El Gobierno de República Dominicana declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica la lucha contra el denominado “terrorismo medioambiental” mediante un decreto que ordena medidas para proteger parques nacionales, cuencas hidrográficas y otros recursos naturales considerados estratégicos.

El presidente dominicano, Luis Abinader, presentó la norma en el Palacio Nacional y afirmó que el Estado endurecerá la respuesta frente a acciones deliberadas o sistemáticas que causen daños graves en áreas protegidas o provoquen la desaparición de parques nacionales.

La disposición ordena reforzar la prevención, la detección y la investigación de agresiones contra parques, cuencas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos. El decreto también prevé la coordinación de organismos civiles, militares, policiales y migratorios.

Abinader sostuvo que quienes participen en esos hechos podrán ser perseguidos sin distinción de nacionalidad. La medida alcanza tanto a los autores materiales como a las personas que ordenen, financien o faciliten las actividades que afecten el patrimonio ambiental.

El decreto abarca incendios forestales e infraestructuras de agua y energía

La norma instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a elaborar una Política Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo Medioambiental.

Ese plan deberá incluir medidas contra incendios forestales provocados y amenazas sobre instalaciones vinculadas al abastecimiento de agua y a la producción energética. También deberá establecer acciones de vigilancia, intercambio de información y respuesta ante posibles ataques contra recursos naturales.

El mandatario advirtió que los incendios intencionales tienen consecuencias que van más allá de la pérdida de flora y fauna. Estos hechos pueden comprometer las fuentes de agua, alterar ecosistemas y afectar la seguridad alimentaria, según señaló.

La iniciativa contempla además canales de denuncia confidencial y el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la colaboración de los ciudadanos. El objetivo es que la población pueda alertar a las autoridades sobre actividades que pongan en riesgo áreas protegidas o infraestructuras ambientales.

Las denuncias serán enviadas al Ministerio Público

El decreto establece que las agresiones contra el patrimonio ambiental deberán ser remitidas al Ministerio Público, que será responsable de determinar las responsabilidades penales que correspondan en cada expediente.

Abinader señaló que las conductas incluidas en el nuevo marco podrán recibir penas de entre 20 y 30 años de prisión, según las disposiciones del Código Penal y la calificación jurídica de los hechos investigados. La referencia a penas de esa magnitud dependerá de que los casos encuadren en los delitos previstos por la legislación dominicana. El texto no crea de forma directa una pena única para todas las afectaciones ambientales, sino que dispone mecanismos institucionales para perseguir los hechos y remitirlos a la justicia.

El presidente también vinculó el decreto con el proceso de regularización de tierras dentro de áreas protegidas. Indicó que durante décadas los parques nacionales carecieron de atención suficiente y de seguridad jurídica sobre parte de sus territorios.

Según explicó, su administración inició la titulación de áreas protegidas que aún no estaban inscritas a nombre del Estado. Esa regularización busca fortalecer el control público sobre espacios ambientales y limitar disputas vinculadas al uso, la ocupación o la explotación de esos terrenos.

La denuncia de la ciudadana Brendaly N. contra Delvin R. R. por la presunta agresión a su hija de siete años abrió un reclamo de justicia. Según la madre, la niña fue golpeada en el rostro y en otras partes del cuerpo, atacada con un palo y humillada dentro del hogar. Hasta ahora, el Ministerio Público no informó la situación jurídica del denunciado ni las diligencias realizadas.

La mujer afirmó que los hechos ocurrieron el 25 de julio y que formalizó la querella cinco días después, un lapso que atribuyó al miedo. En declaraciones difundidas por Teleuniverso al Día, programa de televisión dominicano, sostuvo que actuó tarde porque la madre del denunciado le decía que, si entregaba los documentos del caso, podían quitarle a su hija.

Según la denuncia recogida por El Caribe, diario dominicano, la menor presentó lesiones visibles en el rostro y la familia entregó a las autoridades fotografías, conversaciones telefónicas, mensajes y otros documentos. Brendaly también aseguró que su hija tiene una fractura, aunque hasta ahora no se dieron a conocer informes oficiales sobre evaluaciones médicas o psicológicas.

La relación previa con el denunciado

La acusación apunta al joven basquetbolista Delvin R. R., expareja de la madre, a quien ella había permitido acercarse a la niña por la confianza que existía en la relación. La denunciante dijo que mantuvo cerca de un año de vínculo con él y que esa cercanía fue la razón por la que dejó a la menor bajo su cuidado.

Brendaly relató que su hija le contó lo ocurrido después de las agresiones porque no quería seguir cerca del joven. También afirmó que el señalado intentó desacreditar el relato de la niña al decirles a sus familiares que ella mentía.

Las pruebas y el pedido de la madre

La respuesta que reclama la madre es concreta: que no se deje en libertad al denunciado y que el caso sea investigado. “Ellos tienen las fotografías, las conversaciones y todo lo que estaba pasando, yo solamente quiero que investiguen y que no lo suelten”, dijo al diario.

En otro testimonio citado por la publicación, la mujer describió la agresión con palabras directas: “Le dio con un palo y le metió la cabeza en el inodoro, mi hija tiene golpes hasta en la cara”. Ese relato coincide con lo informado por CDN, canal de televisión dominicano, donde la madre sostuvo que presentó imágenes y otras pruebas al Ministerio Público.

La denunciante agregó que informó primero a la madre del acusado antes de acudir a las autoridades. También dijo que conserva conversaciones que, a su juicio, respaldan que notificó lo ocurrido y buscó ayuda antes de iniciar el proceso formal.

Cuestionamientos sobre el proceso

Brendaly expresó temor de que Delvin fuera dejado en libertad mientras se ampliaban las investigaciones. En el registro audiovisual difundido por Teleuniverso al Día, afirmó que el acusado ya había permanecido más de 48 horas detenido y que le comunicaron que sería liberado mientras continuaba la pesquisa.

La madre también cuestionó a la magistrada Ive M. y dijo que denunciaría su actuación. Según su versión, los familiares del denunciado pudieron entrar a determinadas áreas del proceso, mientras que a los parientes de la niña no se les permitió el mismo acceso.

Ese señalamiento también apareció en la reconstrucción publicada por El Caribe, donde la mujer sostuvo que ella y sus acompañantes enfrentaron obstáculos para participar como familiares de la víctima. A su juicio, durante la audiencia o diligencia correspondiente se dio prioridad a la familia del acusado, pese a que la menor era la presunta agraviada.

La falta de respuesta oficial

La denuncia pública incluye otro elemento: Delvin dijo que su hija es argentina y que, si no obtiene respuesta, acudirá a la embajada de Argentina. También manifestó sentirse desprotegida y confundida por las informaciones recibidas durante el proceso.

Hasta ahora, las autoridades no ofrecieron públicamente su versión sobre la situación procesal del denunciado ni sobre las medidas adoptadas en el caso. Los señalamientos, según el recuento del diario, deberán ser comprobados durante la investigación y bajo las garantías del debido proceso.

El acuerdo fue firmado en Santo Domingo por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor O. Bisonó Haza; la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos; y Bethany Kozma, secretaria de la declaración y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Según informó la Cancillería dominicana, el documento promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres, la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y el acceso a la salud. La adhesión incorpora al país a un grupo de Estados que sostienen que cada nación debe definir sus políticas conforme a su Constitución, legislación y circunstancias internas.

Bisonó vinculó la adhesión con los principios de la Constitución dominicana

Durante el acto, celebrado en el Salón Verde del Ministerio de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza afirmó que la firma expresa principios que, según dijo, forman parte de la visión del país y están incluidos en la Constitución.

“Creemos en la igualdad de la mujer ante la ley, en su derecho a desarrollar plenamente su potencial y acceder a las oportunidades que le permitan avanzar”, sostuvo el canciller.

El ministro agregó que el ingreso de República Dominicana al Consenso de Ginebra implica sumarse a una comunidad de países que reconoce la facultad de los Estados para definir sus políticas públicas.

La declaración plantea que mujeres y niñas tienen derechos humanos “inalienables, integrales e indivisibles”, además de reconocer a la familia como elemento fundamental de la sociedad, con derecho a la protección estatal.

Estados Unidos destacó la incorporación de República Dominicana a la coalición

Bethany Kozma, representante de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, dio la bienvenida a República Dominicana al grupo de países adherentes.

“La participación de la República Dominicana fortalece esta coalición y otorga una voz aún más firme a estos principios en el escenario internacional”, afirmó Kozma, de acuerdo con el comunicado oficial.

El instrumento prevé la cooperación entre los países firmantes para ampliar las oportunidades de las mujeres en los ámbitos político, económico y público; mejorar el acceso de mujeres y niñas a servicios de salud y desarrollo; y reforzar los sistemas sanitarios para atender a poblaciones en situación de riesgo. También promueve la movilización de recursos para mujeres, niños y familias, junto con políticas públicas que contemplen la maternidad, el cuidado y la cobertura sanitaria.

El acuerdo propone coordinación en organismos multilaterales

La Declaración de Consenso de Ginebra establece que los Estados adherentes trabajarán de forma coordinada en instancias multilaterales y mantendrán un diálogo dentro del sistema de las Naciones Unidas para defender los principios incluidos en el texto.

Entre esos puntos, el documento remarca la responsabilidad primaria de los gobiernos para decidir las medidas y mecanismos destinados a ampliar la cobertura sanitaria, de acuerdo con sus prioridades nacionales.

La iniciativa fue lanzada en 2020 y reúne a países que respaldan la protección de la vida, la familia, la soberanía nacional y la salud de las mujeres y las niñas.

Un total de 237 centros educativos públicos no pudo iniciar las clases con estudiantes durante la primera semana del año escolar 2026-2027, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). La entidad atribuyó la mayor parte de los casos a deficiencias en la infraestructura, obras inconclusas y falta de servicios básicos como agua y electricidad.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, difundió los resultados del Primer Monitoreo de Apertura del Año Escolar 2026-2027, elaborado por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos Badía. El relevamiento evaluó las condiciones de apertura, la asistencia, la disponibilidad de personal, la alimentación escolar y el estado de los planteles públicos.

“Uno de cada ocho centros reportados no abrió con estudiantes para un total de 237 centros educativos del país”, afirmó Hidalgo durante la presentación del estudio.

La muestra incluyó 1,729 escuelas, equivalentes al 22.3% de los 7,760 centros públicos del país. La ADP recibió 1,832 respuestas válidas de docentes, directores y representantes gremiales de distintas zonas de República Dominicana. El trabajo de campo se realizó entre el 24 y el 28 de agosto de 2026.

De acuerdo con los datos, 1,487 centros, el 81.2%, iniciaron la docencia con estudiantes. Otros 108 establecimientos, el 5.9%, abrieron de forma parcial, ya fuera en determinadas tandas o niveles educativos. En conjunto, 345 centros, el 18.8% de los relevados, no lograron una apertura plena.

El 60.3% de los planteles no recibió reparaciones durante las vacaciones

El informe de la ADP señaló que 1,105 escuelas no recibieron trabajos de reparación durante el receso escolar, lo que representó el 60.3% de los establecimientos consultados. La organización sostuvo que esta situación incidió en las dificultades para el comienzo del ciclo lectivo.

Entre las escuelas que sí tuvieron intervenciones, 121 planteles, el 6.6%, todavía mantenían obras en ejecución al momento del relevamiento. Según el gremio docente, esos trabajos impidieron que las clases comenzaran con normalidad en algunos casos.

Hidalgo afirmó que el deterioro de los edificios escolares se ubicó como la principal causa de las limitaciones en la apertura. De los 345 centros que no comenzaron plenamente las actividades, 199, el 57.7%, señalaron problemas vinculados con el estado del plantel.

“De los 345 centros sin apertura plena, 199 señalan el estado del plantel: obras sin terminar, aulas inservibles y falta de agua o de electricidad”, detalló el presidente de la organización.

El reporte también identificó otras causas. En 88 escuelas, el 25.5% de los casos sin apertura completa, los estudiantes no asistieron pese a que el personal y las instalaciones estaban disponibles. La falta de docentes o de otros trabajadores afectó a 34 centros, el 9,9%, mientras que la acción gremial apareció eFn cinco casos, el 1,4%.

La asistencia estudiantil estuvo por debajo del 75% en los tres niveles

La baja concurrencia de alumnos también fue uno de los aspectos destacados por el monitoreo. Entre las escuelas que sí iniciaron las clases, el 59.1% de los centros de nivel Inicial informó una asistencia inferior al 75%.

En Primaria, la proporción fue de 58.7%. En Secundaria, el 57.6% de los establecimientos que comenzaron las actividades indicó que menos de tres cuartas partes de los alumnos asistieron durante los primeros días. Además, el 13.3% de los centros secundarios no aportó datos sobre la asistencia, el porcentaje más alto entre los tres niveles relevados.

El Ministerio de Salud de República Dominicana intervino desde este lunes ocho hospitales del país para evaluar las condiciones que inciden en la mortalidad y la morbilidad materno-infantil. El operativo técnico durará hasta 15 días y derivará en informes por centro, un diagnóstico nacional, medidas correctivas obligatorias y seguimiento posterior.

La cartera sanitaria informó que el proceso no supone la sustitución de autoridades hospitalarias. La intervención busca identificar brechas, establecer responsabilidades y fijar plazos de cumplimiento en establecimientos donde los indicadores epidemiológicos o los reportes hospitalarios exigen una respuesta inmediata.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que cinco equipos especializados revisan áreas específicas: vigilancia epidemiológica y control de infecciones; calidad del agua, saneamiento y manejo de desechos; cumplimiento de protocolos materno-infantiles; disponibilidad de medicamentos e insumos; y calidad de la atención, seguridad del paciente e infraestructura.

El operativo abarcará maternidades y hospitales de ocho demarcaciones

Atallah sostuvo que cada muerte materna o infantil debe ser investigada y que cada hallazgo debe traducirse en acciones para prevenir nuevos casos y garantizar atención segura y de calidad. También afirmó que la intervención tendrá continuidad más allá de la visita inicial, con verificaciones posteriores para comprobar que las correcciones hayan sido ejecutadas.

Los centros intervenidos son el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el Distrito Nacional; el Hospital Universitario Maternidad San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este; el Hospital Presidente Estrella Ureña, en Santiago; el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey; el Hospital Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana; el Hospital Universitario Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo Oeste; el Hospital Municipal de Verón, en La Altagracia; y el Hospital Ángel Contreras, en Monte Plata.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el levantamiento será supervisado de forma directa por el ministro y por los seis viceministerios. Una vez consolidados los hallazgos, la institución elaborará un plan de acción correctiva para cada establecimiento.

Los resultados serán presentados ante el Gabinete de Salud, coordinado por la Vicepresidencia de la República. La intervención fue definida por la cartera como parte de sus labores permanentes de vigilancia, supervisión y rectoría sobre la red hospitalaria.

La jornada Más Salud ofrecerá atención gratuita en Mao durante dos días

En paralelo, el Ministerio de Salud anunció una jornada gratuita en el municipio de Mao, provincia Valverde, para los días 4 y 5 de septiembre. La actividad se realizará en el Liceo Juan de Jesús Reyes, en la avenida Abraham Lincoln 29 B, entre las 8:00 y las 16:00.

Según la institución, la jornada Más Salud acercará consultas médicas, vacunación, orientación preventiva y otras intervenciones dirigidas a responder a necesidades sanitarias de la población local y de zonas cercanas. El operativo incluirá además atención en salud mental y acciones de educación sanitaria.

Atallah señaló que estas jornadas buscan crear un espacio de encuentro con las comunidades para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores reciban servicios y herramientas para el cuidado de su bienestar y el de sus familias. También llamó a los residentes de la demarcación y áreas vecinas a asistir con sus familiares para aprovechar la oferta sin costo.

La cartera sanitaria indicó que llevar estos operativos a las provincias permite reducir barreras de acceso y acercar servicios esenciales a familias con dificultades para desplazarse o para obtener atención a tiempo. Añadió que el programa apunta tanto a atender enfermedades como a fortalecer la prevención y la detección temprana.

La República Dominicana otorgó 18, 861 residencias en 2026, con una concentración en ciudadanos de Haití, Venezuela, China, Estados Unidos y Colombia, según los registros publicados por la Dirección General de Migración y retomados por Listín Diario; la mayor parte correspondió a permisos temporales, seguidos por residencias permanentes y definitivas.

Del total concedido en el año analizado, 14, 901 fueron residencias temporales, 3,567 permanentes y 393 definitivas, de acuerdo con las estadísticas de Datos Abiertos de la Dirección General de Migración correspondientes al período 2018-2026, aunque el informe citado no precisa el mes de corte de 2026.

Ese reparto muestra que la residencia temporal concentra la mayor parte de los permisos concedidos a extranjeros para vivir en territorio dominicano, mientras que la definitiva es la categoría menos numerosa.

Haití encabezó las tres categorías de residencia otorgadas en 2026

En las residencias temporales, la categoría más numerosa, los ciudadanos de Haití recibieron 2,796 permisos. Les siguieron Venezuela con 2.250, China con 1.343, Colombia con 1.161, Estados Unidos con 1.035, Cuba con 992, España con 777, México con 584, Italia con 384 y Perú con 359.

En el grupo de cantidades intermedias aparecen Francia con 263 residencias, Argentina con 237, Brasil con 227, Rusia con 188, Ecuador con 172, Canadá con 148, Alemania con 147, Guatemala con 135, Chile con 128, Honduras con 120, Costa Rica con 100, Suiza con 99, El Salvador con 85, Nicaragua con 81, Bolivia con 64, Panamá con 61, India con 54, Países Bajos con 54 y República de Corea con 38.

También obtuvieron residencias temporales ciudadanos de Portugal con 31, Bélgica con 27, Ucrania con 25, Turquía con 22, Pakistán con 20, Uruguay con 19, Polonia con 18, Austria con 16, Paraguay con 15, Lituania con 12, República Checa o Chequia con 12, Bulgaria con 11, Líbano con 11, Japón con 10, Kazajistán con 10, Sri Lanka con 10, Irán con nueve, Israel con nueve.

Además de Jamaica con nueve, Dinamarca con ocho, Hungría con ocho, Suecia con ocho, Filipinas con siete, Ruanda con siete, Rumania con siete, Serbia con siete, Bielorrusia con seis, Eslovenia con seis, Grecia con seis, Nigeria con seis y Reino Unido con 55.

La misma categoría incluyó además a Finlandia con cuatro, Armenia con cuatro, Letonia con cuatro, Malasia con cuatro, Sudáfrica con cuatro, Zambia con cuatro, Camerún con tres, Croacia con tres, Guayana con tres, Irlanda con tres, Mozambique con tres y Nepal con tres.

Las residencias permanentes sumaron 3,567 y las definitivas quedaron en 393

En las residencias permanentes, la Dirección General de Migración registró 822 permisos para haitianos, 433 para venezolanos, 366 para ciudadanos de China, 267 para estadounidenses, 228 para colombianos, 224 para españoles, 192 para italianos y 184 para cubanos.

Entre las demás nacionalidades con residencias permanentes figuran Alemania con 81, Canadá con 72, Perú con 52, Rusia con 50, México con 47, Suiza con 47, Francia con 95, Ecuador con 35, Argentina con 33, Chile con 24, Dinamarca con 24, Guatemala con 24, Bélgica con 18, Reino Unido con 17, Brasil con 15, El Salvador con 14, Bolivia con 11, Japón con 10, Honduras con 10, Nicaragua con nueve, Ucrania con nueve, India con ocho, Uruguay con ocho y Austria entre otros, según la publicación.

Las residencias definitivas fueron la categoría menos frecuente: 61 correspondieron a ciudadanos de Haití, 42 a Estados Unidos, 40 a España, 34 a Italia, 27 a Colombia, 23 a Alemania, 20 a China y 18 a Francia.

En esa misma categoría aparecen Cuba con 12, Venezuela con 12, Canadá con 10, Perú con ocho, República de Corea con ocho, Argentina con siete, Suiza con seis, Costa Rica con cinco, Países Bajos con cinco, Rusia con cinco, Bulgaria con tres, Ecuador con tres, Honduras con tres, India con tres, Panamá con tres, Reino Unido con tres, Uruguay con tres y Serbia con dos.

El registro retomado por Listín Diario también consigna una residencia definitiva para ciudadanos de Argelia, Bahamas, Bélgica, Brasil, Chile, Filipinas, Finlandia, Indonesia, Israel, Japón, Nicaragua, Nigeria, Rumania y Suecia.

El sistema judicial de República Dominicana resolvió en promedio el 94,9% de los casos ingresados, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio señaló una reducción de la mora judicial, la digitalización de trámites y políticas de inclusión, y planteó que el desafío pendiente es traducir esos avances en un acceso más simple y equitativo para la ciudadanía.

El reporte, titulado Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana, fue presentado el martes 1 de septiembre en Santo Domingo, durante una actividad realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La iniciativa forma parte de la cooperación entre el PNUD y el Poder Judicial dominicano.

La representante residente del organismo internacional, Ana María Díaz, sostuvo que el sistema amplió su capacidad de respuesta, aunque persisten diferencias entre territorios y barreras que afectan a quienes necesitan recurrir a los tribunales.

El informe propone evaluar la justicia desde la experiencia de quienes acuden a los tribunales

“Los datos muestran una justicia que avanza: hoy el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94,9%, con diferencias territoriales”, afirmó Díaz. También señaló que más de tres millones de documentos fueron firmados de forma digital y que cerca del 66% de los trámites judiciales ya se procesa electrónicamente.

El análisis, denominado Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, planteó que los indicadores de gestión deben complementarse con la experiencia de las personas usuarias del servicio.

Para quienes inician un proceso judicial, la respuesta no se limita a recibir una sentencia. El informe indicó que también resultan determinantes la posibilidad de encontrar orientación, comprender los procedimientos, seguir el avance del expediente y recibir un trato respetuoso.

El documento fue elaborado a partir de registros institucionales, indicadores, encuestas exploratorias, entrevistas y una revisión documental. A partir de ese material, identificó ocho hallazgos sobre los avances y los desafíos de la justicia dominicana.

El primero apuntó a que la eficiencia es necesaria, aunque debe estar acompañada por mecanismos que reduzcan los obstáculos de acceso. El segundo advirtió que los ingresos, la residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales aún pueden condicionar la posibilidad de iniciar y sostener un reclamo judicial.

Las diferencias territoriales y la brecha digital siguen entre los desafíos

El tercer hallazgo señaló que las necesidades de justicia no son iguales en todo el país. Una menor cantidad de expedientes en un territorio no implica, necesariamente, una menor existencia de conflictos, sino que puede reflejar dificultades para llegar al sistema judicial.

El informe también destacó los efectos de la digitalización. La incorporación de herramientas electrónicas permitió reducir traslados, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de causas. A la vez, recomendó mantener alternativas presenciales y servicios de orientación para las personas que no cuentan con acceso a tecnología o no pueden utilizarla.

La investigación planteó que la atención a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad debe derivar en medidas efectivas de protección y acompañamiento.

Otro de los puntos abordó la confianza pública. Según el PNUD, esa percepción depende de factores como la escucha de las partes, la claridad de las explicaciones y el trato recibido durante el proceso.

La demora en las decisiones puede afectar empleo, vivienda e ingresos

El estudio vinculó la seguridad jurídica con cuestiones de la vida cotidiana, entre ellas el empleo, los ingresos, la vivienda, el patrimonio y la actividad comercial. Desde esa perspectiva, una decisión tardía puede tener consecuencias en la estabilidad de personas y familias.

El octavo hallazgo se refirió a la preparación del sistema ante nuevos tipos de conflictos, como los vinculados con el ambiente y el cambio climático. El informe planteó que estos asuntos requerirán respuestas institucionales que contemplen su complejidad y sus efectos sociales.

A partir de los ocho hallazgos, el PNUD propuso 11 recomendaciones alineadas con el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, una hoja de ruta impulsada por el Poder Judicial para orientar la transformación del sistema.

Con 48,521 movimientos, las aerolíneas de Estados Unidos encabezaron el tráfico internacional de República Dominicana durante los primeros siete meses de 2026. El registro difundido por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) las situó por delante de las compañías de otras banderas que operaron en el país.

Durante ese periodo, los aeropuertos dominicanos conectaron con 79 países y movilizaron 12,976,913 pasajeros. El informe del IDAC también contabilizó 137,158 operaciones, entre llegadas y salidas.

República Dominicana registró actividad aérea sostenida durante los primeros siete meses de 2026, con predominio de la aviación comercial y una amplia presencia de aerolíneas extranjeras. Punta Cana (MDPC) fue el aeropuerto con más operaciones, mientras que las rutas reflejaron vínculos con América del Norte, Europa y el Caribe.

Las salidas representaron el 50.5% de los vuelos registrados

El reporte oficial incluyó 67,897 llegadas, equivalentes al 49.5% del total. Las salidas alcanzaron 69,261 movimientos y superaron por una diferencia reducida a los vuelos de entrada.

La distribución mostró un volumen similar en ambos sentidos del tráfico aéreo. Los datos abarcan los movimientos registrados desde el 1 de enero hasta el 31 de julio.

Marzo fue el mes con mayor actividad, con 21,606 operaciones. Enero acumuló 20,469 vuelos y julio cerró con 20,144.

En abril se registraron 19,045 movimientos. Febrero sumó 18,566, mayo contabilizó 18,766 y junio llegó a 18,562 operaciones.

El comportamiento mensual se mantuvo dentro de una franja próxima a los 18 mil y 21 mil vuelos. La información difundida por el organismo permite observar una demanda constante durante el período analizado.

Punta Cana (MDPC) concentró 52,317 movimientos

El aeropuerto de Punta Cana (MDPC) encabezó la actividad nacional con 26,096 llegadas y 26,221 salidas. La terminal acumuló 52,317 operaciones en los primeros siete meses del año.

El aeropuerto de Las Américas (MDSD) ocupó el segundo lugar. La instalación registró 14,271 vuelos de llegada y 14,339 salidas, para un total de 28,610 movimientos.

La terminal de La Isabela (MDJB) reunió 25,106 operaciones. Sus registros incluyeron 12,407 llegadas y 12,699 despegues.

Los aeropuertos de Cibao, La Romana, Puerto Plata y El Catey también figuraron entre las terminales con mayor actividad. Sus cifras acumuladas se ubicaron entre 5,766 y 14,356 movimientos.

La concentración de vuelos en Punta Cana, Las Américas y La Isabela reflejó el peso de esas tres terminales dentro del sistema aeroportuario dominicano. El resto de los aeropuertos mencionados mantuvo una participación menor, aunque aportó conectividad a distintas zonas del país.

La aviación comercial reunió 94,483 vuelos

La aviación comercial fue la categoría con mayor cantidad de operaciones, con 94,483 vuelos registrados. El dato incluye los servicios que concentraron la mayor parte del tránsito aéreo relevado por el IDAC.

La aviación general sumó 38,639 operaciones. Las otras categorías alcanzaron 4,036 movimientos durante el mismo lapso.

El listado por bandera de las aerolíneas mostró el predominio de las compañías estadounidenses. Sus 48,521 operaciones representaron el mayor volumen entre los países de origen identificados en el informe.

Las aerolíneas de Canadá, Francia, Alemania, Brasil, Panamá, Colombia, México y España también formaron parte de la actividad registrada. La presencia de esas banderas expuso la diversidad de conexiones que operaron hacia y desde República Dominicana.

Las conexiones incluyeron rutas hacia América del Norte, Europa y el Caribe

El mapa de operaciones divulgado por el IDAC mostró vínculos de los aeropuertos dominicanos con América del Norte, Europa y el Caribe. La red aérea alcanzó, además, 79 países durante los siete meses relevados.

La variedad de aerolíneas acompañó el número de pasajeros movilizados por las terminales nacionales. El informe reunió datos sobre vuelos, viajeros, aeropuertos y países de procedencia de las compañías.

Los registros oficiales señalaron que la actividad aérea mantuvo un ritmo estable pese a las diferencias mensuales. El volumen de llegadas y salidas permaneció equilibrado durante todo el período.

El documento del Instituto Dominicano de Aviación Civil presentó un panorama del tránsito aéreo nacional entre enero y julio. Sus cifras permitieron identificar el liderazgo de Punta Cana (MDPC), el peso de la aviación comercial y la amplitud de las conexiones internacionales del país.

El Ministerio Público de República Dominicana presentó acusación formal contra nueve integrantes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la Operación Leopardo, a la que atribuye el tráfico de casi 1.7 toneladas de cocaína y movimientos financieros por más de RD$258.8 millones y USD 1.6 millones, además de la adquisición de inmuebles, embarcaciones, vehículos, armas y joyas que ahora pide decomisar.

La investigación vincula a la organización con 1,693,42 kilogramos de cocaína: 1,027.15 kilogramos ocupados el 25 de abril de 2025 en la embarcación “Lucifer”, en la zona de Cap Cana, y otros 666,27 kilogramos incautados el 18 de octubre de 2025 durante 17 allanamientos simultáneos. Parte de esa segunda incautación estaba almacenada en el establecimiento Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma.

Según informó la Procuraduría General de la República, la acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia y solicita la apertura a juicio, el mantenimiento de las medidas de coerción y cautelares vigentes, y el decomiso de los activos presuntamente ligados a los hechos imputados.

Los acusados son Moisés Severino Inirio, Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota, Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza, Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.

De acuerdo con el expediente, la estructura operaba en distintas regiones del país y utilizaba villas, comercios, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este como puntos de recepción, almacenamiento y despacho de droga.

Los cargamentos llegaban desde Colombia por las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá.

La acusación sostiene que luego la cocaína era trasladada por vía terrestre a inmuebles vinculados con los integrantes del grupo y enviada en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico. Desde allí, era distribuida hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.

La investigación identifica a Moisés Severino Inirio, alias el Flaco, como principal coordinador logístico de la estructura. A Pedro Luis Cordero Espinal le atribuye labores de coordinación internacional, y a Daniela Sthefany Amancio Olaverría funciones financieras y logísticas.

A los demás procesados les adjudica tareas de almacenamiento, transporte, custodia de sustancias, administración de establecimientos, movilización de dinero y ocultamiento de bienes. El órgano acusador afirma que la responsabilidad penal del grupo quedó comprometida a partir de las pesquisas dirigidas por los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier Sánchez, bajo la coordinación de Ramona Nova Cabrera y Claudia Lorena Garrido.

El expediente financiero incluye depósitos fraccionados, hawala y pagos con USDT

Uno de los ejes centrales del caso es el presunto lavado de activos. Los análisis financieros incorporados a la acusación, según la información oficial, permitieron identificar ingresos y fondos movilizados por más de RD$258.8 millones (USD 4.41 millones) y USD 1.6 millones mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos.

El Ministerio Público describe patrones asociados al blanqueo de capitales: depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, uso de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas. Entre estas últimas, menciona en particular operaciones con USDT en la red TRC20.

La acusación añade que una parte importante de los bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y testaferros, sin que los imputados pudieran justificar su origen con actividades económicas lícitas.

Entre los activos cuya incautación se solicita figuran USD 154,800 y RD$927,000 en efectivo (USD 15,783.20 ), así como una villa de lujo en Cap Cana adquirida mediante una operación de USD 820,000. También aparecen un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo, dos solares en San Antonio de Guerra, un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana, y varios terrenos e inmuebles en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.

El expediente incluye además las embarcaciones “Beto III”, “Fish On” y “Lucifer”, esta última señalada como medio de transporte del cargamento de 1,027.15 kilogramos. A eso se suman camionetas, yipetas, motocicletas, pistolas, escopetas, rifles, un fusil calibre 5.56, cargadores y municiones.

La solicitud de decomiso también alcanza relojes de marcas como Rolex, Breitling, Diesel, Apple y Curren, además de cadenas, pulseras, anillos y otras prendas de apariencia áurea. El inventario incorpora cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas, máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.

La causa fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos, con colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Los registros policiales pasan al archivo muerto después de 10 años desde su inclusión en el Registro de Control e Inteligencia Policial, según reafirmó el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0840/26.

El traslado no implica borrar ni eliminar la información. El dato deja de ser clasificado, pasa al archivo histórico de la Policía Nacional y permanece bajo reserva, de acuerdo con la decisión publicada por Diario Libre.

El tribunal resolvió una acción de hábeas data presentada contra la institución policial. La disputa se originó porque un registro de una investigación de enero de 2011 todavía figuraba como “activo”, pese a que había vencido el plazo previsto para esa categoría.

La alta corte ordenó recategorizar ese antecedente y enviarlo al archivo muerto. Una certificación del Archivo Central de Individualización Física y Antecedentes, emitida en julio de 2024, confirmó que el estatus continuaba vigente.

El cambio de estatus no habilita la divulgación de los datos

La sentencia establece que, una vez cumplida una década, los datos del Registro de Control e Inteligencia Policial pierden el carácter de información clasificada. La medida no permite su difusión pública ni habilita el acceso libre a esos antecedentes.

El registro debe conservarse en el archivo histórico de la Policía Nacional. Allí mantiene su carácter reservado y solo puede utilizarse conforme a las reglas que regulan los sistemas internos de inteligencia e investigación.

El Tribunal Constitucional explicó que el cambio afecta el tratamiento del dato, no su existencia. Por ese motivo, una persona no obtiene la eliminación automática de la información policial solo porque hayan transcurrido 10 años.

La decisión se apoyó en el Decreto 122-07, emitido en marzo de 2007. El artículo nueve de esa norma dispone que, al vencerse ese período, los datos del Registro de Control e Inteligencia Policial deben pasar a ser información no clasificada.

Según informó Diario Libre, el decreto también establece que ese sistema es de uso exclusivo de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Por ello, la reclasificación de un registro no lo convierte en un documento disponible para el público.

La regla se aplica al Registro de Control e Inteligencia Policial

El fallo hizo una distinción entre este registro y otros antecedentes que puede manejar la Policía Nacional. El Decreto 122-07 contempla fichas temporales usadas en investigaciones y registros permanentes vinculados con condenas definitivas.

La regla de los 10 años alcanza de forma específica al Registro de Control e Inteligencia Policial. El tribunal no indicó que el mismo plazo deba aplicarse automáticamente a las demás clases de fichas previstas en la normativa.

La sentencia sostuvo que los archivos internos y reservados no están prohibidos. El Tribunal Constitucional reconoce que pueden existir bases de datos policiales para fines legítimos de investigación e inteligencia.

El límite consiste en que la información debe usarse solo para los objetivos que justificaron su recopilación. Los datos no pueden ser empleados fuera de esos fines.

El Tribunal Constitucional protegió la intimidad y el honor de la persona registrada

La alta corte advirtió que divulgar información contenida en esos archivos puede vulnerar los derechos a la intimidad y al honor de la persona registrada. Esa fue una de las razones para mantener la reserva incluso después del traslado al archivo histórico.

El fallo deja claro que un registro puede mantenerse dentro de los archivos de la Policía Nacional, pero no puede conservar de manera indefinida la condición de información clasificada activa cuando la norma ordena cambiarla.

El caso llegó al Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Superior Administrativo rechazara el hábeas data. La alta corte reprochó a esa jurisdicción que no respondiera el argumento sobre el vencimiento del plazo de 10 años.

Con la revocación de la decisión anterior, el tribunal ordenó modificar el estatus del antecedente vinculado con la investigación de 2011. El dato deberá permanecer en el archivo histórico, bajo reserva, pero sin figurar como un registro clasificado activo.

La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana aplicará nuevas reglas para vigilar las mercancías que salen de puertos y centros logísticos rumbo a la frontera con Haití.

El plan busca reforzar la trazabilidad de los contenedores, ordenar los despachos y reducir riesgos de desvío de productos hacia el mercado dominicano.

Las disposiciones llegan en un momento de mayor presión sobre el comercio terrestre entre ambos países. La inseguridad en territorio haitiano ha impedido que varias navieras lleven las cargas hasta el destino final, por lo que los contenedores deben descargarse en la frontera y trasladarse a vehículos que ingresan a Haití.

Las medidas fueron anunciadas por el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, durante declaraciones publicadas por Diario Libre. La institución no informó una fecha específica para la entrada en vigencia de las nuevas restricciones, aunque indicó que serán parte de su estrategia para fortalecer el control del tránsito internacional de carga.

Las empresas deberán avisar con 24 horas de anticipación

Uno de los principales cambios será la obligación de que las empresas importadoras soliciten cada operación de tránsito internacional con al menos 24 horas de anticipación. La medida permitirá a Aduanas conocer con tiempo el volumen, la procedencia y el destino declarado de las mercancías.

Ese registro previo facilitará la planificación de las inspecciones y el seguimiento de cada contenedor desde su salida de los puertos nacionales hasta los puntos fronterizos. También busca evitar operaciones fuera de los procedimientos autorizados.

La DGA establecerá además una franja horaria para el traslado de las cargas. Los contenedores podrán salir de puertos y centros logísticos únicamente entre las 8:00 y las 13:00. Si una empresa no tiene lista la mercancía antes de la hora límite, deberá esperar hasta el día siguiente para realizar el despacho.

Cada empresa tendrá un máximo de 20 contenedores por día

La reforma incluye un tope diario de 20 contenedores por empresa con destino a la frontera haitiana. Con ese límite, las autoridades pretenden regular el flujo de vehículos de carga y tener mayor capacidad para supervisar las operaciones.

El aumento de los envíos explica la decisión. De acuerdo con la información divulgada por Aduanas, cerca de 3,900 contenedores fueron despachados hacia Haití en lo que va de 2026. Esa cantidad equivale a un incremento del50% frente al mismo período de 2025.

Arroyo señaló que Haití depende en gran medida de productos importados y que el tránsito internacional de mercancías está respaldado por acuerdos internacionales. Por esa razón, República Dominicana no puede prohibir el paso de cargas con destino al país vecino, aunque sí puede establecer controles para asegurar que cumplan las condiciones legales.

La seguridad en Haití obliga a cambiar la operación logística

La falta de condiciones de seguridad en Haití modificó la forma en que se movilizan los productos. Las navieras han evitado cruzar la frontera debido al riesgo de asaltos y a la presencia de grupos armados que controlan zonas del país.

Como resultado, los contenedores llegan a los puntos fronterizos dominicanos, donde la carga debe pasar a otros camiones para continuar su recorrido. Ese proceso implica mayores costos para las empresas, debido al traslado adicional y al incremento de las pólizas de seguro.

Aduanas reconoció que el país todavía no cuenta con toda la infraestructura necesaria para almacenar y manejar este tipo de mercancías en tránsito bajo un sistema plenamente controlado. Las nuevas reglas buscan ordenar ese movimiento mientras persistan las limitaciones logísticas y de seguridad en la frontera.

La sociedad dominicana se mantiene consternada tras revelarse los alarmantes detalles que rodean el caso de la fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, ubicada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Las autoridades gubernamentales y judiciales han intensificado las pesquisas para esclarecer el alcance de los presuntos abusos, explotación laboral y posible trata de personas en perjuicio de múltiples niños, niñas y adolescentes.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, identificó a Ángel Gabriel Capellán como la persona que estaría al frente de la denominada Fundación Restaurando Vida, entidad que, según las informaciones ofrecidas a los medios dominicanos, estaría registrada desde 2016 y tendría entre sus objetivos el rescate de familias en condiciones de vulnerabilidad y de personas huérfanas.

De acuerdo con las informaciones preliminares presentadas por la funcionaria, la investigación se inició luego de que un menor de edad escapara del lugar donde presuntamente permanecía retenido y denunciara que había otros niños en condiciones similares.

En su testimonio, denunció ser víctima de constantes castigos físicos y vejaciones, que incluyeron golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y la obligación de permanecer de rodillas durante períodos prolongados mientras sostenía objetos pesados sobre la cabeza.

Asimismo, la víctima señaló que se le impedía asistir a la escuela y era forzada a realizar arduas labores de carpintería y manejo de madera destinadas a la construcción de una vivienda dentro del predio.

El recinto funcionaba dentro de una iglesia establecida en una finca del sector Las Paredes, en Haina. Tras recibir la alerta del menor, la Policía Nacional coordinó acciones inmediatas junto al Ministerio Público y las instituciones de protección a la niñez, ejecutando al menos dos allanamientos que permitieron el rescate de 14 menores de edad, cuyas edades oscilan entre los tres meses y los 13 años. Todos los niños rescatados fueron trasladados a una casa de acogida bajo la protección del Estado.

Advertencias de la sociedad civil y solicitud de medidas de coerción

Por su parte, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, a través de su coordinador para la región sur, Carlos Manuel Sánchez Díaz, advirtió que la cifra de menores afectados podría ser superior a la reportada inicialmente, señalando que en el lugar permanecían más de 20 niños y adolescentes.

