda en riesgo”, apuntó.

“He visto situaciones de violencia y he denunciado abusos sexuales contra nenas, cosas muy dolorosas, pero nunca vi una puñalada. Fue terrible”, repasó el director sobre el episodio vivido por la comunidad. No obstante, destacó que contaban con una “psicóloga, docentes comprometidos y educación emocional todos los días para que los chicos aprendan a resolver conflictos sin violencia”.

A partir del hecho, el director confirmó que trabajó con la supervisora zonal, Gabriela Blum, para poner en funcionamiento nuevas medidas de seguridad para garantizar la continuidad de las actividades escolares. “Estamos tomando determinaciones vinculadas con la seguridad de nuestros alumnos”, indicó al confirmar que no habría una suspensión de las clases.

En cuanto a la causa judicial, la información preliminar recibida por la dirección indicaba que una persona fue detenida. Según trascendió, se trataría de la autora de la puñalada. “Es conocida en la zona y por la policía”, señaló Franchi al afirmar que la búsqueda del resto de los responsables continuaría en marcha.

Un hombre fue encontrado inconsciente el domingo por la mañana dentro de un auto en el acceso a la ciudad de Salta, y horas más tarde falleció. Si bien el informe médico había indicado que se trataba de una “muerte súbita”, la fiscalía abrió una investigación debido al estado que presentaba cuando lo trasladaron.

El vehículo en el que se encontraba la víctima de 56 años estaba sobre la Ruta Nacional 9. Cuando las autoridades policiales acudieron al lugar, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia, lo encontraron golpeado con lesiones en el rostro y la cabeza.

El aviso ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 8, cuando testigos detectaron que un automóvil permanecía estacionado desde hacía cerca de cuatro horas, con una de sus puertas abiertas, en las inmediaciones de calle Las Tunas, una zona próxima a cabañas y al ingreso a la ciudad. La Policía de Salta observó además que estaba descalzo. Así lo informó el portal El Tribuno.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC) asistió a la víctima en el lugar y la trasladó con urgencia al hospital San Bernardo donde falleció durante la tarde. El diagnóstico inicial indicaba politraumatismos y traumatismo facial, y la causa de muerte la causa de muerte consignada fue “muerte súbita”, información que fue comunicada a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del MPF.

Sin embargo, las autoridades, a través del área de Homicidios, dispuso la apertura de una investigación y la realización de una autopsia junto a estudios toxicológicos. Fuentes ligadas al caso precisaron que, en principio, todas las pertenencias personales de la víctima se encontraban en el vehículo. También estaba el teléfono celular, lo que llevó a descartar en una primera instancia el móvil del robo.

Por el momento aguardan los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos para determinar la causa de muerte y esclarecer las causantes de las lesiones.

Lo encontraron sin vida y golpeado en su casa de Córdoba

El cuerpo de Cándido Lino Cuello, un ex policía de 74 años, fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio Villa Aspacia en la ciudad de Córdoba, tras una reunión que había organizado para ver la final del Club Atlético Belgrano. El hallazgo se produjo el día posterior a los festejos por el campeonato, y la investigación apunta a un homicidio, según fuentes judiciales.

El domicilio, ubicado en calle Tirana al 4800, fue el punto de encuentro elegido por Cuello para compartir el partido junto a familiares y vecinos. De acuerdo con la información publicada por La Voz, desde temprano en el día de la final, la víctima se reunió con otras personas y consumió bebidas alcohólicas durante la jornada. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado con lesiones en el rostro y manchas de sangre esparcidas en el lugar.

La Fiscalía a cargo de Luis Micheli dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en la causa, aunque la investigación apunta como principal sospechoso a un ex cuñado de la víctima, quien habría mantenido una discusión con Cuello durante el encuentro. Los investigadores trabajan sobre esta línea, aunque no descartan otras posibilidades.

Según lo informado por las autoridades, la autopsia y los estudios forenses resultarán fundamentales para definir si las heridas detectadas corresponden a una agresión o a un accidente. La escena permanece bajo resguardo judicial mientras avanzan las pericias y se toman declaraciones a los asistentes al encuentro. La expectativa está puesta en los resultados de la autopsia y en las pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº4 “Alfonsina Storni” de Mar del Plata confirmó un nuevo caso de tuberculosis en uno de sus estudiantes, según informó la propia comunidad educativa a través de sus canales oficiales.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado en redes sociales, donde se buscó transmitir tranquilidad a las familias y detallar las medidas adoptadas ante la situación.

“Se ha diagnosticado un caso de tuberculosis en nuestra escuela”, señalaron desde la dirección, agregando que ya intervienen el Consejo Escolar y la Región Sanitaria 8va para acompañar el proceso.

De acuerdo a lo informado por el portal 0223, las autoridades escolares enfatizaron que, aunque “los riesgos son mínimos”, se contemplará justificar la inasistencia de aquellos alumnos cuyos familiares, por cuestiones de salud, así lo consideren oportuno y presenten una nota explicativa.

