El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el túnel de la Plaza de la Bandera en Santo Domingo, una obra con la que el Gobierno de República Dominicana busca agilizar la salida hacia la región Sur, reducir la congestión en uno de los puntos de mayor tráfico de la capital y consolidar un corredor vial para la conectividad del Gran Santo Domingo, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

La intervención beneficiará a unas 300,000 personas y fue diseñada para movilizar 2,500 vehículos por hora, de acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. El funcionario añadió que el túnel forma parte de la segunda etapa de la solución vial de la zona.

El nuevo sistema vial tiene una longitud de 1,2 kilómetros y cuatro carriles. La infraestructura permite el paso soterrado por debajo de la Plaza de la Bandera para dar continuidad a la avenida Gregorio Luperón y eliminar uno de los principales cuellos de botella del tránsito hacia las provincias del Sur.

Abinader sostuvo, citado por la publicación oficial, que se trata de una de las obras de su gestión en movilidad urbana por su efecto en los tiempos de desplazamiento, la descongestión vehicular y la seguridad de quienes usan ese corredor cada día.

La obra se financió con RD$ 3,300 millones obtenidos tras la renegociación con Aerodom

El presidente explicó que el proyecto requirió una inversión de RD$ 3,300 millones (56,348.26 dólares estadounidenses). También indicó que esos recursos provinieron de la renegociación del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom.

Según el mandatario, los fondos comenzaron a traducirse en infraestructura para la población. En su intervención, planteó que esa reasignación de recursos fortalece la competitividad del país, mejora la seguridad vial y genera bienestar para miles de familias.

Abinader recordó que la rotonda de la Plaza de la Bandera llegó a soportar más de 2,500 vehículos por hora en los momentos de mayor demanda. Ese volumen, señaló, provocaba congestionamientos para quienes se desplazaban entre el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y las provincias del Sur.

El jefe de Estado vinculó la inauguración con un plan más amplio de modernización vial orientado a reforzar la conectividad con el Sur. En esa estrategia incluyó el paso a desnivel de Pintura, las circunvalaciones de Baní y Azua, el avance del teleférico de Santo Domingo hacia Haina, su conexión con el Metro de Los Alcarrizos y mejoras en las carreteras que comunican San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

El proyecto mantuvo la Plaza de la Bandera como espacio público

La intervención también incluyó la renovación integral de la Plaza de la Bandera, que el presidente definió como un espacio de la identidad nacional. De acuerdo con la información oficial, el diseño buscó modernizar la infraestructura vial sin afectar el patrimonio histórico del lugar.

Durante el acto dijo: “Debajo de esta plaza circulará el futuro; sobre ella permanece nuestra historia”.

Estrella informó que la obra comenzó en febrero de 2025 y fue ejecutada en aproximadamente un año y medio, un plazo para una infraestructura de esa magnitud. Añadió que el túnel cuenta con sistemas de ventilación y extracción de gases, equipos contra incendios, plantas eléctricas de emergencia, monitoreo conectado al Sistema 911 y un cuarto de control para su operación.

En la inauguración estuvieron presentes el expresidente Hipólito Mejía, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; y el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.

El nombramiento de Virnaliz Jiménez Cruz como científica-investigadora en el Centro de Resiliencia Familiar de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign marca el inicio de una nueva etapa en su vida profesional. Su llegada a este puesto es el resultado de un recorrido académico que la llevó, en diciembre de 2025, a obtener el doctorado en Desarrollo Humano y Estudios de Familia en esa misma universidad.

El día en que recibió la noticia de su selección, tras un exigente proceso académico descrito por Listín Diario, fue también un reconocimiento a más de una década dedicada a la investigación y la publicación de estudios en revistas científicas de alto impacto. Ahora, en una universidad que reúne a más de 59.000 estudiantes procedentes de los 50 estados de Estados Unidos y de 129 países, Virnaliz tendrá la misión de diseñar y ejecutar proyectos, construir alianzas comunitarias, redactar informes técnicos y representar a la institución en foros internacionales.

La historia de Virnaliz comienza en el Bronx, Nueva York, en una familia dominicana que siempre mantuvo la referencia a la República Dominicana como un valor central. Hija del ingeniero agrónomo Virgilio Jiménez, de Bonao, y de la licenciada en Contabilidad Mercedes Cruz, de Pimentel, creció en Magnolia, Carolina del Norte, donde realizó la primaria y secundaria.

El interés por las dinámicas familiares y la resiliencia la llevó a estudiar Psicología en la Universidad de Carolina del Norte. Más tarde, en Illinois, completó la maestría y el doctorado, mientras impartía clases, lideraba equipos de investigación y publicaba estudios sobre resiliencia familiar.

El entorno universitario en el que se integra cuenta con 15 facultades y más de 20 institutos de investigación, un marco donde la labor de Virnaliz se centrará en la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos, la colaboración con instituciones y socios comunitarios, y la elaboración de manuscritos e informes técnicos.

En su familia, el compromiso con la educación trasciende generaciones. Sus hermanos, Carmerci y Virgilio, se graduaron en Ciencias de la Computación y en Comunicación y Redes. Listín Diario destaca que sus padres les transmitieron la convicción de que la identidad nacional no se pierde con la distancia, una idea que Virnaliz ha expresado públicamente al exhibir la bandera dominicana en sus graduaciones.

El itinerario de Virnaliz Jiménez Cruz, desde Nueva York y Carolina del Norte hasta Urbana-Champaign, suma ahora un nuevo capítulo en la ciencia aplicada al desarrollo humano y la familia, y refuerza el papel de la diáspora dominicana en la academia de Estados Unidos.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso que buscaba forzar la actualización por inflación del umbral exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en una decisión aprobada el 16 de julio de 2026. El fallo evitó un pronunciamiento de fondo sobre la congelación aplicada en el Presupuesto de 2025 y perfila el tratamiento de otra impugnación similar sobre el presupuesto de 2026.

Según Diario Libre, la alta corte rechazó la acción porque la norma atacada ya no estaba vigente cuando resolvió el caso. El recurso había sido depositado en enero de 2025 y el tribunal falló cerca de un año y medio después, cuando ese presupuesto ya se había ejecutado por completo.

La sentencia TC/0557/26 concluyó que el artículo 45 de la Ley 80-24, que aprobó el Presupuesto General del Estado para 2025, dejó de producir efectos con la entrada en vigor del presupuesto siguiente. Para el tribunal, carecía de objeto pronunciarse sobre la constitucionalidad de una disposición ya extinguida.

¿Qué discutía la acción sobre el ISR?

La controversia giraba sobre una cuestión concreta: si el Gobierno podía seguir suspendiendo la indexación anual de los tramos del Impuesto sobre la Renta para personas físicas. Esa indexación está prevista en los artículos 296 y 327 del Código Tributario, que ordenan ajustar cada año esos montos de acuerdo con la inflación para evitar que la suba general de precios aumente la carga tributaria sin una mejora real del poder adquisitivo.

Actualmente, los trabajadores con ingresos mensuales superiores a 34.685 pesos comienzan a pagar Impuesto sobre la Renta (592.61 dólares estadounidenses aproximadamente). Ese umbral permaneció congelado durante varios años, pese al avance de la inflación.

Desde 2017, las leyes anuales de presupuesto suspendían ese mecanismo de ajuste. El resultado fue que, durante casi una década, más asalariados quedaron alcanzados por el tributo a medida que sus ingresos nominales aumentaban por efecto de los precios.

Esa situación cambió de manera parcial con la reciente Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. La norma elevó el salario exento del ISR a más de 40.000 pesos mensuales a partir de enero de 2027.

Los argumentos de la demanda y las diferencias en el tribunal

La acción de inconstitucionalidad había sido presentada por la asociación sin fines de lucro Vox Libertaria contra el artículo 45 de la Ley 80-24. Los demandantes sostenían que dejar sin efecto para 2025 el ajuste por inflación vulneraba el derecho de propiedad, el derecho a un salario justo, la igualdad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica.

También pidieron al TC conocer el fondo del asunto aunque la ley perdiera vigencia durante el proceso. Su argumento era que la suspensión de la indexación no era un hecho aislado, sino una práctica repetida cada año mediante las leyes de presupuesto.

El criterio de inadmisibilidad no fue unánime. La magistrada Alba Luisa Beard Marcos votó en contra al entender que el tribunal debió examinar el fondo por tratarse de una controversia de interés público y de una práctica recurrente.

A juicio de Beard Marcos, el TC no debía abstenerse de decidir solo porque la norma perdió vigencia durante la tramitación. Su posición apuntó a que la repetición anual de esa técnica legislativa ameritaba control constitucional aun después del vencimiento formal de la ley cuestionada.

En un voto salvado, el magistrado Amaury A. Reyes Torres coincidió con la decisión por respeto al precedente vigente, pero propuso revisar ese criterio. Advirtió que las disposiciones de vigencia temporal, como las contenidas en las leyes anuales de presupuesto, pueden escapar de forma sistemática al control constitucional si dejan de regir antes de que el tribunal falle, tal como consignó el medio local.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) lanzó un llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para que cumpla de manera inmediata los compromisos asumidos con el magisterio nacional, luego de la conclusión del proceso de Evaluación del Desempeño Docente. El gremio docente sostiene que, tras haber cumplido con todas las etapas del proceso, los maestros esperan la publicación oficial de los resultados, la aplicación de incentivos y el pago de los retroactivos acordados.

De acuerdo con la ADP, miles de maestros y maestras participaron en la evaluación, cumpliendo con la planificación, autoevaluaciones y ejercicios de rendimiento profesional, así como la preparación de recursos didácticos y la dedicación de largas horas adicionales. El sindicato destaca que el esfuerzo del magisterio se realizó confiando en la palabra del Gobierno y en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación.

El proceso de Evaluación del Desempeño, que debía realizarse cada tres años según la Ley General de Educación No. 66-97 y el Estatuto del Docente, había acumulado un retraso desde 2017. El acuerdo firmado en 2023 permitió destrabar una situación que afectaba derechos profesionales, laborales y económicos de decenas de miles de docentes. La ADP señala que la responsabilidad histórica del gremio se ha cumplido y que ahora corresponde al Estado honrar su parte.

Las exigencias de los docentes

La organización gremial reclama al Ministerio de Educación la publicación inmediata de las calificaciones finales, la divulgación íntegra del protocolo de revisión, reclamación y apelación, así como la aplicación de los incentivos económicos correspondientes a las categorías alcanzadas por los docentes evaluados. Además, exige el pago retroactivo para quienes participaron y concluyeron satisfactoriamente el proceso. “No existe ninguna justificación para retrasar la aplicación de estos derechos”, subraya la directiva nacional de la ADP.

En su comunicado, la ADP advierte que el conflicto actual no es provocado por el magisterio ni por la organización, sino por el incumplimiento de los acuerdos suscritos. El Comité Ejecutivo Nacional del gremio ha convocado a una reunión urgente para definir un plan de lucha y acciones gremiales, con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos conquistados por los docentes. El sindicato insiste en que las decisiones se adoptarán dentro del marco constitucional y legal, y pide a sus miembros mantenerse atentos a las orientaciones oficiales.

La dirigencia de la ADP subraya que la dignidad del magisterio y la confianza en las instituciones dependen del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. “Cuando se incumple la palabra empeñada, se debilita la confianza en las instituciones”, sostiene el gremio. Además, recalca que la evaluación y los beneficios derivados de ella son un derecho legítimamente ganado por los docentes y que la organización no descansará hasta que cada maestro reciba la calificación que le corresponde y ejerza plenamente sus derechos de revisión y apelación.

El sindicato docente asegura que continuará actuando con serenidad, responsabilidad y firmeza, y que la unidad del magisterio será su principal fortaleza. La ADP concluye que la historia respalda sus reclamos y que la organización seguirá defendiendo los derechos del magisterio nacional hasta las últimas consecuencias.

El paquete de reformas al Código Penal dominicano recibió luz verde en la Cámara de Diputados tras una intensa revisión que impacta de manera directa sobre las sanciones de varios delitos. Entre las modificaciones de mayor peso, la pena por malversación de fondos públicos se eleva a un rango de cinco a 10 años de prisión, superando el marco actual, lo que endurece el castigo para quienes cometan este delito bajo la administración pública.

Según informó Listín Diario, la votación aprobó en primera lectura un total de 32 cambios distribuidos en 24 artículos, abarcando desde ajustes en las figuras de perjurio y difamación hasta la redefinición de conductas como el acoso y la violencia intrafamiliar. El nuevo texto legal introduce, además, precisiones sobre la difusión no consentida de imágenes y audios, así como nuevas exclusiones y limitaciones para las sanciones por difamación, especialmente cuando se trate de expresiones en medios de comunicación o relacionadas con la función pública.

Cambios en perjurio, difamación y libertad de expresión

La reforma establece que la pena por perjurio desciende de un rango de cinco a 10 años a un intervalo de dos a cinco años de prisión. Para la difamación, la sanción ahora se ubica entre uno y dos años, frente a los dos a cinco años previstos antes. Además, el artículo correspondiente añade que este delito no será castigado si ocurre mediante medios de comunicación, transmisiones en línea o espacios digitales.

En cuanto a la protección de la libertad de expresión, se especifica que no serán actos difamatorios ni injuriosos aquellas opiniones y críticas sobre corrupción, políticas públicas o servicios públicos, siempre que cuenten con pruebas o verificación razonable. Esta protección busca blindar la crítica fundamentada frente a posibles represalias judiciales.

La nueva regulación sobre difusión de imágenes sin consentimiento delimita la sanción a casos en que la privacidad se vea vulnerada en el ámbito privado o cuando exista una expectativa razonable de discreción. El tiempo mínimo de prisión baja a quince días, aunque la pena máxima se mantiene en hasta un año.

Redefinición de hostigamiento, bullying y delitos cibernéticos

El concepto de bullying desaparece como tal de la ley y es sustituido por el de hostigamiento. El hostigamiento agravado contempla penas de uno a dos años si la víctima tiene una discapacidad física o mental. Cuando la conducta provoca el suicidio de un menor, la pena se reduce respecto a la legislación anterior y queda en un rango de cinco a 10 años.

Como detalló Listín Diario, el hostigamiento cibernético, antes denominado ciberbullying, solo será sancionable si se demuestra que el hecho fue reiterado y sistemático. Además, la reforma elimina expresamente que los comentarios aislados en redes sociales constituyan este delito, manteniendo la pena general de dos a cinco años de prisión.

Endurecimiento en proxenetismo, acoso agravado y delitos médicos

La sanción por proxenetismo se incrementa a entre dos y cinco años de prisión, igualando el aumento previsto para el acoso agravado. El exhibicionismo, por su parte, queda exento de responsabilidad penal si ocurre en contextos artísticos, culturales o académicos.

En el ámbito de la violencia familiar, la modificación incorpora la tipificación de la violencia física entre familiares como un delito específico. Además, se amplía la responsabilidad penal para médicos y forenses del sector privado que emitan certificados falsos sobre enfermedades, con penas de dos a tres años.

La reforma al Código Penal aprobada por Diputados introduce cambios sustanciales en la definición y sanción de delitos clave, reduciendo penas en ciertos casos y endureciéndolas en otros, al tiempo que redefine conceptos y protege la libertad de expresión fundamentada en el debate público.

Más del 80 % de las personas privadas de libertad en la República Dominicana presenta algún tipo de problema de salud mental, según expuso experta durante el congreso Euro Summit 2026. Este porcentaje supera ampliamente el estimado para la población general, que se sitúa en torno al 20 %, y revela una brecha profunda en la atención psiquiátrica dentro del sistema de justicia del país.

La información fue dada a conocer en el marco de la conferencia “Justicia sin salud mental no es justicia: el modelo SIM como marco de transformación”, celebrada el sábado y que reunió a más de 200 especialistas nacionales e internacionales. La psiquiatra forense Nubia Lluberes, explicó que el elevado número de internos con trastornos mentales no se debe a una mayor comisión de delitos, sino a la falta de tratamiento adecuado antes de su ingreso al sistema penal.

Según una publicación de Diario Libre, la especialista destacó que muchos privados de libertad nunca recibieron atención o diagnóstico oportuno, lo que los llevó a ser absorbidos por el sistema penitenciario sin alternativas de intervención previa. Una vez dentro de las cárceles, las dificultades para acceder a servicios psiquiátricos y de salud mental suelen intensificarse, agravando el estado de quienes ya presentan alguna condición.

Lluberes señaló que el enfoque actual del sistema de justicia en la República Dominicana responde casi exclusivamente con el encarcelamiento, dejando de lado el tratamiento especializado que requieren muchos pacientes con trastornos mentales. Esta situación, advirtió, exige un replanteamiento de la relación entre justicia y salud mental en el país.

Como parte de su exposición, la psiquiatra presentó el Modelo de Interceptación Secuencial (SIM), una herramienta desarrollada en Estados Unidos para identificar seis puntos clave en los que las personas con enfermedades mentales pueden recibir atención, tanto antes como después de su paso por el sistema judicial. El modelo busca que los servicios comunitarios, la policía, los hospitales, los tribunales y el sistema penitenciario actúen de manera coordinada para prevenir ingresos innecesarios a prisión.

De acuerdo con la experiencia de Nubia Lluberes en el sistema penitenciario de Texas, la falta de comunicación entre instituciones puede derivar en consecuencias graves para los internos, como el deterioro acelerado de su estado de salud, episodios de violencia, suicidios o la utilización de la fuerza, situaciones que podrían evitarse con una adecuada coordinación y atención temprana.

La especialista consideró que la aplicación del Modelo SIM en la República Dominicana permitiría fortalecer la red de servicios de salud mental comunitaria y mejorar la capacitación del personal policial y judicial. Además, subrayó la importancia de establecer canales efectivos de comunicación entre hospitales, tribunales y centros penitenciarios para garantizar que las personas con trastornos mentales accedan al tratamiento necesario en cada etapa del proceso judicial.

Durante el Euro Summit 2026, celebrado en la capital dominicana, se abordaron los principales desafíos de la salud mental en la región, con especial atención a la necesidad de políticas públicas y prácticas clínicas basadas en la evidencia. La presentación de Lluberes formó parte de una serie de conferencias dirigidas a fomentar un enfoque integral y humanizado en la atención de las personas que enfrentan procesos judiciales y presentan condiciones psiquiátricas.

El encuentro reunió a expertos de distintos países, quienes debatieron sobre estrategias para mejorar la atención en salud mental y su relación con los sistemas penales. La cifra presentada por Lluberes refuerza la urgencia de revisar los protocolos de atención dentro de las cárceles y de avanzar hacia una justicia que contemple la salud mental como parte fundamental de su funcionamiento.

Más de un centenar de apartamentos fueron entregados en Boca Chica para fortalecer el acceso a la vivienda digna de los dominicanos. El 58% de las propiedades fueron entregadas a mujeres, como parte del plan que impulsa el Gobierno dominicano un dato que subraya la apuesta por la equidad y la consolidación del patrimonio familiar en la zona.

La inauguración del Residencial Nueva Esperanza estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, como parte de un programa nacional que busca reducir el déficit habitacional. Durante el acto, el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Víctor “Ito” Bisonó, explicó que el proyecto suma un total de 890 apartamentos entregados, beneficiando a más de 2,600 personas. “Este es un sueño hecho realidad para muchas familias”, afirmó Bisonó, quien adelantó que la meta oficial es entregar 4,000 viviendas antes de que finalice el año.

El ministro resaltó que la mayoría de los nuevos títulos de propiedad están en manos de mujeres y que estas acciones contribuyen a fortalecer la estabilidad y seguridad de las familias. Bisonó expresó: “Con estas viviendas las familias comienzan a construir su patrimonio y pasan de la incertidumbre a la realidad de tener un hogar propio y seguro”.

Durante la actividad también participó el vicepresidente del Banco de Reservas, Isidro García, quien destacó el impacto del proyecto para los residentes. García recordó que el banco ha financiado más de 18,000 viviendas en todo el país, con una inversión superior a los 22,000 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $376.2 millones). “Con esta entrega se acaba el hacinamiento y la incertidumbre para muchas familias, que ahora pueden disfrutar de un hogar propio y digno”, sostuvo el ejecutivo bancario durante el acto de entrega.

La Residencial Nueva Esperanza cuenta con apartamentos distribuidos en modernos edificios de cuatro niveles, diseñados para brindar espacios confortables y áreas comunes que promuevan el bienestar de sus habitantes. Cada apartamento dispone de balcón, galería, sala, comedor, cocina, área de lavado, tres habitaciones y un baño. El conjunto habitacional incluye parqueos, áreas de juegos y una verja que protege todo el perímetro.

Esta entrega forma parte de un programa nacional de construcción de viviendas desarrollado por el Mived, centrado en atender a comunidades con mayores necesidades habitacionales. El objetivo es que más familias puedan acceder a soluciones de vivienda segura, moderna y accesible, priorizando la integración social y el desarrollo urbano ordenado en municipios como Boca Chica.

Según los organizadores, disponer de un hogar propio transforma la vida de las familias y mejora su bienestar. La llegada de estos apartamentos representa una oportunidad concreta para cientos de personas que buscaban una alternativa digna y estable.

El presidente Abinader reafirmó el compromiso de su gestión con el sector de la vivienda, dando prioridad a las zonas donde el déficit habitacional es más agudo y promoviendo proyectos que permitan el acceso a infraestructuras adecuadas.

Con la entrega de los 112 apartamentos en Boca Chica, el gobierno avanza en su objetivo de brindar más opciones habitacionales y fortalecer el desarrollo social en la República Dominicana.

Más de 900 estudiantes de Los Cerros de Sabana Perdida tienen acceso a una educación de calidad en instalaciones modernas y seguras tras la apertura de la Escuela Básica Minerva Mirabal. El nuevo plantel transforma la experiencia educativa para niños y adolescentes de la zona, quienes ahora cuentan con aulas y espacios diseñados para favorecer su aprendizaje.

La inauguración estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien presentó la obra como parte de las iniciativas del Gobierno de República Dominicana para robustecer la educación pública. Durante el acto de inauguración este fin de semana, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, subrayó: “Cada escuela que entrega el Gobierno representa una inversión en el futuro del país y reafirma el compromiso de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede fuera de las aulas”.

El inicio del año escolar 2026-2027, programado para el 24 de agosto, marca el contexto en el que la Escuela Básica Minerva Mirabal abre sus puertas. De Camps García sostuvo que la prioridad institucional es asegurar que cada estudiante disponga de un centro educativo abierto, organizado y en condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a la coordinación entre las distintas áreas del Ministerio. Añadió que “una educación de calidad requiere el compromiso conjunto de estudiantes, docentes, familias y comunidades”, e insistió en que las escuelas deben ser espacios seguros donde se desarrollan las capacidades y los proyectos de vida de los menores que asisten.

La nueva infraestructura consta de 27 aulas de las cuales 24 para nivel primario y tres para nivel inicial, áreas administrativas, comedor, cocina, biblioteca, salón de orientación, enfermería, cancha deportiva, plaza cívica, zonas recreativas y diversos espacios de apoyo, lo que posibilita un entorno adecuado para el aprendizaje integral.

En representación del estudiantado, Helen Nicol Alcántara resaltó el significado de la obra: “La nueva escuela simboliza mucho más que una infraestructura física, ya que será el lugar donde cientos de niños y jóvenes podrán descubrir sus talentos, fortalecer sus valores para construir un mejor futuro”. Alcántara expresó su agradecimiento al mandatario dominicano, Luis Abinader, al Ministerio de Educación y a quienes hicieron posible la escuela, y destacó que “invertir en educación significa invertir en el desarrollo de la República Dominicana y en las oportunidades de las nuevas generaciones”.

En lo que va del año el mandatario ha entregado un paquete de seis nuevas obras de infraestructura escolar sumando un total de 1,000 aulas nuevas.

El plantel fue construido por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), bajo la dirección de Roberto Herrera, en el marco de un programa de fortalecimiento de la infraestructura educativa que busca garantizar espacios seguros y modernos para los estudiantes. El acto de apertura contó con la presencia de los viceministros de Educación Alexis Jiménez y Kenia Xiomara Guante, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, el director de la DIE, representantes de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias y líderes comunitarios de Los Cerros de Sabana Perdida.

La información fue confirmada por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien detalló que el hallazgo se produjo cerca de las 2:00 p.m. (hora local) y que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Según precisó Pesqueira, las investigaciones condujeron a la detención de Mariely Figuereo R., de 36 años, identificada como la presunta autora del hecho. La mujer, pareja sentimental de un hijo de la víctima, fue arrestada por agentes del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio Público. La detención resultó de un proceso que incluyó más de 100 diligencias investigativas, entre ellas entrevistas a testigos, levantamiento de evidencias y análisis de cámaras de videovigilancia en la zona.

Principal sospechosa detenida

El hallazgo del cuerpo se realizó tras una labor coordinada entre los equipos policiales y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes se encargaron del levantamiento correspondiente para establecer a través de estudios forenses las circunstancias exactas del fallecimiento.

Las autoridades comunicaron que la investigación se mantiene abierta para determinar con precisión el móvil y los detalles que rodean el caso. La Policía destacó que, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a la participación directa de Mariely Figuereo R. en la desaparición y muerte de Rosa Marte, aunque no se descartan nuevas diligencias en torno a otros posibles implicados.

El comunicado emitido por la Policía Nacional destacó la colaboración del Ministerio Público durante el desarrollo de las pesquisas, así como la utilización de recursos tecnológicos y testimoniales para fortalecer el proceso investigativo. “La presunta autora es una persona del entorno familiar, la cual se encuentra detenida y que, pues nos sirvió para, para ubicar el lugar, donde además se han ocupado varias evidencias como piedras ensangrentadas. Ya este caso no pertenece a desaparecidos, sino es un área de investigaciones de homicidio de esta jurisdicción de Azua”, afirmó el vocero Diego Pesqueira.

La desaparición de Rosa Marte había generado preocupación en la comunidad de Barraquito, donde familiares y vecinos reportaron su ausencia a las autoridades apenas se tuvieron indicios de su desaparición. La labor de búsqueda se extendió durante varios días y abarcó distintas áreas rurales y urbanas de la provincia Duarte y localidades cercanas a Azua. El trabajo conjunto entre las distintas dependencias de la Policía permitió trazar una línea investigativa que culminó con el hallazgo del cuerpo y la detención de la principal sospechosa.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras la única detenida enfrenta el proceso legal correspondiente en las próximas horas. Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de justicia en este caso.

La Policía Nacional de República Dominicana investiga el fallecimiento de una niña de 10 años en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, ocurrido este sábado, tras recibir una herida cortante en el cuello. La principal sospechosa, su madre Glenny T., de 43 años, fue detenida en flagrante delito y puesta bajo custodia del Ministerio Público (MP).

El caso, que involucra a una agente policial inhabilitada por motivos de salud mental, ha generado conmoción en la comunidad y mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

El incidente ocurrió durante la mañana en la residencia familiar, donde la menor resultó herida por un arma blanca. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, declaró que tras el ataque, la niña fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atención médica. Pesqueira explicó: “Era un caso muy lamentable. En horas de la mañana recibimos la información de que una menor, una niña de apenas diez años de edad, había resultado herida en la zona del cuello y que posteriormente falleció en un centro de salud mientras recibía las atenciones médicas debidas.”

Investigación policial se centra en la madre de la menor

La detención de la madre se produjo en el lugar de los hechos. Testigos, vecinos y familiares la señalaron como la presunta autora de la agresión. La Policía identificó a la detenida como miembro inhabilitada de la institución, condición que forma parte de la investigación en curso. Según fuentes oficiales, la mujer se encontraba bajo tratamiento por una condición de salud mental y tenía licencia médica desde 2023.

“La detenida es Glenny T., de cuarenta y tres años de edad, que reiteramos, está siendo señalada como la autora de ocasionarle herida a su hija de apenas diez años de edad, en circunstancias que aún están bajo investigación. De manera preliminar, hemos recibido la información de que esta señora estaba bajo tratamiento médico y en licencia laboral de alrededor de unos dos años”, apuntó Pesqueira en sus cuentas oficiales.

De igual forma, la institución policial destacó que el proceso contra la madre se desarrollará bajo estrictos criterios de legalidad y respeto al debido proceso, e incluirá la revisión de su historial médico y laboral. El hecho de que la sospechosa sea parte de la Policía Nacional, aunque inhabilitada, constituye un elemento relevante para la investigación judicial.

El caso ha generado consternación en el sector de Manoguayabo y en la opinión pública, que sigue atenta al avance de las investigaciones y a las determinaciones que adopten las autoridades. La Policía Nacional reiteró su compromiso de agotar todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso y brindar respuestas a la familia de la víctima y a la sociedad dominicana.

Al cierre de esta edición, la madre permanece bajo custodia y a disposición de la justicia, mientras el Ministerio Público y la Policía dominicana continúan recabando pruebas y testimonios para determinar la secuencia de los hechos y establecer posibles agravantes en el proceso penal.

En junio del presente año, una marca de cerveza presentó una nueva colección que pone el foco en la desconexión total y el respeto por el medio ambiente. Esta selección no solo destaca una variedad de destinos frente al mar de una belleza indiscutible, sino que celebra con fuerza los ecosistemas naturales y a las comunidades locales que se encargan de mantenerlos vivos y vibrantes.

Entre los tesoros más brillantes de esta lista se encuentran joyas costeras de Centroamérica y República Dominicana, lugares que invitan a bajar el ritmo y conectar con la tierra.

Belice se suma a este prestigioso grupo con Placencia, un destino privilegiado al estar situado al borde del Arrecife Mesoamericano, la segunda barrera coralina más grande del mundo. Los expertos describen que su apariencia física hace que esta alargada península se sienta y viva exactamente como si fuera una isla remota, con la gran ventaja de que los viajeros pueden visitarla cómodamente manejando en carro.

El Caribe isleño también aporta sorpresas que rompen por completo con la postal turística clásica y masiva. República Dominicana reafirma su arrolladora belleza natural alejándose de los grandes complejos hoteleros para destacar la Bahía de las Águilas. Ubicada en la provincia de Pedernales, es un Parque Nacional donde hay menos concurrencia, kilómetros de costa virgen y una sensación de paz absoluta.

En la península de Samaná se esconde Playa Ermitaño, una cala secreta que regala una privacidad inigualable. Al ser accesible únicamente cruzando densos senderos selváticos a pie o mediante botes pequeños, se convierte en el refugio perfecto para quienes buscan explorar la naturaleza en su estado más puro.

Nicaragua, Honduras y El Salvador: arrecifes y surf

Nicaragua aporta a la lista rincones que se sienten congelados en el tiempo. Little Corn Island, en el Caribe oriental, es el verdadero significado de la desconexión: un sitio sin calles pavimentadas ni autos, libre de horas pico, donde el único sonido es el viento entre las palmeras.

En contraste, pero compartiendo esa paz, se encuentra Playa Mangos en la pintoresca Isla de Ometepe. Aquí la experiencia cambia drásticamente al tratarse de una playa de agua dulce en el Gran Lago de Nicaragua, donde dos imponentes volcanes se alzan en el horizonte como gigantes dormidos mientras el agua se mantiene quieta y reluciente como un gran espejo.

Honduras brilla con Chepes Beach, ubicada en la paradisíaca isla de Utila. Este destino es un santuario marino donde los visitantes pueden nadar junto a un arrecife repleto de peces de colores y tortugas, teniendo además la oportunidad única de avistar majestuosos tiburones ballena que nadan tranquilamente por sus bahías profundas.

Para quienes buscan una dosis de adrenalina sobre las olas, El Salvador ofrece su legendaria Playa El Tunco, en el departamento de La Libertad. Este epicentro del surf mundial destaca por sus espectaculares atardeceres dorados y una cultura costera vibrante que gira en torno al respeto por el océano.

Panamá y Costa Rica: Biodiversidad y el espíritu de la Pura Vida

En esta exclusiva colección muestra dos facetas maravillosas de Panamá. Por un lado está Isla Perro, en el archipiélago de San Blas, famosa por sus aguas transparentes que parecen una piscina natural y un famoso barco hundido ideal para el esnórquel. Por el otro lado, se destaca Playa Venao, en la península de Azuero, un rincón con un ambiente vibrante donde las olas consistentes atraen a surfistas de todo el mundo y la selva se encuentra directamente con la arena.

Costa Rica, fiel a su filosofía de conservación, refuerza la propuesta de la “Pura Vida” con tres destinos espectaculares en distintas provincias. En Guanacaste, Playa Conchal sorprende a los viajeros porque su arena no es de tierra común, sino de millones de pequeñas conchas blancas trituradas.

En Puntarenas, Playa Uvita, ubicada en el Parque Nacional Marino Ballena, regala una de las formaciones naturales más curiosas del planeta: un banco de arena que, visto desde el cielo, tiene la forma perfecta de una cola de ballena. Finalmente, en Limón, Playa Cocles aporta el ritmo del Caribe sur, con su exuberante vegetación tropical que llega hasta el agua y un oleaje perfecto para los amantes de la aventura.

El mercado laboral dominicano muestra fuertes diferencias salariales entre sectores económicos, según la XXVII Encuesta de Compensación y Beneficios de Macros Consulting. El estudio, presentado en Santo Domingo, ofrece una radiografía precisa de la situación salarial en 2026, año en el que el 85% de las empresas otorgó aumentos salariales, con un incremento promedio de sueldos del 9% entre las organizaciones que aplicaron ajustes.

A pesar de estos incrementos, el crecimiento promedio de los sueldos en comparación con el año anterior fue de 4.62%, lo que representa un descenso frente al 5.44% registrado en 2025.

El informe detalla que las empresas están adoptando políticas de compensación más orientadas a la sostenibilidad, la competitividad y la retención del talento, adaptándose a un entorno de mayor exigencia financiera.

La encuesta de Macros Consulting, que es la de mayor trayectoria y una de las más completas del mercado laboral dominicano, integra información de casi 500 organizaciones participantes, abarca más de 35 sectores económicos estandarizados y evalúa técnicamente más de 700 puestos de trabajo.

Se trata de la única investigación de este tipo en República Dominicana certificada bajo la norma ISO 9001:2015, lo que garantiza la fiabilidad, consistencia y rigurosidad metodológica de los datos ofrecidos.

El informe destaca que sectores como tecnología, finanzas, energía, infraestructura y servicios cuentan con la mayor capacidad para ofrecer paquetes de compensación más competitivos, en particular para posiciones ejecutivas y mandos medios.

En contraste, las industrias con alta intensidad de mano de obra o márgenes operativos reducidos, como manufactura, agricultura y comercio tradicional, presentan niveles salariales inferiores, lo que incrementa los desafíos para atraer y retener personal calificado.

Transformación de las políticas salariales y evolución de la brecha de género

Las políticas salariales han evolucionado y ya no se limitan a ajustes meramente económicos. De acuerdo con Macros Consulting, se observa una transformación hacia modelos de compensación más sofisticados, en los que bonos, incentivos y componentes variables adquieren mayor protagonismo, especialmente en posiciones gerenciales y ejecutivas, desplazando paulatinamente el esquema tradicional centrado en el salario fijo.

La brecha salarial de género también forma parte del análisis. Aunque la encuesta registra una reducción gradual de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, todavía persisten en algunos niveles organizacionales.

En los casos de mayor disparidad, el salario de los hombres puede superar hasta en un 69% al de las mujeres en puestos equivalentes, mientras que, en los casos donde la remuneración femenina es superior, la diferencia alcanza el 21 %.

En comparación con 2025, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo aproximadamente un 24 %, y los salarios masculinos superan a los femeninos en el 23 % de los casos, lo que representa una mejora de 1.8 % respecto al año anterior.

El estudio también revela que la mayor parte de las posiciones ejecutivas sigue estando ocupada por hombres, mientras que la participación femenina se concentra principalmente en áreas como Gestión Humana, Mercadeo, Calidad, Planta, Administración y Finanzas.

La rotación laboral se situó en 13 % durante 2026, cifra superior a la de 2025. Este fenómeno afecta sobre todo a los niveles operativos, aunque se observan variaciones según el escalafón jerárquico. Además, existen diferencias en el poder adquisitivo entre los distintos niveles jerárquicos como consecuencia de la inflación.

De cara a 2027, las empresas proyectan incrementos salariales cercanos al 8 %, lo que revela la intención de mantener políticas de reconocimiento económico en un contexto de crecimiento moderado y mayor disciplina financiera.

El juez Deiby Timoteo Peguero fue designado para conocer el juicio preliminar contra 14 personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red que repartió RD$108.080.359,92 (USD 1,855,775.41) en sobornos para obtener y sostener contratos de seguridad privada en instituciones públicas de República Dominicana, un paso que ahora obliga a fijar la audiencia en la que el Ministerio Público pedirá la apertura a juicio.

Según Listín Diario, la acusación sostiene que el esquema operó entre 2012-2020 y 2020-2025. El Ministerio Público afirma que los pagos se hacían para mantener vigentes las contrataciones, acelerar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.

El expediente fue asignado mediante sorteo aleatorio computarizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, conforme al procedimiento establecido para distribuir los casos.

Con el apoderamiento ya formalizado, corresponde al magistrado del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijar la fecha de la audiencia preliminar. En esa etapa, la fiscalía solicitará un auto de apertura a juicio para los 14 encartados.

La acusación vincula a exfuncionarios, militares, civiles y cuatro empresas

Entre los acusados figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L., conocida como Senase.

También aparecen Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia; y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.

La acusación también incluye a las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, ambas propiedad de Rodríguez González. A ese grupo se suman Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

De acuerdo con el expediente, los sobornos identificados fueron exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional. El objetivo, según la imputación, era asegurar la continuidad de los contratos y preservar un sistema que favorecía su ejecución sin controles reales del Estado.

La investigación nació de una denuncia y derivó en la Operación Lobo

La pesquisa estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Pepca, y se originó en una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. El caso forma parte de la acusación formal impulsada por el Ministerio Público dentro de la denominada Operación Lobo.

Esa operación fue puesta en marcha en julio de 2025, cuando las autoridades arrestaron a militares y civiles señalados de integrar la estructura. Los cargos que enfrentan los acusados incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Citado por Listín Diario, el Ministerio Público sostiene que la red se dedicaba a la obtención ilícita y al mantenimiento de contratos de seguridad privada en distintas instituciones estatales. La acusación describe un mecanismo de corrupción institucionalizada que, según la Procuraduría General de la República, subordinó por completo el sistema de control estatal.

La República Dominicana se encuentra en la recta final de los preparativos para recibir a más de 5,000 atletas, entrenadores, oficiales y miles de visitantes durante la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El evento, que tendrá lugar del 24 de julio al 8 de agosto, convertirá a Santo Domingo en el epicentro del deporte regional, reforzando su posición como sede de grandes competencias internacionales y consolidando su liderazgo en turismo deportivo.

Previo a la justa deportiva, la infraestructura de Santo Domingo ha sido uno de los puntos fuertes destacados por las autoridades dominicanas. El ministro de Turismo, David Collado, subrayó recientemente que el país cuenta con conectividad aérea de primer nivel, una amplia oferta hotelera y la capacidad organizativa necesaria para recibir un evento de esta magnitud.

“La República Dominicana cuenta con la infraestructura, conectividad aérea, oferta hotelera y capacidad organizativa necesarias para recibir eventos deportivos internacionales de primer nivel”, afirmó Collado, quien resaltó que la ciudad capital se encuentra lista para ofrecer condiciones óptimas a atletas, delegaciones, medios de comunicación y visitantes, en un entorno que combina excelencia deportiva, cultura, hospitalidad y riqueza natural.

Reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) como el evento multideportivo regional más antiguo del hemisferio occidental, los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán en esta edición a representantes de 37 países y territorios. Estos competirán en más de 40 disciplinas deportivas, entre las que destacan atletismo, natación, fútbol, baloncesto, voleibol, ciclismo, judo, taekwondo y esgrima, entre otras. Delegaciones provenientes de naciones como Cuba, México, Colombia, Puerto Rico y Panamá, junto con la anfitriona República Dominicana, participarán en una competencia caracterizada por el más alto nivel deportivo.

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, reiteró la relevancia de estos juegos como plataforma para mostrar la capacidad de la República Dominicana de organizar competencias internacionales. “Santo Domingo 2026 reunirá a las mejores delegaciones de Centroamérica y el Caribe en una competencia del más alto nivel, consolidando a la República Dominicana como una sede confiable para grandes eventos internacionales”, señaló Monegro.

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 implica un despliegue logístico y tecnológico sin precedentes en el país. Las sedes deportivas incluyen instalaciones renovadas como el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Centro Acuático y el Palacio de los Deportes, entre otros espacios que ya han albergado eventos internacionales. Además, el comité organizador ha puesto especial énfasis en la movilidad urbana, la seguridad y la atención a los visitantes, con la colaboración de distintos ministerios y organismos estatales.

Uno de los objetivos centrales de Santo Domingo 2026 es proyectar el país como destino líder en turismo deportivo. Según datos de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), se espera que la llegada de visitantes internacionales durante el evento supere las 80,000 personas, generando un impacto económico considerable para el sector hotelero, la gastronomía y la oferta cultural de la ciudad. La estrategia de promoción turística, coordinada entre el Ministerio de Turismo y el comité organizador, incluye campañas en mercados clave de América Latina, el Caribe y Europa, así como alianzas con aerolíneas y operadores turísticos.

Santo Domingo, reconocido por su patrimonio histórico y su vibrante vida cultural, ofrecerá a los visitantes una experiencia integral que combina el deporte de alto rendimiento con actividades recreativas, visitas a museos, recorridos por la Ciudad Colonial, espectáculos artísticos y una amplia variedad de opciones gastronómicas. La ciudad, con más de cinco siglos de historia, busca posicionarse como una de las capitales deportivas del continente.

La inauguración oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizará el próximo 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en una ceremonia que contará con la presencia de autoridades nacionales, representantes del COI y figuras destacadas del deporte regional. Las competencias se desarrollarán hasta el 8 de agosto, momento en el que la ciudad entregará el relevo a la próxima sede, tras dos semanas de intensa actividad deportiva y cultural.

Con esta edición, la República Dominicana reafirma su capacidad de organización y su vocación de hospitalidad, apostando por el deporte como motor de desarrollo y fortalecimiento de su imagen internacional. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán, sin duda, una nueva oportunidad para mostrar al mundo el potencial y la diversidad de la nación caribeña.

Venezuela otorgó a la República Dominicana la Orden Héroe de Venezuela en su Primera Clase, el máximo reconocimiento a la entrega y heroísmo por la asistencia prestada tras los terremotos que impactaron ese país el 24 de junio. La distinción, entregada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reconoció la labor del Estado dominicano y su respuesta humanitaria rápida y eficaz ante la emergencia.

Según información de la Presidencia de la República Dominicana, la condecoración fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente Luis Abinader, en la que Rodríguez agradeció la “invaluable contribución” del Gobierno dominicano.

“La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, expresó la mandataria venezolana. En su mensaje, resaltó que la solidaridad internacional adquiere un significado más profundo en momentos de adversidad.

Abinader distinguió a los rescatistas de Quisqueya Solidaria

El acto de reconocimiento se realizó tras la imposición de la Medalla al Mérito del Ministerio de Defensa en su Distintivo Verde al Valor de la Solidaridad a los rescatistas dominicanos que participaron en la misión humanitaria “Quisqueya Solidaria 2026”, desplegada en Venezuela tras los sismos.

La ceremonia, encabezada por Abinader, destacó el profesionalismo, la entrega y la disciplina del equipo dominicano, que trabajó sin descanso en tareas de búsqueda y rescate, asistencia a víctimas y apoyo directo a las autoridades venezolanas.

“Estos son héroes dominicanos que fueron a servir a un país que estaba en necesidad. Podemos decir que están preparados, los hemos formado bien, y tienen cada vez mayor experiencia para atender situaciones como esta”, afirmó Abinader, quien inició su intervención con un prolongado aplauso. El Jefe de Estado enfatizó el orgullo y la gratitud del pueblo dominicano hacia el contingente, subrayando que “ustedes colocaron bien alta la bandera dominicana en ese pueblo hermano, ante esa tragedia”.

La Presidencia dominicana también dirigió palabras de reconocimiento al personal médico que permanece en hospitales provisionales en la zona afectada, valorando su dedicación y entrega. Además, destacó que la actuación de los rescatistas evidenció la capacidad técnica y la preparación del sistema de respuesta ante emergencias del país.

El contingente distinguido estuvo integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), bajo la coordinación del mayor Carlos Enrique Olivarez Ureña. Participaron también el sargento mayor Jesús María Soto Payano, los cabos Darling William Valdez Hernández y Juan Carlos Matos Matos, los rasos Cherki León Batista, Reilin Manuel Mercedes y Raily Aquino Martínez, así como marineros de la Fuerza Aérea Dominicana y civiles del COE y la Defensa Civil.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la solidaridad internacional y la cooperación humanitaria, desplegando de forma inmediata recursos humanos y técnicos en respuesta a la tragedia ocurrida en Venezuela. A su vez, el Gobierno dominicano reiteró su disposición de asistir a naciones hermanas en situaciones de desastre y de mantener los lazos de cooperación regional.

La inauguración de Santo Domingo 2026 se celebrará el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico, con acceso exclusivamente peatonal al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en medio del arribo de las primeras delegaciones a la Villa Centroamericana y del Caribe, donde se alojarán más de 7.200 personas hasta el 8 de agosto.

La organización pidió a quienes asistirán desde las gradas que lleguen con anticipación, ya que miles de personas participarán de la ceremonia y la entrada será más ágil para quienes se presenten temprano. Las boletas para la apertura tienen precio único de RD$1.500 (USD 25.76) y están disponibles a través de UEPA Tickets.

El ingreso al área no permitirá vehículos privados ese día. La recomendación principal para evitar el tránsito es usar el Metro de Santo Domingo y descender en las estaciones Juan Pablo Duarte, Juan Bosch o Wiche García Saleta, desde donde se podrá caminar hasta el estadio siguiendo la señalización oficial.

Quienes opten por el metro deben recargar la tarjeta antes de salir. La organización también indicó que conviene llevar la boleta lista antes de llegar al acceso y respetar las rutas e indicaciones oficiales habilitadas para la jornada.

La Villa ya recibe a delegaciones de México, Cuba y Puerto Rico

Tras la apertura de la Villa Centroamericana y del Caribe en Ciudad Juan Bosch, atletas y oficiales de las delegaciones participantes empezaron a ocupar las instalaciones, con fachadas ya decoradas con las banderas de los países asignados a cada bloque.

México y Cuba figuran entre las primeras naciones en instalarse en el complejo. También comenzaron a circular por la villa los primeros integrantes de las delegaciones de Cuba y Puerto Rico, mientras se espera para este fin de semana la llegada de más atletas que competirán en los Juegos.

Ese arribo anticipado apunta a que los deportistas puedan adaptarse a las condiciones climáticas y a las sedes donde tendrán actividad. Las competencias comenzarán el próximo lunes 20 con el polo acuático desde las 8:00.

El complejo alojará a atletas y oficiales de 37 países

La Villa alojará a atletas y oficiales de 37 naciones de Centroamérica y el Caribe que participarán en Santo Domingo 2026. El complejo está compuesto por 150 edificios, distribuidos en cinco bloques, con 3.600 habitaciones repartidas en 1.200 apartamentos.

Además del alojamiento, el recinto dispone de centro de salud, policlínica, centro de dopaje y un gimnasio con capacidad para 150 personas de manera simultánea. También cuenta con dos áreas de entretenimiento con cine para 100 personas y espacios recreativos con billar, videojuegos y mini fútbol para otras 150 personas.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez se ubica en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, y es el recinto multiusos de mayor capacidad en la República Dominicana. Puede albergar hasta 24,863 espectadores durante eventos deportivos y hasta 50,000 asistentes en conciertos. Este estadio es la sede principal de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La ceremonia de inauguración de estos juegos está programada para el 24 de julio. Para recibir este evento regional, el estadio fue sometido a una renovación integral que incluyó la instalación de una nueva pista de atletismo con estándar internacional y la mejora de toda su infraestructura.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, en la República Dominicana, impuso una condena de 20 años de prisión a una mujer hallada culpable de tortura y abuso físico y psicológico contra sus dos hijos pequeños. La sentencia responde a una solicitud del Ministerio Público (MP), que presentó pruebas contundentes sobre los hechos ocurridos en el norte de Santiago de los Caballeros en 2023, de acuerdo con la información oficial de la Procuraduría General de la República Dominicana.

Las audiencias, encabezadas por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Yasmín de los Santos, analizaron las evidencias aportadas por la fiscal litigante Jenniffer Rodríguez, que incluyeron testimonios, documentos y peritajes. El tribunal determinó que la acusada, cuya identidad permanece reservada para proteger a las víctimas, cometió delitos de tortura, barbarie y amenazas de muerte reiteradas, además de abuso físico y psicológico contra sus hijos, de tres y cinco años.

Según el expediente presentado por la fiscal investigadora Leomaris Payamps, adscrita a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la mujer no solo golpeaba a los menores sino que también enviaba mensajes amenazantes a su expareja. En 2023, la ahora condenada remitió mensajes de texto en los que advertía que quitaría la vida a la hija en común, entonces de dos años.

Condenan a una mujer por abuso y agresiones reiteradas contra sus hijos menores

La Procuraduría documentó que la procesada grabó y envió videos en los que golpeaba a la niña en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo, además de intentar asfixiarla con las manos.

El expediente judicial también recoge que la acusada quemó la pierna de la niña con un cerillo, acto cometido delante del otro hijo de cinco años. El tribunal, tras valorar las pruebas de la Fiscalía de Santiago, estableció la responsabilidad penal de la mujer por violar los artículos 309-2, 303-3, 303-4 (numerales 1 y 4) del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, y los artículos 396 (A y B) y 397 de la Ley 136-03, que regula la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

La condena se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, en la provincia de Santiago. El organismo detalló que el proceso penal incluyó análisis periciales sobre lesiones físicas y psicológicas, así como la evaluación del entorno familiar y la conducta de la agresora.

Durante el juicio, la Fiscalía de Santiago presentó material probatorio que demostró la gravedad y reiteración de los abusos sufridos por los menores. Entre los elementos más relevantes figuran grabaciones audiovisuales, informes médicos y declaraciones de los profesionales que atendieron a las víctimas. Según el comunicado oficial, la sentencia responde a la gravedad de los delitos y la necesidad de garantizar protección y justicia para los niños afectados, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo de las autoridades competentes.

“Los juzgadores, tras analizar la evidencia material, documental, testimonial y pericial, acogieron la petición de la Fiscalía de Santiago y condenaron a la mujer a cumplir los 20 años privada de su libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, en la provincia Santiago”, expresa el MP.

Las autoridades de San Pedro de Macorís recuperaron esta mañana 17 de julio el cuerpo sin vida de Nashla María Griffith, de 22 años, quien había sido reportada como desaparecida en el río Higuamo.

El hallazgo se produjo después de intensas labores de búsqueda iniciadas la tarde del 16 de julio, cuando la joven desapareció junto a Jonathan Batista, conocido como “La Percha”, mientras recorrían el río a bordo de una moto acuática.

Según informaron organismos de emergencia, el caso se mantiene bajo investigación y aún no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Nashla Griffith había acudido al balneario La Fuente de Oro, en las inmediaciones del río Higuamo, para compartir con un grupo de amigos y familiares.

Según testimonios recogidos por los medios locales, en determinado momento de la jornada, la joven decidió realizar un recorrido sobre un jet ski en compañía de Jonathan Batista, quien había llegado al país recientemente desde Estados Unidos.

Ambos se internaron en las aguas del río cerca del sector conocido como la Fuente de Angelina, alrededor de las 16:00 horas de ayer.

Sin embargo, pasadas varias horas sin noticias de su regreso, allegados reportaron la desaparición de la pareja a las autoridades. Inmediatamente, se desplegó un operativo conjunto integrado por la Defensa Civil, la Armada de República Dominicana y servicios locales de emergencia, que inició la búsqueda en distintos puntos del río y sus alrededores.

Por lo que, esta mañana el personal de los equipos de rescate halló el cuerpo de Nashla Griffith. El operativo continuó se llevo a cabo parte de la noche de ayer y primeras horas del día, utilizando embarcaciones menores y buzos especializados. El hallazgo tuvo lugar en un área próxima a donde fue vista por última vez la moto acuática, según detallaron voceros de los organismos de socorro.

Jonathan Batista, de quien se presume acompañaba a Nashla al momento del incidente, permanece desaparecido. La búsqueda se mantiene activa, con enfoque en zonas donde la corriente del río podría haber arrastrado a la pareja.

Investigación en curso: accidente o hecho criminal

El caso de Nashla Griffith ha generado gran atención pública en San Pedro de Macorís. Las autoridades han informado que aún no descartan ninguna línea de investigación.

Si bien las circunstancias iniciales apuntan a un accidente, se mantienen abiertas otras hipótesis, incluida la posibilidad de una acción criminal.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el entorno de la víctima y su acompañante están siendo entrevistados para recabar más detalles sobre los minutos previos al incidente y esclarecer la secuencia de los hechos. Además, se revisan registros de cámaras de seguridad de zonas aledañas al balneario y se analizan las condiciones de la moto acuática utilizada por los jóvenes.

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Nashla Griffith ha conmocionado a la comunidad de San Pedro de Macorís y a su entorno familiar. Vecinos y allegados se han congregado en las cercanías del río, aguardando novedades sobre la búsqueda de Jonathan Batista y exigiendo respuestas claras sobre lo sucedido.

Las autoridades han solicitado paciencia y colaboración mientras avanzan las pesquisas y continúan con los esfuerzos de rastreo en el río Higuamo. Se prevé que los resultados oficiales de la autopsia estén disponibles en las próximas horas, lo que permitirá a los investigadores definir el rumbo de la causa.

En República Dominicana, los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) y se consolidaron como una de las principales formas de transferencia de dinero en 2025, según datos publicados por la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA), citados por el diario Acento.

Esta cifra representa un crecimiento de 36 veces en el monto transferido respecto a 2015, cuando el volumen era de RD$ 130,000 millones (USD 2,220). El avance se atribuye a la rápida adopción de soluciones digitales y a la transformación del sistema de pagos en el país.

La ABA destacó que la participación de los pagos al instante pasó de representar el 3.7 % del monto total transferido mediante mecanismos electrónicos en 2015 a cerca del 29 % en 2025.

“La rapidez, seguridad y facilidad que ofrece esta modalidad han impulsado su adopción, convirtiéndola en una de las opciones preferidas por personas y empresas para realizar sus transferencias”, afirmó la organización bancaria, de acuerdo con lo publicado en Acento.

El auge de los pagos al instante cobró impulso especial durante la pandemia, cuando la necesidad de canales digitales impulsó la adopción masiva de soluciones electrónicas.

Según la ABA, el sector registró un crecimiento del 43.9 % en 2021, lo que evidenció un cambio en los hábitos financieros de la población y de las empresas dominicanas.

El gremio bancario subrayó que la digitalización no solo facilitó las transferencias personales, sino que también agilizó las operaciones comerciales y de servicios.

Pese al crecimiento de esta modalidad, la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) sigue desempeñando un rol significativo en el ecosistema de pagos. La ABA informó que, tras una disminución inicial en los montos procesados por el ACH tras la expansión de los pagos al instante, este sistema experimentó una recuperación sostenida.

Entre 2016 y 2025, el monto anual procesado por la ACH subió de RD$ 127,878 millones (USD 2,182.83 millones) a RD$ 412,000 millones (USD 7,032.68 millones), lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 9 %. Este canal continúa utilizándose para pagos de nómina, proveedores, préstamos y transferencias entre personas, permitiendo realizar transacciones sin costo para los usuarios.

En cuanto al volumen total de recursos movilizados, el débito y crédito directo se mantiene como el principal instrumento de transferencia. Según la ABA, esta modalidad operada por órdenes de pago o autorizaciones de débito alcanzó RD$ 11.7 billones (USD 199.7 mil millones) en 2025.

No obstante, su participación en el monto total transferido mediante mecanismos electrónicos disminuyó de 96 % en 2015 a 71 % en 2025, reflejando el impacto del avance de los pagos al instante.

El reporte de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana indica que el sistema financiero atraviesa un proceso de modernización, donde la agilidad y la seguridad se han convertido en factores determinantes para la elección de los canales de pago.

El crecimiento de los pagos al instante y la recuperación de la ACH muestran un ecosistema dinámico, en el que la competencia entre diferentes soluciones digitales beneficia tanto a usuarios particulares como a empresas.

Según los datos citados por Acento, este cambio en los hábitos de pago responde también a la confianza generada por el sector bancario y a la reducción de costos en las transacciones electrónicas. La ABA enfatizó que la digitalización permite mayor inclusión financiera y mejora la eficiencia de las operaciones, elementos clave para el desarrollo económico del país.

El informe concluye que, aunque los pagos al instante han sido el motor más dinámico del sistema en la última década, la coexistencia con mecanismos tradicionales como el ACH y el débito y crédito directo garantiza una oferta diversificada.

La transformación digital, impulsada por la demanda de mayor rapidez y seguridad, seguirá marcando el ritmo del sector financiero dominicano.

La República Dominicana registró en mayo de 2026 un alza interanual de 9.2% en el tráfico aéreo de pasajeros y alcanzó 1.6 millones de personas transportadas, según un informe de Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El dato sobresalió en un escenario regional más débil: el tráfico total desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe llegó a 38.7 millones de pasajeros en mayo, con un avance de 2.7%, después de que en abril el crecimiento se desaceleró al 1%.

El reporte de la organización señaló además que el tráfico entre Estados Unidos y la región completó tres meses consecutivos de contracción.

Según el Ministerio de Turismo dominicano, el país sostuvo un ritmo de expansión cercano al 9% durante los primeros cinco meses de 2026, por encima del promedio regional y entre los mercados de mejor desempeño. La cartera afirmó que esa secuencia respondió al fortalecimiento de la conectividad aérea y a la confianza de los viajeros en los destinos del país.

Estados Unidos concentró más de la mitad del tráfico

El mercado estadounidense representó el 52% del total de pasajeros transportados por la República Dominicana y creció 5.6% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con ALTA. Ese comportamiento contrastó con la caída de 1.2% en el tráfico global entre ese país y América Latina y el Caribe durante el mismo lapso.

Dominicana aumentó su tráfico aéreo mientras el vínculo regional con Estados Unidos retrocedió. La consecuencia inmediata fue una posición más fuerte del país en los corredores aéreos más demandados del continente.

El Ministerio de Turismo atribuyó ese resultado a políticas activas de promoción y a la apertura de nuevas rutas aéreas. La entidad sostuvo que el país mantuvo cifras positivas en mercados clave pese a las señales de desaceleración del entorno regional.

Canadá impulsó el segundo mayor mercado emisor

Por su parte, Canadá se ubicó como el segundo mercado en importancia para la República Dominicana, con un crecimiento de 10.5%, según el balance mensual de ALTA. Ese avance, sumado al desempeño de otros mercados emisores, ayudó a que los vuelos entre la República Dominicana y Estados Unidos ocuparan la segunda posición en el top 10 de tráfico extrarregional.

El informe sectorial también destacó el desempeño de otros países latinoamericanos. Colombia fue el tercer mayor contribuyente al crecimiento regional con una suba de 15,1% en su tráfico internacional, mientras Argentina reportó una expansión de 55% en el mismo segmento.

De acuerdo con la publicación, la expansión regional se concentró sobre todo en los mercados domésticos e intrarregionales. En ese marco, la cartera de Turismo dominicana afirmó que el desempeño de los primeros cinco meses del año respondió al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El crecimiento del país se apoyó en la apertura de nuevas rutas, el fortalecimiento de alianzas con aerolíneas internacionales y el aumento de frecuencias en conexiones clave. El reporte indicó que esa tendencia permitió superar las cifras previas a la pandemia.

ALTA también subrayó que en mayo de 2026 la región sumó 1,02 millones de pasajeros adicionales respecto del año anterior.

Un hombre fue arrestado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en el distrito municipal de Rincón, provincia de La Vega, República Dominicana, acusado de agredir física y verbalmente a una mujer y a su hija menor de edad.

El arresto se produjo tras una rápida intervención de los agentes adscritos a la Sección de Investigación (DICRIM) de Jima Abajo, en coordinación con la Policía Preventiva, quienes localizaron y detuvieron al presunto agresor en las inmediaciones del río Jima.

El detenido fue identificado como Keifri Carrasco, de 25 años. Según las investigaciones preliminares, la agresión habría estado motivada por presuntas rencillas personales con la víctima.

Durante el proceso de detención, la policía ocupó un palo de escoba señalado como el objeto utilizado en la agresión, el cual fue entregado voluntariamente por un ciudadano.

Posteriormente, Carrasco fue puesto a disposición de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El Código Penal de la República Dominicana y la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar establecen sanciones severas para quienes incurran en actos de violencia contra las mujeres y menores.

El artículo 309-1 del Código Penal tipifica como delito la violencia física, psicológica o verbal ejercida en el ámbito familiar, con penas que pueden ir desde tres meses hasta un año de prisión, además de multas económicas.

Si la agresión implica lesiones graves o pone en peligro la vida de la víctima, la sanción puede incrementarse hasta cinco años de prisión.

En los casos donde la violencia se dirige contra menores o personas en situación de vulnerabilidad, los tribunales aplican agravantes que elevan las sanciones, en conformidad con lo dispuesto en la ley. Además, la reincidencia o el uso de objetos contundentes, como en este caso, puede significar una sanción aún mayor.

La legislación dominicana prevé también medidas de protección inmediatas para las víctimas, como órdenes de alejamiento y asistencia psicológica, así como la intervención de unidades especializadas del Ministerio Público para garantizar la seguridad e integridad de quienes sufren estos ataques.

El caso de La Vega se suma a una serie de arrestos recientes por violencia contra mujeres en República Dominicana durante 2026. Las autoridades han intensificado los operativos para combatir este flagelo, con una política de cero tolerancia y atención inmediata a las denuncias.

En lo que va del año, la Policía Nacional y el Ministerio Público han reportado múltiples aprehensiones en distintas provincias, principalmente por agresiones físicas, amenazas y violencia intrafamiliar.

En Santiago, una operación coordinada permitió la detención de dos hombres acusados de maltrato reiterado contra sus parejas. En la región Este, otra intervención policial derivó en el arresto de un individuo que había incumplido una orden de alejamiento.

Las estadísticas oficiales reflejan un aumento en la cantidad de denuncias y detenciones por este tipo de delitos en comparación con años anteriores, lo que responde a una mayor conciencia social y a la implementación de mecanismos de atención y protección más accesibles para las víctimas.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para denunciar cualquier acto de violencia y recuerdan que existen canales confidenciales y gratuitos para recibir orientación y apoyo. El compromiso institucional apunta a reducir la incidencia de estos delitos y garantizar justicia para las víctimas.

Durante el primer trimestre de 2026, las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste (EDE) en República Dominicana registraron un déficit financiero que profundizó la dependencia del sistema eléctrico respecto a las transferencias estatales, según el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales. El documento resalta que este deterioro intensificó la brecha histórica entre el costo de adquisición de la energía y los ingresos efectivos por facturación, lo que obligó al gobierno a destinar recursos públicos crecientes para garantizar la continuidad del servicio.

Según el reporte, las tres empresas distribuidoras adquirieron en conjunto 4,479.6 GWh de energía entre enero y marzo, una reducción de 1.4% respecto al año anterior. Sin embargo, el precio medio de compra se elevó un 5.7% y alcanzó los 16.32 cUSD/kWh, impulsado por el aumento de los precios internacionales de los combustibles y la depreciación del peso dominicano. La energía facturada en el mismo período cayó 0.9% y se situó en 2,834.4 GWh, mientras que el precio medio de venta experimentó solo un leve incremento de 0.9%, lo que prácticamente eliminó el margen entre el costo de compra y el precio de venta, que se redujo a 0.04 cUSD/kWh.

La factura total por compra de energía ascendió a USD 730.9 millones, un alza de 4.2%, mientras que la facturación por venta de energía disminuyó marginalmente a USD 463.6 millones. Los ingresos por cobros aumentaron 1.3% y sumaron USD 458.1 millones, insuficientes para compensar los mayores costos de adquisición. Este desbalance se tradujo en un déficit operativo total de USD 370.7 millones, que luego de inversiones y otros gastos, se elevó a un saldo negativo de USD 413.3 millones. El saldo entre compra y venta de energía fue negativo en USD 273.9 millones durante dicho trimestre.

El informe oficial señala que el índice de pérdidas técnicas y comerciales de las EDE se situó en 38.7% para el año móvil, lo que implica que casi cuatro de cada diez kilovatios comprados no se facturan al usuario final. El indicador de pérdidas empeoró en 1.1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el índice de cobranza subió levemente a 96.7% y el Índice de Recuperación de Ingresos (CRI) se mantuvo estable en 59.3%. El índice de recuperación de energía, que expresa la proporción de energía efectivamente cobrada respecto de la suministrada, disminuyó a 59.0%.

Este escenario de pérdidas estructurales y recuperación insuficiente expone la vulnerabilidad financiera del sistema. De acuerdo con el informe, el Estado debió transferir USD 446.7 millones a las empresas distribuidoras en los primeros tres meses del año para cubrir los déficits acumulados, lo que refleja la alta dependencia de subsidios fiscales y el impacto de estos en las cuentas públicas.

Las diferencias entre las tres empresas distribuidoras resultan notables. Edeeste encabeza la lista con el mayor índice de pérdidas (56%) y un índice de recuperación de ingresos de 41%. Edenorte y Edesur presentan indicadores relativamente mejores, aunque sus pérdidas y déficits permanecen por encima de los niveles tolerables, de acuerdo con el documento. Los gastos operativos de las tres compañías crecieron 2.3% y alcanzaron los USD 107.4 millones, mientras que las inversiones, necesarias para modernizar infraestructura y reducir pérdidas, sufrieron una caída de 15.8%, lo que evidencia las limitaciones financieras para la renovación del sistema.

El impacto de esta situación no solo compromete la estabilidad de las distribuidoras, sino que también afecta la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en República Dominicana. El informe advierte que, sin medidas para contener las pérdidas técnicas y comerciales, revisar las tarifas y combatir el hurto de energía, el déficit estructural continuará incrementándose y presionando las finanzas públicas.

La falta de equilibrio financiero en las empresas distribuidoras limita la capacidad de inversión y posterga la solución definitiva al problema histórico del sector eléctrico dominicano. El informe de desempeño subraya que, mientras persista la brecha entre la energía comprada y la efectivamente cobrada, la sostenibilidad del sistema dependerá de subsidios estatales y recursos fiscales crecientes.

La vicepresidenta Raquel Peña confirmó este jueves en Madrid la participación de República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026, una cita que reunirá a mandatarios de 22 países y coincidirá con el 35 aniversario del primer encuentro celebrado en 1991.

La decisión se enmarca en la agenda oficial que desarrolla Peña en España para ampliar la cooperación y estrechar los vínculos económicos entre ambos países.

La cumbre se celebrará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad” y estará enfocada en fortalecer la cooperación, la educación y el diálogo político.

Durante su visita, la vicepresidenta se reunió con Narciso Casado, director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. En ese encuentro avanzaron las conversaciones para explorar una aplicación piloto en República Dominicana del Modelo 4T, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Peña destacó la importancia de la presencia dominicana en uno de los principales espacios de concertación política de la región, donde los representantes nacionales analizan desafíos compartidos y acuerdan iniciativas de cooperación. La participación, indicó el gobierno, refleja el compromiso de la administración del presidente Luis Abinader con el diálogo multilateral y la construcción de alianzas para el desarrollo del país.

El Modelo 4T busca elevar la productividad de las mipymes y abrir mercados

El posible proyecto piloto del Modelo 4T fue uno de los ejes de la reunión con la CEOE y el CEIB. Ambas partes señalaron que su implementación abriría oportunidades para elevar la productividad de las mipymes dominicanas y facilitar su acceso a nuevos mercados.

La metodología se organiza en cuatro dimensiones: Talento, Territorio, Transformación y Tracción. Su aplicación permite identificar prioridades y coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado para ampliar las capacidades de las empresas.

El gobierno dominicano planteó que una eventual ejecución piloto contribuiría al fortalecimiento de un sector clave para la generación de empleos y la dinamización de la economía nacional. La conversación formó parte de una agenda centrada en cooperación económica y empresarial.

La agenda en Madrid incluyó una visita institucional a la Real Academia Española

Más tarde, Peña realizó una visita institucional a la Real Academia Española, donde fue recibida por Juan Luis Cebrián, académico de número de la institución, fundador y primer director del diario El País. El recorrido duró aproximadamente una hora.

En la visita conoció distintos espacios de la academia, entre ellos su biblioteca, uno de los principales centros de conservación y consulta del patrimonio bibliográfico en lengua española. La actividad sirvió para poner en valor el trabajo de la RAE en el estudio y cuidado del español y el vínculo cultural que une a República Dominicana con la comunidad hispanohablante.

En el recorrido también participaron el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful Tejada, y Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

España ejercerá la Secretaría Pro Tempore de la próxima cumbre y tendrá a su cargo la organización de los trabajos y de las declaraciones oficiales, con foco en la modernización del sistema iberoamericano y en reforzar la proyección conjunta de la región.

La Procuraduría General de la República Dominicana informó este jueves que ha intensificado su estrategia de cooperación internacional al coordinar con las autoridades judiciales de Bélgica una investigación transnacional contra una red dedicada a la trata de personas, explotación sexual y blanqueo de capitales. Esta operación conjunta, que responde a una solicitud formal de la fiscalía belga, marcó un hito reciente con la realización de 20 allanamientos en territorio dominicano.

El caso cobró notoriedad en junio de 2026, cuando la justicia belga reportó el arresto de Ana Mercedes E. y Juana de Jesús H., junto con otros ciudadanos dominicanos, bajo cargos de reclutar y engañar a mujeres procedentes de República Dominicana y Colombia para trasladarlas a Bélgica, donde eran explotadas sexualmente. Según el Ministerio Público (MP), cinco mujeres fueron localizadas y rescatadas en la residencia de Encarnación Mejía en Bélgica, evidencia que permitió profundizar las investigaciones sobre la estructura de la organización.

Las pesquisas de las autoridades belgas y dominicanas identificaron una red que generaba importantes sumas de dinero a través de la explotación sexual, canalizando parte de esos fondos ilícitos hacia Dominicana. Los investigadores establecieron que el grupo invertía en bienes raíces y otras actividades financieras, con el objetivo de ocultar el origen del dinero obtenido mediante delitos de trata y explotación. “Este caso pone de relieve la dimensión transnacional de los delitos de lavado de activos”, precisó la Procuraduría General en su comunicado oficial.

Allanamientos y coordinación con autoridades europeas

La operación local fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, con el respaldo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Estas instancias coordinaron acciones para recolectar evidencias y fortalecer el proceso penal en curso en Europa, según reportó la Procuraduría.

En total, las autoridades llevaron a cabo allanamientos en 20 viviendas vinculadas con la red en el Gran Santo Domingo, incluyendo Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, así como en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Durante estas intervenciones participaron, además, oficiales de la policía de Bélgica y Países Bajos, acreditados para colaborar en la investigación, lo que refuerza el carácter internacional del operativo.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el historial de la principal cabecilla de la red, quien ya había purgado una condena de cinco años por explotación sexual de una familiar. Esta información, dada a conocer por la Procuraduría, ilustra la persistencia de los métodos y la reincidencia de algunas personas involucradas en este tipo de delitos.

El procurador adjunto Wilson Camacho subrayó: “La cooperación internacional constituye una herramienta esencial para enfrentar delitos complejos que trascienden las fronteras nacionales, como la trata de personas, la explotación sexual y el lavado de activos”.

El operativo reafirma el compromiso de las autoridades dominicanas con los estándares internacionales de justicia y protección de derechos humanos, especialmente en un contexto donde la trata y la explotación sexual representan amenazas persistentes y de alcance global. Según la Procuraduría, la coordinación con Bélgica y Países Bajos fortalece la capacidad del país para enfrentar delitos transnacionales y contribuir a las investigaciones judiciales en Europa.

Agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana detuvieron en la madrugada del jueves a Ysalia R., de 27 años, señalada como presunta responsable de causar la muerte de su pareja sentimental en el sector Los Guaricanos, ubicado en Santo Domingo Norte.

El deceso de Ángel Gabriel Tifa Moreno, de 21 años, se produjo mientras recibía atención médica tras sufrir heridas de arma blanca. Según la versión oficial, la captura de la sospechosa se realizó en flagrante delito en el residencial El Dorado, lugar donde se habría producido el incidente.

De acuerdo con una publicación del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, “los agentes actuaron de forma inmediata tras la alerta recibida, logrando detener a la presunta autora en las inmediaciones del hecho”. Pesqueira confirmó que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

El portavoz también explicó que el reporte preliminar indica que la pareja sostuvo una discusión que derivó en una agresión mutua, aunque la investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias exactas.

De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

El incidente generó conmoción en el sector Los Guaricanos, donde vecinos manifestaron sorpresa por lo sucedido. De igual manera, las autoridades informaron que actualmente se están recabando pruebas y testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

“El proceso investigativo continúa con la recolección de evidencias y entrevistas a testigos, con el objetivo de establecer la verdad de los hechos”, puntualizó Pesqueira.

Sin embargo, la Policía informó que cualquier información adicional que surja será integrada al expediente.

Autoridades profundizan en la investigación

Al mismo tiempo, la Policía Nacional detalló que la aprehensión de Ysalia R. responde a los protocolos de actuación en casos de violencia intrafamiliar y homicidio, subrayando la importancia de proceder conforme a la ley. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público, que determinará las acusaciones formales y las medidas de coerción a solicitar ante la justicia. De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

“De acuerdo con el informe preliminar, la pareja habría sostenido una discusión que derivó en una agresión mutua. No obstante, las autoridades profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias precisas en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes", sostuvo Pesqueira en redes sociales.

“La ciudadanía debe colaborar con las autoridades y confiar en los mecanismos de investigación establecidos por la ley”, afirmó Diego Pesqueira, quien agregó que “la transparencia y el debido proceso serán garantizados en cada etapa del caso”.

El portavoz reiteró el compromiso institucional de la Policía Nacional para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la sociedad.

El Ministerio Público comunicó que, tras recibir el informe policial y las pruebas iniciales, se procederá a solicitar las medidas legales correspondientes contra la capturada. Mientras tanto, el cuerpo de Ángel Gabriel Tifa Moreno permanece bajo custodia de las autoridades forenses para la realización de los estudios pertinentes.

La Comisión Bicameral del Congreso Nacional no conocerá este jueves las 84 propuestas de modificación al nuevo Código Penal porque el proceso de revisión acumuló retrasos, a solo 10 días del cierre de la actual legislatura ordinaria y con la nueva ley penal prevista para entrar en vigencia en la primera semana de agosto.

La sesión extraordinaria convocada para las 15:00, en la que se esperaba presentar las observaciones ya evaluadas, fue pospuesta para este viernes. El plan original de los legisladores era concluir al mediodía la revisión de los planteamientos remitidos por la sociedad, después de haber iniciado ese trabajo el miércoles alrededor de las 18:00.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó en el Congreso que el plazo ya no alcanzaba. “Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo.

Pacheco añadió que las horas restantes antes de la sesión de mañana se usarán para agilizar el proyecto de variación de la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.

La comisión asegura que revisará todas las observaciones presentadas

Una de las objeciones planteadas al procedimiento de la comisión, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto tiempo asignado para examinar las observaciones enviadas por la población. Frente a esas críticas, Pacheco sostuvo que todas las propuestas serán atendidas.

La misma posición expresó el presidente de la subcomisión, el senador Pedro Catrain, encargado de entregar a la Comisión Bicameral una matriz con el detalle de las distintas sugerencias de modificación. “Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, afirmó.

Catrain explicó que los legisladores están incorporando en un documento todas las propuestas, con identificación de diferencias y coincidencias entre ellas. “Estamos poniendo todas las propuestas que ellos hacen, cuando hay diferencias, las señalamos y cuando hay coincidencias, las agrupamos”, precisó.

El senador informó además que estiman entregar ese expediente antes de que termine este jueves a la comisión que estudia la reforma.

El artículo 8 concentra coincidencias entre médicos, industriales y otros gremios

Según lo observado por los integrantes de la subcomisión, representantes del sector médico, la AIRD y otros gremios mantienen posturas similares sobre el artículo 8 del nuevo marco penal. Ese apartado delimita la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el país.

Catrain señaló que no se trata de un caso aislado dentro del conjunto de observaciones recibidas. “Hay varios artículos que son prácticamente muy coincidentes entre ciudadanos e instituciones que han hecho propuestas”, indicó.

Pacheco adelantó que el Congreso establecerá un mecanismo para comunicar a los proponentes cuando sus recomendaciones no sean acogidas. “Todas las propuestas que no podamos acoger, les haremos saber a quien las hizo que se posterga para una próxima oportunidad o por qué no se acogió”, dijo.

La comisión estudia 84 propuestas de modificación y tenía previsto someterlas a votación en menos de 24 horas. Ese calendario quedó desplazado por el retraso en la revisión de las observaciones presentadas por ciudadanos e instituciones.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en República Dominicana a tres hombres requeridos en distintos procesos penales: Pedro F. J., detenido en el Aeropuerto Internacional del Cibao cuando intentaba viajar a Filadelfia, y dos dominicanos reclamados por la justicia de Estados Unidos, que enfrentan trámites de extradición.

Pedro era investigado en el distrito judicial de Santo Domingo Oeste por su presunta vinculación con delitos de alta tecnología, defraudación aduanera, contrabando, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas y lavado de activos. Según el Ministerio Público, fue arrestado cuando se disponía a salir del país para evadir la justicia.

La orden de arresto contra el imputado, identificada como 2026-AJ0047809, fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, dirigida por la fiscal Andry De Los Santos. La medida había sido emitida por la jueza Cecilia Toribio Melo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

El proceso contra Pedro F. J.

Según el Ministerio Público, la investigación contra F. J. abarca presuntas violaciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a los artículos 333, 334, 335, 338 y 343 de la Ley General de Aduanas No. 168-21. Esas disposiciones tipifican y sancionan la defraudación aduanera y el contrabando.

También se le atribuyen posibles infracciones a la Ley 53-17 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y al artículo tres, numerales uno y tres, de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El caso, añadió la autoridad, se sigue en perjuicio del Estado dominicano.

El imputado será presentado ante un tribunal de Santo Domingo Oeste en las próximas horas para continuar el proceso judicial abierto en esa jurisdicción. La detención se produjo en el aeropuerto ubicado en Santiago.

Capturas para extradición a Estados Unidos

En una comunicación separada, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que, junto con miembros del Ministerio Público y con apoyo de los Alguaciles de Estados Unidos, arrestó a dos fugitivos requeridos por la justicia de ese país. La institución indicó que ambos serán extraditados una vez concluyan los procedimientos correspondientes.