Sánchez Díaz enfatizó a los medios que desde hace meses la organización había alertado a las autoridades sobre la falta de supervisión y acompañamiento institucional hacia la fundación y su encargado, advirtiendo sobre las precariedades y la presencia de personas con problemas de adicción en áreas contiguas.

El dirigente de derechos humanos reiteró la imperiosa necesidad de que el Ministerio Público determine con exactitud si en el sitio se incurrió en delitos graves como trata de personas y abusos sistemáticos, además de hacer un llamado a la responsabilidad de los progenitores que abandonan o ceden el cuidado de sus hijos sin las debidas garantías.

En el plano judicial, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para dos hombres acusados de maltrato físico y psicológico en contra de los infantes. Los imputados son Ángel Gabriel Capellán, identificado como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.

Ambos deberán comparecer ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, donde un juez determinará las medidas cautelares correspondientes mientras concluyen las investigaciones. Las autoridades judiciales reiteraron su compromiso de profundizar las pesquisas para fijar responsabilidades individuales e imponer todo el peso de la ley.

Una mujer fue condenada a 15 años de prisión en República Dominicana después de que una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva York detectara que enviaba imágenes sexuales de menores a cambio de dinero, un caso que terminó con una sentencia por explotación de sus dos hijas y de otras niñas de su entorno familiar y social.

El fallo también incluyó una multa equivalente a 100 salarios mínimos, mientras que Daniel Batista, el hombre cuyo teléfono permitió descubrir la trama, ya había sido condenado a 18 años de prisión en el estado de Nueva York por posesión de material de abuso sexual infantil.

Según Diario Libre, la investigación no comenzó en territorio dominicano ni a partir de una denuncia local. El punto de partida fue el análisis forense del celular de Batista, investigado en Nueva York por delitos sexuales.

Ese examen permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar un patrón de recepción recurrente de imágenes de contenido sexual de menores enviadas desde territorio dominicano. De acuerdo con el Ministerio Público, Batista solicitaba ese material y remitía dinero a cambio.

Las autoridades estadounidenses enviaron a República Dominicana la documentación digital vinculada con la pesquisa contra Batista sin que existiera una solicitud previa del país caribeño. La información fue recibida por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Ministerio Público explicó que ese intercambio se produjo mediante los mecanismos de cooperación previstos en la Convención de Palermo. Ese marco permite que un Estado transmita información penal a otro cuando entiende que puede contribuir al inicio o a la conclusión de una investigación.

El celular de Daniel Batista permitió establecer el vínculo entre Nueva York y República Dominicana

A partir de esos datos, la PETT abrió las pesquisas en República Dominicana. La investigación dominicana permitió establecer después quién producía las imágenes y de qué forma eran obtenidas.

Según la acusación, la mujer condenada desnudaba y fotografiaba a sus dos hijas, ambas menores de edad, y también a otras niñas de su entorno familiar y social para enviar ese material a Batista a cambio de dinero. La identidad de las víctimas fue protegida durante la investigación y el proceso judicial por tratarse de menores.

El caso fue conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El tribunal, integrado por los jueces Keila Pérez, Arisdeilis Méndez y Francis Hernández, acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y dictó la condena de 15 años.

La procesada fue declarada culpable de violar disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La fiscalía sostuvo que la cooperación internacional fue determinante para lograr la condena

La investigación en República Dominicana estuvo encabezada por la procuradora fiscal Aleika Almonte, con apoyo de la agencia investigativa Dictot y de la Unidad de Investigaciones de la PETT. Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por Almonte y la procuradora fiscal Noelia Tavera.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez sostuvo, citada por el medio, que “este caso demuestra que ningún agresor, ni quienes facilitan la explotación de niños, niñas y adolescentes, están fuera del alcance de la justicia”.

Bejarán Álvarez añadió que “la cooperación internacional es fundamental para perseguir estos crímenes”. También afirmó que desde la PETT seguirán fortaleciendo esos vínculos para proteger a la niñez.

Familiares de afectados y representantes de organizaciones de derechos humanos han presentado una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República de la República Dominicana, alertando que más de 150 ciudadanos dominicanos han sido captados mediante falsas ofertas de empleo e integrados contra su voluntad en zonas de conflicto bélico en el extranjero, principalmente en Rusia y la región disputada del Donbás.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), en conjunto con parientes de las víctimas, formalizó la solicitud de investigación por el delito de trata de personas y tráfico ilícito de nacionales.

De acuerdo con los testimonios presentados, la red de reclutamiento opera a través de plataformas digitales y redes sociales, enfocándose en sectores de alta vulnerabilidad económica e incertidumbre laboral en el país.

A los ciudadanos se les atrae con propuestas de contratos laborales supuestamente bien remunerados en el exterior, ofreciéndoles puestos como:

• Mecánicos
• Soldadores
• Chóferes
• Personal de apoyo logístico.

Sin embargo, al arribar a sus destinos en Europa y Asia, la realidad es drásticamente opuesta: los pasaportes e identificaciones de los trabajadores son retenidos, e inmediatamente se les somete a entrenamientos militares coercitivos para trasladarlos directamente a las líneas del frente de combate.

El caso denunciado en la República Dominicana no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia registrada en América Latina durante los últimos años, donde redes transnacionales se han aprovechado de situaciones de necesidad económica o vacíos legales para nutrir conflictos armados en Europa del Este y Medio Oriente.

El testimonio del Comité Dominicano de los Derechos Humanos

El activista Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del CDDH, hizo pública la situación tras haber denunciado el caso ante diversos medios de comunicación el pasado lunes 24 de agosto.

Sánchez subrayó que la organización ha documentado minuciosamente el patrón de captación. Explicó que tan solo en el municipio de Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal, se ha contabilizado a unas 50 personas que abandonaron el país bajo este esquema engañoso y que hoy se encuentran atrapadas en medio del conflicto bélico.

Sánchez aclaró enfáticamente que los afectados no guardan ninguna relación ideológica o política con grupos partidarios (desmintiendo vínculos con el histórico Partido Comunista Dominicano u otras agrupaciones), sino que son trabajadores civiles impulsados por la necesidad de sustento.

Asimismo, detalló la ruta transcontinental utilizada por la red internacional de trata, la cual abarca escalas y conexiones intermedias en países como Panamá, Colombia y Turquía (Estambul) antes de ingresar al destino final en Rusia.

Sánchez calificó la situación como una tragedia humana, advirtiendo que los dominicanos enviados carecen de experiencia previa en el ámbito castrense y están siendo utilizados prácticamente como «carne de cañón».

Llamado a la acción gubernamental y diplomática

Ante el clima de incertidumbre, angustia y temor a represalias que sufren las familias en el país caribeño, el CDDH hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República, a la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) y al Ministerio de las Fuerzas Armadas.

La exigencia central consiste en activar mecanismos de cooperación diplomática e inteligencia para ubicar a las víctimas, coordinar su repatriación segura y judicializar a los intermediarios y estructuras operativas locales e internacionales responsables de estas convocatorias fraudulentas.

Organizaciones internacionales de derechos humanos reiteran la necesidad de fortalecer los controles migratorios y la cooperación policial transfronteriza para frenar este tipo de redes de trata de personas que ponen en riesgo inminente la vida de cientos de latinoamericanos.

La Dirección General de Migración de República Dominicana (DGM) impidió el ingreso de 116 ciudadanos extranjeros durante julio en aeropuertos y puertos del país, de acuerdo con el balance mensual de controles migratorios difundido por el organismo.

Los ciudadanos de México encabezaron el listado de inadmisiones, con 28 casos, seguidos por 19 estadounidenses, 16 colombianos, 12 haitianos, 11 venezolanos y seis peruanos. La medida se aplicó en los puestos de control de las terminales aéreas y marítimas del país.

La DGM también rechazó el ingreso de dos ciudadanos de Cuba, Francia, China, España, Nicaragua, Argentina y Brasil. La lista incluyó, además, a una persona procedente de Costa Rica, Taiwán, Filipinas, Chile, Ecuador, Albania, Canadá, Italia y Hungría.

Según el informe de la DGM, la causa más frecuente de inadmisión fue la identificación de 28 perfiles considerados de riesgo para la seguridad nacional. A esa razón se sumaron 26 casos vinculados con pasaportes deteriorados y 20 por falta de la documentación requerida para autorizar el ingreso.

Las autoridades registraron además 15 intentos de entrada con fines laborales sin la visa correspondiente. Otros 11 viajeros presentaron incongruencias durante la entrevista con el inspector migratorio.

El reporte incluyó ocho casos de extranjeros que habían excedido el tiempo de permanencia autorizado en visitas anteriores. También hubo cinco personas con impedimentos de ingreso dispuestos por la autoridad competente y tres con condenas por agresión sexual contra una menor de edad.

Durante la cuarta semana de julio, las inadmisiones de extranjeros en territorio dominicano pasaron de 25 a 42 casos, según los datos oficiales.

Más de 800 dominicanos retornaron al país en el mismo mes

La estadística de julio también consignó el retorno de 817 ciudadanos dominicanos desde otros países. Del total, 303 fueron deportados, 300 regresaron de manera voluntaria y 98 no pudieron ingresar a los destinos a los que viajaban.

Estados Unidos y Puerto Rico concentraron la mayor cantidad de deportaciones. Desde el primero llegaron 165 dominicanos deportados, mientras que desde el territorio puertorriqueño retornaron 99.

La migración irregular fue el motivo principal en 228 expedientes de deportación. Le siguieron 36 casos asociados con delitos de narcotráfico y 15 por hechos de violencia.

Los retornos voluntarios tuvieron como principales puntos de procedencia a Estados Unidos, con 103 casos; Puerto Rico, con 44; Chile, con 23; y Surinam, con 18.

Entre los 98 dominicanos no admitidos en otros países, Estados Unidos concentró 18 rechazos, Colombia registró 16 y España, 12. El informe no precisó las causas particulares de esas inadmisiones.

La DGM afirmó que reforzó sus recursos tecnológicos para mejorar las verificaciones de entradas y salidas de extranjeros y dominicanos. El organismo vinculó ese fortalecimiento con el aumento de las inadmisiones y con la detección de ciudadanos dominicanos que tenían restricciones para salir del país.

Por su parte, el director de la Dirección General de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dispuso el refuerzo de los controles en las terminales con mayor movimiento de pasajeros y ordenó mantener el monitoreo estadístico de las causas de irregularidad migratoria.

El Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional de la República Dominicana sumaron a cientos de agentes a una consulta sobre prevención de la violencia contra las mujeres. Las respuestas se incorporarán a recomendaciones de política pública, según informó la Presidencia dominicana.

El panel de diálogo interinstitucional llevó por título “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”. El encuentro buscó abrir una reflexión con los agentes policiales sobre el papel de los hombres en la prevención y reducción de la violencia contra las mujeres, además de identificar acciones para transformar conductas, fortalecer la prevención y mejorar las respuestas institucionales.

La actividad se realizó en Santo Domingo y fue encabezada por la ministra de la Mujer Gloria Reyes junto con el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García. También asistió el inspector general de la institución, general Martín Miguel Tapia Sánchez.

La consulta incorpora la experiencia policial para mejorar la prevención y la respuesta

Reyes sostuvo que la participación de la Policía Nacional es clave por su presencia en todo el territorio y por el contacto permanente de sus agentes con las comunidades.

Esa cercanía, planteó, les permite conocer de primera mano situaciones que afectan la convivencia, la seguridad de las familias y la tranquilidad de los barrios.

Durante la jornada, la ministra definió el objetivo del proceso con estas palabras: “Nos convoca un propósito concreto: fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres mediante información confiable, coordinación institucional y decisiones que respondan a la realidad. Este no es un acto para cumplir con una formalidad. Es un ejercicio de escucha que busca producir conocimientos útiles para la acción pública”.

Figuereo García tuvo a su cargo la apertura del encuentro. Allí destacó la importancia de que los agentes participen en la consulta como un espacio para aportar experiencias y propuestas a las acciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres.

El panel estuvo integrado por la general Celeste Yanet Jiménez Cabral, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar; Rosa Yudelka de los Santos, directora nacional de Atención a Víctimas del Ministerio Público, y Rosa Dariana Mejía Abud, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer.

La moderación estuvo a cargo de la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano. En el conversatorio también participó el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico y terapeuta familiar.

El diálogo abordó masculinidades, señales de alerta y revictimización

En el intercambio se trataron temas vinculados con la construcción de masculinidades basadas en el respeto y la igualdad. También se analizaron la identificación de señales de alerta, la prevención de conductas violentas y el papel de los agentes policiales frente a situaciones de violencia contra las mujeres.

La discusión incorporó factores individuales, familiares, sociales e institucionales que pueden incidir en comportamientos violentos. A eso se sumaron herramientas para el manejo de emociones como la ira, los celos y la frustración sin recurrir a la violencia.

La metodología incluyó preguntas dirigidas a las panelistas para profundizar en la responsabilidad de los hombres cuando conocen casos de violencia en su entorno. Otro punto central fue la necesidad de evitar la revictimización de las mujeres denunciantes y de superar la idea de que la violencia intrafamiliar pertenece al ámbito privado.

Cómo se integra la consulta al proceso nacional

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de la Mujer para ampliar la participación masculina en la prevención de la violencia contra las mujeres y generar evidencia que permita fortalecer las políticas públicas.

La incorporación de la Policía Nacional, de acuerdo con la información oficial, suma al proceso la perspectiva de agentes con funciones relevantes en la prevención, detección y respuesta ante estos casos, y refuerza la articulación entre ambas instituciones.

La consulta nacional impulsada por el ministerio busca recoger percepciones, experiencias y propuestas de hombres de distintos sectores de la sociedad dominicana para fortalecer las acciones de prevención. El conversatorio cerró con las explicaciones para completar el instrumento y con la aplicación de la consulta a los asistentes.

El Banco Mundial felicitó al Gobierno de República Dominicana por la aprobación de la Ley No. 30-26, denominada Plan Anticrisis, y sostuvo que la norma representa un avance hacia un sistema fiscal más moderno, transparente y orientado a mejorar la competitividad del país.

La valoración fue comunicada al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en una carta firmada por el director de la División México, Centroamérica y República Dominicana del Grupo Banco Mundial, Juan Pablo Uribe, y por la representante residente del organismo en el país, Carolina Rendón.

Según informó esta semana el Ministerio de Hacienda y Economía, el organismo destacó la capacidad del Gobierno dominicano para alcanzar los consensos políticos y sociales que permitieron la sanción de la ley en el Congreso Nacional. La iniciativa reúne medidas para promover el crecimiento económico, simplificar el sistema tributario y atenuar los efectos de la crisis internacional.

La ley busca actualizar el esquema fiscal

El Grupo Banco Mundial consideró que la nueva legislación puede contribuir a consolidar un marco fiscal con reglas más claras y herramientas adaptadas a las necesidades de la economía dominicana.

La comunicación fue enviada después de una misión técnica sobre instrumentos de política fiscal para el desarrollo sostenible, que se realizó la semana pasada. Durante esos encuentros, especialistas del organismo evaluaron el alcance de la norma aprobada por el Congreso.

En la carta dirigida a Díaz, el Banco Mundial señaló que la Ley No. 30-26 constituye un paso hacia un marco fiscal “más moderno, transparente y favorable para la competitividad”. La evaluación vinculó el nuevo esquema legal con la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para responder a un escenario económico externo marcado por presiones sobre los precios y movimientos en los mercados.

El informe del Ministerio de Hacienda y Economía no precisó el calendario de aplicación de las medidas ni el contenido completo de las disposiciones incluidas en la ley. Remarcó que la valoración técnica del Banco Mundial se concentró en los cambios tributarios y en los mecanismos de protección previstos para sectores específicos.

El Banco Mundial destacó medidas tributarias

La entidad internacional valoró que el Plan Anticrisis incorpore acciones orientadas a simplificar el sistema tributario dominicano. El objetivo, según la misiva, es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Los economistas del organismo también destacaron el propósito de reforzar la progresividad impositiva. Ese concepto refiere a una estructura en la que la carga tributaria se distribuye de acuerdo con la capacidad económica de personas y empresas, con el objetivo de limitar un impacto desproporcionado sobre quienes tienen menores ingresos.

El Banco Mundial indicó que el proyecto busca combinar ese criterio con medidas destinadas a preservar la actividad productiva. La legislación contempla mecanismos de protección para las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el documento difundido por el Ministerio de Hacienda y Economía.

La norma incorpora protecciones sociales

El Grupo Banco Mundial también resaltó que la ley apunta a resguardar a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Esa dimensión forma parte de la evaluación del organismo sobre los efectos distributivos de la política fiscal.

Uribe y Rendón señalaron que estas disposiciones adquieren relevancia ante un contexto externo condicionado por factores que pueden afectar los precios de productos básicos y la estabilidad de los mercados. En particular, la carta aludió a la incertidumbre internacional, la volatilidad financiera y las presiones persistentes sobre bienes esenciales.

La carta concluyó con una expresión de respaldo a las prioridades de desarrollo de República Dominicana. El Banco Mundial manifestó su disposición a mantener el acompañamiento técnico al país en las áreas vinculadas con su agenda económica y fiscal.

El reconocimiento llegó después de la aprobación legislativa del Plan Anticrisis y de la misión técnica realizada por el organismo. El Gobierno dominicano presenta la Ley No. 30-26 como una herramienta para combinar estímulos al crecimiento, simplificación fiscal y medidas de mitigación frente a la crisis internacional.

El presidente Luis Abinader exhortó este martes a 147 servidores públicos graduados de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza a ejercer sus funciones con ética, transparencia y honestidad, en una ceremonia que elevó a 346 el total de profesionales formados por este programa y que tendrá una nueva expansión con otros 500 participantes previstos para finales de año.

La promoción estuvo integrada por 80 mujeres y 67 hombres. Según la nota del gobierno, esos egresados corresponden a la segunda cohorte de una maestría impulsada por el mandatario a través del Instituto Nacional de Administración Pública e impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Abinader sostuvo que la transformación del país no depende solo de las grandes decisiones del presidente o del Gobierno, sino también de las miles de decisiones que toman cada día servidores públicos preparados y honestos. En el Aula Magna de la UASD, planteó que la función pública exige asumir la responsabilidad de servir a la ciudadanía con rectitud.

“La primera virtud que debe tener un funcionario público es la transparencia, la honestidad y después vienen las otras”, dijo el mandatario durante la investidura.

El programa ya suma 346 profesionales y prevé una nueva cohorte este año

La maestría en Gestión Pública y Gobernanza acumula 346 profesionales formados: los 147 graduados en esta ceremonia y 199 investidos previamente de la misma cohorte. El presidente informó además que a finales de año otros 500 servidores públicos iniciarán esta formación.

Esos nuevos participantes recibirán capacitación en transformación digital, gestión y evaluación de proyectos, recursos humanos y finanzas públicas. El programa fue diseñado para fortalecer la profesionalización y las capacidades técnicas de los servidores del Estado.

Abinader indicó que la preparación no debe concentrarse en Santo Domingo y destacó que la promoción incluye servidores de distintas regiones del país. Mencionó que la iniciativa llegó a provincias como Santiago, La Altagracia, Duarte, San Juan de la Maguana, Salcedo, San Pedro de Macorís y La Romana.

El mandatario vinculó esa expansión territorial con una premisa: allí donde haya una institución pública debe haber personal capacitado para responder a las necesidades de la población. También pidió a los graduados que actúen como agentes de cambio en sus instituciones, provincias y comunidades.

“Se han preparado mejor para poder servir mejor”, afirmó Abinader al felicitar a los egresados por completar el programa de estudios de dos años.

La UASD invistió además a 37 profesionales en educación infantil

En el mismo acto, la UASD invistió a 37 profesionales de la maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil. El objetivo de esa formación, según el portal web del gobierno, es ampliar conocimientos y competencias para fortalecer la educación en la primera infancia en la República Dominicana.

El rector de la universidad, el doctor Jorge Asjana, felicitó a los graduandos por alcanzar un nuevo grado académico y por elegir la gestión pública y gobernanza como área de formación. Señaló que esa decisión refleja vocación de servicio y compromiso con la sociedad, al entender la función pública como una responsabilidad que demanda preparación, honestidad, capacidad y ética.

Asjana llamó a los maestrantes a poner sus conocimientos al servicio de la transformación del Estado y del país. También les pidió asumir sus responsabilidades con compromiso, recordar sus raíces y llevar con orgullo el prestigio de ser egresados de la UASD.

El director del INAP, Gregorio Montero Montero, afirmó que la educación es una herramienta para fortalecer el Estado y la institucionalidad pública porque contribuye a generar conocimientos y transformar conductas. Recordó que hace seis meses se celebró una primera ceremonia en la que fueron investidos 199 maestrantes de esta cohorte.

Montero explicó que la maestría se desarrolla mediante acuerdos entre el INAP, el Ministerio de Administración Pública y la UASD. Añadió que los nuevos profesionales deben aplicar los conocimientos y experiencias adquiridos en sus instituciones, en el Gobierno y en el país para mejorar la calidad de los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

En representación de la primera cohorte de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza, mención Innovación y Transformación Digital, Cecilio Alberto Mejía agradeció a las autoridades por impulsar la profesionalización del servicio público y al presidente por respaldar el programa. Señaló que durante los dos años de formación adquirieron herramientas para fortalecer la gestión pública y contribuir a la transformación institucional.

La maestría fue estructurada en cuatro menciones: Gestión de Finanzas Públicas, Innovación y Transformación Digital, Gestión de Recursos Humanos y Gestión y Evaluación de Proyectos. En la actividad participaron también el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, y autoridades académicas de la UASD.

La justicia de República Dominicana dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de una estructura de narcotráfico acusada de recibir cocaína procedente de Colombia y coordinar su traslado hacia Puerto Rico.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, en el marco de la Operación LOGTCA, que incluyó 14 allanamientos simultáneos en la provincia de La Altagracia.

Los imputados son Francisco Daniel G. S., alias el Gato o el Felino; Wendy C. S., alias el Suave o el Alcalde; Francisco P., conocido como Fernelis; Joselo P.; Modesto Amado C. C., alias Usao o Kiko; Yeremy José P. P., alias Yeri, e Irwing Felipe R. R., identificado como el Gordo, el Cerdo o Keche.

El tribunal consideró que había riesgo de fuga

La jueza titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, Francis Y. Reyes Diloné, resolvió que los elementos presentados por la fiscalía vinculaban a los acusados con los hechos investigados.

El tribunal consideró que había riesgo de fuga y ordenó que los siete imputados permanecieran detenidos mientras avanzaba el proceso penal. La magistrada dispuso que cumplieran la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, ubicado en La Altagracia.

Además, declaró el expediente como caso complejo. Esa decisión concedió al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar el acto conclusivo de la investigación.

La declaración de complejidad permitirá a los fiscales procesar las pruebas físicas, electrónicas y documentales recolectadas durante las pesquisas. Entre los elementos bajo análisis figuran embarcaciones, dispositivos de posicionamiento global, armas y sustancias controladas, según informó la Procuraduría Antidrogas.

La investigación atribuye a la red el traslado de 9 mil kilos de cocaína

De acuerdo con la acusación preliminar, la organización tenía como función la búsqueda y recepción de cargamentos de narcóticos enviados desde Colombia y otros puntos de Sudamérica.

La fiscalía sostuvo que el grupo reclutaba a personas con experiencia en navegación marítima y pesca para ejecutar las operaciones. Las costas del este dominicano habrían sido utilizadas como punto de apoyo para la llegada, almacenamiento y posterior envío de la droga.

Según el reporte oficial, la estructura también brindaba soporte logístico a otras organizaciones criminales y a cabecillas del narcotráfico con operaciones en esa región del país.

El Ministerio Público atribuyó a la red el tráfico de aproximadamente 9 mil kilos de cocaína hacia Puerto Rico, así como la movilización de USD 160 millones vinculados con esas actividades ilícitas. Esas cifras forman parte de la investigación y deberán ser sustentadas durante el proceso judicial.

La Operación LOGTCA incluyó 14 allanamientos en La Altagracia

La operación fue encabezada por la Procuraduría Especializada Antidrogas y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Las autoridades realizaron los procedimientos el 6 de agosto en distintas zonas de La Altagracia.

Durante esa jornada fueron arrestadas 11 personas, según el comunicado difundido por las autoridades. El reporte remitido este martes identificó a siete imputados contra quienes se dictó prisión preventiva, sin precisar la situación procesal de los otros detenidos.

Las autoridades informaron que, además de las embarcaciones y equipos de navegación, durante los allanamientos ocuparon armas y sustancias controladas. La investigación busca determinar la dimensión de la red, sus vínculos con otras organizaciones y el destino de los recursos económicos que habría movilizado.

La Selección Dominicana de Baloncesto dio un paso gigante rumbo a la cita mundialista de 2027 tras imponerse con autoridad ante el combinado de Chile con un marcador final de 101-66. El encuentro, disputado en una repleta Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, consolida al equipo quisqueyano en la parte alta de la tabla de posiciones y confirma el gran momento de forma por el que atraviesa el baloncesto nacional.

Con este contundente triunfo, la escuadra dominicana firma su tercera victoria consecutiva en la continuación de la segunda fase de las clasificatorias continentales, elevando su registro a 6 victorias y apenas 2 derrotas.

Este balance deja a República Dominicana a las puertas de asegurar uno de los siete cupos que otorga el continente americano para la cita máxima del baloncesto internacional en Catar.

Desde el salto inicial, el conjunto tricolor impuso las condiciones del juego con un ritmo dinámico, una defensa asfixiante y una efectividad colectiva que desarmó por completo el esquema defensivo planteado por el cuerpo técnico chileno.

La versatilidad en la distribución de la pelota y la contundencia en la pintura permitieron a los locales construir una ventaja cómoda desde los primeros minutos, administrando el ritmo del juego y el marcador sin sobresaltos a lo largo de los cuatro períodos.

La afición que se dio cita en la legendaria Media Naranja disfrutó de un auténtico espectáculo colectivo. El apartado ofensivo estuvo encabezado por la figura de Andrés Feliz, quien firmó una destacada actuación individual encestando 17 puntos para liderar la anotación.

Le siguió de cerca Richard Bautista, aportando 14 tantos con gran energía en la conducción del juego y en el ataque al aro. El ataque quisqueyano se complementó a la perfección con la aportación de Jean Montero, quien sumó 12 unidades, y de David Jones, finalizando con 11 puntos para redondear una labor ofensiva equilibrada, profunda y sin fisuras.

Por su parte, la amarga derrota deja a la selección chilena con un registro de 2 victorias y 6 caídas, quedando matemáticamente eliminada y sin posibilidades de avanzar en el proceso mundialista.

¿Qué es la Copa Mundial FIBA Catar 2027 y cómo funciona la clasificación?

La Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 será la vigésima edición del torneo internacional más importante a nivel de selecciones nacionales masculinas. En esta oportunidad, la sede principal será la nación de Catar, marcando un hito histórico al ser la primera vez que esta competición se traslada a la región de Oriente Medio. El evento reunirá a los 32 mejores países del planeta para competir por el cetro mundial.

Tras concluir esta exitosa ventana en Santo Domingo, la selección caribeña enfilará la recta final de las clasificatorias continentales con una agenda exigente. El calendario de partidos restantes para el conjunto dominicano se estructurará de la siguiente manera:

• 27 de noviembre de 2026: Colombia vs. República Dominicana (como visitante)
• 30 de noviembre de 2026: Chile vs. República Dominicana (como visitante)
• 5 de febrero de 2027: República Dominicana vs. Brasil (como local)
• 28 de febrero de 2027: República Dominicana vs. Colombia (como local)

Con el balance de 6-2 acumulado hasta el momento, la escuadra tricolor afrontará estos próximos choques decisivos con la tranquilidad de depender exclusivamente de sí misma para sellar formalmente su billete directo a la Copa Mundial en Catar.

En República Dominicana, donde el 12% de las empresas exportadoras está liderado por mujeres, las autoridades lanzaron una plataforma dirigida a facilitar el acceso de emprendedoras y empresarias a programas, servicios y herramientas para vender sus productos en mercados internacionales.

La iniciativa, llamada Mujer Exporta+, fue presentada por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) en Santo Domingo.

La herramienta digital reúne en un mismo espacio información sobre iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con el emprendimiento, el desarrollo de empresas y las exportaciones.

La plataforma está orientada a mujeres que ya venden al exterior, a quienes desean iniciar ese proceso y a organizaciones que acompañan negocios liderados por mujeres.

El objetivo es reducir la falta de información que dificulta el acceso a oportunidades de capacitación, financiamiento, asesoría, acompañamiento empresarial y conexión con posibles mercados.

De acuerdo con ProDominicana, el país cuenta con diversos programas de apoyo para empresarias, pero estos se encuentran distribuidos entre instituciones públicas, privadas y organismos de cooperación, lo que limita su alcance.

La plataforma organiza los recursos en cuatro rutas

Mujer Exporta+ clasifica los contenidos en cuatro apartados: Aprender, Impulsar, Exportar y Conectar. Cada ruta ofrece recursos de acuerdo con las necesidades de las usuarias, desde formación empresarial hasta procesos vinculados con la comercialización internacional.

La ruta Aprender está destinada a la capacitación y al acceso a información sobre negocios y comercio exterior.

Impulsar se enfoca en programas que pueden respaldar el crecimiento de los emprendimientos. Exportar concentra herramientas para quienes buscan ingresar o consolidarse en mercados internacionales, mientras que Conectar busca acercar a las empresarias a redes, instituciones y otras oportunidades de vinculación.

Aunque el anuncio no detalla rubros productivos específicos, la plataforma abarca empresas y emprendimientos relacionados con el desarrollo empresarial y las exportaciones. Esto incluye a negocios de distintos sectores que requieran orientación para ampliar sus operaciones, diversificar sus productos o identificar mercados fuera de República Dominicana.

La creación de la herramienta contó con apoyo de la Unión Europea, que participó en una etapa previa de entrevistas, levantamiento de información y análisis de la oferta existente. Ese proceso permitió identificar programas disponibles para mujeres empresarias y exportadoras, además de las brechas de información que impiden que muchas conozcan o utilicen esos recursos.

El reto es que las empresas aumenten sus ventas al exterior

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., explicó que la iniciativa responde a la necesidad de ampliar la participación de las mujeres en el comercio internacional y fortalecer a las empresas que ya exportan.

“Hoy el 12 % de las empresas exportadoras de la República Dominicana están lideradas por mujeres. Sin embargo, el 81% de esas empresas exporta menos de cien mil dólares al año, y seis de cada diez no llegan a los diez mil”, señaló.

Pimentel indicó que los datos muestran una limitación en el volumen de ventas de buena parte de las empresas encabezadas por mujeres. “El desafío no se limita a incorporar más mujeres a la actividad exportadora, sino a generar las condiciones para que las empresas que ya participan en los mercados internacionales puedan permanecer, crecer, diversificar sus destinos y productos, y aumentar el valor y volumen de sus operaciones”, afirmó.

El embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuente Milani, destacó que las mujeres ya tienen presencia en el comercio exterior, aunque planteó la necesidad de ampliar esa participación.

“Las mujeres ya están exportando. El reto es seguir ampliando esa participación, pero también lograr que las empresas que ya están en los mercados internacionales puedan permanecer, crecer, diversificar sus destinos y productos, y aumentar el valor y volumen de sus operaciones”, afirmó.

La ruta entre Roma y Santo Domingo ya tiene fecha de despegue: el 30 de noviembre. Ese día, ITA Airways realizará su primer vuelo directo entre la capital italiana y República Dominicana, según confirmó Diario Libre a partir de un comunicado de Aerodom, la empresa que administra el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

La conexión arrancará con un vuelo semanal y pasará a dos frecuencias a partir del 20 de diciembre, precisó el diario. La fecha coincide con un encuentro de este martes en Santo Domingo entre autoridades dominicanas y representantes de la aerolínea italiana, informado por la agencia EFE.

La aerolínea italiana confirmó su interés en abrir una ruta directa entre Roma-Fiumicino y Santo Domingo a partir del 30 de noviembre, con un vuelo semanal que pasará a dos frecuencias el 20 de diciembre, tras un encuentro con la Junta de Aviación Civil dominicana.

ITA Airways crece en América Latina con Roma como centro

La ruta dominicana no es un caso aislado. ITA Airways confirmó también la reapertura de Roma-Caracas para el cuarto trimestre de este año, 12 años después de que Alitalia abandonó el mercado venezolano por fondos retenidos, según informó El Aéreo, portal especializado.

Lima y Santiago de Chile figuran como próximos destinos, aunque están condicionados a la llegada de dos Airbus A350-900 previstos para 2028, agregó el mismo portal.

En el hemisferio norte, la aerolínea ya opera entre Roma y Houston con aviones A330neo y estrenó en mayo la ruta Roma-Boston, según detalló Aviacionline, portal especializado. Lufthansa Group integrará desde este otoño a ITA Airways en su joint venture con la aerolínea japonesa ANA. En ese marco, la flota de fuselaje ancho pasará de 23 a 30 aviones hacia 2030.

ITA Airways es la aerolínea de bandera de Italia. El Ministerio de Economía y Finanzas italiano controla el 59% de su capital y Deutsche Lufthansa AG el 41% restante. Su flota actual suma 99 aviones, 22 de fuselaje ancho y 77 de fuselaje estrecho, más del 60% de última generación.

Quiénes participaron del encuentro en Santo Domingo

El encuentro de este martes lo encabezó Julio Peña Guzmán, presidente de la Junta de Aviación Civil, junto a la representante legal de ITA Airways, Carolina León, y otros funcionarios. Analizaron los aspectos económicos y regulatorios del “eventual inicio” de operaciones en el país, según el comunicado difundido por el organismo y recogido por EFE.

Peña Guzmán destacó la “importancia” que tendría la llegada de la aerolínea y la puesta en marcha del enlace entre Roma-Fiumicino y Santo Domingo. La conexión ampliaría las opciones de transporte para los pasajeros y favorecería el flujo de visitantes desde Italia y otros mercados del sur de Europa, agregó el funcionario ante la agencia.

La Junta de Aviación Civil también resaltó las “oportunidades” para fortalecer los vínculos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países, y señaló que la ruta representaría una alternativa concreta para la diáspora dominicana radicada en Europa.

Italia y la diáspora dominicana en el mapa de la conectividad

Italia es el tercer país con mayor número de dominicanos residentes en el exterior, con unos 30.000, por detrás de España, con 207.000, y Estados Unidos, con más de 2,5 millones, según datos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior citados por EFE.

Esa comunidad se suma a un mercado europeo que ya crece por otras vías. Hasta julio, República Dominicana recibió 7,7 millones de visitantes, de los cuales el 11% llegó desde Europa, de acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo publicadas por Diario Libre.

La futura ruta de ITA Airways se integra a una expansión más amplia de Aerodom para la temporada de invierno. El operador del aeropuerto capitalino anunció, en el mismo comunicado citado por el diario, la llegada de Air Canada entre Montreal y Santo Domingo desde el 10 de diciembre y de United Airlines entre Houston y Santo Domingo desde el 18 de diciembre.

El director general de Aerodom, Cyril Girot, señaló al medio que estas incorporaciones buscan fortalecer la conexión del país con mercados estratégicos y contribuir al turismo, los negocios y la actividad económica.

Con esos movimientos, Santo Domingo suma opciones frente a Punta Cana, que este verano concentró la mayor parte de las nuevas conexiones europeas, entre ellas un vuelo estacional de Iberojet desde Barcelona y el crecimiento de Air Europa hacia Madrid. La llegada de ITA Airways abriría, por primera vez, un enlace directo entre Italia y la capital dominicana.

La República Dominicana ha ejecutado el 75 % del plan correctivo para recuperar las exportaciones de mango a Estados Unidos, una reapertura que depende de que las autoridades sanitarias estadounidenses validen en octubre de 2026 las medidas adoptadas tras la suspensión del comercio.

El impacto de esa suspensión alcanzó a unas 120 fincas que todavía tenían pendiente cerca del 10 % de la cosecha al momento de la medida. Según el Ministerio de Agricultura, ese volumen se redirigió después a Canadá y al mercado local, donde la oferta disponible se estimó en unos 6 millones de unidades.

De acuerdo con el Ministerio, el valor de las exportaciones que dejaron de realizarse hacia Estados Unidos fue de alrededor de RD$ 9 millones. La institución también informó que ha invertido RD$ 10 millones en la ejecución del plan y que dispone de un presupuesto aprobado de RD$ 80 millones para los primeros seis meses.

Según Acento, el avance general del programa se concentra en la provincia de Peravia, donde se desarrolla la mayor parte de las acciones para corregir las observaciones vinculadas con el monitoreo de la mosca de la fruta, la trazabilidad y el control de plantaciones.

En esa provincia se completó el 98 % del levantamiento de polígonos, además de la sustitución de trampas y la actualización de sus coordenadas. El punto que sigue pendiente es la reubicación de esos dispositivos dentro de los polígonos ya definidos.

El Ministerio de Agricultura detalló que fueron inspeccionadas 1,700 trampas para el monitoreo de la mosca de la fruta. En Peravia, la revisión también alcanzó el 98 % y, según la cartera, las trampas están en condiciones acordes con las observaciones hechas durante la auditoría.

En las demás provincias productoras y exportadoras, los trabajos todavía no arrancan sobre cerca del 30 % de las trampas. Ese rezago muestra que el cumplimiento del plan no avanza al mismo ritmo en todo el territorio involucrado en la exportación.

La institución aseguró que durante el proceso no se han detectado nuevos focos. Explicó además que las especies monitoreadas son nativas y que en la zona se observa un aumento de moscas adultas porque está terminando la cosecha del mango de cáscara amarilla, la variedad destinada al mercado estadounidense.

Entre las medidas ya adoptadas figuran el relevo del personal encargado del monitoreo, la definición de rutas de trabajo y la sustitución y mantenimiento de trampas. El Ministerio también indicó que actualizó las coordenadas de los dispositivos y cambió el sistema de trazabilidad con la eliminación del conduce físico y la incorporación de aplicaciones electrónicas.

Para el registro de trampas se establecieron stickers y controles mediante una aplicación. El plan incluye además manejo directo en las plantaciones: recolección de frutos, instalación de trampas de control en la periferia, aplicación de insecticidas y cebos, poda y control de malezas.

La reapertura del mercado depende de una auditoría pedida para octubre de 2026

La Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura solicitó al APHIS/USDA una auditoría en octubre de 2026 para verificar la aplicación del plan de acción. Esa fecha fue planteada por el Gobierno dominicano, pero todavía no está confirmada por las autoridades de Estados Unidos.

La respuesta a la pregunta central del proceso es directa: Estados Unidos solo levantaría la suspensión si la República Dominicana corrige las inconformidades detectadas durante la auditoría y esa corrección queda validada por la revisión sanitaria estadounidense.

El Ministerio señaló que los productores afectados son quienes cultivan mango de cáscara amarilla. También prevé nuevas contrataciones y capacitación de personal, medios de transporte para las labores de campo, un sistema informático para la trazabilidad y mecanismos de supervisión y control de calidad.

La eventual recuperación de ese mercado, según explicó la cartera al medio, quedará atada al resultado de las medidas correctivas y a la evaluación final que hagan las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

La posibilidad de estudiar inteligencia artificial, programación o ciberseguridad se abrió para 800 estudiantes de centros escolares públicos de Santo Domingo Norte, luego de que las autoridades ampliaran el número de becas que se entregarán a través del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

La actividad formó parte de la primera graduación del programa BTI, cuyas siglas corresponden a Bienestar, Triunfo e Impulso. La iniciativa, promovida por la alcaldía de Santo Domingo Norte, busca dar reconocimiento y apoyo a alumnos de escuelas públicas del municipio.

El anuncio tuvo un cambio de última hora. En principio, el proyecto contemplaba 140 becas de educación continua. La cifra subió a 800 tras una autorización del presidente de República Dominicana.

Con ese ajuste, 660 estudiantes más podrán acceder a formación técnica. Las autoridades señalaron que los cupos estarán destinados a jóvenes destacados de centros educativos públicos y a alumnos con dificultades para acceder a este tipo de estudios.

Los cursos abarcan áreas con demanda en el sector tecnológico

La oferta académica incluye inteligencia artificial, desarrollo de software, ciberseguridad, fundamentos del computador y redes. Se trata de cursos de educación continua, por lo que complementan la formación que los estudiantes reciben en sus escuelas.

El ITLA será la institución encargada de impartir las capacitaciones. La entidad mantiene programas de formación tecnológica en República Dominicana y participa en la entrega de becas financiadas por el Gobierno.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó que la ampliación de los cupos permitirá que más alumnos ingresen a programas vinculados con la tecnología.