Minutos después del primer aviso, la institución anunció que un equipo de Salud del Municipio visitará la escuela el miércoles para informar a la comunidad educativa sobre las acciones de prevención y el protocolo a seguir tras este caso confirmado. Esta intervención busca reforzar la información disponible y aclarar dudas sobre el contagio y el manejo de la enfermedad.

La tuberculosis es una infección causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Aunque afecta principalmente a los pulmones, también puede comprometer otros órganos. Su forma de transmisión es aérea: las personas con tuberculosis activa liberan pequeñas gotas al toser, estornudar o hablar, lo que puede propagar la bacteria entre quienes se encuentran en las cercanías.

La tuberculosis no siempre genera síntomas inmediatos. En muchos casos, la bacteria puede permanecer en el organismo durante años sin provocar enfermedad. Sin embargo, si el sistema inmunológico se debilita, puede activarse y manifestarse clínicamente.

Entre los síntomas más frecuentes figuran la tos persistente durante más de dos o tres semanas, dolor en el pecho al respirar o toser, expectoración con sangre o flema, fiebre especialmente por la tarde o noche, sudoración nocturna, cansancio constante, pérdida de peso sin causa aparente y falta de apetito. Estos signos pueden aparecer de modo progresivo, lo que en ocasiones retrasa la consulta médica.

La tuberculosis es una enfermedad curable. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos específicos durante varios meses. Es fundamental respetar el esquema indicado por los profesionales de la salud, incluso si los síntomas desaparecen antes de finalizar el tratamiento, para evitar recaídas o la aparición de cepas resistentes.

La detección temprana mejora el pronóstico de los pacientes y reduce el riesgo de transmisión a otras personas. Las medidas principales de prevención incluyen la ventilación de los ambientes, el diagnóstico precoz y, en algunos casos, la vacunación contra la tuberculosis. La información y la concientización continúan siendo herramientas clave para controlar la expansión de la enfermedad.

Hacia fines del mes de abril pasado, se confirmó el primer caso en la ciudad balnearia en un alumno de sexto año de un colegio privado y de inmediato se activó el protocolo sanitario, dispuesto por las autoridades municipales.

El cuadro epidemiológico a nivel nacional

De acuerdo con los datos difundidos en marzo, durante 2025 se notificaron 16.445 casos de tuberculosis en el país, lo que implica un incremento del 3,9% respecto a 2024 y un crecimiento del 79,7% desde 2020.

Este aumento, advertido por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, se explica por factores estructurales y sociales que han debilitado la capacidad de respuesta nacional.

El aumento de la tuberculosis en Argentina se vincula a múltiples causas: el debilitamiento progresivo de los programas de control, la dificultad para acceder al diagnóstico temprano, las interrupciones en los tratamientos y la persistencia de desigualdades sociales que favorecen la transmisión, como el hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica. Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la tasa nacional ascendió a 34,6 casos cada 100.000 habitantes, con mayor concentración en Jujuy, Salta, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco y Formosa. Once provincias, incluyendo Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego, muestran aumentos significativos.

Preocupa especialmente el incremento de casos en hombres jóvenes: el grupo de 15 a 44 años concentra el 60,7% de los diagnósticos. Además, los menores de 20 años representan el 16,6% del total.

Ante este panorama, el doctor Andrés Burke Viale, neumonólogo y co-coordinador de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, subraya la urgencia de restaurar la Coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, disuelta en 2024, para mejorar la detección y adecuar las estrategias epidemiológicas.

El cuerpo de Cándido Lino Cuello, un expolicía de 74 años, fue encontrado sin vida en las últimas horas dentro de una vivienda del barrio Villa Aspacia, en la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo en medio de los festejos por el título de Belgrano, y la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un homicidio.

La casa, ubicada sobre calle Tirana al 4800, había sido escenario de una previa para ver el partido del Club Atlético Belgrano.

Según informó La Voz, desde temprano Cuello se había reunido allí con otras personas para consumir alcohol. Cuando fue hallado, el cuerpo presentaba signos de violencia en el rostro y manchas de sangre.

La causa quedó a cargo del fiscal Luis Micheli, quien ya ordenó una serie de medidas investigativas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. Por el momento no hay detenidos ni imputados, aunque el principal sospechoso es un excuñado de la víctima, a quien se señala como el posible autor de un ataque durante una fuerte discusión.

Los investigadores, no obstante, no descartan otras líneas. Entre ellas se analiza si Cuello pudo haber sufrido una caída producto de su estado de ebriedad. La autopsia y las pericias forenses serán determinantes para establecer la causa de muerte.

Encontraron muerto a un joven en la CEAMSE de Ensenada: creen que se refugió en un contenedor y fue trasladado entre los residuos

Un joven de 27 años fue hallado muerto en el predio de la CEAMSE ubicado en Diagonal 74, en Ensenada, y la Justicia busca establecer cómo su cuerpo terminó entre los residuos trasladados por camiones recolectores provenientes de la ciudad de La Plata. La principal hipótesis de los investigadores es que la víctima estaba con vida cuando fue compactada por la prensa de un camión.