Uno de ellos es Mario Jaquez, también identificado como Mario E. J. y Mario Elvin F. U. Fue arrestado en la calle principal de Los Montones, en San José de Las Matas, en cumplimiento de una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Las autoridades dominicanas señalaron que Jaquez es requerido por un tribunal de Estados Unidos por una acusación de homicidio en segundo grado en el condado de Nueva York. La información oficial añade que el cargo se sustenta en presuntas violaciones de las leyes penales de ese país.

El segundo detenido es Mario Juan García, capturado en las proximidades de la calle 6ta, en la provincia de San Pedro de Macorís, tras un operativo de seguimiento. En su caso, la solicitud de extradición responde a cargos de agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas, bajo los estatutos generales de Connecticut.

La DNCD indicó que las dos capturas se ejecutaron en el marco de labores de búsqueda e inteligencia y en cumplimiento de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La República Dominicana enfrenta en 2026 un panorama complejo en materia de accidentes de tránsito, con 1,103 personas fallecidas y 30,826 heridas en lo que va del año, de acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Vial.

Estas cifras, respaldadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, reflejan la dimensión de un fenómeno que afecta tanto a las familias como al sistema de salud, el cual permanece bajo presión debido a la recurrencia de estos siniestros.

El registro de los siniestros viales muestra que, en promedio, se producen tres muertes diarias en el territorio nacional. Solo en lo que va del mes actual, se han contabilizado 40 fallecimientos por esta causa, según el mismo Observatorio. Las autoridades han destacado que esta situación mantiene una demanda constante sobre los hospitales, especialmente en las áreas especializadas en trauma y emergencias.

Un análisis territorial de los datos revela que el Gran Santo Domingo es la zona con mayor número de víctimas mortales por accidentes de tránsito, con 119 fallecidos, de los cuales 63 corresponden al Distrito Nacional. Otras provincias con cifras elevadas incluyen San Cristóbal, que registra 104 decesos; La Altagracia, con 93; Santiago, con 91; La Vega, con 65; y Peravia, con 50. Este mapa estadístico, difundido por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y difundido por Listín Diario, asocia la alta mortalidad con el volumen de tránsito y la densidad urbana.

Secuencia de accidentes recientes en vías urbanas y rurales

En los últimos días, la atención pública se ha centrado en una serie de accidentes recientes ocurridos en distintas regiones del país. Entre los hechos destacados figura el accidente en la Circunvalación Santo Domingo, donde la colisión entre un automóvil y una patana resultó en una persona fallecida y varios heridos. Las imágenes del incidente mostraron la gravedad del choque, con un camión volcado y un vehículo privado severamente dañado.

Además, el pasado domingo 12 de julio se reportaron tres siniestros notables. El primero de ellos ocurrió en la avenida Independencia, esquina Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, donde un automóvil y una jeepeta colisionaron, provocando una muerte y una persona herida. Imágenes del lugar evidenciaron la fuerza del impacto, ya que uno de los vehículos terminó partido a la mitad.

Ese mismo día, en el sector La Cotorra de Río, en Constanza, un camión cargado perdió el control y chocó contra un automóvil. Los afectados fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

En la carretera entre El Seibo y Hato Mayor, un accidente entre una camioneta y una motocicleta resultó fatal para Librand Alexander Taveras Montero, de 21 años. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, detalló que Montero había ignorado una parada policial, lo que antecedió el choque. Pesqueira presentó un video en el que se observa a Montero cruzando la vía, aunque no muestra el momento exacto del impacto.

La jornada cerró con otro accidente en la avenida John F. Kennedy, casi esquina Paseo de los Ferreteros, donde un motociclista falleció y su acompañante resultó herida tras ser impactados por un camión.

Distribución geográfica y desafíos para el sistema de salud

En conjunto, los datos reflejan que los accidentes de tránsito ocurren en diversos tipos de vías, tanto en zonas urbanas como rurales. La distribución geográfica de los siniestros indica que las áreas con mayor circulación vehicular tienden a concentrar el mayor número de casos.

El reto para las autoridades consiste en reducir la frecuencia de estos eventos y garantizar una respuesta adecuada a las víctimas. Organismos de seguridad vial, junto con el personal de salud y la Policía Nacional, mantienen sus esfuerzos coordinados para abordar la problemática y mitigar sus efectos en la sociedad dominicana.

A los 91 años, Lorenzo Bavestrello recuerda que su salida de Chile en 1980, forzada por la persecución política tras el golpe de Estado de 1973, terminó por convertirlo en una figura central de la confitería en la República Dominicana, donde ayudó a levantar un negocio cuyos dulces quedaron ligados a la infancia de generaciones de dominicanos.

La reubicación de Bavestrello formó parte de un programa de migración laboral del entonces Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, hoy Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ayudó a unos 9,000 chilenos a instalarse en el extranjero. En su caso, el destino fue Boca Chica, en la costa sur dominicana, después de perder su trabajo en Valparaíso y quedar expuesto por su actividad sindical.

Según la OIM, Bavestrello trabajaba en una empresa de confitería y chocolate en su ciudad natal y era líder sindical cuando el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende alteró su vida. “Mis opiniones políticas me costaron el trabajo porque me opuse a la dictadura”, recordó.

La pérdida del empleo no fue un hecho aislado. A medida que la polarización avanzaba en Chile, encontrar otro trabajo se volvió casi imposible para alguien vinculado al movimiento sindical, mientras debía sostener a su esposa y a sus tres hijos pequeños.

El contacto que abrió esa salida llegó a través de su cuñado, un sacerdote católico, que lo vinculó con el Vicariato de la Solidaridad, organización que apoyaba a víctimas de la dictadura. Por esa red supo de un programa gestionado por el ICEM que ofrecía una vía de reubicación fuera del país.

En la República Dominicana, el Banco Interamericano de Desarrollo y el ICEM respaldaban la creación de una fábrica de dulces. Por su experiencia en el sector, Bavestrello fue elegido para ayudar a poner en marcha el proyecto.

Viajó primero solo, con la promesa de reunir más tarde a su familia. Al llegar a Boca Chica, se instaló en una pequeña habitación y durante seis meses trabajó mientras esperaba la llegada de su esposa y de sus hijos: Alejandro, de 13 años; Christian, de 10; y Andrea, de siete.

“Fue un cambio enorme, pero tenía que seguir manteniendo a mi familia”, dijo. Esa etapa inicial estuvo marcada por el desarraigo y por un fuerte choque cultural, aunque también por la posibilidad de seguir ejerciendo el oficio que conocía.

Cuarenta y seis años después de aquella partida, sus hijos todavía conservan un acento claramente chileno y mantienen vivos los recuerdos de las despedidas con familiares y amigos antes del viaje. Bavestrello resumió así el peso de aquella ayuda: “Lo que ICEM hizo por nosotros no tiene precio”.

Del cierre de la primera fábrica al nacimiento de Golosín en Santo Domingo

La estabilidad, de todos modos, no llegó de inmediato. La fábrica que lo había llevado a la República Dominicana cerró y volvió a dejarlo sin trabajo.

“Los recuerdos de aquellos primeros años no son precisamente agradables”, afirmó Bavestrello en declaraciones recogidas por la OIM. La nueva oportunidad apareció cuando encontró un socio que confiaba en su experiencia y con él abrió un pequeño negocio de confitería en Gazcue, un barrio tradicional de Santo Domingo.

Con los años, ese emprendimiento se convirtió en Golosín, una empresa de dulces cuyos productos pasaron a formar parte de la memoria de infancia de generaciones de niños dominicanos. El crecimiento del negocio avanzó al mismo tiempo que la integración de la familia en el país.

Sus hijos continuaron los estudios, hicieron amistades y echaron raíces. El lugar al que llegaron como refugio terminó por convertirse en hogar.

“La República Dominicana nos acogió”, sostuvo Bavestrello. “Aquí encontramos paz. Pudimos trabajar, construir una vida y mirar hacia el futuro. Tengo muchos amigos dominicanos maravillosos, y eso ha marcado la diferencia a la hora de hacer que este lugar se sienta como un hogar”.

A esta altura de su vida, Bavestrello dijo que ya no piensa primero en la incertidumbre ni en la pérdida que lo obligaron a irse de Chile, sino en lo que vino después: la familia que formó, la vida que levantó y la tranquilidad que encontró en territorio dominicano. “Todos mis hijos pudieron estudiar, y nuestra familia sigue creciendo. Esa es la mayor bendición”, concluyó.

El sector eléctrico dominicano ha presentado señales positivas en el primer trimestre de 2026, destacándose un aumento relevante en la inyección de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y una continua transformación en la matriz de generación eléctrica, aspectos fundamentales para el desarrollo económico y la calidad del servicio en la República Dominicana.

Durante el período enero-marzo de 2026, la cantidad de energía inyectada al SENI alcanzó los 5,300.2 GWh. Esta cifra significa un crecimiento de 56.8 GWh respecto al mismo trimestre del año anterior, equivalente a una variación positiva del 1.1%. El resultado refleja una mayor disponibilidad de energía eléctrica, lo que incide favorablemente en la satisfacción de la demanda nacional y en la estabilidad del servicio, según el Informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales marzo 2026.

La importancia de estos datos radica en que, además de responder a una economía en crecimiento, evidencian la capacidad del sistema eléctrico para mantener un flujo estable y suficiente hacia todos los sectores productivos y residenciales del país.

En términos de fuentes de generación, el informe señala cambios notables en la composición de la matriz energética dominicana. El gas natural se mantiene como la principal fuente, con un 35.9% de participación, aunque su cuota experimentó una leve reducción de 4.8 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025. Por otro lado, los derivados del petróleo, principalmente Fuel Oil #6 y #2, tuvieron una presencia del 13.8% en la matriz, con un incremento de 6 puntos porcentuales.

Este aumento sugiere una respuesta estratégica a las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, así como al comportamiento del mercado eléctrico local.

El carbón mineral representó el 27.7%, evidenciando una disminución de 1.6 puntos porcentuales y reflejando el proceso de transición energética paulatina hacia opciones menos contaminantes. En el ámbito de las energías limpias, las fuentes renovables no convencionales (que incluyen eólica, solar y biomasa) mostraron avances, ocupando el 16.6% de la matriz, frente al 15.9% del año anterior.

La participación de la energía hidráulica se ubicó en 6.0%, con una variación marginal. Esta evolución apunta hacia una matriz cada vez más diversificada y resiliente, sin perder de vista la necesidad de incrementar la presencia de energías renovables en la generación total para fortalecer la sostenibilidad ambiental del sistema.

Comportamiento de las empresas del sector eléctrico

Las principales empresas generadoras y de transmisión estatales continuaron registrando una gestión acorde a las exigencias del mercado. La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) facturó 317.2 GWh, lo que representa una ligera reducción de 2.3% en cuanto a volumen, aunque con un incremento en el valor facturado debido a mejoras en los precios promedio de venta. EGEHID también elevó sus inversiones en un 12.1% respecto al año anterior, enfocándose en modernización y optimización de infraestructuras.

Por su parte, la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) aportó al SENI 1,079.9 GWh, mostrando ajustes en su participación, manteniéndose como un actor clave para la matriz gracias al uso eficiente del carbón y mejoras continuas en sus operaciones.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) registró una facturación total de USD 34.8 millones por concepto de peajes, lo que representa un crecimiento de 4.4%. Este resultado estuvo impulsado por incrementos tanto en el derecho de conexión como en el uso de la red de transmisión.

Según el informe, los factores externos como la tasa de cambio y los precios internacionales de los combustibles influyeron en los costos de generación, pero la estructura del sistema nacional permitió una administración de los recursos energéticos para evitar impactos mayores en el suministro y asegurar la continuidad del servicio.

El balance del primer trimestre de 2026 muestra que el sector eléctrico dominicano avanza hacia una mayor robustez y estabilidad, con una visión de largo plazo orientada a la diversificación, sostenibilidad y fortalecimiento de la infraestructura. Será clave continuar este impulso durante el año para afianzar la transformación positiva evidenciada en los primeros meses, con un sistema más eficiente, confiable y moderno.

La República Dominicana figura en el puesto 64 de un total de 147 países en el World Happiness Report 2026, una clasificación elaborada a partir de la Encuesta Mundial Gallup correspondiente al periodo 2023-2025.

El país alcanzó una puntuación promedio de 6,093 sobre 10 en el índice internacional que mide la percepción de bienestar entre la población adulta.

El informe, que incluye a diversas naciones de América Latina y el resto del mundo, utiliza como referencia la evaluación de la satisfacción con la vida reportada por los ciudadanos.

En el caso dominicano, el análisis se realizó sobre una muestra de 1,891 personas de 15 años o más, quienes respondieron a encuestas desarrolladas por Latinobarómetro entre 2023 y 2024.

Las preguntas no solo abordaron el bienestar general, sino también el uso de plataformas digitales y el impacto de estas en la percepción personal de felicidad.

Entre los aspectos examinados, el estudio profundizó en el uso de redes sociales como WhatsApp, Facebook, LinkedIn, YouTube, X, Instagram y TikTok.

La investigación distinguió entre aplicaciones orientadas a la conexión social y aquellas que distribuyen contenido a través de algoritmos. Los resultados en la República Dominicana señalan que no existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de más redes sociales y el aumento o disminución de la satisfacción con la vida.

Esta conclusión se apoya en los datos recopilados durante el periodo de análisis y muestra que, para el contexto nacional, el número de plataformas utilizadas no parece influir en el bienestar percibido.

El reporte de la Encuesta Mundial Gallup también consideró otras variables relevantes, como el nivel de confianza interpersonal, la confianza en el Gobierno, el grado de religiosidad, la clase social y la percepción sobre la situación económica.

Estos factores, integrados en la metodología del estudio, permiten comparar la posición de la República Dominicana respecto a otros países de la región y el mundo.

Según detalló Diario Libre, la República Dominicana aparece entre los países que han mostrado una mejora en la evaluación del bienestar si se compara con los resultados obtenidos entre 2006 y 2010.

Este avance sitúa a la nación caribeña por encima de la mitad de la tabla en el ranking global de la felicidad, superando a muchos de sus pares regionales y manteniéndose por delante de otras naciones con contextos socioeconómicos similares.

La participación en el World Happiness Report 2026 permite observar tendencias y transformaciones sociales en el país. Además, ofrece una referencia para el análisis de políticas públicas y estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

La recopilación de datos a través de Latinobarómetro y el uso de metodologías comparables a nivel internacional otorgan rigor al posicionamiento alcanzado por República Dominicana.

La inclusión de variables como la confianza en las instituciones y la percepción de la economía resulta clave para entender los matices de la satisfacción ciudadana. El informe posiciona al país en un contexto internacional en el que se destacan avances y desafíos en materia de bienestar subjetivo.

Geólogos de la Universidad de Texas en Austin, junto a equipos técnicos del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana, iniciaron recientemente un proyecto de investigación en la cuenca de Azua para analizar su potencial en hidrocarburos. El objetivo central es determinar si la zona cuenta con reservas estratégicas de petróleo y gas susceptibles de explotación futura.

De acuerdo con información oficial, la misión reunió a especialistas estadounidenses y dominicanos para realizar un reconocimiento geológico sobre el terreno y tomar muestras de las formaciones rocosas predominantes.

La exploración, detalló el Gobierno de República Dominicana, incluyó visitas a la cantera de la empresa Cementos Santo Domingo y a catorce puntos geológicos clave, entre los que se destacan las formaciones Trinchera, Sombrerito, Jura, Ventura y Ocoa. Los geólogos examinaron las características litológicas de cada formación, recolectando muestras para investigar su porosidad, tamaño y composición. Según datos oficiales, la intención es evaluar si los procesos naturales que han afectado estas rocas favorecen la acumulación de hidrocarburos.

La delegación de la Universidad de Texas en Austin estuvo liderada por Mark Shustery, jefe de la División de Investigación Energética, y Emilio Núñez, director del Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas. Ambos presentaron al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, los fundamentos metodológicos de la “Evaluación Regional del Potencial Energético en Cuencas Sedimentarias Terrestres y Marinas, República Dominicana y Mar Caribe Adyacente”. El recorrido contó con la coordinación de la geóloga Gelsa Pérez, responsable del Departamento de Promoción de Hidrocarburos, así como con la participación de técnicos del Instituto Geológico Nacional (IGN).

Uno de los focos de mayor interés para los investigadores fueron los pozos Maleno, perforados originalmente por la desaparecida Compañía Petrolera Dominicana en la década de 1930. En ese sector existen afloramientos de crudo que han sido objeto de estudios previos para determinar su viabilidad comercial. Según registros ministeriales, se trata de una de las zonas históricamente consideradas con mayor potencial petrolero en el país.

El convenio entre la Universidad de Texas en Austin y el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), busca robustecer la base de datos técnica nacional para el sector de hidrocarburos. El Buró de Economía Geológica (BEG) de la universidad estadounidense, uno de los centros de investigación más antiguos en el análisis de recursos minerales y energéticos de Estados Unidos, estará a cargo del estudio. El acuerdo contempla el intercambio de información técnica, el desarrollo de capacidades locales y la elaboración de reportes que puedan servir de base para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Según cifras del Gobierno de República Dominicana, el país posee una diversidad mineral considerable. Entre los recursos más importantes se encuentran el oro, la plata, el níquel, la bauxita, el ferroníquel, así como calizas y otros minerales industriales. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas, la mina Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, es una de las principales productoras de oro y plata de América Latina, y representa una fuente significativa de ingresos y empleo para el país. Además, existen yacimientos de ámbar y larimar, piedras semipreciosas de importancia para la industria local de joyería.

La explotación de estos recursos ha contribuido al desarrollo de la economía dominicana y ha permitido inversiones en infraestructura y programas sociales. Según el Ministerio de Energía y Minas, el sector minero representó cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, con exportaciones por más de 2,500 millones de dólares.

El gobierno impulsa actualmente nuevas estrategias para diversificar la matriz energética, fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos y fomentar la investigación en áreas como la cuenca de Azua, donde la colaboración internacional y la transferencia tecnológica se consideran claves para un desarrollo sostenible.

La investigación conjunta entre la Universidad de Texas en Austin y el Gobierno dominicano marca un nuevo capítulo en el estudio de los recursos energéticos del país. El resultado de estas exploraciones podría definir futuras inversiones y el desarrollo de nuevas áreas productivas para la economía nacional.

La inauguración de Expo Amaprosan 2026 en Santiago reunió a comerciantes y empresarios del norte de la República Dominicana para entregar un reconocimiento al presidente Luis Abinader.

La distinción, otorgada por asociaciones de comerciantes y mayoristas del Cibao y Santo Domingo, destacó el impulso presidencial a la transformación integral del Hospedaje Yaque, una obra largamente esperada por la comunidad local y considerada un compromiso histórico con la ciudad de Santiago.

El acto resaltó la importancia estratégica de este mercado para la economía regional y la vida de miles de familias.

Durante la apertura de la trigésima quinta edición de Expo Amaprosan, representantes de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) y otras organizaciones valoraron la decisión del mandatario de priorizar la recuperación de uno de los principales centros de abastecimiento de la región norte.

Según los organizadores, esta intervención fortalecerá la actividad comercial y mejorará las condiciones económicas, sociales, sanitarias y ambientales de la provincia. El evento sirvió como escenario para resaltar la colaboración entre el sector público y privado, clave para el desarrollo de proyectos de gran impacto local.

Un año después, el sector comercial reconoció el avance de la iniciativa y el cumplimiento de la palabra empeñada por el mandatario. Los comerciantes señalaron que la transformación del Hospedaje Yaque permitirá organizar el comercio, promover un entorno seguro y ordenado, dignificar el espacio de trabajo de miles de personas y generar un impacto positivo en la economía, el entorno social y el ambiente de Santiago.

“Esta intervención demuestra la disposición del presidente Abinader de escuchar las necesidades de los distintos sectores productivos y promover soluciones que impactan positivamente la vida de comerciantes, trabajadores, familias y ciudadanos”, expresaron las entidades.

Al agradecer el reconocimiento, Abinader aseguró que representa un compromiso aún mayor con Amaprosan, con Santiago y con toda la región del Cibao. El presidente recordó que desde joven escuchaba sobre las condiciones del Hospedaje Yaque, un mercado necesario para productores y comerciantes, pero marcado por problemas de logística e higiene.

“Espero que, con este proyecto que impulsa el Gobierno junto con el Ayuntamiento de Santiago, el Hospedaje se convierta en un ejemplo de comercio y beneficie a las miles de familias que dependen de esa actividad”, afirmó.

El mandatario explicó que en su gestión ha buscado escuchar a todos los sectores y que las decisiones que adopta buscan el interés nacional. Anunció que el Gobierno desarrolla junto al Ayuntamiento otras obras para mejorar la calidad de vida de la población. Entre ellas se encuentra el fortalecimiento del suministro de agua potable en Santiago, mediante la optimización del sistema del Acueducto Cibao Central y la construcción de un nuevo acueducto en la zona norte.

La presidenta de Amaprosan, Hilsa López Olivares, valoró las obras impulsadas por el Gobierno y las autoridades municipales, especialmente el inicio del proyecto del Mercado Hospedaje Yaque y la transformación del entorno de Nueva York Chiquito. Explicó que Amaprosan ha participado activamente en las mesas de diálogo y en la elaboración de propuestas para estos proyectos y aseguró que la institución continuará como aliada y veedora responsable durante todo el proceso.

Durante la ceremonia, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, agradeció al presidente su apoyo al comercio organizado y señaló que la ciudad reconoce el respaldo recibido. Expo Amaprosan 2026 fue inaugurada bajo el lema “Comercio, industria y sociedad: Pilares del desarrollo” y dedicada al Grupo Bocel, en reconocimiento a su trayectoria empresarial. La feria ofrecerá durante cinco días actividades empresariales, culturales y de salud, además de un pabellón ecológico coordinado con la Sociedad Ecológica del Cibao.

El Senado de la República Dominicana recibió la certificación Great Place To Work tras obtener más del 97% de aprobación entre su personal. El reconocimiento, basado en encuestas anónimas, fue entregado en un acto encabezado por el presidente del Senado Ricardo de los Santos en el auditorio de la institución.

La acreditación distingue a organizaciones que, según el modelo de evaluación de Great Place To Work, construyen entornos de alta confianza. La certificación se basa en encuestas anónimas en las que los colaboradores valoran liderazgo, equidad, respeto y compañerismo.

El reconocimiento fue anunciado en un acto en el auditorio de la institución, donde De los Santos recibió formalmente la certificación.

¿Cómo se realizó la evaluación?

La directora de Gestión Humana de la Cámara Alta, Sonya Uribe Mota, afirmó que el resultado no respondió a una decisión de la Presidencia ni de su área, sino a la opinión directa de los trabajadores, consultados de forma confidencial sobre su experiencia cotidiana dentro de la institución.

Uribe Mota explicó que el proceso de evaluación contó con el acompañamiento de la Dirección de Planificación y de la Dirección de Gestión Humana. Ambas áreas trabajaron en la sistematización de la información institucional y en el acompañamiento metodológico requerido por la organización evaluadora durante todo el procedimiento.

La funcionaria sostuvo: “Esta certificación confirma algo que trabajamos todos los días desde Gestión Humana: que el bienestar de nuestros colaboradores no es un beneficio adicional, sino el centro de la gestión institucional”.

El director de Planificación Ohelmi de la Cruz detalló que entre los elementos que respaldaron la certificación figuran los beneficios consolidados por el Senado en los últimos años. Mencionó la compensación económica, los permisos parentales ampliados, la atención de salud mediante un dispensario médico y una farmacia dentro de la institución, además del fortalecimiento de los programas de capacitación y desarrollo profesional.

De la Cruz dijo: “Esta certificación confirma que estamos logrando consolidar un Senado más eficiente, más humano y comprometido con la excelencia”.

La dedicatoria de Ricardo de los Santos

Durante el acto, De los Santos recibió de manos de Uribe Mota y de De la Cruz un galardón de reconocimiento institucional en nombre de las direcciones de Gestión Humana y de Planificación, como testimonio del logro alcanzado durante su gestión al frente del Senado.

El presidente del órgano legislativo afirmó: “Esta certificación no la recibe la Presidencia, la recibe cada colaborador y cada colaboradora del Senado, quienes trabajan con entrega, dedicación, entusiasmo y con la intención de dar el mayor rendimiento en sus labores. Se lo dedico a ellos porque fueron quienes con su opinión lo hicieron posible”.

La ceremonia incluyó aplausos, ovaciones y el ondeo de banderas por parte de los colaboradores, que expresaron así su entusiasmo por el reconocimiento institucional.

¿Quiénes asistieron al acto?

Con esta acreditación, el Senado de la República pasa a integrar el grupo de instituciones del sector público y privado que cuentan con el respaldo de Great Place To Work. La institución señaló que el resultado reafirma su compromiso con un ambiente laboral basado en la confianza, el respeto y la dignidad de las personas que la integran.

En la actividad estuvieron presentes los senadores Augusto Velázquez por Pedernales, Aracelis Villanueva por San Pedro de Macorís, Dagoberto Rodríguez por Independencia, Franklin Romero por Duarte, Gustavo Lara Salazar por San Cristóbal y María Mercedes Ortiz por Hermanas Mirabal.

En medio de un panel sobre vulnerabilidad sísmica y seguridad, la advertencia resonó con fuerza: la República Dominicana se encuentra a la espera de un gran terremoto.

Ingenieros y especialistas en sismología revelaron que, por su ubicación y las características de su territorio, el país permanece bajo una amenaza latente que requiere atención constante.

Durante el encuentro, la ingeniera sísmica Claudia Germoso describió la situación geográfica de la isla como un factor determinante en el nivel de peligro al que está expuesta la población.

Germoso explicó que la República Dominicana comparte con Venezuela la condición de hallarse “ubicados prácticamente en el borde de dos placas importantes, que son la placa del Caribe al sur y la placa Norteamericana”.

Esta localización convierte a la isla en un punto de alta amenaza sísmica, según detalló la ingeniera en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El panel, en el que participaron especialistas en ingeniería estructural y sísmica, dejó claro que el país cuenta con alrededor de 18 fallas sísmicas activas conocidas.

Aunque los estudios científicos para identificar nuevas fallas siguen en curso, la experta destacó que existen dos estructuras geológicas que concentran el mayor potencial para provocar un terremoto de gran magnitud: la falla Septentrional, que recorre la zona norte desde Montecristi hasta Samaná, y la falla de Enriquillo, con impacto en el sur, especialmente en la frontera con Haití y parte del territorio dominicano.

A estas, se suman otras formaciones relevantes como la Trinchera de La Española, situada al norte en el mar, y la Trinchera de los Muertos, que afecta directamente la capital, Santo Domingo.

La ingeniera Germoso expuso que el país ya ha superado el periodo de retorno estimado para un evento de gran magnitud en la falla Septentrional.

“Desde 1946 al día de hoy, el próximo 4 de agosto cumplimos 80 años de ese último gran terremoto, el tiempo de espera se ha extendido. Por eso se dice que estamos a la espera de un evento sísmico significativo, porque los 50 años que estimábamos como ciclo promedio ya se han superado por casi tres décadas”, precisó la especialista.

En respuesta a este panorama, las autoridades han reforzado la red de monitoreo sísmico mediante la instalación de sismómetros, acelerómetros y otros equipos, principalmente en la región norte.

Además, se han realizado estudios de microzonificación en zonas urbanas como Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Santiago y Barahona. Estos análisis buscan entender mejor el comportamiento de los suelos y optimizar las normativas de diseño sismorresistente, según informaron los organizadores del panel.

Durante la jornada, Germoso insistió en la importancia de que la sociedad dominicana asuma la realidad sísmica y se prepare para enfrentar sus consecuencias. “Es muy importante que todo el país conozca que lo mismo que ha ocurrido en otros puntos de la región va a ocurrir en República Dominicana. Aquí estamos esperando un evento sísmico significativo”, afirmó la ingeniera.

El ingeniero estructural Luis Álvarez, quien también intervino en el panel, señaló que las mayores pérdidas humanas y materiales durante un terremoto dependen en gran medida de la calidad de las edificaciones.

“Los terremotos no matan. Lo que mata son las estructuras”, expresó Álvarez, subrayando que el diseño estructural, la calidad del suelo y el cumplimiento de las normas de construcción resultan determinantes para reducir la vulnerabilidad y salvar vidas.

La comparación con modelos internacionales también estuvo presente en la discusión. Se mencionó el ejemplo de Japón como referencia en la mitigación de daños y víctimas tras eventos sísmicos, por sus altos estándares técnicos y de prevención. No obstante, los expertos recalcaron que la realidad dominicana exige un enfoque propio, adecuado a la naturaleza de las fallas y las características de la infraestructura local.

En el marco de la 83ª Reunión Ordinaria del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) emitieron una declaratoria especial sobre la preparación regional frente al fenómeno de El Niño, centrando su atención en el fortalecimiento de la Protección Social Adaptativa (PSA).

Reconocen que El Niño, por su carácter estacional y parcialmente previsible, representa un desafío climático de primer orden que profundiza desigualdades y vulnerabilidades existentes en la región. Sus efectos, exacerbados por el cambio climático, afectan de manera acumulativa los ingresos de los hogares, la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso al agua, la salud, la vivienda y la movilidad humana.

Estos impactos recaen de manera diferenciada sobre personas y hogares en situación de pobreza, mujeres, niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, comprometiendo los avances alcanzados en materia de desarrollo e inclusión social, advierte el organismo.

La PSA se presenta como el puente indispensable entre la política social, la gestión del riesgo y la acción climática, considerándose no solo una respuesta de emergencia, sino una inversión estratégica para la cohesión social y la estabilidad regional.

Llamados y recomendaciones del organismo

1. Fortalecimiento de capacidades y coordinación:

El Consejo exhorta a los Estados miembros del SICA a fortalecer, armonizar y actualizar sus instrumentos nacionales y regionales de preparación, respuesta y recuperación, integrando el enfoque de PSA en políticas, planes, protocolos de actuación, registros sociales y sistemas de información. Se insta a promover la interoperabilidad entre los Registros Sociales y los Sistemas de Alerta Temprana, así como a explorar mecanismos de financiamiento contingente y acción anticipatoria en los presupuestos nacionales, en estrecha articulación con los entes responsables de protección civil, finanzas y ambiente.

2. Impulso a la hoja de ruta regional:

Se instruye a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), en coordinación con el SICA y el CEPREDENAC, a continuar impulsando la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la Capacidad Adaptativa de los Sistemas de Protección Social. Esto incluye el desarrollo de capacidades técnicas, el intercambio de experiencias, la consolidación de un lenguaje común y la elaboración de herramientas prácticas y protocolos regionales que faciliten la integración de la acción anticipatoria en los programas de transferencias y asistencia social frente a los impactos de El Niño y otros eventos climáticos.

3. Articulación y respaldo internacional:

El Consejo realiza un llamado a instituciones del SICA, organismos internacionales, socios para el desarrollo, banca multilateral, fondos climáticos, academia y sociedad civil a respaldar técnica y financieramente la implementación de esta agenda regional. Reafirma que invertir en preparación anticipada y en la flexibilidad de los sistemas de protección social es la estrategia más costo-efectiva para proteger los avances del desarrollo social y garantizar el bienestar y la resiliencia de la región ante crisis climáticas y multidimensionales.

Reconocimientos, avances y perspectivas

La declaración destaca los logros del CIS en la promoción de la PSA como prioridad regional, incluyendo la adopción de la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la Capacidad Adaptativa, la articulación con la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de herramientas comunes para los Estados miembros.

El fenómeno de El Niño, al ser parcialmente previsible, representa una oportunidad para consolidar la preparación anticipada. El enfoque regional apunta a activar mecanismos de coordinación intersectorial y adoptar medidas preventivas que permitan evitar que los impactos climáticos deriven en crisis sociales, pérdida de medios de vida o desplazamientos forzados.

El CIS sostiene que la Protección Social Adaptativa constituye un imperativo ético y estratégico para reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia de personas, hogares y comunidades, consolidando una agenda regional que prioriza la respuesta oportuna y coordinada ante los retos climáticos presentes y futuros.

Los deportistas de disciplinas individuales que obtengan medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibirán una recompensa económica de 300,000 pesos dominicanos, equivalentes a unos USD 5,100, según anunció el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

La medida forma parte de una estrategia oficial para premiar a los atletas dominicanos, que será anfitriona de la competencia multideportiva de la región. La decisión fue comunicada a través de una nota de prensa del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), en la que se detallan los montos que recibirán los atletas dominicanos según el tipo de medalla obtenida.

Los ganadores de plata recibirán 150,000 pesos (alrededor de USD 2,550), mientras que quienes logren la medalla de bronce percibirán 100,000 pesos (unos USD 1,700). El anuncio fue realizado a menos de dos semanas del inicio de los Juegos, programados del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.

El ministro Kelvin Cruz dijo: “reconocer el esfuerzo y la dedicación de los atletas que representan al país”. Explicó que la política de premios también se extenderá a los deportes por equipos, así como a entrenadores y federaciones cuyos integrantes logren subir al podio. “Es una forma de motivar y premiar la entrega de nuestros deportistas y de quienes los apoyan en su proceso de formación y competencia”, señaló Cruz en declaraciones.

La competencia reunirá a más de 6,000 atletas procedentes de 37 países y territorios, lo que convierte a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el evento multideportivo de la región en 2026. Según datos oficiales, países como Cuba han confirmado la presencia de 504 deportistas, Guatemala participará con 480, Panamá con 217 y Puerto Rico con 442 atletas. La delegación dominicana, que será local, aspira a figurar entre las primeras del medallero general.

Cómo se enmarca la política de incentivos

La política de premios a medallistas implementada por el gobierno dominicano busca fortalecer la presencia dominicana en competiciones internacionales y estimular el rendimiento de nuevas generaciones de atletas de alto rendimiento. “El deporte ha sido clave para el desarrollo social y la proyección internacional de República Dominicana”, afirmó el ministro Cruz.

El funcionario destacó que el respaldo económico se suma a otras acciones implementadas en los últimos años, como la mejora de infraestructuras deportivas y el fortalecimiento de programas de formación y apoyo psicológico. La entrega de premios en dólares estadounidenses busca asegurar la transparencia y la equivalencia internacional de los montos, atendiendo la relevancia de los Juegos y la visibilidad que tendrá el país como anfitrión.

La antorcha y los actos previos a la apertura

En paralelo a los incentivos económicos, la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ha involucrado una serie de actos simbólicos y logísticos, como el reciente recorrido de la antorcha oficial, la “Llama de los Valores”, que fue recibida en la explanada Pedro Henríquez Ureña del Ministerio de Educación por De Camps.

Este acto vinculó el evento con la educación y la formación ciudadana. La llama fue encendida en abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, y recorrerá distintos puntos de República Dominicana antes de llegar al pebetero durante la ceremonia inaugural.

República Dominicana lidera la región con la generación de más de 198 mil empleos directos vinculados a las zonas francas, consolidando su papel central en el crecimiento económico del país.

La expansión del sector de zonas francas ha impulsado de manera sostenida la economía dominicana y se ha convertido en uno de los motores principales de generación de empleos y desarrollo industrial.

Según el informe “Zonas francas: El ecosistema que redefine la inversión en la región”, el país destaca como referente regional por la magnitud e impacto de este régimen especial, que no solo proporciona puestos de trabajo, sino que también dinamiza las exportaciones, la inversión extranjera y la diversificación productiva.

El territorio dominicano cuenta actualmente con 286 zonas francas operativas, una de las cifras más altas de América Latina, y 820 empresas instaladas al cierre de 2023, lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior.

Esta infraestructura industrial, distribuida en 87 parques a lo largo del país, facilita la llegada de nuevas inversiones y promueve la competitividad regional.

Más de la mitad de los parques industriales se encuentra en la Región Norte, seguidos por el Distrito Nacional, Santo Domingo, la Región Sur y la Región Este. La propiedad de estos parques es mayoritariamente privada, lo que aporta flexibilidad y dinamismo al ecosistema.

El impacto sobre el empleo es contundente: las zonas francas generan cerca de 693,119 empleos entre directos e indirectos, posicionando a República Dominicana en el primer lugar de América Latina en este indicador. Además, el régimen representa una alternativa laboral clave para miles de familias y contribuye de manera significativa al tejido productivo local. Los salarios promedio en estas empresas se sitúan en $624 mensuales, cifra que se encuentra por encima de la media regional y permite mantener un equilibrio entre costos y productividad.

Las zonas francas dominicanas han logrado consolidar una amplia diversificación sectorial. Un 32% de las empresas pertenece al rubro de servicios, mientras que el resto se distribuye entre manufactura textil, tabaco, dispositivos médicos, productos eléctricos, logística y agroindustria, entre otros sectores. Esta variedad ha incrementado la resiliencia del sector frente a desafíos globales y ha abierto oportunidades para la relocalización de empresas extranjeras, en especial bajo la tendencia de nearshoring.

El dinamismo exportador es otro de los pilares de este modelo. Más del 56% de las exportaciones nacionales proviene de las zonas francas, lo que refuerza el papel de República Dominicana como eje de la inserción internacional en la región.

En 2023, las exportaciones realizadas bajo este régimen alcanzaron los $7,965 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en 4,887 millones de dólares, datos que evidencian la capacidad de generar valor agregado y la balanza positiva en la economía nacional.

El aporte de las zonas francas al Producto Interno Bruto (PIB) se sitúa en 3.1%, indicador que refleja la magnitud de su influencia en la economía. Los incentivos fiscales y la normativa estable han permitido que, por cada peso dominicano exonerado en impuestos, el sector aporte siete pesos en valor agregado directo y hasta 14 pesos considerando toda la cadena de valor. Esta relación contribuye al sostenimiento de la inversión privada y la expansión de capacidades productivas.

Las ventajas competitivas de República Dominicana frente a otros países de la región radican en su masa crítica de infraestructura, la madurez institucional y un entorno regulatorio estable. Organismos como el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) han impulsado la facilitación aduanera, la digitalización de trámites y la atracción de inversión extranjera directa, lo que posiciona al país como destino preferente para empresas que buscan eficiencia operativa y acceso a mercados internacionales.

El informe subraya la capacidad dominicana para adaptarse a las tendencias globales como la relocalización de procesos industriales y el friendshoring. El país también ha avanzado en iniciativas orientadas a la sostenibilidad ambiental y la transformación digital dentro de las zonas francas, facilitando la llegada de proyectos tecnológicos.

Entre los retos identificados, el informe señala la necesidad de ampliar la capacidad física disponible, ya que la ocupación de los parques industriales es elevada. También resalta la importancia de seguir optimizando el gasto tributario y de incrementar el valor agregado de las actividades instaladas, con el fin de atraer inversiones de mayor nivel tecnológico y salarios más altos.

La política pública ha jugado un papel relevante a través de exenciones fiscales, programas de financiamiento y apoyos a la inversión. El modelo de alianzas público-privadas ha permitido que el 76% de los parques industriales sea de propiedad privada, fortaleciendo la flexibilidad y la capacidad de respuesta del sector ante los desafíos del mercado global.

República Dominicana ocupa el segundo lugar absoluto en número de zonas francas en América Latina y es el país con mayor generación de empleo en este régimen. El modelo dominicano se distingue por su escala, estabilidad y capacidad de adaptación, situando al país como un polo estratégico para la inversión, la producción y el comercio internacional.

El gobierno del presidente Luis Abinader ha posicionado la salud mental como uno de los ejes centrales de su gestión, desplegando una estrategia integral enfocada en la prevención, el fortalecimiento de la atención especializada y el desarrollo de nueva infraestructura, con el objetivo de ofrecer servicios oportunos y de calidad a toda la población.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, detalló que, por instrucciones del presidente, durante el año en curso se han intensificado los esfuerzos para transformar el abordaje de la salud mental. Las acciones abarcan promoción, prevención, atención hospitalaria y reinserción social de personas con trastornos mentales.