“Como rector del ITLA, me llena de satisfacción ser parte de esta iniciativa, en la que se sigue priorizando específicamente a jóvenes estudiantes en condiciones de vulnerabilidad de acceso, para continuar democratizando la educación tecnológica en la República Dominicana”, expresó Rosario Bernard.

La información divulgada no establece la duración de los cursos, las fechas de inscripción ni el inicio de las clases. Tampoco se detallaron los criterios académicos o socioeconómicos que se utilizarán para escoger a los 800 beneficiarios.

El programa reúne a la alcaldía, el ITLA y entidades del Gobierno

El programa BTI nació como una propuesta de la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, para acompañar a estudiantes de escuelas públicas. La incorporación de las becas le añade un componente de capacitación técnica para jóvenes que se encuentran por terminar o avanzar en su proceso educativo.

La entrega se realizó en el Parque Mirador Norte, con la participación de representantes de varias instituciones públicas. Asistieron Paula Disla, viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); Francisco Santiago, viceministro de Supervisión y Ejecución de Programas del Ministerio de la Juventud, e Isidro Torres, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

Según las cifras oficiales, las 800 nuevas becas se suman a 36,225 entregadas anteriormente por medio del ITLA. El acumulado llega a 37,025 cupos de formación tecnológica otorgados por el Gobierno dominicano.

Las autoridades presentaron el programa como una opción para que estudiantes de escuelas públicas tengan contacto con herramientas digitales y áreas técnicas. La alcaldía, el ITLA y las instituciones que participaron en el acto no informaron si habrá nuevas convocatorias o si el plan se extenderá a otros municipios.

El Gobierno de República Dominicana anunció la ampliación de la red de transporte masivo hasta alcanzar 73 kilómetros antes de que finalice 2028, junto con cambios en el sistema de peajes y obras de conexión vial. Las autoridades plantean que estas medidas buscan reducir el tiempo que las personas pasan en los traslados diarios y ordenar la circulación en zonas de alta demanda.

El plan fue presentado por el director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa Tavárez, y el director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, durante una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader en Santo Domingo.

La propuesta reúne proyectos que ya están en ejecución y otros que tienen fechas previstas de entrada en servicio. Incluye la expansión del Metro de Santo Domingo, nuevas líneas de teleférico, el monorriel de Santiago de los Caballeros, corredores de autobuses y la modernización del cobro en los peajes.

El Metro, los teleféricos y el monorriel sumarán 38 kilómetros

La red actual de transporte masivo cuenta con 35 kilómetros. Con las ampliaciones previstas, el Gobierno espera incorporar 38 kilómetros adicionales, con lo que el sistema llegaría a 73 kilómetros.

Uno de los proyectos centrales es el monorriel de Santiago de los Caballeros, cuya operación está prevista para finales de 2026. Según la Opret, tendrá capacidad para movilizar a 20 mil pasajeros por hora en cada sentido. Esa capacidad podría aliviar la presión sobre las rutas de autobuses y el transporte particular en una de las ciudades más pobladas del país.

También se informó que la Línea 1 del Metro de Santo Domingo duplicó su capacidad y que se incorporó la Línea 2C. La ampliación busca atender una demanda que ha crecido en las principales rutas de la capital dominicana, donde una parte importante de los usuarios depende del transporte público para llegar al trabajo, centros educativos, hospitales y comercios.

Santo Domingo Oeste tendrá una nueva conexión por teleférico

Para finales de 2026 está previsto que entre en funcionamiento el primer tramo del teleférico de Santo Domingo Oeste. El recorrido conectará el kilómetro 9, Buenos Aires de Herrera y Pintura, un punto por el que, de acuerdo con las autoridades, pasan más de 20 mil pasajeros cada día.

La siguiente fase contempla extender el sistema desde El Café de Herrera y Los Minas de Herrera hasta Quitasueño, en Haina. La proyección oficial indica que ese tramo podría concluir a finales de 2027.

El teleférico de Los Alcarrizos es uno de los servicios que el Gobierno utiliza como referencia para explicar la demanda de este tipo de transporte. La cantidad de pasajeros diarios pasó de 4 mil a 13 mil, mientras la meta es superar los 20 mil usuarios por día.

Para las familias que viven en sectores alejados de los principales centros de empleo y estudio, una red conectada entre teleféricos, Metro y autobuses puede acortar recorridos y disminuir la necesidad de usar varios vehículos para completar un mismo viaje. El alcance de ese beneficio dependerá de las tarifas, las frecuencias y la integración efectiva entre las diferentes rutas.

Los peajes pasarán de forma gradual a un sistema automatizado

La infraestructura vial también forma parte del anuncio. RD Vial proyecta retirar de forma paulatina las casetas de cobro manual y en efectivo para dar paso a vías automatizadas y ampliar los carriles exclusivos de Paso Rápido.

El esquema inicial prevé seis carriles por estación: tres expresos y tres para pago en efectivo. Con el tiempo, los carriles manuales se reducirán. La medida apunta a disminuir las filas en los peajes y a facilitar el paso de quienes utilizan las carreteras de forma frecuente.

Las autoridades no detallaron el monto de inversión, las estaciones donde iniciará el cambio ni el calendario para eliminar los cobros manuales. El plan mantiene como fecha principal la entrega de la red integrada de 73 kilómetros de transporte masivo antes de finalizar 2028.

La influencia de una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly dejará este martes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas de República Dominicana, de acuerdo con el Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La meteoróloga Damaris Mercedes informó que las lluvias tendrán mayor incidencia durante la mañana en el litoral costero caribeño y la región noreste. Las condiciones afectarán a Barahona, Azua, Pedernales, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia, además de provincias cercanas.

Para la tarde, el pronóstico prevé una intensificación de las precipitaciones hacia el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. El Indomet advirtió que los episodios podrían incluir actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El organismo mantiene diez provincias bajo alerta meteorológica: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná, Valverde, Azua, Santiago Rodríguez y San José de Ocoa.

También emitió aviso meteorológico para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y Peravia. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) difundió un mapa en el que indicó que cuatro provincias y el Distrito Nacional se encontraban en alerta amarilla, mientras otras 16 permanecían bajo alerta verde.

Según el COE, los modelos de pronóstico estiman acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, con registros superiores en puntos aislados. Esa situación podría generar inundaciones urbanas en sectores bajos y dificultades en las vías de tránsito.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar el cruce de ríos, cañadas y áreas inundadas. La circulación por calles cubiertas de agua implica riesgos por la fuerza de las corrientes, la presencia de objetos sumergidos y posibles cables eléctricos caídos.

El Indomet señaló que las temperaturas seguirán calurosas, por lo que pidió ingerir líquidos suficientes y permanecer en espacios frescos y ventilados, en especial durante los períodos sin lluvias.

Las condiciones marítimas también continuarán adversas. Las embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas deben permanecer en puerto en la costa atlántica. En el litoral caribeño podrán operar con precaución, aunque deberán considerar la reducción de visibilidad y los vientos durante los aguaceros.

Niños y adultos mayores requieren medidas especiales de protección

Las lluvias y las inundaciones pueden aumentar el contacto con aguas contaminadas y favorecer enfermedades diarreicas, afecciones respiratorias, infecciones en la piel, leptospirosis y dengue. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana recomienda consumir únicamente agua potable; si no está disponible, se debe hervir, filtrar o desinfectar antes de beberla.

Los niños no deben jugar en charcos, cañadas, ríos crecidos ni áreas afectadas por inundaciones. Los adultos responsables deben impedir que tengan contacto con agua estancada o con juguetes que hayan quedado sumergidos y no hayan sido limpiados y desinfectados.

También conviene reforzar el lavado de manos con agua limpia y jabón, sobre todo antes de comer, preparar alimentos o atender a bebés, y después de ir al baño o tocar superficies expuestas al agua de lluvia. Las frutas, los vegetales y los utensilios de cocina deben lavarse antes de usarse, mientras que los alimentos necesitan permanecer tapados y almacenados fuera del alcance del agua.

En el caso de los adultos mayores, familiares y cuidadores deben verificar que dispongan de medicamentos de uso habitual, agua segura, alimentos no perecederos y un teléfono con batería suficiente. Las personas con enfermedades crónicas, dificultades de movilidad o dependencia de equipos eléctricos requieren un plan para trasladarse a un lugar seguro si las autoridades ordenan una evacuación.

Quienes deban limpiar viviendas afectadas por agua deben usar botas de goma, guantes y protección para los ojos. Los niños y adultos mayores no deberían participar en esas tareas ni permanecer en áreas con lodo, moho, escombros o instalaciones eléctricas dañadas.

Ante fiebre, diarrea, vómitos, lesiones en la piel, tos persistente, dificultad para respirar, mareos o señales de deshidratación, las autoridades sanitarias aconsejan acudir a un centro de salud y evitar la automedicación. Los síntomas pueden requerir atención más rápida en menores de edad, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

Un niño de apenas 12 años de edad se convirtió en el héroe determinante para poner fin a una presunta red de maltrato infantil, trabajo forzado y trata de personas en el municipio de Haina, provincia de San Cristóbal.

Tras lograr escapar del lugar donde permanecía retenido contra su voluntad, el menor acudió por sus propios medios a las autoridades policiales para denunciar las atrocidades a las que era sometido junto a otros 13 niños e infantes.

Su contundente testimonio permitió que las autoridades ejecutaran una rápida intervención y lograran el rescate de un total de 14 menores de edad que se encontraban cautivos bajo una falsa fachada de ayuda social.

La historia comenzó a salir a la luz el pasado 28 de agosto, cuando el jovencito llegó visiblemente afectado a la dotación policial del distrito municipal de Hatillo, en San Cristóbal.

Ante los oficiales de turno, el menor relató cómo había logrado evadir la vigilancia del recinto donde lo mantenían privado de su libertad.

Durante su declaración, detalló que dentro de la instalación quedaban otros niños sometidos a constantes agresiones físicas, psicológicas y a intensas jornadas de explotación laboral en tareas pesadas de construcción y agricultura.

El relato del valiente jovencito activó de inmediato una respuesta conjunta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

El operativo en Haina: intervención a la fundación y edades de las víctimas

Un equipo integrado por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas entre otras instituciones desplegaron intensas labores de inteligencia, verificación y levantamiento de evidencias para validar los datos aportados por la víctima.

Obtenidas las órdenes judiciales correspondientes, los agentes antitrata y los fiscales ejecutaron dos allanamientos de manera simultánea. La intervención principal se concentró en las instalaciones de la supuesta entidad benéfica denominada Fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, ubicada en el sector Las Paredes del municipio de Haina.

En este lugar, las autoridades lograron rescatar con vida al grupo de 13 menores que el niño de 12 años había descrito en su denuncia. El director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó públicamente el éxito de la operación interinstitucional, precisando el rango de edades de las víctimas rescatadas:

• Infantes de 3 meses, 2 y 3 años de edad.
• Niños y niñas de 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 13 años.
• El adolescente de 12 años que logró escapar y realizar la denuncia.

Detenciones y estado de las investigaciones

Las investigaciones preliminares permitieron identificar al principal sospechoso del recinto como Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, conocido dentro del recinto bajo los alias de “El Pastor” o “El Capellán”.

Según las indagatorias, la supuesta entidad utilizaba una fachada altruista de rescate a familias en extrema condición de vulnerabilidad social para captar a los menores y capturarlos bajo su control.

Testimonios de vecinos reportados por medios locales como Noticias SIN señalan que algunas madres desesperadas por problemas de adicciones (drogadicción) o porque “no aguantaban a sus hijos” acudían voluntariamente al pastor buscando apoyo, dejándolos bajo su total control.

Durante la incursión policial e investigativa, las autoridades detuvieron a un grupo de personas vinculadas al funcionamiento del lugar. Mientras las informaciones preliminares daban cuenta de más de 10 personas puestas bajo arresto, el vocero policial confirmó que hasta 20 personas fueron apresadas e interrogadas para fines de investigación profunda por parte del Ministerio Público.

Tras la liberación del recinto en Las Paredes de Haina, la Jurisdicción Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes asumió la custodia inmediata de todos los infantes y adolescentes. Los 14 menores fueron trasladados a una casa de acogida del Estado donde reciben atención médica, evaluación psicológica integral y resguardo, mientras las fiscalías avanzan en el proceso de investigación.

El Ministerio Público mantiene abierto el expediente bajo los cargos preliminares de maltrato infantil, explotación laboral de menores y eventual trata de personas. Las autoridades judiciales profundizarán en las próximas horas las indagatorias para esclarecer cómo llegaron los niños a dicha entidad, determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados y someter a los acusados ante los tribunales correspondientes.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, reunió a directores de hospitales materno-infantiles de la red pública y a representantes de sociedades médicas para coordinar medidas contra la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana. En paralelo, puso en marcha un esquema de supervisiones no programadas y remozamientos en hospitales y centros de primer nivel para revisar la atención a embarazadas, recién nacidos y pacientes en general.

La reunión sobre mortalidad materna y neonatal incluyó a directores de hospitales materno-infantiles y a representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal. El objetivo fue intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para reforzar la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con participación de autoridades sanitarias, directores hospitalarios y equipos médicos especializados.

La reunión sobre mortalidad materna y neonatal tuvo por objetivo intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para reforzar la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con participación de autoridades sanitarias, directores hospitalarios y equipos médicos especializados. Landrón sostuvo que la experiencia de las sociedades médicas resulta clave para revisar fallas y reforzar la atención.

La mesa sobre mortalidad materna y neonatal

En el encuentro también participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Bernardino Vitoy, quien valoró la incorporación de sociedades especializadas y organismos internacionales a la mesa de trabajo.

“Felicitamos al doctor Landrón por incluir en esta mesa de trabajo a las sociedades médicas especializadas y también a los organismos internacionales. La participación de múltiples actores permite tener ideas y miradas distintas ante esta problemática y, junto al Servicio Nacional de Salud, los hospitales, sus directores, el Ministerio de Salud y todos los profesionales que actúan en los hospitales, encontrar el camino y los mecanismos para solucionar el problema”, expresó Vitoy.

También asistieron el doctor Santiago Martínez, por la Sociedad Dominicana de Neonatología; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Reinaldo Jiménez Quezada; y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, doctora Katy Rodríguez. Los tres reiteraron su disposición a aportar conocimientos y experiencia a las estrategias de las autoridades sanitarias para mejorar la atención, reforzar el cumplimiento de protocolos y proteger la vida de las madres y los recién nacidos.

Las visitas no programadas

Este lunes también constató el funcionamiento las áreas de consulta de medicina general, pediatría, ginecología, psicología y odontología, además de laboratorio, sonografía, rayos X, farmacia, vacunación y atención a pacientes con tuberculosis. También revisó quirófano, sala de partos, recuperación, internamientos pediátricos y generales, sala de neonatos y enfermería de diversos centros médicos.

Landrón explicó el criterio de esas inspecciones sobre hospitales inaugurados recientemente. “Estamos aquí porque hemos diseñado una ruta donde, en cada uno de los diferentes hospitales que se inauguran, cada dos meses o cada trimestre, nosotros vamos a verificar que le estén dando el uso correspondiente, que se esté dando el mantenimiento a todos los equipos y que las áreas estén en las condiciones adecuadas, para que este servicio se pueda brindar de forma ininterrumpida a la población”, afirmó.

El recorrido incluyó además el Centro de Primer Nivel de Atención Antoncí, dentro del seguimiento a las condiciones de los establecimientos de la red pública. Luego hizo una visita no programada al Hospital Municipal de Yamasá. En Yamasá, el titular del SNS informó que próximamente comenzarán trabajos de remozamiento en el hospital, con prioridad para el área de Emergencia.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y el Ministerio Público desmantelaron en Yaguate una estructura dedicada a fabricar, envasar, etiquetar y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas, una operación que dejó 25.496 mercancías ilícitas incautadas por un valor de RD$5,9 millones ($100,150 dólares estadounidenses) y que, según las autoridades, forma parte de la estrategia para evitar muertes por consumo de alcohol adulterado en República Dominicana.

Entre lo ocupado había 4.780 botellas de licor premium listas para distribución, 75 galones de alcohol puro, 27 garrafones de cinco galones preparados para envasado, 1.363 botellas de 700 mililitros y tres galones de melaza. También fueron decomisados 19.536 artículos ilícitos diversos, además de 1.542 botellas vacías, tapas, etiquetas falsas, precintos fiscales, marcos serigráficos, troqueles y maquinaria industrial para mezclado y envasado.

Según Listín Diario, la intervención se realizó en una edificación de tres niveles ubicada en la calle Primera del distrito municipal Doña Ana, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal. El operativo se ejecutó con una orden de allanamiento, después de labores de inteligencia iniciadas en abril tras la interceptación de un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado.

El operativo apuntó a una red con capacidad de fabricar, falsificar y distribuir

La dimensión del decomiso mostró una operación que no se limitaba al almacenamiento. Las autoridades describieron una estructura capaz de producir bebidas adulteradas, falsificar elementos de presentación comercial y preparar su circulación en el mercado.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, dijo que las acciones continuarán para que el país siga “sin registrar ni una sola muerte por el consumo de bebidas adulteradas”, una meta que, afirmó, se ha mantenido por más de cuatro años.

Sanz Lovatón añadió que este tipo de operativos también contribuyó a que República Dominicana fuera excluida y permaneciera fuera de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en 2024.

Las autoridades advirtieron que estas estructuras violan la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación. El objetivo, indicaron, es neutralizar focos clandestinos que ponen en riesgo la salud pública y generan evasión fiscal.

Adopron pidió rastrear el origen del alcohol etílico y llevar el caso hasta sentencias

La Asociación Dominicana de Productores de Ron reclamó que la investigación avance más allá del decomiso para establecer quiénes financiaban y abastecían la operación y de dónde provenía el alcohol etílico utilizado. Citada por Diario Libre, la entidad valoró el operativo, pero sostuvo que la siguiente etapa debe concentrarse en identificar a todos los responsables.

La vocera del gremio Circe Almánzar afirmó: “Este operativo demuestra que la coordinación público-privada y el fortalecimiento de las labores de inteligencia pueden producir resultados concretos en la lucha contra un ilícito que no solo perjudica a las empresas que operan formalmente y al fisco, sino que representa una seria amenaza para la salud y la vida de los consumidores”.

Almánzar pidió identificar a las personas físicas y jurídicas vinculadas con la fabricación, el financiamiento, el suministro de insumos, la falsificación, el almacenamiento y la distribución de las bebidas. También reclamó que los procesos judiciales concluyan con condenas que tengan efecto ejemplarizante y disuasorio. La entidad planteó que las autoridades deben establecer quién produjo o importó ese alcohol, quién lo comercializó, a nombre de quién fue adquirido y qué canales se utilizaron para abastecer la operación ilegal.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) mantuvo en 5.25% anual la tasa de política monetaria (TPM) correspondiente a agosto, ante un escenario de crecimiento sostenido de la actividad local y presiones externas asociadas al conflicto en Oriente Medio, informó este lunes EFE.

La autoridad monetaria también dejó sin cambios la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, conocida como Repos a un día, en 5.75%. La tasa de depósitos remunerados Overnight continuó en 4.50%. El BCRD detalló en un comunicado citado por EFE, sus proyecciones apuntan a que la inflación retomará el rango objetivo de 4% ± 1% durante el cuarto trimestre de 2026. El organismo sostuvo que las expectativas inflacionarias permanecen alineadas con esa meta.

El banco emisor señaló que el proceso de desaceleración de los precios registró avances en julio. La inflación interanual pasó de 5.67% en junio a 5.47% en julio, aunque aún se ubicó por encima del límite superior del intervalo establecido por la institución.

La inflación subyacente, que excluye los artículos de mayor volatilidad dentro de la canasta de consumo, alcanzó el 4.96%. Ese indicador sí quedó dentro del rango previsto por la autoridad monetaria y forma parte de las variables que el organismo sigue para definir la orientación de su política.

El comunicado indicó que el comportamiento reciente de los precios responde, en parte, a la suba de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. La prolongación de la crisis en Oriente Medio incidió sobre esos mercados, con efectos sobre los costos de los combustibles y otros bienes vinculados a la energía.

EFE consignó que el Banco Central vinculó el actual nivel de tasas con la necesidad de preservar el proceso de convergencia de la inflación, sin dejar de observar la evolución de la economía dominicana y los riesgos procedentes del panorama internacional.

La actividad económica y la proyección de crecimiento

La actividad económica mantuvo un ritmo de expansión durante julio. El indicador mensual de actividad económica (IMAE) mostró una variación interanual de 4.6%, de acuerdo con los datos difundidos por la entidad. Con ese resultado, la economía de República Dominicana acumuló una expansión de 4.5% entre enero y julio de 2026. El desempeño estuvo asociado a la evolución de actividades que tienen incidencia directa en el empleo, la inversión y la demanda interna.

Entre los sectores con mayor aporte al crecimiento figuran la construcción, la minería, la intermediación financiera y el rubro de hoteles, bares y restaurantes. La evolución de este último segmento refleja el peso del turismo y de los servicios vinculados al consumo en la estructura económica nacional.

El BCRD prevé que el producto interno bruto crezca cerca de 4,5% durante todo 2026. La proyección se apoya en el comportamiento de la inversión y en la capacidad del sector externo para sostener la actividad, según el reporte recogido por EFE.

La decisión de mantener la TPM llega después de que la inflación superara el rango meta en los últimos meses, aunque con una moderación en julio. El banco central busca que los precios vuelvan al intervalo fijado sin afectar el ritmo de expansión de la economía. La evolución de los precios internacionales de la energía, el desarrollo del conflicto en Oriente Medio y los datos de inflación local serán factores centrales para las próximas decisiones monetarias de la institución.

El impuesto selectivo a la cerveza registró en julio un crecimiento de 16.5% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando una recaudación de 2,219.8 millones de pesos (USD 37.5 millones). Este avance representó 313.8 millones adicionales (USD 5.3 millones) frente a julio de 2025, cuando la variación había sido de solo 0.3% respecto a 2024.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) atribuyó este incremento a la entrada en vigor de la Ley 30-26, una reforma aprobada en junio que incluyó modificaciones en la redacción sobre qué integra el precio final de las bebidas alcohólicas. Según información de Diario Libre, la nueva normativa busca evitar interpretaciones de los productores que antes, según el texto legal, afectaban la recaudación del fisco.

La legislación precisó que el precio de venta al por menor debe entenderse como el precio final al consumidor, incluyendo todos los componentes, costos y elementos incorporados para la comercialización, sin distinción de su naturaleza o forma de facturación. La aplicación de estos ajustes se reflejó en la aceleración del crecimiento del gravamen sobre la cerveza en comparación con el año anterior.

La Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional fue aprobada en junio, y las autoridades prevén captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos (USD 676.0 a 845.0 millones) adicionales por la vía tributaria tras su entrada en vigor.

En cuanto a los juegos de azar, el comportamiento de la recaudación fue variado. El impuesto mensual por cada máquina tragamonedas creció 7.8% interanual, generando 99.2 millones de pesos (USD 1.7 millones) en julio, 7.2 millones más (USD 0.12 millones) que el año anterior.

Por su parte, el tributo a los casinos avanzó 5.5%, sumando 1.2 millones (USD 0.02 millones) a los 20.9 millones (USD 0.35 millones) registrados en julio de 2025.

Durante el mes de julio de 2026, la recaudación de impuestos sobre cerveza, juegos de azar, sucesiones y donaciones mostró los efectos de la aplicación de la nueva normativa, con variaciones notables en algunos rubros y comportamientos distintos en otros. La evolución de estos ingresos, según Diario Libre, se vincula directamente a la implementación de los cambios fiscales adoptados semanas antes.

El salto más alto, en sucesiones y donaciones

El incremento más elevado entre los gravámenes analizados correspondió al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que subió 117.7% interanual. La recaudación pasó de 80.7 millones de pesos (USD 1.4 millones) en julio de 2025 a 175.7 millones (USD 3.0 millones) este año, con una diferencia absoluta de 95 millones (USD 1.6 millones) según datos de la DGII.

La reforma incluyó la indexación de los montos del impuesto sucesoral y la reducción de la tasa del impuesto a las donaciones para transmisiones entre padres e hijos en vida. Pese a esta reducción, la recaudación por este concepto aumentó de forma notable en julio.

Las bancas de lotería y deportivas: único retroceso

El impuesto específico a las bancas de lotería y deportivas fue la excepción entre los tributos al juego. Este gravamen mostró una baja de 8.2% en julio de 2026, con una recaudación de 146.8 millones de pesos (USD 2.5 millones), 13.1 millones menos (USD 0.22 millones) que en igual mes del año anterior. Según Diario Libre, este descenso ocurrió a pesar de que varios tributos del sector experimentaron incrementos en sus tasas o montos.

El conjunto de apuestas presentó un comportamiento mixto, con subidas moderadas en algunos segmentos y retrocesos en otros, sin una evolución uniforme tras la reforma.

Detalles del cambio normativo y perspectivas

La Ley 30-26 redefinió los componentes que integran el precio final de las bebidas alcohólicas y ajustó la estructura de los impuestos sucesorales y de donaciones. Estos cambios normativos comenzaron a reflejarse en julio, cuando la DGII aplicó las nuevas medidas recaudatorias.

La evolución de la recaudación en julio muestra el impacto inmediato de la actualización legal, con incrementos destacados en gravámenes como cerveza, sucesiones y donaciones, y resultados dispares en los tributos ligados a los juegos de azar.

Las autoridades mantienen la expectativa de que la reforma contribuya significativamente al objetivo de captación fiscal para el año.

La matrícula de estudiantes con discapacidad en República Dominicana revela una realidad que marca el pulso de la educación pública: más del 83% de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo dependen del sistema estatal. Esta cifra, registrada durante el ciclo escolar más reciente, expone tanto los retos como los avances en la inclusión educativa del país caribeño.

El diagnóstico elaborado por el Ministerio de Educación (Minerd) contabiliza 21,626 estudiantes con algún tipo de discapacidad inscritos en el sistema educativo, de los cuales 17,992 asisten a escuelas públicas. El Estado, como principal proveedor de servicios, enfrenta el desafío de responder a una demanda creciente con recursos que históricamente han sido limitados.

El financiamiento destinado a la educación especial ha mostrado variaciones pronunciadas durante la última década. Entre 2014 y 2025, el área recibió en promedio menos del 0.35% del presupuesto total del Minerd. En 2014, la asignación alcanzó el 1.14% del presupuesto ministerial, impulsada por la adquisición de equipos tecnológicos por un valor de 1,212.2 millones de pesos. Al año siguiente, el gasto cayó de manera abrupta hasta los 135.7 millones de pesos, lo que redujo la proporción a 0.12%. Los años siguientes mantuvieron esa tendencia fluctuante, con caídas y repuntes sucesivos, hasta que en 2019 y 2020 se registraron aumentos de 312.29 % y 28.96 % respectivamente.

La pandemia impactó de nuevo en 2021 con una contracción del 12.25 % en la inversión, aunque desde 2022 el gasto volvió a crecer. Entre 2022 y 2025, el presupuesto para educación especial aumentó cada año: un 11.44 % en 2022, 14% en 2023, 56.97% en 2024 y 51.19% en 2025. Uno de los factores que influyó en el alza durante 2024 fue la incorporación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) como unidad ejecutora dentro del Ministerio de Educación.

La atención para estudiantes con discapacidad implica costos muy superiores a los de la educación regular. El informe oficial estima que el caso de mayor complejidad corresponde a la sordoceguera y la discapacidad múltiple, con un costo promedio de 4,607,449.73 pesos por estudiante, equivalente a casi 35 veces el gasto de un alumno sin discapacidad. La discapacidad físico-motora también representa un desafío económico considerable, con 4,352,575.14 pesos por estudiante, unas 33 veces más que la cifra regular.

Estos montos reflejan la necesidad de personal especializado, equipamiento terapéutico, tecnologías de comunicación, adecuaciones de accesibilidad y mobiliario adaptado. En las condiciones de mayor complejidad, el personal especializado absorbe entre el 80% y el 90% del gasto total. En el caso de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual, los costos también superan ampliamente los de la educación ordinaria: 1,203,514.23 pesos y 986,823.55 pesos respectivamente.

La estructura del gasto varía según el tipo de discapacidad. Para la discapacidad auditiva, el costo promedio por estudiante alcanza 638,368.82 pesos dominicanos, unas 5.7 veces el gasto regular. En condiciones como discapacidad auditiva, visual y altas capacidades, el presupuesto se distribuye más en equipamiento y materiales que en personal especializado.

La distribución de la matrícula evidencia que la mayoría de los estudiantes con discapacidad intelectual (7,284), TEA (3,640) y discapacidad visual (2,358) se concentra en el sector público. La diferencia por sexo es notoria: el 63 % de los estudiantes con estas condiciones son varones, mientras que el 37 % son mujeres.

La concentración de estudiantes con discapacidad en las escuelas públicas sitúa al Estado dominicano como el principal responsable de garantizar la inclusión educativa. El reto de brindar atención adecuada se complejiza ante los altos costos y la necesidad de recursos especializados, en un contexto donde la demanda supera ampliamente la oferta histórica de financiamiento.

La prolongada sequía que afecta a República Dominicana llevó a las autoridades a activar un plan de contingencia nacional para enfrentar una reducción del 30% al 35% en la producción de agua potable, según informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Esta medida busca garantizar el abastecimiento en los sectores más vulnerables del Gran Santo Domingo, ante la persistente ausencia de lluvias atribuida al impacto del fenómeno El Niño.

El director general de la CAASD, Felipe Suberví, detalló que la institución dispuso un esquema de trasvase de agua entre acueductos y la distribución gratuita mediante al menos 40 camiones cisterna. El plan prioriza sectores con mayor déficit hídrico, como Pantoja, Los Girasoles y áreas residenciales próximas a la avenida República de Colombia, así como los municipios de Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste, donde más de cien barrios enfrentan escasez.

Desde mayo, el país experimenta una reducción sostenida de precipitaciones, lo que ha mermado considerablemente los caudales de los ríos Haina, Isa Mana, Duey e Isabela, además del río Nizao, que alimenta el sistema Valdesia. Según información institucional, el acueducto Haina Manoguayabo registra una disminución de hasta 68% en su caudal habitual, lo que exigió la reestructuración de la distribución para evitar el desabastecimiento en zonas críticas.

El fenómeno climático de El Niño ha generado un patrón de sequía regional que afecta tanto a República Dominicana como a otros países del Caribe y Latinoamérica, incluyendo a Puerto Rico, donde se reportan situaciones similares de emergencia hídrica. Las autoridades dominicanas vinculan la actual crisis a este evento, que interrumpió el ciclo regular de lluvias por más de cinco meses en las principales cuencas del país.

El dispositivo de emergencia coordinado por la CAASD contempla la reasignación de recursos entre los sistemas Valdesia–Santo Domingo y otros acueductos, permitiendo abastecer áreas urbanas densamente pobladas y residenciales que dependen de estas fuentes. El plan incluye la colaboración logística con los gobiernos municipales de los territorios afectados, quienes identifican las zonas con mayores dificultades para priorizar la entrega de agua mediante cisternas.

La distribución de agua gratuita a través de camiones cisterna fue reforzada especialmente en comunidades periféricas y barrios que no cuentan con acceso regular a la red de acueductos urbanos. El personal de la CAASD realiza recorridos diarios para monitorear la situación y ajustar las rutas de reparto según la evolución de la demanda y la disponibilidad del recurso en los sistemas de captación.

El llamado oficial de la institución se dirige a la ciudadanía, alentando un uso responsable y racional del agua potable mientras persista la emergencia. El director de la CAASD, Felipe Suberví, subrayó que el esfuerzo de la entidad busca mitigar los efectos de la sequía, “manteniendo la producción del preciado líquido” en medio de condiciones adversas, tras más de cinco meses sin lluvias en las cuencas principales.

La coordinación interinstitucional involucra a los municipios y a otras dependencias estatales para optimizar la distribución y canalizar información a la población sobre las zonas de entrega y los horarios de los camiones cisterna. El monitoreo de los sistemas y la evaluación continua de la sequía forman parte del esquema de respuesta mientras las autoridades siguen las proyecciones meteorológicas para ajustar la estrategia ante el desarrollo del fenómeno El Niño.

La visita oficial del presidente de Honduras, Nasry Asfura, a República Dominicana generó expectativas en el ámbito regional tras confirmarse su interés en adquirir aviones y vehículos blindados ensamblados por la industria militar dominicana. El mandatario centroamericano busca fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad de su país ante las amenazas crecientes del crimen organizado transnacional.

Durante su recorrido por territorio dominicano, Asfura sostuvo encuentros con el presidente Luis Abinader y altos mandos de la Industria Militar Dominicana (Indom), entidad estatal responsable del desarrollo de equipamiento destinado a la defensa y la seguridad pública. El jefe de Estado hondureño encabezó una inspección por la Base Aérea de San Isidro y la zona fronteriza norte, donde conoció de primera mano el proceso de ensamblaje de aeronaves y vehículos tácticos producidos localmente.

El mandatario hondureño explicó que se han iniciado conversaciones formales con el gobierno dominicano para la adquisición de los modelos TP-75 Dulus, aviones diseñados para patrullaje y entrenamiento, así como los vehículos blindados conocidos como Furia. Ambos productos se ensamblan en instalaciones de la Indom, que en los últimos años ha diversificado su cartera de suministros para la defensa, incorporando tecnología y procesos de integración local.

En declaraciones durante la visita, Asfura remarcó la urgencia de reforzar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y la Policía Militar de Honduras. “Sí estamos muy interesados en el tema de seguridad en la Industria Militar Dominicana, que podamos tener acceso a aviones Dulus, a carros blindados para poder enfrentar todos esos grandes retos. Debemos protegernos técnicamente, tácticamente y con equipo para poder salir adelante”, expresó el presidente hondureño, subrayando el impacto que tendría la incorporación de estos recursos en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas delictivas.

El gobierno de Honduras ha priorizado la modernización de sus fuerzas de seguridad en respuesta a fenómenos como el tráfico de drogas, el terrorismo y la violencia fronteriza. De acuerdo con lo expresado durante la comparecencia conjunta, Asfura valoró la experiencia dominicana en materia de protección de fronteras, señalando que ningún territorio está exento de los riesgos asociados a la criminalidad global.

La gira oficial incluyó una visita a la antigua Armería de San Cristóbal, actual sede de la Indom, donde el mandatario observó el ensamblaje de los vehículos Furia. Además, en la zona limítrofe de Dajabón, el presidente hondureño inspeccionó los sistemas tecnológicos y de vigilancia implementados en el muro fronterizo dominicano, estructura que ha sido presentada como un modelo en la región para el control y monitoreo de flujos irregulares y amenazas transnacionales.

El mandatario centroamericano calificó de relevante la infraestructura y la capacidad de producción militar de República Dominicana, destacando que el modelo adoptado por el país caribeño podría traducirse en ventajas logísticas y económicas para los países de la región interesados en fortalecer sus dispositivos de defensa. “Realmente estoy muy impresionado por la Industria Militar Dominicana. Yo creo que es un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe, que nos va a venir a dar una fortaleza a todos los países, porque vamos a tener una oportunidad de poder fortalecernos en el menor tiempo posible y con mejores condiciones de precio”, afirmó Asfura tras el recorrido por la frontera norte dominicana.

La agenda oficial contempló la firma de una declaración conjunta sobre cooperación y seguridad, en la que ambos presidentes reiteraron su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad a través de la protección de las fronteras nacionales. La administración hondureña ha manifestado que la apertura de vías comerciales para la adquisición de equipamiento militar dominicano forma parte de una estrategia integral de seguridad, centrada en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y tácticas de sus fuerzas del orden.

El interés de Honduras por los productos de la Industria Militar Dominicana se da en un contexto de creciente demanda de soluciones regionales para enfrentar amenazas globales, con un enfoque en la cooperación entre países del Caribe y Centroamérica. Las negociaciones, según fuentes oficiales, continúan avanzando en el marco de los acuerdos bilaterales suscritos durante la visita, en espera de definiciones sobre volúmenes, plazos y modalidades de adquisición.

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santiago atiende hoy a 1.122 niños de cero a 12 años y mantiene a más de 500 en lista de espera, una presión que llevó al centro a ocupar cerca del 95% de su capacidad física en medio de un aumento sostenido de la demanda durante los últimos cinco años, constaten medios locales.

Ese crecimiento se refleja también en el volumen de ingresos: el centro recibe entre 80 y 85 solicitudes nuevas cada mes de familias que buscan evaluación, diagnóstico o terapias para sus hijos. Según Listín Diario, diario dominicano, la cantidad de niños atendidos pasó de unos 500 en 2021 a la cifra actual, un alza de alrededor del 150%.

La lista de espera no implica que todos esos menores estén fuera de la institución. Claudia Cuevas Coelho, directora del centro, explicó al medio que cada terapia tiene su propio registro, de modo que un niño puede estar recibiendo un servicio y, al mismo tiempo, esperar otro. Ante esto, reflexionan en la necesidad de más especialistas.

El trastorno del espectro autista concentra la mayor demanda

La mayor parte de la demanda del CAID Santiago se concentra en el trastorno del espectro autista, que representa el 75% de los casos que atiende el centro. Otro 15% corresponde a niños con parálisis cerebral infantil y el 10% restante, a menores con síndrome de Down.

Cuevas Coelho señaló que el aumento de los casos identificados dentro del espectro autista no significa necesariamente que estén naciendo más niños con esa condición. La explicación, sostuvo, pasa por una mayor capacidad de detección, más profesionales, más instituciones y más conocimiento social para reconocer señales de alerta y llegar a diagnósticos correctos.

“Ahora sí tenemos mayor detección, tenemos más profesionales, más instituciones, más conocimiento como sociedad. Entonces ya no se nos están quedando ocultos estos niños o con diagnósticos que no son los correctos”, afirmó la directora.

Las listas de espera más largas se concentran en terapia del habla, terapia ocupacional e intervención conductual. En cambio, áreas como atención temprana y terapia física suelen ofrecer una respuesta más rápida.

El centro tiene 85 terapeutas y 41 auxiliares, pero no puede expandirse por falta de espacio

La presión sobre la infraestructura y el personal ya es visible. El centro cuenta con 85 terapeutas y 41 auxiliares terapéuticos, para un total de 126 personas vinculadas directamente a las áreas de atención, pero la falta de especialistas en algunos servicios limita la ampliación de la oferta.

La directora planteó que las universidades deberían tomar en cuenta las necesidades del país al formar nuevos profesionales en áreas vinculadas con los trastornos del neurodesarrollo y la discapacidad. También advirtió que el límite ya no es solo de personal, sino físico.

“Una de las áreas que más necesitamos es terapia ocupacional. Tenemos mucha demanda y no tenemos tantos profesionales disponibles”, dijo Cuevas Coelho.

El proceso de atención comienza cuando una familia detecta alguna preocupación en el desarrollo de su hijo. Durante una visita al centro, Cuevas Coelho detalló a Listín Diario que, tras la inscripción, se programa una primera cita con el área de servicio social, que normalmente se realiza en un plazo menor de 15 días.

La directora explicó que el centro fue concebido para una etapa específica de la vida, sobre todo la infancia, cuando el cerebro presenta mayor plasticidad para trabajar sobre las dificultades del desarrollo. Se mencionó que la demanda no llega solo desde Santiago.

Mientras las familias esperan por una terapia, el centro ofrece orientación y entrenamiento para continuar en casa el trabajo vinculado con comunicación, alimentación y actividades de la vida diaria. Cuevas Coelho insistió en la necesidad de buscar ayuda de forma temprana ante cualquier señal de alerta en el desarrollo infantil.

Para acercar los servicios a esas comunidades, la institución trabaja con las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial. Esas unidades buscan descentralizar parte de la atención y están contempladas en distintos puntos de la región, entre ellos Salcedo, Santiago Rodríguez, Dajabón y Tamboril.

Más de cinco millones de personas en República Dominicana aún no han renovado su cédula de identidad y electoral, según datos de la Junta Central Electoral (JCE). El organismo reporta que el 62.3 % de los ciudadanos habilitados sigue pendiente de actualizar su documento, lo que equivale a 5,337,782 personas.

La JCE tomó la decisión de eliminar cualquier tipo de restricción para la renovación. Desde ahora, los ciudadanos pueden acudir a más de 190 centros habilitados en cualquier día de la semana, sin importar el mes de nacimiento, con el objetivo de facilitar el proceso y reducir el alto porcentaje de rezago.

Hasta este jueves, solo 3,066,520 personas habían realizado la renovación. La baja concurrencia actual se evidencia en los centros visitados por reporteros, donde ya no se observan las largas filas que hubo entre abril y mayo, cuando comenzó la entrega masiva del documento en el país y en el exterior, según constató Listín Diario.