El hallazgo se produjo el pasado viernes 15 de mayo, cuando un operario del área de tratamiento del predio detectó el cuerpo mientras manejaba una máquina de descarga tipo almeja. Según fuentes policiales, el cadáver estaba entre un montículo de bolsas de residuos. De inmediato, el trabajador alertó a las autoridades y una ambulancia se presentó en el lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la víctima fue registrada como NN masculino, de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1,70 metro de altura. Luego, tras la revisión de uno de los bolsillos del pantalón, los investigadores encontraron una copia de su DNI y lograron identificarlo como Oscar Eduardo Conobbio.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit, quien ordenó preservar la escena y reconstruir el recorrido de los camiones recolectores que descargaron residuos esa noche. Se presume que el cuerpo habría ingresado al predio en uno de los camiones provenientes de La Plata. En ese relevamiento aparecen identificados, al menos, cinco recorridos operativos.

Los resultados de la autopsia, según pudo saber Infobae, revelaron múltiples hematomas compatibles con la presión de la prensa interna del camión recolector, además de fracturas costales —ocho en el frente y siete en la espalda— y una fractura importante en la base del cráneo. Esta última lesión provocó hemorragias en ambos oídos.

También se detectó un corte en el cuero cabelludo con sangre depositada en el piso, un indicio que para los investigadores apunta a que la víctima todavía estaba con vida al momento de ser compactada. “Si lo hubieran arrojado muerto, un corte posterior no sangra. Al no bombear el corazón, la sangre no circula”, explicaron fuentes del caso.

El informe forense no habría registrado lesiones de defensa ni heridas de arma blanca o de fuego. Por ahora, esa información refuerza la hipótesis de un accidente y no de una agresión previa, aunque la investigación continúa abierta.

El choque fatal ocurrido el fin de semana pasado sobre la ruta provincial N°6, en San Vicente, dejó cinco muertos y a un joven detenido. Se trata de Leandro Panetta, de 28 años, quien manejaba la camioneta Amarok que embistió desde atrás al Peugeot 207 en el que viajaba una familia. “No, mirá lo que hice”, aseguró haberlo escuchado decir una de las testigos que asistió a las víctimas tras el impacto.

Luego de que el acusado se negara a declarar, su defensa incorporó al expediente un dato que apunta a que en la zona del impacto había “escasa visibilidad”. En las últimas horas, el penalista Miguel Ángel Molina asumió la representación legal de Panetta, imputado por el delito de homicidio culposo agravado, tipificado por la conducción de un vehículo automotor con culpa temeraria y exceso de velocidad.

En diálogo con Infobae, Molina indicó que una oficial que participó en el procedimiento dejó asentado que “la zona presenta escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente”. Además, indicó que al momento del arribo policial no había “luminarias públicas en funcionamiento”.

Sin embargo, una de las testigos que presenció el accidente contradijo esa versión. “Visibilidad había. En una de las fotos, en la puerta de la camioneta se ve el sol y el auto es blanco. Es imposible que haya poca visibilidad”, sostuvo Micaela Cramer en comunicación con este medio. Además, aportó imágenes tomadas por ella misma tras el choque, que se publican a continuación.

“Han dicho que la ruta tiene pozos. No es así: la ruta está buena. Puede ser que no esté iluminada, pero visibilidad había. El auto era blanco. Si hubiese sido negro y había poca visibilidad, ahí te creo. Pero no fue el caso”, sumó.

Sobre el momento del accidente, la mujer recordó: “La camioneta pasó a toda velocidad al lado nuestro y, a lo lejos, vimos la polvareda, que fue la parte del impacto”. Además, indicó que ella y su pareja se detuvieron para asistir a las víctimas: “Mi pareja iba manejando, frenó y me bajé directamente para ir al Peugeot a ver si alguien necesitaba ayuda. Prendí la linterna del celular, pero no porque no se veía en la ruta, sino porque adentro del vehículo estaba todo compactado”.

La testigo describió que al llegar al Peugeot encontraron a los ocupantes gravemente heridos: “La señora que iba adelante tenía un bebé en un costado del brazo. Le grité a mi pareja: ‘Amor, hay un bebé’. Él se subió encima del capó del auto y, con ayuda de un bombero de civil, lograron sacarlo y entregarlo a la ambulancia que llegó poco después”.

Y añadió: “La nena era quien estaba en peores condiciones. La rueda trasera del Peugeot había quedado enroscada sobre su cuerpo”.

La testigo además relató que tras el choque Panetta permaneció sentado sobre el pasto, en estado de shock. “Se bajó de la camioneta agarrándose la cabeza, mirando la trompa de la camioneta y el auto. En ningún momento se acercó al vehículo para ver si había alguien vivo. Solamente decía: ‘No, mirá lo que hice’”, aseguró.

“Después nos avisaron que el bebé había fallecido. Fue horrible. Desde entonces empezamos a buscar apoyo psicológico porque nos afectó muchísimo. Tenemos un bebé de cuatro meses y no podíamos dejar de pensar que podríamos haber sido nosotros”, dijo.

Micael también mencionó que la camioneta Amarok de Panetta tenía numerosas multas, entre ellas infracciones por exceso de velocidad y cruces de semáforo en rojo. “Tenía once multas. Una de las multas detallaba que iba a ciento cincuenta kilómetros por hora en una zona de máximo ciento veinte”, precisó.