El SNS lleva adelante un programa de concienciación dirigido a familias y a la población general. A través de jornadas educativas en Centros de Primer Nivel de Atención, hospitales, y medios de comunicación, se busca promover la detección temprana, reducir el estigma y facilitar el acceso a servicios especializados.

En cuanto a la atención hospitalaria, Landrón destacó la expansión sin precedentes de las camas de intervención en crisis dentro de la Red Pública. Al inicio de la gestión se contaba con solo 47 camas; actualmente existen 314 distribuidas en principales hospitales del país. La meta es superar las 500 antes de finalizar el año, cubriendo todas las provincias y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias de salud mental.

El fortalecimiento de las unidades de salud mental en hospitales incluye la incorporación de psiquiatras, psicólogos y equipos de intervención en crisis, para asegurar una atención multidisciplinaria y humanizada. Además, se amplían las residencias médicas en Psiquiatría con el fin de formar nuevos especialistas y reducir el déficit profesional en diferentes regiones.

En materia de infraestructura, el SNS construye nuevos Centros Psicosociales en Higüey y Moca. Para agosto está prevista la entrega de otro centro especializado que ampliará la red nacional. Próximamente abrirá el primer Centro de Salud Mental Infantil de la Red Pública, en el antiguo Hospital Santo Socorro, actual Hospital Manuel Rodríguez Jiménez. Este centro dispondrá de más de 17 camas y atención integral para niños y adolescentes.

Finalmente, avanzan los trabajos para el Instituto de Neurociencias, ubicado en el Centro Clínico y Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Este instituto albergará la residencia nacional de Psiquiatría y ofrecerá servicios especializados en enfermedades mentales y neurológicas de alta complejidad.

Las acciones forman parte del compromiso del presidente Abinader de fortalecer la salud mental como política pública prioritaria, garantizando una red de servicios accesible, humana e integrada para toda la población, independientemente de su lugar de residencia.

República Dominicana, con mayor carga de enfermedades mentales y brechas de atención

La República Dominicana registra una de las mayores cargas de trastornos mentales en América, según el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entre los principales diagnósticos se encuentran la esquizofrenia, el Trastorno Depresivo Mayor y la ansiedad. El país atraviesa una transición del modelo manicomial hacia la atención comunitaria, enfrentando obstáculos como el estigma social, una brecha alta de acceso y una cobertura limitada en el Seguro Familiar de Salud (SFS), que restringe terapias y medicamentos en las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El Plan Estratégico de Salud Mental, respaldado por la OPS, busca ampliar la red de atención y mejorar el acceso, aunque menos del 25% de las personas diagnosticadas recibe tratamiento adecuado. El Ministerio de Salud Pública señala que fortalecer la capacitación y aumentar el presupuesto es clave para avanzar en la atención comunitaria y reducir la exclusión.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, inició en Boca Chica la construcción del alcantarillado sanitario del municipio, una obra que busca mejorar el saneamiento, proteger el litoral costero y reforzar el desarrollo turístico de una zona situada a 30 km de Santo Domingo y a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Las Américas.

El proyecto prevé la instalación de 250 kilómetros de tuberías, la sustitución de redes existentes, la construcción de ocho estaciones de bombeo, líneas de impulsión, colectores maestros, una planta de tratamiento y un emisario submarino. Esa infraestructura está orientada a la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales.

La intervención beneficiará a unas 220.000 personas de Boca Chica, Andrés y La Caleta, mediante la ampliación y modernización del sistema, con el objetivo de elevar la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento. Según el acto oficial, esas obras también apuntan a proteger la salud pública, conservar los ecosistemas acuáticos y asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre manejo y disposición de aguas residuales.

El plan forma parte de un programa que impactará a más de un millón de personas

La obra de Boca Chica integra el Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, definido en la presentación como el proyecto de saneamiento de mayor alcance que se ejecuta actualmente en la República Dominicana y en la región. La iniciativa incluye además intervenciones en San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Verón-Punta Cana.

El alcance total del programa supera un millón de personas con impacto directo en esas provincias. En Boca Chica, la ejecución estará a cargo del INAPA y de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, con respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y aportes adicionales de España y Corea del Sur.

Arnaud afirmó durante la actividad que el saneamiento del municipio es determinante para la salud y el bienestar de la población. “El saneamiento de Boca Chica es clave para mejorar la salud y el bienestar de nuestra gente, porque sin saneamiento no es posible lograr un verdadero desarrollo”, expresó.

La estudiante Lía Camila Fernández agradeció el inicio de los trabajos y señaló que la obra contribuirá a garantizar salud y calidad de vida. Durante el acto también fue juramentada una comisión de veeduría integrada por diputados, regidores, el Clúster Turístico de Boca Chica y otros sectores, con la tarea de supervisar la ejecución del proyecto.

Boca Chica busca fortalecer su perfil turístico con mejoras en saneamiento y entorno urbano

Boca Chica figura entre las playas más visitadas de la República Dominicana por sus aguas cristalinas, su baja profundidad y su barrera de coral. Su cercanía con la capital y con el principal aeropuerto del país la convierte en un destino accesible tanto para visitantes locales como extranjeros.

La zona combina una oferta de playa apta para caminar mar adentro con restaurantes frente al mar centrados en mariscos frescos y pescado frito dominicano. También dispone de hoteles todo incluido orientados a conferencias y turismo deportivo, además de alojamientos individuales y complejos más económicos.

Por su ubicación, el municipio permite excursiones rápidas a la Zona Colonial de Santo Domingo, Los Tres Ojos, Isla Saona y otros puntos costeros. El destino, que suele mantenerse libre de sargazo, afrontó en los últimos tiempos desafíos de mantenimiento en su entorno urbano.

Ese escenario coincidió con el anuncio de nuevas inversiones del sector privado y del gobierno dominicano para revitalizar la zona, revalorizar las propiedades y reforzar a Boca Chica como referente histórico del turismo nacional. En ese marco, la obra de alcantarillado sanitario se presenta como una pieza de la estrategia para reducir los riesgos de contaminación ambiental en la franja costera y mejorar las condiciones de vida de la población.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) remitió a la Cámara de Diputados de la República Dominicana observaciones al nuevo Código Penal por artículos que, según advirtió, podrían convertir en delito medidas disciplinarias o de protección aplicadas en las escuelas. La carta fue firmada por Eduardo Hidalgo y John A. Bello.

La entidad objetó, entre otros puntos, el artículo 214 sobre abandono de niños, niñas y adolescentes, que prevé penas de dos a tres años de prisión menor y multas de nueve a 15 salarios mínimos del sector público por incumplir un deber de vigilancia o cuidado. También cuestionó la agravante de 20 a 30 años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios mínimos cuando el hecho sea cometido por el padre, la madre, el tutor, el maestro o una persona que ejerza autoridad de hecho sobre el menor.

En una comunicación dirigida vía Secretaría General Legislativa, el sindicato sostuvo que sus propuestas no buscan privilegios para el magisterio ni excluir de responsabilidad a quienes cometan conductas contrarias a la ley. Según el documento, el objetivo es contribuir a una legislación “más clara, justa y equilibrada”, capaz de diferenciar entre hechos delictivos y actuaciones propias de la labor educativa, la defensa sindical y el cumplimiento de responsabilidades institucionales.

Observaciones sobre el artículo de bullying

Uno de los ejes de la objeción recae sobre el artículo 121, dedicado al hostigamiento e intimidación o “bullying”. El texto citado por la organización castiga a quien intimide, insulte, se burle o incurra en agresiones verbales, fomente exclusión o aislamiento en el ámbito educativo, laboral, social o cualquier otro, con el objetivo de avergonzar, denigrar, asustar, humillar, manipular, aislar, generar inseguridad y entorpecer el desenvolvimiento normal de una persona o grupo.

La ADP afirmó que comparte la necesidad de prevenir y sancionar el acoso escolar, pero reclamó una delimitación más precisa de expresiones como “asustar”, “aislar” y “ámbito educativo”. A su juicio, esos términos podrían permitir que decisiones adoptadas conforme a la Ley General de Educación núm. 66-97 sean interpretadas como hostigamiento o intimidación.

En ese punto, propuso incorporar un párrafo expreso para excluir de sanción “las medidas disciplinarias, pedagógicas, correctivas o de protección adoptadas por docentes, directivos u orientadores, de manera objetiva, razonable y conforme a la legislación educativa, siempre que no tengan por finalidad humillar, denigrar, hostigar o causar daño físico o psicológico al estudiante”.

La organización agregó que esa precisión refuerza los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de resguardar el ejercicio de la función docente reconocido por el artículo 63.5 de la Constitución. Su argumento es que la protección penal debe mantenerse, pero con una redacción que no confunda autoridad educativa legítima con violencia o persecución.

Cuestionamientos al artículo sobre abandono

Sobre el artículo 214, la asociación dijo que coincide con la necesidad de sancionar el abandono de menores, aunque pidió revisar tanto el alcance de las expresiones “abandono” y “deber de vigilancia o cuidado” como la inclusión del maestro en el mismo nivel agravado que el padre, la madre o el tutor.

La carta enviada a la Cámara de Diputados sostiene que el deber de custodia del docente es “funcional, temporal” y está limitado al ejercicio de sus atribuciones legales. Por eso, el sindicato propuso que la agravante quede reservada para casos de abandono deliberado o de negligencia gravísima que ponga en peligro la vida o la integridad del estudiante.

Objeciones sobre otros términos y la edad como categoría protegida

Otra observación se dirige al uso del término “presión” en disposiciones vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. La ADP consideró que esa palabra resulta “amplia e indeterminada” y que, en esas condiciones, podría generar inseguridad jurídica para el personal docente durante el ejercicio de sus funciones pedagógicas.

La propuesta del gremio es sustituirla por una fórmula más delimitada, como “presión psicológica grave, ilegítima o abusiva”, o definir que la conducta sancionada implique intimidación, humillación, coacción o una afectación comprobable de la integridad física o emocional del menor. En ese mismo planteo pidió excluir de forma expresa las actuaciones disciplinarias y pedagógicas legítimas desarrolladas dentro del marco de la Ley General de Educación núm. 66-97 y de los reglamentos del sistema educativo.

La Policía Nacional de República Dominicana capturó en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo, a tres presuntos asaltantes identificados como integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer asaltos a mano armada en distintas provincias del país.

La detención es resultado de una labor de seguimiento e inteligencia iniciada en la provincia Espaillat, tras la denuncia de un reciente atraco que afectó a un mensajero de una empresa de envío de remesas en el sector El Higüerito, municipio de Moca.

Los detenidos fueron identificados como Dewin Jesús Medrano, de 26 años; Yandy Bardes Ferrada, de 20; y Yeico José Beato Bastardo, alias “La Percha”, de 28 años.

Según el informe policial, los tres hombres eran activamente perseguidos por su presunta participación en varios hechos delictivos, entre ellos el asalto perpetrado el martes contra el mensajero de la empresa de remesas.

De acuerdo con la denuncia presentada, el mensajero fue interceptado mientras realizaba sus labores por varios individuos que se desplazaban en una jeep Honda CR-V negra. Bajo amenaza con armas de fuego, los asaltantes lo despojaron de RD$11.650 (USD 198.98) en efectivo y varios recibos de pago, para luego emprender la huida hacia Santo Domingo.

Durante la intervención policial en Pedro Brand, los agentes ocuparon la Jeep utilizada presuntamente para cometer los hechos, además de dos pistolas y varios pasamontañas, que constituyen evidencias clave. Estas pruebas serán incorporadas al proceso investigativo para fortalecer los cargos en contra de los detenidos.

La Policía Nacional también informó que los tres hombres serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros asaltos registrados en diferentes demarcaciones del país.

Durante este año, las autoridades han incrementado los operativos contra la delincuencia organizada, logrando varias detenciones relacionadas con asaltos a mano armada. En junio, la Policía Nacional anunció la captura de cuatro individuos en Santiago acusados de perpetrar una serie de robos contra comercios y transeúntes en horario nocturno.

En abril, en el sector de Villa Duarte, Santo Domingo Este, fueron detenidos dos presuntos miembros de una banda que operaba en motocicletas, señalados por al menos cinco atracos cometidos en la zona en menos de un mes.

En ambos casos, las autoridades incautaron armas de fuego, motocicletas y objetos robados, remitiendo a los acusados ante los tribunales de justicia.

Estos hechos evidencian la preocupación existente en la sociedad dominicana por el aumento de los asaltos y robos en espacios públicos y privados, un fenómeno que ha motivado a la Policía Nacional a reforzar la presencia policial y la cooperación con el Ministerio Público. El objetivo es desarticular estructuras criminales, recuperar bienes sustraídos y devolver la confianza a la ciudadanía.

El Código Penal de la República Dominicana considera el atraco como un delito grave, tipificado dentro del robo agravado cuando se comete con violencia o intimidación, o haciendo uso de armas. Según el artículo 379 y siguientes, el robo cometido con violencia en las personas se castiga con penas de reclusión mayor, que pueden oscilar entre 10 y 20 años de prisión cuando concurren circunstancias agravantes, como el empleo de armas de fuego o la participación de varias personas.

Además, el artículo 384 establece que cuando el robo se realiza en banda o cuadrilla, la pena puede aumentar hasta 30 años, especialmente si resulta en lesiones a la víctima o en la muerte de alguna persona.

La legislación dominicana también prevé el decomiso de los bienes utilizados para cometer el delito, como vehículos y armas, y la obligación de indemnizar a las víctimas por los daños sufridos. El endurecimiento de las penas busca disuadir la comisión de estos delitos y garantizar una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia penal.

En el caso reciente de Pedro Brand, la Policía Nacional continúa desarrollando diligencias para determinar si los detenidos están implicados en otros hechos similares reportados en provincias como Espaillat, Santiago y La Vega. La recolección de pruebas, el análisis de registros telefónicos y la colaboración de las víctimas serán determinantes para formalizar los cargos ante los tribunales. El Ministerio Público tendrá la responsabilidad de solicitar medidas de coerción y sustentar la acusación con base en las evidencias recabadas.

La captura de estos tres presuntos asaltantes es parte de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana implementada por las autoridades dominicanas, que busca reducir los índices de criminalidad y fortalecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de la persecución penal. Mientras avanza el proceso judicial, la Policía exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo para contribuir a la prevención y persecución efectiva del crimen.

Dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia de Estados Unidos fueron aprehendidos durante operativos simultáneos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

Las capturas, ejecutadas con la colaboración de los U.S. Marshals, se llevaron a cabo en San Pedro de Macorís y en San José de Las Matas, provincia de Santiago, según informaron fuentes oficiales este miércoles.

Autoridades desplegaron equipos especiales en el marco de una operación orientada a dar cumplimiento a órdenes de captura internacional. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los arrestos se concretaron durante acciones de inteligencia que permitieron localizar a los sospechosos en distintos ´puntos del país.

El primero de los detenidos, identificado como Mario J. , fue arrestado en la calle principal de Los Montones, en San José de Las Matas, en cumplimiento de una orden emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

El ahora capturado es requerido por un tribunal de Estados Unidos, específicamente en el Condado de Nueva York, bajo acusaciones de homicidio en segundo grado, una imputación que corresponde a delitos graves bajo la normativa penal estadounidense.

Por su parte, el segundo fugitivo, Mario G., fue localizado en las inmediaciones de la calle 6ta, en la provincia de San Pedro de Macorís, tras un operativo de seguimiento coordinado entre las autoridades dominicanas y estadounidenses. Según el reporte oficial, el capturado enfrenta cargos en Connecticut por agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas, en violación a los estatutos generales de ese estado.

República Dominicana refuerza cooperación internacional

La DNCD señaló que la detención de ambos individuos responde a los compromisos adquiridos por la República Dominicana en materia de cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico transnacional. “Estas acciones forman parte de los acuerdos bilaterales y el intercambio de información con agencias estadounidenses para garantizar que personas vinculadas a delitos graves no puedan evadir la justicia”, aseguró la institución en su comunicado oficial.

Las autoridades confirmaron que ambos detenidos permanecerán bajo custodia en territorio dominicano hasta completar los trámites judiciales previos a la extradición solicitada por Estados Unidos. El proceso será supervisado por los organismos competentes, incluyendo el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia, conforme a los procedimientos legales vigentes.

En el caso de Mario J., el Ministerio Público detalló que la orden de captura internacional fue validada por los tribunales dominicanos, lo que permitió a la DNCD actuar en el marco del respeto a las garantías procesales. La colaboración de los U.S. Marshals resultó determinante en la localización y aprehensión de los fugitivos, según precisaron fuentes oficiales.

El proceso de extradición de ambos dominicanos, requerido por la justicia estadounidense para responder por los delitos que se les imputan, se desarrollará una vez se agoten los procedimientos judiciales establecidos en la legislación local. “La cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional”, subrayó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La captura de estos dos fugitivos evidencia la articulación de esfuerzos entre la República Dominicana y Estados Unidos para evitar la impunidad en casos de homicidio y delitos sexuales graves.

El registro de la diáspora dominicana en el mundo muestra que más de 3,000,000 de personas residen actualmente fuera de la República Dominicana. El informe divulgado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) señala que la cifra llegó a 3,030,647 personas, lo que representa un aumento del 5.4 % respecto al año anterior.

Según los datos presentados, en el último año se sumaron 156,523 dominicanos a la comunidad residente en el exterior. El reporte abarca información recopilada hasta mayo e indica una presencia dispersa en 129 países y territorios, ampliando el alcance geográfico respecto del informe previo.

Listín Diario destacó que entre los nuevos destinos figuran Angola, Azerbaiyán, Bahréin, Botsuana, Guinea, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Serbia y Vietnam. Esta ampliación refleja el avance de la movilidad dominicana hacia regiones donde antes no se registraban comunidades significativas.

Distribución de la comunidad dominicana en el exterior

Estados Unidos continúa como el país con mayor cantidad de dominicanos, con 2,539,893 residentes. Dentro del territorio estadounidense, la mayor concentración se localiza en Nueva York (873,294), seguida por Nueva Jersey, Florida y Pennsylvania. También figuran Massachusetts, Rhode Island, Texas, Connecticut, Carolina del Norte y Georgia.

En Europa, España destaca con 207,135 dominicanos, principalmente en Madrid y Barcelona. Otras ciudades y regiones con comunidades notables incluyen Islas Baleares, Asturias, La Coruña, Zaragoza, Navarra y Valencia. Italia y Países Bajos también forman parte de los destinos europeos con mayor número de residentes dominicanos.

En América del Sur, Chile registra la comunidad dominicana más numerosa, seguido de Venezuela y Argentina. En América Central y el Caribe, los principales destinos son Puerto Rico, Panamá, Curazao, Islas Vírgenes y Aruba.

El informe distribuye a la población por continentes: América agrupa a 2,729,087 dominicanos, Europa a 298,234 y Asia a 2,690. Esta segmentación permite observar las rutas migratorias más frecuentes y las preferencias en la elección de países de destino.

De acuerdo con las cifras disponibles, la comunidad dominicana en el exterior se ha expandido de manera sostenida tanto en cantidad de personas como en la variedad de destinos, abarcando nuevas áreas geográficas y consolidando su presencia en países donde ya existían comunidades establecidas.

Características demográficas de la diáspora

El perfil de la población dominicana en el exterior muestra una mayoría de mujeres, que representan el 53.5 % del total, mientras que los hombres constituyen el 46.5 %. El informe también refleja que los menores de 25 años conforman el grupo más amplio, con un 37.2 %. Las personas de 45 años o más alcanzan el 12.7 % y los mayores de 60 suman 287,911, equivalentes al 9.5 %.

La diversidad de la diáspora también queda reflejada en la distribución interna dentro de los países con mayores comunidades. En Estados Unidos, los estados con más presencia dominicana se concentran en la Costa Este, mientras que en España predominan Madrid y Barcelona, junto a otras regiones con menor número de residentes, según el documento citado por Listín Diario.

La investigación sobre la muerte de Lissett Noemí Almonte Peña, adolescente de 17 años hallada sin vida en Santiago de los Caballeros, registró un giro relevante tras la entrega voluntaria de Jansel Manuel Cabrera Martínez, de 29 años, señalado por las autoridades como el principal sospechoso del crimen.

Según informó el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que el imputado se presentó acompañado de su abogado ante el despacho del director regional Cibao Central, genera Jesús Rafael Tejada Tejada, en respuesta a los operativos de búsqueda desplegados en distintos puntos de la provincia.

El hallazgo del cuerpo de la adolescente, el pasado 13 de julio, a la orilla de la avenida Circunvalación Norte, provocó conmoción en la comunidad y en familiares de la víctima.

De acuerdo con las versiones recogidas por las autoridades, Lissett Noemí Almonte Peña fue vista por última vez la tarde del domingo, poco antes de que se perdiera todo contacto con ella. El levantamiento del cadáver fue realizado por las autoridades, y un informe preliminar del médico legista indicó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. El diagnóstico definitivo está pendiente del resultado de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Las primeras pesquisas de la Policía Nacional apuntan a que la víctima y el detenido mantuvieron una relación sentimental, la cual habría finalizado recientemente. La entrega de Cabrera Martínez se produjo después de varias horas de búsqueda e inteligencia, que incluyeron operativos en áreas boscosas del Pico Diego de Ocampo y otros sectores de la provincia.

El imputado fue recibido por el general Tejada Tejada, quien aseguró que durante el proceso se respetarán todas las garantías constitucionales del detenido antes de su puesta a disposición del Ministerio Público.

Familiares de Lissett Noemí Almonte Peña relataron que la joven abordó un vehículo en el que presuntamente se desplazaba presuntamente con Jansel Martínez, poco antes de desaparecer. La comunidad expresó consternación tras el hallazgo del cuerpo, que presentaba signos evidentes de violencia.

De momento, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar si existen otras personas vinculadas al hecho. El caso se mantiene bajo reserva hasta que el INACIF entregue el informe definitivo de autopsia y concluyan las diligencias judiciales.

Homicidio en República Dominicana: implicaciones legales para el principal sospechoso

De acuerdo con el marco legal vigente, el homicidio agravado en la República Dominicana puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión cuando la víctima es una persona menor de edad o se han presentado circunstancias agravantes, como la existencia de una relación sentimental previa o la comisión del hecho con violencia extrema.

El nuevo Código Penal dominicano, contemplará penas de entre 30 y 40 años para homicidios agravados y prevé un máximo acumulativo de 60 años en casos de múltiples delitos graves, aunque en este proceso solo se investiga un caso de muerte. La sanción máxima dependerá tanto de los resultados finales de la autopsia como de la tipificación que realice el Ministerio Público durante la acusación formal.

Cinco de los diez imputados por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado acercamientos con el Ministerio Público para negociar un acuerdo de penal abreviado y admitir culpabilidad, según informó Listín Diario.

Las negociaciones se producen mientras el órgano persecutor prepara una nueva fase de la pesquisa, denominada “Senasa 2.0”, de acuerdo con una fuente ligada a la investigación citada por el medio, que atribuyó las gestiones a la “solidez de las pruebas” reunidas.

La acusación sostiene que la estructura habría operado entre 2020 y 2025, y que el monto de la estafa al Estado dominicano supera los 19,000 millones de pesos (aproximadamente USD 320 millones), cifra superior a los 15,000 millones señalados inicialmente. Las autoridades consideran que la investigación continúa y que podrían sumarse nuevos implicados a la causa.

Está prevista una revisión obligatoria de la medida de coerción para el 30 de julio. En esa fecha, el juez de control de las investigaciones, Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá el caso de los imputados que permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Las Parras. Esta audiencia podría definir la situación procesal de quienes todavía cumplen la medida más restrictiva.

Entre los imputados figuran el exdirector ejecutivo Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez. El grupo incluye a exfuncionarios y a antiguos suplidores de la ARS estatal. Todos enfrentan cargos por delitos cometidos en el marco del funcionamiento de la entidad.

El expediente atribuye a los acusados los cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Dentro del grupo de acusados también aparecen Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. De acuerdo con Listín Diario, estas tres personas admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de SeNaSa. Por su colaboración con la justicia, recibieron arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva, condición que se mantiene hasta el avance del proceso.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, ha confirmado que las investigaciones alcanzan a otros actores vinculados al presente del organismo. La institución sostiene que las pesquisas avanzan y que la causa podría ampliarse si surgen más evidencias contra otros involucrados.

La fuente citada por el medio señaló que la solidez de las pruebas reunidas hasta el momento ha sido determinante para que varios imputados consideren la admisión de culpabilidad como una salida procesal ante la gravedad de las acusaciones.

La revisión de la medida de coerción para los imputados aún bajo prisión preventiva será conducida por el juez Deybi Timoteo Peguero en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El Ministerio Público mantiene activa la investigación y no descarta la incorporación de nuevos nombres a la lista de acusados, en función de los resultados que arroje la fase denominada “Senasa 2.0”.

El comercio exterior en República Dominicana ha enfrentado escenarios de volatilidad en los mercados logísticos internacionales, pero los ajustes recientes en los fletes marítimos no han generado un aumento generalizado en los costos para las operaciones locales.

El sector logístico y marítimo observa cuidadosamente la evolución de los precios, atribuyendo los movimientos a factores globales, pero sin consecuencias inmediatas que alteren la competitividad del país.

El presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (Adacam), Jean Louis de Boyrie, explicó que el sector logístico nacional registra variaciones en los fletes marítimos, aunque estas modificaciones no han provocado una escalada en los precios para los usuarios finales.

Según la postura de los representantes del sector, los cambios en los costos han sido puntuales y limitados, sin desencadenar una cadena de incrementos a nivel general, señaló en declaraciones a Diario Libre.

En el contexto actual, los conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente, han impulsado alzas en los precios de los combustibles y del transporte global, que suelen transferirse a diferentes sectores económicos. Las rutas marítimas y aéreas han experimentado episodios de tensión y encarecimiento, afectando principalmente a mercados dependientes de suministros energéticos y rutas comerciales que atraviesan zonas de conflicto.

La sensibilidad del sector aéreo frente a los precios de los combustibles ha provocado incrementos menores en algunos servicios, como la paquetería y las exportaciones puntuales. Sin embargo, desde la perspectiva de Adacam, la incidencia sobre los costos generales en República Dominicana permanece acotada, sin afectar de forma relevante la competitividad del país ni la estructura de precios para los consumidores.

El impacto indirecto de la situación internacional sobre los combustibles podría influir en el mediano plazo en los fletes, especialmente en el transporte aéreo. El sector logístico local se mantiene alerta ante posibles prolongaciones del conflicto en Irán, ya que un encarecimiento sostenido del combustible sí podría reflejarse en algunos costos de transporte. Aun así, hasta la fecha, los efectos sobre la logística dominicana han sido limitados.

Las autoridades y representantes logísticos coinciden en que cualquier variación significativa determinada por las líneas marítimas o aéreas termina trasladándose a los clientes finales. La República Dominicana cuenta con un patrón comercial que no depende de grandes volúmenes de intercambio con Medio Oriente, lo que reduce la exposición del país a los bloqueos y restricciones derivados de la guerra en esa región.

Durante la primera etapa de la crisis internacional, el país experimentó un impacto más perceptible en los fletes aéreos, afectando particularmente las exportaciones de vegetales y algunos servicios de mensajería internacional. En contraste, los ajustes en el transporte marítimo resultaron proporcionales y no alteraron de manera significativa el flujo comercial ni los tiempos de entrega.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfre), Johannes Marinus Kelner, indicó que los precios de los fletes han presentado variaciones a lo largo del año. Tras alcanzar niveles elevados en periodos anteriores, los costos han descendido y estabilizado en fechas recientes, lo que contribuye a mantener la normalidad en las operaciones de comercio exterior.

Dentro de las zonas francas, la industria textil se perfila como la más susceptible a eventuales aumentos del transporte marítimo, debido al volumen de mercancía que moviliza en contenedores. Los responsables del sector reconocen que, a pesar de las fluctuaciones, la estructura logística de República Dominicana ha logrado sortear los efectos más agresivos de las crisis globales, manteniendo la estabilidad en los costos para los exportadores e importadores.

La Cámara de Diputados de República Dominicana prevé aprobar entre jueves y viernes cambios al nuevo Código Penal, que entra en vigencia el 3 de agosto, mientras el Congreso analiza unas 20 propuestas de legisladores y organizaciones sobre libertad de expresión, difamación, ultraje y aborto.

Según Diario Libre, la comisión bicameral busca tener listo su informe el jueves por la mañana para que el pleno de la cámara baja lo trate ese mismo día. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó al medio que habrá sesión el jueves a las 13:00 y que, si hace falta, se convocará otra el viernes para concluir el trámite.

El proceso se abrió la semana pasada para que ciudadanos y sectores sociales enviaran observaciones antes de la entrada en vigor de la Ley 74-25. La comisión bicameral fijó como plazo formal hasta mañana para recibir propuestas adicionales.

El informe y los artículos observados

Según Diario Libre, el presidente de la comisión bicameral, el diputado Wandy Batista, dijo que el grupo espera terminar los trabajos esta semana porque las modificaciones alcanzan un número reducido de artículos y muchos de esos temas ya fueron discutidos. En sus palabras: “Entendemos que tenemos tiempo, primero porque no son muchos los artículos; segundo, porque todos han sido ampliamente discutidos y analizados. Creo que, teniendo presente la Constitución de la República y nuestra conciencia, probablemente estaremos listos esta misma semana”.

Batista evitó asegurar que las enmiendas queden aprobadas antes del 3 de agosto, pero afirmó que la normativa empezará a regir en esa fecha aun si el proceso legislativo no termina. “No puedo garantizar eso. Lo que sí podemos garantizar es que el 3 de agosto entrará en vigencia el nuevo Código Penal, con modificaciones o sin ellas", dijo al medio.

Entre los artículos más cuestionados figuran los relativos a difamación, injuria, ultraje y otros puntos ligados al ejercicio de la libertad de expresión. La publicación indicó que la comisión ya empezó a revisar iniciativas de legisladores junto con propuestas enviadas por distintos sectores de la sociedad.

Las propuestas de Adocco

Una de esas observaciones fue presentada por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción. Según Listín Diario, la organización entregó a la mesa de trabajo un documento que propone variar el contenido de al menos 11 artículos y modificar de forma directa alrededor de ocho: 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310.

Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, planteó incorporar en el artículo 186, sobre atentado contra la intimidad, una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista interés público prevaleciente. En el artículo 192, sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento, la entidad sugiere una redacción que proteja el periodismo de investigación.

La propuesta también pide precisar en el artículo 194 el alcance de la responsabilidad penal derivada de la difusión de informaciones falsas para no afectar el “ejercicio legítimo de la actividad informativa”. Sobre el artículo 208, referido a difamación, Adocco plantea complementar la reducción de penas sugerida por el Poder Ejecutivo con una remisión expresa a las garantías del artículo 211 cuando la información difundida sea de interés público.

El artículo 211, según Listín Diario, establece las declaraciones que no serán consideradas difamatorias o injuriosas. Adocco recomienda reforzar allí la protección de expresiones relacionadas con corrupción, función pública y asuntos de interés público para ofrecer seguridad jurídica a periodistas, ciudadanos y medios de comunicación.

La entidad también considera necesario “armonizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con las exclusiones de responsabilidad previstas en el artículo 211” dentro del artículo 212, que trata la responsabilidad de propietarios de medios en casos de difamación e injuria. En el artículo 234, sobre responsabilidad de personas jurídicas por extorsión o chantaje, propone delimitar esa figura para evitar que se extienda de manera indebida a empresas de comunicación que actúan en ejercicio legítimo de la libertad de información.

En el artículo 310, Adocco solicitó limitar el ultraje al ámbito jurisdiccional como garantía para la libertad de expresión y la crítica ciudadana fuera del proceso judicial. Ese punto figura entre los más sensibles del debate público sobre el nuevo Código Penal.

La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, se reunió este martes en Washington con Robert F. Kennedy Jr. para abordar estrategias de fortalecimiento de los sistemas de salud y prevención de enfermedades, en una visita que también busca ampliar la cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos en políticas sanitarias, innovación e intercambio técnico.

Peña partió la mañana de este martes 14 desde la Base Aérea de San Isidro, de acuerdo con la información oficial difundida por la Presidencia y citada también por medios locales. La agenda incluye un encuentro de alto nivel con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

La reunión tendría como eje uno de los programas de la administración estadounidense: Make America Healthy Again, conocida como MAHA. Esa iniciativa busca responder al aumento de las enfermedades crónicas con políticas centradas en la prevención, la promoción de estilos de vida saludables y el acceso de las familias a información para tomar mejores decisiones sobre su salud.

En el encuentro también participaron la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atallah. La cita forma parte de la agenda permanente del Gabinete de Salud, que preside Peña.

La reunión incluye prevención, atención primaria y enfermedades no transmisibles

El objetivo central del diálogo sería intercambiar experiencias sobre programas públicos orientados a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles.

También se discutirían medidas para fortalecer la atención primaria, promover la educación sanitaria y mejorar los indicadores de salud de ambas poblaciones.

Según la información oficial, el encuentro se inscribe en los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader para consolidar un sistema de salud más accesible, eficiente y enfocado en la prevención.

Asimismo, se busca promover iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la capacidad de respuesta ante los principales desafíos en materia de salud pública”.

La visita de Peña a Washington responde, de manera directa, a dos objetivos: discutir políticas de prevención con el secretario de Salud de Estados Unidos y reforzar la cooperación bilateral en salud pública. El intercambio abarcará tanto estrategias de gobierno como mecanismos de desarrollo de sistemas de salud más sostenibles.

La publicación también indicó que la reunión serviría para profundizar los lazos entre ambos países en áreas de interés común vinculadas con la salud pública, la innovación en políticas sanitarias y el intercambio de conocimientos técnicos. Ese componente de cooperación acompaña la discusión sobre prevención de enfermedades y fortalecimiento institucional.

República Dominicana reconocida en salud pública

En mayo de este año, el doctor Víctor Atallah asumió la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS79), al inaugurarse en Ginebra el máximo órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con las reglas de procedimiento de la OMS, la presidencia rota entre las seis regiones de la Organización. Este año corresponde a la región de las Américas asumir la conducción de la Asamblea. Es la primera vez que la República Dominicana asumió la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud.

En un entorno internacional donde predomina la volatilidad de los mercados, la República Dominicana ha recibido evaluaciones favorables de calificadoras de riesgo y bancos internacionales que coinciden en destacar la fortaleza de su economía. Según una nota de la Presidencia, organismos como J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y el Banco Santander han resaltado la credibilidad de la política fiscal dominicana y la solidez de sus fundamentos macroeconómicos.

Durante las últimas semanas, informes independientes de estas instituciones han reafirmado la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de República Dominicana para mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de sus finanzas públicas, además de proyectar un crecimiento robusto para el país.

J.P. Morgan ajustó al alza su estimación de crecimiento económico para 2026, pasando de 3.5% a 4.3%. El banco estadounidense subrayó que la economía dominicana registró un desempeño superior al esperado durante el primer semestre del año, lo que posiciona al país con ventaja dentro del grupo de mercados emergentes. Según el informe difundido por la Presidencia de la República Dominicana, la revisión responde a la solidez de los indicadores económicos y a la resiliencia demostrada frente a choques externos.

Mejora en la percepción internacional y perspectivas crediticias de la República Dominicana

En el terreno de la inversión, Bank of America modificó su recomendación sobre la deuda externa dominicana, ubicándola en una categoría más atractiva para los inversionistas internacionales. El banco destacó el aporte sostenido del sector turismo, uno de los motores de la economía local, que ha permitido fortalecer el rendimiento de los bonos soberanos. La Presidencia de la República Dominicana detalló que este respaldo de la banca internacional se traduce en mayor confianza para el acceso a financiamiento en mejores condiciones.

En el plano normativo, Fitch Ratings hizo referencia a la reciente aprobación de la Ley 30-26, que introduce medidas para el crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Según la calificadora, esta legislación contribuirá a amortiguar el efecto fiscal del encarecimiento del petróleo y reforzará la sostenibilidad de las finanzas públicas. El documento de Fitch Ratings precisa que el fortalecimiento de los ingresos del Estado y la recuperación económica han sido determinantes para la evolución positiva del perfil crediticio nacional.

Entre las informaciones de interés, la entidad subrayó que la combinación de una mayor recaudación tributaria y una gestión fiscal responsable refuerza la proyección futura de la calificación soberana de la República Dominicana. Este diagnóstico se suma al de Banco Santander, cuyos expertos valoraron la implementación del Plan Anticrisis como un factor que amplía la flexibilidad fiscal y reduce el riesgo de deterioro de las cuentas públicas. De acuerdo con el análisis de la entidad europea, el aumento de los ingresos estructurales ha mejorado los ratios de liquidez y sostenibilidad de la deuda, lo que incrementa la posibilidad de mejoras en la calificación dentro de la escala BB.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró que el consenso entre instituciones internacionales representa una señal contundente de confianza hacia el país. “Que instituciones independientes de reconocido prestigio internacional coincidan en destacar la fortaleza de la economía dominicana confirma que las políticas implementadas por el Gobierno continúan fortaleciendo la confianza de los mercados”, expresó Díaz, quien agregó que estos reconocimientos reflejan el compromiso de Dominicana con la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal y la adopción de medidas orientadas a preservar el crecimiento económico.

La serie de pronunciamientos coincide en situar al país como una de las economías con mejor desempeño en América Latina y el Caribe. El respaldo de las calificadoras y de la banca internacional se apoya en la robustez de sus fundamentos macroeconómicos, una administración prudente de las finanzas estatales y una agenda de reformas dirigida a consolidar la competitividad y la resiliencia económica. De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, la proyección de crecimiento económico y la mejora en los indicadores crediticios refuerzan el perfil del país frente a inversionistas y organismos multilaterales.

La delegación de Guatemala se prepara para presentar su mayor delegación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, entre el 24 de julio y el 8 de agosto. Según informó la agencia de noticias EFE, el país centroamericano estará representado por 480 atletas y será la mayor delegación que ha enviado a estas justas desde su debut en la edición inaugural de 1926.

De acuerdo con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la comitiva está conformada por 213 mujeres y 267 hombres, quienes competirán en 38 de los 40 deportes programados para el evento. El organismo detalló que este grupo supera el récord anterior, establecido en Barranquilla 2018 con 428 atletas y en Mayagüez 2010 con 416 deportistas.

El contingente nacional destaca por la presencia de los tres únicos medallistas olímpicos en la historia de Guatemala. Erick Barrondo encabeza la lista tras haber obtenido la medalla de plata en marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A su lado estará Adriana Ruano, quien conquistó el oro en foso femenino durante los Juegos de París 2024, y Jean Pierre Brol, quien se adjudicó el bronce en foso masculino en la misma cita. Según puntualizó EFE, estos atletas figuran entre las principales opciones de medalla de la delegación.

La nómina también incluye a Kevin Cordón, reconocido como el guatemalteco con mayor cantidad de medallas doradas —un total de 8 oros— en la historia regional de bádminton. Cordón buscará ampliar ese registro en República Dominicana y quedará como uno de los atletas más destacados del equipo. Además, la delegación cuenta con la participación de Alejandra Higueros, número uno del ranking mundial de taekwondo, y Erick Gordillo, triple campeón en natación en la pasada edición celebrada en San Salvador en 2023.

Los abanderados y la meta del COG

El COG informó por medio de sus canales oficiales que los abanderados serán Higueros y Gordillo, quienes representarán a atletas nacionales. Según lo citado por EFE, la meta institucional es superar los logros obtenidos en ediciones previas, tanto en cantidad de medallas como en presencia en finales de las diferentes disciplinas.