La renovación en el extranjero arrancó el 20 de mayo. En este grupo, la JCE reportó 136,961 nuevas cédulas entregadas: las mujeres lideran con 76,593 trámites, seguidas por 60,368 hombres.

Datos demográficos de la renovación de la cédula en 2024

El grupo etario con mayor participación en la renovación corresponde a quienes tienen entre 40 y 49 años, con 566,628 trámites. Le siguen los de 20 a 29 años (549,924 renovaciones) y los de 50 a 59 años (516,875 renovaciones).

Entre los ciudadanos de 70 a 79 años, se contabilizan 212,627 renovaciones, mientras que el grupo de 80 a 89 años suma 55,487 trámites. Los mayores de 100 años alcanzan 228 renovaciones, y los de 90 a 99 años han realizado 7,529 trámites. Por último, la población más joven, entre 16 y 19 años, registra 131,030 renovaciones.

El proceso de renovación de la cédula en República Dominicana registra actualmente un ritmo bajo, incluso tras la eliminación de restricciones y la ampliación de centros y horarios de atención. De acuerdo con Listín Diario, la baja participación podría derivar en una mayor concentración de trámites en los meses siguientes si no se incrementa la asistencia.

Renovación de cédulas en el exterior: cómo y dónde pueden tramitarla los dominicanos fuera del país

Desde el 20 de mayo, los dominicanos residentes fuera del país pueden renovar su cédula sin esperar el mes de su cumpleaños. La JCE estableció que el trámite debe hacerse exclusivamente por cita a través de sus portales en línea, eliminando cualquier restricción de fecha.

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, informó que esta modalidad facilita el proceso y permite que quienes residen en el extranjero también se empadronen para votar en las elecciones de 2028 en su ciudad de residencia.

Para este fin, se habilitaron centros de cedulación en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Boston, Houston, Los Ángeles y Washington D.C. En Canadá, hay oficinas en Toronto, Montreal y Ottawa. En Europa, los consulados de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Milán, Génova y Zúrich ofrecen el servicio, además de sedes en Panamá, México, Puerto Rico, Curazao, Aruba, San Martín y Chile.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó a 11 provincias y al Distrito Nacional la alerta verde por una onda tropical ubicada sobre Puerto Rico que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), incrementa de forma gradual la humedad sobre República Dominicana y mantiene un viento del noreste capaz de generar aguaceros, tronadas y posibles ráfagas, con riesgo de inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito.

En las áreas bajo alerta se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 75 milímetros, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias y citado por Diario Libre, diario dominicano. El organismo advirtió que esas precipitaciones pueden afectar sobre todo sectores vulnerables al anegamiento y corredores viales.

La alerta verde alcanza a la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Samaná, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, La Altagracia, Monte Plata, San Cristóbal y Sánchez Ramírez. La medida respondió al paso del sistema y a la evolución de las condiciones atmosféricas previstas por INDOMET.

Recomendaciones y pronóstico oficial

El organismo de emergencia pidió a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua. También recomendó no utilizar balnearios en las demarcaciones bajo alerta. Asimismo, enfatizaron el llamado a permanecer atentos a los boletines oficiales y a las alertas emitidas por las autoridades.

Las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y vientos moderados con ráfagas ocasionales, según informó el COE y reprodujo Diario Libre. La recomendación oficial es seguir los boletines meteorológicos y atender cualquier cambio en los avisos emitidos por las autoridades.

En el mar, el Instituto Dominicano de Meteorología prevé condiciones adversas dentro de un plazo de 24 a 72 horas en la costa atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo. Para ese tramo, el instituto recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto.

Desde Isla Saona hasta Cabo Engaño, la recomendación es navegar cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro por vientos y olas anormales. Esa advertencia se suma al llamado de precaución para quienes circulen o desarrollen actividades en zonas costeras y marítimas.

Pronóstico para Santo Domingo

Para Santo Domingo, Acento Noticias, medio de comunicación dominicano, informó que el lunes se espera una jornada inestable y con alta probabilidad de lluvias durante el día, aunque al inicio predominaría un ambiente de nubes dispersas. La temperatura máxima prevista es de 34°C, la mínima de 27°C y la humedad estimada alcanza 75%.

La publicación añadió que la probabilidad de lluvias y vaguadas para la capital llega al 100%. También indicó que el viento soplará desde el noreste con velocidades promedio de 22 km/h y ráfagas de hasta 33 km/h.

Frente a ese escenario, el COE recomendó evitar transitar por calles inundadas y extremar la precaución al conducir, con luces encendidas. También pidió no intentar pasar a pie por corrientes de agua que lleguen hasta las rodillas, no acercarse a postes ni cables eléctricos, no sacar basura u objetos que obstruyan desagües, retirar de techos y balcones cualquier elemento que pueda desprenderse y evitar salir si no es necesario.

El Ministerio de Salud Pública dispuso la clausura del Banco de Sangre Cibao BSC 24/7 en la ciudad de Moca tras detectar una serie de irregularidades en el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. La medida surge luego de una inspección técnica realizada por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, que identificó deficiencias significativas en los procedimientos de almacenamiento y desecho de sangre y equipos médicos, así como carencias en materia de bioseguridad.

De acuerdo con información oficial, divulgada el pasado 27 de agosto, el personal técnico del Ministerio de Salud Pública llevó a cabo una evaluación exhaustiva en el establecimiento ubicado en la provincia Espaillat. Durante el proceso, los inspectores constataron la ausencia de reactivos indispensables para la realización de pruebas inmunoserológicas, entre ellos los requeridos para la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (Anti-HCV), lo que representa una omisión crítica en la prevención de enfermedades transmisibles por transfusión.

El reporte señala que el centro no dispone de los refrigeradores adecuados para el almacenamiento seguro de sangre, incumpliendo con los estándares de bioseguridad exigidos por la normativa nacional. Las áreas destinadas al almacenamiento del material hemático no presentan la debida separación física respecto del área técnica, generando un riesgo adicional para la manipulación y la conservación de los productos sanguíneos.

Irregularidades detectadas en la inspección

Según documentó el Ministerio, uno de los hallazgos más preocupantes fue la constatación de que los planos arquitectónicos presentados por el establecimiento no coinciden con los depositados oficialmente ante la autoridad sanitaria. Además, los instrumentos de limpieza se almacenan dentro de los baños, lo que vulnera los protocolos básicos de higiene hospitalaria. El centro tampoco cuenta con un área de desechos infecciosos techada, clasificada y cerrada, situación que incrementa el riesgo de contaminación tanto para el personal como para los usuarios.

Otra de las deficiencias detectadas recae sobre el equipamiento utilizado para la extracción de sangre. Los sillones empleados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, mientras que el refrigerador destinado al almacenamiento de reactivos corresponde a un modelo de uso doméstico, inapropiado para la conservación de insumos médicos sensibles.

En el informe del Ministerio de Salud Pública también se consigna que el centro carece de colectores adecuados para el desecho de agujas, una omisión que puede facilitar la exposición accidental a agentes infecciosos. La entidad sanitaria subrayó que la sumatoria de estas fallas constituye un incumplimiento grave de los estándares establecidos para la habilitación y operación de bancos de sangre en la República Dominicana.

La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, responsable de la inspección, enfatizó que la clausura permanecerá vigente hasta que el establecimiento subsane todas las deficiencias señaladas y cumpla con los requisitos legales y técnicos exigidos para su funcionamiento.

La visita del presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, al Palacio Nacional de Santo Domingo representa un intento concreto de ambos países por redefinir su relación y abrir nuevas rutas de cooperación. En un contexto donde la región enfrenta desafíos económicos y sociales, el encuentro entre Asfura y el presidente dominicano Luis Abinader se enfoca en encontrar mecanismos que permitan fortalecer los lazos comerciales, ampliar el intercambio de inversiones.

El recibimiento oficial incluyó actos protocolarios, pero, más allá de las ceremonias, las delegaciones llegaron con agendas claras. La comitiva hondureña arribó encabezada por funcionarios con competencia directa en sectores productivos, inversiones y relaciones exteriores, señal de que el principal objetivo es avanzar en acuerdos que impulsen proyectos económicos conjuntos y faciliten el flujo de capital e innovación entre ambos países.

El gobierno dominicano, representado por ministros de Comercio, Defensa, Relaciones Exteriores y altos funcionarios deportivos, busca aprovechar la coyuntura para posicionar a la República Dominicana como un socio preferente en el Caribe y Centroamérica. La presencia de figuras vinculadas a la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sugiere que uno de los temas centrales es el desarrollo de eventos deportivos regionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de infraestructura, organización y promoción internacional.

Durante la reunión de trabajo, los presidentes Abinader y Asfura abordaran la necesidad de establecer una coordinación más efectiva en asuntos económicos. Las conversaciones incluyeron la revisión de incentivos para atraer nuevas inversiones y la posibilidad de pactar alianzas en sectores como turismo, comercio y pequeñas y medianas empresas. Ambos gobiernos manifestaron su interés en diseñar mecanismos para facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y el acceso a mercados regionales.

La delegación hondureña, con la participación de la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, y del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones, Epaminondas Marinakys, llegó a Santo Domingo con el mandato de buscar acuerdos que permitan dinamizar la economía hondureña y aprovechar las oportunidades de cooperación con la República Dominicana.

Por su parte, la representación dominicana, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó Haza, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, presentó propuestas centradas en la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de cadenas de valor regionales. El encuentro también sirvió para analizar la colaboración en materia de seguridad y defensa, áreas en las que ambos países comparten preocupaciones relacionadas con el crimen transnacional y la protección fronteriza.

El acercamiento entre la República Dominicana y Honduras se produce en un momento en que la región explora nuevas fórmulas de integración. La visita oficial de Nasry Asfura Zablah busca sentar las bases para una relación bilateral más dinámica, enfocada en resultados tangibles que respondan a las necesidades actuales de ambos países. El impulso a la inversión, el comercio y la cooperación en deportes y seguridad emerge como la prioridad del diálogo entre las delegaciones, que aspiran a transformar la sintonía diplomática en acciones concretas y sostenibles.

El avance de comercios de origen chino en República Dominicana ha transformado el sector minorista, impulsando una expansión que ahora capta la atención de autoridades fiscales y aduaneras. El fenómeno del capital de origen chino se consolida como una de las tendencias más notorias del mercado local, al registrar más de 2,000 empresas en el país en la última década y reflejar cambios en los hábitos de consumo, la competencia empresarial, pero también en la recaudación tributaria.

De acuerdo con registros oficiales, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabiliza 2,070 empresas con inversión china entre 2016 y 2026. De esas, 1,300 permanecen activas y 770 inactivas. El Distrito Nacional concentra la mayor presencia, con 639 compañías activas y 542 suspendidas, lo que pone de relieve una estructura empresarial compleja y diversa tras la fachada de grandes tiendas visibles en avenidas principales.

Solo en 2025 se inscribieron 265 empresas, mientras que en lo que va de 2026 la cifra alcanza 132, según datos publicados por Diario Libre.

El incremento de estas empresas ha arrastrado consigo nuevos desafíos en materia de control fiscal y aduanal. Los reportes de la DGII muestran que la falta de emisión de comprobantes fiscales figura entre las principales infracciones, representando cerca del 26 % del monto total de las multas impuestas. A esto se suma la ausencia de impresoras fiscales, una irregularidad directamente ligada a la facturación. Ambas categorías juntas constituyen casi un tercio de las sanciones económicas aplicadas en el sector.

Además de estos problemas, la autoridad tributaria ha registrado deficiencias en la declaración de inventarios y en el movimiento real de operaciones. Existe una categoría de “otros incumplimientos” que concentra el mayor monto de multas, aunque las autoridades no precisan públicamente cuáles infracciones abarca, citando normas de confidencialidad tributaria.

Las acciones fiscalizadoras se han intensificado en los últimos años. Entre 2018 y 2026, la DGII realizó 261 fiscalizaciones internas a 159 contribuyentes de origen chino, determinando deudas tributarias superiores a 73,500 millones de pesos dominicanos. Los años 2024 y 2023 destacaron por las mayores recaudaciones, con 23,000 millones y 18,000 millones respectivamente. En el mismo periodo, se ejecutaron 57 auditorías externas que sumaron determinaciones por unos 10,000 millones, lo que refleja una vigilancia creciente sobre la actividad de estas empresas.

El área aduanera también enfrenta retos. Las denuncias de subvaluación de mercancías se han incrementado, pues comerciantes locales alegan que así se abaratan costos de entrada y se facilita la oferta de precios difíciles de igualar para los negocios dominicanos. Aunque la Dirección General de Aduanas ha intensificado las revisiones a estos establecimientos, aún no dispone de un sistema público que permita rastrear una operación comercial desde la importación hasta la venta al consumidor final.

El impacto en el comercio local es visible. Diversos sectores, como ferreteros e industriales, señalan que los comercios de capital chino ofrecen precios más bajos debido a menores cargas fiscales, laborales o de importación. Esta diferencia ha motivado denuncias sobre la comercialización de productos falsificados, lo que afecta tanto a empresas que venden mercancía legítima como a los consumidores, que podrían enfrentar riesgos al adquirir estos bienes. La competencia también ha repercutido en las pequeñas y medianas industrias, especialmente en el ámbito de calzado y textiles, cuyos representantes mencionan dificultades para acceder a financiamiento formal y sostenerse frente al auge de estos comercios.

La dimensión laboral añade otra capa de complejidad. Operativos recientes han detectado empleados extranjeros sin documentación regular, y algunas empresas han sido sancionadas por incumplimientos relacionados con la contratación de mano de obra extranjera. Uno de los casos más notorios se registró en la avenida Duarte, donde la intervención de las autoridades migratorias derivó en un proceso legal contra el propietario de un comercio chino por presunta obstrucción y agresión.

Pese a las controversias, el atractivo comercial de estas tiendas se mantiene firme entre los consumidores dominicanos. La variedad de productos, la posibilidad de acceder a artículos de uso cotidiano en un solo lugar y los precios competitivos han convertido a los comercios de capital chino en un destino preferido tanto para compradores finales como para minoristas locales que buscan abastecerse. La ausencia de información integral sobre el flujo de mercancías y el cumplimiento normativo sigue siendo un reto para las autoridades y actores económicos.

El impacto de un nuevo modelo de atención integral en República Dominicana ha generado un cambio en el manejo del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el país. La mortalidad de personas con VIH atendidas en el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) se redujo en 74% entre enero de 2023 y junio de 2026, según datos recientemente presentados por esta institución.

Los resultados reflejan el efecto de una estrategia multidisciplinaria que incluyó tamizaje y diagnóstico temprano de tuberculosis, un seguimiento más cercano de la adherencia al tratamiento y acompañamiento psicológico. El estudio, titulado “Modelos diferenciados de atención multidisciplinaria para reducir la mortalidad y optimizar la retención en personas que viven con VIH: un estudio de cohortes en la República Dominicana (2023-2026)”, siguió la evolución de 994 personas con VIH y comparó dos enfoques de atención, publicados en el Listín Diario.

De acuerdo con la información presentada por el COIN, los avances surgieron a partir de la identificación de retos específicos en la atención habitual, en especial la incidencia de tuberculosis en pacientes con VIH. El médico Fernando Díaz, investigador principal del estudio, explicó que una de cada cuatro personas con VIH que fallecían presentaban antecedentes de tuberculosis confirmada o sospechada. Esta observación impulsó a la institución a revisar y adaptar los protocolos existentes, incorporando tecnologías como pruebas TB-LAM, radiografías de tórax y diagnósticos moleculares mediante GeneXpert MTB/RIF para detectar la tuberculosis desde el ingreso de los pacientes.

El nuevo modelo de atención se tradujo en una reducción de la mortalidad de 2.7 % a 0.7 % entre quienes recibieron la estrategia diferenciada, una diferencia estadísticamente significativa. Además, el abandono del seguimiento clínico disminuyó de 38 % a 30 %. Estas cifras reflejan el potencial de la intervención para optimizar los resultados de salud en un contexto donde cerca de 85,000 personas viven con VIH en República Dominicana.

El estudio dividió a los participantes en dos grupos: 565 pacientes recibieron atención convencional y 429 fueron incorporados al modelo diferenciado a partir de la segunda mitad de 2024. Ambos grupos mantuvieron estándares de calidad elevados en la atención, según lo apuntado por Díaz, aunque la clave estuvo en la capacidad de identificar y responder a las necesidades particulares de los pacientes. “Cuando los servicios se diseñan en función de las necesidades de las personas, quienes antes no podían acceder logran hacerlo”, señaló el investigador durante la presentación de los resultados.

El modelo diferenciado incluyó también un monitoreo proactivo de la adherencia al tratamiento y un acompañamiento psicológico sostenido. La experiencia evidenció que facilitar el acceso a servicios ya existentes, más que crear nuevos protocolos, puede modificar de manera significativa los desenlaces clínicos. El COIN enfatizó que los servicios esenciales para la atención de personas con VIH ya están disponibles en los centros públicos de salud; la diferencia radica en el enfoque y la personalización del acceso.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida) participaron en la presentación del estudio. El interés se centró en la posibilidad de replicar este modelo en otros centros, con ajustes como horarios diferenciados para quienes tienen dificultades para acudir a consulta en la jornada laboral habitual.

El análisis presentado por Díaz planteó que, si bien la mortalidad asociada al VIH ha disminuido en el país, persisten barreras que impiden que todas las personas con diagnóstico accedan o permanezcan en tratamiento. Entre estos factores se encuentra el estigma social, que aún motiva a pacientes a buscar atención fuera de su localidad para evitar discriminación. En este sentido, la investigación subraya la importancia de una respuesta que integre componentes clínicos, psicológicos y sociales.

En República Dominicana, el diagnóstico de tuberculosis es una prioridad en la población con VIH. El país registra alrededor de 4,000 casos de tuberculosis anualmente y el 23% de ellos corresponde a personas con VIH, según los datos difundidos durante la presentación del estudio.

La experiencia del COIN se ha posicionado como un referente para el desarrollo de políticas públicas orientadas a reducir la mortalidad y mejorar la retención en el tratamiento de personas con VIH. La evidencia recogida durante más de tres años respalda la pertinencia de adaptar los servicios de salud a las necesidades reales de quienes viven con esta condición, en un contexto de atención centrada en el paciente.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, mostró este sábado a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura, los avances de la construcción del muro fronterizo con Haití, una obra que busca reforzar el control sobre el tráfico de migrantes, drogas y armas en el límite común, según reportó EFE. La visita, que se llevó a cabo en la zona limítrofe, formó parte de la agenda oficial del mandatario hondureño, quien expresó su interés en fortalecer la cooperación bilateral.

Durante el recorrido, Asfura destacó que la seguridad fronteriza y el desarrollo de la industria militar en República Dominicana representan “un ejemplo para Centroamérica y el Caribe”, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana citado por EFE. El presidente hondureño afirmó: “La soberanía no tiene precio y la soberanía empieza por cuidar nuestras fronteras”, en referencia a la importancia que otorga su gobierno al control territorial.

Asfura también manifestó su disposición a impulsar el comercio, las inversiones y las alianzas en materia de defensa tecnológica entre ambos países.

Abinader destaca la cooperación en seguridad fronteriza

Por su parte, el máximo mandatario dominicano señaló que la visita a la frontera tenía como objetivo compartir la experiencia dominicana en gestión de la seguridad y control fronterizo. Según declaraciones recogidas por EFE, el mandatario dominicano afirmó que la industria militar desarrollada en el país está disponible para colaborar con naciones amigas, como Honduras. Abinader insistió en la voluntad de su administración de ampliar la cooperación tecnológica y de seguridad, y destacó la existencia de inversiones hondureñas en el territorio dominicano y viceversa.

En el marco de la visita, el ministro de Defensa dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que desde 2020 el gobierno ejecuta la estrategia denominada “Frontera Fuerte”, que contempla el fortalecimiento de la infraestructura, el despliegue de efectivos militares y la incorporación de tecnología avanzada para la vigilancia del área. El funcionario detalló que ya se construyeron 55 kilómetros de verja, incluidos 38 kilómetros en la frontera norte, además de tramos adicionales en las provincias de Elías Piña, Independencia y Pedernales.

La infraestructura, según Fernández Onofre, cuenta con 1,500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes y una red de drones controlada desde el centro de mando del Ministerio de Defensa. Estas herramientas, sumadas a la presencia de 11.000 militares desplegados en distintas líneas de defensa, han contribuido a reducir delitos como el robo de ganado, vehículos y motocicletas en las zonas fronterizas, indicó el ministro.

Luego del recorrido por la frontera, la agenda oficial de Asfura continuará el domingo con una ceremonia de recibimiento en el Palacio Nacional y una reunión bilateral con Abinader, así como un encuentro entre las delegaciones de ambos países. Se prevé la firma de instrumentos de cooperación bilateral, un almuerzo oficial y declaraciones conjuntas de los mandatarios, según informó EFE.

La visita de Asfura concluirá con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde reposan los restos de los padres fundadores de República Dominicana, antes de su regreso a Tegucigalpa. Esta visita busca afianzar los lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la seguridad regional.

La tranquilidad de la comunidad rural de Las Cabuyas, perteneciente al municipio de La Vega, República Dominicana, se vio abruptamente interrumpida durante la madrugada de ayer viernes 28 de agosto. Un estremecedor suceso de violencia de género ha dejado profundamente impactados a los residentes del sector.

La víctima, una joven de 25 años identificada como Nayely Altagracia Capellán (conocida afectuosamente por sus allegados como “Nayeli”), fue víctima de una agresión de extrema gravedad en el interior de su propia residencia.

De acuerdo con los desgarradores testimonios presentados por sus familiares y vecinos cercanos, Nayely fue atacada brutalmente y resultando apuñalada en al menos 26 ocasiones con un objeto punzocortante, por su expareja. Las heridas provocadas por este sangriento hecho afectaron diversas partes de su anatomía, comprometido gravemente sus órganos vitales.

El aspecto más desgarrador y dramático de esta tragedia radica en que su tres hijas menores de edad se encontraban presentes dentro de la vivienda al momento en que se desató la agresión. Las infantes quedaron expuestas de manera directa a escenas de extrema violencia física y psicológica.

Sin embargo, a pesar del inminente peligro y del impacto emocional de presenciar la agresión contra su progenitora, las tres niñas se encuentran físicamente a salvo gracias a la rápida y valiente intervención de una de ellas.

En medio del caos y la desesperación del ataque, la hija mayor de la víctima, una niña de tan solo 10 años de edad, reaccionó con sorprendente coraje. La menor logró zafarse de la escena y salir corriendo de la vivienda hacia la calle, gritando desesperadamente para pedir auxilio e alertar a la comunidad. Sus gritos alertaron de inmediato a los moradores de las casas colindantes, quienes despertaron alarmados ante el desgarrador pedido de ayuda que advertía que su padre estaba atentando contra la vida de su madre.

La oportuna voz de alarma dada por la niña de 10 años movilizó en cuestión de segundos a los residentes de Las Cabuyas. Varios vecinos acudieron a la vivienda para interrumpir el violento altercado. La vecina Katherine relató el nivel de pánico vivido cuando la hija más pequeña de la víctima también corrió hacia los residentes adyacentes entre lágrimas para implorar auxilio. La irrupción de los comunitarios en el lugar fue determinante para frenar al agresor, impidiendo que el hecho terminara de forma fulminante e irreversible en la escena.

Al acceder al inmueble, los testigos presenciaron una escena dramática con la joven ensangrentada e tendida en el suelo. Inmediatamente, procedieron a asistirla y a coordinar el traslado de emergencia hacia el centro asistencial de La Vega. Gracias a la decidida respuesta comunitaria impulsada por las menores, se logró frenar el ataque a tiempo para trasladar a Nayely con vida al hospital.

Arresto policial, evidencias incautadas y proceso judicial

Los allegados y familiares de la víctima señalaron como presunto responsable del hecho a Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años de edad, quien era la expareja sentimental de la agredida.

Según los reportes recabados por los medios dominicanos, Nayely y Adonis se habían separado formalmente hace aproximadamente un mes. Sin embargo, el hombre continuaba acudiendo con frecuencia a la vivienda bajo el pretexto de entregar el dinero correspondiente a la manutención de sus tres hijas.

Posterior a la brutal agresión cometida en la madrugada, miembros de la Policía Nacional ejecutaron la aprehensión de Adonis. Tras haber cometido el hecho y huir del lugar, el acusado se presentó voluntariamente al cuartel policial de Las Cabuyas, donde confesó a las autoridades que había dejado a su expareja gravemente herida en el domicilio, procediéndose de inmediato a su formal arresto.

Durante los procedimientos de inspección e investigación practicados por los peritos en el lugar de los hechos, las autoridades lograron incautar elementos de prueba cruciales para el expediente judicial. Se ocuparon dos armas blancas tipo cuchillo, una de las cuales presentaba manchas hemáticas visibles compatibles con el ataque.

El detenido permanece bajo estricta custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público de la provincia de La Vega para la formulación de cargos formales y el inicio de las medidas de coerción correspondientes.

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana desplegó este sábado un operativo de limpieza integral en Playa Rincón, ubicada en el distrito municipal de Las Galeras, Samaná, ante la llegada masiva de sargazo que afecta la zona.

La acción, reunió a equipos de la Armada de República Dominicana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las brigadas del Programa Limpieza de Playas del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), con el objetivo de retirar el alga invasora.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Turismo, el despliegue responde a la necesidad de mitigar el impacto ambiental del sargazo y asegurar la preservación de la belleza natural de las playas, así como el bienestar de los residentes y la satisfacción de los visitantes.

“Estas labores de mitigación buscan preservar la belleza natural de las playas de la zona, garantizar el bienestar de la comunidad local y mantener las condiciones óptimas para el disfrute de los visitantes”, indicó la institución a través de sus canales oficiales.

Respuesta coordinada ante impacto del sargazo

El operativo en Playa Rincón se enmarca en una estrategia de respuesta frente a los desafíos ambientales que enfrenta el litoral dominicano. Según el ministro de Turismo, David Collado, la llegada intensiva de sargazo representa un riesgo para la competitividad y la imagen de los destinos turísticos del país. “Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y la rápida respuesta ante los desafíos que puedan comprometer la competitividad y la imagen de nuestros destinos turísticos nacionales”, declaró el funcionario en sus redes sociales.

Las acciones implementadas incluyen la remoción manual y mecánica de grandes volúmenes de sargazo acumulado en la costa, la disposición adecuada de los residuos recolectados y el monitoreo continuo de la evolución del fenómeno. El Ministerio de Turismo detalló que las brigadas del CEIZTUR cuentan con equipos y herramientas específicas para enfrentar este tipo de emergencias ambientales, en coordinación con las autoridades militares y civiles presentes en la zona.

A lo largo de la jornada, se registró la participación activa de residentes y trabajadores vinculados al sector turístico, quienes colaboraron con las labores de limpieza. El ministerio destacó que “seguimos trabajando para recuperar estos espacios, proteger uno de nuestros destinos más importantes y acompañar a la gente que vive del turismo en esta comunidad”, en palabras de David Collado.

La proliferación de sargazo constituye un reto recurrente para el Caribe y, en particular, para las costas de República Dominicana, donde la economía local depende en gran medida del turismo. Las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración interinstitucional y comunitaria para enfrentar estas situaciones y minimizar su impacto sobre las actividades productivas y recreativas.

El Ministerio de Turismo reiteró que continuará implementando operativos similares en otras zonas afectadas, manteniendo su compromiso con la protección ambiental y la promoción de un turismo sostenible. Las medidas adoptadas en Las Galeras forman parte de un plan nacional para fortalecer la resiliencia de los destinos turísticos ante amenazas naturales y ambientales.

La República Dominicana enfrenta una exposición recurrente a huracanes y tormentas tropicales, fenómenos que han afectado de manera sistemática tanto la infraestructura como los ecosistemas de sus áreas protegidas.

De acuerdo con un informe técnico elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la ubicación geográfica del país lo sitúa dentro de la trayectoria habitual de ciclones tropicales, lo que incrementa el nivel de riesgo para amplias zonas del territorio.

Según datos recopilados por la ONE, los ciclones tropicales representan una de las amenazas naturales de mayor impacto en el Caribe. Estos eventos, que incluyen tormentas tropicales y huracanes, ocasionan inundaciones, deslizamientos de tierra y erosión costera, afectando tanto áreas urbanas como ecosistemas naturales.

Estudios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) citados por la ONE advierten sobre un aumento en la intensidad de estos fenómenos en las últimas décadas, lo que agrava la vulnerabilidad en regiones expuestas.

Exposición de las áreas protegidas dominicanas a ciclones tropicales

El informe detalla que los ciclones tropicales se clasifican técnicamente por la velocidad máxima sostenida de sus vientos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Una tormenta tropical se define por vientos entre 63 y 118 km/h, mientras que un huracán supera los 119 km/h. A su vez, los huracanes se agrupan en cinco categorías según la escala Saffir-Simpson, lo que permite dimensionar su potencial destructivo y los posibles impactos asociados.

En el contexto dominicano, la exposición a huracanes y tormentas tropicales se vincula estrechamente con la distribución geográfica de las áreas protegidas, especialmente en zonas costeras y montañosas. El análisis de la ONE, basado en la superposición de trayectorias históricas de ciclones con los territorios protegidos vigentes al año 2024, evidencia que las distintas categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas han enfrentado de forma recurrente estos fenómenos desde 1990 hasta 2025.

La mayor exposición acumulada se registró en las categorías Área de protección estricta y Área de manejo de hábitat/especies, con 20 eventos cada una. Los Parques nacionales sumaron 15 eventos, los Paisajes protegidos contabilizaron 12, las Reservas naturales 10 y los Monumentos naturales seis. Esta distribución destaca el nivel variable de exposición entre las diferentes modalidades de manejo, con acumulados que oscilan entre seis y 20 eventos en el periodo analizado.

El informe aclara que la evaluación de la exposición se realizó considerando los límites espaciales actuales de las áreas protegidas, por lo que algunos eventos sucedieron antes de la declaratoria oficial de ciertas zonas.

En estos casos, la exposición se interpreta en función del territorio actualmente protegido, no de su condición legal en el momento del evento.

La ONE explica que el estudio integró y sistematizó información geoespacial y estadística proveniente de fuentes nacionales e internacionales especializadas, como registros históricos del National Hurricane Center (NOAA), capas cartográficas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y bases de datos sobre usos de suelo, incendios forestales y actividad sísmica. La información fue procesada en un entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo que permitió identificar patrones territoriales y zonas críticas.

El enfoque del informe no está orientado a estimar impactos directos en el momento de cada evento, sino a superponer amenazas registradas con el sistema vigente de áreas protegidas, con el fin de identificar patrones de recurrencia y prioridades para la gestión preventiva. La ONE destaca que la intersección entre trayectorias de ciclones y áreas bajo protección ambiental permite identificar puntos de alta exposición que no siempre resultan evidentes en un análisis aislado de los eventos.

América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), registró aproximadamente 3,570 desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y climáticos entre 1960 y 2020, lo que refleja un aumento de la vulnerabilidad y la frecuencia de estos episodios.

La República Dominicana, por su condición insular y tropical, se mantiene como un territorio altamente susceptible a estos eventos. Las áreas protegidas, consideradas barreras naturales y territorios expuestos al mismo tiempo, resultan esenciales en la mitigación de riesgos.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la extradición de Mario Jáquez a Estados Unidos, donde es requerido por un tribunal del condado de Nueva York en relación con acusaciones de asesinato en segundo grado. En los registros también figura como Mario Elvin Jáquez y Mario Elvin Fernández Ureña. La extradición, autorizada mediante el decreto 542-26, se concretó tras completarse los trámites judiciales en República Dominicana y responde a una solicitud formal de las autoridades estadounidenses.

La captura de Jáquez se produjo en julio, durante una operación de inteligencia desplegada por equipos especiales de la DNCD. El arresto tuvo lugar en la calle principal de Los Montones, San José de las Matas, provincia Santiago, donde los agentes lograron localizarlo tras un seguimiento específico. Luego de la aprehensión, las autoridades locales activaron los procedimientos jurídicos necesarios para dar curso a la extradición, ajustándose a los protocolos que demandan este tipo de procesos internacionales.

Según indicó Diario Libre, tras la detención, las autoridades dominicanas avanzaron con las diligencias judiciales requeridas para formalizar la entrega a Estados Unidos. Como parte del operativo, unidades especiales trasladaron a Jáquez hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG). En ese recinto, oficiales estadounidenses recibieron la custodia del extraditado, siguiendo las pautas de seguridad y cooperación establecidas entre ambos países.

En la operación participaron la Procuraduría General de la República (PGR), la DNCD y agentes de los U.S. Marshals, dentro de los esquemas habituales de cooperación jurídica entre República Dominicana y Estados Unidos. La solicitud de extradición responde a las acusaciones que enfrenta Jáquez ante el tribunal supremo del condado de Nueva York. El proceso incluyó la revisión de documentación, cumplimiento de trámites legales y la coordinación entre las entidades involucradas para asegurar una entrega conforme a las normativas vigentes.

Cooperación judicial y otros casos recientes de extradición

La extradición de ciudadanos dominicanos a Estados Unidos ha seguido los mecanismos de colaboración establecidos entre ambos países para casos penales. En otro caso, el 10 de agosto se dispuso la extradición de Mario Juan García, conforme al decreto 543-26, requerido por autoridades judiciales de Connecticut. García enfrenta cargos por agresión sexual en segundo grado, poner en riesgo a un menor y promover la participación de un menor en una representación obscena, según la acusación presentada en el Tribunal Superior del Estado de Connecticut.

De acuerdo con información publicada por Diario Libre, la decisión sobre García fue adoptada tras la presentación del caso policial número 2405010020 y una solicitud formal realizada el 25 de julio de 2025 ante las autoridades estadounidenses. Las autoridades dominicanas señalaron que estos procedimientos buscan asegurar que los acusados respondan ante la justicia estadounidense conforme a las garantías del debido proceso, destacando la importancia de la cooperación internacional en materia penal.

Las entregas de ciudadanos dominicanos a instancias judiciales de Estados Unidos forman parte de los acuerdos bilaterales en vigor, que contemplan mecanismos específicos para la tramitación de extradiciones, tanto en materia penal como en otros ámbitos jurídicos. Las autoridades dominicanas subrayan que estos procedimientos se realizan garantizando el respeto a los derechos de las personas involucradas y en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.

A partir de la tarde de este sábado, se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas en distintas zonas de República Dominicana, debido al incremento de la humedad por el paso de una onda tropical. Las precipitaciones afectarán especialmente al Gran Santo Domingo, así como a provincias del interior, en un contexto de altas temperaturas que también se mantendrán en la capital.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología, la humedad asociada a la onda tropical favorecerá el desarrollo de nubosidad y aguaceros en sectores como Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón. Diario Libre informó que en estas áreas se prevén aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta entrada la noche.

En Santo Domingo y sus municipios, el patrón será variable: el Distrito Nacional registrará nubes y aguaceros aislados en la tarde; el norte de la provincia vivirá lluvias más frecuentes, mientras que el oeste y el este alternarán incrementos nubosos y precipitaciones aisladas.

Lluvias del sábado y pronóstico para el domingo

La principal causa de las lluvias que se presentarán este sábado es la acción de la onda tropical, que aumentará la humedad y la nubosidad a partir del mediodía. De cara al domingo, una masa de aire más seca reducirá las precipitaciones en la mañana y la tarde. No obstante, desde la noche, los remanentes de Dolly comenzarán a acercarse, generando nuevos episodios de lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en el noreste, el sureste y la Cordillera Central.

En el Distrito Nacional, los chubascos del domingo serán aislados y de corta duración. Otras regiones del país podrían experimentar lluvias más intensas al final del día, a medida que se sienta la influencia de Dolly. El Instituto Dominicano de Meteorología estima que la probabilidad de que este sistema vuelva a convertirse en ciclón tropical es inferior al 10 % durante los próximos días. Diario Libre añadió que también se monitorea un disturbio en el Golfo de América, aunque sin riesgo actual para el país.

El pronóstico nacional indica que entre sábado y lunes habrá variaciones en la intensidad de las lluvias: el sábado, las precipitaciones serán más frecuentes en la tarde y noche; el domingo, disminuirán y luego volverán a intensificarse en la noche; el lunes, se esperan aguaceros fuertes en varias regiones.

Lunes: más lluvias y recomendaciones por calor

El lunes, las lluvias aumentarán desde la madrugada en las costas noreste y sureste, extendiéndose durante la mañana y alcanzando la Cordillera Central y el norte del país a lo largo del día. Por la tarde, se anticipan tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las temperaturas continuarán elevadas, con mínimas de 24 °C a 26 °C y máximas de 34 °C a 36 °C en Santo Domingo. Además, la presencia de polvo del Sahara contribuirá a un ambiente aún más caluroso y seco.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol, especialmente entre niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

El período de vigilancia meteorológica comprende desde la mañana del sábado 29 hasta las 6:00 de la mañana del lunes 31 de agosto de 2026, incluyendo la evolución de la onda tropical, la influencia de Dolly y la persistencia de las altas temperaturas en República Dominicana.

El inicio del juicio por el derrumbe en la discoteca Jet Set de Santo Domingo marca un momento de alta tensión y expectativa para los familiares de las víctimas y los supervivientes. La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó 236 muertos y más de 180 heridos, y ha puesto en el centro del debate la responsabilidad penal de los propietarios del establecimiento.

Durante la primera audiencia, los reclamos se centraron en la necesidad de una condena ejemplar para los hermanos Espaillat, dueños de la discoteca, quienes enfrentan cargos de homicidio involuntario, delito que prevé una pena máxima de dos años de prisión. Sin embargo, los querellantes insisten en que la conducta de los acusados debe ser considerada como homicidio voluntario, dado que, según sostienen, tenían conocimiento previo del deterioro estructural del local. De prosperar esta calificación, las penas podrían oscilar entre 20 y 30 años de cárcel, según informó EFE.

El Ministerio Público presentó una acusación contundente, señalando que la discoteca funcionó bajo una “sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”. En palabras de Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, “el peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set”.

La audiencia, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y un clima de fuerte presión mediática y social. Las familias y los sobrevivientes, agrupados en organizaciones como el Movimiento de Justicia Jet Set, reiteraron su pedido de justicia. Ana María Ramírez, sobreviviente del derrumbe, expresó que la apertura del proceso representa un avance tras una larga espera, pero advirtió que “el caso debe ser tipificado como homicidio voluntario”.

Consecuencias legales y económicas tras la tragedia

Durante la audiencia preliminar, el tribunal confirmó las medidas de coerción para los acusados: garantía económica, presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país. Además, ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por un monto de hasta 500 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 8.3 millones), como medida cautelar para asegurar una eventual reparación.

Las víctimas mortales incluyeron figuras reconocidas, como el merenguero Rubby Pérez, quien falleció junto a uno de los músicos de su orquesta durante el evento. También perecieron el exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del actual ministro de Obras Públicas de República Dominicana, Eduardo Estrella, según reportó EFE.

El siniestro afectó a personas de diversas nacionalidades: 18 venezolanos, tres hispanodominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano figuran entre los fallecidos, lo que otorga a la causa un componente internacional y aumenta la presión sobre el sistema judicial dominicano.

La tragedia en Jet Set provocó una ola de indignación tanto en la sociedad dominicana como en la opinión pública internacional, centrando el debate en la seguridad de los espacios de entretenimiento y el rol de los empresarios en la prevención de desastres.

El proceso judicial busca determinar si existió dolo por parte de los propietarios.

El presidente dominicano, Luis Abinader, y su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, desarrollarán este fin de semana una agenda oficial que incluye recorridos estratégicos, reuniones bilaterales y la firma de acuerdos entre ambas naciones, según confirmó la Presidencia de la República Dominicana. El programa se extiende durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, con actividades tanto en Santo Domingo como en la zona fronteriza de Dajabón.

De acuerdo con la información oficial, el mandatario hondureño junto a su comitiva llegará este sábado al Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez a las 13:13 (hora local), recibiendo los honores diplomáticos correspondientes. La agenda iniciará con una visita a la Base Aérea de San Isidro, donde ambos jefes de Estado realizaron un recorrido por las instalaciones.

Posteriormente, Abinader y Asfura se trasladarán hacia el muro fronterizo de Dajabón, donde el gobierno dominicano expondrá los sistemas de seguridad y las distintas áreas de esta infraestructura estratégica. “La cooperación en materia de control fronterizo constituye uno de los ejes de la relación bilateral”, remarcó la Presidencia de la República Dominicana en un comunicado oficial.

Firma de acuerdos bilaterales en el Palacio Nacional

Por su parte, el domingo 30 de agosto, las actividades oficiales continuarán en el Palacio Nacional, donde Asfura será recibido por Abinader a las 10:30 (hora local). La ceremonia oficial incluirá el pase de revista militar y la presentación de las delegaciones de ambos países.