En paralelo, este martes se conoció el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor de la Amarok. De acuerdo con el certificado médico del hospital de San Vicente, que todavía debe ser confirmado por peritos judiciales, Panetta no tenía alcohol en sangre al momento del accidente.

Por el momento, Panetta permanece detenido en la Comisaría Primera de San Vicente. Su situación procesal podría modificarse conforme avancen los estudios técnicos y las declaraciones testimoniales.

Consultados al respecto, desde su defensa se mostraron prudentes: “Acabamos de asumir la representación legal y estamos estudiando el expediente. Es prematuro hacer cualquier tipo de valoración”, señalaron.

El relato que Martina Depascuali publicó en sus redes sociales se viralizó y derivó en una investigación. Así las cosas, este martes, la Policía de la Ciudad identificó y demoró al sospechoso. Sin embargo, la fiscalía interviniente resolvió “no adoptar medidas restrictivas” y el acusado quedó en libertad.

El hecho ocurrió el último sábado 24 de mayo cerca de las 22.00. “Me di cuenta de que me venía siguiendo, crucé, volví a cruzar, me fui acercando para Cabildo, para la avenida”, relató la joven, conocida como “Martu” Depa, en el video que difundió en su cuenta de TikTok.

Al notar que el hombre ya no estaba a la vista, intentó regresar a su casa por una calle lateral. Fue entonces cuando, según contó, se lo encontró de frente: “Él se dio cuenta de que yo iba a cruzar así y cruzó al revés para que nos cruzáramos de frente”.

En ese momento, el perro estaba haciendo sus necesidades y ella no podía moverse. El sospechoso se detuvo a pocos metros sosteniendo un objeto punzante. “No sé si era una llave o qué era, pero lo tenía agarrado en la mano”, contó Martina.

Lo que impidió que la situación escalara, según relató la joven, fue la presencia de una pareja en esa misma cuadra. “Gracias a Dios no estábamos solos, porque si no, no sé qué hubiese pasado”, afirmó.

La influencer logró alejarse y corrió hacia Cabildo. Mientras tanto, llamó a su hermana para pedirle que le abriera la puerta de su casa. Pero desistió de volver: temía que el hombre la siguiera hasta el edificio.

Tras ese breve intercambio, la hermana le confirmó sus peores sospechas. “Me dijo: ‘No vuelvas a casa porque está enfrente y te está esperando’”, relató. Desde la vereda, el sospechoso le hacía señas a la hermana, que respondió mostrándole que estaba llamando al 911.

Sin opciones claras, Martina se tomó un taxi. Le pidió al conductor que la llevara a la Clínica Zabala. Llegó llorando y le explicó al personal de seguridad lo que ocurría. La respuesta, de acuerdo a su relato, no fue lo que esperaba.

“Les conté lo que estaba pasando: que había alguien que me estaba persiguiendo con algo en la mano, que me quería lastimar, y no me dejaron pasar”. Tuvo que quedarse en la esquina, al descubierto, mientras le contaba lo sucedido a una transeúnte.

Fue en ese momento cuando el hombre reapareció. “Se ve que salió a buscarme. Caminó todo por Cabildo porque me vio irme con el taxi para allá”, narró en el video.

Al verlo acercarse, se escondió detrás de una columna de la clínica. La transeúnte que la acompañaba le indicó que se ocultara con el perro hasta que el hombre pasara de largo.

Segundos después de que el sospechoso cruzó hacia el otro lado, llegó un patrullero convocado por la hermana de Martina. La mujer lo señaló de inmediato: “Es ese que está ahí, está cruzando, lo estoy viendo”.

Según el relato de la influencer, los efectivos no intentaron interceptarlo. “No lo quisieron ni agarrar, me dijeron: ‘Tranquila, te acompañamos a tu casa’”, sostuvo. Al preguntarles si iban a detenerlo, la respuesta fue negativa. Por eso, explicó, decidió grabar el video y difundirlo en redes sociales. “Vengo a contar esto para que estén atentos, porque hay un loco en Belgrano. Ayer me quedé en mi casa, no pude salir más. La verdad es que no sé cómo voy a hacer para caminar tranquila, porque no lo pararon y ni siquiera quisieron tomarle los datos”, concluyó.

Tras la viralización del video, sin embargo, la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad tomó intervención en el caso. La investigación se apoyó en las imágenes y la información aportada por la propia denunciante.

Con esos elementos, los efectivos lograron identificar al sospechoso y establecer su domicilio. Horas más tarde fue demorado y el expediente quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, a cargo del fiscal Marcelo Solimine, que dispuso no adoptar medidas restrictivas de la libertad. Por ese motivo, el hombre no quedó detenido.

Se trata de Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, quien circulaba junto a los otros detenidos en un coche investigado por robos en la ciudad y alrededores.

El procedimiento se realizó en horas de la mañana, luego de que el Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectara el vehículo sospechoso, un Volkswagen Vento.

El sistema lector de patentes alertó sobre el rodado en la zona de España y las vías, y la central de monitoreo activó el seguimiento en tiempo real a través del anillo digital.