La delegación guatemalteca estará activa en una amplia gama de deportes, incluyendo ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, boliche, boxeo, ciclismo, deportes ecuestres, esgrima, esquí náutico, esports, fútbol, gimnasia, golf, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, pentatlón moderno, ráquetbol, remo y canotaje, rugby, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, tiro con armas de caza, triatlón, navegación a vela y voleibol. El COG confirmó la ausencia en solo dos disciplinas del programa general.

El alcance de los Juegos en Santo Domingo

La cita en Santo Domingo reunirá a más de 6,000 atletas de 37 países participantes, quienes buscarán medallas y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La organización local ha reiterado su compromiso con la seguridad y la logística para garantizar el desarrollo normal de la competición, según reiteró EFE.

En un operativo que abarcó 17 rutas del transporte público en la provincia de Santiago, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Alcaldía de Santiago, intervino tras detectar aumentos no autorizados en el precio del pasaje, según informó la página oficial de la Presidencia de la República Dominicana. La acción se realizó para asegurar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y derivó en una fiscalización del sector.

Durante el despliegue, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y las autoridades locales inspeccionaron las rutas CA, E, F, G, H, HB, HV (Villa Bao-Hato del Yaque), L, N (Negrito-Camaján), NC (Franjas), P, PA, PC, RPA, SP (Santiago-Puñal), U y Tamboril-Santiago, todas ellas afiliadas a la Federación CNTT. Las autoridades revisaron las tarifas cobradas, la documentación de los conductores y el cumplimiento de las normativas vigentes, según detalló el Gobierno dominicano.

El operativo culminó con la inspección de 180 vehículos del transporte público, de los cuales 85 fueron fiscalizados por infracciones a la normativa. Además, tres vehículos fueron retenidos y tres ciudadanos extranjeros resultaron sancionados conforme a los procedimientos establecidos. De acuerdo con la información publicada por la Presidencia, la intervención se concentró en las rutas donde se identificaron incrementos irregulares en el costo del pasaje.

Qué dijo el Intrant

Milton Morrison, director ejecutivo del Intrant, explicó que el 99% del transporte organizado ha respetado los acuerdos alcanzados con la entidad reguladora. “El 99 % del transporte organizado ha mantenido el compromiso de no aumentar las tarifas”, afirmó Morrison, según la publicación oficial. El funcionario agregó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público en el país respalda la decisión de mantener sin variación el precio del pasaje.

De hecho, representantes del Grupo G-12 expresaron el lunes su respaldo al Intrant y ratificaron que no habrá aumento del pasaje, durante un encuentro en la sede del organismo en Santo Domingo, según un comunicado de la Presidencia de la República Dominicana. En esa reunión, también apoyaron el operativo de fiscalización que la institución desarrollaría en Santiago para hacer cumplir la Ley 63-17.

El director ejecutivo del organismo afirmó que el Intrant es el único facultado para autorizar cambios en las tarifas del transporte público y advirtió que ningún operador o empresa puede aplicar incrementos de forma unilateral. El funcionario señaló que la fiscalización se realiza en coordinación con la Digesett, la Policía Nacional y la Alcaldía de Santiago, con foco en rutas donde se reportaron variaciones en el cobro.

El presidente de la Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET), Reynaldo Pérez Sánchez, dijo que cerca del 99 % de las rutas del transporte organizado mantiene el compromiso de no subir el pasaje y sostuvo que cualquier revisión tarifaria debe ajustarse a lo establecido en la Ley 63-17 y contar con autorización del Intrant.

Morrison agradeció el respaldo de los gremios y destacó que la decisión se mantiene pese al aumento de costos operativos y la volatilidad de los mercados internacionales. Los transportistas también mencionaron los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer como mecanismos de apoyo para mitigar costos sin trasladarlos a los usuarios.

Subsidios y marco legal

El Gobierno sostiene mecanismos de apoyo al sector transporte, entre los que se encuentra el subsidio a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer, que beneficia a miles de transportistas. Morrison subrayó que cualquier modificación en las tarifas debe sustentarse en estudios técnicos y contar con la autorización expresa del Intrant, única entidad facultada por la Ley 63-17 para regular el régimen tarifario del transporte público de pasajeros en República Dominicana.

El Intrant reiteró que la intervención respondió a los aumentos irregulares detectados y que continuará con operativos de supervisión y fiscalización en todo el territorio nacional. “Seguiremos actuando para garantizar que el servicio de transporte público cumpla con los estándares legales y tarifarios establecidos”, sostuvo Morrison, en declaraciones recogidas por la página de la Presidencia.

La República Dominicana formalizó este martes el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos en la administración pública con la entrada en vigor del Decreto No. 403-2026, una norma emitida por el Poder Ejecutivo para ordenar el intercambio de información entre organismos estatales y evitar que ciudadanos y empresas presenten datos que ya obran en otras oficinas.

La medida derogó el Decreto No. 92-22, del 8 de febrero de 2022, que había establecido el esquema anterior de interoperabilidad gubernamental.

Según el anuncio oficial del Ministerio de Administración Pública, el nuevo diseño buscó transformar los procesos de intercambio de información del Estado y habilitar servicios públicos digitales integrados y proactivos.

El decreto fijó reglas para el intercambio seguro, estandarizado y trazable de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre entidades gubernamentales. El ministerio sostuvo que esa estructura permitirá una gestión más eficiente de los activos de información bajo control estatal y una administración menos burocrática.

El decreto obliga a compartir información institucional

Los organismos públicos deberán priorizar el intercambio de información institucional para impedir la repetición de trámites ya cubiertos por otras dependencias del Estado dominicano. El Ministerio de Administración Pública dijo que esa obligación reducirá la duplicidad documental y la carga administrativa.

La nueva regulación colocó la calidad de los datos estatales entre sus objetivos centrales. La consecuencia inmediata fue operativa: los servicios centrales de la función pública y los sistemas transversales del Estado quedaron orientados a funcionar bajo un esquema común de interoperabilidad.

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, OGTIC, operará la Plataforma Única de Interoperabilidad, definida como la infraestructura clave para el intercambio de datos y documentos electrónicos entre instituciones públicas. El ministerio precisó que esa plataforma será prioritaria para garantizar la seguridad y disponibilidad de la información compartida.

El Ministerio de Administración Pública asumió la emisión de lineamientos, normas y protocolos funcionales, además de la definición de la arquitectura empresarial de la administración pública. También supervisará el cumplimiento del decreto y coordinará el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, creado para el seguimiento interinstitucional de la implementación.

Cada institución pública deberá registrar y mantener actualizados sus datos para facilitar su localización y uso interoperable. El ministerio subrayó que las entidades conservarán la titularidad, la responsabilidad y el control sobre la información que administran, con obligación de respetar las normas de confidencialidad y protección de datos.

El alcance de la disposición abarcó a todos los órganos y entes de la administración pública central, descentralizada, desconcentrada y autónoma, además de instituciones de la seguridad social y otras entidades estatales que gestionen registros, sistemas de información, plataformas, servicios digitales o mecanismos de intercambio de datos.

La norma también reguló la interoperabilidad con el Registro Civil. Todos los procesos y servicios públicos que necesiten consultar, validar o verificar información de identidad deberán coordinarse con la Junta Central Electoral.

El decreto estableció que toda información obtenida mediante interoperabilidad con el Registro Civil solo podrá usarse para fines legítimos y compatibles con la competencia de la institución solicitante. El ministerio afirmó que esa cláusula buscó reforzar la protección de los datos personales y la confianza en los servicios digitales estatales.

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps recibió este martes en Santo Domingo la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una parada de la Ruta Wiche García Saleta que convirtió al Ministerio de Educación en escenario de un mensaje asociado a esperanza, unidad, respeto y formación ciudadana de cara a la justa regional que comenzará el 24 de julio de 2026.

El acto también puso en primer plano la magnitud del evento deportivo previsto para la capital dominicana: reunirá a más de 6,000 atletas de 37 países entre el 24 de julio y el 8 de agosto próximos, según se informó durante la ceremonia.

La antorcha llegó a la explanada frontal del ministerio portada por Colí, la mascota oficial de los juegos, mientras docenas de banderas dominicanas eran llevadas por jóvenes uniformados con camisa blanca y pantalón azul. La recepción se realizó en la explanada Pedro Henríquez Ureña de la sede oficial.

Allí, los estudiantes ocuparon el centro del relevo. María Victoria Javiel recibió la antorcha de manos de Eddy Chávez, director de la Regional 15 de Educación, y luego la entregó a la docente Ruthdelania Valdez, quien la asumió en representación del magisterio antes de pasarla al director del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, Alberto Rodríguez.

La antorcha fue presentada como una expresión de los valores que la escuela busca formar

De Camps sostuvo que el símbolo trasciende el inicio del recorrido hacia los juegos. “Recibimos hoy esta antorcha con orgullo porque representa mucho más que el inicio del camino hacia unos Juegos. Representa la confianza depositada en la República Dominicana. Hay algo especialmente significativo en que esta llama llegue hoy al Ministerio de Educación”, afirmó.

El ministro dijo que la antorcha fue concebida como la “Llama de los Valores” y vinculó ese concepto con la misión de la escuela dominicana. “La disciplina, el respeto, la honestidad, la perseverancia, el trabajo en equipo y el juego limpio no son únicamente principios del deporte; son principios que necesitamos para construir una mejor sociedad”, señaló.

En la misma línea, defendió una educación orientada no solo al aprendizaje académico, sino también a la formación del carácter. “Por eso creemos en una educación que forme buenos estudiantes, pero también buenos ciudadanos. Una educación que enseñe conocimientos, pero que al mismo tiempo fortalezca el carácter, el sentido de responsabilidad, el respeto por los demás y el compromiso con el bien común”, expresó.

El acto fue abierto por el estudiante José Antonio Díaz Morel, quien habló en representación de los Agentes al 100 del Ministerio de Educación. En su intervención, definió la llegada del fuego como la recepción de un mensaje cívico ligado al deporte y a la vida pública.

“Hoy no solo recibimos una antorcha, recibimos un mensaje de esperanza, unidad, respeto, disciplina y excelencia. Valores que también se viven en el deporte y que forman parte de nuestra misión como ciudadanos comprometidos con el bienestar de nuestro país”, dijo.

Díaz Morel agregó que el deporte “educa, inspira y transforma” y sostuvo que el verdadero triunfo no se limita a cruzar una meta, sino que también depende de actuar con honestidad, respeto, trabajo en equipo y perseverancia. También consideró un honor para la República Dominicana ser sede de unos juegos que, según planteó, mostrarán su capacidad organizativa, su talento y su hospitalidad.

El fuego fue encendido en Teotihuacán y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026

La llama fue encendida el 11 de abril de este año en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, un sitio elegido por su valor histórico y cultural. Después fue trasladada a la República Dominicana.

El 6 de mayo, el presidente Luis Abinader dio el banderazo oficial para el inicio de la Ruta Wiche García Saleta: La Llama de los Valores. Ese recorrido, encabezado por Colí, terminará el 24 de julio de 2026 durante la ceremonia inaugural en Santo Domingo, cuando el último relevista encenderá el pebetero oficial.

La República Dominicana ha vuelto a poner sobre la mesa su estricta política de control de fronteras y ordenamiento migratorio. Mediante una estrategia de simultaneidad operativa, la Dirección General de Migración (DGM) ejecutó un plan masivo de interdicción a lo largo de todo el país que culminó con la detención de 3,574 extranjeros en condición irregular y la posterior repatriación de 3,311 de ellos.

Este masivo despliegue de las fuerzas de control del Estado se da en un contexto de constantes desafíos en la administración de los flujos de personas que ingresan de manera clandestina, un fenómeno que afecta sensiblemente el balance socioeconómico y de seguridad nacional de la media isla.

El núcleo duro de estas operaciones se concentró de manera estratégica en el Gran Santo Domingo y en la línea divisoria con Haití. Históricamente, la porción occidental de la isla sufre de una severa inestabilidad institucional, económica y de seguridad que empuja a miles de sus ciudadanos a ingresar ilegalmente a territorio dominicano en busca de subsistencia y empleo.

Es por ello que las autoridades de la DGM enfocaron una tercera parte de toda su capacidad de interdicción en cuatro áreas neurálgicas:

• Santo Domingo: Registró la mayor concentración de indocumentados con un total de 304 interdicciones (representando el 11% a nivel país).
• Pedernales: Localidad fronteriza del sur que sumó 266 casos controlados (un 10% del total nacional).
• Elías Piña: Punto crítico de tránsito que reportó 197 extranjeros retenidos (7%).
• Montecristi: Situada al noroeste del territorio, donde las patrullas detuvieron a 144 personas en estatus irregular (5%).

Estas demarcaciones concentraron de forma combinada un total de 911 casos detectados, lo cual equivale exactamente al 33% del impacto total reportado durante este fin de semana de intensas redadas. La

La persecución del estatus migratorio irregular no se limitó únicamente a la frontera común. El operativo abarcó un despliegue nacional sin precedentes en municipios, distritos municipales y barriadas de otras 27 provincias de la geografía dominicana.

El debido proceso como eje de las operaciones estatales

La Dirección General de Migración enfatizó que las retenciones masivas no se ejecutaron de manera arbitraria. Cada uno de los equipos desplegados en el terreno llevó a cabo un proceso exhaustivo de depuración y verificación de los documentos de identidad individuales para comprobar de forma fidedigna el estatus legal de los ciudadanos extranjeros abordados en la vía pública o en centros de acopio.

Todas estas acciones legales se amparan bajo los estrictos parámetros dictados por la Ley General de Migración No. 285-04 y su correspondiente reglamento de aplicación.

La institución remarcó de forma categórica que únicamente aquellos ciudadanos extranjeros que se vieron imposibilitados de mostrar evidencias sólidas que certificaran su permanencia regular y vigente en la República Dominicana fueron retenidos de manera formal.

Tras ser procesados en los centros de acogida habilitados por el gobierno, se inició el protocolo correspondiente para el traslado directo hacia las estaciones de control fronterizo establecidas, garantizando el respeto mutuo, el apego al debido proceso y salvaguardando la dignidad humana en cada una de las deportaciones ejecutadas. Con estas medidas, las autoridades dominicanas reafirman el ejercicio de su soberanía nacional ante la crisis migratoria regional.

La iniciativa “Make America Healthy Again” (MAHA) entra en el centro del diálogo internacional de salud con la reunión que sostendrán este martes en Washington autoridades de Estados Unidos y República Dominicana.

El encuentro busca analizar cómo políticas enfocadas en la prevención de enfermedades crónicas y en la promoción de estilos de vida saludables pueden adaptarse y replicarse fuera del territorio estadounidense.

MAHA, impulsada por el gobierno estadounidense, promueve el acceso a información confiable y la adopción de hábitos que ayuden a reducir los principales factores de riesgo vinculados a enfermedades no transmisibles.

El programa ha cobrado notoriedad por su enfoque en la prevención como eje de la política pública sanitaria, alejándose de modelos centrados solo en el tratamiento de enfermedades.

Durante la reunión, la delegación dominicana explorará junto a funcionarios estadounidenses las posibilidades de colaboración y el intercambio de experiencias para fortalecer sus propios sistemas de salud.

El interés dominicano radica en adaptar estrategias que permitan mejorar la atención primaria y fomentar la educación sanitaria en la población, con el objetivo de elevar la calidad de vida y reducir el impacto de las enfermedades crónicas.

La agenda contempla el análisis de programas que buscan reducir la incidencia de males como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, problemas que afectan tanto a Estados Unidos como a República Dominicana.

Los participantes discutirán el desarrollo de campañas de información, el acceso equitativo a servicios médicos y la innovación en políticas públicas como herramientas para enfrentar estos desafíos.

El gobierno dominicano considera que la cooperación internacional resulta fundamental para avanzar en la consolidación de un sistema de salud más sostenible y eficiente. Por eso, la reunión en Washington representa una oportunidad para conocer de cerca la experiencia estadounidense y explorar mecanismos para aplicar esas buenas prácticas en el contexto local.

El encuentro también permitirá revisar iniciativas que promuevan una mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre salud. La educación sanitaria, la promoción de la actividad física y la mejora en la nutrición son algunos de los ejes sobre los que se prevé intercambiar información y metodologías.

La presencia de funcionarios clave en la cita subraya la importancia que ambos gobiernos otorgan al tema. El diálogo se enmarca en una agenda más amplia de cooperación bilateral, que incluye el fortalecimiento de la atención primaria y la expansión de programas de prevención y diagnóstico temprano de enfermedades.

República Dominicana busca aprovechar el intercambio para identificar adaptaciones posibles de MAHA y avanzar en el desarrollo de políticas públicas centradas en la prevención. El objetivo es implementar acciones que permitan reducir la carga de enfermedades no transmisibles y garantizar un acceso más amplio a servicios de salud de calidad.

La reunión en Washington refuerza la apuesta por la colaboración internacional como motor de cambio en las políticas sanitarias y el interés de ambos países en compartir conocimientos técnicos y estrategias innovadoras.

El caso de MAHA constituye un modelo que, según los organizadores, puede inspirar a otros países del continente a priorizar la prevención y la educación en salud pública.

La ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, aseguró que todo agente policial que viole la ley enfrentará las consecuencias legales, reafirmando que ningún miembro de la institución tiene privilegios por encima de la normativa vigente.

La funcionaria realizó estas declaraciones durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en un contexto de revisión de los avances en la reforma policial promovida por el Gobierno.

Raful destacó que la transformación de la Policía Nacional es uno de los principales retos institucionales bajo la actual administración. Según la ministra, este proceso busca “elevar los niveles de supervisión, transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución". En ese sentido, reiteró que cualquier actuación irregular será objeto de investigación y sanción: “Si la Policía actuó mal, tiene que tener una sanción”, afirmó la titular de Interior y Policía.

La ministra subrayó que la reforma policial representa un cambio estructural sin precedentes en la historia reciente del país, ya que la Policía Nacionalno había experimentado un proceso de transformación de esta magnitud en décadas. Raful enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y corregir debilidades, apostando por una policía “más profesional, transparente y cercana a la ciudadanía, con una labor preventiva orientada a proteger vidas y garantizar la seguridad pública”.

En cuanto a la responsabilidad de los mandos policiales, la ministra fue enfática: “No vamos a apañar ni someter a la impunidad a nadie que haya violentado la ley dentro de una institución”. Añadió que cualquier actuación que comprometa la responsabilidad de un miembro del cuerpo debe ser investigada y enfrentará el proceso correspondiente conforme al marco legal dominicano.

La funcionaria explicó que la transformación institucional implica asumir decisiones difíciles e iniciar un proceso permanente de evaluación y mejora. Mencionó que el proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional fortalecerá los procedimientos de supervisión, institucionalizará protocolos de evaluación regulando por primera vez el uso de la fuerza en la labor policial. Este marco legal también robustecerá los controles internos con el objetivo de garantizar mayores niveles de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función.

Raful señaló que el compromiso del Gobierno con la transformación de la Policía Nacional incluye la disposición de asumir los costos y las exigencias de un proceso de esta naturaleza. “Este Gobierno asumió el compromiso, la responsabilidad y el costo que conlleva esa transformación”, remarcó la ministra, al sostener que el objetivo central es fortalecer la confianza ciudadana por medio de una policía profesional y plenamente sometida al imperio de la ley.

En el contexto de las recientes protestas ciudadanas, la ministra reafirmó el compromiso de las autoridades con el ejercicio democrático y el derecho a la libre expresión pacífica.

Manifestó que corresponde a las instituciones estatales escuchar las inquietudes de la población y trabajar para atender sus demandas dentro del marco institucional. Sostuvo que la autoridad debe actuar siempre bajo el respeto a la ley y en protección de los derechos fundamentales.

Raful defendió que la nueva legislación policial dotará a la Policía Nacional de herramientas para supervisar de manera más rigurosa a sus agentes y garantizar la transparencia en la toma de decisiones operativas.

La funcionaria resaltó la importancia de consolidar una policía moderna, capaz de responder a las necesidades actuales de la sociedad dominicana y alineada con los principios de legalidad.

La ministra concluyó que transformar la Policía Nacional exige un esfuerzo sostenido del Estado y la voluntad de mantener controles efectivos sobre la actuación policial. El Gobierno mantiene su enfoque en fortalecer la institucionalidad y construir un cuerpo policial que actúe bajo la ley.

La llegada del Equipo Médico de Emergencias dominicano a las zonas devastadas por el doble sismo en Venezuela transformó el panorama de asistencia humanitaria en tiempo récord. Más de 1,200 víctimas del terremoto han recibido atención médica en seis días de operación del hospital de campaña instalado por la República Dominicana, lo que posicionó a este centro como el más concurrido en la región afectada.

Cada mañana, decenas de personas esperan su turno frente al hospital móvil dominicano, ubicado en el corazón de la zona de desastre. La Misión Humanitaria Quisqueya Solidaria, liderada por el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, coordina la labor del Equipo Médico de Emergencias (EMT-RD), que despliega médicos, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, especialistas en agua y saneamiento así como personal logístico. La misión representa la primera intervención internacional de un EMT Tipo 1 dominicano, certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El hospital dominicano nos salvó. Aquí nos han dado lo que necesitamos: consulta, medicamentos, hasta apoyo psicológico”, expresó uno de los pacientes atendidos, mientras la fila de afectados crecía. Según las cifras oficiales, en menos de una semana se realizaron 710 consultas generales y de emergencia, 232 atenciones ginecológicas, 144 consultas pediátricas y 114 intervenciones en salud mental. “La confianza de la comunidad en nuestro equipo se refleja en el flujo constante de pacientes”, destacó uno de los médicos a cargo.

La labor del Ministerio de Salud Pública no se limita a la atención directa. El EMT-RD distribuyó miles de medicamentos, administró vacunas, llevó a cabo estudios diagnósticos, procesó agua segura para el consumo y desarrolló acciones de promoción de la salud. En jornadas como la del sábado, el personal atendió a 181 personas, lo que muestra el incremento sostenido de la demanda y la capacidad de respuesta del equipo dominicano.

La coordinación entre médicos, especialistas en salud mental y técnicos en saneamiento permitió una atención integral. “Nuestro objetivo es cubrir todas las necesidades de la población: desde las heridas físicas hasta el impacto emocional que deja una catástrofe de esta magnitud”, afirmó un psicólogo del grupo. El despliegue incluye también campañas de saneamiento y talleres de promoción de la salud, enfocados en prevenir enfermedades y fortalecer la resiliencia de las comunidades.

El impacto de la misión va más allá de las cifras. Por primera vez, la República Dominicana despliega un Equipo Médico de Emergencias Tipo 1 certificado por la OMS en el extranjero, mostrando su capacidad técnica y humana para enfrentar desastres fuera de sus fronteras. “Esta experiencia demuestra el compromiso y la solidaridad de nuestro país con las naciones vecinas en momentos críticos”, subrayó un representante logístico del equipo.

Lo que ocurrió en Venezuela: resumen del desastre

El doble sismo que sacudió a Venezuela dejó a miles de personas sin hogar y provocó daños severos en infraestructuras básicas. Las comunidades más afectadas reportaron la destrucción de viviendas, hospitales y sistemas de agua potable. Los servicios de emergencia locales se vieron desbordados ante la magnitud del desastre, lo que generó un llamado internacional de auxilio. El arribo del equipo dominicano respondió a esta necesidad urgente, aportando recursos, personal y experiencia en gestión de emergencias bajo estándares internacionales.

En el hospital de campaña, las jornadas no tienen pausa. El equipo dominicano, reforzado con insumos y personal capacitado en emergencias, se adapta a las necesidades cambiantes de los pacientes. Los especialistas en agua y saneamiento trabajan para garantizar el acceso a agua segura y reducir riesgos sanitarios en los campamentos temporales. “No nos iremos hasta que la situación esté bajo control y las comunidades puedan reponerse”, aseguró un miembro del Ministerio de Salud Pública.

La misión Quisqueya Solidaria se ha consolidado como un referente de apoyo humanitario en la región, llevando atención médica, suministros y esperanza a quienes enfrentan las secuelas del terremoto.

Tres hermanos, entre ellos un adolescente, se entregaron de manera voluntaria a las autoridades dominicanas tras una intensa persecución e investigación policial, por su presunta implicación en el homicidio de un repartidor durante una riña ocurrida en el sector Hato Mayor, en Santiago. Los detenidos, Eudis Martínez Henríquez, alias “El Pana”, de veintiún años; Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias “Cocote”, de diecinueve años; y un menor de dieciséis años, eran activamente buscados desde el fin de semana, cuando se registró el incidente en un local de comida donde trabajaba la víctima, identificada como Joel Rivera Heredia, conocido como “King”, de veinticuatro años.

De acuerdo con el reporte policial, el conflicto que desencadenó el homicidio se originó por una disputa social. Durante la riña, Rivera Heredia recibió varias heridas provocadas con un arma cortopunzante, lesiones que derivaron en su muerte según el diagnóstico del médico legista.

La Policía Nacional informó que los tres imputados decidieron presentarse en la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) en compañía de familiares, tras la presión ejercida por la operatividad policial y la cercanía de los agentes en su búsqueda. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes, mientras que las investigaciones continúan para determinar posibles implicaciones de otros involucrados en el caso.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó sobre el caso en sus redes sociales y destacó que la entrega de los hermanos se produjo gracias al despliegue de búsqueda y acciones investigativas que incluyeron la difusión de fotografías y la coordinación con las comunidades locales.

La institución reiteró que mantiene la vigilancia en Santiago y otras provincias con el objetivo de reducir los niveles de violencia y esclarecer hechos delictivos recientes.

En un caso paralelo, que reafirma la tendencia de entregas y capturas tras operativos policiales, la Policía Nacional detuvo a Deilin Medina, alias “Robín”, de treinta y cuatro años, quien admitió su participación en al menos tres robos cometidos en diferentes puntos del Distrito Nacional. La captura de Medina, residente en el sector El Caliche, Los Pinos, se concretó luego de labores de inteligencia de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, con asiento en María Auxiliadora. El sospechoso fue localizado durante un operativo de búsqueda e intentó escapar junto a otros individuos, pero fue capturado de inmediato por los agentes.

Durante el proceso investigativo, Medina confesó su vinculación con el robo de una guagua marca Fiat Fiorin, de la que sustrajo una cámara de video, extensiones eléctricas y un canasto, para posteriormente venderlos a un transeúnte. Además, admitió haber participado en el robo de una vivienda en el sector 27 de Febrero, donde se llevó RD$10.000 (USD 170) en efectivo y un televisor. El tercer caso confirmado corresponde al hurto de redes eléctricas de un local comercial en Villa María. La Policía Nacional destacó que estos hechos generaron preocupación en las comunidades afectadas, por su impacto económico y el incremento del sentimiento de inseguridad en el Distrito Nacional.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, conforme a los procedimientos legales establecidos y en cumplimiento del Código Penal de República Dominicana, que prevé penas de prisión severas para quienes incurren en robo con violencia o reincidencia. Según la institución, la rápida intervención permitió esclarecer los hechos y recuperar parte de los bienes sustraídos, mientras que las investigaciones continúan para identificar a posibles colaboradores y esclarecer otros delitos similares reportados a comienzos de 2026.

Ambos casos reflejan la presión sostenida de las autoridades para combatir los delitos violentos y contra la propiedad, así como la importancia de la colaboración ciudadana y la labor de inteligencia policial en la prevención y resolución de crímenes recientes en República Dominicana.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago impuso una condena de 15 años de prisión a Alexander Antonio Rodríguez, conocido como “Mello Cotorra”, por su responsabilidad en un caso de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en perjuicio de dos ciudadanas colombianas. La sentencia se dictó tras comprobarse que Rodríguez, mediante engaños y manipulación, facilitó el ingreso de las víctimas a República Dominicana bajo la promesa falsa de empleos.

Proceso de captación y traslado

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando una de las víctimas estableció contacto telefónico con Rodríguez, quien le aseguró que podía ofrecerle un puesto de trabajo como camarera en territorio dominicano. Con este argumento, Rodríguez asumió los gastos del traslado desde Medellín, Colombia, y gestionó los trámites para el ingreso de la mujer al país. Posteriormente, el procesado realizó un ofrecimiento similar a otra ciudadana colombiana, a la que también convenció con falsas promesas laborales.

El traslado de ambas víctimas se concretó el 14 de enero de 2024, cuando ingresaron junto a Rodríguez por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo.

Explotación, amenazas y abuso

Al arribar a República Dominicana, las víctimas se encontraron en una situación de vulnerabilidad, agravada por su condición de extranjería y desconocimiento de las verdaderas condiciones que les aguardaban. Rodríguez les informó que habían contraído una supuesta deuda de 4 mil dólares, monto que debían pagar mediante transferencias semanales de 500 dólares y pagos adicionales para la renta del alojamiento.

Para saldar esa deuda, Rodríguez obligó a las mujeres a ofrecer servicios sexuales a clientes que él gestionaba. Además, ejerció control y dominio sobre ellas a través de amenazas, insultos, maltratos físicos y verbales, así como intimidaciones constantes. El Ministerio Público también demostró durante el juicio que el acusado cometió violación sexual contra una de las víctimas.

Intervención y detención

La situación fue descubierta en enero de 2024, cuando un oficial del Ejército de República Dominicana, alertado por la denuncia de un transeúnte, sorprendió a Rodríguez agrediendo a las víctimas en las inmediaciones de un centro nocturno en el municipio Puñal. En ese momento, el hombre fue arrestado y puesto a disposición de la justicia, detalla el reporte del Ministerio Público.

Acusación y pruebas

El caso fue instrumentado por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, quien presentó ante el tribunal las pruebas recopiladas durante la investigación. En la etapa de juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell expuso los elementos que permitieron comprobar los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03.

La sentencia condenatoria se fundamentó en la gravedad de los hechos, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, así señala el reporte judicial divulgado este lunes por el Ministerio Público.

La plataforma digital Consulta de Pagos y Libramientos de la Tesorería Nacional de República Dominicana consolidó su papel como herramienta para proveedores y contratistas del Estado al registrar 452,936 transacciones interanuales, según cifras confirmadas por la propia Tesorería en una nota institucional.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el volumen de consultas digitales sobre el estatus de pagos a empresas proveedoras del gobierno alcanzó 262,723 durante el segundo semestre del año. Entre enero y junio de 2026, se sumaron 190,213 verificaciones de libramientos para desembolsos, y refleja la adopción del sistema digital.

El Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, indicó que “ya los contratistas de las instituciones públicas no tienen que llamar o trasladarse a las entidades del Estado para saber el estatus de sus pagos. Solo tienen que entrar a la plataforma y ahí pueden visualizar todo el proceso de su orden de pagos”.

La plataforma, lanzada en 2010, permite que los usuarios consulten en tiempo real el estado de sus pagos y libramientos, eliminando la necesidad de desplazamientos o llamadas a entidades estatales.

La herramienta ofrece la posibilidad de filtrar resultados por institución, generar reportes detallados y descargar históricos de pagos recibidos, lo que mejora la trazabilidad y facilita la gestión administrativa. Según la Tesorería Nacional, este sistema contribuye a fortalecer la transparencia en el sector público al eliminar la discrecionalidad en el proceso de pagos y brindar previsibilidad a la cadena de valor que suministra bienes y servicios al Estado.

Otros indicadores de digitalización

El contexto de avance digital de la Tesorería Nacional incluye los resultados por el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite), que ha recaudado más de RD 9,366 millones (aproximadamente USD 159.5 millones) desde su puesta en marcha. Así lo informó la entidad, que detalló que a abril de 2026 la plataforma integraba 1,109 servicios para ciudadanos y empresas. El propio Delgado Sánchez presentó el balance durante el 97° aniversario de la Tesorería, donde remarcó que la adopción de herramientas digitales permitió realizar 4.612,563 transacciones en solicitudes de bienes y servicios públicos.

En el ámbito de la administración de fondos, la Tesorería Nacional ejecutó pagos a proveedores y contratistas estatales por RD 197.645,061,230 en 2025, a lo que se suman desembolsos en moneda extranjera por USD 175.355.500 y 9.247.885 euros. Todos estos fondos se canalizan mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT), un mecanismo centralizador que abarca a 229 instituciones públicas y centraliza la administración y el control de los recursos estatales.

El gobierno informó que, solo en 2025, se realizaron 3,497 lotes de Cuotas de Pago, modalidad que agrupa pagos y establece límites presupuestarios para cada entidad bajo la CUT. Durante el último año se habilitaron 331 subcuentas nuevas, de las cuales 214 correspondieron a proyectos y 117 a instituciones integradas a la CUT. El sistema actualmente administra 3.481 cuentas activas, distribuidas entre la Tesorería, Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX) y gobiernos locales.

Los indicadores de control y transparencia

En materia de control y transparencia, la Tesorería Nacional reportó un 98% de cumplimiento en las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), un 96% en el Índice de Control Interno (ICI) y un 84% en el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP), además de mantener las certificaciones digitales exigidas por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic).

El sistema está orientado tanto a suplidores estatales como a instituciones públicas y forma parte de la estrategia de modernización y eficiencia del sector público dominicano, destacan las autoridades.

Más de 230 investigadores de 23 países comenzaron este lunes en Santo Domingo el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, que se desarrollará hasta el 18 de julio con 97 ponencias sobre el pasado precolombino y colonial de la región y sobre la formación histórica e identidad del Caribe.

Según EFE, el encuentro incluye ponencias distribuidas en 15 simposios, con sesiones plenarias diarias entre las 9:00 y las 18:00, además de mesas redondas y conferencias magistrales. Las presentaciones se realizan en el auditorio del Centro Cultural INDOTEL, en la Ciudad Colonial, y también en la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Durante la semana se abordarán análisis de ADN antiguo, estudios isotópicos, arqueobotánica, arqueozoología, documentación digital en tres dimensiones y arqueología subacuática aplicada al estudio del Caribe.

Temas y enfoque del congreso

Entre los temas previstos figuran investigaciones sobre patrimonio cultural sumergido, incluidos trabajos sobre naufragios históricos en el Caribe y casos como el del galeón San José, hundido frente a las costas de Colombia. Ese bloque convivirá con estudios centrados en sociedades prehispánicas y en procesos coloniales de la región.

La organización definió esta edición bajo el lema “Arqueología, construyendo puentes a través del mar Caribe”. La propuesta apunta a examinar cómo las islas y las costas caribeñas recibieron asentamientos y desplazamientos humanos procedentes de África, Europa, el continente americano y los propios territorios insulares.

Ese enfoque también busca explicar, a partir de la investigación arqueológica, la formación de una identidad caribeña multiétnica. La idea es que los movimientos poblacionales y los intercambios entre territorios ayudaron a construir una base cultural compartida en la cuenca.

Entre las instituciones representadas aparecen Harvard, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Minesota y la Universidad de Leiden. El congreso de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe reúne a investigadores con trayectoria académica y científica en temas vinculados con la arqueología caribeña.

La convocatoria también abre sus sesiones a estudiantes de arqueología y antropología, gestores del patrimonio arqueológico y antropológico y público interesado en estas disciplinas. De acuerdo con la organización, el formato sigue el esquema habitual de las reuniones científicas que la entidad celebra cada dos años.

Actividades de campo y sedes

El programa académico se complementa con actividades de campo y visitas a centros culturales y arqueológicos. Entre ellas figuran una jornada en Santiago y una prospección en yacimientos del Monumento Natural Cabo Samaná.

Los participantes también podrán conocer el patrimonio arqueológico prehispánico y colonial de la República Dominicana en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, presentada por la organización como el casco urbano más antiguo de América y Patrimonio Mundial de UNESCO. La publicación del congreso señaló que las sedes principales están ubicadas a pocos metros una de otra dentro de ese centro histórico.

La Academia de Ciencias de la República Dominicana actúa como anfitriona del encuentro y lo organiza junto con instituciones culturales y académicas del país, con respaldo del Ministerio de Cultura y otras entidades públicas y privadas. Como coauspiciadoras participan la Fundación García Arévalo, el Centro León, el Voluntariado del Museo del Hombre Dominicano, el Centro Cultural Taíno y Guahayona Institute.

República Dominicana mantiene una participación logística y humanitaria en la misión multinacional desplegada en Haití, enfocada en la asistencia médica y la coordinación de información, mientras avanza en la seguridad de su frontera con medidas tecnológicas y mejoras para su personal militar.

El presidente de dominicano, Luis Abinader, reafirmó que el país no participa en operaciones directas contra las pandillas en Haití. Según el mandatario, la colaboración dominicana se centra en el apoyo logístico y en la provisión de ayuda médica humanitaria para la población haitiana.

“Nosotros no tenemos participación directa. Lo que tenemos es participación logística. Tenemos participación de apoyo, de ayuda humanitaria médica. Y tenemos una coordinación”, indicó Abinader.

El jefe de Estado explicó que la cooperación incluye un canal permanente de comunicación con la fuerza multinacional que actúa en territorio haitiano. Este mecanismo permite a las autoridades dominicanas prepararse ante cualquier eventualidad.

“Sí, hay coordinación con esa fuerza multinacional. Si hay alguna situación, ellos nos lo informan y nosotros nos preparamos”, expresó el presidente.

El despliegue de la misión internacional en Haití surge en respuesta a la crisis institucional y a la situación de violencia en Puerto Príncipe, donde más del 70 % de la ciudad está bajo control de bandas armadas. Ante este contexto, la relación bilateral entre los gobiernos de Haití y República Dominicana se mantiene limitada.

“La relación con el Gobierno haitiano no es muy fluida por las condiciones que hay allá. Coordinamos con las fuerzas extranjeras y, cuando hay que hacer alguna coordinación con el Gobierno, la hacemos a través de la Cancillería”, sostuvo Abinader.

En el ámbito interno, República Dominicana ha reportado avances en materia de seguridad fronteriza. El presidente destacó la implementación de la verja perimetral inteligente en la frontera, lo que ha permitido reducir delitos como el robo y el contrabando.

Esta infraestructura cuenta con sistemas de vigilancia y ha sido complementada con la modernización de las Fuerzas Armadas, que ahora disponen de vehículos blindados y armamento actualizado.

El fortalecimiento de la seguridad fronteriza abarca también mejoras en las condiciones laborales de los militares. Abinader puntualizó que los salarios del personal militar se han triplicado, pasando de 9,000 pesos a aproximadamente 27,000 pesos dominicanos (aproximadamente a $461).

Además, los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a la frontera reciben una compensación adicional por especialidad. “Las Fuerzas Armadas están mejor equipadas. Ya tenemos blindados. Antes no teníamos blindados.

Tenemos un armamento mucho mejor. A los militares se les aumentó el sueldo tres veces. Y a los de la frontera se les paga una especialidad”, detalló el mandatario.

La coordinación internacional y el apoyo logístico, junto con la inversión en tecnología y el fortalecimiento institucional, forman parte de la estrategia del gobierno dominicano para responder a la crisis en el país vecino y asegurar la protección de su territorio.

El presidente reiteró el compromiso de la administración con la estabilidad regional, la defensa de la soberanía nacional y el respaldo a los esfuerzos internacionales para contribuir a la pacificación de Haití.

El ecosistema digital de la República Dominicana ha experimentado una transformación profunda, marcada por la consolidación y diversificación del uso de las redes sociales.

Según datos del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco), actualmente el 68.3% de los dominicanos tiene presencia en plataformas sociales. Esto equivale a 7.89 millones de identidades activas, una cifra que refleja el nivel de penetración que han alcanzado estas herramientas en la vida cotidiana del país.

El acceso es principalmente móvil: el 100% de los usuarios dominicanos ingresa a las redes desde sus teléfonos.