Según el cronograma, a las 11:00 (hora local) se llevará a cabo una audiencia privada entre los dos presidentes en el Salón Blanco, seguida por una reunión ampliada entre las delegaciones en el Salón Consejo de Gobierno.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la firma de instrumentos bilaterales en el Salón de Embajadores. Sobre este punto, la Presidencia de la República Dominicana destacó que “la formalización de acuerdos refuerza los lazos de cooperación existentes y abre nuevas vías para el intercambio en materia de seguridad, comercio y desarrollo social”. Tras la firma, los jefes de Estado ofrecerán una intervención ante los medios de comunicación para informar sobre los resultados de la visita y los compromisos alcanzados.

De igual manera, como parte del protocolo, el máximo mandatario dominicano brindará un almuerzo oficial en honor de su par hondureño y la delegación visitante. En el cierre de la agenda, el mandatario hondureño junto a su comitiva se trasladará al Altar de la Patria para depositar una ofrenda floral, en un gesto que simboliza el respeto a los símbolos nacionales dominicanos y la voluntad de fortalecer los lazos entre ambas naciones.

previo al desarrollo de las actividades, los países han resaltado la importancia de promover el diálogo político y la cooperación bilateral, en especial ante los retos compartidos en materia de migración, comercio y seguridad.

La visita oficial de Nasry Asfura al país caribeño se enmarca en una agenda de acercamiento diplomático en la región, que busca potenciar la colaboración en distintos ámbitos y consolidar una agenda común para el desarrollo.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) inauguró en Santo Domingo Este el Centro de Formación Técnico Los Palmeros, una instalación levantada en el sector Luz María con una inversión de RD 16 millones y orientada a ampliar el acceso a capacitación para jóvenes y adultos de esa comunidad y zonas cercanas, en un espacio con valor histórico que ahora será utilizado para formación técnico-profesional.

El nuevo centro inició operaciones con 8 acciones formativas, 109 participantes activos y 85 personas que ya concluyeron su capacitación.

Para finales de este año, la institución proyecta elevar esa oferta a entre 20 y 25 acciones formativas y alcanzar una matrícula aproximada de 500 participantes.

La inauguración fue encabezada por la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, quien sostuvo que la apertura responde al compromiso institucional de llevar oportunidades de formación a los territorios donde más se necesitan.

“Cada aula, cada taller y cada equipo que hoy entregamos representa una inversión en el talento de nuestra gente, en su capacidad de superación y en sus ganas de salir adelante”, afirmó.

Morla Pineda explicó que los recursos destinados al centro cubrieron tanto la infraestructura como el equipamiento tecnológico y de apoyo.

También señaló que la expansión de la oferta busca acercar la formación a las comunidades y crear más opciones para que las personas desarrollen competencias que les permitan ingresar al mercado laboral o fortalecer sus posibilidades de emprendimiento.

El centro funcionará en una casa vinculada a la historia de Los Palmeros

El espacio donde opera el centro fue donado por la Fundación Amaury Germán Aristy, que facilitó el inmueble para que el INFOTEP pudiera adecuarlo y destinarlo a la formación de la población de Santo Domingo Este.

Participaron en ese proceso José Bujosa Mieses, conocido como Chino Bujosa, Emma Bujosa, Sagrada Bujosa y comunitarios junto a juntas de vecinos de sectores aledaños.

La presidenta de la fundación, Sagrada Bujosa, explicó que la casa fue morada de los integrantes de Los Palmeros y escenario de uno de los episodios más trascendentes de la resistencia dominicana.

“La transformación de esta casa histórica en un centro destinado a la capacitación de jóvenes y adultos representa la unión entre la memoria histórica y el porvenir, al convertir un lugar marcado por la lucha por la libertad en un espacio donde nuevas generaciones podrán prepararse para el trabajo digno y la construcción de un mejor futuro”, expresó.

Morla Pineda subrayó el alcance territorial del proyecto al asegurar que la apertura no se limita a una nueva infraestructura. “Hoy no solo inauguramos una infraestructura física. Hoy abrimos un espacio de oportunidades, inclusión y sueños para las comunidades de Los Frailes, Luz María, Aguas Locas y para todo Santo Domingo Este”, dijo.

La oferta incluye contabilidad, farmacia, belleza y reparación de vehículos

La oferta formativa del centro incluye carreras técnicas en Peluquería, Maquillaje, Actividades de Contabilidad, Ventas de Productos y Servicios, Asistencia en Farmacia, Programación de Base de Datos, Visitador a Médicos y Mantenimiento y Reparación de Vehículos. Esta última se impartirá bajo la modalidad de formación dual.

De forma complementaria, el centro desarrolla acciones en operaciones de almacén, contabilidad, programas de oficina, caja bancaria y comercial, belleza, ventas y promoción de productos farmacéuticos. Esa cartera será ampliada de manera progresiva de acuerdo con las necesidades de capacitación de la comunidad y la demanda del mercado laboral.

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, sostuvo que la llegada del Infotep puede modificar las perspectivas de desarrollo de una población que, por su distancia de otros puntos de la ciudad, históricamente ha tenido menos acceso a la formación. “El futuro que tienen los jóvenes que están aquí cambia radicalmente con la presencia de INFOTEP aquí. Hacemos un llamado a la juventud a asumir con determinación esta nueva batalla por el conocimiento y el desarrollo”, manifestó.

También participó el ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, Rafael Santos Badía, quien afirmó que el nuevo centro prolonga el legado de Los Palmeros al convertir un lugar asociado a la lucha por la libertad y la democracia en un espacio para la formación de nuevas generaciones. “Este es un terreno que se conquistó en la guerra de la cultura, en la guerra de la democracia, en la guerra del amor”, señaló.

Para Camilo Fortuna, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos Los Palmeros, la apertura reduce una barrera concreta para residentes que antes debían trasladarse a otros sectores para capacitarse. “Para nuestra comunidad, tener este centro aquí significa tener más cerca una oportunidad para que nuestros jóvenes puedan prepararse, aprender un oficio y aspirar a un empleo digno sin tener que trasladarse lejos.

Como comunidad, valoramos que Infotep haya escuchado esta necesidad y haya traído la formación técnico profesional hasta el sector, porque cuando se capacita a nuestra gente también se contribuye al desarrollo de toda la comunidad”, indicó.

El acto reunió además a Antonio Féliz, presidente del consejo de regidores del municipio, líderes comunitarios, directores del Infotep, participantes y facilitadores. Con esta apertura, el Centro de Formación Técnico Los Palmeros se integra a la red de 7 instalaciones propias y 79 Centros Operativos del Sistema que gestiona la Dirección Regional Oriental del INFOTEP.

La Policía Nacional de República Dominicana ejecutó en las últimas horas una serie de operativos preventivos en las provincias Espaillat y Hermanas Mirabal, que resultaron en la detención de decenas de personas vinculadas a diversos hechos delictivos.

Las acciones, desarrolladas bajo la coordinación de la Dirección Regional Espaillat, forman parte de una estrategia enfocada en reforzar la seguridad ciudadana y prevenir delitos en la región.

Durante estos operativos, los agentes intervinieron múltiples puntos identificados como centros de distribución de sustancias controladas.

En el curso de los allanamientos, las autoridades incautaron presuntas sustancias ilícitas, armas blancas y otros objetos relacionados con actividades delictivas. Además, fueron ocupadas máquinas tragamonedas y otros artículos considerados de interés policial, incautados en diferentes sectores de ambas provincias como parte de las labores de prevención y control.

Las intervenciones incluyeron también la retención de varias motocicletas por infracciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Este tipo de controles busca atacar no solo el crimen organizado, sino también las faltas que afectan la seguridad vial y la convivencia pacífica en las comunidades.

La Policía Nacional detalló que estos operativos se realizan de manera permanente y focalizada, con la intención de fortalecer la protección de los ciudadanos y mantener el orden público. Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la misión institucional de la entidad, orientada a “Proteger y Servir”, bajo la dirección del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos preventivos en distintos puntos del país. Estas acciones han dejado como resultado la detención de personas buscadas por delitos como robo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otros crímenes. En cada procedimiento, la Policía Nacional reporta el decomiso de drogas, armas de fuego y municiones, así como la recuperación de vehículos y objetos robados.

En operativos recientes, la institución ha destacado la colaboración con otras agencias del Estado, lo que ha permitido intervenir zonas catalogadas como de alta incidencia delictiva. Estas áreas son seleccionadas tras labores de inteligencia y denuncias de la población, procurando una respuesta efectiva ante las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El director general de la Policía Nacional ha reiterado que la estrategia de seguridad continuará con énfasis en la prevención, el patrullaje constante y la presencia policial en puntos críticos. La institución subraya la importancia de la participación comunitaria y de la denuncia ciudadana para fortalecer los resultados de estas acciones.

En las provincias intervenidas, los operativos han contado con la presencia de unidades especializadas, como la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN) y la Dirección Central de Investigación (DICRIM), que refuerzan las labores de patrullaje y control en sectores urbanos y rurales. Gracias a la coordinación interinstitucional, se ha logrado disminuir la circulación de armas ilegales y sustancias ilícitas, así como desarticular bandas dedicadas a actividades criminales.

La Policía Nacional informó que los detenidos están siendo puestos a disposición del Ministerio Público, que procederá a realizar las investigaciones correspondientes y determinar las sanciones legales. Las autoridades reiteran su compromiso de mantener la vigilancia en todo el territorio nacional y continuar con los operativos para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

La institución insta a la población a colaborar con las autoridades, denunciando cualquier hecho sospechoso o actividad ilícita a través de los canales oficiales. De esta manera, la Policía Nacional afirma que busca consolidar una convivencia pacífica y fortalecer el clima de seguridad en República Dominicana.

El más reciente informe de la Dirección General de Epidemiología de la República Dominicana, correspondiente a la semana epidemiológica 32, revela que las muertes maternas e infantiles mantienen una tendencia preocupante en el país durante 2026.

El boletín, al que tuvo acceso Infobae, detalla que hasta la fecha se han registrado 84 muertes maternas y 1,131 muertes infantiles, cifras que reflejan la persistencia de desafíos estructurales en el sistema de salud nacional.

Según el Boletín Epidemiológico SE 32, la hemorragia posparto continúa como la causa más frecuente de muerte materna. Este diagnóstico se presenta en un porcentaje considerable de los casos reportados, superando a otros factores como las causas obstétricas indirectas y los trastornos hipertensivos del embarazo.

La información oficial indica que estos eventos afectan con mayor intensidad a mujeres jóvenes y a quienes carecen de acceso oportuno a servicios hospitalarios de alta complejidad.

El documento también expone que las muertes infantiles se concentran, en su mayoría, durante el periodo neonatal temprano. Entre los factores que influyen se encuentran la prematuridad, las infecciones y las complicaciones respiratorias. Las estadísticas muestran un comportamiento desigual entre las diferentes provincias, con incrementos notables en algunas demarcaciones donde las condiciones socioeconómicas y el acceso a la atención médica presentan mayores dificultades.

Variaciones provinciales y vigilancia reforzada

La vigilancia epidemiológica revela que algunas provincias experimentan un aumento considerable en los indicadores de mortalidad materna e infantil. El boletín subraya que las direcciones provinciales de salud con mayor incidencia han implementado alertas sanitarias y refuerzan la búsqueda activa de casos para identificar factores de riesgo y fortalecer la respuesta institucional.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la notificación oportuna de los eventos permite a las autoridades actuar con rapidez. El informe destaca que la cobertura nacional de establecimientos notificantes alcanzó el 93% durante la semana analizada. Este nivel de vigilancia resulta clave para detectar y responder a brotes, así como para diseñar estrategias focalizadas en zonas vulnerables.

Las autoridades sanitarias han reforzado la capacitación del personal médico y la dotación de insumos en hospitales materno-infantiles de alto volumen. Según el reporte oficial, se han priorizado acciones para mejorar la atención ante emergencias obstétricas y optimizar la disponibilidad de sangre segura en los centros de referencia.

Comparación con períodos anteriores y tendencias actuales

El análisis de la serie histórica evidencia que la cantidad de muertes maternas notificada en 2026 se acerca a la cifra reportada en el mismo periodo de 2025. Las autoridades consideran que la vigilancia activa y la mejora en los sistemas de información han contribuido a una mayor detección y registro de casos, aunque advierten sobre la necesidad de reducir los factores estructurales que perpetúan el riesgo.

En cuanto a la mortalidad infantil, la tendencia muestra fluctuaciones mensuales, asociadas tanto a cambios estacionales como a brotes de infecciones respiratorias y otras enfermedades transmisibles. El boletín subraya que el monitoreo constante de los determinantes sociales y sanitarios es fundamental para orientar las políticas públicas.

El informe de la Dirección General de Epidemiología recomienda fortalecer la educación comunitaria sobre señales de alarma durante el embarazo y en la infancia temprana. Además, aboga por mejorar la articulación entre los diferentes niveles de atención, facilitar el traslado de pacientes y asegurar la provisión de insumos críticos para el manejo de emergencias obstétricas y neonatales.

República Dominicana cuenta con una red diversa de lagos y lagunas que, más allá de su atractivo escénico, cumplen un papel en la conservación de la biodiversidad y el abastecimiento de comunidades enteras, según un nuevo reporte del Ministerio de Medio Ambiente.

El documento advirtió sobre la vulnerabilidad de estos ecosistemas y propuso medidas para garantizar su protección.

El territorio dominicano alberga una amplia gama de cuerpos de agua interiores, desde grandes lagos hasta lagunas costeras y temporales. El lago Enriquillo, con una superficie de cerca de 265 kilómetros cuadrados, es el mayor de las Antillas y se localiza en una depresión tectónica por debajo del nivel del mar. El lago es hábitat del cocodrilo americano y el flamenco del Caribe.

Por otro lado, la laguna Cabral o de Rincón representa el mayor reservorio de agua dulce del país, con aproximadamente 30 kilómetros cuadrados de extensión.

Además, el país cuenta con lagunas kársticas, costeras y temporales distribuidas en distintas regiones, lo que refleja la diversidad hidrográfica dominicana.

Funciones ambientales y presión sobre los ecosistemas

El informe del Ministerio de Medio Ambiente sostuvo que estos ecosistemas cumplen múltiples funciones ambientales. “Los lagos y lagunas regulan el ciclo del agua, protegen las zonas costeras, y son refugio de especies endémicas y migratorias”, puntualizó el reporte oficial.

Su existencia también sostiene actividades productivas como la pesca, la agricultura y el turismo, esenciales para la subsistencia de numerosas comunidades rurales y urbanas.

El documento señaló que, pese a su importancia ecológica y socioeconómica, los lagos y lagunas enfrentan un escenario de creciente vulnerabilidad. La variabilidad climática, la alteración de los regímenes de lluvias y el aumento de las temperaturas modificaron la dinámica hídrica de estos sistemas y elevaron el riesgo de sequías, salinización y pérdida de hábitats.

A estos factores se suman la contaminación por desechos domésticos e industriales, el uso intensivo de agua y la expansión de actividades humanas en las cuencas. El informe detalló que la eutrofización y la introducción de especies exóticas también figuran como amenazas para la fauna y la flora nativas.

Iniciativas de protección y llamado oficial

Según el reporte oficial, “mantener el equilibrio de estos espacios depende de la reducción de presiones humanas y del fortalecimiento de políticas de conservación”. El Ministerio de Medio Ambiente insistió en la necesidad de promover un manejo sostenible e integral, que incluya acciones de restauración y educación ambiental en las comunidades locales.

En los últimos años, la comunidad internacional dio pasos para enfrentar la degradación de los lagos. En 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó una resolución que exhorta a los Estados miembros a proteger, conservar, restaurar y garantizar el uso sostenible de los lagos. Dos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 27 de agosto como el Día Mundial de los Lagos, una fecha dedicada a sensibilizar sobre su papel en la sostenibilidad global.

El reporte del Ministerio de Medio Ambiente citó estas iniciativas como respaldo a los esfuerzos nacionales para conservar el patrimonio hídrico dominicano. El organismo remarcó que la integración de los compromisos internacionales en la legislación y los planes nacionales resulta esencial para asegurar una gestión eficaz de los recursos acuáticos.

Las autoridades ambientales dominicanas insistieron en que la protección de los lagos y lagunas requiere la participación activa de toda la sociedad. “Toca a cada dominicano sumarse a este propósito y hacer conciencia de que cuidar estos tesoros es, en definitiva, cuidar las fuentes de vida que conectan el agua y la biodiversidad con el bienestar humano”, enfatizó el documento ministerial, citado por Infobae.

El informe alentó la vigilancia comunitaria, la educación ambiental y la adopción de prácticas sostenibles en el uso del agua. También propuso la restauración de zonas degradadas y la creación de áreas protegidas específicas para lagos y lagunas de alto valor ecológico.

La reducción de los caudales en los ríos que abastecen los principales acueductos de Santo Domingo ha provocado una disminución de hasta 68% en la producción de agua potable en sectores clave de la capital dominicana.

Según informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la situación responde a la persistente ausencia de lluvias desde mayo en las cuencas de los ríos Haina, La Isabela, Nizao, Isa, Mana y Duey, recursos hídricos esenciales para el suministro de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la CAASD, el sistema Haina-Manoguayabo, diseñado para producir 91 millones de galones diarios, solo pudo entregar 21 millones el último domingo.

Al mismo tiempo, el acueducto Isabela, cuya capacidad nominal es de 9 millones de galones por día, registró una producción de apenas 3 millones. Ambas infraestructuras presentan reducciones superiores al 65% frente a sus niveles habituales.

La caída en los caudales no solo impacta a estos dos sistemas. La CAASD especificó que los acueductos Isa-Mana y Duey también presentan reducciones superiores al 60%.

Esta disminución afecta a los sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brand y parte del Distrito Nacional, así como a zonas residenciales ubicadas a lo largo de la avenida República de Colombia, incluyendo Puerta de Hierro, Cuesta Hermosa 1, 2 y 3 e Isabel Villa.

Además, áreas al sur de la avenida John F. Kennedy y barrios como Los Kilómetros, El Cacique, El Portal, 30 de Mayo, Atalah, Zona Universitaria y Gascue experimentan dificultades en el acceso al agua.

“Desde el mes de mayo hasta la fecha hemos tenido una reducción en las lluvias, fundamentalmente en las cuencas que abastecen a los ríos Haina, Isa, Mana, Duey e Isabela; al igual que el río Nizao, que abastece al acueducto Valdesia. Producto de esta situación, el acueducto Haina-Manoguayabo tiene una reducción en su producción de un 68%”, informó la CAASD en el comunicado.

Redistribución de agua y refuerzo logístico ante la crisis hídrica

Para atender la crisis, la CAASD implementó un plan de contingencia que contempla el trasvase de agua desde el Acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y los residenciales próximos a la avenida República de Colombia. Aunque el río Nizao también registra una baja en su caudal, el acueducto Valdesia-Santo Domingo cuenta con dos presas que mantienen reservas suficientes, lo que permite operar en condiciones normales, según aseguró la institución.

El organismo destacó que Valdesia se considera actualmente la fuente más confiable, por lo cual desde este sistema se está redistribuyendo agua hacia los puntos más afectados. Asimismo, se indicó que el Distrito Nacional, que recibe agua tanto del sistema Haina-Manoguayabo como de Valdesia, está siendo abastecido principalmente por este último.

Para reforzar la distribución ante la emergencia, la CAASD adquirió 40 nuevos camiones cisterna, de los cuales ya han sido entregados 16 y el resto se sumará en los próximos días. Estos vehículos se suman a una flota de 76 camiones contratados al sector privado, además de una reserva de 10 mil galones para atención inmediata en las zonas más críticas.

La institución informó que tanto la Dirección General como la de Operaciones monitorean continuamente los pronósticos del Instituto Dominicano de Metodología (INDOMET), dada la influencia directa del fenómeno El Niño en la sequía. El comunicado de la CAASD advierte que este fenómeno afecta no solo a la República Dominicana, sino que se trata de un problema compartido por otros países latinoamericanos.

La situación permanece bajo vigilancia, mientras las autoridades insisten en la importancia de optimizar el uso del agua en los hogares y comercios afectados.

El Senado de República Dominicana dejó conformadas las comisiones permanentes para el período 2026-2028 y, en la misma jornada, avanzó con una agenda legislativa que incluyó la aprobación en primera discusión de proyectos sobre energía renovable, turismo de salud, pasantías en el sector público y sistemas de emergencia en ascensores. También fijó su próxima sesión para el miércoles 2 de septiembre a las 14:00.

Según informó el Senado de la República, el pleno también aprobó en única discusión celebrar una sesión ordinaria en la provincia La Romana el jueves 10 de septiembre de 2026, con motivo del 82 aniversario de su creación. En esa sesión ordinaria reconocerían a atletas ganadores de medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y a integrantes del comité organizador del evento.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezará la Comisión de Administración Interior. Manuel María Ortega presidirá Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, y Santiago José Zorrilla quedará al frente de Asuntos Energéticos.

Distribución de las comisiones permanentes

Aracelis Villanueva asumirá la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género, mientras Bernardo Alemán dirigirá Asuntos Fronterizos. Augusto Velázquez presidirá Contratos y Carlos Gómez, Cultura.

Moisés Ayala Pérez encabezará Defensa y Seguridad Nacional, Gustavo Lara Salazar estará al frente de Deportes y Aneudy Ortiz Sajium dirigirá Desarrollo Municipal. Omar Fernández presidirá Dominicanos Residentes en el Exterior, Julito Fulcar Educación y Rafael Barón Duluc Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Antonio Taveras Guzmán fue designado para Economía, Planificación y Desarrollo, Odalis Rodríguez para Ética y Pedro Catrain para Hacienda. Alexis Victoria presidirá Industria, Comercio y Zonas Francas, Franklin Romero Interior, Policía y Seguridad Ciudadana, y Cristóbal Castillo Justicia y Derechos Humanos.

Eduard Alexis Espiritusanto encabezará Juventud y Johnson Encarnación Modernización y Reforma. Félix Bautista estará al frente de Obras Públicas, Daniel Rivera de Presupuesto y Antonio Marte de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

María Mercedes Ortiz presidirá Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Lía Díaz de Díaz dirigirá Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, Dagoberto Rodríguez Adames Salud Pública, Pedro Tineo Núñez Seguimiento, Control y Evaluación de la Agenda Parlamentaria, y Ginnette Bournigal de Jiménez; Turismo.

El órgano legislativo explicó que esta estructura busca dar continuidad a los trabajos, el análisis, la discusión y el seguimiento de las iniciativas sometidas ante la cámara alta.

Proyectos aprobados en la sesión

La jornada incluyó la aprobación del proyecto que declara las corridas de toros de la provincia El Seibo patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. La iniciativa fue presentada por Santiago José Zorrilla.

Los senadores aprobaron igualmente la ley que define la ubicación territorial del Parque Nacional Salto de la Jalda dentro de las provincias Hato Mayor y El Seibo, y lo adiciona a la ley 202-04 sobre áreas protegidas. El pleno sancionó además el proyecto que designa como Hospital Central Clínico-Quirúrgico doctor José Joaquín Puello Herrera al Hospital Central Clínico-Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar.

En esa misma sesión se sancionó el proyecto de ley que regula el turismo de salud en la República Dominicana, presentado por el senador de la provincia Santiago Daniel Enrique Rivera. También fue aprobado el proyecto que crea pasantías en el sector público para la formación laboral práctica de estudiantes técnicos y universitarios.

En primera discusión, la cámara alta incluyó y aprobó además el proyecto que establece la obligatoriedad del uso de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores o elevadores verticales. A esa lista se sumaron el proyecto que regula el turismo náutico de recreo y el que establece exenciones impositivas y arancelarias para insumos y equipos médicos cardiovasculares, oftalmológicos y endocrinos.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, confirmó que tres recién nacidos murieron por la bacteria Klebsiella multirresistente en un hospital llamado Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia durante el mes de agosto.

Landrón desmintió así versiones que señalaban hasta 12 fallecidos y sostuvo que la situación está bajo control, aunque admitió la existencia de otros casos vinculados a la bacteria.

Durante una visita al centro de salud, Landrón explicó que se mantienen activas las medidas de vigilancia epidemiológica y los protocolos de control de infecciones. El funcionario señaló que el SNS realiza supervisiones constantes en todas las maternidades del país y destacó que existe tolerancia cero frente a muertes maternas y neonatales evitables.

Por su parte, la coordinadora nacional neonatal, Taina Malena, detalló el protocolo de seguimiento a los recién nacidos infectados. Indicó que, tras la identificación de los casos, se implementaron acciones de aislamiento, tratamientos dirigidos y monitoreo clínico de los pacientes, con el objetivo de contener la propagación de la bacteria y proteger a los demás pacientes hospitalizados.

“Nosotros tuvimos 17 muertes en el mes de agosto. De esos 15 tuvieron cultivos positivos. De los 3 que fallecieron por la bacteria, eran bebés con edades gestacionales entre 25 y 32 semanas de edad gestacional”, indicó Malena.

Posicionamiento de la Sociedad Dominicana de Neonatología

Por su parte, la Sociedad Dominicana de Neonatología (SODONE) emitió un comunicado en el que expresa su consternación y condolencias a las familias afectadas por los recientes fallecimientos reportados en la maternidad. La entidad reafirmó su compromiso ético, científico y humano e informó que, desde abril de este año, puso a disposición del SNS su capital humano y experiencia para fortalecer los protocolos de atención y bioseguridad neonatal en el país.

La sociedad recomendó la integración de una comisión técnica independiente para auditar de manera rigurosa y transparente las causas clínicas y administrativas de los decesos. De igual manera, propuso colaborar en la evaluación integral de las condiciones estructurales, insumos y bioseguridad de las unidades de cuidados intensivos neonatales a nivel nacional. Además, planteó la creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Salud Pública, el SNS y SODONE para elevar los estándares de la atención neonatal en la red pública.

Reducción de la mortalidad neonatal en la red Pública

En una nota publicada en su sitio web, el SNS informó que los hospitales públicos del país lograron una reducción del 30.1% en la mortalidad neonatal entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2019. Según el organismo, esto representa 327 muertes neonatales menos, resultado de la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención materno-infantil.

El SNS destacó mejoras en la infraestructura hospitalaria, capacitación del personal, cumplimiento estricto de las medidas de higiene e implementación de guías y protocolos actualizados. Resaltó el fortalecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), la vigilancia activa de infecciones asociadas a la atención en salud y la puesta en marcha de programas como Mamá Canguro, en alianza con organismos internacionales como la OPS, UNICEF y fundaciones especializadas.

Dentro de estas acciones, se incluye la instalación de sistemas de preparados farmacológicos exclusivos para UCIN y el refuerzo de la formación de médicos y enfermeras, en coordinación con la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN).

Las autoridades reiteraron el compromiso de preservar la vida de madres y recién nacidos en la red pública de salud, con énfasis en la prevención de infecciones, la atención integral de prematuridad y asfixia perinatal, y la respuesta inmediata ante eventos como los registrados en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana dio inicio a la cuenta regresiva para el Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se celebrará del 7 al 9 de octubre de 2026 en Santiago de los Caballeros. Este encuentro, considerado el máximo foro de deliberación de la CEPAL, reunirá a cancilleres, ministros, delegaciones de los 45 Estados miembros y 14 miembros asociados, así como a representantes de organismos internacionales, la banca multilateral, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Durante la presentación oficial, el canciller Víctor “Ito” Bisonó subrayó la importancia de fortalecer la capacidad de diálogo entre los países de la región. “La región necesita fortalecer su capacidad para dialogar, encontrar espacios de convergencia y construir respuestas para los desafíos comunes”, afirmó Bisonó. El funcionario enfatizó que República Dominicana apuesta por un multilateralismo que genere resultados concretos y perdurables.

El anuncio ante el cuerpo diplomático acreditado, autoridades gubernamentales, empresas y líderes de opinión marca una etapa clave en la organización de una cita que, según el Ministerio, buscará trascender los días de sesiones. “Queremos aprovechar estas semanas para seguir construyendo un encuentro que deje resultados que perduren: nuevas conversaciones, alianzas e iniciativas; mayores espacios de cooperación; y una comprensión más clara de lo que nuestros países pueden hacer juntos”, expresó Bisonó.

El secretario de la CEPAL, Luis Fidel Yáñez, explicó que la reunión en Santiago de los Caballeros ofrecerá a los gobiernos de la región un espacio para analizar el contexto geopolítico y geoeconómico global, así como para debatir respuestas ante los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe.

Según el reporte oficial, la agenda de trabajo incluirá un panel dedicado a la región norte de República Dominicana y el impacto del diálogo público-privado en la transformación nacional; un diálogo de cancilleres y altas autoridades sobre la gestión de transformaciones en una era de rupturas; y mesas sobre integración regional, transformación digital, inteligencia artificial, desarrollo productivo y macroeconomía para el desarrollo.

La presentación incluyó el lanzamiento del logo y el video promocional del evento, en presencia de empresarios, miembros de la sociedad civil, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes de organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y se dedica al análisis y la cooperación en temas económicos y sociales. El Período de Sesiones es el evento bienal más relevante de la organización, donde se definen prioridades y estrategias de cooperación regional. La decisión de celebrar la 41.ª sesión en República Dominicana fue adoptada durante la edición anterior, realizada en Lima en 2024, y se suma a la experiencia del país como anfitrión de la 32.ª sesión en 2008.

“El evento representa una oportunidad para fortalecer la cooperación regional y compartir buenas prácticas en políticas públicas”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado. Con la expectativa de que el encuentro impulse nuevas alianzas y espacios de cooperación, Santiago de los Caballeros se prepara para recibir a los principales actores del desarrollo económico y social de la región.

El juez Franny González iniciará este viernes a las 9:00 el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos y que ahora entra en la etapa en la que se definirá la responsabilidad penal de los propietarios del local.

La acusación del Ministerio Público tiene 156 páginas, el expediente reúne 84 testigos y el proceso se abrió por el delito de homicidio involuntario.

La causa es una de las de mayor impacto social en República Dominicana en los últimos años por la cantidad de víctimas, la notoriedad del establecimiento y las dudas que abrió sobre la seguridad de edificaciones abiertas al público.

Según el texto de convocatoria judicial, en el banquillo también figurarán como terceros civilmente demandados Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.

El proceso llega a su fase decisiva con 84 testigos y una acusación de 156 páginas

La audiencia se celebrará en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Los hermanos Espaillat estarán representados por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.

Por el Ministerio Público actuarán Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; Héctor Joel García Acevedo, procurador general de la Corte de Apelación; y los fiscales Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.

Las víctimas estarán representadas por Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes y Plutarco Jaquez, entre otros abogados.

La tragedia ocurrió durante una actividad amenizada por Rubby Pérez, quien murió en el desplome. Ese dato convirtió el caso en un episodio de fuerte repercusión nacional, tanto por el número de muertos como por el perfil público de algunas de las víctimas.

La instrucción descartó el homicidio voluntario y excluyó a entidades estatales

El expediente llegó a manos de González después de que la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartara del caso por su relación de amistad cercana con una de las víctimas.

La decisión de enviar la causa a juicio de fondo había sido adoptada antes por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras examinar el expediente. En esa fase, el magistrado calificó los hechos como homicidio culposo o imprudente y rechazó la pretensión de un grupo de víctimas que pedía juzgar la causa como homicidio voluntario.

Esa misma resolución dejó fuera del proceso penal al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a otras entidades estatales que también habían sido señaladas en el caso.

La medida de coerción impuesta a Antonio y Maribel Espaillat consistió en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país. La Corte de Apelación confirmó después esa decisión al rechazar los recursos interpuestos.

La minería en República Dominicana experimentó una caída de 15.9% en julio, lo que repercutió tanto en el crecimiento acumulado del sector como en los ingresos fiscales.

Durante ese mes, una menor extracción de oro impactó en las exportaciones y en la recaudación pública, aunque la economía nacional mantuvo una expansión de 4.5% en los primeros siete meses de 2026.

El efecto negativo se manifestó en distintos frentes. Las exportaciones de oro disminuyeron 17.2% respecto al año anterior, con envíos que alcanzaron USD 200.6 millones en julio, es decir, USD 41.7 millones menos que en el mismo mes de 2025, según la Dirección General de Aduanas. Por su parte, los ingresos tributarios relacionados con la minería descendieron 15.7%, lo que supuso 1,189.8 millones de pesos (aproximadamente USD 20.3 millones) menos para el erario en ese periodo, de acuerdo con datos publicados por Diario Libre.

En contraste, la exportación de plata registró un aumento interanual de 1,604.5%, con envíos superiores a USD 230,000.

El crecimiento acumulado de la explotación de minas y canteras, que entre enero y junio era de 11.3%, bajó a 6.6% al cierre de julio, reflejando el impacto de la contracción mensual. El Banco Central de la República Dominicana asoció esta variación negativa a la disminución en los volúmenes de extracción de oro y plata.

A pesar del retroceso en julio, la minería continuó como la cuarta actividad con mayor crecimiento acumulado en lo que va de 2026, solo superada por servicios financieros (7.6%), enseñanza (7.3%) y construcción (6.9%), según información recogida por Diario Libre.

En materia fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos reportó una baja en los ingresos provenientes de los cuatro tributos aplicados a la minería: impuesto sobre la renta, impuesto mínimo anual, participación en utilidades netas y retorno neto de fundición. La menor extracción de oro fue el factor principal de esta disminución, ya que implicó menores exportaciones y, en consecuencia, menos recursos para el Estado.

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana señaló que la evaluación del sector no debe limitarse a los resultados de un solo mes. Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la entidad, indicó que “los datos del Banco Central deben leerse en su contexto. Una variación mensual puede reflejar cambios en los volúmenes de producción sin que ello implique necesariamente un cambio estructural en la capacidad de aporte de la minería. Lo importante es observar la trayectoria del sector y su contribución al conjunto de la economía”.

Valerio Jiminián añadió que la minería debe medirse no solo por los minerales extraídos en un mes, sino también por la inversión que moviliza, las divisas que genera, los encadenamientos productivos que desarrolla y la confianza que el país construye para operar, explorar y ampliar proyectos responsables.

Según la información disponible, el desempeño de julio no eliminó el avance acumulado del sector en 2026, pero sí moderó de forma considerable la expansión que hasta junio era de dos dígitos, reduciendo su aporte inmediato tanto al crecimiento productivo como a la recaudación pública.

República Dominicana está impulsando una importante inversión para proteger los ecosistemas mediante la movilización de $100 millones en proyectos enfocados en la sostenibilidad hídrica, el saneamiento y la preservación ambiental en el Caribe. Esta medida busca fortalecer la gestión del agua, restaurar cuencas y garantizar la conservación de los recursos marinos y costeros, marcando un giro en la forma en que el país enfrenta los retos ambientales y climáticos.

La estrategia se articula a través de la emisión de bonos azules, un instrumento financiero innovador que cuenta con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI). Las entidades responsables han presentado la iniciativa Bluecar, que convoca a actores del mercado de capitales a presentar proyectos susceptibles de recibir financiamiento y asistencia técnica para la estructuración y emisión de estos bonos en el mercado dominicano.

Los fondos obtenidos mediante los bonos azules estarán destinados a la protección y restauración de cuencas, la gestión sostenible y el tratamiento de agua, el saneamiento, la restauración de hábitats, el impulso de la economía circular, el turismo sostenible, las actividades portuarias, la pesca responsable y la acuicultura sostenible. Las autoridades han subrayado que esta herramienta financiera busca conectar el capital disponible con proyectos capaces de generar impactos concretos en la gestión ambiental y el desarrollo económico.

“El reto es conectarlos”, afirmó Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al referirse a la existencia de oportunidades de inversión y capital para proyectos ambientales bien estructurados. Henríquez explicó que “la economía azul no comienza en nuestras costas, comienza donde nace el agua”, y destacó que la protección de las cuencas hidrográficas resulta esencial para garantizar la seguridad hídrica y sostener actividades como la agricultura, la industria y el turismo.

La experiencia reciente del país con instrumentos financieros sostenibles refuerza esta apuesta. En junio de 2024, República Dominicana realizó su primera emisión de bono verde soberano por $750 millones, con una demanda seis veces mayor al monto ofertado. De esos recursos, $142,5 millones se destinaron a proyectos de gestión eficiente y resiliente del agua, entre ellos el saneamiento, la ampliación de alcantarillados y el tratamiento de aguas residuales.

El superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, resaltó que “el financiamiento verde se amplía hoy con los bonos azules, instrumentos de naturaleza ambiental que permitirán garantizar recursos hacia la protección de los océanos, la gestión sostenible de los recursos marinos y costeros, el tratamiento del agua, el saneamiento y otras actividades vinculadas con la economía azul”.

Por su parte, Malle Fofana, director ejecutivo adjunto del GGGI, valoró el liderazgo dominicano en la integración de la agenda ambiental y las finanzas sostenibles. “Proteger estos recursos es, por lo tanto, no solo un imperativo ambiental, sino también una prioridad económica”, señaló Fofana.

El lanzamiento de Bluecar incluyó sesiones técnicas sobre los requisitos para la emisión de bonos azules en el mercado de valores local y espacios de diálogo entre bancos, administradoras de fondos, casas de bolsa y representantes del sector empresarial. La meta de movilizar $100 millones mediante estos instrumentos apunta a fortalecer la resiliencia climática y promover el uso sostenible de los recursos naturales, abriendo oportunidades para el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas en el Caribe.

Este jueves 27 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó oficialmente la formación de la Tormenta Tropical Dolly en el Atlántico tropical central.

El sistema meteorológico, que previamente venía siendo vigilado bajo la denominación de Invest 96L (o AL96), logró consolidar una circulación definida y vientos sostenidos suficientes para ser clasificado formalmente como un ciclón tropical con nombre.

De acuerdo con los boletines matutinos del NHC, Dolly registraba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 40 mph (65 km/h) y una presión central mínima de 1007 milibares.

El fenómeno se desplazaba de manera acelerada hacia el oeste a una velocidad de 24 mph (39 km/h). Aunque actualmente se localiza bastante distante del arco de las Antillas, la velocidad del desplazamiento situó de inmediato a las Islas de Sotavento y al Caribe septentrional en estado de observación.

La respuesta corta de los meteorólogos y las autoridades es que por el momento no existe una amenaza directa de tormenta tropical para la República Dominicana.

Si bien algunos informes preliminares alertan sobre la posibilidad de lluvias intensas en La Hispaniola (República Dominicana y Haití), Puerto Rico y las Antillas Menores, las proyecciones de intensidad coinciden en un escenario favorable para la región. Los análisis del NHC y de meteorólogos independientes, como Rubén García, indican que Dolly enfrentará condiciones atmosféricas sumamente hostiles a medida que avance hacia el oeste-noroeste.

Los modelos de intensidad prevén que mantenga su estatus de tormenta tropical únicamente entre jueves y viernes, para luego comenzar un proceso gradual de debilitamiento durante el fin de semana.

Se espera que entre el domingo y el lunes los remanentes de Dolly crucen el noreste del Caribe degradados a una onda tropical. En el caso de Puerto Rico y posteriormente La Hispaniola, el principal impacto no estará asociado a vientos destructivos de tormenta, sino al incremento en la actividad de lluvias.

A pesar de que el panorama es tranquilizador, las autoridades recomiendan a la población dominicana mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ya que las trayectorias e intensidades de los sistemas tropicales siempre están sujetas a variaciones de último momento.

¿Qué es una tormenta tropical y cómo se forma?

Para comprender el comportamiento de fenómenos como Dolly, es fundamental conocer la escala de clasificación de los ciclones tropicales y las condiciones físicas que permiten su nacimiento.

Un ciclón tropical es un sistema de bajas presiones de escala sinóptica no frontal que se desarrolla sobre aguas tropicales o subtropicales, caracterizado por una circulación organizada en la superficie y una actividad de tormentas eléctricas bien definida. Dependiendo de la velocidad sostenida de sus vientos, estos sistemas se dividen en tres etapas principales:

1. Depresión Tropical: Vientos máximos sostenidos de hasta 38 mph (62 km/h).
2. Tormenta Tropical: Vientos máximos sostenidos de entre 39 mph (63 km/h) y 73 mph (118 km/h). En este punto, el sistema recibe un nombre oficial asignado por la Organización Meteorológica Mundial.
3. Huracán: Vientos máximos sostenidos que alcanzan o superan las 74 mph (119 km/h).

La formación de una tormenta tropical requiere la combinación simultánea de varios ingredientes fundamentales en la atmósfera y el océano:

En el caso particular de la Tormenta Tropical Dolly, aunque contó con el agua cálida suficiente para consolidarse a partir del Invest 96L, la fuerte cizalladura del viento en la cuenca del Atlántico le impedirá evolucionar a un huracán, condenándola a disiparse progresivamente antes de internarse de lleno en las aguas del Mar Caribe.