El auto circuló por varias calles hasta que, con apoyo del Comando de Patrullas y Prefectura DPRO, se montó un operativo cerrojo. Cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes, los sospechosos dispararon y trataron de escapar.

Tras el enfrentamiento, detuvieron a tres en el lugar. Los otros dos cayeron poco después. Se secuestraron varias armas cortas, un arma equipada con Kit Roni -un dispositivo utilizado para transformar una pistola en una plataforma similar a un subfusil- y una importante cantidad de municiones.

La detención de Esteban Ferreyra generó consecuencias de inmediato en el gobierno local. El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, resolvió desafectar preventivamente del cargo a Alejandro Ferreyra.

En un comunicado publicado en redes sociales, expresó: “Ante el hecho de público conocimiento, en el cual uno de los hijos del subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar, he tomado la decisión desafectar preventivamente al subsecretario de Seguridad hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”.

El jefe comunal agregó que confía en el relato del funcionario, quien aseguró que no tenía contacto con su hijo, quien es mayor de edad y no residía en la ciudad. Ferreyra padre aportó todos los datos que tenía cuando se enteró de lo ocurrido. También su teléfono a la Justicia para que sea peritado.

“Los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o manto de duda. Debemos tener en nuestra conducta el motivo para que nos crean sin importar lo doloroso e incómodo que sean las mismas. Siempre antes que los funcionarios está el Estado y detrás del Estado está siempre el vecino”, remarcó Matzkin en el mismo mensaje.

Al margen del hijo del subsecretario, el secretario de Seguridad de Zárate, Juan Manuel Iglesias, contó que otro de los detenidos tenía pedido de captura por el asesinato de un efectivo de la Prefectura Naval ocurrido recientemente.

Ese hecho sucedió el 20 de abril pasado en el barrio San Jacinto. Nicolás Cañete, integrante de la fuerza federal, fue baleado durante un intento de robo. Permaneció internado más de un mes en estado crítico y murió el último fin de semana en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires.

Por este caso ya había un detenido. Después del ataque, las cámaras de seguridad del COZ captaron a los sospechosos cuando entraban a una casa del barrio España. El Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera, efectivos de la Sub DDI Zárate y del Comando de Patrullas hicieron un allanamiento y detuvieron a uno de los acusados, también secuestraron un vehículo y un arma vinculados al hecho.

“Son personas peligrosas, que no tenían problemas en usar sus armas. Eso quedó expuesto hoy”, dijo Iglesias.

Fue el director de Incendios Forestales, Jorge Torrico, quien confirmó el origen del siniestro. Según explicó en declaraciones a Todo Jujuy, la denuncia llegó el lunes, cuando pobladores de la zona alertaron sobre un foco ígneo de grandes dimensiones. “El viento hizo el resto”, señaló Torrico al referirse a la velocidad con la que las llamas se propagaron entre la vegetación de los cerros.

A partir del aviso de los vecinos, las autoridades pusieron en marcha un operativo de detección satelital para localizar los puntos calientes y obtener las coordenadas exactas del sector afectado, de difícil acceso, indicó El Tribuno Jujuy.

Desde la base de El Brete se despachó una primera cuadrilla que, con la colaboración de personas del lugar, logró llegar hasta el foco y confirmar la magnitud del desastre: el fuego llevaba cerca de dos días activo y el panorama era complicado.

Luego, la Brigada de El Brete desplegó dos cuadrillas para enfrentar las llamas. Mientras el lunes los trabajos se concentraron sobre el flanco izquierdo del incendio, este martes los esfuerzos se volcaron sobre el flanco derecho. Según precisó Torrico a Todo Jujuy, al cierre de la jornada se esperaba contar con más información sobre el comportamiento del fuego y si había bajado su intensidad.

Las estimaciones satelitales sitúan en aproximadamente 40 hectáreas la superficie afectada en el límite entre Lozano y León. Los brigadistas continúan en el terreno para contener el avance del fuego y evaluar la situación en el sector, mientras las autoridades mantienen activo el monitoreo desde el aire.

El incendio que afectó al Parque Los Alerces, en la Patagonia

El incendio que afectó al Parque Los Alerces se desató a fines de enero y se extendió por 26 días, con un saldo de 6.924 hectáreas de bosque nativo, arbustos, matorrales y pastizales destruidos solo dentro del área protegida, lo que privó a numerosos productores ganaderos de las reservas de alimento para sus animales. Por la dimensión del siniestro, distintas provincias aportaron equipamiento y personal especializado para reforzar el combate del fuego. En los momentos de mayor intensidad, la línea de combate llegó a reunir hasta 400 brigadistas y voluntarios.

Gracias al trabajo coordinado entre la Nación y la Provincia, el 21 de febrero se declaró que la totalidad de los focos ígneos estaba controlada, lo que significó que el fuego dejó de avanzar sobre el bosque. Aun así, algunas zonas todavía registraban llamas activas y, sobre todo, brasas encendidas con el suelo a alta temperatura.