TikTok se posiciona como la red social con mayor alcance publicitario en Dominicana, con 7.89 millones de usuarios.

La plataforma destaca como favorita para el entretenimiento rápido, atrayendo a un público predominantemente masculino (58.1%), especialmente hombres de entre 25 y 34 años.

Su capacidad para captar la atención de los usuarios jóvenes y su formato dinámico han sido clave para su liderazgo en el segmento digital local.

Por su parte, YouTube ocupa el segundo lugar en alcance, con 7.50 millones de usuarios. Se utiliza como una extensión de la televisión tradicional, adaptada a los intereses particulares de cada usuario. Las búsquedas más frecuentes se centran en “Película” y “Música”.

Esta red presenta el perfil demográfico más balanceado, con una distribución casi equitativa entre mujeres (50.5%) y hombres (49.5%).

Perfiles demográficos de las principales redes sociales en República Dominicana

Facebook sigue siendo un actor central en el ecosistema digital dominicano, situándose en el tercer lugar por alcance con 6.10 millones de usuarios.

Si bien no lidera en la captación de nuevos usuarios, domina en lo que respecta al tráfico hacia otros sitios web: genera el 83.64% del flujo que redirige a medios de noticias y plataformas de compras. Su audiencia más numerosa se encuentra en el rango de 25 a 34 años, lo que evidencia su vigencia y relevancia para la vida informativa y comercial del país.

Instagram, por otro lado, se posiciona en el cuarto lugar de alcance (5.10 millones de usuarios), consolidándose como la red visual por excelencia. Destaca por su perfil femenino, ya que el 54.5% de sus usuarios son mujeres.

Además, es la red tradicional que más ha crecido en el último año, registrando un aumento del 12.1% en su base de usuarios. El dinamismo de su formato y la preferencia por el contenido visual la convierten en un espacio clave, especialmente para las mujeres dominicanas.

Nichos específicos y tendencias

LinkedIn se ubica en el quinto puesto, con 2.40 millones de usuarios. Es el espacio predilecto para los profesionales, con una ligera mayoría de usuarios masculinos (51.3%).

Snapchat, en sexto lugar, es preferida por las mujeres (65.7%) para el intercambio de mensajes efímeros, confirmando su atractivo entre los usuarios jóvenes que buscan privacidad y espontaneidad.

Por otro lado, X (anteriormente Twitter) se encuentra en declive, con una caída del 22.8% en su alcance. A pesar de esto, continúa siendo relevante para la inmediatez informativa y mantiene un perfil marcadamente masculino (70.8%).

Reddit representa la sorpresa dentro del panorama digital dominicano. Aunque cuenta con una base pequeña de usuarios (437 mil), ha registrado un crecimiento del 220% en el último año. Esta plataforma se consolida como una comunidad de nicho en expansión, con potencial para modificar aún más el ecosistema social en el país.

República Dominicana reafirmó su compromiso con la cooperación regional en defensa durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), celebrada en Cusco, Perú, donde el ministro Carlos Antonio Fernández Onofre presentó la Operación Quisqueya Solidaria 2026 como prueba concreta de la capacidad del país para actuar ante emergencias internacionales.

La CMDA es el principal foro político hemisférico en materia de defensa. En esta edición, más de 30 países del continente analizaron amenazas compartidas: delincuencia organizada transnacional, ciberdefensa, protección de infraestructuras críticas, respuesta ante desastres y cambio climático.

El encuentro concluyó con la firma de la Declaración de Cusco, que compromete a los Estados participantes con el diálogo político-estratégico y el desarrollo de capacidades conjuntas.

La Operación Quisqueya Solidaria como argumento diplomático

Fernández Onofre centró buena parte de su intervención en la respuesta dominicana tras los terremotos en Venezuela. La operación desplegó equipos especializados de búsqueda y rescate y canalizó asistencia humanitaria, dos elementos que el ministro utilizó para ilustrar ante sus pares la capacidad nacional de coordinación en emergencias.

“Las capacidades compartidas son las que fortalecen la paz, salvan vidas y generan confianza entre las naciones”, afirmó el teniente general durante su presentación.

El diagnóstico dominicano sobre la seguridad hemisférica

El ministro sostuvo ante el foro que las amenazas actuales “trascienden las fronteras nacionales y exigen una respuesta coordinada entre los Estados, basada en la confianza, el intercambio de información y la cooperación permanente”.

Desde esa lectura, planteó que las instituciones de defensa deben fortalecer su resiliencia interna al mismo tiempo que desarrollan capacidades interoperables. El objetivo, según su argumento, es poder responder con mayor eficacia a escenarios de complejidad creciente.

La Declaración de Cusco y el cierre del foro

El documento suscrito al término de la conferencia sintetiza los acuerdos alcanzados por los ministros y jefes de delegación presentes. Reafirma el compromiso colectivo con el diálogo político-estratégico, la generación de confianza mutua y la estabilidad regional.

Para República Dominicana, la participación en el foro también representó una plataforma para fortalecer vínculos bilaterales y multilaterales con el resto del continente, así como para consolidar alianzas en materia de seguridad.

La Declaración de Cusco, firmada el 10 de julio por representantes de 33 países, cerró la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas con acuerdos para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo y las economías ilícitas.

La CMDA no es un organismo permanente. Creada en 1995 en Williamsburg, Estados Unidos, sesiona cada dos años bajo la conducción del país anfitrión y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes.

Emite declaraciones políticas y compromisos de cooperación que los Estados adoptan de forma voluntaria, guiados por los llamados Principios de Williamsburg: la preservación de la democracia como base de la seguridad mutua, la transparencia en materia de defensa y la resolución negociada de disputas.

La edición celebrada en Cusco, del siete al 10 de julio, fue la decimoséptima de su historia. La inauguró el ministro de Defensa peruano, Amadeo Flores Carcagno, en el Convento de La Merced, con un izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas como acto protocolar de apertura. La agenda contempló simulacros, ejercicios de gestión de crisis y el diseño de estrategias ante amenazas tecnológicas, además de reuniones bilaterales entre delegaciones.

República Dominicana ha presentado un conjunto de modificaciones consensuadas al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, con el propósito de equilibrar el derecho a la libertad de expresión y la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas. Las propuestas fueron depositadas en el Congreso Nacional, tras semanas de diálogo entre diversos sectores sociales y políticos.

“El uso y el abuso de redes sociales, y no solamente redes sociales, también de medios convencionales, plantea el reto de poner controles para garantizar otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, sin alterar el derecho a la libertad de expresión”, declaró el presidente Luis Abinader al explicar el alcance de la reforma. El mandatario recordó que, en los últimos tres años, la República Dominicana ha ocupado los primeros lugares del Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa, aunque reconoció que los avances tecnológicos y el auge de nuevas plataformas han generado desafíos complejos para la protección de derechos fundamentales.

La Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento llevaba años pendiente de actualización. La propuesta presentada fue entregada a la Sociedad Dominicana de Diarios, así como a comunicadores y especialistas, bajo la coordinación del jurista y actual juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Rodríguez. Tras este proceso, distintos sectores lograron alcanzar un consenso sobre las modificaciones, aunque la propuesta recibió críticas pese a no haber sido objetada por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al Código Penal, el presidente recordó que la pieza permaneció 15 años en discusión en el Congreso. Hace 11 meses, tras su aprobación, se estableció un periodo de vacatio legis de un año para realizar los ajustes necesarios antes de su entrada en vigencia, prevista para el 3 de agosto. “El pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso. Duramos como unas cinco semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones. Y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, precisó Abinader.

El mandatario reconoció que tanto el Gobierno como la sociedad civil pospusieron el debate sobre las reformas. “Hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó”, afirmó, resaltando la importancia de la colaboración para alcanzar acuerdos en temas institucionales.

Durante la entrevista, Abinader destacó el papel del Consejo Económico y Social en el proceso de construcción de consensos y reiteró su disposición al diálogo con todos los actores políticos y sociales. Mencionó, como ejemplo, las consultas realizadas a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para la elaboración de la carta enviada a la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis en Haití. “Yo no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Consensuar no significa que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Esa es mi forma de ser y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio”, sostuvo Abinader.

El presidente también respondió a quienes han calificado la reforma como una “ley mordaza”. Rechazó de manera enfática esa acusación y reiteró su compromiso con las libertades públicas. “Yo salgo en dos años del gobierno. Si hay algo por lo que estoy preocupado es por la democracia de mi país, que eso sí yo lo he demostrado. Por eso cambié la Constitución, para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida”, expresó.

Para Abinader, la propuesta presentada representa un punto de equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor individual. “Con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente”, concluyó.

Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento serán sometidas a votación antes del 3 de agosto, fecha en la que está prevista la entrada en vigor del nuevo marco legal. El gobierno sostiene que esta reforma responde a los desafíos actuales en materia de derechos fundamentales y comunicación social en la República Dominicana.

Los 18 artículos bajo la lupa

1. Libertad de expresión y de prensa (5 artículos)

Este bloque concentra el núcleo de las demandas ciudadanas. Las modificaciones buscan extirpar cualquier asomo de censura previa o intimidación legal:Artículo 123 (Ciberbullying): Se delimita el tipo penal para evitar que las críticas legítimas o los debates encendidos en redes sociales se confundan con acoso digital.

Artículo 192 (Difusión de audio o imágenes sin consentimiento): Se añade de forma expresa la excepción de interés público legítimo, protegiendo las filtraciones periodísticas que destapen anomalías estatales.

Artículo 208 (Difamación) y Artículo 211 (Actos no difamatorios ni injuriosos): Redefinen las sanciones y amplían las garantías legales para quienes informen sobre figuras públicas o temas de debate nacional.

Artículo 310 (Ultraje): Se reforma para impedir que el delito de ofensa a las instituciones o funcionarios sea utilizado por el poder político para silenciar a la oposición o a la ciudadanía.

2. Protección de personas y familias (6 artículos)

Orientado a robustecer los mecanismos de vulnerabilidad social, especialmente enfocados en la niñez y la adolescencia:Artículos 121 y 122 (Bullying y Hostigamiento agravado): Se precisan las definiciones para lograr una aplicación objetiva en entornos escolares y comunitarios.

Artículo 142 (Exhibicionismo sexual) y Artículo 144 (Acoso agravado): Buscan proporcionalidad en las penas, evitando interpretaciones subjetivas por parte de los juzgadores.

Artículos 214 y 215 (Abandono de menores y Abandono agravado): Reorganizan las agravantes para penalizar con mayor severidad la desatención parental extrema.

3. Precisión técnica y seguridad jurídica (5 artículos)

Ajustes esenciales de carpintería legislativa para evitar contradicciones en los tribunales:Artículo 141 (Prescripción): Corrige el cómputo de los plazos procesales para evitar impunidades por vencimiento de términos.

Artículo 170 (Autosecuestro), Artículo 207 (Perjurio patrimonial), Artículo 248 (Bancarrota simple) y Artículo 354 (Certificación falsa de estado de salud): Mejoran la redacción técnica para que las figuras delictivas queden claramente tipificadas en el comercio y la salud.

4. Respuesta frente a delitos graves (2 artículos)

Artículo 176 (Proxenetismo): Readecua la escala punitiva para perseguir con mayor eficacia la explotación sexual.

Artículo 303 (Malversación de fondos públicos): Endurece de manera drástica el régimen de consecuencias contra la corrupción administrativa, un reclamo histórico de la sociedad dominicana.

El Gobierno dominicano lanzó un Plan Anticrisis con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aliviar la carga impositiva sobre el sector y proteger a la clase media frente a la inestabilidad internacional.

El mandatario explicó que esta estrategia integral surge como respuesta a los desafíos económicos generados por la pandemia de COVID-19 y por el conflicto entre Rusia y Ucrania, factores que han influido en el aumento de los precios globales de combustibles entre otras materias primas.

Durante una conversación con periodistas locales, el mandatario, Luis Abinader, subrayó que el programa incorpora lecciones aprendidas tras las crisis recientes, con el fin de mantener la estabilidad económica nacional.

Abinader resaltó que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico anual superior al 4%, cifra que la coloca entre los países con mayor dinamismo en la región. Según el presidente, este resultado responde a la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, orientadas a sostener la reactivación del desarrollo económico.

Entre las medidas principales del plan, destaca la eliminación del anticipo fiscal para las mipymes a partir del próximo enero. Abinader detalló que, además, el pago de impuestos para pequeñas empresas dejará de ser mensual y pasará a realizarse en tres cuotas anuales, lo que representa un alivio para la liquidez del sector.

El Gobierno también eliminó el impuesto que gravaba a las nuevas empresas, redujo el impuesto sucesoral del 27% al 3% y suprimió el gravamen sobre determinados seguros de vida contratados en el exterior.

“El próximo año, cuando todas estas medidas estén plenamente en ejecución, servirán especialmente para que las pequeñas empresas puedan progresar con una menor carga impositiva”, afirmó Abinader, quien remarcó la intención oficial de facilitar el desarrollo empresarial y estimular la inversión.

En el contexto de los precios de los combustibles, el presidente explicó que el Estado intervino para evitar que el incremento internacional se trasladara íntegramente al consumidor dominicano.

Mientras el precio global del petróleo llegó a aumentar cerca de un 80%, el ajuste aplicado en el país fue de solo un 16%, gracias a un programa de subsidios estatales que buscó contener el impacto en los hogares y las empresas.

“El subsidio que habíamos proyectado para todo un año se agotó en mayo, lo que demuestra el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para proteger a la población”, señaló Abinader, quien además aclaró que la baja en el precio internacional del petróleo no se refleja de manera automática en el mercado local. Explicó que alrededor del 70% de las gasolinas y otros derivados consumidos en el país provienen de importaciones de productos refinados, cuyos precios se rigen por dinámicas distintas a las del crudo.

Para brindar mayor transparencia, el presidente informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentará una explicación detallada sobre la fórmula utilizada para fijar semanalmente los precios de los combustibles. En semanas recientes, el Gobierno dispuso rebajas en el precio del GLP, la gasolina regular y el gasoil regular, aunque las tensiones geopolíticas mantienen la volatilidad en los mercados energéticos.

El jefe de Estado reconoció que gobernar implica tomar decisiones complejas, ya que las medidas aplicadas pueden beneficiar a algunos sectores y afectar a otros. Abinader enfatizó que el propósito fundamental del plan es salvaguardar el interés nacional y proteger a la mayoría de los ciudadanos.

“El presidente es una especie de juez que tiene que buscar el equilibrio en cada decisión para favorecer, en términos generales, a la población y al interés nacional”, declaró Abinader, quien insistió en que la función presidencial exige responder de manera permanente a las necesidades de la ciudadanía.

El mandatario recordó que su gestión ha enfrentado de forma simultánea los efectos de la pandemia, la crisis económica derivada de la guerra en Europa, la situación en Haití y la incertidumbre internacional. “Es una enorme distinción que el pueblo dominicano me haya dado la oportunidad dos veces de servirle, y lo hago con total transparencia, mucho trabajo y 24-7 al servicio de la población dominicana”, concluyó el presidente.

El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria en uno de los depósitos de la terminal aérea, donde participaron miembros del Ministerio Público, efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas, de acuerdo con datos oficiales recogidos por la DNCD. La revisión permitió identificar una caja de regalos, en cuyo interior se localizó una prenda de vestir que presentaba doble costura. Dentro de los dobladillos y las costuras, los inspectores extrajeron un total de 83 píldoras de la sustancia que, según las autoridades, corresponde a cocaína.

Según detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el paquete había sido enviado por una mujer, cuya dirección figura en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. El destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades señalaron que la modalidad utilizada en el caso evidencia el intento de las redes del narcotráfico internacional por burlar los controles de seguridad aeroportuaria mediante métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados.

La DNCD informó, citando el manifiesto de envío, que las investigaciones abiertas buscan determinar la identidad real tanto del remitente como del destinatario. Las pesquisas se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público y organismos de inteligencia, quienes intentan establecer si los datos consignados en los documentos de la paquetería corresponden a personas reales o si se trata de identidades ficticias utilizadas para encubrir la operación.

La DNCD detalló que las pastillas incautadas fueron debidamente embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis y posterior procesamiento. De acuerdo con las declaraciones institucionales, la colaboración entre los distintos organismos de seguridad permitió identificar y neutralizar el método de camuflaje, que consistía en disimular la droga entre las costuras de la prenda destinada al envío internacional.

“El hallazgo se realizó durante las labores de inspección que regularmente ejecutan los oficiales antinarcóticos, el Ministerio Público y la seguridad aeroportuaria”, comunicó la DNCD, según recogió la prensa nacional. La entidad subrayó que las acciones de vigilancia y control en las terminales aéreas forman parte de una estrategia permanente contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso, aunque confirmaron que las diligencias investigativas continúan abiertas para identificar posibles implicados y establecer conexiones con otras operaciones similares previas.

El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público y la DNCD, que mantienen activa la línea de investigación sobre el uso de métodos de ocultamiento en prendas de vestir para el tráfico internacional de droga.

Además, esta semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), dentro del reforzamiento de los lazos de la cooperación internacional, extraditaron a otros dos dominicanos bajo las acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos en tribunales de la ciudad de Nueva York.

La República Dominicana alcanzó un máximo histórico en exportaciones durante el primer semestre de 2026, según cifras oficiales difundidas por ProDominicana y citadas por Pincel Digital. El país registró entre enero y junio ventas al extranjero por USD 7,897.8 millones, un aumento interanual de 14.8 % que equivale a USD 1,018.4 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2025.

El desempeño exportador dominicano, de acuerdo con las declaraciones de Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, evidencia la fortaleza de la oferta nacional y responde a estrategias enfocadas en ampliar la presencia de productos dominicanos en los mercados internacionales. El mes de junio marcó un hito histórico al alcanzar USD 1.498,5 millones en exportaciones, el monto mensual más alto registrado hasta la fecha, con un crecimiento interanual de 17.4 % frente a junio de 2025.

Este comportamiento positivo se reflejó tanto en las zonas francas como en el régimen nacional. Las zonas francas generaron USD 819 millones en junio, lo que representó un incremento de 8% y un 54.6% del total exportado ese mes. Por su parte, el régimen nacional alcanzó USD 651.8 millones, un aumento de 35.4 % respecto al año anterior, con una participación del 45.4 % sobre el total mensual.

Diversificación y crecimiento marcan el desempeño de las exportaciones dominicanas

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se consolidó como el principal socio comercial del país, con exportaciones por USD 683,5 millones y un crecimiento interanual de 8,2 %. Le siguieron Canadá, que alcanzó USD 263.9 millones y un aumento de 211,1 %, y Haití, con USD 115.9 millones y un avance de 11,8 %. la diversificación fue otro rasgo destacado: 80 países registraron incrementos en sus compras a la República Dominicana durante junio.

En términos de crecimiento absoluto, Canadá sobresalió con USD 179.1 millones adicionales, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de oro en bruto. Suiza sumó USD 75.2 millones por la misma razón. Estados Unidos aportó USD 52 millones adicionales, mientras que Haití mostró un alza de USD 12.3 millones.

Entre los productos con mayor dinamismo se encontraron el oro en bruto, que en junio alcanzó USD 341.7 millones y creció 84.2 % respecto al año precedente. Los instrumentos y aparatos de medicina sumaron USD 113.8 millones, con un aumento de 5.9 %, mientras que los disyuntores eléctricos reportaron USD 89.3 millones y un avance de 17.6 %. También destacaron las exportaciones de cigarros puros, que totalizaron USD 88.5 millones, un crecimiento interanual de 9.3 %.

La información de ProDominicana citado por Pincel Digital detalló que más de 700 líneas arancelarias experimentaron aumentos en junio. Entre los productos más destacados se encuentran el oro en bruto (con USD 156.2 millones adicionales), el tabaco total o parcialmente desvenado (USD 18.3 millones), los artículos y aparatos de ortopedia (USD 15.5 millones), el azúcar de caña (USD 14.7 millones) y los disyuntores eléctricos (USD 13.4 millones).

Biviana Riveiro Disla, directora de ProDominicana, atribuyó estos resultados a la competitividad y adaptación del sector exportador nacional, así como a la creciente demanda internacional de productos dominicanos. “Estos resultados evidencian la competitividad de la oferta exportable dominicana y el impacto de las estrategias implementadas para fortalecer la presencia del país en los mercados internacionales”, sostuvo la funcionaria.

La ciudad de Santo Domingo alberga desde este lunes una de las citas científicas científicas para el estudio del pasado caribeño. La República Dominicana acoge el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, que reúne a 237 investigadores de 23 países de América y Europa. El evento, considerado por la organización, se extiende hasta el sábado 18 de julio y busca actualizar el conocimiento sobre los orígenes y transformaciones de las culturas caribeñas. Según informó la agencia de noticias EFE, la inauguración tiene lugar en el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Durante estas jornadas, especialistas de universidades, museos y centros de investigación presentan un total de 97 ponencias distribuidas en 15 simposios temáticos, que abordan los hallazgos en disciplinas como bioarqueología, ADN antiguo, arqueozoología, arqueobotánica y arqueología subacuática. De acuerdo con EFE, los organizadores destacaron que el programa también incluye innovaciones en fotogrametría, modelado tridimensional, etnoarqueología, arqueología colonial, arte rupestre, antropología física, patrimonio cultural y participación comunitaria.

La Academia de Ciencias de la República Dominicana, entidad organizadora del congreso, detalló que los principales ejes científicos giran en torno a investigaciones sobre los primeros pobladores del Caribe, genética de las poblaciones antiguas, movilidad humana, arqueología de comunidades afrodescendientes, patrimonio cultural subacuático y nuevas tecnologías aplicadas a la documentación arqueológica.

La agencia EFE precisó que el congreso también dedica espacio a estudios sobre sociedades agroalfareras, procesos de colonización europea y metodologías innovadoras para la conservación y difusión del patrimonio arqueológico.

Entre los asistentes figuran representantes de algunas de las instituciones académicas internacionales, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Leiden, la Universidad de Copenhague, el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS).

También participan universidades y centros de Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia y otras entidades de la región. Los organizadores subrayaron que la agenda no se limita al debate académico, sino que incorpora actividades como presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales y visitas especializadas a museos.

La agenda del congreso

Uno de los actos de la semana será la jornada científica en el Centro León, en Santiago de los Caballeros, además de un acto académico en la sede de la Academia de Ciencias en Santo Domingo. EFE señala que el programa de actividades incluye una excursión a los yacimientos arqueológicos del Monumento Natural Cabo Samaná, con el objetivo de mostrar a los participantes parte del patrimonio arqueológico y cultural dominicano. La organización considera que esta salida permitirá a los asistentes conocer de primera mano los avances en conservación e investigación en el país.

Los ejes científicos del encuentro

El congreso pone especial atención en la participación comunitaria, la integración de nuevas tecnologías para la documentación y estudio del patrimonio caribeño, la aplicación de herramientas digitales para el modelado y análisis de piezas y sitios arqueológicos y la investigación en genética de poblaciones antiguas, que ha permitido profundizar en las rutas migratorias y los orígenes de los pueblos caribeños. Según el comunicado difundido por la Academia de Ciencias, el evento representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en la región y renovar los enfoques metodológicos en el campo de la arqueología.

El acto inaugural congrega a autoridades nacionales, representantes de instituciones científicas extranjeras e investigadores de Europa y América, que compartirán resultados de estudios sobre arqueología colonial, sociedades afrodescendientes, patrimonio cultural subacuático y desafíos actuales en la protección de los bienes culturales durante una semana de intercambio académico y diálogo interdisciplinario.

La Academia enfatizó el carácter internacional y multidisciplinario del congreso, que busca actualizar el estado de la investigación arqueológica en el Caribe e impulsar la colaboración entre centros de América y Europa.

A partir de este lunes, el país inicia el proceso de adquisición del tratamiento con Risdiplam (Evrysdi) para pacientes diagnosticados con Atrofia Muscular Espinal (AME) que están incorporados hasta la fecha al Programa de Medicamentos de Alto Costo.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que el Gobierno dispone de RD$300 millones (aproximadamente USD 5.1 millones) para financiar la adquisición del medicamento a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC). Según la comunicación oficial, estos recursos permitirán cubrir aproximadamente un año de tratamiento para los pacientes ya incluidos en el programa.

La DAMAC informó al Ministerio de Salud Pública que existen las condiciones técnicas, presupuestarias y administrativas necesarias para iniciar el proceso de adquisición.

Avances administrativos y coordinación interinstitucional

El Ministerio de Salud Pública actualizó su catálogo terapéutico para incorporar Risdiplam (Evrysdi) como opción dentro del tratamiento oficial de la Atrofia Muscular Espinal. Además, se han coordinado acciones con PROMESE/CAL, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y el laboratorio fabricante para facilitar la adquisición y entrega del medicamento siguiendo los procedimientos legales y regulatorios vigentes, según Listín Diario.

Este medicamento cuenta con certificaciones internacionales de calidad y seguridad, avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Gracias al respaldo presupuestario previsto, las autoridades estiman que será posible sostener la cobertura terapéutica durante un año para los niños actualmente registrados en el programa.

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Salud Pública confirmó que la primera dosis será entregada a Dayron Almonte Socias, cuya condición clínica exige atención inmediata. Según lo informado, esta entrega inicial se realizará mientras avanza el proceso administrativo y legal necesario para garantizar el tratamiento a los demás pacientes ya incorporados.

La urgencia en la atención a Dayron responde a la gravedad de su diagnóstico. Es un menor de un año y medio con Atrofia Muscular Espinal tipo 1, cuya familia ha tenido que enfrentar una carrera contrarreloj para acceder al medicamento Evrysdi (Risdiplam) 60 mg/80 ml, considerado indispensable para su salud. A esto se suma una dificultad jurídica, ya que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo presentada por sus familiares, lo que dejó al niño sin respaldo legal.

Evaluación de nuevos casos y perspectivas de solución permanente

Las autoridades sanitarias han informado que los nuevos casos diagnosticados serán evaluados conforme a los criterios médicos, técnicos y administrativos establecidos por el Programa de Medicamentos de Alto Costo, con la finalidad de determinar la posible incorporación al esquema de cobertura, de acuerdo a Listín Diario.

El pasado 9 de marzo, el ministro Atallah envió una solicitud formal a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), solicitando la elaboración de un estudio actuarial para analizar la incorporación de Risdiplam al Catálogo de Medicamentos Esenciales del Plan de Servicios de Salud (PDSS). El propósito de esta gestión es avanzar hacia una solución definitiva y financieramente sostenible para las familias afectadas por la enfermedad.

Atallah expresó: “Hoy damos un paso trascendental como Estado. Detrás de esta decisión hay un trabajo técnico riguroso, el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader y la firme voluntad de garantizar que ningún niño con Atrofia Muscular Espinal quede sin acceso al tratamiento que necesita.” El Ministerio reiteró que el objetivo es consolidar soluciones responsables y sostenibles, priorizando siempre a los pacientes y sus familias.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) puso en marcha un plan piloto que introduce una tarifa integrada de 35 pesos dominicanos para el uso combinado del Metro, el Teleférico y los autobuses en Santo Domingo. La iniciativa busca simplificar el pago y facilitar los traslados en la capital, donde miles de personas utilizan estos servicios a diario en República Dominicana.

En la actualidad, el sistema de transporte público de la República Dominicana se caracteriza por la coexistencia de distintos operadores, tarifas y modos de pago. Los usuarios que necesitan combinar varios medios de transporte, como el Metro y un corredor de autobuses, deben realizar pagos individuales por cada trayecto, lo que incrementa los costos, pero en muchas ocasiones también complica la experiencia de viaje. La falta de integración tarifaria ha sido señalada como una de las principales dificultades para quienes dependen de la movilidad pública en la ciudad.

El plan piloto presentado por la EMT propone unificar el costo del viaje para quienes utilicen, dentro de un período de 90 minutos, los tres sistemas de transporte masivo: Metro, Teleférico y autobuses de los corredores. El pago único de 35 pesos dominicanos (aproximadamente $0.60 de dólar) representa un ahorro de 25 pesos respecto al costo actual de utilizar los tres servicios por separado. Aquellos que solo usan uno de los medios de transporte continuarán pagando 20 pesos, tarifa que permanece inalterada.

La medida contempla que el pago del pasaje electrónico pueda realizarse a través de distintos mecanismos, incluidos la tarjeta del Metro, la plataforma digital SD GO y tarjetas bancarias de crédito o débito. Esta flexibilidad busca adaptarse a las necesidades de los usuarios y agilizar el acceso al sistema.

De acuerdo con la información publicada por Listín Diario, la tarifa integrada evitará que los pasajeros realicen pagos adicionales mientras transiten entre los distintos servicios públicos, siempre que lo hagan dentro del tiempo estipulado. Una vez agotados los 90 minutos, el sistema requerirá un nuevo pago para permitir la continuidad del trayecto.

La decisión de implementar esta prueba surge en un contexto donde el transporte público de Santo Domingo enfrenta desafíos significativos. La congestión vehicular, los tiempos de espera y el gasto acumulado en traslados diarios afectan a una parte importante de la población. El gobierno y la EMT han identificado la integración tarifaria como una estrategia para promover el uso del transporte público y reducir el incentivo del transporte informal y particular.

El plan piloto, que comenzó este fin de semana, permitirá evaluar en la práctica la efectividad de la tarifa única y la aceptación por parte de los usuarios. Las autoridades esperan que la medida incentive la combinación de distintos medios de transporte, optimice los tiempos de viaje y ofrezca un alivio económico para quienes dependen de la movilidad urbana.

Se prevé que los resultados del piloto sirvan para ajustar detalles operativos antes de una eventual implementación definitiva de la tarifa integrada. El modelo se inspira en experiencias internacionales donde la integración de pagos favoreció la eficiencia y el acceso al transporte masivo.

La Empresa Metropolitana de Transporte ha señalado que la medida forma parte de una política más amplia orientada a modernizar el sistema de movilidad urbana y responder a las demandas de una ciudad en crecimiento. La iniciativa busca posicionar a Santo Domingo como una capital más conectada y accesible para todos sus habitantes.

La provincia de Samaná cuenta con un nuevo escenario para el deporte tras la inauguración del Play municipal, una obra que requirió una inversión de más de 14 millones de pesos dominicanos. El acto congregó a decenas de vecinos y autoridades, que celebraron la apertura de un espacio largamente esperado por la comunidad joven y los deportistas locales.

La remodelación del Play municipal trae cambios visibles. El terreno de juego luce renovado, las gradas ahora cuentan con techado y el sistema de iluminación permite el uso seguro del campo en horario nocturno. La instalación también incorpora una nueva verja perimetral y trabajos de pintura, condiciones que muchos residentes consideraban necesarias desde hace años.

Durante la actividad, el presidente Luis Abinader recorrió el campo acompañado por funcionarios y representantes municipales. El evento sirvió para dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes de la zona, que durante mucho tiempo reclamaron espacios donde practicar deporte en condiciones adecuadas.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, compartió con la comunidad la visión de dotar a la provincia de lugares aptos para el desarrollo físico y la recreación. Desde el gobierno insisten en que estas obras buscan ofrecer alternativas al ocio y a la vez fortalecer la formación de los jóvenes, que ahora encuentran en el Play municipal un entorno más seguro y moderno.

El alcalde de Samaná, Nelson Núñez, resaltó que la obra marca un antes y un después para el municipio. Por su parte, la gobernadora provincial, Teodora Mullix, recordó que durante la actual gestión se han entregado cerca de 60 proyectos en la zona, señalando al nuevo Play como una de las obras más solicitadas por la población infantil y juvenil.

La inauguración se inserta en una estrategia de revitalización de espacios públicos deportivos. La apuesta por la infraestructura física es vista por las autoridades como una vía para ampliar las oportunidades de los jóvenes y fomentar la convivencia en la provincia.

Gobierno anuncia acciones para fortalecer la educación en la provincia

En el mismo contexto, el presidente Luis Abinader se reunió con estudiantes de distintos municipios de Samaná para escuchar sus inquietudes y necesidades. El encuentro giró en torno a los desafíos que enfrenta el sistema educativo local y a las iniciativas para garantizar que más jóvenes permanezcan en las aulas.

El mandatario supervisó los programas de Alimentación Escolar y Transporte Estudiantil (TRAE), dos herramientas que, según el gobierno, contribuyen a reducir la deserción escolar y a mejorar las condiciones materiales para el aprendizaje. Las autoridades presentaron además el programa Beca tu Futuro, que ofrece oportunidades de formación profesional para quienes buscan continuar sus estudios superiores.

Otro de los temas discutidos fue la enseñanza del inglés, vista como una herramienta esencial en una provincia con fuerte presencia turística. El idioma, sostienen funcionarios, puede abrir nuevas posibilidades de empleo para la juventud local.

El avance en la construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Samaná fue otro de los anuncios relevantes. La obra permitirá que los estudiantes accedan a la educación universitaria sin tener que trasladarse a otras ciudades, lo que supone un alivio económico para muchas familias.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que el gobierno trabaja en la ampliación y mejora de los centros educativos, así como en la entrega de nuevas aulas y laboratorios. Durante la visita, se confirmó que la provincia recibirá una nueva escuela en Las Terrenas y el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García. Además, se equiparán más de 300 laboratorios en diversas áreas del conocimiento para fortalecer la formación práctica de los estudiantes y adaptar la oferta educativa a las necesidades del mercado laboral.

El Gobierno de República Dominicana dispuso una reducción de precios en los combustibles regulares y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para la semana del 11 al 17 de julio de 2026, acumulando dos semanas de bajas en medio de un contexto internacional marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en Santo Domingo, al confirmar que esta decisión busca proteger a los hogares y sectores más vulnerables de la economía nacional.

Según la disposición oficial, los nuevos precios para la semana fijan de la siguiente manera:

• Gasolina regular en RD$302.50 por galón (US$5.13)
• El gasoil regular en RD$254.80 por galón (US$4.32) y
• GLP en RD$135.20 por galón (US$2.29).

Estos valores reflejan el impacto directo de la política de subsidios en la economía diaria de los consumidores dominicanos, especialmente en un contexto de volatilidad internacional.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicó que la reducción de precios responde a una combinación de factores internacionales y decisiones de política interna. Entre los motivos principales destacan:

• Volatilidad internacional: El conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó un alza inmediata en los precios internacionales del petróleo, con un incremento superior al 5% en el precio del barril en un solo día, según datos citados por el MICM y monitoreados por agencias como Reuters. A pesar de este repunte, los productos refinados, incluyendo la gasolina y el gasoil, experimentaron una fluctuación con subidas promedio de entre 2,5% y 3,4% en la última semana.
• Caída previa del crudo: A principios de julio, el precio internacional del crudo había descendido, lo que permitió aplicar dos semanas consecutivas de reducciones en los precios locales de los combustibles regulares.
• Política de subsidios focalizados: Para sostener estas rebajas y mitigar el impacto de la volatilidad internacional, el Gobierno destinó un subsidio de RD$523.7 millones solo para la semana del 11 al 17 de julio.
• Prioridad al transporte y a los hogares: El MICM enfatizó que los combustibles regulares y el GLP son los más utilizados por el transporte de carga, de pasajeros y por los hogares dominicanos, lo que justifica la concentración de los subsidios y las rebajas en estos productos.

Segunda semana consecutiva de reducción y su impacto

La medida también representa la segunda baja semanal consecutiva en los precios de la gasolina regular y el gasoil regular, lo que ha generado un ahorro acumulado de RD$8.00 por galón durante este periodo. Esta tendencia, respaldada por la política de subsidios del Gobierno, responde a la necesidad de frenar la presión inflacionaria y proteger el poder adquisitivo de la población.

El MICM sostuvo en su nota oficial que “esta disposición está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables”. La estrategia busca, según el ministerio, generar un alivio tangible en el costo del transporte y en los gastos domésticos de millones de familias dominicanas.

Las autoridades han reiterado que estas medidas forman parte de una política activa para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones internacionales y sostener la estabilidad económica interna. La asignación de recursos públicos para subsidiar los combustibles evidencia el compromiso del Gobierno con la protección social y la contención de la inflación, en una coyuntura internacional compleja.

La vigilancia sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como las oscilaciones del mercado energético mundial, seguirá condicionando las decisiones locales en materia de combustibles durante las próximas semanas.

La Policía Nacional de República Dominicana, a través de su vocero Diego Pesqueira, informó sobre la detención de un hombre identificado como Deilin Medina, alias “Robín”, de 34 años, quien fue arrestado tras labores de inteligencia e investigación de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, con asiento en María Auxiliadora.

Medina, residente en el sector El Caliche, Los Pinos, admitió su participación en al menos tres robos ocurridos en distintos puntos del Distrito Nacional, esclarecidos gracias a la acción coordinada de los agentes policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura se produjo luego de que investigadores policiales dieran con el paradero de Medina durante un operativo de búsqueda. El ahora detenido intentó escapar en compañía de otros individuos al percatarse de la presencia policial, pero fue capturado de inmediato. Durante el proceso investigativo, Medina confesó su implicación en los hechos delictivos que habían sido denunciados ante la Policía Nacional a principios de 2026.

Entre los incidentes esclarecidos figura el robo de una guagua marca Fiat Fiorin, donde Medina sustrajo una cámara de video, varias extensiones eléctricas y un canasto. Posteriormente, el detenido vendió estos objetos a un transeúnte y utilizó el dinero obtenido para gastos personales. Además, está vinculado al robo perpetrado en una vivienda del sector 27 de Febrero, donde fueron sustraídos RD$10,000 (USD 170. 14) en efectivo y un televisor. El tercer caso confirmado corresponde al robo de las redes eléctricas de un establecimiento ubicado en el sector Villa María.

La Policía Nacional destacó que estos tres casos habían generado preocupación en las comunidades afectadas, especialmente por el impacto económico y el sentimiento de inseguridad que producen entre los habitantes del Distrito Nacional. Según el balance oficial, la rápida intervención de las autoridades permitió no solo la captura del presunto responsable, sino también el esclarecimiento de los hechos y la devolución de parte de los bienes sustraídos.

El vocero de la Policía Nacional subrayó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, en cumplimiento de los procedimientos establecidos. Este caso se suma a una serie de robos recientes reportados por las autoridades en lo que va de 2026, en los que se han visto involucradas personas con antecedentes similares.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en los primeros meses del año se han registrado decenas de denuncias por robos en viviendas, vehículos y establecimientos comerciales en distintos sectores de Santo Domingo.

El Código Penal de República Dominicana establece sanciones claras para los delitos de robo. El artículo 379 tipifica el robo como el acto de sustraer fraudulentamente la cosa ajena, y el artículo 381 establece penas de reclusión mayor de tres a diez años si el robo se comete con violencia o si el autor es reincidente. En los casos de robo simple, la ley prevé penas de prisión correccional que pueden ir de seis meses a cinco años, dependiendo de la gravedad y circunstancias del hecho. Cuando el robo involucra bienes de valor significativo o afecta servicios públicos, las autoridades pueden agravar las sanciones.

Durante 2026, la Policía Nacional ha reportado varios casos destacados de robo que han sido esclarecidos tras operativos similares, como la recuperación de vehículos robados en los sectores Cristo Rey y Gazcue, así como el desmantelamiento de una banda dedicada al hurto de equipos electrónicos en la zona oriental de Santo Domingo. Las autoridades han reiterado su compromiso con la prevención y persecución de estos delitos, e instaron a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier actividad sospechosa.

La detención de Deilin Medina representa un golpe importante a la impunidad de los delitos contra la propiedad en el Distrito Nacional. El seguimiento judicial del caso permitirá determinar la responsabilidad penal del acusado y, en caso de ser hallado culpable, aplicar las sanciones previstas en el Código Penal. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa desplegando operativos en las zonas de mayor incidencia delictiva, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones de seguridad ciudadana.