El fraude eléctrico figura entre las infracciones más sancionadas dentro del marco legal dominicano, con penas que pueden llegar hasta veinte años de prisión en situaciones graves.

La ley 186-07 clasifica estos actos como delito de acción pública, permitiendo que las autoridades inicien investigaciones y procesos judiciales sin requerir una denuncia formal de la víctima.

La normativa define el fraude eléctrico como toda acción intencional para apropiarse de energía sin autorización, ya sea mediante conexiones directas sin contrato o por la manipulación de medidores y redes. Además, sanciona el uso de dispositivos o programas que alteren el registro del consumo o el cobro de energía no suministrada.

Según información publicada por Listín Diario, el esquema sancionador varía según la cantidad de energía sustraída. Para consumos menores a 1.000 kilovatios-hora (kWh), la pena es de tres a cinco días de prisión, multa de igual número de salarios mínimos o ambas sanciones.

Cuando la energía supera los 1,000 kWh pero no excede los 2,000, se contempla prisión de cinco a diez días y multa de cinco a diez salarios mínimos.

En casos donde la sustracción rebasa los 2,000 kWh, la sanción se eleva a diez a veinte días de prisión o multa de diez a veinte salarios mínimos, aplicando tanto a viviendas como a pequeños comercios. Estas medidas buscan desalentar la práctica en sectores residenciales y comerciales de bajo consumo.

Sanciones agravadas para empresas y reincidencias

Cuando el fraude ocurre en instalaciones con tarifa de demanda —donde se mide tanto la cantidad como la velocidad del consumo—, las consecuencias se agravan. Para potencias de hasta 20 kilovatios (kW), la prisión puede ser de tres a seis meses y la multa de cuarenta a ochenta salarios mínimos. Si la potencia llega a 50 kW, la condena puede alcanzar un año de prisión y hasta 160 salarios mínimos de multa.

Tal como detalla Listín Diario, para sustracciones de hasta 100 kW, la ley prevé dos años de prisión y 320 salarios mínimos de multa. La máxima sanción —tres años de prisión y 500 salarios mínimos— se impone para quienes superen esa cantidad.

Empleados, exempleados o contratistas del sector eléctrico enfrentan penas más severas, que oscilan entre cinco y diez años de prisión. En casos de reincidencia o existencia de múltiples actas de fraude en diferentes suministros, se aplica el máximo previsto por la ley.

Agravantes y consecuencias adicionales

Existen agravantes que pueden sumar hasta tres años adicionales de prisión si el fraude es cometido en grupo o de forma reiterada, equiparando la conducta a la asociación de malhechores. Si el hecho ocurre entre las 6:00 pm y las 6:00 am, la pena también puede incrementarse en tres años.

En situaciones donde el fraude eléctrico cause lesiones permanentes o la pérdida de vidas humanas, la sanción mínima parte de cinco años de prisión y puede alcanzar hasta los veinte.

El fraude eléctrico en República Dominicana está regulado por un marco legal que establece diferentes sanciones según el tipo de infracción, la cantidad de energía involucrada, el perfil de la persona responsable y las circunstancias en que ocurra el hecho.

Estas disposiciones buscan prevenir estas conductas y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema eléctrico.

República Dominicana experimenta una transformación en el panorama juvenil tras conocerse que más de 200,000 jóvenes dejaron de ser “ninis” en los últimos cinco años y que la población de jóvenes entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan pasó de 28.3% en 2020 a 16.59% en el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, la evolución se vincula a políticas públicas enfocadas en la creación de empleo y en la expansión de la cobertura educativa. Entre 2019 y 2025, la tasa de desempleo juvenil bajó de 15.7% a 12.4%, según datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central.

Ese descenso representa un movimiento estructural en el mercado laboral joven, donde la oferta educativa y la capacitación técnica fueron determinantes.

Los programas que explica el Gobierno

Oportunidad 14-24 figura entre las iniciativas más citadas por las autoridades. El programa, ejecutado por el Gabinete de Políticas Sociales, ya graduó a más de 35,000 jóvenes que previamente se encontraban fuera del sistema educativo o laboral.

Según declaraciones recogidas por la Presidencia de la República Dominicana, la coordinadora general del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, subrayó que la articulación de estrategias permitió revertir una tendencia de exclusión juvenil que afectó al país durante años.

El crecimiento en la matrícula de educación secundaria, técnica y universitaria también. Actualmente, el bachillerato dominicano cuenta con más de 861,860 estudiantes registrados, de los cuales 98,485 optaron por la Modalidad Técnico Profesional. La expansión se complementa con la apertura de 47 nuevos centros de capacitación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y ocho nuevos espacios del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

El acceso a estudios superiores no se limita al sistema público tradicional. El programa Beca Tu Futuro permitió que decenas de miles de jóvenes accedieran a carreras universitarias, programas técnicos y formación internacional. La oferta se orienta cada vez más hacia las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y a las competencias con mayor demanda entre los sectores productivos. Según la Presidencia de la República Dominicana, la selección de beneficiarios prioriza la empleabilidad y la vinculación con el desarrollo económico.

La validación de la Cepal

La articulación de políticas públicas y la coordinación institucional han sido ejes del discurso oficial. Alex Mordán, director ejecutivo de Oportunidad 14-24, y Luis Madera, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, invitaron a consultar el documento Entre la escuela y el trabajo, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que valida la reducción de la población “nini” a partir de una metodología independiente.

Según este informe internacional mencionado por la Presidencia, República Dominicana se ubica a niveles comparables con Bolivia y Argentina en la reducción de jóvenes fuera del sistema educativo y del mercado laboral.

La apuesta por la formación técnica y la cobertura educativa se refleja en la infraestructura ampliada y en la diversificación de la oferta académica. Las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) alcanzan cada vez más regiones del país, mientras que la formación técnica crece en paralelo con los sectores productivos nacionales. El gobierno sostiene que la tendencia es sostenible y que la reducción observada supera los estándares regionales.

El balance que hace la Presidencia

El informe presentado por la Presidencia de la República Dominicana enfatiza que las políticas de inclusión y el seguimiento interinstitucional son necesarias para consolidar la integración juvenil. La evolución de los indicadores sociales y laborales se monitorea con fuentes nacionales y estudios internacionales, con el objetivo de mantener la tendencia positiva y replicar los modelos exitosos en otras áreas de política pública.

La Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso con el que el coronel Narciso Antonio Féliz Romero buscaba salir de prisión preventiva. La decisión mantuvo encarcelado al exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional mientras avanza el proceso penal por la sustracción de miles de proyectiles detectada en la Operación Pandora.

La resolución de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se produjo a solicitud del Ministerio Público. El caso se abrió después de la operación ejecutada en noviembre de 2024.

El recurso fue objetado por los fiscales Melbin Romero y Rosa Ysabel ante las juezas Nancy María Joaquín Guzmán, María Daneida García y July Tamariz. El Ministerio Público sostuvo que la apelación carecía de objeto porque el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ya tiene en estado de fallo otra solicitud con el mismo propósito.

Ese tribunal emitirá su decisión el 9 de septiembre de 2026. Ese mismo día también resolverá sobre el envío a juicio del acusado.

Tras la audiencia, el fiscal Melbin Romero explicó que la corte acogió el pedido de la acusación y dejó sin efecto el intento de la defensa de variar la medida. “La corte acogió el pedimento del Ministerio Público, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Narciso Antonio Féliz Romero y se declaró inadmisible, de forma tal que este acusado continuará en prisión preventiva”, dijo a la prensa.

El expediente atribuye a la red un desfalco de $92.191.732,92

La investigación sostiene que la estructura desmantelada con la Operación Pandora desfalcó al Estado con PD $92.191.732,92 (USD $1,581,990.02). La acusación vincula ese perjuicio con la sustracción de miles de municiones y pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.

El expediente también incluye al capitán Nelson Valdez, quien estaba al frente del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución cuando fue desarticulada la organización. Valdez también cumple prisión preventiva.

Además, son procesados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez. Todos enfrentan distintas medidas de coerción.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa en el caso a 11 personas por la sustracción y venta ilícita de proyectiles, armas y explosivos de la institución. Según el expediente, los imputados participaron de manera directa en maniobras orientadas a distraer bienes de la Policía Nacional para comercializarlos de forma ilegal y obtener beneficios económicos en perjuicio del Estado dominicano.

La acusación incluye corrupción administrativa, tráfico ilícito de armas y ocultamiento de pruebas

El grupo enfrenta cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en presunta violación de varios artículos del Código Penal dominicano. La acusación también incluye infracciones a la Ley 631-16 sobre Armas.

El expediente les atribuye además legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y otros materiales relacionados. A eso se suman imputaciones por alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.

A partir del 1 de noviembre de 2026, todos los contribuyentes clasificados como Grandes Locales y Medianos en República Dominicana deberán emitir exclusivamente facturas electrónicas. La medida, impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), marca el inicio de una nueva etapa para el sistema fiscal del país, con el objetivo de fortalecer el control tributario y modernizar los procesos administrativos, según informó el portal oficial de la Presidencia de la República Dominicana.

La DGII detalló que las secuencias de comprobantes fiscales no electrónicos, conocidas como tipo “B”, solo serán aceptadas hasta el 31 de octubre de 2026 para aquellas empresas que están incluidas en esta disposición. A partir de esa fecha, los comprobantes físicos únicamente podrán usarse en situaciones de contingencia declarada y bajo las condiciones establecidas en el capítulo IX del Reglamento Núm. 587-24. El organismo precisó que esta normativa responde a la necesidad de consolidar la adopción de la facturación electrónica en todo el territorio nacional y de incrementar la eficiencia en la fiscalización y el cumplimiento tributario.

De acuerdo con la información publicada por la Presidencia de la República Dominicana, el sistema de facturación electrónica cuenta actualmente con una red de 190 proveedores de servicios autorizados, los cuales ofrecen diferentes soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación de los contribuyentes a la nueva modalidad. Estos proveedores están distribuidos a lo largo del país y se espera que su oferta permita que las empresas realicen el proceso de adaptación de manera ágil y segura.

La institución tributaria instó a las empresas clasificadas como Grandes Locales y Medianas a completar con antelación las adecuaciones tanto administrativas como tecnológicas que exige la nueva normativa. El cumplimiento oportuno permitirá evitar interrupciones en las operaciones comerciales y garantizará que las compañías sigan operando dentro del marco legal vigente.

“La transición a la facturación electrónica es un paso clave para modernizar la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes”, señala el comunicado reproducido por la Presidencia de la República Dominicana.

Por otra parte, la DGII recordó que los contribuyentes catalogados como Pequeños, Micros y No Clasificados disponen de una prórroga adicional para sumarse al sistema digital. El plazo para este grupo se extiende hasta el 15 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual la emisión de comprobantes fiscales electrónicos será obligatoria para todos los segmentos empresariales. Esta extensión pretende facilitar la adecuación de aquellos sectores con menor capacidad tecnológica y administrativa, según lo especificado en la normativa oficial.

El organismo resaltó que la implementación de la facturación electrónica busca garantizar mayor transparencia, agilidad en los trámites fiscales y mejores herramientas para combatir la evasión. Además, la medida se considera fundamental para optimizar la fiscalización y fortalecer la recaudación tributaria. Según la comunicación institucional, la adopción masiva de los comprobantes electrónicos permitirá una fiscalización más efectiva y simplificada.

La DGII reiteró el llamado a los contribuyentes alcanzados por esta etapa a que consulten con anticipación a los proveedores de servicios tecnológicos y realicen las inversiones necesarias en sistemas y capacitación del personal. “El éxito de la facturación electrónica depende del compromiso de los contribuyentes y de la colaboración de los actores del ecosistema digital”, puntualizó la entidad, de acuerdo con lo publicado por la Presidencia de la República Dominicana.

El Poder Judicial de República Dominicana y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) distinguirán a Juan Manuel Santos con el Premio Internacional Justicia y Prensa en su tercera edición. El reconocimiento será entregado el jueves 12 de noviembre a las 19:00 por su trayectoria pública, su liderazgo en el fortalecimiento institucional de Colombia y su papel en el acuerdo que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado con las FARC durante su gobierno entre 2010 y 2018.

El mismo anuncio incluyó la apertura del tercer concurso anual de Comunicación Judicial, que premiará los tres mejores trabajos periodísticos sobre temas judiciales en las categorías de prensa escrita, en formato impreso o digital, y audiovisual. La convocatoria quedó abierta este 26 de agosto y aceptará postulaciones hasta el 16 de octubre.

El acto se realizó este miércoles en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia. Fue encabezado por el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez del alto tribunal y director nacional de la Cátedra de Comunicación y Justicia “Dr. Adriano Miguel Tejada”. También participaron Ángel Brito, director de la ENJ, y Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial.

El premio se entregará en noviembre

La distinción reconoce, de acuerdo con el Poder Judicial, la trayectoria de Santos Calderón y su liderazgo en el fortalecimiento democrático institucional y la gobernanza de Colombia. La institución destacó su capacidad para construir consensos, promover el diálogo en la resolución de conflictos, consolidar el Estado de Derecho y avanzar en la construcción de la paz.

Ortega Polanco explicó que la iniciativa forma parte de la agenda académica de la cátedra, creada para fortalecer la comunicación judicial como base de una justicia más abierta, transparente y cercana a la ciudadanía. Durante el acto, definió el reconocimiento como una distinción dirigida a personalidades que, desde la función pública, la comunicación o el periodismo, han hecho aportes a la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los temas de justicia.

El magistrado dijo: “Como parte de esta tercera edición, el concurso incorpora nuevamente el reconocimiento internacional ‘Justicia y Prensa’, una distinción creada para honrar a aquellas personalidades que, desde el ejercicio de la función pública, la comunicación o el periodismo, han realizado aportes extraordinarios al fortalecimiento de la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los temas relacionados con la justicia”.

La selección de Santos Calderón fue adoptada por unanimidad por el jurado, que valoró su empeño en promover sociedades más pacíficas, inclusivas y respetuosas del Estado de Derecho. El cuerpo está presidido por Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española y director internacional de la cátedra de la ENJ.

También integran el jurado Ortega Polanco; el periodista Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa; el licenciado Luis Pérez Novas, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; el periodista mexicano Jorge Ramos; y Cabreja, quien actuará como secretario de la premiación con derecho a voz, pero sin voto.

Santos fue presidente de Colombia y recibió el Premio Nobel de la Paz. Su formación académica incluye el periodismo y fue subdirector del diario El Tiempo entre 1983 y 1991.

El exmandatario también fue portada de la revista Time y fue incluido en dos ocasiones en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El Poder Judicial lo presentó además como defensor de la libertad de prensa y del ejercicio responsable del periodismo.

El concurso recibirá trabajos hasta el 16 de octubre

La tercera edición del concurso de Comunicación Judicial busca fomentar una mayor comprensión, difusión y participación social en el sistema de justicia. El objetivo, según se informó en el encuentro con periodistas, es incentivar la producción y publicación de trabajos periodísticos sobre ese ámbito.

Ángel Brito explicó que uno de los rasgos distintivos de la competencia es que la evaluación no se limitará a la calidad narrativa. Los trabajos deberán reunir profundidad investigativa, claridad expositiva y un alto compromiso ético.

La convocatoria está dirigida a trabajos publicados durante el año 2026 dentro del territorio dominicano en formato papel, digital y audiovisual. Los ganadores recibirán premios en metálico, medalla y pergamino de reconocimiento.

Los postulantes deberán remitir sus trabajos exclusivamente al correo comunicacionjudicial@enj.org. El jurado escogerá un primer, segundo y tercer lugar en cada categoría, y en cada caso se entregarán también medalla y diploma.

El hallazgo tuvo lugar en una de las terminales de carga, donde los agentes antinarcóticos, apoyados por inspectores de Aduanas, detectaron imágenes sospechosas dentro de una caja de cartón procedente de Miami, Estados Unidos.

Según informó la DNCD, el paquete contenía un tubo de plástico oculto dentro de un portaplanos, donde se encontraban los seis paquetes de la sustancia ilícita, envueltos en fundas plásticas transparentes y negras, con un peso aproximado de siete libras (3.18 kilogramos).

Interceptan envío de marihuana procedente de Miami

La institución explicó que, tras detectar las imágenes sospechosas mediante inspección rutinaria, se activaron de inmediato los protocolos de actuación establecidos para este tipo de casos. El manejador de la unidad canina procedió a pasar uno de los ejemplares por la caja, lo que derivó en una alerta positiva a sustancias controladas. Posteriormente, por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a la apertura de la caja, donde se confirmó la presencia de la droga.

Joel López, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, indicó que la acción se enmarca en la intensificación de los controles para combatir nuevas modalidades del crimen organizado que buscan utilizar las vías aéreas y portuarias para el tráfico de sustancias ilícitas. “La caja, según el manifiesto de envío, tenía como destinatario a un hombre que fue arrestado recientemente al salir de una plaza comercial en el Distrito Nacional, justo cuando acudió a retirarla. Al momento de su captura, las autoridades le ocuparon otros paquetes con la misma sustancia”, señaló la DNCD en un comunicado oficial.

Autoridades mantienen abierta una investigación para identificar y ubicar a otros posibles implicados en el frustrado intento de envío de marihuana desde los Estados Unidos hacia República Dominicana.

La entidad resaltó que se han redoblado los esfuerzos de interdicción en las terminales aéreas y portuarias del país, con el objetivo de anticipar y neutralizar las estrategias empleadas por las redes de tráfico de drogas.

El operativo contó con el respaldo técnico del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), que colaboró con los procedimientos de inspección y verificación de la carga. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta ante el crimen organizado transnacional.

En el comunicado divulgado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, se enfatizó que los operativos de inteligencia y control se realizan de manera permanente y se ajustan a los patrones evolucionados del tráfico ilícito.

Hasta el momento, el detenido permanece bajo custodia del Ministerio Público, mientras avanzan las diligencias judiciales.

La DNCD comunicó que las investigaciones se mantienen abiertas y que no se descartan nuevas detenciones o la desarticulación de redes asociadas a este tipo de envíos, que constituyen una amenaza para la seguridad y la salud pública en la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader visitó este miércoles el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, en Santo Domingo, después del remozamiento de varios pabellones y de la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres, una intervención orientada a mejorar la atención y el bienestar de los 186 adultos mayores que residen en el centro.

Las obras incluyeron el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería y habitaciones, además del área de Psiquiatría para Mujeres. Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, encabezado por Andrés Bautista, en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez.

Durante el recorrido, el mandatario compartió con los residentes y conoció los servicios que reciben, así como las mejoras incorporadas en distintas áreas del hogar. En la visita también estuvo el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Antonio Vicente, junto con otras autoridades y representantes vinculados a la obra.

El remozamiento abarcó pabellones, habitaciones y el área de psiquiatría para mujeres

Abinader agradeció la labor de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, congregación a cargo del cuidado de los residentes. “El país les agradece. Yo quisiera multiplicarlas por 100 para que nos ayuden más con esa vocación de amor y de servicio que tienen con los envejecientes”, dijo.

El presidente sostuvo además que el alcance de la intervención supera su costo por el efecto que tiene sobre los residentes. “Estas son obras que tienen una inversión, pero cuyos resultados realmente sobrepasan por cien la inversión que tienen en términos de la calidad de vida que añaden a estos dominicanos y dominicanas”, afirmó.

La directora del hogar, madre Eugenia López Rodríguez, agradeció al presidente por haber impulsado los trabajos tras conocer la situación del centro. Señaló que la intervención respondió a la necesidad de dignificar los espacios destinados a los mayores.

“Esto fue posible gracias al gesto generoso del señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, quien empatizó al ver la necesidad urgente de dignificar los espacios de nuestros mayores”, expresó la religiosa. También definió las obras como un avance para garantizar atención integral en instalaciones acordes con las necesidades de los residentes.

La dirección del centro y autoridades eclesiásticas valoraron la intervención oficial

López Rodríguez también reconoció la gestión del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, por asegurar la continuidad de los trabajos. Agradeció además el aporte de la Constructora Hageco, de Michel El-Hage, y de su equipo de ingenieros, arquitectos y trabajadores.

La obra fue ejecutada por esa empresa constructora con participación de su personal técnico y operativo. La ampliación y el remozamiento estuvieron dirigidos a ofrecer servicios en condiciones más adecuadas para los adultos mayores del centro.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, destacó la disposición de Abinader desde que conoció las necesidades del hogar. Añadió que, cuando se le solicitó la visita, el mandatario expresó interés en acudir de manera discreta para conocer personalmente la situación del lugar.

La bendición de las áreas remozadas estuvo a cargo de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo. El prelado destacó la importancia de atender las necesidades de los adultos mayores y la solidaridad mostrada por el gobierno en esta intervención.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció que su Gobierno busca negociar un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos en el menor tiempo posible para mantener condiciones favorables a sus exportaciones y asegurar un flujo sostenido de inversiones externas.

La declaración se produjo durante la apertura del Segundo Foro Internacional de Inversión y Nearshoring en Santo Domingo, donde el mandatario subrayó la urgencia de alcanzar un pacto que permita a la nación sortear los nuevos aranceles impuestos por Washington.

Según informó la Agencia EFE, Estados Unidos incluyó a República Dominicana dentro de un grupo de 66 países sujetos a aranceles de entre 10% y 12,5%.

Las autoridades estadounidenses argumentaron que estas naciones no implementan medidas suficientes para evitar la entrada de bienes elaborados con trabajo forzoso en sus mercados.

Esta situación afecta de manera directa a uno de los sectores económicos del país caribeño: el de las zonas francas.

Durante su intervención, el presidente resaltó que el “principal objetivo” del nuevo canciller dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, será negociar ese acuerdo tarifario recíproco en el menor plazo posible.

“Como tiene que ser y como se merece la República Dominicana”, manifestó Abinader, de acuerdo con el comunicado difundido por la Presidencia de República Dominicana.

El jefe de Estado insistió en que la diplomacia dominicana debe actuar con agilidad para proteger los intereses del país en el escenario internacional, caracterizado por desafíos crecientes para las economías abiertas.

De acuerdo con datos oficiales citados por la Agencia EFE, el intercambio bilateral de bienes entre Estados Unidos y República Dominicana superó los USD 18.900 millones en 2025. Estados Unidos se consolida como el principal socio comercial del país, una relación que otorga a las decisiones de la administración estadounidense un impacto inmediato sobre la economía nacional y, en especial, sobre sectores generadores de empleo y divisas.

La apuesta por nuevas inversiones

El mandatario reconoció que el entorno global plantea retos complejos y llamó a la colaboración entre Gobierno, industria e inversionistas. En su discurso, Abinader defendió la importancia de las zonas francas, motor de la economía local y plataforma para la atracción de capital extranjero. El presidente sostuvo que, pese a las crisis internacionales de los últimos años, República Dominicana logró mantener y ampliar la inversión extranjera directa.

Según el reporte de la Agencia EFE, el Gobierno dominicano trabaja en la diversificación de su matriz productiva y apuesta por atraer industrias de mayor valor agregado. Abinader enfatizó que la meta es captar inversiones en sectores como tecnología, manufactura de dispositivos médicos y ensamblaje de semiconductores. Estas áreas, señaló, ofrecen mejores condiciones para el desarrollo económico sostenible y la integración al comercio global de cadenas de alto valor.

“Hay que atraer industrias tecnológicas, de manufactura avanzada y de semiconductores”, sostuvo Abinader durante el foro, ante representantes de empresas nacionales e internacionales. El presidente destacó que estos sectores permitirán a la nación caribeña fortalecer su posición en el contexto de la relocalización de cadenas de suministro, fenómeno conocido como nearshoring, que cobra impulso ante la reconfiguración del comercio internacional.

El frente regulatorio y diplomático

El comunicado de la Presidencia de República Dominicana señala que el país enfrenta el desafío de adaptarse a regulaciones cada vez más estrictas en materia de comercio exterior, tanto en Estados Unidos como en otros mercados relevantes. El mandatario subrayó la necesidad de trabajar de forma coordinada para asegurar que la industria local cumpla con los estándares internacionales y mantenga el acceso preferencial a los mercados estratégicos.

El Gobierno dominicano, a través de su equipo diplomático y de comercio exterior, mantiene contactos con autoridades estadounidenses para avanzar en la negociación de un mecanismo bilateral que permita a República Dominicana conservar ventajas competitivas y proteger los sectores clave de su economía frente a la nueva política arancelaria aplicada por Washington.

En la provincia de La Altagracia, al este de la República Dominicana, el liderazgo de Ámbar Rijo ha transformado la vida de una comunidad rural que pasó de depender de la agricultura de subsistencia a convertirse en un referente de autosuficiencia alimentaria.

Ámbar Rijo lidera una iniciativa que ha logrado convertir la producción agrícola local en una fuente estable de alimentos y oportunidades para cientos de familias, marcando un ejemplo de organización y resiliencia frente a las crisis actuales.

Antes de este cambio, el trabajo en la comunidad María Ruiz se limitaba a largas jornadas agrícolas que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas.

La falta de recursos y de conocimientos técnicos impedía a los agricultores pensar en un futuro diferente.

Esta situación se modificó con la llegada de un proyecto impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Dirección de Desarrollo Social Supérate y el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, que apostaron por fortalecer las capacidades de las mujeres rurales a través de formación, tecnología y acompañamiento técnico.

Bajo la coordinación de Ámbar Rijo, más de 200 mujeres rurales asumieron el reto de profesionalizar la producción agrícola. El grupo mejoró sus prácticas con la introducción de casas sombra, estructuras que protegen los cultivos y permiten mantener el ritmo de cosecha durante todo el año, incluso ante escenarios climáticos adversos. Gracias a esta innovación, la comunidad produce ahora lechuga, apio, espinaca, rúcula y tomate, abasteciendo tanto a los hogares locales como a hoteles y comercios en la región Este del país.

La iniciativa de Ámbar promovió la diversificación de cultivos y la adopción de técnicas sostenibles. Las participantes aprendieron a utilizar abonos orgánicos, implementaron sistemas de riego por goteo, bancos de plántulas y estanques para la piscicultura.

El proceso incluyó la instalación de composteras y biodigestores, permitiendo la producción local de fertilizantes y biogás, lo que redujo costos y fortaleció la independencia de la comunidad frente a insumos externos.

El modelo comunitario impulsado por Ámbar Rijo ha fortalecido la organización interna. Las mujeres, agrupadas en asociaciones productivas, participan en la planificación y toma de decisiones sobre la gestión agrícola y financiera. Este proceso ha facilitado el desarrollo de habilidades de liderazgo y administración, motivando a varias integrantes a retomar o iniciar estudios superiores en agroecología y liderazgo comunitario.

La producción regular y diversificada ha permitido a la comunidad de María Ruiz acceder a canales de comercialización en mercados locales y regionales. Los alimentos cultivados abastecen hoteles turísticos de Bayahíbe y Punta Cana, además de supermercados y pequeños comercios, generando ingresos estables para las familias y fortaleciéndose como una alternativa económica confiable en contexto de crisis.

El acceso al financiamiento representa uno de los principales retos en la fase actual de expansión. Para superarlo, el grupo liderado por Ámbar Rijo explora proyectos agro-ecoturísticos que buscan conectar la agricultura local con el turismo, integrando nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de desarrollo para la comunidad.

La historia de Ámbar Rijo y la transformación de la agricultura en María Ruiz evidencia el potencial de la organización rural y el liderazgo femenino para responder a los desafíos alimentarios y económicos. El caso demuestra cómo la transferencia de conocimientos y recursos adecuados puede fortalecer la seguridad alimentaria y abrir nuevas rutas de desarrollo, incluso en los entornos más adversos.

Un tribunal de Santiago condenó a seis integrantes de una red que traficaba armas de alto calibre y las distribuía desde el municipio de Licey al Medio hasta la ciudad de Moca, en un caso que terminó con penas de hasta 10 años de prisión, multas y el decomiso de armamento, vehículos, equipos electrónicos y dinero en efectivo.

La operación permitió ocupar 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock calibre 9 milímetros, además de tres revólveres, dos escopetas y 700,000 pesos en efectivo.

Durante los allanamientos también fueron hallados varios tanques con caletas o doble fondo, que presuntamente se utilizaban para transportar las armas.

Según Noticias SIN, el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago impuso las condenas tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público sobre las operaciones de la estructura criminal, dedicada al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armamento.

Hornandys Emmanuel Cruz Almonte recibió la pena más alta: 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago. Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez y Félix Francisco Vásquez Peralta fueron sentenciados a seis años de prisión cada uno y deberán cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca.

Rosalba María Estrella López fue condenada a cinco años de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de varias reglas. Marcos de Jesús Diplán Diplán recibió tres años de prisión suspendida y el pago de 25 salarios mínimos del sector público.

El tribunal también impuso multas de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público a los condenados. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 16 de octubre.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los procesados se asociaron para introducir armas de contrabando al país, almacenarlas y distribuirlas después a otras organizaciones criminales. La estructura también obtenía recursos económicos de la comercialización ilegal del armamento.

La investigación estableció que los miembros de la red adquirían las armas en Estados Unidos y luego las enviaban a República Dominicana mediante compañías de envío. Una vez en territorio dominicano, eran trasladadas a centros de acopio ubicados en Licey al Medio, Santiago y Moca, desde donde se redistribuían.

Durante el juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell expuso ante el tribunal la modalidad usada por la organización y el papel de cada uno de sus integrantes. Según la publicación, varios de los procesados tenían vínculos familiares y utilizaban sus propias viviendas y las de sus padres para almacenar el armamento.

La operación interagencial se ejecutó con autorizaciones judiciales después de más de un año de vigilancia, rastreo y recopilación de información sobre los métodos empleados para introducir las armas al país. En las pesquisas participaron unidades especiales de la Policía Nacional, incluido el equipo SWAT y la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional, con cooperación del FBI de Estados Unidos.

El caso incluyó cargos por asociación de malhechores y tráfico ilícito de armas

Los condenados fueron hallados responsables de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, referidos a la asociación de malhechores.

También fueron declarados culpables de infringir varios artículos de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sancionan la tenencia, el tráfico y el acopio ilícito de armas de fuego.

Por este mismo expediente también fue procesado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien resultó absuelto por el tribunal.

La República Dominicana se encuentra en un momento clave para su sistema educativo: el país alcanzó una cobertura récord del 93 % en educación para los niños de un año antes de la edad oficial de ingreso a la primaria, una cifra que iguala la de Brasil y se acerca al 94 % de Argentina, según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Este avance sitúa a la nación caribeña por encima del promedio regional y por delante de otros países como Guatemala, Panamá, Paraguay y Honduras.

El gobierno del presidente Luis Abinader ha impulsado una expansión masiva e inclusiva de los servicios educativos estatales, logrando que la Tasa Neta de Matrícula Ajustada (NERA) suba siete puntos porcentuales desde 2015, cuando se ubicaba en 86%.

El informe Global Education Monitoring (GEM 2026) de la Unesco destaca que este crecimiento corresponde a un esfuerzo sostenido por aumentar la equidad y la cobertura en edades formativas clave.

El reporte internacional subraya que, durante la última década, República Dominicana ha logrado una transformación significativa en su sistema educativo, consolidando avances no solo en cobertura, sino también en culminación de ciclos escolares y equidad social. Uno de los puntos destacados es la eliminación de la desigualdad de participación entre los hogares más pobres y los más ricos en el acceso a la educación preprimaria.

“Este logro asegura que, independientemente del nivel socioeconómico de su familia, la niñez dominicana cuenta hoy con las mismas oportunidades de iniciar su trayectoria educativa en condiciones de total equidad”, afirma el documento.

Además del progreso en la cobertura de la primera infancia, el informe GEM 2026 resalta un avance notable en la tasa de finalización de la educación secundaria alta, lo que coloca al país en una posición favorable frente a competidores históricos de la región.

Según los datos de la Unesco, la nación ha logrado erradicar la brecha de riqueza en el acceso a la educación preprimaria, posicionándose a la par de potencias regionales y superando el promedio de América Latina y el Caribe.

El impacto de estas políticas educativas se refleja también en la comparación internacional. Con la cobertura del 93% en la primera infancia, la República Dominicana se sitúa al nivel de Brasil y casi iguala a Argentina, mientras que supera con holgura a El Salvador (85 %), Guatemala (84 %), Panamá (77 %), Paraguay (75 %) y Honduras (59 %).

El periodo comprendido entre 2015 y 2024 ha sido clave para el sistema educativo dominicano. El informe internacional detalla que el país se convirtió en uno de los pocos de la región en eliminar completamente la desigualdad en la participación educativa entre los quintiles más extremos de ingresos, específicamente para la educación organizada un año antes de la primaria.

El informe de la Unesco también identifica retos pendientes. Señala la necesidad de duplicar los esfuerzos para mejorar la calidad del aprendizaje en lectura y matemáticas en los niveles básicos de primaria, áreas que representan la prioridad estratégica del gobierno dominicano de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4) proyectados para 2030. “Estos aspectos constituyen la prioridad estratégica del gobierno del presidente Abinader de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4) proyectados hacia el año 2030”, subraya el documento.

La administración de Abinader ha reiterado su compromiso de fortalecer la calidad integral del sistema educativo, con una inversión pública prioritaria en la primera infancia. Según el informe GEM 2026, la transformación educativa registrada en la última década ha sentado bases sólidas para garantizar igualdad de oportunidades y avanzar hacia la equidad social en la educación dominicana.

El documento internacional concluye que el desarrollo socioeconómico del país comienza desde las aulas, y que la República Dominicana ha registrado una transformación “sin precedentes” en su sistema educativo en los últimos 25 años, consolidando avances en cobertura, culminación de ciclos escolares y equidad social.

La economía de República Dominicana registró un crecimiento interanual de 4.6 % en julio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Este resultado elevó el promedio acumulado del año a 4.5 % entre enero y julio, impulsado por el dinamismo observado en los sectores de construcción, zonas francas y manufactura local, así como por el sólido desempeño de los servicios, especialmente en áreas como hoteles, bares, restaurantes y servicios financieros.

Según informó el BCRD, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) mostró que la expansión de la economía en julio se apoyó principalmente en el crecimiento del valor agregado real de la construcción, que alcanzó un 8.1%, mientras que la manufactura de zonas francas avanzó 5.5% y la manufactura local 3.7%.

El sector agropecuario presentó una variación de 1.9%, mientras que las actividades de servicios crecieron en conjunto 4.8%. Dentro de los servicios, el informe destacó el desempeño de los servicios financieros, con un crecimiento de 8.4 %, así como la enseñanza (8.0 %), otras actividades de servicios de mercado (6.1 %), hoteles, bares y restaurantes (5.6 %), servicios profesionales (5.2 %), transporte y almacenamiento (5.2 %) y energía y agua (4.6 %). En contraste, la minería experimentó una contracción de 15.9 %.

Construcción lidera el crecimiento económico

El Banco Central atribuyó la expansión del sector construcción al impulso combinado de la inversión privada y el incremento de la inversión pública. “La actividad construcción registró en julio una expansión interanual de 8.1 %, impulsada principalmente por la ejecución de proyectos de inversión privada y el mayor dinamismo de la inversión pública”, puntualizó la entidad.

Además, el crédito destinado a la construcción mostró un aumento de 18.2 % respecto a igual periodo del año anterior, representando más de RD$28 mil millones adicionales.

En lo relativo a las zonas francas, el crecimiento de 5.5 % fue explicado por el incremento en las exportaciones de manufactura de calzados, productos eléctricos y tabaco manufacturado. Por su parte, la manufactura local avanzó 3.7 %, sustentada en la fabricación de productos metálicos, minerales no metálicos y otras industrias manufactureras. El informe detalló que la minería, pese a su caída interanual de 15.9 %, sigue teniendo un peso relevante en el desempeño global, aunque la reducción se relaciona con menores volúmenes de extracción de oro y plata.

El turismo mantuvo su tendencia al alza, con 921,682 turistas recibidos en julio, cifra que representa un incremento de 6.7 % frente al mismo mes de 2025.

Entre enero y julio, el flujo acumulado de visitantes internacionales por vía aérea alcanzó 5,885,025 personas, equivalente a un crecimiento de 9.4 % respecto al periodo precedente.

En cuanto a la intermediación financiera, seguros y actividades conexas, el sector creció 8.4 % interanual. Según el Banco Central de la República Dominicana, este avance se debió al crecimiento de 8.0 % del crédito dirigido al sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera, lo que supuso RD$192 mil millones (aproximadamente USD 3,300 millones) adicionales respecto a julio de 2025. También se registró un aumento relevante en las comisiones explícitas generadas por las entidades financieras.

La ley 186-07 de República Dominicana establece que las empresas distribuidoras de electricidad deben compensar a los usuarios regulados por apagones atribuibles a la propia empresa o a fallas del sistema, y fija que ese resarcimiento no puede ser menor al 150% de la tarifa correspondiente.

La misma normativa y el decreto 555-02 también ordenan atender reclamos por facturación y servicio dentro de plazos definidos, sin cortar el suministro cuando la factura impugnada sigue en proceso de revisión.

Ese derecho aparece en los párrafos I y II del artículo 93, que usan la expresión “energía eléctrica no servida” para definir la base de la compensación. La norma dispone que el monto será fijado por la Superintendencia de Electricidad mediante resolución, pero aclara que nunca podrá quedar por debajo de ese piso mínimo.

La ley señala: “Las empresas distribuidoras estarán obligadas a compensar a los usuarios regulados por la energía eléctrica no servida, conforme a las normas técnicas de calidad de servicio que para tales fines establezca la Superintendencia de Electricidad mediante resolución.

Dicho organismo fijará también mediante Resolución el monto a compensar a tales usuarios por concepto de la energía no servida, el cual, en ningún caso, será menor al ciento cincuenta por ciento (150 %) del precio de la tarifa correspondiente”.

El reclamo por apagones y facturación tiene plazos y protege el servicio

Para ejecutar esa compensación debe intervenir un agente del Mercado Eléctrico Mayorista responsable de la energía no servida. Ese proceso estará a cargo de un Comité de Fallas dependiente del Organismo Coordinador, mientras la Superintendencia de Electricidad definirá la forma y las condiciones en que se aplicará el pago.

El decreto 555-02, en sus artículos 443 al 450, regula además los derechos del cliente o usuario titular en el servicio eléctrico, desde el procedimiento de reclamación hasta el tiempo de respuesta. El artículo 445 reconoce el derecho a exigir a la empresa distribuidora la debida atención y tramitación de cualquier reclamo o queja, con respuesta por escrito y comunicación mensual a la Oficina de Protección al Consumidor.

La disposición añade: “La Empresa de Distribución deberá cumplimentar estrictamente el análisis y contestación de los reclamos realizados por el cliente o usuario titular del suministro según la reglamentación vigente”.

Ese mismo artículo indica que la reclamación puede presentarse ante alguna de las EDES por carta, teléfono o de manera presencial, siempre con comprobante o número de reclamación. Cuando el problema es de facturación, la respuesta debe llegar en un plazo de entre 3 y 10 días.

La norma también diferencia los tiempos de resolución para asuntos técnicos. Esos casos tardan entre ocho y 16 horas, según la zona; hasta dos días si se trata de cambios de equipo; y un máximo de tres días para la calibración del medidor sin interrumpir el servicio.

Una factura reclamada no puede ser motivo de suspensión

Si existe una reclamación pendiente de resolución, la distribuidora no puede suspender el servicio por las facturas que están bajo objeción, siempre que el reclamo haya sido presentado conforme al procedimiento establecido. Esa protección alcanza al período en que la controversia sigue abierta.

El artículo 448 agrega que, si el cliente no queda conforme con la respuesta inicial de las EDES, puede acudir a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecom, y mantener el servicio energético mientras se revisa el caso. Si el suministro ya fue suspendido, la reconexión debe ser inmediata una vez la distribuidora reciba la notificación de Protecom.

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de República Dominicana se reunió en Santo Domingo con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO para revisar el avance parlamentario de dos proyectos: el de alimentación escolar y nutricional y el de agricultura familiar.

La presidenta de la comisión, la diputada Shoraya Suarez Ariza, afirmó que ambas iniciativas “están muy avanzadas”, pero deberán volver a presentarse porque perimieron. Según explicó, el proyecto de alimentación escolar y nutricional solo requiere “algunas regulaciones” para buscar su aprobación en la segunda legislatura ordinaria.

Suarez Ariza señaló que el objetivo es que alrededor de tres millones de niños reciban meriendas y almuerzo escolar de calidad en el ciclo lectivo 2026-2027, recién iniciado. También informó que actualmente operan más de 1.000 cocinas para abastecer el desayuno y el almuerzo escolar.