Ese calor residual bastaba para encender nuevo material combustible ante la presencia del viento. Por esa razón, los brigadistas dedicaron esa etapa a humedecer cada pequeño foco y los perímetros del incendio, en la tarea conocida como “guardia de cenizas”. El 23 de marzo se anunció la extinción completa y oficial del siniestro.

La noticia se conoció pocas horas después de que la Policía Federal Argentina recuperara evidencia de valor para la investigación que busca esclarecer el origen de las llamas, dado que las autoridades ya dan por confirmada la intencionalidad del incendio.

Poco más de un mes después, se produjo la reapertura del Sendero Lahuán Solitario, que marcó un primer paso concreto en la recuperación del parque, tras el incendio forestal que durante el verano consumió más de 77.000 hectáreas en varios sectores de alto valor de conservación, áreas de uso público y zonas de poblaciones rurales en toda la Patagonia.

El sendero, uno de los más emblemáticos del parque, volvió a estar disponible para los visitantes tras las tareas de remediación y mitigación posteriores al incendio.

El recorrido habilitado se extiende en ambas direcciones desde la Pasarela del río Arrayanes hasta el mirador del Glaciar Torrecillas, con paso por el Lahuán Solitario y Puerto Chucao, bordeando el río Menéndez.

A través de su cuenta de Instagram, los rescatistas describieron que “un hombre decidió convertir a una gallina viva en un objeto de tortura pública”, situación que también fue grabada y compartida a través de las redes sociales, donde se viralizó el caso.

Elvira, el nombre que le pusieron desde la fundación al ave, fue atendida por Agus, una veterinaria especializada en exóticos y fauna silvestre.

Agus, en diálogo con Infobae, detalló cómo fue la secuencia y las heridas que sufrió la gallina. “Me escribieron ayer (lunes) como a las 15 las chicas de la fundación que la habían rescatado, me contaron la situación. Me dijeron que en el festejo unas personas la habían maltratado, se la tiraban entre ellos, le arrancaban las plumas. Está toda golpeada”, dijo.

En cuanto la atendió, notó la gravedad del cuadro. Los maltratos, además de ser violentos, fueron diversos, lo que generó gran cantidad de lesiones. “Llegó bastante débil, sin poder caminar, le faltan muchas plumas en varias partes del cuerpo, cerca de la cola, debajo de las alas, en el pecho. Está lastimada, tiene lesiones, sangre, moretones por todos lados. Estaba con bajo peso, bastante flaca. Llegó respirando por el pico, eso es dificultad respiratoria, producto de los golpes, del estrés, ni hablar del dolor”, detalló.

Sin embargo, el trabajo de Agus dio sus frutos y la gallina rápidamente comenzó a mejorar. “La medicamos, la revisamos bien y al rato, después que se fue, las chicas me avisaron que había podido comer y tomar agua. Estaba un poquito mejor. Hoy me dijeron que ya estaba mejor de ánimo, que había podido comer un montón y tomar agua”.

Lo que resta es tiempo para su recuperación. “Lo más urgente, en una semana va a estar resuelto”, indicó la veterinaria. “Los moretones sí demoran varios días en irse, como le pasa a cualquiera”, agregó. En tanto, detalló que lo que más tardará en recuperar serán las plumas: “Hasta que vuelva a replumar todo, mínimo un mes”.

Otro punto a favor que detectó la profesional es que no debería sufrir secuelas a pesar de los daños, aunque aseguró que tendrá que seguir controlándola. “Secuelas no creo que queden, porque no tenía síntomas neurológicos ni nada por el estilo. No estaba fracturada tampoco; una patita le dolía mucho y estaba más inflamada, pero con el tiempo va a mejorar. No creo que queden secuelas”.

En cuanto a la parte legal, el trabajo lo está realizando Huellitas de Córdoba. Según supo este medio, ya lograron obtener la información necesaria e identificaron al hombre del video, por lo que se encuentran ultimando detalles con las abogadas para realizar la denuncia formalmente. Además, están a la espera del informe veterinario que debe realizar Agus.

La fundación le confirmó a Infobae que la denuncia no apuntará solamente al hombre del video, sino a cada una de las personas que estuvieron implicadas en los maltratos. Siguen recibiendo videos e información de distintas situaciones.

“Queremos que este hombre responda por lo que hizo. La violencia hacia los animales no es folklore, no es pasión futbolera y no es un chiste: es maltrato animal”, afirmaron desde la fundación a través de las redes sociales.

“Y algo más: quien es capaz de disfrutar el sufrimiento de un animal en público no debería volver a tener animales bajo su cuidado jamás. No vamos a soltar este caso. Queremos justicia para Elvira y una condena social clara para quienes creen que torturar animales puede ser parte de una celebración”, cerraron en su comunicado. En los comentarios, varias personas también exigían que desde el club tomen alguna medida.

El pasado jueves 21 de mayo, los guardiacárceles de la Unidad Penal N° 1 de Paraná contaban las horas para terminar el turno cuando, cerca del mediodía, una novedad de último momento los obligó a movilizarse.

Pablo Rodríguez Laurta, detenido como principal sospechoso del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio en Concordia y procesado por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio, en Córdoba, pidió ser trasladado de urgencia a la División Tratamiento Correccional.