La institución instó a la comunidad a permanecer alerta y a utilizar los canales oficiales de denuncia para contribuir a la reducción de la criminalidad y fortalecer la seguridad urbana en Santo Domingo y el resto del país.

La República Dominicana registró en fascículo “Tenencia de bienes durables y servicios de comunicación en los hogares de la República Dominicana” que el 91% de los hogares dispone de estufa (cocina), el 83.5% cuenta con nevera y el 78.5% tiene lavadora de ropa, según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística.

Además, el 75,5% de las viviendas tiene televisor y el 35,2% dispone de radio o equipo de música. El aire acondicionado alcanza una presencia del 18.4% en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La distribución de estos bienes varía entre la zona urbana y la zona rural. En las ciudades, el 93.4% de los hogares posee estufa, el 86.8% nevera y el 81.6% lavadora de ropa.

El televisor está presente en el 78.7% de las viviendas urbanas, el radio o equipo de música en el 36.9% y el aire acondicionado en el 21.9%.

Brecha entre zonas urbanas y rurales

En contraste, las zonas rurales presentan porcentajes menores: 84.8% de tenencia de estufa, 74.8% de nevera, 70.4% de lavadora de ropa, 67.2% de televisor, 30.9% de radio o equipo de música y 9.2% de aire acondicionado.

La ONE señala que la diferencia urbana-rural se acentúa en bienes asociados al confort o la tecnología, como el aire acondicionado y los equipos de música. También indica que el acceso a bienes durables depende del ingreso familiar, el tamaño del hogar y la ubicación geográfica.

Contrastes por provincias y municipios

El reporte desglosa la información por provincias y municipios y muestra contrastes regionales. El Distrito Nacional encabeza la lista de hogares con aire acondicionado, con más del 37%, mientras que provincias como Independencia y Elías Piña no alcanzan el 11%.

Santiago, Santo Domingo y La Altagracia también muestran cifras superiores al promedio nacional en equipamiento de electrodomésticos. En cambio, Bahoruco, San Juan y El Seibo presentan los registros más bajos.

La cobertura de nevera y lavadora de ropa es especialmente alta en ciudades como Santo Domingo Este, Santiago y San Cristóbal, donde más del 85% de los hogares cuenta con estos aparatos. El acceso disminuye en municipios rurales del sur y el noroeste, donde la proporción de viviendas con nevera apenas supera el 60%.

Servicios de comunicación y uso de los datos

En cuanto a los servicios de comunicación, el televisor es el dispositivo más extendido, seguido de los radios o equipos de música. El estudio muestra que la presencia de estos aparatos disminuye en las regiones rurales y en provincias con menor desarrollo económico.

La Oficina Nacional de Estadística sostiene que la información generada por el censo es clave para la toma de decisiones públicas, especialmente en materia de reducción de desigualdades y promoción de políticas inclusivas. El organismo remarca que el nivel de equipamiento doméstico permite identificar las necesidades de cada territorio y diseñar intervenciones para cerrar brechas.

El informe de la ONE indica que el censo nacional es la fuente principal para medir la producción de información demográfica, social y económica. A partir de estos datos, instituciones públicas, organismos internacionales e investigadores pueden planificar estrategias para mejorar la calidad de vida y el bienestar familiar.

Luis Ezequiel T. y Carlos Pisandro P., conocido también como Bertinio Emilio Peguero o “Papa”, fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA) a oficiales estadounidenses, quienes concretaron el traslado bajo custodia en un vuelo comercial hacia Nueva York. Según informó la DNCD, ambos deberán responder ante tribunales federales por delitos vinculados al tráfico de drogas y asociación delictuosa.

El proceso de extradición se realizó tras cumplir con los procedimientos legales vigentes, en especial lo dispuesto en los decretos presidenciales 337-26 y 365-26.

Acusaciones contra los dominicanos

Luis Ezequiel T. enfrenta cargos ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York por asociación delictuosa en segundo grado, operación como traficante a gran escala, venta de sustancias controladas en primer grado y posesión criminal de narcóticos en primer y tercer grado. Las autoridades dominicanas destacaron que el expediente incluye evidencias documentales sobre su presunta participación en el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

Por su parte, Carlos Pisandro P. ha sido requerido por un tribunal del Distrito Este de Nueva York bajo la acusación de asociación delictuosa para importar sustancias controladas a Estados Unidos desde el extranjero. La imputación señala que el delito involucró al menos 500 gramos o más de una sustancia con cocaína, así como otros cargos federales relacionados con la distribución y conspiración para el tráfico ilícito.

De igual manera, el comunicado oficial de la DNCD señaló: “La entrega de los imputados responde a la voluntad de las autoridades dominicanas de mantener una política de cero tolerancia frente a delitos de alto impacto que afectan la seguridad regional”.

A su vez, el operativo contó con la presencia de agentes especializados de la DNCD, representantes de la PGR y delegados de los U.S. Marshals, quienes coordinaron la logística de traslado desde Santo Domingo hasta la ciudad de Nueva York. La coordinación incluyó medidas de seguridad estrictas para asegurar la integridad del procedimiento y el cumplimiento de las garantías procesales de los extraditados.

La extradición de los acusados se suma a una serie de operativos similares realizados en los últimos meses, en el marco de acuerdos bilaterales entre la República Dominicana y Estados Unidos. Las autoridades locales han reiterado que la cooperación judicial y policial continuará fortaleciéndose para enfrentar las redes del narcotráfico y el lavado de activos.

“La persecución del crimen transnacional requiere acciones coordinadas y firmes, como las que se han ejecutado en este caso”, destaca el comunicado oficial de la entidad.

En las próximas horas autoridades estadounidenses recibirán a los dominicanos para que respondan ante los cargos federales en su contra. El desarrollo de los procesos judiciales en Nueva York marcará los siguientes pasos en la cooperación entre ambos países para sancionar a los responsables de delitos vinculados al narcotráfico internacional.

La Fuerza de Tarea Conjunta continúa consolidando los resultados de la estrategia integral de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Al registrar una tasa acumulada de homicidios de 6.92 por cada 100,000 habitantes, el país alcanza la cifra más baja para este período en los últimos cuatro años. Así lo demuestra el reporte semanal de estadística delictiva correspondiente al 3 de julio de 2026.

El informe establece que la tasa mensual de homicidios se sitúa en 3.33 por cada 100,000 habitantes. Este número refleja la efectividad de las acciones preventivas, operativas y de investigación ejecutadas de manera coordinada por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y los demás organismos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.

Los resultados evidencian, además, que 28 territorios del país mantienen tasas de homicidios de un solo dígito, mientras que solo seis registran cifras de dos dígitos. Esto representa que el 82.4% del territorio nacional presenta una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Ante este panorama, las autoridades afirman que esta tendencia a la reducción de este indicador al comparar la tasa acumulada registrada para el mismo período de los últimos años: 12.29 en 2023, 9.96 en 2024, 8.27 en 2025 y un notable 6.92 en 2026. La disminución progresiva es el resultado directo del fortalecimiento de las estrategias de:

• Prevención
• Persecución del delito
• Respuesta oportuna.

El informe presentado por las autoridades detalla que a nivel nacional, al cierre de junio de 2026, se registraron 90 homicidios. La mayor proporción corresponde a la categoría de Conflicto Social, con 33 casos (36.7%). Le siguen los eventos tipificados como Acción Legal, con 26 casos (28.9%); los actos vinculados directamente a la Delincuencia, con 18 casos (20.0%); y finalmente, aquellos que se encuentran En Proceso de Investigación, con 13 casos (14.4%).

Los femicidios se han disparado en RD: el alarmante balance en lo que va del año

Mientras los homicidios comunes y la delincuencia generalizada muestran un retroceso estadístico, los femicidios se han disparado de forma alarmante en lo que va del año 2026, desnudando una persistente crisis de violencia de género que las estrategias de patrullaje y despliegue militar no han logrado contener.

Las organizaciones de la sociedad civil y los reportes de monitoreo independiente revelan un balance devastador: en los primeros seis meses de este año, las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas muestran un incremento dramático en comparación con el mismo período de los años anteriores.

De acuerdo con los últimos datos brindados por la Fundación Vida Sin Violencia, se contabilizan 48 feminicidios íntimos durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 74 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta preocupante tendencia contrasta de manera directa con la reducción del conflicto social en las calles, demostrando que el peligro más letal para muchas ciudadanas dominicanas no proviene de asaltantes desconocidos, sino de sus propios entornos afectivos y del interior de sus hogares.

La disparidad entre la caída de los homicidios generales y el repunte de los femicidios evidencia que la violencia machista requiere un abordaje especializado. No basta con el fortalecimiento de la persecución penal en los barrios; se necesitan profundas reformas educativas, apoyo psicológico integral y mecanismos tecnológicos de supervisión para los agresores detectados.

Mientras las estadísticas globales celebran una tasa histórica de un solo dígito, las familias dominicanas siguen sumando víctimas en una epidemia silenciosa que empaña los logros de la seguridad ciudadana.

República Dominicana circula con 507.8 vehículos por cada mil habitantes y acumula 6.08 millones de unidades registradas para una población de 11 millones de personas, según la CEPAL. El país queda así como el tercero con mayor motorización en América Latina, detrás de Argentina y Brasil.

La región pasó de 6.68 millones de vehículos en 2015 a más de 18.34 millones en 2022, según el Informe Estado de la Región. El crecimiento del parque automotor superó el ritmo del crecimiento poblacional y su expansión fue, en palabras del informe, “desproporcionada en relación con la extensión territorial y el número de habitantes”.

Entre 2020 y 2025, la proporción de población urbana en Centroamérica subió de 78.5% a 81%, lo que equivale a más de 11 millones de personas viviendo en ciudades.

Esos residentes se concentran en grandes metrópolis y ciudades intermedias, donde la demanda de movilidad diaria es más intensa y el transporte público no creció al mismo ritmo que los automóviles privados.

Cómo creció el parque automotor en la región

El informe señala: “cada vez más personas prefieren el transporte privado para satisfacer sus necesidades de movilidad” ante un sistema público deficiente. También indica que las flotas crecieron “de manera desordenada en las áreas metropolitanas”.

Costa Rica encabeza la tasa de motorización en Centroamérica con 344 vehículos por cada mil habitantes. Su parque superó 1.74 millones de unidades en 2022, tras crecer 334.4% desde 2015.

Con una densidad de 100 personas por kilómetro cuadrado y la población concentrada en la Gran Área Metropolitana, la combinación de motorización y urbanización concentra la presión sobre la infraestructura vial.

Guatemala tiene el parque vehicular más grande de Centroamérica, con más de 4.82 millones de unidades en 2022, y una tasa de 271 automotores por cada mil habitantes.

Solo el municipio de Guatemala registra una tasa de 1,162 vehículos por cada mil habitantes, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Con una densidad poblacional de 169 personas por kilómetro cuadrado y un crecimiento demográfico anual de 1.5%, la demanda sobre la red vial metropolitana sigue en aumento.

El Salvador, Honduras y Panamá

El Salvador ocupa el tercer lugar regional en densidad vehicular, con 255 vehículos por cada mil habitantes. Su parque superó 1.6 millones de unidades en 2022, un crecimiento de 136.6% respecto de 2015.

El VII Censo de Población del Banco Central de Reserva reveló que 28% de los hogares salvadoreños tiene automóvil, lo que equivale a 530,147 familias. Con 42.8% de su población en ciudades y 33.2% en pueblos, la mayor parte de esa motorización se concentra en el área metropolitana de San Salvador.

Honduras registra 248 vehículos por cada mil habitantes y acumuló 2.5 millones de unidades en 2022, el doble de su parque de 2015. Su población joven, con una mediana de 23.5 años, y un crecimiento demográfico de 1.7% anual sostienen una demanda de movilidad que se canaliza principalmente hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula. La ratio de dependencia de 54.5 añade flujos de tráfico escolar a los laborales en horas pico.

Panamá tiene la flota vehicular más pequeña de la región, con 941,487 unidades registradas en 2022, aunque su crecimiento porcentual fue el más acelerado: 493% desde 2015.

Con una tasa de 214 vehículos por cada mil habitantes y 70.2% de su población en entornos urbanos, el sistema de transporte metropolitano enfrenta una demanda que se agrava por un saldo migratorio positivo de 6,706 personas en 2024.

El peso de la demografía en la movilidad

En Guatemala y Honduras, la mediana de edad de 22.6 y 23.5 años, respectivamente, indica que gran parte de la población está en la franja en la que la movilidad diaria hacia el trabajo, la escuela y los servicios es más intensa.

El crecimiento demográfico positivo en ambos países indica que la demanda de transporte seguirá en aumento durante la próxima década.

En República Dominicana, los 6.08 millones de vehículos registrados incluyen más de 3.4 millones de motocicletas, que concentran aproximadamente el 70% de los accidentes de tránsito.

El saldo migratorio negativo de -34.920 personas en 2023 modera levemente el crecimiento de la demanda interna, pero no compensa la expansión del parque automotor, que creció casi 25% en cuatro años.

En El Salvador, el saldo migratorio de -23.250 en 2023 tiene un efecto similar: la emigración de jóvenes puede aliviar a largo plazo la presión sobre el transporte interno, pero al mismo tiempo genera flujos de movilidad internacional en los principales corredores viales.

Envejecimiento y demanda futura

La CEPAL estima que hacia 2050 el 18.9% de la población regional tendrá 65 años o más, casi el doble de la proporción actual.

En Costa Rica y El Salvador, donde la fecundidad es baja y la mediana de edad supera los 27 años, ese envejecimiento llegará antes y con mayor intensidad. Una población más envejecida reduce los desplazamientos laborales en hora pico, pero mantiene e incluso incrementa los viajes vinculados a salud, cuidados y recreación, distribuidos en horarios menos concentrados.

En Guatemala y Honduras el proceso será más gradual. La planificación de los sistemas de transporte deberá anticipar esa transición con infraestructura accesible: vehículos y estaciones adaptados, señalización adecuada y rutas que conecten barrios residenciales con centros médicos y servicios esenciales.

La República Dominicana enfrenta un aumento preocupante en la mortalidad infantil durante el primer semestre de 2026. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, entre enero y junio se han registrado 762 muertes de niños y niñas menores de cinco años, neonatos y mujeres que sufrieron complicaciones durante o hasta seis meses después de la gestación.

Esta cifra representa una tendencia al alza en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 839 muertes infantiles.

En la Semana Epidemiológica 25 de 2026, correspondiente al periodo del 21 al 27 de junio, se notificaron 24 muertes infantiles. El acumulado de fallecimientos infantiles para el primer semestre ya supera los reportes previos, mientras que en esa misma semana se sumaron cinco muertes maternas, alcanzando un total de 63 muertes maternas en lo que va del año, según Listín Diario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad infantil como la muerte de menores de cinco años, y la mortalidad neonatal como la que afecta a niños menores de 28 días. En República Dominicana, de las 762 muertes infantiles reportadas en el semestre, 653 corresponden a neonatos. Las demarcaciones geográficas con mayor cantidad de casos son Santo Domingo, con 218 muertes; Santiago, con 88; y el Distrito Nacional, con 74.

A pesar de los esfuerzos por mejorar la atención materno-infantil y las campañas para reducir la mortalidad, los números muestran que la problemática persiste. Además, durante el mes de mayo ya se reportaban 561 muertes infantiles y 40 maternas, lo que evidencia que el incremento ha sido constante a lo largo de las semanas siguientes. Estos datos refuerzan la preocupación de los organismos internacionales y locales sobre la necesidad de fortalecer las políticas de salud pública y el acceso a servicios médicos de calidad, especialmente en las zonas más vulnerables.

El Ministerio de Salud Pública ha reconocido que, aunque hay una reducción en comparación con el año anterior, la cifra sigue siendo alta y representa un desafío importante para el sistema sanitario nacional. Factores como el acceso limitado a servicios de salud, la falta de recursos en hospitales, el bajo seguimiento en los controles prenatales y las condiciones socioeconómicas adversas continúan influyendo negativamente en la supervivencia infantil y materna.

El contexto epidemiológico del país también muestra la presencia de otras amenazas sanitarias. En la misma semana de junio, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó seis nuevos casos de dengue, enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes. Las autoridades han identificado la circulación del subtipo de dengue D2 y detectaron cuatro casos de este agente. Por otro lado, la malaria sumó un caso confirmado esta semana, con un acumulado de 101 casos en lo que va del año, aunque no se han reportado muertes por esta causa.

La leptospirosis, otra enfermedad infecciosa, no registró nuevos casos en la última semana, pero mantiene un acumulado anual de 203 casos. En cuanto a los virus respiratorios, el coronavirus SARS-CoV-2 se mantiene como el principal en circulación en el país, seguido por el adenovirus, el virus sincitial respiratorio (VSR) y la influenza A(H1N1) pdm09.

Organizaciones como la OMS y UNICEF han instado a las autoridades dominicanas a reforzar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la calidad de la atención en los servicios de salud materno-infantil. Especialistas advierten que la pobreza, la falta de educación sanitaria y las deficiencias estructurales en la red hospitalaria incrementan el riesgo de muertes evitables en la primera infancia y en mujeres gestantes.

La situación evidencia la urgencia de políticas públicas integradas que permitan reducir la mortalidad infantil y materna en República Dominicana. La mejora en la infraestructura hospitalaria, la capacitación del personal médico y la ampliación de los programas de prevención y atención primaria son acciones que los expertos consideran prioritarias para revertir esta tendencia y garantizar el derecho a la salud de la población más vulnerable.

El individuo era buscado por las autoridades desde hace varias semanas por su presunta implicación en el tráfico de estupefacientes y su participación en un hecho violento en el que resultó herido de bala un ciudadano de nacionalidad haitiana. Según información oficial, la captura se realizó durante una labor de inteligencia operativa desarrollada en esa provincia.

Durante el operativo, agentes de la DNCD y miembros del MP localizaron a Ney y/o Cara Cortada en las inmediaciones de un solar baldío, donde intentó evadir a las autoridades a bordo de una motocicleta.

Detención tras persecución de “Cara Cortada”

La persecución concluyó con su arresto y posterior registro, en el cual se le incautó una funda y un envase plástico con varias porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 333 gramos, así como 73 envolturas de un vegetal, presunta marihuana, que sumaban 50 gramos. Además, los agentes hallaron en su poder 6,225 pesos dominicanos (0.11 USD), un teléfono celular y otras pertenencias personales.

La DNCD detalló que contra el detenido existía una orden de arresto emitida por violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. También se le vincula a un incidente reciente en el que un nacional haitiano resultó herido de bala.

Las autoridades señalaron que el detenido cuenta con tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. Su historial lo posiciona como uno de los microtraficantes más conocidos de la zona, de acuerdo con la información recopilada por la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El comunicado oficial señala que la intervención se enmarca en el fortalecimiento de las labores de inteligencia y persecución del microtráfico, una estrategia articulada entre la DNCD y el Ministerio Público para combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas en diferentes provincias del país.

El operativo en La Cigua, La Vega, forma parte de un conjunto de acciones focalizadas en sectores considerados como puntos críticos para el tráfico de drogas a nivel local. Las autoridades dominicanas mantienen vigilancia constante en colaboración con otras instituciones estatales, para identificar y desarticular redes dedicadas a la venta de estupefacientes.

De igual manera, la DNCD señaló que el material decomisado será remitido a la institución correspondiente para su análisis. Por su parte, el Ministerio Público confirmó que será presentado ante la Jurisdicción de Atención Permanente de La Vega, donde se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas.

La investigación sobre el hecho en que resultó herido el ciudadano haitiano continúa abierta, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y determinar la responsabilidad penal correspondiente. Según las autoridades, la detención de Tito José M. representa un avance en los esfuerzos para reducir los delitos asociados al microtráfico y la violencia derivada del control territorial de sustancias ilícitas.

Durante los primeros seis meses de 2026, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) reportó la realización de 5,268 traslados interhospitalarios seguros de neonatos e infantes en todo República Dominicana. Este volumen de traslados representa un incremento sustancial frente al mismo periodo del año anterior y evidencia un impacto directo en la disminución de la mortalidad neonatal e infantil, según informó la entidad.

El director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, destacó que la iniciativa busca proteger la vida de los recién nacidos y niños, y contribuir activamente a la reducción de los indicadores de mortalidad. “Este es un logro que salva vidas, y la DAEH sigue trabajando para mejorar la atención en el país, garantizar la seguridad y el bienestar de la población”, declaró Méndez García.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, entre enero y junio de 2026, 1,567 neonatos de hasta 28 días de nacidos y 3,701 infantes de 29 días a 12 años fueron trasladados de manera gratuita y segura en ambulancias especializadas. Las operaciones cubrieron las 31 provincias del país, lo que permitió llegar a poblaciones de distintas regiones y contextos.

Por otro lado, la institución detalló que los traslados neonatales e infantiles interhospitalarios en este periodo representaron el 12.1% del total de traslados realizados entre centros de salud. La DAEH aseguró que los pacientes son atendidos en ambulancias equipadas con incubadoras y ventiladores, y que el personal encargado cuenta con capacitación especializada, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad.

El programa Traslado Neonatal Seguro se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar atención oportuna. El director recordó que la misión es asegurar el acceso a servicios de salud sin costo y con atención humanizada, independientemente de la distancia o el lugar de origen del paciente.

“Nuestra misión es garantizar que todos los usuarios que necesiten un traslado reciban las mejores atenciones, sin costo alguno, sin importar la distancia, siempre brindando una atención humanizada, eficiente y de calidad”, afirmó Méndez García.

Crecen los traslados y se refuerza la atención en emergencias infantiles

Según el balance de la DAEH, en el primer semestre de 2025 se realizaron un total 650 traslados de neonatos, cifra que aumentó a 4,618 traslados en 2026, lo que pone de manifiesto el esfuerzo sostenido de la entidad por ampliar la cobertura y llegar a más comunidades.

La estrategia de fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias neonatales e infantiles se sustenta en el compromiso de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias por mantener protocolos internacionales y garantizar que cada traslado cuente con los recursos necesarios para preservar la vida y la salud de los pacientes más vulnerables.

La DAEH ejecuta el traslado sanitario y gestión del riesgo para la preparación y respuesta a las emergencias, garantizando calidad y atención humanizada. Su objetivo según el sitio web es “facilitar la atención a emergencias y urgencias de salud a nivel extrahospitalario en el menor tiempo posible, a través de la coordinación con el sistema de referencia y contra referencia definidos por cada entidad responsable del pago de los servicios de salud”.

República Dominicana, que ejerce la presidencia de la Red Gealc a través de Edgar Batista, recibió en Ginebra el WSIS Prize 2026 en la categoría Cooperación Internacional y Regional, un reconocimiento que distingue su impulso a la cooperación y la innovación digital en América Latina y el Caribe y que refuerza su papel en la agenda regional de transformación digital.

El premio fue entregado durante el WSIS Forum 2026, organizado en esa ciudad por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas. La distinción fue recibida por el embajador dominicano ante ese organismo, Iván Ogando, en representación de la organización y del país.

El galardón reconoce la labor de la red en la promoción de la cooperación regional, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de liderar los procesos de transformación digital en América Latina y el Caribe.

El premio distingue la cooperación regional en gobierno digital

Desde la presidencia de la Red Gealc, República Dominicana impulsa iniciativas orientadas a fortalecer el gobierno digital, la interoperabilidad, la innovación pública y la colaboración entre los países miembros.

Batista, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y presidente de la red, afirmó: “Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con una transformación digital basada en la cooperación internacional, la innovación y el intercambio de conocimiento. Continuaremos promoviendo iniciativas que fortalezcan las capacidades de los Gobiernos y generen mejores servicios para la ciudadanía en toda la región”.

Para la Ogtic, la distinción respalda el trabajo que desarrolla el país para construir una administración pública más moderna, eficiente, transparente y centrada en las personas. También amplía las oportunidades de cooperación con otras naciones para intercambiar experiencias e impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la prestación de los servicios públicos.

La red articula intercambio técnico en áreas clave para los servicios del Estado

A través de la Red Gealc, los países miembros comparten conocimientos y buenas prácticas en protección de datos, firma digital, identidad electrónica, interoperabilidad, ciberseguridad y uso responsable de tecnologías emergentes. Esas áreas apuntan a construir instituciones más ágiles, reducir los tiempos de respuesta y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado.

El WSIS Prize 2026 también implica para República Dominicana el compromiso de seguir fortaleciendo sus políticas de transformación digital y de asegurar que la innovación tecnológica se traduzca en beneficios concretos para la población, mediante servicios públicos más eficientes, accesibles e innovadores.

Los WSIS Prizes distinguen proyectos e iniciativas que usan las tecnologías de la información y la comunicación para acelerar la transformación digital de los Gobiernos, fortalecer la inclusión digital, promover la innovación pública, fomentar la cooperación internacional y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La selección de las iniciativas ganadoras se basa en criterios como el impacto alcanzado, la generación de resultados concretos, la innovación y su contribución al desarrollo sostenible.

La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana reportó un incremento en sus ingresos durante los primeros seis meses de 2026, alcanzando RD$129.236 millones (USD 2,209 millones), lo que representa un aumento absoluto de RD$3,290 millones (USD 56.2 millones) respecto al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño se produce en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que han impactado el comercio exterior, según detalló la entidad recaudadora.

De acuerdo con la información oficial de la DGA, los resultados de junio muestran un nivel de cumplimiento de 100.9% en sus metas de recaudación, con un superávit de RD$218 millones (USD 3.73 millones).

En ese mes, la institución registró ingresos por RD$24,162 millones (US$413 millones), lo que equivale a un crecimiento interanual de 15.4%, es decir, RD$3,225 millones (USD 55.2 millones) adicionales en comparación con junio de 2025. Esta cifra marca un avance relevante para la gestión aduanera dominicana.

Un dato destacado por la institución es que durante el periodo analizado se registró el día de mayor recaudación en la historia de la entidad, con RD$1,880.91 millones (USD 32.1 millones), superando el récord anterior de RD$1,853.72 millones (US$31.7 millones) alcanzado en 2022. Este hecho refuerza la tendencia positiva de los ingresos aduaneros en el país caribeño.

Avances en la recaudación y gestión aduanera reportados por la DGA

El director de la DGA, Nelson Arroyo, atribuyó estos resultados al compromiso de impulsar medidas para facilitar y agilizar el despacho de mercancías en los principales puertos y aeropuertos del país. Según sus palabras, “este aumento en las recaudaciones de la entidad que dirige es producto del compromiso que asumimos de continuar impulsando iniciativas dirigidas a facilitar y agilizar el despacho de mercancías en los puertos y aeropuertos del país”.

Arroyo precisó que, entre enero y junio de 2026, los contenedores importados bajo el régimen de consumo aumentaron en 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, una variación que consideró relevante dadas las condiciones internacionales adversas.

Por su parte, según la DGA, las tensiones geopolíticas internacionales han condicionado el desempeño del comercio exterior dominicano durante este semestre. A pesar de dicho entorno desafiante, la DGA sostuvo su capacidad recaudatoria y mantuvo la eficiencia en el control aduanero, según las declaraciones recogidas en la comunicación oficial.

La entidad aduanera también enfatizó la importancia de las estrategias implementadas para mejorar la gestión y el control tributario en las fronteras, aspecto que contribuyó a sostener y elevar los niveles de recaudación. El balance presentado por la institución indica que las metas propuestas para el semestre no solo se cumplieron, sino que se superaron, lo cual refuerza la confianza en los procesos internos adoptados por la administración actual.

Los datos publicados por la DGA reflejan, además, el impacto que las decisiones administrativas y operativas han tenido sobre el flujo de mercancías y el ingreso fiscal. El incremento en la entrada de contenedores, aunque moderado, se percibe como un resultado positivo dadas las circunstancias internacionales que afectan el comercio global. Las autoridades aduaneras han reiterado su intención de seguir fortaleciendo los mecanismos de supervisión y facilitación del comercio, con el propósito de mantener el ritmo de crecimiento observado hasta la fecha.

En un giro político trascendental, el Poder Ejecutivo depositó este viernes 10 de julio, ante la Secretaría General Legislativa del Senado un proyecto de ley para modificar 18 artículos de la recién promulgada Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

La iniciativa, presentada formalmente por el Presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, surge como respuesta directa a una intensa ola de protestas ciudadanas que sacudió al país durante toda la semana con cacerolazos masivos y concentraciones en la emblemática Plaza de la Bandera.

El descontento colectivo estalló ante el temor generalizado de que la nueva legislación penal criminalizara la crítica constructiva, limitara el ejercicio del periodismo de investigación y abriera las puertas a la persecución de voces disidentes.

Con este nuevo proyecto, el Congreso Nacional y el Gobierno buscan subsanar los vacíos legales y los excesos de redacción antes de que la normativa penal entre en vigor de manera definitiva.

Ante este escenario de tensión, el presidente del Senado, aclaró que el Congreso se mantendrá como “la casa de la democracia”. El legislador garantizó de forma pública que estas enmiendas serán conocidas, debatidas y aprobadas por una Comisión Bicameral antes de la fecha límite en la que la Ley núm. 74-25 deba ejecutarse en los tribunales del país.

Para el ciudadano común y los trabajadores de los medios de comunicación, este proyecto de modificación representa una victoria de la movilización social y un blindaje a la democracia. En términos prácticos, significa que:

• Se protege el derecho a la denuncia: Los ciudadanos no temerán ir a prisión por cuestionar la gestión de un funcionario público o denunciar actos de corrupción en plataformas digitales.
• Se preserva la libertad de prensa: Los periodistas de investigación contarán con un “escudo legal” explícito (el criterio de interés público) para difundir audios, imágenes o documentos de relevancia colectiva sin ser procesados por violación a la intimidad o difamación.
• Mayor seguridad jurídica: Al corregir las ambigüedades técnicas, se evita que los jueces apliquen la ley de forma arbitraria o desproporcionada, garantizando que las penas se correspondan verdaderamente con la gravedad del delito.

Radiografía de las modificaciones: Los 18 artículos bajo la lupa

El paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo se divide en cuatro grandes bloques temáticos que impactan de forma directa la vida jurídica y civil de la nación:

1. Libertad de expresión y de prensa (5 artículos)

Este bloque concentra el núcleo de las demandas ciudadanas. Las modificaciones buscan extirpar cualquier asomo de censura previa o intimidación legal:

• Artículo 123 (Ciberbullying): Se delimita el tipo penal para evitar que las críticas legítimas o los debates encendidos en redes sociales se confundan con acoso digital.
• Artículo 192 (Difusión de audio o imágenes sin consentimiento): Se añade de forma expresa la excepción de interés público legítimo, protegiendo las filtraciones periodísticas que destapen anomalías estatales.
• Artículo 208 (Difamación) y Artículo 211 (Actos no difamatorios ni injuriosos): Redefinen las sanciones y amplían las garantías legales para quienes informen sobre figuras públicas o temas de debate nacional.
• Artículo 310 (Ultraje): Se reforma para impedir que el delito de ofensa a las instituciones o funcionarios sea utilizado por el poder político para silenciar a la oposición o a la ciudadanía.

2. Protección de personas y familias (6 artículos)

Orientado a robustecer los mecanismos de vulnerabilidad social, especialmente enfocados en la niñez y la adolescencia:

• Artículos 121 y 122 (Bullying y Hostigamiento agravado): Se precisan las definiciones para lograr una aplicación objetiva en entornos escolares y comunitarios.
• Artículo 142 (Exhibicionismo sexual) y Artículo 144 (Acoso agravado): Buscan proporcionalidad en las penas, evitando interpretaciones subjetivas por parte de los juzgadores.
• Artículos 214 y 215 (Abandono de menores y Abandono agravado): Reorganizan las agravantes para penalizar con mayor severidad la desatención parental extrema.

3. Precisión técnica y seguridad jurídica (5 artículos)

Ajustes esenciales de carpintería legislativa para evitar contradicciones en los tribunales:

• Artículo 141 (Prescripción): Corrige el cómputo de los plazos procesales para evitar impunidades por vencimiento de términos.
• Artículo 170 (Autosecuestro), Artículo 207 (Perjurio patrimonial), Artículo 248 (Bancarrota simple) y Artículo 354 (Certificación falsa de estado de salud): Mejoran la redacción técnica para que las figuras delictivas queden claramente tipificadas en el comercio y la salud.

4. Respuesta frente a delitos graves (2 artículos)

• Artículo 176 (Proxenetismo): Readecua la escala punitiva para perseguir con mayor eficacia la explotación sexual.
• Artículo 303 (Malversación de fondos públicos): Endurece de manera drástica el régimen de consecuencias contra la corrupción administrativa, un reclamo histórico de la sociedad dominicana.

El presidente del Senado enfatizó que el proceso de escucha activa no ha cerrado. Se ha fijado el próximo miércoles 15 de julio a las 6:00 de la tarde (hora dominicana) como el plazo definitivo para que juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil depositen formalmente cualquier otra observación ante la Comisión Bicameral.

La meta del Poder Legislativo es consensuar un texto definitivo que consolide un Código Penal moderno, pero que, por encima de todo, respete de manera irrestricta las libertades constitucionales de todos los dominicanos.

La Policía Nacional de la República Dominicana logró la aprehensión de tres hombres y la recuperación de mercancía valorada en más de un millón de pesos dominicanos (USD 17,026.47), obtenida mediante una estafa con falsos comprobantes bancarios. Este caso fue esclarecido gracias a labores de investigación y seguimiento desarrolladas por la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad (DICRIM), órgano clave en el combate a delitos patrimoniales en el país durante 2026.

Según la información oficial, los agentes de la Policía Nacional identificaron y detuvieron a Peterson Ambioris, alias “Piter”, de 28 años; Peter Leonardo Mackay Villanueva, alias “Junior”, de 28 años, y Davis Joannsse Rojas, alias “El Peje”, de 39 años. Los hechos se desencadenaron tras la denuncia del propietario de una tienda de importación en Villa María, quien entregó 21 sacos de ropa tras recibir comprobantes falsos de depósitos bancarios por RD$666,420 (USD 11,346.78) y RD$413,400 (USD 7,038.74), ambos rechazados por corresponder a cheques sin fondos.

La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia, que permitieron identificar y capturar a los implicados. Los detenidos confesaron haber vendido la mayor parte de la mercancía en un establecimiento comercial de Nagua. En el marco del seguimiento al caso, la Policía Nacional recuperó de manera voluntaria 343 paquetes de ropa en dicho negocio.

Paralelamente, los agentes identificaron al presunto autor de la transferencia fraudulenta, cuya localización continúa en proceso, y pusieron tanto a los detenidos como las evidencias recuperadas a disposición del Ministerio Público.

Este hecho se suma a una serie de operativos de alto impacto ejecutados por la DICRIM en 2026, que han fortalecido su reputación como ente fundamental en la persecución y esclarecimiento de delitos complejos en el país. Durante los primeros 100 días de gestión del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz al frente de la Policía Nacional, la DICRIM reportó avances significativos en el combate a la delincuencia, logrando el esclarecimiento de un 75% de los homicidios registrados en el Distrito Nacional y una efectividad superior al 70% en casos de personas heridas. En ese periodo, se documentaron 409 homicidios a nivel nacional, donde el 31.8% estuvo vinculado a actividades delictivas.

Entre los logros más destacados figura la captura y extradición desde Estados Unidos de Ismael Ceballo Pérez, alias “Ismael”, uno de los prófugos más buscados del país por su presunta relación con homicidios y delitos graves. Además, la DICRIM neutralizó a Ranller Encarnación Vicente, alias “El Ranger”, quien era considerado uno de los delincuentes de mayor peligrosidad en la región fronteriza. Otro hito relevante fue la ejecución de la “Operación Bloques del Este”, en la que se desmanteló la estructura criminal conocida como “Los Fantasmas”, involucrada en sicariatos, secuestros y asaltos, logrando la incautación de armas de alto calibre, municiones y vehículos.

La DICRIM también ha desplegado esfuerzos notables en la lucha contra la trata y tráfico de personas, arrestando a 42 personas y rescatando a 89 víctimas, incluidas 48 menores de edad. En cuanto a la desaparición de personas, los equipos investigativos lograron resolver 403 de los 440 reportes recibidos en lo que va del año, con una efectividad del 91.59%.

En operativos recientes, la DICRIM confiscó sustancias narcóticas y cigarrillos de contrabando durante allanamientos en Santiago, detuvo a individuos por porte ilegal de armas y esclareció robos y homicidios en varias provincias. Además, en acciones coordinadas con el Ministerio Público, la policía ha capturado a ocho prófugos de la justicia y decomisado 22 armas de fuego, junto con vehículos y diversas sustancias ilícitas, como resultado de intervenciones focalizadas en puntos críticos del país.

La labor constante de la DICRIM en 2026 ha sido reconocida por su capacidad para esclarecer casos complejos, recuperar bienes sustraídos y desarticular redes criminales de alto impacto.

Las remesas hacia República Dominicana sumaron USD 6,219,3 millones en el primer semestre de 2026, un alza interanual de 6.7%, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Solo en junio, el país recibió USD 1,049.3 millones por ese concepto, USD 125,5 millones más que en el mismo mes de 2025.

El salto ocurrió en un escenario internacional marcado por los conflictos en Medio Oriente, que empujaron los precios del petróleo y ampliaron las presiones inflacionarias, de acuerdo con la autoridad monetaria. Ese contexto redujo el ingreso disponible de los hogares y elevó el peso macroeconómico de las transferencias enviadas por la diáspora.

El Banco Central atribuyó el resultado sobre todo a los envíos desde Estados Unidos, origen del 81.4% de los flujos formales de junio, equivalentes a USD 780,7 millones.

La entidad vinculó ese desempeño con la expansión del sector servicios en ese país, luego de que el índice PMI no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento alcanzó 54.0 puntos en junio.

La economía estadounidense aportó otra señal que explicó la continuidad de los envíos. La tasa de desempleo general bajó a 4.2% en junio desde el 4.3% de mayo, mientras se crearon 57,000 empleos, según reportó el Banco Central.

Estados Unidos concentró la mayor parte de las remesas que llegaron a República Dominicana en junio y esa entrada de divisas sostuvo una fuente clave de financiamiento externo. La consecuencia inmediata fue un refuerzo de la liquidez en dólares en medio de un entorno global más costoso para las economías importadoras de energía.

España ocupó el segundo lugar entre los países emisores, con USD 61.8 millones, equivalentes al 6.4% del total mensual. Detrás quedaron Italia con 1.3%, y Haití y Suiza con 1.2% cada uno, mientras que el resto provino de Francia, Canadá y Alemania.

Las divisas reforzaron el peso y las reservas

La distribución interna mostró una fuerte concentración metropolitana. El Distrito Nacional absorbió el 51,0% de las remesas de junio, seguido por Santiago con 9.6% y Santo Domingo con 6.8%, de modo que esas zonas captaron el 67.4% de los recursos del mes.

El Banco Central sostuvo que estos ingresos contribuyeron a la estabilidad relativa del mercado cambiario. Al 8 de julio de 2026, la moneda nacional se apreció 7.2% frente al dólar estadounidense, y el semestre cerró con una apreciación de 5,6% respecto de diciembre de 2025.

La entidad agregó que las reservas internacionales llegaron a USD 15,821,6 millones al cierre de junio. Ese nivel equivalió al 11.3% del PIB y cubrió 5,7 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

Para 2026, el Banco Central proyectó que las remesas superarán los USD 12,200 millones, mientras los ingresos por turismo rebasarán los USD 11,900 millones. También estimó exportaciones por unos USD 17,300 millones, inversión extranjera directa por más de USD 5.300 millones y otros servicios exportados por cerca de USD 3.200 millones, con un total de divisas por encima de los USD 50,200 millones.