Estado de los proyectos

La diputada Idenia Doñé, de la Comisión de Educación, sostuvo que el proyecto de alimentación escolar y nutricional ya cuenta con informe y que hace falta una ley marco para regularlo antes de que regrese al hemiciclo.

Sobre agricultura familiar, Suarez Ariza indicó que varios legisladores son campesinos y trabajan tierras productivas en el Gran Valle del Cibao y en provincias como San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal.

Participación y reconocimiento de la FAO

Por la FAO participó el oficial de programa Alfredo Mayén, quien felicitó al país por su salida del mapa del hambre y dijo que brindarán apoyo técnico a otros países para combatirla.

También asistió Mariella Ortega Rabassa, directora jurídica del programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO, quien destacó los avances dominicanos hacia el hambre cero, y la exdiputada y exembajadora especial Hambre Cero de la FAO Guadalupe Valdez, que saludó la continuidad del programa contra el hambre.

Vale mencionar que el 11 de agosto la FAO reconoció a República Dominicana por haber alcanzado la meta de Hambre Cero y salir del Mapa del Hambre, según informó la Presidencia de la República durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), celebrada en Santo Domingo.

De acuerdo con la FAO, este logro responde a la continuidad de políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, lo que permitió reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2,5% de la población, frente al 8,3% registrado en 2020. Rodrigo Castañeda, representante del organismo en el país, afirmó: “Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”.

Para entonces, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó el liderazgo del presidente del país y lo ubicó entre las prioridades nacionales. Espaillat atribuyó el avance a la voluntad política, la planificación y la coordinación entre gobierno, productores y actores de la cadena agroalimentaria.

La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana confirmó este 24 de agosto el hallazgo del cuerpo sin vida en estado de descomposición de un ciudadano dominicano dentro de un camión de la institución, estacionado desde hacía varios días en el área trasera del edificio.

Según la información oficial difundida por la propia DGM, el descubrimiento se produjo cuando un obrero detectó un fuerte olor procedente del vehículo, lo que llevó al personal de seguridad a notificar a la Policía dominicana.

De acuerdo con el reporte de la DGM, el vehículo, un camión institucional, se encontraba estacionado en ese lugar hacía cerca de diez días, a la espera de reparaciones mecánicas. El hallazgo fue confirmado por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue para la realización de los estudios correspondientes, a fin de establecer la causa exacta del fallecimiento.

¿Quién era la persona fallecida?

Las investigaciones preliminares identificaron al individuo sin vida como Nelson de los Santos, de 39 años, conocido en la zona como “Gualey”. Según la cartera estatal, el hombre era conocido en los alrededores del organismo por desempeñarse como parqueador y lavador de vehículos callejero. La institución detalló que de los Santos residía en situación de indigencia y realizaba trabajos informales en los alrededores de la sede migratoria.

El comunicado señaló que la última vez que se observó a de los Santos en el área fue el viernes anterior al hallazgo. Testimonios recogidos por las autoridades e incluidos en el informe oficial indican que, por su aspecto físico, el hombre parecía haber tenido antecedentes de consumo de sustancias controladas.

Esta información fue corroborada por el padre y una hermana de la víctima, quienes declararon ante las autoridades que en varias oportunidades intentaron persuadirlo para que ingresara a un programa de rehabilitación, sin éxito.

La entidad explicó que actualmente se encuentra en proceso de construcción de una verja perimetral para cerrar el acceso alrededor de todo el recinto. Según explicó la DGM, la falta de cerco representó un riesgo identificado durante una evaluación de seguridad reciente, lo que motivó la decisión de reforzar el control de acceso y protección de sus instalaciones, equipos y personal.

En su declaración institucional, la Dirección General de Migración manifestó su disposición para colaborar plenamente con el Ministerio Público y las autoridades policiales en la investigación de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Nelson de los Santos. La entidad se comprometió a aportar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar la causa de muerte, en coordinación con los equipos forenses y de investigación.

l camión donde fue hallado el cuerpo permanecía inutilizado y sin movimiento desde hacía varios días, lo que favoreció que el hecho pasara inadvertido hasta que el olor alertó a los trabajadores.

A su vez, Migración reiteró que mantendrá comunicación abierta con las autoridades y la comunidad para garantizar la transparencia en el proceso de investigación.

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana inició este martes la restauración de Casa Aybar en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, una obra de RD 102,288,093 (USD 1,748,639.50) que busca recuperar el inmueble, frenar su deterioro estructural y convertirlo en un espacio institucional, cultural y turístico dentro del principal núcleo histórico del país.

El proyecto se suma al plan de recuperación de la zona antigua de la capital, donde, según explicó el ministro David Collado, ya se han invertido cerca de USD 10 millones. El funcionario sostuvo que ese proceso de transformación elevó el flujo de visitantes: “Gracias a la transformación extraordinaria que estamos realizando en la Ciudad Colonial, el 13% de los turistas que llegan al país están visitando este histórico lugar”.

La intervención incluye la restauración de fachadas, cubiertas, pisos, puertas, ventanas y otros elementos arquitectónicos. También prevé la corrección de humedad, filtraciones y otras fallas constructivas, además del reforzamiento de muros y componentes deteriorados para evitar un mayor daño en la edificación.

La obra sumará servicios culturales, turísticos y de apoyo al visitante

El inmueble será adaptado para albergar oficinas institucionales, servicios culturales y turísticos, boletería, información turística, exposiciones temporales, baños públicos y una cafetería. El plan contempla además la construcción de un edificio complementario para parte de esos servicios.

Las obras abarcan la renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, junto con sistemas de protección contra incendios. La supervisión está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur).

A la restauración del edificio se añade la reparación de la calle Las Atarazanas, donde se levanta la casa. Esa intervención incluye adoquines, aceras, contenes, escalones y drenaje pluvial.

Casa Aybar concentra capas de historia urbana y familiar de Santo Domingo

Casa Aybar es una edificación patrimonial situada en la calle Las Atarazanas, dentro de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Sus muros forman parte del tejido histórico de la ciudad más antigua del Nuevo Mundo y se vinculan al entorno de las Atarazanas Reales, un área de intenso intercambio comercial durante la época colonial española.

La estructura actual presenta una arquitectura de estilo mixto con elementos neoclásicos, consolidada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El inmueble debe su nombre a la familia Aybar, que habitó y preservó el lugar durante generaciones; entre sus residentes figuró Adriana Aybar de Ricart, quien mantuvo allí su residencia señorial en el segundo nivel a inicios del siglo XX.

En el primer piso funcionó durante décadas “El Encanto de las Muchachas”, un comercio recordado de la etapa colonial tardía y republicana en Santo Domingo. Más tarde, el Estado dominicano adquirió formalmente la propiedad el 15 de junio de 1960, y luego el edificio sirvió como sede de la Cámara de Comercio antes de entrar en desuso y deteriorarse.

Collado vinculó el inicio de estos trabajos con otras intervenciones ya entregadas en la Ciudad Colonial. Mencionó el Museo del Mar, la Fortaleza Ozama, el Museo de la Catedral, la Puerta de la Misericordia, más de 12 iglesias intervenidas y obras de aceras y contenes.

El presidente Luis Abinader confirmó en Santo Domingo que República Dominicana adoptará la definición de trabajo sobre antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y destinará RD$50 millones (USD $858,369) a la construcción del nuevo edificio del Museo Judío de Sosúa.

La decisión fue presentada como una herramienta para reconocer y responder a distintas manifestaciones del odio antijudío y preservar la historia de la comunidad que encontró refugio en el país durante la persecución nazi.

El anuncio se realizó durante el VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, que se celebra del 23 al 26 de agosto y reúne a más de 70 líderes de 19 países.

La delegación incluye legisladores, diplomáticos, académicos, representantes de organizaciones internacionales, líderes de opinión y miembros de la sociedad civil de América Latina, además de Estados Unidos y España.

Según la información difundida por la Presidencia de la República, Abinader informó que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a formalizar y hacer pública la adhesión a la definición de la IHRA, por lo que la noche del lunes, la institución emitió un comunicado.

El mandatario sostuvo que esa definición dará al país un marco de referencia para identificar y combatir el antisemitismo “respetando plenamente la libertad de expresión y los demás derechos consagrados en nuestra Constitución”.

En la misma intervención anunció el aporte estatal para el museo de Sosúa, orientado a resguardar el legado de la comunidad judía acogida por República Dominicana.

Reacciones al anuncio

La decisión dominicana fue destacada por Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, quien instó a otros gobiernos de la región a seguir el mismo camino. “Esta noche, la República Dominicana hace historia. Es un gobierno que está defendiendo lo que es correcto. Los invito a todos ustedes a seguir los pasos que hoy ha dado la República Dominicana”, dijo.

Kaploun advirtió que el antisemitismo es hoy una amenaza global alimentada también por la radicalización en línea y los discursos de odio. “Ser antisemita tiene que tener consecuencias”, señaló, al presentar la adopción de la definición de la IHRA como una de las herramientas para avanzar hacia respuestas concretas.

En ese marco, el canciller Ito Bisonó recibió a Kaploun, identificado además como rabino y enviado especial de Estados Unidos para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en la importancia de la educación como herramienta para combatir el odio en todas sus expresiones y reafirmaron su interés en continuar trabajando juntos en favor de la dignidad humana.

En la reunión también participaron William Swaney, encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos, y Ariel Jahner, encargada de la Sección Económica de la sede diplomática. El intercambio se produjo en el contexto de la celebración del foro en el país.

Otras intervenciones del foro

El embajador de Israel en República Dominicana, Oren Bar-El, centró su intervención en formas de antisemitismo que pueden aparecer bajo argumentos presentados como universales.

Señaló que la crítica política a Israel es legítima, pero advirtió sobre situaciones en las que se aplican dobles estándares, se niegan al pueblo judío derechos reconocidos a otros pueblos o se recurre a expresiones de demonización y deshumanización.

“La crítica es legítima. Pero cuando se aplica un doble estándar, se manipulan valores universales para transformar a Israel en un símbolo del mal absoluto, la cuestión ya no puede analizarse solamente como crítica política”, sostuvo Bar-El. También llamó a recuperar la imparcialidad de las instituciones internacionales frente al antisemitismo.

Karen Koenig afirmó que enfrentar este fenómeno es una responsabilidad que excede a la comunidad judía. “El antisemitismo nunca termina siendo solamente un problema de los judíos. Una sociedad que normaliza la demonización, la intimidación o el odio contra una minoría termina poniendo en riesgo sus propios valores”, indicó.

Santo Domingo alberga la sexta edición de esta iniciativa regional organizada por Combat Antisemitism Movement, celebrada antes en Guatemala, Panamá, Uruguay, Costa Rica y Río de Janeiro.

El foro busca fortalecer la cooperación regional y promover respuestas desde los gobiernos, los parlamentos, la educación y la sociedad civil frente al antisemitismo, la discriminación, la intolerancia y los discursos de odio.

Un lamentable suceso ha consternado la mañana de este martes 25 de agosto a los residentes del sector Hainamosa, donde dos personas perdieron la vida en el interior de su vivienda en un aparente caso de feminicidio y posterior suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Ramonita Aquino («Ramona»), de 39 años, y Jesús Jáquez, de 50 años, un militar retirado (pensionado del Ejército de la República Dominicana).

Según los datos preliminares por parte de las autoridades policiales e investigativas indican que el hombre habría atentado contra la vida de su cónyuge y posteriormente contra la suya propia utilizando su arma de reglamento.

De acuerdo con declaraciones brindadas a los medios locales por parte de la hermana de Jesús, Dominga Jáquez, la pareja mantuvo una convivencia de alrededor de dos décadas y deja en la orfandad a dos hijos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 14.

Dominga, también abogó sobre la tensión e inestabilidad emocional que se vivía en el hogar previo a la tragedia. La hermana del agresor reveló que la pareja tenía un par de meses atravesando por una grave crisis matrimonial e incluso estaban llevando a cabo un proceso formal de divorcio. Sin embargo, pese al distanciamiento, continuaban cohabitando en la misma casa pero en habitaciones separadas, ya que Ramona no deseaba mantener ningún vínculo afectivo con él.

Problemas de salud mental, ceguera y alertas no escuchadas

La hermana del difunto también detalló que Jesús Jáquez padecía de episodios severos de depresión clínica, trastornos psiquiátricos y sufría además de una condición visual grave (ceguera). Aunque mantenía un tratamiento médico psiquiátrico prescrito y registraba internamientos previos por su condición, presentaba constantes recaídas caracterizadas por llanto desconsolado, falta de apetito y angustia extrema.

Dominga acudía diariamente a la residencia a llevarle comida y acompañarlo. No obstante, las conversaciones previas manifestaban pensamientos violentos e ideas recurrentes que encendieron las alarmas de la familia.

“Él me decía que el enemigo le decía que matara a los hijos y se matara él. Yo le decía: ‘No haga eso, vete para mi casa, que en mi casa hay una habitación vacía’.

Un elemento clave abordado en el testimonio de Dominga radica en la presencia del arma de fuego en la casa. La familiar explicó que la familia asumía que la pistola no estaba al alcance de Jáquez, debido a que la esposa la tenía bajo resguardo considerando su estado de ceguera y su condición de salud mental. La propia hermana había ido a la vivienda a buscar el arma para entregársela a un oficial militar amigo de la familia y así evitar cualquier riesgo.

“Nosotros pensábamos que el arma no estaba en la casa porque la esposa la tenía guardada”.

La muerte de Ramonita Aquino se suma a una preocupante cadena de hechos violentos contra la mujer en el país. Con este nuevo caso registrado en Hainamosa, suman al menos 54 las mujeres que han sido víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas en lo que va del presente año 2026 en la República Dominicana.

Las autoridades de la Policía Nacional y la Fiscalía continúan realizando las investigaciones técnicas correspondientes para determinar fehacientemente la cronología y circunstancias definitivas de este trágico suceso.

Respecto a los menores de edad, las autoridades precisaron que fueron trasladados a un centro hospitalario para ser evaluados tras el impacto emocional, confirmando que no resultaron heridos físicamente.

El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, anunció este martes un aumento de 20 % al salario mínimo para los trabajadores de la construcción, medida que impacta de forma directa a uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

La decisión, adoptada por el Comité Nacional de Salarios (CNS) y comunicada oficialmente por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, se enmarca en la política impulsada por el presidente Luis Abinader con el objetivo de fortalecer los ingresos de la clase trabajadora y mejorar su calidad de vida.

Según informó la cartera estatal, la Resolución núm. CNS-04-2026 establece nuevas tarifas mínimas que benefician tanto a trabajadores calificados como no calificados, ayudantes y operarios de distintas categorías. El incremento se logró tras sesiones de diálogo tripartito entre representantes de trabajadores, empleadores y el órgano estatal, siguiendo un esquema de concertación que ha sido utilizado para otras revisiones salariales en distintos sectores económicos.

Nuevos salarios mínimos beneficiarán a trabajadores no calificados, calificados y operarios

El ministro Olivares Ortega destacó que “este aumento de 20 % es una nueva expresión de la voluntad del Gobierno del presidente Luis Abinader de continuar fortaleciendo el salario de los trabajadores dominicanos y avanzar hacia salarios mínimos cada vez más justos, que permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

De acuerdo con información oficial, la medida responde a la función esencial del salario como principal fuente de ingresos de los hogares y busca que el crecimiento económico se traduzca en beneficios tangibles para quienes contribuyen con su trabajo al desarrollo nacional.

La resolución fija, con carácter nacional y de manera escalonada, los siguientes salarios mínimos: para el trabajador no calificado, el salario pasa de RD$980.59 (USD 16.70) a RD$1,176.7 (USD 20.03); para el trabajador calificado, de RD$1,072.85 (USD 18.27) a RD$1,287.42 (USD 21.93); el ayudante verá su ingreso aumentar de RD$1,260.34 (USD 21.47) a RD$1,512.4 (USD 25.79).

Los operarios de tercera categoría recibirán RD$1,964.16 (USD 33.53) y los de segunda categoría, RD$2,240.93 (USD 38.27) a partir del 1 de junio de 2027. Quienes ostenten la primera categoría alcanzarán RD$2,801.60 (USD 47.87), mientras que los maestros de cada área recibirán RD$3,530.13 (USD 60.34), ambos valores también efectivos desde junio de 2027.

La industria de la construcción, subrayó Olivares Ortega, tiene una importancia estratégica para la economía dominicana por su contribución a la generación de empleos, la inversión en infraestructura y el desarrollo de viviendas.

En palabras del ministro, “la construcción es uno de los grandes motores de nuestra economía. Cada obra genera empleos, moviliza empresas y trabajadores y contribuye a transformar nuestro país. Por eso, mejorar las condiciones salariales de quienes hacen posible ese desarrollo es también una forma de fortalecer nuestra economía y promover una sociedad con mayores oportunidades”.

El Ministerio de Trabajo precisó que la política salarial del actual gobierno se basa en la concertación como vía para alcanzar acuerdos sostenibles y ampliar el bienestar de la clase trabajadora. La medida fue aprobada después de varias sesiones celebradas durante mayo y junio de 2026, con la participación activa de representantes de los sectores empleador y trabajador de la construcción.

El titular de la cartera laboral enfatizó que el propósito es avanzar hacia un mercado laboral donde el crecimiento económico, la productividad y la generación de empleos vayan acompañados de mejores salarios y condiciones laborales dignas.

El ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, expuso ante organismos internacionales en Washington D. C. los logros más recientes del país en la transformación de su sistema sanitario, en un foro que reunió a autoridades, especialistas y representantes de alto nivel de la región.

La jornada, desarrollada en las sedes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), posicionó a la República Dominicana como un referente regional en materia de modernización y acceso a la salud.

Durante el encuentro, Atallah formó parte de la apertura de un seminario en el que también participó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, junto a diplomáticos y funcionarios de salud pública de distintos países.

En la primera sesión del evento, los asistentes analizaron el uso de datos, la inteligencia sanitaria y la transformación digital, considerados herramientas clave para anticipar necesidades y optimizar la atención médica en la región.

La agenda de trabajo concluyó con una conferencia encabezada por el ministro en la sede de la OEA, bajo el título: “República Dominicana: transformando el sistema de salud para garantizar acceso, innovación y resultados”. En esta intervención, Atallah detalló las políticas implementadas por el país para fortalecer la rectoría sanitaria, ampliar el acceso a servicios, incorporar nuevas tecnologías y enfocar la toma de decisiones en resultados concretos.

“Atender mejor a la gente exige transformar la manera en que planificamos, utilizamos los datos y articulamos todo el sistema. La innovación tiene sentido cuando permite prevenir enfermedades, ampliar el acceso y ofrecer respuestas más oportunas”, afirmó el ministro ante el auditorio.

La participación dominicana en este tipo de espacios internacionales se ha convertido en una oportunidad para mostrar avances, aprender de experiencias de otros países y fortalecer alianzas estratégicas.

La presencia de Atallah en Washington D. C. responde al creciente protagonismo internacional que ha asumido la República Dominicana en la agenda sanitaria, con el respaldo de resultados tangibles y un proceso de modernización reconocido por entidades multilaterales.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, estos encuentros ofrecen a la República Dominicana la posibilidad de atraer cooperación técnica, incorporar buenas prácticas y robustecer las capacidades institucionales del sector salud.

La representación en foros como los organizados por la OPS y la OEA refuerza el compromiso del país de mantener un rol activo en los principales espacios regionales y globales, al tiempo que promueve el intercambio de conocimientos y la construcción de políticas públicas orientadas a la prevención y la atención centrada en las personas.

La visibilidad alcanzada por la República Dominicana en estos escenarios internacionales permite que sus políticas, experiencias y capacidad de respuesta sean presentadas como soluciones ante los nuevos desafíos sanitarios.

“Atender mejor a la gente exige transformar la manera en que planificamos, utilizamos los datos y articulamos todo el sistema”, reiteró Atallah en su exposición, destacando la importancia de la innovación como motor para el acceso y la eficiencia en salud.

Entre los potenciales beneficios tras la presentación del ministro en Washington D. C. se encuentra la posibilidad de articular nuevas alianzas y de atraer proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la mejora continua del sistema sanitario dominicano. La participación activa en estos escenarios ofrece además la oportunidad de incorporar tendencias globales en la gestión de salud, así como de compartir prácticas exitosas que puedan ser replicadas en otros contextos de la región.

El enfoque del evento, centrado en la transformación digital, el uso estratégico de datos y la cooperación internacional, marca una hoja de ruta para los países asistentes, que buscan fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta de sus sistemas sanitarios. La agenda desarrollada por Víctor Atallah en la capital estadounidense subraya la determinación de la República Dominicana de aprovechar las instancias internacionales para impulsar el desarrollo sectorial y generar resultados concretos en beneficio de la población.

Nueve años después del crimen que conmocionó a República Dominicana, el rostro de Emely Peguero, la adolescente de 16 años asesinada en 2017, sigue presente en la memoria colectiva.

Su muerte mientras estaba embarazada, según reportó BBC Mundo en aquel momento, desató una ola de indignación y puso en discusión la fragilidad de la protección institucional ante la violencia de género.

Hoy, el país cuenta con un nuevo Código Penal que tipifica el feminicidio y agrava las penas cuando la víctima es una menor de edad o está en estado de gestación.

El caso de Emely Peguero, ocurrido en agosto de 2017, marcó un antes y un después en la justicia dominicana. La joven desapareció el 23 de agosto de ese año, y días después su cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda.

De acuerdo con BBC Mundo, “la desaparición de Emely movilizó a toda la sociedad, dejando en evidencia deficiencias en la respuesta de las autoridades y generando un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres”.

El proceso judicial concluyó con una condena de 30 años contra Marlon Martínez, mientras que su madre, Marlin Martínez, recibió una pena reducida a dos años y recuperó su libertad en 2020.

El marco legal vigente en 2017, un Código Penal heredado de 1884, no reconocía el feminicidio como delito autónomo. Nueve años después, la República Dominicana ha experimentado cambios sustanciales.

El nuevo Código Penal, que entró en vigor este mes, incorpora la figura de feminicidio y establece penas de entre 30 y 40 años de prisión mayor.

El artículo 94 dispone que, si la víctima es niña, adolescente o se encuentra embarazada, la sanción máxima asciende a 40 años, acompañada de una multa de mil salarios mínimos del sector público. “Si un crimen como el de Emely sucediera hoy, la nueva legislación contemplaría la pena más alta prevista”, detalló el medio dominicano El Día.

La reforma legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los delitos cometidos bajo la legislación anterior mantienen las penas entonces vigentes. Esto impide modificar la condena de los implicados en el caso Emely Peguero, aunque sí permite observar la evolución del sistema penal dominicano.

De acuerdo con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la versión consolidada del Código Penal publicada este mes eleva también las sanciones para otras formas de violencia de género y delitos sexuales, reforzando la protección jurídica de mujeres y adolescentes.

El asesinato de Emely Peguero no fue un hecho aislado. Durante el mismo agosto de 2017, el país se vio sacudido por otros crímenes contra jóvenes, como el de Fernelis Carrión, de 16 años (por cuya muerte fue condenado a 30 años de prisión el sacerdote Elvin Taveras); y los de Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan Pérez, ambas de 18 años.

Según informó El Día, “los cuatro nombres quedaron asociados a una de las sucesiones de asesinatos de jóvenes que estremecieron al país en cuestión de semanas”.

El impacto social del caso de Emely Peguero se reflejó también en cifras de salud pública. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2017 se registraron 35,461 embarazos en adolescentes, mientras que en 2025 la cifra bajó a 16,481, una reducción superior al 50%. No obstante, el fenómeno persiste y afecta principalmente a adolescentes de 15 a 19 años, además de niñas menores de 15, segmento que en 2025 representó el 5.01% de los casos reportados.

Las modificaciones legales y la disminución de embarazos adolescentes son avances reconocidos por las autoridades, pero no agotan el debate sobre la respuesta estatal ante la violencia.

La historia de Esmeralda Richiez, otra adolescente de 16 años asesinada seis años después, evidencia la continuidad del problema. Su caso, desarrollado todavía bajo el antiguo Código Penal, terminó con la ratificación de una condena de 20 años para John Kelly Martínez en 2026, pocos meses antes de la entrada en vigor del nuevo régimen sancionatorio.

La cobertura de BBC Mundo remarcó que “la conmoción por la muerte de Emely abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, protección y justicia para evitar nuevas tragedias”.

El país ha incorporado herramientas jurídicas más estrictas y ha logrado avances en algunos indicadores, pero la discusión se extiende a la capacidad institucional para detectar y atender la violencia antes de que derive en crímenes irreparables.

El recuerdo de Emely Peguero continúa presente en la sociedad dominicana, ahora bajo un contexto legal distinto y con el desafío de evitar que otras adolescentes compartan su destino.

La transformación normativa y la reducción de embarazos constituyen pasos hacia adelante, aunque la pregunta sobre la suficiencia de las medidas adoptadas sigue abierta.

En un despliegue que refleja la respuesta oficial frente a la criminalidad organizada, las autoridades de la República Dominicana informaron sobre la desarticulación de una banda responsable de asaltos a establecimientos comerciales y empresas en varias zonas del país.

El operativo, coordinado por la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nacional, marcó un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad pública que desde hace meses ocupa la agenda de las instituciones responsables del orden.

La investigación arrancó tras una ola de robos que afectó a empresas y comercios en diferentes provincias. El trabajo de inteligencia, liderado por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), facilitó la localización y captura de varios integrantes del grupo, quienes ahora enfrentan procesos judiciales. Otros miembros de la estructura criminal, ya identificados por las autoridades, permanecen en fuga.

La operación empleó técnicas modernas de rastreo, como el seguimiento de teléfonos móviles para localización de los implicados, vehículos y placas adulteradas.

El uso de estos recursos permitió obtener evidencia y trazar los movimientos de la banda, que operaba bajo esquemas propios del crimen organizado. Así lo confirmó el director del Dicrim, quien destacó que la nueva aproximación policial busca atacar las redes delictivas desde sus niveles jerárquicos superiores hasta los eslabones de menor rango.

Este golpe a la criminalidad ocurre en paralelo a la implementación del nuevo modelo de patrullaje policial en la República Dominicana. De acuerdo con información oficial, la estrategia ya muestra resultados en los primeros cuatro territorios donde se aplica, con una reducción aproximada de 36% en los robos reportados.

La extensión del programa contempla sumar veinte territorios antes de diciembre, lo que supondrá la incorporación de agentes recién formados, vehículos, motocicletas y cámaras corporales para fortalecer la vigilancia.

De forma inmediata las autoridades no han brindado detalles sobre la cantidad de personas que han sido detenidas en el operativo o si se encuentran investigando a más personas relacionadas.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, subrayó que la persecución de bandas organizadas es uno de los ejes centrales de la Fuerza de Tarea.

El enfoque combina análisis de información, prevención y operaciones coordinadas entre las distintas dependencias de seguridad. El plan también prevé la graduación de dos mil nuevos policías en el mes de noviembre, quienes recibirán capacitación adicional para el manejo de la fuerza en labores preventivas y de control.

El Ministerio de Interior y Policía mantiene el diseño y la conducción de las políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que la ejecución en el terreno recae en la Policía Nacional y otras instituciones operativas. La coordinación interinstitucional ha permitido mejorar la reacción frente a delitos complejos y fortalecer la capacidad de respuesta ante hechos violentos.

Las autoridades insisten en que el combate al crimen organizado exige acciones sostenidas y un monitoreo continuo de las zonas más afectadas. La combinación de inteligencia, tecnología y recursos humanos forma parte del esquema actualizado que buscan profundizar en los próximos meses. El objetivo es consolidar territorios seguros y disminuir los niveles de violencia que afectan a la población y al sector productivo.

La red desmantelada en la Operación Caimán habría movilizado 28 toneladas de cocaína al año desde el sur de República Dominicana y usaba el país como punto de paso hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, según la acusación del Ministerio Público difundida por El Día, en un caso que ahora entra en una etapa decisiva con acuerdos de culpabilidad bajo examen judicial y otros acusados reenviados a juicio.

Según el Ministerio Público, las 28 toneladas equivalen a unos 2,333 kilos al mes, 538 kilos por semana o cerca de 77 kilos diarios. La cantidad atribuida a la estructura supera toda la cocaína decomisada por las autoridades dominicanas durante 2023 y es prácticamente equivalente a la ocupada en todo 2022.

De acuerdo con las autoridades, la organización comenzó a operar en diciembre de 2021 y se mantuvo activa hasta abril de 2024, cuando fue desmantelada. Si el promedio anual sostenido por los fiscales se hubiese mantenido durante esos cerca de 28 meses, el total movilizado rondaría matemáticamente las 65 toneladas de cocaína.

La investigación sostiene que en las operaciones de narcotráfico transnacional participaban seis estructuras criminales integradas por unas 37 personas. Su esquema consistía en enviar embarcaciones artesanales rápidas tipo “Go Fast” hacia territorio colombiano, recoger cargamentos de cocaína y regresar a costas dominicanas.

La droga procedía de La Guajira y Alta Guajira, en Colombia, y entraba principalmente por las costas de Peravia, Barahona y Pedernales. Desde República Dominicana, los cargamentos eran preparados para seguir su ruta hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Según la acusación, los integrantes de las distintas estructuras se repartían tareas de planificación, transporte, logística, almacenamiento y ejecución de las operaciones marítimas. Una de las características que, según la investigación, llamó la atención fue la composición familiar de algunos de esos grupos.

El Ministerio Público identificó agrupaciones como “Los Santa”, “Los Pescadores” y “Los Ciguillos”, entre otras, con funciones específicas dentro de la red. Carlos Manuel Cuevas Pérez, uno de los imputados que alcanzó un acuerdo con el órgano acusador para buscar una reducción de condena, fue vinculado por los investigadores con “Los Santa”.

Las autoridades atribuyeron a Malbin Martínez Feliz la dirección de “Los Pescadores”. Otros imputados aparecen conectados con ramas dedicadas a la logística y al transporte de la droga.

El proceso judicial avanza con acuerdos y un juicio de fondo en curso

El Ministerio Público sostiene que las estructuras manejaban grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico y destinaban parte de esos recursos a obtener protección e información para facilitar sus operaciones. En las pesquisas iniciales, los fiscales atribuyeron a la organización el pago de sobornos a políticos, comerciantes, empresarios y militares.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon vehículos, embarcaciones, armas de fuego, drones, brújulas, equipos GPS y dinero en efectivo. La Fiscalía reunió además decenas de elementos de prueba, incluidas interceptaciones y transcripciones de conversaciones entre integrantes de las redes sobre la coordinación de operaciones.

Más de dos años después del desmantelamiento de la estructura, el caso entra ahora en una fase clave. Cuevas Pérez admitió los hechos que se le imputan para procurar una reducción de la pena, y otros acusados también buscan negociar con el Ministerio Público, según informó El Día.

Esos acuerdos deberán ser examinados por los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona, que decidirán si los homologan. Entre los procesados figuran Geise Feliz Pérez, Gloria González Pérez, Jerbinson Bernabé López, Malbin Martínez Feliz, Wellington Ford Garó, Wilkins Joel Cuevas Ferreras y Wilmer Joel Cuevas Florián.

También seguirá el juicio de fondo contra Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes fueron enviados nuevamente a juicio después de que la Corte de Apelación de Barahona revocara decisiones de no ha lugar emitidas a su favor. Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos, tráfico y porte ilegal de armas, además de otros delitos vinculados al crimen organizado.

Nicaragua sigue sin resultados oficiales de su censo. A dos años de iniciado el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, el país aún no publica los datos oficiales, según informaron Divergentes y La Prensa. La demora profundiza el vacío estadístico sobre la realidad social y económica del país.

El último censo nacional con datos divulgados corresponde a 2005. Desde entonces, el país atravesó transformaciones sociales, económicas y políticas, en especial tras la crisis sociopolítica de 2018, que desencadenó un éxodo migratorio. La falta de nuevos datos censales impide medir con precisión el impacto de esos procesos y limita el diseño de políticas públicas con información actualizada.

Según estándares internacionales, los censos deben realizarse cada 10 años. Nicaragua debió levantar uno hacia 2015, pero el operativo comenzó el 30 de abril de 2024, 19 años después del anterior. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) movilizó a casi ocho mil encuestadores con la meta de concluir en mayo de 2024, aunque el proceso se extendió hasta enero de 2025.

Opacidad y desconfianza

A diferencia del censo de 2005, que contó con financiamiento y asistencia internacional, el de 2024 se realizó con recursos propios y sin observación externa. Medios y organizaciones ciudadanas, como Urnas Abiertas, documentaron retrasos y ampliaciones del operativo, además de irregularidades en la aplicación de encuestas, indican las publicaciones de los medios.

La desconfianza hacia las instituciones públicas marcó el proceso. Hubo ciudadanos renuentes a entregar información sobre migración, remesas y características patrimoniales, en especial ante funcionarios o agentes policiales, informan Divergentes y La Prensa.

La socióloga Elvira Cuadra, citada en las publicaciones, advirtió que la ausencia de datos censales limita la comprensión de los cambios demográficos y reduce la eficacia de las políticas públicas. El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez Soto señaló que, sin un censo confiable, las tasas de pobreza, mortalidad y cobertura social solo pueden estimarse sobre bases inciertas, lo que afecta la planificación interna y la capacidad del país para recibir cooperación y financiamiento internacional.

Señalamientos de decisión política

Gutiérrez Soto sostuvo que la retención de los resultados no obedece a un descuido burocrático, sino a una decisión política orientada a administrar la percepción pública y negar información a la sociedad. Según los expertos, el ocultamiento de los datos impacta de forma directa en la formulación de políticas, la proyección presupuestaria y la credibilidad ante organismos internacionales.

Óscar René Vargas, sociólogo en el exilio, afirmó que la falta de publicación de resultados puede vincularse con el interés de las autoridades en evitar mostrar retrocesos demográficos o sociales, como el aumento de la mortalidad infantil o el descenso en los niveles de educación.

Costos e irregularidades

El censo de 2024 movilizó a miles de empadronadores y costó más de 150 millones de córdobas (4,087,193 dólares estadounidenses), según informes oficiales. El INIDE, sin embargo, no brindó información detallada sobre el uso de esos recursos ni sobre el estado actual del procesamiento de los datos.

Trabajadores públicos entrevistados por La Prensa confirmaron errores y repeticiones en la aplicación de las encuestas, así como la existencia de personas que no recibieron la visita de empadronadores o que no respondieron por temor o desconfianza.

Mientras otros países centroamericanos ya divulgaron los resultados de sus censos recientes, Nicaragua sigue sin una radiografía actual de su población. En los últimos 51 años, el país solo realizó tres censos: 1971, 2005 y 2024. Este último es el que más demoró en la publicación de resultados.

República Dominicana oficializó su adhesión a la definición de trabajo sobre antisemitismo formulada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en respuesta a la preocupación por el repunte de manifestaciones antisemitas a nivel global. El anuncio, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, destaca como hecho principal que el país se suma con convicción a los esfuerzos internacionales para combatir el odio y la discriminación hacia las comunidades judías.

Según informó el propio Ministerio este lunes, a través de un comunicado oficial, la postura de la República Dominicana se fundamenta en “su compromiso permanente en la lucha contra toda forma de odio, discriminación e intolerancia religiosa”.

Esto se enmarca en una tradición histórica que remonta a 1938, cuando el Estado dominicano fue el único que ofreció asilo en Sosúa a un número significativo de refugiados judíos que huían del nazismo. Este antecedente se presenta como referencia de una política de Estado sostenida en defensa de los derechos humanos y la dignidad de las minorías.

La definición de trabajo sobre antisemitismo adoptada por la IHRA, a la cual se adhiere oficialmente la República Dominicana, señala: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.

Esta formulación, según destaca el comunicado, también ha sido adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se encuentra respaldada en la resolución 76/250 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que rechaza de forma explícita cualquier negación o tergiversación del Holocausto como hecho histórico.

El gobierno dominicano enfatizó que la adhesión a la definición de la IHRA refuerza su política exterior de respeto a la memoria del Holocausto y protección de las comunidades judías. Además, instó a los Estados de la región y a la comunidad internacional a “fortalecer los marcos normativos, educativos e institucionales dirigidos a prevenir el odio, la intolerancia y la discriminación en todas sus manifestaciones”. Según la declaración recogida por El País, se trata de una invitación directa a la cooperación internacional para consolidar políticas preventivas y sancionatorias contra el antisemitismo.

“El antisemitismo continúa representando una amenaza directa a la convivencia democrática, al respeto de los derechos humanos, y a la dignidad de las comunidades judías en el país y el mundo”, resalta el Ministerio de Relaciones Exteriores, citando la situación actual y la necesidad de respuestas coordinadas. Las autoridades dominicanas dejaron ver que la vigilancia y la acción institucional resultan claves para que episodios históricos como la persecución nazi no se repitan.

El contexto internacional

La adopción de la definición de la IHRA por parte de la República Dominicana se suma a un movimiento internacional que incluye a numerosos países y organizaciones.

En el contexto global, la definición de antisemitismo de la IHRA ha sido considerada una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas, programas educativos y marcos legales que permitan identificar y sancionar discursos y actos de odio. República Dominicana, al formalizar su adhesión, reitera su compromiso con la memoria histórica y la protección de las minorías, en línea con las recomendaciones de organismos multilaterales, determina el organismo.

El comunicado concluye con un llamado a la acción para que otros Estados fortalezcan la cooperación regional y mundial en materia de prevención y sanción del antisemitismo, la intolerancia religiosa y toda forma de discriminación.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) subrayó la necesidad de implementar medidas inmediatas para fortalecer la infraestructura de los centros educativos y ampliar la plantilla de maestros en todo el país.

Según informó Infobae, el gremio docente enfatizó que persisten deficiencias importantes en numerosos planteles, lo que afecta directamente el inicio y desarrollo normal del año escolar.

De acuerdo con declaraciones de Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el gremio ha presentado durante años un diagnóstico detallado sobre las condiciones de infraestructura y la falta de personal en distintos centros educativos. Hidalgo destacó que el levantamiento más reciente identificó aproximadamente 42 escuelas en condiciones críticas, con problemas como paredes y techos agrietados, filtraciones y baños fuera de servicio. Esta información fue publicada por Infobae, que recogió testimonios de familias y docentes afectados.

El caso del Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, en el Distrito Educativo 10-06, ejemplifica la situación. En este centro, padres y madres decidieron no iniciar las clases porque una sola conserje debe atender 42 espacios, mientras otra empleada se encuentra de licencia. “Las familias consideran inhumano que una sola persona se encargue de la limpieza de todas las áreas y expresaron estar agotadas de suplir una función que corresponde al Estado”, relató Hidalgo, según recogió Infobae.

El presidente de la ADP aseguró que la organización actualiza anualmente el estado de las infraestructuras escolares desde 2019 y que muchas de las advertencias siguen sin respuesta efectiva. “A pesar de esa situación, la ADP hizo un llamado responsable a iniciar la docencia”, afirmó Hidalgo, remarcando el compromiso del gremio por salvaguardar el derecho a la educación aun en condiciones adversas.

El inicio del ciclo escolar evidenció que decenas de planteles no pudieron iniciar actividades con normalidad, como ocurrió en el centro Unión Panamericana, próximo a la avenida Máximo Gómez en la capital. Además, la ADP exhortó al Ministerio de Educación a verificar directamente la situación en localidades como Guayubín, Neiba, La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, donde persisten situaciones críticas.

En Guayubín, alrededor de 20 escuelas esperan intervención prometida por el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, mientras el liceo principal de Neiba permanece sin avances tras su demolición. La ADP reiteró que estos problemas no solo afectan a docentes y estudiantes, sino que implican a toda la comunidad educativa.

Durante la apertura del año escolar, el ministro de Educación aseguró que las autoridades trabajan para superar las precariedades denunciadas y cuestionó la magnitud de los problemas señalados por el gremio. Frente a estas declaraciones, Hidalgo instó a las autoridades a acelerar los procesos de solución y verificar personalmente los reportes presentados por los actores escolares.

La ADP insistió en la importancia de abordar de manera urgente la contratación de más docentes y personal de apoyo, así como la reparación de planteles, para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje y trabajo en el sistema educativo nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Alfredo Pacheco, encabezó en el Liceo Profesor Andrés Navarro de Bayona, Santo Domingo Oeste, el acto oficial de apertura del año escolar 2026-2027.

Durante la ceremonia, Pacheco aseguró que el país está “más listo que nunca para continuar dotando a la juventud educación de calidad”, enfatizando la importancia de la formación académica en el desarrollo nacional, según informó la propia Cámara.