Según pudo saber Infobae, el interno solicitó formalmente apartar a José Luis Legarreta, hasta ahora su defensor público, y designar en su lugar a un nuevo abogado, Augusto Lafferriere.

Tras la breve declaración, se labró un acta que fue firmada por todas las partes y enviada por correo electrónico al estudio del letrado entrerriano.

La reacción del abogado

Lafferriere recibió la notificación horas después, ya instalado en su casa de Nogoyá, a unos 100 kilómetros de Paraná. La sorpresa fue total.

“No sabía de quién se trataba. Yo no soy muy consumidor de medios”, afirmó el abogado en diálogo con Infobae.

La frase llama la atención porque Lafferriere está acostumbrado a defender casos de alto impacto mediático. Años atrás intervino en la defensa de Nahir Galarza y también representó al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”.

“Con Nahir estuve unos meses. Fue por una cuestión puntual vinculada al acceso a redes sociales y al derecho a la identidad personal”, aclaró. Y agregó: “Pero ahora ya no estoy. Hace tiempo presenté mi renuncia”.

El abogado explicó además que su estudio maneja unas 500 causas penales y que inicialmente creyó que la designación estaba relacionada con otro expediente por narcotráfico. “Pensé que se trataba de uno de los integrantes de una banda investigada. Después empecé a buscar información y ahí descubrí que se trataba de un caso que tuvo repercusión nacional por la gravedad de los hechos atribuidos”, sostuvo.

La estrategia de defensa

Por ahora, la designación no quedó firme. Según explicó Lafferriere, antes de aceptar la representación quiere entrevistarse personalmente con Laurta. “En términos formales, lo que existe es una designación de Pablo Rodríguez Laurta proponiéndome como abogado defensor”, detalló.

Y agregó: “No acepto un caso sin antes hablar con el interesado para definir qué pretende y si es razonable o no lo que solicita. Recién allí deberé informar al Juzgado de Garantías”, precisó Lafferriere. En Entre Ríos el caso está en manos de la jueza Gabriela Seró.

El letrado, además, remarcó que le resultó llamativo haber sido elegido sin ningún contacto previo por parte del acusado o de familiares. “Por lo general, uno toma conocimiento por el potencial cliente o por algún allegado. En este caso nadie se comunicó conmigo”, explicó.

Si finalmente acepta asumir la defensa en Entre Ríos, Lafferriere adelantó que trabajará en coordinación con los abogados que representan a Laurta en Córdoba, donde el acusado deberá afrontar un juicio por jurados por el doble femicidio. “Son procesos distintos y autónomos, pero es importante que exista compatibilidad entre las estrategias y los relatos de defensa”, señaló.

El trasfondo de la disputa con su defensor oficial

Mientras tanto, Laurta continuará representado oficialmente por José Luis Legarreta hasta que la nueva designación sea ratificada ante la Justicia.

La última medida impulsada por el defensor público había sido solicitar una serie de estudios psicológicos sobre el acusado. No se trató de una pericia formal, sino de una instancia preliminar orientada a analizar el perfil psicológico del detenido. Este paso se pautó a principios de marzo. Dos meses después, todavía no había novedades.

La intención era determinar si Laurta atravesó un deterioro emocional progresivo hasta “perder la cabeza” al momento de los hechos que se le atribuyen.

En ese contexto, una de las líneas de análisis apuntaba al vínculo que mantenía con su madre, Estrella Laurta Varela, descripta por personas de su entorno como una mujer de personalidad “particular”.

El acusado volvió a negar su participación en el hecho y dejó un mensaje para las familias de las víctimas. “Les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos, yo no sabía nada del plan”, afirmó según la declaración a la que accedió Infobae.

Durante la audiencia, realizada por videollamada desde el penal de Marcos Paz donde se encuentra bajo arresto, “Pequeño J” explicó los motivos que lo llevaron a dejar su Perú natal e instalarse en la Argentina tras cumplir los 18 años.

Contó que, en busca de una nueva vida, una posibilidad era ir a Chile, pero eligió este país tras averiguar en Internet sobre la comida típica y ver imágenes del Obelisco y la selección de fútbol, entre otras cosas.

Dijo que cruzó la frontera de manera ilegal desde Bolivia y que se asentó en la Villa Zabaleta, donde alquiló una habitación. Enseguida comenzó a trabajar, vendiendo ropa ambulante en La Salada.

En su relato ante el juez federal Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, el imputado afirmó que conoció en la zona a otro acusado en el expediente, Miguel Ángel Villanueva Silva, quien supuestamente le ofreció hacer “changas”, pequeñas tareas, porque a él “no le gustaba salir de la villa”, aseguró.

Respecto a la escena del triple crimen, Janzen Valverde detalló que el 18 de septiembre fue a la casa en la calle Chañar de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Según su versión, aclaró que solo estuvo cerca de 30 minutos junto a otras personas, entre ellas Celeste Magali González Guerrero y dos hombres a los que identificó como “El Gordo”, “El Negro”.

Dijo que se retiraron después de una breve reunión durante la cual “el Gordo” le mostró las habitaciones de la casa y le indicó a González Guerrero que consiguiera dos parlantes porque iban a hacer una fiesta.