En junio, el crecimiento interanual de las remesas fue de 13,6%, por encima del 10,6% registrado en mayo de 2026.

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, afirmó que China y otros adversarios buscan incrementar su influencia en la región con el único interés de desafiar a Washington, así lo aseguró durante una entrevista en CDN 37.

La representante estadounidense advirtió sobre la presencia de China y otros actores internacionales en la región. “La realidad es que China y otros adversarios de Estados Unidos quieren incrementar su influencia en esta región, no por amor a la República Dominicana, sino para estar cerca y amenazar, en términos económicos u otros, a Estados Unidos”, afirmó Campos.

Al mismo tiempo, la funcionaria señaló que la labor de la embajada es “presentar la mejor opción”, enfatizando que los países pueden elegir entre estrechar lazos con China o con EE.UU.

De igual manera, la embajadora reiteró que el objetivo de la misión diplomática estadounidense es fortalecer la colaboración y ofrecer alternativas para que la República Dominicana mantenga relaciones estratégicas con sus principales aliados, en un contexto internacional marcado por la competencia geopolítica y desafíos compartidos en materia migratoria y de seguridad.

Aunque mantiene una postura firme sobre el riesgo de estas influencias: “En términos comerciales el socio estadounidense siempre será mejor. Estados Unidos está enfocado en la región. Somos vecinos y nos debemos cuidar”.

Por otro lado, Campos consideró que existe “un ambiente de libre expresión muy sano” en Dominicana: “La gente discrepa, habla de temas de una manera sana. Llevo ocho o nueve meses aquí, pero por lo que he visto, me parece que existen condiciones democráticas en el país”.

Un nuevo enfoque en la política exterior

La diplomática también se refirió a los acuerdos bilaterales sobre deportación de extranjeros. Campos explicó que la administración estadounidense ha firmado convenios con varios países, incluida la República Dominicana, para facilitar la repatriación de personas que ingresaron de manera irregular a EE.UU.

“No han empezado aquí aún, pero en cualquier momento pueden empezar y creo que va a ser un proceso muy ordenado”, aseguró la embajadora. Añadió que estos acuerdos pretenden evitar impactos negativos en la población local.

Durante la conversación, Campos destacó que la política exterior estadounidense ha modificado sus prioridades en los últimos años, situando a América Latina y el Caribe en el centro de su agenda. “Durante años, la región no ocupó un lugar prioritario dentro de la agenda internacional de Washington, situación que cambió con la llegada del presidente Donald Trump”, expresó la diplomática. Señaló que, desde su llegada a la isla, ambos gobiernos han intensificado la cooperación y los acuerdos bilaterales.

En cuanto a la situación de Haití, Campos reconoció ante el citado medio que, pese a los recursos aportados por Estados Unidos y la comunidad internacional, los resultados no han sido los esperados.

“No sé si eso fue por corrupción o por mal manejo, pero sí está claro que hay que buscar otra manera de ayudarlos”, señaló la embajadora. Explicó que el objetivo actual, junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fuerzas internacionales, es contribuir a estabilizar la situación en Haití para que sus ciudadanos encuentren opciones para mejorar su país.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) acordaron la suspensión del incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros en Santiago, tras una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte.

Según informó Infobae, ambas entidades instalarán una mesa de diálogo para evaluar la estructura de costos del sector y revisar las condiciones operativas, en cumplimiento de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

De acuerdo con un reporte del gobierno, la decisión se adoptó luego de que la CNTT anunciara un aumento en el pasaje para las rutas de Santiago, medida que queda sin efecto mientras se desarrolla el proceso de análisis técnico.

Morrison valoró la disposición al diálogo mostrada por el gremio y afirmó que “hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar de manera técnica la estructura de costos del transporte de pasajeros.

Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje”. El funcionario subrayó que cualquier ajuste en las tarifas deberá sustentarse en estudios especializados y el estricto cumplimiento de la normativa vigente, detalló el gobierno dominicano en su página web oficial.

Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura del director ejecutivo del Intrant para escuchar los planteamientos de la dirigencia transportista. El presidente de la CNTT informó que el gremio se compromete a no aplicar incrementos durante el desarrollo de los trabajos de la mesa técnica, donde se evaluarán los costos operativos y las condiciones del servicio.

Según el gobierno, Morrison detalló que el equipo de trabajo hará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los factores que inciden en la prestación del servicio y revisará la estructura de costos antes de considerar cualquier modificación tarifaria.

Queda sin efecto el aumento del pasaje en Santiago por acuerdo entre Intrant y transportistas

El titular del Intrant recordó que el gobierno mantiene diferentes mecanismos de apoyo para mitigar el impacto de los costos del transporte, como los subsidios a combustibles y el programa Bono Gas Chofer.

Durante el último año, se entregaron más de 2,300 tarjetas Bono Gas a transportistas de diversos gremios, incluyendo afiliados a la CNTT. Morrison explicó que hace unas dos semanas el Intrant envió supervisores para verificar casos de transportistas que no habían recibido el beneficio, con el objetivo de gestionar soluciones y asegurar el acceso al apoyo.

Más del 95 % de las organizaciones del transporte público no respaldó incrementos en el pasaje, lo que, según el director ejecutivo, evidencia la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación. El Intrant reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con todos los actores del transporte y aseguró que cualquier cambio en las tarifas será resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley núm. 63-17, “siempre en beneficio de los usuarios y de un sistema de transporte eficiente y sostenible”.

Una operación conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público permitió descubrir este jueves una plantación ilegal de marihuana en la zona montañosa de la comunidad Los Limoncillos, en San José de Ocoa, donde fueron detenidos dos ciudadanos haitianos vinculados al cultivo. La plantación, compuesta por 45 plantas del vegetal, fue localizada con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y personal especializado, informaron autoridades en un comunicado.

De acuerdo con la DNCD, la acción forma parte de las labores de inteligencia y vigilancia que buscan desmantelar grandes cultivos de droga en la región. Durante el operativo, los agentes lograron ubicar la plantación al norte de las lomas de Los Limoncillos, en una zona de difícil acceso. El hallazgo incluyó dos viveros calcinados, una bomba para fumigar, tanques, un rollo de sarán, malla utilizada para regular la luz y la temperatura en los cultivos, dos teléfonos celulares y una cantidad no precisada de dinero en efectivo, así como otros materiales empleados para el proceso de germinación.

La DNCD explicó que la intervención contó con la colaboración de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), que facilitó el desplazamiento de los equipos operativos hacia la apartada comunidad rural. Según el comunicado oficial, los dos detenidos de nacionalidad haitiana fueron entregados a las autoridades judiciales competentes para proceder con las investigaciones y determinar su responsabilidad en el caso.

Intensifica investigaciones tras desmantelar plantación de marihuana

De igual manera, el operativo se enmarca en una investigación más amplia orientada a esclarecer si existen vínculos entre este sembradío y otras grandes plantaciones de marihuana desmanteladas recientemente en la provincia. “El Ministerio Público y la DNCD desarrollan una amplia investigación para establecer si las grandes plantaciones de marihuana, desmanteladas recientemente en esa zona, guardan relación con este caso”, señala el documento institucional.

Durante la inspección, los agentes incautaron 45 plantas de marihuana y diversos insumos agrícolas que fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con el objetivo de determinar el peso total del cultivo ilícito. La DNCD también señaló que la colaboración interinstitucional y el uso de tecnología, como drones y equipos aéreos, resultaron determinantes para el éxito de la operación en un área de difícil acceso y densa vegetación.

Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la localización de este cultivo se produjo gracias a tareas de rastreo estratégico y focalizado cerca de los puntos donde anteriormente se detectaron otras plantaciones en la provincia de Ocoa.

La institución reiteró que todos los indicios recolectados en el lugar, incluyendo los equipos agrícolas y los teléfonos móviles, serán analizados por los peritos de la investigación. Las plantas confiscadas permanecen bajo resguardo para su análisis en el INACIF, organismo que determinará la cantidad y características del material decomisado.

De acuerdo con el comunicado de la DNCD, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a la red de cultivo y tráfico de marihuana en la provincia de San José de Ocoa.

El Proyecto Hostos, la primera interconexión eléctrica submarina entre República Dominicana y Puerto Rico, prevé una inversión de USD 2,100 millones y la reducción de hasta 3.8 millones de toneladas de CO₂ anuales.

La presentación oficial del Proyecto Hostos tuvo lugar durante el encuentro Energyear Caribe 2026 en Santo Domingo, donde se detalló que la iniciativa será ejecutada de manera completamente privada y busca reforzar la integración y resiliencia del sistema energético en el Caribe. Según informó la empresa, este proyecto inaugurará la primera conexión eléctrica submarina entre la isla de República Dominicana y Puerto Rico, con la mirada puesta en la descarbonización y la modernización de la matriz energética regional.

El presidente de Caribbean Transmission, Tirso Selman, explicó que la obra contempla la instalación de un cable submarino de unos 200 kilómetros, utilizando tecnología HVDC (corriente directa de alta tensión) y con una capacidad estimada de 700 megavatios, lo que equivale aproximadamente al 20% de la demanda eléctrica puertorriqueña. La inversión, de acuerdo con lo informado por la compañía, será cubierta íntegramente por capital privado, sin requerir aportes de los gobiernos de República Dominicana, Puerto Rico ni de Estados Unidos.

El directivo precisó que la electricidad transmitida por el cable será generada en una nueva central de 700 megavatios que se construirá en territorio dominicano exclusivamente para el proyecto, sin afectar el suministro al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). “Hostos no le quitará energía al pueblo dominicano. La electricidad provendrá de nueva generación construida específicamente para esta iniciativa”, afirmó Selman, según un comunicado de la compañía.

El impacto ambiental del proyecto

Uno de los objetivos medioambientales señalados por los promotores de Hostos es el reemplazo de plantas generadoras en Puerto Rico que actualmente operan con combustibles fósiles como diésel y bunker C, indica la empresa. Según datos difundidos durante el evento, la entrada en operación del cable permitiría reducir unas 3.8 millones de toneladas de emisiones de CO₂ anualmente.

“El CO₂ no tiene fronteras. Al sustituir generación más contaminante por generación más eficiente, Hostos permitirá reducir alrededor de 3.8 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año, beneficiando a toda la región”, sostuvo Selman.

El diseño del cable y de la infraestructura asociada incorpora criterios ambientales, incluyendo técnicas de perforación horizontal dirigida en las zonas costeras para proteger playas, arrecifes y ecosistemas marinos. Según lo dicho por la compañía, la operación del sistema no generará residuos y fue planificada para minimizar cualquier impacto ecológico.

Empleo, inversión y respaldo eléctrico

Los impulsores de Hostos resaltan el efecto en la confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos de ambas islas. El enlace facilitará el intercambio de energía en situaciones de emergencia, permitiendo que cada red mantenga su independencia operativa gracias a la tecnología HVDC. Esta capacidad de respaldo mutuo refuerza la seguridad energética ante fenómenos climáticos extremos o fallas en la generación local.

En el plano económico, el proyecto prevé movilizar aproximadamente el 70% de la inversión total —unos USD 1,470 millones— en República Dominicana, lo que generará más de 5,000 empleos directos durante la fase de construcción y abrirá nuevas oportunidades comerciales para empresas locales, además de incrementar el ingreso de divisas al país caribeño.

El presidente de Caribbean Transmission subrayó que Hostos representa un primer paso hacia la integración energética del Caribe, una meta discutida en foros regionales. “Debemos dejar de pensar como sistemas aislados. Cuando los países están interconectados, son más resilientes, más eficientes y están mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro”, expresó Selman durante su participación, de acuerdo con información de la empresa.

Abinader destacó el aval de Trump al proyecto

En enero, la administración de Donald Trump aprobó el proyecto de interconexión eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico, obra prevista para 2027 que busca reforzar la seguridad energética del Caribe con el cable submarino y permitir que la isla sume hasta 500 megavatios a su capacidad en un sistema golpeado por los huracanes de 2017.

La información fue anunciada en esa ocasión por el presidente dominicano Luis Abinader durante un almuerzo con periodistas en el Palacio Nacional. El mandatario presentó el aval presidencial estadounidense como un paso decisivo dentro de una estrategia de integración energética regional y de preparación ante futuras emergencias climáticas.

Abinader explicó entonces que el proyecto, bautizado Proyecto Hostos en homenaje a Eugenio María de Hostos, depende de que República Dominicana alcance para 2027 un excedente de generación eléctrica. Ese margen permitiría vender energía a Puerto Rico mediante la nueva conexión submarina.

“Nuestro objetivo es lograr una reserva fría para el año 2027, creando un excedente que nos permita tender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico”, afirmó Abinader, citado por Diario Libre.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este jueves a siete las provincias en alerta amarilla, incluyó al Distrito Nacional y mantuvo otras ocho en alerta verde por las lluvias asociadas a una vaguada y una onda tropical, un escenario que también llevó a recomendar que embarcaciones pequeñas y medianas permanezcan en puerto en tramos de las costas caribeña y atlántica por oleaje peligroso.

La medida responde a un pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología que prevé aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas, sobre todo entre la tarde y las primeras horas de la noche. Según el parte oficial, el riesgo incluye crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas y repentinas.

En alerta amarilla quedaron La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. En alerta verde figuran Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Santiago y Hermanas Mirabal.

De acuerdo con Listín Diario, el boletín meteorológico también mencionó aguaceros sobre Monte Plata, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, Santiago y Santiago Rodríguez, entre otras zonas cercanas, a mediados de la tarde y al inicio de la noche.

El COE pidió no cruzar ríos ni usar balnearios en las provincias bajo alerta

La recomendación central a la población es abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua. El organismo también pidió no usar balnearios en las provincias bajo alerta y mantener contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el propio centro de emergencias.

Ese llamado alcanza de forma especial a las comunidades cercanas a cursos de agua, ante la posibilidad de inundaciones. El organismo pidió seguir los lineamientos de protección civil y limitar el cruce de afluentes mientras persistan las precipitaciones.

En la costa caribeña, desde Cabo Rojo en Pedernales hasta la Bahía de Neiba en Barahona, las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto por las condiciones marítimas peligrosas. En el resto del litoral caribeño, la recomendación es navegar con precaución.

Para la costa atlántica, desde la Isla Saona en La Altagracia hasta Cabo Cabrón en Samaná, la instrucción para los operadores de embarcaciones de menor tamaño también es permanecer en puerto por oleaje peligroso. En el resto de esa costa se aconsejó navegar con precaución cerca del perímetro costero.

Las lluvias ya provocaron daños en Duarte y Sánchez Ramírez

El episodio meteorológico ya dejó incidentes reportados en el interior del país. Citado por Listín Diario, en la provincia Duarte una palma cayó sobre una camioneta que circulaba por la carretera Las Guáranas y causó lesiones al ocupante del vehículo.

En Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se registraron inundaciones urbanas en el sector Vista del Valle. La publicación indicó que unas 15 viviendas resultaron afectadas.

Diario Libre precisó que la alerta amarilla abarca al Gran Santo Domingo y otras cinco provincias, mientras la verde se mantiene sobre ocho demarcaciones. El medio señaló que la decisión fue adoptada con base en el boletín más reciente del Indomet sobre la persistencia de humedad e inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

La Red Nacional de Trauma ha logrado reducir en un 6 % la mortalidad de pacientes ingresados por accidentes de tránsito en la República Dominicana durante sus dos años de funcionamiento, según informó la propia red a través de un comunicado publicado en el portal oficial de la Presidencia.

El doctor Víctor Rosario Suazo, director del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, afirmó que el centro hospitalario registra una tasa de supervivencia del 98 % entre los pacientes que ingresan con traumas, consolidando la prioridad del hospital en la preservación de la vida. "“El paciente que llega al hospital tiene un 98 % de probabilidades de sobrevivir, de acuerdo con las estadísticas internas del hospital”, expreso.

El ortopeda Rosario Suazo explicó, en declaraciones recogidas por la web oficial, que el hospital atiende diariamente a unos 150 pacientes en emergencias, cifra que asciende a entre 250 y 300 en los fines de semana, mientras que el número de consultas diarias ronda las 700. El hospital dispone de 60 camas de hospitalización y mantiene una ocupación próxima al 80 %.

Según el reporte institucional, estos resultados reflejan el fortalecimiento de la atención especializada que brinda la Red Nacional de Trauma.

Durante una entrevista en el programa La Revista 110 de este jueves, el director del Ney Arias Lora recordó que la red se implementó para responder a la elevada incidencia de accidentes de tránsito en el país y para garantizar atención especializada a personas politraumatizadas.

En la República Dominicana se reportan alrededor de 3.000 muertes anuales por accidentes de tránsito desde 2016, de las cuales el 70 % se relaciona con incidentes de motocicletas, precisó Rosario Suazo. Añadió que la creación de la red ha contribuido a mejorar los indicadores de mortalidad y supervivencia de este tipo de pacientes.

La Red Nacional de Trauma cuenta con varios hospitales especializados ubicados en diferentes regiones del país. Entre los centros que la integran figuran el Hospital Traumatológico Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, el Traumatológico de Azua, el Traumatológico Profesor Juan Bosch en La Vega, el Dr. Darío Contreras y el propio Dr. Ney Arias Lora en Santo Domingo, así como los hospitales traumatológicos de Puerto Plata, Valverde y el de Yaguate en San Cristóbal, este último con apertura prevista para noviembre.

Estrategia del sistema de salud

El comunicado destaca que los pacientes atendidos a través de la red, sin distinción de condición social o económica, acceden a prótesis con cobertura proporcionada por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.

La red también dispone de helipuertos en sus instalaciones, lo que permite agilizar el traslado aéreo de pacientes en coordinación con el Ministerio de Defensa y los organismos encargados de la respuesta ante emergencias.

Según el reporte publicado este jueves en el portal de la Presidencia, la Red Nacional de Trauma constituye una estrategia implementada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de fortalecer la atención oportuna de pacientes con lesiones graves y reducir la mortalidad asociada a accidentes de tránsito en el país.

La Cámara de Diputados de República Dominicana recibió el miércoles tres proyectos para modificar el nuevo Código Penal y los envió a estudio de una Comisión Bicameral, según un comunicado oficial. Las iniciativas fueron presentadas por legisladores y ahora serán revisadas antes de su eventual votación.

De acuerdo con el documento, el primer proyecto fue presentado por el diputado Charlie Marioti Paz y propone modificar el artículo 393 de la Ley 74-25, que establece el Código Penal dominicano.

La iniciativa busca extender el período de vacatio legis por seis meses adicionales, lo que implicaría una prórroga para la entrada en vigencia de las reformas ya aprobadas.

Según la comunicación de la Cámara, la extensión permitiría a los distintos actores institucionales prepararse para la implementación de los nuevos marcos normativos.

El segundo proyecto, impulsado por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, propone modificar los artículos 112, 114, 150, 208, 210 y 212. Además, plantea añadir párrafos a los artículos 151 y 209, y derogar los artículos 310 y 311 de la Ley 74-25, según describió la propia Cámara.

La propuesta apunta a cambios en la definición de delitos, sus penas y la forma en que se procesan ciertas conductas bajo el nuevo Código Penal.

La tercera propuesta y los artículos observados

Una tercera iniciativa fue respaldada por los legisladores Amado Díaz, Carlos de Pérez Juan, Braulio de Jesús Espinal Tavárez, Eduviges María Bautista, Gustavo Sánchez, Jorge Zorrilla González, Julio Emil Durán, Rogelio Alfonso Genao Lanza, Fiordaliza Estévez y Dharuelly D’Aza.

Este proyecto también busca modificar artículos específicos de la Ley 74-25, aunque aún no se conocen todos los detalles de las enmiendas sugeridas, según el texto difundido por la Cámara.

El comunicado detalla que los voceros de las distintas bancadas políticas, junto con la vicepresidenta de la Cámara y otros diputados, recomendaron una revisión de los artículos 192, relacionado con la difusión de audios; 208, sobre difamación; 310, sobre ultraje; y 354, sobre certificaciones falsas de estados de salud, del nuevo Código Penal.

“La propuesta de modificación sometida por los voceros de las diferentes bancadas políticas, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y otros diputados recomienda modificar los artículos mencionados del nuevo Código Penal”, recoge el informe institucional.

La comisión que estudiará las reformas

La iniciativa de formar una Comisión Bicameral partió de una sugerencia de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien propuso que ese órgano estudie las reformas antes de someterlas a votación.

La propuesta fue aprobada por el pleno y la comisión quedó integrada por los miembros de la Comisión Permanente de Justicia: Mayobanex Martínez, Jorge Tavárez, Carlos de Pérez Juan, Carmen Williams, Carolin Mercedes, Eugenio Cedeño, Jesús Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Alcides Báez y Wandy Batista, quien asumió la presidencia del grupo.

Esta comisión trabajará de manera conjunta con los senadores que designe el Senado. Según la Cámara, el objetivo es garantizar que cualquier reforma cuente con el mayor respaldo posible y responda a las necesidades jurídicas y sociales del país.

Por el momento, los proyectos seguirán su curso en la Comisión Bicameral, que deberá emitir un informe para su posterior discusión en el pleno de ambas cámaras legislativas.

Todos los integrantes de la patrulla policial que participó en el operativo donde falleció el joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, permanecen bajo investigación por parte del Ministerio Público, confirmó el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, magistrado Edward López Ulloa, en declaraciones recogidas por el medio Acento.

Durante una comparecencia ante la prensa, López Ulloa informó que los agentes involucrados en el operativo realizado en el sector Guajimía han sido suspendidos de sus funciones, y que la indagatoria se amplió para incluir a todos los miembros de la patrulla que estuvo presente en el incidente.

“Los miembros de la patrulla están bajo investigación. Conforme avancen las pruebas, se verificará si serán imputados o no”, precisó el fiscal.

El funcionario explicó que actualmente son “tres o cuatro” los agentes adicionales que, junto al cabo José Francisco M. H., están siendo investigados y aclaró que la pesquisa analiza la conducta individual de cada uno para determinar si corresponde imputarles cargos.

“Hay que verificar la conducta de cada uno de ellos y determinar si pueden ser o no sometidos también”, puntualizó López Ulloa, ante el medio.

En la misma intervención, el fiscal dirigió un mensaje a los habitantes de Guajimía, Herrera, y zonas cercanas, con el objetivo de llamar a la calma ante las protestas surgidas tras el fallecimiento de Mercado Reyes. “Pido que confíen en las autoridades y en el Ministerio Público”, dijo.

“Desde el primer momento, la procuradora general de la República ha estado pendiente y dando las instrucciones necesarias. Este hecho no quedará impune. Si se realizan manifestaciones, que no sean violentas; la violencia no resuelve nada”, agregó el funcionario.

Al ser consultado sobre la decisión de declarar el caso como complejo, el procurador sostuvo que la medida busca garantizar el tiempo necesario para practicar todas las experticias técnicas y recabar las pruebas pertinentes.

“La complejidad se declara para disponer de tiempo suficiente para todas las experticias, análisis de video, recolección de pruebas y para establecer si otros policías tienen responsabilidad penal. Por eso se declaró complejo”, explicó López Ulloa.

El fiscal agregó que la posibilidad de que existan más personas sometidas dependerá de los resultados de la investigación. Además, aclaró que la inclusión de la Policía Nacional en el proceso respondió a una solicitud de la parte querellante, observación que, según el medio Acento, fue confirmada por el juez de la causa.

Datos generales del caso y contexto

El caso cobró notoriedad nacional tras conocerse la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida durante un operativo policial en el sector Guajimía, en Santo Domingo Oeste. El hecho causó conmoción en República Dominicana y provocó manifestaciones de repudio tanto de la ciudadanía como de autoridades locales y nacionales.

El 8 de julio, un juez de República Dominicana dictó un año de prisión preventiva contra el cabo José Francisco M. H. como medida de coerción, tras determinar indicios suficientes de su participación en el deceso de Mercado Reyes. El joven, de 19 años, recibió un disparo mortal durante el operativo, situación que generó pronunciamientos públicos de funcionarios y del propio presidente de la República, Luis Abinader.

El mandatario manifestó su indignación por lo ocurrido y calificó de “animal” al cabo responsable del hecho, en un mensaje difundido a través de las redes oficiales de la Policía Nacional. “No hay justificación para este tipo de accionar por parte de ningún miembro de la Policía Nacional”, expresó el mandatario, subrayando la gravedad de los hechos y la decisión de impulsar una investigación exhaustiva.

Por el momento, el caso sigue bajo investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, con la expectativa de que se determinen todas las responsabilidades penales que correspondan. Las autoridades insisten en que el proceso se llevará a cabo con transparencia y que no habrá impunidad para los responsables, de acuerdo con los reportes de Acento.

El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares, recibió este miércoles una propuesta para impulsar el acceso al empleo sin discriminación por edad.

La iniciativa, presentada por representantes del Grupo Alianza por la Paz y encabezada por la economista Angie Fondeur de Morin, busca ampliar las oportunidades laborales para personas mayores de 45 años, según informó la institución.

Durante la reunión, la organización social entregó un estudio que documenta las dificultades específicas que enfrentan personas de 40 años en adelante al intentar ingresar, permanecer o regresar al mercado laboral formal, incluso cuando cuentan con experiencia y formación. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el levantamiento estadístico presentado señala que la brecha afecta tanto a hombres como a mujeres, y no distingue sector público de privado.

Olivares valoró la presentación de la propuesta y subrayó la importancia de que las empresas mantengan sus puertas abiertas a todas las personas con disposición para trabajar.

“Una persona que tiene 40, 45, 50 o 60 años no puede ser descartada por su edad. La experiencia, la responsabilidad y la disposición de trabajar son valores que deben ser reconocidos por las empresas y por toda la sociedad”, expresó el funcionario de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Trabajo.

Impulsan acciones contra la discriminación laboral por edad en República Dominicana

El funcionario indicó que la realidad demográfica dominicana y el aumento en la expectativa de vida requieren una revisión profunda de los prejuicios existentes en torno a la edad y el empleo.

“Las expectativas de vida han aumentado y nuestra población tiene hoy mayores posibilidades de mantenerse activa, productiva y vinculada al trabajo durante más tiempo. No podemos permitir que la edad se convierta en una causa de exclusión, cuando el país necesita aprovechar plenamente el talento y la experiencia de su gente”, sostuvo el ministro, según informó el propio Ministerio de Trabajo.

La economista Angie Fondeur de Morin, representante de Grupo Alianza por la Paz, explicó que el fenómeno de exclusión afecta a dominicanos y dominicanas mayores de 40 años en todos los sectores, lo que genera impactos económicos, sociales y emocionales en las familias. Según los datos presentados por la organización, la participación de personas entre 40 y 50 años dentro de la población desocupada pasó de 16.4 % en 2018 a 20 % en 2024, mientras que su presencia en la población ocupada se ha mantenido prácticamente sin variación en los últimos diez años.

Entre las medidas propuestas, se plantea impulsar incentivos para la contratación de personas mayores de 40 años, como la implementación de una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas. Esta cuota tendría mecanismos de aplicación gradual y se ajustaría a las características de cada sector, de acuerdo con lo expuesto por Fondeur de Morin.

El ministro Olivares destacó que esta propuesta está alineada con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. “El trabajo digno es un derecho de todas las personas. Desde el Ministerio de Trabajo continuaremos impulsando políticas que amplíen las oportunidades de empleo, fortalezcan la formalidad y promuevan una sociedad más justa e inclusiva”, expresó el titular de la cartera laboral.

Como parte de los compromisos asumidos, Olivares anunció que el Ministerio de Trabajo priorizará la incorporación de personas mayores de 45 años en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja, con el objetivo de facilitar su capacitación, orientación, intermediación laboral y acceso a vacantes formales. “RD-Trabaja debe ser una herramienta para que nadie quede fuera. Vamos a fortalecer la incorporación de personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a capacitación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo formal”, añadió el funcionario.

Según el Ministerio de Trabajo, la propuesta presentada por el Grupo Alianza por la Paz será evaluada y podría servir de base para el diseño de nuevas políticas públicas que busquen erradicar la discriminación por edad en el ámbito laboral y aprovechar la experiencia de la población adulta en la economía nacional.

La Dirección de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) firmaron un acuerdo para incorporar riego tecnificado a la producción de tabaco en República Dominicana, con el objetivo de elevar la productividad, optimizar el uso del agua y acompañar la expansión de un sector con ventas externas superiores a USD 1,300 millones al año, informó la Presidencia de la República.

El convenio prevé convocatorias nacionales para facilitar a los productores acceso a financiamiento y bonificaciones mediante el programa Bagri-Riego, desarrollado junto al Banco Agrícola, además de iniciativas para reforzar la industrialización, la comercialización y la cadena de valor del tabaco.

El acuerdo de cooperación interinstitucional fue suscrito por el director de la Dirección, Claudio Caamaño Vélez y el director del Instituto del Tabaco, Iván Hernández Guzmán. Según la información oficial, busca modernizar la producción tabacalera con tecnologías de riego, programas de capacitación y apoyo técnico para los productores.

Asistencia técnica y parcelas demostrativas

La Presidencia indicó que el convenio apunta a mejorar el rendimiento de las plantaciones, reducir el impacto ambiental y promover una expansión sostenible de las áreas dedicadas al cultivo de tabaco.

Esa estrategia se apoya en una gestión más eficiente del agua y en la incorporación de sistemas de riego tecnificado.

Como parte de los compromisos asumidos, la TNR ofrecerá asistencia técnica especializada, capacitación y asesoramiento para el uso, la instalación, la operación y el mantenimiento de sistemas de riego tecnificado. La meta es mejorar la eficiencia productiva y fortalecer las capacidades de los productores tabacaleros.

Intabaco difundirá entre sus asociados y productores las oportunidades de capacitación, asistencia técnica y convocatorias vinculadas con esa tecnificación. La entidad también promoverá una mayor adopción de tecnologías orientadas a una producción más eficiente y sostenible.

Entre las acciones previstas figura la creación de parcelas demostrativas para mostrar los beneficios económicos y productivos del riego tecnificado. El acuerdo también contempla evaluaciones conjuntas para medir su impacto en el rendimiento y en la calidad de la producción tabacalera.

Alcance del convenio y participantes

Caamaño Vélez sostuvo, según la información oficial, que la alianza permitirá mostrar resultados concretos de coordinación entre instituciones, ampliar el alcance de la TNR dentro del sector agropecuario y consolidar la tecnificación del riego en un rubro exportador que supera los USD 1,300 millones anuales en ventas al exterior.

Hernández afirmó que el acuerdo muestra cómo la gestión eficiente del agua fortalece la competitividad de una de las principales industrias agrícolas de exportación del país. Añadió que también impulsa la expansión del riego tecnificado hacia uno de los sectores de República Dominicana con mayor rentabilidad.

El director de Intabaco planteó además una expectativa de corto plazo sobre los efectos del convenio: “Sé que esta alianza entre Intabaco y la TNR producirá resultados tangibles en el corto plazo, que permitirá a los productores tabacaleros incorporar sistemas de riego tecnificado y convertirse en ejemplos de éxito para el sector”.

En el acto de firma participaron, por la TNR, Ramón Cabrera, encargado jurídico; Jorge Soto, encargado de Operaciones; Indhira Pulinario, del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego; Manuel Mejía, de Planificación y Desarrollo, y Eriberto Tejada, de Extensión y Capacitación. Por Intabaco asistieron Tania Canela, de la Dirección Jurídica; Isidro Tavárez, director agrícola, y Eugenio Martínez, coordinador institucional.

Las modificaciones a la ley orgánica de la Policía Nacional avanzaron en el Senado de la República Dominicana en una sesión que se extendió hasta casi la medianoche, con la aprobación en primera lectura de un proyecto que endurece sanciones, regula el uso de la fuerza y redefine las condiciones de desvinculación de agentes policiales.

En una votación realizada a las 11:43 pm, 24 de los 27 senadores presentes respaldaron la iniciativa, según informó Diario Libre. La propuesta, que no figuraba en el orden del día original, fue incorporada tras recibir un informe favorable de la comisión asignada y sumar la mayoría necesaria.

El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, fue el encargado de leer el informe. Explicó que la reforma divide la institución policial en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, e introduce ajustes en el patrullaje y la formación académica de los agentes. Romero fundamentó la necesidad de “un nuevo modelo de servicio público de policía que reafirme su carácter esencial de responsabilidad exclusiva del Estado dominicano”.

En medio de un clima marcado por el reciente fallecimiento de Darlin Enmanuel Mercado, quien perdió la vida tras recibir un disparo de un policía en Santo Domingo Oeste, el debate sobre la actuación policial se intensificó. El presidente Luis Abinader condenó el hecho y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lo calificó como “un abuso inaceptable”.

Nuevas restricciones sobre asignaciones y control del uso de la fuerza

Uno de los ejes de la reforma es la prohibición general de asignar agentes policiales a servicios permanentes para personas o entidades privadas. El nuevo artículo 146 regula la prestación de servicios policiales exclusivamente para instituciones públicas, como ministerios y empresas estatales, mientras que el artículo 147 prevé sanciones disciplinarias, investigaciones administrativas, civiles y penales para quienes ordenen o mantengan agentes en funciones ajenas a la seguridad pública.

La regulación del uso de la fuerza se vuelve más estricta. Solo se permitirá en situaciones imprescindibles y bajo criterios de proporcionalidad, restringiendo los registros personales y de vehículos a casos justificados que busquen prevenir riesgos, localizar armas o sustancias prohibidas y garantizar la seguridad en eventos públicos.

La reforma impone el uso obligatorio de cámaras corporales encendidas durante las intervenciones y permite que los ciudadanos graben la actuación policial. El texto prohíbe los registros motivados por prejuicios raciales, étnicos, de apariencia o identidad de género y exige reportes previos y posteriores para los procedimientos nocturnos.

Endurecimiento de sanciones y redefinición de la desvinculación policial

La nueva normativa amplía el listado de faltas disciplinarias muy graves, entre las que se encuentran el uso excesivo de la fuerza, la utilización de armas no asignadas, facilitar fugas, actos partidistas o participación irregular en ascensos y contrataciones estatales. Las sanciones más severas, según el artículo 231, incluyen la destitución para las faltas muy graves de primer grado y suspensiones sin sueldo de hasta 120 días para las de segundo grado. Las faltas graves y leves se sancionan con descuentos salariales.

Quienes reciban tres o más sanciones por faltas muy graves en un período de cinco años serán desvinculados de manera definitiva y no podrán volver a la institución. Diario Libre detalló que el retiro forzoso se mantiene solo para quienes reúnan los requisitos de pensión, mientras que los demás recibirán los derechos prestacionales.

El procedimiento para la desvinculación de los oficiales será por decreto del Poder Ejecutivo y, para los mandos intermedios y patrulleros, por resolución del director general de la Policía Nacional, con recomendación previa de la junta correspondiente. Además, se incorpora la desvinculación por interés personal, permitiendo que cualquier miembro de la carrera policial solicite su retiro en cualquier momento.

Regulaciones sobre armamento, ascensos y plan de pensiones

El proyecto también establece que las armas de la Policía Nacional solo podrán ser utilizadas por miembros activos, policías pensionados y representantes de los poderes del Estado, mediante autorización formal. Se regulan armas letales, equipo para el uso de la fuerza, ascensos póstumos y el sistema de denuncias internas.

Un nuevo artículo crea el Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional (AFP-PEPPN), que deberá implementarse en un plazo máximo de seis meses desde la promulgación de la ley.

El texto enfatiza que el ingreso, permanencia, ascensos y reconocimientos en la Policía Nacional deben regirse por criterios objetivos como capacidad, preparación académica, trayectoria profesional y conducta ética. Queda excluido cualquier tipo de favoritismo o injerencia externa.

La pieza, aún pendiente de una segunda lectura, avanza en un contexto de creciente presión social y política tras los recientes episodios de violencia policial. El Senado dedicó un minuto de silencio por la muerte de Darlin Enmanuel Mercado y la discusión parlamentaria refleja la demanda de reformas profundas en las fuerzas del orden.

El Caribe atraviesa una situación inédita. La llegada masiva de sargazo a las costas de República Dominicana y Puerto Rico ha superado todos los registros previos, afectando de manera directa al turismo y al entorno natural, según informó la agencia de noticias EFE.

Entre enero y el 30 de junio de 2026, se acumularon nueve millones de toneladas métricas de esta macroalga en la región, una cifra superior a los 8.3 millones del mismo periodo de 2025 y muy por encima de los 1.2 millones de toneladas de 2024, de acuerdo con la Universidad del Sur de Florida.

La preocupación es palpable en zonas como Punta Cana, donde el turismo representa uno de los motores económicos principales de República Dominicana.

EFE detalla que la presencia del sargazo modifica la experiencia de los visitantes y genera complicaciones para quienes dependen de la actividad turística. Jeyson Orozco, turista colombiano, lamentó: “No he podido disfrutar, como me lo esperaba, porque a veces me gusta tirarme, meterme mucho más al agua”, en referencia a las condiciones de playa Bávaro.

Los visitantes descubren el fenómeno al llegar, sin aviso previo, lo que multiplica la frustración. Orozco, quien alquiló un apartamento turístico durante dos semanas, señaló: “Es algo que no te anuncian, que no te dicen. Esto te lo llevas de sorpresa”, según declaraciones recopiladas por EFE.

El impacto se extiende a los trabajadores locales que dependen de la playa. Angelo Joseph, promotor de excursiones en playa Esmeralda, explicó: “Antes la temporada de llegada del sargazo duraba un mes y se detenía, luego venía cada tres meses, y ahora está viniendo más consecutivamente”.

Joseph subrayó: “El turista viene aquí con una ilusión de ver el Caribe y se topa con esto y ve que ‘guau’, es una catástrofe”.

La gestión de los residuos de sargazo depende del tipo de acceso al litoral. Hoteles y negocios privados realizan labores de limpieza a diario, empleando tractores trituradores o métodos manuales. Sin embargo, EFE informa que en los tramos públicos la macroalga suele quedar acumulada, ya que no existe un servicio municipal específico. Joseph lo resume: “Aquí el que no tiene su dinero para limpiar su playa no limpia”.

La afectación económica no se limita a los grandes complejos turísticos. Braulio Pelmito, quien ofrece viajes en barca en playa Bávaro, relató que la limpieza es permanente, aunque insuficiente: “Todos los días aquí estamos limpiando el sargazo, pero no podemos con él, mayormente lo enterramos porque no tenemos camión para moverlo”.

La imagen del Caribe se ve alterada y los visitantes expresan su decepción al comparar las aguas en internet con la realidad de la costa.

La comunidad extranjera residente también siente el impacto. Tim Kaylor, estadounidense propietario de un apartamento frente al mar, describió a EFE el alto costo que implica mantener limpia la playa: su comunidad llega a gastar unos USD 1,400 diarios en estas tareas. La situación, señala, requiere un plan coordinado.

El impacto ambiental y económico del sargazo

Los efectos del sargazo van más allá del turismo. EFE advierte que la macroalga perjudica los ecosistemas marinos y repercute en la economía de los pescadores locales. Además, la descomposición del sargazo genera un olor intenso y puede ocasionar problemas respiratorios en personas expuestas. El mar pierde su azul turquesa y muestra franjas marrones cerca de la orilla, alterando la postal habitual del Caribe.

El sector turístico representa un 19% del producto interno bruto de República Dominicana, por lo que el fenómeno del sargazo adquiere una dimensión estructural. Aunque existen usos potenciales, como fertilizante, biomasa o fuente de materiales industriales, el reto inmediato sigue siendo la gestión y remoción eficiente de las toneladas acumuladas cada temporada.