En su intervención, Pacheco destacó que las escuelas representan el espacio donde “los esfuerzos y sueños se convierten en realidad”, al formar a los futuros líderes de la nación.

Recordó que, al igual que los actuales estudiantes, él también fue alumno y aprovechó cada día del ciclo lectivo para transformar metas en logros que hoy contribuyen al crecimiento de la República Dominicana.

El presidente de la Cámara llamó a los presentes a levantar con orgullo la bandera nacional y a asumir el reto de abrir la mente al conocimiento, en sintonía con el mensaje del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

“Este es el reto que tenemos todos, liderar con nuestros corazones y abrir nuestras mentes al aprendizaje”, afirmó Pacheco.

A la actividad asistieron diversas autoridades, entre ellas el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, quien motivó a los estudiantes a esforzarse en los estudios y a aplicar los conocimientos adquiridos.

Peña subrayó que la disciplina y la dedicación son factores esenciales para alcanzar el éxito y contribuir al desarrollo de la comunidad.

La organización del nuevo ciclo lectivo

Por su parte, el director de la Regional 15 de Educación, Eddy Chávez, explicó que el ministro de Educación, Luis Miguel D’Camps, convocó a las autoridades educativas para planificar y organizar el nuevo año escolar, proceso que, según Chávez, contó con “el apoyo del presidente Abinader” y se ejecutó para garantizar un inicio ordenado y efectivo de las clases.

Chávez valoró la integración de las familias en los centros educativos y sostuvo que “su participación es fundamental para el acompañamiento de los estudiantes”.

El director del Liceo Profesor Andrés Navarro, Pablo Alexis Ferreras, expuso que en los primeros diez años de funcionamiento del centro asumieron el compromiso de ofrecer no solo calidad académica, sino también de formar el carácter y orientar la conducta de los jóvenes.

“Educar significa mucho más que transmitir conocimiento, significa preparar ciudadanos íntegros”, sostuvo Ferreras, cuyas palabras fueron recogidas por la Cámara de Diputados durante la cobertura oficial del evento.

Al acto asistieron la diputada Indira de Jesús, el director del distrito 13-05, Serbio Sena, regidores, profesores y estudiantes, quienes, según reportó la Cámara de Diputados, celebraron el inicio del ciclo lectivo con entusiasmo y participación activa.

La jornada de apertura del año escolar 2026-2027 reflejó el propósito de las autoridades dominicanas de fortalecer la educación pública y promover la colaboración entre el Estado, las familias y las comunidades educativas.

El ciclo 2025-2026 cerró con una matrícula de 2.1 millones de estudiantes, según cifras oficiales. Durante ese periodo, se ejecutaron proyectos de construcción y rehabilitación de centros educativos, principalmente en zonas de alta densidad poblacional como el Gran Santo Domingo.

Las modificaciones en los impuestos a las transferencias electrónicas y a la contribución de salida en República Dominicana comenzaron a reflejarse en las cuentas fiscales a partir de julio, el primer mes completo de vigencia de las nuevas medidas.

Los datos oficiales muestran un incremento de hasta 69.1% en la recaudación de estos tributos, en el marco de una estrategia oficial para reforzar los ingresos estatales ante el aumento internacional del precio del petróleo vinculado al conflicto en Irán.

De acuerdo con cifras divulgadas por la Dirección General de Impuestos Internos, el gravamen a las transferencias electrónicas y la emisión de cheques generó 2,622.1 millones de pesos (aproximadamente USD 44.7 millones) en julio de 2026. Esta suma representa 1,071.2 millones de pesos (alrededor de USD 18,250,000) más que en el mismo período de 2025, tras el ajuste de la tasa que subió de 0.15% a 0.20% por decisión del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Según datos publicados por Diario Libre, la recaudación por este impuesto superó la meta prevista para el mes, con un cumplimiento de 102.3%. El monto recaudado estuvo 1,825.6 millones de pesos (cerca de USD 31.1 millones) por encima de lo presupuestado y, dentro del conjunto de ingresos tributarios, fue el tercer incremento absoluto más alto, solo precedido por el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Aplicación del plan anticrisis y cambios tributarios

El aumento de estos tributos forma parte del plan anticrisis anunciado por el Gobierno dominicano para contrarrestar las presiones externas derivadas del encarecimiento del petróleo.

El impuesto a las transferencias electrónicas fue el que más creció entre los tributos modificados. La aplicación de la nueva tasa comenzó a regir desde principios de julio, al igual que el aumento en la contribución de salida para pasajeros.

Ambos ajustes permitieron observar el impacto inicial de la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo.

La contribución de salida, que se elevó de USD 20 a USD 30 por persona, generó en julio una recaudación de 1,066.4 millones de pesos (unos USD 18.2 millones), lo que significó un aumento del 12.7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El incremento absoluto fue de 120.4 millones de pesos (alrededor de USD 2,060,000) respecto a julio de 2025. Sin embargo, la cifra quedó por debajo del objetivo oficial para ese mes, que se había fijado en 1,231.3 millones de pesos (aproximadamente USD 21 millones), con un cumplimiento del 86.6%.

Objetivo fiscal y proyección de la Ley 30-26

La reforma fue presentada en junio por el ministro Díaz como parte de un proyecto de modificación del Código Tributario con la meta de captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales (aproximadamente entre USD 682 millones y USD 852 millones).

Según la información consignada por Diario Libre, estos ingresos se destinarían a atender las presiones económicas derivadas del contexto internacional, especialmente el alza del petróleo.

La Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, aprobada a mediados de junio, incluyó también un aumento temporal a la tasa del impuesto sobre la renta para grandes empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales (unos USD 17 millones), fijándola en 30% durante tres años.

En julio, el efecto más notorio fue que el impuesto a las transferencias electrónicas aportó 2,622.1 millones de pesos (USD 44.7 millones) tras el ajuste de la tasa, mientras que la contribución de salida, aunque subió a USD 30 por pasajero, no alcanzó la meta mensual prevista.

La dominicana Carolina Mejía encabeza por segundo mes consecutivo el ranking de los alcaldes capitalinos mejor valorados de América Latina, con una aprobación del 57.5% en agosto de 2026, según la medición mensual de la consultora CBGlobalData sobre 18 capitales de la región.

La medición la ubica en el primer lugar regional por segundo mes seguido y le da una ventaja de 6.4 puntos porcentuales sobre el segundo, el salvadoreño Mario Durán. Es la única alcaldesa del continente que supera el 55% de imagen positiva, de acuerdo con ese relevamiento.

El mes de Mejía: Juegos y candidatura presidencial

El resultado llega en un agosto con alta visibilidad para la alcaldesa. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que ella misma calificó como “una bendición para la capital”, le dieron una plataforma de proyección nacional e internacional.

Al presidir los actos del 528 aniversario de la ciudad, destacó que la cobertura de normas urbanísticas pasó de menos del 40% a cerca del 80% del territorio regulado durante su gestión.

El ascenso en las encuestas también coincide con su posicionamiento como aspirante presidencial para 2028. La alcaldesa ha señalado que el Partido Reformista Social Cristiano (PRM) “se mantiene cohesionado” de cara a ese proceso.

Durán busca un tercer mandato con señales de desgaste

El alcalde de San Salvador, Mario Durán, mantiene el segundo puesto, pero con una caída de 0.7 puntos respecto de julio. La brecha entre su imagen positiva (51.1%) y la negativa (44.3%) se redujo a 6.8 puntos, la más ajustada desde que ocupa esa posición.

La caída llega en un momento en que Durán formalizó su candidatura para un tercer período consecutivo al frente de la alcaldía capitalina, en el marco de las elecciones internas de Nuevas Ideas celebradas en julio.

Mizrachi cae, pero la controversia lo mantiene visible

Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, es el que más retrocede entre los cinco primeros: perdió 2.5 puntos en un mes y quedó con un margen positivo de apenas 2.3 puntos (48.2% contra 45.9%). Fue el descenso más pronunciado del grupo.

La caída se produce en medio de un agosto agitado. El alcalde debió defender públicamente a su Policía Municipal tras una riña entre agentes y un exfuncionario que terminó con este último hospitalizado en estado crítico.

Semanas antes, en julio, su decisión de instalar rastreadores AirTags en los cargamentos de ayuda humanitaria enviados a Venezuela, para “mostrar transparencia con los donantes”, según explicó a NTN24, generó una reacción del gobierno venezolano.

En junio, Mizrachi llegó a registrar el 52.5% de aprobación y ocupaba el segundo lugar del ranking. La caída acumulada en dos meses supera los cuatro puntos.

Galán, el mayor repunte del mes

El dato más llamativo de agosto es el salto del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: subió 3.7 puntos porcentuales respecto de julio, el mayor avance mensual entre los cinco primeros. Con ese movimiento, pasó del sexto al tercer lugar del ranking regional.

El ascenso invierte una tendencia previa. En junio, Galán registraba una imagen negativa del 52,6%, con mayoría de calificaciones “muy malas”. En julio subió al 45,3% de aprobación. En agosto llegó al 49,0%, a solo 1,2 puntos de su imagen negativa: la brecha más estrecha entre los cinco primeros del listado.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cierra el top cinco con el margen más ajustado de todos: 0.6 puntos entre su imagen positiva (47.1%) y la negativa (46.5%).

La medición lo ubica en una posición estadísticamente volátil, donde cualquier variación menor puede sacarlo del grupo de los cinco primeros.

Agosto no fue un mes sencillo para Reggiardo. Las intensas lluvias del 16 de agosto dejaron 56 personas afectadas en Villa El Salvador, y el alcalde reconoció en el lugar que Lima “no está preparada” para este tipo de emergencias.

También tuvo que alinear su discurso con el del gobierno nacional: tras las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori pidiendo paciencia frente a la inseguridad, Reggiardo respaldó la postura y afirmó que “nadie puede pensar que la presidencia tiene que traer resultados de inmediato”.

El avance de 2,3 puntos respecto de julio, el segundo mayor del top cinco, sugiere que la ciudadanía limeña valora la actividad del alcalde, aunque el margen sigue siendo estrecho.

Un operativo ejecutado en las últimas horas en el sector de Villa Consuelo, en Santo Domingo, dejó como resultado la incautación de más de 19 millones de pesos dominicanos en bebidas alcohólicas, cigarrillos premium, estimulantes sexuales y medicamentos importados irregularmente.

El procedimiento, dirigido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), forma parte de una serie de acciones orientadas a reforzar los controles sobre el comercio ilícito en la República Dominicana.

De acuerdo con el MICM, la intervención permitió decomisar un total de 119,708 unidades de mercancía que se encontraban sin el registro sanitario correspondiente y presentaban múltiples irregularidades en el etiquetado, aproximadamente $320,000.

Las autoridades localizaron los productos en un establecimiento comercial manejado por ciudadanos chinos, donde además se detectó la comercialización irregular de estos artículos en flagrante incumplimiento de las normativas sanitarias y fiscales vigentes.

En el operativo participaron varias entidades, entre ellas el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Migración (DGM) y la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público. El trabajo interinstitucional permitió asegurar la cadena de custodia de los bienes decomisados y proceder con la detención de cinco ciudadanos haitianos, quienes se encontraban en situación migratoria irregular y fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, subrayó que la institución mantendrá una postura firme ante cualquier intento de operar al margen de la ley.

Destacó que estas acciones se inscriben dentro de los esfuerzos de la Mesa de Ilícitos, mecanismo de coordinación que busca combatir el contrabando y la evasión fiscal, así como proteger a la población frente a productos que representan un riesgo para la salud pública.

La mercancía incautada fue valuada preliminarmente en 19,482,180 pesos dominicanos y trasladada a la sede central del CECCOM bajo estrictos protocolos de custodia, en tanto se desarrolla el proceso administrativo y judicial correspondiente.

Las autoridades confirmaron que los productos decomisados carecían de los controles sanitarios exigidos y su etiquetado presentaba graves irregularidades, lo que evidenciaba su ingreso ilegal al mercado nacional.

El contexto de este operativo se enmarca en una serie de intervenciones recientes orientadas a desmantelar redes de comercialización ilícita en sectores clave de la economía dominicana. En los últimos meses, las autoridades han incrementado los controles en zonas comerciales y han fortalecido la cooperación interinstitucional para identificar y sancionar puntos de venta de productos sin documentación legal y con potenciales riesgos para los consumidores.

La detención de los ciudadanos haitianos se realizó tras verificar su estatus migratorio irregular durante el operativo, y su situación quedó en manos de los inspectores migratorios. Las autoridades reiteraron que la colaboración entre las distintas instancias estatales ha sido determinante para lograr resultados concretos frente a delitos como el contrabando y la evasión de impuestos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes indicó que continuará impulsando operativos similares, en coordinación con las entidades que integran la Mesa de Ilícitos, para enfrentar las actividades comerciales ilícitas y proteger tanto la salud de la población como los intereses fiscales del Estado. El operativo en Villa Consuelo refuerza el mensaje de tolerancia cero ante quienes vulneran las leyes comerciales y sanitarias en el país.

Miles de estudiantes dominicanos regresaron hoy a las aulas, marcando el inicio de un nuevo ciclo escolar en el país. El gobierno de República Dominicana recibió a más de 2.6 millones de alumnos en los diferentes niveles educativos, en una jornada encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, ubicada en Santo Domingo Este.

Durante el acto inaugural, Abinader destacó la relevancia de la educación como motor para el desarrollo nacional. “El país que aspiramos para 2036 solo se logrará con la formación de nuestra gente”, afirmó el mandatario, según recogieron las autoridades presentes. En su mensaje, agradeció el compromiso de los docentes y subrayó: “Nunca subestimemos el poder un maestro para cambiar una vida”. El presidente instó a fortalecer la colaboración entre escuela y familia para garantizar el éxito académico y personal de los estudiantes.

Por su parte, De Camps resaltó que el sistema público acogerá a alrededor de 2.6 millones de estudiantes en este nuevo periodo lectivo, cifra que representa un crecimiento respecto al ciclo anterior. El funcionario explicó que este aumento “redimensiona el significado del año escolar” y detalló que el sistema de transporte escolar (TRAE) inicia el ciclo con mejoras estructurales. “La meta es que más de 125 mil estudiantes sean parte de la educación en tecnologías y en artes, y que más de 400 mil en niveles avanzados de inglés”, puntualizó el titular de Educación.

El ministro hizo un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores para alcanzar consensos que permitan garantizar el derecho de los estudiantes a recibir sus horas de clases. “El ministerio tiene las puertas abiertas para los maestros, pero existe un derecho de los estudiantes a recibir sus horas de clases. Los estudiantes y su derecho a aprender deben estar por encima de todas las diferencias”, manifestó De Camps. Además, anunció la implementación de un protocolo específico para asegurar el cumplimiento de la jornada escolar y propuso avanzar hacia una educación menos politizada.

La ceremonia contó con la bendición del obispo de la Diócesis de Stella Maris, Manuel Antonio Ruíz de la Rosa, quien celebró el inicio del curso académico. Estudiantes de formación artística participaron con presentaciones de merengue, y la alumna de sexto grado, María Elizabeth Encarnación, expresó ante la comunidad el entusiasmo de los alumnos: “Estamos más listos que nunca”, recibiendo el aplauso de los asistentes.

En el contexto de los últimos años, el Ministerio de Educación ha impulsado mejoras en infraestructura, sumando más de 1,200 aulas nuevas al sistema y manteniendo un programa de jornada escolar extendida que beneficia a más de 600,000 estudiantes de nivel básico. El ciclo 2025-2026 cerró con una matrícula de 2.1 millones de estudiantes, según cifras oficiales. Durante ese periodo, se ejecutaron proyectos de construcción y rehabilitación de centros educativos, principalmente en zonas de alta densidad poblacional como el Gran Santo Domingo.

La apertura oficial del año escolar se desarrolló de forma simultánea en otras provincias, con la vicepresidenta liderando la ceremonia en Santiago. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo el acceso y la calidad educativa en República Dominicana, alineando los esfuerzos institucionales para el cumplimiento de las metas nacionales en materia de formación.

La República Dominicana registró el ingreso de miles de extranjeros de al menos 40 nacionalidades distintas durante el primer semestre de 2026, según datos de la Dirección General de Migración (DGM).

El flujo estuvo encabezado, con amplia distancia, por ciudadanos haitianos, venezolanos y colombianos, en un período en que el país también intensificó sus operativos de control fronterizo hasta alcanzar 196,321 deportaciones entre enero y junio.

Haití concentró el mayor volumen de ingresos en todos los períodos analizados, con cifras que oscilaron entre 214 y 361 personas por corte registrado.

El desglose por género muestra una leve predominancia femenina en la mayoría de los períodos, con registros como 263 mujeres frente a 78 hombres o 241 mujeres frente a 23 hombres, aunque algunos cortes invirtieron esa tendencia con mayoría masculina.

Venezuela ocupó el segundo lugar, con entradas que en varios trimestres superaron las 500 personas, seguida de Colombia, con un comportamiento similar y picos por encima de ese umbral.

Las nacionalidades que más ingresaron al país

Detrás de ese grupo principal, Estados Unidos registró una presencia constante, con cifras que rondaron las 101 personas por período y un pico de 413 ingresos. También aparecieron Italia, España, Países Bajos, Francia y Canadá, todos con entradas regulares de entre 100 y 200 personas por corte.

Alemania mostró un pico de 505 ingresos en un período específico, por encima de otros países europeos mencionados en el registro. Jamaica también registró un pico de 404 ingresos en uno de los cortes, mientras que Rusia alcanzó 312 en su registro más alto.

El resto de los países, entre los que figuran México, China, Nigeria, Puerto Rico, Brasil, Ecuador, Serbia, Pakistán, Israel, Afganistán, Líbano, Palestina, Bután, Taiwán y Guatemala, entre otros, aportó cifras menores, generalmente de entre 101 y 202 personas por período.

Deportaciones en paralelo

Mientras se registraban esos ingresos, la DGM ejecutó operativos de expulsión en el mismo semestre. Solo en junio, las autoridades repatriaron a 34,226 haitianos en situación irregular, según informó Infobae.

El acumulado del primer semestre llegó a 196,321 personas deportadas y, desde octubre de 2024, cuando el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester asumió la conducción de la DGM, la cifra total de repatriaciones alcanzó 670,500 personas.

Los principales puntos de salida fueron Dajabón, con 60,163 procesamientos entre enero y junio, y Haina, con 58,942, seguidos de Elías Piña con 30,502, Jimaní con 23,629 y Pedernales con 12,404.

La vía legal de la migración

El ingreso documentado convive con una demanda sostenida de regularización. Según datos de Listín Diario, entre enero y noviembre de 2025 la DGM emitió 32,174 residencias a ciudadanos de 125 nacionalidades.

Los haitianos lideraron también ese listado, con 9,184 residencias otorgadas, equivalentes al 28.5% del total. Venezuela fue segunda, con 4,679, seguida de China con 2,750, Colombia con 1,948, Estados Unidos con 1,913, Cuba con 1,716 y España con 1.571.

El 80% de las residencias emitidas correspondió a la categoría temporal, renovable cada año, según esos datos.

Casi ocho de cada diez empresas en República Dominicana tienen al frente a un hombre. El 77.7% de los puestos de máxima autoridad empresarial están ocupados por líderes masculinos, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), lo que evidencia una marcada desigualdad en el acceso de las mujeres a los cargos directivos. A pesar de pequeños avances en algunos sectores, el liderazgo femenino sigue siendo minoritario y se concentra en áreas de menor peso económico.

El informe de la ONE, basado en la Encuesta Nacional de Actividades Económicas 2025, señala que solo el 15.9% de las compañías designa a una mujer como la máxima autoridad. El liderazgo compartido entre ambos sexos se reporta en apenas el 5.8% de las empresas, una proporción baja que muestra la dificultad de alcanzar un equilibrio real en la distribución de poder. Además, el 0.6% de las firmas optó por no responder sobre la identidad de su principal directivo.

La brecha no se limita a los cargos, sino que también abarca la capacidad de generación de empleo. Las empresas lideradas por hombres concentran el 82.5% del total de empleados en el sector privado, mientras que las dirigidas por mujeres aportan solo el 12%. Las firmas encabezadas por hombres suelen contar con más de 250 trabajadores, mientras que las lideradas por mujeres tienen entre 16 y 49 empleados. En los casos de jefatura compartida, la media de personal oscila entre 16 y 29 personas.

El análisis sectorial revela que la supremacía masculina se mantiene en industrias como suministro de electricidad, explotación de minas y canteras e industrias manufactureras. En contraste, el liderazgo femenino se observa principalmente en alojamiento, servicios de comida y comercio. Las áreas donde se registra mayor equilibrio en la dirección como información, comunicaciones y suministro de agua siguen siendo excepciones dentro del universo empresarial.

El informe de la Oficina Nacional de Estadística también subraya diferencias según el nivel de ingresos de las empresas. El liderazgo masculino predomina en compañías con ingresos anuales superiores a 500 millones de pesos dominicanos (8.6 millones de dólares), mientras que las mujeres son mayoría en empresas cuyos ingresos no superan los 10 millones de pesos. Esta tendencia refuerza la idea de que el avance femenino se concentra en segmentos de menor tamaño y facturación.

En relación con la edad, el 71.7% de los principales líderes hombres supera los 46 años, y en el caso de las mujeres el porcentaje baja al 65.5 %. La antigüedad promedio de quienes ocupan la máxima autoridad en las empresas es de 11 años, mientras que otros grupos registran entre tres y diez años en el cargo.

En cuanto al nivel educativo, el 51.6 % de las personas que encabezan empresas posee un título universitario, seguido por quienes cuentan con estudios de posgrado, maestría o doctorado, y luego por quienes tienen educación secundaria, técnica profesional o primaria.

La ONE destaca que la presencia femenina en los puestos de liderazgo sigue siendo baja y que el porcentaje de empresas con una distribución similar de cargos entre hombres y mujeres permanece limitado. Los datos reflejan que, pese a la participación creciente de las mujeres en el mercado laboral, el acceso a la cúpula directiva sigue siendo un desafío en República Dominicana.

El presidente Luis Abinader recibió una medalla de reconocimiento por el respaldo que, según la Presidencia de la República, resultó decisivo para el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Durante el acto también fueron homenajeados los integrantes del Comité Organizador y dirigentes deportivos destacaron el impacto de la competencia.

La distinción consistió en una medalla institucional cuya inscripción agradece la labor del jefe de Estado en apoyo al comité organizador de los juegos. La presea fue entregada por Marcos Valespín, presidente de la Federación Dominicana de Golf, a Félix Sánchez, medallista olímpico dominicano en los 400 metros con vallas, para que se la impusiera al mandatario.

El reconocimiento al mandatario fue promovido por la Federación Dominicana de Golf, la Asociación de Clubes de Campos de Golf, la Fundación Creando Sueños Olímpicos y el expresidente del Comité Olímpico Dominicano José Joaquín Puello.

El acto puso el foco en el legado de infraestructura y formación

José Joaquín Puello afirmó que se trató de “los mejores juegos de la historia” y vinculó ese resultado al papel de Abinader en la preparación de la justa. También sostuvo que el legado de estos juegos centenarios será reconocido en los años por venir y quedará inscrito en la historia.

Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, agradeció al presidente la inversión económica destinada al certamen y su implicación en el proceso organizativo. A su juicio, esos aportes permitieron consolidar una edición para la región.

José Monegro, presidente del Comité Organizador, señaló que el principal saldo fue material y humano. Destacó la formación de recursos humanos altamente capacitados y la construcción de instalaciones con certificación internacional.

Entre esas obras mencionó la piscina olímpica, la Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto y los pabellones de Voleibol y Gimnasia. Monegro agregó que la calidad de esos recintos exige una estructura de gestión propia para asegurar su conservación.

Por eso propuso la creación de una dirección con autonomía para garantizar el mantenimiento continuo y la preservación de las edificaciones deportivas levantadas o acondicionadas para la competencia.

Dirigentes deportivos atribuyeron al Gobierno el sostén de la organización

El ministro de Deportes Kelvin Cruz valoró el apoyo del presidente en cada etapa de la preparación y ejecución de los juegos. Según explicó, ese respaldo se expresó en la disposición de recursos económicos, humanos y logísticos para sacar adelante el evento.

La Presidencia de la República presentó ese acompañamiento como uno de los factores que explican el resultado final de Santo Domingo 2026. En esa misma línea, las entidades que impulsaron el homenaje dejaron asentado en la inscripción de la medalla que la labor de Abinader fue “extraordinaria” en apoyo al comité organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La edición del centenario de la justa regional más antigua del mundo se celebró en la República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto, reuniendo a más de 6,000 atletas de 37 países que compitieron en 40 deportes y 53 disciplinas.

La disputa tecnológica global entre Estados Unidos y China se intensificó durante el fin de semana en la República Dominicana, donde ambas embajadas protagonizaron un enfrentamiento público por la seguridad de las tecnologías chinas en el país. Según informó el medio dominicano Diario Libre, el intercambio tuvo lugar tras una advertencia de la representación estadounidense sobre el uso de equipos de empresas chinas en la región pero la china rechazó las acusaciones y las calificó de invención.

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo difundió a través de su cuenta en la red social X un mensaje que reiteró las preocupaciones de Washington respecto a compañías como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI. De acuerdo con la advertencia, estas empresas están sujetas a la legislación china, la cual las obliga a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing.

El comunicado estadounidense alertó sobre riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de redes, e instó a los países aliados en América a reemplazar estos equipos por tecnología de proveedores considerados confiables. Diario Libre detalló que el mensaje no identificó instituciones dominicanas específicas que usen estos equipos ni mencionó incidentes concretos en el país.

La respuesta de la Embajada de China en República Dominicana no se hizo esperar. El embajador Chen Luning reaccionó con fuertes críticas hacia Estados Unidos, calificando las acusaciones como una “pura invención” y un reflejo de una “mentalidad de la Guerra Fría”. Según recogió Diario Libre, el diplomático expresó la “fuerte insatisfacción y resuelta oposición” de su gobierno, y defendió que las empresas tecnológicas chinas cumplen las leyes locales y ofrecen tecnologías, precios y servicios.

“Las compañías chinas que operan en América Latina y el Caribe, incluida República Dominicana, cumplen estrictamente las normativas de cada país”, sostuvo el embajador. Además, afirmó que las advertencias estadounidenses constituyen un ejercicio de “intimidación tecnológica y coacción unilateral”.

La disputa por la infraestructura tecnológica

Durante el cruce, la representación diplomática de China pidió a Estados Unidos que abandone lo que denominó como “manipulación política y declaraciones irresponsables”, y reclamó respeto por el derecho de los Estados soberanos a elegir libremente a sus socios tecnológicos. Diario Libre subrayó que la controversia refleja una competencia estratégica de larga data entre Washington y Beijing por el control de infraestructuras digitales, redes de telecomunicaciones y sistemas de vigilancia en distintos países.

El episodio sitúa a República Dominicana en el centro de una disputa que trasciende los límites regionales. Mientras Estados Unidos plantea la cuestión como un asunto de seguridad nacional y protección de datos, China sostiene que Washington busca excluir a sus empresas del mercado a través de argumentos políticos y presión sobre terceros países. “Estados Unidos debe dejar de interferir en el derecho de los Estados soberanos a elegir con quién cooperan”, reclamó el embajador Chen según consignó Diario Libre.

Por el momento, el gobierno dominicano no ha fijado públicamente una posición respecto a este intercambio entre sus dos principales socios. El desarrollo de esta controversia mantiene la atención sobre la influencia global de las potencias y las implicancias para la política tecnológica de la región, según la cobertura de Diario Libre.

El presidente Luis Abinader lanzará este lunes 24 de agosto “LA Agenda Semanal”, un nuevo espacio de trabajo y comunicación que se emitirá en vivo cada lunes a las 17:00 para mostrar cómo supervisa, junto a ministros y funcionarios, la ejecución de las principales prioridades nacionales.

De acuerdo con el anuncio emitido este domingo por la Presidencia de la República, el programa tendrá una frecuencia semanal y abordará un tema distinto en cada edición, con revisiones directas sobre economía, seguridad ciudadana, infraestructura, salud, vivienda, energía y otras áreas del Gobierno.

La primera entrega estará dedicada al inicio del año escolar, que inicia este lunes. En esa reunión ejecutiva, Abinader trabajará con el equipo del sector Educación, encabezado por el ministro Luis Miguel De Camps, para revisar la preparación del sistema de cara al regreso a las aulas.

La primera edición se enfocará en el inicio del año escolar

Según la información oficial, durante ese encuentro se examinarán las acciones desarrolladas para el comienzo de clases, la situación de los centros educativos, la disponibilidad de recursos, los avances alcanzados, los desafíos pendientes y las prioridades inmediatas del sector.

Ese primer episodio busca responder, con base en la dinámica interna de trabajo del Ejecutivo, dónde está cada tema, qué se logró, qué dificultades persisten, qué falta por hacer, qué decisiones deben tomarse y cuáles serán los próximos pasos.

La nueva plataforma funcionará como una reunión ejecutiva encabezada por Abinader con ministros, directores y funcionarios responsables del área seleccionada en cada sesión. La transmisión en vivo permitirá que la ciudadanía observe esa instancia de seguimiento, evaluación y toma de decisiones.

El espacio mostrará la revisión de indicadores y la coordinación de decisiones

La Presidencia explicó que el objetivo es exponer una dimensión de la gestión pública que suele quedar fuera de la vista: el trabajo previo y permanente detrás de cada decisión, cada política pública y cada resultado. En ese marco, el presidente escuchará a sus equipos, hará preguntas, revisará indicadores, evaluará compromisos y fijará las acciones necesarias para avanzar en cada asunto tratado.

El formato está concebido para mostrar la mesa de trabajo en la que se supervisa la ejecución, se revisan resultados, se identifican obstáculos y se coordinan soluciones con los funcionarios responsables de cada área. La propuesta apunta a que la población conozca no solo qué hace el Gobierno, sino también cómo organiza su implementación.

La educación será el punto de partida de una agenda variable que cambiará semana a semana según las prioridades nacionales definidas por el Ejecutivo. La transmisión en vivo de LA Agenda Semanal quedará fijada para todos los lunes a las 17:00.

Vale destacar que el presidente Abinader, en otro formato, ha tenido encuentros con distintos sectores de la sociedad en donde él de vivita llega a escuchar sus ideas y solicitudes.

Ejemplo de ello ha sido cuando Abinader asiste a escuelas primarias y estudiantes intercambian con el sus propuestas sobre el sistema educativo dominicano. Otro caso ha sido con el sector de ganaderos del país.

Con el inicio del año escolar 2026-2027, programado para el lunes 24 de agosto, llega con nuevas restricciones y operativos especiales en los entornos escolares de República Dominicana, coordinados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESSETT).

Las autoridades anunciaron la activación de un plan integral para reducir la congestión vehicular y reforzar la seguridad vial, según informaron en un comunicado este domingo.

Como parte central del dispositivo, el INTRANT detalló que queda prohibido estacionar y detenerse en zonas señalizadas frente a los centros educativos durante los horarios de mayor flujo, medida que busca ordenar la circulación y evitar embotellamientos en accesos y salidas. La institución subrayó la importancia de respetar esta disposición, junto con la canalización de carriles mediante conos y la asistencia permanente de agentes de la DIGESSETT en áreas críticas.

El plan, desarrollado en coordinación entre ambas entidades, apunta a intervenir especialmente en los colegios y escuelas con mayor incidencia de congestión, donde se implementarán patrones de circulación exclusivos para padres y tutores, así como salidas escalonadas por niveles educativos. De acuerdo con el INTRANT, la iniciativa incluye también la supervisión estricta de los cambios de sentido de circulación establecidos para horarios específicos y la promoción de vehículos compartidos y transporte colectivo privado entre la comunidad educativa.

“Solicitamos a padres, tutores y conductores colaborar estrictamente con las disposiciones para garantizar la seguridad y la fluidez en los entornos escolares”, destacó el INTRANT en su llamado a la ciudadanía. El organismo recordó que la velocidad máxima permitida en zonas escolares es de 20 kilómetros por hora, lo que equivale a 12 millas por hora, y que el incumplimiento de esta norma, junto con la prohibición de estacionar, será objeto de sanciones.

Por su parte, la DIGESSETT asignó equipos de agentes que apoyarán la regulación y la organización del tránsito en los puntos más congestionados, según confirmó la propia dirección. Las autoridades insistieron en que el respeto a la señalización especial y a los horarios diferenciados de acceso y salida resulta clave para reducir los riesgos y evitar incidentes.

Medidas en el Distrito Nacional

De igual manera, la DIGESSETT también elaboró un plan con acciones en 23 centros educativos priorizados del Distrito Nacional, con señalización, canalización de carriles, patrones de circulación y organización de las zonas de ascenso y descenso.

Entre las medidas adicionales, las autoridades de transito recomendaron priorizar el uso de transporte escolar autorizado y limitar el ingreso de vehículos particulares a las áreas inmediatas de los planteles, como parte de una estrategia integral para mejorar la convivencia vial al regreso de clases.

La coordinación entre autoridades de transito y comunidades educativas se presenta como un factor esencial para el éxito del operativo, que se mantendrá durante las primeras semanas del ciclo y se reforzará en función del comportamiento de la circulación. Las instituciones reiteraron que la colaboración de todos los actores resulta vital para lograr entornos escolares seguros y ordenados en este retorno a las aulas.

El incendio que afectó al Parque Nacional Valle Nuevo fue controlado después de treinta y seis horas de labores continuas por parte de bomberos forestales y personal del área protegida, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Como resultado del siniestro, las autoridades dispusieron el cierre temporal al público para proteger tanto a los visitantes como al ecosistema.

Los equipos de emergencia permanecen desplegados en la zona realizando tareas de liquidación y seguimiento, con el objetivo de eliminar cualquier punto que pudiera reactivarse. La institución comunicó que la vigilancia en el área es permanente y que las brigadas solo se retirarán cuando la totalidad del incendio esté completamente sofocada.

El incendio se produjo en la zona conocida como La Cueva, durante un periodo del año en el que se incrementa la incidencia de fuegos forestales en el país, según información de Diario Libre. Las condiciones climáticas —altas temperaturas, escasa precipitación y sequedad— aumentaron la vulnerabilidad de los ecosistemas y favorecieron la propagación del fuego. A estos factores naturales se suman los vientos fuertes y la acción humana, que incrementan el riesgo de nuevos focos.

El acceso al parque nacional sigue restringido hasta que existan condiciones seguras para los visitantes. La reapertura dependerá de la evaluación constante que realiza el Ministerio de Medio Ambiente en el terreno, en coordinación con los equipos técnicos y los bomberos forestales.

La situación de Valle Nuevo responde a un contexto más amplio de riesgo ambiental. La temporada seca y los cambios climáticos extremos han propiciado un aumento en la frecuencia de los incendios forestales en diferentes regiones del país. Las autoridades han reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas y de colaboración ciudadana para evitar que se repitan episodios similares, de acuerdo con reportes de Diario Libre.

El Ministerio de Medio Ambiente confirmó que el fuego ha sido controlado tras las intensas labores, pero el parque permanece cerrado y bajo monitoreo. El acceso solo será restablecido cuando no exista ningún riesgo para la población ni para los recursos naturales.

Importancia ambiental y cierre temporal

El Parque Nacional Valle Nuevo es una de las áreas protegidas más significativas de la cordillera Central. Su valor radica en que forma parte del conjunto conocido como “Madre de las Aguas”, junto con los parques nacionales Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez, Nalga de Maco y la Reserva Científica Ébano Verde. Esta región abastece de recursos hídricos a múltiples actividades productivas, lo que subraya la importancia de preservar sus ecosistemas.

El cierre temporal del parque busca resguardar tanto la biodiversidad como la seguridad de los visitantes.

Contexto: antecedentes de incendios en Valle Nuevo

El 27 de febrero de 2023, mientras el país conmemoraba el 179 aniversario de su independencia, el Parque Nacional Valle Nuevo enfrentó uno de los incendios más devastadores en más de una década. Según fuentes oficiales, la madrugada anterior, un agricultor de la comunidad Agua de Las Piedras, en Azua, prendió fuego a un predio en la zona de amortiguamiento para sembrar, ignorando las advertencias de las autoridades. La acción terminó con el arresto del responsable, pero el fuego se descontroló rápidamente.

El siniestro requirió más de nueve días de extensas labores de mitigación y la intervención de más de cien bomberos y voluntarios. La principal víctima de aquel incendio fueron cientos de hectáreas de bosque de pino criollo. Tres años después, aún se observan troncos calcinados y suelos áridos, evidencia de la fragilidad de estos ecosistemas.

Se prevé que la nueva plataforma de pagos instantáneos entre en funcionamiento en la República Dominicana durante el primer semestre de 2027. En una primera fase, permitirá transferencias de fondos entre personas físicas y jurídicas. Posteriormente, se incorporarán servicios como pagos a comercios, operaciones mediante QR, transferencias para servicios gubernamentales, interoperabilidad entre terminales de puntos de venta y cajeros automáticos, así como pagos internacionales y nuevas formas de iniciar transferencias.

Este desarrollo responde a la necesidad de facilitar operaciones rápidas y seguras, tanto para los usuarios habituales del sistema bancario como para pequeñas empresas y sectores informales que suelen enfrentar barreras para acceder a servicios formales. El objetivo central es ampliar la posibilidad de integración financiera a más personas y negocios, propiciando un entorno digital más inclusivo.

El Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos (SGPI) fue anunciado oficialmente por el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, en noviembre de 2024. La iniciativa está enmarcada en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2022-2030, que plantea ampliar el acceso a productos y servicios financieros, fomentar la innovación y la competencia, y fortalecer la protección al usuario y la educación financiera de la población.

Características principales y funcionamiento

El sistema de pagos instantáneos busca que distintos proveedores, tanto grandes como pequeños, puedan operar bajo reglas y condiciones técnicas similares. El diseño favorece la conexión entre todos los actores del sector, independientemente de su tamaño, bajo un esquema de normas y procesos comunes. Esto facilita la integración y la eficiencia en las operaciones.

El sistema incorpora alternativas digitales y opciones como el uso de alias —correo electrónico, número de celular, registro fiscal o código alfanumérico— que permiten realizar transferencias sin necesidad de compartir el número de cuenta. El enfoque incluye a personas y sectores que históricamente no han accedido a servicios formales y promueve la reducción del uso de efectivo y los gastos asociados a su manejo.

La plataforma sustituirá al actual servicio de Pagos al Instante BCRD, que desde 2014 opera sobre la infraestructura de liquidación bruta en tiempo real (LBTR). Esta estructura ha mostrado un crecimiento notable desde 2008, llegando a procesar 46 millones de pagos en 2025, con un aumento promedio anual de 46.1%. El servicio de pagos inmediatos, disponible en pesos dominicanos, USD y euros, ha registrado un crecimiento anual medio de 62%. Ante este contexto, las autoridades decidieron actualizar el sistema para sumar nuevas funcionalidades y alinearlo con estándares internacionales.

El soporte tecnológico de la plataforma cuenta con la colaboración del Banco Mundial y la empresa sueca CMA Small Systems, seleccionada por su experiencia internacional en sistemas de pagos instantáneos. La preparación incluyó la formación de equipos técnicos, la realización de foros con bancos centrales de la región y la implementación de un entorno de pruebas para adaptar el sistema a las condiciones locales.

Alcance, protección al usuario y contexto regional

La República Dominicana forma parte desde 2011 del Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica y República Dominicana (SIPA), que permite transferencias entre entidades financieras de la región. El nuevo sistema segmentará operaciones según su monto, reducirá los tiempos de acreditación a 10 segundos, validará cuentas y confirmará la acreditación final. El servicio estará disponible de forma continua durante todo el año, abierto también a entidades no bancarias y con una variedad de instrumentos y canales de pago.

Según el Global Findex 2025 del Banco Mundial, el 65% de la población adulta en el país tiene acceso a servicios bancarios. El SGPI busca incrementar ese porcentaje mediante el acceso a servicios digitales y la eliminación de barreras para sectores informales, micro y pequeñas empresas.

El proyecto prevé mecanismos para la protección al usuario, con reglas específicas para reclamos, prevención de fraudes y mitigación de riesgos. Se espera que la implementación de la plataforma contribuya a la reducción del uso de efectivo, mejore la trazabilidad de las operaciones y beneficie tanto a quienes ya utilizan servicios financieros como a quienes tradicionalmente han estado fuera del sistema.

La República Dominicana incorpora este sistema en un contexto donde otros países de la región, como Brasil, México, Colombia, Costa Rica y Paraguay, ya han implementado plataformas de pagos electrónicos con características similares. El lanzamiento del SGPI representa un ajuste en la infraestructura nacional de pagos, con el propósito de responder a las dinámicas y necesidades actuales del entorno económico y digital.