Sobre la noche siguiente, en la que ocurrieron los asesinatos, el acusado sostuvo que su participación se limitó a acompañar al “Gordo” para ver una camioneta Chevrolet blanca. Relató que luego regresó a la Villa Zabaleta y que más tarde recibió una pistola y dinero de parte de Matías Ozorio. En la declaración aclaró que no quiso quedarse con el arma y que la guardó pocos días.

“Pequeño J” insistió en que desconocía el plan y que no tuvo participación. En sus palabras: “Yo no sabía nada del plan que tenían ellos, no tenía idea. Sí, le hacía changas a Miguel Ángel, pero no sabía del plan”.

Después del hallazgo de los cuerpos, narró que decidió irse del país porque temía ser detenido y buscaba evitar problemas en la cárcel. Relató que viajó junto a Ozorio, quien contactó a un hombre que, a cambio de una suma en dólares, los llevó desde José C. Paz hasta la frontera con Bolivia y los cruzó en un bote.

Durante el trayecto, el imputado recordó que había dejado una maleta y un arma en la villa, y le pidió a una vecina que las escondiera o destruyera.

Desde Bolivia siguieron viaje hasta Perú. Ya en Arequipa, dijo, decidió no llevar a Ozorio a la casa de su familia y lo dejó continuar solo. Finalmente, fue detenido en Pucusana, trasladado a una comisaría y luego extraditado a la Argentina por orden de la Justicia.

Durante la ampliación de su indagatoria, también pidió hablar sobre su familia y negó que sus tíos tuvieran algún vínculo con el narcotráfico. Dijo que sus parientes no son “narcos ni millonarios” y que su abuelo es una persona mayor que vive en condiciones difíciles.

El acusado cerró su declaración con un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas: “La mayoría de mis familiares son mujeres, hermanas y madre, les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos, yo no sabía nada del plan”.

Las imágenes, captadas este lunes feriado por el 25 de mayo durante la tarde y difundidas por Aire de Santa Fe, muestran al niño —con casco— doblar en uno de los manda peatones de la avenida Almirante Brown y cruzarse de carril sin advertir el riesgo que esa maniobra representaba para el resto de los transeúntes y conductores.

La secuencia fue filmada en el cruce de Almirante Brown con calle Calcena, uno de los puntos de mayor circulación del tradicional espacio ribereño santafesino.

La jornada festiva por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo había concentrado una afluencia inusual de vehículos y peatones en la zona, lo que agravó las condiciones de riesgo en que se produjo el episodio. La imprudencia generó reacciones de alarma inmediata entre quienes transitaban el sector en ese momento.

Lo que también llamó la atención fue el contexto en que el menor circulaba: no iba solo. A su lado se desplazaba un adulto en otra motocicleta, quien a su vez llevaba a otro menor de edad como acompañante. El video fue enviado por un oyente a Aire de Santa Fe, que lo difundió y puso nuevamente el foco sobre la falta de control vial en la ciudad.

Las imágenes también se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, donde la gente repudió el hecho y cuestionó la falta de controles y seguridad.

Un padre hizo manejar a su hijo de 16 años, sin licencia, en la Ruta 40

Meses atrás, un adolescente de 16 años fue sorprendido al volante de una camioneta blanca sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Dina Huapi, Río Negro, sin contar con licencia de conducir. Personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptó el rodado tras recibir alertas de otros automovilistas que reportaron maniobras peligrosas en la vía.

El padre del menor, que viajaba como acompañante, justificó la situación al señalar que le daba clases de manejo en un horario de escaso tráfico. Los agentes, sin embargo, rechazaron el argumento y advirtieron sobre el riesgo que implica ceder el volante a un menor sin formación habilitada en una ruta de alta circulación. A lo largo de la intervención, los uniformados registraron al menos tres paradas involuntarias del vehículo.

“Esta ruta es turística. Es un peligro que usted le dé la conducción a un menor sin licencia”, le remarcó la agente al infractor, quien se excusó: “Lo sé, lo sé. Le pido disculpas. Era temprano, había muy poco tránsito”.

La funcionaria fue contundente al momento de cerrar la intervención: “Nosotros lo paramos acá en Dina Huapi y se le paró tres veces la camioneta. Creo que usted tiene que tomar conciencia, que como padre, responsable y adulto, no le puede enseñar a manejar a un nene en una ruta nacional donde está muy transitada”. Como consecuencia directa de la infracción, los agentes retuvieron la licencia del adulto a cargo.

La normativa en vigor establece que los nuevos titulares de la Licencia Nacional de Conducir deben respetar una serie de restricciones durante los primeros seis meses desde su obtención, entre las que se incluye la prohibición expresa de circular por rutas nacionales, autopistas y zonas céntricas. Estas limitaciones apuntan a reducir la siniestralidad entre los conductores con menor experiencia al volante.

En el marco del mismo operativo, la ANSV desplegó controles reforzados en rutas y accesos turísticos de todo el país, con un saldo de 689.000 vehículos fiscalizados y 15.890 conductores sancionados en trabajo conjunto con provincias y municipios.